Luego de la revisión que realizó una misión de la referida agencia hace un mes, este jueves se publicó los resultados del examen y destaca aspectos estructurales en el tema de la recaudación tributaria, el clima político, el enfrentamiento Morales-Cicig y las próximas elecciones generales.

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Para Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), la modificación de la perspectiva es un “fuerte llamado de atención”, por lo que se tiene que trabajar en los lineamientos para hacer las correcciones.

“Las consecuencias serán para la obtención de un financiamiento internacional o en la próxima colocación de eurobonos que realice el Gobierno, el cual podrían elevar las tasas de interés por el riesgo que advierte la agencia”, indicó el ejecutivo.

Tensiones y reforma fiscal

El comunicado de la agencia resalta que la revisión de la “Perspectiva a Negativa de Guatemala” refleja una tensión política e incertidumbre mayores, y una erosión constante en la ya baja recaudación de impuestos del gobierno.

Las elecciones presidenciales y del Congreso programadas para este año pueden resultar en un gobierno con un mandato débil, y es probable que conduzcan a un congreso fracturado, representado por numerosos partidos políticos, lo que resulta en un estancamiento político continuo y una disminución de las perspectivas de reforma.

El hecho de no aprobar reformas en la administración tributaria y de aprobar nuevas medidas tributarias llevaría a una mayor erosión de los ingresos.

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Aunque las calificaciones de Guatemala están respaldadas por un historial de estabilidad macroeconómica y políticas conservadoras, baja deuda pública con respecto al PIB y buena liquidez externa.

Estas fortalezas se ven contrarrestadas por una base tributaria estrecha que restringe la flexibilidad de las políticas y limita la tolerancia de la deuda, así como una gobernabilidad débil, niveles de inversión e indicadores de desarrollo humano.

Enfrentamiento

El comunicado destaca que, a principios de 2019, el presidente Jimmy Morales decidió rescindir unilateralmente el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad respaldada por la ONU en Guatemala (Cicig), pero su intento hasta ahora ha sido bloqueado por el tribunal constitucional.

El mandato de dos años de la CICIG expira en septiembre de 2019; ha estado investigando casos de corrupción en el país desde 2007.

Las investigaciones de financiamiento de campañas contra el presidente Morales y miembros del Congreso, junto con un congreso fragmentado, han provocado una parálisis política durante la mayor parte del mandato de la administración, socavando la inversión pública y privada e impidiendo la aprobación del presupuesto en 2018.

Clima electoral

El comunicado agrega que las elecciones generales (elección del presidente, el gobierno local y la legislatura unicameral) que están programadas para junio de 2019 y es probable que se inicien en una segunda vuelta de escorrentía en agosto.

Las últimas encuestas colocan a la ex primera dama Sandra Torres a la cabeza, seguida por la exfiscal general Thelma Aldana y Zury Ríos, hija del ex gobernante Efrain Ríos Montt.

Además, que varios candidatos presidenciales, incluidos los tres candidatos principales, enfrentan desafíos legales que podrían debilitar su candidatura y descalificarlos.

Las investigaciones criminales en curso sobre los candidatos presidenciales y el embarrado entre candidatos podrían debilitar la credibilidad y legitimidad del proceso electoral y socavar el mandato político de la próxima administración.

Un congreso atomizado, un escenario probable dada la amplia gama de partidos políticos, disminuiría aún más la probabilidad de reformas que promuevan el desarrollo económico y social y aborden la débil recaudación de impuestos.

Menos ingresos

Fitch, señala que los bajos ingresos del gobierno siguen siendo una debilidad crediticia clave.

El crecimiento en los ingresos del gobierno ha retrasado continuamente el crecimiento económico.

Como resultado, los ingresos totales del gobierno cayeron a 10.6% del PIB desde 11.0% en 2016, entre los más bajos en nuestro universo de calificación. Los bajos niveles de ingresos y el desempeño débil continuo reflejan los desafíos institucionales de la autoridad fiscal, los altos niveles de evasión fiscal y el débil control de la corrupción.

Las medidas administrativas contra la evasión fiscal (por ejemplo, el uso generalizado de la facturación electrónica) podrían mejorar la recaudación del IVA en 2019; sin embargo, Fitch espera que tales medidas tengan un impacto moderado.

Fitch espera que el déficit del gobierno central alcance el 2.2% del PIB en 2019, por debajo del objetivo del 2.4% del PIB en el presupuesto de 2019.

La ejecución del gasto mejoró en 2018, pero es probable que persista. El mayor déficit se destina a abordar las brechas de infraestructura y capital humano, pero refleja principalmente un aumento de 0.7pp del PIB en el gasto corriente (bienes y servicios) en comparación con 2018, mientras que el gasto de capital solo aumenta 0.2 pp del PIB.

El déficit del gobierno central alcanzó el 1.8% del PIB en 2018, por encima del 1.3% del PIB en 2017, debido a una mejor ejecución del gasto de capital.

El presupuesto de 2018 no fue aprobado por el Congreso y el presupuesto de 2017 siguió vigente.

El déficit del gobierno general de Guatemala está por debajo de la mediana ‘BB’ del 2.7% del PIB, pero el interés a los ingresos al 13.6% es el doble de la mediana ‘BB’ del 6.3%.

Fitch pronostica una carga de deuda pública relativamente estable.

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La deuda del gobierno central se ha mantenido estable en alrededor del 24% del PIB desde 2010.

La deuda del gobierno general al PIB del 22% (neta de las tenencias de la deuda del gobierno de seguridad social) es una de las más bajas en la categoría ‘BB’.

Sin embargo, la deuda de las administraciones públicas de Guatemala aumentó a 212% en 2018 de 199% en 2017 debido a un desempeño de ingresos débil.

Esta relación es significativamente más débil que la mediana de ‘BB’ de 154% y señala la menor tolerancia de la deuda de Guatemala en relación con sus pares.

Otros indicadores

Las finanzas externas siguen siendo una fortaleza crediticia clave.

Las reservas de divisas cubren más de siete meses de importaciones, lo que resulta en uno de los índices de liquidez más altos entre los pares calificadores.

Fitch espera superávits en la cuenta corriente para 2019 y 2020, aunque en una tendencia a la baja. La cuenta corriente ha mostrado superávits en los últimos tres años, ya que las entradas de remesas compensaron con creces los grandes déficits comerciales.

Las remesas alcanzaron el 12% del PIB en 2018, luego de cuatro años de crecimiento con un promedio del 14%.

Sin embargo, la inversión extranjera directa ha estado en tendencia descendente desde 2013.

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“No tengo nada que decir sobre el tema -de la Cicig-, creo que lo que se ha dicho y lo que ha hecho el Gobierno ya tuvo sus efectos a nivel internacional y Naciones Unidas tendrá que hacer lo propio en el momento que deban hacerlo”, dijo la funcionaria al salir de emitir su voto, en el Parque de la Industria.

La tensión no ha bajado entre el gobierno y la Comisión, ya que ningún funcionario, hasta ahora, se ha retractado de las decisiones anunciadas.

Entre las acciones están, por ejemplo, la del 19 de diciembre pasado de expulsar a 11 funcionarios de Cicig. En esa ocasión, el Ejecutivo advirtió que los 11 abogados e investigadores de la comisión a los que no renovó o denegó visas y trabajo, así como acreditaciones, serían expulsados del país.

Otra de las decisiones que tomó el Ejecutivo fue cuando la canciller le informó, el 7 de enero pasado, al secretario general de la ONU, António Guterres, que Guatemala dio por concluido el mandato de Cicig.

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Este viernes 15 de febrero la canciller restó mérito a discutir la crisis con Cicig y dejó entrever que no hay más que discutir sobre el tema: “No tengo nada qué opinar más al respecto, creo que es un tema que ya pasó a otro nivel, hay temas más importantes de política exterior y a nivel nacional que estar hablando de Cicig”.

El origen de la crisis política fue el 27 de agosto del 2017, el presidente, Jimmy Morales, declaró “non grato” al comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, a quien le exigió que abandone el país “inmediatamente”. La Corte de Constitucionalidad amparó al colombiano y frenó provisionalmente su salida, aunque meses después el Gobierno logró que el comisionado no ingresara al país.

El 3 de septiembre pasado a través de un oficio, Morales ordenó a la Dirección General de Migración no dejar entrar al jefe de la Cicig por ningún puesto fronterizo del país mientras se encontraba de viaje en Washington, Estados Unidos, desde entonces Velásquez no ha ingresado al país.

Cicig permanece

Mientras en los últimos meses el Gobierno ha limitado el funcionamiento de Cicig y en enero pasado anunció el cese del convenio, la CC dejó en suspenso la decisión del Morales de terminar de manera unilateral el convenio de creación de la Cicig. Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), al otorgar un amparo provisional a Acción Ciudadana, Fundación Myrna Mack y otras tres entidades.

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Además, el 11 de febrero pasado Astrid Escobedo, representante de la Cicig, se sumó al debate del caso TCQ a través de videoconferencia y de esa forma retomó su lugar como querellante en el proceso. Así los abogados de la comisión reanudaron su comparecencia en los casos en que son querellantes.

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El jueves pasado Miguel Ángel Gálvez, juez de Mayor Riesgo B, confirmó a la Cicig como querellante en el caso Manipulación de Justicia y rechazó recursos de la defensa que buscaban apartar a la comisión del proceso, con base en el cese unilateral del convenio que hizo el Gobierno de Guatemala.

Leily Santizo, abogada de la Cicig, se reincorporó a las audiencias judiciales de este caso este viernes 15 de febrero en el juzgado, luego de ausentarse de las audiencias desde el 8 de enero.

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Hace un mes el ente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) había dejado de asistir a las diferentes audiencias en la Torre de Tribunales, luego que el gobierno de Jimmy Morales diera por terminado de manera unilateral el convenio.

Los casos se reprogramaron y en uno hasta se decretó el abandono de la Cicig como querellante: el juicio del caso Botín en el Registro de la Propiedad que tiene en el banquillo a Samuel Morales y José Manuel Morales, hermano e hijo del presidente Jimmy Morales respectivamente-.

La mañana de este lunes 11 de febrero fue distinta. La abogada Astrid Escobedo, de la Cicig compareció a través de una videoconferencia y causo la sorpresa de algunos abogados y acusados en la judicatura.

El caso TCQ, un usufructo oneroso en la Portuaria Quetzal, volvió a la sala de Mayor Riesgo B, dirigida por el juez Miguel Ángel Gálvez, luego que la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo así lo ordenó.

El juez verificó que todos estuvieran y explicó que la abogada Escobedo había solicitado comparecer por videoconferencia. “Está en ley debido a que cualquier persona que sea parte del proceso puede hacerlo”.

#CasoTCQ | Juez Miguel Gálvez autoriza a Astrid Escobedo, de la @CICIGgt, a comparecer por videoconferencia.
La audiencia de cumplimiento de sala a Gustavo Martínez se suspende por inasistencia de los defensores. pic.twitter.com/mDX6MWXsht

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) February 11, 2019

Abogado de Martínez ausente

Gustavo Martínez, exsecretario privado del expresidente Otto Pérez Molina compareció a la judicatura sin su defensor Jhonatan Villatoro.

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Martínez explicó que el abogado tenía una cita en el Juzgado Décimo Penal desde la semana pasada y además interpuso un amparo a la resolución de la Sala que lo envió a debate por cohecho pasivo.

“En vista de la incomparecencia de sus abogados lo prudente es suspender la audiencia. Se les va a notificar cuándo será reprogramada”, informó el juez Gálvez.

La semana pasada la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo le enmendó la plana a Gálvez y también ordenó un debate para Martínez por cohecho pasivo.

Martínez fue enviado a debate por asociación ilícita y fraude el año pasado. El juez Gálvez había decretado la clausura provisional por cohecho pasivo y ante eso la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) interpuso una apelación.

El caso

La investigación del Ministerio Público (MP) y la Cicig estableció que de enero del 2012 y hasta abril del 2015 se concertó un grupo criminal con roles definidos para obtener beneficios económicos generados por la celebración y ejecución del contrato irregular a favor de la entidad TCQ, destinado a ceder a esa sociedad parte del terreno de la Empresa Portuaria Quetzal para la construcción, desarrollo y operación de una terminal privada de contenedores.

Dicha asociación entre los sindicados tuvo la función de interferir en diversos actos dirigidos a la realización de ese proyecto, del cual la organización obtuvo beneficios, y dirigió acciones para ocultar y blanquear las millonarias sumas de dinero producto de los sobornos.

En libertad

El pasado 12 de septiembre el juez Gálvez le otorgó arresto domiciliario sin pago de fianza durante una audiencia de revisión de medidas de coerción a Gustavo Martínez.

Ese día dijo: “Soy entrenador de equitación y lo aviso para que no se interprete mal si me ven montando caballos”.

Martínez goza de una jornada diurna de 7 a 17 horas para trabajar. Además, tiene prohibido salir del país y hablar con otros integrantes que están procesados en el caso Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

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El comerciante fue uno de los testigos que propuso la defensa del exlegislador Jaime Martínez Lohaiza para defenderse de la acusación por asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito y tráfico de influencias en el caso Lavado y Política.

Las últimas pruebas del debate serán presentadas el 1 de febrero de 2019 y se prevé que declare Francisco Édgar Morales Guerra, alias chico dólar, señalado de ser el supuesto cabecilla de la organización que habría lavado unos US$33 millones.

#LavadoYPolítica | Las pruebas de la defensa son presentadas ante el Tribunal. Declara un conocido del exdiputado Jaime Antonio Martínez Lohaiza que "no le consta" el financiamiento electoral a un partido político en 2012. pic.twitter.com/KNu10w7yFa

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) January 31, 2019

Los sindicados

1. Francisco Édgar Morales Guerra, alias chico dólar: asociación ilícita, lavado de dinero, defraudación tributaria, financiamiento electoral ilícito y cohecho activo.
2. Silvia Antonieta Guevara: asociación ilícita, lavado de dinero, revelación de información confidencial o reservada.
3. Héctor Vicente Reyes Linares: lavado de dinero y falsificación de documentos privados.
4. Rudy Estuardo Martínez Orellana: lavado de dinero y falsificación de documentos privados.
5. Dain Alfredo Orellana y Orellana: lavado de dinero.
6. Édgar Leonel Guerra Pérez: asociación ilícita y lavado de dinero.
7. Marco Tulio Morales Guerra: lavado de dinero.
8. Javier Villatoro López: asociación ilícita y cohecho activo.
9. Mynor Leonel Morales Monterroso: cohecho pasivo.
10. José Isabel Maldonado: obstrucción a la justicia.
11. Edwin Galicia: peculado por sustracción.
12. Jaime Martínez Lohayza (exdiputado). Asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito y tráfico de influencias.
13. William Geovanny Duarte Guerra (exalcalde de Santa Catarina Mita). Falsificación de documentos privados y testaferrato.
14. Basilio Cordero Cardona (exalcalde de Jutiapa). Peculado por sustracción.

Millones

El debate inició el 16 de enero pasado sin la representación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), quien envió una excusa para ausentarse por la decisión del presidente Jimmy Morales de anular el acuerdo del ente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El fiscal Rudy Herrera, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), argumentó que los hechos fueron centrados en el supuesto lavado de dinero, en donde el cabecilla es Morales Guerra.

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La investigación del Ministerio Público (MP) y la Cicig se relaciona por las denuncias sobre la existencia de una estructura que operaba desde el 2008 en Jutiapa y otros lugares fronterizos de la región, la cual se dedicaba a desarrollar actividades de lavado de activos, y contaba con la colaboración de autoridades locales y nacionales.

Según la acusación, el supuesto cabecilla de la red es Morales Guerra, quien entre el 2008 y el 2011 recibió grandes sumas de dinero en efectivo. Para la realización de sus actividades ilícitas habría contado con la participación de familiares, particulares y funcionarios públicos.

Barquín declaró

Como una de las pruebas se tomó el testimonio de Édgar Barquín, quien fue escuchado en la continuación del debate a 14 sindicados. 

Una de las pruebas fundamentales fue el relato de Sandra Elizabeth Sayas, quien fue oficial de cumplimiento de un banco del país. Explicó las transacciones sospechosas detectadas a Morales Guerra, alias chico dólar, que demostrarían el supuesto lavado de US$33 millones.

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Durante esa cita, Brownfield indicó que “los jueces están amenazados e intimidados” y que “los elementos claves del estado de derecho están siendo desmantelados sistemáticamente”.

La actividad fue organizada por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. A la misma asistió Jo-Marie Burt, asesora principal de la Oficina de Washington para Asuntos de Latinoamérica (Wola), quien difundió los principales pronunciamientos de los participantes en su cuenta de Twitter.

Además de Brownfield, también participaron como expertos la exmagistrada de corte de apelaciones, Claudia Escobar; Brittany Benowitz, del Centro de Derechos Humanos; Leah Campos, exasesora del Comité de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes; el expresidente del Cacif, Peter Lamport y Mark Schneider, del Centro para los Estudios Estratégicos e Internacionales.

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También asistió la congresista demócrata Norma Torres, una de las promotoras del encuentro.

Cambio desde llegada de Cicig

Escobar indicó que antes de la llegada de la Cicig a Guatemala el país era dirigido por “criminales intocables”.

En relación a las recientes resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) que han favorecido la continuidad de la misión antimafias de la ONU y que el Gobierno no ha acatado, Escobar aseguró que se rompe el estado de derecho que es la “clave para paz”.

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Si esto se permite, advirtió la exmagistrada, Guatemala caerá otra vez en manos de mafias corruptas.

Por aparte, el expresidente del Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Peter Lamport, calificó de “violación grave” al estado de derecho el que el Ejecutivo ignore las resoluciones del máximo tribunal.

former judge @ClaudiaEJueza tells of how an emissary of former Vice President Roxana Baldetti tried to bribe her. Without the presence of @CICIGgt denouncing someone like congressman Rivera would have been suicide. Before CICIG #Guatemala was run by criminals untouchable by law pic.twitter.com/7kZjkoARPu

— Jo-Marie Burt (@jomaburt) January 30, 2019

Former head of @StateINL Ambassador Thomas Brownfield: “what’s happening in #Guatemala is a blipping disaster for rule of law…Judges being threatened and intimidated… Key elements of the rule of law are being systematically dismantled.” Direct quotes. #CICIG @CSIS @WOLA_org pic.twitter.com/EuqquF12kh

— Jo-Marie Burt (@jomaburt) January 30, 2019

.@NormaJTorres sang praises of @CICIGgt, denounced current #Guatemala government & associates who paid $80K/month to PR firm to mislead US Congress and Trump administration (wonder what Ms Campos was thinking!!). Said 70% of Guatemalans support #CICIG and they’re counting on us. pic.twitter.com/NUVWT1UwAq

— Jo-Marie Burt (@jomaburt) January 30, 2019

Se hace lobby en el Congreso.

Torres, durante su intervención, denunció que el Gobierno de Guatemala contrató a una empresa de relaciones públicas para que haga lobby en el Congreso en contra de la Cicig, a la vez que aseguró esta cuenta con la aprobación del 70 por ciento de guatemaltecos.

Por aparte, Schneider relacionó la migración ilegal de guatemaltecos con la impunidad y citó cifras oficiales que dan cuenta que durante el año pasado la cantidad de familias guatemaltecas aprehendidas en la frontera sur de EE. UU. que ingresaron irregularmente aumentó 50 por ciento.

El debate por la Cicig ha llegado hasta el Congreso de EE. UU., país que es el principal cooperante.

Muchos congresistas apoyan la permanencia del ente en Guatemala, mientras que otros señalan que debe retirarse.

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“No se trata de nuevos hechos, ya están en las pruebas”, fue la resolución de las juzgadoras Jeaneth Valdés, María Castellanos y Elia Perdomo para rechazar la argumentación del representante del Ministerio Público (MP) que intentó presentar como nuevos varios hechos en la continuación del debate del caso Génesis, una investigación por despojo de tierras.

El fiscal De León explicó que los hechos eran en contra de los hermanos Mariana Isabel ,Jeffrey Obdulio y William Alfredo todos Mendoza Tally, hijos de Walter Obdulio Mendoza Matta, supuesto cabecilla de la estructura. También se incluía en los nuevos cargos a Gustavo Adolfo Ramírez Ortiz.

Según la fiscalía, Mariana Isabel adquirió un terreno en Izabal valorado en Q2 millones; Jeffrey compró un vehículo por Q350 mil 500 a nombre de su exesposa Elki Giovana Portillo; William Alfredo también adquirió un automóvil; y que la entidad Agroindustria Chaparral cambió a Centroamérica Agropecuaria con el consentimiento de Ramírez Ortiz.

Argumentación de la defensa

La defensa se opuso, y como ejemplo, el abogado Juan Guevara recordó que la acusación contra la supuesta organización criminal fue planteada en el Juzgado de Mayor Riesgo B el 25 de julio del 2016. La etapa intermedia se discutió del 21 de noviembre al 6 de diciembre del 2017.

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“Acá se está tratando de faltar a la lealtad del Tribunal. Por ejemplo, la compra del automóvil que hizo mi cliente (Jeffrey) está en la acusación. No es un hecho nuevo”, argumentó el defensor.

El Tribunal de Mayor Riesgo B declaró sin lugar la ampliación de hechos o circunstancias contra los Mendoza y Ramírez Ortiz a pesar de que el fiscal se opuso y planteó un agravio en el caso, debido a que se pretende demostrar que los delitos fueron en forma continuada.

En el Tribunal de Mayor Riesgo B el representante del @MPguatemala solicita incorporar hechos nuevos en el caso.
Se discute la admisión debido a que no es algo usual.#CasoGénesis pic.twitter.com/7UI6QUSw6F

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) January 28, 2019

El juicio

El debate contra 10 personas personas señaladas en la presunta usurpación de 28 fincas en Petén, denominado caso Génesis, comenzó el 7 de enero pasado. Fueron 28 fincas valoradas en Q24 millones.

A los integrantes de esta estructura criminal se les sindica de legalizar las fincas obtenidas a través de intimidaciones de hombres armados, liderados por Mendoza Matta.  El grupo, según la acusación, forzaba a los propietarios a abandonar sus tierras para luego legalizarlas a través de notarios que procuraban las alteraciones en los registros públicos.

Señalados

• Walter Obdulio Mendoza Matta. Asociación ilícita, lavado de dinero y usurpación agravada.
• Gustavo Adolfo Ramírez Ortiz. Asociación ilícita, lavado de dinero y usurpación agravada.
• René Danilo Mejía Mejía. Usurpación agravada.
• William Alfredo Mendoza Tally. Asociación ilícita y lavado de dinero.
• Jeffrey Obdulio Mendoza Tally. Asociación ilícita y lavado de dinero.
• Pablo André Mendoza Paz. Lavado de dinero.
• Julia María Murillo Arteaga. Lavado de dinero.
• Mariana Isabel Mendoza Tally. Lavado de dinero.
• Nehemías Matheu López. Usurpación agravada.
• José Gabriel Torres Ayala. Usurpación agravada.

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“La decisión de la Policía Nacional Civil de retirar a los investigadores policiales designados a la Fiscalía contra la Impunidad (Feci), afecta al MP por los casos que están en investigación en dicha fiscalía, ya que el personal policial conoce información sobre las pesquisas en desarrollo y tienen diligencias específicas asignadas; ante ello, de establecerse la comisión de un acto delictivo se procederá inmediatamente ejerciendo las acciones correspondientes”, demandó Porras en el comunicado.

La fiscal general aboga por el regreso de los investigadores policiales porque “la coordinación interinstitucional -del MP y la PNC- ha logrado resultados positivos en la lucha contra la corrupción e impunidad” y puede afectar la labor del MP.

“El Ministerio Público, con fundamento en el Código Procesal Penal, la Ley Orgánica del Ministerio Público y la Ley de la Policía Nacional Civil, exige a la Policía Nacional Civil, la reasignación a la Feci de los elementos”, agrega la fiscal general en el comunicado, además, insiste en el respaldo al equipo de investigadores que integran la Feci.

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El Ministerio de Gobernación (Mingob) por medio de Comunicación Social vía chat respondió: “La PNC actúa de conformidad con la Ley y es una institución jerárquica. De tal manera que sus acciones se apegan a derecho en todas sus actuaciones”.

Las autoridades del Mingob en este mensaje no aclaran si reasignarán a los 20 investigadores policiales tal y como lo exige la fiscal general, pero dejan entrever que la decisión de la PNC se “apegan a derecho”.

La fiscal general advirtió en el documento: “De establecerse la comisión de un acto delictivo -al no reasignar a los investigadores- se procederá inmediatamente ejerciendo las acciones correspondientes”.

La Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público, Dra. María Consuelo Porras Argueta, a la opinión pública hace saber: pic.twitter.com/OLJICm4wf8

— MP de Guatemala (@MPguatemala) January 25, 2019

La fiscalía

La Feci ya había advertido el impacto negativo que tenían luego de la disposición de la PNC de retirar a los detectives policiales que habían llegado a comienzos de este año para apoyar en el avance de las investigaciones de los casos de corrupción.

El titular de la Feci, Juan Francisco Sandoval, explicó que fueron 20 detectives de la PNC separados de la fiscalía, los que habían llegado el 10 de enero pasado. Fueron designados para avanzar con las pesquisas de los casos que investiga la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), informó.

Jovel dio instrucciones

La diputada del Congreso de la República Andrea Villagrán pidió el jueves pasado explicaciones al director general de la PNC, Carlos Roberto Tohom Escobar, por el retiro de policías que apoyaron a la Cicig y el MP.

La legisladora cuestionó a Tohom Escobar por el retiro de agentes policiales asignados a la Cicig el 16 de enero pasado y el director de la PNC respondió: “No se han girado instrucciones por parte de esta Dirección General a mi cargo, en esa fecha”.

En la misiva Tohom recordó a la diputada que el Gobierno emitió el acuerdo 2-2019 en el que se dio por terminado mandato de Cicig.

Tohom en el documento aclaró una decisión que se tomó el lunes pasado: “La señora Ministra de Relaciones Exteriores se dirige al señor Ministro de Gobernación en donde le manifestó que, a consecuencia, del Acuerdo Gubernativo ya relacionado -acuerdo 2-2019-, tome las medidas que crea convenientes en el ámbito de su competencia”.

En este documento el director de la PNC explica que el 22 de enero pasado recibió instrucciones: “El señor Ministro de Gobernación mediante oficio número DM-065-2019/EADA/Ases, Ref. 0406, me instruye en mi calidad de Director General de la Policía Nacional Civil, para que en el ámbito de mi competencia y de conformidad con la Ley, realice las acciones o medidas convenientes en referencia al tema relacionado”.

El director de la PNC respondió a la legisladora que no dio órdenes para retirar “recurso logístico que se encontraba al servicio de la Cicig” y que el jefe del departamento de Material Móvil de la subdirección general de Apoyo y Logística, “lo hizo a título personal”.

El @GuatemalaGob sigue girando órdenes con base a un Acuerdo Gubernativo que la @CC_Guatemala dejó sin efecto. Es claro el desacato a las resoluciones constitucionales. Esta fue la respuesta de @PNCdeGuatemala. pic.twitter.com/VUMELHDtmr

— Andrea Villagrán (@avillagran502) January 25, 2019

Análisis

El exministro de Gobernación Francisco Rivas calificó la exigencia de la fiscal general como “correcta y acertada”, pero señaló que “fue un poco tardía”.

La decisión del Ministerio de Gobernación de retirar a los investigadores policiales es para Rivas una instrucción que emitió la Presidencia y la PNC obedeció.

“Esto no fue una decisión de la Policía Nacional Civil, esto responde a una instrucción del Gobierno y de Presidencia donde se tienen claro los objetivos de no apoyar los esfuerzos que se hacen en contra de la lucha contra la corrupción y el tema de justicia”, analizó.

Según el exministro de Gobernación la PNC “asumió la decisión” y refleja instrucción de la Presidencia.

“Es verdaderamente lamentable que todo un esfuerzo de más de 10 años que se venían haciendo a nivel interinstitucional entre el Organismo Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil, Sistema Penitenciario, Dirección General de Inteligencia Civil, Instituto Nacional de Ciencias Forenses e Instituto de la Defensa Pública Penal, hoy se esté menoscabando y estemos retrocediendo”, señaló.

El analista del Centro de Estudios de Guatemala, Oswaldo Samayoa, expuso: “El Organismo Ejecutivo ha tomado una serie de cesiones para atacar al ente investigador o a quien ha apoyado las investigaciones como la Cicig, y eso también implica a la Feci. Esto nos hace presumir que hay búsqueda de impunidad para perjudicar casos e investigaciones”.

Samayoa indicó que el retiro del personal de la PNC es una forma de intimidar a los fiscales del MP y obstaculizar s labor.

Las decisiones de la fiscal general para Samayoa no han fortalecido la institucionalidad del MP.

“La fiscal general tiene que ser más contundente y generar más certeza institucional, lo tercero que es evidente, es que el discurso de soberanía no es más que reestructuración de pequeños espacios en los que puede generarse impunidad”, criticó.

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Fiscalía Especial contra la Impunidad se queda sin investigadores de la Policía

El juez Cruz aceptó la excusa de la abogada Amanda Trejo, representante de la Cicig, quien envió un memorial el 22 de enero pasado para estar ausente en la audiencia.

Es la segunda oportunidad en que se suspende la revisión. El 5 de diciembre último fue la primera oportunidad por incapacidad material en la judicatura.

Durante la audiencia el juez le pidió a un oficial que entregara las copias de la excusa de la abogada Trejo a los representantes de los sindicados. “No se dan las garantías de desplazamiento de la Comisión”, según la excusa.

La excusa de la representante de la @CICIGgt se centra en que no existen garantías de desplazamiento.
En el Juzgado Décimo Penal los defensores interponen acciones para que haga la audiencia de revisión a los implicados en un fraude en el Seguro Social.#CasoIGSSSAP pic.twitter.com/ptDONuLYz4

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) January 25, 2019

Se opusieron

Los abogados de los sindicados, entre ellos el defensor de Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, quien dirigió el Seguro Social, y el del empresario Max Erwin Quirin Shoder, quien integró la junta directiva.

Los defensores interpusieron actividades procesales defectuosas con el argumento de que para que se realice una audiencia de revisión solo basta que se haga con los que comparezcan. Además, la Cicig es querellante y en la sala de audiencias estaba la representante del Ministerio Público (MP).

“Se violenta el derecho de defensa. La audiencia debe realizarse con los que estén”, mencionó el abogado Vinicio Pimentel, quien defiende al expresidente del Banco de Guatemala (Banguat), Julio Roberto Suárez Guerra (condenado a seis años de prisión por el caso IGSS-Pisa-Chiquimula).

Defensa interpone una actividad procesal defectuosa para que el juez Víctor Cruz realice la audiencia de revisión sin el representante de la @CICIGgt pic.twitter.com/5PnJrMwT8B

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) January 25, 2019

El abogado Alberto Velasco, quien defiende a Max Quirin, solicitó que se decrete el abandono de la Cicig en el caso debido a su inasistencia.

El juzgador escuchó a todas las partes y rechazó las acciones judiciales y programó la revisión de la medida para el próximo 8 de febrero a las 14 horas.

En la sala asistió Sergio de la Torre, quien fue ministro de Economía.

Un comunicado fue compartido por la defensa de Max Quirin en donde rechazaron que la audiencia fue suspendida.

El caso

El nuevo caso, Igss-Ambulancias, se presentó en marzo del 2017 y señaló a los miembros de la Directiva del Igss de autorizar el arrendamiento irregular por US$30 mil – unos Q231 mil 709.80- de un edificio en la zona 9 capitalina. Además se señaló la sobrevaloración de 50 ambulancias para esa entidad -Q880 mil- y la compra, sin justificación, de un sistema informático valorado en Q250 millones.

En ese caso, los funcionarios fueron ligados a proceso y permanecen en prisión preventiva.

El juez Décimo, Víctor Cruz, reprograma la audiencia de revisión para el 8.2.2019 a las 14 horas debido a la excusa del representante de la @CICIGgt.#CasoIGSSSAP por un evento de ambulancias. pic.twitter.com/1PjqSMBG0S

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) January 25, 2019

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Juan Francisco Sandoval, titular de la Feci, informó que se trata de 20 detectives de la Policía Nacional Civil (PNC) que habían llegado el 10 de enero pasado. Fueron designados para avanzar con las pesquisas de los casos que investiga la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Los policías asistían cada día a la sede de la Feci, ubicada en el edificio del MP en el barrio Gerona, zona 1. Por decisión de la División de Información Policial los uniformados fueron retirados.

Sandoval explicó que hará la gestión correspondiente para que los investigadores sean reasignados, debido a que les perjudica directamente con las investigaciones que ya están avanzadas.

Los casos que revisaban los detectives no fueron revelados, aunque la Feci tiene investigaciones abiertas por diversos casos de corrupción, entre estos el de Transurbano y Odebrecht, por ejemplo.

El fiscal anticorrupción, Juan Francisco Sandoval, informa que 20 detectives de la @PNCdeGuatemala que estaban en la Fiscalía Especial contra la Impunidad, desde hace dos semanas fueron retirados.
Los investigadores apoyaban en diversos casos contra la corrupción, se especificó. pic.twitter.com/6Rr6FmyN99

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) January 24, 2019

Petición de canciller

A través de las redes sociales trascendió una información desde la Cancillería. Ahí la ministra de Relaciones Exteriores Sandra Jovel le pide al ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, titular  que “tome las medidas convenientes” a fin de cumplir la decisión del presidente Jimmy Morales de dar por terminado el acuerdo de la Cicig.

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Al respecto se ha consultado, tanto a Pablo Castillo, portavoz de la PNC; así como a Carlos Tohom, director policial, aunque sin alguna postura oficial.

También se le ha pedido una versión de lo sucedido a Fernando Lucero, vocero de la cartera del Interior, con los mismos resultados.

Fiscal retiró a investigadores

Hoy la fiscal general María Consuelo Porras informó que los analistas que trabajaban con la Cicig fueron retirados, además de otros trabajadores de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la Intendencia de Verificación Especial (IVE).

“Estamos al tanto de los acontecimientos. En el momento en que decide la Comisión retirarse por las situaciones que se estaban dando, pues automáticamente todo el recurso humano de cada una de las instituciones que estábamos prestando colaboración para la Cicig fueron reintegrados a sus dependencias correspondientes”, mencionó María Consuelo Porras.

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“Estamos al tanto de los acontecimientos. En el momento en que decide la Comisión retirarse por las situaciones que se estaban dando, pues automáticamente todo el recurso humano de cada una de las instituciones que estábamos prestando colaboración para la Cicig fueron reintegrados a sus dependencias correspondientes”, mencionó María Consuelo Porras.

Para la jefa del Ministerio Público (MP), retirar a sus analistas de la Cicig no representa algún incumplimiento a lo establecido por la Corte de Constitucionalidad (CC) en que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) finaliza su mandato el próximo 3 de septiembre.

A manera de ejemplo, Porras mencionó que “el Ministerio Público tenía una cantidad de analistas criminales apoyando la gestión de Cicig como querellantes adhesivos para la investigación y análisis. Entonces, en el momento en que se suspende la Cicig, estos elementos nuestros llegan al MP para ponerse nuevamente a disposición del MP para continuar con su tarea a la Fiscalía”.

Similar situación sucedió con los expertos financieros de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), los analistas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) así como policías del Ministerio de Gobernación (Mingob), reconoció Porras.

Sin alguna infracción

La fiscal general mencionó que espera aprovechar las destrezas adquiridas en la Cicig para continuar con el desarrollo de las investigaciones que están en proceso en los casos de corrupción para litigar en los Tribunales.

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A pesar que la Corte de Constitucionalidad anuló a través de un amparo la decisión del Gobierno de terminar de manera unilateral el mandato de la Cicig, la fiscal general no ve que con retirar el apoyo a la oficina de la ONU se esté desobedeciendo la orden constitucional.

“Es decir que no hay alguna infracción, sino no hubiera aceptado a mi personal. Era personal que apoyaba a la Cicig. En las circunstancias que deciden suspender labores, cada personal regresa a sus entidades a seguir trabajando”, puntualizó Porras.

Sobre el retiro de otros analistas de la SAT y la IVE que apoyaban las investigaciones de la Cicig, Porras mencionó que, en el caso de la IVE, existe el interés para que los analistas financieros continúen los casos trabajando directamente con la Fiscalía, por lo que en los próximos días se definirá la forma en que continuarán con el trabajo.

La fiscal informó que no ha tenido alguna comunicación con el comisionado Iván Velásquez, quien se encuentra fuera del país desde septiembre del 2018.

“No había tenido alguna comunicación cuando determinaron detener operaciones y retirarse. Solo me mandó una nota el señor comisionado de la forma en que iban a continuar apoyando a través de los análisis”, puntualizó Porras.

Postura de la Cicig

Inmediatamente después de las declaraciones que brindó la fiscal Porras en Escuintla, donde inauguró el Sistema de Videoconferencia, el portavoz de la Cicig, Matías Ponce, compartió que “la Comisión seguirá trabajando” y mantiene constante comunicación con la Fiscalía.

Ponce, contrario a la afirmación de la fiscal general, asegura que la Cicig continúa trabajando en el país porque su mandato finaliza hasta el 3 de septiembre, como lo ha declarado la Corte de Constitucionalidad.

Los puntos de la Cicig fueron:

• La Cicig mantiene constante comunicación con el Ministerio Público.
• El Comisionado de la Cicig Iván Velásquez se ha comunicado por escrito con la Dra. María Consuelo Porras para señalarle que la Comisión seguirá trabajando en Guatemala en función de su acuerdo.
• La Cicig en ningún momento ha suspendido sus operaciones en Guatemala. Por el contrario, según lo señalado por la Corte de Constitucionalidad y lo expresado por el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, la Comisión continua con sus labores en Guatemala en función de su acuerdo vigente hasta el 3 de septiembre de 2019.
• La Cicig reitera un llamado al respeto a las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad del día 9 de enero de 2019 que deja en suspenso la decisión emitida por las autoridades del Estado de Guatemala de dar por terminado de manera anticipada y unilateral el acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala, relativo al establecimiento de CICIG.
• La Cicig sigue trabajando en Guatemala en función de su acuerdo vigente.

Comunicado de @CICIGgt
1. La CICIG mantiene constante comunicación con el Ministerio Público.
2. El Comisionado de la CICIG Iván Velásquez se ha comunicado por escrito con la Dra. María Consuelo Porras para señalarle que la Comisión seguirá trabajando en Guatemala según mandato. pic.twitter.com/3w12vfYvsG

— CICIG Guatemala (@CICIGgt) January 24, 2019

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