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Mapa de violencia en Guatemala en 2025: 86% de los homicidios se concentró en 10 departamentos

Wed, 21 Jan 2026 20:05:25 +0000

Comunitario

Mapa de violencia en Guatemala en 2025: 86% de los homicidios se concentró en 10 departamentos

El CIEN advierte que el departamento de Guatemala concentró el 47% de los homicidios, mientras la tasa nacional cerró en 17.3 por cada 100 mil habitantes.

Sandy Pineda

21 de enero de 2026

14:05h

Ataque armado en el kilómetro 8.5 de la ruta al Atlántico; dejó un piloto de taxi fallecido y un menor herido el 12 de marzo de 2025. Al concluir el año se registró un aumento en la tasa de homicidios. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

Guatemala cerró el 2025 con una tasa de 17.3 homicidios por cada 100 mil habitantes, tras registrar 270 muertes violentas más que en 2024, de acuerdo con el Índice de Denuncias de Delitos (IDD) presentado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).

Durante 2025, el IDD reflejó un comportamiento mixto, con reducciones en siete meses y aumentos en cinco. No obstante, el balance anual fue negativo en varios indicadores clave.

Las denuncias por delitos contra las personas crecieron 3.06%, mientras que los delitos contra la propiedad registraron un incremento significativo de 15.57%, consolidándose como uno de los principales focos de preocupación.

El encargado del IDD, David Casasola, advirtió que “preocupa sobremanera el incremento en los homicidios”, ya que en 2025 se registraron 270 homicidios más que en 2024, además de un aumento del 23% en la cantidad de personas lesionadas.

Aunque en septiembre, octubre y noviembre se reportaron menos homicidios que en los mismos meses del año anterior, en diciembre la tendencia se revirtió, con 49 homicidios más, lo que empujó la tasa interanual hasta 17.3 homicidios por cada 100 mil habitantes.

El último trimestre mostró cifras en ascenso: octubre cerró con 234 homicidios (tasa de 17.1), noviembre con 248 (17.0) y diciembre con 260 homicidios, consolidando el aumento en el cierre del año.

En cuanto al perfil de las víctimas, Casasola explicó que “la mayoría de las víctimas de homicidio son hombres”, quienes representan el 87.6% del total, concentrándose principalmente en el rango de 18 a 35 años, que agrupa al 58.8% de los casos.

Gráfica del Índice de Denuncias de Delitos (IDD) que muestra el comportamiento y las variaciones mensuales de los homicidios en Guatemala durante 2025.

Alta concentración territorial del homicidio

El análisis territorial evidencia que la violencia letal continúa altamente concentrada. El 86% de los homicidios registrados en 2025 se concentró en solo diez departamentos, encabezados por el departamento de Guatemala, que acumuló el 47% del total nacional.

Guatemala reportó 1 mil 460 homicidios en 2025, lo que representa 162 más que en 2024. Le siguieron Escuintla, con 336 homicidios; Petén, con 171; Chiquimula, con 132; Izabal, con 129 (8 menos que en 2024, aunque se mantiene entre los departamentos con mayor concentración); y Santa Rosa, con 119.

También figuran Jalapa, con 93 homicidios; Zacapa, con 90; Jutiapa, con 79; y Quetzaltenango, con 75 homicidios, 16 más que en 2024.

Comparativo de homicidios por departamento en Guatemala entre 2024 y 2025, que muestra la concentración de la violencia en diez departamentos, encabezados por Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía Cien)

A nivel municipal, Casasola subrayó que “uno de cada cinco homicidios ocurrió en el municipio de Guatemala”.

Casasola explicó que la dinámica de los homicidios en el municipio de Guatemala no coincide plenamente con el cierre nacional. Indicó que desde agosto de 2025 se registra una disminución sostenida en la capital, luego de que en el primer semestre los homicidios superaran en promedio los 60 casos mensuales, para descender posteriormente a niveles cercanos a 40.

Añadió que esta variación obliga a analizar qué acciones específicas han incidido en la reducción, aunque recalcó que el fenómeno sigue fuertemente concentrado, ya que cinco zonas —18, 7, 6, 12 y 1— concentran más de la mitad de los homicidios, el 54% de los homicidios, lo que evidencia la necesidad de intervenciones focalizadas por territorio.

Pese al panorama general, el análisis de corto plazo muestra señales moderadas de mejora. “Durante los últimos seis meses de 2025 se observa una leve reducción en la tendencia de homicidios en el municipio de Guatemala, y en diciembre se registraron 38 homicidios, la cuarta cifra más baja del año”, puntualizó.

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Extorsiones continúan en ascenso

Respecto a las extorsiones, el IDD reporta que la tasa interanual aumentó de 139.1 a 142.7 denuncias por cada 100 mil habitantes entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025.

En términos absolutos, se registraron 983 denuncias más que el año anterior, lo que representa un incremento del 1.9% en la tasa.

No obstante, Casasola señaló que “en diciembre de 2025 las denuncias descendieron a 1,608 casos”, lo que refleja una ligera disminución sostenida en el corto plazo, tras el pico de 2,092 denuncias registrado en octubre.

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¿Escribió su inconformidad en el Libro de Quejas de la Diaco? Así es el proceso que muchos desconocen

Tue, 18 Nov 2025 01:00:00 +0000

economía

¿Escribió su inconformidad en el Libro de Quejas de la Diaco? Así es el proceso que muchos desconocen

El Libro de Quejas de la Diaco permite reclamar por productos o servicios en Guatemala. Conoce cómo usarlo, los plazos, el proceso y cuándo formalizar una denuncia.

Glenda Burrión

17 de noviembre de 2025

19:00h

Muchos consumidores desconocen cómo funciona el Libro de Quejas de la Diaco, lo que retrasa la atención de reclamos y favorece a los comercios. (Foto, Prensa Libre: Glenda Burrión)

Las autoridades de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) explicaron recientemente que la mayoría de los guatemaltecos desconoce el proceso y los tiempos de respuesta del Libro de Quejas.

Este instrumento fue creado en cumplimiento del artículo 17 de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, Decreto 06-2003, y tiene como objetivo garantizar el derecho de los usuarios a expresar su inconformidad por un producto o servicio recibido. Todos los negocios están obligados ha colocarlo en un lugar visible.

Sin embargo, según la Diaco, muchos ciudadanos llaman a la institución al día siguiente de registrar su queja esperando una respuesta inmediata, cuando ese no es el procedimiento correcto.

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Este desconocimiento, señalan, suele dar ventaja a los comercios, que ignoran los reclamos al asumir que los clientes no saben cómo debe avanzar el proceso.

Para qué sirve el Libro de Quejas

El Libro de Quejas permite registrar reclamos relacionados con productos defectuosos, servicios deficientes, incrementos de precios, publicidad engañosa o garantías incumplidas.

Tras recibir una queja, el establecimiento tiene ocho días hábiles para contactar al consumidor, brindar una solución y remitir un informe a la Diaco.

De las estadísticas de la Diaco, sectores con más inconformidades registradas son telefonía, restaurantes, servicios bancarios, zapaterías y farmacias.

Razones para presentar una queja en la Diaco

De acuerdo con Ley de Protección al Consumidor y Usuarios, entre las causas para presentar una denuncia se encuentran:

Inconformidad por un producto o servicio.

Incumplimiento de garantías.

Productos defectuosos o publicidad engañosa.

Cobros indebidos o incrementos injustificados.

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Cómo usar el Libro de Quejas

Para hacer uso correcto del Libro de Quejas, el consumidor debe:

Solicitar el libro al encargado del establecimiento.

Llenar el formulario con claridad.

Firmar la queja.

Tomar una fotografía como respaldo (le será útil si el proceso de queja no lo resuelve el establecimiento en el plazo estipulado).

Procedimiento y plazos que deben conocer los consumidores

Las autoridades reiteran que llenar el Libro de Quejas no significa que la Diaco intervenga de inmediato. Primero, el comercio está obligado a atender el reclamo:

1. Respuesta del comercio (primer paso)

El establecimiento tiene ocho días hábiles para contactar al cliente, ofrecer una solución y enviar un informe a la Diaco.

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2. Formalización de la denuncia (segundo paso)

Si no hay respuesta en ese plazo, el consumidor debe formalizar la denuncia ante la Diaco.

Pasos para formalizar la queja con la Diaco

Presentar la denuncia en el Centro de Atención de Quejas (6a. avenida 0-35, zona 4, Plaza Zona 4, 3er nivel); en cualquier sede departamental o municipal
Vía telefónica al número 1544; o
en el sitio web oficial.

Recuerde tener a la mano fotocopia de la factura del producto o servicio y fotocopia del DPI del titular.

¿Factura de consumidor final o conversación por WhatsApp sirven para denunciar ante la Diaco?

Wed, 05 Nov 2025 20:39:37 +0000

economía

¿Factura de consumidor final o conversación por WhatsApp sirven para denunciar ante la Diaco?

Lo que usted debe saber antes de presentar una denuncia en la Diaco por algún inconveniente en algún establecimiento comercial.

Glenda Burrión

5 de noviembre de 2025

14:39h

La Diaco aclara que las facturas a nombre de consumidor final no son válidas para denuncias. (Foto, Prensa Libre: Glena Burrión)

Con la llegada del fin de año, aumenta la actividad comercial en Guatemala y, con ello, las denuncias de consumidores ante la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco).

Este periodo de alta demanda impulsa a la institución a reforzar sus mecanismos de atención, inspección y respuesta ante posibles irregularidades en el mercado.

De acuerdo con las autoridades, es importante que los ciudadanos conozcan qué documentos son válidos al momento de presentar una queja o denuncia por incumplimiento de bienes o servicios.

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Documentos que respaldan una denuncia ante la Diaco

Según la Ley de Protección al Consumidor, toda denuncia debe ir acompañada de documentos que demuestren la relación de consumo entre el cliente y el proveedor.

Estos documentos pueden ser:

Facturas o recibos

Cotizaciones

Contratos

Guías de envío (en caso de paquetería)

Boletos (para eventos o espectáculos)

El objetivo principal es identificar claramente quién es el proveedor y quién es el consumidor, a fin de validar la queja.

¿Es válida una factura a nombre de consumidor final?

Las autoridades de la Diaco explican que no se pueden abrir casos con facturas emitidas únicamente a nombre de “consumidor final”, ya que este documento no demuestra la relación directa entre el comprador y el comercio.

Aunque la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) permite emitir facturas a nombre de consumidor final por montos menores a Q2 mil, estas no son aceptadas por la Diaco para efectos de reclamaciones o denuncias.

Para que una denuncia proceda, la factura debe estar a nombre de la persona que presenta la queja, ya que esta es la única manera de comprobar la transacción comercial.

Mensajes de WhatsApp y conversaciones: cuándo son válidos para una denuncia

Los mensajes de WhatsApp o conversaciones en plataformas digitales pueden ser válidos como evidencia al momento de presentar una queja ante la Diaco, siempre que sirvan para demostrar la relación entre el consumidor y el proveedor.

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Sin embargo, las autoridades aclaran que estos mensajes deben estar autenticados por un notario para que tengan validez legal dentro del proceso de denuncia.

Qué hacer si la factura no está a su nombre

Si un consumidor necesita presentar una queja pero no solicitó la factura a su nombre, puede acreditar la compra con otros documentos.

La Diaco indica que, en estos casos, se aceptan:

Comprobantes de pago con tarjeta de crédito o débito

Estados de cuenta bancarios donde se refleje la transacción

Vouchers de pago emitidos por el comercio

Estos documentos deben contener datos que permitan verificar la operación, como el monto del consumo, el nombre del titular y el nombre comercial del establecimiento.

Consumo responsable y educación tributaria

Las autoridades también destacan la importancia de fortalecer la educación tributaria entre los guatemaltecos.

Solicitar una factura con número de NIT no solo contribuye al cumplimiento fiscal, sino que también protege los derechos del consumidor, al dejar constancia formal de cada compra o servicio recibido.

CIEN reporta primera baja en extorsiones tras 20 meses al alza y advierte concentración de delitos

Thu, 25 Sep 2025 20:06:01 +0000

Guatemala

CIEN reporta primera baja en extorsiones tras 20 meses al alza y advierte concentración de delitos

Por primera vez en 20 meses, las extorsiones registran una ligera disminución, aunque la capital sigue concentrando la mayoría de homicidios y denuncias.

Sandy Pineda

25 de septiembre de 2025

14:06h

Autoridades decomisan dinero al allanar un inmueble vinculado a actividades de extorsión. (Foto Prensa Libre: PNC)

El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) presentó un nuevo informe sobre la criminalidad en Guatemala, en el que se destaca una disminución en la tasa de extorsiones, aunque advierte sobre la concentración geográfica de ese delito así como las muertes violentas.

“Por primera vez en el 2025 y en lo que vemos de esta serie, tenemos un registro de una disminución en la tasa de extorsiones, que pasó de 152 a 151 por cada 100 mil habitantes. Algunos podrían pensar que esto es mínimo, pero es una noticia favorable”, indicó David Casasola, investigador del CIEN.

El indicador muestra que la tendencia al alza en las denuncias por extorsión que inició en enero del 2024 comienza a ceder, aunque los niveles siguen muy por encima de los de años anteriores.

La disminución en la tasa se debe principalmente a la variación mensual en las denuncias. En julio se registraron 2 mil 401 denuncias, mientras que en agosto la cifra bajó a 1 mil 916, lo que refleja un ligero descenso que rompe la tendencia al alza de los últimos 20 meses, aunque el nivel absoluto de casos sigue siendo alto y concentrado en determinados municipios.

Tendencia de denuncias

Entre 2019 y 2025, Guatemala ha visto un aumento sostenido en las denuncias de extorsión. En 2019, se registraron 9 mil 043 denuncias. Luego, entre 2020 y 2022, el promedio anual de denuncias se mantuvo alrededor de 9 mil 135 casos.

Sin embargo, a partir de 2023, la situación comenzó a empeorar. Ese año, se registraron 11 mil 748 denuncias, lo que representa un aumento significativo. En 2024, el número de denuncias siguió aumentando, y llegó a las 16 mil 009.

En ocho meses de 2025 se han registrado 18 mil 340 denuncias de extorsión, un 56.1% más que en 2023, y un 14.6% con relación a los primeros ocho meses del 2024.

Casasola agregó que la concentración de denuncias es significativa. “El 43% de las denuncias de extorsión se concentran en solo diez municipios, lo que refleja que, aunque la incidencia sea alta, se focaliza en zonas específicas”, expuso.

Los cinco municipios con mayor número de denuncias en el departamento de Guatemala son: Guatemala, Villa Nueva, Mixco, Amatitlán y Villa Canales. Otros municipios que les siguen son Escuintla, San Miguel Petapa, Jutiapa, Cobán y Puerto Barrios.

Homicidios

El informe también aborda la tasa de homicidios, que evidencia diferencias importantes entre municipios.

A nivel nacional, la tasa se ubica en 17.7 por cada 100 mil habitantes, pero en el municipio de Guatemala alcanza los 54.7, concentrando el 21% de los homicidios registrados durante los primeros ocho meses del año.

Casasola señaló que Guatemala “es un municipio donde confluyen muchas características que ameritan prestar atención: alta población, alta ocurrencia de homicidios y una tasa que supera ampliamente la media nacional”.

Ocho de los diez municipios con más casos están en el departamento de Guatemala, lo que representa el 48% del total. La mayoría de las víctimas son hombres jóvenes.

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Casasola también resaltó la relación entre extorsiones y homicidios: “Podemos ver cómo la concentración de extorsiones y homicidios no siempre coincide; algunos municipios con alta extorsión presentan bajas tasas de homicidios, pero la capital concentra ambos fenómenos, lo que requiere estrategias diferenciadas”.

El CIEN enfatiza que, aunque la disminución en la tasa de extorsiones es positiva, los delitos permanecen concentrados geográficamente y las tasas varían considerablemente entre municipios.

Esto evidencia la necesidad de políticas de seguridad diferenciadas, enfocadas en las zonas con mayor incidencia delictiva y en la protección de poblaciones vulnerables.

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Encuestas de victimización

Como parte de la presentación del CIEN, se analizaron indicadores de victimización en Guatemala usando datos del Monitor Global de Emprendimiento, aplicado por la Universidad Francisco Marroquín a unas 3 mil personas entre 18 y 64 años.

Aunque la encuesta no fue diseñada para medir criminalidad, su representatividad nacional y urbana permitió usarla como referencia para estimar cuántos adultos han sido víctimas de algún delito en el último año.

Los resultados muestran que, en 2025, 2 de cada 10 adultos fueron víctimas de algún delito. Aunque la incidencia global se mantiene estable desde 2022, robo y asalto han disminuido, mientras que extorsión y estafa han aumentado, reflejando un cambio en la composición de los delitos.

En cuanto a la denuncia, el 44% de las víctimas presentó alguna, principalmente ante la Policía Nacional Civil (48%), aunque el Ministerio Público ha ganado relevancia con 44% de los casos, gracias a su cobertura municipal y la opción de denuncias virtuales.

Entre quienes no denuncian (56%), los motivos principales son desconfianza en las autoridades, temor a represalias y percepción de inutilidad del trámite. Esto, según Casasola, evidencia la persistencia de la “cifra gris” y subraya la necesidad de fortalecer la confianza en las instituciones y el anonimato a quienes denuncian.

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#NoEsNormal: Analistas ven que el clima de impunidad en la justicia propicia que las agresiones escalen a homicidios

Fri, 01 Aug 2025 06:05:00 +0000

Guatemala

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#NoEsNormal: Analistas ven que el clima de impunidad en la justicia propicia que las agresiones escalen a homicidios

Expertos cuestionan la cantidad de denuncias desestimadas y el proceso legal que puede extenderse durante años sin garantizar un fallo que represente justicia.

Douglas Cuevas

1 de agosto de 2025

00:05h

Organización ve declive en la investigación penal y los procesos judiciales en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Pixabay)

En Guatemala hay violencia, pero no castigo. A esa conclusión llegan expertos que investigan a las instituciones encargadas de la persecución penal y la administración de justicia.

El Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ) no brindan una respuesta efectiva a los múltiples casos de violencia que afectan a la población, según estadísticas de investigadores sociales.

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), de Argentina, y la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (Udefegua) analizaron el fenómeno criminal desde la medición de la persecución penal y la administración de justicia.

Los datos y las conclusiones no son alentadores, según ambas entidades. Al hablar del MP, calculan que el 87% de las denuncias termina desestimado.

De los casos que superan ese primer filtro y llegan a los juzgados y tribunales, en promedio solo el 1% obtiene justicia. Todo ello tras pasar por juzgados, tribunales, salas de apelaciones y, en ocasiones, por resoluciones de las más altas cortes.

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Una de estas dependencias, el MP, está bajo la mirada de la ciudadanía y actores de fiscalización por el cambio de fiscal general previsto para mayo de 2026, cuando concluye el segundo periodo constitucional de María Consuelo Porras, actual jefa del ente investigador.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) está por cumplir su primer año —de cinco— el próximo 13 de octubre. Para los analistas, la expectativa que tenían diputados oficialistas fue errónea: no es posible hablar de una CSJ independiente o al menos balanceada.

Denuncias archivadas

Julián Alfie, director ejecutivo del Inecip, evaluó la actuación del MP frente a fenómenos criminales durante las dos gestiones de Consuelo Porras.

Considera que de 2018 a la fecha aumentó el número de denuncias desestimadas, lo que le genera dudas sobre la efectividad de la institución en la tramitación general de los casos.

“La capacidad de respuesta pasó de un 14% a un 6%. Esto es menos de la mitad que se tenía antes”, explicó Alfie. “Es una cifra grave porque significa que más del 90% de los casos se queda sin respuesta de calidad y se hace un uso abusivo del archivo de casos”.

Este fenómeno fue identificado en delitos frecuentes como homicidios, asesinatos, femicidios, violencia contra la mujer y violaciones. “Cuando la tasa de respuesta es del 6%, significa que el 93% de los casos queda sin respuesta”.

Para el investigador, las cifras contrastan con los anuncios institucionales del MP sobre su capacidad de respuesta.

“Cuestionamos si el MP tiene la eficiencia que promociona en sus informes anuales y actos públicos, o si Guatemala se está convirtiendo en un garante de la impunidad en la mayoría de los casos”, concluyó.

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Justicia y más violencia

Otro aspecto clave del fenómeno criminal se desarrolla en los tribunales y cortes de apelaciones.

Según Udefegua, del total de denuncias presentadas, el 87% termina desestimado, y solo un pequeño porcentaje accede al OJ y a la CSJ.

“De ese 13% de casos que accedían al sistema de justicia, la tasa de resolución era del 1%. La cooptación del sistema judicial no solo afecta a personas defensoras de derechos humanos, sino a la obtención de justicia para la población en general”, explicó Brenda Guillén, coordinadora general de Udefegua.

La experta considera que solo unos pocos casos relacionados con violencia o delincuencia —quizá por la atención mediática— logran avanzar dentro del sistema judicial.

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“Todos los casos llegan a un sistema que no está operando para brindar justicia, sino para criminalizar y responder a necesidades de grupos privilegiados”, afirmó.

Según Guillén, la actual integración de las cortes no permite que las víctimas de delitos comunes perciban justicia en el país. “Al principio se creía que había una CSJ mixta, pero hoy vemos que el sistema está completamente cooptado”.

El principal efecto de la falta de justicia es el aumento de la criminalidad, tanto en cantidad como en gravedad. “Cuando no hay justicia y se legitima la agresión con la impunidad, las agresiones escalan hasta el asesinato”.

Se solicitó la postura del OJ ante las críticas de las organizaciones sociales, pero al cierre de esta nota no se había recibido respuesta.

MP: “Buscan desinformar”

El MP respondió al análisis del Inecip calificando de alejadas de la realidad las observaciones del experto, y defendió los resultados obtenidos bajo la dirección de Consuelo Porras.

“Es importante señalar que se desconoce la fuente utilizada por el señor Julián Alfie, la cual resulta dudosa y tendenciosa, ya que difiere de los datos oficiales. El único dato verídico y jurídicamente válido es el que emite el MP”, indicó el ente investigador a través de su departamento de Comunicación Social.

Para la institución, la perspectiva del experto consultado busca “desinformar a la población sin contar con información verificada o sin, siquiera, consultar a la fuente oficial. Este tipo de señalamientos, provenientes de entidades afines a determinados sectores, carece de rigor técnico y responde a posturas ideológicas”.

Criterio legal

Sobre las denuncias desestimadas, el MP explicó que estas decisiones obedecen a criterios jurídicos y técnicos, y rechazó que se trate de una práctica arbitraria.

“El archivo de denuncias no responde a falta de respuesta, sino al cumplimiento de criterios técnicos para clasificar los casos conforme a la evidencia disponible y la viabilidad procesal”.

Añadieron que estas acciones se aplican desde antes de la actual administración y que, al inicio del mandato, la institución recibió 1 millón 266 mil casos en mora, los cuales ya fueron resueltos. Actualmente, se reporta un 98% de casos atendidos.

También se justificó que muchos casos por delitos menores son desestimados tras resolverse por la vía conciliatoria, lo que contribuye a descongestionar el sistema judicial y permite la reparación directa a las víctimas.

Qué es una querella en Guatemala, cuándo se presenta y qué casos recientes se han dado?

Tue, 22 Jul 2025 14:00:00 +0000

justicia

Qué es una querella en Guatemala, cuándo se presenta y qué casos recientes se han dado?

La querella es una figura jurídica clave en el sistema penal guatemalteco, que permite a las personas participar activamente en la persecución de ciertos delitos.

Glenda Burrión

22 de julio de 2025

08:00h

Joviel Acevedo discute con el diputado Samuel Pérez, quien le entrega una copia de la querella presentada en su contra por presuntos delitos cometidos por el Comité Ejecutivo del STEG. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

No se trata solo de denunciar, sino de convertirse formalmente en parte del proceso judicial. En los últimos meses, este recurso ha cobrado relevancia en casos de alto impacto político y social.

El caso más reciente es la querella interpuesta por diputados oficialistas contra el Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG).

En esta nota le explicamos qué es una querella, quiénes pueden presentarla, en qué casos procede y cuáles son los requisitos para hacerlo.

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¿Qué es una querella?

En Guatemala, la querella está regulada por el Código Procesal Penal, y su definición más general se encuentra en el Artículo 2, el cual establece que no podrá iniciarse proceso ni tramitarse denuncia o querella sino por actos u omisiones calificadas como delitos o faltas por una ley anterior. Esto quiere decir que la querella solo procede cuando hay hechos que la ley penal define como delito.

Una querella es una denuncia formal que realiza una persona ante un juez penal, con el objetivo de participar como parte procesal en el caso.

A quien la presenta se le conoce como querellante, y esta persona puede colaborar con la investigación e incluso proponer diligencias y pruebas.

¿Cuándo se puede presentar una querella?

Este recurso legal puede utilizarse en dos tipos de casos:

1. Delitos de acción privada

Estos son delitos que únicamente pueden ser perseguidos si la víctima presenta una querella. Ejemplos comunes incluyen:

Injurias

Calumnias

Difamación

Delitos sexuales leves en algunos casos

2. Delitos de acción pública con intervención privada

En algunos delitos públicos, la ley permite que los agraviados presenten querella para participar como querellantes adhesivos, es decir, junto al Ministerio Público. Algunos ejemplos son:

Lesiones personales

Amenazas

Delitos contra la administración pública

Fraude o estafa

¿Quién puede presentar una querella?

La querella puede ser interpuesta por:

La víctima directa del delito

Un representante legal (en caso de menores de edad o personas incapacitadas)

Un tutor o guardador legal

Asociaciones o ciudadanos en casos de violaciones de derechos humanos o delitos cometidos por funcionarios públicos

Tipos de querellantes

El Código Procesal Penal reconoce dos tipos de querellantes:

Querellante adhesivo: Es quien se suma al trabajo del Ministerio Público, coadyuvando en la investigación. Puede presentar pruebas, solicitar diligencias y participar en las audiencias.

Querellante exclusivo: Actúa de forma independiente en delitos de acción privada. Tiene la facultad exclusiva de promover la acción penal, sin intervención del Ministerio Público.

¿Qué puede hacer un querellante?

El Artículo 120 establece que el querellante puede intervenir en el proceso penal hasta la sentencia. Aunque no participa en la fase de ejecución de la pena, sí puede:

Presentar pruebas anticipadas.

Solicitar diligencias directamente al fiscal.

Apelar decisiones judiciales.

Proponer medidas de protección si lo considera necesario.

En este sentido, la querella no solo es un medio de participación, sino también de protección de los derechos de la víctima y de impulso a la justicia penal.

Requisitos para presentar una querella

Según el Artículo 302 del Código Procesal Penal, la querella debe presentarse por escrito ante el juez que controla la investigación e incluir:

Nombres y apellidos del querellante (y del representado, si aplica).

Domicilio o lugar de residencia.

Documento de identidad.

Documento que acredite personería (si se trata de una entidad colectiva).

Dirección para recibir notificaciones.

Relato detallado del hecho, con participación de sindicados, víctimas y testigos.

Elementos de prueba disponibles y consecuencias del hecho.

Documentación en su poder o la ubicación donde se puede obtener.

Si alguno de estos requisitos no se cumple, el juez otorga un plazo para subsanarlos. Si no se corrigen en el tiempo fijado, el caso puede ser archivado, salvo que se trate de un delito de acción pública, en cuyo caso se tramita como denuncia.

Joviel Acevedo y el caso Semilla: dos querellas que agitan el escenario político

La diputada Andrea Reyes informó que el 17 de julio fue presentada una querella en contra de Joviel Acevedo, el Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) y quienes resulten responsables.

La acción legal señala tres posibles delitos: usurpación agravada, contaminación y depredación de bienes culturales. Según Reyes, esta querella no atenta contra el derecho sindical, sino que busca frenar el abuso de poder de quienes, escudados en la representación gremial, vulneran la ley y afectan el bien común. “La educación no puede ser moneda de cambio”, subrayó.

Hoy se interpuso una querella en contra de Joviel Acevedo, el Comité Ejecutivo del STEG y quienes resulten responsables.

Se señalan tres hechos ilícitos:
1⃣ Usurpación agravada
2⃣ Contaminación
3⃣ Depredación de bienes culturales

Esta acción no atenta contra el derecho… pic.twitter.com/DwybsToHc7
— Andrea Reyes (@drewzecena) July 18, 2025

Por su parte, Acevedo manifestó desconocer qué es una querella. Mientras asistía a una citación impulsada por diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el diputado Samuel Pérez irrumpió en la sala y le entregó una copia del documento, el cual había sido interpuesto un día antes.

Exdiputado Beltraneta se convierte en querellante

Uno de los casos más recientes y controversiales donde se ha hecho uso de la figura de querellante es el conocido como Corrupción Semilla, que involucra la constitución del partido político Movimiento Semilla y presuntas irregularidades en el proceso electoral de 2023, en el que resultó electo el actual presidente Bernardo Arévalo.

El 4 de febrero de 2025, el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, aceptó la solicitud del exdiputado Fernando Linares Beltranena para actuar como querellante en este caso. También fue aceptada la abogada Sandra Lucrecia Díaz Rojas.

Linares Beltranena argumentó que, como integrante de la Asamblea Nacional Constituyente de 1985, tiene la obligación de velar por el cumplimiento de la Constitución y la pureza electoral. Según él, ambos principios habrían sido violados, tanto por la supuesta “constitución fraudulenta” del partido como por los hechos del día de las elecciones.

“Voy a revisar el expediente, que tiene leyes, cajas con papeletas y otros documentos, para luego hacerle peticiones al juez por medio de la Fiscalía”, declaró Linares Beltranena tras ser admitido como querellante.

La querella, en conclusión, es una herramienta fundamental dentro del sistema penal guatemalteco, ya que permite a las víctimas y ciudadanos no solo denunciar un delito, sino también participar activamente en su persecución. Ya sea como querellantes exclusivos o adhesivos, las personas pueden colaborar con el Ministerio Público y ejercer un control ciudadano sobre los procesos judiciales.

Organismo Judicial sancionó a solo dos de cada 100 jueces denunciados durante el 2024

Fri, 02 May 2025 06:01:00 +0000

Guatemala

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Organismo Judicial sancionó a solo dos de cada 100 jueces denunciados durante el 2024

Las estadísticas reflejan que entre las denuncias en el OJ que no fueron tramitadas hay cargos por incumplimiento de deberes y retardo malicioso.

Douglas Cuevas

2 de mayo de 2025

00:01h

La desconfianza social hacia el trabajo de los jueces y magistrados se refleja con la cantidad de operadores de justicia que fueron denunciados en el 2024.

Estadísticas del Organismo Judicial (OJ) detallan que hubo 736 denuncias contra jueces y magistrados en la Supervisión de Tribunales. Los datos se obtuvieron mediante solicitudes de acceso a la información pública.

Aunque la cantidad de denuncias fue elevada, los números se reducen de manera significativa cuando se habla de sanciones. Las autoridades judiciales impusieron 16 durante el 2024.

Eso significa que, de cada cien denuncias recibidas, en solo dos casos se llegó a sanciones, cifras que, para analistas en Derecho Penal y justicia, deben ser una alerta para que las autoridades judiciales tomen cartas en el asunto.

De las 736 denuncias contra jueces y magistrados, 339 ni siquiera fueron admitidas para trámite. Tres señalamientos figuran entre los que se desestiman con mayor frecuencia:

Inconformidades e irregularidades con lo resuelto dentro de los expedientes judiciales.

Atraso en el trámite de los expedientes judiciales.
Incumplimiento de deberes o retardo malicioso.

Las autoridades de la Junta de Disciplina Judicial, a cargo del seguimiento de las quejas que presentan los usuarios del sistema, explicaron sobre las denuncias desestimadas que “cada caso tiene sus particularidades, las cuales son objeto de análisis para que esta Junta emita alguna decisión sobre admisibilidad”.

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Entre las 16 sanciones emitidas en el 2024 contra jueces y magistrados, destacan 12 suspensiones sin goce de sueldo y cuatro amonestaciones por escrito.

Las cifras, a criterio de analistas, son reflejo de la desconfianza social contra los jueces del OJ, y algunos de los casos salen a la opinión pública.

En la actualidad, los jueces de Alta Verapaz están envueltos en una investigación administrativa por señalamientos que involucran al juzgado y tribunales de la localidad en prácticas de consumo de licor y convivencia con menores de edad.

El caso Melisa Palacios, en el cual figura como principal acusada Fernanda Bonilla, también ha acaparado la atención pública. Abogados querellantes del caso exponen que, aunque el juez Juan José Regalado ha mostrado aparente simpatía hacia Bonilla, no aceptó la recusación, por lo que dudan de su objetividad.

Otro caso que también estuvo en el ojo del huracán en las últimas semanas es el del médico Kevin Malouf, ya que el juez a cargo, Pedro Laynez, no aceptó las recusaciones en su contra, pese a que emitió opinión sobre la situación, según el Ministerio Público (MP).

Esgrimen independencia

Para el analista independiente Zoel Franco, experto en Derecho Penal, ahora existen muchos jueces que evaden normas éticas y de conducta dentro de sus juzgados, con el argumento de la “independencia judicial”.

“Deben mejorar los controles del OJ sobre sus operadores de justicia. Es cierto que existe el límite de la independencia judicial, pero eso no debe ser un escudo para que los jueces tengan conductas contrarias a la ley”, advirtió.

Las conductas recientes de algunos jueces, junto a otros sobre quienes, incluso, pesan dudas por supuesta corrupción, hacen que muchas personas desconfíen de la administración judicial.

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“Hay falta de confianza en el sistema de justicia y se ha venido perdiendo desde hace mucho tiempo. Las personas tienen la percepción de que el sistema de justicia no responde por tantos señalamientos de corrupción contra operadores de justicia”, añadió Franco.

Las cifras no son nada alentadoras y asegura necesario que las actuales autoridades judiciales busquen una forma para solucionar el problema.

“Hay casos de jueces que han tomado decisiones dentro de su función que generan desconfianza y que posiblemente no van conforme a derecho. Esto abona a la degradación del sistema de justicia, principalmente el penal, en Guatemala”, indicó.

Nunca al 100%

Alejandro Rodríguez, del Centro de Estudios Comparados en Ciencias Penales, opina que las estadísticas sobre los jueces necesitan soluciones de fondo. Por ello, la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe prestar atención.

“La supervisión que existe en tribunales es un órgano bastante dependiente del Organismo Judicial, y por eso no es objetiva al momento de hacer las investigaciones. En el 2016, cuando se hizo la Ley de la Carrera Judicial, la idea era que la Junta de Disciplina fuera electa por la Carrera Judicial, pero luego hubo retrocesos”, indicó.

Considera que el retardo de justicia es un problema sistémico que ameritaría que se tomaran acciones concretas para reducir lo más posible la mora judicial.

Finalmente, Rodríguez ve necesario que la CSJ verifique que se están respetando los plazos para programar audiencias, incluso si se respeta su hora pactada; de lo contrario, estos problemas continuarán.

“El juez tiene mucho control sobre cuándo programar las audiencias, su duración, y son pequeños retrasos que no se dan en todos los juzgados, pero sí en muchos; existe un retraso en cadena”, afirmó.

Ante los señalamientos por las licencias para pesca de atún, Comisión Contra la Corrupción hace propuesta para reducir vulnerabilidad

Sat, 01 Mar 2025 06:10:00 +0000

Pesca

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Ante los señalamientos por las licencias para pesca de atún, Comisión Contra la Corrupción hace propuesta para reducir vulnerabilidad

La Comisión Nacional Contra la Corrupción menciona vulnerabilidades y discrecionalidad en el proceso para otorgar licencias para pesca de atún, hizo una propuesta, pero dice que cada institución debe investigar. En un comunicado conjunto con el Maga emitido anoche informaron de 10 acciones implementadas, incluyendo revisión de licencias.

Rosa María Bolaños

1 de marzo de 2025

00:10h

La propuesta de la CNC “tiene un enfoque preventivo” para reforzar el control y la supervisión de las actividades pesqueras, que incluye áreas clave como la revisión de expedientes administrativos que permitieron el otorgamiento de licencias vigentes. (Foto, Prensa Libre: Shutterstock).

La Comisión Nacional Contra la Corrupción (CNC) empezó a dar seguimiento a las denuncias públicas por el otorgamiento de licencias para la pesca o captura de atún luego de citaciones a funcionarios que surgieron en el Congreso de la República.

Respecto a la consulta si se ha investigado y qué detectaron, la CNC respondió que, por mandato legal, no puede investigar estos hechos, y expuso que dentro del Organismo Ejecutivo, son las propias instituciones, por medio de las Instancias de Asuntos de Probidad y sus órganos de control, quienes están desarrollando las investigaciones administrativas, pero refirió que puede brindar el acompañamiento que sea necesario.

Se solicitó ampliación de información respecto a señalamientos que surgieron hacia ambas vías, es decir en contra de la exviceministra viceministra de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, Marissa Montepeque así como en contra del ministro de Agricultura, Maynor Estrada y otros funcionarios pero la Comisión no ha respondido.

Sin embargo, expuso que realizó acciones dentro de su competencia, solicitando al Ministerio que se informara sobre las medidas adoptadas al respecto.

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Añadió que, como parte de las acciones de la CNC, se emitieron y se presentó al Ministerio un documento con las propuestas de acciones de prevención orientadas a fortalecer los controles internos y la transparencia en los procedimientos efectuados por la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura (Dipesca), y se agregó que dicho instrumento tiene como objetivo transparentar los procesos relacionados a esta área.

CNC propone revisión de expedientes administrativos que permitieron el otorgamiento de licencias vigentes

En el documento mencionado la CNC refiere que en años recientes se han detectado riesgos de opacidad en ciertos procesos, como el otorgamiento de licencias y la gestión de expedientes sancionatorios, los cuales exponen a la institución a vulnerabilidades que pueden derivar en prácticas corruptas y una administración deficiente.

Añade que la falta de transparencia en la actualización de expedientes y en la publicación de información clave ha generado dificultades para el control ciudadano y la auditoría de las actuaciones de Dipesca. Este vacío reduce la confianza pública en la institución y limita el acceso a la información necesaria para monitorear el cumplimiento de las normativas en el sector, por ello, la Comisión refiere que se vuelve imprescindible establecer medidas que garanticen la divulgación de datos oportunos sobre los procesos de licencias y sanciones.

“La falta de acciones de transparencia ha permitido que existan espacios de discrecionalidad en el otorgamiento de licencias pesqueras, así como en el control de expedientes sancionatorios”, se agrega en el documento. Con ello, añade, se ha caído en situaciones donde las licencias se otorgan sin una adecuada divulgación, los expedientes sancionatorios permanecen no se gestionan, limitan la fiscalización efectiva de los actores del sector y crean incertidumbre sobre la legalidad de las actuaciones de la institución.

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La propuesta “tiene un enfoque preventivo” para reforzar el control y la supervisión de las actividades pesqueras, y se orientan a fortalecer la transparencia de las actuaciones de Dipesca, en áreas clave como:

La revisión de expedientes administrativos que permitieron el otorgamiento de licencias vigentes;
Desarrollo e implementación de sistema de monitoreo integral:
Fortalecimiento del proceso de inspección y del régimen sancionatorio;
Transparencia de actuaciones;
Desarrollo de acciones de sensibilización;
Elaboración y distribución de manual de buenas prácticas;
Y, fomento de la participación ciudadana.

CNC refiere que ante vulnerabilidades las propuestas buscan paliar los grados de discrecionalidad que existen en la actualidad y suministrar elementos técnicos para una adecuada gestión.

10 acciones que implementa el Maga

Por la noche del viernes 28 de febrero la CNC y el Maga emitieron un comunicado conjunto en donde indican que se efectúala gestión de procesos transparentes y apegados a la Ley General de Pesca y Acuicultura, y enlistan 10 acciones que el ministerio ha implementado para la revisión y otorgamiento de las licencias para captura de atún y pesca en general, y que incluyen un proceso de ordenamiento interno y con acompañamiento de la Comisión:

El 4 de noviembre del 2024, CNC entregó el documento mencionado de “Propuestas de acciones de prevención orientadas a fortalecer los controles internos y la transparencia en los procedimientos efectuados por la Dipesca”.
Se han realizado cobros de las sanciones por el incumplimiento al artículo 75 de la Ley General de Pesca y Acuicultura en los años comprendidos del 2021 al 2024, gestión que no se había llevado a cabo anteriormente.
No se otorgó prórroga de licencia a un concesionario por incumplimiento a la Ley General de Pesca y Acuicultura y el contrato respectivo.
Se solicitó la devolución al capítulo de Guatemala de la capacidad de volumen de bodega, dado en calidad de préstamo a la República de Panamá y utilizado por una concesionaria.
Se trasladó y rotó personal, buscando la eficiencia y transparencia que el servicio de Dipesca realiza.
Se inició el proceso de revisión para determinar la procedencia para dar de baja a licencias por incumplimiento de algunos concesionarios.
Se creó la Unidad de Probidad, mediante el Acuerdo Ministerial 101-2024, en agosto del 2024, que tiene por objeto implementar y ejecutar las acciones y lineamientos técnicos en materia de ética y probidad.
En el 2025 se ha trabajado las mesas de gobernanza para la divulgación e implementación del calendario de vedas en el caribe guatemalteco.
Se trabajó en las mesas de gobernanza del camarón en el pacífico guatemalteco, con el límite de embarcaciones de camarón.
Se aprobó la auditoría que hizo la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), para exportar camarón a EE. UU., esto se debe porque se cumplió el seguimiento y las inspecciones a los dispositivos excluidores de tortugas.

Se agregó que el Maga por medio de sus órganos de control interno y la Unidad de Probidad, ejecutará las acciones necesarias para identificar oportunidades de fortalecimiento institucional y detectar posibles irregularidades, aplicar las medidas de transparencia y de ser el caso presentar las denuncias ante las instancias competentes.

Contexto

La polémica por el otorgamiento de licencias se divulgó en octubre en citaciones del Congreso, y resurgió este mes, luego que el 25 de febrero el Maga informó que la entonces viceministra de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, Marissa Montepeque Sierra renunció por aspectos personales, y su retiro se hizo efectivo el 24 de febrero.

Guatemala tiene asignada una cuota para captura de atún de 9 mil 400 metros cúbicos. El Maga, por medio de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura (Dipesca), contaba con siete concesionarios para la captura en el Pacífico y dos para el Atlántico, con sus debidas embarcaciones, según datos de octubre del 2024.

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Sin embargo, parlamentarios cuestionan desde esas fechas, que de todas las embarcaciones a las que se les ha otorgado licencia desde hace años, ninguna tiene bandera de nacionalidad guatemalteca, por lo que trasladan el producto a otros países y algunas no han cumplido con hacer cuatro entregas de producto al año en Guatemala. Se denunció públicamente que incluso el expresidente Alejandro Giammattei las exoneró del pago de varias multas, días antes de dejar el cargo.

Luego de vencerse el plazo de la licencia a una de estas embarcaciones el Maga decidió no renovarla, y esa semana el ministro confirmó que la nueva licencia se otorgará a la embarcación Sant Diego Uno, de Industria Atunera Centroamericana, por una cuota de 1,900 metros cúbicos, indicando que esta compañía de capital español ya opera en Guatemala y ha efectuado diversas inversiones.

En el Congreso durante el mes, diputados de Vos, volvieron a cuestionar el caso, indicando que la exviceministra estaba entorpeciendo el otorgamiento de la licencia y favoreciendo a otras empresas. En tanto la polémica se reavivó luego de la renuncia de Montepeque, ya que al día siguiente circuló un documento donde supuestamente la exfuncionaria hacia señalamientos contra el ministro, otros funcionarios del Maga, parlamentarios y ejecutivos de la empresa mencionada.

Montepeque no respondió a las solicitudes de información para verificar si ella había emitido el documento y los señalamientos, mientras que Estrada dijo que no se pronunciaría porque se trataba de un documento apócrifo, y dijo que el jueves la exviceministra le indicó que ella no había participado en la elaboración de dicho documento.

El ministro dijo que había pedido al CNC investigar el tema de las licencias, y la CNC dijo que puede dar acompañamiento pero cada entidad debe hacer las investigaciones administrativas por medio de su unidad de probidad. La Comisión ya no respondió la solicitud de ampliación de información efectuada.

Manejo de licencias de atún genera polémica y confusión de quién debe investigar supuestos señalamientos

Fri, 28 Feb 2025 11:00:00 +0000

Procesos

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Manejo de licencias de atún genera polémica y confusión de quién debe investigar supuestos señalamientos

En medio de los procesos para las licencias han surgido denuncias públicas de señalamientos, favoritismo o entorpecimiento para la aprobación de los permisos sobre la pesca de esa especie.

Leslie Sánchez, Urias Gamarro y Rosa María Bolaños

28 de febrero de 2025

05:00h

Según el Maga, en los próximos días se otorgará una licencia de pesca de atún a la embarcación Sant Yago Uno, propiedad de la empresa de capital español que cuenta con una planta en Escuintla. (Foto, Prensa Libre: cortesía).

En octubre del 2024 se informó en una citación de la bancada Vos en el Congreso que Guatemala tiene una cuota anual de pesca de 9 mil 400 metros cúbicos y que hace años se había otorgado las licencias otorgadas a siete empresas pero que ninguna embarcación tenía bandera guatemalteca, por lo que la especie que se captura en la zona económica se destinaba hacia Panamá y Ecuador.

Según se indicó en esa citación, que el Maga por medio de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura (Dipesca), contaba con siete concesionarios para la captura en el Pacífico y dos para el Atlántico, con sus debidas embarcaciones, y que estas tienen la obligación de hacer cuatro entregas de producto en Guatemala, pero que algunas no lo cumplían.

En esa ocasión la entonces viceministra de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Maga, Marissa Montepeque, confirmó que estas embarcaciones no habían realizado entrega del producto en Guatemala, por lo que han sido sancionados con multas, cuyos procedimientos datan de entre el 2021 y el 2023, pero que han sido exoneradas al solicitar desistimientos.

En tanto durante la presenta semana el Maga informó que la viceministra renunció al cargo por razones personales, cuya renuncia se hizo efectiva el 24 de febrero, según el boletín emitido por esta institución.

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Un día después, el 27 de febrero, circuló un documento supuestamente emitido por Montepeque, donde se señala que dicha renuncia no fue voluntaria, sino que el ministro de Agricultura, Maynor Estrada, la forzó a presentarla, porque no accedió a la petición de él, quien junto a otros funcionarios querían quitarle la licencia a una empresa para otorgarla a otra.

Consultado sobre las razones de la renuncia de la exviceministra, refirió que son cuestiones muy personales y situaciones particulares cercanas a su entorno familiar, por lo que le pertenece a ella la información porque es muy privado porque “son cuestiones más que todo de carácter personal y ligadas a su entorno familiar”.

Se intentó contactar a Montepeque, pero no ha respondido a las llamadas, mensajes y solicitud de información para confirmar si emitió o no el documento con los supuestos señalamientos. Sin embargo, Estrada declaró que no emitiría opinión acerca del contenido porque se trata de un documento apócrifo o anónimo que no tiene firma.

Añadió que la exviceministra le habló el jueves por la mañana, que le dio a conocer que se encontraba muy afectada y le aseguró que no había participado en la elaboración de ese documento y que no había tenido nada que ver con ello.

El funcionario mencionó que Montepeque le comentó que estaba emocionalmente bastante afectada porque se sentía muy ofendida tomando en consideración de que la ponían en entredicho con él. Estrada indicó que, para dar declaraciones a los medios de comunicación, llamó a la exfuncionaria para consultarle si le autorizaba hacer público lo conversado al respecto, porque había sido “una plática muy personal con ella” y que no tuvo ningún impedimento para porque consideraba que era muy oportuno que el ministro hiciera esa aclaración en su nombre.

Estrada añadió que “no voy a referirme a lo expresado en ese documento apócrifo, anónimo y con muchas falsedades”.

Trasladarán cuota con licencia a otra embarcación

Consultado acerca de las denuncias públicas que se dieron a conocer en el Congreso en la citación desde octubre del 2024, de que se estaba favoreciendo algunas empresas con buques de bandera no guatemalteca y que ahora se buscaba abrirle espacio a la planta española mencionada.

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Dijo que han sido citados en varias oportunidades por una bancada donde les han cuestionado sobre las licencias de atún.

Explicó que la pesca del atún se hace en aguas internacionales y no en las aguas nacionales, aspecto que está normado por la Organización Internacional de Atún, la cual asigna las cuotas a los países.

Añadió que en agosto del 2024 se venció la licencia para una embarcación, que no había cumplido lo establecido en la ley de pesca de hacer las cuatro entregas producto al país y que tampoco había cumplido con el pago de las multas impuestas por ese incumplimiento, por lo que se decidió ya no renovarla.

Explicó que se notificó a la empresa la cual llevó a cabo el procedimiento administrativo jurídico correspondiente, presentó las revisiones y diversas acciones legales para revertir esa decisión, y que el caso llegó a la Corte de Constitucionalidad la cual a finales de enero 2025 determinó que la cuota es soberana del país y que le pertenece por lo que puede disponer de la misma.

Estrada explicó que basados en esa resolución mantienen su postura de no renovar la licencia y en los próximos días van a trasladar la cuota a la otra embarcación que tiene bandera guatemalteca, cuya empresa atunera con capital español ha invertido en el país, en especial en Puerto de San José y que cuenta con una planta en Escuintla.

La cuota será de 1 mil 900 metros cúbicos, que incluyen los 1 mil 200 que tenía autorizados la licencia vencida, cuota que recuperó el país, y alrededor de otros 600 que se tenían de sobrante.

¿Quién investigará?

El ministro dijo que pidió a la Comisión Nacional Contra la Corrupción (CNC) que investigue acerca del procedimiento para otorgar las licencias de pesca, caso que, según Estrada, incluso podría involucrar a algunos funcionarios dentro del ministerio.

“Eso es parte de todo el trabajo que estamos haciendo, yo creo que ahorita sería adelantar hechos que en alguna medida pueden afectar el proceso, pero creo que lo más importante es que hemos venido a poner orden”, enfatizó el ministro.

Consultada la CNC respondió esta semana que dio seguimiento a los señalamientos luego de las citaciones en el Congreso en octubre último, pero expuso que por mandato legal, no puede investigar esos casos, y que dentro del Organismo Ejecutivo son las propias instituciones las que deben desarrollar las investigaciones por medio de las instancias de asuntos de probidad y sus órganos de control, aunque refirió que la Comisión pueden brindar acompañamiento.

Licencia, embarcaciones e inversión

A partir de esta semana se tendrá la primera embarcación con bandera guatemalteca para pesca de atún.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) decidió otorgar en los próximos días la licencia para la embarcación Sant Yago Uno, de la empresa Industria Atunera Centroamericana, por una cuota de 1,900 metros cúbicos.

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El gerente de la compañía (una empresa de capital español instalada en el país), Guillermo Rodríguez Mahuad indicó que la embarcación es de bandera guatemalteca y esperan que este viernes 28 de febrero el Maga les entregue la licencia, lo cual les permitirá empezar a efectuar la captura de atún.

En la actualidad genera 600 empleos directos, y se llega a 3,600 jornales.

El ejecutivo señaló que se está haciendo una inversión de US$60 millones que incluye dos embarcaciones con bandera nacional, Saint Yago Uno y Sant Yago Tres, una planta de harina de pescado, módulo para vitaminas, y dos plantas para la producción de lomo fresco al vacío, y una generadora de energía eólica.

El precio promedio por tonelada de atún en el mercado es de alrededor de US$2 mil.

Rodríguez expuso que la Ley de Pesca de Guatemala establece en su artículo 25 que las cuotas de acarreo en el Océano Pacífico, solo a pueden ser concedidas a barcos de bandera guatemalteco, sin embargo, aseguró que desde 2005 se han concedido las cuotas de acarreo a buques no guatemaltecos, sino a ecuatorianos y panameños.

El tema es complejo y la Comisión Interamericana del Atún Tropical (Ciat) es el órgano que rige el control de la existencia en el Océano Pacifico, refirió explicando que recientemente había una disponibilidad de 600 metros cúbicos de túnidos, pero se congeló la cuota y no se ha notificó a la Ciat. Señaló que el caso se ha alargado porque otras partes han utilizado recursos legales para poderse apropiar del cupo.

Añadió que las autoridades del Maga recuperaron esa cuota para Guatemala y requirió que se notificará a la Ciat, pero por diversas razones no se ha gestionado, por lo que está varado el expediente.

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Rodríguez Mahuad, aseguró que quienes obstaculizan la autorización de cuotas están muy organizados porque presentaron un recurso de revisión y en dos días se les otorgó un amparo por lo que considera que hay muchos involucrados.

Una cuota que no ingrese a Guatemala representa una sanción de US$30 mil y se tiene por ley dejar cuatro durante el año, añadió.

Recordó que la planta ubicada en Escuintla se ha quedado paralizada por un periodo de hasta 60 días por la falta de materia prima.

Se ha calculado que los cinco barcos que tienen cuota de Guatemala obtienen ingresos por unos US$150 millones y no ingresa ningún atún, ni se ha desarrollado ninguna otra industria.

Reiteró que, en el caso de Costa Rica y El Salvador, que tienen cupo de ese país, los obliga entregar todo el pescado por lo que para Guatemala debe ser lo mismo.

“¿Qué se ha hecho?, la verdad es que habría que preguntarle a la exviceministra cuáles son los resultados que estuvo ahí”, señaló Rodríguez Mahuad.

El Inde amplía denuncias: Los nueve casos suman más de Q650 millones y otros siguen en auditoría

Tue, 28 Jan 2025 11:00:00 +0000

Contratos

El Inde amplía denuncias: Los nueve casos suman más de Q650 millones y otros siguen en auditoría

El Instituto Nacional de Electrificación (Inde) presentó dos denuncias más ante el Ministerio Público (MP) en contra de proveedores por contratos efectuados en la administración del gobierno anterior ya que se detectaron irregularidades.

Rosa María Bolaños

28 de enero de 2025

05:00h

El Inde planteó duda razonable en contratos efectuados en la administración pasada por alrededor de Q1 mil millones, ha presentado varias denuncias y otros siguen en auditoría. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Los dos nuevos casos denunciados por el Inde se suman a los seis casos ya presentados en julio del 2024 por contratos que provienen del 2020 al 2023 y otro caso ampliado en noviembre del año pasado para un total de ocho denuncias.

El monto de los contratos con las nuevas denuncias asciende a Q246.8 millones, según divulgaron autoridades del Instituto Nacional de Electrificación (Inde), Luis Martínez, gerente general, Juan González, jefe de asesoría jurídica corporativa, y Jorge Orlando García jefe de auditoría Interna corporativa.

Estas se presentaron también en noviembre y corresponden al contrato por Q220 millones 837 mil 780 adjudicado a Tecnisol para la construcción de la subestación eléctrica Melchor de Mencos y la línea de transmisión asociada en el municipio del mismo nombre del departamento de Petén. Según las autoridades ya se les había otorgado un anticipo de Q40 millones.

Y de Q26 millones 050 mil 900, adjudicada a Marsa Inversiones, S. A., para la ampliación de la subestación eléctrica en Huehuetenango. El anticipo en este caso fue de Q3.6 millones.

Las anteriores denuncias son por varios contratos que en conjunto llegan a alrededor Q406.7 millones. Por lo que a la fecha la suma denunciada asciende a unos Q653.5 millones.

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Los anteriores denunciados incluyen:

Proyecto “Repotenciación Santa María”, ubicado en Zunil, Quetzaltenango, adjudicado en julio 2023 por Q196 millones 143 mil 307, adjudicado a Óscar Augusto Hidalgo Ponce / Alfaconstructores.

Proyecto Fotovoltaico Guacalate, por Q116 millones 997 mil 761, adjudicado a Samuel Porfirio Ochoa De Léon / Constructora Ochoa López.

Proyecto Fotovoltaico, Alta Verapaz, por Q66 millones 984 mil 993, adjudicado a Servicios de Ingeniería, Asesoría y Construcción, S. A.

Además los proyectos: fotovoltaico Edificio Central por Q7 millones 695 mil 520; el de suministro Chixoy que asciende a Q6 millones 634 mil 594; así como el proyecto de suministro de repuestos para la planta Jurún Marínalá con una inversión de Q3 millones 716 mil 592, adjudicados a Construvisión.

Y, otro por presentado por varias consultorías, por Q8.6 millones. Según dieron a conocer las actuales autoridades del Inde en una conferencia de noviembre del 2024, este caso se refiere a varias empresas contratadas para consultorías durante la gestión de Melvin Quijivix, quien presidió la institución por varios años en el gobierno pasado. Incluye denuncia contra otras exautoridades de la institución.

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Al asumir el nuevo gobierno divulgó que tenía dudas razonables en contratos por alrededor de Q995 millones, por indicios de falsedad, incumplimiento de obras, aunque ya se habían brindado anticipos.

Contratos por alrededor de Q350 millones siguen en fase de auditoría. De 150 contratos auditados se contabilizaron 41 incumplimientos, ahora los proveedores se encuentran en diferentes fases de procedimientos administrativos.

El Ministerio Público ejecutó, el lunes 27 de enero del 2025, allanamientos en varios puntos de la capital por un caso que involucra al expresidente del Inde. Uno de los cateos se hizo en un bufete jurídico en la zona 4 capitalina.

La Fiscalía denominó la investigación “Caso Red Quijivix”, en el que señala al exfuncionario de realizar contrataciones irregulares cuando estaba en el cargo.

Con información de Hedy Quino

Jay-Z demanda a abogado de Texas por difamación y extorsión en caso de abuso sexual

Wed, 25 Dec 2024 21:31:44 +0000

ESCENARIO

Jay-Z demanda a abogado de Texas por difamación y extorsión en caso de abuso sexual

Jay-Z demandó en Los Ángeles al abogado Tony Buzbee, acusándolo de difamación y extorsión con falsas denuncias.

REDACCIÓN VIDA

25 de diciembre de 2024

15:31h

Según Jay-Z, las declaraciones recientes son falsas y dañinas para su imagen.( Foto Prensa Libre: AFP)

El rapero Jay-Z, cuyo nombre real es Shawn Carter, presentó una demanda en Los Ángeles contra el abogado Tony Buzbee, quien representa a una mujer que acusa al artista y a Sean “Diddy” Combs de haberla violado en una fiesta posterior a los MTV Video Music Awards en el año 2000, cuando ella tenía 13 años.

En la denuncia, presentada el pasado 20 de diciembre, Jay-Z acusa al abogado de Texas de difamación y extorsión. Según documentos obtenidos por la revista People, el artista afirma que Buzbee le envió acusaciones falsas de abuso sexual acompañadas de demandas escritas que exigían una “mediación confidencial” y el pago de una considerable suma de dinero.

El documento señala que Buzbee otorgó un plazo de dos semanas para cumplir con las condiciones estipuladas, lo que, según el rapero, constituye una amenaza explícita que buscaba presionarlo para evitar consecuencias legales y daños a su reputación.

La denuncia también subraya que las acciones de Buzbee fueron acompañadas de declaraciones públicas que, según Jay-Z, son falsas y dañinas para su imagen.

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Además, el texto legal describe un patrón de comportamiento por parte de Buzbee, quien, de acuerdo con la denuncia, habría hecho declaraciones sobre la posibilidad de presentar cargos criminales y exponer a una “larga lista” de celebridades si no se cumplían sus demandas.

Estas acciones, según la demanda, refuerzan el carácter extorsivo de la situación y evidencian un intento de aprovecharse de la figura pública del rapero para obtener beneficios económicos.

El caso se enmarca en un contexto más amplio de acusaciones hacia figuras de alto perfil, pero la demanda presentada por Jay-Z busca responder específicamente a las declaraciones y acciones del abogado, las cuales el rapero califica de infundadas y perjudiciales.

La presentación del caso ocurre mientras el abogado sigue representando a la mujer que alega el incidente ocurrido hace más de dos décadas.

El CHN por varios años ha sido objeto de estafas o usado para otros fines

Mon, 14 Oct 2024 11:00:00 +0000

Hemeroteca

El CHN por varios años ha sido objeto de estafas o usado para otros fines

Desde hace al menos dos décadas se conocen casos en el que el banco ha sido objeto de irregularidades, algunas de ellas aún sin aclarar.

Rosa María Bolaños y Germán Gómez

14 de octubre de 2024

05:00h

El CHN fue creado en la década de 1930 y es cien por ciento estatal. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Una posible estafa por Q20 millones derivada de 57 extrafinanciamientos aprobados sin los controles necesarios es lo más reciente que enfrenta el Crédito Hipotecario Nacional (CHN), sin embargo, no ha sido el único caso conocido y a través de su historia ha experimentado el aprovechamiento ilícito de sus recursos o de su estructura, u otras decisiones en las que se involucró a esa institución.

En el reciente caso de 2024, a inicios de octubre el monto ya llegaba a Q22.5 millones al sumarle los intereses generados por falta de pago de esos extrafinanciamiento. El problema se derivó por facultades que tenía el gerente que venía de la administración anterior, de aprobar ese tipo de transacciones, explicaron autoridades actuales en el Congreso. Se agregó que en una querella presentada en junio se incluyó a personas que ocupaban diferentes cargos en la institución y medidas para las 57 personas tarjetahabientes externas al banco.

Entre los más conocidos están el uso de esa entidad para parte del desfalco el Ministerio de la Defensa Nacional en la administración del FRG, así como en otros casos, además estafas en operación de créditos promovidas por personal o personas externas. O incluso haber usado el CHN para salvataje de otros bancos (Banejer y Banoro) a los cuales absorbió por orden del gobierno de turno entre el 2002 y 2003.

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Algunos casos

12/09/2002
En el 2002 se informaba que las operaciones fraudulentas en contra del Crédito Hipotecario Nacional (CHN) alcanzaban los Q105 millones, según la investigación del Ministerio Público (MP), en ese entonces. Como uno de los autores se mencionaba a José Armando Llort Quiteño, quien presidió esa institución en la administración del Frente Republicano Guatemalteco (FRG).

Artículo del 12 de septiembre de 2002 sobre investigaciones por casos relacionados al CHN. (Prensa Libre: Hemeroteca PL).

21/02/2011
Durante el gobierno del FRG se investigó un saqueo de Q906 millones al Ministerio de la Defensa. Uno de los primeros hallazgos fue de Q120 millones, y según se indicó para unos Q30 millones se usó la estructura de CHN a donde llevaban dinero en efectivo para luego distribuirlo, incluyendo a cuentas de exfuncionarios. La institución era presidida por LLort Quiteño. Se mencionó que Q30 millones fueron depositados a sus cuentas para cubrir sobregiros. Por el caso también se abrió juicio al exmandatario Alfonso Portillo y otros exfuncionarios.

CHN 2 21 de febrero 2011 nota menciona al CHN 1 Download

26/07/2005
En 2005 se detectó una nueva estafa por más de Q15 millones contra el CHN. No solo se dirigió a esa institución sino también a personas particulares por Q45 millones en tres casos distintos a través de una financiera. (Carlos Alejandro Bonifasi Girón, acusado y sentenciado a cárcel, por la estafa a través de la empresa Fincorp).

Artículos del 26 de julio del 2005 sobre investigaciones por casos relacionados al CHN. (Prensa Libre: Hemeroteca PL).

13/06/2005
En el 2005 se informó de un caso en el cual el exsecretario privado de la presidencia, Julio Girón Barillas, cobró en el año 2000, dos cheques de US$90 mil cada uno, provenientes de una casa de cambio señalada de anomalías financieras como Productores Inversionistas, S. A., y depositados en otras entidades para sacar los fondos del país. En el 2002 fue detenido su presidente de la firma, Ricardo Rodas Sánchez, por sobregiros sin respaldo e intermediación de dólares con cheques sin garantía. Luego Rodas fue acusado de haber estafado US$500 mil (Q4 millones) al CHN y quedó libre tras el pago de una fianza de Q3 millones.

CHN 4 NOTA DEL 13 DE JULIO MENCIONAN QUE ESTAFARON A CHN Download

31/08/2006
En el 2006 el banco denunció que se detectaron Q12 millones en pérdidas por fraude en el CHN derivado de personas que modificaban cifras en el sistema informático de la institución y operaban en algunos créditos montos mayores a los que en realidad abonaban. Se mencionó que había 19 personas involucradas, una de ellas supuestamente fue el jefe de bancada de la Gana. Ejecutivos de la entidad bancaria dijeron que negociaban con el parlamentario la recuperación de Q1.4 millones que adeuda. El diputado dijo que le habían falsificado la firma.

CHN 5 del 31 de agosto de 2005 investigaciones por estafas al CHN Download

20/07/2007
Dos comerciantes y dos trabajadores del CHN fueron capturados, sindicados de estafa por más de Q6 millones a esa institución, también por alterar datos en el sistema informático en préstamos a favor de los comerciantes y operar abonos por montos mayores a lo real.

Artículo del 20 de julio del 2007 sobre investigaciones por casos de estafa contra el CHN. (Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Usado para absorber bancos

Se criticó el uso de fondos del Estado y del CHN para salvataje de bancos de allegados del entonces mandatario (Alfonso Portillo), en lugar de que se intervinieran las instituciones.

01/11/2002
Se anunció que se iniciaba la fusión donde el CHN, por decisión del presidente de la República, absorbió al Banco del Ejército (Banejer), debido a los problemas financieros que este último enfrentaba. Esa fusión de bancos le costaría unos Q135 millones al Estado. El 5 de noviembre los representantes del Banejer y del CHN, anunciaron que la fusión por absorción se concretaría el 1 de marzo del 2003.

CHN ABSORBE BANCOS 1 Download

25/02/2003
Se dio a conocer por funcionarios que el 21 de febrero de 2003 el Banco del Nor-Oriente (Banoro) fue fusionado por absorción por el CHN. La decisión del gobierno tenía la intención de salvarlo de la quiebra. Luego fue aprobada por la Junta Monetaria y se formalizaría el 2 de julio de 2003. El artículo del 28 de febrero explica el caso.

CHN ABSORBE BANCOS 3 Download

15/09/2008
Los problemas administrativos y señalamientos de corrupción contra los responsables de CHN en el pasado, aunados a la fusión de Banejer y Banoro en el 2003, dejaron pérdidas económicas por Q146.2 millones y una cartera en mora de aproximadamente un 25%, según la nota publicada en 2008.

Otros casos

31/01/2017
La Cicig y el MP allanaron oficinas del CHN en la zona 1 y secuestraron documentos físicos y archivos digitales, en un caso relacionado con el proceso que se seguía en contra de tres abogados que intentaron sobornar por US$100 mil a Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la Vicepresidencia en tiempo de Roxana Baldetti, para que en sus declaraciones como colaborador eficaz no mencionara al CHN. En 2019 se conoció que los abogados fueron condenados por soborno.

Manejo de fondos de la emergencia por el covid

Se criticó el uso del CHN para manejar los fondos aprobados por el gobierno y el Congreso por la emergencia de covid tomando en cuenta que no contaba con una amplia estructura para ello. Luego esa entidad lo trasladó también instituciones privadas para su ejecución:

05/11/2021
El CHN no detalla destino específico de Q2,980 millones para créditos por emergencia del covid. La entidad recibió Q2,550 millones para otorgar créditos a personas y empresas, pero del 88% ejecutado el 69% fue colocado a través de otros bancos y cooperativas. Devolvió Q323.02 millones al fondo común.

CHN POCA CLARIDAD PRÉSTAMOS POR COVID Download

26/08/2022
En el congreso varios diputados intentaron, entre críticas y sin haberlo logrado, aprobar la iniciativa 6120 para crear la Ley de Respuesta y Supervisión Financiera para los Fondos de Covid, para que más de Q5 mil millones, que administró el CHN, quedaran fuera de la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas y los supervisara la Superintendencia de Bancos, pero la entidad refirió que esa no era su función.
23/11/2023
Por medio del decreto 7-2023 que reformó la Ley Orgánica del CHN la institución prevé que se recapitalizará con alrededor de Q1,427 millones prestados a personas, empresas y negocios tanto por este, como por otros bancos y cooperativas de los tres fondos para mitigar el impacto de la emergencia del covid.

Denuncias a call center revelan que corrupción en la PNC continúa

Sat, 17 Aug 2024 11:00:00 +0000

Guatemala

Denuncias a call center revelan que corrupción en la PNC continúa

El número anticorrupción genera varias llamadas anónimas en contra de supuestos abusos de efectivos policiales, principalmente sobornos.

José Manuel Patzán

17 de agosto de 2024

05:00h

Este año han sido detenidos 92 agentes de PNC por diferentes delitos.(Foto Prensa Libre: PNC)

A menos de un mes de haberse creado el call center para denunciar actos de corrupción en la PNC, se han recibido al menos 300 llamadas. En estas se han denunciado diferentes situaciones en las que se ven involucrados los agentes de la institución policial.

El 23 de julio pasado, las autoridades del ministerio de Gobernación inauguraron un centro de llamadas con el número 1531, el objetivo es denunciar de forma anónima cualquier abuso de la PNC relacionados con sobornos.

El director de la PNC, David Custodio Boteo refirió que las denuncias se trabajan de forma confidencial. Sin embargo, recalcó que al momento de recibir una acusación se verifica y dependiendo de la gravedad del caso, se coordina con el Ministerio Público (MP) y con las personas afectadas para que efectúen las denuncias del caso.

Antecedentes

El pasado 7 de febrero, las autoridades del ministerio de Gobernación ( Mingob) anunciaron la disolución de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafront), al confirmar la existencia de denuncias en las que se les señalaba a los agentes de cometer extorsiones en contra de migrantes.

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Las denuncias de migrantes de diferentes nacionalidades que atraviesan Guatemala en su ruta hacia Estados Unidos han sido constantes y trascendieron más durante el 2023, cuando organizaciones y medios de comunicación hicieron públicos los testimonios de los afectados.

Este año según el ministerio de Gobernación han sido detenidos 92 agentes de la PNC por diferentes delitos y dos mil personas fueron sancionadas a lo interno de la institución por diferentes faltas.

Contrabandistas

En 2023 contrabandistas que operan en Tecún Umán, San Marcos afirmaron que los agentes les cobraban grandes cantidades de dinero a cambio de dejar que pasaran la mercadería hacia Guatemala.

Felipe, como prefiere identificarse una persona que viaja a México tres veces por semana para ingresar mercadería sin declarar a Guatemala, reconoció que no está bien la forma como trabaja. Sin embargo, afirma que este año a pesar de que los mandos policiales fueron rotados en la línea fronteriza, la forma en que operan no ha cambiado y los sobornos son constantes.

Los contrabandistas que pasan sin declarar mercadería desde México aseguran que existe una estructura con tarifas establecidas y es dirigida por la PNC.

El 19 de mayo de 2023, camaroneros y conductores de triciclos que trasladan productos de contrabando por el río Suchiate quemaron un autopatrulla de la PNC, al asegurar que les cobran entre Q5 mil y Q10 mil para dejarlos seguir con dicha actividad.

Desde que descargan la mercadería en el río Suchiate, los contrabandistas afirman que deben pagar Q50, más adelante en otros puestos de registro que se colocan en la ruta deben cancelar Q200, Q2 mil o más, que depende de la mercadería que trasladen y la cantidad que representa. En el caso de los camiones deben pagar desde Q500.

Por parte del Ministerio de Gobernación y PNC, siempre se ha informado que han emprendido investigaciones y varios agentes han sido destituidos y denunciados.

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Positivo

Lizandro Acuña, analista en temas de seguridad del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, (Ipnusac) dijo que el call center anticorrupción policial es positivo y es una oportunidad para denunciar de forma anónima, puesto que anteriormente se hacía de forma presencial en la Oficina de Responsabilidad Profesional de la PNC.

Acuña agregó que las denuncias a ese centro de llamadas pueden revelar la corrupción que hay en la institución, aunque espera que estas se hagan con pruebas fundamentadas y no se haga mal uso de la plataforma.

“Sabemos que la PNC históricamente ha tenido muchos problemas y la corrupción no es la excepción y ha habido capturas”, acotó.

Paralelo a estas plataformas de denuncia, Acuña dice que debe haber planes para desarrollar la institución que garanticen el incentivo para que los agentes no incurran en delitos.

La PNC todavía tiene debilidades, malas instalaciones, bajos salarios, se les debe dar equipos y deben tener mejor capacitación”, recomendó.

Cada año se presentan alrededor de 2 mil 400 denuncias por delitos contra la propiedad inmueble

Fri, 09 Aug 2024 11:00:00 +0000

Economía

Suscriptores

Cada año se presentan alrededor de 2 mil 400 denuncias por delitos contra la propiedad inmueble

La usurpación simple y agravada, así como la invasión de áreas protegidas, son algunos de los ilícitos que se cometen en el país, según el Observatorio de Derechos de Propiedad.

Rosa María Bolaños

9 de agosto de 2024

05:00h

Una denuncia pública por usurpaciones lanzó el abogado del Ingenio Magdalena, Kevin Moldauer; apoyado por los ejecutivos Luis Miguel Paiz, de Asazgua; Carla Caballeros, de Camagro y Andrea Cáceres del Observatorio de Derechos de Propiedad. (Foto, Prensa Libre: Esbin García).

Del 2018 al 2023 se presentaron más de 14 mil 350 denuncias por delitos contra la propiedad privada: el primer año en mención fueron 2 mil 316 denuncias, mientras que el 2023 cerró con 1 mil 847, con un repunte en el 2021 con 2 mil 898. En tanto, a abril pasado se reportaban 513, pero el dato subió a 1 mil 400, según datos actualizados al 8 de agosto, explicó Andrea Cáceres, directora ejecutiva del Observatorio de Derechos de Propiedad. En estos se incluyen invasiones y otras acciones contra la propiedad inmueble.

Además, se registran alrededor de 5 mil denuncias anuales por los delitos de falsedad material y falsedad ideológica que son otras formas de despojo de propiedades con distintas tipologías que involucran robo de protocolos, falsificación de firmas de títulos de propiedad y otros documentos legales.

Pero a pesar del gran número de denuncias, alrededor del 70% es desestimado por diferentes razones, el 21% refleja una salida alterna, y solo el 0.3% ha logrado sentencia, expuso Cáceres. Mientras, el 3.5% de denuncias siguen activas y 5.9% presentan otros casos.

El año con menos desestimaciones fue el 2021, con 64.9%, pero posteriormente empezaron a subir, por lo que en 2022 y 2023 llegaron a 72.6% y 75.5% respectivamente; y en el presente año, de 513 denuncias a abril, se ha desestimado el 72.5%.

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“Siempre nos ha llamado la atención por qué se desestiman tantas denuncias y lo que sucede es que los juzgados pasan muchos de los casos al ámbito civil, cuando realmente se trata de delitos penales”, expresó Cáceres.

Por departamento

En las estadísticas del observatorio aparecen registrados estos ilícitos en todos los departamentos, pero el de Guatemala es el que está a la cabeza con 2 mil 509 denuncias del 2018 a abril del 2024.

Le siguen Huehuetenango con 1 mil 611; San Marcos, con 1 mil 357; y Alta Verapaz, 1 mil 25. También aparece Sololá con 703 y Petén con 695.

En el tema de desalojos, las cifras son menores. Según las estadísticas recabadas por el observatorio, en el 2022 había 80 solicitudes de desalojo, pero solo se ejecutaron 45. En el 2023 fueron 60 y 38 respectivamente, mientras que a abril del 2024 se registraban 71 y 16.

El desalojo es una medida preventiva que establece el Código Penal para poder recuperar la posesión de los bienes inmuebles.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

En general, el plazo que tarda la ejecución de una resolución de ese tipo de casos sobrepasa lo que establece la legislación en Guatemala, explicó la ejecutiva, pues debería ser un promedio de 341 días (según análisis efectuado por el Observatorio Judicial del Sistema de Justicia Penal de Guatemala de la Universidad Rafael Landívar), pero en la realidad, tardan en promedio 817 días, que representa más de dos años.

Usurpación de “grupos criminales”

En una denuncia pública efectuada este jueves 8 de agosto, el Ingenio Magdalena dio a conocer que pese a contar con varias sentencias dictadas por Salas de la Corte de Apelaciones y por la Corte de Constitucionalidad, “un grupo criminal continúa actuando fuera de la ley utilizando argucias y documentos falsos para intentar, de manera violenta, retomar la posesión ilícita de tierras ubicadas en La Democracia, Escuintla”.

Según el abogado de esa compañía, Kevin Moldauer, la propiedad ha estado bajo legítima posesión de dicho grupo por más de 70 años y se utiliza para labores exclusivamente agrícolas desde hace 40 años.

Pero en septiembre de 2020 un grupo de personas usurpó alrededor de 120 caballerías del inmueble, recuperadas mediante acciones judiciales en febrero de 2024, tras una serie de allanamientos con el apoyo de las autoridades pertinentes, se agregó.

Por ello ahora denuncian el robo de la propiedad privada, “mediante la usurpación agravada por parte de grupos criminales fuertemente armados, aparte de que los retrasos injustificados en los procesos judiciales atentan contra los derechos fundamentales de los guatemaltecos”.

Por lo tanto, solicitan que se garanticen y respeten los tiempos en los casos judiciales aspecto que, insisten, es fundamental para asegurar el estado de derecho, el debido proceso y el cumplimiento de la ley.

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Moldauer explicó que el proceso jurídico continúa en desarrollo, “aun y cuando la gran mayoría de los procedimientos emprendidos por este grupo criminal han sido declarados sin efecto, los hechos parecieran indicar que hay manipulaciones que retrasan injustificadamente el proceso judicial”, según el ingenio Magdalena.

Denuncia demoras no justificadas y otras anomalías

El abogado dio a conocer acciones que, a criterio de la compañía, ponen en riesgo la certeza jurídica y el respeto al debido proceso, por lo que la entidad hizo un llamado a los jueces a mantener su objetividad e imparcialidad, resaltando la importancia de enmarcar sus decisiones dentro de la ley y evitar más demoras injustificadas en el proceso.

Las personas involucradas han sido citadas más de 4 veces al Juzgado para rendir su primera declaración, pero las audiencias han sido suspendidas y uno de los implicados no se ha presentado.

El Juzgado de Primera Instancia Penal de Santa Lucía Cotzumalguapa suspendió la audiencia indicando que el representante de Magdalena no estaba presente aunque su representante legal y abogado ya se habían acreditado ante el secretario de dicho Juzgado. Además, el juez ha sido recusado tres veces y, no obstante tener limitación para seguir conociendo del proceso por imperativo legal, continúa a cargo del mismo, se añadió.

El Ministerio Público emitió órdenes de aprehensión para los supuestos involucrados, pero hasta la fecha ninguna ha sido ejecutada, “pese a que durante la usurpación, estos grupos armados amenazaron de muerte y tomaron por la fuerza al personal presente en las fincas, los tuvieron amarrados y restringieron su movilización. Además, durante los allanamientos, atentaron contra la vida de personeros de Magdalena y autoridades gubernamentales”.

El abogado dijo además que las agrupaciones denunciadas han emprendido acciones ilegales e ilegítimas dentro de las instituciones judiciales con el fin de recuperar su presencia en la zona.

No se trata de grupos de personas comunes, ya que incluso después de los allanamientos, “el ingenio tuvo que desmantelar 5 helipuertos y tres pistas de aterrizaje en una de las fincas, que habían sido instaladas por este grupo criminal, sin los permisos correspondientes, aparte de que durante el tiempo de la ocupación ilegal, más de 150 personas con armas de asalto dentro de las fincas intimidaban a los propietarios y vecinos del área”.

Se tiene conocimiento de que para este viernes 9 de agosto se está convocando a una audiencia donde las personas denunciadas buscan que el caso ya no se conozca por la vía penal sino que se traslade a lo civil.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

En la conferencia de prensa en la que se hizo la denuncia pública, también participó el gerente de la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua), Luis Miguel Paiz; la directora ejecutiva del Observatorio de Derechos de Propiedad, Andrea Cáceres; y la directora ejecutiva de Cámara del Agro Guatemala (Camagro), Carla Caballeros; quienes indicaron que se unieron al llamado del Ingenio Magdalena “para que los jueces e instituciones encargadas de velar por la justicia actúen de forma imparcial y objetiva, con prontitud y firmeza, apegados a lo que manda la ley en el proceso de usurpación agravada de tierras en La Democracia, Escuintla, por un grupo criminal que ha intentado tomar posesión de las mismas mediante documentos falsos y el uso de la fuerza”.

¿Qué prioridades en seguridad debería tener el nuevo gobierno? Estos son los delitos más denunciados

Mon, 04 Sep 2023 11:00:58 +0000

La tecnología brinda un apoyo irremplazable para la seguridad de la población. Permite la recolección de datos, la geolocalización e incluso la predicción de zonas, días y horarios en los que hay un repunte de hechos delictivos. Ejemplos del uso de big data para la inteligencia civil es la ciudad de Ámsterdam.

En Guatemala, una de las tecnologías que ha apoyado el trabajo de las fuerzas de seguridad es la que se usa en las plataformas de Crime Stoppers: el centro de llamadas 1561 y la web tupista.gt Ambas herramientas representaron desde su implementación un salto tecnológico para las fuerzas de seguridad.

Son estas las que permiten conocer qué delitos son más recurrentes en las denuncias de la población, los departamentos, municipios e incluso zonas con más reportes.

“Las plataformas tecnológicas son esenciales para combatir la delincuencia. Y Crime Stoppers suma el anonimato a la tecnología. Ambos factores son la receta perfecta para acrecentar la credibilidad y confianza de la población hacia las fuerzas de seguridad. Es vital que este esfuerzo continúe para la seguridad de todos”, afirma Salvador Paiz, presidente de Crime Stoppers Guatemala.

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Con base en las denuncias anónimas, los delitos más reportados y que deberían convertirse en prioridades de seguridad para los nuevos gobernantes son, por lo menos, cinco: narcotráfico, extorsiones, contrabando, trata de personas y violencia contra la mujer.

Narcotráfico

Este delito es, por mucho, el más denunciado en ambas plataformas de Crime Stoppers. El 27% de los reportes corresponden a acciones ligadas al narcotráfico.

Venta de estupefacientes, cultivo, transporte y traslado de drogas son los más recurrentes. Con estos reportes al 1561 y en tupista.gt, la PNC han armado 243 investigaciones solo durante este año.

Es claro que el narcotráfico supone un gran reto para las autoridades. ¿Qué es lo que debería atacarse prioritariamente? De acuerdo con el licenciado y comisario de la PNC, Nery Benito Hernández, consultor de Crime Stoppers, uno de los desafíos es el narcomenudeo.

“En la actualidad, uno de los grandes fenómenos que genera muertes, después de las extorsiones, el sicariato y los robos; es el narcomenudeo. Está presente en todos los lugares y estratos sociales”.

Además, de acuerdo con el entrevistado, las pandillas han incursionado en la venta de estupefacientes. Esto se traduce en luchas para controlar territorios.

Atacar la venta de droga al por menor supone que se debe afinar la coordinación interinstitucional entre la Policía Nacional Civil (PNC), Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial.

La razón, la señala el comisario Benito: se debe “simplificar la operatividad para tomar acción ante las denuncias ciudadanas. Debe hacerse una prueba y corroboración, pero no dos o tres veces”. La lentitud del sistema de justicia incide en la proliferación de este delito.

Extorsiones

Este delito es uno de los que afecta a diversos sectores de la sociedad: amenaza al ciudadano común, pero también a pequeños y grandes negocios. Por eso, no sorprende que esté en el top 5 de los delitos más denunciados en las plataformas de Crime Stoppers.

De acuerdo con Benito, lo necesario para una lucha efectiva contra las extorsiones tiene que ver con un solo aspecto: retomar el control del Sistema Penitenciario, acción que califica de “urgente”.

Esto se debe a que, según el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CINE), “el 90% de las extorsiones sale de un recinto carcelario”.
Para Benito, la clave es separar a los líderes de las pandillas y contar con cárceles con bartolinas individuales que eviten que los reos se organicen para delinquir.

Tanto el Barrio 18 como la Mara Salvatrucha tienen un “órgano de gobierno” reunido en alguna de las cárceles del país. Desde allí coordinan acciones que son ejecutadas en las calles por miembros de la pandilla o incluso por mujeres y adolescentes que son reclutados.

Solo durante 2023, las denuncias anónimas en Crime Stoppers han permitido iniciar 66 investigaciones contra estructuras de extorsionistas. Con la información, es posible identificar números telefónicos, números de cuentas y otros detalles que permiten a las autoridades combatir y desarticular organizaciones criminales.

Además de las acciones mencionadas, se vuelve esencial que las autoridades impulsen de forma sistemática campañas informativas y de llamado a la denuncia de las extorsiones.

Los ciudadanos deben saber que pagar, financia estructuras criminales y que el riesgo de sufrir daños se reduce al denunciar. De acuerdo con Benito, los casos que involucran a imitadores se resuelven en 72 horas y las autoridades dan un acompañamiento especializado al ciudadano.

“Los reportes sobre llamadas extorsivas son cruciales para combatir este delito y dar golpes certeros a las estructuras criminales, sean imitadores o pandilleros. Las denuncias proveen información que de otra forma quizá nunca llegaría a las fuerzas de seguridad”, expresa Pedro Cruz, director de Crime Stoppers Guatemala.

Las fronteras

De acuerdo con Benito, las fronteras del país son porosas. “En colindancia con El Salvador hay más de 100 puntos ciegos, en México casi hay el doble”.

Lo anterior provoca que el país sea vulnerable al contrabando de todo tipo de mercadería. El trasiego ilegal afecta la economía, por supuesto, pero la salud de los guatemaltecos es la que sufre la mayor amenaza con productos como el pollo vivo que ingresa desde México sin ningún control sanitario.

Ayutla, La Mesilla y Gracias a Dios son solo algunos de los puntos fronterizos indispensables de controlar. Para Benito, “es necesario instalar el aparato estatal en esas áreas fronterizas. Se necesita la presencia del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), del Instituto Nacional de Bosques (Inab), del Ejército, de la PNC, del MP y de los expertos del Ministerio de Salud”.

Esta presencia estatal evitaría que redes criminales se organicen y tomen comunidades en las que se neutraliza cualquier esfuerzo en seguridad.

Cruz añade más acciones que deberían tomarse en cuenta: “además de la presencia estatal, es clave que las autoridades continúen procesando a los contrabandistas y aplicando la ley de extinción de dominio a esta actividad ilegal. Desde Crime Stoppers hemos sido testigos sobre cómo incautaciones de pollos vivos de contrabando han provocado que bienes como automóviles se quiten a los contrabandistas y pasen a favor del Estado.

Creemos que, junto a la denuncia anónima, este es uno de los caminos más efectivos para combatir este delito”.

Los vulnerables

La violencia contra la mujer y la trata de personas suman un alarmante 17% de las denuncias anónimas que se reciben al 1561 y en tupista.gt. Delitos como explotación sexual, laboral, producción de pornografía infantil, abuso sexual y agresiones son reportados por los guatemaltecos.

Solo en 2023, a través de las denuncias en Crime Stoppers, 14 menores han sido rescatados y 12 personas han sido capturadas.

Paiz señala que “todas las sociedades deben organizarse para proteger a sus miembros más vulnerables. Los guatemaltecos son cada vez más conscientes sobre cómo la trata de personas y la violencia afecta a sus comunidades, por lo que reportan cada vez más. Es tarea de todos prevenir y combatir estos delitos, pero el nuevo gobierno tiene sin duda un rol protagónico en impulsar las plataformas tecnológicas para facilitar que muchas personas sean la voz de quienes no la tienen y puedan reportar estos crímenes de forma anónima, segura y sencilla”.

MP investiga amenazas contra dos magistradas del TSE y actualiza datos de capturas y denuncias por delitos electorales

Mon, 21 Aug 2023 00:29:17 +0000

La Fiscalía dio a conocer algunos datos acerca de las capturas y denuncias por delitos electorales que sucedieron durante la jornada electoral de segunda vuelta presidencial.

La fiscal general y jefe del MP, Consuelo Porras, dijo en conferencia de prensa que se abrió una investigación de oficio basada en las declaración que brindó la magistrada Alfaro, quien denunció públicamente amenazas en su contra.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Delitos en Contra de Operadores de Justicia por el posible delito de amenazas; además, ya se le notificó a Alfaro y a las fuerzas de seguridad para que se le pueda brindar la protección debida, agregó Porras.

Alfaro denunció la mañana de este domingo, en declaraciones a medios de comunicación, acerca de las amenazas contra ella y su familia y mostró un mensaje recibido a su teléfono móvil. En estas declaraciones la funcionaria electoral también indicó que había renunciado a su cargo.

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La fiscal también dio a conocer que la presidenta del TSE, Irma Palencia, presentó ante el MP una denuncia por el posible delito de amenazas por un hecho que sucedió en el mes de junio último. En este caso ya se le notifico del requerimiento que se hizo a la Policía Nacional Civil (PNC) para el tema de seguridad.

“Como ya tiene aproximadamente tres días de haber sido interpuesta la denuncia, la investigación ha avanzado considerablemente para poder tener el resultado correspondiente en su momento”, agregó Porras.

Denuncias y capturas

Desde las 8 de la mañana del sábado y con datos actualizados hasta las 14 horas del 20 de agosto, se han registrado 17 denuncias por delitos electorales por medio del centro de llamadas de la Fiscalía.

Las denuncias más recurrentes son la de coacción del elector, con cinco casos, los cuales se reportan en municipios de Guatemala, San Pedro La Laguna, Santiago Atitlán y Sololá.

El segundo de los delitos más recurrentes es el de amenazas, coacción contra la libertad política y fraude al elector o al votante.

Además, en el centro de llamadas del MP se han registrado 19 reportes de conflictividad relacionados a traslado de personas, compra de votos y propaganda política, en los municipios de Quiché, Guatemala, La Democracia, Huehuetenango, Quetzaltenango, Morales, Panajachel, Sololá, Río Hondo, Zacapa, San Antonio La Paz, entre otros.

Según información del monitoreo de medios, se identifica que los indicadores de conflictividad más reincidentes son el uso de vehículo particulares para el traslado de personas.

En resumen Lizbeth Pérez, de la Fiscalía contra Delitos Electorales del MP, dijo que dentro de los delitos más denunciados están el abuso de autoridad con propósito electoral, con una denuncia; amenazas, dos denuncias; coacción contra las elecciones, una; contra la coacción contra la libertad política, dos denuncias; coacción del elector, cinco; fraude del votante, dos; perjurio, una; tránsito ilegal de personas (transporte de personas en vehículos particulares), turbación del acto eleccionario, uno; uso ilegítimo de documentos de entidad, una.

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Agregó que han sido aprehendidas ocho personas, según la información de la PNC, tres personas por coacción contra la libertad política, ya que se encontraban obstruyendo el ingreso a los votantes en el centro de votación.

También cuatro personas fueron capturadas por proselitismo de partidos políticos, es decir que hacían en ese momento coacción al elector, ya que fueron denunciados porque estaban entregando cupones para luego ser canjeados. Estos casos sucedieron en San Antonio La Paz, El Progreso y en Huehuetenango.

Por aparte hay una persona detenida por portación ilegal de arma de fuego.

Además, en los municipios de Villa Canales, Guatemala, Huehuetenango, Joyabaj, y San Antonio La Paz se reportan incidencias de coacción al elector, manifestando los denunciantes la posible entrega de víveres.

“Quiero manifestarle a la población que todos estos reportes y las denuncias que se hacen a través de los medios de comunicación, en su mayoría desde el día de ayer el Ministerio Público ha tomado acciones dirigiéndose a los lugares en donde se están dando los hechos denunciados con elementos fiscales, así como elementos de la Dirección de Criminalísticas y en ninguno de estos lugares reportados en los medios de comunicación ha sido posible encontrar algún hallazgo sobre estos víveres, sin embargo están atendiendo todas las denuncias y se ha estado monitoreando y verificando en estos lugares alrededor de la sede de los partidos políticos y de las alcaldías para poder determinar si en algún momento se registran estos hechos”, agregó.

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Dentro de los delitos más denunciados están: el abuso de autoridad con propósito electoral con una denuncia; amenazas, dos denuncias; coacción contra las elecciones, una; contra la coacción contra la libertad política, dos denuncias; coacción del elector, cinco; fraude del votante, dos; perjurio, una; tránsito ilegal de personas (transporte de personas en vehículos particulares), turbación del acto eleccionario, uno; uso ilegítimo de documentos de entidad, una.

En total se han recibido 1 mil denuncias, de las cuales alrededor de 400 surgieron el 25 de junio durante la primera vuelta electoral, y posteriormente continuaron, hasta el reporte actual.

Denuncian a varias maquilas por evasión fiscal y les aplican ajustes por Q125 millones

Thu, 25 Aug 2022 11:00:46 +0000

La SAT ha denunciado a maquilas o fábricas del sector de textiles y confección de vestuario, por irregularidades que representan un impacto en el monto de impuestos por alrededor de Q125 millones y ha identificado 12 tipologías de evasión en este régimen fiscal contenido en el decreto 29-89.

Para contrarrestar las irregularidades detectadas y fortalecer los controles, se trabaja en forma conjunta con el sector privado con el que se crearon 200 matrices del flujo que trabajo y materiales que lleva la confección de las diferentes prendas.

El superintendente de Administración Tributaria, Marco Livio Díaz, indicó que se han
presentado tres denuncias penales por el delito de defraudación Aduanera y Tributaria por más de Q124 millones defraudados al Estado y además, realizó la intervención y secuestro de documentación, aparte de que se tiene el control jurisdiccional de las maquilas denunciadas

Se detectaron varios tipos de comportamiento, de los cuales en el 2020 se denunciaron casos por Q8.6 millones, en el 2021 por Q26 millones y en el 2022 van Q37 millones, agregó. A esos montos se agregan los casos en los que se ha llegado acuerdos administrativos para que las empresas regularicen su situación.

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Dentro del proceso de investigación y análisis del sector se detectaron unas 12 modalidades de operación y registro anómalas en compañías amparadas por el decreto 29-89 del Congreso, Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila, según se dio a conocer en el marco de la XII Reunión de la Mesa de Diálogo Público-Privada en Tributación Interna.

Estas tipologías son:

Importación excesiva de insumos que no corresponden a las prendas exportadas.
Las fechas de lo exportado y lo importado no coinciden.
Insumos insuficientes (posibles compras en el mercado local).
Desviación entre los registros de SAT y OPA.,
Inconsistencias en la información reportada.
Reporte de prendas de vestir sin hilo ni tela.
Subvaluación (tema ya denunciado).
Incorrecta clasificación.
Mercancías con endosos incorrectos.
Mal uso del régimen y partidas arancelarias incorrectas.
No se reconocen algunas importaciones del sector de maquila.
Documentos falsos.

También se mencionó la adquisición de insumos entre empresas afectas al 29-89; falta de acreditamiento como coexportador en las reexportaciones declaradas; adquisición de bienes y uso de servicios que no están documentados, no están vinculados con el proceso productivo/comercialización o no están bancarizados.

Además, hay casos en los que las empresas utilizan facturas que no especifican los servicios recibidos por el contribuyente o pretenden utilizar facturas de pequeño contribuyente para solicitar crédito fiscal.

A pesar de todo lo anterior, según el funcionario, la mayoría de las fábricas de este sector operan de forma correcta.

Agexport colabora

Según Amador Carballido, director general de Agexport, el sector se compone de 996 empresas que han efectuado mucha inversión en tecnología para dar valor agregado a los productos para exportar alrededor de US$2 mil millones en productos de vestuario y textiles, aparte de generar alrededor de 80 mil empleos.

Para realizar controles cruzados se elaboraron 200 matrices del flujo de trabajo para la conversión.

“Estos son importantes, aunque es complicado el flujo de insumos para la elaboración de cada prenda. Por ejemplo, en un contenedor de 40 pies vienen botones y serchas, y luego hay que reportar el uso de estas en cada prenda, agregó Fanny de Estrada, directora de relaciones institucionales de Agexport. Ambos indicaron que se trabaja de forma conjunta con la SAT.

La SAT investiga a 93 empresas de diferentes sectores, incluyendo importadoras de pacas, por subvaluación mercancías

Mon, 30 May 2022 21:29:10 +0000

En algunos de los casos se detectaron comportamientos atípicos y malas prácticas como subvaluación de mercancía principalmente de prendas de ropa usada, de calzado y en ocasiones juguetes, según dio a conocer la entidad.

Los casos se han identificado y fortalecido, como parte de la asistencia de la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América (OTA) hacia la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) con expertos internacionales en investigación de fraude, explicó el jefe de esta última entidad mencionada, Marco Livio Díaz.

“No solo son del sector de pacas, sino que hay 93 compañías bajo investigación, de las cuales creemos que ha habido subvaluación” comentó el funcionario. De estas ya se solicitó la información contable y se está pidiendo también a Estados Unidos información del valor de las facturas originales que salieron de las fábricas de los diferentes productos, añadió.

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Denuncia e intervención

Derivado de las investigaciones, una de las denuncias penales se presentó en contra de la contribuyente identificada como Evelyn Johanna Oscal Bran Copropiedad copropietaria de la empresa Importadora y Distribuidora Mahanaim, por la presunción de delitos de los casos especiales de defraudación aduanera informó la SAT. La empresa fue intervenida por la SAT el viernes 27 de mayo, con orden de juez.

En esta se identificó que el fisco dejó de percibir Q8.2 millones de tributos de importación como el impuesto al valor agregado (IVA) y Derechos Arancelarios de Importación (DAI).

Sin embargo, la denuncia presentada llega a Q16.4 millones ya que se incluye el 100% de sanción, añadió Díaz.

Detalles

Por las irregularidades se denegó trato preferencial para 251 facturas de dos proveedores. El valor acumulado de estas es de Q36.9 millones (US$4.8 millones) y se detectó una diferencia del monto FOB de facturas equivalente a Q7.2 millones.

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Según la entidad, se detectó una subvaluación de facturas por 40% del valor declarado ante el servicio aduanero, que incluían diferencias en formatos, valores, peso, descripción y cantidad. Las importaciones se hicieron por medio de los tres puertos del país.

El plazo investigado va de 2017 al 2021.

“Se hizo una investigación sobre las exportaciones de Estados Unidos de América para Guatemala, evidenciando casos de alto riesgo por subvaluación siendo este el primer caso que se presenta del total de los analizados con indicios de mal comportamiento aduanero”, expuso el funcionario.

Además, a través de la información financiera, se establecieron diferencias de transacciones para 47 proveedores más utilizados por el contribuyente y transacciones bancarias no contabilizadas por las empresas.

También se denunció a otra empresa, pero no se puede dar a conocer el nombre y detalles porque el caso se encuentra en bajo reserva, explicó Díaz. En esta se han detectado ventas importantes al consumidor final que no facturaba y que sólo depositaba en efectivo en las cuentas bancarias.

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Hasta el 30 de mayo del 2022 se tienen judicializadas denuncias por Q685 millones, por casos de empresas de diferentes sectores. Además de las 90 que están en investigación con las cuales se “van sumar bastantes millones”, dijo Díaz.

Respecto al sector de ropa y zapatos usados se recomendó que los revendedores de pacas que tengan dudas al respecto pueden usar el verificador integrado en la página electrónica de la entidad donde pueden tener información si la compañía está pagando impuestos correctamente.

Durante el año 2022 se han intervenido cinco empresas de los diferentes sectores por distintos delitos de defraudación tributaria y defraudación aduanera.

Pandemia no frenó las extorsiones, las reconfiguró

Sat, 27 Feb 2021 11:00:02 +0000

Estéfani tiene 25 años, y es administradora de empresas. En marzo del 2018 fue detenida por extorsión. El día en que fue capturada se preparaba para hacer un viaje de trabajo. Estaba por desayunar, cuando los policías tocaron a su puerta y allanaron su casa. Le indicaron que debían aprehenderla y trasladarla a la Torre de Tribunales.

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Después de que el juez de turno le hizo saber el motivo de su detención, fue llevada a la cárcel Santa Teresa, zona 18. Ahí pasó cerca de un mes, antes de la audiencia de primera declaración. Su abogada, durante una de las visitas, le explicó que, según el expediente del Ministerio Público (MP), había recibido un depósito en su cuenta de Q100. El dinero era producto de una extorsión.

Estéfani explica que en octubre del 2017 recibió una llamada de un centro carcelario. Sabía que uno de sus excompañeros de trabajo estaba detenido, asumió que era él quien se trataba de comunicar, por lo que aceptó la llamada. Le pidió que le diera su número de cuenta para depositarle Q100, ya que ese dinero le serviría a su mamá. Le compartió el número de cuenta y llegó el depósito. A los días fue a dejarle el dinero a la casa de la señora. Nunca más supo de su excompañero.

Para Estéfani hacer transacciones por medio de la banca en línea no era nada extraño, por lo que no sospechó que ese dinero la llevaría a prisión.

Mientras estuvo en la cárcel, conoció algunos casos de mujeres detenidas por extorsión. Una de las reclusas estaba detenida porque le pagaron la compra de productos de catálogos por medio de una transacción que era dinero de extorsión.

Estéfani fue ligada a proceso por extorsión en el 2018 y en marzo del 2019 fue condenada por dicho delito a seis años de cárcel. No obstante, la sentencia no está firme, porque apeló y aguarda la resolución.

“Mi familia es la única razón por la que intento demostrar que soy inocente, porque es una sentencia injusta”, dice.

El estudio Reducir las extorsiones, un esfuerzo de todos, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) señala que ocho de cada 10 procesados por ese delito son condenados. El análisis destaca que de 86 mil denuncias recibidas en el MP entre el 2010 y julio del 2020, el 66 por ciento fueron concluidas, el 8 por ciento de las cuales al recibir sentencia representa cuatro mil 232 casos. Mientras que, en ese mismo lapso, el Organismo Judicial emitió 16 mil 20 sentencias, de las cuales el 84 por ciento fueron condenatorias.

Denuncias

La División Nacional contra el Desarrollo de Pandillas (Dipanda) reportó que en enero recibió 969 denuncias de casos de extorsión, mientras que en el mismo mes del año pasado fueron mil 194. Del 1 al 25 febrero último, recibió 851, y en el mismo período del año pasado fueron 966. Es una constante.

Similares números y proporciones de denuncias maneja la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, que en el último mes ha recibido 594 denuncias.
Emma Flores, jefa de la Fiscalía, explicó que le preocupa que los ciudadanos que son víctimas de extorsión no denuncian porque creen que hay una “cifra negra” de personas que efectúan esos pagos.

Un piloto, que prefiere omitir su nombre por seguridad, cuenta que antes de la pandemia se dedicaba a prestar el servicio de transporte de pasajeros en buses pequeños, pero cuando el gobierno suspendió el servicio, debió buscar otra forma de ganarse la vida, por lo que ahora traslada a personas de forma colectiva en un carro particular.

Explica que para ingresar al “punto” —lugar donde se reúnen varios pilotos para el traslado de los pasajeros— debió pagar Q500 a los extorsionistas, y todos los días paga una cuota de Q100, aunque explica que esos pagos varían de acuerdo con las zonas. Además, agrega que muchas veces no deciden quiénes de los conductores ingresan ese día, porque son los extorsionan quienes los admiten.

El conductor cuenta que cuando era piloto de los microbuses, por más de siete años, también pagó extorsión, y aunque el grupo que lo amenazaba fue identificado, detenido y sentenciado, otro grupo ocupó su lugar y las exacciones nunca pararon.

Édgar Guerra, defensor de las Personas Usuarias del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), explicó que ha recibido denuncias sobre esos transportistas y de la forma en que son intimidados. Añadió que, incluso, deben pedirle “permiso” a los extorsionistas para trabajar.

David Boteo, jefe de Dipanda, reconoció que este tipo de cobro de extorsión al transporte es común, y la que comenzó fue la Mara Salvatrucha.
Existen dos tipos de cobros: a los pilotos y a las asociaciones.

“La extorsión a pilotos es un poco compleja, porque hay algunos que, desde que se disolvió el servicio urbano de transporte o que aún no se activan, es porque muchos ya sabían cuál era la metodología, y la trasladaron a los taxis”, dice Boteo. Además, señala que también puede haber muchas personas infiltradas que aprendieron a extorsionar o que tienen familiares que son pandilleros.

El jefe de Dipanda citó un caso reciente en el que investigaron a una sociedad de taxistas que empezaron a ser extorsionados después de que incluyeron a un piloto en la flotilla. Descubrieron que el conductor que ingresó había estado en la cárcel por extorsión a buses en el 2010. Según Dipanda, este tipo de casos son complicados de resolver, porque hay muchas personas interesadas, incluso socios o dueños que se extorsionan entre ellos mismos.

Un alivio para refugios de mujeres víctimas de violencia

Wed, 10 Feb 2021 11:00:53 +0000

La lentitud con que el Gobierno ha liberado los fondos para que los Caimus operen es un problema que se agravó durante el último año de gestión de Enrique Degenhart como ministro de Gobernación, pero todo apunta a que en el 2021 será diferente, pues se les ofreció una pronta asignación presupuestaria.

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En el 2019, los Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia (Caimus) no recibieron fondos sino hasta el 30 de diciembre. En el 2020 solo se les entregaron Q1.5 millones y siguen esperando el resto del dinero, explicó Giovana Lemus, directora del Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM).

El GGM administra cuatro Caimus, los cuales atienden, en promedio, a 12 mil mujeres al año, por lo que en más de 10 años de funcionar han beneficiado a más de cien mil.

Lemus afirmó que es importante darles voz a las mujeres para que denuncien, y como grupo les ofrecen un modelo de atención integral en dos áreas: empoderamiento —toma de decisiones de las mujeres— e intervención —acciones de investigación, prevención, redes de apoyo y otras para que alcancen el acceso a la justicia—.

El primer Caimus tiene más de 30 años. Se inició con recursos de un grupo de mujeres que luego recibieron donaciones de organizaciones internacionales, y durante la gestión de Adela Torrebiarte como ministra de Gobernación se les asignó una partida de Q9.5 millones, según Lemus.

Agregó que en el 2011 Guatemala alcanzó el punto más alto de muertes violentas y asesinatos de mujeres, en ascenso desde 2007.

Lemus señaló que en 20 años nunca las habían atacado tanto como sucedió durante el gobierno de Jimmy Morales, porque pelearon los recursos para velar por sus derechos.

“En el 2019, Degenhart entregó el 30 de diciembre, a las 6 de la tarde, los recursos. En 2020 entregaron el 24 de diciembre un millón y los otros —fondos— no han llegado. Es muy complicado, porque no podemos dejar sin ayuda a las mujeres”, comentó.

Además, señaló que las autoridades retrasaron y no dieron todos los recursos en un año de pandemia, cuando las instituciones que deben velar por los derechos humanos de las mujeres no atendieron o suspendieron sus labores para prevenir la propagación del covid-19, contrario a los Caimus, que mantuvieron sus servicios.

Autoridades de Gobernación visitaron un Caimus y en esa ocasión se reiteró que esa cartera les entregará Q9.5 millones para que se aborde de manera integral la violencia contra la mujer. También dijeron que trabajan para que los recursos se desembolsen el primer trimestre o semestre de este año.

Entrevista: “Tenemos que hacer una red”

Giovana Lemus, directoral del GGM, enumeró las acciones que han implementado para apoyar a las mujeres durante la pandemia y cómo les ha afectado la falta de recursos.

¿Quiénes atienden en los centros?

Hemos solicitado Q23 millones para el funcionamiento de los Caimus, que son los Q9.5 del GGM y los Q11.5 para los demás centros.

¿Gobernación anunció Q9.5 millones?

Sí, para este año. Creo que están haciendo acercamiento, porque tienen la coordinación de Conaprevi en el Ministerio de Gobernación. Han tenido reuniones con las organizaciones. Queremos que de las 12 mil 600 mujeres que han muerto de forma violenta en los últimos 12 años, no tengan el 97% de impunidad.

¿Cuánto dinero se erogó en el último año del ministro Degenhart?

Nos dieron Q9.5 millones. Tuvimos una ejecución alta, pero no se pudo comprar todo el equipo, por el tiempo de las licitaciones.

¿A qué mujeres ayudan?

Atendemos sin discriminación. Son mujeres de todas las edades, de todas las procedencias, de todas las religiones. Son mujeres de otros países que se encuentran en Guatemala. Tenemos apoyo, en redes, de otros países para apoyar a guatemaltecas o a extranjeras en Guatemala.

¿Cómo les afectó la pandemia?

Las mujeres que tenían un apoyo sabían de procedimientos y del uso de herramientas para salvaguardarse. Salimos en los primeros días que debían activarse las redes de apoyo. Todos los vecinos teníamos que ser esa red de apoyo para evitar que en el confinamiento hubiera violencia. Empezamos a obligar al MP para que actuara. Pusimos a disposición teléfonos personales para que las mujeres tuvieran a dónde llamar. Teníamos salvoconducto para salir a cualquier hora, y equipos de bioseguridad, porque nadie estaba preparado para esto. Reformamos protocolos; estar atentas. En algunos juzgados, sobre todo en asistencia económica, hubo más retraso.

Se incrementaron las denuncias por violencia intrafamiliar, robo a comercios y viviendas

Thu, 07 Jan 2021 11:00:22 +0000

El confinamiento obligado para contener la pandemia en Guatemala resultó positivo si se juzga a través de las estadísticas de homicidios, sin embargo, los robos a comercios y viviendas y la violencia intrafamiliar se dispararon.

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Las cifras oficiales, recogidas por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (Ctcns), actualizadas de enero a noviembre, señalan un incremento de estos delitos respecto al 2019.

Expertos en seguridad señalan que una de las causas de este fenómeno puede ser que, por la pandemia, muchas personas pasaron en sus viviendas más tiempo de lo normal y los comercios cerrados, lo que los hacía más vulnerables.

Según las estadísticas, alimentadas con datos de la Policía Nacional Civil (PNC), la violencia intrafamiliar tuvo un aumento del 28% respecto al mismo período del 2019. Hasta noviembre se contaban 1 mil 105 denuncias, contra las 858 del año pasado.

Paula Barrios, directora de Mujeres Transformando al Mundo (MTM), explicó que la violencia intrafamiliar puede ejercerse de hijos contra padres, nietos contra abuelos, es decir, incluye a integrantes del núcleo familiar y no solo es violencia contra la mujer.

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Agregó que las cifras registradas preocupan, porque pese a que hubo un periodo de confinamiento, en el cual a las personas se les dificultó movilizarse a las instituciones del Estado para presentar su denuncia, los abusos se incrementaron, por lo que las víctimas buscaron una solución, como cambiarse de casa o sacar al agresor de la vivienda.

Guatemala, Alta Verapaz, Quiché, Petén y Huehuetenango fueron los departamentos con mayor cantidad de denuncias durante el 2020. No obstante, registraron principales alzas en Alta Verapaz, Guatemala y Quiché comparado con 2019, mientras que en Chiquimula, Jutiapa y Santa Rosa se reportó descenso de casos.

En 2020 los delitos contra la mujer y la niñez fueron los más denunciados ante el Ministerio Público, según el portal estadístico del Observatorio de las Mujeres, 202 denuncias diarias por estos casos fueron recibidas durante todo el año.

Seis de cada 10 víctimas son mujeres adultas, dos son niños o adolescentes y dos más no tienen registros, mientras que, hasta el pasado 16 de noviembre, cuatro mujeres eran reportadas como desaparecidas por día.

Un PNC vigila el Paseo de la Sexta durante una jornada de toque de queda en Guatemala durante el 2020. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Más robos

Las denuncias de robos a residencias también se incrementaron, ya que, de enero a noviembre se reportaron 455 casos, comparado con el mismo período de 2019 que fueron 385, es decir hubo 70 casos más. Guatemala, Alta Verapaz, San Marcos, Petén y Suchitepéquez fueron los departamentos en donde registraron más denuncias, según los registros oficiales.

Además, el robo a comercios también aumentó, porque de enero a noviembre se reportaron 608 casos, mientras que en el mismo período de 2019 fueron 309. Guatemala, Quetzaltenango, Escuintla, Chimaltenango y Alta Verapaz fueron los departamentos en donde más denuncias fueron presentadas.

En opinión del exministro de Gobernación, Carlos Menocal, estos delitos aumentaron porque existe ausencia de investigación criminal en la Policía Nacional Civil (PNC), y se fortalecen las estructuras criminales que se dedican al saqueo y robo de propiedad privada.

“Evidencia que no hay un plan estratégico en cuanto al tema de mitigar los delitos contra la propiedad privada”, señaló Menocal.

Capacitación en pausa

La pandemia sí impactó directamente en la formación y capacitación del personal policial, un aspecto que podría redundar en consecuencias a mediano plazo.

Jorge Aguilar, vocero de las fuerzas de seguridad, explicó que durante el 2020 no hubo ninguna especialización de investigadores policiacos debido a la pandemia, mientras que en 2019 fueron graduados 40 investigadores que se profesionalizaron en delitos relacionados con extorsión y ese mismo año fueron graduados al menos 122 investigadores que se capacitaron en el 2018 en delitos contra la vida y extorsiones.

Bono Familia: Las razones por las que el Mides denuncia a 8 mil personas por irregularidades

Tue, 22 Dec 2020 22:15:15 +0000

Según el ministro, Raúl Romero, ya se efectuó la ejecución financiera en su totalidad los Q6 mil millones que fueron asignados al programa.

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La entidad ya trasladó los fondos, pero el cobro dependerá cuando el beneficiario lo decida, agregó.

Aseguró que presentaron 8 mil denuncias al MP por personas que brindaron falso testimonio y duplicidad para el cobro.

En el caso de las duplicidades que se han señalado, mencionó que todas las personas que accedieron a inscribirse para beneficiarios de ese bono lo hicieron bajo declaración jurada señalaban que toda la información que estaban dando era fidedigna, en caso contrario ellos estaban incurriendo en un delito, comentó el ministro.

“Estamos identificando que hay muchos casos que posteriormente de haberse inscrito ya no hicieron los cobros del bono familia no en el primero, segundo o tercer aporte porque se dieron cuenta que algunos habían incurrido en delito”, expuso.

Romero argumentó que el programa funcionó bien y es reconocido por entidades como el Banco Mundial y Unicef, y que los casos que se identificaron como irregularidades no llegan a representar el 0.1% de error en la ejecución del bono.

Se identificaron casos en los cuales trabajadores del Estado, de municipalidades o instituciones descentralizadas se inscribieron al bono familia y brindaron un dato falso, mencionó el ministro indicando que se interpusieron denuncias y corresponde al MP continuar con la investigación.

Respecto a las personas pensionadas, expuso que el Congreso efectuó una reforma al programa con la que se estableció que quienes tuvieran una pensión a los Q2 mil sí podrían ser beneficiarios del bono familia, sin embargo, cuando se dio esa reforma ya llevaban un alto porcentaje en ejecución y eso generó algún nivel de confusión.

Denuncias a personas y entidades

Javier Paniagua, director de asesoría jurídica del Mides explicó que inicialmente se presentó al MP una denuncia por 8 mil personas y cuando se avocaron a la fiscalía metropolitana trazaron una línea de acción para trabajarla por fiscalías municipales porque se trataba de casos de diferentes departamentos del país.

Sin embargo mencionó que se prevé firmar un convenio interinstitucional con el MP para presentar denuncias electrónicas y agilizar la fluidez de la información ya que solo se va a deducir responsabilidades en contra de las personas individuales o quienes eran funcionarios (servidores públicos) que se inscribieron sino en contra de las dependencias o entidades estatales que no cumplieron con el artículo 10 del decreto que creó el Bono Familia y que establecía que debían trasladar al Mides información requerida respecto a sus trabajadores.

En la actualidad se ha trabajado información de irregularidades en 72 municipios entre estos varios de Petén, Baja Verapaz, Escuintla y el área metropolitana, entre otros.

El funcionario dijo que el Mides recibe unos 80 requerimientos diarios de parte de las fiscalías del MP para continuar la investigación y persecución penal, y se les entregan datos como correlativo, CUI, nombre de la persona que cobró, el teléfono y la acreditación.

El Mides informó que las cuentas bancarias habilitadas para el bono familia son temporales, por lo que si el beneficiario aún tiene saldo disponible debe retirarlo en su totalidad antes del 31 de diciembre. (Foto, Prensa Libre: Mides).

Mencionó casos como el de Petén, ya una persona fue ligada a proceso y el juzgado de primera instancia penal pidió el bloqueo de la cuenta bancaria por el delito de estafa propia y se prevé que en enero se realice la primera declaración. Se trata de una mujer que robo a un vecino su factura de energía eléctrica.

Hay otros casos en que personas denunciaron el robo de su factura, pero luego se dieron cuenta que el que registró la factura para efectuar el cobro del bono era un familiar como un hijo, un hermano, o un primo, pero no le avisaron a su familia.

Se detectaron otros casos que el Paniagua calificó como más complicados, como el que se dio en condominios en donde el propietario tomó todas las facturas y fue denunciado por los arrendantes, y en este caso se dio una conciliación.

El Bono familia es un apoyo de Q1 mil mensuales, que estableció por el plazo de 3 meses, para las familias que hayan consumido menos de 200 kilovatios hora al mes según su factura de energía eléctrica de febrero del 2020. Para ello Mides entregó a las distribuidoras de energía una base de datos con los nombres de los beneficiarios que estuvieron en ese rango durante el mes de febrero. También se debía entregar apoyo a hogares que no contaban con ese servicio.

Debilidades por corregir

El cambio y ampliación en el padrón de beneficiarios fueron los principales obstáculos para definir un alcance claro del Programa Bono Familia, según un análisis del Fondo Bono Familia que efectuó el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

El programa fue cambiando y el problema radicó en que el Fondo arrancó con poca claridad en identificar el problema priorizado y por ende su población objetivo no quedó clara.
No se definió desde un inicio, las condiciones o características del apoyo y el estado ideal a alcanzar de los beneficiarios del programa con la ayuda.
Tampoco se establecieron tiempos de entrega y no se alineó el plan de emergencia del gobierno con la estrategia de intervención del Bono Familia.
Cuando el programa ya había iniciado, el Congreso realizó cambios en la definición de criterios para elegir a los beneficiados y los mecanismos de entrega del dinero.
Ese aspecto provocó algunas demoras, ajustes sobre la marcha al manual del programa, la necesidad de realizar nuevas solicitudes de información a entidades externas y ajustes en la plataforma informática.
Dichos puntos más cambios establecidos en el decreto 22-2020 impactaron en el tamaño del padrón, resultando en que todos estos cambios contravinieran las buenas prácticas en la implementación del programa y que se tuviera que reducir el monto del tercer aporte para mantenerse dentro de la restricción presupuestaria, se agregó.

Unicef y Banco Mundial entregan al Mides resultados de la asistencia técnica brindada durante el 2020 en #BonoFamilia #GuatemalaNoSeDetiene pic.twitter.com/FIm5D7IIl0

— Mides (@midesgt) December 22, 2020

Almagro defiende su decisión y advierte de que no reincorporará al jefe de CIDH

Sat, 29 Aug 2020 03:43:57 +0000

“De ninguna manera incorporaré o reincorporaré a ninguna persona sobre la cual penden 61 denuncias”, respondió Almagro a las críticas surgidas recientemente en un comunicado.

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El secretario general se pronunció después de que la alta comisionada de la oficina de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) Michelle Bachelet, y organizaciones como Human Rights Watch (HRW), entre otras, se refirieran a su determinación y aclaró que nunca impondrá un Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“A aquellos que dicen defender derechos humanos como OACNUDH, HRW, Amnesty, CEJIL, etc… desconocen derechos laborales básicos de trabajadoras y trabajadores para garantizarles la posibilidad de trabajar libres de acoso”, zanjó.

Según el funcionario, las respuestas corporativas y negacionistas no son “la mejor manera de dar justicia ni de garantizar los derechos humanos”, y se quejó de haber visto, “sin ambigüedades, a un sistema corporativizarse y defender lo indefendible”.

En ese sentido, consideró de “extrema gravedad” que se trate de “imponer al denunciado por un nuevo período desconociendo la gravedad de la situación y de las denuncias, así como de la situación física, psicológica y espiritual de las funcionarias y los funcionarios”.

“Eso ya no es complicidad pasiva, eso es encubrimiento activo. Todo ello en nombre de algo que nunca ha estado ni estará en juego: la autonomía e independencia de la CIDH”, agregó.

Almagro criticó que los comisionados “en lugar de buscar el más pronto esclarecimiento de los hechos denunciados (a saber: conflicto de interés, tratos diferenciales, retrocesos graves en la transparencia de los procesos, retaliaciones y violaciones al código de ética, impunidad para denuncias de acoso sexual, por mencionar algunas) procedieron en forma prácticamente inmediata a expresar su voluntad de renovar por un nuevo período al entonces Secretario Ejecutivo”.

“No tengo ningún interés ni deseo de participar en la selección del próximo Secretario Ejecutivo, ni participar en las discusiones que lleven a su elección, ni de escogerlo por mi parte”, aclaró, pero reclamó que la persona que sea incorporada “tenga idoneidad personal, moral y profesional para el desempeño de sus funciones”.

Almagro anunció el pasado martes que no renovará el mandato de Abrao, que expiró oficialmente el pasado día 15, a lo que la Comisión respondió denunciando un atentado contra su “autonomía e independencia”.

Los siete Comisionados de la CIDH habían pedido a inicios de año de forma unánime que se renovara el mandato de Abrao, quien ejercía el cargo desde 2016. EFE

Diaco recibe 6 mil 800 denuncias durante emergencia por Covid-19

Mon, 27 Apr 2020 22:45:35 +0000

La directora de la Diaco, Silvia Escobar, señaló este lunes, durante una citación en el Congreso, que han recibido 6 mil 800 denuncias, de las cuales 600 son contra empresas de telecomunicaciones y 300 de entidades financieras.

“En su mayoría y en los porcentajes nos llama mucho la atención que hay mal servicio, cobros indebidos y también está el tema de contratos, estos son las quejas principales que han presentado los consumidores en los temas de servicios financieros y de telefonía”.

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Escobar indicó que esa dirección se encuentra en la fase de conciliación, en la que citará a representantes legales de las entidades denunciadas para buscar un acuerdo con los usuarios, y que de no lograrse se procederá con una sanción administrativa.

SIB recibe pocas quejas

El Superintendente de Bancos, Erick Vargas, dijo que solo han recibido 10 quejas, la mayoría referente por cobros. Refirió que la superintendencia investiga los hechos para determinar la legalidad del cobro, pues según Vargas hay desinformación y mala interpretación de las disposiciones de la Junta Monetaria.

“Cada caso es diferente, algunos porque interpretaron mal las disposiciones de Junta Monetaria. Una de las quejas que tenemos es que los bancos están cobrando intereses por financiamiento y eso los bancos si tienen el derecho de hacerlo, lo que no pueden hacer son recargos por mora o cobrar intereses por mora mientras dure esta emergencia, pero si estaban con pagos al día al 29 de febrero”.

La Comisión que preside el diputado Samuel Pérez firmará un convenio con las entidades involucradas para dar seguimiento a todas las denuncias.

Coronavirus: Distanciamiento y suspensión de transporte dificultan que mujeres y menores presenten denuncias por violencia

Wed, 08 Apr 2020 11:00:03 +0000

Aunque las denuncias en marzo bajaron, comparadas con enero y febrero, la violencia no, ya que las autoridades saben que el círculo de maltrato continúa en las viviendas de las víctimas, porque conviven con su victimario durante el distanciamiento social impuesto por el Ejecutivo.

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Esta situación es vivida por dos gemelas de 16 años en la zona 6 capitalina, quienes la semana pasada fueron agredidas por su padre, luego de que, supuestamente, las encontró hablando por teléfono con sus parejas sentimentales, de acuerdo con el relato de Paula Barrios, representante de la Organización Mujeres Transformando Mujeres (MTM), que acompaña el caso.

“Al parecer, el problema es que el papá no les da permiso para que estén en relaciones sentimentales ni tampoco tener teléfonos. Entonces, el padre les encontró el celular y las agredió en su casa”, explicó Barrios.

Lucrecia Vásquez, secretaria de la Mujer del Ministerio Público (MP), explicó que la violencia intrafamiliar, psicológica y sexual contra mujeres “es una bomba de tiempo”, porque no pueden salir de sus casas por la cuarentena y el toque de queda, y y eso dificulta denunciar los abusos de los que son víctimas.

“Vemos que las mujeres desaparecidas continúan, en promedio de tres diarias; teníamos cuatro y bajo solo una. Estamos analizando —información— para saber si están huyendo de sus agresores”, explicó Vásquez.

Según los registros del MP, en febrero se reportó 159 mujeres desaparecidas y en marzo fueron 128. Guatemala, Escuintla, Jutiapa, Quetzaltenango y Santa Rosa fueron los departamentos con mayor incidencia.

Asimismo, del 1 al 23 de marzo hubo 1 mil 541 denuncias por violencia psicológica, 1 mil 168 por violencia física, 584 por violencia, 26 por violación y 11 por violencia económica, que totalizan 3 mil 330 durante ese período.

Mientras que en febrero el MP contabilizó 4 mil 200 denuncias por violencia, que incluye cualquiera de sus modalidades: física, psicológica, económica, y 990 por violación.

Al hacer la comparación, enero tuvo 5 mil 779 denuncias, en proporciones similares que mantienen la tendencia.

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Razones

Barrios puso de manifiesto que la baja en las denuncias podría obedecer a que fue suspendido el servicio de transporte público urbano y extraurbano y también fue impuesto el toque de queda, lo que limita la locomoción de las víctimas y la capacidad de hacer las denuncias.

La explicación del MP es similar. Vásquez agregó que durante el confinamiento las mujeres y los niños pueden estar siendo agredidos en sus hogares por sus parejas y progenitores, respectivamente.

No obstante, explicó que las agresiones que se estén cometiendo durante este período de restricciones podrán ser denunciadas después de que se levanten las medidas sanitarias.

Incluso, Vásquez fue más allá y advirtió que esta Semana Santa será crítica, porque se podría registrar mayor violencia, puesto que también es de descanso para la mayoría de personas y eso implica mayor tiempo de convivencia, solo que ahora están todos encerrados en su casa.

Vásquez anunció que se trabaja una estrategia con la la Policía Nacional Civil (PNC), de manera que se pueda considerar algún traslado de una víctima a una sede del MP para presentar una denuncia.

Por su parte, Barrios indicó que pedirán al Ministerio de Gobernación una excepción durante el toque de queda, para que las mujeres que son víctimas de violencia puedan presentar su denuncia ante la fiscalía, al considerar que la disposición presidencial no consideró la situación de las personas vulnerables al emitir las restricciones.

Puso como ejemplo que, en el caso de la supuesta agresión del padre contra las gemelas, “el novio de una de ellas fue a interponer la denuncia ante el MP, pero pasaron las horas y nunca lo atendieron y él debía regresar a su casa antes de las 16 horas por el toque de queda”.

En torno a este tema, Vásquez adelantó que el MP lanzará pronto una ruta para ayudar a las mujeres víctimas de violencia a que presenten su denuncia por la línea telefónica 1572 y compartan información e indiquen el momento en que pueden ser contactadas para que los fiscales den seguimiento a su caso.

Una niña juega con palomas en el Parque de la Constitución durante la segunda semana del toque de queda en el país. Fotografía Érick Ávila: Prensa Libre

Violencia contra niños

Ruby Monzón Soto, encargada de la Fiscalía de Niñez y Adolescencia, refirió que durante marzo las denuncias de violencia contra los niños y adolescentes disminuyeron de 19 diarias a ocho, luego de que fueran impuestas las restricciones por parte del Ejecutivo para prevenir el contagio del covid-19.

Sin embargo, mostró su preocupación por el bienestar de los menores durante el confinamiento, porque en sus hogares podrían estar siendo abusados y consideró que no hay denuncias los maltratos, porque no tienen contacto con personas ajenas a las que viven con ellos.

“Los lugares donde los niños deberían estar protegidos son en sus hogares y desafortunadamente ahí son violentados y maltratados. Consideramos que muchas de las denuncias ocurren cuando han salido de la acción del victimario, pero si está en casa es un poco difícil que denuncien”, indicó Monzón.

La fiscal hizo ver que la desaparición de menores era el delito más denunciado antes de las restricciones, pero después del 15 de marzo es por violencia.

“Los niños no se tienen que quedar callados. Nosotros —los fiscales— no estamos para juzgarlos; podemos cuidarlos porque es nuestro deber. Los niños víctimas de violencia no mienten, no pueden hilvanar una historia cuando no la han vivido. Quienes mienten son sus agresores, los adultos deben creerles y atenderlos”, enfatizó Monzón.

Las ventajas de contar con una línea de denuncia

Wed, 21 Aug 2019 15:54:55 +0000

En México 67% de las empresas cuentan con un sistema de denuncia confidencial, un elemento clave para promover la cultura de la denuncia, pues le brinda seguridad al denunciante de que no sufrirá represalias.

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Fomentar la cultura de denuncia dentro de las organizaciones es una gran herramienta para la prevención de malas prácticas de negocios, como fraude, corrupción, robos o temas relacionados con Recursos Humanos (RR. HH.).

¿Qué es una Línea de Denuncia?

La Línea de Denuncia es un mecanismo de detección para reportar conductas inapropiadas y cualquier irregularidad en el interior de una compañía o en su interacción externa con clientes o proveedores. Las ventajas de tener una Línea de Denuncia independiente, operada por tercero son:

Abre las líneas de comunicación, principalmente con colaboradores y proveedores, para dar a conocer cualquier irregularidad, anomalía o violación a las políticas internas de la empresa de forma segura y anónima
Fortalece la infraestructura ética de la organización, al complementar el Código de Ética con un mecanismo real y práctico para proteger sus principios y valores
Fortalece el gobierno corporativo, enviando una señal a los colaboradores, accionistas, socios estratégicos e, incluso, al público en general sobre el compromiso de la Alta Dirección con el resguardo adecuado de los intereses de la compañía
Sirve como mecanismo para captar problemas o situaciones relacionados con RR.HH., que los denunciantes deciden comunicar de manera anónima. Los temas relacionados con RR.HH. y abuso de autoridad son los incidentes más reportados
Crea un ambiente de responsabilidad corporativa que genere a su vez un entorno de confianza empresarial y una buena reputación

A nivel global, las compañías dependen en su mayoría de denuncias (tips) para poder identificar actos fraudulentos, cómo se muestra en la siguiente gráfica:

Es de destacar que los fraudes detectados por casualidad tienen el mismo porcentaje de incidencia (14%) que los detectados por el área de Auditoría Interna, la cual suele ser responsable de identificar estas prácticas. Ante ello, es importante mejorar la detección oportuna de estos eventos con herramientas probadas como una Línea de Denuncia.

Así también, es necesario fomentar un clima de confianza donde los colaboradores no teman perder su trabajo o sufrir otro tipo de consecuencia. Asimismo, una vez que el colaborador decida hacer una denuncia, la empresa debe comprometerse a tomar la acción apropiada y oportuna para investigar los hechos denunciados.

De acuerdo con análisis realizados por KPMG en México, 65% de los denunciantes prefieren hacerlo vía telefónica y 73% prefieren no mencionar su identidad; sin embargo, una Línea de Denuncia no es solo un canal para reportar quejas; es necesario contar con una estructura integral donde se puedan investigar los hechos y delinear recomendaciones.

Actualmente, numerosas organizaciones en México y en el mundo están implementando servicios externos de denuncia anónima como una herramienta para responder a los riesgos de conductas inapropiadas y como medida para cumplir requerimientos regulatorios. No obstante, es común que una norma no se cumpla si no está bajo estricta revisión. Para que exista una verdadera transformación de la cultura organizacional y se apliquen las reglas, el compromiso con la integridad debe ser público y ponerse en marcha.

Gracias a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) en 2017, México se está posicionando como uno de los países que busca implementar la denuncia como mecanismo para frenar actos de corrupción y otras conductas no éticas, como parte del sistema de integridad empresarial.

De acuerdo con el artículo 25 de esta ley, es esencial que un programa de integridad incluya un sistema de denuncias, por lo tanto, la Línea de Denuncia ya no es una herramienta adicional, sino una necesidad en las organizaciones del sector público y privado. El reto consiste en implementar su uso para colaboradores, clientes y proveedores, para así transformar a la organización y convertirla en un ejemplo de cambio que permee en todos los sectores del país. (Nota: las ideas y opiniones expresadas en este escrito son de los autores y no necesariamente representan las ideas y opiniones de KPMG en México).

* En alianza con Forbes México y Centroamérica, artículo de Forbes Staff.

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El cuestionado contrato de compra de energía solar del Inde con dos denuncias penales por fraude

Wed, 14 Aug 2019 11:00:29 +0000

El ministro de Energía y Minas, Luis Chang, quien también preside el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Electrificación (Inde), declaró que han existido diferentes solicitudes para suspensión o análisis del proyecto, pero indicó que es un proceso del cual en este momento aún no se conocen los resultados por lo que considera que es una parte prematura para poder definir algún planteamiento en específico.

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“Habría que ver, esos son procesos y habría que analizarlos a detalle” agregó el funcionario, luego de una reunión en el Congreso el martes 13 de agosto, al consultarle acerca de la postura de quienes recomiendan suspender el concurso antes de que llegue a la fase de adjudicación porque posteriormente podría generar una contrademanda de las empresas al Estado.

La licitación se encuentra en fase de evaluación de las dos ofertas recibidas.

¿Quiénes son los oferentes?

Aparte de hallazgos en la forma de hacer el proceso, términos de referencia y bases de licitación, los parlamentarios en el Congreso ya empezaron a expresar dudas acerca de las empresas que presentaron ofertas.

Las oferentes son Total Eren Guatemala, S. A. y Corporación Klondike, S. A.

La diputada Nineth Montenegro dijo que entre otros detalles que les han llamado la atención es que la licitación se lanzó el 3 de mayo en el sistema de compras del Estado Guatecompras, y que una de las oferentes Total Eren Guatemala, S. A., se inscribió ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) dos días después, por lo que ahora también buscan detalles tanto de esa firma como de la Corporación Klondike, S. A., pero está recién se había inscrito en abril del presente año.

En el portal Guatecompras aparece la empresa Total Eren Guatemala, S. A.,con NIT 104357460, con fecha de constitución el 13 de febrero del 2019 cuya inscripción provisional en el Registro Mercantil y la inscripción en la SAT fue el 24 de abril de este mismo año. Y le aparece la actividad económica de fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica.

Refiere además que se inscribió en el sistema Guatecompras el 3 de mayo del 2019, y a la fecha no ha sido adjudicada con contratos del Estado. El domicilio fiscal le aparece 12 calle 1-25 zona 10. Aunque esa dirección corresponde al Edificio Geminis no se especifica en el registro en mención el piso y número de oficina.

Su representante legal es Luis Mauricio Galiano Aldana, según datos del registro revisado el 13 de agosto no le aparecen adjudicaciones ni contratos.

La persona con dicho nombre y mismo NIT aparece como en una nómina de pago de la Dirección de Servicios Administrativos y Financieros del Ministerio de Gobernación, durante varios meses del 2017 por Q1 mil 500.

También aparece ese mismo año aparece en la nómina de la subdirección general de personal de la Policía Nacional Civil con un monto de Q3 mil 850, entre salario y bonificación, y con el cargo de trabajador especializado en mensajería en el 2017. En el 2018 aún apareció en el directorio de personal de la PNC.

Esta es la nómina de la subdirección general de personal de la PNC, donde aparece contratado como trabajador de mensajería. (Foto, Prensa Libre: archivo de nómina en internet).

La oferta fue presentada a la Junta Licitadora por María Gabriela Guzmán, quien mencionó que es representante de la empresa en Guatemala.

En tanto Corporación Klondike, según Guatecompras fue constituida el 4 de marzo del 2019, con inscripción provisional en el Registro Mercantil y la inscripción en la SAT fue el 24 de marzo de este mismo.

Se registró en Guatecompras el 27 de junio del 2019, y reporta domicilio fiscal en 33 calle C 10-16 z.7 Banvi II.

En el sistema Guatecompras aparece como representante legal David Francisco Barrera Maldonado, a quien no le aparece adjudicaciones de compras o contratos, quien también aparece como representante legal de otra compañía.

Sin embargo, en la fase de recepción de ofertas el 31 de julio recién pasado acudió a entregar la oferta de esta firma Mario René Beltrán Hernández como representante legal o propietario de la empresa, según el acta de la Junta Licitadora. Beltrán Hernández aparece registrado en el sistema Guatecompras en marzo del 2006 pero no le aparecen adjudicaciones.

Nuevas denuncias

El 12 de agosto se sumó una nueva denuncia penal, ahora de parte de la bancada Encuentro por Guatemala (EG) en contra de los directivos y funcionarios del Inde que aprobaron las bases para la licitación y otros procesos del concurso para la compra de energía solar.

Montenegro explicó que la denuncia es por la supuesta simulación de contrato por lo que están incurriendo en tres delitos: incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y fraude.

La diputada Nineth Montenegro explica que la denuncia contra los directivos y funcionarios que aprobaron la licitación de compra de energía solar es por 4 delitos: simulación de contrato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude @Economia_pl @prensa_libre pic.twitter.com/QrBxZVgADP

— Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) August 13, 2019

La denuncia responde a que el contrato se ejecutará bajo la modalidad BOT (construir, financiar, operar y transferir) y tanto el proyecto como el modelo de contrato “no cuentan con la estructura o procedimientos que corresponde a un contrato de esta naturaleza”, indicó la legisladora.

Montenegro añadió que la figura de BOT fue creada para la concesión de un servicio al Estado por el período de operación y no la venta de productos o insumos durante la operación como se busca hacer en el proyecto que lanzó el Inde.

Con esta supuesta simulación, el Inde estaría tratando de obviar la Ley de Contrataciones del Estado y la Ley de Alianzas Público Privadas ya que esta última es la única que contiene la figura BOT en Guatemala, además de que el proceso convocado desde el pasado 3 de mayo se saltaría la ratificación del Congreso según denunciaron los legisladores.

La parlamentaria expuso en conferencia de prensa que funcionarios del Inde estarían simulando la forma de aplicar el contrato BOT para la compra de energía solar.

Montenegro mostró documentos donde se da una comunicación del gerente del Inde, Carlos Beltetón, quien le devuelve el expediente al gerente de la empresa de generación, Roberto Barrera, para atender una serie de observaciones. Entre estas el asunto de fondo, según el documento divulgado es: “1. Aclarar el uso de la figura BOT, afecto que la misma no encuadre dentro de la Ley de Alianzas Público Privadas para el desarrollo de infraestructura, Decreto 16-2010 del Congreso”.

La reacción del Inde

Chang dijo que no tenía conocimiento acerca de la denuncia planteada por la bancada de Encuentro por Guatemala y debe enterarse más al respecto para emitir un criterio.

Agregó que tampoco puede externar opinión sobre lo mencionado por los parlamentarios de una supuesta simulación de contratos en el Inde para obviar la aprobación del proyecto por la Ley que rige las Alianzas Público Privadas (decreto 16-2010).

Respecto a los representantes detectados para una de las oferentes es un extrabajador del ministerio de Gobernación quien prestó sus servicios como conserje, el ministro dijo que tampoco tiene conocimiento del tema ya que las ofertas son recibidas por la Junta Calificadora y el Consejo Directivo del Inde es un órgano independiente a dicha junta. La licitación se encuentra, según Guatecompras en fase de evaluación por la Junta.

Al respecto Beltetón, el gerente general del Inde, expuso luego de una citación con la Comisión de Energía del Congreso que “jamás se giró esa instrucción que fuera (un contrato con modalidad) BOT”.

Agregó que el Inde está dividido en tres empresas y cada gerente es el responsable por los expedientes que presenta ante el Consejo Directivo, en el cual él solo actúa como secretario general para poder trasladar los expedientes a dicho Consejo.

Beltetón indicó que no advirtió que podría ser una supuesta simulación de contrato, sino que en el expediente se agregó que analicen todas las opciones y que la opción que fueran a presentar sea presentada conforme a las leyes.

El gerente considera que no hay ilegalidad en el proyecto y que “existe mucha confusión en todo el Estado e que el Inde trabaja diferente a las demás instituciones estatales” porque “el Inde tiene su propia ley de contrataciones y enajenaciones” por medio de un reglamento según lo establece la Ley Orgánica de esta entidad.

El 6 de agosto pasado el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) presentó la primera denuncia en contra de los miembros del Consejo Directivo del Inde por fraude, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, confirmó en esa oportunidad el MP.

¿Se puede usar el modelo BOT u otras formas de compra por el Inde?

Beltetlón, el gerente del Inde, asegura que el proceso están en ley ya que la legislación nacional le permite basarse en el reglamento de contrataciones y enajenaciones de la entidad para este tipo de proyectos.

Sin embargo Julio Héctor Estrada, economista, y ex director ejecutivo de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie) indicó que el Inde tiene su propio reglamento pero que esa figura contractual no la incluye.

Agregó que según la Ley Orgánica del Instituto ese ente podría hacer su propio reglamento específico para adquisiciones de largo plazo, pero hasta la fecha no lo ha hecho.

Sin embargo, advirtió que para hacerlo deben tomar en cuenta las características especiales de la modalidad de contratación y del proceso del proyecto como evaluar la oferta, los parámetros bases para evaluar, y definir si transfiere o no transfiere el proyecto y los activos.

Anadie es la entidad encargada del portafolio de inversiones público privada bajo el decreto 16-2010.

Estrada opinó que el Inde no necesita comprar “energía volátil”, como la solar, sino energía de base que le permita un abastecimiento constante y estable.

Si se hará ese tipo de compras deben explicar qué tipo de contrato están haciendo, dar a conocer los detalles del contrato, la estructura, llevar a cabo procesos de consulta, pero insiste que el reglamento actual no incluye la modalidad que ha dado a conocer el Inde.

“El Contrato no está bien hecho, y no tiene transparencia” dijo Estrada.

El contrato es para compra de energía solar por un plazo de 20 años, para la instalación de 5 plantas generadoras por hasta 110 megavatios. Luego de vencido el plazo las generadoras pasarían a nombre del Inde por Q1.

Montenegro agregó que el Inde se rige por un reglamento de contrataciones propio, y que le indicaron que en el 2004 la Corte de Constitucionalidad (CC) dijo que estaba que podía hacerlo, pero la parlamentaria cuestionó que ese reglamento fue derogado en el 2013 y creado otro que no ha sido validado por la CC.

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Esto dicen las personas que han denunciado a Michael Jackson por abuso sexual

Thu, 07 Mar 2019 17:39:45 +0000

Hasta ahora, seis menores de edad se han visto involucrados en denuncias y acusaciones contra Jackson, por haber abusado sexualmente de ellos. En todas los casos, existe un patrón similar. Aparentemente, el artista encontraba la manera de entablar conversación y amistad con los niños.

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Luego de eso, buscaba un acercamiento con la familia y, eventualmente, sostenía encuentros sexuales con los menores de edad. Según varios de los testimonios, la estrella utilizaba algunas amenazas para evitar ser delatado por los niños. Muchos de ellos también aseguran haber recibido obsequios costosos y dinero a cambio de no decir nada y de permitirle a Jackson el contacto con su cuerpo, principalmente los genitales.

https://www.youtube.com/watch?v=EOEQI9yqEkk

Estos son los casos de abuso sexual que persiguen al cantante, incluso después de su muerte:

La primera denuncia

A la edad de 12 años, Jordan Chandler y Jackson entablaron una amistad. Luego de contactar a una agencia de alquiler de vehículos, cuyo dueño era el padrastro de Chandler, Jackson entabló una estrecha relación con esa familia. Su “afecto” involucraba regalos costosos y viajes al extranjero.

Sin embargo, el hecho de que Jackson compartiera la cama con Chandler alarmó a Evan Chandler, el padre biológico del menor de edad; y también un reconocido dentista de Beverly Hills. Jordan Chandler recibió atención psiquiátrica y relató la manera en que había sido tocado y abusado por Jackson.

Su padre presentó una demanda contra Jackson por cargos de agresión sexual, pero luego de recibir un pago de $ 23 millones y algunas amenazas de muerte y frustración por la falta de cargos, la familia decidió no seguir cooperando con la investigación.

El hijo de una trabajadora de Neverland

Ese mismo año, un segundo niño confesó que Jackson lo había acariciado. Esa vez la víctima fue el hijo de una trabajadora del Rancho de Neverland, lugar en el que muchos niños convivían con el cantante.

Sin embargo, el menor de edad tuvo mucho temor y vergüenza en mantener firmes sus acusaciones, especialmente, cuando Jordan Chandler (el primer denunciante) se negó a colaborar con las investigaciones.

Jackson le pagó al niño un arreglo de $ 2 millones y hasta 2005, cuando la víctima ya había cumplido 24 años, declaró que el artista lo tocó en tres ocasiones y que colocaba billetes de 100 dólares en sus pantalones, luego de advertirle que no le contara nada a su madre.

El menor de edad era hijo de una de las doncellas del Rancho de Neverland (Foto Prensa Libre: AFP)

Insinuaciones telefónicas

Hipotéticamente, esta habría sido la primera víctima de Jackson. Se trató de Terry George, un niño de 13 años que entabló una amistad con el cantante, luego de buscarlo en su habitación de hotel y pedirle una entrevista. En ese tiempo, el artista tendría 21 años.

Mientras su amistad avanzaba, Jackson mantenía comunicación constante con George por vía telefónica. En una de esas llamadas, George se sintió incómodo al ser cuestionado por Jackson sobre la masturbación.

“¿Me creerías que lo estoy haciendo en este momento?”, le habría dicho la estrella pop al menor de edad.

Luego de eso, Jackson no volvió a hacer ningún comentario similar y George nunca presentó cargos.

Las denuncias contra Michael Jackson han salido a la luz incluso después de su muerte (Foto Prensa Libre: AFP)

Un paciente de cáncer

Cuando Gavin Arvizo tenía 10 años y padecía un tipo de cáncer conoció a la estrella pop. Cuando Arvizo se recuperó de su condición visitó el Rancho Neverland y participó en varias pijamadas con el cantante.

Durante esas noches, Jackson le habría mostrado pornografía, ofrecido alcohol y se habría masturbado enfrente de él y su hermano menor, según testificaron ambos durante el juicio contra Jackson, que comenzó en 2005.

Gavin declaró que Jackson abusó de él varias veces en febrero y marzo de 2003, y su hermano menor dijo que había presenciado todo. Sin embargo, el testimonio de ambos menores de edad fue desacreditado por la defensa de Jackson y el cantante fue absuelto.

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El niño fanático

Wade Robson era uno de los más grandes fanáticos de Michael Jackson, cuando apenas tenía 5 años. Se vestía como él y era uno de sus más fieles seguidores. En 1987, Robson ganó un concurso para acompañar al cantante en una de sus giras y bailar con él sobre el escenario.

Tiempo después, Jackson entabló una relación con él y su familia y abusó de él cuando tenía 9 años. Sin embargo, la víctima ha sido inconsistente en sus declaraciones porque en 2005 (cuando tenía ya 22 años) defendió la inocencia de Jackson, a pesar de que testigos lo habían visto compartir la cama y la ducha con el cantante.

Luego de convertirse en padre, Robson finalmente denunció que Jackson había abusado de él de los 7 a los 14 años. El testimonio de Robson es uno de los principales en el documental Leaving Neverland.

Víctima por cuatro años

Otra de las personas que asegura haber sido abusado por el artista, es James Safechuck, quien ahora es un adulto, pero cuenta la forma en que el artista se sobrepasó con él cuando tenía 10 años y continuó hasta cumplir los 14.

En 2014, Safechuck presentó una demanda acusando a Jackson de haber abusado de él varias veces entre 1988 y 1992. Al igual que el resto de caso, el cantante lo habría tocado y ofrecido regalos.

El testimonio de Safechuck fue tomado en cuenta para el documental Leaving Neverland, que fue estrenado este año.

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Contraloría y SAT dan trámite a denuncias en contra de Patricia Escobar viuda de Arzú

Wed, 13 Feb 2019 11:00:51 +0000

Solorzano Foppa también presentó una denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), sin embargo esta aún no ha sido conocida por los magistrados, quienes son los que deben decidir a qué departamento la trasladarán.

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El contralor general en funciones, Fernando Fernández, explicó que se designará un equipo dedicado a una auditoría y determinen si es cierto o no lo señalado por Solórzano Foppa.

“Fue trasladada a la unidad de denuncias, quienes luego la trasladarán para que se designen a los auditores, quienes deberán hacer un examen de auditoria y determinar si hay o no alguna irregularidad en lo señalado en la denuncia”, dijo Fernández.

Por aparte, el superintendente de la SAT, Abel Cruz, indicó que a la denuncia se le dio trámite y fue trasladada a la Intendencia de Fiscalización para que determine lo denunciado por el exjefe de la SAT.

“La denuncia fue muy formal y a todas se les da el mismo trámite, la diferencia es que a esta se le dio difusión. A todas las denuncias se les da trámite, incluso a las que se hacen por teléfono, en donde señalan que en algún comercio no dan factura”, dijo Cruz.

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Mientras que la denuncia en el TSE fue recibida en la secretaría general, quien la tendrá que trasladar a los magistrados para que sean estos quienes determinen si la trasladan a la Inspección General o a la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de la Finanzas de los Partidos Políticos.

Los señalamientos

Solórzano Foppa asegura que Patricia Escobar, viuda de Álvaro Arzú, tuvo un contrato del 2 de julio al 31 de diciembre del 2018 en la comuna, por lo cual devengó Q25 mil mensuales; mientras que Nicole Pullin, cuñada del presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, tuvo un contrato en el 2018 por Q190 mil anuales por lo que podría estar defraudando al fisco.

“Realizamos la denuncia en virtud de haber tenido conocimiento de tres contratos para dos personas de la familia Arzú; estas dos personas tuvieron dos contratos en la Municipalidad, la primera de ellas tuvo un contrato por seis meses en el renglón 189, que es para personas que hacen estudios, mientras que la otra persona tuvo un contrato en el 2017 y 2018, y la denuncia en la SAT se da porque no ha pagado sus impuestos de manera regular, ya que está dando facturas de pequeño contribuyente cuando gana más de Q150 mil al año”, refirió Solórzano Foppa.

Solórzano Foppa también reconoció que está trabajando en su candidatura a la alcaldía capitalina. “Estamos formando un comité cívico”, se limitó a decir sobre con quién correría por el puesto.

Nuevo contrato para viuda de Arzú

El portal de Guatecompras registra la contratación de la viuda del alcalde Álvaro Arzú para prestar “servicios técnicos” por Q300 mil durante este año para cumplir funciones en obras sociales.

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El portal de Guatecompras registra un nuevo contrato a nombre de Patricia Escobar Dalton de Arzú, suscrito el 2 de enero de 2019, por Q300 mil, por la prestación de servicios técnicos para cumplir funciones en obras sociales de la Municipalidad de Guatemala durante este año. El contrato, al igual que el dado a conocer el lunes último, tiene una definición ambigua de las funciones de la viuda del fallecido alcalde, Álvaro Arzú Irigoyen.

Al respecto, el vocero de la municipalidad de Guatemala, Carlos Sandoval, dijo que los informes de servicios, contratos y facturas por los servicios prestados por Escobar de Arzú se encuentran en los portales de Guatecompras y de la Contraloría General de Cuentas. “La historia de doña Patricia marca mucho conocimiento en la obra social y en el trabajo ad honorem que ha realizado”, indicó Sandoval.

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Francisco Solórzano Foppa busca la alcaldía y arremete penalmente contra la familia Arzú

Tue, 12 Feb 2019 00:46:23 +0000

El exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Solórzano Foppa presentó este lunes 11 de febrero tres denuncias: una a la Contraloría General de Cuentas, otra más a la Superintendencia de Administración Tribuntaria (SAT) y una última al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

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Cómo el TSE busca evitar la conflictividad electoral

Foppa busca inscribirse como candidato a la alcaldía capitalina y accionó penalmente contra la familia Arzú, de quien dijo tienen cooptada la Municipalidad de Guatemala.

Foppa asegura que Patricia Escobar, viuda de Álvaro Arzú, tuvo un contrato del 2 de julio al 31 de diciembre del 2018 en la comuna y por lo cual devengó Q25 mil mensuales, mientras que Nicole Pullin cuñada del presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, tuvo un contrato en el 2018 por Q190 mil anuales.

“Realizamos la denuncia en virtud de haber tenido conocimiento de tres contratos para dos personas de la familia Arzú; estas dos personas tuvieron dos contratos en la Municipalidad, la primera de ellas tuvo un contrato por seis meses en el renglón 189 que es para personas que hacen estudios, mientras que la otra persona tuvo un contrato en el 2017 y 2018, y la denuncia en la SAT se da porque no ha pagado sus impuestos de manera regular, ya que está dando facturas de pequeño contribuyente cuando gana más de Q150 mil al año”, refirió Solórzano Foppa.

La denuncia en el TSE se debe a que las facturas que entrega tienen como domicilio fiscal la misma que está registrado como sede del Partido Unionista.

“Eso nos hace creer que puede haber alguna violación con el partido que ha militado, para que investiguen si no se está financiando la campaña electoral a través de estos contratos”, señaló el exsuperintendente.

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Solórzano Foppa indicó que está trabajando en su candidatura a la alcaldía capitalina. “Estamos formando un comité cívico”, se limitó a decir sobre con quién correría por el puesto.

“Yo he hecho múltiples denuncias y lo pueden ver en las redes sociales. Esto es parte de quien yo he sido, soy y seguiré siendo, denunciar la corrupción en las instituciones donde haya que, y no porque participaré como candidato”, indicó el exfuncionario de la SAT.

Campaña política

El vocero de la municipalidad de Guatemala, Carlos Sandoval dijo que lo denunciado por Solórzano Foppa se fundamenta como un señalamiento político ante la necesidad de iniciar su campaña como candidato a la alcaldía capitalina.

“Se ha sabido por sus cuentas sociales que sí va a participar como candidato a la alcaldía y definitivamente está utilizando la información que está a la vista en el portal de Guatecompras, para todos los guatemaltecos. Este contrato de doña Patricia viuda de Arzú esta publicado desde el 2 de julio del 2018, al igual que el contrato de la abogada y notaria Nicole Pullin”, dijo Sandoval.

El portavoz indicó que Pullin ha laborado por 10 años en Municipalidad de Guatemala, por lo que las denuncias de Foppa no tendrán cabida legal.

“Yo lamentó que así se arranque la campaña contra dos damas que han demostrado su capacidad y principalmente doña Patricia, quien desde 1986 que llegó a la alcaldía prestó sus servicios de forma ad honorem, fundado escuelas. Cuando fue primera dama de 1996 al 2000 creo varios hogares para el adulto mayor”, recordó Sandoval.

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Otras acciones

Por aparte, el abogado Otto Gómez presentó una querella penal en contra de exfuncionarios del Gobierno de Jimmy Morales por revelar secretos de Estado.

Los denunciados son Carlos Raúl Morales exministro de Relaciones Exteriores y actual vicepresidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el exministro de Gobernación, Francisco Rivas, la exministra de Trabajo Leticia Teleguario y el exjefe de la SAT, Juan Solórzano Foppa, que reconoció su aspiración por competir por la alcaldía de Guatemala.

El profesional denunció a los exfuncionarios por los delitos de revelación del secreto profesional, atentado contra la integridad e independencia del Estado, revelación de secretos del Estado, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

“Confabularon el 22, 23 24 y 25 de agosto del 2017 quienes por instrucciones de la ahora exfiscal Thelma Aldana, porque en esos días estaba el entonces ministro de Relaciones Exteriores, transmitiendo y vociferando a estas personas lo que él nunca debió hablar, sobre ciertas acciones que el presidente -Jimmy Morales- iba a solicitar a la ONU ya lo sabían estas personas”, indicó el abogado.

Se trató de localizar a los funcionarios denunciados por Gómez pero no respondieron a las llamadas telefónicas.

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Bohemian Rhapsody: las acusaciones contra Bryan Singer por abuso sexual que llevaron a que le retiraran la nominación a mejor director en los Bafta

Thu, 07 Feb 2019 15:25:18 +0000

Es más, de un tiempo a esta parte su nombre se asocia a escándalos y noticias negativas.

Hablamos de Bryan Singer, el cineasta estadounidense que fue despedido del rodaje de Bohemian Rhapsody apenas tres semanas antes de que terminara la filmación y que sigue siendo el director oficial de la película sobre Freddie Mercury y su banda de rock Queen.

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En aquel momento, diciembre de 2017, el estudio 20th Century Fox dijo que la causa del despido de Singer era “su comportamiento no confiable” tras haberse ausentado del rodaje durante varios días.

Sin embargo, la polémica que ahora salpica a Singer, de 53 años, tiene que ver con algo más grave que una ausencia laboral: varios hombres lo acusan de haber abusado sexualmente de ellos cuando eran menores de edad.

Singer niega categóricamente las acusaciones.

“Inaceptable”

La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión ha sido la última en distanciarse de Singer al anunciar que suspende su nominación a mejor director en los premios Bafta que se entregan este domingo en Londres (Reino Unido).

Bryan Singer sigue apareciendo como director de Bohemian Rhapsody, pese a haber sido despedido antes de que terminara su rodaje (IMDB)

En un comunicado difundido este miércoles, la Academia dijo que considera el supuesto comportamiento de Singer “totalmente inaceptable e incompatible” con los valores de la organización.

Si bien apuntó que está al tanto de “la negación total de las acusaciones por parte de Singer”, la Academia añadió que la suspensión se mantendrá en vigor “hasta que se haya aclarado el asunto”.

Y agregó: “Para evitar confusiones, Bohemian Rhapsody sigue nominada en la categoría de Destacada Película Británica, y los otros individuos nominados por su trabajo en la película continúan siendo candidatos”.

“Bafta cree que todo el mundo tiene derecho a una carrera exitosa en un entorno profesional seguro y continuará colaborando con las industrias del cine, los juegos y la televisión para conseguirlo”.

Exitoso director

La polémica por el comportamiento de Singer no es algo nuevo en Hollywood.

De hecho, el director ha sido objeto de especulaciones desde hace más de dos décadas por su estilo de vida y, en particular, por su conducta sexual hacia chicos menores de edad.

Pero hasta el momento no parecía haberse visto afectado por las alegaciones.

Ni siquiera después del estallido del movimiento #MeToo desencadenado por las denuncias de abuso sexual contra el productor de cine Harvey Weinstein en octubre de 2017.

Bryan Singer ha dirigido cuatro de las películas de la taquillera saga X-Men (GETTY IMAGES)

Director de grandes éxitos como The Usual Suspects (“Sospechosos comunes”), Superman Returns o cuatro de las películas de la saga X-Men, Singer ha recaudado más de US$3.000 millones en taquilla en los últimos 20 años, situándose en lo más alto entre los cineastas de Hollywood.

Es conocido por asumir riesgos en la forma de contar historias y cabe señalar que su proyecto más reciente, Bohemian Rhapsody, tuvo un frío recibimiento de la crítica el pasado noviembre, pero para final de año había recaudado más de US$700 millones y se había convertido en uno de los grandes éxitos del año.

Hay quienes ven en este éxito profesional la razón por la que los escándalos no parecen -o parecían- tocarle.

¿Por qué ahora?

Algunos se preguntarán entonces por qué empiezan a verse consecuencias directas ahora, si el asunto era ya conocido.

Y es que la revista estadounidense The Atlantic acaba de publicar un extenso reportaje en el que varios hombres detallan los abusos a los que supuestamente les sometió Singer cuando eran menores de edad.

Entre ellos, hablan cuatro hombres que, según la revista, no lo habían hecho públicamente hasta ahora.

Dos alegan que Singer tuvo sexo con ellos aun sabiendo que eran menores de 18 años, la edad de consentimiento en California (Estados Unidos), lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos.

Singer niega las acusaciones y dice que es una “difamación homofóbica” para explotar el éxito de Bohemian Rhapsody.

Durante la gala de los Globos de Oro del pasado 6 de enero, ninguno de los galardonados por Bohemian Rhapsody le dio las gracias a Bryan Singer, director de la película (GETTY IMAGES)

En un comunicado enviado a la BBC, Singer denunció que el reportaje “es un refrito de anteriores demandas falsas presentadas por una serie de individuos de mala reputación que están dispuestos a mentir a cambio de recibir dinero o atención”.

Por su parte, el abogado de Singer, Andrew Brettler, le dijo a The Atlantic que el cineasta niega rotundamente haber tenido relaciones sexuales con hombres menores de edad, y añadió que no tiene preferencia por ellos.

Las acusaciones

La historia de The Atlantic incluye estas nuevas acusaciones así como testimonios de otros hombres que presentaron demandas contra Singer en el pasado que, o bien fueron resueltas por un acuerdo, o fueron voluntariamente retiradas.

De las nuevas acusaciones, un hombre, que quiso mantenerse anónimo en el artículo de The Atlantic, dijo que Singer y él tuvieron relaciones sexuales cuando tenía 15 años, y otro señaló que Singer sabía que él tenía 17 años cuando tuvieron sexo.

Un tercero narró que empezó una relación sexual con Singer cuando tenía 17 ó 18 años y lo definió como un “depredador” capaz de meter mano a los chicos sin su consentimiento. The Atlantic menciona a otro hombre, Victor Valdovinos, quien denuncia que Singer abusó de él repetidas veces durante el rodaje de la película de 1998 Apt Pupil (“El aprendiz”).

La vida privada de Bryan Singer ha sido objeto de especulaciones en Hollywood desde hace más de dos décadas (GETTY IMAGES)

El abogado de Singer le dijo a The Atlantic que el director no sabe quién es Valdovinos y negó que hubiera pasado nada entre ellos.

También subrayó que Singer nunca ha sido arrestado o imputado de ningún crimen.

“Periodismo de venganza”

La historia de The Atlantic la firman Alex French y Maximillian Potter, acreditados como colaboradores independientes de la revista Esquire.

Singer publicó un comunicado en octubre de 2018 en el que dijo que estaba al tanto de que Esquire estaba planeando escribir un artículo negativo sobre él.

En el comunicado enviado a la BBC, Singer expuso: “Después de comprobar los datos con cuidado, y en consideración de la falta de fuentes creíbles, Esquireeligió no publicar esta pieza de periodismo de venganza”.

“Esto no impidió que este escritor la vendiera a The Atlantic. Es triste que The Atlantic se rebaje a este pobre estándar de integridad periodística”.

LA BBC se ha puesto en contacto con Esquire, sin obtener respuesta.

Sancionarán a maestros que tomaron vacaciones de medio año

Thu, 28 Jun 2018 17:08:26 +0000

A principios de este mes la cartera educativa informó que los establecimientos públicos a escala nacional y en todos los niveles no tendrían vacaciones de medio año a fin de optimizar el tiempo.

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Por estas razones no se pueden mejorar las escuelas

Las autoridades sostuvieron que esto no era debido al paro que hicieron los maestros por una huelga con la que pedían mejorar las condiciones laborales, sino que era porque durante el ciclo lectivo se han desarrollado actividades que hacen que se pierda el tiempo en clases.

Pese a la directriz, el ministro de Educación, Óscar Hugo López, confirmó este jueves a Prensa Libre que se han enterado a través de denuncias que hay algunos grupos que no hicieron caso a la decisión que se había tomado de suspender las vacaciones.

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“He comisionado a los directores departamentales de Educación para que monitoreen y precisen quiénes no han dado clases. Aunque algunos luego regresaron, hay de todo tipo de casos”, explicó el ministro.

López precisó que se giró la orden para que“se deduzcan responsabilidades, porque incluso en algunos casos “están los mismos supervisores como cómplices” de los maestros que decidieron de forma unilateral suspender las clases a medio año.

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“Se dio la orden para que se le levanten actas a estas personas”, aseveró el funcionario, quien indicó que en este momento están en un periodo de análisis para determinar la cantidad exacta de personas que incumplieron con la orden.

Denuncias

El ministro también indicó que la mayor cantidad de denuncias que recibieron de los maestros que habían suspendido las clases fueron es en la capital.

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“La mayor cantidad de denuncias son de las zonas urbanas. La capital es una de las que tienen bastantes indicadores que hubo suspensión, particularmente la zona 6”, señaló el ministro.

Argumentos

Cuando anunció que la cartera suspendería las vacaciones de medio año, el ministro argumentó que nunca compartió las vacaciones de medio año porque para eso la comunidad educativa tiene dos meses de descanso a fin de año.

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También señaló que durante el ciclo lectivo hay muchas actividades que hacen que se desaproveche el tiempo de estudio, como el Día del Maestro, el Día de la Independencia y las ferias patronales, pues hay lugares donde incluso se toman hasta una semana.

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Denuncian a alcalde de San Cristóbal Cucho por incumplimiento de deberes

Sat, 26 May 2018 21:10:12 +0000

La denuncia por incumplimiento de deberes fue presentada el viernes último por vecinos de la comunidad Aguilar Domínguez, Barranca Grande, quienes aseguran en diciembre del 2017 la municipalidad adquirió el terreno de mil 300 metros cuadrados por un monto de Q333 mil.

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Manifestaron que, aunque sospechan que el costo está sobrevalorado la inconformidad es porque servirá para que la comunidad aledaña lo utilice para inhumar a sus habitantes.

“El terreno está en Aguilar Domínguez y no es justo que el alcalde y el concejo lo hayan comprado para que la comunidad vecina, la cual permanece en conflicto con nosotros, lo utilice para construir un cementerio. Lo que queremos es que nos otorgue la propiedad para que en asamblea decidamos qué proyecto ejecutar a beneficio de nuestro caserío”, comentó Gilber Aguilar, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo.

Otro vecino comentó: “Rechazamos la disposición de la comuna de querer construir un cementerio para la otra comunidad, porque está cerca de la escuela y si no tiene el tratamiento debido los niños se pueden enfermar”.

Según el abogado Otto García Maraber, el 21 de marzo último los vecinos presentaron un expediente administrativo, en el cual solicitaron detalles de la compra del inmueble, pero hasta la fecha no han sido notificados.

“Los vecinos plantean en el expediente que hasta la fecha no se les ha notificado por parte del Concejo sobre la compra de una finca rústica en el caserío vecino, la cual consideran que esta sobrevalorada, por lo que solicitan que les sea trasladada los derechos del inmueble para ejecutar proyectos en beneficio de su comunidad”, comentó.

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Añadió que el viernes último los vecinos presentaron la denuncia en la Fiscalía Distrital del MP por el delito de incumplimiento de deberes.

Se intentó conocer la versión del alcalde Baudilio Ramírez, pero no respondió las llamadas telefónicas.

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“Era manos por debajo de la falda, manos en el trasero”: la denuncia de acoso de una periodista encubierta en una cena benéfica de ricos y famosos en Londres

Wed, 24 Jan 2018 18:00:49 +0000

“Era manos por debajo de la falda, manos en el trasero, pero también manos en caderas, en la barriga; brazos rodeándote la cintura de manera inesperada”, describió la situación la periodista del Financial Times Madison Marriage.

Marriage asistió encubierta a la prestigiosa cena benéfica President’s Club Charity Dinner, un evento sólo para hombres organizado anualmente en Reino Unido y al que este año asistieron 360 personalidades del mundo de la política o los negocios.

El objetivo oficial de este acto solidario es recoger fondos para causas como el centro para niños Great Ormond Street Hospital de Londres.

Y en una entrevista con la BBC Marriage compartió detalles del acoso que ella y otras mujeres sufrieron durante la cita, celebrada el pasado jueves en un hotel de lujo de Londres.

La agencia de publicidad más grande del mundo, WPP, que patrocinó una de las mesas del evento, anunció que retirará su apoyo tras las acusaciones realizadas por la reportera, si bien su director ejecutivo, Martin Sorrell, aseguró a la BBC que sus invitados no presenciaron el comportamiento descrito por Marriage.

El director ejecutivo de WPP, que patrocinó una de las mesas en el evento, confirmó a la BBC que su empresa retirará el apoyo a la iniciativa. (Foto Prensa Libre:GETTY IMAGES)

“Manos” por todas partes

“Me manosearon varias veces y sé que hay numerosas trabajadoras que dijeron que les pasó lo mismo”, contó la periodista del Financial Times.

“No era, supongo, manoseo de alto grado, pero una de las cosas más extrañas que ocurrió es que podías estar hablando con un hombre y, de repente, éste te agarraba la mano”.

Was @FT journalist @miss_marriage surprised by the behaviour she witnessed at a top business event? She talks to @EvanHD #newsnight pic.twitter.com/45K5eik1ut

— BBC Newsnight (@BBCNewsnight) January 23, 2018

La periodista decidió acudir al evento para comprobar que las historias de acoso que les habían llegado eran reales.

“Me habían advertido que los hombres podrían resultar molestos (…) Sabía que algo de eso podría ocurrir esa noche, pero no estaba al cien por cien segura. Pero hay otras muchas mujeres que estaban ahí que no tenían ni idea que el evento iba a ser así“.

La cena se celebró en el hotel de lujo Dorchester de Londres. (Foto Prensa Libre:GETTY IMAGES)
“Una mujer me dijo que se quedó impactada. Le preguntaron si era una prostituta”.

Según Marriage, a las 130 mujeres que trabajaron en el evento se les pidió que se vistieran con tacones negros “sexis” y ropa interior de ese mismo color.

También se les dijo que podían beber alcohol mientras trabajaban.

Cobraron £150 (US$213) más £25 (US$35) para el taxi de vuelta a casa.

“Su primera tarea”, cuenta el reportaje del diario, “fue firmar un acuerdo de confidencialidad. Las anfitrionas no tuvieron la oportunidad de leer su contenido ni llevarse una copia”.

“Evento incómodo”

El editor de asuntos políticos de la BBC, Nicholas Watt, dijo que el diputado conservador Nadhim Zahawi estaba presente en la cena, pero se marchó pronto porque “era un evento incómodo y extraño”.

“Cabe la pena destacar que (Zahawi) ya había asistido a esta cena en otra ocasión-antes de que ser elegido como diputado en 2010-, pero, tal y como yo lo veo, él pensó que el evento entonces fue completamente diferente al de la semana pasada”.

Sin apoyo

El director ejecutivo del grupo WPP aseguró que las personas que se sentaron en la mesa que patrocinó la empresa no presenciaron el comportamiento descrito por la periodista encubierta.

Martin Sorrell no estuvo presente en el evento este año, pero aseguró que “no había visto nada parecido nunca“.

“Consultamos a la gente que estaba en nuestra mesa y dijeron que ellos no vieron nada de ese tipo”.

“Pero publicamos un comunicado diciendo que no ayudaremos a la organización benéfica en el futuro, algo lamentable porque es una organización que apoya a numerosos grupos benéficos que ayudan a niños y ha hecho un gran trabajo“.

The Presidents Club, por su parte, dijo estar “horrorizado” por las alegaciones y prometió investigarlas. El hotel Dorchester también se declaró “profundamente preocupado” y anunció su propia pesquisa.

Mientras que el hospital Great Ormond Street ya anunció que devolverá las donaciones hechas en años anteriores por los organizadores del evento.

Crecen denuncias por agresión sexual en el país

Thu, 04 Jan 2018 19:35:34 +0000

En el 2014, las denuncias se dispararon y pasaron de tres mil 748 a 12 mil 811, según la Fiscalía, por las modificaciones efectuadas a varios delitos incluidos en el Código Penal y que endurecían las penas, así como a campañas de varias organizaciones que promovieron que salieran a luz los casos de agresión sexual.

En Estados Unidos comenzó una campaña de denuncias públicas a la que respondieron, incluso, artistas que fueron víctimas de abusos.

La iniciativa se extendió a Guatemala y ha permitido visibilizar más el problema a través del #YoTambién.

Detalles

En el 2008, el Ministerio Público (MP) comenzó a registrar las denuncias a través del Sistema Informático Integrado de Gestión de Casos (Sicom) y hasta el año pasado iban más de 99 mil casos relacionados con delitos de violación y agresión sexual.

Aunque las denuncias que llegan a la Fiscalía son de víctimas de cualquier género, edad y condición económica, hay una constante que refleja la conducta machista de la sociedad guatemalteca.

“En el análisis que se hace se determina que las víctimas casi siempre son mujeres. Por ejemplo, de cada 10 denuncias —de agresiones— que ingresan, dos son contra hombres”, informó Alejandro Chang, encargado del Área de Análisis Criminal de la Fiscalía de la Mujer.

En el 2014 se recibieron 12 mil 811 denuncias en el MP y en el 2015 se reportaron 11 mil 330, lo que evidencia la manera exponencial en que aumentó la cultura de denuncia, si se compara con las quejas recibidas en 2008, cuando hubo solo tres mil 748.

Para la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), las agresiones sexuales abarcan a todos los sectores de la sociedad; sin embargo, las principales víctimas siguen siendo niños y adolescentes.

Los agresores, en la mayoría de casos, son parte del círculo familiar.

En los últimos 16 meses, la Fiscalía de la Niñez recibió mil 836 denuncias por agresiones contra menores de edad, y gran porcentaje se relaciona con violación o abusos sexuales.

Según la Fiscalía, uno de los casos más sensibles, el año pasado, fue el de una niña que fue abusada por el esposo de su abuela desde los 3 hasta los 6 años.

“Después de tres años la niña decidió contarle todo a su madre, porque el agresor le pegó cuando ella intentó tocar el timbre de una casa. Ese día, sin rodeos, le dice a su mamá los abusos sexuales de quien ella consideraba como su abuelo. Ella le decía incluso abuelo Calín”, refirió un fiscal de Menores.

Los hechos ocurrieron entre el 2014 y el 2016, en un sector de la zona 6 capitalina.

Después de la confesión de la niña, la madre la llevó a un hospital para confirmar los abusos. Los resultados de las evaluaciones médicas fueron presentados al MP, acompañados del testimonio de la pequeña.

Por ese caso fue capturado, semanas después, Carlos Augusto Ortiz Hernández, sargento mayor y especialista del Ejército, quien trabajaba en la Auditoría Militar de Cuentas del Ministerio de la Defensa.

En el debate fueron presentadas las declaraciones de la niña, que fueron tomadas en la cámara de Gesell —habitación formada por dos ambientes separados por un vidrio—. “Ella contó que su abuelo Calín la agredía mientras ella observa sus caricaturas, y que en ocasiones la amenazaba si llegaba a contarle a su mamá”, dijo un fiscal.

Ortiz Hernández fue hallado culpable de violación con agravación de la pena, con circunstancias especiales de agravación, y agresión sexual con agravación de la pena, luego de que la Fiscalía presentó más de 26 pruebas al Tribunal de Femicidio.

El agresor fue condenado a 29 años y ocho meses de cárcel inconmutables y a pagar una reparación de Q27 mil.

Reparación de daños

Para la Fundación Sobrevivientes, la confianza en el núcleo familiar es clave para evitar que un niño sufra abuso sexual o algún tipo de agresión. Además, es necesario brindar apoyo psicológico a las víctimas, para que puedan superar los traumas.

El año pasado, el Congreso aprobó la Ley del Registro de Agresores Sexuales (Renás), que obliga a que todas las personas que por su trabajo tengan contacto con niños tengan una constancia que certifique que no han sido condenadas por agresión sexual.

Recomendaciones

No descuide a los niños, por mucha confianza que tenga del lugar donde se encuentren —escuela, iglesia o el mismo hogar—.
Esté pendiente de las actividades de sus hijos, conozca quiénes son sus amigos, maestros y el círculo más cercano.
Controle a sus hijos al momento en que usen las redes sociales, principalmente Facebook. Los agresores usan perfiles falsos para captar la atención de sus víctimas.
Presente la denuncia a la Policía Nacional Civil, a través del número 110, o en alguna estación. También puede hacerlo en las diferentes sedes del Ministerio Público o al número 2411-9191.

Usuarios tienen derecho a quejas por compras navideñas, guarde sus documentos de respaldo

Sat, 16 Dec 2017 15:55:49 +0000

César Tánchez, asesor en finanzas personales, dijo que se debe pedir la factura y el documento de respaldo de la garantía y guardarlo.

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Al momento de la compra, se debe prestar atención a si existe garantía de caja, que se puede reclamar a quien le vendió el bien, también está la garantía del fabricante (emitida por quien produjo el bien).

El primer reclamo debe hacerse en el comercio donde se efectuó la compra.

De no ser atendido, hay otras opciones, como presentar quejas o denuncias en la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco). Para ello, el usuario debe presentar copia legible del DPI.

• Centro de llamadas 1544

• Por internet, en www.diaco.gob.gt.

• Personalmente, en la oficinas ubicadas en la 6a. avenida 0-35, centro comercial Plaza Zona 4, en el área de restaurantes, tercer piso, y el teléfono es el 2501-9600.

Luego, tiene cinco días para completar la papelería. Esto es útil en caso de compra de un bien, cuando se refiera a reclamo por garantía, cambio de producto, reparación gratuita y devolución de lo pagado.

Debe entregar copia legible de la factura o recibo de compra —a nombre de quien interpone la denuncia— y del certificado de garantía.

Por servicios, copia legible del contrato de adhesión y de factura o de recibo de pago. En caso de publicidad engañosa o exhibición de precios, llevar el anuncio publicitario, volante u otros, así como fotocopia de la factura.

Además, los comercios advierten de que en productos ofertados no se aceptan cambios ni devoluciones, y los consumidores deben tener en cuenta esas condiciones, agregó Tánchez.

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Libro de quejas, cuáles podrían proceder y las sanciones

El vocero de la Diaco, Carlos Vásquez recordó que también existe el libro de quejas que todos los comercios, servicios o negocios deben tener a la vista y entregarlo al cliente si éste lo requiere.

Refiere que el establecimiento tiene ocho días para resolver la queja del usuario.

¿Cuáles quejas no proceden para Diaco?

Según información que distribuye la Diaco, no procederán:

Cuando la queja es por mala atención o servicio
Cuando el consumidor violó la garantía al incumplir lo que se indica en ésta.
Se evidencie el mal uso que realizó con el bien.
El ambiente, decoración del local o instalaciones no sean del gusto del cliente.
Y, todas aquellas que por lógica y sentido común no sean coherentes.

Quejas que, según Diaco sí proceden

En las que el consumidor esté en riesgo de perder su dinero.
Cuando el negocio no cumple con lo que ofreció (como incumplimiento de garantía).
Cuando existe evidencia que el producto trae defecto de fábrica.
Por publicidad engañosa de parte del negocio.
Cobrar un precio supeior al que tiene exhibido.
Vender un producto con contenido inferior a lo indicado.
Incumplimiento en plazo de entrega.

Sanciones

La Ley de Protección al Consumidor establece multas de entre 15 a 75 UMAS a los proveedores que incurran en infracciones.

Un UMA es el equivalente a un salario mínimo. En la acutalidad el salario mínimo nominal mensual es Q2 mil 643 (cifra no incluye la bonificación de ley de Q250)

Las causas son: No proveer el libro de quejas, impedir el acceso de los consumidores que deseen registrar sus reclamos en ese libro. Por negar al consumidor su derecho a inscribir sus reclamos.

Número de Quejas y devolución lograda

Según datos de la Diaco del 1 de enero al 15 de diciembre del 2017 se han recibido 7 mil 226 quejas, y que al 4 de diciembre se había logrado la devolución de Q11 millones, clasificado en 15 diferentes tipos de servicios o ventas, los más altos montos son por tiempos compartidos y por comercio.

Por publicidad engañosa han recibido 78 quejas y los proveedores más denunciados son las empresas de telefonía y luego los supermercados, se añade en los datos de esa institución.

La consigna del silencio

Mon, 23 Oct 2017 06:00:00 +0000

Todo ser humano que haya sufrido una agresión sexual ha sido tocado en lo más profundo de su integridad. En esto no hay excepciones y, si las hay, suelen ser muy raras. Un niño, niña, adolescente o adulto víctima de tal escarnio difícilmente podrá borrarlo de su memoria, guardando esa imagen con una dolorosa sensación de repugnancia y culpabilidad. Y el silencio. Ya sea por miedo a las consecuencias sociales y familiares o porque sobre ellos pende la amenaza de una cruel revancha, el silencio tras la violación parece haber sido históricamente la marca de identidad de los crímenes de tal naturaleza y los depredadores cuentan con ello.

Durante la semana pasada y como eco de mi columna anterior sobre el incesto, he recibido más información sobre ese tipo de casos. Por las características de quienes me han compartido situaciones similares existentes en su entorno —personas instruidas con posibilidad de actuar— he podido observar el inmenso poder del silencio incluso en ámbitos de cierto nivel cultural, en los cuales se supone que los prejuicios ya han perdido su fuerza. Sin embargo, ahí están; todavía bien instalados en una suerte de umbral de la privacidad, algo así como una cápsula en donde el valiente intruso que desea denunciar termina por arriesgar más que el hechor.

Esto no es nuevo. No en el incesto y tampoco en otra clase de agresiones sexuales, como lo demuestra el largo silencio que ha precedido a las recientes denuncias de la industria cinematográfica en contra de algunos de sus gurús más poderosos. Ahí no se trataba de niñas indefensas en manos de un depredador, sino de mujeres plenamente conscientes de sus derechos, pero quienes guardaron el mismo silencio oneroso de la mayoría de víctimas. Vergüenza, dolor, impotencia y miedo a las consecuencias de hablar, parecen ser la nota constante.

Si en mujeres poderosas la violencia sexual tiene ese efecto intimidatorio, ¿qué podemos esperar en una niña, un niño o una mujer atados a una relación de poder caracterizada por los abusos? ¿Cómo es posible que un ciudadano ignore los pasos a seguir para realizar una denuncia anónima sobre un crimen de tal magnitud? Esto solo revela que ese silencio continúa alimentado por una carga enorme de prejuicios y estereotipos capaces de re victimizar de manera continuada a quienes sufren estos atropellos, abandonándolas a la voluntad de quien o quienes los agreden.

Urge hacer algo al respecto. Es imperativo iniciar campañas masivas de prevención de la violencia sexual en hogares, escuelas, templos, iglesias, hospitales y todo espacio en donde exista un menor en riesgo o un adulto ignorante de los pasos a seguir para denunciar. Urge reforzar la capacitación de los elementos de policía, investigación y administración de justicia para quitar ese velo de duda ante la palabra de un menor, una duda que desde el primer momento ampara a los perpetradores y coloca a las víctimas en una posición de riesgo.

Si las madres no denuncian por el siempre presente temor a quedar sin sustento económico, buscar la manera de darles acceso inmediato a los bienes familiares, los cuales usualmente se encuentran bajo control absoluto de la pareja abusadora, lo cual también está tipificado en la ley Contra el Femicidio y Otras formas de Violencia contra la Mujer como violación de sus derechos económicos. Buscar rutas y soluciones viables a esta realidad cada día más espeluznante debería ser una tarea prioritaria para juristas y expertos, cuyo aporte sirva para liberar y dar esperanzas de justicia reparadora a tantas víctimas inocentes cuyas voces permanecen en el más profundo silencio.

elquintopatio@gmail.com

Vivir en colonias y calles cerradas en Mixco tiene un alto costo

Sun, 17 Sep 2017 22:59:34 +0000

La inseguridad en Mixco ha motivado el cierre de colonias y calles, lo que ha significado para vecinos pagos que van desde Q100 hasta Q1 mil 200, según información brindada por residentes y de denuncias que llegan a la auxiliatura de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de ese municipio.

Habitantes de colonias de Mixco denuncian abusos de comités de vecinos

Héctor Mérida, quien hace 12 años organizó el primer comité de vecinos en Planes de Minerva, que abarca las manzanas 4, 5, 6, 7 y 19, en la zona 11 de Mixco, señaló que mantener la seguridad de una colonia tiene un costo alto.

Explicó que el presupuesto mensual para operar era de Q11 mil, y de ese monto, Q10 mil se destinaban a sueldos de cuatro guardias.

Mérida agregó que en ese sector hay unas 130 casas, pero solo unas cien familias pagaban Q100 mensuales. El faltante de Q1 mil lo reunían entre los miembros de la junta directiva, que servía para hacer los pagos de los servicios de agua, luz, teléfono y otros.

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Recuerda que promovió el cierre de cinco calles debido a la inseguridad y extorsiones y con aportes de los vecinos colocaron cinco portones con valor de Q8 mil cada uno. También se construyó la garita de seguridad, la cual está valorada en unos Q20 mil.

Vecinos denuncian bullicio y desorden en la zona 9 capitalina

Rudy Mendoza, presidente del comité de vecinos de las manzanas A a la I, en Colinas de Minerva, zona 11 de Mixco, destacó que estar al frente de la junta de vecinos es una labor desgastante que requiere de tiempo, y que son pocas las personas que asumen la responsabilidad de dirigirla.

Agregó que en su sector pagan una cuota de Q100 por seguridad aproximadamente 119 familias, monto que fue acordado en asamblea. El dinero solo alcanza para pagar cuatro agentes de seguridad y facturas de luz e internet, este último sirve para el funcionamiento del sistema de cámaras de seguridad.

Ambos coinciden que como líderes comunitarios les ha tocado promover proyectos de agua y sistemas de videovigilancia.

Resultados positivos

Mérida opina que las agrupaciones se forman por la necesidad de prevenir la delincuencia, robos en casas, asaltos en las calles, hurto de vehículos y extorsiones; sin embargo, sabe que son puestos criticados por algunos vecinos.

“Ha de haber abusos en algunos casos pero son mínimos. Los comités hacen una loable labor sin recibir nada a cambio”, explicó.

En cuanto a los señalamientos, Mérida dijo que no todos los vecinos colaboran, algunos porque no tienen posibilidades y otros, aunque viven con lujos se niegan a pagar.

“En mi sector se ha logrado reducir la delincuencia, se ven calles donde solo transitamos los vecinos, donde los chicos pueden salir a jugar o a compartir, podemos dejar nuestros vehículos día y noche y no pasa nada”, agregó.

Denuncias

Gustavo Adolfo Ovalle, auxiliar de la PDH en el referido municipio, explicó que a su despacho llegan denuncias por abuso en cobros y por limitar el derecho de libre locomoción por los cierres de calles.

“Algunos comités abusan al hacer los cobros y olvidan trabajar por el bien común”, expuso Ovalle, quien añadió que ha solicitado a la Municipalidad de Mixco que accione al respecto.

La Ley del Registro Nacional de las Personas —decreto 90-2005— y el Código Municipal establecen que son las municipalidades las encargadas del registro, autorización e inscripción de las asociaciones de vecinos y asociaciones comunitarias.

Contraste de pagos

Mientras que los pagos por servicio de seguridad en calles y colonias cerradas deben ser consensuados en asambleas de vecinos, las colonias tienen cuotas mensuales fijadas por la administración.

Un residente del condominio Alta Villa, El Naranjo, que pidió el anonimato, dijo que paga Q640 por mantenimiento, que incluye vigilancia.

Édgar Solís, vecino de la colonia Nueva Montserrat, zona 3 de Mixco, comentó que paga Q100 de seguridad, y en su sector viven unas 150 familias.

A la PDH de Mixco han llegado denuncias de cobros por seguridad hasta de Q1 mil 200, o por tarjetas de acceso que van de Q100 a Q200, cuando su costo es de unos Q25.

IGSS refuerza área jurídica para presentar miles de denuncias contra morosos

Sat, 15 Jul 2017 19:37:41 +0000

Xiomara Monge, encargada del despacho de la dirección de recaudación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) dijo que se hicieron convenios por hasta 5 años de plazo, reportando al 9 de julio recién pasado la cifra en mención.

El adeudo total reconocido es de Q236.11 millones, pero Q91.8 millones han sido pagados al contado y ya se clasifican como recaudación.

El IGSS se reforzará con asesores jurídicos para presentar miles de demandas en materia económico coactiva agregó Monge.

El jueves, el subgerente financierdo Edson Rivera anunció que presentarán unas ocho mil denuncias contra los patronos que no aprovechen la exoneración, plazo que finaliza el 1 de julio.

Pueden ser menos si en estas dos semanas que aún está vigente más patronos regularizan su situación.

El obstáculo detectado en denuncias anteriores es que si no se logra el embargo precautorio, las empresas han sacado el dinero de las cuentas bancarias y cuando ya se da sentencia a favor del IGSS ya no encuentran dinero para recuperar el adeudo, refirió Monge. Algunos casos tienen sentencia en tres meses y otras duran años en resolverse, indicó.

Denuncias de violencia contra la mujer sobrepasan capacidad de organismos especializados

Fri, 07 Jul 2017 12:30:19 +0000

Alejandra Gonzalez, encargada de la Secretaría de la Mujer del Ministerio Público (MP), indicó que la violencia contra la mujer tiene raíces en la cultura patriarcal, y la forma de erradicarla es mediante la prevención.

Comentó que en el 2016 cerraron con más de 59 mil denuncias, mientras que hasta el 18 de julio de este año registran 33 mil 825.

La magistrada de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, Delia Dávila, señaló que el año pasado ingresaron a control jurisdiccional 11 mil casos, y de estos emitieron más de tres mil sentencias.

Gonzalez explicó que aunque al MP ingrese varios casos, no implica que tengan la misma salida para el Organismo Judicial, ya que los procesos son muy diferentes.

“En el 2016 ingresaron 59 mil denuncias, es probable que el dato de los 11 mil que ingresaron al Organismo Judicial son de años anteriores, podrían ser del 2014 o 2015, por lo mismo de la carga que tienen las fiscalías de la mujer, y los juzgados especializados”, indicó.

Agregó: “La demanda está sobrepasando la capacidad de las fiscalías y de los juzgados especializados, esto es natural porque es demasiada la carga que se tiene”.

De acuerdo con la jefa de la Secretaría de la Mujer, debido a la agenda que tienen los juzgados especializados estos programan de seis a ocho meses las audiencias luego de que ingrese una denuncia.

“Después de que ingrese la denuncia al ministerio se tiene que valorar qué tipo de prueba se tiene para poder argumentar el tipo de delito, y todo esto lleva un tiempo determinado”, indicó.

Para Gonzalez aunque hay que fortalecer las fiscalías de la mujer, es necesario trabajar interinstitucionalmente en la prevención, ya que aunque existiera el doble de juzgados especializados o el doble de fiscalías el fenómeno de violencia contra la mujer no se puede solucionar, por ello la prevención es un tema que compete a todas las instituciones del estado.

“Creo que debería haber un esfuerzo mayor para que el tema preventivo sea una discusión o esté en la agenda política nacional para que se pueda disminuir la cantidad de víctimas que se tiene. El final último de la prevención es la erradicación de violencia contra la mujer”, aseveró.

La directora del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), Nydia de Corzantes, se lamentó porque la violencia contra la mujer en sus diversas manifestaciones es un flagelo grande, para lo cual se requiere cambios de paradigma, eliminación de estereotipos y oportunidades de capacitación.

“Se necesita comenzar a educar a los niños para no tener que sancionar a los adultos”, puntualizó.
https://twitter.com/OJGuatemala/status/887683996724977664

Cobertura

El MP tiene previsto inaugurar tres agencias fiscales en Suchitepéquez, Retalhuleu y Baja Verapaz. Con estas quedará pendientes de cubrir los departamentos de Totonicapán y Sacatepéquez. En tanto el Organismo Judicial cuenta con cobertura de juzgados especializados solo en 12 departamentos.

La magistrada Dávila señaló —luego de inaugurar el segundo encuentro interinstitucional sobre atención en casos de violencia contra la mujer y violencia sexual— que una de las debilidades que se tienen es brindar cobertura especializada en todos los departamentos, como lo contempla normativa.

Comentó que para este año fue aprobado por el pleno de magistrados crear otro juzgado de femicidio, un tribunal y juzgado de primera instancia penal en Mazatenango, Suchitepéquez, así como una sala de apelaciones de femicidio, aunque todavía tiene pendiente ubicar los inmuebles.

“En los departamentos donde no se tiene juzgados especializados, se atienden los casos por competencia territorial, y hacemos que estos jueces ordinarios reciban capacitación en justicia con enfoque de género”, indicó la magistrada.

Capturan a presunto extorsionista con bomba de humo

Sat, 25 Feb 2017 21:47:16 +0000

El aprehendido fue identificado como Cristian Otoniel Pop Estrada, de 21 años.

Según Pablo Castillo, vocero de la PNC, Pop se dirigía a una tienda de abarrotes en zona 18 con la intención de lanzarle una bomba de humo.

Agregaron que el dueño del citado comercio denunció ante las autoridades que era intimidado por extorsionistas, lo que generó la aprehensión.

La PNC pide a la población que denuncien cualquier hecho delictivo al 110.

Cristian Otoniel Pop Estrada, 21, alias “el cabro” presunto extorsionista detenido con granada de humo, en la zona 18. pic.twitter.com/2E1HueWeRZ

— PNC Guatemala (@PNCdeGuatemala) February 25, 2017

Registran 14 mil 698 denuncias de agresión a menores

Sat, 18 Feb 2017 08:00:00 +0000

Durante el año pasado, el MP recibió 14 mil 698 denuncias por maltrato físico contra menores; de estas, 12 mil 764 correspondía a maltrato, mil 785 a agresión, 143 a lesiones graves y seis a lesiones gravísimas, según datos analizados por Refugio de la Niñez.

Del total de denuncias recibidas en el 2016, seis mil 265 eran hechos contra niños y ocho mil 433 contra adolescentes.

Fuentes consultadas refieren que este y otros delitos, como la violencia sexual, son reflejo de la falla en el sistema de protección de la niñez y adolescencia, no solo por parte del Estado, sino desde el mismo sistema primario. Por ello urge la transformación del sistema.

Según el registro del MP del 1 de enero al 16 de diciembre del año pasado, en El Progreso representó el tercer delito más denunciado dentro de esa lista, mientras que en Alta Verapaz, Baja Verapaz, Huehuetenango y Chiquimula fue el cuarto. Sin embargo, cuando se trata de cantidad de casos reportados, Guatemala registró en esas fechas tres mil 935, Alta Verapaz 944, Quetzaltenango 873 y Huehuetenango 780.

Norma Ramírez, fiscal adjunta de la Fiscalía de Niñez y Adolescencia, refirió que de cada 10 denuncias anónimas que reciben la mitad son falsas, y cuando llegan a los hogares los niños están bien cuidados, pero quizá la vecina tiene problemas con la otra o la pareja está molesta porque se quedó con los hijos y ponen la denuncia.

Refirió que esto implica pérdida de tiempo y de recursos, ya que siempre deben investigar y al final se desestiman porque no hay delito. Agregó que a veces se dan casos en que no amerita llegar al MP porque quizás una vecina insultó a un niño. “Ahí no hay maltrato, porque tiene que haber una vulneración”, dijo.

Refirió que siempre se debe investigar, porque lo que se busca es proteger a la niñez. Agregó que hay casos en los que se da criterio de oportunidad, lo cual está regulado en la Ley, y es cuando la ofensa no es tan grave, si se considera que no vulneró tanto los derechos de la persona o la sociedad. En el caso de padres, se les envía a escuela de padres, explicó.

El Refugio de la Niñez señaló que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), durante el año pasado, efectuó mil 309 exámenes forenses por maltrato físico a niños y adolescentes, y afirmó que se registraron cuatro mil 903 por delitos sexuales, 80 por heridas con arma blanca y 214 por arma de fuego.

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) recibió en el 2016 tres mil 314 denuncias, de las cuales 840 estaban relacionadas con la niñez, en especial por maltrato infantil.

Gloria Castro, defensora de la niñez y la adolescencia, refirió que el maltrato infantil tiene que ver con patrones de crianza, con una cultura que dice que se debe disciplinar a golpes, lo cual ha hecho que ese problema social se pueda ver en todos los departamentos y municipios, en algunos más que en otros.

Indicó que la denuncia ha sido un buen catalizador para visualizar este abuso contra los menores. “A partir de la Ley de Protección Integral y la Convención de los Derechos de los Niños se visualiza y se empieza a ver una situación que no es normal. No es normal que un padre deje a su hijo con moretes porque perdió el grado, no es normal que una mamá agarre a correazos a un niño… El Estado ha fallado mucho en el tema de desarrollar políticas de prevención para la violencia que surgen en los diferentes ámbitos donde ellos socializan”, aseveró.

Castro manifestó que la niñez y adolescencia en Guatemala se encuentran en un abandono, ya que no hay un sistema de protección articulado que coordine y que cuente con asignación presupuestaria en cada una de las instituciones para responder a las diferentes situaciones de violencia que afectan a los niños.

Leonel Dubón, director de Refugio de la Niñez, lamentó que el país no tenga un verdadero sistema de protección, lo cual ha reiterado muchas veces. “Hay un problema mucho más fuerte. Ni siquiera el sistema de protección primario funciona, el cual está constituido por la familia, la escuela y la iglesia, pero son los tres lugares donde más se están cometiendo los delitos en contra de la niñez”, indicó.

Señaló que en el maltrato infantil más del 90 por ciento de casos se da en casa, en violencia sexual el 89.7 por ciento es cometido por familiares cercanos. Agregó que en la escuela cada vez son más los casos de violencia escolar cometidos por los mismos maestros, y las iglesias se han convertido en factor de riesgo, que ya no protege como antes.

“Es evidente que el sistema primario violenta y agrede a los niños, pero también es muy evidente que no pasa nada con quienes agreden a los niños. Hablamos de que uno de cada 10 casos logra la justicia”, manifestó Dubón, y afirmó que no hay otra salida más que transformar el sistema y crear una nueva legislación que articule la institucionalidad de protección de la niñez y adolescencia.

Pierden folios del caso Odebrecht

Thu, 26 Jan 2017 11:00:00 +0000

José Martín Rivas Estrada, director general del Registro de Precalificadora de Obras de la Dirección de Caminos, del Ministerio de Comunicaciones (CIV), fue quien interpuso la denuncia.

Al consultarle al ministro de Comunicaciones, Aldo García, sobre la pérdida de documentos, aseguró que no estaba enterado de ello.

El martes por la tarde, García presentó en la Fiscalía la denuncia del caso Odebrecht, basada en la modificación del contrato entre el CIV y la empresa brasileña.

La denuncia de García será investigada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la de la desaparición de los folios estará a cargo de la Fiscalía de Delitos Administrativos.

Arriban al país

Fuentes allegadas a la investigación informaron que uno de los personeros de Odebrecht viajó desde Brasil para entrevistarse con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la Feci.

Las reuniones tuvieron carácter confidencial, pero la firma estaría dispuesta a brindar información, sostuvieron las fuentes.

Comprueban abusos a viajeros en Aeropuerto La Aurora

Sun, 15 Jan 2017 20:30:51 +0000

Uno de los hallazgos es que el grupo grupo C, del personal de turno en las garitas de migración de la terminal aérea, es muy discrecional al momento de negar o permitir el ingreso de viajeros, en especial cubanos y colombianos.

Según Jorge de León Duque, procurador de derechos humanos (PDH), derivado de varias denuncias recibidas por teléfono y redes sociales, se efectuó una supervisión durante 15 días, entre noviembre y diciembre pasado, unas veces estuvieron identificados y otras no.

“Nos llega de diferentes fuentes de que hay una mafia que opera en el aeropuerto y lo que busca es sacar dinero, y otro tipo de cosas menos graves, incluso recibimos una denuncia de que a unos niños les quitaron unos dragones (juguetes) porque dijeron que eran objetos peligrosos”, afirmó.

Sender Escobar, auxiliar de la PDH, confirmó que se pudo detectar que el denominado grupo C, de la Dirección General de Migración (DGM), a cargo de Miguel Antonio Cantoral Dávila, es el que más complicaciones pone a los viajeros, en especial de origen colombiano y cubano.

“Incluso se tiene documentado de tres personas que no los dejaron ingresar”, afirmó.

Agregó que Cantoral es quien les hace una segunda entrevista, y decide si el turista ingresa o no al país. “Se detectó que no tienen protocolos para determinar quién ingresa y quien no, sino que es a criterio de la persona. No hay requisitos para dejar ingresar”, aseveró.

Escobar relató que se documentó un caso de dos hermanas de origen cubano que venía a una conferencia, y Cantoral no las quería dejar ingresar, y para buscar su objetivo estaba llamando a la agencia de viajes y no al hotel. Agregó que ellos les hicieron ver a Cantoral que a la una de la mañana no le iban a responder y que llamara al hotel para corroborar la reservación.

“A este señor, Miguel Angel Cantoral, se le hizo varios llamados de atención por la forma como trataba a las personas, una forma prepotente, abusiva”, aseveró.

A los turistas que no dejan entrar, Escobar indicó que la Dirección General de Migración (DGM) no les da alimentación y que tampoco lo cubre la línea aérea.

“Observamos que él (Cantoral) maltrataba a los viajeros, e incluso se levantó un acta en el lugar de los abusos de él y de una señora (no especificó el nombre) que a pesar de que nos miraba con los chalecos seguía en esa postura”, afirmó.

Los auxiliares de la PDH también detectaron en la inspección de salida de las personas que van de Guatemala hacia otro país, las personas que verifican que ciertos objetos no pasen, a veces son prepotentes y les hablan con tono sarcástico cuando ellos se quejan.

Engaños a viajeros

La PDH acompañó a dos guatemaltecos residentes en Estados Unidos que fueron estafados en las afueras del aeropuerto, ya que le pagaron a unas personas que les ofrecieron servicio de bus hasta Huehuetenango, pero les dieron unas vueltas y los regresaron al aeropuerto para que fuera por un supuesto sello, y les dejaron allí.

Según Escobar, ya había recibido denuncias antes de esto y que los robos oscilan entre US$100 a US$500. El caso que asistió PDH se presentó la denuncia en el Ministerio Público (MP).

De León Duque refirió que estaba pendiente de analizar el informe completo, pero que si encontraban que los abusos son constitutivos de delitos, remitirían la denuncia al MP. Agregó que además se emitirá recomendaciones a la DGM para mejorar la atención a los viajeros, ya que además del daño que se le causa a las personas afecta la imagen del país.

Bajo investigación

La Fiscalía de Delitos Administrativos ya recibió hace algunos meses una denuncia contra Miguel Antonio Cantoral Dávila e Ingrid Janneth Casasola Catalán, encargados del grupo C del aeropuerto, pero no dio detalles porque se encuentra bajo investigación.

Ardani Sical, asesor de comunicación de la DGM, explicó que por los señalamientos de abusos a viajeros, en específico en el grupo C, incluso han sido citados al Congreso, pero la dirección ha estado anuente a colaborar a cualquier información.

Refirió que cuando un viajero entra y pasa al control migratorio se le revisa su pasaporte y la declaración jurada aduanera, pero si mientras el proceso la persona se pone nerviosa o titubea o se encuentra algún indicio de anomalías, se le hace una revisión secundaria en otro lugar.

“Estas revisiones están avaladas por el Grupo CA4, que integra El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala y estos procesos estandarizados. Esta la hace el jefe del grupo que está de turno”, aseveró.

Agregó que el encargado vuelve a hacer algunas preguntas, como por cuánto tiempo viene, dónde se hospedará, si tiene la solvencia económica.

“Se le pregunta si tiene dinero, y si el viajero trae, se le pide que lo muestre, pero no puede ingresar más de US$10 mil, pero en ningún momento el protocolo exige que sea coartado de este dinero, para eso hay cámaras”, aseveró.

Medidas

Comentó que desde mediados de diciembre pasado se instalaron cámaras y sonidos en el área de revisión secundaria. Añadió que revisan los manuales de procedimientos para verificar posibles deficiencias para mejorar, así mismo buscan instalar otras cámaras.

Recomendó a las personas que en caso sean objeto de algún abuso lo denuncie al MP para que lo investiguen.

Del área de comunicación de Aeronáutica Civil, se indicó que se sigue el procedimiento oficial Avsec (Aviation Security) en el cual los viajeros no pueden llevar varios objetos dentro de equipaje de mano. En caso que lo lleve se les da una boleta de reclamo para que lo puedan recuperar.

En cuanto a las estafas que se dan en la salida, se refirió que coordinarán con el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) para que se puedan hacer campañas que orienten a las personas y no se dejen engañar.

Se incumplen derechos de personas con VIH

Mon, 05 Dec 2016 18:56:05 +0000

La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y la Red Legal y su Observatorio de Derechos Humanos de las personas con VIH y personas con mayor alto riesgo (Pemar), señalaron que en el quinto informe sobre la situación de las denuncias por violaciones a los derechos humanos a las personas con esta infección se evidencia que aunque hay avances, persisten estigma y discriminación.

Joel Ambrosio, representante de la red legal, refirió que este año recibieron mil 345 casos de violaciones a los derechos humanos de las personas con VIH y que de estos el 80 por ciento corresponde al relacionado con salud, principalmente por falta de medicamentos. Agregó que este año recibieron seis denuncias laborales por la negación de empleo a personas infectadas con el virus.

Refirió que en el 2012 se recibieron dos denuncias laborales, y aunque se registran pocas se da muchos casos pero la gente no reporta.

Ambrosio refirió que las denuncias muestran una baja respecto del anterior informe cuando fueron mil 584, sin embargo no quiere decir que esto implique la situación haya mejorado, sino que muchas veces la gente no denuncia, ya que la mayoría son reportes del Seguro Social, en tanto la gente que acude al sistema público no lo hace.

PDH y Red Legal y su Observatorio de Derechos Humanos VIH y Pemar presentan informe de denuncias de violación de derechos a personas con VIH pic.twitter.com/M3QHekT1G5

— Geldi Muñoz (@GeldiMunoz) December 5, 2016

Señaló que en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) ha existe una desabastecimiento, y aunque no ha sido total, cuando se deja de una medicamento se interrumpe la terapia y se afecta la salud del paciente.

Refirió que este martes se darán a conocer otros detalles del informe, el cual tiene como objetivo evidenciar los avances que han tenido la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas con VIH.

Entre los avances se encuentra la creación de las Defensoría de la Diversidad Sexual en la PDH, la revisión de la normativa que regula el abordaje del VIH en el Ejercito, la iniciativa de ley 5126 que se encuentra en el congreso.

Según la PDH, de las 36 mil 231 personas registradas con VIH hasta octubre, solamente 14 mil 388 reciben terapia con antirretrovirales.

Jóvenes vulnerables

La semana pasada el representante de OnuSida, Ricardo García, señaló que entre el 2015 y el 2016 se estima que actualmente que alrededor del 42 al 45 por ciento de las personas que viven con VIH en Guatemala saben su diagnóstico.

“Al revisar la cifras recientes del número infecciones nuevas anuales, en los últimos años del 28 al 30 por ciento corresponden a personas menores de 25 años, lo cual nos hace ver que una buena parten importante de los nuevos casos ocurren en jóvenes, y estimamos que cada da día ocurre de 8 a 9 infecciones nuevas y de ellas ocurren en jóvenes es necesario hacer énfasis en las intervenciones orientas a la juventud y adolescencia”, aseveró.

Agregó que la cifra es específica para Guatemala pero que el aumento de los casos nuevos en población joven es de 3 por ciento anual en toda América Latina. Según el representante de OnuSida esto puede ser a que se ha bajado la guardia en prevención y para el caso de Guatemala considera necesario ampliar la cobertura en políticas de material sexual en las escuelas.

Juez de sentencia denuncia amenazas de muerte

Fri, 18 Nov 2016 16:42:36 +0000

Las advertencias sobre un posible atentado en su contra fueron enviadas en una nota firmada por un recluso interno en el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18.

En la nota la persona informa que reclusos están planificando desarmar a los guardias del Sistema Penitenciario, y otras dos personas se encargaran de atacar.

“De todos modos nunca saldrán de aquí, hay una señora delgada con problemas en los ojos y un moreno, van a echarle en los ojos un líquido a los guardias del Sistema penitenciario”, dijo Xitumul en un fragmento de la nota que recibió.

Xitumul indicó que ya le informó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y la Cámara Penal, y que acudirá al Ministerio Público para denunciar estos hechos.

Juez muestra la nota que se entregó al Tribunal en la que se señala sobre las amenazas. @prensa_libre pic.twitter.com/QihMGC1doV

— Jerson Ramos (@Jerson_Ramos_C) November 18, 2016

Luego de conocer esto la CSJ reforzó la seguridad en la sala donde el Tribunal opera, y los juzgadores fueron respaldados por más elementos de seguridad personal.

El juez afirmó que sospecha que las amenazas provienen de personas que integran estructuras delictivas a las que han juzgado.

Guardia del OJ incrementa la seguridad en el juicio contra banda idenfiticada como el Primo o Pintor. @prensa_libre pic.twitter.com/AjxmO1mjoU

— Jerson Ramos (@Jerson_Ramos_C) November 18, 2016

Guatemala carece de planes para atraer inversión extranjera

Mon, 26 Sep 2016 13:20:06 +0000

Representantes del cuerpo diplomático, empresarios y funcionarios consideran que las acciones para el combate de la corrupción y la recuperación de impuestos son positivas; sin embargo, aseguran que son temas que causan inquietud entre los inversionistas, además que son problemas estructurales a los que no se les ha puesto atención desde hace años.

Thomas Carter, embajador del Reino Unido, afirma que ahora Guatemala se ve desde el exterior como un país en un proceso positivo de cambio, lo cual, destaca, es visto por los inversionistas como una buena noticia; sin embargo, dejó claro que hay que ser más contundente.

“Se necesita un mensaje claro del Gobierno de que el país está abierto a inversionistas extranjeros, y no he oído ese mensaje de manera tan clara”, refirió el diplomático.

También lea: SAT tiene una semana para elegir a tribunal tributario.

Incertidumbre por planes de reformas fiscales. El Gobierno presentó una propuesta y dos semanas después la retiró.

Ley de generación de empleo que reduce actividades en zonas francas. Falta su reglamento.

Ley de factoraje y leasing y para las cuales el Directorio de la SAT considera que otorga exoneraciones.

Falta de reglamento para aplicar el convenido 169 acerca de consultas populares .

Desaceleración de la economía.

En opinión de Carter, un inversionista viene dispuesto a cumplir con sus obligaciones, pero quiere tomar la decisión a largo plazo, por lo que necesita “certeza a largo plazo”,

Comentó que han tenido conocimiento de inversionistas que “tienen un poco de miedo de firmar nuevos acuerdos (contratos)”.

“Es estructural”

Para Bernardo Penha, jefe del sector económico y comercial de la Embajada de Brasil en Guatemala, a los inversionistas no les asusta la crisis política de coyuntura, sino los problemas estructurales que vienen desde hace años como el alto porcentaje de informalidad, porque es difícil calcular el tamaño del mercado.

“Un inversionista que es correcto, que es serio, que quiere pagar sus impuestos, así como cumplir sus obligaciones, no tiene más miedo hoy que el año pasado en venir al país”, dijo Pehha a Prensa Libre.

Según datos de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 2016 (Enei) refieren que el porcentaje de informalidad fue de 69.8% en el primer trimestre.

El otro punto “que asusta”m a la gente, aseguró Pehha, tiene que ver con la crisis política, pero no directamente con la coyuntura del año pasado y de este, sino con la percepción de las dificultades con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), y que está relacionado con trámites burocráticos, complejos y confusos.

millones de dólares ingresó de IED en el 2015, la cifra más baja de los últimos cuatro años.

“La crisis política que se notó desde el año pasado se dio, en parte, por esos motivos, pero no es la crisis actual lo que asusta a la gente”, insistió.

El funcionario brasileño va más allá y refirió que el país no tiene un plan agresivo de atracción de inversiones en general y falta promoción para dar a conocer al país, aspecto que comentó, se notó recientemente, ya que a diferencia de otros países de Latinoamérica, no tuvo presencia en promoción y anuncios en los recientes juegos olímpicos.

Sin presupuesto

El mensaje de la lucha contra la corrupción y que se apliquen reglas claras favorece a la inversión y hay que apoyarla, dijo el presidente del Cacif, José González-Campos.

“No vamos a defender a nadie que no haya cumplido con su obligación”, expresó. Agregó que en los casos que sigue la SAT no tienen problema con que ese ente cumpla con su función, pero que debe asegurarse de que se respeten los procesos. “Lo que pedimos es que se agoten las medidas y procesos administrativos antes de pasarlo a la vía penal”, añadió. “Vemos que talvez hay un apresuramiento para penalizar... puede ser porque no logran recuperar los montos”.

Rubén Morales, ministro de Economía, reconoció que Guatemala no tiene acciones agresivas para la atracción y promoción de inversiones y lo atribuye a la falta de un presupuesto “amplio, grande y fuerte, porque la promoción internacional es cara”, al referirse a la presencia en medios internacionales o la participación en ferias y congresos de inversión.

Instalar un pabellón o stand en alguna feria puede llegar a costar US$30 mil, refirió.

El país ha estado ausente los últimos ocho años de actividades internacionales de este tipo, dijo Morales, y lo atribuye a la falta de fondos en las gestiones del 2008 al 2016.

“La presencia del Ministerio y del país se ha reducido de manera sustancial”, advirtió.

Las delegaciones han sido más que todo del sector privado o del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).

“Del 2004 al 2008 se tuvo presencia porque contaban con fondos de un préstamo del Banco Mundial, pero “una vez se terminó de ejecutar ya no hubo fondos para eso” añadió.

El Mineco y Pronacom no brindaron información respecto de en cuántas actividades se ha participado como Estado del 2004 al 2016.

Desde el año pasado disminuyeron las operaciones de la oficina Invest in Guatemala y en la actual administración se suspendió en los primeros meses del año. Se sabe que se trabaja en una nueva estructura de esa oficina.

Cifras de inversión

exportadoras de café, de las 24 socias de Adec tienen denuncia de la SAT.

En 2015, el país recibió US$1 mil 208.5 millones en concepto de Inversión Extranjera Directa (IED), lo que significa el monto más bajo respecto de los tres años anteriores, según datos del Banco de Guatemala.

El país ocupa el tercer lugar en recepción de IED en Centroamérica, pero está muy por debajo de Panamá y Costa Rica, que reportan US$5 mil 039 millones y US$3 mil 094 millones, respectivamente.

En el primer trimestre del 2016 se reportan US$311.6 millones.

Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham), refiere que lo que impacta la inversión en la actualidad es una mala legislación como la ley que reduce las actividades de zonas francas, una mala aplicación por parte del Organismo Judicial en temas de inversiones y una mala política de atracción.

Carrasco indica que el inversionista extranjero no comprende el impacto de las denuncias y juicios porque no ha habido una política de comunicación adecuada.

Exportadores de café indican que les afectan operaciones

Los exportadores de café y cardamomo han manifestado la problemática que enfrentan para poder operar, debido al embargo de cuentas o intervenciones efectuadas por la SAT, aseguró Jean Paul Brichaux, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Café (Adec).

Según Bichaux, de 24 empresas socias de Adec, 18 tienen cuentas embargadas y hay 56 denuncias. En conjunto, las firmas demandadas representan el 75% de la exportación de café, añadió.

Empieza a generarse inquietud en los compradores, explicó. Muestran dudas respecto de comprar, ya que no tienen certeza de que les vayan a despachar.

El ejecutivo dijo que apoyan la lucha contra la corrupción y contrabando pero que el mensaje debe ser claro, ya que las denuncias a las exportadoras de café es por devolución del crédito fiscal del IVA y por problemas de sus proveedores, y no por corrupción.

SAT anuncia diálogo pero denuncias continuarán

La SAT trabaja con otros entes como el MP para instalar una mesa de diálogo por las denuncias por temas fiscales contra empresas, con el fin de que se agilicen las investigaciones, indicó el superintendente Juan Francisco Solórzano Foppa.

Sin embargo, dijo que continuarán las intervenciones o embargos, incluso en el sector exportador de café y cardamomo.

Si los empresarios consideran que el accionar de la SAT es ilegal, deben usar los recursos legales, pero hasta el jueves pasado no habían presentado ninguno, agregó. Dijo que ese ente no ve el movimiento comercial o aporte a la economía de las empresa para accionar.

Q824.2 millones en gasto opaco

Mon, 26 Sep 2016 06:00:00 +0000

Los informes de la Contraloría General de Cuentas (CGC), que son de carácter público, y la base de las denuncias presentadas en el Ministerio Público (MP), explican cómo los pagos improcedentes, los contratos suscritos con deficiencias, el fraccionamiento en compras de medicamentos, alimentos y las anomalías en procesos de cotización y licitación contribuyeron al menoscabo de los recursos del Seguro Social.

Las denuncias son investigadas por las fiscalías Especial contra la Impunidad y contra la Corrupción, del Ministerio Público.

Software dudoso

Los informes de auditoría que originaron las denuncias por los montos más voluminosos están relacionados con la adquisición de un software y programas digitales en los que predominó la opacidad de las adjudicaciones.

El hallazgo número 71 del informe de auditoría de la (CGC) del 2014 se refiere a las dudas en la contratación ofrecida por la empresa Nextec, S.A. por el servicio de digitalización de imágenes de planillas, por Q168 millones 200 mil.

El valor del servicio fue calculado en Q180 millones, pero según los auditores, no se siguió el procedimiento para saber si había otros proveedores autorizados; es decir, no se fundamentó que el precio fuera competitivo.

Nextec fue inscrita el 25 de agosto del 2003. El 1 de julio del 2014 suscribió un contrato con la empresa extranjera IP361, S. A., el mismo día que se publicó en Guatecompras la invitación a ofertar, y 20 días después se generó el pedido por el Departamento de Servicios Contratados.

La empresa apenas abrió cuentas bancarias en el país en junio de 2014, poco antes de que fuera otorgado el contrato.

Otro contrato

Otro hallazgo, el número 72, que originó una denuncia por Q250 millones 880 mil, está relacionado con la compra-venta de sistemas informáticos a la compañía Intellego SC (sucursal Guatemala).

El objetivo de contratar el servicio fue actualizar el sistema de gestión administrativa de recursos gubernamentales, garantizar la migración completa de datos y modernizar el sistema de atención médica. Al igual que en el caso de Nextec, S.A., fue estimado el valor del servicio en Q240 millones y otorgado por Q10 millones más, sin documentación que respaldara el incremento.

El 24 de febrero del 2014, tres meses antes de que Intellego recibiera la adjudicación, fue constituida la sucursal en Guatemala, con un capital de US$50 mil, y quedó inscrita el 14 de abril del 2014.

La empresa comenzó el proceso de registro tributario poco menos de un mes antes de que comenzara la licitación, incluso debió suscribirse un contrato ampliatorio, pues el original tenía errores en el nombre del representante, del proveedor y el valor en números del contrato, según el informe de la CGC.

Sin utilizar

En el Plan Operativo Anual del IGSS se había proyectado erogar Q550 mil para desarrollar ese programa, por lo que fue necesario hacer una millonaria modificación para garantizar el pago del contrato.

El 27 de marzo de 2015, ocho meses después de suscrito el contrato, los auditores detectaron que las licencias no habían sido utilizadas.

Se intentó contactar a Nextec y Intellego, sin embargo la primera no tiene registrado ningún número telefónico ni domicilio fiscal en Guatecompras y la segunda no respondió las llamadas.

Una tercera denuncia es por un proceso de adjudicación del que “no existen actas, por lo que se insertaron declaraciones falsas”, según la CGC. Fue por la contratación de derechos de uso de soporte técnico y las instalaciones de licencias perpetuas de manejador de base de datos del Seguro Social.

Pensiones

Entre las denuncias investigadas por la Fiscalía figura la de una trabajadora social que suscribió actas de supervivencia en el 2011, 2012 y 2013 al pensionado Jacinto Cruz, quien falleció el 6 de septiembre de 2010.

En el informe de 2014 y 2015 se ordenan sanciones económicas al IGSS por pagos a afiliados fallecidos, por no persistir grado de invalidez, incluso cuando el matrimonio de la beneficiaria con el afiliado ya no existía.

Según el informe de auditoría de 2014, el programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS) transfirió Q462 millones 358 mil 29, de los que se recuperaron Q85 millones 179 mil 75 y quedaron pendiente de recuperar Q377 millones 178 mil 54.

Los auditores advirtieron en ese entonces acerca de la situación de “riesgo de recuperación de pagos improcedentes por la cantidad de Q329 millones 308 mil”.

Ambulancias

Desde el 2014, la Fiscalía contra la Corrupción conoció el proceso para la compra de 50 ambulancias, que comenzó el 27 de diciembre del 2013.

El jefe del Departamento de Servicios de Apoyo del IGSS hizo el pedido de 50 ambulancias al Departamento de Abastecimientos y consignó que el precio de estas era de Q880 mil, que coincide con el precio ofertado seis meses después por la Empresa Supplies Trading, S.A., por Q874 mil 743.

Dos meses antes, el 25 de octubre del 2013, en acta de asamblea de accionistas de la Empresa Supplies Trading, S.A., se autorizó la apertura de una sucursal filial o subsidiaria de esa sociedad en Guatemala, con un capital de Q50 mil.

La empresa quedó inscrita en el Registro Mercantil el 29 de enero de 2014 y la patente fue extendida el 13 de mayo del mismo año, “coincidentes con la fecha en que se realizaron las publicaciones para las manifestaciones de interés”, de acuerdo con los hallazgos.

Según el oficio 006820, del 27 de mayo del 2014, el jefe del Departamento de Abastecimientos solicitó a la Empresa Supplies Tradings, S.A. aclarar por qué presentó en su oferta documentos anteriores a la publicación del proyecto de bases.

“Se puede inferir que dicha entidad tenía conocimiento previo de que se daría el Proceso de Manifestación de Interés”, según la auditoría.

Conversiones Espaciales de México, la compañía que vendió las ambulancias a Supplies Trading, S.A., el 1 de enero de 2013, certificó que era la representante exclusiva de los vehículos, en una nota fechada el mismo día, 10 meses antes de que la empresa fuera legalmente constituida en el país.

Nuevos procesos

Carlos Contreras, presidente de la Junta Directiva del IGSS, reconoce que había “problemas graves de abastecimiento” por la integración de las juntas de licitación”.

Contreras afirmó que el resultado de auditorías internas y una comisión especializada fue la confirmación de la inutilización de procedimientos para la compra de medicina.

Ahora las compras de medicamentos se hacen con instrumentos de Naciones Unidas y se instaló una comisión que a partir de octubre, participará en “procesos intensos de adquisición” para evitar el desabastecimiento, según explicó Contreras.

¿Ya no pide factura al comprar? Clientes pierden interés

Thu, 22 Sep 2016 13:33:45 +0000

En el 2012, según la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), se recibieron 1 mil 274 denuncias de consumidores y el cierre temporal con orden de juez afectó a 255 negocios.

En el 2015 hubo 684 denuncias de usuarios que no recibieron su factura y 510 cierres temporales.

Mientras que a julio del 2016, la SAT reporta 541 denuncias y 269 cierres.

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Prefieren una multa

El Código Tributario establece que al ordenarse un cierre temporal —por el plazo de 10 a 20 días— el negocio tiene la opción de que se sustituya por una multa, la cual no puede ser menor de Q10 mil.

Ese comportamiento también cambió en los recientes años ya que en el 2012, de 255 casos resueltos, al 70% de establecimientos se les aplicó el cierre y el 30% restante optó por una multa mientras, que en el 2015 la mitad optó por la multa.

En el 2016, el 71% prefirió pagar esa multa.

Según la ley, esa multa puede reducirse hasta en 75% explicó el auditor Óscar Chile Monroy.

El experto opinó que varios factores se reflejan en el cambio en este comportamiento.

En los últimos meses la SAT ha lanzado por las redes sociales constantes llamados al contribuyente a exigir factura por sus compras y, si no se la dan, les pide hacer la denuncia por el correo electrónico denunciasgac@sat.gob.gt o al centro de llamadas 1550.

En mayo pasado, el superintendente, Juan Francisco Solórzano, denunció en redes que una empresa que alquila miniautos en centros comerciales no le dio factura y solicitó una revisión de la SAT, la cual emitió una multa.

Factores

Explicó que a partir del 2013, los trabajadores en el régimen del impuesto sobre la renta (ISR) por dependencia perdieron el interés por reclamar las facturas debido a la reforma fiscal, con la cual se redujo el impacto que tendría a su favor la presentación de la planilla del impuesto al valor agregado (IVA).

Con la planilla se podía rebajar el monto de ISR a pagar comprobando sus compras con las facturas.

Además, el auditor indicó que también se han establecido otros controles para la emisión de esos documentos, como la modalidad de factura electrónica o que, por los casos denunciados por la SAT, haya mejorado la cultura para emitirlos.

En algunos negocios hay avisos al cliente acerca que si no le dan factura, el producto será gratuito, dijo el contador.

Chile Monroy recordó que desde el 2006 se estableció en la ley que los negocios que reciben tarjeta de crédito tienen la obligación de emitir factura, aunque el cliente no la pida, porque en forma automática la emisora de la tarjeta les retiene el 15% sobre la venta.

Muchos de los sancionados con cierre temporal son negocios pequeños o medianos que no cumplen con todos sus reportes, lo medianos en adelante prefieren pagar la multa para seguir operando, explicó el experto al referirse al comportamiento histórico.

En el 2012 (último año de vigencia de la ley anterior) la SAT recibió 430 mil 917 planillas del IVA que reportaron Q2 mil 748 millones de ese impuesto para rebajarlo del ISR. En el 2015 recibió unas 90 mil planillas.

Maga denuncia posibles ilegalidades en entrega de bono

Thu, 01 Sep 2016 05:32:36 +0000

El ministro de Agricultura, Mario Méndez, informó que presentaron una denuncia en el Ministerio Público (MP) por posibles irregularidades en la entrega del bono que sustituyó al fertilizante.

Según el funcionario, la denuncia se presentó la semana pasada, con base en varias quejas de campesinos de que supuestamente han sido obligados a comprar fertilizante y de que les cobran para ser incluidos en las listas de beneficiarios.

Méndez aseguró que mañana se reunirá con la fiscal general, Thelma Aldana, para explicarle al detalle el descontento de los afectados.

“Le pediremos que, por favor, se investigue si en verdad existen anomalías en el proceso, porque estamos dispuestos a que caiga todo el peso de la ley contra las personas que hayan generado problemas”, manifestó en una reunión con diputados de la Comisión de Agricultura del Congreso.

Queja

Durante la reunión, el diputado Julio Longo, del Frente de Convergencia Nacional, mostró fotografías y un mensaje que recibió de uno de los encargados del programa, en donde se observa que se coacciona por la compra de fertilizante.

Al ser consultado el congresista, explicó que el caso se dio en El Rodeo, San Marcos.“El fertilizante estaba almacenado. El subsidio de Q200 es para comprar insumos agrícolas, no solo abono”, manifestó el congresista.

Problema constante

Prensa Libre ha publicado varias denuncias sobre el proyecto.

Agricultores de Escuintla, Chiquimula y Totonicapán denunciaron presiones para orientar la compra de fertilizantes, según lo publicado este miércoles 31 de agosto.
El 18 de agosto, pequeños productores de Totonicapán señalaron que son condicionados para que adquieran los productos agrícolas en un único lugar.

Usuarios se quejan del servicio del Transurbano

Tue, 30 Aug 2016 05:47:13 +0000

Vecinos de las zonas 12 y 21 se quejan de que el Transurbano les debita Q3 y Q5 por pasaje de su tarjeta prepago antes de las 6.30 horas y después de las 20 horas. Lo que se repite los fines de semana.

Édgar Guerra, defensor de los usuarios del transporte público, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), señaló que esas denuncias no son nuevas, ya que vienen de meses anteriores.

Mencionó que en julio último presentaron quejas en seis expedientes, y la justificación de la empresa Sistema Integrado Guatemalteco de Autobuses (Siga) fue que tuvo fallas en el sistema de cobros y ofreció disculpas por el error.

Guerra comentó que tiene conocimiento de que les han impuesto 60 multas a los buses que cobran de más, pero no le devolvieron el dinero a los usuarios.

Sergio Vásquez, vocero del Transurbano, aseveró que las tarifas que cobran son las autorizadas en la metrópoli.

“Desearíamos que las personas se presenten a un centro de atención o vinieran a las oficinas centrales específicamente para ver en dónde pudo haber ocurrido alguna situación que pudo haber sido anómala”, indicó.

Agregó que a quienes han llegado les han explicado el error en el sistema y lo han entendido, pero no aclaró si les devolvieron el dinero.

Varias denuncias

Transurbano no solo tiene denuncias de usuarios.

El pasado 20 de agosto, el Ministerio Público allanó bodegas de las oficinas del Siga para recopilar indicios, luego de tres denuncias que se presentaron por posibles actos de corrupción.
Desde el 25 de noviembre del 2015, el Transmetro, a cargo de la municipalidad capitalina, ya no aceptó la tarjeta prepago del Siga, con el argumento de que había irregularidades en el funcionamiento.
En noviembre del 2015, pilotos del Transurbano suspendieron el servicio en el eje sur debido al incumplimiento salarial y malos tratos.

En estos expendios de gas vendían con menor peso

Fri, 19 Aug 2016 01:39:19 +0000

Se revisaron 55 cilindros y de estos, 23 (es decir, el 41%) tenían menos producto, indicó Silvia Escobar, jefa de la Dirección de Atención al Consumidor (Diaco).

Se reportaron entre dos y hasta cinco libras menos de producto en cilindros que debían tener 25 libras, añadió.

Tanto la Diaco como el Ministerio Público (MP), el Ministerio de Energía y Minas (MEM), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la Policía Nacional Civil (PNC) participaron en la verificación, basados en denuncias de usuarios de que brindaban menos producto en cada cilindro.

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Los tres expendios se localizan en la zona 11, indicó Escobar. Se trata de Gas Flores, 12 avenida, 7-68, colonia Roosevelt; distribuidora de gas Los Cuaches, 16 avenida 9-96, colonia Carabanchel, y Gas Express Carabanchel, 16 avenida, 6-17, local A, colonia Carabanchel.

La funcionaria explicó que se trata de negocios reincidentes, porque ya se había reportado anomalías en otra revisión este año.

Por aparte, el MP refirió que realizó tres diligencias de allanamiento, registro, inspección y secuestro de evidencias (los 23 cilindros) en esos expendios y no se reportaron personas aprehendidas.

“Las diligencias fueron autorizadas por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la capital”, se añadió.

Escobar agregó que se encontraron diversas anomalías en las revisiones que hicieron las distintas entidades participantes.

Los tres expendios no están inscritos en el MEM, lo que significa una multa de Q10 mil; además, en uno de los expendios no tienen libro de quejas y eso representa una multa de Q182 mil, explicó la funcionaria, que agregó que en otro no contaban con facturas.

En la primera verificación efectuada hace varios meses se denunció el presunto delito de estafa mediante entrega de bienes y este jueves el MP constató las anomalías, indicó.

Los controles se reforzarán para abarcar también otras áreas, mientras que las denuncias a la Diaco se pueden efectuar por medio del teléfono 1544.

Se registran ocho mil denuncias por maltrato a menores

Fri, 12 Aug 2016 20:40:23 +0000

Según el análisis efectuado por el Refugio de la Niñez, hasta el 15 de julio se reportaron 4 mil 581 denuncias de maltrato físico o psicológico contra niños y 3 mil 419 contra adolescentes.

En el mismo período se registraron cuatro mil 79 denuncias por violencia sexual, de estas mil 346 fueron a niños y dos mil 733 a adolescentes; otras denuncias por delito cometidos contra menores de edad registradas fueron 99 por trata de personas, 42 por explotación sexual, 13 por explotación laboral y 12 a niñez migrante.

“El país es uno de los lugares en donde la niñez y la adolescencia sufre de constante violencia e impunidad para castigar a los responsables de cometer violencia sexual, explotación, maltrato y trata de personas”, refiere la Refugió de la Niñez.

Durante el año pasado el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) realizó 5 mil 469 exámenes forenses a niños y adolescentes relacionados con delitos sexuales, de los cuales las mujeres son quienes fueron quienes sufrieron más este tipo de vejámenes.

Además mil 194 menores de edad fueron lastimados físicamente, 66 fueron heridos con armas punto-cortantes y 180 heridos por armas de fuego, refirió el informe de Refugio de la niñez.

Agresiones por familiares

Abner Paredes, defensor de la juventud de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) lamentó que en esta situación que afecta a la niñez y adolescencia los delitos son cometidos principalmente por los familiares, y en especial madres y padres.

Resaltó que en parte esto se debe a que no existen suficientes programas o escuelas que orienten a padres, en especial para atender ciertos conflictos con adolescentes que es cuando se producen las agresiones a los menores.

El defensor refirió que en los últimos meses el Ministerio Público ha cambiado sus procesos para atender estas denuncias lo cual es positivo para efectuar una mejor investigación.

Agregó que es importante que se creen programas en torno a la familia para prevenir acciones violentas y que en el ministerio de Educación se capacite mejor a los maestros para que si observan casos los denuncien, ya que muchas veces no lo hacen por los trámites legales que implica.

Hasta junio van 159 denuncias por trata de personas

Sat, 30 Jul 2016 20:48:58 +0000

Alexander Colop, jefe de la Fiscalía contra la Trata de las Personas del MP, refirió que la forma más conocida de trata de personas es la de explotación sexual. Le sigue la explotación laboral, en la cual las víctimas son obligadas a trabajos forzosos y servidumbre doméstica no remunerada.

Otras de las modalidades que existen son la mendicidad obligada y la pornografía infantil. Las víctimas de trata son principalmente niños y mujeres.

Colop señaló que en el país prevalece la trata por explotación sexual y laboral, pero en la actualidad ha habido un repunte de casos pornografía infantil.

Agregó que es porque se trabaja de forma proactiva, es decir, que ya no necesitan de casos particulares o de denuncias propiamente, ya que por medio de convenios o contactos se comparan y socializan información que navega en las redes socialesn y también mediante el incremento de investigación y nuevas estrategias.

El fiscal indicó que este año han desarticulado siete u ocho bandas, pero lo más importante es que unas 56 personas han sido ligadas a proceso penal en lo que va de 2016 por este delito.

De acuerdo con un comunicado de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), el MP, durante 2015, registró 673 posibles víctimas de trata de personas, con un crecimiento del 23 por ciento comparado con el 2014.

“En otras palabras, se puede decir que por cada 100 mil habitantes se detectó a cuatro víctimas de trata, y aproximadamente dos de estas son detectadas al día, refiere ese documento”, señaló la PDH.

La Procuraduría señala que es necesario que los ministerios de Educación y de Relaciones Exteriores, las secretarías de Bienestar Social y contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, así como el Consejo Nacional de Atención al Migrante, realicen campañas de prevención contra la trata de personas en el ámbito nacional.

Estructuras desarticuladas

El 28 de junio último, el MP dirigió 16 allanamientos que permitieron, mediante el desarrollo de la Operación Mesoamérica, desarticular una estructura criminal dedicada al tráfico ilegal de personas. En este operativo fueron capturadas nueve personas, entre ellas el cabecilla Luis Leonardo Mejía Pasapera.

La investigación comenzó en marzo del 2015 por medio de la Fiscalía contra la Trata de las Personas, cuando recibió una denuncia por parte de la Oficina de Inmigración y Aduanas de la Embajada de los Estados Unidos, acerca de una organización criminal que operaba en Centroamérica y se dedicaba al tráfico ilícito de migrantes.

Aumentan agresiones a mujeres

Fri, 29 Jul 2016 06:00:00 +0000

Estadísticas del Ministerio Público (MP) señalan que en el primer semestre de este año se presentaron 32 mil 487 denuncias por violencia contra la mujer, cifra que representa más de la mitad del total de quejas que por el mismo delito se recibieron durante todo el 2015.

Según el reporte, en el año anterior la Fiscalía abrió 57 mil 788 investigaciones por agresiones en contra del sector femenino y en el 2014 la cifra fue de 56 mil 269.

En el informe de gestión de la fiscal general, Thelma Aldana, del 2015, se asegura que el órgano investigador se ha preparado para dar un mejor tratamiento a este tipo de casos, por lo cual se han implementado estrategias para la atención de las víctimas, quienes deben ser atendidas según sus necesidades específicas, como pertinencia cultural y lingüística.

Hecho más denunciado

El documento indica que la violencia contra la mujer —tanto en forma física, psicológica, verbal, económica o patrimonial— es el hecho más denunciado.

Un reporte que contiene los hechos delictivos con mayor frecuencia en denuncias manifiesta lo señalado en el informe de gestión del 2015, pues coloca esa acción ilícita a la cabeza, seguida por amenazas, hurto, robo agravado, robo, robo de equipo terminal móvil —teléfono celular—, lesiones leves, hurto agravado, maltrato contra personas menores de edad y lesiones culposas.

Esa tendencia se mantiene al revisar los consolidados de años anteriores.

Los departamentos donde más se reporta ese tipo de hechos son Guatemala, Chiquimula, Quetzaltenango, Alta Verapaz, Huehuetenango, Izabal, Escuintla, Petén, San Marcos, Quiché y Sololá.

En esos lugares el Organismo Judicial instaló juzgados y tribunales especializados en femicidio y otras formas de violencia contra la mujer.

A la fecha existen 26 órganos jurisdiccionales especializados en la referida materia: 12 juzgados, 12 tribunales y dos salas de Apelaciones.

Caso ejemplar

La sentencia condenatoria dictada contra el coronel Esteelmer Reyes Girón y el comisionado militar Heriberto Valdez Asig por abusos sexuales contra mujeres indígenas en el destacamento de Sepur Zarco, Izabal, entre 1982 y 1983, es un caso ejemplar para la entidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres).

Autoridades actúan

Varios agresores deberán enfrentar a la justicia.

El pasado 26 de julio fue capturado Mynor Ariel López Camajá, en San Benito, Petén, cuando golpeaba a su madre en la vía pública.
Daniel Lorenzo Pascual enfrentará juicio en el Tribunal de Femicidio de Huehuetenango, por supuestamente haber matado a su hija de 3 años y haber agredido con un cuchillo a otra, de 8. La investigación detalla que atacó a las menores porque su esposa lo abandonó.

Ranquin de denuncias

Hechos ilícitos con más cantidad de casos abiertos entre el 1 de enero del 2014 y el 30 de junio último.

Violencia contra la mujer: se han recibido 146 mil 544 denuncias.
Por amenazas se abrieron 125 mil 88 expedientes.
Por hurto se han recibido 73 mil 77 denuncias.
El MP comenzó 65 mil 28 investigaciones por robo agravado.
Se señala que hay 64 mil 104 expedientes por robo.
Se reportaron 50 mil 370 casos de robo de celulares.
Por lesiones leves se recibieron 45 mil 777 denuncias.
Hubo por hurto agravado 44 mil 938 denuncias.
Se llevan 32 mil 810 casos por maltrato a menores.
Por lesiones culposas hay 26 mil 248 expedientes.

Desestiman mayoría de denuncias contra jueces

Mon, 04 Jul 2016 06:00:00 +0000

Según los integrantes de la Junta de Disciplina Judicial, a la mayoría de denuncias no se les da trámite porque las personas buscan una sanción judicial, cuando ellos ven lo administrativo.

En el 2015, de las denuncias que fueron tomadas por la Junta Disciplinaria se efectuaron 65 audiencias, de las cuales 31 fueron declaradas sin lugar, y se emitieron 14 faltas leves, ocho graves y una gravísima.

Al revisar las estadísticas de la Junta Disciplinaria Judicial, del 2009 al 2015 se registran, en total, cuatro mil 125 denuncias; de estas, el 67.6% no se tramitaron. De enero a abril de este año, de las 273 quejas recibidas, 141 recibieron trámite.

Según el informe de derechos humanos del 2015 del Departamento de Estado de EE. UU., la Corte Suprema de Justicia (CSJ) efectuó investigaciones delictivas de conducta incorrecta o irregularidades de jueces. Para finales de octubre pasado, la dependencia disciplinaria del Poder Judicial había investigado mil 47 denuncias de delitos, celebrado juicios derivados de 445 quejas e impuesto sanciones en 161 casos, que iban de apercibimientos por escrito —114 casos— a la recomendación de despido —nueve casos—.

Procedimiento

Marvin Herrera, vocal de la Junta de Disciplina, explicó que muchas personas presentan denuncias contra jueces porque no están de acuerdo con la resolución judicial, pero estas deben ser impugnadas a través de los medios legales.

Marta Vides, presidenta de la Junta, ejemplificó que se les da trámite a expedientes porque el juez llegó tarde a su labor o faltó al respeto a las personas, lo que constituyen faltas disciplinarias.

Vides agregó que cuando no se tramitan denuncias es porque antes de que lleguen a la Junta se hace una inspección y cuando se investiga no se encuentra ningún medio de prueba.

“Estamos conscientes de que hay algunas denuncias que debería dársele más énfasis o le damos más, pero lamentablemente nosotros no investigamos; solo con la prueba que nos presenta supervisión, al igual que la prueba que nos presenta el Ministerio Público resolvemos”, aseveró.

Según la Fundación Sobrevivientes, al principio presentaban las denuncias contra jueces en la Junta de Disciplina, pero al darse cuenta de que no procedían decidieron actuar por medio de la figura del antejuicio, en la cual han logrado sanciones contra juzgadores.

Para la Fundación, la Junta Disciplinaria promueve impunidad.

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, opina que es necesario que el usuario conozca la función de la Junta Disciplinaria y la Supervisión de Tribunales para evitar rechazo de trámites.

Ibarra recordó que en un monitoreo efectuado entre 2012 y 2013 determinaron falta de independencia, ya que son los miembros del OJ quienes investigan y juzgan a otros colegas.

El pasado 29 de junio, el Congreso aprobó una nueva Ley de la Carrera Judicial, en la cual se crea el Consejo de la Carrera Judicial, como órgano rector que tendrá a su cargo las juntas disciplinarias, que llevarán un registro de las faltas y denuncias contra jueces y magistrados. Con ello se espera mayor agilidad y más rigor en la aplicación de sanciones.

Alejandro Sinibaldi suma cuatro denuncias

Mon, 20 Jun 2016 06:00:00 +0000

Alejandro Sinibaldi Aparicio tiene una orden de captura internacional después de que el Ministerio Público (MP) mencionó su nombre como parte de un grupo de exministros que aportaron cuantiosas sumas para comprarle onerosos regalos al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti. Esta no es la única investigación abierta en su contra.

Distintas fiscalías del MP indagan la gestión de Sinibaldi Aparicio sobre su relación con el uso clientelar de obras, pago de diésel, irregularidades en recursos asignados al Programa Nacional de Reconstrucción, a las que se sumarán la reactivación de una denuncia por más de Q3 mil millones interpuesta por la Contraloría General de Cuentas (CGC).

La denuncia señala irregularidades en el manejo del Sistema Integrado de Contabilidad (Sicoin) por Q3 mil 125 millones 26 mil 552.45, que será accionada de nuevo, informó el contralor general de Cuentas, Carlos Mencos.

Sinibaldi, su equipo completo de viceministros y otros exfuncionarios —42 en total— fueron denunciados por los auditores el 25 de mayo del 2015. Unos días después, el 8 de junio, el caso fue desestimado por la agencia 4 de la Fiscalía de Delitos Administrativos.

Los contralores presentaron un recurso de oposición para que el proceso no fuera cerrado. El 25 de enero del 2016, no obstante, la jueza Julia Marisol Rivera, entonces a cargo del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, le dio la razón al MP.

Al ser consultada al respecto, la fiscal de Delitos Administrativos, Tamara De León, afirmó que el exministro no es investigado.

Con fines partidarios

Durante la audiencia del caso Cooptación al Estado se evidenció que al menos 70 contratos de obra pública y dragados, por los que se pagaron coimas, pudieron haber generado Q290 millones a la estructura.

El financiamiento ilícito de un partido tiene diversas formas, han explicado las autoridades. Una de estas, según el fiscal de Delitos Electorales, Óscar Schaad, es el aprovechamiento de la obra pública.

A raíz de una denuncia, esa fiscalía hace “una investigación forense” de cientos de documentos de las gestiones de los ministros de Comunicaciones desde el 2008 al 2015.

Dos expedientes más que involucran a Sinibaldi Aparicio se encuentran en la Fiscalía contra la Corrupción.

En el 2014, el valor de los contratos suscritos entre la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE) del Ministerio de Comunicaciones, con varios contratistas, ascendió a Q3 millones 512 mil 980.55.

Según la CGC, los pagos con cargo al programa 96, Programa de Reconstrucción N7, con el que se decretó estado de Calamidad Pública —después del terremoto del 7 de noviembre de 2012 y que estuvo vigente al 4 de julio de 2013— se siguieron procedimientos irregulares que afectaron la fuente de financiamiento 52, que corresponde a Préstamos Externos.

A criterio de los auditores, no se atendió la naturaleza del gasto ni la vigencia de la normativa relativa al estado de Calamidad decretado.

En la denuncia presentada el 29 de abril del 2016, además de Sinibaldi se señala a Víctor Enrique Corado Valdez, Juan Francisco Sandoval Girón, Maziel Ivone Arango, Ivón Sofía Bocanegra Cuéllar, Francisco Javier Presa Aguirre y Édgar Marinelli Rubio.

Otra investigación está relacionada con un aporte de Q55 millones para diésel, según los registros de la Fiscalía contra la Corrupción. El delito por el que Sinibaldi y el exviceministro Guillermo Estuardo Sosa Rodríguez son investigados es malversación. La denuncia fue presentada por la Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos de Guatemala, el 30 de abril del 2015.

Después del terremoto

“Pensé que lo que mis ojos veían era mentira, una casa que mi padre me dejó de herencia me sirvió para cobijarme, pero el 7 de noviembre del 2012 el terremoto se lo llevó todo”, cuenta Juan de Dios Méndez, vecino del cantón Gallo Rojo, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.

Méndez podría haber sido uno de los beneficiados del Plan de Reconstrucción N7, que ofreció dos mil 575 viviendas en San Marcos y estuvo a cargo del Ministerio de Comunicaciones.

“Hoy vivo con mi familia en una galera de lámina. Con mucho esfuerzo compré la lámina, pero esta galerita no resiste el frío ni el calor. Estamos tristes y esperamos un milagro para construir una casita”, agregó.

Francisco de León, de El Recreo, San Marcos, cuenta que el alcalde de ese entonces ayudó solo a su gente. “Nosotros, los verdaderamente necesitados, nos quedamos sin la ayuda. Hoy no tenemos casa y quienes más sufren son los niños”, manifestó.

Aportó Q2 millones

Álvaro Mayorga, representante legal de Constructora Nacional (Conasa), es señalado por el MP de haber aportado Q2 millones al PP. Está en prisión por el caso Cooptación del Estado. En un comunicado la empresa rechazó señalamientos de corrupción y se solidarizó con Mayorga.

Financiaron ilícitamente

Según el MP y la Cicig, la segunda modalidad de financiamiento ilícito incluía pagos a constructoras. A los empresarios se les facturaba por servicios intangibles y difíciles de rastrear, como “uso de maquinaria por mil horas”, lo que se repite constantemente.

Mujeres se animan más a denunciar la violencia

Wed, 15 Jun 2016 06:07:12 +0000

Según informes de labores del Ministerio Público (MP), en el 2009 recibieron 34 mil 526 denuncias de violencia contra la mujer y en el 2015 se registraron 56 mil 704.

Los reportes de administración de la fiscal General, Thelma Aldana, señalan que durante el primer año de gestión —2014 a 2015— se recibieron 48 mil 727 denuncias, y en el segundo —del 1 de abril del 2015 al 31 de mayo último— van 45 mil 388.

El Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) atendió tres mil 672 casos de violencia contra la mujer el año pasado, en tanto que la Unidad de Casos Leves de Violencia contra la Mujer, en la sede central de esa institución, atendió 754 casos y hasta mediados de mayo último se reportaron 309.

En el 2008, en el IDPP el 90% de los delitos correspondían a posesión —de droga— para el consumo, en tanto que los casos por violencia contra la mujer no aparecían entre los más recurrentes.

En los dos años de administración de Aldana, el MP reporta tres mil 322 sentencias, y entre 2010 y 2013 hubo dos mil 931.

Avances

Heydi Estrada, subdirectora del IDDP, refirió que hace 10 años los delitos que más se atendían era portación ilegal de arma de fuego y posesión para el consumo.

“Ahorita el delito de violencia contra la mujer es uno de los más denunciados. Primero porque las mujeres ya tienen más el empoderamiento de acudir a la Policía, al sistema de justicia. Antes se quedaban calladas, no denunciaban”, refirió Estrada.

Resaltó que la Policía tiene más capacidad de atender estos delitos y existe más sensibilidad, ya que antes los agentes decían que eran cosas de mujer y esposo y no intervenían, pero ahora han sido capacitados en temas de género y también existen juzgados especializados.

Nidya Arévalo de Corzantes, directora del IDPP, destacó el papel que ha jugado el MP al crear una unidad especializada con atención integral. “Comienza a llevar esos casos al sistema y allí es donde vemos las estadísticas altas de denuncias”, afirmó.

El pasado 8 de marzo, el MP implementó en la Fiscalía de Sección de la Mujer el Centro de Llamadas de Emergencia para Víctimas de violencia en su manifestación física, y el botón de pánico, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra ese género.

Fenómeno Cultural

Arévalo explicó que la forma más común de violencia contra la mujer es la física, porque los golpes marcan el cuerpo, pero muchas sufren violencia psicológica, que es difícil de ver y requiere atención de especialistas.

Subrayó que el femicidio es la expresión más violenta de este delito y que afecta tanto a mujeres pobres como adineradas o profesionales, pues no distingue estrato social.

Giovana Lemus, coordinadora del Grupo Guatemalteco de Mujeres, señaló que es importante conocer los derechos humanos y la legislación que protege la desnaturalización de la violencia contra las mujeres, lo cual se puede lograr por varias vías, como el conocimiento del problema, campañas, sensibilización, cumplimiento de la ley, justicia y reparación digna, operadores de justicia con conocimiento especializado e instituciones coordinadas y fortalecidas.

En varias ocasiones, Aldana ha abordado el tema y la necesidad de romper esa cultura de violencia. Recientemente señaló la importancia de que el Ministerio de Educación forme a los niños para la no violencia.

Requiere educación

María Isabel Grijalva, asesora de la Colectiva para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en Guatemala (Codefem), señaló que, pese a que existe más cultura de denuncia, persiste el miedo, porque al sistema de justicia llegan pocos casos y de estos son menos las sentencias.

Agregó que el sistema ha regresado en algunos casos a la figura de reconciliación, pero eso no garantiza que no se repita la violencia.

“Como son miles las denuncias, me imagino, y como todas las instituciones no están preparadas para recibir la avalancha de denuncias y las cárceles tampoco”, aseveró.

Grijalva recordó que es necesario erradicar la cultura de violencia contra la mujer porque aun con los juzgados de Femicidio existe una resistencia a los esfuerzos que se hacen al respecto.

Lamentó que se le atribuya a la mujer la culpa de la violencia y resaltó que es necesario educar a la niñez, juventud y familia, en especial para cambiar la idea que se forma en el hombre como abusador, pues incluso este se llega a oprimir a sí mismo.

Nueve empresas están ligadas a irregularidades

Sat, 11 Jun 2016 06:00:00 +0000

El alcalde capitalino, Álvaro Arzú, y su concejo fueron denunciados en el Ministerio Público por irregularidades en el Fideicomiso Metropolitano para la Recreación, Cultura y Deporte, que involucra a nueve empresas contratadas.

En la denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas (CGC), la última semana de mayo, se señala que la comuna delegó en ese fideicomiso funciones que corresponden solo a la Unidad de Administración Financiera Integrada Municipal.

La Empresa Municipal de Agua (Empagua) otorgó contratos a Pentagua, S. A., a un plazo de 20 años. A 10 años también fueron contratadas Iluminación y Diseño, S.A.; Inversiones Carpi, S.A.; Serpagua; Servicios Residenciales del Atlántico, S. A.; Tuep, S.A.; Vasica, S.A.; Corporación Magdalena del Mar, S.A.; y Corporación Inmobiliaria Sol-Est, S.A.

Magdalena del Mar recibió contratos desde el 2010, Servicios Residenciales del Atlántico desde el 2011, Tuep a partir del 2012 y Serpagua en el 2013. Las demás, desde el 2014.

El acuerdo de creación de la Empresa Municipal de Agua (Empagua), a la cual le corresponde la prestación, mantenimiento, mejoramiento y ampliación del servicio municipal de agua entubada, no contempla la posibilidad de contratar los servicios técnicos de personas individuales o jurídicas para esos fines, según la CGC.

Con capital mínimo

“Las referidas empresas tienen como único comprador a Empagua y los contratos suscritos contrarían la normativa legal, porque las obligaciones son de un plazo cuya amortización excede el período de gobierno del concejo y de la gerencia que lo contrajo”, se lee en la denuncia.

Los auditores determinaron, además, que en el Registro Mercantil esas empresas se constituyeron con el capital mínimo requerido, o de Q100 mil en otros casos. Sin embargo, en el mismo año en que les fueron adjudicados los servicios, algunas aumentaron su capital hasta por Q100 millones.

Parentesco y relaciones

“También se observó que existe relación entre los directivos de algunas empresas. Por ejemplo, el vicepresidente de la Junta Directiva de Pentagua también es el presidente de la Junta Directiva de la empresa Magdalena del Mar. La representante legal de Iluminación y Diseño también lo es de Inversiones Carpi, y el gerente general de Iluminación y Diseño también es el representante legal de Vasica”, cita la denuncia.

“Hay personas individuales o jurídicas que ejercen función pública sin responsabilidad. Una entidad pública dirigida por funcionarios públicos es sujeta al cumplimiento de la Ley de Probidad”, opinó Ricardo Barrientos, experto en fideicomisos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

“Se delegaron funciones en entes que no son entidades ni funcionarios, pero que sí usaron recursos públicos”, explicó
el experto. “Se rompió la línea de responsabilidad de la función pública”, agregó.

Empagua delegó funciones en un fideicomiso en el que aparece como propietaria y beneficiaria del capital. En términos técnicos, Empagua es el fideicomitente —propietario— y fideicomisario —beneficiario—, pero hizo una delegación inconstitucional a las empresas, pues la función pública no es delegable, detalló Barrientos.

“Pudo haberse hecho una licitación y contratar a una empresa, pero se evadió la Ley de Contrataciones del Estado”, manifestó.

Los hallazgos fueron notificados a la municipalidad el 11 de abril del 2016, la que presentó el 13, 18 y 20 de ese mismo mes sus comentarios y documentos de respaldo. “Sin embargo, los comentarios y elementos de prueba presentados por los responsables no desvanecieron la irregularidad establecida”, indica la denuncia presentada en el MP.

Historia

El fideicomiso en cuestión fue creado según la escritura número 2, del 12 de enero del 2000, con el que la mencionada comuna se estableció como fideicomitente y fideicomisaria.

Se estableció que tendría a su cargo la administración de los sitios y parques recreativos, deportivos y culturales del área metropolitana.

Además, al principio, se encargaría de la administración de recursos y fondos que fueran generados de su comercialización. Los aportes del fideicomiso serían los ingresos tributarios.

Ocho años después, Alfredo Guzmán, gerente general de Empagua, propuso la creación del plan Agua para ti, para continuar el programa de compra de dos metros cúbicos por segundo de agua en bloque al sector privado.

El 17 de marzo del 2010, el contrato del fideicomiso fue modificado y Empagua trasladó todos los ingresos ordinarios y extraordinarios.

Municipalidad

“Vamos a esclarecer este tema a través de los juzgados correspondientes y en su momento”, dijo el vocero de la municipalidad, Carlos Sandoval.

Explicó que no se trata de una delegación de funciones. Se cometería un delito si por medio de la municipalidad se pagara directamente a los proveedores sin los procedimientos adecuados; ese monto sale del fideicomiso administrado por el Crédito Hipotecario Nacional. “No tocamos recursos”, dijo.

El fideicomiso verifica que los proveedores cumplan con los servicios y los horarios de lo que se les solicita en el contrato, añadió.

Sandoval precisó: “Las empresas nos ayudan a brindar el servicio de agua a todos los vecinos, el mantenimiento, la limpieza, la maquinaria para que la operación de abastecimiento de agua funcione”.

“Existían rumores de que los fideicomisos no eran auditables, y eso es totalmente equivocado, porque la Contraloría nos está auditando y además tenemos la auditoría de la Superintendencia de Bancos”, agregó, y rechazó señalamientos de malos manejos.

Pensionados del IGSS claman por medicinas

Sat, 14 May 2016 18:00:00 +0000

Pacientes jubilados del Seguro Social se quejaron de la falta de medicamentos que sufren desde el año pasado, la cual cada vez se hace más notoria, ya que tiene recetas con fecha de diciembre pasado.

Durante una visita que Prensa Libre hizo al Centro de Atención Médica Integral para Pensionados (Camip) Pamplona zona 12, para conocer la situación que enfrentan algunos pensionados, algunos alzaron la voz e incluso llegaron a paralizar por unos minutos el tránsito como una señal de rechazo a la forma como son tratados.

Udin Ramos, de 65 años y proveniente de San Marcos, pidió que fuera identificado porque no tenía nada que perder, pero si quería manifestar su rechazo, ya que el seguro social “está matando despacio, despacio” a los personas que ya aportaron su cuota cuando trabajaban y ahora no los atienden.

Ramos mostró que el 26 de enero pasado el médico le recetó una vacuna antineumocócica pero hasta hoy no se la han administrado, muchos menos le han entregado los medicamentos para la diabetes.

“De seis recetas que nos dejan los doctores, si mucho una o dos nos dan, estos ingratos”, dijo una paciente.

Otros usuarios denunciaron que les dicen que llamen para averiguar si hay medicinas y nunca les contestan a los números telefónicos que les proporcionan.

“Yo no puedo estar pagando taxi para venir a ver y que me digan que no hay, soy una mujer de 70 años y apenas si puedo caminar”, expresó una señora, con la voz quebrada.

Necesidad

Otra paciente señaló que se ve en la necesidad de pedirle a su hijo que le compre las medicinas, pero no siempre puede, por lo que se debe esperar a que se la den.

“El seguro social ya no se interesa de los viejitos, es necesario que se escuche el clamor de los que ya pagamos y ahora ya no tenemos el apoyo de los activos”, expresó un paciente.

“Imagínese, algunos jubilados les dan una pensión de Q1,100 al mes, tenemos Q36.66 al día, y como vamos a comprar un medicamento de Q300 para arriba”, expresó otro pensionado.

Más quejas

Otras denuncias de un paciente fue que le efectúan exámenes de glucosa, tomografías, cardiogramas y de otro tipo, luego los citan a los dos y hasta seis meses de hacerse las pruebas, lo cual no les sirve para saber sus condiciones de salud reales.

“Mi azúcar o presión de hace tres meses no es la misma de hoy, llora sangre como nos tratan”, manifestó.

Además se quejaron de la falta de agua en los sanitarios.

En zona 9

En breve recorrido por el IGSS de la zona 9, una madre se quejó que no le entregaron el zinc elemental para su niño de dos años, y que ella ya no puede regresar otro día porque vive lejos.

Otra señora, proveniente de Puerto Barrios, Izabal, se quejó que no le dieron la medicina para el corazón de su hijo de un año y medio, la cual tendrá que comprar porque no puede pasar un día sin tomarla.

Señalan cobros abusivos por parte de Colegios

Sun, 07 Feb 2016 05:32:02 +0000

Las quejas de padres de familia que son sorprendidos por pagos repentinos bajo el nombre de “diezmo o donaciones” llegan todavía a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco). En esa dependencia del Ministerio de Economía están contabilizadas 111 denuncias del 1 de enero al 1 de febrero de este año, aunque en el 2015 fueron unas 300.

Sin embargo, existe un subregistro de los padres que no se animan a denunciar los abusos, por temor a represalias contra sus hijos o por creer que no es funcional. Además, las quejas no solo son contra los establecimientos privados, pues la Diaco tiene registradas 24 en contra de escuelas e institutos públicos.

Diezmo escolar

La mayoría de quejas contra los centros privados incluye cobros indebidos —35 denuncias—, que van desde cuotas mensuales hasta noviembre y diciembre y “extras por otros servicios”, que no tienen autorización del Ministerio de Educación.

Una nueva modalidad es el alquiler de útiles, pues en un caso que llegó a la Diaco denunciaron que los libros eran arrendados por Q3 mil 500.

Otro caso se relaciona con convenios para comprar calzado escolar en una zapatería específica —en el 2015 hubo una sanción de Q189 mil—.

Pero la queja que resalta es una en que padres expusieron que les cobraban un “diezmo”, que iba desde Q1 mil 890 en preescolar hasta Q2 mil 500 en un grado mayor.

“Estamos peleando la devolución de Q7 millones a unas cuatro mil 500 personas afectadas en la red del colegio que funciona en Guatemala y Quetzaltenango”, explicó Escobar.

Otros casos

En la actualidad, los colegios están instalados en casas de habitación en colonias, y según la Diaco la responsabilidad de los padres comienza con ver que el lugar cumpla con normas de seguridad para los educandos.

“Se han dado casos en que el colegio multaba con Q150 a los padres que usaran otro servicio de bus que no fuera el del establecimiento”, detalló Escobar.

La Diaco está trabajando en 50 resoluciones sancionatorias relacionadas con cobros anómalos, aunque se reserva los nombres de los establecimientos.

Otro aspecto que resalta es el de los contratos que firman los padres, el cual debe estar aprobado por la Diaco, por convenio con el Ministerio de Educación.

La dirección ha determinado que en Quetzaltenango y en Guatemala es donde ocurren más abusos por parte de las autoridades de los planteles.

En Huehuetenango, localizaron un colegio que no estaba autorizado para funcionar y que usaba los documentos legales de otro centro que sí tenía los permisos.

El establecimiento fue cerrado por el Ministerio de Educación.

Más denuncias

El Sistema de Gestión de Denuncias de la Procuraduría de Derechos Humanos tiene registradas 148 quejas del año pasado, y todas están relacionadas con cobros excesivos en colegios.

En el 2014, el sistema de gestión recibió 98 casos. La Procuraduría hace verificaciones con el afán de constatar las condiciones de los establecimientos.

En la Diaco, las denuncias no son solo para los establecimientos privados. Los padres de familia se han quejado contra escuelas e institutos públicos. En los registros aparecen 24 casos de este año, la mayoría por cobros no aprobados, y le siguen útiles, cuotas irregulares y mal servicio.

Escobar mencionó un caso próximo a inspeccionar en un establecimiento de Amatitlán, donde la directora cobra Q310 mensuales a los estudiantes.

“En muchos casos es porque en sesión de padres hacen actas administrativas”, detalló Escobar.

Negocio educativo

Aunque los casos de abusos han disminuido por los reglamentos, la aplicación es parcial, opinó Mario Rodríguez, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac).

“El Ministerio de Educación no tiene marco regulatorio. Los colegios buscan cómo romper los reglamentos, crean sus propias librerías o confeccionan uniformes, además de clases de computación con pagos extras”, detalló el investigador.

El analista también expresó que la educación se ha convertido en un negocio y mecanismo para generar altas ganancias.

“Los padres hacen denuncias individuales, y eso resta fuerza a las peticiones, porque el colegio termina condicionando y sacando estudiantes”, añadió.

Denuncias más frecuentes

Lanzan app para denunciar actos de corrupción

Thu, 14 Jan 2016 17:02:35 +0000

Esta herramienta, disponible en descarga gratuita para iOS y Android, ofrece la opción de describir diferentes actos de corrupción y abusos electorales de manera confidencial, y enviarlos para que la institución correspondiente le dé seguimiento.

Soborno, abuso de autoridad, malversación de recursos o enrequecimiento ilício son algunos de los hechos corruptos que pueden denunciarse.

“Acción Ciudadana cuenta con el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), que manejará de manera confidencial toda la información enviada a través de Dilo Aquí Guate. Darán trámite a la denuncia, realizarán las acciones legales pertinentes y proveerán el seguimiento respectivo”, indicaron las organizaciones, en un comunicado.

“ALAC ya utiliza un sistema de denuncia a través de una línea telefónica gratuita, en donde se han recibido más de dos mil acusaciones ciudadanas de presuntos actos de corrupción”, agregaron.

Comercios y bancos, los más denunciados ante la Diaco

Wed, 06 Jan 2016 23:39:06 +0000

Según el registro, las denuncias que predominaron fueron en contra de comercios (58%), otro 8% fue por quejas a bancos y colegios, mientras un 7% fue por servicios de telefonía móvil.

Según un informe, en el 2015 se impusieron 186 sanciones a diferentes empresas por acta de verificación, es decir que no tenían a la vista el libro de quejas, ofrecían publicidad engañosa, deficientes servicios públicos y que no exhibían precios. Además, contabilizaron 37 apercibimientos escritos/públicos.

Silvia Escobar, directora de la Diaco, comentó que en el tema del combustible las denuncias mayores fueron por inconformidades en el despacho del producto o mala atención, “ no tanto por precio”.

En el caso del gas, las acusaciones, dijo Escobar, “fueron por alza injustificada en los precios y se accionó ante el Ministerio Público. A pesar que la denuncia no prosperó, los precios se mantuvieron en diciembre”.

Fernando Trabanino, de la Defensoría del Consumidor y Usuario de la Procuraduría de los Derechos Humanos, aseguró que existe un avance en el tema del empoderamiento de los consumidores y “no precisamente por la Diaco, que ha sido indiferente” a los abusos al consumidor.

Este, dijo, es consciente en temas de publicidad engañosa, en especial contra empresas de telefonía.

Casos resueltos

El año pasado, la Diaco resolvió 3 mil 929 quejas, de las cuales 2 mil 472 fueron por vía de conciliación y 1 mil 457 por operadores de servicios públicos.

El monto de recuperación en beneficio de los consumidores sumó Q13 millones 447 mil. El 29% fue reembolso monetario, 19% por restitución de bienes y el 52% por cancelación de contratos.

Esperan repunte

Escobar indicó que la dirección prevé un aumento de quejas en el 2016 por temas financieros, debido a la próxima entrada en vigencia de la Ley de Tarjetas de Crédito.

“El usuario estará más atento a la forma en cómo le prestarán los servicios. Los consumidores están a la expectativa de mejoras en las políticas, que no se busque el endeudamiento con tarjetas ilusorias ofreciendo premios, créditos de extrafinanciamiento, además, esperan que existan cambios en cuanto a las políticas de dar los créditos y el tema tasas de interés”, destacó la funcionaria.

Omar López, representante de la Asociación para la defensa de los usuarios de tarjetas de crédito (Adutacred), indicó que han recibido 50 llamadas de usuarios que reciben presiones de empresas de cobro por realizar convenios de pago, “porque así podrán cobrar los mismos intereses sin cambios, aunque entre en vigencia la Ley el próximo marzo”, manifestó.

La Autacred registra hasta la fecha 400 denuncias de usuarios de tarjetas.

Josefina Palma, directora de la Liga del Consumidor, dijo que existe un “subregistro” de denuncias en el tema financiero, donde los usuarios son los “menos escuchados”.

Aumentaron quejas contra comunas este año

Sat, 26 Dec 2015 06:00:00 +0000

El delito que se atribuye en 30 por ciento de casos a los funcionarios ediles es el de peculado; le siguen malversación, con 18 por ciento, y casos especiales de estafa, que ascienden al 16 por ciento de las quejas.

La Fiscalía aseguró que la mayoría de las solicitudes de antejuicios son rechazadas por los juzgados por supuesta falta de fundamentos, debido a que la Contraloría General de Cuentas no profundiza en los casos en que se sospecha de irregularidades.

Para controlar ese flagelo en las comunas, el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) trabajan en un plan que abarcará 10 municipalidades que presentan dudas en su gestión.

Un informe otorgado por la fiscal contra la Corrupción, Glenda Aldana, establece que en el 2015 se recibieron 595 denuncias más que en el 2014, cuando solo hubo 155.

El incremento de los expedientes en el MP, según Aldana, se debe a la cultura de denuncia que la población adquirió por los cambios que han surgido en el país, y también porque se amplió la competencia de la Fiscalía de Delitos Administrativos y la de Corrupción.

“Es decir, los delitos de cohecho pasivo y retenciones indebidas pasaron ahora de la Fiscalía de Delitos Administrativos a la nuestra, porque son puras cuestiones de corrupción”, declaró.

Más casos

Del total de denuncias presentadas, el 26 por ciento fue contra alcaldes, quienes son señalados por peculado, malversación y apropiación y retención indebida.

Entre los jefes ediles supuestamente involucrados en actos de corrupción y contra quienes se ha solicitado retirar la inmunidad se cuentan Álvaro Rolando Morales, de Quezaltepeque, Chiquimula; José Vásquez Reyes, de San Miguel Pochuta, Chimaltenango; y dos peticiones contra el jefe edil de Barberena, Santa Rosa, Rubelio Recinos.

Aldana expresó que entre los inconvenientes para investigar a las comunas está el tiempo que requieren las instituciones encargadas de fiscalizarlas y la demora de las responsables de analizar el antejuicio; es decir, la Contraloría General de Cuentas (CGC) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) —jueces y magistrados—.

“No puedo especificar qué es más complicado. Por ejemplo, en uno de los procesos la Contraloría ya entregó el informe que determina que sí hay vicios; sin embargo, en la CSJ el expediente no se ha resuelto”, dijo.

Aldana mencionó que en apoyo a la Cicig se trabaja un proyecto que abarcará 10 municipalidades señaladas. “Se trabajará en forma coordinada. Estamos en el proceso de identificar las comunas y los detalles de la información”, declaró.

Añadió que las 10 comunas serán seleccionadas de los casos que ya se registran en esa fiscalía.

Menos señaladas

Luego de las comunas, las asociaciones, los desaparecidos Fondo Nacional para la Vivienda (Foguavi) y Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz) son los que más denuncias registran, con el 5 por ciento. Le siguen tres ministerios: Salud, caso en el que el Juzgado Quinto ya declaró con lugar un antejuicio contra el exministro Luis Enrique Monterroso; Gobernación y Desarrollo Social.

Además, el Registro Nacional de las Personas (Renap), algunos de los consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), empresas privadas y diputados.

El documento establece que contra la legisladora del Partido Patriota Emmilenne Mazariegos se presentaron dos solicitudes de antejuicio, una el 6 de agosto último y la otra el pasado 15 de octubre. Ambas se encuentran en trámite.

Otras fiscalías

No solo en esa fiscalía hay quejas contra alcaldes, pues también se registran señalamientos en las fiscalías Especial contra la Impunidad, de Delitos Administrativos, Lavado de Dinero y la de Ambiente.

En esta última recién se presentaron apelaciones contra cuatro jefes locales vinculados con la contaminación del Lago de Atitlán, Sololá, luego de que fueron rechazados los procesos de antejuicio por la Sala Regional Mixta de Apelaciones de Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Los delitos por los que el MP pide que se investigue a los actuales alcaldes son contaminación ambiental e incumplimiento de deberes.

Los ediles señalados son Tomás Quievac, de Santiago Atitlán; Diego González, de San Pedro La Laguna; Antonio Pérez, de San Juan La Laguna; y Andrés Iboy Chiroy, de Sololá.

SAT denuncia anomalías en devolución de crédito fiscal

Mon, 21 Dec 2015 14:12:03 +0000

Sin embargo, ese sector se defiende e indica que quienes han cometido los problemas detectados por el fisco son los proveedores, pero que se les castiga a ellos.

Entre los denunciados hay 15 exportadores de café confirmó Miguel Medina, presidente de la Asociación Nacional de Café (Anacafé).

El directivo dijo que no se persigue a los proveedores de la cadena, quienes originaron el problema, sino que a los exportadores, lo cual puede desincentivar el mercado y las ventas al exterior puesto que a algunos se les embargaron las cuentas bancarias y no pueden operar.

Juan Alberto Fuentes, exministro de finanzas dijo que el sentido de la devolución de ese tributo es correcto porque los exportadores no están sujetos al pago del IVA.

Pero el problema ha sido la discrecionalidad para elegir a quien realizar los pagos, por lo que se debe fortalecer la fiscalización y tener un registro adecuado. Ahora, será necesaria la cooperación entre la SAT y los exportadores para investigar a los proveedores, añadió.

En el 2012 se logró avanzar en el control porque se estableció que las facturas de pequeño contribuyente no generan derecho a devolución del IVA, explicó. Antes los exportadores solicitaban esa devolución, pero en algunos casos se comprobó anomalías. Además el Estado perdía recursos porque se permitía el 12% de devolución y esas facturas están gravadas solo con el 5%.

Fanny D. Estrada, Directora de Competitividad de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) dijo que en esa organización se conoce de casos de exportadores de cardamomo que enfrentan ese problema en la actualidad.

Según la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) los proveedores directos no son localizados y esa es una de las causas más recurrentes, además los proveedores directos indican que no tienen relaciones comerciales o no poseen entidades o empresas a su nombre.

Otro caso frecuente es que el contribuyente no cuenta con los documentos bancarios y otros elementos de prueba de pagos mayores a Q50 mil o a Q30 mil, según lo establece artículo 27 del decreto 04-2012 que contiene reformas tributarias.

Este decreto fijó en dos plazos diferentes que los montos superiores a los mencionados no pueden pagarse en efectivo y necesitan transacciones bancarias.

También sucede que el contribuyente cuenta con comprobantes de los medios de pago, pero el proveedor niega la relación comercial, presenta denuncia o es no localizado, añadió esa entidad.

La SAT eliminó el 10 de diciembre las restricciones para conocer los procedimientos de fiscalización en los casos de devolución del crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA), atendiendo los requerimientos del sector privado, dijo el Ministro de Finanzas, Dorval Carías.

El sector empresarial se quejaba que no eran claros los procedimientos que definían esa fiscalización y generaban denuncias contra los exportadores.

Monto pendiente

Fanny D. Estrada señaló que se han acumulado solicitudes de devolución del IVA desde 2009 a la fecha y que el monto llega a Q3 mil 800 millones.

En el 2015 la SAT solo ha devuelto Q382 millones, por falta de recursos, detalló.

Algunos retrasos se deben a procesos lentos, dependiendo en qué modalidad de devolución esté inscrito el exportador.

El sistema de devolución general enfrenta mayor dificultad porque el ente tributario no cuenta con suficientes auditores para fiscalizar las solicitudes, a eso se suma que este año no se tienen los fondos para efectuar los pagos, dijo D. Estrada.

La ejecutiva explicó que la SAT lanzó recientemente un sistema automatizado para que se defina por orden de ingreso de solicitud el turno para la auditoría, aspecto que ayuda a reducir la discrecionalidad.

Cuerpos de seguridad, los más denunciados por violar derechos

Wed, 09 Dec 2015 23:09:38 +0000

“Ante la escalada delictiva y la respuesta de las instituciones, la población ha evidenciado más presuntos abusos y los ha denunciado; yo he constatado que muchos de estos casos han llegado a ser violaciones gravísimas a los derechos humanos”, explicó Morales a la prensa.

Estas declaraciones fueron dadas durante la presentación del informe de labores de entre junio del 2014 y mayo del 2015 de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) , de la que Morales es titular.

En el referido lapso, la PDDH recibió un total de dos mil 202 denuncias de las que el 91.78 por ciento fueron contra la Policía Nacional Civil (PNC) , el Ejército y otras instituciones de Estado que intervienen en la represión del delito.

Solo los señalamientos contra la PNC representaron el 62.76 por ciento del total.

“Es preocupante que en este año los promedios históricos de denuncias contra la Policía hayan aumentado tanto, de promedios de un 35 o 40 por ciento hemos llegado a casi un 70 por ciento”, expuso Morales.

Destacó que otra de las instituciones más denunciadas es el Ejército, que acumuló 243 señalamientos, lo que representa el 11 por ciento del total de reportes.

La mayoría de denuncias “están enmarcadas en malos tratos, detenciones arbitrarias, intimidaciones o allanamientos arbitrarios”, indicó Morales.

No obstante, advirtió de que lo “preocupante” no solo es la subida de los casos, sino el incremento en la “gravedad” de los mismos.

“Hemos tenido casos de muertes arbitrarias, situaciones que podrían rayar en la tortura y estamos indagando posibles ejecuciones en el escenario de enfrentamientos armados entre policías y supuestos delincuentes que terminan en la muerte de todos”, añadió.

Detalló que son siete los casos en los que pudieron existir ejecuciones extrajudiciales.

Empero, señaló que no cree que exista una “política de alto nivel” de la autoridades de Seguridad “en orden a violentar” los derechos humanos.

Morales hizo un llamamiento al Gobierno a tener “mano firme” en el “control interno y disciplinario” de la Policía y el Ejército.

De igual forma pidió la Fiscalía que actué cuando los abusos “trasciendan a delitos”.

“Allí es donde encontramos la debilidad, no veo un esfuerzo suficiente en el control interno, no veo voluntad de la Fiscalía en investigar estos casos y esto deteriora la institucionalidad”, señaló el ombudsman.

A pesar del incremento de las denuncias contra estas instituciones, el procurador no rechazó el endurecimiento de las acciones del Gobierno contra las pandillas, porque “la delincuencia escaló la violencia” con el aumento en el número de homicidios y los ataques contra las fuerzas de seguridad.

“La respuesta debe ser más grande y más contundente, es una obligación y un uso legítimo de la persecución que el Estado puede y debe hacer en el marco de la ley”, concluyó Morales.

Otras de las instituciones vinculadas a la seguridad señaladas son los tribunales, que acumularon el 8.17 por ciento de las denuncias; la Fiscalía, el 7.22 por ciento, y los centros penales, el 2.58 por ciento.

El restante 8.22 por ciento de los reportes fueron contra el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Procuraduría General y diferentes gobiernos locales.

Extorsionistas van por la captación de remesas

Wed, 02 Dec 2015 22:15:06 +0000

Alejandra Gordillo, secretaria ejecutiva de Conamigua, explicó que este año han recibido información de 22 personas que han sido víctimas de este tipo de extorsión, de las cuales solamente tres accedieron a colocar la denuncia por temor a represalias.

Las denuncias son de Chimaltenango, 14; Sacatepéquez, 4; Escuintla, 3, y la capital con una. La secretaria de Conamigua catalogó como preocupante el hecho de que solo tres víctimas hayan aceptado denunciar.

Para ejemplificar la importancia de la denuncia detalló que gracias a las tres denuncias hechas las autoridades lograron capturar a los responsables quienes resultaron ser familiares, vecinos o conocidos de las víctimas quienes sabían que recibían remesas de familiares que viven en el extranjero.

“Es importante que las personas denuncien, por lo general en estos casos no participan bandas de crimen organizado sino personas que tienen conocimiento de la situación de la víctima e intentan sacar provecho de ello”, señaló Gordillo.

"Los responsables son familiares, vecinos y conocidos que tenían información precisa. Pedimos a las personas que denuncien", dice Gordillo.

— Carlos Álvarez (@calvarez_pl) December 2, 2015

Precisó que para el próximo año se tiene planificado desarrollar una campaña de prevención, en conjunto con la División del Programa Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), para evitar este tipo de crímenes.

Agregó que existe la posibilidad de que en esta época del año aumenten los casos de este tipo de extorsión, y sugirió a las familias que reciben remesas que no lo hagan público y que no lleguen al mismo banco siempre a recoger su dinero.

Exoneración de multas

La funcionaria de Conamigua también informó sobre los acuerdos 234-2015 y 2035-2015 publicados el pasado 24 de noviembre por el Ejecutivo, autorizó la exoneración del 90 por ciento de la multa a los extranjeros que han excedido el plazo autorizado para permanecer en el país hasta el 13 de enero de 2016.

La multa se genera a razón de Q10 por cada día que se permanezca en el país sin permiso. Gordillo explicó que hay casos de personas que tienen varios años viviendo en el país y quieren regularizar su situación.

Afirmó que el trámite en migración es tardado e incluso hasta este miércoles nadie ha podido aprovechar la exoneración por lo que pedirán a las autoridades se extienda el plazo de exoneración hasta cinco meses.

Diaco denuncia especulación en gas

Sat, 14 Nov 2015 19:59:54 +0000

Los denunciados son: Tropigás de Guatemala, S. A., Gas Zeta, S. A. y Dagás, S. A., por aumentar los costos del propano en 70 centavos de quetzal por libra de gas, sobre el precio sugerido por la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), que es de Q3 por libra.

Para Silvia Escobar, directora de la Diaco, el alza no tiene ningún sustento técnico, y de acuerdo al artículo 16 de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, se deben presentar las denuncias respectivas por especulación.

“Hemos recibido cientos de denuncias, por lo que solicitamos al Ministerio Público que investigue a las distribuidoras de gas. En otros años se ha detectado una variación pero ha sido a mediados de diciembre”, dijo Escobar.

Situación actual

Desde hace dos semanas el cilindro aumentó Q15, Q21 y Q60, en presentaciones de 25, 35 y 100 libras, respectivamente.

Los precios actuales son de Q90 el cilindro de 25 libras, Q126 el de 35 y Q360 para el tambo de 100 libras.

El MEM no aceptó como válidas las explicaciones de los importadores de propano que subieron el precio la semana pasada, por lo que sostiene que los precios sugeridos siguen siendo de Q75, Q105 y Q300 por las presentaciones de cilindros de 25, 35 y 100 libras.

Las compañías distribuidoras informaron al MEM que el alza obedece al aumento de costos de importación.

Divulgan herramientas para combatir corrupción en OJ

Thu, 01 Oct 2015 22:54:11 +0000

Este jueves los magistrados del OJ, manifestaron que el fin del proyecto es mejorar el servicio y dar confianza a la población, en medio de una ola de procesos penales en contra de operadores de justicia, entre otras cosas por enriquecimiento ilícito.

“La Corte Suprema de Justicia (CSJ), entiende la necesidad que existe a la no tolerancia de la corrupción, mismas que es fundamental para mantener un verdadero Estado de Derecho”, agregaron los magistrados.

Para poder combatir ese flagelo los funcionarios judiciales informaron que existe una serie de herramientas para denunciar.

La imagen del nuevo formulario para que población presente denuncias y quejas del personal que labora en el OJ. pic.twitter.com/zw8JdnzNnq

— Glenda Sánchez (@GlendaVivianaS) October 1, 2015

Entre esos mecanismos mencionan la existencia del Formulario de Registro de Denuncias y Quejas del Organismo Judicial, la cuenta de Facebook: Organismo Judicial de Guatemala, las instalaciones de los juzgados y el número 24267086.

Además, dijeron que se implementarán en las cabeceras departamentales, cabinas de videodeclaraciones para evitar que los denunciantes gasten recursos económicos en viajes a la capital para dar seguimiento a las quejas.

PNC recibe cientos de denuncias a través de internet

Fri, 25 Sep 2015 04:36:07 +0000

Según Alvin López, encargado de la página web de la PNC, todas las denuncias que ingresan mediante las redes sociales son tomadas como información altamente confidencial.

“Gracias a la masificación de los usuarios en las redes sociales, estas se han convertido en una herramienta esencial para el esclarecimiento de hechos delictivos”, indicó López.

López señaló que las denuncias son recibidas por medio de tuiter, Facebook y la página oficial de la PNC. “Incluso hemos logrado salvar vidas y recuperar automotores robados, dependiendo de la situación”, explicó.

Aunque la función principal de la redes sociales que utiliza la policía es otra, gracias a las alertas que publican los ciudadanos se han resuelto casos importantes, refirió el Mingob en su sitio digital.

“En tuiter tenemos 267 mil 983 seguidores y en Facebook 60 mil 861. El blog, que cuenta con un aproximado de 2 millones de visitas, y la página web también son importantes para recibir denuncias”, explicó López.

Niña rescatada

Entre los casos resueltos está el secuestro de una niña, quien se encontraba retenida en una vivienda y un vecino por medio de las redes sociales hizo la denuncia respectiva y la menor fue rescatada.

Respecto a las alertas o denuncias, López dijo que siempre son tomadas en cuenta pero tratan de contactar al denunciante, por medio de un número telefónico, para corroborar que no se trate de una broma o falsa alarma.

Falta de cortesía

Sat, 05 Sep 2015 16:43:22 +0000

Un tráiler estacionado en medio de la calle bloqueó el paso vehicular por horas para poder descargar la mercadería en la zona 2 de Mixco, sin tener respeto por los vecinos.

Empresarios pagan millones en multas

Wed, 15 Jul 2015 06:00:00 +0000

De ese total, los jueces emitieron sentencia contra dos mil 148 empresas, que pagaron una multa acumulada a beneficio del Organismo Judicial por Q9 millones 42 mil 280.

Sin embargo, la sanción impuesta y cancelada a los tribunales no proporciona un beneficio directo al trabajador afectado por el incumplimiento laboral, afirmó Carlos Ulbán, ministro de Trabajo y Previsión Social.

“Las sanciones o multas que imponen los jueces son en beneficio del Organismo Judicial (OJ). Equivalen de tres a 14 salarios mínimos, aproximadamente entre Q6 mil y Q30 mil por trabajador”, informó el funcionario.

Ulbán agregó que existen 558 apelaciones en curso por inconformidades en las sentencias.

En los primeros seis meses del 2014 el Ministerio de Trabajo, por medio de la Inspección General de Trabajo, ha llevado mil 466 casos ante la justicia.

Los incumplimientos abarcan desde violaciones en cualquiera de las prestaciones laborales, como Bono 14 y aguinaldo, hasta rompimientos de contratos de trabajo y exclusión de la seguridad social.

Advertencia

Elsa Ávalos, viceministra de Administración de Trabajo, aseguró que la Inspección de Trabajo fomenta la legalidad laboral, pero lamentó que las sanciones no ayuden a los empleados. “No sirve de nada que se impongan multas económicas, porque el dinero se queda a favor del OJ y no se beneficia al trabajador”, señaló Ávalos.

La funcionaria explicó que los inspectores hacen una primera advertencia al levantar un acta de apercibimiento. Después de cinco días hábiles, regresan a verificar si se ha cumplido con el pago.

“Si a la segunda oportunidad no cumple con la ley, se envía ante el juez, que impone una sanción para que cumpla con las leyes laborales”, puntualizó Ávalos.

Call Center del Mintrab registra elevado número de denuncias

Tue, 14 Jul 2015 23:21:43 +0000

La Vice Ministra de Administración del Trabajo, Elsa Avalos, comentó que al 30 de junio se recibieron 31, 457 llamadas relacionadas incumplimiento patronal, asuetos, empleo, convenios, reglamentos y otros temas.

La funcionaria destacó que durante el mes de junio, el 52 por ciento de las violaciones laborales demandan la presencia de supervisores de la Inspección General de Trabajo.

“Para finales del mes de junio aumentaron las llamadas por el asueto del Día del Ejército y por las supervisión del Bono 14, que para el 16 de julio ya está iniciado” subrayó.

En los años 2014, en el primer semestre se alcanzaron las 31, 563 llamadas en tanto en el 2013 fueron 32, 527.

Crecen denuncias por abuso en cobros

Mon, 13 Jul 2015 05:37:35 +0000

La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) reportó que la más señalada por cobros abusivos es Negocios de Consumo, S.A. —Chepe te presta—, que ya lleva 59 denuncias en seis meses, cuando en 2014 tuvo 36.

El reporte de la Defensoría del Consumidor y Usuario de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) informó que en el 2014 se registraron 10 quejas contra esas empresas, pero en solo seis meses de este año ya van más 50 denuncias.

Fernando Trabanino, de la PDH, explicó que las denuncias están relacionadas con empresas de crédito, empeño y venta de electrodomésticos.

hostigamiento

Trabanino informó que del total de denuncias, el 50 por ciento son por cobros abusivos.

“En horario nocturno, empleados de esas empresas llaman por teléfono a las personas inscritas como referencia para reclamar pagos”, comentó.

Indicó que otra de las quejas por abuso es por llamadas a patronos de los deudores para exigir pago de préstamos, además de que colocan carteles en postes u otras áreas de la vía pública con el nombre de los deudores.

También existen denuncias, según el defensor, por negativas a aceptar convenios de pago, rechazo a cambiar electrodomésticos defectuosos o entrega de prendas en mal estado, por parte de casas de empeño.

Asimismo, informó que de las 50 quejas se han resuelto 47. “Todas por medio de procesos de conciliación”, declaró.

En los casos resueltos se ha logrado el cese del cobro abusivo, convenios de pago y se han abierto expedientes jurídicos en los que se incluyen embargos por orden de juez.

La Diaco manifestó que la mayoría de las quejas que registran por este tipo de empresas son porque no entregan copia de contratos o no han sido autorizadas por esa instancia.

También, por hostigamiento telefónico que padecen los consumidores que han retrasado sus pagos, informó Jenny Alcázar, portavoz de la Diaco.

Con bancos

Emílser Ariel Díaz, coordinador general de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Guatemala (Acusgua), indicó que así como estas empresas existen bancos que no otorgan contratos de adhesión cuando dan préstamos y que los intereses superan la tasa establecida al principio.

“En la actualidad tenemos una base de datos de usuarios que tienen problemas con siete bancos del sistema por altos intereses que cobran”, dijo el coordinador de Acusgua.

Díaz agregó que uno de los problemas con estas empresas es que la Diaco no supervisa el contenido de los contratos de adhesión y no se verifica si se les entrega a los usuarios.

“Muchos de los contratos inducen al usuario a errores”, advirtió.

MP investiga 16 denuncias por lavado

Sat, 04 Jul 2015 06:00:00 +0000

Las querellas aún están bajo investigación antes de que se trasladen a la Fiscalía de Lavado de Dinero del Ministerio Público (MP) y entren en fase de conexión de las transacciones.

José Alejandro Arévalo, jefe de la Superintendencia de Bancos (SIB), explicó a Prensa Libre que son casos que detectó el sistema de inteligencia de la IVE sobre el manejo de dinero a través de los reportes de transacción sospechosa (RTS) y que involucran a unas 16 personas.

“A junio último, hay 16 procesos de peps que se estarán cursando a la Fiscalía”, afirmó Arévalo.

Ayer, la agencia fiscal informó ayer que se realizan los desplegados de movimientos de las cuentas, operaciones y los nexos de las personas de las denuncias que ha elevado la IVE durante esta semana.

En la Fiscalía no se dieron a conocer los expedientes de las personas señaladas, ni a qué sector o actividad pública representarían.

Lista

Las 16 denuncias involucrarían a personas que desempeñan o han desempeñado un cargo público relevante.

Además, a dirigentes de partidos políticos, jefes y ministros de Estado. También incluye a los padres, hermanos, cónyuges e hijos de los señalados.

Según Arévalo, estas personas tienen una mayor atención respecto de aquellas que son consideradas como obligadas a reportar sus transacciones, que son bancos, aseguradoras, sociedades financieras, distribuidores de vehículos y joyas, entre otras.

“Cuando hay una peps, se aplica un protocolo especial; se verifica si la persona está realizando una operación que se considera como normal o que pueda ser inusual, sin que la haga sospechosa”, agregó.

En todo caso, si la peps explica la razón del uso de los recursos financieros, cuentas y otras operaciones, se establece como una operación normal.

Si la peps, dijo Arévalo, no puede explicar al banco o entidad financiera el origen de su transacción, lo reporta a la IVE.

“Las alertas están activadas en el sistema financiero por el desarrollo de las elecciones generales”, afirmó Arévalo.

En la Fiscalía, se informó que en ese tipo de casos se aplica la investigación penal contra las personas involucradas, así como la Ley de Extinción de Dominio.

Esta última normativa se refiere a regular la identificación, localización, recuperación, repatriación de los bienes y la extinción de los derechos relativos al dominio. Además, las ganancias, frutos, productos, rendimientos o permutas de origen o procedencia ilícita o delictiva a favor del Estado.

En la agencia fiscal se dio a conocer que no se descartan procesos que han salido a luz pública en los últimos 90 días.
https://www.youtube.com/watch?v=qJUHvvO4LUQ

Entre estos se encuentran la compra de químicos para limpiar el Lago de Amatitlán y el caso de la red de defraudación fiscal que operaba en el servicio aduanero en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) conocida como la Línea y del denominado bufete de la impunidad.

Además, el caso de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) por el contrato con la Farmacéutica Pisa y los antejuicios promovidos contra los diputados Baudilio Hichos por el arrendamiento de un edificio de su propiedad al IGSS y Pedro Muadi por la contratación de personal de seguridad de su empresa.

También, la venta plazas fantasmas en el Congreso y una red que defraudó a la Policía Nacional Civil por Q52 millones hace una semana.

Estadísticas

El cómputo de la IVE determinó que del 1 de enero al 30 de junio se cursaron 96 denuncias al MP por lavado de dinero de 553 RTS, y que involucran a tres mil 423 personas.

El dinero bajo análisis por blanqueo es de Q1 mil 149 millones, lo que representaría un promedio mensual de Q175 millones.

La IVE y la Fiscalía confirmaron que los casos más predominantes en investigación son narcotráfico, extorsiones, corrupción, trata de personas y contrabando de armas.

TSE denunció a más candidatos

Thu, 18 Jun 2015 17:22:42 +0000

Con más de 30 minutos de retraso comenzó la reunión entre los fiscales de los partidos políticos y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde el tema del antejuicio contra la candidata por la presidencia de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres acaparo el encuentro.

El fiscal de la UNE, César Fajardo señalo que la Inspectoría del Tribunal remitieron la denuncia contra Sandra Torres al Ministerio Público (MP), sin haber investigado. “La Inspectoría General del TSE no hizo la investigación y se lavó las manos”, agregó.

La queja de Fajardo fue respaldado por Mario Taracena, también de la UNE quien dijo que a pesar de la denuncia la candidata seguirá viva. “No le hizo gracia a nuestra candidata (…) pero les aseguro que ella sigue viva”, aseveró eufórico.

La magistrada del TSE María Eugenia Mijangos aceptó haber firmado la denuncia remitida por el Inspectoría General y aseguró que firmó otras. “Aprobé la denuncia contra Sandra Torres y recuerdo que la de otros candidatos”, manifestó.

Acusación contra Sandra Torres

Este miércoles la Fiscal General Thelma Aldana confirmó la denuncia presentada por el TSE contra la presidenciable de la UNE Sandra Torres, por posibles delitos electorales, entre ellos la coacción de electores.

Aldana en conferencia de prensa explicó que la denuncia se trasladó a la Corte Suprema de Justicia para que ahí se determine si procede el retiro de la inmunidad, que goza Torres por estar inscrita oficialmente como candidata a la presidencia.

La denuncia se fundamenta en unos supuestos vales por materiales de construcción entregados a simpatizantes de la UNE y que solo son canjeables un día después de las elecciones del próximo seis de septiembre.

Carlos Barreda, diputado de la UNE, señaló que los cupones que señala el TSE son parte de una campaña negra en contra de la agrupación política, acción que ya había sido denunciada previamente.

Basura por doquier

Fri, 22 May 2015 14:55:33 +0000

Guatemala tiene bellos paisajes, pero su imagen se ve dañada por la proliferación de basureros clandestinos.

IGSS, una gestión señalada por contratos anómalos

Wed, 20 May 2015 16:16:43 +0000

El contrato entre el IGSS y Pisa, adjudicado el 6 de octubre de 2014, con un costo de Q116 millones 225 mil, dejó como consecuencia 13 pacientes renales muertos y otros 95 infectados.

Por el caso, evidenciado en diciembre del año pasado por Prensa Libre, los pacientes y familiares de los fallecidos, apoyados por la organización Acción Ciudadana, interpusieron una denuncia en el Ministerio Público contra el IGSS y Pisa, por homicidio culposo, fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.

Sin medicamentos

La mala atención a afiliados del IGSS ha sido denunciada en otras oportunidades, en mayo del año pasado, unos 15 pacientes con Mieloma Múltiple —cáncer en los huesos—, denunciaron que no recibirían su tratamiento debido a que se revocó un amparo que les garantizaba el medicamento.

Los pacientes denunciaron al seguro social en la Procuraduría de los Derechos Humanos porque la falta de atención podía provocarles la muerte, incluso, una de las denunciantes murió una semana después. En la denuncia se indicó que pese a tener existencia de la medicina, no se le aplicó el medicamento.

La falta y mala calidad de los medicamentos y la deficiente atención a los afiliados también fue denunciada por la Asociación Guatemalteca de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, de afiliados al IGSS.

En los Centros de Atención Médica Integral para Pensionados (Camip), las denuncias de falta de medicina y atención, los pacientes señalan que deben pasar hasta tres meses,

Denuncia por compra millonaria

En abril del 2014, el IGSS fue señalado de incurrir en una millonaria compra irregular de vitamina D porque adjudicó ese proceso a dos empresas que, según el portal Guatecompras, tienen el mismo representante legal.

A pesar de que en esa compra participaron cinco empresas, la adjudicación se otorgó a dos: Servicios Médicos Profesionales Meproser, S.A., y Prizm, S.A, por un monto de Q11.3 millones.

Compras sin licitar

En el primer cuatrimestre del año pasado, el IGSS adjudicó, por compra directa, siete mil 164 concursos, por un monto de Q267 millones 91 mil 890, entre estos figuran contratos de personal, servicios básicos —agua, luz eléctrica, teléfono—, arrendamientos y facturas de fondos rotativos, entre otros.

Esta práctica también ocurrió en el 2013, cuando se adjudicaron Q519 millones 13 mil 481.37 por compra directa y por excepción, lo que sumó Q93.6 millones más en relación con el 2012.

Censura

El 23 de julio de 2014 se cuestionó un proyecto del IGSS sobre la compra de equipo para el monitoreo de cuentas en redes sociales de medios de comunicación, de periodistas, reporteros y columnistas, sectores señalaron que este proyecto pretendía violar la libre emisión del pensamiento porque se mantendría control sobre los comunicadores y el público.

Ese mismo mes, el presidente del IGSS, presentó al menos 19 acciones legales, entre denuncias penales y solicitudes para formar tribunales de imprenta, en contra de medios de comunicación.

Toma por la fuerza

En 2013, la toma de posesión de Rodríguez causó polémica, pues el 3 de abril ingresó a las oficinas centrales del seguro social durante la noche y acompañado de elementos de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia.

Rodríguez fue designado por el Presidente Otto Pérez Molina, quien antes de eso fungió como secretario privado del mandatario.

Persisten amenazas y ataques a periodistas

Thu, 30 Apr 2015 16:43:58 +0000

Ileana Alamilla, directora de Cerigua, indicó que el delito más denunciado por los periodistas es el de amenaza.

Agregó que en 2013 se reportaron 57 denuncias por amenazas y en 2014 un total de 79.

También informó que del 2000 a la fecha han sido ultimados 27 comunicadores.

Muertes violentas

De 2013 a 2014 , siete periodistas murieron de forma violenta en diferentes partes del país, según datos de Cerigua.

Delegados de esa entidad, dijeron que elevaron una alerta internacional debido a varios casos que se han dado en los últimos meses, entre ellos el de Mazatenango, Suchitepéquez, donde murió baleado Danilo López, corresponsal de Prensa Libre y su compañero Federico Salazar de radio Nuevo Mundo.

Alamilla considera que existe un subregistro de denuncias de periodistas que prefieren no denunciar para que no se afecte su labor.

También manifestó que desde hace dos años se han incrementado las amenazas y ataques contra periodistas; hechos en los cuales estarían involucradas ” fuerzas del estado y sociedad civil.

Capacidad de camión

Mon, 20 Apr 2015 14:35:10 +0000

Un picop con exceso de carga fue captado en la carretera al Pacífico.

Peligro en pasarela

Tue, 14 Apr 2015 14:19:33 +0000

En el km 25.5 de carretera a El Salvador hay una pasarela pero no reduce los accidentes ya que carece de gradas y no se puede utilizar.

Irrespeto al peatón

Fri, 10 Apr 2015 15:26:14 +0000

Un motorista fue captado cuando manejaba sobre la acera, en la avenida Elena, zona 1, para evitar el tránsito vehicular.