Migrante guatemalteco pierde el pie en La Bestia y enfrenta multa de US$336 mil en EE. UU.

Las autoridades migratorias de Estados Unidos impusieron una multa a un guatemalteco que ingresó de forma irregular en el 2021 y perdió una pierna en el trayecto.

Gabriel Molina

7 de diciembre de 2025

|

12:53h

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Migrante guatemalteco perdió parte de su pie en 2021 tras un accidente en el tren La Bestia durante su trayecto a Estados Unidos; sin embargo, fue multado al desobedecer una orden de deportación. Imagen ilustrativa. (Foto Prensa Libre: EFE/Rodrigo Sura).

Un migrante guatemalteco tiene una orden de deportación y una multa de aproximadamente US$400 mil. Además, perdió parte de su pierna izquierda al caer del tren conocido como La Bestia mientras cruzaba la frontera hacia Estados Unidos.

El hombre relató a Univisión 41 que ingresó a ese país de manera indocumentada en el 2021, por segunda vez. Durante su trayecto desde Guatemala, sufrió un accidente al caer del tren y perdió el pie izquierdo.

El migrante, quien pidió mantener el anonimato ante la prensa estadounidense, declaró: “Lamentablemente, en esa segunda vez que lo intenté, me sucedió esto, que tuve el percance con La Bestia”. Explicó que quedó atrapado entre los furgones del tren.

En enero del 2025, las autoridades estadounidenses le notificaron que debía abandonar el país obligatoriamente cuando su caso fuera cerrado. Sin embargo, al no hacerlo, se le impuso una multa de US$336 mil 326 por incumplir la fecha estipulada para su salida.

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El migrante es padre de tres niños de 4, 5 y 7 años. Actualmente, recauda fondos para pagar abogados que puedan asumir su caso.

El abogado John de la Vega explicó a Univisión que, al recibir una orden de deportación, se debe evaluar la posibilidad de apelar: “También, si la persona tiene alguna otra alternativa para quedarse en el país, como si tiene algún familiar que lo pueda solicitar, o si ha sido víctima de un crimen, puede aplicar a la visa U, entre otras”.

El guatemalteco afirmó que su vida correría peligro si regresara a Guatemala, por lo que busca apelar la resolución migratoria.

La visa U es una visa estadounidense de no inmigrante para víctimas de ciertos delitos y sus familiares directos, quienes hayan sufrido abuso físico o mental y colaboren con las autoridades en la investigación o enjuiciamiento de la actividad delictiva. Esta permite vivir y trabajar legalmente en EE. UU.

Deportaciones de guatemaltecos desde Estados Unidos caen 43% a julio 2025, pese a endurecimiento migratorio de Trump

Las deportaciones de guatemaltecos desde EE. UU. muestran cifras contradictorias: mientras en Guatemala caen los retornos, ICE reporta un repunte general impulsado por nuevas políticas migratorias.

Glenda Burrión

17 de septiembre de 2025

|

17:36h

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Los deportados llegan al país luego que muchos de ellos permanecieron en cárceles en territorio norteamericano. (Foto, Prensa Libre: Esbin García)

Entre enero y julio de 2025, Guatemala recibió 21mil 908 adultos deportados desde Estados Unidos, una cifra que refleja una reducción de migrantes retornados respecto a años anteriores. 

Según las estadísticas registradas en el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), en el mismo período de 2024 se contabilizaron 38 mil 086 retornados, mientras que en 2023 fueron 37 mil 509, aunque ese año se incluyen deportaciones tanto de EE. UU. como de México. 

Entre enero y julio de 2025, un total de 21 mil 908 adultos guatemaltecos fueron deportados vía aérea desde Estados Unidos. La cifra representa una reducción de casi el 50% respecto al mismo período de 2024, cuando se contabilizaron 38 mil 086 retornos.

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Deportaciones desde Estados Unidos de enero a julio de los últimos tres años 

Según los registros del IGM, en 2024 durante la administración del expresidente Joe Biden, fue un año récord en deportaciones aéreas desde Estados Unidos. En contraste, hasta julio de 2025 se observa una disminución de casi un 43% respecto al mismo período del año anterior.

Registros del IGM de retornados del 1 de enero al 31 de julio de los años 2023, 2024 y 2025 

• 2023: 37 mil 509 retornados (EE. UU. + México). 

• 2024: 38 mil 086 retornados (solo EE. UU.). 

• 2025: 21 mil 908 retornados (solo EE. UU.). 

Retornados meses a mes

Según el Instituto Guatemalteco de Migración, 2024 fue el año récord en deportaciones desde Estados Unidos bajo la administración de Joe Biden. Los datos incluyen adultos, hombres y mujeres, y muestran una comparación interanual hasta julio.

De los últimos tres años, en marzo de 2023 se observa la cifra más alta con 9 mil 065 retornados. No obstante, la diferencia más notoria se registró, según las estadísticas del IGM, en febrero de 2024, cuando las deportaciones desde EE. UU. alcanzaron 6 mil 542, muy por encima de los 2,188 de 2025. 

A partir de mayo de 2025, las cifras comenzaron a subir (3 mil 541 en mayo y 4 mil 264 en julio), pero aun así se mantuvieron por debajo de los niveles del año anterior. 

En julio de 2025 se registra el nivel más alto del año, con 4 mil 264 retornados, aunque todavía por debajo de los 5 mil 404 de 2024, pese a los cambios migratorios impulsado por el gobierno de Donald Trump.  

¿De verdad están disminuyendo las deportaciones? 

Aunque los registros del IGM en Guatemala muestran una tendencia a la baja, a nivel general las deportaciones en Estados Unidos han aumentado, según datos citados por medios internacionales. 

En una publicación reciente, el medio Infobae explica que, desde el 20 de enero, ICE ha deportado a 145 mil 419 inmigrantes sin permiso legal de residencia, con un pico en junio, cuando se registraron 27 mil 970 expulsiones, incremento responde la estrategia gubernamental que busca endurecer la aplicación de la ley migratoria, según lo explica el medio. 

Un análisis de Newsweek sobre los datos de ICE detalla las distintas categorías de expulsión, entre ellas la inadmisibilidad y la salida voluntaria. En febrero, primer mes completo bajo la actual administración de Trump, se reportaron 592 salidas voluntarias; para julio, la cifra se había elevado a 4 mil 241, lo que refleja una tendencia clara al alza en la llamada autodeportación. 

Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha insistido en que las deportaciones han aumentado con la actual política migratoria. Sin embargo, los informes del DHS y de ICE son irregulares y parciales. Según los datos revisados por Newsweek, en julio de 2024 ICE realizó cerca de 25 mil remociones forzadas, mientras que en julio de 2025 la cifra bajó ligeramente a 23 mil 250.

No obstante, expertos advierten que podría haber un “efecto burbuja”, con un repunte de retornos hacia finales de 2025 o durante 2026, según las decisiones que se tome Donald Trump. 

Hispano indocumentado decapita a gerente de motel en Dallas y ICE exige su deportación

Chandra Nagamallaiah murió frente a su esposa e hijo. El agresor fue captado por cámaras y detenido con un machete en la mano.

Gabriel Molina

13 de septiembre de 2025

|

18:23h

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El migrante Yordanis Cobos Martínez es señalado de decapitar con un machete al gerente de un motel en Dallas, Texas, por lo que autoridades estadounidenses exigen su deportación a Cuba. (Foto Prensa Libre: cárcel del condado de Dallas).

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) presentó el 12 de septiembre una orden de detención para el arresto y deportación de un migrante indocumentado de nacionalidad cubana, capturado por autoridades de Dallas, Texas, acusado de homicidio.

La Policía de Dallas identificó al sospechoso como Yordanis Cobos Martínez, quien permanece detenido sin derecho a fianza bajo cargos de asesinato capital con agravantes por amenaza de terrorismo, según reportó la cadena CNN.

Cobos Martínez aparentemente limpiaba una habitación junto a otra persona no identificada cuando ocurrió el ataque.

El testigo relató a la Policía que Cobos Martínez se molestó porque la víctima, Chandra Nagamallaiah, de origen indio, le pidió que no usara una lavadora descompuesta, a través de un traductor, en lugar de hablarle directamente. Así lo consignó una declaración jurada difundida por medios estadounidenses.

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Una cámara de vigilancia captó a Cobos saliendo de la habitación con un machete y atacando a Nagamallaiah. El ataque continuó fuera de la habitación, frente a la esposa y el hijo de la víctima, quienes intentaron intervenir, pero fueron amenazados por el agresor.

Nagamallaiah, de 50 años, era gerente de un motel en Dallas. Tras decapitarlo, Cobos Martínez supuestamente colocó la cabeza en un contenedor de basura.

Según una declaración jurada citada por Telemundo, al momento de su detención, el 10 de septiembre, Cobos Martínez estaba cubierto de sangre y armado con el machete.

ICE lo calificó como un “depravado criminal extranjero ilegal de Cuba”.

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“Esta es exactamente la razón por la que estamos expulsando a inmigrantes ilegales criminales a terceros países. El presidente Trump y la secretaria Noem ya no permiten que criminales bárbaros permanezcan indefinidamente en Estados Unidos. Si usted entra ilegalmente, podría terminar en Esuatini, Uganda, Sudán del Sur o CECOT”, dijo la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin.

Las autoridades migratorias indicaron que Cobos Martínez tiene antecedentes penales por abuso sexual infantil, hurto mayor de un vehículo, privación ilegal de la libertad y robo de un vehículo.

No obstante, ICE no presentó documentación que especifique cuándo o dónde ocurrieron estos delitos, ni si alguno derivó en un veredicto condenatorio.

CNN agregó que el detenido estuvo bajo custodia de ICE en el Centro de Detención Bluebonnet, en Dallas, pero fue liberado bajo una orden de supervisión desde el 13 de enero, ya que “Cuba no lo aceptó debido a sus antecedentes penales”.

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ICE también señaló que Cobos Martínez presuntamente pateó la cabeza de la víctima como si fuera un balón.

“Este vil monstruo decapitó a este hombre delante de su esposa e hijo y luego pateó la cabeza contra el suelo. Este asesinato brutal, cometido por Yordanis Cobos Martínez en un motel, pudo haberse evitado si la Administración Biden no lo hubiera liberado en nuestro país”, afirmó McLaughlin.

El Gobierno de Estados Unidos acordó pagar US$4.76 millones a El Salvador a cambio de recibir a más de 200 migrantes deportados, según documentos judiciales que detallan exigencias, entre ellas, que los fondos no se usen para brindar asesoría legal a solicitantes de asilo en EE. UU., entre otras condiciones.

Los detalles del pacto eran desconocidos y salieron a la luz como parte de las evidencias en una demanda promovida por el grupo civil Democracy Forward contra el acuerdo firmado entre las administraciones de los presidentes Donald Trump y Nayib Bukele.

El documento es una carta oficial del Departamento de Estado de EE. UU. al Gobierno de El Salvador, fechada el 22 de marzo del 2025, en la que se formaliza la concesión de US$4.76 millones destinados exclusivamente al apoyo penitenciario y logístico para la detención de estos migrantes —en su mayoría venezolanos— en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), notorio por las denuncias de abusos a derechos humanos.

La misiva también estipula que dichos fondos no pueden utilizarse para asesoría legal a migrantes que soliciten asilo, ni para referirlos a abogados en EE. UU. Además, prohíbe que se empleen para apoyar a la agencia de la ONU que trabaja con refugiados de Palestina (UNRWA), ni en actividades relacionadas con salud reproductiva.

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El texto aclara que el acuerdo no genera obligaciones conforme al derecho internacional, por lo que cualquier diferencia deberá resolverse mediante consultas diplomáticas directas entre ambos gobiernos.

“La correspondencia entre el Departamento de Estado de EE. UU. y El Salvador confirma lo que sospechábamos desde hace tiempo: la administración Trump-Vance no hizo nada para garantizar de forma significativa que las personas desaparecidas de EE. UU. a la infame prisión salvadoreña Cecot estuvieran protegidas de la tortura, el confinamiento indefinido u otros abusos“, dijo Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward.

En un comunicado, Perryman reiteró: “No obstante, el acuerdo sí se esforzó por garantizar que los fondos que EE. UU. proporcionó a El Salvador no se utilizaran para brindar atención de salud reproductiva ni para ayudar a los solicitantes de asilo a acceder a recursos y asesoramiento”.

En marzo, el gobierno de Trump envió a más de 200 venezolanos a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, a pesar de una orden judicial que lo prohibía. Los trasladaron a la megacárcel de máxima seguridad, acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua.

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Entre los deportados se encontraba el salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien fue expulsado erróneamente desde EE. UU. y se convirtió en símbolo de la lucha contra las políticas migratorias impulsadas por la administración republicana.

El 3 de septiembre, un tribunal federal de apelaciones dictaminó que Trump no puede aplicar dicha legislación para acelerar deportaciones de migrantes, lo que encamina la disputa hacia un posible fallo de la Corte Suprema.

Una corte federal de apelaciones falló en contra del uso que Trump hizo de una ley de 1798 para expulsar a presuntos pandilleros latinoamericanos, y bloqueó su aplicación en Texas, Luisiana y Misisipi.

El exmandatario republicano invocó por primera vez la Ley de Enemigos Extranjeros el 15 de marzo y envió, en dos aviones, a supuestos integrantes de la banda delictiva venezolana Tren de Aragua a una prisión de máxima seguridad en El Salvador.

Esa norma centenaria, utilizada por última vez para detener a ciudadanos estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial, ha sido impugnada judicialmente desde entonces.

La AEA, adoptada en 1798, autoriza la expulsión de “nativos, ciudadanos o súbditos de una nación hostil” solo si existe un estado de guerra declarado contra otro país o si una potencia extranjera participa en una “invasión o incursión depredadora” en territorio estadounidense.

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El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito dictó una sentencia por 2 votos contra 1, en la que afirmó que Trump no puede ampararse en esa ley para deportar a migrantes en los estados mencionados.

“Que un país aliente la migración ilegal no equivale a enviar una fuerza armada y organizada para ocupar, perturbar o causar daños a Estados Unidos”, señaló el tribunal. Añadió que “no se ha demostrado que esta inmigración masiva constituya una fuerza armada u organizada”.

“Concluimos que las pruebas no respaldan que se haya producido una invasión o una incursión hostil”, escribió la jueza Leslie Southwick.

Con el respaldo de la magistrada Irma Carrillo Ramírez, Southwick concedió una orden judicial preliminar que bloquea la expulsión de los migrantes irregulares.

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El juez Andrew Oldham disintió, al considerar que se trata de “cuestiones de criterio político” determinar si se cumplen las condiciones para invocar la ley de 1798.

La demanda contra el uso de la AEA fue promovida y defendida por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que celebró el fallo “que deja claro que el presidente no puede simplemente declarar una emergencia militar e invocar los poderes que le apetezcan”.

Trump hizo campaña prometiendo deportar a millones de migrantes indocumentados. Varias de sus órdenes ejecutivas han sido bloqueadas por tribunales.

Desde que retomó el cargo en enero, el republicano ha enviado tropas a la frontera con México e impuesto aranceles a ese país y a Canadá, por supuestamente no frenar los cruces ilegales.

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También designó a pandillas como el Tren de Aragua y la centroamericana MS-13 como organizaciones terroristas.

La semana pasada, otro tribunal federal de apelaciones bloqueó temporalmente la decisión de Trump de retirar el estatus de protección temporal (TPS) a unos 600 mil venezolanos residentes en EE. UU.

El 2 de septiembre, Trump anunció la muerte de 11 “narcotraficantes” en un ataque en el Caribe contra una embarcación que, según Washington, transportaba drogas desde Venezuela, como parte de la escalada con Caracas tras el despliegue de navíos en la zona.

Un primer grupo de siete migrantes deportados de Estados Unidos llegó a Ruanda en agosto, confirmó a EFE el Gobierno ruandés, después de que el país africano alcanzó un acuerdo con Washington para recibir hasta 250 personas.

“Sí, Ruanda recibió a siete migrantes que llegaron a mediados de agosto. Tres de ellos han expresado su deseo de regresar a sus países de origen, mientras que cuatro desean quedarse y reconstruir sus vidas en Ruanda”, declaró a EFE la portavoz del Ejecutivo ruandés, Yolande Makolo, sin ofrecer detalles sobre los países de origen.

Sin embargo, una fuente de la oficina ruandesa de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) aseguró a EFE, bajo condición de anonimato, que más de 30 deportados llegaron al país la noche del 16 al 17 de agosto y que un número indeterminado llegará esta semana.

Los recién llegados, que también fueron recibidos con ayuda de la Cruz Roja, están siendo alojados temporalmente en las instalaciones de la OIM, pero no está claro dónde será acogido el resto, ya que la organización no dispone de espacio suficiente.

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“Las instalaciones de alojamiento de la OIM no cuentan con espacio para más de 200 personas. Creo que se considerarán otras alternativas”, señaló la fuente.

Las dependencias de la organización se usan habitualmente para acoger a refugiados de los campamentos de Ruanda que están siendo evaluados para su reasentamiento en otros países —como EE. UU., Canadá o Estados miembros de la Unión Europea— como solicitantes de asilo.

En un comunicado remitido a EFE, la OIM negó su participación en la operación de deportación, aunque admitió tener conocimiento de la llegada de los migrantes.

“La OIM no apoya ni facilita deportaciones. Está visitando a los migrantes para evaluar sus necesidades básicas, de conformidad con nuestro mandato y en cooperación con el Gobierno de Ruanda”, afirmó.

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El 5 de agosto, el Gobierno ruandés confirmó a EFE la firma de un pacto para acoger hasta 250 migrantes deportados de Estados Unidos, mientras que medios locales reportaron que el acuerdo se firmó en junio en Kigali.

Ruanda, que ya ha suscrito acuerdos similares con países como Israel o el Reino Unido —aunque este último no prosperó—, se ha consolidado como un socio dispuesto en la gestión migratoria global.

Estas iniciativas han generado tanto elogios como críticas: mientras algunos las interpretan como un gesto humanitario, otros cuestionan la transparencia, las condiciones de acogida y el impacto a largo plazo de estos convenios.

El acuerdo con Estados Unidos coincide con el endurecimiento de las políticas migratorias promovidas por la administración de Donald Trump, quien tuvo las deportaciones masivas como una de sus principales promesas electorales.

Después de que la Corte Suprema de EE. UU. autorizara las expulsiones a terceros países, Washington reanudó los vuelos de deportación, que hasta ahora han trasladado de forma exprés a migrantes hacia países como El Salvador, Sudán del Sur y Esuatini.

Una jueza federal de Estados Unidos detuvo la deportación del salvadoreño Kilmar Ábrego García hasta principios de octubre, tras fijar para entonces una audiencia con funcionarios del Gobierno de Donald Trump.

La magistrada del Distrito de Maryland, Paula Xinis, programó una audiencia para el 6 de octubre, en la que resolverá la solicitud de habeas corpus presentada por la defensa de Ábrego.

El habeas corpus es una garantía legal que permite a cualquier persona detenida solicitar a un juez que revise la legalidad de su detención.

Xinis aseguró que dicha solicitud se resolverá unos 30 días después de la audiencia.

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También ordenó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), que lo mantiene bajo custodia en el estado de Virginia, que traslade a Ábrego a un lugar dentro de un radio de 320 kilómetros del estado de Maryland, donde reside.

La defensa del migrante presentó, además, una moción para reabrir su proceso de inmigración, anular la orden de deportación y solicitar asilo en Estados Unidos.

La jueza es la misma que ordenó al Gobierno estadounidense facilitar el regreso de Ábrego desde El Salvador, adonde fue deportado por error.

El 25 de agosto, agentes del ICE detuvieron a Ábrego en los tribunales de inmigración de Baltimore, tres días después de que fuera liberado en Tennessee, mientras espera un juicio por cargos federales de tráfico de personas y un proceso de deportación. Su liberación se había autorizado al considerar que no representaba una amenaza para la comunidad ni existía riesgo de fuga.

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El 23 de agosto, la defensa explicó, en un comunicado, que el Gobierno estadounidense lo estaba presionando con una posible deportación a Uganda, para que aceptara un acuerdo de culpabilidad que le permitiera ser enviado a Costa Rica, en su lugar.

Durante el fin de semana, Ábrego entregó dos documentos a las autoridades: uno en el que designa a Costa Rica como un país “aceptable” para su deportación, y otro en el que expresa su temor de ser enviado a Uganda, al no tener garantías sobre su situación en ese país.

El migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García fue detenido el 25 de agosto por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cuando acudía a una audiencia en los tribunales de inmigración de Baltimore, Maryland, tres días después de haber sido liberado en Tennessee, informó su abogado.

“Nuestro cliente, un hombre de extraordinario coraje, se reportó esta mañana al ICE, como se le requería. Fue detenido inmediatamente. Ahora el Gobierno busca deportar al señor Ábrego a Uganda como castigo, a pesar de que Costa Rica está dispuesta a aceptarlo como refugiado“, indicó a EFE su defensa.

“La campaña de venganza del Gobierno continúa porque Ábrego se niega a verse forzado a una declaración de culpabilidad en un caso que nunca debió haberse abierto”, añadieron los abogados.

“Ha sido detenido por el ICE porque hay una orden de deportación a Uganda sobre él. Sus abogados han registrado una petición de habeas corpus en Maryland para intentar frenar su deportación a Uganda“, informaron fuentes cercanas al caso del salvadoreño, acusado de supuesto tráfico de personas por el Gobierno estadounidense.

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El 23 de agosto, los abogados de Ábrego García explicaron en un documento judicial que el Gobierno de Estados Unidos estaba amenazándolo con su deportación a Uganda para presionarlo a aceptar un acuerdo de culpabilidad que le permitiese ser enviado a Costa Rica.

Según una orden judicial anterior, Ábrego García debería contar con al menos 72 horas para responder a una eventual orden de deportación.

El salvadoreño pasó casi tres meses en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, tras ser enviado allí “por error”, hasta que fue llevado de regreso a Estados Unidos en junio.

El viernes fue liberado de una cárcel en Tennessee, mientras enfrenta un juicio por cargos federales relacionados con tráfico de personas y un proceso de deportación, al no representar una amenaza para la comunidad ni riesgo de fuga.

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La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, reaccionó a la liberación refiriéndose nuevamente a Ábrego como “un monstruo” y calificando su excarcelación como una muestra de “desprecio” del juez hacia la seguridad de los ciudadanos estadounidenses.

El Gobierno ugandés anunció esta semana que llegó a un acuerdo con la Administración Trump para aceptar deportados de terceros países desde Estados Unidos.

En Baltimore, decenas de simpatizantes y la esposa de Ábrego, Jennifer Vásquez Sura, protestaron frente a la corte de inmigración con carteles de “Libertad para Kilmar” y organizaron una vigilia en apoyo al salvadoreño antes de que fuera detenido nuevamente.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que una prisión estatal actualmente abandonada, en el norte del estado, servirá como nuevo centro de detención para migrantes, al que denominó “Depósito de deportación”, poco más de un mes después de la apertura de Alligator Alcatraz.

“Estamos autorizando y pronto abriremos un nuevo centro de procesamiento y deportación de inmigración ilegal aquí en el norte de Florida. Lo llamaremos ‘Depósito de deportación’”, afirmó el gobernador republicano en una declaración a los medios, desde el Instituto Correccional del condado de Baker.

Esta cárcel, actualmente abandonada y ubicada unos 70 kilómetros al oeste de la ciudad de Jacksonville, tendrá capacidad para más de 1 mil 300 migrantes. Estará lista para recibir a los reclusos “pronto”, según DeSantis.

“Estará operativo pronto; no tardará una eternidad, pero tampoco nos apresuramos a hacerlo hoy mismo”, añadió.

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Este será el segundo centro de detención específico para migrantes en Florida, después de Alligator Alcatraz, situado en el sur del estado, e inaugurado a principios de julio en un acto al que también asistió el presidente estadounidense, Donald Trump.

Alligator Alcatraz tiene capacidad para tres mil migrantes, y DeSantis había advertido que tan pronto como se alcanzara ese límite, abrirían un nuevo centro de detención.

“Hemos llegado al punto en que estoy seguro de que necesitamos capacidad adicional”, indicó el gobernador, sin precisar, no obstante, si el primer centro ya alcanzó su ocupación máxima.

Aunque inicialmente se había planeado que el nuevo centro estuviera en la base Blanding de la Guardia Nacional, el gobernador explicó que la prisión abandonada cumplía mejor con las expectativas de las autoridades.

Florida es uno de los principales aliados de Trump en materia migratoria y es el único estado que exige a las agencias locales de Policía que cooperen con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) para detener a migrantes indocumentados.

Uno de los propietarios de la cadena de hamburguesas Trump Burger, en honor al presidente Donald Trump, fue arrestado y afronta una posible deportación de Estados Unidos por haber permanecido en el país después de que venciera su visa.

ICE afirma que Roland Beainy, de 28 años, quien llegó a Estados Unidos en 2019, debía haber abandonado el país antes del 12 de febrero del 2024.

Al año siguiente de su llegada, Beainy abrió, junto con otros socios, la primera hamburguesería Trump Burger en Bellville, Texas.

La ley estatal permite constituir empresas a personas que no son residentes ni ciudadanas estadounidenses, como en el caso de Beainy, quien, según varios medios, ingresó al país con un visado de no inmigrante que no permite trabajar.

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Tras el éxito del primer local, el libanés abrió tres más en el mismo estado: uno en Bay City, otro en Flatonia y otro en Houston.

Estos restaurantes se han hecho virales en redes sociales por simular un altar al mandatario estadounidense.

Los panes llevan escrito su nombre; hay opciones en el menú como la hamburguesa Trump Tower, un sándwich de pollo en honor a la ex primera dama Melania Trump y otra que se burla del expresidente demócrata Joe Biden, pues lleva “tomate y panecillos viejos” y cuesta unos 50 dólares.

Además, los establecimientos están decorados con imágenes del republicano y venden artículos promocionales de él y de símbolos estadounidenses.

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Sin embargo, estos cuatro altares no han sido suficientes para que el libanés consiga el favor de la Administración de Trump.

Según las autoridades, en el 2021 intentó obtener un permiso de residencia alegando que estaba casado con una ciudadana estadounidense, pero no se encontró evidencia que lo demostrara.

“Los agentes del ICE lo detuvieron el 16 de mayo del 2025 y se le sometió a un proceso migratorio. El 13 de junio, un juez de inmigración le concedió la libertad bajo fianza mientras se lleva a cabo el proceso”, indicó la agencia en un comunicado.

Su próxima audiencia judicial está prevista para el 18 de noviembre de este año.

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Así, ICE advirtió que, bajo este Gobierno, nadie podrá quedarse ilegalmente en el país “independientemente del restaurante que se tenga o de las creencias políticas que se tengan”.

El empresario, por su parte, declaró a Chron, un medio de Houston, que “el 90% de la basura que se ha dicho sobre él es mentira”.

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Cartas enviadas a menores migrantes por la administración Trump, que los instan a abandonar inmediatamente Estados Unidos pese a haber ingresado legalmente al país, y que amenazan con deportaciones, multas y procesos penales, horrorizan a familias y líderes civiles de Illinois.

“Es hora de que salgas de Estados Unidos”, señala la primera línea de una de las cartas que han recibido los menores a su nombre.

“Actualmente te encuentras aquí porque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) te otorgó un permiso de entrada condicional a Estados Unidos por un período limitado. El DHS está ejerciendo su discreción para cancelar tu permiso de entrada condicional, o ya lo ha hecho”, agrega.

“Si no sales de Estados Unidos de inmediato, estarás sujeto a posibles medidas policiales que resultarán en tu deportación”, prosigue la carta, que amenaza a los menores con un posible proceso penal, multas civiles y sanciones.

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“No intentes permanecer ilegalmente en Estados Unidos; el Gobierno federal te encontrará“, concluye de manera ominosa.

“Esta es una barbaridad, algo nunca visto o imaginado por todos los que nos dedicamos a la defensa de los indocumentados“, declaró a EFE la pastora Julie Contreras, del santuario United Giving Hope, con sede en la ciudad de Waukegan, Illinois, 74 kilómetros al norte de Chicago.

El país más poderoso del mundo

“Imaginen qué pasa por la cabeza de un niño al recibir una carta de este tipo, enviada por el Gobierno del país más poderoso del mundo, que les niega el permiso humanitario. Esto es muy grave y fuerte”, agregó.

Decenas de menores del área de Waukegan, que forman parte de aquellos que cruzaron sin sus padres la frontera —mayoritariamente desde México—, recibieron cartas de deportación. Todos ellos ingresaron legalmente al país en el 2014, bajo un programa humanitario como “menores no acompañados”, y posteriormente se reunieron con sus padres indocumentados u otros familiares que ya vivían en Estados Unidos.

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A pesar de la reunificación, los menores no pueden ser representados legalmente por sus padres en un tribunal de inmigración, debido a la forma en que ingresaron al país, y dependen de abogados defensores cuyo trabajo se ha visto reducido por falta de recursos.

Según Contreras, las cartas podrían representar un cambio “preocupante y alarmante”, ya que ahora se buscaría despojar a los menores de las protecciones de asilo, incluso a aquellos con solicitudes pendientes, y acelerar su deportación sin el debido proceso.

“Estos menores no son los criminales que Trump afirmó que el ICE perseguiría. Son víctimas de violaciones de derechos humanos y están siendo aterrorizados. Incluso si el ICE no los busca de inmediato, la sola amenaza les causa un grave trauma psicológico”, dijo.

Tres de esos menores, acompañados de madres o tías, buscaron la protección de “santuario” en la iglesia de Contreras. Un cuarto fue dejado solo al cuidado de la iglesia porque sus padres tienen miedo. “Estados Unidos está perdiendo su humanidad. Las iglesias y otros santuarios ya no ofrecen garantías“, afirmó la pastora.

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El silencioso desmantelamiento legal

La ley de inmigración establece que los menores no acompañados que llegan a la frontera sin un padre o tutor legal deben recibir protección especial: son puestos bajo el cuidado de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR, en inglés) y se les otorga un permiso humanitario mientras se procesan sus casos.

Sin embargo, en los últimos meses, defensores de migrantes y abogados afirman que el sistema se está desmantelando silenciosamente.

Cada vez más menores no acompañados ven revocado su permiso humanitario y son encarcelados en procesos migratorios en los que no tienen ninguna capacidad para defenderse, dijo a medios locales la pastora Davina Casas, líder de la organización Monarquía, de Chicago.

Casas explicó que en marzo la administración Trump recortó los fondos para abogados de menores no acompañados, y solo tras una demanda de once grupos defensores se restablecieron temporalmente por orden judicial, aunque el caso sigue abierto.

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Los grupos sostienen que, según una ley contra la trata del 2008, el Gobierno debe ofrecer asistencia legal y garantizar la repatriación segura de los menores, pero Casas duda que, incluso con fondos restablecidos, la demanda pueda ser cubierta.

En abril, los tribunales de inmigración ordenaron la deportación de más de 8,300 menores de 11 años o menos. Desde que Trump asumió el cargo en enero, los jueces han ordenado la deportación de más de 53 mil menores migrantes, según TRAC (Transactional Records Access Clearinghouse), una organización adscrita a la Universidad de Syracuse.

La mayoría de estos menores están en edad escolar primaria o son aún más pequeños. Aproximadamente 15 mil tenían menos de cuatro años y otros 20 mil, entre cuatro y once años. Los adolescentes también se han visto afectados, con 17 mil deportados.

México confirma fallecimiento de Jaime Alanís, migrante que murió tras redada de ICE

México confirmó la muerte de Jaime Alanís, migrante michoacano que cayó de un techo de 30 pies durante una redada del ICE en una plantación de cannabis en California.

Glenda Burrión y Redacción EFE

13 de julio de 2025

|

11:20h

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Miembros de la comunidad, ondean una bandera estadounidense-mexicana en señal de apoyo a los detenidos por agentes federales en una granja de mariguana, en California. (Foto Prensa Libre: AFP)

Jaime Analís murió tras caer del techo de un invernadero durante una redada del ICE en una plantación legal de cannabis en California, Estados Unidos, el jueves 10 de julio.

El Gobierno de México confirmó el fallecimiento de Jaime Alanís García, un migrante mexicano originario de Michoacán.

La muerte de un Analís ha reavivado las denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza en operativos migratorios en Estados Unidos.

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Confirman identidad y se gestiona repatriación

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó sus condolencias a los familiares del fallecido y anunció que ya se realizan los trámites para agilizar la repatriación del cuerpo a territorio mexicano. Asimismo, informó que el Programa de Asesorías Legales Externas (PALE) dará seguimiento a los hechos que derivaron en su muerte.

Autoridades del estado de Michoacán confirmaron que el migrante era Jaime Alanís García, de 56 años, originario del poblado de Jeráhuaro, municipio de Zinapécuaro, a unos 50 kilómetros de Morelia, la capital estatal.

Alanís falleció en un hospital del condado de Ventura el sábado 12 de julio, tras ser internado el jueves anterior con fracturas en el cráneo y el cuello, además de la ruptura de una arteria cerebral. Según reportes, intentó huir de los agentes del ICE que realizaron el operativo en la plantación.

De acuerdo con medios internacionales Jaime fue declarado con muerte cerebral tras caer de 30 pies de altura.

Redada en plantación de cannabis deja un muerto y varios heridos

El operativo migratorio ocurrió en Glass House Farms, una de las mayores productoras legales de cannabis en el sur de California, ubicada cerca de Los Ángeles. La redada, calificada como una de las más grandes bajo la administración de Donald Trump, resultó en cientos de detenidos y varios heridos graves, según denunció la Unión de Campesinos (UFW).

Videos publicados en redes sociales muestran cómo decenas de trabajadores corrieron para evitar ser arrestados, subiéndose incluso a los techos del invernadero.
Siete personas más fueron trasladadas en ambulancia tras el enfrentamiento, aunque no se reportaron heridos entre los agentes.

Denuncian uso excesivo de la fuerza

La presidenta de la UFW, Teresa Romero, denunció el uso de gas pimienta, agentes fuertemente armados y helicópteros durante el operativo. Describió la redada como “extremadamente violenta” y afirmó que las autoridades actuaron con un nivel de agresividad inusual.

“Esta vez usaron gas y arrestaron con mucha fuerza. Eso no lo habíamos visto antes así”, declaró Romero en entrevista con la agencia EFE.

También se reportó que las camionetas del ICE fueron atacadas con piedras por manifestantes cuando abandonaban el lugar con personas detenidas.

Trump autoriza uso de “cualquier medio necesario”

En respuesta al incidente, el presidente Donald Trump publicó en Truth Social que había otorgado “autorización total” a los agentes del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para protegerse con “cualquier medio necesario” en caso de agresiones.
“Nunca más quiero ver que se ataque a un vehículo que transporta a un agente del orden. Autorización concedida de inmediato para arresto e incautación”, escribió Trump.

La publicación se dio tras un reporte del DHS que aseguraba que un manifestante apuntó con un arma a oficiales y realizó un disparo durante la redada.

Piden protestas pacíficas y rechazan violencia
Frente al creciente clima de tensión, Teresa Romero hizo un llamado a la calma y a la resistencia no violenta:

“No quiero que la gente caiga en esto, porque entonces ellos sí van a tener una razón para reaccionar violentamente. Por eso todas las protestas que hagamos tienen que ser pacíficas. Si no, nuestro mensaje desaparece”, advirtió.

Migrantes agrícolas, los más expuestos

En Estados Unidos, se calcula que existen más de un millón de trabajadores agrícolas, de los cuales cerca del 40% no cuenta con documentos migratorios. Este grupo es especialmente vulnerable a operativos migratorios agresivos, explotación laboral y persecución.

Teresa Romero criticó los estigmas hacia los jornaleros: “Es un mito que es un trabajo que cualquiera puede hacer. Es una mentira que no pagan impuestos. Pagan, trabajan duro y son profesionales”.

Michoacán: un estado binacional

El estado de Michoacán es uno de los principales expulsadores de migrantes hacia Estados Unidos. Se estima que por cada michoacano que vive en México, otro reside en el país vecino del norte.

Según datos de la Secretaría del Migrante, alrededor de 4.3 millones de michoacanos viven o trabajan en Estados Unidos, y al menos 300 mil se encuentran en condición irregular.

“Fue una redada extremadamente violenta”: denuncian uso de gases, helicópteros y violencia en California

Una redada migratoria en una finca de mariguana en California dejó heridos, detenidos y enfrentamientos, marcando un alarmante aumento de violencia en operativos del ICE.

Glenda Burrión

12 de julio de 2025

|

15:01h

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Manifestantes y miembros de la comunidad marchan en el vecindario de Sunset Park, Brooklyn, el 11 de julio de 2025, en rechazo a un nuevo centro de detención para migrantes. (Foto Prensa Libre: AFP)

Líderes sindicales y defensores de derechos humanos denuncian un patrón de violencia en los operativos migratorios recientes en el sur de California, en medio de las órdenes del presidente Donald Trump para que los agentes de inmigración usen la fuerza contra quienes bloqueen detenciones. 

Una serie de operativos antimigratorios realizados el jueves en una finca de mariguana en Camarillo, California, desataron disturbios, gases lacrimógenos y enfrentamientos entre agentes del ICE y manifestantes, según reportes de medios internacionales. 

Las redadas, que también incluyeron otras propiedades, dejaron varios migrantes detenidos, entre ellos 10 menores de edad, y revelaron un creciente patrón de violencia en redadas migratorias en el sur de California.

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Redada en plantación de cannabis deja heridos y detenidos 

Una redada migratoria llevada a cabo el jueves en una plantación de cannabis en el sur de California desató un fuerte enfrentamiento entre agentes del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y manifestantes. 

El operativo, considerado uno de los más grandes bajo la administración actual de Donald Trump, dejó personas heridas de gravedad y cientos de migrantes detenidos, según denunció la Unión de Campesinos (UFW). 

“Fue una redada extremadamente violenta”, afirmó Teresa Romero, presidenta de la UFW, en una entrevista con la agencia EFE. 

El operativo tuvo lugar en Glass House Farms, una de las principales productoras legales de cannabis del sur de California, ubicada cerca de Los Ángeles. 

Según Romero, incluso se utilizaron helicópteros para intimidar a los jornaleros y manifestantes. 

Uso de fuerza y gases irritantes 

Durante la redada, agentes federales fuertemente armados emplearon gas pimienta para dispersar a los manifestantes y familiares que acudieron a la plantación tras conocer la detención de sus seres queridos. 

Las autoridades reportaron que las camionetas del ICE salieron del lugar con detenidos, mientras eran agredidas con piedras por manifestantes. 

Aunque no se informó de heridos entre los agentes, el ambiente fue descrito como “fuera de control”. 

“Esta vez usaron gas y arrestaron con mucha fuerza. Eso no lo habíamos visto antes así”, aseguró Romero, quien expresó su preocupación por el creciente clima de confrontación. 

Trump autoriza “cualquier medio necesario” 

El presidente Donald Trump reaccionó a los hechos a través de Truth Social, donde afirmó haber dado “autorización total” a los agentes federales para protegerse y utilizar “cualquier medio necesario” en caso de agresiones.

La declaración se dio tras un incidente en el que, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), un manifestante apuntó con un arma a los oficiales y realizó un disparo. 

Frente a esta situación, Romero hizo un llamado a la calma: “No quiero que la gente caiga en esto, porque entonces ellos sí van a tener una razón para reaccionar violentamente. Por eso todas las protestas que hagamos tienen que ser pacíficas, si no nuestro mensaje desaparece”. 

Preocupación por perfil racial y derechos humanos 

Desde el 6 de junio, California se ha convertido en el epicentro de una nueva ola de redadas migratorias, las cuales han generado temor y protestas entre la comunidad latina, con y sin documentos. 

Diversas organizaciones denuncian que los operativos estarían dirigidos a personas por su perfil racial, considerando aspectos como el tono de piel o el idioma. 

“Mucha gente dice que están siendo detenidos para ser deportados. Para mí, están siendo secuestrados por personas que llevan una máscara, que no se identifican y que no tienen una orden de arresto”, denunció Romero. 

Orden judicial frena redadas en siete condados 

El viernes, 11 de julio, un tribunal federal de California ordenó la suspensión inmediata de las redadas indiscriminadas en siete condados del estado y exigió al Gobierno garantizar el acceso a abogados para los detenidos en un centro de Los Ángeles. 

La decisión se originó tras una demanda por detenciones violentas y posibles violaciones a los derechos constitucionales. 

Los trabajadores agrícolas, en mayor riesgo 

En Estados Unidos, se estima que existen más de un millón de trabajadores agrícolas, de los cuales aproximadamente el 40% no tiene ciudadanía ni permisos de trabajo. 

Este grupo, ya vulnerable, teme que los operativos migratorios lo expongan aún más a la explotación laboral y la represión. 

Romero rechazó los estigmas sobre el sector agrícola: “Es un mito eso de que es un trabajo manual que cualquiera puede hacer. Es un mito decir que los trabajadores agrícolas no pagan impuestos. Es una mentira. Pagan impuestos, son profesionales y trabajan muy duro”. 

La “tarjeta azul”, una posible solución 

Como solución estructural, la UFW promueve el proyecto legislativo conocido como la “tarjeta azul”, una iniciativa que permitiría a los trabajadores del campo acceder a la residencia legal en Estados Unidos.

El proyecto ha sido presentado tres veces durante la administración Trump, sin éxito, pero sigue siendo una prioridad para el sindicato. 

“No somos los malos, nosotros venimos a hacer grande a este país”: guatemaltecos en EE. UU. protestan contra política migratoria de Trump

Comerciantes y empleados de Guatemala que residen en EE. UU. se sumaron a la protesta denominada un “día sin inmigrantes”.  

Rubén Lacán

3 de febrero de 2025

|

18:00h

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Guatemaltecos junto a otros migrantes en una manifestación en Brooklyn, Nueva York contra las políticas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump. (Fotos Prensa Libre: Fermín García)

Al menos 750 negocios guatemaltecos en Trenton, la capital de Nueva Jersey, cerraron este 3 de febrero en protesta a las políticas migratorias que impuso Donald Trump al asumir el cargo como presidente de EE.UU.  

Estuardo Arriola, presidente de la de la Asociación de Comerciantes Guatemaltecos de Trenton comentó que en esa ciudad hay mil 500 negocios y el 50% son de guatemaltecos.  

Nueva Jersey es el quinto estado norteamericano con donde residen más connacionales, según la red consular.  

“La comunidad en realidad sí está atemorizada porque nadie quiere salir a trabajar,  a estudiar y ni siquiera esperar a sus hijos en las paradas de autobús,  porque tienen el temor de ser deportados”, afirmó Arriola. 

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Agregó que los empresarios latinoamericanos apoyan la protesta  para evitar que migrantes trabajadores y sin antecedentes penales sean detenidos.  

 “Tenemos qué hacer notar que como contribuyentes, también tenemos derechos y no solo somos afectados los que estamos en este país -EE.UU.- sino que eso creo que va a repercutir bastante con nuestra gente en Guatemala, porque la mayoría de los trabajadores  estamos sosteniendo familias en nuestros países” enfatizó 

Señaló que los latinos se han unido para hacer conciencia a los nuevos gobernantes estadounidenses, que los migrantes son una fuerza laboral grande en EE.UU.  

Reconoció que cerrar los negocios un día les afecta económicamente, pero consideró que será peor si permanecen callados ante las deportaciones masivas.  

“La economía en el comercio está bastante afectada, los negocios han bajado casi un 50 por ciento en su productividad. Estamos viendo que, si no hay respuesta de la comunidad, pues vamos a seguir en las mismas”, reconoció.  

El presidente de la asociación afirmó que seguirán protestando si el gobierno estadounidense no frena las deportaciones.  

“Si hay necesidad de seguir manifestando, si es que no ponen atención en esto”, comentó.   

Ciudad de Trenton contra Trump  

Arriola expuso que Trenton una ciudad santuario para los migrantes y las autoridades de la ciudad han demostrado su rechazo a las redadas contra los indocumentados.    

Comentó que la policía de Trenton se ha negado a colaborar en los operativos, pero el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha hecho redadas en la capital de Nueva Jersey.  

“La policía local se ha negado a las peticiones de la administración de Washington para que trabajen juntamente con oficiales de ICE, eso cada estado lo decide porque tienen cierta autonomía, pero no pueden parar una operación de ICE que, es federal”, reconoció.  

Brooklyn, Nueva York 

Otra de las comunidades más grandes de guatemaltecos en EE.UU. se encuentra en Brooklyn, Nueva York y se unieron a la protesta contra las políticas de Trump. 

Guatemaltecos, mexicanos, salvadoreños, hondureños  y peruanos se hicieron presentes en la marcha sobre en la 59 calle de Brooklyn. 

“Me da mucha alegría de estar conto todos ustedes, avísenles a todos sus conocidos de esto –la manifestación”, dijo una mujer de la tercera edad que participó en el plantón. 

Otros asistentes dijeron que los políticos estadounidenses han provocado una crisis en la comunidad migrante, afectando a familias.  

“Nosotros no somos los malos, notros venimos a hacer grande a este país -EE.UU.-” señaló un guatemalteco.  

El miedo se ha apoderado de los migrantes irregulares en Nueva York, y muchos han optado por no permitir que sus hijos asistan a la escuela ante el riesgo de ser arrestados en su camino de ida o regreso a las clases, esto por las redadas prometidas por el presidente de Estados Unidos Donald Trump y que ya han comenzado a materializarse en esa ciudad.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dirigió en persona la primera redada en Nueva York, específicamente en el barrio de Bronx, que se concretó con la detención de un hombre acusado de secuestro, asalto y robo.

“Seguiremos eliminando de nuestras calles a este tipo de basura“, escribió la secretaria de Seguridad Nacional en su cuenta de X, dando el tono del nuevo espíritu de la Administración Trump.

En los hoteles convertidos en albergues para las familias más vulnerables, aquellas con niños o con discapacitados, el miedo se palpa en el ambiente y no se habla de otra cosa.

Lea más: Los trucos que utiliza ICE en las redadas migratorias para detener a más inmigrantes

“Con tantas noticias de que se iban a meter en las escuelas, en las iglesias, que iban a ir a los hospitales, un grupo de madres teníamos mucho temor por saber si los niños estarían bien“, dice Yanira, venezolana llegada a Nueva York hace solo tres meses y con tres hijos (de 3,13 y 15 años) a su cargo.

Sus hijos llevan dos semanas sin acudir a la escuela.

Rumores sobre redadas indiscriminadas

“Dicen que si uno no tiene el asilo y sin importar los documentos que tengamos, nos pueden deportar, entonces sí, tenemos temor”, afirmó en la entrada del hotel Stewart, uno de los hoteles-albergues que han sido pasto de críticas de Trump al afirmar que se está dando trato de cinco estrellas a los migrantes.

Desde otro albergue en el sur de Manhattan, la ecuatoriana Angelita, con dos niños a su cargo, también sacó de la escuela a su hijo de 7 años, pero lo volvió a enviar para ocuparse de un bebé de 5 meses. Aseguró que todas las madres a su alrededor han sacado también a sus hijos de la escuela.

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A la preocupación por las redadas se suma otra más concreta: notificaron a Angelita que el 9 de marzo los cuatro miembros de su familia deben abandonar el albergue que ocupan desde hace un año, y no tienen a dónde ir.

“Mi esposo ha conseguido un trabajo de mecánico aunque está sin papeles, pero lo poquito que gana no nos da para alquilar en Nueva York“, lamentó.

Mensajes como el recibido por Angelita son ya frecuentes, y de hecho cuenta que el albergue se ha ido vaciando en los últimos meses: algunos se han ido con familiares ante el temor de que agentes de migración hagan una redada en el mismo albergue comentó una madre a EFE, que prefirió el anonimato.

En los albergues, desde hace dos años la estampa normal era ver largas filas de padres con niños yendo a la escuela a primera hora, o regresando a las tres de la tarde, pero el paisaje ha cambiado desde la toma de posesión de Trump.

#HappeningNow ATF NY, along with our partners @DEANEWYORKDiv @HSINewYork @ERONewYork as well as other federal law enforcement partners are assisting DHS with their immigration enforcement efforts. @dhsgov @thejusticedept pic.twitter.com/3gdVDAObrL

— ATF New York (@ATFNewYork) January 28, 2025

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Se estima que 48 mil niños (la gran mayoría latinos) han entrado al sistema de escuelas públicas de Nueva York desde el 2022, según el diario The City.

El Departamento de Educación de Nueva York, consciente del clima de terror que se vive entre los migrantes, ha distribuido en algunas escuelas unos pasquines en inglés y en español en los que se dan consejos concretos a las familias si el ICE (servicio de control migratorio) llama a una casa: “No abra la puerta, permanezca en silencio, no firme (nada), denuncie la redada y defiéndase con abogados”, señala el pasquín visto por EFE.

Aunque el alcalde Eric Adams asegura que sólo cooperarán con agentes de inmigración en su intento de capturar a migrantes con antecedentes criminales, su reunión con el nuevo zar de la frontera, Tom Homan,y con el propio Donald Trump, ha caído como un balde de agua fría entre los migrantes y sus defensores.

Una venezolana que no quiso dar su nombre expresó una desconfianza muy compartida: “Dijeron en la escuela que no permitirán que ICE entre y darles información de nuestros hijos, pero uno ve las noticias y no es lo que están diciendo”, argumentó. 

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Según el Departamento de Seguridad, en su primera semana la administración Trump ha deportado a 7 mil 300 migrantes ilegales, y solo el lunes 27 de enero detuvo a 1 mil 179 migrantes, un nuevo máximo diario.

Entre las ciudades que se han visto afectadas por estas redadas contra migrantes también se encuentran Atlanta, Dallas, Newark y Chicago.

Just now.

Enforcement operation in NYC. Criminal alien with kidnapping, assault & burglary charges is now in custody – thanks to @ICE.

Dirtbags like this will continue to be removed from our streets. pic.twitter.com/fRpJBdmqSl

— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 28, 2025

“Seguiremos deportando, sin disculpas”, el zar de la frontera le responde a Selena Gómez

El zar de la frontera, Tom Homan, le respondió a Selena Gómez y le aseguró que las redadas están enfocadas en deportar a las amenazas públicas que comprometen el bienestar y la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Emilio Dávila

28 de enero de 2025

|

07:24h

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El zar de la frontera, Tom Homan, critcó las declaraciones de Selana Gomez. (Foto Prensa Libre: AFP)

Durante la mañana del pasado lunes 27 de enero, la actriz y cantante estadounidense Selena Gómez compartió una emotiva historia en su perfil oficial de Instagram, donde habló sobre las recientes deportaciones masivas en Estados Unidos, las cuales están afectando directamente a miles de comunidades latinas por toda la nación americana.

“Están atacando a toda mi gente y también a los niños. Realmente no lo entiendo. Lo siento mucho, me gustaría poder hacer algo, pero sinceramente no puedo. No sé qué hacer por ustedes pero lo intentaré todo, se los prometo”, comentó la compositora texana de 32 años, quien tiene raíces latinoamericanas por parte de su padre mexicano.

Luego de viralizarse en las redes sociales, Selena tomó la decisión de eliminar el video de su cuenta oficial; sin embargo, diversos medios de comunicación estadounidenses tuvieron la oportunidad de guardarlo, y uno de esos fue el canal de televisión, Fox News, el cual convocó al zar de la frontera, Tom Homan, para poder discutir la situación.

“No sé si has tenido la oportunidad de ver este video que se ha viralizado en las redes sociales, donde una celebridad de Hollywood llora y critica abiertamente a las deportaciones masivas de estos criminales, asegurando que los principales afectados son las familias y los niños inocentes“, le menciona la entrevistadora al zar fronterizo.

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El zar de la frontera le responde a Selena

“No nos disculparemos, seguiremos adelante con las deportaciones. Si no les gusta, entonces pueden ir al Congreso de los Estados Unidos y cambiar la ley, pero por ahora, nuestro principal objetivo es que nuestra comunidad sea más segura. Todo es por el bien de esta nación”, indicó el zar fronterizo elegido por el presidente Donald Trump.

Posteriormente, Tom Homan mencionó que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no está llevando a cabo arrestos masivos de familias indocumentadas, ya que los agentes migratorios están enfocados en deportar a las “amenazas públicas“, las cuales comprometen el bienestar y la seguridad nacional de los Estados Unidos.

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De acuerdo con el zar de la frontera, en los últimos cuatro años, los estados norteamericanos de Texas, Nuevo México, Arizona y California, enfrentaron un “aumento significativo de problemas”, principalmente en el incremento del 600% en el tráfico sexual de personas y un récord en el cruce de terroristas provenientes de Latinoamérica.

“El presidente Donald Trump está feliz con nuestro trabajo y lo vamos a poner más contento; esto es solo el comienzo”, añadió Homan, quien no pudo ocultar su satisfacción al dar a conocer el número de arrestados en las redadas migratorias, llegando a más de mil indocumentados capturados en la primera semana del republicano.

En su regreso a la Casa Blanca, el magnate neoyorquino desea llevar a cabo la mayor deportación de inmigrantes indocumentados en la historia de los Estados Unidos, y según las declaraciones del zar fronterizo, el presidente Trump quiere elevar el número de detenciones y así poder alcanzar un promedio de 6 mil capturados por semana.

“La nueva administración está en la etapa inicial de las deportaciones masivas. Por ahora, estamos concentrados en arrestar personas sin papeles que representan una amenaza para la seguridad pública; sin embargo, las medidas irán en aumento con el paso de las semanas”, concluyó el zar de la frontera, Tom Homan, ante las cámaras.

JUST IN: Border Czar Tom Homan reacts to Selena Gomez’s viral breakdown, says he has “no apologies” and he is going to keep moving forward.

The reaction we’ve all been waiting for.

“If they don't like it, then go to Congress and change the law.”

“We're going to do this… pic.twitter.com/OQv9Vdhj4V

— Collin Rugg (@CollinRugg) January 27, 2025

Los trucos que utiliza ICE en las redadas migratorias para detener a más inmigrantes

Los agentes del ICE han implementado diferentes tácticas para poder realizar arrestos en comunidades de inmigrantes en Estados Unidos, y muchas estrategias contienen manipulaciones para acceder a hogares.

Emilio Dávila

27 de enero de 2025

|

15:22h

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Diversas asociaciones buscan exponer las tácticas utilizadas por ICE. (Foto Prensa Libre: AFP)

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) es una agencia del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y se encarga de identificar las actividades criminales y de eliminar los puntos débiles que representan una amenaza para la seguridad fronteriza, económica y de transporte en la nación.

Los agentes del ICE han implementado diferentes tácticas para poder realizar arrestos en diversas comunidades de inmigrantes en Estados Unidos, y de acuerdo con el Proyecto de Defensa para Inmigrantes (IDP, por sus siglas en inglés), muchas estrategias “incluso contienen manipulaciones para acceder a hogares sin órdenes judiciales”.

Las asociaciones defensoras de inmigrantes revelaron que, en reiteradas ocasiones, los agentes migratorios utilizan uniformes similares a los de la policía local para así evitar levantar sospechas entre los residentes indocumentados: “Han llegado al punto de vestirse como civiles para confundir a las personas”, agregó el vocero del IDP.

Al no identificarse como funcionarios de inmigración, los agentes tienen un mayor acceso a la información sensible de los inmigrantes, por lo que han habido reportes en donde ingresan a los hogares de personas en situación irregular, quienes confiaron en ellos y rápidamente terminaron engañados, detenidos y posteriormente deportados.

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El Proyecto de Defensa para Inmigrantes indica que los agentes migratorios usualmente se presentan en los hogares de las personas en situación irregular o ilegal, y se identifican como detectives o fiscales, con el objetivo de recolectar más información de los indocumentados u obtener el acceso a las viviendas, sin la orden de un juez.

“Hay casos en donde los agentes migratorios han dicho que están investigando un crimen ficticio, generando preocupación entre los inmigrantes, y eso los lleva a colaborar. Varias personas aseguran que los funcionarios dicen que algún familiar ha sido víctima de robo de identidad y por eso comparten información”. añadió el IDP.

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Otras asociaciones defensoras de los inmigrantes advierten que las tácticas no se limitan a los encuentros en persona, debido a que existen reportes en donde los agentes migratorios han realizado llamadas telefónicas falsas, con el objetivo de obtener más información del indocumentado o para poder ubicar a sus víctimas más fácilmente.

“En estas llamadas, los agentes del ICE pueden hacerse pasar por representantes judiciales u oficiales de la policía, encargados de devolver identificaciones extraviadas. Por lo que, a través de estas estrategias telefónicas, los inmigrantes proporcionan direcciones, nombres o algún otro dato sensible, lo que facilita los arrestos”, agregó el IDP.

Las organizaciones que combaten la deportación de inmigrantes en EE. UU. han compartido otra táctica que se ha popularizado en el territorio estadounidense, aunque aún no se ha confirmado si es empleada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas; no obstante, si involucra a la agencia del Departamento de Seguridad Nacional.

En medio de las redadas migratorias y detenciones masivas que actualmente están realizando las autoridades federales, se han podido observar una serie de vehículos falsos del ICE, cuyo propósito es asustar a los inmigrantes que se encuentran en una situación irregular y así crear una campaña de miedo por todos los Estados Unidos.

Para migrar hicieron un préstamo y le pagaron entre los dos, US$35 mil al coyote que les ofreció un viaje seguro hacia la frontera de México con los Estados Unidos. Sin embargo, no todo salió como quería.

Al intentar cruzar el Río Bravo se separaron con su esposa. El traficante de personas abandonó al grupo y como pudieron intentaron alcanzar llegar a tierra estadounidense. No lo lograron. Fueron interceptados.

José Miguel y Sucely se reencontraron este 29 de diciembre en el Centro de Recepción de Retornados de la Fuerza Aérea Guatemalteca. Se abrazaron y dieron gracias a Dios porque, aunque se marcharon por las dificultades económicas que vivían en el país, volverán a reunirse con su hija de cinco años que había quedado a cargo de su abuela paterna. 

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José Miguel y Sucely son dos de los 80 guatemaltecos que volvieron al país retornados vía aérea en el último vuelo del año, de los 369 que hubo provenientes de Estados Unidos. Los retornaron de Harlingen, Texas. Allá pasaron la Navidad, y ahora su emoción está en celebrar con los suyos el Año Nuevo.

López Carranza asegura que no volverá a intentar regresar porque es un viaje muy duro y riesgoso. Lo hicieron junto con su esposa porque la situación económica los obligó. Ahora les tocará pagar la deuda a que se comprometieron para reunir el dinero del viaje.

Estos esposos, como el resto de migrantes, vestidos con ropa liviana, con zapatos sin correas y una mascarilla que les tapaba las miradas de nostalgia y tristeza, se enfilaron para tramitar su retorno al país que según los cálculos de organizaciones que velan por la población migrante expulsa a poco más de mil ciudadanos al día que se aventuran a buscar el mal llamado “Sueño Americano”.

La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó el martes 27 de diciembre al Gobierno del presidente Joe Biden mantener en vigor de forma cautelar el Titulo 42, la norma sanitaria que permite la expulsión inmediata de migrantes en la frontera. Y fue así como llegó este último vuelo.

Caminando en fila, primero mujeres y luego hombres, así descendieron del avión, proveniente de aquella ciudad tejana.

Como José Miguel y Sucely, la mayoría de deportados están entre los 19 y los 35 años, quienes salieron de Guatemala buscando mejores condiciones de vida, huyendo de la pobreza , falta de oportunidades y hasta de la violencia.

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Pedro López Ortiz, de 39 años, originario de San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, es otro caso de los deportados que regresaron a Guatemala.

Tenía un mes de haberse ido y había pagado Q100 mil para lograr aquel objetivo. No lo logró. Su meta era apoyar a su familia para salir adelante. Esta fue la segunda vez que intentó migrar en forma irregular. En las dos ocasiones no consiguió el objetivo.

Mario tiene 20 años y es agricultor originario de Izabal. Con la idea de prosperar económicamente y cambiar la situación que vive su familia consiguió pagar Q90 mil para el “coyote”.

Viajó hace un mes, y en esos 30 días se acabó el sueño. Pese a todo eso, se siente feliz porque pasó en tránsito la Navidad y su cumpleaños. “Me fui porque con mi familia pasábamos mucha hambre y quería cambiar esa situación”, asegura. Agrega: “Había días que no teníamos para comer”.

Francisco, de 22 años, trabajaba de todo, dice. Es originario de una comunidad de Suchitepéquez. No estaba graduado en diversificado y ahora pretende dedicarse de mecánico para apoyar a su familia. No piensa regresar porque primero debe pagar la deuda, y las condiciones del viaje son difíciles.

“Para toda aquella persona que piense irse de esta forma les digo que Dios los bendiga. Todo lo que se pasa es duro. Se pasan ríos, se duerme en el monte, en lugares complicados. No es sencillo”, finaliza.

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En el período fiscal que concluyó el 30 de septiembre las autoridades migratorias detuvieron por entrar sin documentos al país o devolvieron a México por ser inadmisibles a 458 mil 88 personas, frente a las 977 mil 509 del año fiscal 2019, informó la agencia.

Sin embargo, el informe muestra que en septiembre pasado las autoridades fronterizas capturaron o consideraron inadmisibles a 57 mil 674 personas, la cifra mensual más alta en este mes desde el año 2012.

Los 977 mil 509 detenidos o rechazados en los puestos fronterizos en el año fiscal 2019 supuso una cifra récord, que casi duplicó a la de la media de los años anteriores, por lo que la cifra de este pasado año fiscal está más en la línea de los de 2018 (521.090) y 2017 (415.517).

El funcionario señaló que en el comienzo del período fiscal, en octubre de 2019, la agencia “continuaba lidiando con los efectos de una oleada de inmigración ilegal sin precedentes”, ocurrida en 2019.

“El Congreso hizo nada, no aprobó una sola ley para encarar esa crisis. El Gobierno del presidente Donald Trump nos proporcionó los medios para lidiar con ella, y uno importante fue el fin de la política de ‘detención y liberación'”. Mark Morgan, director de la CBP.

Bajo esa política aplicada por gobiernos anteriores, los inmigrantes indocumentados detenidos por las autoridades eran registrados y dejados en libertad hasta la fecha de una audiencia para decidir sobre su deportación.

El gobierno de Trump puso fin a la práctica en 2018 y, como consecuencia, decenas de miles de inmigrantes indocumentados fueron recluidos en centros de detención donde la espera de una audiencia se prolongó más por el impacto de la pandemia del covid-19.

Hacia febrero, y antes del impacto del covid-19, la migración indocumentada había descendido un 65% comparada con los niveles de un año antes “y pasó a ser de una mayoría de familias centroamericanas a un contingente mayormente de hombres mexicanos”.

Los hombres mexicanos que migraron solos contabilizaron el 56% de los migrantes indocumentados capturados en el año fiscal 2020, lo cual es un cambio significativo desde el período anterior cuando el 64 % de los migrantes detenidos eran individuos de países en el llamado Triángulo Norte de América Central (Guatemala, Honduras y El Salvador).

“La colaboración entre Estados Unidos, México y los países centroamericanos jamás ha sido más firme, y ha contribuido enormemente para lidiar tanto con la migración ilegal como con la pandemia”. Mark Morgan, director de CBP.

“Las detenciones de grupos familiares pasaron de 530 mil a unos 18 mil” agregó. “Ha habido una reducción del 87 % en el flujo de migrantes que llegan por razones económicas”.

En conjunto los adultos que viajaban solos contabilizaron el 77 % de todas las capturas por cruces ilegales de la frontera comparado con el 38 % en el año anterior.

Durante el recién concluido año fiscal, CBP incautó casi 830.000 libras de drogas, y comparado con el año pasado disminuyeron las confiscaciones de cocaína, en un 43 %, y heroína, en un 7 %, aunque aumentaron en los casos de metanfetamina (25 %), fentanilo (71 %) y marihuana (5 %), indicó la agencia.

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“Los adolescentes traían desde México un informe donde hacía referencia que se encontraban asintomáticos para el COVID-19”, afirmó Torres.

Sin embargo, el Ministerio de Salud guatemalteco les hizo pruebas y, aunque no presentaban síntomas, dieron positivo en las muestras, por lo que no fueron llevados a un albergue de menores.

Torres insistió en que los guatemaltecos tienen derecho de retornar a su país y pidió a la población no estigmatizar a los deportados de México o Estados Unidos.

Unos 100 guatemaltecos deportados vía aérea desde Estados Unidos han dado positivo al COVID-19.

En Guatemala, un país de unos 17 millones de habitantes, hasta este jueves se han registrado 798 contagios de coronavirus, entre ellos 21 muertos.

México deportó en 2019 a 49 mil 145 guatemaltecos, y hasta febrero de este año iban 2 mil 633 los que han pasado por ese proceso.

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Fueron 13 menores y una unidad familiar, es decir madre e hijo, informó el Instituto Guatemalteco de Migración, para un total de 15 personas.

El avión llegó a eso de las 16 horas y las personas tuvieron que someterse al control sanitario del Centro de Recepción de Retornados en la Fuerza Aérea Guatemalteca.

Horas antes, el presidente Alejandro Giammattei había informado sobre la llegada del vuelo y precisó que los grupos quedarán en cuarentena en un hotel costeado por Unicef Guatemala.

Un vuelo humanitario del mismo tipo ocurrió el 18 de abril. Ese día, vinieron 12 menores que fueron detenidos recientemente por autoridades migratorias estadounidenses y fueron retornados para prevenir contagios de coronavirus en centros de detención para indocumentados.

A causa de los abundantes casos de covid-14 entre deportados, Guatemala y Estados Unidos suspendieron temporalmente los vuelos de migrantes y nuestro país insiste en que los connacionales vengan con un certificado médico oficial de que no son portadores del virus.

Dentro de esta emergencia sanitaria, Estados Unidos había continuado el envío de deportados sin hacerles test de covid-19 sino solo toma de temperatura, según oficiales de migración que hablaron con el diario LA Times.