EE. UU. señala que retrocesos en libertad de expresión y persecución contra periodistas persistieron durante el 2024

El informe anual del Departamento de Estado de EE. UU. en materia de derechos humanos, señala que durante ese año continuaron abusos como limitaciones a la libertad de prensa y de expresión, entre otros.

Sandy Pineda

14 de agosto de 2025

|

18:39h

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Guatemala no registró cambios significativos en la situación de derechos humanos durante el 2024, según un informe anual del Departamento de Estado de EE. UU., publicado el martes 12 de agosto del 2025.

En un balance general, se reportaron abusos continuos, incluidos supuestos asesinatos arbitrarios de activistas, detenciones injustificadas y restricciones a la libertad de expresión, según el documento. Este advierte que, aunque el gobierno tomó medidas para identificar y sancionar a funcionarios responsables de violaciones, “estos pasos fueron limitados debido a acciones del Ministerio Público”.

“El gobierno tomó medidas creíbles para identificar y castigar a funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos; sin embargo, estas acciones a menudo se vieron limitadas debido a actuaciones del Ministerio Público”, describe el sumario.

La evaluación subraya que la impunidad persiste en varios sectores, lo que dificulta la consolidación de la justicia y la protección efectiva de los derechos fundamentales.

EN ESTE MOMENTO

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También se registraron amenazas y violencia contra activistas rurales, sindicalistas y defensores de derechos humanos.

Se cita puntualmente que una organización nacional de derechos humanos alegó que 20 activistas rurales e indígenas fueron asesinados o murieron en circunstancias controvertidas entre enero y agosto del 2024.

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Libertad de prensa

El informe confirma que la ley protege la libertad de expresión, pero “la intimidación a periodistas” continuó, generando autocensura.

Durante el año se observó un ambiente más abierto con la nueva administración, aunque algunas instituciones continuaron limitando la labor periodística.

El documento incluye el reporte del Observatorio de Periodistas de la Asociación de Periodistas de Guatemala, el cual registró 22 abusos contra la libertad de expresión, incluidos acoso judicial, amenazas, difamación e intento de homicidio.

La organización también expuso que hubo intimidación y bloqueo de acceso a fuentes de información por parte de agentes de seguridad, el Ministerio Público y el sistema judicial.

Los medios enfrentan presión económica y concentración de frecuencias, lo que “limita el espacio para una cobertura diversa”.

Derechos laborales

De acuerdo con el informe, aunque la ley reconoce el derecho de asociación colectiva, detectó restricciones legales e impunidad en algunos casos de empleadores que limitan efectivamente esos derechos.

Se registraron tres asesinatos de sindicalistas durante el 2024, mientras que las amenazas y el hostigamiento laboral continúan siendo frecuentes.

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Justicia y protección

El informe destaca que Guatemala coopera con organismos internacionales para proteger a refugiados y minorías.

Se reseña que, en el 2024, la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló el proceso contra siete de los 14 altos mandos militares acusados en el caso histórico del conflicto armado Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (Creompaz), al confirmar una decisión previa del 2016.

El caso está relacionado con una antigua zona militar que fue el mayor centro de tortura del país y donde se encontraron los restos de más de 500 personas.

También se señala que persisten problemas de detenciones prolongadas sin cargos y lentitud judicial, que afectan a casi la mitad de la población penitenciaria.

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El informe subraya la importancia de fortalecer los mecanismos de investigación y sanción para reducir la impunidad y garantizar el respeto a los derechos fundamentales.

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Seguridad de la persona

El documento señala que “la negligencia de funcionarios penitenciarios expone a los detenidos a condiciones degradantes y violencia”, en la sección sobre “Tortura y trato o castigo cruel, inhumano o degradante”.

Se documentan deficiencias en las cárceles, incluido el hacinamiento, la falta de higiene y el abuso físico.

Aunque la nueva administración ha mejorado algunas condiciones de detención, los mecanismos de denuncia y supervisión siguen siendo débiles.

En ese sentido, destaca el caso del periodista Jose Rubén Zamora, fundador de elPeriódico, quien fue sometido a 20 meses de aislamiento en solitario y otros tratos considerados degradantes.

La percepción pública era que la impunidad dentro de la Policía facilita el abuso de detenidos. Por esa razón, se removió a decenas de oficiales por causas disciplinarias, incluidas denuncias de soborno.

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Política

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Guatemala se posiciona en el lugar 107 de 142 en ranking de Estado de Derecho

Informe internacional también  revela que Guatemala  mejora su posición a escala mundial  en la calificación de ocho variables.

Fátima Najarro

23 de octubre de 2024

|

05:00h

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La medición incluye indicadores específicos en ocho temáticas prioritarias. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera Baiza)

En la medición anual que realiza World Justice Project, Guatemala se encuentra en el puesto 107 de los 142 países que participan en la evaluación. En comparación con el puesto del año anterior, el país logró una mejora de cuatro lugares.

A escala  regional, Guatemala se posiciona en el lugar 35 de 41, solo por encima de Venezuela, Haití, Nicaragua, Bolivia, México, Honduras y El Salvador. También pasó a ser el segundo país que más incrementó su puntaje en el último año de Latinoamérica y el Caribe, por debajo de Brasil.

Dinamarca lidera el estudio, seguido por Noruega y Finlandia. Mientras, Afganistán, Camboya y Venezuela son los últimos puestos, de acuerdo con la medición.

Ocho indicadores  integran la medición que da como resultado el ranking de Estado de derecho, entre los cuales se encuentran los límites de los poderes gubernamentales, ausencia de la corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, y justicia civil y criminal. Cada uno tiene sus variables.

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En esos indicadores, Guatemala presenta la menor puntuación en justicia criminal, justicia civil y ausencia de corrupción. La escala del informe es de cero a uno, donde uno es la mejor puntuación posible.

También se mantuvo con la misma puntuación —sin variaciones respecto del 2023— en justicia criminal, derechos fundamentales y ausencia de corrupción. En ese sentido, la justicia civil es el indicador en el que Guatemala está más abajo en el ranking regional y mundial.

Por otro lado, las mejores puntuaciones las obtuvo en orden y seguridad, gobierno abierto y derechos fundamentales.

Fortalecimiento

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) llamó a fortalecer la justicia penal, la justicia civil, reducir la burocracia y la corrupción, para lograr una mejora en los posteriores estudios.

“La agenda para un Estado cien por ciento digital puede ser un primer paso en el camino correcto para fortalecer el Estado de derecho”, indicó Fundesa.

Histórico

Guatemala logró la mejor puntuación en el 2019 y 2020 —0.46 y 0.45—. Si bien en los últimos tres años la puntuación es la misma que la de este 2024, el país consiguió mejorar el lugar en el que se posiciona a escala mundial; sin embargo, regionalmente, el puesto 26 lo ha mantenido casi desde que se empezó a elaborar el estudio.

La organización realiza la medición desde hace nueve años, y ha ido incrementando la cantidad de países incluidos.

En el país, la metodología utilizada consistió en entrevistas cara a cara con dos mil 508 personas. No se añadió ninguna pregunta nueva en comparación con el 2023,  indica el informe.

“Los cuestionarios contienen percepción cerrada, preguntas y varios escenarios hipotéticos con supuestos hechos detallados, destinados a garantizar la comparabilidad entre países”, detalla el reporte.

Dicha organización trabaja en forma independiente desde el 2009, y uno de sus objetivos es promover el Estado de derecho en todo el mundo. “Este reduce la corrupción, combate la pobreza y las enfermedades, y protege a las personas de injusticias grandes y pequeñas”, se lee en su sitio digital.

 En Centroamérica

En la región centroamericana, Nicaragua es el país con peor puntaje, con 0.34, y ocupa el puesto 137 a escala mundial. A pesar de que todos los indicadores están por debajo de la mitad, orden y seguridad, alcanza la media. Sus números más bajos se deben a la  influencia del Gobierno en la justicia criminal, en el derecho a la privacidad, en auditorías independientes y en el respeto al debido proceso.

Honduras se posiciona 21 lugares arriba, con orden y seguridad como su mejor indicador. Los resultados apuntan un alto índice en sanciones por mala conducta de funcionarios, corrupción en el Congreso y un sistema correccional de delitos ineficientes.

El Salvador ocupa el lugar 111. La organización señala que hubo un cambio significativo en cuanto a disminución en los límites de los poderes, gobierno abierto y derechos fundamentales. Aunque no hay conflicto civil, aspectos como corrupción en el Legislativo, influencia del gobierno y discriminación en la justicia criminal son los factores peor calificados.

Belice supera a Guatemala y ocupa el lugar 82 de la lista global. Los aspectos en los que se acerca más al puntaje máximo corresponden a orden y seguridad, justicia civil y derechos fundamentales. Además, llama la atención que el informe también señala una ausencia total del conflicto civil.

El país centroamericano con mejor calificación es Costa Rica, que ocupa el lugar 29, con 0.68 puntos, donde derechos fundamentales, límites de los poderes del Estado y  orden y seguridad son los aspectos más altos. La mayor parte de los indicadores está sobre la media mundial, aunque la compensación violenta y los retrasos injustificados en la justicia civil son la excepción.

Juan Jiménez Mayor, quien encabezó entre 2016 y 2018 la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), consideró que el envío de Hernández para ser procesado en una corte federal en Nueva York se relaciona con la “ineficacia” del sistema de justicia hondureño.

“La extradición tiene que ver con la propia incapacidad del Estado hondureño para poder procesar delitos de corrupción o de narcotráfico de la magnitud que se está planteando en este caso”, afirmó durante un foro organizado en Washington, haciéndose eco de declaraciones del exfiscal hondureño Ángel Edmundo Orellana.

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Jiménez Mayor, mencionado para liderar la nueva comisión anticorrupción que busca instalar en Honduras la sucesora de Hernández, Xiomara Castro, subrayó que la falta de decisión política para combatir el crimen fomenta la impunidad.

“‘No hay que nombrar a los mejores, sino nombrar a los mejores amigos’: esta frase tremenda es lo que nos da la idea de qué buscan los políticos cuando se entrometen en temas vinculados a la justicia”, señaló.

“Y esto es grave”, aseveró.

Pero la impunidad, agregó, no se limita a Honduras, y resaltó en particular la “masacre” en El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele decretó el domingo el estado de excepción tras el registro de 76 homicidios en dos días.

“Estamos en crisis por el avance de la criminalidad en la región y por la ineficacia de nuestros sistemas penales para responder a estos desafíos enormes que tenemos”, enfatizó.

También resaltó el aumento de las tasas de homicidio en Ecuador, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Perú y Chile.

“La clave es superar el problema de impunidad que tenemos en la región”, aseguró, porque “si las instituciones de justicia no son eficaces para combatir el delito, pues el delito va a tener una enorme posibilidad de incrementarse”.

Jiménez Mayor participó en un debate virtual sobre el papel de las fiscalías en la democracia, invitado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

El jurista peruano, quien también fue primer ministro de Perú y ministro de Justicia del gobierno de Ollanta Humala, renunció a la MACCIH en febrero de 2018, aduciendo falta de apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La MACCIH, creada en 2016 por un acuerdo entre Hernández y la OEA, finalizó sus funciones en enero de 2020 luego de que el gobierno hondureño no renovara su mandato.

El Tribunal de Mayor Riesgo “A” determinó que López y Lubia Verónica Montúfar, exasistente de Érick Melgar Padilla, hijo de la víctima, incurrieron en obstrucción a la justicia en el caso Manipulación de Justicia. También determinaron que Macario Rojas fue su cómplice. De acuerdo con la investigación, López armó una investigación paralela para inculpar a Óscar René Melgar Moreno de la muerte de su hermano José Armando.

De esa cuenta, Montúfar fue condenada a cuatro años de prisión conmutables por el delito de obstrucción a la justicia y Rojas recibió la misma condena por complicidad a la obstrucción de la justicia.

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El caso

El 9 de diciembre del 2012 fue asesinado José Armando Melgar Moreno, padre del general Érick Fernando Melgar Padilla, en un contexto donde había una disputa de tierras, según las primeras pesquisas. La investigación del asesinato llegó a la Fiscalía contra el Crimen Organizado, que dirigía López, luego de que pasó por las fiscalías de Villa Canales y Villa Nueva.

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La Feci y la Cicig señalaron que el general Érick Melgar Padilla dirigió una investigación paralela sobre el asesinato de su padre, a fin de involucrar como autores del hecho a personas determinadas, entre ellas, su tío Óscar René Melgar Moreno, quien falleció en prisión, y la esposa de él, Rica Gloria Gramajo Mazariegos, quien fue liberada de cargos y ahora es querellante del presente caso.

Según la investigación, todos los testigos y otros medios probatorios presentados ante la Fiscalía provenían del procedimiento de manipulación orquestado por Érick Melgar Padilla y López.

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El hijo de Gramajo, Óscar René Melgar Gramajo, y su yerno Carmelo Alejandro Pérez Estrada también fueron liberados y desestimados los cargos, y el MP señala que fueron involucrados en la trama que ideó Érick Melgar Padilla.

Con base en esas declaraciones manipuladas se capturó a Everardo García Peña, quien fue sentenciado a 26 años de prisión como autor material del asesinato de Melgar Moreno.

El exfiscal, Rony López, se declara "inocente" en el juicio del caso Manipulación de la Justicia y en su defensa aseguró que no amenazó y forzó al colaborador eficaz Hugo Fonseca. pic.twitter.com/bCxvMHxSov

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) March 14, 2022

Las diligencias son en seguimiento a la investigación sobre una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de drogas, la cual opera en ese departamento.

Los cateos son en seguimiento a la investigación sobre una organización criminal denominada “Los Lemus”.

Esta estructura utiliza sus influencias en el Organismo Judicial, la PNC y demás instituciones para obtener impunidad, según el MP.

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Como parte de las investigaciones, la Fiscalía interceptó en el operativo denominado Rio Escondido, el 24 y 25 de septiembre de 2021, a varios integrantes de la organización criminal en la aldea Entre Ríos, Puerto Barrios.

Los interceptados transportaban en dos vehículos y una lancha 515 paquetes de cocaína valorados en más de Q53 millones.

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Resultados del operativo

El MP informó que durante los operativos se coordinó la captura de nueve personas, entre ellas cuatro agentes de la PNC por encubrimiento propio e incumplimiento de deberes.

Agentes PNC capturados

• Cesar Augusto Lajuj Capriel
• Hugo Leonel García Sánchez
• Marvin Lionel Alveño Grijalva
• Edwin Leonel Zepeda Velasquez

Decomisos

• 20 Teléfonos celulares
• Cuatro armas de fuego
• Dos tolvas
• 50 municiones
• Una bolsa de marihuana
• Una tablet
• Un vehículo
• Documentos

Solicitudes de antejuicio contra jueces

El Ministerio Público informó que presentó dos solicitudes de antejuicio contra dos jueces de Izabal por el caso denominado Operación Onix.

Las solicitudes son contra Julio Vásquez Xol, juez de Paz de Izabal, por los posibles delitos de prevaricato y cohecho pasivo, y Édgar Aníbal Arteaga López, juez de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios, por asociación ilícita, prevaricato y cohecho pasivo.

#ComunicadoDePrensa#MPInforma#OperativoOnix pic.twitter.com/555PttcLx6

— MP de Guatemala (@MPguatemala) November 20, 2021

Señaló que con “demasiada frecuencia, estas mejoras tropiezan con los obstáculos de la corrupción y la impunidad. La mala gobernabilidad socava los talentos y recursos de los guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, socavando su capacidad para construir un futuro y motivando a algunos a abandonar sus hogares y embarcarse en el peligroso camino de la migración irregular hacia la frontera de Estados Unidos”.

Agregó que como se describe en la estrategia de EE. UU. para abordar las causas fundamentales de la migración, anunciada por la vicepresidente Harris el 29 de julio:

“Los desafíos de la gobernanza, incluida la corrupción generalizada, socavan el progreso en las oportunidades económicas, la protección de los derechos humanos y la seguridad civil. Las empresas privadas citan la corrupción como un impedimento para la inversión”, señaló.

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Impunidad desenfrenada

Agregó: “La debilidad de las instituciones democráticas, junto con una impunidad desenfrenada, ha reducido la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos y la independencia de los sistemas judiciales. Las elecciones controvertidas y la opacidad de la toma de decisiones por parte del gobierno han llevado a la violencia”.

Estados Unidos afirmó que su intención es apoyar a los ciudadanos, organizaciones y servidores públicos de la región que están comprometidos con generar esperanza y oportunidades entre las personas de Centroamérica mediante el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el estado de derecho y la transparencia.

Política de restricción de visas

Resaltó que para avanzar en esta lucha contra la corrupción, este miércoles 4 de agosto anuncia una nueva política de restricción de visas bajo la Sección 212 (a) (3) (C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad sobre la emisión de visas al gobierno actual o anterior de Guatemala, Honduras o El Salvador, funcionarios y otras personas que se cree que son responsables o cómplices de socavar la democracia o el estado de derecho.

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Advierte que esto puede incluir actos de corrupción u obstrucción de procesos o instituciones democráticos, “tales como atentar contra la integridad e independencia del sector judicial y los fiscales anticorrupción”. A las personas designadas bajo esta política, incluidos los miembros de la familia, se les puede negar una visa.

“Con estas restricciones, estamos enviando un mensaje claro de que aquellos que socavan la democracia o el estado de derecho en Guatemala, Honduras y El Salvador no son bienvenidos en los Estados Unidos”.

Esta política complementa otras herramientas que Estados Unidos está utilizando para apoyar los esfuerzos del pueblo de Guatemala, Honduras y El Salvador para promover la rendición de cuentas por la corrupción, la impunidad y los ataques a la democracia.

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Nueva acción

Antony Blinken, secretario de Estado de EE. UU., escribió en su cuenta de Twitter: “Hoy estamos tomando una nueva acción para apoyar la democracia y combatir la corrupción al lanzar una política adicional de restricción de visas para actores corruptos y antidemocráticos en Guatemala, Honduras y El Salvador. Este es otro paso importante para abordar las causas fundamentales de la migración”.

Today we’re taking a new action to support democracy and fight corruption by launching an additional visa restriction policy for corrupt and undemocratic actors in Guatemala, Honduras, and El Salvador. This is another important step toward addressing the root causes of migration.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 4, 2021

Midieron la capacidad jurídica, la democracia en instituciones públicas y el trabajo de la sociedad civil y medios de comunicación. Guatemala obtuvo una calificación de 3.84 de un total de 10 puntos según el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), lo que la ubica en las primeras tres naciones de la región con menos políticas contra la corrupción.

El informe será presentado y analizado este lunes 14 de junio en Nueva York, Estados Unidos, con el objeto de generar un espacio de diálogo que permita, además de conocer el problema, buscar posibles soluciones a problemas que parecen ser sistemáticos en gran parte de Latinoamérica.

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Uruguay con una calificación de 7.80, seguido de Chile con 6.51 y en una tercera posición se sitúa Costa Rica con 6.45.

En contra posición encontramos a Venezuela que obtuvo solo una calificación de 1.40, Bolivia con 2.43, tan solo unos números por debajo de Guatemala que alcanzó una nota de 3.84 por sus pocos esfuerzos para erradicar la corrupción.

En el caso de Guatemala el documento destaca como detonantes claves para su mala calificación el peligro a la independencia judicial debido a que el Congreso se negó a juramentar a una magistrada electa para la Corte de Constitucionalidad (CC), y el trabajo de la Comisión Presidencial Contra la Impunidad que parece carecer de independencia y objetividad, según el estudio.

Así mismo destaca el estallido social de noviembre de 2020 por la sospechosa aprobación del presupuesto 2020, que generó manifestaciones que fueron reprimidas por un supuesto abuso de fuerza policial, hechos que están aún bajo investigaciones del Ministerio Público (MP).

Entre las alertas que persisten para Guatemala la medición destaca posibles ataques sistemáticos a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), que acumula dos inconstitucionales que buscan su disolución, así como un posible estallido social por el mal manejo gubernamental para afrontar la pandemia.

El año pasado Guatemala ocupaba el puesto número 11 de esta misma medición, y desde el primer documento elaborado en 2019 ha descendido en un 16%.

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Temen ola de criminalización

La calificación que recibió Guatemala no fue sorpresa para David Gaytán, consultor en temas de transparencia y fiscalización, quien considera que aunque el Gobierno busque abanderar una lucha contra la corrupción su discurso no se traduce a acciones.

El experto considera que los peligros que advierte el informe son reales, aunque añade que con las reformas a la Ley de ONGS avaladas hace unas semanas por la CC, el Gobierno cuenta con una herramienta jurídica con la que puede callar a críticos y opositores sin ningún problema.

“Parte de este evidente retroceso en materia de combate a la corrupción son este tipo de leyes, criminalizar la participación ciudadana cuando cada vez más en el mundo lo que se da es una apertura, o al menos una intención de reforzar la participación ciudadana como mecanismos de fiscalización, contrario a Estados represivos como Venezuela y Nicaragua, donde Guatemala ya ha entrado a este tipo de países donde buscan reprimir la participación ciudadana”, advirtió el experto.

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Un informe exagerado

No todas las voces coinciden con el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción. Juan Carlos Zapata, Director Ejecutivo de Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), estima que este documento pasara inadvertido por no tener una medición real, por lo que descartan efectos negativos para la inversión y desarrollo nacional después que sea publicado.

“Sus predicciones son totalmente erróneas y muy sesgadas. Primero porque yo le puedo asegurar que el 90% de la población ahorita por lo que está preocupada es por la situación económica del país. Aquí hemos visto que las manifestaciones en contra de la corrupción no llegan más de 200 personas. Eso está totalmente sacado de contexto, yo puedo entender que hay personas o instituciones que han atacado a Feci en redes sociales pero es lo mínimo, la gran cantidad de organizaciones formales en este país han apoyado públicamente al Ministerio Público”, argumentó.

Zapata es de la opinión que para hacer un diagnóstico de la corrupción se necesita medir la certeza jurídica, así mismo pasar de exponer tan solo los problemas, que pueden ser evidentes, y generar propuestas de cambio para el verdadero beneficio social.

La corrupción es una bandera política

Por su parte Francisco Quezada, investigador del Centro de Estudios Económicos Nacionales (Cien), considera que si se necesita combatir la impunidad, aunque tiene algunas dudas en la forma en que se calificó a Guatemala.

Incluso destaca como el tema de la corrupción se ha estado utilizando en las últimas décadas como una bandera política, tan solo para buscar adeptos y futuros votantes para la contienda electoral, lo que podría, según él, ampliar la polarización social.

“Hay muchos netcenter que quieren dividir a la sociedad con el tema de corrupción, hay que entrarle durísimo al tema de corrupción y donde más se combate es en la prevención. Se combate teniendo un gobierno pequeño, que ejerza las funciones esenciales y que sea muy sencillo poderle seguir la ruta si lo están prestando bien y a un costo adecuado, lo que tenemos ahora es una expansión del gasto público donde no hay quien pueda fiscalizarlo, la ciudadanía percibe que está pagando impuestos pero que no está recibiendo servicios, lo que el ciudadano piensa inmediatamente es que se lo están robando, entonces la percepción de corrupción más alta es el servicio publico ineficiente”, enfatizó.

Gobierno destaca Comisión Contra la Corrupción

La reciente visita a Guatemala de Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos, anunció la creación de una fuerza de tarea contra la corrupción, lo que parece sustentar los resultados del informe que no percibe acciones nacionales directas para combatir la impunidad.

Pero la respuesta que da Patricia Letona, Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, para destacar el trabajo oficial a favor de la transparencia es resaltar la creación de una oficina gubernamental.

“Para avanzar en el combate de la corrupción se han realizado las siguientes acciones: Creación de una Comisión Presidencial para la investigación administrativa, apoyo a las instituciones que conforman el Sector Justicia con presupuesto adicional en el primer año con aportes extraordinarios. No debemos perder de vista que uno de los principales corruptores del Estado es el Narcotráfico. El crimen organizado transnacional maneja altos flujos de dinero que corrompe a distintos actores”, señaló la comunicadora.

La Comisión Presidencial Contra la Corrupción liderada por Óscar Dávila recordó que el año pasado nuestro país fue calificado de una forma similar en esta medición internacional, aunque aseguro que ellos, el Organismo Ejecutivo, impulsan acciones para prevenir practicas corruptas, entre los proyectos venideros destacó un manual de buenas practicas para todas las dependencias del Ejecutivo.

Así mismo resalto que quizás esa percepción de corrupción se debe porque no todos están trabajando de la misma manera. “Un bote que solo lleva un remo cuesta más que llegue al final que se propone. Como Organismo Ejecutivo estamos interesados en luchar contra la corrupción y limpiar la casa, sin embargo hemos visto que muchos de los ataques, criticas y algunas otras situaciones que repercuten en la percepción de corrupción no solo nacen del Ejecutivo, sino de los tres poderes del Estado. El esfuerzo que nosotros estamos haciendo es uno, lamentablemente no se miran acciones especificas de los otros organismos de Estado”.

Según el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción la fiscalización ciudadana y las protestas por descontento social se vieron frenadas en la región por la expansión que ha tenido el covid – 19, situación que fue aprovechada por grupos de poder para fortalecer estructuras de impunidad.

La facilidad para abrir una cuenta en esta red ha facilitado que muchas de estas sean bots y usuarios anónimos, pero esto no representaba un problema hasta que los mensajes agresivos, amenazantes y discursos de odio empezaron a hacerse frecuentes, incidieron en la política nacional y pasaron del mundo digital al mundo “real”.

Aunque pareciera imposible detectar la procedencia de todas estas cuentas anónimas, a quiénes pertenecen y quiénes las financian, con una investigación judicial en Guatemala se logró emprender un camino que terminó en la sentencia de un trol que publicaba mensajes intimidatorios contra operadores de justicia.

Según la jerga de internet, un trol es una persona que publica mensajes provocadores en las redes sociales en forma anónima.

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Pero no solo son mensajes provocadores, sino también son narrativas con información manipulada que busca destruir perfiles específicos. Por ejemplo, campañas donde se difunden fotografías de supuestas órdenes de captura en contra de personajes políticos o judiciales o difusión de comunicados falsos.

“Estos grupos se venden como agencias de relaciones públicas que trabajan para elevar o destruir perfiles”, explica Alberto Escorcia, periodista e investigador en redes de México.

La cuenta @ElJefeDelKarma hacía esto y las investigaciones a cargo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala (Feci) lograron establecer que Rolando Moisés Pérez estaba detrás de las amenazas en redes contra el abogado especialista en derechos humanos Leopoldo Zeissig.

Pérez también fue condenado por haber falsificado el título universitario y haber asegurado que era ingeniero para obtener una plaza en la Municipalidad de Mixco.

¿Cómo lo hicieron?

Durante el 2019, Zeissig, que trabajaba entonces con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), había sido víctima de publicaciones intimidatorias y engañosas relacionadas con su trabajo. Su caso no es el único, muchos trabajadores de la extinta Cicig, periodistas, fiscales y jueces han caído en las garras de los netcenters y troles que se dedican a difamar a personalidades de la esfera pública.

Pero lo que le sucedió a Zeissig el 10 de junio de ese año fue clave para lograr la condena de 12 años de prisión contra Pérez.

Mientras el abogado se encontraba en una audiencia en la que se acusaba al entonces partido de gobierno Frente de Convergencia Nacional (FCN), por financiamiento electoral ilícito, recibió un mensaje de texto que decía: “Cuenta regresiva comunista basura, guerrila vista guerrilla muerta estamos de regreso j.j jaguar justiciero y no perdonamos tus dos hijos movimiento controlado” (sic).

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Al terminar la audiencia, Zeissig envió una captura de pantalla del mensaje a sus superiores. “Miren lo que me mandaron”, dijo. Aunque ya había leído anteriormente ese tipo de mensajes en las redes sociales, lo que le llamó la atención al abogado es que se lo hayan enviado a su teléfono personal, a través de un SMS, y durante la audiencia que cuestionaba al partido que llevó a Jimmy Morales a la presidencia.

Después de varios allanamientos y una investigación que incluía la falsedad ideológica en que incurría la persona condenada, la Feci logró capturar a Pérez el 2 de diciembre del 2020.

Los investigadores le dieron seguimiento al número telefónico desde el cual le enviaron el mensaje de texto al abogado. Era un teléfono que usaba Pérez, no solo para enviar amenazas, sino para su trabajo diario.

Al analizar el desglose de llamadas, la Feci detectó un número recurrente y descubrió que los dos teléfonos pertenecían a la misma persona. Resulta que el segundo número estaba vinculado con la cuenta de Twitter @ElJefeDelKarma, desde el cual se publicaban mensajes difamatorios contra Zeissig e información sensible sobre su esposa e hijos.

@ElJefeDelKarma también interactuaba con otras cuentas similares y retuiteba publicaciones que iban en detrimento del trabajo de operadores de justicia.

“Un mensaje en una red social en sí mismo, aunque sea agresivo, no constituye una amenaza. Pero sí constituye una amenaza cuando se saca información privada con el objeto de generar algún tipo de escarnio o, en algunos casos, justificar o generar algún espacio para el ataque a través de la familia”, explicó Claudia Samayoa, de la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (Udefegua), y quien fungió como testigo frente al tribunal de sentencia.

Un informe policial del 4 de diciembre del 2020 da cuenta de cómo la amenaza contra Zeissig se refuerza en las publicaciones emitidas por Pérez a través de la cuenta anónima que manejaba en Twitter y que estaba vinculada con su número telefónico.

Ante todos estos señalamientos, Pérez declaró ante el tribunal y aseguró que el número de teléfono señalado no era suyo y que su móvil fue intervenido ilegalmente para implantarle esa información.

El tribunal les dio valor a las pruebas presentadas por la Feci y reconoció que incurrió en el delito de obstaculización a la acción penal, al publicar amenazas contra el abogado durante la audiencia contra el partido FCN.

Según el artículo 458 del Código Penal, comete este delito “quien emplee fuerza física, intimidación, amenazas o coacción sobre cualquier funcionario o empleado público que sea miembro del Organismo Judicial o de las instituciones auxiliares de la administración de justicia, traductor, intérprete o perito, para obstaculizar el cumplimiento de sus funciones”.

De esta forma, el 7 de abril último el Tribunal Décimo de Sentencia condenó a Rolando Moisés Pérez a 12 años de prisión, por este delito y por usurpación de calidad y uso de documentos falsos.

Referente

“Tradicionalmente las estructuras criminales organizadas han buscado el control de la comunicación para influir en la opinión pública. Estas estructuras han evolucionado y se encuentran en la búsqueda de desinformar, desprestigiar y atacar a través de las redes sociales la tarea y los avances que la lucha contra la corrupción y la impunidad han logrado en Guatemala”, dijo Iván Velásquez, jefe de la Cicig en mayo del 2019, cuando presentó el informe Bots y netcenters y el combate a la impunidad.

“Nosotros hemos logrado desarticular grandes redes de netcenters, incluso logramos que Twitter borrara más de un millón de cuentas en el 2018, pero no hemos logrado conquistar ninguna acción penal contra ellos”, respondió Alberto Escorcia, quien se ha dedicado a la investigación de redes.

Aunque la Feci no quiso responder si están investigando las cuentas con las que interactuaba @ElJefeDelKarma para establecer qué tan grande es la red en la que este participaba, o si actuaba solo, este caso sorprende a quienes han denunciado activamente a los netcenters que han trabajado al servicio de gobiernos como el de Enrique Peña Nieto, en México, y Nayib Bukele, en El Salvador.

Escorcia explica que estas cuentas no trabajan solas, porque para tener efectividad son miles las que se activan para difundir un solo mensaje. Actualmente las considera una “mafia”.

“Aquí han ido evolucionando sus formas de operar porque resultó muy fácil localizarlos. Antes trabajaban para partidos o políticos, pero como Twitter endureció sus reglas, empezaron a trabajar para pequeños gobernantes y ahí empezó la verdadera pesadilla porque migraron al interior de la República y terminaron contratando a mucha gente”, señala Escorcia, quien asegura que cada grupo de netcenters cobra hasta US$50 mil por hora de trabajo.

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Escorcia explica que este fenómeno se empezó a observar en México e Irán en 2008 y 2009. “El gobierno iraní usaba cuentas falsas en Twitter para evitar que hubiera protestas, entonces el Ejército gringo dijo que ayudaría a los activistas a generar cuentas de bots para aumentar las protestas”, refirió.

Los territorios en conflicto son tierra fértil para estos grupos, agregó, ya que así es más fácil que un mensaje pueda generar divisiones. Es por eso que tuvieron éxito en México, Turquía, China y Vietnam.

Con el gobierno de Donald Trump se pudo observar esto, pero a diferencia de Latinoamérica, los países desarrollados utilizan a los netcenters para la difusión de fake news y así crear confusión.

“Son muy distintos los ataques del mundo latino y el resto del mundo, porque allá se van por las fake news y aquí más por los ataques personales y el troleo para destruir a las personas”, indicó.

En el caso de Guatemala, los bots se activaron con mayor fuerza cuando iniciaron los resultados de las investigaciones de casos de corrupción lideradas por la Cicig.

“La cantidad de usuarios en contra de la lucha contra la corrupción y la labor contra la impunidad son menos, pero su intervención en redes es mayor. Al analizar detalladamente el esquema de seguidores de las cuentas que más publican contenidos en contra del combate de la impunidad, se pueden visualizar usuarios con pocos o ningún seguidor, sin foto o imagen de perfil y/o sin contar con un nombre real o comprobable que identifique la cuenta como un usuario real, y que además reportan actividades estrictamente vinculadas en su contenido a la campaña negativa: estos son los conocidos netcenters”, dice la Cicig en su informe.

Según las últimas investigaciones de Escorcia, quien descubrió las granjas de bots de Peña Nieto, muchos netcenters mudaron su operación a Centroamérica y el Caribe. “El Salvador es el caso más grave porque hemos detectado que actualmente hay muchas más cuentas falsas de las que había en México en ese entonces”, dijo.

Omar Luna, comunicador salvadoreño y analista de datos de Lab-Dat, confirma lo anterior. “Hemos logrado identificar que los nets operan aquí con la única finalidad de ensalzar una figura pública en detrimento de otra figura. Por ejemplo, el presidente Bukele se vale de netcenters para posicionar tendencias, políticas públicas y para atacar y vulnerar cuentas y personas que están en contra del discurso oficial”, explicó.

Como pasó en Guatemala, donde las amenazas en redes traspasaron el mundo real, sucede en El Salvador, donde personas como el político Walter Araujo y la abogada en derechos humanos Berta María de León han sido objeto de persecuciones y amenazas en contra de su familia.

“Por lo general, cuando una persona empieza a divulgar ciertos elementos, automáticamente aparecen cuentas relacionadas que crean una especie de enjambre digital y al analizarlos se nota que las cuentas fueron creadas días antes de algún evento en específico”, afirmó.

Análisis: El dilema de la libertad de expresión

La defensora de Derechos Humanos Claudia Samayoa explica que el caso de Zeissig demuestra que el MP no se debe valer de que los mensajes sean emitidos en cuentas anónimas para no investigar. Sin embargo, el dilema en estas situaciones es cómo tratar con estas redes sin vulnerar la libre emisión del pensamiento.

Para el abogado constitucionalista Mario Fuentes Destarac, la respuesta es sencilla y está contemplada en la Ley de Emisión de Pensamiento.

“Existe un castigo por publicaciones que se den de tipo clandestino. Esto está sancionado por la misma Ley de Emisión del Pensamiento. A pesar de que la Ley está desactualizada sí está el tema de las publicaciones clandestinas y también se castigan las publicaciones calumniosas que imputan delitos a otras personas, las publicaciones injuriosas que son insultos y que discriminan”, dijo.

Aunque esta ley fue emitida en 1965, cuando no existían medios digitales. Fuentes Destarac señaló que las redes sociales deben considerarse medios de comunicación y por ello deben regirse con esta legislación.

“La ley castiga las cuentas anónimas porque trabajan en la clandestinidad, se establecen sanciones y, en el caso de la calumnia, es el Código Penal el que debe castigar”, agregó.

Para Escorcia, castigar los mensajes emitidos en redes es peligroso porque también puede llegar a criminalizar a defensores y activistas.

“Los grupos de poder se beneficiarían de que se regule el internet porque pueden utilizar las leyes a su favor. Por ejemplo, si muchos activistas convocan a una marcha podrían decir que están alterando el orden público”, señaló.

Sin embargo, lo que deja claro el caso de Zeissig es que para desarticular los netcenters debe existir una investigación exhaustiva que demuestra quién los financia y por qué lo hacen. Estas investigaciones pueden ser periodísticas, como lo hace Escorcia, o de tipo judicial como lo hizo la Feci.

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EE. UU. da “pleno apoyo” a operadores de justicia y funcionarios que luchan contra la corrupción

“La percepción de impunidad o que personas en posiciones poderosas pueden actuar sin freno en corrupción tiene un impacto en desanimar a la población”, afirmó Zúñiga en una conferencia de prensa telefónica al concluir su visita a Guatemala y El Salvador, donde sostuvo una serie de reuniones donde se abordaron las causas estructurales de la migración irregular.

El funcionario estadounidense aseguró que su país no trata de imponer el modelo de EE. UU., sino más bien trata de ayudar Guatemala, Honduras y El Salvador a implementar sus propias leyes.

Añadió que su país ha apoyado en los últimos años la lucha contra la corrupción e impunidad en estos países ya que, para que cuenten con condiciones “habilitantes” es necesario contar con un Estado de Derecho, por lo cual tratan de apoyar a quienes apoyan su establecimiento en el Triángulo Norte.

Viaje exitoso

Zúñiga consideró que su viaje por los países centroamericanos fue un éxito, pese que el gobernante salvadoreño Nayib Bukele se negó a recibirlo, según reportes de prensa de aquel país, y que no viajó a Honduras y optó por reunirse con el canciller, Lizandro Rosales en Washington.

“Tenemos bastante trabajo, pero pensamos que —en el viaje— construimos buenas bases con los tres países”, apuntó, el emisario del gobierno de Joe Biden.

En las reuniones abordaron temas “para tratar de mejorar las condiciones de cooperación para controlar la migración irregular y establecer condiciones favorables para el crecimiento económico y social”, agregó.

Como en pronunciamientos anteriores al referirse a la migración irregular desde Centroamérica, Zúñiga aseguró que “los problemas profundos de Centroamérica representan problemas profundos para EE. UU.”

En reiteradas ocasiones, distintos funcionarios de la administración Biden crear una migración segura y legal, pero también sociedades seguras, prósperas y democráticas donde las personas puedan vivir con dignidad, como parte de eso el combate contra la corrupción e impunidad, para que, de esa forma existan condiciones que favorezcan el crecimiento económico y el desarrollo de medianas y pequeñas empresas.

Desesperanza

La psicóloga clínica Méshelle Kababié expuso que, si bien es cierto, hay varias causas que motivan a una persona a migrar a EE. UU., pese a los riesgos a los que se expone, el hecho de verse en un país con limitaciones socioeconómicas donde la corrupción e impunidad está enraizada puede generar desesperanza en ciertas personas y, en consecuencia, hacerlas migrar.

“Bien podría ser el motivo para migrar de alguien en particular que se vea y ya no tenga deseos de permanecer en este país porque se siente decepcionado y frustrado”, expuso.

Agregó que la psicología juega un papel muy importante en la migración irregular puesto que esta también se ve influenciada por conocidos o familiares que han viajado y son vistos como referentes de éxito, o también porque suelen llegar a sus municipios y aldeas y los demás ven en ellos señales de prosperidad como vehículos, terrenos o la remodelación de una vivienda.

También tiene que ver cómo se transmite esa información y cómo nos persuaden las personas que están en el entorno social. “De repente yo no tengo intenciones de irme, pero las personas con las que yo me llevo bien me dan ánimos”, dijo Kababié.

Mecanismos de asilo

El enviado de EE. UU. para el Triángulo Norte reafirmó que durante la gira se abordó con los gobiernos la construcción de nuevos mecanismos de cooperación para los solicitantes de asilo, entre estas, la posibilidad de que solicitantes que necesitan protección pueda solicitarla sin necesidad de que lleguen a EE. UU., aunque  no aclaró si esto significaría delegar la responsabilidad de protección a otros países.

Ya durante la administración anterior, el presidente Donald Trump, a la vez de cerrar su frontera, presionó a los gobiernos de México y Centroamérica para que firmaran acuerdos de asilo para recibir a solicitantes de otros países para evitar que llegaran a EE. UU.

La derogatoria de estos acuerdos fue una de las primeras medidas adoptadas por Biden.

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La advertencia es una producción que comenzó con sus tres primeros episodios, a través de las principales plataformas de podcast disponibles como Spotify, Apple Podcast o Acast.

El formato sonoro dedicará su narrativa a la historia del país de Centroamérica a través de sus perseguidos, mostrando una historia sobre corrupción, impunidad y los caminos para la justicia política en posibilidad de convertirse en una producción llena de ecos y aprendizajes para toda América Latina; como destaca en el comunicado de prensa.

El podcast se convertirá en el primer proyecto de La Corriente del Golfo, junto con Antifaz, dentro de la nueva división dirigida por Ricardo Giraldo que estará dedicada a la creación de contenidos similares, como audiolibros, series de ficción y documental, ensayos y conversaciones.

La historia de Guatemala se convertirá en el eje conductor de La advertencia. Pese a ser un país pequeño, este lugar asombró a muchos por unos años como un referente de justicia en América Latina, situación que, aunque cambió de un momento a otro, será reflejada en el podcast a través de la voz de Diego Luna. 

"Denunciar y alzar la voz contra los pactos de impunidad tiene costos".

Aquí el tercer tráiler de #LaAdvertencia, una historia tristemente familiar narrada por @diegoluna_ y producida por La Corriente del Golfo Podcast y @AntifazPoliitca.

Estreno 14 de octubre.

— La Corriente del Golfo (@corrientegolfo) October 12, 2020

Guatemala, sumido en la corrupción, logró la renuncia de su presidente para después llevarlo a la cárcel, al igual que a militares, políticos, empresarios y narcotraficantes. Todo lo anterior, gracias a la colaboración entre el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), órgano anticorrupción, y antimafias enviadas por la ONU. Un suceso digno de tener su propia voz..

“En la historia reciente de Guatemala encontré la repetición de los mismos conflictos a los que no quiero acostumbrarme nunca, pero también la belleza que representa ese momento cuando un pueblo decide unir la voz y reivindicar su dignidad. Quiero siempre reafirmar eso, hacer énfasis en aquello que pasa cuando nos unimos, cuando caminamos juntos y juntas por un mismo ideal, sin importar las diferencias que tengamos”,

Diego Luna sobre la creación del podcast. 

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Don Chilolo, como era conocido, se trasladada a su vivienda cuando fue rebasado por otro vehículo sobre el lado izquierdo, desde el que dispararon y le acertaron cuatro balazos.

Zarco Alfasa falleció en su automóvil, mientras los atacantes huyeron sin rumbo. Pocos minutos después de ocurrido el hecho llegó una unidad de los bomberos Municipales, quienes con su vehículo detuvieron el de la víctima y le brindaron los primeros auxilios, sin éxito.

El atentado fue condenado por familiares, amigos, el gremio periodístico y el Gobierno de ese entonces. A la fecha se desconoce quiénes fueron los atacantes y el motivo del crimen, pero en su momento se señaló a guerrilleros de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR).

Hijo de Alberto Zarco y Ester Alfasa de Zarco. Nació el 4 de abril de 1912 en Panamá. Vino a Guatemala a los 16 años con sus hermanos, Jacobo, Sara, Victoria y Alegre, y luego se nacionalizó guatemalteco. Contrajo matrimonio con Teresa Bolaños con quien procreó a Manuel, José Eduardo y Teresita.

Se inició en el periodismo en 1935, escribió ensayos y comentarios de fondo político y social y de carácter económico en El Imparcial y en Nuestro Diario, dirigidos en esa época por los periodistas Alejandro Córdova y Federico Hernández de León, respectivamente. En 1944 publicó el libro Esto no lo aprendí en la escuela.

En 1951 fundó Prensa Libre con los periodistas Pedro Julio García, Mario Sandoval Figueroa, Álvaro Contreras Vélez y Salvador Girón Collier y durante los primeros años ejerció el cargo de gerente general de este matutino.

Egresado de la Escuela Centroamericana de Periodismo, de la Facultad de Humanidades, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Durante varios años participó como periodista en reuniones presidenciales internacionales. En 1962 fue condecorado con la Orden del Quetzal en el grado de comendador.

Su columna Problemas y Soluciones fue un referente en la sección de opinión de este matutino, la cual escribió hasta su último día.

Destacó en el periodismo y de forma discreta hizo obras de beneficencia como la construcción de una escuela en la aldea Los Guates, San Juan Sacatepéquez. Además, dotó con becas a varios estudiantes de escasos recursos. Dejó pendiente la construcción de un hospital de hidratación infantil por medio de la Liga Pro Salud del Pueblo, entidad que presidió varios años.

Como periodista fue ágil narrador y sagaz entrevistador. Uno de sus grandes logros fue la entrevista al expresidente Juan José Arévalo, cuya presencia en el país fue prohibida en 1963, lo cual   obligó a este a llegar a escondidas, por tierra, de El Salvador. Los sectores radicales de derecha temían que el exgobernante volviera a ganar la Presidencia.

Aquel 29 de marzo, Zarco lo entrevistó en un lugar que no reveló, por seguridad. Arévalo le dijo que no aparecería en público para no crear “roces”. Afirmó: “Nunca he sido comunista, no me gusta el comunismo, ni jamás seré comunista”.

“Durante mi campaña electoral no me referiré a ninguno de mis contendores, y si el pueblo me elige, todos los excandidatos vivirán en su patria sin molestias”, añadió Arévalo.

Sin embargo, dos días después asumió el poder el coronel Enrique Peralta Azurdia, luego de darle golpe de Estado a Miguel Ydígoras Fuentes. El conflicto armado recrudeció y ocho años más tarde Zarco ofrendó su vida por una patria mejor.

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El acuerdo gubernativo 28-2020 es el que da vida a esta organismo, publicado por el ministerio de Gobernación y firmado por Giammattei.

“La corrupción genera un gran impacto en la gestión pública y derivado de los compromisos en la lucha contra la corrupción se establece la creación de la dependencia interna encargada de la ejecución del mismo”, señala la publicación en el diario oficial.

La comisión tendrá 11 atribuciones, entre ellas promover la política contra la corrupción, crear mecanismos de detección de actos de corrupción, recomendar leyes y reglamentos. Asimismo lograr proyectos y programas de asistencia técnica y otros instrumentos en materia de la lucha contra la corrupción.

El plazo de la comisión será de cuatro años y entra en vigencia un día después de su publicación, además la entidad está habilitada para recibir aportes y donaciones de organismos internacionales y nacionales, aunque aclara que no se recibirá fondos de instituciones que estén siendo investigados por corrupción.

Las reuniones ordinarias están planificadas para una vez cada tres meses y de manera extraordinaria cuando se considere necesario.

La publicación también señala que todas las dependencias del Ejecutivo deben colaborar y dar información a esa entidad.

El expresidente Jimmy Morales cerró la la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el recién juramentado Alejandro Giammattei había prometido que en su lugar crearía un ente contra la corrupción que sería dirigido desde el Ejecutivo.

Giammattei también había dicho que para la lucha contra la impunidad pediría asistencia al FBI de Estados Unidos para la pesquisa criminal, y a Israel para adecuar los sistemas de inteligencia.

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Corrupción le cuesta a Centroamérica 13 mil millones de dólares y es calificada como problema endémico

Y el impacto de esa práctica no solo se cuenta financieramente, ya que también deja secuelas en el sistema democrático del país, su capacidad de producir y lo que es peor, pérdida de vidas.

Este jueves 24 de octubre, en medio del Noveno Encuentro Centroamericano de Donantes, el director del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (Incae), Octavio Martínez, calificó la corrupción de un problema “endémico” de Centroamérica y “uno de los principales obstáculos para el desarrollo” de sus países.

En una entrevista con la agencia de noticias EFE, Martínez expuso que, a causa de ese mal los países del istmo pierden al año US$13 mil millones, aproximadamente el 5% del Producto Interno Bruto, lo cual pone a estas naciones, principalmente Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, con niveles de corrupción similares a los de las naciones de África Subsahariana.

El caso Guatemala

Pero ¿cuánto de esta exorbitante cifra corresponde a Guatemala?

Expertos señalan que es muy difícil calcular un dato fiel, justamente porque la corrupción es una práctica oscura y delictiva que se trata de esconder; sin embargo, se puede tomar una idea a partir de los casos que se han judicializado y publicado en los medios.

Ricardo Barrientos, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), se refirió a una publicación de esa institución que, en 2017, hizo un recuento de los casos que llegaron al sistema de justicia y tan solo en el 2015 contabilizó hechos de corrupción por US$550 millones —unos Q4 mil 262 millones—. Para tener una idea, esa cantidad es dos veces y medio el presupuesto solicitado para el Ministerio Público el próximo año.

• Guatemala ha retrocedido desde el 2009 en el Índice de Percepción de Corrupción que mide a más de 170 países

Año	Punteo	Posición ranquin	Cantidad de países en el ranquin
2009	34	84	180
2010	32	91	178
2011	27	120	183
2012	33	113	174
2013	29	123	177
2014	32	115	175
2015	28	123	167
2016	28	136	176
2017	28	143	180
2018	27	144	180

Fuente: Fundesa

Barrientos señala que, más que los montos económicos, la corrupción tiene efectos de carácter político y social, debilita las democracias y también “mata”.

“Por ejemplo, en el caso IGSS-Pisa, ahora los acusados son vistos como héroes y nadie sea acuerda de las personas que perdieron la vida por tratamientos deficientes y un contrato fraudulento de servicios de hemodiálisis”, precisó el analista.

Agregó que, en los países centroamericanos, la corrupción se ve favorecida por fallas en la legislación, instituciones débiles, un deficiente acceso a la información pública y la impunidad, esto último definido por Barrientos como “el negocio más lucrativo, violar la ley sin que a uno le pase nada”.

El analista de Icefi precisó que con la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) se retrocedió unos 10 años en cuanto a la lucha contra la corrupción, a la vez precisó que este mal “sin ninguna a duda” es una de las principales causas de los problemas estructurales de Guatemala.

El resto de estas causas, añadió Barrientos, tienen que ver con la pobre carga tributaria —una de las más bajas del mundo—, gobiernos “ineptos”, el racismo, la desigualdad de género y las ideas equivocadas de que el desarrollo de un país pasa por tener “más maquilas y zonas francas” cuando la mitad de la niñez sufre desnutrición crónica.

Afecta la productividad

El economista Hugo Maul del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) está de acuerdo con que no hay un mecanismo para cuantificar la corrupción, aunque considera que cualquier aproximación que se haga “siempre se va a quedar corta”.

Al igual que Barrientos, Maul afirma que la corrupción va más allá de los sobrecostos de obras, plazas fantasmas o pagos indebidos por bienes que no se reciben o son de mala calidad, pues también impacta en la productividad de los ciudadanos y de las empresas, y en la percepción de riesgo país.

“El no tener buenas carreteras, seguridad, salud… Todo eso al final implica que nos cuesta más hacer negocios, la productividad de la economía baja y también los niveles de inversión y se limita la multiplicación de negocios”, añadió el economista del Cien.

Para Maul, la corrupción es un problema “gravísimo” para países como los nuestros que son pobres y que encima necesita desarrollarse, por lo cual estas naciones han caído en un círculo vicioso en el que el subdesarrollo es producto de la corrupción y a su vez esta es fruto de aquella.

“El propio subdesarrollo y falta de oportunidades provoca un decaimiento de la moral pública que ve en la función pública una oportunidad de enriquecerse y sobrevivir”, lamentó.

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Las prisiones son una especie de infierno alterno que tiene constante conexión y asedio hacia la sociedad, mediante la organización impune de extorsiones en contra de la ciudadanía trabajadora. Los juicios y sentencias contra pandilleros o bien imitadores poco han incidido en la reducción de uno de los mayores frenos al microemprendimiento y con ello un verdadero lastre para que miles de familias puedan salir de la pobreza en áreas urbanas. Es absurdo, vergonzoso e indignante observar videos en los cuales sicarios que no llegan a la mayoría de edad se encargan de cumplir ilegales sentencias de muerte dictadas desde sectores carcelarios que tienen mejor conectividad, mejor señal y más gigas de velocidad que muchísimas escuelas.

Mucho se ha discutido —y también gastado— sobre la necesidad de instalar bloqueadores de cualquier tipo de señal, pero quizá sería más sencillo contar con un sistema legalizado y viable de interacción con las empresas prestadoras del servicio para que puedan cortar este tipo de conexiones. Con el avance de las tecnologías actuales, que localizan con alta precisión la ubicación de cada dispositivo, no debería ser una tarea que afecte a terceros y se constituiría en un verdadero aporte social.

El Ejecutivo denunció hace más de un año el abuso de la prisión preventiva para culpar directamente a un ente internacional que ya no existe, pero el problema preexistía y persiste. Se calcula que hay unas 12 mil personas recluidas de forma preventiva, que quizá podrían ser sujetos de medidas sustitutivas, pero esto no avanza a causa de la lentitud del sistema judicial, el desinterés del Ministerio de Gobernación por implementar el sistema de tobilleras electrónicas y la indiferencia de los diputados que únicamente reviven el tema cuando existen ulteriores intereses. La hipocresía y la ineptitud se mezclan de forma perversa y ocasionan la actual saturación de los centros penitenciarios dominados por complejas y poderosas mafias.

El cobro de la infame “talacha” continúa con total desfachatez. Las autoridades penitenciarias fingen demencia o inventan excusas para rehuir el tema. Ya son varias las brutales golpizas e incluso asesinatos que ocurren en los penales a causa de la negativa a pagar la exacción. La sociedad en conjunto no debería voltear la mirada y pretender que la bomba de tiempo del Sistema Penitenciario no existe. Se necesita un esfuerzo judicial serio, no para liberar a reos de alta peligrosidad, pero sí para procesar de otra forma a quienes son detenidos por un accidente de tránsito o por una noche de copas y no tienen antecedentes policiacos ni penales. Se necesita de una efectiva reclasificación de reos.

La finalidad de transformar el Sistema Penitenciario no debe ser únicamente el severo castigo para los criminales, también debe incentivarse la rehabilitación en la medida de lo posible, pero en todo caso primero está el objetivo de resguardar a la sociedad de los transgresores y no que estos la conviertan en presa de terror en total impunidad.

El de Pinochet fue el primer caso en el que un exjefe de Estado era detenido bajo el principio de la jurisdicción internacional.

El ex hombre fuerte de Chile estuvo año y medio bajo arresto en Londres hasta que el entonces canciller británico, Jack Straw, decidió no autorizar la extradición por motivos de salud del entonces senador vitalicio chileno.

Sin embargo, eso desató un “efecto dominó” -como el mismo Garzón lo denomina- que hizo que Pinochet fuera poco después acusado de diferentes crímenes en Chile por el juez Juan Guzmán Tapia.

No ha sido el único caso.

Un efecto similar se le atribuyen a querellas presentadas ante Garzón en España por casos de abusos durante los regímenes militares en Argentina y Guatemala: eso abrió las compuertas para que violadores de derechos humanos fueran juzgados finalmente en sus propios países.

Pero además de a la notoriedad, Garzón no ha sido ajeno a la controversia.

Su investigación sobre los crímenes cometidos durante el franquismo llevó a que el sindicato español Manos Limpias, considerado de ultraderecha, lo demandara por prevaricación por declararse competente para investigar crímenes durante la Guerra Civil y el franquismo cuando no lo era.

El Tribunal Supremo español desechó las demandas por estos casos, pero en 2012 lo condenó por prevaricación por ordenar escuchas ilegales entre presos y abogados en el llamado caso Gürtel (por corrupción y que involucraba a integrantes del Partido Popular, PP) y lo sentenció a 11 años de inhabilitación para el cargo de juez.

Desde entonces ha sido asesor del Tribunal Penal Internacional de la Haya, defensor de Julian Assange y creador de la Fundación Internacional Baltasar Garzón, que trabaja, precisamente, en la búsqueda de una jurisdicción universal.

Entrevistamos a Baltasar Garzón con motivo del Hay Festival que se realiza Querétaro esta semana, donde presentará su libro “No a la impunidad: jurisdicción universal, la última esperanza de las víctimas”.

Su libro es paradójico porque es a la vez muy fácil y difícil de leer. Fácil porque está escrito con agilidad y por momentos, como cuando ordenó la detención de Augusto Pinochet en Londres, se lee como un thriller. Pero las descripciones de lo que sufrieron las víctimas de los diferentes regímenes autoritarios en América Latina son desgarradoras. Varias veces tuve que suspender la lectura.

He procurado “descender” lo que es el lenguaje jurídico a un lenguaje normal, con el que nos entendemos todos.

He huido de acudir a los grandes conceptos jurídicos y eso comporta también que los relatos de las víctimas -en unos casos con su identidad real y en otros situaciones reales con personas no reales- tienen por finalidad que nos demos cuenta cómo es todo esto.

Muchas veces los juristas hablamos de crímenes de lesa humanidad pero no aterrizamos en el caso concreto, lo que siente la víctima. Tampoco lo que experimenta de reparación cuando concurre ante un juez y cuenta su historia, su verdad.

Y es cierto que sufres al leerlo. Yo mismo, por mucho que hayan sido historias conocidas e incluso vividas en primera persona, me impactaron cuando escribía porque son dolor vivo.

Pero precisamente en la reparación está compartir ese dolor para que quienes se aproximen al libro vean que esto no es una película, algo irreal.

Usted además se enfoca mucho en revelar el entramado de complicidades a nivel social que hay detrás de estos abusos. Todo el contexto de alianzas entre políticos, fuerzas armadas y empresas que lo permitió.

Las cosas realmente no suceden por casualidad. Hay un trasfondo muy grave de complicidades. Y desde mi experiencia acumulada, siempre hay un componente económico que subyace.

No es solo alguien que ideológicamente un día da un golpe de Estado y a partir de ahí comienza la represión de quienes piensan distinto.

En algunos casos es así, pero en otros es algo mucho más pragmático, con un componente económico que unas veces comportó un cambio de sistema y en otras la apropiación de bienes de las víctimas.

Recuerde la defensa que se hizo durante mucho tiempo de Pinochet: que sólo actuaba por unos ideales, algo que también ocurrió con Franco.

Y sin embargo después hemos comprobado que había un componente económico muy importante, de acumulación de riquezas y favorecimiento de personas en la misma línea.

Yo soy lo bastante viejo como para acordarme cuando muchas de estas denuncias eran descalificadas como una campaña del comunismo internacional. Todavía me sorprende verlas descritas -y aceptadas- como hechos históricos…

Bueno, usted sabe que el negacionismo es un arma que también justifica las conciencias.

Cuando ya pasa el tiempo, no es fácil para quienes fueron perpetradores tener ese peso de la memoria.

Por eso tienen una tendencia a olvidar, a orillar. Y por tanto a impedir cualquier investigación que pueda llevar al descubrimiento de lo que realmente ocurrió, que salgan todas las mentiras construidas desde el poder y con una finalidad: la impunidad.

Me llamó mucho la atención un concepto que usted atribuye al escritor Eduardo Galeano, el de “burócratas de la tortura”, porque coincide con el que acuñó Hannah Arendt en sus reportes sobre el juicio a Adolf Eichman: “la banalidad del mal”. Aquellos seres grises que son capaces de ir como al trabajo a torturar y asesinar y después regresan a sus hogares a retomar sus funciones de esposos y padres…

Sí, siempre hay ese componente.

Eduardo Galeano, en las conversaciones que manteníamos, hacía referencia a lo acontecido en Argelia cuando todavía era colonia francesa y las torturas sistemáticas que se producían. Pero se puede trasladar a otros muchos ámbitos.

Es lo que decía antes: el torturador necesita incluso una justificación para su propia maldad. Es imposible mantenerlo de forma permanente. Necesita apoyos que lo saquen de ese pozo, ya sea de familiares, amistades o de intereses. Una especie de poner compuertas al odio, al dolor y la tortura.

Entonces uno de los mecanismos es banalizarlo. Decir, bueno, tampoco era tan importante. No era yo el único. Es un compartir la maldad y la tortura en la que te escudas para salvar tu propia responsabilidad..

Algo que comparten todos los casos de América Latina que analiza en su libro es que se originaron durante la Guerra Fría. Y uno de los últimos remanentes que quedaban de la Guerra Fría en América Latina era el conflicto armado con las FARC en Colombia. Usted asesoró la misión de la OEA y su fundación tiene presencia en Colombia. ¿Cómo ve todo el debate en torno a las víctimas y la justicia transicional?

Lo veo con mucha preocupación.

Cuando llegué a Colombia, por petición del Fiscal de la Corte Penal Internacional y un acuerdo con el presidente Juan Manuel Santos, tenía muchas dudas sobre si el proceso iba a prosperar.

Después le he dado seguimiento y he estado en contacto con las comunidades indígenas del Cauca y con las víctimas.

En más de una ocasión dije que un proceso de paz sin participación de las víctimas era un fracaso.

Creo que si el proceso se puede salvar es porque finalmente las víctimas tienen que participar.

A veces aplicar la justicia retributiva en su más pura esencia es un ideal pero no una realidad alcanzable al cien por cien. Y tenemos que optar por una justicia restaurativa, que a veces es más difícil llevar a cabo pero que sus resultados son mucho más positivos.

A fin y al cabo imponer una pena de muchos años a una persona para que la cumpla en una celda no le reporta demasiado a la sociedad.

Pero cumplirla propositivamente en reparación de la comunidad o las víctimas puede ser mucho más interesante.

En todo caso en Colombia los índices de impunidad de la justicia ordinaria son de entre el 85% y el 90%; por tanto, pretender como algunas formaciones políticas o algún expresidente, que sea la justicia ordinaria la que se ocupe de esos casos es como hacer un brindis a la nada, porque sabes que no va a ser posible.

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Hay que buscar fórmulas que compendien la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Y esa es la justicia transicional.

Colombia es un experimento como no ocurre un ningún país del mundo. Y es algo que me toca las entrañas, porque he visto cómo las víctimas quieren llegar a esa obtención de la verdad.

El problema es que hay muchas personas y alguna que otra formación que apela a que no sea así.

Volviendo a su libro, es evidente que América Latina está en el centro de su búsqueda por una jurisdicción universal. Y un año clave fue el 96, con las querellas en España por los abusos durante el régimen militar en Argentina y contra Augusto Pinochet.

Yo creo que Argentina, siendo ejemplo de lo peor, también lo es de lo mejor. De lo peor en el sentido de los años 70-80, los golpes militares, la grandísima desigualdad que todavía hoy se extiende y que es uno de los motivos de esa conflictividad; pero también es donde se han producido los mayores avances de la justicia.

Pero también la Corte Constitucional colombiana, la Corte Suprema de Argentina o la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la propia comisión han dado ejemplo de cómo tiene que ser el combate desde la justicia contra la impunidad.

Ha habido unos avances como en ninguna parte del mundo. Nadie lo ha hecho igual, incluido el Tribunal de Derechos Humanos europeo.

Es verdad que América Latina es ejemplo de lo peor, pero también que la respuesta desde las víctimas es un ejemplo mundial.

Si no hubiera sido por la persistencia de las víctimas en sus denuncias no habría sido posible la apertura de las causas en España y todo lo que vino después, que ha sido un efecto dominó.

En el libro menciona varios hitos en la búsqueda por la Jurisdicción Universal, pero definitivamente el gran hito fue la orden de captura de Pinochet en Londres, ¿no? Marcó un antes y un después. Usted dice en el libro “desde entonces antiguos y nuevos dictadores se cuidan mucho de informarse si existen ordenes de captura contra ellos antes de salir de sus países”…

Sí, esa es la importancia de ese hecho histórico: de que no todo vale y que no pueden esconderse en la inmunidad de haber sido un presidente o un canciller. Porque utilizaron esos cargos para torturar, matar o desaparecer.

Realmente el principio de jurisdicción internacional está en los tratados, en la Convención contra la Tortura…

Lo que ocurrió aquí es que, a partir del año 96, por primera vez hicimos coincidir lo que decía la letra de la ley con su aplicación.

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Usted se ocupa del caso de Paraguay, que no es muy mencionado en la propia América Latina, pero que fue clave por ejemplo para ordenar la detención de Pinochet por los archivos que se descubrieron en ese país del famoso Plan Cóndor.

Es uno de los conflictos más olvidados y desconocidos.

Pero a día de hoy existe procedimiento penal abierto en Argentina por los crímenes de la dictadura de Alfredo Stroessner y ha tenido importantes efectos sobre todo de cooperación jurídica internacional.

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Porque esa es otra de las finalidades de la jurisdicción universal: si no puedes juzgar en el país donde abres el procedimiento, puedes producir cooperación para que en el propio país finalmente se juzgue.

Porque muchas veces dicen: pero qué hace este juez metiéndose en lo que ocurre en Paraguay, Argentina o Chile…

Las acusaciones de neocolonialista que le han hecho en algunos casos.

Claro, pero no es así. Ningún juez, de ninguna parte del mundo, quiere llevar procesos si en el país donde ocurrieron los hechos hay respuesta judicial. Lo que no puede consentirse, y es lo que dicen las leyes internacionales, es que haya impunidad.

Yo creo que la jurisdicción universal, en vez de un ataque a la soberanía, es un principio de soberanía compartida.

Cada uno de los países que ratifica una convención internacional donde se reconoce el principio de jurisdicción universal cede una parte de su soberanía para que no haya impunidad. Ese es el sentido.

Vital en este tema ha sido la legislación española, en especial la Ley Orgánica Judicial de 1985. ¿Eran conscientes de sus alcances quienes la introdujeron?

Yo creo que no.

Pienso que hubo una aceptación de las normas internacionales sin mayor debate.

Porque la vez primera que apliqué esta norma busqué incluso los antecedentes legislativos y vi que no hubo gran debate en su momento.

Debió ser así porque ya en 2009 y en 2104 restringieron la ley.

Pero antes de esto hubo dos momentos muy importantes, que fueron en septiembre de 2005 y octubre de 2007, en que el Tribunal Constitucional español dijo que la interpretación que estábamos haciendo era la correcta.

Desafortunadamente, razones políticas, diplomáticas y económicas han conducido a su restricción. Esperemos que con la nueva legislatura española se le ponga fin.

Si en los años 90 era difícil impulsar este tipo de legislación y la jurisdicción universal, ahora lo es mucho más con el clima político mundial actual.

Es verdad. Pero también por eso es mucho más necesario.

En tiempos de crisis debemos intentar avanzar más. Establezcamos que cualquier vuelta atrás va a ser mucho peor.

Si estamos hablando de la protección del medio ambiente, de las barbaridades económico-financieras que estamos sufriendo, no podemos hacernos de menos elementos para defendernos.

Todo lo contrario: cualquier mecanismo que proteja, por ejemplo, los derechos de la naturaleza es cada vez más necesario.

Es verdad que hay grandes intereses económicos en juego y hay líderes políticos que están haciendo exactamente lo contrario de lo que es beneficioso para la Tierra y la naturaleza. Pero bueno, tenemos que ponerlo de manifiesto y luchar para que deje de ser así.

Hay que proponerse metas que parezcan imposibles. Otras también lo parecían en otro momento histórico.

No sé si en octubre de 1998 había mucha gente que pensara que Pinochet podía ser detenido por la justicia británica a pedido de un juez español por crímenes cometidos en Chile.

A usted lo han acusado de neocolonialista, de que se fijaba en los crímenes cometidos en otros países pero no en los del suyo bajo el franquismo -lo hizo y de hecho afectó profundamente su carrera como juez-, y ahora lo pueden señalar de idealista por lo que plantea al final de su libro, que los avances en la jurisdicción universal deben contemplar crímenes de naturaleza económica y contra el medio ambiente.

Determinadas cotas de idealismo no están mal. Hice lo que tenía que hacer. Si algo he buscado en mi vida es la coherencia. Cuando me decían “usted está investigando fuera de España”, yo respondía “también lo estoy haciendo dentro de España y cuando llegue el momento y si me corresponde, lo haré”.

Y así fue con los crímenes franquistas, porque creo que en España se le debe justicia y verdad a las víctimas del franquismo.

Tenemos el gran déficit de 40 años de dictadura, pero también 40 años de silencio posterior. En 2007 se aprobó la ley de Memoria Histórica pero no fue hasta 2008 que se intentó abrir la puerta.

Como juez, como ciudadano y como demócrata me parece una vergüenza que sigamos debatiendo estos temas y no lo hayamos podido superar. España es el segundo país del mundo en desaparecidos. Es un récord ominoso.

Idealismo sì, pero se están consiguiendo cosas.

Finalmente, con los avances y retrocesos en la jurisdicción universal en los últimos 20 años, pero también con el actual contexto político, ¿usted cree que Pinochet sería extraditado hoy en día?

Yo creo que hoy no sería necesaria su extradición. Porque habría habido respuesta por parte de la justicia chilena.

Los esfuerzos del juez Juan Guzmán Tapia en su momento, los de las víctimas, fueron muy importantes.

No sé qué habría sucedido si no se hubiera presentado esa detención del año 98. Pero sí sé lo que sucedió y hoy día quizás no sería necesaria esa extradición porque podría ser juzgado en su país.

• Siga aquí nuestra cobertura del Hay Festival de Querétaro.

Este artículo es parte de la versión digital del Hay Festival Querétaro, un encuentro de escritores y pensadores que se realiza en esa ciudad mexicana entre el 5 y el 8 de septiembre de 2019.

El estudio Bots, netcenters y combate a la impunidad, publicado recientemente por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Cicig, muestra los efectos nocivos en la opinión pública de la creación artificial de comunidades virtuales para difundir mentiras o concertar campañas de difamación contra particulares e instituciones.

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El informe advierte de “un eventual crecimiento sistemático del poder de estas redes operando en las esferas virtuales” para “construir estados de opinión pública que no representan fidedignamente a la población”.

Activistas, defensores de derechos humanos, operadores de justicia, periodistas y medios de comunicación figuran entre los blancos de estos grupos, señala el informe.

En última instancia la difusión de mentiras y la concentración de ataques y descalificación tiene como denominador alterar la opinión pública respecto del combate a la corrupción e impunidad recoge el estudio.

La realidad como blanco

Cambiar la opinión del ciudadano de a pie “con una narrativa construida y que lo repita con influencia en las comunidades a través del acceso a las redes sociales” es uno de lo objetivos de estas acciones, señala Luis Assardo, especialista en redes de Confirmado.gt.

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Assardo destaca que la evolución de estos grupos en redes sociales combina a personas reales con servicios automatizados para lanzar sus mensajes. “Aprovechan lo enraizado que esta el morbo en la cultura para difundir medias verdades y mentiras” señala el periodista.

Para el investigador mexicano Víctor Abrego, del Signa LAB ITESO de Guadalajara, comentarista durante la presentación de este estudio, la influencia de las redes sociales en la vida diaria a pasado por varias etapas que han marcado su uso.

El empleo de las redes sociales durante la primavera árabe en 2011, la serie de manifestaciones en medio oriente contra los gobiernos totalitarios, o las protestas contra la corrupción en Guatemala en 2015, muestran la capacidad de movilización de estas herramientas, apuntó Abrego, sin embargo su uso también se ha prestado para el crecimiento artificial de redes para orientar el discurso político.

El investigador mexicano resaltó que lo que en un principio parecía muy alejado de la realidad, hace tan sólo una década, es ahora un factor en campañas políticas y en la generación de opinión pública. “Lo que vimos en la campaña en México en 2012 fue el uso de los llamados “Peñabots”, alrededor de la campaña de Enrique Peña Nieto” comentó Abrego.

Estudios recientes, señaló el especialista, revelan que el uso de sistemas automatizados de difusión de contenidos, sumados a los perfiles proporcionados por firmas como las de Cambridge Analytica, involucrada en el escándalo de robo de información de usuarios de Facebook, pueden afectar resultados electorales hasta en uno por ciento, algo preocupante en elecciones reñidas.

Informe bots y netcenters 2019

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En primer lugar, denunciarán la persecución contra los dirigentes sindicales en el país, así como la violación de los derechos humanos, “particularmente la represión, satanización, criminalización e incluso la eliminación física de la dirigencia sindical”.

La Confederación también critica el papel de los tres poderes del Estado, que a su criterio favorecen la corrupción y la impunidad, actuando con intereses particulares, especialmente en favor del sector económico del país.

En el manifiesto, los trabajadores denuncian que la Organización Internacional del Trabajo, a través del consejo de administración “desarrollaron acciones afines al gobierno”, para no aprobar la comisión de encuesta, que busca disminuir las violaciones a la libertad sindical en el país, y que ha sido solicitada desde el 2012.

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Respecto del lucha contra la corrupción, la Central se solidariza con la Fiscalía Especial contra la Impunidad, valora los avances en esa materia y critica la “la ambivalencia y el sesgo de la actual fiscal General”, María Consuelo Porras.

“No olvidamos que la lucha contra la impunidad y la corrupción la ha desempeñado el Ministerio Público a través de los fiscales, ex fiscal General en unidad de acción con la Cicig a través de su conductor, Iván Velásquez, a quien en su momento el actual régimen no permitió su reingreso al país”, dice la misiva.

Los dirigentes hicieron un llamado a los guatemaltecos para que en las próximas elecciones analicen muy bien el voto, especialmente para no elegir “a quienes están favoreciendo al pacto de corruptos y pretenden reelegirse” o a los “narcopolíticos”.

“Hay que salir a votar con la frente en alto por alcaldes, diputados, presidente y vicepresidente capaces, íntegros, con ética y moral demostrados en su vida diaria, y que no pretendan engañarnos con sus discursos de campaña”, aconseja el texto.

Para la CGTG, los políticos deben explicar detalladamente su plan de gobierno, y en este deben incluir acciones concretas contra el narcotráfico, la corrupción y la impunidad, en favor de la salud, educación y el respeto a la libertad de expresión. 

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“Dicen: ‘Tenemos que evitar la división entre hermanos’, después de que se llenaron los bolsillos con los recursos del Estado. ‘Tenemos que buscar la reconciliación’, después de que acabaron con la disidencia.  Después de cometer todos los delitos, ‘no ahora somos hermanos, vamos a construir la paz’. Para dar vuelta la página, primero hay que leerla”, señaló.

A criterio de Velásquez, la reforma a la justicia, la participación ciudadana y el rol activo de los medios de comunicación son elementos clave para avanzar contra la impunidad. La discusión se dio en el contexto de una propuesta de reformas de la Ley de Reconciliación Nacional en proceso de aprobación en el Congreso, la cual daría amnistía por crímenes de lesa humanidad.

“Se deposita toda la confianza sobre la acción de la justicia. La justicia ayuda, pero es indispensable que la ciudadanía guatemalteca exija de sus autoridades las reformas del Estado necesarias para avanzar en la construcción de la democracia”, afirmó.

El foro se produjo en el marco sobre la presentación de un documental sobre la primera mujer Fiscal General en Guatemala, Claudia Paz y Paz, quien intervino vía Skype en la discusión y resaltó que “la impunidad del pasado es la corrupción de hoy”. El debate se realizó durante el Festival de Cine y Foro Internacional sobre los Derechos Humanos de Ginebra, o FIFDH.

“Hasta que conozcamos la verdad, las heridas del pasado continuarán atormentando a Guatemala”, indicó la exfiscal general.

Juana Bacá Velazco, integrante de la Red de Mujeres Ixiles, afirmó que en Guatemala se está persiguiendo a los activistas de derechos humanos, “ante intereses políticos del Estado para protegerse y resguardarse”.

“La gente de Guatemala necesita buscar justicia. Queremos saber qué pasó. ¿Hasta qué punto el gobierno de Guatemala seguirá violando los Derechos Humanos?”, cuestionó Bacá.

También estuvo presidente Lenina García, secretaria general de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), quien comentó que 2015 dejó grandes lecciones para poder transformar la mentalidad de la gente y construir nuevas realidades.

“En el ambiente se siente ahora una perspectiva de ya no tolerar la corrupción y la impunidad”, aseveró.

García recordó que “por parte de la comunidad internacional, una de las acciones más importantes es la protección a defensores y defensoras de derechos humanos, el empoderamiento de la sociedad civil y el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones sociales”.

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Como tercer protagonista de la preocupación internacional ahora se suma Guatemala, que con las numerosas decisiones irreflexivas tomadas por el presidente Jimmy Morales también ha puesto al país en la lista de naciones irrespetuosas de los tratados internacionales, así como del estado de Derecho.

El detalle que crea mayor preocupación es que el presidente Morales no parece tener noción de las medidas que está tomando, y cuando se convierte en un instrumento de oscuros intereses puede arrastrar al país hacia un indeseable desenlace, porque sus palabras chocan contra toda lógica y cuando es él uno de los señalados por corrupción, junto a parientes, pone en duda cualquier compromiso en favor del país.

Por eso suenan mucho más preocupantes sus constantes referencias a su deseo de querer elecciones libres, porque los actuales acontecimientos en contra de la legalidad y de un pleno estado de Derecho hacen que sea muy fácil desconfiar de las intenciones de sus palabras, y esto lo refuerza con sus constante mentiras, exageraciones y acciones de abuso de poder, como autorizarse un sobresueldo o utilizar los recursos públicos para ayudar a la causa oficialista en pleno proceso electoral, sin el menor rubor.

No se puede creer que este gobierno tenga interés en defender un proceso electoral transparente porque todo apunta a una intentona por tratar de favorecer a candidatos afines al pacto de corruptos, cuyos integrantes están batallando por debilitar las instituciones y frenar cualquier avance en las investigaciones por corrupción.

De hecho, las huestes oficialistas están más temerosas de que haya elecciones libres, porque de ahí puede surgir una posibilidad real de cambio y en enmienda, así como de corregirse el actual desmantelamiento de las instituciones que el mandatario y su círculo cercano han impulsado.

No es casual que la ofensiva de Morales, de la mano de diputados inescrupulosos, vaya en la dirección de cooptar los pocos espacios que les quedan en el sector justicia, independientemente de las críticas que puedan hacerse a sus más altas autoridades. Eso provoca las prisas y las acciones obcecadas actuales, por temor a que a partir del cambio de autoridades el año entrante se pueda revertir el enorme daño que han causado, al someter de manera vergonzosa a otros órganos de poder.

Por suerte el proceso electoral está en manos ajenas al oficialismo, y aunque sea de manera timorata las actuales autoridades responsables de ese proceso han mostrado una saludable independencia, lo cual puede garantizar un proceso en el que, sin duda, todo lo que ahora huele a oficialismo será erradicado. Guatemala merece cambiar, pero sobre todo debe liberarse de la atadura de la corrupción y de irresponsables funcionarios cuyo principal mérito es gobernar en favor de las mafias para apuntalar la impunidad.

En su libro El amparo para principiantes, el doctor Juan Carlos Medina Salas afirma que el amparo debe entenderse como un proceso constitucional y no como una simple acción. “Los tribunales que conozcan de la demanda de amparo tienen la obligación de admitirlo y tramitarlo el mismo día de su presentación, aceptando prima facie (a primera vista) que no hay ámbito que no sea susceptible de tal protección constitucional”, refiere el también ex magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC). Al definirse como un medio de defensa del orden constitucional, señala Medina Salas, el amparo abarca lo referente a la libertad personal, declaraciones de inconstitucionalidad de leyes, medios para impugnar sentencias judiciales, reclamo administrativo y protección de los derechos sociales.

Según Medina Salas, este proceso es un respiro en un país donde el irrespeto de la autoridad es permanente y existe una cultura de autoritarismo que conduce a la injusticia, el atropello, la ilegalidad, la iniquidad, el abuso y la transgresión de cualquier autoridad contra cualquier persona. Ahora bien, el lado oscuro es cuando el amparo se utiliza para entorpecer la justicia y se convierte en litigio malicioso. El autor del libro refiere que solo en el 2011 ingresaron en la CC cinco mil 142 expedientes, y un año después más de seis mil, la mayoría de los cuales pretendía bloquear el acceso a la justicia. “Se ha confirmado que aprovechándose de la litigiocidad se pone en jaque a las cortes con la presentación excesiva de recursos e incidencias procesales, mientras se ejecutan grandes negocios a espaldas de los ciudadanos”, indica. Por ejemplo, el periódico digital Plaza Pública indica que durante años y mediante el uso de amparos, una red de abogados, médicos, asociaciones de pacientes y especialistas del IGSS han torcido la voluntad de esa institución para forzar la compra de medicamentos onerosos que no están en los listados básicos de más bajo costo.

En noviembre del 2017, Human Rights Watch dio a conocer un informe sobre la forma en que abogados han manipulado el amparo con el fin de proteger a personas poderosas, militares, políticos y empresarios, de la persecución penal e impedir que las víctimas de abusos obtengan justicia. Se sabe de la existencia de bufetes que se especializan en el abuso del amparo con el fin de bloquear casos o para obligar a sus clientes a pagar sus servicios profesionales por períodos más prolongados. Casos como las Dos Erres, La Línea, Bufete de la Impunidad, Plazas Fantasma y de militares corruptos, entre otros, han afrontado el litigio malicioso. A su vez, las autoridades judiciales son también responsables de esas demoras por el burocratismo o connivencia con los abogados para retardar los procesos que deberían resolverse en menos de un mes, pero se prolongan por más de 12 meses o más. Como se ve, un recurso de defensa de actos arbitrarios se utiliza para procurar impunidad.

@hshetemul

Está visto también que no están dispuestos, por lo menos todavía, a romper abiertamente el orden constitucional, aunque ya lo sabotearon con las abiertas desobediencias a una Corte de Constitucionalidad que parece haber caído en un sueño negacionista. Vemos a todos estos actores jugar en un limbo peligroso donde todo el ordenamiento de Estado que conocemos parece ser, pero ya no es. Están modelando su cleptoestado a su plena medida y ya sin careta. Decepcionante, eso sí, fue ver a la comunidad de países de Iberoamérica consentir con su presencia esta terrible situación que se gesta en Centro América y que solo anticipa que más pronto que tarde, el Istmo se volverá a convertir en una terrible zona de inestabilidad para la región. ¡Vaya desatino y falta de tacto político el traer este evento a Guatemala! Lástima que el Volcán de Fuego no hiciera erupción unos días antes.

A la par que el #PactoDeCorruptos consolida a sus cuadros en puestos claves, emplea la discusión del presupuesto para asfixiar a las entidades que han expresado su disenso: la Usac, la PDH y el sistema de justicia se ven parcialmente afectados, mientras premian con recursos de nuestros impuestos a organizaciones no gubernamentales, fundaciones y otras instancias que les hacen la comparsa. Están usando los recursos de nuestros impuestos para cimentar e imponer su poder sobre la mayoría de la población que rechaza este estado de cosas. Por esta razón, me manifiesto abiertamente en contra de que se apruebe este presupuesto, que, además, está nuevamente desfinanciado y cuyo destino de gasto no favorecerá en absoluto a la población. Hay partidos y personajes en el Congreso que podrían denegar su voto al presupuesto 2019 y con eso replantear un poco el escenario electoral: ¿lo harán?

Lo siguiente que viene es un nuevo intento para amordazar a la sociedad y sus expresiones organizadas más beligerantes. Acá no quieren ciudadanos pensantes y con capacidad para hacerles contrapeso. Solo quieren siervos que tributen, al mejor estilo medieval. Por eso, cual filibusteros, quieren robarse la marca de la Filgua y usufructuar el trabajo tesonero que ha llevado la gremial de editores por tanto tiempo para darle forma y contenido a ese evento que acerca la literatura y el pensamiento a las capas medias y medio altas urbanas. Quieren asfixiar a la universidad pública y dejar sin oportunidades de educación superior a la juventud; todo porque la Usac ha sido cumplidora de su mandato de ser una universidad al servicio de la población y no plegada a los corruptos. Quieren callar al Procurador de los Derechos Humanos; ahogar financieramente medios de comunicación y sacan del ruedo a periodistas independientes. ¡Ahora, quieren vetar, amordazar y cancelar a las organizaciones no gubernamentales, con legislación que los faculta a proceder contra cualquier entidad que se oponga a sus designios!

Una abierta confabulación contra las libertades de pensar, de disentir. Un veto tácito al ejercicio de nuestros derechos civiles. A este paso, participar políticamente también llegará a ser un delito. ¿Por qué no reaccionamos si estamos viendo que se abre frente a nosotros la senda de la dictadura, aunque no le pongan tal nombre?

karin.slowing@gmail.com

Hay, dentro de ese enmarañado sistema otras vertientes mucho más complejas: la investigación y la acusación, cuyo avance ha sido arduo, porque también han sido colosales los obstáculos por vencer, pues siendo la impunidad una de las mayores debilidades nacionales, la tarea puede también volverse arriesgada.

Este es el caso del proceso que se sigue contra el exministro de Gobernación Carlos Vielmann y varios de sus subalternos, entre ellos quien hasta hace poco era el viceministro de Gobernación, Kamilo Rivera, prófugo, acusados de la ejecución extrajudicial de siete de 19 reos fugados en el 2005 de la cárcel El Infiernito. Los detalles de las investigaciones han despertado preocupación e indignación en varios sectores del país.

Uno de estos es que supuestamente dentro de las investigaciones se contaría con el testimonio de un reo juzgado y condenado por el secuestro y asesinato de una dama de 71 años, pero también de acuerdo con un audio filtrado a los medios de comunicación podría recibir determinados beneficios si su testimonio refuerza las investigaciones.

El titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, reconoció que en dicho audio se escucha la voz de los fiscales Norman Humberto Sagastume Gutiérrez y Marlon Roberto Vásquez Sánchez, quienes hicieron esa grabación en el 2013 para reforzar investigaciones contra Erwin Sperisen, entonces procesado en Suiza. Sin embargo, la Cicig aclaró ayer que dichos audios no constituyen prueba en el proceso Ejecuciones Extrajudiciales.

Lo primero que debe decirse es que ninguna ilegalidad o actitud repudiable puede ser tolerada cuando está a prueba el sistema de justicia. Las acusaciones contra los exfuncionarios son muy serias y el fortalecimiento del sistema fracasará en su objetivo si para ello se incurre en repudiables transacciones con peligrosos convictos.

El reo que podría ser sujeto de algún beneficio en su purga carcelaria es Marco Tulio López López, integrante de la despiadada banda los Pasaco, quien participó en el repudiable secuestro de la señora Isabel Bonifasi de Botrán, de 71 años, salvajemente torturada y asesinada por los secuestradores cuando la familia ya había cumplido con las inhumanas exigencias de los extorsionadores.

Este hecho abre una profunda grieta en la credibilidad de una entidad llamada a dar muestras de un impoluto proceder. Difícilmente se podrá fortalecer el sistema de justicia si en los esfuerzos por combatir la impunidad se incurre en procedimientos ilegales e inmorales, porque siembran la duda sobre el proceder de los investigadores, y eso es lo que menos necesita el país en las actuales circunstancias, pues también se puede causar daño irreparable a quienes puedan ser víctimas de un testimonio amañado o la vulnerabilidad de quienes han denunciado a estas bandas.

Según la Fundación 20-20, la prisión preventiva es una medida de coerción que implica una limitación grave al derecho de libertad de las personas. Es por esto que la misma no debería ser utilizada en exceso y mucho menos debería ser decretada de forma arbitraria sin que se cumpla con los principios que deben regir su aplicación, previniendo que la misma no implique una violación a los Derechos Humanos. En América Latina el uso de la prisión preventiva es tan extenso que se calcula que el 40% de la población carcelaria se encuentra en detención preventiva, en Guatemala la situación se agrava más. Esto se debe a: a) Retardo en el trámite de los procesos penales y la mora judicial, b) Ausencia de asesoría legal y la falta de capacidad operativa, c) Falta de independencia y recursos de la defensa pública, d) Falta de mecanismos y tecnologías que permitan la aplicación de estas medidas, g) Tendencia y cultura de los fiscales y los jueces, h) La corrupción, i) Deficiencias procesales: dificultad de revocar los autos de prisión. La CIDH indican que cuando se cumple 2/3 o más de la pena en prisión preventiva se considera irrazonable, en el país se superan esas cifras, inclusive ha habido casos de muerte de sospechosos encarcelados, antes de ser juzgados. Además, es categórica al decir que el uso injustificado y excesivo de la prisión preventiva constituye uno de los signos más evidentes del fracaso del sistema de administración de justicia, y constituye un problema estructural inaceptable en una sociedad democrática. La prisión preventiva solamente puede justificarse para asegurar que el acusado: a) no impida la investigación, b) eluda la acción de la justicia.

Las cárceles en Guatemala están hacinadas, el costo para el Estado es alto e ineficiente, hay muchos reclusos sin sentencias, los familiares pasan penas para costear la estadía en la cárcel, los vejámenes a que son sometidos los privados de libertad provocan problemas de salud, depresión, económicos, familiares, etc. por lo que es importante revisar la aplicación de medidas alternativas y sustitutivas. La prisión preventiva debe aplicarse en forma legítima, sin que la misma cause un agravio innecesario a la persona que está siendo sindicada de haber cometido algún delito y que se encuentra sujeta a proceso penal. El principio de presunción de inocencia debe prevalecer.

samreygo@yahoo.com

En la medida en que los casos progresaron y en que los involucrados dejaron de ser solamente los —odiados— políticos o funcionarios y empezaron a aparecer distinguidos y acomodados miembros de la élite económica del país, se fue consolidando una alianza con suficiente poder e influencia en los ámbitos político, económico, internacional, mediático y jurídico.

Al día de hoy vemos aglutinados en un mismo bando al gobierno de Jimmy Morales, a políticos, diputados, abogados y jueces corruptos; a la cúpula del sector privado organizado, a militares y exmilitares vinculados con los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (Ciacs) y a las redes de inteligencia; a los grupos económicos “emergentes” que se disputan la plaza con los tradicionales; a los presos de Mariscal Zavala; a los prófugos y a los asustados, e incluso, a uno que otro narcotraficante.

Entendieron que es tiempo de unir fuerzas frente al “enemigo” común y dejar para más tarde las disputas internas. Tomando debida nota de lo sucedido durante el período 2015-2016, en donde la ciudadanía tuvo una participación activa, el primer objetivo fue romper el consenso social que existía en torno a la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Para lograrlo recurrieron a las viejas estrategias de desinformación y empezaron a generar desconfianza, echando mano de una táctica que no falla en una sociedad profundamente conservadora, temerosa de las diferencias, clasista y racista como la nuestra.

Construyeron una narrativa basada en un discurso simplón pero muy peligroso: la lucha contra la impunidad es ideológica y está sesgada. Tiene una agenda oculta que quiere dividirnos como país, romper la familia, los valores tradicionales y las buenas costumbres. Atenta contra nuestra soberanía y ha provocado crisis económica.

De la mano del monopolio de la televisión abierta —pieza clave en la distorsión de la democracia—, de algunos medios ultraconservadores, de otros cuyos dueños están vinculados —o prófugos— con casos de corrupción; y de las redes sociales, en donde sobresalen algunos personajes reales y un ejército de netcenteros, instalaron las dudas y a partir de estas, la inmovilización. La fórmula: desinforma, divide y vencerás.

También la emprendieron contra los medios independientes a partir de una estrategia de acoso y asfixia económica, que ya empezó a darles resultado. Hasta aprobaron una ley con dedicatoria al vespertino La Hora que tiene en la publicación de edictos una fuente de sus ingresos.

La purga comenzó en contra de quienes consideran son los culpables de sus desgracias. Por eso le recortaron el presupuesto a la Usac; quieren aprobar una ley contra organizaciones sociales y otra para castigar a quienes critiquen a políticos y funcionarios; intentan disolver la Corte de Constitucionalidad y reformar el Código Penal para decretarse una autoamnistía, como hicieron con el delito de financiamiento electoral ilícito, que ya tuvo a los primeros beneficiados. Pero ojo, porque en la arrogancia de quien se cree vencedor radica su principal debilidad.

La pregunta es si nosotros, los que no estamos en el pacto proimpunidad, aprendimos las lecciones del 2015 y somos capaces de unirnos frente al adversario común o seguimos enfrascados en nuestras diferencias, en las disputas internas y en las posiciones sectarias que nos llevarán indefectiblemente al nocaut.

@MarielosMonzon

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El consultor de la cooperación alemana, Aldo Magoga, expuso que en el tema de sentencias en los tribunales quetzaltecos, “el sistema mejoró”. En los últimos años hubo entre 200 a 500 personas condenas. El año con menos sentencias fue el 2008 con 168.

La impunidad en los municipios de Quetzaltenango también fue evaluada, el dato más bajo lo tiene San Juan Ostuncalco con 92.8 y el más alto Huitán con 96 por ciento.

Comisionado @Ivan_Velasquez_ habla en los diálogos ciudadanos sobre la importancia de reflexionar sobre la Justicia y la #CulturadeLegalidad en #Xela. #SIJ pic.twitter.com/yPfmS5SEne

— CICIG Guatemala (@CICIGgt) November 14, 2018

Con relación al número de víctimas por la delincuencia e inseguridad que buscaron justicia en los tribunales, el SIJ mostró que, en el 2008, 9 mil 530 mujeres y 14 mil 542 hombres fueron víctimas de algún tipo de delito. En el 2018 las cifras son, 12 mil 531 mujeres y 13 mil 472 hombres. Los casos de violencia contra la mujer y femicidio incrementaron los datos en el caso de féminas, refirió Magoga.

Un tema de su interés: Las frases de Iván Velásquez en su informe

La presentación del estudio se efectuó en el campus regional de la Universidad Rafael Landívar en Quetzaltenango donde el comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, a través de una videoconferencia desde Nueva York habló con universitarios, representantes de los pueblos indígenas del occidente, académicos y actores políticos.

Velásquez mencionó que para la cantidad de casos que se denuncian en Quetzaltenango, el Ministerio Público debería de contar con 499 investigadores, sin embargo, hay 98 aginados a esa Fiscalía.

El comisionado instó a los empresarios, jueces, fiscales, magistrados, estudiantes y población a reflexionar y construir “un sistema de justicia fuerte y que reivindique lo que se ha demostrado que nadie es superior a la ley”.

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“A través de la cultura de legalidad que ha tenido avances importantes en el país, se mostró a los guatemaltecos que no había nadie por encima de la ley y que la visión de la justicia podría dirigirse contra todas las personas independientemente de su poder político, económico o de la capacidad de su organización delictiva”, expuso Velásquez.

En la conclusión de su mensaje dijo: “Todos tenemos que ser respetuoso de ley y quien no cumpla las normas de convivencia está sometido a las consecuencias –tribunales de justicia–”.

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Se sabe que la iniciativa está siendo cocinada por un grupo de diputados tránsfugas que tienen el respaldo de al menos 50 legisladores y buscarían que la consulta popular coincida con las próximas elecciones generales. ¿Cuál es la queja? Que los fallos de la CC son políticos y no enmarcados en la Constitución. En realidad, la situación es al revés. Los diputados quieren deshacerse de la CC porque sus resoluciones han sido contrarias a sus intereses políticos espurios. El fondo de la molestia de ese grupo de diputados fue el fallo de la CC, emitido en septiembre, en el que ordenaba al gobierno permitir el ingreso al país de Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Esa resolución desencadenó los demonios del Pacto de corruptos que han despotricado y desobedecido el fallo del máximo tribunal.

El primero que incumplió la orden de la CC fue el presidente Jimmy Morales. Es más, enderezó una batería de seis recursos legales ante la CC contra el amparo provisional que permitía el ingreso de Velásquez. Todos fueron rechazados. El mandatario ha lanzado ataques contra la CC, dentro y fuera del país, con lo que ha creado una ruptura del orden constitucional. Nunca antes un funcionario de alto nivel había llegado tan lejos para oponerse a un fallo del máximo tribunal. El sector empresarial apoya esa actitud inconstitucional del presidente, además de haber financiado cabildeos en Estados Unidos contra Velásquez y la Cicig porque estos descubrieron las componendas del Cacif con el Pacto de corruptos. Ahora sale la jauría parlamentaria para atacar a la CC, con la idea de destruirla totalmente, no por interés del Estado, sino por razones casuísticas para lograr más impunidad. Ya no se puede hablar de que en el Congreso hay oposición política, ya que en aras de encubrir sus negocios oscuros los diputados se alían al sector empresarial y al Ejecutivo en una cruzada de corruptos.

El cerco de la impunidad también se extiende en términos presupuestarios. La comisión legislativa de Finanzas Públicas le recortó al Ministerio Público Q588 millones para el presupuesto del 2019, lo cual, de hacerse efectivo, impactará en la labor de ese ente de investigación penal. Quizá por ello la fiscal general, Consuelo Porras, no ha sido tan contundente al ver que tanto el presidente Morales como el vicepresidente Cabrera insisten en que no dejarán entrar al comisionado de la Cicig. La jefa del MP solo ha atinado a pedir que “por favor” lo dejen ingresar al país, algo que no corresponde a su alta investidura y que debería accionar como corresponde. Lo mismo se puede observar con el recorte de Q344 millones al presupuesto de la Universidad de San Carlos como una represalia por las manifestaciones que ha encabezado contra la corrupción. Como se ve, el Pacto de la impunidad quiere gobernar sin instituciones de control para poder seguir saqueando los recursos del Estado sin oposición alguna.

@hshetemul

Al respecto, la actual fiscal general, Consuelo Porras, afirmó ayer que el proceder gubernamental es ilegal porque las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad ya dejaron claro que el Gobierno no puede prohibir el ingreso del comisionado Iván Velásquez, pero de lo que no parece darse cuenta la titular del Ministerio Público es que su actitud sigue siendo poco convincente, sin reparar en la enorme responsabilidad que tiene respecto de hacer que se cumpla la ley.

La batalla contra la criminalidad y, en la última década, contra estructuras incrustadas en el Estado, causa de la corrupción, ha evidenciado que para terminar dirigir esa lucha se necesita carácter y voluntad, para asumir el reto de liberar a Guatemala de esas ataduras, y eso no se logrará con actitudes contemplativas, cuando enfrenta un descomunal derroche de recursos para entorpecer todo esfuerzo por combatir la corrupción.

La Cicig surgió como una esperanza para combatir ese flagelo y su trayectoria de poco más de una década ha demostrado que esa tarea es posible, pero que también se deben mejorar procedimientos para acompañar a las instituciones guatemaltecas en esos esfuerzos, para evitar desaciertos que hagan vulnerable esa labor.

La misma trayectoria de la oficina antimafias de las Naciones Unidas deja evidencias sobre la necesidad de su perfeccionamiento, lo cual se puede evaluar simplemente con el recorrido de sus tres comisionados, que demostraron que era necesaria una evolución y un mejor rendimiento en sus responsabilidades, lo cual también se logró, hasta que se tocaron poderosas estructura de poder.

El mayor obstáculo surgió precisamente de las más altas esferas del Gobierno, con el presidente Jimmy Morales a la cabeza, quien ha contado con la decidida colaboración de la ministra de Relaciones Exteriores y del ministro de Gobernación, para obstaculizar el funcionamiento de la Cicig, lo cual no han logrado y en cambio solo han puesto en evidencia que este gobierno no tiene el menor interés en combatir la corrupción ni la criminalidad.

El desacato a resoluciones de la CC y el desmantelamiento de entidades cruciales en el combate de la criminalidad, como la Policía Nacional Civil, son la mejor evidencia de la búsqueda por debilitar al sistema de justicia, esfuerzos en los que también participa la peor legislatura de nuestra historia, promulgando leyes en beneficio de la delincuencia o amenazando derechos humanos consagrados en la Constitución.

En este contexto, el mayor reto para reducirle espacios a la criminalidad recae en el MP, el cual incluso podría ser decisivo para la permanencia de un ente como la Cicig, pero en las actuales circunstancias se percibe más bien un fortalecimiento de las mafias y un debilitamiento de la institución responsable de su combatir la criminalidad que mayor daño le hace al país.

Desde el 2013, la Asamblea General de Naciones Unidas estableció el 2 de noviembre como el día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, como un tributo a la memoria de dos comunicadores franceses asesinados en Mali ese año.

La impunidad es una lacra judicial que agobia a muchos países, pero lo es más en crímenes contra quienes laboran en medios de comunicación y, sobre todo, a los que cumplen esa función en comunidades alejadas de las grandes urbes, donde ya no solo el poder político, sino la criminalidad organizada acrecienta los riesgos para el libre ejercicio de la prensa.

La Unesco registra que más de mil periodistas fueron asesinados entre el 2006 y el 2017 en todo el mundo, y la mayoría de ellos, un 55 por ciento, murieron el año anterior en países libres de conflictos armados. Lo más alarmante son los altos índices de impunidad por esos crímenes, porque apenas uno de cada 10 casos es perseguido por la justicia. La mayoría de los ataques fue contra quienes cubrían casos de corrupción, delincuencia y política.

Cuando se enfatiza en la violencia contra periodistas en tiempos de paz, es porque lo que se suponía era una práctica de regímenes autoritarios se ha generalizado hasta en las más reconocidas democracias, y aunque en algunos casos los resultados no son trágicos, el acoso es fenomenal, como ocurre en Estados Unidos.

Latinoamérica es una de las regiones más vulnerables, no solo por la intolerancia de las élites políticas dominantes, sino también por un desborde de criminalidad que actúa con mayor impunidad, como ocurre en amplias regiones de México.

Las campañas de Naciones Unidas y de Unesco han logrado sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia del libre ejercicio de la profesión periodística, pero en democracias más rezagadas, como la guatemalteca, las amenazas van en aumento, como lo evidencian las muestras de intolerancia y los comentarios hostiles y descalificadores de los últimos presidentes, algunos de los cuales no parecen tener siquiera la más mínima noción del papel de la prensa en democracia.

La corrupción es una de esas repudiables prácticas que acrecientan los riesgos a los periodistas, cuyas críticas se han buscado desvirtuar por todos los medios. Algunas funcionarias incluso han llegado al extremo de utilizar la ley de femicidio para acallar a la prensa, en algunos casos con el servil auxilio de dignatarios judiciales.

Ahora, un grupo de impresentables pretende impulsar una nueva ley mordaza, en un intento por acallar cualquier crítica, lo cual es absurdo y justifica la preocupación de Naciones Unidas por declarar este día como una fecha propicia para reiterar la necesidad de desterrar la impunidad en los crímenes contra la prensa.

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MP pide a Jimmy Morales renovar visas a investigadores de Cicig<br />

La magistrada presidenta de la Sala, Dasma Guillen, bajo el argumento que el CCJ le prohíbe hablar con la prensa, se abstuvo de información sobre cómo resolvieron las recusaciones.

Los magistrados de la Sala Quinta, Dasma Guillén, magistrada presidente; Max Mazariegos, vocal 1, y Vilma Reyes, vocal 2, en el caso Corrupción en Xela, deben resolver un amparo y una exhibición personal a favor del exalcalde, sus dos hijas, Ana Gabriela y Carmen María Barrientos Salguero y  su actual esposa Rossana Schoenfeld Gramajo de Barrientos.

Abogados de la familia Barrientos Salguero y Barrientos Schoenfeld expusieron que la detención de sus defendidos fue ilegal y que desconocen en qué condiciones están dentro las los preventivos para hombres y mujeres de Quetzaltenango.

Por este caso están detenidos por ahora además del exalcalde, 18 personas más, entre ellas figuran sus dos hijas, esposa, la exdirectora de comunicación, cuatro exintegrantes del Concejo y constructores.

El caso

El exalcalde de Xela Jorge Barrientos Pellecer y otras 18 personas, incluida su esposa, hijas y yerno, fueron detenidas en septiembre por actos de corrupción que incluyen la adjudicación de al menos 122 contratos a constructoras, por Q73 millones y comisiones ilícitas de unos Q25 millones.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) informó que en la investigación conjunta con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), se evidenció la existencia de una estructura criminal organizada en la Municipalidad de Quetzaltenango, integrada por funcionarios municipales, empresarios y particulares que planificaron el otorgamiento de manera fraudulenta de contratos municipales a cambio de “grandes sumas de dinero”, las cuales llegaban al 40 por ciento del valor del contrato.

Mito Barrientos

Jorge Rolando Barrientos Pellecer, es doctor en Derecho, abogado litigante.

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Dirigió la cabecera departamental durante los periodos, 2004-2008, 2008-2012 y 2012-2016. 

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El caso es uno de los más bochornosos, el conocido como Lago de Amatitlán, en el cual la exvicepresidenta Baldetti promocionó una solución mágica para acabar con la contaminación en pocas semanas. Obviamente resultó ser un fiasco, pues los análisis determinaron que era una mezcla de diversos componentes, que incluso pudieron ser nocivos si tal pócima se hubiera aplicado.

Son muchos los casos por los que están encausados numerosos exfuncionarios del gobierno de los patriotistas, aglutinados en un remedo de organización política que quedó muy lejos de cualquier principio ideológico y de aplicación metódica o de fundamentos económicos para la conducción del Estado.

La sentencia contra varios implicados en este fraude constituye un mensaje esperanzador en el combate de la corrupción y abre la puerta a otras condenas contra quienes llegaron al gobierno con el objetivo de participar en el pillaje más grotesco y muchas veces criminal por el empleo irresponsable de dineros del Estado, aunque ello significara la muerte de muchos guatemaltecos.

Ahora queda más claro que con el gobierno del Partido Patriota la corrupción llegó a insospechados niveles de descaro, lo que permitió conocer el profundo alcance de lo que significa la cooptación del Estado y que además explica por qué tantos funcionarios de ese régimen están involucrados en más de una investigación por corrupción.

Por los recursos a su alcance, Baldetti seguramente recurrirá al fallo y transcurrirá un tiempo más para que se convierta en el primer castigo firme contra la corrupción. Los cargos describen el generalizado abuso de poder: asociación ilícita, tráfico de influencias y fraude por casi 138 millones de quetzales, cuyos recursos pagados a la empresa israelí M. Tarcic Engineering Limited terminaron en cuentas de exfuncionarios y de particulares, según investigaciones del MP y de la Cicig.

Desde cuando Baldetti recorrió el Lago de Amatitlán en marzo del 2015, solo ella y sus adláteres creyeron la farsa que habían montado para estafar a los guatemaltecos, pues de inmediato surgieron numerosas voces para refutar tal posibilidad e incluso un grupo de científicos se pronunció de manera enfática en rechazo de que se continuara adelante con un acto a todas luces fraudulento.

Ese espectáculo consolidó la percepción popular sobre el descaro y los beneficios perversos de Baldetti y un grupo de cómplices, entre ellos su hermano Mario. A la exvicemandataria le espera un largo tiempo bajo la sombra, pues enfrenta también cargos por defraudación fiscal en el caso La Línea; lavado de dinero en Cooptación del Estado y al final de estos procesos la espera una solicitud de extradición pedida por Estados Unidos para procesarla por asociación delictuosa y tráfico de drogas.

En Nueva York, el mandatario se dedicó a hablar casi media hora de sus problemas personales y de su particular criterio en la lucha contra la corrupción, incurriendo en una serie de inexactitudes y exageraciones, al salirse del guion original y quizá por esta causa se mostró más nervioso de lo habitual.

En Guatemala, en ese breve lapso, el vicepresidente hizo lo propio, al arremeter contra quienes no comparten la visión del Gobierno, en su confrontación con la oficina antimafias de la ONU y también, como lo ha hecho el mandatario, atacó a la prensa independiente, al señalar que la economía de Guatemala ha mejorado, pero “los medios no quieren decir la verdad”.

Esto es falso, como mucho de lo que dijo Morales en la ONU, pues los datos sobre el comportamiento de la economía nacional provienen de fuentes oficiales. En otros casos, de mediciones sobre el clima de negocios que elabora el sector privado, en las cuales se percibe una economía alicaída, y los más contundentes surgen de calificadores internacionales de riesgo, que ven en el discurso gubernamental serias amenazas en el panorama económico.

Una verdad que reconoció el vicepresidente es la dificultad de combatir la corrupción, y quizá pudo haber agregado el papel que las mafias juegan en ese perverso tráfico de influencias y de favores, causa por la cual precisamente fue necesaria la creación de una oficina como la Cicig, que pudiera trabajar de manera independiente, ante la cooptación del Estado desde hace años.

El mayor problema de los gobernantes guatemaltecos es que han perdido la dimensión de la problemática nacional, lo cual se agrava por el bombardeo constante de sus asesores, que les llenan la pantalla de enemigos, para empujarlos a tomar decisiones impopulares. Todo esto ha fortalecido la percepción de estar frente a uno de los peores regímenes de nuestra historia y ante el cual se acrecientan los riesgos para el país.

En buena medida la acentuada conflictividad de las últimas semanas la han exacerbado ellos con sus imprudencias y temores ante al avance de la justicia, y al asumir actitudes que además evidencian el claro conflicto de intereses en muchas de sus decisiones, como la designación de gente no idónea para cargos de mucha relevancia o convertir la problemática personal en el eje de una cruzada para desbaratar los avances contra la corrupción y la impunidad.

En el fondo, lo que no se debe perder de vista es la enorme amenaza que conlleva este discurso de confrontación, trivialización de los hechos y falseo de la información, porque cualquier paso en esa dirección solo puede representar una mayor amenaza para otras libertades, como suele ocurrir en cualquier totalitarismo, en el que solo se escucha la versión oficial, como ocurre en Nicaragua y Venezuela, donde está acorralada la libertad de expresión.

Y vaya que nuestros monstruos son poderosos. A los actores y sectores sacudidos por las investigaciones y procesos judiciales en casos de corrupción se unieron también aquellos vinculados al narcotráfico, la evasión fiscal, el tráfico de influencias y la justicia transicional. Eso y la decisión de Jimmy Morales de integrar al gobierno y a la institucionalidad del Estado al bando pro-impunidad (a partir de los casos contra su hijo y su hermano y de las solicitudes de antejuicio en su contra) terminó de configurar la alianza y profundizar la crisis.

Por eso lo variopinto del ataque y sus alcances. Por eso su capacidad de movilizar recursos y jugar en varias canchas al mismo tiempo: la jurídica, la política, la mediática y la diplomática. De ahí la magnitud del caos que originan.

Por eso es preciso entender que lo que nos estamos jugando hoy en Guatemala no es, solamente, si el comisionado Iván Velásquez ingresa o no al país. Lo que nos jugamos las y los guatemaltecos en este preciso instante es la continuidad de un incipiente proceso de transformación que sacudió las viejas estructuras del sistema corrupto, excluyente, desigual y violento o una regresión autoritaria que supondría la profundización de este sistema. Esa es la encrucijada en la que nos encontramos: democracia y justicia o autoritarismo e impunidad.

Los signos son inequívocos. La conferencia de prensa de Jimmy Morales rodeado de militares para anunciar la no renovación del mandato de la Cicig. El despliegue de fuerzas militares y policiales en ciudad de Guatemala —incluyendo los vehículos donados por los gringos para las zonas fronterizas—. La efusiva demostración (aplauso incluido) de los empresarios a Jimmy Morales en una actividad de Agexport a la que fue invitado días después de la decisión de no renovación. El registro indiscriminado a las familias que participaban en las fiestas de independencia (mochilas y carruajes incluidos). La presencia de kaibiles alrededor del Congreso y del Palacio Nacional los días de las movilizaciones. La persecución y asesinato de líderes campesinos y comunitarios, el último registrado el viernes 21/9 contra Juana Ramírez de la Red de Mujeres Ixiles en Nebaj, Quiché.

Sigamos sumando: la prepotencia del ministro de Gobernación, el Procurador General de la Nación y la canciller cuando anunciaron públicamente su “interpretación” de la resolución de la CC respecto del ingreso al país del comisionado Velásquez y el último comunicado del gobierno —hecho público tras la notificación recibida— en el que se lee “que hará uso de las facultades y recursos que la ley le otorga para defender la Constitución”, que no es más que un juego de palabras para anunciar el desacato.

La pregunta obligada no es hasta dónde piensan llegar sino hasta dónde estamos dispuestos a dejarlos. Por eso tiene un enorme significado la marcha del #20S convocada por las y los estudiantes sancarlistas, acuerpada por el Consejo Superior Universitario, por las asociaciones estudiantiles de la URL y la UGV y por miles de compatriotas y decenas de organizaciones que salieron en defensa de la democracia y contra el pacto de corruptos.

@MarielosMonzon

Aunque el representante guatemalteco ante las Naciones Unidas, Jorge Skinner Klée, reconoce que Estados Unidos tiene una gran influencia sobre las decisiones que se toman en Guatemala, aclara que ese país no tiene nada que ver con ese acuerdo, con lo que se refuerza el mensaje sobre la soberanía nacional, que una vez más estará a prueba en los próximos meses.

La postura del diplomático guatemalteco coincide con lo expresado por otros funcionarios en esa dirección, pero también resulta coincidente con otras acciones cada vez más preocupantes por parte del Gobierno, y es extender el espectro de potenciales o supuestos opositores, al cual aludían los obispos guatemaltecos en su más reciente comunicado, de observar con atención esas acciones, condenar el uso de la fuerza y, sobre todo, evitar caer en las provocaciones ocultas.

Queda claro que la lucha contra la corrupción ha tocado fibras sensibles en distintos sectores de poder y eso explicaría no solo cierta resistencia a los cambios, sino el despliegue de recursos para apuntalar un sistema demasiado erosionado, cuya penuria se acrecienta con una parálisis gubernamental en muchas dependencias.

A eso se reduce el forcejeo que los principales asesores del mandatario mantienen con casi todos los sectores, en su afán por maniatar el avance de la justicia, entorpecer cualquier investigación y fortalecer un pacto en favor de la corrupción y la impunidad, lo cual ha provocado un generalizado sentimiento de indignación en la ciudadanía.

El virtual enclaustramiento gubernamental tras escudos policiales y militares se explica entonces ante la imposibilidad o la falta de voluntad para tender canales de comunicación con diferentes sectores y por lo cual resulta preocupante la postura asumida por quienes deben proteger al mandatario y han llevado demasiado lejos el cerco de seguridad o la ofensiva con un discurso confrontativo, lo que ha deteriorado la imagen del país en el exterior.

La intencionalidad que perciben los obispos en el derroche de fuerza debe ser atendida con serenidad, porque de ser una estrategia oficialista podría ser muy lamentable para todos, porque es sabido cómo se inicia una crisis, pero resulta difícil predecir, aun para sus promotores, cómo podrían terminar mayores muestras de descontento, como también se demostró esta semana con múltiples manifestaciones de rechazo.

Más temprano que tarde se ratificará también que buena parte de la problemática nacional está muy alejada del funcionamiento de la Cicig o del comisionado Iván Velásquez, y que son flagelos e intereses con raíces más profundas los desencadenantes de un generalizado malestar, el cual se ha exacerbado ante la sospechosa actitud en favor de la impunidad del sector gubernamental, cuyo mayor yerro es no plantear acciones alternativas convincentes para fortalecer la institucionalidad.

La reforma a todas luces inconstitucional eliminaría los pesos y contrapesos del sistema político para que solo uno, el Legislativo, pueda erigirse por encima de los demás. Así, la Corte Suprema de Justicia ya no sería el filtro de los antejuicios contra el presidente, vicepresidente, presidente del Organismo Judicial y magistrados de la CSJ, magistrados de la Corte de Constitucionalidad, procurador de los Derechos Humanos, fiscal general, procurador General de la Nación, magistrados del Tribunal Supremo Electoral y ministros de Estado. El Congreso se convertiría en una especie de Santa Inquisición para utilizar el antejuicio como arma política contra sus adversarios, lo cual es abiertamente inconstitucional. Las bancadas que impulsan esta aberración son las del oficialista Frente de Convergencia Nacional, Movimiento Reformador, Alianza Ciudadana, Partido de Avanzada Nacional, Todos, algunos diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza y varios independientes.

Esta reforma le tendería un salvavidas al presidente Jimmy Morales, que vería de esta manera salir de la solicitud de antejuicio en su contra que está en trámite, al igual que dejaría impunes a diputados como Felipe Alejos, señalado en el caso Traficantes de influencias. Si se llegara a aprobar esa enmienda, sería un duro golpe a la institucionalidad del país y efectivamente estaríamos ante el ascenso de un poder omnímodo corrupto e impune que nos devolvería al pasado. Lástima grande que Estados Unidos haya cerrado los ojos ante esta confabulación que va en dirección contraria a su tan publicitado apoyo para erradicar la corrupción y la impunidad. Desde luego, eso es producto del cabildeo y la campaña de desprestigio contra la Cicig que han impulsado en Washington con fondos de oscura procedencia. Tarde se dará cuenta la Casa Blanca de que le ha dado alas a las mafias enquistadas en el Estado guatemalteco.

Afortunadamente el Pacto de Corruptos no engaña a la ciudadanía. Esta semana hemos visto cómo en Quetzaltenango, San Marcos, Sololá y Totonicapán han expresado su rechazo a la prohibición de ingreso al país de Iván Velásquez y exigen que se levante la inmunidad del presidente, para que pueda ser investigado. A esas muestras de rechazo se agregan las movilizaciones de la AEU en la capital, entre cuyas demandas está la renuncia del presidente Morales. Asimismo, la firma Cid-Gallup dio a conocer una encuesta efectuada del 3 al 7 de septiembre, a nivel nacional, en la que 7 de cada 10 guatemaltecos rechazan la decisión presidencial de no renovar el convenio con la Cicig y el respaldo popular que tiene Iván Velásquez sube al 53 por ciento. En otras palabras, existe un repudio a escala nacional contra la imposición de la dictadura de las mafias y evidencia que si continúan con sus acciones pueden generar una crisis de incalculables consecuencias.

@hshetemul

La prisa por resolver puede sustentarse en varios pilares: detención del general Padilla, casos pendientes sobre cuentas bancarias en que se depositaron donaciones al FCN y el anuncio de la llegada de Baldizón, cacareada generosamente en campos pagados ¿Fue para pedirle perdón al pueblo? ¡Venga ya! ¿Se arrepintió mientras estuvo encerrado en Miami? ¡Anda ya! Entonces, ¿para qué lo hizo? Sencillamente para recordarle a otros mafiosos —que entendieron el mensaje— que quería llegar a un lugar lo más “limpio, pulcro y soleado”, judicialmente hablando, y que despejaran el terreno. Los estrategas “internacionales y de la CIA —o de la SIE—” activaron planes que fueron penosamente ejecutados por cabezas pensantes del “viernes del moralazo”, algunos con rango ministerial. Como era de esperar, el resultado de esos mamarrachos “brillantes” —algunos discípulos de Arzú— fue tosco porque son aprendices de albañil que se creen arquitectos por estar en la misma obra.

Coincidente con esos planes y la información que controla Baldizón sobre colegas suyos, hay todo un esfuerzo importante con vistas al próximo proceso electoral. En torno a la declaración de no grato del 2017, se concentró un grupo de personas que querían expulsar a la Cicig. Más tarde, cuando el exalcalde Arzú la confronta, se cesa al jefe de la SAT y se nombra nuevo ministro de gobernación —entre otros hechos— el grupo fue creciendo en torno a ideas diferentes, pero agrupadas bajo un concepto general: el ardor nacionalista. Quienes idearon tal cosa vieron que podrían incluir en ese mismo paquete a ciertos conservadores, de ahí la manifestación provida —realmente antiaborto porque la mayoría de aquellos apoyan la pena de muerte— y a favor de la familia. Lo que pretenden es promover un par de partidos y/o candidatos radicales en las elecciones 2019 cuyo mensaje fuerza se sustente en el nacionalismo conservador: el guatemaltequismo. Ser presentará como patriotas y defensores contra la injerencia extranjera, guardianes de valores familiares tradicionales y abonarán la idea —plasmada por radicales evangélicos en un proyecto de ley— de que las personas no heterosexuales son anormales y “representan una amenaza al equilibrio moral de nuestra sociedad y por ende un peligro para la paz y la convivencia armónica…”. El fascismo, el autoritarismo y la toma radical del poder estarán presentes en el escenario electoral y aspiraremos a ser la Francia de Le Pen, la Italia de Mussolini o más modernamente la Venezuela de Maduro o la Nicaragua de Ortega.

Conocidos ilustres e ilustrados critican cómo se compran votos en el interior —indígena y campesino— con camisetas o gorras, sin darse cuenta que a ellos los compra un tuit, un post en Facebook o la frase de un tirano que le activa el corazón —o el hígado— mientras le adormece la razón. Y es que no hay que irse muy lejos para comprobar que seguimos pensando poco, leyendo menos y siendo serviles a las ideas de otros porque nos cuesta generar crítica y racionalmente las propias.

¡Bienvenidos a finales del XIX y listos, en este realismo mágico chapín, para la nueva Independencia!

En el ámbito político tejieron una alianza multipartidaria para hacerse del control de la junta directiva del Congreso y de la agenda legislativa. Esta perversa asociación bautizada como el “pacto de corruptos” está a punto de reformar la ley de antejuicio que les permitirá retirar la inmunidad de quienes se han constituido en el mayor obstáculo para lograr su fines: los magistrados del tribunal constitucional y el procurador de los Derechos Humanos. Por supuesto que la purga no parará ahí, y los diputados/as tendrán en sus manos la posibilidad de premiar o castigar a sus aliados y adversarios.

En el ámbito jurídico han tenido graves obstáculos para concretar sus desmanes, a pesar de su recurrente estrategia del litigio malicioso. Por un lado, no han logrado separar a jueces y juezas independientes de los procesos judiciales de alto impacto. Por otro, no han conseguido —todavía— desbaratar el frágil equilibrio del pleno de la Corte de Constitucionalidad, que ha mantenido a flote la democracia y el estado de Derecho. Pero a juzgar por la información que circula, parece que están cerca de conseguir su objetivo y que el 3 a 2 se dé vuelta a favor de los señores de lo oscuro.

En el plano de la política internacional dirigieron sus baterías a tratar de romper la alianza bipartidista en el Congreso y el Senado de los EUA vía un millonario contrato de cabildeo con el que buscaban el cese del apoyo financiero a la Cicig y la salida del país del exembajador, Todd Robinson. El fracaso no los desalentó y el caso Bitkov les abrió una ventana para reforzar el discurso de la justicia selectiva e ideologizada.

Mientras la fisura en el Capitolio se saldó, la estrategia para incidir directamente en el Departamento de Estado tomó forma por la vía de tres poderosos grupos de presión estadounidenses: el lobby israelí, el de las iglesias fundamentalistas y el de un grupo de financistas del ala más conservadora del partido Republicano, que apoyó la campaña de Trump. Así lograron acercarse a la embajadora Nikky Haley y, a través de ella, a Mike Pompeo, el secretario de Estado. El modelo: Juan Orlando Hernández y Honduras.

En el plano comunicacional lanzaron una estrategia de desinformación y confrontación a través de sus medios y del uso perverso de las redes sociales. Como no les alcanzó, acudieron al boicot comercial de los medios independientes para tratar de ahogarlos y “dejar de financiar al enemigo”; y en eso están.

Pero el gran actor, el verdadero corazón del pacto de corruptos, no es otro que la oligarquía nacional que articula y financia el tablero de juego y cada pieza del engranaje de la impunidad. Si fueron capaces de financiar el genocidio, cómo permitir ahora que se desmorone su sistema de acumulación de riqueza y privilegios. Cuando “toca, toca”, dice un expresidente del Cacif.

Sin embargo, hay un factor que nunca han controlado y puede desequilibrar el tablero: la fuerza ciudadana. La histórica de los pueblos indígenas y de los movimientos campesinos y la renovada de las y los estudiantes universitarios que desde el 2015 nos han dado una lección de enorme coraje y dignidad. La fuerza de la esperanza a la que hay que sumarnos.

@MarielosMonzon

Sin embargo, el fenómeno del miedo tiene alcance universal y sus efectos se observan no solo en el corazón de la política estadounidense, sino también se ha convertido en un componente de las actitudes y acciones de ciertas estructuras del poder y específicamente en Guatemala sus efectos tienen alborotado al mundo político, y cuando ese sentimiento se apodera de un grupo con intereses afines puede motivar reacciones irrazonables, rayanas en el ridículo.

El ejemplo concreto y reincidente de toma de decisiones bajo estados anímicos inadecuados es el presidente Jimmy Morales, cuya situación es muy delicada porque no solo tiene una clara confrontación con la justicia, y con ello un conflicto de interés, sino está rodeado de voces que en lugar de buscarle soluciones exacerban sus temores y con ello lo hacen tomar decisiones equivocadas.

Con este panorama resulta presa fácil para impulsarlo a tomar medidas irreflexivas, como asumir la responsabilidad de concluir antes de tiempo y sin llenar las condiciones el mandato de la Cicig o prohibir el ingreso al país del comisionado Iván Velásquez, que lo ponen a la orilla de la desobediencia y lo convierten en el centro de críticas de instituciones internacionales y países amigos.

Lamentablemente, el cuadro de angustia se ha extendido a muchos otros políticos, varios de los cuales exponen niveles de irrespeto a la Constitución que los llevan incluso a plantear normativas irracionales, como ocurre en el Congreso con la discusión de la iniciativa 5300, que pretende convertir a ese organismo, de manera ilegal, en un poder supremo, anulando funciones de la Corte Suprema de Justicia en materia de antejuicios.

Solo la desesperación, el temor y la cobardía ante el avance de la justicia puede llevar a promover medidas descabelladas como pretende el Pacto de Corruptos, para garantizarse impunidad.

Ellos dan muestras de desesperación y buscan en forma obstinada la manipulación de leyes para convertirlas en armas políticas contra quienes, según ellos, son sus enemigos. No obstante, su irreflexivo intento fracasará porque no se puede manipular todo el tiempo a las instituciones en beneficio propio y porque cada vez es más difícil engañar a la totalidad del pueblo por la actuación de los medios informativos y redes sociales.

Los funcionarios del actual gobierno incluso deberían abstenerse de calificar las actuaciones del mandatario, por ser juez y parte, mucho menos llamar a respaldarlas, como lo hizo ayer el viceministro de Economía, Julio Dougherty, al declarar que lo decidido por Morales está en ley, cuando el caso se encuentra en el máximo órgano constitucional del país. Los miembros del Gabinete tienen doble problema: si apoyan algo que luego sea calificado de ilegal se convierten en una especie de cómplices. Si lo rechazan —como a nuestro criterio deberían hacer—, serán considerados desleales por quienes lo apoyen.

Cada vez que recorro los lugares más remotos del país, como donde nací y pasé parte de mi infancia en medio de pobreza, enfermedades y tantas carencias, encuentro que 30 años después, los niños de ahí siguen viviendo las mismas precariedades. Nada ha cambiado y el progreso se olvidó de ellos. Es aterrador.

Es irónico que los índices de desnutrición crónica en Guatemala son de los más altos del mundo, cuando somos un país rico en diversidad no solo de su gente, sino de sus recursos. Tenemos tierras fértiles, climas envidiables y una posición geográfica privilegiada frente al mercado económico más fuerte del mundo.

Si los guatemaltecos somos resistentes a las vicisitudes, capaces y trabajadores, ¿por qué entonces somos un país con altos niveles de pobreza? Recorriendo los caminos y veredas recónditos de Guatemala es fácil concluir que la única razón por la cual seguimos sometidos a la pobreza es por las garras de la corrupción y la impunidad imperante e incrustada en el aparato del Estado.

Hoy, Guatemala está nuevamente pasando una crisis de gobernabilidad y clima de incertidumbre ante el actuar del mismo gobierno, la cual amenaza el poco avance que se ha logrado en la titánica lucha por desbaratar las redes de corrupción que han cooptado el Estado.

También, hoy más que nunca, el país reclama a sus buenos hijos a asumir su responsabilidad y a cada uno jugar su rol. Por el bien del país debemos reconocer que el Estado no ha funcionado y que la Cicig ha jugado un papel importante en la lucha contra la corrupción e impunidad, y con ello en el fortalecimiento de la institucionalidad.

Vale la pena preguntarnos: ¿realmente nuestras instituciones ya están preparadas para asumir la lucha contra la corrupción e impunidad sin la Cicig? ¿Es el fortalecimiento institucional el verdadero interés detrás de la decisión del gobierno central?

Nuestra infraestructura está colapsada y no permite una mejor dinámica para la economía. La educación está en franco deterioro y eso está lejos de abonar para mejorar nuestra competitividad. La pobreza ha alcanzado niveles aterradores. El nivel de transparencia y rendición de cuentas de las instituciones hacia la ciudadanía es casi nula. Entonces, vuelvo a preguntar: ¿ya estamos libres de los poderes paralelos, del crimen organizado y del narcotráfico? Los guatemaltecos sabemos que no es así.

Desde el 2015 comenzamos el camino a ser un país libre de corrupción e impunidad, que consecuentemente redundará en mejores condiciones de vida, reducción de la pobreza y una mejor dinámica económica. Hemos sido testigos de lo difícil que ha sido ese transitar hasta llegar a este momento esperanzador.

Por eso cuando el gobierno central sale diciendo que busca abonar a la independencia y lucha contra la corrupción e impunidad mientras en la práctica sus acciones son contrarias y solo amenazan con eliminar la única institución que ha fortalecido las capacidades institucionales en materia de investigación y persecución penal, debemos levantarnos y movilizarnos pacíficamente para defender los intereses de país.

Así como lo hicimos en el 2015 debemos levantar nuestra voz, por las oportunidades que queremos, por la paz que añoramos, por la seguridad que merecemos y por nuestro sueño de una Guatemala libre de corrupción e impunidad, libre de pobreza.

MarcosAntil.com

La forma como se establece la inmunidad en Guatemala es una práctica que termina siendo una aberración porque ha sido un manto de impunidad, con la cual se han tapado los funcionarios argumentando que no pueden ser investigados mientras ocupen un puesto público. Cualquier persona con indicios de haber cometido un acto ilícito y sobre todo sí es un empleado del Estado debe ser investigado. En nuestro país la figura del antejuicio es un componente que ha contribuido al sistema de corrupción existente.

En otros países los presidentes o funcionarios con una sola sospecha de haber cometido actos de corrupción o incluso hechos vergonzosos de índole sexual sin aferrarse al puesto, renuncian por coraje y dignidad al cargo que ostentan, no digamos si hay pruebas documentales o testimoniales de un hecho inmoral o de corrupción. Aquí nadie está dando golpe de Estado o dudando que el presidente fue electo popularmente, solo se está pidiendo que aclare su situación y se ponga a disposición de los tribunales para ser juzgado. Pero por esta razón esos países son del primer mundo y nosotros del tercero o cuarto mundo, al nivel que estamos ya.

Pero aquí la comisión de posibles acciones delictivas de los funcionarios, no les preocupa, no los frena ni los limita en su actuar, porque saben que en Guatemala se tapan con el manto de su inmunidad y esto les garantiza impunidad total. Es ya inaguantable que al elegirse cualquier funcionario tengamos que soportar a un individuo corrupto, ladrón, inmoral, inepto y arrogante que mientras está en el poder podrá hacer todo lo que quiera sin que nadie pueda detenerlo, y según ellos sin derecho siquiera a investigarlos, porque son intocables e inamovibles por haber sido electos popularmente, —léase presidente, vicepresidente, diputados y alcaldes—.

¿Cómo es posible que “una persona” como el alcalde de Ipala sale defecando en un video, hablando estupideces y al final nadie dice nada? El alcalde de Patulul salió en otro video que mostró un supuesto abuso a un joven, hasta hoy silencio total. ¡Todo se olvidó! Como siempre Guatemala el país de la “eterna amnesia”. A este nivel que estamos no podemos llamarnos una nación, ¿qué clase de ciudadanos ven estas aberraciones y lo toman como chistes? No podemos continuar siendo indiferentes y tomando las cosas a la ligera como hasta hoy.

Los diputados tendrán en sus manos el trámite de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, del que seguramente saldrá bien librado, porque una vez más lo salvarán a través de negociaciones oscuras donde prevalecerán los intereses personales de los legisladores antes que el bien de la nación. Y es justamente esto lo que debe hacernos reflexionar sobre un sistema inoperante que siempre termina burlando la justicia y los esfuerzos en la lucha contra la corrupción.

La comisión pesquisidora seguramente recomendará retirarle el derecho de antejuicio, pero aún así el pleno del Congreso lo protegerá una vez más, a pesar de las inminentes pruebas y del clamor popular. Pero, por favor, ciudadano ocúpese de ver como votarán los diputados y así se dará cuenta quienes son los enemigos de la justicia en este país.

Mientras exista inmunidad para los funcionarios, la corrupción seguirá viento en popa.

imagen_es_percepcion@yahoo.com

Según la denuncia del juez Xitumul, el responsable de tales accesiones sería Carlos Guerra, presidente del Consejo de la Carrera Judicial, quien estaría detrás de esa presunta violación de la independencia judicial para tratar de incidir en procesos, como el de la desaparición del niño Marco Antonio Molina Theissen, un caso emblemático en el que estaban señalados y ahora condenados varios antiguos jefes militares.

Antes de ese caso se conoció la forma en que se ha tratado de afectar a la jueza Érika Aifán en dos ocasiones. La primera con la solicitud de antejuicio en su contra por haber autorizado el allanamiento del apartamento de Eddy Giovanni Orellana, separado del cargo de presidente de la sala segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil por su involucramiento en el caso Comisiones Paralelas. La petición de quitarle la inmunidad a Aifán es porque la esposa de Orellana es jueza y vive en ese mismo apartamento, por lo que supuestamente se habría vulnerado el derecho de antejuicio de esta. El problema es que las investigaciones del MP y la Cicig señalan que tal apartamento habría sido entregado a Orellana como premio por su labor para cooptar autoridades judiciales. El siguiente caso fue cuando la Sala Tercera de Apelaciones, constituida en Tribunal de Amparo, le había ordenado a Aifán cerrar el proceso penal a favor de la familia del ruso Igor Bitkov, algo inédito porque vulneraba su independencia judicial. Como la jueza abrió un nuevo juicio contra los Bitkov, esa sala la denunció en el Ministerio Público y la multó con Q1 mil. La Corte de Constitucionalidad (CC) favoreció a Aifán y ordenó a la sala emitir una nueva resolución.

A esos hechos se agrega la selección, por parte del pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de Conrado Reyes Sagastume como magistrado suplente de la CC, pese a que dicho abogado fue separado del cargo de fiscal general debido a sus supuestos vínculos con grupos del crimen organizado. De nuevo la CC suspendió de manera provisional a Reyes Sagastume como suplente de esa institución. Otro hecho cuestionable fue cuando la jueza suplente Abelina Cruz dejó en libertad a Blanca Stalling, magistrada separada de sus funciones en la CSJ, pese al intento de fuga que había protagonizado, o como los casos de los jueces, también suplentes, que otorgaron arresto domiciliario a implicados en casos que lleva el juez Miguel Ángel Gálvez. Llama la atención que esos jueces fueron nombrados por acuerdo del Consejo de la Carrera Judicial, el mismo organismo al que señala el juez Xitumul de tratar de vulnerar su independencia profesional. Y qué decir de la resolución de un juez de Izabal que permitió la fuga de dos presuntos narcos mexicanos que habían sido capturados con $US1.2 millones y la fianza fue de apenas Q1.2 millones. Estos hechos, entre otros muchos, revelan cómo el Organismo Judicial ha sido penetrado por los poderes paralelos.

@hshetemul

Muchas acciones evidencian lo contrario, mucho menos atender el clamor ciudadano por el cese de todo tipo de abusos, lo cual progresa a niveles preocupantes. Una de estas bochornosas escenas se produjo ayer en el Juzgado Décimo, donde la jueza suplente Abelina Cruz Toscano le concedió medida sustitutiva, sin ningún tipo de fianza, a la magistrada Blanca Stalling, quien cobró fama cuando, disfrazada con una peluca, intentó evitar su captura.

El episodio debe llamar a la preocupación, pues Stalling había evitado acudir a una audiencia previa en la que debía hacer el mismo planteamiento, pero se rehusó a hacerlo, en una clara muestra de coordinación para esperar el momento oportuno para proceder, como ocurrió ahora, cuando las condiciones le eran favorables.

Como preámbulo del ignominioso episodio, la jueza suplente había prohibido minutos antes el acceso de los medios de comunicación a la audiencia que ella sostendría con Stalling, lo que agregó oscuridad a su resolución, pues ha sido una de las prácticas en numerosas instancias públicas cuando los hechos desafían el sentido común.

Como era de esperarse, la Fiscalía Especial contra la Impunidad presentó una apelación contra la decisión de la jueza Cruz, pues es claro que la medida sustitutiva otorgada a Stalling ni siquiera tomó en cuenta que cuando fue capturada portaba un arma de fuego y tenía la clara intención de burlar a la justicia, como una vez más lo ha hecho en esta ocasión.

Estas situaciones evidencian la enorme descomposición por la que atraviesa el sistema de justicia, que sigue dando alarmantes muestras del poco interés que existe en sus máximos representantes por combatir la corrupción y la impunidad, haciendo uso de privilegios en beneficio de quienes se resisten a la acción de la justicia y con demasiado descaro incurren en actitudes que intensifican la mácula sobre el sistema.

Uno de los primeros en reaccionar fue el juez Carlos Giovanni Ruano Pineda, quien mostró preocupación por la decisión de la jueza Cruz, al considerar que aumenta su situación de vulnerabilidad, pues él fue quien presentó la denuncia contra la magistrada Stalling, por querer obligarlo a beneficiar a su hijo Otto Fernando Molina Stalling, quien enfrenta cargos por un caso de fraude contra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Con esta decisión, la jueza suplente Abelina Cruz Toscano acrecienta la imagen de precariedad por la que atraviesa el Organismo Judicial, cuyos integrantes, en una mayoría, se han convertido en aliados de sectores claramente opuestos al fortalecimiento del estado de Derecho, en un absurdo proceder que los aleja del cumplimiento del deber con honestidad y responsabilidad y con lo cual terminan favoreciendo a un sistema marcado por la corrupción y el escaso compromiso de combatir la impunidad y el tráfico de influencias.

Ese requerimiento, aprobado por el Congreso y el Senado estadounidenses, fue ratificado ayer por el presidente Donald Trump y abre la puerta para especificar los nombres de quienes en esos tres países abusan de sus cargos y buscan frenar cualquier avance en la lucha contra la corrupción y la impunidad. A partir de ahora se estrecha el círculo de vigilancia sobre quienes no parecen darse por enterados de los reiterados objetivos de Washington.

El rápido avance de esta normativa evidencia el interés de Estados Unidos por dejar claro su compromiso en combatir la corrupción, lo que contradice a quienes creían que podría quedarse varada en el despacho Oval. No fue así y ahora el combate contra la corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica adquiere otra dimensión más fuerte.

Lamentablemente, no todos parecen compartir ese entusiasmo. El lunes pasado, el gabinete en pleno del presidente Jimmy Morales daba un penoso espectáculo en la sala de vistas de la Corte de Constitucionalidad, a donde acudieron en respaldo de la iniciativa de expulsar de Guatemala al embajador de Suecia, Anders Kompass.

Muchos se resisten a comprender que la corruptela en el sector público ha causado mucho daño en el desarrollo de estas naciones, pero además esta conducta licenciosa se presta a facilitar otras expresiones de grupos criminales, como ocurre con el incontenible flujo de narcóticos hacia los países desarrollados, pero también con la facilidad con la que cualquier extranjero puede adquirir documentos guatemaltecos para ingresar a Estados Unidos.

Quien de mejor manera ilustró lo que ocurre en estos países fue el expresidente de El Salvador, Elías Antonio Saca, cuando el pasado jueves confesó ante una corte penal cómo organizó y ejecutó el desvío de más de 300 millones de dólares, de los cuales por lo menos 50 millones terminaron en sus cuentas o en las de sus allegados.

Honduras libra una batalla parecida por enjuiciar a altos funcionarios del sistema Judicial y del Legislativo. El mismo presidente, Juan Orlando Hernández, enfrenta denuncias de financiamiento ilícito y hace pocas semanas su gobierno intentó bloquear sin éxito la designación del nuevo encargado de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), equivalente a la Cicig de Guatemala.

Una de las más lamentables omisiones de quienes a ojos de la opinión pública están seriamente comprometidos con el viejo sistema es que no se produce ninguna crítica a la inmoralidad burocrática y más bien los esfuerzos se perciben como opuestos a ponerle fin a esa lacra, lo cual explica los pasos acelerados de las autoridades estadounidenses, cuyo Congreso ahora ha puesto en manos de sus diplomáticos acreditados en estos países una nueva herramienta que puede facilitar la lucha contra la corrupción.

El sistema judicial, como era de esperarse, servil a los intereses del régimen legaliza la represión y ordena aprehender a líderes y dirigentes, con esta formalización de la reacción, el discurso “políticamente correcto” de que los tribunales de justicia conforme a los lineamientos legales juzgarán a quienes cometen delitos cae como anillo al dedo y reduce el nivel de crítica internacional.

No hay dictadura o régimen autoritario sostenible, porque estos sistemas atentan contra lo más íntimo y más valioso: la libertad.

El sandinismo y Daniel Ortega contaban con un voto duro, más o menos del 35% y con esa cantidad de votantes perdieron las elecciones con Arnoldo Alemán y don Enrique Bolaños. Cuando Arnoldo Alemán enfrentó problemas legales por ladrón se vio en la necesidad de pactar impunidad y dentro de ese pacto se brindó apoyo a una reforma electoral por la cual se redujo el umbral para ganar elecciones, esto permitió a Ortega ganar su primer período. Todo nació de un pacto de impunidad.

“La salud de las democracias, cualesquiera que sean su tipo y su grado, depende de un mísero detalle técnico: el procedimiento electoral. Todo lo demás es secundario”, sentenció don José Ortega y Gasset, en Nicaragua vemos un excelente laboratorio para comprender cómo una República consiguió Rey por ese mísero detalle técnico.

Luego del primer período presidencial vino el segundo y luego una sentencia, que no soporta ningún análisis constitucional serio, por lo cual la Corte Suprema comandada por quienes los nicas llaman “los magistrados sandinistas” firmaron la resolución que viabilizó la reelección presidencial indefinida y de un plumazo inaplicaron su texto constitucional —sentencia copiada luego en Honduras y Bolivia— así se obtuvo el ansiado barniz judicial.

En Nicaragua no solo hay tres poderes del Estado, allá hay cuatro, a los tradicionales Legislativo, Ejecutivo y Judicial se les suma el Electoral. El poder Electoral tiene 30 años de ser dirigido por lambiscones del poder, su presidente en un principio liberal y luego entusiasta sandinista es un personaje perverso en todo el sentido de la palabra.

Mientras Daniel Ortega cooptaba el poder, la inversión creció y los proyectos sociales con perspectiva clientelar florecieron. Millones de dólares se invirtieron, bajo el secreto a voces que los Ortega eran socios de muchos de ellos, hasta en Guatemala conocidos dirigentes de lo más extremo de la derecha graduados de tuiteros aplaudían las bondades del régimen porque “era seguro para el capital”.

Daniel Ortega fue inflado como buen gobernante por una derecha que lo que menos le importó es un sistema republicano y una izquierda que confunde políticas sociales con clientelares para hartarse de dinero e influencias.

Daniel Ortega, el 19 de julio recién pasado, celebró un aniversario más de la Revolución sandinista y dejó claro que no renunciará, pero muchos sabemos que Ortega es solo el efecto, porque la causa está en aquellos que validaron su pacto de impunidad.

En Nicaragua la radicalización del gobierno es lo único que queda y luego del espaldarazo de los partidos de “izquierda” la represión se acompañará con expropiaciones. Honduras no está muy lejos de lo que ocurre en Nicaragua solo que desde el lado derecho y así mientras la región se empeñe con mantener reyezuelos, la inestabilidad crecerá, por eso cuando escuche cantos de sirena de personas que aman las dictaduras —como las de Ubico o Ríos Montt— mejor vea para otro lado porque émulos de Ortega abundan acá cerquita.

La intolerancia y el abuso no son patrimonio de la izquierda o la derecha, sino son resultado de un proceso empujado desde muchas posiciones de poder.

@Alex_balsells

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El fin último es erradicar las prácticas que mantienen la impunidad en el país y fortalecer el Estado de Derecho.

Como parte de este proyecto, se creó un sistema informático con la capacidad de “desplegar información interinstitucional y medir los indicadores de eficiencia, eficacia e impunidad” en todos los municipios del país desde todos los delitos entre 2008 y 2016.

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“Guatemala cuenta ahora con información precisa sobre el funcionamiento del sistema judicial”, dijo la Cicig en sus redes sociales.

Recientemente la Corte Suprema de Justicia dio a conocer dos iniciativas de ley que permitirían atacar el litigio malicioso y lograr acelerar los procesos que se conocen en los juzgados y tribunales de Mayor Riesgo trabajan los magistrados de la CSJ. 

Uno de los proyectos es la ley de casos de tramitación compleja, cuyo objetivo es que los procesos de competencia ampliada, conocidos como de mayor riesgo, se conozcan en un distinto proceso penal, alejado del que actualmente se da en los juzgados de primera instancia.

La reforma también contempla cambios al Código Procesal Penal, para evitar que los sindicados retrasen los procesos a través de acciones que no siempre son procedentes, como lo que ha sucedido con la exvicepresidenta Roxana Baldetti o la magistrada separada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling, por ejemplo, que recusan a los jueces o no se presentan a las audiencias aduciendo problemas de salud.

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Del 2014 al 2017 Robinson fue embajador de EE. UU. en Guatemala y durante ese tiempo se caracterizó por posturas polémicas y su apoyo manifiesto a la Cicig. 

Posteriormente fue enviado a Venezuela como agregado de negocios de la embajada y fue expulsado en mayo del 2018 como respuesta del régimen de Nicolás Maduro a las sanciones que Washington impuso a ese país debido a la reelección del mandatario venezolano.

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Demasiados problemas

El excanciller Fernando Carrera indicó que el puesto en el que fue designado Robinson no es regular, y considera que su designación obedece a los crecientes problemas que se registran en la región y preocupan a EE. UU.
“Hay demasiados problemas con Centroamérica y Estados Unidos necesita un asesor que se dedique a tiempo completo a analizar lo que pasa y a partir de ahí tratar de tener una visión de la problemática”, precisó Carrera. 

El excanciller recordó que esta es la segunda vez que se activa el puesto, ya que, en el 2014, a raíz de la crisis de los niños migrantes, fue designado Thomas Shannon.  Aunque en el Departamento de Estado ya hay un subsecretario que ve la relación con los países del istmo, Carrera afirma que “ante coyunturas muy complejas puede que necesite refuerzos”. 

Para el politólogo Jorge Wong, si bien la crisis en Nicaragua pudo empujar al gobierno estadounidense al nombramiento de Robinson como asesor del Departamento de Estado, también le interesa mantener al diplomático activo en la región, y como recién fue expulsado de Venezuela, ahora lo colocan en un cargo donde seguirá estudiando la realidad de este territorio. 

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Según el politólogo, aparte de la crisis en Nicaragua, a EE. UU. continúa preocupándole Venezuela y también México debido a que la elección de Andrés Manuel Lopez Obrador les genera inquietud. 

Robinson, de acuerdo con Wong, es un comodín que el gobierno estadounidense maneja de acuerdo con sus intereses, y su capacidad es tal que pese a ser nombrado para puestos diplomáticos por Barack Obama (demócrata), se mantiene dentro del gobierno de Donald Trump (republicano). 

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Jahir Dabroy, politólogo, expuso que el nombramiento de Robinson refleja que Centroamérica es una prioridad para EE. UU. Destacó que el diplomático tiene experiencia y conoce la región y sus características complejas. 

Dabroy coincide en que revivir la figura de consejero se debe a que EE. UU. no quiere perder el control de sus áreas de influencia, y citó como ejemplo la crisis en Venezuela.  Agregó que los intereses de la potencia mundial en la región son gobernabilidad y credibilidad en el sistema democrático, amenazas a la seguridad interna y la migración. 

“A los problemas de migración se suma la crisis política y la violencia de Nicaragua y en ese sentido Robinson jugará un papel analizando la coyuntura”, subrayó Dabroy.

Saludan nombramiento

La Cicig, por aparte, mostró su satisfacción por el nombramiento de Robinson como consejero para Asuntos de América Central del Departamento de Estado. 

El portavoz de esa misión de la ONU, Matías Ponce, expuso que Robinson “es una persona que conoce ampliamente la región y durante el desempeño como embajador fue un excelente aliado del Ministerio Público y de la Cicig”. Subrayó que la comisión mantiene una buena relación con EE. UU. y que ese país es un cooperante y aliado permanente.

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Ayer, ocho de los 11 magistrados titulares habilitados para votar, ante la ausencia de dos de sus integrantes, una por enfermedad y otra por librar una batalla contra la justicia, eligieron al exfiscal general Conrado Reyes como nuevo magistrado suplente de la CSJ ante la Corte de Constitucionalidad, para llenar la vacante dejada por Consuelo Porras, quien dejó el cargo al ser designada fiscal general por el presidente Jimmy Morales, hace dos meses.

La elección de Conrado Reyes, removido del cargo de fiscal general en 2010, solo es una mancha más al ya tan desprestigiado Organismo Judicial y por eso es que esta nueva acción debe ser vista como una abierta afrenta al sentimiento ciudadano que exige la depuración de las instituciones, pues se convierte en una maniobra para la promoción de personajes que solamente aportan más incertidumbre al sistema de justicia.

Los magistrados Josué Felipe Baquiax, Nery Medina, Ranulfo Rojas, Silvia Patricia Valdés Quezada, José Antonio Pineda Barales, Vitalina Orellana, Nester Vásquez Pimentel y Sergio Pineda dan claras muestras de buscar apuntalar el pacto de corruptos, al favorecer a un abogado en claro conflicto de intereses en la lucha contra la corrupción.

Solamente las magistradas María Eugenia Morales, Silvia Verónica García y Delia Dávila votaron en contra de esa decisión, como lo han hecho en los últimos eventos en los que el resto de magistrados se ha mostrado a favor de acciones que claramente avanzan contra el fortalecimiento del estado de Derecho y, en consecuencia, en una clara ruta de favorecer la impunidad.

En 2010, el entonces presidente, Álvaro Colom, designó a Reyes como fiscal general, pero luego de una acción planteada por el entonces jefe de la Cicig, Carlos Castresana, quien lo señaló de tener vínculos con el crimen organizado, la CC ordenó repetir la elección, al considerar que su designación no había sido producto del debido proceso.

Desde entonces, Reyes ha mostrado su abierta oposición a la Cicig y por ello han hecho muy mal los magistrados citados, porque su decisión es contraria a los esfuerzos por el fortalecimiento del sistema de justicia, al beneficiar a alguien que estaría en todo caso al servicio de quienes desde diferentes posiciones unen esfuerzos para detener la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Es obvio que los enormes avances contra la cooptación del Estado han logrado estremecer a las estructuras de poder y sobre todo a sectores como el OJ, que con esta nueva acción da una clara muestra de tener mayor interés en reforzar redes de impunidad y, peor aún, de actuar en consonancia con mercaderes de la política que tuvieron la potestad de fijar cuotas de poder en ese alto organismo, como lo hicieron los desaparecidos partidos Patriota y Líder cuando designaron a los actuales magistrados.

Se registran un total de 135 agresiones, entre éstas 13 asesinatos: cinco de integrantes del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca); tres del Comité Campesino de Desarrollo del Altiplano (CCDA); dos periodistas; un integrante de la coordinadora de las comunidades afectadas por la agroindustria de la caña de azúcar; un miembro de la Comunidad Indígena Chortí Morola y una persona asesinada que integraba la Pastoral Social de la Tierra de Quetzaltenango. Además, hubo dos intentos de asesinato contra miembros del Comité de Unidad Campesina (CUC) y 32 agresiones contra mujeres que defienden derechos. En el caso de las defensoras, los ataques también se relacionan con su condición de mujeres.

En una entrevista radial, el coordinador general de la Udefegua, Jorge Santos, explicó que han logrado determinar un patrón coincidente en algunas de estas muertes, no solamente por la forma en que se realizan (modus operandi), sino por su vinculación con el trabajo de defensa de derechos. La mayoría de las víctimas son personas que integraban los movimientos campesinos en defensa de la tierra y del territorio.

Una de las principales preocupaciones es la inoperancia con la que está actuando el Ministerio Público (MP) en la investigación de los asesinatos y el desinterés mostrado por el personal local de la Fiscalía, que no solamente se presenta tarde a las escenas del crimen, sino que permite que se contaminen.

En un comunicado conjunto, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) expresaron que: “Los asesinatos y otros actos de violencia en contra de las personas defensoras de derechos humanos tienen un impacto adicional sobre todas aquellas personas o comunidades para quienes trabajan, dejándoles en un estado de mayor vulnerabilidad”.

Aunque la violencia contra las y los defensores tiene en los asesinatos su forma más extrema, una de las estrategias recurrentes es la persecución penal contra líderes e integrantes de los movimientos locales de resistencia —e incluso contra comunicadores comunitarios— que son acusados de graves delitos (que no han cometido), muchos de los cuales no tienen medida sustitutiva, lo que les deja en prisión por largo tiempo, les obliga a suspender la defensa de sus derechos y ataca el corazón de la organización comunitaria.

Aunque en la mayoría de los casos las acusaciones se desestiman y los juicios no prosperan por falta de sustento, la privación de libertad y las campañas de difamación y calumnia “mientras se investiga” causan un enorme daño a las y los defensores, a sus familias y a sus organizaciones.

El caso más reciente (29/6/18) es la captura del señor Eduardo Bin Poou, directivo de la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor, Izabal, quien ha denunciado la contaminación ocasionada por la empresa minera CGN. Mismo modus operandi utilizado contra el presidente de la gremial, Cristóbal Pop.

La impunidad es la mejor aliada de los grupos y sectores que están atacando a los defensores/as de DD. HH. El MP tiene una enorme responsabilidad en dejar que los autores —materiales e intelectuales— de estos asesinatos sigan libres, pero también en consentir y permitir que se utilice la persecución penal para destruir la organización comunitaria y la defensa de derechos.

@MarielosMonzon

Lo peor de sus acciones es que acuden a “procedimientos legales e instituidos en el sistema”, diseñados precisamente para evitar que este se corrompa, y los usan para atacar a colegas que han optado por mantenerse fieles a su juramento profesional y a una ética que no se vende en el mercado.

La cooptación del sistema de justicia permite la perpetuación de la impunidad y la convierte en su finalidad. Por eso, los jueces honestos son tan molestos. Mientras más destacan por su valor para mantener su integridad e independencia de criterio, más incómodos se vuelven; son vistos como un estorbo, non gratos y, sobre todo, como un peligro porque se convierten, además, en ejemplo y emblema potencial para otros jueces. No vaya a ser que intenten seguir sus pasos y rompan así con el perverso y opaco andamiaje de impunidad que se ha fraguado todos estos años y que opera en todos los niveles y entramados del sistema.

Me atrevo a plantear que es en el sistema de justicia donde menos han avanzado los esfuerzos emprendidos por la Cicig y el Ministerio Público estos últimos años. El autoblindaje es muy fuerte y se complace en acusar a su acusador de interferencia, aunque lo que ande haciendo sea depurar. Al sistema corrupto ya no le bastan jueces que juzguen a favor de lo indefendible; ahora reclama que se proceda a destruir a todo juez, jueza o funcionario del sistema que no se pliegue a sus designios. Amenazas sutiles o explícitas; intimidaciones directas o a la familia; procesos disciplinarios aplicados arbitrariamente mientras a la par se blinda a jueces corruptos o conocidos por estar sometidos a intereses particulares; boicots al debido desempeño de las funciones; pérdida de expedientes o de partes cruciales de los mismos, tales como medios de prueba o peritajes. Estas y muchas otras formas de sabotaje desde adentro se dejan ver con cada vez mayor intensidad y frecuencia, obstaculizando el trabajo.

Los operadores del Pacto de Corruptos saben bien qué botones hay que apretar para agredir a un juez que quiere cumplir su misión. Se resisten a ser parte de una nueva etapa de la historia del país que esté signada por un auténtico predominio del estado de Derecho, no acomodado a la billetera o a la posibilidad de una elección. Pero no son mayoría; quiero seguir pensando que hay muchos más jueces honestos y éticos que los que están dispuestos a cualquier cosa. Que hacen su trabajo con denuedo y apegados no solo a lo que dice la ley, sino al sentido de justicia que debería prevalecer en todos sus actos. Que son una mayoría silenciosa; que observa y calla. A ellos y ellas les hablo: es hora de despertar, de armarse de valor y hacerle frente común a esa minoría de operadores de la impunidad que están destruyendo todo en lo que ustedes creyeron alguna vez. La lucha por un sistema sano, robusto e independiente no se dará sola, ni se dará solo desde fuera.

Hay que darla desde dentro y no permitir los ataques a jueces probos. Los siguientes podrían ser ustedes.

¿Fue difícil su período en la Procuraduría?

Sí, por el número de casos de corrupción que surgieron en el gobierno anterior. Representó una demanda. A eso se nos sumó una cantidad de acciones legales que hubo que plantear y darles seguimiento, porque esos casos no se resuelven simplemente presentándolos en tribunales. Es necesario darles seguimiento y verificar que los jueces resuelvan oportunamente para hacer las declaratorias.

¿Qué caso fue el más complejo durante su gestión en la PGN?

Como soy abogada, me gusta litigar, y no veo los casos debido a su dificultad, lo veo más en complejidad de las condiciones alrededor de las cuales puede llegarse a una solución.

Hay un tema que me preocupa: las demandas en los tribunales son muy largas de resolver, los procesos se alargan hasta cuatro o cinco años y el Estado pierde. Lo que sí se tiene que hacer, definitivamente, es buscar de qué manera se sanciona a los responsables de las situaciones corruptas y se debe buscar cómo resarcir al Estado. Además, que se busquen mecanismos para resolver los problemas, porque al final es la población la que pierde.

¿Recibió algún tipo de presiones en su gestión?

No. Jamás. Nunca. Y quien hubiese pretendido hacerlo —sonríe— hubiera recibido de parte mía una total indiferencia, porque no debe uno ni tiene que tolerar algún tipo de injerencias o presiones para ejercer una función con independencia.

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¿Cuáles son los procesos que busca terminar antes de dejar el cargo?

Yo diría que terminar de reparar ese techo que se nos estaba cayendo. Temas de infraestructura, que hay muchos. El tiempo se nos hizo corto, pero afortunadamente se dejan encaminados. Hay procesos de licitación para cambiar el tendido eléctrico de la institución, que ya es vieja, y como hemos adquirido equipo nuevo, no vaya a ser que por un cortocircuito se nos arruine el equipo. Queremos cambiar todo.

¿Cómo queda el tema de los usufructos onerosos?

En el tema de los usufructos onerosos del pasado, en relación con las portuarias, yo le diría que la mayoría de contratos que se celebraron en las portuarias son usufructos onerosos, y por consiguiente se recomendó que las autoridades portuarias regularizaran los contratos, a efecto de no mantener una figura que de conformidad con la ley no corresponde. Desde luego que la autorización que se tenía por parte de las autoridades portuarias para celebrar ese tipo de contratos no existe, porque ese contrato es de naturaleza civil, en tanto que la portuaria, como empresa nacional que es, debe celebrar contratos que conllevan la naturaleza administrativa, conforme lo establece la Ley de Contrataciones del Estado.

¿El tema de la Cicig y el Ejecutivo ha afectado su gestión?

Afectarme directamente, como persona, no lo creo, en virtud de que yo estoy cumpliendo con una función pública y la estoy realizando en conformidad con la ley. Uno se siente afectado en una situación determinada cuando actúa como funcionario público en el momento que se aparte de la normativa que rige.

Yo no tengo ninguna situación que me haga pensar que pudiera verme afectada de alguna manera por ese tipo de discusión.

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¿Cómo fue la relación con el presidente Jimmy Morales?

Tengo que reconocer que el señor presidente desde el primer día mantuvo una actitud de respeto y de apoyo a la institución y a la procuradora general de la Nación. Yo diría que en todo momento respaldó mi gestión, en los momentos que hubo requerimientos de mayor presupuesto para el cumplimiento de las diferentes funciones que tenemos que cumplir en el ámbito, tanto de Niñez y Adolescencia, y también en el caso de las abogacías, siempre hubo una disposición de respaldo que se materializó con los incrementos al presupuesto, que es algo que no tiene antecedentes en la historia de la institución. La relación con el presidente siempre fue de respeto.

¿El análisis del mandato de la Cicig es un tema complicado?

No, no lo considero difícil o complicado, porque cada uno de los casos que se manejan en la Procuraduría General son muy delicados, pero haciéndolos de manera profesional y ajustándolos a ley, lo que podría hablarse es de niveles de dificultad, en cuanto a la profundidad que se le debe dar a cada tema, pero no creo que debe considerarse difícil.

¿Cómo avanza el análisis del mandato de la Cicig que ordenó el presidente Morales?

Cada una de las unidades que fueron designadas siguen trabajando. El proceso tiene que avanzar.

¿Aceptaría seguir en el cargo si el presidente se lo propone?

Pues, la verdad, no he hablado sobre el tema con el presidente, no habido motivos para cambiar de parecer. Me estoy concentrando en avanzar hasta donde me dé el tiempo. Afortunadamente, tuve un equipo muy destacado. Estamos consolidando procesos. Esta semana inauguramos dos de ellos que son importantes. En el tema informático hay avances significativos y en el tema de niñez me estoy concentrando en mi trabajo.

¿Aceptaría seguir al mando de la PGN?

Yo creo que todo tiene un principio y un fin, y mi período termina el 17 de mayo. Como le repito, no lo he considerado. Lo importante es que haya una nueva visión de las cosas. Aquí hay mucho que hacer, y en ocasiones la variedad de puntos de vista permite fortalecer más las instituciones.

¿Qué temas deja pendientes en la Procuraduría?

Por citar algunos: las demandas que están en trámites, el caso TCQ, muchos casos que hay que darles seguimiento.

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Dos hechos muy lamentables ocurrieron en las últimas horas y ponen en nuevos aprietos al Gobierno, principalmente al presidente Jimmy Morales, quien no ha querido escuchar los llamados a asumir con responsabilidad su alta investidura y se obstina en incurrir en mayores muestras de irresponsabilidad.

El pasado martes fue asesinado Luis Marroquín, uno de los líderes del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), en San Luis Jilotepeque, Jalapa, en un ataque a mansalva ejecutado por dos encapuchados armados. Tenebroso vuelco a un pasado de oprobio que ya debería estar desterrado, porque recuerda una de las etapas más oscuras de la historia nacional reciente.

La dirigencia de esa agrupación, válidamente cuestionada por diferentes sectores, responsabilizó de esa muerte a Morales, porque el pasado 2 de mayo, durante un discurso dirigido a vendedores del mercado La Terminal, que supuestamente le manifestaron respaldo, el mandatario arremetió contra varios sectores, uno de ellos Codeca, a cuya dirigencia responsabilizó por la muerte de un menor.

Hoy, la dirigencia campesina sindica al mandatario de incitación a la violencia, “porque públicamente en su discurso… trató de afianzar odio y resentimiento contra Codeca”. Es muy probable que esa no haya sido la intención de Morales, pero con sus actitudes irreflexivas se pone en un alto riesgo, porque no parece haber nadie en su entorno que lo convenza de la trascendencia de su cargo y de la prudencia que debe privar en sus declaraciones.

El segundo hecho ocurrió el jueves, cuando un dirigente del Comité Campesino del Altiplano, José Can Xol, fue ultimado de varios disparos en Cobán, a manos de un comando armado que incursionó y abrió fuego contra varias familias. Otro grave episodio que enciende las alarmas sobre la vulnerabilidad de dirigentes campesinos y activistas de derechos humanos, algo que al final repercutirá de manera negativa sobre la imagen del Gobierno y del país.

El Ejecutivo debe ser el más interesado en esclarecer estos repudiables crímenes y debe buscar el auxilio del Ministerio Público, porque son hechos que impactan de manera directa sobre la seguridad en el país y la vulnerabilidad de quienes velan por los derechos humanos o porque han sido sectores críticos a la actual administración.

Es urgente el esclarecimiento de estos hechos, porque constituyen ejecuciones extrajudiciales que ocurren en medio de un ambiente de zozobra y de rumores sobre supuestos intentos por crear una mayor inestabilidad, lo cual debe ser refutado por el Ejecutivo. Es grave que grupos armados operen con sospechosa libertad en contra de dirigentes campesinos, independientemente de la legalidad y consecuencias de sus acciones. La impunidad significaría que de nuevo se abre la puerta al callejón de la oscuridad.

Y en ese debate público, unos diputados están con los “dimes” y otros con los “diretes”, como si los ciudadanos fueran bobos. Me refiero a que la cuestión de si la modificación del 407, n) pudiera generar impunidad es muy importante, pero no igualmente difícil de abordar y resolver.

El abordaje, me parece, pasa por recabar opiniones oficiales y doctas sobre la cuestión. ¿De quién? Creo que podría ser de por lo menos tres fuentes, a saber: la Procuraduría General de la Nación (que de acuerdo al artículo constitucional 252 tiene la función de “asesoría y consultoría” de los órganos del Estado), el Ministerio Público (que de acuerdo con el Arto. 251 CPR ejerce la acción penal pública) y la Universidad de San Carlos (que de conformidad con el Arto. 82 CPR debe cooperar al “estudio y solución de los problemas nacionales”).

La cuestión a formular está clara, pienso yo, y se circunscribe a lo siguiente: la voluntad del legislador es modificar el artículo 407, n) del Código Penal consiguiendo la proporcionalidad apuntada por la Corte de Constitucionalidad, sin generar situaciones de impunidad. ¿Cómo debe procederse para lograr ese doble propósito? Y ¿qué aspectos técnico-jurídicos deben tomarse en consideración para el efecto indicado?

Supóngase que estos órganos del Estado y esta universidad se pronunciaran sobre la consulta recibida y que, con base en sus consideraciones y recomendaciones, el Congreso de la República aprobara determinada modificación del 407, n). Supóngase, además, que el día de mañana, en cualquier asunto cuyos hechos se hayan subsumido a esta norma antes de su modificación, la persona sujeta al proceso invocara, por medio de su abogado, que por “X” o “Y” circunstancia la modificación equivale a una derogatoria del 407 n), que el delito que alguna vez fue penado ya no existe y que, por tanto, debe comenzarse otra vez de “cero”.

Creo que, en tal caso, con base en que una de las técnicas para la interpretación del derecho recogidas por nuestro ordenamiento jurídico es la de “la historia fidedigna de su institución”, cualquier juez o tribunal diligente se encontraría con los antecedentes indicados (o unos parecidos) y, conservando su independencia, tendría, no obstante, que valorar los nexos causales entre la norma como hubiese sido modificada y los objetivos ya apuntados.

Es verdad que eso no es garantía de que la impunidad, en ningún caso, conseguiría colarse. Soy de la opinión de que, de cara al futuro, para pelear sistémicamente la impunidad es indispensable la reforma del Poder Judicial y la instauración de una verdadera carrera judicial con todos los elementos necesarios para salvaguardar la independencia judicial. Veremos si se consigue o no volver a ese propósito tan fundamental.

Eduardomayora.com

La violencia contra las mujeres, niñas, lesbianas, gay, bisexuales y transexuales también fue generalizada en la región en el 2017, según el informe.
La situación en los países centroamericanos en el 2017 fue, según Estados Unidos, la siguiente:

Honduras

Los problemas de derechos humanos más graves registrados por Estados Unidos en Honduras son las acusaciones de “ejecuciones ilegales y arbitrarias”, las duras condiciones penitenciarias que suponen un riesgo para la vida y los asesinatos y amenazas a los integrantesde los medios de comunicación.

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El informe del Departamento de Estado también se refirió a “la extendida corrupción gubernamental, incluido el sistema judicial” y las amenazas contra las comunidades de origen africano, así como violencia contra lesbianas, gay, bisexuales y transexuales.

Las organizaciones criminales, tanto locales como internacionales, cometieron también un número “significativo” de delitos como asesinatos, extorsión, secuestros, torturas y tráfico de personas.
Pero EE. UU. también reconoció que el Gobierno hondureño “tomó medidas para juzgar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos”, aunque constató la impunidad “en muchos casos”, como en el asesinato del zar antidrogas Julián Aristides González en 2009.

Nicaragua

Como en Honduras, EE. UU. señaló que las autoridades civiles nicaragüenses tiene dificultades en determinadas circunstancias “para mantener un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad” y que los principales abusos de derechos humanos son ejecuciones ilegales, tortura y las duras condiciones penitenciarias.

Guatemala

Las principales violaciones de derechos humanos en Guatemala, donde las autoridades a veces fueron incapaces de “mantener un efectivo control sobre las fuerzas de seguridad”, son la “extendida corrupción gubernamental”, violencia contra personas con discapacidades y asesinatos de mujeres, según el informe.
EE. UU. también se refirió a “la corrupción e intimidación de jueces”, las duras condiciones penitenciarias y las amenazas contra periodistas por parte de organizaciones criminales y funcionarios corruptos.

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El informe denunció la “violencia policial” contra lesbianas, gay, bisexuales y transexuales en el país, el tráfico de personas, “las peores formas” de trabajo infantil y violencia contra sindicalistas y activistas laborales.
Además el Departamento de Estado dijo que la corrupción provocó que “la impunidad siguiese siendo extendida” y destacó que el presidente Jimmy Morales intentó expulsar del país, sin éxito, al comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, (CICIG),  Iván Velásquez.

El Salvador

En el país, donde las autoridades civiles a veces fueron incapaces de “mantener un efectivo control sobre las fuerzas de seguridad“, se produjeron ejecuciones ilegales de supuestos criminales, desapariciones por parte de militares y torturas.
EE.UU. reconoció que en el caso de las desapariciones realizadas por personal militar, el Gobierno presentó cargos.
Pero las fuerzas de seguridad también fuero responsables de torturas y ejecuciones ilegales de supuestos criminales.

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Además de la “extendida corrupción gubernamental”, el país sufre duras condiciones penitenciarias, arrestos arbitrarios, falta de respeto gubernamental por la independencia judicial, violencia de maras contra mujeres, niñas, lesbianas, gay, bisexuales y transexuales.
El informe también denuncia “las peores formas de trabajo infantil” en El Salvador

Costa Rica

El informe señala que “no hay informes de graves abusos de derechos humanos” en Costa Rica y que el Defensor del Pueblo recibió 132 quejas de abusos policiales, detención arbitraria, torturas y otros abusos en los seis primeros meses del año, pero que “pocos de los acusadores” registraron sus quejas con las autoridades.
La sobrepoblación penal provocó duras condiciones penitenciarias y dificultó la atención sanitaria.

Panamá

Estados Unidos destaca que las autoridades civiles panameñas “mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad” de ese país y que los mayores problemas de derechos humanos fueron el uso de la fuerza excesiva en prisiones, la “extendida corrupción” incluido el sistema judicial, y la violencia mortal contra mujeres.
El informe constata que la Administración del presidente Juan Carlos Varela “siguió investigando acusaciones de corrupción contra funcionarios”.

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Sin embargo, en esta ocasión parece haberse dado un paso importante en romper los lazos con grupos oscuros o, cuando menos, fue mucho más discreta la presencia de representantes de sectores vinculados con el tráfico de influencias para beneficiar a personajes más comprometidos con entorpecer los esfuerzos en la necesaria lucha en contra de la corrupción y de la impunidad.

Esa bifurcación de caminos es saludable para el fortalecimiento de las instituciones porque se vislumbra una ruta de mayor independencia en la toma de decisiones trascendentales, pero sobre todo porque también coinciden con iniciativas en las que también se da un notorio cambio de rumbo, como lo acaba de dar a conocer el sector privado organizado al anunciar la exigencia de mayores estándares de transparencia.

La semana pasada, el gremio empresarial comunicó el fortalecimiento de políticas de transparencia en el entorno de sus compañías, pero también anunció su compromiso en respaldar esfuerzos en favor de la gobernabilidad democrática y apoyar la unidad de fiscalización del Tribunal Supremo Electoral.

Ese renovado compromiso incluso fue presentado en la reciente Cumbre de las Américas, celebrada en Perú, a las máximas autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo, a quienes les ofrecieron profundizar en el rechazo a cualquier modelo de opacidad, mucho de lo cual surge en el marco de la iniciativa Guate Íntegra, lo que marca una redefinición del rumbo por seguir a raíz de la debacle del sistema político guatemalteco, cuyas máximas figuras están en prisión o bajo persecución judicial.

La iniciativa empresarial contrasta con la obstinación de los políticos que insisten en sus viejas prácticas de apuntalar financieramente las estructuras de un andamiaje político inviable. Una de ellas es insistir en que los empresarios continúen financiando sus campañas políticas, con el absurdo ofrecimiento de que en el Congreso se aprobará una benévola ley de aceptación de cargos, con la que se podría evitar la cárcel ante casi cualquier ilícito.

Muchos empresarios se han negado a continuar con una vieja práctica que ha sido la base de un corrupto modelo que está dejando solos a los políticos, pues es inconcebible que busquen recursos financieros a cambio de supuestos castigos blandos, como si evitar la cárcel los librara de una tacha que queda de por vida y que al final se convierte en una barrera para aspirar a un cargo o para hacer negocios con el exterior.

Hacen bien los empresarios no solo en separarse de las viejas y pestilentes prácticas de una política desfasada, sino en dejar claro cuáles son los nuevos paradigmas en la conducción de la actividad empresarial y en sus relaciones con un entorno perverso, cuya obstinación y resistencia solo provocará un final traumático en sus carreras, ante la obstinación por seguir empujando un vehículo que va al despeñadero.

Totalitarismo jurídico llama el Dr. De la Torre al poder sin límites que el positivismo jurídico ha reconocido a la autoridad del Estado. El nuestro está permeado de esa tara que atenta contra la libertad del individuo y de su sentido de responsabilidad moral.

La lucha contra la corrupción —la cual se ha tomado como un estandarte antiimpunidad— pierde su legitimidad a partir de la pérdida de su razón de ser originalmente pactada con la Cicig para “investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que afectan a los “derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de Guatemala, e identificar las estructuras de estos grupos ilegales, incluyendo sus vínculos con funcionarios del Estado, actividades, modalidades de operación y fuentes de financiación”. (El énfasis es mío).

Enfatizo esta frase: “que afectan los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de Guatemala”. Un compromiso muy alejado de la realidad de tener detenidos —la palabra correcta es “secuestrados”— en campos de concentración a más de la mitad (11 mil) de la población total (22 mil) de esa vergüenza llamada Sistema Penitenciario Nacional. Una población enjaulada en esos campos de concentración, en condiciones infrahumanas, sometidos a vejámenes de todas clases, torturas, extorsiones, violación de sus derechos constitucionales y retardos de audiencias hasta de un año.

Ahora hablemos de Monzón, con su memoria de elefante, abriendo la indecencia de las interioridades corruptas de sus amos. Da asco, pero no sorprende ver en toda su realidad el grado de corrupción del sistema bajo el cual hemos vivido desde la Colonia. Y la pregunta inevitable es ¿por qué los guatemaltecos, especialmente los pensantes e intermediarios políticos, no hicieron algo para impedirlo? La historia juzgará…

Para los grupos que han controlado el entorno político el sistema era, es y seguirá siendo altamente productivo para ellos. Seguirán mamando de la teta corrupta a perpetuidad, a pesar de todas las investigaciones y capturas que se estén dando. Y con Cicig o sin ella, continuarán haciéndolo hasta que no se cambie el sistema.

Sigo insistiendo una y otra vez, con la misma cantaleta que he venido vociferando: necesitamos cambios estructurales y sistémicos en el sistema de justicia y en la administración pública. Seguir persiguiendo efectos y no causas no tiene lógica. Por más frentes que fundemos antiesto y antiaquello, se queda en la retórica periférica y no en el enfoque causal. Debemos eliminar los incentivos perversos; los poderes discrecionales de los funcionarios; el proceso transparente de compras y contrataciones con controles y monitoreo externo.

Los politiqueros corruptos se meten a la política clientelar porque tienen incentivos perversos. Elimínense estos y ya no tendrán interés en participar. Solo esta acción tiene repercusiones positivas para motivar la participación de una nueva clase política con deseos de servir y no servirse.

Francamente a mí me suena patético que sigan abriéndose tarimas antiesto y antiaquello sin traer bajo el brazo una propuesta reformadora de largo plazo.

Pero nada de esto se podrá lograr si la Corte de Constitucionalidad sigue utilizando la ley como arma de guerra para traerse abajo a sus supuestos enemigos, y de paso al estado de Derecho.

Esas son las prioridades, lo demás es pura retórica de tarima.

alfredkalt@gmail.com

DE SU INTERÉS

Conozca a los 107 próceres de la impunidad

Un análisis legal al que tuvo acceso Prensa Libre señala que al derogar el segundo párrafo se aplicaría el artículo 15 de la Constitución, que establece que “la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo”.

Para la diputada Nineth Montenegro, jefa de la bancada Encuentro por Guatemala (EG), la Corte de Constitucionalidad (CC) fue  clara y ordenó reformar el segundo párrafo del artículo 407 N, no derogar nada.

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“Esa es la única y exclusiva tarea que tienen los diputados. No crear ni inventar otras cosas. A mi parecer, se está violentando el mandato que la Corte dio”, afirmó Montenegro.

Agregó: “Aunque se puede aducir que es para diferenciar el financiamiento ilícito, el anónimo  y el no registrado, se debe cumplir con lo que dice la CC”.

La legisladora considera que la derogación implicaría liberar a quienes tienen procesos pendientes.

Enrique Álvarez, jefe de la bancada Convergencia, cree que la propuesta hecha por los asesores de la comisión está mal formulada.

Descargo

Se le consultó a Rodolfo Castañón, presidente de la Comisión Extraordinaria, sobre los señalamientos, y justificó la propuesta: “Se trabajó conforme a los aportes que dieron las diferentes instituciones”.

“La verdad es que la iniciativa de ley está en proceso, no ha quedado en firme. Fueron aportes del equipo técnico. Debemos partir de algo y luego hacer los ajustes necesarios”, afirmó el parlamentario.

Según Castañón, los asesores  elaboraron la propuesta pero eso no significa que vaya a ser aprobada de esa manera; por el contrario, el documento solo sirve para comenzar a hacer aportes concretos y estructurar una moción final.

El presidente de la Comisión descartó que  estén recibiendo alguna presión de parte de algún sector.

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“Llegamos a la parte más importante y cada diputado tendrá que analizar los aportes y cada uno planteará sus criterios, que además debe consensuar con su bancada”, explicó Castañón.

El congresista agregó que las copias de las propuestas ya fueron entregadas a los integrantes de la Comisión; sin embargo, no está definida la fecha para que se vuelvan a reunir para conocer nuevos aportes y discutir una iniciativa consensuada.

Otros aspectos

Por ahora hay tres propuestas de reforma, una del diputado Oliverio García Rodas, que aunque no deroga el financiamiento ilícito, lo modifica.

En la redacción, según el análisis,  se da a entender que elimina la responsabilidad de la figura del secretario general o cualquier miembro del comité ejecutivo del partido que autorice recibir fondos anónimos o no registrados.

García Rodas, en el momento en que presentó su propuesta a la comisión, explicó: “No habla específicamente de nadie, ni de secretario general ni del financiero, ni del tesorero ni de la secretaria”, sino “de quien tenga la obligación de hacer el registro, y no lo haga a sabiendas de que debe hacerlo”.

En la tercera propuesta, presentada por Convergencia, destaca que la pena no es inconmutable, como se contempla actualmente; sin embargo, diputados de la bancada aseguran que no es necesaria, porque así se logra guardar el principio de proporcionalidad.

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El nombre Epaminondas González Dubón y su legado debe ser ejemplo para todo guatemalteco que quiera tejer una sociedad justa en la que gobernantes y gobernados se ajusten a la regla del derecho como medio para mantener la paz.

Edmundo Vásquez Martínez, entonces magistrado de la CC, dijo: “Es falso que los escuadrones de la muerte han sido desmantelados en Guatemala. Los asesinatos y las acciones contra la seguridad y contra la paz no han dejado de producirse, sino todo lo contrario”, también el vicepresidente de la República de la época, el jurista Arturo Herbruger Asturias, aseguró que el asesinato había sido perpetrado por “los enemigos de la democracia”.

Epaminondas González tuvo una participación sobresaliente cuando Jorge Serrano Elías de un plumazo quizo derogar parcialmente la Constitución y entacucharse de dictador. La sentencia del 25 de mayo de 1993 es un valioso instrumento para estudiar lo que un Tribunal Constitucional debe hacer cuando el sistema jurídico en su conjunto es amenazado por situaciones de fuerza. Esta sentencia dejó sin ninguna oportunidad la eventual “formalización legal” de ese autogolpe.

Epaminondas González era presidente del Tribunal Constitucional y esperando que llegaran los soldados a sacarlo de su despacho, al mejor estilo de un defensor del derecho y sus convicciones, convocó a sus pares para conocer la ponencia que revolucionaría el derecho constitucional hasta la fecha y además colocó a la CC como un tribunal digno de estudio en todas las facultades de Derecho serias del mundo.

Epaminondas González tuvo la suerte de que lo acompañaran en su esfuerzo de ejercer la magistratura otros seis abogados que tuvieron el coraje de firmar la sentencia que evitó truncar nuestro desarrollo constitucional y pasar a la historia como quienes pudieron, desde la toga, evitar el asalto de la fuerza. Jorge Mario García Laguardia, Adolfo González Rodas, Gabriel Larios Ochaita, Rodolfo Rohrmoser Valdeavellano, Carlos Enrique Reynoso Gil y José Antonio Monzón Juárez acompañaron a su presidente de Corte hasta las últimas consecuencias.

En un país como el nuestro, donde los golpes de Estado se legitimaron por decreto, donde las armas siempre pudieron más que la justicia y el derecho, la actitud de Epaminondas González debe evocarse y no debe quedar en el olvido.

El asesinato tuvo una “explicación” de delincuencia común, pero siempre se supo que había mucho más e incluso la deficiente y negligente investigación forense confirma que la decisión criminal salió de gente que mantenía (y aún puede mantener) una buena cuota de poder.

Epaminondas González llegó a la CC como magistrado electo por la asamblea general del Colegio de Abogados y Notarios y fue legítimo representante de un gremio que en ese momento estaba comprometido con la construcción efectiva de la democracia como forma de vida; sin embargo, encontró que su crimen permanezca guardado en alguna estantería del sistema esperando justicia.

Nos dibuja de cuerpo entero que el asesinato de un presidente del Tribunal Constitucional, a la fecha, siga en impunidad, y esto debe denunciarse para buscar respuestas en un sistema que sacraliza las formas, evade el fondo y olvida su objetivo central.

A 24 años de este asesinato, las nuevas generaciones deben saber que la única forma de no repetir el pasado es conocerlo y la mejor forma de salir de los atolladeros morales es encontrar ejemplos de vida, así que el de Epaminondas González quede para ello.

La imagen de Kuczynski había quedado maltrecha desde su agónica salvación de ser destituido por el Congreso peruano hace apenas cuatro meses, cuando quedó a ocho votos de perder su cargo, aunque buena parte de esos respaldos fue la causa de su acelerado desprestigio, porque provenían del grupo de uno de los hijos del exdictador peruano Alberto Fujimori, quien inmediatamente recuperó su libertad por la vía del perdón presidencial.

Eso contribuyó al derrumbe de la imagen del mandatario, quien con esa acción hizo crecer las sospechas de que le había mentido al Congreso respecto de si había recibido sobornos de la poderosa constructora brasileña Odebrecht, que corrompió a varios presidentes latinoamericanos, al menos tres de Perú.

Esas dudas motivaron que un grupo de diputados planteara de nuevo la necesidad de otra comparecencia ante el Congreso, para votar sobre la capacidad moral de Kuczynski al frente de la Presidencia, lo que habría sido la causa de nuevos y grotescos errores, como la supuesta negociación de respaldos al mandatario a cambio ciertas prebendas.

Esas videograbaciones, que supuestamente incriminan al expresidente, acercan el tema de la corrupción a la realidad guatemalteca, porque evidencian hechos de deplorables conductas como las que aquí se observan, como la supuesta, aunque muy probable, compra de votos de congresistas a cambio de que el Ejecutivo adjudicara obras a diputados o a sus allegados en los departamentos a los que representan.

El pervertido modelo es harto familiar en Guatemala y se ve que es una modalidad continental, ocurrida en muchos otros países de Latinoamérica, donde la construcción de infraestructura pública ha enriquecido a algunos empresarios emergentes cuyo patrimonio se multiplica a partir de la llegada al poder de funcionarios a los que han financiado en sus campañas electorales.

Se trata de una extendida conducta perversa, pero también ha sido la causa de la atrofia en el funcionamiento del aparato estatal, de lo cual Guatemala puede dar abundantes testimonios, solo con pasar revista al rango y muchos funcionarios que en los últimos tres años han sido capturados por abusar de sus cargos en la concesión de obras, proyectos o adquisiciones que han servido para un rápido e indignante cambio de estatus económico.

Sin embargo, como bien lo transmiten varios peruanos consultados a propósito de la renuncia de Kuczynski, para ellos el problema es mucho más grande y complejo porque trasciende a más de un órgano de poder y por ello es que varios no dudaron en responsabilizar a los diputados por el nuevo traspié, y todavía más lejos fueron los obispos de Perú, al reclamar la recuperación de la ética y la moral “porque los altos niveles de corrupción roban la esperanza”.

En el discurso y en los hechos queda claro que están dispuestos a utilizar cualquier vía con tal de frenar las investigaciones y los procesos penales en los que están involucrados. Cada vez se parecen más a los políticos hondureños que fueron capaces de robarse una elección con tal de mantener los privilegios e inmunidades (¿o impunidades?) que devienen del poder.

A partir de que Álvaro Arzú llamó a utilizar la violencia contra los medios y periodistas independientes, se han sucedido una serie de acontecimientos que lo confirman. Ahí tienen ustedes la condecoración que el ejército le dio a la canciller Sandra Jovel por su “servicio a la patria” después del vergonzoso viaje en el que fue a ratificar ante el secretario general de la ONU la exigencia de despedir a Iván Velásquez de la Cicig, recibiendo por respuesta un “hasta siempre” del funcionario internacional.

O la resolución de la jueza Claudette Domínguez que dejó sin efecto la orden de captura contra el general Érick Melgar Padilla, argumentando que el acusado goza de derecho de antejuicio por pertenecer a un tribunal militar, ya que si bien la Constitución no lo establece, tampoco lo prohíbe.

Pero por si había alguna duda, los diputados terminaron de despejarla con la citación que hicieron al procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, para que se presente al pleno del Legislativo este martes y así “acallar una voz que por razón de su cargo tiene prestigio y autoridad”, como señala el comunicado del presidente de la Conferencia Episcopal que se hizo público este sábado.

“Nos parece sospechosa, mal intencionada e incorrecta la manipulación de este hecho alentada por algunos diputados firmantes del llamado pacto de corruptos”, se lee en el texto, lo que no viene sino a confirmar que esto es una estrategia más del bloque pro-impunidad, al igual que la declaratoria de persona non grata del comisionado Velásquez y el intento por prohibirle entrar al país; la tentativa de declarar interdicta a la magistrada del tribunal constitucional Gloria Porras o la intención de procesar a la fiscal general, Thelma Aldana.

La ira de los diputados contra el PDH es de tal magnitud que hicieron caso omiso de la disposición que señala que la única sala del Congreso que puede citarlo es la de Derechos Humanos y obviaron seguir lo establecido en el artículo 32 constitucional que dice textualmente que “no es obligatoria la comparecencia ante autoridad, funcionario o empleado público si en las citaciones correspondientes no consta expresamente el objeto de la diligencia”. Pero no es de extrañar porque están acostumbrados a hacer lo que les viene en gana en lugar de lo que la ley les faculta.

A Jordán Rodas no le están cobrando su presencia en la Plaza, le quieren pasar la factura por haber impedido por la vía de un amparo que Jimmy Morales concretara su intención de sacar del país a Iván Velásquez y, más aún, su “deslealtad” porque en lugar de responder a los intereses de quienes lo eligieron Procurador (es decir, los “honorables” diputados), se sumó al “bando” de quienes apoyan la lucha contra la corrupción y la impunidad. En resumen, se sienten “engañados” y quieren cobrar venganza.

@MarielosMonzon

Pero de alguna forma, esa ola de atención se difuminó a partir del 8 de marzo, día conmemorativo de los derechos de la mujer. Ese día, unos entusiastas ciudadanos mezclaron una cruda figura del órgano reproductor femenino con la imagen de la Virgen María, venerada por —digamos— la mitad de la población, y amada por buena parte del resto. Se la montaron en hombros, la recorrieron por el Centro —emulando una procesión católica—, se apareció por ahí el procurador de Derechos Humanos y, como era previsible, se armó la de San Quintín. A partir de entonces, los foros sociales fueron inundados con posiciones personales acerca de temas muy sensibles, como lo son la religión, la equidad de género y la moral, por mencionar solo algunos. Nuevamente la conversación giró hacia lo que nos divide, en lugar de continuar sobre lo que nos une. Observo en eso resultados convenientes solo para el presidente, el alcalde metropolitano, para los diputados perseguidos y todos quienes sienten que les cae la guadaña de la Cicig. Los imagino a todos ellos felices, rebosantes de sonrisas, aplaudiendo mientras nos ven, y animándonos a continuar despedazándonos en las columnas, en los programas de radio, en Twitter, el Facebook, ¡En todos lados! Los unos a los otros, como ha sido la costumbre nacional.

La igualdad de género, el respeto por la mujer, por su integridad y la equiparación de sus derechos respecto de los hombres son, sin ninguna duda, problemas pendientes, pues vemos en Guatemala un país donde los derechos de la mujer son violados enormemente. Pero para lograr esos cambios es indispensable tener conversaciones, no solo sociales, sino también en el Parlamento, para impulsar legislación que nos extraiga del Medioevo en que vivimos. Ahí justo cabe preguntarnos si contamos con representantes políticos que sean dignos de esa conversación, o que, siquiera estén dispuestos a entablarla. Evidentemente, el caso es que no, pues en su avasalladora mayoría fueron elegidos bajo y para un sistema perverso de intereses económicos y de poder personales, y no para solucionar los problemas nacionales.

El aborto, el género, la religión; estas son conversaciones que requieren de altos grados de civismo, ausentes en nuestra joven democracia. A esta, la imagino como un tierno tallo naciente, que no hace más que ahogarse al recibir —como bocanadas de agua— el odio y la confrontación comunes entre las visiones opuestas. Las sociedades que logran estos diálogos tienen sistemas políticos más sanos. Y ese es el objetivo encausado a inicios de marzo en los eventos del Frente Ciudadano contra la Corrupción, y el Tercer Encuentro Ciudadano, que unieron a sectores diversos. ¿De qué queremos seguir hablando? El año entrante son las elecciones generales y sin duda, los mismos se volverán a postular. ¿En verdad permitiremos la maquiavélica división por nuestras discusiones insuperables?

@pepsol

Prevalecen los foros para hablar de nuestros males. Se amplían, auscultan y analizan en visión de súper macro y una narrativa portentosa. A los bichos se les desviste y examina en un 360 completo. El recital impacta. Las estadísticas duelen como clavos de calvario en viacrucis de mea culpa. Entramos pesimistas, salimos ídem. Y el próximo probablemente será igual, desnudando nuestras debilidades, en las que predominan la corrupción y la impunidad, como si este fuera un cáncer ajeno a las externalidades de un todo mucho más complejo del cuerpo que habitamos.

Por ningún lado se menciona el remedio para curar el mal. Solo la amputación selectiva de los tumores, tirándolos a la basura de la prisión preventiva de los campos de concentración para que se pudran y se vuelvan abono de escarmiento en el Gulag de la narrativa monotemática lineal de este episodio de Star Wars.

Y quizá habemos algunos por aquí y por allá, con sendas banderas blancas oteando desde el palco carteles de: “La plaza manda”; “Entrémosle pues”; “No más protesta sin propuesta”; “Persigamos causas, no efectos”; “Eliminemos la corrupción eliminando incentivos perversos”; “Ley de Servicio Civil=400 mil hueseros menos”; “Votemos por caras, no por listado”; “Mingob: Urgen brazaletes ”; “Mala Justicia es una Injusticia”; “Fortalezcamos el sistema de Justicia”; “Para atraer inversión, reglas claras sin dilación”; “Facilitación, no complicación”; “Eliminemos la desnutrición con + QQ y + acción”; “Sin Propiedad Privada, no hay nada”; “¿Odebrecht o Infraestructura Público Privada?”; “Contrabando, ¿cuándo”? …

Admitámoslo, el discurso de la oposición al combate de la impunidad está agotado. Ya no da más para continuar con cantaletas @@guiri-guiri. Continuarlo es profundizar la polarización haciendo esta chamusca aún más vulgar de lo que está. Sin dejar de perseguir hay que sentarse a discutir. ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Cuál es la visión de largo plazo? Las elites, excepto el crimen organizado, están a bordo. Quieren reglas claras, operativos transparentes, debido proceso, gobernabilidad y estabilidad.

Hay que trabajar con el presidente que tenemos. Si se le ayuda a terminar su mandato nos irá mejor que antagonizándolo. Los peligros de un cambio por la vía de un juicio político, para que “suba aquel y luego renuncie y suba aquel…” esa “sí” es una caja de Pandora de la cual pueden surgir mil demonios incontrolables. El adagio bíblico de la “cizaña y el trigo”, o el bebé con todo y el agua, aplica a esta situación. Para algunos toda esta bulla monotemática lleva ese rumbo. Ojalá se equivoquen. Los riesgos son altos.

Las próximas elecciones serán atípicas (nuevas reglas); a pie (con pocos recursos financieros); en zoom y micromonitoreadas, para evitar los males de siempre de apostarle a “los caballos propios” para después sacarles prenda clientelar. El panorama es incierto. Se presagia un horizonte de dificultad para el Tribunal Supremo Electoral. Requerirá ampliar su capacidad operativa y recursos frescos. Un TSE débil genera dudas y le restaría certeza al proceso electoral.

Dentro de esta lógica, la paranoia de los delitos electorales trasladará el poder de convocatoria —de la costosa maquinaria pagada ilícita de antaño— a los liderazgos comunitarios y municipales, quienes al final del día son los que tienen el poder de la interrelación comunal. Ahí se jugarán las elecciones.

En concreción: pasar de la retórica a la acción.

alfredkalt@gmail.com

Hace algunas semanas publiqué una columna con el título Es tiempo de Kairos. En ella comenté que, desde el año 2015, con el combate de la corrupción encabezado por la fiscal general, Thelma Aldana, y el jefe de la Cicig, Iván Velásquez, nos parezca o no su trabajo, Guatemala ha entrado en un período de oportunidad para hacer cambios a nivel de país, como nunca lo habíamos tenido. Por las buenas o por las malas estamos recapacitando sobre la enorme responsabilidad que significa asumir un cargo público con integridad, capacidad y profundo sentido de servicio.

Al llegar, unos minutos antes de este evento simbólico que expresa trabajar por una Guatemala grande y digna, vi muchas caras conocidas de diferentes sectores e ideologías. No existía un ánimo confrontativo, sino de unir nuestros pensamientos para lograr una Guatemala libre de corrupción que nos permita llegar a vivir en paz. El propósito del FCCC es participar como ciudadano, como bien lo dijo Antonio Malouf, presidente del Cacif, “Sin títulos, en el plano individual”. Acudieron a la convocatoria todos los sectores del país, desde organizaciones de la sociedad civil, autoridades indígenas, líderes empresariales y de las universidades, columnistas y representantes de las iglesias. El gran salón bullía de energía positiva. Se sentía la fuerza de nuestra Guatemala plurilingüe y multicultural unida. ¡Esa es la Guatemala que quiere nacer! El motivo del evento era expresarle apoyo a la Fiscal General y al Comisionado por su lucha frontal en contra de la corrupción y la impunidad, como también la de garantizar un acompañamiento al próximo proceso de elección de fiscal general. El propósito es asegurar que el trabajo iniciado por la Fiscal no se detenga. Entre los puntos de la Agenda Mínima en la que esta agrupación, que representa a millones de ciudadanos guatemaltecos, enfocará sus esfuerzos están: 1. Apoyar la continuidad del comisionado Iván Velásquez al frente de la Cicig y velar porque la fiscal general, Thelma Aldana, finalice su período en el Ministerio Público. 2. Fiscalizar la elección del sucesor de Thelma Aldana. 3. Reconocer el respaldo de la comunidad internacional en el combate de la corrupción e impunidad.

“La mentira se hace verdad solo cuando queremos escucharla”, recordó el Clarinero. Los guatemaltecos presentes esa mañana no creemos en las mentiras que han circulado por las redes difamando a quienes participan en este duro combate de la corrupción. Millones de guatemaltecos no estamos dispuestos a claudicar por miedo o cansancio en la búsqueda de la verdad. Así lo manifestaron quienes dirigieron unas palabras a la audiencia. Mi admiración va para Estuardo Porras Zadik, cuando comentó que su familia fue la primera condenada por financiamiento electoral ilícito. “Nosotros”, dijo, “ fuimos los primeros en comprender lo que la lucha contra la corrupción significa: asumir responsabilidades, ponerse al frente y decir: Guatemala es más que yo, más que mi familia, mi empresa, mi nombre y que el bochorno social. Es duro, pero es válido”. Peter Lamport, académico y ministro de Finanzas durante el gobierno de Álvaro Arzú, pidió disculpas a las nuevas generaciones por el país que les estamos entregando, y agregó: “Gracias a la Fiscal y al Comisionado tenemos una luz, el espíritu y el ánimo que nos indica que sí es posible buscar el imperio de la ley y el rstado de Derecho”.

Sin embargo, no todo en la vida es miel sobre hojuelas. El coronel Melgar Padilla fue señalado de haber organizado un grupo de espionaje desde la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) y para no enfrentar a la justicia obtuvo un pase salvador al convertirse en diputado del oficialista FCN-Nación. Indudablemente esa tabla de salvación no hubiera estado a la mano sin la intervención del presidente Jimmy Morales. Este mes, el MP y la Cicig revelaron el presunto involucramiento del general Melgar Padilla en el caso Manipulación de la Justicia y la existencia de una orden de captura en su contra, la cual había sido girada por la jueza Domínguez. Pero en esta ocasión no valió el honor militar, ya que el general de brigada desapareció como por arte de magia y el ministro de la Defensa, Luis Miguel Ralda, se vio en la vergonzosa situación de acuerpar el guion oficial al decir que no sabía dónde estaba su subalterno, en horas de trabajo.

Fresco como una lechuga el general Melgar Padilla presentó un amparo para frenar su captura y asegurar que tenía inmunidad por ser juez militar. De nuevo entró la jueza Domínguez, pero esta vez para secundar el guion oficial y asegurar en una terrible güizachada que “la Constitución no otorga el derecho de antejuicio a un juez de rango militar, pero tampoco lo prohíbe”, razón por la cual revocó la orden de captura al considerar que al sindicado le era inherente la inmunidad. La Corte Suprema de Justicia se encargó de desmentir a la jueza al asegurar que desde junio del año pasado el general no ostenta ningún cargo judicial y por lo mismo carece de inmunidad. Tan solo este hecho evidencia la manipulación de la justicia que acompaña a este caso y se asoma la existencia de toda una trama que bien podría venir desde la Casa Presidencial para dejar en la impunidad al general Melgar Padilla.

Pero la situación no quedó ahí, ya que el general se sumó a la ofensiva contra el Ministerio Público y la Cicig. El viernes pasado publicó un video en el que atacó al sistema de justicia y señaló a la fiscalía de manipular un caso penal, con lo que siguió los pasos del presidente Morales y el coronel Melgar Padilla, que el año pasado difundieron videos en ese mismo tono. La diferencia es que el general tiene prohibido hacer este tipo de declaraciones porque pertenece a un cuerpo militar no deliberante y esas expresiones se pueden tipificar como delito de rebelión contra las instituciones del Estado. Si el comandante general del Ejército, Jimmy Morales, y el ministro de la Defensa no estuvieran involucrados en esta trama para favorecer la impunidad del general Melgar Padilla deberían proceder a su destitución y permitir que se proceda a su detención para que enfrente a la justicia por impulsar una investigación paralela con testigos falsos en torno al asesinato su padre, José Armando Melgar Moreno, por un conflicto de herencia de tierras. Pero eso sería pedirle peras al olmo.

Sin embargo, en nuestro país, que tiene todos los cánones y códigos distorsionados, lo que estamos viviendo es todo lo contrario: una serie de funcionarios con derecho de antejuicio que se defienden con uñas y dientes frente a la posibilidad de ser investigados; que alegan que cualquier señalamiento que haga el MP sobre una posible comisión de delito es un “hecho político” meramente porque se le hace a un político en funciones.

Como han convertido el derecho de antejuicio en un blindaje de impunidad, el Ministerio Público se ve obligado a seguir el curso establecido en ley y solicitar al Organismo Judicial que se pronuncie. Lo más triste y decepcionante es ver que hay jueces y magistrados que impiden que ocurra este hecho básico de la búsqueda de justicia que es la investigación, y que, en consecuencia, terminan convirtiéndose como mínimo, en cómplices de la impunidad.

¿Qué hace que un juez traicione de esta manera a la justicia? Indudablemente hay un componente de ética individual en el hecho. También está que, en general, los jueces, al igual que otros funcionarios, pueden estar mal pagados, carecer de condiciones idóneas para ejercer su delicada función y todo ello los haga más susceptibles de pervertir su función social a cambio de mejoras socioeconómicas o movilidad social que el sistema no les confiere de otra manera.

Buscando una respuesta más compleja a esta interrogante, me encontré con una entrevista que hizo un periodista a un juez de otro país. El juez sintetizó su respuesta de esta manera: “La justicia se arregla con dinero, no con el Derecho; el sistema acusatorio está tan mal montado que hace posible la corrupción”. Es más, cuando el fenómeno de la corrupción se generaliza, los jueces pueden llegar a actuar como un cártel”. También defenderse entre sí, diría yo. Más grave aún, añadió el entrevistado: “Cuando un juez es comprado, dicta su fallo u otorga su beneficio con argumentos jurídicos. Por eso es tan difícil desenmascararlos. Por más absurdo que parezca ese beneficio, el juez sabe cómo argumentarlo para que tenga una apariencia de legalidad”.

Otro factor importante que señaló el entrevistado es que el juez no tiene contrapeso, mientras que, en el sistema norteamericano, por ejemplo, existe la figura del “jurado de conciencia”, integrado por ciudadanos escogidos al azar que tienen voz en la determinación del valor de la evidencia aportada y en el veredicto. Solo eso ya hace más difícil que el proceso se corrompa o que el juez sentencie más blando que lo que procede, motivado por otros incentivos.

En el caso del sistema de justicia en Guatemala, creo que hay que revisarlo todo de nuevo. Es notorio que hay jueces a los que “casualmente” siempre les caen los casos de los políticos sospechosos de ilícitos. Me dicen que el sistema asigna al azar… sinceramente, ¿cuán cierto es eso? Y si ni eso es transparente, ¿cómo podremos asegurar todo lo demás? Debería ser materia de preocupación de quienes claman todo el tiempo por el debido proceso.

karin.slowing@gmail.com

Lo que hagan el MP y la Cicig no será suficiente si el Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia no apuntalan la lucha contra la corrupción. Al igual que el Congreso, el Organismo Judicial es como un castillo amurallado que ha resistido hasta ahora todos los intentos de depuración. Mientras ello no suceda, difícilmente veremos cambios sustanciales que hagan que quienes infrinjan la ley o quieran lucrar con recursos del Estado sepan que habrá verdaderas consecuencias. Por eso es tan importante todo lo que sucede en estos días, cuando la disputa mayor es la elección de Fiscal General y, más adelante, de una nueva Corte Suprema de Justicia.

Para ello es fundamental también que el #PactoDeCorruptos no domine dicha elección ni la de la Corte Suprema de Justicia. Es necesario que como sociedad lleguemos al punto de quiebre, en el sentido de que cambie drásticamente la correlación de fuerzas que, hoy por hoy, favorece a los promotores y reproductores de la corrupción, que controlan ese proceso. Si ellos ganan, podemos esperar un escenario de oscuridad y mayores retrocesos —a merced de la corrupción— para al menos los próximos 20 años. De ser así, la reconfiguración geopolítica en la que se inserta esta situación se dará, pero en lugar de convertir a Centromérica en un lugar de prosperidad, pasará a ser una enorme granja penal regional, a donde mandarán a quienes expulsen por delitos o se consideren indeseables en otras sociedades, pero también, un lugar donde los corruptos seguirán reinando y sometiendo a la ciudadanía trabajadora a las condiciones más execrables.

¿Qué actores deben intervenir y resumir con carácter urgente este rol de contrapeso y pivote para cambiar esa correlación de fuerzas? La ciudadanía, sin duda, pero, con sus débiles capacidades organizativas, sigue siendo el talón de Aquiles de este proceso. Su temor implantado a la participación política, su debilidad organizativa, su rápido descorazonamiento, impide que ejerza con vigor su papel. Hoy más que nunca urge ser apuntalada. Cada uno de nosotros y nosotras debe plantarse y decir: Adelante Cicig y MP; y mostrar que a pesar del trago amargo que significa para muchos, no seremos parte de la impunidad.

Igualmente, implementar otras medidas que impidan que el #PactoDeCorruptos se termine de enquistar en el país. Hay empresarios y empresarias que no han forjado su fortuna a costas del Estado, privilegios o actos de corrupción. Es hora de que salgan al frente con fuerza. Los cooperativistas: no creo que todos se hayan vendido al lado oscuro. Hay algunos políticos dentro del Congreso que comienzan a aglutinarse como contrapeso interno. Funcionarios públicos: a pesar de la horrenda imagen que una parte de la sociedad tiene, sí hay gente honesta, trabajadora y deseosa de un mejor Estado. Es hora de que nos levantemos todos y digamos #YoNoSoyImpunidad y signifique para algunos o para muchos dolores personales que habrá que afrontar en aras del sueño de lograr un país más digno para nuestros hijos.

karin.slowing@gmail.com

La niñez guatemalteca es el último de los eslabones de la cadena. A ella llegan apenas los sobrantes del banquete y muchas veces ni siquiera eso. Como prioridad cero, tampoco los programas destinados a favorecerla experimentan una fiscalización estricta y, por ende, la desviación de los fondos destinados al desarrollo integral de la niñez pasa por debajo del radar.

Cuando se habla de corrupción se suele enfocar el objetivo en los detalles del saqueo sin poner el dedo en el problema central, que es la impunidad consecuente. Es decir, el pago por los delitos contra la integridad de las instituciones queda como una tarea pendiente mientras la ciudadanía gira su atención hacia otro escándalo y otro más, sucesivamente, perdiendo el hilo esencial de la acción de la justicia por los que ya hicieron titulares de portada.

De ese modo se van acumulando las deudas ante la ley, un nudo gordiano capaz de entorpecer durante décadas todo intento de avance en la labor de la justicia y la reparación de los daños cometidos contra la población, especialmente de menores recursos. Y así como sucede en el caso de este programa tan valioso para las nuevas generaciones, acontece con otros de mayor o menor impacto y queda en el imaginario social la idea de la imposibilidad de luchar contra la impunidad, porque esta es ya parte de una subcultura imperante en todos los ámbitos.

El incumplimiento del programa de los Mil Días se podría catalogar como un crimen de lesa humanidad al condenar a un numeroso grupo de madres e hijos a una desnutrición forzada, privándoles de su derecho a lo que muy claramente les garantiza la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 1º. “Protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común”.

Por si quedara alguna duda, el artículo 2º. insiste: “Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”.

Muchos escándalos acaparan titulares. Innumerables casos de corrupción, algunos casi anecdóticos y otros de dimensiones grotescas mantienen en vilo la atención ciudadana. Sin embargo, la pérdida de capacidades físicas y mentales de miles de niñas y niños menores de 2 años, ocasionada por falta de nutrientes y baja calidad de vida, queda únicamente señalada en estadísticas tan frías como insuficientes si se desea dimensionar el problema para ponerle un alto definitivo.

El país ha quedado señalado como uno de los más incumplidos en objetivos mundiales destinados al desarrollo integral de la persona. Sin embargo, no es únicamente por su incapacidad para ejecutar los fondos destinados a programas sociales, sino también porque los presupuestos fluyen hacia destinos ajenos y fuera de la vista pública. Detener el régimen de impunidad es tarea de todos, pero también lo es restaurar la confianza en las instituciones garantes del estado de Derecho.

elquintopatio@gmail.com

Entonces perdimos de vista que el problema real que nos ocupaba era la impunidad de un Estado secuestrado por décadas alrededor de un pacto de corrupción, y empezamos a engancharnos con distractores que fueron surgiendo para impedir que la justicia avanzara. Y terminamos debatiendo sobre cosas importantes pero no urgentes como los catecismos ideológicos de derecha e izquierda, la prisión preventiva, la consulta popular sobre Belice, y más. Bajo esta superficie, seguía latente el miedo de muchos a perder privilegios, a terminar en prisión o perder el reconocimiento social. Hasta que volvimos al revuelo provocado por los anteojos del presidente, a la (otra vez) vergonzosa actuación de la actual canciller guatemalteca ante Naciones Unidas en un nuevo intento por sacar a Velásquez y proteger el statu quo, y al proceso de elección de la junta directiva del actual Congreso de la República, definido justo desde ese miedo de los corruptos acostumbrados a pactar.

Hoy, la Fiscal General y el comisionado de la Cicig son, para ese miedo de tantos, LA amenaza que quieren sacarse de encima. Y resulta que Aldana y Velásquez son los culpables de que la inversión no llegue al país —no los niveles de corrupción—; los culpables de que tanta gente “buena” esté pasando un mal momento —no la mala costumbre de esta gente buena de robar y evadir la justicia—; los culpables de que estemos polarizados —no la Guatemala violenta e injusta, con una profunda brecha entre riqueza y pobreza—; los culpables de exponer públicamente a las personas ligadas a proceso esposadas en el oscuro pasillo de tribunales —no el mismo gobierno que tendría la obligación de evitarlo—. Hasta resultan siendo los culpables del mal estado de las carreteras —y no es chiste, así lo sugirió un representante de la “intelgentzia” política actual—.

La impunidad cierra filas desde muchas partes. Hay también intentos desde el actual Ministerio de Gobernación de intervenir directamente en la coordinación para la ejecución de órdenes de captura y allanamientos. Hasta ahora, para evitar fugas de información, los policías que apoyaban los operativos de MP-Cicig, desconocían qué tipo de caso era hasta el momento del operativo. En esa línea, en la misma noticia publicada por elPeriódico (03-02-2018), el juez Miguel Ángel Gálvez instruye al Ministro sobre la necesidad de ofrecer seguridad a colaboradores eficaces en casos de corrupción.

En otro sentido, altos representantes del gobierno de Estados Unidos, así como del Sistema de Naciones Unidas, expresaron su apoyo irrestricto a la Cicig y al MP. Y llegan noticias sobre un rompimiento internacional de vínculos comerciales con empresas asociadas a la corrupción y la evasión, a violaciones de derechos humanos y medioambientales (http://www.startribune.com/cargill-takes-rare-step-of-cutting-business-with-guatemalan-palm-oil-supplier/467456473/ y http://www.excelsior.com.mx/global/2018/02/06/1218568).

En medio de tanta tensión, la impunidad sigue allí. Es nuestro frente común. Como lo son las estructuras criminales incrustadas en el Estado, los niveles de exclusión, y la corrupción. Somos muchos/as quienes queremos presentes y futuros más dignos para millones de personas en Guatemala. Somos más los que decimos sin falsos moralismos #YoNoSoyImpunidad.

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Su poder se basa en el dominio del sistema político y económico y su estrategia ha sido la captura y cooptación del Estado, que les ha facilitado no solamente enriquecerse a través de un bien montado esquema de corrupción (incluyendo el financiamiento electoral y los partidos-mafia) sino tejer al interno del sistema de justicia una red de influencias para procurarse impunidad. Por eso se les denomina Redes Político-Económicas Ilícitas (RPEI).

Las investigaciones del MP y la Cicig han permitido develar sus métodos y sus integrantes. En la medida que salen a la luz cómo funcionan y se conforman estas macro estructuras criminales crece el número de personas y sectores que se ven involucrados y, como consecuencia, se fortalece y consolida el bloque pro-impunidad que en este momento está integrado por políticos, funcionarios, ex funcionarios, militares, ex militares, banqueros y empresarios corruptos, evasores de impuestos, narcos y diputados que ya afrontan un proceso penal o que están seguros que pronto les llegará su turno.

En síntesis, están los capturados, los prófugos y los asustados. La mayoría de ellos (y ellas) nunca pensaron que la justicia les alcanzaría y por eso dejaron cualquier cantidad de evidencias sobre los manejos sucios en el ejercicio del poder. Ahí tienen ustedes los casos sobre plazas fantasma, financiamiento electoral ilícito y pago de coimas y sobornos para la adjudicación de obras del Estado, sustentados en cientos de documentos (físicos y electrónicos) que comprueban cada uno de los señalamientos de corrupción.

En el último tiempo el pelotón pro-impunidad ha perdido las formas. En el discurso y en los hechos ha quedado claro que están dispuestos a utilizar cualquier vía con tal de frenar las investigaciones y los procesos penales en los que están involucrados. En menos de una semana, el comandante en jefe Arzú llamó a utilizar la violencia contra los medios y periodistas independientes; en el congreso —así con minúsculas— el pacto de corruptos ratificó a su directiva; y la canciller Jovel —con menos tino que un elefante en una cristalería— ratificó al Secretario General de la ONU la exigencia del gobierno de despedir a Iván Velásquez de la Cicig, y aunque su periplo además de vergonzoso resultó infructuoso, por ese “servicio a la patria” fue condecorada por el ejército.

Los objetivos están clarísimos: deshacerse de la Cicig y del comisionado Velásquez y retomar el control del Ministerio Público. Para lograr lo primero, varias fuentes confirman que Jimmy Morales tiene ya sobre su escritorio el documento para denunciar el acuerdo de Cicig que luego sería avalado en el congreso por el pacto de corruptos.

Para alcanzar lo segundo, ya está en marcha la estrategia para cooptar el proceso de elección del próximo jefe/a del MP. El primer paso es que la comisión de postulación elabore un listado de 6 candidatos afines al bloque pro-impunidad para que Jimmy Morales no tenga problemas en designar a cualquiera de la lista. No quieren candidatos probos, ni “grises” que luego puedan cambiarse de bando, buscan nombrar un Fiscal General (FG) que les garantice que todos sus miedos desaparecerán y podrán volver a dormir tranquilos. La pregunta es si estamos dispuestos a permitírselos.

@MarielosMonzon

Y por ahí vamos. Nos envuelve un “ni para atrás ni para adelante”, quizás más para atrás… y un futuro incierto. Con tantos grises permeando los tres poderes del Estado, sus funcionarios y a la clase política como un todo, hay poco espacio de gobernabilidad en el mediato plazo.

Con esa pesada carga encaramos la actual coyuntura política: Una junta directiva a la cual le han interpuesto un amparo ante una Corte de Constitucionalidad con un récord de decisiones controvertidas. Cualquier cosa puede salir de ahí. La juramentación de los comisionados de postulación para la elección del fiscal general que abre un ring de alta conflictividad, especialmente por la utilización de grupos contestatarios de choque. Ojalá que esos comisionados le pongan más atención a la experiencia concreta y a la trayectoria profesional de los candidatos que a los doctorados de becas doradas. Y por último, una silla aún vacía en la SAT con la cuestionada salida del exsuperintendente Foppa de la misma. Y los escándalos de siempre de relojitos y masajes siliconeados que minan el liderazgo del presidente en medio de un contexto político muy vulnerable para él.

En medio de todo esto, el entorno para atraer inversión y generar empleo anda por los suelos. La Corte lleva más de tres meses sin responder al amparo de Calas contra la minera San Rafael. La empresa ya ha tenido que despedir a 250 empleados, con sus consecuencias para la economía local. Los mensajes llegan a Wall Street. Y aquí parece como si nada hubiese pasado.

Pero el futuro económico es mucho más peligroso, según CABI. La fuga de industrias y empresas chapinas a México es algo nunca visto en magnitud. Y aquí se siguen tratando los temas de salario y tipo de cambio como tabú”. Escriben.

¿Y qué les ofrece México? Un peso devaluado, aunque últimamente subió casi 6 por ciento. Un salario mínimo más bajo que el de Guatemala, que desde hace años está calculado en una canasta básica inflada con métricas erróneas por el INE. Una infraestructura de primera —la antítesis de ese cráter lunar dejado por la constructora Odebrecht de este lado del río—. Una mano de obra abundante y calificada, y lo mejor para ellos —y lo peor para nosotros—: una frontera completamente porosa, con más de 139 puntos ciegos para el paso de contrabando que el año pasado superaron los 16 mil millones, según cálculos de la Cámara de Industria.

El contrabando no paga impuestos, ni IVA, y en muchos casos ni siquiera mordida. Sucede a plena luz del día y sin ninguna intervención de la Policía o la SAT. ¿Se pregunta uno cuáles serán las causas…? Es una condena a muerte de las empresas nacionales que tienen que pagar impuestos y, por supuesto, integrarlos al precio del consumidor.

Ahora entendemos por qué muchas empresas se están trasladando a Chiapas y alrededores. Les sale más barato que producir de este lado del río revuelto, convulso, oneroso del suelo patrio.

Qué lamentable que estemos llegando a estos finales sin retorno. Y entonces vendrán las rasgaduras y los gritos de desesperación, y las promesas de tarima politiquera, y todo quedará igual o peor que esta leyenda macondiana envuelta en la intriga de los corruptos, los corruptibles, los que viven de combatirla y no quieren que termine, y los pobres chapines cada día más pobres.

Jodidos estamos…

alfredkalt@gmail.com

No solamente tomó fuerza la campaña de desinformación y calumnias a través de redes sociales y medios masivos de comunicación que les son afines, se intensificó la estrategia de bloqueo para evitar que los procesos penales avancen (litigio malicioso, que le dicen), sino que se concretó la primera etapa para retomar el control en instituciones clave que les den amplio margen de maniobra para lograr un solo objetivo: detener de una vez y por todas la lucha contra la impunidad que ha golpeado el corazón de las mafias de las que forman parte. Y no cabe ninguna duda de que lo de Odebrecht y Manuel Baldizón reforzará su alianza.

Pero a pesar de que en las últimas dos semanas lograron concretar la conformación de una junta directiva del Congreso espejo de las mafias y sacar de la SAT a Juan Francisco Solórzano Foppa del puesto de superintendente, estas jugadas muestran el tamaño de sus miedos.

Detrás del enorme poder que ostentan y están haciendo valer también se esconde su debilidad: como nunca antes, los verdaderos dueños del poder han debido mostrar su rostro y explicitar sus métodos. Ya no les alcanzan sus operadores políticos y mediáticos, se han visto forzados a salir ellos mismos a jugar y eso es lo que los hace débiles.

Es cierto, se unieron y van por todo: están buscando la forma más rápida y eficaz de deshacerse del procurador de Derechos Humanos, quieren colocar en el MP un fiscal general pro impunidad que les garantice el fin de las investigaciones y procesos penales en su contra (esta vez le apuestan a uno de los suyos), intentarán por todos los medios sacar a la Cicig de Guatemala y desbaratar la desarticulación de las redes político-económicas ilícitas (que son la base sobre la que se sustenta el actual sistema corrupto) y no cejarán en su intento por influir en la elección de la Contraloría General de Cuentas y la Rectoría de la Usac, para que quienes las dirijan estén alineados con sus intereses. Y, por supuesto, seguirán utilizando todo su poder de injerencia en las cortes para que no haya justicia.

De ese tamaño es la contraofensiva y de ese tamaño debe ser nuestra respuesta. La unidad de todas las personas y sectores en la concreción de un movimiento ciudadano, político y social capaz de sostener la transformación iniciada y detener el avance de las mafias.

La alianza perversa entre individuos y redes con poder político, militar, económico, mediático y criminal tiene que ser derrotada por una alianza que los supere y los haga retroceder. Mal hacemos en caer en su juego siendo presas de la indiferencia, la desesperanza, el sectarismo y la descalificación entre nosotros, eso solo nos desmoviliza y nos divide. Y es precisamente en nuestra división donde radica su fortaleza.

La fuerza de tarea Mariscal Zavala, sus satélites y aliados, sus socios en los tres organismos del Estado, y los señorones/as del poder real (económico, político y criminal) están en la cancha dispuestos a ganar, hace falta completar el equipo para hacerles frente y retomar la movilización ciudadana —como supimos hacerlo—, esa es la única forma de obligarlos a recular o, de lo contrario, vamos a perder por goleada.

marielosmonzon@gmail.com

En ese objetivo están comprometidos el presidente Jimmy Morales, el alcalde Álvaro Arzú Irigoyen, su hijo Álvaro Arzú Escobar y quienes le acompañan en la junta directiva del Congreso, así como los otros 91 diputados que votaron por una nueva junta directiva impresentable, incapaz de transmitir alguna posibilidad de cambio. Se equivocan quienes creen que los hechos podrían desmentir el discurso.

Eso no ocurrirá, porque en las distintas esferas del poder se hacen todos los esfuerzos por consolidar el cartel de la impunidad, integrado por un numeroso grupo de diputados, funcionarios y algunos empresarios, que con sus recursos incluso permiten el ataque a quienes exigen un mínimo de decencia y unen sus voces al clamor por no bajar la guardia en la lucha contra una clase políticamente jurásica.

Triste es que exista un numeroso grupo de funcionarios empecinados en consolidar un modelo vergonzoso de administración pública en el cual predominan y sobresalen el abuso, la irresponsabilidad y la desvergüenza en la forma de conducir la cosa pública.

Por eso tiene razón la fiscal general, Thelma Aldana, cuando afirma que no encuentra en el presidente Morales a un aliado en la lucha contra la corrupción, quien menos puede presumir de encabezar algún esfuerzo en ese sentido, porque esa es una falsedad. Su peor acción fue la intentona de descabezar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, justo cuando fue señalado de haber utilizado recursos oscuros en su campaña electoral.

Aunque Aldana reiteró que todavía es tiempo para que el presidente se sume a esos esfuerzos, todo indica que esa actitud debe ser descartada, porque Morales ya rebasó a paso acelerado la línea de un posible retorno, como lo ratifica la elección de la directiva del Congreso, una afrenta a los guatemaltecos y a los países amigos, que insistieron claramente en rechazar la participación de cualquiera de los diputados firmantes del Pacto de Corruptos.

El cartel proimpunidad que ahora cree haber acumulado más poder solo profundiza una crisis que terminará muy mal para muchos de sus integrantes, aunque lamentablemente también le harán un enorme daño a Guatemala, porque la inestabilidad e incertidumbre que provocan con sus repudiables acciones solo acrecentarán la incipiente pero firme desconfianza en la inversión.

Vividores del conflicto insisten en querer calificar esta lamentable situación como una lucha ideológica, mientras otros, de criterio muy monetizado, están convencidos de que la persecución penal está dirigida bajo el cristal político. El asunto es muy sencillo y de lo que se trata es de cerrarle el paso a maleantes de cuello blanco que han convertido el poder en un pasaporte para el latrocinio, aquellos que a la sombra del poder han mostrado su peor faceta.

Se habla de pacto de corruptos —y quien si no los corruptos no quieren que se combatan— pero, ¿y las violaciones al debido proceso? Desde hace años, los derechos humanos de ciudadanos con presunción de inocencia se violan con total impunidad. Esa impunidad ¿no está contenida dentro del acuerdo de la Cicig? ¿No es su competencia y responsabilidad velar por erradicarla?

Perseguir el delito, administrar el poder coercitivo de la ley, respetar el debido proceso, hacer valer el imperio de la ley, entendido este como la primacía de la ley sobre cualquier otro principio gubernativo, especialmente contra la tiranía y la arbitrariedad del poder político, “para conseguir la seguridad jurídica y proteger la libertad del hombre frente a interferencias de terceros, muy especialmente del gobierno…”. Eso es un deber fundamental de esa Comisión contra la Impunidad…

¿Qué pasa con aquello de que “¿Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido”, según el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala?

El mandato, y de suyo, el nombre de la Cicig: Comisión contra la Impunidad”, implica combatir la impunidad en todas sus formas, incluidas, por supuesto, la madre de todos los caldos de cultivos de la corrupción generadores de la impunidad: las estructuras paralelas operando dentro del sistema de justicia.

Combatir la impunidad no se supedita a la persecución de las estructuras criminales enquistadas dentro de los poderes del Estado dedicadas al robo en cualesquiera de sus formas. Va más allá. Incluye las estructuras dentro del sistema de justicia operando bajo esa presión espuria e insana para “castigar” no juzgar, conforme esos preceptos.

El número de casos suspendidos en una especie de purgatorio con mucha purga, saña, violación de derechos humanos, irrespeto al debido proceso y tiempos procesales, ya rebasa todos los grises de la letra muerta de ese mandato Cicig con estigma de non grato respirándole en la nuca. Incontables privados de libertad protestan que la Cicig y la PDH se hagan los desentendidos de lo que está pasando en el sistema penitenciario nacional. Podrán a los ojos del MP y Cicig ser pillos de alto valor político los que están en proceso. Quizás algunos lo sean. Pero si no se respeta la primacía de la ley para “lograr esa seguridad jurídica que protege la libertad del hombre frente a interferencias de terceros, léase, el mismo gobierno”, el mandato de la Cicig es insostenible y se vuelve más “ingrato aún”.

Un informe de La Relatora del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, efectuado el 21 de diciembre pasado, contiene una preocupante descripción de la forma como se llevó a cabo una requisa totalmente desproporcionada en términos de fuerza y método, utilizando bombas lacrimógenas que estuvieron a punto de asfixiar a los detenidos encerrados en los dos pequeños dormitorios.

En próxima entrega comentaré sobre dos cartas que he recibido de los militares Ruiz Morales y Chiroy, detenidos por los casos Creompaz y Alaska.

La impunidad continúa….

La lucha contra la impunidad que evidenció la captura y cooptación del Estado por grupos de poder político y económico —otrora intocables— desató una ofensiva jurídica, política y mediática que se mantiene latente y que volverá a arreciar una vez se presenten nuevos casos contra macroestructuras criminales y, por supuesto, cuando inicie el proceso para la elección de la persona que ocupará el cargo de Fiscal General de la República. No cabe duda de que intentarán llevar la polarización a su máximo extremo.

Este es un momento de especial trascendencia para Guatemala porque estamos en el punto de inflexión en el que o avanzamos o retrocedemos. Nos estamos jugando la posibilidad de iniciar una transformación de fondo o de acentuar el estatu quo y enterrar por al menos otra década toda posibilidad de cambio.

El bloque proimpunidad, integrado por los afectados por procesos penales que están en marcha y por quienes sienten que serán los próximos en la lista —políticos, funcionarios, exfuncionarios, empresarios y banqueros, militares y exmilitares, abogados, operadores de justicia, incluyendo varios exmagistrados; el monopolio de la televisión abierta, el bloque hegemónico del poder económico, los narcotraficantes, el grupo de tarea Mariscal Zavala, los prófugos y, por supuesto, el presidente Jimmy Morales y su juntita— tiene un objetivo común: lograr el control del Ministerio Público (MP) a partir de elegir un fiscal general a su medida.

Un fiscal proimpunidad garantizaría la ralentización de los procesos existentes, el fin del trabajo conjunto entre el MP y la Cicig, la clausura de las investigaciones penales por delitos de lesa humanidad (por aquello que la impunidad del pasado garantiza la impunidad del presente) y un incremento de la criminalización por la vía del derecho penal contra defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, autoridades indígenas e integrantes de los movimientos campesinos y de resistencia.

Para lograrlo todas las piezas tienen que estar alineadas. Por eso también se empeñan en controlar (¿cooptar?) la elección de la nueva junta directiva del Congreso que les garantiza no solamente que no prosperen las solicitudes de antejuicio (como la del señor Morales), sino que se detenga cualquier iniciativa de reforma legal; la del Contralor General de Cuentas (clave en cualquier proceso de fiscalización), y la de la Rectoría de la Usac (la universidad pública tiene iniciativa de ley, un rol activo en las comisiones de postulación y nomina integrantes en decenas de entidades del Estado), no sea que se les cuelen candidatos independientes y comprometidos con la transformación del país o algún que otro “convertido” como ya les ha ocurrido.

La elección de fiscal general supone su sobrevivencia —la personal y la del sistema— y por eso se van a jugar el todo por el todo.

El 2018 será el año de las definiciones y, como lo viene haciendo el pelotón proimpunidad, bien haríamos quienes queremos derrotarla en consolidar un sólido bloque contra la impunidad que incline la balanza a favor del cambio profundo del sistema, que le dé viabilidad a este país y oportunidades de desarrollo a las grandes mayorías.

EE. UU. sanciona a diputado por abusos de derechos humanos y corrupción.

“Los Estados Unidos valora altamente contar con socios guatemaltecos que están  comprometidos con la lucha contra la corrupción y la impunidad”, dio a conocer la embajada en un comunicado de Prensa este lunes.

Para el sábado 13 de enero, el Congreso convocó a los 158 diputados para elegir a la nueva directiva de ese organismo. El Primer Vicepresidente del Legislativo, Felipe Alejos, confirmó la sesión ordinaria.

La embajada en su mensaje subrayó: “El liderazgo ejecutivo del Congreso de Guatemala es un socio importante para los Estados Unidos, y el compromiso del liderazgo del Congreso para la transparencia es un factor clave para mantener una cooperación efectiva”.

El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, hizo una mención al mensaje de Arreaga. “confío en que los legisladores harán su mejor esfuerzo para que la elección represente una muestra de buena voluntad”.

El gobierno de Trump lanza un nuevo régimen de sanciones contra los violadores de los derechos humanos y los actores corruptos de todo el mundo, basándose en la Ley de Responsabilidad Global de Derechos Humanos de Magnitsky: https://t.co/ETmF7fUiU1

— USA en Español (@USAenEspanol) December 21, 2017

Uno de los momentos claves llegó cuando el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala presentaron, el 24 y el 25 de agosto, acusaciones de financiamiento electoral ilícito contra los secretarios generales de los partidos políticos Unidad Nacional de la Esperanza, del desaparecido Líder y contra Jimmy Morales, de FCN-Nación, por no haber registrado ni reportado miles de quetzales en aportes de financistas.

Aunque estas acusaciones no constituían una gran sorpresa, sí estremecieron el panorama político porque Morales se convertía en el segundo mandatario en ser acusado por las dos entidades que han librado una decisiva lucha contra la impunidad en los últimos tres años, una batalla llena de obstáculos y retos, la mayoría surgidos desde las filas políticas.

El trámite de antejuicio contra el mandatario avanzó en la Corte Suprema de Justicia con cierta celeridad, e igual ocurrió con la Comisión Pesquisidora integrada por el Congreso, aunque las circunstancias habían variado y el pleno de diputados protegió mayoritariamente al mandatario, quienes tampoco pudieron descartar la investigación.

Esa componenda entre una bancada oficialista nutrida de tránsfugas y otros aliados interesados en obtener beneficios no solo protegió a Morales de la investigación judicial, sino que les dio alas a los diputados para dar un paso más osado: el fallido intento por aprobar una ley que modificaba el Código Penal y beneficiaba a miles de maleantes, y luego aprobaron una modificación para absolver a los secretarios de los partidos políticos de enfrentar cualquier cargo por financiamiento electoral ilícito.

Esas aberraciones parlamentarias despertaron de nuevo la ira ciudadana, que durante dos días protestó de manera firme alrededor del Congreso hasta lograr que los diputados dieran marcha atrás en los decretos proimpunidad y los derogaran, pero el deterioro en la imagen del Legislativo simplemente había descendido un escalón más, inercia sobre la cual ha continuado su marcha.

Sin embargo, el caso que abre la posibilidad de que las artimañas de la vieja política puedan tener un freno, es la solicitud de retirarle la inmunidad al alcalde Álvaro Arzú, a quien el MP y la Cicig señalaron también de haber financiado de manera ilícita su campaña electoral, pero sobre todo de haber beneficiado a Byron Lima Oliva, su exguardaespaldas, con recursos movidos a través de los ilegales fideicomisos.

Un caso que debe resolverse a favor de la justicia y podría ser crucial para lucha contra la corrupción y la impunidad, porque Arzú es una figura emblemática en el modelo imperante en Guatemala, en el cual el financiamiento electoral, o el tráfico de influencias y el uso de recursos públicos, marcan las acciones de quienes durante los últimos años han ocupado los más altos cargos de poder político.

Ese flagelo “erosiona las sociedades” y obstaculiza el crecimiento económico y el buen gobierno, reflexionan los diplomáticos en el texto, porque la corrupción impacta en el desarrollo sostenible y la capacidad de garantizar plenamente los derechos humanos.

Guatemala ha dado pasos firmes en la lucha contra la corrupción, afirma la comunidad internacional, con iniciativas de gobierno abierto, y con la instalación de la Cicig.

“La comunidad internacional aprecia el trabajo del Estado de Guatemala en la lucha contra de la corrupción y la impunidad. En particular, reconocemos los esfuerzos del Ministerio Público y de la Cicig. Los resultados logrados demuestran a la región y al mundo que es posible atacar a las redes de corrupción, fortalecer las instituciones judiciales y que puede prevalecer el estado de derecho”, agregan en el comunicado.

El último comunicado que había emitido el G-13, el 20 de septiembre, fue para instar al gobierno a garantizar el derecho de las y los ciudadanos a manifestar su opinión en libertad, y en el pronunciamiento anterior a ese, con fecha 27 de agosto, los donantes aseguran que “la decisión de expulsar al comisionado Iván Velásquez daña la capacidad de la Cicig para cumplir su mandato.

En el comunicado de este sábado, acerca de los esfuerzos para luchar contra la corrupción, el ausente en las menciones es el Congreso de la República.

“Como comunidad internacional reiteramos nuestro compromiso de trabajar con el pueblo y gobierno de Guatemala en apoyo de una gobernabilidad incluyente y responsable en el país, con enfoque de derechos humanos, derechos de las mujeres, niñez y pueblos indígenas”, concluye el pronunciamiento.

El G-13 es integrado por las embajadas de Estados Unidos, Alemania, Canadá, Chile, España, Francia, Italia, Reino Unido, Suecia, Suiza, la Unión Europea, el Sistema de Naciones Unidas, y la Organización de los Estados Americanos.

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La experta añadió: “El recorrido continúa hacia la Municipalidad de Guatemala, luego a la Corte Suprema de Justicia y Tribunales. Este punto se debe a que muchos de los jueces han estado involucrados en casos de corrupción y que en el sistema de justicia es donde hay más impunidad”.

“Luego se visitará el Ministerio de Finanzas, que tiene una labor importante porque son los administradores de la hacienda pública. Después nos trasladaremos a la Corte de Constitucionalidad ya que es el ente encargado de garantizar todos los derechos establecidos en la Constitución. Seguirá el recorrido en el Congreso porque ahí se gestaron las plazas fantasmas y finalizaremos en el TSE porque es necesario empoderar a la ciudadanía”, dijo Ayerdi.

Replicar para mejorar

Amabilia Gómez, directora ejecutiva de la fundación e Instituto de Relaciones Internacionales e Investigaciones para la Paz (Iripaz), indicó que el proyecto es una réplica de espacios que se han desarrollado en otros países como Colombia y México, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción.

“Para la institución, en el “Tour de la corrupción: un viaje a la transparencia”, atendemos la misión de fortalecer la democracia en Guatemala apegados al principio de la paz positiva, y esta va más allá de la ausencia de guerra porque promueve el desarrollo, la satisfacción de las necesidades y el respeto a los derechos humanos, lo que se expresa ampliamente en la agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas”, explicó Gómez.

Para los organizadores se espera que el proyecto se pueda desarrollar el próximo año, al replicar el tour con jóvenes de 16 a 18 años para empezarles a incentivar una cultura cívica de transparencia.

El nuevo apoyo de Noruega es una expresión de satisfacción por los resultados logrados y una reiteración de la importancia de que la Cicig continúe con su trabajo en el país”, dijo Nilsen.

Por su parte,Velásquez agradeció esta nueva contribución del gobierno noruego, el cual destacó “es un respaldo fundamental al trabajo que la Cicig realiza junto con el Ministerio Público para continuar en la lucha contra la impunidad y en el fortalecimiento de las instituciones del sector justicia”.

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“Más de lo que significa económicamente, valoramos el respaldo político a las actividades de la Cicig. Es importante este nuevo aporte del Gobierno de Noruega, consideramos que la Cicig es un mecanismo de cooperación útil para los guatemaltecos”, expresó.

Mientras, la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala, Rebeca Arias, destacó que esta donación contribuirá para que Guatemala continúe avanzando en el fortalecimiento institucional.

Los recursos entregados por el gobierno de Noruega durante 10 años a la Cicig suman más de US$5.13 millones.

¡Qué caras!

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Este escenario coincide con el respaldo que ha brindado el alcalde capitalino, Álvaro Arzú Irigoyen —padre de Arzú Escobar—, al presidente Morales, en medio de una crisis institucional que se desató al declarar no grato a Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Corrupción en Guatemala (Cicig), así como la investigación de la Comisión y el Ministerio Público en contra del alcalde capitalino.

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En el caso de Conde Orellana su mención se deriva de que maneja una línea de pensamiento parecida a la del partido oficialista.

Elección

Debido a que en este momento la prioridad del oficialismo es aprobar el presupuesto —el plazo para aprobarlo termina hoy a la medianoche— la elección de la Junta Directiva se efectuaría la próxima semana.

Aunque no se conoce la nómina, podría estar integrada además de FCN-Nación, por miembros de los partidos que los apoyaron el martes a levantar la sesión permanente: las bancadas Movimiento Reformador, Alianza Ciudadana, Todos y Unión del Cambio Nacional.

Si el presupuesto es aprobado habría una reunión de jefes de bloques el próximo lunes, en la que se convocaría a una plenaria extraordinaria para el martes o jueves y entonces se consumaría la elección.

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Carlos Barreda, subjefe de la opositora bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), indicó que están en contra de cualquier alianza oficialista.

“La UNE no apoyará ni el presupuesto ni la Junta Directiva. Consideramos que esta alianza que se avizora ha paralizado las reformas más importantes y toda la dinámica que se traía del 2016”, dijo Barreda.

Pacto de corruptos

Para Cristhians Castillo, analista político, la posibilidad de elegir a Arzú Escobar sería un claro indicio de una reedición del pacto de impunidad.

“Hay que recordar la investigación contra su padre, Álvaro Arzú. Esto es un pésimo mensaje y podría preparar una contraofensiva en un momento en el que hay un pulso entre clase política y ciudadanía”, refirió el politólogo del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac).

Para Castillo, la candidatura de Conde representaría a la línea más conservadora de la política guatemalteca, pero su probable defensa de una línea proimpunidad sería “menos orgánica”, que en el caso de Arzú Escobar.

El informe fue titulado Una carrera contra el tiempo porque se analizaron casos judiciales emblemáticos, como el de Blanco Lapola, La Línea, Plazas Fantasmas o Bufete de la Impunidad, para comprender las razones por las cuales se han alargado exageradamente los tiempos.

Entre las fallas se encontró que existe un patrón de demoras reiteradas e injustificadas en casos penales, que fueron investigados por la Cicig y el MP, en los cuales los abogados defensores han usado abusivamente amparos, recusaciones y otras medidas para interrumpirlos.

El asunto es ¿Cómo disuadir de estas malas prácticas a estos profesionales, si al ser sancionados por los tribunales la multa no supera los Q1 mil? Algunos ni siquiera los pagan.

Actúan así, porque lo que le pueden cobrar a un corrupto por defenderlo es una suma millonaria, y prefieren actuar inescrupulosamente y burlarse de la justicia, sabiendo que no habrá consecuencia alguna para ellos.

Se supone que el plazo máximo establecido para resolver un amparo es un mes y en estos casos se han tomado hasta dos años. Estos expertos en abusar de una figura legal como el amparo han encontrado un negocio opulento a costa de entorpecer los procesos y dilatar los tiempos, haciéndole un daño terrible al país.

Es urgente que la ley establezca que “la interposición de un amparo o la demora de una notificación no deben ser causas para que un proceso se detenga”.

El tiempo se está agotando para esos litigios, porque en mayo del próximo año la fiscal general Thelma Aldana terminará su periodo y el mandato de la Cicig solo dura hasta el 2019. Entonces, obviamente la intención de estos abogados es, que si logran que los casos demoren hasta que estas autoridades se vayan, va a ser muy difícil tener procesos que realmente sean creíbles.

Y si además estas mafias logran colocar como jefe del MP a alguien afín a sus intereses, seguramente los sindicados saldrán libres pronto y triunfará una vez más la impunidad.

Este informe solo viene a confirmar lo que ya todos sabemos, sobre el colapsado sistema de justicia guatemalteco, que se ha venido en picada en las últimas décadas, por su funcionamiento corrupto y lento.

Muchos argumentan que la crisis se debe a la saturación de casos —algo habrá de eso—, pero lo que más salta a la vista es el litigio malicioso, y no solo en los casos de muestra, sino en muchos otros, donde abogados inmorales hacen de las suyas, traficando influencias, sobornando y haciendo todo tipo de transas frente a los ojos de todos.

Es inmoral permitir y avalar la existencia de bufetes especializados en usar el recurso de amparo malicioso para entorpecer los casos y que el gremio de profesionales del Derecho no se pronuncie enérgicamente sobre este tema, porque debo decir que existen abogados honestos que prefieren no opinar sobre sus colegas y callar.

Esta situación es una afrenta para el sistema, que hasta hoy ha sido incapaz de emitir condenas prontas, lo que nos coloca como un modelo judicial inútil y vergonzoso.

Las recomendaciones indican que debe modificarse la ley de amparo y además la CC y la CSJ deben cumplir los plazos establecidos. Aplicar sanciones drásticas a jueces y abogados cuando sea necesario, pero también debe participar el Colegio de Abogados a través de su Tribunal de Honor, para incluso retirar la licencia de ejercicio profesional a cualquier jurista corrupto que insista en seguir actuando deshonestamente.

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• La primera manifestación sale de la Usac a las 9 horas y recorre Periférico, Aguilar Batres, Bolívar y Sexta Avenida.
• Otra sale del Paraninfo a la 13 calle y luego 9 avenida.
• Otro grupo saldrá de la Corte de Constitucionalidad: Sube por la 10 calle.
• La cuarta columna sale de la Plaza Italia por la Sexta y cruza en la 11 calle.

Ya no solo se trata de detener, y si les es posible enterrar, los procesos de reforma en el ámbito de justicia y en el sistema político-electoral, sino de revertir los avances que se han alcanzado y, sobre todo, intentar salvar su pellejo, el sistema de cooptación y el estatus quo.

Este pelotón de legisladores, en claro contubernio con personajes señalados en los casos de corrupción y en los procesos por graves violaciones a los derechos humanos —incluyendo a quienes se encuentran prófugos— han preparado una batería de leyes para procurarse impunidad por los delitos del presente y también por los del pasado.

No aprendieron la lección del mes de septiembre, cuando tras un masivo rechazo y una multitudinaria manifestación ciudadana tuvieron que dar marcha atrás con las reformas al Código Penal con las que intentaban modificar el delito de financiamiento electoral ilícito y conmutar las penas a más de 400 delitos. En esa ocasión —aterrorizados con la idea de la depuración— se dieron golpes de pecho pidiendo perdón a la ciudadanía por el “error” cometido; pero ahora que calculan que La Plaza está nuevamente adormecida, que un grupo poderoso de empresarios cerró filas con Jimmy Morales y que recuperaron el liderazgo de un caudillo, volvieron a las andadas en la versión recargada del #PactodeCorruptos.

Pretenden reformar la Ley de Reconciliación Nacional y otorgar amnistía total a los responsables de gravísimas violaciones a los derechos humanos, incluidos varios diputados e integrantes del partido oficial FCN Nación, eliminando el artículo 8 de la normativa que prohíbe la extinción de la responsabilidad penal en delitos como genocidio, tortura o desaparición forzada. Para cumplir al cien por ciento la tarea, el beneficio incluye a quienes ya han sido juzgados. Importante es recordar que no es una graciosa coincidencia que muchos de los personajes que hoy enfrentan procesos judiciales por casos de corrupción estén también involucrados en la brutal represión durante los años de las dictaduras. Además, se retoma el fuero militar para delitos comunes.

Por si fuera poco, y como una manera de limitar la participación y organización social —incluidas las movilizaciones que han tenido enorme impacto— se promueve otra iniciativa (la 5239), en la que se tipifica toda acción social de protesta como acto de terrorismo. Pero hay más. La iniciativa 5256, ley de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo —que ya tiene dictamen favorable— pretende coartar la libertad de expresión y asociación, el derecho de petición de las organizaciones y sus integrantes y limitar su marco de acción al campo del asistencialismo.

Este paquete de leyes pro-impunidad supone un enorme retroceso en las libertades y derechos que hemos conquistado y abre la puerta para legitimar la represión y criminalización como herramienta de control social, y eso ya sabemos cómo empieza y también cómo termina.

Los diputados están probando hasta dónde pueden llegar. Si en este intento logran avanzar, el siguiente paso será retomar el control del Ministerio Público a través de la elección de un fiscal ad hoc a sus intereses, que no solo les garantice impunidad, sino que finalice con esa molesta persecución y desmantelamiento de redes criminales. La pregunta es si estamos dispuestos a permitirlo.

Una de las quejas más recurrentes y de mucha actualidad es el litigio malicioso, causa de los mayores entorpecimientos de la justicia y de que muchos casos lleven demasiados años en los tribunales sin que se emitan sentencias. Esto constituye una auténtica vergüenza para el sistema, que ha sido incapaz de acelerar procesos, emitir condenas prontas y sacudirse el modelo esclerótico de funcionamiento.

Álvaro Arzú, Orlando Blanco Lapola y Roberto Villate son las más recientes figuras en sumarse a ese entorpecimiento por enfrentar a la justicia y a fuerza de recursos han bloqueado su comparecencia en los juzgados, que buscan procesarlos por casos de corrupción, con lo que se agregan a una ominosa lista de opacos personajes en claro desafío al sistema de justicia.

Ayer, Human Rights Watch hizo un recorrido por las últimas dos décadas de impartición de justicia en Guatemala y ratificó muchas de estas deficiencias, que hacen del modelo judicial guatemalteco uno de los más penosos del mundo. Muchos de los procesados, entre ellos altas figuras de la política nacional, han llegado al extremo, junto a sus abogados, de poner en jaque a las judicaturas, siendo ellos los primeros en entorpecer esos avances.

Uno de los detalles que debería avergonzar a las más altas autoridades del Organismo Judicial es que en los últimos dos años se han dado golpes poderosos contra estructuras criminales, pero las condenas son casi nulas, en procesos en que los mismos jueces se vuelven cómplices, debido a sus actitudes negligentes, causantes de un completo entorpecimiento de la persecución penal.

Uno de los casos expuestos en la presentación de ayer fue el de Marlene Blanco Lapola, hermana del diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza Orlando Blanco, acusada en 2012 de haber ordenado la ejecución de delincuentes y con frecuentes recusaciones ha logrado entrampar el proceso. A la vez ha puesto en evidencia la actitud parsimoniosa del sistema, pues la Corte Suprema de Justicia demoró seis meses en emitir una decisión y la Corte de Constitucionalidad tardó un año en resolver la apelación.

Muchos otros casos fueron citados ayer como ejemplo no solo de entorpecimiento de la justicia sino como una seria amenaza a un sistema disfuncional, incapaz de asumir sus propias responsabilidades, ante una debacle nacional que amenaza la viabilidad de la institucionalidad y cualquier posibilidad de consolidación, donde estructuras criminales adquieren una indeseable hegemonía.

Guatemala no puede seguir por esa senda y las autoridades deben encarar una penosa situación que conlleva serias amenazas para todos. La misma comunidad internacional debe definir el rol que quiere jugar en el fortalecimiento o debilitamiento de un modelo que se resiste a la renovación, y que hasta ahora se ha nutrido a base de corrupción.

Y ese garbo, ese encanto y esa fascinación en realidad esconde bajo la fastuosa alfombra la podredumbre de un Organismo Judicial que en la última semana ha evidenciado que está dispuesto a preservar el sistema de impunidad y corrupción. La semana pasada, sin mayor recato la CSJ rechazó tres solicitudes de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, una de ellas por los Q450 mil que se embolsó con el bono militar. Los glamurosos magistrados se hicieron los locos con la sospecha de enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad por parte del mandatario, como si haber devuelto el pisto hubiera borrado el presunto delito. Con ese mismo donaire, los elegantes magistrados rechazaron la petición de retirar la inmunidad a 107 diputados que habrían cometido los delitos de resoluciones violatorias a la Constitución y obstrucción a la justicia.

El magistrado Gustavo Adolfo Dubón tomó la estafeta para dar el siguiente golpe contra las investigaciones del Ministerio Público y la Cicig. Con la mayor frescura, el juez pesquisidor concluyó que no hay razones para la formación de causa contra el diputado Luis Rabbé y los integrantes de la Junta Directiva del Congreso en el período 2014-2015 por la sospecha de que incurrieron en contrataciones irregulares de personal y plazas fantasma. Al togado le valió madre que Rabbé se encuentre prófugo en Nicaragua, que en cualquier país se consideraría una evidencia de culpabilidad. El mensaje enviado es que la CSJ estrecha filas con la partidocracia para preservar el sistema de tráfico de influencias y del hoy por ti y mañana por mí.

Por la misma ruta iría la solicitud de antejuicio contra Álvaro Arzú, la cual será conocida por la Sala Tercera de Apelaciones, presidida por el magistrado Jaime Amílcar González, quien ya favoreció al alcalde al permitir que se ausentara de las audiencias en la primera solicitud de antejuicio que tuvo. A la sala también pertenece la magistrada Beyla Estrada, esposa del secretario de Comunicación de la Presidencia, Alfredo Brito. El mismo Arzú se ha vanagloriado de que ha defendido al presidente Morales, jefe de Brito. Estamos frente a un Organismo Judicial que no da señales de cambio. Al contrario, con las recientes resoluciones se observa la existencia de un acuerdo tácito de cerrar el círculo para evitar que los integrantes de las estructuras de poder puedan enfrentar a la justicia. Buena parte de magistrados recibió el apoyo de las redes de poder enquistadas en las comisiones de postulación, de diputados y dirigentes políticos. Ahora devuelven el favor y obviamente esperan ser recompensados nuevamente. Es la lógica de la corrupción y la impunidad, vestida de oropel.

@hshetemul

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“Cuando un país tiene mayor certeza, una justicia fuerte, implica también mejora en los indicadores de seguridad”, agregó.

“Es adecuado el abordaje de la publicación que relaciona y explora las relaciones entre la democracia y la corrupción, en una sociedad que busca consolidar su sistema democrático”, comentó. 
 
La transparencia, participación y auditoría social, la fortaleza del sistema de justicia y el control estricto del uso de los recursos públicos son condiciones esenciales, de manera tal que cada dimensión de la democratización debe ser real, según  el comisionado.
 
También razonó que reducir el impacto de la corrupción con el afán de desterrarla “debe ser una orientación constante de las políticas públicas, de las reformas legales y de los mecanismos de consolidación democrática”.

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Para el comisionado de Cicig, los casos de corrupción “son resultados del sistema” e “indicadores de que algo no está funcionando bien”, sobre el cual hay un desafío continuo para descubrir modos de operar tramposos y oscuros que pugnan contra el proceso democrático.

Destacó que el circulo vicioso de la corrupción exige diseñar la estrategia delictiva o el modus operandi, implementarla, obtener los beneficios y escapar de la vigilancia o la investigación penal. 

Velásquez valoró los aportes del libro, que entrega ideas para continuar en los esfuerzos para la erradicación de la corrupción, que deben ser considerados en los programas y proyectos que el sistema de justicia lleva adelante. 

Winak tiene humor negro: decidió llevar al tribunal de honor a Pop. URNG intenta mantenerse en el carro de la decencia política y colocarse al lado de la indignación ciudadana. Hay una verdad: los 107 firmantes pueden ser calificados de traidores a la patria. Es inevitable la depuración del Congreso, y se debe empezar con forzar la renuncia de los ponentes Orlando Blanco, de la UNE; Alejandra Carrillo, del Movimiento Reformador, es decir de los achichincles del prófugo Alejandro Sinibaldi; Delia Back, de Alianza Ciudadana, integrante de la horda del también prófugo Luis Rabbé, y Javier Hernández, el impresentable secretario general del cleptogrupo apodado FCN-Nación.

Estos politiqueros incluso tienen, a mi juicio, problemas penales porque trataron de obstruir a la justicia al legislar en su propio beneficio a fin de cubrirse con impunidad de las investigaciones de la Cicig y el Ministerio Público en contra de los secretarios generales partidistas recipiendarios de fondos oscuros en las elecciones del 2015, pero dejando libres de responsabilidad a quienes dieron el dinero bajo la mesa. Otros políticos bisoños en experiencia se convirtieron en expertos en mafiosidades, y por eso es lamentable y triste la foto de Javier Hernández, Armando Melgar Padilla y Álvaro Arzú Escobar conversando animadamente en el hemiciclo. Este último, al ser el único diputado de la agrupación electorera llamada Unionista, debe entonces agregarse a los obligados a renunciar primero. Tan vergonzoso e imperdonable voto manchó para siempre su ahora obligadamente corta carrera política.

Esta hecatombe política fue muy rápida. Comenzó con el viaje presidencial a la ONU, envuelto en opacidad. Dos días después, a las 6 am, Jimmy Morales declaró non grato a Iván Velásquez, causante de una reacción nacional e internacional negativa, especialmente de Estados Unidos, solo comparable al serranazo. La indignación nacional comenzó y explotó a causa del apresurado voto del congreso para no llevar a la justicia al presidente, con el beneficio adicional de miles de criminales juzgados por unos 400 delitos, entre ellos la corrupción —claro— pero también la violación de niños. Ante esto, los diputados dan marcha atrás, pero la interpretación legalista de todo esto ve ilegalidad en esta también apresurada decisión de los parlamentarios.

El presidente desde hace tiempo no tiene presente ni futuro políticos. Ahora toca el turno al Congreso: debe ser depurado, comenzando con los cabecillas de las decisiones causantes de un retraso total a los avances del proceso legal y democrático del país. Hay posibilidades adicionales, como pedir a los ciudadanos ser borrados de las listas de afiliaciones de los partidos, para reducir sus posibilidades de vida. La presión social es la mejor arma en beneficio del país, con la condición de no permitir a ningún grupo apropiarse de la representatividad. Esta presión no se realiza solo con los riesgosos paros, sino puede tener otras manifestaciones de rechazo a los 107 firmantes. Quienes no firmaron, pueden tener posibilidades de integrar el indispensable nuevo congreso.

La indignación colectiva surgió cuando 107 diputados votaron a favor de modificar el Código Penal para favorecer el financiamiento electoral ilícito y además reducir penas carcelarias para más de 400 tipos de delitos, incluídos varios de los que muchos congresistas son señalados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Siga aquí el desarrollo de la previa y la jornada de protestas 
(Actualice para ver nuevas publicaciones)
 

Castro, quien tiene tres meses de estar desempleada, asegura que se decidió a viajar para protestar,  al saber de que los altos funcionarios se recetan bonos de más de Q50 mil; mientras que ella por falta de trabajo, no puede continuar con sus estudios.

“No me importó madrugar y dejar de hacer otras cosas para venir a la protesta, pues es importante que todos los sectores nos unamos y demostremos nuestro rechazo a las decisiones tomadas en el Congreso que solo beneficia a los corruptos”, expresó.

Muestra repudio

Margarita Xol, de 54 años, comerciante, originaria de la cabecera de Sololá, dijo junto a sus tres hijos y otros familiares salió a las 8 horas de su vivienda para venir apoyar la protesta. “Me dedico a vender ropa y zapatos en una boutique en Sololá, pero hoy decidí demostrar mi amor por Guatemala y mi repudio contra la corrupción”.

“Guatemala llora sangre, no es justo que los diputados estén a favor de la corrupción”, gritaba José Orozco, técnico en electricidad, originario y residente de San Juan Comalapa, Chimaltenango.

Indignación

Mario Estuardo Rojas, quien desde hace cinco años trabaja como taxista y actualmente reside en la zona 4 de Mixco, comentó que siempre apoya las protestas en contra de la corrupción, porque le indigna la forma en la que los funcionarios traicionan a la patria.

Se une a protesta

Varios corredores que portaban antorchas y estudiantes de distintos centros educativos abandonaron las actividades de independencia para unirse a la protesta. 

“Como estudiantes debemos estar enterados de lo que ocurre en nuestro país, pues somos el futuro de Guatemala. ¡Que viva la juventud!”, expresó Jorge Mario Alvarado, 17, estudiante de la Escuela Normal para Maestros de Educación Musical Jesús María Alvarado.

Carlos Alvarado, estudiante del sexto semestre de derecho en la Universidad de San Carlos de Guatemala, y residente de la zona 12 capitalina, refirió que decidió estudiar Derecho, porque su objetivo es contribuir a mejorar el sistema de justicia y democracia en el país.

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“Mi deber como ciudadano y futuro profesional en el derecho es apoyar estas manifestaciones en contra de la corrupción”, añadió.

Persistirán

El agricultor Marlon Rocael, originario de San Marcos y representante del Comité Campesino del Altiplano, comentó que llegaron desde la noche del miércoles último a la capital y que no están dispuestos a regresar a su departamento hasta que se tenga una solución. “No descansaremos hasta ver presos a todos los corruptos que hay dentro del Congreso”.

Izabel Sáenz, trabajadora social y representante de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, asegura que la mayoría de las representantes de la organización son activistas que lo único que quieren es que las autoridades dejen de violar la Constitución.

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“Venimos como una acción de rechazo y desprecio a la conducta de estos funcionarios de Estado”, dijo Elisa Portillo Nájera, representante del Comité de América Latina y del Caribe en defensa de los derechos de las mujeres en Guatemala, mientras colocaba claveles rojos en señal de protesta en una de las entradas al Palacio Legislativo.

 Entre las organziaciones y comités que participaron en la protesta están:

• Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas
• Comité Campesino del Altiplano
• Jóvenes por Guatemala
• Coordinación y Convergencia Nacional Maya
• Mujeres Transformando el Mundo
• Comité de América Latina y del Caribe en Defensa de los Derechos de las Mujeres en Guatemala

También se le unieron varios corredores que portaban antorchas y que hicieron una pausa para manifestar su repudio a las reformas aprobadas por el Legislativo.

#PactoDeCorruptos l manifestantes siguen colocando mantas y rótulos. pic.twitter.com/QjszW3dErf

— Y. Alvizurez (@yalvizurez_pl) 14 de septiembre de 2017

Desde la aprobación de las reformas, el miércoles por la tarde, miles de guatemaltecos en redes sociales han manifestado su rechazo al pacto efectuado entre diputados, que primordialmente beneficiaría a políticos investigados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

“No descansaremos hasta verlos presos a toda esa mafia dentro del Congreso”, aseguró a la agencia de noticias EFE un estudiante de la privada Universidad Landívar, mientras otros alumnos de la estatal Universidad de San Carlos (Usac) secundaban su consigna.

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En una de las entradas al recinto del Palacio Legislativo, diversas personas colocaron una corona de flores y claveles rojos en señal de protesta por las acciones de los legisladores.

“No queremos más impunidad”, coinciden la mayoría de pancartas de los manifestantes que llevaron pitos, vuvuzelas y banderas azul y blanco.

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La abogada y exsubprocuradora de Derechos Humanos, Hilda Morales, dijo que “nunca se había visto tanto descaro para promover la impunidad” por la celeridad que se aprobaron las reformas.

Dentro del recinto legislativo se desarrolla una reunión de jefes de bloque convocada por el presidente del organismo Óscar Chinchilla, en la cual analizan las posibles acciones a tomar. 

Qué aprobaron

El Congreso aprobó ayer de “urgencia nacional” dos reformas al Código Penal, una que exime a los dirigentes de los partidos políticos de la financiación electoral ilícita, cuya responsabilidad recaerá en los contadores de las organizaciones.

La otra es la ampliación hasta 10 años de la conmutación de penas para reos que sean condenados que van desde delitos de robo y hurto, hasta la pornografía infantil.

En un mensaje a la nación, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, reconoció que no le han enviado esas reformas y que cuando le lleguen hará un análisis jurídico y que hará uso del derecho al veto si considera que son “nocivas”.

El jefe del bloque de la opositora Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Orlando Blanco, dijo a periodistas que su máxima dirigente, Sandra Torres, les ha pedido que “rectifiquen” la decisión.

Mientras, varias instituciones, entre ellas la Procuraduría de Derechos Humanos y Acción Ciudadana (AC), que vela por la transparencia en Guatemala, recurrieron en amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica del país, para revertir la decisión del Congreso.

La resolució de la CC fue unánime y su argumento es que las reformas aprobadas por los diputados “constituyen una seria amenaza que en caso de cobrar vigencia podrían ocasionar daños irreparables al sistema de justicia”

José Francisco de Mata, presidente del máximo tribunal, explicó que el amparo provisional otorgado aplica para los seis amparos presentados, los cuales fueron acumulados debido a que tienen el mismo fin.

Santiago Palomo, vocero de la CC, informó que durante la noche serán notificados los interponentes de las acciones, así como el Congreso como parte denunciada.

Los seis amparos que la Corte recibió entre miércoles y jueves contra las reformas fueron interpuestos por las siguientes personas y organizaciones:

• Alfonso Carrillo (Dos amparos, uno con acompañamiento de Helen Mack)
• El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas
• Javier Soria, de la organización SOMOS
• Carlos Bezares y Aníbal García
• Acción Ciudadana

En las próximas 48 horas los denunciantes, los terceros interesados y el Ministerio Público deben presentar sus argumentos en vista pública para que la CC emita su fallo en definitiva.

En las primeras horas del día, la CC admitió para su trámite los amparos presentados por los ciudadanos Alfonso Carrillo y Helen Mack, y el segundo interpuesto por el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas.

La CC emplazó al Congreso de la República y le dio cuatro horas para que entregara un informe circunstanciado sobre la aprobación de los decretos 14-2017 y 15-2017 que reformaron el Código Penal para modificar el delito de financiamiento electoral ilícito y aumentar de 5 a 10 las penas conmutables.

Diputados se retractan

Ante el rechazo generalizado que originó la aprobación de reformas al Código Penal, los jefes de bloque del Congreso de la República anunciaron que darán marcha atrás a los decretos emitidos a favor de la corrupción.

Los parlamentarios coincidieron en que las reformas realizadas no son de interés ni de conveniencia nacional.

“Hemos convocado a esta reunión hoy para que estos dos decretos no puedan ser remitidos al Organismo Ejecutivo, y de esta forma queden sin efecto y no surgan a su vida jurídica”, dijo el presidente de ese organismo, Oscar Chichilla.

Los legisladores están convocados para una sesión plenaria este viernes a las 14 horas para “realizar el procedimiento correspondiente” para dejar sin efecto las normativas.

#MiercolesNegro | No son de interés ni de conveniencia nacional, dijeron los #JefesDeBloques pic.twitter.com/AuCqD4qRND

— Jessica Gramajo, PL (@jgramajo_pl) 14 de septiembre de 2017

Según el diputado Oliverio García Rodas, la intención es archivar los decretos 14-2017 y 15-2017 para que no cobren vigencia.

El parlamentario Javier Hernández, jefe de la bancada oficial, dijo que no estaba arrepentido de haber aprobado las reformas, pero que darán marcha atrás.

En un inicio no se permitió el ingreso de los periodistas a la reunión de los jefes de bancada, la cual se llevó a cabo en el Salón del Pueblo.

El diputado Marvin Orellana, de Alianza Ciudadana, admitió que se equivocaron al avalar los cambios a normas penales y justificó argumentando que “errar y rectificar es de humanos”.

#MiercolesNegro | #DiputadoGT @AvMorellana, @bloqueAC13, dice que ayer cometieron un error y que es de humanos rectificar pic.twitter.com/8O7EreaPCN

— Jessica Gramajo, PL (@jgramajo_pl) 14 de septiembre de 2017

Protección para políticos

Uno de los decretos modifica el delito de financiamiento electoral ilícito para beneficiar a funcionarios señalados por este delito, ya que quita la responsabilidad financiera a los secretarios generales de los partidos políticos y se las otorga al contador.

Las modificaciones a la ley se dan 20 días después de que el Ministerio Público (MP) y la Cicig revelaran que los partidos UNE y el extinto Líder hicieron gastos millonarios de campaña en 2015 que no reportaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE), por lo cual solicitaron antejuicio contra sus secretarios generales Orlando Blanco y Roberto Villate, respectivamente.

Los entes de justicia también solicitaron el antejuicio contra el presidente Jimmy Morales por el supuesto financiamiento electoral ilícito de Q6.7 millones que el partido FCN-Nación no reportó al TSE.

Vetar reformas

La Procuraduría General de la Nación (PGN) recomiendó al presidente Jimmy Morales vetar las reformas al Código Penal “por contravenir claros principios constitucionales, menoscabar el Estado de Derecho e inobservar el compromiso asumido ante todos los guatemaltecos de luchar contra la impunidad y la corrupción”.

Ante la poca eficacia de los fiscales anteriores, Naciones Unidas nombra para Guatemala a un Fiscal con un amplio currículo, el Dr. Iván Velásquez, quien ha estado vinculado a la Corte Suprema de Justicia de Colombia como Magistrado Auxiliar desde el año 2000. A partir del 2006 y hasta el mes de agosto del 2012 el Dr. Velásquez coordinó la Comisión de Apoyo Investigativo de lo Penal, encargada de investigar las relaciones entre miembros del Congreso de la República de Colombia contra políticos y que ha dado como resultado la condena de aproximadamente 50 congresistas, develando, además, las estructuras criminales ligadas con los llamados “narcopolíticos”.

En Guatemala, su primera acción fue descubrir la estructura llamada la “Línea” conformada por altos jefes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), de Aduanas, empresarios y particulares, que fue desarticulada en abril del 2015 y una serie de actos corruptos condujeron a la expulsión del poder a Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina, mandatarios de la nación, por lavado de dinero y cohecho pasivo. En las elecciones del 2015 por el ambiente político que se originó por los casos de corrupción descubiertos, fue favorecido con la Presidencia Jimmy Morales, Secretario General del partido FCN.

Ahora metido en un conflicto personal contra Velásquez, el Presidente intentó expulsarlo apoyado por grupos obscuros como: los ex militares de Avemilgua, la Fundación contra el Terrorismo, “Los presos del Mariscal Zavala” (los de la Línea), Anam, en que solo llegaron 132 de 340 alcaldes (P. L.); Arzú, el más impune al exclamar :“Yo firmé la Paz pero también puedo hacer la guerra” ¿a macanazos?; Escobar, Alcalde de Villa Nueva, quien enfrenta proceso de antejuicio; 50 del Área Metropolitana que han trabajado impunemente sin coordinación entre ellos; Gobernadores que viven cambiando; Joviel Acevedo, un líder non grato, quien forzó a los maestros a manifestar en apoyo al presidente. Se ha llegado hasta que el abogado de Pérez Molina insultara al Fiscal Velásquez

FCN Nación alerta de “Golpe de Estado” y arremete contra la CC por otorgar amparos por suspender en definitiva la expulsión de Iván Velásquez. “Consideramos que la CC no tiene competencia para pronunciarse respecto a una orden presidencial en el ámbito diplomático”, agregó el Presidente del Congreso, del partido Creo, un Tránsfuga y excompañero de Colegio evangélico del Presidente. Mientras, Thelma Aldana, Fiscal General y jefa del Ministerio Público (MP), junto a Iván Velásquez (CICIG), anunciaron que por medio de la Fiscalía de Delitos Electorales presentaron ante el Organismo Judicial (OJ) una solicitud de antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales por el manejo de por lo menos cuatro millones trescientos ochenta y seis mil trescientos sesenta quetzales con treinta y tres centavos, suma que, conforme a la auditoría del TSE, en gastos de campaña electoral no reportados y a fuentes de financiamiento. El domingo, después de conocerse la decisión de Morales de declarar non grato a Iván Velásquez y ordenar su expulsión de un modo ilegal, la organización Acción Ciudadana presentó una segunda solicitud para retirar la inmunidad al presidente. Pues el control de la seguridad no es solo de la CICIG, sino también de Gobernación.

alfonsoyurritacuesta@gmail.co

Desde que se conoció la investigación penal contra su hijo y su hermano por un caso de corrupción, su animadversión contra Thelma Aldana e Iván Velásquez fue in crescendo, alentada por su círculo íntimo —familiar y político—, hasta llegar al punto de romper comunicación y puentes con quienes ahora considera sus enemigos.

La gota que derramó el vaso en la frágil mente del presidente fue la existencia de una investigación por financiamiento electoral ilícito contra tres partidos políticos que participaron en la anterior contienda, incluido FCN, del que era secretario general.

Morales ha de saber que de levantarse el antejuicio aparecerá suficiente documentación que lo comprometa como para haber montado el viaje a Nueva York para pedir la cabeza de Velásquez, cuando era explícito el apoyo del secretario general de la ONU hacia el comisionado, y luego dispararse en el pie realizando la declaratoria de non grato un día después. Cuentan quienes están bien informados que el viaje de regreso del mandatario de Miami a Guatemala se realizó gracias al gentil patrocinio del dueño de un avión privado, muy interesado en que no se perdiera ni un minuto para grabar la declaración.

Creer que Jimmy está solo en este intento es no entender cómo se mueven los hilos del poder y cómo diseñan sus estrategias los señores de lo oscuro. Hasta ahora han sido muy hábiles para alinear en la misma cancha los intereses personales y familiares del presidente, los de un sector del empresariado más conservador y los de la línea dura militar. Y Morales ha cumplido muy bien su papel de primer actor.

Su debilidad política, su carácter volátil y su impronta autoritaria, su escasa comprensión de la realidad y sus deslices, han sido aprovechados al máximo por los titiriteros —los prófugos, los presos y los que recorren los pasillos del Palacio Nacional y la casa presidencial—, que no dudarán en entregar a su marioneta cuando ya no dé para más.

Llevaron al presidente a las Naciones Unidas para quejarse, lo tiraron al vacío con la declaratoria de non grato la mañana del domingo y lo colocaron después en posición de desacato cuando insistió en confirmar una medida que contraviene lo dispuesto por el tribunal constitucional. Crearon un clima como el del año 93, con el autogolpe de Serrano, que les deja en una posición privilegiada para “negociar”, y arreciaron la campaña de desinformación para convencer a la gente que la lucha contra la corrupción se ideologizó y dejó de ser legítima. Colocaron a Morales —y él se dejó colocar— en una posición prácticamente insostenible.

En Guatemala nada sucede por casualidad. El 30 de enero de este año, desde la torre de Tribunales, días después de que el hijo y el hermano del presidente quedaron ligados a proceso, Otto Pérez declaró: “(…) yo esperaría que este segundo año, el presidente asuma verdaderamente las riendas en el control del Ejecutivo y tome las decisiones que corresponden para ir poniendo las cosas en orden y no estar dejando que sigamos teniendo esa injerencia de parte de un embajador o de parte de un comisionado (…)”

¿Entregar a Jimmy a cambio de que se concrete la salida de Iván, es ese el siguiente episodio en este libreto pro impunidad?

@MarielosMonzon

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De manera detallada, el ente regional destaca que a pesar de su recomendación de no aprobar la propuesta de Ley de Fomento al Turismo en Honduras por posibles “daños e injusticias” a los trabajadores del sector, el propio presidente, Juan Orlando Hernández, defendió esta propuesta legislativa.

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Con su postura, coloca al Ejecutivo hondureño “a favor de políticas de atracción de inversiones y generación de empleo basadas en privilegios fiscales cuestionados en diversos estudios por su poco éxito”.

Esta propuesta de “ampliar y extender” los privilegios fiscales de los que ya goza el sector turístico en ese país contrasta con el panorama social, pues Honduras registra la segunda tasa más alta de homicidios de Latinoamérica (59 asesinatos por cada 100 mil habitantes) y en sus escuelas solo una de cada cuatro aulas tiene pizarra y una de cada tres sanitarios, de acuerdo a los datos citados por el Icefi.

“La disminución de la recaudación de impuestos como resultado de estos privilegios limitará más las posibilidades del Gobierno hondureño para ofrecer bienes y servicios públicos que incrementen el bienestar social y potencien tanto el crecimiento económico de mediano plazo como la democracia”, advierte el instituto, que pide anteponer el bien común.

El Triángulo Norte de Centroamérica intenta dejar de ser una de las regiones más violentas del mundo. https://t.co/IYPINM0cbz

— Prensa Libre (@prensa_libre) April 24, 2017

Sobre Guatemala, el Icefi expresa su preocupación por que funcionarios, incluido el presidente Jimmy Morales, se quejan de que los controles anticorrupción dificultan la ejecución del presupuesto público.

Al hacer un análisis, el ente advierte que al pasado 28 de julio se registraban los porcentajes más bajos de ejecución presupuestaria en rubros que no están sujetos al cumplimiento de los controles de la Ley de Contrataciones del Estado, la que más críticas genera.

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Los casos de corrupción desarticulados en Guatemala, agrega la nota, son un ejemplo de que durante años los funcionarios y contratistas utilizaban las adquisiciones públicas para defraudar al Estado, por lo que advierte que la intención del Estado de cambiar esta ley es una amenaza y puede hacer retroceder al país a los mismos niveles de “corrupción e impunidad”.

Las preocupaciones con respecto a El Salvador son similares, pues cree que la aprobación de la Ley especial de extinción de dominio y de la administración de los bienes de origen o destinación ilícita el 18 de julio pasado “blinda la corrupción y limita las acciones del Estado salvadoreño en contra de la impunidad”.

Gobiernos de Triángulo Norte lanzan Fuerza Antipandillas ► https://t.co/o6CVRKMC4o pic.twitter.com/QNiLv2ObQN

— Prensa Libre (@prensa_libre) November 15, 2016

En su escrito, el Icefi concluye que estas actuaciones apuntan a que la política fiscal de los países del denominado Triángulo Norte Centroamericano está enfrentando “amenazas serias por medidas pro impunidad, la ampliación de los privilegios fiscales injustificados y acciones que comprometen la gobernabilidad democrática”.

Es por ello que pidió “cambiar el rumbo”, a fin de lograr que la política fiscal en Centroamérica sea un instrumento efectivo para “erradicar la corrupción, procurar la justicia y un desarrollo democrático e incluyente”. 

Es el caso de un grupo de diputados, jefes de bloques, quienes han logrado por primera vez en mucho tiempo ponerse de acuerdo en algo. Por supuesto que no se trata del apoyo a las reformas de justicia, ni de una discusión profunda de la ley de aguas o de cualquier otra normativa de importancia para la población, o simplemente discutir la implementación de controles para determinar la cantidad de empleados del Organismo Legislativo, para acabar con los abusos del clientelismo.

No, el consenso alcanzado no es acerca de ninguno de esos temas, sino para plantear, en un arranque de falsa dignidad, una protesta contra la fiscalización ejercida por la Contraloría General de Cuentas, la cual dejó nuevamente al desnudo los oscuros manejos de fondos y plazas que bullen aún en el seno del Legislativo.

Quieren, los señores representantes, emprender una especie de cruzada que le reste alcance y fuerza a las auditorías del ente contralor, para evitar supuestos abusos y frenar, por supuesto, las denuncias planteadas ante el Ministerio Público, similares a las que ya han puesto tras las rejas a varios exdiputados y que mantienen como prófugos a otros que no se atreven a enfrentar a la Ley.

El consenso politiquero podría causar tristeza, pero después de tantos desmanes lo que origina es una sensación de indignación frente a la cual parecen inmunizados los congresistas, quienes actúan de una forma que el filósofo español José Ortega y Gasset simplemente calificaría como un proceder de “masas”, entendiéndose la palabra, en este caso, no como una multitud, sino como un comportamiento propio de quien queda anulado como individuo reflexivo y unificado bajo una consigna de permitir lo que más convenga a su grupo.

El síntoma es serio, pues forma parte de lo que Ortega, en su libro La rebelión de las masas, califica de “hiperdemocracia”, una situación en la cual la masa actúa directamente sin ley, por medio de materiales presiones, imponiendo sus aspiraciones y sus gustos simplemente porque pueden hacerlo.

La masa presume de sus defectos y quiere convertirlos en norma, pues todo aquello que represente corrección y dirección moral a sus actos les resulta molesto, incómodo, estorboso. De hecho existen ya en el país varias iniciativas particulares que buscan poner tropiezos a una mayor independencia, celeridad y transparencia de la justicia.

Lo más deseable es que el espíritu crítico de los guatemaltecos, expresado durante los últimos dos años, se reavive y repudie ese tipo de iniciativas, las cuales solo pretenden extender el manto de impunidad sobre políticos impresentables que pretenden que sus malos manejos escapen a cualquier posibilidad de fiscalización.

Uno de los puntos de consenso de quienes asistimos a la Plaza y/o formamos parte de espacios de discusión y generación de propuestas como la Plataforma Nacional por la Reforma del Estado fue que era imprescindible cambiar las reglas del juego del sistema electoral y político y del sistema de justicia, si realmente queríamos combatir la corrupción y la impunidad.

Sin un sistema de justicia independiente, por más que las investigaciones sean sólidas, se hace casi imposible castigar y desarticular redes criminales, porque siempre habrá un juez/a o magistrado/a que pague los favores y les procure impunidad. De justicia pronta y cumplida, nada.

La propuesta de RC tenía tres ejes: el reconocimiento del pluralismo jurídico, el cambio de la arquitectura institucional del Poder Judicial y la eliminación del derecho de antejuicio, fruto de tantos de nuestros males. El primero y el tercero lamentablemente se perdieron, ya en otras columnas he analizado las razones. Queda sin embargo el segundo eje, el del cambio sustancial del sistema, ese que algunos llaman “el corazón de la reforma”. Y ese corazón tiene tres componentes centrales, que están concatenados para que la cosa funcione; si uno se pierde, la reforma perdería sentido.

El primero es el fortalecimiento de la carrera judicial como requisito indispensable para garantizar independencia a la hora de juzgar; el segundo es el cambio del mecanismo de elección de las magistraturas, es decir, la eliminación de las comisiones de postulación que han sido cooptadas; y el tercero la creación del Consejo Nacional de Justicia (o Consejo de Administración Judicial), que tiene como objetivo principal la separación de funciones jurisdiccionales de las administrativas. Si se elimina alguno de estos elementos no hay reforma posible, y es precisamente a eso a lo que le apuestan sus detractores.

Si se analizan los actores empeñados en traerse abajo el proceso de RC, se distinguen al menos tres grupos a los que podríamos denominar colectivo de derecha extrema pro impunidad: aquí están los militares en retiro y sus adláteres que quieren evitar a toda costa que continúen los juicios por las gravísimas violaciones a derechos humanos (justicia transicional); una facción de los “cabales” impulsados por lo que consideran un ataque ideológico al sector empresarial a través de los procesos penales por temas de corrupción (financiamiento electoral ilícito), y evasión de impuestos; y los exeferregistas (sí, los mismos del Jueves Negro) cuyo fundador Efraín Ríos Montt enfrenta un proceso por genocidio y uno de sus hijos por un millonario desfalco en el Ministerio de la Defensa. En síntesis, un grupo de la derecha oligárquica en alianza con un grupo de la derecha que se ha llamado a sí misma “antioligárquica” unidos para procurar impunidad, con barras bravas incluidas.

Su lectura es bastante simple: si las reformas no se aprueban, no habrá cambios en el Poder Judicial y continuarán gozando de privilegios a través de sus alfiles dentro del sistema; además, calculan que la derrota del proceso de reformas debilitará a la Cicig y solo será cuestión de tiempo terminar con esta oleada de investigaciones y persecución penal. La pregunta es si el resto de la sociedad está dispuesto a que esto ocurra.

Las religiones han cumplido su papel: el miedo al castigo y a la perdición del alma ha actuado como un disuasivo poderoso sobre grandes masas, pero el mensaje de amor nunca ha sido suficientemente efectivo como para modificar el impulso atávico de destruir a quienes piensen o actúen diferente, porque esa defección representa una amenaza para la hegemonía de un grupo social sobre otro. De ahí las guerras santas con su orgía de sangre y su mensaje de odio. Es entonces cuando surge la duda de si el primer acto humano está condicionado por ese terrible sentimiento.

En qué momento de la historia se produjo la marginación de la mujer resulta difícil de determinar, en parte porque el relato del pasado está ya teñido con una visión patriarcal. Pero el hecho es que esa marginación se fue perpetuando y fortaleciendo al punto de convertirse en un valor social indiscutible, incluso, para la población víctima de tales prácticas. Contra la mujer resulta fácil ejercer violencia. Es físicamente más débil y psicológicamente ya viene programada desde la niñez para someterse a la voluntad masculina. Los impulsos de liberación son ridiculizados por la colectividad con el propósito de detener ese afán independentista, lo cual impacta profundamente en la psiquis y en la autoestima de ese importante segmento de la población.

Únicamente por eso y por esa inclinación natural a destruir al otro que en apariencia caracteriza a nuestra especie, es posible entender la pasividad ciudadana ante el asesinato de niñas y mujeres, las violaciones sexuales, la práctica “hogareña” del incesto, la falta de atención a sus necesidades básicas de protección, educación y salud. Allí es en donde mejor se identifica el odio ancestral que plasma su impronta en nuestros actos cotidianos. En ese desprecio por la vida misma es en donde podemos vernos en un espejo de alta definición, sometidos a la fuerza de prejuicios y atavismos heredados.

Cuando miramos alrededor y vemos tanta destrucción y tanto silencio de los justos, se agolpan las preguntas sobre cuándo se produjo la pérdida de los principios y valores de la sociedad, pero también si esos principios alguna vez existieron o simplemente no había desafíos que pusieran ese hecho en evidencia. Hoy, entre tanta agresividad, crimen impune e indiferencia, es imperativo retomar el tema y cuestionarse con seriedad y compromiso cuál es el papel de la comunidad en este escenario de dolor y muerte. Estamos rodeados de maldad y hemos sido incapaces de reaccionar para detenerla. Si la comunidad es tan devota y amante de la paz como aparenta en las redes sociales y en sus círculos personales ¿cómo es posible permanecer impávida ante el horror que la rodea? ¿O es que su discurso de amor al prójimo solo funciona como un maquillaje para disimular su insensibilidad y falta de empatía? Solo por medio de un despertar de la conciencia será posible revertir esa tendencia autodestructiva y reparar profundas carencias.

El funcionario indicó en su discurso acerca de la prensa, que como institución afianza su papel cuando informa de manera oportuna completa y veraz y saca a la luz todo aquello que se quiere mantener oculto o en silencio. Esta tarea se enfrenta a los esfuerzos por mantener estructuras que se resisten a desaparecer y que recurren a la desinformación, además de ideologizar esta lucha.

Algunos datos proporcionados por Velásquez son preocupantes, a causa de explicar muchas de las falencias del sistema legal. Por ejemplo, apenas en el diez por ciento de los municipios del país, es decir 34 de los 340, existe presencia del Ministerio Público. Por ello se necesita y justifica incrementar esa presencia y al mismo tiempo asegurar que haya instituciones modernas capaces de que se garantice la también urgente independencia judicial.

Aunque se ha dicho y comentado en otras ocasiones, el señalamiento de que la impunidad supera el 97% de los casos no se puede dejar de considerar una de las razones para la corrupción, no solo a gran nivel, sino aquella muy pequeña en términos económicos, pero con efectos algunas veces tan serios como cuando están en juego miles de quetzales.

Esa certeza de que todo quedará sin castigo no solo se deriva de la poca efectividad del sistema legal, sino sobre todo de la falta de vindicta pública y también de la aceptación social de quienes tienen cambios en su estilo de vida que solo se pueden explicar con actos corruptos.

La vigilancia que menciona el comisionado Velásquez necesita, además, del convencimiento ciudadano de su utilidad. Directa o indirectamente, la corrupción mata, causa daños irreversibles, condena a la sociedad y a sus integrantes a toda una larga lista de males. La denuncia de estos actos viles es tarea de esa alianza mencionada por el funcionario, y que dicho sea de paso ha permanecido sólida durante un tiempo prolongado, que incluye la presencia popular de hace poco más de un año y medio para manifestarse abiertamente contra la corrupción.

Esa auditoría social no solo se justifica para pelear contra la corrupción, sino debe dirigirse a fiscalizar toda actividad de funcionarios públicos cuando manejen fondos del erario y, en general, cuando funcionen como tales. Al ser imposible la corrupción sin que participen otros sectores sociales, tal batalla no puede circunscribirse a los burócratas, sino hay que incluir a sus cómplices. Ello explica las reacciones adversas, no solo al MP y la Cicig, sino en especial a la divulgación de los trabajos periodísticos, cuya importancia se incrementa precisamente porque los entes que deberían investigar no lo hacen a causa de incapacidad o no tienen éxito debido a la misma corrupción.