Deudas, problemas familiares y un nuevo estilo de vida luego de padecer alguna discapacidad como secuela de un accidente de tránsito son historias que comparten sobrevivientes de una de las principales causas de muerte en Guatemala.

En el país ocurren a diario 22 accidentes de tránsito, y en el 2021 se convirtieron en la primera causa de muerte, según datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Siete personas al día murieron por esa causa en el 2021, segundo año de la pandemia, y en un momento en que el país recuperaba la movilidad en las calles, después de haber pasado 12 meses en una extraña nueva rutina.

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Producto de esos accidentes quedan, además de los fallecidos, miles de lesionados, muchos de los cuales se enfrentan a las secuelas de los traumas e incluso invalidez.

El 29 de julio de 2021, Cindy Herrera conducía su vehículo azul por el que había ahorrado varios años y que aún estaba amortizando.

Seis meses antes se había independizado de sus padres, trabajaba en un centro de llamadas y rentaba un apartamento con el que había firmado el primer contrato de arrendamiento de su vida.

Todo pintaba bien. Una joven de 30 años a quien le gustaba viajar y que tenía muchos sueños hasta que un tráiler que no logró frenar a tiempo embistió el suyo y otros cuatro vehículos, así como una motocicleta, en la bajada de Villalobos.

El automóvil de Cindy fue el último que impactó el tráiler. Prácticamente fue el que frenó su marcha, y ella fue quien sufrió lesiones más graves. El pie derecho se le quedó trabado en el pedal; no podía moverse.

Minutos después su familia recibió una llamada telefónica en la que le informaban del accidente. Era de noche y sus hermanos se disponían a dormir cuando escucharon la alerta.

Al llegar al lugar, uno de ellos tuvo que ayudare a los socorristas a rescatar a Cindy de entre el vehículo.

“Pensaron que ya estaba muerta”, relata Cindy al recordar el momento en que la trasladaron a un sanatorio de Villa Nueva. Un hermano de la joven cuenta que decidieron llevarla a ese lugar por miedo a que en un hospital público se contagiara de covid-19.

“Pero ese lugar solo sirvió para endeudarnos”, lamenta.

Después, Cindy fue trasladada al Hospital de Accidentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) con una fractura en la pelvis, daños en el nervio de la vejiga y el pie derecho destrozado.

Permaneció en sala de cuidados intensivos durante 21 días.

Además de cicatrices en el cuerpo, Cindy guarda las fotografías publicadas en las redes sociales de la Municipalidad de Villa Nueva y de los Bomberos Voluntarios sobre aquel accidente.

Las noticias de aquella noche an cuenta de que, en el km 13.5, donde ocurrió el accidente, se efectuaban trabajos del servicio de energía eléctrica y los conos de alerta estaban muy cerca, por lo que el tráiler, que iba a excesiva velocidad, no logró frenar a tiempo.

“El tráiler se encunetó y el piloto se dio a la fuga”, refirieron las autoridades entonces.

Han pasado siete meses de aquel accidente. Cindy regresó a casa de sus padres con una deuda de casi Q200 mil por gastos hospitalarios, por las cirugías a las que fue sometida, además de las terapias que debe seguir y la pérdida del vehículo.

Ahora se moviliza en silla de ruedas porque la lesión en la cadera le impide permanecer mucho tiempo de pie. Espera que con las fisioterapias pueda recuperar la fuerza en las piernas, aunque uno de los pronósticos médicos señala que, si llegara a embarazarse, su condición sería de alto riesgo, por la severidad de las lesiones en la cadera.

El peor escenario

Con los años han aumentado los accidentes de tránsito, y los bomberos y médicos atienden más emergencias de ese tipo, en especial los fines de semana y días de asueto.

El comportamiento de quien va al volante se ha vuelto predecible, ya sea por incauto, bajo efectos de alcohol o a excesiva velocidad, lo que provoca la mayoría de accidentes.

Estuardo Reyes es bombero Voluntario desde hace cinco años. Empezó cuando tenía 23 años, inspirado por su padre, que lleva 26 años de servicio.

Reyes cuenta que en un turno normal —24 horas— puede atender tres o cuatro accidentes de tránsito en la jurisdicción a su cargo, en la estación central. Si en una noche asiste a esa cantidad de hechos de tránsito, la puede considerar “levemente tranquila”.

“Pero de un turno que inicie a las 10 de la noche y que sea quincena o fin de mes la cantidad de servicios sube exageradamente”, agrega, pues pueden llegar a atender hasta 10 por noche.

Son tantas las emergencias de este tipo que cuando suena el timbre y salen de la estación siempre imaginan el peor escenario.

“El primer escenario es el más complicado. Es decir, una persona atrapada dentro del carro, donde vamos a necesitar equipo especial para sacarla y que además nos toque ver a otra persona expulsada del carro por el impacto”, comenta Reyes.

A este bombero que presta servicio de manera honoraria le ha tocado vivir estas experiencias en dos ocasiones. Sin embargo, reflexiona con preocupación que, aunque no sean accidentes fatales, ven cómo mucho se deben a una imprudencia que pudo haberse evitado. Por ejemplo, un piloto distraído por ver el celular o al comer sin ver el camino.

“Hemos atendido personas que han desarmado sus carros totalmente; salen ilesas, y cuando te hablan emanan olor a alcohol. La persona no sabe en dónde está, no está ubicada en tiempo y espacio”, relata.

Les cambió la vida

Aracely Chan se encontraba en el Anillo Periférico, cerca de la colonia Villa Linda, zona 7, esperando un bus que la llevara al asentamiento Mario Alioto López. Ella no vivía ahí, sino varios kilómetros adentro, en Mártires del Pueblo. Para llegar debía subir dos cuestas muy pronunciadas.

Era el 15 de agosto de 2002, feriado en la capital, por la celebración de la Virgen de la Asunción. Aracely trabajaba en una panadería y no tenía descanso.

Su tarea era recolectar papel periódico y repartir el pan.

Cuando esperaba el bus, u vehículo que iba a gran velocidad perdió el control.

“El hombre se saltó el arriate y me pasó arrastrando varios metros. Él estaba bolo, lo agarraron, pero según me contaron después, salió bajo fianza”, relata.

Aracely pasó 15 días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General San Juan de Dios y cuando salió de esa sala se percató de que le habían amputado un pie, además de que tenía fracturas en el pómulo derecho, la rodilla y el brazo izquierdo.

“Yo caminaba un montón antes del accidente. A donde estuviera el trabajo iba yo, pero desde entonces ha sido muy difícil mi vida”, dice Aracely, quien ahora tiene 65 años y sostiene a sus dos hijas con capacidades especiales.

Según cuenta, quiso darle seguimiento a su caso para obtener alguna reparación, pero en el Ministerio Público (MP) no le dieron razón.

Lo mismo sucede con Santos Adolfo Navas, quien reside en San Pedro Ayampuc, en una casa que tiene la mitad del techo destrozado.

El accidente de Santos también ocurrió un día de asueto, 1 de noviembre de 2008. “Venía del Cementerio General, de ver a mis muertos. Iba con mi esposa y mi hija cuando al bus le tronó algo”, recuerda.

Apenas dos kilómetros antes de su parada, el autobús en que viajaban se salió de la vía y cayó en un barranco. Pasaron dos horas para que los bomberos lograran rescatarlo. “Fui el último en salir. Iba en los asientos de adelante y no sé cómo fui a dar debajo de la parrilla. Cuando me encontraron decían que estaba muerto”, indica.

La fractura que sufrió en cinco cervicales y el daño en el nervio causaba que no sintiera los brazos.

A los seis meses del accidente fue sometido a una cirugía de las cervicales, mientras tanto permaneció en cuidados intensivos. Aunque salió caminando del hospital, tiene que usar silla de ruedas porque no soporta el dolor en las piernas.

Antes del accidente reparaba televisores y electrodomésticos, y ahora sus manos poco recuerdan esas habilidades y se mantienen encogidas, por el daño en los nervios.

Santos también quiso dar con los responsables del accidente, pues el piloto huyó del lugar, pero en el MP le exigían que se presentara con todos los afectados del percance.

“Yo no conocía a nadie, la única vez que los vi fue en el hospital, pero en ese momento no estaba como para hablar con ellos y pedirles su número”, dice, con frustración.

Muchos casos relacionados con accidentes de tránsito, que llegan a los juzgados, se resuelven fuera de los tribunales, con una compensación económica para el afectado, pero Cindy Herrera no quiere aceptar un acuerdo con la aseguradora. Actualmente tiene una demanda contra el propietario del tráiler para que le pague una indemnización que cubra no solo los daños, sino los días no trabajados, el costo de las operaciones y las fisioterapias, entre otros gastos.

“Ellos solo me quieren pagar los daños al vehículo, y lamentablemente vemos cómo el Ministerio Público se mueve muy poco”, dice Cindy al mencionar que este ente quiere pedir cuatro meses más de investigación, cuando han pasado nueve meses del accidente.

Precarización

Para Aracely y para Santos los accidentes les cambiaron la vida y se las hizo precaria.

Aracely ya no puede salir de Mártires del Pueblo para conseguir trabajo porque le es difícil movilizarse.

Una vecina que la llevaba en su carro al centro de la capital murió de covid-19.

Santos, por su parte, no pudo seguir reparando electrodomésticos, su esposa lo abandonó a pocos años del accidente y la hermana que le enviaba remesas desde Estados Unidos falleció el año pasado.

Su esperanza está en el bono del adulto mayor que ofrece el Gobierno; sin embargo, el Ministerio de Trabajo no le ha dado trámite a su solicitud después de tres años.

Cindy espera que el adormecimiento de las piernas pase con el tiempo y pronto pueda caminar sin problema, y aunque mantiene su empleo, regresó a la casa de sus padres.

El último censo de población —2018— cuenta a 1.6 millones de habitantes con alguna discapacidad física, intelectual y sensorial.

“Nos preocupa, porque sabemos que si se hace otro censo el número de personas con discapacidad aumentaría. Nadie está exento a un accidente de tránsito y hay muchas personas con amputaciones inferiores por esos hechos”, dice Clarivel Castillo, directora del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi).

Jonathan Natareno, de la Defensoría de Personas con Discapacidad, indicó que no conocen cuántas personas quedaron discapacitadas tras un accidente de tránsito, pero es un tema que debe tratarse con seriedad.

Esto lo dice la Investigación del exceso de mortalidad regional durante la pandemia del covid-19 de 2020 en países latinoamericanos seleccionados del guatemalteco Kevin Martínez-Folgar.

Según el investigador, durante los primeros meses de la pandemia la mortalidad bajó 33 por ciento, que corresponden a homicidios y accidentes de tránsito que no se produjeron debido al confinamiento.

“Son muertes que pueden evitarse si creamos políticas públicas”, dijo a Prensa Libre.

Hasta el momento no se plantean reformas a las Ley de Tránsito u otras iniciativas que ayuden a disminuir los accidentes, pese a que desde los hospitales también ven urgente encontrar una solución a este tipo de muertes.

“Si plantearan una ley, nosotros sin duda la apoyaríamos”, expresó el director del Hospital San Juan de Dios, Gerardo Hernández.

Aumentan hechos

Según el Observatorio Nacional de Seguridad en el Tránsito (Onset), el año pasado se superó la cifra de accidentes del 2019 y, hubo más heridos y fallecidos.

Según el registro, en 2019 hubo siete mil 163 hechos, que cobraron la vida de mil 782 personas y dejaron lesionadas a nueve mil 11.

En 2020 se registraron seis mil 434 hechos, murieron mil 566 personas y seis mil 632, se lesionaron.

En 2021, la cantidad de accidentes escaló las proyecciones. Aunque los lesionados fueron menos, aumentaron los muertos, en comparación con el 2019. El Onset registró ocho mil 141 hechos, con dos mil 154 muertos y ocho mil 402 lesionados.

La última ofensiva del Ministerio Público se ha dirigido contra abogadas y fiscales que se han visto involucradas en la defensa e investigación de casos de corrupción dirigidos por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción (Feci) que dirigía el exfiscal Juan Francisco Sandoval.

Ahora, grupos de abogados ven con preocupación esta persecución y ante la pasividad del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), temen que su único opción sea acudir a cortes internacionales para que puedan proteger el ejercicio de la abogacía.

Además de pasividad, el Cang se ha mantenido en silencio y al ser buscado en repetidas ocasiones vía telefónica y por chat, no respondió a las solicitudes de entrevista de este medio.

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Hasta el momento, al menos 14 exoperadores de justicia se encuentran en el exilio, siendo el último el exfiscal Carlos Antonio Videz quien estuvo a cargo del interrogatorio del Testigo A, quien acusó al presidente Alejandro Giammattei de haber recibido sobornos para financiar la campaña electoral que lo llevó a la presidencia.

Pero quienes no lograron salir al exilio, se encuentran actualmente procesados y guardando prisión preventiva. Ha tomado relevancia el caso de la abogada Leyli Santizo, exlitigante de la extinta Cicig y quien ejercía la defensa de varios exfiscales de la Feci.

A Santizo la acusan de pedir que se anexe el caso de su defendida Xiomara Sosa, también capturada, al juzgado de Mayor Riesgo a cargo de Erika Aifán quien tiene en sus manos todo el expediente relacionado al caso Odebrecht.

Días después de la captura de Santizo, el MP informó sobre la captura de los también exfiscales Willy Roberto Recanac López, Paola Mishelle Escobar Quiñónez y Aliss Noemía Morán Mejía por supuestamente coaccionar a un acusado en el caso de Comisiones Paralelas 2020 para que declarara como testigo protegido.

Para evitar su aprehensión, el exfiscal Rudy Herrera Lemus logró salir al exilio.

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La última fiscal capturada por las autoridades es Virginia Laparra, jefa de la Feci en Quetzaltenango.

En el último mensaje que dio la fiscal general, Consuelo Porras, aseveró que todas estas investigaciones corresponden a “hacer cumplir la ley” rechazando cualquier señalamiento que mencione una criminalización contra estos operadores de justicia.

“Respecto al Caso Cooptación y Corrupción Judicial debo de manifestar que el mismo se encuentra bajo reserva judicial, razón por la cual no es posible ahondar en detalles respecto del mismo, pero sí puedo indicar que las órdenes de aprehensión solicitadas se basaron en indicios suficientes que el juez analizó para autorizarlas”, dijo Porras al referirse al caso de las abogadas Leyli Santizo y Eva Sosa.

¿Amenazas contra la abogacía?

Ante la pasividad de la junta directiva del CANG, el expresidente de este colegio y actual presidente del comité de Derechos Humanos de la Federación Interamericana de Abogados, Marco Tulio Sagastume, expresó su preocupación ante la criminalización de abogados, fiscales y jueces.

“El MP debe perseguir la criminalidad y en su lugar está persiguiendo a los que persiguen la corrupción. La única solución es ir a nivel internacional porque a nivel nacional hay un acomodamiento terrible” aseveró.

A decir de Sagastume, una acción concreta que puede realizar el CANG es adherirse como querellante en el caso de Leyli Santizo y en favor de la profesión de abogado.

Ramón Cadena, abogado y exmiembro de la Comisión Internacional de Juristas también aseveró que la única opción es apoyarse en organismos internacionales para parar esta ofensiva.

“Lo que se esperaría es que el CANG interviniera en la protección y defensa de estas personas, pero ha sido totalmente pasivo. Necesitamos manifestaciones que velen porque la función del abogado sea la correcta”, agregó.

Al contrario de lo que pasa en el ámbito nacional, las instancias que sí se han pronunciado sobre la situación que pasan abogados en el ejercicio de su profesión han sido el Colegio de Abogados de Nueva York y la Relatoría de las Naciones Unidas para la Independencia de Abogados y Magistrados.

“Expreso mi rechazo a los ataques y persecución en Guatemala contra jueces, fiscales y abogados ocurridos en días recientes, destinados a despojarlos de sus inmunidades, forzar sus renuncias o su exilio, y de su derecho a la defensa técnica ante la justicia” dijo el relator Diego García-Sayán.

Contra jueces

Las manifestaciones hechas contra jueces que llevan casos de mayor riesgo también son contadas como parte de los ataques hacia los profesionales del derecho, explican los entrevistados y por esta vía iba el comunicado del Colegio de Abogados de Nueva York quien calificaba como acoso las constantes solicitudes de antejuicio contra la jueza Erika Aifán.

La jueza Bélgica Deras, presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas, aseveró que la resolución de la Corte de Constitucionalidad en prohibir la participación de jueces para la elección de Fiscal General también es una decisión que vulnera sus derechos.

“Deja mucho en qué pensar cuál es el trasfondo de estas últimas disposiciones y el interés de sacarnos de esta participación para cargos públicos. Nosotros como jueces no dejamos de ejercer la profesión solo porque seamos jueces y para ser juez se necesita ser abogado y ahí nos está coartando ese derecho de participar” agregó.

Para Deras, la falta de un respaldo institucional los podría llevar a acudir a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ser escuchados y crear un precedente de lo que está pasando en el país.

Según el último censo del 2018, la población mayor de 60 años que vive en Guatemala son alrededor de 1.3 millones de personas, las cuales representan el 7.6% de la población total del país. La mitad de ellos viven en situación de pobreza.

La Procuraduría de los Derecho Humanos (PDH) señala que el país tiene únicamente dos programas estatales creados específicamente para atender a esta población. Uno es el programa Mis Años Dorados de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep) y el otro es el Programa Económico del Adulto Mayor a cargo del Ministerio de Trabajo.

Este último tuvo una modificación a inicio de este año y en el decreto 4-2022 se contempla un aumento de la ayuda económica que se le da a los adultos mayores en situación de pobreza o pobreza extrema. Actualmente el aporte es de Q500 mensuales.

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Aunque esta ayuda a penas logra sufragas los gastos de alimentación y salud de la persona, suele ser el único ingreso que tiene el adulto mayor para sobrevivir.

“Si estos años adicionales están dominados por la mala salud, el aislamiento social o la dependencia de cuidados, las implicaciones para las personas mayores y para la sociedad son negativas”, señaló la OMS en el informe Década de Envejecimiento Saludable 2020-2030.

Desde el año 2008 todas las personas mayores de 60 años reciben esta ayuda, pero según señala la Defensoría del Adulto Mayor, en 14 años se ha acumulado un gran rezago entre las solicitudes presentadas que aún no han sido resueltas.

Según informó el Viceministerio de Previsión Social del Ministerio de Trabajo en una entrevista radial, al momento existen 110 mil beneficiarios de este programa y la mayoría de ellos se encuentra en el departamento de Guatemala.

Cómo puedo adherirme al programa

La ley que le da vida a este programa especifica quienes son los beneficiarios y agrega que el Mintrab debe darles prioridad a las solicitudes de quienes viven con alguna discapacidad física, psicológica o sensorial.

Para presentar la solicitud, el adulto mayor debe presentarse ante la Dirección de Previsión Social en la 6 avenida 8-72 zona 9, a partir de las ocho de la mañana.

Según los requisitos publicados en la página del Mintrab, se debe presentar una certificación original reciente de la partida de nacimiento extendida por el Registro Nacional de las Personas, el Documento Personal de Identificación (DPI), declaración jurada que haga constar su sobrevivencia, que no goza de ninguna prestación o jubilación de parte de cualquier entidad pública y privada y que actualmente no esté prestando ningún servicio remunerado a estas instituciones.

Al ser declarado elegible para el programa, el Mintrab deberá enviar un trabajador social al lugar de residencia para verificar el estado de pobreza o pobreza extrema en el que se encuentra la persona.

Aunque la ley específica de este programa no establece el tiempo límite en el que el Mintrab debe responder a estas solitudes, la Defensoría del Adulto Mayor indica que de acuerdo al derecho de petición, no debería de pasar de 30 días.

“Este programa es importante para muchas de las personas con 60 años o más que no pudieron acceder a un trabajo les permitiera tener jubilación”, formal que dice Teresa Maldonado de la PDH.

Maldonado agrega que es importante dar a conocer este tipo de programas para que siga mejorando y aconseja a las personas que conocen a algún adulto mayor en situación de pobreza que las orienten para que puedan acceder a este aporte económico.

• Cuánto reciben. En 2022 se incrementó el apoyo económico para todos los adultos mayores y ahora reciben Q500 mensuales.
• A quiénes beneficia. Las personas que pueden optar a este bono son todos aquellos guatemaltecos de origen que tengan más de 60 años y que se encuentren en condiciones de pobreza o pobreza extrema.
• Quiénes son los beneficiarios especiales. Los beneficiarios especiales son aquellas personas de más de 65 años que tengan alguna capacidad física, psicológica o sensorial y el Mintrab debe darles prioridad a ellas.
• A dónde ir. Los adultos mayores que deseen adherirse a este programa deben acercarse al Ministerio de Trabajo y si residen en el interior de la República, deben hacerlo a las oficinas del Adulto Mayor de su municipalidad.
• Requisitos. Los requisitos son identificarse con su DPI, hacer constar su sobrevivencia, no estar gozando de ninguna pensión o jubilación y someterse al estudio socioeconómico para verificar su situación de pobreza.
• Trámite gratuito. El trámite para solicitar este bono es gratuito y personal. La PDH aconseja a los adultos mayores no dejarse engañar por quienes les ofrecen agilizar este trámite.
• Aporte personal. El aporto económico se entrega a título personal y es intransferible. Tampoco será sujeto a ningún gravamen o deducción.
• Prohibiciones. Las personas que no podrán optar a este bono son aquellas que perciban ingresos iguales o mayores de Q500, que preste servicios personales, profesionales o técnicos en cualquier entidad pública o privada y que sean propietarios de inmuebles.

La desigualdad en Guatemala se ha entrañado en cada rincón del país que ya no sorprende ver condominios exclusivos cerca de asentamientos, por ejemplo. En países como este, cobra más sentido la frase que usan los criminólogos “si quieres conocer a un país, visita sus cárceles”.

Esta es una de las primeras reflexiones que lanza el experto Zoel Franco al hablar de la cárcel ubicada en Mariscal Zavala.

Fue hace 12 años cuando los ministerios de Gobernación y la Defensa suscribieron un convenio que les permitía usar instalaciones militares como centros de privación de libertad de personas que, independientemente de sus delitos, se encontrara en peligro su vida.

De esta forma se empezaron a adaptar espacios en las bases militares de Matamoros, en zona 1 y Mariscal Zavala, en zona 17, con la salvedad que esta sería una opción “temporal” para resguardar a este tipo de reos.

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El expresidente Alfonso Portillo fue quien estrenó el Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres de la Zona 17, al interior de Mariscal Zavala, cuando fue trasladado a esta brigada militar en agosto de 2010. Por al menos tres años, Portillo compartió celda con los hermanos Francisco y Estuardo Valdés Paiz.

De ser un centro de prevención donde se esperaba resguardar a 20 personas con perfiles acordes a criminales extraditables, narcotraficantes y funcionarios pasó a ser un mini refugio para más de cien personas de alto perfil como expresidentes y exministros de Estado señalados de actos de corrupción.

Pero lo que más llama la atención de este centro y que fue explicado en el reportaje publicado este 21 de febrero es la latente señal de privilegios y desigualdad que se vive en este lugar.

El exministro de Gobernación en el año 2010, Carlos Menocal, justificó el uso de terrenos militares para esta cárcel diciendo que necesitaban una prisión de mediana seguridad destinada para testigos claves o colaboradores eficaces y que sería administrada por el Sistema Penitenciario.

Sin embargo, su uso se desvirtuó desde el inicio al recibir al expresidente Portillo que no era ni testigo protegido ni colaborador eficaz.

“Con el tiempo, Mariscal Zavala cambió su destino y ya no se utilizó para colaboradores sino para procesados de cuello blanco como políticos, extraditables y narcotraficantes. Al ocurrir eso, ocurre todo lo que pasa en el Sistema Penitenciario que es la corrupción para permitir el diseño de infraestructura que no está en la ley y el ingreso de cosas ilegales” explica Menocal.

El exfuncionario agregó que la alta relación que existe entre los directores de los centros, los guardias y los reos favorece el clima de corrupción que se da en todas las cárceles del país.

No es únicamente Mariscal Zavala

Corinne Dedik, experta en derecho penitenciario del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales (CIEN), explica que el caso de Mariscal Zavala no es ninguna excepción y esto se origina en que el SP no cumple con sus obligaciones.

“En las cárceles hay una infraestructura que no reúne los requisitos suficientes para albergar la cantidad de personas además los edificios ya están desgastados y obsoletos y lo que sucede es que los privados de libertad se empiezan a organizar para que ellos mismos trabajen en algunas mejoras y esto llega a diferentes niveles, desde reparar algo que no funciona a ingresar material de construcción como tablas yesos y baños privados para construir un mejor espacio y si se les permite hacerlo, obviamente lo van a hacer”, agrega Dedik.

Mientras que Dedik no ve el problema en la ubicación de esta prisión, el ex viceministro de Gobernación, Julio Rivera Claverí menciona que nunca se debió contemplar una cárcel en una base militar.

“El primer gran error fue haber permitido que en una base militar se hiciera una cárcel pública. Lo que hay que tener claro es invertir dinero en las cárceles del país, pero con transparencia. El problema es que todo se convierte en negocio”, agrega.

Los privilegios y la desigualdad

Para Zoel Franco, quien es coordinador del Instituto Comparado en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), agrega que la diferencia de esta prisión con el resto de las 20 que existen en el país, a excepción de la cárcel militar de Matamoros, es el perfil de sus reos que han generado riqueza a través de actos de corrupción.

“Si hacemos una comparación con los otros centros de privación de libertad, la población que está en Mariscal Zavala está vinculada a delitos del crimen organizado que generan mucha riqueza e ingresos económicos”, agrega.

Sin embargo, este no es el único poder que manda. Muchos de los privados de libertad manejan un poder político por el lugar que desempeñaban antes de ser apresados.

“Muchos piden ir directamente ahí, por eso se ha convertido en un centro de acogimiento de personas que tienen poder económico y político y eso no se ve en los otros centros donde el hacinamiento es mucho mayor”, agrega.

Para abordar los privilegios que existen en las prisiones del país, el SP solo debe cumplir con su trabajo, explica por su parte Dedik.

“Si lo vemos con el tema de la comida únicamente, si el SP estuviera sirviendo comida propiada en calidad y cantidad ahí sí podrían prohibir el ingreso de alimentos porque tienen un servicio que cumple con todos los requisitos y así se va con todo. El no cumplir con los estándares mínimos es lo que abre la puerta para que la gente que quiere y puede ingrese muchas cosas más que legalmente no podría”, agrega.

Para Menocal y Rivera Claverí, la solución pasa por una reforma profunda al SP, que desde el 2011 que se creó, nadie más ha querido discutirla.

“Al plantear una reforma hay que hacerlo a través de una comisión propuesta por el gobierno central, el Congreso y el Organismo Judicial para que sea integrada, pero deben haber acuerdos políticos que permitan entender que esto no se resuelve en 4 años, hablamos de 16 y 24 años”, agrega Claverí.

Sin embargo, el problema en términos generales para los entrevistados es la corrupción que abarca los diferentes niveles dentro del SP, desde los responsables de sector, los guardias, directores de centros hasta las altas autoridades de la institución.

“Se necesita un nuevo modelo penitenciario con control y mecanismos telemáticos que no permita ninguna relación con el personal  y con los privados de libertad, que sea cada vez más telemático y tecnológico”, agregó Menocal.

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Centro desbordado

Según una supervisión de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), aunque Mariscal Zavala se creó temporalmente en 2010 para 20 personas privadas de libertad de alta peligrosidad en 2015 rebasó su capacidad y fue ampliado para atender a 135 privados.

En la última supervisión de marzo de 2020 había 218 hombres y en el espacio acondicionado para siete mujeres habían 27 y la mayoría de estas personas son exfuncionarios de gobierno que están en situación preventiva desde el 2015.

Según la Defensoría de Personas Privadas de Libertad, luego de 2015, conforme se empezaron a enviar a personas vinculadas por corrupción, se desvirtuó el objetivo para el cual fue habilitada la cárcel y derivó en “desbordamiento o sobrepoblación del centro penal”.

“Como parte de los mecanismos de seguridad, se ordena el horario de las visitas y vigilancia perimetral para los privados de libertad que se encuentran recluidos en esta área. Son dos sectores, el sector denominado de Aislamiento, en donde se encuentra recluido el expresidente de la República Otto Fernando Pérez Molina, junto con otros privados de libertad de casos conocidos por los Juzgados de Mayor Riesgo. En esta área conviven aproximadamente 30 privados y en el sector denominado Carpas los otros 180, siendo esta un área destinada para no más de 120”, dice el informe

Vulnerabilidades

Gerardo Villamar, defensor de los privados de libertad de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), explica que, en general, las personas con menor poder adquisitivo son las que más precariedades enfrentan en las prisiones del país.

“Las personas con pocos recursos económicos son las que tienen más necesidades dentro (de los centros carcelarios). La población privada de libertad es como una sociedad en pequeño, solo que en custodia. Hay poca accesibilidad a servicios básicos para quienes no tienen poder adquisitivo”, explica el defensor.

Un problema, explica Villamar, es que los centros carcelarios no tienen la infraestructura ni cuentan con los suficientes guardias para albergar a los más de 24 mil personas que se encuentran en custodia a nivel nacional, ya sea a la espera de que se solvente su proceso judicial o purgando una condena.

Esto hace que el Estado incumpla con su obligación constitucional de respetar la dignidad de los privados y proveerlos de servicios básicos. A menudo, la posibilidad de vivir en condiciones dignas depende de si un privado tiene o no la capacidad de remunerar económicamente a los privados de libertad que ejercen el poder adentro, explica Villamar.

“Si no se tiene un centavo no se puede ir a tiendas a comprar nada. El que llega con plata vive mejor porque el control y manejo del centro penal no lo tiene la autoridad, lo tienen los privados de libertad. Si se llega a un sector de seis personas, y se encuentran 18 en un cuarto de cuatro metros cuadrados la persona tiene que pagar o se queda parada durmiendo. Hay gente que se amarra a las paredes porque el hacinamiento es tal”, dice Villamar.

Esto es de lo que no se ha podido escapar el Sistema Penitenciario, porque a pesar de tener a reos de alto perfil, sigue repitiendo los mismos vicios que en los otros centros carcelarios: sobrepoblación, hacinamiento, pérdida de poder y falta de control.

Guardan silencio

Se intentó obtener una opinión de las autoridades del Sistema Penitenciario respecto a los señalamientos, sin embargo, no respondieron a las solicitudes hechas por este matutino.

A través del análisis de los fallecimientos registrados durante los dos años de pandemia, ya sea por covid-19 o por otra causa, se puede lograr establecer el impacto que esta emergencia sanitaria tendrá en el país a largo plazo.

Uno de los efectos que costará mucho revertir, será el de la expectativa de vida del guatemalteco que si en 2011 era de 73.9 años, ahora bajó a 71.6 años. Además, que la mayoría de las personas que murieron en estos dos años corresponde a personas de 40 años, es decir, a quienes pertenecen a la población económicamente activa.

El estudio que midió el impacto de la expectativa de vida tras la pandemia es el publicado por la revista Genus, especializada en análisis demográfico, denominado “Investigación del exceso de mortalidad regional durante la pandemia del covid-19 de 2020 en países latinoamericanos seleccionados”.

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El guatemalteco Kevin Martínez-Folgar, candidato doctoral en Epidemiología de la Universidad de Drexler, Filadelfia, fue uno de los seis investigadores que participó en el estudio y en esta entrevista explica los hallazgos más preocupantes sobre el exceso de muertes en la pandemia y su impacto a largo plazo en el país.

¿Cómo explicar el exceso de muertes durante la pandemia?

Lo que hemos visto en el estudio es que antes fallecían más o menos 10 personas por cada 100 mil habitantes, a partir de junio la mortalidad se disparó hasta casi 17 por cada 100 mil habitantes y después de eso, los números nunca bajaron. Lo interesante es que muchas de las muertes no se registraron hasta casi 100 días después porque como todo cerró, hubo un retraso en el registro por parte del Renap. Este aumento solo habría sucedido con un evento como la pandemia porque los números de fallecidos son muy estables a pesar que en los años anteriores hemos tenido asesinatos, buzasos y demás, pero no salta tanto como por la pandemia. Otra cosa que vemos es el aumento de muertes que hubo en hombres y mujeres, pero fue muchísimo más muertes en hombres.

¿Esto responde a lo que se decía al inicio de la pandemia que el covid-19 afecta más a los hombres?

Yo tengo otra teoría en eso. No es que a los hombres les afecte más, sino que es por una exposición diferente al virus. Los hombres ocupan mayor parte de la población económicamente activa que las mujeres que tienen un rol más dentro de casa. Esto quiere decir que el hombre al salir a trabajar tiene mayor exposición al virus y por esto, tienen menos acceso a los servicios de salud porque vemos que en muchos centros de salud responden en horarios laborales, cuando los hombres están en el campo trabajando.

En el estudio también se detectó que están muriendo más personas en sus casas que dentro de los hospitales

Siempre han muerto más personas en sus casas que en los hospitales, pero vimos un pico mayor ahora por la pandemia. Antes fallecían en casa 6 personas de cada 100 mil, pero durante la pandemia logramos ver que hasta 11 personas por cada 100 mil morían en sus hogares. Desde octubre vemos que la mortalidad en los hospitales igualó a los números que habían antes de la pandemia, pero esto no quiere decir que está muriendo menos gente, sino que las personas prefieren morir en sus casas y la respuesta son las políticas públicas que evitan que la gente quiera ir a los hospitales. Vemos que los centros asistenciales no dejan entrar visitas, hay tantas restricciones que generan un estímulo negativo para que la gente no desee ir a los hospitales. Esto está pasando en estos dos años de pandemia.

¿Qué diferencias ha encontrado de los datos de 2020 donde había un exceso de 8 mil muertes, a los del 2021?

El exceso de mortalidad que teníamos en 2020 era de 17 por cada 100 mil y en 2021 vimos que llegó a 22 personas por cada 100 mil. Es decir que fueron muchas más muertes y vemos ahora que este exceso se dio en la mayor parte en las áreas rurales. Ahora vamos por las 15 mil muertes más en estos dos años de pandemia.

¿Este es un fenómeno que se ve en otros países?

Si, pero el problema es la magnitud. Hay países en los que es menor el exceso. Yo también hice otro estudio con Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, México y Perú y vemos cómo varió entre países el exceso de mortalidad. Por ejemplo, en México el exceso fue mayor y en Chile fue menor. La diferencia con Guatemala es que nosotros tenemos una mortalidad basal muy alta, es decir que la gente se ha estado muriendo desde siempre y por muchas razones como la desnutrición, la mortalidad infantil y en la gente joven es muy alta y por diversas razones que otros países no tienen y el exceso de muertes en Guatemala los incluye a todos ellos también. No solo hablamos de covid, hablamos también de accidentes de tránsito, enfermedades crónicas, desnutrición.

Con estos datos, ¿la expectativa de vida del guatemalteco cambió?

Si. La expectativa de vida baja bastante. Guatemala tiene la expectativa más baja entre estos países que es de 73.9 años y aun así con la pandemia perdimos 2.2 años, es decir que el guatemalteco promedio podría llegar a vivir 71 años y medio ahora. El panorama no es muy alentador.

En los primeros meses de pandemia la mortalidad bajó un 33%, es decir que al menos 3 de cada 10 muertes pueden prevenirse

 

¿En qué momento podríamos observar una disminución en el exceso de muertes?

Lo ideal es que se vacunen todos, pero que también se mejore la atención en los centros de salud. Pero es complicado, porque cuando hablamos de salud es todo lo que pasa afuera de los hospitales, es decir, cómo comemos, cómo vivimos, qué hacemos en nuestro día a día, eso determina si nos enfermamos o no. Pero de momento en el país no tenemos una ley de alimentación saludable para disminuir el consumo de alimentos procesados en niños, tampoco hay un plan activo de movilización en las ciudades, no hay ciclovías ni transporte público eficiente. Eso hace que la gente use más el carro, pase más tiempo sentado y más tiempo estresado, que disminuya el tiempo para su actividad física y que aumente su tendencia a padecer hipertensión, diabetes y otras enfermedades más. Si no tenemos políticas públicas que disminuya la ocurrencia de enfermos, no habrá sistema de salud pública que lo aguante.

Con este panorama ¿se hace irreversible la disminución en la expectativa de vida del guatemalteco?

Nosotros ganaríamos más vida si atacáramos las causas más grandes. Algo que me llamó mucho la atención y que no vimos en otro país fue el descenso de muertes a inicio de la pandemia. Esto significa que son muertes que se pudieron prevenir, por algo no pasaron y aquí no hablamos del enfermo crónico, sino de los accidentes de tránsito, los buzasos que no pasaron, los homicidios que no se dieron, ni los asaltos que terminaron con alguien fallecido y esto es bueno. En los primeros meses de pandemia la mortalidad bajó un 33%, es decir que al menos 3 de cada 10 muertes pueden prevenirse. Son muertes que pueden evitarse si creamos política pública.

Después de haber disparado contra dos personas en San Miguel Petapa, fue capturado Cristofer Adonaí Gutiérrez De León de 18 años, quien era buscado por el asesinato de otras dos personas en el mismo municipio.

Gutiérrez intentó darse a la fuga cuando se percató que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) observaron el momento en que disparó contra dos hombres de 36 y 28 años.

Gutiérrez es identificado como miembro de la Mara 18 y al momento de su captura le encontraron también una pistola Daewoo calibre 9mm con una tolva con dos cartuchos.

Según informó la PNC, a este mismo joven se le señala de haber asesinado a Élica Martínez y Juan Alberto Justo cuando se encontraban en las canchas de Guillén, en la zona 10 de San Miguel Petapa.

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La pareja se encontraba en el lugar el 12 de noviembre de 2021 viendo el juego de futbol de su hijo, cuando por los disparos quedaron tendidos en las gradas.

Por este caso, una menor de edad fue remitida a las autoridades por haber colaborado en el crimen.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), explicó en un comunicado que debido a las condiciones atmosféricas adversas que hubo este domingo 13 de febrero, a eso de las 14.20 horas se reportó un tornado en Morales, Izabal, que generó daños a viviendas y comercios.

También se observaron desprendimiento de ramas de árboles.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) explicó que al momento ubicaron 12 viviendas con daño moderado en techos y 60 personas afectadas.

Un carro sedán cayó a un río de aguas negras en zona 18 después de colisionar contra un pick up Ford, según informaron autoridades de la Policía Municipal de Tránsito (PMT).

Esto sucedió en la aldea El Chato, camino a San José del Golfo en la zona 18 de la capital. Según se indicó, se reportaron varios heridos en el incidente.

@amilcarmontejo

Colisión de dos vehiculos en Aldea El Chato zona 18. PNC informó qué hay varios heridos. Vehículo cayó en un río, informó Julio Bantes. #Noticia

♬ Surrender – Natalie Taylor

De acuerdo con estadísticas oficiales, el sábado último dieron positivo de coronavirus 1 mil139 guatemaltecos en las pruebas realizadas en los diferentes laboratorios del país centroamericano. La cifra fue aún mayor el día viernes con casi 4 mil  nuevos casos.

Según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), en los últimos días ha aumentado la cantidad de personas que asisten a hacerse las pruebas debido a la presencia de la variante de ómicron, aunque el número de pacientes no se ha incrementado en la red hospitalaria debido a la vacunación.

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En un comunicado, el MSPAS explicó este domingo que a la fecha Guatemala ha vacunado con dos dosis a 5,4 millones de guatemaltecos y que la meta a inmunizar son 12,65 millones de habitantes.

Reconoce que “aún queda una brecha importante que alcanzar” con la finalidad de disminuir el riesgo de muerte o que los guatemaltecos se enfermen de gravedad con el virus de la covid-19.

Hasta el momento en el país se han realizado más de 3,75 millones de pruebas del SARS-CoV-2 con una proporción positiva del 19,6 por ciento.

El Gobierno que lidera el presidente Alejandro Giammattei sigue con las estrategias interinstitucionales, entre ellas la vacunación de casa en casa y en los más de 700 puestos de salud que tiene la nación centroamericana a nivel nacional.

Los casos

En 23 meses de pandemia, Guatemala ha acumulado un total de 735 mil 099 casos confirmados de coronavirus, de los que 669 mil 363 pacientes se han recuperado, 16 mil 637 han fallecido y 49 mil100 padecen de la enfermedad en la actualidad, según el último informe oficial.

La incidencia acumulada es de 4 mil 360,5 casos por 100 mil guatemaltecos, la tasa de mortalidad de 98,7 por 100 mil personas y la tasa de letalidad de 2,3 por ciento.

La mayoría de casos se han registrado en el departamento de Guatemala, que incluye la capital, según las estadísticas oficiales.

En este departamento, de los 22 que tiene el país, se han contabilizado 350 mil 249 casos positivos, de los que 318 mil 681 se han recuperado, 24 mil 363 están activos y 7 mil 205 han fallecido.

Mientras que la incidencia es de 9.962,2 casos por 100 mil guatemaltecos, la tasa de mortalidad de 204,9 por 100 mil personas y la tasa de letalidad de 2,1 por ciento.

El reporte del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) señala que el epicentro se registró a 71 kilómetros del las costas de Retalhuleu.

La magnitud de este sismo fue de 5 grados y se registró a https://twitter.com/insivumehgt/status/1492723291844489219?s=20&t=DpE20HxrVg0ykSjjcfCBnAlas 22:43 horas.

BOLETÍN SISMOLÓGICO

12 de febrero 2022

INSIVUMEH Prevención para una Mejor Nación #SomosINSIVUMEH #Guatemala #AccionesQueTransforman pic.twitter.com/UiuYAVLsno

— INSIVUMEH Guatemala (@insivumehgt) February 13, 2022

La Policía Nacional Civil capturó a un hombre que pretendía vender por las redes sociales una camioneta que compró seis días atrás con un cheque sin fondos.

Francisco Orellana, de 27 años, fue capturado en la calzada Justo Rufino Barrios en Jalapa.

Según detalla la denuncia que existe en su contra, Orellana compró una camioneta negra por Q35 mil el 6 de febrero. El dueño, al percatarse que el cheque con que le pagaron no tenía fondos interpuso la denuncia y alertó a la PNC.

Según indicó el dueño, el vehículo tenía un dispositivo de geolocalización por lo que facilitó dar con la ubicación. Según la PNC, Orellana pretendía vender el vehículo por las redes sociales, sin embargo la captura en su contra llegó antes.

Vendía vehículo en redes sociales que previamente había adquirido con un cheque sin fondos

Francisco Orellana, de 27 años, fue capturado, en la calzada Justo Rufino Barrios, Jalapa, según los agentes policiales Orellana, tenía en venta en redes sociales la camioneta P-663JNS pic.twitter.com/vPMsCH7bfR

— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) February 13, 2022

Los nuevos criterios para medir el mapa de alertas ante el covid-19 fueron cambiados y socializados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) el 11 de febrero.

Tras esto, el mapa de alerta epidemiológica cambió y ahora muestra menos municipios en rojo y más en naranja; sin embargo, esto responde a que ahora el MSPAS no toma en cuenta únicamente la cantidad de contagios registrados en un municipio, sino que también incorpora el porcentaje de vacunación y de pruebas de diagnóstico realizadas.

El Laboratorio de Datos hizo un análisis sobre estos cambios en el semáforo de alertas y explica que con los criterios anteriores, 181 municipios en el territorio nacional permanecían con la alerta máxima. En cambio, ahora son 148, registrando un descenso del 20 por ciento.

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Como consecuencia de ello, los municipios en alerta naranja aumentaron de 85 a 170.

Sin embargo, que ahora haya más municipios en color naranja no quiere decir que los contagios de covid-19 hayan disminuido ya que este 12 de febrero se registró un nuevo pico de contagios.

Aunque ahora los hospitales no se han reportado colapsados por este aumento de contagios, el país registra en la actualidad 50 mil 269 casos activos.

“El avance en la vacunación al igual que el control de la pandemia, no depende de los municipios. Sino de lo que hace o deja de hacer MSPAS y gobierno central, que se concentran principalmente en áreas urbanas: esto distorsiona los criterios del semáforo”, explican.

Como un ejemplo de esta distorsión, dicen, está el municipio de Guatemala con la incidencia más alta de contagios, pero por tener el 95% de sus residentes vacunados se encuentra en color naranja.

Nuevos criterios para Semáforo #COVID19. Este incorpora %vacunación y tablero relaja medidas. Si aplicamos los nuevos criterios al periodo pasado (21ene-3feb) pasamos de 181 munis en ROJO a 148; 85 en NARANJA a 175; y de 74 en AMARILLO a 17. Se disminuye munis en rojo por 20%. pic.twitter.com/Oguf9pCNvG

— Labdatosgt (@labdatosgt) February 11, 2022

Escenas de dolor y desesperación se vivieron este martes después de que varias viviendas y negocios quedaran sepultados por un deslave en el centro de Colombia.

El derrumbe, causado por las fuertes lluvias, ha dejado al menos 15 personas muertas.

Ocurrió en Dosquebradas, un municipio del área metropolitana de la ciudad de Pereira, Risaralda, en la zona cafetera del país sudamericano.

Las autoridades reportaron que otras 35 personas resultaron heridas.

Las conmovedoras imágenes publicadas a lo largo del martes muestran equipos de rescate y miembros de la comunidad removiendo escombros, salvando mascotas y rescatando cadáveres.

Las fotografías muestran también cómo el lodo cubrió el frondoso follaje verde de la montaña.

Según relatos recogidos por el periódico colombiano El Tiempo, a las 6:26 de la mañana lodo, árboles y piedras sepultaron varias viviendas y negocios en el barrio La Esneda, en Dosquebradas.

“Cuando menos pensamos la casa empezó a temblar y sentimos los estartazos de las rocas, salimos a ver qué pasaba, pero no esperábamos una cosa de estas. Cuando vimos estaba el río desbordado, casas inundadas, otras en el piso. La gente empezó a gritar a pedir ayuda y alcanzamos a ver cómo eso se vino y tapó otras casas”, le dijo María Camila Restrepo a El Tiempo.

Las autoridades locales reportaron la evacuación de 52 viviendas ubicadas en la zona del deslave, donde también el río Otún se salió de cauce e inundó la zona.

Dosquebradas es un importante centro hidrográfico de Colombia. Deriva su nombre de dos riachuelos que se descuelgan desde la cordillera y que desembocan en el río Otún, uno de los principales de la región.

Frecuentes deslizamientos

Los deslizamientos de tierra son comunes en Colombia y las casas construidas en laderas empinadas corren un riesgo particular durante la temporada de lluvias del país.

El barrio La Esneda, por ejemplo, donde ocurrió el alud este martes, se encuentra incluido desde 1989 en una categoría de riesgo no mitigable, es decir que no hay manera de disminuir el riesgo para evitar un desastre, según le explicó la geóloga Deliana Cardozo Peláez al periódico El Espectador.

En 2019, un deslizamiento dejó al menos una treintena de muertos en la ciudad de Rosas, departamento del Cauca, al sur oriente del país.

Pero los deslizamientos más mortales de los años recientes fueron los que arrasaron Mocoa, en el sureño departamento de Putumayo. Hubo 322 muertos, 71 desaparecidos y más de 4.500 damnificados.

De acuerdo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Colombia, esta es la peor tragedia en medio de la actual temporada de lluvias.

Cifras de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios publicadas por El Espectador este martes, indican que entre entre enero y noviembre de 2021, cientos de desastres naturales en Colombia dejaron 83 muertos, 133 heridos y 14 desaparecidos.

Los datos preliminares del Renap registrados en la primera semana de enero dan cuenta de 116 mil 995 defunciones durante 2021.

Aunque las muertes en el país ya habían representado un aumento en el caso de los homicidios, estos datos dan muestra que las defunciones por causas naturales también subieron con relación a los últimos dos años y muchas de ellas están relacionadas al contexto de la pandemia del coronavirus.

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Carlos Mendoza, analista de datos de la organización Diálogos explica que con las defunciones oficializadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) se reconoce que hubo 576 muertes adicional por Covid-19 en el primer año de la pandemia, para los cuales no hubo identificación por medio de una prueba diagnóstica.

Esto representa casi un 8% de las 7 mil 428 reconocidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

Sin embargo, aunque el INE oficializó más de quinientas muertes por covid, la organización Laboratorio de Datos hablaba a finales del 2020 de un exceso de muertes que rondaba lo 49 mil fallecidos.

Según explicaron, del 2015 al 2019 el promedio de fallecimientos era de 83 mil defunciones anuales, mientras que el 2020 cerraron con 97 mil 341 personas que murieron. Esta cifra aún se encontraba por debajo de las 116 mil que presentó el Renap para el 2021.

“Una cosa es lo que el Ministerio de Salud reporta que es el diagnóstico positivo y otra es lo que el INE reporta con el certificado de defunción que hace un médico”, explica Mendoza.

Debido a que el Renap sigue registrando defunciones durante enero y los primeros días de febrero, dice Mendoza, es posible que el número de defunciones sobrepase los 117 mil.

De esta forma Mendoza indica que el subregistro que existe en el Ministerio de Salud es porque sus datos se basan exclusivamente en el diagnóstico obtenido por una prueba de antígeno o PCR, sin embargo, entidades sociales y guatemaltecos particulares han denunciado en una bastedad de ocasiones la escasez de pruebas en diferentes momentos de la pandemia.

Por otro lado, los certificados de defunción que realiza un médico se basa en los síntomas que presentaba el fallecido al momento de morir e, incluso, el cuadro clínico familiar.

Aunque el INE aún no ha oficializado los datos del año 2021, Mendoza cree que las muertes no registradas por Salud se dupliquen para este 2022. “Estaríamos hablando de unas 1,272 defunciones adicionales, lo cual incrementaría la tasa de mortalidad de 97.3 a 103.3 por cada 100 mil habitantes, una tasa muy cercana a la estimada para Turquía”, indica.

Aunque el número de muertes en el país siempre sube debido al crecimiento orgánico de la población, Mendoza explica que del 2005 al 2019 la tasa promedio de fallecidos era siempre de 1.4%. En cambio, la tasa cruda de mortalidad para 2021 se ubicó en 6.8 por cada 100 mil habitantes.

“Creemos que hay muchas muertes que son naturales y que incluye indirectamente el covid. Por ejemplo, gente que descuida sus tratamientos de otras enfermedades crónicas y se mueren por eso, por temor de contagiarse por covid en los hospitales”, indica.

Según explica también el investigador guatemalteco Kevin Folgar quien estudia el exceso de mortalidad durante la pandemia, la importancia de analizar estos datos es para tener un panorama completo de lo que está matando a los guatemaltecos y que en cifras oficiales no se puede ver.

“El exceso de mortalidad proporciona una mejor manera de estimar el impacto general de la pandemia que las muertes confirmadas por covid-19 por sí solas que pueden estar subestimadas debido a la presencia de pruebas limitadas, efectos indirectos de mortalidad y cambios en otros factores ambientales”, indicó.

Poca vacunación

Estos datos llegan un año después que haya dado inicio la campaña nacional de vacunación contra el covid-19, sin embargo, tras 12 meses, la cobertura de vacunación con esquema completo alcanza al 42 por ciento de la población, dejando a más de la mitad de las personas expuestas aún al virus y a sus consecuencias.

Según la información oficial del tablero covid, casí la mitad de los fallecidos por el virus en estos dos años ha sido de personas que no se han vacunado.

Los accidentes de tránsito que suceden a diario ha sido durante los últimos años un riesgo más que deben tener presenten quienes viajan en carretera ya sea por trabajo o turismo.

Según el Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito de la PNC, el 39 por ciento de los accidentes ocurren en carretera, y la mitad de todos estos hechos ocurren en la ruta a occidente.

Hasta noviembre del 2021, alrededor de 927 camiones, tráilers, cabezales y demás transporte de carga estuvieron involucrados en hechos de tránsito, ocupando el cuarto lugar en la lista de tipos de vehículos que más se accidentan.

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Según el reporte de este observatorio, 809 camionetas y 240 buses se accidentaron en este mismo periodo de tiempo.

Esta peligrosidad la observan a diario los guatemaltecos que se movilizan por las carreteras del país y muchos de ellos han logrado captar en videos o fotografías la imprudencia de estos conductores que viajan a excesiva velocidad y manejando irresponsablemente.

Los videos que se suben a las redes sociales han servido para que las autoridades ubiquen al bus y lo sancionen. Las autoridades de tránsito también han habilitado distintos números de teléfono para poder hacer las denuncias.

Debido a que no es una única entidad la que vela por la seguridad vial en el país, existen cinco números telefónicos que pueden ayudar a la población a alertar a las autoridades sobre autobuses o transporte de carga que ponen en peligro a quien se conduzca en carretera.

El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) es la entidad que vela por la seguridad vial en todo el territorio nacional y quienes tienen el mandato legal de sancionar y capturar a los pilotos responsables.

Llamando a los números 52036339 y 48914618 se pueden hacer las denuncias, sin embargo, la atención es únicamente de 8:00 a 16:30 horas.

La Dirección de Protección y Seguridad Vial (Provial) del Ministerio de Comunicaciones tiene mayor cobertura a través del 1520.

Según explicó la oficina de comunicación, el número está habilitado las 24 horas, sin embargo solo tienen presencia en carretera de 4:00 a 23:00 horas.

Aunque Provial no está capacitado para sancionar a los pilotos, sí pueden detenerlos en la ruta y coordinar una posible captura y sanción con la PNC.

“Hemos recibido denuncias de pilotos de transporte extraurbano por exceso de velocidad, aparente estado de ebriedad o maniobras indebidas y del transporte pesado nos denuncian mucho cuando vienen zigzagueando”, dice Juan Aquino, vocero de Provial.

Otra institución que habilitó un número de emergencias es la Dirección General de Transporte (DGT). Sin embargo, su capacidad de monitoreo es más limitada ya que no pueden sancionar a los pilotos y solo ven que los permisos estén en regla.

A través del 1532 se pueden hacer denuncias solo de 8:00 a 16:00 horas y con el whatsapp 32743345 pueden hacerse a cualquier hora.

“Aunque nosotros no vemos si el piloto viene borracho o manejando mal, si recibimos la denuncia y coordinamos con Provial o PNC”, explicó Héctor Ramírez, vocero de la DGT.

Lo importante, dicen las autoridades de tránsito, es tener a la mano el número de placa del vehículo, sus características y ser claros en qué kilómetro va transitando y hacia qué sentido.

1. Dirección General de Transporte. La DGT habilitó el número 1532 y el whatsapp 32743345 para denunciar al transporte que no cumple con los protocolos sanitarios por el covid-19. Pero funciona solo en horario de oficina.
2. Con el número 1520 puede recibir denuncias por exceso de velocidad, maniobras indebidas o manejar en estado de ebriedad. Atienden las 24 horas.
3. El Departamento de Tránsito de la PNC es la entidad que puede detener y sancionar al transporte de carga y de pasajeros. Los números de atención son 52036339 y 48914618, solo en horario de oficina.
4. Número de placa. Es importante que la persona que vaya a denunciar sepa cuál es el número de placa del vehículo y sus características para que pueda ser identificado.
5. Cómo veo el número de placa. Si la persona no se percató de la placa al momento de subir al bus, pueden fijarse si pegaron una calcomanía con el número de placa que se pega en la puerta de ingreso o en alguno de los vidrios de adelante.
6. Fotos y videos. Las autoridades recomiendan tomar fotos y video para sustentar la denuncia y enviarlas por whatsapp a los números que sí lo permiten.
7. Demás datos. Además del número de placa, también es importante ser precisos de qué empresa de transporte es el bus donde se viaja, en qué kilómetro van y hacia qué sentido para que las autoridades puedan intervenir a tiempo.
8. Redes sociales. Además de hacer las denuncias ante las autoridades, siempre se recomienda hacerla en cualquiera de las redes sociales y etiquetar a las instituciones correspondientes para agilizar la atención.

Aunque la pandemia del covid-19 obligó a que muchos colegios cambiaran sus formas de impartir clases y algunos tuvieron que cerrar por poca matrícula, hubo otros que siguieron funcionando pese a que ya habían pedido su cierre por irregularidades en años anteriores

Este es el caso del Liceo Mixto Privado Senderos para la Vida que se ubica en Chisec, Alta Verapaz. Sobre este colegio pesan denuncias por retención de documentos y desde hace algunos años, se había solicitado el cierre, sin embargo, sigue funcionando.

El propietario de este centro educativo es Miguel Ángel Caal Max, persona conocida por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión del Ministerio Público.

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En junio de 2014, Caal Max junto a otras 11 personas fue capturado en el caso denominado Educación y Corrupción. Según explicó el Ministerio Público, en la Dirección Departamental de Alta Verapaz, detectaron una red ilícita que se dedicaba al cobro ilegal de comisiones.

Este hallazgo fue “accidental”, explicó uno de los agentes a cargo de la investigación, ya que estaban dándole seguimiento a unas escuchas telefónicas relacionadas a extorsiones cuando se percataron que en Alta Verapaz había un grupo de personas pertenecientes a la dirección departamental que habían conformado un grupo delictivo.

De esta forma lograron establecer cómo trabajadores de la institución cobraban entre Q200 y Q10 mil por acelerar trámites de jubilación o solicitud de reubicación de docentes. Caal Max era el enlace externo quien se encargaba de contactar a alguien dentro de la dirección departamental.

El caso se cerró el 21 de mayo de 2020. Los acusados reconocieron su responsabilidad y acordaron pagar entre todos una cantidad de Q114 mil para la reparación de escuelas públicas ubicadas en el departamento. Esta medida desjudicializadora fue una propuesta de la defensa que el MP no tuvo problemas en aceptar “por lo engorroso del proceso”.

De esta forma, Caal Max regresó al colegio del que es dueño pese a que años antes se hizo una solicitud para su cierre, según explicó el supervisor municipal de Chisec, Elder Coy.

“Desde hace un par de años le solicité a la Dirección Departamental que ya no le renovaran la licencia para funcionar. Hay denuncias por no entregar papelería, por extraviarla, por cobros no autorizados, pero algunas son difíciles de comprobar si las personas que denuncian lo hacen solo de forma verbal”, explicó Coy.

El caso de una adolescente que estudió en el liceo desde 2018 es un ejemplo de estas denuncias. Ella estaría cerrando la carrera de Perito Contador gracias a que una familia le subsidia sus estudios, ahora dice ser amenazada por el señor Caal Max.

En la queja que presentó al Ministerio de Educación y en la denuncia hecha al MP detalla que desde el año 2018 se inscribió en dicho liceo para estudiar básicos, en el 2020 siguió la carrera de Perito Contador y en 2021, al terminar el Quinto Perito le pidió sus resultados académicos a Caal Max quien se negó a dárselos.

“Dijo que no tenía mis resultados y que ni siquiera me inscribió en la plataforma del Ministerio de Educación, dijo que extravió mi expediente original. Todo el 2020 y 2021, asistí a clases, pasé mis exámenes, pagué las cuotas mensuales establecidas y compré los folletos que tenían un costo de Q75 cada dos semanas”, se lee en la denuncia.

Según la estudiante, esto ha sucedido con varios compañeros y a pesar de existir denuncias contra este centro educativo, la Dirección Departamental no ha cerrado el establecimiento.

El supervisor municipal comentó que el liceo tiene autorización para impartir clases a nivel diversificado únicamente, por lo que los grados de básicos no están autorizados.

Según comentó Edgar Chen, el actual director departamental, están esperando el informe de la comisión que se creó para ver el caso.

Chen asumió el cargo en diciembre de 2021 y aunque ya había estado en el puesto antes, aseguró que no conocer a Caal Max y que no sabe nada del caso Educación y Corrupción, en el cual la propia dirección departamental accedió al pago de los Q114 mil para eximir a los señalados por cobros ilegales.

Más denuncias

Solo en Alta Verapaz se presentaron 107 quejas contra instituciones privadas en el año 2021. Chen explicó que de ellas 76 ya fueron resueltas y que las últimas quejas eran las relacionas a cobros por clausuras y quejas contra directores.

Solo en el año 2020 y 2021, el Mineduc recibió 2,184 quejas contra centros educativos privados y por cooperativa. Siendo las prácticas administrativas deficientes unas de las más recurrentes que fueron 353 en 2020 y 387 en 2021.

Entre otras de las denuncias que prevalecen son la de cobros o contribuciones adicionales, infraestructura y equipamiento, condiciones pedagógicas deficientes, incumplimiento a la normativa, violencia y discriminación.

En una mañana tranquila que advertía la presencia de pocas personas en la Casa del Migrante que buscaban un poco de atención en su paso por esta capital, se encontraba el padre Francisco Pellizzari, el nuevo director de esta casa quien llegó los primeros días de enero al país, en sustitución de Mauro Verzeletti, quien estuvo en Guatemala durante 23 años.

Pellizzari pertenece a la orden de los Misioneros de San Carlos Scalabrinianos desde hace más de 30 años. Argentino, de padres italianos, inició con su misión en San José, California en Estados Unidos.

De forma paradójica, Pellizzari tuvo sus primeros acercamientos con la migración en el continente americano en el lugar de destino que muchos centroamericanos elijen. Luego, se trasladó a México donde estuvo por 15 años en ciudades como Nuevo Laredo, Agua Prieta (Sonora), Ciudad Juárez y, por último, en Guadalajara.

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Del 2010 al 2013 estuvo en Guatemala donde solicitó tener presencia en la Fuerza Aérea para ayudar a quienes deportaban. “Con la Organización Internacional para las Migraciones y Flacso, empezamos a recibir a los migrantes que llegaban en tres o cuatro vuelos semanales, no es como ahora y eso me tocó hacerlo en Guadalajara también cuando Estados Unidos empezó a deportar vía aérea a los mexicanos para alejarlos de la frontera”, cuenta.

Con la experiencia de atención al migrante en el lugar de destino y a su paso por territorios como el mexicano y guatemalteco, Pellizzari hace una reflexión de cómo este fenómeno se ha vuelto más violento y cruel.

En estas pocas semanas que lleva en Guatemala, ¿Ha visto cambios en el perfil del migrante como al que conoció hace 10 años?

Si, las olas de flujos migratorios hace 10 años no existían o no eran tan visibles. Las caravanas, la presencia de migrantes de Venezuela, Haití, Nicaragua y otros lugares que anteriormente se veían pero muy raramente. Esa es la novedad, a veces son flujos espontáneos y otras veces motivados por redes que fomentan el camino. La historia nos enseña que cuando un país llega a un nivel económico estable que permite vivir de manera digna, no hace falta construir muros porque la gente no quiere salir. El migrante no es un aventurero, no es una persona que busca nuevos nidos porque le encanta cambiar, es una persona expulsada por diversos fenómenos. Pero esto toca algunos intereses partidarios y sectoriales y por eso siempre se dan soluciones parciales. En nuestras casas del migrante hemos tenido un cuidado enorme con este fenómeno del coyotaje por los migrantes que muchas veces son estafados o motivados por falsas promesas. Es interesante porque esta realidad nos hace regresar a los orígenes de nuestra misión. Nuestro fundador, hace 130 años, llamaba a los coyotes traficantes de carne humana al referirse al fenómeno migratorio que acontecía en Europa y ahora aparece esta realidad que se va perpetuando, así como se perpetúan los motivos y las causas. Leemos los textos de ese tiempo y nos hace pensar que estamos leyendo crónicas de ahora, pero ahora vemos cómo la violencia y la crueldad se filtra en los movimientos migratorios que hace mucho más complejo y difícil la intervención.

Hace 40 años se hablaba del coyote como el guía de los migrantes, ahora es un mercenario pagado al que no le importa nada”.

Si en la casa del migrante antes podías abrir las puertas, ahora tenemos algunos filtros de seguridad, tomamos los datos y sacamos la foto de la persona, por si después desaparece aquí tenemos la posibilidad de poder tener al menos el registro de su paso. También tenemos casos de que cuando son coyotes, estos filtros previenen de que ellos vengan si no quieren ser controlados. En ese tiempo, esto no existía, por eso hablo de un fenómeno más complejo que requiere una respuesta más elaborada y apropiadas a esta realidad.

¿Ustedes se han visto amenazados directamente por esta violencia y criminalidad que rodea la migración?

En general podemos decir que cuando se interviene en defensa del migrante hasta que se toca ciertos niveles medios bajos, no hay problema. Nos dejan hacer. Pero cuando se comienzan a tocar a esferas un poco más altas, comienzan las amenazas y chantajes, incluso a nivel de gobierno. Eso nos pasó en Ciudad Juárez cuando hicimos una denuncia contra la policía municipal que abusaba de los migrantes, la semana siguiente llegaron los de salubridad a inspeccionar nuestra casa para saber si estaba en condiciones para hospedar gente y por supuesto que no teníamos todas las condiciones, si ni siquiera ellos tenían eso. En Nuevo Laredo tuvimos amenazas muy fuertes y directas de parte de la criminalidad organizada, llegaban a la puerta criminales armados para poder sacar a algunas personas que según ellos habían entrado, pero nosotros mantuvimos la línea y decíamos “aquí de esta puerta no se pasa”. Mantener firme esa presencia llega a dar cierta autoridad moral, me imagino que ellos prefieren no hacer tanto problema y dejarnos trabajar. Pero la responsabilidad directa y mayor es de las autoridades, cuando se hace una obra de asistencia y de respuesta al fenómeno migratorio adecuada y profesional, la migración se queda como un fenómeno y no como un problema. El migrante se vuelve una persona en tránsito y no un delincuente o alguien que molesta a la sociedad y eso depende de los gobiernos.

Usted viene cuando el Congreso de la República, a pedido del Presidente Alejandro Giammattei, aprueba sanciones más drásticas contra los coyotes. ¿Cómo ve eso?

El coyotaje es una injusticia sobre otra injusticia porque sabemos que es una criminalidad que existe y que no es nueva, pero es interesante cómo la voz de un migrante en nuestra casa nos dijo: “sin ellos nosotros no podemos movernos, estamos atorados, necesitamos servirnos de ellos”, el problema es que, por esta necesidad, son los coyotes los protagonistas de crímenes y de situaciones difíciles de crueldad. Me acuerdo de que hace 40 años se hablaba del coyote como el guía de los migrantes, ahora es un mercenario pagado al que no le importa nada los migrantes. Por supuesto, criminalizar y perseguir a estas personas me parece que es uno de los puntos que hay que intervenir, pero no es el único ni es la solución.

Viendo esto, junto con los accidentes en carretera donde han muerto miles de migrantes, el flujo de deportados que aumenta y que ninguna de estas situaciones hace prevenir la migración como a las autoridades les gustaría pensar. ¿Podríamos decir que el precio de la migración ha aumentado?

Si, estamos hablando de que, si no hay una estrategia de intervención desde la raíz, las otras cosas son paliativas y al mismo nivel podemos poner los muros de Estados Unidos. Los migrantes tienen dificultad de entrar a las ciudades fronterizas y lo que hacen es ir a otros lugares donde podrían correr más riesgos. Los flujos migratorios no se detienen quitando los coyotes en el camino, ellos seguirán con o sin coyote, con o sin muros, y lo que pasa con esto es que pagan el precio los más débiles. Muertes, personas accidentadas, violadas y la problemática se hace cada vez más compleja.

¿Qué implica su llegada al país?

Continuar con la obra de los Scalabrinianos. Es importante conocer que quienes estamos al frente somos personas de paso y somos personas respaldadas por nuestra comunidad. Yo soy lo visible de la comunidad religiosa, pero somos todos los que estamos trabajando, aquí hay otros cuatro sacerdotes que se encargan de otras realidades.

En grupos de whatsapp, en redes sociales y hasta en correos promocionales se pueden conseguir una variedad de pruebas caseras para la detección del covid-19.

Desde el año pasado, estas pruebas se empezaron a vender en territorio guatemalteco. Al inicio surgían dudas sobre cómo funcionaban, pero ahora su uso es cada vez más generalizado aunque el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) asevera que ninguna de las marcas que se venden en el país cuentan con la autorización legal respectiva.

“Son efectivas y te alivian un montón porque evita que vayás a los centros de salud donde sí te podrías contagiar por la cantidad de gente que llega” compartió Claudia Cruz, quien dijo que la prueba la consiguió en Marketplace a Q300 el paquete de dos pruebas de hisopado.

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Este espacio creado por la red social Facebook, ofrece una cantidad de productos a la venta, incluyendo productos médicos.

Cruz asistió a una boda días antes y comentó que en la celebración también se estaban haciendo este tipo de pruebas a todos los invitados con un rango de espera de 15 minutos.

Es así como precisamente se presenta la publicidad de este tipo de productos, que, por no contar con la autorización de Salud, se mueven sin ninguna limitante en el mercado negro.

“¿Planea reunirse con familiares, colaboradores o amigos? Ya sea que viaje o tenga visitas en casa, debería considerar agregar pruebas caseras de covid-19 a su lista de compras” narra un anuncio publicitario que es enviado a través de correos masivos, en donde dicen que aceptan tarjeta de crédito y proporcionan un número de Whatsapp para solicitar más información.

Sin regulación

Aunque en la publicidad de este tipo de pruebas señala que cuentan con la autorización del Ministerio de Salud, la cartera desmintió esto. Según respondió el Viceministerio Técnico, aunque estas pruebas son confiables, ninguna de ellas está autorizada para su uso en el país y hasta el momento no tienen contemplado facilitar ningún registro sanitario. “El uso de estas pruebas es un acto ilícito y no son permitidas en Guatemala”, respondieron.

En Estados Unidos, la agencia encargada de la administración de medicamentos y alimentos (FDA por sus siglas en inglés) ha autorizado al momento 17 marcas diferentes de pruebas caseras y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades también las recomienda como parte de las medidas para la reducción de contagios.

La oferta de este producto ha crecido por la rápida propagación de ómicron y los guatemaltecos siguen reclamando que el Ministerio de Salud limita el número de pruebas que se hacen por día, provocando que en los centros de salud las colas de quienes quieren saber si tienen covid-19 sean extensas y empiecen a formarse desde horas de la madrugada.

Esto provocó que el 20 de enero, las autoridades emitieran una circular a los centros de salud donde ordenan que las pruebas deben realizarse sin limitante alguno.

En los meses de diciembre del 2021 y enero del 2022, cuando ómicron ya estaba presente, Salud realizó un total de 460 mil 869 tamizajes, de los cuales 71 mil 854 resultaron positivos. Sin embargo, los diagnósticos se concentran en las áreas urbanas.

Debido a que la población urbana con cierto nivel adquisitivo es quien puede adquirir las pruebas caseras, el director del Laboratorio Nacional de Salud, César Conde, indicó que estas podrían ayudar a descentralizar los diagnósticos que hace salud pública y dirigirlos a las áreas rurales.

Sin embargo, Conde enfatizó en que es importante que estas tengan un registro sanitario vigente en el país que autorice su uso.

“Todas las pruebas que se usan a nivel de laboratorios y con reactivos deben funcionar con un registro sanitario del Ministerio de Salud que nos garantice quién las está vendiendo. Como es algo que no está regulado, no sabemos quién las vende o si se trata de pruebas falsas” indicó.

A decir de Conde, lo que provoca el uso de estas pruebas es que baje el reporte de los casos positivos y que suba el subregistro, evitando que se logre monitorear el impacto de la pandemia.

Asimismo, alertó que hay pruebas que se consiguen en el mercado y que no son buenas diagnosticando el covid-19, como las pruebas de saliva que tienen una baja sensibilidad de detección.

“Si el ministerio las registra, hay que tener alguna logística en informática, una página de internet o algo así que nos ayude a reportar los casos positivos. Desde el Laboratorio Nacional lo que podemos hacer es pedirle al ministerio que nos permitan hacer una verificación de estas pruebas para saber si funcionan, su porcentaje de sensibilidad y así recomendarles a los usuarios qué marcas sí pueden usar”, agregó.

La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) fue aprobada en 2008 y aunque es conocida por ser usada especialmente por periodistas, también es una herramienta que facilita el trabajo a investigadores, académicos y estudiantes.

Al saber utilizarla, esta ley también puede ayudar a la fiscalización de las autoridades locales y nacionales por parte de la ciudadanía, amparándose en el derecho de acceso a la información pública que es considerado un derecho de nueva generación.

“Información pública será toda la información que se encuentre en los archivos, fichas, registros, base, banco o cualquier otra forma de almacenamiento de datos que se encuentren en los organismos del Estado, municipalidades, instituciones autónomas y descentralizadas y las entidades privadas que perciban, inviertan o administren fondos públicos, incluyendo fideicomisos constituidos con fondos públicos, obras o servicios públicos sujetos a concesión o administración”, explica el decreto 57-2008.

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Pese a que en los últimos años las autoridades de gobierno se han amparado en esta ley para retardar la entrega de información, sigue siendo un instrumento de valor, explica el experto en información pública, Silvio Gramajo.

“Ayuda muchísimo a la investigación. Todos los reportajes de investigación que uno lee se logran gracias a los datos que uno no podría obtener de otra forma”, indicó.

Gramajo explicó que antes de hacer una solicitud de información, es importante saber qué son datos personales y datos sensibles ya que la ley prohíbe compartir esta información.

Además, la ley también establece qué es información de oficio que debe tener pública cada institución del Estado y que generalmente está publicada en la página web. A esto se refiere directorio de empleados y servidores públicos, información del presupuesto, informes mensuales de ejecución, contrataciones de bienes y servicios, listado de viajes nacionales e internacionales financiados con fondos públicos, listado de asesores con sus respectivas remuneraciones, entre otros.

La autoridad reguladora de esta ley es la Secretaría de Acceso a la Información Pública (Secai) que pertenece a la Procuraduría de los Derechos Humanos y quien debe supervisar a los sujetos obligados.

La ley señala que en ningún caso podrá clasificarse como confidencial o reservada la información relativa a investigaciones de violaciones a los derechos humanos fundamentales o delitos de lesa humanidad.

También establece sanciones a los funcionarios que no entreguen la información, quienes comercialicen con datos personales, alteren o destruyan información en archivos o revele información confidencial o en reserva.

Cosas a tomar en cuenta:

• Antes de hacer la solicitud, es importante verificar que la información que se desea pedir no sea de oficio, porque de ser así debe estar en la página web de la institución.
• La Unidad de Acceso a la Información Pública de cada entidad tiene como deber ayudar al solicitante a saber cómo pedir la información en caso así se requiera, para garantizar que se haga de una forma clara y precisa.
• Las solicitudes pueden hacerse de manera escrita, verbal y electrónica y la Unidad de Acceso debe entregar una constancia de recibido donde se establezcan los plazos de entrega.
• La ley establece que los datos que el solicitante debe presentar son nombre completo y datos de contacto (teléfono y dirección electrónica).
• La Unidad de Acceso no debe exigir que se manifieste el interés de por qué se requiere la información, ya que su obligación es facilitarla.
• El solicitante no debe realizar ningún pago para que la información sea entregada ya que la ley establece el principio de gratuidad.
• El tiempo de respuesta es de 10 días hábiles como máximo, pero la autoridad puede solicitar una única ampliación de 10 días más para responder.
• Si la autoridad no entrega la información que se requirió, el solicitante puede presentar un recurso de revisión.

Con un “gracias a Dios y al Dr. Giammattei por la oportunidad de dirigir el Mingob” el entonces ministro de Gobernación, Gendri Reyes, anunció su salida de la cartera y dando paso al nombramiento de David Napoléon Barrientos Girón, exjefe del Estado Mayor de Otto Pérez Molina.

Reyes es el tercer ministro de Gobernación que ha tenido Alejandro Giammattei en sus dos años de gobierno y es el único ministro que deja una tasa de homicidios más alta de la que recibió al llegar.

Contradictoriamente a este dato, también es el que tuvo más agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) aprestos para la seguridad ciudadana.

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Según un dato compartido por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), del 2017 a 2021, la PNC ha duplicado el número de agentes de la PNC que hay en el país. En 2017 había 19,748 policías y en 2021 llegaron a ser 41,680 agentes.

Sin embargo, para el analista Carlos Mendoza, resulta ser un mito que, entre más policías, más seguridad.

Reyes tomó el cargo el 19 de noviembre de 2020, siendo su primera acción pública la autorización de la fuerza desmedida de los agentes de la PNC en las manifestaciones del 21 de noviembre en Centro Histórico de la capital. Hecho que le provocó una interpelación en el Congreso de la República por parte de las bancadas opositoras.

Las acciones de Reyes durante estas manifestaciones no es su único legado y será recordado también por ser el primer ministro en dejar una tasa de homicidios más alta de la que recibió en los últimos diez años.

Mendoza, quien pertenece a la organización Diálogos, explicó que fue Carlos Vielmann (2004-2007), durante la presidencia de Óscar Berger, quien disparó el número de muertes violentas. “Ahora sabemos que fue por la política de ejecuciones extrajudiciales que tenían y con Adela Torrebiarte vemos que baja la violencia por primera vez”, explica.

Después, en el gobierno de la UNE, también se generaron varias olas de violencia y fue con la llegada de Carlos Menocal (2010) que la tendencia empezó a cambiar, dice.

“Los siguientes dos gobiernos se beneficiaron con esta tendencia y aunque pensamos que con Enrique Degenhat, al destituir a la cúpula policial, esto iba a cambiar, no fue así y siguió bajando”, agrega Mendoza.

Pero para el 2021, año en el que estuvo Reyes, la tendencia cambió y por primera vez se registró un aumento en los homicidios. Al ajustar las cifras de la última década con el tamaño de la población, la tasa pasó de 15.2 a 16.6 homicidios por cada 100 mil habitantes. Esto sería un aumento de tasa del 9%.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) también reportó un aumento del 17% en las necropsias realizadas en 2021 referentes a homicidios, mientras que la PNC también reportó un aumento del 10% en las muertes violentas de hombres y un 15% en las de mujeres.

También robos y extorsiones

Según el informe presentado por CIEN en los primeros días de este año, las denuncias de delitos se incrementaron en 2021, siendo la mayoría por extorsión, robo de vehículos, motocicletas y viviendas.

El CIEN detalló que durante el 2021 hubo 257 denuncias más que las que se registraron en 2020 por extorsiones.  Además que las cifras de denuncias de robo de vehículos de dos y cuatro ruedas, tendían a la baja desde 2016 pero en 2021, ambos aumentaron un 21% respecto a las cifras del año 2020.

“Mi evaluación de este ministro saliente es negativa porque nunca se conoció que tuviera una política de seguridad ciudadana o prevención del delito y la violencia. Solo vimos que recurría a los estados de sitio que no resolvieron nada y que entre los resultados eran las incautaciones de pequeñas cantidades de droga y capturas a delincuentes rasos”, indicó Mendoza.

Los antecedentes de Reyes

Giammattei inició su gobierno con el militar retirado Édgar Godoy Samayoa quien estuvo al frente de la cartera poco más de cuatro meses (146 días), sin embargo, renunció por quebrantos de salud que finalmente le costaron la vida el 22 de abril de 2021.

Luego, asumió el exdiputado del Partido Patriota (PP), Oliverio García Rodas quien estuvo al mando casi el mismo tiempo que Godoy, 153 días, pero que también renunció por desacuerdos con Giammattei.

Dos semanas después, Reyes, que fungía como viceministro de Seguridad, fue juramentado como jefe de la cartera. En una citación en el Congreso, cinco días después de este nombramiento, se dio a conocer que el excomisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Carlos Castresana, pidió la remoción de Reyes por apropiarse de Q650 mil en viáticos que pertenecían a agentes de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS).

Después de dos semanas de audiencias, el Tribunal de Mayor Riesgo A dio a conocer la sentencia a 30 años de prisión por delitos de lesa humanidad contra cinco expatrulleros de autodefensa civil en el caso de violación sexual y esclavitud contra mujeres achí originarias de Baja Verapaz.

Los condenados son Benvenuto Ruiz Aquino, Bernardo Ruiz Aquino, Damián Cuxun Alvarado, Gabriel Cuxum Alvarado y Francisco Cuxum Alvarado quienes escucharon la sentencia desde prisión a través de una videollamada hecha desde Mariscal Zavala.

En el caso de Gabriel Cuxum, el tribunal también resolvió darle 8 años de prisión por los delitos de supresión y alteración del estado civil y 2 años por uso público de nombre supuesto ya que el acusado cambió nombre de nombre para evitar ser perseguido por la justicia.

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Aunque son 36 las mujeres que señalan que fueron abusadas sexualmente por miembros de las PAC, en este caso se logró determinar la participación directa de los condenados en hechos que se cometieron contra Margarita Alvarado Enríquez, Inocenta Alvarado Enríquez, Marcela Alvarado Enríquez, Pedrina López de Paz y Estefana Alvarado Sic.

Pedrina López es la sobreviviente más joven. En el momento de los hechos tenía 12 años y frente al tribunal manifestó que tenía 12 años cuando los patrulleros se tiraron sobre ella, le taparon la boca y la empezaron a violar. Esta declaración, dijo el juez, fue confirmada por el testimonio brindado por dos testigos.

La sentencia fue leída por el vocal II del tribunal, juez Gerbi Sical quien explicó que le dieron valor probatorio a los peritajes culturales y de género, además de los testimonios brindados por los testigos.

“Creemos firmemente en los testimonios de las mujeres que fueron violadas y sabemos que cada una de ellas constituye una individualidad la cual valoramos y respetemos”, dijo el tribunal al dictar sentencia.

Según explicaron, encontraron un mismo patrón de conducta al ordenar la detención, desaparición o muerte de los hombres y cualquiera de los resultados, el objetivo era dejar a las mujeres solas para abusar sexualmente de ellas haciendo uso de la fuerza física y psicológica, que las obligaron a trabajar en elaboración de alimentos sin recibir un pago por ello.

De esta forma, el tribunal encuadró la conducta de los acusados en el artículo 378 del Código Penal guatemalteco de delitos contra los deberes de la humanidad.

El tribunal explicó que los peritajes psicosociales emitidos fueron también trascendentales para su decisión, donde se estableció que las mujeres presentan en la actualidad dolores en el cuerpo, insomnio, lentitud psicomotriz y sentimientos de culpa.

Para el 27 de enero se llevará a cabo la audiencia de reparación digna.

Este caso inició en noviembre del año 2011 cuando las primeras once víctimas presentaron su denuncia ante el Ministerio Público. Tras esto, los testimonios de otras mujeres empezaron a adherirse al caso hasta llegar a ser 36 mujeres quienes señalan haber sido abusadas por parte de miembros de las fuerzas armadas y los expac.

En 2018, la Policía Nacional Civil detuvo a los expatrulleros. El caso lo tenía inicialmente la jueza Claudette Domínguez, quien desestimó la evidencia argumentando que se contradecía y dejó en libertad a los acusados.

Sin embargo, cuando Yasmín Barrios se encargó del proceso, ordenó la recaptura de las personas.

Los hechos sucedieron entre 1980 y 1983 cuando estas mujeres tenían entre 12 y 56 años de edad. Para entonces, 33 de ellas vivían en situación de pobreza y lamentaban la desaparición o ejecución de sus esposos, padres e hijos.

Realizan ceremonia

Desde las ocho de la mañana de este lunes, organizaciones sociales y grupos de mujeres indígenas realizaron una ceremonia maya en la Plaza de los Derechos Humanos, en el Palacio del Organismo Judicial para pedir que se haga justicia en este caso.

Con carteles, vela y flores, organizaciones se quedaron en el lugar hasta las tres de la tarde para escuchar la sentencia.

A un costado de este lugar, familiares de los acusados también se hicieron presentes para pedir que los dejaran libres.

Para este lunes 24 de enero se espera que el Tribunal de Mayor Riesgo A empiece a deliberar y dé a conocer la sentencia en el casos contra los cinco expatrulleros de autodefensa civil señalado de abusos sexuales contra mujeres de la etnia Achí.

El caso de las mujeres Achí, originarias de Baja Verapaz, aglutina a 36 mujeres víctimas durante el conflicto armado que sufrieron continuas violaciones sexuales de parte de estos expatrulleros que lograron ser identificados.

Aunque las denuncias fueron presentadas en 2011, fue hasta el 6 de enero que inició el juicio contra los señalados y dos semanas después, el Tribunal dará a conocer sus argumentos para la posterior sentencia.

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Los acusados son Benvenuto Ruiz Aquino, Bernardo Ruiz Aquino, Damián Cuxun Alvarado, Gabriel Cuxum Alvarado y Francisco Cuxum Alvarado.

“Nosotras esperamos que se dicte la sentencia condenatoria porque se determinó la responsabilidad de las cinco personas y se estableció que eran patrulleros de autodefensa civil con prueba testimonial y documental”, dijo una de las abogadas defensoras Lucía Xiloj.

En la última semana del juicio, el tribunal escuchó quince testimonios presenciales y en anticipo de prueba, además de conocer seis peritajes que presentaba las consecuencias de la violencia sexual en contra de estas mujeres.

Uno de los testimonios presentados en anticipo de prueba fue el de la religiosa Gregoria Barcárcel de la congregación Hijas de la Caridad, quien desde 1976 están asentados en Rabinal con programas sociales que asisten a la población.

Según mencionó, en el último lustro de la década de los 70, lograron trabajar bien hasta que la represión aumento a partir de 1980, cuando la población de Rabinal les advirtió no llegar al lugar por los riesgos que podrían correr.

“Cuando comenzó la represión empezamos a recibir información. Después de la masacre de Agua Fría las señoras llegaban con nosotras y una llegó a decirnos que a las viudas después de la masacre las amarraban y se las llevaban a una casa que usaban los paramilitares y los soldados y las violaban”, dijo.

También declaró la señora Pedrina López de Paz quien dijo que tenía doce años cuando los patrulleros Benvenuto Ruiz Aquino y Bernardo Ruiz Aquino la violaron frente a sus hermanos, como producto del hecho, tuvo un sangrado que le duró más de un mes.

“Me violaron más de una vez, me dolía mi cintura, el cuerpo, la cabeza y dolor en el corazón, eso no se me quita”, indicó frente al tribunal.

Al terminar con estas declaraciones, la defensa de los acusados intervino y puso en duda los testimonios presentados.

Según el abogado Julio César Colindres, quien defiende a los hermanos Francisco y Damián Cuxum Alvarado dijo “la declaración testimonial no es congruente, no es posible que hayan amarrado a una niña de tan corta edad a un palo”.

La Procuraduría General de la Nación (PGN), quien es querellante en el proceso, también presentó sus conclusiones y rechazó los testimonios presentados, indicando que no se demostró que los acusados tienen vínculo con el Estado.

“No hay un solo documento donde pueda establecerse la vinculación de mis defendidos y que acrediten que eran miembros de las PAC”, dijo por su parte la abogada María Teresa Martínez.

Sin embargo, en el juicio se presentó un listado de los expatrulleros hecho por el Ministerio de Gobernación donde aparece los nombres de sus defendidos, los hermanos Benvenuto y Bernardo Ruiz Aquino.

Los acusados también se dirigieron al tribunal a través de una videollamada desde la prisión donde se encuentran y negaron todos los señalamientos.

“Soy inocente, no cometí ningún delito. Tengo 57 años, no sabemos nada, no hemos hecho nada y aquí estamos en el nombre de Dios”, dijo por su parte Bernardo Ruiz Aquino.

La Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público solicitó una pena máxima, de 30 años de prisión, contra 4 de los acusados mientras que en el caso de Gabriel Cuxum Alvarado solicitó la pena máxima para los delitos de alteración del estado civil y usurpación de nombre supuesto ya que se le señala de haberse cambiado el nombre para evadir la justicia.

Para este lunes, el tribunal espera escuchar la petición final de las víctimas y entrar a deliberar en el proceso para conocer la sentencia ese mismo día.

La elección a rector de la Universidad de San Carlos está programada para el próximo 27 de abril. Este proceso electoral se llevará a cabo en medio de una pandemia, con pocos estudiantes yendo a las aulas universitarias y sin tener dentro de su radar la importancia de este proceso a nivel nacional.

La Usac es la única universidad estatal en el país, con una asignación constitucional y con más de 66 representaciones en las diferentes instancias de poder político en el país.

Este proceso que ya inició con la campaña electoral que llevan a cabo al menos seis figuras, será atípico, no solo por la situación de pandemia, sino que por primera vez tiene a dos de sus principales figuras políticas principales tras las rejas.

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Se trata del exrector Estuardo Gálvez Barrios y de Murphy Paiz, último rector electo y quien renunció a su puesto en agosto de 2021 en una carta que escribió desde la cárcel.

Ambas figuras están procesadas desde febrero del año pasado en el caso Comisiones Paralelas 2020, donde el Ministerio Público los señala de haber incidido en la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones.

Estos señalamientos solo dan una pequeña muestra de la incidencia que tiene el rector de la única universidad pública en las designaciones de funcionarios de alto nivel en el país.

Actualmente se conocen seis candidaturas que van tras la silla del rector para el período 2022-2026, de los cuales tres de ellos han sido miembros del Consejo Superior Universitario (CSU) en los últimos periodos.

Estos son Carlos Valladares Cerezo, exdecano de la Facultad de Arquitectura y exsecretario general CSU; Walter Ramiro Mazariegos Bioelis, actual decano de la Facultad de Humanidades; Luis Arturo Suárez, actual decano de la Facultad de Ciencias Económicas; Erwin Humberto Calgua Guerra, exdirector General de Investigación de la Usac y exdirector de Investigación de la Facultad de Ciencias Médicas.

En perfiles más discretos están María del Rosario Paz Cabrera, directora general del Centro Universitario de Occidente (Cunoc); y Abraham Baca Dávila, encargado de Relaciones Públicas de la rectoría de Jafeth Cabrera y excomunicador del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Un jugoso puesto

Uno de los temas que debe retomar el nuevo rector es la magistratura titular de la Corte de Constitucionalidad, donde se eligió Gloria Porras pero que por diversos amparos no ha podido tomar posesión.

Además, al nuevo rector también le tocará estar presente en la comisión de postulación para la Contraloría General de Cuentas.

“Es la máxima autoridad de una institución autónoma y que de forma autónoma y arbitraria ha manejado un presupuesto enorme, estando fuera del radar de todos los entes de control financiero”, dice Carmen Aída Ibarra del Movimiento Projusticia sobre la importancia de este puesto.

A decir de Ibarra, en los últimos 30 años la figura del rector de la Usac no ha sido opositora al gobierno, por el contrario, se ha “acomodado a la correlación de fuerzas dominantes” y han sido “sumamente complacientes al gobierno de turno, se han sumado al juego político y forman parte de alianzas” explicó.

Eduardo Velásquez, investigador de la Usac y crítico al sistema de elección a rector, dijo que la mayoría de los candidatos son oficialistas y han sido parte de las dos administraciones anteriores.

“Ha sido tan la mala la gestión de ambos rectores que se le adeuda más de Q80 millones a  profesores que fueron despedidos injustamente para allanar el clientelismo de los rectores anteriores”.

Velásquez señala que el actual proceso es antidemocrático debido a que la administraciones pasadas no se han atrevido a reformar el proceso de elección, impidiendo que los centros regionales y las escuelas no facultativas tengan poder de decisión y esto representa al 52% del total de estudiantes que tiene la universidad.

Las 65 sillas de la Usac

La Universidad de San Carlos tiene representación en la mayoría de las instituciones de gobierno, consejos y comisiones para la elección de puestos de poder.

Área Ecológica-Educativa Superior

2 delegados ante el Instituto Nacional de Árboles (Inab)

1 delegado del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola

1 delegado ante el Consejo Nacional de Cambio Climático

1 delegado ante el Consejo de Enseñanza Privada Superior

1 delegado ante la Red Nacional de Formación e Investigación Ambiental

1 delegado ante el Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza del Conap

Sector eléctrico

            1 Delegado ante la Comisión Nacional de Electricidad

Área Jurídica

            2 magistraturas ante la Corte de Constitucionalidad

1 delegado ante la Comisión de Postulación de la Defensa Pública Penal

1 delegado ante la Comisión de Aranceles de la Defensa Pública

2 delegados ante la Comisión de Postulación de magistrados a la Corte     Suprema de Justicia

2 delegados ante la Comisión de Postulación de magistrados a la Sala de Apelaciones

2 delegados ante la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral

1 delegado ante la Comisión de Postulación del Ministerio Público

Área Salud – Tecnología

2 delegados ante la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

1 delegado ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

1 delegado ante el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología

Área Económica-Jurídica-Infraestructura

2 delegados ante el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano Rural

8 delegados ante el Consejo Regional de Desarrollo Urbano Rural

22 delegados ante Consejos Departamentales de Desarrollo

2 delegados ante la Junta Directiva del Transmetro y Multisectorial de Transporte

2 delegados ante el Consejo de Protección de la Antigua Guatemala

Área Económica

2 delegados ante la Junta Directiva del Instituto Nacional de Estadística

2 delegados ante la Junta Monetaria

2  delegados ante la Comisión de Postulación de la Contraloría General de Cuentas

*Fuente: Mapa de Poder y Representaciones de la Usac ante Cuerpos Colegiados en el Status Quo de Guatemala / Dr. Jorge Luis de León Aran y Lic Rodrigo Ponce Chavarría.

Las carreras de la Formación Inicial Docente (FID) que son parte elemental de la reforma magisterial que se hizo en 2012, podrían estar en riesgo luego que la Universidad de San Carlos decidiera suspender la formación de nuevos estudiantes tras la falta de interés del Ministerio de Educación de querer contratar a quienes optaron por la preparación universitaria.

El FID es uno de los productos principales de la reforma que promovió la exministra de Educación, Cinthya Del Águila, quien cerró las carreras de magisterio como se conocían en los institutos normales y las transformó en un Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación para obligar a los estudiantes a optar por el programa FID que tiene una preparación de tres años y así ser docentes titulados por la universidad.

El programa FID ha graduado del 2015 a la fecha a 4 mil 60 profesionales en los profesorados de Primaria Intercultural, Primaria Bilingüe Intercultural, Expresión Artística y Productividad y Desarrollo.

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Para financiar estas formaciones, el Ministerio de Educación ha trasladado a la Universidad de San Carlos Q8,800 anuales por alumno, dando un total de Q62 millones 200 mil 830 del 2014 al 2020 según datos generados por la oficina de Información Pública de la cartera.

Con los años, las asignaciones y las matrículas estudiantiles han ido bajando. La primera cohorte contó con 1,250 graduandos, pero para el año 2020 fueron 730 y ninguno de ellos, según indica el Dirección General de Docencia de la Usac, ha sido contratado por el Mineduc.

Sin responder

La falta de interés en la contratación de estos profesionales y la baja calidad con la que el Mineduc está graduando a los bachilleres en Educación fue un tema que el Consejo Superior Universitario (CSU) puso en el tintero el pasado 16 de enero.

Aunque la petición formal que hizo el CSU fue formar una comisión especializada con la cartera educativa para discutir el futuro del programa FID, hasta el momento la ministra Claudia Ruiz y ninguno de sus viceministros se ha pronunciado al respecto y ha preferido guardar silencio.

“Por el bien de la educación en Guatemala es indispensable que tenga una actitud real de diálogo, el proceso de formación docente debe ser una prioridad nacional”, dijo el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, al pedirle a la ministra Ruiz pronunciarse ante esta situación y convocar a un diálogo intersectorial.

La PDH también recomendó revisar el currículum nacional base y establecer los criterio de incorporación al sistema de educación de los profesionales egresados del FID.

Verónica Spross, de Empresario por la Educación, también dijo que es importante evaluar cómo están saliendo los docentes de la universidad y cómo se incorporarán a la carrera docente, la forma es que deben ser contratados y qué plazas se les va a ofrecer.

“El problema es que no ha habido tantas contrataciones en los últimos años, fue hasta 2021 que se hizo una convocatoria y le daban más peso a la antigüedad del docente que a su preparación universitaria”, dijo.

Más bonos sin preparación

Ante el silencio que también mantiene el Mineduc con relación al pacto colectivo de trabajadores que se está negociando para este 2022, la PDH publicó el documento donde se presenta la propuesta de aumento de bonos y salarios.

El Sindicato de Trabajadores de la Educación en Guatemala (Steg), liderado por Joviel Acevedo, pide un bono anual de Q3 mil a todos los trabajadores y un bono adicional de Q700 a quienes egresen del FID y del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente (Padep).

Pero aunque en este caso se toman en cuenta a los egresados del FID, Pross comenta que debe crearse una forma en que los aumentos salariales vayan acompañados del desempeño del maestro en las aulas.

“La función del maestro es importante, debe ser valorada y reconocida en la sociedad. Por eso es importante reconocer a los maestros que sí están haciendo su trabajo y que en la carrera se tome en cuenta a los mejores”, menciona.

Por esta misma vía comenta la exviceministra María Esther Ortega, quien dice que el Mineduc debe tomar en cuenta los casos de éxito para que la formación docente salga adelante como un programa viable para la educación en el país.

“Lo que se hace en países donde sí funciona esto, por ejemplo, en Costa Rica que hace varias evaluaciones a los alumnos en la primaria, básicos y diversificado. Pero no es solo una evaluación para determinar el rendimiento, si el estudiante no pasa la evaluación no pasa el grado y los maestros deben hacer el esfuerzo para que sus estudiantes queden bien preparados ya que la demanda de alumnos se concentra en lo colegios y escuelas que sí preparan”, agregó.

Además, la contratación de los profesores debe ir acompañados de sus grados universitarios y de una entrevista que determine si tienen vocación, indica.

Después de que el 2020 fue catalogado el año menos violento en los últimos 35 años y que el país haya presentado un descenso sostenido de los homicidios durante más de una década, en el año 2021 volvió a subir la tasa de muertes violentas, un dato que el gobierno prefirió ignorar en el informe que presentó el presidente Alejandro Giammattei el pasado 14 de enero.

La Policía Nacional Civil (PNC) registró durante el 2021 alrededor de 2 mil 843 homicidios, esto representa un aumento del 10 por ciento en la muerte violenta de hombres y un aumento del 15 por ciento en la muerte violenta de mujeres con respecto al año anterior.

Según datos que también proporcionó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en 2021 tuvieron 17% más necropsias que en 2022 referentes a homicidios y las muertes provocadas por arma de fuego aumentaron un 18%.

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Esto es algo sin precedentes y que podría marcar una nueva tendencia al alza para los próximos años si no se revisan las políticas públicas de seguridad ciudadana, según comentó el analista de datos Carlos Mendoza, de la organización Diálogos.

Mendoza presentó los datos de la PNC y el Inacif en el informe de Violencia Homicida de diciembre de 2021 y señaló de forma preocupante que es primera vez que se observa un aumento en los homicidios en los últimos 12 años.

El año 2009 fue el periodo donde más muertes violentas se registraron en el país durante este milenio, con 6 mil 505 y, desde entonces, los números empezaron a bajar de forma sostenida durante los siguientes diez años.

A decir de Mendoza, la pandemia no es algo que justifique este aumento, ya que, si la tendencia de la última década hubiera continuado, el 2021 hubiera mostrado números bajos con o sin pandemia.

"Por primera vez en 12 años de descenso, la tasa de homicidios aumentó en 2021" dice @DialogosGuate en el último informe de #ViolenciaHomicida donde explican que fue una "trampa metodológica" de Giammattei no tomar en cuenta los datos de 2020 para decir que la violencia bajó pic.twitter.com/bAop5RbwTT

— Mariajosé España (@mespana_pl) January 18, 2022

No bajó la violencia

En su informe de segundo año de gobierno, el presidente Giammattei aseguró que los homicidios disminuyeron en 2021.

“La tasa de homicidios bajó un 4.4% hasta ser 16 por cada 100 mil habitantes en relación al año previo de la pandemia”, dijo el mandatario en el discurso presentado en el Congreso de la República.

Pero, así como lo expresó, estos son números que no toman en cuenta los homicidios registrados en 2020 y esto es algo “engañoso” según dice Mendoza.

“El problema es que el presidente no se comparó con 2020 y eso es una trampa metodológica para no ver los números reales”, agregó.

Según el informe de Diálogos, al ajustar las cifras de la última década con el tamaño de la población, la tasa pasó de 15.2 a 16.6 homicidios por cada 100 mil habitantes. Esto sería un aumento de tasa del 9%.

Estos datos se complementan con los asesinatos que se han visto en los últimos meses en la vía pública. Cámaras de seguridad que han grabado como sicarios dan muerte a hombres y mujeres en las calzadas, bulevares o en el lobby de un hotel.

“Por eso insistimos en el debate, el gobierno no puede ser autocomplaciente con las cifras. Lo que nos dice este ejercicio es que no es un simple efecto rebote o algo naturalmente esperado. Hay que revisar cuáles son las políticas públicas de seguridad ciudadana y saber qué es lo que no se está haciendo bien”, expresó el analista.

La comisión de postulación para la elección de Fiscal General ha sido convocada por el Congreso de la República el 13 de enero y esta es apenas la primera de cuatro elecciones importantes que se avizoran para este 2022.

En año preelectoral, el trabajo de estas comisiones tendrán más importancia y jugarán un papel que determinarán la tensión en el proceso de elecciones y la inscripción de posibles candidatos.

Aunque no lo pareciera, la elección del Contralor de Cuentas tiene mucho poder en este juego, ya que en el año electoral anterior se inhabilitó a muchos candidatos por no tener el finiquito extendido por la contraloría.

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Lo mismo sucede en el caso del Fiscal General, que además de la importancia conocida de esta figura para la justicia penal, en año electoral el MP puede activar procesos penales a favor de ciertos sectores.

Sin importar de qué comisión se trate, para el politólogo Sebastián Morales, la transparencia debe ser un aspecto para mantener para lograr la credibilidad en el trabajo de las mismas.

“Cuando la gente cuestiona es cuando se genera estabilidad porque obliga a la comisión a actuar de acuerdo a las leyes y expectativas de la sociedad. La inestabilidad viene cuando no hay transparencia y se desconoce las decisiones que los comisiones están tomando”, indicó.

Fiscal General

Convocatoria pública

Puede ser reelecto

¿Con cuánto tiempo se convoca? Cuatro meses antes que termine el plazo del cargo.

¿Quién integra? Presidente del OJ, Colegio de Abogados, Tribunal de Honor y decanos de universidades.

¿Quién designa? El Presidente de la República de una nómina de seis candidatos

Toma de posesión del cargo: 18 de mayo

Por cuánto tiempo: 4 años

Esta comisión fue la primera convocada por el Congreso de la República el 13 de enero. El politólogo Sebastián Morales indicó que puede dar una idea de cómo será el proceso electoral según el profesional que sea designado como próximo fiscal general. Hasta el momento Consuelo Porras no ha anunciado la intención de querer reelegirse en el cargo.

“El hecho de que las comisiones sean en año preelectoral, es que nos pueda dar una idea de cómo va a ser el proceso de elecciones desde la justicia electoral”, indicó.

El politólogo indicó que en los últimos años se ha utilizado la justicia para abrir persecuciones a posibles aspirantes a cargos públicos, por eso mencionó que es una variable importante para tomar en cuenta. “A un año de elecciones, conocer quién será el liderazgo en el MP es importante y esto provoque tensión al tema electoral porque hemos visto como la ley ha sido utilizada con motivaciones políticas para descartar candidatos”, indicó. 

Director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses

Concurso Público

¿Con cuánto tiempo se convoca? Dos meses antes de la finalización del cargo.

¿Quién designa? El Consejo Directivo del Inacif

¿Quién integra? El presidente de la Corte Suprema de Justicia, ministro de Gobernación, el Fiscal General de la República, director del Instituto de la Defensa Pública Penal, presidente del Colegio de Médicos, presidente del Colegio de Químicos y Farmacéuticos, presidente del Colegio de Abogados y Notarios.

Toma de posesión del cargo: 18 de julio

Por cuánto tiempo: 5 años

A diferencia del resto de las comisiones de postulación, al director del Inacif lo elige el Consejo Directivo de la institución. “Quiénes lo integran en su mayoría son funcionarios públicos y eso hará que llame la atención qué intereses se van a mover en este nombramiento”, explica María del Carmen Peláez de la organización Diálogos.

Aunque el espíritu de esta institución es técnico y científico, Peláez agregó que el interés también recae en el manejo de los recursos públicos y contratación de personas. Aunque la abogada también agrega que, al momento, este proceso de elección ha sido bastante saludable a comparación de los otros.

“El Inacif tiene un poder en el acceso de la justicia para la realización de cualquier peritaje científico y esto es clave para la determinación de un delito y para eximir a alguna persona”, agregó.

Procurador de los Derechos Humanos

Convocatoria pública

Puede ser reelecto

¿Cuándo se elige? Dentro del plazo de 30 días a contar la fecha de haber recibido la terna de candidatos.

¿Quién integra? Un diputado por cada partido político representado en el Congreso de la República.

¿Quién designa? El pleno del Congreso con 105 votos.

Toma de posesión del cargo: 20 de agosto

Por cuánto tiempo: 5 años

La comisión de Derechos Humanos del Congreso es quien se encarga del proceso de elección del Procurador de los Derechos Humanos y quien se debe encargar de hacer la convocatoria pública, entrevistas y evaluaciones a los aspirantes. Por ser la PDH la única institución que actualmente no es aliada al gobierno, será importante qué diputado estará a cargo de la presidencia de esta comisión. Debido a que el pleno es quien debe elegir con 105 votos a favor del candidato de su preferencia, Edgar Ortiz, director del área jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo explicó que las bancadas de oposición deberán tener un papel más activo para poder frenar candidaturas dudosas. “Por eso es tan importante que se mantenga cohesionada la oposición y que moderen ellos quién será el candidato a elegir porque solo la oposición no llega a los 105 votos requeridos y querrán influir en los diputados con posturas más débiles”, explicó.

Contraloría General de Cuentas

Convocatoria pública

No puede ser reelecto

¿Con cuánto tiempo se convoca? 4 meses antes que termine el plazo del cargo.

¿Quién integra? Un representante de los rectores de las universidades del país, los decanos de las facultades de Contaduría Pública y Auditoría, un representante del Colegio de Economistas y Contadores Públicos.

¿Quién designa? El pleno del Congreso con 80 votos, de una nómina de 6 candidatos

Toma de posesión del cargo:

6 de diciembre

Por cuánto tiempo: 4 años

A decir de Édgar Ortiz, director jurídico de la Fundación Libertad y Desarrollo, a este proceso de elección no se le ha puesto la importancia debida, pese a que la figura del Contralor ha sido siempre afín al oficialismo, según han demostrado los dos procesos anteriores. Al acercarse el año electoral, esta elección debe ser vista con cuidado debido al papel cada vez más protagónico que ha tenido la Contraloría General de Cuentas en las elecciones para diputados y Presidente de la República. “La Contraloría se vuelve cada vez más importante, porque se empezó a creer equivocadamente que el finiquito es una manera de filtrar candidatos y esto no es así. Sin embargo, se ha usado este papel para lograr inhabilitar a muchos posibles candidatos”, dijo Ortiz.

El pasado 15 de enero perdió vigencia el último cambio que el presidente Alejandro Giammattei hizo a la ley seca.

La época de fin de año es cuando aumentan los accidentes de tránsito y la detención de personas que manejan en estado de ebriedad, y fue este momento en el que Giammattei decidió ampliar los horarios para el consumo del alcohol que pasó de las 11 de la noche como hora límite, a las 2 de la mañana.

Esta decisión, además de incentivar a las salidas nocturnas y a las reuniones sociales en tiempo de pandemia, también provocó que las emergencias de los hospitales se desbordaran.

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Amilcar Montejo, de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la ciudad de Guatemala, indicó que mientras en enero han detenido a tres conductores ebrios a la semana, en diciembre el promedio era de siete conductores alcoholizados al día.

Marco Antonio Barrientos, director del Hospital Roosevelt, indicó que esta modificación a la ley seca afectó “terriblemente” a la emergencia ya que se vieron desbordados por los pacientes que llegaban tras verse involucrados en un accidente de tránsito o hecho violento.

El doctor agregó que solo durante las fechas de Navidad y Año Nuevo, que son 6 días, atendieron a 2 mil 300 personas aproximadamente. “Estamos arriba del promedio que veníamos manejando en años anteriores”, agregó.

Aunque los hechos de tránsito han aumentado, para el director del Hospital General San Juan de Dios, Gerardo Hernández, esto no puede atribuirse específicamente a la modificación temporal de la ley seca.

Hernández indicó que en octubre de 2021 recibieron 19 mil emergencias, en noviembre fueron 21 mil y en diciembre 20 mil. Aunque agregó que de estas, un porcentaje corresponde únicamente a hechos de tránsito.

Aún así, dijo que cada vez que Giammattei están alertas al aumento de emergencias. “Nos genera preocupación cada vez que hay cambios porque sabemos que estamos más propensos a accidentes, por el hecho del alcoholismo y la violencia”.

A partir de este 16 de enero, los nuevos horarios de consumo prohibirán ingerir bebidas alcohólicas entre las 23 horas a las 6 horas del día siguiente. Eso les da un respiro a los médicos quienes esperan que los hechos viales se reduzcan.

Un estudio realizado por Diálogos, indica que en el 2020 el total de accidentes que ocurren en la semana, un 14 por ciento suceden día lunes, el 13 por ciento al martes, el miércoles  y jueves es el 12 por ciento. El viernes el porcentaje aumenta a 14, mientras que el sábado ocurre el 19 por ciento de las colisiones y el domingo el 17.

Las edades de los pilotos accidentados oscilan entre los 17 a los 35 años. En tanto que las zonas en donde más colisiones se hay son 1, 11 y 12, así como 9, 10, 13 y 14.

Estos datos los conocen muy bien los médicos y saben que entre las personas que reciben en emergencias no son únicamente los pilotos accidentados, sino las personas contra las que colisionaron.

Ante este problema social y de salud pública, indican que la solución no es modificar los horarios, sino ser más restrictivos en las sanciones y más eficaces en los controles de velocidad de los pilotos.

El Consejo Superior Universitario (CSU) destapó un tema que ha estado en la mesa de discusión desde hace varios gobiernos: la calidad educativa de los maestros.

Al decidir suspender la formación de nuevos docentes a nivel universitario, el CSU pidió al gobierno de Alejandro Giammattei que se conforme una comisión con representantes de la Presidencia y del Ministerio de Educación para discutir este tema.

La mayor preocupación expresada por el CSU es que los egresados del Bachillerato con Orientación en Educación no cumplen con las expectativas educativas brindadas por el Ministerio de Educación, ya que en 2021 solo el 21% de los que quisieron entrar a la universidad al programa de Formación Inicial Docente (FID) aprobaron los exámenes de conocimientos básicos en Matemática.

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Además que el Mineduc no ha contratado a ninguno de los que han finalizado los tres años de estudio universitario del FID, cada vez se reduce la matricula de quienes deciden estudiar el bachillerato, reduciendo también el número de docentes que llegarían a la universidad a profesionalizarse

“La formación no es la que el gobierno prometió, no es esa formación de alto nivel de la que tanto hablaban”, dijo el pedagogo Carlos Aldana quien fue uno de los grandes opositores a la reforma magisterial del 2012.

A decir de Aldana, la formación docente se encontraba en crisis desde hace varios años y explotó con la imposición de la reforma educativa que diez años después no ha presentado resultados positivos.

“No estoy en la idea de volver a una Normal como antes, pero a lo mejor este es el momento para que se replantee un nuevo modelo de formación docente”, dijo y exhortó a la Usac para que haga un llamado a los centros de investigación educativa para crear estrategias que ayuden al gobierno a remarcar el camino.

Por otro lado, la ex ministra de Educación y directora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), María del Carmen Aceña, agregó que el problema es el sistema de reclutamiento de maestros que actualmente no se hace por mérito ni capacidades

“El problema de la educación actual es que están reclutando a maestros que no tienen las calidades, es un sistema clientelar que funciona a través de los pactos colectivos”, indica.

A decir de Aceña, el FID se debe abrir a todos los bachilleratos y no solo a quienes estudien Orientación en Educación, pero haciendo una previa evaluación para conocer quiénes tienen la vocación para ser maestros. Esto unido a una formación del docente en servicio.

“Ya que tocaron el punto, abramos la discusión a nivel nacional para cambiar el sistema de reclutamiento de maestros ya que los actuales tienen una muy mala calidad educativa”, agregó.

La exviceministra de Diseño y Verificación de la Calidad Educativa, María Ester Ortega comparte los mismos criterios y menciona que es importante que Guatemala tome en cuenta qué es lo que funciona en otros países y aplicarlo.

“Se están tomando las medidas correctas para profesionalizar a los maestros, pero sin tomar en cuenta la baja calidad educativa que quieren que la universidad arregle”, dice.

La reforma educativa para la profesionalización a nivel universitario de docentes fue la principal política impulsada por el Ministerio de Educación que estaba a cargo de Cinthya Del Águila, bajo la administración del Presidente Otto Pérez Molina y que logró su aprobación pese a los fuertes enfrentamientos que provocó con parte del sector educativo y estudiantes normalistas.

Esto sucedió hace 10 años y una década después de haber eliminado la carrera de magisterio a nivel diversificado y convertirla en un Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación, no ha tenido los resultados esperados.

Por el contrario, el Consejo Superior Universitario (CSU) anunció que dejará en suspenso la formación de nuevos estudiantes en el programa de Formación Inicial Docente (FID).

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Este programa es producto de un convenio que la Universidad de San Carlos firmó con Pérez Molina y Del Águila en octubre de 2013 donde se establecieron los parámetros que garantizarían la preparación universitaria de quienes estudien el Bachillerato en Educación.

Pero según expuso el CSU en un comunicado, está programa no está cumpliendo con las expectativas ya que el Mineduc no ha contratado a ninguno de los profesores egresados “lo cual ha incidido negativamente en el interés de la juventud para formarse como docentes”, indicaron.

El ministerio paga a la Usac Q8,800 anuales por cada estudiante que participa en el FID y al no contratar a ninguno para impartir clases sería una inversión perdida.

Además, mencionan que las pruebas de los graduandos del Mineduc y del examen de conocimientos básicos en Matemática que deben aprobar para ingresar “han evidenciado las limitadas competencias de razonamiento lógico-matemático de los egresados del Bachillerato en Educación, en cualquiera de sus cinco especialidades”.

Tras esta información, el CSU decidió poner en pausa este programa y pidió al gobierno conformar una comisión para evaluar y encontrar soluciones para la continuidad de la formación universitaria de los docentes.

“La universidad ha venido acompañando académicamente al proceso de los estudiantes, cómo rinden en los profesorados y cómo ingresan a la universidad. Los resultados han sido deficientes, pero así se gradúan ellos con el Bachillerato en Educación”, explicó Alice Burgos, Directora General de Docencia (Diged)de la Usac.

Según datos de la Diged, desde que se implementó este programa, el nivel educativo de los estudiantes ha ido decreciendo. En 2015, el porcentaje de egresados de este bachillerato que aprobaron el examen básico de Matemática para ingresar a la universidad fue únicamente del 25 por ciento.

El porcentaje más bajo se presentó en 2018 cuando solo el 7% aprobó esta evaluación. Aunque los números mejoraron en 2019 y 2020, éstos se mantuvieron en un 21 por ciento.

Pero la calidad educativa de estos estudiantes no es lo único que ha venido en picada. La matricula estudiantil de quienes deciden optar por esta carrera también ha disminuido.

Mientras que en 2015 había 18 mil 91 estudiantes inscritos, en 2020 fueron 12 mil 876 y Burgos agrega que, de ese total, solo 4 mil 982 se graduaron y no todos aplicaron a la formación universitaria.

De esta manera, la formación de nuevos maestros encargados de la educación de millones de niños y niñas podría estar en crisis. Si en 2009 quienes estudiaban la carrera de magisterio representaban el 21% de las carreras de diversificado, con el Bachiller en Educación es apenas el 3%.

“No podemos decir que la reforma no funcionó, cuando se tomó esa decisión se hizo un análisis comparado a nivel internacional y éramos el único país, además de Haití, que no formaba a sus profesores de primaria en la universidad. El problema es el conjunto de decisiones que se han ido tomando y que ha derivado en la contratación de docentes y en la forma en que se está haciendo el bachillerato en educación”, agregó Burgos.

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Sin construir un buen modelo

El pedagogo Carlos Aldana fue uno de los opositores a la reforma que abanderaba Del Águila y Pérez Molina.  Al ver la decisión que tuvo el CSU indicó “en su momento, el sector educativo que estábamos en contra de las formas y fondos de la transformación del magisterio nos opusimos por varias razones y una de las más importantes era que no se veía que esas reformas respondieran a una visión de país y que fuera con fundamentos pedagógicos, fue una imposición, no aceptaron ningún consenso”.

A decir de Aldana, que los maestros se prepararan en la universidad no garantizaba una mejora en la calidad educativa y la situación actual lo demuestra.  “No es que haya que volver a las Normales como estaban antes, pero rompieron un modelo y no se preocuparon por construir otro, pero a lo mejor este es el momento para que se replantee un nuevo modelo de formación docente”, dijo.

Por otro lado, la ex ministra de Educación y directora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), María del Carmen Aceña, agregó que el problema es el sistema de reclutamiento de maestros que actualmente no se hace por mérito ni capacidades

“El problema de la educación actual es que están reclutando a maestros que no tienen las calidades, es un sistema clientelar que funciona a través de los pactos colectivos”, indica.

A decir de Aceña, el FID se debe abrir a todos los bachilleratos y no solo a quienes estudien Orientación en Educación, pero haciendo una previa evaluación para conocer quiénes tienen la vocación para ser maestros. Esto unido a una formación del docente en servicio.

“Ya que tocaron el punto, abramos la discusión a nivel nacional para cambiar el sistema de reclutamiento de maestros ya que los actuales tienen una muy mala calidad educativa”, agregó.

La exviceministra de Diseño y Verificación de la Calidad Educativa, María Ester Ortega comparte los mismos criterios y menciona que es importante que Guatemala tome en cuenta qué es lo que funciona en otros países y aplicarlo.

“Se están tomando las medidas correctas para profesionalizar a los maestros, pero sin tomar en cuenta la baja calidad educativa que quieren que la universidad arregle”, dice.

Al momento del cierre de este artículo, el Ministerio de Educación no se había pronunciado al respecto.

En un comunicado de prensa publicado por la Universidad de San Carlos, se dio a conocer que el Programa de Formación Inicial Docente suspende la formación de nuevos estudiantes tras el incumplimiento del Ministerio de Educación en diversos acuerdos.

Este programa nació tras la conocida reforma educativa que lideró el expresidente Otto Pérez Molina en 2013 y la ministra de Educación de ese entonces, Cynthia Del Águila, y las cuales provocó enfrentamientos entre estudiantes de las escuelas normales y autoridades de gobierno.

Según expone el Consejo Superior Universitario (CSU), la formación inicial docente buscaba profesionalizar a los maestros con la promesa de ser contratados por el Mineduc y a esto se comprometió el gobierno en un convenio firmado en octubre de 2013 por el expresidente Pérez Molina, la exministra Del Águila y el rector de la Usac, Estuardo Gálvez.

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Como requisito para que los futuros profesores pudieran entrar a la universidad, debían cursar el Bachillerato en Educación que se creó en sustitución de los grados de Magisterio que impartían las escuelas normales.

Sin embargo, “a la fecha el Mineduc no ha contratado a ninguno de los profesores graduandos de dicho programa lo cual ha incidido negativamente en el interés de la juventud para formarse como docentes”, expresa el CSU.

Además, mencionan que las pruebas de los graduandos del Mineduc y del examen de conocimientos básicos en Matemática que deben aprobar para ingresar “han evidenciado las limitadas competencias de razonamiento lógico-matemático de los egresados del Bachillerato en Educación, en cualquiera de sus cinco especialidades”.

Tras esta información, el CSU decidió poner en pausa este programa universitario y pide al gobierno conformar una comisión para evaluar y encontrar soluciones para la continuidad de la formación universitaria de los docentes.

Según explicó la Directora General de Docencia (Diged) de la Usac, Alice Burgos, el convenio seguirá vigente con la quinta, sexta y séptima cohorte de estudiantes que están en formación “sus estudios seguirán siendo avalados por la universidad, lo que se decidió hacer es una pausa en el inicio de la 8va cohorte para el ciclo académico 2022” .

Tras el aviso que autoridades de migración dieron sobre la posible llegada de una caravana migrante, la fuerza pública y el Ejército desplegó en las fronteras con Honduras a cientos de efectivos para evitar el paso a territorio guatemalteco.

Mientras esto sucedía, decenas de personas originarias de países como Venezuela, Haití, Cuba, Perú, Nicaragua y Honduras trataban de caminar hacia el norte sin ser interceptados por la policía.

En Esquipulas, un equipo de Guatevisión y Prensa Libre observó como la Policía Nacional Civil ejecutaba operativos de inspección, mientras un migrante originario de Honduras le pedía insistentemente que lo dejara continuar.

Así como él, hay cientos de personas que diariamente se enfrentan a estas barreras fronterizas que les impide su llegar a su destino: Estados Unidos.

Algunos, incluso denuncian que son extorsionados por la policía, mientras que la institución indica que en estos operativos hay personal de la Inspectoría General verificando el actuar de los agentes.

“Nos dicen que si no tenemos plata para pagarles nos regresan a la frontera con Honduras”, dice Karla, una mujer venezolana que pide a las autoridades que los dejen seguir caminando.

Otra mujer identificada como Karla y originaria del mismo país, contó que salió de Venezuela estando embarazada y que ahora su hija tiene 2 años. “Salimos hace mucho tiempo de nuestro país porque está en crisis y ganábamos tres dólares mensuales, primero migré a Ecuador pero tuvo que seguir”, contó.

Ana Judith Ramírez, coordinadora de la Casa del Migrante de San José, Esquipulas, indicó que el flujo de personas que cruzan la frontera ha aumentado en lo que va de este nuevo año. Durante los primeros quince días del año han asistido a alrededor de 80 personas al día.

Por otro lado, un médico que labora en el lugar agregó que muchas de las atenciones que brindan es problemas de piel al estar expuestos al sol durante largas horas, además de esguinces en los tobillos provocados por saltos hechos para brincarse cercas y ampollas provocadas por las largas caminatas.

Además, agregó que están evaluando a muchos pacientes por problemas respiratorios.

Por el día, el director general del Instituto General de Migración, Stuard Rodríguez, indicó que se encuentran coordinando con los gobernadores de Chiquimula e Izabal para promover retornos asistidos de forma “humanitaria”.

“Estamos agradecidos con los gobernadores de Chiquimula e Izabal por apoyarnos en la coordinación. Estamos regresando gente, todo en orden, humanitariamente y les decimos que no lo hagan (cruzar las fronteras), de esta manera porque es muy complicado”, agregó.

Aunque Rodríguez indicó que todo se encontraba en orden, por la noche el ambiente se tensó y hubo enfrentamientos entre las autoridades y las personas migrantes.

Una cámara de video instalada en la recepción del hotel Capri, en el Centro Histórico de la capital, grabó el momento en que la recepcionista del lugar sufrió un ataque directo que la dejó sin vida.

En estos momentos, la Fiscalía de Delitos contra la Vida investiga el hecho y el video es una de las pruebas más importantes para identificar al responsable.

A las 16:21 horas del viernes 14 de enero, se observa cómo un hombre ingresó al lugar y dispara directamente contra la mujer, que al tratar de huir, queda tendida a un costado de la recepción.

Casi una hora después, la comisaría 11 de la Policía Nacional Civil (PNC) reporta el hecho donde describe que la persona fallecida es una mujer de 61 años que mide 1.44 mts de estatura y que presenta una perforación en el cráneo que le habría quitado la vida.

En el reporte policial se cuenta como única evidencia las manchas de sangre en el lugar y según la investigación preliminar, fueron dos hombres que se transportaban en una motocicleta color azul los que llegaron al lugar.

Hasta el momento se cree que la mujer era víctima de extorsión.

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En el Día de Reyes, el 6 de enero, dio inicio el juicio contra cinco expatrulleros de autodefensa civil (expac) por los delitos de violencia y esclavitud sexual contra mujeres de la etnia indígena Achí durante el conflicto armado en los años de 1980 a 1983.

Mientras Guatemala vivía una dictadura militar con Romeo Lucas García (1978-1982) y Efraín Ríos Montt (1982-1983), mujeres que vivían en los alrededores del destacamento militar de Rabinal, en Alta Verapaz, y que tenían entre 12 y 53 años de edad fueron víctimas de violaciones y abusos por parte de miembros de las pac, quienes previamente ya habían perdido a sus esposos, padres, hijos o hermanos tras una ejecución extrajudicial o una desaparición forzada.

El juicio de las mujeres Achí se está llevando a cabo en el Tribunal de Mayor Riesgo A que preside la jueza Jazmín Barrios y tras varios días de peritajes, esta semana iniciarán los testimonios de las mujeres y se espera que la sentencia llegue antes que termine el mes.

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A este caso le precede al de las 15 mujeres de Sepur Zarco que en 2016 lograron la condena contra los dos exmilitares Esteelmer Reyes Girón y Heriberto Valdez a 120 y 240 años de prisión por esclavitud sexual durante el CAI.

El caso

El tema del Conflicto Armado Interno es sensible en esta área de Baja Verapaz, donde muchas mujeres se acercaban al Bufete Jurídico Popular de Rabinal para denunciar la ejecución o desaparición forzada de sus esposos, padres e hijos.

“Poco a poco decían que algo les había pasado cuando ellos ya no estaban, pero no se animaban a decir qué era”, cuenta Lucía Xiloj, abogada del bufete.

Cuando estas mujeres empezaron a hablar de violencia sexual, los testimonios empezaron a caer en cadena. Xiloj agrega que primero se presentó una denuncia por parte de 11 víctimas en noviembre de 2011 y luego empezaron a sumarse más hasta ser 36 mujeres que tenían entre 12 y 56 años cuando sufrieron de violencia sexual por parte del grupo armado.

Cuatro de ellas eran menores de edad al momento de los hechos, solo cinco saben leer y escribir y 33 vivían en situación de pobreza.

“Vimos el mismo patrón que detalla que primero empezó la violencia sexual en las casas de las mujeres entre 1980 y 1981 y luego la modalidad cambia a llevarlas al destacamento militar y después en la misma aldea modelo”, explica la abogada.

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) define a las PAC como grupos civiles organizados a inicios de los años ochenta “coercitivamente por la institución armada, que pretendía aislar al movimiento guerrillero y controlar las comunidades”.

En abril de 1983, el gobierno de aquel entonces reconoció legalmente a estos grupos a partir del Acuerdo Gubernativo 222-83 que creó la Jefatura Nacional de Coordinación y Control de la Autodefensa Civil.

Según los testimonios, los hechos no fueron cometidos por miembros de las pac, sino también por personal del Ejército. Sin embargo, las víctimas lograron identificar plenamente a cinco expatrulleros que son miembros su misma comunidad.

De esta forma, quienes enfrentan juicio son Benvenuto Ruiz Aquino, Bernardo Ruiz Aquino, Damián Cuxun Alvarado, Gabriel Cuxum Alvarado y Francisco Cuxum Alvarado. Este último fue extraditado por Estados Unidos, quien lo capturó en la ciudad de Boston luego de detectar su ingreso ilegal al país.

“Si bien muchos inmigrantes vienen a este país buscando una vida mejor, el señor Cuxum Alvarado vino de manera ilegal para escapar de un oscuro pasado criminal”, anunció la embajada de Estados Unidos en Guatemala en mayo de 2019.

En los peritajes presentados durante a primera semana del juicio, la antropóloga Irma Alicia Velásquez Nimatuj explica cómo la violencia sexual fue utilizada como una táctica de guerra y no como un botín de guerra.

“La violencia sexual se institucionalizó para someter a las mujeres achí, realizando violaciones individuales y colectivas, eliminando su pertenencia a una comunidad”, explicó.

Este martes también declaró un hombre identificado como Testigo D que al momento de los hechos tenía 13 años y fue capturado por las fuerzas armadas. Según contó, estuvo 15 meses recluido en el destacamento militar de Rabinal y fue testigo cómo una de las mujeres asignada a servir comida a los presos fue violada en el baño.

“La mujer que estaba ahí la mandaron a bañar y la violaron. En las noches vi cosas espantosas, oía que gritaban mujeres, jóvenes y hasta niñas, de noche las mataban”, contó el Testigo D que luego fue obligado a patrullar con las PAC.

Ahora las mujeres víctimas tienen entre 50 y 86 años, algunas tienen hijos producto de dichas violaciones y esperan poder brindar su testimonio frente al tribunal en estos días.

El Ministerio de Educación es uno de las carteras que mayor presupuesto tiene (Q18 mil 029 millones para el cierre del 2021) y quien cumple con una ejecución arriba del noventa por ciento.

Pero a pesar de beneficiarse con recursos, el rezago en la educación que reciben los estudiantes cada vez es mayor y ante la ausencia de datos actualizados, se desconoce la magnitud del problema. Esta es una de las quejas recurrentes de investigadores y especialistas en educación que piden conocer los resultados de las evaluaciones diagnósticas de docentes y graduandos del último año.

La pandemia ha sido una variable que puso en juego la capacidad de los funcionarios que tuvieron que improvisar estrategias para que las metas anuales puedan estar lo menos rezagadas posibles. Sin embargo, para los expertos, esta prueba no fue superada por la actual ministra Claudia Ruiz.

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“La ministra no ha cumplido con las expectativas, es una de las más nefastas administraciones de los últimos años. Es cierto que le ha tocado una situación difícil, pero aun así no ha hecho nada, no hay propuestas ni estrategias”, responde el investigador Mario Rodríguez.

Con el proyecto de presupuesto propuesto para 2022 y que se aprobó por mayoría en el Congreso, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) señalaba que, a pesar de haberse incrementado las asignaciones, las metas físicas se recortaban.

Mientras que la cobertura del seguro médico escolar aumentó a Q312 millones para el próximo año, el presupuesto para los textos escolares para los estudiantes de preprimaria, primaria, nivel medio y ciclo básico disminuyó.

“En términos presupuestarios, es una de las instituciones con mayor presupuesto asignado ha llegado a una ejecución del 91%. Sin embargo en termino operativos, durante el 2020 no se inscribió cerca del 30% de niños en edad escolar y por otro lado el problema sobre la débil y poca infraestructura educativa presente ha tenido un impacto sustancial en la enseñanza, metodología de aprendizaje y atrasos considerables en los procesos educativos de los niños”, refirió el Centro de Investigación para el Desarrollo Regional (Cindere).

Jorge Benavides, investigador asociado de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), agregó que el problema es que buena parte de ese presupuesto es absorbido por el Pacto Colectivo de Trabajadores “quedando pendiente la deuda de recuperar los niveles de cobertura deseados, mejorar la infraestructura educativa y garantizar el máximo nivel de profesionalización docente y supervisión administrativa”.

Calidad educativa

Aunque es sentida la falta de liderazgo de la ministra Ruiz, pese a que su curriculm vitae muestra a una profesional con magister en Gerencia Educativa y una carrera de 33 años en el ámbito educativo, la coordinadora de la Gran Campaña Nacional de la Educación, Gabriela de Burbano, prefiere señalar las metas y rezagos en materia educativa para resaltar los retos que se vienen para el próximo año.

“Se necesitan estrategias para reducir el rezago educativo, muchos de los estudiantes no han podido recibir sus clases por falta de conectividad o por no contar con medios electrónicos adecuados y por tener un pobre acompañamiento pedagógico”, resaltó de Burbano.

A decir de la coordinadora de la Gran Campaña, son esenciales conocer los resultados de las evaluaciones a docentes y graduandos para saber cuál es la magnitud de ese rezago y aunque no hay datos actualizados, para 2019 la Unesco ya advertía de resultados muy por debajo de los esperados.

En 2019, el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (Erce) revelaron que en Guatemala existía una disminución en los resultados de los logros de aprendizaje de Matemática, Lectura y Ciencia. De esta forma los estudiantes guatemaltecos se ubican por debajo del promedio latinoamericano.

Con el rezago que provocó la pandemia, dice de Burbano, el Ministerio de Educación necesita estrategias de carácter urgente que refuercen la educación en los alumnos y que asegure la permanencia en especial en la transición de primaria a básicos y de básicos a diversificado.

“El ciclo básico y de diversificado ha tenido una baja en la cobertura y es porque muchos estudiantes, por la edad, han tenido que trabajar, han emigrado, han abandonado sus estudios por razones económicas o han formado alguna familia. Se debe buscar la forma de garantizar la permanencia de todos ellos”, agregó.

¿Cuál es la autoevaluación del Mineduc ante su gestión? Esta pregunta fue dirigida a la directora de Comunicación de la cartera, Julieta Méndez, el martes 3 de enero para conocer la postura de las autoridades ante sus dos años de gestión, pero al cierre de esta edición no fue respondida pese a la insistencia de este medio.

A partir de este 2022, los contribuyentes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) ya no tendrán que acumular torres de facturas en papel que luego tendrán que digitar para presentar su declaración de impuestos.

Esta era una tarea tediosa que se dejará de hacer con la implementación de las facturas electrónicas y con la planilla del IVA (Impuesto del Valor Agregado) que ahora se puede presentar a través de la agencia virtual de la SAT.

“Hasta el año pasado, muchos de nosotros le pedíamos a nuestros hijos que nos grabaran la planilla y ahora solo es de un par de minutos” dijo el superintendente Marco Livio Díaz al anuncia esta nueva plataforma el pasado 4 de enero.

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La planilla del IVA la presentan únicamente los trabajadores en relación de dependencia que ganen más de Q48 mil anuales (Q4 mil mensuales) y que sus pagos del IVA durante el año lleguen a los Q12 mil en gastos por compra de bienes o adquisición de servicios y que puedan ser respaldados con facturas electrónicas.

Según explicó el superintendente Díaz, al utilizar facturas electrónicas ya no es necesario digitarlas ya que el sistema las registra inmediatamente. Esto también sirve al contribuyente para que pueda hacer un control de gastos anuales.

Los únicos requisitos son contar con la agencia virtual y estar inscritos en el régimen de asalariado.

“Esta es una herramienta que simplifica la elaboración y presentación de la plantilla para los trabajadores en relación de dependencia. Es un avance importante en términos de reducción de tiempo y facilidad de la presentación”, indicó el consultor fiscal Juan Carlos Paredes.

Desde que se aprobó el Decreto 10-2012 de la Ley de Actualización Tributaria se desestimuló la exigencia de las facturas a la hora de consumir cualquier servicio y, por ende, los contribuyentes dejaron de presentar su planilla.

Según datos de la SAT, en 2013 fueron 129 mil 873 planillas las que se presentaron que representaban Q784.12 millones en crédito fiscal del IVA. Con la actualización tributaria decretada durante el gobierno de Otto Pérez Molina, esto cayó estrepitosamente.

En 2016 solo 50 mil 922 contribuyentes presentaron su planilla y en 2020 fueron 47 mil 935 que representaba Q365.03 millones en crédito fiscal.

“Con eso se confirma el análisis del efecto que tuvo ese cambio de la ley. Con el decreto 26-92, indicaba que se podía acreditar el 100 % del IVA de forma directa. Por ejemplo, antes se podía acreditar directo los Q12,000 del IVA al ISR y ahora solo tiene un efecto de Q600”, explica Paredes.

• ¿Qué debo hacer? Los únicos requisitos son tener Agencia Virtual y estar inscrito en la plataforma electrónica del ISR como asalariado.
• ¿Cuándo debo presentarla? Según la ley, debe presentarse dentro de los 10 días hábiles del mes de enero de cada año.
• ¿De cuánto deben ser mis ingresos? Quienes deben presentar la planilla son los asalariados que obtengan ingresos mayores a Q48 mil anuales, es decir, Q4 mil mensuales.
• ¿Ya no debo presentar las facturas en papel? Con este nuevo sistema no es necesario presentar las facturas en papel, aunque se recomienda archivarlas en caso sea requerido por la SAT.
• ¿Ya no es necesario pedir mi factura en papel cuando consuma? Siempre es conveniente solicitar la factura impresa, cuando es electrónica los comercios la envían por correo electrónico.
• ¿Debo digitar mi factura electrónica para que esté registrada? Las facturas electrónicas se registran automáticamente en el sistema y el contribuyente puede verificar en su agencia virtual con el número de NIT las compras que realiza.
• ¿Cómo identifico una factura electrónica? Las facturas electrónicas tienen señalado en alguno de sus costados las letras FEL.
• Si no soy asalariado ¿debo presentar la planilla? El régimen de planilla del IVA es únicamente para personas asalariadas, por lo que no procede para ningún otro contribuyente.

Pero a pesar de beneficiarse con recursos, el rezago en la educación que reciben los estudiantes cada vez es mayor y ante la ausencia de datos actualizados, se desconoce la magnitud del problema. Esta es una de las quejas recurrentes de investigadores y especialistas en educación que piden conocer los resultados de las evaluaciones diagnósticas de docentes y graduandos del último año.

La pandemia ha sido una variable que puso en juego la capacidad de los funcionarios que tuvieron que improvisar estrategias para que las metas anuales puedan estar lo menos rezagadas posibles. Sin embargo, para los expertos, esta prueba no fue superada por la actual ministra Claudia Ruiz.

“La ministra no ha cumplido con las expectativas, es una de las más nefastas administraciones de los últimos años. Es cierto que le ha tocado una situación difícil, pero aun así no ha hecho nada, no hay propuestas ni estrategias”, responde el investigador Mario Rodríguez.

Con el proyecto de presupuesto propuesto para 2022 y que se aprobó por mayoría en el Congreso, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) señalaba que, a pesar de haberse incrementado las asignaciones, las metas físicas se recortaban.

Mientras que la cobertura del seguro médico escolar aumentó a Q312 millones para el próximo año, el presupuesto para los textos escolares para los estudiantes de preprimaria, primaria, nivel medio y ciclo básico disminuyó.

“En términos presupuestarios, es una de las instituciones con mayor presupuesto asignado ha llegado a una ejecución del 91%. Sin embargo en termino operativos, durante el 2020 no se inscribió cerca del 30% de niños en edad escolar y por otro lado el problema sobre la débil y poca infraestructura educativa presente ha tenido un impacto sustancial en la enseñanza, metodología de aprendizaje y atrasos considerables en los procesos educativos de los niños”, refirió el Centro de Investigación para el Desarrollo Regional (Cindere).

Jorge Benavides, investigador asociado de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), agregó que el problema es que buena parte de ese presupuesto es absorbido por el Pacto Colectivo de Trabajadores “quedando pendiente la deuda de recuperar los niveles de cobertura deseados, mejorar la infraestructura educativa y garantizar el máximo nivel de profesionalización docente y supervisión administrativa”.

Calidad educativa

Aunque es sentida la falta de liderazgo de la ministra Ruiz, pese a que su curriculm vitae muestra a una profesional con magister en Gerencia Educativa y una carrera de 33 años en el ámbito educativo, la coordinadora de la Gran Campaña Nacional de la Educación, Gabriela de Burbano, prefiere señalar las metas y rezagos en materia educativa para resaltar los retos que se vienen para el próximo año.

“Se necesitan estrategias para reducir el rezago educativo, muchos de los estudiantes no han podido recibir sus clases por falta de conectividad o por no contar con medios electrónicos adecuados y por tener un pobre acompañamiento pedagógico”, resaltó de Burbano.

A decir de la coordinadora de la Gran Campaña, son esenciales conocer los resultados de las evaluaciones a docentes y graduandos para saber cuál es la magnitud de ese rezago y aunque no hay datos actualizados, para 2019 la Unesco ya advertía de resultados muy por debajo de los esperados.

En 2019, el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (Erce) revelaron que en Guatemala existía una disminución en los resultados de los logros de aprendizaje de Matemática, Lectura y Ciencia. De esta forma los estudiantes guatemaltecos se ubican por debajo del promedio latinoamericano.

Con el rezago que provocó la pandemia, dice de Burbano, el Ministerio de Educación necesita estrategias de carácter urgente que refuercen la educación en los alumnos y que asegure la permanencia en especial en la transición de primaria a básicos y de básicos a diversificado.

“El ciclo básico y de diversificado ha tenido una baja en la cobertura y es porque muchos estudiantes, por la edad, han tenido que trabajar, han emigrado, han abandonado sus estudios por razones económicas o han formado alguna familia. Se debe buscar la forma de garantizar la permanencia de todos ellos”, agregó.

¿Cuál es la autoevaluación del Mineduc ante su gestión? Esta pregunta fue dirigida a la directora de Comunicación de la cartera, Julieta Méndez, el martes 3 de enero para conocer la postura de las autoridades ante sus dos años de gestión, pero al cierre de esta edición no fue respondida pese a la insistencia de este medio.

Con una herida abierta en el corazón desde el 16 de diciembre del 2001, Rosa Franco tiene ahora 60 años y las ansias de retomar su vida, seguir estudiando y viajar.

Su deseo era ser abogada, como su padre quien fue magistrado presidente de la Sala de Apelaciones de Zacapa, y formar una familia. Actualmente cumplió las dos cosas, sin saber que transitaría en el camino una vida de dolor y luto.

Rosa Elvira Franco Sandoval nació el 29 de mayo de 1961 en Zacapa y las últimas dos décadas de su vida las pasó luchando para que se hiciera justicia por el asesinato de su hija María Isabel Veliz Franco.

Lo logró el 1 de marzo de este 2021.

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Derramando lágrimas de coraje y tristeza, tocando puertas y escribiendo cartas, llamó la atención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que recibió su caso y sentenció al Estado de Guatemala por su indolencia e inoperancia en la búsqueda de María Isabel cuando desapareció y en la falta de investigación de su asesinato que provocó una justicia tardía, una justicia que llegó 19 años y 3 meses después.

La sentencia aún no está en firme, pero reconoce que tuvo que existir el caso de su hija para que en el país se creara una alerta específica para la desaparición de mujeres, se trata de la Alerta Isabel Claudina.

 ¿Cómo recibe el reconocimiento a Personaje del Año 2021?

Ha sido una grata sorpresa, no me lo esperaba, he seguido a Prensa Libre desde que tengo razón y que me den este reconocimiento es bastante significativo para mí como madre, mujer, como ser humano y como guatemalteca que ha luchado por justicia en un país muy lindo pero que tiene gente muy mala. Para mí es una gran satisfacción y a la vez es un cruce de emociones porque también quisiera que mi hija estuviera presente para que ella viera todo lo que se ha logrado a pesar de 20 años de mucho esfuerzo y dolor. Yo pienso que las cosas ya las tiene planificadas Dios, que permitió que mi hija sufriera y como que yo sufriera para que todas las víctimas de la violencia en Guatemala y familiares de las mujeres que están desapareciendo tengan esa esperanza, esa luz y esas herramientas que hay ahora en Guatemala, herramientas que yo no las tuve ni las tuvo María Isabel, de buscar y no encontrar ayuda, más bien, obstáculos y piedras. Se dicen fácil 20 años, pero son días que han sido un esfuerzo por no tirar la toalla, seguir adelante, de recordarme que tengo otros dos hijos y que estoy yo también. Es muy duro decir en pocas palabras cuánto he sufrido, algo que están viviendo ahora otros padres y que están haciendo lo que yo hice durante tanto tiempo, sola y sin recursos.

Es difícil preguntar cómo ha manejado el dolor durante este tiempo, pero usted ha tratado de hacerlo teniéndola a ella presente en cada paso o momento de su vida

Como dice una canción de Julio Iglesias, dejé de vivir, me olvidé de vivir, pero yo no podía quedarme de brazos cruzados. No es fácil manejar esta situación, el dolor es tremendo. Me ha costado mucho sacarlo de mi corazón y es algo que todavía está allá dentro, no ha salido. Pero solo lo he logrado con la ayuda de Dios. Mire, el Estado está pendiente en pedir disculpas públicas por cómo ha manejado el caso de mi hija, eso no le va a devolver la vida, aun así, no lo ha hecho. He llorado como no tiene idea, pero creo que ese mismo dolor es el que me ha fortalecido hasta el día de hoy, es el que me ha impulsado a seguir, a no tirar la toalla.

¿Cómo quiere que la gente recuerde y entienda el caso de María Isabel y la lucha que ha significado durante estas dos décadas?

Hay un verso que lo sabe muy bien don Jorge Velásquez (padre de Claudina Velásquez, asesinada en 2005) que es una poesía a la niña de Guatemala, algo así quiero que recuerden a María Isabel, como la niña que hizo el camino para que hubiese acceso a la justicia en Guatemala a otras niñas, a otras jovencitas. Pero me duele mucho, me duele que haya sido mi hija, porque mi niña tenía 15 años, estaba en la adolescencia. Todas las niñas que han sido asesinadas, de cualquier edad, todas merecen ser dignificadas.

¿Qué personas la han acompañado en todo este recorrido y que han sido elementales para usted?

En Guatemala está Norma Cruz, Hilda Morales Trujillo, Giovanna Lemus, Fabiola Ortiz, Sonia Acabal, Claudia Paz, Thelma Aldana y la actual fiscal general. Además del fiscal del Ministerio Público y su equipo de trabajo que llevaron el caso de María Isabel, el actual director del Inacif. Funcionarios son pocos, pero estas personas para mi significan mucho porque me abrieron la puerta y me ayudaron. La primera que conocí fue Norma y hasta el día de hoy seguimos siendo amigas, de recibir un respaldo, una palabra, un consejo y un consuelo. Amnistía Internacional me apoyó mucho, junto con la Comisión Internacional de DDHH y la Corte Internacional. Hasta el día de hoy mantengo la amistad con muchos ellos. Tengo un montón de personas en mi mente como Adriana Quiñónez de Onu Mujeres o Andres Kompass también. Dios me puso gente tan buena en el camino que cómo no voy agradecer a todos, es una lista tan grande de gente tan bella.

¿Cómo es retomar una vida después de haberlo entregado todo para conseguir justicia?

Creo que todavía estoy en esas. Voy a cerrar esa puerta hasta que esté en firme la sentencia, de otra manera no voy a estar tranquila. Estoy tratando de empezar de nuevo con los que me quedan, con mis hijos, nietos, nueras y amigos. A pesar de los años quiero seguir estudiando, irme al extranjero para estudiar algo más y si puedo ayudar a más mujeres, ese es mi deseo, para que ellas alcancen la justicia así como yo lo logré. Puedo decir que algo de la justicia funciona, aunque no debería ser así después de 20 años, pero sé que la justicia en Guatemala aún puede cambiar y cuando platico con María Isabel, porque a veces le platico, le digo si supieras cómo todo ha cambiado aquí por ti.  Sé que tengo que empezar de nuevo, aunque esté grande, no sé qué me depara la vida. Hasta el día de hoy, siento que me lavaron el corazón, hubo cosas que dejé de vivir, de pasear, dejé de divertirme en las navidades, aunque no descuidé a mis hijos, yo sé que ellos resintieron que dejé de ser la mamá que era, yo sonreía mucho y ya no soy así. Siento mucho que haya cambiado, pero me hicieron cambiar. Yo sé que ella me diría que me volviera a enamorar, pero yo dejé de vivir todo eso. Siento que me dieron vuelta la cabeza, no me acordaba de quien era y dejé de vivir muchas cosas lindas por eso. Esa tristeza no se si me va a dejar algún día, pero de que estoy mejor, estoy mejor. Sé que la voy a volver a ver algún día, me aferro a eso, pero me hace mucha falta.

Cuando hicimos el reportaje recuerdo que dijo que cuando el caso y la vida se lo permitiera, quería viajar y conocer más lugares

Me gustaría mucho conocer Quetzaltenango, qué vergüenza que nunca he ido pero me dicen que es precioso. Yo soy de Zacapa y quiero conocer más lugares, no solo de Guatemala, quiero conocer otras culturas que solo en mi imaginación conozco. He podido viajar a Washington, Argentina Los Ángeles, pero por el caso de mi hija. Quiero ir a pasear, a descansar, a estudiar, aunque los años pesan, sé que para eso no hay edad.

En los últimos años se han formado movimiento de mujeres jóvenes que se han organizado, sin la bandera de alguna organización en específica, para buscar justicia para las mujeres desaparecidas, asesinadas o abusadas. ¿Qué decirles a todas ellas?

He visto la participación de muchas organizaciones. Me alegro mucho que se estén organizando, sobre todo en los departamentos y municipios donde hay tanta necesidad de organización. Es necesario verlas fortalecidas, que el agresor vea que no están solas, que vean que hay mujeres que se están organizando para defenderse. Es lógico que por miedo muchas no quieran denunciar, pero necesitan hablar, ellas también pueden, son valiosas, deben dejarse ayudar. Otra cosa también es que no se necesita ser víctima, lo que se necesita es tener empatía

Más de 10 millones de vacunas se han administrado en el país en los últimos 10 meses. Atrás de cada dosis aplicada hay un héroe en primera línea de combate.

Las jornadas son largas, las condiciones a veces son adversas, en algunos casos a la intemperie y en otros arriesgando hasta su propia vida; sin embargo, los vacunadores han demostrado con creces su valor, coraje y vocación para encabezar el pelotón de la esperanza, llevando la vacuna contra el covid a cada guatemalteco y pasar, por fin, la página de la pandemia.

Por estas circunstancias, este año Prensa Libre decidió reconocer el trabajo de los miles de vacunadores en el país que de lunes a domingo se mantienen al frente de sus labores y por los cuales podemos alcanzar niveles de vacunación que ya se reflejan en positivo en los números de contagios del coronavirus.

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No ha sido fácil, desde conseguir vacunas, la logística y, por último, convencer a la población que el fármaco es seguro, que puede salvar vidas y que es necesario aplicarlo.

Silvia Reyes, es uno de esos casos que este año dio a conocer Prensa Libre, en Alta Verapaz, donde la vacunación ha tenido serios atrasos porque la gente aún rechaza la vacuna.

Reyes es enfermera desde hace cuatro años, ha trabajado en los últimos meses en la ardua tarea de la vacunación comunitaria.

“Es una tarea difícil que requiere bastante esfuerzo y se necesita de mucha capacidad para poder hablar con las personas, lograrlas convencer y transmitirles a ellos los beneficios de la vacunación”, dice.

Aunque Reyes reconoce que en algunos casos sí logran convencer a la población de recibir la vacuna, pero hay muchos otros casos en los que salen decepcionados.

“Es difícil, pero a la vez es muy bonita la tarea,  porque es satisfactorio cuando logramos convencer a las personas que es para su propio bienestar”, dice Reyes.

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El desafío es la provincia

Durante este año en Prensa Libre hemos seguido de cerca el trabajo comunitario y hemos llevado hasta sus hogares las historias de los vacunadores y las largas jornadas que deben enfrentar, principalmente en la provincia, donde a pie deben buscar, de casa en casa, quien acepte la vacuna. La tarea es difícil, porque la misión es vacunar  a todos.

Algunas veces los pobladores, incluso, han atacado a los vacunadores, amenazado e insultado, porque la desinformación a permeado y es una batalla que deben enfrentar.

La enfermera Diana Chun Sierra, es la encargada de inmunización de Chisec, también en Alta Verapaz, ella explica que la tarea de inmunización a nivel comunitario ya lo habían hecho antes, pero nunca con la intensidad con la que lo están haciendo ahora.

“Ha sido una experiencia diferente y nueva para todos nosotros”, dice.

Según cuenta, empezaron haciendo asambleas en las comunidades, hablando con los líderes y debido a la falta de respuesta en los centros de vacunación, decidieron realizar la vacunación a nivel comunitario y buscar a la población a sus casas.

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Lo más difícil, menciona, ha sido contrarrestar la información que circula en redes sociales.

“Pero lo más satisfactorio es cuando nos encontramos en  comunidades que antes no aceptaban y que ahorita ya están aceptando, eso es un logro aunque aún no alcanzamos el cien por ciento de cobertura”, señala.

El reconocer el trabajo de estos héroes anónimos tiene como objetivo que los guatemaltecos conozcamos ese trabajo, el de nobles guatemaltecos que cada día desde sus actividades, por muy pequeñas que parezcan, cambian al país.

El 2022 tampoco será fácil. Ya comenzó la aplicación de dosis de refuerzo contra el covid, lo que significa que los vacunadores no tendrán tregua, sin embargo, todos debajo de su mascarilla guardan una sonrisa, con la que reciben a cada uno de los guatemaltecos que buscan una dosis contra el covid, como un antídoto contra la desesperanza.

Las resoluciones favorables a políticos que fueron beneficiados dentro de sus procesos penales llegaron junto con el fin de año. Todos tienen en común que sus casos fueron impulsados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) cuando Juan Francisco Sandoval estaba al frente de esa unidad.

Revocación de delitos, arrestos domiciliarios y rebajas de condenas fueron parte de las resoluciones que llegaron a beneficiar a políticos y exfuncionarios que permanecían en prisión desde 2015. Estas medidas fueron dictadas por las diferentes cortes y salas que imparten justicia.

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La primera persona de esta lista en ser favorecida fue la excandidata presidencial y dirigente del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, quien después de haber salido de prisión en 2020, fue beneficiada por la Sala de Mayor Riesgo, que  le revocó este año la prohibición de participar en política.

Y el 20 de diciembre, la Corte de Constitucionalidad (CC) le retiró el cargo  de financiamiento electoral no registrado.

Torres fue apresada en septiembre de 2019 por este delito y por asociación ilícita tras una investigación dirigida por la FECI.

No obstante, a inicios del 2020 salió de la prisión luego de haber pagado Q800 mil de caución económica y aunque le prohibieron participar en política, en agosto de este 2021 le revocaron esa medida.

El expresidente de la República, Otto Pérez Molina, también creyó que pasaría las fiestas de fin de año en su casa,  luego de que el Tribunal de Mayor Riesgo B le otorgara en noviembre pasado el arresto domiciliario a cambio de pagar una fianza de Q13 millones.

Pérez Molina está en prisión desde que se entregó a la justicia el 2 de septiembre de 2015 cuando fue señalado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de liderar la estructura criminal La Línea, que operaba en aduanas.

A decir del tribunal, el arresto domiciliario es por “un exceso de prisión preventiva” ya que lleva seis años detenido en la cárcel Mariscal Zavala.

El exmandatario aseguró no tener el dinero para salir de prisión pero además, la Sala Segunda de Mayor Riesgo revirtió la decisión y le otorgó un amparo al Ministerio Público, dejando en suspenso el arresto domiciliario.

Algunos corrieron con mejor suerte y uno de ellos fue el exdiputado Óscar Armando Escribá, señalado en el caso Construcción y Corrupción por haber adjudicado Q194 millones del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) a dos empresas vinculadas a su persona, cuando fue director de la Unidad de Conservación Vial (Covial).

El caso está a cargo de la jueza Ericka Aifán que le permitió salir de prisión bajo el pago de una fianza de Q100 mil, en septiembre.

Gustavo Alejos Cámbara también logró que le dieran arresto domiciliario. El exsecretario privado de la Presidencia del gobierno de Álvaro Colom y financista de varios partidos políticos está vinculado a cinco casos de corrupción y es señalado de manipular la elección de magistrados a la Corte de Apelaciones y a la Corte Suprema de Justicia.

Alejos evadió la prisión preventiva por varios meses mientras permanecía en un sanatorio privado y en julio logró que le dictaminaran la medida sustitutiva, luego de que se declarara la clausura provisional en el caso Red de poder, corrupción y lavado de dinero.

Expresidentes del Congreso

El exdiputado del Partido Patriota (PP) y presidente del Congreso en el 2014, Gudy Rivera Estrada, fue dejado en libertad por “buena conducta”.

Rivera fue sentenciado a 13 años de prisión en el 2016 por tráfico de influencias al intentar sobornar a la magistrada Claudia Escobar, para asegurar una resolución a favor de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti. Aunque su sentencia se redujo a 8 años, salió de prisión en agosto de este 2021.

Quien fuera presidente del Congreso en 2013 y diputado del PP, Pedro Muadi Menéndez también estaba en prisión desde 2015 después de haber sido sentenciado a 30 años de cárcel por haber creado una docena de plazas fantasma.

El fallo fue apelado y la condena se redujo a 8 años de prisión, luego de haber permanecido seis años en reclusión en la cárcel Mariscal Zavala.

Es así como termina el año para estas personas que, a pesar de haber sido declaradas culpables de uno o varios ilícitos, han recibido fallos que aligeran sus condenas y les permiten, hasta el momento, continuar sus vidas en libertad (con excepción del expresidente Pérez Molina).

Este 26 de diciembre arribaron al país 1 millón 58 mil 400 dosis del segundo componente de la vacuna rusa Sputnik V, con este suman ya la recepción de 5 millones 918 mil 400 vacunas de las 8 millones pagadas al Fondo de Inversión Ruso.

La renegociación del contrato que firmó la exminsitra de Salud, Amelia Flores, y el cual contemplaba el calendario de entrega dictaba que el 31 de diciembre de este 2021 es la fecha límite para recibir las dosis pagadas, por lo que aún faltan poco más de dos millones para cumplir con lo pactado.

El vuelo de Avianca se esperaba que arribara originalmente este domingo a las 7:25 horas proveniente de Miami, Estados Unidos, sin embargo, los atrasos provocaron que arribaran a las 18.30 horas.

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El 5 de abril de este año, el gobierno de Guatemala pagó a Rusia  Q614.5 millones que correspondían originalmente al 50% del total para la compra de vacunas rusa Sputnik V, que correspondería a 16 millones de vacunas con las que se buscaban inmunizar a 8 millones de guatemaltecos.

Ante los atrasos y la falta de cumplimiento, el contrato fue modificado y se acordó la compra únicamente de ocho millones de dosis, la mitad de las convenidas inicialmente.

Hasta octubre, para el transporte de 4 millones 700 mil la cartera ha pagado la cantidad de Q9 millones 484 mil 635.68

La Fiscalía de Delitos de Narcoactividad informó que durante este 2021 lograron la incautación de 10 mil 40 kilos de cocaína y la cantidad de US$1 millón 194 mil.

En una publicación hecha por el Ministerio Público, se informó de la desarticulación de siete estructuras criminales, 27 pistas de aterrizaje ilegales inhabilitadas y 6 laboratorios desarticulados.

Estos son los resultados presentados únicamente por la fiscalía encargada de los delitos de narcotráfico.

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Entre las estructuras desarticuladas, se cuenta de miembros del Ejército que fueron detenidos y que colaboraban con las mismas para traficar la droga hacia Estados Unidos.

El 14 de diciembre las autoridades capturaron a tres militares que aprovechaban la información privilegiada a la que tenían acceso para orientar las acciones de una organización dedica al narcotráfico o retrasar los movimientos para la interdicción de las aeronaves ilegales, uno de ellos lo hacía desde el Comando aéreo de la Fuerza Aérea.

La vinculación de miembros del Ejército vinculados a estructuras criminales no es algo nuevo ya que en julio, una investigación policial de Estados Unidos reveló que soldados del ejército guatemalteco figuran como un grupo operativo que brindó seguridad para transportar cargamentos de cocaína de la estructura del narcotraficante Juan Ortíz, alias Chamalé en 2019.

#ResultadosMP
Durante el año 2021, la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad incautó 10,040 kilos de cocaína, desarticuló 7 estructuras criminales e incautó 1,194,704.23 dólares de los Estados Unidos de América #MPContraElNarcotráfico pic.twitter.com/uADxRLgJV9

— MP de Guatemala (@MPguatemala) December 26, 2021

Extraditables

Como parte de las acciones para desarticular estas estructuras, el Ministerio de Gobernación ha extraditado en lo que va del año a 42 personas solicitadas por la justicia estadounidense.

Según datos compartidos por agencias internacionales, el MP y el Mingob incautaron el año pasado 13, 628 kilos de cocaína, en 2018 fueron 16,829 kilos y en 2017 13,600 kilos.

Raúl Rivera es un joven estudiante de Derecho de la Universidad de San Pedro de Huacho, en Perú y que para poder costear sus estudios trabaja como payaso para eventos infantiles.

Un día no le dio tiempo de cambiarse y llegó con su traje del trabajo a la universidad. Esto no sería problema para quien trabajase en cualquier otro oficio, menos en el que deba estar maquillado, con zapatos gigantes y una nariz pintada.

Pero esto no le dio pena y cumplió con sus responsabilidades como estudiante. La fotografía se dio a conocer cuando él mismo la publicó en su perfil de Facebook diciendo “Hoy me tocó exponer en la universidad, pero también tenía que cumplir un contrato. No me avergüenzo… soy payasito ahora, pero muy pronto un excelente abogado”.

Es un pequeño territorio en la Sudamérica continental, con apenas 83.846 kilómetros cuadrados.

Pero dentro de sus fronteras alberga uno de los puertos espaciales de Europa más importantes: el de Kourou, administrado conjuntamente por la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia (CNES) y la empresa Arianespace.

Guayana Francesa, con unos 259.109 habitantes y una bajísima densidad poblacional, es un centro clave para la carrera espacial, no solo de Europa, sino también global.

Y es desde aquí precisamente desde donde despegará este sábado 25 de diciembre telescopio James Webb a bordo del cohete Ariane 5.

Considerado como el sucesor del telescopio espacial Hubble de la NASA, el James Webb ha sido diseñado para mirar más profundamente en el Universo y, como consecuencia, detectar eventos que ocurren más atrás en el tiempo, hace más de 13.500 millones de años.

Los científicos también esperan utilizar sus capacidades más avanzadas para estudiar las atmósferas de planetas distantes con la esperanza de que puedan detectar signos de vida.

Con un coste de US $10.000 millones de dólares y una construcción de más de 30 años, el proyecto es liderado por la NASA en conjunto con la ESA.

Apenas después de su lanzamiento, el cohete arrojará a Webb a un camino que lo llevará a una estación de observación a unos 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. En este viaje, que debería durar un mes, el telescopio desplegará su espejo primario de 6,5 metros de diámetro y un escudo para proteger sus observaciones del cosmos de la luz y el calor del Sol.

El objetivo de Webb es obtener imágenes de los primeros objetos que se formaron después del Big Bang.

Y todo será manejado desde la sala de control ubicada en Kourou.

“Puedo decir que (el Puerto Espacial Europeo) tiene una de las mejores ubicaciones del mundo en términos de la idoneidad para lanzar al espacio”, le dice a BBC Mundo Julio Aprea, uno de los encargados de la misión.

Territorio europeo en Sudamérica

En 1964, Francia debía escoger un sitio desde donde lanzar sus satélites. El país europeo ya no contaba con Argelia, que se había independizado en 1962.

Se analizaron 14 lugares hasta que los expertos escogieron Kourou, una localidad dentro de la Guayana Francesa ubicada a 55 kilómetros de la capital, Cayena, y a 500 km de la línea del Ecuador.

Hubo muchos aspectos que se evaluaron, desde históricos, políticos y hasta técnicos.

Esta región, habitada por colonos europeos desde el siglo XVII y que llegó a ser un centro penal, se convirtió oficialmente en un departamento de ultramar de Francia en 1946.

El aspecto geopolítico es muy importante. Que Guayana Francesa sea parte del continente europeo -el idioma oficial es el frances y la moneda el euro., pese a estar en el noreste de Sudamérica, simplifica las cosas.

Finalmente, en 1975, el gobierno francés tomo la decisión de compartir su Centre Spatial Guyanais con la recién creada ESA.

Un puerto en mitad de la selva

Pero es su posición estratégica en el mapa lo que resulta idóneo para los científicos e ingenieros espaciales.

Más del 90% del país esta cubierto por bosques tropicales. Esto representa una ventaja a nivel de seguridad en caso de accidentes.

Tampoco le afectan ciclones o huracanes, ya que estos se forman más hacia el mar Caribe.

Guayana Francesa, en cambio, tiene la costa norte y este bañada con las aguas del océano Atlántico. Con esto tiene un ángulo de lanzamiento de 102 grados, lo que le permite llevar a cabo todas las misiones espaciales posibles.

Aprea lo explica: para los lanzamientos a la órbita de transferencia geoestacionaria, que es donde se ubica la mayoría de los satélites de comunicaciones, los cohetes tienen que despegar en dirección hacia el este.

Pero en su camino al espacio, el cohete va “desprendiendo” capas que caen sobre lugares despoblados. En el caso de la Guayana Francesa, este lugar se trata del océano.

Pero también resulta fácil lanzar hacia órbitas polares desde aquí, en dirección hacia el noroeste. Estas órbitas están sincronizadas con el Sol, lo que significa que el satélite en esta órbita pasará sobre el mismo punto de la Tierra a la misma hora todos los días.

“Si el Sol está siempre en la misma posición, las sombras van a ser siempre iguales, entonces puedes analizar mejor los diferentes cambios. Si en cambio pasas por un mismo punto, pero tienes diferentes posiciones del Sol, las sombras cambian y es mucho mas difícil analizar lo que estas viendo”, explica Aprea.

Algunos de los lanzamientos más importantes efectuados desde Kourou han sido el primero de ellos (1968), el lanzamiento del cohete Europa 2 (1971), el Ariane 1 (1979, el primer cohete exitoso de la ESA), el lanzamiento del Soyuz (2011) y del Vega (2012).

Efecto “tirachinas”

Otra de las ventajas del Puerto Espacial Europeo es lo que los científicos conocen como “slingshot effect“, o “efecto tirachinas” (resortera, tirapiedras u honda en algunos países).

Y esto ocurre precisamente por la cercanía del puerto con la línea ecuatorial.

El “slingshot effect” es la energía creada por la velocidad de rotación de la Tierra alrededor del eje de los polos.

Pero pasa lo siguiente: mientras más cerca esté un objeto del Ecuador, más rápido se mueve.

Esto ocurre porque un objeto que se encuentra en la mitad del mundo tiene que dar la vuelta a mayor velocidad que uno ubicado en los polos del planeta.

El tiempo de rotación de la Tierra es de aproximadamente 24 horas. Pero dependiendo de la latitud en la que se encuentre, la velocidad que se emplea para que un objeto complete la rotación en ese tiempo puede cambiar.

La línea del Ecuador mide 40.075 kilómetros. Pero a medida que nos dirigimos hacia los polos, la línea circunferencial se va haciendo más pequeña, por lo que se emplea menos velocidad para completar el giro en 24 horas.

Esta energía da un empuje inicial para los cohetes a la hora del despegue. “Imagina que tienes dos autos que tienes que acelerar hasta 100 km/h. Tienes dos formas: uno lo arrancas desde 0 km/h y el otro desde 30 km/h. Obviamente el de 30 llegará más rápido. Eso es lo que te da el Ecuador”, explica Aprea.

Este impulso inicial es muy útil para los lanzamientos espaciales, ya que ahorra combustible y peso.

Si el lanzamiento se hace en otras latitudes, el efecto cambia y se consume más combustible. También añadiría una cantidad considerable de peso, de hasta cientos de kilos, lo cual supone “una gran diferencia”, en palabras de Aprea.

“Ir para arriba y para abajo es muy fácil. Lo que lleva mayor trabajo es entrar en órbita porque tienes que ir muy rápido para llegar a una velocidad tal que te quedes en órbita”, dice el especialista.

La ESA ya se encuentra desarrollando el cohete Ariane 6 con el que pretende aumentar el número de lanzamientos. La agencia espacial francesa está preparando las instalaciones en Kourou para el debut de este cohete para el segundo trimestre de 2022.

Un domingo del pasado octubre, el pastor Somu Avaradhi se sorprendió cuando entró a su iglesia en la ciudad de Hubballi en el estado de Karnataka, en el sur de India.

“Había gente sentada adentro cantando canciones religiosas hindúes y gritando consignas”, dijo a la BBC.

El pastor llamó a la policía, pero cuando ésta llegó los manifestantes lo acusaron de abusar de un hindú y obligarlo a convertirse al cristianismo.

El pastor fue arrestado – bajo cargos de “ultrajar sentimientos religiosos de cualquier clase” – y pasó 12 días en prisión antes de ser liberado bajo fianza.

No se trata de un incidente aislado: un informe de la Comunidad Evangélica de la India (EFI) enumeró 39 casos de amenazas o violencia contra cristianos de enero a noviembre de este año en Karnataka.

Los incidentes incluyen presuntos ataques a pastores por parte de miembros de grupos hindúes de derecha, e incluso casos en los que, según informes, estos grupos impidieron físicamente a los religiosos celebrar servicios en sus iglesias.

Los cristianos son una pequeña minoría en comparación con la abrumadora mayoría hindú en la India.

Representantes cristianos aseguran que la frecuencia de los ataques ha aumentado desde octubre, cuando el Partido Bharatiya Janata (BJP), que está en el poder en Karnataka y a nivel nacional, anunció que estaba trabajando en una ley “fuerte” contra la conversión religiosa en el estado.

Los críticos han descrito el borrador actual del proyecto de ley como “draconiano”: incluye penas de cárcel de hasta 10 años para quienes sean declarados culpables de convertir a otros por “la fuerza, métodos “fraudulentos o matrimonio”. También se contempla negar beneficios estatales a quienes se conviertan de una religión a otra.

Cada caso será objeto de escrutinio. Aquellos que decidan convertirse deberán notificar dos meses antes a funcionarios locales que investigarán las razones del cambio antes de permitirlo.

Líderes cristianos temen que el nuevo proyecto de ley envalentone aún más a los radicales hindúes. El miedo se ve exacerbado, según observadores, por un entorno cada vez más polarizado bajo el BJP del primer ministro Narendra Modi en el que las comunidades minoritarias se sienten atacadas y amenazadas.

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“Una vez que se apruebe el proyecto de ley habrá más persecución y más dificultades”, señaló al Servicio en Hindi de la BBC Peter Machado, arzobispo de Bangalore.

El proyecto de ley se basa en una ley presentada el año pasado en el estado norteño de Uttar Pradesh, también gobernado por el BJP. Allí, la ley apuntaba contra el llamado “amor yihad”, una conspiración popular de la derecha hindú de que hombres musulmanes atraen a mujeres hindúes y les proponer matrimonio para que se conviertan.

Desde que se aprobó la ley en Uttar Pradesh la policía estatal ha registrado más de 100 casos de presunta conversión forzada, según informó en noviembre el sitio web de noticias Print.

El reverendo Vijayesh Lal, secretario general de EFI, que dirige 65.000 iglesias en India, alegó que el patrón en Karnataka era similar a lo que sucedió en Uttar Pradesh antes de que se introdujera la ley.

“Presionan a la comunidad, presentan acusaciones falsas de conversión y luego introducen una ley que es inconstitucional“, afirmó.

La conversión religiosa es un tema controvertido en India. Los grupos de derecha han acusado durante mucho tiempo a los misioneros cristianos de convertir por la fuerza a los hindúes pobres ofreciéndoles dinero u otro tipo de apoyo como sobornos, una alegación que niegan.

Pero históricamente se sabe que los dalits (anteriormente denominados “intocables”) se han convertido al cristianismo para escapar de una rígida jerarquía de castas hindúes. A pesar de las leyes que la protegen, esta comunidad suele ser víctima no solo de discriminación sino también de violencia.

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Las tensiones a menudo se han traducido en violencia sobre el terreno: en 1999, una serie de ataques contra instituciones cristianas en el estado oriental de Orissa (también conocido como Odisha) fue seguida por los asesinatos de un misionero australiano y sus dos hijos pequeños mientras dormían en un jeep.

Los pastores y sacerdotes cristianos de Karnataka aseguran temer por el futuro. Inicialmente, los ataques se limitaron a unos pocos focos en el estado, pero ahora 21 de los 31 distritos han informado de al menos un incidente violento.

“He estado aquí durante 40 años y realmente no sé por qué se producen ahora estas acusaciones de conversión. Tenemos muchos amigos aquí entre la comunidad hindú”, dijo el reverendo Thomas T, presidente de la asociación de pastores en el distrito de Belagavi.

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Thomas señaló que en noviembre la policía local dijo informalmente a la comunidad cristiana que no realizara reuniones de oración para evitar ataques de grupos de derecha.

Un oficial de policía, que habló bajo condición de anonimato, dijo a la BBC que, si bien las estaciones de policía individuales han aconsejado a los sacerdotes que tengan cuidado, no existe una “política estatal” sobre el tema.

El padre Francis D’Souza, sacerdote de una iglesia local en Belagavi, alegó la semana pasada que un hombre con una espada intentó atacarlo. El caso está siendo investigado y altos funcionarios policiales han asegurado al padre D’Souza que será protegido.

“Pero el miedo sigue presente en mí”, afirmó el religioso.

Representantes de la comunidad cristiana han cuestionado la necesidad de una ley contra la conversión, señalando que la constitución de la India otorga el derecho a todos a “propagar la religión”.

No existe una ley nacional que restrinja la conversión religiosa y los intentos en el pasado de presentar tales proyectos de ley en el parlamento han fracasado. Pero varios estados han promulgado leyes a lo largo de los años para regular la conversión religiosa.

El legislador del BJP Arvind Bellad, quien encabezó una protesta masiva contra el pastor Somu, preguntó “por qué solo los cristianos están preocupados por el nuevo proyecto de ley“.

“El aspecto interesante es que otras comunidades minoritarias como los musulmanes, los sijs o los jainistas no están preocupados por esta nueva ley”, agregó.

El ministro principal del estado, Basvaraj Bommai, señaló que solo aquellos que intentan atraer a la gente para que se convierta a una religión diferente deben temer a la ley.

Pero el arzobispo Machado asegura que los ataques y el discurso en torno al proyecto de ley están claramente dirigidos a los cristianos.

“No es nada bueno lo que el gobierno nos está haciendo”, afirmó.

El militar retirado SG Vombatkere dijo que la gente no debería tomar justicia por mano propia.

“Si tengo una queja en tu contra no puedo ir a golpearte”, señaló. “No tengo derecho a atacarte, sea lo que sea que hayas hecho. Pero lo inusual se está convirtiendo en lo habitual en estos días“.

Las autoridades de tránsito asignadas al área metropolitana advierten un intenso tráfico en el día de Nochebuena, por lo que recomiendan a automovilistas y motoristas que manejen con prudencia para evitar hechos lamentables retraso en su agenda navideña.

Roger Escalante, de la Policía Municipal de Mixco, agregó que solo en esa jurisdicción se espera el tránsito de medio millón de vehículos para este 24 de diciembre y agregó que el tránsito se intensificará a partir de las tres de la tarde.

“Este día será uno de los más transitados del año, ante ello tenemos al 75% de la fuerza operativa apoyando en la regulación de los diferentes puntos conflictivos”, indicó.

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Los puntos en donde se espera mayor embotellamiento será en las entradas de los centros comerciales y mercados.

Escalante también agregó que esperan una mayor circulación hacia el occidente del país, por lo que mantienen vigilancia y control en las áreas de la calzada Roosevelt, ruta Interamericana, San Cristóbal y el lado norte de Mixco.

Mientras tanto, las autoridades de tránsito de Villa Nueva indicaron que al momento reportan un tránsito fluido y de ser necesario trabajarán carriles reversibles hacia El Frutal.

Amilcar Montejo, vocero de la Empresa Municipal de Tránsito de la ciudad de Guatemala, agregó que desde el 23 de diciembre al día de Nochebuena transitan más de medio millón de vehículos. Las rutas de mayores impactos son las que están alrededores de los 47 centros comerciales, mercados y plazas que hay en la ciudad.

Los resultados de las 54 muestras de coronavirus positiva que fueron enviadas al Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza de Nutrición Salud (Inciensa) fueron enviados a las autoridades de Salud y en el mismo se detalla que aún no ha sido detectada la presencia de la variante ómicron.

Estas muestras fueron tomadas del 8 de noviembre al 2 de diciembre para su análisis, en donde se puede lograr detectar qué tipo de variante está enfermando a la población y de dónde proviene.

Según los resultados emitidos por el laboratorio costarricense todas las variantes analizadas corresponden a la Delta. Estas muestras fueron tomadas de pacientes originarios de los departamentos de Guatemala, Quiché, El Progreso, Huehuetenango, Alta Verapaz, Chimaltenango, Escuintla, San Marcos y Totonicapán.

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La mayoría de estos pacientes fueron asintomáticos o reportaron síntomas leves.

Pero aunque los resultados de esta secuenciación fueron negativos a ómicron, no quiere decir que esta variante no esté circulando en el país. El Ministerio de Salud indicó que el próximo lunes 27 de diciembre enviarán otras cien muestras a un laboratorio de Panamá para que sean analizadas.

Mientras las autoridades de Salud tratan de detectar la presencia de ómicron, las medidas sanitarias del uso de mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos se mantiene.

Después de haber dado a conocer en un comunicado oficial el pasado 22 de diciembre cuáles serían los requisitos para recibir a los viajeros que ingresen al país, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) se retractó de las nuevas medidas y dijo que aún las están analizando.

En una nueva comunicación difundida por los canales oficiales, el MSPAS dijo “las autoridades de salud trabajan en la actualización de los lineamientos nacionales para la prevención de COVID-19 de viajes internacionales hacia y desde Guatemala. Una vez finalizado el análisis por parte de las autoridades de salud serán publicados por los canales oficiales”

Sin indicar cuáles serán estas nuevas medidas, la cartera agregó que entrarán en vigor a partir del 3 de enero de 2022.

Hasta el momento, los requisitos para ingresar al país es presentar el certificado de vacunación con esquema completo y quienes no lo tengan deberán de llevar consigo la prueba de covid-19 negativo, no mayor a tres días previos al viaje.

Frente a la llegada de la nueva variante ómicron, las autoridades guatemaltecas no han cambiado las medidas de prevención y mantienen abiertas las fronteras del país, sin embargo, anunciaron nuevos lineamientos para recibir extranjeros que ingresen al país vía aérea.

Según dieron a conocer, ahora las personas que deseen ingresar deberán presentar carné o constancia de vacunación contra covid-19 con esquema completo. En el caso de las personas que se hayan administrado la unidosis de Johnson & Johnson, la última vacuna debe tener por lo menos dos semanas.

Además de presentar constancia del esquema completo de vacunación, las autoridades de migración también pedirán la prueba negativa de antígeno o PCR, no mayor a 3 días previos al punto de chequeo en la aerolínea. Según indicaron, este último requisito no aplica a niños menores de 10 años.

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Las autoridades de Salud advierten que no permitirán el ingreso del viajero si el resultado de la prueba es positivo, a excepción que la persona sea guatemalteca o tenga residencia permanente en el país.

En caso el viajero, por algún motivo justificable, no cuenta con el comprobante del resultado negativo, le permitirán realizársela en cualquiera de los laboratorios autorizados por el MSPAS a su arribo a la terminal aérea.

Aduciendo que los cambios se hacen “para el fortalecimiento institucional”, Consuelo Porras, fiscal general del Ministerio Público removió al jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, este sería el segundo cambio en menos de un año.

A través de un comunicado, el MP informó que Aura Marina López Cifuentes, a cargo de esta fiscalía, fue nombrada como Fiscal Regional de Chimaltenango. López estuvo en este cargo durante ocho meses, cuando Porras decidió remover al fiscal Stuardo Campo, quien llevaba investigaciones en contra del expresidente Jimmy Morales y el caso del libramiento de Chimaltenango.

Ahora Campo está en la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, mientras que el sustituto de López Cifuentes será el fiscal Raúl Figueroa.

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Esta fiscalía tiene a su cargo los casos Clima, Corrupción y Poder donde se señalan actos de corrupción por al menos Q30 millones en el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

En este caso se presume la  participaron altos funcionarios de dicha dependencia, adscrita al Ministerio de Comunicaciones, el diputado Jorge García Silva del partido Prosperidad Ciudadana, su familia y asesores del Congreso. Pese a ello, el MP aún no ha solicitado el antejuicio del legislador.

Otro caso es el de las supuestas plazas fantasma que hay en el Instituto de la Víctima donde se involucra a su directora Alejandra Carrillo, además del caso Amperios donde se desarticuló una estructura criminal en el Instituto Nacional de Electrificación (INDE).

El MP calificó estos cambios como ascensos y los anunciados este días fueron:

• Fiscal de Sección, Fiscalía de Ejecución, Sara Sandoval
• Fiscal Regional de Coordinación Nacional, Silvia Janeth García Guzmán
• Fiscal Regional de Quetzaltenango, Miriam Ileana Barrios Alvarado
• Fiscal Regional de Jutiapa, Marvin Antonio Montejo Estrada

#ComunicadoDePrensa#MPInforma: pic.twitter.com/gSe57f42ZD

— MP de Guatemala (@MPguatemala) December 22, 2021

El estado de Sitio que fue aprobado el 21 de diciembre por los diputados del Congreso tomó vigencia de forma inmediata y los pobladores de Sololá pasaron el primer día con la presencia de dos mil elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala.

El estado de sitio se impuso específicamente en los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán tras el conflicto limítrofe que cobró la vida de 11 comunitarios durante el último fin de semana.

El Director General Adjunto, Edwin Ardiano, explicó que la PNC desplegó al menos 1,500 policías para labores de investigación e identificación de grupos que estén armados de forma ilegal. Este trabajo lo hará de forma conjunta con el Ministerio Público.

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Ardiano también destacó que la PNC estará realizando operativos, patrullajes e incursiones a las áreas montañosas señalando que se tiene toda la capacidad instalada.

Por otro lado, Rubén Téllez, vocero del Ejército agregó que la institución dirigió 500 elementos que pertenecen a la Policía Militar, unidades a pie y equipos de asuntos civiles para proveer la seguridad en puntos específicos mientras la PNC y el MP puedan realizar los operativos.

Estos grupos se  unen a los 60 elementos asignados desde el día que en se reactivaron los conflictos en estos municipios.

“También tendremos acciones acercamiento con la población y esto será muy acorde a la época porque los elementos pasarán las fiestas de fin de año aquí”, agregó Téllez.

Este es el segundo estado de sitio que se instaura en el área a petición del presidente Alejandro Giammattei. El primero se ejecutó en mayo de 2020 y a decir del vocero del Ejército, en aquella ocasión encontraron varias bombas pirotécnicas que fueron modificadas para causar un daño mayor.

“En el terreno hay muchas elevaciones y esto permite al atacante dominar el terreno y dirigir sus ataques en direcciones específicas, es una situación bastante compleja”, indicó.

Actualmente hay dos destacamentos cercanos a estas comunidades y a decir de Téllez, creen que aún no es necesario instalar alguno en cualquiera de estos dos municipios.

“Lo que tenemos que lograr durante este tiempo es desarticular las bandas criminales, reestablecer la paz y hacer que avancen las negociaciones para resolver este conflicto”, agregó.

El conflicto histórico entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán se trata de un problema que no ha sido solucionado después de casi 160 años y que ha dejado decenas de enfrentamientos con muertos y heridos, como el ocurrido el último fin de semana, en el que murieron tres niños, cinco mujeres y cuatro hombres, en la aldea Chiquix, aparte del agente de la PNC Luis Herbert Emmanuel Reynoso Rivera.

El conflicto se reactivó cuando supuestos habitantes de Nahualá realizaron una emboscado a tres familias que buscaban recoger su cosecha en el área limítrofe.

La directora del Instituto de la Víctima, Alejandra Carrillo, es señalada de plazas fantasmas en la institución que esta a su cargo. Su caso está lleno de señalamientos de filtraciones de información que podría haberla advertido de posibles medidas legales en su contra y el diario La Hora ha sido quien ha publicado las investigaciones al respecto.

En respuesta a estas publicaciones, Carrillo decidió avocarse a la ley contra el femicidio que antes ha favorecido a otras políticas señaladas de corrupción, como la exvicepresidenta Roxana Baldetti, la excandidata presidencial Sandra Torres y la exministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel.

El 8 de diciembre, los magistrados de la Sala Primera de Apelaciones de la Rama de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, ordenaron Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio decretar medidas de seguridad a favor de Carrillo.

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Estas medidas son la prohibición de que Oscar Clemente Marroquín y Pedro Pablo Marroquín, propietarios del Diario La Hora “perturben o intimiden” a Carrillo o a cualquier miembro de su familia. Así como la prohibición de acceder a su domicilio, lugar de trabajo o estudio.

Sonia Acabal, del a Red de la No Violencia contra la Mujer, calificó de estas medidas como risibles al asegurar que ni siquiera las víctimas reales de violencia las favorecen de esta forma.

“Lamentablemente hay mujeres en todo el territorio que están buscando justicia, las hacen llegar varias veces o ni siquiera las atienden. No hay celeridad, las mujeres siguen muriendo, cuando se busca justicia no hay y cuando se piden medidas de seguridad no se cumplen y muchas mujeres mueren con medidas de seguridad decretadas” dijo Acabal.

Lo mismo indica Martha Godínez de la Alianza Política del Sector de Mujeres al mencionar que existen más de 53 mil denuncias de violencia en contra de las mujeres que no han sido atendidas de la misma manera eficaz y rápida como ha pasado en el caso de Carrillo.

“Ella no está en condiciones desiguales de poder, tampoco tiene una relación con los actores que ella dice que la están agrediendo o están ejerciendo algún tipo de violencia física, psicológica o económica para que le hayan decretado esas medidas”, menciona.

Aunque es evidente el uso político de esta legislación, las entrevistadas explican que esto sucede porque la Corte Suprema de Justicia tampoco se ha preocupado por nombrar magistrados y jueces especializados en violencia de género en las salas y juzgados que así lo requieran.

“Las personas que han estado ahí han demostrado no ser idóneas del cargo, cuando se crean estos juzgados el objetivo es que conocieran la problemática de las mujeres, que tuvieran una formación al respecto y no poner a cualquier persona”, alega Acabal.

Oswaldo Samayoa, abogado del Centro de Estudios de Guatemala, señala esta práctica como algo que ha desvirtuado la ley y que, lamentablemente, en la actualidad son prácticas generalizadas llevadas a cabo por personas que se quieren blindar del escrutinio público.

“Se está desvirtuando la ley contra el femicidio porque los trabajos periodísticos publicados en ningún momento están orientados a generar ningún tipo de violencia contra esta persona, sino van orientados a revelar información que debe ser pública”, menciona.

El Congreso de la República ratificó de urgencia nacional el estado de sitio decretado por el presidente Alejandro Giammattei en Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, municipios de Sololá.

La medida fue aprobada con 88 votos a favor, mientras 64 diputados estuvieron ausentes y solo ocho votaron en contra.

Este estado de sitio es el segundo que decreta Giammattei en su gobierno en el mismo territorio y a diferencia del primero, decretado el 30 de mayo de 2020, los diputados ordenan al Ministerio Público y a la Policía Nacional Civil entregar un informe circunstanciado con los resultados de los operativos que se realicen.

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A este decreto le corresponde el número 20-2021 y estará vigente por 30 días debido a un conflicto de territorio que se activó en ambos municipios y que le costó la vida a 1o personas el pasado fin de semana.

Este conflicto ha generado que pobladores mantengan un bloqueo en el kilómetro 171 de la ruta interamericana este lunes y martes, lugar a donde también llevaron los féretros de las personas fallecidas para exigir a las autoridades que se esclarezcan los hechos y que se plantee una solución al problema limítrofe que existe desde hace más de 100 años.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) dio a conocer nuevos lineamientos para aplicar la dosis de refuerzo para la vacuna contra el covid-19 e informó que el 35% de la población meta ya tiene la segunda dosis.

Según los datos que presentó el ministro Francisco Coma, en Guatemala hay 6 millones 436 mil personas que tienen una dosis de la vacuna, lo que representa le 50.71% y quienes tienen esquema completo son 4 millones 518 mil personas, el 35.72% de la población meta que asciende a 12 millones de guatemaltecos que deben estar protegidos contra el covid-19.

Debido a la variante Ómicron, se hace urgente que la inmunización llegue a toda la población y que se empiece a administrar la dosis de refuerzo.

A decir de las autoridades de Salud, hasta el momento se han aplicado 69 mil 300 dosis de refuerzo en el personal de primera línea de atención en Salud.

Lesli Samayoa, viceministra técnica, explicó que se realizaron cambios en los lineamientos para aplicar esta tercera dosis. Por lo que ahora, cualquier persona que ya recibió las dos dosis pueden recibir la tercera si ya han pasado seis meses después de la segunda.

En el caso de las personas que se vacunaron en el extranjero con Johnson & Johnson pueden recibir la dosis de refuerzo dos meses después de haber sido vacunados.

Así queda según la vacuna a la que las personas accedieron en al inicio:

Las autoridades de Salud también hicieron un llamado a las mujeres embarazadas para que se acerquen al centro de vacunación más cercano para estar protegidas contra el covid. Según indicó el viceministro de Atención Primaria, Edwin Montúfar, en el año ha habido más de 388 muertes maternas, de las cuales 120 corresponden a covid-19.

Según indicó el ministro Coma, esperan recibir las 3.4 millones de dosis de la vacuna Sputnik pendientes antes de que termine el año

De los Q614.5 millones que pagó el gobierno de Guatemala al Fondo de Inversión Ruso para la adquisición de las vacunas Sputnik, aún hay que sumarle los costos que requiere el transporte de los lotes que trasladan desde Rusia.

Este contrato firmado en febrero de 2021 y renegociado meses después por la exministra de Salud, Amelia Flores, ha sido bastante cuestionado por la confidencialidad del mismo y porque dejó en desventaja al país.

Además, por la adquisición de las 8 millones de dosis y el pago adelantado del 50% del monto total que estaba contemplado, se esperaba que el transporte fuera de los costos que ya estaban incluidos.

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En una solicitud de información enviada al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), el jefe del Departamento Administrativo, Erick Delgado Urbina, respondió que hasta el 7 de diciembre del presente año se han recibido 4 millones 769 mil 90 dosis de la vacuna Sputnik V.

Para el transporte de esta cantidad, la cartera ha pagado al momento la cantidad de Q9 millones 484 mil 635.68. Esto representaría la cantidad de Q1.98 por dosis.

Sin embargo, no todas las dosis tuvieron el mismo costo en transporte ya que el precio varió según la empresa de transporte contratada.

Por ejemplo, el 5 de mayo llegaron al país las primeras 50 mil dosis de la vacuna a través de la empresa DHL que dio el transporte por Q274 mil 098, es decir, Q5.48 por dosis.

Con la segunda llegada de las otras 50 mil dosis que arribaron al país un mes después, prefirió optar por los servicios de la empresa Kuehne Nagel donde el costo se redujo a Q236 mil.

A partir de esa fecha y por la cantidad de vacunas que venían, el costo siguió bajando. El 3 de julio se pagaron Q724 mil por 200 mil unidades, es decir, Q3.62 cada una y el 15 de julio que vinieron 310 mil dosis, se pagaron Q592,100.

El último lote de vacunas Sputnik V que vinieron al país se recibieron el pasado 29 de octubre, 300 mil vacunas eran para la primera dosis y 400 mil eran del componente de la segunda dosis.

Guatemala aún está pendiente de recibir 3 millones 230 mil 910 dosis por lo que los costos de transporte aún podrían subir según el número de entregas que se hagan.

Aunque aún no hay una fecha estipulada para esta última entrega, el contrato hecho por la exministra estipula que las dosis deben ser enviadas antes del 31 de diciembre del presente año, de lo contrario, el contrato se incumpliría y sería responsabilidad del Fondo Ruso.

Sin embargo, según declaraciones dadas por el actual ministro Francisco Coma en la semana recién pasada, les preocupaba recibir dicha cantidad de vacunas ya que temían que la población no quisiera vacunarse y que estas se desperdiciaran.

Esto podría ser algo no lejano a la realidad, ya que el director general del Sistema Integral de Atención en Salud del Ministerio de Salud, Eliú Mazariegos, dio a conocer la primera semana de diciembre de 1 mil 800 dosis de vacunas que se vencieron.

De esas, 820 dosis eran de Sputnik V, sin embargo, estas vacunas se echaron a perder porque no guardaron la cadena de frío que requiere.

Mal sabor de boca

Quedando diez días para que finalice el año y para que se venza el plazo para recibir las últimas dosis de esta vacuna, Karin Slowing, experta en administración pública, refiere que el contrato hecho con el Fondo de Inversión Ruso deja un mal sabor de boca por los constantes incumplimientos en las fechas de entrega.

“Nos han estafado y visto la cara por meses y no vemos ni a la Contraloría General de Cuentas ni a la Procuraduría General de la Nación emprender acciones contra la empresa por estafa, el producto está pagado y no ha venido”, respondió.

Slowing agregó que las dosis restantes deben venir porque ya están pagadas y el ministerio debe responder con una vacunación masiva en las áreas donde hace falta.

“Otra cosa es que por las situaciones que ha habido en el país la gente ya no quiera tener interés de vacunarse con la Sputnik y esa también es responsabilidad del gobierno por generar desconfianza alrededor de esta vacuna”.

Esta desconfianza por la vacunación en general fue demostrada por el Centro Johns Hopkins para Programas de Comunicación que exploró la aceptación de la vacuna en Guatemala.

El 21 por ciento de la población encuestada ha decidido no vacunarse, mientras el 18 por ciento dijo que quizá no lo haga y el 27 por ciento dijo que todavía lo está pensando.

KM ahora tiene 24 años y un hijo de 8 años que es criado por sus abuelos. Apenas tiene conciencia del tormentoso embarazo que la llevó a convulsionar en el momento del parto y que la mantuvo en estado crítico durante 15 días.

Su caso será llevado a cortes internacionales en 2022 porque a pesar de llenar todos las clausulas legales estipuladas en el artículo 137 del Código Penal guatemalteco que permite la interrupción del embarazo en caso la vida de la madre corra peligro y tras el diagnóstico favorable de dos médicos, el juez negó la petición e, incluso, pospuso la audiencia hasta un año después.

El caso

Esta mujer, ya adulta, es identificada como KM por protección a ella y su familia que ha sido objeto de cuestionamientos dentro de su propia comunidad.

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KM nació en 1996 en una comunidad rural. Al momento del nacimiento fue diagnosticada con parálisis cerebral y pie equinovaro, un defecto de nacimiento en el que los pies están torcidos o fuera de posición.

Por sus condiciones, durante algunos años fue paciente de Fundabiem. Aunque fue reconocida como Niña Símbolo, tuvo que abandonar las terapias por falta de recursos y su madre fue quien se encargó de darle continuidad a los ejercicios que le habían enseñado los terapistas.

Durante su adolescencia tuvo siete operaciones en sus caderas y pies y a pesar de mejorar físicamente, siempre mantuvo un desarrollo cognitivo similar al de un niño de ocho años.

Cuando KM tenía 17 años, fue violada por su tío paterno y la única forma en la que sus padres se percataron de ello fue porque quedó embarazada. Esto sucedió en 2014.

Según la organización Mujeres Generando Equidad (Asogen), que acompaña a la familia, sospechan que KM fue objeto de continuas violaciones sexuales por parte de su tío, sin embargo, solo fue evidente cuando uno de esos actos tuvo como resultado un embarazo.

“La respuesta de los padres fue inmediata y se centró en la seguridad y la vida de KM, la llevaron de inmediato al centro de salud y lo primero que pidió la mamá era que le practicaran un aborto porque tenía miedo de perder a su hija”, explica Ingrid Gálvez, vocera de Asogen.

En agosto de 2017 y con pocas semanas de embarazo, inició el tortuoso camino que recorrió la familia para garantizar la vida de KM, quien a esa edad tenía defectos cardíacos, en pies y cadera, además de una condición psiconeurológica especial.

Mientras tanto, el tío fue capturado inmediatamente por las autoridades y actualmente cumple una condena de 17 años de prisión por violación con agravación de la pena.

Gálvez explica que por la discapacidad mental de KM, ella nunca fue consciente de su embarazo. “Cuando le preguntaban, ella decía que había comido mucho y que por eso le creció la panza”, cuenta.

El artículo 137 del Código Penal dice “No es punible el aborto practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer, previo diagnóstico favorable de por lo menos otro médico; si se realizó sin la intención de procurar directamente la muerte del producto de la concepción y con el solo fin de evitar un peligro, debidamente establecido, para la vida de la madre, después de agotados todos los medios científicos y técnicos”.

Mariana Girón, una de las abogadas que acompaña a la familia explica que debido al anteceden de violación, se llevó a cabo un proceso de protección de niñez, ya que KM era menor de edad. “Sabíamos que todas las audiencias tienen un retardo bastante grande, pero en este caso era de apresurarse porque cada minuto ponía en riesgo su vida de KM. Se celebró una audiencia donde también estaba presente la Procuraduría General de la Nación pero nunca se tomó en cuenta la opinión de KM y no se solventó la petición del aborto terapéutico”, dice.

Para el caso, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) llevó a cabo un peritaje en el que indicó que se podía llevar a término el embarazo “sin embargo, es de alto riesgo y puede tener riesgo de vida”. Para entonces KM ya tenía 14 semanas de embarazo y tenía riesgo de padecer eclampsia.

A decir de Girón, la audiencia definitiva debía celebrarse cinco días después, pero se programó para un año después.

“Cuando le preguntaban si quería tener un bebé ella se reía y decía que no, ella no tenía el conocimiento preciso de qué era ser mamá. No era consciente que estaba en estado de gestación”, agrega la abogada.

Según explican las profesionales, pese a que el juez que conoció el proceso ignoró la petición de KM y desvió la discusión hacia las condiciones en que debía celebrarse el parto, nunca existió la intención de cuidar de la menor quien debía de haber estado bajo observación médica las 24 horas y con control prenatal estricto.

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El momento del parto

Aún no se habían cumplido las 37 semanas de gestación cuando KM convulsionó mientras desayunaba. La abogada cuenta que la llevaron de emergencia al hospital, donde le practicaron una cesárea y los médicos aprovecharon a esterilizarla sin su consentimiento.

“Dicen que la madre firmó un consentimiento, pero ella no sabe leer ni escribir y no sabemos en qué condiciones los médicos le informaron de lo que iban a practicarle”, dice Girón.

Km estuvo en estado crítico durante 15 días, debido a la eclampsia tuvo pérdida temporal de memoria y de visión. Además, tuvo que regresar a las fisioterapias para volver a caminar.

“La ausencia estructural del Estado en cuanto atender los derechos fundamentales de las mujeres, niñas y personas con discapacidad generan estos hechos que se describen y que resultan en una serie de violaciones sistemáticas. Era evidente que ese embarazo era de alto riesgo, además que KM no estaba en condiciones físicas y psicosociales para traer un bebé al mundo. Al Estado no le importó la vida de ella”, analiza la especialista en derechos de las personas con discapacidad, Silvia Quan en el Tribunal de Conciencia que se llevó a cabo el 3 de diciembre.

La abogada Margarita Girón explicó que llevarán el caso al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza para que sea admitido y que se abra un tribunal especializado que dicte sentencia y que se forme un precedente en el país.

Se trata del pago de del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos, que se debe realizar del 1 de enero al 31 de julio de cada año. Aunque la ventana para poderlo hacer es de seis meses, las autoridades recomiendan hacerlo en los primeros días del año para evitar inconvenientes, si el propietario del vehículo se pasa de la fecha estipulada, deberá pagar también las multas por omisión e intereses.

“Por el pago extemporáneo se aplicará una sanción del 100%, pero si se paga sin ser requerido, la multa será rebajada un 75%”, indica el portal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

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Este pago está estipulado en la Ley de Impuestos sobre Circulación de Vehículos, Terrestres, Marítimos y Aéreos Decreto 70-94 y sirve, según la teoría, para que el Departamento de Tránsito pueda contar con fondos específicos que le permitan obtener y mantener semáforos, señales de tránsito y las demarcaciones de las carreteras.

El 30 de noviembre en el diario de Centro América la SAT publicó el acuerdo de directorio 11-2021 que aprueba la tabla de valores imponibles del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos terrestres que regirá a partir del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022. Lo puede consultar aquí.

Consulte los pasos a seguir para pagar su ISCV:

• El Impuesto sobre Circulación de Vehículos debe pagarse del 1 de enero al 31 de julio de cada año.
• Antes de realizar el pago, la persona debe estar solvente de las multas por infracciones en materia de tránsito.
• En la página de Declaraguate.sat.gob.gt debe llenar el formulario SAT-4091 Vehículos de Circulación, generar la boleta SAT-2000 y hacer el pago en cualquier agencia bancaria.
• Para consultar el monto a pagar debe visitar la página web portal.sat.gob.gt/impuesto-de-circulación
• Anualmente la SAT emite una tabla de valores imponibles donde se toma en cuenta los años de uso de cada automotor. La cantidad no es menor de Q110 para vehículos particulares ni menor a Q75 para motocicletas.
• Después puede imprimir la calcomanía y procurar portarla siempre al conducir ya que las autoridades competentes pueden solicitarla en cualquier momento.
• No es necesario pegar la calcomanía en el parabrisas o en la placa.

La escasez de vacunas, la falta de información sobre las mismas y la mala distribución de las dosis en los diferentes centros de vacunación a nivel nacional provocó que miles de guatemaltecos tuvieran que salir de sus municipios de residencia en búsqueda de este alivio ante la preocupación por un eminente contagio del covid-19.

Hasta el 10 de diciembre de 2021, Guatemala registraba el 25.3% de la población completamente vacunadas. Esto representa a 4 millones 294 mil personas que han obtenidos sus dos dosis de cualquiera de las vacunas disponibles en el país.

Desde febrero del presente año, mes en el que se habilitó la vacunación contra el covid-19 en el país, Guatemala ha vivido varios momentos de escasez de vacuna para las diferentes poblaciones. En los primeros meses, esta escasez provocó que miles de personas optaran por viajar a México para obtener una dosis.

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En julio, cuando entró una donación de un millón y medio de dosis de la vacuna Moderna, el plan de inmunización logró avanzar a un ritmo estable. Sin embargo, la distribución desigual de las diferentes dosis disponibles provocó que más de 961 mil 864 personas se movieran de su lugar de residencia para lograr conseguir una.

Esto se observó de forma especial entre el 25 de febrero y el 19 de abril cuando el grupo prioritario en elegible para recibir la primera dosis era el personal de primera línea y debido a la poca disponibilidad e inoperancia de varios centros de vacunación, una gran cantidad de personas trabajan en el sector salud tuvo que viajar.

Aunque en mayo hubo una pronunciada caída de la movilidad, ésta siempre se mantuvo. “Al comienzo, con pocos centros de vacunación la movilidad fue mucho mayor, con el aumento de puestos la movilidad fue descendiendo, aunque nunca desapareció por completo”, explica Sofía Montenegro, investigadora de la organización Diálogos.

Aunque el estudio aún no contempla la vacunación Pfizer para menores de 17 años, durante los fines de semana de noviembre se pudo observar una alta afluencia de padres que llevaban a sus hijos a vacunar en los puestos de salud de Mariscal Zavala, Guardia de Honor y Campo Marte.

Debido a que estos son los únicos centros donde se inmunizan a niños y adolescentes, hubo personas que residían en otros departamentos que viajaron a la capital para lograr una dosis de la vacuna.

Según la sistematización hecha por Montenegro, el número de personas que se movilizó para obtener su segunda dosis ascendió a 719 mil 670, lo que representa el 17% del total de personas vacunadas al momento.

Parte de las motivaciones de estos guatemaltecos, fue procurar completar su esquema de vacunación, sin importar el tener que viajar hacia otros municipios para poder hacerlo.

Aunque no hay una mayor diferencia entre tipos de vacunas, el estudio arrojó que el 18% se movió para conseguir una dosis de la Sputnik V, frente al 16% que o hizo para encontrar una Moderna, el 14% que buscaba una Pfizer y el 13% que quería la Astrazeneca.

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Desde donde se movieron

Aunque el plan de vacunación contra el covid-19 no avanza en las áreas rurales como lo hace en la ciudad, lejos de pensar que fueron estas comunidades las que se movían para conseguir una vacuna, fue en realidad la población de las áreas urbanas la que realizaba estos viajes.

Por eso Montenegro explica que la movilidad por las vacunas demostró una vez más la disparidad en el acceso a las mismas, ya que fueron las personas que tenían recursos económicos, transporte y tiempo para viajar las que lo hicieron.

“El análisis evidencia que la movilidad es más alta en municipios urbanos, en donde también tenemos más personas vacunadas. Esto reafirma nuestros supuestos sobre la disparidad que genera el acceso diferenciado a medios para desplazarse de un municipio a otro y cómo la falta de centros de vacunación oportunos ha privilegiado a la población que reside en zonas urbanas”, explica.

Sin embargo, pasa algo interesante con el porcentaje de movilización según los municipios. En San Lorenzo, Suchitepéquez el 95% de los vacunados tuvo que viajar al casco urbano para conseguir una dosis porque en el municipio no había centros de vacunación habilitados hasta casi seis meses después de haber iniciado con el plan de vacunación a nivel nacional.

Otro caso atípico es el Concepción, Sololá. Con una población de 4 mil 978 personas, solo 109 se han vacunado siendo uno de los municipios con la tasa de vacunación más baja a nivel nacional y de ellos, la mayoría (85%) tuvo que salir del lugar para lograr una dosis.

Un año pasó desde que el Ministerio Público mostrara los primeros resultados de las investigaciones contra los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que capturaron de forma ilegal a 43 personas que se encontraban en los alrededores del Congreso de la República y la Plaza Central el día que las protestas contra el gobierno terminaron en el incendio de una parte del Palacio Legislativo.

El 26 de noviembre se entregaron de forma voluntaria al Juzgado Sexto Penal los agentes Cristian Armando Alvarado Pichilla, Emilsa Ileana Osorio Reyes, Esdras Aroldo Chex Catú, Jennifer Yesenia Popa Morales y Karla Xum.

Aunque los cinco fueron ligados a proceso por abuso de autoridad en el caso de los primeros tres y por simulación de delito en el caso de Popa y Xum, aún sigue habiendo peticiones para que la investigación continúe hacia la línea de mando, de quienes dieron la orden para reprimir a los manifestantes.

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Según consta en los expedientes judiciales Osorio es de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA), Pichilla es de la División de Fuerzas Especiales de la Policía (Difep) y Chex, Popa y Xum son de la Subdirección General de Prevención del Delito.

A decir de la oficina de Comunicación Social de la PNC, los cinco agentes son operativos y no han sido dados de bajo por el actual proceso penal que llevan, por el contrario, se mantienen trabajando en labores administrativas mientras se dilucidan las responsabilidades sobre este caso.

Además de seguir dentro de las filas de la PNC, los agentes tampoco han sido sancionados por la Inspectoría General, pese a que son señalados de realizar detenciones ilegales y mentir en los expedientes policiales.

Durante la audiencia, el MP los imputó por la detención arbitrario de dos hermanas, una de ellas menor de edad. Según los videos y fotografías de la cobertura de esa manifestación, las hermanas fueron arrastradas por varios metros por los agentes.

Ellas fueron dos de las 43 personas detenidas y que recobraron su libertad por el juez que desestimó sus casos por falta de mérito.

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¿Quiénes dieron las órdenes?

Durante la audiencia donde fueron ligados a proceso los cinco agentes, la Fiscalía de Delitos contra la Vida pidió una caución económica de Q5mil por cada uno. Sin embargo, el juez la redujo a Q2 mil luego que la defensa de los oficiales, pagada por la PNC, adujera que, por ser agentes operativos, los acusados no tenían la capacidad económica para pagar dicha cantidad.

Además de la fianza, a los agentes se les otorgó arresto domiciliario, arraigo y la obligación de presentarse ante el MP periódicamente.

El abogado Juan Francisco Solórzano Foppa, defensa de uno de los jóvenes que perdió un ojo a causa de una bomba lacrimógena que fue lanzada durante la protesta, quiso adherirse como querellante para conocer si las investigaciones iban dirigidas también a quienes dirigieron las órdenes, pero su solicitud fue rechazada por el juez.

“Nosotros tenemos algunas copias del expediente de investigación pero no se ha girado ninguna orden de captura. Si es posible individualizarlos, deberían de hacerlo, pero no quieren individualizar la responsabilidad hacia quienes dieron la orden”, indicó.

Por este mismo caso, diputados de oposición presentaron en noviembre de 2020 una solicitud para interpelar al ministro de Gobernación, Gendri Reyes por considerar que hubo un uso desmedido de la fuerza pública.

En enero de 2021 inició la interpelación contra Reyes y después de un interrogatorio que duró cinco meses, los diputados pidieron un voto de falta de confianza que tuvo el apoyo de 34 legisladores únicamente.

Con 82 votos en contra de parte del oficialismo, Reyes logró mantenerse al frente de la cartera de Gobernación.

Por otro lado, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua) indicó que temen que el Ministerio Público utilice a estos cinco agentes para responsabilizarlos de todos los hechos del 21 de noviembre y, así, no continuar con la investigación de la cadena de mando.

“Es un poco confuso el procedimiento seguido por el MP al separar los expedientes de la investigación y que la intención sea procurar impunidad”, agregó Jorge Santos, director de Udefegua.

La investigación de los hechos ocurridos el 21 y 28 de noviembre está a cargo de un equipo de investigadores de las fiscalías de Delitos contra la Vida, de Distrito Metropolitano, de Delitos contra Periodistas, contra la Extorsión, contra Delitos Administrativos y la Fiscalía contra el Patrimonio Cultural.

Hasta el momento, las capturas coordinadas por la fiscalía de Delitos contra la Vida han sido dirigidas contra tres personas acusadas por hacer pintas en una de las paredes del Congreso. Sin embargo, aún no se conocen resultados sobre los agentes que lanzaron bombas lacrimógenas contra dos personas y contra quienes agredieron a los periodistas que cubrían las protestas.

Dos años llevan las escuelas de permanecer cerradas debido a la emergencia del covid-19 y aunque el gobierno asegura que para febrero de 2022 puedan regresar los niños a las aulas, estos 22 meses de pandemia no se aprovecharon para mejorar las condiciones de estos establecimientos.

Según el reporte del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (Sicoin) el Ministerio de Educación (Mineduc) solo ejecutó el 2.4% del presupuesto asignado para la construcción, ampliación, reparación y mejoramientos de las instalaciones educativas.

El Ministerio de Educación es una de las carteras que mayor presupuesto tiene. Para el 2021 su asignación era de Q17 mil 598 millones y tuvo una ampliación de Q400 millones más.

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Para los proyectos de inversión destinados al mejoramiento y construcción de edificios educativos, deportivos y recreativos tenía un montón de Q89 millones 654 mil de los cuales solo el 2.4% se ha ejecutado a noviembre de este año.

Esta nula inversión complicaría los planes que tiene el gobierno para que los niños regresen a las aulas en febrero de 2022. Aunque esto depende también del porcentaje de vacunación alcanzado en menores de 17 años, expertos han insistido en que las autoridades debieron haber procurado mejores condiciones educativas en los dos años en que las escuelas estuvieron cerradas.

Para inicios de año, el viceministro administrativo Erick Mazariegos aseguró que cuando el gobierno tomó posesión encontraron 11 mil 103 establecimientos que carecían de los servicios básicos, pero que en el transcurso de 2020 se lograron remozar 1 mil 279 escuelas.

Esto dejaba a 9 mil 824 edificios que debían ser atendidos con los Q89 millones disponibles para este efecto, sin embargo, la inversión fue muy baja.

En peores condiciones

La Escuela Oficial Urbana de Varones No. 46 Miguel de Cervantes Saavedra, ubicada en la zona 6 de la capital, estaba lista para que a inicios de este 2021 fuera remozada.

Aunque por fuera este establecimiento parece estar en óptimas condiciones, dentro de sus instalaciones se respira una fuerte humedad provocada por las filtraciones de agua que con el paso del tiempo se hacen más graves. Dentro de las aulas de primaria y en la cocina, el olor es más penetrante, lo que lo hace insalubre para los estudiantes.

“No hicieron nada, dicen que el presupuesto se acabó y que fue dado para otras circunstancias. La cosa es que se detuvo todo el remozamiento de las escuelas, incluyendo la nuestra” lamentó la directora del lugar, María del Carmen Castellanos.

Castellanos dijo de forma preocupada que la escuela que dirige está en peores condiciones que en marzo de 2020 cuando los estudiantes entraron por última vez al lugar. Aunque el trabajo de remozamiento estaba a cargo del Ministerio de Comunicación, Infraestructura y Vivienda, dice que de parte del Mineduc no han recibido ninguna instrucción o ayuda en caso las paredes desplomen por el nivel de humedad que manejan.

“Tenían que haberle dado la prioridad ahorita que los niños no estaban en los establecimientos para arreglar todas las escuelas, sobre todo las que ya se nos están cayendo encima. Ahora tenemos que ver de qué forma recibimos a los niños para cumplir con la orden de la ministra de regresar a clases”, agregó.

Según los protocolos del Ministerio de Educación, compartidos esta última semana por las autoridades de la cartera, el regreso a clases será de forma presencial y está pensado para las comunidades que se encuentren en color amarillo y naranja según el semáforo de alerta epidemiológica.

Las autoridades de Salud, en una citación con la bancada Winaq, explicaron que hay 7 mil 135 escuelas en comunidades con alerta naranja y 29 mil 793 en municipios con alerta amarilla.

La ciudad de Guatemala es uno de los municipios que se encuentran en alerta naranja, esto hace que aumente la preocupación de Castellanos porque sabe que su escuela será de las primeras que tendrán que recibir a sus alumnos, pese a que sus instalaciones no son las adecuadas.

“Con la pandemia y la suspensión de actividades escolares se pudo haber hecho una remodelación completa del sistema educativo, ahí es donde uno ve que hay incapacidad o desidia de parte del ministerio para asignar esos fondos”, respondió Mario Rodríguez, analista en temas educativos del Instituto de Análisis de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac).

Para Rodríguez, la poca inversión que hace Educación se concentra en las zonas urbanas, aunque el caso de la escuela Miguel de Cervantes demuestra lo contrario. “El problema en las áreas rurales es aún más grave y la inversión es mínima. Los edificios escolares no solo están deteriorados con el tiempo sino lo que destina el Mineduc para ese rubro es muy poco”, agregó.

El trabajo por la verificación de contenidos se intensificó durante los últimos dos años debido a la cantidad de informaciones falsas o confusas que se generaron con relación a la pandemia del coronavirus que aún afecta al mundo.

Sin embargo, estas estrategias de manipulación no son nuevas y con la llegada de gobiernos que se aprovechan del bombardeo de informaciones confusas o falsas hace ver con urgencia cómo el ejercicio de verificación es importante para crear sociedades democráticas e informadas.

Esto lo explica la argentina Laura Zommer, periodista y abogada que creó una de los primeros proyectos de verificación en América Latina, Chequeado, que actualmente está por elaborar documentos que ayuden a identificar las informaciones falsas en tiempo electoral en la región.

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¿Cómo explicar que la desinformación no es algo nuevo que vino con la pandemia?

Yo siempre digo que no vamos a terminar con la desinformación porque la desinformación es un fenómeno que nos precede y que seguro nos va a trascender. No es algo nuevo como tal, no es que nunca existió. Previo a las redes sociales y a internet también había mentiras, gobiernos o grupos poderosos del sector privado que querían engañar a las sociedades con relatos o medias verdades. Lo nuevo es que hoy en día hacer campañas de desinformación resulta más barato y fácil gracias a las redes sociales y al modelo de negocio que existe. Los ciudadanos en el pasado no tenían un rol tan clave como ahora porque hoy en día o pueden ser arqueros de la desinformación y hacer un muro para que no se propague más o al revés, cada uno de los ciudadanos puede convertirse en multiplicador de la mentira o el engaño que alguien creó para ganar plata o poder.

¿Cuáles son los elementos básicos que debe tomar en cuenta una persona antes de compartir una información que puede ser falsa?

La primera recomendación es sacarse de la cabeza el “comparto por las dudas”. Eso cuando estamos frente a algo informativo factual es un muy mal consejo. Por las dudas, no compartas. Compartí emociones, sentimientos, opiniones, pero hechos no compartas salvo que te conste que esa fuente es fidedigna, autorizada que conoce la materia y que no tiene conflicto de interés para presentarte la información.  ¿Qué nos hizo pensar que todos nos tenemos que volver informadores o publicadores de primicia en nuestros grupos de amigos? En parte esta generación de ansiedad del minuto a minuto es parte del modelo de negocio de las redes pero que no tiene que formar parte de lo que uno piense que es la construcción de un debate democrático plural. ¿Quién dijo que la velocidad o la rapidez hace parte de eso? La otra recomendación es que puede ser que nos pase, que cualquiera de nosotros termine compartiendo una foto falsa o un mensaje errado, pero lo que hay que hacer es corregir. Hay que cambiar la idea de que quien se corrige es un tonto, es posible que erremos de buena fe y lo que hay que hacer es corregirse de manera transparente. Con la velocidad con la que consumimos contenidos informativos es posible que nos pase así que es esperable que si te equivocás, te corregís. En eso, el otro consejo es que cuando se equivoca el otro, lo mejor es que le digas de uno a uno a la persona porqué está equivocada, con empatía y sin necesidad de ponerlo en evidencia para que esa misma persona se corrija, eso tiene muchísimos más efectos para el espacio en el que esa persona lo dijo.

Pero hacerlo con empatía y con evidencia de los hechos

Lo que yo digo es hacerlo con empatía y firmeza. No es cuestión de pareceres. Muchas veces en el ámbito de la desinformación parece que es tu palabra contra la mía. Pero no, eso es en el campo de las ideas y es verdad que en ese campo tu idea me puede parecer disparatada o la mía te puede parecer arrebatada y las dos son válidas. Pero en el mundo de los hechos, de si una medicina cura o no, o si se manipuló un recuento de votos, no hay dos posibilidades. O hay evidencia o no las hay.

Algo que también has dicho es que quien comparta desinformaciones no es alguien que necesariamente sea ignorante porque la construcción de estas notas está hecha de una forma en que todos podemos caer en algún momento.

La investigación académica que estudió como la desinformación afectó a grupos etéreos muestra que en general los contenidos desinformantes cuando son generados por determinados grupos, se piensan microtargeteados para ese grupo. Entonces a una persona más educada lo que le está jugando son los sesgos que opera una característica que dice que tendás a pensar que vos no te equivocas, que se equivocan los otros. No estás advertido que los sesgos también son tuyos. No importa cuán educado o no seas, mientras más tengas identificado tengas tus sesgas, mejor prevenido vas a estar para que no te funcione primero tu emoción y después tu cabeza sin contrastar la evidencia.

¿Crees que la desinformación ha sido ahora más evidente en tiempos de pandemia?

Lo que pasó con la pandemia es que todos los ciudadanos sin importar de qué partido eran o de qué país, todos estábamos impactados por este fenómeno porque de un día para otro las reglas del mundo cambiaron y de golpe no podías salir de tu casa o dar un abrazo. Primero había un universo posible mucho más impactado por la desinformación. Cuando se trata de temas electorales o de un incendio forestal, la desinformación impacta a esos países o regiones específicamente. Pero con la pandemia es global. La segunda característica es que cuando hablamos de desinformación prestamos atención en la viralidad y en el posible daño nocivo del contenido, en el caso de la pandemia el posible daño que los contenidos desinformantes pueden generar eran muy graves porque afectaba la salud y la vida de las personas. En Argentina fallecieron personas por consumir dióxido de cloro, que es una sustancia prohibida, porque la vieron en la tele o en las redes sociales como posible cura. Lo que hizo la pandemia fue mostrarnos muy brutalmente a todos que la desinformación no era solo una cuestión de intelectuales de las redes sociales, sino que es algo que está presente y que puede tener impactos que puede afectarle a cualquiera. En ese sentido la pandemia lo globalizó todo porque encontramos los mismos contenidos que se viralizaban en África o en Asia, aquí en América. A medida que el virus avanzaba, avanzaban las narrativas desinformantes, solo que se iban traduciendo en idiomas o cambiando el nombre de los funcionarios. Eso mismo pasa en otras áreas, en el caso de las elecciones hemos identificado diez tipos de desinformaciones que se repiten en todos los países de América Latina y que estoy segura de que si hiciéramos un estudio factual, muchas de esas también veríamos en el proceso electoral de Francia o Suecia por ejemplo.

¿Quién se beneficia de estas desinformaciones?

En eso no podemos generalizar. El análisis dice que la desinformación circula por grupos de personas que quieren ganar plata o poder. A veces e beneficia el creador de un sitio falso que como logra más visibilidad, monetiza eso y logra que las plataformas le paguen porque tuvo clics. Por suerte, eso en los últimos años se fue reduciendo porque varias plataformas tomaron acción y no permite monetizar sitios que se dedican a publicar basura, pero en Youtube, por ejemplo, sigue pasando. En otros casos es poder, un candidato que quiere desprestigiar a un competidor, el oficialismo que quiere desgasta la oposición o el lobby que hace un grupo de empresas. Depende el caso, el beneficiado es uno u otro pero lo podemos resumir en dinero o poder.

Entonces, ¿Cómo entender la importancia de esta verificación de contenidos?

Porque los ciudadanos en democracia necesitamos confiar en el otro, en lo público y la desinformación mina eso, mina nuestra confianza. Si todo el tiempo tengo que dudar de todo, mi vida es menos apacible, cuanto más herramientas generemos en los ciudadanos para identificar cuándo una foto o video esté manipulado, sobre todo hoy en día que tenemos el teléfono en la mano y consumimos contenidos todo el día, debiéramos tener la capacidad de identificarlo a través de una alfabetización mediática informacional básica.

El guatemalteco Amilcar Chávez Barrera, de 42 años, fue condenado a 172 meses en prisión (14 años) por el tribunal del distrito Este de Virginia por coordinar el transporte de más de mil kilos de cocaína hacia Estados Unidos.

El Departamento de Justicia señala a Chávez como el “gerente de transporte marítimo” de una organización de narcotráfico que operaba desde las costas del pacífico centroamericano hacia Estados Unidos.

Su trabajo dentro de la organización criminal también era adquirir embarcaciones y reclutara miembros de la tripulación para el transporte marítimo de la droga.

“En este rol de liderazgo, Chávez trabajó para una célula de transporte marítimo contratada por la DTO (organización de narcotráfico por sus siglas en inglés) y manejó los barcos que recogían cargas de cocaína”, dice la comunicación oficial del Distrito Este de Virginia.

Chávez fue capturado el 21 de abril de 2020 en la aldea Las Morenas, en Iztapa, Escuintla para su posterior extradición.

Él es el tercero de seis integrantes de la estructura criminal, conformada por cinco guatemaltecos y un costarricense, en ser condenado.

Luis Pedro Fuentes Amaya fue condenado  192 meses (16 años) de prisión en julio de 2020 y Edi Donaldo Barrera Salguero fue sentenciado a 210 meses (17 años) en agosto de 2021.

El #MinisterioPúblico coordinó con la #PNC la aprehensión en aldea Las Morenas, Iztapa, Escuintla, la aprehensión de Amílcar Chávez Barrera quien tenía una orden de aprehensión con fines de extradición hacia los Estados Unidos de América por vínculos con el narcotráfico. pic.twitter.com/kYHgpW6wV4

— MP de Guatemala (@MPguatemala) April 21, 2020

Durante las últimas horas los cuerpos de socorro reportaron varios accidentes donde se vieron involucradas personas que se conducían en moto y se accidentaron contra una baranda, un arriate o una valla publicitaria.

Los hechos más lamentables son de una persona que colisionó contra un camión en la calzada Aguilar Batres y 34 calle de la zona 12. El motorista murió en el lugar mientras que el piloto del camión se fue a la fuga.

Ministerio Público sigue trabajando en área de calzada Aguilar Batres 34 calle zona 12.

Motorista falleció. Colisión motocicleta y camión (conductor escapó del área). pic.twitter.com/XiYRpcAkGC

— Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) December 5, 2021

El segundo fallecido se reportó en la avenida Petapa y 42 calle de la zona 12 luego de que se estrellara contra una valla publicitaria.

Motocicleta impactó contra pared publicitaria, informó Rigoberto Chavajay.

Falleció motorista. Avenida Petapa 42 calle zona 12, tramo norte. Ministerio Público está por finalizar diligencias. pic.twitter.com/sHBjrKxGTj

— Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) December 5, 2021

Más accidentes

Los Bomberos Municipales reportaron más accidentes durante la noche del sábado donde solo hubo gente herida.

En la sexta avenida y 21 calle de la zona 1, un motorista impactó contra un arriate y fue atendido por los cuerpos de socorro.

Mientras que en el Bulevar Liberación, otro motorista no se percató del paso a desnivel ubicado en el lugar y colisionó contra la baranda. Sin embargo, siguió su curso y calló al fondo del dentro del viaducto que conduce de zona 9.

Este accidente fue captado por transeúntes que grabaron videos y los publicaron en redes.

Durante la mañana de este domingo, los Bomberos Municipales Departamentales reportaron un accidente en el kilómetro 23 de la ruta Interamericana. Un vehículo atropelló a dos motoristas y luego cayó en un barranco dejando a las dos personas heridas las cuales fueron trasladadas al Hospital Roosevelt.

Según ha informado el Observatorio Nacional de Seguridad de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) a octubre del 2021 el tipo de vehículo que mayor se ve involucrado en hechos de tránsito son los motoristas con una incidencia de un 43.59% . Según informaron, la siniestralidad aumentó a octubre de este año a 4 mil 444 motocicletas accidentadas.

Kilómetro 23 Ruta Interamericana, dos motoristas resultan heridos al ser atropellados por vehículo el cual cae a barranco,@CBMDEPTAL realizan el rescate de dos motoristas y el conductor del vehículo, se trasladan a dos personas heridas al Hospital Roosevelt. pic.twitter.com/hiHubiY5P7

— BDepartamentales (@CBMDEPTAL) December 5, 2021

Estados Unidos, Brasil, México y recientemente Chile, son los países del continente americano que han confirmado casos de contagio de la nueva variante del coronavirus denominada ómicron.

El 26 de noviembre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó a esta nueva mutación del coronavirus como variante de preocupación por su transmisibilidad y en cuestión de una semana llegó a tener presencia confirmada en al menos cuatro países de América.

Ante la inminente llegada de un caso de contagio de ómicron en el país, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) dice estar monitoreando los casos para estar preparados al momento de confirmar uno. Sin embargo, esto no es suficiente para médicos expertos que piden que se acelere la vacunación.

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Aunque al momento aún no se conoce el impacto de esta nueva mutación, se cree que puede tener la misma transmisibilidad que la delta y que afecta en especial a quienes no están vacunados.

El epidemiólogo Erwin Calgua explicó que hay cuatro aspectos importantes a considerar de ómicron: que tan transmisible puede ser, que tan severa puede ser la enfermedad aún en los vacunados, qué posibilidad hay que la vacuna proteja ante esta nueva variante y que tanta resistencia puede tener al tratamiento de la enfermedad.

“Si fue decretada como variante de interés es porque puede tener todos estos aspectos, pero aún no tenemos información confirmada porque se sigue estudiando”, dijo.

A decir de Calgua, los médicos que han tratado a pacientes contagiados con ómicron han reportado que se trata de personas asintomáticas o con síntomas como dolor de cabeza, cansancio y dolor de cuerpo.

Las próximas semanas serán elementales en el mundo para saber el impacto de esta mutación de coronavirus, pero mientras tanto los casos se siguen confirmando en países más cercanos a Guatemala. Por ello, las infectólogas Iris Cazali y Alicia Chang hablan de reforzar la vacunación para que la mayoría de personas puedan tener la protección de las dos dosis.

Hasta el 4 de diciembre, el tablero del MSPAS reportaba 4 millones 163 mil personas vacunadas con esquema completo. Esto es poco menos de la mitad de la población meta que debe alcanzar la protección contra el covid-19, por lo que el riesgo de un aumento en las hospitalizaciones si hay contagio de ómicron es mayor.

“Si nosotros tenemos una tasa de vacunación del menos del 50 por ciento, el riesgo es mayor. Hemos visto que en otros países quienes están adentro de los hospitales son los no vacunados”, dijo con preocupación Cazali.

Por otro lado, Chang menciona que aunque aún no sabemos de la efectividad de las vacunas ante esta variante, es importante que las personas completen el esquema completo y quienes ya pueden optar por una tercera dosis, que lo hagan.

La infectóloga pediatra también agregó que es importante que los niños puedan estar al día en sus vacunas ante la llegada de esta variante.

Los médicos señalan como importante mantener el uso de mascarilla, el distanciamiento social y que las reuniones se hagan en lugares al aire libre. Pero lo más importante, mencionan, es que quienes hayan viajado en los últimos diez días es que mantengan un aislamiento voluntario y que eviten reunirse con más personas, sobretodo si dentro de los grupos hay personas no vacunadas o sin el esquema completo.

“Los médicos también han notado que la enfermedad se presenta de forma severa en jóvenes que no tienen las dos dosis o ninguna de ellas”, agregó Calgua.

Sin decretar nuevas medidas

Hasta el momento, las autoridades de Salud han dicho que las medidas de mitigación no se cambiarán y que continúan el monitoreo.

“No hay evidencia de mayor gravedad de los casos con esta variante, por lo que las disposiciones continúan igual”, respondió Lorena Gobern, jefa del departamento de epidemiología.

Por otra parte, el Instituto Nacional de Migración agregó que en el Centro de Recepción de retornados mantienen la realización de hisopados y vacunación.

Asimismo, la última restricción que decretó Salud es la entrada al país de personas cuya procedencia sea Sudáfrica, Namibia, Botswana, Mozambique, Lesotho, Zimbabwe, Eswatini y Egipto.

En los últimos días, un pueblo de Bali ha sido invadido por una lluvia de arañas que ha dejado el paisaje como una película de terror para todos los aracnofóbicos.

Aunque los insectos que cayeron desde el cielo no son venenosos, la cantidad de arañas que cayó fue suficiente para inundar los techos, calles y el cableado eléctrico de esta localidad.

El pueblo conocido como Kintamani sufrió de esta plaga, pero al parecer los lugareños se lo han tomado con tranquilidad. Según un video publicado en redes sociales, se puede ver que en los techos de las casas conectan con los cables de electricidad a través de las telas de arañas que tejieron estos arácnidos.

Come to fabulous #Bali, where you will relax in the company of thousands of #spiders who have invaded the local village pic.twitter.com/jqInvNR3Vy

— Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) November 30, 2021

En 2020 y en 2021, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibió 147 solicitudes de retiro de antejuicio contra los diputados del Congreso de la República, quienes a penas van por la mitad de su periodo legislativo.

De estos, solo cuatro procesos continuaron su curso y dos de ellos corresponden al diputado Aldo Dávila, quien en una denuncia la CSJ resolvió quitarle la inmunidad. La razón es por haber agredido a un agente de la Policía Nacional Civil durante una protesta frente al Congreso.

La otra denuncia, que está en trámite, corresponde a un señalamiento hecho por el MP por un supuesto maltrato que hizo en una inspección ocular que realizó esta instancia en un caso por invasión a propiedad privada.

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Los otros dos procesos de antejuicio se llevan contra el diputado de Viva, Rudy Wostbeli Gonzalez Cardona, por señalamientos de cobros que hizo a personas para obtener plazas en entidades estatales, y contra Mario Taracena de la Unidad Nacional de la Esperanza que es denunciado por el abogado Llurandir Aleksander López Sandoval.

El antejuicio contra Wostbeli González se presentó en junio de este 2021 y sigue en pesquisas, mientras que según la página del Organismo Judicial, a Taracena le declararon su solicitud de antejuicio como “ha lugar con formación de causa”, aunque según el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) aún no ha sido notificado sobre ello.

Los inlímine

Aunque el Ministerio Público es la institución que más recursos contra los diputados presentó, la mayoría de estos fueron rechazados y las causas contra Dávila son de las que más han avanzado.

En el 2020 se presentaron 110 solicitudes de antejuicio contra diputados, de las cuales 92 correspondían a una denuncia interpuesta por la Fiscalía de Delitos Administrativos en hechos relacionados a la negativa de elegir a los magistrados de cortes pese a que existe una orden de la Corte de Constitucionalidad para ello.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió no dar trámite a todas estas solicitudes, mientras el Congreso lleva más de dos años sin atender la elección de cortes.

Otro paquete de antejuicios que fue rechazado in límine fue el presentado por la excandidata presidencial de la UNE, Sandra Torres, contra los diputados de su mismo partido Óscar Argueta, Carlos Barreda, Mario Taracena y Karina Paz.

Otto Gómez contra los diputados

Durante el 2021, el OJ registra 37 procesos de antejuicio contra los diputados y es el polémico abogado Otto Rolando Gómez García quien ha presentado una veintena de ellos.

Gómez actualmente se encuentra ligado a proceso y bajo prisión sindicado de los delitos de obstaculización a la acción penal en forma continuada, simulación de delito, agresión sexual, discriminación y amenazas.

La Fiscalía contra el Crimen Organizado lo señala de participar sistemáticamente contra la justicia presentando solicitudes de antejuicio basado en circunstancias espurias e ilegítimas. En los últimos cinco años Gómez presentó 37 solicitudes de antejuicio contra diversos actores.

Veinte de estas solicitudes fueron por el delito de sedición contra diputados de las bancadas Semilla, Movimiento de Liberación Popular (MLP), Winaq, Unidad Nacional contra la Esperanza (UNE), Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), Prosperidad Ciudadana, Podemos, Unionista, Partido de Alianza Nacional (PAN), Valor y uno contra un diputado del partido oficialista Vamos.

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Aunque los legisladores consultados señalan que estos procesos de antejuicio fueron rechazados, aún están registrados en la página oficial del Organismo Judicial como si estuvieran en trámite.

Aunque los antejuicios también son utilizados para sacar de la contienda electoral a rivales políticos y esto podría ser el objetivo de dirigirlos contra el diputado Dávila, el abogado y analista Edgar Ortiz explica que es contra los funcionarios municipales con los que se ha presentado este recurso para que no obtengan su finiquito y así no participar en las elecciones.

“Lo que me llama la atención es que la mayoría de las denuncias son absurdas, incluyendo el paquete de antejuicios de Otto Gómez. Pero también es la celeridad con la que han tramitado las denuncias contra Dávila”, reaccionó Ortiz.

Ha decir de Ortiz, el antejuicio tiene un fin y es no interferir con el trabajo de los diputados con denuncias espurias “aunque a veces se convierte en un caparazón de impunidad”, aclara. Tal es el caso de las denuncias presentadas contra el diputado Felipe Alejos y que fueron rechazadas en cuatro ocasiones o en el caso del diputado Jorge de Jesús García Silva que es señalado por el MP de dirigir una red de corrupción en el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Isivumeh), pero que aún no se han presentado cargos en su contra.

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“Sabemos que hay quienes ocupan cargos públicos que caen en abusos de autoridad y que se resisten a impulsar procesos de investigación y por otro lado hay una infinidad de antejuicios que no prosperan”, dice Geidy De Matta, directora del Instituto de Investigación de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (IPNUSAC).

A decir de Matta, en contienda electoral se utilizan recursos superfluos para obstaculizar procesos de inscripción, por ello la fiscalización ciudadana debe enfocarse en estos procesos para determinar en dónde están las intenciones de los procesos de antejuicios que se presenten.

“En la medida que estos antejuicios no vayan acompañados de procesos de investigación serios que le permitan a un juez a determinar resoluciones objetivas, no pasa a ser más que un show político”, agrega.

En diciembre, miles de trabajadores del sector formal del país reciben una remuneración que resulta ser un respiro para los gastos de fin de año e inicios del año siguiente. Se trata del aguinaldo, una prestación irrenunciable de pago obligatorio que está contenido en la Ley Reguladora de la Prestación del Aguinaldo.

Según este decreto, el aguinaldo se debe calcular sobre el salario devengado, es decir, el que fue establecido en el contrato o relación laboral.

La ley menciona que la continuidad del trabajo no se interrumpe por licencias con o sin goce de salario, suspensiones individuales y colectivas, parciales o totales de que haya gozado el trabajador durante el transcurso de su relación laboral.

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De esta forma, el aguinaldo corresponde a un salario o sueldo ordinario recibido durante un año a partir del 1 de diciembre al 30 de noviembre.

Datos del Instituto Nacional de Estadística señalan que tan solo el 34.7% de población económicamente activa estaba en la formalidad hasta el 2019, que es el grupo que alcanza este beneficio.

Por ser una remuneración obligatoria, si el trabajador no recibe el 100% del aguinaldo podrá denunciar a su patrón en el Ministerio de Trabajo.

Para que las empresas no caigan en incumplimiento con la ley, la normativa permite que se pague el 50% en la primera quincena de diciembre y el resto en la primera quincena de enero.

Según indicó el Ministerio de Trabajo (Mintrab), la Inspección General de Trabajo está preparada para realizar a partir de este 16 de diciembre 1 mil verificaciones y 1 mil 300 más durante enero.

Esta fue la misma meta que tuvo el Mintrab durante el 2020. Para el año 2019, la Inspección visitó tres mil 863 empresas, de las cuales el 17.9% fueron prevenidas, es decir, tuvieron un plazo de ocho días para cumplir. El 70% de las empresas cumplieron con el pago y el 13% fueron sancionadas por incumplimiento.

Entre los hallazgos que los inspectores han encontrado para la falta del pago del aguinaldo son, por ejemplo, en el sector maquila, que a la fecha del cumplimiento del pago indican que aún no reciben los depósitos de la mercadería que fue comprada por sus clientes.

En el sector comercio o servicios, algunos refieren que no hicieron la provisión de dicha prestación, razón por la cual no pueden pagar o bien, que harán efectivo el 100% del pago de aguinaldo en la primera quincena de enero.

Según establece la ley, los empleadores pueden pedir una exención del pago al Mintrab, con la salvedad que serán fiscalizados para validar las razones por las que la empresa no tiene la capacidad para cumplir.

1. Denuncia. Si el empleador no paga el aguinaldo cuando corresponde, el trabajador puede acercarse a cualquier sede departamental del Mintrab y poner una denuncia en la Inspectoría General de Trabajo.
2. Verificación. Después de la denuncia, la Inspectoría General deberá hacer la verificación en la empresa para percatarse del incumplimiento del empleador.
3. Inspecciones. Aunque no exista denuncia, la Inspección General de Trabajo realiza más de dos mil operativos institucionales en diciembre y enero para establecer el cumplimiento del pago.
4. Inspecciones. Aunque no exista denuncia, la Inspección General de Trabajo realiza más de dos mil operativos institucionales en diciembre y enero para establecer el cumplimiento del pago.
5. Sanción. Si al concluir el plazo el empleador no ha cumplido, el empleador será sancionado con una multa de 8 hasta 18 salarios mínimos.
6. Cómo demostrarlo. Es importante que el empleador demuestre el pago del aguinaldo con la constancia bancaria, con la firma o impresión digital del
   trabajador. De lo contrario, se tomará como no pagado.
7. Forma de pago. La primera parte del aguinaldo se puede pagar en la primera quincena de diciembre y la segunda en la primera quincena de enero.
8. Prohibido. El artículo 8 de la Ley Reguladora de la Prestación del Aguinaldo, queda prohibido sustituir el aguinaldo con el pago en especie.

En el Día Nacional del Periodista en Guatemala el gremio periodístico ve con preocupación cómo el actual gobierno sigue la misma tendencia que países vecinos como El Salvador y Nicaragua que limitan el libre acceso a la información y donde proliferan los ataques contra reporteros y medios de comunicación.

El Observatorio de los Periodistas de la Asociación Guatemalteca de Periodistas (APG) denuncia que solo durante el gobierno de Alejandro Giammattei se han registrado 265 ataques contra la prensa de distinta índole. Este año, hasta el 31 de octubre de 2021 se registraron 116 actos que vulneran el trabajo periodístico.

Durante el 2020 se registraron 149 casos que atentan contra la prensa. Los eventos más violentos se registraron durante las protestas del 21 y 28 de noviembre donde salió herido el fotoperiodista Carlos Sebastián, cuando un policía lo golpeó en la cabeza mientras fotografiaba la aprehensión de un manifestante.

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En la segunda protesta, el 28 de noviembre, al menos cinco periodistas fueron agredidos verbal y físicamente por manifestantes encapuchados y violentos mientras cubrían esos eventos.

El reporte de la APG señala que de los hechos denunciados en el 2021, 48 casos están involucradas directamente las autoridades de Gobierno, fuerzas de seguridad y empleados públicos de instituciones como el Ministerio Público, Ejecutivo, Organismo Judicial y Congreso de la República.

Los ataques a los que hace mención la APG van desde limitar el acceso a información pública con criterios antojadizos, evitar que ciertos periodistas cubran actos oficiales, no hacer conferencias de prensa, hasta amenazas y campañas de desprestigios en redes sociales y agresiones físicas contra profesionales que cubren protestas.

“Estas cuentas no solo buscan menoscabar la imagen de sus víctimas, sino además influir en el pensamiento de la población para que consideren a los periodistas enemigos del gobierno, divulgadores de falsas noticias y responsables de los falsos delitos de los que se le imputan”, resalta la APG con relación a las campañas de desprestigio que se movilizan en redes sociales

El informe de la APG resalta cómo el gobierno quería imponer una censura generalizada a través del Decreto 6-2021, el cual imponía un estado de Calamidad que ordenaba a los órganos de publicidad, medios de comunicación y difusión a “evitar las publicaciones que puedan generar confusión, pánico o agraven la situación”.

Este decreto causó un repudio generalizado y estuvo vigente pocos días.

“Es urgente que el gobierno deje de hostigar a periodistas independientes, asegure que haya fondos suficientes para investigar los ataques contra ellos y proporcione a la población guatemalteca acceso a información oportuna y completa sobre las acciones del gobierno para enfrentar la pandemia de Covid-19”, dijo la organización Human Rights, a inicios de este 2021, al conocer cómo durante el gobierno de Alejandro Giammattei se exacerbaron los ataques a la prensa.

“No son pocos los casos donde autoridades antojadizamente vedan el acceso a información pública o actividades donde participan funcionarios, emplean el derecho penal para censurar, emiten comentarios despectivos y estigmatizantes que puedan exacerbar el sentimiento de sus correligionarios o población hacia los reporteros y repercutir en una agresión mayor, o emplean a las fuerzas de seguridad para golpear o acosar a los reporteros”, resalta el informe de la APG.

Denuncias recibidas por la Fiscalía de Delitos Contra de Periodistas#DíaDelPeriodista #LibertadDeExpresión #NoNosCallarán pic.twitter.com/Nnf9FhsE8B

— Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) (@APG_1947) November 30, 2021

Cambios en la ley de información pública

En noviembre del año pasado se intentó por última vez realizar cambios a la iniciativa 5792, que busca modificar la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.

La iniciativa cuenta con un dictamen favorable y tan solo falta que se incluya en las sesiones parlamentarias para su aprobación.

Actualmente el control de la ley descansa en la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), pero el documento busca la creación de la Secretaría Técnica Nacional de Acceso a la Información Pública, una nueva entidad para el control de la ley que estaría regida por el Congreso de la República.

La propuesta de ley fue impulsada por el diputado José Alejandro de León, del bloque Podemos, quien en noviembre del 2020 defendió su proyecto afirmando que tan solo buscan fortalecer el acceso a la información, dándole mayor autonomía con un nuevo ente rector.

Sin embargo, a criterio de organizaciones sociales, la iniciativa tan solo disfrazaría un intento político por restringir la información, lo que aseguran tendría un efecto directo sobre la libertad de prensa en Guatemala, algo que indican es necesario para el ejercicio pleno de la democracia

Información clasificada

El artículo 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública señala en qué casos se puede considerar información reservada, entre esos los relacionados con asuntos militares o diplomáticos clasificados como de seguridad nacional, sin embargo, en los últimos años la confidencialidad de la información ha sido utilizada de manera dudosa, impidiendo que la ciudadanía tenga acceso de primera mano a datos que permiten entender la ejecución gubernamental.

Durante la pandemia, puntualmente, el contrato de negociación y compra de las vacunas Sputnik V, ha sido clasificado como confidencial por las autoridades ministeriales y avalado por la Presidencia, evitando de esa forma, incluso, compartir con la propia Contraloría General de Cuentas o el Ministerio Público detalles de los acuerdos.

Este matutino ha presentado solicitudes de información pública y recursos de revisión para poder acceder tan solo a los nombres de las personas que han hecho las negociaciones, con el único fin de entender quiénes representaron los intereses del Estado en una millonaria negociación, sin embargo, las autoridades ministeriales han rechazado todas las solicitudes.

Otro ejemplo es el Ministerio de Educación, que actualmente negocia de forma confidencial las condiciones de un nuevo pacto colectivo con el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (Steg), cuyo líder es Joviel Acevedo.

También el Tribunal Supremo Electoral decidió, en abril pasado, declarar en reserva sus investigaciones, decisión que fue criticada por abogados expertos en Información Pública como una decisión contraria al margo legal del país.

Agresiones contra periodistas

Durante las actividades del Bicentenario en Iximché, Chimaltenango, un miembro de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) golpeó a un reportero cuando éste intentaba entrevistar a Luis Miguel Martínez, ex jefe del extinto Centro de Gobierno y allegado a Giammattei.

En junio, el reportero de Canal+, Jorge Roldán, fue agredido por una médica responsable del centro de vacunación de Chinautla. Cuando quería informar sobre la supensión de la jornada de vacunación para adultos mayores le arrebataron el teléfono.

Héctor Cordero, corresponsal de Prensa Libre en Quiché fue agredido por un empleado gubernamental cuando intentaba entrevistar al ministro de Comunicaciones, José Lemus.

En octubre, durante la toma del Congreso, por veteranos militares, seis periodistas fueron agredidos y alcanzados por hondas y palos. Al fotoperiodista Esbin García lo rodearon cuatro hombres vestidos con atuendos militares quienes le pegaron e intentaron

robar su cámara. Mientras los veteranos agredían a agentes de la PNC, el fotoperiodista David Sanchinelli, quien grababa el suceso también fue atacado y los veteranos le destruyeron su equipo.

Contra comunicadores

El polémico abogado Otto Gómez, ligado a la Fundación contra el Terrorismo, y quien actualmente se encuentra en prisión, interpuso una denuncia el 17 de julio contra comunicadores, activistas y periodista por el delito de “sedición y terrorismo”. Algunos de los denunciados fueron Sam Chum, Luis Assardo, Juan Carlos Sandoval, Enrique Godoy entre otros.
La Fiscalía General ordenó que se reactivara una investigación contra el presidente de El Periódico, José Rubén Zamora, que inició en 2013 pero que había sido clausurada por falta de elementos para la persecusión penal y amenazó con embargar las cuentas del medio.
La directora de Comunicación Social del Congreso, Joselyn Fernanda Mérida, denunció penalmente a los periodistas Marvin del Cid y Sonny Figueroa por supuestos delitos de violencia contra la mujer después que publicaran un reportaje sobre cómo desde el Legislativo se crean campañas de difamación contra la oposición.
En un caso similar, la directora del Instituto de la Víctima, Alejandra Carrillo, denunció a los directores de La Hora por violencia contra la mujer, luego que el medio publicara actos de corrupción y nepotismo que involucran a Carrillo.

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Limitaciones a la prensa

El 18 de marzo, empleados gubernamentales impidieron que reporteros que cubren el Ejecutivo pudieran acceder a una reunión que el presidente Alejandro Giammattei tenía con alcaldes; al ingresar al Palacio Nacional, los llevaron a otra reunión para evitar que abordaran al presidente. La entonces Secretaria de Comunicación, Patricia Letona, se justificó diciendo que era una “reunión técnica”.
Comunicación Social de la Corte de Constitucionalidad restringió la participación de periodistas en el chat institucional para evitar que los comunicadores cuestionaran la juramentación del magistrado Néster Vásquez debido a que integra la lista Engel de corrupción.

El 13 de abril, durante la toma de posesión de los magistrados de la CC, agentes de la PNC quisieron impedir la entrada de reporteros al Palacio Legislativo colocando vallas y prohibiendo la entrada al lugar de cualquier persona, incluyendo a los reporteros que cubren la fuente. Cuando fue cuestionado por esto, el presidente del Congreso Allan Rodríguez, arremetió contra la periodista.

El Tribunal Supremo Electoral también ha sido denunciado por no dar información sobre las investigaciones que realiza a los partidos políticos.

En Quetzaltenango y Sololá

A inicios de noviembre agentes de la PNC retuvieron en una estación policial de Quetzaltenango al periodista Rubén Jocol por haber grabado una captura mientras cubría un hecho de tránsito. La Asociación de Periodistas de Quetzaltenango denunció cómo la PNC sometió con violencia a Jocol para esposarlo, lo retuvieron por 45 minutos en la comisaría y lo obligaron a borrar todo el material periodístico para dejarlo en libertad.

En Sololá, tres reporteros de distintos medios locales fueron agredidos por integrantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, quienes se oponían a la cobertura periodística de las audiencias judiciales de un polémico caso familiar y el proceso contra un exlíder de Cocode. Los comunicadores fueron obligados a borrar las publicaciones que habían hecho en su página y los amenazaron a firmar un acta donde señalaban que la notica era falsa. Otros reporteros también fueron amenazados por lancheros del Lago de Atitlán luego que una persona muriera en la desembocadura del río San Francisco, para que no cubrieran el hecho porque les daría “mala fama”. Los reporteros fueron recibidos a empujones, los intimidaron y su equipo fue arrojado al suelo para evitar que documentaran el hecho.

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Caso El Estor

El 22 de octubre, durante el desalojo que la PNC hizo contra comunitarios en El Estor, Izabal, que manifestaban contra la minería, las fuerzas de seguridad agredieron a los periodistas de Prensa Comunitaria Nelton Rivera, Carlos Choc y Juan Bautista Xol, así como un reportero extranjero que no identificaron por seguridad.

La policía intentó en varias ocasiones tapar las cámaras de los periodistas para que no grabaran y arrebataron parte del equipo. A Choc, la policía lo golpeó y arrebató su celular y un micrófono. También denunciaron que la policía arrojó, de forma discrecional, bombas lacrimógenas a donde se encontraban los reporteros.

Cuando continuó el desalojo, el 23 de octubre, la policía siguió amenzando a los periodistas para que no grabaran ni tomaran imágenes.

Al ser decretado el estado de Sitio en el lugar, aumentó el acoso y la policía junto al Ejército allanaron la vivienda de Choc, además de las instalaciones de la radio comunitaria Xyaab’ Tzuultaq’a. Sin ninguna razón, los agentes decomisaron el teléfono celular de Xol y tomaron distintas fotografías de sus pertenencias con el objetivo de criminalizarlo.

En el caso de Bautista Xol, la mañana del lunes 25 de octubre, alredeodr de 29 elementos policiales allanaron su casa, lo retuvieron por varias horas y le decomisaron su teléfono, el cual fue devuelto varios días después.

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Campañas de desprestigio

Las campañas de difamación, desprestigio y acoso en plataformas digitales y redes sociales se han constituido como una de las principales agresiones contra periodistas, comunicadores sociales y medios de comunicación.

Estos actos de acoso afectan a las mujeres periodistas debido a que se construyen campañas para minar su reputación con burlas sexistas, misóginas y racistas en el caso de los profesionales indígenas. La APG ha identificado acoso contra la corresponsal de CNN en Español, Michell Mendoza y contra los periodistas independientes Jody García, Francelia Solano, Marvin Del Cid, Sonny Figueroa y Carolina Gamazo. Estos ataques incluyen falsas acusaciones por delitos como cobro de sobornos, tráfico de influencias, pornografía y pederastia. En las últimas emanas, el periodista Juan Luis Font ha sido víctima de estas campañas que buscan ligarlo a actos de corrupción que involucran a Alejandro Sinibaldi. También se denunció la creación de una página web que simulaba ser la página real de Prensa Libre para divulgar información falsa relacionada a la lista Engel y a supuestos señalados por corrupción.

Los ataques a las páginas web también los sufrieron medios como La Hora, El Periódico y No-Ficción.

A un año de las protestas del 21 de noviembre, el equipo de fiscales que trabaja para dilucidar las responsabilidades de quienes cometieron abuso de la fuerza pública presentó los primeros avances de su trabajo que deja más preguntas que respuestas sobre el interés del Ministerio Público en este caso.

Durante las protestas de aquel sábado, un grupo de personas incendió una de las oficinas del Congreso frente a la presencia policial que se encontraba en el lugar. Lejos de responder ante esto, grupos de antimotines empezaron a reprimir a quienes manifestaban pacíficamente en la Plaza Central y a sus alrededores, capturando a 43 personas.

Aunque estas personas recobraron su libertad días después, en las audiencias de primera declaración se demostró que las detenciones estuvieron llenas de irregularidades, por lo que los jueces a cargo de escuchar a los detenidos certificaron lo conducente para que se investigara la cadena de mando policial.

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Mientras un juez sobreseyó la persecución penal contras los capturados del 21 de noviembre, aún no se tiene respuesta de lo que pasa con los agentes que debían ser investigados por abuso de la fuerza pública, falso testimonio, abuso de autoridad, detenciones ilegales, entre otros delitos.

“El fiscal me dijo que ya tenían las cámaras de Emetra donde se ve muy bien el momento en que me detuvieron, pero cuando les pregunté cuándo procederían contra los agentes me dijo eso todavía lo tenemos que ver”, dijo una de las personas capturadas hace un año que pidió no publicar su nombre por temor a que el MP actúe en su contra.

Según explicó, esa conversación fue en marzo de este año y al momento no ha habido ningún avance.

Esta persona dice que él no se encontraba en la Plaza Central manifestando cuando lo capturaron y que escuchó el nombre del agente que lo capturó. “Escuché cuando alguien lo llamó por su nombre, lo identifiqué y se los dije a los fiscales y solo me dijeron que ya sabían de quién se trataba, al parecer es un alto mando”, agregó.

En respuesta a los hechos reportados el 21 de noviembre, el MP formó un equipo de investigadores de las fiscalías de Delitos contra la Vida, de Distrito Metropolitano, de Delitos contra Periodistas, contra la Extorsión, contra Delitos Administrativos y la Fiscalía contra el Patrimonio Cultural.

La abogada Jovita Tzul, quien representa a Claudia Salguero y a su hija Mavelyn Guzmán que fueron detenidas cuando ayudaban a las personas afectadas por los gases lacrimógenos, explicó que presentaron una denuncia colectiva por medio de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua) para que se individualice a los agentes captores y se identifique a quien estaba al mando de las operaciones de ese día.

Según otra fuente, el MP tiene en su poder fotogramas de los videos que captaron las cámaras que están instaladas en el Centro Histórico, además de la reconstrucción robótica del rostro de los agentes que tiraron los gases lacrimógenos que provocaron que uno de los manifestantes perdiera un ojo. Aún así, no se han girado capturas.

“Ellos tienen los suficientes insumos para hacer la persecución penal, pero es lamentable la forma tan selectiva y desproporcionada de cómo está actuando la justicia penal en estos casos”, agregó Tzul.

La abogada se refiere a las capturas que coordinó el MP el 24 de noviembre donde allanaron la vivienda de la activista indígena Nanci Sinto y del muralista Juan Francisco Monroy a quienes se les ligó a proceso por el delito de depredación del patrimonio cultural por las pintas que se realizaron en una de las paredes del Congreso de la República.

A decir del fiscal Jorge Alberto De León, que estuvo en la audiencia de primera declaración de Sinto y Monroy, lograron ejecutar la persecución penal contra ellos gracias al material audiovisual que proporcionaron “de forma voluntaria” fotoperiodistas que cubrieron los hechos del 21 de noviembre.

Sin embargo, los fotógrafos que colaboraron enviando el material indican que fueron presionados por el fiscal Henry Monroy que se identificó como parte de la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, asegurando que dicho material era par denunciar la represión policial ejercida contra un el fotoperiodista Carlos Sebastián.

Pero por el contrario, el material ha sido usado para la persecución de Sinto y Monroy.

¿Han logrado establecer la cadena de mando de los agentes involucrados en las capturas del 21 de noviembre? ¿Por qué están usando material que entregaron fotógrafos de forma voluntaria para investigar las agresiones contra los periodistas para perseguir a los manifestantes? Si ya se identificó a los agentes ¿por qué no hay capturas? ¿A cuántos agentes están investigando por abuso de la fuerza pública?

Estas preguntas fueron trasladadas a la Fiscalía de Delitos contra la Vida, que coordina al equipo de investigadores a cargo de los hechos de ese día, pero respondieron que no pueden dar información porque “implica datos sensibles que pueden afectar el curso de la investigación”.

En los últimos siete días, el Sistema de Alerta Alba Keneth reportó la desaparición de 17 niños al día. Del 8 al 14 de noviembre se activaron 121 alertas y aunque mencionan que en esa misma cantidad de tiempo localizaron a 39 niños, estos no corresponden a quienes desaparecieron en esos días.

En el caso de las mujeres adultas, la alerta Isabel Claudina reporta la desaparición de cuatro mujeres todos los días y aunque el 89 por ciento de las alertas son desactivadas, aún hay 673 mujeres de las cuales no se sabe su paradero.

Bajo este panorama, un grupo de hackers se ha unido para utilizar herramientas digitales que recopilan información pública para analizar los datos y convertirlas información útil.

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Estos tecnológicos trabajan desde el ámbito privado, pero proponen que las plataformas que utilizan sean también usadas por los entes encargados de la investigación penal para unir esfuerzos en la localización de las personas, en especial de las niñas, niñas y mujeres que ocupan el mayor porcentaje de desapariciones.

“Hay mucha tecnología que no está siendo explotada y en estos casos las tecnologías de la información se vuelven una herramienta vital para compartir información relevante y lograr localizarlos en el menor tiempo posible”, dice Armando Monzón del Instituto Nacional de Ciberseguridad.

A decir de Monzón, las Tics (tecnologías de la información y comunicación) son de utilidad por los tiempos críticos que atraviesan la sociedad y el ciberespacio.

Lo importante, dicen es que en el caso de las desapariciones, entre más información se comparta en las redes, más rápido se puede procesar. Algo elemental son fotografías claras que ayuden a hacer un análisis de imagen.

La huella digital

Pero algo importante también es el rastro que deja la persona en el ciberespacio y que puede ser fácilmente rastreable a través de geolocalización.

Jorge Martín Vila, coordinador de Missing Children Argentina, explica que no es lo mismo la desaparición de una mujer de 70 años que la de una persona de 16 años, “la huella digital es muy diferente”, explica.

En el caso de los niños, las plataformas de juego en línea resultan útiles porque pueden dejar un hilo de información de los usuarios que comparten con el infante.

Identificar los espacios cibernéticos en el que las personas se mueven, los usuarios con los que se relacionan y quienes reaccionan a las publicaciones de su desaparición que dejen información importante de la última vez la vieron puede ser útil para localizar a alguien. Pero para ello no solo se necesita de la tecnología, sino de expertos que ayuden a analizar toda esa información.

Ángel Salazar, experto en ciberseguridad agrega que el motivo de su trabajo es ayudar en los esfuerzos del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. “Sabemos que el MP tiene peritos informáticos, pero en la búsqueda de herramientas abiertas lo que se necesita es gente, que sumemos esfuerzos”, agrega.

Un bot que ayuda

Herber Orellana es un informático guatemalteco que creó el @botaparece. Un bot es un programa informático que efectúa tareas automáticas a través de una cadena de comandos.

Este bot está ayudando a divulgar información de personas desaparecidas a través de Twitter desde el 2020 ante el aumento de alertas que se activaron durante la pandemia.

“He visto una tendencia que a las personas que tienen a alguien cercano desaparecido son quienes más comparten las alertas y esto nos da una relación entre los usuarios y las personas desaparecidas y eso nos ayuda a hacer una trazabilidad entre sus seguidores. Aunque no sabemos los motivos de su desaparición, se puede usar esta información”, explica Orellana.

Este bot se activa utilizando las etiquetas #AlertaIsabelClaudina #AlertaAlbaKeneth #botApareceGT en la publicación de un tuit. Con filtros que se han ido implementando para evitar información falsa o con contenido pornográfico, Orellana espera que esta red sea una herramienta social más activa y que se convierta, también, en una plataforma que ayude a la localización de hombres adultos que no cuentan con una alerta específica como en el caso de los niños y las mujeres.

“Hay que entender que la comunidad hacker es muy diferente a la delincuencia, somos personas curiosas e interesadas por la información”, finaliza Martín.

Siendo Guatemala uno de los lugares más violentos para ser mujer en la región, con 446 mujeres muertas de forma violenta en lo que va del año, es un país que no cuenta con una medición específica que monitoree, analice y documente todos los tipos de violencia que se ejercen.

Aunque las entidades del sistema de justicia tienen datos sobre denuncias relacionadas a agresiones sexuales, violaciones y femicidios, esto no representa la magnitud del problema.

Según la última Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI), solo el 36.8% de mujeres que reconoció haber sido víctima de algún tipo de violencia, dijo haber buscado ayuda. Pero esto tampoco quiere decir que hayan denunciado.

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Es decir, de cada 10 mujeres víctimas, 4 buscan ayuda en algún círculo de confianza y son menos aún las que se acercan al Ministerio Público a denunciar.

Este subregistro ya se ha normalizado y para entender la magnitud del problema es que varias organizaciones piden que en el país se realice una encuesta específica, una tarea que tendría que estar a cargo del Instituto Nacional de Estadística (INE).

“La única medición que nos permita ver el total de hechos de violencia contra la mujer sería la encuesta específica porque no todos los datos vienen de una denuncia en el MP, tampoco hay datos específicos que nos digan en realidad el número de mujeres jóvenes que tuvieron un embarazo producto de una violación sexual”, explica Pablo Salazar, representante de país del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).

Esta encuesta específica ya se realiza en países como España, México y El Salvador, sin embargo, en Guatemala no existe, aunque el INE asegura que ya tenían planeado hacerla pero la pandemia y la inestabilidad en la Secretaría Presidencial de la Mujer se los ha impedido.

“Guatemala ha sido el único país en el mundo que detuvo su producción estadística por la pandemia”, dijo la investigadora Karina Peruch.

Evelyn Chacón, directora de Índices e Indicadores Económicos del INE, explicó que la puesta en marcha de una encuesta específica requiere de planificación y de un presupuesto específico.

“Por su naturaleza, es aún más compleja que cualquier encuesta de hogares. Por lo que se deben considerar más aspectos como la seguridad tanto de la persona encuestada, como de la encuestadora, por lo que se requiere del apoyo de más instituciones y de un presupuesto más elevado en comparación con las otras encuestas de hogares”, dijo.

Chacón agregó que esperan que se estabilice la Seprem y la comunicación interinstitucional para poner en marcha dicha encuesta.

¿Qué datos hay?

Peruch explica que los registros que existen en el país son del sistema de justicia, sin embargo, estos están vinculados directamente a una denuncia y a una sentencia. Estos números no logran presentar un panorama real.

La investigador explica que para recabar información, el primer nivel de fuentes de información, es decir, las más cercanas a la población, son los servicios de salud; el segundo nivel son los registros que se dan en el sistema de justicia, es decir, las denuncias; y el tercer nivel son las sentencia. “Si analizamos solo la parte judicial, solo estamos viendo la parte visible del problema. Hay mujeres que no reconocen el ejercicio de la violencia, que no saben que si sus maridos les deben de dar permiso para ir donde el doctor o hacerse algún procedimiento médico, eso es violencia”, agrega.

En el país, la ENSMI empezó a recabar información sobre violencia intrafamiliar en 1999. En el 2008 se incorporó la respuesta masculina, es decir, hombres víctimas de violencia.

LA ENSMI proporciona información sobre si la persona ha sufrido de eventos de violencia en algún momento de su vida y en los últimos 12 meses, mujeres que han experimentado todo tipo de violencia por cualquier persona y proporción de mujeres víctimas de parte de la pareja.

Según la última encuesta realizada en el 2014, una de cada cinco mujeres ha experimentado violencia física desde los 15 años y en caso de mujeres separadas o divorciadas, la cifra se eleva a una de cada dos.

Sin embargo, la Ensmi solo mide mujeres y hombres de 15 a 45 años, excluyendo a las víctimas niñas que sufren, también, de embarazos producto de violaciones.

“Cuando se habla de violencia intrafamiliar esto incluye a otros sujetos que tengan una relación intrafamiliar, es decir hombres, personas ancianas, niños o demás que vivan bajo un mismo techo y esto diluye la violencia contra mujeres y niñas. Por eso es necesario una encuesta específica porque las causas son distintas”, explica Hilda Morales, abogada especialista en derechos de la mujer.

Morales explica que esta encuesta permitirá medir la violencia cibernética, política, psicológica, entre otras, para crear políticas y hacer investigaciones para erradicar este problema.

Mientras el Ministerio Público ha registrado 56 mil mujeres víctimas de violencia durante este 2021, el Congreso de la República decidió expulsar del proyecto de presupuesto a la Asociación Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM) que ayuda en la atención de 12 mil mujeres víctimas aproximadamente.

GGM se encuentra dentro del asignaciones especiales del Ministerio de Gobernación y recibe del Estado Q9 millones para el funcionamiento de los Centros de Apoyo Integral para Mujeres (Caimus) que están ubicados en Suchitepéquez, Rabinal (Baja Verapaz), Escuintla y Guatemala. Estos últimos dos departamentos son los que mantienen alta incidencia en delitos contra las mujeres.

Desde hace tres gobiernos, esta organización ha recibido presupuesto del Estado para la atención de mujeres víctimas. En la administración de Carlos Menocal al frente del Ministerio de Gobernación, en el 2010, el presupuesto asignado pasó de ocho a nueve millones de quetzales, pero en los últimos años, la asignación de estos recursos ha sido tardía.

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En su lugar, los diputados prefieren beneficiar al Instituto de Justicia Ciudadana (Injuci) con tres millones de quetzales.

Este instituto no tiene página web y su perfil creado en Facebook se encuentra desactualizado, la última publicación se generó en 2016 y en el teléfono que aparece para obtener información manda a buzón.

Se definen en su página de Facebook como una “asociación no lucrativa que presta servicios gratuitos a personas en pobreza y pobreza extrema para plantear acciones legales en beneficio de la sociedad”.

Esta no es la primera vez que los diputados desean excluir a una organización que lleva 30 años trabajando en la atención de mujeres para privilegiar a Injuci. En el 2019 la Comisión de Finanzas Públicas deseaba darle Q6 millones. Para ese entonces se conoció que uno de los fundadores, presidente y representante legal de la organización era Radge Rivera Aquino, quien fue aspirante a magistrado de la Corte de Apelaciones.

En el 2018, Rivera Aquino presentó una acción de inconstitucionalidad contra la prohibición del transfuguismo establecida en las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. También trabajó en el Ministerio de Desarrollo Social en el gobierno de Jimmy Morales y en Guatecompras aparece su contratación por servicios profesionales en la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia en febrero y abril de 2020 por Q60 mil.

Por no haberse aprobado el proyecto de presupuesto en los últimos dos años, el Inceju no recibió el dinero que proponían darle los diputados. Ahora, para este 2021, la Comisión de Finanzas y Moneda espera favorecerlo con Q3 millones a costa del cierre de los centros que coordina GGM.

En riesgo atención de mujeres

“No nos pueden decir que estamos pidiendo dinero para algo que no es porque hemos demostrado dar la atención las 24 horas a las mujeres que necesitan refugiarse, para nosotras no hay noches ni feriados, a la dimensión del problema no nos pueden quitar recursos”, reaccionó Giovanna Lemus, directora de GGM.

Lemus dice que en los últimos años han querido asfixiar la organización al no darles los recursos a tiempo ya que, según indica, hasta el momento no han recibido los Q9 millones que les corresponde par este 2021 y para el 2020 recibieron la transferencia el 27 de diciembre.

“Hay honorarios que no hemos podido pagar, para no cerrar conseguimos donaciones y con estrategias de sostenibilidad buscamos casas que sean para las mujeres”, agrega.

Hasta septiembre de 2021, los Caimus llevaban 622 procesos y han dado atención a 469 mujeres.

Aunque en proyecto de presupuesta se asignan Q17 millones 403 mil a otras organizaciones para el funcionamiento de casas que también funcionan como Caimus, Lemus rechaza que para ello se tenga que cerrar la primera casa que se habilitó como refugio.

“El Caimus de Guatemala cumple 30 años el 25 de noviembre. Nuestra propuesta inicial eran Q30 millones para todas las casas, pero en su lugar los diputados están cerrando las que ya existen para darles a otras”, agregó.

Desde que se hizo pública la expulsión de Nery Manolo Mijangos Ramírez de la Iglesia Católica por señalamientos de abuso sexual y abuso de autoridad contra personas vulnerables, se empezaron a conocer otros testimonios de jóvenes que relatan situaciones incómodas vividas con el exsacerdote.

Mijangos, de 38 años, fundó la Comunidad Misionera del Camino (COMCA), que se define como “una asociación de fieles que forman misioneros para la atención de indigentes en Guatemala”.

Su sede se encuentra en la aldea El Jocotillo, en Villa Canales, en un terreno que está registrado a nombre del expresbítero. En el lugar se encuentran dos espacios que funcionan como asilo de ancianos y un templo en construcción desde donde Mijangos ya no podrá celebrar los distintos sacramentos ya que el Arzobispado Metropolitano le prohibió presidir la Santa Misa luego de haberlo cesado de su cargo.

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Además del proceso judicial que hizo el Tribunal Eclesiástico tras los señalamientos hechos, en el Ministerio Público existen dos denuncias contra Mijangos. La primera se presentó en el año 2016 en la entonces Unidad de Delitos contra Periodistas en la Fiscalía de Derechos Humanos, en donde lo señalan por amenazas.

La denuncia fue presentada por el periodista Ángel Roberto Carlos Hernández, pero fue archivada en 2017.

La segunda denuncia es la que se encuentra en investigación por parte de la Fiscalía Municipal de Villa Canales y señala a tres víctimas de violación sexual. Según información obtenida por el Ministerio Público, dos de las víctimas son hombres de 28 y 29 años y que en el momento de los hechos eran seminaristas de la congregación que Mijangos creó. De la tercera víctima no se detallaron los datos.

El arzobispo metropolitano Gonzalo De Villa explicó que tras haberse concluido las investigaciones en el Tribunal Eclesiástico, la Iglesia lo obliga a presentar la denuncia al ente correspondiente de la persecución penal. Por eso, junto a las víctimas, De Villa presentó la denuncia en el Ministerio Público y agregó que COMCA nunca fue una congregación reconocida por la Iglesia.

Aunque tras esta noticia los fieles que siguen a Mijangos han demostrado su apoyo al exsacerdote a través de mensaje en las redes sociales y en una marcha que se organizó el pasado sábado 6 de noviembre, surgen nuevos testimonios que relatan situaciones incómodas contra el señalado.

“Se quitó la ropa y se tiró en el piso”

En el año 2014, cuando Mijangos iniciaba con la construcción de su congregación, estaba en búsqueda de jóvenes que se quisieran unir a su misión. Era un sacerdote joven de 31 años.

G tenía 26 años, buscaba una comunidad religiosa a la cual unirse y un amigo de la iglesia donde asistía conocía a Mijangos. “Me dijo que existía la oportunidad de ingresar porque el padre estaba buscando seminaristas ya que su congregación era nueva, estaba iniciando en aquel entonces”.

Cuenta que durante un fin de semana lograron conocer el trabajo que se estaba haciendo con los ancianos, pero quiso quedarse una semana más para convencerse de que lo suyo era una verdadera vocación de servicio.

Cuenta que Mijangos tenía una panel blanca y una tarde le pidió que lo acompañara al supermercado para comprar alimentos. Manejaron desde la aldea El Jocotillo hasta el centro comercial ubicado en carretera a El Salvador. Ahí, Mijangos empezó con un sospechoso dolor de espalda.

“De repente él empezó a quejarse, como quien tiene algún dolor muy fuerte en la espalda. Al final no sé si lo llamaron o fingió la llamada, pero hizo como que hablaba con un doctor. Me pidió manejar porque ya no aguantaba”, dice.

A G le pareció sospechoso que al llegar al supermercado y mientras hacía las compras, él ya no tenía molestias. Alrededor de las ocho de la noche ya estaban listos para regresar a la aldea cuando Mijangos le dijo que no podía llevarlo de regreso porque era muy tarde.

“En realidad el camino estaba iluminado y podía haber manejado, pero me dijo que mejor me quedara a dormir a su casa, él vivía en la parroquia de Villa Canales. Para mi era una figura de mucho respeto y nada malo podía venir de un padre entonces le dije que si”.

El entonces padre Mijangos compró comida china y manejaron hacia el centro de Villa Canales, al llegar a la Parroquia, G se percató que el espacio donde vivía el sacerdote era una habitación que servía de sala, un baño y el cuarto.

Entraron inmediatamente a la habitación y el padre cerró la puerta, se quitó la ropa y al quedarse en ropa interior le regresaron los dolores de espalda.

“El se tiró en el piso y me pidió que me sentara en su espalda y que le hiciera un masaje porque todo eso le podía ayudar. Yo no me moví, me asusté y solo me quedé parado, todo me pareció muy raro. Al ver que no hacía nada, se le quitó el dolor y se paró como si nada, las bolsas de comida seguían ahí, me pidió que me sentara en la cama y me dijo que ese dolor se lo había mandado Dios como una prueba, como una carga que él tenía que llevar. Comimos, rápido quitó los platos de la cama y me dijo que era hora de dormir, abrió las colchas de la cama, se metió y me invitó a que me acostara con él, en ese momento me entró la sensación de que eso no podía estar pasando, lo volví a ver a él, me di la vuelta y me fui a la sala a dormir en un sofá que ahí estaba”.

Ese es el testimonio de G, quien ahora tiene 33 años y decidió no seguir en la congregación por la desconfianza que le generó Mijangos. “Yo pensé que me iba a ofrecer otra habitación, nunca pensé en que me quedaría a dormir con él en la misma cama, aceptar ir a la casa parroquial fue algo prácticamente obligatorio porque estaba lejos de mi casa, sin dinero y si le decía que no, no sé si me hubiese llevado de regreso a la comunidad, tampoco tenía la opción de decidir”, agregó.

Mijangos, quien es activo en sus redes sociales, aparece ahora en video y fotografías sin sotana, denunciando cómo es “espiado” por drones. “No tienes porqué estar espiando a nadie, si quieres alguna información de mi persona o de la comunidad hazlo como personas decentes que no ocultan nada, acércate a nosotros, pregunta y consulta. No ocultamos nada, no estamos escondiendo nada”, indicó.

Este medio trató de comunicarse con Mijangos a través del número de teléfono que aparece en la página de COMCA, pero no respondió a las repetidas llamadas.

El mundo está a las puertas de un tercer año de la pandemia del coronavirus y Guatemala, con bajos índices de vacunación y un contexto político difícil, deberá prepararse para los cambios que se avecinan.

Frente a la alerta por la posible llegada de la variante delta plus que ya está causando preocupación en Europa, podrían ponerse en riesgo las actividades preelectorales y las elecciones de los diferentes puestos de poder que están a cargo de las comisiones de postulación.

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Aunque el exvicepresidente Stein no cree que las reuniones partidarias se cancelen, ve con preocupación la falta de balance en los tres poderes del Estado que favorece a la alianza oficialista y que pondrá al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el ojo público el próximo año. “Uno de los entes que más influencia va a tener el año que viene es el TSE porque es el responsable de habilitar o inhabilitar a las personas y organizaciones que quieran competir en las elecciones generales”, aseguró.

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Aunque la emergencia sanitaria parece no tener buenos augurios para el 2022 debido a la ineficiencia del gobierno para acelerar los procesos de vacunación y la llegada de las actividades de fin de año que provoca que la población baje la guardia, el sector empresarial aún mantiene razones para ver con buenos ojos lo que se aproxima.

Ascoli, quien es presidente del Grupo Solid, aseguró que mientras toda la población logre vacunarse, la actividad económica no debe detenerse. “El turismo ocupa a mucha gente y derrama a muchas personas el beneficio económico. Nosotros hemos sido muy lentos en invitar a los turistas, pero si nos vacunamos todos podemos hacerlo”, aseveró.

Reviva aquí el conversatorio

Tres días después que se conociera que la funcionaria mexicana Paola Félix Díaz viajó a Guatemala en un jet privado donde se transportaba US$35 mil en efectivo sin declarar, el Ministerio Público (MP)aún no define qué hacer con ese dinero y a quién investigar.

Este escándalo que al momento ha llevado a la renuncia de Félix de la Secretaría de Turismo y de Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aún no ha provocado detenciones en Guatemala, pese a que la Ley contra el Lavado de Dinero y otros activos exige declarar el ingreso de más de US10 mil al territorio nacional.

Según informó el MP el proceso está en investigación por parte de la Fiscalía de Lavado de Dinero. Además, explicaron que la exsecretaria de Turismo, Félix Díaz, no fue detenida porque fue a otra persona a la que se le incautó el dinero, sin especificar la identidad de esta persona.

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La unidad de información y prensa del MP no quiso dar mas detalles del caso indicando que se encuentra en investigación y que la persona a la que se le incautó el dinero tiene 8 días para acreditar la procedencia.

Sin embargo, medios mexicanos revelaron que Félix Díaz viajaba junto a Francisco Ealy Ortiz, presidente ejecutivo del periódico El Universal, quien sería el dueño de los US$35 mil.

Según publicó El Universal, la asistente de Ealy Ortiz portaba el dinero en efectivo y “en un descuido omitió especificar el monto”. A decir de la declaración publicada el lunes 8 de noviembre, el dinero sería utilizado para cubrir gastos médicos de Ealy en un viaje que haría después hacia Estados Unidos.

“Su asistente portaba dólares en efectivo, de origen legal y fiscalmente justificado, que serían utilizados en una segunda escala del viaje, en Estados Unidos, a fin de cubrir gastos personales ligados a procedimientos médicos a los que el licenciado Ealy Ortiz se somete de forma regular”, indica El Universal.

El evento al que asistían Félix Díaz y Ealy Ortiz era la boda de los funcionarios Santiago Nieto Castillo, ahora extitular de la UIF, y Carla Humprey, consejera del Instituto Nacional Electoral que se celebró el pasado 6 de noviembre en un hotel de Antigua Guatemala.

La preocupación por el latente aumento en los precios del gas propano y el combustible se mantiene durante esta semana, mientras que los guatemaltecos empezaron a observar cómo los precios de los productos de la canasta básico también van en incremento.

El pan y la tortilla son de los primeros productos que ya subieron de precio o bajaron de calidad y tamaño, debido a que los fabricantes utilizan en su mayoría el gas propano para preparar estos alimentos.

Mientras que en algunos lugares las tortillas estaban a cuatro por un quetzal, los consumidores empiezan a reportar que ahora se las dan a tres por un quetzal, justificándose en el alza del gas.

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Pero a pesar de esto, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), indicó que hasta el momento aún no han registrado un incremento generalizado de los precios de los productos de la canasta básica según sus monitoreos.

Desde el 1 de noviembre una de las principales distribuidoras de gas propano anunció el aumento en el precio de este producto, elemental para muchos hogares y comercios guatemaltecos.

Durante los primeros siete días del mes se pudo observar cómo el cilindro de 25 libras que costaba Q132 pasó a Q142, el cilindro de 35 libras estaba a Q185 y pasó Q199 y el cilindro de 100 libras que costaba Q528 subió a Q568.

Según el Ministerio de Energía y Minas (Mem), en agosto el cilindro de 25 libras se cotizaba en Q120, precio que aumentó en los últimos días.

“Solo en este año ha subido 4 veces el gas y ha sido de madrugada cuando nos han avisado de este cambio de precio y por esto ha habido reclamos de clientes y de diversas empresas a las que repartimos”, comentó uno de los trabajadores de una de las tres empresas distribuidoras.

Gerardo Molina, otro trabajador del lugar indicó que los precios de este producto también les afectan a ellos porque las ventas bajan. “Un cliente me acaba de comentar que si sube el gas tiene que hacer una tortilla menos o hacerlas más pequeñas, no solo les afecta a ellos sino a nosotros como vendedores”.

Esta alza, junto al elevado precio de los combustibles ha sido motivo de preocupación en diferentes sectores. A decir del Mem, a ellos solo les compete el monitoreo de precios y explican que esta alza se debe a un aumento de precios a nivel internacional.

Este extremo lo confirmó el presidente Alejandro Giammattei que, en su cuarta gira a los departamentos, restó importancia a la situación.

El diputado Aldo Dávila, quien presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad para lograr frenar este incremento, dijo que espera que en los próximos días se de trámite. “Al amparo ya le dieron trámite, pero ojalá la CC resuelva a favor ya que esto vulnera la economía de los guatemaltecos porque todo se incrementa, incluyendo la canasta básica y el transporte”, expresó.

De parte del Grupo Parlamentario de Oposición, integrado por diputados que pertenecían a la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), se presentó una iniciativa de ley para la exención del Impuesto del Valor Agregado (Iva) a los combustibles para mitigar la escalda de precios.

Sin embargo, a esto se opusieron inmediatamente el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, y el Superintendente de Administración Tributaria, Marco Livio Díaz Reyes.

“Una exoneración generalizada nos llevaría a una pérdida de la recaudación muy parecida a la pandemia”, expresó el superintendente.

Fernando Trabanino, de la Defensoría del Consumidor de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), comentó que pidieron a la SAT un informe sobre a cuánto asciende lo recaudado por los impuestos al combustible y al gas propano para evaluar si es justificable su oposición a una revisión de precios o a la exención de impuestos.

“La SAT fue una de las primeras en pronunciarse que afectaría el tema de recaudación, pero en este momento el alza no es solo de gas propano, sino que es un alza generalizada en bienes y servicios derivados al incremento del gas y que impactan directamente en los mercados locales, por eso es importante buscar los mecanismos necesarios para asegurar que los consumidores tendrán acceso a productos de la canasta básica”, explicó.

Trabanino agregó que durante los últimos días han empezado a recibir inconformidades de los consumidores por el alza a precios de diferentes productos.

Mientras tanto, la Diaco informó que mantienen sus monitoreos para evitar sobreprecios de parte de los pequeños distribuidores y que los cilindros se vendan al precio exacto.

“Como Diaco hacemos una serie de monitoreos de los centros de distribución del gas propano para que se esté despachando de forma exacta, que las calidades del gas sea la correcta y que, sobre todo, haya exhibición de precios”, aseguró la oficina de comunicación de la dirección.

A decir de la Diaco, el sobreprecio se refiere al incremento por el supuesto valor del transporte y otros servicios que le adhieren las distribuidoras a los precios ya fijados.

En esta localidad hay nombres de calles relativos a personajes alemanes, una iglesia luterana, un museo con la historia del lugar y puedes ver a niños rubios de ojos azules hablando alemán.

Nada extraordinario. Aunque quizá si te digo que esos niños hablan también español y guaraní, y viven en un clima tropical en una zona conocida como la cuna de la yerba mate, esto te llame más la atención.

Bienvenidos a Nueva Germania, una colonia alemana situada en plena parte selvática de Paraguay. En ella viven algo más de 6.000 personas y la actividad principal es la agricultura.

Algunos de sus habitantes son descendientes de los primeros alemanes que llegaron a finales del siglo XIX para fundar la colonia. Hoy en día la comunidad de Nueva Germania pervive, aunque el concepto que inspiró su creación fracasó.

Una utopía aria

Para entender los orígenes de Nueva Germania tenemos que ubicarlos en el creciente clima antisemita que recorría Europa en la década de 1870.

En algunos círculos afloraban las ideas sobre pureza racial y sobre la creación de asentamientos fuera de la influencia judía.

De este ambiente formaba parte el compositor alemán Richard Wagner, un reconocido antisemita, así como el profesor Bernhard Förster y su esposa Elisabeth Nietzsche, hermana del filósofo Friedrich Nietzsche —por cierto, opuesto a la ideología de su hermana—.

“La idea inicia con Richard Wagner”, le dice a BBC News Mundo el antropólogo polaco-alemán Jonatan Kurzwelly, quien desarrolló su tesis sobre la identidad en Nueva Germania.

“Hay que entender un poco el contexto histórico europeo. Eran tiempos de un incremento del antisemitismo, sobre todo en Alemania, en conjunto con dos sucesos el crack de la bolsa en Viena, que causó una crisis económica, y los pogramos en el Imperio ruso, los ataques contra los judíos que causaron una gran ola de inmigración”.

“En esa época, en casa de Richard Wagner se encontró Elizabeth Nietzsche con su futuro esposo, Bernhard Förster”, agrega Kurzwelly.

“Y ahí supuestamente Wagner soltó la idea de que se debería construir una Nueva Germania fuera de Europa, porque Europa ya estaba bajo demasiado control judío”.

El matrimonio compuesto por Förster y Nietzsche llevó esa idea a la práctica y esa utopía racista de crear una comunidad aria fuera de Alemania se materializó —brevemente— a decenas de miles de kilómetros.

De Alemania a Paraguay

Förster estuvo viajando solo por Paraguay entre 1883 y 1885. Pero ¿por qué ese país?

Había pasado poco más de una década desde el final de la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870).

“Paraguay era un país totalmente destruido, sin recursos económicos y con una deuda de guerra gigantesca”, le dice a BBC Mundo el historiador y gestor cultural paraguayo Fabián Chamorro.

Ante ello, “había una política de traer inmigrantes”.

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Además, en Paraguay ya existía una colonia alemana, la de San Bernardino (aunque no tenía nada que ver con la utopía aria de Förster).

Viajando por el país, Förster eligió el lugar donde quería ubicar su colonia: una zona remota y de difícil acceso —en lo que hoy es el departamento de San Pedro—, en el margen del río Aguaray y a unos 300 km de la capital, Asunción.

“Lo que no sabemos es por qué eligió un lugar tan hostil. Hasta hace apenas 10 años era difícil llegar”, dice Chamorro.

Negoció con el gobierno paraguayo y llegaron a un acuerdo en el que el Estado le cedía la tierra a Föster a cambio de que este trajera 140 familias europeas en dos años. Si las traía, la tierra pasaba a ser propiedad de los colonos.

De vuelta en Alemania, Förster se casó con Elizabeth.

En 1887 ambos viajaron a Paraguay, junto con varias familias alemanas más, y fundaron Nueva Germania.

Su sueño era claro: crear un área donde poner en práctica sus ideas utópicas sobre la superioridad de la raza aria, lejos de la influencia de los judíos, a quienes despreciaba.

En algunos reportes se habla de que llegaron 14 familias, aunque el dato no es fácil de verificar, señala Kurzwelly, citando la tesis doctoral de Daniela Kraus.

“Hay que distinguir entre el número de familias que se subieron al barco en Hamburgo, el número de familias que llegaron a Paraguay y los que se mudaron a Nueva Germania”, indica el antropólogo.

Los problemas

Sin embargo, la vida en la colonia y la adaptación al lugar no fue fácil, y pronto empezaron los problemas en Nueva Germania.

“Esa zona tiene clima tropical y hace un calor húmedo terrible”, dice Chamorro.

“Se encontraron con una tierra hostil, no es que se pudiera plantear cualquier tipo de alimentos”.

Y además, agrega el experto paraguayo, no eran agricultores, no tenían experiencia de trabajo en el campo, sino que era gente que se escapaba también por la situación difícil que estaban viviendo en Alemania.

Además, Förster decidió fundar la colonia muy lejos de la capital, aunque “Elizabeth sí que quería que estuviese más cerca de Asunción y de San Bernardino”, dice Kurzwelly.

Y, sobre todo, tenía muchos problemas financieros.

La pareja era quien gestionaba todo, incluidos los precios de los productos que luego se vendían en la capital, explica el antropólogo. “Realmente era un intento privado de la pareja”.

Además, Förster vendía tierra que aún no le pertenecía según lo acordado con el gobierno paraguayo. Pero al inicio la tierra no le pertenecía legalmente, él tenía el uso de la misma para poder formar una colonia.

“Él esperaba que la tierra iba a ser suya”, dice Kurzwelly. “Realmente creo que estaban ilusionados con el sueño de que miles y miles de familias les iban a seguir“.

Y la relación de los colonos con la pareja fue empeorando. “Förster pasaba cada vez menos tiempo en la colonia y Elisabeth cada vez más, se ocupaba del manejo de la colonia”.

El fin del sueño de los Förster-Nietzsche

Las noticias de lo que ocurría en la colonia acabaron llegando a Alemania, a través de cartas o de colonos que regresaron al país. En algunas misivas se le acusaba a Förster de estafador.

“Hay algunas cartas que dicen, por ejemplo, que había sido un error ir a Nueva Germania”, cuenta Kurzwelly.

Y así es como nunca llegó un segundo contingente de alemanes y Förster nunca pudo cumplir con el compromiso de traer 140 familias.

Al final, él acabó yéndose a San Bernardino, donde murió en 1889.

“Hay dos teorías, la mayoría de gente dice que se suicidó, pero no se sabe a ciencia cierta. El reporte médico decía que sufrió un infarto. Se dice que el reporte médico fue falsificado por Elisabeth, pero no se puede comprobar”, explica el antropólogo alemán.

Elisabeth viajó a Alemania, y aunque regresó a Nueva Germania, los colonos ya no la aceptaron y se instaló definitivamente en su país en 1893 para cuidar a su hermano enfermo.

Tras la muerte del filósofo en 1900, obtuvo los derechos de sus manuscritos y rechazando el acceso público a las obras, las editó y distorsionó.

Fue simpatizante del nacionalsocialismo y a su funeral en 1935 asistieron Adolf Hitler y otros dignatarios nazis.

Después de su muerte, expertos reeditaron los escritos de Nietzsche y hallaron las distorsionadas versiones de Elisabeth: falsificó casi 30 cartas y reescribió varios pasajes.

Y es así como falló esta utopía aria.

“Nueva Germania no fracasó como colonia, pues sigue hasta el día de hoy. Lo que fracasó es el sueño racista de Förster“, puntualiza Kurzwelly.

“Lo que hay que tener en cuenta es que el sueño racista era de él, de Elisabeth y quizá de una o dos familias más”.

“Otros, en esa época en la que había gigantescas olas de emigración a las Américas, lo único que querían era irse y construir nueva vida, y la idea del organizador detrás de esa emigración quizá les importaba menos”, añade el antropólogo.

Nueva Germania hoy

El origen alemán de esta localidad aún es visible, gracias a “las cuatro o cinco familias alemanas originales que se quedaron y que tuvieron descendencia”, dice Chamorro.

“Hoy en día puedes ver a chicos rubitos hablando guaraní”.

En Nueva Germania se hablan tres lenguas. El guaraní y el español, que son los idiomas oficiales en Paraguay, y el alemán, que usan las familias de ascendencia alemana.

“El alemán que se habla muchas veces se mezcla con el español”, cuenta Jonatan Kurzwelly, quien vivió durante un tiempo en Nueva Germania para hacer su tesis.

El antropólogo explica que existen conexiones con Alemania en la actualidad. “Algunas personas se fueron un tiempo a viajar o a vivir a Alemania”.

“Hay un acuerdo con una comunidad evangélica en Alemania, que organizó algunos intercambios entre sus miembros”.

Hay dos iglesias, por ejemplo, la iglesia evangélica luterana, con una fuerte relación con la iglesia alemana luterana, y la católica.

“Tradicionalmente esa también fue la división entre alemanes y paraguayos”, dice el antropólogo.

En cuanto a identidad, dice que “algunos se definen como alemanes, otros se definen como ambas, alemanas y paraguayas y a veces tienen esa contradicción interna”.

“En Nueva Germania hay una tercera identidad, que es el ser germanino“.

Lo que no es representativo de la Nueva Germania que sobrevivió a Bernhard Förster y su esposa Elisabeth Nietzsche, aclara Kurzwelly, es la idea racista con la que la pareja concibió la colonia.

“Las familias alemanas conviven con los paraguayos, a veces se casan entre ellos, se mezclan”

“Nueva Germania no hay que venderlo como un sueño racista, ha sido un sueño privado de dos personas con ideas muy racistas que se enfrentó con la realidad dura del trabajo en el campo, del manejo de la colonia y de la insatisfacción de las personas de la colonia”.

“Un amigo mío decía que le gustaría que Nueva Germania no fuese recordada como el primer intento protonazi, sino el primer intento fallido protonazi”.

En la cabecera departamental de Quiché, un hombre fue retenido por vecinos del sector al ser alertados que una niña de nueve años corría peligro.

Según informó la Policía Nacional Civil (PNC), Eduardo Sebastián Tzaraz Tipaz, de 24 años, fue entregado por los vecinos que lo señalaban de agredir sexualmente a la menor.

La información oficial indica que el sospechoso intentaba violar a su hermana pequeña cuando fue sorprendido por otra familiar.

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Mientras los vecinos retenían a Tzaraz, la niña fue trasladada a un hospital para ser atendida de inmediato.

Presunto agresor sexual capturado

Eduardo Sebastián Tzaraz Tipaz, de 24 años, fue entregado a PNC por un grupo de personas lo sindican de presuntamente de haber agredido sexualmente a una niña de 9 años.

— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 6, 2021

“Manipulados. La batalla de Facebook por la dominación mundial”. Ese es el título del libro que dos premiadas periodistas del New York Times especializadas en tecnología y en ciberseguridad, Sheera Frenkel y Cecilia Kang, han escrito a cuatro manos sobre la famosa red social.

El libro, publicado en español por la editorial Debate, lleva meses generando polémica en Estados Unidos. Normal: cuenta precisamente lo que la compañía de Mark Zuckerberg trata de ocultar, saca a la luz sus trapos más sucios.

Fruto de una ardua labor de investigación que ha incluido más de 400 entrevistas a ejecutivos y empleados del gigante de Silicon Valley, legisladores, inversores y académicos, el libro desvela a lo largo de sus 350 páginas el lado más oscuro de la compañía durante los cinco años más controvertidos de su existencia.

Sheera Frenkel nos cuenta en esta entrevista algunos de los secretos de Facebook que la empresa se esfuerza en esconder.

El título original de su libro es “An Ugly Truth: Inside Facebook’s Battle for Domination”, lo que en español equivaldría textualmente a “Una fea verdad: dentro de la batalla de Facebook por la Dominación”. ¿Cuál es la fea verdad sobre Facebook?

La expresión “una fea verdad” tiene su origen en un ejecutivo de Facebook que escribió un memorándum en el que decía que había una “fea verdad” en el corazón de la compañía. Y la fea verdad es que para conseguir algo que Facebook considera una noble misión, como es la de conectar al mundo, deben de aceptar que se produzca cierta cantidad de daños a través de su plataforma.

Es decir: para crecer tan deprisa como puedan y conectar al mayor número posible de gente, algunas personas van a resultar heridas y perjudicadas, algunas incluso van a resultar asesinadas. Ese es el cálculo que la propia compañía hacía.

¿Significa eso que para Facebook son más importantes los beneficios económicos que la ética o la moral?

Bueno, es una empresa, así que el balance económico es muy importante para ellos. Pero creo que, a nivel personal, para Mark Zuckerberg es más importante crecer y ser la mayor compañía de medios sociales del mundo que tener beneficios, se trata más del poder que de ello deriva que de los ingresos económicos.

Ahora mismo estamos viendo a Zuckerberg ansioso por estar en el centro de la próxima innovación tecnológica.

¿Facebook es o puede llegar a ser un peligro para la democracia?

Creo que se ha demostrado que Facebook puede ser peligroso para la democracia cuando se usa inapropiadamente, cuando se usa por aquellos que quieren propagar desinformación y controlar a las poblaciones.

Facebook puede ser utilizado de manera muy poderosa por aquellos que desean desestabilizar la democracia en sus países.

En ese sentido, es muy impresionante lo que ocurrió en Myanmar, la antigua Birmania, en 2017 y 2018, cuando se registró una limpieza étnica contra la minoría musulmana por parte de la mayoría budista. Facebook contribuyó a difundir el odio contra los musulmanes, ¿verdad?

Eso es. Creo que lo que ocurrió en Myanmar es un ejemplo muy poderoso de cómo Facebook puede ser empleado para crear divisiones y expandir el odio.

Lo que ocurrió en Myanmar es que a un grupo personas que llevaba mucho tiempo difundiendo una ideología racista se le dio una nueva herramienta y un poder adicional para hacer eso.

Gracias a Facebook fueron capaces de difundir sus mensajes racistas entre un nuevo grupo de personas y convencerlas a través de las herramientas que les proporcionaba Facebook.

¿Facebook no contaba con moderadores que controlaran que no se difundieran esos mensajes de odio?

Facebook moderaba los contenidos sólo hasta cierto punto. Por varios motivos: el primero es que siendo una compañía estadounidense, Facebook siente muy fuertemente los principios de libertad de expresión que recoge la Primera Enmienda a la Constitución de EE.UU., por lo que no quieren ser ellos los que decidan lo que la gente puede o no puede decir, y por eso crearon ciertas reglas.

El problema, especialmente en aquellos lugares en los que no se habla inglés, es que Facebook también lucha para mantener sus cifras de crecimiento. Facebook presiona agresivamente en mercados como India, donde hay 22 lenguas oficiales y más de 100 dialectos y lenguas no oficiales.

Cuando tienes un país como India, con más de 400 millones de usuarios de Facebook, es realmente complicado moderar los contenidos en todas esas lenguas y dialectos locales.

En Myanmar, si no me equivoco, cuando empezaron a propagarse por Facebook los mensajes de odio contra los musulmanes, sólo había una única persona de esa red social encargada de moderar los comentarios…

Sí. Eso fue en 2015, cuando los mensajes de odio comenzaron a crecer enormemente y empezamos a ver en Myanmar algunos ataques violentos contra la minoría musulmana.

Por aquel entonces Facebook tenía un solo moderador en birmano, la lengua oficial de Myanmar, pero hay otras docenas de lenguas no oficiales que se hablan en el país.

Unos tres años después el país aumentó el número de lenguas oficiales a tres, y ahora tienen docenas, pero incluso docenas no es mucho en un país en el que se hablan tantas lenguas como en ese.

Después del asalto al Capitolio el pasado 6 de enero, Facebook bloqueó la cuenta del expresidente Donald Trump y posteriormente la prohibió. ¿Es una muestra de que Facebook está cambiando?

Creo que bloquear a Donald Trump fue un paso muy importante porque Facebook, como compañía, había mantenido la posición de que los políticos podían en su red decir cosas que otra gente no podía porque pertenecían a una especie de clase especial dentro de Facebook.

Pero Donald Trump puso a prueba todas y cada una de las reglas de Facebook. Y tras los sucesos del 6 de enero, en Facebook observaron sus cuentas y decidieron que tenían que hacer algo, que lo que decía en Facebook era peligroso e inapropiado para esa red social, así que decidieron suspenderle durante tres años.

Considero que fue una decisión importante, pero aún más importante es saber si Facebook va a aplicar el mismo criterio a todos los líderes a lo largo y ancho del mundo que hacen las mismas cosas que Donald Trump.

En países desde Hungría hasta Filipinas o Brasil hay líderes y jefes de Estado que en Facebook tienen un estilo muy similar al de Donald Trump. En Brasil, por ejemplo, Bolsonaro ha dicho cosas sobre el covid que técnicamente atentan contra las reglas de Facebook y Facebook ha eliminado esos posts.

Pero tengo curiosidad por ver si Facebook también va a prohibir en su red a Bolsonaro y a otros líderes mundiales que han cruzado la línea de las reglas de la compañía de Zuckerberg.

¿Facebook es una herramienta que ayuda a los líderes populistas?

Yo diría que a los líderes que están inclinados hacia el populismo, Facebook les ofrece una poderosa herramienta para difundir su mensaje.

Pero Facebook puede serle útil a cualquier líder. Facebook también le fue muy útil a Barack Obama en Estados Unidos; Obama tenía muchísimos seguidores en Facebook y eso le ayudó a llegar a los jóvenes americanos cuando presentó por primera vez su candidatura a presidente de EEUU.

Facebook puede serle muy útil a cualquier líder, pero estamos viendo una tendencia entre los líderes de todo el mundo a usar Facebook en un modo muy específico para controlar los mensajes que se difunden en sus países.

Se estima que más de 2.000 millones de personas se informan sobre la covid y sobre las vacunas a través fundamentalmente de Facebook. ¿Está esa red social contribuyendo a difundir el mensaje antivacunas?

Se han realizado muchos estudios sobre desinformación por investigadores científicos, y han observado que las personas que se niegan a ponerse la vacuna en Estados Unidos generalmente dan como primer motivo para ello que hay una conspiración en torno a las vacunas o algún tipo de desinformación que encontraron en Facebook.

Se trata de algo que preocupa enormemente a la comunidad científica. Hay mucha gente que continúa creyendo en contenidos sobre las vacunas que sus familiares o amigos comparten en Facebook en lugar de lo que los doctores y la comunidad científica saben con certeza.

¿La desinformación y las fake news están en la base del modelo de negocio de Facebook?

Esa es una cuestión en la que Facebook es muy cuidadoso y que jamás reconocerá, y además nunca sabremos cómo funcionan sus algoritmos. Pero algunas cosas sabemos. A partir de toda la investigación que realizamos para escribir el libro, supimos que el algoritmo de Facebook prioriza los contenidos emotivos.

Así que cualquier cosa que inspire una emoción en el usuario, cualquier cosa que le haga sentirse feliz, triste o enfadado, Facebook lo va a colocar en los primeros puestos de sus noticias para que sea la primera cosa que vea ese usuario. Y hacen eso para mantener a los usuarios conectados a la red social el mayor tiempo posible.

Hicieron incluso un experimento al respecto, y descubrieron que el emoji de la cara enfadada y el de la cara triste eran más importantes que el de la cara feliz, que la emoción de enfado es más fuerte que la de felicidad.

Y aunque como compañía Facebook no ha tomado la decisión priorizar la desinformación, las teorías conspirativas o los mensajes de odio, si se priorizan los contenidos que enfadan a los usuarios, la desinformación acaba compartiéndose más ampliamente y en mejores posiciones en el newsfeed de esa red social que un artículo informativo sobre vacunas.

Facebook jugó un papel importante en las elecciones estadounidenses de 2016, sirviendo como plataforma a las interferencias procedentes de Rusia. ¿Ha tomado medidas para evitar que algo así vuelva a suceder?

Sí. Facebook ha tomado algunas medidas muy serias para asegurarse de que no haya intromisiones en las elecciones como sucedió en las elecciones presidenciales de 2016. Ahora tiene un equipo completo dentro de Facebook que busca este tipo de actividades y elimina a las redes rusas, iraníes y de todo el mundo que actúan de esa manera.

Todos los meses hay campañas extranjeras de desinformación que se eliminan. Es algo en lo que Facebook está actuando activamente. Creo que Facebook se lo tomó en serio porque no tiene ninguna duda de que es algo malo que hay que eliminar.

Pero otra cosa son las personas que difunden desinformación entre sí, los estadounidenses que difunden desinformación a otros estadounidenses, o la gente de Brasil que difunde mentiras y conspiraciones entre los brasileños. Eso es algo donde Facebook no tiene el mismo tipo de políticas claras sobre la eliminación.

En los últimos años Estados Unidos se ha convertido en un país muy dividido, muy polarizado. ¿Facebook tiene algo que ver con eso?

En 2016, los piratas informáticos rusos que llevaron a cabo la campaña de la que hablábamos en Estados Unidos vieron la oportunidad de dividir a los estadounidenses, pero es imposible cuantificar cuánto lo consiguieron.

Pero los científicos sociales consideran que Estados Unidos en este momento está más dividido y polarizado que hace cuatro, cinco años. Así que algo está creando más polarización entre los estadounidenses, los está dividiendo más. Y existe la sensación de que Facebook está contribuyendo a eso.

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Si Facebook no es capaz de autorregularse, ¿deberían de regularla los gobiernos?

En todo el mundo los gobiernos creo que se están preguntando cómo y cuándo deberían de regular a Facebook. Algunos países lo están haciendo de una manera más reflexiva y sutil que otros.

Creo que en este momento estamos en un período muy peligroso en el que podrían aprobarse leyes y regulaciones, lo cual no es bueno, porque en realidad fortalece el poder de Facebook o crea un precedente peligroso. Así que estamos en un momento interesante.

En Estados Unidos creo que los senadores están empezando a pensar de modo más sutil sobre cómo legislar sobre los algoritmos de Facebook, sobre lo que recomiendan y lo que no, sobre piezas específicas de información que se comparten en Facebook.

A estas alturas, ¿Mark Zuckerberg se ha convertido en un problema para Facebook?

Para las personas que trabajan en Facebook, Zuckerberg es un genio visionario. Pero pienso que, desde fuera, desde el punto de vista de las personas que contemplan a Facebook externamente como expertos en negocios o expertos en tecnología, es problemático que una persona tenga tanto poder y tome tantas decisiones por su cuenta como Mark Zuckerberg.

Porque Zuckerberg no sólo fundó la empresa, tiene la mayoría de las acciones. Eso le da un poder y un control absolutos, y realmente es él el que toma las decisiones finales. E incluso después de que algunas catástrofes realmente grandes por las que han pasado en Facebook, como lo ocurrido en Myanmar en 2016 o la interferencia de Rusia en Estados Unidos, su poder se ha consolidado y ha asumido una mayor parte en la toma de decisiones.

No ha dado un paso atrás y ha dicho: “Bueno, hice algunas cosas que son problemáticas y tal vez debería poner a alguien más a cargo de esa parte de la empresa”. No, ha hecho lo contrario.

Facebook acaba de anunciar que cambiará su nombre corporativo a Meta. ¿Cree que es una operación cosmética tras los escándalos que en los últimos años han sacudido a Facebook y han dañado su reputación?

Creo que este cambio de nombre estaba planeado desde hace un tiempo. Y creo que con el nuevo nombre Facebook busca en parte distanciarse de todos los problemas que la gente asocia a su nombre.

Quieren comenzar una nueva era, un nuevo contrato con ese mundo virtual metaverso en el que todos viviremos y quieren hacerlo con un nombre nuevo.

Su libro claramente se concentra en las malas prácticas Facebook. ¿Qué es lo bueno de Facebook?

Fue la primera red social global en el mundo que nos permitió conectarnos con familiares y amigos allí donde estuvieran. Yo tengo amigos y parientes en muchas partes del mundo y puedo hablar con ellos gracias a WhatsApp, a Instagram y a Facebook.

Creo que no hay duda de que han creado oportunidades de negocio para la gente a lo largo y ancho del mundo en modos que ninguna tecnología había hecho antes. Ha creado cosas buenas, pero también malas.

En el libro nos hemos centrado en los daños potenciales porque Facebook es muy buena promocionando lo que hace bien, tienen un ejército de cientos de personas que se dedican a las relaciones públicas y a publicitar lo que hacen bien, pero que tratan de esconder lo que hacen mal.

Para escribir este libro, usted y Cecilia Kan llevaron a cabo más de 400 entrevistas. Y cuando iban a encontrarse con sus fuentes, no llevaban teléfonos móviles ni guardaban sus números en sus celulares. ¿Eran necesarias esas precauciones ante una compañía como Facebook?

Sí, realmente fuimos muy, muy cuidadosas cuando llevamos a cabo la investigación para escribir este libro. Yo he sido corresponsal extranjera en Medio Oriente durante diez años, y he tenido que informar desde muchos países donde es difícil ser periodista y donde tienes que ser extremadamente cuidadoso para proteger a tus fuentes.

Creo que Cecilia y yo teníamos mucha experiencia en lo importante que es mantener a la gente segura. En el caso de Facebook, y siendo esta una compañía tecnológica, pensamos que lo mejor era que asumiéremos que nos estaban vigilando porque sabían que estábamos escribiendo un libro sobre ella.

Así que efectivamente no llevaba mi celular o mi ordenador portátil a las reuniones, simplemente escribía notas en un cuaderno con un bolígrafo. Era una precaución para asegurarnos de que no dejábamos rastro de la gente que había hablado con nosotras.

Debo decir que de toda la gente con la que hablamos, ni una sola ha sido despedida por hablar con nosotras. Y sabemos que Facebook buscaba a las personas que estaban hablando con nosotras, pero no consiguieron averiguar quiénes eran.

Este artículo forma parte de la versión digital del Hay Festival Arequipa, un encuentro de escritores y pensadores que se realiza en esa ciudad peruana entre el 1 y el 7 de noviembre.

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En vez de prepararse para votar por su esposo, Juan Sebastián Chamorro, en las elecciones del domingo en Nicaragua, Victoria Cárdenas cuenta el tiempo transcurrido desde que lo detuvieron.

“El último día que lo vi fue hace cinco meses, cuando lo secuestraron en mi casa en horas de la noche, sin orden de captura y sin orden de allanamiento”, dice Cárdenas a BBC Mundo.

Ocho patrullas llegaron al lugar aquel 8 de junio, agrega. Policías armados saltaron los muros y tomaron por sorpresa a ella y a Chamorro, que se preparaban para cenar.

“Él estaba de rodillas con las manos arriba, decía que no estaba huyendo y que por favor no me hicieran nada a mí”, relata. “No sé cuántos lo habrán agarrado; es como que lo desaparecieron, porque fue tan rápido que no lo vi”.

Así, Chamorro pasó a ser uno de los siete potenciales candidatos opositores a la presidencia de Nicaragua arrestados y que este domingo no podrán competir con Daniel Ortega, que busca casi sin rivales un cuarto mandato consecutivo.

En total la justicia, a la que acusan de actuar al servicio de Ortega, ordenó este verano más de una docena de detenciones en base a la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación, aprobada en diciembre de 2020.

Los precandidatos detenidos son apenas un subgrupo de lo que muchos llaman “presos políticos” en el país centroamericano, y quizá también la mayor señal de la deriva autoritaria de Ortega y de Rosario Murillo, su esposa y vicepresidenta del país.

Berta Valle, esposa de Félix Maradiaga, otro de los precandidatos presos, sostiene que la votación del domingo será “una farsa electoral” para “legitimar una dictadura”.

“Mis candidatos están presos injustamente por haber defendido su derecho ciudadano de elegir y ser electos, entonces para nosotros este proceso electoral tiene que ser desconocido”, dice Valle a BBC Mundo.

“No eran ni precandidatos ni de su propio grupo, mucho menos que fueran precandidatos presidenciales. Eso nunca existió”, dijo Ortega tras los arrestos de los opositores Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, entre otros.

“Tortura psicológica”

En Nicaragua había 159 “presos políticos” hasta fines de octubre, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, cuyos datos avala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La mayoría de ellos fueron arrestados durante la represión de las protestas antigubernamentales de 2018, que dejó al menos 328 muertos.

Pero otros ya habían sido encarcelados antes de aquellas manifestaciones.

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Y cerca de 40 figuras políticas y cívicas fueron detenidas desde mayo, incluidos los siete precandidatos, empresarios o líderes estudiantiles como Lesther Alemán, quien en 2018 reclamó en la cara a Ortega que cesara la represión y se rindiera.

Enfrentan cargos como “traición a la patria”, conspiración contra la “integridad nacional” o lavado de dinero, delitos que en el país pueden ser castigados con varios años de cárcel.

Ortega justificó en junio la ola de detenciones de opositores argumentando que eran “criminales” que quieren derribar a su gobierno.

Pero expertos legales y defensores de los derechos humanos afirman que los presos enfrentan acusaciones fabricadas y juicios sin mínimas garantías del debido proceso, a tal punto que varios pudieron ver brevemente un abogado recién semanas o meses después de su encarcelamiento.

El gobierno de Nicaragua declinó las peticiones de entrevista hechas por BBC Mundo en las semanas previas a las elecciones.

Buena parte de los detenidos desde mayo están en celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, también llamada el Chipote, incomunicados, con apenas dos visitas familiares permitidas hasta ahora y alimentación deficiente, según distintas fuentes.

“Félix (Maradiaga) ha perdido 45 libras (unos 20 kilos) en estos últimos cuatro meses”, dice Valle desde Estados Unidos, donde está solicitando asilo político y ha recibido noticias de su esposo por las dos visitas que le hizo su hermana en esa cárcel.

“También nos comentó que hay interrogatorios constantes (y) que esa es una parte bastante difícil porque representa una tortura psicológica”, agrega.

Una abogada que ha trabajado con la situación de los presos en el Chipote y prefiere mantener su nombre en reserva por temor a represalias del gobierno asegura que “el deterioro de la salud es evidente en todos”.

“Rehenes electorales”

En Nicaragua han sido apresados incluso excompañeros de armas de Ortega durante la revolución sandinista como Hugo Torres, quien en 1974 arriesgó su vida para liberar de la cárcel al actual presidente.

“Todos son rehenes electorales y están ahí bajo el control del régimen, que intentará utilizarlos eventualmente como una moneda de cambio”, señala Carlos Fernando Chamorro, un periodista nicaragüense que en los años 80 fue jefe de propaganda sandinista.

Chamorro está desde junio exiliado en Costa Rica, donde mantiene sus críticas al gobierno de Ortega. Su hermana Cristiana Chamorro, quien era favorita para las presidenciales del domingo, fue puesta bajo arresto domiciliario también en junio. Y su hermano Pedro Joaquín lleva cuatro meses encarcelado en el Chipote.

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Los tres son hijos de Violeta Barrios de Chamorro, quien derrotó a Ortega en las urnas en 1990 para convertirse en la primera mujer electa presidenta en América Latina, y de Pedro Joaquín Chamorro, periodista asesinado durante la dictadura de los Somoza.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó el jueves la liberación inmediata de los hermanos Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro, así como de otra docena de presos en Nicaragua.

Pero esta fue la tercera emisión de medidas provisionales por parte de ese tribunal en favor de opositores presos en Nicaragua desde junio, y pocos esperan que el gobierno cumpla las órdenes antes o en seguida después del domingo.

“La razón por la que están presos no sólo fue para anular la vía electoral; también fue para descabezar un movimiento de resistencia cívica: hay muchos otros presos que no eran candidatos presidenciales”, dice Carlos Fernando Chamorro a BBC Mundo.

“No está en los planes de la dictadura suspender el Estado policial. En todo caso, eso está en los planes de la oposición, del movimiento prodemocracia, que necesita ejercer una presión política suficiente para lograrlo”, añade el director de la revista Confidencial.

Cárdenas, por su lado, recuerda que después que se llevaron a su esposo detenido aquella noche de junio, varios policías allanaron su hogar durante cuatro horas.

“Desde ese momento yo no pude volver a mi casa. Sentí mi intimidad, mi familia, mi privacidad totalmente violentadas”, dice.

El 23 de junio se mudó junto con su hija a Estados Unidos. Pasó 84 días antes de recibir noticias del paradero de su esposo. Y no ha podido regresar a Nicaragua para visitarlo en el Chipote, explica, porque ella misma fue acusada de “traición a la patria”.

“Después del domingo lo que va a haber es una dictadura con un gobierno ilegítimo”, acusa. “Lo que cabe en este momento es la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos”.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) es la quinta cartera que más recursos recibiría si se aprueba el proyecto de presupuesto 2022 presentado por el Ejecutivo.

Pese a las necesidades de fortalecer la red hospitalaria en las puertas del tercer año dentro de una pandemia, los principales desafíos de esta cartera es ejecutar exitosamente el plan de vacunación, fortalecer el primer nivel de atención en salud y retomar los programas prioritarios como el de prevención de la mortalidad materno infantil y la desnutrición.

Aun así, el presupuesto de Salud que comprende de Q12 mil millones, está por debajo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Gobernación, Defensa Nacional, Finanzas Públicas y Educación.

Adrián Chávez, analista de la División de Salud y Seguridad Social del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales (Ipnusac), resalta que este proyecto de presupuesto contiene un incremento del 22.24% con relación a lo aprobado en el 2021.

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Pero pese a este aumento, el programa correspondiente al de Infraestructura en Salud evidencia una disminución del 40%.

Los programas para la prevención de la mortalidad de la niñez y desnutrición crónica y la prevención de la mortalidad materno infantil muestran un mínimo aumento. Sin embargo, es de resaltar que el primer programa fue el más afectado en el 2021 ya que tuvo una reducción de Q119 millones.

Esta desatención se refleja en el número de casos de desnutrición infantil crónica que ha aumentado en los últimos dos años.

“En lo que va del 2021, el único programa beneficiado de los priorizados en la Gestión por Resultados es el de la prevención de la mortalidad materna neonatal que tuvo un incrementado del 1.8% con relación a lo aprobado en el 2021. Y contrario a lo que se esperaba, resulta que a la prevención de la mortalidad de la niñez y la desnutrición se le redujo el 11.45% de los recursos. Lo mismo sucede con lo asignado al VIH y a la tuberculosis, a lo cuales se redujo un 36.33% y un 41% de los recursos aprobados”, explica Chávez.

Ante ello, menciona que, aunque en el proyecto de presupuesto 2022 se estima mayores recursos para estos programas, esto no garantiza nada ya que el MSPAS les quitó recursos en el transcurso del año y teme que esto pueda suceder nuevamente el próximo año. “La simple asignación de recursos no garantiza nada, y que la misma ejecución financiera no sirve de nada, toda vez no se garantice que los resultados propuestos se vayan alcanzando” explicó.

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) hace un llamado de atención sobre este aumento ya que, según menciona, pese a pedir más dinero para la atención de la niñez, Salud está disminuyendo sus metas físicas.

Es decir, para el próximo año, en lugar de querer alcanzar a beneficiar a un millón 838 mil niños en el programa de prevención de la mortalidad infantil y desnutrición crónica, para el próximo año buscan alcanzar a un millón 643 mil niños, es decir, 194 mil 909 niños menos.

Lo mismo pasa con los programas para la prevención y control de las ITS y VIH que llegaría a 852 mil personas menos, y el de prevención y control de tuberculosis que llegaría a 245 mil personas menos que reciban tratamiento.

“Debe privilegiarse un gasto público con una orientación hacia la garantía de derechos. Las prioridades deben ser la protección social, la lucha contra la desnutrición infantil, la seguridad alimentaria y nutricional y la inversión pública en niñez y adolescencia, tanto en las asignaciones financieras como en los resultados”, mencionan.

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Menor prioridad para desnutrición

Para el siguiente año la cartera de Salud prevé que se aprueben Q240 por persona con esquema completo contra el covid-19, Q311 por persona para tratar a pacientes infectados del virus, y Q56 por persona en servicios de prevención para el coronavirus, explica Jorge Lavarreda, investigador asociado del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

“Los que nos llamó la atención, es que a pesar de la enorme brecha entre los montos totales para el presupuesto del Ministerio de Salud es que, cuando se desagrega por grupo de gasto no hay brecha en la parte que corresponde a servicios personales. De hecho, en la presentación que hicieron de presupuesto consideraron que había un excedente en servicios personales en el Plan Operativo Anual de Q71. 4 millones, pero al final este ministerio estaría recibiendo para el próximo año respecto al presupuesto que tenía vigente hasta agosto un incremento de Q1 mil 356.1 millones” afirmó el investigador.

Lavarreda también afirma que, el proyecto presupuestario para menores de cinco años con baja talla para su edad es menor en los departamentos priorizados para combatir la desnutrición y también es menor la participación presupuestaria de 114 municipios priorizados de lo que fue antes que se impulsará la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición del Gobierno de Alejandro Giammattei, pese a que el combate a la desnutrición es uno de los compromisos que adquirió en campaña política y uno de los programas a los que más le ha dado publicidad.

El investigador expone que, aunque Salud reconoce que se debe ampliar el primer y segundo nivel de atención encontraron que se sigue el modelo de asignación presupuestaria con énfasis en atención curativa en su red hospitalaria. “Los hospitales se llevarían el 48 por ciento de todo el presupuesto, mientras que las áreas de Salud donde están el primer y segundo nivel de atención solo tendrían el 25.7 por ciento”, resaltó.

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Mayor transparencia

En opinión de Karin Slowing, del Laboratorio de Datos, el presupuesto para el covid-19 fue reducido para el año entrante contrario a ser aumentado, porque podrían darse nuevas escaladas de casos y también faltan la adquisición, de al menos cinco millones de dosis de vacunas contra el virus, para la población de 12 años en adelante para completar las compras que ya ha realizado el gobierno, asumiendo que vendrán las vacunas Sputnik.

“No hay información pública sobre los cuatro millones de dosis que supuestamente le compraron a AstraZeneca, tenemos duda sobre eso y si se pagará con el presupuesto de este año o lo reprogramarán para el año entrante. Se necesita contratar más personal sanitario y la Ley hecha en el Congreso se hizo de tal manera que, no facilitará esa contratación por un período más prolongado. Hay que pensar el 2022 todavía como año pandémico, confiando en que se avanzará con la vacunación, pero estando preparados para eventuales nuevas olas. Es muy preocupante que hayan reducido el presupuesto”, expresó.

Mientras que Juan Carlos Zapata, director de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), tiene proyectado alrededor de los Q12 millardos, lo cual ayuda a priorizar en el esfuerzo que se trabaja en la cartera de Salud; sin embargo, afirma que el mayor desafío es que se debe utilizar de mejor forma la herramienta del modulo sugerido de compras para evitar las compras de los inventarios de baja rotación.

“El gran desafío del presupuesto es que de no ser aprobado quedaría el presupuesto vigente y eso sí se prestaría para muchos esquemas de corrupción por el traslado de fondos que se haría en los primeros cuatro meses del año”, advirtió.

Desde su casa en Estados Unidos, la exmagistrada de la Corte de Apelaciones, Claudia Escobar Mejía, sigue de cerca los procesos de elección en altos cargos del sistema de justicia.

Escobar renunció a su cargo en octubre de 2014, hace siete años, luego de señalar cómo la elección de cortes estaba viciada y trabajaba bajo la injerencia del poder Ejecutivo y Legislativo que presididos por el Partido Patriota.

Desde el exilio, trabaja como profesora investigadora del Centro contra el Terrorismo, Crimen Organizado y Corrupción de la Universidad de George Mason, en Virginia.

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La misma corte que usted denunció por haber llegado bajo un proceso viciado, es la que se mantiene en el poder dos años después de haber terminado su periodo porque el Congreso no elige magistrados ¿Cuáles son las reflexiones sobre esto?

Creo que hay un proceso de intereses de grupos de impunidad. Sabemos que la Corte fue electa por dos partidos políticos con graves señalamientos de corrupción como fueron el Partido Patriota y el partido Líder. Ante estas circunstancias se inició un proceso para determinar cómo habían sido electas estas cortes y en esa investigación se logró establecer que había injerencias de parte del abogado Roberto Villatoro y este es el caso de Comisiones Paralelas donde se señala que hubo pagos a los integrantes de las comisiones de postulación que eligen al a CSJ para favorecer a quienes llegaran. Hay unos intereses espurios que saltan a la vista desde distintos ámbitos.

Incluso, varios magistrados de esa corte tuvieron que renunciar unos meses después de haber sido nombrados por estar vinculados a otros casos de corrupción. Ante estas circunstancias vemos que el Congreso tiene una corte a su medida, porque también se han señalado a varios líderes de partidos políticos por sus vínculos con el crimen organizado, pero ellos saben que la corte los va a proteger como ha protegido a Felipe Alejos en los distintos antejuicios planteados en su contra, por ejemplo. La fiscalía presentó un amparo haciendo ver que en ese proceso se favoreció a personas que tenían relación con uno de los individuos con mayores casos de corrupción como es Gustavo Alejos.

La CC resuelve que para elegir cortes tienen que cumplir con valorar las investigaciones que el Ministerio Público está llevando a cabo contra los candidatos que tuvieron acercamientos con Gustavos Alejos. El retraso es porque están incumpliendo con su función y esto conlleva una responsabilidad en el ejercicio del cargo y se deben entablar acciones para que los congresistas cumplan con esa función. Ellos no pueden dejar esta corte a etéreo en su cargo, estamos viendo que lo están atrasando porque les conviene la corte actual y porque no quieren obedecer los parámetros de la Corte de Constitucionalidad.

¿Cree que habrá tiempo para elegir cortes aunque ya pasaron dos años y se acercan procesos de elección importantes?

Aquí hay unos intereses de sectores que se benefician de la impunidad y no quieren rendir cuentas a la ciudadanía por sus acciones. Cuando en el 2014 se discutía que la elección de esta Corte y de Apelaciones había estado viciada, con más de 70 impugnaciones presentadas en el proceso y todas las denuncias a la vista. Uno de los argumentos de quienes se oponían a que hubiese una revisión del proceso era que no se podían ampliar los plazos, que la corte tenía que dejar su función el 13 de octubre y que estábamos en contra del tiempo para revisar el proceso.

Sin embargo, vemos que ahora se extendió el plazo y les conviene. Es cierto que los plazos se pueden prorrogar en circunstancias específicas, pero ya no hay circunstancias que justifique que la Corte continúe en su poder y esto es una anomalía que se debe corregir y los responsables son los congresistas. Pero los ciudadanos tenemos una obligación de exigir que cumplan con su función y si no lo están haciendo, aunque se haya perdido la confianza de la justicia que es una consecuencia grave de esta situación, hay que agotar todos los mecanismos legales y se debe entablar un proceso para exigir que se lleve a cabo esta elección. Creo que se deben plantear las acciones que correspondan, ya sea ante la vía penal o la vía civil sobre la junta directiva del Congreso, por ahí se podría empezar.

Estamos cerca de entrar a una etapa de elecciones de Procurador de los Derechos Humanos, Contralor General  y Fiscal General ¿Cómo tendrían que funcionar unas comisiones de postulación para evitar estos vicios desde la elección?

Creo que se hace falta un ente técnico que sea capaz de evaluar a los aspirantes a un cargo de forma objetiva y que pueda valor las capacidades de quienes están aplicando, las competencias que tienen, pero también el conflicto de interés que pueda existir porque una persona puede tener el perfil para ser candidato a magistrado, pero puede haber grandes problemas de conflicto de interés y este es un tema que en Guatemala no se ha discutido.

Hay personas que no pueden ocupar el cargo porque tienen cercanía con los otros poderes del Estado o con sectores que tienen interés dentro del propio sistema. Eso se tiene que evaluar con un ente técnico que haga una preselección de estos candidatos porque las comisiones de postulación no tienen esta capacidad ni la van a tener porque son temporales, se forman durante el transcurso de 4 o 6 meses para llevar a cabo todo ese proceso de valoración.

En Apelaciones se presentan a veces hasta más de dos mil currículos y son solo abogados que no tienen esa capacidad de evaluar un perfil de una persona que quiere ocupar un cargo en las altas cortes. Es como si una empresa no tenga un departamento de recursos humanos, para esto se necesitan herramientas diseñadas para establecer quienes son los mejores cuadros para ocupar estas magistraturas, de lo contrario vamos a tener el mismo problema de siempre porque quienes están sentados en las comisiones tienen un interés evidente. También debe haber sanciones para quienes han manipulado estos procesos, si lo hicieron de manera ilícita.

Su renuncia fue parte de los primeros señalamientos contra las comisiones de postulación. Siete años después, en lugar de haberse fortalecido el sistema, este parece estar cooptado.

Creo que en procesos democráticos siempre hay etapas de avances y retrocesos. Ahorita estamos en uno de retrocesos muy grande. entre las cosas que más preocupa actualmente es el hecho de quién está sentada al frente de la Fiscalía General, que es una persona que utilizó el proceso de forma fraudulenta y que a nivel internacional es reconocida como alguien que utiliza el cargo para la obstrucción de justicia, que ha plagiado una tesis, que no investiga a quienes debe investigar y que inicia procesos espurios en contra de quien quiere perjudicar.

Cómo confiar en el sistema de justicia cuando estos procesos de designación han permitido que lleguen al poder personajes de esta naturaleza. Todas las instituciones de justicia están pasando por una crisis enorme de falta de legitimidad. El sentimiento para los ciudadanos guatemaltecos que comprenden la importancia de las instituciones de justicia es desalentadora, pero creo que dentro de las grandes crisis siempre hay oportunidades de cambios y reformas.

Vemos que nuestro país está siendo objeto de la influencia del crimen organizado y esto está llamando la atención de la comunidad internacional y que en algún momento determinado tendrán que ayudar para que se rescaten las instituciones de justicia. Hay que pensar en diseñar mecanismos distintos para la transformación de instituciones si queremos caminar por la senda democrática, en cambio, si seguimos en este camino vamos hacia un estado fallido con un congreso que no cumple sus funciones, unas cortes que están vinculadas a alianzas criminales y una fiscalía en manos de una persona internacionalmente conocida como corrupta. Un país funcional jamás permitiría que una situación así se sostuviera.

Los fines de semana son los días que cientos de personas aprovechan a acercarse a los centros de vacunación para adquirir algunas de las dosis contra la enfermedad del covid-19. Sin embargo, estos últimos dos días se hizo evidente la escasez de estas vacunas, en especial las que deben ser administradas a los menores de edad.

Desde la semana última, usuarios de las redes sociales han mostrado su preocupación porque tienen que buscar los centros que están administrando vacunas a los adolescentes entre 12 y 17 años.

En sillas, otros de pie o sentados bajo el sol, las colas rodearon el centro de vacunación Alida España, en la zona 3, donde adultos mayores buscaban la segunda dosis de la Sputnik V, Astrazeneca o Moderna.

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También se podían ver a muchos adolescentes que buscaban una dosis de la vacuna Pfizer. Sin embargo, para las once de la mañana ya no había más dosis disponibles.

En este centro tenían un rótulo que decía que por falta de personal solo podían aplicar 314 dosis.

Lourdes de Juárez, de 54 años y quien reside en la colonia Bethania se acercó a este centro porque los puntos de vacunación que están cerca de su vivienda no se encontraban habilitados. “Así como vacunaron para la primera dosis, deberían hacerlo con la segunda porque nosotros necesitamos la vacuna”, explicó.

Por su parte, María Lemus sonaba desesperada al decir que desde las seis de la mañana salió de su casa. “Las páginas del gobierno de vacunación están desactualizadas porque ponen lugares donde no las están colocando, es pérdida de tiempo y las colas son larguísimas. Fuimos a la Usac pero ya no estaban poniendo, fuimos al polideportivo Gerona pero hoy no están vacunando y desde las ocho y medio estamos aquí en Alida España” comentó.

Lo mismo sucedió en el campus central de la Universidad de San Carlos donde se encuentra el centro de vacunación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss), que a las seis de la mañana del sábado ya había repartido los 150 números que tenían disponibles. Según explicaron las autoridades de ese centro, desde las cuatro de la mañana tienen a personas esperando por un turno.

En la Guardia de Honor las colas también fueron tan largas que rodearon completamente el edificio. En este centro solo tenían 1,500 dosis para menores de edad, las cuales se acabaron rápidamente debido a la demanda.

“Vengo de Bárcenas, ayer vimos que vacunarían de siete de la mañana a 18 horas y sí hay una cola tremenda, eso quiere decir que sí estamos muchos interesados por vacunar a nuestros hijos. Vamos a tener paciencia a cambio de evitar algo malo en el futuro” contó José Felix quien mencionó que en Villa Nueva aún no están vacunando a niños.

Pero eso no solo pasa en la capital, ya que en Huehuetenango también reportan escasez de vacunas para adolescentes. Según comentó el director del área de Salud, Juan Francisco Robles, las vacunas para los niños se terminaron. “Logramos administrar las 30 mil dosis de Pfizer, solo estamos pendientes con la segunda dosis”, indicó.

En Quetzaltenango la vacunación para los niños también quedó suspendida y se reanudará hasta nuevo aviso.

Sin fecha de nuevas vacunas

Hasta el 26 de septiembre Guatemala había recibido 10 millones 99 mil 220 dosis de las vacunas Sputnik, Astrazeneca, Moderna y Pfizer.

Según información del Laboratorio de Datos, hasta esa fecha habían 2 millones 946 mil 164 dosis disponibles, de las cuales 403 mil 225 eran de Pfizer, 616 mil de Astrazeneca, 920 mil de Moderna y 1 millón 6 mil eran de la primera y segunda dosis de Sputnik V.

Aunque de las Sputnik son de las que más hay, el Laboratorio de Datos subrayaba que se están administrando menos de 15 mil diarias.

Aunque de la vacuna Pfizer aún hay disponibles, el vocero del Ejército, Rubén Téllez, explicó que el Ministerio de Salud les está dando 1 mil 500 dosis diarias únicamente y para este fin de semana, le proporcionó al centro de vacunación de Mariscal Zavala cinco mil dosis.

“Los fines de semana la afluencia es bastante alta porque los niños dependen de los padres”, dice Téllez al referirse a las grandes colas que se hacen alrededor del edificio de la Guardia de Honor. En este lugar, la vacunación es hasta medianoche, sin embargo, los encargados del centro cierran a las diez y media para quedarse con la gente que logró entrar.

Para menores de edad, el Ejército está aplicando la vacuna Pfizer y el IGSS está poniendo la Moderna.

El doctor Marco Paéz es genetista pediatra, coordinador de la Unidad de Atención Integral del Hospital Regional de Cobán, Alta Verapaz, una de las regiones que se ha enfrentado a situaciones críticas en torno al plan de vacunación contra el covid-19.

Desde su clínica ha visto cómo personas con enfermedades crónicas y autoinmunes se han negado a vacunarse contra el virus por la desinformación transmitida por sus líderes religiosos, esto ha provocado contagios que han terminado en una muerte que se pudo haber evitado.

Tras la urgencia por informar debidamente sobre la vacuna, Páez ha participado en diálogos con líderes comunitarios y, según dice, esto ha cambiado un poco el comportamiento de la gente.

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¿Cuáles son las complicaciones de la vacunación en las comunidades rurales que usted ha observado?

La experiencia de Chisec es bastante interesante porque es la cobertura de vacunación en niños de por sí es muy baja, no llega al 70% que es distinto en otros municipios de Alta Verapaz y eso es ya un mal antecedente. Llevar la vacuna es complejo poque los viales requiere que se junten varias personas y hacer una convocatoria, no se puede vacunar de uno en uno. La vacuna del covid-19 es muy lábil por el ARN, por lo que se debe proteger de cambios de temperatura. No es imposible, pero es complejo. Además no hay apoyo de líderes religiosos, comunitarios y políticos para la vacunación. Con respecto al alcalde de Chisec, el apoyo no fue enfático y necesitábamos eso antes de que nosotros llegáramos. Pero la brecha más importante es la de educación, los niveles de educación que tenemos en el departamento es muy bajo, el 60% solo tiene educación primaria y eso hace que la educación que ellos continúan adquiriendo es a través del Facebook o de sus líderes religiosos, eso provoca que los rumores que se hacen virales lleguen con más facilidad.

¿Cuáles eran las dudas más frecuentes que usted vio entre la población?

Tenemos que ver que es diferente la información que dan los lideres religiosos y la que dan los líderes comunitarios. Lo que pasa con los líderes religiosos, según pude ver, es que hay temor que la vacuna sea anticristiana o antinatura, una de las cosas que dicen es que es la marca de la bestia. Creo que una de las cosas que se ha podido hacer para combatir esta idea es explicar claramente que la vacuna no cambia el ADN. La otra cosa que creen es que se va a quedar con ellos la vacuna, que les va a quedar una marca indeleble en el cuerpo y por eso dicen que es la marca de la bestia y todo eso viene con lo del magnetismo que surgió en redes sociales. Esto es parte de lo que la gente con la que pude hablar me decía de los lideres religiosos. A parte lo que pude entender según lo que me hablaron los líderes comunitarios, es decir, los Cocodes. En esta ocasión, ellos no hablaron de religión, pero si hicieron evidentes sus dudas y sus inquietudes. Lo que es evidente que nosotros tenemos que tener pertinencia cultural para hablarles porque ellos ven la enfermedad de manera distinta a como nosotros la vemos. Por ejemplo, ellos creen que la enfermedad la tienen dentro y la tienen que sacar, por lo que usar mascarilla no es bueno porque se queda la enfermedad adentro solo se vuelve a inhalar por eso no tiene sentido para ellos usar mascarilla. Por supuesto, nosotros tratamos de explicarle que la mascarilla tiene la capacidad de atrapar lo malo y de proteger a los demás. También es importante decirles que algunas personas tienen buenas defensas, pero otras no. Mucha gente cree que, solo teniendo una buena alimentación y con medicina natural, tendrán buenas defensas. Pero sabemos que mucho comen sopas instantáneas, toman muchas gaseosas, bebidas energéticas y licor, ahí se sintieron identificados porque se dieron cuenta que no comen tan sano como ellos creían. Me dijeron que si tomando limón, miel, ajo y cebolla eso les ayuda a combatir la enfermedad, pero si las personas no tienen buenas defensas les puede ir muy mal. Como comunidad tenemos que proteger a los que no, porque algunas las va a padecer muy feo incluso pueden morir y pueden dejar a una familia entera sin un miembro.

Pero lo que está diciendo son cosas que todos estábamos aprendiendo al inicio de la pandemia. ¿Esto quiere decir que la información nunca les llegó como debe ser y en un tiempo adecuado?

Si, en parte es eso definitivamente porque hasta ahora estoy viendo campañas de información en idioma q’eqchi y poqomchi, no es algo que haya empezado desde hace rato. Pero también la pertinencia cultural es importante porque se han dedicado mucho tiempo en solo decir Vacúnate. Está bien, pero ¿qué es la vacuna? No explican por qué es importante usar mascarilla o quedarse en casa. Me preguntaron mucho porque es obligatorio a la gente cuando la mayoría de los jóvenes que trabaja está afuera ¿qué hace la gente que tiene que comer? Decían que era injusto pedir que se queden en casa, cuando la persona que tenía que salir para conseguir alimentos no se podía mover. Otra cosa que me dijeron es que para obligarlos a usar mascarilla, se las tenían que dar porque cada una les cuesta Q5 y son personas que ganan Q10 diarios, es la mitad de su salario mensual.

¿Si vio a la población abierta a escuchar a los médicos? ¿Cambió algo después que lo escucharan?

Si, fue un cambio, pero fue dirigido a los lideres. Primero tenemos que convencer a los líderes religiosos y comunitarios, no podemos llegar a una comunidad sino hemos llegado a ellos antes porque son personas que ellos conocen y a quienes le tienen confianza, por eso es tan importante convencer al pastor, pero explicarle y tratar de entender por qué dice él que la vacuna es anticristiana, tratar de llegar al fondo de la situación. Pero tratan de convencer al pastor que ya no diga cosas malas de la vacuna y creo que lo han logrado, porque se sienten amenazados de que si dicen cosas malas de la vacuna les van a cerrar su iglesia. Pero aquí pasó algo cuando el área de Salud decía que lograron convencer a un líder religioso porque lo estuvieron visitando varias veces, pero al ofrecerle la vacuna, no se quiso vacunar. Debemos entenderlos, no solo convencerlos y lo importante es decirles eso sin atacar la religión. Nosotros vemos en redes sociales que se dirigen a las personas que no se quieren vacunar con términos peyorativos y eso no conviene y no tiene ningún sentido, debemos tener respeto por las creencias de las personas, desde el punto de vista religioso y natural, ese respeto nos ayudará a entenderlos y lograrlos convencer e informarlos.

Lo que pasó en Fray Bartolomé es que lograron convencer a los líderes a vacunarse, pero uno de ellos tuvo secuelas y eso fue lo que generó el rechazo generalizado de la población de esa comunidad

Esa es otra cosa que es bien importante hacer claro, las secuelas porque ellos ven la fiebre como algo muy malo. Si yo le voy a inyectar algo a alguien y le da síntomas gripales, le estoy poniendo la enfermedad y más si es una gripe muy fuerte que es lo que usualmente sucede con la vacuna. Una de las cosas que decimos para explicar eso es que cuando se le pone la vacuna a los niños pequeños a ellos también les da fiebre, lo que pasa es que no nos pueden decir que tan mal se sienten, pero como no hay mucha experiencia en la vacunación de adultos no tenemos esa experiencia cercana.

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¿Hacia dónde se debe dirigir más la información de la vacuna según su experiencia?

Creo que depende de cada comunidad para entender lo que cree, cuales son sus inquietudes. El diálogo con respeto y pertinencia cultural nos van a ayudar a ver hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos. En Chisec si cambió un poco el comportamiento. La ventaja que tenemos es que el alcalde que es una persona muy respetada y el hermano que también fue alcalde se vacunaron y los Cocodes también se vacunaron. Eso pienso que es un primer paso para lograr convencer al resto de la población. También es importante identificar de donde surgen las informaciones y cuál es el objetivo de esa desinformación. La gente vacuna a sus animales y no ha dejado de vacunarlos para nada, decirles eso también ha ayudado, porque se dan cuenta que, sin la vacuna, sus animales se les muere. Eso es importante, decir que las vacunas en general son buenas.

Xianzi suena exhausta. “Lo siento. He estado llorando la última media hora”, le dice a la BBC por teléfono desde Beijing.

Es el día después de que un tribunal desestimara por “falta de pruebas” el histórico caso de acoso sexual de la activista china contra una de las celebridades más importantes del país, que la ha convertido en el rostro del incipiente movimiento #MeToo de China.

Llegó a un callejón sin salida, siente.

Antes de nuestra llamada, Xianzi había intentado ponerse en contacto con una simpatizante a través de Weibo, la plataforma de redes sociales similar a Twitter en la que el joven de 28 años tiene un grupo de apoyo muy unido.

Pero tanto ella como su simpatizante habían sido había sido bloqueadas en Weibo después de la audiencia judicial. Al darse cuenta de que estaba aislada de su comunidad en línea estalló en llanto.

“Suspenden las cuentas constantemente. No hay forma de comunicarse. Los últimos tres años han estado separando a las feministas chinas entre sí”.

Una creciente represión

En 2018, cuando #MeToo se popularizó en China, Xianzi -cuyo nombre real es Zhou Xiaoxuan, pero es más conocida por su seudónimo- fue una de las muchas mujeres que comenzaron a compartir relatos de acoso sexual.

En un ensayo de 3.000 palabras que se volvió viral, acusó a Zhu Jun, un presentador de la emisora ​​estatal CCTV, de acosarla sexualmente en 2014 cuando visitó su camerino con la esperanza de hacerle una entrevista.

En ese momento, ella era una pasante de 21 años, mientras que Zhu era famoso en China, un rostro familiar para decenas de millones por presentar el evento televisivo anual de la Gala del Festival de Primavera.

En un ensayo posterior presentó más detalles, acusándolo de tocarla repetidamente durante unos 50 minutos, a pesar de sus intentos de impedirlo, y de besarla a la fuerza.

Su interacción fue interrumpida varias veces por personal entrando y saliendo brevemente de la habitación, pero ella describió estar tan congelada por el miedo y la vergüenza que no podía alertarlos. Dijo que solo salió de la habitación cuando Zhu se distrajo mientras hablaba con alguien, lo que le permitió “recobrar el sentido“.

Zhu ha negado sistemáticamente todas las acusaciones. Ha dicho que es víctima de una campaña de desprestigio y que ha soportado una “tremenda humillación”.

El día después de ese encuentro, Xianzi denunció el incidente a la policía.

Pero, según ella, le dijeron que callara, ya que Zhu era un ejemplo nacional de “energía positiva”, una campaña estatal destinada a promover el buen comportamiento, y por lo tanto alguien cuya reputación no podía mancharse.

Obedeció, hasta que llegó el movimiento #MeToo.

El caso ganó aún más notoriedad después de que Zhu la demandara por difamación. Ella lo contrademandó por “violación de los derechos de la personalidad”, utilizando una ley que en ese momento era lo más parecido a la discriminación contra el acoso sexual.

Desde entonces, la vida de Xianzi ha cambiado.

Nacida en una familia de clase media en Wuhan, se mudó a Beijing para estudiar dirección cinematográfica cuando tenía 18 años y trabajaba como guionista.

Desde entonces renunció, y estos últimos tres años ha estado viviendo de sus ahorros e ingresos esporádicos de trabajos como escritora independiente. Su abogado solo le está cobrando una tarifa mínima.

Xianzi se ha centrado en librar su batalla legal y hacer campaña por las víctimas de acoso sexual, muchas de las cuales se han acercado a ella para pedirle consejo, en sus cuentas de redes sociales, donde ha conseguido más de 300.000 seguidores.

Al mismo tiempo, los esfuerzos de las autoridades para censurarla se han intensificado, cerrando las discusiones y prohibiéndole publicar en Weibo. Incluso la frase “conejo de arroz”, un homónimo chino de la campaña #MeToo, ha sido eliminada de las redes sociales chinas.

Al principio, ella eludió la censura pasándole sus ensayos a seguidores que los publicaban en sus cuentas en su nombre. Pero luego esas cuentas también fueron suspendidas.

Xianzi también se ha convertido cada vez más en un blanco de críticas, con algunos blogueros nacionalistas acusándola de mentir y alegando que estaba “en connivencia con fuerzas extranjeras” para provocar controversias. Esta semana, un comentario sobre su caso en el periódico estatal Global Times afirmó que las fuerzas occidentales estaban utilizando el movimiento #MeToo para “destrozar la sociedad china” .

Luego, están los reveses legales. Según Xianzi, el tribunal rechazó su solicitud de etiquetar el caso como una demanda por acoso sexual después de que entró en vigor una nueva regla judicial.

También dijo que durante el juicio, el tribunal le dio poca oportunidad de hablar y bloqueó sus esfuerzos para presentar evidencia de apoyo, como imágenes de video del área fuera del vestuario y una foto de su encuentro con el Sr. Zhu.

En 2014, entregó una prueba, un vestido que había usado el día de su encuentro con Zhu. El examen inicial no encontró rastros de su ADN. Y cuando solicitó un examen más profundo, dijo que en el tribunal le dijeron que el vestido “no se encontraba en ninguna parte”.

Dijo que el tribunal también le dijo que era “innecesario” obligar a Zhu a testificar.

El experto en derecho de China, Darius Longarino, le dijo a la BBC que considera que el razonamiento del tribunal es “poco convincente”.

Algunos en China creen que hubo motivaciones políticas detrás de estas decisiones judiciales.

Además de todo esto, Xianzi todavía tiene que lidiar con la demanda por difamación de Zhu en su contra, en la que exige 650.000 RMB (US$100.000 dólares) como compensación.

La BBC ha intentado ponerse en contacto con Zhu y sus abogados, pero no ha recibido respuesta.

Todo eso le ha pasado factura a Xianzi. En un video compartido por simpatizantes la semana pasada, parece abatida mientras les habla poco después de salir de la sala del tribunal en Beijing.

“Tenía 21 cuando ocurrió el incidente. Ahora tengo 28, estoy tan cansada … no sé si tengo el coraje para luchar otros tres años“, dice.

Sus amigos activistas, su familia y su novio han sido vitales para brindar apoyo emocional, le dijo a la BBC.

Pero la terapia más eficaz para ella ha sido hablar con amigos y a través de sus ensayos. “Hablar es curativo”, dice, por eso la creciente censura ha sido dolorosa.

“Si se le prohíbe a las personas decir que están heridas, entonces realmente están tratando de destruirlas”, dice Xianzi. “No entiendo qué hice mal. ¿Por qué quieren destruirme?”

Una carga pesada

El caso de Xianzi es el segundo de alto perfil en las últimas semanas que se detuvo.

A principios de septiembre, los fiscales retiraron los cargos contra un empleado del gigante tecnológico Alibaba que había sido acusado de violar a una colega en un viaje de trabajo mientras estaba borracha, a pesar de que las investigaciones policiales encontraron que el hombre había “cometido indecencias”.

El hombre fue despedido de Alibaba y detenido durante 15 días.

Solo unos pocos casos de acoso sexual han llegado a los tribunales en China. Según expertos legales, un alto nivel de evidencia, que tiende a exigir grabaciones de video o fotografías del incidente real, impone una gran carga de prueba a los demandantes para probar su caso.

“Las víctimas sienten que no tienen más remedio que acercarse al público, lo que refleja el fracaso de estas instituciones en atender las quejas. Una víctima no debería necesitar publicar su experiencia en Weibo para que su empleador les preste atención”, dice Aaron Halegua. investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.

Pero hacer esto las pone en riesgo de ser demandadas por difamación por parte de sus presuntos acosadores, y los estudios de tales casos muestran que muy a menudo pierden.

En enero entró en vigor un nuevo código civil en China, que contiene el artículo 1.010 el cual especifica claramente que una persona puede demandar si ha sido acosada sexualmente, y que las instituciones y organizaciones deben tomar medidas para prevenir tal comportamiento e investigar los casos.

Cuando se presentó el año pasado, se anunció como una victoria. Pero con quienes hacen acusaciones de acoso o agresión sexual enfrentando una realidad diferente, el sistema legal está enviando un “mensaje contradictorio”, dice Longarino, un investigador académico de la Facultad de Derecho de Yale.

“Hay muchas más desventajas que ventajas en demandar, lo que crea un efecto escalofriante”, agrega.

“Juntos persistimos”

El resultado del caso de Xianzi ha sido un revés obvio para el movimiento #MeToo de China, dicen los activistas. Algunos lo ven como una amarga ilustración de las crecientes dificultades a las que se enfrentan las víctimas.

La activista Liang Xiaowen le dice a la BBC que un grupo feminista de 300 miembros en la aplicación de chat Wechat fue silenciado poco después del juicio de Xianzi. Los miembros aún podían publicar en el chat, pero no podían ver los mensajes de otros. “Estás aislado, pero ni siquiera te das cuenta”, dice Liang.

El lado positivo en el caso de Xianzi ha sido su legado, pues ha aumentado significativamente la conciencia sobre los derechos de las mujeres en China.

“#MeToo es importante por su rebeldía, es una de las últimas pocas voces significativas que todavía se expresan en China”, dice la veterana feminista Lu Pin. “Y no puede desaparecer, porque se deriva de las experiencias vividas reales por las mujeres chinas”.

Xianzi dice que considera que su caso ha logrado “avances” en la lucha por la justicia.

“Juntos persistimos. Eso ya es una victoria”, dice con determinación.

“Nunca he pensado que no vale la pena [todo el esfuerzo]. Ni por un segundo”.

Tras una denuncia recibida la madrugada del sábado 9 de octubre, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) localizaron un tráiler abandonado que dentro de su furgón tenía a 126 personas provenientes de distintos países que pretendían llegar hacia Estados Unidos.

El tráiler estaba detenido en el kilómetro 114 en la ruta que conduce de Cocales a Nueva Concepción, en el departamento de Escuintla. Según informó la PNC, al acercarse al lugar, observaron al piloto huir mientras se perdía entre los cañaverales, mientras que escucharon cómo desde el furgón se emitían voces de personas.

Al abrir el contenedor, se percataron de 126 personas originarias de Haití, Nepal y Ghana, algunos de ellos eran menores de edad.

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“Recibimos la llamada por la madrugada de parte de la fiscalía de Tiquisate, Escuintla. Al recibir esta información, como fiscalía especializada para que se cumplieran con los protocolos en cuanto al rescate de migrantes que son víctimas de estas estructuras criminales”, indicó el jefe de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, Stuarpo Campos.

Auxiliares de esta fiscalía se acercaron al lugar para entrevistar a las personas, sin embargo, no pudieron hacer ninguna detención de los responsables de trasladar en estas condiciones a los migrantes ya que huyeron del lugar.

Campos también indicó que dieron que están dando seguimiento a las denuncias que circularon en redes sociales que indicaron que este furgón iba custodiado por la PNC. “Hay información que el furgón habría sido custodiado por un vehículo asignado a la Sudbirección General de Investigación Criminal de la PNC. Al respecto se realizaron coordinaciones con la Inspectoría General quienes se constituyeron al lugar para indagar al respecto”, dijo.

El cabezal del tráiler estaba identificado con los números de placa C-193BVB y el furgón tenía las placas TC007CBH.

Fotografías difundidas por la policía mostraron a los migrantes bajando del furgón con mochilas o sentados en la carretera. El grupo fue llevado a un albergue del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) donde se les brindó alimentación.

Ese mismo día, el IGM los regresó a Honduras por la frontera de El Florido.

Según datos del IGM de enero a agosto de este año han sido expulsados 230 personas originarias de Haití, convirtiéndose ellos en la segunda nacionalidad más deportada por Guatemala. Solo superados por los hondureños que suman 639 hasta agosto.

Guatemaltecos rescatados en Tamaulipas

Ese mismo día, el Consulado General de Guatemala en Monterry, informó que 564 guatemaltecos, entre ellos 320 menores de edad, fueron rescatados el 7 de octubre por autoridades de ese país al interceptar tres camiones en los que eran transportados.

Según informaron todos los guatemaltecos adultos y los núcleos familiares serán trasladados vía aérea a Tapachula, Chiapas en vuelos de Puente Aéreo, para luego ser llevados a la frontera de México con Guatemala. Sin embargo, el IGM dijo que aún no podía dar información al respecto.

La colombiana Martha Sepúlveda se convertiría este 10 de octubre en la primera persona en aquel país que recurriría a la muerte asistida sin ser una paciente terminal, aunque padece desde hace tres años una Esclerosis Lateral Amiotrófica (Ela) que le asegurará el fin de sus días postrada en una cama.

Su deseo de morir dignamente se vio truncado cuando el Instituto Colombiano del Dolor (Indocol) le negó la eutanasia a menos de 24 horas de administrársela, aduciendo que no tenía una enfermedad terminal y que había presentado mejorías según una supuesta evaluación médica.

Federico Redondo, hijo de Sepúlveda, reaccionó en sus redes sociales diciendo: “de qué criterios habla si lo único novedoso es una cita inventada a último minuto con la médico tratando que llegó a una conclusión distinta a la del comité”.

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En una entrevista con la radio La W también indicó que su madre le había dicho que la decisión es “irrespetuosa, impresentable. Hicieron todo a escondidas y no notificaron que se iban a reunir. La médico tratante no nos informó y esto es contradictorio a los lineamientos propios de estos procedimientos”.

En acta del Comité para Morir Dignamente se reconoce que la valoración está basada en “concordancia con los hechos o imágenes conocidas en medios de comunicación masivos”. A esto hace referencia al reportaje publicado por Noticias Caracol donde se ve a la mujer sonriente y feliz porque le autorizaron morir dignamente.

Sepúlveda, que ya no contaba con su teléfono para mantener la paz y tranquilidad en sus últimas horas, ahora está en medio de una polémica en Colombia, mientras su asesores legales impugnarán la decisión del Indocol.

La eutanasia que no fue. Esta es la bitácora del inaudito reversazo de la muerte digna de Martha Sepúlveda.

Colombia.pic.twitter.com/omiiAdELs1

— Juan David Laverde (@jdlaverde9) October 10, 2021

El Comité Científico Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad en Colombia emitió un comunicado a pocas horas de hacerse efectiva la eutanasia a favor de Martha Sepúlveda, quien padece de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

En Colombia se despenalizó esta práctica  en 1997 para asistir la muerte de una persona con una enfermedad terminal, “que padecen de un intenso sufrimiento físico o psíquico que provenga de una lesión o de una enfermedad grave o incurable”.

Aunque Sepúlveda tenía ELA y sabía que terminaría sus días postrada en una cama sin poder mover ninguno de sus músculos, su muerte era motivo de discusión ya que no se encontraba en estado terminal y aún podía moverse.

Cuatro meses después que la Corte Constitucional haya ampliado el derecho a la muerte digna a pacientes no terminales y le haya otorgado este beneficio a Sepúlveda, a menos de 24 horas de hacerse efectiva la eutanasia, el Instituto Colombiano del Dolor le negó este derecho,

Sepúlveda, quien tiene 51 años, tenía programada su eutanasia para el domingo 10 de octubre a las siete de la mañana, este comité declaró “se revisó y analizó de nuevo de forma amplia y suficiente la solicitud” por lo que “se define que no se cumple con el criterio de terminalidad como se había considerado en el primer comité”.

#Atención: Cancelaron el procedimiento de eutanasia de Martha Sepúlveda que estaba programado para este domingo 10 de octubre a las 7 de la mañana en Medellín. Lea el comunicado de la IPS: pic.twitter.com/iQZekLSoBi

— Johanna Ramírez Gil. (@JohannaRami) October 9, 2021

En medios colombianos se cosignó que Sepúlveda esta lista para morir y que, incluso, había apagado su teléfono.

Según contó su abogada, Camila Jaramillo Salazar a los medios colombianos antes de conocer la resolución del IPS y luego de ver cómo se llevaban a cabo eventos religiosos para que ella considerara su decisión: “Martha no tiene ni idea de lo que han dicho los curas, entonces en realidad es como si el mundo estuviera explotando afuera y ella no tiene ni idea de lo que está pasando. Si el celular de Martha estuviera disponible, ella no tendría vida, pero hemos sido muy cuidadosos de que ella está en su mundo, resguardada ya y que nadie interfiera con su paz y su tranquilidad”, contó.

El pleno de magistrados de Corte Suprema de Justicia volvió a conocer el antejuicio contra la jueza de mayor riesgo D, Erika Aifán y designó a un nuevo juez pesquisidor.

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Según informaron, el magistrado integrante de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, Roaldo Isaias Chávez Pérez, será quien esté a cargo de resolver si existen las medios de prueba suficientes para investigar a Aifán .

Chávez Pérez es hermano del exdiputado por el partido extinto Libertad Democrática Renovada (Lider), Luis Adolfo Chávez Pérez, condenado a tres años de prisión  por tráfico de influencias en un caso que llevó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

El antejuicio contra Aifán fue presentado por el Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial por emitir resoluciones que ellos consideran como ilegales cuando estuvo a su cargo el caso de Comisiones Paralelas 2020.

Los tiempos en este expediente judicial pueden ser confusos al ver que un hombre en Sololá fue condenado por haber agredido físicamente a la mujer que había matado dos años antes.

Era su pareja, tenían cuatro hijos en común que al momento de la agresión tenían 16, 11, 9 y 6 años de edad. Tres de ellos fueron testigos de cómo su papá la dio un puñetazo a su mamá la noche del 14 de diciembre de 2015.

La denuncia llegó horas después cuando Marta* fue atendida por los golpes que tenía en el Centro de Atención Permanente (CAP) de Nahualá.

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Pero fue el 29 de octubre de 2020 cuando el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra la Mujer de Sololá condenó al señor de apellido Tzup por este hecho. La sentencia llegó dos años después que Tzup matara machetazos a Marta.

Cuando el agresor estaba en prisión por el delito de femicidio, el Ministerio Público pedía que a la condena se le agregaran cinco años más por haberle pegado a su pareja.

Los hechos

La familia vivía en el barrio Chuajuyub en Nahualá. Marta fue a ratificar su denuncia a la Fiscalía de la Mujer el 5 de enero de 2016. Los detalles de lo que pasó esa noche de diciembre se mantienen guardados en aquella declaración testimonial que fue usada durante el juicio debido a la ausencia de Marta.

“Estábamos junto a mi esposo en nuestra cada de habitación, específicamente en uno de los cuartos de nuestra casa, empezamos a discutir por situaciones personales y de nuestros hijos, en eso mi esposo se molestó conmigo porque como mis dos hijos estaban peleando yo defendí a A., luego se quería llevar a mis hijos entonces yo le dije que me los dejara pero él se molestó y con una de sus manos me dio un puñetazo en mi rostro en la parte del lado izquierdo”, contó.

Según dijo Marta en ese entonces, era la primera vez que le pegaba. Pero dijo que ya no quería seguir con la denuncia porque se reconcilió con él. Pero la ley manda a continuar con el proceso, aunque la víctima desista de la denuncia debido a que la violencia contra la mujer son delitos de acción pública.

Por ello, los hijos de Marta también brindaron su declaración por haber sido testigos y la fiscalía continuó con el proceso, aunque el caso llegó al juzgado en 2019, un año después de haberse registrado el femicidio de Marta.

Fue el 28 de mayo de 2018 que los medios locales reportaban que el señor Tzup había huido con sus hijos luego de haber matado a machetazos a Marta.

El 3 de abril de 2019 fue sentenciado por el delito de femicidio y en octubre de 2020 por las agresiones hechas contra su esposa en una audiencia donde la jueza unipersonal de sentencia, Ana Karina Guzmán, pidió que se investigara al MP y al Organismo Judicial para determinar en qué fase del proceso se detuvieron las diligencias.

“La justicia ha llegado tarde para quien era merecedora de una tutela judicial efectiva (…) hoy esta sentencia no le devolverá la vida a una mujer víctima de la violencia en pareja, dejando a quien juzga un vacío legal y humano de quien no tuvo una tutela judicial efectiva”, argumentó la jueza.

Atrasos en la investigación

El Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público reporta 234 denuncias diarias de víctimas de delitos contra la niñez y la mujer. Según mencionan, el 25 por ciento de las denuncias ya están solucionadas, aunque esta solución va en la vía del sobreseimiento, archivo, desestimación y, en pocos casos, la sentencia.

Esteban Celada, abogado de la organización Mujeres Transformando el Mundo (MTM) lamenta que el caso de Marta no sea el único ya que se ha evidenciado que los hechos que llevaron a la muerte de la mujer sean los que lleven a la condena del agresor y no las denuncias que existieron previamente.

“Aquí hay dos ejes importantes, el de la justicia inmediata y el de la efectividad de las medidas de protección y como nunca se implementó el control telemático y esto es algo estructural porque las mujeres son asesinadas antes que se haga justicia”, menciona.

Según comentó, una de las usuarias que buscó ayuda a la organización decidió huir del país cuando se percató que la denuncia hecha contra su agresor no avanzaba.

Juan Pérez, directora de uno de los albergues que tiene a su cargo el Centro de Apoyo Integral para las Mujeres (Caimus) de la región metropolitana lamenta que el MP no lleve control de sus investigaciones y eso lo han visto en las mujeres que están bajo su resguardo.

Solo durante el 2021, los Caimus llevan 622 procesos y han dado 469 atenciones iniciales a mujeres que han buscado.

Según explicó, los albergues reciben a víctimas de violencia que no tienen redes de apoyo donde resguardarse cuando son agredidas por sus parejas u otros agresores. Les dan un lugar donde vivir, atención psicológica, asesoría legal y talleres de ocupacionales para evitar que lleguen situaciones como la de Marta.

(los nombres se resguardan para proteger a los hijos de la víctima)

La desinformación alrededor de la pandemia del covid-19 y la vacunación como una de las medidas más eficaces para contrarrestarla es uno de los desafíos por los que se enfrentan actualmente las autoridades de gobierno y municipales.

Un estudio ejecutado a mediados del 2020 por la organización Global Communities presenta el impacto de los rumores para la atención de la pandemia y cómo estos pueden ser contrarrestados con mensajes “antirumor” en colaboración de líderes comunitarios.

El uso del rumor en emergencias sanitarias no es nada nuevo, explica el antropólogo Engel Tally al comentar que existe documentación de cómo líderes políticos y religiosos emprendieron una campaña de desinformación contra la vacunación contra el polio en Nigeria en 2003, lo que provocó que la población creyera que las vacunas estaban contaminadas con el Virus de Insuficiencia Humana (VIH) o que causaban infertilidad.

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Tally explica cómo los rumores son recursos narrativos de las personas para explicarse cosas que no conocen, especialmente en contextos de incertidumbre. Por lo que una pandemia resultó ser el momento en el que estos predominaron en el ambiente, más allá de la información oficial.

Así lo explica también Guillermo Hegel, director de Programas de Salud de Global Communities “la cantidad de información que circula en las redes sociales es en volumen mucho mayor que una campaña que normalmente puede hacer una oficina de estado, otra parte que incide es la credibilidad que puedan tener las instituciones y la presencia física que tengan las autoridades en las aldeas o comunidades”, agrega.

El estudio ejecutado en seis municipios del departamento de Guatemala y en siete municipios de Huehuetenango dio seguimiento a 526 rumores, de los cuales el 62% de ellos circulaba entre la comunidad, el 20% se compartía en espacios públicos como la plaza o el día de mercado y el 18% surgía en los medios de comunicación o redes sociales.

“Los rumores inician de distintas fuentes. Capturamos uno en Villa Nueva que se refería a que las pruebas de covid-19 estaban contaminadas y logramos identificar que esto venía de un reportero de Fox News de Estados Unidos y que se compartió en las redes sociales pese a que Twitter botó el mensaje de este reportero” comenta Tally.

Los expertos clasificaron estos rumores en cuatro categorías y el nivel de riesgo que podría provocar en la población. La primera categoría se refería a la inexistencia del virus cuando la gente decía que era un “invento del gobierno para robar dinero”, la segunda era sobre el cuestionamiento a las medidas de prevención al resistirse a usar la mascarilla, la tercera se refería a subestimar la gravedad de la enfermedad al creer que se trataba de una simple gripe y la cuarta categoría incluía los rumores en cuanto a la automedicación al pensar que con hierbas naturales se podían curar.

“El no creer en el virus estaba asociado a la poca credibilidad que tienen el Estado combinado a un trasfondo religioso, eso nos ayuda en comprender la situación en otras dimensiones y que al no confiar en el sistema de salud las personas están tratando de paliar la situación en la medida que ellos creían posible”, explica Tally.

Campañas “antirumor”

Luego de detectar los rumores que se esparcían en el ambiente, este proyecto generó mensajes que suplían la necesidad de información de la población a través de estrategias realizadas a nivel comunitario en donde se enviaron spots radiales, se hicieron perifoneos, mantas, afiches y se enviaron mensajes de texto y de whatsapp en los idiomas mam y q’anjob’al.

Esto estuvo acompañado de conversaciones interpersonales con líderes comunitarios. Esto, a decir de los involucrados, debe replicar el gobierno ya que Tally menciona que la desinformación durante este 2021 es mayor que la que observaron el año pasado.

En le ley de emergencia para la atención del covid-19 que aprobó el Congreso en septiembre de este año se contempló un apartado específico donde ordena a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) a ejecutar campañas de información, sensibilización y divulgación donde deben incluir cómo se previene el covid-19, los síntomas y señales de peligro que requieren hospitalización, la importancia y beneficio de la vacuna y el protocolo de atención para tratar las secuelas de la enfermedad.

La SCSP informó que se están apoyando en estudios antropológicos hechos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para comprender las causas estructurales de la renuencia a la vacunación y que esperan que en las próximas semanas puedan empezar a lanzar los primeros mensajes de la nueva campaña de información.

Mientras tanto, Tally y Hegel mencionan que la metodología del trabajo que realizaron en Huehuetenango y Guatemala es libre para que las autoridades puedan usarlo.

Este lunes 27 de septiembre, Prensa Libre publicó  un reportaje que evidenciaba la resistencia de las comunidades de Chisec, Alta Verapaz, a la vacuna contra el covid y el desafío para los trabajadores de salud para convencerlas.

El municipio de Chisec, Alta Verapaz es el más rezagado en la vacunación contra el covid-19 debido a la desinformación que circula alrededor del virus y al abandono histórico del Estado en estas poblaciones tan lejanas.

La publicación periodística evidenció el fuerte estigma que existe ante la enfermedad y la vacunación  y el poco apoyo que líderes comunitarios y políticos han dado al personal de salud comprometido con la estrategia de inmunización a nivel nacional.

El Área de Salud de Alta Verapaz informó este viernes que en los últimos días han logrado avanzar en esta estrategia gracias a las diversas intervenciones lideradas por una comisión de salud creada específicamente para la intensificación de la promoción de la vacuna. Parte de este trabajo fueron varias reuniones hechas con líderes comunitarios, religiosos y municipales que sirvieron para despejar dudas y temores en torno a la vacuna.

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“A raíz de esas reuniones el alcalde mostró su apoyo al distrito de salud, incluso el hermano del alcalde fue se vacunó y eso ha ayudado que el resto de población siga el ejemplo”, explicó María Antonieta López, jefa del departamento de enfermería del área de salud.

Especialistas del Hospital Regional de Cobán también participaron en estas jornadas de información y visitaron Chisec para convencer a la población. “Una de las intervenciones que más nos funcioné fue que un médico del hospital que es genetista y pediatra nos acompañó a una de las charlas con los Cocodes y eso nos fortaleció bastante porque logró responder preguntas que tal vez los enfermeros no podían responder con la misma claridad”, agregó.

Además de haber implementado una jornada de vacunación entre los trabajadores de la municipalidad de Chisec, miembros de los distintos Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) también accedieron a la vacuna, por lo que se espera que en los próximos días más gente acceda a esta inmunización y así evitar que el virus del covid-19 se siga propagando en la región.

López menciona que de vacunar a 60 personas diarias en Chisec, ahora han logrado a alcanzar entre 400 y 500 diarias. Aunque dice que esto es insuficiente y que aún no ha aumentado la vacunación en las aldeas más lejanas, Lopez reconoce que esto es un avance y espera que el mismo efecto se tengan en los 15 distritos de salud que cubren todo el departamento.

Desde el Área de Salud de Alta Verapaz me comparten que raíz del artículo publicado este lunes y de diversos esfuerzos impulsados por el personal de salud, lograron convencer a los líderes de Cocodes para que se vacunaran contra el covid-19 @prensa_libre pic.twitter.com/YZHhoLXbu9

— Mariajosé España (@mespana_pl) October 1, 2021

Una de las primeras ideas que se tenía de la enfermedad del covid-19 era que no afectaba a los niños, niñas y adolescentes (nna) con la misma gravedad con la que atacaba a los adultos. Aunque dicha percepción cambió con la llegada de la variante delta, hay un efecto en la niñez aún más estremecedor.

En 18 meses de pandemia, Guatemala ha registrado, según los datos oficiales, la muerte de 13 mil 564 personas a causa del covid-19, muchos de ellos eran madres y padres de familia que dejaron en la orfandad a miles de niños.

Aunque aún no se tiene un número exacto de cuántos niños quedaron a la deriva, el Imperial College de London hizo una aproximación sobre esta cruda realidad. Según un estudio que hicieron a nivel global y donde incluyeron a Guatemala, estiman que alrededor de 11 mil 500 niños y niñas perdieron a uno de sus padres debido a la gravedad del covid-19.

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Otto Rivera, director del Observatorio de los Derechos de la Niñez, comentó que el número es preocupante y precisó que hay casos en que los niños perdieron a sus dos padres, quedando bajo el cuidado de sus abuelos o tíos. De esta forma, la pandemia ha vulnerado más a la niñez y es un tema, indica, que aún no ha llamado la atención de las autoridades competentes que deben velar por el cuidado de los menores de edad.

“Guatemala necesita un sistema nacional de protección integral y garantía de derechos de las niñas y niños. Si no había una institución responsable antes, ¿quién se va hacer cargo hoy de la protección de la niñez que ha perdido a sus referentes parentales por la pandemia?”, expresó.

Alejandra Astorga, magister en psicopedagogía y neuroaprendizaje, señaló que la pandemia está afectando la salud mental de todos, pero principalmente en los niños quienes se han tenido que enfrentar a una edad muy temprana a conceptos como la muerte y el duelo.

“No es que la pandemia haya inventado la muerte pero esta situación nos llevó a enfrentar perdidas de familiares, amigos, conocidos, el tema de la muerte pareciera que es parte de la cotidianidad en este momento, es algo que ocurre con frecuencia y esto genera muchas ansiedad y temores, sino se trabaja un proceso de acompañamiento vamos a detener a futuro a personas con vínculos afectivos y sociales lastimados”, explicó.

Ante esta situación, Astorga añadió que es importante escuchar a los niños, darles la importancia que se merecen, tomarlos en serio y dejar de lado cualquier tipo de prejuicio que limite la expresión de las emociones.

“A veces los adultos tienen poca comprensión con los niños, tienen que darles un espacio para que se puedan expresar y decir cómo se sienten, también hay algunos ejercicios emergentes como escribir una carta a la persona que ya no está, preguntarle qué es lo más extraña y que les gustaba compartir con ellos, pero algo muy importante es dejar llorar, quitar el estigma que los niños no lloran o porque no lo van a dejar descansar, es necesario llorar”, concluyó.

Más desafíos

Pero la pandemia no es el única barrera a la que se enfrentan los niños, ya que el país tiene problemas históricos de desigualdad y pobreza que ha dejado a esta población en precarias situaciones.

Aunque la inversión pública destinada a niñez y adolescencia ha aumentado del 2015 a la fecha, esto es insuficiente y hay programas esenciales que se han descuido y que muchos tienen que ver con salud en un año crítico donde muchos niños y adolescentes se han visto abandonados en la atención integral más allá de la pandemia.

Según el Observatorio de la Inversión Pública en Niñez y Adolescencia (IPNA) el 78% de esta inversión es ejecutada por el Ministerio de Educación, sin embargo, esto no se refiere a que los niños tengan solventadas sus necesidades educativas ya que dentro de los programas con mayor recorte en sus asignaciones hasta julio 2021 fueron el de la educación escolar primaria, con una reducción de Q160 millones.

Mientras el Ejecutivo se preocupaba por obtener más recursos para la atención de la pandemia, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social recortó Q40.2 millones del programa de Prevención de la Mortalidad de la Niñez y de la desnutrición crónica y también disminuyó Q11.1 millones para la prevención de la mortalidad materno y neonatal.

Según cálculos de este observatorio trabajados por Save the children y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) el estado invierte por cada niño recibe diariamente Q9.59, algo insuficiente para cubrir sus necesidades básicas.

“El año pasado se quitaron recursos al Ministerio de Salud para aplicarnos al tema covid, principalmente para poder atender la ventana de los mil días, invertir en la desnutrición, micronutrientes y otros tipos de vacunas, este último tema se ha descuidado y estamos dejando brechas muy importantes que nos van a afectar a mediano y a largo plazo en enfermedades que ya estaban erradicadas o controladas”, dijo Miguel López, director de la Asociación Nacional Contra el Maltrato Infantil (Conacmi).

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Bajo los golpes

Una de las principales recomendaciones para combatir la pandemia sigue siendo no salir de casa, lo que se traduce a un confinamiento que ha sido aprovechado por los agresores de niñas y mujeres.

“Seguimos encontrando una gran cantidad de violencia física y sexual, hay muchos niños desaparecidos, nuestros datos contabilizan arriba de 5 mil las alertas Alba/Keneth, principalmente niñas; hasta agosto la violencia sexual iba arriba de 3 mil casos, datos de otras organizaciones señalan a la fecha hasta más de 50 mil embarazos en niñas y adolescentes, lo que menos se ve es un compromiso del Gobierno”, refirió López.

Cualquier tipo de violencia; física, psicológica y sexual, es la constante para los menores de edad en donde resalta la nula respuesta del Estado para la debida aplicación de políticas públicas.

“Los datos de violencia de niños desaparecidos se mantienen en un alza constante, esto quiere decir que tenemos que cambiar lo que llamamos como un sistema de protección para la niñez. Cualquier dimensión que queramos analizar alrededor de la niñez vamos a detectar serios problemas”, señaló por su parte Leonel Dubón, director del Refugio de la Niñez.

¿Educación a distancia?

Desde hace un año y medio la pandemia del covid-19 ha impactado Guatemala, en el sistema educativo frenó de tajo las actividades académicas haciendo que la nueva forma de acceder a la educación sea a través de una computadora o un teléfono con acceso a internet.

Esta nueva metodología de clases es un alto a los deseos de superación que tienen los niños de escasos recursos, y cuyos padres no tienen los medios para acceder a ese tipo de herramientas tecnológicas.

“El contexto de la pandemia vino a complejizar y a retroceder más en los derechos de la niñez. No tenemos datos viables para saber cuántos niños han desertado del sistema educativo, si el año pasado la deserción fue grande este año será mayor, aunque exista disponibilidad de los centros para dar clases virtuales no todas las familias tienen los recursos para acceder a esa tecnología”, dijo Dubón.

Una madre sostiene a su niña de 2 años en la Palmilla, Camotán, en el denominado “Corredor Seco” del territorio, donde se acumula el hambre para miles de familias guatemaltecas de escasos recursos. (Foto Prensa Libre: EFE)

Pese a estar condenados por delitos sexuales y en muchos casos las víctimas son niñas, el Ministerio de Educación mantiene activos a 21 maestros en establecimientos públicos.

El profesor Armando Filiberto Vaides Juárez es uno de ellos. El 14 de septiembre último fue condenado a 27 años y ocho meses de prisión por haber violado a una niña de 12 años; sin embargo, sigue trabajando en la Dirección Departamental de Educación de Alta Verapaz porque su sentencia no está en firme.

Ligia Hernández, diputada de la bancada Semilla, denunció que actualmente el Mineduc tiene activos a 40 maestros que aparecen en el Registro Nacional de Agresores Sexuales (Renas), y pese a que han sido condenados por delitos sexuales, no han sido destituidos.

Aunque la información proporcionada por el Renas no indica si esas personas imparten clases o son parte del personal administrativo, abogadas del bufete de Derechos Humanos señalan que ninguno de los docentes que ellas han denunciado han sido separados de sus labores y, por lo tanto, mantienen contacto con niñas y adolescentes.

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“El maestro tiene una simbología en las comunidades como alguien que enseña, un líder y un referente. Sería inverosímil creer que un maestro que sea el que enseñe, sea también el que viole y lastime”, explicó la abogada Lilian Vásquez, quien brinda asesoría legal a las familias de las víctimas.

A decir de Vásquez, se han dado cuenta de que los maestros que han ido a juicio han presentado sus contratos en el Ministerio de Educación como prueba de que no se darán a la fuga, para evitar ir a prisión.

Sin embargo, algunos han aprovechado esa circunstancia para escapar, como hizo el director de una escuela de Alta Verapaz, acusado de haber violado a una niña de 11 años, quien quedó embarazada. “Lo capturaron, pero la jueza no quiso darle prisión preventiva y ahora no sabemos de su paradero”, contó la abogada.

La burocracia a favor de los agresores

Ante estos señalamientos, el Mineduc, por medio de su asesor legal, Rafael Tol, explicó que, de esos 40 maestros que indica la diputada, 19 fueron dados de baja porque abandonaron sus labores al huir de las comunidades donde trabajaban.

Los 21 restantes aún no han sido destituidos porque el Mineduc explicó que se debe esperar a que la sentencia esté en firme para proceder, además de concluir el proceso administrativo y pedir autorización a la Procuraduría General de la Nación para que se hagan efectivas las destituciones, ya que la cartera está emplazada por los juzgados laborales.

Estas personas que ya fueron condenadas por delitos sexuales se encuentran en 19 de los 22 departamentos del país, pero las autoridades de Educación no especificaron en qué municipios o establecimientos.

“Dentro del Mineduc priva el legítimo derecho a ser vencidos, primero dentro del proceso disciplinario, ya que, de no hacer ese procedimiento, la Ley de Servicio Civil les permite que demanden al Estado para solicitar la reinstalación del trabajador. Por eso debemos tener la certeza y cumplir con el debido proceso”, explicó Tol.

Sin embargo, de esos 21 casos el Mineduc tampoco inició proceso disciplinario interno, porque a pesar de existir condena, aseguran que los hechos nunca se denunciaron en las direcciones departamentales ni en el Departamento de Recursos Humanos.

La diputada Hernández denunció que la normativa actual se ha convertido en un mecanismo de impunidad para favorecer a los abusadores y no en un instrumento para proteger a las niñas; sin embargo, las autoridades de Educación subrayaron que actúan en el marco que les permite la ley.

“Esto nos preocupa porque lo que implica la violencia sexual en las niñas es la deserción escolar. El derecho a la educación es poder y es salir de la violencia sistemática. El Estado de Guatemala, además de no garantizar el interés superior de la niñez, también violenta el derecho humano de las niñas a la educación”, aseveró Vásquez.

Organizaciones que acompañan legal y psicológicamente a las niñas víctimas pide que el @MineducGT suspenda de labores a estos docentes ya que de los más de 15 denunciados en Alta Verapaz siguen dando clases @prensa_libre pic.twitter.com/tB1fyljIGe

— Mariajosé España (@mespana_pl) September 28, 2021

Denuncias en Alta Verapaz

El departamento de Alta Verapaz es el que registra más denuncias contra maestros. Solo el bufete de Derechos Humanos acompaña 22 denuncias contra docentes, algunas de estas denuncias contabilizan a más de 6 víctimas de un solo maestro que se aprovechó de su poder local para abusar de las niñas.

Para finales de octubre se espera la sentencia contra uno de estos profesores. Se trata del caso de una niña de 14 años que sobresalía por sus buenas calificaciones y que, al ver que bajó su promedio, su profesor le dijo que podía ayudarla si llegaba ese día a su casa. El hombre de 45 años le ofreció un vaso de agua pura que contenía una sustancia adormecedora, después la violó y grabó el suceso que le sirvió para chantajearla durante dos años hasta que ella lo denunció.

“Aquí hubo una perpetuación de violaciones sexuales que no se puede cuantificar de tantas que fueron. Por la perpetuidad de la violación sexual, ella tiene un daño emocional severo muy grande”, explicó la abogada Lilian Vásquez.

El segundo caso que está en espera de fecha para iniciar debate es el de un docente de preprimaria de San Pedro Carchá que utilizaba el aula donde impartía clases para abusar de niñas de grados más avanzados.

Hacer campaña para la vacunación contra el covid-19 parece tarea fácil si se ve desde el centro de la capital, con puestos de vacunación accesibles para quien viaja en automóvil y con un registro fácil que se puede hacer desde el teléfono o una computadora.

Pero para Silvia Reyes, que está bajo un intenso sol que calienta el ambiente a más de 32 grados, no es así. Es mediodía, lleva cinco horas visitando a la gente casa por casa para convencerlos a que se vacunen contra el covid-19, pero solo nueve personas han dicho que sí.

La meta es vacunar, al menos, a diez personas al día. Cada vial de vacuna permite extraer diez dosis y para no desperdiciar ni una sola, Reyes ha caminado hasta doce horas para encontrar a esa última persona y poder regresar tranquila a casa.

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No va sola. La acompañan dos enfermeros, Álvaro Tot y Wendy Romero. Uno de ellos carga una pequeña hielera con las dosis de la vacuna Astrazeneca y el otro lleva varias hojas con las recomendaciones que comparten a la población donde dice que es normal que sientan fiebre, dolor de brazo o un poco de cansancio.

Las vacunas llegaron a Chisec en los primeros días de marzo, doce días después que iniciara el plan de vacunación a nivel nacional y la estrategia comunitaria para que la vacuna llegue a todas las personas mayores de 18 años empezó casi dos meses antes de que el presidente, Alejandro Giammattei, anunciara que la población mayor de edad de todo el territorio ya podía optar por este derecho.

A pesar de haber abierto todas las fases de vacunación varias semanas antes que en la capital, Chisec es el municipio con más rezago en la vacunación en Alta Verapaz, el departamento que tiene el índice más bajo de personas inoculadas a nivel nacional.

En siete meses, el personal de salud solo ha logrado vacunar a 7 mil 982 personas de una población meta de 56 mil 281. Es decir, un 14.18%.

Reyes conoce muy bien estos datos, sabe que vacunar a todas las personas posibles es un compromiso, aunque no sea fácil.

A los 22 años se graduó de enfermera y ahora, cuatro años después, es asistente técnica de territorio de 16 comunidades de Chisec. Todos los días sale con su equipo a hacer un barrido de las casas que hacen falta por vacunar.

Ellos son tres de los 45 enfermeros que se encargan de las 161 comunidades rurales del municipio dentro de la estrategia comunitaria de vacunación.

“Cuando los visitamos nos insultan, nos cierran la puerta o en algunos casos ya ni nos atienden o nos ignoran. Algunos de los compañeros han recibido amenazas de muerte, pero ahí seguimos, tratando de no estar solos para evitar que algunas personas con malas intenciones nos quieran hacer daño” explica mientras Tot habla en q’eqchi con don Félix Batz, un leñador de 66 años al que lograron convencer, un día antes lograron vacunar a su esposa e hija.

Ese día, en la comunidad de Canaán, a dos horas del centro de Chisec, tuvieron suerte porque don Félix fue la décima persona que lograron vacunar a las dos de la tarde.

Cuando es así, dicen, aprovechan el resto de la tarde para seguir convenciendo a la gente y reunir a las diez personas a vacunar para el día siguiente. No se pueden arriesgar a abrir un vial si no tienen esa cantidad de voluntarios porque echarían a perder el resto de las dosis.

Con paciencia, Reyes ha escuchado una y otra vez la negativa de la población a recibir la dosis de Astrazeneca.

“Nos dicen que la vacuna los va a matar, que es del 666, que es un chip que se les va a introducir para manipularlos, que los va a dejar estéril, que los hombres no van a tener erección y las mujeres se van a volver lesbianas” comparte.

Informaciones falsas

La falsa información en Chisec ha viajado más rápido que la información oficial y cuando los enfermeros llegan a tocar la puerta de la gente ya es demasiado tarde.

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Antes de la pandemia, la revista científica Sciencie ya había dicho con preocupación cómo las noticias falsas llegan a muchas más personas que las noticias veraces. En 2018 se calculaba que solo el 1 % de las noticias falsas más difundidas llegan hasta a 100 mil personas, mientras que ese mismo porcentaje de noticias verdaderas llegaban rara vez a mil personas.

Con la pandemia, esto se ha evidenciado más, poniendo en peligro a millones de personas en el mundo.

“Hola mi vida, cómo estás. Por favor no se vacunen, la Pfizer y la Moderna ha matado más de 200 mil personas solamente aquí en Estados Unidos. Las vacunas están dando trombos pulmonares, está pudriéndole a la gente los órganos, el hígado y los riñones. Se está reventando la gente por dentro, las vacunas no son del covid. La vacuna es transgénica, altera el ADN humano y están llenas de grafeno, es un metal líquido, y cuando activen las antenas 5G toda la gente que se vacunó se va a morir. Aquí los hospitales están colapsados y todos los que están muriendo tienen las dos dosis de las vacunas. El FDA no las ha aprobado porque no son vacunas, son ensayos experimentales de grafeno para alterar el ADN humano. La gente se está muriendo durante el sueño”.

Esto dice un audio que se comparte a través de whatsapp. Es la voz de una mujer latina que dice vivir en Florida y que en más de cinco minutos repite que la vacuna los va a matar.

Esta información ha calado entre la población y es lo primero que dicen las personas al preguntarles porqué no se quieren vacunar.

“La vacuna mata, tengo una mi amiga que se vacunó y se murió, ella tenía diabetes, cuando se fue a vacunar estaba bien, pero al día siguiente tuvo fiebre”, dice María del Carmen Marroquín, dueña de una tortillería.

Pero Marroquín no quiso dar más detalles de su amiga que se murió. Los enfermeros creen que ella se apropió de las historias que se comparten por whatsapp porque en Chisec no han reportado a ninguna persona que se haya muerto después de la vacuna.

“¿Quiénes son los que dicen todo eso de la vacuna?” es la pregunta que escucha Teresa Latz Coy, ama de casa y miembro del Consejo Comunitario de Desarrollo Urbano y Rural (Cocode) de Canaán.

“De las informaciones que circulan por audios o videos. En mi caso, no creo en esa cosa, hasta dicen que se pegan cosas en nuestro cuerpo y que uno se vuelve como imán”, responde Latz.

Con la falta de apoyo de los líderes de la comunidad, la tarea para vacunar a la gente se hace aún más difícil. Pero las informaciones falsas no es lo único que se comparte por las redes sociales. Durante la visita a Canaán, el 20 de septiembre, uno de los videos que circulaban por whatsapp era el del alcalde de Chisec, Fidencio Lima, bailando durante las festividades de Independencia sin mascarilla y rodeado de decenas de personas que tampoco se cuidaban.

Vacuna desigual

Chisec es apenas una muestra de lo que está viviendo Alta Verapaz, el departamento con más rezago en la vacunación a nivel nacional pese a ser la región con más centros de vacunación.

Según el MSPAS, Guatemala tiene 54 puestos de vacunación mientras que Alta Verapaz tiene 120. Aunque estos no funcionan simultáneamente por falta de personal, el Área de Salud los habilita según la estrategia regional con la que trabajan.

Alta Verapaz es el noveno departamento con más incidencia de casos de covid-19, con 15 mil 839 casos acumulados en toda la pandemia y 230 fallecidos. Aunque en el tablero covid del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) aparece de color rosa por el nivel de contagios, la situación podría ser más grave si se hicieran las suficientes pruebas.

Solo en el Centro de Bienestar Respiratorio de Cobán, que funciona desde hace tres meses, se realizan 60 pruebas diarias y el 50% sale positiva. En todo el departamento se realizan entre 250 y 300 pruebas diarias con un porcentaje de positividad del 40%.

Después de Alta Verapaz, que tiene al 19.9% de su población vacunada con primera dosis y el 7.6% con el esquema completo, los departamentos con menor incidencia son Quiché (22.8% con primera dosis), Totonicapán (24%), San Marcos (26%) y Sololá (25.4%).

Sofía Montenegro, en un estudio publicado por Diálogos, recoge que el 25% de la población urbana ha recibido una dosis de la vacuna de covid-19, mientras que, para la población rural, el porcentaje tan solo ha llegado al 10% de sus habitantes

Estos departamentos tienen en común que son de mayoría indígena y aunque la promoción de la vacuna ha llegado a estos lugares, no ha sido con pertinencia cultural y los alcaldes no se han comprometido con el plan de vacunación como sí lo ha hecho el personal de salud.

Así lo explica María Antonieta López, jefa de enfermeras del Área de Salud de Alta Verapaz. “Necesitamos una campaña de promoción intensificada con enfoque antropológico porque hay mucha desinformación, además tenemos poco apoyo de las autoridades locales, los alcaldes le dicen a la gente que no se vacunen ni que se hisopen porque no es obligatorio”, dice.

Con la Ley de emergencia nacional para la atención de la pandemia del covid-19 aprobada por el Congreso el 10 de septiembre de este año, las autoridades de salud local esperan que se intensifiquen las campañas de promoción ya que se aprobó un artículo específicamente para la divulgación de la vacuna. Aunque López indicó que es importante cambiar la estrategia.

“El slogan aquí es vacúnate pero lo que queremos que la población entienda es que la enfermedad sí existe porque si no creen en el virus no van a creer en la vacuna. Deben saber que es el virus el que mata y no la vacuna”, agrega.

Pero para Montenegro este fenómeno debe ser estudiado con mayor detenimiento ya que el bajo porcentaje de personas vacunadas que se están registrando en la región norte y noroccidental puede que se explique, por una parte, por la falta de estrategias diferenciadas de las autoridades de salud (desde la planificación – con el Plan Nacional de Vacunación Contra COVID-19 – y su implementación), y por otra, puede ser el resultado de una desconfianza generalizada de alguna comunidades hacia el gobierno, que tenga como consecuencia el rechazo de éstas a la vacuna.

“Esta última explicación debe ser estudiada con más detenimiento, pues es trascendental entender las actitudes favorables y desfavorables que tienen las poblaciones respecto a la vacuna, sobre todo, cuando la comunicación oficial no ha realizado un esfuerzo por ser inclusivo con idiomas de la población indígena, ni tampoco han existido grandes acciones para acercar a líderes comunitarios a la campaña de vacunación”, agregó.

Esquipulas se ha convertido en el nuevo Puerto Príncipe para los haitianos que han hecho del oriente del país su ruta para llegar hacia Estados Unidos.

La situación política y de pobreza del país caribeño a obligado que miles de haitianos abandonen su territorio y se embarquen a un camino que los lleva a cruzar Guatemala como parte de su ruta migratoria.

Pero por no tener documentos deben evadir los controles de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) que, al verlos, los retienen y los regresan por la frontera por la que ingresaron.

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Migración indicó que no pueden tener un dato exacto de cuántas personas de Haití llegan a Guatemala de paso para dirigirse hacia Estados Unidos ya que la mayoría de personas ingresan por puntos ciegos.

Al localizar a grupos de indocumentados, los trasladan hacia el Centro de Atención Migratoria para Extranjeros en la zona 5 de la capital o a la frontera más cercana. Sin embargo, esto solo provoca que los migrantes decidan entrar por otro punto al país y ser más cuidadosos para que las autoridades no los vean.

De enero a agosto del 2021, el IGM ha albergado a 240 personas de Haití y ha expulsado a 105. Pero esta cifra no represente la situación real que se vive en Esquipulas.

El IGM indicó que es la PNC quien debe realizar los operativos para localizar a los indocumentados y realizar los traslados y el reporte a Migración.

Sin embargo, la PNC tiene una posición más pasiva. “Cuando se llega por parte de las autoridades muchos se retiran, pero aquí no es la persecusión de un delincuente sino la protección de alguien que entró de manera irregular”, indicaron.

Sin embargo, los peligros a los que se enfrentan estas personas siguen siendo latentes ya que muchos de ellos son abandonados por los supuestos coyotes que les cobran por llevarlos a Estados Unidos.

A decir de la PNC en lo que va del año han encontrado cinco furgones llenos de personas en El Progreso y Escuintla y la mayoría de ellos son de Haití, aunque también han consignado en menor cantidad gente de Suramérica y África.

Se consultó también a la Fiscalía de Trata del Ministerio Público, pero no se obtuvo ninguna respuesta.

Los casos de violencia sexual y femicidios en el país se enfrentan a un sistema desbordado que no actúa con celeridad frente a las más de 250 denuncias diarias que ingresan al Ministerio Público y a una sociedad que aún juzga a las víctimas.

María Eugenia Solis es abogada especialista en casos de violación a derechos de la niñez y de las mujeres. Ha trabajado durante los últimos años en la capacitación a operadores de justicia para la aplicación de la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y ha participado en peritajes internacionales en casos de femicidio, uno de ellos es el caso de María Isabel Veliz Franco.

Las denuncias de violencia contra la mujer, desapariciones y femicidios siguen acumulando números alarmantes ¿En qué está fallando el sistema?

El enfoque es lo que está fallando en este país. Primero es lo preventivo, no habrá sistema de justicia penal que soporte los casos que hay, así haya un Ministerio Público que esté en los 340 municipios y funcionen los juzgados, porque es demasiado. Si no hay plan preventivo, seguirán ocurriendo y esto atraviesa a los medios de comunicación e instituciones del Estado que no contribuyen a una interpelación de los poderes abusivos, tóxicos y dañinos que llegan a ser letales en el caso del femicidio. La falta de cuestionamiento de ese ejercicio de poderes le da a algunos hombres el lujo de descargar la ira en personas que están subordinadas a ellos y que en la mayoría de casos son las mujeres. Hay que insistir en que los patrones culturales y discriminatorios son el origen. Si una sociedad no está interpelando provoca esto que tenemos, desde el embarazo forzoso a niñas, a tener mujeres esclavas que hagan trabajo doméstico o sexual y los femicidios.

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La cooperación internacional ha pasado las últimas dos décadas capacitando y sensibilizando a los tribunales especializados para el buen manejo de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia. ¿Perciben avances con estas estrategias?

Acabo de hacer un estudio de 45 expedientes judiciales en Cobán, Sololá, Escuintla y la capital y puedo decir que hay un adelanto en todo lo que pedíamos hace 20 años, que se tratara a la víctima dignamente, lo están haciendo mejor de lo que pensé. La violencia sexual sí la investigan en Sololá y Cobán, por ejemplo, aunque no investigan con perspectiva de género o feminista, hay buenos fiscales que hacen buenas investigaciones. Hay adelantos y ciertos logros, aunque no es generalizado, pero para todo lo que llega aún no hay una respuesta efectiva del Estado. El problema es que todas las capacitaciones que hemos hecho ha sido por la cooperación internacional porque el MP y el Organismo Judicial no institucionalizan estas capacitaciones y no verifican que lo que aprendieron los jueces y fiscales lo apliquen. No hay medios de verificación en los alegatos, en las verificaciones o en los litigios. Aunque la cooperación haya metido millones de dinero, no verifican el desempeño.

¿Cuáles son los vicios que se continúan practicando en la investigación?

En los casos de muertes violentas siempre se debe pensar que es un femicidio. Por principio, toda investigación debe nacer pensando que es un femicidio y en el camino descartarlo. Desde las lesiones hasta la muerte, el MP tiene la evidencia del daño por las necropsias que realiza el Inacif y que las hace muy bien, pero el tema es argumentar ante un juez y eso no lo hacen bien. La falla está en las investigaciones deficientes o argumentaciones débiles, no aplican los estándares internacionales ni la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es importante que se logre constatar las relaciones desiguales de poder que les dio el derecho a los agresores a acabar con el proyecto de vida de una mujer o de una niña. No hay una debida diligencia reforzada y ese es un concepto que hay que repetir por el número indignante de muertes violentas y por los grados de impunidad. Si un caso llega a tribunales, deben ser exhaustivo de oficio las investigaciones, pero las víctimas tienen que buscar a los fiscales porque el MP no se mueve.

Pasa algo con los delitos de femicidio que en muchos casos existe un antecedente de violencia con testigos o una denuncia previa

He encontrado expedientes que documentan cómo el agresor que ya está pagando condena por femicidio, años después el MP busca que se le condene también por agresión física por la misma víctima. Es decir, el MP se tardó tanto que primero condenan a la persona por femicidio que por las agresiones físicas o psicológicas denunciadas años atrás. En esos casos no sirvió la justicia porque primero mueren las mujeres. En toda América Latina está estudiado que si la mujer denuncia se dispara la posibilidad que la maten por represalia. Por eso se debe relocalizar a la mujer después de denunciar, darle un capital semilla para que pueda rehacer su vida. El sistema de protección de testigos debe asumir a todas estas mujeres y meterlas en el sistema para que no reestablezcan relación con el agresor porque las van a matar. Ellas deben ser relocalizadas con apoyo psicológico y de una trabajadora social.

¿Cuál es la importancia de que se involucre la sociedad si son testigos que hay violencia intrafamiliar?

La violencia contra las mujeres es un delito de acción pública, no es privado, tampoco es un asunto íntimo o familiar. Cualquier persona puede llamar a la policía y detener al agresor. Si tienen miedo, hagan la denuncia anónima, pero tienen que actuar porque es ese ejercicio ciudadano que puede salvar la vida de la mujer o de la niña que es agredida sexualmente. Así como hay obligación de denuncia del sistema de salud y educativo cuando detectan que la niña o la mujer presenta síntomas de violencia física, sexual o psicológica.

Hay casos de violencia sexual donde se suele responsabilizar a la víctima por parte de la defensa del agresor y eso repercute en las resoluciones de los jueces 

Hay normas de procedimiento de la Corte Penal Internacional que funciona en La Haya, en la que Guatemala se adhirió, que dicen que jamás se debe argumentar en defensa del agresor con base al currículo amoroso de la mujer, es prohibido hacer un examen del pasado de la vida sexual de la mujer, ni en los medios de comunicación ni frente al juez, pero eso es lo primero que hacen, juzgar a la víctima. Guatemala ratificó el estatuto de Roma y este dice que el testimonio de una víctima de carácter sexual no necesita corroboración, se le tiene que creer. Si le vacían la casa, le creen; si le roban el carro, le creen; si le arrancan la bolsa; le creen; pero si llega a decir que fue violada lanzan todas las dudas posibles e imposibles hacia las víctimas. Incluso, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia también ha dado varias sentencias con jurisprudencia y doctrina que dice que la violación es un delito en solitario, sin reflectores y sin testigos, por lo que es urgente que se aplique el Estatuto de Roma y que se le crea las víctimas.

¿Qué tan común es ver en los juzgados cambiar el delito de violación sexual a agresión sexual?

Esa es la primera maniobra de la defensa. Cambiar el delito es favorecer al procesado porque la agresión sexual tiene una pena mínima comparado con la violación. La maniobra de la defensa siempre es minimizar a otro delito como tocamientos o exhibición en público, hay un montón de delitos que rebajan la dimensión del daño, pero la violación es el delito que más desestructura a un ser humano, ya sea hombre, niño o mujer, la violación fragmenta y recuperarse de ello no es fácil. Además los efectos de la violencia sexual no se muestran de inmediato, porque genera un estrés postraumático que se puede disparar en cualquier momento.

Salario según la especialidad. Turnos de 24 horas cada 4 días. Trato con pacientes adultos gravemente enfermos por covid-19. Condiciones estresantes. Riesgo de contagio. No tendrá los insumos necesarios. El sueldo se paga con, al menos, un mes de retraso. Si acepta, firme aquí.

*Joshua firmó el contrato. Primero fue por tres meses y los últimos fueron por seis meses. Por supuesto, dice, no sabía que las condiciones serían tan extremas. Ni siquiera se planteó los atrasos de pago que suelen existir en las entidades del Estado porque la motivación principal era atender a los pacientes en esta emergencia mundial.

“En el inicio quería ayudar a la gente que se podía. Sabía que habría una necesidad de esos pacientes para que alguien los vea y los tratara” dice.

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Joshua tiene 27 años y como recién graduado de médico general no dudo en ofrecer sus servicios para el hospital temporal del Parque de la Industria que abrió sus puertas en marzo de 2020 con la promesa que sería el hospital más grande para la atención del covid-19 en Centroamérica.

Pero las expectativas bajaron rápidamente al ver que los suministros se agotaban y los pacientes aumentaban. Joshua vio a personas tratar de acomodarse en sillas de plástico porque no había camillas para atenderlas. El escenario más dramático fue cuando se quedaron sin los medicamentos para sedarlos antes de intubarlos.

“Los pacientes de intensivo se están despertando con los tubos en la boca”, fue la advertencia hecha el 21 de julio de este 2021 por médicos que pedían no revelar su identidad por temor a ser despedidos.

*Edgar, otro de los médicos tratantes, explica que no sedar a las personas antes de intubarlas es como torturarlas. Como médico internista que ha laborado en varios centros de salud, él nunca había estado en esa situación, los medicamentos esenciales hacían falta. Veían a gente despertar con tubos en la tráquea tratando de respirar sin entender lo que pasaba.

“Uno pasa de hacer lo mejor que puede a trabajar con lo que se tiene”, resumió uno de los médicos como es la situación por falta de insumos.

Además de la presión por la que tenían que pasar, también tenían que lidiar con los atrasos burocráticos del Ministerio de Salud Pública mientras que el riesgo al contagio es inminente. Solo en agosto 19 profesionales de este hospital dieron positivo a covid, según reportó la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

“Uno pensaría que por estar ahí al menos recibiríamos nuestro sueldo a tiempo. Es lo más básico que un empleador debe cumplir con su personal, pero no son eficientes ni en eso”, comparten.

Lo más difícil, dicen médicos, es tratar a los pacientes cuando no hay medicamentos y buscar cómo ayudarlos. (Foto: Hemeroteca PL)

Contratación de personal

La última convocatoria que publicó el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) para la contratación de nuevo personal en el hospital temporal del Parque de la Industria fue el 11 de agosto, el mismo día que se hicieron públicas imágenes de cómo los enfermos dormían en el suelo por la falta de camas en el lugar.

“Invitamos a las personas que quieran sumarse al equipo de atención de emergencia dl covid-19”, decía la convocatoria donde informaban las plazas disponibles para los puestos de auxiliar de enfermería, médico general, técnico en terapia respiratoria, técnico de enfermería, médico internista, técnico en laboratorio, auxiliar de hospital y médicos con cierre de pensum.

CONVOCATORIA
Hospital Temporal Parque de la Industria

Más información pic.twitter.com/ucmHq24fMV

— Ministerio de Salud Pública (@MinSaludGuate) August 11, 2021

Con la recién aprobada ley de emergencia nacional para la atención de la pandemia covid-19, el MSPAS tendrá a su disposición Q41 millones para la contratación de nuevo personal durante 6 meses.

Además, se aprobó un beneficio monetario único al personal de la cartera (personal médico y administrativo) de Q2,000 como forma de dignificar su trabajo. Los diputados también aprobaron una beca estudiantil equivalente a un salario mínimo para los estudiantes de medicina que realicen prácticas en los distintos niveles de salud.

Pero los desafíos que tienen los hospitales de la red pública no es únicamente contratar más personal, sino mejorar las condiciones laborales ya que según la PDH, solo en julio y agosto atendieron 60 denuncias por falta de pago a personal de enfermería.

Tras la convocatoria lanzada en agosto, el hospital solo logró contratar a 4 técnicos en urgencias médicas.

Se consultó a las autoridades de este hospital cuál es la necesidad laboral que tienen actualmente y los motivos por los que muchos trabajadores deciden renunciar pero al cierre de esta nota no habían contestado.

Joshua y Edgar son dos de los médicos que desistieron seguir laborando en el lugar. Édgar no quiso renovar su contrato mientras que Joshua no esperó para que este finalizara en diciembre “pensé que podía aguantar un contrato más pero me equivoqué”, dijo.

“No me arrepiento de haber estado ahí, creo que los compañeros que están son personas de un buen carácter, hacen lo que pueden por los pacientes, pero también somos humanos, cada quien tiene sus límites personales y yo llegué al mío”.

*nombre ficticio por protección del entrevistado

La violencia de género sigue sumando víctimas mortales mientras que la mora judicial también aumenta derivado a la pandemia. Según organizaciones que apoyan casos de femicidios y violencia sexual, un caso puede tener un promedio de hasta 5 años para lograr llegar a la fase de sentencia.

El Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público (MP) ha registrado en lo que va del año 45 mil 982 víctimas de delitos de violencia contra la mujer y 337 casos de femicidio.

Según la página del MP, reciben 232 denuncias diarias de las cuales el 24 por ciento se ha solucionado. Sin embargo, esa “solución” hace referencia a sobreseimientos, desestimaciones, remisión a otros juzgados o, en pocos casos, la sentencia.

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Pero el atraso que tienen los casos de femicidios no es solo efecto de la pandemia que obligó a muchos juzgados a reagendar las audiencias previstas, sino por estrategias de la defensa que obligan a las familias de las víctimas a esperar más para que se haga justicia.

En el caso del femicidio de Luz María López Morales, la audiencia de etapa intermedia para definir si su esposo Jorge Rafael Zea Mejía va a juicio por ser el principal sospechoso de su muerte, estaba programada para mayo de 2021 y hasta el momento no se ha logrado llevar a cabo.

López Morales desapareció el 20 de enero de este año, tres días después su cuerpo apareció en una alcantarilla a pocas cuadras de su lugar de trabajo, ella laboraba en el Modelo de Atención Integral de Niñez y Adolescencia del Ministerio Público en la zona 2 capitalina.

Ese mismo día, las autoridades capturaron al esposo de López Morales como el principal sospechoso del crimen y, aunque esté caso ha ido con celeridad, la audiencia de etapa intermedia ha sido suspendida en varias ocasiones por la defensa.

Este 16 de septiembre se llevaría a cabo la audiencia, sin embargo, se volvió a suspender ya que sea no se presentó con sus abogados. Uno de sus defensores alegó estar contagiado de covid-19, pero no presentó ningún certificado médico que avalara dicho extremo.

El segundo abogado se excusó diciendo que estaba en Zacapa. De esta forma Zea consiguió que se reprograme la audiencia al 17 de diciembre.

Otro caso que ejemplifica los atrasos es el de la niña Chelsiry de León, una niña de 12 años cuyo cuerpo fue localizado calcinado en febrero del 2020. El principal sospechoso es su tío Edgar Leonel Marroquín Barrera.

Desde diciembre de 2020, el Ministerio Público espera que inicie el juicio que ha sido atrasado en, al menos, siete ocasiones.

El Juzgado Pluripersonal de Femicidio de Guatemala decretó la clausura provisional en enero de 2021 atribuyendo falta de pruebas. Tras la apelación de esta resolución, las partes procesales esperan que el juicio pueda iniciar a finales de este año.

Impunidad

En los últimos 20 años, el Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM)ha documentado la muerte violenta de 12 mil 494 mujeres y según Giovana Lemus, directora de la institución, los casos que llegan a una sentencia condenatoria son la excepción a la regla ya que la impunidad se mantiene en un 97 por ciento.

“Depende del muro de impunidad al que nos enfrentemos, pero en promedio toma cinco años para que un proceso llegue a juicio, todavía tenemos que ver de cuánto es la mora por la pandemia porque hay muchos procesos que están empantanados”, dijo Lemus.

Pero agregó que, así como un juicio puede llegar en cinco años, hay otros que deben esperar más de una década.

Esteban Celada, abogado de Mujeres Transformando al Mundo (MTM) contó que lleva un proceso de violencia física e intento de femicidio de una mujer que se salvó de morir a machetazos por su pareja. La denuncia se presentó en 2010, el debate fue en 2015 y el juicio aún no ha llegado a término porque el tribunal en lugar de imputar el delito de intento de femicidio, imputó un delito por violencia física.

“Mientras se consigue una sentencia condenatoria, las víctimas se siguen exponiendo y no se corrigen las situaciones en el sistema de justicia que hace que se atrasen los casos”, explicó Celada.

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Muchos de los vicios que existen en este tipo de casos, dicen Lemus y Celada, es que los jueces cambian los delitos por unos más laxos y no se condena al agresor como se esperaría en la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer.

“Hay actitudes de resistencia pasiva de algunos operadores de justicia que terminan revictimizando a las sobrevivientes de violencia y esto ha ralentizado y condicionado los avances en la aplicación de la ley y que inciden directamente en la prevención y erradicación de la violencia”, agregó Lemus.

Para tratar de garantizar justicia, muchas de los familiares de las víctimas o sobrevivientes de la violencia de género han acudido a redes sociales para provocar una auditoría pública a los procesos judiciales.

“Hay muchos reproches de parte de los operadores de justicia hacia las víctimas u organizaciones porque dicen que la justicia se busca en los tribunales y no en redes sociales, pero con todo lo que está pasando y la corrupción que hay en el sistema, ¿qué garantías de seguridad las familias?”, agrega Celada.

Esto es lo que ha ocurrido en el caso de Luz María que tiene una cuenta de Facebook manejada por la familia para informar del proceso, cuenta fue hackeada en una ocasión para evitar que existiera un seguimiento al caso.

Esta sentencia es considerada como un precedente para las 22 denuncias de profesores que han abusado sexualmente de sus alumnas en Alta Verapaz, el departamento que tiene la segunda tasa más alta a nivel nacional de embarazos en menores de edad producto de violaciones.

Armando Filiberto Vaidez Juárez tenía 53 años cuando abusó de *Eliza, de 12 años, mientras él laboraba en la Dirección Departamental de Educación de Alta Verapaz. Además, dice la abogada de la víctima, Vaidez era conocido en la comunidad por ser profesor de carrera, era bombero y participaba en las mesas regionales y departamentales para la prevención de la violencia contra la niñez y los embarazos en adolescentes.

Los hechos sucedieron entre 2018 y 2019, la denuncia fue interpuesta en el Ministerio Público el 21 de abril de 2020 y este 14 de septiembre de 2021 el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer de Cobán lo sentenció a 27 años y 8 meses de prisión inconmutables.

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Lilian Vásquez, abogada de la víctima explicó que a Vaidez se le acusaba de tres hechos por el delito de violación sexual y uno por el de agresión con agravación de la pena por lo que pedían 66 años de prisión. Aunque el Tribunal validó que el acusado se aprovechó de su figura como profesor para abusar de la menor, solo acreditó un hecho de violación.

Después de los sucesos, la menor y su madre fueron víctimas de amenazas por lo que también pidieron medidas de restricción.

El juicio

En la audiencia que se llevó a cabo la mañana de este martes, la abogada defensora Karol Edith Monroy, no acreditó los hechos contados por la menor aduciendo que “no pudo dar descripciones más amplias de la violación sucedida”.

La defensora pidió conocer fechas exactas y dijo que la declaración de la menor era “muy vaga” y responsabilizó a la madre de Eliza por seguir enviando a su hija a espacios donde convivía con el agresor.

Ante esto, el Ministerio Público agregó que la declaración es “clínicamente consistente”.

“El acusado hoy no es la mamá de la víctima. La madre no tenía experiencia en identificar casos de violencia sexual, ella vio cambios en su hija pero nunca pensó que esto podría haber sucedido”, dijo Vásquez quien también reclamó el uso de prejuicios y estereotipos por parte de la defensa al pretender restarle valor a las declaraciones de la menor.

Ahora, Eliza tiene 15 años y a decir de Vásquez, su comportamiento no es normal de una niña de su edad por los traumas sufridos tres años atrás.

Además de esta sentencia en contra de El Profe, como era conocido Vaidez, existen otros tres casos que se sitúan en la fase final del juicio, a la espera de una resolución favorable para las niñas y adolescentes.

Además, el Bufette de Derechos Humanos con Enfoque Feminista al que pertenece Vásquez, lleva acompañamiento jurídico a otras 12 niñas mayas q’eqchi’ y poqomchi.

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“Es importante esta sentencia porque no se había tocado el poder que tiene el profesor que en estos momentos fue condenado y que tenía un poder importante en la sociedad. Esto también marca un mensaje esperanzador para las niñas y adolescentes que están viviendo algún tipo de acoso y violencia de parte de los maestros”, agregó Vásquez.

Durante la mañana de este mismo martes, la Dirección Departamental de Alta Verapaz dio conferencia de prensa para dar a conocer el acuerdo ministerial 12017-2021, que le da vida al normativo para la identificación y resolución de casos derivados de violencia de niños y adolescentes dentro del sistema educativo nacional.

“Lo importante de este acuerdo ministerial es que antes a nivel nacional solo en Alta Verapaz se le deba seguimiento que realmente podría tener una sentencia condenatoria, con este acuerdo permite que a nivel nacional todas las direcciones nacionales puedan realizar el mismo proceso legal para darle seguimiento a todos los casos”, indicó la delegada departamental.

Más casos a nivel nacional

En los últimos cinco años 977 maestros han sido denunciados ante el Ministerio Público por agresión sexual, violación y maltrato a menores de edad. Los departamentos que más casos registran son Guatemala (128), Alta Verapaz (95), Huehuetenango (80), Quetzaltenango (58) y San Marcos (57).

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Estos departamentos también están en la lista de las regiones con mayor número de menores de edad embarazadas producto de una violación.

Hasta julio de 2021, el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSAR) reportó 65 mil 373 embarazos en niñas y adolescentes de 10 a 19 años. Huehuetenango es quien registra más a nivel nacional con 7 mil 951 y a éste le sigue Alta Verapaz con 7 mil 379.