Organismo Ejecutivo abre su convocatoria para elegir a magistrados de la Corte de Constitucionalidad

El Gobierno convocó a abogados interesados en integrar la Corte de Constitucionalidad (CC) durante el periodo 2026-2031, como parte del proceso de designación que le corresponde al Organismo Ejecutivo.

Carlos Gómez

9 de febrero de 2026

|

10:45h

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Este 9 de febrero la convocatoria para que todos los abogados interesados presenten su papelería para postularse como candidatos a la magistratura titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad, en representación del Organismo Ejecutivo. (Foto Prensa Libre: Byron García).

Este lunes 9 de febrero se publico la convocatoria para todos los abogados interesados en presentar su expediente para postularse como candidatos a magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), en representación del Organismo Ejecutivo, para el periodo 2026-2031. Dicha convocatoria se publico en el Diario de Centro América.

Según indicó la semana anterior el presidente Bernardo Arévalo, el objetivo de realizar esta convocatoria abierta es transparentar los procesos de elección de magistrados de la alta corte que se han dado en los últimos periodos por parte del Ejecutivo.

“El proceso estará marcado por la brújula ética, que orientará la mejor decisión en el marco del rescate de la justicia y la defensa de la democracia en el país. Quien salga elegido o elegida en este proceso no será una persona que va a responder a intereses particulares de ningún tipo, sino responderá a la Constitución, al Estado de Derecho y al pueblo de Guatemala”, afirmó Arévalo.

El secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, indicó que el proceso se ajustará a los parámetros de la Constitución y a la Ley de Amparo.

“El presidente de la República buscará el mejor perfil para magistrado titular y magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, un perfil que se ajuste a los intereses de un Estado de Derecho, un perfil de un abogado o abogada que respete la Constitución Política de la República y que pondere siempre el bien común y los intereses del Estado de Guatemala sobre intereses particulares”, afirmó Guerrero.

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Los requisitos

En la convocatoria se establece que todo profesional interesado en postularse a la magistratura titular o suplente debe llenar los requisitos estipulados en la Constitución Política de la República y en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Entre ellos:

• Ser guatemalteco de origen
• Ser abogado o abogada colegiado activo
• Ser de reconocida honorabilidad
• Tener por lo menos quince años de graduación profesional
• De preferencia, con experiencia en la función y administración pública

Además de los requisitos estipulados en la ley, los interesados deberán presentar la siguiente documentación:

• Solicitud dirigida al presidente de la República, en la que se manifieste su interés en ser tomado en consideración para la designación
• Copia simple del Documento Personal de Identificación (DPI) y certificado de nacimiento, ambos extendidos por el Registro Nacional de las Personas (Renap)
• Constancias de carencia de antecedentes penales y policíacos
• Constancia de no haber sido sancionado por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala
• Constancia de tiempo de ejercicio, extendida por el Colegio de Abogados y Notarios
• Fotocopia de ambos lados del título universitario de Abogado, debidamente registrado
• Currículum vitae con fotografía e información sobre títulos obtenidos, constancias laborales o de prestación de servicios profesionales que acrediten experiencia en entidades de la administración o función pública u otra experiencia relevante. Así como estudios realizados o capacitaciones recibidas que sean de relevancia
• Constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos o finiquito, extendida por la Contraloría General de Cuentas (CGC)
• Constancia de encontrarse en pleno goce de sus derechos políticos, emitida por el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE)
• Declaración jurada en la que el interesado establece que cumple con todos los requisitos constitucionales para optar al cargo y no incurre en ninguno de los impedimentos que establece el artículo 16 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Decreto 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala

Para el efecto, los interesados deberán presentar su expediente foliado en impreso, con copia en formato PDF, en disco compacto o memoria USB.
La documentación será recibida en la sede de la Secretaría General de la Presidencia, a un costado del Palacio Nacional de la Cultura, del lunes 16 al viernes 20 de febrero, en horario de 9.00 a 17.00 horas.

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¿Cómo se realizará el proceso de elección por parte del Ejecutivo?

Por parte de la Presidencia de la República ya se ha definido el calendario de las fechas en que se llevará a cabo el proceso de elección de los magistrados titular y suplente por parte del Organismo Ejecutivo para el siguiente periodo. Las fechas en que se realizará cada uno de los procedimientos serán las siguientes:

• 9 de febrero, publicación de la convocatoria.
• Del 16 al 20 de febrero, recepción en la sede de la Secretaría General de la Presidencia de los expedientes de los interesados.
• Del 23 de febrero al 6 de marzo se realizará la revisión de la documentación.
• Del 11 al 13 de marzo se tiene previsto que se lleve a cabo la reunión del Consejo de Ministros en donde se decidirá quienes son las personas designadas.
• 13 de marzo, se realizará el anuncio oficial por parte del presidente Bernardo Arévalo, sobre quienes ocuparan la magistratura titular y la magistratura suplente.
• 14 de marzo, es el último día que el Organismo Ejecutivo tiene para realizar la designación.

Los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad designados por el Organismo Ejecutivo, el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, deberán tomar posesión el día 14 de abril.

Leyla Lemus asume la última presidencia de la octava magistratura de la CC

La nueva presidenta tendrá a su cargo la dirección de la Corte en un año de tensión política y judicial por la renovación del MP, TSE y de la misma CC.

Douglas Cuevas

14 de abril de 2025

|

00:05h

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Leyla Lemus fue designada magistrada titular de la CC por el entonces presidente, Alejandro Giammattei. Fotografía: Prensa Libre.

La magistrada Leyla Lemus asume hoy la presidencia de la Corte de Constitucionalidad (CC). Tendrá bajo su responsabilidad la dirección administrativa de un tribunal que tomará decisiones fundamentales en las elecciones judiciales y políticas del 2026.

Lemus recibe la presidencia de la CC del magistrado Nester Vásquez Pimentel, quien, a criterio de organizaciones fiscalizadoras, ha impulsado una agenda política desde el interior de la Corte.
Una de las decisiones de mayor peso de la magistratura actual se tomó en el 2022, cuando esta ordenó la inclusión de María Consuelo Porras en la nómina de candidatos para fiscal general y cabeza del Ministerio Público (MP). También incidió para que las autoridades electas asumieran los cargos en enero del 2024, y ha frenado algunas decisiones legislativas, con excepción del aumento de sueldo de los diputados.

La nueva presidenta de la CC es considerada una persona de confianza y cercana al expresidente Alejandro Giammattei, quien ha sido designado por Estados Unidos y el Reino Unido como un actor vinculado con hechos de corrupción y acciones antidemocráticas.

Lemus fue secretaria general de la presidencia de Giammattei del 2020 al 2021. Posteriormente, el entonces mandatario la nombró magistrada titular de la CC.

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La ventana política del magistrado Vásquez

Lemus recibe la Corte de manos del magistrado Vásquez. A criterio de Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, Vásquez usó el puesto para ejercer poder e incidir en distintas esferas de la vida política y judicial.

“Tenemos un personaje que, en tanto ocupa el cargo, genera poder. No se caracterizó por liderazgo gremial o político, pero sabe usar la cuota de poder que tiene entre manos”, dijo Ibarra.
Durante el paso de Vásquez por la CC se agendaron algunas acciones legales que afectaron al actual partido de gobierno, Movimiento Semilla, a diferencia de otros casos cuyo análisis por parte del tribunal ocupó más tiempo para que se tomara una decisión, como ocurrió con las consultas relacionadas con la confidencialidad del pacto colectivo del magisterio y la mayor parte de recursos contra el aumento de sueldo de los diputados.

“Nester Vásquez es el magistrado de la Corte que más ha resaltado por encarnar la agenda del pacto pro corrupción”, consideró la analista.

“Hay que recordar que Nester Vásquez llegó a su puesto gracias al ataque del MP contra su contrincante (Estuardo Gálvez); también, que utilizó su puesto para interferir en la elección de cortes en 2024, lo cual es ilegítimo e ilegal”.

Juan Pablo Muñoz, Alianza por Reformas.

Asimismo, Juan Pablo Muñoz, de Alianza por las Reformas, juzgó negativo el paso de Vásquez por la CC. “Hay que recordar que llegó a su puesto gracias al ataque del MP contra su contrincante (Estuardo Gálvez); también, que utilizó su puesto para interferir en la elección de cortes en 2024, lo cual es ilegítimo e ilegal”.

Vásquez despidió su presidencia en un acto donde la prensa no fue invitada y en el que se anunció la presentación de un informe de labores. Las fotografías muestran al presidente saliente acompañado de varios funcionarios del sector justicia y congresistas.

Dicho informe no fue divulgado en la página web de la CC y, al requerírselo al equipo de comunicación social de la Corte, no lo compartieron.

Desde semanas previas a su toma de posesión, este matutino solicitó una entrevista con la magistrada Lemus, quien dijo que examinaría su agenda, pero no fue posible concretar una cita para abordar sus planes para la Corte, sus expectativas, sus retos, los señalamientos ciudadanos sobre su cercanía con Giammattei, entre otros asuntos.

Los anteriores presidentes de la actual magistratura —Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Nester Vásquez— sí accedieron a conceder entrevistas antes de sus tomas de posesión como presidentes.

Expectativas en torno a la presidencia de Leyla Lemus

Ibarra es clara en considerar que no habrá diferencia entre la agenda que impulsó Vásquez y la que estaría promoviendo Lemus como presidenta.

“No es que, porque Nester Vásquez salga, se acabe todo lo malo; Leyla Lemus también encarna los intereses y representa la agenda procorrupción. Lo que pasa es que ella ha tratado de mantener ahora cierta distancia, pero eso no borra toda su trayectoria comprometida”, señaló.

Lemus tendrá a su cargo evaluar con qué prioridad planifica las distintas acciones legales que implique el proceso de renovación de fiscal general y de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que se renuevan el próximo año.

“Eso será un período terrible de tensión política, y mucha de esa tensión va a llegar a la CC para que se tomen las decisiones finales”, destacó Ibarra.

Muñoz, por su parte, tampoco tiene expectativas altas en Lemus por la sombra de Giammattei que pesa sobre ella.“En cuanto a Leyla Lemus, hay que recordar que ha tenido una relación estrecha con el expresidente Giammattei, siendo el caso que varios de sus allegados han tenido y aún tienen el control de diversas entidades públicas”, concluyó Muñoz.

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Beneficio de la duda

A criterio de Pablo Guerra, coordinador de participación ciudadana del Movimiento Cívico Nacional (MC), es necesario dar el beneficio de la duda a la futura presidenta de la Corte de Constitucionalidad (CC), pues considera que Leyla Lemus tiene ahora la oportunidad de demostrar una defensa objetiva de la carta magna.
“Esperamos que la nueva presidenta de la CC tenga un compromiso absoluto con la Constitución y que garantice la independencia y el respeto a los principios republicanos que tenemos como país. Esperemos que su gestión se recuerde no por a quién defendió, sino por su defensa” de la ley suprema.

Guerra también espera que la nueva presidenta priorice los puntos de la agenda de país que fueron ignorados por el magistrado Nester Vásquez.
“Hubo resoluciones polémicas y hubo también temas que se tuvieron que conocer, pero que se fueron reprogramando y dejando que pasara el tiempo. Solo nosotros tenemos pendientes acciones contra el secreto del pacto colectivo de educación, pero también el aumento de sueldo de los diputados”, expresó.

“Esperamos que la nueva presidenta de la CC tenga un compromiso absoluto con la Constitución y que garantice la independencia y el respeto a los principios republicanos

Pablo Guerra, Movimiento Cívico Nacional.

Guatemala

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Diputados podrían cobrar hasta Q1.2 millones de indemnización al Congreso

Los diputados evaden profundizar en la discusión argumentando que existen acciones sobre el aumento y las indemnizaciones pendientes de resolución en la CC.

Douglas Cuevas

12 de diciembre de 2024

|

05:00h

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El aumento de sueldo para los diputados se encuentra en manos de la CC por medio de dos acciones de amparo. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Congreso necesitaría Q33 millones cada cuatro años para pagar la indemnización de una legislatura, según el acuerdo legislativo 31-2024 que fue publicado esta semana en el Diario de Centro América.

Aunque la decisión no fue apoyada por los 160 diputados, los beneficios del acuerdo alcanzan a todos los congresistas, quienes al finalizar esta legislatura podrán pedir una indemnización en base a su nuevo salario de Q51 mil 939.

Aunque la Corte de Constitucionalidad (CC) recibió dos amparos contra este aumento y las indemnizaciones, todavía no existe una fecha para que el pleno constitucional conozca el tema y resuelva las acciones.

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La aprobación del aumento de salario para los diputados y la indemnización se aprobó la madrugada del 28 de noviembre a través de una enmienda que fue apoyada por más de 80 diputados que pusieron su rúbrica en el documento.

Ahora, los diputados estarán obteniendo un salario similar al de un magistrado del Organismo Judicial (OJ), sin contar con los controles de disciplina que rigen de estos, que mide la asistencia a tiempo a sus labores, entre otras obligaciones administrativas.

De acuerdo a la ley, con el aumento de sueldo un diputado recibiría una indemnización por Q207 mil 756 si fue electo por primera vez y no consigue su reelección; sin embargo, la ley también aplica para aquellos diputados que llevan varias legislaturas en el Congreso, en este caso el beneficio aumenta.

En la actual legislatura Joel Martínez, del bloque Vamos, cumplirá seis periodos en el Congreso, lo que lo coloca como uno de los que más indemnización podría reclamar: Q1 millón 246 mil 536 al final del período actual, de no conseguir renovar su curul.

Se escudan en la CC

El pago de indemnización para los 160 diputados representa un impacto económico para el Congreso. Algunos diputados consultados no quisieron profundizar en los escenarios, pero explican que existen acciones pendientes en la CC que tendrá que definir si el aumento y las indemnizaciones son legales.

El diputado Luis Contreras, integrante del bloque Creo, por ejemplo, cumplirá 20 años en el Congreso y dijo que en estos momentos es prematuro hablar sobre cuánto dinero podría recibir el 14 de enero del 2028, cuando debería entregar su curul si no es reelecto.

“Ese es un tema que yo voy a decidir cuándo me retire del Congreso, pero ahorita no tengo ninguna intención de —cobrar— indemnización de nada. Nadie ha podido conseguir indemnización en el Congreso”, señaló.

Contreras dijo desconocer si la futura indemnización sería aplicable desde esta legislatura o si podrían optar por los años que ya tiene de ejercicio legislativo.

“Lo que menos quiero es tener polémica. Si no se puede no se puede, yo nunca he estado llorando por eso. Ni sé cómo está la ley, porque no la entiendo”, concluyó.

Boris España. de Vamos, votó en contra del aumento y ayer insistió que no está de acuerdo con los beneficios económicos aprobados.

“Ser diputado ya es un privilegio. Que estén las personas que quieren servir. Entiendo que acá hay temas pendientes de resolver en la CC y todavía estamos analizando el tema porque se buscará una decisión de bloque”, indicó.

España añadió que fue en la sesión en que se acordó el presupuesto que los otros bloques aprovecharon para incluir un aumento de sueldo e indemnizaciones.

“La verdad es que fue algo inadecuado, se valieron de las negociaciones que se hicieron con el presupuesto, algunas leyes y el aumento de Q5 mil millones a los Consejos Departamentales de

Desarrollo, así fue como se aprovecharon de la situación, es lamentable”, agregó.

Oficialismo

Andrea Villagrán también rechazó la indemnización y aseguró que en Movimiento Semilla todos votaron en contra del aumento. La diputada va por su tercer período con el tercer partido en el Congreso, por lo que podría cobrar más de Q623 mil en el 2028, si entrega su curul.

“Consideramos que esto es un abuso total, por eso todos nosotros —compañeros del bloque— votamos en contra. Se tiene que ser coherente, los diputados ya tenemos dietas, caja chica y seguro médico privado”, agregó.

Villagrán admitió que pese a su rechazo no han accionado en contra del acuerdo por la cancelación del partido Movimiento Semilla.

“Al día siguiente —de la aprobación— nosotros recibimos la notificación de cancelación del partido y eso hizo que nos tuviéramos que enfocar en esto. Pero nosotros no descartamos presentar acciones por el aumento sueldo y la indemnización, pero debemos de esperar ahora que decide la CC”, indicó la diputada oficialista.

El presidente de la @CC_Guatemala, Nester Vásquez, hizo un nuevo requerimiento al @CongresoGuate antes de conocer los amparos qué cuestionan el aumento de sueldo e indemnización de diputados. Pide en 24 horas detalles de la enmienda qué generó los beneficios económicos. pic.twitter.com/wno5CRGRKi

— Douglas Cuevas (@dcuevas_gtv) December 11, 2024

Pide informes

La CC hasta este momento recibió dos acciones de amparo contra el presupuesto del Congreso, específicamente al aumento de sueldo y las indemnizaciones.

Ya se solicitaron dos informes al Congreso y los documentos fueron recibidos el 30 de noviembre y el 5 de diciembre. También se requirió un tercer informe y emplazaron por 24 horas al

Legislativo para que remita los detalles de la enmienda que dieron lugar al aumento e indemnización. El plazo vence hoy.

La CC confirma que el cambio de Cortes debe ocurrir el 13 de octubre

El máximo tribunal rechazó una inconstitucionalidad que buscaba extender a los magistrados por cinco años en el cargo.

Douglas Cuevas

2 de octubre de 2024

|

15:17h

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La CC recibió una solicitud para incluir a una abogada como integrante de la nómina de candidatos a magistrados de la CSJ. (Foto HemerotecaPL : B. García)

En 10 días se tiene que concretar la renovación de las Cortes según las últimas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC). Recientemente, de manera unánime, la CC rechazó una acción que buscaba ampliar el periodo de todos los magistrados del Organismo Judicial (OJ) por cinco años.

Se trata de una acción de inconstitucionalidad que fue presentada por el abogado Melkin Amílcar Escobar Palma. Relacionado de manera directa con el partido político Vamos, agrupación de la que fue fiscal departamental en las elecciones generales del 2023.

La inconstitucionalidad atacaba fragmentos de los acuerdos legislativos 14 y 16 del 2023, en las que se fijaba que los magistrados, tanto de Corte Suprema de Justicia (CSJ) como de Corte de Apelaciones, finalizaban su mandato el 12 de octubre de 2024.

El abogado buscaba garantizar que los actuales magistrados no entregarán el cargo en 10 días por haber sido electos en noviembre del año pasado. Según su criterio chocaba con los plazos constitucionales de cinco años que marca la constitución para el cargo de magistrados de CSJ y salas de apelaciones.

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Pero la CC al rechazar la inconstitucionalidad, resolvió que los plazos que marca la Constitución son institucionales y no personales. Ante ello, los magistrados electos a finales del año pasado tienen que concluir el periodo institucional del 2019 al 2024 y no ocupar por cinco años las magistraturas.

La actual resolución fue resuelta de manera unánime por los magistrados: Nester Vásquez, Leyla Lemus, Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa, Héctor Hugo Pérez Aguilera; junto a los suplentes Claudia Paniagua y Luis Rosales.  

La @CC_Guatemala confirma que la actual CSJ no puede extenderse en sus funciones después del 13 de octubre como pretendía un abogado vinculado al partido Vamos. Por unanimidad la CC declaró sin lugar una acción de inconstitucionalidad.@prensa_libre@Guatevision_tv pic.twitter.com/khrk3hx36o

— Douglas Cuevas (@dcuevas_gtv) October 2, 2024

“Las fechas establecidas en la Constitución deben ser respetadas y son vinculantes para todos (…) esa observancia garantiza la independencia de esos órganos del Estado, al no coincidir con otros períodos políticos, como el presidencial”, sentenció la CC.

Respalda proceso

La CC también resolvió el pasado lunes que todos los amparos provisionales que ponían en riesgo la renovación de Cortes quedaban suspendidos, luego que algunos aspirantes excluidos de las nóminas buscaban su incorporación al proceso. La máxima corte estimo que las acciones de amparo ponía en riesgo el cumplir con la renovación judicial en las fechas que marca la Constitución.

Desde el inicio del proceso, la CC rechazó varios amparos que cuestionaban el aviso que mandó el Consejo de la Carrera Judicial al Congreso para realizar la convocatoria a las comisiones de postulación.

También rechazaron acciones que cuestionaban los acuerdos por medio de los cuales se integraron las postuladoras, y mantiene en vigor un amparo que protege la renovación del Organismo Judicial en los plazos de ley, en respuesta a una acción presentada por el diputado José Chic, de Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS).

Con las acciones de la última semana en la CC se confirmaría el cambio de autoridades para el Organismo Judicial del periodo 2024-2029 para el próximo 13 de octubre.

CC limita desfile LGTBI y abre un debate sobre los alcances de la libertad de acción y manifestación

Tres especialistas en temas de derechos humanos critican resolución de la Corte de Constitucionalidad sobre realización de desfile de la diversidad sexual e identidad de género.

Raúl Barreno Castillo

28 de junio de 2024

|

15:50h

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La Corte de Constitucionalidad amparó provisionalmente a un abogado que cuestionó la realización de una a una actividad de la comunidad LGTBQ+ que se llevará a cabo el 29 de junio. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

La Corte de Constitucionalidad emitió este 28 de junio un amparo provisional en favor del abogado Roberto Antonio Cano López que se oponía a que se llevara a cabo el desfile de la diversidad sexual e identidad de género el 29 de junio en la Ciudad de Guatemala.

En la resolución emitida por la CC, y que aprobaron por unanimidad los magistrados Nester Vásquez, Héctor Pérez Aguilera, Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Juan José Samayoa, en suplencia de la titular Leyla Lemus, la CC dio con lugar el amparo provisional a Cano López.

La CC resolvió que el desfile puede llevarse a cabo, pero conmina a diversas autoridades a “vigilar y garantizar los derechos de los promotores y participantes de los desfiles, así como de los habitantes del país que deseen expresar sus opiniones respecto de las libertades que se promueven o las ideas que sean expresadas en la actividad”.

También se pide que se protejan “los valores espirituales y morales de la sociedad, en especial niños, niñas y adolescentes”.

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Detalla que, según la ley, el Estado debe evitar que los niños sean expuestos a informaciones, expresiones y material “incompatible” con su “estado de niñez”.

Además, exhorta a los promotores del desfile y ciudadanía para que respeten la paz social, protección a la persona, familia y niñez, orden público y derechos humanos.

 Pide que se ejerzan los derechos de los participantes en forma pacífica y “conforme a las buenas costumbres” y que se evite incurrir en “actividades contrarias al orden constitucional”.

La CC conminó también a la Procuraduría de los Derechos Humanos a supervisar el cumplimiento de las medidas dispuestas en el amparo provisional.

Regresiva y aberrante

Para Esteban Celada Flores, doctor en ciencias penales y defensor de derechos humanos de la entidad Ius Dignitas, la CC cometió una aberración jurídica al otorgar el amparo provisional.

“He visto desde hace mucho tiempo cómo algunos diputados intentan generar un discurso de que con ‘nuestros niños no te metas’, y que, al final, es a nivel mundial, pero lo han usado en Guatemala en el marco de la educación integral en sexualidad, los derechos sexuales y reproductivos y por supuesto que va involucrado los derechos de la comunidad LGBTI”, explica Celada.

“El asunto es que en el memorial no evocan el fin del desfile, sino discursos antiderechos y, sobre todo, muy represivos, relacionados con los derechos humanos”, añade.

El problema con la resolución de la Corte es que se “intenta crear un estigma sobre las expresiones de la comunidad LGTBI. “Usa discursos del interés superior del niño para intentar crear ese estigma”, argumenta.

“La CC traslada al final la responsabilidad de cualquier confrontación hacia los organizadores del desfile y en redes sociales hay muchos netcenter que llaman a la confrontación”, expresa Celada.

El precedente que deja la CC, según Celada, es muy malo, “porque al final es una forma de violencia institucional.

“Las fechas importantes en torno a los derechos humanos se usan para crear precedentes jurídicos, de acciones o de casos emblemáticos. En este caso es una forma de violencia institucional de una Corte que ha sido retrógrada y bastante regresiva en torno a los derechos humanos”, apunta.  

Para Celada es necesario que las organizaciones que trabajan con derechos humanos LGBTI no solo hagan acciones políticas, sino “también den la cara en el contexto jurídico, porque al final es lo que lo norma y lo que importa”.

“Lamentablemente todo se ha judicializado a través de la Corte de Constitucionalidad. Entonces no queda solo en gritar, sino que hay que tomar acciones legales”, sugiere.

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Las libertades de expresión y creencia incluyen el derecho a promover ideas y acciones que puedan considerarse "ofensivas".

Las restricciones a las protestas basadas en el contenido de estasx (p.ej., por promover la diversidad sexual) son inherentemente discriminatorias. pic.twitter.com/4qnN3XHR9A

— Javier Urizar (@Javi_Urizar) June 28, 2024

Arbitraria y aberrante

Javier Urízar, abogado en derechos humanos, asegura que la resolución de la CC “es ruin, ignorante y completamente contraria a los derechos humanos. Ni alcanza el tiempo para describir todo lo que está mal con ella”.

Según Urizar, ordena que se “protejan los valores espirituales y morales de la sociedad”, y se cuestiona ¿Qué es un valor espiritual? ¿No es Guatemala un Estado Laico?

“Ya la Corte Interamericana de Derecho Humanos ha indicado que las convicciones religiosas o filosóficas no pueden ser utilizadas como parámetro de convencionalidad, ni como una guía interpretativa para determinar los derechos de seres humanos”, recuerda Urizar.

Urízar contextualiza que el comité de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha opinado igual sobre usar “la moral” como medio de restricción de derechos debe ser algo sumamente extraordinario, y nunca se puede basar en una interpretación de “moral” que responde a una sola ideología social, filosófica o religiosa.

Urizar cree que, además de lo aberrante que es citar la Convención de los Derechos del Niño con una interpretación contraria a lo que el propio Comité de los Derechos del Niño ha dicho, “es importante destacar lo peligrosa que es la resolución por su naturaleza tan ambigua”.

Habla de proteger los valores morales y espirituales de la población, pero ¿qué significa eso? ¿Qué actos atentan contra estos valores? Pone muy en riesgo a cualquier persona en la protesta, pues queda a discreción de las autoridades determinar qué actos atentan contra estos valores. “Eso es arbitrario, y la arbitrariedad en el poder del Estado es peligrosísima”, puntualiza.

La Corte de Constitucionalidad a la opinión pública hace saber: pic.twitter.com/as3QhsM6P4

— CC Guatemala (@CC_Guatemala) June 28, 2024

Peligrosos detalles

Para el exjefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos, (PDH), Sergio Morales, la resolución de la CC trata de conciliar varios aspectos.

“Busca proteger los derechos de todas las partes que desean expresar sus ideas, pero lo que se debe tener en cuenta es que este derecho no incurra en violentar las cosas durante el desfile”, comenta Morales.

La CC, en el amparo, por un lado, salva dos derechos distintos, y deja en el aire que los participantes puedan sufrir un boicot.

“Es importante este último detalle porque un acto de violencia o boicot, viola el derecho a las manifestaciones públicas, que son una garantía constitucional de libertad de expresión y pensamiento”, analiza.

Para Morales se debe reconocer que en Guatemala todos somos iguales y libres en derechos. “No debe permitirse que se use eso como un arma para boicotear con violencia a los que no piensan igual a otros”, resalta.

A Morales le parece inaudito que la CC conmine al Procurador de los Derechos Humanos a hacer algo, “porque la Constitución dice que no está sujeto a ninguna autoridad. Es una cosa delicada porque resolvieron que el Procurador reciba órdenes de otros. Eso no puede ser”.

Respecto a citar la convención de los derechos del niño Morales lo halló innecesario, “porque puede producir confusiones, o llevar a que se boicotee o haya violencia”, reflexiona.  

“La Constitución garantiza que todos somos libres e iguales en dignidad y derechos. La comunidad LGTBI tiene la libertad y el derecho de expresarse. Llama la atención que un desfile pueda realizarse o no, pero es curioso que aparezca este tipo de expresiones”, comenta.

Inmoral

Consultado por Prensa Libre y Guatevisión el abogado Roberto Cano, quien interpuso el amparo contra del desfile, expresa que “el espíritu de la acción es que no se vulnere el interés superior del niño. Un interés que está protegido en una tutela judicial efectiva, constitucional e incluso es una obligación internacional”.

Según Cano es necesario que se le respeta su integridad y su indemnidad sexual y no se rompa la estructura social.

“Una familia tradicional ahora quieren que sea hombre con hombre, pero eso es disolución social y humana, porque no quieren que nos reproduzcamos”, justifica.

Para Cano el problema con todo esto es que “vamos a tener que someternos a cualquier ideología extranjera que desea nuestros recursos, que quiere nuestro país, que nos ven como animales de experimento y no lo vamos a dejar”, argumenta.

En el memorial que presentaron ante la CC, el abogado planteó como antecedente la convocatoria realizada en “medios digitales tanto nacionales como extranjeros, por la preparación con antelación para realizar dicho desfile degradante e inmoral, anunciado para el 29 de junio de 2024”.

Según el amparista “el desfile pasado, el cual fue arrollador, donde incluso todas sus entidades afiliadas desfilaron en estado deplorable de euforia, alcohol y con escenas obscenas contrarias a la moral”.

En ese desfile hubo mensajes donde se leía “niños, ustedes saben para qué sirven sus labios”. Según Cano ese tipo de mensajes subliminales mina la dignidad infantil siendo esta un derecho tutelado.

Contraloría General de Cuentas da marcha atrás en reservar información durante siete años

La Contraloría General de Cuentas (CGC) dejó sin efecto la resolución A-068-2024 que publicó el 26 de junio en el Diario de Centro América y donde declaraba que cierta información no será pública.

Raúl Barreno Castillo y Douglas Cuevas

27 de junio de 2024

|

11:15h

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La Contraloría General de Cuentas dará marcha atrás a la decisión de reservar información por los próximos siete años, según fuentes de la institución. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

La Contraloría General de Cuentas (CGC) dio marcha atrás a la declaración de reserva de información de la institución por los próximos siete años, según confirmó la entidad fiscalizadora del Estado en sus redes sociales.

Las fuentes manifestaron que las autoridades de la CGC, ante las críticas que surgieron posterior a la publicación de la decisión en el diario oficial, decidieron retractarse bajo el argumento de “respetar el acceso a la información en el marco de la transparencia y rendición de cuentas”.

Por esa razón, según la información oficial, este jueves 27 de junio la CGC publicó la decisión de “dejar sin efecto la resolución A-068-2024”, que le dio vida a la reserva de información por los próximos siete años, algo que en esta misma semana hizo la Corte de Constitucionalidad, relacionado con su esquema de seguridad.

El contenido

La CGC publicó el 26 de junio del 2024 en el Diario de Centro América la resolución A-068-2024, que establece reservar la información de herramientas y procesos de fiscalización por los próximos siete años.

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La CGC declaró como reservada la información acerca de los instrumentos, documentos, nombramientos, insumos, metodología, comunicación electrónica, aplicaciones informáticas, sistemas, providencias o procedimientos utilizados para la planificación, ejecución, comunicación de resultados y gestión de los procesos de fiscalización, según consta en la publicación del diario oficial.

También los informes jurídicos, oficios, opiniones, dictámenes técnicos y/o legales, proyectos de denuncias, denuncias, demandas o documentos legales emitidos como resultado de las fiscalizaciones.

La institución fiscalizadora basó dicha resolución en el artículo 23, numeral 9, de la Ley de Acceso a la Información Pública, que refiere sobre información reservada que sea determinada de esa forma por efecto de otra ley.

La resolución establece que la información bajo reserva la podrá conocer solo el titular del derecho, “que garantice la confidencialidad de los detalles que se le confíen”.

La Contraloría General de Cuentas, expresa su firme convicción y respeto a la observancia del acceso a la información pública, en el marco de la transparencia y rendición de cuentas. pic.twitter.com/aFLSMFFwDT

— Contraloría General de Cuentas (@Contraloria_gt) June 27, 2024

En contra

El diputado de la bancada VOS, José Chic, presentó un recurso de revisión en la Contraloría. El legislador considera que fue una mala decisión y esperaría que cumplan con dar marcha atrás a la decisión de reservar información de la entidad fiscalizadora.

Chic comentó que también analizan de presentar acciones contra la Corte de Constitucionalidad por haber tomado la misma decisión esta misma semana.

El legislador criticó al titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Alejandro Córdova, por haber emitido una escueta postura respecto de este tema.

También se pronunciaron el presidente Bernardo Arévalo, quien publicó en redes sociales que “reservar información, que debería ser de acceso público, no es el camino que Guatemala escogió”.

Según el mandatario, “es mala señal la decisión de la Contraloría General de Cuentas. Por más transparencia y menor opacidad en la función pública, insto a que esta medida sea revisada y derogada”.

Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana (AC), capítulo de Transparencia Internacional en Guatemala, opina que esta decisión es cuestionable porque reservan información “normal” de la Contraloría.

“Son gestiones de trámites normales que no ameritan reservarse”, asegura. Marroquín también anunció presentar acciones legales por tales medidas.

“Ellos no pueden ni deben reservar procedimientos, ni auditorías. Es a todas luces ilegal, no se justifica. La ley establece cuando una reserva es necesaria, pero este no es el caso”, argumenta.

Por esa razón, según el fundador de AC, presentarán un recurso de revisión “en contra de la clasificación de información reservada que publicó la Contraloría porque vulnera la máxima publicidad de los actos administrativos que establece la Constitución y el derecho humano al Acceso a la Información”.

De acuerdo con el análisis de Acción Ciudadana, esta decisión, como la de los magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad (CC), es parte de “una ola que pretende generar opacidad en las instituciones de control”.

CC “estiró mucho la ley” al declarar la reserva de información, dice constitucionalista Carlos Molina Mencos

El abogado constitucionalista Carlos Molina Mencos cree que la Corte de Constitucionalidad (CC) “estiró mucho la ley” al declarar la reserva de la información relacionada con el esquema de su seguridad.

Raúl Barreno Castillo

26 de junio de 2024

|

05:00h

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La presidencia de la Corte de Constitucionalidad declaró reservada la información acerca de su esquema de seguridad. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

La presidencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) publicó el pasado lunes 24 de junio del 2024 en el Diario de Centro América que la información relacionada con la seguridad de sus magistrados no se podrá conocer durante siete años.

El hecho ocurre después de conocerse que la CC, entre el 2023 y 2024, ha erogado unos Q6.4 millones solo en compra y blindaje de vehículos para uso personal de los magistrados titulares.

La CC, entonces, declaró la reserva de toda información relacionada con su seguridad, gastos que no podrán revelarse antes del máximo plazo que permite la ley en esta materia.

La información de las compras de vehículos y su blindaje fue publicada en Guatecompras, trascendió, y según fuentes de la CC, habría orillado a la presidencia a tomar la decisión de limitar el acceso a la información bajo el “argumento de que se quería conocer el esquema de seguridad de los magistrados”.

Prensa Libre conversó con el abogado constitucionalista, Carlos Molina Mencos acerca de la decisión del máximo tribunal guatemalteco y estas son sus consideraciones.

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¿Qué piensa al respecto de la decisión de la Corte de declarar la reserva de información?

La idea del artículo constitucional sobre el acceso a la información pública era que nada quedara cerrado, con excepción de aquellos casos que eran diplomáticos o militares, básicamente. La razón es obvia.

¿Qué establece la Ley de Acceso a la Información Pública al respecto?

No creo que tengan que declarar confidencial o en reserva algo así, pero aun así hay una serie de requisitos para hacerlo. Los considerandos del Decreto 57-2008 son que esté abierta la información, el segundo, tercero y cuarto considerandos hablan sobre eso.

¿Y el artículo primero es claro en la disposición de hacer la información pública?

El artículo primero indica que la presente ley tiene por objeto garantizar a toda persona interesada el derecho a solicitar y tener el acceso sobre la información. Además, expresa como obligatorio el principio de máxima publicidad y garantizar que todos tengan acceso a los actos de la administración pública.

Los principios sobre la máxima publicidad y la transparencia son indispensables. Pero hay que tomar en cuenta que en la ley se incluye a la Corte de Constitucionalidad. 

¿La Corte es un sujeto obligado?

En el artículo sexto, en el numeral quinto, habla específicamente de la Corte de Constitucionalidad y es uno de los 35 sujetos obligados a dar acceso a la información pública.

Y sobre la información reservada ¿Qué ocurre?

Eso también lo establece la Ley de Acceso a la Información Pública. Lo define en el artículo 9, definiciones. En el inciso 7 define la información reservada como aquella información pública cuyo acceso se encuentra temporalmente restringido por disposición expresa de una ley, o haya sido clasificada como tal, siguiendo el procedimiento establecido.

No hay ninguna ley que haya declarado con reserva. Creo que podría tener reserva ciertos detalles, por ejemplo, estoy hablando sin saber, el blindaje de los vidrios, o el grado de blindaje de los mismos. porque alertaría a usar algún tipo de arma que podría perforarlo. Pero la compra, la marca y los precios no creo que se puedan poner en reserva o con confidencialidad. 

¿El tipo de blindaje podría reservarse, pero no el resto, la marca, el modelo, el costo? 

El blindaje lo acepto, pero costo, marcas y tipo de vehículo no lo puedo ocultar. No es reservable ni es confidencial. Pero algo importante. Está bien que no me digan el tipo de blindaje, pero si es necesario saber quién lo blindó.

¿Considera que la CC se extralimitó o debió explicar mejor la disposición?

Mi miedo, pensando muy mal, es que los precios no concuerden. Me compro una camioneta grande y la blindo, eso tiene un costo. El precio del vehículo lo puedo tener, pero el del blindaje lo puedo jugar. Pensando mal.

¿No cabía este rubro para declararlo en reserva?

Para mí no cabe en nada de lo que es reserva. La clasificación de la información reservada se debe hacer mediante resolución de la autoridad. Eso sí lo hicieron. En el artículo 26 de la Ley de Acceso a la Información, acerca de la prueba de daño, se establece que en caso de que la autoridad fundamente la clasificación de reservada o confidencial, la información deberá demostrar cabalmente el cumplimiento de tres requisitos. No dice uno, sino los tres.

El primero, que la información encuadre legítimamente en alguno de los casos de excepción previstas en esta ley; que la liberación de la información de referencia pueda amenazar efectivamente el interés protegido por la ley; y que el perjuicio o daño que pueda producirse con la liberación de la información es mayor que el interés público de conocer la información de referencia. Yo no veo ningún riesgo en cuanto a vehículos, marca y costo. Tome en cuenta que la reserva implica la totalidad o parcialmente los datos que no deban ser divulgados. 

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¿Qué debería de pasa ahora, según su perspectiva? 

Es que lo peor es que no es demasiado importante, entonces no creo que vaya a pasar nada. 

¿Se podría exigir la información? 

Sí, pero si la niegan, usted no se va a morir por no tenerla. El asunto es que hay que abrir todo, porque quien nada debe nada teme. La reserva y la confidencialidad va en contra de la norma constitucional que es apertura total información. Lo que sí creo es que se estiró la ley para la interpretación.

CC organiza y paga congreso jurídico y crecen las dudas por el supuesto apoyo a planilla del Cang

El presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Néster Vásquez, organizó el Congreso Internacional de Derecho Constitucional en las ciudades de Xela y Antigua Guatemala, el 3, 4, 5 y 6 de junio.

Raúl Barreno Castillo

4 de junio de 2024

|

09:56h

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De izquierda a derecha los magistrados suplentes, Luis Rosales; Claudia Paniagua Pérez; Néster Vásquez, presidente de la CC; Dina Ochoa magistrada titular; Walter Jiménez y Rony López, magistrados suplentes. (Foto Prensa Libre: Lucero Sapalú).

En medio de la campaña proselitista del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), por conseguir espacios en las comisiones de postulación de Corte Suprema de Justicia y Apelaciones, la Corte de Constitucionalidad (CC), organizó un congreso internacional que ya ha sido criticado por diversos sectores, incluido el mismo pleno de la CC.

El Movimiento Pro-Justicia, organización observadora del proceso, ha denunciado que la campaña para la elección de postuladores en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), que inició la semana pasada, está en su punto más alto.

“Hay fiestas y comidas casi a diario. Abundan las organizaciones con capacidad de gastos millonarios”, ha señalado Pro-Justicia.

En específico, los focos se posan sobre una de las 10 planillas que compiten por integras las postuladoras: la planilla Agrupación Solidaria de Profesionales Afines (ASPA), que algunos sectores señalan de tener estrecho vínculo con el actual presidente de la CC, Néster Vásquez y los actuales dirigentes del Cang.

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Este Congreso de Derecho Constitucional se lleva a cabo durante cuatro días en la ciudades de Xela y Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

En el caso de los eventos en Quetzaltenango, este lunes y martes 3 y 4 de junio, el presidente de la CC giró invitaciones en nombre de la octava magistratura de la alta corte. No obstante, no todos los magistrados en el pleno comparten la organización de la actividad, un extremo evidente al asistir solo dos de los cinco magistrados titulares a la inauguración del evento.

Según fuentes a lo interno de la Corte, algunos magistrados consideran que el evento tiene un trasfondo político y muestra un apoyo directo a grupos que pelean por impulsar desde el Cang a los integrantes de la postuladora para elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las Salas de Apelaciones.

Para el evento de Xela, la CC contrató el Centro de Convenciones Gran Karmel para el “servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades”, según el registro de Guatecompras 23127066, donde se detalla que se incluye el uso de “salón, mobiliario, mantelería, cristalería, equipo audiovisual y alimentación, que incluye una refacción.

El costo por los dos días de capacitación será de Q87 mil 960.

Nada político

Prensa Libre intentó conversar con el presidente de la CC antes del primer día del evento en Quetzaltenango; sin embargo, su equipo de comunicación aseguró que no podía atender porque estaba en otras actividades referentes al Congreso Internacional.

En su lugar habló Christian Paz, de comunicación social de la CC, quien explicó que la actividad “se desarrolla en el marco de las acciones que establece el plan estratégico institucional 2022-2027”.

Ese plan, según Paz, “tiene algunos objetivos estratégicos relacionados al tema de difundir la doctrina constitucional. Ese es un mandato que tiene la Corte para recopilar la jurisprudencia a partir de las resoluciones que emite el pleno y difundirlas a la población”.

Según él, desde “hace 14 años se creó el Instituto de Justicia Constitucional como la dependencia encargada de realizar este tema académico de difusión de la doctrina”.

Paz negó que por medio del Congreso pretendan apoyar “políticamente a alguna planilla” que busca conseguir espacios en la Comisión Postuladora.

“Es totalmente falso. La Corte de Constitucionalidad no utiliza recursos -públicos- para apoyar otros sectores. Únicamente se usan los recursos para difundir el tema de doctrina constitucional y es lo que estamos haciendo en estos 2 días aquí en Xela”, explicó Paz.

El gasto que hacen para esta actividad, según Paz, es algo que se tiene planificado desde inicio de año. “Está en el presupuesto establecido del Instituto de Justicia Constitucional”, agregó.

Sobre lo que gastan, Paz expresó que no tenía el dato específico en el momento de la entrevista.  

Sobre las divergencias que existen en el pleno por organizar estas actividades en medio de una elección dentro del Colegio de Abogados, Paz puntualizó que “en todas las magistraturas se han realizado los Congresos Internacionales. Es algo que está en el plan estratégico y se ha venido desarrollando con todas los presidentes que ha tenido esta octava magistratura”.

Paz confirmó que a la actividad asistieron los magistrados titulares, Nester Vásquez y Dina Ochoa. Además, los suplentes Luis Rosales, Claudia Elizabeth Paniagua Pérez, Walter Paulino Jiménez Texaj y Rony Eulalio López Contreras.

Expositores

Al primer día de actividad invitaron a expositores internacionales como María de Guadalupe Salmorán Villar, de México, que hablaría sobre populismo y democracia.

Además participa como ponente Sergio Martin Guardado, de España, que disertaría sobre “la deslegitimación de la jurisdicción constitucional y el afán de control partidista: ¿Smitt en Kelsen?”.

Como conferenciantes magistrales guatemaltecas invitaron a Aylin Brizeida Ordoñez Reyna, que hablaría sobre “jurisprudencia constitucional referente a derechos humanos no consagrados expresamente en el Texto Constitucional”.

También estuvo en el primer día del Congreso la magistrada titular de la CC, Dina Josefina Ochoa Escribá, que expone sobre los “alcances y límites de las garantías constitucionales para la protección de las personas y grupos en condiciones de vulnerabilidad”.

Para este martes 4 de junio se tiene planificado que participen los conferenciantes internacionales Jorge Ulises Carmona Tinico, de México, quien disertará sobre la “interpretación y argumentación” y Francisco Javier Ezquiaga Ganuza, de España, sobre “argumentación constitucional y lenguaje de la sentencia”.

Sobre el amparo, “reflexiones entono a su reforma procedimental”, hablará el director ejecutivo del Instituto de Justicia Constitucional, Erick Alfonso Alvarez y se tenía previsto que participe la magistrada Leyla Lemus; no obstante, fuentes extraoficiales indican que declinó estar presente en esta actividad gremial.

El mismo cronograma de actividades se espera este 6 y 7 de junio en Antigua Guatemala. La sede para el Congreso será en el Convento de las Capuchinas a las 9 horas.

Hasta este momento se desconoce sobre el dinero que erogará la CC por los disertantes internacionales y nacionales, y sobre el costo que tendrá el evento en el Convento de las Capuchinas de Antigua Guatemala, porque no figura todavía en los registros públicos de Guatecompras.

El presidente en la Lista Engel

Desde el 15 de abril, Vásquez Pimentel fue incluido en la lista de actores corruptos y antidemocráticos de los Estados Unidos, es el presidente de la CC.

Vásquez Pimentel dirigirá la CC durante un año. Fue elegido magistrado titular por el Cang en el 2021 y fue presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) entre 2018 y 2019. Fue señalado en el caso de corrupción conocido como Comisiones Paralelas 2020.

Usa sus influencias

Carmen Aída Ibarra, de Movimiento Pro-Justicia, concluye en que “es muy evidente que Nester Vásquez usa su influencia en la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, el CANG y en otras estructuras aliadas para favorecer a ASPA.

Ibarra explica que la actividad de la CC en Xela y Antigua Guatemala “es una evidencia más de que el presupuesto de la alta Corte ha estado siendo utilizado para realizar eventos académicos que en realidad son de campaña electoral disfrazados de eventos políticos”.

Según Ibarra “es una práctica común en las diferentes estructuras de las gremiales y del Colegio de Abogados realizar campaña para las elecciones, cualquiera que esta sea y lo hacen vía la organización de desayunos, almuerzos, cenas, refacciones, talleres y seminarios”.

Pero en el fondo, añade Ibarra, lo que hay es el uso del presupuesto institucional a favor de determinados candidatos.

“En el pasado hemos visto cómo la unidad académica del Colegio de Abogados o las estructuras de capacitación o de formación de las diferentes instituciones son utilizadas para llevar a cabo esta campaña proselitista”, argumenta.

Incluso, explica Ibarra, “han llegado a usar el presupuesto del Ministerio de la Defensa Nacional como en el 2014”.

“Detectamos cómo se utilizó el apoyo del Estado Mayor de la Defensa Nacional para organizar eventos académicos, que en realidad eran solamente la ocasión para promover candidatos a comisiones de postulación”, recuerda Ibarra.

El Movimiento Pro-Justicia descubrió esto en el 2014 y lo denunció. “El ministro de la Defensa de la época ordenó el cese de ese apoyo porque incluso hacían celebraciones de fin de semana, talleres de fin de semana, en los que supuestamente enseñaban a los jueces sobre balística”.

Ibarra explica que “a lo largo de la historia de las elecciones del Colegio de Abogados siempre ha habido planillas que logran estar en una posición de poder. Que les permite usar el presupuesto de las instituciones del Estado para favorecer ciertas candidaturas”.

Según la activista por ahora ASPA ha salido favorecida. “En años anteriores, los recursos del colegio, o de instituciones del sistema de justicia, han sido utilizadas para favorecer a otras planillas, pero sí es escandaloso el despliegue que hacen ahora”.

Es evidente, indica Ibarra, el uso que Néster Vázquez y el grupo ASPA han hecho del dinero de las estructuras del Colegio de Abogados, de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad, en favor de esta misma planilla con el fin de copar las comisiones de postulación.

El máximo tribunal consideró que hubo vacíos legales en la sesión solemne del pasado 14 de enero, por lo que emitió un amparo provisional que ordena anular la elección de la Junta Directiva y repetir su elección.

Los problemas que expusieron los grupos de oposición, como la diputada de Valor, Sandra Jovel, quien también buscó la presidencia; el bloque Vamos; Fundación Contra el Terrorismo y Liga Pro Patria, es que se propuso a diputados con impedimentos legales para integrar la directiva.

Al momento de elección todavía estaba vigente un acuerdo de la novena legislatura que declaró independientes a los 23 diputados electos por Movimiento Semilla, partido sobre el que pesa una suspensión provisional  por una investigación penal en su contra.

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La propuesta de planilla ganadora fue hecha por el diputado Román Castellanos, electo por Semilla, y quien propuso a dos de sus compañeros en cargos de directiva; Samuel Pérez para la presidencia y Andrea Villagrán como primera secretaria.

En el acuerdo de la pasada legislatura también eran declarados independientes Adim Maldonado e Inés Castillo, diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que fueron desconocidos por el partido político de Sandra Torres y declarados independientes; Maldonado había sido electo como primer vicepresidente.

La CC anuló todo lo actuado por la décima legislatura, excepto la juramentación y toma de posesión del binomio presidencial integrado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera.

Con este escenario, el pleno del Congreso de la República no está integrado por 160 diputados porque también se reactiva el frenó legal que le impide al diputado electo por Cabal, Julio Héctor Estrada, asumir la curul por no contar con un finiquito reciente.

El departamento de Comunicación Social del Congreso anunció que en breve los diputados que habían sido electos como Junta Directiva 2024–2025, estarían ofreciendo una rueda de prensa para fijar postura, pero recientemente la diputada Andrea Villagrán dijo que la conferencia de prensa será al medio día.

Analizan escenarios

En la sesión solemne del pasado 14 de enero, el bloque legislativo Valor, impulsó una propuesta de planilla para la Junta Directiva, la misma era liderada por la diputada Sandra Jovel, excanciller en la administración del entonces presidente Jimmy Morales.

La bancada estará sosteniendo una reunión al filo del mediodía para evaluar si volverán a presentar la misma propuesta de planilla del pasado 14 de enero, que obtuvo en el evento de votación 75 votos.

“Nosotros estamos evaluando las acciones que determinó la CC, ya hemos analizado como está el panorama. Definitivamente, hay que tomar una decisión”, dijo Elmer Palencia, que ayer fue presentado como jefe de bancada del partido Valor.

El congresista dijo que todavía analizan si será nuevamente la diputada Jovel, quien sea la candidata para la presidencia del Legislativo: “tenemos que analizar todos los puntos de vista después de lo sucedido el 14 para evaluar cuál es la postura que va a tomar el bloque”.

Sesión de Pleno

La CC anuló todo lo actuado por la décima legislatura, con excepción de la juramentación y toma de posesión del binomio presidencial, pero ayer en la que era la primera reunión de la Instancia de Jefes de Bloque, se acordó una sesión de Pleno para hoy a las 14 horas.

En la agenda de actividades parlamentarias no figura la sesión, pero según el diputado Palencia, la convocatoria para la sesión ya habría llegado a todos los diputados, quienes de llegar podrían reunirse y cumplir con la orden de la CC.

“Tendríamos que evaluar el posicionamiento jurídico del Congreso porque el Pleno ya está convocado para las dos de la tarde, si bien aprovechamos esa convocatoria para que se desarrolle la Comisión de Debates para que tomen el control de la sesión convocada”, remarcó.

La Comisión de Debates está integrada por los tres diputados de mayor antigüedad de la nueva legislatura, quienes tendrán que recibir propuestas de planilla para repetir la elección de la Junta Directiva.

La misma será integrada por los diputados Joel Martínez, presidente, diputado electo por Vamos; Luis Contreras, electo por Compromiso Renovación y Orden (Creo); e Inés Castillo, diputado independiente tras ser expulsado por UNE.

Palencia indica que debería de ser el presidente de la Sesión de Debates quien los convoque, pero tampoco es necesaria una convocatoria de urgencia porque la Junta Directiva ahora suspendida ya había convocado para hoy.

“El Pleno son 81 diputados presentes en cualquier lugar, si hay 81 diputados reunidos en algún lugar se puede celebrar una sesión; si hoy a las dos de la tarde hay 81 diputados, la Comisión de Debates puede dar inicio con la elección de la Junta Directiva”, indicó.

El partido político Vamos, quien también presentó una acción de amparo, se encuentra en comunicación con la bancada, pero todavía no han decidido los pasos a seguir, pero sí han fijado una postura en la línea de desconocer a la actual directiva afirmando que fue electa de manera irregular.

Cabe recordar que la anterior Comisión Permanente, encabezada por el partido Vamos, los declaró independientes.

Según la CC, la personalidad jurídica del partido está suspendida de manera temporal, y de esa cuenta los diputados tendrán que asumir la Décima Legislatura como independientes y no podrán optar a cargos en la Junta Directiva en el Legislativo. Tampoco tendrán voz y voto en la reunión de Instancia de Jefes de Bloque, en donde se afina la agenda, ni podrán presidir comisiones de trabajo.

El Movimiento Semilla había informado que buscaría la presidencia del Congreso, impulsando la candidatura del diputado Samuel Pérez, que dijo el pasado viernes contaban con un apoyo sólido de la mayoría de bancadas políticas.

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Sin embargo, tras la resolución de la CC se derriban la posibilidad de que esto ocurra, ya que la Ley Orgánica del Legislativo indica que para integrar la Junta Directiva se debe ser diputado de bancada, por lo que los independientes no pueden hacerlo.

Mientras que se conocía la situación del Movimiento Semilla, en el Congreso se han vivido momentos de tensión, diputados electos irrumpieron en la sesión que se llevaba acabo en uno de los salones en Casa Larrazábal, allí se realizaba la reunión para calificar las credenciales de los diputados electos, proceso que ha sido señalado de querer entorpecer la toma de posesión de quienes fueron electos por el voto popular.

También se habla de pagos bajo la mesa para obtener votos y colocar así a diputados en la Junta Directiva.

Orlando Blanco, diputado electo por el partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), mencionó que la elección de los integrantes de dicha comisión “fue a dedo”, y que un proceso que lleva minutos se ha prolongado por más de dos horas.

“Se nombró una comisión a dedo por parte del pacto de corruptos y llevan dos horas encerrados sin que inicie la sesión. Están tratando de retardar el proceso. Mientras tanto allá abajo están comprando a diputados. Estos diputados están cometiendo el delito de sedición”, dijo.

“Ellos tienen que hacer el trámite de calificación que obliga la Constitución, simplemente quien no tiene finiquito y quien no tiene la constancia de que fue electo no puede tomar posesión y se acabó. Es un trámite que en media hora se lleva a cabo, pero estos señores llevan dos horas”, agregó Blanco.

Mientras que Samuel Pérez, diputado del Movimiento Semilla, dijo sobre lo ocurrido en la reunión de la Comisión de Calificación de Credenciales: “No tienen que calificar nada, lo que tienen que hacer es darle posesión a los diputados que ingresaron”.

Según fuentes del Congreso, la sesión se retrasará sin precisar hora. La junta que califica cada uno de los expedientes de los nuevos diputados está reunida, pero se desconoce el lugar. Indican que, en esta reunión que preside Javier Hernández de FCN Nación, se entregaron varios expedientes a los legisladores que revisan documentos relacionados a casos penales en contra del Movimiento Semilla.

En tanto que las instalaciones del Legislativo fueron tomadas por la Policía Nacional Civil, que acordonaron todas las áreas de acceso interno del edificio central y los cadetes de la Escuela Politécnica que se encontraban en el lugar fueron retirados.

Declarados independientes

El pasado viernes, en horas de la tarde, la Comisión Permanente resolvió declarar como independientes a los diputados de Movimiento Semilla, considerando notificaciones judiciales y alertas que fueron enviadas por un juzgado y el Ministerio Público (MP).

La suspensión provisional contra el partido político se dio en el marco de una investigación penal contra el partido político, en donde aparentemente hubo anomalías cuando el mismo fue constituido como una organización política.

Esa decisión adoptada por la Comisión Permanente, le impedía a Movimiento Semilla competir por la Junta Directiva, y a criterio de analistas, la decisión se dio a último minuto, posiblemente con el afán de afectar al partido y evitar una posible respuesta legal.

Pero Movimiento Semilla dijo que ya esperaban un “ataque político” en ese sentido y tenían preparados algunos documentos para accionar ante la CC. Inicialmente, una acción de amparo del partido ingresó en horas de la noche del pasado viernes, instancia que le puso al partido político un previo por no haber cumplido con la formalidad del documento.

También la organización política presentó una debida ejecución, para que se cumpla con el amparo definitivo que consiguió un grupo de ciudadanos, liderados por el abogado Edgar Ortiz.

Los abogados del partido indicaron en este documento que “la decisión arbitraría e ilegal de la Comisión Permanente del Congreso de haber declarado como independiente a la nueva bancada”.

Movimiento Semilla consiguió para la décima legislatura del Congreso de la República 23 espacios, para ser una de las tres fuerzas políticas más grandes para el actual período parlamentario.

Según la planificación del CSU, en una sesión prevista para el próximo martes 21 de junio votará por el nuevo magistrado constitucional, pero la Usac no había informado oficialmente, sino hasta este lunes 13 de junio, de cuántos candidatos aspiraron al cargo.

Esto a pesar que desde el jueves 9 de junio venció la recepción de expedientes.  El dato de 20 candidatos se conoció primero por un proceso de vigilancia que hizo Guatemala Visible.

Incluso pese a que la elección tiene que celebrarse en ocho días ,se desconoce cuál será el cronograma de actividades; no se sabe si el CSU recibirá objeciones y si desarrollará fase de entrevistas como en el evento pasado.

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El proceso de elección de magistrado titular de la CC se tuvo que repetir porque una resolución constitucional avaló a la Fundación contra el Terrorismo, cuyos abogados señalaron errores en el proceso que había dejado como electa a la exmagistrada Gloria Porras.

La universidad tampoco enfrenta su mejor momento, pues existen señalamientos por un aparente fraude en la pasada elección de rector que mantiene a la casa de estudios con al menos seis edificios tomados por manifestantes.

Walter Mazariegos fue electo como rector de la Usac, pero no es aceptado por grupos de estudiantes, docentes, egresados, y trabajadores administrativos, quienes afirman que hubo fraude en su elección.

Aunque la elección del nuevo magistrado constitucional será antes de su toma de posesión como rector, prevista para el 1 de julio, Mazariegos es integrante del CSU y tendrá voz y voto para la elección del 21 de junio.

Retraso anormal

El pasado jueves finalizó la recepción de expedientes. Fueron 20 los profesionales que aspiran a la magistratura titular de la CC, y hasta ayer se desconocía la identidad de los interesados.

Algo que a criterio de las organizaciones fiscalizadoras nunca había ocurrido, sobre todo porque siempre se habían preocupado en mantener una comunicación activa y constante, para darle legitimidad al proceso.

“No es normal que pase tanto tiempo sin que la autoridad encargada de recibir los expedientes dé a conocer el listado final. Si bien es cierto hay controles internos para dar la información dado que el proceso es pequeño, era valioso que el jueves se diera ya un listado preliminar, algo que diera certeza”, señaló Mynor Lorenzo, analista de Guatemala Visible.

Entre algunos de los nombres que figuraron en el proceso del 2021 se encuentra Juan Carlos Godínez, exintegrante del CSU por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

El profesional de las leyes fue incluido en la lista Engel del Departamento de Estado de los Estados Unidos, porque a criterio de ese gobierno es un actor activo en Guatemala a favor de la corrupción.

Otro nombre que destaca es el de Rony López, exsecretario del Ministerio Público (MP), hombre de confianza la fiscal general María Consuelo Porras, y actual magistrado suplente para la CC por el mismo CSU.

“La transparencia ha sido baja e ineficiente, no solo con mismos procesos del CSU, sino también de forma activa porque no se informó de manera paulatina cada que se iban presentando expedientes, si no es por organizaciones sociales habría menos información lo cual es negativo”, indicó José Echeverría, representante del Movimiento Cívico Nacional (MCN).

Recomendaciones

Aunque no se tengan las mejores expectativas de lo que resta del proceso, las organizaciones indican que se puede mejorar la poca transparencia que la Usac ha tenido en el caso, haciendo públicas el resto de sesiones.

Uno de los fundamentos legales para anular la pasada elección fue que la votación se hizo pública, mientras que el reglamento universitario ordena un voto secreto.

A criterio de Lorenzo, se puede hacer un proceso abierto ante los medios y la sociedad civil, al mismo tiempo que se respeta el voto secreto que ordena los estatutos universitarios.

“La votación debe ser secreta pero no la publicidad de la sesión, podríamos tener una elección pública pero que al momento de votar se pudiera hacer con urnas o votos secretos, no dice que sea a viva voz y de esa manera se cumpliría con la secretividad del voto”, opinó.

20 abogados presentaron su expediente para participar en el proceso de elección de Magistrado Titular de la @CC_Guatemala por el Consejo Superior Universitario de la @USACenlinea, para completar el período 2021-2026.

Te presentamos el listado preliminar no oficial.#CCHonorable pic.twitter.com/MMZlluqAHa

— Guatemala Visible (@guatevisible) June 10, 2022

Echeverría estima que incluso tan solo basta con dar información oficial de manera inmediata. “Las recomendaciones son tener canales de comunicación claros y transparentes, oficiales, donde se comunique como se lleva a cabo la elección, que tengan todos los principios y normas constitucionales en el proceso de elección de magistrado”.

Al ser consultado el departamento de Comunicación Social de la Universidad por los señalamientos de poca transparencia, el departamento se limitó a dar la siguiente respuesta.

“El día lunes 13 de junio se estará publicando en el Diario de Centroamérica, y dos de mayor circulación el listado oficial de los candidatos a magistrado titular para la CC, el cual debe elegir el CSU. En el listado oficial se reportan 20 profesionales”.

Los candidatos

1. Mynor Eduardo González Méndez
2. Estuardo Adolfo Cárdenas
3. Héctor Hugo Pérez Aguilera
4. Walter Paulino Jiménez Texaj
5. Dasma Janina Guillén Flores
6. Roberto Estuardo Morales Gómez
7. Jorge Eduardo Tucux Coyoy
8. Hugo Roberto Jáuregui
9. Francisco Javier Vásquez Vásquez
10. Rony Eulalio López Contreras
11. Juan Carlos Godínez Rodríguez
12. José Alfredo Aguilar Orellana
13. María de los Ángeles Araujo Bohr
14. Mirza Eugenia Irungaray López
15. Franklin Tereso Azurdia Marroquín
16. Ángel Estuardo Pulido de León
17. Gustavo Adolfo Cárdenas Díaz
18. Juan José Rodil Peralta
19. William Gilberto Bobadilla López
20. Luis Fernando Pérez Zamora

Tras un cuestionado proceso de votación fue electo como rector Walter Mazariegos, decano de la Facultad de Humanidades, y a quien la oposición tacha como el predilecto de la alianza oficialista.

Mazariegos en todo momento ha rechazado esos señalamientos, él afirma que quienes califican su victoria de “fraude” tan solo buscan inclinar a su favor la opinión pública en un desesperado intento por llegar a la rectoría universitaria.

Independiente del futuro legal que tome la elección la Usac, al menos hoy, ya cumplió con esa responsabilidad, pero ahora enfocará sus esfuerzos en otro proceso de elección clave para el país: la Corte de Constitucionalidad (CC).

Tras un amparo promovido por Fundación Contra el Terrorismo la CC anuló la reelección de Gloria Porras, ordenando al Consejo Superior Universitario (CSU) de la Usac repetir la elección de su magistrado titular.

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Ahora la calidad docente no es una opción, es un requisito obligatorio al igual que su votación se celebre de manera secreta; es decir a puerta cerrada, sin cámaras y sin la vigilancia de la sociedad civil como en otros años.

Expertos en fiscalización y elecciones de segundo grado prevén que la elección del magistrado titular será compleja, tendrá recursos legales que podrían complicar el trabajo del CSU.

Pero junto a eso existen actores políticos, académicos y judiciales que entran a jugar fuera de reflectores, pudiendo incidir quizás de manera negativa en el proceso de elección del nuevo magistrado constitucional.

Liberan a Paiz y Gálvez

El CSU lanzó su convocatoria de magistrado dos día después de su elección a rector, comenzó a recibir expedientes desde el 17 de mayo, mismo día que dos exrectores acusados por corrupción recuperaron su libertad.

Murphy Paiz era el rector de la Usac justó cuando se estaba por elegir a los magistrados de la CC, pero fue detenido por posible corrupción dentro del Caso Comisiones Paralelas 2020.

Su paso en prisión excedió más de los seis meses de ausencia que permiten los reglamentos universitarios, por eso su plaza fue declarada vacante y pese a su liberación no puede retornar a su antiguo puesto.

Junto a Paiz también fue detenido Estuardo Gálvez, exrector de la casa de estudios, también acusado por incidir en las Comisiones de Postulación que elaboraron los listados de candidatos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La liberación fue ordenada por el juez Edwin Ramírez, suplente del Juzgado de Mayor Riesgo “D” quien sustituye a la exjueza de alto impacto, Erika Aifan.

El argumento del juez para emitir su resolución se basó en “fundamentos humanitarios”, según fuentes cercanas al proceso ya que los medios de comunicación no tuvieron acceso a la audiencia, fue a puerta cerrada.

#URGENTE | Trasciende que Murphy Paiz y Estuardo Gálvez, ex-rectores de la USAC procesados en tres casos de corrupción y con estructuras criminales en la Universidad, incluido el Caso #ComisionesParalelas fueron beneficiados con medida sustitutiva. pic.twitter.com/MIrnN0hoHg

— Un Rector Digno (@UnRectorDigno) May 17, 2022

Tanto Paiz como Gálvez ya no ocupan un puesto administrativo dentro de la Usac, pero ambos son fuertes operadores políticos y no necesitan de un cargo para favorecer o perjudicar a algún candidato, según expertos.

“No solo incluimos a los exrectores, también hay estructuras de poder dentro de la universidad, entre estudiantes, profesores, trabajadores…esto se convierte en un reto para el CSU para que hagan un proceso legal, técnico y ético, que garantice una designación basada en méritos”, señaló Mynor Lorenzo de Guatemala Visible.

Para José Echeverría, analista del Movimiento Cívico Nacional (MCN), las presiones que puedan tratar de incidir en el proceso van a llegar, independientemente del lugar en el que se encentren los supuestos operadores.

“No quiero sonar pesimista pero la influencia de estos actores, si es que la tuvieran podrían ejercer influencia independientemente de en qué lugar se encuentren físicamente”, indicó.

Pero los exrectores no son los únicos fantasmas que podrían merodear en la elección, expertos estiman que los candidatos más fuertes, afines a la alianza oficial y que habían sido derrotados ante Porras, volverán a la contienda.

Segunda oportunidad

Entre los profesionales que buscaban ocupar una magistratura constitucional con el aval de la USAC en 2021 destacaban cuatro abogados, dos hombres y dos mujeres.

Una de ellas era Gloria Porras, quien consiguió una tercera reelección para la CC pero que fue anulada por una resolución constitucional. La otra abogada que destacó en el proceso fue Delia Dávila, actual magistrada de la CSJ.

Los dos profesionales hombres que sonaron fuertemente en la contienda son Omar Barrios y Juan Carlos Godínez. El primero de ellos señalado de ser afín al presidente Alejandro Giammattei y de ser amigo de Murphy Paiz.

Por aparte, Godínez fue de los más atacados por grupos universitarios por señalarlo en un conflicto de intereses, ya que además de ser candidato ante el CSU también era miembro del consejo, lo que le permitía ser juez y parte.

Godínez dejó de ser integrante del CSU hasta hace unos días, pero mantiene una mención especial por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ya que al igual que la reelecta Fiscal General, está incluido en la lista Engel, de actores pro corrupción.

Quitando a los candidatos destacados del proceso del 2021, Lorenzo teme que habrá muy poca participación de abogados, lo que no sería bueno para el proceso de elección.

“Lamentablemente podríamos ver una participación mínima por varios factores; se realiza pasado un año de la nueva CC y podría desmotivar,  también porque hay investigaciones por la votación pública y, quizás el principal, es que la elección la hará un CSU más que cuestionado por el convulsionado proceso de elección de rector”, señaló.

Pese a lo complejo y poco atractivo que pueda parecer tomar una Corte ya iniciada, Echeverría estima prudente que se invite a todos los profesionales con capacidades técnicas y éticas a participar.

“Yo creo que es probable ver a estos antiguos candidatos fuertes del proceso pasado, también es importante llamar a todos los profesionales capacitados a que participen, ya pasó un año de la magistratura pero si es importante que exista participación”, precisó.

Todos los candidatos a ocupar la magistratura titular de la CC tiene hasta el 3 de junio para presentar su papelería, posteriormente habrá procesos de evaluación y se espera que en una votación secreta el CSU elija al nuevo magistrado el 21 de junio.

Mario Fuentes Destarac, constitucionalista, considera que está opinión puede incidir de manera peligrosa en el sistema de frenos y contrapesos, haciendo que muchos se aprovechen del criterio que compartió la CC.

“En la misma interpelación pueden ir saliendo respuestas que dan chance para hacer otro tipo de preguntas, ¿Limitaríamos eso en una interpelación? Yo creo que eso sería un contrasentido e iría en contra del principio de separación de poderes que está plasmado en la Constitución y que es un legado histórico”, argumentó Destarac.

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Las opiniones vertidas este jueves por la CC tendrán eco en otras legislaturas y otras administraciones de Gobierno generando un peligro al sistema democrático y a las libertades, según el análisis de  Edie Cux, director de Acción Ciudadana (AC).

“Ahora que no sorprenda que en algunas citaciones los funcionarios no lleguen o se retiren, incluso que en las interpelaciones no se respeten todos los parámetros (…) estamos ante la creciente formula autoritaria que se ve no solo en Guatemala sino en El Salvador y que poco a poco va elevando esas acciones que limitan los derechos de la ciudadanía”, criticó Cux.

Por su parte Jorge Wong, politólogo independiente, evalúa que un país en el que no exista un rol de frenos y contrapesos está alejado de la democracia y cercano a un régimen dictatorial.

“Se empezarían a dictar las bases de una dictadura porque de alguna forma es elemental que se tenga un diálogo abierto y franco frente a los ciudadanos, pero cuando se empiezan a cerrar esas puertas y ventanas se empieza a entrever que hay una intención del Ejecutivo de tomar el poder o de tener un porcentaje más amplio en el ámbito político, esto genera suspicacia”, precisó.

Diputados de oposición responden

La oposición en el Congreso reaccionó ante la consulta que hizo el presidente Giammattei y aseveraron que fue innecesaria hacerla ya que la Constitución Política de la República, la Ley Orgánica del Congreso y su reglamento interno establecen cómo se debe conformar una comisión de trabajo y bajo qué razones se deben citar a los funcionarios.

“Sabemos que hubo una intención de obtener algún tipo de opinión que podría limitar el trabajo de las comisiones, pero las leyes ya establecen los derechos que no pueden limitarse ante una opinión de la Corte”, dijo la jefa de la bancada Semilla, Ligia Hernández.

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El diputado Carlos Barreda, del Grupo de Oposición Parlamentario (GOP) agregó que, al ser una opinión, esta no es vinculante. Aún así, dijo que en las próximas semanas se verá si los ministros se justifican con la opinión ejercida por la CC para que ausentarse a las citaciones o no responder las interrogantes.

“Ellos van a intentar agarrarse de eso y van a provocar un enfrentamiento que derive en amparos. Pero también se verá en que las fuerzas políticas que buscan la fiscalización y que se ven limitados, opten por la interpelación y nosotros como grupo de oposición es algo que no queremos”, dijo.

Por otro lado, la diputada Evelyn Morataya, de la bancada BIEN y quien no puede optar a ninguna presidencia de comisión, dijo que espera que esta opinión no les afecte a los diputados independientes.

“Veo con mucha preocupación la forma en la que nos quieren gobernar, pedirle esa opinión a la CC pareciera implicar que rechaza la rendición de cuentas y que les molesta la fiscalización de los diputados de oposición. Al limitar el trabajo del Congreso, lo que hace es limitar el acceso a información que es pública”, indicó.

Lo anterior pondría en entredicho el sistema de pesos y contra pesos que establece la propia Constitución, a criterio de las fuentes consultadas, quienes indican que los artículos en cuestión son claros y no necesitan de un margen de interpretación amplio.

La convocatoria que emitió la CC señala que se dará respuesta a tres opiniones requeridas por la presidencia que buscan conocer los alcances de los artículos constitucionales 161 en su literal “b”, 166 y 168.

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El primero de ellos, el 161 literal “b”, relativo a la irresponsabilidad de la que gozan los diputados al emitir sus opiniones. En los dos años de la novena legislatura ha sido frecuente que los congresistas de oposición critiquen con firmeza las decisiones del Ejecutivo.

Mientras el artículo 166 explica lo relativo a las interpelaciones, señalando que “los ministros de Estado, tienen la obligación de presentarse al Congreso, a fin de contestar las interpelaciones que se les formulen por uno o más diputados”.

Durante la administración Giammattei han sido interpelados sus ministros de Desarrollo Social, Gobernación, está en curso un juicio político al titular de Energía y Minas, y en lista de espera una más al ministro de Comunicaciones.

Por último el artículo 168 relacionado a las invitaciones o citaciones de funcionarios del Ejecutivo ante el Congreso señalando lo siguiente: “Asistencia de ministros, funcionarios y empleados al Congreso. Cuando para el efecto sean invitados, los ministros de Estado están obligados a asistir a las sesiones del Congreso, de las Comisiones y de los Bloques Legislativos”.

De esta forma, el máximo tribunal decidirá si existe obligatoriedad de los ministros de asistir y rendir cuentas al Congreso.

Desde el Gabinete

En junio del año pasado el Ministro de Trabajo Rafael Rodríguez y el Secretario Privado de la Presidencia, Janio Rosales, fueron cuestionados por un grupo de diputados de oposición, liderados por Carlos Barreda, por una reunión de gabineteque habría sido celebrada el 22 de mayo en la Finca Santo Tomás, en Escuintla.

Según los parlamentarios, en esa reunión se solicitó a los funcionarios documentos que evidenciarán las citaciones legislativas para, presuntamente, accionar legalmente ante la CC por las acciones de los diputados.

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Durante la citación, el ministro Rodríguez admitió que había hecho una presentación al resto del Gabinete sobre la obligatoriedad de los funcionarios de asistir a las convocatorias de los diputados, sin embargo, negó que se haya hecho con el fin de presentar alguna acción constitucional.

“Había desconocimiento en la norma y ahora ocupando el cargo les ofrecí compartir mi experiencia previa”, respondió Rodríguez al diputado Barreda, cuando le cuestionó por qué había hecho un análisis sobre cuántas veces pueden ausentarse los ministros de las citaciones legislativas.

La CC finalmente fue consultada por el Ejecutivo y este jueves 13 de enero se conocerá su respuesta.

Buscan evadir la fiscalización

Dos expertos en Derecho al ser consultados por la vista pública de este jueves consideran que, pese a que no se tiene por escrito las preguntas puntuales del presidente, da la impresión que buscan una justificación para evitar las citaciones del Congreso.

Edie Cux, director de la organización Acción Ciudadana (AC), señala que la postura del presidente es obvia. “Ya está clara la postura del presidente en realmente tener el poder a toda costa, esto implica que hacer una consulta de este tipo es que él (Giammattei) quiere manejar un poder absoluto con lo que podría buscar impunidad, ningún control y manejar la política a su antojo”.

Cux, estima que el simple hecho de formular consultas por temas obvios representa un peligro al sistema democrático y “se estaría atentando contra el sistema de pesos y contra pesos que plantea la misma Constitución, poco a poco se van eliminando esos límites que tiene la Presidencia”.

Por su parte la abogada Leily Santizo, analista independiente, considera que a pesar de cualquier intención que lleven esas opiniones requeridas por el Ejecutivo es imposible que se limite el trabajo parlamentario.

“La CC no podría limitar esa obligación que está establecida dentro de la Constitución y además ese mecanismo de control y transparencia que se tiene incorporado en la Carta Magna, se trata de un tema de rendición de cuentas y corresponde al Congreso ejercerlo”, explicó.

Santizo considera que por la forma en que están redactados esos tres artículos constitucionales no cabe el espacio a las dudas, ya que son claros en cuáles son las obligaciones que tienen funcionarios y ministros ante el Organismo Legislativo.

“Desconozco los términos en que el presidente habrá planteado las preguntas a la CC, pero sí le puedo decir que no pueden limitar esta institución de la interpelación; además es prudente identificar que si se leen los textos constitucionales son bastante claros y no hace falta ir o utilizar mecanismos de interpretación más allá de lo que dice el texto, la CC no podría contravenir con la obligación que establece el texto constitucional”, puntualizó.

Sin respuesta

Se consultó a Comunicación Social de la Presidencia cuál fue la razón por la que el mandatario requirió esas opiniones y si sería él quien personalmente acuda a la vista, sin embargo a este momento no se ha obtenido una respuesta.

Por su parte el equipo de Comunicación Social de la CC no ha podido compartir la fecha en que ingresaron las inquietudes del presidente, así mismo informó que la vista pública no será transmitida por sus redes sociales

El Pleno constitucional sigue arrastrado a uno de los jueces de la magistratura pasada, todo por los recursos legales que impiden a la electa Gloria Porras ser juramentada y tomar posesión del cargo.

Actualmente figuran tres recursos legales que impiden su toma de posesión: La primera de ellas se encuentra en la Sala Quinta de lo administrativa, la segunda es una acción de amparo ante la misma CC y la tercera es otro amparo ante la Sala Sexta.

Los motivos de la impugnación se centran en aparentes violaciones a la ley al momento de hacer la elección, ya que el evento fue público cuando la ley dicta que la misma debe de ser de manera secreta.

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El Consejo Superior Universitario (CSU), en aras de la transparencia, decidió hacer pública su selección, pero esa mecánica hizo que su votación quedará en una duda legal que a la fecha no ha sido resuelta.

Dicho órgano de la Universidad de San Carlos afirmó que su elección estaba firme, pero fuera un único pronunciamiento han permanecido en silencio a seis de la magistratura constitucional.

Se consultó vía telefónica con el rector en funciones, Juan Pablo Oliva, pero no fue posible que respondiera que otros caminos ha considerado la Universidad para que se respete su decisión.

La misma pregunta se envió a su equipo de Comunicación Social quien respondió a nombre de Oliva detallado los tres recursos legales que están en salas y en la CC añadiendo, “estamos pendientes de un recurso”.

Usac sin liderazgo

Aunque la decisión no pesa sobre uno de los integrantes del CSU, la ausencia de un rector se ve reflejada en la pasividad con la que se está tomando el tema, eso según el analista independiente Sebastián Morales.

El rector de la Universidad, Murphy Paiz, se encuentra detenido por una investigación que lo relaciona al Caso Comisiones Paralelas 2020, por la presunta manipulación para la elección de Cortes.

Desde entonces han desfilado tres rectores interinos y continuarán así hasta que se haga la elección del nuevo rector, misma que ya fue convocada y que podría dejar a una nueva autoridad universitaria para abril de 2022.

“Como tienen muy poco tiempo al frente de la institución el costo de toma decisiones de este nivel es muy alto porque les puede significar de alguna forma cuestiones de reputación, de aliados u otro sentido que no les deje a ellos la posibilidad de tomar una decisión. También hay que entenderlo como un problema de liderazgo, el hecho de no tener un rector electo no permite que muchas cosas avancen”, señaló.

Por la complejidad del tema, Morales ve únicamente tres escenarios como posibles soluciones, “Uno es que haya un nuevo rector y este se anime a tomar una decisión al respecto, el segundo  es que la CC resuelva algo y ordene de una forma explícita a la Usac y al Congreso, que no parece nada probable porque no parece que quieran hacerlo; y el tercero sería que la magistrada Porras decline de su candidatura y eso habrá la puerta a una salida menos conflictiva”.

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Retraso impredecible

Este escenario no es nuevo, ya se vio con el nombramiento del suplente constitucional Conrado Reyes cuya situación pasó varios meses entre salas y Cortes a la espera de una resolución.

“Se impugna ese nombramiento, transcurren varios meses sin una solución y en una ambigüedad que pareciera bastante similar a lo que ocurre ahora. Una situación que no genera certeza y que además también afecta a la magistratura completa, porque si está integrada pero no de forma íntegra, creo que esto es un problema que se ha venido arrastrando o que viene desde un tiempo atrás”, recordó José Echeverría, representante del Movimiento Cívico Nacional (MCN).

Aunque el experto coincide con Morales, al señalar que hace falta una postura más sólida y contundente  de parte del órgano elector, “recordemos que es el CSU, no es únicamente bajo la responsabilidad del rector sin embardo puede ser, y es probable, que la dinámica interna haya sido diferente porque tienen ese desafío por atender, esperaríamos también que pueda haber un poco más de claridad sobre ese asunto”.

Repetir elección

De momento la Usac ya no tiene que pronunciarse, según Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), quien estima que lo prudente habría sido repetir la elección para evitar todos estos obstáculos legales.

“La ruta de impugnaciones es más larga, pero el verdadero embrollo al que se mete la candidatura de la exmagistrada Porras es que la Usac resuelve ante una manifestación expresa de la Ley de Amparo y emite su voto de manera verbal y no secreta como dice la ley, ante la observancia de la ley no puede admitirse practica en contrario y cuando presentan las objeciones e pudo enmendar la plana y habrían repetido la elección, un error que pone en un hilo esta magistratura”, explicó.

La Usac aún podría enmendar ese error al hacer una votación secreta, pero para eso necesitarán una resolución judicial que les ordene a repetir el procedimiento, escenario que podría ocurrir por alguno de los recursos pendientes.

“La Universidad ya salió de su resolución, el caso ya es resuelto para ellos. Lo que quedaría pendiente es que alguien llegase a presentar un recurso en lo contencioso y administrativo, que es lo que correspondería, y ahí se indique que la manera en que se procedió a votar fue ilegal y que se vuelva a realizar la votación de manera secreta; ellos ahora no pueden pronunciarse”, puntualizó.

Todo a raíz de una acción de inconstitucionalidad que la CC declaró con lugar de forma parcial, eliminando el inciso 7 del artículo 51 del Código Penal, que hasta antes de esta resolución dictaba que “la conmuta no se otorgará a los condenados por delitos contra la administración pública y la administración de justicia”.

La acción legal fue presentada por el abogado Julio Roberto García Merlos, quien dijo actuar a título personal y aseguró no defender dentro del sistema de justicia a ninguna persona acusada por corrupción de los casos ventilados de 2015 a la fecha.

Su fundamento se basa en una desproporcionalidad entre los delitos menores por corrupción que son castigados con prisión, pese a que en ocasiones esos cargos en la etapa de sentencia no rebasan los cinco años de cárcel.

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Una de las razones para declarar provisionalmente la inconstitucionalidad fue que en el catálogo de delitos, a criterio de los magistrados, había cargos que no se vinculan con actos de corrupción, además de observar una aplicación de justicia selectiva.

“No puede establecerse una justicia constitucional selectiva que atienda a sectores particulares dejando de lado la protección que por la característica de universalidad de los citados derechos, corresponde a todas las personas por igual”, defendió la CC su resolución en un comunicado tras el rechazo que generó la decisión.

Respalda su inconstitucionalidad

García Merlos aseguró que la acción de inconstitucionalidad nació de un estudio legal que hizo como docente universitario, en donde al examinar a detalle el Código Penal encontró algunas violaciones que merecían ser solucionadas.

“Esto fue a título personal, fue un estudio que hice, yo doy clases de Derecho Procesal Penal y he encontrado muchas contradicciones e inconsistencias en la ley y esta fue una que nos percatamos, hay muchas más y probablemente voy a estar planteando otras en un futuro con relaciones a leyes penales”, comentó el abogado.

Así mismo rechazó todos los comentarios vertidos en redes sociales, que afirman que dicha inconstitucionalidad es una estrategia para favorecer a personajes del más alto nivel acusados por corrupción.

“Usted puede decir que esta persona quiso beneficiar a funcionarios, exfuncionarios o empresarios pero no es así, aunque  hay gente que lo menciona, es un tema conceptual de principios generales que permiten la conmuta para delitos que no son graves”, refirió.

Quien opina de la misma manera es Iván Morales, analista independiente y docente universitario, quien considera que la CC tan solo resolvió un problema legal originado en 2012.

Añadió además que todos aquellos que cuestionan la resolución deberían de plantear propuestas de reformas legales, para que todos esos delitos menores a cinco años obtengan una pena mayor para que dejen de ser conmutables.

“Yo sé que muchos se van a rasgar las vestiduras y van a decir que esto es una forma más de proteger a muchos funcionarios y de que esta es una forma de impunidad, pero si la norma en efecto choque con la norma constitucional no debería decirse que es una resolución que quiere proteger gente corrupta, la gente debería de entender que si pretenden castigar al funcionario en determinados delitos que hagan las reformas a los delitos”, precisó.

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¿Quién gana con esta resolución?

Aunque se piense en grandes personajes como Gustavo Alejos como candidatos para este beneficio constitucional, a decir de analistas esta resolución hará poco o nada en sus procesos penales.

Principalmente porque los acusados en los casos más emblemáticos de presunta corrupción están siendo perseguidos por más de un delito, en ocasiones en más de un proceso.

Pero quienes quizás si obtendrán un beneficio, a decir de David Gaytán, consultor en temas de transparencia, serán todos aquellos empresarios acusados por el pago de sobornos.

“No se puede conmutar un hurto pero si un tráfico de influencias, un prevaricato de parte de un juez, una aceptación ilícita de regalos, esto si es desproporcionado porque estamos nuevamente ante el derecho penal de los pobres, a los pobres que cometen robos o hurto todo el peso de la ley pero los delitos de cuello blanco de funcionarios públicos, a estos no”, criticó el experto.

Por su parte Edgar Ortiz, analista de Fundación Libertad y Desarrollo, coincide que quienes pagan los sobornos, los corruptores, serán los beneficiados, aunque la última palabra la tiene el juez o tribunal.

“En la regla general por corrupción el delito más común es cohecho, un soborno, este puede ser conmutable si el juez impone pena de menos de cinco años pero puede no serlo si el juez impone una pena más alta, si nos fijamos por los hechos de corrupción en curso la mayoría de imputados tienen tres o cuatro delitos encima, es gente que difícilmente se vaya a beneficiar”, explicó.

Ante los comentarios que afirman que con esta resolución la corrupción ya no se va a castigar con cárcel Ortiz explicó que “es una verdad a medias. En realidad hay muchos delitos y no en todos necesariamente se conmuta la pena, todo va a depender del caso concreto y del juez”.

Toda vez se tenga una sentencia definitiva y sea publicada en el Diario Oficial, abogados defensores de procesados por alguno de los 63 delitos de corrupción incluidos en la inconstitucionalidad podrán buscar un beneficio para sus clientes en el sistema judicial.

Desde entonces Guatemala no ha contado con sus cinco magistrados constitucionales titulares y sus cinco suplentes, a pesar de ser el órgano judicial de mayor rango en el país y cuyo objetivo es velar por el resguardo de la Constitución.

En abril, con la renovación de la magistratura, parecía que la Corte volvería a estar completa, pero acciones legales evitaron que el pasado 14 de abril asumieran todos los profesionales designados y electos.

Para Nester Vásquez y Claudia Paniagua, titular y suplente elegidos por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), los obstáculos legales se extendieron por unas semanas, pero para la designación titular del Consejo Superior Universitario (CSU) la demora ya se extendió por más de tres meses.

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Actualmente la disputa legal se encuentra en la CC. Una acción de amparo de la Fundación Contra el Terrorismo señala aparentes vicios del CSU en la sesión en que fue electa Gloria Porras.

Para resolver dicha acción, el pleno constitucional solicitó a la CSJ un informe circunstanciado y debe determinar si existen otras impugnaciones en el Organismo Judicial (OJ).

Otro documento también fue solicitado, pero al CSU, para determinar si la elección de su magistrado titular se desarrolló mediante voto secreto, como lo estipula la legislación nacional.

Estas diligencias están en curso y de ellas dependerá si Porras toma posesión del cargo.

Sin prisas

Aunque existe una batalla legal en curso en la integración de la CC, también pesan los criterios políticos. Depende del Congreso incluir en una de sus sesiones, ordinaria o extraordinaria, la juramentación de Porras.

Sin embargo, a los diputados no les urge hacerlo, incluso la situación podría aplazarse tanto como la elección de magistrados para la CSJ, según la lectura de Sebastián Morales, integrante de Guatemala Visible, organización que ha dado seguimiento a la renovación de la CC.

“Sí corre ese riesgo, porque, por un lado, tenemos un Congreso que no actúa con ninguna prisa en este tipo de circunstancias. Ya la CC encontró su equilibrio con el Congreso. No haría mucha diferencia si estuviera Gloria Porras, porque ya tienen la mayoría en las demás sillas. Entonces no hay un sentido de urgencia de parte de los órganos políticos, y por otro lado no hay tampoco una exigencia para que se resuelva lo antes posible. Ojalá y sí, porque no es sano para el sistema del país tener esas demoras”, señaló.

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Édgar Ortiz, analista de Fundación Libertad y Desarrollo, también teme un atraso indefinido, aunque considera que la verdadera complejidad y retrasos se encontrarán en el campo legal, y no en el político.

“Lo más importante aquí es determinar si —la CC— dará amparo provisional o no. Eso creo que va a determinar todo en lo que tiene que ver en términos de tiempo. Si la CC considerara que, dadas las condiciones, amerita otorgar un amparo provisional y deja en suspenso la juramentación de la magistrada Porras, entraríamos en una espiral compleja porque se suspendería su juramentación. Ahora, si no otorgan amparo provisional, la juramentación de esta persona debería continuar y el amparo debería seguir su curso en vía paralela”, explicó.

Independientemente de los obstáculos políticos o legales que existan, José Echeverría, presidente ejecutivo del Movimiento Cívico Nacional, opina que es urgente que la situación se resuelva pronto pero, sobre todo, de manera objetiva y sin sesgos.

“Es una situación que se debe atender con la premura y la importancia que merece. De igual forma está la duda sobre la juramentación en el Congreso. Probablemente colegas abogados argumentarán que el amparo no es un medio de impugnación, que es una interpretación correcta; entonces hay que definir las líneas que se van a establecer o usar en casos posteriores, y no manipularlos o interpretarlos acorde a la persona, por simpatía o falta de simpatía que se tenga ante determinada persona”, señaló.

Que repitan elección

El objetivo de la Fundación Contra el Terrorismo es que el CSU repita su elección. Ricardo Méndez Ruiz, jefe de la entidad impugnante, señaló que ese órgano académico violó el artículo 155 de la Ley de Amparo, que ordena que la designación de la Usac se debe celebrar en una sesión secreta.

Tienen buenas expectativas ante la admisión a trámite de su acción de amparo, que esperan que, junto a los informes que solicitó la CC, eviten la juramentación de Porras.

“Se acabó la época de los amparos exprés otorgados por la anterior magistratura de la CC. Nos damos cuenta por medio de esta notificación que la CC está agotando todas las instancias antes de proceder a resolver si otorga o no el amparo que nosotros solicitamos. Eso es una muestra de una actuación independiente e imparcial de la Corte, esa es la manera en que la CC debería actuar siempre”, dijo Méndez Ruiz.

Añadió: “Al no juramentarse a la señora Gloria Porras como magistrada de la CC, quedaría esa vacante que, por ley, el CSU tendrá que elegir o designar a un magistrado que constitucionalmente está obligado a designar. El proceso tendría que repetirse, definitivamente”.

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Vásquez y Panigua fueron excluidos por un recurso de impugnación promovido por las organizaciones sociales que integran la Alianza por las Reformas, las cuales cuestionaban que ambos cumplieran con los requisitos de honorabilidad para el cargo.

La acción legal, junto a todos los antecedentes y documentos de la elección fueron trasladados a la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales, cuya resolución deberá ser notificada directamente a la junta directiva del Cang para que esta, a su vez, resuelva y deje en firme los resultados.

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“La Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales resolvió por mayoría declarar sin lugar el recurso de apelación identificado con el expediente número APCOP 33-2021”, señala un comunicado de esa entidad.

La Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales informa: “Que resolvió la apelación planteada por los abogados Edie Josué Cux García y Luis David Gaitán Arana contra la decisión del Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala de fecha cinco de marzo de dos mil veintiuno, en la que declaró electos a Néster Mauricio Vásquez Pimentel y Claudia Elizabeth Paniagua Pérez como magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad, para el período dos mil veintiuno dos mil veintiséis”.

Agrega que “para arribar a la decisión, la Asamblea determinó que los argumentos torales del apelante radican en las siguientes posturas: …omisión de verificación de los méritos constitucionales para el ejercicio de la magistratura de la Corte de Constitucionalidad y falta de acreditación de la reconocida honorabilidad como requisitos indispensables para optar al cargo de magistrado de la corte de constitucionalidad… argumentos relacionados al acto de inscripción de los candidatos titular y suplente; por lo cual, se evidencia que la pretensión es impugnar la inscripción de los candidatos referidos hasta después de haber sido celebrado el evento electoral, lo cual, hace evidente la preclusión de su derecho de apelación, por no haberlo ejercido en su momento procesal oportuno”.

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Luego de que el Cang notifique al Congreso de que no hay inconvenientes con los designados, la Comisión Permanente deberá convocar a sesión extraordinaria para la juramentación.

Con eso, Cristina Fernández, suplente del Cang de la magistratura anterior, debe dejar el puesto de magistrada en funciones.

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Los magistrados también revocaron un amparo provisional otorgado el 2 de marzo último a favor de varias organizaciones sociales que se oponen a las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo.

La resolución dice: “Deniega en definitiva los amparos interpuestos por todos los postulantes contra el Congreso de la República y el Presidente de la República de Guatemala. Como consecuencia de la decisión asumida y por las razones externadas en este fallo, revoca el amparo provisional otorgado en auto de dos de marzo de dos mil veinte, ampliado en pronunciamiento de cinco de marzo de dos mil veinte”.

Agrega: “Esta Corte considera que los actos de sanción y promulgación de una ley no pueden ser constitutivos de amenaza, porque la misma Constitución Política de la República de Guatemala establece que corresponde al Presidente de la República sancionar, promulgar y publicar los proyectos de ley que el poder legislativo le envíe. En consecuencia, resulta impropio y desacertado pretender evitar, por medio del amparo, que tal autoridad cumpla una de sus funciones constitucionalmente asignadas”.

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En tanto, un comunicado de la CC señala que, “por unanimidad, declaró sin lugar los amparos en suspenso en contra del Congreso y el Presidente de la República de Guatemala, por la entrada en vigencia del acuerdo gubernativo 4-2020” y que en consecuencia “se revoca el amparo provisional otorgado en auto emitido el dos de marzo de 2020”.

Con esa resolución, el presidente Giammattei podrá sancionar y enviar a publicar el decreto aprobado por el Congreso para que las reformas entren en vigor.

El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh) lamentó la resolución de la CC porque la considera una amenaza para quienes defienden la libertada de asociación.

“Repudiamos la resolución de la CC que niega de forma definitiva los amparos contra la Ley de ONGs, esto representa un grave retroceso en DDHH, es clara amenaza a quienes defienden la libertad de asociación y evidencia el actuar malicioso de la actual corte #CCdeLaImpunidad”, escribió Caldh en Twitter.

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La Red de Información contra la Impunidad en Guatemala también criticó en esa misma red social el actuar de la CC, pues con las reformas “buscan silenciar a las organizaciones sociales que han liderado la lucha anticorrupción y antimpunidad en Guatemala”.

“Desde Guatemala la sociedad civil hace un llamado a toda la comunidad internacional y a defensores de derechos humanos a ayudar a las organizaciones de la sociedad civil que están siendo perseguidas en su derecho a la libertad de asociación”, añadieron en su cuenta de dicha red social.

Agrega que los Magistrado José Francisco de Mata Vela y María Cristina Fernández García, quienes no forman parte de la nueva CC y que cubres a los designados que no han tomado posesión, emitieron votos concurrentes.

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Los amparos contra la Ley de Oenegés era un pendiente que tenía a su llegada la nueva CC y desde un principio se pensó que los magistrados llegarían a anular los proceso que frenaron la entrada en vigor de las reformas.

Las principales críticas de políticos contra estas organizaciones se fundamentan en una aparente evasión a la fiscalización y aparentes compañas de desprestigio contra autoridades de gobierno.

“Lo que estas mentes diabólicas quieren provocar en Guatemala es una crisis de Estado y la satanización de las instituciones para tener argumentos que les permitan engañar y vociferar en el extranjero que son necesarios más y más recursos para las oenegés, que dicho sea de paso, no se permiten ser fiscalizadas, que no permiten fiscalizar las fortunas acumuladas por sus dirigentes”, señaló en un discurso reciente el presidente del Congreso, Allan Rodríguez.

Pero esta serie de mensajes no son nuevos ni novedosos, según explicó recientemente Edie Cux, director de Acción Ciudadana (AC), quien logró frenar la entrada en vigor de la ley en cuestión a través del amparo provisional de la CC.

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“Yo creo que hay una estrategia específica detrás de los discursos para generar cuestionamientos a la sociedad civil, viniendo del presidente del Congreso… bueno, son ellos los que no quieren ser fiscalizados, no quieren rendirle cuentas a la población. Lo que ellos quisieran es tener todo el camino libre para poder plantear reformas políticas que faciliten la corrupción. Yo creo que estamos ante una situación crítica en cuestión de derechos fundamentales que podría ahondar mucho más la crisis social”, refirió.

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En total, la CC tenía en su poder 10 solicitudes de amparo, pero este miércoles los nuevos magistrados de ese tribunal constitucional decidieron la suspensión en definitiva de nueve de esos trámites, la mayoría promovidos por varias personas por la supuesta falta de claridad en el proceso de designación, que concluyó de forma oficial el 13 de abril con la juramentación por parte del Congreso de los nuevos togados.

La única solicitud de amparo que sigue vigente es la presentada por el abogado Edie Cux en contra de la CSJ y el Congreso. “La CC resuelve continuar trámite únicamente contra el congreso y respecto de la petición ejercida contra la Corte Suprema de Justicia, con certificación de lo ya actuado ábrase el expediente”, señala la resolución.

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En la resolución de la solicitud de amparo presentada por los diputados Carlos Barreda y Orlando Blanco, se lee: “Por la impugnabilidad del proceso de designación de los Magistrados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por el Pleno del Congreso de la República y por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, conforme el artículo 156 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, procede la suspensión en definitiva del trámite del amparo promovido, en observancia de lo que establece el artículo 26 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad”.

Además, se deja en claro que, una vez los magistrados son juramentados y toman posesión “solo podrían cesar en el cargo que ostentan por las causales previstas legalmente” como expiración del plazo de su designación, por motivación de auto de prisión o por incapacidades propias de los funcionarios judiciales.

La Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2021-2026 fue juramentada 13 de abril sin dos magistrados titulares y una suplente a causa de amparos provisionales e impugnaciones contra los procesos de designación de los colegios electores.

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Se trata de Gloria Porras, magistrada titular designada por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos (Usac); Nester Vásquez y Claudia Paniagua, magistrados titular y suplente elegidos por la asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

En el caso de Porras, dos amparos provisionales bloquearon su juramentación. El primero, el 9 de abril de 2021, por la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo a favor de Edwin Rueda Masaya, exaspirante a magistrado de la CC por el CSU, quien accionó así después de que el CSU rechazara sin entrar a conocer una impugnación. El segundo es el amparo provisional del 12 de abril por la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo a favor de Roberto Estuardo Morales Gómez, también exaspirante a magistrado que presentó recurso de reposición que fue rechazada por el consejo sancarlista. De ambos recursos el CSU comunicó al Congreso que tuvo conocimiento hoy.

Mientras tanto, Vásquez y Paniagua aguardan que el Cang resuelva recursos de impugnación para poder certificar al Congreso la designación y finalmente ser juramentados.

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La Corte confirmó este 26 de abril que, por unanimidad, los magistrados resolvieron sin lugar dos apelaciones del CSU contra los amparos de las salas Sexta y Primera de lo Contencioso Administrativo de fechas 9 y 12 de abril últimos contra el proceso de designación de magistrado titular en el CSU que dio la reelección a Porras para el periodo 2021-2026.

Porras dijo que se pronunciará sobre estas actuaciones cuando el CSU le dé intervención.

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La Usac, por su parte, informó este 26 de abril que dio trámite al recurso de reposición que propició el amparo provisional de la Sala Primera a favor de Roberto Estuardo Morales Gómez, exaspirante a magistrado de la CC designado por el CSU.

En ese sentido la universidad dijo que ha sesionado de forma extraordinaria el 13, 14, 15 y 19 de abril para dar seguimiento al proceso, mas no detalla qué resoluciones ha tomado.

De aquellos dos amparos provisionales, solo el de la Sala Primera está vigente pues la Sala Sexta, en un fallo definitivo, revirtió el amparo provisional otorgado el 9 de abril a Erwin Rolando Rueda Masaya, otro exaspirante a la CC en el proceso de designación de la Usac.

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Porras continúa entonces sin ser juramentada por el Congreso y en consecuencia sin poder asumir el cargo de magistrada titular ante ese tribunal.

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Argumentando falta de materia, el fallo de la Sala fue contra lo solicitado por Erwin Rolando Rueda Masaya, un exaspirante a togado por el CSU.

En consecuencia, esta resolución revoca el amparo provisional del 9 de abril de 2021. La votación fue unánime, de los magistrados titulares Juana Solís, presidenta, y Mario Efraín Rojas y Nadya Morales de León, vocales.

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Ese amparo, cuando era provisional, junto con el de la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo, también provisional a favor de Roberto Estuardo Morales Gómez, exaspirante a magistrado, detuvieron la juramentación de Porras en el acto del 13 de abril.

La Universidad de San Carlos (Usac), autoridad impugnada en los amparos, no ha informado sobre el estado de las dos acciones legales contra el proceso de designación de magistrados.

Porras fue elegida por el CSU para su tercer periodo en la CC, pues anteriormente ya había sido designada por el Ejecutivo (administración de Álvaro Colom para el periodo 2011-2016), el Congreso para 2016-2021 y ahora por la Usac para 2021-2026.

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“Me preocupa enormemente el uso sistemático de armas jurídicas para obstaculizar la toma de posesión de la jueza Porras”, destacó el experto en un comunicado, donde recordó la carrera de la magistrada en materia de protección y garantías de los derechos humanos y el estado de Derecho.

García-Sayán recordó que Porras ha sido objeto de varias formas de acoso judicial, discursos de odio y campañas de estigmatización en las redes sociales, incluso por motivos de género.

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“Estas acciones son parte del debilitamiento del estado de Derecho y de la independencia judicial en Guatemala”, aseguró el jurista.

Porras fue reelegida para el cargo el 4 de marzo a través del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos y debía reanudar sus funciones para otro mandato de cinco años el 14 de abril, sin embargo, un amparo provisional bloqueó su juramentación a la espera de que se resuelvan las impugnaciones al proceso de selección.

Paralelamente, la Corte Suprema de Justicia admitió también a principios de marzo una solicitud de retiro de inmunidad contra Porras y otro magistrado del tribunal, José Francisco de Mata Vela, y días después se creó una comisión pesquisidora en el Congreso para retirar su inmunidad judicial.

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García-Sayán consideró estas acciones “actos de intimidación y represalias”, mediante el “uso indebido del procedimiento de destitución y otras medidas legales, que también se han utilizado contra otros magistrados titulares y suplentes de la Corte” y que en su opinión buscan interferir en la independencia del poder judicial.

#Guatemala: Es un honor que la magistrada Gloria Porras de la @CC_guatemala nos visite esta semana en nuestras oficinas en Washington D.C.; se reunirá con el Dr. Alberto Mora, director de Programas Globales @ABARuleofLaw @JusticeDefend a conversar sobre el Estado de Derecho.

— ABA Justice Defenders Program (@JusticeDefend) April 19, 2021

Habla Porras

Actualmente, Porras está en Washington atendiendo invitaciones del Programa de Defensores de la Justicia del Colegio de Abogados Norteamericanos (ABA en inglés) para dar entrevistas y conferencias sobre estado de Derecho. En una entrevista con el portal digital salvadoreño El Faro, Porras señaló que la operación en su contra es “una violación del estado de Derecho y un atentado contra la democracia” de Guatemala.

También esas acciones contra su reelección son resultado de los fallos de la Corte, en los cuales su voto ha inclinado la balanza contra la corrupción e impunidad. “Eso ha resultado molesto para diferentes actores: personas de organismos de Estado, personas que están vinculadas con el crimen organizado…”, consideró.

Tras la decisión del Congreso de no juramentar a Porras, varios actores políticos que se han visto afectados por sus decisiones como presidenta de la Corte de Constitucionalidad han amenazado con interponer acciones civiles y penales contra ella.

Mientras tanto, miembros del oficialismo han criticado que la CC del periodo anterior, en la cual Porras fue parte, abusó de su poder que tuvo como efecto el cierre de empresas y la independencia de poderes.

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En el documento hacen referencia al comunicado del G13 del 28 de enero de 2021 y el informe del 12 de enero de 2021 firmado por el jefe de la Misión Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se desplazó a Guatemala del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2020, donde se recoge “la necesidad de garantizar un procedimiento transparente para la renovación de la Corte de Constitucionalidad”.

Los países donantes manifestaron la importancia de la independencia del sector judicial para la certeza jurídica como elemento clave para la inversión, desarrollo económico y el fortalecimiento del sistema democrático.

“Reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando con el Gobierno de Guatemala, incluyendo la nueva Corte de Constitucionalidad y todos los sectores guatemaltecos para el fortalecimiento institucional, el estado de derecho y la certeza jurídica”, concluye el comunicado.

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Pero esa postura no estuvo exenta de controversia. La embajada de España, que ostenta la presidencia pro témpore del G-13, subrayó a las misiones diplomáticas mencionadas que su comunicado “incumple el reglamento de funcionamiento del G13 aprobado el 15 de junio de 2016 y, en consecuencia, ha hecho un uso indebido del logo”.

Continúa con que el comunicado “no ha sido discutido en reunión alguna ni ha contado con la participación de la presidencia pro témpore, ni cumple con el reglamento que regula que cualquier comunicado debe contar con la mitad más uno de los miembros”.

Ante esa situación la presidencia instó a las embajadas a “rehacer el comunicado eliminando el logo del G13 con el fin de que se respete el buen funcionamiento del grupo y la normativa que lo rige”.

La nueva CC

La VIII magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2021-2026 fue instalada el 14 de abril sin la presencia de tres magistrados designados, dos titulares y una suplente, que están bloqueadas por amparos e impugnaciones.

La toma de posesión se llevó a cabo en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, acudieron los presidentes de los tres organismos del Estado, exmagistrados constitucionales, diputados, cuerpo diplomático y funcionarios del sistema judicial.

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Roberto Molina Barreto será el primero en presidir el tribunal constitucional. Es la tercera vez que estará en ese cargo en las diferentes magistraturas que se ha desempeñado.

La nueva CC fue juramentada el pasado 13 de abril en el Congreso sin dos magistrados titulares y una suplente a causa de amparos provisionales e impugnaciones contra los procesos de designación de los colegios electores.

Se trata de Gloria Porras, magistrada titular designada por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos (Usac); Nester Vásquez y Claudia Paniagua, magistrados titular y suplente elegidos por la asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

En el caso de Porras, dos amparos provisionales bloquearon su juramentación. El primero, el 9 de abril de 2021, por la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo a favor de Edwin Rueda Masaya, exaspirante a magistrado de la CC por el CSU, quien accionó así después de que el CSU rechazara sin entrar a conocer una impugnación. El segundo es el amparo provisional del 12 de abril por la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo a favor de Roberto Estuardo Morales Gómez, también exaspirante a magistrado que presentó recurso de reposición que fue rechazada por el consejo sancarlista. De ambos recursos el CSU comunicó al Congreso que tuvo conocimiento ese día.

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Mientras tanto, Vásquez y Paniagua aguardan que el Cang resuelva recursos de impugnación para poder certificar al Congreso la designación y finalmente ser juramentados.

Los magistrados que fueron juramentados y tomaron posesión fueron Dina Ochoa, designada por el Congreso; Leyla Lemus, del Ejecutivo, y Roberto Molina Barreto, por la Corte Suprema de Justicia, justamente los magistrados cuyos cuerpos electores no son impugnables, según el artículo 156 de la Ley de Amparo.

Asimismo, fueron juramentados cuatro magistrados suplentes, Luis Rosales, por el Congreso; Walter Jiménez, por la CSJ; Rony López, por la Usac, y Juan José Samayoa, por el Ejecutivo.

En vista de que la CC asume sin los magistrados titulares designados por el Colegio de Abogados y del CSU surge la duda de quién ocupará esos espacios. El párrafo segundo del artículo 156 de la Ley de Amparo, sobre la impugnación de las designaciones de magistrados, dice que mientras se resuelven las impugnaciones continuarán actuando los magistrados titulares y suplentes que deben ser sustituidos.

En el caso de Porras, existe un amparo interpuesto por Acción Ciudadana (AC) que busca anular el acto de juramentación del Congreso en el que fue excluida. Se solicita, además, que se anule el decreto 3-2021, del cual se valió el presidente del Congreso, Alan Rodríguez, para no juramentarla.

Si la CC declara con lugar el amparo, Porras podría asumir el cargo. Otra vía para la profesional consiste en apelar los dos amparos provisionales por los cuales el Congreso no la juramentó. Estos ordenan al Consejo Superior Universitario (CSU) que tramite de nuevo los recursos de reposición contra su designación.

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Si la CC rechaza una eventual apelación de Porras, tendría que esperar a que el (CSU) declare sin lugar los recursos de reposición que pesan en su contra para poder asumir.

En el caso de Vásquez y Paniagua, la Asamblea de Colegios Profesionales, presidida por Milton Santizo, debe resolver las apelaciones que existen contra su designación por falta de idoneidad, explicó Gustavo Galindo, presidente del Tribunal Electoral del Colegio de Abogados.

Santizo benefició al juez Mynor Moto al rechazar una apelación que buscaba frenar su elección como magistrado titular de la CC. Su nombre también figura en una investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, según la cual una constructora de su propiedad obtuvo un contrato en la Facultad de Ingeniería de la USAC mientras Murphy Paiz era el decano. Según las pesquisas, la obra podía estar sobrevalorada.

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El exconstituyente Carlos Molina Mencos con amplia trayectoria en temas constitucionales opina acerca de esta situación.

—¿Una integración parcial de la nueva CC debilita el estado de Derecho?

Definitivamente lo debilita, porque, una vez más, están violando los preceptos constitucionales. La Corte Suprema de Justicia no tenía una fecha definida para hacer el cambio, pero sí un período exacto, que eran cinco años; llevamos casi siete. La Corte de Constitucionalidad debe tomar posesión el 14 de abril y está integrada por cinco titulares y cinco suplentes, no estamos cumpliendo las normas legales vigentes y nos estamos acostumbrando cómodamente a violar las leyes. La ley se hizo para cumplirse, no para interpretarse ni para cambiarse, ni para ver cómo se aplica. No es interpretable, es aplicable.

—¿Puede sentar esto un precedente?

Se podría utilizar. No podemos perder los valores y eso estamos perdiendo.

—¿Está bajo amenaza la certeza jurídica?

Definitivamente. Si yo tengo la facultad como me convenga y en el momento que me convenga, no puede haber certeza jurídica.

—¿Qué impactos genera esta amenaza?

Son muchísimos. Digamos, por ejemplo, en los registros ahora prevalece el criterio del asesor y no del Registro. ¿Qué es lo que pasa? Constituyo una sociedad —mercantil— y estoy toda la vida aterrado de saber si me la van a rechazar, cuando hay 20 sociedades idénticas ya registradas. La certeza jurídica  lo que quiere decir  es que la ley dice blanco, la Corte ha definido qué es blanco; por lo tanto, yo uso un traje que es blanco, pero no trato de usar un gris para ver cómo hago para acomodarme en ello. Esto viene de —gobierno de— Vinicio Cerezo para acá y se ha ido agravando.

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—Ahora, ¿cómo se debe entender la integración de la Corte?

Está semintegrada. Legalmente no se puede integrar porque deben ser cinco. ¿Qué es lo que están haciendo? Por un fallo político y de convivencia para salir del momento está semintegrada. Eso es un gris; blanco es integrada; negro no está integrada.

—¿Cómo se puede explicar esta situación?

No se están respetando las normas legales vigentes. Si la ley es mala, cambiémosla, pero no la tergiversemos. Thomas Jefferson —expresidente de EE. UU.— una vez dijo que no creía en los cambios constantes de leyes y constituciones porque si una ley tenía ciertos defectos con los que se pudiera medio vivir, el aplicarla constantemente hace que esos defectos desaparezcan, pero si una ley perfecta no se aplica, el caos es mucho mayor. La ley es un partido de futbol, tiene reglas. El árbitro interviene cuando alguien rompe las reglas y luego lo deja seguir. Yo no puedo hacer nada en contra de las reglas, ambos equipos tienen los mismos problemas y ventajas.

—¿Cómo se deben interpretar las acciones que bloquearon la juramentación de la magistrada Gloria Porras?

No me atrevo a decirle  porque realmente no lo sé. Pero recuérdese que un amparo procede cuando ha habido una violación a mis derechos. No sé cómo  plantearon ese amparo. Ha habido un abuso del amparo y se han basado en algo que procede sobre cualquier cosa.

—¿Una integración parcial de la nueva CC debilita el estado de Derecho?

Ni lo fortalece ni lo debilita. Esta es una situación perfectamente prevista en la Ley de Amparo, y existe un antecedente. Hace unos años la designación del magistrado Mauro Chacón fue impugnada y tardó siete meses para asumir. El segundo párrafo del artículo 156 de la Ley de Amparo es bien claro. Las designaciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y del Consejo Superior Universitario son impugnables, y si se impugnan, sean de la clase que sean, los magistrados que deben ser sustituidos continúan en el cargo.

—¿Hubo algún error de procedimiento en la juramentación del Congreso?

El Congreso y el Organismo Ejecutivo son organismos políticos y los procedimientos que utilizan cambian con el tiempo. Por ejemplo, cuando se han hecho reformas constitucionales nunca se ha repetido el mismo procedimiento, porque no está regulado. El Congreso tiene libertad para establecer los protocolos necesarios para llevar a cabo la juramentación que está prevista en la Constitución Política. Se ha vuelto una lucha política la designación de magistrados. Los inconformes tratan de encontrar uno y mil vicios a cualquier procedimiento, pero la Constitución y la Ley de Amparos son claras. También está complementado con el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad. Con toda la experiencia constitucional que tengo, de tantos años y de haber sido profesor de esa materia en la universidad, no le encuentro ningún problema, más que las objeciones políticas que los grupos inconformes presentan.

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—¿Está bajo amenaza la certeza jurídica?

No, al contrario. La certeza jurídica se ha perdido en los últimos 10 años por las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. En realidad, algunos de los magistrados salientes se convirtieron en asesinos seriales de la Constitución. Esa es la razón por la cual la mayor parte de la gente, no solo por la insatisfacción, sino porque se ha dado cuenta de lo que ha estado pasando, de la manipulación y ha dado como resultado que ahora, por ejemplo, la gente que había manipulado la Corte, digamos la Fundación Myrna Mack con la Embajada de Estados Unidos, no pudieron lograr lo que querían.

—¿Habrá consecuencias?

La lucha continuará. De hecho, lo hemos estado viendo con las declaraciones de la asistente del Departamento de Estado —de EE. UU.— diciendo que fue una maniobra, cuando es un procedimiento establecido en la Ley de Amparos. Se ha politizado la justicia. Mientras no se despolitice, vamos a seguir viendo este tipo de luchas que lleva la política a los tribunales.

—¿Cómo se debe entender la integración de la Corte?

La Corte está integrada, de acuerdo con los postulados de la Ley de Amparo. Está integrada con los magistrados nombrados, y con aquellos que no pudieron ser juramentados serán sustituidos por los que sí estaban en el cargo por la institución que los designó.

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Los manifestantes exigen nuevas elecciones y lanzaron consignas contra los magistrados Dina Ochoa, Roberto Molina Barreto, Leyla Lemus, Nester Vasquez y Alfonso Rosales.

“Queremos cortes no mafias. Tienen tachas,” gritaban los manifestantes, mientras la PNC reforzaba la seguridad en el lugar.

“Estos delincuentes ya han ido cooptando los diferentes órganos del Estado. Esta corte no la vamos a entregar en manos de delincuentes y vamos a dar batalla hasta el final, hasta que se elija magistrados sin tachas, idóneos y honrados”, dijo otro manifestante.

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Al mismo tiempo, Acción Ciudadana (AC) interpuso un amparo que buscar dejar sin efecto el acto de juramentación de los magistrados y que se ordene la celebración de un nuevo acto en el que se incluya a todos los togados.

El Congreso desistió el martes último de juramentar como magistrada del máximo tribunal del país a la abogada Gloria Porras, catalogada por expertos como una defensora de la lucha anticorrupción.

La decisión del Congreso, según su presidente, Allan Rodríguez, obedece a un recurso legal en contra de Porras, miembro de la Corte de Constitucionalidad durante los últimos 10 años.

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Rodríguez forma parte de la agrupación política Vamos, partido del presidente Alejandro Giammattei, que con alianzas tiene mayoría en el Organismo Legislativo.

Porras no fue juramentada al igual que otros dos abogados electos para los cargos. Los otros siete magistrados que conforman la nómina de 10 miembros de la Corte de Constitucionalidad para el período 2021-2026 sí recibieron formalmente la designación en sus puestos por parte del Parlamento.

La designación de los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad ha estado bajo la lupa de funcionarios de Estados Unidos este año y, además de acuerdo con analistas, es clave para la lucha anticorrupción en Guatemala.

La elección culminó en marzo pasado con el nombramiento de los 10 magistrados para el período 2021-2026 del máximo tribunal del país, en una polémica designación que enfrentó al presidente de la nación, Alejandro Giammattei, con su vicepresidente, Guillermo Castillo.

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De acuerdo a la ley guatemalteca, cinco entidades eligen cada una a dos magistrados, uno titular y uno suplente: el Organismo Ejecutivo, el Organismo Judicial, el Congreso, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Los magistrados electos para el período 2021-2026 son Leyla Lemus y Juan Samayoa, designados por el Organismo Ejecutivo; Roberto Molina y Wálter Jiménez, por el Organismo Judicial y Dina Ochoa y Luis Rosales, elegidos por el Congreso.

Además, Gloria Porras y Rony López, elegidos por parte de la Universidad de San Carlos; y Néster Vásquez y Claudia Paniagua, nombrados por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

Porras, Vásquez y Paniagua, sin embargo, no fueron juramentados este martes como inicialmente estaba programado, todos por recursos judiciales aún por resolverse de acuerdo con el Congreso.

Con información de AFP y EFE

Porras no podrá tomar posesión hoy; tampoco Nester Vásquez y Claudia Paniagua, electos por el Cang, por impugnaciones pendientes de resolver ante la Asamblea de Colegios Profesionales.

Mientras se resuelven las impugnaciones, seguirán en función los actuales magistrados representantes de dichos entes: Cristina Fernández, por el Cang, y Francisco de Mata Vela, por el CSU.

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A Porras aún le queda la vía legal para tomar posesión del cargo, pues, según el abogado constitucionalista Gabriel Orellana, el amparo provisional que detuvo su juramentación puede ser apelado en la CC, acción que deben conocer los nuevos magistrados.

“Al ser provisional no produce efectos de firmeza. Obvio, tiene un impacto publicitario, un efecto de asombro, pero todavía cabe la posibilidad de que lo revoque la Corte de Constitucionalidad”, comentó.

Estado de Derecho

José Echeverría, presidente ejecutivo del Movimiento Cívico Nacional (MCN), que ha seguido de cerca el proceso de integración de la nueva CC, advirtió de que lo sucedido ayer en el Congreso, sobre todo, es peligroso para el estado de Derecho y para la certeza jurídica que necesita el país.

“El problema es que tanto por el Colegio de Abogados como por el Consejo Superior Universitario había impugnaciones específicas sobre el proceso. Yo no sé si realmente hay un motivo político —del Congreso, para no juramentar— detrás o no, pero creo que es una situación bastante lamentable, por cómo ha transcurrido todo este proceso de elección, que tuvo 28 acciones legales que buscaban repetir o suspender el proceso en general”, dijo Echeverría.

“Esta Corte de Constitucionalidad asume una magistratura con alto grado de desconfianza por parte de la ciudadanía, tanto por cómo se llevó a cabo el proceso como los resultados de la falta de integración, al no juramentar a dos magistrados titulares”, agregó.

El presidente ejecutivo del MCN espera que, “por sanidad del país”, se aclare si hubo algún error o falta de cumplimiento del proceso de elección en el CSU, ya que, de obedecer a un criterio fuera de la ley, podría sentar un “precedente de suspender juramentaciones y que se pueda prestar a juegos de intereses”.

Fue un atropello

Édgar Ortiz, director del Área Jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo, calificó de “atropello al estado de Derecho” lo ocurrido en el Congreso.

Explicó que el decreto de integración de la CC aprobado por el Legislativo ya incluía a la magistrada Porras y que la sesión solemne debía ser solo para darle cumplimiento.

El problema fue que los diputados, subrayó Ortiz, “cuestionablemente” incluyeron un artículo que decía que no asumirían aquellos magistrados electos con procesos legales pendientes. “Lo que pasó fue que, meticulosamente y muy coordinadamente, se otorgaron dos amparos en contra de la designación de Porras y el Congreso interpretó que no podía asumir”, precisó.

En todo caso, expuso el abogado, los diputados debieron haber interrumpido la sesión solemne para discutir un nuevo decreto de integración de la Corte, pero no fue así. “Simplemente la Junta Directiva unilateralmente decidió que ella no tomara posesión”, señaló.

Añadió que el amparo que se leyó en el Congreso ordena al CSU que conozca la impugnación planteada en contra de Porras, pero esta por sí sola no es una impugnación; es decir, esta no existe, no hay nada pendiente.

“El Congreso estiró la ley a su conveniencia, violó los procedimientos y, finalmente, de una manera muy burda, pero sobre todo ilegal, boicoteó la toma de posesión de Gloria Porras”, criticó.

Las consecuencias, aseguró Ortiz, son que se “atropelló al estado de Derecho. Hay una división de poderes y el Congreso no es juez. Lo que ocurrió es que la Junta Directiva, ni siquiera el pleno, se convirtió en el intérprete de la Constitución, borrando completamente cualquier tipo de división de poderes”, agregó.

*Con información de Mariajosé España, José Pablo del Águila y Sergio Morales.

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La falta de juramentación de la magistrada Gloria Porras, designada por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es lo que más preocupa a varios sectores nacionales e internacionales, quienes la califican como una “maniobra de retraso”.

“Estamos profundamente preocupados por la maniobra de hoy para retrasar la juramentación de un magistrado de la corte constitucional seleccionado”, escribió en su cuenta de Twitter Julie Chung, subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU.

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De acuerdo con Chung, el retraso en la juramentación impactará  en la independencia judicial en la lucha contra la corrupción. “Esto socava el compromiso de Guatemala con un poder judicial independiente y con el abordaje de la corrupción sistémica”, agregó.

.@WHAAsstSecty: Nos preocupa profundamente la maniobra de hoy para retrasar la juramentación de un magistrado electo a la Corte de Constitucionalidad. Esto debilita el compromiso de Guatemala con un poder judicial independiente y con abordar la corrupción sistémica. https://t.co/f9RFPUGQGQ

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) April 14, 2021

Por aparte, la congresista Norma Torres criticó la designación de magistrados con supuestos vínculos con la corrupción y desaprobó los ataques contra quienes luchan por un estado de derecho.

“Me preocupa que #Guatemala elija jueces constitucionales con conflictos de intereses y presuntos vínculos con la corrupción mientras atacan a los verdaderos campeones de #EstadodeDerecho. Los guatemaltecos merecen un poder judicial independiente y un proceso transparente”, escribió Torres en su cuenta de Twitter.

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Los guatemaltecos merecen un poder judicial independiente y un proceso transparente.

Me preocupa que #Guatemala elija jueces constitucionales con conflictos de intereses y presuntos vínculos con la corrupción mientras atacan a los verdaderos campeones de #EstadodeDerecho.

Los guatemaltecos merecen un poder judicial independiente y un proceso transparente.

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) April 13, 2021

Además, el embajador de la Unión Europea en Guatemala, Thomas Peyker, refirió que le preocupa la falta de independencia judicial al juramentar una CC incompleta.

“Estamos muy preocupados por la independencia de la Justicia y el #EstadoDeDerecho en Guatemala”, escribió en Twitter Peyker.

Estamos muy preocupados por la independencia de la Justicia y el #EstadoDeDerecho en Guatemala. ⁦@CongresoGuate⁩ ⁦@GuatemalaGob⁩ ⁦⁦@UEGuatemala⁩ https://t.co/ujSn2rWXuk

— Thomas Peyker (@TPeyker) April 13, 2021

En el caso de Porras, dos amparos provisionales bloquearon su juramentación. El primero, el 9 de abril de 2021, por la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo a favor de Edwin Rueda Masaya, exaspirante a magistrado de la CC por el CSU, quien accionó así después de que el CSU rechazara sin entrar a conocer una impugnación. El segundo es el amparo provisional del 12 de abril por la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo a favor de Roberto Estuardo Morales Gómez, también exaspirante a magistrado que presentó recurso de reposición que fue rechazada por el consejo sancarlista. De ambos recursos el CSU comunicó al Congreso que tuvo conocimiento hoy.

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Además, Nester Vásquez y Claudia Paniagua, magistrados titular y suplente elegidos por la asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), no fueron juramentados, porque aguardan que el Cang resuelva recursos de impugnación para poder certificar al Congreso la designación.

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Se trata de Gloria Porras, magistrada titular designada por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos (Usac); Nester Vásquez y Claudia Paniagua, magistrados titular y suplente elegidos por la asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

En el caso de Porras, dos amparos provisionales bloquearon su juramentación. El primero, el 9 de abril de 2021, por la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo a favor de Edwin Rueda Masaya, exaspirante a magistrado de la CC por el CSU, quien accionó así después de que el CSU rechazara sin entrar a conocer una impugnación. El segundo es el amparo provisional del 12 de abril por la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo a favor de Roberto Estuardo Morales Gómez, también exaspirante a magistrado que presentó recurso de reposición que fue rechazada por el consejo sancarlista. De ambos recursos el CSU comunicó al Congreso que tuvo conocimiento hoy.

Mientras tanto, Vásquez y Paniagua aguardan que el Cang resuelva recursos de impugnación para poder certificar al Congreso la designación y finalmente ser juramentados.

En una tarde lluviosa, la sesión solemne se desarrolló en el Congreso de la República, cuyo presidente, Allan Rodríguez, criticó a la CC saliente: “Ya no más inestabilidad constitucional, ya no más ingobernabilidad constitucional. Ya no más prevaricato, queremos resoluciones apegadas a la Constitución y al orden jurídico. Ya no más abuso de poder, ya no más abuso de autoridad ni sesgo ni retorcimiento de la Constitución”, expresó.

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Justo luego de ese discurso la junta directiva del Legislativo hizo del conocimiento del pleno el amparo que impidió la juramentación de Porras, quien estaba presente en el Palacio Legislativo y se marchó en ese momento.

“Todo esto lo sabía porque es claro que hay una confabulación para no dejarme tomar posesión”, dijo Porras en rueda de prensa.

Luego de esa controversia llegó el momento de la juramentación de tres magistrados titulares, Dina Ochoa, designada por el Congreso; Leyla Lemus, del Ejecutivo, y Roberto Molina Barreto, por la Corte Suprema de Justicia, justamente los magistrados cuyos cuerpos electores no son impugnables, según el artículo 156 de la Ley de Amparo.

Asimismo, fueron juramentados cuatro magistrados suplentes, Luis Rosales, por el Congreso; Walter Jiménez, por la CSJ; Rony López, por la Usac, y Juan José Samayoa, por el Ejecutivo.

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Luego de la sesión solemne Rodríguez dijo en rueda de prensa que el Congreso cumplió con su deber constitucional de dar juramento a los magistrados designados. “No soy juez, soy diputado”, respondió sobre preguntas de que los amparos que bloquearon la juramentación de Porras podrían ser espurios.

En comunicado esta noche el Congreso expuso resaltó que juramentará a los magistrados faltantes al momento en que el Cang y el CSU informen de las designaciones sin recursos legales pendientes, según el artículo 156 de la Ley de Amparo.

Quiénes siguen

En vista de que la CC asume sin los magistrados titulares designados por el Colegio de Abogados y del CSU surge la duda de quién ocupará esos espacios. El párrafo segundo del artículo 156 de la Ley de Amparo, sobre la impugnación de las designaciones de magistrados, dice que mientras se resuelven las impugnaciones continuarán actuando los magistrados titulares y suplentes que deben ser sustituidos.

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“Todo esto lo sabía porque es claro que hay una confabulación para no dejarme tomar posesión”, dijo Porras al abandonar el Palacio Legislativo.

Se trata de dos amparos provisionales dictados por las salas Primera y Sexta de lo Contencioso Administrativo, constituidos en tribunales de amparo, de lo cual la junta directiva del Legislativo dio lectura minutos antes de comenzar la juramentación.

El primero, el 9 de abril de 2021, por la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo a favor de Edwin Rueda Masaya, exaspirante a magistrado de la CC por el CSU, quien accionó así después de que el CSU rechazara sin entrar a conocer una impugnación. El segundo es el amparo provisional del 12 de abril por la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo a favor de Roberto Estuardo Morales Gómez, también exaspirante a magistrado que presentó recurso de reposición que fue rechazada por el consejo sancarlista. De ambos recursos el CSU comunicó al Congreso que tuvo conocimiento hoy.

“He sido jueza independiente y ser juez independiente en Guatemala implica este tipo de acciones”, expresó Porras, que añadió que no se pronunciará sobre lo ocurrido porque “no se prestará a un show”. Adelantó que accionará legalmente para tomar posesión del cargo.

Porras fue designada magistrada titular por el Consejo Superior Universitario de la San Carlos para el periodo 2021-2026, junto con Rony López, quien sí fue juramentado.

Previo a la juramentación, Allan Rodríguez, presidente del Congreso, criticó a la CC saliente, de la cual Porras formó parte. “Ya no más inestabilidad constitucional, ya no más ingobernabilidad constitucional. Ya no más prevaricato, queremos resoluciones apegadas a la Constitución y al orden jurídico. Ya no más abuso de poder, ya no más abuso de autoridad ni sesgo ni retorcimiento de la Constitución”, expresó.

Porras comentó que lo dicho en el hemiciclo contra la CC “me enorgullece”.

Ahora, el voto del partido oficial y bancadas aliadas fueron suficientes para mantenerla en la alta Corte, lo que despertó dudas entre sectores de la sociedad civil que vinculan a este grupo de congresistas con prácticas poco transparentes.

Según Ochoa, son temores infundados, y en una entrevista con Prensa Libre garantiza que seguirá trabajando con total independencia, como en estos últimos cinco años. Sobre las críticas a su designación, señala que provienen de grupos que no conocen su amplia carrera judicial.

Ochoa será la segunda presidenta de la nueva magistratura constitucional, en el 2022, un año antes de las elecciones generales, por lo que, seguramente, durante su gestión se conocerán eventuales impugnaciones de carácter político por procesos de inscripción de candidatos a cualquier cargo de elección popular y estos casos podrán escalar hasta la alta Corte, una tarea que la magistrada reconoce y promete cumplir apegada a la Carta Magna.

La magistrada respondió el mismo cuestionario que Roberto Molina Barreto, —entrevista publicada ayer—, y Gloria Porras —que se publicará mañana—, aunque su exposición fue más breve.

TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA:

—¿Cuál es el balance de la CC que sale?

—Yo creo que es la propia ciudadanía la que tendría que decir qué es lo que nosotros hemos entregado. —Quiero— decirle que los jueces constitucionales tenemos obligaciones ante nuestro país, que es básicamente el respeto a la Constitución y el respeto al estado de Derecho.

—¿Cuál es el principal logro y el mayor error de la Corte saliente?

—Creo que los jueces constitucionales y las juezas constitucionales no es que no dejemos logros, parte de todo ese andamiaje constitucional son nuestras resoluciones, nuestros votos razonados, que creo que eso es lo que trae respuesta a la ciudadanía general.

Logros, como logros, es parte de nuestras obligaciones cumplir con la ley, cumplir con la Constitución.

Puedo manifestar como errores que nosotros, como magistrados y magistradas, en todo el procedimiento, a mi juicio y en lo que a mí respecta, he hecho todo de conformidad con la ley. Plasmar errores de los demás, no podría decirlo.

De mi parte he dejado asentado en mis votos razonados algunas circunstancias que, a mi juicio, jurídico tienen una diferencia, pero no podría cuestionar algo en relación con esos errores.

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—La nueva magistratura tiene algunas impugnaciones pendientes de resolver. ¿Compromete en algún nivel la integración de la próxima Corte?

—No creo. El proceso es democrático, es un proceso en libertad donde los tres estamentos que no son impugnables estamos ya designados, y los que se encuentran pendientes es un procedimiento que se tiene que cumplir.

—Una de las mayores demandas sociales es que la próxima Corte garantice independencia. ¿Cómo se puede lograr?

—Yo quiero decirle a la ciudadanía en general que tengo aproximadamente 38 años de estar en el sistema ordinario, cinco que voy a cumplir en esta fase constitucional, y creo que, de acuerdo a mi experiencia, puedo hablar por mí. Yo he sido independiente, no he permitido bajo ninguna circunstancia presión de ninguna naturaleza, y prueba de ello son mis votos razonados, con independencia.

—¿Qué piensa sobre los conflictos de intereses en la aplicación de justicia?

—Dentro de la Ley de Amparo y Exhibición Personal existen los procedimientos para que los jueces constitucionales no podamos conocer si hay algún tema de interés.

—¿Cuál es el principal desafío que tiene la nueva CC, a la luz de lo cuestionada que fue la magistratura que termina?

Yo respeto a la ciudadanía en general, creo que la ciudadanía tiene una forma distinta de pensar. No es lo mismo pensar, decir, a estar en los zapatos de un juez o jueza constitucional.

Alguien que tenga la experiencia o que haya pasado un recorrido dentro del sistema de justicia creo que puede hacer ese tipo de manifestaciones, pero creo que, con el respeto de la ciudadanía en general, qué bueno que se estén involucrando, pero hay que estudiar la ley para tomar una decisión desde una óptica distinta.

—Estados Unidos y otros países amigos han pedido que la CC garantice el estado de Derecho. ¿Qué piensa sobre este llamado?

—Estados Unidos ha sido uno de los Estados aliados de Guatemala, y es entendible que tengan preocupación sobre nuestra situación. Creo que con la experiencia y la ciudadanía, en mi persona va a tener transparencia.

Yo, en esta séptima magistratura, uno de los pilares ha sido la transparencia, he rendido cuentas, justicia abierta. He trabajado sobre los grupos vulnerables. Hay acciones que se han hecho y que se seguirán haciendo.

Un juez o una jueza independiente es el que no sufre ningún tipo de acción para presionar en relación a sus sentimientos.

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—¿Qué papel debe jugar la Corte ante el accionar de los poderes del Estado?

—La CC los legisladores la hicieron, precisamente, para tener ese balance jurídico. Nosotros somos los que debemos tener ese balance jurídico ante el Estado, de conformidad con la Constitución y las leyes del país.

—Grupos en contra de su designación señalan que ha apoyado con sus resoluciones o mediante votos razonados a personas involucradas en casos de corrupción, y por eso la alianza oficialista del Congreso la designó para un nuevo período. ¿Qué opina de esos comentarios?

—Yo respeto los comentarios, mas le puedo decir que eso no es cierto. Yo tengo una carrera judicial, y sobre esa base creo que debería evaluar la ciudadanía quién es Dina Ochoa.

He pasado durante muchísimos años en el sistema de justicia y voy a hacer siempre que se cumpla la ley en el sistema de justicia. Precisamente una de las circunstancias de la justicia es que no ve pero hace justicia, y para eso estoy.

Básicamente, la ciudadanía en general tiene sus pensamientos. Hay influencias. Lamentablemente no me conocen. Yo he resuelto de conformidad con la ley, pasé todos los procedimientos, entrevistas que me realizaron y está mi currículum.

—¿Existe algún plan o propuesta que tenga en mente para impulsar el conocimiento de la Constitución?

—Cuando fui presidenta de la CC, precisamente uno de los ejes primordiales era el acceso a la justicia con personas en situación de vulnerabilidad.

Uno de los avances que se tuvo fue que se lograra acceso a los pueblos indígenas, traduciendo las vistas públicas, inclusive haciendo interpretaciones en lenguaje de señas. También se hizo una Constitución en sistema Braille y también se hicieron algunas traducciones de constituciones.

Es parte de ese acceso, es parte de esa transparencia y parte de ese cumplimiento de rendición de cuentas que estamos obligados. Inclusive, yo en la presidencia promulgué que se hiciera una unidad de grupos vulnerables, precisamente para que las personas que a veces no tenían ni acceso físico. Usted puede ver la rampa que se hizo durante mi presidencia, precisamente para que todas las personas tengan ese acceso, y lo seguiré haciendo. Pienso que la ciudadanía debe estar cerca de la CC.

—Usted asumirá la presidencia de la CC en el 2022. ¿Cuál será su mayor desafío ese año?

—Yo creo que existen algunos desafíos, algunas elecciones que están de por medio, y creo que la Corte tiene que asumir el rol que está establecido en la Constitución.

Nosotros somos conocedores del Derecho, respetuosos de la ley y de la justicia. Enmarcados en ella debemos estar, es parte de nuestras obligaciones y del juramento que se realiza.

Es un año preelectoral. En este momento también estaremos en elecciones de las cortes, de fiscal general, otras elecciones que también están por venir.

—¿Cree que es el momento para que la Constitución sea reformada?

—Yo creo que esto lo tenemos que analizar todos. Creo que debe haber un análisis desde el estamento que es el Congreso de la República y los que tienen iniciativa de ley.

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• Independencia de poderes: justicia
• Politización de la justicia: Mentira
• Aborto: La Constitución establece el respeto a la vida.
• Matrimonio igualitario: Es un derecho que tienen las personas.
• Pena de muerte: Está extinguida, no hay, no existe.
• Protestas: Es un derecho de la ciudadanía.
• Propiedad privada: Es un respeto.
• Certeza jurídica: Verdad
• Amparos: Ha habido abusos.
• Recursos naturales: Protegerlos

***

Entrevistas a magistrados: Prensa Libre solicitó a los cinco magistrados titulares entrevistas periodísticas y solo tres respondieron. Estas se publican a partir del lunes, cada día, hasta mañana miércoles, en el orden en que asumirán la presidencia en los siguientes años. Mañana puede leer la entrevista con la magistrada Gloria Porras. Ayer se publicó la primera, con el magistrado Roberto Molina Barreto.

Ahora, en representación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y en medio de una solicitud de retiro de antejuicio por, presuntamente, haber emitido una resolución contraria a la propia Carta Magna.

Gloria Porras asegura que todas sus resoluciones fueron respaldadas con un sustento jurídico y rechaza tener simpatías por la ideología de izquierda y que esta influya en sus resoluciones.

TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA:

—¿Cuál es el balance de la CC que sale?

—Una de las cosas más importantes que tengo que decir es que este mes yo rendí un informe, una rendición de cuentas al pueblo de Guatemala, en el que presenté el expediente de la Corte, que está completamente automatizado.

Como usted puede ver en mi escritorio ya no hay libros, ya no hay expedientes, todo lo logramos subir al sistema. Creo que es uno de los grandes avances, porque el hecho de que tengamos todo a la mano nos ha permitido en tiempos de pandemia que los trabajadores de la Corte hagan el home office —trabajo en casa— y que los magistrados podamos sostener nuestros plenos desde casa, incluso las vistas virtuales.

—¿Cuál es el principal logro y el mayor error de la Corte saliente?

—Ejercer el cargo no es una tarea sencilla, es una tarea sumamente compleja que requiere de alta responsabilidad, que requiere de mucho carácter y de mucha determinación para poder cumplir uno con el mandato, que es la defensa del orden constitucional.

Dicho eso, el mayor acierto que tenemos es que al haber implementado este sistema logramos la reducción del tiempo de tramitación de los expedientes, que a veces, cuando nos iba bien, se tramitaban entre 200 y 300 días. Hoy se están tramitando en promedio en 80 días. Esto no implica otra cosa que acceso a la justicia dentro de tiempo razonable, que es el 95 por ciento de asuntos en los que la mayoría de magistrados no solemos tener criterios encontrados.

El 95 por ciento del trabajo de la Corte generalmente se hace por unanimidad, y es un trabajo que ha fluido durante esta última presidencia de muy buena forma. Creo acertado haber modificado el modelo de gestión y haber implementado nuestra página, donde es un punto de transparencia y rendición de cuentas diarias hacia la ciudadanía. En la página ustedes pueden encontrar un calendario donde se pueden advertir los casos que se van a conocer en los próximos días, y también los casos que se dejan de conocer, las razones por las que se retiran, qué magistrados los retiran y el tiempo en que estos casos vuelven nuevamente a la mesa del pleno para ser discutidos. Es uno de los mayores aciertos implementar este sistema.

Obviamente, los casos más visibles son ese 5 por ciento que nos generan a nosotros dentro del pleno amplias discusiones, pero yo le podría decir con solvencia que ese 5 cinco por ciento que la Corte resolvió, en algunos casos por mayoría y en algunos por unanimidad, fueron resueltos con absoluta independencia de quienes hicimos mayoría. y también independencia de quienes decidieron hacer votos razonados diferentes, que eso es normal en un tribunal colegiado. No le llamaría desacierto, le llamaría independencia, que es lo que ha caracterizado a la séptima magistratura.

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—Una de las mayores demandas sociales es que la próxima Corte garantice independencia. ¿Cómo se puede lograr?

—Creo que esto tiene que ver con íntimas convicciones y con el conocimiento claro de la función que venimos a desempeñar. Hay muchas especulaciones afuera, muchas apreciaciones, pero tuvimos una reunión con los magistrados que integrarían la octava magistratura y uno de los mensajes que les he transmitido es que se dicen muchas cosas de los unos y de los otros, pero que nos demos la oportunidad de sentarnos a trabajar el primer expediente.

Lo que debe prevalecer dentro de cada discusión es una argumentación jurídica. Si seguimos esa línea honestamente, no creo que debiera haber mucha preocupación. Lo más importante es que cada postura que tiene cada uno de los magistrados, venga o provenga de un análisis estrictamente constitucional y legal. Cuando las cosas son así, creo que cualquier discusión se puede soportar y se pueden tomar decisiones que aunque no sean de unanimidad, sí satisfagan el interés del tribunal.

Acá lo más importante es que uno no toma decisiones individuales, son decisiones colegiadas que se toman después de un amplio debate.

—¿Qué piensa sobre los conflictos de intereses en la aplicación de justicia?

—Conflictos de interés personalmente no tengo, mi único interés es cumplir con el mandato constitucional, que es la defensa del orden constitucional, y siempre tengo presente que el centro de mis decisiones es el ser humano, la dignidad del ser humano, y que la CC, como mayor intérprete, está en funcionamiento para proteger a los ciudadanos contra los abusos del poder, y no viceversa.

Personalmente no creo tener ningún conflicto de interés. No podría arrogarme la opinión de los otros colegas que van a integrar la octava magistratura, ni de quienes integran la séptima, pero lo que mueve mis decisiones es la visión de la función que estoy comprometida a desempeñar.

—¿Cuál es el principal desafío que tiene la nueva CC?

—El mayor desafío es ser independientes, ese es el mayor desafío. Poder tomar una decisión en absoluta independencia, de acuerdo con su conciencia, al leal saber y entender, con fundamento en la Constitución y haciendo acopio de los compromisos que hemos adquirido a través del bloque de constitucionalidad, tomando como referencia las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, manteniendo esa comunicación, ese lenguaje y ese diálogo con las resoluciones que hacen otras Cortes a nivel latinoamericano.

Con la octava magistratura mi mayor expectativa sería que no fuera con tantos inconvenientes, sino que prevalezca el estudio y la independencia.

—EE. UU. y otros países amigos han pedido que la CC garantice el estado de Derecho. ¿Qué piensa sobre este llamado?

—Creo que el llamado no es únicamente de Estados Unidos, creo que es un llamado que hace la comunidad internacional de manera general, creo que es una necesidad social, creo que es nuestra obligación responder defendiendo el orden constitucional, pero, ¿qué es la defensa del orden constitucional? La palabra en sí misma no es una palabra tan pacífica. Para defender generalmente se requiere energía, se requiere fuerza, se requiere determinación, se requiere valores, íntimas convicciones. Entonces, creo que coincido con todos, pero la diferencia es que sobre mis hombros pesa parte de esa aspiración que tienen todos los ciudadanos en general, que nosotros cumplamos con esa función para la cual estamos siendo designados.

—¿Qué papel debe jugar la Corte ante el accionar de los poderes del Estado?

—Ese ha sido tal vez uno de los temas más controversiales, no solamente de la séptima magistratura sino en todas. Para mí es importante volver a recordar el contenido de la normativa constitucional y de la Ley de Amparo, en los artículos 8 y 9. No hay ámbito que no sea susceptible de ser accionado por medio de amparos. No es una decisión de la Corte intervenir en los poderes del Estado. Generalmente, cuando la Corte actúa es por peticiones de los ciudadanos que legítimamente creen que es la Corte la que debe intervenir para resolver los diferentes problemas que se presenten.

No estando excluidos por disposición constitucional ni por disposición de nuestra ley que rige nuestro actuar, la Ley de Amparo, pues la intervención de la Corte cuando hay abusos es obligada y cuando se dictan normas, que es función del Congreso y de alguna medida del Ejecutivo que tiene una parte importante en la sanción de las normas, la intervención de la Corte es obligada, no es una cuestión personal ni unilateral. Las decisiones que salen de esta institución son decisiones colegiadas que surgen luego de un amplio estudio, cuando se escuchan a las partes y entre esas partes también se escuchan a los tres poderes del Estado.

—¿Un magistrado de la CC debe responder a los intereses de quien lo eligió?

—No, rotundamente no. Yo aprendí aquí con don Alejandro Maldonado el principio de la ingratitud, porque a pesar que a uno lo elige un órgano específico no viene a representar los intereses de ese órgano que lo elige a uno, y eso es importante que lo conozcan quienes integramos las magistraturas y también la ciudadanía. El único interés que debemos representar nosotros en la Corte es la defensa del orden constitucional y tener las posibilidades de tratar de encontrar puntos de convergencia.

Eso creo que ha desgastado mucho al tribunal, que no ha existido en muchos casos que haya una actitud de ceder, de ambas partes, para lograr algunas sentencias que tengan algún equilibrio, donde ninguno de los sectores se sienta desatendido. De pronto ese puede ser uno de los mayores retos de la octava magistratura, tener esa capacidad de escuchar, tener esa capacidad de diálogo y tener la oportunidad de hacer propuestas donde encontremos algunos puntos para hacer acercamientos e ir dejando de lado todos esos discursos que considero que no son reales y que únicamente se utilizan para confrontar y dividir.

La CC no es ni de izquierda ni de derecha, la CC debe velar por el cumplimiento de la Constitución, que es para todos los habitantes del país. Entonces, el reto que tenemos por delante es bastante fuerte.

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—Sus detractores la señalan de atender una agenda progresista en la Corte y tener estrecha relación con el partido Unidad Nacional de la Esperanza, específicamente con Sandra Torres. ¿Qué comentarios le merecen estos señalamientos y qué tan cercanos están de la verdad?

—Esa pregunta la he respondido en diferentes momentos. Lo que quisiera es que en este momento tanques de pensamiento definieran qué se entiende en este momento el ser gente de izquierda o ser gente de derecha, porque generalmente defender derechos de enfermos, defender derechos laborales, defender derechos de grupos vulnerables, defender derechos de la mujer no lo conceptualizo, desde ningún punto de vista, a pertenecer a una derecha o a una izquierda.

Creo que el concepto esta desdibujado. Evidentemente, como la CC está diseñada para defender los derechos del ser humano, de los ciudadanos, me han conceptualizado. Si ese es el concepto de izquierda, le preguntaría a quienes me hacen ese señalamiento, porque yo simplemente me dedico aquí a defender los derechos de las personas, que es el mandato constitucional, y defender el orden constitucional es defender a las personas de todo tipo de abusos. Creo que deberíamos entrar a un nuevo período de volver a retomar la discusión de estos temas, qué es ser derecha y qué es ser de izquierda.

—¿Existe algún plan o propuesta que tenga en mente para impulsar el conocimiento de la Constitución y acercar el texto, con sus derechos y obligaciones, a la ciudadanía?

—El plan lo desarrollamos durante esta última presidencia aun en tiempo de pandemia. Recientemente estuvimos en Cobán con este proyecto que le comentaba, la CC móvil. Un equipo de la Corte se desplazó allá para capacitar sobre criterios jurisprudenciales a los abogados locales para realizar una vista pública para lograr adscripciones al casillero electrónico, lo que permite que abogados del interior no tengan que venir desde el interior a dejar un memorial y que lo puedan hacer desde su propio teléfono.

La parte de capacitación no ha sido solo de la Constitución sino incluso trabajamos un material que se está distribuyendo a nivel nacional que contiene una compilación de todos los casos que se trabajaron en materia de pueblos indígenas, que no corresponden exclusivamente a esta presidencia o a la séptima magistratura, sino que datan desde que fue creada la misma Corte, todo lo que ha resuelto en materia de pueblos indígenas.

Vea usted cómo va a encontrar en ese material sentencias muy importantes, incluso las que abren el bloque de constitucionalidad que es la 18-22 del año 2011, que no son casos que haya propuesto Gloria Porras, que fueron hechos por otros magistrados y que nunca fueron calificados de izquierda. Esa compilación es muy interesante, porque si bien es cierto que va de manera progresiva, no es exclusiva de la séptima magistratura.

Esa difusión de la Constitución la hemos venido trabajando en todo el interior de la república y este año hicimos la última Constitución infantil. Era la única que nos faltaba, porque tenemos en todos los idiomas mayas. Se han hecho procesos de capacitación con maestros y alumnos, la función no la hemos dejado de cumplir, pero, obviamente, es una tarea que no se agota y que se debe seguir haciendo.

—Usted asumirá la presidencia de la CC en el 2023. ¿Cuál será su mayor desafío en ese año?

—Si no estoy mal es el año de las nuevas elecciones, es un año político donde generalmente todos esos aspectos y asuntos vienen en última instancia a la Corte por medio de acciones de amparo. Creo que va a ser un año interesante en donde tendremos nuevamente que entrar a ver las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

—¿Cree que es el momento para que la Constitución de Guatemala sea reformada?

—De hecho, hay aquí varios proyectos de reformas, algunos que no logramos resolver en la séptima magistratura y que han presentado agrupaciones de mujeres que nos hacen planteamientos interesantes respecto de la equidad en la participación de mujeres y pueblos indígenas.

Si bien es cierto se fueron en un dictamen anterior al Congreso, las mismas no fueron aprobadas y ellas están haciendo nuevamente el planteamiento a la Corte para que volvamos sobre esa discusión: participación de las mujeres, las cuotas en las que pueden participar y los mecanismos que deberían hacerse en esos procesos de participación.

Ping Pong:

• Independencia de poderes: Libertad.
• Politización de la justicia: Integridad.
• Aborto: Respeto a la vida.
• Matrimonio igualitario: Respeto a la dignidad de los seres humanos.
• Pena de muerte: Abolición por disposición constitucional y legal.
• Protestas: Derecho ciudadano.
• Propiedad privada: Derecho que debe protegerse constitucionalmente.
• Certeza jurídica: Interpretación correcta.
• Amparos: Vía en la Corte de Constitucionalidad.
• Recursos naturales: Respeto absoluto a la vida silvestre.

***

Entrevista a magistrados: La entrevista publicada hoy fue concedida por la magistrada Gloria Porras el 26 de marzo, ya electa por el Consejo Superior Universitario como magistrada titular en representación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Con esta entrega termina una serie de tres entrevistas concedidas también por los magistrados titulares Roberto Molina Barreto y Dina Ochoa.

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¿Por qué son importantes los magistrados suplentes de la Corte de Constitucionalidad?

Gloria Porras Escobar, Néster Vásquez Pimentel, Dina Ochoa Escribá, Roberto Molina Barrientos y Leyla Lemus Arriaga son los cinco magistrados titulares que estarán al frente de la alta corte, mientras permanecen los reclamos que señalan la politización de la justicia y el conflicto de intereses que rodea a cada uno de ellos.

De esta forma, que mantengan su independencia e imparcialidad de acción es una de las peticiones más importantes que la sociedad civil hace.

“Los próximos magistrados no deben guardar ningún tipo de favor a los entes que los nominaron porque se escuchó decir a los diputados que son sus representantes y no solo eso es erróneo, sino que es una visión peligrosa”, dijo José Echevarría, presidente del Movimiento Cívico Nacional (MCN).

Esa independencia no debe ser únicamente de quienes los nominaron, sino de cualquier grupo de poder político y crimen organizado.

A decir de Echevarría, para evaluar la independencia judicial de los magistrados no se debe hacer únicamente en las resoluciones que emiten, sino también en sus actuaciones públicas y privadas. “Deben estar alejados o separados de prácticas políticas partidistas y actividades que generen aplausos o reconocimiento públicos de ciertos sectores para no poner en riesgo la legitimidad de sus resoluciones y la construcción de su confianza”, agregó.

Pero Oswaldo Samayoa, abogado e investigador del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), recordó el principio inglés que dice “el sistema de justicia no solo debe ser independiente, también debe parecer independiente”.

“El problema es que esta corte no parece independiente”, agregó Samayoa al recordar que Leyla Lemus, abogada electa por el presidente Alejandro Giammattei y su gabinete, es la mujer de confianza del mandatario y lo demostró así al ser la Secretaria General de la Presidencia.

También recordó que los magistrados electos, Roberto Molina Barreto como titular y Luis Rosales como suplente, tienen una clara empatía con la exdiputada y aspirante a la presidencia Zury Ríos, hija también del general Efraín Ríos Montt.

“Deben demostrarnos una actitud de extrema ética y que no consentirán ningún abuso del presidente o del Legislativo”, aseveró Samayoa.

El Tribunal Constitucional enfoca su trabajo en tres ámbitos. El primero es al interpretar la constitución, el segundo es conociendo amparos en el marco de la norma para que no los poderes del Estado no cometan ninguna inconstitucionalidad y el tercero es generando doctrina a través de crear precedentes y jurisprudencia.

A decir de Samayoa, la corte saliente creó jurisprudencia en sus resoluciones a favor de los pueblos indígenas, la explotación de los recursos naturales e intentos de abuso de poder de los poderes del Estado.

Elvin Diaz del Instituto Comparado en Ciencias Penales (ICCPG), concuerda con esto y vislumbra que los fallos de esta nueva corte pueden ser muy distintos a las cortes anteriores.

“Creemos que podrían ocuparse en la revisión de fallos judiciales de casos presentados por la Fiscalía Especial Contra Impunidad o derivados al uso de licencias de explotación de recursos naturales. Si esto pasa, puede generar focos de conflictividad”, mencionó.

Ejecutivo

El nombramiento de Leyla Lemus Arriaga por el Organismo Ejecutivo estuvo marcada de roces entre el presidente Alejandro Giammattei y el vicepresidente Guillermo Castillo que dejaron ver sus desacuerdos en la elección que se transmitió por los canales de Gobierno.

Congreso de la República

A diferencia de la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que lleva más de año y medio de retraso, el Congreso de la República apresuró la elección de uno de los suyos como magistrado suplente, el exdiputado Luis Rosales, y a la actual magistrada Dina Ochoa.

Corte Suprema de Justicia

La CSJ fue el órgano que cerró el proceso de elección de la nueva CC al designar a Roberto Molina Barreto como magistrado titular. Por medio de una publicación hecha en el Diario Oficial, la CSJ eliminó de sus requisitos la constancia del Tribunal Supremo Electoral de no estar afiliado a ningún partido político.

Colegio de Abogados y Notarios

La elección del CANG fue una de las más convulsas al girarse orden de captura contra el exrector de la Universidad de San Carlos y principal candidato a magistrado, Estuardo Gálvez al ser acusado en el caso Comisiones Paralelas. Murphy Paiz, actual rector de esa casa de estudios fue capturado por lo mismo.

Universidad de San Carlos

En una elección reñida y tras 12 rondas de votación, el Consejo Superior Universitario (CSU) decidió que Gloria Porras Escobar continuara en la CC, este sería su tercer período.

El magistrado, quien en el 2019 formó parte de la candidatura del binomio presidencial con Zury Ríos, es claro al señalar que ha existido una serie de errores que han ocasionado un desgaste a la CC, lo que identifica como el mayor desafío que tendrán que enfrentar como futuras autoridades.

Destaca que es vital que como magistrados se pongan límites, ya que la CC no es una “corte celestial”, como muchos opinan, aspecto que, según él, ha venido acrecentando una división social que viene desde la época del conflicto armado interno.

Molina Barreto habla sobre sus aspiraciones, alcances y también las limitaciones del cargo que desempeñará durante los próximos cinco años.

 TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA

—¿Cuál es el balance de la CC que sale?

—Lo primero que diría es que mi aspiración es que la Corte recupere la confianza y la credibilidad de esta institución, que se deje de percibir como si fuera un órgano cuya función ha sido dominada por algún tipo de ideología.

Lo que se aspira es que la población entienda que esta institución es un árbitro, y que aquí ninguna ideología, ningún credo ni ninguna otra preferencia va a dominar cómo deben de salir las resoluciones; es cumplir con el ordenamiento jurídico del país.

—¿Cuál es el principal logro y el mayor error de la Corte saliente?

—Logro es muy relativo siempre. Usted sabe que cuando se habla de resoluciones hay algunos que están de acuerdo con ellas y otros que no. En el campo jurisdiccional le diría que ha habido una conflictividad en los últimos cuatro años y medio del tipo de resoluciones que ha emitido esta magistratura, a la cual yo me incorporo de último.

Lo que sí es indudable es que hay un logro en el aspecto informático. Creo que es la única institución que en un alto porcentaje ya se maneja de forma electrónica, sin papel, y aunque es un adelanto por la era de la pandemia, creo que es un gran logro que vamos a ir mejorando cada vez más.

Con toda franqueza, lo debo decir, porque lo he dicho públicamente, especialmente cuando no estaba dentro de la magistratura, creo que esta magistratura invadió algunas funciones propias de los organismos del Estado. La función de la CC es resguardar el orden constitucional y el orden constitucional es precisamente que cada órgano, que cada poder del Estado, ejerza sus funciones con absoluta independencia uno del otro y de conformidad con las normas de carácter constitucional.

Tengo la impresión de que en muchos fallos la Corte invadió esas funciones propias de los organismos del Estado y eso para mí fue un error.

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—Una de las mayores demandas sociales es que la próxima Corte garantice independencia. ¿Cómo se puede lograr?

—No debería ser un reto, debería ser ya parte integral de esta institución, de que la población tenga confianza, tenga credibilidad, y eso solo se logra si la Corte no se pone a resolver de forma ideológica. Eso es lo que ha motivado a una serie de circunstancias en los últimos cuatros años y medio, o un poco más, que precisamente dan esa impresión.

—¿Qué piensa sobre los conflictos de intereses en la aplicación de justicia?

—Los conflictos de intereses siempre han existido, es innegable para la sociedad. Siempre se tiene a distintos grupos con distintos intereses y son respetables. Todos tenemos el derecho de tener una aspiración de ejercer los derechos cívicos y políticos, tener todas las libertades que la Constitución le otorga al ser humano.

Yo no veo que haya problema que tengan intereses. Insisto, lo que sí es importante es que los miembros de este tribunal actúen con total independencia de esos grupos de intereses y resuelvan conforme a Derecho. Por supuesto, es lógico que algunos fallos gustarán y otros no, es parte de ser juez, es parte de ser árbitro, y no sesgarse y menos por razones de ideología por unos u otros.

—¿Cuál es el principal desafío que tiene la nueva CC?

—Creo que esta octava magistratura tiene una gran tarea de quitar en el imaginario de todos los guatemaltecos, cada uno puede tener sus preferencias a favor de unos u otros grupos, ideologías, religión, cualquiera otra situación, pero aquí lo que hay que establecer es que un juez constitucional es un árbitro, no es un juzgador.

Como humano puede tener una religión, una ideología, lo que no es permitido es que esa ideología o religión domine cómo va a resolver. Lo único que va a motivar una resolución del tribunal constitucional es la Constitución Política de la República de Guatemala, las convenciones internacionales y todo el ordenamiento jurídico interno.

—EE. UU. y otros países amigos han pedido que la CC garantice el estado de Derecho. ¿Qué piensa sobre este llamado?

—Creo que tienen razón y no debe de ser una aspiración de un gobierno extranjero, sino la de todos los guatemaltecos. Que la diferencia de la que se habla, que este ha sido un proceso bastante visible o mediático, es precisamente por las resoluciones que yo le decía, que se han emitido en los últimos años y que puedan ser calificadas algunas con un sesgo ideológico o invadiendo funciones de otros organismos del Estado.

Pareciera ser que la gente cree de manera equivocada que esta es una ‘corte celestial’. Nadie puede estar por encima de la ley, ni la propia Corte ni los propios magistrados. Precisamente el marco legal está plenamente establecido en la Constitución y en la Ley de Amparo, qué puede y qué no puede hacer la Corte. La Corte debe auto limitarse, no es que pueda hacer lo que quiera.

En el imaginario de muchos grupos, incluida la sociedad civil y el sector privado, equivocadamente piensan que desde aquí se ejerce gobierno. No es eso para lo cual fue creada la CC, sino para dejar gobernar a quienes tengan que gobernar en el uso de sus constitucionales facultades. Pero cuando miran que un organismo como este puede representar mayor poder que esos órganos del Estado viene el interés de saber quiénes van, quiénes son, a favor de qué están, y eso es lo que ha ocurrido en los últimos años por este tribunal.

Por eso le decía que es un gran reto que quitemos ese imaginario, esto no es una ‘corte celestial’, de que ningún magistrado está por encima de la ley y que por supuesto que cada funcionario público, incluidos los los magistrados de la CC, son responsables de sus actos, y si sus actos están fuera de ley va a tener consecuencias.

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—¿Qué papel debe jugar la Corte ante el accionar de los poderes del Estado?

—Observar sus procedimientos y respetarlos. La Corte actúa no de oficio, sino a petición de alguien legitimado para presentar un amparo o una inconstitucionalidad. Creo que lo primero que debe hacer la CC cuando recibe un amparo contra alguno de los poderes del Estado es ver que el procedimiento que se señala como equivocado fue o no; el procedimiento, no el fondo.

La Constitución señala cuales son las facultades del Ejecutivo. La Corte no puede decir ‘esto sí lo puede hacer, esto no lo puede hacer’. En todo caso, la Corte podrá revisar si lo que hizo fue con el debido procedimiento. El Congreso tiene que legislar, la CC no puede legislar. La Corte puede ver si la ley choca o no con la norma constitucional, lo que no puede hacer la Corte es legislar o impedir que el Congreso actúe en el ejercicio de sus facultades, que es legislar, y aquí se han dado amparos para evitar el legislar, lo cual considero equivocado.

En el Organismo Judicial les corresponde juzgar en la vía ordinaria. No puede esta Corte venir y tocar el fondo. Lo que sí puede supervisar, si es requerida, es que el debido proceso se dio o si hubo alguna violación al derecho de defensa, pero no nos podemos meter a la resolución de fondo. La Corte Suprema de Justicia sí es suprema en el caso de las casaciones. Sin embargo, hemos visto a esta Corte inmersa en la justicia ordinaria, lo cual es indebido.

Este organismo, como decíamos al inicio, se ha saltado las trancas y por eso es que ahora hay mucho interés en la Corte, porque pareciera que es la corte celestial.

Lo digo con toda franqueza y humildad, porque ya es la cuarta vez que soy designado magistrado de la CC, que desde la primera magistratura han habido equivocaciones, pero todo tiene un balance, una medida. Pero cuando esos errores son reiterados en un período hacen un monstruo de lo que creó la Constitución, hay una mutación del espíritu para el que fue creada la institución.

No, señores, esta Corte va a resguardar el orden constitucional, no invadir las funciones de los otros poderes del Estado.

—¿Un magistrado de la CC debe responder a los intereses de quien lo eligió?

—Jamás. Es más, lo dice la propia Ley de Amparo, y aunque no lo dijera es un aspecto de orden moral y de independencia. Si usted va a venir y porque fue elegido por el presidente lo va a defender de alguna de las acciones, eso es indebido. Para las cinco designaciones del Consejo Superior Universitario tampoco tienen que respaldar todo lo que haga la universidad -de San Carlos-.

Por eso es famosa la misiva que dice que aquí debe prevalecer el principio de la ingratitud. Nos designaron, pero al momento que nos designan se rompe ese cordón umbilical y se vuelve usted totalmente independiente del órgano que lo designó. De lo contrario, el tribunal perdería su esencia si cada uno de los designados responde a los intereses de sus designantes, ya no se vuelven árbitros, se vuelven jugadores.

—Usted fue el candidato vicepresidencial de Zury Ríos. Si ella vuelve a buscar la Presidencia y el caso llega a la CC, ¿se inhibiría?

—Yo no quisiera emitir una respuesta sobre supuestos. Hoy vengo a ser magistrado de la CC con todos los principios que ya le expliqué, no puedo responderle en un supuesto que no tengo ni siquiera idea si la señora Zury Ríos pretende o no ser nuevamente candidata.

Lo que sí le puedo decir es que yo fui candidato vicepresidencial de ella, ejercí un derecho constitucional, ejercí mis derechos cívicos y políticos. Eso ni a mí ni a nadie se le puede impedir, porque, precisamente, esté o no de acuerdo con alguna candidatura. No me gustaría responder una pregunta que está basada en un supuesto.

—¿Existe algún plan o propuesta que tenga en mente para impulsar el conocimiento de la Constitución?

—Ese es un aspecto sumamente importante. Es muy lamentable la falta de interés que existe en la mayoría de la población de saber realmente qué es la Carta Magna. Creo que bien haría la cooperación internacional en venir y apoyar a algunos grupos académicos o de formación cívica para, precisamente, divulgar cuáles son los derechos y las obligaciones que la Constitución señala a todos los guatemaltecos.

No quisiera decir ignorancia. pero esa falta de conocimiento de lo que realmente es la justicia constitucional nos daría más chance de ver las cosas, porque es cierto que existe un conflicto permanente en Guatemala desde el conflicto armado interno, pero pareciera que se silenciaron los fusiles y se encienden las pasiones ideológicas. Repito, no estoy en contra de alguna ideología, tengo una ideología como cualquier persona, pero cuando usted es funcionario, principalmente juez constitucional, debe ponerse el traje de árbitro, independientemente de lo que usted piense.

—Usted asumirá la presidencia de la CC en el 2021. ¿Cuál será su mayor desafío en este año?

—Insisto que es que la Corte recupere su credibilidad, la confianza, y esto termina en lograr una seguridad jurídica, porque la seguridad jurídica incide en un desarrollo de todo el país. Con inseguridad jurídica, como la que creo que ha existido en los últimos años, es difícil que haya inversión económica, y sin inversión no hay empleo y las familias se dividen porque se van a otros países.

La inseguridad jurídica provoca que no haya motivación de invertir en el país. Que no sea ni un presidente ni la CC la que cambie esas reglas cada vez que cambia la Corte, porque entonces es lógico, nadie va a tener la confianza de hacer una inversión para generar empleo y producir riqueza para terminar con la pobreza, y todos los problemas de orden social y económico que tiene el país.

—¿Cree que es el momento para que la Constitución sea reformada?

—Con el tema de la reforma constitucional, en los 36 años que tengo en el ejercicio profesional y 65 de vida, me he dado cuenta que en algunos aspectos he sido reformista, pero cuando veo el desmán que se puede dar a través de una reforma constitucional, me arrepiento.

En el 2010 hice un anteproyecto de reforma constitucional y la presenté en el Congreso. Hubo más instituciones y grupos que lo hicieron; incluso hubo mesas de diálogo para unas reformas. Yo participé en ellas cuando ya no era magistrado y sí me espanté.

Me espanté porque la motivación de esa reforma era mejorar el sistema de justicia del país, pero cuando usted llegaba a esas mesas de lo que se daba cuenta es que se trataba de una lucha ideológica y de querer ir más allá de reformar el sistema de justicia y polarizar aun más a la sociedad guatemalteca.

La Constitución de nuestro país es muy buena y me entristece mucho oír a grupos, incluso de profesionales, decir que no debería existir esta Corte, por los desmanes de los últimos años, cuando es un avance que exista un tribunal especializado en materia constitucional. No muchos países lo tienen.

Pero cuando la Corte se salta las trancas e interfiere en funciones que no le corresponden, produce más polarización.

Todos estos sectores deben entender que existe una columna vertebral que es la Constitución Política de la República de Guatemala. Si no la conocen y si no la respetan, ¿por qué cambiarla? Primero hay que darles oportunidad de que la conozcan. Llevamos 35 años de la Constitución, la más antigua de los últimos 100 años.

Ping Pong:

• Independencia de poderes: Sistema republicano.
• Politización de la justicia: No debe existir.
• Aborto: Estoy en contra del aborto, a menos que sea por razones terapéuticas.
• Matrimonio igualitario: Cada uno tiene la libertad de pensar y actuar como mejor le convenga.
• Pena de muerte: Creo que es necesario aplicarla en los casos en que la ley lo permita.
• Protestas: Derecho a manifestación sin afectar los demás derechos y libertades que la Constitución tiene para todos.
• Propiedad privada: Debe ser respetada, pero ningún derecho es absoluto; se privilegia el derecho general sobre el particular.
• Certeza jurídica: Es lo que hace falta en este país.
• Amparos: Debe reducirse la exigencia de los amparos improcedentes.
• Recursos naturales: Deben protegerse.

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Entrevistas a magistrados: Prensa Libre solicitó a los cinco magistrados titulares entrevistas periodísticas, sin embargo, solo tres respondieron y se publican a partir de hoy cada día hasta el miércoles, en el orden que asumirán la presidencia en los siguientes años. Mañana puede leer la entrevista con Dina Ochoa, sobre cuál debe ser el rumbo de la nueva CC, y luego a la magistrada Gloria Porras.