Masacre familiar en Tabasco: hombre asesina a cuatro parientes y secuestra a siete niños

Un hombre recién liberado de prisión desató una tragedia en Centla, Tabasco, al matar a cuatro familiares y secuestrar a siete menores, en un aparente acto de venganza.

Oscar Vásquez

10 de septiembre de 2025

|

21:10h

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El sujeto, identificado como Narciso Reyes Jiménez, alias el Chicho, ultimó a cuatro de sus parientes y secuestró a siete niños, entre ellos sus propios hijos y sobrinos. Había salido de prisión hace tres meses, donde cumplía condena por un ataque previo contra su suegro.

El violento hecho ocurrió el pasado fin de semana, cuando el agresor ingresó a la vivienda de sus familiares y, según reportes oficiales, utilizó una escopeta para asesinar a Jesús Ramírez Vasconcelos, de 49 años, y a José Fernández, 46, sus suegros. También atacó a otros dos hombres, José del Carmen López y Jesús García Vasconcelos, aparentemente con un machete.

Tras cometer los homicidios huyó con siete menores: cuatro de sus hijos y tres sobrinos. Las autoridades activaron un operativo que culminó este lunes 10 de septiembre con su captura y el rescate de los niños, uno de los cuales presentaba signos de deshidratación. Todos quedaron bajo resguardo de instituciones de protección infantil.

De acuerdo con vecinos, la masacre habría sido motivada por un conflicto personal. Años atrás, el agresor había disparado contra su suegro, lo que derivó en su encarcelamiento; sin embargo, al recuperar la libertad habría planificado el ataque contra la familia.

El caso ha generado indignación y críticas al sistema penitenciario y de justicia por liberar a una persona con antecedentes de violencia grave sin una evaluación psicológica adecuada.

Especialistas en salud mental apuntan a la posibilidad de un trastorno psicológico detrás del crimen. La psicóloga Claudia Rosales explicó que actos de esta magnitud podrían estar vinculados con esquizofrenia, trastorno bipolar o consumo de sustancias, además de un patrón emocional progresivo que va desde el rencor hasta la venganza.

Hoy, mientras Reyes Jiménez enfrenta un nuevo proceso judicial, siete menores lidian con el trauma de haber sido testigos y víctimas indirectas de uno de los crímenes familiares más impactantes del año en México.

Sicarios irrumpen en velatorio en Retalhuleu y matan a cinco personas

Cinco personas murieron y varias resultaron heridas en un ataque armado durante velatorio en la zona 3 de Retalhuleu.
 
 

la Redacción

19 de julio de 2025

|

07:16h

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Bomberos atienden a personas heridas durante ataque armado en velatorio en Retalhuleu. (Foto Prensa Libre: Victoria Ruiz)

David René Cabrera Martínez fue hallado sin vida y envuelto en una sábana el jueves 17 de julio en una vivienda alquilada en el callejón Los Raldas, Retalhuleu. Esté sábado 19 de julio, sicarios irrumpieron y dispararon contra amigos, vecinos y familiares que estaban en el velatorio de la víctima.

Según la información, en el lugar murieron de forma inmediata cinco personas y más de siete resultaron con heridas de bala.

El ataque armado múltiple ocurrió la madrugada de este sábado en la colonia Concepción, zona 3 de Retalhuleu.

Cuerpos de socorro acudieron al lugar para atender a cinco personas, entre ellas dos mujeres que sufrieron heridas de bala. Todas fueron trasladadas a la Emergencia del Hospital Nacional de Retalhuleu.

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Las víctimas mortales del ataque quedaron frente a la vivienda donde era velado David Cabrera.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ubicaron a un hombre herido de bala entre cañaverales, en el bulevar Centenario, a unos 2 kilómetros de la escena del crimen. En ese mismo lugar hallaron a otro hombre que portaba un arma de fuego.

El herido fue llevado al hospital bajo custodia policial, mientras que el otro fue trasladado a la subestación, mientras se aclara si ambos participaron en el ataque.

En el sitio del velatorio, la PNC acordonó una cuadra, mientras peritos del Ministerio Público recababan indicios. Las personas fallecidas no han sido identificadas.

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La tensión se mantiene en la zona, mientras socorristas informaron que otras personas heridas se resguardaron y luego se trasladaron por su cuenta a centros asistenciales.

Agentes de la PNC continúan rastreando el perímetro para ubicar a los responsables.

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Masacre de seis personas en Coatepeque pudo tratarse de una “venganza”, según autoridades

Cuatro hombres y dos mujeres murieron baleados en un restaurante en Coatepeque y la hipótesis apunta a una posible venganza.

Óscar García

23 de septiembre de 2024

|

14:28h

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Socorristas resguardan el lugar donde seis personas perdieron la vida en un ataque armado en Coatepeque, Quetzaltenango. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

Los Bomberos Municipales Departamentales el sábado 21 de septiembre fueron alertados de un hecho de violencia en un negocio en el barrio El Rosario, Coatepeque, Quetzaltenango.

“En el interior de un café bar se registra ataque armado”, informó en X ese cuerpo de socorro.

Cinco de las víctimas ya habían fallecido en el local, una más resultó herida y murió en un hospital.   

Investigadores del Ministerio Público, de la Fiscalía de Distrito de Coatepeque, reunieron varios indicios en un restaurante en el barrio El Rosario, en la 4a. calle de la zona 1 de Coatepeque.

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Posible venganza

El ente investigador indicó que trabaja sobre diversas hipótesis, una de estas refiere que el ataque se derivó de una venganza; sin embargo, la investigación se encuentra en desarrollo para esclarecer el móvil del hecho.

El personal fiscal y los técnicos en investigaciones criminalísticas procesaron la escena y reunieron aproximadamente 43 indicios, mayormente balísticos.

También efectuaron recorridos con el propósito de ubicar cámaras de videovigilancia en las rutas de ingreso y salida al escenario criminal,

Durante las diligencias también efectuaron múltiples entrevistas con el fin de ampliar la investigación.

Cómo habría ocurrido

Según la investigación preliminar, aproximadamente a la 1 de la madrugada del 21 de septiembre, al menos tres personas armadas ingresaron al referido negocio.

Posteriormente, de forma directa efectuaron los disparos contra las víctimas y luego huyeron con rumbo desconocido.  

Para leer más: Quedó en un pupitre: Atacan a balazos a estudiante en plena actividad escolar en Colomba

Quiénes son las víctimas

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses identificó e informó de la identidad y qué originó la muerte de las víctimas.

• Maydelin Yamileth Pérez Pérez, de 18 años. Causa de la muerte: herida por proyectil de arma de fuego, laceración cerebral
• Susan Lineth Sánchez Artiga, 29. Causa de muerte: herida por proyectil de arma de fuego, laceración cerebral.
• Carlos Francisco Valiente Paniagua, 30. Causa de muerte: herida por proyectil de arma de fuego, laceración cerebral.
• Marco Aníbal Gutiérrez Barillas, 39. Causa de muerte: herida por proyectil de arma de fuego, laceración cerebral.
• Alexander Martínez Alarcón, 4: Causa de muerte: herida por proyectil de arma de fuego, perforante en tórax, laceración cardíaca.
• Santiago Eduardo López Velásquez, 42. Causa de la muerte: herida por proyectil de arma de fuego, laceración cerebral.

Masacre en Petén: hipótesis, identidad de las víctimas y otros detalles del hecho

PNC y MP amplían detalles sobre cómo fueron localizadas las víctimas de la masacre ocurrida en un picop, en Petén.

Óscar García

23 de septiembre de 2024

|

11:29h

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Autoridades investigan ataque armado en el que ocho personas murieron en San Andrés, Petén. Imagen ilustrativa. (Foto Prensa Libre; Hemeroteca PL)  

Petén fue nuevamente escenario de una masacre el sábado 21 de septiembre, en esta ocasión ocho personas fueron asesinadas en un picop en San Andrés, donde los indicios balísticos mostraron la saña con la que actuaron los sicarios.

El escenario del ataque fue en un camino de terracería, donde internautas grabaron algunas imágenes y las compartieron en redes sociales.

En un picop negro quedaron los cadáveres de las ocho víctimas con heridas de bala.

A los ocupantes del picop “los emboscaron” reportaron medios locales; mientras internautas en medio de demanda de justicia no dieron crédito a lo sucedido.

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Evidencias e hipótesis

Investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) localizaron múltiples casquillos de arma de fuego y de diferentes calibres tirados sobre la calle de terracería; además, pertenencias personales de las víctimas.

La PNC afirmó que, según curiosos, los asesinados no eran conocidos y tampoco vivían en el lugar.   

“Posiblemente se hayan dedicado a acciones ilícitas, ya que los sicarios buscaban algo”, agregó el informe de la PNC.  

Añadió que todas las pertenencias personales de las víctimas habían sido registradas supuestamente por los malhechores y esparcidas en el interior y exterior del picop.

Llamada alertó del hecho

La PNC detalló que a las 12.50 horas del sábado 21 de septiembre recibió una llamada por parte del presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo del caserío Santa Marta, San Andrés.

El líder indicó que en la calle hacia el caserío Santa Rosa se encontraba un picop. Este estaba con dirección de salida hacia La Libertad y en el interior había ocho personas fallecidas.

El reloj marcaba las 13.10 horas, cuando agentes de la PNC acompañados de integrantes del Ejército verificaron que la información era verídica.

El picop negro tenía las cuatro puertas abiertas y con varias perforaciones de bala en su estructura.

Además, pertenencias de las víctimas estaban esparcidas, por lo que resguardaron el área para reunir indicios y comenzar la investigación.

Con el pasar de los minutos, autoridades verificaron que se trataba de seis hombres y dos mujeres sin vida.  

Víctimas

El informe policial describió las características físicas de cada una de las víctimas, el piloto de unos 45 años vestía playera verde, pantalón de lona azul y de pelo lacio y tez morena.

En la cabina del picop quedaron los cadáveres de otras tres víctimas, dos mujeres y un hombre.  

Mientras que en la palangana estaban los cuerpos de otras tres personas, se trataba de tres hombres.    

La octava persona asesinada quedó a un costado del vehículo, el informe de la PNC lo describió de unos 35 años.

Diligencia duró varias horas

El informe del Ministerio Público (MP) detalló que durante la tarde del sábado 21 de septiembre y madrugada del domingo 22, la Fiscalía de Distrito de Petén procesó la escena donde seis hombres y dos mujeres fueron asesinados a balazos en el caserío Santa Marta, San Andrés.

Entre lo localizado fueron levantados 198 indicios balísticos de distintos calibres, según el MP.

Además, en la búsqueda de indicios, personal fiscal de la Fiscalía de Distrito de Petén en coordinación con agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la PNC inspeccionaron el picop placas 747-FFJ, en el que se transportaban las personas.

Para leer más: Tres de los seis carbonizados en masacre de Petén tenían heridas en tórax, cabeza, cuello y abdomen

También un agente canino inspeccionó el automotor en busca de drogas, pero el resultado fue negativo.

Inacif los identifica

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) informó de la identidad de las víctimas y la causa de la muerte.

• Un menor de 15 años. Causa de la muerte: herida por proyectil de arma de fuego, laceración de ambos hemisferios cerebrales.
• Álvaro Otoniel García Interiano, 18. Causa de la muerte: herida por proyectil de arma de fuego, laceración de cerebro y cerebelo.
• Digna Marilú García Interiano, 22. Causa de la muerte: herida de bala, laceración de ambos hemisferios cerebrales.
• Marleny Yomara Arana Cardona, 26. Causa de la muerte: herida por proyectil de arma de fuego, laceración de ambos hemisferios cerebrales.
• Bruno Estuardo Sagastume Garnica, 38. Causa de la muerte: herida por proyectil de arma de fuego, laceración de ambos hemisferios cerebrales.
• Erwin Oswaldo Portillo Hernández, 41. Causa de muerte: herida causada por bala, laceración de ambos hemisferios Cerebrales.
• Erick Giovany López Nova, 42. Causa de muerte: herida por proyectil de arma de fuego, laceración de ambos hemisferios cerebrales.
• Víctima en proceso de identificación. Causa de la muerte: herida por proyectil de arma de fuego, laceración de ambos hemisferios cerebrales.     

Culpable de haber matado a 2 adultos y 4 niños en Petén es condenado a 301 años de cárcel

Elías González López fue hallado culpable del asesinato de seis personas, entre ellas una menor de 11 años con quien pretendía una relación amorosa, según el MP.  

Óscar García

8 de agosto de 2024

|

10:48h

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Elías González López fue condenado a 301 años de cárcel por la muerte de seis personas en Petén. Imagen ilustrativa. (Foto Prensa Libre: Pixabay)

El Ministerio Público (MP) informó que la Fiscalía de Distrito de Petén presentó las pruebas para que Elías González López fuera condenado a 301 años de prisión inconmutables.

El sentenciado fue hallado culpable de los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa, femicidio, incendio agravado y maltrato contra personas menores de edad.

Además, deberá pagar Q165 mil 480 en concepto de reparación digna.

El Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Petén valoró las pruebas presentadas por el MP.

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Las pruebas demostraron que el 15 de octubre de 2014, en el caserío Brisas de Chiquibul, Dolores, en compañía de Tránsito Pineda Vásquez, González López atacó a balazos y posteriormente con machete a Jeremías Ramírez y Ramírez, quien murió en el lugar.

Posteriormente se dirigieron a la casa del fallecido, donde de la misma manera atacaron a su cónyuge, Amalia Paau Pec, quien se encontraba en estado de gestación, y a sus hijos menores Ada Luz Hernández Paau, Sindy Yamileth Paau Pec y Verónica Yamileth Paau Pec hasta causarles la muerte.

Para leer más: Masacre en Santa Elena, Petén: Los nuevos hallazgos de las autoridades y las hipótesis sobre los motivos del crimen

Además, tomaron con vida a la menor Erika Susana Hernández Paau, de 11 años, con quien González López pretendía tener una relación amorosa. Ella apareció muerta tres días después en un área montañosa, según el MP.  

Luego de los crímenes, prendieron fuego a la vivienda de Ramírez y Ramírez, la cual se quemó en su totalidad.

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Como parte de la sentencia, también se oficiará al Ministerio de Trabajo y Previsión Social para beneficiar en programas laborales temporales o permanentes a los sobrevivientes y al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para que los beneficie con programas habitacionales.

#MPfuerteYfirme #SentenciaCondenatoria
Fiscalía de Petén obtiene sentencia de 301 años de cárcel contra hombre que asesinó a seis miembros de una familia

La Fiscalía de Distrito de Petén obtuvo condena de 301 años de prisión inconmutables contra Elías González López por… pic.twitter.com/uJIn6WOhxX

— MP de Guatemala (@MPguatemala) August 8, 2024

Cuatro personas pierden la vida en hecho violento en Chiquimula

MP reúne indicios en lugar donde cuatro personas perdieron la vida de forma violenta en Chiquimula.

Óscar García y Raúl Barreno Castillo

18 de junio de 2024

|

18:25h

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Cuatro personas murieron en un hecho violento en Chiquimula. Imagen ilustrativa. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)   

El Ministerio Público (MP) informó que este martes 18 de junio, la Fiscalía de Distrito de Chiquimula procesó una escena en la aldea Tucanlu, Chiquimula.

Añadió que en el lugar se registró un hecho violento que dejó como resultado cuatro personas fallecidas.

Personal fiscal recolectó diversos indicios que coadyuven en el fortalecimiento de la investigación en curso.

Entre otras diligencias de rigor hubo la toma de declaraciones testimoniales, añadió el ente investigador.

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Medios locales informaron que dos hombres y dos mujeres fueron atacados a balazos y con machete en una vivienda en la referida aldea.

Añadieron que entre las víctimas supuestamente figuran madre e hija, pero serán las autoridades que lo determinen.

Caso similar

Un caso similar ocurrió el 7 de abril de 2024, cuando un ataque armado en Esquipulas, Chiquimula, dejó cuatro personas muertas por un supuesto incidente entre vecinos.

Vecinos alertaron a socorristas y fuerzas de seguridad debido a una balacera contra los ocupantes de un mototaxi.

Para ver más: Vea también: Video: así fue la colisión entre avioneta y mototaxi en la pista de Esquipulas

En el lugar fueron halladas cuatro personas con heridas de bala en distintas partes del cuerpo, pero ya no pudieron ser auxiliadas por socorristas.

A estos sujetos, entre ellos un adolescente de 15 años, les endilgan once asesinatos cometidos en los últimos dos días, en distintos puntos del municipio del sur del departamento de Guatemala, incluida una familia en una vivienda de un residencial de Bárcenas.

De acuerdo con el ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, debido a las acciones de un grupo vinculado con la MS-13 en Villa Nueva, activaron el plan 33-2023, que consiste en la “recopilación de información privilegiada y materializarla a las instancias correspondientes para realizar operativos y recorridos en zona consideradas rojas”.

Fue de esta forma que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) incursionaron a pie, con motocicletas y autopatrullas, para evitar más asesinatos en el área y desarticular a esa clica criminal.

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Durante los ataques que ejecutaron estos presuntos miembros de la MS-13 destaca la masacre de una familia en una vivienda de los residenciales Altos de Bárcenas III, zona 3 de Bárcenas, Villa Nueva.

En ese lugar, según uno de los sobrevivientes, miembros de la Mara Salvatrucha llegaron para ejecutar a sus familiares con arma de fuego. Desde hacía tres años, contó, habían huido de Ciudad Peronia, Mixco, donde los habían amenazado de muerte.

Las víctimas fueron identificadas como Zoemy Nahomy Herrera Quiñonez, de 17 años, quien fue localizada muerta en un sillón. Mientras que sobre una cama fue hallado Mynor Roberto Herrera Cano, de 50.

En otra habitación, junto a una cama, quedó sin vida Yaqueline Herrera Cano, de 30. En la terraza del inmueble fueron encontradas Dina Nohemí Cano Cano, de 80, y Fabiola Ivone Herrera Cano, de 35.

Según la PNC, se trató de un ataque directo, ya que en el lugar se encontraron más de 35 casquillos de proyectiles de arma de fuego.

Otras seis víctimas, algunas de ellas posiblemente relacionadas con la pandilla del Barrio 18, también fueron asesinadas por estos individuos en otros puntos de Villa Nueva.

La PNC arrestó a los chequeos y / o sicarios de la clica Coronados Locos Salvatruchas de la MS-13, identificados como Edgar Aníbal López Cax, de 21 años, alias Patojo; Noé Alexander Mejía Ballesteros, de 32, alias Layka; Nahún Alexander Cedillo Gómez, de 26, hondureño y a quien apodan el Catracho y un adolescente de 15 a quien le conocen como el Piraña.

La captura de los individuos ocurrió este 25 de agosto en horas de la madrugada en el lote 64, asentamiento La Paz, zona 4 de Villa Nueva, Guatemala.

Les incautaron dos pistolas y dos revólveres. Además, 23 municiones de diferentes calibres, tres celulares y una mochila.

Los tres adultos fueron puestos a disposición del juzgado de turno de Villa Nueva y el menor conducido a donde corresponde.

El ataque ocurrió en la 13 calle 0-08 de residenciales Altos de Bárcenas III, zona 3 de Bárcenas, Villa Nueva. Cuatro niños sobrevivieron al ataque.

Mientras estaban en la comodidad de su hogar, un grupo de hombres tocó a la puerta y, según vecinos, “ingresaron sin mediar palabra” y dispararon contra la víctimas.

Zoemy Nahomy Herrera Quiñonez, de 17 años, fue localizada sin vida en un sillón.  Mientras que sobre una cama fue encontrado el cadáver de Mynor Roberto Herrera Cano, de 50.

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En otra habitación, junto a la cama, quedó sin vida Yaqueline Herrera Cano, de 30. En la terraza del inmueble fueron encontradas Dina Nohemí Cano Cano, de 80, y Fabiola Ivone Herrera Cano, de 35.

Según la Policía Nacional Civil, se trató de un ataque directo, ya que en el lugar se encontraron más de 35 casquillos de proyectiles de arma de fuego.

Según testigos, los malhechores huyeron en un vehículo de color negro.

Este jueves 24 de agosto, el Ministerio Público (MP) informó que la Fiscalía Municipal de Villa Nueva procesó una escena en Altos de Bárcenas donde fueron localizados fallecidos cinco integrantes de una familia.

Lea también: Masacre en Bárcenas: la hipótesis que manejan las autoridades sobre el crimen contra 5 integrantes de una familia

La Fiscalía ya se encontraba efectuando la investigación en seguimiento a una denuncia interpuesta por una de las víctimas por el delito de amenazas; además, se busca determinar si el ataque armado tendría relación a alguna estructura criminal o pandilla.

Este jueves 24 de agosto, el Ministerio Público (MP) informó que la Fiscalía Municipal de Villa Nueva procesó una escena en Altos de Bárcenas donde fueron localizados fallecidos cinco integrantes de una familia.

Añadió que las víctimas fueron identificadas como Mynor Roberto Herrera, de 50 años; Dina Nohemí Cano Cano, de 80; Fabiola Ivone Herrera Cano, de 35; Yaqueline Herrera Cano, de 30; y Zoemy Nahomy Herrera Quiñonez, de 17 años, quienes habrían fallecido por heridas de proyectil de arma de fuego.

El MP explicó que dentro de las diligencias efectuadas por el personal fiscal se localizó cámaras de videovigilancia aledañas al lugar de los hechos, recabaron declaraciones testimoniales y reunieron indicios balísticos, entre otras diligencias.

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La Fiscalía ya se encontraba efectuando la investigación en seguimiento a una denuncia interpuesta por una de las víctimas por el delito de amenazas; además, se busca determinar si el ataque armado tendría relación a alguna estructura criminal o pandilla.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó el día del hecho que se trató de un ataque directo y en el lugar fueron localizados varios casquillos de proyectil de arma de fuego.

Según la versión preliminar de un pariente de las víctimas, hace tres años aproximadamente que toda su familia residía en Ciudad Peronia y fueron amenazados   por pandilleros de la mara salvatrucha, por lo que habían decidido vivir en el sector donde fue el ataque armado.

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De acuerdo con personas que presenciaron el hecho, las víctimas se encontraban en el interior del domicilio y fueron interrumpidas por    varios individuos que portaban armas de fuego y sin mediar palabra les efectuaron varios disparos.

Añadieron que los responsables huyeron en un vehículo   color negro.

La audiencia se suspendió y continuará el 28 de junio. Aún no han sido presentados pruebas o testigos en el caso y el Ministerio Público leyó de nuevo la acusación contra los implicados.

En el 2012 se registró la denominada masacre en la Cumbre de Alaska. En esa ocasión murieron seis personas y 34 resultaron heridas. El hecho ocurrió el 4 de octubre.

Durante una manifestación, pobladores de Totonicapán fueron atacados con arma de fuego, por un guardia privado que custodiaba un camión cargado de cemento.

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Este disparó contra Santos Hernández Menchú, uno de los manifestantes, y le causó la muerte, así como a otros cinco campesinos.

Los perdigones también hirieron a José Eusebio Puac Baquiax, de 33 años; Arturo Félix Sapón Yax, 39; Jesús Baltazar Caxaj Puac, 40; Jesús Francisco Puac Ordóñez, 48, y a Rafael Nicolás Batz, 52, quienes murieron.

Lo sucedido en la manifestación desencadenó un enfrentamiento contra la Policía Nacional Civil. (PNC) y miembros del Ejército.

Lea también: Exjefe de la Policía Nacional es hallado culpable de mentir (en varias oportunidades) a agentes de migración de EE. UU.

En la Cumbre de Alaska había unas tres mil personas de   11 cantones de Totonicapán quienes tenían bloqueado el paso en el referido lugar, y otras 500 personas cerraron Cuatro Caminos.

Por qué manifestaban

Las personas manifestaban en la carretera desde las 5 de la mañana debido a que adversaban la modificación de la carrera de Magisterio; además, protestaban contra la empresa que distribuye energía eléctrica en Totonicapán y las propuestas de reformas a la Constitución que impulsaba el gobierno de turno.

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El entonces presidente Otto Pérez Molina llamó a los pobladores de Totonicapán a que mantuvieran la calma.

En marzo del 2019, Claudette Domínguez, jueza de Mayor Riesgo A, otorgó la medida de coerción que, además de Chiroy, benefició a ocho militares más.

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Tiroteo en Texas: varios muertos y heridos ha dejado un ataque armado dentro de un centro comercial en Allen

“Cuando mi esposa estaba agonizando, me dijo que me tirara por la ventana porque ya mis hijos estaban sin mamá”: el padre hondureño que perdió a su mujer y un hijo en un tiroteo en Texas

Recientemente, el pasado sábado 6 de mayo de 2023, un tiroteo más fue anotado a la lista. Esta vez, un centro comercial en la ciudad de Allen, Texas, fue el escenario de una balacera que dejó a ocho personas fallecidas, siete heridas y al presunto tirador muerto.

Según detallan medios internacionales, los tiroteos en masa en Estados Unidos han alcanzado “un ritmo récord en 2023”. Hasta finales de abril del presente año, 88 personas habían perdido la vida tras 17 homicidios masivos. ¿Cuáles han sido los más estremecedores en la historia de Estados Unidos? Aquí le detallamos algunos:

A once días de Navidad: la masacre en la Escuela Primaria Sandy Hook:

Corría la mañana del viernes 14 de diciembre de 2012 cuando Adam Lanza, de 18 años, disparó y asesinó a su propia madre para luego dirigirse hacia la escuela primaria y matar a más personas.

Utilizando un rifle que pertenecía a su difunta madre, Lanza le quitó la vida a 26 personas en Sandy Hook, entre ellos maestros y alumnos.  El perpetrador actuó solo. La policía escuchó un último disparo a las 9:40 am, que se cree fue con el que Lanza se quitó la vida.

Este incidente fue el más mortífero en una escuela primaria o secundaria y el cuarto más mortífero hecho por una sola persona en la historia estadounidense.

Masacre de Columbine:

Quizá la más mediática de la historia a nivel mundial y una de las más impactantes registradas en un centro de estudios en Estados Unidos.

Eric Harris y Dylan Klebold, aparentemente con el único objetivo de hacer “historia” y sobresaltar ante otros incidentes mortales suscitados en Estados Unidos durante la década de los 90, mataron a 13 personas en la Escuela Secundaria de Columbine el 20 de abril de 1999. Otras 24 resultaron heridas.

Ambos instalaron una pequeña bomba incendiaria en un campo a unos 3 kilómetros de distancia de la escuela con tal de distraer a la autoridades y bomberos. La bomba explotó parcialmente y solo desató un pequeño incendio.

Minutos después, a las 11:19 am, comenzó el tiroteo. Harris y Klebold mataron a varias personas desde el ingreso al establecimiento, la cafetería y la biblioteca. Luego de los asesinatos, ambos dispararon a la policía desde las ventanas y se suicidaron.

En la cultura popular, este acto sangriento ha sido utilizado en varias películas, series y hasta canciones que hacen referencia al hecho.

Masacre en la discoteca Pulse:

El 12 de junio de 2016, 49 personas murieron y 53 más resultaron heridas en la discoteca gay Pulse, ubicada en Orlando, Florida.

El autor del atentado Omar Mir Seddique Mateen había jurado lealtad al Estado Islámico previo a cometer la masacre. El grupo asumió su autoría. A las 2:02 de la madrugada, Mateen disparó a los asistentes a la discoteca que, en su mayoría, eran de origen hispano, sobre todo dominicanos, puertorriqueños y venezolanos.

El perpetrador también tomó como rehenes a cerca de 30 personas y minutos después, tras un intercambio de disparos, fue abatido por la policía.

El ataque es el segundo tiroteo más mortífero en la historia de Estados Unidos. En su momento, fue considerado el incidente con armas de fuego con más número de víctimas desde los atentados del 11 de septiembre 2001 hasta el suscitado en Las Vegas en 2017.

Tiroteo de las Vegas: Route 91 Harvest

El 1 de octubre de 2017, durante el festival de música country Route 91 Harvest,  Stephen Paddock disparó contra las personas que cantaban y bailaban cuando el cantante Jason Aldean cerraba el evento.

Paddock se ubicaba en el piso 32 del hotel Mandala Bay, ubicado muy cerca del festival.

Considerada, hasta la fecha, la peor masacre de la historia de los Estados Unidos desde los atentados de las Torres Gemelas (2001), tuvo un saldo de 59 personas fallecidas (incluyendo el perpetrador) y 851 heridos.

El Estado Islámico se atribuyó el atentado.

Masacre de Virginia Tech

El 16 de abril de 2007, el estudiante surcoreano Seung-Hui Cho, de 23 años, mató a 32 personas e hirió a otras 29 en el Instituto Poltécnico y Universidad Estatal de Virginia, conocido como Virginia Tech.

Durante las dos horas que duró el atentado, Cho había enviado varios videos a la cadena televisiva, NBC, por medio de una encomienda postal, en los que expresaba su odio y resentimiendo a la sociedad en general.

Cho disparó primero dentro de los dormitorios de la residencia estudiantil West Ambler Johnston Hall, habitada por más de 800 alumnos recién ingresados.

Luego se dirigió al edificio de ingeniería y disparó a los almunos de uno de los salones de Harris Hall. Finalmente, el perpetrador se suicidó.

Este es el ataque más grave a una universidad en la historia estadounidense.

El MP, por medio de la Fiscalía del Distrito de Jalapa, confirmó que en el lugar fueron encontrados siete cadáveres con señales de violencia.

Se trata de cuatro hombres, que fueron identificados como Roberto Munguía Cortez, de 65 años; Patricio Munguía Marcos, 29; Marcos Munguía Marcos, 39; y Francisco Munguía Marcos, 26.

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“Asimismo, se procesaron los cadáveres de tres personas de sexo femenino a quienes se identificó como: Tomasa Marcos Jiménez, de 61 años; Odilia Munguía Aguilar, 17; y Luz Angélica Munguía Cruz, de 10 años”, agregó el MP.

Agregó que los cuerpos fueron remitidos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y que en el caso de las víctimas mujeres se solicitó la aplicación del protocolo de femicidio.

Indicios

La entidad también informó que en el lugar de la masacre fueron localizados al menos 38 indicios del múltiple crimen.

Entre estos, dijo que fueron hallados diversos casquillos, proyectiles de armas de fuego, así como un teléfono celular.

Testimonios

El MP agregó que, de acuerdo con información recabada en el lugar, a eso de las 6 horas de este domingo, hombres armados y vestidos con gorros pasamontañas irrumpieron en la vivienda en la que se encontraban las víctimas.

Luego perpetraron el ataque “sin mediar palabra”, agregó el ente investigador.

La masacre causó consternación en la comunidad y el MP informó que continúan con las investigaciones y los peritajes respectivos.

Violencia

Guatemala es considerado por expertos como uno de los países más violentos del continente americano y solo entre 2010 y 2020 registró más de 60 mil homicidios, con base a datos de la organización humanitaria Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), citada por la agencia EFE.

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En 2022, esta nación, que preside Alejandro Giammattei, contabilizó 4 mil 263 asesinatos, de acuerdo con el informe anual del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), un 4.5% más que en 2021, agrega la agencia.

Perpetrada en 1981 por el Ejército salvadoreño en pleno enfrentamiento interno contra las guerrillas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), soldados torturaron y asesinaron con extrema crueldad a cerca de un millar de personas en solo tres días, la mayoría de ellos campesinos. Cerca de la mitad eran niños.

Para Fidel Pérez, quien con solo 6 años sobrevivió a aquella matanza en la que murieron su madre y hermana recién nacida, recuperar sus restos y poder darles sepultura supone al menos un respiro en su periplo por conseguir justicia que se alarga ya por más de 40 años.

Los avances están siendo lentos y critican que el apoyo de los distintos gobiernos ha sido nulo. A día de hoy, sigue sin haber ni una sola persona condenada por lo ocurrido.

Pese a ello, lejos de rendirse, Pérez asegura que continuará luchando hasta conseguir que los responsables sean castigados y se sepa la verdad sobre uno de los capítulos más oscuros y terribles de la historia del país centroamericano.

Esta es su historia.

Nosotros éramos una familia muy pobre, muy humilde pero muy unida. Vivíamos en (la localidad de) caserío de Flor del Muerto. Mis papás vivían de las artesanías y de la agricultura, y así nos mantenían a dos hermanos y a mí.

Al principio de la guerra no entendíamos qué sucedía, pero después comprendimos que los militares aseguraban que, del río para acá, éramos todos guerrilleros.

Creían que todo niño que nacía o joven que iba creciendo era un futuro guerrillero. Entonces, en vista de eso, iban matando a todos por donde vivíamos.

Ya en 1980 nos mataron a un abuelo y tuvimos que salir de nuestras casas. Pero entre el 6 y 7 de diciembre, entró a nuestra zona el operativo militar llamado “Tierra Arrasada” porque acababan con todo: tierras, animales, personas…

Empezamos a ir de un lado a otro, escondiéndonos en cuevas, sin agua, sin comer, sin nada que calzar… Caminábamos en las noches porque el operativo estaba dispuesto en todos los cerros y nos podían descubrir.

El día 9, mi mamá que estaba embarazada tuvo a su niña en el monte, porque no había dónde. Un día después, no podíamos caminar porque ella apenas se podía mover. Pero el 11 nos tocó huir como pudimos porque el operativo se acercaba.

En ese viaje éramos un grupo grande, como de 50 o 60 personas. Los adultos mayores conocían bien la zona y nos iban guiando.

Llegamos a una casa, pero de madrugada llegaron también los soldados y fue una “disparazón”. Eso tronaba, daba temor. Cuando dejaron de disparar durante un momento, escapamos. La ventaja era que la luna estaba clara y podíamos ver por dónde íbamos.

Ahí muchas familias se separaron porque cada uno corrió para donde pudo. Nosotros perdimos a la abuela, que fue para otro lado. Mis hermanos y mis papás corrimos y cruzamos el río mientras ellos seguían disparando.

La masacre en la cueva

Unos 100 metros más arriba nos quedamos, porque ya venía el día y los soldados estaban en un cerro frente a nosotros. Ahí hicimos un grupo de unas 20 personas y nos refugiamos en una cueva del Cerro Ortiz.

En la mañana, una mujer decidió bajar al río para lavar la ropa, y ahí se encontró a los soldados. Corrió para arriba y llorando nos dijo: “hoy sí nos van a matar”.

Un catequista que estaba con nosotros nos pidió que nos acercáramos para empezar a orar. Solo logró sacar la Biblia cuando un soldado apareció, sacó la granada que andaba en el pecho, y la tiró hacia nosotros.

Ahí fue un sueño para nosotros, nos quedamos como dormidos de golpe, es lo que recuerdo. Como a las 6:00 de la tarde, mi papá nos hablaba y nos decía que nos levantáramos. Pero estábamos rodeados de toda la gente que había muerto.

Me levanté, tenía sangre en la cara. Quedé herido de mi ojo, cabeza y brazo. Mi papá no escuchaba apenas y uno de mis hermanos tenía zumbidos en los oídos. Y entonces vi que mi mamá y la niña también habían muerto. Yo no tenía ni 7 años.

Yo no sabía qué hacer. Mi papá nos dijo que teníamos que irnos antes de que volvieran y nos mataran. Nos dijo que nos despidiéramos de nuestra mamá y nuestra hermana. Eso fue muy triste.

Me resulta tremendo recordar cómo estaban, cómo habían quedado las dos. Por muchos años que pasen, no se puede olvidar.

Ahora tengo 47 años y, pese a todo el tiempo que ha pasado, su imagen es el peor recuerdo que tengo de todo lo que viví. Especialmente el de la niña, con solo unos días de haber nacido.

Aunque me muera, nunca me voy a quitar esa imagen de mi mente y de mi corazón, vaya donde vaya. Eso es lo que más me impactó.

Junto a mis dos hermanos, mi papá y yo, sobrevivieron otras dos personas del grupo. Salimos y escapamos.

A los ocho días, aún bajo fuego y con el operativo en la zona, mi papá y otros hombres regresaron a la cueva. Así como estaban los cuerpos tras tantos días, como pudieron y aguantaron, le echaron tierra para cubrirlos.

Allí quedaron todos los restos desde aquel 11 de diciembre de 1981 que fueron muertos.

Unos meses después, nosotros salimos para Honduras. No fue hasta 1989 que regresamos a El Salvador.

Mis hermanos están fuera del país y el resto ya murió. Soy la única persona que puede dar fe en El Salvador de lo que pasó en aquella cueva.

La recuperación de los restos

Años más tarde, en 1994, los restos mortales fueron extraídos de la cueva y los trajimos al cementerio, como se merecen.

Los restos fueron exhumados en noviembre de 2019. Nos dijeron que nos los entregarían en seis meses o un año, pero no fue así. Cada año esperábamos enterrarlos en las conmemoraciones anuales de lo que ocurrió, pero tuvimos que esperar demasiado.

Por fin, tras tres días esperando en Medicina Legal, el miércoles pasado nos entregaron los restos de nuestros familiares, nuestras osamentas. Entre ellas, estaban las de mi mamá.

Regresamos a nuestra comunidad de Yancolo y teníamos que velarlos una noche, porque no se podía venir y hacer directamente la sepultura. Son seres humanos como nosotros y merecían una noche de velación. Así lo decidimos los familiares y fueron enterrados el jueves.

Se hizo la conmemoración en presencia de diez ataúdes. También había una cajita que hicimos de simbología por mi hermanita, porque de ella no apareció ningún resto.

Yo estaba esperando este momento con dos sentimientos muy diferentes. Por un lado, el anhelo de que me entregaran los restos, pero a la vez, me preguntaba ¿qué voy a hacer después de que me los den?

Lo que sí tengo claro es que cuando llegué a la casa con los restos, sentí que estaban ahí, que llevaban años conviviendo conmigo.

Pero ahora mismo no me siento bien. Al volver a enterrarlos de nuevo, es como que volvieron a morir de algún modo. Siempre viven conmigo y siempre lo harán.

Ahora que nos los entregaron y enterramos los restos, lo que sigue es que vamos a continuar buscando que haya justicia, que se sepa la verdad y que nunca más se repita una crueldad así. La búsqueda de la justicia es nuestra bandera.

Fueron personas, niños… imagine a mi hermanita de tres días de haber nacido. No se vale, no es justo. Éramos gente civil, no debíamos nada. Solo estábamos en mitad de los dos bandos y así murió gente injustamente.

“Sin apoyos” de los gobiernos

Claro que a veces uno tiene fases en los que está menos esperanzado de que todo acabe bien. Que duda de si se va a poder o no. Pero todos los familiares creemos que, mientras estemos vivos, queremos que se haga justicia. Nunca nos vamos a rendir mientras estemos con vida.

Lamentablemente, los testigos de la masacre más ancianos van muriendo. También los militares. Sentimos que los gobiernos están extendiendo a propósito el proceso para que vayan falleciendo las personas implicadas.

Pero nosotros vamos a seguir luchando, de eso estoy seguro.

Del gobierno actual y los anteriores hemos sentido falta de voluntad por esclarecer las cosas. Vemos como que no les importa, como que lo que pasó ya es cosa del pasado. Ni gobiernos de izquierda ni de derecha nos ayudaron a solucionar esto.

El gobierno de ahora en turno parece que quisiera borrar esa memoria de la historia, de esos sucesos que pasaron por el conflicto en los años de guerra.

A un mes de que empezara en el cargo, (el presidente, Nayib Bukele) nos reunimos con él y se comprometió a entregar los archivos militares sobre la masacre. Si era necesario, de la A a la Z. Estaba comprometido con ayudarnos.

Pero cuando el juez se los pide, esa entrega no se produce. Y sin ellos, no podemos saber la verdad para hacer justicia. Entonces creemos que juegan con los familiares de las víctimas. No vemos voluntad.

Tampoco este presidente ha acudido a ninguna conmemoración de la masacre, no nos ha acompañado. Lo sentimos aislado y sin darnos apoyo.

Búsqueda de justicia

Tras más de 40 años, sigue sin haber ni un solo condenado. Y lo más tremendo es que quitaron al juez que llevaba trabajando en ello desde 2016, fue retirado y la jueza nueva está casi como volviendo a empezar todo, revictimizando a los familiares a quienes llama para que vuelvan a repetir todas sus historias otra vez. Es frustrante.

Claro que todo aquello marcó mi vida para siempre. Además de tener que vivir uno con aquello que pasó, también se hace muy duro cuando uno regresa a aquel lugar donde nací y empecé a crecer. Ahora solo ves puro monte, pedazos de teja, madera quemada…

Entonces me viene a la mente que ahí viví, y que ahí podría haber crecido feliz con toda la familia… pero cuando regresé, ya éramos la mitad de la familia y sin nadie que le apoye a uno.

A quienes nos dicen que sería mejor olvidarnos de aquello, que es mejor no reabrir las heridas… yo les respondo que se nota que no sufrieron lo que nosotros, que viven con su familia al completo y que no saben lo que es aguantar hambre o sed.

Esas personas parece que quieren que esta historia se termine y decir que aquí no ha pasado nada… pero nosotros no lo vamos a permitir.

Ojalá que haya justicia y que alguien cumpla por lo que hicieron. El Salvador sería un ejemplo para el mundo, porque lo que ocurrió aquí fueron crímenes de lesa humanidad que no deberían ser perdonados.

Ahora vemos en estos tiempos lo que ocurre en otros países donde hay guerras, y es terrible. Viendo lo que uno pasó en su niñez, no le deseamos a ningún país ni ser humano que pase por lo mismo, porque no es fácil vivir con eso.

Eso queda en la mente de uno, y me moriré con eso. A nadie le deseo una guerra.

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El pasado miércoles, una banda armada llevó a cabo una masacre a gran escala que llamó la atención más allá de México y las autoridades apuntan a los Tequileros como presuntos autores.

Los atacantes asesinaron con armas de grueso calibre al presidente municipal de San Miguel Totolapan, Conrado Mendoza, así como otros cinco funcionarios municipales y familiares y civiles que estaban reunidos en esa localidad.

También mataron al exalcalde Juan Mendoza, que era padre del actual presidente local. En total, 20 personas perdieron la vida, informó el jueves el subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía.

“Ahí hay una disputa con un grupo criminal conocido como la Familia Michoacana, cuyas cabezas apodadas el Pez y el Fresa son los líderes criminales de esa región”, detalló el funcionario al adelantar los primeros indicios de la investigación.

La disputa entre los Tequileros y la Familia Michoacana viene desde hace una década, pero se ha dado fuera de la atención pública nacional, salvo cuando se han producido enfrentamientos como el del miércoles, le explica a BBC Mundo el experto en seguridad Víctor Sánchez.

“Como hay esa combinación de poca atención gubernamental y procesos de infiltración de las autoridades de larga data, se da una especie de bomba de tiempo. Al no incluir su acción en ciudades grandes, como Acapulco, no llaman tanto la atención de las autoridades o de los medios, salvo cuando se desborda el problema”, explica Sánchez.

El Tequilero

El nombre del grupo viene de su fundador, Raybel Jacobo de Almonte, alias el Tequilero.

Desde la década de 2000, encabezó las acciones de tráfico de drogas en San Miguel Totolapan, el cual es un municipio con alta producción de opio, “uno de los de más alta producción en México”, describe Sánchez.

Se encuentra en la región de Tierra Caliente, la cual se extiende también al vecino estado de Michoacán, el cual históricamente ha sido dominado por el grupo la Familia Michoacana y grupos derivados, como los Caballeros Templarios.

En la década pasada, la lucha por el control de una región altamente productiva en sembradíos de marihuana y amapola llegó a las puertas de San Miguel Totolapan.

En esa disputa, el Tequilero presuntamente murió en 2018 tras un enfrentamiento. Hasta hoy se asume que Raybel Jacobo de Almonte falleció, pese a que su cuerpo nunca fue identificado.

“Es una organización que perdió algo de fuerza con el supuesto abatimiento de su líder, pero vemos que no desapareció, que siguió presente”, explica Sánchez.

“Pero por concentrar su fuerza en un solo municipio difícilmente llegan los medios de comunicación, salvo en estos casos en los que se ve un incremento de la violencia o situaciones de violencia paradigmática”.

No obstante, los Tequileros han usado la violencia para realizar secuestros y extorciones en San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso y partes de Arcelia.

En la actualidad, hombres identificados por sus apodos, el Vago y la Mula, son quienes asumieron el liderazgo de los Tequileros.

En 2020, la Mula afirmó en un video que habían efectuado un pacto con el cartel Jalisco Nueva Generación, que rivaliza con la Familia Michoacana. Pero para Sánchez, solo es una alianza menor para traficar droga.

¿Por qué el ataque en su “territorio”?

Desde la década pasada había sospechas de que las autoridades en San Miguel Totolapan colaboraban con los Tequileros.

La reciente filtración de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) da muestra de ello.

El informe confidencial de 2014 titulado “Presidentes municipales del estado de Guerrero con presuntos vínculos con el narcotráfico” identifica a Saúl Beltrán Orozco.

Denuncias obtenidas por la Sedena dicen que era “compadre” de Raybel Jacobo de Almonte, “dirigente del grupo delictivo a quien protege y proporciona información”.

Como ocurre en muchas localidades pequeñas del país, “hay una captura del aparato municipal para la obtención de rentas a través de la colocación de funcionario municipales”, explica Sánchez.

El ataque del pasado miércoles contra Conrado Mendoza se dio cuando este presuntamente iba a sostener una reunión con José Alfredo Hurtado Olascoaga, el Fresa, líder local de la Familia Michoacana.

El propio Hurtado Olascoaga publicó el jueves un video en el que señala que estaba por bajar de su vehículo para reunirse con Mendoza cuando se desató el ataque del que pudo huir.

El ataque, presume Sánchez, se da por “una especie de venganza por haber cambiado de bando”.

Como en otras regiones de México capturadas por grupos delictivos, en San Miguel Totolapan se combinan factores que favorecen a esas bandas: poco empleo o inversiones, pobreza y corrupción de autoridades.

Por eso Sánchez señala que crean “bombas de tiempo” que de tanto en tanto explotan.

“Sus acciones, omisiones o participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas“, dijo Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación (Interior), al presentar el reporte en un acto público.

“No se acreditó una acción de carácter institucional, pero sí responsabilidades claras de elementos” de las secretarías de la Defensa y la Marina destacados en la zona al momento de los hechos, añadió el titular de la Comisión para la Verdad Ayotzinapa, quien no detalló si esos agentes siguen activos.

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Encinas aclaró, no obstante, que es necesario seguir investigando hasta dónde llegó la participación de militares en lo que volvió a catalogar como un “crimen de Estado”.

El pasado 29 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que miembros de la Marina eran investigados por supuestamente haber manipulado pruebas durante las primeras pesquisas, específicamente en un basurero donde fueron encontrados restos humanos, incluidos los de los tres únicos alumnos identificados hasta ahora.

“Se dio la instrucción de que investigara a los jefes de la Marina que participaron en ese operativo y ya han declarado ante la Fiscalía todos los que participaron”, señaló entonces el mandatario izquierdista, que creó la comisión para esclarecer el caso.

Soldado infiltrado

La desaparición de los 43 estudiantes se produjo entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando se dirigían a la ciudad de Iguala (estado de Guerrero, sur) para hacerse con autobuses en los que pretendían viajar a Ciudad de México para participar en unas protestas.

Este episodio constituye una de las peores violaciones de derechos humanos en México y generó una fuerte condena internacional.

Encinas aseguró que el Ejército incluso tenía infiltrado a un soldado en la escuela, quien informaba de las actividades estudiantiles y cuyo paradero se desconoce también desde el 26 de septiembre, cuando envió su último reporte.

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“Se confirma que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado”, dijo.

Una veintena de personas que daban información sobre el caso han sido asesinadas desde 2014, según el documento.

La responsabilidad de integrantes de las Fuerzas Armadas no fue incluida en la llamada “verdad histórica” planteada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Según esa versión, los jóvenes fueron detenidos y entregados por policías locales a narcotraficantes del cártel Guerreros Unidos al ser confundidos con miembros de una banda enemiga.

Tras ser baleados, sus restos fueron incinerados y arrojados al basurero de Cocula, de acuerdo con la misma tesis, rechazada por familiares de las víctimas, el gobierno de López Obrador y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Sin indicios de vida

Como parte de las indagaciones, el gobierno de Peña Nieto aceptó la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) por un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En su tercer informe de marzo pasado, ese grupo denunció las manipulaciones en el basurero y acusó a autoridades de haber ocultado información clave desde el día que ocurrieron los hechos.

Según el GIEI, algunas instituciones -a las que no identificó- se resisten a entregar información necesaria para avanzar en las pesquisas, incluidos datos de inteligencia.

También sostuvo que miembros del Ejército seguían los movimientos de los normalistas dos días antes de su desaparición, por lo que sabían “qué estaba ocurriendo”. Pese a ello, esos datos no fueron entregados para las averiguaciones.

Encinas reiteró lo dicho por el GIEI en cuanto a que no hay indicios de que los jóvenes estén con vida, pero apuntó que los 43 jamás volvieron a estar juntos tras salir de la escuela y por tanto se debe seguir la búsqueda de los restos en otros sitios.

El informe fue presentado este jueves a López Obrador y familiares de los alumnos, que se resisten a admitir que están muertos. Fue una reunión “muy dolorosa”, afirmó Encinas.

El subsecretario dijo igualmente que la Fiscalía determinará hasta dónde llegan las responsabilidades, al ser interrogado si estas pudieran alcanzar a Peña Nieto.

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El funcionario de mayor nivel que es buscado por este caso es Tomás Zerón, quien era jefe de la Agencia de Investigación Criminal y es acusado de secuestro, tortura y manipulación de evidencia.

Zerón, quien alega persecución política, se encuentra en Israel, donde ha pedido asilo, y México gestiona su entrega en base a un acuerdo de colaboración jurídica.

De acuerdo con una nota del medio Infobae, la venta de estos enseres creció hasta un 800 por ciento después de la matanza en la escuela primaria de Uvalde.

El medio, citando a TMZ, consigna que es el exagente del Servicio Secreto Mike De Geus es el creador la compañía Leatherback Gear, que es la pionera en la confección de este tipo de mochilas que se han reforzado en sus últimos modelos. 

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“Mike, que trabajó con los ex presidentes Donald Trump, Barack Obama, George Bush y Bill Clinton cuando era agente del Servicio Secreto, asegura que sus mochilas ofrecen la misma cantidad de blindaje antibalas que tenía cuando protegía a los mandatarios estadounidenses”, consigna Infobae.

De acuerdo con la publicación, Tuffy Packs, otra compañía fabricante de mochilas antibalas, está experimentando también un crecimiento de ventas cerca de 300 por ciento. A diferencia de otras compañías, esta puede colocar blindaje a cualquier otra bolsa aparte de las mochilas.

En tanto, la empresa Dog Security también reporta aumento en sus ventas. La peculiaridad de esta compañía es que parte de sus ganancias es destinada a “Make Our Schools Safe”, una organización fundada por los padres de un estudiante que fue asesinado durante la matanza de Parklan en Florida en 2018.

Cómo funcionan

Las mochilas antibalas tienen un precio de alrededor de US$250, y pueden variar desde su forma y tamaño.

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Su peculiaridad es que, en cuestión de segundos, se dividen en dos partes creando un chaleco antibalas que protege la parte frontal y espalda de la persona.

La mochila estándar, que pesa casi dos libras, también es resistente al agua y está aprobada por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés). 

Asimismo, el atacante mató a dos maestros del establecimiento educativo durante su macabro ataque antes de ser abatido por elementos de la policía local.

Luego de esta masacre, salió a la luz información sobre la vida de Salvador Ramos, quien era un joven solitario que sufría bullying desde su infancia por un impedimento del habla, mostraba actitudes violentas con sus compañeros de clase y tenía una problemática relación con su madre.

Ramos fue víctima de bullying en la escuela intermedia y secundaria por tener un problema del habla y tartamudear. De acuerdo con Stephen García, su mejor amigo durante esos años, el joven pasó momentos sumamente complicados por este impedimento.

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“Le acosaban mucho, como acosado por mucha gente. Por las redes sociales, por los juegos, por todo. Era el chico más simpático, el más tímido. Sólo necesitaba salir de su caparazón”, reveló.

Asimismo, una fuente cercana al asesino indicó que Salvador Ramos era objeto de burla en la escuela y que, al llegar a su casa, se quejaba con su abuela sobre no querer volver a estudiar debido a los ataques en su contra.

“No era una persona muy social después de haber sido intimidado por la tartamudez. Creo que simplemente ya no se sentía cómodo en la escuela”, comentó.

Los años pasaron y Ramos continuaba sintiéndose como un extraño en su escuela, situación que lo hizo abandonar los estudios, dejarse crecer el pelo y comenzar a vestir todo de negro.

La violencia como parte fundamental de su vida

A raíz de las burlas en su contra, Salvador Ramos creció siendo una persona violenta y a menudo tenía actitudes que a su círculo íntimo le parecían extrañas.

Según Santos Valdez, amigo del joven de 18 años, en una ocasión ambos iban caminando por la calle cuando de repente vio que la cara de Salvador tenía múltiples cortadas.

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El adolescente le indicó que había sido arañado por un gato; sin embargo, momentos después le confesó la verdad al mencionar que se había cortado la cara con cuchillos ya que le producía placer y diversión.

Añadido a esto, Valdez también reveló otro episodio violento en la vida del autor de la masacre en Texas, cuando el joven iba en un vehículo con otros amigos y comenzó a disparar a personas al azar con una pistola de balines.

Una relación problemática con su madre

La relación entre Salvador Ramos y su madre siempre fue problemática, ya que, según algunos compañeros de la escuela, al joven lo intentaron sacar de su casa en reiteradas ocasiones.

“Publicó vídeos en su Instagram en los que la policía estaba allí y él llamaba a su madre p**a y decía que quería echarlo. Gritaba y le hablaba a su madre de forma muy agresiva”, confesó Nadia Reyes.

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Por otra parte, uno de los vecinos de la familia Ramos reveló que el joven “tenía una vida bastante dura con su mamá” e indicó que la madre de Salvador consumía frecuentemente drogas, situación que contribuía a las constantes disputas entre ambos.

Según Rubén Flores, quien vivía al lado de la familia, Salvador Ramos se mudó a la casa de su abuela hace algunos meses atrás por la mala relación que tenía con su mamá.

No obstante, la abuela del joven fue la primera en ser atacada este martes cuando Salvador llevó a cabo su macabro plan y asesinó a decenas de personas en Texas.

De acuerdo con las autoridades locales, Payton Gendron, quien condujo por tres horas para llevar a cabo su macabra misión, planeó durante meses este ataque que es clasificado como un acto de “extremismo violento”.

La policía también reveló que Gendron habría publicado un manifiesto de aproximadamente 180 páginas antes de perpetrar la masacre y dentro de este escrito se encontraba su plan para conducir más de 320 kilómetros desde su natal Conklin hasta Buffalo para llevar a cabo este tiroteo.

Al momento del ataque, el adolescente vestía un chaleco antibalas, portaba un rifle de asalto y llevaba un casco equipado con una cámara para transmitir su crimen en vivo por un directo en la plataforma Twitch.

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Según información del Departamento de Policía local, Gendron disparó a cuatro personas en el estacionamiento del supermercado y al ingresar al establecimiento continuó abriendo fuego. 

Asimismo, las autoridades informaron que de los 10 muertos y tres heridos, 11 eran personas afroamericanas, situación por el que este caso está siendo investigado como un crimen de odio racial.

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Cuando llegaron los agentes policiales al supermercado, Gendron puso su arma en su cuello y amenazó con dispararse; sin embargo, los oficiales pudieron convencerlo de no quitarse la vida y finalmente se rindió.

Otra revelación en esta terrible masacre fue hecha por el mismo asesino, quien aseguró haberse inspirado en un hombre armado que mató a 51 personas en una mezquita de Nueva Zelanda en marzo de 2019.

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Luego de su captura, Payton Gendron se declaró “no culpable” de asesinato en primer grado y hasta el momento se encuentra detenido sin fianza.

Sin embargo, el adolescente de 18 años tendrá que volver a comparecer ante el tribunal el próximo jueves y de ser declarado culpable se enfrenta a una sentencia de cadena perpetua.

El periódico, que cita a un agente con conocimiento de la investigación, asegura que los profesores informaron a la Policía.

El comisionado de Policía de Búfalo, Joseph Gramaglia, reconoció durante una rueda de prensa celebrada este domingo que en junio del año pasado, el atacante, identificado como Payton Gendron, hizo una “amenaza generalizada, pero no una amenaza específica dirigida hacia un lugar o una persona en concreto”.

Gramaglia, que no ofreció más detalles sobre dicha amenaza, se limitó a apuntar que la Policía investigó lo ocurrido, mantuvo una entrevista con él y lo trasladó a una institución mental para que fuera evaluado.

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Según el WSJ, un día y medio después fue dado de alta. “Hicieron su trabajo al máximo nivel que se pudo hacer en ese momento”, subrayó Gramaglia, que no aceptó más preguntas.

Ayer, Gendron se trasladó en un vehículo desde Conklin, una localidad a 320 kilómetros al sureste de Búfalo, y lo aparcó en el estacionamiento del supermercado Tops.

Después salió armado del vehículo, ataviado con un chaleco antibalas, un casco y una cámara con la que retransmitió en vivo la masacre a través de la plataforma Twitch, perteneciente a Amazon, antes de entregarse a la Policía.

Las autoridades están investigando lo sucedido como un ataque terrorista y un crimen de odio en base, entre otras cosas, a un manifiesto que al parecer el joven dejó escrito.

El obispo baptista Darius Pridgen aseguró durante una misa en honor de las víctimas que en el texto Gendron, de raza blanca, dejó escrito que quería matar a todos los afroamericanos.

Por su parte, la gobernadora Kathy Hochul, aseguró que el atacante también redactó que había elegido asesinar en ese barrio, porque era de mayoría afroamericana.

“No fue un acto de violencia al azar. Hemos visto suficiente de esto. Vemos lo que sucede cuando hay demasiadas armas en nuestras calles y la gente se enoja o está en medio de una batalla entre pandillas y hay víctimas inocentes”, dijo Hochul.

De acuerdo con videos publicados recientemente, un comando fuertemente armado llegó a una vivienda en la que se celebraba un funeral, de donde sacaron al menos a una docena de personas para masacrarlas.

Aunque se presume que los cuerpos fueron llevados del lugar, se estableció que una de las víctimas era Alejandro “N”, el Pelón.

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Hasta el momento, las pesquisas apuntan a un ajuste de cuentas entre carteles de la droga.

Se supone que el Pelón tenía prohibido entrar en ese lugar, donde se encontraba su familia, después de una riña que había tenido con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Estos le habían advertido de que no podía entrar en esa localidad; sin embargo, este se atrevió a llegar al funeral de su madre, que había muerto de cirrosis, de acuerdo con una publicación de Infobae.

Previendo problemas, se había movilizado con al menos una decena de sicarios.

De acuerdo con información de la Fiscalía, un comando armado encabezado por un narcotraficante identificado como Abel “N”, alias “El Toro” o “El Viejón”, líder del CJNG llegó al lugar y neutralizó a los sicarios del Pelón.

Tras colocarlos en fila en una pared, en los videos se ve al Pelón hablando por teléfono con una arma en la mano. Las autoridades suponen que hablaba con los superiores del cartel para solventar su situación; sin embargo, al no lograr apaciguar el problema él había sido una de las primeras víctimas.

No se sabe si él mismo accionó su arma para suicidarse o se armó una balacera entre todos.

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La masacre habría sido encabezada por un sicario conocido como el Toro para privar de la vida al Pelón.

“El Toro” también habría ordenado esconder los cadáveres de la víctima y de sus sicarios, por lo que autoridades buscan tanto al comando armado como los cuerpos en la zona limítrofe de Michoacán y Jalisco.

Las autoridades añadieron que las pruebas de balística serán determinantes para esclarecer si este fusil fue usado en la masacre de 13 personas, entre niños, ancianos mujeres y un agente de la PNC que integraba parte del dispositivo para mantener vigilancia en el área de conflicto territorial entre el referido municipio y Nahualá.

Los tres detenidos son oriundos de uno de los municipios en conflicto y se les identificó como Branly Pascual Tepaz Itzep, de 22 años; Frank Julio Tambriz Xocol, de 22, y Claudio Ramiro Xocol, de 25.

Los tres fueron capturados en los límites entre Sololá y Totonicapán luego de una persecución al automóvil color verde P554GKZ en el que huían.

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No presentaron documentación del automotor y uno de los individuos descendió del automotor portando un fusil, por lo que inmediatamente fueron reducidos al orden y engrilletados.

Se coordinó el traslado de los detenidos al Juzgado de turno Torre Tribunales de Quetzaltenango, para su respectiva consignación.

Las autoridades han identificado a las 11 personas, entre ellos tres menores de edad, que murieron el viernes pasado en un enfrentamiento entre pobladores de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, según información preliminar del MP.

El total de fallecidos divulgado por PNC es de 13, pero dos personas más, un poblador y un agente de la PNC ya habían sido identificados entre el viernes y el sábado.

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Este lunes 20 de diciembre, pobladores de Santa Catarina Ixtahuacán bloquean el paso en el kilómetro 171 de la ruta Interamericana para exigir justicia.

En un comunicado en su página de Facebook, el centro médico, que solo atiende a pacientes pediátricos, informó que ha tratado a 18 menores que sufrieron lesiones por la embestida del vehículo. Por el momento, se desconoce si hay niños o adolescentes ingresados en otros hospitales de la zona.

En una rueda de prensa, médicos del hospital detallaron que las edades de los menores atendidos oscilan entre los 3 y los 16 años.

Sus heridas van desde abrasiones faciales y huesos rotos a lesiones graves en la cabeza.

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Seis de los menores fueron operados la noche del domingo, mientras que otros dos el lunes, y dos han sido dados de alta.

Diez de los pacientes se encuentran en la unidad de cuidados intensivos: seis de ellos están muy graves, tres graves y uno, estable.

Muertos y heridos

Al menos 5 personas perdieron la vida y unas 40 resultaron heridas en el incidente, que se produjo cuando grupos de danza, bandas de música escolares y políticos desfilaban por la Main Street, de Waukesha, un suburbio de Milwaukee, después de que esta marcha navideña fuera suspendida el año pasado por la pandemia.

Un todoterreno rojo de tipo SUV derribó varias vallas colocadas para el desfile y embistió a la multitud, atropellando a decenas de personas.

Por el momento se desconoce las motivaciones de este suceso.

Testigos citados por el diario The New York Times indicaron que el conductor del vehículo era un hombre, y el jefe del Departamento de Policía de Waukesha, Daniel Thompson, ha apuntado que los agentes abrieron fuego contra el conductor.

Fuentes de las fuerzas de seguridad, citadas por la cadena CNN, dijeron que hay indicios de que el sospechoso estuviera huyendo de otro incidente cuando embistió a la multitud congregada por el desfile.

El diario The Washington Post, que ha hablado con una fuente de seguridad, afirmó que las autoridades han identificado ya al sospechoso, quien al parecer arremetió contra el desfile, tras huir de una pelea con navajas.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, reveló este lunes que el presidente Joe Biden fue informado la noche del domingo de “la trágica situación” en Waukesha y que está recibiendo actualizaciones.

Identifican al posible responsable

La Vanguardia informó que la persona en custodia de la Policía de Waukesha se llama Darrell Brooks, de 39 años y cuenta con historial delictivo.

Según las primeras investigaciones, el autor de la masacre acababa de protagonizar una situación de violencia doméstica cuando, minutos después, entró a toda velocidad con su SUV rojo en el desfile navideño.

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NBC adelantó que la Policía ha descartado que existan conexiones con el terrorismo, ni tampoco ninguna señal de que el incidente sea una represalia por la exculpación de Kyle Rittenhouse por la muerte de dos manifestantes en una protesta anti racista en otra localidad de Wisconsin.

La Vanguardia añadió que Brooks cuenta con un historial delictivo con antecedente desde 1999, cuando el condenaron por agresiones.

Recientemente recuperó su libertad luego de abonar una fianza de mil dólares por un caso de supuesta violencia doméstica. Estaba siendo interrogado por la Policía como presunto autor de la masacre.

Señalado de homicidio

Autoridades policiales de Estados Unidos anunciaron que será imputado por “homicidio intencional” el sospechoso de embestir con una camioneta la noche del domingo contra un desfile navideño en el estado de Wisconsin.

Cuatro mujeres y un hombre de entre 52 y 81 años murieron y 48 personas fueron hospitalizadas tras el incidente ocurrido el domingo por la noche en la ciudad de Waukesha, un suburbio de Milwaukee -la mayor urbe de Wisconsin-, según el último saldo confirmado por las autoridades, informó AFP.

La mañana del martes un gran número de detonaciones de armas de fuego y explosiones en varios pabellones del recinto activaron las alertas de las autoridades.

Tras una intervención policial, los agentes encontraron cadáveres tiroteados y huellas dejadas por granadas en los pabellones de la penitenciaría.

Según la prensa local, varias víctimas fueron mutiladas. En cinco casos hubo decapitaciones. En otros, cortes de extremidades.

En la mañana de este jueves las autoridades retomaron el control “total”, según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas privadas de libertad y Adolescentes Infractores (SNAI).

Este es el tercer motín que se registra en una cárcel ecuatoriana en lo que va de 2021, tras los ocurridos en febrero y en julio, que dejaron 79 y 22 muertos, respectivamente.

En este artículo te explicamos 4 claves que explican qué hay detrás esta nueva masacre.

1. Lucha de poder

El presidente Guillermo Lasso calificó de “lamentable” que las bandas delincuenciales “pretendan convertir las cárceles en un territorio de disputa del poder”, antes de decretar el estado de excepción nacional en las prisiones.

Luego, la fiscalía confirmó que los principales detonantes de los enfrentamientos habrían sido la lucha “por ostentar el poder” en el recinto penitenciario y la intención de las autoridades de trasladar a los cabecillas de organizaciones delictivas a otros centros penitenciarios del país.

En los centros carcelarios ecuatorianos operan varias bandas delictivas y cada una de ellas busca hacerse con el máximo poder de las cárceles y están ligadas al narco mexicano.

“Una es la megabanda de Los Choneros, que está ligada al Cártel de Sinaloa; otras son los Tiguerones, Los Lobos y Los Largartos, que están ligadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación”, le dice a BBC Mundo el coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia militar y ahora analista en seguridad y defensa.

“Estas bandas se enfrentaron entre sí por un control territorial. Trataron de tomar el Pabellón 5, en el que ya estaba una estructura delictiva. Esto desencadenó un enfrentamiento. Mataron a algunos inicialmente y luego vino la represalia”, resumió.

Sólo en el Pabellón 5 hubo más de 60 muertos. Pero la violencia se extendió rápidamente a otros puntos del Centro de Privación de Libertad Número 1.

2. Narcotráfico

Los Choneros, Los Lobos y Los Largartos, entre otras bandas, no sólo se disputan el liderazgo de la cárcel.

El portal especializado Insight Crime explica que los grupos criminales ecuatorianos tradicionalmente operan de manera fragmentada, actuando fundamentalmente como subcontratistas de organizaciones criminales extranjeras.

El director del Centro de Inteligencia Estratégica de Ecuador, Fausto Cobo, dijo a Reuters que la violencia está “conectada con otros temas graves” al ser consultado si los enfrentamientos estaban relacionado con el narcotráfico.

“Este es un tema que va más allá del asunto penitenciario, ésta es una amenaza contra el Estado ecuatoriano”.

Lo que se disputan las bandas ecuatorianas no es cualquier cosa. Como también destaca Insight Crime, en los últimos años Ecuador se ha convertido en la “autopista de la cocaína hacia Estados Unidos y Europa.”

Según fuentes de antinarcóticos citadas por el portal, como resultado de los cambios de estrategia de los narcotraficantes colombianos, “más de un tercio de la creciente producción de cocaína en Colombia llega actualmente a Ecuador”.

El año pasado, la Policía Nacional decomisó 128,4 toneladas de droga, la mayor incautación en la última década, según datos del Ministerio de Gobierno ecuatoriano.

Estas cifras muestran que el narcotráfico en Ecuador está en aumento.

“Las bandas necesitan mantener el control, especialmente en las cárceles de Guayaquil, pues ahí está la principal ruta y el punto de partida: el Golfo de Guayaquil y el Puerto de Guayaquil”, explica el exjefe de inteligencia Pazmiño.

“De allí sale más de la mitad de toda la cocaína que ingresa desde Colombia”, añade.

Pazmiño recuerda que como en Guayaquil operan tanto el Cártel de Sinaloa como el de Jalisco Nueva Generación, cada banda asociada “necesita atemorizar” a su rival.

“Necesitan establecer un control territorial y eso lo hacen a base de fuego y sangre. Esta situación no sólo se ve en las cárceles, sino que es un reflejo palpable de lo que se vive en algunos barrios de la ciudad de Guayaquil, en los que se ven combates permanente por el otro problema: el microtráfico”.

3. Corrupción

Según el informe “La crisis del sistema penitenciario en Ecuador”, publicado en 2006 por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), en las cárceles ecuatorianas opera un sistema de corrupción fundado en una relación personalista entre funcionarios e internos.

El coronel Mario Pazmiño asegura que, 15 años después, no sólo todavía es así, sino que la corrupción se ha intensificado.

“Hace 15 años no había una penetración tan grande del crimen organizado transnacional en el país. Creo que este tipo de acción en el sistema carcelario se ha incrementado por la presencia de las megabandas que controlan directamente el sistema carcelario“, afirma.

Según el experto, las bandas manejan un primer círculo, en el que está la Policía Nacional, pero también círculos que involucran a los guías penitenciarios y a los mismos administradores de estos centros “amenazados por las megabandas”, precisa.

En julio pasado, Fausto Cobo, entonces director del SNAI, la institución que rige todas las cárceles en Ecuador, advertía que la crisis en las prisiones del país es efecto de la influencia e infiltración del narcotráfico en todas las instancias del Estado.

La crisis carcelaria es un efecto de la contundente presencia en el ESTADO de todas las actividades, directas y conexas, del NARCO TRÁFICO, con influencia e infiltración en TODOS sus elementos estructurales: territorio, gobierno, fuerza pública, institucionalidad @LassoGuillermo

— Fausto Cobo M. (@FaustoCoboM3) July 22, 2021

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Una de las formas de la corrupción en las cárceles ecuatorianas se da a través del contrabando de mercancías.

Como la comida que se reparte en los centros es típicamente de mala calidad, muchos reclusos dependen de sus familias para alimentarse.

Pero el ingreso de los alimentos no es gratis.

“Hacer pasar una botella de agua puede costar cerca de US$4”, explica Pazmiño.

Y el comercio no se limita a productos alimenticios: “Un cartucho puede costar hasta US$5, un revolver hasta US$4.000, un fusil puede estar sobre los US$15.000 y un teléfono US$500. En fin, todo tiene un precio”.

4. Hacinamiento

Si bien se ha reducido con respecto a años anteriores, el hacinamiento sigue dificultando la adecuada gestión de las cárceles ecuatorianas.

Según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), la capacidad carcelaria ecuatoriana es de 28.500 personas.

Pero en mayo de 2019, cuando el gobierno decretó el primer estado de excepción, el número de reos sumaba 41.836, un hacinamiento del 42%.

Desde entonces, el número se ha reducido, pero no lo suficiente.

Según cifras del SNAI, los aproximadamente 38.000 presos en el sistema actual suponen un hacinamiento del 33%.

Y las cárceles de Cuenca, Guayaquil y Latacunga concentran el 70% de todos esos reos.

Como explica el sitio especializado Insight Crime, la superpoblación de las cárceles es un fenómeno regional que resulta en problemas de derechos humanos y en la falta de control sobre los sistemas penitenciarios.

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Calificada como “la peor masacre carcelaria” en la historia de Ecuador, el violento choque entre bandas comenzó el martes (28 de septiembre) y llevó a que el presidente Guillermo Lasso declarara el “estado de excepción en el sistema” penal.

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Detonaciones de armas de fuego y explosiones en varias áreas del penal activaron las alertas de las autoridades. Cuando los agentes policiales intervinieron, se encontraron con cadáveres con impactos de balas y efectos de granadas.

Tras la masacre, una de las imágenes más desoladoras fue la de los familiares de los presos que acudieron a la cárcel en búsqueda de información y a la morgue en el sur de la ciudad para reclamar el cuerpo de sus fallecidos.

Desesperación, desorden y caos reinaban en estos lugares, mientras los policías intentaban controlar la situación y, puertas adentro, médicos buscaban dilucidar la identidad de los cadáveres.

“No nos vamos a mover”

Este jueves en la mañana, mientras hacía la fila en la morgue para saber qué ocurrió con el joven de 24 años de edad, Jara explicó a BBC Mundo a través de la línea telefónica que hasta ahora no había recibido ninguna información sobre su sobrino.

“Nos van a hacer entrar para reconocer el cuerpo”, afirmó, admitiendo que por la cantidad de gente en fila la espera aún podía tomar muchas horas.

La mujer explicó que son muchos los familiares de los presos que se han congregado allí y que han expresado su malestar haciendo ruido y manifestándose en la calle para protestar.

“Aquí vamos a estar firmes hasta que nos den resultados de mi sobrino. No nos vamos a mover“, aseguró.

Otros reclamaban justicia.

“Queremos justicia, señor presidente, al menos muestre la cara, por las madres que estamos sufriendo aquí por nuestros hijos”, dijo una mujer a las afueras del penal, según recogió la prensa ecuatoriana.

“Mi hermano, llamen a la policía, necesitan entrar al pabellón 5 (…). ¡Es mi hermano, no un perro!”, exclamó otra mujer en el mismo lugar.

En declaraciones recogidas por el diario El Universo, una mujer de 35 años llamada Nancy relató que reconoció la cabeza de su pareja en un video.

“Cómo le voy a decir a mi hija que a su papá le cortaron la cabeza, esa es la peor muerte“, dijo.

“Se escuchaban gritos de la gente, mujeres se desvanecían”

La periodista del medio ecuatoriano Primicias, Carolina Mella, estuvo afuera de la morgue junto a los familiares.

En conversación con BBC Mundo, cuenta en detalle el drama que se vivió allí.

“Había cientos de personas, madres, abuelas, padres, hermanos, esposas, que estaban afuera de la morgue, en shock y desesperados por tener información. Algo tan básico como eso”, explicó.

Mella cuenta que muchos llevaban más de 24 horas en la incertidumbre, sin saber si su familiar, si su hijo o esposo formaban parte de los fallecidos.

“Ellos no solo se enteran por los noticieros de lo que está pasando, sino que también por fotografías y videos que circulan por Whatsapp. Hablé con un joven que su hermano había sido asesinado. Le pregunté si tenía información, si les habían dicho algo, y me respondió: ‘Vimos la cabeza’“, señaló.

“Esas fotografías vienen de adentro y las comparten a través de chats y redes sociales. Y así es como los familiares se enteran”.

Entre el caos y desconcierto que se vivía en el lugar, Mella explica que cada cierto rato las autoridades salían con un listado de nombres.

“Cada vez que nombraban a alguien, se escuchaban gritos de la gente, mujeres se desvanecían. Era como que hasta ese momento no querían creer que sus familiares estaban muertos”.

En general, los familiares ahora se muestran precavidos ante posibles represalias, precisa Mella.

“Al interior de las cárceles, para poder sobrevivir, los presos tienen que hacerse parte de una de las bandas. Es difícil que pasen bajo perfil, sobre todo en esta penitenciaria, que ha sido conocida como el infierno mismo (…) Los familiares tienen temor de que cualquier cosa que ellos digan se malinterprete por los líderes de las bandas. Entonces lo que impera es el silencio“.

“Esta gente vive en barrios que se han creado como invasiones, que viven en covachas, en el lodo, sin acceso a agua potable, electricidad o alcantarillado. Con esa vulnerabilidad de pobreza, esos barrios son aprovechados por estos grupos delictivos”, ahonda.

Silvana Tapia, investigadora y activista ecuatoriana de la organización Alianza contra las cárceles, le dijo a BBC Mundo que episodios como el de Guayaquil “no ocurren sin una larga historia y de larga data por detrás y, sobre todo, no ocurren sin la participación del Estado“.

Tapia asegura que “existe una elevada corrupción en los funcionarios penitenciarios” de Ecuador y pide “cuestionar seriamente el origen del armamento que se está utilizando en estos eventos sangrientos”.

También apunta al hacinamiento como “factor crucial” para explicar lo ocurrido, ya que, según ella, “todas las prisiones en el país están por encima de su capacidad y no permiten una vida en condiciones dignas”.

La pérdida de lo que entonces consideraba su “mercancía” podía compensarse cobrando el seguro de viajes.

Los responsables de la atrocidad, conocida como la Masacre de Zong, quedaron impunes, a pesar de los esfuerzos de los activistas del movimiento abolicionista británico para que fueran juzgados por asesinato.

La ironía del nombre

Entre el siglo XVI y principios del siglo XIX, al menos 12 millones de africanos fueron capturados y llevados para ser vendidos como esclavos en las colonias del continente americano, aproximadamente un tercio en barcos británicos.

Entre estos barcos estaba el Zong, que originalmente era un barco de esclavos holandés e irónicamente se llamaba Zorg, que significa algo así como “celo” o “cuidado”.

El barco fue capturado por los británicos en 1781 frente a la costa africana durante una de las guerras anglo-holandesas y vendido a una conocida familia de comerciantes de esclavos de Liverpool, los Gregson, que dirigían un sindicato en ese momento.

“Instituyeron un nuevo capitán llamado Luke Collingwood, y Zong pasó unos meses más a lo largo de la costa de África occidental comerciando con más (africanos) capturados“, explica Jake Subryan Richards, profesor de historia en la Escuela de Economía de la Universidad de Londres. (LSE), Reino Unido, en una entrevista con el programa de radio de la BBC “In Our Time”.

Así, en septiembre de 1781, el Zong zarpó de Accra, la actual capital de Ghana, con 442 africanos esclavizados a bordo con destino a Jamaica, una de las colonias más importantes y lucrativas del Imperio Británico, donde serían vendidos y obligados a trabajar en las plantaciones de caña de azúcar.

Condiciones inhumanas

En ese momento, el viaje desde África a América duraba de seis semanas a varios meses, dependiendo de las condiciones climáticas. Se estima que entre el 15% y el 16% de los africanos capturados morían en ruta debido a las deplorables condiciones a bordo de los barcos.

“Las condiciones en cualquier barco de esclavos eran muy difíciles y opresivas. Por lo general, los hombres adultos eran encadenados, metidos en la bodega y llevados a cubierta tal vez una vez al día para hacer ejercicio”, dice Richards.

“Las mujeres y los niños solían estar en cubierta, no necesariamente encadenados, sino detrás de barricadas de madera, una gran valla que atravesaba horizontalmente la cubierta del barco (…), donde la tripulación podía guardar sus armas de fuego para matarlos en caso de insurrección”.

Además, las enfermedades se propagaron rápidamente a bordo de estos barcos, que solían transportar tantos cautivos como fuera posible para aumentar su margen de beneficio, lo que aglutinaba a la gente en la bodega.

‘Fiesta’ para tiburones

Cuando alguien moría, el cuerpo podía permanecer encadenado a otros esclavos vivos durante horas antes de ser arrojado por la borda.

“En general, los muertos eran arrojados por la borda porque, desde la perspectiva de la empresa comercial, eran ‘cargamentos’ estropeados, habían perdido su valor“, le explica Vincent Brown, profesor de historia en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, a la BBC.

Por lo tanto, los informes de tiburones que seguían a los barcos de esclavos no eran raros.

“Sabían que podían darse un festín con los cuerpos arrojados por la borda”, agrega el investigador.

En el caso de Zong, sin embargo, los africanos capturados fueron arrojados por la borda cuando todavía estaban vivos.

Muy cargado

Incluso para los estándares de los barcos de esclavos, el Zong iba superpoblado. Había 442 cautivos a bordo, aproximadamente el doble de la cantidad que podía transportar un barco de su tamaño.

“El Zong era particularmente opresivo por varias razones. Una es que tenía muchos más esclavos a bordo que el barco de esclavos promedio en ese momento”, dice Richards.

Además, señala el historiador, como la tripulación original abandonó el barco cuando fue capturado, se reclutó otra a toda prisa y sin mucho juicio, que no era compatible con la cantidad de cautivos a bordo.

“Cuando zarparon de África, había 23 personas capturadas por cada miembro de la tripulación que estaba sirviendo a bordo del barco, cuando el promedio era de nueve o 10 cautivos por cada miembro de la tripulación del barco de esclavos”.

“En otras palabras, la tripulación tenía esencialmente el doble de carga de trabajo”, resume Richards.

La masacre

Las condiciones climáticas desfavorables y los errores de navegación dieron como resultado un viaje que tomó meses en lugar de semanas.

Y con cada día que pasaba, el capitán Luke Collingwood veía cómo su margen de beneficio se reducía a medida que la enfermedad se extendía por la cubierta y las bodegas del barco.

El 29 de noviembre de 1781 tomó la decisión de arrojar por la borda a los africanos capturados más débiles para que se ahogaran, algunos de ellos todavía esposados.

El episodio, inmortalizado en la pintura del artista británico William Turner “El barco de esclavos”, es hoy uno de los símbolos de los horrores de la trata de negros.

Fue una decisión comercial, cuyo objetivo era minimizar su pérdida.

Dado su estado de salud, los africanos arrojados por la borda valían más muertos que vivos.

“Fueron arrojados por la borda en parte porque el capitán Luke Collingwood le dijo a la tripulación que estaban enfermos, que iban a morir de todos modos y que era poco probable que obtuvieran un precio de mercado alto”, dice Brown.

“Esto habría sido una preocupación especial para los oficiales, quienes generalmente disfrutaban de lo que ellos llamaban el privilegio de (recibir el pago de la cantidad de) dos africanos esclavizados”.

Y, según el historiador, este cálculo se basó en el precio de venta promedio de toda la carga.

“Al arrojar por la borda a los africanos enfermos y moribundos, que podrían haber sobrevivido o no, pero que ciertamente habrían bajado el precio medio de la carga del barco, aumentaban el valor medio de su privilegio”, explica.

Falta de agua

La tripulación del barco afirmó, sin embargo, que ya no había suficiente agua potable para todos a bordo y que no tenían más remedio que arrojar por la borda a algunos de los africanos capturados.

Pero esta versión es controvertida, como explica Brown.

Según él, los registros históricos revelan que las víctimas fueron arrojadas por la borda durante tres días consecutivos, y al tercer día llovió, lo que habría permitido a la tripulación recolectar suficiente agua potable para abastecer al barco durante tres semanas antes de lanzar la última ola de africanos por la borda.

“En esos tres días, Collingwood y su tripulación provocaron la muerte de 132 africanos, los últimos de los cuales murieron luego de que recolectaran agua potable”, resume Brown.

Cuando Zong llegó a Jamaica tres semanas después, había 420 galones de agua a bordo.

Reclamación del seguro

Al arrojar a los africanos por la borda, alegando la escasez de agua potable, el capitán esperaba que la pérdida de lo que consideraba sus “bienes” en ese momento se reembolsara económicamente con el pago del seguro.

Como era práctica común en ese momento, los armadores habían suscrito una póliza de seguro para la “carga” humana del buque.

“La trata de esclavos era un negocio muy arriesgado, los riesgos para las ganancias eran varios, no solo las víctimas de enfermedades, sino también esclavos que se rebelaban a menudo eran arrojados por la borda, por lo que la función del seguro era garantizar algún margen de ganancia”, explica a la BBC Bronwen Everill, profesora de historia de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido.

“Algunos de los viajes tardaban más de un año en completarse y los errores de cálculo podían ser costosos, como en el caso de Zong, que calculó mal la cantidad de agua”.

Pero la aseguradora no creyó la versión de la tripulación y se negó a pagar la compensación, lo que llevó a los propietarios del barco a reclamar el pago en los tribunales.

En 1783, la disputa terminó en la corte de Londres, donde el jurado falló inicialmente a favor de los traficantes de esclavos, determinando el pago del seguro, como si los africanos asesinados fueran una mera mercancía.

“Lo sorprendente es que, de hecho, no había una regla específica que diferenciara a las personas esclavizadas de cualquier tipo de carga“, señala Everill.

La chispa

Es precisamente este aspecto el que acabó suscitando la revuelta de los activistas abolicionistas de la época.

Dos personajes históricos en la lucha por el abolicionismo británico se esforzaron por hacer pública la atrocidad de Zong: el nigeriano Olaudah Equiano y el inglés Granville Sharp.

“Juntos, Sharp y Equiano le dieron publicidad al caso, divulgándolo entre varios influyentes parlamentarios y otros que ya comenzaban a agitar contra la trata de esclavos”, dice Everill.

“Este era un ejemplo perfecto de los problemas de codicia y exceso que la trata de esclavos representaba para Reino Unido”.

En su opinión, lo que sucedió en Zong había sido “una desagradable comercialización y financiación de seres humanos con fines de lucro“, explica el historiador.

“Básicamente habían acusado (a los propietarios del barco) de cometer fraude de seguros”.

Los activistas protestaron por el hecho de que el caso estaba siendo juzgado simplemente como una cuestión de póliza de seguro.

“Sharp pensaba que era realmente reprobable que la vida de los africanos se equiparara con el dinero y que la única duda fuera sobre la responsabilidad legal de pagar un seguro como compensación”, dice Richards.

Para apoyar su protesta, el activista, que era una especie de abogado autodidacta, hizo transcripciones de las audiencias judiciales, que son la principal fuente que tenemos hoy para el caso Zong.

“Para (el caso del Zong) debería ser juzgado como un caso de asesinato“.

Aunque le escribió una larga carta al Almirantazgo, presionando para que la tripulación del barco sea procesada por las muertes, nunca recibió respuesta.

‘Almas en peligro’

El esfuerzo de Sharp y Equiano por condenar a los responsables de la atrocidad puede haber sido en vano.

Pero el hecho es que la Masacre de Zong reforzó el argumento abolicionista de la época de que las almas de todos los británicos estaban en peligro ya que el carácter asesino de su comercio de esclavos se trataba como una mera transacción comercial, no como un error moral.

“En la década de 1780, principalmente Sharp, pero también Equiano, temía que la esclavitud fuera una amenaza para el alma misma del Imperio Británico. Sharp no era un evangélico, era un anglicano de la Alta Iglesia, pero compartía la creencia evangélica en (la divina) providencia y en un mundo moral “, dice Brown.

“Él creía que estos pecados cometidos por la tripulación también eran pecados cometidos por la nación británica. Y ese juicio divino podría ser el resultado”.

El historiador cita una serie de incidentes que preocuparon a la gente de la época, como la independencia de Estados Unidos en 1776, que marcó el fin de la colonización inglesa del territorio; y varios huracanes que azotaron el Caribe, destruyendo cultivos y causando muchas muertes.

Eventos como estos fueron interpretados como juicios divinos.

“En un momento en que este movimiento contra la esclavitud se estaba calentando realmente en la década de 1780, la gente estaba preocupada por una amenaza inmediata de Dios al continuar con esta práctica”, contextualiza Brown.

“Los evangélicos y los disidentes cristianos estaban entre los líderes de este movimiento en parte porque temían este juicio”.

Fin de la trata de esclavos

A pesar de los esfuerzos del movimiento abolicionista, en las décadas posteriores a la masacre de Zong, la trata de esclavos continuó expandiéndose.

Sólo en 1807 el Parlamento británico abolió el tráfico de personas esclavizadas.

La explotación de la mano de obra esclavizada continuaría en las colonias británicas durante casi 30 años más.

El fin de la esclavitud solo se logró en 1833, con la aprobación de la Ley de Abolición de la Esclavitud, que entró en vigor en 1834.

“No hay una conexión directa entre la masacre de Zong y la abolición. Yo diría que la conexión más importante es que animó a esos actores clave, activistas como Sharp y Equiano, y conmocionó la conciencia de quienes se enteraron de lo sucedido”, evalúa Brown. .

“El proyecto de ley de abolición dependía de los intereses de los legisladores que lo aprobaron”.

“Este tipo de movimientos de activistas existen, pero solo tienen éxito en oportunidades particulares, en contextos particulares. Los legisladores solo escuchan a los activistas cuando consideran que es de su interés político inmediato escucharlos”, agrega el historiador.

Legado

En su opinión, el principal legado de la masacre es que sirve como “un ejemplo impresionante de la priorización de la codicia sobre la vida humana”.

“Creo que eso cuenta mucho. Es algo que sucede en la historia, y la gente puede horrorizarse ante la priorización de la codicia sobre la humanidad”, dice Brown.

El historiador traza un paralelo con la pandemia del covid-19 en lo que respecta a los debates sobre la apertura de la economía y los riesgos para la salud.

“Todavía ves el argumento de que, de alguna manera, puedes elegir la vida económica sobre la vida humana“.

• Escucha aquí la charla de los historiadores en el programa ‘In Our Time’ de BBC Radio 4.

En las siguientes 48 horas desaparecerían 42 personas, o pudieron haber sido 300.

Lo ocurrido en este municipio del norte de México fue motivo de una investigación liderada por el reconocido académico Sergio Aguayo y realizada tras un acuerdo con la oficina gubernamental Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). El trabajo fue publicado en 2016 por El Colegio de México.

El estudio buscó determinar el trato y las reparaciones del Estado a las víctimas de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010, y de la desaparición de un número indeterminado de personas en Allende, Coahuila, en marzo de 2011.

• La historia secreta de cómo Los Zetas convirtieron a Coahuila en un infierno

Ambas a cargo de Los Zetas, la de Allende es una historia mucho menos conocida.

Este 30 de junio, Netflix estrenó su serie ficcional “Somos.” basada en el reportaje de la periodista estadounidense Ginger Thompson sobre la masacre de Allende.

“Es la primera serie que aborda la violencia del narcotráfico desde la perspectiva de las víctimas”, destacan sus creadores.

Historia de una matanza olvidada

La masacre fue tan brutal que ni siquiera hay claridad sobre el número de víctimas.

Una versión muy extendida, apunta el estudio “En el desamparo”, es que en Allende desaparecieron 300 personas y “es posible que así sea”, pero el expediente de la Fiscalía sólo tiene información sobre 42 desaparecidos entre enero de 2011 y agosto de 2012.

La investigación se centra en la desaparición de 26 personas entre las 19:00 del viernes 18 de marzo y las 20:00 del domingo 20.

La ciudad de Piedras Negras, en la frontera con Texas, se había convertido en un enclave esencial para el narcotráfico y desde allí Los Zetas controlaban lo que ocurría en Allende, 60 kilómetros al sur.

Los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales (el Z40) y Omar Treviño Morales (el Z42), exlíderes de Los Zetas ahora detenidos, pensaban que había tres traidores a su organización que estaban colaborando con las autoridades en Estados Unidos y se habían llevado hasta US$10 millones en ganancias por la venta de drogas.

El principal era Alfonso Poncho Cuéllar, quien tenía como empleados a Héctor “El Negro” Moreno y Luis “La Güiche” Garza.

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Este último era residente de Allende, y “para castigar su deslealtad”, explican los investigadores, “Los Zetas ocuparon el poblado” ese fin de semana del horror.

El resultado: desaparecieron a 26 personas, 20 familiares y allegados de Garza, tres amigos de Cuéllar y dos trabajadores de Héctor, y destruyeron 32 casas y dos ranchos, “Los Garza” y “Los Tres hermanos”.

El ataque de Los Zetas evidencia la colusión con las autoridades locales, pues 20 agentes de la policía municipal fueron instruidos para “no salir a patrullar, ni responder a los llamados de auxilio que se presentaran” y “levantar a cualquiera de apellido Garza” para entregarlo al grupo criminal.

El día que empezó todo entraron a balazos y agarrando a quien se encontraba en el lugar, incluyendo cuatro mujeres de edad avanzada y dos niños. Y el domingo llegaron a la casa de un Garza, donde capturaron a un hombre, su esposa y un hijo menor de edad.

Los Zetas los metieron a una patrulla policial para trasladarlos a uno de los ranchos donde fueron trasladando a más personas durante el fin de semana. El domingo por la noche llegó el final. Los sacaron de allí para ejecutarlos.

Pero antes habían saqueado y vandalizado sus viviendas e incitado a los vecinos a robar todo lo que había en las casas antes de incendiarlas.

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Después se deshicieron de los cadáveres con métodos diferentes. En el rancho “Los Garza” echaron gasolina en la vivienda y en la bodega, donde amontonaron los cuerpos, y “luego prendieron el fuego que se prolongó toda la noche ‘hasta que se cocinaron’ los cuerpos”.

En el rancho “Los Tres Hermanos” rociaron los cuerpos con gasolina y los metieron de a uno en toneles de metal para prenderles fuego: “Después de cinco o seis horas se cocinaron los cuerpos (…) quedaba pura mantequilla (echaron los restos en una acequia y en un pozo para que no se viera nada)”, explica el estudio basado en el expediente.

La operación de venganza contra los Garza no quedó allí. Un año después, un grupo de sicarios y policías desaparecieron a una pareja, un hijo de 6 años y un bebé de meses.

Los investigadores señalan que de la masacre de Allende quedaron dos sobrevivientes: una niña de 5 años y un niño de 3.

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Una policía “integrada a Los Zetas” los entregó en una casa hogar de Piedras Negras y “de ahí fueron recogidos por sus parientes, con quienes viven desde entonces”.

Una “antinarcoserie”

A una década de la masacre, los productores de “Somos.” presentan una serie ficcional basada en el reportaje “Cómo Estados Unidos desencadenó una masacre en México”, de la periodista estadounidense Ginger Thompson.

Sus escritores, James Schamus y Monika Revilla, aseguran que buscaron centrar la historia en las víctimas, contrario a los “géneros usuales” en los que se llega a glorificar a los narcotraficantes.

Por ello Revilla la describe como una “antinarcoserie“.

“A diferencia de otras que tratan la violencia de los cárteles, ‘Somos.’ no glamuriza al narco, en vez, le da la voz a las víctimas. Le pone rostro a los que vivimos en un estado de violencia, recuperando así la perspectiva humana”, dice Revilla en una presentación de la serie.

“‘Somos.’ habla de lo que durante mucho tiempo no se pudo decir. Cuenta la historia de una masacre de la que, en su momento, nadie se enteró. A diez años de los eventos, ‘Somos.’ es un recordatorio. Nunca hubo un diálogo nacional sobre Allende. Quizá esta sea la excusa para platicar sobre lo que sucedió”.

*Basado en el artículo “Así ocurrió la brutal y olvidada masacre de Allende, una de las más sangrientas de Los Zetas” del periodista Juan Paullier, publicado en BBC Mundo el 10 de octubre de 2016.

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Una llamada telefónica alertó a los uniformados sobre varias personas baleadas en la referida aldea.

Una fuente de la PNC indicó que al llegar al lugar se estableció que los fallecidos estaban en un terreno donde hay corrales de semovientes.

En la escena fueron localizados ocho casquillos calibre ignorado y una funda posiblemente de arma de fuego.

Investigación preliminar

La PNC añadió que según personas que cuidaban el terreno, a las 5 horas de este viernes 25 de junio escucharon unas detonaciones, pero no pusieron importancia, ya que según ellos, el dueño del inmueble en ocasiones disparaba.

A eso de las 6 horas se dirigieron a los corrales a darle de comer a los semovientes y hallaron a las personas fallecidas.

Los fallecidos

• David Reynaldo Salazar Escobar, de 58 años. Dueño del terreno, según la PNC.
• Fermín Cervantes Súchite, de 28.
• Armando Cervantes Roque, de 32.
• Gerson David Salazar Méndez, de 26.
• Luis Danilo Salazar Escobar, de 56. Hermano del dueño del terreno.
• Otra víctima fue identificada como Santos, de  60 años.

Otros casos recientes

El 16 de junio, un grupo armado irrumpió en una vivienda en la aldea San Francisco, El Quetzal, San Marcos, y masacró a tres mujeres. También se reportó dos heridos.

La PNC informó  en esa ocasión que las mujeres que murieron baleadas fueron identificadas como Milvia Aracely, de 32 años; Amilda Elizabeth, de 17, y Patricia Anabely, de 24 años; todas de apellidos Díaz Valdez. En el ataque armado resultaron heridos Maulio Díaz Valdez, de 32, y Florinda Angela Valdez Velasquez, de 34, quienes fueron trasladados hacia un hospital.

El 12 de junio, en el interior de la finca denominada El Contrereño, aldea Vega del Cobán en Teculután, Zacapa, localizan a cinco hombres fallecidos por disparos con arma de fuego, según una fuente de la PNC local.

El ataque fue directo y una de las hipótesis es que es un ajuste de cuentas, pero las autoridades trabajan para esclarecer los hechos.

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La secretaría de Seguridad estatal informó en un comunicado que el hallazgo de los cadáveres de los policías fue reportado durante la madrugada por ciudadanos que circulaban en las cercanías de un puente vehicular en la ciudad de Zacatecas, capital del distrito.

“Los dos cuerpos localizados corresponden a policías estatales reportados como no localizados” en el vecino estado de San Luis Potosí, añadió el texto.

Mientras, en el municipio de Fresnillo hombres armados irrumpieron en una vivienda y dieron muerte a cuatro mujeres y tres hombres, además de que dos personas más resultaron heridos.

“En la vivienda se encontraron a cinco menores de edad ilesas”, añade Seguridad en su comunicado.

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En una carretera de este mismo municipio hace un año fueron localizados 14 cadáveres envueltos en mantas en lo que se presume fue resultado de una disputa entre grupos del crimen organizado.

Localidades del norte de México se han visto sacudidas por hechos violentos en los últimos días.

En Ciudad Reynosa, fronteriza con Estados Unidos, al menos 19 personas, incluidos cuatro presuntos criminales, murieron el sábado 19 cuando hombres armados salieron a disparar al azar a personas que se encontraban en la calle.

En Tijuana, fronteriza con la estadounidense San Diego, el 6 de junio, durante las elecciones federales y estatales, localizaron 2 cabezas y restos humanos en puestos de votación.

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México está sacudido por una ola de violencia ligada al tráfico de drogas que deja, según cifras oficiales, más de 300 mil asesinatos desde diciembre de 2006, cuando el gobierno federal lanzó un polémico operativo para combatir al crimen organizado.

La violencia que se ha recrudecido en los últimos días es atribuida por autoridades a las pugnas entre células criminales que se disputan el control de las rutas de la droga hacia Estados Unidos.

En un principio las autoridades señalaron que se desconocían los motivos detrás del ataque, perpetrado por varios hombres, aunque la primera teoría apuntaba a un enfrentamiento entre carteles.

Tamaulipas es un estado ubicado en la frontera con Texas, donde operan distintos grupos dedicados al narcotráfico y al tráfico de personas hacia Estados Unidos, como el cartel del Golfo.

Sin embargo, en las últimas horas las autoridades mexicanas han comenzado a desvirtuar esta hipótesis y considerar la posibilidad de que se trató de un ataque indiscriminado contra civiles que estaban en las calles de Reynosa.

Un tiroteo al azar.

“Todo indica que no fue un enfrentamiento (entre carteles), sino que fue un comando que disparó a gente que no estaba en plan de confrontación”, dijo este lunes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

AMLO, como se le conoce, señaló que la Fiscalía General de México se hará cargo de la investigación para esclarecer los hechos.

Balazos

El Grupo Coordinación Estatal para la Construcción de La Paz en Tamaulipas, que coordina a las fuerzas de seguridad, informó que los ataques fueron perpetrados por individuos a bordo de varios vehículos, según dio a conocer la agencia de noticias EFE.

Los atacantes abrieron fuego a su paso por las colonias de Almaguer, Lampacitos, Unidad Obrera y Bienestar, de la ciudad de Reynosa.

El incidente, ocurrido poco después del mediodía del pasado sábado 18 de junio, causó la muerte de 14 personas.

“Oyeron los balazos a lo lejos y mi padrastro le dijo ‘mi hijo hay que resguardarse’, así que pidió permiso en una casa para meterse, pero mi hermano y sus compañeros apenas se iban a meter cuando llegaron las camionetas, se pararon enfrente y les empezaron a disparar”, le contó Olga Ruiz, familiar de una de las víctimas mortales, a la agencia de noticias AP.

“Los mataron a sangre fría, a él y a dos de sus compañeros”, agregó.

La balacera provocó la movilización del ejército, la Guardia Nacional, la policía estatal y la fiscalía del Estado, que se desplegaron por toda la ciudad.

Las autoridades también informaron que, tras el ataque, miembros de la Guardia Nacional abatieron a varios de los presuntos perpetradores del asalto.

“Derivado de las acciones de patrullaje y vigilancia se logró detectar a varios sujetos y vehículos que participaron en los homicidios de 14 personas en diferentes colonias de la ciudad de Reynosa”, explicaron en un comunicado.

“Al ser localizados, los individuos opusieron resistencia y agredieron a personal policial, el cual repelió la agresión. Murieron cuatro de los civiles armados”, agregaron las autoridades.

También se reportó la detención de una persona.

“Inédito e inaudito”

Aunque no se ha dado a conocer la motivación, tanto el presidente como las autoridades locales han apuntado a un posible acto indiscriminado.

“Fue un ataque cobarde”, dijo López Obrador el lunes, durante una rueda de prensa.

El procurador de Tamaulipas, Irving Barrios, señaló que se trató de un asalto “inédito e inaudito” contra los ciudadanos de Reynosa.

“Es un hecho sin precedentes en la entidad, no existe registro en los últimos diez o doce años”, le dijo Barrios a la periodista Carmen Aristegui.

“De la información que tenemos del seguimiento de los hechos, tenemos que grupos criminales antagónicos al grupo criminal de Reynosa quisieron entrar a causar desestabilidad social disparando a diestra y siniestra, en colonias alrededor del puente Pharr”, agregó.

Por su parte, el periodista Héctor Mauleón, del diario El Universal, señala que los atacantes dispararon “al azar“ contra los locales que transitaban por la calle y que no tenían ningún vínculo con grupos delincuenciales.

“Quienes formaban parte del convoy recorrieron cuatro colonias del oriente disparando contra la gente que iban hallando a su paso”, apuntó.

Y detalló: “Trabajadores de la construcción, obreros que reparaban el alcantarillado, un joven enfermero recién graduado, un adulto mayor que caminaba bajo el sol ardiente (y al que tendieron de un tiro en la garganta), el dueño de una tienda de abarrotes y un cliente que hacía compras en el momento en que pasó el comando de sicarios”.

Facciones en pugna

Tanto las autoridades locales como las del gobierno central han señalado se baraja la hipótesis de que fue un ataque indiscriminado contra la población civil, pero que detrás del mismo estarían facciones de grupos criminales que conforman el cartel del Golfo.

Desde 2017, varios grupos regionales dentro del cartel estarían en pugna por el control del territorio, rutas de tráfico de drogas y control de paso de migrantes hacia EE.UU.

Las autoridades sospechan que una de estas facciones ingresó a Reynosa y llevó a cabo el ataque de forma indiscriminada, como estrategia para controlar este territorio.

“Los tenemos ubicados. Ellos son Cartel del Golfo, pero diversas fracciones“, señaló Barrios a la cadena CNN.

“En este caso las fracciones de escorpiones y ciclones quieren quitarle la mayoría a la fracción de los metros”, señaló.

Barrios anotó también que el ataque había sido perpetrado por un comando de al menos 15 personas, por lo que la labor de las autoridades era perseguir a todos los responsables de la masacre.

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La Policía Nacional Civil (PNC) informó que las mujeres que murieron baleadas fueron identificadas como Milvia Aracely, de 32 años; Amilda Elizabeth, de 17, y Patricia Anabely, de 24 años; todas de apellidos Díaz Valdez.

En el ataque armado resultaron heridos Maulio Díaz Valdez, de 32, y Florinda Angela Valdez Velasquez, de 34, quienes fueron trasladados hacia un hospital.

Según las primeras versiones, el hombre que resultó herido llegó a visitar a sus padres en la vivienda  cuando se registró el ataque armado.

Tenía supuestamente un día de haber salido de prisión, versión que aún no han confirmado las autoridades.

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Mientras que en la comunidad hay consternación por la muerte de las tres hermanas.

Además, de forma preliminar se reporta supuestamente el secuestro de dos menores en la misma vivienda.

Versión de las autoridades

Carlos García, viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito, afirmó a La Red que las tres mujeres asesinadas en El Quetzal, San Marcos, son señaladas de haber secuestrado a dos niñas en el sector.

Aseguró que la comunidad tomó represalias contra ellas y “al parecer es un tema de trata que se está dando en el área” y es una estructura que está identificada.

Dijo que se hacen las investigaciones e identificaron a las fallecidas, como a otros integrantes de la estructura.

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“Fue el momento más oscuro en la historia de nuestra ciudad, pero mostró a la vez la resiliencia de la comunidad”, señaló a Efe George Wallace, director ejecutivo de Orlando United Assistance Center (OUAC), centro creado meses después del suceso con el fin de asistir a los sobrevivientes, familiares de las víctimas y afectados.

Wallace, como otros directivos de organizaciones locales, cree que la tragedia propició una marea de apoyo y muestras de solidaridad hacia colectivos sociales que hasta entonces se habían visto al margen de las políticas gubernamentales y lejos de las tomas de decisiones, incluso en una ciudad tan diversa como Orlando.

“Lo que hizo fue mostrar que la comunidad hispana del colectivo LGBT no estaba en una situación de relevancia”, dijo Marco Antonio Quiroga, director ejecutivo de Contigo Fund, para agregar que ahora es más común ver a personas LGBT latinas o afroamericanas en juntas de organizaciones públicas y filantrópicas.

Resaltó Quiroga que las personas LGBT de minorías raciales y étnicas, como lo de aquella fatídica noche en Pulse, son las “más marginalizadas” y por ello ha surgido un nuevo liderazgo dentro de estas comunidades.

“Hace 10 años a esa gente ni siquiera se la veía en la televisión, había mucho estigma contra los trans, los gay, pero ahora ver a miembros de esas comunidades en posiciones de liderazgo reduce el estigma”, precisó el hispano y directivo de esta organización surgida tras la matanza.

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La batalla contra la no discriminación “no es un destino sino un trayecto”, subrayó Quiroga.

De hecho, Wallace, así como Joel Morales, director de operaciones de OUAC, expresaron su preocupación por el recorte de US$150 mil de fondos estatales hacia esta organización, como resultado de un reciente recorte presupuestal dictaminado por el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Los credos religiosos y la discriminación

Esta semana, grupos de fe de Florida emitieron una declaración pública firmada por cerca de 500 líderes religiosos en la que pidieron a los funcionarios locales que honren las 49 vidas perdidas en Pulse “con coraje y acción” apoyando las protecciones federales contra la discriminación de miembros de la comunidad LGBT.

La declaración pide a los funcionarios de este estado “evitar aprobar leyes que perjudiquen a los floridanos al permitir que la religión se use como arma para discriminar”.

La carta se hizo pública el mismo día en que líderes religiosos y locales de Orlando, encabezados por su alcalde, Buddy Dyer, sostuvieron un encuentro en el que se pidió una mayor inclusión en los lugares de culto de las personas LGBT.

“Mi fe fue realmente probada después, porque, como sabemos, hubo muchos pastores que dijeron que esto era algo que merecía que nos sucediera, que esto era algo que se comparaba con Sodoma y Gomorra”, reveló ese día la sobreviviente Angélica Sánchez.

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Terri Steed Pierce, pastora principal de la iglesia Joy Metropolitan Community Church, una de las pocas en el país que han sido creadas por y para personas LGBT, reconoció que entre las iglesias del país hay avances (“antes ni siquiera había una conversación”), pero hay aún “mucho que hacer”.

“La comunidad religiosa requiere una gran conversación para ver cómo conectar la religión con comunidades a las que no incluía”, dijo a Efe la líder religiosa, una de las firmantes de la carta.

De lo local a lo global

La tragedia de Pulse fue un hecho que no solo cambió para siempre a Orlando sino que conmocionó a la comunidad internacional, y eso es lo que quiere poner de manifiesto la exhibición “Community: Five Years After the Pulse Tragedy”, que se puede ver en el Orange County Regional History Center, en el centro de la ciudad.

“Localmente tuvimos un cambio en cómo se apoyaban los unos a los otros”, manifestó a Efe la directora de este centro, Pam Schwartz, quien recordó que desde 2016 no han cesado las muestras de amor y apoyo provenientes de todo el globo.

Esta muestra multimedia con entrada libre hasta este domingo exhibe una serie de artefactos que permiten narrar la historia de la discoteca Pulse y su tragedia.

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Objetos de numerosos sitios conmemorativos, videos y audios con historias de primera mano, así como un modelo de la propuesta de un memorial en honor a las víctimas son parte de esta exhibición, que el fin de semana mostrará además las 49 cruces blancas elaboradas para conmemorar a las víctimas mortales.

La muestra es una de las diversas actividades, como carreras solidarias, exhibiciones fotográficas y charlas, con las que Orlando conmemora otro año a las víctimas de un ataque racista y extremista que destapó el olvido que padecían grupos minoritarios.

Los universitarios no dejaron morir su movimiento, pero pasaron más de dos años sin organizar una nueva marcha masiva contra el gobierno.

Hasta el 10 de junio de 1971.

En esa fecha, un jueves de Corpus en el calendario católico -que luego daría nombre a lo ocurrido-, vieron la oportunidad de nuevamente salir a las calles y manifestarse a favor de la educación pública y el movimiento estudiantil de la época.

“Testimonios de manifestantes ese día dicen que la emoción era mucha. Era volver a tomar las calles que les habían intentado arrebatar en 1968. Entonces el 10 de junio era volver a tomar las calles y tenía un simbolismo muy importante”, le explica a BBC Mundo el historiador Camilo Vicente Ovalle.

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Pero todo terminó en una nueva matanza.

Un grupo paramilitar, llamado los “halcones” y organizado por el gobierno mexicano, paró la protesta en seco.

A las agresiones con palos les siguió el uso de armas de fuego. Incluso los heridos fueron “rematados” en las salas de emergencias de los hospitales.

Desde entonces se conoció a lo ocurrido como el “halconazo” o la “masacre del “jueves de Corpus”, un hecho que incluso una fiscalía especial calificó décadas después como “genocidio”, pero por el que nadie fue condenado.

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El motivo de la protesta

La protesta del “jueves de Corpus” se dio en respaldo a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del norte del país, que se habían ido a huelga por conflictos con el gobierno estatal.

Le sumaron sus propias demandas, como la liberación de presos políticos y la democratización de la educación pública.

“Hay un golpe brutal a las movilizaciones sociales y populares en 1968, pero los estudiantes se continuaron organizando”, señala Ovalle, autor de “Tiempo suspendido”, un libro que documenta -incluso con archivos clasificados- lo ocurrido entorno a episodios como el de 1971.

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Los universitarios en la ciudad de Monterrey pidieron la solidaridad del resto del país, así que los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) -las dos instituciones superiores más importantes del país- respondieron al llamado.

En ese contexto, alumnos de la UNAM y del IPN convocaron la marcha del 10 de junio.

Pese a que la huelga de la UANL ya se había suspendido antes de esa fecha, y las demandas se habían atendido, los estudiantes de Ciudad de México decidieron mantener la cita para protestar.

El inicio del ataque

A las 4 de la tarde, la protesta dio inicio con unos 10.000 estudiantes concentrados en el Casco de Santo Tomás, uno de los campus del IPN.

Planeaban caminar hacia el Zócalo, la plaza más importante de Ciudad de México.

“Era una marcha no autorizada. Entonces los estudiantes se encuentran calles bloqueadas por granaderos [antimotines] y policías que impiden que avance la marcha o que tomen otras calles”, explica Ovalle.

Resueltos a avanzar pacíficamente, habían caminado un kilómetro cuando se encontraron con el grupo de los “halcones” -reportes dicen que eran al menos 400 o 500- en el cruce de dos avenidas.

Esta vez no eran uniformados de la policía del Departamento del Distrito Federal (DDF), ni del ejército, los que intentaban “romper” la protesta, como en 1968. El ataque vino de jóvenes vestidos de civil que cargaron contra el contingente estudiantil.

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“Los halcones estaban esperando en el punto definido para el ataque. Sí había algunos infiltrados en la marcha, pero el grueso del grupo paramilitar entra por esa parte de la avenida y se lanza en contra de la manifestación”, explica Ovalle.

Víctor Guerra, uno de los líderes estudiantiles de la época, relata que él estaba integrándose a la marcha cuando empezó todo.

“Vi que la policía se bajaba [de sus vehículos] para apoyar a los halcones. Vi cómo les proporcionaban varas de bambú. Minutos después de eso empezaron los disparos“, explicó Guerra a la agencia estatal mexicana Notimex.

“Fue una ratonera”

Como luego reconocería el coronel Manuel Díaz Escobar, entonces funcionario del DDF, los “halcones” fueron financiados y capacitados por el gobierno. El militar también había estado al frente del batallón “Olimpia” que atacó a los estudiantes de la masacre de 1968.

El grupo portaba varas de bambú porque fueron entrenados en artes marciales y usaban los palos como arma kendo. La película “Roma”, de Alfonso Cuarón, así lo retrata.

Pero su actuación fue combatida por los estudiantes aquel 10 de junio.

“Son repelidos por los manifestantes. Y al ver la resistencia, se repliegan. Entran en su lugar halcones que ya llevan fusiles M-1 y otras armas de fuego que comienzan a disparar contra la manifestación”, explica Ovalle en base en la documentación que obtuvo.

Por su parte, Guerra cuenta algo similar: “Vi a un sujeto, en una foto muy famosa, que está disparando afuera de la Escuela Nacional de Maestros, hincado, disparando hacia adentro”, relata.

También asegura que desde lo alto de un edificio contiguo pudo ver disparos “hacia la multitud”.

Fue un ataque indiscriminado, que tuvo toda la intención de dispersar a los manifestantes y, nuevamente, mostrar el poder del Estado, pues la policía y el ejército respaldaron las acciones.

“Fue una ratonera (…) Como la táctica de yunque y martillo: hay una fuerza que empuja al enemigo contra una fuerza superior que los aplasta“, explica el historiador.

El “remate” en hospitales

La manifestación se dispersó al transcurrir los siguientes minutos.

Muchos estudiantes intentaron esconderse en las escuelas, negocios y viviendas de la zona. Pero ni los heridos, que habían llegado a clínicas como el Hospital Rubén Leñero estuvieron a salvo.

“Hay periodistas, pacientes, médicos y enfermeras que fueron testigos de cómo grupos de halcones entraron al hospitaly agredieron a estudiantes con armas de fuego”, explica Ovalle.

La acción se calificó como el “remate” de los heridos, documentado en numerosas notas y crónicas en los medios que, pese al control informativo del gobierno en aquella época, salieron a la luz ya que los periodistas fueron también atacados.

“La prensa estaba muy enojada con el gobierno federal. Estaban tan molestos que Luis Echeverría [el presidente entre 1970 y 1976] tuvo que reunirse con ellos a los dos días del ataque para ofrecer disculpas”, señala Ovalle.

Nunca se ha podido determinar cuántas víctimas hubo. Pero se calculan unos 30 muertos, cientos de heridos de distinta gravedad y decenas de detenidos.

Un “genocidio” descalificado

El líder estudiantil Félix Hernández dice que si bien la “represión” de 1968 “no se justifica y no se entiende”, la del 10 de junio “se entiende menos”.

“El gobierno decidió no utilizar a la tropa uniformada. Entonces utilizó a los halcones, un grupo paramilitar que, sin embargo, estaba formado por exmilitares o militares en activo”, señaló Hernández a Notimex.

En una primera reacción, la Procuraduría General de la República (PGR) indicó que, en base en una investigación, había determinado que un grupo de estudiantes estaba armado.

“Muchos de los integrantes portaban palos, varillas y otras armas”, dijo la PGR al diario El Universal. Otro grupo cargó “contra los manifestantes y fue cuando se provocó una riña colectiva en la que se dispararon armas de diverso calibre”.

Las autoridades constataron la “existencia de francotiradores que hacían sus disparos en contra de los manifestantes y de la policía”.

Pero con el paso de los días, reconocieron que los “halcones” era un grupo que había sido entrenado por el gobierno.

El alcalde Alfonso Martínez y su jefe de policía, Rogelio Flores, renunciaron a sus cargos. El presidente Luis Echeverría ordenó una investigación.

50 años después, nadie ha sido juzgado ni encarcelado por lo ocurrido.

En la década de 2000, el gobierno de México creó una fiscalía especial para investigar sucesos como el de 1971. Se intentó que el expresidente Echeverría fuera procesado por “genocidio”.

La Suprema Corte determinó que ese delito no había prescrito para Echeverría y su secretario de Gobernación (Interior), Mario Moya Palencia, por lo que podían ser juzgados.

Pero la magistrada del caso, Herlinda Velasco, consideró que no se acreditaba el delito de “genocidio”, sino de “homicidio simple”, que sí había prescrito luego de transcurridos más de 30 años de lo ocurrido.

Para Ovalle, la matanza del “Halconazo” se explica dando un paso atrás y mirando qué ocurría en aquellos momentos en México.

“El 71 no fue una repetición del 68”, sostiene. “Fue parte de la estrategia contrainsurgente” para combatir a grupos sociales, en momentos en que el comunismo se consideraba un peligro geopolítico en el occidente liderado por Estados Unidos.

“No fueron eventos excepcionales, medidas exageradas de fuerza. Era parte de la estrategia contrainsurgente que el gobierno tenía desplegadas”, señala el historiador.

“Hoy a simple vista parece un error, volver a cometer una masacre, pero no. En esos años había una estrategia en la que los sucesos de 1968 y 1971 cobran sentido”.

Fotografías del acervo del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) y de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México.

El INEHRM y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación editaron una antología con documentos de agencias de inteligencia, cables diplomáticos y notas de prensa de México y Estados Unidos sobre el “halconazo“. El libro estará en línea para su consulta y descarga gratuita en su web.

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Una empleada de un establecimiento religioso para discapacitados cerca de Berlín es sospechosa de haber cometido la masacre.

El Departamento de Correccionales de Florida explicó hoy que el Departamento de Aplicación de la Ley estatal, junto con la Oficina del Inspector General de correccionales, investigan la muerte de Hernández mientras el médico forense efectúa una autopsia.

El hombre había sido sentenciado por asesinar en febrero de 2004 a su compañero Jaime Gough, a quien le asestó unas 40 cuchilladas en una caseta de un baño de la escuela Southwood Middle en Palmetto Bay, un suburbio al sur de Miami, en el que fue un caso que conmocionó a la opinión pública nacional.

En 2008, un jurado lo encontró culpable y desestimó el argumento de la defensa sobre su condición mental y su fijación por querer convertirse en un asesino en serie.

Al sentenciado se le encontró en su diario una lista de personas a las que quería matar y el mismo día del hecho trató sin éxito de emboscar en el baño a otro alumno de la escuela, Andre Martin, hoy convertido en un policía de Miami-Dade y, según recoge el diario Miami Herald, con “sentimientos encontrados” tras conocer la noticia.

“Mi más sentido pésame para los padres de Jaime Gough y para toda la familia Gough. Y la familia Hernández, ellos no fueron los que cometieron un crimen y perdieron a un miembro de la familia”, declaró Martin al medio.

Tras ser detenido, Hernández negó ser el asesino, pero luego confesó a los policías con lujo de detalles cómo tendió una emboscada a la víctima, a la que primero degolló, y una vez que se cercioró que estaba muerto escondió el arma homicida en un compartimento oculto de su mochila y se dirigió a clase.

En 2016 fue nuevamente sentenciado a cadena perpetua por matar a Gough, quien hoy tendría 32 años, en un nuevo proceso celebrado luego de que la Corte Suprema de EE.UU. prohibiera las cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional para menores de edad condenados por asesinato.

El magistrado John Schlesinger lo devolvió a prisión de por vida tras conocerse que mantenía su fijación por los asesinos en serie y la violencia.

A lo largo de abril de 2011, fueron encontrados allí restos de al menos 193 personas en 47 fosas clandestinas. La mayoría eran migrantes y presentaban signos de tortura.

La investigación apuntó a lo que luego se reveló que era un escandaloso denominador común en otros crímenes similares en la zona: la presunta colaboración de policías con los grupos criminales que ejecutaban a las víctimas.

De hecho, hace solo tres meses de la última masacre en Tamaulipas, paso obligado en una de las rutas migrantes: 19 personas -la mayoría, guatemaltecas- aparecieron calcinadas en Camargo a finales de enero y 12 policías fueron detenidos por su supuesta vinculación.

“No es un San Fernando (…). No habrá impunidad”, dijo de este crimen la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció en 2019 “recursos ilimitados” para la búsqueda de desaparecidos e identificación de víctimas en un país que, hasta el pasado 7 de abril, registraba 85.006 personas en paradero desconocido según datos del gobierno.

Pero si hay algo que diez años después caracteriza al caso de las fosas de San Fernando es, sin lugar a dudas, esa impunidad.

Aunque en su momento se anunció la detención de más de 80 personas supuestamente vinculadas a Los Zetas y 17 policías que presuntamente les entregaban las víctimas, los familiares denuncian que a día de hoy sigue sin haber ni una sola persona condenada.

El salvadoreño Carlos Alberto Osorio fue una de las personas encontradas en aquellas fosas.

Ahora que se cumple una década del hallazgo, su madre Bertila Parada le escribió una carta que comparte con BBC Mundo para traer a la memoria la historia de su hijo y contarle el calvario sufrido en tantos años de lucha para que se haga justicia por él.

Amado hijo,

Hace diez años te propusiste tomar un camino hacia una vida mejor que implicaba una ruta difícil y peligrosa hacia los Estados Unidos de América, lugar que anhelabas para crecer y prosperar.

Un viernes 17 de marzo de 2011 llegaste a casa para avisarme de tu partida. Llegaste a las cuatro de la mañana , me abrazaste mientras susurrabas: ‘Mamá, me voy’. Pero no tuve aliento de levantarme. Me quedé paralizada, llorando. Apenas te di la bendición.

La preocupación me embargó, porque escuchaba en las noticias sobre la masacre de los 72 migrantes. Escuchábamos que las personas migrantes son víctimas cotidianas de los reclutamientos forzados, los secuestros y una violencia imparable que -aún hoy- tiene a México sangrando.

El día que te fuiste le faltaban dos meses a tu niña para nacer. Sé que querías un futuro para ella, también ayudarnos porque sabías que, a tu padre y mí, a veces nos ganaba el cansancio de tanto trabajar duro por muy poca remuneración.

Como todo joven de 27 años tenías grandes sueños, no te conformaste con el pequeño negocio de comida en el que vendemos las pupusas que tanto te gustaban. Tomaste la decisión de salir hacia un viaje que truncó tu vida y, con ella, mi universo entero.

Parada le cuenta a BBC Mundo desde Izalco, en El Salvador, que la idea de su hijo era llegar a Tulsa, Oklahoma, donde vivía su único hermano.

“Nosotros somos una familia de escasos recursos y él decía: ‘Voy a trabajar allá unos cuatro años y luego regreso, vengo a hacerme una casa y les ayudo a ustedes para que no tengan que trabajar, porque esto es muy duro y muy cansado”, recuerda.

Del país centroamericano salió con la ayuda de un “coyote” junto a otro grupo de migrantes. Pero ya en México, la policía bajó a todos del autobús en que viajaban excepto a Carlos, quien pudo continuar su travesía solo.

Su suerte estaba a punto de cambiar.

El 27 de marzo, a 10 días de tu salida, me llamaste para decirme que estabas a punto de cruzar hacia Estados Unidos. Tu voz era distinta, hijo.

Querías que hablara, que no parara, querías escucharme. “Platíqueme más”, me insistías. Yo hablaba y te contaba detalles tontos del negocio tratando de animarte, nunca pensé que sería la última vez que te escucharía.

Quienes te esperaban en Estados Unidos nos avisaron que no aparecías. Ahí comenzó la incertidumbre.

De inmediato, pusimos la denuncia en la cancillería de México en El Salvador. Llevamos tus fotografías, esas en las que apareces con la camiseta del equipo de fútbol que tanto te apasionaba. Nos dijeron que debíamos esperar.

Pero ¿cómo puede esperar una madre cuando se le ha sumergido en la angustia más inmensa por no saber la suerte de su hijo?

Parada llamaba a la cancillería constantemente en busca de noticias hasta que un día, asegura, dejaron de responderle el teléfono.

Semanas después, su hijo en EE.UU. le contó que en México había habido una masacre y que un amigo que vio la noticia en televisión creía haber reconocido a Charly entre los cadáveres.

“Como madre, mi corazón me decía que había algo de verdad… pero a la vez, no lo aceptaba. Mi hijo mayor me decía que quizá Charly estaba escondido o estaba preso. Yo no quería creer que pudiera ser verdad lo de las fosas”, dice la mujer de 62 años.

Por si fuera poco sufrimiento, la familia tuvo que hacer frente a una extorsión cuando alguien les contactó pidiendo US$5.000 para liberar al joven, que aseguraban seguía vivo tras casi dos meses de desaparecido.

Cuando los extorsionadores no pudieron confirmar que Carlos tenía una marca en la espalda para demostrar que decían la verdad, el diálogo pasó a convertirse en amenazas directas a la familia.

“Decían que nos iban a descuartizar si no pagábamos y nos torturaban diciendo que partes del cuerpo de mi hijo estaban en no sé qué lugar de México. Todo eso me llevó al colapso y a caer, porque definitivamente era insoportable”, cuenta Parada.

Un año y 9 meses, después de una agónica espera que parecía no tener fin, nos buscaron de la Fiscalía de El Salvador. Nos informaron que entre los restos encontrados en las fosas clandestinas halladas en San Fernando, Tamaulipas, estabas tú, mi Charly.

Me llamaron de la cancillería mexicana para que diera el consentimiento para que te cremaran. ¿Cómo iba a aceptar eso, Charly? Era como si mataran por segunda vez.

Sin miramientos, me dijeron que -si no firmaba- México realizaría la cremación de todos modos por cuestiones sanitarias. Nunca se me olvidará aquello, fue como si me dijeran que tu cuerpo contaminaba a México.

Pero sabes, hijo, aprendí a exigir. Al principio no paraba de llorar, pero aprendí a hablar con lágrimas en mis ojos. Aprendí a pelear por ti.

El caso lo tomó la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y comenzamos a interponer amparos para detener tu cremación.

Lejos de conseguir algo de paz por descubrir el paradero de su hijo casi dos años después, para la mujer comenzó una agotadora lucha legal para evitar la cremación de Carlos en México y poder enterrarlo en El Salvador.

“Me decían que iban a quemar los restos porque era insalubre”, recuerda la madre. “Esas palabras se me quedaron plenamente, como si él fuera un animal y contaminara el ambiente. Eso es la gota que rebasó el vaso”.

Tras emprender el proceso legal de amparos, le comunicaron que la identificación de Charly había sido un error, algo que ella sospecha que estuvo relacionado con su negativa a aceptar la cremación.

Seis meses después, la versión cambió de nuevo y confirmaron que era su hijo.

Finalmente, el cuerpo de Carlos aterrizó en El Salvador en febrero de 2015. Habían pasado casi cuatro años desde que desapareció y más de dos desde que le informaron que era uno de los cuerpos en las fosas de San Fernando.

“Lo enterramos aquí en nuestro municipio. Ahora cuando es su cumpleaños, le voy a dejar una flor. Siento un poco de tranquilidad”, cuenta Parada.

No te miento, hijo. He colapsado muchas veces incluso pensando que, sin ti, mi vida no tiene sentido.

Estuve internada en un psiquiátrico y aún me estoy recuperando. Pero COFAMIDE (Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador) y la Fundación para la Justicia me apoyaron a pelear.

Me ayudaron a seguir de pie y a entender que mi dolor era compartido.

Los primeros meses tras la desaparición de Carlos fueron tan duros que su madre pensó en quitarse la vida.

Asegura que la frustración de no saber nada de su hijo le llevaba a no querer vivir, a no importarle el resto de su familia.

“Pensar que yo estaba acostada arropada y mi hijo quizá aguantando frio… o que yo estaba comiendo y mi hijo aguantando hambre. Todas esas cosas venían a mi mente y era muy, muy duro”.

Pero es aquel momento en que le dijeron que la identificación de su hijo había sido un error el que recuerda como “uno de los más crueles y torturadores” y como una de las causas definitivas para el deterioro de su salud mental.

“Pasé dos años con ayuda psicológica, pero de ahí me mandaron directamente al psiquiátrico porque mi estado era terrible. Me hallaron al borde de la locura. Había rebajado unas 30 libras (13 kilos) y era un esqueleto caminando”, dice.

Mi amado Charly, ya son diez años buscando verdad y justicia por ti y -por quienes como tú- fueron víctimas de una violencia imparable que ha sepultado la dignidad humana en las miles de fosas clandestinas que yacen bajo México.

Quiero que sepas hijo que en diez años hemos seguido tocando la puerta de las autoridades mexicanas, sin respuestas sobre lo que te ocurrió y quiénes deben responder ante la justicia por arrebatarnos tu sonrisa.

La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), que apoya directamente a los familiares de las víctimas, corrobora el calvario legal sufrido en todos estos años.

El organismo critica decisiones de las autoridades como la de fraccionar la investigación y la ubicación de los restos mortales (120 cuerpos fueron trasladados a Ciudad de México y el resto se quedaron en Tamaulipas), así como las “irregularidades” en la entrega de algunos cuerpos.

“Algunos familiares recibían restos sin información del proceso de identificación. Algunos eran restos cremados, algo contrario a las leyes penales y administrativas porque el cuerpo es una evidencia que no puede ser cremada”, le dice a BBC Mundo la directora de la FJEDD, Ana Lorena Delgadillo.

La organización también denuncia el “camino tortuoso” que fue acceder a las copias de los expedientes y saber qué estaba haciendo el Estado en este caso, gracias una resolución de la Suprema Corte de Justicia que llegó nada menos que siete años después de la petición inicial de información.

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Pero para la FJEDD -que aboga por la creación de una comisión especial para investigar esta y otras masacres con el apoyo de Naciones Unidas y Amnistía Internacional-, la impunidad que rodea estos casos es sin duda el factor más grave al no haberse impuesto condenas a los responsables.

“Sabemos que hay cerca de 74 personas procesadas como integrantes del crimen organizado, pero no tenemos noticia si es por los homicidios o por otros hechos relacionados”, explica Delgadillo.

“Además, la Fiscalía señaló en su tiempo que había 17 policías detenidos por los hechos, pero nosotros no encontramos ninguna información hasta este momento en el expediente que nos hable de que hay un solo policía detenido. Esto nos parece grave”, añade.

BBC Mundo contactó con la Fiscalía General de la República mexicana para obtener más información sobre este caso, pero hasta la publicación de este artículo no obtuvo repuesta.

No sé de qué manera vencer este muro de injusticia.

Recién el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que las familias de las víctimas de las masacres no hemos luchado lo suficiente. Pero el presidente parece olvidar que, durante una década, la impunidad te ha matado una y otra vez, así como nos ha despojado de la alegría por la vida.

Pero quiero que sepas, hijo, que te amaré siempre y que tu recuerdo lo llevo en mi corazón. Trato de encontrarte entre los jóvenes, sin embargo, no te descubro. Veo las caritas de niños y vuela mi mente recordando cuando estabas pequeño.

Si voy a perder un día la memoria, de ti nunca. El día de mi muerte espero verte, es mi esperanza.

Tu madre,

Bertila Parada

Posdata: Sigo preparando las pupusas que tanto te gustaban, 10 anos después.

Parada pide a las autoridades acabar con la impunidad de los responsables de las masacres de migrantes ocurridas en los últimos años en México.

Parada reconoce que, tras diez años, a veces pierde la fe de que los responsables de la muerte de su hijo sean algún día condenados y que, cuando ve fotos de Carlos, no puede mirarle de frente.

“Le digo que no he hecho nada, que no he conseguido justicia por su muerte. No se ha avanzado nada en este tiempo y me siento impotente. Pero luego digo que no está en mis manos, que son las autoridades”.

Al gobierno mexicano le pide que “trabaje e investigue de verdad” por acabar con la impunidad en estas masacres y por “limpiar las autoridades” en las que está infiltrado el crimen organizado.

“¿Por qué continúa habiendo masacres? Porque no hay castigados, no hay nada. Si a un niño caprichoso le dejan hacer todo desde chiquito, cuando llega a grande va a ser igual o peor. Así está México, donde a los cárteles les han dejado secuestra y matar. No hay presión del gobierno para parar todo esto”, opina.

Y en plena crisis migratoria en la que miles de centroamericanos están volviendo a intentar este año hacer la arriesgada ruta por llegar a EE.UU., la mujer tiene un mensaje para ellos.

“Mejor que se queden en su país, que no lo intenten, porque muchos como mi hijo intentaron llegar cruzando México con todos sus sueños… y México es una tumba. México es un robasueños”, lamenta.

“¿Cuántos hijos y madres acá en El Salvador, Honduras o Guatemala, se quedaron esperando que su papá les mandara (dinero) para comprarles un estreno, una ropita, un par de zapatos o para pagar la colegiatura”, pregunta.

“Por eso digo que se robó el sueño de los centroamericanos. Se han robado la alegría de cada uno de la familia. Sí, (los familiares de las víctimas) seguimos y andamos caminando, pero prácticamente andamos como muertos en vida”.

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Y la saña y la extrema violencia de sus integrantes se hizo evidente en las imágenes de cuerpos decapitados y desmembrados que pronto empezaron a circular en redes sociales.

“Sin precedentes lo que ha sucedido hoy”, dijo el exalcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, en referencia a las 34 muertes que se produjeron en la cárcel de El Turi, una de las más afectadas.

“Esto es horrible. Lo de Turi no me deja trabajar en paz”, fue el resumen del sentir hecho por una habitante de Cuenca, en declaraciones recogidas por el diario El Comercio, con pobladores de Cotopaxi, Guayaquil y muchas otras ciudades de Ecuador declarándose igualmente conmocionados.

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El país sudamericano no es ajeno a la violencia en sus prisiones: para contenerla el presidente Lenín Moreno tuvo que ordenar el estado de excepción en las cárceles del país dos veces en los últimos dos años.

Pero, ¿qué se juntó para que Ecuador viviera este martes la peor masacre carcelaria de su historia?

1. Aumento del narcotráfico

Según los medios ecuatorianos, cinco bandas criminales están detrás de los sangrientos sucesos del martes.

Se trata de Los Pipos, Los Lobos, Los Chone Killers, Los Tiguerones y Los Choneros, quienes se disputan el liderazgo vacante desde la muerte del líder de este último grupo, Jorge Luis Zambrano, “Rasquiña”.

Como explica el portal especializado Insight Crime, los grupos criminales ecuatorianos tradicionalmente operan de manera fragmentada, actuando fundamentalmente como subcontratistas de organizaciones criminales extranjeras.

Pero Zambrano, quien fue asesinado en un centro comercial en diciembre pasado poco después de salir de prisión, había logrado establecer alianzas con varias de las organizaciones criminales antes mencionadas.

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Estas alianzas, sin embargo, no sobrevivieron a la muerte de “Rasquiña”, cuya organización también mantenía una disputa con otro grupo delincuencial: Los Lagartos.

Y cuando los líderes de los grupos antes mencionados “se enteraron que sus jefes iban a ser atacados con armas de fuego, se levantaron de inmediato”, explica el diario El Comercio, citando a los investigadores de los enfrentamientos del martes.

“Esperábamos una reacción inmediata luego del asesinato de ‘Rasquiña’, pero se demoró”, dijo el director del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad, Snai, Edmundo Moncayo.

Y el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, denunció “una acción concertada de organizaciones criminales”.

Lo que se disputan las bandas ecuatorianas no es cualquier cosa. Como también destaca Insight Crime, en los últimos años Ecuador se ha convertido en la “autopista de la cocaína hacia Estados Unidos y Europa.”

Según fuentes de antinarcóticos citadas por el portal, como resultado de los cambios de estrategia de los narcotraficantes colombianos, “más de un tercio de la creciente producción de cocaína en Colombia llega actualmente a Ecuador”.

Y los periodistas ecuatorianos María Belén Arroyo y Arturo Torres, autores de un libro sobre el tema, estiman que unas 500 toneladas de droga salen cada año desde Ecuador hacia el extranjero.

2. La austeridad

El aumento del narcotráfico también se ha traducido en un aumento de la población carcelaria de Ecuador, el que no se ha correspondido con una mejoría de las capacidades de supervisión y vigilancia.

Antes bien, como parte de los planes de austeridad acordados con el Fondo Monetario Internacional, estos sectores también se han visto afectados por los recortes que en su momento generaron una ola de protestas.

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Una de las consecuencias de la falta de recursos es que, según los cálculos del propio Snai, el déficit en el personal encargado de garantizar la seguridad de las prisiones es del 70%.

Según el portal Primicias, en Ecuador un guía penitenciario debe cuidar en promedio a casi 27 reclusos, cuando el estándar internacional recomienda una proporción de uno por cada nueve.

Y eso puede ayudar a explicar la relativa impunidad con la que los narcos operan desde las cárceles, así como las abundantes armas a las que pudieron recurrir durante los sucesos del martes.

La falta de personal es también una de las razones de las declaratorias de estado de excepción de 2019 y 2020, pues la medida permitió la movilización de efectivos del ejército para enfrentar la violencia en las prisiones ecuatorianas.

Pero en octubre del año pasado, la Corte Constitucional prohibió seguir recurriendo a este recurso para enfrentar la crisis carcelaria, ordenando en su lugar la elaboración de un plan que según Eduardo Moncayo no ha podido ser implementado por falta de recursos.

“Necesitamos un mayor esfuerzo financiero“, reconoció el director del Snai.

Como explica Primicias, esta no es la primera vez que la austeridad se interpone en la necesidad de reformar el sistema carcelario ecuatoriano.

Según el portal, en junio de 2019 el gobierno aprobó el llamado Proyecto de Transformación del Sistema de Rehabilitación Social, que requería una inversión de US$38,8 millones.

“Los primeros US$1,7 millones se gastaron en 2019. Y otros US$18,1 millones debieron usarse en 2020. Sin embargo, entre febrero y mayo de ese año, el Ministerio de Finanzas ejecutó tres recortes al programa por más del 70%. El presupuesto quedó en US$ 1,8 millones”, reportó Primicias.

3. El hacinamiento

Todo lo anterior se expresa también en niveles de hacinamiento que, si bien se han reducido con respecto a años anteriores, siguen dificultando la adecuada gestión de las cárceles ecuatorianas.

Según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), la capacidad carcelaria ecuatoriana es de 28.500 personas.

Pero en mayo de 2019, cuando el gobierno decretó el primer estado de excepción, el número de reos sumaba 41.836, un hacinamiento del 42%.

Desde entonces a la fecha, el número se ha reducido sustancialmente, con el gobierno agilizando la concesión de beneficios penitenciarios y solicitando a la justicia limitar las prisiones preventivas para minimizar los riesgos de contagio de covid-19 durante la actual pandemia.

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Pero, aún así, los aproximadamente 38.000 presos contabilizados por el Snai suponen un hacinamiento del 33%.

Y las cárceles de Cuenca, Guayaquil y Latacunga concentran el 70% de todos esos reos.

Como explica Insight Crime, la superpoblación de las cárceles es un fenómeno regional que resulta en problemas de derechos humanos y en la falta de control sobre los sistemas penitenciarios.

Y al haber obligado a internar en los mismos centros a miembros de bandas rivales, también contribuyó a los sangrientos enfrentamientos del martes.

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Localizan 19 cuerpos carbonizados en zona fronteriza de México con EE. UU. y las víctimas posiblemente son centroamericanos

Una llamada no oficial recibida pasadas las 13 horas de este sábado 23 de enero de 2021, alertó a las familias de San Marcos, sobre posibles familiares que fueron hallado calcinados. Las víctimas, que estarían dentro del grupo de migrantes que fue asesinado, fueron halladas en la frontera de México con Estados Unidos, específicamente en Camargo, Tamaulipas.

Familiares de las supuestas víctimas, que prefirieron no dar sus nombres pues ya han recibido amenazas y temen por su seguridad, indicaron a Prensa Libre, que las personas emprendieron el viaje para migrar hacia Estados Unidos hace 15 días, es por eso que medios mexicanos relacionan a este grupo de migrantes con esta masacre.

“El martes cumple quince días de que él viajó para Estados Unidos con otras quince personas de acá, de San Marcos” mencionó un familiar.

Según la información brindada, los 15 guatemaltecos que emprendieron el viaje están muertos, incluido el coyote.

Hallan cuerpos en automóviles

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, México, informó que localizaron 19 cuerpos quemados en dos vehículos en el poblado Santa Anita, en el municipio de Camargo.

En el comunicado de la Fiscalía, se detalla que “en una de las camionetas localizadas estaban dos cuerpos en la cabina, otro cuerpo a un costado de la puerta del lado del piloto, uno más al costado de la puerta del copiloto y 15 en la caja del vehículo”.

Entre las primeras hipótesis que manejan las autoridades mencionan las muertes fueron provocadas por proyectiles de arma de fuego y después los cuerpos fueron quemados. Sin embargo, en el lugar del hallazgo no encontraron casquillos, por lo que pudieron haberlos matado en otra área.

Según el medio local Proceso, testimonios de pobladores de Camargo señalan que un comando de pistoleros del Cártel del Noreste (CDN), los antiguos Zetas, localizaron en una casa del poblado Santa Anita a las 19 víctimas, a quienes asesinaron y luego abandonaron en los límites con el estado de Nuevo León.

El Cartel del Golfo y el Cartel del Noreste mantienen una disputa por el control de los estados del Noreste de México desde el 2010, lo que ha provocado más de 15 mil desaparecidos y miles de muertes.

24 guatemaltecos fallecidos en Tamaulipas

En agosto del 2010 fue perpetrada una masacre de migrantes en Tamaulipas, México. Era un grupo de 72 indocumentados, entre ellos varios guatemaltecos.

En febrero del 2012, la Fiscal de ese momento, Claudia Paz y Paz, confirmó que 24 guatemaltecos habían sido asesinados en esa masacre.

Familiares piden apoyo al gobierno

Los familiares de las víctimas de la masacre ocurrida el pasado sábado, piden a las autoridades guatemaltecas apoyo para poder reconocer los cuerpos y que sean repatriados.

Hasta el momento, dichas autoridades no se han comunicado con ellos y dicen que esperarán los peritajes que realicen las autoridades mexicanas.

Se trata de uno de los peores ataques de los últimos meses en una región donde los grupos insurgentes de Boko Haram y el Estado Islámico de África Occidental siguen activos.

Nadie se atribuyó la responsabilidad del crimen de forma inmediata.

“Condeno el asesinato de nuestros trabajadores campesinos por terroristas en el estado de Borno. Todo el país está herido por estos asesinatos sin sentido. Mis pensamientos están con sus familias en este momento de dolor. Que sus almas descansen en paz”, dijo el presidente Muhammadu Buhari.

El mandatario también describió los asesinatos como “terroristas” y “demenciales”, según su portavoz Garba Shehu.

“Hemos recuperado 43 cadáveres, todos ellos masacrados, junto con otros seis con heridas graves”, le dijo a la agencia AFP un miliciano que ayudó a los sobrevivientes.

Según diversos reportes, más tarde se encontraron más cadáveres, pero no se supo de inmediato el número total de víctimas. Se cree que unas 15 mujeres también fueron secuestradas.

Las víctimas eran trabajadores del estado de Sokoto, en el noroeste de Nigeria, que habían viajado al noreste para encontrar trabajo, le contó otro miliciano a AFP.

El gobernador del estado de Borno, Babagana Zulum, asistió a los funerales de las víctimas este domingo.

“Es desalentador que más de 40 ciudadanos fueron masacrados mientras trabajaban en sus tierras de cultivo”, le dijo a la prensa.

“Nuestra gente está en situaciones muy difíciles, están en dos condiciones extremas diferentes: por un lado, si se quedan en casa, pueden morir de hambre; por el otro, salen a sus tierras de cultivo y se arriesgan a ser asesinados por los insurgentes. Esto es muy triste”.

En declaraciones al diario Premium Times, un miembro del parlamento local, Ahmed Satomi, explicó que los agricultores “fueron atacados porque el viernes habían desarmado y arrestado a un militante de Boko Haram que los había estado martirizando”.

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Corresponsales de la prensa dicen que los agricultores han sido atacados anteriormente por militantes del grupo islamista Boko Haram, pues sospechan que transmiten información al ejército.

El mes pasado, los combatientes de Boko Haram mataron a 22 agricultores que trabajaban en campos de riego en dos incidentes diferentes.

A pesar de los esfuerzos regionales para poner fin a la campaña de violencia de las milicias, el grupo ha intensificado sus ataques en los últimos meses.

El ejército nigeriano no ha podido sofocar la insurgencia que afecta a la región, en la que decenas de miles han sido asesinados o secuestrados en el pasado.

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“Creemos que el presidente está cometiendo el delito de encubrimiento a los responsables de la masacre de El Mozote y ocultación de documentos”, dijo a la prensa David Morales, de la organización Cristosal y abogado de las víctimas en el proceso penal por la matanza.

Afirmó que el bloqueo a la inspección de archivos “es una clara posición política de proteger criminales de guerra” y “sin importar que cometieron delitos, lo cual han admitido públicamente”.

#ElSalvador | Organizaciones de Sociedad Civil, demandamos al Fiscal General @MelaraRaul que inicie las investigaciones necesarias para identificar si los hechos del 21 y 24 de septiembre constituyen delito y proceder de conformidad a lo establecido en su mandato constitucional. pic.twitter.com/git5Dtqew5

— Cristosal (@Cristosal) October 2, 2020

De acuerdo con Morales, Bukele admitió el pasado 24 de septiembre, durante una cadena nacional de radio y televisión, que fue decisión suya que no se permitiera la inspección judicial. Morales añadió que los señalamientos del presidente de que con la búsqueda de archivos de El Mozote se pretendía también tener acceso a planes militares secretos para su divulgación son falsos.

“La mayoría de las afirmaciones del presidente en la cadena nacional sobre el caso de El Mozote y los archivos son falsas. No existía posibilidad de que se pudieran inspeccionar archivos recientes”, dado que estos “están ordenados por año, por tema, por serie y existen instrumentos de control de archivo, que es una especie de índice”, agregó.

Bukele aseguró en la referida cadena que “la mayoría de archivos, como ustedes esperarán y cualquier salvadoreño se imaginará, fueron destruidos en estos cuarenta años”.

Además presentó cinco cajas pequeñas con etiquetas de años recientes con documentos supuestamente relacionados con la matanza, los que aseguró serán entregados a la Fiscalía y al juez del proceso de El Mozote, sin que hasta la fecha se conozca si ya fueron entregados.

Entre el 10 y 13 de diciembre de 1981, unidades elites del Ejército ejecutaron al menos a 988 personas, la mayoría niños, en una operación militar de tierra arrasada. Por esta matanza son procesados más de una docena de mandos militares retirados por crímenes de guerra y de lesa humanidad, los primeros de este tipo imputados en el país tras la guerra civil.

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No obstante, el jefe de Estado señaló que “la mayoría de archivos, como ustedes esperaran y cualquier salvadoreño se imaginará, fueron destruidos en estos cuarenta años”.

Aclaró que los documentos, que presentó en cinco cajas pequeñas y cuyo contenido no especificó, son “el cien por ciento de documentos que hemos encontrado en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada y en los cuarteles que se supone pudieron haber participado en la masacre”.

El mandatario defendió el bloqueo que el Ejército hizo el lunes a una diligencia judicial de búsqueda de archivos por el supuesto peligro de que se dieran a conocer planes secretos actuales.

Añadió que, a su juicio el juez del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, no tiene jurisdicción sobre el Ejército.

Acusó al titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, de “responder” a intereses del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) e intentar revelar planes secretos.

Esta acción de bloqueo generó el rechazo de los sobrevivientes y de varios organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Este día queda grabado en nuestra memoria que el presidente de la República (Nayib Bukele) es un presidente más de la impunidad, del engaño y doble discurso”, señaló en su momento la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM), que entre sus miembros tiene a sobrevivientes.

El juez del proceso de El Mozote ordenó el martes a Bukele y a su ministro de la Defensa, René Merino Monroy, que explicaran si alguno de ellos dio la orden de bloquear la diligencia.

El juzgador además les solicitó que, si la orden fue dada por ellos, manifiesten “las razones de hecho y derecho para la negación del acceso a los archivos militares”.

Entre el 10 y 13 de diciembre de 1981, unidades elites del Ejército ejecutaron al menos a 988 personas, la mayoría niños, en una operación militar de tierra arrasada.

Por esta matanza son procesados más de una docena de mandos militares retirados por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

En su discurso en cadena nacional, Bukele también arremetió contra los medios de comunicación de ese país.

“Mis padres fueron vistos por última vez entrando en el Ministerio de Defensa, tomados de la mano”.

Eso fue hace más de 40 años, cuando João Ernesto Van Dunem era un bebé de 3 meses. Nunca volvió a ver a su madre y a su padre.

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No sabe dónde ni cómo los mataron. No sabe dónde fueron enterrados.

Junto con otros jóvenes angoleños, sus padres, José Van Dunem (27) y Sita Valles(26), habían acusado a la élite gobernante de priorizar la riqueza personal y el poder sobre el bien del país.

José Van Dunem, que era un alto funcionario militar, y Nito Alves, un miembro del comité central del Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA), que había sido ministro del gobierno, encabezaron las críticas desde dentro. Esto llevó a su expulsión.

Hay muchas versiones de lo que sucedió después.

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Las autoridades acusaron a los que calificaron de “separatistas“ de realizar un intento de golpe de Estado el 27 de mayo de 1977.

Los miembros del grupo dijeron que no hicieron tal cosa. Habían organizado una manifestación masiva y una toma de control de la estación de radio para llamar a la gente a las calles de la capital, Luanda, con el fin de presionar al presidente António Agostinho Neto para que saneara su gobierno.

El resultado fue un baño de sangre.

Neto convocó a secciones leales del ejército, apoyado por tropas cubanas, y comenzó la masacre.

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Miles, incluidos muchos de los jóvenes intelectuales y activistas, fueron encarcelados, torturados y asesinados.

Los que tenían autoridad en ese momento, incluido el ministro de Defensa, general Henrique Teles Carreira, conocido como Iko Carreira, dijeron que fueron 300.

Amnistía Internacional calcula que 30.000 murieron en la purga. Otros aseguran fueron hasta 90.000.

“El 27 de mayo, se decapitó el pensamiento progresista en el país”, dice João Ernesto Van Dunem, ahora economista de la Universidad Católica de Angola.

“Soy escéptico de que las autoridades de Angola digan la verdad o velen por que se haga justicia”, analiza.

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Cacería de brujas

En mayo de 2017, cuatro décadas después de la desaparición de sus padres, 24 de los hijos ahora adultos, incluido Van Dunem, escribieron una carta abierta al entonces presidente José Eduardo dos Santos, exigiendo respuestas. No la obtuvieron.

En enero de 2018, crearon una asociación de huérfanos, llamada M27.

La “M” es por “mayo”, el mes del incidente que provocó los asesinatos, y también es por “memoria”.

Los miembros del M27 tienen una serie de demandas clave, que dicen que restaurará la dignidad de los muertos y los verán como víctimas, no como villanos.

• Quieren recuperar los restos de sus padres y emitir certificados de defunción

• Demandan una lista de todas las personas que fueron asesinadas

• Piden que se construya un monumento para honrarlos. Y quieren que se diga la verdad.

“Imagina lo que 40 años de silencio pueden hacer en tu mente. El asesinato de mi padre creó este enorme abismo entre mi patria y yo”, dice Henda Vieira Lopes, también miembro del M27, que trabaja como psicólogo en Lisboa, la capital de Portugal, exgobernante colonial de Angola.

“Durante mucho tiempo no quise volver a Angola porque temía sentirme como un huérfano en una tierra extraña”, afirma.

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El padre de Vieira Lopes, Elisiário dos Passos Vieira Lopes, trabajaba en un hospital en la provincia oriental de Moxico. Dice que todo el personal fue ejecutado.

“Fue una cacería de brujas, como un incendio en la sabana, descontrolado”, describe.

Silencio, dolor y misterio

Algunos miembros del M27 dicen que una de las razones por las que han decidido romper el silencio después de todos estos años es porque ahora ellos tienen sus propios hijos.

“Mi hijo de 7 años ha comenzado a hacer preguntas sobre sus abuelos”, cuenta Van Dunem.

“¿Dónde están? ¿Por qué murieron? Nuestro objetivo es evitar que esta pesada carga de preguntas sin resolver se pase a la siguiente generación”, asegura.

Muchos familiares adultos mayores de los asesinados y que sobrevivieron a la purga no quieren hablar de lo sucedido.

“Nací el 15 de mayo de 1977, 12 días antes de que comenzaran las masacres”, detalla Vania Mendes, gerente de proyectos en Suecia.

“Las fuerzas de seguridad llegaron a nuestra casa en la ciudad oriental de Luena y se llevaron a mi padre a rastras y nunca más lo volvimos a ver con vida”, cuenta.

“Crecí sin saber nada de lo que pasó. La familia nunca me habló de eso. Fue muy difícil crecer en un ambiente de silencio, dolor y misterio“, describe Vania Mendes.

“Mi madre todavía tiene mucho miedo y rabia hacia Angola. Estuvo de luto durante años, vistiendo de negro hasta que tuve 7 u 8 años”, añade.

“No se trata de venganza”

En 1977, Afonso Carlos António fue encarcelado durante 16 meses.

Ahora trabaja para el Ministerio de Cultura de Angola.

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Después de 43 años, finalmente decidió romper el silencio.

“No estoy contento con la forma en que los creadores de opinión dicen que los sobrevivientes del 27 de mayo están traumatizados y quiere venganza”, dice.

“No se trata de eso en absoluto. Se trata de honor y verdad, y de una Angola mejor. Para lograr la reconciliación, la verdad tiene que salir a la luz. Sólo entonces podremos sanar”, opina.

António no quiere entrar en detalles sobre lo que le pasó en la cárcel.

“A diferencia de otros presos políticos, no fui torturado físicamente. Fui torturado psicológica y emocionalmente“, describe.

En septiembre de 2017, Angola tuvo un nuevo presidente, João Lourenço, que puso fin a los 38 años en el poder de Dos Santos. Con él vino cierto grado de cambio.

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En abril de 2019, Lourenço estableció una comisión para investigar todos los actos de violencia política desde la independencia en 1975, incluida la guerra civil de 27 años con los rebeldes de Unita, que terminó en 2002, y los eventos de 1977.

“Queremos creer que el gobierno está actuando de buena fe, pero somos escépticos”, asegura António.

“No hubo discusiones con los sobrevivientes antes de que se creara la comisión, su marco de tiempo es demasiado corto y los diferentes períodos de violencia se han diluido al agruparlos todos”, enumera.

La comisión, que funcionará hasta finales de julio de 2021, insiste en que está prestando “especial atención” a los hechos del 27 de mayo y que ha establecido un mecanismo para la emisión de certificados de defunción.

“Lo que está haciendo M27 es crucial en términos de buscar justicia para la prometedora generación joven que fue tan cruelmente quebrada”, dice Ricardo Soares de Oliveira, un experto en Angola de la Universidad de Oxford.

“No soy del todo desconfiado con la comisión de Lourenço. No cambiará todo, pero al menos abre una puerta a un debate que antes era imposible“, asegura.

Pero el miedo permanece. “Finalmente, descubrí que comparto una historia similar con otros”, dice Mendes.

“No podemos llorar sin la verdad”

“Ya no estoy sola. Pero el 27 de mayo sigue siendo un tema tabú. Cuando intento hablar de ello con mi familia en Angola me dicen que pare. Dicen que es demasiado peligroso”, detalla.

Vieira Lopes dice que esos sentimientos se comparten: “Mi madre no quería que yo firmara la carta abierta a Dos Santos”.

“Otros huérfanos no querían firmarla porque temían que pudiera traer represalias. Algunos dijeron que firmar la carta era como poner un blanco en mi espalda”, describe.

La madre de Vieira Lopes tiene motivos para tener miedo. Durante el mandato de dos Santos, se arrestó a personas por participar en manifestaciones en memoria de los fallecidos en 1977.

Un niño de 17 años, que comparte el nombre con Nito Alves, fue detenido en régimen de aislamiento en 2013 después de participar en una pequeña protesta contra el gobierno.

El propósito de M27 es político, pero también muy personal.

“Si no sabes dónde están enterrados sus padres y no tienes sus certificados de defunción, no puede llorarlos”, explica Vieira Lopes.

“Nuestros antepasados no han descansado, y si no se les permite descansar, Angola tampoco“, concluye.

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Los cadáveres fueron encontrados en la zona de Seguengue, “una vereda (aldea) lejana y a una hora por lo menos de la cabecera municipal” y en límites con la población de Cajibío, también ubicada en el Cauca, según detalló el alcalde de El Tambo, Carlos Vela. El funcionario añadió que está a la espera de los resultados de las investigaciones sobre lo ocurrido en este caso en el que los cadáveres fueron encontrados con las manos atadas.

Masacre tras masacre

Hace dos semanas también fueron asesinadas seis personas en una masacre perpetrada en el caserío Uribe, que hace parte de El Tambo.

Al consultarle a Vela sobre cuáles son los grupos que han complicado la situación del municipio, señaló a las disidencias de las FARC como principal factor de inseguridad.

El viernes, las autoridades del departamento colombiano de Nariño, limítrofe con Ecuador, denunciaron el hallazgo de cuatro hombres asesinados en una zona rural del municipio de Buesaco.

“En horas de la mañana en (…) la vereda (aldea) Las Minas, nos reportan que se encontraron cuatro cadáveres. Nosotros mandamos a hacer la verificación por parte del inspector de la zona que a las ocho de la mañana nos confirmó el hecho”, informó el alcalde de Buesaco, Nilson López.

El Observatorio del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), que clasifica como masacre el homicidio intencional y simultáneo de tres o más personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y en estado de indefensión, en iguales circunstancias de tiempo, modo y lugar, aseguró que de confirmarse la de hoy, serían 51 las masacres perpetradas en Colombia este año, ocho de ellas en el Cauca.

En ese departamento operan grupos de disidentes de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas criminales que se disputan ese territorio para dedicarlo a cultivos ilícitos de coca y marihuana.

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La fuente señaló en un comunicado que Merino debe buscar los archivos sobre la intervención al campus central de la UES de 1972, que se prolongó durante dos años, al igual que los relacionados con la ocupación de la sede occidental del centro de estudios superiores.

El tercer punto ordenado al ministro es la búsqueda de los documentos de la operación realizada el 30 de julio de 1975 en la capital del país y que derivó en la matanza de estudiantes universitarios que protestaban.

El IAIP también ordenó localizar cualquier archivo vinculado con el asesinato del rector de la UES en 1980, Félix Ulloa, padre del actual vicepresidente del país, del mismo nombre.

Los datos requeridos al ministro de la Defensa también incluyen los relacionados con la detención de miembros del Consejo Superior Universitario de la UES en 1981, la intervención militar de 1980 que se prolongó por 4 años y las operaciones contra sendas manifestaciones estudiantiles en 1981 y 1988.

El IAIP señaló que, en caso de no encontrarse los documentos, el Ministerio de la Defensa deberá ejecutar medidas para tratar de “recuperar o reconstruir” la información en un plazo de 50 días mediante entrevistas a quienes pudieron tener acceso a los mismos.

Una modesta conmemoración marcó el jueves el 45 aniversario de la masacre de estudiantes universitarios del 30 de julio de 1975, entre reclamaciones a favor de la seguridad laboral y contra el protagonismo dado al Ejército por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.

En la referida fecha, centenares de estudiantes de la sede central de la UES, y también de secundaria, marcharon por las calles de San Salvador para protestar contra una intervención militar en la sede occidental de esa universidad.

El presidente del país por entonces, el general Arturo Armando Molina, ordenó al Ejército salvadoreño reprimir la protesta con ametralladoras y tanquetas.

Se estima que la masacre dejó unos 25 estudiantes muertos y decenas de heridos y, según distintas fuentes, aquel día solo se pudieron rescatar dos cadáveres, puesto que los militares limpiaron el lugar.

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El sospechoso, identificado como Jakrapanth Thomma, se encuentra dentro del edificio, donde varias personas permanecen atrapadas, y, según medios locales, mantiene como rehenes a más de una decena de ellas.

El militar disparó a su comandante y otros compañeros en una base militar en las afueras de la ciudad, para después robar armas y munición y dirigirse a un centro comercial donde siguió disparando de manera indiscriminada contra varias personas.

El soldado también divulgó videos y fotos de él y varios mensajes en su página de Facebook: “¿Debo entregarme?” o “Nadie puede escapar a la muerte”.

En un video, que más tarde fue eliminado, Jakrapanth Thomma, con un casco del Ejército, grababa desde el vehículo y decía: “Estoy cansado […] ya no puedo ni apretar con el dedo”, haciendo gestos con el dedo, como si apretara un gatillo.

También se publicaron fotos de un hombre con un pasamontañas y blandiendo una pistola.

“El agresor usó una metralleta para disparar contra víctimas inocentes. Muchas de ellas murieron o resultaron heridas”, explicó un portavoz de la Policía, Krissana Pattanacharoen.

Las autoridades no dieron información sobre el número de personas que permanecen en el centro.

Las fuerzas de seguridad urgieron a los clientes a “levantar sus manos” e identificarse. La policía teme aparentemente que el agresor pudiera intentar esconderse entre los clientes evacuados.

“Se han producido unos 20 muertos”, precisó Kongcheep Tantravanich, portavoz del Ministerio de Defensa.

“Las fuerzas de seguridad y los francotiradores están rodeando el Terminal 21”, el centro comercial, agregó.

El Ministerio de Salud informó que alrededor de 10 personas están hospitalizadas “en estado grave”.

El Ministerio de Defensa informó que las fuerzas de seguridad acordonaron el centro comercial Terminal 21, donde se declaró un incendio, y que el atacante había huido.

A finales del pasado año, se produjeron varios tiroteos en tribunales de Tailandia, que pusieron en actualidad el debate sobre el gran número de armas de fuego que circulan en ese país del sureste asiático.

Otro caso causó un gran revuelo en Tailandia el mes pasado, cuando un atracador enmascarado robó en una joyería y mató a tres personas, incluyendo a un niño de dos años.

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Aunque en el comunicado no se detallan número de personas detenidas ni nombres, medios locales informaron que las autoridades militares dieron a conocer que uno de los detenidos fue identificado como Mario H., El Mayo, jefe de plaza de La línea, una célula del cártel de Juárez.

“En las primeras horas de este día (domingo) en una labor conjunta y cumpliendo con órdenes de cateo obtenidas por la Fiscalía de un juez especializado, se logró la detención de varios individuos, presuntamente involucrados en los hechos señalados”, señala el boletín de la fiscalía.

En el documento de la fiscalía se explica que la detención se logró en las primeras horas de este 1 de diciembre “con la participación del Ejército Mexicano, la Armada de México, de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia”.

Para ello se efectuó una labor conjunta y cumpliendo con órdenes de cateo obtenidas por la FGR de un Juez Especializado, se agrega en el documento.

Sobre los homicidios cometidos contra la familia LeBarón #FGRInforma. El #EjércitoMexicano y la #PFM detuvieron el mes pasado a un presunto participante en los hechos, logrando el arraigo del individuo y obteniendo pruebas que se han estado periciando. https://t.co/xDHbh8E6Ht pic.twitter.com/OabSE2bkuV

— FGR México (@FGRMexico) December 1, 2019

Agrega la entidad algunos detalles:

• El 8 de noviembre, la FGR obtuvo de la Fiscalía del estado de Sonora, un desglose de las investigaciones de los homicidios que, por ministerio de la ley, son originalmente del fuero común.
• El 26 de noviembre, con objeto de concentrar todas las investigaciones y cumplimentar las diligencias que no se han realizado en el fuero común, la FGR atrajo, de la competencia de las autoridades de Sonora, las diligencias respecto al homicidio.

Participa el FBI

“Como es sabido y, de conformidad con los convenios y las solicitudes de colaboración gestionadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores, miembros del FBI, en compañía de funcionarios y Agentes de la PFM de la FGR, han venido participando en las indagaciones. Las aportaciones del FBI serán consideradas en las actuaciones ministeriales a cargo de la propia FGR”, se añade en el boletín emitido este domingo.

Este anuncio se realiza mientras familiares de las víctimas, entre ellos Julián LeBarón, activista y uno de los líderes de esta comunidad mormona, participaban en una manifestación en la Ciudad de México para protestar contra la violencia al cumplirse un año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las autoridades han señalado que pistoleros del narcotráfico serían los responsables de la masacre de las mujeres y niños mormones a principios de noviembre y que habría sido resultado de una confusión.

Sin embargo, los mormones rechazan esta versión porque consideran que fue un ataque directo.

La masacre de los mormones desató indignación en México y Estados Unidos. El presidente estadounidense Donald Trump dijo días atrás que designará como terroristas a los cárteles de las drogas, lo que en México ha sido interpretado como una potencial intervención estadounidense, incluso armada.

López Obrador advirtió el viernes que “extranjeros armados no pueden intervenir” en México, aunque matizó que “no hay nada que temer” pues afirma que el presidente Trump siempre se ha mostrado “respetuoso” y que existe una relación de “amistad y cooperación” entre ambos.

*Con información de Agencia AFP, Fiscalía General De la República, Milenio, CNN

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También fue atacada la nuera de la pareja, María Santiago Gómez.

Los tres quedaron fallecidos en la vivienda; mientras que, una bebé de 9 meses que también sufrió herida de bala fue trasladada a la Emergencia del Hospital Nacional de Jalapa.

Otras masacres

San Pedro Pinula ya ha sido en ocasiones anteriores escenario de otras masacres que han cobrado la vida de varias personas.

El 26 de julio del 2015,cuatro integrantes de una familia fueron masacrados en finca El Chorro, aldea El Durazno, en el referido municipio.

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En marzo del mismo año, un hombre, su hija y su hijastra fueron masacrados en esa misma aldea, informaron autoridades.

También el 26 de febrero del 2015, tres integrantes de una familia fueron masacrados en el interior de una vivienda en la aldea El Durazno, San Pedro Pinula.

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“Hay detenidos, pero no nos corresponde proporcionar información, ya que la investigación está ya en manos tanto de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora y de la Fiscalía General de la República”, dijo Durazo a medios.

Abordado por medios tras la segunda reunión regional de Conferencias de Secretarios de Seguridad Pública y Seguridad Pública Municipal, llevada a cabo este lunes en Ciudad de México, el funcionario se limitó en su comentarios sobre el caso.

“No nos vamos adelantar (…) a partir de que se abre la carpeta de investigación corresponde a las fiscalías estatal y general”, añadió.

Masacre

Luego de una semana de la masacre y tras las primeras investigaciones, hasta ahora solamente hay un sospechoso detenido por su probable responsabilidad en lo que se presume fue un enfrentamiento entre grupos criminales entre Sonora y Chihuahua, que derivaron en el crimen de los integrantes de la familia de la comunidad mormona.

Sobre la participación de agentes del Buró Federal de Investigación (FBI), Durazo dijo que ya están en el país para apoyar a las autoridades mexicanas en el caso.

El domingo 10 de noviembre, el Gobierno mexicano invitó al FBI, la principal agencia de investigación criminal en aquel país, a colaborar en la investigación de la masacre en el estado Sonora registrada el 4 de noviembre último.

Mediante una nota diplomática dirigida a la embajada de Estados Unidos en México, la Cancillería solicitó transmitir al FBI la invitación.

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La convocatoria fue para “acompañar la investigación sobre el suceso en el que fueron víctimas ciudadanos de nacionalidad estadounidense en el municipio de Bavispe, Sonora”, apuntó la nota.

La nota indicó que los agentes “únicamente podrán hacer diligencias en conjunto con las que hagan las autoridades de la Fiscalía General de la República y no estarán armados”.

El 4 de noviembre un comando de sicarios atacó a las familias mormonas Miller, Langford y LeBarón dejando nueve víctimas mortales, -tres mujeres y seis niños- además de varios menores heridos, un caso que conmocionó al país por su nivel de violencia.

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“Nosotros vamos a exigir que se conozca la verdad”, declaró el líder de la comunidad y de la familia Julián LeBarón, quien advirtió que el riesgo no solamente es para las familias mormonas, sino también para los habitantes de Sonora y Chihuahua.

En el poblado de Bavispe, ubicado a 12.4 kilómetros de la comunidad mormona de La Mora, habitan alrededor de 1 mil 300 personas, María Pilar, quien se dedica al comercio en una tienda de abarrotes, reconoce que mexicanos y extranjeros a pesar de tener marcadas diferencias, principalmente el color de piel y la religión, llevan un siglo viviendo en paz y con armonía.

“Si los atacan a ellos, que podemos esperar nosotros. El temor aquí es generalizado en todos los habitantes de la región”, contó Pilar en entrevista con Efe

Dijo que los sicarios acribillaron sin piedad a las madres y los bebés que eran “tan buenas personas e indefensas” y a pesar de que dijeron que iban a venir autoridades estadounidenses a investigar “se están tardando porque cuando lleguen no van a encontrar nada, ni a nadie, la gente se quiere ir porque ya no soporta más tanta incertidumbre”.

El rustico estilo en las casas de adobe en Bavispe y calles empedradas, contrasta con la arquitectura de las casas en La Mora, donde hay caminos de terracería, pero una calle principal en concreto hidráulico que conecta a 31 viviendas con alumbrado público, servicios de telecomunicaciones satelitales y un templo.

Desde que sobrevino la tragedia, efectivos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano instalaron un campamento en la entrada a la cabecera municipal junto a una brecha utilizada como pista de aviación.

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Pero a pesar de los refuerzos en la seguridad, la gente no sale de sus casas cuando sale el sol y por las tardes las calles lucen desoladas, los habitantes afirman que tienen miedo.

Regularmente, Bavispe cuenta con cuatro policías y tres unidades para la vigilancia de cuatro poblados: San Miguelito, Bacerac, Las Moritas y la cabecera municipal y sus habitantes afirman que los sicarios están mejor armados que los policías e incluso que el Ejército Mexicano.

“De los mormones se dicen muchas cosas, que si son polígamos, que si se casan entre primos, hemos escuchado de todo, pero nosotros que tenemos toda la vida junto a ellos podemos asegurar que son gente pacífica, no se meten con nadie, son caritativos y cuando algo ha ocurrido acá en el pueblo son los primeros en apoyarnos, incluso antes que el Gobierno”, aseguró Francisco Vega.

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El historiador y cronista de Hermosillo, Ignacio Lagarda, recordó que las familias mormonas que habitan entre los estados de Chihuahua y Sonora, llegaron huyendo del estado de Utah, Estados Unidos, cuando se les prohibió seguir practicando la poligamia.

Durante los funerales de las familias Langford y Miller, sus deudos explicaron que algunas actividades económicas de los mormones asentados en el noroeste de México, son la agricultura, fruticultura, crianza de pavos y ganadería, pero principalmente la carpintería de alto nivel pues con maderas exóticas fabrican muebles de altísima calidad que exportan hacia Nueva York y Dubái.

El sábado 9 noviembre en La Mora y Galeana se realizaron los servicios funerarios de los fallecidos en la masacre de acuerdo a las costumbres de los mormones, en las iglesias de Bavispe, San Miguelito y Bacerac.

También se celebraron misas y rosarios para pedir por el eterno descanso de las víctimas, donde los cristianos pidieron pronta resignación para los deudos de las familias Langford, Miller y LeBarón.

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Un juez ordenó la exhumación de los restos de 12 personas tras la declaración de un sobreviviente de la masacre, quien relató la forma en la que fueron asesinadas. La excavación se realizó en el cementerio municipal del remoto caserío Yancolo, en Cacaopera (oriente).

Los forenses salvadoreños, bajo la supervisión de la experta del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) Silvana Turner, dejaron al descubierto al menos cinco cráneos, múltiples huesos y la ropa que usaban las víctimas. Se trata de siete adultos y cinco niños, incluida una menor de apenas tres días de nacida.

Fidel Chávez, sobreviviente de la masacre y testigo en el proceso penal que enfrentan 16 mandos militares retirados, explicó que estas personas fueron asesinadas con una granada. Sus restos permanecieron en la fosa hasta 1994, cuando fueron trasladados al lugar en el que se realiza la exhumación, señaló.

Turner indicó que esperan encontrar la totalidad de los restos “de forma mezclada y no dispuestos anatómicamente”, lo cual “suma obviamente una dificultad” en las labores de búsqueda.

Más de 350 recuperados

La siguiente etapa del proceso será la identificación genética de los restos, que se suman a los más de 350 recuperados desde 1992 y relacionados a esa masacre.

El pasado viernes, dos exmiembros del ejército presentados como testigos por la Fiscalía salvadoreña relataron cómo un batallón de élite ejecutó a cerca de mil campesinos desarmados en El Mozote, en diciembre de 1981.

Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador de 1993, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, unidades del Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron “deliberada y sistemáticamente” a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otras zonas aledaños.

Un registro estatal estima la cifra de víctimas de El Mozote en al menos mil 725, de las que 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 660 son familiares de las personas asesinadas y 29 sufrieron desplazamiento forzado.

La guerra civil en El Salvador terminó el 16 de enero de 1992 y dejó más de 75 mil muertos y desaparecidos.

“Le pido a los seguidores y a los demás candidatos que no continúen haciendo comentarios irresponsables acerca de mi candidatura ¡Por dios, no sean irresponsables!, esto puede tener consecuencias para mí, incluso fatales”, advirtió García a través de un video hace apenas 15 días.

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La mujer, que tenía apenas 31 años, empezó a preocuparse cuando los afiches de su campaña comenzaron a ser pintados de negro.

Además, denunció que empezaron a aparecer noticias falsas diciendo que en caso de llegar a la Alcaldía de Suárez iba a llevar paramilitares y quitarle tierra a la gente.

La masacre

Después de varias horas sin que se sepa de su paradero, el domingo se pensaba que había sido secuestrada.

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Por la noche del domingo dos explosiones alertaron a los vecinos de un sector en las afueras de Suárez y así fue que encontraron incinerado y con varios orificios de bala al vehículo en el que se transportaba García.

Este lunes, las autoridades confirmaron el hallazgo del cadáver de la candidata por el Partido Liberal y y otros cinco cuerpos más.

Además de García y su madre, acribillaron a Aidé Trochez, representante de las víctimas del conflicto armado de la región; Héctor González, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Brisas en Suárez; Lavedis Ramos, parte del equipo de campaña, y Yeison Obando, aspirante al concejo municipal.

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Los fiscales de la ciudad indicaron que el vehículo donde iban todos fue emboscado en la mitad de una carretera por otro auto que se cruzó la mitad del camino.

De aquel motorizado salieron hombres con armas largas y comenzaron a disparar una y otra vez contra García y sus acompañantes.

Después arrastraron los cuerpos de las víctimas a un lado del camino e incineraron el vehículo.

Karina García contaba con un esquema de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección ante las amenazas recibidas.

Más asesinatos selectivos

Los asesinatos selectivos se han convertido en uno de los mayores problemas que atraviesa Colombia después del fin del conflicto armado con la exguerrilla de las FARC.

La Misión de Observación Electoral de Colombia señaló este lunes que desde que se presentaron las candidaturas para las elecciones departamentales y municipales ya fueron asesinados cinco postulantes.

El país realizará sus comicios regionales a finales de octubre.

Mientras tanto, diferentes instituciones sostienen que entre 200 y 400 líderes sociales han sido asesinados en los últimos tres años.

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La Defensoría del Pueblo señaló que en la región donde vivía García se han contabilizado durante el año 40 panfletos con amenazas de muerte a dirigentes y políticos firmados por grupos armados como las Águilas Negras, Autodefensas Gaitanistas Unidas de Colombia y disidencias de las FARC.

“Se refleja la intención de acallar las exigencias colectivas que representan líderes y lideresas de organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como líderes que apoyaron el acuerdo de paz, que hoy exigen la implementación del mismo”, indica el balance hecho por la entidad.

Con lo sucedido el domingo suman 13 los asesinatos selectivos en la región donde Karina García soñaba con llegar a ser alcaldesa.

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El fiscal general del estado, Adrián López, dijo que los cuerpos fueron hallados en tres puntos de Uruapan y explicó que el hecho obedece a pugnas entre grupos de la delincuencia organizada.

López dio a conocer que trece de los cuerpos pertenecer a hombres y tres a mujeres. Entre ellos, habían siete cuerpos desmembrados y otros habían sido asesinados por heridas de arma de fuego

“Hay una pugna entre células que se atribuyen la pertenencia a determinadas bandas delincuenciales y se disputan el territorio para controlar las actividades relacionadas con producción, distribución y consumo de drogas”, dijo López en conferencia de prensa.

“Eso deriva en este tipo de acontecimientos, que alarman con toda justificación a la población”, agregó. López explicó que algunos de los cuerpos estaban colgados de un puente y otros estaban desmembrados.

El Gobierno estatal confirmó que 13 de los cadáveres fueron abandonados durante la madrugada de este jueves en una de las principales avenidas de Uruapan, la segunda ciudad más importante de Michoacán. Las autoridades encontraron siete de los cuerpos frente a un centro comercial, donde algunos de los cadáveres estaban colgados de un puente, y los otros seis aparecieron esparcidos en la zona y desmembrados

El funcionario dijo que se desplegó personal de distintas corporaciones de seguridad tras el hallazgo de los cadáveres.

“Se ha desplegado personal de las diferentes corporaciones tanto del ejército, la Guardia Nacional, la secretaría de seguridad pública estatal y de la fiscalía general del estado”, dijo López en conferencia de prensa.

Michoacán es un estado convulsionado por la presencia de diversas organizaciones criminales cuyo accionar provocó el surgimiento de grupos de autodefensa hace unos seis años y la posterior intervención militar en 2014.

El gobierno lanzó a finales de 2006 una polémica ofensiva militar contra el crimen organizado que es señalada por especialistas y defensores de los derechos humanos como una de las principales causas del incremento de la violencia en México.

Según cifras oficiales, desde entonces se han registrado más de 250.000 asesinatos, aunque no se detalla cuántos casos están ligados al combate al crimen.

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“En mensaje a medios en Estados Unidos señalé que en síntesis: 1. Nuestro Consulado General en El Paso y nuestra área de protección a mexicanos seguirán apoyando a las familias y víctimas. Asistirán al servicio funerario que organizará el alcalde de la ciudad”, dijo Erbard en un mensaje de Twitter.

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En mensaje a medios en Estados Unidos señalé que en síntesis:
1. Nuestro Consulado General en El Paso y nuestra área de protección a mexicanos seguirán apoyando a las familias y víctimas. Asistirán al servicio funerario que organizará el alcalde de la ciudad.

— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 5, 2019

* En alianza con Forbes México y Centroamérica, artículo de Forbes Staff.

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Los hospitales de la ciudad han recibido hasta ahora al menos 26 heridos. El fiscal adjunto de Texas, Ken Paxton, dijo a la cadena CBS que “hay entre 15 y 20 muertos”. El gobernador de Texas, Greg Abbott, confirmó minutos después que fueron 20 las personas fallecidas.

#ÚltimaHora | Se registra tiroteo en centro comercial de El Paso, Texas.

Autoridades reportan múltiples heridos en la zona de la plaza. #Oaxaca #TwitterOax
: acnoticiasmx pic.twitter.com/A01IfV9W4B

— Diario El Fortín (@diarioelfortin) August 3, 2019

“El lugar (de investigación) sigue estando activa mientras los oficiales de EPPD trabajan con el FBI y otras agencias de la ley”, decía un comunicado publicado por el alcalde de El Paso, Dee Margo en su cuenta de twitter.

El portavoz de la policía de El Paso, Roberto Gómez, informó en una conferencia de prensa, según detalla la cadena Telemundo, que un hombre se encuentra “bajo custodia” y que hay “varios fallecidos” y “múltiples heridos” por el tiroteo que habría comenzado en la tienda Walmart y luego se trasladó a otros lugares del centro comercial.

El alcalde de El Paso, Dee Margo, confirmó a CNN que había tres sospechosos detenidos por la policía. Sin embargo, el vocero policial Gómez, indicó a medios locales que había un solo arrestado, un hombre en sus veinte años.

“Terrible tiroteo en El Paso, Texas. Los informes son muy malos, muchos muertos”, dijo Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter poco después de conocerse los sucedido y aún sin cifras oficiales.

El mandatario agregó que “estaba trabajando con las autoridades locales y estatales, y las fuerzas de seguridad” y que había “hablado con el gobernador para ofrecer el total apoyo del Gobierno federal”.

Igualmente, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, se mostró “apesadumbrado por la pérdida de tantas vidas inocentes” en la misma red social.

Los almacenes comerciales contaban con gran afluencia de clientes para realizar compras de cara al próximo inicio del ciclo escolar.

#LoVesEnPA Así se escuchó el tiroteo en un centro comercial de El Paso, Texas. https://t.co/CNED3aHhyT pic.twitter.com/15gi1vKvSW

— PanamáAmérica (@PanamaAmerica) August 3, 2019

Por su parte la cadena NBC News indicaron que el sospechoso detenidos se trata de Patrick Crusius, quien cumplió 21 años la semana pasada y es residente del área de Dallas. Esta identidad no ha sido confirmada por las autoridades.

Según Telemundo Noticias el gobernador de Texas, Greg Abbott, informó que “el Departamento de Seguridad Pública de Texas está ayudando a las autoridades policiales y federales locales a llevar esta tragedia a la conclusión más rápida y segura posible”.

Mientras que el precandidato presidencial y originario de El Paso, Beto O’Rourke, lamentó la noticia con un mensaje en sus redes sociales “Realmente desgarrador. Mantente a salvo, El Paso. Sigan todas las instrucciones del personal de emergencia mientras continuamos recibiendo más actualizaciones”.

Robert Curado, residente en la ciudad y testigo de lo ocurrido, explicó en declaraciones al diario local El Paso Times cómo se escondió junto a su madre entre dos máquinas expendedoras fuera del establecimiento cuando el sospechoso les apuntó con el arma.

“Allí es cuando el individuo intentó dispararme, pero falló porque como que me agaché”, indicó.

David Shimp, director ejecutivo del centro médico Del Sol, uno de los hospitales al que se trasladaron los heridos, informó en un correo electrónico de que sus servicios de emergencia habían recibido a once heridos de entre 35 y 82 años de edad, que estaban en tratamiento.

“Dos pacientes están en situación estable y nueve en condición grave”, dijo Shimp.

Por su lado, los líderes demócratas en el Congreso emitieron sendos comunicados en los que instaron a actuar para controlar el acceso a armas de fuego en Estados Unidos y criticaron a los republicanos, que cuentan con mayoría en el Senado, por su rechazo a diversas propuestas legislativas en este sentido en los últimos años.

“Demasiadas familias en demasiadas comunidades se han visto forzadas a sufrir el horror diario de la violencia de armas de fuego. Ya es suficiente. La continuada inacción del Senado republicano deshonra nuestra obligación de proteger a hombres, mujeres y niños inocentes y poner fin a esta epidemia de una vez por todas”, subrayó Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes.

El pasado fin de semana se produjo otro tiroteo masivo en un festival gastronómico en Gilroy (California), que dejó cuatro muertos.

Mi corazón esta con El Paso en este momento. Tengan cuidado. Por favor todos sigan la instrucciones de los equipos de emergencia. https://t.co/bPAfVU7oPR

— Beto O'Rourke (@BetoORourke) August 3, 2019

Por aparte, el consulado de Guatemala en del Río manifestó en twitter que esperan los reportes oficiales del Departamento e Policía de El paso, Texas y descartar si entre las víctimas de la balacera se encuentran guatemaltecos, debido a que entre El Paso y Nuevo México residen unos 50 guatemaltecos.

En desarrollo: Somos respetuosos de los protocolos de @EPPOLICE, esperaremos los reportes oficiales del tiroteo para descartar si entre las múltiples víctimas se encuentran guatemaltecos. Entre #ElPaso y la parte cercana a #NuevoMéxico viven unos 50 connacionales. #ElPaso pic.twitter.com/09DsTHNj71

— ConsGtDelRio (@consgtdelrio) August 3, 2019

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“Estoy poniendo en conocimiento de los imputados que estos delitos comunes también tienen la connotación de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra”, dijo el juez titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera (noreste), Jorge Guzmán.

El juzgador señaló durante una audiencia que dicha decisión se basa en una resolución que emitió en diciembre de 2018, en la que declaró a la masacre como un crimen de guerra y de lesa humanidad.

De acuerdo con el abogado de los sobrevivientes y director de Litigio Estratégico de la organización derechos humanos Cristosal, David Morales, este es un hecho inédito en la historia reciente del país centroamericano.

Morales, también exprocurador de Derechos Humanos, explicó que es el primer caso del que tiene información en el que los delitos son elevados a la referida categoría, con lo que se vuelven imprescriptibles y no pueden ser amnistiados.

A la referida audiencia se presentaron 12 imputados, entre ellos el exministro de la Defensa Guillermo García, mientras que cuatro se ausentaron por razones de salud y uno falleció recientemente.

Entre la docena de militares que llegó a la sede del referido tribunal se encontraba el exjefe de operaciones de la Fuerza Armada Gabriel Contreras, quien fue incluido al proceso en la audiencia.

La misma sirvió para imputar a los exjefes castrenses los cargos de tortura, desaparición forzada y desplazamiento forzado.

De acuerdo con Guzmán, las violaciones sexuales registradas en durante el operativo denominado “Rescate” y que derivo en la masacre se pueden considerar como tortura por jurisprudencia generada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

“Esta ampliación de los delitos no este caprichosa, no es antojadiza y deviene de las declaraciones de los testigos”, acotó el juzgador.

Estas son procesadas desde marzo de 2017, excepto Contreras, por los delitos de asesinato, violación, privación de libertad, violación de morada, robo, daños, estragos, actos preparatorios de terrorismo y terrorismo.

Durante la audiencia el general Rafael Bustillo, requerido por la Justicia española por la masacre de cinco sacerdotes jesuitas en 1989, aseguró que el proceso es “parcial” y señaló que las víctimas posiblemente colaboraban con la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

La sobreviviente María del Rosario Torres pidió respeto para las víctimas, dado que no tienen “ninguna culpa” por las acciones de la guerrilla.

“Solo de mi familia fueron 24 asesinados”, señaló Torres, quien pidió a los militares que “se pongan la mano en el corazón” y acepten los cargos que se les imputan.

El proceso, en el que la masacre fue declarada un crimen de lesa humanidad, se encuentra en la etapa de instrucción y han comparecido más de 30 testigos.

Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1993, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 unidades de élite del Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron “deliberada y sistemáticamente” a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y sitios aledaños.

Un registro estatal estima la cifra de víctimas de El Mozote en al menos 1.730, de las que 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 665 son familiares de las personas asesinadas y 29 sufrieron desplazamiento forzado.

La fosa común fue descubierta durante los trabajos de construcción de un bloque de apartamentos de lujo.

Desde entonces, soldados especialmente entrenados han desenterrado los restos de más de mil judíos, asesinados cuando la ciudad de Brest fue ocupada por la Alemania nazi.

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“Los cráneos tienen agujeros de bala”, dice Dmitry Kaminsky.

Su equipo militar generalmente busca los restos de soldados soviéticos. Aquí, en cambio, han encontrado pequeños cráneos de adolescentes y un esqueleto femenino con los restos de un bebé, como si ella lo hubiera estado acunando.

Miles de ejecuciones

Antes de la Segunda Guerra Mundial, casi la mitad de los 50 mil habitantes de Brest eran judíos.

Más de cinco mil hombres fueron ejecutados poco después de la invasión alemana en junio de 1941.

Los que quedaron fueron llevados al gueto: varias cuadras del centro de la ciudad rodeadas de alambre de púas.

En octubre de 1942, llegó la orden de eliminarlos.

Los subieron a trenes de carga en los que viajaron durante más de 100 km hasta un bosque. En Bronnaya Gora, miles más fueron fusilados.

Se cree que la recientemente descubierta fosa común en el antiguo gueto contiene los restos de aquellos que lograron esconderse en un principio, solo para ser rematados más tarde.

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“Nadie habló de ello oficialmente”

“Cuando mis padres regresaron, la ciudad estaba medio vacía”, dice Mikhail Kaplan, hojeando instantáneas en blanco y negro en la mesa de su cocina.

Sus padres pudieron escapar de la masacre porque estaban fuera cuando los alemanes invadieron Brest. Las fotografías de Mikhail son de tías, tíos y primos que fueron asesinados.

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“Mi padre nunca habló sobre lo que sucedió, fue demasiado doloroso. Pero mi abuela lloraba todo el tiempo recordando a Lizochka”, explica mientras agarra una fotografía de su tía Liza vestida para salir una noche con amigos.

Después de la guerra, sin embargo, Mikhail dice que la masacre judía no fue conmemorada.

“Todos sabían lo que había sucedido, pero nadie habló de ello oficialmente”, dice. “Los alemanes nos destruyeron, deliberadamente. Los soviéticos simplemente se quedaron en silencio”.

Incluso ahora, el museo del Holocausto en Brest es una sala en un sótano, curado y dirigido por la pequeña comunidad judía que se estableció en la ciudad después de su liberación.

Las exhibiciones incluyen las historias milagrosas del puñado de sobrevivientes del gueto que se escondieron debajo de pisos falsos o detrás de paredes en sus casas durante meses.

También hay un registro de la ciudad mantenido por los alemanes. El 15 de octubre de 1942 había registrados 17 mil 893 judíos en Brest. En el registro del día siguiente, ese número aparece tachado.

“Por eso sabemos cómo fue liquidado el gueto”, explica el líder de la comunidad, Efim Basin.

Basin sospechaba que los trabajadores podrían encontrar algunos cuerpos en el lugar de la construcción, pero nunca tantos.

“Esto solo subraya lo poco que sabemos sobre nuestra historia“, agrega.

Él estuvo explorando los archivos a lo largo de los años, intentando corregir eso. Pero los testimonios de los testigos son limitados. Y el destino de los judíos en Bielorrusia siempre se ha fusionado con las pérdidas catastróficas sufridas en general bajo la ocupación.

“Los funcionarios repetirían el mantra ‘¡Nunca olvidaremos!’ sobre los muertos, pero la parte judía fue silenciada”, recuerda Efim.

“Todos los monumentos de guerra estaban dedicados a los ‘ciudadanos soviéticos'”, dice, afirmando que eso se debe en parte al antisemitismo y en parte al énfasis soviético en la idea de “una nación”.

“Pero eso fue muy ofensivo. Los judíos no fueron asesinados por resistirse a los nazis. Fueron asesinados porque eran judíos”.

Un nuevo monumento

Al recorrer la ciudad a pie, Efim señala las muchas huellas de la vida judía.

Entre ellas se incluye la sinagoga principal, con un cine cilíndrico construido sobre ella en la época soviética. Las paredes de mármol originales todavía están intactas en el interior, demasiado sólidas para ser destruidas.

El cementerio judío, parcialmente demolido por los nazis, fue luego liquidado por la URSS. Las tumbas fueron apiladas y se construyó un estadio deportivo encima.

El único monumento en recuerdo del Holocausto en el centro de la ciudad fue creado por la comunidad judía y la diáspora.

Así que ahora están presionando para construir un nuevo monumento en el lugar donde las víctimas fueron ejecutadas. Las propuestas hasta ahora, sin embargo, incluyen plantar algunos árboles en lo que después será el jardín de los apartamentos de lujo.

“Algunas personas dicen que están construyendo sobre huesos, pero eso no es cierto”, insiste Alla Kondak, del departamento de cultura de la ciudad. “Solo detendremos el trabajo de excavación una vez que se hayan recuperado todos los restos”.

Esos huesos se volverán a enterrar en el cementerio de la ciudad, y Kondak no ve necesidad de más.

“¡Hay tumbas por todas partes aquí! Los alemanes dispararon y enterraron a las personas en el lugar”, argumenta.

Pero parece que pocos ciudadanos son conscientes del destino específico de los judíos.

“No aprendimos nada en la escuela sobre el gueto de Brest”, admiten dos mujeres de veintitantos años. “No creo que nadie de nuestra edad realmente sepa nada”.

“No sé nada sobre el gueto o la fosa común”, dice una señora mayor, cerca del sitio de excavación.

Pero a medida que se acaba otro día de excavación, los soldados salen de la fosa con más cajas llenas de huesos.

Con cada fragmento recuperado del suelo, la historia se hace más difícil de ignorar.

Parte del suceso fue retransmitido por Facebook.

El gobierno consideró lo ocurrido un “ataque terrorista” sin precedentes en el país. Los ataques a las dos mezquitas dejaron al menos 49 muertos.

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Medios australianos identificaron a un hombre con el mismo nombre, cuyo rostro coincide con el que aparece en el video, como un joven de 28 años originario de Grafton, una localidad a 600 km al norte de Sídney (Australia).

La policía de Nueva Zelanda confirmó que detuvo a una persona, nacida en Australia, en relación al ataque, pero no publicó su nombre.

Antes del ataque y en una cuenta relacionada con el nombre de Tarrant en Twitter, se publicaron imágenes de cargadores de rifle con diversas inscripciones: son mensajes que aluden al Imperio Otomano y crímenes que tuvieron a musulmanes como víctimas.

Se desconoce si este armamento fue usado en la masacre, si bien en el video transmitido por internet aparecen armas con marcas similares.

Personajes actuales e históricos

En esos cargadores publicados en la cuenta de Twitter ya eliminada, se pueden leer nombres de personas y lugares.

Uno de ellos es el de español Josué Estebánez, el exmilitar de ultraderecha encarcelado por haber matado al activista antifascista Carlos Palomino.

Estebánez apuñaló a Palomino en noviembre del 2007 en el metro de Madrid. La víctima, menor de edad, se dirigía a boicotear una manifestación de ultraderecha, por lo que el juez consideró la motivación ideológica como agravante.

Debajo del nombre de Estebánez aparece el de Miloš Obilić, un caballero de la Serbia medieval. Es recordado por haber dado muerte al sultán otomano Murad I en la batalla de Kosovo Polje, en 1389.

Le sigue Segismundo de Luxemburgo, un noble europeo que entre finales del siglo XIV y principios del XV acumuló títulos como el de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico o el de último emperador de la Casa de Luxemburgo.

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En otro cargador se menciona a Feliks Kazimierz Potocki, un noble polaco que lideró diversas campañas militares contra los turcos y los tártaros en el siglo XVII.

También a Iosif Gurko, un capitán general ruso que también luchó contra los turcos pero un siglo después. Entre las batallas en las que jugó un papel importante está la del Paso de Shipka, que también se enumera en uno de los cargadores atribuidos a Tarrant.

Así como a esta batalla, las inscripciones aluden a otras contra el Imperio Otomano como la de Kahlenberg o Segundo Sitio de Viena, de 1863, en la que el Sacro Imperio Romano Germánico​ venció a los turcos, que entraron en declive a partir de esta derrota.

En otra foto se pueden ver tres cargadores alineados con referencias parecidas.

En uno dice “Para Rotherham”, en referencia a un caso de abusos sexuales que se dio en esta localidad de Reino Unido. Algunos lo consideran el mayor escándalo en el que falló la protección a menores de edad, ya que se extendió durante décadas. La mayoría de acusados eran de origen paquistaní y profesaban el islamismo.

En el mismo cargador se menciona a Alexandre Bissonnette, autor del tiroteo a una mezquita perpetrado en Québec, Canadá, en 2017 y que dejó seis muertos. También a Luca Traini, un ultraderechista italiano que disparó a inmigrantes africanos, hiriendo a seis de ellos, en febrero de ese mismo año.

Combatiendo al Imperio Otomano

En los otros dos cargadores se hace referencia a más victorias sobre el Imperio Otomano. Una es la del paso de Shipka y otra, la de Kagul, en la que los rusos los vencieron en 1770. También la de Bulair, una victoria búlgara sobre los turcos de 1913.

Otras cuatro inscripciones hacen referencia a más figuras históricas que lucharon contra el Imperio Otomano: Bajo Pivljanin, un turco renegado que luchó contra este régimen en las filas de la República de Venecia en el siglo XVII; Fruzhin, un noble búlgaro del siglo XV; Sebastiano Venier, duque de Venecia del siglo XVI que es mencionado más de una vez, y Novak Vujosevic.

Además de los nombres, el usuario identificado como Tarant incluyó símbolos como el del Sol Negro, antiguo ícono germánico que luego fue adoptado por los nazis. También dibujó una versión supremacista blanca de la cruz celta y un símbolo vikingo.

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Los agentes lograron detener el automóvil en la 4a. avenida y 2a. calle, en Venecia 2, en el mismo municipio y fueron capturados Román Hernández Gómez, de 37 años; y Byron Estuardo Pérez Quiñónez, de 31.

Los policías encontraron dos armas que usaron los detenidos y dejaron tiradas durante la persecución en un terreno boscoso.

Según investigaciones de la PNC, Hernández Gómez y Pérez Quiñónez participaron el pasado 10 de febrero en el ataque armado que se perpetró en el polideportivo de Santa Isabel 1, Villa Nueva, en el que hubo cinco personas muertas y dos heridas.

Las víctimas mortales por ese ataque armado fueron Alexis Zetina de 19 años, Ángel Castro de 24, Carlos Sánchez de 23, Mynor Leonel Ramírez Díaz y Axel Junior Rodríguez.

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La noche del ataque

Según la PNC, se trató de un ataque directo, pues lo ocupantes de un automóvil blanco ingresaron en el área donde se desarrollaba la actividad deportiva y dispararon contra las víctimas y luego escaparon.

Testigos relataron que quienes fueron asesinados el pasado domingo, se encontraban en el lugar y hora equivocados.

Aseguran que uno de los jugadores y víctimas del ataque conocido, como Messi, fue amenazado dos semanas antes de la balacera por un hombre que vivía en Santa Isabel 1 y que“ahora se dedica al narcotráfico”.

Pero las declaraciones únicamente son versiones de testigos, por lo que quedará en manos de investigadores del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil recabar las evidenciasy dar con los responsables.

“La gente de aquí no está muy de acuerdo con los noticieros que dicen que fueron ratas las que mataron. La verdad es que todos conocían a esos patojos”, lamentó un vecino.

“Los menores de edad son los observadores de estas escenas trágicas, quienes viven el día día con tener un mejor futuro”, agregó.

“Ese día se escucharon como cohetillos, y cuando vine a ver con mi hermana me dio miedo”, señaló.  

Vecinos y testigos esperan que las autoridades municipales y centrales brinden mayor seguridad, y que continúe el apoyo al deporte sin inconvenientes, y que este se desarrolle en un ambiente seguro.

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En efecto, Jonestown, con su población, mayoritariamente afroamericana, encajaba perfectamente en el proyecto del gobierno de poblar la Guayana Esequiba, preferiblemente con habitantes de origen africano. Recordemos que el PNC tiene su base electoral entre los afroguyaneses. Un proyecto que estuvo por mucho tiempo entre las prioridades del gobierno Burnham, desde la década de los ’60. A este respecto, recordemos el también nonato plan de reubicar muy cerca de las “ruinas“ de Jonestown a 30.000 refugiados laosianos de la tribu Hmong (Meo), en los años ’70, a raíz de las guerras en Indochina.

En cuanto a la posición de los gobiernos norteamericanos respecto de la reclamación venezolana del Esequibo, es interesante mencionar que Kennedy, con sus excelentes relaciones con Betancourt, vio con muy buenos ojos la reactivación de la reclamación en 1962. En cambio, a partir de Johnson la posición de EE. UU. pasó a ser básicamente “neutral”, solo apoyando una solución pacífica de la controversia. Muy recientemente el gobierno Trump, por medio de su embajador en Georgetown, ha modificado su posición oficial y ahora respalda formalmente la sentencia arbitral del Laudo de 1899, considerado nulo e írrito por Venezuela. Obviamente este cambio se debe, entre otras cosas, a la infantil y ridícula política de desplantes retóricos antinorteamericanos y a la ruptura hostil con la Exxon, que de haber sido la compañía petrolera más ligada a Venezuela, ahora posee una relevante concesión petrolera guyanesa, en “curiosa” asociación con la compañía de petróleo estatal china (Cnooc), que no solo abarca la plataforma continental del Esequibo, sino también áreas de la plataforma continental venezolana del Delta del Orinoco. Hasta aquí nos ha llevado la irresponsable e incapaz política exterior del régimen.

@sadiocaracas

Triste recuerdo

El dia en que los mexicanos fueron sacudidos por un fuerte sismo en 1985

La edición de Prensa Libre del 3 de octubre de 1968 destacaba la violencia que se recrudeció en  Ciudad de México cuando fuerzas de seguridad del Estado disolvieron una manifestación estudiantil en la que participaban unas cinco mil personas. El Gobierno reportó 20 estudiantes y un soldado muertos; sin embargo,  periodistas vieron muchos cadáveres en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.

En esa ocasión los ojos del mundo estaban centrados en ese país, ya que tenía a su cargo la organización de las olimpiadas; sin embargo, no todo era entusiasmo, ya que desde hacía varios meses las universidades públicas se encontraban en huelga, desafiando al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, cuyo régimen se caracterizó por la represión violenta de  movimientos sociales.

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La precaria situación económica de millones de mexicanos  mientras se derrochaban recursos en la organización de los Juegos Olímpicos fue uno de los detonantes, además del cierre de espacios políticos, dominados por el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), que llevaba décadas en el poder.

En ese contexto los estudiantes declararon una huelga y concentraciones para manifestar su descontento durante varias semanas. El punto culminante fue el  2 de octubre, cuando se celebraba un mitin en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, el cual fue disuelto violentamente por las fuerzas de choque, incluidos francotiradores, quienes dispararon indiscriminadamente contra los estudiantes.

Las cifras oficiales reportaban únicamente 30 muertos, pero extraoficialmente se habla de más de 300.

Díaz Ordaz argumentó que se reprimió a los estudiantes porque tenía conocimiento de que habían fraguado un “complot comunista” para boicotear las olimpiadas.

La masacre, minimizada  entonces por el propio gobierno y la prensa, no restó protagonismo a los Juegos Olímpicos ni tuvo eco en la justicia.

En 1998 se abrió una causa sobre la masacre en los tribunales, la cual no prosperó.

Continúa represión

Los movimientos estudiantiles en Latinoamérica han sido blanco del autoritarismo de gobiernos en diferentes épocas.

Por ejemplo, este año Nicaragua vive una crisis política que ha tenido momentos violentos. Desde abril de 2018 estudiantes comenzaron a manifestarse pacíficamente en contra de las reformas del gobierno de Daniel Ortega  en el seguro social.

El descontento se extendió de Managua a otros departamentos, donde se sumaron varias universidades. Las fuerzas policiales disolvieron las manifestaciones con violencia, sumadas a grupos paramilitares que se han enfrentado con los estudiantes. Hasta septiembre se reportan 320 muertos.

Esa distorsión adquiere ribetes dramáticos en Estados Unidos, a raíz de la matanza de 17 personas en Florida, a manos de un jovenzuelo que había dejado suficientes huellas de lo peligroso que podía ser, lo cual efectivamente ocurrió cuando dirigió un ataque con una poderosa AR-15 contra estudiantes de una escuela secundaria en una ciudad vecina a Miami.

Luego de la masacre, compañeros de las víctimas organizaron una protesta con la etiqueta #neveragain y se dirigieron a la sede del parlamento estatal a exigir cambios en la legislación sobre las armas, y de inmediato recibieron una negativa contundente.

La cámara baja del Congreso de Florida votó de manera indolente por 71 votos a favor y 36 en contra sobre no conocer una moción para poder reformar la legislación sobre la venta de armas automáticas, industria que cuenta con beneficios en ese estado.

Una inconcebible respuesta para jóvenes, cuya indignación está creciendo a nivel nacional, lo cual se traduce en protestas a las que se suman cada vez más adeptos en el reclamo de cambios para limitar el acceso a las armas de alto poder, algo que se ve agravado porque ahora los atacantes incluso agregan dispositivos aceleradores de disparos, como ocurrió con la masacre de Las Vegas.

Una de las reacciones más lamentables ha sido la del presidente Donald Trump, quien, al igual que los representantes de la industria de las armas, propone más gente armada en las escuelas. Esto, además de ser un disparate, apunta a una mayor venta de equipo bélico, sin siquiera meditar sobre el peligroso potencial de armas de alto poder que se multiplicaría, las cuales no deberían estar en manos de civiles con tanta facilidad, mucho menos en las de menores.

Preocupa y causa estupor y rechazo la frialdad y hasta el cinismo con el que han reaccionado algunos políticos estadounidenses, entre ellos varios senadores que reciben aportes a sus campañas electorales de los fabricantes de armas. Por ello, el movimiento de los jóvenes indignados ha recibido no solo masivas muestras de apoyo, sino un creciente financiamiento de figuras muy conocidas del mundo del espectáculo, dispuestas a contribuir para sostener una protesta legítima para exigir límites razonables a la venta de armas.

Para los políticos republicanos, los mayores defensores de la venta de armas sin límites, no es conveniente que el debate se prolongue por demasiado tiempo, porque en noviembre habrá elecciones en las que se cambia a la mitad de los congresistas. Si la indignación se mantiene o si ocurre otro hecho lamentable, eso podría tener una incidencia determinante en las urnas, porque en boca de muchos políticos se está relativizando a extremos intolerables el valor de la vida sobre el discutible derecho a tener armas de guerra.

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Tras confesar el delito, la duda que resta durante el proceso judicial es si Nikolas Cruz será sentenciado a la pena capital o cadena perpetua, y el estado de su salud mental será fundamental en esta decisión.
Durante los interrogatorios tras la matanza, Cruz dijo a la Policía que escuchó voces en su cabeza que le indicaron cómo perpetrar el ataque, voces que fueron descritas como “demonios”, informó el canal ABC News.
Posteriormente a que DCF abriese este caso, el autor confeso de la balacera en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas perdió a su madre adoptiva, por lo que se quedó nuevamente huérfano, tras la muerte años antes de su padre adoptivo.
El joven compareció este lunes ante otra jueza, Elizabeth Scherer, en una audiencia en la que se definió que se trató sobre el secreto de una moción presentada el viernes recién pasado por la defensa sin que se conozca el contenido de la misma.
El joven, que permaneció sin levantar la mirada de la mesa y sin apenas moverse, estuvo acompañado por sus dos representantes legales, que adelantaron su intención de pedir el secreto para futuras mociones. 

Las voces que Cruz oía fueron descritas como “demonios” por fuentes policiales al canal ABC News.

A medida que pasan los días surgen nuevos datos sobre la vida de Cruz antes de disparar con un rifle de asalto contra sus excompañeros de la escuela secundaria, de la que fue expulsado hace un año por motivos disciplinarios.

Medios locales informaron este viernes que el arma utilizada por Cruz fue comprada por el joven legalmente hacía un año en Sunrise Tactical Supply, una tienda de armas ubicada en un centro comercial de Coral Springs, en el sur de Florida.

Douglas Rudman, el abogado que representa a los propietarios de la tienda, Michael y Lisa Morrison, dijo a los periodistas que Cruz compró el rifle de asalto en una caja y que no adquirió munición, solo el cargador que viene con el arma, recogió el diario The Miami Herald.

Fue por esa razón que “no se levantaron banderas rojas (alertas) Parece que Cruz intento de forma deliberada no despertar sospechas al no comprar demasiadas cosas de un solo lugar”, agregó Rudman.

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Las autoridades confirmaron que el arma fue adquirida por el joven de forma legal.

Los dueños de la tienda de armas realizaron todo el protocolo de seguridad exigido en la venta del rifle a Cruz: el joven cumplimentó todos los formularios de compra requeridos por el Departamento de Justicia, que incluye una copia de su carné de conducir y respuestas a un cuestionario sobre enfermedades mentales.

“Lo que entiendo es que sus respuestas fueron las apropiadas”, apuntó Stuart Kaplan, abogado que representa también a la corporación Sunrise Tactical Supply.

La tienda, cuyos armeros habían sido despojados de rifles y otras armas el jueves, “permanecerá cerrada indefinidamente”, agregó el citado rotativo.

Sus dueños, que viven en la ciudad de Coral Springs, están “angustiados” por el “tremendo sentido de responsabilidad en esta situación y por lo horrible que se sienten al saber que una de sus armas cayó en manos de este maníaco”, resaltó Rudman. 

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ocupación militar

El día que el Ejército ocupó la USAC

Los disparos de metralletas continuaron y dos estudiantes más fueron muertos cuando subían por unas escalinatas. Varios asistentes también resultaron heridos. El conocido intelectual Tasso Hadjidodou, agregado cultural de la embajada de Francia en Guatemala y miembro de la Alianza Francesa se encontraba en el lugar y resultó ileso del ataque.

Minutos antes del ataque, un grupo de personas habían colocado barricadas frente al Paraninfo, obstaculizando el tráfico sobre la segunda avenida. Al mismo tiempo quemaban llantas causando una gran humareda. Esto motivó la presencia de bomberos y elementos de las fuerzas de seguridad del Estado.

Los hombres que estaban tras las barricadas y los que quemaban llantas al ver la presencia de la Policía huyeron y algunos ingresaron al paraninfo donde se desarrollaba la actividad.

Al escucharse los primeros disparos, todos se tiraron al suelo y las mujeres comenzaron a gritar desesperadamente. Los atacantes retornaron por donde habían ingresado y en las gradas subían dos estudiantes quienes fueron ametrallados sin mediar palabra. Los agresores antes de retirarse en un vehículo hicieron estallar una granada fuera del edificio.

Asesinan a académico universitario

Al medio día del mismo 29 de enero en la zona 5 fue asesinado el licenciado en economía, Bernardo Lemus Mendoza, de 49 años, quien fungía como director del área de planificación global de la Secretaría General del Consejo de Planificación Económica.

El economista, salió de su trabajo y se dirigía hacia su residencia, conduciendo su automóvil y al llegar a la 12 avenida y 27 calle zona 5, el semáforo marcó luz roja, oportunidad que aprovecharon sus agresores para dispararle varias veces, por detrás, hasta dejarlo sin vida.

Los bomberos municipales de la zona 5 acudieron al lugar de la tragedia, pero nada pudieron hacer para salvar la vida del licenciado Lemus ya que las balas hicieron estragos en su cuerpo. La acción delictiva ocurrió a pocos metros de la garita de control de frenos de la Policía Nacional pero los agentes no reaccionaron ante el ataque.

Lemus nació en Purulhá, Baja Verapaz y se había destacado en el campo de la economía, habiendo desempeñado importantes cargos relacionados con su profesión. Fue director financiero de la USAC, y en 1978 figuró como candidato a rector de la facultad de ciencias económicas de dicho centro de estudios. Años atrás había sido secuestrado y liberado posteriormente por sus plagiarios.

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Parientes que no se identificaron, manifestaron que ha sido una tragedia la muerte de violenta de Arnulfo Torres Aguilar, de 30 años, Adriana Emeteria Vicente Recinos, 36, y la hija de ambos Geidy Anabelly Torres Vicente, 12.

Expresaron que les entristece que quedara en la orfandad un menor de 8 años, quien estaba con una tía cuando su familia fue atacada a balazos en el cantón El Campo, Santa Ana Huista. 

El alcalde Filomeno Hernández afirmó que la comuna, a través de la Oficina Municipal de la Mujer, brindará ayuda especializada al menor, quien por ahora permanece con unos parientes.

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El funcionario añadió que tienen conocimiento de que las víctimas rentaban terrenos, a donde todos los días acudían a trabajar en su sembradío de maíz.

“Es triste lo que les ocurre a familias pobres que apenas tienen para su comida”, expresó un vecino, quien agregó que Santa Ana Huista ha sido un municipio tranquilo y ahora será difícil borrar esa mala imagen que dejó esta masacre.

El sepelio de las tres víctimas fue la tarde del viernes pasado en el Cementerio General de la localidad, donde la comuna donó los panteones.

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Una familiar indicó que desconoce el motivo del ataque, pues sus parientes no estaban amenazados. 

En el lugar del ataque, investigadores localizaron seis casquillos de arma de fuego y dos ojivas.

De acuerdo con las primeras pesquisas, los malhechores luego de haber matado a los dos adultos, persiguieron a la menor por un barranco y le dispararon. Se informó que un menor de 8 años quedó en la orfandad. 

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Víctimas

• Arnulfo Torres Aguilar, de 30 años
• Adriana Emeteria Vicente Recinos, de unos 36 años. 
• Geidy  Anabelly Torres Vicente, 12.

Carolina Gutiérrez, delegada de la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración, condenó el hecho que violentó los derechos humanos de una niña. Añadió que lo sucedido es un reflejo de la prevalencia de la saña que afecta la integridad de las mujeres

Manifestó que el Estado debe promover el respeto; por lo que es necesario desde la sociedad civil tomar acciones para eliminar la violencia contra la mujer.

Dijo que la muerte de esta familia es una muestra de intimidación que criminales utilizan para mantener poder, sin importar el daño que se causa a los guatemaltecos.

Otro crimen en 2016

Un caso que conmocionó a Huehuetenango, fue la muerte de una joven estudiante que murió baleada en febrero 2016 en la zona 9 de la cabecera de Huehuetenango, donde desconocidos la atacaron y le robaron la motocicleta en la que viajaba.

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Autoridades informaron en esa ocasión que la víctima fue identificada como Sherlyn Beraly Lajuj Ramos, de 19 años, quien se dirigía a la Escuela Nacional de Educación Física, donde cursaba Bachillerato en Educación Física.

Investigadores detallaron que el cadáver tenía seis heridas de bala de calibre ignorado. Según hipótesis, el móvil del hecho podría haber sido el robo de la motocicleta.

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“España es un importante aliado de EE.UU. en terrorismo y otros casos de importancia nacional y el cumplimiento oportuno de sus solicitudes de extradición mejora la política exterior de Estados Unidos y sus intereses en la aplicación de la ley”, subrayó Francisco en su escrito.
Montano ha esperado durante más de dos años la decisión final sobre su extradición en una prisión de Carolina del Norte, cárcel en la que ya cumplió una pena de 21 meses de prisión por haber mentido sobre su situación migratoria en EE.UU., supuestamente para no regresar a El Salvador y responder por la matanza.
La Justicia de El Salvador celebró un juicio contra Montano y otros 19 militares, pero el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco consideró que fue un fraude de ley porque los hechos no fueron, a su juicio, correctamente investigados y, por eso, reclamó en el 2011 la extradición de los acusados.
El Salvador no ha respondido a las órdenes de extradición de España, por lo que Montano será el primer exmilitar salvadoreño que responderá ante la Justicia española por la matanza de los jesuitas. 

En la madrugada de ese día, un grupo de individuos llegó al bulevar Juan Pablo II, zona 13, a cortar con hachas y machetes 52 jacarandas que adornaban el arriate central. Nueve de los hechores fueron capturados y afirmaron que les pagaron Q100 a cada uno para destruir el entorno ambiental. Carlos Sandoval, vocero de la municipalidad capitalina, informó a Prensa Libre que uno de los detenidos aseguró que son trabajadores de una empresa de vallas y que les ordenaron cortar los árboles porque afectaban la visibilidad de los anuncios. En el sector dañado hay vallas de las empresas Publigrafik, Opciones y grupo Pol, a las cuales habría que investigar para dar con los responsables intelectuales de esta repudiable tala de árboles. Paradójicamente, una valla de Publigrafik tiene un anuncio del Inguat, la cual está situada frente al área donde talaron los árboles. El Inguat debería velar porque los turistas que arriban al aeropuerto tengan una vista agradable de la capital, pero ahora sería cómplice de este crimen ambiental.

No es la primera vez que se cometen actos criminales en hospitales públicos. En marzo del 2015, un ataque armado contra un vehículo del Sistema Penitenciario que estaba frente al Hospital General, zona 1, dejó dos muertos y 25 heridos. Las autoridades reportaron que el hecho habría sido un intento por rescatar a un pandillero que era llevado al nosocomio. El año pasado fue detenida una mujer que pretendía matar a un pandillero que era atendido en ese hospital. Son ya varios los hechos que han ocurrido por la imprudencia de las autoridades de llevar a reos peligrosos a centros asistenciales con afluencia masiva. La gente pobre no solo tiene que soportar las deficiencias del sistema hospitalario, sino que ahora, en lugar de ir a curarse, resulta que puede perder la vida en esos centros.

No es posible que Presidios continúe poniendo en peligro la vida de gente inocente en centros hospitalarios. Podrían utilizar, por ejemplo, el Hospital Militar, que tiene una garita en la entrada y que dificultaría un ataque de esta naturaleza, o habilitar atención médica dentro de los centros de detención. Lo mismo sucede con la tala de árboles, que no debe quedar impune. Tras ese hecho criminal contra el ambiente hay mano de empresas de vallas publicitarias, por lo que una medida correcta que deben tomar las autoridades municipales es prohibir la instalación de esos gigantescos anuncios en el bulevar Juan Pablo II. A nadie afecta que retiren esos grotescos anuncios y menos si tras ellos están los culpables de haber mutilado árboles de entre 10 y 15 años de vida que nos proveían oxígeno y vida.

@hshetemul

Fue detenido el fin de semana pasado por la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), por medio de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional.

La detención de Ortiz Morales fue en Baltimore, Maryland. El sospechoso es un antiguo miembro de una la unidad élite del Ejército Kaibiles. Es buscado en Guatemala por cargos criminales por asesinato, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, Ortiz Morales estuvo con un grupo de 20 kaibiles que asesinaron a 200 hombres, mujeres y niños, en la aldea las dos Erres, La Libertad, Petén, en diciembre de 1982.

Dicha fuerza especial fue la encargada de la búsqueda de los combatientes de la guerrilla que en una emboscada causaron la muerte de 20 soldados cerca de la aldea.

Los Kaibiles llegaron al pueblo a medianoche y buscaron las armas desaparecidas, obligando a los residentes a salir de sus hogares para interrogarlos.

Aunque no encontraron armas, los militares mataron a los campesinos indígenas. “De acuerdo con testigos y documentos presentados en tribunales de Estados Unidos, en el transcurso de dos días los Kaibiles masacraron a hombres, mujeres y niños; violado a muchas mujeres y niñas; y las mujeres embarazadas forzada a abortar antes de matarlas”, indicó ICE.

“Muchos de los cuerpos fueron arrojados a un pozo del poblado y los demás fueron dejados en una zona boscosa cerca. Después el asentamiento fue arrasado hasta los cimientos”, expresa la información de Inmigración.

Doce años después de esa masacre, un equipo de antropólogos exhumó y recuperó 162 esqueletos, muchos pertenecientes a niños.

“Los que quieren evadir los cargos por atrocidades cometidas en el extranjero no encontrarán refugio seguro en los Estados Unidos”, dijo el agente especial a cargo de HSI, Andre Watson. “Criminales de guerra y violadores de derechos humanos serán enviados a casa para enfrentar a la justicia”, añadió.

Las investigaciones indican que Ortiz Morales es el quinto participante en la matanza de Dos Erres de estar en los EE.UU. para ser dirigido por el ICE para la acción de cumplimiento. En el momento de su detención, Ortiz Morales era un residente legal permanente de los EE.UU.

Desde EE. UU. han sido expulsados otros dos militares relacionados  a la misma masacre. El primero fue Pedro Pimentel Ríos en 2011. Él fue condenado el 12 de marzo de 2012 a seis mil 60 años de prisión.

El segundo fue Santos López Alonzo, deportado el 10 de agosto de 2016. Este militar continúa detenido a la espera del inicio de su juicio.

Los otros dos kaibiles, Gilberto Jordán y Jorge Sosa Orantes enfrentan 10 años de prisión federal en ese país por fraude en la ciudadanía.

En un tribunal de Charleston, en el estado de Carolina del Sur, la decisión del jurado federal compuesto por 12 personas  (nueve afrodescendientes y tres blancos) fue unánime.

El jurado ya declaró culpable a Roof el pasado diciembre de los 33 cargos que pesaban en su contra, de los que 18 conllevan la pena de muerte, por el ataque cometido el 17 de junio del 2015 en la Iglesia Africana Metodista Episcopal (AME) de Charleston.

Roof, quien optó por representarse a sí mismo durante parte del juicio, será formalmente sentenciado a la pena capital el miércoles por el juez instructor del caso, Richard Gergel.

Aunque los abogados defensores calificaron la actitud de Roof de “delirante”  y “anormal”, el juez Gergel consideró que el joven tiene la competencia mental y emocional para defenderse a sí mismo.

Durante el proceso judicial, el joven confesó los crímenes y reconoció que eligió atacar la iglesia de Charleston por ser una de las más antiguas congregaciones del sur de Estados Unidos y una de las más firmes en la defensa de los derechos civiles de los afroamericanos.

La noche del ataque a la histórica iglesia, el joven condenado se sentó durante 45 minutos en uno de los bancos con un arma semiautomática mientras los feligreses leían la Biblia, antes de comenzar a disparar de manera repetida contra los asistentes y matar a nueve de ellos.

Dylann Roof era “un hombre de odio intenso. Estas nueve personas ejemplifican una bondad mayor que su mensaje de odio”, dijo en diciembre el fiscal Nathan Williams durante el juicio.

El sentenciado admitió los asesinatos poco después de ser detenido en una confesión grabada en video que fue presentada en el tribunal, y en la que detallaba su relato de los crímenes y sus motivaciones racistas.

En una vista celebrada el pasado miércoles, los fiscales volvieron a retratar a Roof como un “frío y calculador” supremacista blanco que planeó durante meses el ataque y lo perpetró con el objetivo de desencadenar una guerra racial en un momento de gran tensión social en EE. UU. por la muerte de afroamericanos a manos de la policía.

Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias el Lobo, máximo jefe del Barrio 18; Rudy Alfaro Orozco, el Smurf; Áxel Danilo Ramírez Espinoza, el Smiley; y Andy Santana García Vásquez, el Andy, habrían sido los que, desde prisión, ordenaron el mortal ataque, de acuerdo con la versión policial.

Los hechos, registrados el pasado viernes frente a la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico (Unaerc), 9a. avenida y 3a. calle A, zona 1, adonde habían trasladado al reo para recibir atención médica, también dejaron heridas de bala a cuatro personas, entre ellas uno de los presuntos atacantes, que sobrevive con una herida de bala en el cráneo.

Lo que dice la PNC

El informe de la PNC señala que el Fat recibió 40 balazos en diferentes partes del cuerpo. En el lugar del ataque se recogieron 126 casquillos de bala de distinto calibre.

En el documento policial se establece que en el lugar del atentado se localizó un fusil AK-47, con dos tolvas y 30 cartuchos, entre otras armas de corto alcance.

El vehículo utilizado por los criminales, y en cuyo interior se encontró un reloj, Q75 en efectivo, un guante y un teléfono celular, tenía reporte de haber sido robado.

Informante

De acuerdo con investigadores de la institución policial, se presume que Calderón Mesa se había convertido en informante del MP, lo cual fue detectado por los líderes de la Rueda del Barrio 18, quienes habrían planificado y ordenado el ataque.

Según la fuente, el Fat —que fue trasladado el 7 de agosto último del Centro Preventivo para Hombres de la zona 18 a la Granja de Rehabilitación Pavón, en Fraijanes— llegó a un acuerdo con el órgano investigador para trasladar información sobre los hechos ilícitos que se cometen allí, como las extorsiones.

La hipótesis también sugiere que el Fat habría aceptado colaborar con el MP porque sufría deficiencia renal en etapa terminal, aunque se ignora a cambio de qué habría facilitado la información.

El Barrio 18 ya reivindicó el asesinato de Armando Lorenzana Gómez y/o Juan Carlos López López, alias el Arjona, ocurrida el 17 de marzo último, por ordenar el ataque con bomba contra un bus de la empresa Estrella del Paraíso, en San José Pinula, sin la autorización de los cabecillas.

De acuerdo con la vocera del MP, Julia Barrera, investigan el hecho a través de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y los avances están en reserva.

Sobre la hipótesis policial, Barrera negó que el MP haya tenido algún acercamiento o solicitado colaboración a la víctima.

Se recuperan

José Rigoberto Vásquez, 25, de origen salvadoreño, permanece bajo custodia policial en el Hospital General con un balazo en el cráneo, y las autoridades suponen que participó en el ataque.

Según información obtenida por investigadores de la Policía, Vásquez fue quien se bajó del vehículo y remató a Calderón Mesa, quien ya estaba herido.

Vásquez fue herido por un guardia de Presidios que intentó repeler el ataque.

En el Hospital General fue atendido y dado de alta ayer Robinson Estuardo Jerez de León, con una lesión de bala en la espalda.

Ilsy Adaly Paz Gómez permanece en el centro asistencial con una herida de bala en el pie derecho, en condición estable, según los médicos.

El guardia de presidios Sebastián Lajuj Xitumul también se encuentra en el hospital, estable, pero con heridas de bala en ambas piernas.

López fue parte de una unidad de elite del ejército guatemalteco y es uno de cuatro sospechosos de la masacre en la aldea de Dos Erres, que fueron arrestados años después en Estados Unidos (EE. UU.).

Dos purgan condenas en cárceles estadounidenses por delitos migratorios y otro fue deportado a Guatemala, donde lo condenaron a más de 6 mil años de prisión.

En entrevista la semana pasada, López dijo que durante la masacre le tocó vigilar a mujeres y niños, pero que no mató a nadie. Dijo que teme represalias de las autoridades guatemaltecas o de otros presos por ayudar a los investigadores estadounidenses a procesar a uno de sus antiguos camaradas.

“Yo tengo miedo de que voy a ser torturado y me van a matar en mi país, por la razón de lo que yo di un testimonio en un gran jurado”, dijo López. “Como yo hablé sobre ellos todo lo que ellos habían hecho y todo”.

El abogado de las víctimas de la masacre no ocultó su satisfacción.

“Estamos muy contentos de que lo deportaran y que ahora deba enfrentar a la justicia guatemalteca, sobre todo por las víctimas que siempre han reclamado justicia”, dijo Francisco Vivar, abogado de las víctimas de la masacre.

Más de una docena de exmilitares, López entre ellos, están bajo pedido de arresto en Guatemala por su presunta participación en la matanza.

La masacre tuvo lugar en el momento más intenso de la guerra civil de Guatemala, que duró tres décadas y reclamó al menos 200 mil vidas hasta terminar en 1996. El ejército, respaldado por EE. UU., fue responsable de la mayoría de las muertes, de acuerdo con una comisión de la verdad creada para investigar la matanza.

En diciembre de 1982, un grupo de soldados fue enviado a Dos Erres en busca de armas que habían desaparecido. Los soldados acorralaron a hombres, mujeres y niños, violaron a las niñas y mataron a los aldeanos a golpes de mazo para luego arrojar los cuerpos a un pozo.

Las víctimas son Deysi Oregel, de 25 años; Francisca Mérida, 43; Eusebio Gutiérrez, 55, y un hombre de unos 40 años, que aún no ha sido identificado.

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Un socorrista de Malacatán, comentó que a las 22 horas recibieron una llamada, en la cual los alertaron de la emergencia, pero que al llegar al lugar se percataron que los cadáveres de dos mujeres y dos hombres estaban en la sala de la vivienda.

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“Cuando llegamos al lugar los Investigadores de la PNC y peritos del Ministerio Público recabaron evidencias en el lugar para esclarecer la masacre”, dijo el socorrista.

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Hechos

Un investigador de la PNC indicó que los cadáveres presentan el tiro de gracia y quedaron en la sala de la vivienda. 

El hallazgo de los cuerpos se dio después que familiares empezaron a llamar a una de las victimas, pero sin resultado y en horas de la noche llegaron a la casa cuando los encontraron sentados en dos sofás.

Oregel alquilaba el inmueble donde fueron localizados. La persona que no ha sido identificada había llegado al lugar en un automóvil que se estaba afuera de la vivienda.

Familiares indicaron que a las tres de la tarde una persona, que no ha sido identificada, llegó a traer a las hijas de Daisy Oregel y las llevo a un circo en esa ciudad, por lo que resultaron ilesas; versión que está bajo investigación por el Ministerio Público.

La masacre tuvo lugar en el restaurante situado a unos ocho kilómetros de la frontera mexicana en el sur del condado de San Diego. 

“El tipo disparaba contra todo lo que veía, incluyendo contra una persona en la carretera, varias persons fuera del restaurante, diez u once dentro del local”, afirmó el comandante de la policía Larry Gore.

En el hecho fallecieron veinte personas, entre ellas cinco niños, en su momento fue considerada la peor masacre en la historia moderna de los Estados Unidos, ya que anteriormente se había producido una masacre similar en la Universidad de Texas, donde fallecieron 16 personas en 1966. 

Dos días después de la masacre, trascendió el testimonio de la hija de Huberty, una niña de doce años, quien reveló que su padre había tenido una pelea con su madre. “Mi papá está furioso, está realmente de mal humor”, dijo la niña a una vecina.

La investigación de la policía reveló que a eso de las 4.30 de la tarde de ese 18 de julio, Huberty, con una camisa negra y pantalones de camuflaje, cargando un rifle automático de 9 milímetros, una escopeta 12 y una pistola calibre 45, entró en el restaurante y ordenó “que todos se tiraran al piso” y comenzó a disparar.

Algunos testigos relataron que Huberty disparó metódicamente contra sus indefensas víctimas, mientras caminaba con tranquilidad alrededor del restaurante, recargando una y otra vez sus armas.

Un empleado que sobrevivió al ataque, indicó que Huberty gritaba “he matado a mil y mataré a otros mil”. Otro testigo informó a la prensa una versión similar. 

En un periodo de 10 minutos, 17 personas murieron dentro del restaurante, y tres transeúntes fueron alcanzados por las balas disparadas desde el local.

“La gente sollozaba en el piso, y él cruzaba entre las personas, eligiendo sus víctimas y disparándoles una por una”, relataba otro testigo. “Fue una carnicería, cadáveres tras el mostrador, clientes debajo de las mesas, caídos sobre las mismas… sangre por todas partes… como en Vietnam” manifestó otro sobreviviente.

El alcalde de San Diego, Roger Hedgecock, dijo a la prensa que la matanza parecía un acto aislado. “Fue obra de un solo individuo. No tiene nada que ver con el terrorismo, las olimpiadas ni nada de nada”, afirmó.

El atacante fue abatido por la policía local, muriendo en el instante y llevándose a la tumba los motivos de tan atroz comportamiento. 

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Solidaridad

Entre los fallecidos se encontraban personas de origen latino, por lo que las muestras de duelo y de solidaridad no se hicieron esperar. Miles de flores y velas fueron depositadas frente al local donde ocurrió la masacre. El restaurante decidió que no reabriría el local para apaciguar los ánimos frente a la tragedia.

Ya en ese tiempo se hablaba del tema de la venta libre de armas en el país norteamericano. A pesar de este hecho, numerosas masacres más mortíferas se realizarían años después. 

Las autoridades desconocían la identidad de los homicidas y las causas del ataque.

Las muertes múltiples son frecuentes en Honduras. La última fue el pasado jueves, cuando fueron acribillados cuatro empleados del transporte, también en San Pedro Sula, por causas aún desconocidas.

Más del 80% de los crímenes quedan en la impunidad por la incapacidad de los cuerpos de investigación.

Honduras se mantiene entre los países con las tasas más altas de homicidios. El 2015 cerró con 60 por cada cien mil habitantes, más de seis veces del promedio mundial de 8,9 establecido por la Organización Mundial de la Salud  (OMS) .

“Los verdaderos musulmanes nunca aceptarán los modos indecentes de Occidente” , escribió Mateen, un musulmán estadounidense de 29 años, en al menos cinco cuentas en Facebook que al parecer estaban asociadas con él, según la carta del presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado, Ron Johnson, dada a conocer el miércoles.

El senador republicano no dijo cómo tuvo conocimiento de los mensajes y sólo apuntó que se trataba de “información obtenida por mi personal” .     

La petición se conoce mientras el presidente Barack Obama se prepara para visitar Orlando el jueves.      

Búsquedas en internet

De acuerdo con la carta del senador, en la madrugada del domingo, cuando mató a 49 personas, el asesino hizo búsquedas en internet utilizando las palabras “Pulse Orlando” y “balacera” , y dijo en Facebook: “Estados Unidos y Rusia, dejen de bombardear al Estado Islámico” , según el documento.       

También culpó a Estados Unidos de la muerte de “mujeres y niños inocentes” .       

La carta señala que Mateen escribió varias coas en Facebook y realizó varias búsquedas, y que su actividad online ocurrió antes y durante el ataque.       

La Comisión de Seguridad Interna del Senado envió una petición a Zuckerberg para que Facebook proporcione datos sobre la actividad online de Mateen e informe al comité.       

La carta que deja en claro el estado mental de Mateen en sus últimas horas de vida fue publicada coincidiendo con el inicio de la larga y triste sucesión de actos de recuerdo y funerales por las víctimas de la masacre y mientras el FBI solicitó ayuda al público para reconstruir los movimientos del asesino. La agencia investigadora está tratando además de establecer cuánto conocía la esposa de Mateen sobre sus planes para atacar la discoteca.       

A pesar de que Mateen profesó lealtad a la milicia extremista, el gobierno de Obama ha manifestado que no ha visto evidencias que muestren que la masacre fuera dirigida por el grupo.       

Un vocero del FBI no respondió de inmediato una llamada de The Associated Press solicitando comentarios y Facebook tampoco se manifestó al respecto.       

La matanza indiscriminada de tres horas comenzó a las 2:00 del domingo y terminó con la muerte de Mateen en un enfrentamiento con un equipo de armas y tácticas especiales  (SWAT) de la Policía.

El FBI señaló que aún está recogiendo pruebas en el club Pulse y analizando datos de geolocalización del celular de Mateen para reconstruir sus actividades previas a la masacre, además de entrevistar a personas que mantuvieron cualquier tipo relación con él.       

La noche del sábado, horas antes del ataque, Mateen visitó Disney Springs, un complejo al aire libre con restaurante, tienda y un complejo de entretenimiento en Walt Disney World, dijo a la  AP  un funcionario con conocimiento de la investigación que insistió en no ser identificado.

Wysopal, añadió además que 48 ya han sido identificadas y han sido notificadas 24 de las familias. Todos los cuerpos han sido retirados del edificio y ha comenzado el trabajo forense, indicaron las autoridades.

En la madrugada del domingo, Omar Mateen, un estadounidense de origen afgano nacido en 1986, entró en un club gay muy frecuentado de Orlando, tomando rehenes durante varias horas, antes de la intervención de las fuerzas especiales de la Policía local.

Mateen había declarado lealtad al grupo Estado Islámico en una llamada al 911 luego de  comenzar el ataque.

Por su parte, el grupo yihadista EI reivindicó el lunes el atentado cometido por “un soldado del califato” .

Además de los 49 muertos, más de 50 personas resultaron heridas en la balacera, algunas en estado grave.

Difunden nombres de las víctimas

 La ciudad de Orlando difundió el lunes los nombres y edades de las víctimas de la balacera en un popular club nocturno gay.

La lista se actualizará periódicamente en www.cityoforlando.net/blog/victims/ a medida que los fallecidos sean identificados y sus familiares notificados.

Las autoridades solo están dando a conocer nombres y edades.   
—Edward Sotomayor Jr., 34     
—Stanley Almodovar III, 23     
—Luis Omar Ocasio-Capo, 20     
—Juan Ramón Guerroro, 22     
—Eric Iván Ortiz-Rivera, 36     
— Peter O. González-Cruz, 22     
— Luis S. Vielma, 22     
— Kimberly Morris, 37     
—Eddie Jamoldroy Justice, 30     
—Darryl Roman Burt II, 29     
—Deonka Deidra Drayton, 32     
—Alejandro Barrios Martinez, 21     
—Anthony Luis Laureanodisla, 25     
—Jean Carlos Mendez Perez, 35     
—Franky Jimmy Dejesus Velazquez, 50     
—Amanda Alvear, 25     
—Martin Benitez Torres, 33     
—Luis Daniel Wilson-Leon, 37     
—Mercedez Marisol Flores, 26     
—Xavier Emmanuel Serrano Rosado, 35     
—Gilberto Ramón Silva Menéndez, 25     
—Simón Adrian Carrillo Fernández, 31     
—Óscar A Aracena-Montero, 26     
—Enrique L. Rios, Jr., 25

Por su parte, el primer ministro Manuel Valls indicó en un tuit su “compasión” y su “solidaridad con el pueblo estadounidense”.

El Gobierno de Guatemala expresó sus condolencias a Estados Unidos por la “brutal” matanza registrada esta madrugada en un club homosexual en Orlando.

España calificó este domingo como “execrable acto criminal” el ataque contra un club gay en Estados Unidos que dejó al menos 50 muertos y 53 heridos, y ofreció su solidaridad a los estadounidenses, en un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores.

“España expresa su solidaridad y cercanía al pueblo y a las autoridades estadounidenses en estos tristes momentos, frente a este execrable acto criminal” , indicó la nota oficial.

El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, expresó sus condolencias a Estados Unidos por la “brutal”  matanza registrada esta madrugada en un club homosexual en Orlando.

La demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump, virtuales candidatos a la Casa Blanca, reaccionaron con inquietud a la balacera en un club gay de Orlando.

Sandoval agregó que la clausura del lugar se hizo porque la discoteca carecía de permisos para funcionar en el Centro Histórico.

Según Sandoval, el 11 de junio del mismo año, los propietarios del negocio acudieron al Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, e interpusieron un amparo.

Esa judicatura dio con lugar el amparo, y eso les permitió seguir operando en la 5a. avenida y 9a. calle,  zona 1.

La municipalidad de Guatemala acudió a la Corte de Constitucionalidad (CC), pero hasta el momento el máximo tribunal no ha resuelto.

“Antes de clausurar ese negocio se recibieron quejas de escándalos, protagonizados por personas que se ponía a beber en la vía pública, a raíz de ello se fue a verificar, y se estableció que carecían de permisos”, explicó Sandoval.

Masacre

El domingo recién pasado fue perpetrado un ataque armado en el Café Cultural Evolution. El hecho ocurrió en los primeros minutos de ese día.

El incidente armado dejó cinco muertos y cuatro heridos, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Jhonatan Alexander Ortiz, de 17 años; José Ismael Ramos Castro, 32, y Rudy Leonel Esteban García, 36, perecieron baleados en el lugar.

En tanto, Mirsa Aracely Lara García, 37, y un hombre que no fue identificado fallecieron en la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

Édgar Estuardo Castellanos Samayoa, 18; Marcos René Reyes López, 30; Dora Patricia Cabrera Méndez, 34, y un hombre no identificado resultaron heridos de bala.

Las autoridades se encuentran investigando los motivos que pudieron originar la masacre cometida dentro del negocio.

Según informes de la Policía, la familia había salido de la localidad debido a amenazas de pandillas rivales, pero el lunes regresaron a su casa y fueron secuestrados.      

Los cuerpos calcinados fueron encontrados la madrugada del viernes en las proximidades del río San Antonio, de la jurisdicción de Zaragoza, departamento de La Libertad, a 20 kilómetros al sur de la capital.       

De acuerdo a la información de las autoridades, los tres hombres estaban “perfilados como miembros de la pandilla Barrio 18” , uno de los grupos criminales de mayor presencia en el país, y la primera hipótesis de la policía es que fueron asesinados por miembros de pandillas rivales.  

Violencia

El jueves último 11 personas fueron asesinadas en el municipio de San Juan Opico, 43 kilómetros al noroeste de San Salvador, de los cuales ocho eran empleados de la Empresa Distribuidora Eléctrica Salvadoreña que fueron contratados para “realizar actividades relacionadas directa y exclusivamente” con el sector energético.

Policía de El Salvador procesa, en menos de 12 horas, dos masacres https://t.co/J8aTuxbUBd pic.twitter.com/NssC6kXh0D

— La Prensa Gráfica (@prensagrafica) March 4, 2016

La ola de violencia que vive El Salvador se ha cobrado la vida de mil 399 personas entre enero y febrero recién pasado, cifra con la que el inicio del 2016 se situó como el más violento en la última década en el país centroamericano.

Las autoridades del Gobierno aseguran que la escalada en la cifra de muertes violentas obedece a la tradicional disputa de territorios entre las pandillas para el tráfico de drogas al menudeo y el cobro de extorsiones, y a las bajas causadas por los cuerpos de Seguridad a estas organizaciones.

Las autoridades de Seguridad acusan a las pandillas Barrio 18, Mara Salvatrucha  y otras minoritarias de mantener los altos índices de violencia e inseguridad que sitúan a El Salvador como uno de los países más violentos del mundo.

• Además vea en VIDEO: “Masacre en El Salvador, hallan 11 cadáveres”.

https://www.youtube.com/embed/dvsnvzEtT6M

“Es una escena dantesca con mucha violencia, en la que se ensañaron con las víctimas. No pareciera un robo o asalto, sino de otro aspecto, un sujeto puede que tenga que ver con esto, muy allegado a la familia, queremos esperar la versión de los vecinos”, expresó al canal 6 el ministro de Seguridad, Gustavo Mata.

Último minuto: Encuentran cinco personas muertas y un niño grave en Guanacaste https://t.co/6eG9uj1l6e pic.twitter.com/jG62Ye4Z6S

— Noticias Repretel (@noticiarepretel) February 16, 2016

Los cuerpos estaban en una casa en donde todos residían en la localidad de Matapalo, en la provincia de Guanacaste, Pacífico norte.

“Los oficiales de la Fuerza Pública encuentran dentro de una vivienda a cinco personas fallecidas desde hace varios días. Una niña fue hallada con vida aunque con una herida, mientras que un bebé de meses estaba en buen estado”, afirmó Mata.

La menor fue trasladada a un hospital, mientras que el OIJ realizó el levantamiento de los cuerpos para realizar la respectiva autopsia.

La investigación sobre este caso continúa por parte de las autoridades costarricenses para determinar las causas del crimen y determinar si hay más de un responsable.

Asesinan a cinco miembros de una familia en #CostaRica

— ACAN-EFE (@ACAN_EFE) February 16, 2016

Aproximadamente una hora después, las fuerzas de seguridad encontraron cerca de la presa Cerrito Rico, en el norte de la capital estatal, a cuatro hombres mas en estas mismas circunstancias.

Si bien las autoridades desconocen hasta el momento la identidad de las víctimas, no se descarta que pueda tratarse de un ajuste de cuentas entre bandas rivales del crimen organizado.

La zona de Chilpancingo, Tixtla y Chilapa sufre desde hace meses una ola de violencia ligada a la pugna por el control del territorio de tres grupos, los Ardillos y los Rojos, especialmente en la zona de Chilapa, y el cartel de la Sierra del Sur, ubicado en Chilpancingo.

Hace apenas dos días nueve jóvenes fueron secuestrados en esta misma región.

• Video/archivo: “Investigan fosas comunes en Guerrero”. 5/10/2014https://www.youtube.com/embed/uebE3vsVwnc

Seis de ellos fueron raptados en un taller de motocicletas de una zona escolar de Chilpancingo, mientras que los tres restantes fueron secuestrados en el barrio La Villita de Tixtla, donde se encuentra la escuela para maestros de Ayotzinapa a la que pertenecen los 43 estudiantes que desaparecieron en el 2014 en el municipio de Iguala.

Operativo

Este miércoles se inició el Operativo Chilapa, en el que participan unos tres mil 500 militares y 200 policías federales y estatales, a fin de reducir la violencia ligada al crimen organizado en varios municipios del estado de Guerrero.

La estrategia abarca los municipios de Chilapa, Zitlala, Cuilapan, Zototitlán y Ahuacuotzingo, de población mayoritariamente indígena, que han sido acosados por el crimen organizado en los últimos tres años.

En la operación participa personal del Ejército Mexicano, la Marina, la Fuerza Aérea, la Procuraduría General de la República  (PGR, Fiscalía), la Policía Federal y la Policía Estatal.

Guerrero es uno de los estados más violentos del país, con centenares de muertos desde la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El pasado domingo, otras seis personas fueron asesinadas por causas y personas aun desconocidas en una aldea de Comayagua, unos cien km al norte de la capital.

En el 2015, alrededor de 95 masacres dejaron en el país más de 330 muertos, aunque el gobierno de Juan Orlando Hernández reivindicó una reducción en la tasa de homicidios, de 68 por cada cien mil habitantes en el 2014 a 57 al cierre del 2015.

• En video/archivo vea: “Honduras, violencia no da tregua”.  Junio, 2013.https://www.youtube.com/embed/iGK0r9jNC0k

Indicó que se sospecha que el ataque se produjo por problemas de narcotráfico porque “hace tres años el padrastro de los jóvenes (asesinados) fue detenido y guarda prisión (…) por la venta de drogas”.

Otro oficial de policía destacado en la zona del incidente, José Luis Flores, explicó que hace 10 días la Policía llevó a cabo un operativo antidrogas en la vivienda a donde fueron atacadas las seis personas, pero no dio más detalles.

También “el año pasado se le dio detención a la madre de dos de las víctimas por el delito de tráfico de drogas” y se encuentra presa aún, añadió el oficial.

El año pasado se registraron en Honduras unos 96 masacres de más de tres personas, con saldo de de unas 360 víctimas, pero la tasa de homicidios mermó en relación con el 2014.

El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional estima que el año cerró con unos 60 por cada cien mil habitantes, contra 68 en el 2014, pero le resta aún consolidar las cifras de diciembre.

Según el Gobierno, la tasa cerró en 57 y ya no es la más alta del mundo como en 2014.

    El lunes, Velasco recordó a Interpol de España y El Salvador, así como a la dirección de la Policía Nacional Civil salvadoreña, que “aún se encuentran pendientes de cumplimiento las órdenes internacionales de detención emitidas durante el 2011 en contra de los militares” .

    En el  2011, los militares evadieron la detención al refugiarse en un cuartel militar de San Salvador, mientras obtenían una resolución favorable de la Corte Suprema de Justicia amparada en una amnistía que perdonó las atrocidades cometidas en la guerra civil 1980-1992.

    En esta ocasión, Morales insta a la Corte Suprema de Justicia a que “proceda de manera inmediata a garantizar la captura de los imputados” .

    Velasco ha vuelto a emitir las 17 órdenes para las detenciones de los exmilitares, entre los que figuran el exministro de Defensa Rafael Humberto Larios, y los generales Juan Rafael Bustillo y Juan Orlando Zepeda.

    Para Morales consideró que la detención procede “debido a que la actuación del juez de la Audiencia Nacional ha sido apegada a derecho” .

    Asimismo, recomendó a la Fuerza Armada de El Salvador “abstenerse”  de afectar los procedimientos de captura de sus exmiembros, en tanto instó a las autoridades de Estados Unidos a autorizar la extradición a España del coronel Inocente Orlando Montano, quien cumple con una condena de 21 meses de cárcel por fraude migratorio en ese país.

    La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de una ofensiva guerrillera sobre San Salvador, efectivos del ahora proscrito batallón Atlacatl asesinaron en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana  (UCA) al sacerdote español-salvadoreño Ignacio Ellacuría, rector de esa casa de estudios y prominente defensor de la Teología de la Liberación.

    También fueron asesinados los sacerdotes españoles Ignacio Martín Baró  (vicerrector) , Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, el cura salvadoreño Joaquín López, la empleada doméstica Elba Ramos y su hija Celina.

    El miércoles, el vicerrector de la UCA, Omar Serrano, respaldó la petición del juez español: “creemos que es una oportunidad nueva para que el sistema de justicia se limpie la cara por lo que no se ha hecho en este país” .

Piden agilizar extradición militares

Defensores de los derechos humanos y la comunidad jesuita de la Universidad José Simeón Cañas (UCA) instaron el jueves a la Corte Suprema de El Salvador a colaborar con la justicia española que ha solicitado la extradición de un grupo de militares salvadoreños vinculados con el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en 1989.     

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, confirmó que recibió la notificación del juez de instrucción de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, que ha girado las órdenes internacionales de captura para 17 militares salvadoreños involucrados en el asesinato de los sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras y dijo que “la orden debe ser cumplida de manera inmediata”.     

“La difusión roja ya está reactivada, esperamos que funcione la institucionalidad como ha funcionado en otros casos y la Corte Suprema de Justicia cumpla con su mandato de autorizar la extradición”, dijo a la AP la directora del Instituto Universitario de Investigación Pública de la UCA, Jeannette Aguilar.     

Velasco volvió a emitir peticiones de captura contra los militares salvadoreños implicados en la masacre, luego que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador cambió el panorama jurídico al afirmar que la difusión roja no solo sirve para localizar, sino también para que las capturas se hagan efectivas.     

“Al ser una orden internacional, una difusión roja, automáticamente debería de hacerse efectiva, no veríamos ninguna razón por la cual deberían de abstenerse de capturarlos y extraditarlos”, agregó la investigadora de la universidad.

Odinkalu indicó que Zakzaky sufrió heridas de balas y que mataron a una de sus esposas durante una serie de redadas que iniciaron el sábado recién pasado y terminaron la mañana de este lunes.      

“Los ciudadanos deben preguntarse quién ordenó esta masacre” , tuiteó Odinkalu.      

La tropa nigeriana indicaron que las redadas se dieron luego de que 500 chiíes bloquearan el convoy de la autoridad del ejército nigeriano e intentaran matarlo.      

Irán, considerado el guardián de la fe musulmana chií, condenó la masacre.

Ellos son:   

• Robert Adams, de 40 años, de Yucaipa.
• Isaac Amanios, 60, de Fontana.      
• Bennetta Bet-Badal, 46, de Rialto.
• Harry Bowman, 46, de Upland.
• Sierra Clayborn, 27, de Moreno Valley.
• Juan Espinoza, 50, de Highland.  
• Aurora Godoy, 26, de San Jacinto.
• Shannon Johnson, 45, de Los Ángeles.
• Larry Kaufman, 42, de Rialto.      
• Damian Meins, 58, de Riverside.      
• Tin Nguyen, 31, de Santa Ana.      
• Nicholas Thalasinos, 52, de Colton.
• Yvette Velasco, 27, de Fontana.      
• Michael Wetzel, 37, de Lake Arrowhead.

Además, trascendió que los involucrados en la matanza de las 14 personas se casaron en agosto del 2014.       

La licencia de matrimonio de Syed Rizwan Farook y Tashfeen Malik, obtenida este jueves muestra que ambos se casaron en el condado de Riverside del sur de California el año pasado.       

La licencia indica que la religión de la pareja era musulmana y dice que sus cuatro padres nacieron en Pakistán.       

Los testigos firmantes son el hermano y el cuñado de Farook, que hablaron con periodistas y expresaron el impacto y la tristeza de la familia unas horas después del tiroteo del miércoles.       

No dice dónde se llevó a cabo la boda.       

Tashfin Malik ingresó a Estados Unidos desde Pakistán el mes antes de la boda con una visa de prometida que requería que se casara en un período máximo de 90 días o se fuera del país. 

Contacto

Un funcionario de los servicios de inteligencia de Estados Unidos dijo que uno de los atacantes que mataron a 14 personas en California había estado en contacto mediante redes sociales en internet con extremistas que eran vigilados por el FBI.

El funcionario no dio detalles sobre las personas contactadas por Syed Rizwan Farook.

Pidió no ser identificado porque no estaba autorizado para discutir el tema públicamente.

El funcionario dijo que los investigadores aún están tratando de determinar si, y cómo, se radicalizó y si estuvo en contacto con alguna organización terrorista extranjera.      

La Policía dice que los atacantes que mataron a 14 personas en un banquete en el sur de California tenían más de mil 600 proyectiles cuando la policía los abatió en su SUV.       

El jefe de policía de San Bernardino, Jarrod Burguan, dijo que se hallaron en su casa más de tres mil proyectiles, 12 artefactos explosivos y herramientas para su fabricación. 

La Policía también encontró 12 bombas de fabricación casera en el domicilio de los dos sospechosos implicados en la balacera de San Bernardino, California, EE. UU., en el que el miércoles último murieron 14 personas, informó el jefe de la Policía de la ciudad, Jarrod Burguan.

Las autoridades elevaron a 21 el número de heridos y confirmaron que siguen investigando los motivos del ataque, sin que se haya descartado hasta el momento ninguna posibilidad.

El director asistente del FBI en Los Ángeles, David Bowdich, pidió “paciencia” con el desarrollo de las indagaciones, ya que hay múltiples víctimas y muchos escenarios en los que se están recogiendo evidencias, y dijo que es “demasiado pronto”  como para especular sobre la causa de la masacre.

No obstante, indicó que, si se observa el armamento con el que contaban los sospechosos, el matrimonio compuesto por Syed Farook y Tashfeen Malik, así como el plan ejecutado, resulta “obvio”  que tenían una misión, pero el FBI todavía no sabe el porqué.

Por su parte, Burguan informó que una casa relacionada con los sospechosos en Redlands, una ciudad próxima a San Bernardino, forma parte del “foco de la investigación”, ya que ahí han encontrado las 12 bombas de fabricación casera así como herramientas que podrían usarse para su elaboración, junto a otro tipo de armamento como rifles y cartuchos.

“Estaban equipados y podían haber continuado haciendo otro ataque”, añadió el responsable policial respecto a la pareja, que fue abatida en la operación de búsqueda montada por la Policía después del ataque contra el Inland Regional Center, un centro de ayuda para discapacitados donde los empleados celebraban una fiesta.

Barguan detalló la magnitud del enfrentamiento con la Policía en el que murieron los dos sospechosos, los cuales se cree que dispararon hasta 76 ráfagas de munición de fusil a los policías.

“Estamos seguros de que las dos personas implicadas en el tiroteo son los dos muertos”, añadió Barguan, quien dijo no tener información como para indicar en este momento que haya “una amenaza inmediata”  en la región y descartó que se esté buscando a más sospechosos.

Identificados

La Policía de San Bernardino, Estados Unidos, identificó este jueves a un varón y una mujer que mantenían una relación sentimental y que han sido abatidos por las autoridades, como presuntos autores de la balacera que causó 14 muertos y 17 heridos.

En una conferencia de prensa, el jefe de Policía de la ciudad californiana de San Bernardino, Jarrod Burguan, identificó a los sospechosos como Syed Farook, varón, de 28 años y nacionalidad estadounidense, y Tashfeen Malik, mujer, de 27 años y nacionalidad desconocida.

Ambos fueron muertos por la Policía horas después de la balacera tras una espectacular persecución que ha dejado como resultado una ciudad sitiada, con accesos por carretera cortados a cal y canto y una presencia policial masiva, incluidos helicópteros de vigilancia sobrevolando la zona de forma constante.

Burguan explicó que Farook era un empleado del condado que trabajaba en el edificio donde tuvo lugar la matanza y que el miércoles acudió a la fiesta que allí se celebraba con motivo de la Navidad, pero que abandonó el lugar “enfadado”  para regresar después con su pareja y armado para perpetrar la balacera.

El sospechoso había trabajado durante cinco años como especialista en medio ambiente para el condado de San Bernardino en el Inland Regional Center, un centro de ayuda para discapacitados donde tuvo lugar la balacera.

El jefe de Policía explicó que la investigación les llevó hasta una casa en la localidad de Redlands, anexa a San Bernardino, en la que divisaron un vehículo sospechoso y se inició una persecución que terminó con Farook y Malik  (las dos personas que viajaban en el auto) muertos y con un policía herido.

El agente no corre peligro, según las autoridades. El hospital Loma Linda Medical informó de que dos personas están en estado crítico, sin detallar cómo se encuentran el resto de los heridos.

Alrededor de una veintena de agentes participaron en la balacera contra los dos sospechosos.

Aunque en un primer momento se habló de la posibilidad de que hubiese un tercer atacante -una persona fue detenida en el lugar de la balacera, la investigación se centra ahora en la hipótesis de que Farook y Malik fueron los únicos responsables de la matanza.

¿Qué los motivó?

Las autoridades indicaron que por el momento desconocen el móvil del crimen, aunque aseguraron que existía planificación y que no se trató de algo espontáneo, por lo que no descartaron motivaciones terroristas.

Los sospechosos irrumpieron en el edificio armados con rifles de asalto de calibre 223 y pistolas, y en el Inland Regional Center fueron hallados tres artefactos explosivos.

Los hechos comenzaron a las once de la mañana, hora local, cuando se dieron los primeros avisos de una balacera. Cientos de personas fueron evacuadas del edificio atacado, muchas de ellas saliendo en fila y con las manos en alto, y trasladadas a lugares seguros.

Los individuos que irrumpieron en el centro estaban equipados con “armas largas”  y vestuario militar, precisaron las autoridades.

“Vinieron preparados e hicieron lo que hicieron como si estuvieran en una misión”, dijo Burguan, quien detalló que los sospechosos habrían huido en un vehículo de color oscuro.

Más adelante, por la tarde, los investigadores localizaron una vivienda en la cercana población de Redlands, de la que salió un vehículo también oscuro y aparentemente vinculado al tiroteo, lo que desembocó en una persecución y un posterior tiroteo entre los sospechosos y la policía en una urbanización.

En este balacera murieron un hombre y una mujer que vestían “ropa de asalto”  y portaban fusiles y granadas, mientras que un agente resultó herido.

Tras ese intercambio de disparos, la Policía desplegó un dispositivo especial de vigilancia y estableció un perímetro de seguridad en Redlands para rastrear casa por casa hasta que se determinó que la zona era segura.

Barguan añadió que continúa la investigación en el centro de asistencia a discapacitados, donde se encontró lo que “se cree puede ser un dispositivo explosivo”, por lo que aseguró que las indagaciones en este sentido proseguirán “con cautela”.

El suceso de San Bernardino es la balacera con más muertos en EE. UU. desde la matanza en el 2012 de la escuela Sandy Hook de Newtown, Connecticut, donde murieron asesinados a balazos 20 niños y 6 mujeres.

En este sentido, el presidente de EE. UU. , Barack Obama, urgió este jueves acabar con la “pauta”  que convierte a las balaceras masivas en algo que ocurre de forma “normal”  en el país, ya que esta situación “no tiene ningún paralelo en ningún sitio del mundo”.

Por su parte, el alcalde de San Bernardino, R. Carey Davis, emitió un comunicado en el que afirmó que la ciudad había sufrido una “severa pérdida”  y “un severo shock”. 

Dejan hija con abuela antes de atacar

Los autores de la balacera en San Bernardino, eran una pareja casada que antes del ataque dejó a su hija de 6 meses con su abuela, informaron hoy sus familiares.

Syed Farook, un hombre de 28 años de nacionalidad estadounidense cuya familia emigró desde el sudeste asiático, era musulmán y llevaba casado dos años con Tashfeen Malik, de 27 años y nacida en Pakistán, de acuerdo con el testimonio de Farhan Khan, el cuñado de ésta.

Farook, que había estado trabajando durante cinco años para el condado californiano de San Bernardino como inspector de salud, nació en el estado de Illinois.

El miércoles recién pasado por la mañana Farook y Malik dejaron a su hija con una abuela de la niña en Redlands, una población próxima a San Bernardino, argumentando que tenían una cita médica, informó el periódico “Los Angeles Times” .

La abuela comenzó a preocuparse cuando tuvo conocimiento de la balacera y llamó a Farook y Malik sin obtener respuesta.

Por ello, sus familiares empezaron a creer que ambos habían sido víctimas del ataque hasta que comenzaron a llegar informaciones de que Farook era uno de los sospechosos implicados en la masacre.

Farook y Malik fueron abatidos por la tarde en la ciudad de Redlands, tras una persecución policial, y vestían en el momento de su muerte “ropa de asalto”  y portaban rifles y pistolas.

Aunque en un primer momento se habló de la posibilidad de que hubiese un tercer atacante —una persona más fue detenida en el lugar del tiroteo—, la investigación se centra ahora en la hipótesis de que Farook y Malik fueran los únicos responsables de la matanza en el centro de ayuda para discapacitados de San Bernardino.

Las autoridades indicaron que, por el momento, desconocen el móvil del crimen, aunque aseguraron que existía planificación y que no se trató de algo espontáneo, por lo que no se descartaron motivaciones terroristas.

La cadena de televisión ABC halló varios perfiles en internet, supuestamente pertenecientes a Farook, en páginas de contactos y citas, en las que se describía como “inspector de seguridad, salud y medioambiente”  y añadía que no fumaba ni bebía.

En ese perfil, que fue creado hace unos seis años, Farook añadía que formaba parte de una familia de cuatro componentes “religiosa pero moderna” , y que le gustaba “practicar el tiro al blanco con su hermana y amigos”  en el patio trasero de su casa.

Por otro lado, el director ejecutivo en Los Ángeles del Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses  (CAIR) , Hussam Ayloush, condenó ayer el “horrible y repugnante”  ataque en San Bernardino y aseguró que la comunidad musulmana de Estados Unidos trabajará para repudiar “cualquier actitud perversa”  que trate de justificar este tipo de actos violentos.

Atacantes tenían mil 600 tiros

La Policía dice que los atacantes que mataron a 14 personas en el sur de California tenían más de  mil 600 tiros cuando la policía los abatió en su SUV.       

El jefe de policía de San Bernardino, Jarrod Burguan, dijo en conferencia de prensa que se hallaron en su casa más de 3 mil balas, 12 artefactos explosivos y herramientas para su fabricación.       

Burguan dice que la cifra de heridos en el ataque se elevó de 17 a 21.       

Banderas a media asta

El presidente Barack Obama ordena izar las banderas a media asta en todos los edificios públicos en recordación de las víctimas de la matanza de California en la que murieron 14 personas.       

La proclama presidencial del jueves dice que las banderas se izarán así hasta el lunes en instalaciones de las fuerzas armadas, embajadas y misiones diplomáticas además de los edificios públicos. 

Documentos de divorcio de los padres de uno de los atacantes de San Bernardino, California, revelan una separación áspera en la cual la esposa acusó al marido de ser un alcohólico abusivo.       

Los documentos obtenidos el jueves por la Associated Press revelan que la madre de Syed Farook, Rafia, describe a su esposo en 2006 como “irresponsable, negligente y un alcohólico” .       

Dijo que tuvo que abandonar el hogar con tres de sus hijos porque el esposo la acosaba “verbal y físicamente y se negaba a abandonar la casa” .        

Acto terrorista

El presidente Barack Obama dice que si bien la matanza en California pudo estar relacionada con el terrorismo, las autoridades todavía no lo saben. Dice que pudo tener relación con cuestiones laborales o que obedeciera a distintos motivos.       

Obama, quien habla desde la Oficina Oval, quiere asegurar a los estadounidenses que las autoridades esclarecerán plenamente el caso. El presidente pide a la gente que espere a conocer los hechos antes de emitir juicios.       

Dice que “todos tenemos un papel que cumplir” para poner fin a la violencia.      

Diez víctimas de la matanza de San Bernardino, California, reciben tratamiento en dos hospitales.       

La vocera del condado de San Bernardino, Felisa Cardona, dijo que los pacientes en el centro médico Arrowhead se encuentran estables, y otro más fue dado de alta.     

  El centro médico Loma Linda está tratando a cinco pacientes heridos de bala. El director Kerry Heinrich dijo que dos se encuentran en estado crítico y tres en buen estado.     

El precandidato republicano Ted Cruz sostiene que la matanza en California podría ser un acto de lo que llama “terrorismo islámico” .       

El senador por Texas habló el jueves en una reunión de la Coalición Judía Republicana en Washington.        Para empezar, pidió un minuto de silencio por los 14 muertos en la masacre de San Bernardino.       

Cruz dijo a los activistas judíos que “todos estamos profundamente consternados ante esta nueva manifestación de terrorismo, de terrorismo extremista islámico aquí en casa” .       
 

Seis murieron en el lugar y dos fueron trasladados al estatal Hospital Escuela pero fallecieron en el trayecto, según la Policía.

Honduras presenta uno de los niveles más altos de homicidios el mundo, de 68 por cada 100 mil habitantes, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional.

El pasado 30 de septiembre cuatro personas fueron bajadas de un vehículo y asesinadas a balazos en la periferia de la capital y los cuerpos de otros cuatro jóvenes fueron hallados en un paraje solitario en San Pedro Sula, la segunda ciudad del país, 240 kilómetros al norte de la capital.

Asesinan a tiros a ocho hombres en un taller mecánico en #Honduras

— ACAN-EFE (@ACAN_EFE) October 9, 2015

Masacre: ocho muertos deja balacera en taller de mecánica en barrio El Sitio #Tegucigalpa pic.twitter.com/8HYzfbQf68

— Rony Ortiz (@RonyOAM2) October 9, 2015

La fiscal precisó haber tenido “muchos, muchos encuentros con los supervivientes y con familias de las víctimas”.

“Todos estamos de acuerdo en que el perdón es una parte importante del proceso de curación, pero sabemos que el perdón no significa necesariamente renunciar a las consecuencias, incluso a consecuencias graves”, insistió.

El 31 de julio, Dylann Roof se declaró no culpable, ante un juzgado federal, de nueve asesinatos, tres intentos de asesinato y crimen racista, en virtud de la ley sobre los crímenes motivados por el odio en función de la raza o de la religión. Está previsto que su juicio federal inicie en julio del año próximo.

Según los fiscales, 11 jurados votaron por la pena de muerte y uno por prisión perpetua. La ley de Colorado exige que la pena de muerte sea aprobada por unanimidad, por eso Holmes fue sentenciado a perpetua.

Juez se pronuncia

El juez del caso de la matanza en un cine de Colorado aplazó el dictado formal de la sentencia de James Holmes durante más de media hora para responder a quejas de que el juicio era una pérdida de tiempo y defender la integridad del sistema de justicia.    

El juez Carlos A. Samour Jr. se aprestaba a sentenciar a Holmes a prisión perpetua sin la posibilidad de obtener la libertad condicional por el asesinato de 12 personas y tres mil 318 años adicionales por intento de asesinato y tenencia de explosivos.   

Pero inició la audiencia con una larga defensa del juicio, durante el cual, señaló, los familiares tuvieron la oportunidad de hablar al mundo sobre sus seres queridos asesinados y los sobrevivientes sobre lo que padecieron.    

Dijo que el juicio fue justo, aunque algunas de las víctimas expresaron su desilusión porque Holmes no fue condenado a muerte.    

“Creo en el sistema”, dijo Samour. “Lo he dicho y lo repito. Yo creo en el sistema”. Samour también respondió a la insinuación de algunas víctimas de que Holmes tendría una vida cómoda en la cárcel, que por el contrario, dijo, es un ambiente severo y lleno de restricciones.   

Luego dijo que Holmes que abandonó a sus amigos, su familia y su vida. “Decidió que si abandonaba, se llevaría a gente consigo” , añadió.    

El juez dictó sentencia después de dos días de testimonio de las víctimas acerca del impacto que tuvo el hecho en sus vidas, y una declaración de la madre de Holmes, Arlene, quien dijo que su hijo siente remordimientos, aunque debido a su enfermedad mental y los medicamentos que toma se le hace difícil expresarlos.    

“Sabemos que esto es muy, muy difícil que la gente lo comprenda”, declaró Arlene Holmes. “No podemos sentir su dolor en toda su magnitud. Solo podemos escuchar lo que han dicho y rezar por ustedes. Lamentamos mucho que haya sucedido esta tragedia y que todos hayan sufrido tanto”.

Todos fueron asesinados en el penal de Quezaltepeque, donde están recluidos miembros de la pandilla 18.

Como los asesinados son de la misma mara, “eso nos da a nosotros el primer indicio de que se trata de una purga interna dentro de ellos mismos” , comentó Lara.

El director de Centros Penales, Rodil Hernández, explicó que la mayoría de los fallecidos “no pertenecen a una línea de mando”  porque “son de bajo nivel”  en la banda.

Los fallecidos estaban siendo “procesados”  por homicidio agravado, robo agravado,tenencia ilegal de armas, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada, entre otros delitos.

Los pandilleros asesinados son: Erick Escobar, alias “El Largo” , José Ernesto Durán “crimen” , Enmanuel Lovato “El salchicha” , Víctor Manuel García “Samper” , José René Rubio “Chilo” , Herbert García “El Largo” , José Gutiérrez “Liro o Pachanga” , Óscar Grijalva “El Tierno”  y Carlos Herrera “Gasper” , Geovanni Santos, Cristian Artiga, René Valle, Carlos David Campos y Santos Aguilera.

 “Con horas de diferencia” , dijo Lara, la madre de Gutiérrez  (Pachanga) fue asesinada en una comunidad rural de la ciudad de Aguilares, en el norte del país.

Este domingo la foto de los 14 asesinados fue colocada en la fachada del penal de Quezaltepeque, donde decenas de personas aguardaban recibir información del estado del resto de los internos.

El ministro informó que el “estado de emergencia”  prevalece en el penal por 72 horas y se “revisará”  de manera permanente para determinar su prórroga. Las visitas fueron suspendidas  y los internos permanecerán encerrados en sus celdas.

Las autoridades tomaron “medidas”  en otros penales para “prevenir”  nuevos hechos de violencia, agregó.

    En virtud de los hechos violentos de la última semana, que cerró con más de 240 homicidios, la Policía suspendió desde el sábado la licencia a sus oficiales, a quienes se les pidió que hagan un “esfuerzo”  para contener los homicidios, señaló Lara.

La masacre del sábado es la segunda con mayor número de víctimas que se produce en una cárcel salvadoreña desde el 2004, cuando fueron asesinados 32 reclusos en el penal La Esperanza, en la periferia norte de San Salvador.

Decenas de militantes de Boko Haram llegaron el jueves pasado en motocicletas y vehículos a esta localidad, provocando pánico entre los habitantes.

“Abrieron fuego inmediatamente, lo que obligó a los residentes a huir. Dispararon contra varias personas. Desafortunadamente, varias personas que intentaban huir se lanzaron al río que estaba crecido por las lluvias. Muchos se ahogaron” , dijo a la  AFP  Modu Balumi, un aldeano.

“De acuerdo a nuestro último balance, tenemos 150 personas muertas (por disparos) o ahogadas. Los atacantes mataron asimismo a un pescador que intentó salvar a la gente que se ahogaba” .

Los cuerpos de varias personas ahogadas fueron recogidos a algunos kilómetros del pueblo, agregó.

No se supo antes del ataque porque los atacantes han destruido los medios de comunicación cerca de esta localidad, ubicado a unos 50 km de la capital del estado de Yobe, Damaturu, desde los inicios de la insurgencia en 2009.

Una serie de bombardeos aéreos del régimen sirio atacaron el domingo un mercado muy concurrido del centro de Duma, 13 kilómetros al noreste de Damasco y bajo control insurgente desde hace casi tres años.

“El balance ha subido a 96 muertos, entre ellos al menos dos mujeres y cuatro niños”, informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), subrayando que el número de víctimas podía aumentar, dado el estado crítico de muchos heridos.

Al menos 240 personas resultaron heridas, según la misma ONG, con sede en Reino Unido y que cuenta con una amplia red de fuentes sobre el terreno.

Unas horas después de lo que la oposición en el exilio ha calificado de “masacre”, los aviones del régimen volvieron a atacar cuatro veces la misma localidad este lunes.

‘Horrorizado’ y ‘conmocionado’

El jefe de asuntos humanitarios de la ONU, Stephen O’Brien, de visita en Damasco en el momento de los ataques, se mostró “horrorizado por la falta total de respeto que se muestra para con las vidas de los civiles en este conflicto”.

El funcionario, en rueda de prensa, dijo estar “particularmente conmocionado por las informaciones sobre unos ataques aéreos que causaron decenas de muertos y cientos de heridos entre los civiles en el corazón de Duma, una zona asediada”.

Un fotógrafo de la AFP en el lugar describió este ataque como el peor que había cubierto en Duma.

Tras los bombardeos, los habitantes trasladaron a un gran número de heridos a un hospital improvisado en el que, ante la falta de espacio, decenas de cadáveres estaban alienados en un suelo ensangrentado, e incluso en la calle. Muchos niños cubiertos de sangre gritaban y lloraban.

“Es una masacre deliberada” afirmó Rami Abdel Rahman, director del OSDH.

“Asad comete una nueva masacre en Duma dirigida a un mercado abarrotado”, denunció en Twitter por su parte la coalición de la oposición en el exilio.

La semana pasada, la ONG Amnistía Internacional acusó al Gobierno sirio de “crímenes de guerra” en esta misma región, y habló de “ataques directos, ciegos y desproporcionados”.

O’Brien había acudido a Damasco para evaluar las necesidades humanitarias de Siria, un país con más de 7.6 millones de desplazados internos y 422 mil civiles asediados por los beligerantes, según Naciones Unidas.

El conflicto en Siria se desencadenó en el 2011 con la cruenta represión de las manifestaciones pacíficas contra el régimen de Al Asad, lo que degeneró en conflicto armado y se fue convirtiendo en una compleja guerra civil en la que se enfrentan el régimen, los rebeldes, los kurdos y los yihadistas.

Desde entonces han muerto más de 240 mil personas y más de cuatro millones han huido del país.

Las nueve mujeres y tres hombres del jurado dijeron que no pudieron llegar a un veredicto unánime en cada uno de los 24 cargos de homicidio.

Eso elimina automáticamente la pena capital para el neurocientífico fallido, cuya defensa argumentó que mató a 12 personas debido a que está enfermo de la mente.    

Los fiscales argumentaron que Holmes merecía morir porque planeó metódicamente el ataque del 2012 en una presentación a medianoche de una película de Batman, e incluso tenía música tecno en audífonos para no escuchar a sus víctimas gritar.    

El mismo jurado había rechazado el argumento de la defensa sobre su enfermedad mental, ya que consideró que Holmes era capaz de distinguir el bien y el mal cuando mató a 12 personas e intentó asesinar a otras 70.

La madre de James Holmes, los policías que respondieron a la tragedia y familiares de las víctimas lloraron cuando quedó claro que Holmes sería sentenciado a cadena perpetua en lugar de a la pena capital porque los jurados no pudieron llegar a un consenso sobre la sentencia.       

Arlene Holmes, que rogó por la vida de su hijo, se desplomó sobre el hombro de su esposo y sollozó en silencio, mientras que Sandy Phillips, cuya hija Jessica Ghawi fue baleada en la cabeza por Holmes, sacudió la cabeza y se cubrió el rostro, llorando.       

Por su parte, Ashley Moser, que perdió en el ataque a su hija de 6 años, permaneció sentada en su silla de ruedas en la que está confinada luego de que una bala de Holmes la dejó así. Comenzó a sacudir su cabeza y la apoyó en la silla de ruedas de otra víctima paralizada, Caleb Medley.       

Algunos familiares de las víctimas comenzaron a salir de la corte antes de que el juez concluyera la lectura de los veredictos en todos los cargos y los gritos de horror y desconsuelo podían escucharse a través de la puerta.  

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— CNN en Español (@CNNEE) August 7, 2015

James Holmes, Aurora theater gunman, sentenced to life in prison with no chance of parole http://t.co/Kbn8NtRZWo pic.twitter.com/X9zTSi9VLD

— The New York Times (@nytimes) August 7, 2015

Dylann Roof has pleaded not guilty to charges in Charleston church attack, court office says http://t.co/fKyay2jhEk pic.twitter.com/TcmMlFXdBH

— CNN (@CNN) July 31, 2015

David Bruck, abogado del joven blanco, indicó que su cliente estaba dispuesto a declararse culpable pero que los procuradores federales aún no habían dicho si iban a tratar de lograr que sea sentenciado a la pena de muerte.
 
El juez federal Bristow Marchant tardó cerca de media hora en realizar la lectura de las 33 acusaciones.
 
“El proceso ha comenzado. Es un viaje largo, pero estamos decididos a garantizar que se hará finalmente justicia”, dijo a la prensa Norvel Goff, pastor interino de la iglesia, al salir de la corte. Este proceso debería comenzar en julio de 2016.

“La violencia motivada por razones raciales como esta que es terrorismo doméstico original”, dijo Lynch a los periodistas.

Dylann Roof, de 21 años, fue acusado formalmente de nueve cargos de asesinato por el ataque en una emblemática iglesia de la comunidad negra en el sureste de Estados Unidos, mientras las autoridades federales investigan la matanza como un posible acto de “terrorismo doméstico”.

La masacre cometida en la Iglesia Episcopal Metodista Africana Emanuel en Charleston es el peor ataque contra un lugar de culto en Estados Unidos en décadas y se produce en un momento de rebrote de las tensiones raciales en varias partes del país.

Los informes de que Roof – acusado de nueve asesinatos así como de “posesión de un arma de fuego durante un crimen violento” – declaró que “quería desatar una guerra racial”  han dejado a la comunidad de esta tranquila ciudad en ascuas.

La masacre ha reavivado también el debate sobre el control de armas en Estados Unidos, con un claramente frustrado presidente Barack Obama llamando nuevamente a una mayor regulación en la venta de armas de fuego para evitar este tipo de “muertes sin sentido”.

Puede ser condenado a pena capital

Lynch, la primera mujer negra al frente de la Justicia de EE.UU., decidió presentar cargos federales contra Roof por crímenes de odio al considerar que se guió por motivos raciales cuando el 17 de junio irrumpió en una histórica iglesia de la comunidad negra y abrió fuego contra un grupo de personas que leían textos sagrados.

“Los feligreses tenían Biblias. Dylann tenía su pistola de calibre 45 y ocho cargadores con balas de punta hueca”, destacó Lynch al anunciar la acusación, e indicó que la petición final de la pena de muerte para el acusado dependerá de los deseos de los familiares de las víctimas, que en algunos casos dijeron haber perdonando al presunto asesino.

La Policía detuvo a un hombre de 32 años, noruego “de pura cepa”, sospechoso de estar implicado en ambos atentados. Medios noruegos identificaron al detenido como simpatizante de ideología ultraderechista y, según el diario VG, había publicado en internet mensajes en los cuales se declaraba nacionalista y enemigo de la sociedad multicultural. Según la televisora TV2, el sospechoso tenía dos armas registradas a su nombre; según las primeras pesquisas aún no se le había identificado.

La Policía informó que el capturado vestía una prenda con insignias policiales cuando fue arrestado en la isla, aunque nunca trabajó para las fuerzas de seguridad.

Atentado en el centro

A mediodía del viernes 22 de julio un coche bomba fue detonado en el corazón de la capital noruega, Oslo, en un barrio donde se encuentra la oficina del Primer Ministro, quien no se encontraba en ella en ese momento.

“Era el infierno aquello. Lo que vi fueron decenas de personas que corrían por todas partes, gritando y llorando; estaban heridas, cubiertas de sangre. También vi a personas que yacían sin vida en las aceras”, dijo Jon Magnus, un periodista noruego.

Esta sería la primera vez que se comete un atentado con bomba en Noruega, país miembro de la Otan, implicado en las operaciones por el conflicto en Afganistán y Libia. En las imágenes de la televisión noruega podía verse la sede de las oficinas del primer ministro y otros edificios completamente destruidos, y las aceras llenas de cristales, así como una humareda y numerosas ambulancias.

“Hay cristales por todas partes. Es el caos total. Las ventanas de todos los edificios de los alrededores saltaron por los aires”, explicó la periodista de la televisión pública NRK Ingunn Andersen, quien inicialmente pensó en un “terremoto”.

Terror en isla

Testigos del tiroteo en la isla de Utoya explicaron que el individuo que disparó tiene rasgos nórdicos y habla noruego.

El sospechoso utilizó dos armas con balas expansivas durante su ataque contra los jóvenes, ambas adquiridas de manera legal, según un manifiesto que el terrorista publicó en internet, en el cual se presenta como un “cruzado” comprometido en la lucha contra el Islam y especialmente contra el marxismo.

En la isla se realizaría un campamento del Partido Laborista Noruego en el que participaría el Primer Ministro con las juventudes del partido. Disfrazado de agente policial el sospechoso reunió a todos los jóvenes y comenzó a dispararles indiscriminadamente gritando consignas. Muchos cayeron abatidos por las balas y otros murieron ahogados tratando de huir.

Revolución

La autoría del atentado inicialmente fue reconocida por el grupo Yihadista Ansar al-Yihad al-Alami, a través de un comunicado en internet, por lo que había confusión. Horas después el sospechoso fue identificado como Anders Behring Breivik y confesó haber estado detrás del doble atentado, y aunque se negó a declararse culpable, indicó que actuó motivado por el deseo de provocar una revolución en su país.

Un manifiesto difundido en internet – que las autoridades examinaron y afirman que fue publicado el día de los ataques- despotricaba contra los miembros de la élite europea, a los que califica de “multiculturalistas” y “propiciadores de la islamización”, y advierte que serían castigados por sus “actos de traición”. El terrorista fue descrito como un “fundamentalista cristiano”, militante en el Partido del Progreso entre 1999 y el 2006. Breivik, fue condenado en 2012 por masacre y terrorismo y sentenciado a 21 años en prisión.

Repudio

Los ataques terroristas provocaron el repudio de muchas naciones tales como Estados Unidos, Rusia, Francia y Gran Bretaña.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, mostró su consternación por el atentado.

Decenas de miles de personas se congregaron días después en varias ciudades noruegas para rendir homenaje a las víctimas del doble atentado en donde, según la Corte Real de Noruega, murió el hermanastro de la princesa heredera Mette-Marit, un oficial de Policía que estaba de franco.

Un servicio religioso se efectuó en la Catedral de Oslo en memoria de los caídos.

Grabación de cámaras de seguridad muestran el instante del estallido de la bomba en el centro de Oslo. (Video: Youtube)

Ambas mujeres integraban el grupo de estudios bíblicos atacado el 17 de junio en la histórica iglesia de la ciudad por Dylann Roof, de 21 años, quien quería lanzar una “guerra racial”.

La emoción era palpable en la Iglesia Royal Missionary Baptist, donde familiares y amigos dieron el último adiós a Lance, limpiadora de la iglesia atacada.

“Estoy aquí para decirles que somos más fuertes porque estamos juntos como una comunidad”, dijo el reverendo Norvell Goff ante los congregados, según el diario Post local y el Courier.

Lance fue luego enterrada en el cementerio Emanuel, donde sus hijos y nietos besaron su ataúd y las demás personas presentes arrojaron rosas en su tumba.

Por su parte, Singleton, foniatra y entrenadora de atletismo en una escuela secundaria, fue recordada por una multitud en la Iglesia Mount Moriah Missionary.

“Ella creía que podía cambiar a cualquier niño”, declaró la gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, quien estuvo presente en ambos funerales.

Entre los presentes estuvo Jesse Jackson y Al Sharpton, dos de los más reconocidos activistas de derechos humanos en Estados Unidos.

Obama asistirá

El presidente Barack Obama pronunciará el viernes una elegía fúnebre para otra de las víctimas, el pastor Clementa Pinckney, de 41 años, también senador del congreso local.

El miércoles, miles de personas rindieron un último homenaje al pastor asesinado, desfilando ante su féretro expuesto en el congreso de Columbia, capital de Carolina del Sur.

Las exequias de las otras víctimas se realizarán el fin de semana y la próxima semana.

Dylan Roof fue inculpado formalmente de nueve cargos de asesinato y se encuentra actualmente aislado en una cárcel de North Charleston.

La gobernadora Haley se pronunció a favor de la pena de muerte si Roof es declarado culpable.

El blog, que pertenecería al sospechoso de la matanza, Dylann Roof, muestra decenas de fotos suyas, armado, quemando la bandera estadounidense, enarbolando la bandera confederada y justificando su crimen por su odio contra los negros.

El FBI dijo que estaba analizando “la autenticidad” del sitio web.

Miles de personas marcharon en Columbia, la capital de Carolina del Sur, ante el Parlamento local, donde la bandera confederada continúa flameando, mientras las de Estados Unidos y del estado ondean a media asta.

“Bájenla”, gritaban los manifestantes, que entonaron “We Shall Overcome”, un emblemático canto de las marchas por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos, y enarbolaron pancartas en las que exigieron el retiro del símbolo de la Confederación durante la guerra civil, una medida que sólo puede ser tomada por el parlamento local.

El debate sobre la bandera confederada, símbolo de orgullo del sur para sus partidarios, y de racismo para sus detractores, se relanzó tras la matanza del miércoles en la histórica y turística Charleston, una de las peores masacres de este tipo en la historia reciente del país.

Más de 370 mil personas firmaron una proclama en el sitio MoveOn.org en el que denuncian a la bandera confederada como “un símbolo de la rebelión y del racismo” y llaman a construir “unos mejores Estados Unidos”.

Para el presidente Barack Obama, citado por su portavoz Eric Schultz, “la bandera confederada pertenece al museo”.

Mitt Romney, excandidato republicano a la Casa Blanca, escribió en Twitter: “bajen la bandera confederada del Parlamento de Carolina del Sur. Para muchos, es un símbolo del odio racial. Retírenla ahora, en homenaje a las víctimas de #Charleston.”

“Bien dicho Mitt”, le respondió Obama en Twitter.

-Piden pena capital-

Dos días después de que nueve personas murieran a tiros durante una reunión para estudiar la Biblia en una iglesia de Charleston, la gobernadora del estado, la republicana Nikki Haley, hizo una audaz declaración pública: El agresor “desde luego” debe ser ejecutado. Pero su estado, aunque con apoyo mayoritario por la pena capital, no consigue los fármacos necesarios para la inyección letal y no ha ejecutado a nadie desde 2011.

Una hipotética ejecución de Dylann Storm Roof, de 21 años, sería dentro de varios años. Se le acusa de nueve cargos de asesinato por la masacre del miércoles. El viernes hizo una breve comparecencia ante un juez, y su próxima cita judicial no será hasta octubre.

Haley hizo sus declaraciones el viernes en el programa Today de NBC, aunque la gobernadora no tiene poder sobre el procesamiento o la condena de Roof.

El suministro de Carolina del Sur de pentobarbital, uno de los tres fármacos en la inyección letal en el estado, caducó en el 2013. El director de correccionales, Bryan Stirling, ha dejado claro a los legisladores que su agencia no puede comprar más, a pesar de tener 44 personas en el corredor de la muerte. Todos los intentos de adquirir dosis han fracasado, un problema al que se enfrentan estados de todo ese país.

Algunos intentan encontrar nuevos fármacos o nuevas fuentes para los medicamentos, porque las farmacéuticas han dejado de comercializarlos para ejecuciones y los farmacéuticos son reacios a exponerse a un posible acoso.

Stirling propuso este año una ley que mantendría en secreto la información de cualquier empresa o farmacéutico que proporcionara fármacos para ejecuciones, indicando que eso ayudaría a conseguirlos. Pero las propuestas se han atascado en ambas cámaras, y sus detractores instan a los legisladores a no aprobarlas.

El Tribunal Supremo está considerando la constitucionalidad del sistema de tres fármacos de las ejecuciones en Oklahoma, ya que los internos alegan que no provoca inconsciencia de forma fiable, y causa dolor y sufrimiento.

-Esperan aprobar fámaco-

El presidente del comité judicial de la Cámara estatal de Representantes, el republicano Greg Delleney, señaló que probablemente esperará a esa decisión antes de pedir a los legisladores que voten la propuesta, aunque Stirling señala que Carolina del Sur utiliza un cóctel de fármacos distinto.

Aun así, señaló Delleney, “No veo ninguna urgencia para adelantarse al Tribunal Supremo.”

A pesar de las docenas de internos condenados en el corredor de la muerte del estado, es probable que no haya ejecuciones hasta dentro de cinco años, indicó Emily Paavola, directora ejecutiva del Centro de Recursos y Defensa sobre la Pena de Muerte en Carolina del Sur, que cree que el proceso en el estado está lleno de problemas y pide su reforma. Paavola señaló que la única forma de acelerarlo sería que un interno condenado a muerte renunciara a toda apelación, lo que resulta improbable.

Los presos condenados a muerte pueden elegir electrocución, pero si un reo no quiere morir de ese modo, la agencia de prisiones no puede realizar una ejecución si no tiene los fármacos necesarios para una inyección letal, dijo Stirling.

Desde que la inyección letal se convirtió en una opción en 1995, sólo tres de las 39 personas ejecutadas han muerto electrocutadas.

Cuando las leyes sobre secreto para farmacéuticas se quedaron atascadas, el republicano Joshua Putnam, representante en la cámara estatal, propuso una medida que añadiría la muerte por pelotón de fusilamiento a los métodos aprobados. Si bien hay casos en los que la inyección letal no funcionó bien y causó dolor, dijo Putnam, “sabemos que por pelotón de fusilamiento no se siente nada.”

Pero el representante Joe Neal dijo que eso tenía poco sentido.

“No consigo pensar en un espectáculo más atroz que balear a alguien”, dijo Neal, un demócrata. “El que la gente sufra o no depende de la puntería de un tirador desconocido.”

La medida de Putnam también permitiría la ejecución por electrocución si el estado carece de los fármacos para la inyección letal. El mes pasado, el representante republicano Mike Pitts, ex policía, propuso una norma más directa. Ese texto eliminaría todas las referencias a la inyección letal, dejando la electrocución como único método.

Ninguna de esas medidas ha avanzado en las cámaras regionales. Pero podrían retomarse cuando se reanude la segunda parte de una sesión legislativa de dos años el próximo enero.