Caso Toma USAC: Juez Víctor Cruz liga a proceso a catedrático Gad Echeverría

El catedrático universitario Gad Echeverría fue ligado a proceso penal por el juez Víctor Cruz en el caso Toma USAC: Botín Político.

César Pérez Marroquín y Elmer Vargas

3 de octubre de 2024

|

18:44h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

Gad Echeverría, señalado en el caso Toma USAC: Botín Político, fue ligado a proceso penal. (Foto Prensa Libre: Carlos Ochoa)

El profesor de la Escuela de Arte de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Gad Echeverría, fue ligado a proceso penal este jueves 3 de octubre por el juez Víctor Cruz en el caso Toma USAC: Botín Político, informaron fuentes judiciales.

El juez Cruz, titular del Juzgado Décimo de Primera Instancia, aceptó la solicitud del Ministerio Público (MP) y la Procuraduría General de la Nación (PGN) y ligó a proceso a Echeverría por usurpación agravada y depredación de bienes culturales.

Además, Cruz dictó falta de mérito por los delitos de asociación ilícita y sedición.

El juez también resolvió que Echeverría sea beneficiado con arresto domiciliario y otorgó el plazo de cuatro meses para que el Ministerio Público amplíe en la investigación. Programó la audiencia de etapa intermedia para el 18 de marzo de 2025.

Dentro de las medidas de coerción otorgadas, Echeverría deberá acudir a la sede del MP para colocar su huella en el registro biométrico los primeros cinco días de cada mes, prohibición de salir de país sin autorización judicial, prohibido comunicarse con testigos que han declarado ante el Ministerio Público y con personas que se encuentren dentro del caso.

El MP y la Policía Nacional Civil (PNC) informaron el 21 de septiembre pasado sobre la captura del docente por supuestamente estar implicado en el caso Toma USAC: Botín Político.

La detención de Echeverría se llevó a cabo en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, cuando manejaba un vehículo.

Despiden a abogada

La PGN informó en un comunicado que la abogada que representó a la institución en la audiencia de primera declaración debía pedir la falta de mérito y no solicitar que Echeverría fuera ligado a proceso penal, lo cual calificaron como  una acción “irresponsable”, por lo que el contrato de la profesional fue cancelado de manera inmediata.  

“La abogada que representó a la Procuraduría General de la Nación no cumplió con pedir la falta de mérito del caso, tal y como le fue instruido previamente”, detalla la PGN en su comunicado.

La PGN manifiesta que es inaceptable que en un Estado de Derecho se persiga a las personas, sin existir indicios suficientes para vincularlos a un proceso penal.

El documento añade que la defensa de los intereses del Estado y sus ciudadanos es una de las principales obligaciones de la PGN, por lo que están en desacuerdo con esa posición “irresponsable”.

Agrega que: “como consecuencia de lo expuesto en el comunicado recientemente publicado, a la profesional involucrada en el caso se le notificó inmediatamente la finalización de su contrato como prestadora de servicios a la institución”.

Reprograman audiencia de primera declaración del catedrático Gad Esaú Echeverría

El juez Víctor Cruz reprogramó la audiencia de primera declaración del catedrático Gad Esaú Echeverría, señalado en el caso Toma USAC: Botín político.

César Pérez Marroquín y Elmer Vargas

26 de septiembre de 2024

|

22:00h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

En el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal comparece Gad Esaú Echeverría para la audiencia de primera declaración por el caso Toma USAC: Botín Político. (Foto Prensa Libre: Carlos Ochoa)

El juez Víctor Cruz, titular del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal reprogramó para el 1 de octubre próximo la audiencia de primera declaración del catedrático universitario, Gad Esaú Echeverría, sindicado dentro del caso Toma USAC: Botín Político, informaron fuentes judiciales.

En la audiencia de este jueves 26 de septiembre, el juez Víctor Cruz debía decidir si Echeverría era ligado a proceso penal por las sindicaciones que le hace el Ministerio Público (MP); sin embargo, la diligencia fue suspendida y su continuación reprogramada para el próximo 1 de octubre.

De esa cuenta, Echeverría debe permanecer en prisión preventiva hasta que se efectúe la audiencia; sin embargo, existe la posibilidad de que el juez lo ligue a proceso penal y ordene la prisión preventiva mientras concluye la investigación de la Fiscalía.

Este jueves el MP solo concluyó con la sindicación de los hechos.

Echeverría es acusado de usurpación agravada en forma continuada, depredación de bienes culturales en forma continuada, sedición en forma continuada y asociación ilícita.

El MP y la Policía Nacional Civil (PNC) informaron el 21 de septiembre pasado sobre la captura del docente por supuestamente estar implicado en el caso Toma USAC: Botín Político.

La detención de Echeverría se llevó a cabo en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, cuando manejaba un vehículo.

MP confirma arraigo y embargo de cuentas contra señalados en caso Toma Usac

Medidas cautelares contra 27 implicados en el caso Toma Usac: Botín Político tomaron vigencia, entre estas el arraigo y el embargo de cuentas bancarias.

Elmer Vargas y César Pérez Marroquín

27 de febrero de 2024

|

18:26h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

Audiencia por el caso Toma Usac en el Juzgado Décimo Penal. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Un error por parte de abogados defensores mantiene el arraigo y embargo de cuentas a procesados en el caso de la toma de las instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

El Ministerio Público (MP) habría pedido medidas cautelares contra 27 personas, a quienes se les giró orden de aprehensión por su presunta participación en la toma de las instalaciones de la casa de estudios en el caso Toma Usac: Botín Político.

Las medidas fueron solicitadas al juez Décimo Penal, Víctor Cruz, por el MP e incluían arraigo y embargo de cuentas bancarias a los imputados.

El fiscal del MP Saúl Sánchez indicó que esas medidas fueron solicitadas desde el 14 de noviembre de 2023, fecha en que también se giraron las órdenes de aprehensión contra las 27 personas.

LECTURAS RELACIONADAS

Juez notifica modificación de delitos a sindicados en Caso Toma de la Usac

Rector Walter Mazariegos recusa a jueza y detiene inicio del juicio en su contra

Sánchez explicó que los abogados defensores debieron revisar el expediente y solicitar un recurso de reposición para que el juez decidiera si revocaba las medidas precautorias en el caso de las seis personas que ya fueron procesadas.

“Es verídico que el Ministerio Público ha ejecutado esa resolución judicial contra los sindicados”, refirió Sánchez al consultarle sobre las medidas precautorias Interpuestas por el juez.

También añadió que “eso le corresponde a la defensa de cada sindicado ya que debe examinar todas las actuaciones correspondientes, el Ministerio Público lo único que hace es la acción y la persecución penal. La defensa conforme a su estrategia debe verificar todo el expediente conforme considere pertinente”.

Solicitud

Este martes 27 de febrero, el MP solicita al juez Victor Cruz que ocho personas sean ligadas a proceso penal por los delitos de usurpación agravada, depredación de bienes culturales, sedición en forma continuada y asociación ilícita.

LECTURAS RELACIONADAS

Usac denuncia incidente con encapuchados armados y estudiantes condenan violencia

Sala ordena al juez Víctor Cruz modificar delito en caso Toma Usac

Sin embargo, Cruz suspendió la audiencia luego de la intervención del fiscal del MP y abogado de la Usac.

La audiencia se retomará el próximo jueves 29 a partir de las 14:00 horas, cuando será el momento en que abogados de la defensa puedan hacer su planteamiento de motivos.

La solicitud del MP es en contra de Hada Marieta Alvarado Beteta, Amílcar Enrique Bremer Ramírez, Kevin Alexander Junior Carrera Vielman, Juan José García Marroquín, Miguel Ángel Vásquez Rodríguez, Paulo Roulet Pellecer, Cindy Gabriela Dávila Morales y Andrea Nicole Prera de León.

“Sí, el Ministerio Público pidió en su momento (…) las órdenes de aprehensión, arraigo, embargo de cuentas bancarias y allanamientos”, dijo el fiscal Sánchez, quien agregó que la defensa de cada procesado tuvo que haber examinado el proceso para actuar de acuerdo a los que ellos consideraban, pues mientras tanto esas acciones se hicieron efectivas contra todos los procesados.

LECTURAS RELACIONADAS

Violencia en la Usac: interponen amparo contra el CSU para que garantice la seguridad de estudiantes

Enfrentamientos en la Usac: Facultad de Ciencias Jurídicas presenta denuncia ante el Ministerio Público

Juez notifica modificación de delitos a sindicados en Caso Toma de la Usac

Víctor Cruz notificó modificación de delitos a cuatro de seis sindicados y citó a dos que quedan pendientes.

César Pérez Marroquín y Elmer Vargas

22 de febrero de 2024

|

21:51h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

A seis de las personas señaladas en el caso Toma Usac: Botín Político se les modificó el delito por el que son procesados. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

El juez Décimo Penal Víctor Cruz dio cumplimiento a lo resuelto por la Sala Primera de Apelaciones y notificó de la modificación de un delito a un grupo de seis personas procesadas en el caso Toma Usac: Botín Político.

El desarrollo de la audiencia fue a puerta cerrada y no se permitió el acceso a los medios de comunicación.

La Sala dio con lugar el recurso planteado por el Ministerio Público (MP) y en audiencia el juez notificó de lo resuelto e indicó que deberán seguir en el proceso por el delito de usurpación agravada.

A Eduardo Antonio Velásquez Carrera, Andrea Marcela Blanco Fuentes, Javier Alfonso de León Gómez y Rodolfo Chang Shum, el juez les notificó de la modificación del delito de usurpación y enfrentarán proceso penal por usurpación agravada y depredación de bienes.

EN ESTE MOMENTO

Yazaki ampliará operaciones en San Marcos y priorizará empleo en comunidades cercanas

Canasta básica en Guatemala: esto gastó una familia en marzo según el INE

Mientras que Alfredo Enrique Beber Aceituno y Martin Jorge Macario no acudieron a la audiencia y el juez Víctor Cruz resolvió citarlos nuevamente para el viernes 23 de febrero a las 13 horas, donde les notificará de la modificación del delito.

El juez indicó que si ambos no comparecen ante el juzgado se les decretará en rebeldía y se les estará girando una orden de captura.

La audiencia de etapa intermedia donde conocerán si enfrentarán juico o si se cierra el caso en su contra se desarrollará en el mes de mayo.

Sala ordena al juez Víctor Cruz modificar delito en caso Toma Usac

El juez décimo penal Víctor Cruz tendrá que acatar la orden de la Sala Primera de Apelaciones y deberá modificar el delito por uno más grave a seis personas procesadas dentro del caso Toma Usac.

Elmer Vargas

16 de febrero de 2024

|

18:31h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

Los seis detenidos en el caso Tama Usac durante su audiencia de primera declaración. (Foto: Hemeroteca PL)

La Sala Primera de Apelaciones modificó el delito a seis personas procesadas dentro del caso Toma Usac: Botín Político por uno más graves y con más años de cárcel como condena, por lo que el juez Víctor Cruz deberá acatar la instrucción y hacer las modificaciones dentro del proceso, informaron este viernes 16 de febrero fuentes judiciales.

Se trata de Eduardo Antonio Velásquez Carrera, Andrea Marcela Blanco Fuentes, Javier Alfonso de León Gómez, Alfredo Enrique Beber Aceituno, Rodolfo Chang Shum y Martin Jorge Macario, quienes fueron ligados a proceso penal por los delitos de usurpación y depredación de bienes culturales por el juez Víctor Cruz, quien además los benefició con arresto domiciliario el 25 de noviembre de 2023.

La apelación fue presentada por el Ministerio Público (MP) y la Sala dio con lugar el recurso planteado.

La resolución indica que el juez deberá seguir con el proceso, pero con la modificación de delito de usurpación a usurpación agravada.

LECTURAS RELACIONADAS

MP imputa varios delitos a señalados en caso Toma Usac y ofrece ampliar pruebas

Violencia en la Usac: interponen amparo contra el CSU para que garantice la seguridad de estudiantes

El Código Penal establece en el artículo 256 que por el delito de usurpación la pena es de 1 a 3 años de prisión, mientras que por usurpación agravada el artículo 257 establece que la pena es de 2 a 6 años de cárcel.

Los procesados fueron capturados luego de una serie de allanamientos y actualmente gozan de medidas sustitutivas, entre ellas, el arresto domiciliar.

La sala de apelaciones también confirmó que deben seguir con las mismas medidas interpuestas por el juzgador.

Este grupo de seis personas forman parte de la carpeta judicial del caso Toma Usac: Botín Político.

LECTURAS RELACIONADAS

CC ampara a la vicepresidenta electa y frena posible orden de captura en su contra

MP y PNC allanan el Paraninfo Universitario por denuncia que interpuso la Usac y capturan a dos estudiantes

Se les acusa por parte del MP de ser responsables de las tomas de las instalaciones de la Universidad de San Carlos (Usac), hecho que es atribuido para supuestamente posicionarse políticamente debido a que varios de los sindicados pertenecen o formaron parte de alguna agrupación política que participó en los comicios de 2023.

Actualmente, otro grupo compuesto por ochos sindicados enfrenta audiencia de primera declaración ante el juez Víctor Cruz, a quienes el juzgador les habría revocado la orden de captura y dispuso citarlos.

El agente fiscal del MP, Saúl Sánchez, concluyó con la lectura de la imputación de los hechos de Cindy Dávila, secretaria ejecutiva de la Asociación Gente Positiva y de la estudiante Andrea Nicole Prera, quienes forman parte de la carpeta de investigación por la toma de las instalaciones de la Usac en 2022.

El MP tenía previsto efectuar la reproducción de videos como parte de los indicios de prueba; sin embargo, esto no fue posible debido a fallos en el equipo de cómputo, por lo que dio inicio con la calificación jurídica, es decir, la exposición de los hechos que supuestamente encuadran en un delito. La reproducción de videos se hará en la próxima audiencia.

Los sindicados escucharon la exposición de los hechos planteados por el ente investigador, desde la denuncia presentada por las autoridades de la Usac, la recopilación de indicios de investigación y una serie de publicaciones en redes sociales.

EN ESTE MOMENTO

Yazaki ampliará operaciones en San Marcos y priorizará empleo en comunidades cercanas

Canasta básica en Guatemala: esto gastó una familia en marzo según el INE

Uno de los señalamientos principales que plantea el MP, es que el cierre de la Usac fue por un interés político para ser utilizado como una plataforma para darse a conocer como figura política, debido a que varios de los sindicados forman o formaron parte de alguna agrupación política que participó en los comicios de 2023.

El fiscal también expuso que las acciones en 2022 no fueron para expresar rechazo a la elección de Walter Mazariegos como rector, sino que fue hecho con un interés político.

Luego de varias horas, el juez decidió continuar con la audiencia el próximo martes 20 de febrero.

En la audiencia anterior, el Ministerio Público (MP) efectuó la imputación de hechos a seis de los ocho acusados, entre ellos Hada Alvarado, excandidata a rector de la Universidad de San Carlos (Usac); Paulo Roulet, estudiante de esa casa de estudios; y a los integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Usac Miguel Vásquez, Juan José García y Amílcar Enrique Bremer, quien indicó ser el secretario del sindicato, además es hermano del juez Jimi Bremer.

El caso

De acuerdo con el MP, en el 2022 la Usac presentó denuncia por la “toma ilícita” de las instalaciones. Posteriormente, en el 2023, colocó otra denuncia por los daños causados a las instalaciones de dicha casa de estudios.

LE RECOMENDAMOS

Abren campus central de la USAC luego de que estuviera tomada por los estudiantes por 386 días

Un alacrán en la camisa

El MP señala que, en seguimiento a la investigación, “se solicitó ante juez competente la realización de diversas diligencias en calidad de anticipo de prueba”, lo que permitió documentar “los daños ocasionados” a las instalaciones de la  Universidad durante los 385 días que estuvo tomada.

La Fiscalía ha informado que esas diligencias permitieron establecer un daño patrimonial estimado al menos en Q90 millones, asimismo, “se determinó que existió vandalismo, por ejemplo, la quema y robo de vehículos, sin dejar de lado los servicios sociales que la universidad dejó de prestar a la sociedad guatemalteca debido a esta situación”.

Para leer más: Caso Chicamán: absuelven a seis por fraude millonario, entre ellos el diputado Sergio Enríquez

Además, refirió que, en el 2010, la Universidad de San Carlos fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura y Deportes.

En total son ocho las personas señaladas, pero el MP solo le imputó cargos a seis de ellas, debido a que la audiencia se reprogramó para el 13 de febrero próximo.

Durante la audiencia, el fiscal Saúl Sánchez le imputó los hechos y delitos por los que se vinculó a Hada Marieta Alvarado Beteta, Amílcar Enrique Bremer Ramírez, Kevin Alexander Junior Carrera Vielman, Juan José García Marroquín, Miguel Ángel Vásquez Rodríguez y Paulo Roulet Pellecer

Mientras que Cindy Gabriela Dávila Morales y Andrea Nicole Prera de León quedaron pendientes de ser imputadas, por lo que para la próxima audiencia el MP continuará con el proceso.

EN ESTE MOMENTO

Yazaki ampliará operaciones en San Marcos y priorizará empleo en comunidades cercanas

Canasta básica en Guatemala: esto gastó una familia en marzo según el INE

MEM autoriza inscripción de tres productoras locales de etanol como proveedoras para mezcla con gasolinas

A todos se les había girado orden de captura por los delitos de depredación de bienes culturales en forma continuada, usurpación agravada en forma continuada, asociación ilícita y sedición, pero esa medida fue revocada, aunque la sindicación continúa por parte del MP.

El fiscal señaló al juez que la próxima semana presentará videos y fotografías para ampliar la acusación.

Además, en su argumentación el fiscal hizo alusión a que los partidos políticos Winnac, MLP, Voz y Movimiento Semilla utilizaron el cierre de la Usac como una plataforma para promocionar sus imágenes.

Quedan libres

El pasado 25 de noviembre, el juez Cruz benefició con libertad condicional a otros seis sindicados en el caso Toma Usac: Botín Político, por lo que abandonaron la cárcel del cuartel Mariscal Zavala, donde estaban detenidos.

LE RECOMENDAMOS

Caso Toma Usac: seis procesados salen de la cárcel de Mariscal Zavala tras haber sido beneficiados con arresto domiciliar

Caso Toma Usac: MP imputa a seis detenidos y juez posterga audiencia de primera declaración

La decisión del juzgador tuvo lugar en una audiencia de primera declaración que se extendió por más de 12 horas y donde se decidió abrir un proceso penal por usurpación y depredación de bienes en contra Eduardo Velásquez Carrera, catedráticos de la Universidad de San Carlos (Usac); Marcela Blanco, excandidata a diputada por el partido Movimiento Semilla; Javier de León, graduando de la Licenciatura en Física de la Usac; Alfredo Beber Aceituno, decano de la Facultad de Ingeniería de la Usac; Rodolfo Chang Shium, decano de la Facultad de Veterinaria; y Martín Macario, sindicalista de la Usac.

El caso

De acuerdo con el MP, en el 2022 la Universidad de San Carlos presentó denuncia por la “toma ilícita” de las instalaciones. Posteriormente, en el 2023, colocó otra denuncia por los daños causados a las instalaciones de dicha casa de estudios.

El MP señala que, en seguimiento a la investigación, “se solicitó ante juez competente la realización de diversas diligencias en calidad de anticipo de prueba”, lo que permitió documentar “los daños ocasionados” a las instalaciones de la Universidad de San Carlos durante los 385 días que estuvo tomada.

La Fiscalía agregó que esas diligencias permitieron establecer un daño patrimonial estimado al menos en Q90 millones, asimismo, “se determinó que existió vandalismo, por ejemplo, la quema y robo de vehículos, sin dejar de lado los servicios sociales que la universidad dejó de prestar a la sociedad guatemalteca debido a esta situación”.

Además, refirió que, en el 2010, la Universidad de San Carlos fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura y Deportes.

También señaló que, como parte de las investigaciones, el MP solicitó al Instituto Nacional de Ciencias Forenses un peritaje lingüístico, “el cual no es definitivo ni desvanece los demás elementos de investigación recabados, ya que el alcance es escueto y limitado y no responde a lo solicitado por el ente investigador, ni cuenta con un enfoque criminalístico”.

Agrega que, dentro de la investigación fueron autorizados 31 allanamientos y 27 órdenes; además, se plantearon varias solicitudes de retiro del derecho de antejuicio conta varios funcionarios, entre ellos el entonces presidente electo Bernardo Arévalo y la entonces vicepresidenta electa Karin Herrera.

Asimismo, el MP detalla que con esta investigación se estima que, 250 mil estudiantes fueron perjudicados directamente al no poder recibir clases ni realizar trámites administrativos en la casa de estudios durante más de un año, por lo cual, “los estudiantes afectados también presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos”.

LE RECOMENDAMOS

Toma de la Usac: Juez Víctor Cruz liga a proceso penal a seis detenidos por dos delitos y les otorga arresto domiciliar

Abogados de detenidos por el caso Toma de la Usac: Botín Político contrastan señalamientos del MP

La información que proporcionó el MP señala que el expediente del caso es del 2019 y que esa institución comenzó la investigación de oficio luego de una noticia que fue publicada en un medio de comunicación -el desaparecido elPeriódico-.

Explican que en la publicación periodística se mencionaba sobre supuestos beneficios que el juez Cruz habría obtenido luego de girar la orden de aprehensión en contra de la exjefa del MP, Thelma Aldana.

La información añade que la solicitud de captura fue efectuada y debidamente sustentada por la Fiscalía de Delitos Administrativos, puesto que se advirtió la posible comisión de hechos ilícitos. Se agrega que a la fecha dicha petición continúa vigente.

EN ESTE MOMENTO

Yazaki ampliará operaciones en San Marcos y priorizará empleo en comunidades cercanas

Canasta básica en Guatemala: esto gastó una familia en marzo según el INE

MEM autoriza inscripción de tres productoras locales de etanol como proveedoras para mezcla con gasolinas

“En ese sentido la Fiscalía contra la Corrupción, inició las gestiones que permitieran constatar la comisión de un acto o hecho constitutivo de delito, y que tal y como lo indica la Ley en Materia de Antejuicio, no se tratara de una denuncia pública por razones espurias, políticas o ilegítimas”, señala el MP en cuanto a la investigación del caso.

Señalan que “se realizaron las diligencias que permitieran sustentar la solicitud que en derecho correspondía, entre ellas, se efectuaron solicitudes de información a la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos de Guatemala”.

El MP además expone que del análisis efectuado a la información recabada, se detectó la inexistencia de transacciones inusuales sin fundamento económico o legal evidente que pudieran constituir un ilícito penal y por eso el juez contralor accedió a la desestimación del expediente, con base a lo que establece el artículo 310 del Código Procesal Penal.

El MP expresó también que la desestimación no impide reabrir el procedimiento cuando nuevas circunstancias así lo exijan.

En la lista Engel

En los últimos tres años el Departamento de Estado de Estados Unidos ha incluido a varios guatemaltecos, entre funcionarios, exfuncionarios, empresarios, políticos, jueces y exjueces, en la Lista Engel, que nombra a personas públicas vinculadas a actos de corrupción.

La publicación anual de una lista de personas de Guatemala, El Salvador y Honduras, “que están involucradas en corrupción significativa y el socavamiento de las instituciones democráticas”, es parte de la Ley de Compromiso Mejorada del Triángulo Norte de Estados Unidos (HR 2615), aprobada el 21 de diciembre de 2020 y está enfocada en el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción en estos tres países.

Víctor Cruz fue incluido en la lista del 2022 porque según Estados Unidos, entorpeció las investigaciones por hechos de corrupción al demorar indebidamente los procesos judiciales.

Además, Bremer, quien cubre al juez Víctor Cruz por vacaciones, envió a prisión preventiva a los dos exfiscales a la cárcel del cuartel Mariscal Zavala.

El caso contra Campo, quien se encuentra detenido por segunda vez, fue declarada bajo reserva, impidiendo a los medios de comunicación el acceso a los detalles del proceso.

La detención de Campo se efectuó el 1 de diciembre pasado por orden del juez Víctor Cruz, a solicitud del Ministerio Público (MP).

EN ESTE MOMENTO

Yazaki ampliará operaciones en San Marcos y priorizará empleo en comunidades cercanas

Canasta básica en Guatemala: esto gastó una familia en marzo según el INE

MEM autoriza inscripción de tres productoras locales de etanol como proveedoras para mezcla con gasolinas

El juez Cruz está a cargo de otros casos relevantes como “Toma USAC” y “Botín Político”.

Junto a Campo también está detenida Anahí Pineda, exfiscal del MP. Ambos permanecen en prisión provisional en el cuartel Mariscal Zavala.

Esta es la segunda vez en 2023 que el exfiscal Campo es detenido. En el primer caso, que se reveló en mayo, se le otorgó una medida sustitutiva que le permitió permanecer bajo arresto domiciliario desde agosto de este mismo año.

En mayo pasado, Campo fue capturado debido a una denuncia presentada por la Fundación contra el Terrorismo (FCT). En esa ocasión, se le señaló por sus actuaciones en los casos Bitkov, Tamaulipas y Alfa Siete.

LE RECOMENDAMOS

Juez Víctor Cruz declara bajo reserva segundo caso contra exfiscal anticorrupción Stuardo Campo

Juez le otorga a Stuardo Campo arresto domiciliario con control telemático

Campo, al referirse a las acusaciones en su contra, declaró que se trata de una “persecución política por su papel como fiscal anticorrupción”, y afirmó estar convencido de poder resolver su situación jurídica. Aseguró que no ha cometido ningún delito y que “enfrenta estas situaciones con la frente en alto”.

El juez los ligó a proceso por dos de los cuatro delitos que les imputaba el MP, y les otorgó arresto domiciliario después de pagar una fianza de Q10 mil cada uno. Las seis personas salieron  de la cárcel Mariscal Zavala el pasado 27 de noviembre.

Aquella vez el juez Cruz Rivera decidió ligar a proceso penal por usurpación y depredación de bienes culturales a Eduardo Velásquez Carrera, catedrático de la Universidad de San Carlos (Usac); Marcela Blanco, excandidata a diputada por el partido Semilla y Javier de León, graduando de la Licenciatura en Física de la Usac.

Además, a Alfredo Beber Aceituno, decano de la Facultad de Ingeniería; Rodolfo Chang Shium, decano de la Facultad de Veterinaria; y Martín Macario, sindicalista.

EN ESTE MOMENTO

Yazaki ampliará operaciones en San Marcos y priorizará empleo en comunidades cercanas

Canasta básica en Guatemala: esto gastó una familia en marzo según el INE

MEM autoriza inscripción de tres productoras locales de etanol como proveedoras para mezcla con gasolinas

El juez no encontró suficiente valor probatorio a los argumentos de la Fiscalía que dirige Saúl Sánchez para imputarles los delitos de sedición en forma continuada y asociación ilícita. Además, los benefició con su libertad bajo fianza de Q10 mil porque consideró que no existía peligro de fuga.

Según el MP, el día que el juez resolvió las medidas para los imputados se observó que tuvieron comunicación con personajes como el diputado Samuel Pérez Álvarez, por quien el MP presentó una solicitud de antejuicio en el mismo caso. Por esa razón apelaron la decisión y solicitaron que se les revoque la medida sustitutiva.

Durante el fin de la audiencia circularon vídeos y fotos en donde se ve al legislador abrazar a la candidata a diputada del Movimiento Semilla, así como saludar a las otras personas que enfrentan este proceso.

“Se presentó memorial de revocatoria de medidas sustitutivas, dado a que los sindicados las incumplieron al comunicarse minutos después de haber finalizado la audiencia de primera declaración con el diputado Samuel Andrés Pérez Álvarez”, aseguran.

El MP, argumenta que revocar las medidas contra todos los sindicados, “porque existe serio fundamento de que los sindicados puedan obstaculizar la investigación”.

El memorial de apelación también incluye que el juez de marcha atrás al haberles otorgado la falta de mérito por el delito de sedición y asociación ilícita, “ya que la fiscalía tiene indicios suficientes en cuanto a la participación de los sindicados en dichos delitos”.

De acuerdo con el MP, durante la audiencia en que se les otorgaron las medidas el juez Cruz Rivera les prohibió “comunicarse con coimputados y/o testigos, advirtiendo a cada sindicado que eran responsables de su conducta y que a su vez estaban obligados a cumplir con cada una de las medidas sustitutivas impuestas”.

De hecho, dice el ente investigador, firmaron un acta de compromiso, en la cual, “a viva voz, cada sindicado, se comprometió a cumplir cada una de las medidas sustitutivas impuestas contra cada una de ellas”.

Todos esos compromisos son “obligatorios desde el primer segundo de haber suscrito el Acta por cada uno ellos”. También el MP revela que “obra en autos que el Juez autorizó requerir información de las plataformas del internet tales como Tweeter (sic) ahora denominada, X, Facebook, Youtube y otras, en las cuales aparece el diputado Pérez.

El legislador de Semilla ironizó sobre la apelación que presentó la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural.

En su cuenta de X, antes Twitter, escribió “Saúl Sánchez el fiscal frustrado que criminaliza los saludos de puño ahora quiere volver delito los abrazos”.

“Tantas son las ganas de bloquear a las autoridades que el pueblo de Guatemala ya eligió que aún con antejuicio ya nos ve como imputados”, remató.

Saúl Sánchez el fiscal frustrado que criminaliza los saludos de puño ahora quiere volver delito los abrazos.

Tantas son las ganas de bloquear a las autoridades que el pueblo de Guatemala ya eligió que aún con antejuicio ya nos ve como imputados. https://t.co/zBqRftR7ST

— Samuel Pérez Álvarez (@samuel_pz) November 29, 2023

El juez Víctor Manuel Cruz dio a conocer las razones de su detención a los cinco capturados que son Marcela Blanco, Rodolfo Chang, Alfredo Beber Aceituno, Eduardo Velásquez Carrera y Javier Alfonso de León Gómez.

Mientras la audiencia se celebraba hubo críticas de representantes legales de los acusados porque no se les permitía ingresar a la sala, esto, según dijeron los guardias que evitaban el paso, por el tamaño del lugar.

Además, el juez Cruz programó la audiencia de primera declaración para el martes 21 de noviembre a las 9.30 horas. Mientras tanto, los cinco permanecerán detenidos.

LE RECOMENDAMOS

Caso Toma de la Usac: Quién es el juez Víctor Manuel Cruz, que ordenó la captura de más de 20 personas este jueves

MP solicitará retirarles la inmunidad a Bernardo Arévalo, Karin Herrera y otros funcionarios por caso de toma de la Usac

Son señalados en el caso Toma de la Usac

Este jueves 16 de noviembre, el Ministerio Público realizó 31 allanamientos en el país con el fin de cumplir con 27 órdenes de captura por el caso que llamaron Toma de la Usac: Botín Político.

Según el MP, los 13 meses que estuvo tomada la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) sirvieron como plataforma política de varios candidatos, incluyendo el presidente electo, Bernardo Arévalo.

Finalmente, los fiscales y la PNC lograron cinco capturas. Los detenidos están acusados de usurpación agravada en forma continuada, depredación de bienes culturales en forma continuada, sedición en forma continuada y asociación ilícita.

Entre los detenidos está Marcela Blanco, ex candidata diputada del partido Movimiento Semilla y quien no consiguió ganar un curul en las elecciones; Rodolfo Chang, decano de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia de la Usac; Alfredo Enrique Beber, ingeniero civil y catedrático; Eduardo Velásquez, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas y el estudiante Javier Alfonso de León Gómez, quien el próximo martes, día que deberá dar su primera declaración, iba a graduarse de la licenciatura en Física Aplicada.

Es uno de los 49 guatemaltecos incluidos en julio de 2023 en la Lista Engel. Estados Unidos lo señala que en los últimos tres años ha sido responsable de “corrupción significativa”.

Este 16 de noviembre, el juez Cruz Rivera vuelve a estar en el ojo público porque fue quien autorizó las diligencias de allanamiento para capturar a personas presuntamente vinculadas en un caso que el Ministerio Público (MP) ha denominado “Toma de la USAC: botín político”.

El juez Cruz Rivera le autorizó a la Fiscalía contra el Patrimonio Cultural de la Nación, hacer cumplir las órdenes de aprehensión por “los robos ocurridos durante el 2022, cuando las instalaciones de la USAC fueron tomadas por estudiantes universitarios”.

Las órdenes de aprehensión que autorizó Cruz Rivera son por la “posible comisión de los delitos de usurpación agravada en forma continuada, depredación de bienes culturales en forma continuada, sedición en forma continuada y asociación ilícita”.

LE RECOMENDAMOS

Quiénes son las personas capturadas en los allanamientos del MP y la PNC por la ocupación de la Usac

MP asegura que la toma de la Usac se realizó con fines políticos

En la pasada elección de magistrados para Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones aplicó para estar en una sala penal. No fue electo. Cometió un error a la hora de inscribirse, pero aún así continuó en el proceso. 

Cruz, el 30 noviembre de 2018, le otorgó libertad condicional al exministro de Gobernación Salvador Gándara y le fijó una fianza de Q100 mil, al igual que a Gustavo Alejos, exsecretario privado de Álvaro Colom. Esto en el caso Transurbano. Gándara, que fue liberado por Cruz, cubría las vacaciones del juez undécimo Eduardo Cojulún. 

El juzgador fue quien autorizó en mayo de 2019 la orden de captura internacional en contra de la exfiscal general de la República, Thelma Aldana por los delitos de peculado por sustracción en forma continuada, falsedad ideológica y casos especiales de defraudación tributaria.

Por esta decisión la Fiscalía contra la Corrupción abrió un expediente porque hubo denuncias públicas sobre que habría recibido un soborno por haber solicitado la orden de captura contra Aldana y por recibir seguridad presidencial.

El juez Décimo, en enero de 2022, cerró el caso Cambray para los exalcaldes Antonio Coro y Víctor Alvarizaes por la tragedia de octubre del 2015 cuando quedaron soterrados más de un centenar de vecinos en Santa Catarina Pinula.

Cruz Rivera también controló el caso relacionado con la Usac y que implicó al exrector Estuardo Gálvez, y el decano de Derecho, Henry Manuel Arriaga Contreras, con quien suscribió el contrato para impartir una clase entre septiembre y noviembre de 2023.

Según el MP en 2021, tanto Gálvez como Arreaga intervinieron dentro del evento de licitación pública nacional D.S.G 002-2013 relacionado con un proyecto de construcción del edificio para clínicas, laboratorios y aulas puras de las escuelas de Medicina y Odontología del Centro Universitario de Occidente en Quetzaltenango.

Nunca se ejecutó la obra que alcanzaba el costo de Q64 millones y al final le dictó falta de mérito a ambos servidores públicos de la Usac.

Cruz Rivera también sobreseyó el proceso en contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling.

La exjunta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) recupera su libertad el 9 de febrero de 2019 por resolución del juez Cruz.

Cruz Rivera está a cargo del caso del desfalco por casi Q68 millones en el nuevo Hospital Nacional de Chimaltenango.

En este caso le otorgó medida sustitutiva al viceministro de Salud, Gerardo David Hernández García, cercano a Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno en los inicios del gobierno de Alejandro Giammattei.

En julio de 2023 el Departamento de Estado de los Estados Unidos fue incluido en la Lista Engel, de actores corruptos, junto con otros 48 guatemaltecos. Al juez lo señalan de “entorpecer las investigaciones por hechos de corrupción al demorar indebidamente los procesos judiciales”.

Contrato en la Usac

Actualmente, según el portal Guatecompras, además de ser juez, tiene vigente un contrato con la Usac, avalado en agosto pasado y con fecha de inicio del 1 de septiembre de 2023 para concluir el 30 de noviembre de 2023.

El contrato es por Q25 mil 425, y fue firmado entre el juez y el decano de la facultad de derecho, Arriaga Contreras.

El pago de los servicios será por “Impartir: Política criminal, sección A entre semana en la ciudad de Guatemala, en el segundo semestre de la Maestría en Derecho Penal”, se lee en los documentos colgados en Guatecompras.

Al pago de los Q25 mil 425, que lo harán en tres de Q8 mil 475, no le harán el descuento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por ser Cruz Rivera “Pequeño Contribuyente”, con cargo a la partida presupuestaria 4.5.04.2.05.029.

Su carrera

Comenzó a laborar en el Organismo Judicial (OJ) el 25 de enero de 1999. Actualmente es el titular del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal de Guatemala. Graduado de la Usac como abogado y notario.

Tiene poco más de 24 años de laborar para el OJ, y está contratado bajo el renglón 011, según registros oficiales.

El Sistema de Recursos Humanos del OJ detalla algunos de los puestos que ha desempeñado el juez Víctor Manuel Cruz Rivera desde 1999 a 2023.

La carrera de Cruz Rivera comenzó dentro del OJ como oficial II en el juzgado de paz del municipio de Morazán, El Progreso, el 25 de enero de 1999.

El 16 de noviembre de 2000, ya como oficial III, fue trasladado para dirigir el juzgado tercero de primera instancia penal de Guatemala donde estuvo hasta el 11 de octubre de 2005.

A partir de octubre de 2005 fue trasladado al municipio de San Rafael La Independencia, Huehuetenango, donde ocupó la plaza de juez de paz III hasta el 6 de febrero de 2006.

LE RECOMENDAMOS

Videos: Gritos, golpes a diputados y enfrentamiento entre manifestantes y PNC afuera del Congreso tras juramentar a magistrados de la CSJ

CSJ da trámite al antejuicio contra el registrador de ciudadanos Ramiro Muñoz

De febrero de 2006 al 20 de mayo de ese mismo año lo ubican en el juzgado de paz de San Antonio La Paz, El Progreso como juez de paz III.

Más adelante, entre mayo y julio de 2006 lo nombran juez de paz III en el juzgado de paz de Chiché, Quiché.

Entre el 17 de julio de 2006 y 30 de agosto de 2007 logra su traslado a la capital del país y lo nombran oficial III del juzgado tercero de primera instancia penal del departamento de Guatemala.

Luego lo nombran juez de paz V en el municipio de San Jacinto, Chiquimula. Está en esta judicatura hasta el 31 de octubre de 2012.

Después de estar en Chiquimula viaja hacia Jalapa para integrarse al Tribunal de Sentencia. Está acá hasta el 21 de agosto de 2018.

Finalmente lo trasladan al juzgado décimo de primera instancia donde permanece a la fecha.

TAMBIÉN LEA

Caso TCQ: revelan correos que incriminan a Pérez Molina y Baldetti en supuestos millonarios sobornos a empresarios navieros españoles

El juez era señalado de anular numerosos elementos de investigación del caso “Subordinación de Poderes para beneficiar a los implicados y por eso la Feci solicitó el retiro del derecho de antejuicio; sin embargo, este no prosperó.

Referente al caso, la investigación detalla cómo, presuntamente, en 2014, la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti entregaba dinero a diputados en el Congreso para que aprobaran leyes, así como la elección de magistrados para la CSJ y Cortes de Apelaciones.

También lea: Condenan a 27 años de cárcel a los asesinos del exmagistrado José Arturo Sierra
 

El documento de la Feci y la extinta Cicig se refiere a que producto de estos pactos, y de esa supeditación del poder Legislativo a las órdenes del poder Ejecutivo se tomaron varias decisiones en el Congreso y se sancionaron leyes, entre ellas la que se aprobó el 8 de abril de 2014, el Decreto 12-2014 Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos.

Dicha ley fue producto de negociaciones entre los empresarios y la entonces vicepresidenta Baldetti, cuya versión final fue impuesta para su aprobación sin cambios por parte de los diputados, señala el ente investigador.

La investigación determinó que los legisladores recibían hasta Q50 mil en un maletín, cada dos meses, para estar a las órdenes del Ejecutivo. A esa coima se le denominó champurradas.

También lea: Capturan a otro extraditable señalado de conspirar para distribuir metanfetamina y cocaína
 

LE PUEDE INTERESAR:

Se entregan a la Justicia dos implicados en el caso de Financiamiento electoral no registrado de la UNE

El caso fue para confirmar a Víctor Cruz, titular del Juzgado Décimo Penal, para las actuaciones contra Blanca Stalling, magistrada separada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La audiencia se celebró durante la mañana en el piso 10 de la Torre de Tribunales, aunque solo estuvo el fiscal anticorrupción, Juan Francisco Sandoval, y la mandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Claudia González.

Stalling envió un memorial con sus argumentos a la Sala y estuvo ausente pese a que fue la que interpuso la recusación contra Cruz.

El argumento de la Sala es que no se ha dudado de la imparcialidad del juez Cruz como argumentó Stalling, aduciendo que había situaciones del caso que deben conocerse en reserva.

Estuvo de juzgado en juzgado

El proceso de tráfico de influencias que enfrenta Stalling avanza poco, porque en cuatro ocasiones distintas cuatro jueces se han resistido a conocer el caso, argumentando varias razones, entre ellas amistad con la sindicada.

Stalling es señalada supuestamente de haber presionado al juez Carlos Ruano para que beneficiara con una medida sustitutiva a su hijo, Otto Molina Stalling, absuelto la semana pasada en apelación en el caso de estafa al seguro social conocido como Igss-Pisa-Chiquimula.

Lee además: La muerte y la inseguridad se transportan en autobús en Guatemala

Inicialmente el caso fue designado al Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, cuando estuvo a cargo de Adrián Rodríguez, pero Stalling lo recusó por dudar de su imparcialidad y esto llevó al juez a inhibirse.

Luego, el caso pasó al Juzgado Octavo, a cargo del juez suplente José Alvarado. No obstante, Stalling logró separarlo del caso alegando que mantiene una amistad con él y que había fotografías de ambos juntos.

El expediente pasó a manos de la jueza Silvia Morales, titular del Juzgado Noveno. Sin embargo, ella se inhibió aduciendo que dudaban de su imparcialidad.

Entonces, la Cámara Penal designó el año pasado el Juzgado Décimo Penal, que estuvo a cargo de Walter Villatoro, aunque las primeras actuaciones las conoció Víctor Cruz.

Discusión

Lo que falta por discutir es la resolución de la Sala para repetir la audiencia de revisión de medida de coerción o revocar las medidas sustitutivas con las cuales fue beneficiada Stalling y conocer la acusación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) en la audiencia intermedia.

El juez Víctor Cruz seguirá conociendo el caso contra la magistrada separada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling, resuelve la Sala Primera de Apelaciones Penal al rechazar una recusación que interpuso la procesada.
El fiscal Juan Francisco Sandoval es notificado. pic.twitter.com/NYwbiBiBXi

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 8, 2019

Contenido relacionado

>“No me interesa”: Blanca Stalling habla sobre el retiro de la visa estadounidense

>La amplia red de Blanca Stalling dentro del sistema de justicia

>La “información creíble” que EE. UU. utilizó para retirarle la visa a Blanca Stalling y sus hijos

TE PUEDE INTERESAR:

Juez Víctor Cruz reprograma audiencia del caso IGSS-Ambulancias

Los alegatos de las partes, así como la resolución se conocieron a puerta cerrada pese a que las audiencias son orales y públicas, con excepción explícita de algún juez o cuando se trate de casos de niñez y adolescencia.

El secretario de la Sala notificó a las partes afuera, en uno de los pasillos, acerca de la confirmación del juzgador Cruz en el proceso. Incluso, hasta fue reforzada la seguridad por el Organismo Judicial (OJ).

La Sala es presidida por Freedyn Fernández aunque estuvo ausente y en su lugar conoció el caso Aura Marina Mancilla Solares acompañada de los vocales Carlos Patricio Rodríguez Meza y Miriam Elizabeth Méndez Méndez.

El caso se deriva a la querella abierta por supuestas presiones que recibió la exfiscal Heidi Tamara de León para que solicitara el retiro de inmunidad contra los magistrados de la corte de Apelaciones de Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer en marzo del 2017.

Lee además: Tras ordenar captura de Thelma Aldana, Víctor Cruz se convirtió en el juez más protegido del país

De León fue la fiscal que cerró la persecución penal a favor del alcalde de Santa Catarina Pinula, Víctor Alvarizaes y su antecesor Antonio “Tono” Coro, procesados por el derrumbe el 1 de octubre del 2015 que sepultó la aldea El Cambray II y dejó 272 fallecidos.

El proceso llegó al Juzgado Décimo Penal, que en ese entonces dirigía Walter Villatoro, quien le solicitó al Ministerio Público (MP) que nombrara un fiscal especial para investigar a Rootman y Véliz. Después el juzgador se retractó por la independencia de las actuaciones de la Fiscalía.

El año pasado Villatoro fue designado al Tribunal de Chiquimula y en su lugar fue nombrado el juez Cruz.

Lee además: Fiscales piden protección para el jefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval

Recuerda señalamiento

Pérez mencionó que el juzgador Cruz tiene una denuncia penal por su actuación en el expediente contra Aldana.

Los supuestos actos son violación de información confidencial, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes debido a que brindó información del caso contra Aldana que está en reserva desde el 18 de marzo pasado y cada 10 días ha avalado la prórroga.

“Se sabe que el juez Cruz es protegido por el Ministerio de Gobernación y la SAAS -Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de Guatemala- cuya función es cuidar al presidente”, afirmó Pérez.

Pérez y Véliz son cercanos a la exfiscal Aldana.

Contenido relacionado

>Capturan en Guatemala al “corrupto”, uno de los salvadoreños más buscados

>Cedecon pide al MP que investigue a los exmilitares que amenazan con boicotear las elecciones

>Juzgado pide orden de captura internacional en contra de Thelma Aldana

TE PUEDE INTERESAR:

CC posterga conocer el caso contra Sandra Torres

En la puerta de la judicatura estaban tres hojas de papel con las audiencias programadas. Llamó la atención que el proceso 01070-2019-00109 no estaba en el listado, aunque sí en la página del Organismo Judicial (OJ). El personal evitó brindar alguna información.

A las 11 horas acudió uno de los integrantes de la Fiscalía de Delitos Administrativos porque estaba citado a la indagatoria de Bonilla. El juez Cruz le explicó que la audiencia se había suspendido debido a las acciones judiciales del decano.

Uno de los recursos de Bonilla fue que la Corte de Constitucionalidad (CC) avaló la impugnación que interpuso relacionada a que carecía de las actuaciones del caso, es decir, el expediente que el juez Cruz mantiene en reserva desde el 18 de abril pasado cuando firmó la orden de aprehensión de Aldana.

Esta sentencia del máximo ente legal le ordena al juzgador que en 48 horas emita nueva resolución relacionada al pedido que hizo Bonilla de tener la copia del expediente en sus manos.

Lee además: EE. UU. incrementará ayuda a Guatemala, El Salvador y Honduras contra la corrupción y el crimen organizado

Protección

Además, el magistrado Freddy Fernández, presidente de la Sala Primera de Apelaciones Penal, le otorgó medidas de seguridad a Bonilla después de haber practicado una exhibición personal. El supuesto vejamen que denunció el decano fue que sería procesado en la audiencia y enviado a prisión. Además, se conocieron supuestos quebrantos de salud, aunque los detalles no fueron proporcionados.

La protección que goza Bonilla vence en 48 horas hasta que el fallo quede firme y se dilucide que se carece de temor que adujo de ser procesado y enviado a prisión.

Te puede interesar: Revés para Felipe Alejos: CSJ debe conocer de nuevo el expediente de retiro de inmunidad

La investigación

Una fuente judicial confió que ante el juez Cruz se prevé que declaren, bajo reserva, testigos relacionados a la contratación de Bonilla.

Recientemente, Aldana brindó una entrevista a una cadena de noticias estadounidense, en donde se refirió a que había platicado con el decano Bonilla. Después se refirió a que había sido contratado, aunque no finalizó todas las pláticas educativas a los fiscales y cobró el salario.

La conducta que encuadra a Aldana ya no sería por la supuesta plaza fantasma sino recaería solo en Bonilla por haber incumplido con el contrato. Aunque esa calificación jurídica queda a criterio del juez Cruz cuando le sea planteado.

“Vamos por ustedes”, advierte Embajada de Estados Unidos y MP a los coyotes

Recusaciones y denuncia

Bonilla y la agrupación política Movimiento Semilla interpusieron recusaciones contra Cruz, quien tiene abierto un expediente en la Fiscalía contra la Corrupción porque habría cobrado un monto millonario para avalar la orden de aprehensión de Aldana.

Por parte del partido político también existe una denuncia contra el juez Cruz porque le confirmó al vocero del OJ, Mario Siekavizza, que era verídica la orden de captura contra Aldana después que fue filtrada la hoja en las redes sociales en abril pasado.

Contenido relacionado

LEE ADEMÁS:

Avanzan antejuicios contra diputados por caso Subordinación

Fuentes del Organismo Judicial (OJ) confirmaron que, Cruz Rivera, además de los dos policías, tiene otros tres guardias encargados de sus traslados en un automóvil blindado con la matrícula P477FTT, que le asignó el Ministerio de Gobernación (Mingob).

Hoy es el juez más protegido de los más de mil 100 que tiene el OJ. Incluso supera la protección que mantienen los juzgadores de alto impacto, Érika Aifán, Sara Yoc, Yassmín Barrios, Miguel Ángel Gálvez y Pablo Xitumul, quienes tienen menos agentes para su protección y han conocido diversos casos de corrupción.

En el aparato de Justicia Cruz solo es superado en cantidad de agentes asignados por los 13 miembros de la Corte Suprema de Justicia. Por motivos de seguridad, los magistrados no revelan la cifra de agentes que les protegen, pero una fuente confió que son más de los cinco agentes que deben dar seguridad a estos jueces.

El vehículo negro donde se traslada Cruz Rivera desde marzo pasado permaneció estacionado en el segundo sótano de la Torre de Tribunales durante la mañana. Por la tarde uno de los guardias lo retiró del lugar.

La protección con que cuenta Cruz fue compartida por el matutino elPeriódico. Tiene seguridad del Mingob y de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de Guatemala (SAAS), según la publicación.

Ofreció brindar detalles

En el juzgado se intentó hablar con Cruz Rivera y se informó que esperaría a que la Asociación de Jueces y Magistrados se pronunciara. Fue el juez Mynor Moto, quien dirige la Asociación, el que contestó una llamada telefónica y confirmó la protección al juzgador.

“Personal del Ministerio de Gobernación se acercó al juez y por monitoreo de medios aconsejaron que su nivel de seguridad fuera más de lo normal, a efecto de garantizarle a él su vida, porque representaba un riesgo alto”, mencionó Moto desde Kingston, Jaimaica, a donde viajó por la reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Moto agregó: “En ningún momento tuvo reuniones con el ministro -Enrique Degenhart-, mucho menos con el presidente -Jimmy Morales Cabrera-, con un funcionario ejecutivo, ni de la SAAS, específicamente, porque esa es la crítica. El juez ignora las circunstancias del vehículo porque el vehículo se lo dio Gobernación”.

Por la tarde se volvió a consultar en la judicatura si Cruz iba a brindar una declaración como había informado durante la mañana. Un oficial de audiencias hizo la consulta y explicó que “no había alguna postura”.

Lee además: Los tres argumentos con los que Fernando Linares-Beltranena pide que Thelma Aldana sea extraditada

La seguridad del OJ

El vocero del OJ, Mario Siekavizza, dijo que el juzgador Cruz cuenta con “seguridad institucional”, aunque los detalles fueron omitidos debido a que es “la protección del juez”.

La protección a Cruz por el OJ fue avalada desde el 19 de marzo pasado, un día después de que firmó la orden de aprehensión de la exfiscal General, Thelma Aldana, quien espera que la Corte de Constitucionalidad (CC) le otorgue un amparo para ser inscrita ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) como candidata presidencial por el partido Movimiento Semilla. Aunque se evitó especificar si fue Cruz quien hizo la solicitud.

Investigación en su contra

La Fiscalía contra la Corrupción abrió un expediente en torno a Cruz quien, según el diario elPeriódico, habría recibido un soborno por haber solicitado la orden de captura contra Aldana, exfiscal general, y por recibir seguridad presidencial.

En Gobernación, el vocero Fernando Lucero, se le consultó por qué Gobernación le brinda un blindado y seguridad al juzgador, pero no hubo alguna respuesta.

Alfredo Brito, secretario de Comunicación de la Presidencia, informó: “Tengo entendido que hay un convenio de cooperación interinstitucional con el Mingob y la SAAS, si se le brinda seguridad es porque el mismo juez solicitó a Gobernación la misma, este a su vez pidió apoyo a la SAAS, esto después de un análisis de riesgo”.

Secretismo

Cruz mantiene en reserva la causa 01070-2019-00109, en la que firmó la orden de aprehensión contra Aldana el 18 de marzo pasado. Además, citó a Dimas Gustavo Bonilla, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

El caso está en la Fiscalía de Delitos Administrativos y se refiere a una supuesta plaza irregular que Aldana le otorgó a Bonilla cuando dirigió el Ministerio Público.

Esta semana, la Sala Segunda de Apelaciones Penal otorgó un amparo provisional a Bonilla debido a que el juez Cruz se negó a entregarle los documentos del caso por lo que la audiencia de primera declaración a Bonilla queda en suspenso.

El caso se refiere a su responsabilidad en la contratación del abogado Bonilla, quien, según la Fiscalía de Delitos Administrativos, no cumplió con su trabajo de capacitador en esa institución en el 2014 y 2015, para lo cual ganó Q236 mil 774.19.

El contrato establecía que Bonilla debía hacer guías didácticas, guías de trabajo, planes docentes e informes de sus capacitaciones.

¿Quién es el juez?

Cruz Rivera asumió el año pasado la titularidad del Juzgado Décimo Penal. Antes estuvo en el Tribunal de Sentencia de Jalapa. Entre sus resoluciones que han sido cuestionadas por el ente acusador están el retraso de la audiencia de etapa intermedia de la magistrada separada de la CSJ, Blanca Stalling.

También otorgó arresto domiciliario al exministro de Gobernación, Salvador Gándara, y al ex secretario privado de la Presidencia Gustavo Alejos. Las resoluciones se hicieron cuando cubría las vacaciones del juez Undécimo, Eduardo Cojulún.

Otra resolución que no compartió el MP fue haber otorgado arresto domiciliario a la exjunta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el 9 de febrero pasado.

Recientemente fue asignado por resolución de una sala al caso del MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) denominado Subordinación en el Congreso que tiene a siete diputados, entre ellos Estuardo Galdámez, candidato presidencial, y al ministro de Economía, Acisclo Valladares.

El juez Cruz permanece en la judicatura desde la mañana. Ha realizado algunas audiencias de personas citadas que gozan de arresto domiciliario. pic.twitter.com/5AADRRFzIy

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) May 8, 2019

Contenido relacionado

LEE ADEMÁS:

Reformas y capacitación centran plan del nuevo contralor Edwin Salazar

El caso ya va por la segunda reserva, con lo cual las partes quedan en la prohibición de dar información. El 27 de marzo se venció la primera reserva y el juez la amplió durante 10 días más.

Bonilla es abogado y actual decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

La Fiscalía de Delitos Administrativos, a cargo de Melvin Medina, no ha revelado los delitos que le atribuye a Bonilla.

Lea más: Agentes se gradúan después de cuatro meses de haber terminado sus cursos

En cambio, se sabe más sobre Aldana en torno al caso. Se le atribuye responsabilidad en la contratación de Bonilla bajo el renglón 029, desde el 6 de enero al 31 de diciembre del 2015, con un pago de Q16 mil 774.19 en enero y otros 11 salarios de Q20 mil entre febrero y diciembre, para un total de Q236 mil 774.19.

Según el contrato, el decano tenía la obligación de elaborar guías didácticas, planes docentes, guías de trabajo y agendas académicas de cada actividad de capacitación que efectuara.

La exjefa del Ministerio Público es señalada de los delitos de peculado por sustracción en forma continuada, falsedad ideológica y casos especiales de defraudación aduanera.

El juzgado mantiene la orden de captura contra Aldana, a quien el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le revocó la inscripción como candidata presidencial por la agrupación política Movimiento Semilla.

¿Orden de captura internacional?

Prensa Libre buscó comunicarse con Medina para saber si ha quedado descartado o no ampliar la orden de captura para que Aldana sea buscada por la Interpol, pero no respondió las llamadas.

Contenido relacionado

>Señalamiento contra Gustavo Bonilla por plaza irregular

>Los compromisos de Gustavo Bonilla con el MP

>Aldana con orden de captura