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Junta Monetaria no emite opinión sobre salario mínimo del 2026 requerido por Mintrab ¿a qué se debe?

Como parte del proceso para la fijación del salario mínimo del 2026, las autoridades de trabajo consultaron la opinión de la Junta Monetaria (JM) acerca del dictamen emitido por la Comisión Nacional del Salario (CNS).

Rosa María Bolaños

14 de noviembre de 2025

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El nuevo salario mínimo debe entrar en vigencia del 1 de enero del 2026. (Foto, Prensa Libre: Shutterstock).

La Junta Monetaria discutió el miércoles 12 de noviembre el tema acerca del salario mínimo para el 2026; sin embargo, al no haberse llegado a acuerdos en la CNS para fijar el salario del próximo año, no se emitió opinión, indicó Álvaro González Ricci, presidente de la JM y del Banco de Guatemala (Banguat).

José Alfredo Blanco, vicepresidente de la JM y del Banguat, agregó que, como ha sucedido en los últimos años, se conoció que la CNS no alcanzó ningún acuerdo para proponer una cifra específica para fijar el salario mínimo.

Derivado de ello la JM no tiene materia sobre la cual emitir dictamen, lo cual se refleja en la resolución que se emitió, explicaron.

La resolución se notificó este jueves 13 de noviembre al Ministerio de Trabajo (Mintrab), añadió González.

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Procedimientos

Según el artículo 112 del Código de Trabajo, al recibir los informes de las comisiones paritarias, la CNS debe rendir al Mintrab su dictamen razonado dentro de los quince días siguientes de haberlos recibido, lo cual se cumplió el 15 de octubre último.

Ese mismo artículo establece que copias de ese dictamen deberán enviarse a la JM y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), para que ambas instituciones remitan al ministerio sus observaciones, en cuanto la fijación proyectada pueda afectar sus respectivos campos de actividades. Ambas entidades tienen un plazo no mayor de treinta días para remitir sus observaciones.

Posteriormente, el expediente debe ser enviado al presidente de la República, quien tiene la decisión final. Esta debe ser emitida antes de fin de año para que el 1 de enero del 2026 entre en vigencia el salario mínimo.

Usar fórmula

Consultado sobre su postura acerca del salario mínimo, González Ricci dijo que, a su criterio, sería importante que las comisiones paritarias llegaran a un acuerdo idealmente sobre un criterio objetivo. Considera que un importante punto de partida sería utilizar la fórmula consensuada en la CNS en el 2012.

Esta fórmula de cálculo para la determinación del salario mínimo, y de la cual se obtendría un dato para el incremento porcentual, incluye variables como: el rango del crecimiento del PIB real menos el crecimiento porcentual de la población; este resultado se multiplica por un medio (1/2) y se le suma el límite de la meta de inflación de mediano plazo.

Haciendo un ejercicio con esas variables, si se usan las cifras del 2025, con el rango bajo de los indicadores el resultado rondaría en 3% de incremento y si se utilizan las cifras del rango alto, estaría en alrededor del 6%.

Propuestas

En septiembre último, en las comisiones paritarias para la actividad no agrícola en la Circunscripción Económica 1 (CE1), que corresponde al departamento de Guatemala, los delegados del Mintrab (gobierno) propusieron un incremento del 12%; para la CE2, que abarca el resto del país, la propuesta fue del 10%. En la actividad agrícola, plantearon un 3% tanto para la CE1 como para la CE2; y en la actividad de exportación y maquila, propusieron incrementos del 5.3% para la CE1 y del 5% para la CE2.

Sin embargo, en octubre, durante la discusión en la CNS, los representantes del sector gubernamental se abstuvieron de votar por las recomendaciones de las comisiones paritarias y tampoco presentaron una propuesta de incremento en monto o porcentaje. Prefirieron dejar abierta la decisión al presidente de la República y propusieron trabajar en una política salarial que permita un balance, tomando en cuenta el poder adquisitivo de los trabajadores, así como la capacidad de pago, la sostenibilidad de las empresas y el crecimiento económico.

Mientras que el sector laboral y el empleador en la CNS ratificaron las propuestas planteadas por sus representantes ante las comisiones paritarias de las tres actividades económicas y de las dos circunscripciones. Estas consisten en:

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Sector Laboral: propuso unificar el salario mínimo en Q200 diarios —alrededor de Q6 mil mensuales— para las seis actividades económicas y solicitó derogar el Acuerdo Gubernativo 89-2019, que regula el trabajo a tiempo parcial.

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Salario mínimo 2026: ¿Por qué surgen dudas sobre propuesta del Gobierno desde las comisiones paritarias?

Un representante del sector empleador en la CNS, del área de vestuario y textiles, expresó dudas sobre si los delegados del Gobierno en las comisiones paritarias tienen facultad para proponer un aumento al salario mínimo y solicitó que se consulte a la Procuraduría General de la Nación (PGN) para que se verifique.

Rosa María Bolaños

25 de septiembre de 2025

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00:10h

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La Comisión Nacional del Salario recibió los los informes de las comisiones paritarias para fijar el salario mínimo del 2026, los cuales analizará. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

La Comisión Nacional del Salario Mínimo (CNS) recibió los informes de las comisiones paritarias acerca de la paga mínima propuesta para el 2026 y estableció un cronograma para analizar las propuestas, realizar la discusión final, votar y emitir su propio informe.

La CNS efectuó una reunión este miércoles 24 de septiembre para entregar a los representantes de los sectores gubernamental, empleador y laboral los informes emitidos por las seis comisiones paritarias para el salario mínimo del 2026.

En las próximas reuniones, los representantes de cada sector presentarán su propuesta ante la CNS, con la cual podrán confirmar o modificar las originadas en las comisiones paritarias y proceder a la votación, lo cual se prevé que ocurra a mediados de octubre.

La Comisión debe enviar su informe al Ministerio de Trabajo (Mintrab) y también debe remitir copias a la Junta Monetaria (Banco de Guatemala) y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), para que ambas instituciones presenten sus observaciones en un plazo no mayor de treinta días.

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Posteriormente, el Mintrab traslada la información al presidente de la República, quien toma la decisión final y fija el salario mínimo, que debe entrar en vigencia el 1 de enero próximo.

Surgen dudas

A diferencia de años anteriores, en que los representantes gubernamentales no hacían propuestas de aumentos, montos o porcentajes, o se abstenían de votar, en el 2024, para el salario del 2025, fue diferente: dichos representantes propusieron un aumento del 10% para las tres actividades y las dos circunscripciones, tanto en las comisiones paritarias como en la CNS.

El presente año, para la paga mínima del 2026, los delegados del Mintrab también han planteado en las comisiones paritarias porcentajes de incremento, los cuales van desde el 3% al 12%.

Al respecto, Alejandro Ceballos, representante del sector empleador en la CNS, afirmó que, en el sector de vestuario y textiles, han surgido dudas sobre si los representantes del Gobierno tienen la facultad de proponer desde las comisiones paritarias un monto o porcentaje de aumento al salario mínimo, o si su papel debe limitarse a ser mediador. Similar duda hay para las posturas en CNS, agregó.

Expuso que, al hacer propuestas los delegados de gobierno desde las comisiones paritarias podrían haberse excedido, ya que ha sido en la Comisión Nacional donde, si no hay acuerdos, el gobierno ha expresado alguna propuesta y a partir de ahí comenzar la negociación con los sectores.

Ceballos dijo que solicitó en la reunión de este miércoles que se consulte a la Procuraduría General de la Nación (PGN) para que se verifique, además prevén realizar su propio análisis jurídico para solventar esas dudas.

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Consultado al respecto, el analista laboral de Asíes y exministro de Trabajo, Luis Linares, indicó que en administraciones pasadas no era común que los representantes del Gobierno hicieran propuestas de incremento en las paritarias. Sin embargo, explicó que el Código de Trabajo (Decreto 1441) y el reglamento que rige la CNS y las comisiones paritarias (Acuerdo Gubernativo 1319) no reducen el papel de los inspectores de trabajo que son los delegados del Mintrab en esas instancias a ser solo directores del debate, sino que también les permiten votar, razonar su voto y, a su criterio con ello pueden formular propuestas.

Buscar consensos

Franky Pozuelos, representante del sector laboral en la CNS, indicó que a mediados de octubre se llevará a cabo la discusión final del informe de la comisión, y se prevé realizar dos reuniones para analizar las propuestas y buscar un consenso.

El sector laboral mantiene su postura de nivelar el salario mínimo a Q200 diarios, para evitar que existan diferencias entre actividades o regiones.

Pozuelos dijo que, en lo personal, observa que el sector empleador está presentando propuestas, aunque, a su juicio, los porcentajes no son altos, pero reflejan una intención de reconocer la necesidad de mejora salarial.

Consultado sobre la posibilidad de apoyar un incremento del 10% o del 12%, como han mencionado delegados del Gobierno en dos comisiones paritarias, Pozuelos indicó que esas cifras son resultado de un primer esfuerzo realizado, pero indica que el Gobierno aún no ha dado a conocer una postura intermedia, es decir dentro de la CNS, o la final que corresponde al presidente de la República.

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Añadió que ve con buenos ojos cualquier mejora para los trabajadores, pero mantienen su postura como sector laboral ya que con ello podría compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada a lo largo de los años. Aun así, con esa propuesta, el salario mensual seguiría estando alrededor de Q2 mil por debajo del costo de la canasta ampliada, indicó.

Señaló que, si los salarios son bajos, no permiten que las personas recuperen su poder adquisitivo, por lo que es necesario estimular el consumo, lo que, a su vez, beneficiaría a las empresas.

Se consultó a la viceministra de Trabajo, Damarys Oliva, representante del Gobierno en la CNS, pero no respondió. A través de la oficina de comunicación del Mintrab, únicamente se informó que el Gobierno no emitirá postura o versión hasta que el presidente determine el salario mínimo. Por la noche del miércoles dicha oficina indicó que la CNS no ha concluido el proceso de diálogo y que no ha formulado sus recomendaciones, por lo que el ministerio no emitirá opiniones de un proceso que se encuentra en curso.

En las comisiones paritarias

Según la información a la que se ha tenido acceso, la CNS recibió propuestas sin consenso para el aumento del salario mínimo del próximo año, que varían desde 1% hasta el 12%, y hasta llegar a Q200 diarios (este último por el sector laboral).

• Para la actividad no agrícola, en la Circunscripción Económica 1 (CE1), que corresponde al departamento de Guatemala, el delegado del Mintrab propuso un incremento del 12%. Para esa actividad en la CE2, que abarca el resto del país, el ajuste propuesto fue del 10%.
• Mientras que el sector empleador propuso, para esa actividad, un 4% para la CE1 y un 2% para la CE2.
• En la actividad agrícola, el delegado del Mintrab planteó un 3% tanto para la CE1 como para la CE2, mientras que los empleadores propusieron un 2% y 1%, respectivamente.
• En el caso de la actividad de exportación y maquila, el Gobierno propuso un incremento del 5.3% para la CE1 y del 5% para la CE2. En esta, los empleadores recomendaron respectivamente ajustes del 3.5% y 2%.
• Mientras que los representantes del sector laboral propusieron unificar el salario mínimo en Q200 diarios lo que representaría alrededor de Q6 mil mensuales para las seis actividades económicas y dos regiones, además piden que se derogue el acuerdo Gubernativo que regula el tiempo parcial (89-2019).

¿Cuándo es el Día del Trabajo en Guatemala y qué se conmemora?

Más que un día de descanso, el Día del Trabajo conmemora la lucha histórica por la igualdad laboral y la creación de leyes como el Código de Trabajo.

Esdras Laz

29 de abril de 2025

|

11:25h

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El día del trabajador recuerda la lucha por la igualdad y los derechos de los trabajadores a nivel mundial. (Foto: Prensa Libre / Shutterstock)

Desde una oficina, un comercio o una zona hotelera, toda persona que realiza una actividad laboral para devengar un salario merece condiciones justas y la reivindicación de sus derechos: prestaciones de ley, una jornada digna y acceso a un seguro.

El Día del Trabajo conmemora la lucha de millones de trabajadores que, día a día, impulsan el desarrollo económico del país. También recuerda a quienes, desde finales del siglo XIX, lucharon por derechos fundamentales, como una jornada máxima de ocho horas y contra la discriminación salarial, principios que aún se busca generalizar en Guatemala.

Celebrado cada 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores tiene sus orígenes en el mundo industrializado. En esa época, las jornadas laborales se extendían hasta 18 horas diarias y el pago era desigual según el trabajador.

Durante esos años también se evidenciaba una marcada discriminación hacia mujeres, personas mayores y niños, quienes eran contratados con sueldos más bajos o para realizar trabajos pesados.

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El origen de la lucha laboral

La lucha formal por condiciones laborales dignas comenzó en 1868, cuando se promovieron los primeros cambios hacia jornadas de ocho horas. Esta propuesta se basó en la filosofía de los “Tres Ochos”: ocho horas de trabajo, ocho de descanso y ocho de sueño.

Las reformas fueron impulsadas por el entonces presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson. Sin embargo, la presión empresarial logró que dichas disposiciones fueran aplicadas de forma opcional, lo que motivó mayores protestas.

El punto de inflexión llegó el 1 de mayo de 1886, cuando obreros de Chicago realizaron una huelga general, conocida como la Revuelta de Haymarket, para exigir respeto por las jornadas laborales limitadas. La manifestación derivó en enfrentamientos con la policía, que lanzó explosivos para dispersar a los trabajadores, lo que resultó en la muerte de varios huelguistas.

Aquel acontecimiento se convirtió en símbolo de la lucha obrera. Tres años después, en 1889, el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional declaró el 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajo, en homenaje a los mártires de Chicago.

Leer más: Feriados Guatemala 2025: ¿Cuál es el primer descanso del año?

El Día del Trabajo en Guatemala

En Guatemala, el movimiento obrero tardó en consolidarse. A finales del siglo XIX, el país tenía escasa presencia industrial y el número de trabajadores organizados era limitado. Fue hasta el gobierno de Manuel Estrada Cabrera que, con el objetivo de mejorar la imagen del país ante Estados Unidos, se promovieron las primeras asociaciones obreras.

Sin embargo, la lucha por los derechos laborales se fortaleció en 1947, cuando obreros de distintas industrias encabezaron marchas en rechazo al dominio económico estadounidense y sus efectos en los trabajadores locales.

Como resultado de estas movilizaciones, el presidente Juan José Arévalo impulsó la creación del Código de Trabajo, aprobado mediante el Decreto 330 del Congreso de la República. Este documento estableció los derechos y deberes de patronos y trabajadores, dignificando el trabajo y su remuneración.

Desde entonces, el 1 de mayo se reconoce como asueto nacional, en conmemoración de la lucha obrera y como una jornada para recordar la importancia del trabajo digno y los avances en la legislación laboral del país.

Huelga de trabajadores de Amazon pone en riesgo los envíos a los países de la región, entre ellos Guatemala

Esta medida podría afectar sus compras navideñas, luego de que casi 10 mil trabajadores de Amazon han abandonado sus puestos de trabajo en siete instalaciones.

Natiana Gándara

19 de diciembre de 2024

|

12:28h

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El sindicato señaló que unos 10 mil empleados se le unieron para reclamar aumentos de salarios y mejores condiciones de trabajo en Amazon. (Foto Prensa Libre: AFP)

La huelga de trabajadores de Amazon comenzó desde la mañana de este jueves 19 de diciembre, tras el rechazo de la dirección de la empresa de negociar con miles de empleados, informó el sindicato The Teamsters en su sitio de internet.

Ese gremio representa a los choferes de camiones de transporte de mercaderías y reprocha a Amazon que no lo reconozca y no negocie con sus delegados.

El sindicato señaló que unos 10 mil empleados se le unieron para reclamar aumentos de salarios y mejores condiciones de trabajo en Amazon.

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“Si su envío se ve retrasado en las fiestas, pueden quejarse con la insaciable codicia de Amazon. Le dimos a Amazon una fecha límite clara para sentarse a negociar y actuar como se debe con nuestros afiliados. La ignoraron”, declaró el dirigente Sean O’Brien en una nota.

El movimiento de huelga afectaría a instalaciones en las ciudades de Nueva York, Atlanta (Georgia), San Francisco (California) y Skokie (Illinois).

Las ramas locales del sindicato comenzaron a instalar piquetes en cientos de centros de acopio y distribución de Amazon en todo el país, según The Teamsters.

¿Afectará los envíos?

La huelga en plena víspera de fin de año, supone un impacto. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esto es solo el 1 % de toda su fuerza laboral de 1.5 millones de personas. Amazon está asegurando a sus clientes que las vacaciones no se arruinarán, diciendo que tienen cientos de centros logísticos en todo el país.

Las huelgas que arrancaron este 19 de diciembre se están llevando a cabo en un almacén de Amazon en San Francisco, California, y seis estaciones de entrega en el sur de California, la ciudad de Nueva York; Atlanta, Georgia y Skokie, Illinois, según el anuncio del sindicato. Los trabajadores de Amazon en las otras instalaciones están “preparados para unirse”, dijo el sindicato.

Los camioneros de Massachusetts y Rhode Island ya se han unido a la línea de piquete. Los trabajadores sindicalizados en la ubicación de Johnston, Rhode Island, y la ubicación de Fall River, Massachusetts se unirán al esfuerzo nacional, según el sindicato.

El año pasado Amazon tuvo una ganancia neta de US$30 MIL millones de dólares sobre una facturación de US$575 mil millones.

Con información de la Agencia AFP

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Salario mínimo 2025: gobierno analiza aumento para que la población tenga más poder adquisitivo

Los sectores empleador, laboral y gubernamental presentaron sus propuestas para fijar el salario mínimo para el 2025, sin llegar a un acuerdo, ya que estas van desde no brindar aumento, equipararlos, que sean variables según actividad o llevarlo hasta Q200 diarios en forma generalizada.

Rosa María Bolaños

12 de septiembre de 2024

|

05:00h

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Después de las comisiones paritarias, la discusión para fijar salario mínimo pasa a la Comisión Nacional del Salario, Ministerio de Trabajo y presidente de la República. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Las propuestas fueron presentadas por los representantes de dichos sectores ante las seis comisiones paritarias que existen, las cuales empezaron a trasladar sus informes a la Comisión Nacional del Salario (CNS) ya que el plazo para ese trámite vence el 15 de septiembre.

Las fuentes consultadas refirieron que el Gobierno considera que se debe subir dicha paga mínima para el próximo año, pero sobre bases técnicas y sin presentar un porcentaje, pero Alain Samayoa Chavarría, presidente de la CNS, dijo que no todas las comisiones paritarias habían enviado su informe; sin embargo, refirió que la idea del Ejecutivo es recuperar el poder adquisitivo. “Obviamente, el recuperar el poder adquisitivo va a conllevar un aumento en la cifra nominal para que se acerque al valor real”.

Salario único

El sector laboral propone que para el 2025 el salario mínimo aumente de forma que el monto llegue a Q200 diarios sin diferenciación. Derivado de ese dato la cifra mensual rondaría los Q6 mil.

Los argumentos son que solo debe existir un salario mínimo y no dividirlo por regiones o actividades; además, debe cubrir la canasta básica alimentaria y lo acerque a la canasta ampliada.

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César Amaury Pixtún, representante del sector laboral ante al CNS, confirmó que es un monto general con base a diferentes estadísticas y, aunque “se supone de parte de algunas personas que en el interior del país es más barata la vida, pero es al contrario, por lo que la posición es proponer un salario mínimo igual para todos”.

Dos propuestas

En las comisiones de la actividad de maquilas y exportación, regulado en el régimen del decreto 29-89, propusieron elevar el salario mínimo en 3.65% en ambas circunscripciones.

Alejandro Ceballos, vicepresidente de la Asociación de la Industria del Vestuario y Textiles (Vestex) y representante ante la CNS, explicó que apoyaron la modalidad de usar una fórmula que incluye indicadores como el porcentaje de crecimiento es la inflación estimada del Banco de Guatemala y la productividad, esta última se basa en el crecimiento económico y el crecimiento poblacional.

Para ello, definieron usar el escenario bajo que incluye la inflación de 3.5%, el PIB de 2.7% y el crecimiento poblacional de 1.4%, esto derivado de la contracción que ha tenido el sector en las exportaciones hacia Estados Unidos debido a que ese mercado está generando menor demanda, además que en lugar de subir los precios de las prendas exportadas estas han bajado.

Con ello el salario del sector de maquila y actividad exportadora en la CE1 quedaría en Q105 diarios y alrededor de Q3 mil 209 mensuales, y en la CE2, en Q99.30 diarios y en unos Q3 mil 028.33. Además de la bonificación incentivo de Q250 mensuales.

En tanto para las actividades agrícolas y no agrícolas el sector patronal no propuso un incremento en las comisiones paritarias, sino que optaron, como en otros años, proponer una serie de criterios económicos para seguir discutiendo el tema en la comisión nacional, dijo el representante del sector empleador ante la CNS, Guido Ricci.

Entre los temas que recomienda discutir son adoptar una política macroeconómica prudente, reforzar inversión en infraestructura, discutir a fondo cómo el salario mínimo debe responder a la realidad económica y por circunscripción, promover políticas que incentiven la formalización de empleo y fomentar la productividad laboral.

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Existe una frase en inglés: Too much information (demasiada información). A veces uno prefiere no saber cosas de la vida de los demás. Y, en caso de que amigos o familiares continúen con sus relatos hasta el detalle, uno simplemente puede pedirles que se detengan.

Pero ¿Qué ocurre cuando esta situación se da en el trabajo? ¿Y qué informaciones de la vida privada se adaptan entonces a este entorno?

Para el psicólogo y autor de libros alemán Rolf Schmiel, la frontera entre una conversación confidencial y compartir en exceso información privada está muy clara.

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“Oversharing”, o sea compartir demasiado, significa contar cuestiones íntimas a los demás sin que estos lo pidan. Y hacerlo donde normalmente no corresponde.

Esto puede ser ser inadecuado. Pero si revela un poco de información demasiado íntima en el calor del momento, esto no significa necesariamente que se esté incurriendo en un “oversharing” problemático a largo plazo.

Sin embargo, esto puede ser diferente si se comparten de forma regular e intensiva cuestiones extremadamente privadas. Y eso no solo incluye informes sobre las uñas de los pies. Los problemas de pareja o las dificultades económicas también pueden ser aspectos bastante íntimos.

Evitar conversaciones unilaterales sobre problemas

Lógicamente, existen momentos enriquecedores en los cuales un o una colega se abre, se comparten situaciones de vida difíciles o frustraciones profesionales y de esta manera se desarrolla una mayor comprensión mutua.

“Pero se vuelve difícil cuando una persona, como si fuera natural, empieza a compartir (sin consultar previamente) sus dramas personales en el entorno de los colegas”, afirma la economista Dorothea Assig, quien junto con Dorothee Echter asesora a altos directivos.

Especialmente en estos tiempos en que cada detalle, por privado que sea, se comparte en las redes sociales, los límites parecen frecuentemente difusos.

“Parece sobreentendido y deseado mostrarse de manera auténtica, con todas las debilidades, enfermedades y fracasos”, apunta la socióloga germana Dorothee Echter. Pero esta impresión, aclara, es errónea.

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“‘Oversharing’ es unilateral, no es una conversación confidencial; nace de la necesidad de uno de elevarse a centro de interés“, comenta Assig. La gente que se encuentra alrededor se ve prácticamente obligada a escuchar.

Para Echter, en tanto, compartir demasiado es también un trastorno de contacto. “Alguien quiere forzar la compasión y en su lugar obtiene vergüenza y distancia, que, sin embargo, no se expresan”.

Poner límites

Pero no cada tema ni cada conversación en el trabajo deben ser tolerados sin hacer un comentario. “Nadie tiene el derecho de contaminar mi esfera de comunicación privada. Tampoco permito que alguien coloque un rollo de papel higiénico sobre mi escritorio”, afirma Schmiel.

Según este experto, siempre hay dos caras de la autorrevelación perjudicial: “En la plantilla, la persona que sufre regularmente el ‘oversharing’ simplemente tiene también un verdadero problema de límites“, dice Schmiel.

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“La responsabilidad es 50-50. A menos que el ‘oversharing’ provenga del jefe”, agrega. En ese caso, la gente suele dejarlo pasar, temiendo que dar una muestra de irritación pueda tener consecuencias negativas.

Una recomendación de Dorothea Assig: “Si no quiere que le compartan dramas personales difíciles con todo lujo de detalles, dígalo de forma tal que la otra persona no se sienta avergonzada“.

Ya que, quien se siente tratado con condescendencia o como si fuera inferior, enseguida empezará a contraatacar. Pero puede decir, por ejemplo: “Por favor, discúlpame, no me siento bien, no soy la persona adecuada para esta conversación, porque no puedo decir nada al respecto”.

Rolf Schmiel recomienda utilizar “mensajes yo”, en primera persona, que expliquen por qué la información en cuestión molesta o irrita, o por qué se la considera inapropiada.

Puede empezarse la conversación con palabras como: “Puede que yo también sea demasiado sensible. Pero tus palabras me producen el siguiente efecto…”. Lo ideal es que se tome su tiempo y elija una situación distendida, como un paseo compartido.

Pensar en el rol futuro

Y los superiores tampoco tienen por qué estar exentos. “Si es algo puntual, no pasa nada por ser comprensivo y generoso”, señala Schmiel.

“Los jefes también son humanos y hacen las cosas mal, así que compartir más de la cuenta puede ser consecuencia de la presión y el estrés“. Sin embargo, si se traspasan los límites constantemente, conviene mantener una conversación personal.

¿Y qué sucede si se ha revelado demasiado sobre uno mismo con demasiada rapidez? “Entonces puedo decir con confianza al jefe o al compañero: estaba tan triste, tenso, enojado, que no me di cuenta de lo inapropiado de mi impulso de compartir. Por favor, discúlpame”, sugiere Dorothee Echter.

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En caso de que se sienta incertidumbre acerca de si las informaciones compartidas realmente fueron demasiado, entonces se puede buscar una opinión al respecto de los colegas con los cuales hay mayor confianza: ¿también experimentó los comentarios como inapropiados?, ¿son frecuentes estos deslices?

Estar al tanto de esto ayuda a poder maniobrar y ajustar en consecuencia. Porque, justamente en el trabajo, el “oversharing” puede tener un impacto negativo. “Las personas no contemplan cuanto tiempo tiene efecto algo actual que se ha contado”, advierte Assig.

Frecuentemente, mucho más tiempo de lo que uno se imagina. Esto se aplica no solo, pero también a las revelaciones que se efectúan en las redes sociales, aunque se obtengan muchos “me gusta” y comentarios por uno que otro “oversharing”. “Una declaración actual debe tener en cuenta el futuro”, aconseja Echter.

¿La utilizarán los estudiantes para que les haga los deberes? ¿Y los dirigentes para que les escriba los discursos? ¿Podría incluso escribir este artículo que estás leyendo?

Además de la gran inquietud sobre si dejará este programa de inteligencia artificial (IA) sin trabajo a millones de personas que hoy realizan tareas que esta máquina puede realizar en cuestión de segundos, otra controversia tiene que ver con los derechos de autor.

ChatGPT utiliza información que obtiene principalmente de internet. Pero en general no cita las fuentes, llevando a acusaciones de plagio que ya han derivado en denuncias legales.

Pero detrás del ruido que ha generado esta innovación, y el avance que significa para las tecnologías que usan IA, se esconde otra polémica que es mucho menos conocida.

Tiene que ver con los cientos de miles de trabajadores, muchos de bajos ingresos, sin los cuales no existirían sistemas de IA como ChatGPT.

• Qué es ChatGPT, el revolucionario sistema de inteligencia artificial que preocupa a algunos expertos

No hablamos de los programadores que diseñan los algoritmos, que suelen trabajar en lugares como Sillicon Valley y cobrar buenos sueldos.

Hablamos de la “fuerza laboral oculta”, como la llamó la asociación sin fines de lucro Partnership on AI (PAI), que agrupa a organizaciones académicas, de la sociedad civil, de los medios y de la propia industria involucrados con la IA.

¿Quiénes componen esta fuerza escondida? Personas subcontratadas por las grandes empresas tecnológicas, en general en países pobres en el hemisferio Sur, para “entrenar” a los sistemas de IA.

Etiquetadores

Estos hombres y mujeres realizan una tarea tediosa -y potencialmente dañina para la salud mental, como veremos más adelante- pero que es esencial para que funcionen programas como ChatGPT.

Consiste en etiquetar millones de datos e imágenes para enseñarle a la IA cómo actuar.

Tomemos como ejemplo el chatbot que está causando sensación.

Cuando le preguntas algo a ChatGPT, el programa usa unos 175.000 millones de “parámetros” o variables, para decidir qué responder.

Como ya mencionamos, este sistema de IA utiliza como fuente principal información que obtiene de internet. Pero ¿cómo distingue los contenidos? Gracias a estas referencias, que le son “enseñadas” por seres humanos.

“No hay nada inteligente de la inteligencia artificial. Tiene que aprender a medida que se le entrena”, explica a BBC Mundo Enrique García, cofundador y gerente de DignifAI, una empresa estadounidense basada en Colombia que se dedica a contratar a estos “anotadores de datos”.

Estos profesionales, más conocidos como “etiquetadores de datos” (data labelers, en inglés), identifican información, como textos, imágenes y videos, y le indican al programa qué es qué, para que la máquina pueda entender qué es cada cosa y aprender en qué contexto usarla.

En la industria tecnológica llaman a este tipo de tarea “enriquecimiento de datos“.

Pero, irónicamente, y a pesar de que se trata de un trabajo esencial para el desarrollo de la IA, los enriquecedores de datos conforman el eslabón más pobre en la cadena de producción de las grandes empresas tecnológicas.

Un hecho que fue reconocido por Partnership on AI.

“A pesar del papel fundamental que desempeñan estos profesionales de enriquecimiento de datos, un creciente cuerpo de investigación revela las condiciones laborales precarias que enfrentan estos trabajadores”, señaló el organismo.

“Esto podría ser el resultado de esfuerzos por ocultar la dependencia de la IA de esta gran fuerza laboral al celebrar las ganancias de eficiencia logradas por esta tecnología. Fuera de la vista también está fuera de la mente”, denunció la coalición, a la que también forma parte OpenAI, la empresa que creó el ChatGPT.

Menos de US$2 la hora

Una investigación de la revista TIME reveló que muchos de los etiquetadores de datos que fueron subcontratados por OpenAI para entrenar a su ChatGPT recibieron sueldos de entre US$1,32 y US$2 la hora.

Según el reportaje del periodista Billy Perrigo, la compañía tecnológica, que cuenta entre sus principales inversores a Microsoft, tercerizó el trabajo de enriquecimiento de datos a través de una empresa de outsourcing llamada Sama, basada en San Francisco, que contrató a trabajadores en Kenia para realizar ese proyecto.

A través de un comunicado, un vocero de OpenAI señaló que esta empresa era la responsable de administrar los sueldos y las condiciones laborales de los etiquetadores contratados para trabajar en el programa ChatGPT.

“Nuestra misión es garantizar que la inteligencia artificial general beneficie a toda la humanidad, y trabajamos arduamente para construir sistemas de IA seguros y útiles que limiten el sesgo y el contenido dañino”, dijo el portavoz.

Sama, que también contrata a etiquetadores en otros países de bajos ingresos como Uganda e India para clientes como Google y Meta (dueña de Facebook), se promociona como una “IA ética” y asegura haber sacado a más de 50.000 personas de la pobreza.

Sin embargo, Martha Dark, directora de la organización activista británica Foxglove, cuya meta es “hacerle frente a los gigantes tecnológicos y a los gobiernos, por un futuro en el que la tecnología sea usada para beneficiar a todos, no solo a los ricos y poderosos”, le dijo a BBC Mundo que las grandes empresas tecnológicas usan el outsourcing para pagarle a estos trabajadores mucho menos de lo que corresponde.

“Todas estas compañías son empresas multimillonarias y es francamente inadecuado que le estén pagando 2 dólares la hora a las personas que hacen posible que estas plataformas existan”, señaló.

Pero para Enrique García, de DignifAI, la polémica sobre los sueldos “es un tema de perspectiva”.

En Europa y Estados Unidos se puede entender que ganar eso sea poco, observa, pero en otros países puede representar un buen sueldo.

“Mucha gente critica a nuestra industria por el tema de la paga, pero en DignifAI nuestro piso salarial es de US$2,30 la hora, y eso representa 1,8 veces el sueldo mínimo de Colombia“, señala.

“Si el proyecto es más complejo y requiere de anotadores que sean expertos, por ejemplo, arquitectos o médicos, la paga puede subir hasta 25 dólares la hora”, detalla.

Aunque reconoce que hay algunas empresas que pagan por debajo del sueldo mínimo, considera injusto poner la lupa solo sobre este sector.

“Hay dinámicas de outsourcing en muchas industrias, no solo esta, así que tampoco es justo etiquetarnos a nosotros como los ‘digital sweatshops´ (talleres clandestinos digitales)”, dice.

Impacto social

García también resalta que hay varias empresas del sector, como la suya, que son de impacto social y tienen como objetivo “aumentar la productividad y dignidad de las personas”.

De hecho, el lema de DignifAI, que cuenta con el apoyo de varios organismos de ayuda, es: “Outsourcing dignity through artificial intelligence” (“Tercerizando dignidad a través de la inteligencia artificial”)

La empresa está basada en Cúcuta, en la frontera entre Colombia y Venezuela, y tiene como misión darle trabajo a los migrantes venezolanos que cruzan hacia el país vecino y también a los colombianos desplazados internamente.

“Muchos de ellos antes de trabajar con nosotros estaban ganando 4 o 5 dólares al día. Para esta población vulnerable que no tiene opciones de mercados laborales ganar 1,8 el sueldo mínimo colombiano es bastante atractivo”, afirma.

Ingrid, una venezolana de 42 años que llegó a Colombia a finales de 2018, da cuenta de ello.

La licenciada en Educación, quien prefirió no dar su apellido, le contó a BBC Mundo que no ha podido ejercer la docencia, como hacía en su país de origen, porque aún no ha logrado convalidar su título, y dijo que trabajar como anotadora para DignifAI le permitió ganarse la vida y además formarse en otra profesión.

“Se trabaja cuatro horas al día y he podido dedicar el tiempo restante a realizar un curso de diseño gráfico”, contó, sobre su próximo proyecto laboral.

Aunque ahora ya no trabaja como anotadora, porque fue ascendida al cargo de supervisora de proyectos, no duda en recomendar ese empleo.

“Es más provechoso, menos agotador y mejor remunerado que ser mesera, asistente part time o hacer tareas físicas”, observa, señalando que la mayoría de sus compañeros son amas de casas, vendedores ambulantes o estudiantes.

Salud mental

Más allá de la paga, otro tema que genera polémica en torno a los etiquetadores de datos es el efecto del trabajo sobre su salud mental.

No es lo tedioso de la tarea lo que preocupa a algunos expertos -aunque es otra crítica que se hace sobre esta labor- sino el material tóxico al que están expuestos algunos anotadores.

Y es que, parte de la función de estos entrenadores es enseñarle al programa de IA qué información no es apta para ser publicada.

Para ello, algunos -no fue el caso de Ingrid- deben adentrarse en los rincones más oscuros de internet y catalogar todo el vasto caudal de material violento, siniestro y perverso que reside allí, para así mostrarle a la máquina a ignorar el costado putrefacto de la gran red de redes.

Pero según Martha Dark de Foxglove, realizar este trabajo, que es vital, “puede causar trastorno de estrés postraumático y otros problemas de salud mental en muchos trabajadores”.

Su organismo representa a un exempleado de Sama que trabajó como moderador de Facebook en Kenia y en 2022 demandó tanto a Sama como a Meta, dueña de la red social, por el daño psicológico que sufrió, una causa que se sigue deliberando en los juzgados de Nairobi.

“Estos trabajos tienen un costo sobre la salud mental de quienes los hacen y deberían recibir cuidados psiquiátricos adecuados además de un salario más justo”, le dijo Dark a BBC Mundo.

Según la activista, las grandes empresas tecnológicas tienen recursos económicos de sobra para proveer este tipo de asistencia, pero no lo hacen porque “ponen las ganancias por encima de la seguridad de sus trabajadores”.

Enrique García reconoce que las grandes empresas podrían invertir más en la contratación de etiquetadores, pero afirma que ponerles muchas exigencias podría hacer que decidan buscar anotadores en otros lados.

“Puede ser que las grandes tecnológicas podrían pagar más, pero estamos muy agradecidos por las oportunidades“, dice.

“O nos ponemos defensivos sobre lo tacaño del cliente o aceptamos las oportunidades que hay, que pagan por encima del mínimo legal”, afirma.

“Por lo menos estamos trayendo oportunidades de generación de ingresos acá donde, sin esta alternativa, no las habría”.

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Actualmente, cuenta con Centros y Delegaciones en toda la República, lo que le permite atender todos los sectores económicos de la población, afirmó Dennis Iván Rodas, gerente general, quien asegura que el éxito logrado en este medio siglo se debe en gran parte a la confianza del empresariado, a las alianzas que se han concretado y a la sociedad guatemalteca en general.

“Ahora estamos trabajando para adaptarnos a las actuales realidades que requieren, por ejemplo, habilidades idiomáticas y de programación, entre otros, lo cual significa que debemos tener ciudadanía digital, que pueda enfrentar los retos actuales del mercado laboral. Ahora vamos encaminados al Intecap Empresarial, que es decirles a los empresarios que podemos ser sus socios estratégicos”, aseguró Rodas.

De las aulas de la institución han egresado emprendedores e innovadores, muchos de los cuales, luego de desarrollar habilidades técnicas a través de su formación, brindan oportunidades laborales a terceros al implementar nuevos negocios.

La expansión

Los planes son abrir nueve nuevos centros en breve, por lo que en mayo se inaugurará el de Totonicapán, paralelamente se empezarán a construir los de Santa Rosa, Chimaltenango y la Antigua Guatemala.

Además, un centro Tics (Tecnologías de la Información y la Comunicación), en Quetzaltenango, una sede regional en Zacapa, ampliaciones en Cobán y en Jutiapa, enumeró.

Cualquier persona puede acceder a las capacitaciones al acceder a la página de la entidad, o acercándose a cualquiera de las sedes, mientras que las empresas pueden solicitar cursos específicos para profesionalizar a sus colaboradores, se indicó.

El Intecap en cifras

• 403 mil eventos realizados.
• 7.36 millones de participantes.
• 27.3 millones de horas de formación.
• 4.2 millones de horas de asistencia técnica.
• 13 mil 961 certificaciones laborares de 2018 a 2021.
• 167 carreras.
• 72 especialidades.
• 26 laboratorios de alta tecnología.
• 7 mil 65 cursos no certificables.
• 80% de los egresados tenían entre 15 y 29 años.
• 76% de los graduados trabaja en la carrera que estudiaron.
• 18% emprendieron negocios relacionados con sus estudios.
• 42% de los estudiantes son mujeres.

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Los empleados del sector público deberán asistir a sus actividades laborales mañana viernes 21 de octubre, como un día de trabajo normal.

La expectativa era que la Administración Central emitiera un acuerdo que oficializará el fin de semana largo con la posibilidad de un puente el viernes 21 de octubre, sin embargo, no hubo ninguna resolución oficial para los trabajadores estatales.

Los únicos casos en los que las dependencias no atenderán es en los que las negociaciones de los pactos colectivos establecen un beneficio a sus trabajadores.

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Una fuente del sector laboral indicó que se analiza la posibilidad de otorgar el “puente” a los trabajadores públicos para el lunes 31 de octubre, ya que el martes 1 de noviembre, Día de los Santos Difuntos, es asueto.

En esta fecha se espera  un masivo desplazamiento de personas para visitar a sus seres queridos en los departamentos. Así, se espera brindar un fin de semana largo desde el viernes 28 de octubre y volver a la normalización de las actividades hasta el 2 de noviembre.

Sin embargo, esta posibilidad aún no es oficial, sino que se encuentra bajo estudio.

Para el sector turismo, la prolongación del asueto largo representa mayor demanda de visitantes en áreas como las playas públicas del pacífico y turicentros, Antigua Guatemala, el área de GuateMágica y lago de Atitlán en Sololá, entre otros.

Según este decreto, el aguinaldo se debe calcular sobre el salario devengado, es decir, el que fue establecido en el contrato o relación laboral.

La ley menciona que la continuidad del trabajo no se interrumpe por licencias con o sin goce de salario, suspensiones individuales y colectivas, parciales o totales de que haya gozado el trabajador durante el transcurso de su relación laboral.

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De esta forma, el aguinaldo corresponde a un salario o sueldo ordinario recibido durante un año a partir del 1 de diciembre al 30 de noviembre.

Datos del Instituto Nacional de Estadística señalan que tan solo el 34.7% de población económicamente activa estaba en la formalidad hasta el 2019, que es el grupo que alcanza este beneficio.

Por ser una remuneración obligatoria, si el trabajador no recibe el 100% del aguinaldo podrá denunciar a su patrón en el Ministerio de Trabajo.

Para que las empresas no caigan en incumplimiento con la ley, la normativa permite que se pague el 50% en la primera quincena de diciembre y el resto en la primera quincena de enero.

Según indicó el Ministerio de Trabajo (Mintrab), la Inspección General de Trabajo está preparada para realizar a partir de este 16 de diciembre 1 mil verificaciones y 1 mil 300 más durante enero.

Esta fue la misma meta que tuvo el Mintrab durante el 2020. Para el año 2019, la Inspección visitó tres mil 863 empresas, de las cuales el 17.9% fueron prevenidas, es decir, tuvieron un plazo de ocho días para cumplir. El 70% de las empresas cumplieron con el pago y el 13% fueron sancionadas por incumplimiento.

Entre los hallazgos que los inspectores han encontrado para la falta del pago del aguinaldo son, por ejemplo, en el sector maquila, que a la fecha del cumplimiento del pago indican que aún no reciben los depósitos de la mercadería que fue comprada por sus clientes.

En el sector comercio o servicios, algunos refieren que no hicieron la provisión de dicha prestación, razón por la cual no pueden pagar o bien, que harán efectivo el 100% del pago de aguinaldo en la primera quincena de enero.

Según establece la ley, los empleadores pueden pedir una exención del pago al Mintrab, con la salvedad que serán fiscalizados para validar las razones por las que la empresa no tiene la capacidad para cumplir.

1. Denuncia. Si el empleador no paga el aguinaldo cuando corresponde, el trabajador puede acercarse a cualquier sede departamental del Mintrab y poner una denuncia en la Inspectoría General de Trabajo.
2. Verificación. Después de la denuncia, la Inspectoría General deberá hacer la verificación en la empresa para percatarse del incumplimiento del empleador.
3. Inspecciones. Aunque no exista denuncia, la Inspección General de Trabajo realiza más de dos mil operativos institucionales en diciembre y enero para establecer el cumplimiento del pago.
4. Inspecciones. Aunque no exista denuncia, la Inspección General de Trabajo realiza más de dos mil operativos institucionales en diciembre y enero para establecer el cumplimiento del pago.
5. Sanción. Si al concluir el plazo el empleador no ha cumplido, el empleador será sancionado con una multa de 8 hasta 18 salarios mínimos.
6. Cómo demostrarlo. Es importante que el empleador demuestre el pago del aguinaldo con la constancia bancaria, con la firma o impresión digital del
   trabajador. De lo contrario, se tomará como no pagado.
7. Forma de pago. La primera parte del aguinaldo se puede pagar en la primera quincena de diciembre y la segunda en la primera quincena de enero.
8. Prohibido. El artículo 8 de la Ley Reguladora de la Prestación del Aguinaldo, queda prohibido sustituir el aguinaldo con el pago en especie.

Ese mismo tipo de ofertas para atraer empleados están por todas partes.

No solo han tenido que subir los salarios, sino que además las compañías están ofreciendo el pago de carreras universitarias, seguros médicos, horarios más flexibles, bonos y hasta dinero solo por asistir a una entrevista.

Es que a medida que avanza la recuperación económica, los negocios necesitan más trabajadores.

Tanto es así que las vacantes de empleo en junio alcanzaron un récord de 10,1 millones, según cifras del Departamento de Trabajo.

Los que tienen más urgencia de conseguir mano de obra son los restaurantes, hoteles, cadenas de comida, supermercados, negocios de comercio minorista y la industria del esparcimiento.

Adiós al viejo empleo

A sus 21 años, Addison Bueide, dice que no volverá a su empleo como camarera en un club privado en la ciudad de Austin.

“La pandemia fue realmente dura, especialmente porque mis jefes no se tomaban muy en serio el uso de mascarillas y dejaban que la gente fuera sin ellas”.

Como ella, hay muchas otras personas cuyo oficio las obliga a trabajar en lugares cerrados o en contacto permanente con clientes, dejándolas expuestas a un mayor nivel de contagio.

Y como ahora la variante delta del coronavirus ha provocado un repunte de los casos en el país, el mercado laboral se está moviendo en un terreno bastante impredecible.

“Todos mis empleados están trabajando 6 ó 7 días a la semana porque nos falta personal”, le contó a BBC Mundo Carlos Gazitua, presidente de la cadena de restaurantes Sergio’s en Florida.

A los lavaplatos que ha logrado contratar para las cocinas de sus restaurantes les está pagando US$19 por hora, cuando antes de la pandemia los empleados con esa función no solían percibir más de US$12.

El fenómeno tiene a las autoridades con el radar encendido.

“Ahora estamos rezagados respecto a nuestros pares en la participación de la fuerza laboral, que no es donde queremos estar como país”, dijo el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en una audiencia del comité bancario del Senado a mediados del julio.

“Necesitamos trabajar como sociedad para asegurarnos de que las personas encuentren el camino de regreso a la fuerza laboral”.

En el centro del debate sobre las razones que explican el fenómeno hay dos grandes posturas.

Los que creen que las personas no quieren trabajar porque prefieren vivir de los beneficios sociales que entrega el gobierno a los desempleados a raíz de la pandemia (US$300 a la semana).

Y los que plantean que el tema es mucho más complejo.

Aunque la mayor parte de los empleos vacantes son aquellos que tradicionalmente han pagado los salarios más bajos, ciertamente la escasez de trabajadores ha permeado sectores más amplios de la sociedad.

Precisamente porque no es una masa homogénea de personas, las razones para entender este fenómeno son tan distintas, como las personas que lo están viviendo.

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Estas son algunas de las claves detrás de la pronunciada escasez de empleados en Estados Unidos, según los expertos consultados por BBC Mundo.

1. Salarios y condiciones de trabajo

Con tantas vacantes disponibles los trabajadores tienen claro que este es el momento de conseguir un mejor salario por el mismo tipo de trabajo que realizaban antes.

Aunque no hay una ley federal que establezca un pago mínimo de US$15 la hora, cada vez más empresas se están acercando a ese umbral ante la falta de mano de obra.

Pero el dinero no lo es todo.

“La escasez se debe principalmente a que los trabajadores no quieren regresar a lugares de trabajo donde no los respetan, no les brindan seguridad, no les dan ningún beneficio y les pagan bajos salarios”, le dice a BBC Mundo Victor Narro, director de Proyectos y profesor del centro de Estudios Laborales de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA).

“Esto tiene más que ver con escasez de buenos trabajos que con escasez de trabajadores”.

2. Beneficios por desempleo

Muchos empresarios reclaman que no pueden llenar sus vacantes porque los US$300 que recibe un desempleado a la semana como beneficio del gobierno para enfrentar la pandemia lo incentivan a vivir de la ayuda social en vez de trabajar.

Es por eso que algunos estados republicanos han comenzado a detener el pago del beneficio con miras a estimular el regreso al trabajo.

Como es una medida reciente, aún no hay datos para evaluar los efectos de esa política en las últimas semanas.

Con todo, un estudio realizado por los economistas del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Nicolas Petrosky-Nadeau y Robert G. Valletta, señala que las ayudas entregadas a partir del año pasado han tenido un efecto disuasorio mínimo en la búsqueda de empleo, excepto en los puestos peor pagados (US$11,12 la hora), como los servicios de alimentación.

Más allá del debate político que genera el tema de las ayudas sociales, la mayor parte de los economistas coincide en que es uno de los factores en juego.

“No se puede desconocer que los beneficios han contribuido, aunque también es cierto que influye la percepción de riesgo sobre la pandemia o la situación del cuidado de los niños”, dice Timothy Bond, profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Purdue en diálogo con BBC Mundo.

3. El cuidado infantil

La falta de una adecuada red de cuidado infantil es una de las razones mencionadas por todos los expertos a la hora de resolver el puzzle de los trabajadores ausentes.

“El distanciamiento físico interrumpió completamente las rutinas y estructuras, cerrando escuelas y guarderías. Esto limitó las opciones de cuidado infantil“, le comenta a BBC Mundo Kent Mahoney, vicepresidente ejecutivo de la firma de análisis y consultoría Proxima.

Muchas mujeres salieron de la fuerza laboral y no han vuelto a reintegrarse.

En junio su participación laboral llegó al 56,2%, muy por debajo del 60% que solían tener en las últimas dos décadas.

A diferencia de otros países del mundo desarrollado, EE. UU. no tiene un sistema de cuidado infantil con amplios subsidios fiscales.

Se espera que cuando comience el año escolar a fines de agosto o comienzos de septiembre más mujeres se reintegren al empleo, siempre que la variante delta no cambie demasiado la situación sanitaria actual.

4. Miedo al contagio

La preocupación por nuevos contagios en industrias donde los empleados están más expuestos como restaurantes, hotelería y otros servicios relacionados con turismo y entretención, hace que muchos no quieran volver a sus antiguos trabajos.

Las cosas se han complicado aún más ahora que la variante delta se expande por el país y se han registrado más contagios en niños que en los meses anteriores.

Muchos empleados que consideran que no recibieron las medidas de protección necesarias durante las primeras olas de la pandemia, no desean volver a sus antiguos trabajos.

Por otro lado, si la remuneración y las condiciones de trabajo no son lo suficientemente atractivas, hay desempleados que prefieren perder los ingresos antes que infectarse.

5. Un deseo de mayor flexibilidad laboral

Aquellos profesionales cuya presencia física no es fundamental para el tipo de trabajo que realizan, están expresando su deseo de tener mayor flexibilidad laboral.

Pese a que muchas de las grandes empresas tenían previsto regresar al sistema laboral desde la oficina, las cosas no han sido tan fáciles.

La pandemia le demostró a muchos empleados que podían hacer su trabajo desde casa y ahora, que ha llegado el momento de regresar, algunos prefieren buscar un empleo en otro lado que les entregue una mayor flexibilidad.

Es decir, una empresa que permita el teletrabajo o el sistema de trabajo híbrido, donde los empleados deben asistir a la oficina solo algunos días a la semana.

Es que los gigantescos cambios que ha vivido la sociedad con la pandemia, también han generado otras transformaciones.

Algunos, al estar más tiempo en casa, han cambiado sus prioridades y buscan empleos que les permitan pasar más tiempo con la familia, le dijo a BBC Mundo Anthony Klotz, profesor asociado de gerencia en la Escuela de Negocios Mays de la Texas A&M University.

Y otros han tomado la decisión de aventurarse a cambiar de rubro o iniciar un emprendimiento.

6. Boom de jubilaciones

La población en edad de trabajar, definida como aquellos que tienen entre 15 y 64 años, disminuyó en 2019 por primera vez en décadas, y luego cayó nuevamente el año pasado.

Las jubilaciones de los llamados baby boomers (aquellos que nacieron después de la II Guerra Mundial) se duplicaron en 2020 con respecto al año anterior, según un análisis del Pew Research Center.

Algunos decidieron retirarse antes de lo planeado, porque habían perdido el empleo y veían pocas perspectivas de conseguir uno nuevo. O porque no querían estar expuestos al virus en condiciones laborales de alto riesgo.

Y un segmento menor decidió retirarse antes de lo planeado aprovechando el buen desempeño de las inversiones en la bolsa o la venta de sus casas.

El problema con el retiro anticipado de la fuerza laboral es que la economía pierde trabajadores calificados con gran experiencia, algo difícil de suplir rápidamente.

De todos modos, para algunos economistas no se trata de un factor tan crucial.

“Las jubilaciones podrían reforzar la sensación de escasez, aunque la automatización la aliviará”, le dice a BBC Mundo Harry Holzer, profesor de Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown.

Son tantos los elementos en juego al momento de descifrar el misterio de la escasez de trabajadores que Holzer advierte que aún no existe la evidencia necesaria para saber cuál de todas las causas tiene más peso ni por cuánto tiempo podría extenderse esta situación.

A estas claves también se suman otras causas que pueden ayudar a explicar el fenómeno, como la falta de habilidades requeridas para ciertos tipos de trabajos, la frustración y el agotamiento de quienes experimentaron demasiada carga laboral durante la pandemia y un aumento de 30% en las muertes por sobredosis en 2020 en medio de la crisis de los opioides.

Los problemas económicos, el aislamiento y la dificultad para acceder a los servicios de salud contribuyeron a que esta situación empeorara y, algunos estudios señalan que a mayores niveles de adicción, menor es la permanencia de los jóvenes en la fuerza laboral.

¿Qué nos dice la historia?

Desde una mirada histórica, Guido Menzio, profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Nueva York e investigador asociado de la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas (NBER, por sus siglas en inglés), sostiene que esta no es la primera vez que ocurre una situación con estas características.

“No es un fenómeno exclusivo de la recuperación (económica) actual, sino de las recuperaciones más recientes”, le dice a BBC Mundo, como las ocurridas después de la recesión de 1991 o la de 2008-2009.

Según sus investigaciones, una causa constante de la escasez laboral después de una recesión se relaciona con que existe un grupo de trabajadores (alrededor del 15% de la población activa) que resulta desproporcionadamente afectado por la situación económica.

Para este grupo, explica Menzio, “el proceso de reincorporación al empleo es lento y lleno de tropiezos”.

Por ahora, el futuro del mercado laboral continúa transitando por un terreno pedregoso.

“La variante delta, altamente contagiosa, proyecta una sombra sobre la recuperación del mercado laboral en los próximos meses, amenazando con retrasar el regreso de los trabajadores que aún están al margen debido a problemas de cuidado infantil o problemas de salud“, dijo hace unos días Kathy Bostjancic, economista financiera en jefe de Oxford Economics en EE.UU.

Tomando en cuenta que la persona que desea ponerse la vacuna en cualquier centro de salud autorizado debe ocupar más de 3 horas para ello, se recomienda que el patrono otorgue la licencia de un día completo, dejando fuera cualquier amenaza de despido o impedimento para que los trabajadores puedan optar a las dosis de la vacuna.

Esta recomendación se publica luego que la PDH pudo verificar que muchas personas que laboraban en colegios privados expresaron que no les daban permiso.

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“Pudimos constatar que había maestros de colegios privados que nos dijeron que no les daban permiso y solo después de su jornada laboral podían ir a ver si conseguían una vacuna”, explicó Daniel Reyes, Defensor de las Personas Trabajadoras de la PDH.

Ahora que la vacunación se ha habilitado para mayores de 40 años en ciertos lugares y mayores de 50 años en todo el territorio nacional, la PDH exhorta a que las personas del sector privado respeten la normativa sanitaria y laboral correspondiente.

De lo contrario, exhortan a los trabajadores a denunciar en el Ministerio de Trabajo.

“El Código de Trabajo determina que todo empleador está obligado a adoptar las medidas precautorias para proteger la vida, la salud e integridad de las personas trabajadoras”, dice la PDH.

“Los trabajadores deben de gozar de este permiso, aunque en realidad es una licencia con goce de salario ya que son varias horas las que se invierten y nosotros hemos verificado que esto no lo están cumpliendo”, agregó Reyes.

#Ahora | La @PDHgt recomienda a los patronos de los sectores públicos y privados autorizar permisos a los trabajadores para que se vacunen contra el #Covid-19. pic.twitter.com/vXMu5lEky9

— Prensa Libre (@prensa_libre) July 17, 2021

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La instrucción de Musk comenzó en 2018, cuyo objetivo era aumentar y cumplir con los objetivos de productividad de la empresa.

En ese momento el multimillonario dijo a sus trabajadores que la productividad podía ser afectada por varios factores y para no debilitarse, Musk sugirió seis enfoques.

1. Decir “NO” a las reuniones largas

Según Musk, este tipo de reuniones “son una plaga para todas las empresas y casi siempre empeoran con el tiempo”. El empresario aconsejó deshacerse de todas esas reuniones o abandonarlas, a menos que realmente se esté aportando un valor a la audiencia.

2. Las reuniones frecuentes tampoco funcionan

“La frecuencia de las reuniones debe disminuir, a menos que se trate de un asunto muy urgente”, dijo Musk. Además, dijo que, si el asunto urgente se resuelve, la frecuencia de las reuniones debe disminuir.

3. Abandona la reunión si no estás aportando

Para el propietario de Tesla, “no es grosero retirarse de las reuniones, es grosero hacer que alguien pierda su tiempo”. Musk sugiere abandonar la reunión si no se aporta valor.

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4. No a la jerga, comunícate de manera efectiva

“Cualquier cosa que necesite una explicación inhibe la comunicación”. Musk solicitó a sus trabajadores no utilizar siglas o palabras para referirse a software, objetos o procesos en su empresa.

5. Comunicarse directamente sin importar la jerarquía

“La comunicación debe viajar por el camino más corto necesario para realizar el trabajo, no a través de la “cadena de mando”, dijo Musk.

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“Una fuente importante de problemas es la mala comunicación entre departamentos. La forma de solucionar esto es permitir el libre flujo de información entre todos los niveles. Si para hacer algo entre departamentos, un colaborador individual tiene que hablar con su gerente, que habla con un director, que habla con un vicepresidente, que habla con otro vicepresidente, que habla con un director, que habla con un gerente, que habla con alguien que hace el trabajo real, entonces sucederán cosas súper tontas. Debe estar bien que la gente hable directamente y haga que suceda lo correcto”.

6. Usa el sentido común y no sigas todas las reglas

Musk indicó que, si seguir al pie de la letra una “regla de la empresa” es obviamente ridículo en una situación particular, entonces la regla debería cambiar. Para ello recomienda usar el sentido común como guía.

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La reunión aparentemente fue organizada por un pequeño grupo funcionarios y trabajadores para celebrar la despedida del Fin de Año. El Sindicato del Hospital denunció que varios de los colaboradores del centro hospitalario que fueron intervenidos también participaron en una fiesta que realizaron en mayo pasado, cuando las restricciones sanitarias eran más estrictas en dicho país.

Por estas acciones el gobierno regional de Ayacucho cambió al director del hospital para nombrar a un nuevo funcionario. Los intervenidos fueron trasladados a la comisaria del lugar para que se les impongan actas de infracción y solventen su situación.

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Cuándo pagan el aguinaldo en Guatemala y cómo se calcula

Este año se prevé superar las 2 mil 500 verificaciones, indicó la viceministra de Administración del Trabajo, María Isabel Salazar.

La funcionaria añadió que se revisarán aspectos como el monto del pago, cumplimiento de la prestación y aprovecharán para ver verificaciones de las medidas de salud y seguridad ocupacional en prevención del covid-19.

Respecto al aguinaldo, agregó que la legislación permite que se haga un pago en diciembre y otro en enero, por lo que la otra parte de la verificación se enfocará en el no pago o incumplimiento de este.

Sanciones

El trabajador también puede acudir a las ventanillas del Mintrab a presentar su denuncia si no le fue pagado el aguinaldo, ya sea porque el empleador no lo haya hecho efectivo en las fechas establecidas, o si fue despedido y no le pagan esa prestación que está establecida como una prestación irrenunciable.

• En los casos en que detecten incumplimientos, los patronos pueden enfrentar sanciones entre 6 a 12 salarios mínimos.
• El salario mínimo de actividades no agrícolas fijado para el 2020 es de Q2 mil 825.10, por lo que el equivalente a las multas sería de Q16 mil 950 a Q33 mil 901.

La funcionaria explicó que la sanción se le aplica al patrono de forma individual por cada trabajador al que no se le haya cumplido con la prestación.

Plazos para el pago

Según la viceministra, no se puede diferir el pago del aguinaldo. El decreto 76-78 que regula esa prestación establece en el artículo 2 que el aguinaldo deberá pagarse el 50% en la primera quincena de diciembre y el 50% en enero. Los patronos que hayan hecho el pago del 100% en diciembre no están obligados a algún complemento en enero.

En el artículo 11 del mismo decreto se establece que los patronos o empresas que no están en posibilidad económica de otorgar aguinaldo en todo o en parte a sus trabajadores deben probarlo por medio de una declaración jurada que deben presentar ante las autoridades del Ministerio de Trabajo.

Dicha declaración debe hacerse dentro de los primeros 15 días del mes de noviembre del año en curso, si no lo hace en este plazo previsto se entiende que el patrono renunció a este derecho y debe cumplir con la prestación.

Las autoridades de Trabajo están obligadas a establecer la veracidad de dichas declaraciones juradas.

El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, expresó en sus redes sociales que “a los patronos con dificultad de cumplir dicha prestación, la ley establece el procedimiento de pagos con plazos y requisitos específicos. Los patronos que no dieron aviso al Ministerio de Trabajo y Previsión Social durante la primera quincena de noviembre están obligados a pagar en la primera quincena de diciembre”, y pidió a las autoridades velar por el cumplimiento del pago y de la legislación del aguinaldo.

Verifican medidas contra el covid-19

Este fin de semana también se iniciaron los operativos para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad ocupacional y cumplimiento de normas laborales. Y, en el sector agrícola, incluirán inspecciones para erradicar el trabajo infantil, añadió la funcionaria.

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¿Qué pasará con los trabajadores suspendidos ahora que finaliza el estado de Calamidad?

Sin embargo, a partir de este 1 de octubre ya no se pueden aprobar nuevas suspensiones de contratos fundamentándose en el estado de Calamidad porque ese queda sin vigencia, explicó a Prensa Libre el ministro de Trabajo, Rafael Rodríguez.

El funcionario agregó que la ley no establece que se debe interrumpir la erogación del bono por lo que las personas suspendidas antes de esa fecha pueden seguir recibiendo ese apoyo.

Dicho ministerio emitió un acuerdo donde establece los nuevos términos, medidas y condiciones.

Además, se estableció que las solicitudes de suspensión de contratos que fueron presentadas antes de la fecha en mención y que aún no han sido resueltas, seguirán su trámite. De cumplirse los requisitos serán aprobadas y dichos trabajadores podrán acceder a los recursos que se brindan con el Fondo, agregó Rodríguez.

“Lo que vamos a hacer es dar de baja en nuestra plataforma la opción de suspenderse invocando el estado de Calamidad y por ende tampoco podrán acceder al Fondo del Empleo. El criterio de (ministerio de) Economía es que no se acepten nuevas solicitudes porque el fondo era para suspenderse a causa del estado de Calamidad”.

Las empresas podrán solicitar la suspensión usando las figuras que establece el Código de Trabajo y será el ministerio de Trabajo el que deba calificar si los argumentos son válidos y se ajustan a las causales establecidas en los artículos 250, 251, 252 y 271, añadió. “Podemos suspender los trabajos, pero no podrán acceder al fondo”, según expuso.

Las empresas que busquen nuevas suspensiones “tendrían que justificarlo, se puede suspender por determinadas causas, una es la fuerza mayor, lo que habíamos hecho es establecer que se tenía como causa de fuerza mayor el estado de Calamidad, y no entrábamos a calificar las causas”, insistió el ministro.

El Ministerio de Economía (Mineco) confirmó que al 28 de septiembre de 2020 se ha beneficiado a 184 mil 897 empleados, que representan alrededor de 16 mil 500 empresas. El pago ha sido de Q1 mil 064 millones 660 mil 975.

El Mineco es el ente encargado de efectuar los pagos a los trabajadores de los recursos provenientes del Fondo de Protección del Empleo, a razón de Q75 diarios para los trabajadores a los cuales a solicitud de la empresa para la cual laboran, se les haya aprobado la suspensión de su contrato por el Mintrab.

Del 2008 al 2019 se han suscrito 88 pactos colectivos, según los registros que proporcionó el Ministerio de Trabajo (Mintrab), en los cuales destacan mayormente sindicatos municipales, pero existen de otras instituciones públicas como de los ministerios de Economía en 2011; Público e INDE en 2012; IGSS en 2013; Salud, Empornac y Registro de la Propiedad en 2014; Migración, Intecap y MAGA en 2015.

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Pero en 2019, se asumieron otros compromisos con el Ministerio de Educación, Universidad de San Carlos, Empresa Portuaria Quetzal, Organismo Judicial y Tribunal Supremo Electoral, que son instituciones grandes, según el reporte oficial.

Parte de estos acuerdos colectivos ha provocado que el rubro de remuneraciones creciera en 181%, y de Q9 mil 260 millones que era en 2008 alcanzará Q26 mil 035 millones en el 2019.

Guatemala se rige en normas internacionales como el Convenio 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que es relacionado a la negociación colectiva, la libertad sindical y el derecho de sindicalización.

Predomina sector público

El abogado laboralista César Gatica, expresó que la negociación colectiva en los últimos años ha girado en el sector público, sobre todo en las municipalidades, algunas instituciones de los organismos Ejecutivo, Judicial, Legislativo, así como entidades descentralizadas.

En la iniciativa privada, son contados los pactos colectivos negociados, ya que existen muy pocos sindicatos en ese sector en comparación del público.

Los sindicatos privados que existen y que llegan a una negociación colectiva, según Gatica, están concentrados en actividades de industria y de vestuario y textil.

Carga presupuestaria

De los 88 pactos colectivos suscritos, no se detallan los montos de los acuerdos alcanzados entre las partes.

En promedio, el rubro de remuneraciones salariales del sector público que se plantea en el presupuesto de ingresos y egresos se incrementa 10% en promedio para honrar esos compromisos asumidos.

El sindicalista Rigoberto Dueñas, confirmó que no necesariamente el incremento en la masa salarial en los últimos años corresponda a los pactos colectivos con las municipalidades, y la mayor incidencia es en los ministerios de Educación y Salud que son los más grandes en el organigrama del Estado.

“Son ministerios grandes en términos de población laboral por la demanda, ya que tanto Educación como Salud deben estar en todos los rincones del país. Es muy notorio que estos dos ministerios generan más gastos en términos de salarios”, explicó Dueñas, al reiterar que se debe al tamaño de los servicios públicos que prestan a la población.

Al comparar la negociación colectiva, subrayó que el Ministerio de Relaciones Exteriores o el de Cultura cuentan con poco personal, y por lo tanto, es más baja la remuneración.

De dos a tres sindicatos

Al igual que Gatica, Dueñas dice que el sindicalismo se ha desarrollado más en el sector público, que, en el privado, y que en promedio hay inscritos más de dos sindicatos por entidad pública. Incluso, dijo, hay algunos donde existen de cuatro a cinco organizaciones.

En las municipalidades es común observar los registros de más pactos colectivos, y por eso sobresalen.

De los sindicatos privados que existen, están aquellos que se constituyeron en las industrias de 1970 y que están en su mayoría en la industria alimenticia que aún sobreviven.

Negociaciones

Para la suscripción de un pacto colectivo hay un proceso de negociación entre los representantes de los empleadores y trabajadores.

Dueñas explicó que en promedio los incrementos salariales que se exigen son de Q120 a Q150 en lo que con corresponden a las municipalidades, aunque es muy difícil lograrlo y que los alcaldes accedan la petición.

Generalmente, precisó que, en los proyectos de pactos colectivos, se pide 100% de incremento sabiendo que no se dará el monto para iniciar un proceso de diálogo.

El verdadero porcentaje para discutir será una vez iniciado la negociación, mientras que en el sector privado los incrementos salariales van del 8 al 10%, acercándose a las posiciones de 6 a 7% de ajuste.

La negociación también depende del número de afiliados del sindicato, la empresa o institución y los servicios que presta o los productos que fábrica.

Gatica reiteró que el punto medular de un pacto colectivo es el incremento salarial, pero también se pueden negociar otros beneficios que no sean económicos.

En ese sentido se han planteado acuerdos relacionados a beneficios sociales de una negociación colectiva a favor de los trabajadores que integra un centro de trabajo, como seguridad y salud ocupacional y mejores condiciones.

En los beneficios sociales están los centros de cuidado infantil de los trabajadores, servicios de atención a los hijos, como educación, médicos o licencias para los trabajadores para continuar sus estudios superiores, que son compensables en beneficios de las partes.

Vicios y abusos

Para Luis Linares López ex ministro de Trabajo y analista de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes), en la negociación de los pactos colectivos sobre todo del sector público se han dado una serie de vicios y que muchas veces se abona a una serie de abusos.

Explicó que los pactos colectivos tienen una duración de tres años, y en este periodo del 2008 al 2019, más de alguno ha sido renegociado.

En el ámbito local, dijo que existe una marcada campaña en contra de la negociación colectiva que es dirigida por personas que están en contra de la libertad sindical, que la hacen presentar como un mal ejemplo sobre todo para la empresa privada, y esto es abonado por el abuso en la negociación, cuando se hacen concesiones que son lesivas y perjudiciales para las finanzas públicas.

Detalló, que también existe una corresponsabilidad de los funcionarios que suscriben los acuerdos, ya que los sindicatos piden, y la negociación colectiva se basa en acuerdos.

“La autoridad tiene la última palabra, y el problema es que los funcionarios que negocian los pactos no sean beneficiarios de esos acuerdos porque hay un conflicto de interés. Yo doy porque a mí también me conviene”, subrayó Linares López, al recordar que este fue uno de los resultados obtenidos en un estudio que realizó Asíes.

Aliados políticos

El otro aspecto detectado es el abuso, sobre todo en el sector magisterial en la dependencia política del Gobierno de turno.

Recordó que, en el periodo de Otto Pérez Molina, había una presión muy fuerte al Ministerio de Educación para concluir la negociación lo antes posible, porque era de interés para él como para la exvicepresidenta Roxana Baldetti Elías.

“No se puede negociar cuando se dice que mañana se tiene que llegar a un acuerdo, se sabe que hay presión y se crean condiciones duras para ceder. Estos son los vicios que afecta la negociación colectiva que contribuyen a desprestigiar un derecho fundamental”, remarcó Linares López.

En este caso del magisterio, se percibió el papel que jugó el sindicato del magisterio apoyando casi hasta el final a Pérez Molina, y ahora se observa el trato preferencial que el presidente Alejandro Giammattei le está dando al dirigente Joviel Acevedo en una reunión reciente en Izabal, que tendrá su costo a la hora de negociación del pacto colectivo.

El analista precisó que el secreto en una negociación colectiva es un equilibrio de fuerza, pero en el sector público siempre surge “que lo arregle el que venga atrás”, las alianzas políticas, y sobre todo en las municipalidades “dejar asegurada a su gente” para dejar amarrado al próximo alcalde y no despedir a los allegados.

Negociación virtual

Dada la situación actual de emergencia sanitaria, los procesos de negociaciones de los pactos colectivos se han quedado suspendidos, ya que es prohibido el desarrollo de asambleas o reuniones masivas.

En una negociación participan por lo menos unas 20 personas por la presencia de los delegados de las personas y los representantes de las partes.

Dueñas contó que por primera vez se está realizando una negociación virtual de un pacto colectivo, pero es un proceso lento, ya que se tiene que salir de la plataforma para hacer las consultas internas, con un dinamismo lento, pero que es un ejercicio de primera negociación colectiva.

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Luego de las disposiciones presidenciales que se aplicaron para un confinamiento parcial los casos de despidos incrementaron, pero el Mintrab por prevención de contagio de sus trabajadores cerró sus instalaciones.

Las autoridades del Mintrab continuaron recibiendo denuncias telefónicas y también las quejas podían interponerse en la plataforma digital de esa cartera, sin embargo, cuatro meses después algunos trabajadores se percataron que a sus casos no les dieron seguimiento en la Inspectoría Laboral.

“Me despidieron el 14 de abril y puse la denuncia por teléfono, entonces me quedé tranquila porque el Ministerio de Trabajo verificaría mi caso y entonces harían que la empresa me pagara mi indemnización y el salario de marzo, pero mi sorpresa es que no hay expediente de mi situación y debo comenzar de nuevo por poner la denuncia”, lamentó Eva Méndez, extrabajadora de una farmacia.

Méndez realizó una fila que se prolongó por una cuadra, fueron más de cuatro horas para poder ingresar al Mintrab e interponer 110 días después de su despido, la denuncia y pelear en el ámbito laboral el pago de su indemnización y un sueldo que la cadena de farmacias le quedó pendiente de pagar.

A pocos metros de Méndez cinco mujeres murmuraban su situación laboral, mientras en la baranda de ingreso al Mintrab otras personas pedían atención urgente.

Entre el grupo de mujeres estaba Laura Reynoso quien fue despedida en abril pasado y de su denuncia interpuesta en vía telefónica en ese mes no sabe nada.

“Es una situación preocupante porque pasaron los meses y el Ministerio de Trabajo no nos informó nada, por eso volví a presentarme para interponer otra denuncia junto a mis compañeras quienes también fueron despedidas. Vendíamos donas en kioscos de comerciales y no nos pagaron nuestras prestaciones e indemnización”, criticó Reynoso.

“Me sacaron como a un chucho, no puedo creer que mi patrono teniendo 12 guardaespaldas me despidiera y sin darme mis prestaciones, ahira vengo a poner la denuncia, pero esto está lleno”, lamentó Ana María López, una empleada doméstica que laboró para una familia durante tres años y fue despedida la semana pasada.

El Mintrab está semana reanudó la atención personal en su sede, durante cuatro meses cerró y los trabajadores en ese tiempo denunciaron públicamente atención precaria.

En ese periodo hubo cambio de ministro en esa cartera, el 1 de julio último fue sustituido del cargo Rafael Lobos Madrid y en su lugar fue nombrado Rafael Eugenio Rodríguez Pellecer.

El vocero del Mintrab, Édgar Arana, justificó que “sí se atendieron las denuncias” de los trabajadores que se interpusieron vía telefónica y en la plataforma digital en abril, mayo, junio y julio.

Arana expuso que se hace todo lo posible por atender las denuncias de los trabajadores y que la Inspectoría General de Trabajo hará la verificación de cada caso.

La reanudación de labores en el Mintrab expone la demanda de atención por despidos en la emergencia y las filas de personas permanecerán en los próximos días.

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Existe la suspensión colectiva total de contratos de trabajo y la suspensión individual y están establecidas en el Código de Trabajo explican Manuel Lara, Gerente de Deloitte Legal.

Las suspensiones individuales son acordadas entre patrono y trabajador y solo informa a la Inspección General de Trabajo (IGT). Aunque también son sujeto de denuncias y decisiones judiciales.

Mientras que para realizar una suspensión colectiva se debe obtener la autorización por parte de la IGT.

Para ello, durante la emergencia por el coronavirus el Ministerio de Trabajo y Previsión Social creó el procedimiento electrónico para el registro, control y autorización de suspensiones de contratos.

La información consignada en el formulario y la documentación adjunta es analizada y evaluada por la IGT la cual en un plazo no mayor a 5 días debe emitir la autorización correspondiente.

En su página electrónica el Mintrab aclara que la autorización no se obtiene solo con llenar el formulario, sino que debe ser emitida una resolución de la IGT autorizando o denegando la solicitud. Además, que el registro o suspensión de los contratos de trabajo una vez autorizados estarán sujetas a posterior inspección y verificación por parte de la Inspección General de Trabajo.

“Las que no tienen prohibición no pueden aplicar suspensión de contratos”

El presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco American (Amcham), Juan Pablo Carrasco dijo que luego de las restricciones de labores emitida por el gobierno a partir del 17 de marzo pasado, lo que se contempla ahora en el acuerdo 140-2020 del Mintrab era un lineamiento que aclarara la posibilidad de suspensión de contrato que ayudará a dar certeza a las acciones que decidan las empresas para con sus trabajadores.

Sin embargo, menciona que les genera dudas acerca de qué empresas podrán aplicar estas medidas porque en el artículo 8 del acuerdo en mención se refiere que se emitirá una denegatoria a la solicitud de suspensión colectiva de contratos, o individual, en los casos de los centros de trabajo que no tienen prohibición para operar. Pero a consideración del directivo también se le daría el mismo tratamiento a las que pidieron autorización al Ministerio de Economía para seguir operando de forma parcial ya que eso no lo aclara el documento.

Carrasco opina que esa parte del acuerdo genera incertidumbre, no solo porque hay empresas que están dentro de las actividades esenciales u otras que pidieron autorización al Ministerio de Economía para trabajar pero que no están operando totalmente, por lo que ven necesario que se les permita la suspensión individual de los contratos de trabajo.

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“Los restaurantes son un ejemplo de esto, como está restringido el servicio de mesas, el restaurante está operando en servicio a domicilio, pero no los meseros, por eso sería necesario una suspensión temporal. De igual forma están muchas industrias y empresas que operan al 50% de su capacidad o menos” dijo el directivo de Amcham. Por lo que espera que solo sea un error de redacción que se pueda corregir.

Condiciones y prestaciones

Una suspensión colectiva de trabajo total o una individual consiste en que el trabajador no laborará por un tiempo determinado pero el patrono tampoco debe pagarle.

No pierde su pasivo laboral y prestaciones a pesar de la suspensión temporal del contrato.

A criterio de Lara, se debe tomar en cuenta que si se autoriza una suspensión las cuotas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) no debieran generarse ni pagarse en ese período ya que no hubo pago del salario, que es el que genera la obligación de la misma.  Mientras que Adolfo Lacs, dirigente sindical, opinó que el IGSS por eso definió que, aunque se difieren las cuotas patronales de marzo, abril y mayo la cuota laboral debe seguirse pagando porque se necesita que sigan vigentes las prestaciones en esa entidad.

Coinciden que al continuar la relación laboral vigente, el afiliado debe continuar recibiendo los servicios del IGSS. En relación a las prestaciones en dinero, esto dependerá de las aportaciones efectuadas en los meses anteriores, dijo Lara.

Al respecto el IGSS solo informó, por medio del Departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas, que la entidad está analizando cómo se aplicaría esta modalidad en los servicios que se prestan a los afiliados y derechohabientes tomando en cuenta la normativa vigente del Instituto. También está en análisis el impacto de las finanzas en el Seguro Social, se agregó.

Requisitos y documentación

• Formulario electrónico lleno y firmado por el patrono o representante legal del mismo. El formulario se puede descargar en el sitio electrónico del Mintrab. Tanto este como los siguientes requisitos se deben adjuntar en el portal de dicha entidad.
• Representación legal debidamente inscrita en los registros públicos respectivos.
• Constancia de inscripción y modificación al registro tributario unificado (RTU) extendido por la Superintendencia Administración Tributaria (SAT) durante el año 2020.
• Última planilla reportada y pagada al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) cuando aplique (cuando la empresa tiene tres o más trabajadores).
• Presentar constancia de recepción del informe del empleador correspondiente al año 2019 y que fue presentado en el 2020.
• Listado de trabajadores según formato que se puede descargar en el sitio electrónico del Mintrab. Este requiere datos como el nombre de los trabajadores objeto de suspensión, código único de identificación, número de cuenta bancaria y/o teléfono celular, cargo que desempeña y fecha de suspensión
• Fotocopia simple de DPI o en caso de ser extranjero pasaporte, del representante legal.
• Todos los documentos antes detallados, deberán adjuntarse al presente formulario en formato PDF, a excepción del listado de trabajadores el cual debe ser compatible con microsoft excel 2010 o superior. Cada Archivo PDF o XLSX a cargar debe incluir en el nombre del archivo el NIT (sin guiones) del empleador y un guion medio.
• Motivos por los cuales solicita la suspensión: Los medios de prueba que debe presentar y con los que se acredita los motivos de suspensión dichos medios de prueba deberán acompañarse al formulario electrónico son:

Identificación del patrono

• Nombres y apellidos del representante
• Calidad con la que actúa, denominación Social
• Estado Civil, edad, nacionalidad
• Profesión u oficio, número de CUI, NIT del empleador, en caso de ser extranjero número de pasaporte
• Lugar para recibir notificaciones, ubicación, teléfono, correo electrónico
• Tipo de Suspensión, alcance de la suspensión.

Cómo lo analiza el sector patronal

Al respecto del acuerdo del Mintrab donde se menciona que el estado de Calamidad emitido por el gobierno para prevenir y contener la propagación del coronavirus es una causa de fuerza mayor para la suspensión colectiva de contratos de trabajo, dirigentes empresariales dan a conocer su postura, pero también hablan de dudas que les genera.

Juan Carlos Tefel, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) “nuestra recomendación es tratar de sostener las operaciones y las fuentes de empleo, por medio de figuras como el teletrabajo, donde sea posible. Habrá que acudir a la suspensión individual o colectiva cuando las circunstancias de las empresas lo demanden”.

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Añadió que, en ese contexto, es correcto por parte del Mintrab establecer las directrices sobre la forma en que autorizarán la suspensión individual o colectiva de los contratos de trabajo ya que dará certeza a las empresas y a los trabajadores. “Entendemos que deberá aplicarse a todas las empresas que se hayan visto en la necesidad de disminuir sus operaciones o suspenderlas del todo. Nuestro equipo legal se encuentra analizando con más detalle este documento” expuso.

Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) coincidió con Carrasco en que es el documento que estaban esperando para dar certeza a los procedimientos que pueden usar las empresas. Sin embargo, dijo que los asesores laborales están analizando el acuerdo del gobierno.

Para ser beneficiario de los Q75 diarios

Consultados por aparte Carrasco y Lacs opinan de forma similar respecto que los trabajadores a los que les sea suspendido el contrato podrán ser beneficiarios de un apoyo de Q75 mensuales (Q2 mil 250 en 30 días) que estableció el Congreso para lo cual se aprobó un fondo de Q2 mil millones.

Lacs añadió que, aunque no se mencione en el acuerdo del Mintrab que las medidas de la suspensión de contrato de trabajo basados se toman basados en el artículo 72 del Código de Trabajo sí se está haciendo ya que inicialmente el Organismo Ejecutivo planteó al Congreso ese fondo y este lo aprobó.

El artículo en mención indica que el Organismo Ejecutivo puede establecer las razones de fuerza mayor para una suspensión de contrato, pero deben crear los mecanismos de apoyo social.

El sindicalista agrega que analizan el contenido del acuerdo en mención para definir si es apegado a la ley en su totalidad.

Qué recomiendan a las empresas

• Lara explicó que las opciones contempladas en el Código de Trabajo pueden ser utilizadas por cada empresa atendiendo a las circunstancias actuales del país.
• Pero deben tener presente que las suspensiones individuales son acordadas entre patrono y trabajador y se informa a la IGT. Mientras que la suspensión colectiva total, si requiere de la autorización de esa misma oficina.
• Otro dato al que se debe poner atención, y en el que Lara opina de forma similar que Carrasco, es que hay empresas que deben continuar sus operaciones sin opción de cierre, y que se encuentran enumeradas en las disposiciones presidenciales en caso de calamidad pública, la IGT tiene la facultad de denegar la suspensión colectiva total, ya que estas actividades no tienen prohibición para operar y sus actividades son esenciales para la población.
• Lara expone que tomando en cuenta que existe una exhortación del Organismo Ejecutivo a que empleadores, trabajadores y organizaciones sindicales lleguen a acuerdos y “efectúen la suspensión de los contratos de trabajo en la modalidad, forma y tiempo que cada situación individual o colectiva amerite”, se recomienda que cada empresa evalúe si es conveniente realizar una suspensión individual o colectiva, y esta se acuerde con los trabajadores, dejando por escrito lo anterior, y estableciendo que el plazo de la suspensión será temporal mientas persistan las circunstancias y efectos de la pandemia covid-19.
• El abogado laboral Luis Fernández, indicó que el acuerdo del Mintrab no adiciona nada nuevo y solo facilita, vía electrónica, la remisión de las solicitudes de suspensión colectiva, considera que lo único que hace es que establece la herramienta para remitir la solicitud formal y en cinco días debe contestar la IGT (puede hacer comprobaciones en el lugar de trabajo).
• Fernández es del criterio que el Ministerio de Trabajo debió hacer un pronunciamiento conforme lo establece el artículo 72 del Código de Trabajo y “dictar medidas de emergencia que, sin lesionar los intereses patronales, den por resultado el alivio de la situación económica de los trabajadores.” Ya que hay muchas dudas al respecto.
• También considera que el acuerdo debió referirse únicamente a las suspensiones colectivas hacer reserva de casos de excepción como lo son las empresas en que se trabaja en forma parcial o por teletrabajo, ya que, al agregar al documento de la suspensión individual, solo aumentó la confusión.
• “Las empresas, de cualquier nivel, que no pueden operar deben solicitar la suspensión colectiva total. Deben asimismo pedir una reserva para casos de excepción en que la clausura no sea generalizada”, sugirió Fernández.

El Ministerio de Trabajo y el Secretario de Comunicación Social de la Presidencia no respondieron a la solicitud de información efectuada por Prensa Libre.

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Un estudio elaborado por la firma titulado “Se buscan personas: Los robots las necesitan” evidenció que sólo una de cada cinco compañías en proceso de automatización reducirá el número de empleados.

El profesional quien posee más de 25 años de experiencia en temas de gestión de talento dijo que existe mucha incertidumbre derivada de la incorporación de la tecnología y la Inteligencia Artificial en las compañías, pero debe observarse como una oportunidad, porque generará nuevas habilidades y competencias que no se conocían hace unos años.

“Efectivamente la incorporación de la tecnología en todas las industrias es una realidad y lo vemos todos los días en negocios que antes no existían y que hoy están incorporados en una plataforma tecnológica como servicios de transporte, hospedaje, mensajería, educación, pero empuja a que los humanos se capaciten en nuevas habilidades”, expresó Casillas.

Bono demográfico

Las recomendaciones del especialista giraron en torno a que los países de Latinoamérica deben aprovechar el bono demográfico joven porque son quienes dirigirán las empresas e industrias en los próximos años.

“La sugerencia es seguirse preparando, más allá de la universidad y de la preparación profesional, aquellas personas que se sigan capacitando tendrán más oportunidades”, aseguró Casillas.

Por lo anterior, si el 84% de las empresas está dispuesta a invertir en temas de capacitación es porque están conscientes que aún no cuentan con el talento necesario para su negocio, y es mejor prepararlo localmente.

“La preparación es la única forma de acortar esa brecha y lograr más oportunidades de empleabilidad. Hay posiciones que van a desaparecer sobre todo aquellas que no agregan un valor”.

Cuando las empresas invierten en tecnología se duplica la posibilidad de crecimiento contra las que no lo están, enfatizó Casillas.

La encuesta de Manpower halló que el 84% de las firmas tiene previsto ayudar a sus trabajadores a aprender nuevas habilidades para 2020, comparado con apenas el 21% en 2011.

Sectores con mayor impacto

Algunos de los datos del informe, que incluyó entrevistas entre 19 mil empleadores, resaltó que los sectores que tendrán un mayor impacto en demanda de talento con habilidades digitales son Tecnologías de la Información (TI) y la manufactura.

Incluso, 6% de los empleadores en el sector TI espera aumentar su plantilla laboral tres veces más de lo que prevé disminuirla.

En el documento, la compañía de capital humano expuso que junto con Tecnologías de la Información, la manufactura es el sector que destaca en contrataciones a propósito de la automatización, pues el 39% de los empleadores manifestó que empleará más personas en el corto plazo, mientras el 32% refirió lo contrario.

Aunque la intención de ampliar contratación en TI y la manufactura resulte natural, por las actividades profesionales asociadas a estos sectores, el informe enfatizó que la disponibilidad de talento tecnológico es cada vez más escasa, lo que dificulta la contratación, especialmente en la industria de la transformación.

Para 2020 habrá más de 3 millones de robots industriales en uso en fábricas de todo el mundo, según la Federación Internacional de Robótica.

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El monto de la nómina estatal para el presupuesto de 2020 aumenta en Q3 mil 586 millones, ya que pasa de Q19 mil 511 millones del plan de gastos aprobado para este ejercicio fiscal a Q23 mil 98 millones, que representa el 18%.

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El concepto incluye el pago que se realizará a los trabajadores del sector público en las áreas de plaza permanente, por contrato, técnicos y jornales.

La asignación total por remuneraciones es de Q27 mil 949 y aumenta en Q2 mil 692 millones que representa el 11%, con relación al 2019 que fue de Q25 mil 056.7 millones.

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Eso significa que existe un cambio en la composición del gasto, ya que crece el rubro de remuneraciones, y al mismo tiempo baja el rubro de inversión, como por ejemplo, en el área de infraestructura para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), así como en otros rubros designados a la compra de bienes y servicios, que son todos aquellos materiales que las entidades públicas necesitan, para los servicios que entrega a la población, siendo el rubro de salud uno de los más sensibles.

Lo que sí baja el proyecto es el gasto de contrataciones de bienes y servicios, ya que la asignación es de Q11 mil 942 millones, o sea unos Q1 mil 937 millones, menor a los Q13 mil 880 millones aprobado para este año, según el proyecto del presupuesto que presentó el Ministerio de Finanzas (Minfin) el pasado 2 de septiembre al Congreso.

Presupuesto vigente

El viceministro de Finanzas, Kildare Enríquez, aclaró que la comparación debe ser con el presupuesto vigente en la nómina salarial, que, de acuerdo con la base del Minfin es de Q24 mil 841 millones.

Con lo que se plantea en el plan de gasto, el incremento sería de Q1 mil 508 millones que en términos relativos es del 6.1%.

Sin embargo, en la discusión para la aprobación del proyecto del 2019 (noviembre 2018), en el Legislativo, se plantearon modificaciones en la nómina, sobre todo para los sobre todo en los ministerios de Agricultura, Educación, Salud y Ambiente.

Este año la coyuntura fue electoral, por la celebración de las elecciones generales y la elección de nuevas autoridades a la presidencia, diputados y alcaldes.

Las estadísticas del Minfin resaltan que en el presupuesto vigente la nómina se incrementó Q3 mil 167 millones o sea 14.6%, con respecto al 2018, cuando fue de Q21 mil 673 millones y en 2017, fue de Q21 mil 096 millones.

El presupuesto en ambos ejercicios fue el mismo, derivado que el Congreso no lo aprobó.

Cambio de nómina por ministerios de 2019 a 2020

1. Gobernación (de Q3,795 millones a Q4,364 millones)
2. Salud (de Q3,331 millones a Q3,579 millones)
3. Educación (de Q12,601 millones a Q13,347 millones)
4. Comunicaciones (de Q509 millones a Q501 millones)
5. Defensa (de Q1,580 millones a Q1,688 millones)
6. Agricultura (de Q499 millones a Q409 millones)
7. Desarrollo social (de Q222 millones a Q215 millones)
8. Relaciones Exteriores (de Q236 millones a Q287 millones)
9. Finanzas (de Q276 millones a Q279 millones)
10. Trabajo (de Q110 millones a Q111 millones)
11. Economía (de Q138 millones a Q140 millones)
12. Cultura y Deportes (de Q299 millones a Q283 millones)
13. Energía y Minas (de Q59 millones a Q56 millones)
14. Ambiente y Recursos Naturales (de Q81 millones a Q102 millones)

Fuente: Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020

Pacto colectivo sube el gasto

De las 14 carteras, la asignación más alta para 2020 la tendrá el Ministerio de Educación (Mineduc), que, de acuerdo con el proyecto del presupuesto, tendrá un incremento de Q746 millones, para cumplir con el incremento del 5% del pacto colectivo con el magisterio, que ya está comprometido y que se abordó con el presidente Jimmy Morales.

El Mineduc tendrá Q13 mil 347 millones, para sueldos y salarios mientras que este año, el monto fue de Q12 mil 601 millones.

Esa es una de las razones por las cuales aumenta el presupuesto al Mineduc, pero no es que exista mayor cobertura de personal, sino por el cumplimiento del pacto colectivo, afirmó Érick Coyoy, analista de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes).

“Es necesario una revisión a fondo del servicio civil y las negociaciones colectivas que se hacen con el Estado, ya que no es sostenible, mientras no se logren que los ingresos crezcan a un mejor ritmo. Cada vez será complicado cubrir esos compromisos de la nómina de los pactos colectivos”, afirmó.

En el Ministerio de Gobernación también aumenta el rubro de salarios y está explicado por el reciente bono de Q1 mil que se otorgó a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

La nómina en Gobernación proyectada es de Q4 mil 364 millones.

En otros ministerios, el monto del pago de la nómina y de la contratación de personal registra variaciones (alzas y bajas).

Gasto operativo pesa

El rubro de sueldos y salarios, es decir, los Q23 mil 098 millones representa el 38% del gasto de funcionamiento previsto, que se proyecta en Q60 mil 654 millones.

“El modelo de presupuesto es para mantener un país estancado por el funcionamiento y no hay una ampliación para gasto en inversión; si la deuda se destina para la inversión pública daría al país una mejora. Pero como no es así, hay una estática”, afirmó el consultor fiscal Juan Carlos Paredes.

Recordó que el mayor porcentaje del presupuesto lo absorbe funcionamiento con el 66.6% y es muy similar en los últimos cinco años.

Al respecto, hay dos maneras de salir adelante, dijo el consultor. La primera es en la reducción de los gastos superfluos o se dispone más endeudamiento para inversión.

Coyoy agregó que como el presupuesto aumenta poco, y no se logra una mejor recaudación, se ajusta la inversión, el rubro de materiales y suministros a las entidades para operar y brindar sus servicios a la población.

“En algún momento se tendrá que hacer un alto en el camino y revisar su capacidad de pago para esos compromisos salariales. En el mediano plazo, hay un riesgo, porque los ingresos no crecen y este presupuesto tiene un crecimiento de la deuda”, puntualizó.

Ambos analistas coinciden en que, un año como el 2020 se podrá cubrir, pero el 2021 y ejercicios posteriores, el nuevo gobierno tendrá que hacer revisiones, si revierte esa situación, ya sea aumentando ingresos fiscales o bien la revisión del gasto incluido el de remuneraciones.

El principal desafío

Un primer reto para las nuevas autoridades que asumirán en enero será mejorar el desempeño de la SAT, para que los ingresos crezcan, lograr alcanzar la recaudación, así como revisar a detalle el gasto de funcionamiento y remuneraciones, para asegurarse que realmente sea un gasto que genere una prestación de servicios, que vaya a la sociedad a cumplir una función, agregaron los consultados.

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Además, que, con los resultados del censo de empleados públicos, que se conocerán en noviembre, las próximas autoridades tendrá una base, para entrar a revisar el gasto de remuneraciones, que corresponda los servicios que se estén entregando a la población y no solo un posible desvió de recursos, concluyeron.

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Fedepricap agrupa a las cúpulas empresariales del área, incluyendo al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).

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El presidente de la Federación Juan Carlos Sikaffy, explicó a Prensa Libre que es una resolución de Fedepricap, como organismo empresarial de la región, “pero es la posición que sostienen todas las organizaciones empresariales de Latinoamérica sin excepción, porque consideran que este convenio no es una normativa que contribuya a la seguridad jurídica, promoción y generación de inversiones en los países”.

Sikaffy dijo que apoyan las medidas que vayan en favor de eliminar la discriminación y la violencia, pero debe ser atendiendo a las realidades de los países.

Agregó que los países de la región ya poseen normativas para regular esas acciones por lo que aprobar una más provocaría que esté sobreregulado y puede entorpecer la contratación de personas.

“El sector empresarial no puede ser responsable de las acciones que ocurran fuera del entorno laboral, como ser el ámbito de la violencia doméstica o situaciones exógenas que no son propias de las relaciones laborales”, agregó.

Entre estos menciona como ejemplo “el acoso que venga de personas que no forman parte de las empresas” ya que son aspectos que el empleador no puede controlar “y por lo tanto no se puede generar responsabilidades por ello”.

Si no se atiende la realidad regulatoria de los países, los empresarios consideran una nueva normativa “solo generará más confusión en un tema que por su naturaleza es difícil de resolver en nuestro ámbito legal y jurisdiccional”.

Por ello han decidido emprender acciones ante los gobiernos de los países de la región para que no se ratifique. Entre estas conversar con los secretarios de Estado o ministros de Trabajo para exponer los alcances que pueden generar más problemas al sector empresarial en la generación de empleo, expuso el dirigente empresarial centroamericano.

El Convenio 190 contra la violencia y el acoso laboral con perspectiva de género fue aprobado en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el 21 de junio de 2019 con 439 votos mientras que hubo 7 en contra y 30 abstenciones. Con el mecanismo de sistema tripartito de la OIT, en el cual patronales y sindicatos tienen derecho a voto, pero los del gobierno tienen doble peso.

La XXXII Asamblea Ordinaria de Presidentes de la Fedepricap se celebró esta semana en Guatemala, en la sede del Cacif. Juan Carlos Tefel, presidente del Cacif no respondió este sábado a las llamadas por parte de Prensa Libre para ampliar información acerca de la postura en el tema en mención.

¿Apoyan los sindicatos y el Gobierno?

En tanto Adolfo Lacs, directivo de la Federación de Empleados Bancarios de Seguros (Fesebs) e integrante de otras centrales sindicales indicó que los delegados del sector laboral votaron en la OIT a favor de ese convenio.

Indica que el temor de los empresarios es que en muchas compañías hay violencia contra los trabajadores en diferentes formas.

El país está representado en la OIT por medio de la delegación tripartita, que incluye al sector público, privado y trabajadores.

La legislación guatemalteca ya estipula varias disposiciones como el delito de discriminación, además existe la Ley de Femicidio porque puede denunciar el acoso a las mujeres por parte de su jefe o dentro del trabajo.

Aunque Lacs refirió que el Gobierno se había abstenido de votar. La oficina de comunicación social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) informó que en la reunión del OIT del 21 de junio, cuando se aprobó el convenio en mención, el Estado estuvo representado por el viceministro Francisco Sandoval y el voto fue a favor.

En este momento se está en el período de dar a conocer este convenio tanto a los representantes del sector empleador como sindical. Posteriormente el Gobierno lo trasladará al Congreso y este Organismo definirá si lo ratifica o no, agregó el Mintrab.

Luego, si es ratificado se envía el aviso a la OIT y entraría en vigencia 12 meses después, se explicó.

De qué se trata

Se trata de la primera norma internacional de tolerancia cero a la violencia y acoso en el trabajo, ya sea física, psicológica, sexual o económica, que se produzca fuera o dentro del centro laboral, de forma esporádica o repetitiva, según detalles divulgados por la agencia Efe.

Este convenio rige tanto para el sector público como para el sector privado, además incluye tanto a la economía formal como la informal, zonas urbanas y rurales.

Se estableció que entrará en vigor 12 meses después de que los Estados miembros de la OIT lo hayan ratificado.

Su contenido se trabajó y discutió por unos cuatro años que incluyó representantes de gobiernos, empleadores y sindicatos de trabajadores.

Aplicación

El nuevo instrumento jurídico cubre:

• Todas las categorías de trabajadores independientemente de su estatus contractual.
• A personas en formación (incluidos aprendices y becarios).
• A aquellas personas cuyos trabajos han terminado, voluntarios y personas que buscan empleo.
• Su aplicación es para el empleo formal
• Pero también para el informal. Este segmento en el mundo representa 60% del total, y en Guatemala se ha registrado en alrededor de 70% según estadísticas nacionales.
• El convenio abarca la violencia de género.
• Reconoce el vínculo que puede existir entre el mundo del trabajo y la violencia doméstica.
• No se logró de incluir de forma explícita a los LGTBI como un colectivo especialmente vulnerable a la violencia en el trabajo.

Prevención

Los negociadores también buscaron dar un enfoque de prevención por lo que Estados tendrán que identificar (en colaboración con organizaciones empresariales y sindicatos) los sectores, ocupaciones y el tipo de organización del trabajo que más expone a los empleados a la violencia y al acoso.

Con información de Efe

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Javier Rivera, subgerente financiero del IGSS, reconoció que puede haber un impacto, si no se realiza una estructura ordenada para la incorporación de esta mano de obra de tiempo parcial y los beneficios que puedan acceder.

Explicó que la seguridad social y los programas se podrían poner en riesgo si no se hace un cálculo adecuado de las contribuciones que este conjunto de personas tendría que hacer al IGSS.

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Por eso se tendrá que hacer una norma especifica interna como externa, y de momento se está trabajando de una manera “proactiva” para establecer los lineamientos que blinden y garanticen la solidez financiera del instituto en cada uno de los programas, subrayó Rivera.

Lo que sí confirmó el subgerente es que de momento el principal programa que podría ser afectado (si no se llevan a cabo las medidas), sería el de Enfermedad, Maternidad y Accidentes (EMA), en el cual el trabajador aporta el 4.83% de su salario para el sostenimiento de este programa.

La cobertura es para enfermedad, maternidad y accidentes, para los trabajadores.

Rivera precisó que en la medida que el trabajador contribuya con una menor cantidad a este programa se verá afectado, desde el punto de vista financiero.

El objetivo es que los trabajadores reciban los beneficios por lo que contribuyen.

Efectos inmediatos

Luis Linares López, ex ministro de Trabajo y analista de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes), dijo que uno de los efectos inmediatos para el IGSS será en las finanzas por incluir a más afiliados, en este caso a tiempo parcial, que estarán cotizando menos del salario mínimo (Q2 mil 992.37 para las actividades agrícolas y no agrícolas), por la mitad de ese salario mínimo, o hasta un cuarto del salario, si son contratados por dos horas, pero tendrán derechos.

Contrario con lo que ocurre con en el sector privado donde se tiene derecho a los servicios de acuerdo con el valor de la prima que pagan, citó como ejemplo.

“Si la masa de trabajadores de tiempo parcial es grande, uno de los efectos será en los servicios porque habrá mayor gasto en la atención de salud y menor ingreso proporcional al salario del trabajador y habrá un impacto negativo”, subrayó el analista de Asíes.

Aunque habrá un aporte de una persona a tiempo parcial, este será menor o la mitad de la cuota actual (Q480 mensual) de un trabajador de tiempo completo y el requerimiento de servicios y atenciones será el mismo.

El IGSS proyecta que en un período de un año se inscribirán unos 360 mil trabajadores, de acuerdo con las cifras del mercado laboral que proporciona el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así como una capacidad de integrar hasta unas 700 mil personas, siempre y cuando estén en la economía formal.

Propuesta

Rivera adelantó que el IGSS está trabajando en un estudio actuarial para determina una estimación de costo número de lo que puede presentar la incorporación de trabajadores y cuanto serán los ingresos.

El resultado de los programas, explicó el funcionario, está basada en la relación de los ingresos y gastos.

Explicó que el aporte es de Q480 para toda cobertura de servicios, pero si se disminuye de ese monto, habrá riesgo y no se mantendría el equilibrio financiero de los programas y por eso se creará un programa especificó a los trabajadores de tiempo parcial.

El subgerente explicó que una propuesta sería similar al Programa Especial de Protección para Trabajadoras de Casa Particular (Precapi), donde las personas afiliadas solo tienen derecho a maternidad y accidente y la cobertura de enfermedad queda excluida.

“Por decir algo y no estamos diciendo que es un programa igual, no, si no que se tienen que desarrollar todos los análisis y estudios. Por supuesto, si así conviene a los intereses de la institución, afiliados y derechohabientes, así será”, puntualizó.

Recordó que un programa con menor cobertura tendrá un menor aporte y los estudios actuariales determinarán los valores (aportes) y la cotización de este grupo de personas.

Explicó que la Junta Directiva del IGSS conocerá los estudios próximamente, luego de que se presenten los fundamentos técnicos que sustente la propuesta, sobre todo la actuarial, así como las opiniones de los programas EMA y de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS), en el sentido si saldrían afectados o beneficiados.

En el caso del IVS, Rivera comentó que cuando las personas están pensionadas, seguirán recibiendo los servicios de salud y si la cotización fue baja, las personas se beneficiaron por una contribución que no fue la adecuada.

En la propuesta pueda ser que se incluya el EMA o el IVS o los dos programas de manera parcial.

Por el momento no existe una fecha de cuándo se trasladará la propuesta a la junta directiva del IGSS, luego de la vigencia de la contratación de tiempo parcial.

Dijo que el acuerdo no brinda el 100% de la cobertura, sin embargo, se establece la cobertura de salud a la población.

Segmento

En la actualidad el IGSS tiene a un 15% de sus cotizantes por debajo del salario mínimo, que en su mayoría son profesores o catedráticos que solo son contratados por determinado tiempo y cotizan sobre sus ingresos.

Estos docentes reciben la cobertura total de servicios y en la regulación también se normará.

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“En la lógica de una cobertura completa, hablamos de un socavamiento a la estabilidad financiera principalmente del programa EMA”, afirmó el subgerente y se empezará a realizar el proceso ajustado a la ley.

Q37 mil millones es el monto de las reservas del IGSS hasta mayo del 2019.

1.3 millones de trabajadores son los cotizantes al IGSS y presta servicios a 3.7 millones de personas.

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Según esa firma el 59% de los participantes afirmaron que les resultaría más fácil encontrar un nuevo trabajo con otra empresa que tratar de cambiar de puesto de trabajo internamente expusieron Emilio Sandoval, socio de Consultoría de Deloitte y Luiselena Montoya gerente de Human Capital Deloitte.

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El estudio analiza 10 tendencias en el aspecto laboral dividido en tres ejes como el futuro de la fuerza laboral, el futuro de la organización y futuro de recursos humanos.

Al hablar de movilidad de talento se refiere al cambio de puesto o de departamento de los trabajadores. En esta temática, 8 de cada 10 encuestados consideran que sus organizaciones no fueron excelentes en permitir la movilidad interna.

Pero además 4 de cada 10 consideran que en la empresa donde laboran, el objetivo fundamental de la movilidad del talento es para el desarrollo de futuros líderes y no logran establecerlo en forma general.

Además, otra cifra igual cree que los gerentes se resisten a esos cambios. Esto puede deberse a temor de los ejecutivos a que se trasladen su fuerza laboral a otros equipos o dudas de quien llegue a reemplazar al trabajador.

Aplicación actual

En la actualidad las acciones para cambio de puestos o movilidad de talento se rige por los siguientes conceptos, explica esa firma:

• Limitada a los rangos ejecutivos
• Enfocada principalmente en movimientos de geográficos
• Requiere un proceso de solicitud similar al usado para una contratación externa
• Es altamente manual y basada en papel, y constantemente carece de un proceso uniforme
• Se percibe como un cambio importante en la carrera de uno

Cambiar la visión

El concepto debe aplicarse bajo una nueva visión:

• Que sea aplicable a empleados de todos los niveles de la empresa
• Puede haber movimientos entre funciones, puestos de trabajo, proyectos y otros.
• Debe tener un proceso simplificado que refuerza la creencia de que la organización ya conoce a la persona como candidato
• Estar facilitado por una tecnología amigable que hace que el proceso sea bien documentado y con un solo click.
• Se percibe como un paso de carrera natural y normal.

Los expertos, Sandoval y Montoya, explicaron que es necesario que las empresas consideren de forma más estratégica el movimiento de sus empleados actuales a oportunidades que surgen en distintos lugares de la misma organización.

Esta es una forma en que las organizaciones pueden conseguir el talento que necesitan, agregan.

Sin embargo, también se detectó que el 49% de los encuestados manifestó tener muy pocas herramientas, para identificar y mover a las personas a hacia otros cargos en la organización mientras que el 45% dijo que los empleados carecen de visibilidad respecto a las posiciones internas disponibles en la empresa.

También se identificaron los obstáculos para la movilidad interna del  personal (o cambio de puesto de los trabajadores):

• Falta de procesos para identificar y trasladar empleados, 49%
• Disponibilidad de empleados internos para asumir nuevos roles, 48%
• Resistencia de los gerentes actuales a realizar movimientos internos, 46%
• Falta de información para empleados de las vacantes disponibles, 45%

Otras estrategias

Montoya explicó que esa es otra de las tendencias que se están observando es precisamente el del trabajo alternativo o la fuerza laboral alternativa.

Es otra de las formas para continuar dotando de talento humano a la empresa, y que está cambiando la forma de contratación de las personas a la empresa. La fuerza laboral alternativa incluye trabajadores contratados, independientes o especializados o el crowd (quienes ofrecen sus servicios por medio de plataformas digitales y pueden ser contactados por empresas o usuarios).

Se está pasando de contar con un trabajador tradicional es decir contratado en forma fija, a uno no tradicional por ejemplo contratado por producto o proyecto, agregó.

Pero indica que no todos los puestos son susceptibles al cambio.

Cada concepto se debe adecuar a la legislación de cada país. Pero mencionan ejemplos de trabajadores independientes como para ampliar la fuerza laboral, por hora, día u otra unidad de tiempo.

Aparte están los trabajadores por tarea o microtarea para completar una fase específica del trabajo.

O los trabajadores crowd que son equipos de trabaja que compiten para participar en un proyecto, aunque se advierte que por lo general solo los mejores equipos son remunerados.

Brechas, una dificultad

Ante las brechas existentes entre la demanda de habilidades y competencias que hacen las empresas respecto de la oferta, estudios o habilidades que ofrecen los trabajadores muchas empresas están optando por disminuirlas por medio de brindar cursos o especializaciones a sus trabajadores o potenciales trabajadores, se agregó.

Sin embargo, el 86% de los encuestados dijo que es muy importante reinventar la manera como las personas aprenden. Se trata de la tendencia número uno en el 2019 explicó Sandoval.

Hubo un período en que se miraba mal las carreras técnicas, pero es necesario recuperarlas porque es parte de las habilidades necesarias que ahora se demandan, expuso el consultor.

El 54% considera que no existe relación entre la adquisición de nuevas competencias y los incentivos laborales, pero solo el 37% considera la cultura de aprendizaje de su compañía como buena, según el estudio.

Al momento de pensar en traer personal de afuera o elegir a quien ya está dentro de la empresa, de los encuestados se inclinan por capacitar más que de reclutar, añadió la firma.

No se debe dejar a un lado el desarrollo de liderazgo bajo las nuevas tendencias que pasarían de una jerarquía vertical hacia una de trabajo en equipo. Sin embargo, para adoptarlas se necesita tanto madurez de los ejecutivos y trabajadores, así como madurez de la empresa.

Es posible que empresas, principalmente familiares no estén preparadas por la forma en que se manejan, pero es necesario generar paulatinamente los cambios recomendó Montoya.

Otra recomendación es valorar la experiencia. En Guatemala es difícil encontrar empleo después de cierta edad, pero se debe valorar el expertise y las personas de más edad se pueden volver asesores de la empresa.

Ficha de la encuesta:

• Grupo objetivo Lideres organizacionales, gerentes de primera línea de negocios y directivos y staff de recursos humanos.
• En Guatemala la firma encuestó a 134 personas, por medio de una encuesta online.
• La fecha de realización de la encuesta fue de octubre a noviembre 2018, y divulgada el 6 de junio del 2019 en Guatemala.

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La palabra latina que designa el “aguinaldo”, es strenna o strena, cuyo primer significado es precisamente presagio o pronóstico.

Este monto se cancela en 2 partes. El 50 por ciento se otorga durante la primera quincena de diciembre y el resto durante la primera quincena de enero.

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Todo empleador debe dejar constancia por escrito del pago o las boletas correspondientes, ya que son requeridas por los inspectores de trabajo durante las visitas.

El Ministerio de Trabajo es la entidad encargada de velar por el cumplimiento de las normas laborales y para el efecto cuenta con un Plan Operativo de Inspecciones.

Datos históricos del aguinaldo

Algunos decretos que dieron vida al pago del aguinaldo fueron los siguientes:

EL Decreto Ley Número 389 del Jefe de Gobierno de la República de Guatemala, Enrique Peralta Azurdia, con fecha cuatro de noviembre de 1965, decreta que los patronos deberán otorgar en el presente año a sus trabajadores que hubieren laborado ininterrumpidamente durante el año anterior al uno de diciembre próximo entrante, un aguinaldo no menor del cincuenta por ciento del salario mensual ordinario, o el que ya estuviere establecido, si fuere mayor. Si éste fuere menor, se ajustará al porcentaje determinado en esta ley.

Los trabajadores que no tengan el año completo de servicio, gozarán de dicha prestación en proporción al tiempo laborado.

Justifica que las tradicionales festividades de navidad, causan gastos extraordinarios y su celebración de carácter universal, contribuye a fortalecer los vínculos familiares y sociales, por lo que debe proporcionarse a los trabajadores una ayuda económica para dicha celebración.

Posteriormente con la implementación del Decreto 74-78 del Congreso de la República de Guatemala, agregó a empleados en la relación laboral con el Estado,  los funcionarios, empleados y demás personal de los Organismos del Estado cuya remuneración provengan de asignaciones del Presupuesto General de Egresos del Estado, así como las persona que disfrutan de pensión, jubilación o montepío, tendrán derecho a aguinaldo anual equivalente al sueldo ordinario mensual.

Estableció que deberá pagarse en la siguiente forma: El 50% en la primera quincena del mes de diciembre de cada año y el 50% restantes durante los períodos de pago correspondientes al mes de enero del año siguiente. Si el funcionario o empleado público dejare de prestar sus servicios, el aguinaldo le será pagado en forma proporcional al tiempo servido.

Se agrega a la vez la obligación para las entidades descentralizadas autónomas o semiautónomas.

Conforme el Decreto 76-78 del Congreso de la República de Guatemala, con fecha 28 de noviembre de 1978, se decreta la Ley Reguladora de la Prestación del Aguinaldo para los trabajadores del sector privado, en el cual se genera la obligación a todo patrono a otorgar a sus trabajadores anualmente en concepto de aguinaldo, el equivalente al cien por ciento del sueldo o salario ordinario mensual que éstos devenguen por un año de servicios continuos a la parte proporcional correspondiente.
Disposición legal que se encuentra vigente:

En el artículo 102 inciso j) de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece: Obligación del empleador de otorgar cada año un aguinaldo no menor del ciento por ciento del salario mensual, o el que ya estuviere establecido si fuere mayor, a los trabajadores que hubieren laborado durante un año ininterrumpido y anterior a la fecha del otorgamiento. La ley regulará su forma de pago. A los trabajadores que tuvieren menos del año de servicios, tal aguinaldo les será cubierto proporcionalmente al tiempo laborado.

¿En qué fechas debe pagarse el aguinaldo?

El pago del aguinaldo corresponde al 50% en la primera quincena del mes de diciembre y el segundo 50% restante en la segunda quincena del mes de enero siguiente.

Cómo se calcula

Inspecciones y sanciones

El 16 de diciembre del año pasado, personal de la Inspección General de Trabajo (IGT) visitó aproximadamente 2 mil 300 empresas para verificar el cumplimiento del pago del aguinaldo, con lo cual se abarcó a un 1 millón 300 mil trabajadores.

En esa ocasión se destinaron 124 inspectores quienes se encargaron de constatar el cumplimiento de esa obligación por parte de los patronos, tal como lo establece el Decreto 76-78 del Congreso de la República.

Autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) indicaron, en ese momento, que se visitaron empresas y negocios de los siguientes sectores:

• industria
• servicios
• maquilas
• comercio

Los operativos finalizan a finales de enero, debido a que el aguinaldo se hace efectivo en dos pagos. Sin embargo, aún se desconocen los detalles de las inspecciones correspondientes al 2021.

Durante la primera fase, el Mintrab realiza inspecciones preventivas y hace un llamado a los patronos a cumplir con el pago, en caso de no haberlo hecho. En la segunda visita se inicia el proceso de sanciones, si persiste el incumplimiento.

Las sanciones

Según el Código de Trabajo, los patronos que no otorguen esta prestación están sujetos a sanciones económicas.

El artículo 272 indica que la multa se puede establecer entre 8 y 18 salarios mínimos por cada trabajador que no haya sido beneficiado. Esto es adicional al pago correspondiente al personal.

De acuerdo con las estadísticas de la institución durante el 2019, verificaron 3 mil 863 empresas y el 13% no cumplió con el pago.

En la primera visita se detectó a 693 infractores, pero durante la segunda, solo 92 empresas tenían pendiente la acreditación del aguinaldo a sus empleados.

La Gerencia es el órgano ejecutivo del IGSS, y tiene a su cargo la administración y gobierno del mismo, lleva a la práctica las decisiones que adopte la Junta Directiva y tiene a su cargo la representación legal de la institución.

El cargo del Gerente inicialmente lo nombraba la Junta Directiva. Sin embargo, por una enmienda de Carlos Castillo Armas (1954-1957) por Decreto 545 del presidente de la República, ese nombramiento pasó a ser hecho por el mandatario, lo cual fue una decisión incorrecta. Fue revertida esa decisión por Decreto No. 11-2004 del Congreso de la República, recuperándose tardíamente la autonomía del IGSS.

La Ley del IGSS tiene una disposición mediante la cual los miembros de la Junta Directiva, de la Gerencia, del Consejo Técnico o del personal del IGSS que por dolo o culpa grave, ejecuten, consientan ejecutar o permitan ejecutar operaciones contrarias a la ley o sus reglamentos, deben responder con sus propios bienes de las pérdidas que dichas operaciones lleguen a irrogar al Instituto, sin perjuicio de las responsabilidades penales o de otra orden que proceda (Artículo 25).

La anterior disposición posiblemente se aplique a miembros de la Junta Directiva, funcionarios y empleados, quienes actualmente se encuentran bajo prisión preventiva, en caso fueren condenados. Sin embargo, hago un llamado para que se acelere ese juicio en el que los detenidos llevan ya tres años en prisión preventiva, fallecieron dos médicos miembros de la Junta Directiva, cuya reputación en su medio era intachable.

La Ley establece que no pueden ser miembros de la Junta Directiva los que han sido condenados por delito que implique falta de probidad, como hurto, robo, estafa, cohecho, prevaricato, falsedad, malversación de caudales públicos o exacciones ilegales (Artículo 9,d).

El régimen de Seguridad Social comprende protección y beneficios (Artículo 28), en caso que ocurran los siguientes riesgos de carácter social: a) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; b) Maternidad; c) Enfermedades generales; d) Invalidez; e) Orfandad; f) Viudedad; g) Vejez; h) Muerte —gastos de entierro—; i) Los demás que los reglamentos determinen.

Los anteriores beneficios se fueron otorgando a distintas velocidades y etapas. El IGSS es la institución en Guatemala que mayor beneficios proporciona. Es una institución que por su cobertura tiene una gran influencia en el país y una responsabilidad muy grande en su manejo.

El Informe Anual de Labores del IGSS del 2017 señala que la cobertura de los servicios abarca el núcleo familiar de los trabajadores del sector formal, compuesto por esposa o compañera e hijos mejores de 7 años. Asimismo, brinda atención a los jubilados del Estado y pensionados por el IGSS, así como a personas que requieren atención estricta de emergencia.

En el 2017 el IGSS cubrió a 3.2 millones de derechohabientes, posiblemente una quinta parte de la población total —veremos qué dice el Censo 2018—, y el 20% del total de trabajadores. Esto último porque solo cubre a trabajadores afiliados al IGSS y no cubre a los trabajadores de la economía informal. De cinco trabajadores atiende solamente a uno.

El libro de Óscar Barahona Streber (abogado) y J. Walter Dittel (actuario), titulado Bases de la Seguridad Social en Guatemala, impreso en el Centro Editorial de la Ciudad de Guatemala el 21 de septiembre de 1946, 215 pp., contiene la presentación y el proyecto de ley de lo que sería más adelante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Los autores citan y numeran doce disposiciones legales por orden cronológico, hacen algún comentario breve y señalan que el resultado de aplicabilidad de dichas normas legales es muy bajo.

1) Acuerdo Ejecutivo de 25 de julio de 1907. Eroga un auxilio para establecer una consulta postnatal.

2) Acuerdo Ejecutivo de 2 de noviembre de 1907. Eroga sumas para establecer la Gota de Leche o entidad encargada de suministrar leche a los recién nacidos y otros.

3) Decreto legislativo No. 1385-1925 del 20 de mayo de 1925. Aprueba la “Convención celebrada en Washington, D.C., de los Estados Unidos de Norteamérica, el día 7 de febrero de 1923, entre los Delegados de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, para Unificar las Leyes Protectoras de Obreros y Trabajadores”. Se obliga a los países a establecer el seguro obligatorio para maternidad, enfermedad, o inhabilidad permanente o accidental. Ninguno de los países mencionados cumplió en su totalidad.

4) Decreto Legislativo No. 1434-1926 de 30 de abril de 1926 (Ley de Trabajo). Hace referencia a la Ley Protectora de Obreros, decreto 669-1926 de 21 de noviembre de 1926, sobre la cual los autores indicaron que dicha ley no establece con claridad la presunción de responsabilidad patronal. El decreto mencionado, No. 1434-1926, subsana en parte esa deficiencia. Dicha Ley de Trabajo concede una serie de derechos a las madres trabajadoras: descanso prenatal de cuatro semanas y descanso posnatal de cinco semanas, con goce de la mitad de salario, y otras prestaciones.

5) Acuerdo ejecutivo del 18 de enero de 1928. Aprueba el reglamento emitido por la Dirección General de Salubridad Pública “Para garantizar la salud de los braceros en las fincas”.

6) Acuerdo ejecutivo del 20 de febrero de 1929. Aprueba los estatutos de la Sociedad Protectora del Niño.

7) Acuerdo ejecutivo de 22 de julio de 1931. Crea la Dirección General de Beneficencia Pública y Previsión Social, con los fines de proteger a incapacitados para el trabajo, proteger a las madres indigentes y ejercer la acción de previsión social en las prisiones.

8) Acuerdo ejecutivo de 21 de abril de 1932. Autoriza a los hospitales de la República para cobrar diez centavos de quetzal diarios a los respectivos patronos o “dueños de fincas, jefes de talleres y jefes de oficinas” (sic) por cada trabajador que ingrese a ellos para su curación.

9) Acuerdo ejecutivo de 20 de abril de 1938. Dispone que los contratistas de trabajos agrícolas deben tener un botiquín para casos de emergencia.

10) Acuerdo ejecutivo de 9 de mayo de 1938. Dicta la lista de medicinas que deberán contener los botiquines de emergencia antes mencionados.

11) Decreto No. 47 de 27 de diciembre de 1944. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, emitido por la Junta Revolucionaria de Gobierno.

12)Constitución Política de 11 de marzo de 1945. Artículos 58, 60 y 63.

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Por medio de la sección del Trabajador con Discapacidad, la institución hizo alianzas estratégicas con la Asociación de Sordos de Guatemala (Asorgua) y la Asociación de Capacitación y Asistencia Técnica en Educación y Discapacidad, mediante las cuales se ha logrado la implementación de pasantías que benefician a personas con discapacidad.

En estas prácticas laborales más de 20 jóvenes han tenido la oportunidad de potenciar sus habilidades y tomar confianza para optar a un empleo digno, gracias a la experiencia de inserción laboral, informó el departamento de comunicación del Mintrab.

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El viceministro de Previsión y Empleo, Gabriel Aguilera, valoró la determinación mostrada por los jóvenes, para quienes su discapacidad no es un obstáculo para emprender cada día la búsqueda de espacios para trabajar y desarrollarse, capacidad que ahora lograron fortalecer.

Algunos de los jóvenes cursan estudios universitarios y piensan en estudiar una maestría, como es el sueño de Jennifer Higueros, que agradeció la oportunidad de mostrar sus habilidades, las que le permitieron ser parte de un equipo en el que encontró apoyo para desarrollar las tareas que se le asignaron.

Las empresas puedan contratar a los pasantes

Las compañías pueden acudir a la sección del Trabajador con Discapacidad de la cartera laboral, para solicitar información de este proyecto y sumarse a las alianzas estratégicas que desde el Ministerio se desarrollan.

“Hemos tenido pasantes con diferentes discapacidades con muy buenos resultados. La pasantía dura dos meses. En el caso del Ministerio, dos personas se han quedado laborando de forma permanente”, compartió el departamento de Comunicación y Relaciones Públicas.

Agregó que buscan impulsar este programa de pasantías en otras instituciones, porque es una manera de ayudar a las personas con discapacidad y que las empresas conozcan cómo se desarrollan y las habilidades que tienen.

El Comité Prociegos ha participado en otras ocasiones. El programa de Pasantías Laborales es una acción de la Política Nacional de Empleo Digno 2017-2032.

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También se analiza incluir a los profesionales universitarios liberales y a los pequeños contribuyentes, cuya suma se contempla en unas 200 mil personas, además de sus conyugues e hijos, expuso Adolfo Lacs, representantes de los trabajadores ante la Junta Directiva del Igss.

“Casi el 20 por ciento de los trabajadores en Guatemala están cubiertos por el IGSS, es un número comparativamente reducido en relación al promedio de América Latina. Tenemos un promedio del 44 % en la región”, indicó Schwarzer.

El especialista de la OIT señaló que la cobertura abarca únicamente a los asalariados. “Sería importante que se desarrolle un camino para incluir a otros grupos de ocupados de la fuerza de trabajo”, agregó.

Al lograrse esa ampliación se pasaría, entonces, de 1 millón 300 mil a 1 millón 900 mil afiliados, según el presidente del Igss, Carlos Contreras.

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Lacs indicó que para extender la cobertura lo primero es definir cuál será el grupo al que primero se dará atención; si son los profesionales universitarios o las empresas con menos de tres trabajadores, y mencionó la importancia de ampliar la capacidad instalada del instituto. Otra medida sería la atención de los afiliados a través de servicios contratados.

Actualmente, el IGSS atiende a 3.4 millones de personas en total. De estas, 1 millón 313 mil son cotizantes, a sus 534 mil 800 conyugues y 1 millón de niños menores de 7 años. Además, se atiende a 181 mil jubilados del Seguro Social, 102 mil jubilados del Estado, 4 mil pensionados y 50 mil personas no afiliadas.

Deuda

Contreras mencionó que la deuda que el Estado tiene con la institución asciende a Q41 mil millones, lo que por ahora dificulta que la cobertura se extienda.

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“Si el Estado pagara su contribución anual tendríamos los recursos para financiar el incremento de la afiliación”, mencionó Contreras.

El director del Igss indicó que han conversado con las autoridades del Ministerio de Salud con relación a la ampliación de la cobertura, y que, por el momento, no está contemplado un aumento en las cuotas patronales.

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El libro de Óscar Barahona Streber (abogado) y J. Walter Dittel (actuario), titulado Bases de la Seguridad Social en Guatemala, impreso en el Centro Editorial de la Ciudad de Guatemala, el 21 de septiembre de 1946, 215 pp., contiene la presentación y el proyecto de ley de lo que sería más adelante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

Como subtítulo, un tanto largo, indica el libro lo siguiente: “Informe Preliminar sobre las Posibilidades del Establecimiento de un Régimen de Seguridad Social en Guatemala, presentado por el Lic. Óscar Barahona Streber y el Actuario J. Walter Dittel, ante la Comisión de Seguros Sociales nombrada por el Gobierno de la República, e integrada por el Lic. José Rölz Bennett (Presidente), Dr. César Meza, Ing. Jorge Arias, Lic. Salvador Saravia, y Lic. J. Antonio Reyes Cardona; dictamen de dicha Comisión apoyando las conclusiones del expresado Informe, y texto del respectivo Proyecto de Ley, elaborado de común acuerdo por la referida Comisión, y los Señores Dittel y Barahona”.

La parte primera del libro contiene una descripción poco conocida sobre la Ley Protectora de Obreros, decreto No. 669-1906, de la época de Estrada Cabrera. Los autores señalan que esa ley tenía como fin proteger a los trabajadores contra los riesgos profesionales que les acaecieren, y en los considerandos indica que es “principalmente” cuando “accidentes desgraciados en el servicio les imposibilitan de llenar sus más perentorias necesidades”.

La Ley contaba con tres considerandos y 20 artículos, algunos de ellos ambiguos y mal redactados como indican los autores.

Algunas de las observaciones que hacen es que el campo de aplicación es vastísimo, abarcando toda la clase trabajadora de Guatemala, incluso a los que laboran en la agricultura; no se previó una entidad central con los poderes necesarios para hacer efectiva la Ley; y tampoco se ofreció un procedimiento rápido y barato para el cobro de las respectivas indemnizaciones.

Entre las observaciones se encuentra el que la Ley responsabiliza al “jefe del establecimiento” y no al patrono, de todo accidente que ocurra a los trabajadores durante el trabajo.

Pero lo peor, agregan los autores, es que se equipara el caso de “accidente” al caso de “enfermedad”, sin delimitar al mismo tiempo el concepto de “enfermedad profesional”, con lo cual podría darse la circunstancia de que a un trabajador se le desarrolle una enfermedad “durante el trabajo”, aunque originada fuera de éste, y tenga derecho a las indemnizaciones previstas por la Ley. Se trata pues de un decreto que casi establece en Guatemala el seguro de enfermedad. Lo propio ocurre con el seguro de maternidad, que los autores señalan que es confusa su redacción.

La Ley ordenó la creación de Cajas Cooperativas de Socorros en cada fábrica, taller o explotación donde laboraran más de 10 trabajadores, con el objeto de crear fondos suficientes para el pago de las indemnizaciones que procedan. Pocas entidades de este tipo se establecieron, y el 14 de febrero de 1907 se reglamentó este aspecto de la Ley.

La contribución de los beneficiarios es igual al seis por ciento de los sueldos o salarios que devenguen, otorgando una indemnización vitalicia equivalente al sesenta por ciento de su salario, en casos de incapacidad permanente total o parcial.

Los autores recomendaron la derogación expresa y total del decreto No. 669-1906 y su reglamento.

josemolina@live.com

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A su consideración hay aspectos que se deben mejorar, pero opina que en los últimos años ha habido avances en los temas laborales.

Califica como importante dentro de esos avances las reformas al Código de Trabajo con las que se fortaleció la Inspectoría General de Trabajo del Ministerio de Trabajo, para que con reglas claras se cumpla con normativas. El decreto ya se publicó y ahora hay que asegurar que el ministerio tenga la capacidad para ejecutarla.

Ahora la iniciativa 5199 que se encuentra en el Congreso en la cual ya hay consensos en la mayor parte de la propuesta pero aún hay algunas diferencias, agrega el ejecutivo.

La iniciativa busca reformar la Ley de Sindicalización y Regulación de Huelga de Trabajadores del Estado (Decreto 4441 del Congreso). En noviembre del 2017 tanto el sector patronal como sindical pidieron que se retirara para efectuar una mayor discusión.

El coordinador de comité Laboral del Cacif, dijo que consideran que la queja para que se instale una comisión de encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) debería retirarse y que se establezcan mejores canales de comunicación para afrontarlos.

Miguel Ángel Lucas, integrante de la Central de Trabajadores del Campo (CTC) y abogado laboralista, indicó que sigue la violación de los derechos labores.

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Además, considera que aunque se han aprobado algunas reformas a leyes en temas laborales, en la práctica aún hay atrasos para resolver los conflictos laborales ya que se lleva entre 2 a 7 años un proceso.

En los procesos se imponen trabas legales, se vuelven lentos y engorrosos, y se limita que el problema se logre resolver con mayor prontitud, agrega.

Lucas critica que el año pasado y a inicios de este se había agilizado la labor en los juzgados de trabajo pero que en recientes meses volvió a ser lenta, ya que algún caso que llega a los juzgados debe esperar entre 8 a 10 meses para la primera audiencia. Además que los mismos órganos jurisdiccionales no respeta los plazos.

A diferencia de González-Campo, Lucas indica que no ven como un avance la reforma aprobada el año pasado por el Congreso que buscaba fortalecer la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo, ya que los diputados cometieron el error de derogarla en el mismo decreto.

Lucas comparte que lo mencionado en el estudio respecto a que falta capacidad del Estado incluyendo la fiscalía del Ministerio Público para para investigar los asesinatos o ataques a sindicalistas, que se han dado los últimos años. Además cree que la denuncia para que se instale el comité de encuestas de la OIT debe continuar, ya que la mayoría de casos que recibe la OIT de parte de Guatemala siguen sin resolverse por el Estado.

Frase “En la vía laboral no hay acciones reales para mejorar esa situación, de alguna manera se vio con buenos ojos que se agilizara la labor de los casos, pero de nuevo no se están agilizando los procesos y se están retardando”.

De qué se trata el índice

La evaluación recopila información de diversas temáticas y clasifica a los países en seis categorías, en una escala del 1 al 5 basada en el grado de respeto de los derechos de los trabajadores. La sexta clasificación se denomina 5+ e  integra a los países donde los derechos no son garantizados debido a la desintegración del Estado de derecho (ahí se mencionan países en guerra, entre otros).

La categoría 5, en donde se ubica a Guatemala, establece que son las naciones donde los derechos no son garantizados. En esa categoría se evalúa que aunque “la legislación puede enumerar derechos, los trabajadores carecen efectivamente de acceso a ellos y están por tanto expuestos a unos regímenes autocráticos y a unas prácticas laborales injustas”.

Guatemala también es mencionada dentro de los 11 países donde se ha asesinado a trabajadores por sus actividades sindicales. De Latinoamérica se incluyen también a Brasil, Colombia, Honduras, México, Perú y Venezuela.

Respecto a los comentarios del país, el informe refiere que Guatemala “conserva la reputación de violencia contra los trabajadores” con nuevas evidencias en de ataques dirigidos contra sindicalistas que los trabajadores siguen expuestos y se socava enormemente la libertad sindical. Y critica tanto al Gobierno como al sistema judicial y al Ministerio público por no lograr resolución de los casos.

La Confederación Sindical Internacional (CSI), fundada en el 2006, es una confederación de centrales sindicales de cada país. El índice se emitió por primera vez en el 2014.

Esa organización cuenta con 340 organizaciones afiliadas en 163 países y territorios de los cinco continentes, con una membresía total que ronda los 181 millones de trabajadores, se agrega en el documento.

En base a las pruebas recogidas, se ha elaborado esta cuarta edición del Índice Global de los Derechos, donde se clasifican 139 países en función del grado de respeto hacia los derechos de los trabajadores.

La CSI explica en el documento que la posibilidad de organizarse ayuda a mejores condiciones de trabajo porque “permite a los trabajadores utilizar su poder colectivo para conseguir mejoras en los derechos laborales, la salud y seguridad en el lugar de trabajo, derecho a no ser discriminados y la garantía de que no se recurra al trabajo infantil o al trabajo forzoso”.

Una hoja de ruta

El Mintrab agregó que con el objetivo de alcanzar el cumplimiento de los derechos laborales el país estableció una Hoja de Ruta que muestra resultados como:

• Creación de la Unidad Fiscal Especial de Delitos contra Sindicalistas del Ministerio Público
• Fijación de medidas de seguridad para sindicalistas, a través del Ministerio de Gobernación.
• La entrada en vigencia del Decreto 7-2017, el cual regresa la potestad sancionadora al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que a su vez fortalece la capacidad de la Inspección General de Trabajo (aunque respecto a este hay opiniones divididas entre el sector laboral y sindical).
• Y, la creación de la Comisión Nacional Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical , entre otras.

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Como es bien sabido, más recientemente se ha procesado penalmente a altos funcionarios, incluyendo a algunos diputados al Congreso de la República, por casos como el llamado de las Plazas Fantasma. Esto alude a la extensión de nombramientos a favor de personas que, a sabiendas de ambas partes, no habrían de prestar servicio alguno. Como si eso fuera poco, se trata, por lo general, de cargos o de servicios profesionales o técnicos de los mejor remunerados.

Ahora bien, el hecho de que este fenómeno se haya convertido en una forma tan extendida de “recuperar la inversión en política”, como algunos lo han entendido, refleja una mentalidad. Refleja una cierta forma de ver los llamados “empleos públicos” que, por así decirlo, encaja con una realidad muy lamentable, a saber: la bajísima productividad de las administraciones públicas —con la excepción de dos o tres “burocracias doradas”—.

La idea de que quepa hacer “favores” repartiendo plazas públicas refleja el poco valor que se le atribuye a las funciones públicas. Se piensa en las funciones públicas como mero papeleo, como exigir papeles que extiende la oficina X para añadirlos a un expediente en la oficina Y. Y todo sin ningún beneficio para nadie. Se mira a las funciones públicas como “series de obstáculos”, algo parecido a los videojuegos en que del fuego se pasa a un precipicio y de ahí a una avalancha. ¿Y para qué? Pues para sacar mordidas.

Creo que el hecho de que las cosas sean así se relaciona con la falta de comprensión de que, toda función pública, sin excepción, es más compleja que su equivalente —cuando existe alguno— en el mundo privado. Esto es así debido a lo que los juristas llamamos “principio de legalidad”, que en términos llanos significa que todo, sin excepción, lo que haga un funcionario público debe estar mandado por la Ley y debe ejecutarse de acuerdo con sus preceptos.

Por consiguiente, el Servicio Civil es un régimen que debiera integrarse por personas verdaderamente competentes, honorables y con vocación de servicio público, y debe contemplar y articular los incentivos para atraer y conservar al mejor talento posible. El especialista en seguridad del sector público debe, además, saber actuar dentro del marco de las leyes y sus reglamentos; el especialista en infraestructuras viales, lo mismo; el especialista en servicios médicos, por consiguiente, etcétera.

Pero, además, en el Servicio Civil no hay lugar para sindicatos ni para huelgas. Bien entendido, el régimen del Servicio Civil debe prescribir que los encargados de su gestión —la Oficina Nacional del Servicio Civil—, realicen los estudios y análisis necesarios para proponer a los órganos de Gobierno y al poder Legislativo unas remuneraciones competitivas a cada nivel o rango en el escalafón de los cargos públicos. Competitivas para contar con el talento necesario, a cada nivel.

Don Israel, al igual que 240 extrabajadores, descubrió que durante 20 años las cuotas que le habían descontado de su salario no fueron entregadas al Seguro Social y por eso no podía acogerse al programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia del IGSS y no tenía cobertura para los servicios de salud. Ese fue el motivo por el que decidió participar en un plantón y exigir sus derechos junto a otros de sus excompañeros de trabajo. Organizarse y reclamar lo que legítimamente le correspondía le costó la vida.

Este es solamente uno de los casos que documenta el informe “Violencia Antisindical en Guatemala (2017)” elaborado por la Red de Defensores de Derechos Laborales y el Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco. El documento identifica al menos 39 ataques en contra de trabajadores y trabajadoras que incluyen asesinatos, lesiones, agresiones, acoso sexual, amenazas, coacción, detenciones arbitrarias y acusaciones falsas.

La mayoría de estos hechos contra las y los trabajadores se registran cuando deciden exigir sus derechos laborales y organizarse en un sindicato. Por ejemplo, el informe destaca el caso de una maquila en la que a través del sistema de sonido, el gerente de recursos humanos anuncia el eventual cierre de la empresa por “culpa del sindicato” a cuyos miembros responsabiliza también de que no se les pague al resto de empleados las prestaciones laborales. Además de generar un ambiente hostil contra los trabajadores sindicalizados, esta estrategia tiene como objetivo debilitar y hacer desaparecer la organización sindical.

El informe también da cuenta de cómo la violencia sexual y de género se utiliza contra las mujeres trabajadoras y lideresas sindicales. Se reportan al menos seis casos de amenazas, intimidaciones y agresiones de carácter sexual. El acoso es otra de las estrategias que se usa para hacer renunciar a las trabajadoras a sus puestos de trabajo.

Según los datos, del 2004 a la fecha, 87 sindicalistas han sido asesinados y, en la mayoría de los casos, no existen sentencias condenatorias ni investigaciones de fondo que permitan determinar si las muertes violentas y los ataques tienen relación directa con su militancia sindical.

Vemos entonces cómo la represión continúa siendo el mecanismo más utilizado en el país para debilitar la organización de las y los trabajadores y cómo las estrategias para “desarticular”, “neutralizar”, “infiltrar”, “cooptar”, “desmantelar” y “sofocar” cualquier intento de organización siguen siendo la constante. En la medida en que estos hechos no se investiguen y los responsables enfrenten la justicia, estos delitos seguirán ocurriendo y multiplicándose y la impunidad seguirá siendo la mejor aliada de la violencia antisindical.

Las y los trabajadores son un actor principal de nuestras sociedades. La lucha de los obreros y sindicalistas ha permitido a lo largo de la historia las conquistas democráticas como el voto universal, la dignificación del trabajo, la jornada de 8 horas y la mejora en las condiciones laborales. Ahí tienen ustedes el motivo principal por el que la cooptación y la fragmentación del movimiento sindical sigue siendo el objetivo de los sectores de poder político y económico.

@MarielosMonzon

Les preguntamos a personas de varios países cómo es su almuerzo.

1. Makul Paraekh – Bombay, India

“Hoy en día hay menos tiempo para almorzar en Bombay”, dice Mukul Paraekh, quien por lo general se toma media hora para almorzar en su escritorio.

Paraekh, gerente de una firma de contabilidad, culpa a los embotellamientos de tráfico y a la creciente presión sobre los trabajadores por esta falta de tiempo. Almorzar rápido es una prioridad.
 
Aunque por lo general trae alimento de casa, también existe una solución alternativa y única en Bombay: cajas de comida caliente, llamadas tiffins, son enviadas a las oficinas desde restaurantes o viviendas por mensajeros conocidos como dabbawalas.

Los dabbawalas usan un sistema codificado único para hacer un seguimiento de cientos de miles de comidas y cometen menos de 3,4 errores por cada millón de transacciones.
 
“Este sistema de codificación secreto se transmite a los herederos y el negocio permanece en la misma familia durante años”, dice Paraekh, de 63 años.

2. Sarah Gimono – Mbale, Uganda

 Otro lugar donde la velocidad del almuerzo es una prioridad es Mbale, Uganda, donde Sarah Gimono trabaja como gerente de proyectos para una organización sin fines de lucro.
 
Ella dice que comer tan rápido como sea posible les da a las personas más tiempo para trabajar, pero rara vez la gente se salta un almuerzo.

“La cena es menos importante en Uganda que el almuerzo, cuando la gente necesita tomarse un descanso del trabajo”, dice la joven de 27 años, que normalmente se toma 30 minutos para almorzar y come en un restaurante cercano.
 
“La cultura del trabajo en Uganda es tan variada que en el almuerzo algunas personas comen en la oficina y otras salen a restaurantes cercanos y disfrutan del almuerzo como un equipo”, explica.
 
Afortunadamente para Gimono, que a menudo hace trabajo de campo en diversos proyectos en Uganda, es fácil conseguir comida callejera rápida, barata y sabrosa, como el llamado rolex: un chapati enrollado (de ahí el nombre) alrededor de una mezcla de huevo con cebollas fritas y tomates.

3. Vanessa Monroy – Nueva York, EE.UU.

La paseadora profesional de perros Vanessa Monroy, de 40 años, dice que los neoyorquinos pueden pasar toda su pausa para almorzar haciendo fila para comprar una ensalada o un sándwich.
 
En su lugar, ella empaca barras de snack y otros alimentos no perecederos para comer a lo largo del día.

“Es más fácil para mí tomar un buen desayuno por la mañana en casa y luego empacar los snacks en mi bolsa”, explica.
 
Las comidas pequeñas y frecuentes son más saludables que tres comidas grandes, dice, y evitan la sensación de atontamiento que a menudo sigue a un gran almuerzo.
 
“La comida rápida es más práctica, pero no es buena”, dice.

En Estados Unidos, los trabajadores tienden a tomar pausas para el almuerzo más breves que en otros países.
 
Por ejemplo, en una encuesta de 2016 realizada por la firma de servicios corporativos Edenred a sus empleados, el 51% de los consultados en EE.UU. se tomó entre 15 y 30 minutos para almorzar, y solo el 3% tardó más de 45 minutos, mucho menos que en Francia, donde el 43% de los encuestados tardan 45 minutos o más.

4. Faith Raagas – Macati, Filipinas

Los jollijeeps, carros de comida semipermanentes, comenzaron a aparecer en la ciudad de Makati hace unos cinco años, como parte de una iniciativa para organizar y regular a los vendedores ambulantes, dice Faith Ragaas, gerente de una firma de administración de inversiones.
 
Su favorita, Lirios, está a tres minutos a pie de su oficina.

“En lugar de la comida grasosa normal que se vende en plástico en la calle, hay algunos buenos jollijeeps que se han hecho famosos por ofrecer un almuerzo saludable y casero que les da a los trabajadores otra opción para no tener que ir a un restaurante o cafetería”, asegura ella.
 
Hacer tres comidas al día es tan crucial en Filipinas que la hora del almuerzo está protegida por el código laboral, afirma Ragaas, con una hora para cada empleado por cada ocho horas de trabajo.

5. Francois Pellan – París, Francia

Francia es conocida por su generosa cultura del almuerzo laboral. La encuesta Edenred, por ejemplo, concluyó que el 43% de los franceses consultados se toman 45 minutos o más para el almuerzo, y el 72% come en un restaurante al menos una vez a la semana.

El diseñador e ilustrador de productos parisino Francois Pellan frecuentemente compra la comida en un supermercado local y come junto con colegas en la cocina de su trabajo.
 
Pero al menos una vez a la semana van a un restaurante en el distrito 20 durante una hora, más o menos. En el trabajo, él y sus colegas “hablan mucho, intercambian puntos de vista e ideas con otras personas sobre las cosas”.
 
“La conversación se extiende a las comidas, que son un aspecto social importante de la vida francesa”, explica este hombre de 35 años.

También hay otro incentivo para el almuerzo en Francia, donde la población bebió el 11,3% del vino consumido en el mundo en 2014.
 
“Los viernes, cuando estamos más relajados, solemos ir a un restaurante juntos en grupo y tomar una cerveza o un vino con el almuerzo”.

6. Tamar Kassabian – El Cairo, Egipto

“No como comida rápida o chatarra. Así que preparo mi almuerzo o compro algo sencillo en uno de los restaurantes cercanos”, cuenta Tamar Kassabian, de 31 años, quien trabaja como gerente en Citystars Heliopolis, uno de los centros comerciales más grandes de El Cairo.
 
Como el desayuno suele ser sustancioso y se consume tarde por la mañana, Kassabian dice que el almuerzo a menudo se retrasa hasta las 3 o 4 de la tarde y la cena hasta las 9 de la tarde o más.

“Muchas empresas dan uno a dos horas de pausa para el almuerzo, pero la gente usa este tiempo para beber café y el resto del desayuno, y luego se toma otra media hora para almorzar más tarde”, afirma.

Kassabian señala que en el último año los trabajadores han comenzado a utilizar compañías como Yumamia, un “servicio de entrega de comida sin chatarra”, para que les lleven alimentos más saludables a la oficina.

7. Eliza Rinaldi – Sao Paulo, Brasil

Eliza Rinaldi prepara ingredientes saludables en casa y organiza su comida al mediodía en la oficina, una agencia de producción de contenidos en el centro de Sao Paulo, donde trabaja como directora de comunicaciones.

Su socia comercial, Natascha, hace lo mismo. “Las dos nos preocupamos por nuestra salud y ahorramos dinero”, dice esta mujer de 34 años.

Llevar la comida de casa no es lo típico en Sao Paulo. Rinaldi explica que su rutina no es típica en Sao Paulo, donde el almuerzo suele ser el alimento principal del día.

“La mayoría de las empresas ofrecen tickets para comidas -créditos para alimentos como parte de sus beneficios laborales-, así que la gente tiende a salir a almorzar fuera.

“En Sao Paulo se trabaja muchas horas (a menudo de 9 a 7 de la tarde), de modo que tiene sentido tomarse una hora para almorzar y salir de la oficina”, asegura.

“La gente está tratando de romper con el hábito de trabajar tantas horas, pero hay una mentalidad tradicional de que si no estás presente, no trabajas tan duro “, asegura.

Los guatemaltecos por naturaleza somos “excelentes trabajadores”, por lo que, el bono debe aprovecharse al máximo, al proveer las condiciones adecuadas para producir fuentes de empleo. Mencionaré algunos ejemplos para confirmar lo expresado: El famoso Chef Marcus Samuelsson, chef invitado del expresidente Barack Obama para la primer cena oficial ofrecida en su gobierno y dueño del restaurante “El Gallo rojo” en Nueva York, en su libro Yes Chef, opina “en una oportunidad que necesitó reducir personal, al analizar a sus trabajadores observó que los filipinos trabajan por períodos prolongados, pero en forma cadenciosa, los estadounidenses son detallistas pero no trabajan tan intensamente ni por períodos prolongados, decidió quedarse con guatemaltecos, pues a su criterio reúnen las características de ambos grupos”. Un gerente de maquilas coreanas en Guatemala, opina que él ha preferido colocar supervisores guatemaltecos en lugar de coreanos pues son más cuidadosos en la confección. Las prendas elaboradas en Guatemala, son preferidas sobre las maquiladas en otros países. En Panamá se han contratado trabajadores guatemaltecos pues no anteponen excesivas condiciones labores. En la ampliación del Canal de Panamá los trabajadores guatemaltecos en metalurgia fueron preferidos.

El gobierno de Guatemala debe considerar seriamente el aprovechamiento del bono demográfico y proveer las condiciones adecuadas para nuevas fuentes de trabajo. El congreso debe priorizar leyes que favorezcan la producción y estimularlas. La iniciativa privada debe dar condiciones labores adecuadas para incentivar a que los guatemaltecos den todo de sí, a como lo hacen en otros países.

El guatemalteco debe prepararse. Sin importar el nivel educativo en que se encuentre, debe continuar estudiando, ya sea a nivel vocacional, técnico o universitario. Aprovechar las oportunidades que los centros educativos, instituciones y universidades ofrecen: en horarios, carreras, forma de ofrecer los programas: presencial u online, etc. No debe olvidar que “el trabajo diligente prospera” y que “el dar la milla extra” siempre tendrá su recompensa.

Así que, espero que los funcionarios en el gobierno, reflexionen y tomen decisiones que ayuden al aprovechamiento del “bono demográfico”. De lo contrario, este crecimiento vegetativo, se traducirá en emigración, desempleo, mayor pobreza, y aumento de la delincuencia, como ha ocurrido en los últimos treinta años. El país debe prepararse para aprovechar el segundo “bono demográfico” que es el que se dará con el aumento relativo de poseedores de riqueza en relación con productores, y evitar la concentración de riqueza en pocas personas como ha sucedido.

Los guatemaltecos tenemos que inscribirnos ya, a algún programa educativo, y tomar muy en serio, el ser mejores trabajadores, mejores ciudadanos, excelentes padres y/o madres de familia. Principiemos hoy…

samreygo@yahoo.com                                                                                               

Por supuesto, en un país que solo del diente al labio reconoce que alimentarse es un derecho humano, no se puede esperar que el ocio y la recreación se consideren aspectos esenciales para conservar la salud física y mental y la dignidad humana, o que sirva para robustecer el tejido social y hasta para favorecer la paz. Menos todavía, pensarlo como un derecho básico que debería tener toda persona. El Estado que pensaron Arévalo y Árbenz sí concibió crear condiciones para la recreación como parte de sus tareas, función que entregaron al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Sin embargo, al igual que pasó con otras labores fundamentales que desempeñaba, su papel se fue deteriorando y desmantelando conforme se fue afincando la noción de que las funciones del Estado deberían ser ejercidas por el mercado, especialmente cuando el ocio y el esparcimiento se han transformado en una industria global que genera millonarias ganancias.

La única parte que sobrevive de esta función es la que realiza el Irtra (Instituto de Recreación de los Trabajadores), entidad público-privada, subsidiada por el Estado y destinada a la recreación de los trabajadores empleados en el sector privado. Para el resto de usuarios, el costo es bastante superior. En abierto contraste, las instalaciones para la recreación de los trabajadores del sector público dan pena. En suma, como para muchos otros satisfactores, en Guatemala cada quien debe ver por su cuenta sí se recrea y cómo se recrea.

No hay esperanzas de que, en el corto plazo, cambie la visión respecto del papel que funge la recreación en el funcionamiento social. Para ello necesitaríamos, en primera instancia, considerar a las personas como sujetas de derechos y no mano de obra semiesclava. En segundo lugar, generar una visión del papel que la industria del ocio y el entretenimiento podría tener en la economía nacional, generando condiciones para que Guatemala no sea solamente un destino turístico para extranjeros, sino haciendo crecer el mercado interno. Esto implica mejorar los ingresos de la gente y que tengan el tiempo para vacacionar y condiciones para hacerlo, lo que nos lleva al tema de la infraestructura vial y hotelera en buen estado y accesible económicamente.

Mientras eso ocurre, para algunos, quedarnos en casa, alejados del bullicio y las aglomeraciones en que se han convertido las fiestas navideñas, puede ser equivalente a haber alcanzado el nirvana.

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Peña Nieto recordó que al inicio de su Administración, en diciembre de 2012, “el salario mínimo era de apenas 60 pesos (US$3.19)”.

Este incremento, indicó, contrasta “con la pérdida del poder adquisitivo justamente inverso, de 21% en términos reales, que se registró en los 18 años de las tres Administraciones pasadas”.

El salario mínimo de México, que sigue siendo uno de los más bajos de América Latina, “debe ser una retribución justa, y después de décadas de rezago ya estamos avanzando en esa dirección con responsabilidad”, aseveró.

Sobre todo, añadió, “asegurando un ritmo constante y permanente que permita mantener estabilidad económica, estabilidad de nuestra macroeconomía, una baja tasa en la inflación, y al mismo tiempo un mejor salario para los trabajadores”.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) señalaron en un comunicado conjunto que el incremento “puede beneficiar a un millón 271 mil trabajadores asalariados de tiempo completo que perciben un salario mínimo”.

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En tanto, los salarios mínimos profesionales vigentes desde el primero de enero de 2017 se incrementan en 3.9%.
La STPS y la Conasami, formada por representantes del Gobierno, de los patrones y de los trabajadores, aludieron hoy al buen desempeño de la actividad económica en México, con un mejor balance entre sector interno y externo.

Ello se debe al buen funcionamiento de las políticas macroeconómicas y, en particular, al avance de las reformas, lo que ha elevado la capacidad de resistencia de la economía frente a los choques externos, dando una perspectiva positiva para el cierre de 2017.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) había llamado a la Conasami a aumentar el salario mínimo general hasta los 95,25 pesos (cinco dólares) para alcanzar la línea de bienestar.

Los empleados que figuran en los documentos están en el renglón 011, pero el argumento de los directivos es que no cumplieron lo establecido en la Ley de Servicio Civil.

La directiva informó que en los próximos días comenzarán el trámite de destitución en un juzgado de trabajo, quien será la que avale la decisión del Legislativo.

Entre los trabajadores en proceso está Xiomara Conde, quien es secretaria del Sindicato de Trabajadores del Organismo Legislativo (STOL), quien ha encabezado movimientos de las destituciones del año pasado.

En la lista también figura Catarina Tambriz y Tambriz, hermana del diputado Francisco Tambriz. Además está Dolores Elisandra Zeledon Monroy, exdirectora de la Unidad de Acceso a la Información, quien ya ganó un proceso ante un juzgado laboral.

El @CongresoGuate busca la destitución de 90 trabajadores más. En enero pasado inició el proceso contra 52, 37 de ellos apelaron pic.twitter.com/hKmGfr0NRs

— Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) January 5, 2017

Cambios en personal

En enero del año pasado la directiva presidida por Mario Taracena comenzó el proceso de destitución contra 52 empleados, de los cuales 37 apelaron dicha disposición.

Este jueves la directiva también notificó a 15 trabajadores que apelaron el primer proceso de destitución que comenzó el Legislativo, sobre el fallo en su contra y el inminente retiro de sus cargos.

Con respecto al Congreso, el Organismo Legislativo, el 42,4 % dijo que la gestión fue pésima, el 28,9 mala, el 22 regular y el 4,4 % buena

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“El Congreso tiene la función de legislar; sin embargo, y aún más importante es la función de fiscalización, que es obligación constitucional de los diputados. Y es la función que menos se cumple”, indicó Caballeros.

Y con respecto al primer año de gestión del Ejecutivo, comandado por Jimmy Morales, los socios de la cámara creen que es el peor, pues un 47 % de los encuestados tildó la gestión como pésima, un 31,1 como mala, un 17,7 como regular y un 4,4 % como buena.

Sin embargo, consideró que esta es una oportunidad para que el presidente y su Gabinete atiendan las demandas de este sector, que es uno de los principales motores de la economía y los empleos a nivel nacional.

Asimismo, pidió que ajusten y prioricen acciones concretas en 2017 orientadas a mejorar el clima de negocios, la eficiencia de las instituciones y la promoción del empleo.

La Cámara del Agro representa a los productores agropecuarios, agroexportadores y agroindustriales ubicados en los 22 departamentos del país y contribuye con más del 14 % del PIB, el 40 % de las exportaciones guatemaltecas al mundo, generando ingresos a más de 1 millón de familias guatemaltecas.

El sondeo, del que se desconoce el margen de error o la muestra que analiza, se realizó con el fin de analizar los avances relacionados con la “Agenda Prioritaria de Clima de Negocios y Productividad Agropecuaria 2016-2020”, presentada por la entidad a los presidentes de los tres poderes.

El Acuerdo Gubernativo 288-2016 establece que el salario mínimo que regirá durante el 2017 para las actividades agrícolas y no agrícolas será de Q86.90 diarios, equivalente a Q10.86 por hora, mientras que para la actividad exportadora y de maquila se fijó en Q79.48 diarios —Q9.93 por hora—.

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El incremento en porcentaje, en comparación con el 2016, es de 6.14% y 6.12%, respectivamente.

Del 2006 al 2017, el salario mínimo subió de Q1 mil 291 a Q2 mil 643 mensuales, es decir, Q1 mil 352, más la bonificación de Q250.

Sin embargo, de acuerdo con la más reciente Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), del Instituto Nacional de Estadística (INE), en ese mismo período la pobreza pasó de 52% a 59%.

Según economistas, esto significa que el incremento al mínimo no incide en la tasa de pobreza.

El ingreso promedio laboral alcanzó en el 2016 los Q2 mil 131, con el área rural como la más precaria, según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI 2016), que determinó que siete de cada 10 trabajadores laboran en la informalidad.

El monto no cubre la Canasta Básica de Alimentos (CBA), que a octubre pasado se ubicó en Q3 mil 938.03, lo que significa que para la adquisición de los 26 productos diarios se necesitan Q131.27.

La Canasta Básica Vital —que incluye calzado, vestuario y otros— fue de Q7 mil 186.18.

Los tarjetones, como se les llama en el Legislativo, han sido criticados por instituciones de transparencia debido a que los trabajadores no deben presentarse a su centro laboral para marcar, sino que simplemente el diputado que los tiene a su cargo firma la tarjeta como constancia de que sí cumplieron con su obligación.

En años anteriores, este método fue utilizado para la creación de plazas fantasma. Además, algunos de los trabajadores que utilizaban el tarjetón desempeñaban labores que no correspondían al puesto para el que fueron contratados en el Congreso, como la guardianía de las casas  de los diputados o se desempeñaban como choferes o jardineros de la familia.

Según un listado proporcionado a Prensa Libre a través de la Unidad de Acceso a la Información, los diputados que utilizan más esta modalidad son Carlos López, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y Arístides Crespo, del Movimiento Reformador, quienes enfrentan un proceso legal señalados del uso y creación de plazas fantasma cuando estuvieron en la Directiva en el 2015.

A principios del año, el presidente del Congreso, Mario Taracena, criticó el uso de este método de marcación; sin embargo, durante su administración se autorizó esta modalidad a 76 trabajadores, a cargo de 52 diputados, incluyéndolo a él, pues dos personas a su cargo están beneficiadas con este método, incluyendo a  Emilia Larrazábal Melgar, prima del diputado oficialista, Herber Melgar Padilla.

Prensa Libre intentó obtener los comentarios de Taracena, pero se informó que está fuera del país. Se efectuaron varias llamadas a su celular, pero no respondió.

Familiares

Larrazábal Melgar no es la única con parentesco con algún congresista que utiliza este método. Según el listado, uno de los trabajadores que no está obligado a marcar es Gustavo Adolfo Aguilar Hengstenberg, quien figuró entre las listas de familiares entre sindicalistas a principios de año. Él está asignado al diputado Juan José Porras, de Visión con Valores.

De igual forma se encuentra Catarina Tambriz y Tambriz, hermana del diputado Francisco Tambriz, jefe de Alianza Ciudadana, así como Marvin Rolando Cú Isem, hermano de la diputada Leonora Cú.

Críticas

Marvin Flores, de Acción Ciudadana, criticó el uso de tarjetones y recordó que en sus investigaciones han identificado a personal que no llega a laborar al Congreso y recibe un salario, mientras que otros prestan sus servicios a otras instituciones del Estado, es decir que tienen doble contrato.

“El problema con los tarjetones es que no existe ningún control, lamentablemente se presta a que cualquiera pueda afirmar que alguien llegó a trabajar, aunque no haya sido de esa manera”, manifestó Flores.

En cuanto a los familiares que aparecen en el listado, Flores lamentó que persista la contratación de personal emparentado, y aseguró que tienen temor de que esta práctica se incremente con la Junta Directiva que asumirá en el 2017, debido “a las negociaciones oscuras que se dieron para integrarla”.

Luis Contreras, segundo secretario y encargado del análisis de los tarjetones, explicó que se autorizaron por solicitud de los diputados, como indica la Ley.

“Algunos diputados necesitan que su personal salga periódicamente a efectuar comisiones fuera de la capital”, justificó.
Según los directivos, no se han autorizado más de dos trabajadores por diputado; sin embargo, en el listado que obtuvo Prensa Libre se evidencia que hay hasta tres.

En ley

Felipe Alejos, segundo vicepresidente, aseguró que en las reformas a la Ley de Servicio Civil se permite el uso de los tarjetones cuando el puesto lo amerita, pero el mecanismo lo autorizará la Junta Directiva bajo la responsabilidad del diputado que lo solicite. Además indicó que él prefiere no utilizar dicha práctica.

Solución

Para Marvin Flores, de Acción Ciudadana, en lugar de tarjetones deberían  existir los informes por resultados para las personas que trabajan en el Congreso. Esa  situación  permitiría incluso a la Contraloría General de Cuentas efectuar un mejor trabajo de fiscalización de dichas plazas.

Wosbeli Pereida, uno de los participantes, indicó que se hicieron presentes la mayoría de organizaciones campesinas, con el fin de fortalecer la lucha contra las irregularidades  del el gobierno central.

En Escuintla, la marcha recorrió las principales calles y avenidas de la cabecera y los participantes lanzaron consignas contra las violaciones de los derechos de los trabajadores.

Oscar Chávez, presidente de la Coordinadora de Organizaciones Sindicales y Populares de Escuintla, dijo que rechazan las medidas labores y atropellos de que son objeto la clase trabajadora en ese departamento  y a nivel nacional.

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En Coatepeque, Quetzaltenango, un grupo de empleados de una fábrica de bebidas gaseosas también efectuó una marcha para exigir que se respeten los derechos laborales.

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Video publicado en 2009 por Prensa Libre

https://www.youtube.com/watch?v=akRMdAd09_w

Con información de: R. Miranda / M. Sandoval / A. Coyoy

Una de las caminatas con más afluencia de personas salió de la avenida Bolivar, frente a la Comisaría 11, en la zona 8, a la que se unieron decenas de conductores de taxi y buses con sus unidades.

A esa también se unieron estudiantes de la Universidad de San Carlos, miembros de distintas facultades y escuelas.

El presidente de la Central de Trabajadores de Guatemala (CGTG), José Pinzón, explicó que una de las principales consignas es defender los pactos colectivos.

“Hay una criminalización a los pactos colectivos, y estos son logros de los trabajadores que se fundamentan en el respeto a los derechos laborales. Es cierto que hay abusos con algunos compromisos, pero no es en todos los convenios ratificados”, refirió.

Pinzón señaló que luego de los casos de corrupción que se descubrieron el año pasado, los pactos colectivos fueron objeto de “deslegitimación”, debido a los hallazgos con empleados del Congreso de la República.

En la marcha por la Revolución exigen al Ministerio Público y Gobierno, continuar con las investigaciones y protección de ríos por las desviaciones que han hecho empresas privadas al sur del país.

Otros grupos han salido de la zona 5, en el Monumento al Trabajo, donde caminan con rumbo al Centro Cívico e Histórico, para terminar en el Parque Central.

Manifestación para conmemorar la Revolución del 44 está frente a las instalaciones del @IGSSGT pic.twitter.com/Ap29m92C3K

— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) 20 de octubre de 2016

Rinden homenaje

La Unión de Acción Sindical y Popular llegó a la Plaza de la Revolución en la zona 7, para rendir un homenaje a los mártires de la lucha revolucionaria.

Los sindicalistas colocaron arreglos florales en la plaza ubicada en la calzada Revolución. En sus discursos denunciaron la corrupción que “domina” a las instituciones estatales.

*Video publicado en 2009 por Prensa Libre 

Cancelan marcha

El temporal que afectó al país el año pasado obligó a la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG) a cancelar la marcha que conmemoraba 71 años de la Revolución del 20 de octubre de 1944.

Además de la conmemoración de dos décadas de la repatriación de los restos de Jacobo Árbenz.

El presidente de la CGTG, José Pinzón, dijo a Prensa Libre que la constante lluvia que podría continuar hasta 72 horas los obligó suspender la actividad, la lluvia hizo imposible que grupos afines a la Central de Trabajadores viajaran desde la provincia.

La parte empleadora no presentó propuesta.

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Para el lunes entrante se programó el cierre de la mesa no agrícola, en la cual se prevé se presente la misma cantidad.

El salario vigente es de Q81.87 diarios para agrícolas y no agrícolas, y de Q74.89 para la maquila.

Justificación

Rigoberto Dueñas, representante de los sindicatos ante la CNS, informó que la propuesta obedece al incremento observado en el costo de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) y al ritmo de inflación —alza generalizada de precios en la economía— durante el 2016.

“Los precios siguen aumentando y los salarios se mantienen igual”, indicó.

Dueñas dijo que esperan lograr acuerdos con la parte patronal cuando llegue la discusión final en el seno de la CNS.

Decisión presidencial

Aura Teleguario, ministra de Trabajo, expresó su esperanza en que las partes alcancen consensos.

“Como ministerio deseamos que ambos sectores logren acordar entre sí. El gobierno solo es un facilitador del diálogo”, afirmó la funcionaria luego de una reunión en el Palacio Nacional de la Cultura.

La ley indica que si no hay acuerdos en la CNS, la decisión recae en el presidente Jimmy Morales, quien tiene hasta el 31 de diciembre para fijar su postura.

El 65.1% de los asalariados —3.9 millones de personas de un total de 6.12 millones— no recibe el pago del bono 14, según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (Enei).

Es decir, que uno de cada dos trabajadores, seguramente no gozará de ese beneficio.

De acuerdo con esta medición, en el país se reportan 6.12 millones de personas como ocupadas y que se califican como asalariadas.

Los datos de la encuesta, realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), corresponde al primer semestre del 2015, pero no fue divulgada sino en mayo último.

En el área rural del país, refiere la Enei, solo dos de cada 10 empleados obtiene ese bono, mientras que en el área urbana metropolitana, seis de cada 10 asalariados lo reciben.

Las cifras coinciden con el comportamiento de otras condiciones laborales precarias, ya que en esa misma medición se indica que el 63.2% de los asalariados no tiene contrato de trabajo y el 75.6% no son afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

El comportamiento respecto del pago de aguinaldo es similar, ya que el 64.9% no recibe dicha prestación.

La Enei añade que el 67.9% de las personas trabajan en el sector informal. La cantidad en este segmento pasó de 4.04 millones en el 2014 a 4.16 millones en el 2015.

Plazo para pago

El pago del bono 14 está establecido en el decreto 42-92, Ley de bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, y deberá pagarse durante la primera quincena del mes de julio de cada año.

Se trata de una prestación laboral independiente del aguinaldo que es igual al 100% del salario o sueldo ordinario mensual del trabajador.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social refiere que un trabajador tiene derecho a este pago “siempre que hubiere laborado al servicio del empleador durante un año ininterrumpido y anterior a la fecha de pago”.

Si el plazo fuera menor de un año, la prestación será proporcional al tiempo laborado.

También debe pagarse al trabajador en forma proporcional en su liquidación, del tiempo corrido entre el 1 de julio y la fecha de fin de labores.

Bajar informalidad

Pedro Prado, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), refirió que es necesario impulsar incentivos que permitan dejar la informalidad por medio de políticas públicas que incluyan crecimiento económico, generación de empleo y inversión en infraestructura productiva que pueda contribuir al entorno económico.

Sin embargo, mencionó que la infraestructura productiva está estancada, por lo que calificó de importante la aprobación de leyes de competencia y de desarrollo rural.

Los afectados señalaron que la Municipalidad está emplazada, por lo que la medida es ilegal, además Ambrosio Ramírez se mantiene al frente de la comuna, a pesar que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anuló su inscripción.

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Nicolás Esteban Alberto, uno de los afectados, señaló que el alcalde se valió de sus simpatizantes para sacarlos por la fuerza.

“Conforme salíamos nos pateaban y golpeaban, incluso mi compañera Rosa Bravo García, pese a tener tres meses de embarazo, fue agredida y terminó en el hospital”, detalló.

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Para Alberto, todo se debe a rivalidad política, pues el alcalde quiere poner a sus allegados y por eso necesita los cargos de la comuna.

“Fue el mismo alcalde quien lideró la revuelta con el argumento que es el jefe y se hace lo que a él se le dé la gana”, denunció Alberto, quien recordó que hay una resolución del TSE, en la cual al funcionario le fue retirado el cargo por ser contratista del Estado.

“Se ha solicitado audiencias con el Concejo para saber qué es lo que quieren, sin embargo, no hemos obtenido respuesta, por el contrario, fuimos expulsados de nuestro lugar de trabajo”, refirió un trabajador.

Mariana Ramírez, otra trabajadora, señala que al observar como agredían a sus compañeros ella fue retenida en el interior de su oficina en el segundo nivel del edificio, asevera que la destitución es injusta.

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Debido a estas acciones, los 24 afectados presentaron una denuncia en el Ministerio Público, la Inspectoría General de Trabajo y la Procuraduría de los Derechos Humanos, además señalan que hay manipulación por parte del jefe edil, pues brinda falsa información a la población y se mantiene tomado el ayuntamiento para evitarles la entrada a su lugar de trabajo.

Vayron Herrera, delegado departamental de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos afirmó que el conflicto es tenso por lo que ellos han tratado de entablar un proceso de diálogo con las partes involucradas, sin embargo, no han tenido respuesta.

El alcalde argumentó que los despidos no los decide él, sino  los Cocodes y los alcaldes auxiliares. Además, el edificio municipal lo tienen tomado particulares y que él tiene varios días de no presentarse, debido a que no puede ingresar.

Un trabajador en de Tyson Foods dijo en el reporte que muchos empleados en su planta en Carolina del Norte “se han orinado en los pantalones”.       

Simmons respondió que las acusaciones son “preocupantes” y que no tolera prácticas como la de negarle a sus trabajadores ir al baño .

Tyson dijo que le preocupan los señalamientos, pero que en estos momentos no tiene “evidencia alguna de que sean ciertas”.      

El National Chicken Council  (Consejo Nacional del Pollo) dijo creer que “esas instancias son extremamente raras”.   

Con el decreto sobre salarios se confirma el anuncio hecho hace unos días de una subida del 6% en el sueldo básico de los trabajadores de salud, maestros, policías y militares y se fija ese porcentaje como base para el aumento en el sector privado.

Al mismo tiempo, el mandatario decretó que no se aplique aumento alguno en su salario, ni en el de otras autoridades o funcionarios del Estado que ganen por encima de los US$ 2 mil 155 dólares.

Asimismo, anuló una norma del 2012 que prohibía el uso de explosivos en las manifestaciones argumentando que se respetará el derecho a la protesta y la libertad de expresión de los sindicatos.

La prohibición estuvo vigente desde el 2012 cuando un enfrentamiento con explosivos en el centro de La Paz entre grupos rivales de mineros causó una muerte, pero ese sector siempre reclamó que usar dinamita en protestas era parte de su tradición sindical.

En su discurso, el mandatario reiteró que la nacionalización petrolera decidida en 2006 permitió que el Estado obtenga durante una década US$ 31 mil 500 millones, mientras que en los 20 años previos esa cifra sumó un ingreso de US$ 5 mil 400 millones.

No obstante, también ratificó que la baja del precio de petróleo, al que está indexado el coste del gas natural que exporta Bolivia, supone un problema económico, aunque no cree que cause una crisis.

“Este precio del petróleo nos afecta y con eso decirles con mucha sinceridad que dentro de las políticas de austeridad hemos decidido que para las autoridades que ganamos más de 15 mil bolivianos habrá incremento salarial por este año”, sostuvo.

También dijo que los diferentes bonos pagados a sectores sociales y las rentas que cubre el Estado están “blindados” para este año, pero no se beneficiarán con un incremento, aunque tampoco bajarán.

Los bonos significan una ayuda a los mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y los niños que asisten a escuelas estatales.

Desde hace más de un mes hay una movilización de personas con discapacidad para exigir un bono igual a US$72 mensuales, que el Gobierno ha rechazado por razones presupuestarias.

Morales sostuvo que su obligación es cuidar la economía de todos los sectores, garantizar la inversión privada nacional y la extranjera, buscar nuevos capitales, proteger el mercado interno, combatir el contrabando e impulsar proyectos energéticos.

También dijo que el 1 de Mayo en Bolivia es sinónimo de nacionalización porque en esa fecha varias empresas pasaron a manos del Estado, pero reconoció que hoy “tenemos poco para nacionalizar”.

Desde el 2006, el mandatario ha nacionalizado una veintena de empresas de diversos sectores estratégicos lo cual ha permitido al Estado tomar el control de más de un tercio de la economía del país.

En la mañana del 24 de abril de 2013 un complejo de nueve plantas con talleres que producían para varias firmas multinacionales, conocido como Rana Plaza, se derrumbó en las afueras de Dacca causando la muerte a más de 1.130 trabajadores y heridas a unos 2.500.

El derrumbe puso una lupa gigante sobre el sector más boyante de Bangladesh, que en el curso fiscal 2014-15 generó US$25 mil 500 millones en exportaciones, el 81% del total, y dio lugar a un periodo de ímpetu reformista entre los principales actores de la industria.

No obstante, el vicepresidente de la mayor patronal textil  (BGMEA) , Faruque Hasan, admitió que tres años después el número de fábricas que cumplen con los requisitos es “limitado”, aunque aseguró no estar “preocupado”  pues “las cosas están cambiando a pesar del desafío” .

A finales de 2015 se completaron inspecciones en las casi 3 mil 500 fábricas exportadoras del país.

Pero solo 26 talleres han superado satisfactoriamente las reformas de seguridad aprobadas en planes de viabilidad, según los informes más recientes de Alliance y Accord, entes supervisores que engloban respectivamente a aquellas fábricas que producen para marcas norteamericanas y europeas.

Hasan argumentó que los empresarios se están topando con problemas para acceder a créditos blandos para costear arreglos en los ámbitos de seguridad estructural, eléctrica y antiincendios, que oscilan entre cinco y 50 millones de takas  (entre US$63 mil 700 y US$637.mil).

El responsable de la BGMEA refutó las alegaciones, pero no escondió fricciones entre el empresariado local y los responsables de las grandes firmas de ropa para fijar los precios en un mercado cada vez más competitivo en el que están irrumpiendo países emergentes del Sudeste Asiático e incluso frica.

“Los precios han bajado en los últimos quince años”, lamentó aludiendo a factores como la fortaleza de la moneda nacional  (taka) frente a divisas internacionales con que se compra el producto bangladesí.

En privado, los compradores extranjeros señalan que es responsabilidad única de los propietarios convertir sus fábricas en espacios seguros y éstos, por su parte, se quejan de que la omnipresente amenaza de deslocalización les obligue a reducir costes por todos lados y reclaman un precio más justo por la ropa.

El reloj avanza y 2018, fecha que los actores occidentales contemplaban como final para la hoja de ruta, está prácticamente descartada en el sector.

“Algunas factorías necesitarán reubicarse, otras están teniendo problemas de financiación. Han comenzado las tareas de remedio y carecen de liquidez”, subrayó Hasan.

En medio de esta disputa y ante el temor a la proliferación de reivindicaciones aparece un gran afectado: el trabajador, según sintetizó Alonzo Glenn Suson, director en Bangladesh del Centro de Solidaridad, ONG defensora de los derechos de los obreros.

“Queda mucho por hacer. Hace falta verdadera voluntad política por parte del Gobierno”, subrayó, para añadir que en 2015 se invirtió la tendencia de creación de sindicatos.

Según Edwin Escobar, presidente de la Anam, de los 37 mil 549 empleados municipales registrados, unos 27 mil sí son atendidos por el IGSS; pero ninguno está sujeto a los beneficios de jubilaciones, debido a los retrasos en el pago.

“Prácticamente el problema son los adultos mayores, quienes se han visto afectados al momento de jubilarse”, afirmó Escobar al finalizar una citación con la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso.

La deuda se ha generado debido a que alcaldes, en diferentes períodos, se han negado a pagar la cuota patronal que les corresponde. Por la deuda, 240 municipalidades enfrentan procesos legales.

Escobar explicó a los diputados de la referida comisión que algunas comunas han intentado pagar la deuda; pero además de ser millonaria, los costos administrativos han generado que esta se duplique, lo que ha hecho imposible la cancelación, y ello a la larga afecta a los trabajadores.

Exoneración

Para solucionar el problema, la Anam propone que se exoneren multas, moras y recargos.

El presidente de la Junta Directiva del IGSS, Carlos Contreras, explicó que están anuentes a la exoneración; pero se buscan los mecanismos legales para lograrlo, debido a que muchos casos están en los juzgados.

Según Contreras, ya tienen dictámenes jurídicos de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y del Ejecutivo, que establecen que como entidad autónoma pueden autorizar la exoneración, pero están por solicitar la opinión de la Contraloría General de Cuentas (CGC), para evitar reparos.

Como parte de la exoneración de multas, el IGSS propone que el resto de la deuda por cuotas patronales atrasadas se pueda cancelar en cinco años —60 meses—, con la que están de acuerdo los jefes ediles.

“En la actualidad, solo se pueden autorizar cuotas de seis meses; pero para facilitar el pago se debe modificar una resolución de la Directiva que ampliaría el pazo a 60 meses”, explicó Contreras.

“El presidente —Jimmy Morales— es el único que tiene la capacidad de sacar casos jurídicos de los juzgados; dependerá de él”, comentó Escobar.

Acuerdos

Para buscar una solución legal y en consenso, el próximo 20 de abril, la Comisión se reunirá con representantes de la PGN, del Ejecutivo, de la CGC, de la Anam y del Ministerio de Finanzas Púbicas, para adelantar un acuerdo que permita la exoneración de multas, con el fin de tener resultados a más tardar el 4 de mayo.

El Ejecutivo del primer ministro, David Cameron, se ha comprometido a incrementar hasta 9 libras la hora (€11.3) el salario mínimo interprofesional para el año 2020, lo que se prevé que afecte positivamente a unos 9 millones de trabajadores, principalmente de fuera de Londres.

El portavoz de Empleo de la oposición laborista, Owen Smith, criticó la “cruel maniobra” de los conservadores, que “introducen su versión del sueldo mínimo con una mano mientras con la otra recortan cinco veces más” las ayudas sociales.

Por su parte, la secretaria general de la confederación sindical TUC, Frances O'Grady, saludó la nueva cifra porque “el Reino Unido necesita desesperadamente un aumento de sueldo”, pero consideró “injusto” que no se aplique a los menores de 25 años.

Un portavoz de la patronal empresarial CBI, Josh Hardie, recordó que “cualquier aumento sostenible de los salarios debe ir ligado al incremento de la productividad” y advirtió de que el nuevo sueldo mínimo puede estar fuera del alcance de las pequeñas empresas.

Adam Marshall, de la asociación de las Cámaras de Comercio Británicas, lamentó el coste añadido que el incremento salarial supondrá para las compañías y avisó de que algunas “simplemente tendrán que dejar de contratar”.

Al margen del salario mínimo oficial, que se ha introducido al inicio del nuevo año fiscal (de abril a abril), unas 2 mil 300 empresas británicas aplican ya un sueldo mínimo voluntario superior, de 9.40 libras (€11.84 euros) la hora en Londres y 8.25 libras (€10.4) en el resto del país.

Los poblados incluso exigen que sean los patrones lo que sean castigados por no pagar.

El incidente ocurrido en Langzhong, en la provincia de Sichuan, subraya los temores de que el sistema chino no protege los derechos de los trabajadores ante empleadores que gozan de vínculos políticos, y ante un gobierno obsesionado con la estabilidad y el orden público, y temeroso de cualquier indicio de protesta.

“¿Dónde está la dignidad de la ley? ¿Dónde está la conciencia?” se preguntó Sima Nan, un estudioso e investigador social conocido por su férrea defensa del sistema político chino.

La falta de paga a los trabajadores es un problema grave entre los obreros chinos, especialmente los migrantes que trabajaban informalmente en la industria de la construcción.

Se supone que hay que pagarles antes de que viajen a sus ciudades de origen el mes antes del feriado para el Año Lunar, pero muchas empresas no lo hacen.

A pesar de las exigencias del gobierno central en Beijing de que se les pague completamente y a tiempo a los obreros, el problema perdura, en parte porque a las autoridades locales no les importa, o son cómplices de los empleadores.
La respuesta inicial a cualquier protesta es la represión, en vez de hallar la raíz del conflicto, y usualmente emplean leyes poco conocidas contra la obstrucción de vías o alteración del orden público.

Confirman cierre

Alejandro Ceballos, director de la Comisión de Vestuario y Textiles (Vestex), quien confirmó el cierre de la empresa, que es de origen coreano y tiene un tamaño mediano con unos 600 empleados.
“En estos momentos los propietarios están negociando con los empleados y el ministerio de Economía el pago de salarios y prestaciones”, afirmó el representante de Vestex.
Según Ceballos, esto crea más incertidumbre porque ya se venció el plazo de la Organización Mundial del Comercio para restar beneficios fiscales a actividades de maquila, y el Congreso no ha aprobado aún la iniciativa de ley 5007, Ley Emergente para la Inversión y el Empleo.
“Como sector estamos a la espera que el nuevo Congreso avance en la aprobación de la Ley”, añadió el industrial.

Saquean maquila

En octubre de 2015 se registró el último incedente en el sector textil,  más de 800 trabajadores de la maquiladora Alameda, en la zona 7 de Mixco, decidieron entrar por la fuerza al inmueble y llevarse maquinaria y materia prima de la empresa que supuestamente les adeuda su pasivo laboral.
Según los inconformes, la empresa tenía 1 mil 300 trabajadores y algunos de ellos con 14 años de trabajar para la maquiladora.
Semanas antes aparentemente por problemas económicos, la empresa comenzó a despedir personal sin pagarle su pasivo. La semana última, quedaron 800 colaboradores y el pasado domingo estos decidieron pasar la noche cerca de la empresa en prevención de que también los despidieran sin pagarles.

En base a los salarios mínimos actuales se establece que para las actividades agrícolas y no agrícolas hubo un aumento de Q3.15 diarios, que representa en 4 por ciento, y para la industria de maquila e industria exportadora el aumento es de Q2.53, que significa el 3.5 por ciento.

Con el incremento al salario de las actividades agrícolas y no agrícolas, los trabajadores recibirán Q2 mil 747.21, que incluye la bonificación de ley de Q250, mientras que  los trabajadores de maquila y de exportación recibirán Q2 mil 534.14 incluida la bonificación.

Acuerdo Gubernativo que fija los salarios mínimos para 2016 es publicado en el Diario de Centro América. pic.twitter.com/ZcLDmplJrB

— Carlos Álvarez (@calvarez_pl) December 30, 2015

Según el artículo 10 del Acuerdo, las nuevas disposiciones empezarán a regir a partir del 1 de enero de 2016.

Antecedentes

La Comisión Nacional de Salario (CNS) trasladó la semana pasada a la Presidencia el expediente para que decida el incremento del salario mínimo, el cual tiene que ser anunciado antes del 31 de diciembre.

Luego que los representantes de los empleadores y sindicalistas no se pusieran de acuerdo sobre el incremento del salario mínimo en el 2016, será el Ejecutivo el que debe tomar la decisión.

Para 2015 el aumento salarial fue de 5%, con base en un estudio técnico que tomó en cuenta el incremento de la inflación en la economía guatemalteca.

La Organización Internacional del Trabajo creó una fórmula que toma en consideración inflación proyectada, crecimiento económico y crecimiento poblacional, para obtener un indicador que permita tomar una decisión acertada.

El salario que estará vigente hasta el día jueves 31 de diciembre es de Q78.72 diarios para el campo y la ciudad, y Q72.36 para la maquila y actividades de exportación.

El sector sindicalista propuso un incremento de hasta Q125 diarios, mientras que el sector empleador pidió que no se movieran las cifras.

“Este tipo de puestos aumenta en un 40%, es decir, los llamados vacacionistas, que son jóvenes, mujeres y caballeros de entre 15 y 18 años. Más grandes, ya no son aptos”, manifestó María del Carmen Aguilar, representante de Centravig.

“Los locales ponen una cuota fija y les dan comisión sobre ventas, es un apoyo disfrazado, para los que venden, pero en realidad, es una explotación”, aseguró la trabajadora.

Aguilar explica que aparte están las personas que invierten cierto capital para comprar mercadería y luego venderla de manera ambulante.

ventas en redes

Claudia García, analista económica de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), comentó del auge que están cobrando las ventas por medio de las redes sociales.

“El vendedor busca llegar al consumidor y lo estudia para ofrecerle productos atractivos”, explicó la analista.

El portavoz de la Policía Nacional Civil  (PNC) , Jorge Aguilar, explicó que Hernández está acusado de “falsificación de documentos privados y peculado por sustracción” .

Aguilar García está sindicado de los delitos de “incumplimiento de deberes y peculado culposo” , añadió.

Trabajadores del MP son aprehendidos por sustracción de dinero – https://t.co/I10HhOPFio pic.twitter.com/iAjsKUNf0X

— MP de Guatemala (@MPguatemala) October 16, 2015

Ambos fueron capturados en las instalaciones de la Fiscalía Municipal del Ministerio Público  (MP) de Amatitlán y fueron puestos a disposición judicial.

Según el MP, Hernández era “mensajero”  y Aguilar García “asistente financiero” .

Por el momento, las autoridades no especificaron los hechos por los que les acusa de dichos delitos.

Otros casos

En agosto de este año fue detenido José Isabel Maldonado Castillo por el delito de obstrucción a la justicia, esto porque la investigación determinó que en 2011 desestimó parcialmente una denuncia presentada contra Francisco Morales Guerra, alias Chico Dólar.

Maldonado Castillo fue detenido en la sede central del MP en el barrio Gerona, zona 1. Las pesquisas habían establecido que Maldonado Castillo no había profundizado en algunas diligencias para beneficiar así a Morales Guerra.

El mismo mes se reportó la detención de Edmundo Jiménez Crisóstomo, auxiliar fiscal en la Fiscalía de San Marcos, señalado del delito de cohecho pasivo porque supuestamente junto a un técnico de la Dirección de Investigación Criminalística habrían obstruído una investigación por femicidio y violación de una mujer menor de edad.

También se reportó en agosto de este año la detención de Víctor Leonel Orellana, ex auxiliar fiscal de la Unidad contra el Robo de Vehículos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, esto por supuestamente querer tomar ventaja de su cargo e interferir en un caso penal contra su primo, acusado de violación.

Diputados y analistas coinciden en que el Congreso enfrenta un grave problema respecto del gasto de personal, debido a que el Pacto Colectivo firmado con el sindicato mayoritario ordena un incremento anual del 10 por ciento para los trabajadores en relación de dependencia.

De enero a agosto del 2015, se ejecutaron Q419.3 millones. El año pasado, en el mismo período, habían sido Q348.9 millones.

Solo alimentos

En el reporte del segundo cuatrimestre —mayo a agosto— se refleja que solo en alimentos para personal y de diputados durante las sesiones plenarias y de jefes de bloques el Legislativo erogó Q2.3 millones.

Otro pago que llama la atención es el de Q 31 mil 500 en alimentación para la celebración del Día de la Secretaria, el cual se efectuó en el club La Aurora, zona 13.

También se adquirieron 24 pares de zapatos de futbol y 45 pares de tenis solicitados por Sintracor, que tuvieron un costo de Q55 mil 200.

En el informe se registra la adquisición de dos estetoscopios o aparatos para escuchar los sonidos del corazón a Q1 mil 980. Se le suman Q13 mil 200 por azúcar de dieta, Q5 mil 276.7 en tazas de porcelana y Q7 mil 439 en lavado y planchado de los uniformes de los ujieres que atienden a los diputados.

En el segundo cuatrimestre se pagaron Q494 mil 313.50 en agua purificada, que se adquirió a Distribuidora Jalapeña, la cual según Guatecompras desde el 2006 ha recibido contratos del Estado por Q27.9 millones.

El análisis de este tema lo podrá escuchar en voz de expertos este viernes 8 de octubre a partir de las 15.30 horas en el programa Diálogo Libre.

Seis murieron en el lugar y dos fueron trasladados al estatal Hospital Escuela pero fallecieron en el trayecto, según la Policía.

Honduras presenta uno de los niveles más altos de homicidios el mundo, de 68 por cada 100 mil habitantes, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional.

El pasado 30 de septiembre cuatro personas fueron bajadas de un vehículo y asesinadas a balazos en la periferia de la capital y los cuerpos de otros cuatro jóvenes fueron hallados en un paraje solitario en San Pedro Sula, la segunda ciudad del país, 240 kilómetros al norte de la capital.

Asesinan a tiros a ocho hombres en un taller mecánico en #Honduras

— ACAN-EFE (@ACAN_EFE) October 9, 2015

Masacre: ocho muertos deja balacera en taller de mecánica en barrio El Sitio #Tegucigalpa pic.twitter.com/8HYzfbQf68

— Rony Ortiz (@RonyOAM2) October 9, 2015

Cotto indicó que muchas de las personas que murieron asesinadas estaban “relacionadas con estructuras criminales”  como las pandillas, aunque no precisó datos.

Entre enero y septiembre, el saldo es de unos 18 homicidios diarios en el país, superando los 17 homicidios que en promedio ocurrían en la época de la guerra civil  (1980-1992) .

De acuerdo con el subdirector de la Policía, las pandillas siguen siendo las principales responsables de las muertes.

Recientemente, el ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara, aseguró que el Gobierno salvadoreño mantendrá sus planes represivos contra las violentas pandillas, calificadas por el Estado como agrupaciones terroristas.

Las pandillas cuentan con unos 72 mil miembros, 13 mil de ellos en prisión.

Para apoyar a la Policía en tareas de seguridad pública, la Fuerza Armada aporta unos 7 mil 000 soldados que realizan patrullajes a pie en zonas de alta incidencia delincuencial, tanto en la capital, San Salvador, como en ciudades ciudades del interior del país.

Matan a cuatro empleados del transporte

Cuatro empleados del transporte público de El Salvador fueron asesinados la madrugada de este lunes por pandilleros encapuchados en la periferia norte de la capital, informaron las autoridades.

La Policía identificó a las víctimas como el conductor Manuel Juárez (29) y su sobrino Fernando Juárez (19) , que trabajaba como cobrador, además de los hermanos David Eleazar  (25) y David Isaac González Durán  (22), ambos conductores.

El múltiple crimen ocurrió en una vivienda en la comunidad San Roque del municipio de Mejicanos, en la periferia de San Salvador, cuando los pandilleros vestidos de policías simularon un operativo para su detención.

Las víctimas, supuestamente ligados a la pandilla Mara Salvatrucha  (MS-13) , fueron atacados con almádenas y machetes por miembros de la banda rival Barrio-18, según la Policía.

El crimen conmocionó a los empleados de la ruta de autobuses urbanos 33B, que se declararon en paro de labores para demandar mayor seguridad en esa zona capitalina, atormentada por la batalla entre pandillas.

Violencia

El Salvador sufre un repunte de la violencia, que en agosto dejó 911 homicidios y en septiembre 677.

[En Desarrollo] #ElSalvador | Cuádruple homicidio en Cantón San Roque de Mejicanos.

— Diario El Mundo (@ElMundoSV) October 5, 2015

Una buena parte de esos homicidios son atribuidos a las batallas por el control de territorios, en los que las pandillas extorsionan y venden droga.

Las autoridades estiman que las pandillas cuentan con unos 72 mil miembros, 13 mil de los cuales están en prisión.

Larios, junto a Víctor Alberto Ovando, representante de los extrabajadores, informó que el monto original era de Q6.2 millones en 1991, tras lo que hubo un abono, por lo que el nuevo monto se estableció en Q4.2 millones.

Una sentencia de lo Contencioso Administrativo ordenó al Estado de Guatemala pagar el capital y los intereses desde el 23 de abril de 1997 en adelante. Basados en ello, los extrabajadores presentaron en el Juzgado Primero de Primera Instancia Civil una liquidación que incluye capital e intereses, que al 30 de junio del 2008 ascendía a Q12 millones 55 mil 923.50, cifra que aprobó dicha sala.

Los otros siete años de intereses —del 2008 al 2015— no han sido reclamados, explicaron. El monto podría subir Q3 millones si se toma en cuenta que corren intereses entre Q400 y Q500 por cada día de atraso.

Después de años de litigio y numerosos recursos legales utilizados para evitar el pago, el 9 de julio pasado, un tribunal ordenó al Ministerio de Finanzas cumplir con el pago, para lo cual se le fijaron 10 días.

A la fecha no se ha hecho el pago, pero se convocó a los extrabajadores a llenar un formulario, dijo Ovando. Agregó que se les informó que la orden de pago está en el despacho del viceministro Edwin Martínez.

Se solicitó la versión del Minfin. Sin embargo, al cierre de la edición, no había respondido.

Un total de 85 personas laboraron en Pan American, de las cuales 21 ya fallecieron.

Se agrega que el Estado de Guatemala intervino la empresa y encontró activos en caja y también vendió equipo a Aviateca. Además, el interventor solicitó al Estado la devolución de un crédito fiscal a favor de la empresa por pagos de impuestos efectuados en exceso (retenciones de ISR) por más de Q6 millones.

Pese a un convenio de 1992, el Estado no lo honró, “apropiándose del dinero del crédito fiscal que tenía un destino específico para el pago de las indemnizaciones de los trabajadores”, se denunció ayer.

El costo

Los bonos los recibirán el personal permanente contratado bajo el renglón 011, que según el portal de la Dirección de Migración, esa planilla está integrada por 316 trabajadores.
Es decir que por el “Bono por Transporte” la DGM deberá erogar unos Q94 mil 800 mensuales, y como tiene carácter retroactivo al 1 de enero de 2014, el monto que deberá pagar a los trabajadores podría llegar a Q1.8 millones por los 19 meses.
Para justificar el “Bono Familiar”, el acuerdo hace constar que éste es para “compensar el desgaste económico producido por el alto costo de la vida y el desarrollo de las actividades laborales dentro y fuera de la DGM”.
El beneficio será escalonado dependiendo la labor que se desempeñe y corresponde a un pago mensual de Q1 mil 200 para los trabajadores operativos, que según datos obtenidos en el sitio web de Migración suman 13, por lo que se erogaría al mes Q15 mil 600; los oficinistas (96 empleados) recibirán mensual Q1 mil 350, en un mes suma Q129 mil 600.
En el caso de los técnicos, 193 empleados, recibirán un aporte mensual de Q1 mil 500 que significaría para migración una erogación de Q289 mil 500; los técnicos profesionales, 13 empleados, recibirán Q1 mil 650, este bono suma al mes Q21 mil 450 y solo se reporta un empleado ejecutivo que obtendría un bono familiar de Q1 mil 800.
El “Bono Trabajo” también es escalonado, depende del tiempo de contratación del empleado. El que tenga más de ocho años recibirá Q2 mil 500 mensuales; si tiene cuatro años Q2 mil; dos años Q1 mil 500 y siete meses Q1 mil.
Prensa Libre buscó la opinión del secretario General del Sindicato de Trabajadores de Migración, Rodolfo Quiñónez, pero indicaron que estaba en una asamblea sindical y que devolvería la llamada.
Según el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) del Ministerio de Finanzas Públicas para el pago de salarios, bonos y beneficios para personal permanente la DGM tiene asignados Q34 millones 745 mil 600, esto no incluye bono 14, aguinaldo, ni bono vacacional.

Esta es la tercera vez que a Martinelli, que asumió el Gobierno en 2009 y lo dejará el próximo junio, le ha tocado fijar el salario mínimo, con incrementos por arriba de los US$100, luego de que los trabajadores y los empresarios no llegaran a un acuerdo la una comisión que se establece cada dos años para negociar el ajuste.

Martinelli dijo que su Gobierno ha establecido los mayores incrementos al salario mínimo en la historia del país, y que la nueva alza busca mejorar la calidad de vida y el poder adquisitivo de todos los panameños.

“Este aumento salarial es justo”, esta es la “verdadera forma de hacer justicia social”  y de lograr una “verdadera redistribución del ingreso”, recalcó Martinelli.

El mandatario respondió a las versiones de que el ajuste salarial traerá alzas desmedidas de los precios, y afirmó que esos augurios “siempre”  se dan pero “nunca”  se han cumplido, aunque volvió a instó a los empresarios a no cometer “abusos”.

El incremento “beneficiará aproximadamente a 270 mil panameños y panameñas”, de acuerdo a la información oficial.

El aumento del 13% se aplicará para la región 2, donde se concentran las pequeñas empresas y en la que están segmentados 18 distritos de las provincias de Panamá, Coclé, Los Santos y Chiriquí, mientras para la región 1 será de un 27%, en distritos ubicados en las provincias de Panamá, Colón, Chiriquí, Santiago, Herrera, Coclé y Bocas del Toro.

El primer sector en reaccionar ha sido la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá  (CCIAP), que tildó de perjudicial el nivel del aumento, especialmente para las pequeñas empresas, y opinó que su cálculo “presenta vicios de ser una decisión político-partidista propia de esta época electoral” .

En un comunicado suscrito por su presidente, José Luis Ford, la Cámara argumentó que el sector empresarial propuso en la fallida mesa de negociaciones un ajuste de entre “el 5% y el 10%, basándose en estudios técnicos y considerando que las empresas más pequeñas, motores importantes de la economía local, no pueden costear aumentos superiores a los propuestos” .

“Cualquier aumento representa una carga social para las empresas del 44%, incrementando así sus costos operativos y, consecuentemente, presenta un efecto inflacionario en los costos de productos y servicios ofrecidos”, indicó el comunicado de la cúpula empresarial.

Ford destacó además que la economía panameña ha entrado en un ciclo de desaceleración de su ritmo de crecimiento, que este año rondará el 8.5% según los cálculos oficiales, por debajo del expansión del 10.6% del 2012.

Por su parte, Rafael Chavarría, un dirigente del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados  (Conato) , consideró insuficiente el ajuste, que ese sector había pedido fuera de al menos un 50%.

“Es mentira que Panamá tiene el mejor salario mínimo de la región, porque el poder adquisitivo que tenemos es mucho menor”, dijo Chavarría a medios locales.