Por qué EE. UU. podrá revocar el TPS de los ciudadanos originarios de Honduras, Nicaragua y Nepal

Un reciente dictamen de un tribunal de apelaciones habría permitido a EE. UU. revocar el TPS para las personas provenientes de Honduras, Nicaragua y Nepal.

Pavel Arellano

10 de febrero de 2026

|

11:06h

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FOTO ILUSTRATIVA. Fotografía de archivo fechada el 8 de enero de 2018 donde aparecen unas personas mientras defienden el Estatus de Protección Temporal (TPS) durante una protesta frente a la Cas Blanca en Washington. (Foto Prensa Libre: EFE)

El pasado 9 de febrero, un tribunal de apelaciones de EE. UU. abrió la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump pueda deportar a migrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal que cuenten con el llamado Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

Aunque un juez federal había anulado una orden del presidente Trump para poner fin a este sistema de protección temporal, que permitía a los migrantes permanecer legalmente en EE. UU., el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito emitió un nuevo dictamen.

Esta resolución permitiría a la administración de Trump proceder con las deportaciones de hondureños, nicaragüenses y nepalíes, a pesar de contar con el TPS.

“La orden del tribunal anterior que anulaba la terminación del TPS para Nepal, Honduras y Nicaragua queda en suspenso en espera de la apelación“, señala el nuevo dictamen emitido el pasado lunes.

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Medios internacionales señalan que el TPS respaldaba aproximadamente a 51 mil hondureños y tres mil nicaragüenses, quienes llegaron a EE. UU. tras los estragos causados por el huracán Mitch, en 1998.

En cuanto a Nepal, más de siete mil personas cuentan con el TPS, tras el terremoto registrado en el 2015.

Recientemente, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Kristi Noem, aseguró que el “TPS nunca se trató de una medida a implementar de forma permanente“.

El gobierno de Trump aseguró, tras el inicio de su segundo mandato, que el retiro del TPS supone una “mejoría en las condiciones de esos países” y que los ciudadanos pueden regresar a sus lugares de origen de forma segura.

Lea también: Parole humanitario: cuáles son los pasos para pedir un permiso de permanencia temporal en EE. UU.

Restituyen el TPS a más de 60 mil migrantes tras fallo judicial contra decisión de Donald Trump

Una jueza federal en EE. UU. declaró ilegal la anulación del TPS para más de 60 mil migrantes de Nicaragua, Honduras y Nepal, decisión tomada durante el gobierno de Donald Trump.

ACAN-EFE

31 de diciembre de 2025

|

18:33h

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Migrantes hondureños protestan frente a una corte federal en EE. UU. tras el anuncio de la cancelación del TPS. Imagen de referencia. (Foto Prensa Libre: EFE)

Una jueza federal de Estados Unidos declaró ilegal este miércoles 31 de diciembre la anulación del Estatus de Protección Temporal (TPS) que el gobierno de Donald Trump ordenó para más de 60 mil migrantes de Nicaragua, Honduras y Nepal.

La jueza Trina Thompson, del estado de California, consideró que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, revocó ese beneficio migratorio de manera “predestinada” y sin cumplir con el procedimiento establecido por la ley.

Thompson, quien restituyó el TPS para las nacionalidades afectadas, rechazó una solicitud del Gobierno para desestimar el caso y explicó que Noem incumplió la práctica habitual del DHS al reducir a 60 días el período de transición tras la cancelación del beneficio.

La jueza concluyó “que la terminación del TPS para Nepal el 6 de junio del 2025 y la de Honduras y Nicaragua el 7 de julio del 2025 fueron ilegales bajo la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, en inglés)” y anuló la orden firmada por Noem, según el fallo judicial.

Los migrantes amparados por el TPS habían demandado al DHS, al considerar que la decisión obedecía a motivos de “animosidad racial”.

Varias organizaciones que representan a los beneficiarios del TPS celebraron el fallo, aunque lamentaron que la eliminación del beneficio haya perjudicado a muchas personas que llevan décadas viviendo en Estados Unidos.

“La decisión judicial de hoy restaura las protecciones del TPS para miles” de migrantes y “los empleadores están legalmente obligados a cumplir con sus documentos de autorización de trabajo”, indicó Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política Migratoria de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), en un comunicado.

El TPS es un beneficio migratorio que el DHS puede otorgar a ciudadanos de países que enfrentan situaciones de emergencia —como desastres naturales o conflictos armados— que impiden su retorno seguro.

Parole humanitario: cuáles son los pasos para pedir un permiso de permanencia temporal en EE. UU.

Este “permiso humanitario” le da a una persona la posibilidad de estar en EE. UU. de forma temporal, siempre y cuando sean por razones “humanitarias urgentes”.

Pavel Arellano

15 de octubre de 2025

|

16:08h

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FOTO ILUSTRATIVA. Una bandera estadounidense. (Foto Prensa Libre: AFP)

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, en inglés) tiene dentro de sus programas humanitarios el denominado “permiso humanitario”, también conocido como “parole”.

Este permiso, según la página oficial del USCIS, permite a una persona solicitar autorización de permanencia temporal en Estados Unidos, siempre que sea por razones “humanitarias urgentes o un beneficio público significativo”.

“Una persona que viene a Estados Unidos bajo una autorización de permiso de permanencia temporal no ha sido admitida formalmente a Estados Unidos para propósitos de la ley de inmigración”, señala el USCIS en su reglamento.

Esto significa que quien solicite este permiso podrá estar en EE. UU. solo por un corto período y que no constituye un “reemplazo” del trámite de visa.

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Respecto del tiempo que una persona puede permanecer temporalmente en EE. UU., el USCIS afirma que cada caso es distinto y que se especificará la duración conforme al contexto de la solicitud.

¿Cómo solicitarlo en el 2025?

La USCIS explica en su sitio oficial que una persona puede solicitar este permiso para sí misma o para otra, siempre que se complete el formulario I-131. Las autoridades detallan que quien haga la solicitud no necesita ser residente de EE. UU.

Sin embargo, este no es el único requisito. El USCIS señala que el solicitante debe presentar varias constancias, entre ellas, la figura denominada “persona de apoyo”.

“Requeriremos que se presente evidencia sobre una persona que haya accedido a patrocinar económicamente al beneficiario en Estados Unidos”, detalla el USCIS.

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Para ello, se debe completar el formulario I-134, Declaración Jurada de Patrocinio Económico.

Al momento de hacer la solicitud también se debe pagar una tarifa de aproximadamente US$630.

También es necesario elaborar una carta de explicación en la que se detallen los motivos por los que se solicita el permiso de permanencia temporal en EE. UU.

Las autoridades afirman que cada caso se analiza de forma individual y, aunque no existe un concepto preciso para determinar qué constituye una “razón humanitaria urgente”, basan su decisión en:

• Si existen razones apremiantes para otorgar el permiso.
• Si hay efectos inmediatos sobre el bienestar de la persona y su grado de “sufrimiento” en caso de que no se autorice.

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Las personas que cuenten con representación legal deberán presentar también el formulario G-28, Notificación de Comparecencia como Abogado o Representante Autorizado.

En caso de ser aprobada la solicitud, se completará además el formulario G-1145, Notificación Electrónica de Aceptación de Petición o Solicitud.

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Una corte federal de apelaciones de Estados Unidos mantuvo este viernes el bloqueo temporal al plan del gobierno del presidente Donald Trump de revocar el Estatuto de Protección Temporal (TPS) que otorga permiso de trabajo y residencia a unos 600 mil venezolanos en el país.

Un panel de tres jueces del tribunal de apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, con sede en San Francisco, confirmó por unanimidad el fallo de una corte inferior que protege a los venezolanos de la deportación mientras el caso continúa.

“Al promulgar el estatuto del TPS, el Congreso diseñó un sistema de estatus temporal predecible, confiable y aislado de la política electoral“, declaró la jueza Kim Wardlaw.

“Los demandantes han demostrado que enfrentan daños irreparables a sus vidas, familias y medios de vida“, agregó.

EN ESTE MOMENTO

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Estados Unidos otorga el TPS a ciudadanos extranjeros que no pueden regresar a su país de forma segura debido a guerras, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias.

Pocos días antes del regreso de Trump a la Casa Blanca en enero, su predecesor Joe Biden extendió el TPS para los venezolanos por 18 meses, alegando una crisis en el país sudamericano gobernado por Nicolás Maduro.

El gobierno de Trump preveía eliminar ese amparo el 7 de de abril, pero a fines de marzo el juez federal Edward Chen suspendió temporalmente la iniciativa, tras señalar que tenía tintes racistas y caracterizaba erróneamente a los venezolanos como criminales.

La administración recurrió en mayo a la Corte Suprema pidiéndole que anulara la orden del magistrado. El máximo tribunal no eliminó el TPS, pero concedió la solicitud de cancelar temporalmente la protección mientras el caso se litiga en los tribunales.

Ahora se espera que el Ejecutivo apele el fallo del Noveno Circuito ante la Corte Suprema, dominado por jueces nombrados por Trump.

Trump, que en su primer mandato (2017-2021) intentó sin éxito poner fin al programa TPS, prometió durante su última campaña electoral deportar a millones de inmigrantes en situación irregular. Muchas de sus decisiones en esta materia fueron cuestionadas en los tribunales.

Según el Pew Research Center, en marzo de 2024 había 1.2 millones de personas elegibles o beneficiarios de un TPS en Estados Unidos. Los venezolanos eran el grupo más numeroso.

La administración Trump también ha tomado medidas para revocar el TPS a afganos, cameruneses, haitianos, hondureños, nepaleses y nicaragüenses. Estas medidas también enfrentan impugnaciones judiciales.

Tribunal permite al Gobierno de Trump finalizar el TPS de Honduras, Nicaragua y Nepal

El Estatus de Protección Temporal (TPS) beneficiaba a más de 60 mil hondureños, nicaragüenses y nepalíes y los protege de ser deportados.

Pavel Arellano y Redacción EFE

21 de agosto de 2025

|

09:53h

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El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, participa en una reunión multilateral con líderes europeos en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 18 de agosto de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)

El pasado 20 de agosto, un tribunal de apelaciones autorizó al gobierno del presidente de EE. UU., Donald Trump, finalizar el llamado Estatus de Protección Temporal (TPS), que beneficia a más de 60 mil migrantes provenientes de Honduras, Nicaragua y Nepal.

Anteriormente, un tribunal de distrito había permitido a los inmigrantes mantener el TPS, el cual los protegía de ser deportados y les brindaba otros beneficios; sin embargo, la orden fue suspendida recientemente por un panel del Noveno Circuito de Apelaciones de California.

Actualmente, el TPS ampara a más de 51 mil hondureños y casi tres mil nicaragüenses. Estos dos países han gozado de este estatus por más de 26 años, mientras que los ciudadanos originarios de Nepal lo han mantenido por más de una década.

Tras la decisión del tribunal, el Departamento de Seguridad Interna otorgó un plazo de 60 días a los migrantes antes de que pierdan el TPS.

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El fallo del panel implica que los beneficiarios nepaleses del TPS perderán su estatus legal y autorización de trabajo de inmediato, mientras que los hondureños y nicaragüenses lo perderán el 8 de septiembre.

Ante varias acusaciones en las que migrantes afirmaron que el retiro del TPS se hizo con fines “raciales”, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, aseveró que la decisión fue tomada para “restaurar la integridad” del sistema migratorio de EE. UU.

“El TPS nunca se concibió como un sistema de asilo de facto; sin embargo, así es como lo han utilizado las administraciones anteriores durante décadas”, subrayó la funcionaria.

Luego de que Donald Trump llegara a su segundo mandato, el TPS les fue retirado a aproximadamente 350 mil migrantes venezolanos y medio millón de ciudadanos originarios de Haití.

Tras la decisión, se han generado varios pronunciamientos, entre ellos el de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien expresó su apoyo a los hondureños que perderán el estatus.

“Esta decisión judicial no borra sus aportes ni debilita nuestra convicción: seguiremos acompañando su lucha por estabilidad, dignidad y justicia“, afirmó la mandataria en la red social X.

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Qué es el TPS, el beneficio que otorga EE. UU. a personas que no pueden volver a sus países

Recientemente el Gobierno de Donald Trump eliminó el TPS para los hondureños y nicaragüenses que residen en el país estadounidense.

Pavel Arellano

8 de julio de 2025

|

11:58h

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FOTO ILUSTRATIVA. Fotografía de archivo fechada el 8 de enero de 2018 donde aparecen unas personas mientras defienden el Estatus de Protección Temporal (TPS) durante una protesta frente a la Cas Blanca en Washington. (Foto Prensa Libre: EFE)

Recientemente el Gobierno de Donald Trump ha sido criticado por su reciente decisión de eliminar el Estatuto de Protección Temporal (TPS) para las personas originarias de Nicaragua y Honduras que residen en el país estadounidense.

La decisión, que afecta a más de 76 mil hondureños y nicaragüenses, fue justificada por la actual directora del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem al decir que ambos países habían logrado una “recuperación significativa”, por lo cual los portadores del TPS podrían regresar de forma “segura” a sus países.

¿Qué es el TPS?

De acuerdo al sitio oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración en EE. UU. el TPS son las iniciales de Estatus de Protección Temporal, y es un beneficio otorgado a personas que no pueden regresar de manera “segura” a su país de origen.

El DHS es el encargado de designar el TPS a un país que se encuentre en las siguientes condiciones:

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• Esté dentro de un conflicto armado en curso
• Se encuentre afectado por un desastre natural
• Se encuentre en “condiciones extraordinarias” y de “carácter temporal”.

Las personas que puedan obtener el TPS les permiten tener un Documento de Autorización de Empleo (EAD), una autorización de viaje y no ser removidos de EE. UU.

“Una vez se le conceda TPS, una persona tampoco podrá ser detenida por DHS debido a su estatus migratorio en Estados Unidos”, señala el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU.

A su vez, las autoridades resalta que tener un TPS no es equivalente a tener un estatus de residente permanente legal ni confiere otro estatus migratorio.

¿Qué países han sido designados para obtener un TPS?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración en EE. UU. enlistó los siguientes países que fueron beneficiados por el TPS:

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• Afganistán
• Birmania
• Camerún
• El Salvador
• Etiopía
• Haití
• Honduras
• Líbano
• Nepal
• Nicaragua
• Somalia
• Sudán
• Sudán del sur
• Siria
• Ucrania
• Venezuela
• Yemen

En el caso de Honduras y Nicaragua, EE. UU. los designó para el TPS debido al huracán Mitch, el cual golpeó Centroamérica en 1998 y dejó aproximadamente 10 mil fallecidos.

La última renovación que ambos países tuvieron del TPS fue durante el gobierno de Joe Biden, quien extendió el beneficio por 18 meses más.

Además, en los primeros meses del segundo mandato de Trump, ha tomado la decisión de eliminar el TPS para más de 300 mil venezolanos y más de 500 mil haitianos, así como personas originarias de Afganistán y Camerún.

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La Administración de Donald Trump eliminará el Estatus de Protección Temporal (TPS) que protege de la deportación a hondureños y nicaragüenses en Estados Unidos desde 1999, según un documento preliminar difundido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó la medida, que entrará en vigor 60 días después de la publicación oficial del documento en el Registro Federal, programada para martes 7 de julio, porque los dos países “ya no continúan cumpliendo los criterios para la designación del TPS”.

El fin del TPS afectaría, en particular, a migrantes de Florida, donde vive uno de cada tres de los más de 1 millón de beneficiarios en Estados Unidos, según un reporte del Congreso.

La pérdida del estatus legal, cuya ampliación tenía como fecha límite el sábado 5 de julio, afectará a unos 72 mil hondureños y 4 mil nicaragüenses, según las estimaciones del Gobierno de Estados Unidos.

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El DHS argumentó que Washington concedió el TPS a estas nacionalidades tras el impacto del huracán Mitch, en octubre de 1998, el segundo ciclón más mortífero en la historia del Atlántico, ya que dejó más de 11 mil 300 muertos en Centroamérica, incluidos cerca de 7 mil en Honduras y casi 4 mil en Nicaragua.

Pero aseguró que, desde entonces, “ha habido mejoras notables” en las condiciones de ambos países que “permiten el adecuado retorno de sus ciudadanos”.

Por ejemplo, consideró que Nicaragua “es un creciente líder en turismo, ecoturismo, agricultura y energía renovable”, mientras que “nuevos proyectos de infraestructura están por transformar a Honduras y crear empleos”.

La medida se anuncia menos de dos semanas después de que la Administración de Trump comunicó el fin del TPS para cerca de 521 mil haitianos, aunque un juez federal frenó la decisión la semana pasada.

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En tanto, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó en mayo al presidente Trump a terminar con esta protección migratoria para 350 mil venezolanos.

Trump intentó eliminar este estatus desde su primer mandato para migrantes de países como El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Nepal y Sudán, por lo que, tras estas medidas, otras comunidades temen ser las siguientes.

El Tribunal Supremo permitió este lunes 19 de mayo al presidente estadounidense, Donald Trump, revocar el programa migratorio que concede un estatus legal temporal en el país a más de 300 mil venezolanos.

Los abogados del Ejecutivo habían solicitado a la máxima instancia judicial anular una orden de un juez en menor instancia en California en contra de la decisión de acabar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los migrantes de ese país suramericano.

La Administración había argumentado que el TPS para Venezuela va en contra del “interés nacional” de EE. UU. y que la Justicia no tiene la potestad de decidir asuntos de política migratoria “urgentes”.

El litigio del caso está previsto que continúe ahora en cortes inferiores.

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El TPS es un programa migratorio gestionado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que protege de la deportación y da permisos de trabajo a las personas de países que están atravesando situaciones humanitarias graves o desastres naturales.

Poco después de asumir el poder el pasado 20 de enero, el Gobierno de Trump decidió acabar con el TPS para los venezolanos y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó a los beneficiarios de este programa como “desgraciados” y criminales.

A finales de marzo, un juez federal en California decidió bloquear el intento del Ejecutivo por acabar con el TPS, alegando que la decisión causa un “daño irreparable” a quienes se han acogido a dicha protección y sus familias.

Bajo la Administración del demócrata Joe Biden (2021-2025), el DHS decidió extender este beneficio a los venezolanos argumentado que Venezuela estaba pasando por una “emergencia humanitaria” causada por una crisis política y económica.

Según recuerda el diario The Washington Post, el Ejecutivo republicano frenó esa extensión en febrero antes de que entrara en vigor. Sin ella esas protecciones iban a acabar para algunos migrantes en abril y para otros en septiembre.

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La Casa Blanca ha dejado en pie el TPS otorgado a otras nacionalidades como la de los salvadoreños, que protege a unos 200 mil inmigrantes desde 2001. EFE

Un juez federal de California bloqueó este lunes el intento de la Administración de Donald Trump de acabar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 350 mil venezolanos que se encuentran en Estados Unidos.

El juez de distrito Edward Chen, puso en pausa la decisión de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, de retirar ese programa que protege a sus beneficiarios de ser deportados.

“El tribunal considera que la acción de la secretaria amenaza con: causar un daño irreparable a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia se verán gravemente interrumpidos, costar a Estados Unidos miles de millones en actividad económica, y perjudicar la salud y la seguridad pública en comunidades de todo el país”, reza el documento del juez.

El escrito también detalla que el gobierno no ha podido demostrar que seguir otorgando esta protección temporal a los venezolanos causaría algún daño importante o negativo que justifique el hecho de suspender el programa.

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La semana pasada beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela y Haití solicitaron a través de la organización Alianza Nacional del TPS suspender la orden de la Casa Blanca que pone fin al amparo migratorio en los próximos meses y los expone a la deportación.

Esta protección se otorga a ciudadanos de países designados debido a condiciones como conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias que impiden el regreso seguro a su lugar de origen.

#ÚLTIMAHORA | Un juez bloquea el intento de la Administración de Donald Trump de acabar con el Estatus de Protección Temporal para los venezolanos y haitianos en EE.UU. pic.twitter.com/kMG91GgaLC

— EFE Noticias (@EFEnoticias) March 31, 2025

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Antes de dejar su cargo, el presidente Joe Biden extendió ese programa de protección por 18 meses, beneficiando a cerca de 600.000 venezolanos que abandonaron su país por la crisis política y económica de los últimos años.

La extensión también favoreció a personas provenientes de El Salvador, Sudán y Ucrania que se encuentran actualmente en Estados Unidos bajo la protección del TPS.

En su primer mandato, Trump intentó poner fin al programa para varios países, pero enfrentó desafíos legales que no le permitieron implementar la medida.

Durante la campaña electoral, su vicepresidente, JD Vance, había prometido “detener” la concesión del estatus de protección “en masa” que otorga el TPS.

La nueva secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que será revocada la extensión del beneficio para los venezolanos y no entregó más detalles sobre qué ocurrirá con las otras nacionalidades que forman parte del programa.

El gobierno de Trump, ya desde la campaña presidencial, ha vinculado la elevada migración venezolana con la criminalidad, en especial con la presencia de la banda del Tren de Aragua.

Sin embargo, los datos no muestran un aumento significativo de criminalidad asociada con los venezolanos.

¿Qué es el TPS y cuántos venezolanos lo tienen?

El estatus de protección temporal es un programa creado por el Congreso de Estados Unidos en 1990 y al que pueden acceder personas que enfrentarían dificultades extremas si se vieran obligadas a regresar a sus países de origen, ya sea por conflictos armados, razones humanitarias o desastres naturales.

Les permite permanecer y trabajar de manera temporal en Estados Unidos hasta el vencimiento del beneficio por un período de 18 meses, extendible si el gobierno considera que las condiciones por la que la persona emigró se mantienen.

Los países que han sido protegidos con el TPS han sido Afganistán, Camerún, El Salvador, Etiopía, Haití, Honduras, Líbano, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria, Ucrania y Yemen.

Venezuela entró a la lista de beneficiarios en el año 2021 por la grave crisis política y económica que sacude al país. Se estima en unos 600.000 los venezolanos que recibieron la protección.

El TPS se asigna a países de acuerdo a las siguientes condiciones temporales:

• Conflicto armado (como una guerra civil)
• Desastre natural, como una epidemia, huracán o terremoto
• Otras condiciones extraordinarias y temporales

El TPS, sin embargo, no provee de un camino a una residencia permanente o ciudadanía.

Todos los solicitantes de TPS, dicen sus lineamientos, “son sometidos a chequeos de seguridad y de antecedentes penales como parte del proceso para determinar su elegibilidad”.

La crisis económica y de violencia de la última década ha llevado a decenas de miles de venezolanos a representar uno de los principales grupos de migrantes a EE.UU.

La mayoría de los beneficiarios venezolanos de TPS son migrantes que llegaron a Estados Unidos hace varios años o incluso décadas.

“Cuando te dan un TPS, generalmente te dan casi dos años para trabajar sin un estatus legal. Por eso es un permiso temporal de protección”, explicó a BBC Mundo la consultora Nadine Cortés.

¿Cómo nació el TPS para los venezolanos ?

En marzo de 2021, durante el gobierno de Joe Biden, Venezuela fue incluido en la lista de países beneficiarios del TPS por considerar que para los migrantes era inseguro el regreso a su país de origen

En ese momento, el entonces secretario del Departamento de Seguridad Nacional del gobierno de Biden, Alejandro Mayorkas, declaró que “las condiciones de vida en Venezuela revelan un país en caos, incapaz de proteger a sus propios ciudadanos”.

“Es en tiempos de circunstancias extraordinarias y temporales como estas, que Estados Unidos da un paso al frente para apoyar a los nacionales venezolanos elegibles que están actualmente presentes en Estados Unidos mientras su país de origen busca recuperarse de las crisis actuales”, argumentó.

Entre las razones para justificar la decisión, el gobierno señaló que Venezuela estaba en medio de una crisis humanitaria, en un contexto de “hambre generalizada, desnutrición, creciente influencia y presencia de grupos armados no estatales, una infraestructura que se desmorona”.

Estados Unidos y Venezuela tienen una tensa historia reciente marcada por la ruptura de relaciones diplomáticas, sanciones y acusaciones de actividades delictivas y golpistas.

Venezuela solo ha aceptado a un número limitado de deportados en los últimos años, a pesar de que cientos de miles de inmigrantes de esos países entraron ilegalmente.

El líder opositor venezolano Edmundo González instó al gobierno de Trump a renunciar a entablar negociaciones con el presidente Nicolás Maduro y a enviar a los deportados a un tercer país.

Se calcula que existen unos 7,89 millones de personas que emigraron de Venezuela durante la última década, el mayor éxodo en la historia de la región.

Al menos 85% de los migrantes venezolanos se instalaron en América Latina, según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), mientras que otros se radicaron en países como Estados Unidos y España.

¿Cómo afecta a los venezolanos y qué pasa ahora?

Pedro, uno de los migrantes venezolanos beneficiado por el TPS en Estados Unidos compartió su experiencia con BBC Mundo bajo la condición de anonimato.

“A mí se me vence el TPS a fines de abril y no lo voy a poder renovar”, cuenta.

“Es muy difícil, me siento triste y en parte decepcionado porque uno llega aquí con un sueño, a trabajar, a salir adelante y ahora que nos cortan las alas así, es muy difícil”.

Él ya había solicitado el asilo para poder quedarse a vivir en Estados Unidor, pero lleva dos años esperando y no ha recibido ninguna respuesta.

Ahora, con el anuncio de que no se extenderá el TPS, teme que la solicitud de asilo no prospere.

Con 30 años de edad, y un trabajo en una empresa distribuidora de pollos, ve un futuro incierto.

Como muchos otros venezolanos cruzó la selva del Tapón del Darién con su esposa y su hijo, pero ellos se quedaron en Panamá.

Él consiguió llegar a Ciudad Juárez, en México, y luego cruzó la frontera “escapando de la represión” de Venezuela, dice.

Con el anuncio de este miércoles, cuenta que tratará de ahorrar todo lo que pueda mientras pueda permanecer en Estados Unidos.

Como Pedro, los cerca de 600.000 venezolanos acogidos por el TPS están preocupados porque no se extenderá el beneficio hasta 2026, como lo había establecido Biden.

Según John de la Vega, abogado especializado en inmigración, existen dos grupos de venezolanos acogidos al TPS.

A un grupo se les acaba la protección temporal en abril y al segundo grupo se les vence el beneficio en septiembre.

Teóricamente podrían buscar otros caminos legales para intentar permanecer en EE.UU., pero en el contexto de las restrictivas políticas migratorias impulsadas por el nuevo gobierno, el futuro es incierto.

“Si se te vence el TPS te vas a encontrar indocumentado en el país y puedes ser sujeto a un proceso de deportación en el futuro”, le dice De La Vega a BBC Mundo.

El abogado advierte que cuando se acabe el TPS, es probable que la mayoría de los venezolanos solicite asilo, porque las personas no se van a regresar a Venezuela.

Vamos a ver acciones judiciales que podrían dilatar la situación, agrega, “pero al final del día, como hemos visto cómo funcionan las cortes, le darían la potestad a Trump de revocar la extensión del TPS”.

Entre los venezolanos que cuentan con el estatus de protección especial hay muchos que llevan años viviendo en Estados Unidos.

“Hay personas que han comprado casa, carro, tienen hijos nacidos aquí, tienen lazos con la comunidad. Imagina que te digan que te tienes que ir mañana”, apunta de la Vega.

Nadine Cortés, consultora en política migratoria, explica que la revocación anunciada por el gobieno busca impedir una extensión del permiso.

Sin embargo, como no se ha publicado aún la medida en el registro federal, no están disponibles todos los detalles.

“Generalmente se da un tiempo de transición, como se ha hecho en otras ocasiones, pero no sabemos qué opciones les darán”, dice Cortez.

Pero con las restricciones que se están imponiendo en materia migratoria, “no es esperanzador”, le dice la experta a BBC Mundo.

La alternativa para los venezolanos que se quedarán sin TPS, explica, es que intenten ajustarse a otro estatus migratorio: por ejemplo, si están casados con un ciudadano estadounidense o si tene una oferta laboral, podría intentar postular a algún tipo de residencia.

Por otro lado, “la Corte Suprema de EE.UU. ha determinado que algunas personas que tienen TPS pueden ajustar su estatus si entraron de forma regular al país, si entraron legalmente”.

El problema es que muchos de los venezolanos entraron al país de forma irregular y estando dentro, recibieron el TPS. Pero ellos, “quedarían excluidos de estos ajustes de estatus migratorio”.

Si no logran acogerse a ningún otro beneficio, cuando expire su TPS, podrían ser deportados, pero, advierte, “el proceso de deportación no es inmediato”.

Cuando se venzan los plazos y la persona se quede sin ningún estatus legal, dice Cortez, se puede apelar para que ellos hagan un retorno voluntario.

En este escenario, ingresarían en un proceso judicial, pero “no hay ninguna seguridad y sabemos que hoy por hoy las cortes están rebasadas”.

“Creo más bien que las personas que no tienen un estatus legal comprobable, pueden ser retenidas y posteriormente deportadas”.

En el escenario de que fuesen deportados, tampoco se sabe a dónde, ya que no hay indicios de que el gobierno venezolano los vaya a recibir.

Si eso pasa, quizás conllevaría una negociación con el gobierno de Nicolás Maduro, cuya legitimidad en el cargo es cuestionada por Washington.

El TPS ha sido extendido tres veces desde que fue creado.

La primera extensión le permitió a los venezolanos permanecer en EE.UU. hasta marzo de 2024.

La segunda, les permitió quedarse hasta abril o septiembre de 2025, según sea el caso.

Y la tercera, que les iba a permitir quedarse en el país hasta el 2 de octubre de 2026, ha sido ahora anulada.

Actualmente son cinco los países latinoamericanos que se acogen al TPS: además de Venezuela son El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití, pero el fin de la extensión del programa afecta exclusivamente a los ciudadanos venezolanos.

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• El gobierno de Trump anula la extensión del programa TPS que protege de la deportación a cientos de miles de migrantes venezolanos en EE.UU.
• El gobierno de Biden otorga una protección migratoria especial a los venezolanos: ¿a quiénes afecta y qué beneficios obtendrán?

El Gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, busca soluciones “integrales” y “permanentes” para los salvadoreños que se encuentran en Estados Unidos amparados en un programa de protección temporal y para los que se encuentra con un estatus irregular, dijo este miércoles una funcionaria de la Cancillería.

La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cindy Portal, expuso en una entrevista en un canal local que El Salvador “es muy respetuoso de las decisiones soberanas de cada país“, al ser preguntada sobre la posición del país centroamericano sobre las posibles deportaciones masivas promovidas por el presidente electo de EE.UU., Donald Trump.

Portal indicó que, de acuerdo con lo mencionado por Trump en “diferentes exposiciones públicas”, “las deportaciones masivas serán para aquellos malos residentes o que llegan a incumplir las leyes o a irrumpir el orden social y la paz nacional” de la nación norteamericana.

Y detalló: “Nosotros estamos evocando siempre y estamos hablando para lograr una solución migratoria integral, justa pero sobre todo una solución permanente a través de negociaciones y reuniones de alto nivel que se tienen en cada encuentro que tenemos a nivel bilateral”.

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“El Gobierno del presidente Nayib Bukele está buscando las soluciones permanentes, justas, para nuestra población en situación de protección temporal del TPS (Estatus de Protección Temporal)“, dijo y enfatizó que también están “abogando por aquellos salvadoreños que se encuentran con estatus irregular en Estados Unidos“.

En Estados Unidos viven más de 2 millones de salvadoreños, cuyas remesas son el principal sostén de la economía del país centroamericano, con más de US$8 mil millones solo en 2023.

La semana pasada la Administración del presidente Joe Biden anunció la extensión del estatus de protección para unos 600 mil venezolanos y 234 mil salvadoreños. También, amplió el beneficio para inmigrantes de Ucrania y Nepal.

El TPS es un amparo migratorio que concede el Gobierno de EE.UU. a inmigrantes de países que sufren un conflicto armado, un desastre natural o alguna circunstancia extraordinaria que no les permite volver a sus hogares.

En el caso de los cerca de 234 mil salvadoreños protegidos por el TPS, este beneficio migratorio, que vencía en marzo de este año, se les concedió en marzo de 2001 a raíz de un terremoto que azotó al país centroamericano a comienzos de ese año, y al que siguieron varias replicas.

La extensión estará vigente hasta el 9 de septiembre de 2026.

A cinco días del fin del gobierno del presidente Joe Biden, inmigrantes guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses y haitianos en EE.UU. no pierden la esperanza de que el demócrata les designe o extienda el TPS, lo que los protegería del plan de deportaciones de Donald Trump, que asume el próximo lunes.

La Red Migrante Guatemalteca “urgió” esta semana al mandatario a otorgar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a los inmigrantes guatemaltecos que se encuentran en el país, algunos con más de 30 años viviendo en las sombras.

“Biden aún tiene tiempo”, dijo a EFE la abogada de la Red Carolina Solís. “Las condiciones extraordinarias y desastres ambientales actuales en Guatemala no permite que los inmigrantes puedan retornar de una manera segura“, agregó la activista

El pedido de los centroamericanos no es de último momento. Solís explicó que desde 2024 la Red y de la Asociación Guatemaltecos Sin Fronteras (AGSF) sostuvo conversaciones con la Casa Blanca, los departamentos de Estado (DOS) y Seguridad Nacional (DHS) y entregaron una “amplia documentación” que avala la petición.

Además, los guatemaltecos cuentan con el apoyo de por lo menos 80 congresistas que en septiembre pasado enviaron una carta al mandatario estadounidense para que protegiera a estos inmigrantes.

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En abril pasado el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, también hizo la petición oficial al gobierno estadounidense.

“Por favor, señor presidente, no nos defraude. Tenemos fe en usted. Lo respaldamos firmemente. Los guatemaltecos son trabajadores de primera línea, contribuyen en los campos, como productores, pintando casas y cuidando a nuestros hijos. Estados Unidos”, enfatizó Walter Batres, presidente de la Red Nacional Guatemalteca en un comunicado.

El Gobierno de Estados Unidos tiene la potestad de conceder el TPS a los inmigrantes de países que sufren un conflicto armado, un desastre natural o alguna circunstancia extraordinaria que no les permite volver a sus hogares. Guatemala nunca ha sido favorecida por este beneficio.

Actualmente hay inmigrantes de 16 países favorecidos con este auxilio que otorga un permiso de trabajo y los protege de la deportación. En su anterior administración (2017-2021), Trump arremetió contra los migrantes beneficiados por el TPS cuando quiso eliminarlo para El Salvador, Haití, Nicaragua, Honduras, Sudán y Nepal.

Una batalla legal emprendida por estadounidenses, hijos de beneficiados por el TPS, y por inmigrantes directamente afectados logró detener al republicano por haber violado la Constitución al eliminar la protección, pero ahora los activistas advierten que el presidente electo ha aprendido de sus equivocaciones.

Un rescate incompleto

Biden ha enfrentado una gran presión para la extensión de la protección a la mayoría de países favorecidos a los que se les vence el TPS en los próximos meses.

La semana pasada la administración demócrata anunció la extensión del amparo para unos 600 mil venezolanos y 234 mil salvadoreños. También amplió el beneficio para inmigrantes de Ucrania y Nepal.

Pero el presidente no hizo lo mismo con unos 40 mil hondureños protegidos con el TPS hasta julio. “Estamos consternados y desilusionados, el presidente Biden se ha olvidado de nosotros que llevamos más de 25 años trabajando y contribuyendo al país”, dijo a EFE Juan Flores, director de la Fundación 15 de Septiembre, que aboga por esa comunidad.

EE.UU. designó el TPS para los hondureños en enero de 1999 a causa del huracán Mitch. Desde ese entonces el país centroamericano se ha visto azotado por diferentes desastres naturales que han empujado la inmigración indocumentada, como el huracán Iota en 2020, pero aún así no se ha extendido el beneficio para los recién llegados, se queja el activista.

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El mismo sentimiento lo tienen los nicaragüenses, que llevan años luchando por obtener una ampliación del TPS otorgado en 1999.

“Como nicaragüense, estoy profundamente decepcionada por la falta de acción del presidente Biden con respecto a nuestro país. Muchos nicaragüenses quedan en el limbo, y alrededor de 400 mil enfrentan no sólo la deportación sino también la persecución”, manifestó a EFE Bertha Sanles, del American Friends Service Committee.

La misma preocupación expresan los inmigrantes haitianos amparados por el TPS, que cuentan con el amparo hasta febrero de 2026.

“Presidente Biden, usted todavía tiene la oportunidad de dejar un legado duradero“, valoró Sanles.

Estados Unidos extendió por 18 meses el amparo migratorio conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS) que otorga permiso de residencia y trabajo para migrantes de El Salvador, informó este martes el Departamento de Seguridad Interior (DHS).

Esta prolongación “permite que aproximadamente 234 mil beneficiarios actuales se reinscriban para el TPS, si continúan cumpliendo con los requisitos”, precisa en un comunicado.

“Se basa en hechos geológicos y meteorológicos, incluidas tormentas significativas y fuertes lluvias en 2023 y 2024, que continúan afectando áreas gravemente impactadas por los terremotos de 2001″, añade el DHS.

La prolongación abarcará desde el 10 de marzo de 2025 hasta el 9 de septiembre de 2026, pero solo se aplica a quienes ya son beneficiarios.

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La administración demócrata del presidente saliente Joe Biden anuncia sus últimas medidas cuando faltan diez días para la investidura de su sucesor, el republicano Donald Trump.

El magnate ha demonizado a los migrantes llamándolos “salvajes”, “animales” o “criminales”, y promete “la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos” en cuanto asuma el cargo el 20 de enero para “liberar”, según él, el país de lo que considera una “invasión”.

También quiere poner fin o limitar otras vías legales de entrada como el TPS o la posibilidad de solicitar cita a través de una aplicación de teléfono móvil o mediante trámites en los países por los que pasan.

El DHS asegura que cada migrante “pasa por un riguroso examen de seguridad nacional y de seguridad pública durante el proceso de solicitud original y nuevamente durante la reinscripción” para el TPS.

Estados Unidos subió este viernes a US$25 millones la recompensa por información que permita capturar al mandatario venezolano Nicolás Maduro y su ministro del Interior, Diosdado Cabello, para que se les juzgue por “narcotráfico y corrupción”, informaron funcionarios estadounidenses.

Además el gobierno del presidente saliente Joe Biden añadió una nueva recompensa por el ministro de Defensa Vladimir Padrino, por quien ofrece US$15 millones, añadieron los funcionarios que pidieron el anonimato tras la investidura de Maduro, que calificaron de “farsa”.

Edmundo González Urrutia “debería haber sido investido hoy como el próximo presidente de Venezuela” porque “hay pruebas indiscutibles de que ganó” las elecciones del 28 de julio, dijo un funcionario estadounidense que pidió el anonimato.

“Para proporcionar nuevos incentivos para llevar a Maduro y a sus cómplices ante la justicia por delitos relacionados con la conspiración para distribuir cocaína, el narcotráfico y la corrupción, hemos aumentado la recompensa a 25 millones” por información que permita capturar al presidente y su ministro del Interior, Diosdado Cabello, añadió.

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Paralelamente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a ocho altos cargos venezolanos por dirigir organismos económicos y de seguridad “que permiten la represión” y “la subversión de la democracia en Venezuela”.

Entre los sancionados figura el presidente de la petrolera PDVSA, Héctor Andrés Obregón, y el ministro de Transportes y presidente de Conviasa, la aerolínea estatal, Ramón Celestino Velásquez.

Amplían TPS a venezolanos

Al mismo tiempo, para “apoyar a los venezolanos” el gobierno de Biden decidió ampliarles 18 meses el amparo migratorio que otorga permiso de residencia y trabajo, conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS).

El Departamento de Seguridad Interior considera “justificada” esta ampliación porque “Venezuela sigue enfrentando crisis políticas y económicas bajo el régimen represivo de (el mandatario Nicolás) Maduro, con condiciones que han contribuido a altos niveles de crimen y violencia”, declaró a periodistas una funcionaria que ha pedido el anonimato.

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Pero Washington evitó cancelar las licencias individuales que otorgó a algunas petroleras para operar en Venezuela, entre ellas la estadounidense Chevron, algo que pide con insistencia la oposición venezolana.

Se seguirán aprobando “caso por caso”, informó un funcionario.

El líder del chavismo, Nicolás Maduro, fue juramentado este viernes como el presidente de Venezuela, para el período 2025-2031, por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlado por el oficialismo, pese a que la oposición mayoritaria reivindica que Edmundo González Urrutia fue el ganador de los comicios de julio pasado.

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La esperanza de un TPS para Guatemala se diluye con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca

Se pierde cualquier posibilidad de una mejora para la comunidad migrante guatemalteca en EE. UU. y peligran los beneficios que actualmente gozan.

Fátima Najarro

7 de noviembre de 2024

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Una caravana de migrantes partió de México hacia la frontera sur de EE. UU. (Foto Prensa Libre: EFE)

La declaración triunfal de Donald Trump como presidente de EE. UU. enciende las alarmas para la comunidad migrante latinoamericana y con especial énfasis en la guatemalteca, que ve diluida cualquier esperanza de beneficios.

Expertos en el tema migratorio y la política internacional consideran que el segundo mandato de Trump será una continuidad del primero. De esta cuenta, Guatemala y los países de la región centroamericana tienen hasta la toma de posesión para reintegrar las maneras de negociación ante un política transaccional estadounidense.

El gobierno de Bernardo Arévalo anunció en agosto pasado que una de las prioridades era la solicitud formal del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) como un alivio migratorio. Para ello se habían hecho las gestiones para obtenerlo en la brevedad se habían hecho “esfuerzos diplomáticos importantes para asegurar una vida más segura y tranquila para quienes hoy viven en Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio”.

Un mes antes, había sido el Congreso de la República quien había solicitado al Gobierno que solicitara el TPS para los guatemaltecos.

Estos esfuerzos ya hechos por el gobierno de Arévalo podrían ser estériles con el dominio absoluto de los republicanos en las elecciones del pasado martes y se pierde cualquier oportunidad de un TPS.

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Trump tiene una tendencia aislacionista, es decir, que no interviene en asuntos de otros países y bajo este concepto se puede esperar que retire los apoyos a los países con conflictos en donde Estados Unidos está presente. Además, lidera un política transaccional en la que hace un ofrecimiento y los países en desventaja deben aceptar, sin negociar.

Estas características de la política de Trump provocan que los países centroamericanos analicen las prioridades que les interesa con Estados Unidos, y la manera en que pueden obtenerlas. Guatemala no es la excepción y el experto en relaciones internacionales Roberto Wagner explica que en la campaña con las promesas que hizo Trump envió un mensaje y dejó claro lo que buscará en su gobierno, sin ninguna opción de negociación.

“Existe una postura, es una retórica agresiva, confrontativa, pero que también es una retórica en donde él pone sus cartas sobre la mesa, y es así como va a negociar, si se analiza lo que fue su primera gestión”, detalló.

Políticamente, Centroamérica es más pequeña y eso será aprovechado por el presidente electo para conseguir lo que le beneficia a su gestión, sin obligatoriamente recurrir al diálogo.

“Él es alguien transaccional, va a ir con cada país en la región, que son países débiles políticamente comparados con Estados Unidos, ese es un modo de operar. Va decir ‘yo pongo en jaque a todos estos países’ y van a tener que reunirse con Estados Unidos y decir qué quieren a cambio”, añadió.

Si bien, Wagner reconoce que los cambios no serán inmediatos, sugiere que Guatemala debería iniciar desde ya a hacer los acercamientos con las agencias de cooperación y la propia embajada establecida en el país, con quienes se mantiene una buena relación.

Mientras tanto, desde que inició la carrera por la presidencia estadounidense la Cancillería guatemalteca aseguró estarse preparando para cualquiera que fuera el resultado de la elección.

¿Retroceso?

Desde la visión de Luis Felipe Polo, también internacionalista, el TPS será un acuerdo que entrará en análisis, no solo las nuevas peticiones sino las que ya han sido otorgadas, porque el objetivo de Trump es ordenar, en sus términos, la migración.

“Yo creo que esto del TPS para Guatemala ningún gobierno lo va a dar, ya sea demócrata o sea republicano; no lo dieron cuando pudieron haberlo hecho, por ejemplo, hace algunos años cuando Guatemala vivió desastres de la naturaleza”, hizo ver.

Considera que el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) debiera de estarse preparando para lograr negociar y a prevenir lo que Trump va a pedir a partir de la toma de posesión, porque el presidente electo se caracteriza por imponer sus intereses ante los países de la región.

“Lo que tendrían que hacer, no solamente el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, sino algunos otros gobiernos de la región, es comenzar a constituir en un equipo ad hoc de expertos en la relación con Estados Unidos, para que comiencen a generar una serie de políticas que se puedan implementar con Estados Unidos”, sugiere Polo.

También el excanciller Fernando Cabrera, sostuvo que con el gobierno de Joe Biden Guatemala tuvo una oportunidad real de obtener el Estatus, situación que no se repetirá con Trump.

“El TPS, para hondureños y salvadoreños, vence en los primeros meses del 2025 y considero que no será renovado por administración Trump, siendo una de las primeras medidas a realizar, porque forzaría a abandonar a inmigrantes a sus respectivos países”, indica Cabrera.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), este año, hasta abril se han recibido más de 45 mil 800 retornados. Esta cifra supera en un 23 por ciento a los retornados hasta la misma fecha el año pasado, y casi alcanza la del 2022, que es el año con el dato más elevado de los últimos cinco años.

Tercer país seguro

El acuerdo del Tercer País Seguro se firmó durante el primer gobierno de Trump sigue vigente, pero ha cambiado la manera de abordaje. Ahora que Trump regresa a la presidencia, tanto Wagner como Polo advierten que cambiará, nuevamente, la manera de abordarla.

“Eso es algo que al día de hoy no podemos quedarnos esperando de brazos cruzados a ver qué hace Trump. Nos van a imponer ciertas cuestiones a las que solo vamos a poder reaccionar en vez de decir que estamos preparados. Y esto va de la mano con lo que nuestras autoridades están haciendo”, dijo Wagner.

Polo recuerda que cuando se firmó el acuerdo de tercer país seguro, Trump ejerció presión y amenazó con aumentar los aranceles, lo que provocó que el empresariado guatemalteco presionara al gobierno a aceptarlo. El analista pronostica que la misma situación podría llegar a suceder ahora.

En esa línea, Wagner agregó que desde la agencia de cooperación sufrirán cambios los apoyos, centrándose más en seguridad fronteriza y hasta micro préstamos para emprendedores, como medida de mitigación de la migración. Aunque este aspecto también va de la mano de quien sea designado en el Departamento de Estado.

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Así se prepara Guatemala para acercarse al nuevo presidente de EE. UU.

El ministro de Relaciones Exteriores analiza los escenarios para Guatemala, en medio de la contienda electoral estadounidense.

Fátima Najarro

23 de septiembre de 2024

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05:00h

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Las elecciones presidenciales se realizarán el próximo 5 de noviembre en EE. UU. (Foto Prensa Libre: AFP)

Ante el panorama electoral de Estados Unidos, el canciller, Carlos Ramiro Martínez, en entrevista con Prensa Libre aborda los posibles escenarios para Guatemala según los resultados electorales que se obtenga el próximo 5 de noviembre en ese país.

EE. UU. decide el futuro de sus próximos cuatro años entre el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris.

El canciller comenta que sin importar quién gane, Guatemala reiterará la solicitud del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés). Sin embargo, de ser electa Kamala Harris habrá una continuidad en la relación bilateral. Si la victoria es para Trump, lo más probable es que su administración solicite reactivar el acuerdo del Tercer País Seguro que se firmó durante el gobierno de Jimmy Morales.

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En el caso de nuestros vecinos del norte, en general la relación no va a cambiar. De una u otra forma hay una agenda bilateral ya establecida, priorizada tanto por Guatemala-México como por Guatemala-Estados Unidos.

En el caso del sur, han habido cambios en distintos países y lo que hemos tratado de hacer desde enero es acercarnos a América del Sur en general. No es una región hacia la que Guatemala ve usualmente, pero creemos que es importante tener contactos a todo nivel político, promover comercio, y en general, crear agendas bilaterales que fortalezcan la relación de nuestro país.

Hay una coincidencia del presidente —de México— Manuel López Obrador, que es el saliente, pero él ha tenido una consideración muy especial hacia el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, demostrada en muchos gestos tangibles, y creemos que esta relación se va a mantener e incluso fortalecer, tal vez, con la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Cuáles son los aspectos de la estrategia en migración que se tendrán algún cambio respecto a los nuevos gobiernos que asumen?

En Costa Rica y en Panamá tiene que haber una primera contención de esos grandes flujos, precisamente para que no circulen por todo el territorio centroamericano y lleguen a Guatemala.

Nuestra acción de coordinación con otros países es tratar de estimular medidas de contención alrededor de Costa Rica y Panamá, que reduzcan el flujo, está estadísticamente probado que las medidas que se adoptan en esa región reducen en un gran porcentaje el flujo migratorio irregular hacia Guatemala.

Y Guatemala es origen, destino y tránsito. Somos todo y por eso es que necesitamos una acción conjunta con otros países. Guatemala por sí sola no podría enfrentar todas las consecuencias del fenómeno migratorio.

Uniendo las dos preguntas anteriores, ¿Cómo podría variar el combate a la migración o el del paso de migrantes con los candidatos republicanos y demócratas que están compitiendo en Estados Unidos?

El tema de la migración está en titulares por la campaña electoral, yo diría que es el gran tema, ligado al económico, de empleo, que son los más relevantes de la agenda interna de los Estados Unidos. Es un tema junto con combate al narcotráfico y la seguridad fronteriza, que va a estar presente siempre en la agenda Guatemala y Estados Unidos.

Lo que puede variar son los matices o la manera como la nueva administración, sea Harris o sea Trump, lo vayan a abordar. Hay acciones también en política exterior que vienen del Congreso y que son posiciones de ambos partidos.

En el caso de la vicepresidenta Harris nosotros miraríamos una secuencia de la forma que hemos venido trabajando. En el caso de una presidencia Trump, tenemos el antecedente del anterior y sí quisiéramos llevar la relación de la mejor manera posible. Evidentemente, él tiene una visión muy particular de las cosas, su administración lo va a reflejar y lo que quiere Guatemala es colaborar y cooperar con los Estados Unidos en ese y en otros campos. No nos interesa confrontar.

Para nosotros el objetivo principal es la protección de los guatemaltecos que radican en los Estados Unidos tanto regulares como irregulares, y es hacia ahí que vamos a enfocar nuestro principal enfoque.

Expertos en el tema pronostican que de ser electo Trump eventualmente se interesará en querer reactivar el acuerdo del del tercer país seguro. ¿Qué análisis tiene la Cancillería sobre el tema?

Nosotros no descartamos eso, hemos evaluado todos los escenarios. Hemos analizado lo que ha sido la administración Trump, lo que ha sido la administración Biden y a partir de eso, hemos visto las dos rutas más probables que puedan darse.

En el caso de una nueva administración Trump, yo no descarto que ese tema —el acuerdo— esté sobre la mesa, y en su momento lo vamos a tratar de abordar y negociar de la mejor manera posible, pensando en los intereses de Guatemala y de los guatemaltecos.

Con Harris, el gobierno de Arévalo ya ha tenido acercamientos ahora que ella es vicepresidenta. ¿En caso de ser electa Guatemala tendría mejores oportunidades de obtener el TPS?

El TPS es una gestión constante. En más de 20 ocasiones Guatemala lo ha solicitado en distintos gobiernos. En el caso del gobierno actual lo solicitamos en abril y estaríamos solicitándolo a una nueva administración, ya sea Harris o sea Trump.

El TPS además tiene un acompañamiento, ya no es como antes que era una gestión de Cancillería, ahora vemos como las asociaciones de migrantes en los Estados Unidos también participan y hacen lobby a favor de la concesión del TPS. Internamente, yo acá en este escritorio —del Despacho— he recibido cartas y he firmado agradeciéndoles su apoyo y su respaldo de más de 100 alcaldes.

¿Por qué deben importarles las elecciones en Estados Unidos a los centroamericanos?

La regularización del estatus migratorio es la principal preocupación de millones de centroamericanos de cara a las elecciones presidenciales en EE. UU., que se llevarán a cabo en noviembre.

Voz de América

3 de septiembre de 2024

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05:30h

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Migrantes hacían fila en las oficinas migratorias ayer, en la ciudad de Tapachula en Chiapas (México). (Foto Prensa Libre: EFE)

Cualquier centroamericano que preste atención a la política estadounidense sabe que la migración es uno de los principales lazos que unen a ese país con la región: al menos unos cuatro millones de migrantes procedentes de la región viven en Estados Unidos, y muchos están atentos a lo que ocurrirá en las elecciones presidenciales de noviembre.

Los dos principales candidatos a la Casa Blanca: la actual vicepresidenta demócrata, Kamala Harris y el expresidente republicano Donald Trump, han dejado clara su postura en el tema. Harris promete ampliar la seguridad en la frontera con México, además de echar a andar nuevamente el proyecto de ley fronterizo “más sólido en décadas”, que fracasó en el Congreso. Trump, en cambio, se muestra más rígido, prometiendo deportaciones masivas.

Napoleón Campos, politólogo y experto en relaciones internacionales dijo a la Voz de América que por un lado se encuentra el tema de la frontera y su seguridad, y por el otro la situación de los millones de centroamericanos que se encuentran ya en EEUU y en quienes se percibe “cansancio” pues no han logrado regularizar su estatus migratorio a pesar de que llevan años en el país norteamericano.

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“Si bien el último presidente que hizo una reforma migratoria fue el republicano Ronald Reagan, han habido grandes oportunidades perdidas tanto en la administración Clinton como en la administración Obama aunque se abrieron varios contingentes importantes para regularizar a cientos de miles de nuestros compatriotas”, dijo.

Campos se refiere a los dos programas más importantes para los migrantes en Estados Unidos: el Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS, que ha dado una solución provisional a aquellos que no pueden regresar a sus países de origen por diversas problemáticas, y la política de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocida como DACA o Dreamers.

Dos visiones en inmigración

“Como presidenta, recuperaré el proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza que él (Trump) anuló, y lo convertiré en ley”, señaló Harris sobre política fronteriza durante su discurso de aceptación de la candidatura presidencial en la Convención Nacional Demócrata celebrada en Chicago del 19 al 22 de agosto.

Este proyecto implica la contratación de mil 500 agentes de la Patrulla Fronteriza para dar seguridad a la frontera con lo que busca impedir la migración ilegal y el tráfico de drogas; y cuatro mil 300 oficiales de asilo quienes se encargarían de procesar las solicitudes de migrantes que busquen entrar al país norteamericano por la vía legal.

Aunque el proyecto fue inicialmente bipartidista, es decir que contó con el apoyo de senadores en ambos partidos, al final no progresó, y Harris culpa a Trump de ello.

“Trump cree que un acuerdo fronterizo perjudicaría su campaña. Así que ordenó a sus aliados en el Congreso que anularan el acuerdo. Me niego a hacer política con nuestra seguridad. (…) Podemos crear un camino ganado hacia la ciudadanía y asegurar nuestra frontera”, agregó Harris.

Trump dista de su visión y le achaca no solo que en su gobierno entraron unos 20 millones de migrantes por la frontera sur sino que busca darles la ciudadanía a personas de las que “no tiene idea de quiénes son”.

“Ella quiere poner fin a la detención de inmigrantes extranjeros ilegales que liberan monstruos feroces en nuestras comunidades para violar, mutilar y asesinar a nuestra población”, dijo Trump recientemente en una conferencia de prensa. “Quiere darles a todos la ciudadanía y atención médica gratuita del gobierno”, agregó.

Según Campos, “la propuesta republicana dice claramente que van a ejecutar la mayor deportación en toda la historia de EE. UU. para sacar del país a los 8, 10, 12, 14 o 16 millones de migrantes sin papeles, indocumentados o irregulares como le llaman en otros esquemas de análisis y de política migratoria”.

Mientras que el DACA, un programa que protege a casi medio millón de jóvenes que en su niñez ingresaron de forma irregular a Estados Unidos, sigue en vilo. Este programa fue impulsado por Barack Obama y debe renovarse cada dos años.

El DACA ha enfrentado continuos desafíos en los tribunales estadounidenses, y en 2017 la administración del expresidente Trump anunció que lo desmantelaría. Eso trajo como consecuencia varios litigios que pusieron en espera el programa, lo que no permitió que más jóvenes se acogieran al amparo.

Luego llegó Joe Biden a la Presidencia y reactivó el DACA, permitiendo que se registraran nuevos aspirantes al amparo por primera vez. Fue así como se registraron alrededor de cien mil jóvenes, quienes ahora se encuentran en un limbo legal porque una corte falló en contra de aprobar nuevas solicitudes a partir del 16 de julio de 2021.

Los que ya están amparados por DACA aún siguen protegidos, pero todavía están a la espera de una ley que les otorgue un amparo permanente.

“El DACA siempre tuvo la intención de ser un alivio temporal hasta que el Congreso actuara en una solución permanente. El tiempo ya pasó para que el Congreso haga su parte y le dé un camino a la ciudadanía a los dreamers”, señaló el senador demócrata, Dick Durbin, una postura que comparte el senador republicano Lindsey Graham quien considera que la prioridad es resolver el problema en la frontera.

Estados Unidos sigue siendo el destino de uno de cada cinco migrantes en todo el mundo, según la organización Diálogo Interamericano.

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“La migración a Estados Unidos continúa en niveles récord y continuará teniendo un impacto positivo en los volúmenes de remesas enviados de vuelta a la región. Más del 80 por ciento de las remesas enviadas a la región se originan en Estados Unidos, mientras que el 17 por ciento proviene de Europa y del resto del mundo, y el tres por ciento son remesas intraregionales”, explica Manuel Orozco, de Diálogo Interamericano, en un reporte reciente.

El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua recibieron un aproximado de US$40 mil millones en remesas en 2023, según cálculos de la VOA con base en los reportes de los bancos centrales de cada país.

Los permisos para cada una de las cuatro nacionalidades tenían distintas fechas de expiración en los próximos seis meses. Con la decisión de hoy, los migrantes podrán permanecer de manera regular en el país hasta mediados de 2025.

En concreto, hasta enero de 2025 para los nepalíes y nicaragüenses, marzo para los salvadoreños y julio para los hondureños.

El Gobierno de Estados Unidos tiene la potestad de conceder el TPS a los migrantes de países que sufren un conflicto armado, un desastre natural o alguna circunstancia extraordinaria que no les permiten volver a sus hogares.

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La Administración de Trump intentó retirar el TPS para varias nacionalidades, incluyendo a las que se le extendió el permiso hoy, lo que provocó una serie de demandas judiciales por parte de organizaciones en defensa de los migrantes.

La decisión busca dar marcha atrás a las medida del Gobierno anterior, lo que esperan tenga un efecto en la decisión de los tribunales que estudian el caso, señaló el DHS en un comunicado.

La principal organización en defensa de los beneficiarios del TPS, Alianza Nacional TPS, opinó que el anuncio es una victoria de la lucha de los activistas, pero criticó al Gobierno de Joe Biden por no haber tomado acción antes.

“El presidente Biden debió haber restaurado el TPS en su primer día de Gobierno (…) hoy no tenemos que agradecer a nadie más que las familias que se convirtieron en activistas y lucharon contra la deshumanización”, dijo José Palma, portavoz de la organización, en un comunicado.

Actualmente, el Gobierno concede el TPS a los migrantes de 16 países, entre ellos Afganistán, Ucrania, Venezuela y Sudán del Sur, que fueron incluidos en este programa bajo la Administración de Biden.

Por qué Guatemala no

En una nota publicada en Prensa Libre en 2020 se hizo un recuento de los intentos fallidos del Estado de Guatemala en ser incluido en el TPS.

En 1998 luego del paso del devastador huracán Mitch en Centroamérica, EE. UU. otorgó el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) a Honduras y Nicaragua que junto con Guatemala fueron las naciones más afectadas.

Aquellos países lo pidieron, pero el Gobierno guatemalteco —encabezado por el expresidente Álvaro Arzú— prefirió no hacerlo, con lo cual dejó pasar la oportunidad de evitar la deportación de cientos de connacionales.

Veinticinco años más tarde, otros desastres naturales han golpeado a Guatemala, y aunque el beneficio se ha pedido, no solo por parte del Gobierno, sino incluso por algunos congresistas estadounidenses, ese país no lo ha otorgado.

Al mismo, durante estos años el TPS se ha renovado a Honduras y Nicaragua, mientras que a El Salvador se le otorgó en el 2001 por los terremotos de enero y febrero de ese año.

Guatemala ha efectuado de manera oficial la petición por lo menos en cinco ocasiones, después de 1998.

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El 12 e octubre del 2005 el gobierno del entonces presidente Óscar Berger pidió el TPS por los daños y muertes que dejó en el país la tormenta tropical Stan. Por un fenómeno similar, la tormenta Ágatha, la administración de Álvaro Colom hizo la misma petición el 4 de junio del 2010.

Luego, el 9 de noviembre de 2012, el Gobierno de Otto Pérez Molina volvió a pedirlo tras el terremoto que dos días antes había golpeado al país, sobre todo a los departamentos del occidente. En esa ocasión, el exmandatario llegó a decir de que era cuestión de días para que lo otorgara la administración de Barack Obama.

En mayo del 2016, cuando Jimmy Morales tenía meses de haber asumido el Gobierno insistió infructuosamente en la petición de sus antecesores.

Dicha solicitud tampoco fue tomada en cuenta dos años más tarde cuando Guatemala resultó seriamente afectada por la erupción del Volcán de Fuego, ni siquiera porque esta petición fue respaldada mes y medio más tarde por un grupo de 44 congresistas estadounidenses.

¿Qué es el TPS y a quiénes se otorga?  

El TPS fue creado en 1990 para conceder permisos temporales de residencia y trabajo a ciudadanos de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales u “otras condiciones extraordinarias de carácter temporal”.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU., es un beneficio que extiende el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) para ciudadanos de determinado país que no pueden estar en su nación de origen de forma segura.

Los beneficiarios no pueden ser deportados de EE. UU. y pueden acceder a permisos de trabajo y de viaje. Además, tampoco podrá ser detenida por el DHS debido a su estatus migratorio.

La medida, con la que se benefician más de 260 mil migrantes del Estatus de Protección Temporal (TPS), fue anunciada la noche del jueves por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

Las personas de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, Nepal y Sudán que tienen TPS podrán renovar el beneficio migratorio, que les permite trabajar y vivir legalmente en EE.UU. hasta junio del 2024, informó DHS.

El anuncio llega a menos de un mes de que se venciera el permiso para las personas de estas seis nacionalidades el próximo 31 de diciembre.

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Los “tepesianos“, como se les conoce a los amparados por este beneficio, están envueltos en una disputa legal, desde que el Gobierno del expresidente Donald Trump (2017-2021) revocara la protección para los migrantes de estos seis países.

La semana pasada, las conversaciones de conciliación entre la administración del Gobierno actual y los abogados que representan a un grupo de amparados por el TPS colapsaron oficialmente, dejando en el limbo los cientos de miles de migrantes.

Una corte federal en California falló en 2018 a favor de los inmigrantes tras dictaminar que el expresidente Trump puso fin al TPS de esos seis países de manera ilegal y tuvo motivaciones racistas.

Sin embargo, en septiembre de 2020, un panel de tres jueces del Noveno Circuito de Apelaciones revocó la orden del tribunal inferior y colocó en riesgo nuevamente a los amparados por el TPS de esos seis países.

El TPS es un beneficio migratorio temporal que le da un estatus a las personas provenientes de países que atraviesan situaciones de emergencia como desastres naturales o guerras.

Actualmente, EE.UU. da TPS a nacionales de 15 países del mundo, entre ellos Etiopía, Afganistán y Ucrania, los últimos en ser anunciados este año.

Unas 400 mil personas se benefician de estos programas a nivel nacional.

Méndez participó junto a otros activistas y algunos migrantes en una conferencia de prensa celebrada en las afueras de la oficina del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Miramar, en el sur de Florida, con motivo del día en que los países centroamericanos celebran su independencia (15 de septiembre).

Los activistas reclamaron que se extiendan los TPS que benefician a ciudadanos de Honduras, El Salvador y Nicaragua y que se designe a Guatemala como beneficiario de ese alivio migratorio.

El TPS de Salvador entró en vigor en 2001 y el de Nicaragua y Honduras en 1999.

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Los documentos que poseen los beneficiarios fueron extendidos automáticamente hasta el 31 de diciembre de 2022, en cumplimiento de una orden judicial de 2021.

“Queremos que la gente viva con dignidad. La gente llega a este centro de Miramar para ser rechazada”, “tenemos un sistema de inmigración inhumano”, resaltó la activista.

“Necesitamos un sistema de inmigración más ágil”, agregó.

Berta Sanles, organizadora comunitaria de American Friends Service Committee Florida, también reclamó al presidente Biden que ayude a los migrantes centroamericanos y que cierre centros como el de ICE en Miramar, que, según dijo, son “inhumanos”.

“En vez de hacer centros de detenciones se debería utilizar ese dinero para ayudar a los inmigrantes”, dijo.

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Sanles agregó que “volver a designar TPS para Centroamérica ayudaría a nuestra gente”. “Los TPS benefician a países en crisis y Nicaragua lo está”, subrayó.

La inmigrante nicaragüense Cristi Gordo dijo que tras 12 meses en el país se encuentra en una situación de “stand-by”, por lo que pidió la extensión de los TPS para esos países de Centroamérica.

“No sabemos qué nos va a pasar ni cuál va a ser nuestra situación en el futuro”, subrayó.

“Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y el presidente Joe Biden nos tienen que ayudar”, pidió.

Gordo destacó que los países de Centroamérica han sufrido varios huracanes y eso les hace merecedores de la extensión y una nueva designación de los TPS.

Sonia Moreno, de la Coalición de Emigrantes de la Florida, dijo que en EE.UU. hay “seres humanos con miedo a ser deportados” y pidió ayuda de las autoridades para ellos.

El funcionario informó de la organización que hace la referida cartera para realizar una reunión de trabajo de parlamentarios norteamericanos y nacionales, en la que uno de los temas a tratar será el Estatus de Protección Temporal (TPS), y sobre los trabajos que se realiza para la protección de los migrantes nacionales.

Añadió que hay 80 congresistas de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, interesados en el tema y esperan que diputados también acompañen. Próximamente estarán informando de dónde y cuándo será la reunión, podría ser en Washington o aquí en Guatemala.

Agregó que el Congreso por medio de la Comisión del Migrante también está acompañando el proceso. “Todos juntos trabajando con esta causa creemos que lo vamos a lograr y no descasaremos hasta hacerlo”, afirmó.

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Recordó que en EE. UU. se está a las puertas de un proceso eleccionario, que es un cambio de Congreso y que tiene un componente importante, la incidencia que haga la comunidad hispana.

Resaltó que ven la mejor voluntad del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris de avanzar estos procesos en pro de la comunidad hispana.  

“Vemos con suma preocupación los incrementos que ha habido de flujos masivos irregulares en México, pero gracias a Dios en Guatemala hemos podido seguir trabajando en prevenir y cuidar de los guatemaltecos. Nuestra soberanía no es negociable”, afirmó.

Mencionó que siguen trabajando para cuidar de la salud de los guatemaltecos y según él, los flujos masivos irregulares de personas ya no se forman en Guatemala, ni en Honduras.

Masacre en Tamaulipas

El canciller Búcaro también informó cómo avanza el caso de la masacre de migrantes guatemaltecos en Tamaulipas, México, y los logros que se esperan tener sobre este asunto.

Afirmó que los responsables de este caso, tanto en Guatemala como en México, están ligados a proceso.

Dijo que han dado seguimiento a las audiencias, para lograr que se determine la culpabilidad de los que han sido sindicados.

“Lo que hoy celebramos es que tanto el gobierno de Guatemala, las autoridades judiciales ya tienen ligados a los responsables, cosa que no pasó en otras masacres y por supuesto, estaremos muy expectantes del resultado de esta gestión”, agregó.

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El 22 enero de 2021, 16 migrantes guatemaltecos fueron masacrados en Camargo, Tamaulipas, México, mientras viajaban con rumbo a Estados Unidos, para cumplir con el Sueño Americano. En el lugar también murieron otras tres personas mexicanas, que se supone llevaban al grupo de migrantes.

Servicio diplomático

El ministro también se refirió a las reformas que se buscan hacer por parte del Ejecutivo a la Ley del Servicio Diplomático que data hace 53 años y no se ha actualizado.

Dijo que gracias a la gestión de la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso, trabajan para presentar un dictamen para evaluar la reforma y dignificar el servicio diplomático y dotarlo de presupuesto, ya que actualmente hay 3 millones de guatemaltecos viviendo en el exterior y “nosotros solo somos 150 diplomáticos para atender esta gran necesidad”.

Con la reforma reclutarían nuevos diplomáticos guatemaltecos. Búcaro dijo tienen el presupuesto más bajo de todo el Gobierno de Guatemala porque no se pensaba en las relaciones internacionales como una inversión, luego resaltó las gestiones del servicio diplomático para salir adelante en el tema de las vacunas contra el covid-19.

Productos guatemaltecos

Búcaro resaltó que este 2022 han abierto dos consulados y la meta es tres, ya que buscan impulsar el tema comercial, esto porque la red de consejeros comerciales promueve los productos del Sello Blanco de pequeños y medianos productores certificados para abrir mercados.

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El canciller también informó del trabajo que realiza Guatemala como presidente de la Asociación de Estados del Caribe en temas de inversión con países caribeños.

El objetivo es abrir nuevos mercados como en Guyana, Surinam y Trinidad y Tobago.

Añadió que los problemas del cambio climático son resultados de que tenemos la producción más baja de emisiones de gas invernadero, el 0.35, pero “nos llevamos embate”.

Citación con comisión

Búcaro también dio a conocer los temas discutidos durante la citación con la Comisión del Migrante, dentro de estos la nueva adquisición de más de 20 mil cartillas para pasaportes y vienen más según el proceso de licitación. También dijo de la creación de más 70 consulados móviles nuevos este 2022 y esperan alcanzar 180 consulados de ese tipo.

Pretenden incrementar el turismo

En otro tema mencionó que en la planificación del presupuesto 2023, en el que hicieron una presentación en la que se estima que este año Guatemala ha recibido 600 mil turistas y objetivo es incrementarlo a 2 millones, pero buscan seguir facilitando los procesos para integración de nuevas aerolíneas y elementos de seguridad por el tema de la pandemia.

Resaltó un nuevo vuelo que hay de Guatemala a Santo Domingo, República Dominicana. En agosto el vuelo será directo con costos bajos para los guatemaltecos.

La misiva también va dirigida a Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional, y a Antony Blinken, secretario del Departamento de Estado, a quienes los congresistas señalan que hay “un empeoramiento de la crisis humanitaria” en esos países y que el TPS podría contribuir a que las comunidades afectadas salgan adelante.

De acuerdo con los congresistas, la crisis humanitaria en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua empeoró tras el paso de los huracanes Eta e Iota, así como por loe efectos de la pandemia del coronavirus y la sequía, por lo que ven como una alternativa el beneficio del TPS.

“Creemos que designar a Guatemala y redesignar a El Salvador, Honduras y Nicaragua para el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) contribuiría en gran medida a ayudar a esas comunidades en los Estados Unidos y les permitiría apoyar mejor a sus familias en casa”, refiere el documento.

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Señalan que “las presiones de los huracanes de noviembre de 2020, sumadas a los efectos a largo plazo del cambio climático y la pandemia de Covid-19, han empeorado la inseguridad alimentaria y la violencia en los países de América Central”.

Argumentan que por el paso de los huracanes Eta y lota al menos 9.3 millones de personas, entre ellas 3.5 millones de niños, fueron afectados y “obligados a abandonar sus comunidades de origen”.

También destacan que dichos huracanes dejaron daños “duraderos” en infraestructura de salud y educación, entre otras, pero a casi dos, millones de personas siguen sin tener acceso a asistencia humanitaria, vivienda y servicios básicos en Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador; además, aseguran que esos fenómenos también “interrumpieron el flujo crucial de remesas” a dichos países.

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“Dado que su administración ha reconocido que el cambio climático es un contribuyente clave a la migración, estas designaciones respaldarían los esfuerzos de la administración para abordar las causas fundamentales de la migración, ya que las comunidades de América Central han soportado la peor parte de los efectos del cambio climático, incluidos años consecutivos de sequía y fenómenos meteorológicos extremos”, dice una parte del documento.

Añade que “el Gobierno de EE. UU. debe responder a estos desarrollos agregando estas designaciones de TPS al panorama más amplio de asistencia para los países centroamericanos y como parte del esfuerzo de la administración para frenar la corrupción, la impunidad y la violencia en la región”.

Los congresistas refieren que “estos países han estado lidiando con las secuelas de tales eventos durante años y a medida que las condiciones continúan empeorando y surgen nuevos desafíos, los Estados Unidos deben proporcionar protección y refugio”.

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Aseguran que esas designaciones proporcionarían a EE. UU. “una herramienta importante” para abordar las causas fundamentales de la migración desde los países centroamericanos “al ayudar a aumentar el flujo de remesas”.

Refieren que “la designación probablemente protegería a casi 1.5 millones de migrantes que actualmente se encuentran en Estados Unidos, brindando un alivio inmediato a estas personas y sus familias”.

Además, los congresistas para evitar migraciones masivas por falta de información “solicitamos que estas designaciones de TPS se combinen con una campaña de mensajes sólida y completa que ofrezca instrucciones claras sobre los procedimientos de elegibilidad y solicitud”.

“Es nuestra opinión que Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua cumplen con las circunstancias y estándares para TPS. Esperamos continuar apoyando los esfuerzos de su administración para abordar las causas profundas de la migración en Centroamérica de manera holística, incluso dando este importante paso para defender las protecciones humanitarias y salvaguardar los intereses de seguridad nacional de EE. UU.” concluye el documento.

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¿Qué es el TPS y a quiénes se otorga?

El TPS fue creado en 1990 para conceder permisos temporales de residencia y trabajo a ciudadanos de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales u “otras condiciones extraordinarias de carácter temporal”.

En 1998 y tras el paso del huracán Mitch, el Gobierno de Guatemala no quiso optar a solicitar el TPS como lo hicieron Honduras y Nicaragua, y después de esa oportunidad, varias administraciones lo han solicitado, pero no han tenido éxito.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU., es un beneficio que extiende el Departamento de Seguridad Nacional para ciudadanos de determinado país que no pueden estar en su nación de origen de forma segura.

Los beneficiarios no pueden ser deportados de EE. UU. y pueden acceder a permisos de trabajo y de viaje. Además, tampoco podrá ser detenida por el Departamento de Seguridad Nacional debido a su estatus migratorio.

En una carta al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y al jefe de la diplomacia Antony Blinken, los senadores expresaron su grave preocupación por las condiciones humanitarias en Centroamérica, agravadas por la pandemia de covid-19 y las catástrofes naturales, que han contribuido a un repunte de la emigración de la región, afirma en un comunicado el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez.

“La crisis en Centroamérica es urgente (…) Las designaciones y redesignaciones de TPS proporcionarían protecciones críticas para los beneficiarios elegibles y les permitirían satisfacer las necesidades básicas de sus seres queridos en su país de origen e invertir en alternativas más seguras a la migración irregular”, escribieron los senadores.

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El TPS es un programa temporal y renovable que impide la deportación y da acceso a un permiso de trabajo para ciudadanos extranjeros que no pueden regresar de manera segura a su país de origen debido a desastres naturales, conflictos armados u otras condiciones extraordinarias.

El envío de dinero de los migrantes a sus familias en América Latina y el Caribe ha crecido un 21.6% este año, informó a mediados de octubre el Banco Mundial (BM).

Los senadores estiman que el TPS en estos casos se justifica “por los graves daños causados por huracanes consecutivos hace poco más de un año, combinados con condiciones de sequía extrema y las crisis sociales y económicas exacerbadas por la pandemia de Covid 19″.

Los países de la región “han sufrido un grave retroceso democrático y la persecución política va en aumento, incluso a través de la consolidación de una dictadura en Nicaragua, el desmantelamiento de los poderes judiciales independientes y los esfuerzos para intimidar y silenciar a la sociedad civil y los medios independientes”, añaden los senadores.

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En la carta recuerdan que más de un millón de centroamericanos “han sido desplazados por la violencia y la inseguridad”.

Entre octubre de 2020 y septiembre de 2021, Estados Unidos registró 1.7 millones de entradas ilegales por su frontera suroeste, muchas de ellas de habitantes de Centroamérica.

En la conferencia participó el Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Pedro Brolo, y el embajador de Estados Unidos en el país, William Popp, además, Estuardo Rodríguez, director del Instituto Guatemalteco de Migración y Raúl Berríos, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua).

El embajador de Estados Unidos, William W. Popp, agradeció al Gobierno de Guatemala y todas las agencias e instituciones representadas en la conferencia y los catalogó como socios en un esfuerzo conjunto para apoyar el retorno digno y seguro de guatemaltecos a Guatemala.

Refirió que el Gobierno de Estados Unidos está comprometido en trabajar con Guatemala en ese esfuerzo, está comprometido en implementar un sistema de inmigración justa, ordenada y humano que mantenga firmemente la seguridad fronteriza y también contribuya a la seguridad conjunta de la región.

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“La disuasión de la migración irregular en la frontera sur de los Estados Unidos sigue siendo una prioridad para la administración del presidente -Joe- Biden y la vicepresidenta -Kamala- Harris, y continuamos trabajando incansablemente para retornar de forma rápida a los ciudadanos extranjeros que intenten ingresar a los Estados Unidos sin documentación valida o una petición legítima de entrada”, mencionó Popp.

Recordó que el pasado 2 de septiembre el Gobierno de EE. UU. en colaboración con el Gobierno de Guatemala, reanudó los vuelos de retorno para los ciudadanos guatemaltecos, incluyendo familias, quienes llegan directamente a la Fuerza Aérea Guatemalteca bajo del Título 42, que es el retornado expedito, que esa es una forma de devolver las personas lo más rápido posible durante la pandemia y hacerlo la forma más segura y sana.

Las expulsiones bajo Título 42 se originan de una de las restricciones fronterizas entre México y Estados Unidos la que se implementa para evitar la propagación del covid-19.

Bajo esta medida de salud pública, EE. UU. expulsa de su país a las personas y las envía hacia México o a sus países de origen.

El embajador mencionó que las personas retornadas bajo de este título 42,  son recibidos en Guatemala en el Centro de Recepción de Migrantes, que es financiado por USAID y fue inaugurado por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas  y el presidente Alejandro Giammattei, el 7 de julio de este año.

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Continuarán las deportaciones

El embajador Popp añadió que en estos vuelos de retorno, en las última semana y media, han retornado en una forma segura más de 600 guatemaltecos y que en las próximas semanas  continuarán retornando guatemaltecos qué lleguen a la frontera de los Estados Unidos de forma irregular.

Popp fue consultado por periodistas si sabía cuántos Guatemaltecos podrían ser deportados desde Estados Unidos y mencionó que la cifra varía constantemente, pero dijo que hay un nivel récord de personas, incluyendo guatemaltecos, que están llegando a la frontera de los Estados Unidos.

Refirió que hasta unos 30 mil guatemaltecos han llegado a la frontera de Estados Unidos a en los últimos meses y  han estado siendo tratados bajo dela el Título 42 y por eso el gobierno de ese país tienen vuelos para devolver las personas de forma más rápida  y segura posible.

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El funcionario de EE. UU. comentó que la cantidad de personas en la frontera, particularmente durante la pandemia, representa un peligro para la salud de ellos mismos y las comunidades, entonces este proceso  permite que una vez que los migrantes son encontrados en la frontera de Estados Unidos, puedan ser procesado en una forma rápida para para ser devuelto a Guatemala.

Dos vuelos de deportados al día

Popp aseguró que a partir de esta semana estarán haciendo 2 vuelos de deportados por día, entre el lunes y viernes, y en cada uno vendrán unas 130 personas aproximadamente y eso da una idea de la cantidad de personas que vendrán.

“Quiero agradecerle al Gobierno de Guatemala y también al Gobierno de México por trabajar con nosotros a para abordar ese flujo de inmigrantes irregulares en la región y garantizar el retorno seguro a estas personas con el trámite debido y asistencia a quienes regresan a sus hogares”, señaló el diplomático de EE. UU.

“Los Estados Unidos va a continuar haciendo cumplir con nuestras leyes de inmigración en una manera justa y humana y vamos a continuar trabajando con el Gobierno guatemalteco para apoyar el regreso seguro de los migrantes guatemaltecos también sabemos que es imperativo que todos nosotros los gobiernos, la sociedad civil, sector privado y todos los sectores aborden también las causas fundamentales de la migración irregular en el largo plazo”, señaló Popp.

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Añadió que saben que los guatemaltecos abandonan el país en busca de un futuro mejor para ellos y por eso el Gobierno de Estados Unidos quiere trabajar con el Gobierno de Guatemala para crear en el país un futuro de más prosperidad, más seguridad, fuerte estado de derecho para que haya más posibilidades, oportunidades y las alternativas a la migración.

Contra los coyotes

Popp afirmó que los esfuerzos entre su país, México y Guatemala incluyen un compromiso en la aplicación de la ley para identificar y enjuiciar a los traficantes de personas que se aprovechan de los migrantes y a menudo los ponen en riesgo.

TPS para guatemaltecos

Periodistas consultaron cómo avanza la petición que hizo el gobierno de Guatemala para que Estados Unidos otorgue un Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés), para los migrantes guatemaltecos, y el embajador Popp señaló que han recibido el pedido guatemalteco, pero que es un proceso que lleva un tiempo para considerar todos los aspectos.

Informó que esta petición continúa bajo de la consideración del Departamento de Seguridad Nacional y que secretario Mayorkas tuvo la oportunidad, en julio de este año, de conocer la situación del país.

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Brolo insisten en el TPS

Aprovechando la respuesta, el canciller Pedro Brolo dijo: “Quiero aprovechar la oportunidad para para pedirle, y agradecerle, que traslade señor embajador esa solicitud de nuevo al secretario Mayorkas del Departamento de Seguridad Nacional. Todos sabemos la importancia que merece para para Guatemala que nuestros migrantes puedan contar con mayor certeza, mayor seguridad para poder optar a empleos formales mejores pagados”.

Señaló que es importante el TPS en este momento tan difícil después de las tormentas ETA e IOTA y de la pandemia por el coronavirus, para que los migrantes guatemaltecos puedan seguir apoyando a sus familias de forma más segura.

La petición se formuló con el argumento del desastre causado por las depresiones tropicales Eta e Iota, que afectaron a más de 1.7 millones de habitantes y dejaron pérdidas por Q6 mil millones en noviembre de 2020.

El TPS es un permiso que otorga EE. UU. a ciudadanos de países afectados por fenómenos naturales, como huracanes o terremotos, así como conflictos armados en curso u otras condiciones extraordinarias, para residir en su territorio y trabajar de forma temporal.

Este beneficio se otorga considerando que las condiciones de los países elegibles impiden que sus ciudadanos retornen de forma segura, pero solo aplica a las personas que ya se encontraban en el país antes de anunciarse el TPS.

Mientras la persona goce de TPS no puede ser expulsada de EE. UU. Puede obtener un permiso de empleo y tiene autorización de viajar.

El 12 de noviembre la Cancillería pidió el TPS a EE. UU., considerando que 10 de los 22 departamentos fueron declarados en estado de calamidad por los daños causados por Eta.

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Se desconoce si EE. UU. aceptará la petición, pero Guatemala insistió en este beneficio la semana última, con la llegada de las autoridades estadounidenses.
No obstante, una comunicación errática podría incentivar que más personas migren con la esperanza de que serán acogidos por el país del norte.

Esta no es la primera vez que Guatemala solicita un TPS. Desde 2005 acumula 18 peticiones, pero a la fecha no se ha concretado ningún requerimiento.

La primera fue el 10 de octubre de 2005, por la tormenta Stan. Las otras han sido por erupciones volcánicas, violencia, eventos sísmicos y tormentas tropicales.

El gobierno estima que actualmente viven 2 millones 900 mil connacionales en EE. UU. Sus remesas alcanzaron los US$9 mil 193.3 millones.

Hay 11 países con TPS, entre ellos El Salvador, Honduras y Nicaragua.

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Celia Medrano, de la Fundación Cristosal en El Salvador, refirió que su país ha tenido dos TPS. Uno en la década de 1980 por el conflicto armado, y el segundo se otorgó en 2001 por dos terremotos consecutivos, y sigue vigente.

En un inicio fueron beneficiadas unas 280 mil personas, pero ahora son 190 mil. Esto sucede por diversas razones, como el hecho de haber enfrentado cargos administrativos o penales, por ser detenidos conduciendo en estado de ebriedad tres veces o pasarse altos o semáforos. Otros perdieron el estatus porque aplicaron a otros programas o contrajeron matrimonio con una persona estadounidense.

El TPS ha permitido que estas personas gocen de estabilidad migratoria por casi 25 años, dijo Medrano.

Según el Servicio de Inmigración y Ciudadanía, es el secretario del Departamento de Seguridad Nacional quien puede designar a un país para optar al TPS, pero las personas deben residir en EE. UU. antes de que se emita la autorización, en una fecha que se define para cada caso particular.

Por ello, las personas que decidan migrar posteriormente se enfrentarán a numerosos obstáculos y no podrán regularizar su estatus migratorio.

Úrsula Roldán, directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales, de la Universidad Rafael Landívar, duda que el gobierno de EE. UU. acceda a conceder el TPS.

“La principal condición para otorgarlo es que el país cambie las causas que generan migración. Entre estas están la corrupción y la impunidad, pero el gobierno ha dado muestras de que no está dispuesto a colaborar. No tenemos en este momento una imagen positiva”, destacó Roldán.

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Pedro Pablo Solares, analista en temas migratorios, explica que otorgar TPS no está en la mira de las agencias de seguridad de EE. UU., porque hacerlo puede incentivar que nuevas personas migren, pese a que es una medida que aplica para quienes hayan ingresado en fechas anteriores.

“El TPS es una medida que se pide de cajón. Hemos visto que en las últimas ocasiones esta medida se solicita de forma populista, porque el gobierno quiere aparentar que está velando por intereses de la población migrante, pero a sabiendas que las expectativas de éxito son bajas o nulas”, enfatizó.

Jahir Dabroy, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), dijo que Cancillería debe enviar un mensaje claro a la población haciendo ver que el TPS no es para nuevos migrantes, sino para quienes ya estaban en EE. UU..

“Lo que se busca es regularizar la situación de quienes ya residían ahí y que puedan tener espacios de trabajo por al menos seis meses”, expresó Dabroy.

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De acuerdo con información del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), Brolo le recordó al funcionario estadounidense la importancia que tendría para los migrantes en ese país que se les concediera un Estatus de Protección Teporal (TPS).

En los últimos días se ha resaltado el aporte que los migrantes hacen económicamente al país y a sus familias en el territorio.

El Minex explicó que la prevención y atención integral de la migración es uno de los objetivos estratégicos que comparten ambos países.

En ese sentido, también se resaltó la necesidad de la ampliación del programa de trabajadores temporales guatemaltecos en Estados Unidos.

En enero último, Brolo destacó que se buscaría la visita de altos funcionarios estadounidenses para que conozcan el impacto de los desastres naturales que afectaron Guatemala a finales de 2020, para que se considerara el beneficio del TPS.

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Y el 20 de enero, el presidente Alejandro Giammattei indicó que esperaba en Dios “que el nuevo presidente de EE. UU. nos otorgue el TPS en beneficio de los guatemaltecos”.

El mandatario dijo entonces que eso significaría unos Q2 mil millones más de remesas, que ayudarían a la economía en la reconstrucción del país por las tormentas Iota, Eta y la pandemia.

Otros temas abordado por los funcionarios este viernes fueron el combate del crimen transnacional, narcotráfico, contrabando y defraudación aduanera.

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Brolo destacó que tradicionalmente no son invitados los jefes de Estado a estas actividades, sino únicamente los cuerpos diplomáticos acreditados en esa Nación norteamericana.

Dijo que ven con buenos ojos una reforma migratoria integral que estaría proponiendo entre hoy y mañana jueves 21 de enero del nuevo gobierno.

Destacó que se buscará la visita de altos funcionarios norteamericanos para que conozcan el impacto de los desastres naturales que afectaron Guatemala a finales de 2020 de tal manera que se considere el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) a los guatemaltecos que residen en Estados Unidos.

El funcionario resaltó que se buscará mejorar las condiciones comerciales e incrementar el ingreso de productos de exportación, dado que EE. UU. es el principal comprador de productos guatemaltecos.

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También buscarán trabajar en una estrategia para la construcción de muros de prosperidad, esto con el fin de combatir los orígenes que causan la migración.

En una actividad pública este miércoles 20 de enero, el presidente Alejandro Giammattei indicó que esperamos en Dios y en que el nuevo presidente de EE. UU. nos otorgue el TPS en beneficio de los guatemaltecos.

Dijo que trabajaremos con el gobierno de EE. UU, pues tenemos una buena relación y seguiremos trabajando con ellos.

Resaltó que las instituciones y los objetivos de Nación de ellos y nosotros no chocan. Además, espera que haya inversión y creación de empleo para que la gente no migre.

Recordó que el martes 19 de enero hubo una discusión en la Casa Blanca sobre el TPS para Guatemala.

Dijo que el TPS para Guatemala significaría unos Q2 mil millones más de remesas, que ayudarían a la economía en la reconstrucción del país por Iota, Eta y la pandemia.

Felicito a @JoeBiden y @KamalaHarris, el nuevo presidente y vicepresidenta de los Estados Unidos, con quienes continuaremos fortaleciendo la estrecha relación bilateral y trabajaremos como aliados en los objetivos comunes por nuestras naciones.

— Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) January 20, 2021

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TPS: la larga historia de solicitudes fallidas que Guatemala ha hecho a EE. UU.

El programa TPS otorga permisos de trabajo y residencia legal de forma temporal a los ciudadanos que, a criterio del Gobierno estadounidense, abandonaron sus países debido a desastres naturales o conflictos armados, y un gran número de extranjeros con ese amparo han vivido en Estados Unidos por décadas.

A pesar de que lo ha pedido en diferentes ocasiones, Guatemala nunca ha tenido eco en Washington para recibir el TPS. La última fue en noviembre último, a causa de los estragos de los eventos climáticos Eta e Iota.

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Actualmente hay unas 400 mil personas beneficiadas con el TPS, oriundas de una decena de países designados por Washington para el programa.

Los grupos más numerosos en TPS son

• Salvadoreños: 250 mil.
• Hondureños 75 mil.
• Haitianos 50 mil.

La extensión del amparo por otros nueve meses permite que los beneficiarios permanezcan legalmente y puedan trabajar sin temor de la deportación.

El Gobierno del presidente Donald Trump había ordenado la terminación del TPS para los ciudadanos de Haití, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Sudán, pero un tribunal de distrito en el norte de California ordenó la suspensión de esa orden.

En septiembre el Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Distrito invalidó el pronunciamiento del tribunal en California, pero no emitió una orden que hiciese su propio fallo efectivo lo cual, de hecho, dejó en pie la suspensión dispuesta por el tribunal anterior.

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Este 7 de diciembre, en cumplimiento de una orden judicial, el Gobierno de Trump reactivó la recepción de solicitudes para el programa de Acción Diferida (DACA), que ampara a inmigrantes que entraron ilegalmente al país cuando eran menores de edad.

La semana pasada el juez federal Nicholas Garaufis, del Distrito Federal del Este de Nueva York, invalidó las decisiones tomadas durante el verano por el secretario interino del DHS, Chad Wolf, y dispuso la reapertura de la recepción de nuevas solicitudes de amparo en DACA a más tardar este lunes, orden que el Gobierno cumplió ese mismo día.

“El DHS cumplirá con la orden del juez Garaufis mientras esta permanezca en vigor, pero el DHS puede solicitar amparo de la orden”, indicó DHS en su página web.

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TPS: la larga historia de solicitudes fallidas que Guatemala ha hecho a EE. UU.

El canciller Pedro Brolo entregó a William Popp, embajador de Estados Unidos en Guatemala, la carta de solicitud para que sea conocida por el gobierno federal.

“El Gobierno de Guatemala reitera la necesidad de que los guatemaltecos que actualmente se encuentren en Estados Unidos puedan permanecer y no ser deportados, bajo este régimen de protección temporal”, expone el canciller en la carta dirigida al secretario de Estado Mike Pompeo.

Así, Guatemala apela a los términos y enunciados del TPS sobre las condiciones del país que solicita ese estatus, ante la dificultad para atender a sus ciudadanos deportados.

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El TPS “puede ser otorgado a ciudadanos de un país que temporalmente se encuentre imposibilitado de manejar el regreso adecuado a sus connacionales y que atraviese situaciones extraordinarias y temporales que impidan a éstos regresar de manera segura”, plantea la carta.

Justamente es el escenario de Guatemala luego de la depresión tropical Eta, que para el momento de la entrega de la carta daba cuenta de 363 mil damnificados, 373 mil afectados, 93 mil evacuados; daños en 18 puentes, 11 carreteras destruidas, 23 mil casas y 238 escuelas, 31 mil 500 hectáreas de cultivos.

“Guatemala -dice la carta- enfrenta una situación única y particularmente compleja, dado que el covid-19 tuvo un fuerte impacto negativo durante los meses previos en estas regiones, y la llegada de esta tormenta ha profundizado aún más la crisis que se vive en las áreas afectadas”.

Y termina confiando en que Estados Unidos, por razones humanitarias y su espíritu solidario, “tomará en consideración la actual situación y le dará una respuesta positiva”. Asimismo reafirma su compromiso de continuar estrechando los lazos de cooperación y amistad.

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Aquellos países lo pidieron, pero el Gobierno guatemalteco —encabezado por el expresidente Álvaro Arzú— prefirió no hacerlo, con lo cual dejó pasar la oportunidad de evitar la deportación de cientos de connacionales.

Veintidós años más tarde, otros desastres naturales han golpeado a Guatemala, y aunque el beneficio se ha pedido, no solo por parte del Gobierno, sino incluso por algunos congresistas estadounidenses, ese país no lo ha otorgado.

Al mismo, durante estos años el TPS se ha renovado a Honduras y Nicaragua, mientras que a El Salvador se le otorgó en el 2001 por los terremotos de enero y febrero de ese año.

Intentos fallidos

Bien sea por incapacidad para cabildear o porque las solicitudes se han planteado en momentos políticos inadecuados, lo cierto es que Guatemala ha efectuado de manera oficial la petición por lo menos en cinco ocasiones, después de 1998.

El 12 e octubre del 2005 el gobierno del entonces presidente Óscar Berger pidió el TPS por los daños y muertes que dejó en el país la tormenta tropical Stan. Por un fenómeno similar, la tormenta Ágatha, la administración de Álvaro Colom hizo la misma petición el 4 de junio del 2010.

Luego, el 9 de noviembre de 2012, el Gobierno de Otto Pérez Molina volvió a pedirlo tras el terremoto que dos días antes había golpeado al país, sobre todo a los departamentos del occidente. En esa ocasión, el exmandatario llegó a decir de que era cuestión de días para que lo otorgara la administración de Barack Obama.

En mayo del 2016, cuando Jimmy Morales tenía meses de haber asumido el Gobierno insistió infructuosamente en la petición de sus antecesores.

Dicha solicitud tampoco fue tomada en cuenta dos años más tarde cuando Guatemala resultó seriamente afectada por la erupción del Volcán de Fuego, ni siquiera porque esta petición fue respaldada mes y medio más tarde por un grupo de 44 congresistas estadounidenses.

¿Qué es el TPS y a quiénes se otorga?  

El TPS fue creado en 1990 para conceder permisos temporales de residencia y trabajo a ciudadanos de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales u “otras condiciones extraordinarias de carácter temporal”.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU., es un beneficio que extiende el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) para ciudadanos de determinado país que no pueden estar en su nación de origen de forma segura.

Los beneficiarios no pueden ser deportados de EE. UU. y pueden acceder a permisos de trabajo y de viaje. Además, tampoco podrá ser detenida por el DHS debido a su estatus migratorio.

Poco viable

Analistas en temas migratorios coinciden en que, al menos durante lo que resta del mandato del presidente Donald Trump, es muy difícil que Guatemala pueda ser beneficiado con el TPS.

Pedro Pablo Solares, analista, explicó que dicho beneficio migratorio fue creado por el Gobierno de EE. UU. justo para situaciones como la que atraviesa Guatemala en estos momentos.

Sin embargo, debido a la agenda antimigrante del presidente Trump, sumado a que una probable concesión de este beneficio es vista por el Departamento de Seguridad Interna como una probable herramienta para que traficantes de personas incentiven la migración irregular, hace difícil que Guatemala salga favorecida.

Para Solares, queda la duda en el ambiente de si acaso no era mejor esperar unos meses más para plantear la solicitud ya con Joe Biden al frente del Ejecutivo estadounidense.

“Yo no le veo ningún futuro —a la solicitud— porque el gobierno de Trump ha sido claro respecto a la migración y Biden tendrá que retomar aspectos de política migratoria integral, pero no creo que vaya por la vía del TPS”, expuso Úrsula Roldán, directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales de la Universidad Rafael Landívar.

La académica Úrsula Roldán, añadió que el Gobierno de Guatemala ahora debe preocuparse pero por contar con un plan integral de inversión y fortalecimiento institucional del país para aprovechar posibles fondos que la cooperación internacional dará por la tormenta Eta, ya que por el momento tiene muchos aspectos en contra en cuanto a transparencia y efectividad.

“Hoy, el Gobierno no tendría ni la autoridad moral ni política para esperar un apoyo de EE. UU. cuando aquí no se ha hecho nada para detener la corrupción y la cooptación de las cortes”, afirmó Roldán, quien considera que la política de las próximas autoridades estadounidenses irá en esa línea.

Lineamientos

En ese sentido, el sitio de internet de la campaña del presidente electo Joe Biden dedica importantes espacios para la política a implementarse para Centroamérica a partir del próximo año, cuando asuma el poder, con el fin de reducir la migración irregular. Ninguno de los puntos habla del TPS, o algún tipo de beneficio migratorio para los países.

Dicha política consta de cinco ejes y el objetivo es que los países sean capaces de dar oportunidades de desarrollo a su propia gente. El primero, es acerca de un plan de cuatro años y US$4 mil millones para abordar los factores que impulsan la migración desde el istmo.

Además, la movilización de inversión privada a Guatemala, El Salvador y Honduras; el mejoramiento de la seguridad y el estado de derecho; la lucha contra la corrupción “endémica” de estos países, y combate a la pobreza mediante el desarrollo económico.

El presidente electo también ofrece acabar “de inmediato con las draconianas políticas de inmigración de la administración Trump” y reencauzar los millonarios recursos destinados para las prisiones de inmigrantes para ayudar a las personas a sentirse seguras en sus países de origen.

Esperanza

Leticia Baran, migrante que radica en EE. UU. y presidenta de la Asociación Primaveral, expuso que está de acuerdo con la solicitud del TPS que hizo Guatemala y considera que “no hay que perder la esperanza” de que pueda ser concedida, aunque reconoce que probablemente haya más posibilidades después de que Biden tome posesión del cargo.

No obstante, considera que el éxito o fracaso de la solicitud dependerá de la capacidad de cabildeo y de negociación que tenga Guatemala, porque en otras oportunidades se ha solicitado, pero con muy poca fuerza.

“Las autoridades guatemaltecas deben hacerles saber al Gobierno de EE. UU. que todo lo que está ocurriendo por allá en Guatemala es verídico”, enfatizó.

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La instrucción presidencial llegó a Cancillería el viernes último y está en proceso la documentación con cifras oficiales de los daños para que esta semana, tentativamente el el día 11, sea enviada a la embajada de Guatemala en Washington DC.

“No sabemos si el gobierno del presidente Trump lo va a aceptar pero es nuestra obligación pedirlo”, dijo el gobernante Alejandro Giammattei, que consideró que no se trata de un capricho sino una necesidad.

No sabemos si el gobierno del presidente Trump lo va a aceptar pero es nuestra obligación pedirlo”. Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala.

Daños severos
Giammattei informó la noche de este 9 de noviembre sobre un nuevo balance preliminar de los daños ocasionados por la depresión tropical Eta.

Hasta ahora, el Ejecutivo contabiliza 12 mil hectáreas “devastadas” por inundaciones. Asimismo, hay 25 mil pero podrían llegar a 40 mil las familias que perdieron sus cultivos.

En infraestructura hay 37 puentes y 108 tramos carreteros con daños.

Así la cifra de afectados escala a 313 mil, cifra que va en aumento y unas 20 mil casas con daños.
Rescates

Según Giammattei, se cree que ya no hay personas que necesiten rescates aéreos y hoy terminaron los últimos trabajos en Soloma, Huehuetenango, donde pobladores y rescatistas quedaron atrapados.

Pero la situación sigue complicada, resaltó el gobernante, porque urge llevar alimentos a comunidades que están aisladas.

El presidente agradeció un donativo valorado en U$1 millón que hizo El Salvador en ayuda humanitaria y que viene a Guatemala en un convoy de 48 camiones. Las primeras remesas serán enviadas a Izabal para que lleguen mañana martes 10 temprano.

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El fallo judicial de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU., al que tuvo acceso Efe, pone en riesgo de deportación a unos 300 mil salvadoreños, cinco mil nicaragüenses, 1 mil sudaneses y 58 mil haitianos que hasta ahora estaban amparados por esa protección migratoria con la que Estados Unidos concede permisos de forma extraordinaria a ciudadanos de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.

“El panel anuló una orden judicial preliminar que prohibía la implementación de decisiones de rescisión del TPS de Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador”, señalaron los tres jueces del tribunal con sede en Pasadena, en California (EE. UU.).

En ese documento, los magistrados descartaron que detrás de la decisión del Gobierno de Trump de acabar con esas protecciones existiera discriminación racial, uno de los argumentos de la parte denunciante, y aseguraron que los demandantes “no presentaron ni siquiera argumentos serios sobre su reclamo”.

A falta de confirmación oficial, se espera que extranjeros protegidos por el TPS y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes impugnen esta decisión.

De hecho, grupos como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y CASA Maryland expresaron su rechazo al fallo poco después de que se hiciera público.

“Si la decisión se mantiene, estos residentes legales desde hace mucho tiempo que fueron bienvenidos a EE. UU. porque sus países estaban sumidos en la violencia o los desastres naturales podrían ser deportados, dividiendo a cientos de miles de familias estadounidenses”, denunció la ACLU en un comunicado.

Por su parte, una activista salvadoreña beneficiada por el TPS y miembro del grupo CASA Maryland, Elsy Alfaro, dijo estar “devastada” por el fallo judicial, aunque aseguró que “las motivaciones racistas de Trump no ganarán esta partida”.

Además, instó al Congreso estadounidense a actuar para protegerla a ella y a todos los amparados por el TPS que viven “en la incertidumbre porque su situación legal está en debate”.

El Salvador fue incluido en este programa en 2001, Nicaragua en 1999, Sudán en 1997 y Haití en el año 2010.

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Hasta ahora, el TPS para los salvadoreños, haitianos, nicaragüenses y sudaneses tendría validez hasta el 2 de enero próximo, mientras que para los hondureños hasta el 5 de enero de 2020 y para los nepalíes, hasta marzo próximo.

El DHS aclaró que la decisión se adoptó en cumplimiento de órdenes judiciales emanadas por las cortes para el Distrito del Norte de California y el Distrito Este de Nueva York.

Ya en febrero pasado, el DHS había extendido la vigencia del TPS para los ciudadanos El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán hasta el 2 de enero de 2020, en cumplimiento de fallos judiciales que dieron marcha atrás a la intención de la Casa Blanca de acabar con este beneficio.

Durante décadas, EE.UU. renovó de manera automática el TPS, pero el presidente Donald Trump había decidido acabar con algunos de esos permisos. En enero de 2018, retiró el TPS a casi 200 mil salvadoreños, después de hacer lo mismo con unos 60 mil haitianos amparados con este beneficio, 5 mil nicaragüenses y 56 mil hondureños, estos últimos en mayo de ese año.

El Salvador fue el primero

La buena noticia de la extensión e este beneficio llegó primero para los salvadoreños. A principios de esta semana se informó una prórroga para que unas 250 mil personas acogidas al programa TPS puedan residir y trabajar legalmente en territorio estadounidense, una decisión muy celebrada en El Salvador por el presidente Nayib Bukele.

“Bajo la presidencia de Bukele, El Salvador ha demostrado ser un aliado cercano y confiable para Estados Unidos”, dijo el secretario interino del Departamento de Seguridad Interior (DHS), Kevin McAleenan, tras una reunión en Washington con la canciller salvadoreña, Alexandra Hill.

El gobierno de Donald Trump, de duro discurso antiinmigración, ha apuntado al fin de este programa, creado en 1990 para amparar a extranjeros en Estados Unidos que por desastres naturales o conflictos armados no podían volver de manera segura a sus países, y al eventual regreso a casa de los beneficiarios.

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“Tomadores de decisión tendrán tiempo adicional para buscar una solución permanente”, dijo el mandatario salvadoreño.

Decían que era imposible. Que el Gobierno Salvadoreño no podía hacer nada. Pero nosotros sabíamos que nuestros aliados no nos dejarían solos.

No quisimos compartirlo antes porque podíamos entorpecer las conversaciones.

Pero después de todo, gracias a Dios, el TPS se logró. pic.twitter.com/xKF77r13cS

— Nayib Bukele (@nayibbukele) October 28, 2019

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Cuando se superó la barrera de los 218 votos necesarios para que el proyecto fuese aprobado, el público presente en el pleno del Congreso exclamó gritos de “¡Sí se puede!” en español y “Yes, we can!” en inglés hasta que se pidió “orden en la sala” por parte del legislador demócrata Adriano Espaillat, que presidía la cámara en ese momento.

Durante el debate, el legislador republicano Ben Cline, representante por Virginia, se mostró en contra de la ley “Dream Act” (“Ley del Sueño”) al considerar que este “amplio acceso” a la ciudadanía “podría provocar que miembros de bandas criminales, terroristas y otros delincuentes” reciban ese beneficio.

Esa postura fue la generalizada entre los miembros del Partido Republicano, que lamentaron que los demócratas hayan promovido una ley que, a su entender, puede poner en peligro la seguridad nacional de EE. UU.

Según fuentes demócratas consultadas por EFE, la ley pretende regularizar la situación migratoria de más de 2.5 millones de personas, incluyendo “soñadores” y beneficiarios del TPS y del DED.

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En una conferencia anterior a la votación, la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, advirtió de que proteger de la deportación a jóvenes indocumentados amparados por DACA “no debería ser partidista”.

“No debería haber nada partidista o político sobre esta ley. (…) Estamos dando una oportunidad a gente que ha contribuido mucho a Estados Unidos. Tenemos muchas ganas de aprobar la ley”, señaló Pelosi en una conferencia en el Capitolio.

La legislación se evaluará próximamente en la Cámara Alta, que cuenta con una mayoría republicana que probablemente rechazará varios de los puntos de la medida aprobada.

El DACA, promulgado por el expresidente Barack Obama (2009-2017), protege a sus beneficiarios de la deportación y en ciertos casos les otorga un permiso de trabajo temporal y les permite acceder a un permiso de conducir, unos beneficios que deben renovar cada dos años.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que DACA debía terminar el 5 de marzo del año pasado si el Congreso no llegaba a un amplio acuerdo sobre inmigración, aunque no llegó a expirar porque varios tribunales obligaron al Gobierno a mantenerlo vivo.

Por su parte, el TPS fue creado en 1990 y a través de él, el país concede permisos de forma extraordinaria a los ciudadanos de naciones afectadas por conflictos bélicos o desastres naturales.

El programa DED es similar al TPS y permite aplazar la deportación de personas que podrían correr peligro de ser enviadas a los países donde hay inestabilidad política o desastres naturales.

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En su propuesta, revelada por altos funcionarios de la Casa Blanca, el presidente considera que hay una “crisis humanitaria sin precedentes” en los puntos fronterizos, por lo que le apuesta a reforzar la seguridad nacional y a “un sistema de migración por méritos”, según Univisión.

Sin embargo, el plan no ofrece solución para los 11 millones de indocumentados que se encuentran en ese país, ni para los beneficiarios del DACA, el programa que en principio otorga beneficios a desplazados que llegaron al país de niños y que tienen niveles educativos altos.

Estos son los temas que contempla el plan del mandatario, según la cadena de noticias.

• La protección de la frontera:

“El plan de Trump busca acelerar la construcción del muro en la frontera con México, al aumentar las tasas recolectadas por el comercio en la frontera para crear un fondo destinado a la infraestructura fronteriza, explicó el funcionario”, publicó la agencia EFE en este sentido.

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• Aprovechamiento de los mejores trabajadores (por medio de visados por méritos o puntos)

“La propuesta pretende aumentar del 12% actual al 57% la proporción de inmigrantes que obtienen la residencia permanente en EE. UU. por razones relacionadas con su talento o empleo, al tiempo que se rebaja del 66% al 33% el porcentaje de los que consiguen ese estatus por lazos familiares”, consigna EFE.

• Reunificación inmediata de las familias separadas 

En ese sentido, el funcionario no especificó la forma en que este punto se trabajará. 

• Los valores humanitarios deben prevalecer en casos de asilo legítimo 

“Se busca reducir del 22% actual al 10% el volumen de personas que obtienen la residencia permanente, conocida como la tarjeta verde, debido a razones humanitarias o mediante mecanismos que buscan fomentar la diversidad de los países de origen de los inmigrantes”, dice EFE.

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Otras propuestas del programa, según EFE:

• “Fin de la lotería de visados para la diversidad, un programa creado en 1990 que asigna aleatoriamente hasta 50 mil visados al año para los ciudadanos de países que tradicionalmente tienen bajas tasas de inmigración a Estados Unidos”.
• “La propuesta busca mantener intacto el número de tarjetas de residencia permanente que concede EE. UU. -1,1 millón cada año- pero adjudicarlas cada vez más por razones relacionadas con la especialización profesional o el nivel educativo de los inmigrantes”.
• “Los aspirantes a la legalización deberán superar una prueba de civismo y se juzgará su mérito en función de varios criterios, entre ellos su nivel de inglés, su edad o si tienen una oferta de empleo”.
• “El programa busca reunir más apoyos republicanos para la propuesta antes de presentarla de forma íntegra y enfrentar la consiguiente batalla legislativa en el Congreso, donde no está claro que pueda conseguir votos de la oposición demócrata”.
• Respecto de los dreames y los beneficiarios de los programas de protección temporal (TPS), los funcionarios admitieron que no están contemplados en el plan, pero lo justificaron con que “sí reforma la capacidad de los inmigrantes que llegan a la frontera de solicitar asilo”.

El plan será presentado este jueves en la Casa Blanca, a las 16.30 horas de Guatemala, promovido especialmente por el yerno de Trump, Jared Kushner. 

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El Gobierno de Donald Trump había ordenado a los beneficiarios del TPS, unos 263 mil salvadoreños, 86 mil hondureños, 58 mil  haitianos, cinco mil 300 nicaragüenses y un millar de sudaneses, que preparasen “su salida” de EE. UU. o buscasen una alternativa migratoria legal.

A los países receptores, les sugirió que preparasen el “regreso y reintegración de sus ciudadanos”.

La terminación del TPS para Nicaragua estaba prevista para enero del 2019, para Haití en julio del 2019, para El Salvador en septiembre y para Honduras en enero de 2020. En el caso de los sudaneses, su TPS terminaba de aquí a un mes, en noviembre.

La decisión del juez implica que los inmigrantes pueden seguir bajo el estatus TPS más allá de las fechas fijadas por Trump.

El TPS es un programa migratorio creado en 1990 con el que EE. UU. concede permisos de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.

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En los últimos años, los beneficiarios del TPS han visto cómo su permiso se renovaba de manera automática por periodos de 18 meses, pero el gobierno de Donald Trump decidió revaluar las condiciones que justificaron la concesión del programa.

En el caso de El Salvador, EE. UU. concedió el TPS en 2001 a raíz de una serie de sismos, mientras que a Honduras y Nicaragua en 1998 tras el paso del devastador huracán Mitch por Centroamérica.

Haití se beneficiaba del TPS desde 2010 por el catastrófico terremoto que dejó unos 300 mil muertos y sumió al país en el caos, mientras que al Sudán se le otorgó en 2014 a raíz del conflicto de Sudán del Sur.

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Muchos lectores enviaron a la BBC preguntas y comentarios sobre el caso. Elegimos algunas para darles una respuesta.

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“Ella declara que NO es una delincuente, sin embargo, ciertamente es una criminal”. T. Reeves.

No es tan simple.
Los expertos en leyes dicen que la presencia ilegal en Estados Unidos no es un delito en la mayoría de los casos.

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Sin embargo, sí es una violación civil que pone a la persona en riesgo de ser deportada, lo cual es un proceso que toma un largo tiempo.
La entrada sin documentos a Estados Unidos es un delito menor. Entonces, alguien que está en el país sin un permiso válido podría estar violando la ley.

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“Ella no menciona que haya tratado de ingresar a EE.UU. desde el extranjero de manera legal”. Chris Olive.

Luego de la publicación, la estudiante explicó que su familia había ingresado con una visa de turista y se quedó a vivir ahí.
Contrario a la creencia común, así es como la mayoría de los inmigrantes indocumentados han llegado a EE.UU. en los últimos años, y no cruzando ilegalmente la frontera.

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Cada año desde el 2007, la cantidad de personas que se quedaron más tiempo del permitido por sus visas (de turista o estancia temporal) es mayor a las que ingresan sin documentos, según el Centro de Estudios Migratorios.

El número de migrantes indocumentados en el país ha disminuido “drásticamente” cada año desde el 2008, según ese centro de análisis de la migración.
Algunos de ellos dicen que no habrían cumplido con los requisitos de educación o empleo, por ejemplo, necesarios para obtener una visa.
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“Tan solo la palabra asociada con su llegada a Estados Unidos, “ilegalmente”, hace que ella NO tenga los derechos de un ciudadano”. Anthony Saltamachia.

Existe un debate desde hace tiempo sobre cómo debe tratarse a los inmigrantes indocumentados.
Las encuestas muestran que existe un amplio apoyo para ofrecerles la ciudadanía a aquellos que fueron traídos por sus padres sin documentos cuando eran niños.

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Se estima que hay 3,6 millones de ellos, conocidos como Dreamers (soñadores).
Pero muchos se oponen a cualquier plan que allane el camino para que las personas de más edad también obtengan sus papeles.

Aun así, medidas de protección se han puesto en marcha para algunas personas.
Alrededor de un millón de inmigrantes indocumentados tienen permiso temporal para vivir y trabajar en el país como parte del programa de Acción Diferida (DACA) y el de Estatus de Protección Temporal (TPS), según el Pew Research Center.
En el caso del DACA, sin embargo, su futuro sigue sin estar claro después de la decisión de que el gobierno de Donald Trump lo revocara el año pasado.
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“¿Por qué no se ha hecho ciudadana?”. Kathleen Beecher.

Convertirse en ciudadano estadounidense es un proceso complicado.
En general, un individuo debe cumplir con una serie de requisitos que incluyen tener residencia permanente (green card) por lo menos durante cinco años.
Pero la legislación actual hace que sea prácticamente imposible que alguien que ingresó al país de forma irregular obtenga una residencia permanente de forma legal.
En algunas excepciones, los inmigrantes indocumentados pueden solicitar regularizar su situación.

Contraer matrimonio con un ciudadano estadounidense o un titular de una green card es una de las posibilidades. También aquellos que fueron víctimas o testigos de un crimen, o solicitaron asilo, pueden aspirar a una regularización.
Pero los expertos en inmigración dicen que las personas esperan años, incluso décadas, hasta que se tome una decisión. Además, los requisitos establecidos hacen que muchos terminan siendo considerados no elegibles.
La estudiante en nuestra historia dijo que no calificaba para DACA ya que su familia regresó a México después de la recesión de 2008. Eso va en contra de la regla de elegibilidad que exige la residencia continua el país para ser aceptada.
Al ser menor de 21 años, sus padres iniciaron una solicitud para que ella obtenga sus documentos de residencia permanente. Pero el proceso todavía está en curso sin una fecha estimada de resolución.

“¿Es el horrible papeleo lo que los detiene, o las leyes obsoletas que deben cambiarse para ser más accesibles, o el descuidado… o qué?”. Virginia.

Los expertos dicen que es un poco de todo.
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Una vieja legislación que no se ha actualizado para reflejar la situación actual se conjuga con el hecho de que la mayoría de los inmigrantes indocumentados que ya están en el país no califican para ninguna de las opciones disponibles para obtener sus papeles.

“Si alguien tiene la culpa de su situación son sus padres”. Gerald Domagala.

Ella responde así: “No fue mi elección (llegar a vivir a EE. UU.). Fue elección de mis padres porque querían que tuviéramos una vida mejor. No soy una violadora ni traigo drogas ni creo problemas. Pero la gente no tiene ni idea porque no tenemos la oportunidad de demostrar quiénes somos”.

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La determinación anunciada por el juez Edward Chen permite que la demanda presentada por inmigrantes beneficiarios del TPS avance a una audiencia previa que se realizaría mediados del próximo semestre y en donde se determinará si el caso amerita un juicio.
Según expresó el juez Chen, los demandantes de la suspensión del TPS pueden solicitar “una explicación razonable” para la cancelación del beneficio y que los hijos ciudadanos de los beneficiarios del TPS tienen el derecho de permanecer en el país bajo la tutela de sus padres.
En los últimos meses el Gobierno del presidente Donald Trump ha anunciado la cancelación de este amparo que beneficia a unos 195 mil  salvadoreños, 55 mil  hondureños, 50 mil haitianos y 5 mil nicaragüenses, en una medida que forma parte de su dura política migratoria.

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El próximo año vence el TPS para los nicaragüenses (5 de enero), haitianos (22 de julio) y salvadoreños (9 de septiembre), y el 5 de enero del 2020 expira el de los hondureños.
La decisión del juez Chen llega el mismo día en el que el Gobierno de Guatemala solicitó a Estados Unidos el TPS para sus migrantes por la catástrofe provocada por la erupción del Volcán de Fuego el 3 de junio, que ha dejado al menos 112 muertos.

Desde que asumió el poder en el año 2016, Morales formuló cuatro peticiones de un TPS para los guatemaltecos que se estiman que viven en Estados Unidos, unos tres millones y la mayoría de ellos en situación irregular, pero nunca tuvo la respuesta afirmativa.

Retirada del TPS dañará la economía de EE. UU.

Dieciséis estados más la ciudad de Washington aseguraron que la retirada del Estatuto de Protección Temporal (TPS), que garantiza que miles de inmigrantes puedan permanecer en Estados Unidos de manera legal, tendrá efectos perjudiciales para la economía de ese país.
El fiscal general de California, Xavier Becerra, emitió hoy un comunicado en el que detalló que ha liderado, junto a los fiscales de Massachusetts y del Distrito de Columbia, una declaración de “amicus curiae” de varios estados para defender el TPS que beneficia a miles de salvadoreños, hondureños, haitianos y nicaragüenses.

El “amicus curiae” (amigo de la corte) es una figura legal por la que un tercero ajeno a un litigio expresa voluntariamente su apoyo a una de las partes, a fin de colaborar con el tribunal para la resolución del proceso judicial.

En este caso concreto, el “amicus curiae” respalda la denuncia entablada por el grupo Centro Presente, con sede en Boston, que fue presentada en febrero y que alega que la decisión del Gobierno de EE.UU. de poner fin al TPS, que protegía a los nacionales de varios países, tuvo motivación racista.
“Muchos titulares de TPS son nuestros vecinos y compañeros que contribuyen a Estados Unidos y nuestra economía cada día. Nuestra nación sería más pobre sin ellos”, señaló Becerra.
El fiscal general de California aseguró que los estudios demuestran que la permanencia de estos inmigrantes en Estados Unidos es “no solo beneficiosa para estos individuos sino también para las comunidades en las que trabajan, estudian y viven”.

“Estamos preparados para desafiar cualquier acción que socave el progreso y bienestar económico de nuestro estado”, afirmó Becerra.
California estima que su producto interior bruto perdería US$2 mil 700 millones anuales si los beneficiarios de TPS de El Salvador, Honduras y Haití tuvieran que abandonar este estado.
Esta declaración de respaldo a los inmigrantes con TPS cuenta con el aval de los estados de California, Massachusetts, Connecticut, Delaware, Iowa, Maine, Maryland, Minesota, Nueva Jersey, Nuevo México, New York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington así como del Distrito de Columbia.

La cancelación del programa TPS para los inmigrantes de varios países afecta, por ejemplo, a unos 195 mil salvadoreños, 55 mil hondureños, 50 mil haitianos y 5 mil nicaragüenses, a los que la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, ha dado entre 12 y 18 meses para que salgan de EE.UU. o preparen alguna forma para cambiar su estatus migratorio.
El TPS es un programa migratorio creado en 1990 con el que EE.UU. concede permisos de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.

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En esta ocasión, el gobierno guatemalteco tramitó la solicitud por medio de “una nota diplomática” y la misma responde “a la catástrofe provocada por el volcán de Fuego”, agregó la portavoz de la Cancillería, Marta Larra, citada por la agencia EFE, al ser pregunta por los motivos.

Larra dijo a Prensa Libre que por la situación migratoria de los guatemaltecos en Estados Unidos es difícil tener un número exacto, pero calculan que hay unos tres millones viviendo en ese país. 

En mayo último, la administración de Donald Trump canceló esa protección a 300 mil hondureños, quienes tendrían 18 meses para regularizar su situación migratoria o abandonar el país.

Lo mismo ocurrió este mismo año con 200 mil salvadoreños, que tienen hasta septiembre del 2019 para resolver su situación o deberán salir. Además, el TPS ya fue suprimido para 60 mil haitianos.

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Los tres países habían sido beneficiados por distintas administraciones porque sufrieron desastres naturales como terremotos y huracanes.

En enero último, Trump causó indignación al referirse a las naciones que contaban con TPS como “países de mierda”, lo que causó protestas diplomáticas de los países latinoamericanos. 

“¿Por qué tenemos a toda esta gente de países (que son un) agujero de mierda viniendo aquí?”, afirmó Trump durante una reunión con legisladores en la Casa Blanca, de acuerdo con el diario, que cita a dos fuentes familiarizadas con el encuentro.

En junio de 2016, el expresidente Barack Obama recibió una petición firmada por 26 senadores para que se concediera el TPS definitivo a migrantes del triángulo norte, sin recibir respuesta positiva. 

EE. UU. no ha apoyado

Tres gobernantes tocaron la puerta de la Casa Blanca para abogar por el TPS, pero no en ninguna ocasión hubo un sí como respuesta.

Óscar Berger, presidente de 2004 a 2008, pidió el TPS a su homólogo George W. Bush en noviembre de 2005 ante los daños que causó en Guatemala la tormenta Stan.

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Álvaro Colom, gobernante entre 2008 y 2012, hizo lo mismo en abril de 2008 y en 2010, después del paso de la tormenta Agatha y erupción del volcán de Pacaya.

Otto Pérez Molina, mandatario entre 2012 y 2015, formuló la petición en 2013 luego del terremoto del 7 de noviembre de 2012.

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU., estos son los países que actualmente gozan del Estatus de Protección Temporal (TPS). pic.twitter.com/IIiwPuxG66

— Alex Rojas (@alexr_pl) June 25, 2018

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Se trata de un nuevo paso en el marco de las políticas migratorias restrictivas que Donald Trump ha convertido en uno de los pilares de su acción de gobierno. En los últimos meses, llegado el momento de decidir sobre la renovación, canceló entre otros el TPS de los salvadoreños, haitianos y nicaragüenses.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, en inglés) calcula que, en total, unos 86 mil hondureños se beneficiaron del programa desde que, en 1999, el entonces presidente Bill Clinton (1993-2001) aprobara ese amparo para Honduras tras el paso del devastador huracán Mitch.
El TPS funciona como un programa de protección humanitaria. Permite obtener refugio en Estados Unidos a ciudadanos de países con circunstancias que dificultan la vida, como un conflicto armado, un desastre natural o una epidemia.

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Desde 1999, todas las administraciones, tanto republicanas como demócratas, han ido renovando cada 18 meses el TPS de los hondureños.

PIB de EE.UU. se vería reducido

Según cálculos del Centro para el Progreso Estadounidense (CAP), el producto interno bruto (PIB) de EE.UU. se vería reducido en US$31 mil 300 millones en los próximos 10 años sin la aportación de los hondureños con TPS que trabajan actualmente.

Para Nicole Svajlenka, experta en Política de Inmigración en el CAP, obligar a los hondureños a regresar a su país sería una decisión “cruel” por parte de la Administración Trump.

“Los beneficiarios de TPS hondureños han vivido en Estados Unidos durante más de dos décadas: han criado hijos nacidos aquí, han contribuido ampliamente a la economía y son miembros profundamente arraigados en sus comunidades”, indicó Svajlenka.
Los activistas también consideran que Honduras no está preparado ni política ni económicamente para recibir de golpe a decenas de miles de hondureños que han vivido durante años en Estados Unidos.

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El Gobierno de Trump considera no obstante que las condiciones de alteración de la vida causadas por el huracán ya no existen. “Han descendido hasta un grado que ya no se considera como una alteración sustancial”, señala el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional.
Pese a las llamadas de legisladores, líderes religiosos y organizaciones empresariales, entre otros, la administración no ha tenido en cuenta la situación de violencia y pobreza que se vive en Honduras.

Es uno de los países más violentos del mundo. La tasa de asesinatos es de 60 por cada cien mil personas, una de las más altas del mundo. Ese país encabeza además la tasa de feminicidios de Centroamérica, con una de las más elevadas del globo.
Las maras se extienden y amenazan a familias y negocios y son uno de sus principales problemas de seguridad. Más allá de la violencia, más de dos terceras partes de la población hondureña vive en la pobreza.

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“Para los hondureños que están allá sería lamentable (el fin del TPS) porque tendrían que convertirse en ilegales de la noche a la mañana” y a Estados Unidos le dejarían de pagar impuestos, indicó el viceministro, un coronel del ejército retirado.
El TPS fue aprobado en 1999 por Estados Unidos a los inmigrantes hondureños luego de que ese país centroamericano fuera devastado por el huracán Mitch.
Desde 1999 fue renovado por periodos de 18 meses pero el 5 de enero recién pasado fue ampliado por solo seis meses, que se vencen el 5 de julio próximo.

• Trump llama “países de mierda” a los que contaban con TPS

Autoridades de la administración del presidente Donald Trump, que han endurecido las políticas migratorias, han expresado que las condiciones que motivaron el  Estatus de Protección Temporal ya desaparecieron y los beneficiados deben volver a su país.
Estados Unidos canceló el Estatus a 200 mil salvadoreños, más de 5 mil nicaragüenses y unos 50 mil haitianos.
Más de un millón de hondureños viven en Estados Unidos, la mayoría indocumentados, y cerca de 60 mil amparados por el TPS.
Honduras recibió remesas por cerca de US$4 mil millones en el 2017, equivalente a 18 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Es uno de los países más violentos del mundo

Honduras es uno de los países más violentos del mundo. La tasa de asesinatos es de 60 por cada cien mil personas, una de las más altas del mundo. Ese país encabeza además la tasa de feminicidios de Centroamérica, con una de las más elevadas del globo.

Las maras se extienden, amenazan y extorsionan  a familias y negocios y son uno de sus principales problemas de seguridad. Más allá de la violencia, más de dos terceras partes de la población hondureña vive en la pobreza.

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La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirjsten Nielsen, dejó sin embargo claro que su departamento, que es el responsable de tomar la decisión, no tiene en cuenta ninguna variable más que aquella por la que en su día se otorgó la protección, en este caso el huracán.

“La alteración sustancial de las condiciones de vida causadas por el terremoto ya no existe”, dijo cuando canceló el de El Salvador, otro país centroamericano azotado por la violencia al que se le concedió el TPS en el 2001 tras dos graves sismos.
En noviembre, cuando su antecesora canceló el de los nicaragüenses, concedió una prórroga a los hondureños ante la necesidad de recabar más información para tomar la decisión que se anunciará este viernes.
La administración de Trump destaca el carácter temporal del TPS. “No ha sido temporal durante muchos años. Hemos creado una situación en la que las personas viven en este país por un tiempo largo”, indicó un portavoz del Departamento de Nielsen.

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El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) es prácticamente un programa de protección humanitaria: otorga permisos temporales de residencia y trabajo a ciudadanos de países con condiciones extraordinarias, como conflictos armados o desastres naturales. La idea es que puedan estar seguros en Estados Unidos hasta que las condiciones en su país permitan su regreso.
Estados Unidos se lo concedió a El Salvador tras los dos graves terremotos de enero y febrero del 2001.
De los 195 mil salvadoreños inscritos en el TPS cuando se anunció su final, el pasado miércoles eran unos 70 mil los que aún no se habían reinscrito en el programa, según datos de la embajada de El Salvador en Washington.
Los consulados que el país centroamericano tiene en Estados Unidos estuvieron en funcionamiento durante el fin de semana para ayudar y facilitar los trámites.

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Además del TPS para El Salvador, el Gobierno de Trump ha cancelado el de Haití y el de Nicaragua. Sobre el de Honduras debe aún tomar una decisión antes de julio.
Los salvadoreños que se acojan a la última prórroga del programa tienen hasta el 9 de septiembre del 2019 para irse de Estados Unidos o regularizar su situación por otras vías. Si no lo hacen, podrán ser deportados a partir de esa fecha.

La cancelación de estos TPS es un paso más en la restrictiva política migratoria que ha adoptado Trump desde su llegada hace algo más de un año a la presidencia. La decisión ha sido ampliamente criticada por el Partido Demócrata y organizaciones civiles, que la califican de “cruel”.

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Gran parte de las personas afectadas tienen una vida hecha en Estados Unidos y muchos de ellos tienen hijos nacidos en el país, que tienen, por tanto, nacionalidad estadounidense. Organizaciones del mundo económico como la Cámara de Comercio han advertido además de que la cancelación de estos TPS tendrá un impacto negativo en la economía.

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El documento judicial citó declaraciones que, según señalaron los abogados, mostraban la “aversión e indiferencia del presidente republicano por los inmigrantes latinos y afroamericanos”, la más reciente en enero, diciendo que los inmigrantes de El Salvador, África y Haití provienen de “países de mierda”.

Trump llama “países de mierda” a los que contaban con TPS

Esta demanda busca desafiar la decisión de la administración Trump de dar por terminado el estado de protección temporal del que venían disfrutando decenas de miles de inmigrantes de Haití y El Salvador, países de origen de sus representados.

Sin embargo, la cancelación del programa TPS afecta a 195 mil salvadoreños, 57 mil hondureños, 50 mil haitianos y dos mil 550 nicaragüenses y un millar de sudaneses que deben abandonar el país en los próximos meses, según datos del National Immigration Forum.

“La hostilidad dirigida hacia los inmigrantes latinos y afroamericanos es un hilo conductor desafortunado que se extiende a lo largo de las declaraciones del presidente Trump, y se actualiza con las políticas de su Administración, como las impugnadas por esta demanda”, indicó la denuncia.

Por otro lado, el Consejo Estadounidense de Inmigración (AIC, en inglés) también interpuso este jueves una demanda en una corte federal de Nueva York para obligar al Gobierno a que acepte las solicitudes de residencia permanente de los “tepesianos” que entraron al país sin ser inspeccionados.

En concreto, AIC denunció que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) prive a “tepesianos” que ingresaron al país sin ser “inspeccionados y admitidos”.

“La interpretación de USCIS del TPS y los estatutos de ajuste de estatus migratorio es un problema de larga duración”, señaló en una conferencia telefónica la directora de política de AIC, Royce Murray.

Amenaza a California

Donald Trump amenazó este jueves a California con retirar a los agentes de inmigración y frontera federales que hay allí para que el estado de la costa oeste se vea “inundado de criminales”.

“Verían crimen como no lo ha visto nadie en este país”, manifestó el mandatario en la Casa Blanca en el marco de la reunión sobre seguridad en las escuelas después del ataque de la semana pasada contra una escuela de Florida.

Los estados y ciudades santuarios se niegan a colaborar con las autoridades federales en la localización y arresto de indocumentados para que sean deportados. Ciudades de California, entre ellas Los Ángeles y San Francisco, contaban ya desde hace tiempo con legislación específica al respecto.

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“Francamente, la situación de las ciudades santuario es una vergüenza, la protección de estos horribles criminales…”, dijo Trump, tras referirse a los sin papeles como miembros de la Mara Salvatrucha, conocida como MS-13 en Estados Unidos.

Trump ya intentó castigar a las ciudades santuario retirándoles fondos federales, pero los tribunales frenaron ese movimiento.

California es el estado más poblado del país y también el que tiene la mayor población de origen hispano: de sus 39 millones de habitantes, unos 15 millones, cerca del 39 por ciento, son latinos. Las estimaciones apuntan a que 2.3 millones de inmigrantes sin papeles viven en el estado de la costa oeste.

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¿De qué sirven las remesas si la migración está detrás de ellos? Los operativos serían una estrategia más de las políticas antiinmigrantes del presidente Donald Trump, que anunció desde el comienzo de su administración en 17 Estados, es “el primero de muchos operativos y un presagio de lo que viene”. Son algo que ocurre desde hace muchos años, ya que la Ley de Migración de EE. UU. establece que los empleadores no pueden contratar a personas indocumentadas o con estatus irregular.

Además, contempla la prohibición de que busquen trabajo. Este tipo de leyes tiene una razón de ser y en este caso es proteger a los trabajadores legales y evitar que se minimicen los salarios en EE. UU. Las autoridades migratorias de Estados Unidos deportaron a más de 600 guatemaltecos solo en los primeros cuatro días de 2018, informó una fuente oficial.

Por años Guatemala ha estado padeciendo de vivir en un Estado corrupto y del cual aún no hemos salido. ¿Cómo empieza la corrupción en Guatemala? Desde tiempos del presidente Manuel José Estrada Cabrera (1857) empieza a trabajar la Bananera en Guatemala, en América Latina, La United Fruit Company (UFCO) (1859–1970), conocida como la frutera, el Pulpo, que se convirtió en una fuerza política y económica determinante en muchos países de dicha región durante el siglo XX, influyendo decisivamente sobre gobiernos y partidos para mantener sus operaciones con el mayor margen posible de ganancias, al extremo de auspiciar golpes de Estado y sobornar políticos. La empresa controló la economía del país, sin atender a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, esos que Trump menosprecia y cuyos parientes tuvieron que emigrar ante la violencia desatada por los conflictos que hemos estado padeciendo. En enero de 1904 hizo que el entonces presidente Manuel Estrada Cabrera concesionara la línea por 99 años a la United Fruit Company. Los exoneró de impuestos, les entregó amplias fincas para cultivar su banano y les cedió el muelle de Puerto Barrios. Los tramos que se construyeron del ferrocarril fueron parte de un monopolio con la United Fruit Company que acordó con el gobierno guatemalteco su exclusividad y transporte del correo entre Guatemala y Estados Unidos, lo que favoreció la producción bananera y recibió gratuitamente todo el terreno necesario para montar la línea y almacenar todo el equipo y materiales que necesitara.

Y continúa la corrupción con la elección de cuatro impresentables firmantes y exponentes en la constitución del Pacto de Corruptos en el Congreso (P.L), Álvaro Arzú Escobar, Felipe Alejos, Javier Hernández Ovalle, Mayra Alejandra Carrillo, Estuardo Galdámez; Karla Martínez. El presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, respondió a la denuncia hecha en redes sociales por Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos, sobre un intento para expulsar a la Cicig y las declaraciones de la Fiscal General sobre el antejuicio contra el alcalde capitalino. Arzú Escobar impulsará leyes de interés particular e ignorará la corrupción y la impunidad (PL).

alfonsoyurritacuesta@gmail.com

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Trump reaccionó así cuando dos senadores le plantearon un proyecto de ley migratorio que otorgaría visados a algunos de los ciudadanos de países que han sido retirados recientemente del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), como El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán.

Los comentarios de Trump dejaron impactados a los legisladores presentes en la cita, según el diario, que no aclara si el presidente se refería también a Nicaragua con su exabrupto.

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El proyecto de seis senadores bipartidistas eliminaría la llamada “lotería de visados” que cada año asigna 50 mil visas a ciudadanos de países con una baja tasa de emigrantes a Estados Unidos, un mecanismo que beneficia mayoritariamente a países de África.

Según dijo a Efe una fuente del Senado, que pidió el anonimato, la mitad de esos visados beneficiarían a los que hasta ahora estaban protegidos por el TPS y la otra mitad estaría reservada a inmigrantes que demostraran cualidades profesionales que merecieran su entrada en Estados Unidos, el famoso “mérito” que defiende Trump.

El acuerdo también abriría un camino a la ciudadanía para más de un millón de jóvenes indocumentados del país que llegaron al país de niños, conocidos como “soñadores”, y concedería más de US$1 mil millones para proyectar y construir una barrera física en la frontera con México.

Reacciones

La asociación haitiana estadounidense American Haitian Foundation tachó de inmediato de “ignorantes y racistas” los comentarios del presidente Trump, sobre el país caribeño y otras naciones.

“Los comentarios del presidente son ignorantes, racistas, con una completa desconsideración por la dignidad humana del pueblo haitiano”, afirmó Jack Davidson, director ejecutivo de la fundación, con sede en el estado de Tennessee.

Los comentarios de Trump dejaron impactados a los legisladores presentes en la cita, según el diario, que no aclara si el presidente se refería también a Nicaragua con su exabrupto, y tampoco identifica a los países africanos afectados.

El periódico Los Ángeles Times confirmó el informe del Post, y agregó que, antes de proferir el insulto, Trump exclamó: “¿Para qué queremos a haitianos aquí? ¿Para qué queremos a toda esta gente de África aquí?”.

Preguntado al respecto, un portavoz de la Casa Blanca, Raj Shah, no negó que Trump hubiera hecho esas declaraciones.

En tanto, el político encargado de las políticas migratorias de EE. UU., Eliot Engel, rechazó los comentarios de Trump. “Es otra vergüenza a escala global, y también es un insulto para millones de personas, incluyendo muchos americanos (estadounidenses)”, expresó. 

Acuerdo sobre DACA

Seis senadores estadounidenses de ambos partidos dijeron este jueves haber alcanzado un acuerdo para abrir una vía a la ciudadanía a los jóvenes indocumentados conocidos como “soñadores” y aportar fondos para el muro con México, pero la Casa Blanca no parece haber aceptado por ahora ese arreglo.

“Llevamos cuatro meses trabajando y hemos llegado un acuerdo de principios” para proteger a los “soñadores”, indicaron en un comunicado los senadores republicanos Lindsey Graham, Jeff Flake y Cory Gardner; y los demócratas Dick Durbin, Robert Menéndez y Michael Bennet.

Ese acuerdo también afronta los otros tres puntos que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha vinculado a cualquier proyecto de ley para reemplazar el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) que el expresidente Barack Obama promulgó en 2012 con el fin de amparar a los “soñadores”.

Guatemala no se quedará atrás; tenemos las cruciales elecciones de Fiscal General de la Nación y de Contralor General de Cuentas, que enfrentan el terrible desafío de estar en manos de la actual legislatura, de sus oscuros aliados y del propio presidente que han convergido en el “Pacto de Corruptos”. De hecho, con las opciones que se perfilan para presidir el Congreso de Guatemala, encarnadas en las candidaturas de Chinchilla (cuya reelección parece ser la jugada más probable) y de Conde Orellana principalmente, es difícil para la ciudadanía distinguir entre lo peor y lo mucho peor. En ambos casos, el Pacto de Corruptos no perdería el poder sobre la agenda legislativa y sobre los procesos cruciales ya señalados y las etapas intermedias que conlleva (Comisiones de Postulación).

Tristemente, ya vimos que la alianza de seis diputados que se han distanciado de las prácticas corruptas no solo no logró convocar otros adherentes, sino optaron por no dar la batalla por la Junta Directiva de la legislatura 2018, asunto que, independientemente de su viabilidad política real, pudo haber dado a la ciudadanía una voz simbólica vital dentro del Legislativo para hacer contrapeso al Pacto de Corruptos y, a las fuerzas que buscan la depuración, algunos operadores internos con algo de credibilidad.

El otro aspecto crítico en la coyuntura de inicio de año es la profundización del déficit y del deterioro de la institucionalidad del Organismo Ejecutivo que se ha dado durante estos últimos años. Pienso que es una variable que aplica igualmente a Honduras y El Salvador, aunque con distinta intensidad, pero que en el caso de Guatemala es indiscutible. Una de las apuestas estratégicas contempladas en la visión geopolítica para el Triángulo Norte, era que los Estados fortalecieran su institucionalidad para dinamizar la economía y ofrecer oportunidades locales, y dar mejor respuesta a la demanda de servicios públicos esenciales.

Nada de eso ha pasado, sino todo lo contrario. Al menos en Guatemala. La inoperancia del Ejecutivo se ha visto en prácticamente todos los ámbitos, exceptuando quizá a Gobernación, y eso solo porque juega un papel clave en la política de seguridad regional y, por ende, opera con otras claves y lineamientos. De allí, son instancias autónomas como el Ministerio Público y la SAT que han destacado. Más allá, hay un casi total silencio de logro, más aún si se buscan cambios sustantivos que este gobierno debió ser llamado a impulsar y nunca le interesó a menos, claro, que sea para favorecer intereses privados.

Por ende, sin entrar a describir otros factores sin duda presentes en cada país, lo que se anticipa es un escenario regional de tensión intensa, con toda la potencialidad de desatar ingobernabilidad e inestabilidad en la región, a un alto costo social. A ello hay que sumarle las elecciones generales en México, que también son en 2018.

karin.slowing@gmail.com

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EE. UU. cancela TPS a nicaragüenses

Poco antes de la confirmación de la USCIS, el Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, Hugo Martínez, entregó una declaración a la prensa indicando que el gobierno de San Salvador había “completado algunas últimas gestiones y llamadas” previo al anuncio que hará el gobierno de Washington.

Martínez agregó que en horas de la mañana del viernes “el presidente (Salvador Sánchez Cerén) sostuvo una conversación bastante prolongada con la secretaria (Kirstjen) Nielsen, para reiterarle la solicitud de prórroga que le hemos estado planteando” al gobierno de Trump.

El TPS de El Salvador fue otorgado en marzo de 2001 como respuesta humanitaria tras los terremotos del 13 de enero y el 13 de febrero de ese año.

El programa, que ampara de la deportación y otorga un permiso de trabajo, en un comienzo favoreció a unos 250,000 indocumentados que se encontraban en Estados Unidos a partir del 13 de febrero del 2001.

Martínez agregó que el presidente le planteó a la secretaria que “cualquier escenario de decisión, el país (El Salvador) necesita tiempo para continuar las gestiones ante el Congreso”, y que también le había enfatizado “los aportes de nuestros compatriotas amparados por el TPS, tanto en Estados Unidos como en El Salvador”.

En otra parte de sus declaraciones, Martínez dijo que la jefa de la seguridad nacional de Estados Unidos había “comprendido perfectamente” el planteamiento hecho por Sánchez, en el sentido que está en manos del Congreso estadounidense una solución permanente para los protegidos por el TPS.

La declaración del canciller dejó entrever que en el anuncio que el lunes hará el DHS, el gobierno de Trump anunciará la cancelación del programa humanitario, tal y como lo hizo a principios de noviembre con el TPS de Nicaragua, y a mediados del mismo mes con el programa de Haití.

“Nos animó a que continuáramos con esas gestiones que estamos realizando en el Congreso”, apuntó Martínez.
El TPS de El Salvador vence el 9 de marzo. El reglamento señala que el gobierno debe anunciar si prorroga o cancela el programa 60 días antes de su expiración. Esa fecha se cumple el lunes.

Martínez, aseguró que su gobierno trabaja para que la población migrantes en Estados Unidos pueda pasar de la “temporalidad a la permanencia” en su estatus legal.

Martínez hizo esta declaración en una entrevista de televisión a cuatro días de que Washington anuncie si suspende o no el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), lo cual afectaría a 195.000 salvadoreños suscritos desde hace casi 16 años al programa.

“Se trabajó a favor de población inscrita en el TPS en dos carriles: gestiones por una nueva extensión de la protección (TPS), así como por legislación que dé la residencia”, apuntó el canciller.

Martínez viajó el año pasado a Estados Unidos para hablar con funcionarios e intentar conseguir una prórroga del TPS, al mismo tiempo que se reunió con legisladores para tratar de formular una ley que pase a los beneficiarios del TPS a una residencia permanente.

“Se trata de personas que han estado 16 años con un documento legal (para trabajar y residir) que les extendió el gobierno de Estados Unidos”, dijo Martínez.

El año pasado ingresaron más de 4.500 millones de dólares en concepto de remesas familiares, especialmente de los migrantes de Estados Unidos

Las remesas familiares son la mayor y más dinámica fuente de ingresos externos. De acuerdo al Banco Central, representan el 17 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

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El lunes, la titular del Departamento de Seguridad Interior (DHS) confirmó esa posibilidad, aduciendo que las condiciones que motivaron la inclusión de Haití en el TPS han cambiado.

“Con base en toda la información disponible, incluidas las recomendaciones recibidas como parte de un proceso de consulta interinstitucional, la secretaria interina Duke determinó que esas condiciones extraordinarias pero temporales causadas por el terremoto de 2010 ya no existen”, indicó.

El TPS, un mecanismo creado por el Congreso estadounidense en los años 1990 para amparar a inmigrantes que por desastres naturales o conflictos armados no podían regresar de manera segura a sus países, fue concedido a Haití tras el terremoto de enero de 2010, que provocó la muerte de más de 200 mil personas y obligó el desplazamiento de aproximadamente un millón de haitianos.

Trump ya eliminó el TPS a los nicaragüenses, aplazó el de Honduras y dejó en el limbo al de El Salvador. 

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El DHS decidió anoche cancelar el beneficio para cinco mil 349 nicaragüenses, que tendrán un año a partir del 5 de enero del 2018 para preparar su regreso a su país de origen.

Más de 260 mil salvadoreños también se encuentran en la incertidumbre. Los cuscatlecos tienen permiso de trabajo y licencias desde hace 16 años gracias al TPS, pero su amparo se vence el 9 de marzo del 2018, por lo que el anuncio de la prórroga debería darse antes del 5 de enero del próximo año.

Chacón junto a activistas de otras 30 organizaciones han presionado por la protección de estos inmigrantes desde principio de año, cuando la Administración Trump expresó su idea de poner fin al beneficio.

No obstante, los activistas consideran que el reto de convencer a los republicanos es complicado.

“La administración está empujando una retórica racista que pretende favorecer solo a los blancos y reducir el número de personas de otra raza, y los republicanos favorecen esta idea”, indicó Alvarado.

Los defensores de los “tepesianos” también están buscando vías legales para exigir al ejecutivo que busque una opción de legalización.

Chacón asegura que tanto centroamericanos como haitianos se ganaron el derecho de quedarse en el país por haber vivido más de cinco años de forma legal.

El argumento de los activistas fue usado en el pasado cuando la Administración del expresidente Bill Clinton (1993-2001) y el Congreso se vieron obligados en septiembre de 1997 a otorgar una vía a la residencia permanente a los salvadoreños amparados por el TPS a principios de la década de 1990.

Por su parte organizaciones como el Centro de Recursos Legales para los Inmigrantes (ILRC) y sus abogados han dedicado sus esfuerzos a tranquilizar a la comunidad.

“Es muy pequeña la probabilidad de que el DHS inicie procedimientos de deportación contra los 'tepesianos'. La gran mayoría de ellos podrá permanecer en el país al menos siete años, combatiendo sus casos en un tribunal de inmigración”, advirtió Mark Silverman, miembro de ILRC. 

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El día que Jimmy Morales pidió a Obama el TPS

Del resto de los países afectados por la caducidad en los primeros tres meses del año que viene del llamado Estatus de Protección Temporal -Honduras, El Salvador y Haiti-, la secretaria interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke, tomará la decisión en los próximos días, anunció su departamento.

En el caso de Honduras, la situación debe aún analizarse, pero como la protección de 86.000 hondureños caducaba también el 5 de enero, Duke ha decidido conceder una prórroga de seis meses mientras toma una decisión definitiva. La fecha de expiración es ahora el 5 de julio de 2018.

Sin embargo, pese a ser también Mitch el desastre que motivó el TPS para Honduras, el DHS aplazó su decisión “por la falta de información definitiva sobre las condiciones sobre el terreno comparadas con las de antes del huracán”.

“No obstante, dada la información de la que se dispone, es posible que la designación de TPS para Honduras termine al final de la extensión automática de seis meses, con su debido retraso”, apuntó el DHS.

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El Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS por sus siglas en inglés, se otorga a ciudadanos de países con condiciones extraordinarias, como conflictos armados o naturales, designados en una lista del DHS.

Honduras y Nicaragua fueron incluidos en la lista del TPS después de que el huracán “Mitch” arrasara Centroamérica en 1998 y esa protección se ha ido renovando desde entonces periódicamente. Duke considera que en el caso de Nicaragua la situación es ahora como antes del ciclón, de ahí su decisión de poner fin al TPS.

En los últimos años, los beneficiarios del TPS han visto cómo su permiso se renovaba de manera automática por periodos de 18 meses, pero el Gobierno de Donald Trump decidió reevaluar las condiciones que justificaron la concesión del programa.

El Salvador recibió el TPS en 2001 producto de una serie de sismos y Haití en 2010 por su catastrófico terremoto.

La secretaria interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke, pidió asimismo al Congreso que promulgue “una solución permanente para este programa temporal” al reconocer “la dificultad que enfrentan los ciudadanos de Nicaragua y potencialmente de otros países”.

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Toda una vida

Muchos de los beneficiarios centroamericanos del TPS llevan en Estados Unidos cerca de 20 años. Han hecho sus vidas en el país, comprado viviendas y formado familias. En muchos casos son padres de niños con nacionalidad estadounidense. Un estudio del Center for American Progress, un centro de investigación de corte progresista con sede en Washington, cifra en 275.000 a esos hijos.

Las posiciones restrictivas que el presidente Trump y su Gobierno tienen en cuestiones migratorias hicieron saltar las alarmas según se acercaba la fecha límite en la que la administración tenía que decidir sobre una nueva prolongación del TPS. Las declaraciones de miembros de la administración destacando el carácter “temporal” de estos permisos alimentaron el temor de los beneficiarios.

Los Gobiernos de los países afectados llevaron a cabo una ofensiva diplomática en los últimos meses buscando convencer a la administración de Trump de que mantuviera los permisos. La semana pasada, los cancilleres de Honduras y El Salvador volvieron a viajar a Washington para verse con funcionarios y congresistas.

Tanto legisladores como organizaciones civiles, pasando por líderes religiosos e incluso de la Cámara de Comercio estadounidense llamaron al Gobierno de Estados Unidos a no dejar morir el TPS que protege a centroamericanos y haitianos.

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Aunque la mayoría llegó a EE.UU. sin papeles, quedaron exentos de la deportación después de que el huracán Mitch devastó Centroamérica en 1998. Su protección, el TPS, se ha renovado rutinariamente desde entonces, en algunos casos después de desastres naturales adicionales y la inseguridad resultante en sus países.

El Congreso estableció el TPS en 1990 para proteger a los ciudadanos extranjeros de ser devueltos a sus países en medio de inestabilidad y condiciones precarias causadas por desastres naturales o conflictos armados.

Según The Washington Post, la evaluación de Tillerson, exigida por ley, no se ha hecho pública, pero sus recomendaciones fueron confirmadas por varios funcionarios del gobierno familiarizados con su contenido.

El DHS tiene hasta el lunes para anunciar sus planes para aproximadamente 57 mil hondureños y 2 mil 500 nicaragüenses cuyas protecciones TPS expirarán a principios de enero. El anuncio para los salvadoreños tendría que hacerse en enero porque el plazo culmina en marzo de 2018.

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Los funcionarios de la administración Trump han señalado en repetidas ocasiones que el programa debía ser temporal, no una forma de que las personas se convirtieran en residentes a largo plazo de los Estados Unidos.

Muchos de los inmigrantes tienen hogares, negocios y niños nacidos en los EE. UU., Pero si las protecciones expiran, podrían estar sujetos a arresto y deportación. “Entendemos que esta es una decisión muy difícil”, dijo el funcionario de la administración.

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Cuando la administración de Obama extendió por última vez el TPS para los salvadoreños, en julio de 2016, dijo que eran elegibles porque las condiciones que lo justificaban seguían cumpliéndose.

“Sigue habiendo una interrupción sustancial, pero temporal, de las condiciones de vida en El Salvador como resultado de una serie de terremotos en 2001”, dijeron funcionarios de Seguridad Nacional en ese momento, “y El Salvador sigue siendo incapaz, temporalmente, de manejar adecuadamente el retorno de sus nacionales “.

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“Hemos tenido 350 ‘tepesianos’ que han venido de todo este país. Ellos mismos se han financiado sus viajes, ellos mismos han estado trabajando a nivel local, construyendo esta Alianza Nacional TPS para participar en esta segunda jornada en Washington D.C.”, dijo a Mundo Hispánico Marta Arévalo, activista del Centro de Recursos Centroamericanos (CERECEN) basado en Los Ángeles, California.

Arévalo dijo que esta semana de acción tiene tres objetivos: pedir la extensión del TPS por 18 meses más para todos los países protegidos por ese beneficio, pedir una legislación que ofrezca a los beneficiarios de ese estatus temporal una vía a la residencia permanente y la ciudadanía, y organizar a las comunidades afectadas para que hagan oír sus voces y defiendan sus derechos.

“A través del TPS, nosotros hemos podido trabajar legalmente en este país, hemos formado una familia, nos ha permitido ser propietarios de nuestras propias compañías, nos ha abierto las puertas de las universidades para estudiar y también nos ha dado beneficios de los cuales hemos gozado nosotros y nuestras familias”, declaró Edwin Murillo, un salvadoreño que viajó desde Dallas, Texas, para participar de la manifestación.

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Unos 350 mil centroamericanos que viven en Estados Unidos tienen el estatus de personas protegidas temporalmente y, como tal, sus permisos de trabajo y de estancia son provisionales. La llegada a la Casa Blanca de Donald Trump y sus tesis migratorias restrictivas han puesto su futuro en la cuerda floja.
Si, al contrario de lo que ha venido haciendo desde hace años, la administración no prorroga esta vez su protección, tendrán que regresar en breve a sus países de origen o quedarse en Estados Unidos ilegalmente bajo el riesgo de ser detenidos y deportados. El Gobierno de Trump tomará la decisión en noviembre.

“Esta es un nuestra casa. Tenemos hijos que nacieron aquí, somos empresarios y hemos contribuido al bienestar de nuestras comunidades”, dice el salvadoreño Edwin Murillo.
De los al menos 2.7 millones de salvadoreños que hay en Estados Unidos, algo más de 263 mil son beneficiarios del TPS como él.
Estados Unidos otorga el TPS a ciudadanos de países con condiciones extraordinarias, como conflictos armados o naturales, designados en la lista del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). En total son 13 países los listados ahora mismo bajo el TPS, entre ellos también Siria, Yemen, Somalia y Sudán.

Fue el presidente republicano George W. Bush quien incluyó a El Salvador en el listado tras los dos graves terremotos que asolaron el país en enero y febrero del 2001. Honduras y Nicaragua estaban ya en él, incluidos por el demócrata Bill Clinton después de que el huracán “Mitch” arrasara Centroamérica en 1998.
Los beneficiarios hondureños son algo más de 86 mil y los nicaragüenses, unos 5 mil.
El 10 de noviembre -60 días antes de que caduquen los permisos el 5 de enero- vence el plazo para que la administración renueve el TPS para Honduras y Nicaragua. El 8 de enero vence el plazo para que lo haga con el de El Salvador, que caduca el 9 de marzo.
La preocupación en la comunidad centroamericana comenzó cuando John Kelly, entonces secretario de Seguridad Nacional, anunció en mayo que se otorgaba la última prórroga a Haití, designado bajo el TPS en el 2010 tras el devastador terremoto de ese año. Cerca de 60 mil haitianos están en Estados Unidos con él.
Meses después, poco antes de que Kelly abandonara el cargo para irse a la Casa Blanca de jefe de gabinete de Trump, un grupo de legisladores demócratas hispanos salió de una reunión con él diciendo que había señalizado el final del programa para los centroamericanos.
“Nos fijamos en el hecho de que TPS significa temporal, y no ha sido temporal durante muchos años. Hemos creado una situación en la que la gente vive en este país por un tiempo largo”, manifestó esta semana David Lapan, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.

Llueve sobre mojado

A muchos les da sensación de que llueve sobre mojado después de que Trump cancelara Daca, el programa con el que Barack Obama protegió de la deportación a cerca de 800 mil jóvenes indocumentados que habían llegado a Estados Unidos de niños con sus padres.
La presión, no obstante, crece sobre el Gobierno federal para que prorrogue el TPS a los centroamericanos. Organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes han organizado concentraciones, conciertos y charlas en los próximos días en Washington buscando convencer a la administración de Trump.

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Una veintena de senadores demócratas enviaron esta semana una carta al secretario de Estado, Rex Tillerson, y a la secretaria interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke, instándoles a prorrogar el TPS.
Su principal argumento es que las condiciones en los países que motivaron su inclusión en el listado no mejoraron, sino que se agravaron con más desastres naturales y problemas medioambientales, económicos y de seguridad.

Honduras y El Salvador, recordaron, están entre los países del mundo con mayor tasa de homicidios y violencia sexual.
El Center for American Progress, un centro de investigación de corte progresista con sede en Washington, cifra en 164.000 millones de dólares el impacto negativo que a lo largo de la próxima década tendría en el producto interno bruto (PIB) estadounidense no renovar el TPS a los países centroamericanos y a Haití.
“Las pérdidas para los estados y para determinadas industrias dentro de esos estados serían extraordinarias”, asegura Tom Jawetz, vicepresidente de Políticas Migratorias del Center for American Progress. Además, su deportación masiva costaría a los contribuyentes estadounidenses más de 3.000 millones de dólares.
“Han estado viviendo en muchos casos en Estados Unidos durante al menos 16 años”, señala Carlos Guevara, asesor senior en temas de política migratoria de Unidos US, una organización paraguas de protección a los hispanos en la que se agrupan unas 300 entidades. “Se han convertido en parte de nuestras familias, de nuestra economía y de nuestras comunidades”.

“Escogimos esta fecha 22 de julio porque hoy se vencería el TPS de los haitianos, a los que solo les renovaron el beneficio por seis meses, y han sido los primeros amenazados del gobierno” explicó Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros.

Tanto el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, John Kelly, como James McCament, director interino del Servicios de Inmigración y Ciudadanía, han argumentado que las condiciones en Haití han mejorado lo suficiente como para poner fin a la “situación de protección temporal” de la que gozan 58 mil 706 haitianos y que estos deberían prepararse para regresar a su país.

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Además, 86.163 hondureños y 5.349 nicaragüenses están registrados bajo el programa que en su caso vence el 5 de enero del próximo año.

Tras 35 años viviendo en Estados Unidos, la hondureña Sonia Paz no creyó que su estancia en el país estaría en peligro.

La inmigrante centroamericana está amparada por el TPS desde 1999, después que su país fue devastado por el Huracán Mitch, y ahora que tiene hijos y nietos estadounidenses dice que sería una sentencia de muerte enviarla de regreso a Honduras.

“Yo he pagado impuestos todos estos años, he trabajado muchísimo, no tengo una sola infracción y en mi trabajo mis compañeros, muchos americanos (de EE.UU.), me dicen nosotros te vamos a defender, no es justo lo que te quieren hacer” apuntó Paz.

Un estudio difundido esta semana por el Centro para Estudios de Inmigración reveló que entre el 81% y el 88 % de los beneficiarios del TPS trabajan.

Ese porcentaje es muy superior al de la población general (63 %) y al de los inmigrantes (66 %).

Las manifestaciones y llamados en busca de solidaridad que se realizan hoy en el país están encaminados a la preparación de una gran vigilia frente a la Casa Blanca en el mes de octubre, en la que se espera a los cardenales católicos de Honduras y El Salvador

“Treinta millones de personas se quedarán próximamente sin cobertura médica por la eliminación de Obamacare, de los cuales más de seis millones serán latinos”, afirmó Waldmann en la Conferencia Anual de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos (NALEO), que se celebra esta semana en Dallas  (Texas) .

El plan de los republicanos de la Cámara alta incluye fuertes recortes al programa Medicaid  (para personas de bajos ingresos) y da a los estados flexibilidad para dejar de ofrecer coberturas garantizadas por Obamacare, como la maternidad o tratamientos relacionados con la salud mental.

Mientras que bajo Obamacare la tasa de latinos sin cobertura médica decreció 10 puntos porcentuales desde 2013 al 2016, con las nuevas directrices del gobierno de Trump se prevé que estas ganancias de los últimos años se pierdan y se incremente el número de hispanos desprotegidos en Estados Unidos.

Además, la experta lamentó que la nueva medida ponga trabas al acceso sanitario a miles de niños que pertenecen a familias de ingresos bajos.

Trump ha depositado muchas esperanzas en el plan del Senado, dado que la semana pasada aseguró que el proyecto aprobado en la Cámara baja es “mezquino”, después de celebrar su aprobación en mayo por todo lo alto en una ceremonia en la Casa Blanca.

Residencia por TPS

Centenares de personas amparadas por el Estatus de Protección Temporal  (TPS) pidieron este viernes al Congreso de EE. UU. que actúe para extender sus permisos y cree una vía para que los que llevan décadas en el país obtengan la residencia permanente.

En una conferencia en la Cámara baja, los “tepesianos”, como se autodenominan, en su mayoría originarios de El Salvador, Honduras y Haití, defendieron el permiso que EE.UU. les concedió de forma extraordinaria en la década de 1990 debido a los conflictos bélicos o desastres naturales ocurridos en sus países.

Ahora el gobierno del presidente de EE. UU., Donald Trump, ha prometido dejar de renovarlo, mientras que a principios de mes el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, mantuvo que “por definición, el TPS es temporal”.

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El director de la Red Nacional de Jornaleros  (NDLON), Pablo Alvarado, aseguró que este programa migratorio refleja los valores estadounidenses “más bellos”  de integración y solidaridad, y sostuvo que ha beneficiado tanto a los que se han podido amparar en él como al país norteamericano, por todos los aportes de este colectivo.

Alvarado atribuyó a la “crueldad”  y el “racismo”  las declaraciones del Gobierno de Trump sobre la posibilidad de que no se renueve el TPS.

Ante lo expresado por Kelly, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo el viernes que esta próxima semana abogará ante altos funcionarios de EE.UU. por la ampliación, a partir de enero de 2018, de un nuevo TPS a favor de los inmigrantes hondureños que actualmente son favorecidos con ese programa.

Hernández planteará su petición sobre un nuevo TPS al secretario de Estado, Rex Tillerson, y a Kelly, con quienes se reunirá en Miami con ocasión de la Conferencia sobre Seguridad y Prosperidad en Centroamérica.

La conferencia, que se celebrará los días 15 y 16, es organizada por Estados Unidos y México, y hasta ahora de parte de Centroamérica han confirmado su asistencia Hernández, lo mismo que sus homólogos de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, y Guatemala, Jimmy Morales.

El TPS actual, por 18 meses, es el decimotercero de EE.UU. a inmigrantes hondureños, que en su mayoría viajaron a ese país después del paso del huracán Mitch, a finales de 1998, que dejó en Honduras más de 5 mil muertos y millonarias pérdidas económicas.

El funcionario declaró que ese privilegio, de beneficio para miles de hondureños, salvadoreños, nicaragüenses y haitianos, no debería ser permanente, y agregó que quienes reciben ese trato deberían pensar en volver a sus casas, una medida que de ninguna manera puede ser la vía para resolver una problemática de décadas y, en cambio, podría desencadenar una aguda crisis para estas naciones y, de hecho, puede acrecentar el problema de la migración ilegal.

Las reacciones, por supuesto, no se han hecho esperar y estas van desde la angustia de los miles de afectados hasta la preocupación de algunos gobiernos porque esto no ocurra en un corto plazo, ya que conllevaría imprevisibles consecuencias en la ya complicada situación de la región.

Una de las expresiones más conmovedoras se produjo ayer en Miami, donde un conglomerado de migrantes de Centroamérica y Haití pidieron compasión al presidente Donald Trump para que su gobierno desista de las deportaciones mientras el Congreso no tome una decisión de llevar a la discusión la regularización de millones de ellos.

De hecho, esas acciones de expulsión de miles de migrantes ya están en marcha, pues la semana anterior el gobierno estadounidense anunció la renovación del TPS para 58 mil haitianos, quienes gozan de ese beneficio a causa del terremoto que destruyó la isla en el 2010, pero se les comunicó que solo será por los siguientes seis meses y no por los 18 que habitualmente se les concedía, con lo cual el plazo fatídico se vencería en enero del 2018.

Tanto los haitianos como los centroamericanos que están en riesgo de perder ese beneficio provienen de realidades abrumadoras, donde ninguno de sus gobiernos podrá hacerle frente a un retorno masivo de migrantes, y sería contraproducente avanzar de manera acelerada por esa vía porque ello solo agravará las condiciones de precariedad preexistentes en estas naciones.

Además de los haitianos, se estima que en ese nivel de vulnerabilidad se encuentran aproximadamente 260 mil salvadoreños, 86 mil hondureños y cinco mil nicaragüenses, cifras elevadas si se materializa en un corto plazo la expulsión de inmigrantes, y es indiscutible que a estos deportados se les estaría condenando a una vida de limitaciones, sin que ello conduzca a la solución de problemas internos de EE. UU., que parece hallar en los migrantes el eslabón más débil para culparlos de sus males.

Ese país debe tomar en cuenta que buena parte de las condiciones actuales del Triángulo Norte son fruto de años de indiferencia y hasta de aprovechamiento de recursos a lo largo del siglo XX, cuando se pudieron sentar las bases para superar la pobreza, pero también se pudo haber apoyado de manera decidida el fortalecimiento de regímenes democráticos.

El gobierno estadounidense otorga este estatus migratorio temporal, conocido por sus siglas en inglés TPS, a ciudadanos de países que sufrieron desastres naturales.

En EL 2001 el entonces presidente George W. Bush concedió el beneficio a los salvadoreños que ingresaron sin permiso a Estados Unidos.

La medida siguió a dos terremotos que sacudieron la nación centroamericana. Además de los salvadoreños, también gozan de TPS hondureños y nicaragüenses.

En San Salvador, la ministra para los salvadoreños en el exterior Liduvina Magarín dijo que 194 mil 790 salvadoreños renovaron su TPS en el 2015 en la última prórroga, un descenso respecto a los 280 mil que lo obtuvieron en el 2001.

La cantidad de salvadoreños beneficiarios de TPS “ha venido bajando año con año dado que van encontrando otras opciones de mantenerse de manera regular en Estados Unidos”, dijo la funcionaria en conferencia de prensa.

El estatus migratorio temporal evita a las personas ser deportadas y les permite obtener autorización para trabajar legalmente en Estados Unidos.

El presidente remarcó que es un motivo de tristeza pero desde su posición seguirá apoyando para mejorar las condiciones de los connacionales.

El Tribunal Supremo de ese país decidió sobre las medidas migratorias y se mantiene vigente la resolución anterior que invalidó las medidas ejecutivas para retrasar las deportaciones de  indocumentados y padres que tienen hijos con residencia permanente o ciudadanía estadounidense, decretadas por Barack Obama.

Las medidas son conocidas como DACA y DAPA y ya han sido ejecutadas por el gobierno, pero con la decisión legal quedan suspendidas las ampliaciones o beneficiar a más personas.

Los registros del Ministerio de Relaciones Exteriores indican que son casi dos millones de guatemaltecos los que serían afectados por las deportaciones.

La Cancillería comunicó en una nota oficial la preocupación por el futuro de los alivios migratorios. Además aseguran que seguirán reclamando un Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para los niños guatemaltecos que han llegado a suelo estadounidense huyendo de la violencia.

Recibe a migrantes

El mandatario llegó a la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), para recibir un vuelo con 135 personas deportadas de Estados Unidos. “Venimos al lugar donde reciben a los migrantes retornados, estamos viendo como el ministerio de Defensa y Migración mejoramos la recepción y atención a las personas retornadas”, declaró.

El gobernante indicó que trabajan en la posibilidad de brindar becas de empleo para los migrantes retornados, por medio de una evaluación para calificarlos y brindarles el apoyo económico.

La misiva a Obama, firmada por los 26 gobernadores, resalta la continuidad de las deportaciones de madres, niños y menores no acompañados, según la información facilitada por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex).

“Le urgieron a no continuar con la deportación de estos grupos vulnerables, sobre todo si carecen de antecedentes penales, así como, la necesidad de que se garantice el debido proceso y el respaldo consultar respectivo en cada caso”, agrega el Minex.

Según la cancillería, la solicitud de otorgar el TPS a guatemaltecos, se da en el contexto de la peor crisis de refugiados, con más de 60 millones de personas a nivel mundial desplazados de sus hogares por temas relacionados con el Desarrollo y la Seguridad Ciudadana.

El canciller Carlos Morales, luego de trascender la acción de los senadores, respaldo la solicitud de TPS a guatemaltecos al tiempo de calificar la misma como “un reconocimiento a la importante contribución que la comunidad migrante realiza en ese país”.

Según el Minex, en la agenda de la cartera está de manera permanente la Política Exterior del país y, como muestra, en cinco meses se ha solicitado cuatro veces el TPS, la primera al Vicepresidente Joe Biden, en dos ocasiones al Secretario de Seguridad Interir, Jeh Johnson y la más reciente, al Presidente Barack Obama.

Añadió que la situación se debe analizar de forma meticulosa para ofrecer soluciones reales a problemas reales, por lo que el papel de las universidades es invaluable al abordar el tema de la migración. 

Resaltó que es importante llamar la atención al sector privado de la región, ya que debe dar empleo. Dijo que las deportaciones continuarán, porque es un delito que las personas entren a Estados Unidos de forma irregular, ya que cada país tiene sus reglas.

Peligros en el camino

Señaló que los viajeros encuentran muchos peligros en el camino y no todos sobreviven; aparte, es un proceso destructivo para el migrante y las comunidades que quedan atrás, ya que tiene efectos negativos en particular cuando no se cumple el objetivo.

A decir del diplomático, el que adultos entreguen principalmente a sus niños en las manos de delincuentes es un tema peligroso. “El tráfico de personas es ilegal, porque ponen a niños en manos de criminales”, enfatizó.

Resaltó que quienes emprenden el viaje, no solo invierten una fuerte suma de dinero; además, se exponen a traumas físicos, sexuales y mentales.

Educación

“Tengo esperanza que la juventud brillante y orgullosa de ser guatemalteca quiera poner en alto el nombre de su país, y lo va hacer con educación y dejará de migrar”, afirmó Robinson, quien añadió que para atender la migración se deben conocer las raíces y sus impactos, con el fin de enfocarse en estas dos líneas y tomar acciones con verdaderos resultados. 

Para José Cyrano Ruiz, rector de la Universidad Da Vinci de Guatemala, un traficante de personas puede convencer a un joven de invertir Q50 mil o más para la travesía, pero sin garantías de llegar,  y de lograrlo le depara años de vida al margen de la ley.

“Existen miles de universitarios que no encuentran un trabajo acorde a su profesión, las universidades perdemos la lucha contra los traficantes”, manifestó el académico.

Faltan mecanismos

El rector sostiene que es importante que desde la educación se puedan crear los mecanismos de oportunidad para que los jóvenes no migren. “Ya existe un colosal muro fronterizo que ha estado invisible y la frontera donde se levanta no es lo geográfico, es el desierto del subdesarrollo”, resaltó.

Señaló que para tener éxito no es necesario irse de Guatemala, ya que la educación superior tiene el compromiso de meterse de lleno para hacer propuestas y ofrecer alternativas. “No basta con que se inscriban en la  universidad, deben tener algo laboral o empresarial que ofrecerles y hacia eso debemos enfocarnos”, dijo el profesional. 

Dra. Price de @GWtweets habla sobre cómo erradicar la #MigraciónIrregular al norte #SUMIhuehue pic.twitter.com/j1NwKIA8Y0

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) May 17, 2016

Según el viceministerio de Educación Bilingüe, del total de migrantes entre 15 y 24 años, el 46.3% son hombres y el 38 por ciento mujeres, quienes solo cuentan con educación primaria. Añade que esto es una manifestación que principalmente los que migran, han sido excluidos del sistema educativo nacional.

Se detalla que la tasa de cobertura en ciclo básico ha dejado al margen a por lo menos 800 mil adolescentes entre 13 y 18 años; además, un total de 1.6 millones escolares están fuera de la cobertura educativa.

Resalta que se deben implementar certificaciones para migrantes que son deportados y han aprendido un oficio; también implementar qioscos informativos para que los adolescentes aprendan una actividad y sean actores del cambio y desarrollo en su comunidad.

Aumenta migración

A cada 17 minutos un menor guatemalteco es detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza en Estados Unidos, lo que deja al descubierto que la migración de niños y adolescentes, en su mayoría sin compañía de un adulto, va en aumento, situación que preocupa a activistas que señalan que el problema tienen mayor incidencia en la provincia.

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Los actuales beneficiarios del TPS para Nicaragua y Honduras que quieran seguir acogiéndose a esta medida deberán volverse a registrarse a partir del lunes y en el plazo de 60 días establecido, informó el comunicado.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración hizo un llamamiento a los nicaragüenses beneficiados por este programa a efectuar sus registros y presentar los documentos necesarios lo antes posible, y advirtió de que habrá casos en los que los beneficiarios no reciban este nuevo documento hasta que el anterior expire.

El TPS permite a los beneficiarios la obtención de un permiso de trabajo temporal válido durante el tiempo que se mantenga la medida.

El Gobierno de Estados Unidos otorgó el TPS a Honduras y a Nicaragua bajo el mandato del presidente demócrata Bill Clinton, después de que el huracán Mitch dejara miles de muertos, graves daños y cientos de miles de damnificados en esos países en 1998.

Desde entonces, EE. UU. ha renovado ese estatus en 13 ocasiones, incluyendo esta última.

También más de 200 mil salvadoreños gozan de un TPS que le concedió a ese país el Gobierno del expresidente George W. Bush luego del devastador terremoto que sufrió en el 2001, mientras que las autoridades guatemaltecas han pedido asimismo que se les extienda ese beneficio migratorio a sus ciudadanos.

Grupos proinmigrantes mantienen actualmente una campaña a favor de que el Gobierno del presidente Barack Obama extienda las ventajas del TPS o les otorgue el estatus de refugiado a los inmigrantes indocumentados que llegan en los últimos tiempos al país, principalmente de El Salvador, Guatemala y Honduras, huyendo de la violencia.

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Se trata de la decimotercera ocasión que Estados Unidos concede esa protección a favor de miles de inmigrantes hondureños que llegaron al país del norte después del huracán Mitch, que a finales de 1998 dejó unos 5 mil 657 muertos y pérdidas económicas por más de 3 millones de dólares en su país, según fuentes oficiales.

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El nuevo TPS, según ha trascendido desde Washington, favorecerá a unos 59 mil 961 hondureños, y entrará en vigor en julio y vencerá el 5 de enero del 2018.

Autoridades de Tegucigalpa calculan que en Estados Unidos viven más de un millón de hondureños, entre residentes legales e indocumentados.

Los inmigrantes hondureños envían anualmente remesas familiares que en el 2015 superaron los 3 mil 500 millones de dólares.

La solicitud fue hecha este martes durante una reunión en la cual participaron Morales, Obama, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, y otros funcionarios norteamericanos.

“El presidente Morales expresó las razones por las cuales es importante que se apruebe el TPS para Guatemala”, manifestó el canciller guatemalteco sin detallar dichas razones.

Recordó que dicho estatus beneficia actualmente a ciudadanos de Honduras, Nicaragua y El Salvador, pero no a los de Guatemala.

En declaración a la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN), Morales dijo que: “Hoy le volví a pedir un TPS; ya se lo había pedido dos veces al vicepresidente Biden, se había pedido al secretario de Seguridad, Jen Johnson, y hoy se pide con el presidente Obama”, comentó el presidente.

Explicó que esta solicitud al Gobierno de Estados Unidos obedece a la importancia que su Gobierno da a la atención de todos los guatemaltecos.

“Uno de los compromisos de nuestro gobierno es que el Estado de Guatemala se extienda hasta donde un guatemalteco lo necesite. Nosotros creemos que los guatemaltecos en Estados Unidos han sido desprotegidos y no se ha abogado por un TPS”, señaló.

Al concluir la reunión Morales dijo habló: “Tuve la oportunidad de hacerle personalmente la petición al presidente Obama porque creemos que es una necesidad, creemos que legalmente está más que evidenciado y respaldado que Guatemala necesita y merece un TPS como lo tiene El Salvador, Honduras y México”.

Nueva petición

En enero último, cuando Biden arribó a Guatemala para presenciar la toma de posesión de Morales, este aprovechó para pedir el TPS a favor de los connacionales por primera vez.

El encuentro entre Morales y Biden se efectuó en el Hotel Intercontinental, ubicado en la zona 10 capitalina, informó en su momento el equipo de comunicación de Morales. 

Durante la reunión Morales dijo a Biden: “Existe un pensamiento que dice: no tenéis porque no pedír, yo quiero pedir algo para los guatemaltecos, es una decisión difícil pero necesaria, me quiero unir a la petición de 10 de senadores y 139 legisladores en Estados Unidos que han estado abogando por el TPS en favor de nuestros connacionales”.

En esa ocasión el vicepresidente norteamericano también se reunió en privado con los mandatarios Orlando Hernández, de Honduras, y Salvador Sánchez Cerén, de El Salvador.

En Washington DC

Jimmy Morales se encuentra en Estados Unidos para sostener diversas reuniones.

Entre ellas tiene contemplado un nuevo encuentro con Biden y sus homólogos de Honduras y El Salvador para conversar acerca de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte.

Ningún demócrata votó a favor de la resolución, mientras que cinco republicanos lo hicieron en contra: los congresistas por Florida Carlos Curbelo, Ileana Ros-Lehtinen y Mario Díaz-Balart, Bob Dole, por Illinois, y Richard Hanna de Nueva York. Siete legisladores de cada partido se abstuvieron.     
     
Curbelo justificó su voto en contra alegando que la resolución no es necesaria para defender la independencia de poderes.   
       
“Durante demasiado tiempo ambos partidos han preferido ganar puntos mezquinos en lugar de buscar una reforma sustancial”, dijo en un comunicado. “La vía más apegada a la constitución para acabar el abuso de autoridad presidencial es aprobar una reforma migratoria sustancial, no el empleo de tácticas vacías que ignoran la raíz del problema”.  
          
Un total de 26 gobernadores republicanos interpusieron el año pasado una demanda contra la acción ejecutiva alegando que representaba un abuso de la autoridad presidencial. 
  
Justo antes de la votación a la que Ryan describió como “extraordinaria” y “vital”, el presidente del Congreso dijo que la resolución no busca fijar posición sobre políticas migratorias sino más bien preservar la separación de poderes públicos dispuesta en la constitución.
           
“Esto no se trata de si estamos a favor o en contra de una política específica”, dijo Ryan en el pleno de la cámara. “Los congresistas que están planteando argumentos sobre política migratoria no entienden nada. Se trata de la integridad de nuestra constitución”.  
    
Ryan argumentó que la cámara de representantes está “excepcionalmente calificada” para pronunciarse sobre la cuestión planteada ante la Corte Suprema: si el presidente usurpó funciones del Poder Legislativo al adoptar medidas ejecutivas sobre inmigración.

El voto estuvo precedido por un acalorado debate en el que varios demócratas expusieron su oposición al proyecto. El demócrata Luis Gutiérrez lo calificó de “afrenta a todos los estadounidenses” por “usar los recursos del gobierno federal para promover una agenda política”.

“Quisiera que la mayoría (republicana) dejara de hablar sobre la constitución y hablara sobre lo que realmente quiere lograr aquí”, dijo el congresista por Illinois. “Ustedes quieren ver a las personas deportadas. Por qué no se levantan y lo dicen? Sean hombres y mujeres íntegros”, se quejó.   

Un total de 225 legisladores demócratas presentaron la semana pasada un recurso ante la Corte Suprema a favor de las medidas ejecutivas de Obama.    
     
La mayoría republicana en la cámara baja rehusó someter a votación un proyecto bipartidista de reforma migratoria aprobado por el Senado en 2013 que incluía la opción de la naturalización para los inmigrantes sin autorización legal para residir en el país.     
       
Las autoridades no han resuelto el estatus de los 11 millones de inmigrantes que residen en Estados Unidos sin autorización.  
           
El comité de campaña del partido demócrata vinculó la resolución propuesta por Ryan a las propuestas migratorias del principal precandidato presidencial republicano Donald Trump, quien está a favor de las deportaciones masivas y de completar un muro a lo largo de la frontera con México.
      
“Con este voto tan cruel, Paul Ryan y los congresistas republicanos están actuando en la retórica antiinmigrante y vil de Donald Trump”, dijo en un comunicado el presidente del comité, Ben Ray Luján. “El establecimiento republicano puede decir que Ryan es un moderado, pero la realidad es que él no estuviera presentando este voto si no fuera por Donald Trump”.   
Al menos 50 organizaciones partidarias de otorgar beneficios a los inmigrantes no autorizados habían exhortado públicamente a los miembros del Congreso a votar en contra de la resolución.

“Apoyar los esfuerzos de Ryan para derrotar estos programas (de alivio migratorio) no sería un ejercicio técnico legal. Al contrario, sería una clara señal a sus votantes de que usted quiere que la Corte Suprema acabe con los sueños” de millones de personas, rezaba una carta difundida el jueves.

La salvadoreña Geyso Lemus, quien vive en el país de manera ilegal y es madre de un niño que llegó solo al país en el 2014 y ahora tiene asilo, dijo que el Estatus de Protección Temporal, o TPS por su siglas en inglés, le daría la tranquilidad de saber que no podría ser deportada y separada de sus dos hijos, uno de los cuales es estadounidense, y de su esposo, que tiene TPS.

“Queremos que la senadora luche por el Estatus de Protección Temporal, para los que no tenemos este beneficio”, dijo la centroamericana, quien asistió a la manifestación con sus hijos Anderson y Justin, quien nació en EE. UU.

Nancy Zúñiga, representante de la organización Alianza por los Derechos Humanos de Familias y Niños Refugiados, con sede en Los Ángeles, dijo que la manifestación se enfocó en Feinstein porque ella es integrante de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual está encargada de inmigración y otros asuntos.

A través de un mensaje electrónico, una representante de Feinstein, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada para hablar con la prensa, dijo: “La senadora Feinstein ha estado por mucho tiempo a la vanguardia de la protección de niños inmigrantes no acompañados y cree que Estados Unidos tiene la obligación de proteger a menores vulnerables”.

La cantidad de niños que cruzan la frontera de manera ilegal se disparó en el 2014, lo que llevó al gobierno de Obama a decir que los menores que no cubrieran los requisitos para quedarse legalmente en el país serían deportados rápidamente.

Después de ser criticado por un operativo nacional para detener inmigrantes a principios de este año, el gobierno anunció que ampliaría un programa para que centroamericanos puedan solicitar estatus de refugiados antes de arriesgar sus vidas tratando de llegar por tierra a la frontera estadounidense.

El gobierno de Obama ha deportado a cerca del cuatro por ciento de decenas de miles de menores que han llegado solos a la frontera en los últimos años, de acuerdo con cifras oficiales. Este porcentaje equivale a 7 mil 643 menores deportados entre los años presupuestarios del 2012 al 2015, de los cuales la mayoría procedía de Honduras, El Salvador y Guatemala.

A raíz de que siguen llegando niños y familias a la frontera, cientos de organizaciones y al menos 22 senadores demócratas han pedido a Obama que otorgue TPS a estas familias centroamericanas, porque si son deportados regresarían a un ambiente violento.

La salvadoreña Geyso Lemus, quien vive en el país de manera ilegal y es madre de un niño que llegó solo al país en el 2014 y ahora tiene asilo, dijo que el Estatus de Protección Temporal, o TPS por su siglas en inglés, le daría la tranquilidad de saber que no podría ser deportada y separada de sus dos hijos, uno de los cuales es estadounidense, y de su esposo, que tiene TPS.

“Queremos que la senadora luche por el Estatus de Protección Temporal, para los que no tenemos este beneficio”, dijo la centroamericana, quien asistió a la manifestación con sus hijos Anderson y Justin, quien nació en Estados Unidos.
Nancy Zúñiga, representante de la organización Alianza por los Derechos Humanos de Familias y Niños Refugiados, con sede en Los Ángeles, dijo que la manifestación se enfocó en Feinstein porque ella es integrante de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual está encargada de inmigración y otros asuntos.

A través de un mensaje electrónico, una representante de Feinstein, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada para hablar con la prensa, dijo: “La senadora Feinstein ha estado por mucho tiempo a la vanguardia de la protección de niños inmigrantes no acompañados y cree que Estados Unidos tiene la obligación de proteger a menores vulnerables”.

La cantidad de niños que llegan cruzan la frontera de manera ilegal se disparó en el 2014, lo que llevó al gobierno de Obama a decir que los menores que no cubrieran los requisitos para quedarse legalmente en el país serían deportados rápidamente.

Después de ser criticado por un operativo nacional para detener inmigrantes a principios de este año, el gobierno anunció que ampliaría un programa para que centroamericanos puedan solicitar estatus de refugiados antes de arriesgar sus vidas tratando de llegar por tierra a la frontera estadounidense.

El gobierno de Obama ha deportado a cerca del 4% de decenas de miles de menores que han llegado solos a la frontera en los últimos años, de acuerdo con cifras oficiales. Este porcentaje equivale a 7.643 menores deportados entre los años presupuestarios del 2012 al 2015, de los cuales la mayoría procedía de Honduras, El Salvador y Guatemala.

A raíz de que siguen llegando niños y familias a la frontera, cientos de organizaciones y al menos 22 senadores demócratas han pedido a Obama que otorgue TPS a estas familias centroamericanas, porque si son deportados regresarían a un ambiente violento.

La meta de esa instancia de consultas sería garantizar una “alineación estratégica de objetivos, para que no se haga un gasto disperso en distintos proyectos, de tal forma que no se dispersen recursos sino que se mantengan focalizados”, dijo el presidente.

Al fin de una reunión con el vicepresidente estadounidense, Morales aseguró que Washington no impone “condicionamientos”  para impulsar la multimillonaria Alianza para la Prosperidad  (APP), aunque la contención de la oleada migratoria es el objetivo prioritario.

De acuerdo con Morales, en esas negociaciones Washington defiende que “con esta inversión de la APP logremos el desarrollo económico de las comunidades, pero con encadenamientos productivos para la generación de empleo y evitar la migración. El interés común que tenemos acá es evitar la migración”.

Esa oleada migratoria, dijo el mandatario, expone a guatemaltecos a un viaje “inhóspito y peligroso” , y además priva a ese país de muchos trabajadores, aunque admitió que para mantenerlos en su país el gobierno precisa generar empleos.

La idea de la Alianza para la Prosperidad fue lanzada por Biden después que en la segunda mitad de 2014 Estados Unidos fue sorprendido por una oleada migratoria sin precedentes proveniente de países centroamericanos.

Insiste con TPS

El presidente Morales volvió a solicitar el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés), a lo cual el vicemandatario estadounidense respondió que este es un año atípico en su país, por las elecciones, pero que analizará la petición que se hizo el día de la toma de posesión.

En la reunión previa entre presidentes del Triángulo Norte se acordó el combate conjunto de la amenaza del gorgojo de pino, prevenir el virus del Zika y alinear varios proyectos regionales.

“Hemos logrado mantener una reunión multilateral con los presidentes de Honduras y El Salvador, en la que tocamos temas importantes como el combate a la plaga del gorgojo, que está afectando a Honduras y que va rumbo a Guatemala”, dijo el mandatario.

El gorgojo de pino ha afectado 700 mil hectáreas de masa forestal en Honduras. Las autoridades de ese país están trabajando en el plan de acción, prevención y control de esta plaga.

Con información de AFP

En el caso de Guatemala, ya el pasado 14 de enero previo a la toma de posesión, el presidente Jimmy Morales aprovechó la reunión con el vicepresidente de los Estados Unidos (EE.UU.), Joe Biden, para solicitar a la administración Obama el Estatus de TPS para los guatemaltecos en la unión americana.

Según la Dirección General de Migración, al 20 de enero de este año se reportan 1,721 personas deportadas vía aérea y 2,134 vía terrestre, mientras que durante 2015 se registraron 75,045 vía terrestre y 3,012 por avión.

Demanda

La carta fue firmada por asociaciones centroamericanas dedicadas a la defensa de los derechos civiles, laborales o humanos, entre otras.  Esta delinea los fundamentos jurídicos por los que dichos inmigrantes podrían optar al TPS como alivio migratorio.

“El TPS se basa en la autoridad legal clara que fue establecida por el Congreso hace 25 años para responder a las crisis humanitarias como la que estamos viendo en el Triángulo del Norte”, dijo Royce Murray, director de política en el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes de Heartland Alliance.

“Conociendo la violencia que está ocurriendo en estos países, y cómo sus gobiernos no han logrado mantener seguros a sus propios ciudadanos, sería inconcebible deportar a nadie en este momento. Es exactamente el tipo de situación que el TPS tiene la intención de abordar”, agregó.

La misiva pide a la Administración de Obama que emplee la protección del TPS, que también se utiliza para víctimas de desastres naturales, como un componente adicional de respuesta humanitaria a la crisis de refugiados de Centroamérica.

La petición de las organizaciones llega apenas unas semanas después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) comenzará a finales de año un nuevo operativo de redadas para la detención y deportación de inmigrantes centroamericanos que hubieran llegado al país durante el año pasado tras la nueva oleada migratoria proveniente del Triángulo Norte.

Entre el 1 de octubre de 2014 y el 30 de septiembre de 2015 fueron detenidos en la frontera 39,970 centroamericanos menores de 17 años de edad, una cifra inferior a las 68,541 detenciones del año fiscal 2014, según datos oficiales.

Sin embargo, en los dos primeros meses del presente año fiscal (octubre y noviembre pasados), 10,588 menores sin acompañante han sido detenidos, un aumento del 106 por ciento en relación al mismo periodo del año anterior, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Durante el encuentro Morales dijo a Biden: “Existe un pensamiento que dice: no tenéis porque no pedís, yo quiero pedir algo para los guatemaltecos, es una decisión difícil pero necesaria, me quiero unir a la petición de 10 de senadores y 139 legisladores en Estados Unidos que han estado abogando por el TPS en favor de nuestros connacionales”.

Biden quien presenciará la recemonia de transmisión de mando, dijo a Morales que llevará su petición al debate del tema en EE.UU..

El vicepresidente norteamericano se reunió en privado con los presidentes de Honduras, Orlando Hernández; El Salvador, Sánchez Cerén y el presidente electo de Guatemala.

Triángulo Norte

“Una de las cosas que el vicepresidente particularmente enfatizará es en asegurar que los líderes (…) entiendan las condiciones asociadas”  a un paquete de ayuda por 750 millones de dólares diseñado por la Casa Blanca y aprobado en el Congreso, dijo un funcionario, que prefirió mantenerse en el anonimato.
 
“Es un monto importante de dinero pero viene con unas importantes condiciones” , añadió la fuente gubernamental.
 
Biden representará al presidente Barack Obama en la ceremonia de investidura del nuevo mandatario de Guatemala.
 
Durante la visita relámpago, el vicepresidente estadounidense, encargado por Obama para impulsar las relaciones de Washington con América Latina, sostendrá una reunión bilateral con Morales y otro encuentro con los mandatarios de Guatemala, El Salvador y Honduras.
 
El mensaje de Biden en esa última reunión será “estamos aquí para ayudarlos pero éste es un viaje que tenemos que hacer juntos”, agregó el funcionario.
 
Biden ayudó a diseñar con presidentes centroamericanos un plan de ayuda por valor de 1.000 millones de dólares, pero el Congreso aprobó 750 millones con un esquema de condiciones estrictas.
 
Una cuarta parte del dinero será retenida por el Congreso hasta que el secretario de Estado, John Kerry, certifique y comunique a los legisladores que los países toman “pasos efectivos”  para combatir la migración irregular hacia Estados Unidos.

    Las autoridades estadounidenses anunciaron la semana pasada el arresto de 121 adultos y niños en situación irregular, principalmente en Texas,  Georgia y Carolina del Norte. Esas familias llegaron al país a partir de mayo de 2014 y están bajo una orden de deportación.

    “La ejecución de nuestras leyes sobre la inmigración debe hacerse con humanidad y según los procedimientos regulares, y es por ello que estimo que es necesario parar las redadas que apuntan a comunidades de inmigrantes” , declaró este lunes Hillary Clinton, candidata a las primarias demócratas rumbo a las presidenciales de noviembre.

    “Condenamos enérgicamente las recientes operaciones del departamento de Seguridad Interior contra madres e hijos refugiados de El Salvador, Honduras y Guatemala” , escriben en la misiva.

    De estos tres países son originarios muchos inmigrantes clandestinos en los últimos años a través de la frontera con México.

En 2014, cuando una ola de menores de edad sin compañía provocó una crisis política en Estados Unidos, los republicanos acusaron a la Casa Blanca de laxitud y enterraron un proyecto de regularización de unos 11 millones de sin papeles ya en el país.

    “Llamamos a suspender inmediatamente la operación hasta que estemos seguros de que ninguna madre o niño será enviado a un país donde corran riesgo de persecución, tortura o muerte” , piden los demócratas.

    La Casa Blanca reiteró su política migratoria, de promover las regularizaciones de los ilegales con mayor antig edad en el país, los niños, al pedir a las fuerzas del orden que se concentren en la expulsión de aquellos con antecedentes judiciales o los que llegaron recientemente.

Si se aprueba, los beneficiados serían unos 500 mil connacionales, indicó el canciller Carlos Raúl Morales.

Los legisladores hacen ver en la carta que según la sección 244 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, el secretario de Seguridad Nacional puede designar a un país extranjero para el TPS, por las condiciones que impiden temporalmente a los nacionales regresar de manera segura o, en determinadas circunstancias, cuando el país es incapaz de manejar el retorno de sus connacionales adecuadamente.

“Guatemala ha sido afectada por deslizamientos de tierra, terremotos, consistentes patrones climáticos tropicales destructivos, sequía y dificultades durante los últimos años, lo cual creemos la vuelve elegible para la designación de TPS”, dice la nota dirigida a Johnson.

También se menciona la violencia que ha “afectado gravemente” al país, y se anota, como punto positivo, la reciente renovación del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Si se otorga el estatus, cientos de miles de guatemaltecos pueden permanecer en EE. UU. durante un tiempo limitado y obtener una autorización de empleo, pero no conduce a un estatus de residente permanente.

Al terminarse el período del beneficio podría ser prorrogado por la misma cantidad de tiempo en el cual fue concedido al inicio. Por ejemplo, El Salvador ha recibido la renovación del TPS en varias ocasiones.

Crisis podría ayudar

La crisis política y de credibilidad del gobierno guatemalteco podría reforzar el impulso de la solicitud del TPS, de acuerdo con Wálter Batres, de la Mesa Comunitaria Guatemalteca de Los Ángeles.

Según el dirigente, EE. UU. tiende a apoyar más a la gente cuando hay conflictos de diferentes tipos en sus países de origen, y cree que en el Congreso estadounidense no se ha ignorado lo que sucede en Guatemala.

“Por una situación política se viene a apoyar más. Considero que a buena hora podría ser un gran impulso”, subrayó Batres.

Estaba condicionada

Hace un año, el vicepresidente de EE. UU., Joe Biden, en su visita a Guatemala condicionó la discusión del TPS al avance que tuviera la reforma migratoria en el Congreso de su país, cuyo gobierno creía en ese momento, que sí tendría progresos.

No es la primera vez que el Legislativo estadounidense envía muestras de apoyo al TPS para Guatemala.

En noviembre del 2005, ese estatus obtuvo el apoyo de 27 parlamentarios de EE. UU., grupo en el que destacaron influyentes senadores y congresistas de las comisiones de relaciones internacionales.

En ese año, la Casa Blanca acumuló hasta 50 cartas enviadas desde el Congreso a favor del TPS, pero no pasó nada.

Cuesta arriba

Si el TPS continúa amarrado al avance de la reforma migratoria, nuevamente quedará estancada la posibilidad de obtener el beneficio debido a que la iniciativa que promovió Obama quedó varada en el Congreso por la oposición republicana.

Batres refirió que la reforma migratoria tardará al menos seis años en trabajarse de lleno, porque se basa en el período de los gobiernos.

“Los primeros cuatro años nadie quiere tocar ese tema, y cuando un presidente logra la reelección, los primeros dos años comienza a trabajar en la reforma, y al entregarla al Congreso, se encuentra con la oposición que la bloquea”, dijo.

Rosa Posadas, de la Unión de Guatemaltecos Emigrantes, afirmó que, en casos similares, si se aprueba una reforma migratoria o el TPS, es de esperarse “muchas deportaciones” en meses previos.

Como solución momentánea, Obama anunció el 20 de noviembre del año pasado una acción ejecutiva para detener la deportación de millones de indocumentados que residen en EE. UU., así como beneficios extras para quienes tienen hijos nacidos en ese país.

Sin embargo, esas medidas se encuentran suspendidas por acciones legales promovidas por los opositores republicanos.

Trae esperanza

El embajador de Guatemala en Washington, Julio Ligorría, manifestó sentirse satisfecho por el respaldo obtenido de dichos miembros del congreso norteamericano.

“Los últimos 20 meses hemos estado trabajando con el equipo de la embajada aquí sobre el tema del TPS, y este respaldo nos trae esperanza sobre una medida que no es fácil de obtener”, afirmó el diplomático nacional.

Guatemala ha solicitado que se otorgue el TPS desde la década de 1990.

Más de una década de pedidos

12-05-2005 / Petición oficial

El presidente Óscar Berger pide a su homólogo de EE. UU., George W. Bush, otorgar  TPS, por las secuelas de la tormenta Stan que había afectado semanas atrás.

28-04-2008 / Ofrece analizar

Bush ofrece analizar el TPS ante una nueva solicitud presentada por el mandatario Álvaro Colom en su visita a la Casa Blanca. Bush también ofrece estudiar la posibilidad de una reforma migratoria.

04-06-2010 / Otra solicitud

La Embajada de Guatemala en Washington entrega nuevo pedido de  TPS. Esta vez, por la tormenta Ágatha y los efectos de la erupción del Volcán de Pacaya. EE. UU. también  ofrece estudiar la solicitud.

10-12-2012 / Por terremoto

El primer canciller de este gobierno, Harold Caballeros, viaja a Washington para pedir el TPS, debido al terremoto ocurrido un mes antes y   efectos de desastres anteriores.

20-06-2014 / Condición

La discusión del TPS para Guatemala dependerá del avance de la reforma migratoria, dice el vicepresidente de EE. UU., Joe Biden, durante su visita a Guatemala. La reforma quedó estancada en el Congreso.

15-06-2015 / Congresistas

La solicitud más reciente se hizo llegar al secretario de Seguridad Nacional, a través de una carta firmada por 10 congresistas, demócratas y republicanos.

“No vayan a dejar pasar este fin de semana sin hacer su reinscripción (…), dado que es la manera que les permite estar trabajando de manera legal en Estados Unidos por un período más“, insistió.

La funcionaria explicó que hasta la fecha se ha atendido a unos 30 mil 888 salvadoreños en la red consular salvadoreña en ese país norteamericano, pero que la mayoría poseen “experiencia” en el llenado de los formularios de reinscripción.

El grueso de los beneficiados por el TPS se registra directamente en las instituciones migratorias estadounidenses.

Magarín agregó que las autoridades salvadoreñas están “conscientes” que el número de reinscritos para esta novena prórroga puede ser menor que en la anterior porque “algunos compatriotas ya no lo requieren, porque se han legalizado por otra vía, (o) porque se han regresado al país por alguna dificultad interna con la ley.”

El Gobierno estadounidense extendió el amparo migratorio para los salvadoreños desde el 10 de marzo de 2015 hasta el 9 de septiembre de 2016 y otorgó 60 días para la reinscripción, que expira el próximo lunes.

La viceministra señaló que otro beneficio migratorio, la Acción Ejecutiva Diferida para padres de ciudadanos estadounidenses y residentes legales anunciada por el presidente Barack Obama el pasado 20 de noviembre, “no es nada seguro” y recalcó el llamado a la reinscripción en el TPS.

El TPS fue otorgado por el expresidente estadounidense George W. Bush para beneficiar a los inmigrantes salvadoreños indocumentados luego de que dos terremotos sacudieron en 2001 a El Salvador.

Las remesas de dinero enviadas por salvadoreños a la nación centroamericana son el principal sostén de la economía salvadoreña, representan el 16 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de este país y alcanzaron 4.217,2 millones de dólares en el 2014.

l TPS fue otorgado por el entonces presidente George W. Bush tras los terremotos de enero y febrero del 2001 que devastaron a El Salvador. La nueva prórroga de 18 meses otorgada por el gobierno de Barack Obama se extenderá hasta el 9 de septiembre del 2016.

Según cifras oficiales, unos 2.5 millones de salvadoreños viven en Estados Unidos. Actualmente hay unos 208 mil amparados por el TPS.