Qué plantea la iniciativa de ley para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero en Guatemala

El Pleno del Congreso de la República comenzará la discusión de la iniciativa de ley contra lavado de dinero que tiene como fin modernizar controles contra delitos financieros en Guatemala.

Urias Gamarro

4 de marzo de 2026

|

13:52h

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La instancia de jefes de bloque del Congreso de la República, programó conocer la iniciativa 6593, “Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo”. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

El pasado lunes 2 de marzo, en la reunión semanal de la instancia de jefes de bloque del Congreso de la República, se programó conocer la iniciativa 6593, “Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo”, por lo que se entrará a su discusión y eventualmente a su aprobación en las siguientes semanas.

El dictamen favorable a la iniciativa 6593, emitido por la Comisión de Economía del Congreso, propone modernizar el marco legal guatemalteco para la prevención y represión del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, con el objetivo de alinearlo con estándares internacionales y preparar al país para la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), programada para el 2027.

La propuesta introduce cambios estructurales en el sistema antilavado del país y, según el dictamen, busca fortalecer tanto el sistema preventivo como el régimen sancionatorio, así como mejorar la coordinación institucional.

1. Modernización del sistema antilavado

Una de las principales novedades es que la iniciativa plantea actualizar el marco legal vigente, que tiene más de dos décadas, para adaptarlo a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

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La Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG) señala que la iniciativa busca:

• Modernizar el régimen antilavado del país
• Incorporar un enfoque basado en riesgo
• Fortalecer la coordinación institucional
• Actualizar obligaciones para los sujetos obligados
• Mejorar el régimen administrativo y de supervisión.

Según la CFG, el dictamen mantiene el objetivo central de cumplir con las recomendaciones de GAFILAT y alinearse al estándar internacional.

2. Enfoque basado en riesgo

El dictamen incorpora un modelo utilizado internacionalmente conocido como “enfoque basado en riesgo”, que obliga a las instituciones a identificar, evaluar y mitigar los riesgos de lavado de dinero según:

• El tipo de cliente
• El producto financiero
• El canal de operación
• El origen geográfico de las transacciones.

Desde la perspectiva de la Cámara de Finanzas, este cambio refleja el cumplimiento de las 40 recomendaciones del GAFI, que promueven sistemas preventivos más sofisticados y diferenciados según el nivel de riesgo.

3. Ajustes técnicos en el dictamen

Aunque la iniciativa mantiene su objetivo original, el dictamen incorpora enmiendas orientadas a mejorar su aplicación práctica, según la Cámara de Finanzas.

Las modificaciones más relevantes se concentran en tres áreas:

Definiciones y conceptos del régimen preventivo

Se precisan conceptos clave como:

• Enfoque basado en riesgo
• Debida diligencia
• Persona políticamente expuesta (PEP)
• Beneficiario final.

Estas definiciones son fundamentales para el funcionamiento del sistema de prevención.

Delimitación de personas obligadas

El dictamen introduce ajustes en la forma en que se definen e incorporan los sujetos obligados, es decir, las personas o entidades que deben aplicar controles contra el lavado de dinero.

Esto incluye:

• Instituciones financieras
• Empresas que realizan determinadas actividades comerciales
• Algunos profesionales cuando participan en operaciones específicas.

Coherencia con el marco jurídico nacional

También se introdujeron cambios para armonizar la iniciativa con otras leyes nacionales y con estándares internacionales, con el fin de evitar contradicciones legales.

Según la Cámara de Finanzas, estas enmiendas no cambian el propósito de la iniciativa, sino que buscan mejorar su consistencia normativa y facilitar su implementación.

4. Fortalecimiento institucional

El dictamen también propone fortalecer el sistema institucional encargado de prevenir el lavado de dinero.

Entre los aspectos señalados destacan:

• El fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (IVE)
• Una mayor coordinación entre entidades del Estado
• mejoras en la supervisión y el régimen administrativo.

De acuerdo con la Cámara de Finanzas, los cambios buscan afinar el diseño institucional y los mecanismos de cumplimiento, para que el sistema pueda funcionar de manera más efectiva.

5. Preparación para la evaluación internacional

Tanto el dictamen y otras fuentes oficiales señalan que uno de los objetivos de la iniciativa es preparar al país para la próxima evaluación internacional del sistema antilavado.

La Cámara de Finanzas indica que la alineación con estándares internacionales no debe entenderse como un tema sectorial, sino como una decisión de Estado, ya que una legislación moderna:

• Mejora la reputación del país
• Reduce riesgos internacionales
• Evita posibles impactos económicos derivados de sanciones o listas de vigilancia financiera.

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6. Próximos pasos en el Congreso

El dictamen favorable permitirá que la iniciativa continúe su trámite legislativo en el Congreso.

La Cámara de Finanzas indicó que corresponderá a los diputados definir el avance del proyecto, aunque expresó que existe expectativa de que el proceso avance para que Guatemala cuente con un marco robusto contra la economía criminal.

Una vez aprobada la ley, las autoridades deberán emitir los reglamentos necesarios para su implementación.

En síntesis

Las principales novedades del dictamen de la Iniciativa 6593 se centran en:

• Modernizar la legislación antilavado
• Incorporar un enfoque basado en riesgo
• Precisar definiciones clave del régimen preventivo
• Ajustar el alcance de los sujetos obligados
• Fortalecer la coordinación institucional y la supervisión
• Alinear la legislación guatemalteca con estándares internacionales.

Según la Cámara de Finanzas de Guatemala, las enmiendas introducidas en el dictamen buscan mejorar la aplicación práctica de la ley sin modificar su objetivo principal: combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y preparar al país para la evaluación internacional del sistema antilavado.

Comisión de Economía aplaza dictamen de ley contra el lavado de dinero

En pausa se quedó el dictamen favorable a la iniciativa 6593, “Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo”, por parte de la Comisión de Economía del Congreso, que lo postergó para el lunes 23 de febrero.

Urias Gamarro

16 de febrero de 2026

|

19:01h

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Los diputados que integran la Comisión de Economía decidieron aplazar la emisión del dictamen de la iniciativa 6593, “Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo”, pese a que esta presenta tiempos cruciales para su aprobación. (Foto Prensa Libre: Cortesía Congreso de la República)

Los diputados que integran dicha comisión decidieron aplazar la emisión del dictamen, pese a que la iniciativa presenta tiempos cruciales para su aprobación.

La tarde de este lunes 16 de febrero se celebró la discusión y el análisis entre los congresistas; sin embargo, se acordó recibir nuevamente aportes para “aclarar” ciertos artículos.

Durante el debate se reiteró la urgencia de aprobar la iniciativa 6593, “Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo”, cuyo objetivo es actualizar la legislación vigente y cumplir con el proceso de evaluación mutua por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

La evaluación a Guatemala está prevista para febrero del 2027, tras haber sido reprogramada.

El sector bancario y financiero se mantiene a la expectativa del avance de esta normativa, debido a que ingresar a la llamada lista gris —denominación de los países considerados poco cooperantes— tendría consecuencias devastadoras para el sistema nacional y para la imagen del país.

Diputados afinan detalles de ley antilavado

El diputado Jorge Ayala, uno de los ponentes del proyecto, informó que se presentó la propuesta de dictamen, la cual contiene amplios consensos y discusiones que se habían abordado en los últimos días.

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Sin embargo, durante la sesión y a último momento, otros diputados que integran esa sala de trabajo plantearon observaciones en “línea de enriquecer el proyecto”.

“Lo que observamos es que todos los diputados tienen anuencia de aprobar la iniciativa 6593 con las modificaciones requeridas. Pero hay algunos planteamientos, por ejemplo, sobre el artículo 42, que establece las responsabilidades y obligaciones de los profesionales como personas obligadas, para que podamos dejar más claro hasta dónde llegan esas obligaciones y cuáles corresponden, por ejemplo, a otras personas obligadas del sistema regulado financieramente”, indicó Ayala al concluir la sesión.

A su juicio, en la reunión hubo aportes significativos que pueden ser atendidos. Otras observaciones podrían contribuir a mejorar la redacción de artículos muy puntuales.

Pero reitero que existe toda la voluntad de aprobar la iniciativa, subrayó.

Debaten ajustes a registros y debida diligencia

Por su parte, Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas, que trabaja en conjunto el dictamen, aseveró que el artículo 42, que define las obligaciones de las personas obligadas en cuanto al registro de los clientes —como profesionales universitarios, abogados, contadores públicos y asesores jurídicos— establece un mecanismo simplificado de información.

Sin embargo, no se menciona la obligación de almacenar registros durante diez años.

“Para un abogado que trabaja de forma individual, mantener un registro digital de todas las presentaciones es complicado. El artículo ni lo excluye ni establece un procedimiento especial”, citó Estrada Domínguez.

En todo caso, afirmó que será necesario repensar el articulado para que avance en la dirección correcta, pero que también incluya elementos que definan con claridad las obligaciones de las personas obligadas en cuanto al registro y la debida diligencia.

“En este caso, puede ampliarse o agregarse algo para que quede claro”, agregó, y subrayó que Guatemala debe ajustarse a los estándares internacionales sobre prevención del lavado de dinero.

Durante la sesión se reconoció la necesidad de acelerar el proceso legislativo para emitir el dictamen la próxima semana.

En la sesión se reconoció la necesidad de acelerar el proceso legislativo de dictamen la próxima semana.

Observaciones buscan afinar redacción sin romper consensos

Al ser consultado el diputado Jorge Ayala sobre si se trataría de cambios de forma o de fondo a la propuesta, afirmó que se trata de aspectos que “básicamente aclararán de mejor forma el espíritu que ya está planteado. Algunas de ellas —creemos— son mejoras de redacción, según la propuesta de algunos diputados”.

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Estas observaciones deberán presentarse esta semana para ser atendidas, siempre que no representen riesgo de incumplimiento con las recomendaciones del Gafilat y del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).

El objetivo, explicó, es que la evaluación que se realice contemple estas recomendaciones, especialmente aquellas en las que ya se estaba parcialmente en cumplimiento.

Respecto a los tiempos de aprobación del proyecto, enfatizó que existe el compromiso, tanto de la Comisión de Economía como de la Comisión de Finanzas, de acompañar el proceso de dictamen y tenerlo listo para el próximo lunes 23 de febrero.

“A partir de ahí, exhortaríamos a la Junta Directiva a que inicie el proceso para agendar la iniciativa en las próximas discusiones del Pleno”, remarcó.

Nueva ley portuaria divide criterios entre comisiones legislativas y gobernanza divide los dictámenes

La Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República emitió dictamen favorable a la iniciativa de Ley General del Sistema Portuario Nacional el 9 de febrero, con algunas diferencias respecto del emitido la última semana de enero por la Comisión de Comunicaciones.

Rosa María Bolaños

11 de febrero de 2026

|

05:00h

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En el Congreso de la República las comisiones de Economía y de Comunicaciones han discutido las propuestas de ley para el sistema portuario nacional. (Foto, Prensa Libre: cortesía).

El diputado Jorge Ayala, integrante de la Comisión de Economía, explicó que originalmente se trabajó con la idea de hacer un dictamen conjunto entre ambas comisiones, por lo que los equipos técnicos elaboraron una iniciativa de ley que integra dos propuestas (6527 y 6541) sobre el Sistema Portuario Nacional.

Sin embargo, expuso que, al preparar el dictamen, surgió una diferencia de criterio entre los integrantes de cada comisión en relación con el modelo de gobernanza del sistema portuario.

Derivado de ello, la Comisión de Comunicaciones emitió su dictamen la última semana de enero con una propuesta de gobernanza, y la de Economía lo presentó el lunes último con algunas modificaciones al documento trabajado en conjunto.

En el dictamen de la sala de Economía se abordaron requerimientos específicos planteados por el Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef) y la Comisión Portuaria Nacional (CPN), en cuanto a la definición y delimitación de responsabilidades de la autoridad marítima en temas de seguridad y protección bajo la nueva autoridad portuaria.

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Ayala señaló que la diferencia sustancial radica en el modelo de gobernanza. La propuesta de la Comisión de Comunicaciones incluye a cuatro representantes del Organismo Ejecutivo: los ministerios de Economía, Comunicaciones, Gobernación y Agricultura, además del sector privado por medio del Cacif.

En cambio, la propuesta de la Comisión de Economía incluye a tres representantes del Ejecutivo (Economía, Comunicaciones y Gobernación); sustituye al Ministerio de Agricultura por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), y otorga la quinta silla al Consejo de Usuarios de Puertos, figura creada por la ley, en la cual participan distintas cámaras empresariales.

Según Ayala, al integrar al Consejo de Usuarios se promueve “un proceso más abierto y democrático”, ya que, por ejemplo, en el Cacif no está incluida la Cámara de Comercio, que aglutina a numerosos empresarios medianos y pequeños, también usuarios relevantes de los puertos.

Por aparte, se integraron las observaciones del Mindef en tres áreas principales. Primero, su posibilidad de participar en la gobernanza. La Comisión de Economía propone su inclusión como invitados permanentes con derecho a voz, pero sin voto, en cumplimiento del artículo 131 de la Constitución, que establece que los puertos deben estar bajo autoridades civiles.

Se acordó que el Mindef podrá asistir permanentemente a reuniones, y participar en estructuras operativas en los puertos, como las fuerzas de tarea, en temas de seguridad.

Además, plantearon inquietudes sobre la definición de sus responsabilidades como autoridad marítima, en contraste con la institucionalidad de la nueva autoridad portuaria. Ayala indicó que se definieron mejor las competencias, ya que el Mindef, por mandato constitucional, es responsable de la seguridad y soberanía de las aguas territoriales, así como de la prevención de ingreso o salida de buques en los puertos del país.

Asimismo, se aclaró la responsabilidad de la autoridad portuaria respecto de la infraestructura en tierra y la protección de las instalaciones portuarias.

También se incluyeron definiciones sobre la aplicación del Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, que es necesario para la certificación de los puertos, y se detalló la competencia de cada entidad.

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El proyecto también establece un mecanismo de transición entre la Comisión Portuaria Nacional y la nueva Autoridad Portuaria Nacional, a fin de evitar vacíos en el traslado de funciones y atribuciones.

Qué procede

Al existir dos dictámenes, el pleno del Congreso debe conocerlos, agendar en el primer debate las iniciativas, informar que hay dos dictámenes para las mismas, leer ambos y preguntar al pleno cuál debe discutirse. El que reciba mayoría de votos será el que continúe su proceso legislativo, según explicó Ayala.

La Comisión de Economía aún recopila las firmas de sus integrantes y los votos concurrentes o razonados para el dictamen.

Desde AGEXPORT felicitamos a las Comisiones del @CongresoGuate por dictamen de la Ley General del Sistema Portuario Nacional.

Aquí nuestra postura pic.twitter.com/hCZNNMpuzP

— AGEXPORT (@AGEXPORTGT) February 10, 2026

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) se pronunció reconociendo la labor y los dictámenes que efectuaron ambas comisiones lo cual califican como “un primer paso decisivo para transformar y modernizar el sistema portuario de Guatemala”.

Agrega que los puertos son infraestructura estratégica para el comercio exterior por los cuales se moviliza el 74% del volumen total de la carga nacional, por lo que esperan se finalice la aprobación en el proceso legislativo.

iniciativa

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Las seis alertas para el sistema financiero nacional si no se aprueba la ley contra el lavado de dinero

El sector bancario y financiero alertó de los riesgos para Guatemala en caso de que no se apruebe la iniciativa de ley que actualiza el combate al lavado de dinero, una exigencia internacional.

Urias Gamarro

23 de octubre de 2025

|

00:10h

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Miembros de la Comisión de Economía del Congreso llevaron a cabo una reunión en la que participaron la Superintendencia de Bancos (SIB) y representantes de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) y de la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG). (Foto Prensa Libre: Congreso)

Por lo menos seis grandes riesgos fueron identificados por el sector bancario y financiero, si no se avanza en la aprobación de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento al Terrorismo.

Miembros de la Comisión de Economía del Congreso de la República llevaron a cabo ayer una reunión en la que participaron la Superintendencia de Bancos (SIB); la Intendencia de Verificación Especial (IVE) —que funciona como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en Guatemala—, y representantes de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) y de la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG), quienes expusieron la normativa.

Los expositores Saulo De León Durán, titular de la SIB; Roberto Ortega Herrera, asesor de la ABG; y José Estuardo Córdova, director ejecutivo de la CFG, presentaron sus puntos de vista sobre la iniciativa, así como observaciones y la necesidad de avanzar en el proceso de dictamen, discusión y aprobación en el Pleno.

Recordaron que, en febrero del 2027, se llevará a cabo la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), un compromiso internacional para el cumplimiento de estándares frente a tipologías modernas de delitos financieros, como el uso de activos virtuales, estructuras corporativas transaccionales complejas, así como el combate al crimen transnacional y a las pandillas, que fueron declaradas como terroristas en Guatemala.

Los miembros de la Comisión acordaron instalar una mesa para comenzar la discusión.

Ley evitaría castigo internacional

Durante la sesión, los participantes reiteraron la necesidad de aprobar la ley actualizada para evitar que el país sea incluido en la denominada lista “gris”, lo que tendría consecuencias económicas y reputacionales.

Se citaron los casos de Panamá, República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Colombia, países de la región que estuvieron en esa lista y que debieron trabajar en la implementación de leyes similares, aplicar nuevos enfoques y fortalecer la responsabilidad de las personas obligadas.

Afectaría remesas e inversión

Los representantes de la ABG y la CFG advirtieron a los legisladores que una eventual designación en la lista “gris” podría tener consecuencias graves, las cuales ya han sido analizadas en el contexto actual del país, tanto para el sector financiero como para los usuarios del crédito.

En un escenario de no aprobación de la ley, se expusieron los posibles impactos: la pérdida de corresponsalías bancarias, la percepción de alto riesgo para la inversión extranjera directa, el incremento en los costos de transacción y una mayor vulnerabilidad frente al crimen organizado.

Además, se insistió en que, si Guatemala es incluida en la lista “gris”, no podrá escalar hacia una calificación de grado de inversión por parte de las agencias calificadoras. También se anticipa una posible afectación a las remesas, debido al aumento en los controles y costos de las transacciones financieras.

Otra de las consecuencias señaladas en la sesión afecta a importadores y exportadores, en especial en operaciones mediante cartas de crédito y cobranzas documentarias con bancos, principalmente de Estados Unidos. Estas situaciones podrían traducirse en:

• Comisiones mayores: por la confirmación de las cartas de crédito para comercio exterior.
• Efectos colaterales: márgenes más altos.
• Plazos más largos: para revisión y pagos.
• Menor disposición: de los bancos para confirmar cartas de crédito provenientes de un país en lista “gris”.

“Si, desgraciadamente, la ley no fuese aprobada, entonces todas las deficiencias que fueron señaladas en la evaluación de 2015 continuarían, y no solo estas, sino incrementadas, porque han pasado 10 años.

Los requerimientos en materia de lavado de dinero y prevención del financiamiento del terrorismo se han incrementado por nuevas modalidades, criptomonedas, activos virtuales y similares que se están exigiendo”, afirmó Roberto Ortega Herrera, asesor de la ABG.

Entonces —dijo—, “la importancia de la aprobación es básicamente esa: que Guatemala no debería, bajo ningún punto de vista, correrse el riesgo de caer en una lista gris, porque eso afecta al país”.

Nueva ley es clave ante evaluación

El superintendente Saulo De León Durán recordó que es necesaria la modernización de la normativa. Señaló que el sistema de prevención de Guatemala requiere una renovación total y que “se está contra el tiempo”, debido a la llegada del equipo de evaluadores del Gafilat en el 2027.

“Se necesita una nueva ley que presentar y dar resultados con esa ley. Estamos urgidos de una respuesta oportuna por parte del Congreso de la República. En la reunión hubo bastante receptividad por parte de los diputados para poder avanzar en las discusiones y hacerla realidad”, apuntó el superintendente.

Tiempos apremian para aplicar nueva normativa

En ese mismo sentido, el asesor de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), Roberto Ortega Herrera, explicó que el llamado de urgencia a los diputados de la Comisión de Economía responde a que la ley entra en vigor seis meses después de su aprobación y que se dispone de un año para elaborar los reglamentos.

Por ello, dijo, es necesario acortar los plazos.

Ejemplificó que, si la ley se aprueba en noviembre o diciembre, al cierre del ciclo legislativo, podría entrar en vigor el 31 de marzo. “¿Por qué esperar seis meses? ¿Por qué no acortar el plazo a cuatro meses? ¿Y por qué la SIB no puede elaborar el reglamento en tres meses como máximo? Esto permitiría asegurar que el 30 de junio del 2026 ya se tenga la ley autorizada, sancionada, publicada, vigente y, además, reglamentada. Los tiempos son importantes”.

“Los tiempos están muy apretados, porque queremos que ya pueda estar implementada para las revisiones que comiencen en el segundo y tercer trimestre del 2027, durante la evaluación. Porque, cuando vienen a hacer la evaluación, lo hacen con base en información de meses anteriores”, agregó.

Agregó que lo ideal es que se firme un dictamen y, si se aprueba, mejor que sea este año. Pero, si no hay aprobación inmediata, se deberían acortar los plazos, para que, a más tardar el 31 de marzo o 30 de abril del 2026, la normativa ya esté reglamentada para el 30 de junio.

El asesor subrayó que, de esa forma, el país contaría con un marco jurídico aplicable desde el segundo semestre del año.

¿Mercado justo en Guatemala? Ley de Competencia: qué regula, quién la aplicará y por qué aún no está funcionando

Esta ley busca proteger al consumidor, evitar abusos y abrir los mercados. Pero la Superintendencia aún no puede operar completamente porque el Congreso no ha nombrado a todos sus representantes.

Glenda Burrión

26 de junio de 2025

|

09:00h

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La Ley de Competencia, pendiente de entrar en vigencia, crea una Superintendencia de Competencia, prohibiciones, un proceso para investigar y sancionar, aspectos que son comentados por analistas. (Foto, Prensa Libre: Freepik).

El 20 de noviembre del 2024, el Congreso de la República aprobó de urgencia nacional el Decreto 32-2024, conocido como la Ley de Competencia. 

Esta normativa tiene como objetivo abrir los mercados, fomentar la libre competencia y prevenir las prácticas anticompetitivas que puedan afectar la economía nacional y el bienestar de los consumidores. 

La iniciativa llevaba ocho años en espera desde su primera presentación y fue aprobada con 122 votos a favor, en un inusual momento de consenso entre los bloques legislativos. 

Su aprobación representa un paso decisivo para el desarrollo de una economía más competitiva, eficiente y transparente en el país.

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¿Qué busca la nueva Ley de Competencia? 

El eje central de la Ley es la protección del consumidor y la promoción de un entorno donde exista una variedad de oferentes y demandantes, evitando así monopolios que reduzcan la oferta, eleven los precios o deterioren la calidad de los productos y servicios. 

Además, prohíbe prácticas como la venta por debajo del costo con el fin de eliminar o bloquear a competidores, así como las condiciones discriminatorias que generen desventajas injustas entre consumidores o proveedores en situaciones similares. 

Principales medidas que establece la Ley de Competencia 

Entre los puntos más destacados del Decreto 32-2024, se incluyen: 

• Creación de la Superintendencia de Competencia, que será la entidad encargada de prevenir, investigar y sancionar las prácticas anticompetitivas. 

• Integración de un Directorio de tres miembros, nombrados por el Presidente de la República, el Congreso y la Junta Monetaria, con funciones clave como la elaboración del presupuesto de la Comisión y la garantía del respeto al debido proceso. 

Integración de la Superintendencia de Competencia 

La Superintendencia de Competencia estará conformada por seis directores: tres titulares y tres suplentes, designados por tres instituciones del Estado. 

Hasta el martes 24 de junio, ya habían sido nombrados y juramentados los representantes designados por el Presidente de la República en Consejo de Ministros: 

• Javier Enrique Bauer Herbruger, director titular. 

• Luis Guillermo Velásquez Pérez, director suplente. 

Por su parte, la Junta Monetaria también cumplió con su mandato, nombrando a: 

• Edgar Rolando Guzmán Fuentes, titular. 

• Alfredo Skinner-Klée, suplente. 

Rezago legislativo retrasa el funcionamiento de la Superintendencia 

Pese al consenso inicial, el proceso de implementación ha encontrado obstáculos.

Aunque la Superintendencia de Competencia estaba programada para iniciar operaciones el 23 de junio, el Congreso de la República aún no ha designado a su representante titular ni al suplente. 

La Comisión de Economía ya trasladó al Congreso una nómina de seis candidatos para la elección: 

• Javier Enrique Bauer Herbruger 

• Jorge Alberto Chen Sam 

• Juan Carlos Rodil 

• Jorge Mario González Paz 

• José Ramiro Martínez Villatoro 

• Edgar Rolando Yax Tezo 

Sin embargo, el receso legislativo y una sesión extraordinaria fallida han retrasado la designación, impidiendo que el nuevo ente regulador entre en funciones como estaba previsto. 

Multas y sanciones por prácticas anticompetitivas 

Según el Artículo 39 de la ley, las empresas que incurran en prácticas anticompetitivas podrán recibir multas de entre Q1 mil y Q20 mil salarios mínimos diarios no agrícolas, en función de la gravedad, duración y reincidencia de la infracción. 

Asimismo, se establecen sanciones para quienes presenten denuncias falsas o improcedentes. En caso de incumplimiento en el pago de las multas, se generarán intereses con base en el promedio ponderado de las tasas activas del sistema bancario nacional. 

¿Qué impacto tendrá en el mercado guatemalteco? 

Con la entrada en vigencia de esta ley, Guatemala se alinea con estándares internacionales para el funcionamiento de los mercados, buscando fomentar una competencia justa, abierta y regulada. 

La expectativa es que los consumidores puedan acceder a productos de mejor calidad, a precios razonables, mientras que los productores y empresarios operen en un entorno donde se respeten las reglas del mercado, se eliminen las prácticas abusivas y se promueva una mayor seguridad jurídica para la inversión. 

El Decreto 32-2024 se convierte así en una herramienta clave para garantizar el equilibrio en las relaciones comerciales y fortalecer el Estado de derecho económico en el país. 

Nota del Editor: El presente artículo fue modificado este viernes 27 de junio a las 9:50 horas , para aclarar sobre el punto en donde se mencionaba la formación de una comisión de competencia adscrita al Ministerio de Economía (Mineco). Sin embargo, el Mineco aclaró que dicha comisión formaba parte de la propuesta original de Ley de Competencia, pero fue excluida en el decreto final aprobado. Por lo tanto, el Decreto 32-2024 no contempla la creación de ninguna comisión adscrita al Mineco.

Señalamientos y denuncias marcan la candidatura de Juan Carlos Rodil Quintana como aspirante a director de Competencia

El abogado Juan Carlos Rodil Quintana, quien se postuló para integrar el Directorio de la Superintendencia de Competencia en las tres entidades nominadoras, ha sido objeto de señalamientos. Este jueves 19 de junio, la Junta Monetaria no lo eligió en la votación. El aspirante afirma que llevó a cabo los descargos.

Urias Gamarro

19 de junio de 2025

|

13:45h

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El abogado y economista Juan Carlos Rodil Quintana se postuló para integrar Directorio de la Superintendencia de Competencia. (Foto Prensa Libre: Urías Gamarro)

El abogado y economista Juan Carlos Rodil Quintana, quien se postuló para integrar el Directorio de la Superintendencia de Competencia, logró ingresar en los filtros finalistas con punteos altos, pero mantiene tachas.

Rodil Quintana tiene un denominador común: se postuló como representante titular y suplente en las tres entidades nominadoras, que son la Junta Monetaria (JM), el Congreso de la República y el Ejecutivo, proceso que llevó a cabo el Ministerio de Economía (Mineco), y que será evaluado en Consejo de Ministros.

En la selección que llevó a cabo la Junta Monetaria el jueves 19 de junio, el aspirante no fue elegido, por lo que habrá que esperar los resultados de las otras dos entidades nominadoras.

Señalamientos

En la sesión que celebraron los diputados que integran la Comisión de Economía del Congreso el pasado 29 de mayo, Rodil Quintana apareció en la lista de los seis candidatos con un punteo de 68.7.

En esa sesión, el presidente de la Comisión, el parlamentario Faver Salazar, informó que se habían recibido señalamientos en contra del candidato, pero que será el pleno quien decidirá y discutirá los argumentos presentados.

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En esa ocasión, Salazar argumentó que en la lista de finalistas trasladada a la Comisión Permanente se consignarían los señalamientos recibidos contra Rodil Quintana, como parte del acuerdo consensuado durante la sesión en la que se conoció su expediente.

La organización Guatemala Visible, en su página web, indica que se presentaron señalamientos contra Rodil Quintana, que existen pruebas de descargo, y que la revisión está pendiente en la Comisión de Economía.

El señalamiento público es “por hechos relativos a sus funciones como decano de la Universidad Da Vinci” y fue presentado por el abogado José Rodolfo Reyes Calderón.

A pesar de esa tacha, el aspirante continúa en el proceso y esta sigue en “trámite”.

Destituido como decano

Según Guatemala Visible, Rodil Quintana tiene en curso una denuncia en el Ministerio Público.

Fue destituido en 2020 como decano de la Universidad Da Vinci, por una supuesta falsificación de los certificados de graduación de doctorado y maestría de los profesionales Ranulfo Rojas Cetina y Marco Cornejo, quienes se presentaron para postularse como candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), cargos que finalmente obtuvieron, pero del cual están actualmente separados por orden judicial dentro de una investigación penal en su contra.

¿Quién es?

En su hoja de vida pública en Guatemala Visible, Rodil Quintana, de 52 años, nació el 2 de junio de 1972.

En 2024 participó como aspirante a magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Apelaciones (CA).

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Pleno del Congreso es convocado para dos sesiones en un día y diputados podrán cobrar las dietas de todo el mes

En 2019, en representación de la Universidad Da Vinci de Guatemala integró la Comisión de Postulación para elegir magistrados de la CSJ, en calidad de decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esa casa de estudios. También integró la comisión para magistrados de la Cámara de Apelaciones (CA) en ese mismo año.

En 2019 también formó parte de la comisión para la elección de magistrados del TSE, siempre en representación de la referida universidad. Y en 2018 fue comisionado para elegir al fiscal general del Ministerio Público.

Sombras

El 7 de septiembre de 2024, los integrantes de la Comisión de Postulación para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitieron un señalamiento contra el exdecano de la Universidad Da Vinci, Juan Carlos Rodil Quintana, presentado por el Consejo Directivo de esa universidad.

En esa ocasión, se señaló que “como decano y a la vez comisionado en la postuladora al TSE, extendió certificados académicos sin sustento, sin asegurarse de la veracidad y el grado académico, lo cual constituye una falta de honradez”.

Entonces, “la honorabilidad de una persona se refleja en su capacidad para actuar con integridad y ética, especialmente en posiciones de poder y responsabilidad. Al comprometer la veracidad de los certificados, el aspirante Juan Carlos Rodil Quintana pone en entredicho su compromiso con la verdad y la justicia, lo que es fundamental para alguien que aspira a ocupar cargos de relevancia en el ámbito judicial”.

Aspirante a director niega acusaciones y presenta descargos

Al ser consultado, el aspirante Juan Carlos Rodil Quintana explicó que fueron presentadas las pruebas de descargo y los señalamientos ante la Junta Monetaria (JM) y el Ministerio de Economía. En el caso del Congreso, señaló que únicamente se adjuntó el expediente del señalamiento.

Aclaró que, desde hace cuatro años, sostiene su inocencia frente a lo que considera falsas imputaciones relacionadas con su desempeño como decano de la Universidad Da Vinci.

“Cuando se me despide de la universidad, no recibí mis prestaciones laborales, por lo que tuve que acudir a los tribunales a demandar, lo que generó una enemistad profunda. A la fecha hay un adeudo de más de Q8 millones”, dijo.

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Comentó que ya hubo una investigación sobre los hechos, que fue cerrada en el Ministerio Público (MP), sin que se presentara imputación alguna.

“A la fecha, ninguna de las objeciones tiene mérito alguno, y se han convertido en señalamientos vengativos por las demandas laboral y penal”, enfatizó.

El aspirante reiteró que, en cuanto a los títulos falsos, no existe tal alegato, ya que se presentaron notas, pagos, exámenes y los títulos de acreditación. Por ello, afirmó Rodil, que no hay una titulación falsa.

“Es una situación personal por los problemas jurídicos que yo ocasioné”, apuntó Rodil Quintana.

Expectativa sobre la elección

Rodil Quintana aseguró que, en la juramentación del titular Édgar Guzmán y del suplente Alfredo Skinner-Klee Sol, realizada el jueves 19 de junio por la JM, se eligió a “profesionales de primera línea que contribuirán positivamente a la institucionalidad”.

A su juicio, “hay buenos profesionales que están participando en las otras entidades nominadoras”, y anticipó que “en el Congreso y en el Ejecutivo habrá una elección muy fuerte y difícil, pero que debe prevalecer la meritocracia”.

Concluyó que, en su caso, calificó en los listados de las entidades nominadoras.

Perfil académico

Según Guatemala Visible, estos son los grados académicos de Rodil Quintana:

• Doctorado en Derecho Tributario y Derecho Mercantil, Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), 2017.
• Maestría en Economía Empresarial, Universidad Francisco Marroquín (UFM), 2013.
• Maestría en Reingeniería y Tecnología de Aseguramiento, Universidad Galileo, 2006.
• Licenciatura en Economía, Universidad Rafael Landívar (URL), 2005.
• Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, Universidad Rafael Landívar (URL), 2002.

Experiencia en el sector público:

• Asesor jurídico en la Dirección General de Migración, 2009.
• Director de contrato abierto en el Ministerio de Finanzas, 2020.

En política partidista:

• Candidato a diputado por el distrito central por el partido Unión Republicana, 2023.
• Candidato a diputado por listado nacional por el partido Visión con Valores, 2015.

*Nota del editor: El presente artículo fue actualizado con la postura del candidato, Juan Carlos Rodil Quintana, hoy a las 17:00 horas.

Los 6 perfiles que seleccionó la Comisión de Economía y dos de ellos integrarán el Directorio de la Competencia

Los  integrantes de la Comisión de Economía eligieron este jueves la nómina de seis candidatos de los cuales el pleno del Congreso elegirá a sus representantes para integrar el primer Directorio de la Superintendencia de Competencia.

Urias Gamarro

29 de mayo de 2025

|

17:43h

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Los seis candidatos seleccionados por la Comisión de Economía del Congreso y dos de ellos deberá elegir el pleno para integrar el Directorio de la Competencia. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Los diputados integrantes de la Comisión de Economía eligieron a seis candidatos que se postularon para integrar el primer Directorio de la Superintendencia de Competencia y concluyeron el proceso de selección.

De los tres órganos nominadores, el Congreso de la República, presentó el listado de los seis candidatos que lograron las mejores notas y calificaciones de los criterios que establecieron.

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Durante la sesión celebrada la mañana de este jueves 29 de mayo por los integrantes de esa sala, se conoció el resultado de la nómina con el siguiente punteo.

1. Javier Enrique Bauer Herbruger: 79.9
2. Jorge Alberto Santiago Chen Sam: 69.7
3. Juan Carlos Rodil Quintana: 68.7
4. Jorge Mario González Paz: 63.8
5. José Ramiro Martínez Villatoro: 63.4
6. Édgar Rolando Yax Tezo: 62.3

La siguiente fase

El diputado Faver Salazar presidente de la Comisión de Economía, indicó que se realizará una publicación y luego se enviará a los miembros de la Comisión Permanente del Congreso que cumple las funciones de junta directiva, con la documentación correspondiente sobre el proceso llevado a cabo.

Explicó la selección del representante titular y suplente por el Congreso para integrar el Directorio de la Superintendencia de Competencia se deberá realizar en el pleno.

En cuanto a los perfiles de los nominados, Salazar precisó que son profesionales en varias ramas y que tienen la cualidades y calidades para ser elegidos en el Directorio.

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Aclaró que se estará solicitando a la Comisión Permanente para que pueda agendar la selección.

En tanto que el diputado Julio Héctor Estrada Domínguez, opinó que se ponderó y calificó de manera coordinadora y los resultados de las notas lo determinó el examen realizado.

“Son personas que tienen experiencia en la administración, en temas económicos y son profesionales que pueden tomar la estafeta”, aseguró.

Los otros órganos que deberán presentar la nomina es el Ministerio de Economía y la Junta Monetaria en los siguientes días.  

¿Qué es?

En noviembre del 2024 el Congreso aprobó la Ley de Competencia decreto 32-2024 y tiene como objetivo fomentar y proteger la libre competencia, promoviendo la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores, así como de sancionar las prácticas anticompetitivas.

La ley forma parte de la agenda legislativa económica y Guatemala es uno de los países rezagados en contar con una normativa de Ley de Competencia.

Se debe crear la Superintendencia de Competencia, como una entidad autónoma y descentralizada responsable de promover y proteger la libre competencia y se debe elegir a una autoridad que es el Directorio y un superintendente.

La función del Directorio de la Superintendencia de Competencia será como órgano superior de decisión, resolución y sanción de la ley.

Ley de competencia será conocida en el pleno del Congreso en su primer debate

Los integrantes de la Comisión de Economía del Congreso dictaminaron favorablemente ayer las iniciativas de ley sobre reformas a la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie) así como a la ley de Competencia iniciativa 5074, luego de una amplia discusión.

Urias Gamarro

19 de noviembre de 2024

|

05:00h

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Los integrantes de la Comisión de Economía dieron visto bueno a la iniciativa de la ley de competencia y reformas a la Ley de Anadie. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Minutos después de conocerse la votación en la Comisión de Economía, se llevó a cabo la sesión de jefes de bloque del Legislativo, y se programó la discusión en primer debate de la iniciativa de Competencia.

Ambas iniciativas, forman parte de la agenda legislativa económica, que llevaron una buena parte de la discusión sectorial, y el fin es brindar certeza a los agentes económicos.

Contenido

El diputado Jorge Ayala, presidente de la Comisión de Economía, explicó algunos de los términos en los cuales se dictaminó a favor la ley de Competencia, por lo que ahora entrará en discusión en el Pleno, y haber logrado un consenso fue el resultado de varios meses de trabajo.

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En la sesión de ayer, se entró a discutir el artículo dos, el diputado oficialista Samuel Pérez, presentó una propuesta alterna, sin embargo, aclaró que se mantuvieron los consensos.

El punto central de discusión sobre ese articulado es por las legislaciones específicas, puede conservar su rectoría de las agentes económicas en algunas o en sus actividades, “por lo que se necesitaba una redacción suficiente, como para que estos órganos especializados mantuvieran el liderazgo de su rectoría en sus temas, pero que de forma supletoria para que aplicará la ley de Competencia en temas que tienen que ver en prácticas anticompetitivas o prácticas de mercado”.

El objetivo es avanzar y entrar en discusión en el pleno del Congreso, sobre la iniciativa que se viene discutiendo desde 2016.

Pérez reconoció que fue muy positivo la aprobación de la ley, es un mensaje positivo, y se tiene la oportunidad de incluir en el pleno, pero que hay posiciones doctrinarias de la ley y se dejaba la puerta abierta para la exclusión de sectores, y la posición es que no se puede incluir a ningún sector de la aplicación de la ley de competencia, por qué se vuelve una ley de privilegios y eso no puede permitir su debida aplicación.

En todo caso, adelanto que se estarían presentando enmiendas en el pleno, cuando se entre a la discusión, pero todavía se podrían presentar consensos sobre la redacción.

Marco regulatorio

Para Jorge Miguel Castillo Castro, director de Promoción de Competencia del Ministerio de Economía (Mineco), fue fructífera en los términos de avance de la iniciativa, y en los temas como el ámbito de la aplicación se le brindará el espacio de hacer algunas modificaciones previo a la reunión en el Pleno.

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En términos generales, explicó que se lograron incluir aspectos técnicos “y consideramos que tendremos una buena ley, no perfecta, pero aplicable y que funcione”.

Reiteró que se investigarán prácticas anticompetitivas, se escuchará y obtener defensa por prácticas por eficiencia de los agentes económicos y se respetará el debido proceso para la presunción de inocencia.

El Directorio de la Superintendencia de Competencia, quedó establecido por tres titulares y tres suplentes, elegido por el presidente de la República en consejo de ministros, el Congreso de la República y la Junta Monetaria, y los candidatos pasarán a un examen de oposición.

Avance positivo

José Andrés Ardón, director ejecutivo del Instituto para la Competitividad Económica (ICE), consideró que es un avance importante, ya que es una prioridad en 2024 para los legisladores, sector privado organizado y centros de pensamiento económico.

Recordó que, al regresar la iniciativa para encontrar los consensos, se presentaron las enmiendas por lo que el dictamen responde a esos acuerdos, para que pueda hacer aprobado en el Pleno.

“Es un avance positivo; siempre habrá cuestiones que se tendrá que ir mejorando o modificando a lo largo del camino, pero eso la experiencia no los dirá diciendo”, concluyó.

Forman una Mesa Técnica de Competencia, mientras discusión de enmiendas continúa en el Congreso

En dos grandes temas de interés se concentran los consensos para el avance de la ley de Competencia en la Comisión de Economía del Legislativo.

Urias Gamarro

25 de junio de 2024

|

05:00h

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Los avances de la iniciativa 5074 fueron presentados durante la mesa técnica para la competencia. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

La sincronización del tiempo político en el Congreso de la República, más las enmiendas a la iniciativa 5074 ley de competencia, sobre todo de los temas de mayor interés de los bloques legislativos, marca la discusión de los integrantes de la comisión de Economía esta semana.

Jorge Ayala, presidente de la referida sala de trabajo, dio a conocer el estatus de la discusión de las enmiendas, así como los planes para lograr consensos entre los diputados en julio, para así presentar las enmiendas finales en agosto, cuando inicia el segundo periodo de sesiones del Organismo Legislativo y continuar con su aprobación.

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El parlamentario indicó con las discusiones se busca garantizar el apoyo de las diferentes bancadas en el Pleno y lograr los 107 votos que se necesitan.

Bajo análisis

Durante la presentación de la mesa técnica sobre competencia, integrada ayer por el Instituto de Derecho de la Competencia (IDC), el Consejo Nacional Empresarial (CNE), la Universidad Rafael Landívar (URL) y el Ministerio de Economía (Mineco), Ayala reconoció que se tratan dos temas centrales en la referida comisión: el titulo 1 que trata sore las prácticas monopólicas absolutas y relativas, así como la carga de la prueba; y la creación de la entidad rectora.

Mencionó que una de las ventajas es que al momento de votar por las enmiendas, la mayoría de integrantes de la comisión serían parte del dictamen de manera automática.  Citó como ejemplo que conseguir los 11 votos en la comisión no es difícil, sino que reiteren su apoyo como bloques legislativos a la hora de la aprobación en tercera lectura, por artículos y redacción final, por lo que se buscan “equilibrios” entre los diferentes bloques.

En la comisión se ha discutido qué es una práctica absoluta, el daño que puede ocasionar y cómo la autoridad es la responsable de determinar esa práctica, ejemplificó.  

El otro asunto que está generando debate es la creación de la Superintendencia de Competencia como un órgano autónomo e independiente. Según el cronograma, se pretende avanzar en julio con las discusiones para así presentar las enmiendas en agosto.

Expectativas

Antonio Romero, viceministro de Economía, dijo que sobre los puntos sensibles que señaló el legislador, la creación de una Superintendencia de Competencia tendría que ser aprobada por 107 votos, lo que implica un consenso bastante amplio.

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Discusiones sobre enmiendas a la iniciativa de ley de competencia siguen en el Congreso

“Sin duda, la creación de una Superintendencia ha sido uno de los temas más discutidos porque ahí entran elementos de quienes van a formar la autoridad, sus funciones y atribuciones y eso es uno de los puntos de debate, así como el alcance de las disposiciones sobre prácticas absolutas y relativas”, precisó. También alertó que hay discusiones de posibles excepciones sectoriales, pero el Mineco no está de acuerdo con ello.

Finalmente, Guillermo Díaz, coordinador del Instituto de Investigación en Ciencias Socio Humanistas de la Universidad Rafael Landívar (URL), afirmó que continúa el análisis de las propuestas y los puntos de vista de cada bloque, lo cual es un desafío “porque cada uno busca llevar agua a su molino y privilegiar sus intereses”.

En todo caso, coincidió con Ayala en el sentido de que asegurar los 107 votos será el gran desafío, más allá de que el contenido de la iniciativa de ley pueda satisfacer a todos, ya que en política económica, siempre hay ganadores y perdedores.

Discusiones sobre enmiendas a la iniciativa de ley de competencia siguen en el Congreso

La iniciativa de ley 5074 aún está pendiente de nuevo dictamen, tras haberse recibido más de 90 propuestas de enmiendas antes de llevarse a tercera lectura y redacción final. 

Urias Gamarro

6 de junio de 2024

|

05:00h

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La iniciativa de ley de competencia sigue en discusión de las enmiendas por los diputados. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Los diputados que integran la Comisión de Economía continúan con la discusión de las enmiendas a la iniciativa 5074 Ley de Competencia, en la búsqueda de potenciales consensos.

De momento, se realiza el análisis por artículos, a efecto de lograr acuerdos y poder enviar el dictamen al Pleno para continuar con su aprobación en tercera lectura y redacción final, informaron algunos legisladores.

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Para José Andrés Ardón, director ejecutivo del Instituto para la Competitividad Económica (ICE), el ejercicio es positivo, ya que la idea es garantizar que la discusión en el Pleno se lleve a cabo sin mayores contratiempos.

“Se continúan leyendo los artículos y ya en está por concluir la lectura de todas las enmiendas que se presentaron y a partir de ahí, se decidirá cuáles enmiendas se quedan y cuáles no”, apuntó Ardón.

Afirmó que una de las mayores preocupaciones es que se logren los 107 votos para la aprobación en tercera lectura “porque si no pasa, la iniciativa se engaveta”, por lo que hay que trabajar en los consensos previos, para que esto no ocurra.

Como ICE, recomiendan que no se presente un pliego de enmiendas, sino pocas (entre 10 y 15) que ya se han identificado como las más importantes; en segundo lugar, que estas no retrocedan en la esencia de la ley y lo tercero, que la coyuntura política sea ideal para presentarla al Pleno.

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“Esto podría ocurrir en la primera o segunda semana tras el receso parlamentario, si se cumplen los lineamientos antes citados”, puntualizó el directivo.

En todo caso, había un escenario que la iniciativa podría ser conocida durante una sesión extraordinaria en el receso parlamentario, “pero lo más probable y prudente es hacerlo en agosto próximo”.

También sugirió que se evite que la discusión de la iniciativa 5074 de forma simultánea con la elección de nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia y de Salas de Apelaciones, o del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos 2025.

Se alejan las posibilidades de aprobación de la ley de competencia, afirman analistas

Aunque se reiteró que la aprobación de la iniciativa 5074 era prioritaria en la agenda legislativa, está ya casi quedó postergada hasta el reinicio de sesiones en agosto próximo.

Urias Gamarro

11 de mayo de 2024

|

05:00h

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Las posibilidades que antes del 15 de mayo el Congreso apruebe en tercera lectura la ley de competencia parece que se han dispersado. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Las posibilidades que antes del 15 de mayo el Congreso apruebe en tercera lectura y por artículos la iniciativa 5074, ley de competencia, parece que se han dispersado.

La meta de que Guatemala contara con un marco regulatorio sobre el libre mercado durante el primer semestre se aleja y hay varios escenarios que se está manejando para continuar su avance cuando se inicie el segundo ciclo de sesiones legislativas en agosto próximo.

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Mientras tanto, en la Comisión de Economía del Congreso continúa el proceso de discusión de más de 90 enmiendas a la referida iniciativa, por lo que aún no se cuenta con un borrador final, mucho menos con un dictamen.

Escenario actual

El diputado Jorge Ayala, presidente de la comisión indicada, al dar un estatus de la iniciativa informó que en instancias de jefes de bloque se agendó en dos ocasiones la tercera lectura,  para la cual se requiere la presencia y voto de 107 diputados, pero en ninguna de estas ocasiones se ha contado con el quorum requerido, por lo que ve complicado que pueda agendarse antes del receso parlamentario, que inicia el 16 de mayo.

Esto, a pesar de la voluntad manifestada por la mayoría de los bloques parlamentarios que han apoyado la aprobación de la normativa. No obstante, José Andrés Ardón, director ejecutivo del Instituto para la Competitividad Económica (ICE), consideró que fue correcta la decisión de leer y analizar detenidamente las modificaciones propuestas, de manera que la ley cuente con fortaleza técnica. 

Enrique Lacs, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas, mencionó que la iniciativa de ley de competencia se está revisando a profundidad, lo que es conveniente, para que, al aprobarse, la ley sea viable para una economía como la de Guatemala.

En tanto, Carlos Yax y Luis San José, del Consejo Nacional Empresarial (CNE) dijeron saber que en la Comisión de Economía ya se discutieron varios capítulos a la luz de las enmiendas y se están tratando de nuevo las definiciones relacionadas a la normativa, por lo que el proceso está avanzando.

¿Qué es lo que viene?

A los consultados se les solicitó un escenario para el segundo semestre y Ayala enfatizó que de lograrse los consensos a las enmiendas “podríamos solicitar que se agende en alguna de las sesiones que se convoquen durante el receso parlamentario”. 

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Para Ardón es lo más probable que se quede para el segundo semestre porque aún falta la aprobación en tercera lectura y “en las últimas sesiones ordinarias no se logró alcanzar el quórum de 107 diputados”.  

Más allá va el director de CGBA, al asegurar que dado el avance de la revisión de propuestas, los plazos legislativos y la agenda del Congreso, la iniciativa tal vez se conocerá en los próximos meses, si mantiene el estatus de prioridad en ese organismo.

En tanto que el CNE es de la idea que el proceso de aprobación se ha interrumpido por otras iniciativas de alta prioridad en la discusión pública nacional, así que se espera que pueda continuar con la mayor prontitud posible.

Debate de enmiendas

Ayala actualizó el proceso de discusión de las enmiendas, y manifestó que en la Comisión de Economía ya conoció las enmiendas presentadas a 14 artículos del título dos y está programada una reunión para conocer las del título tres, para el próximo miércoles 15 de mayo.

Agregó que, de forma simultánea, se constituyó una instancia técnica con los asesores de los diputados integrantes de la sala de trabajo y de quienes presentaron propuestas de enmiendas con la dinámica que ellos conocen y las debaten. Este equipo se reunirá la próxima semana y trasladará sus observaciones a los diputados.

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Por su parte, Ardón apuntó que “se espera que las bancadas puedan llegar a consensos estables que permitan que las enmiendas propositivas sean aprobadas en el pleno durante la discusión de redacción por artículos. En ese sentido, es importante que los diputados también sean receptivos a los análisis técnicos que se han compartido en diversos momentos y espacios, para que la iniciativa contenga elementos técnicos”.

Finalmente, Lacs Palomo manifestó que es importante que “esta ley no socave la seguridad jurídica y que contribuya a la competencia del mercado con agentes económicos que se adapten a las condiciones regulatorias que se aplicarán”.

Comisión de Economía recibirá propuestas de enmiendas a la ley de competencia

Un espacio para discutir potenciales enmiendas a la iniciativa 5074, Ley de Competencia, que ya avanzó a segunda lectura, abrió la comisión respectiva en el Congreso.

Urias Gamarro y Douglas Cuevas

12 de abril de 2024

|

05:00h

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El Pleno del Congreso conoció en segunda lectura la iniciativa 5074, Ley de Competencia. (Foto Prensa Libre: Exbín García)

La Comisión de Economía del Congreso decidió conocer posibles enmiendas al texto de la iniciativa 5074, Ley de Competencia, antes de ser conocida en tercer debate y redacción final, tras ser aprobada ayer en segunda lectura.

La idea es discutir posibles cambios en esa comisión y no durante el pleno, aunque las propuestas de cambios solo serán presentadas y conocidas por los bloques legislativos y el cierre de la discusión será para el próximo 19 de abril.

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El diputado Jorge Ayala, presidente de la referida comisión, explicó los lineamientos a seguir y recordó que esa iniciativa ha sido discutida y dictaminada en dos ocasiones por la referida sala de trabajo, en los años 2018 y 2022.

“En este momento nos encontramos en una fase en que los bloques parlamentarios estarán enviando sus propuestas, de existir enmiendas que todavía ellos consideran que pueden ser incorporadas al documento final”, reiteró Ayala en conferencia de prensa. 

Buscar consensos

El presidente de la Comisión de Economía afirmó que por el momento se tiene la representación de más de 10 bloques parlamentarios, por lo que bajo esta instancia se pueden lograr consensos políticos y llegar a acuerdos sobre las enmiendas y conseguir los 107 votos necesarios para que la iniciativa se apruebe antes del receso parlamentario del 15 de mayo.

Por lo pronto, esa comisión está en sesión permanente y programó cuatro sesiones exclusivamente para la discusión las propuestas y el trabajo es coordinado con la presidencia del Congreso, pero también habrá un seguimiento del partido oficial (bancada independiente), “por lo que creemos que podemos llegar a un feliz término”.

En términos generales dio a conocer que la iniciativa 5074 busca tres áreas generales: la creación de una instancia autónoma, independiente, fuerte y robusta, tipo Superintendencia, que tenga la responsabilidad de sancionar prácticas anticompetitivas; emitir opinión en cuanto a la aprobación de concentraciones económicas; y promover la competencia.

Ayala dejó claro que la ley no resolverá todos los problemas económicos del país ni será una normativa que cambiará la inflación -alza generalizada de precios en la economía- de un día para otro, pero tampoco es una ley que pretende regular ni cerrar empresas.

“Vamos a aprobar una ley, que busca generar una instancia que brinde ese seguimiento, acompañamiento y supervisión para aquellas conductas que vayan en contra de la ley de competencia y favorecer el libre mercado”, apuntó.

El diputado Elmer Palencia, agregó que el consenso hasta el momento con los 21 miembros y 10 bloques legislativos es lograr acuerdos suficientes, ya que esta ley necesita ser aprobada con 107 votos.

Posibles enmiendas

El congresista Jorge Ayala reconoció que ha habido comunicación con el diputado Samuel Pérez y se han identificado algunas posibles enmiendas, con aportes del Ministerio de Economía.

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Una de ellas puede ser el destino de las multas que se contemplarían en la ley, pues se quiere evitar la creación de un incentivo perverso en el sentido de que la recaudación de multas pase a formar parte del patrimonio de la misma institución, “porque eso llevaría a una necesidad de multar, sin un proceso técnico de investigación suficiente”.

Lo otro, remarcó, es que hay poca claridad en cuanto al número de integrantes que deben ser presentados para integrar las diferentes ternas que llevarán al Directorio, ya que algunos hablan de tres a seis y otro hablan de tres.

Finalmente consideró que la parte de la institucionalidad de una Superintendencia y la creación de un Directorio está muy bien consensuada, aunque puede haber alguna sugerencia en cuanto a exclusiones y excepciones.

Pero fue el ministro de Economía, Antonio Malouf, el primero en sugerir que se podía analizar una exención de impuestos a estos productos y detener, al menos temporalmente, el alza en los precios y evitar así que impacten en el consumidor. Esta idea no fue rechazada por legisladores de distintas bancadas que hicieron suya la propuesta.

Desde entonces también se abrió una discusión sobre la viabilidad de una exención de impuestos, donde expertos en economía, como Fritz Thomas, advierte que no es conveniente intervenir en estos fenómenos que tienen el origen en problemas internacionales. Otros, como el diputado Rodolfo Neutze, presidente de la Comisión de Economía, ven de manera temporal una solución y está dispuesto a apoyar una iniciativa en el Congreso.

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“Sería una alternativa para apoyar a la población”

El presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso, Rodolfo Neutze, expuso que el Legislativo debe actuar ante el incremento internacional de los precios del petróleo y sus derivados en favor de las familias de escasos recurso que se han visto afectadas por el aumento del gas.

Ayer el ministro de Economía, Antonio Malouf, reveló que existen planes para impulsar una reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al precio del gas. Neutze dijo que sí la apoyaría “sin dudarlo” y que si el Ejecutivo no envía pronto una iniciativa él será “el primero en proponerla en el pleno”.

A juicio del legislador “urge tomar una decisión” y este es el momento preciso para pensar en una reducción temporal del IVA debido a que la Superintendencia de Recaudación Tributaria (SAT), asegura, tiene este año un superávit de cerca de Q8 mil millones.

La reducción, si no total al menos parcial de dicho impuesto, no debería exceder de los cinco meses “mientras se normalizan los costos de los derivados del petróleo a nivel mundial”, subrayó Neutze. “Esto sería una alternativa para apoyar a la población más necesitada que es la que utiliza el gas propano”, añadió.

El parlamentario, quien pertenece a la bancada Compromiso Renovación y Orden (Creo), dijo que ya han sostenido algunas pláticas informales con los miembros de la Comisión del Congreso a raíz de las declaraciones del ministro Malouf.

“La economía de los guatemaltecos está en riesgo y hay que ver cómo se les apoya. El alza del petróleo nos va a pegar a todos en Guatemala, entonces hay que preverlo y tratar de minimizar los daños”, indicó.

Para justificar esta posible rebaja del IVA, Neutze dijo que la pandemia ha hecho estragos en todos los guatemaltecos “y la gente de escasos recursos ha sido la más golpeada”, sobre todos aquellos que dependían del turismo o de negocios que permanecieron cerrados por mucho tiempo.

El legislador considera que la reducción del impuesto es la mejor manera de enfrentar el problema puesto que el otorgar subsidios a ciertos productos “es muy difícil de controlar y permite más oscuridad y malos manejos”. Dijo que una rebaja del IVA desde el momento que se importe el producto es más controlable y llegará a todos los guatemaltecos.

Neutze aseguró que es un “ferviente creyente del libre mercado”, pero expuso que hay factores externos que no se pueden resolver.

“Para eso existe el Gobierno, para resolver una externalidad como el alto precio del petróleo por razones ocasionadas por la pandemia, este el momento ideal para que intervenga”, reiteró.

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“Los precios mundiales son mundiales”

El doctor en Economía, Fritz Thomas, comenta que el Gobierno de Guatemala no tiene ninguna capacidad para incidir en los precios internacionales del gas o de la gasolina ya que estos son establecidos en el mercado global y son determinados por una variedad de motivos, pero sobre todo por la oferta y demanda.

Thomas cree que reducir o exonerar a estos productos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), como lo sugirió este martes 2 de noviembre el ministro de Economía, Antonio Malouf, no es la mejor idea porque esto podría abrir la puerta para que a otros productos también se les pida exoneración de impuestos.

“Cuando usted abre la ventanilla de las exoneraciones empieza a haber una cola para que no se le cobre a esto o a aquello. Yo en lo particular creo que no es una buena idea”, subraya el experto, quien comenta que, en todo caso, los impuestos a rebajarse podrían ser los específicos.

Thomas expuso que una regulación del mercado por parte del Gobierno puede ser “absolutamente contraproducente” y producir escasez y problemas de distribución. En ese sentido, explicó que cobrar el IVA solo a un sector de la economía sería intervenir en el mercado.

Subrayó que Guatemala no es un productor significativo de hidrocarburos y que todo el gas y la gasolina que se consumen son importados a los precios internacionales, por lo cual “ni el Ministerio de Economía, ni los consumidores o las empresas tienen capacidad alguna de afectar estos precios”.

“En Guatemala no tenemos ningún control sobre eso —los precios internacionales del crudo—. El Gobierno haría un mejor papel explicando eso y tratando de fomentar la competencia, en lugar de tratar de buscar algo que no puede hacer. Los precios mundiales son mundiales ¿Dónde va a comprar más barato?”, cuestiona Thomas.

Añadió que el debate acerca de los elevados precios del gas y la gasolina ha dejado de ser un tema económico y se convirtió en político. Entonces la población se queja y quieren que el Gobierno haga algo, es aquí cuando, por motivos políticos, “quieren aparentar que hacen algo, pero es poco lo que pueden hacer”.

Thomas también rechaza que este producto reciba algún tipo de subvención puesto que en pocos años el Gobierno tendría que gastar millones de su presupuesto público y una vez otorgado será muy difícil quitarlo.

Malouf indicó que el subsidio de estos productos es algo de analizar con los diferentes ministerios, aunque el Gobierno apoyaría cualquier decisión del Ministerio de Energía y Minas que tienda a mejorar la economía de los guatemaltecos.

Thomas insiste en que “lo que más procede es que los funcionarios del Gobierno expliquen correctamente que el país no determina los precios de los combustibles, que es un fenómeno que ocurre a nivel mundial y que Guatemala no se va a salvar de esto”.

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“La discusión duró tres semanas con correcciones puntuales y precisas para continuar con su proceso de aprobación”, aseguró Montano, y dijo que es el primer dictamen que emite la Comisión.

Más liquidez

Montano ejemplificó que para una pyme que necesita adquirir equipo o maquinaria para   producción no desembolsará Q60 mil en una transacción para adquirirlos y podrá acudir a una compañía de leasing para hacer la transacción, por una cuota mensual de Q3 mil, por cuatro o cinco años, y no tendrá que hacer ese desembolso de su capital.

Por esa razón insistió en que la propuesta está dirigida a brindar apoyo a ese sector productivo.

En la actualidad no existe regulación sobre las prácticas de arrendamiento financiero y se tiene un vacío legal.

Los contratos con opción de compra se basan, en la actualidad, en el artículo 56 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, y también están regulados por el Código de Comercio.

Aclaró que muchas de las reformas fueron de redacción, para ejercer mayores controles sobre las personas que busquen leasing, ya que había lagunas legales en la anterior versión.

Además, se plantearon mayores controles en los contratos, las ejecuciones por parte de los jueces ante incumplimientos, y la contratación de un seguro, entre otros aspectos.

Christian Nolck Rodríguez, vicepresidente de la Cámara de Finanzas de Guatemala, considera que la aprobación de la iniciativa de ley de leasing  por el Congreso sería   un gran avance para el país y su impacto en la inclusión financiera.

“Esta iniciativa dará nuevas alternativas de crédito a empresas y personas en la economía formal mediante el leasing financiero, las cuales se considera de gran importancia para la competitividad”, resaltó el directivo.

En debate

La Comisión ya agendó la discusión de por lo menos tres iniciativas de ley para este período legislativo relacionadas a la actividad económica.

En el listado está la creación de una ley específica del contrabando, la de competencia y de zonas francas.

“Será una discusión muy difícil, pero se debe de recaudar lo que actualmente no se cobra y se estima que el fisco deja de percibir Q35 mil millones por el contrabando que es la mitad del presupuesto. Imagínese que se puede hacer con ese dinero sin subir los impuestos”, consideró Montano.

El diputado recordó que ya existe una ley, pero data de los años de 1990 y dentro de las propuestas es pasar las faltas a delitos en algunos procesos.

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Uno de los objetivos que se persigue con la discusión de esta norma, es aumentar la recaudación de impuestos, agregó.

Por otro lado, se solicitará una nueva discusión a las iniciativas de zonas francas y de competencia que ya se encuentran en el pleno.

La Comisión anterior de Economía heredó un listado de 37 iniciativas a los integrantes de esta sala de trabajo.

Los planteamientos son de forma y fondo y de nuevo uno de los puntos sensibles en que se desarrolló la sesión fue el debate sobre la fijación o no de una tasa de interés para los cuentahabientes.

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Representantes del Instituto de Investigación y Proyección sobre Economía y Sociedad Plural (Idies) de la Universidad de Rafael Landívar y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, así como la Superintendencia de Bancos (SIB) presentaron propuestas y los integrantes entrarán a conocer previo a emitir la versión final.

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Luis Fernando Montenegro, vicepresidente de la Comisión, aclaró que si bien se busca una normativa que busca proteger a los cuentahabientes de las tarjetas de crédito, también se busca crear un balance, ya que hay usuarios que cometen fraudes y la idea no es ponerle freno a un acceso de financiamiento fácil para los consumidores.

La SIB informó que hasta hoy en el país hay un millón 722 mil tarjetahabientes y la cartera es de Q13 mil 750 millones, con una tasa de morosidad de 3.6% que representa unos Q4 mil millones.

Dos planteamientos

La primera intervención que escuchó la Comisión fue de Silvana Zimeri, directora del Idies, quien propuso un sistema mixto, es decir, una tasa de interés fija, con contrato por un determinado tiempo y por otro lado una tasa variable o libre pactada entre el cuentahabiente y el emisor.

La idea es que quede una tasa de interés que sea fija a lo largo del contrato y por una tasa variable que dependería del mercado, compuesta por un elemento variable por medio de la tasa de interés promedio ponderada que es del 23% en consumo y el elemento fijo sería de un mutuo acuerdo entre los clientes.

Citó, por ejemplo, que la tasa variable sea el doble, es decir, del 46%, pero no existen análisis sobre las tasas del mercado para encontrar una referencia, para que no existan intereses excesivos.

En la actualidad hay tasas que llegan al 60% y hasta el 80%.

El promedio ponderado de la tasa de interés para tarjetas de crédito que maneja la SIB es del 46%.

“Sí puede funcionar una tasa de interés mixta, porque las emisoras de tarjeta de crédito tienen la capacidad de hacerlo.  La ventaja para el usuario es elegir entre productos que tengan una tasa fija y una que sea variable para profundizar la competencia y eso conlleva a mejores tasas de mercado”, puntualizó Zimeri.

Carlos Barreda, presidente de la Comisión, explicó que con base en ese planteamiento realizarán la discusión final para preparar el borrador.

“Es razonable el planteamiento y la comisión se inclinará para estudiarla con mayor profundidad”, afirmó el legislador.

Ricardo Barrientos, del Icefi, respaldó el planteamiento del Idies y sería de “aterrizarlo” más adelante con más elementos.

Planteó que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) también debe de ejercer controles, sobre todo en materia tributaria y fiscal en el mercado de las tarjetas de crédito.

Acuerdo en pagos

El superintendente de la SIB, Érick Armando Vargas Sierra, enfatizó que la mayoría de los casos que conocen es que los cuentahabientes registran atrasos en sus pagos, no pueden salir de sus deudas en los tiempos establecidos y van acumulando los intereses.

Aunque hay un contrato libre entre cuentahabiente y emisor, se busca crear un mecanismo que permita negociar con la entidad formas de pago o convenios cuando ya no esté en posibilidades de seguir atendiendo sus obligaciones.

Por el lado de la supervisión, los emisores que no formen parte de un grupo financiero, incluirlos, y la protección de los tarjetahabientes sea manejada por la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), adscrito al Ministerio de Economía.

Rudy Castañeda, de la Comisión de Finanzas, dijo que uno de los problemas actuales es que en Guatemala no existe una Ley de Competencia para poder hacer todas estas regulaciones, aunque en el fondo la situación actual apunta a las tasas de intereses que se cobran o cobros adicionales, sin dejarlo claro a los clientes.

“La tarjeta de crédito es un medio de pago, sin embargo, muchas personas la utilizan como una línea de crédito”, subrayó Castañeda.

La comisión acordó avanzar en las siguientes tres semanas la versión final.

Libre mercado

Christian Nolck Rodríguez, vicepresidente de la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG), explicó que, aunque no conoce las propuestas abordadas en la Comisión, apoyan las iniciativas relacionadas al libre mercado, economía y una buena supervisión.

“De las dos alternativas se percibe un buen acuerdo que se pueda llegar a un término adecuado para poderle brindar garantía al cliente en determinado tiempo con tasa fija o con base a condiciones de mercado tener un rango”, precisó.

El presidente de la CFG reiteró que no es positivo para el mercado la fijación de una tasa tope de interés, mínimo o máximo, que, para cualquier actividad, lo que puede, perjudicar a los clientes al largo plazo.

Regulación de protección

Carlos Vásquez, vocero de la Diaco, explicó que en el marco legal actual no existe una normativa que proteja a los consumidores del sistema financiero y con la experiencia de la institución se han logrado conciliaciones.

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Afirmó que existe un vacío legal y la Diaco no tiene los instrumentos para poder actuar.

Lo que sí dejo claro es que se necesita una normativa para velar por la protección a los tarjetahabientes, que será una decisión que se discuta en el Congreso.

Adelantó que se creará la unidad de atención a las quejas de los consumidores en el sector financiero, que se especializará en atender este segmento.

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Marco Augusto García Noriega, presidente del Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), anticipó que estas elecciones serán distintas y luego de haber participado en el Congreso Nacional de Empresarios, donde se presentaron los cinco ejes para reactivar la economía a seis candidatos a la presidencia, brindo las conclusiones.

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El dirigente empresarial, subrayó que la propuesta del sector privado organizado tiene como objetivo activar lo antes posible la producción, pero a la vez habló sobre la marcha del proceso electoral.

García Noriega entregará el próximo lunes la presidencia del Cacif y resaltó a Prensa Libre los puntos que están en la coyuntura sobre toda la política, así como la económica.

¿En qué consiste el planteamiento a los candidatos a la presidencia?

Uno de los objetivos en el Congreso Nacional Empresarial, fue repasar la situación económica del país y estamos pasando en una tormenta perfecta. Los precios de los productos tradicionales como azúcar, café, caucho y palma africana están desde hace mucho tiempo en una etapa de recesión y no hay un futuro halagador durante este período.

El segundo tema que se hizo ver a los asistentes, la falta de la devolución del crédito fiscal, ya que como consecuencia de lo anterior muchas de las empresas están con adeudos y la presa es de varios miles de millones de quetzales, que no se ha devuelto lo que ocasiona en gastos financieros y algunas empresas han tenido que cerrar operaciones y están en una línea financiera muy débil.

Al recortarse los gastos, es una falta de generación de empleo en el país.

El tercer tema es la falta de seguridad jurídica y física. En la primera no se dan los presupuestos para que las empresas vengan a invertir, si no al contrario el mensaje que se dio el año pasado, fueron dos fallos de la Corte de Constitucionalidad (CC) uno en la parte de hidroeléctrica Oxec y uno de Mina San Rafael, lo que se está diciendo es que no hay certeza jurídica en la inversión.

En la parte de seguridad física, observamos invasiones de tierra todos los días, así como las extorciones que afecta al pequeño y mediano empresario.

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¿Qué situaciones conlleva este esquema?

Un crecimiento económico de 2.5% a 2.8% que se espera para este año, pero el tema es no decir que esta es la situación del problema y el país no puede seguir en esta etapa de recesión.  La idea es plantear soluciones a los candidatos a la presidencia.

Uno de los objetivos del Congreso es que los candidatos, que en vez de estarse atacando uno a otros, al Tribunal Supremo Electoral (TSE) o a la CC, empezáramos haber si tenían equipo, planes de gobierno y respondieron a las interrogantes que se plantearon en el transcurso del evento.

¿Qué conclusiones llegaron?

Al final del evento y para reactivar la economía, el primer tema es la devolución del crédito fiscal en una forma inmediata, el segundo eje la regulación del tiempo parcial Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que permitirá la generación de empleo de manera inmediata.

El tercer elemento esta ligado a la regulación de las consultas del Convenio 175 de la OIT, que por razón de tipo político no se realiza y trae una inseguridad a las inversiones y solo las pérdidas suman varios miles de millones de dólares que se han dejado de percibir, así como empleos que se han dejado de generar y hay que revertir esa tendencia que hemos llegado bien.

Debe de haber certeza jurídica y ahora en agosto vienen las comisiones de postulación para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. La elección se llevará a cabo muy simultánea a la segunda vuelta de la presidencia.

Si no hay jueces imparciales, capacitados, seguiremos con una justicia débil y el inversionista al no tener esa seguridad, no se realizarán aquí y se preferirá irse a otro lado.

Estamos bajo la tormenta o podríamos salir golpeados

La parte macroeconómica esta bien, pero podríamos salir golpeados y tenemos capacidad para sacar al país adelante. Otro tema es que tenemos que lograr una infraestructura adecuada para poder sacar productos y se necesitan carreteras, puertos, aeropuertos. Pero si tenemos que ir a Honduras para poder sacar los productos, creo que vamos a llegar a un momento que no podemos competir con nuestros socios comerciales.

Es increíble pero una buena cantidad de carga marítimo está saliendo por Puerto Cortés, Honduras, cuando tenemos el puerto Santo Tomás de Castilla que debería de estar cumpliendo sus funciones.

Hay cambios que se deben de hacer radicalmente.

¿Qué resultados esperan de los candidatos?  

Lamentablemente fueron pocos candidatos los que se refirieron de como poder reactivar la economía, pero aquí el tema de los candidatos que van a optar a la primera magistratura es que tengan certeza de como van a reactivar la economía, un plan de gobierno que se ejecute, por que las personas están cansadas de que no se ejecutan y en esta ocasión va a existir seguimiento, fiscalización y rendición de cuentas de lo que prometieron y lo que han dejado cumplir.

La clase política esta compleja, porque no se esta buscando al votante, si no que se quieren acciones que se cumplen.

Además, nadie fue capaz de brindarnos su equipo de trabajo.  Ya es importante que, si se tienen los equipos, que ya el elector sepa quiénes van a ser sus equipos. Es importante, porque si hay tachas, que se hagan ahora y que no se improvise 72 horas antes los equipos de trabajo, ni que se conozcan las personas que se integran.

¿Qué postura tiene sobre el financiamiento electoral?

Es algo que hemos tocado y lo que ha traído como consecuencia es al final una falta de fiscalización real de los fondos a todos los partidos, un abstencionismo de un financiamiento licito y mucho dinero que no se sabe su origen, muchas veces de estructuras criminales.

Esa es la consecuencia que ha traído la persecución a varios empresarios y creemos que la justicie empiece a dictar sus resoluciones, respecto a este tema, que en mi opinión no era anónimo, ni era ilícito. Lo que se han logrado que el financiamiento licito para los partidos políticos sea nulo, como consecuencia de un experimento mal llevado.

¿Demandan tres acciones puntuales a los candidatos?

Es muy sencillo y para brindarnos tranquilidad ya hicimos nuestra propuesta y ahora esta en la cancha de los partidos políticos, responder a esas propuestas y como lo van a hacer.

Las personas en todas las encuestas en los últimos años, sale que el principal problema de la población es el económico y cuando hablamos es a la falta de acceso a empleo, falta de una remuneración digna y eso se debe a la falta de educación, una capacitación necesaria que viene desde la escuela, salud que vienen desde los primeros años de vida, pero no se atacan esos temas.

Solo vemos diagnósticos que los tenemos perfectamente, pero no hay ningún sector que diga que la solución es esta, en el caso de nutrición, infraestructura, salud y educación.

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¿En general como están observando la campaña?

Muy confusa y estamos a dos meses si quitamos este periodo de Semana Santa, no están bien definidos los candidatos que van a participar en la contienda y algunos tienen procesos legales.

Esa incertidumbre lastima mucho al electorado y creemos que en país hay tradición democrática, a todos les gusta ir a votar, quieren escoger sus autoridades libremente, pero que no sean las cortes los que decidan quienes van a participar a última instancia, salvo que exista alguna circunstancia que lo impida y que la ley electoral lo señale así.

Al contrario, se siente que existe una división en el TSE igual que en la CC que son signos que se pueden debilitar las instituciones, por lo que creemos que hay que retomar el camino, porque aún hay tiempo. Hay que apoyar al TSE en sus decisiones y que se muestren como su unidad. La próxima semana habrá cambio en la presidencia del TSE y la persona que llega tiene fama sobre su capacidad y experiencia. Aunque no es un tribunal unipersonal, creo que se puede poner mucho orden y en la comunicación hacia el electorado que es lo que hace falta.

Hay muchas situaciones que están influyendo en estas elecciones muy anormales, pero la obligación es llevar a buen destino el proceso eleccionario.

¿Cómo percibe el ánimo del votante?

En este momento indiferente y esta primera etapa ya que no mira ninguna satisfacción a sus necesidades. La necesidad económica es la primera y no hay una respuesta efectiva por la clase política. Por eso es nuestra solicitud que los partidos se enfoquen en planes y equipos.

¿Qué diferencias pueden marcar este evento?

Primero que va a haber una rendición de cuentas y que el electorado quiere que las ofertas de campaña se cumplan. Será una gran diferencia con relación a las campañas anteriores.

Además, que las personas electas es decir el presidente ya no tendrán el poder de antes, y el Congreso ya ha hecho valer su poder y si va a haber un verdadero equilibrio de fuerzas, también los jueces tendrán muchísimo que esto sea administrado que sea administrado de manera transparente, lucha contra la corrupción, sin ninguna limitación y son términos que se hablan para tener un mejor país.

¿Se esperan elecciones normales?

Puede haber ahora una gran oportunidad para hacer un alto y que se fortalezca el TSE, que actúe como un tribunal colegiado y es muy importante su comunicación, diría casi diaria a la población de lo que se esta realizando. Ya están formadas las juntas electorales, pero que las personas conozcan quienes las integran. En su momento como sector privado realizaremos un llamamiento al voto y los grupos de ciudadanos que son parte de la sociedad civil, lo harán también.

Lo que queremos un proceso en paz y una fiesta cívica, así como se respete las decisiones de TSE.

Lo que esta demostrado es que en los últimos 20 minutos las personas deciden por quien votar.

No los podemos dar el lujo de perder otros cuatro años.

¿Qué se espera de la transición?

Matemáticamente es imposible es que se llegue a una mayoría en la primera vuelta y vamos a llegar a una segunda vuelta en agosto.

Lo que pasa es que la fuerza gobernante, pierde poder desde el momento de la segunda vuelta y que es declarado ganador por el TSE. Habrá un período largo de transición, que sea ordenado y por eso es importante que se conozcan los nombres de los ministros vayan conociendo las necesidades de la población. También podríamos caer que el nuevo presidente se puede desgastar, sin haber tomado posesión.

¿Qué lectura tiene sobre la agenda legislativa?

Esta semiparalizada y después de Semana Santa paralizada totalmente, porque muchos estarán en campaña. Hasta después de la primera vuelta se retomarán la agenda legislativa, además que vendrán temas importantes como la elección de magistrados y discusión del presupuesto 2020 de manera paralela que dominará la mayor atención.

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Los dictámenes fueron trasladados a la Dirección Legislativa, para que en enero comience el proceso de discusión y debate en el pleno.

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El diputado Carlos Barreda, presidente de esa sala de trabajo, expuso que se escucharon las propuestas y los dictámenes fueron “estratégicos” en diversos temas para reactivar la economía nacional.

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Resaltó que una de esas iniciativas es la de Infraestructura Vial, que propone cambiar el modelo actual de contratación, construcción, mantenimiento y gestión de la red vial del país, bajo un esquema público-privado.

También está la iniciativa de ahorro de las familias para compra de vivienda popular y la creación de un instituto para la vivienda con aportes del trabajador y del patrono.

La idea, explicó el parlamentario, es que las personas que no son sujetos de crédito puedan adquirir una unidad habitacional, y así acelerar la construcción y reducir el déficit de vivienda.

El modelo, dijo, es similar al que se desarrolla en México y Colombia, “tropicalizado” para Guatemala.

“Las dos iniciativas permitirán reactivar el sector de la construcción en infraestructura y vivienda”, comentó.

El ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, mencionó que ese sector es un importante generador de empleo y anunció que se implementará la ventanilla única para la construcción, lo cual agilizaría las gestiones en el sector público.

Otras gestiones

El Congreso también conocerá la ley de insolvencias o quiebras, que permitiría, por medio de un marco legal y la reorganización, que tanto deudores como acreedores puedan renegociar deudas y evitar acudir a litigios.

Barreda expuso que el objetivo es sostener a las empresas y mantener el empleo, mecanismos que en otros países funcionan efectivamente.

También se dictaminó la iniciativa ProGuate, que agrupará a varias instituciones para la atracción y promoción del país.

Sobre la reactivación económica para el sector caficultor, Barreda expuso que es una iniciativa para los exportadores, que incluye mecanismos para agilizar la devolución del crédito fiscal, una baja de impuestos a todos los productores registrados en factura electrónica y especial en línea con la SAT.

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La propuesta es bajar del 7 al 5% el ISR, siempre y cuando esté incorporado al sistema tributario.

Lo pendiente

Barrera explicó que está pendiente en última lectura la aprobación de la ley de leasing o arrendamiento.

El proyecto de ley explicó, fue retirado para hacer unos ajustes, y de nuevo regresó al pleno para continuar con la fase de aprobación.  La iniciativa lleva más de cinco años de debate en la Comisión.

La iniciativa de la ley del consumidor, que ya cuenta con un dictamen favorable, también quedó pendiente, así como la ratificación del Tratado de Libre Comercio con los países Efta, que son Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia, los cuales no pertenecen al bloque de la Unión Europea.

La lista

La Comisión de Economía dio dictamen favorable a iniciativas que se conocerán en el 2019.

• Infraestructura vial
• Instituto de ahorro para la vivienda
• ProGuate
• Reactivación económica para el sector caficultor
• Reformas a la Ley de Leasing
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Además, en enero se conocerá el préstamo de US$100 millones del Banco Mundial para el programa Crecer Sano

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El ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, presentó ayer parte de las propuestas durante el Gabinete Económico, las cuales serán trasladadas en los siguientes días a la Comisión de Economía del Congreso.

“Se plantearon las reformas (…) y debe haber un dictamen de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el balance que se tiene que realizar con la generación de empleo, pero sin abrir una brecha fiscal que se agudice”, expuso.

El funcionario añadió que se plantearon los candados adecuados para no abrir un riesgo fiscal.

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La iniciativa, dijo, será presentada a la Comisión, y se espera un pronunciamiento del órgano recaudador, con una visión de impacto fiscal.

Abel Cruz Calderón, jefe de la SAT, explicó que esperarían el contenido de las propuestas para formular un dictamen en el Directorio.

“Consistiría en tener una posición con datos actualizados sobre el sacrificio fiscal”, precisó Cruz Calderón.

La iniciativa 5174 propone las reformas a la Ley de Zonas Francas y en su segunda lectura fue retirada del pleno para hacer las enmiendas.

Contenido

Gustavo Tamayac, secretario de la Junta Directiva de la Asociación de Zonas Francas Privadas de Guatemala, afirmó que en general satisface las enmiendas discutidas, que en parte tendrá mayores dientes al Mineco y al Ministerio de Trabajo para hacer fiscalizaciones.

Explicó que parte del debate consistió en que regresan —calificación— 13 de 25 actividades productivas que habían quedado afuera en la reforma del 2016.

Se concederá el derecho por antigüedad que las empresas amparadas en Zonas Francas antes de la vigencia.
La prohibición que, si una empresa ya está instalada, no podrá migrar a ser usuario.

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Además, si una compañía que opera en Zona Franca y que quiera comercializar sus productos en el mercado interno deberá de pagar los impuestos sobre la renta, valor agregado y derechos arancelarías, para competir con las demás empresas.

Por otro lado, dijo que se espera que con las modificaciones planteadas se contribuyan a un menor sacrificio fiscal.

“Esperamos avanzar con estas modificaciones que es una herramienta para mejorar la competitividad de las empresas y del país”, aseguró el directivo.

Proyecto del gasto 2019 y avances #Censo2018 son algunos temas que se abordan en la reunión mensual de Gabinete Económico. En esta ocasión se estrenan los ministros de Finanzas, Victor Martínez y el de Trabajo, Gabriel Aguilera. @prensa_libre @Economia_pl pic.twitter.com/VEDtYMMx7N

— Urías Gamarro (@ugamarro_pl) September 19, 2018

Tamayac, dijo que recientemente hubo el interés de una empresa ensambladora de motocicletas para instalar operaciones, pero ante la falta de la ley decidió postergar su capital.

Añadió que esperan que las reformas sean conocidas por el Legislativo en el segundo semestre.

Persisten dudas

Abelardo Medina Bermejo, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, expuso que lo ideal es discutir una iniciativa de ley general de inversiones y no hacer este tipo de enmiendas.

“Aunque existen candados y más controles, porque unas actividades productivas entran y otras no”, dijo.

Además, cuestionó al Mineco de no contar con documentos que puedan respaldar el sacrificio fiscal, versus el impacto en el empleo, inversión y el efecto productivo.

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El factoraje es una cesión de los derechos de crédito y además, una alternativa que permite disponer anticipadamente de las cuentas por cobrar.

En estas se incluyen compraventa de mercaderías, por servicios o de cualquier tipo de contrato y que se pueda convertir en un crédito de vencimiento para que los agentes económicos puedan hacerse de liquidez.

El cliente no recibirá el importe total de los documentos cedidos, toda vez que la empresa de factoraje cobrará un porcentaje por la prestación del servicio.

La iniciativa está vinculada a la de leasing, que recibió dictamen hace apenas dos semanas.