El Gobierno de EE. UU. ha reunificado a dos mil 295 menores de edad guatemaltecos con sus padres, de quienes fueron separados durante la administración del presidente Donald Trump (2017-2021) en la frontera sur, en especial mientras estuvo vigente la política conocida como “tolerancia cero” contra la migración irregular, de abril a junio de 2018.

Con la llegada al poder del presidente Joe Biden se creó una Fuerza de Tarea para la Reunificación Familiar (FRTF, en inglés), mediante el cual, mientras los menores permanecen en EE. UU., a los padres se les otorga un permiso para migrar y trabajar por tres años, con opción a renovarse tres más.

Los niños que han sido reunificados —en su mayoría indígenas, de acuerdo con lo expresado por los responsables de la comisión— representan el 75% de total de familias que fueron separadas. Del resto, 57 ya están en proceso de reunificación, 200 ya han sido ubicados y conocen el programa, mientras EE. UU. aún hace esfuerzos por ubicar en Guatemala a los familiares de 290 menores de edad.

“Cualquier familia que crea que califica para esto —el programa de reunificación— que fueron separados durante ese periodo, puede registrarse en el sitio web juntos.gov”, indicó Michelle Brané, directora ejecutiva de la FRTF, en un acercamiento con medios de comunicación en la capital guatemalteca.

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En el referido sitio, el interesado debe ingresar su nombre, fecha de nacimiento y algún correo electrónico o número telefónico.

Una vez ingresada la solicitud, prosiguió, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) verifica la elegibilidad y en caso de ser aprobada la persona es contactada. El padre o madre puede viajar con su pareja u otros hijos.

La funcionaria estadounidense precisó que, incluso, si los hijos ya alcanzaron la mayoría de edad pueden aplicar al programa, puesto que lo importante es que al momento de la separación en la frontera sur tenían menos de 18 años.

Dónde están

Los menores, en su mayoría, se encuentran con un encargado en EE. UU.; sin embargo, la misión de la FRTF es ubicar al padre o la madre en Guatemala.

Con respecto a los 290 casos en los cuales no han ubicado a los parientes, Brané dijo que la Fuerza de Tarea busca difundir el mensaje en Guatemala para que los afectados puedan enterarse, no obstante, reconoce algunos padres, puede ser que ya hayan migrado de manera irregular a EE. UU. para reunirse con sus hijos.

De hecho, precisó que al menos en 100 casos estos se presentaron voluntariamente en EE. UU. ante las autoridades a decir que ya se habían movilizado. Ellos también califican, explicó Brané. Aparte del sitio en internet, los interesados en calificar tienen a disposición el número de teléfono 23025773.

Aunque el programa ofrece permisos de trabajo por tres años y una ampliación por otros tres, no garantiza la estancia permanente de las familias en EE. UU. porque eso depende del Congreso.

Solo durante el gobierno de Trump

Brané aclaró que el programa busca reunificar solo a menores de edad separados del 2017 al 2021, los cuatro años de Trump, ya que con la llegada de Biden al poder, asegura, cesó esa práctica. Incluso, garantizó que la FRTF trabaja con la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para poner en práctica políticas que no deriven en la separación familiar cuando esto no es necesario.

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Organizaciones de derechos humanos han denunciado en más de una ocasión que ha existido tal práctica; sin embargo, Brané aseguró que de darse solo ocurre cuando se trata de asuntos de seguridad nacional o por una emergencia médica del padre o madre que comprometa la protección del menor de edad.

“Seguimos buscando maneras de prevenir que esto ocurra. Si un padre no tiene razón para ser detenido no deben ser separados”, según la actual política migratoria, aseveró.

Más visas

Por su lado, Patrick Ventrell, encargado de Negocios de la Embajada de EE. UU. en Guatemala, refirió que el gobierno de su país trabaja en la expansión de vías legales para migrar, y dijo que en lo que va del año han incrementado en 71% el procesamiento de más visas H2A, para trabajos agrícolas, y H2B, para otro tipo de labor. En total se han procesado 12 mil 900 solicitudes.

Mediante estas visas, afirmó, mucha gente viaja por tres o seis meses a emplearse de manera temporal y legal, cuando regresan invierten en sus comunidades.

Además, Ventrell mencionó que en el sitio movilidadsegura.org, los guatemaltecos pueden encontrar más opciones para viajar de manera legal, y refirió al programa de procesos de libertad condicional para la reunificación familiar que el Departamento de Seguridad Nacional anunció en julio pasado, dirigido a personas que deseen migrar y que tienen familiares en EE. UU. que son ciudadanos o que cuentan con una residencia permanente.

A través de este programa las personas no necesariamente deben esperar en Guatemala la autorización de su visa para viajar a EE. UU., subrayó Ventrell; sin embargo, es esencial llenar el formulario I 130 que se encuentra disponible en el sitio de internet del Servicio de Inmigración y Ciudadanía.

El Grupo Interinstitucional de Trabajo que el presidente Joe Biden conformó el año pasado para reunificar a niños y padres que fueron separados en la frontera sur de EE. UU. durante la administración del expresidente Donald Trump, visitó Guatemala para reunirse con funcionarios del Gobierno e identificar y aplicar estrategias para reunir a familias elegibles.

Al final de la gira dieron a conocer que cerca de cinco mil 600 menores de edad fueron separados en ese periodo, de enero 2017 a enero del 2021. Del total, unas cuatro mil separaciones ocurrieron durante la implementación de la política Tolerancia Cero, uno de los capítulos más oscuros en la historia migratoria de EE. UU.

Michelle Brané, directora ejecutiva de dicho Grupo de trabajo refirió, que 1 mil 50 niños no han sido reunificados, de los cuales el 94% son de los países del Triángulo Norte de Centroamérica. De estos, el 60 por ciento son guatemaltecos; es decir, cerca de 600. El resto, son menores originarios de Honduras y El Salvador, y en menor medida de México.

La funcionaria estadounidense dijo que la totalidad de los infantes ya fueron ubicados en EE. UU. y se encuentran principalmente en estados como Nueva York, Florida, Texas y California. Están con familiares o personas de confianza autorizados por los padres.

Es poco probable que alguno esté con una familia sustituta o que no se haya contactado a sus familias en Guatemala. Y es imposible que corra el riesgo de ser dado en adopción sin la autorización de los padres.

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La delegación hizo énfasis en que las personas que pueden aplicar a este programa deben hacerlo solo a través de la página en internet juntos.gov. Subrayó que los datos que proporcione el familiar en Guatemala deben coincidir con lo que tienen del menor en EE. UU.

Si la solicitud es avalada, en un tiempo que puede tomar “varios meses”, se traslada al padre o madre vía aérea a EE. UU. También se facilita el transporte terrestre hasta la puerta de la casa donde esté su hijo. De igual forma, se le autorizará un permiso humanitario de estancia en ese país por tres años con derecho a un empleo.

Ante la posibilidad de que el anuncio se preste para que una avalancha de menores llegue al a frontera sur, Brané aclaró que las fronteras de EE. UU. continúan cerradas a la migración irregular y que los beneficiarios de este programa debieron haber sido separados de sus hijos durante el gobierno de Trump.

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El Grupo de trabajo cuenta con la ayuda de organizaciones no gubernamentales para apoyar a los padres de los niños que necesiten aplicar al programa. También porque la mayoría de las familias son indígenas y muchos solo hablan idiomas mayas. Principalmente son de Huehuetenango, aunque también hay de Quetzaltenango y del departamento de Guatemala.

Asimismo, sugieren que, para iniciar el proceso, quienes se consideren aplicables al programa, deben ponerse en contacto con la organización Niños con Necesidad de Defensa (Kind, en inglés), que los apoyará y dará información del proceso. El número telefónico en Guatemala es el 23025773.

“Se nos ha indicado que identifiquemos localicemos y reunifiquemos a las familias que fueron separadas a la fuerza por el Gobierno de los EE. UU., entre enero del 2017 y enero del 2022. Y no solo eso, sino darles el apoyo que necesitan”, precisó Brené.

Reunificación es posible

La funcionaria considera que es muy posible reunificar a los niños y padres que aún continúan separados. “Estamos absolutamente comprometidos a buscar a estas familias hasta que cada una tenga la oportunidad y la información que necesite”, para ser reunidos, agregó.

Respecto a los mil 600 menores que no fueron separados durante Tolerancia Cero, expuso que “talvez los padres no presentaron la documentación y se priorizó la seguridad del niño, o probablemente los padres fueron llevados a un hospital y los niños no los acompañaron”.

En algunos casos puede que el padre haya sido considerados sospechosos de cometer algún delito.

Brené, expuso que el programa es una forma de reparación a las familias, aunque no está contemplado el pago de alguna indemnización por los daños causados. La funcionaria dijo que sí se proporcionará apoyo psicosocial para superar el “trauma de la separación”.

Indicó que actualmente hay algunos casos en los que las familias han demandado al Gobierno de EE. UU. por la separación, pero todavía no se conocen sentencias.

El grupo de trabajo instalado por Biden para reunificar a las familias está dirigido por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Además, lo integran los departamentos de Estado, de Salud y Servicios Humanos y el de Justicia.

Durante la política de “Tolerancia Cero”, la administración Trump separó a miles de familias migrantes, enviando a los niños a refugios y expulsando a sus padres, quienes denunciaban que no les entregaban un contacto para poder rastrearlos.

El secretario Mayorkas dijo en febrero pasado que buscaban otorgar residencia permanente en EE. UU. a las familias migrantes separadas, pero esta iniciativa debe ser aprobada por el Congreso.

La incertidumbre aún no termina para 22 menores de edad que el año pasado fueron separados de sus familiares en el contexto de la política Tolerancia Cero del presidente de EE. UU., Donald Trump; esa separación causó un trauma en los niños y niñas que, según psicólogos, les cambió la vida para siempre y tendrá tristes repercusiones en su vida adulta.

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De acuerdo con la Cancillería guatemalteca, que no quiso difundir las edades ni el departamento de origen de los menores, estos aún se encuentran en albergues a cargo del Gobierno de EE. UU. ya que no se ha hallado un recurso idóneo a quien entregarlos, ya sea familiar o alguien que se haga a cargo de ellos, tampoco no se ha podido localizar a sus familiares en Guatemala.

A través de la oficina de Comunicación, la Cancillería informó que en lo que estuvo vigente la política Tolerancia Cero, mil 520 menores guatemaltecos fueron separados de sus padres en la frontera sur de EE. UU. cuando ingresaron sin autorización a ese territorio.

Aseguró que desde que Trump derogó la política de separación familiar que fue calificada desde “cruel” hasta “inhumana” por grupo sociales tanto en EE. UU. como en el exterior, ya no hubo más separaciones de menores guatemaltecos, pese a que hay varias denuncias de que esa práctica continuó después de finalizada Tolerancia Cero.

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El prestigioso The New York Times publicó recientemente un documento que la Unión Americana de Libertades Civiles solicitó al Departamento de Justicia de EE. UU. en el cual se detalla que después de derogada la norma al menos 900 familias fueron separadas, algunas de las cuales por causas menores como no haber cambiado el pañal a un bebé o faltar a una cita judicial por no portar permiso para conducir.

Estas separaciones, aparentemente, tienen el fin de proteger a los niños y niñas. Otros menores fueron separados de sus padres porque estos tenían récords de robo en tiendas o intoxicación por alguna sustancia.

El secretario de seguridad interna de EE. UU., Kevin McAleenan, reconoció durante una citación en el Congreso que aún hay separaciones de familias, pero que estas son “raras” y que se hacen “en interés del niño”.

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Marcados de por vida

El hecho de que un niño sea separado de su familia puede traer repercusiones para toda su vida, explicó el director de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental, Marco Antonio Garavito.

En la niñez, expuso el experto, tendrá repercusiones emocionales que repercutirán en el rendimiento académico, así como una inseguridad sobre el futuro de la vida. “No es solo decir que los niños se deprimen, no así de simplista, para los niños esta comprometida su vida en su totalidad no solo en el futuro sino en el presente”, puntualizó Garavito.

Estas separaciones podrían calificarse como un “acontecimiento”, definición que en psicología se utiliza para describir un hecho que sufre un ser humano después del cual ya nada vuelve a ser igual para él, por ejemplo, un abuso sexual o raptar a un menor para darlo en adopción a otra familia.

Garavito resaltó que la separación podría afectar el desarrollo de la personalidad del niño puesto que esta se forja en los primeros años de vida, y recordó que cuando un ser humano crece sin una estructura familiar que lo respalde “generalmente hay problemas después, ya sea de violencia, consumo de alcohol, drogas o de personalidad retraída”.

Precisó que el Estado tiene la obligación de ofrecer acompañamiento terapéutico a estos niños y niñas ya que es la única forma en que estos pueden superar ese trauma; no obstante, lamentó que en Guatemala “ni siquiera hay centros de atención” psicológica.

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Confusa respuesta

Pero la información sobre la necesidad de brindar atención psicológica a los menores de edad no termina de convencer.

Consultado el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, explicó que “en algunos casos” se ha dado acompañamiento terapéutico a los menores separados que fueron retornados al país, sin embargo, en otros casos “las familias no quieren que el Estado les ayude”.

Prometió conseguir más información o que la Cancillería se comunicaría con Prensa Libre, pero una vocera de esta institución respondió que solo están solo están a cargo de dar acompañamiento, protección consular y proceso de retorno y que cuando deportan a menores no acompañados solo informan a las instituciones encargadas de darle asistencia a los menores.

En ese sentido, la Procuraduría General de la Nación (PGN) precisó a través de un vocero que “siempre se les da seguimiento” a los menores deportados no acompañados con citaciones, consultas y tratamientos psicológicos, pero dijo que hasta la próxima semana podría dar información sobre cuántos niños han atendido y qué resultados han tenido.

De igual forma la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, precisó que dan seguimiento a “algunos casos” dependiendo del análisis que se hace mientras los infantes permanecen en los albergues de la institución y que no debe exceder de las 72 horas.

La oficina de Comunicación Social, no obstante, reconoció que para atender en ese sentido a los menores apoyan organizaciones no gubernamentales.

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La audiencia se centró en las consecuencias de la política de separación de los niños cuando eran detenidos juntos a sus padres cruzando la frontera lanzada por el gobierno de Donald Trump el año pasado y la situación actual de los centros de detención para extranjeros.

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“La situación en la frontera es mucho mejor para los niños ahora”, dijo McAleenan en una audiencia ante el Comité de Supervisión de la Cámara, en la que aseguró que los fondos de urgencia liberados por el Congreso a finales de junio permitieron que bajara el número de personas detenidas.

Le contradice

El presidente del Comité, el demócrata Elijah E. Cummings, le contestó en duros términos acusándolo de “adornar” la situación.

“Le puedo decir que estoy en el punto en el que me comienzo a preguntar si no hay un déficit de empatía”, dijo Cummings.

Visiblemente contrariado cuando el funcionario le dijo que los agentes de frontera hacían lo que podían, Cummings le preguntó sobre los niños que tenían que sentarse sobre sus propios excrementos, sin acceso a una ducha.

McAleenan negó estas situaciones y dijo que un informe de una ONG que señalaba que los migrantes carecían de acceso a cepillos de dientes no era cierto.

Tolerancia cero

A principios de 2017, Trump anunció un endurecimiento de la política migratoria y en 2018 lanzó su política de “tolerancia cero”, que propició que más de 2.300 niños fueran separados de sus padres migrantes. El presidente suspendió esta medida.

Según un informe publicado por este comité la semana pasada, al menos 18 bebés y niños de menos de 2 años fueron separados de sus padres por periodos de entre 20 días a medio año.

Al menos 241 niños separados de sus padres fueron colocados en dependencias de la patrulla fronteriza por más de 72 horas que marcan el máximo legal, señaló el informe.

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez le preguntó a McAleenan si creía que la política de separación de niños había contribuido a una “cultura de deshumanización” dentro de la patrulla fronteriza, lo que el funcionario negó.

Ocasio-Cortez también lo interrogó sobre el escándalo provocado por las revelaciones de un grupo secreto de Facebook de los agentes, en el que habían montajes con fotos de la congresista en actos sexuales denigrantes.

“Hay una investigación agresiva al respecto” y “se puso a algunos individuos en suspensión”, dijo el funcionario.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS en inglés) informó este miércoles en un comunicado, que el gobierno de Trump recortó los programas para los migrantes menores de edad no acompañados que están retenidos en albergues federales.

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El Washington Post informó que entre las actividades afectadas están las clases de inglés y de fútbol.

El HHS explicó en el comunicado que “se requieren de manera urgente recursos adicionales para cumplir con las necesidades humanitarias” a raíz de la gran cantidad de infantes que están recibiendo en los albergues.

También recalcó que el gobierno ha alertado al Congreso sobre el crecimiento en el número de estos casos y que el HHS busca obtener un fondo de emergencia para aumentar sus capacidades para cumplir con las necesidades de los menores en custodia.

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Repercusiones

El recorte de estos programas podría tener impactos negativos en los menores de edad, muchos de los cuales permanecen meses, algunos años, antes de ser entregados a un familiar en EE. UU. en lo que se sigue su proceso migratorio legal.

El secretario ejecutivo de la Coordinadora Institucional de Promoción de los Derechos de la Niñez (Ciprodeni), Otto Ramírez, lamentó la decisión de Trump, que “viola el derecho al deporte y la recreación y a la asistencia legal y protección de los menores no acompañados” que se especifican en normativas internacionales.

Recordó que, aunque EE. UU. no ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, sí lo hizo con los dos protocolos facultativos del Comité de Derechos del Niños a favor de su protección integral.

Ramírez añadió que al privar a los menores de programas de recreación, su salud emocional y mental puede ser afectada ya que al permanecer encerrados aumenta la incertidumbre y desesperación.

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En cuanto al recorte de la asistencia legal, Ramírez comentó que ya de por sí es difícil ganar un caso de asilo y sin la debida asistencia será casi imposible. “El propósito de la supresión de la asistencia legal es que no tengan los recursos necesarios para la búsqueda de asilo”, apuntó.

Mientras tanto Carolina Escobar, directora general de la organización La Alianza, calificó la decisión de “lamentable” puesto que resultan afectados los menores de edad que ya han sufrido por el desarraigo familiar, cultural y geográfico y; además, viajan en estado de vulnerabilidad y al llegar a EE. UU. “los tienen como prisioneros”.

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Escobar recordó que el “mejor termómetro” para medir la calidad humana de un gobierno es por la forma cómo trata a los niños, y coincidió en que no contar con las atenciones mínimas que debe tener la niñez puede generarles traumas, que en el futuro “son muy difíciles trabajar”.

“Los que tenemos la experiencia de trabajar con niñez institucionalizada, sabemos que se deben dar respuestas integrales en todos los sentidos a la niñez, —por— los niveles de angustia y ansiedad ya que pasan mucho tiempo institucionalizados y después no tienen las herramientas para adaptarse a una vida normal”, explicó la experta.

Reacción

Escobar consideró que el gobierno de Guatemala debería tener una postura clara respecto a “estas violaciones de derechos humanos de sus niños, niñas y adolescente”.

“Debería pedirle al gobierno de EE. UU. una respuesta pronta para devolverlos y regresarlos a ambientes adecuados y que mientras estén ahí —en los albergues— que les den la atención a la que tienen derecho por su condición y por el encierro y vulnerabilidad en que están”, añadió Escobar.

“Debería tener —el gobierno— una postura frontal y política y aquí en Guatemala generar espacios para recibirlos y darles seguimiento a los casos”, apuntó.

La Cancillería no ha respondido a la solicitud de un comentario que le hizo Prensa Libre.

Mayoría de niños son guatemaltecos

Para tener una idea de lo la cantidad de menores de edad no acompañados que están albergados en centros a cargo del HHS, a mediados de mayo esta agencia del gobierno de EE. UU. emitió un comunicado en el que informó que en el año fiscal 2018 albergaron a 49 mil 100 menores no acompañados en los centros a su cargo, de los cuales el 54 por ciento de ellos era de niños guatemaltecos 26 mil 515.

Del resto, 25 por ciento eran hondureños, 12 por ciento salvadoreños y 8 por ciento de otras nacionalidades.

Mientras tanto, a pesar de las advertencias y de los intentos de disuasión que ha puesto en práctica EE. UU., la migración de menores no acompañados no se detiene.

Este 5 de junio la Patrulla Fronteriza reveló los datos de detenciones de los primeros ocho meses del año fiscal 2019, en el cual destaca que en ese lapso arribaron a la frontera sur de EE. UU. 54 mil 708 menores no acompañados, de los cuales 24 mil 638 eran guatemaltecos, 14 mil 785 hondureños, ocho mil 272 salvadoreños y siete mil 13 mexicanos.

También reveló la cantidad de unidades familiares (madre, padre o ambos, con uno o más hijos) que fueron interceptadas por la Patrulla Fronteriza, de las cuales Guatemala encabeza la lista con 149 mil 81 unidades.

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Marcos, de 38 años, está en el refugio Helping with all my heart de Phoenix (Arizona), a donde las autoridades le llevaron al no poder mantenerlo detenido por la llegada de otro gran contingente de centroamericanos que cruzaron la frontera.

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Lleva días con la misma ropa, un pantalón de vestir gris, una camisa de botones negra y unas botas de charol. Cuando se le cuestiona sobre su vestimenta, responde con cierta tristeza y mucho cansancio: “Nunca me dijeron por lo que iba a pasar, solo que iba a cruzar y ya quedarme en Estados Unidos”.

La misma impresión negativa es la que tiene Lady Carina, de 28 años, quien demoró doce días en cruzar México.

Salió de Guatemala con un grupo de 60 personas en un camión coordinado por un “guía” a quien le pagaron 5.000 dólares por dejarlos cerca de la frontera estadounidense.

“Cuando íbamos por México el autobús se paraba para que le diéramos dinero a personas uniformadas que se subían y que estaban coordinadas con el guía, teníamos que pagar de 200 a 500 pesos mexicanos. Si no (pagábamos) nos decían que nos iban a deportar”, relata.

Tras ese revés, explica, tuvo que cruzar un canal de agua, cruzar el desierto con la ropa mojada junto a su hijo Ferdi, de 7 años, para ser detenidos por la Patrulla Fronteriza estadounidense luego de ser perseguidos por un helicóptero.

“De haber sabido que vivía esto, no vengo”, asegura ella también.

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Desde la celda

Sensación similar es la que tienen Victoriano Pop, de 42 años, y su hija Virginia, de 16, quienes reconocieron que hubo un momento, cuando estaban confinados en una pequeña celda de inmigración, que desearon regresar a Guatemala.

“Tuvimos que estar encerrados cuatro días. No nos miraban como humanos, eso fue lo más pesado de todo”, asegura Virginia.

La mayoría coinciden en que, a pesar de las calamidades que tuvieron que pasar por México para lograr llegar a la frontera sur de EE.UU., lo peor fue el trato “denigrante” que recibieron en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza.

“Nos trataban como animales”, relata Micaela Roxana, de 21 años, quien llegó con su hijo de 6, y protestaba porque durante tres días solo les dieron de comer dos sopas de vaso con agua helada al día.

Todos ellos forman parte de los miles de migrantes centroamericanos que siguen cruzando a diario la frontera entre México y EE.UU.-se anticipa que en marzo cruzaron 100 mil-, muchos de ellos presas del engaño de los contrabandistas.

Estos traficantes de seres humanos, explican, les dijeron que sólo estarían una horas detenidos por la Patrulla Fronteriza y luego serían liberados en Estados Unidos, sin ser conscientes de que la única forma de lograr un estatus migratorio legal es por medio del asilo.

Víctimas de la violencia

“¿Qué es el asilo político?”, pregunta el guatemalteco José Leones, de 25 años, quien pagó Q35 mil a un “pollero” para que lo llevara por la frontera entre San Luis Río Colorado, en el estado mexicano de Sonora, y Arizona.

“Yo me vine de mi país porque choqué el taxi donde trabajaba y no podía pagar la deuda. Ya me estaban extorsionando”, dice a Efe Leonés, quien llegó a Phoenix después de una travesía de once días, acompañado de su hija Cecilia, de 4 años.

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Cristóbal Pérez, quien dirige el refugio Helping with all my heart, asegura que la mayoría de los migrantes huyen de la violencia de su país y en el camino son “estafados y engañados” por los contrabandistas.

“Son cantidades desbordantes de migrantes a quienes los engañan diciéndoles que cruzando se pueden quedar en el país”, lamenta.

Señala que su refugio ya “no se da abasto” con las oleadas de centroamericanos que son liberados por las autoridades migratorias, que no tienen capacidad para mantenerlos detenidos y se ven obligados a dejarlos en libertad en albergues como el de Pérez.

Se van con una citación para presentarse ante un juez migratorio, pero la “mayoría desconocen estas leyes, llegan estafados y sin dinero”, asegura Pérez, quien también dirige albergues para migrantes en Los Algodones y Mexicali (México).

“Cuando los bajan de los camiones (autobuses) no saben ni dónde están, ni quiénes somos, ni qué va a pasar con ellos”, comenta Pérez mientras atiende a decenas de ellos que bajan de un bus del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

Una vez que les explican que ya no están bajo la custodia de las autoridades y que se les ayudará a contactar a sus familiares, muchos comienzan a llorar.

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El Gobierno adelantó que le tomará “por lo menos 12 meses y posiblemente hasta 24” acabar con la labor, debido a que los menores ya no se encuentran bajo su custodia y que no hay registros de familias separadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) antes de abril del año pasado, cuando se anunció la política de “tolerancia cero”.

Para acelerar el proceso recurrirán a “conocimiento programático, análisis de registros y ciencia estadística” para identificar a los niños que fueron separados de sus padres y son elegibles para reunificación, según consta en el reporte ingresado a la corte la noche del viernes.

El plan del Gobierno responde a un mandato emitido el pasado mes por el juez federal Dana Sabraw, quien ordenó al Gobierno identificar y reunir a los “posiblemente miles” de menores indocumentados incluidos en un reporte del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), según el cual la práctica de separar familias empezó desde julio de 2017, es decir antes de la aplicación de la política de “tolerancia cero”.

Los abogados de la Administración habían señalado que identificar a ese numeroso grupo sería difícil y pesado de realizar, además de que representaba un gasto considerable de recursos.

Reunificación

En junio del año pasado, Sabraw emitió un mandato que bloqueó la separación de familias en la frontera entre Estados Unidos y México, y ordenó a la Administración federal a que reúna con sus padres a unos 2 mil 800 menores indocumentados que hasta ese entonces se habían calculado como afectados por la citada política.

Como consecuencia de esa orden, hasta el pasado 25 de marzo, la Administración ha reunido a 2 mil 749 de un total de 2 mil 814 niños que fueron separados de sus progenitores tras llegar a la frontera para solicitar asilo político.

Sabraw, que preside una demanda colectiva entablada en California a nombre de los padres y menores afectados por la política, pidió en marzo pasado que se incluya además a las miles de familias separadas antes del anuncio de la “tolerancia cero” contra la inmigración ilegal, y aludidas en el reporte de HHS.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), uno de los organismos que demandó al Gobierno, expresó su oposición con el plan expuesto el viernes, dado el tiempo que implicaría, y señaló que “la administración se rehúsa a tratar la crisis de separación de familias que creó con urgencia”.

“El Gobierno reunió rápidamente recursos para separar a las familias. Debería hacer lo mismo para reparar el daño”, agregó en un comunicado Lee Gelernt, abogado de ACLU.

El 6 de abril de 2018, el entonces titular del Departamento de Justicia (DOJ), el fiscal general Jeff Sessions, anunció la puesta en marcha de la política de “tolerancia cero” contra la inmigración ilegal, por el que se separó a familias migrantes, debido al incremento de aprehensiones en la frontera.

Un año después, la medida, que mereció críticas incluso desde el propio Partido Republicano, por el que fue elegido Donald Trump, se halla bloqueada por mandato judicial y la frontera sur registra una crisis sin precedentes, como lo manifestó la pasada semana el comisionado adjunto de CBP, Andrew Meehan.

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En este lugar eufemísticamente llamado refugio viven 1 mil 200 chicos y chicas de 13 a 17 años, que pronto serán 2 mil 350, pues está previsto duplicar su población.

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A la polémica por el hecho de que estos menores que entraron sin permiso a Estados Unidos estén privados de libertad se suman las denuncias acerca de los abusos sexuales a los que están expuestos.

El representante demócrata Ted Deutch afirma que del 2014 al 2018 el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos recibió más de 4 mil 500 quejas de abuso sexual en contra de menores migrantes no acompañados.

Pero, según Leslie Wood, directora del programa en Homestead, desde que el albergue reabrió en junio del 2018 no ha habido casos de “niños que abusen de otros” ni de “personal que abuse de un niño”.

“Nuestro lema es ‘cero tolerancia’ y cuando digo cero, es cero”, afirmó a los periodistas que visitaron el centro esta semana.

Wood asegura que cuando los menores ingresan a este centro administrado por una empresa privada se les da una sesión de orientación en la que se les estimula a denunciar cualquier conducta o contacto inapropiado.

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Y, aunque duermen en enormes dormitorios de literas, ella asegura que hay un custodio por cada 12 niños.

El mensaje es reforzado por enormes carteles en los pasillos y áreas en común que promueven no quedarse callado ante cualquier tipo de abuso.

Los adolescentes que viven en Homestead vienen en su mayoría de Centroamérica (más del 40 por ciento es de Guatemala) y México, un 40 por ciento tienen 17 años y un 72 por ciento son hombres.

Algunos sufrieron violencia de pandillas, otros fueron violados, ya sea en sus países de procedencia o en la travesía, y otros huyeron por la pobreza.

También hay víctimas de tráfico humano. Hay quienes llegan con enfermedades venéreas, también jovencitas embarazadas, otros presentan síntomas de depresión y, aunque parezca increíble, un buen número se siente agradecidos de estar aquí, aunque sin libertad.

“Veo que muchos sienten un alivio al entrar”, dijo uno de tres empleados que Efe entrevistó antes de este tour, pero que pidieron que su nombre no fuera revelado.

“Es natural porque pasaron muchos días caminando, pasaron hambre o vienen de países en donde eran abusados o no tenían qué comer y, al venir al ‘shelter’ (refugio) encuentran que por fin tienen una cama y comida”, dijo.

Otro de esos empleados dice que “les dan una atención médica envidiable. Si dicen ‘me duele un dedo’ enseguida los ve un médico. Tienen dentista, psicólogo y si hay que llevarlos al hospital se les lleva”.

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Durante el recorrido el visitante piensa que, si no fuera por las mallas de alambre, que además están cubiertas para impedir la visibilidad, uno podría decir que está en una especie de campus estudiantil.

Los niños alegremente saludan con un “good morning” a los que llegan y entusiasmados practican sus primeras frases en inglés, mientras afuera otros se entregan alegres a un partido de fútbol. Sin embargo, es un hecho que todo esto sucede dentro de un ambiente cerrado. Su horario comienza las 6 de la mañana y no termina hasta las 10 de la noche.

Solo pueden usar el teléfono diez minutos dos veces a la semana y, si su familia logra reunir dinero para viajar a Florida, puede visitarlos una vez a la semana.

Sin embargo, la mayoría son muy pobres y no tiene esos medios.

Cada joven tiene la ayuda de un asesor psicológico y un administrador de su caso. El primero los apoya emocionalmente y el segundo pelea para sacarlos de allí lo más pronto posible.

Si se comprueba que tiene un familiar responsable, sin antecedentes delictivos, en Estados Unidos el menor puede salir en una semana o menos. Sin embargo, la estancia promedio era hasta hace dos semanas de 67 días. “Se ha reducido a 58, y estamos tratando que cada vez sea menor”, aseguró Mark A. Weber, representante del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

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Desde 1997 un acuerdo judicial otorga garantías a los menores de edad detenidos luego de intentar ingresar a EE. UU. sin sus padres. Es el llamado acuerdo Flores que establece un plazo máximo de 20 días para tener detenido a un menor.

“El día que se cierra su caso”, dijo uno de los empleados, “se le da la noticia en la cafetería o en su aula de clases. Todos aplauden y es una celebración muy bonita”. Aunque reconoce que eso también puede ser una fuente de tristeza para aquellos que se quedan.

Del paraíso al infierno

En ese caso el niño queda en una especie de limbo que puede convertirse en infierno si cumple los 18 años, porque entonces debe ser trasladado a un centro de detención para migrantes adultos.

“He visto a niñitas de 18 años recibir esa noticia” y, cuando se las llevan, están esposadas de manos y pies y encadenadas por la cintura, asevera la abogada Lisa Lehner, directora de Litigios de Americans for Immigrant Justice.

A su juicio, “el gobierno de Estados Unidos está violando claramente la ley. Esta dice que ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas) debe enviar a estos niños al ambiente menos difícil y deben buscar otras alternativas, pero no lo está haciendo”.

En el refugio de Homestead hay dos equipos de administradores de caso especialmente concentrados en adolescentes a los que les faltan tres meses para cumplir 18 años: “De 6 mil 300 casos que hemos manejado, solo 98 han llegado a esa fase. Creo que esa cifra dice mucho”, dice Weber.

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En la demanda, Yazmin Juárez argumenta que su hija Mariee, de 1 año de edad, desarrolló una enfermedad respiratoria en The South Texas Family Residential Center, ubicado en Dilley, Texas, y que el personal médico no la atendió debidamente antes de dejarla en libertad.

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La demanda sin embargo se dirige a la ciudad de Eloy (Arizona) que recibió fondos por parte de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para administrar oficialmente las instalaciones de Texas durante cuatro años.

Eloy pagó a su vez al operador de la prisión privada CoreCivic para operar en Dilley, mediante un acuerdo cuestionado por los propios abogados de ICE.

En la demanda se especifica que Mariee desarrolló una fiebre severa una semana después de ingresar a Dilley el 5 de marzo de 2018.

De acuerdo con el documento legal, su madre pidió repetidamente tratamiento médico, pero el personal médico diagnosticó mal la enfermedad de la menor y no se le recetó el medicamento correcto.

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Madre e hija fueron liberadas el 25 de marzo y se dirigieron a Nueva Jersey, donde, junto a unos familiares, Juárez buscó ayuda médica.

Mariee fue hospitalizada por insuficiencia respiratoria durante seis semanas y murió en el Hospital de Niños de Filadelfia, el 10 de mayo, de acuerdo con los abogados de Juárez.

La muerte de Mariee revive la queja de organizaciones pro inmigrantes, que han denunciado varias veces la precaria atención médica que reciben los migrantes en los centros de detención.

El 8 de diciembre pasado, la niña guatemalteca Jakelin Caal, de 7 años de edad, falleció en el hospital de El Paso, Texas, por deshidratación severa después de haber sido detenida junto a su padre tras cruzar ilegalmente la frontera desde México.

Otro niño migrante guatemalteco, Felipe Gómez Alonzo, de 8 años de edad, falleció ese mismo mes en Nochebuena bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza estadounidense.

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El reporte señala que las separaciones en cuestión pudieron ocurrir desde marzo del 2017, y, contrario a las ocurridas después de Tolerancia Cero estas no contaron con una orden judicial que ordenara la reunificación de los menores.

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“Es posible que miles de niños hayan sido separados durante una afluencia que comenzó en 2017, antes del conteo requerido por el tribunal, y el DHHS ha enfrentado dificultades para identificar a los niños separados”, dice el informe.

Datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) indican que dos mil 816 niños fueron separados, de los cuales 159 aún están en resguardo del DHHS, pero los números podrían ser mayores.

La estimación de “miles” de casos, asegura el inspector, se basa en las entrevistas que efectuaron al personal de ese departamento, aunque no se pudo precisar el número con exactitud.

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La Cancillería aún no se pronuncia a un requerimiento de postura que se les hizo.

Del total de menores separados, por lo menos mil 657 era guatemaltecos, de acuerdo con datos oficiales de autoridades guatemaltecas. Y hasta principios de noviembre pasado estaban pendientes de ser reunificados unos 200.

Desorden

La psicóloga Judith Erazo, investigadora del Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (Ecap) que ha estado involucrada en casos de reunificación familiar en Guatemala, no descartó que, en efecto, como lo dice el informe del DHHS haya un subregistro de las separaciones familiares por el “desorden muy grande” cómo se manejó la custodia de los niños el año pasado.

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“Nosotros hemos comprobado con gente con la que trabajamos en EE. UU. que ha sido muy dificultosa la ubicación de los niños, porque lo hicieron sin registrarlos adecuadamente”, expuso Erazo.

Añadió: “Al mover a los niños separadamente de los familiares no llevaron los registros de dónde quedaban los, así está costando mucho que identifique a donde fueron a parar”.

De acuerdo con la profesional, el desorden pudo deberse a que muchas instituciones se involucraron en el cuidado de los menores que fueron separados y no siguieron un protocolo preciso.

“Me parece asombroso que EE. UU no tenga esos controles. Las cifras de Guatemala no son precisas porque se hacen con base a lo datos que los cónsules han levantado”, añadió.

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Respuesta

Al respecto de un posible subregistro de familias separadas, una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) dijo a medios estadounidenses que el inspector general del DHHS no contaba con evidencias para hacer tal afirmación

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No obstante, reconoció que en el 2017 la Patrulla Fronteriza sí llevó a cabo separaciones familiares, pero por razones justificadas; 46 por irregularidades o sospechas de “fraude” y mil 109 por cuestiones de su salud o su seguridad del menor.

Sin embargo, el reporte del DHHS señala que el DHS no proporcionó detalles del supuesto historial criminal de los padres de las familias que fueron separadas en el 2017.

Katie Waldman, otra portavoz del DHS, aseguró que los infantes fueron separados no solo porque sus padres ingresaron de manera ilegal a EE. UU., sino porque en el proceso se descubrió que quien llevaba al niño no era el padre o el tutor legal, el niño estaba en riesgo o porque el adulto ha cometido algún delito criminal grave.

Dura medida

Entre mayo y junio del 2018 el gobierno estadounidense, como una medida de disuasión a la migración ilegal, ordenó que los padres fueran separados de sus hijos y que los adultos enfrentaran cargos criminales.

Ya en octubre pasado, Amnistía Internacional había advertido en un informe que hasta seis mil familias podrían haber sido separadas por Tolerancia Cero.

Trump dio marcha atrás con esta medida el 20 de junio del 2018 luego de las críticas que desató en todo el mundo. Organizaciones humanitarias la calificaron como “cruel” e “inhumana”.

Siete días después, el juez federal de San Diego, Dana Sabraw, ordenó al gobierno estadounidense la reunificación de todas los menores en un plazo máximo de 30 días y de los menores de 5 años en 15.

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En febrero de este año, la organización Observatorio de los Derechos Humanos (HRW en inglés) publicó un informe al que llamó En la “hielera”, en el cual describe las “deficientes” condiciones “abusivas” en que viven los indocumentados, entre ellos muchos niños, en los centros de procesamiento a cargo de las autoridades estadounidenses.

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En el estudio, HRW señala que los indocumentados duermen en bancas de cemento o incluso en el suelo ya que regularmente no reciben colchonetas y a menudo solo cuentan con una manta para protegerse del frío. A veces, los agentes fronterizos les piden que se quiten los suéteres y otras prendas de vestir, supuestamente por razones de seguridad, antes de ingresar en las celdas de detención.

Casi todas las mujeres entrevistadas por a la organización describieron las celdas como “frías”, “muy frías”, “extremadamente frías”. También que a los detenidos no les entregan artículos de higiene personal y que no se les permite ducharse a veces durante varios días.

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Aunque en el estudio no se pudo determinar la temperatura ambiente en que mantienen los centros de detención, es común que los propios agentes se refieran a ellos como “hieleras”.

La separación de las familias es otra de las medidas que se adoptan en los centros, lo cual según HRW, aunque sea por lapsos muy breves, puede representar graves consecuencias para el bienestar mental. 

Otra de las características que cita el reporte de la organización humanitaria es sobre el hacinamiento y falta de privacidad que hay en los centros. De acuerdo con las entrevistas, en los pequeños cuartos duermen hasta 20 personas, las cuales casi se tocan.

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Por si eso fuera poco, las celdas se mantienen todo el tiempo con las luces encendidas lo cual dificulta conciliar el sueño al punto de que varios indocumentados afirmaron que no sabían en qué momento era de día o de noche.

Nunca deberían llegar ahí

El informe concluye que los migrantes no deberían ser retenidos en esos centros más de 10 horas, y que los niños “nunca” deben ser recluidos en esos lugares.

La Unión Americana de Libertades Civiles (Aclu en inglés) coincidió en que esos centros de procesamiento no deben albergar niños, y añadió que la CBP tiene un “largo historial” de abusos a los derechos humanos, por lo cual esta agencia debe buscar alternativas para minimizar el tiempo que un niño permanece bajo su custodia.

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Respecto a la muerte del niño Gómez Alonzo, la Aclu pidió que se lleve a cabo una investigación independiente con miras a reformas legales que garanticen la supervisión permanente, la transparencia y la responsabilidad.

Y mientras en Guatemala, la Cancillería asegura que solicitará una investigación al Departamento de Estado, sectores promigrantes creen que también es momento de revisar las prácticas de la CBP.

El abogado Pedro Pablo Solares, analista en temas migratorios, consideró que es momento de examinar si las prácticas disuasivas de la migración ilegal de la administración de Donald Trump, como ingresar a indocumentados a centros de reclusión con temperaturas frías y ambientes no aptos para humanos “están afectando a los migrantes al punto de llevarlos a la muerte”.

No obstante, Solares no descarta que la muerte de niños migrantes guatemaltecos tenga que ver con las condiciones de pobreza y desnutrición que padecen los menores en sus aldeas de origen (Jakelin Caal migró desde una remota aldea de Raxruhá, Alta Verapaz), y citó, por ejemplo, que no se han reportado fallecimientos de niños de otras nacionalidades.

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Clima extremo

Carol Girón, activista de la Pastoral de Movilidad Humana, tampoco descartó que el fallecimiento de Felipe haya tenido relación con un posible retardo al momento de ser diagnosticado debido a que los indocumentados son parte de “un grupo de población no priorizada para EE. UU.”

“Otra cosa es que allá —en EE. UU.— no pueden dimensionar lo que el niño ha sufrido y los riesgos a los que estuvo expuesto, por lo cual —los agentes fronterizos— no pueden darle la misma atención que un niño estadounidense”, añadió Girón.

Precisó que las muertes de menores de edad guatemaltecos pueden deberse a que incursionan en rutas más arriesgadas porque las habituales están más vigiladas. Aparte, agregó, en esta época del año es muy arriesgado viajar por las temperaturas extremas.

Tanto en Texas como en Nuevo México durante el invierno las temperaturas suelen descender incluso hasta los 0 grados centígrados.

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El alcalde Juan Manuel Gastélum, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), trató de justificar declaraciones suyas publicadas por el diario Milenio en las que manifestó su rechazo a la presencia de los centroamericanos y su intención de hacerlos deportar.

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Al respecto, dijo este viernes que se refería solo a quienes violen las leyes y no a los que se conduzcan con orden, y que llamó “mariguanos” solo a los que fumaban esta droga y no a todos los migrantes. “Somos antimariguanos, como somos antiborrachos”, dijo.

En su entrevista, el funcionario también declaró que “los derechos humanos son para los humanos derechos”, y dijo que realizará una consulta ciudadana para decidir si siguen recibiendo a los migrantes y qué hacer con quienes ya están en la ciudad.

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Sobre este punto anunció que se está elaborando la pregunta que se hará a los tijuanenses para que “nos manifestemos”, si bien no precisó cuándo se realizaría.

También indicó que la consulta podría llevarse a cabo si el Gobierno federal envía los recursos para atender a los centroamericanos, para lo que el Ejecutivo estatal ha solicitado unos US$4 millones cuatro millones.

Denuncian violencia

Dos autobuses con migrantes centroamericanos que pertenecen a las caravanas que cruzan México para llegar a Estados Unidos fueron detenidos por personal migratorio y están a la espera de deportación, denunció este viernes la Comisión de Gestión y Diálogo del Éxodo Centroamericano.

El jueves, a las 23.00 hora local, los autobuses fueron parados en la carretera Hermosillo-Nogales a 28 kilómetros de Santa Ana, en el norteño estado de Sonora.

Las personas que viajaban en el primer autobus fueron repartidas en vehículos de migración y las del segundo, que se negaron a bajar, fueron llevadas por el propio conductor, que siguió las órdenes de Migración de ir tras los vehículos de esa entidad, indicó el boletín.

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Finalmente, al resistirse a vaciar el autobús y no seguir las órdenes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se utilizó la violencia para conseguirlo, según informa esta agrupación.

Éxodo Centroamericano criticó en el comunicado que la CNDH haya formado parte de esta reacción violenta y exige que estos migrantes puedan solicitar asilo y “respetar y garantizar los principios de unidad familiar y del interés superior del niño”. 

Rechaza intolerancia

La misma CNDH de México rechazó este viernes la intolerancia hacia los migrantes tras las declaraciones del alcalde de la ciudad fronteriza de Tijuana criticando las caravanas de centroamericanos que están llegando a este municipio para cruzar a Estados Unidos.

También quisieron alertar sobre la gravedad de discursos de odio, descalificaciones y criminalización hacia grupos vulnerables, recordando las palabras del alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, quien dijo en medios locales que algunos de los migrantes que llegaron a esta ciudad “son una bola de vagos y marihuanos”.

La CNDH definió la tolerancia como “una actitud activa de reconocimiento de los derechos y libertades de los demás” e indicó que “sustenta los derechos humanos, el pluralismo, la democracia y el Estado de Derecho”.

Este organismo también matizó que “la tolerancia no se decreta mediante leyes y declaraciones, sino que se basa en la voluntad y los esfuerzos cotidianos de los ciudadanos”.

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A estos menores, dentro de los cuales se cuentan niños, niñas y adolescentes de todas las edades, no se les ha encontrado un recurso familiar que se quiera hacer cargo de ellos. Por lo menos esa es la causa principal, explicó el vicecanciller Pablo García Sáenz.

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“No han sido reunificados porque en el proceso más de alguna situación faltó”, explicó el funcionario, quien afirmó que, según lo que han planteado las autoridades estadounidenses, la totalidad de menores deberían ser reunidas con sus familias antes que finalice el año.

El atraso, en muchos casos, pudo deberse a que un familiar pretendía reclamar la custodia de un menor en EE. UU., pero luego desistió y fue otra persona quien lo reclamó, por lo cual el proceso debió comenzar de nuevo.

Según García Sáenz la totalidad de estos menores tendrían que ser reunificados en EE. UU. Agregó que Guatemala ya reunificó a mil 459 menores, el tres por ciento de ellos en Guatemala, unos 44 niños y niñas.

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No obstante, el vicecanciller no descartó que en más de algún caso el menor tenga que ser deportados, si no se le encuentra el recurso ideal en EE. UU.

Personal del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. respondió a través de un correo electrónico que no podría hacer comentarios sobre estadísticas ni causas del atraso en la reunificación de los menores guatemaltecos porque hay casos pendientes de litigio.

Mientras que la oficina de Comunicación del Departamento de Salud y Servicios Humanos, ofreció una respuesta al recopilar la información requerida.

Dura medida

Entre mayo y junio pasados el gobierno estadounidense, como una medida de disuasión a la migración ilegal, ordenó que los padres fueran separados de sus hijos y que los adultos enfrentaran cargos criminales.

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Durante la vigencia de la política, casi tres mil menores de edad fueron apartados de sus padres, según cifras oficiales; sin embargo, un informe de Amnistía Internacional calculaba que el número podría llegar a seis mil familias separadas. 

Siete días después, el juez federal de San Diego, Dana Sabraw, ordenó al gobierno estadounidense la reunificación de todas los menores en un plazo máximo de 30 días y de los menores de 5 años en 15.

La Unión Americana para las Libertades Civiles (Aclu en inglés), organización que promovió el recurso legal para reunificar a las familias califica la medida del gobierno de Donald Trump de “inhumana” y una “tortura”.

Además, considera que la separación familiar se efectuó con el único objetivo de disuadir la migración y de decir a los migrantes que no llegaran a EE. UU. porque podrían perder a sus hijos.

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Arreaga habló con un grupo de personas en la Casa del Migrante en Tecún Umán, San Marcos, y les expuso de los riesgos que implica viajar como ilegales y que, al llegar a su país, se exponen a ser detenidos y deportados. 

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“Vinimos a entender de una forma profunda el fenómeno de las caravanas, de lo peligroso que es esa jornada y reiterar que el gobierno de los Estados Unidos controla sus fronteras mucho mejor que antes”, explicó Arreaga a un grupo de migrantes hondureños.

Sobre el futuro de la caravana, Arreaga señaló: “Tienen cero posibilidades de éxito –de ingresar a EE. UU.–, no es conveniente, solo de llegar hasta acá –Tecún Umán– ha sido peligroso”. 

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Arreaga prefirió no hacer comentarios sobre el anuncio del presidente de EE. UU., Donald Trump, acerca de que comenzará a “recortar o reducir sustancialmente” la ayuda exterior que Washington suministra a Guatemala, Honduras y El Salvador, como consecuencia de no haber impedido la salida de miles de migrantes.

No obstante, subrayó que “el tema de la migración es un tema bilateral de trabajo. Trabajamos con Guatemala en muchas áreas, migración es una de ellas y nosotros vamos a seguir en esa línea”.

“Guatemala ha hecho un esfuerzo importante para ayudarnos en este tema –frenar el éxodo hondureño–, nos hemos dado cuenta de que el gobierno ha emitido varios comunicados para disuadir a las personas, de hecho, tiene varios autobuses para retornar a estos migrantes”, detalló el embajador estadounidense.

Cuando la caravana hondureña llegue a la frontera en EE. UU., explicó Arreaga, el Departamento de Seguridad Nacional que es el encargado de proteger las fronteras, pondrá en marcha los mecanismos necesarios para frenar el ingreso de las personas.

“El presidente –Trump– ha sido muy claro, las personas que llegan de forma irregular se les va a detener y se buscará la forma para deportarlos de acuerdo con las leyes estadounidenses”, añadió.

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En su recorrido sobre el puente internacional Rodolfo Robles que comunica a Guatemala con México, Arreaga sostuvo un encuentro con el embajador de México en Guatemala, Manuel López Moreno, quien le explicó como el Instituto Nacional de Migración efectúa el registro de los hondureños a tierras aztecas.

De acuerdo con López Moreno, los hondureños tienen tres opciones para ingresar a México: con pasaporte, visa y la opción de refugio. La mayoría de migrantes han optado por el refugio porque no cuentan con pasaporte o visa extendido por migración mexicana.

Hasta ayer al mediodía mil 325 personas habían ingresado a territorio mexicano a través del Puerto Fronterizo en Ciudad Hidalgo, dijo el embajador mexicano.

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Los hondureños luego de registrarse en las oficinas de migración, son trasladados a la estación migratoria Siglo 21, (un cuartel ubicado en el ingreso a la ciudad de Tapachula) y posteriormente son alojados en un salón del centro de ferias de esa ciudad, que se encuentra a una hora y 15 minutos de la frontera con Guatemala.

De los miles de hondureños que el pasado viernes quedaron varados sobre el puente fronterizo, aproximadamente mil personas hacían fila para ingresar a México por la frontera en Ciudad Hidalgo.

En horas de la noche, el gobierno decidió permitirles el ingreso.

Durante la noche del sábado y madrugada del domingo, la mayoría de los migrantes decidió atravesar el río Suchiate y continuar su travesía hacia los EE. UU.

En su recorrido por tierras aztecas son custodiados por la Policía Federal y auxiliados por cientos de organizaciones pro migrantes que les proveen de agua y comida y albergue.

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Verzeletti habló en sede de la Casa del Migrante de la zona 1 capitalina que lucía casi abarrotada por migrantes que buscan continuar su paso a Estados Unidos, minutos antes un grupo de 25 hondureños había bajado de un camión para recibir asistencia.

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¿Cómo analiza la coyuntura actual y esta caravana de migrantes hondureños?

Después de los procesos de paz en Centroamérica los pueblos esperaban que el estado fuera un aliado del pueblo, de los más necesitados que generaría mejores condiciones de vida, este era el gran sueño de los guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y nicaragüenses, pero los gobiernos se entregaron a un modelo de mercado que ha fracasado. Esta huida masiva es un grito de los pobres y los excluidos, de estas personas que ya no soportan la violencia y la pobreza.

Siempre ha existido migración forzada en Centroamérica, pero ¿Por qué ahora se da en masa?

La decisión de migrar en grupos y familias es un nuevo modelo que está fuera de los parámetros tradicionales, ahora se está superando aquella migración que venía siendo apoyada por los coyotes, crimen organizado y narcotráfico, ahora este negocio se quedó desplazado porque vemos que las personas ahora están migrando por sus propios medios y recursos.

¿Diría usted que el modelo de estado que se trató de implementar desde los años 90 ha fracasado?

Totalmente, este modelo económico neoliberal de nuestros estados ha fracasado, porque el estado dejó de ser el servidor de los más pobres y ha entregado todos los servicios sociales a la iniciativa privada y ahora las personas tienen que comprar esos servicios, de luz, teléfono y educación para desarrollarse.

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¿Cómo ha contribuido la corrupción para que el modelo de estado haya fallado?

Porque son justamente los pobres los excluidos, hicieron una propaganda muy bella, pintaron un paraíso celeste para nuestros países, pero este paraíso solo fue para unos y no para la mayoría de los 35 millones de personas que habitan esta región. El modelo neoliberal abrió las puertas a la gran corrupción que generó exclusión y luego ha forzado esas grandes masas de personas a huir.

¿Cómo la violencia empuja la migración?

El estado perdió el poder, entonces las estructuras criminales van a operar en países donde no hay un estado fuerte. En 20 años que he estado trabajando en esta área, la gente ya no soporta más las extorsiones, y están desapareciendo los pequeños negocios porque no hay seguridad, los criminales piden cuotas y la gente no tiene dinero.

¿Cuáles son las similitudes de la migración de nuestros países?

La pobreza, exclusión, violencia, falta de políticas públicas e ingobernabilidad, lamentablemente, unen a nuestros países. Muchas de las familias que han llegado en esta caravana o en esta migración forzada han tenido dos, tres, cuatro o más desplazamientos internos y no me sorprendería que hubiera una huida masiva de El Salvador. En Guatemala ya se da, pero no es tan visible porque está muy cerca de México. Vea los números de deportados vía aérea y terrestre…

¿Cómo cree que ve la comunidad internacional este fenómeno migratorio?

Guatemala está siendo impactada por esta migración y se ve internacionalmente. Los medios de comunicación de Italia y Alemania han publicado sobre esto, porque el impacto es igual al de los africanos en Europa.

¿Cómo mira las políticas restrictivas que ha anunciado Donald Trump?

Las restricciones del gobierno norteamericano son demagogas, porque una vez más se criminaliza a los pobres. Si los tratados de libre comercio hubieran beneficiado a estas personas, Estados Unidos no estaría preocupado por esto, pero justamente ellos tienen parte de esa responsabilidad por esos tratados que no han beneficiado el desarrollo de las grandes masas.

Tu no puedes hacer políticas de mercado solo para un sector, porque hay que beneficiar a los que producen la riqueza y que reciben un mal salario y que no tienen ni siquiera para pagar por la salud. En El Salvador y Honduras hasta el seguro social se está privatizando, ojalá que aquí no pase eso porque vamos a estar en la calle de la amargura, porque cuando privatizas los servicios sociales es el suicidio del estado.

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Uno puede comprender que familias enteras estén migrando en África por las guerras, pero ¿Qué tan dramática puede ser la situación en nuestros países para que se llegue a tal extremo?

La pobreza y la violencia ya es una guerra del mercado en contra de los pobres; no es con armas, pero es diferenciada porque se da a través del ahogamiento de las necesidades básicas de la población, de sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales propiciado por el estado.  Antes había una dictadura militar que era un estado que reprimía a la sociedad civil y ahora es el mercado el que lo hace al no dar oportunidades reales para su desarrollo, y en esta guerra la gente más pobre no tiene cómo defenderse y la única salida es la migración en masa.

¿Qué deberían hacer los estados?

Tienen que cambiar drásticamente este modelo de política económica, ese debe ser el primer paso porque si no hay una economía al servicio del pueblo en donde los impuestos beneficien al pueblo a través de generación de trabajo, educación, salud, y no hay un estado fuerte para los pobres va a seguir la migración. Pero para eso hay que cambiar la mentalidad de los políticos, los diputados, congresistas. Toda esta gente tiene que tener una nueva visión.

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Muchos dicen que la solución para evitar la migración es la generación de empleo ¿Con eso basta?

Cuando hablamos de empleos tenemos que hablar de un empleo duradero que realmente la persona pueda trabajar sus 25 o 30 años y después tener una jubilación digna porque los tratados de libre comercio propician trabajos temporales y en ellos las personas o puede acceder a un mercado laboral y permanecer. Con las nuevas técnicas, solo firmas contratos por cierto tiempo y cuando termina te quedas sin trabajo y ¿qué haces cuando tienes una familia y tienes que dar educación y vivienda a los hijos?

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Los niños lloran, gritan, piden agua, comida… Están en los brazos de sus madres quienes intentan contenerlos mientras les ofrecen agua en bolsa, pan y la promesa incierta de que ya van a llegar a su destino.

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Y no era para menos, lo caliente del asfalto, favorecido por una temperatura que a media mañana ya rebasaba los 30 grados centígrados, casi los hacía desfallecer. La lluvia de la noche anterior causaba un efecto de sauna en el que la humedad se respiraba.

Conmovidos por las escenas de mujeres y niños, un grupo de trabajadores del Centro de Salud de Zacapa instaló unas carpas en donde ofrecieron atención médica.

Encargados refirieron que durante la mañana se acercaron decenas de personas que presentaban cuadros de deshidratación; además, atendieron cinco casos que fueron referidos al Hospital de Zacapa, incluidos los de dos mujeres embarazadas.

El médico Alberto Ramírez, jefe del centro de Salud, expuso que el común síntoma que presentan los migrantes es agotamiento. Añadió que desde el martes por la noche cuando comenzó a arribar la caravana, se atendió a un menor con un golpe en un brazo, otro joven que convulsionaba y en horas de la mañana de este miércoles a una embarazada que tenía hemorragia.

“Es probable que por el extenuante esfuerzo físico haya empezado a sangrar, si tiene hemorragia con dos meses de embarazo es un aborto en curso lo que tiene”, precisó Ramírez. Agregó que en esas condiciones es “imposible” que continúe en la caravana ya que es probable que pierda al bebé.

Preocupan los niños

El médico mostró su preocupación por la gran cantidad de niños, incluso menores de un año, que viajan en la caravana, puesto que en esos casos el 75% de sus cuerpos está compuesto por agua y podría deshidratarse rápidamente. 

“Al aumentar la temperatura y que se eleva el vapor por la lluvia, el calor se acumula y podemos tener temperaturas de hasta 42 grados, eso significa mucho riesgos, y hasta 40 veces más posibilidades de fallecer por deshidratación”, advirtió Ramírez.

Agregó que si los migrantes continúan por su camino, luego deberán enfrentar cambios muy bruscos de clima que, sin duda, agravarán su condición.
Julio Guzmán, zacapaneco, indicó que han visto a muchas personas que sufren de cansancio y múltiples ampollas en los pies, por lo cual los pobladores decidieron unirse y brindar ayuda.

“Estamos involucrados iglesias, entidades privadas y varios zacapanecos. Estamos dándole a la gente comida y ropa para que se alivien un poco de su sufrimiento”, explicó Guzmán, quien añadió que el puesto de ayuda se había instalado en el salón social de Zacapa, pero decidieron moverlo a la orilla de la carretera porque sabían que la caravana no se iba a detener.

Guzmán dio a conocer que también hay varios vehículos que ofrecen llevar a los migrantes de regreso a Honduras y varios han decidido retornar.

“Llévate al nene”

Una de las muestras de que los integrantes de la caravana se cansan y que están dispuestos  cualquier cosa, ocurrió en el ingreso a Zacapa cuando una mujer prefirió entregar a su bebé de 1 año y medio a su hermana, quien logró abordar un microbús que les adelantaría en el camino.

La mujer cargaba con su bebé, otro niño de 7 años y una enorme mochila roja. Cuando el microbús se detuvo en aquel lugar, la hermana, María Dayse, logró subirse a la parte delantera, pero ella ya no, fue entonces cuando optó por entregar a su bebé.

“Ahora empezamos a ver que las cosas se complican”, afirmó, mientras intentaba secarse el sudor con una de sus manos. Su hermana también cargaba con otro niño de aproximadamente 3 años, que lloraba insistentemente. No se supo que quería, solo lloraba y lloraba.

Al despedirse, ambas dijeron que habían quedado de juntarse en la capital guatemalteca, pero la madre del niño de 1 año y medio no tenía la menor idea de cómo localizarlos, ya que no cargaba un teléfono para llamarla y están en un país extraño.

Hasta la capital

Los migrantes llegaron hasta la carretera al Atlántico donde la situación se complicó, debido a que en esa ruta los vehículos circulaban a mayor velocidad. Los migrantes pedían “jalón” a cualquier vehículo.

Por la tarde llegaron a Guastatoya, El Progreso, donde otro grupo de pobladores los esperaba con comida, agua, ropa y zapatos.

Algunos, por más exhaustos que se veían aseguraban que llegarían a la capital guatemalteca, y así lo hicieron… En Guastatoya, aunque grupos de la iglesia y la comuna les habían preparado albergues para que pernoctaran, prefirieron marcharse a la capital.

El jueves continuarán su travesía con el objetivo de llegar hasta la frontera con México.

PNC vigila

Durante el recorrido es notorio el acompañamiento que hace la Policía Nacional Civil. Cuando parte de la caravana viajaba de Chiquimula a Zacapa un contingente detuvo a un migrante con la sospecha de que era uno de los líderes.   

El migrante se identificó solo como Juan Carlos, no quiso proporcionar su apellido, y aseguró que tiene documentos que garantizan que puede estar en Guatemala, por lo cual está abogando por la protección de los hondureños.

“Yo no tengo nada que ocultar. Yo lo que le digo al pueblo de Guatemala es que aquí no van delincuentes, son personas que han decidido salir de su país por la pobreza y la delincuencia”, explicó momentos después de que fue liberado.

“Me dijeron -los policías- que tengo una orden de arresto, pero de eso no sé nada”, añadió el migrante. Uno de los agentes consultados explicó que, en efecto, detuvieron momentáneamente a Juan Carlos porque sospechaban que era uno de los líderes.

“Si fuera uno de los líderes lo hubiéramos detenido”, indicó uno de los agentes que al preguntarle su nombre dijo que no estaba autorizado para dar declaraciones.

No se da abasto

En horas de la noche del miércoles, la Casa del Migrantes en la zona 1 no se daba abasto para atender a todos los migrantes hondureños que habían llegado, por lo que estos debieron pernoctar afuera, sobre las banquetas de la 14 avenida, entre la 1era. y 4ta. calle. 

Primeros afectados

El Hospital General San Juan de Dios informó que atendió al primer migrante hondureño, por una lesión en el pie debido a la larga travesía. 

La Cruz Roja también informó que atendió a una paciente que resultó intoxicada, posiblemente por ingerir comida en mal estado. 

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Sifuentes emigró con su esposa y su hijo de 8 años hace dos semanas y le pagó a un coyote unos US$5 mil 500 por dejarlo a unas dos millas de la aduana migratoria, donde se entregó para pedir asilo político.

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El guatemalteco forma parte de 400 centroamericanos liberados por ICE, y viajará este fin de semana con su familia a Florida, donde tiene parientes y donde acudirá a una cita para seguir su proceso de asilo.

A pesar de haber recorrido un largo viaje, ser engañado por los traficantes, permanecer en centros de detención hacinado junto a decenas de inmigrantes y comer a diario solo un “burrito” y “sopa de vaso”, asegura que esta “mil veces mejor aquí, que en su país”.

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“Me sentí feliz cuando vine a este lugar, estoy agradecido con la iglesia, y pues ICE hace su trabajo. Es más difícil estar en Guatemala, hay mucha violencia, si quieres salir adelante y poner tu negocio tratan de extorsionarte y si no pagas, pues te matan, así es la ley de las maras (pandillas) allá”, comentó.

Liberados, pero con grilletes

Los migrantes que fueron liberados por ICE comenzaron a llegar a EE.UU. a finales de agosto tras la eliminación por parte del Gobierno del presidente Donald Trump de la política de “cero tolerancia”, que separó a más de dos mil 500 niños de sus padres en la frontera con México, y cuyo pedido de reunificación llegó a los tribunales.

Por lo menos mil 400 inmigrantes llegaron desde entonces en grandes grupos, en su mayoría pagando a coyotes que los dejaban cerca de los puestos migratorios en la frontera, en donde se entregaban.

De ellos, unos 400 fueron dejados en libertad desde el lunes pasado, con grilletes electrónicos y acogidos por iglesias y organizaciones civiles de Arizona mientras organizaban su destino final.

James Pennington, pastor de la Iglesia First Church UCC, que recibió a un centenar de estos inmigrantes, dijo que esta liberación masiva de inmigrantes es una estrategia de ICE para magnificar el problema y calificar la situación como una “crisis migratoria incontenible”.

Además lamentó del trato “terrible” que reciben, la escasa alimentación diaria, con tan solo una sopa, y el descuido de la salud de la mayoría de menores, que llegaron a su iglesia con tos, infecciones en el oído y bronquitis, debido al frío de las celdas.

“Nos entregaron cerca de 65 niños enfermos, y ni siquiera les dieron medicamento. Aquí los estamos atendiendo y les damos comida digna, tamales, hamburguesas, en el desayuno huevos, frutas y vegetales, no una sopa de vaso como en ICE”, destacó.

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En total, son 950 guatemaltecos de 13 a 17 años (de una población total de mil 600) los que se encuentran en el albergue, que en principio funcionaría hasta agosto y que tenía capacidad para mil 200 albergados, pero que debido a la cantidad de menores migrantes se amplió a tres mil 800 y funcionará al menos hasta fin de este año.

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Según el informe remitido por el consulado de Del Río, los menores están próximos a ser reunificados con sus familiares en EE. UU. y están “en buen estado de salud y ánimo” y las instalaciones, pese a ser temporales son adecuadas.

Las autoridades aseguraron que ninguno de los menores se quejó de malos tratos o de las atenciones que reciben en el lugar, incluso, “se constató que no hay hacinamiento y que los jóvenes cuentan con acceso a servicios de salud las 24 horas, orientación psicológica, espacios limpios” y que reciben alimentación adecuada.

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La visita que efectuó al albergue de Tornillo el cónsul de Del Río, Tekandi Paniagua, respondió a un requerimiento que efectuó días atrás, relacionada a una publicación del medio estadounidense The New York Times en la cual se afirma que se trasladó a ese lugar a muchos menores en horas de la noche y sin previo aviso.

La Cancillería informó que, según encargados del albergue temporal de Tornillo, algunos traslados se hacen de noche, pero que otros son por la mañana o la tarde, ya que depende de la logística de la movilización.

Los números de Tornillo reflejan una realidad innegable, que la mayoría de niños, niñas y adolescente que están arribando a EE. UU. de manera irregular y no acompañados son guatemaltecos.

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Según registros de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., de octubre del 2017 al 31 de agosto del presente año, 20 mil 701 menores que llegan solos a ese país se han entregado a las autoridades estadounidense, contra nueve mil 830 hondureños, nueve mil 300 mexicanos y cuatro mil 371 salvadoreños.

En cuanto a familias se refiere, en el mismo periodo, se han interceptado a 42 mil 757 familias originarias de Guatemala, 33 mil 123 de Honduras, 11 mil 525 de El  Salvador y dos mil 36 de México.

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Con una mirada perdida, esta niña migrante de apenas 6 años parece resumir todas las secuelas que le dejó la política tolerancia cero del presidente estadounidense Donald Trump. 

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Judith Erazo, investigadora del Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (Ecap), institución que ha participado en la reunificación de unos 30 menores de edad, afirma que los niños que tienen 10 años o menos, al regresar con sus familias muestran síntomas de depresión, ansiedad, inseguridad y desconfianza.

Esos estados traen como consecuencia, agregó la experta, alteraciones del sueño, pesadillas, y pareciera que en ocasiones les falta energía; además, tienden a estar muy pegados a la madre, lloran con mucha frecuencia y se aíslan de otros niños.

“Al ser separados de su familia el vínculo y la confianza básica se rompe. Estos niños se mantienen en estado de alerta, viendo si puede pasar algo que les afecte. No quieren acercarse a nadie”, acotó Erazo.

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La investigadora de Ecap expuso que de no darse un tratamiento adecuado a estos pequeños puede desarrollar un trauma y tener repercusiones de por vida. “Sí puede haber la instalación de un trauma que afecte su vida, sus relaciones interpersonales, su comunicación y su seguridad”, añadió. 

En cuanto a los menores de edad que tienen más de 10 años, los casos presentan otro tipo de complejidad, dependiendo de cuánto tiempo estuvieron en EE. UU. Algunos, por ejemplo, pueden tener choque de identidades en cuanto a la comida o forma de vestir, expuso Erazo.

Precisó que, en el caso de los jóvenes de 14, 15, 16 o 17 años, se da el problema de que los parientes y vecinos ven la deportación como un fracaso al adolescente retornado como un perdedor.

“No se me despega”

Lourdes de León es madre de Leo Jeancarlo, ambos estuvieron separados por la política tolerancia cero casi tres meses, desde que intentaron ingresar de manera irregular a EE. UU. el pasado 12 de mayo. Aunque ella se comunicaba con él todas las semanas y no dejaba de decirle cuanto lo amaba, las secuelas de la separación son inevitables.

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“Ha sido difícil, nos ha costado olvidar todo eso. Él tiene mucho temor, no se me despega ni para ir al baño”, afirmó de León, quien contó que su hijo va a la escuela en San Pablo, San Marcos, pero ya no lo hace con el entusiasmo de antes porque cada vez que lo va a dejar le pregunta si ya lo van a regresar a traer o si los van a separar de nuevo, y luego se pone a llorar.

“Leo le tiene un pavor a la oscuridad, el otro día se fue la luz y era un llanto que no lo podíamos controlar”, dice de León, quien atribuye ese miedo a que supuestamente en la familia que lo tuvo a su cargo en EE. UU. lo encerraban en un ropero.

Leo estudia el último año de preprimaria, la maestra lo apoya y le asegura que no los van a separar otra vez, pero eso no lo convence. A de León le gustaría que su hijo recibiera tratamiento psicológico, pero reconoce que “quisiera, pero no está a nuestro alcance”.

En cuanto a demandar al gobierno de EE. UU. por los daños y perjuicios casi lo descarta porque considera que sería “perder el tiempo”. “Lo único que yo exigiría es que se hagan cargo de esos gastos porque es un trauma a largo plazo”, precisó.

No hay acceso a salud mental

Ángela Reyes, psicóloga de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental, expuso que lamentablemente en Guatemala el acceso a la salud mental es escaso, por lo cual para los menores, acceder a esta es “super difícil”. 

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“Si el presupuesto que se le asigna a la salud física de las personas es casi nada, la salud mental es un tema casi invisibilizado”, indicó la profesional, quien aseguró que el problema no es por la falta de psicólogos, sino porque el Estado no ha sido capaz de impulsar políticas para garantizar el acceso a esta salud.

Para Reyes, el Estado es el obligado a reparar los daños psicológicos porque es el que le ha negado a las familias el derecho a vivir dignamente. En el interior, la atención psicológica es limitada por eso es el Estado el que debe garantizar la reparación integral.

Para Erazo, el papel de la familia es muy importante porque deben tener paciencia con los menores y darles la certeza de que van estar bien, pero si no actúa de manera adecuada los niños tendrán repercusiones de por vida.

Reyes, por ejemplo, indicó que las consecuencias psicológicas también podrían manifestarse en la vida adulta, en el hecho de que los menores crezcan crean que no tienen derecho a una vida mejor y a superarse, puesto que, con sus padres fueron detenidos cuando buscaban hacerlo.

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“Es como que les dijeran a ellos que no tiene derecho a tener una vida mejor y trabajar por ella, y es como condenarlos a que no se superen y eso lo va a tener muy dentro de su estructura psicológica”, precisó Reyes.

Añadió que al llegar a la adolescencia y juventud los menores pueden desarrollar ausencia de sueños y metas porque en el pasado les negaron la posibilidad de salir adelante.

La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia informó que desde el 2015 lleva a cabo un protocolo de recepción de los niños y adolescente no acompañado con enfoque psicosocial que incluye procesos de atención y seguimiento a menores vulnerables o con necesidad de protección especial, antes, durante y después de la migración.

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El sitio en internet de Univisión Noticias publicó este lunes la historia de esta pequeña guatemalteca de 6 años que permaneció separada de su familia durante tres meses y medio, y cómo el día que regresó a su hogar y a la escuela donde estudiaba en Malacatán, San Marcos, estuvo marcado por la apatía y la negativa a separarse de su madre. 

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Univisión relata que el 30 de agosto, día en que Adayanci Pérez Chávez regresó a Guatemala, abrazó a su madre, por momentos sonreía. Cuando llegó a su natal Santa Ana, la aldea de Malacatán, la familia la esperaba con fiesta y juegos pirotécnicos, pero ella solo quería abrazar a su mamá.

En su mente permanecían fijos los momentos en los que estuvo encerrada en un centro de detención, posteriormente en un albergue y luego en dos familias de acogida.

Solo ella sabe lo que padeció y cuánto sufrió. Un audio que la misma cadena televisiva reveló, evidencia los crueles momentos en que una de sus tías en Guatemala conversa con la pequeña y esta solo llora y pide ver a su papá.

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Ya no es la misma

El día de su regreso a la escuela no fue menos difícil. De nuevo, Adayanci no quería despegarse de su mamá. Al llegar al centro de estudios, quienes eran sus compañeros de clase se le acercaban y le hablaban, le extendían la mano y tocaban el rostro, pero la niña solo miraba hacia arriba, o no hablaba, tampoco respondía preguntas…

Las maestras de la escuela reconocen que Adayanci ha cambiado.

Una de ellas la definía como una niña inteligente, dulce y enérgica que mostraba “su deseo de aprender y una voluntad de mejorar su desempeño”.

“Ella era muy activa. Ya no es la niña que yo dejé de ver hace cinco meses”, se lamenta Claudia  Rodríguez, una de las maestras.

En las noches se despierta

“Todos la notaron rara porque ella no era así. Ella sonreía ella platicaba y le gustaba participar en todo, pero ahora no. No quiso ni hablar con los compañeros”, afirmó su madre, Alma Lucerito Chávez, cita Univisión Noticias.

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Añade que en las noches la pequeña se despierta en medio de pesadillas, llora mucho, es rebelde y mucho más introvertida.

Según documentos que el medio conoció, a la menor le diagnosticaron trauma y estrés postraumático agudo que, de no ser tratado adecuadamente, podría dejarle a la niña secuelas para toda la vida. 

Mientras tanto, el padre de la niña, Hugo Leonel Pérez, debe lidiar con los efectos que le dejó a él la separación familiar. Aunque él sabe que no fue su responsabilidad, no puede dejar de sentir culpa. Ahora debe preocuparse, no solo de cómo hará que su pequeña Adayanci vuelva a ser a de antes sino cómo juntar el dinero que le debe al coyote que los llevó a EE. UU.

Al menos 465 menores guatemaltecos fueron separados de sus padres al cruzar la frontera sur de EE. UU. como consecuencia de la política tolerancia cero, en muchos casos los padres fueron deportados.

Aunque solo se conocieron algunos de estos casos, la organización estadounidense Justice in Motion calcula que entre 300 y 400 menores guatemaltecos se quedaron solos en EE. UU.  al ser separados de sus padres.

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El New York Times reveló el pasado 30 de septiembre que cientos de niños migrantes que estaban en refugios en distintos estados fueron llevados a un albergue provisional en la localidad de Tornillo, Texas. El traslado se habría llevado a cabo silenciosamente, a media noche y sin aviso previo.

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De ser un refugio para atender a 400 personas, en septiembre se amplió para recibir a tres mil 800.

El New York Times cita que el improvisado refugio cuenta con baños portátiles y carpas con aire acondicionado que son usadas como lugares de residencia, recreación y atención médica.

El gobierno de EE. UU.  trata de ubicar albergues para cerca de 13 mil niños y niñas, una cantidad sin precedentes en aquel país.

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Solo guatemaltecos, las autoridades de la Patrulla Fronteriza han interceptado en el presente año fiscal a 20 mil 701 infantes, la mayor cantidad de menores que han llegado desde Guatemala en todos los tiempos a aquel país.

La oficina de Comunicación de la Cancillería expuso que la semana pasada solicitaron información al Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés) sobre el traslado, y si hubo niños guatemaltecos para dar seguimiento a los casos y verificar en que condiciones se encuentran.

Sin embargo, hasta este jueves no habían recibido ninguna respuesta.

Los funcionarios estadounidenses no han respondido pese a que el cónsul de Guatemala en Del Río, Tekandi Paniagua, desde el pasado domingo también solicitó información sobre el traslado de menores al albergue de Tornillo.

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“Necesitamos determinar el número de jóvenes guatemaltecos que pudieran estar trasladando al centro”, afirmó Paniagua a El Diario de El Paso, según consta en su sitio web.

El diplomático guatemalteco afirmó que “queremos saber cuál es la razón de mantener ese espacio”, puesto que en una visita que efectuó el pasado 31 de julio funcionarios de aquel país aseguraron que el refugio estaba por cerrarse.

Añadió que estarán atentos a la migración de guatemaltecos, principalmente de los niños “por ser una población vulnerable”. El día que Paniagua visitó el refugio, había 173 menores guatemaltecos albergados, eran de San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Petén y Baja Verapaz. 

Niños no despiertan de pesadilla

La pesadilla de estar separados de sus seres queridos no ha terminado para 246 menores de edad que continúan en albergues de EE. UU. a la espera de que las autoridades de Inmigración de aquel país decidan su futuro.

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La Cancillería informó que estos niños fueron apartados de sus padres entre mayo y junio, mientras estuvo vigente la política de separación familiar del plan tolerancia cero impulsada por el presidente Donald Trump.

La oficina de Comunicación de la Cancillería no respondió sobre los motivos por los cuales los menores de edad no han sido procesados, ya que “es el Departamento de Salud —de EE. UU.— con la Oficina de Refugiados los que se encargan de realizar el proceso de reunificación”.

No obstante, aseguró que los consulados les dan seguimiento a los casos y efectúa visitas regulares a los albergues para constatar el bienestar de los menores migrantes y asegurarse de que sus derechos no sean violentados.

Destacó que mil 213 infantes que también fueron apartados de sus seres queridos a consecuencia de la política de separación de familias ya han sido reunificados con sus padres, tanto en EE. UU. como en Guatemala.

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El funcionario estadounidense se reunió con el vicencanciller Pablo García Sáenz, quien tiene a su cargo los asuntos migratorios del Ministerio de Relaciones Exteriores.  A la reunión no tuvieron acceso a los medios.

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Según el comunicado, McAleenan manifestó su interés de mantener coordinación con Guatemala y mantener la comunicación y cooperación entre las autoridades estadounidenses y los 19 consulados guatemaltecos en esa nación.

La visita de McAleenan a los tres países centroamericanos se da después de que las autoridades estadounidenses consideraran desconcertante las cifras de familias y menores no acompañados que han sido detenidos en el presente año fiscal en la frontera sur, ya que mientras que desde El Salvador han disminuido, desde Guatemala crecen de forma alarmante al punto de que las cuadriplicaba.

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El Washington Post publicó el sábado pasado declaraciones de McAleenan para quien, al menos en el caso de Guatemala, las constantes sequías y el hambre es la principal causa de la migración ilegal, ya que la violencia parece haber disminuido al extremo de que el año pasado fue el que menos homicidios per cápita se registraron desde el año 2000.

Debe atenderse problemática

La ex viceministra de Relaciones Exteriores Anamaría Diéguez coincidió en que el problema económico es la principal causa de la migración a EE. UU.

Según Diéguez esto se explica porque la mayoría de migrantes son originarios del altiplano guatemalteco donde hay menores índices de violencia. Añadió que un estudio de la Universidad Rafael Landívar comprueba que la falta de oportunidades es la motivación principal para migrar.

Consideró que la canícula prolongada que causó pérdidas de granos básicos en casi 300 mil familias podría incrementar la migración el próximo año. “La migración por el cambio climático es una realidad y EE. UU. está sintiendo ya los efectos del mismo”, precisó.

La exfuncionaria añadió que la única forma de frenar la migración ilegal hacia aquel país es fomentar el desarrollo en las áreas más pobres de occidente guatemalteco.

“Es un reto muy grande, tendría que convertirse en una prioridad de Estado a manera de darle impulso durante varios gobiernos, porque si no creamos fuentes de trabajo en el occidente este fenómeno será imparable y además, la capacidad del Estado de dar oportunidades a los retornados son muy pocas”, subrayó.

También por violencia

Guillermo Castillo, líder migrante que radica en EE. UU., afirmó que muchos guatemaltecos también huyen de la violencia, y consideró que las declaraciones de McAleenan pueden ser parte de una estrategia para plasmar en la opinión pública de que los guatemaltecos migran solo por la pobreza ya que esto no es una causa para otorgar protección o asilo, según la legislación estadounidense.

“Tratan de orientar de que la migración se origina por falta de oportunidades, de empleo, o por cuestiones de alimentación que no califican para asilo, y a la hora de decir eso en una corte de Inmigración no se los darán”, expuso Castillo, que preside la organización Cooperación Migrante que conoce y apoya a indocumentados que solicitan asilo.

Expuso que muchos migrantes huyen por conflictos sociales, abusos y del crimen, pero que al llegar a EE. UU. dicen que se fueron por pobreza porque les da miedo hablar de sus verdaderas razones de la migración, “y es hasta que uno se gana su confianza cuando cuentan la verdad”.

Durante su gira por Centroamérica, McAleenan sostendrá encuentros con empresarios, funcionarios, diplomáticos y líderes indígenas para recopilar información y reenfocar el análisis de los factores que empujan la migración, aunque de antemano considera que es importante apoyar la prosperidad y el desarrollo de la región.

Estadísticas de la CBP indican que 42 mil 757 familias y 20 mil 701 menores guatemaltecos fueron detenidos de octubre del 2017 a agosto pasado; mientras que de El Salvador los números son de 11 mil 525 familias y cuatro mil 371 infantes.

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Guatemala está a la cabeza de los países de la región de donde más se ha capturado a indocumentados.

Perfil 

McAleenan fue confirmado al frente de la CBP por el Senado en marzo pasado, aunque estaba en el puesto de manera interina desde enero del 2017.

Previamente se había desempeñado como comisionado adjunto de la CBP desde el 2 de noviembre de 2014 hasta su nombramiento como comisionado interino. También había fungido como asistente interino de la Oficina de Operaciones de Campo de la misma institución.

El Senado aprobó el nombramiento de McAleenan por 77 votos a favor y 19 en contra. Según el sitio noticioso Homeland Security Today, los senadores que se oponían a que él estuviera al frente del cargo indicaron que junto con el presidente Donald Trump ha priorizado la construcción de un muro fronterizo con México.

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El testimonio de Keyri es parte de los argumentos que un grupo de abogados de Boston, Massachussets, expone en la demanda federal que presentaron en contra de funcionarios del gobierno de EE. UU. el pasado 5 de septiembre por los daños físicos y psicológicos que la separación familiar causó a una familia guatemalteca, así como otras dos mil 500 durante el tiempo que esa medida, parte del plan tolerancia cero, estuvo vigente.

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Acuerpado por abogados expertos en migración, el migrante guatemalteco originario de Jutiapa encabeza una lucha que derivó en la demanda judicial que se busca, también represente a todas las familias afectadas, con el objetivo de obtener una compensación económica para crear un fondo de salud mental y brindar atención psicológica a los menores que sufrieron por la separación.

“Pretendemos una indemnización para sentar un precedente en el país para que no vuelva a pasar todo eso de la tolerancia cero”, expuso Elmer, vía telefónica desde Worcester, condado de Massachussets, donde ahora radica.

“Mis hijos tienen daño psicológico grande, aunque hace mes y medio que están conmigo aún se despiertan por las noches llorando”, expresa el migrante, quien al hablar de los tres días en que sus hijos estuvieron en manos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés) en el centro de detención de Texas, una oficial le jalaba el pelo a Keyri para llevarla a la ducha o lo despertaba a las 3 de la madrugada cuando hacían el conteo de detenidos.

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En cuanto al mayor, afirma que por su estatura (1.78 metros) los oficiales no le creían que tuviera 17 años, lo trataban de mentiroso y en más de alguna ocasión lo agredieron a puntapiés.

Trato cruel e inhumano

El medio Boston Globe publicó declaraciones de Susan Church, una de las abogadas involucradas, para quien “las familias fueron tratadas cruel e inhumanamente y de forma inconsistente con los principios de Estados Unidos”.

El medio detalla que entre los funcionarios que figuran en la demanda están, el fiscal general, Jeff Sessions; el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly; el asesor del presidente Donald Trump, Stephen Miller; la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, así como funcionarios de ICE y de la Patrulla Fronteriza.

La demanda precisa que los funcionarios violaron el debido proceso de los inmigrantes al separarlos de sus familias y someterlos a vejámenes, y que fueron castigados solo por su raza y origen.

Huyen de la violencia

Elmer contó que se vio forzado a migrar el 7 de agosto del 2016 después de que colaboró con la justicia en un caso de homicidio y comenzó a sufrir las represalias; sin embargo, tiempo después las amenazas se dirigieron hacia su familia hasta que se hicieron insoportables al punto que su esposa y sus dos hijos también tuvieron que marcharse a EE. UU.

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La madre y sus hijos llegaron a la frontera el 19 de mayo, 10 días después de que habían partido de Guatemala. Ese mismo día fueron separados de la madre, así estuvieron durante seis semanas. Fue hasta finales de junio que la familia completa se reunión de nuevo. Ahora tienen vigente una solicitud de asilo.

“Para mí fue duro, yo lloraba, eran noches de angustia en donde no podía dormir, me despertaba y esperaba una llamada, me iba al santuario a llorar y le pedía a Dios que me ayudara. Fue un verdadero calvario en donde sufrí depresión, no comía y no dormía”, precisa Elmer, quien también se lamenta de que no recibió ayuda del Gobierno de Guatemala, a pesar de que intentó comunicarse con varias instituciones por medio de las redes sociales.

Acerca del día en que fueron separados, la esposa de Elmer expuso en una entrevista con The New York Times: “Pensé que nunca más los volvería a ver, el guardia me decía ‘olvídense de sus hijos’, yo pensaba que no sabría más de ellos”.

Respecto del momento en que fueron separados añadió entre lágrimas: “Me llamaron y llamaron a las mamás, la nena me agarró y yo pregunté por qué se la van  a llevar, fue muy duro, nos abrazamos y pensé hasta cuándo te voy a ver, luego llegó un policía y me dijo ‘¡ya déjala, ya déjala!, y se fue”.

Instan a denunciar

Instando a que adopten la actitud de Elmer, la organización promigrantes No te dejes, cuya sede está en California, hizo un llamado a los indocumentados a que denuncien cualquier violación a sus derechos, por ejemplo, la separación familiar.

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Representantes de la organización exhortaron a los indocumentados que han sufrido vejámenes a que no se queden callados y que se acerquen a abogados u organizaciones como No te dejes para recibir asesoría.

Tony Herrera, director ejecutivo de la organización, explicó que la Constitución de EE. UU. no le quita el derecho a los indocumentados a denunciar la violación a sus derechos. No obstante, reconoció que la comunidad migrante muchas veces por miedo no se atreve a denunciar.

El abogado experto en migración, Luis Carrillo, quien acompañó a la organización en una visita a Guatemala, añadió que “cualquier persona que viva dentro del territorio de Estados Unidos tiene plenos derechos garantizados por la Constitución Federal para demandar a policías locales o al gobierno por los atropellos que cometen en contra de los migrantes”.

Los casos más recurrentes de violaciones a los derechos de los indocumentados se dan por las policías locales, añadió, aunque también se ha visto un incremento de las muertes de migrantes que intentan cruzar la frontera sur.

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El abogado reafirmó que la separación familiar es un motivo para comenzar una demanda judicial por los perjuicios que sufrieron padres e hijos ya que “el daño psicológico va a durar el resto de sus vidas”.

Terrible situación

Herrera calificó la situación actual que atraviesan los migrantes en EE. UU. como la peor de todos los tiempos, ya que el racismo, que afirma fomenta Trump, ha empoderado esa práctica en aquel país y ahora, otras personas son más racistas que antes ante la comunidad hispana.

Carrillo dijo que el temor de hacer una demanda siempre ha existido, pero que ahora la comunidad migrante se esconde mucho más por la guerra que ha impulsado el gobierno, que incluyen redadas de todas partes del país y solo se dirigen a la comunidad trabajadora.

Añadió que es “sumamente ilegal” el que los agentes federales utilicen el perfil racial para dirigirse a las personas de tez morena y no a los canadienses o irlandeses que también están indocumentados.  “Trump dijo que iría solo tras los malos hombres, pero no, se dirigen a los trabajadores y rara vez hacen redadas contra los pandilleros”, enfatizó.

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En una cama de hospital en Filadelfia, EE. UU.,  conectada a aparatos que la alimentaban y le proporcionaban oxígeno, la pequeña falleció a causa de una serie de síntomas que derivaron en el colapso de sus pulmones.

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El bufete asesora a Yazmin Juárez, madre de Mariee, en una demanda en contra de las autoridades estadounidenses. Este miércoles publicó la notificación de la demanda —paso previo a judicializarse— en la que detalla día a día el sufrimiento y la agonía que sufrió la pequeña desde que comenzó a enfermarse el 11 de marzo.

Crónica

Mariee ingresó el 5 de ese mes al centro de detención. Según los reportes médicos gozaba de buena salud; sin embargo, en el lugar, cita el informe, habían muchos niños enfermos, y la madre e hija guatemaltecas estaban en un área junto con otro menor que presentaba síntomas de enfermedad respiratoria.

A la semana siguiente, Mariee comenzó a mostrar los padecimientos. El 11 de marzo un médico le diagnosticó infección aguda del tracto respiratorio superior y le recetó medicamentos, pero estos no surtieron efecto y al día siguiente la menor se agravó y presentaba congestión, diarrea, vómitos y fiebre de 40 grados.

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El 12 de marzo, otro médico la atendió y le diagnosticó infección de oído. Le recetaron nuevos medicamentos, incluidos un antibiótico e hidratación oral, pero Mariee no mejoró.

Yazmin seguía preocupada y pidió otra vez asistencia médica. El informe revela que en el área de consultas había decenas de madres y niños que esperaban en fila atención, y que los menores enfermos no estaban aislados de los sanos ni tampoco contaban con máscaras protectoras para evitar el contagio.

Posiblemente por tal motivo, las consultas médicas tardaban apenas minutos, por lo cual Yazmin cree que el personal médico no atendió de manera adecuada el deterioro de la salud de su hija. 

Ya para el 15 de marzo, Mariee había perdido dos libras de peso y seguía con fiebre, congestión, tos, malestar estomacal y muy poco apetito. Otro médico le diagnosticó infección respiratoria alta y le recetó, de nuevo, otros medicamentos y suero oral. 

El 21 de marzo la pequeña volvió a presentar fiebre de 40 grados, así como respiración y frecuencia cardíaca rápida, mientras seguía la congestión, tos y secreción nasal. El médico le diagnosticó bronquiolitis viral aguda. Le recetó medicamentos, uno de los cuales no está recomendado para menores de 2 años, porque puede causar “angustia respiratoria”, en especial si las vías respiratorias de los niños están inflamadas. 

Dos días después, el 23 de marzo, la niña no mejoraba. La madre pidió a los médicos que le practicaran a su hija un examen más detallado, en particular de sus pulmones. Una enfermera le dijo a Yazmin que sería remitida a otro proveedor médico; sin embargo, esto nunca ocurrió y dos días después abandonaría Dilley. 

Informe irregular

El 25 de marzo, Yazmin y Mariee salieron del centro de detención a las 5 de la mañana. Serían transferidas después del mediodía a Nueva Jersey, mientras seguía con diarrea constante, fiebre, vómitos y con dificultad para respirar y dormir. 

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Aunque el personal médico no vio a Mariee el día que salió de Dilley, los registros médicos de ICE indican que, ese día una “enfermera vocacional con licencia” realizó un informe, el cual Arnold & Porter considera que fue para “limpiar médicamente” a la menor y que fuera liberada.

La enfermera no estaba calificada para tomar la decisión de liberarlas y al hacerlo, según el bufete de abogados, se extralimitó.

El informe emitido por la enfermera no menciona ningún síntoma de Mariee ya que se limitó a responder que la niña no tenía limitación para viajar ni necesitaba un médico ni debían tomarse precauciones por sospecha de alguna enfermedad contagiosa.

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Ya en Nueva Jersey, la niña empeoraba. La noche del 26 de marzo fue ingresada en la emergencia, donde se presentó en una sala de cirugía respiratoria con un nivel crítico de oxígeno en la sangre del 85%.

Luego fue llevada a la Unidad Especial de Atención con un diagnóstico de bronquiolitis viral y neumonía. Además, según los exámenes, dio positivo de adenovirus y parainfluenza 3.

En las siguientes seis semanas, Mariee fue transferida a dos hospitales diferentes para recibir atención cada vez más especializada debido a su falla respiratoria progresiva, requirió un ventilador y un dispositivo avanzado de soporte vital que suele utilizarse en situaciones extremas.

Duro final

La condición de Mariee empeoró significativamente y murió el 10 de mayo, después de sufrir una hemorragia catastrófica intratorácica que le provocó daño cerebral y orgánico irreversible. La causa de la muerte fue identificada como bronquiectasia, pulmonitis y neumotórax (colapso de los pulmones).

En las últimas seis semanas de la vida de Mariee, cita el aviso de demanda, la niña padeció dolor físico y emocional “extremo”. Fue hospitalizada continuamente, rodeada de personal médico múltiple que le practicaba pruebas y exámenes dolorosos.

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Con frecuencia había que sedarla y se mantenía con múltiples medicamentos intravenosos que debían reemplazarse con frecuencia, una vía intraarterial para monitorizar sus gases sanguíneos, alimentación naso-gástrica, y un catéter urinario. No podía hablar.

En las últimas horas de su vida, después de una hemorragia catastrófica, Mariee experimentó transfusiones de sangre masivas y reanimación cardio pulmonar.

Aparte de los recuerdos, a Yazmin le quedó solo una impresión en tinta de la mano derecha de su hija que le habían preparado en el hospital como un obsequio por el Día de las Madres.

Ahora la madre pide justicia, mientras que el Gobierno de  Guatemala través de la Cancillería espera los reporte médicos del centro de detención para solicitar una investigación a un alto nivel.

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Las cifras proporcionadas también revelan un incremento en el promedio mensual de menores que han retornado al país desde EE. UU. y México en comparación con el promedio del año pasado. En los primeros siete meses del 2018 tres mil 203 fueron deportados, 458 al mes. Mientras que, en el 2017, en todo el año regresaron a Guatemala cuatro mil 324, 360 mensuales.

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Además, un 88 por ciento migró debido a su situación económica, un 7.5 por ciento por la violencia en sus comunidades, un 2.5 por ciento por reunificarse con seres queridos y el restante 2 por ciento por que tenía un ofrecimiento de trabajo.

Engaños y pobreza

Respecto al por qué en esos tres departamentos hay una marcada diferencia en comparación al resto en cuanto a menores deportados, el vicecanciller Pablo García Sáenz, consideró que tiene mucho que ver los engaños de los coyotes quienes les afirman a las familias que por ser departamentos fronterizos les será más fácil ingresar a México y llegar a EE. UU.

“Se da un engaño más fuerte les dicen que prácticamente en media hora ya estás en otro país. El engaño suele tener más impacto porque están más cerca de México”, expuso el funcionario.

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Agregó que en esas áreas hay mucha desinformación puesto que los coyotes les dicen a las familias que si van con menores van a tener de inmediato residencia en EE. UU., engaños que han experimentado un crecimiento en los últimos meses. 

Para Úrsula Roldán, directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Landívar, el alto porcentaje de menores retornados de esos tres departamentos no extraña puesto que las estadísticas coinciden con que es desde ahí desde donde más guatemaltecos migran, en parte porque son áreas que continúan dependiendo de la agricultura.

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Roldán añadió que el aumento de las deportaciones de menores también está relacionado con el endurecimiento de las medidas migratorias del gobierno de Donald Trump que no tan fácil permite una reunificación de las familias en EE. UU. y ya no permite que los casos lleguen a juicio.

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Campaña

García Sáenz afirmó que ya se tiene un borrador de la campaña regional para disuadir la migración, y se espera que para septiembre esté lista para que sea implementada, aunque no se ha definido el costo ni quién la financiará.

El funcionario añadió que, aunque en Guatemala se divulgará a nivel nacional se enfocará en los departamentos desde donde más menores migran hacia EE. UU., que son las áreas fronterizas.

En cuanto a los medios de comunicación subrayó que se ha pensado que sea a través de medios visuales, radiales y redes sociales, aunque también podrían visitarse las áreas.

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Ese día, Elsa Johanna le habló a través de una videollamada a Anthony y le aseguró que haría todo lo posible por tenerlo de vuelta. Dentro del hotel autoridades de EE. UU., México y Centroamérica debatían medidas para frenar la migración ilegal.

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La madre del menor indicó que la noticia la tomó por sorpresa, pero que se siente “muy feliz por tener de vuelta a mi pequeño”.  “Lo primero que voy a hacer es abrazarlo y besarlo y decirle cuanto lo quiero”, añadió la mujer. 

José Ortiz, padre de Elsa Johanna y abueno de Anthony, dijo que tanto él como su hija están felices de tener al niño de vuelta ya que estos meses fueron “muy duros y de mucho sufrimiento”.

“Gracias a Dios todopoderoso y luego a los abogados que están allá en Estados Unidos. Estamos felices. Yo soy el abuelo, pero Anthony es como mi hijo. No tenemos cómo pagar a Jesús por esto”, afirmó Ortiz.

El abogado Pedro Pablo Solares, quien acompañó y asesoró a Elsa Johana durante el proceso que tardó la separación, precisó que los abogados que representaron al niño, Michael Avenatti y Ricardo de Anda lograron una custodia especial y extraordinaria para traer de vuelta a Guatemala a Anthony, algo a lo que, en principio se había opuesto el Gobierno de Estados Unidos.

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Denuncia retardo

Solares denunció que, a pesar de que ya todo está listo para que el niño sea entregado a su madre, personal de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS) trata de impedirlo ya que afirma debe ser esa institución la que reciba al niño y entregarlo a los padres en la casa hogar Nuestras Raíces.

De acuerdo con Solares, esa acción demuestra “la falta de empatía que tiene el personal de la casa hogar, que ha tratado de una manera irrespetuosa a Elsa y pone en riesgo el trabajo de muchas personas que han intervenido para lograr la reunificación”.

Al respecto, una portavoz de la SBS se limitó a indicar que “se trabaja siempre apegados a los protocolos y con el fin de reunificar, con el apoyo de Procuraduría General de la Nación y la Dirección General de Migración”.  

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Anthony es uno de los 465 menores de edad que fueron separados de sus padres que intentaron cruzar de manera ilegal la frontera entre EE. UU. y México mientras estuvo vigente la política de separación de familias del gobierno estadounidense.

Hasta hace unas semanas, solo 58 familias había sido reunificadas.

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El miércoles último, autoridades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés) detuvieron a 146 personas —133 de ellos inmigrantes irregulares—, en una operación contra el abuso laboral de indocumentados.

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Los agentes detuvieron a trece personas acusadas de formar una red dedicada a la explotación de trabajadores indocumentados.

Además, en los operativos se detuvo a 133 indocumentados que se sospecha “fueron explotados por los conspiradores mediante la fuerza, la coacción o la amenaza de arresto y/o deportación” y que ahora están a la espera de ser expulsados de Estados Unidos.

La cadena de noticias Univisión  visitó la iglesia evangélica Bethania donde se encuentran los guatemaltecos y documentó el caso de una mujer identificada como Elizabeth que con dos niños y embarazada, sufre porque su hermano y su esposo fueron capturados.

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Otro guatemalteco que permanece en la iglesia, William Barrera, relató cómo ocurrieron las detenciones: “Nos rodearon aproximadamente 100 agentes, con carros por todos lados, no había escapatoria, yo traté de huir, me escondí dos horas hasta que me capturaron.

Algunos indocumentados fueron liberados por razones humanitarias; no obstante, deberán seguir sus casos en cortes de Inmigración.

Univisión afirma que la redada fue producto de 15 meses de investigaciones.

Aumentan detenciones

Cada día aumenta la angustia para miles de guatemaltecos que se encuentran en EE. UU., debido a la hostilidad de las políticas del gobierno de Donald Trump, la cual se ve reflejada en un considerable aumento de las detenciones en suelo estadounidense y, en muchos casos, de personas que no tienen denuncias penales.

En el 2017, según las estadísticas del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), se produjeron 143 mil 470 arrestos, de los cuales 15 mil 478 no tenían cargos o condenas penales. Las cifras representan un incremento del 30 por ciento respecto del 2016, cuando las autoridades reportaron la detención de 110 mil 104 indocumentados.

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En el 2018 las cifras van en alza. En los primeros seis meses del año fiscal (del 1 de octubre del 2017 al 31 de marzo último) 79 mil 286 personas han sido detenidas, un aumento del 27 por ciento respecto del mismo período del año anterior, cuando  la cifra era de 62 mil 623.

Un aspecto que alarma es que este año, del total de arrestados, 26 mil 547 no tenían problemas con la justicia.

Además, el promedio mensual pasó de 10 mil 437 detenciones del 2017 a 13 mil 214 este año.

Aunque las estadísticas de ICE no reflejan la cantidad de guatemaltecos aprehendidos, se calcula que son miles, a juzgar por los 33 mil 570 que fueron deportados el año pasado desde EE. UU.

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Este martes al mediodía arribó al Aeropuerto La Aurora un primer grupo de nueve menores que llevaban varios meses de no ver a su familia, y que se mantuvieron en albergues en EE. UU. En la terminal aérea fueron recibidos por autoridades guatemaltecas.

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Los niños permanecieron separados más de dos meses desde que entró en vigor la medida y durante ese tiempo estuvieron en albergues en distintos estados de EE. UU. a la espera que se resolviera su situación legal.

Según información de la SBS en total, este martes retornaron a Guatemala nueve menores de EE. UU., todos que fueron separados por el plan Tolerancia Cero; además regresaron siete menores no acompañados procedentes de México. Todos oscilan entre las edades de 6 y 17 años. 

En EE. UU. aún hay muchos niños, niñas y adolescentes guatemaltecos a la espera de que se resuelva su situación legal. Hasta la semana pasada se contaban dos mil 279 en albergues de aquel país pendientes de que se resolviera su situación legal en cortes de Inmigración. De ellos, 465 eran menores que fueron arrebatados de los brazos de sus padres, y el resto no acompañados. 

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Filomena regresa a Guatemala 

La espera también terminó este martes para Nasario Jacinto cuando se reunió con su hija, Filomena,  después de que se la arrebataron de los brazos el pasado 16 de mayo cuando estaba vigente la política de separación de familias.

Prensa Libre documentó esta conmovedora historia desde que el padre fue deportado el pasado 21 de junio, y desde entonces la ha seguido de cerca.

Nasario, así como los otros 13 padres y madres que recibieron a sus hijos que retornaron de EE. UU. y México, lucía ansioso. Casi no podía creer lo que estaba ocurriendo, tendría de nuevo en sus brazos a Filomena que cuando salieron de San Juan Ixcoy, Huehuetenango, tenía 5 años, pero que estando en el albergue Cayuga Center de Nueva York, cumplió 6.

“Me siento feliz y contento porque voy a recibirla, estos días han sido difíciles”, confesó este hombre de 33 años, de pocas palabras, y que el 7 de mayo se aventuró a viajar a Estados Unidos en busca de las oportunidades que no encontró en su país.

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Felices de nuevo

Pasadas las 14 horas llegó el momento en que Filomena y Jacinto se reencontraron, ¿la escena?, como todas en las que niños que han sido separados se reencuentran con sus padres: lágrimas, emoción, palabras al oído y una mirada perdida de la menor que por momentos parecía de enojo. Son las inevitables secuelas trágicas que costó la separación familiar y que llevará mucho trabajo borrar de su mente.

“Ya recogí a mi hija y me siento feliz y contento”, fueron sus escuetas declaraciones al abandonar el refugio de la Secretaría de Bienestar Social en el que se reencontró con su hija. Para este momento tan especial a Nasario lo acompañaron, su esposa Juana Velásquez, su madre, un hermano y su hijo pequeño de 1 año.

Al salir del albergue Nasario optó por quedarse en la Casa del Migrante de la zona 1, de ahí partirá este miércoles para Chanchocal 1, la aldea donde vive en San Juan Ixcoy, que se encuentra a cuatro horas de la cabecera departamental y por lo menos a 1 hora a pie.

Entre cuatro se la arrebataron

La madre de Nasario narró que salieron el domingo a mediodía de Chanchocal 1, y llegaron a eso de las 16 horas a la cabecera de Huehuetenango, después de caminar durante más de una hora y viajar otras tres en microbús. En la cabecera departamental pernoctaron y el lunes desde las 6 horas salieron hacia la capital.

Contó que el día en que a Nasario le quitaron a Filomena cuatro hombres, supuestamente agentes de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., se la arrebataron. “Dos lo agarraron y otros dos le quitaron a la nena”, contó mientras esperaba la llegada de su nieta.

Añadió que para viajar a EE. UU. Nasario prestó Q15 mil que ahora tienen que pensar cómo lo van a pagar.

En la Casa del Migrante, Nasario dijo que no querían más compañía, el viaje de su pequeña Filomena había sido cansado. Para comenzar de nuevo sus vidas tienen ahora otra oportunidad, la pregunta es: ¿Dónde encontrarla?

Casos dramáticos

Otro reencuentro que se vivió este martes fue el de Leo Jeancarlo de León, de 6 años, que pudo ver a su madre, Lourdes de León, después de más de casi tres meses desde que fueron separados en San Luis, Arizona.

Leo también estuvo albergado en Cayuga Center de Nueva York y cada semana platicaba con su madre quien lo esperaba en San Pablo, San Marcos, por videollamadas y le rogaba que lo regresara lo antes posible.

El día que firmó su salida voluntaria de EE. UU., a Lourdes le aseguraron que sería deportada junto con su hijo, algo que no sucedió. Ella regresó al país el 7 de junio.

Lourdes lloraba mientras abrazaba a su pequeño, luego dio unas breves declaraciones a la prensa.

“Fue demasiado tormento tanto para él como para mí. Separarnos es lo peor que le puede pasar a una madre, porque le tocan a uno lo que más le duele como ser humano y como madre”, expuso Lourdes.

Lourdes dice que no tiene ninguna queja por la forma como trataron a su hijo en el albergue, y si de algo está segura es de que no volverá a intentar viajar a EE. UU.

No acompañados

Este martes también regresaron al país varios adolescentes que viajaron solos a Estados Unidos, algunos fueron interceptados en ese país  y otros en México.

Odilia Hernández recibió a su hijo Eddy, de 17 años, narró que se fue solo hace 20 días, la idea era llegar con unos conocidos a Oklahoma, pero el sueño se vio frustrado. “Se había ido para sacarnos adelante”, respondió Odialia, quien vive en Olintepeque, Quetzaltenango, y que afirmó que aunque su hijo, cursaba tercero básico tuvieron que sacarlo porque ya no podían sacarlos adelante.

La mujer indicó que tienen otros tres hijos y que Eddy le indicó en algunas llamadas telefónicas que la situación en el centro de detención “estaba muy dura”. “No podíamos hablar mucho, solo hablábamos cinco minutos a la semana”, precisó la madre del joven migrante.

Catarina Torres es originaria de Chajul, Quiché, acudió a recibir a su hija de 15 años al albergue Nuestras Raíces. Relató que sentía una mezcla de alegría, por ver a su hija, y de preocupación, porque aún no saben qué harán para pagar los Q20 mil que le dieron al coyote que se la llevó hacia EE. UU.

Afirmó que la menor cursaba primero básico, pero que por la falta de recursos ya no pudieron seguir pagango sus estudios. Salió hace un mes de su aldea, pero fue detenida en México. “Intentó llegar y no pudo, así pasa en veces, a veces se gana y a veces se pierde”, dice Torres, mientras carga en brazos Marta; otra de sus hijas, de 1 año y medio, y quién se ve cansada, por momentos llora.

Añadió que desde Chajul hicieron un viaje de nueve horas, tres desde la aldea al centro del municipio, ahí pernoctaron y el martes temprano partieron hacia Santa Cruz de Quiché, y luego a la capital.

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El custodio fue identificado como Fernando Magaz Negrete, de 32 años, reportó la cadena Univisión, que informó que el acusado habría besado a la adolescente y tocado sus partes íntimas.

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El medio de comunicación reveló que el caso se dio a conocer luego de que la Policía de Phoenix recibió la llamada de un testigo quien aseguró haber presenciado el abuso. Los investigadores contactaron a Sagaz el 31 de julio y este reconoció haberlo cometido.

Sumado al hecho, este viernes se dio a conocer el abuso sexual que habrían sufrido al menos otros ocho menores de edad migrantes entre 2016 y 2017 en el centro de detención Casa Kokopelli, administrado por la misma compañía. En este caso es señalado Levian D. Pacheco, quien trabajaba en ese lugar y quien además es VIH positivo.

El sitio ProPublica indicó que las víctimas serían menores de entre 15 y 17 años. Pacheco aprovechaba ciertos momentos en los cuales los adolescentes estaban solos para tocarlos, por ejemplo, mientras dormían o en el baño.

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Según el mismo sitio, Casa Kokopelli cuenta dentro de su récord con una citación que el Departamento de Salud y Servicios le hizo en el 2017 por no corroborar los antecedentes de sus trabajadores.  El sindicado trabajó durante casi cuatro meses sin esa verificación.

ProPublica dio a conocer la semana pasada que las policías de todo el país han recibido cientos de denuncias de posibles delitos sexuales cometidos en albergues que brindan servicios a niños migrantes.

Niña guatemalteca

El pasado domingo se conoció el caso de otro abuso sexual que habría sufrido una niña guatemalteca de 6 años, que fue separada de sus padres, mientras permanecía en un centro de detención de Arizona.

De acuerdo con The Nation, el agresor fue un menor que también se encontraba recluido en ese centro administrado por Soutwest Key. No obstante, el vicecanciller Pablo García Sáenz afirmó que tuvo acceso a los expedientes y que la niña no sufrió violación. 

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Abusos son recurrentes

Para organizaciones de migrantes en Estados Unidos, las denuncias por casos de abusos sexuales contra migrantes en centro de detención son recurrentes y siempre se han conocido, pero ahora con el auge de la tecnología y las redes sociales salen más a luz.

De acuerdo con el líder migrante guatemalteco, los abusos se ven alimentados por la vulnerabilidad de los menores y a que tanto los niños como los adultos creen que no tienen ningún derecho y prefieren callar. “Los abusos sexuales siempre han existido y han sido parte de la cultura de las cárceles en Estados Unidos y no son nada nuevo”.

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Hizo un llamado a que los consulados acompañen a los migrantes que se atrevan a denunciar los abusos y recomendó hacer visitas con mayor regularidad y acuciosidad a estos centros de detención, puesto que en muchos casos solo les dan solo la información que los funcionarios quieren escuchar.

Respecto a la información que ha proporcionado la Cancillería de que los menores reciben un buen trato, Garrido indicó: “Eso es mentira, a ellos le podrán decir lo que quieren, pero los niños no tienen apoyo psicológico y sufren tortura por estar solos. A los funcionarios ni los dejan estar solos con los niños, no se puede entrar ni fotos ni cámaras ni nada”, reprochó.

Débora González, guatemalteca que preside la Red Nacional de Jornaleros en EE. UU. lamentó que los abusos sexuales se sumen a una serie de vejámenes que los migrantes en detención sufren y que comienzan desde la misma separación familiar, puesto que hay sufrimiento mental y emocional.

No descartó que estos continúen puesto que para las organizaciones sociales es difícil supervisar esos centros de detención. “¿De qué hablarán esos jóvenes que ahora son niños, que historias de miedo y terror contarán?”, cuestionó la activista.

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Derechos humanos

Melissa Tavera, activista de la Coalición de Inmigrantes de La Florida, dijo estar “aterrada” por las noticias de casos de abuso sexual y coincidió con Garrido en que estos casos son recurrentes, por lo cual es una oportunidad para revisar cómo funcionan estos centros de detención y cómo tratan a los migrantes.

Para Tavera solo el racismo puede explicar las políticas hostiles que se están adoptando en contra de los migrantes quienes, en vez de ser auxiliados porque muchos de ellos huyen de la violencia en sus países de origen son tratados como criminales.

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Al respecto, una portavoz de la Cancillería indicó que los consulados hacen visitas a los albergues y centros de detención en EE. UU. para indagar sobre la situación en que se encuentran los guatemaltecos, además reciben reportes de las autoridades en cada caso. Además, se hacen entrevistas a los connacionales para conocer en voz de ellos cuál es su situación y el trato que reciben.

Añadió que hasta el momento no se tiene ningún reporte de casos de niños o niñas guatemaltecas que hayan sufrido abuso sexual dentro de los albergues.

La Cancillería guatemalteca informó el jueves que dos mil 272 menores guatemaltecos permanecen en refugios y albergues de Estados Unidos a la espera de ser reunificados con sus padres. Todos ingresaron de forma ilegal a aquel país en los 40 días que duró la separación de familias de la política Tolerancia Cero del gobierno estadounidense. 

Del total unos 465 fueron separados de sus familiares al cruzar la frontera, mientras que el resto son no acompañados o bien sea, fueron dejados en ese país por su acompañante, que firmó su deportación y optó porque los niños se quedaran en ese país para continuar el proceso de reunificación porque en EE. UU. se encuentra alguno de los padres. 

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Cada día aumenta la angustia para miles de guatemaltecos que se encuentran en EE. UU., debido a la hostilidad de las políticas del gobierno de Donald Trump, la cual se ve reflejada en un considerable aumento de las detenciones en suelo estadounidense y, en muchos casos, de personas que no tienen denuncias penales.

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En el 2018 las cifras van en alza. En los primeros seis meses del año fiscal (del 1 de octubre del 2017 al 31 de marzo último) 79 mil 286 personas han sido detenidas, un aumento del 27 por ciento respecto del mismo período del año anterior, cuando  la cifra era de 62 mil 623.

Un aspecto que alarma es que este año, del total de arrestados, 26 mil 547 no tenían problemas con la justicia.

Aunque las estadísticas de ICE no reflejan la cantidad de guatemaltecos aprehendidos, se calcula que son miles, a juzgar por los 33 mil 570 que fueron deportados el año pasado desde EE. UU.  

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De una lista de cerca de 170 países, Guatemala es el segundo, detrás de México, con más ciudadanos deportados por acciones de ICE en territorio estadounidense.

Se incrementa el miedo

Guatemaltecos indocumentados que viven en EE. UU. señalan que el aumento de acciones antimigrantes de la administración Trump profundizan el miedo.

“La gente tiene miedo. Por ejemplo, ya no se atreven a manejar. Ahora usan otros medios o pagan a alguien para que los lleve. Además, si tenían actividades los fines de semana, ya no las hacen, para no correr el riesgo de ser denunciados y detenidos”.

No obstante las acciones del gobierno de Jimmy Morales han ido más en la vía de congraciarse con Trump para intentar restar apoyo a la Cicig, que en exigir respeto a los migrantes.

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Capturado en su casa

David Aguilar tenía 20 años de vivir en Nueva York  y fue deportado recientemente. Asegura que fue capturado “por culpa de las leyes ingratas de Trump”. Dejó cuatro hijos en EE.UU.; le angustia sobre todo su hija de 14 años.

“A mí me agarraron en mi casa. A dejar a mi hijo a la escuela iba cuando me agarraron, hace un año. Peleé mi caso y gasté mucho dinero, pero lo perdí. Mi esposa se quedó con mi hijo y me dijo que apelara otra vez, pero ya no pude”, refiere.

“Yo voy a regresar. Tengo una casa que compré hace 15 años. Allá está mi vida. No tengo nada que hacer aquí”, promete Aguilar. 

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La mujer de unos 38 años era extorsionada en un área de la capital y decidió huir junto con su hijo después de que los pandilleros llegaran a su casa y la violaran mientras su pequeño dormía en la habitación contigua.

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“Ya no soporto más estar sin mi hijo… Necesito que me ayuden por favor, estoy muy preocupada, no como, ni duermo pensando qué va a pasar con mi hijo y conmigo. Después de tanto sufrimiento que pasamos en mi país y luego en el camino y ¿hoy nos hacen esto?”, se lee en la carta.

Continúa: “Mi niño está desesperado, ya no quiere estar ahí donde lo tienen, necesito que me lo entreguen pronto, temo que él se enferme, yo ya estoy enferma y le pido a Dios que pronto me entreguen a mi hijo, él está muy triste”.

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A esta guatemalteca le arrebataron a su hijo el pasado 31 de mayo, durante los días oscuros de la separación de familias, producto del plan tolerancia cero del presidente estadounidense Donald Trump.

Anduvo de prisión en prisión hasta que fue llevada a T. Don Hutto, donde el pasado 8 de julio cumplió un mes de estar. Se enfrenta al dilema de que, después de las primeras audiencias judiciales, la justicia estadounidense clasificó su testimonio como “no creíble” lo cual significa que sería deportada al salir de prisión, junto con su hijo, si un juez resuelve entregárselo.

Carta al hijo

En una parte del escrito, la mujer le dedica unas palabras a su hijo que este martes está de cumpleaños:

“Mijo te quiero mucho, necesito que tengas fe, en el nombre de Dios saldremos de aquí muy pronto. Me haces mucha falta , yo aquí estoy destrozada por lo que nos hicieron, sé que te sientes muy mal porque estás en ese lugar. No quiero que pases tu cumpleaños ahí, pero aquí donde estoy no puedo hacer nada”, escribió.

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Añade: “Mi Gordo precioso, Dios nos recompensará este sufrimiento, mi vida, te quiero mucho, mi hermoso. Primero Dios estaremos juntos muy pronto, te quiero mijo, te amo, nunca lo olvides”.

Comenzó a ser extorsionada

La migrante guatemalteca narra que tenía un negocio y comenzó a ser extorsionada. Los pandilleros le entregaron un teléfono y comenzaron a exigirle Q500 cada semana, ella hizo un pago, pero ya no tenía para dar los siguientes, por lo cual esperaba “con mucho miedo” las llamadas que le hacían, hasta que un día…

“Llegaron a mi casa a las 11 de la noche, yo solo vivía con mi hijo y él estaba dormido, me violaron y me dijeron que el otro día querían el dinero en el mismo lugar y que si no lo llevaba me mataría a mí y a mi hijo”.

A la madrugada siguiente salió de su casa y no volvió, había decidido escapar hacia EE. UU. La mujer cuenta que desde hace dos años se separó de su esposo y que tiene otros hijos, pero que ya son mayores.

“Me duele que no me haya creído —la justicia de EE. UU.— . Espero un milagro y que mi caso lo miren con ojos de piedad”, finaliza la carta.

El caso de muchas

Marilú Fructuoso, activista de Grassroots Leadership, expresó que el caso de esta mujer guatemalteca es “dramático”, pero que no es el único ya que es la situación por la cual atraviesan muchas mujeres más, no solo de Guatemala, sino de El Salvador y Honduras. En total en la cárcel de T. Don Hutto hay 513 prisioneras, madres separadas de sus hijos.

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“Ella está muy desesperada el 17 su hijo cumple años y a ella le hubiera gustado estar con él”, afirma la voluntaria de la organización.

Explicó que su caso está “negativo” lo que significa que no le creen “nada” del sufrimiento que ella expuso en su comparecencia judicial y parte de lo cual escribe en la carta. Tiene pendiente de presentar un recurso legal, aunque no se ha definido en qué fecha será.

La voluntaria de Grassroots Leadership describió que la situación por la que atraviesan las 513 mujeres en T. Don Hutto es “muy dolorosa”.

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“Ellas están adelgazando mucho, sufren mucho psicológicamente por sus hijos, por estar en un lugar que no conocen y un idioma que no hablan, además tienen una mala alimentación. Ellas están muy mal”, comenta la activista.

Pone como ejemplo de la tortura psicológica que la migrante guatemalteca tiene permitido hacer una llamada a la semana con su hijo, y este le cuestiona por qué lo dejó y lo tiene abandonado y le dice que se quiere ir ya con ella.

Aunque le ha contado a Fructuoso que le da miedo regresar a Guatemala, el temor más grande que siente es que no le vayan a devolver a su hijo.

Fructuoso le ha recomendado que no firme ningún papel porque eso podría comprometer la reunificación.

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“Muchos de los casos que son procesados se sabe que las están engañado a que firmen la deportación y que les van a entregar a sus hijos, pero yo lo que recomiendo es que no firmen nada hasta que tengan a sus hijos en sus manos”, expone Fructuoso. 

Asegura que las mujeres son engañadas y les dicen “firma tu orden de deportación y te entrego a tu hijo”, cuando no es así.

Grassroots Leadership ayuda a las mujeres que necesitan de asesoría legal, sobre todo a aquellas que, como la autora de la carta, no tienen a ningún familiar en EE. UU.

Más de tres mil familias fueron separadas entre mayo y junio en la frontera sur de EE. UU., hasta el momento una gran cantidad espera reunirse.

• Estas es la carta completa que la mujer escribió a la organización y en donde pide que le devuelvan a su hijo

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Ambas instituciones expusieron que los guatemaltecos sufrieron tortura psicológica en los centros de detención en EE. UU. Una trabajadora de la Casa del Migrante indicó que uno de los padres manifestó que eran engañados, ya que los cambiaban constantemente de centro de detención y les decían que ahí los reunificarían con sus hijos, pero no era cierto. 

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Incidente en avión

La PDH y la Casa del Migrante también mostraron su preocupación por el incidente que ocurrió en un vuelo de deportados del pasado 11 de julio que transportaba a 132 guatemaltecos de regresaban a Guatemala, ya que, afirman, el interior del avión se incendió y fue necesario hacer un aterrizaje de emergencia en México.

“Los migrantes bajaron en pánico, salieron y cuando empezó a incendiarse el avión en el aire tuvieron que aterrizar en México y ahí solo hicieron algo sencillo y siguieron”, dijo Mauro Verzeletti, director de la Casa del Migrante, que citó testimonios de varios migrantes que venían en el vuelo.

Para Verzeletti, el problema ocurrió porque los aviones “son muy viejos”, por lo cual, en un pronunciamiento ofrecido junto con el titular de la PDH, Jordán Rodas, exigió que se garantice que los aviones y equipos que utiliza EE. UU. para la repatriación de connacionales cumplan con los estándares y protocolos internacionales de seguridad para evitar accidentes aéreos.

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Una voluntaria de la Casa del Migrante afirmó que uno de los deportados que iba en el vuelo contó que durante el incidente aún estaban engrilletados de las manos, cintura y pies por lo cual, en caso de algún percance no hubieran tenido posibilidades de sobrevivir.

“Que hubiera pasado si el avión se cae, yo me muero”, habría narrado otro guatemalteco deportado a la trabajadora de la Casa del Migrante, lo cual demuestra, según Verzeletti, que no hay ningún protocolo de seguridad en caso de alguna emergencia en pleno vuelo.

Se consultó a personal de la oficina de Prensa de la Embajada de EE. UU. en Guatemala si tenían información del incidente e indicaron que hacen las averiguaciones respectivas.

Mal protocolo de recepción

Rodas y Verzeletti también criticaron el proceso de recepción de las familias que fueron deportadas el pasado 10 de julio, pues al menos cuatro de ellas fueron abandonadas en la calle.

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Según Verzeletti, estas unidades familiares fueron registradas por la Dirección General de Migración en la Fuerza Aérea de Guatemala y luego salieron sin saber qué hacer porque debían viajar hasta Ixcán, Quiché, y no tenían parientes en la capital ni dinero.

“A estas familias las recogimos en la calle y las llevamos a la casa y las acompañamos psicológicamente, les ayudamos y orientamos”, precisó el sacerdote.

En total eran nueve personas, tres padres con un niño cada uno, más otro que llevaba a dos hijos. Las edades de los menores eran de 7 a 11 años, informó personal de la Casa del Migrante. Los menores estaban cansados y ansiosos porque durante mucho tiempo el avión sobrevoló el aeropuerto La Aurora porque no podía aterrizar, debido a que un avión de EE. UU. debía despegar.

Esa tarde la secretaria de Seguridad Nacional de ese país, Kisrtjen Nielsen, debía partir de Guatemala después de haberse reunido con los cancilleres de México y del Triángulo Norte de Centroamérica en la capital, donde expresó su compromiso por agilizar la reunificación de familias migrantes.

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Verzeletti criticó que cuando las familias fueron deportadas solo se hizo “un show mediático con la primera dama —Patricia Marroquín de Morales—  y después dejaron a las familias en la calle sin conversar con ellos, ni dialogar, sin saber qué necesitan o de qué departamento son”.

La Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep) es una de las instituciones que participan en los protocolos de recepción a menores de edad cuando son deportados.

Carol Girón, directora de programas de los Misioneros Scalabrinianos, coincidió en que el protocolo con el cual se recibió a los menores de edad no fue el adecuado ya que no se cumplió con lo que establece el Código de Migración.

Respecto a la participación de la esposa del presidente en los actos de recepción de las familias, señaló que, aunque haya tenido una buena intención se le puede dar una lectura equivocada porque después del proceso de recepción “ya no pasó nada”.

“Es decir, solo voy —de Morales— yo los atiendo, me tomo la foto y me voy, y de ahí les abro la puerta”, expresó Girón.

Al respecto la oficina de Comunicación de la Sosep informó que no se pronunciarían al respecto.

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La información fue divulgada por el DHS, un día después de que se venciera el plazo establecido por un juez del Distrito Sur de California para que el gobierno estadounidense devolviera con sus padres a todos los menores de 5 años.

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Otros 24 no han podido ser entregados por distintas circunstancias que enfrentan los padres; por ejemplo, 12 ya fueron deportados a sus países de origen y según el DHS “están siendo contactados”. Otros 11 están bajo custodia sindicados de distintos delitos y uno cuyo familiar se desconoce su ubicación desde hace más de un año.

Además, el DHS informó que los restantes 22 menores no fueron entregados debido a “preocupaciones de seguridad” que tienen que ver con los adultos que los reclamaban. 

Por ejemplo, según el DHS, uno de ellos está siendo tratado por una enfermedad contagiosa, otro intentó alojar al menor con un adulto sindicato de abuso sexual contra niños. Otro más que se cree pudo haber sido abusado sexualmente; y en un caso, el supuesto padre intentó reclamarlo con un certificado de nacimiento falso.

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En siete casos se determinó que los adultos que reclamaban a los menores no eran los padres y otros 11 tienen antecedentes penales graves, por delitos relacionados con crueldad infantil, secuestro, asesinato, tráfico de personas y violencia doméstica.

En la declaración que divulgó el DHS se da a conocer que se llevaron a cabo procedimientos de investigación cuidadosos para lograr la reunificación y que la administración Trump no se toma la tarea a la ligera, aunque reconocen que hay “una enorme cantidad de trabajo” por hacer.

El comunicado añade que “el pueblo estadounidense le dio a este gobierno un mandato para poner fin a la anarquía en la frontera, y el presidente Trump mantiene su promesa de hacer exactamente eso”.

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“El sistema de inmigración estadounidense es el más generoso del mundo, pero somos una nación de leyes y tenemos la intención de seguir aplicándolas”, agrega el comunicado.

¿Cuántos son guatemaltecos?

La información oficial hasta el momento es que de las 57 familias reunificadas por lo menos 11, que retornaron al país el pasado martes, son guatemaltecas. Además, en otros tres casos los padres ya fueron deportados y sus hijos se encuentran solos en EE. UU.

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Entre los casos está el de Lourdes de León que fue deportada el pasado 8 de junio y su hijo, Leo Jeancarlo de León, de 6 años, está en un albergue de Nueva York, ella lo espera en su casa, en San Pablo, San Marcos.

En el mismo albergue se encuentra Filomena Jacinto, de 5 años, cuyo padre, Nasario Jacinto, fue deportado el pasado 20 de junio, hoy en día espera información de su hija en San Juan Ixcoy, Huehuetenango.

Además, recientemente se conoció el caso de otra guatemalteca, Elsa Johana Ortiz que pide que le devuelvan a su hijo de 8 años a quien le arrebataron de los brazos en mayo pasado. Ella fue deportada sin que firmara ningún papel. Hoy en día, se encuentra en Palencia, Guatemala.

Durante el tiempo que estuvo en vigencia la separación de familias, como parte de la política tolerancia cero del gobierno de Donald Trump, más de dos mil 300 niños fueron separados de sus padres, se estima que de ellos, al menos 465 son guatemaltecos.

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“El día que a mis niños me los quitaron, me arrancaron el corazón. He estado sufriendo demasiado por ellos”. Esas fueron las palabras que la guatemalteca dijo en entrevista telefónica a la Voz de América.
 

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Ella está recluida en el centro Eloy, Arizona, y no ve a sus niños desde hace más de un mes, cuando cruzó la frontera y la detuvieron en Yuma, siempre en el mismo estado. Los menores tienen 10, 8 y 5 años.

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Pasaron 19 días sin noticias de dónde se encontraban los pequeños. Por fin, pudo establecer contacto con ellos. Los menores fueron llevados al Centro Coyuga en East Harlem, Nueva York, donde se reportan más de 230 niños en el lugar.

Este es un albergue que se encuentra en un edificio de seis pisos, en el que se atienden a menores migrantes sin acompañante bajo custodia temporal de corto plazo. 

“Yo venía a sacar a mis niños adelante porque en este país, decía yo, uno puede salir adelante con sus hijos. Ahora le pido perdón a Dios, porque no sabía nada de esto, del sufrimiento que mis hijos iban a pasar”, dijo González.

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La Voz de América señaló que Alex Azar, secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, se refirió al Comité de Finanzas del Senado con estas palabras: “No hay razón para que cualquier padre no sepa dónde está su hijo. Yo, presionando solo una tecla, en segundos puedo localizarle a un padre a cualquier niño que esté bajo nuestro cuidado”. 

La “tolerancia cero” se mantiene

El jueves último, el vicepresidente estadounidense Mike Pence llegó a Guatemala con un dicurso que reforzó las medidas de su país contra los migrantes ilegales. Él pidió a los centroamericanos que “no arriesguen sus vidas o las de sus hijos” intentando llegar a Estados Unidos por medio de traficantes de personas.

“Ustedes son nuestros vecinos, queremos que ustedes y sus naciones prosperen. Si quieren venir a Estados Unidos, por favor vengan, pero vengan legalmente; si no, no lo hagan”, dijo. 

En el diálogo, se reafirmó que para el gobierno de Donald Trump existe una amenaza real debido a la migración, por lo que se hace necesario reforzar sus fronteras. Pence sugirió que se busque un mecanismo para instalar inteligencia fronteriza para combatir el tráfico de personas.

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Este jueves, la cadena Univisión publicó un video en el cual Leo, quien se encuentra solo, sin ningún familiar en EE. UU., dice a una cámara que quiere ver a su mamá.

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“¿Ya hablaste con tu mami?, ¿qué te dijo?”, le dice a Leo la trabajadora del albergue, a lo cual, con una voz tímida, el niño responde: “Me dijo que me quiere”.

En la conversación, la mujer, que no ha sido identificada, le pregunta al niño si está bien y si quiere ver a su mamá. El pequeño responde que “si”. Leo dice que no le han dicho cuándo regresará a Guatemala, y asiente cuando la trabajadora del centro le pregunta si está triste y si se quiere ir.

El caso de Lourdes y de Leo es uno de los 465 en los cuales menores guatemaltecos fueron arrebatados de los brazos de sus padres al intentar ingresar a EE. UU. de manera ilegal. Pero contrario a la mayoría, ella firmó su deportación y fue enviada de regreso a Guatemala el pasado 8 de junio, sin su hijo.

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Consultada vía telefónica, Lourdes dijo a Prensa Libre que no pudo evitar que las lágrimas corrieran por sus mejillas cuando vio el video de su hijo. “Fue difícil ver esas imágenes. Ver la tristeza en su rostro me partió el corazón”, dijo después de una pausa para respirar y recobrar la compostura. 

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“Lo que más quiero es que me lo manden ya. Quiero abrazarlo y besarlo”, aseguró.

El miércoles, Lourdes pudo hablar con su hijo por medio de una videollamada. “Está más triste que otras veces. Hoy lo vi llorar”, expuso la guatemalteca, cuyo caso es llevado por el abogado estadounidense Michael Avenatti.

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De acuerdo con la angustiada madre, el sábado por la noche recibió una llamada de Rosmery Arauz, cónsul general de Guatemala en Nueva York. “Me dijo que están haciendo todo lo posible para que los niños pequeños los regresaran lo antes posible con sus padres”.

Con un nudo en la garganta, Lourdes envía un mensaje a Leo: “Quiero que sepa que lo amo mucho”.

Según información de Univisión, Lourdes tiene derecho a una videollamada a la semana de 45 minutos, y cuando solicitó tener por lo menos dos en el mismo lapso, le indicaron que sí era posible, pero que cada una tardaría 10 minutos.

Otro caso

El pasado 20 de junio, Nasario Jacinto Carrillo fue deportado a Guatemala, un mes antes la Patrulla Fronteriza de EE. UU. le había arrebatado a su hija, Filomena, de 5 años.

La pequeña permanece en el mismo albergue que Leo, según constataron autoridades consulares de Guatemala, y ahora espera con ansias el día en que regresará con sus padres al lejano San Juan Ixcoy, Huehuetenango.

Los casos de Lourdes y Nasario son los únicos que se conocen, hasta el momento, de padres guatemaltecos víctimas de la política de separación de familias y que fueron deportados sin sus hijos al país.

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Estos niños son parte de los 265 menores que se ubicaron en albergues luego de ser separados de sus familias debido a la política “Cero Tolerancia” del presidente Donald Trump.

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La canciller también explicó que hay otros cinco mil 995 niños que migraron a EE.UU. sin compañía y cuyo número puede incrementarse debido a que esta práctica continúa.

Además, la ministra informó que cuatro niños no acompañados serán reunificados con familiares en EE.UU., los menores viajaron sin compañía de adultos.

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Jovel explicó que hizo una visita a albergues en EE.UU. donde pudo constatar que los menores no sufren maltrato, e indicó que se les da un seguimiento especial por lo que no existe riesgo de que se pierdan en el sistema.

“Se pidió la no separación de los niños”, explicó la funcionaria.

La canciller dijo que Guatemala mantiene la postura de “lamentar, condenar y rechazar” la política de Trump, con la que se separa a las familias; además, explicó, se pidió a la Organización de Estados Americanos que se haga un pronunciamiento conjunto entre los países miembros, para mostrar el rechazo. La misma postura se pidió al Sistema de Integración Centroamericana.

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La política de “tolerancia cero” del presidente Donald Trump, que se extremó en las últimas semanas en la frontera entre México y Estados Unidos, es una medida calificada por la comunidad internacional como inhumana. El drama de los niños separados de sus padres levantó la alarma. Pero los adultos también viven una historia de terror en los centros de detención. 

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María, quien omite su nombre por temor, es una guatemalteca que vivió el desamparo en carne propia, cuando fue retenida por tres días junto a una de sus hijas en la frontera, cerca de San Luis Río Colorado, Sonora, México.

Su voz a través del teléfono deja percibir su temor. “Allá en su país tienen frijoles para comer, y no se van a morir de hambre. Nosotros no estamos para ayudar a toda la gente”. Con esas palabras un guardia le dio la bienvenida a 72 horas de su peor pesadilla, recuerda María.

Ella relata que el 5 de junio junto a su esposo, Arnoldo, y sus dos hijas migraron al Norte. Su motivación: buscar una mejor vida, pero sobre todo un tratamiento adecuado para la más pequeña de sus niñas, de 8 años, que padece diabetes tipo 1.

Son originarios de Mataquescuintla, Jalapa, donde la crisis del café ha pagado fuerte. El cultivo del grano era su único medio de subsistencia, pero este año la cosecha fue escasa. Arnoldo buscó trabajo en otro lado, pero lo que ganaba solo alcanzaba para lo básico y no tuvo otra salida que comenzar a vender sus pertenencias.

Las deudas comenzaron a llegar, y era difícil que les prestaran dinero para comprar la insulina que necesitaba la menor.

En abril, Arnoldo hizo el primer intento de cruzar a Estados Unidos, pero al llegar a México lo regresaron. Un mes después, con la ayuda de un familiar, los cuatro emprendieron de nuevo el viaje.

En la frontera

Al llegar a Santa Ana, Arnoldo tomó a su hija menor y lograron pasar la frontera. Cuatro días después, el sábado último, María lo intentó con su otra niña. No corrieron con la misma suerte. Autoridades de migración las detuvieron, y le dejaron claro que sabían que su esposo y su otra hija habían cruzado cuatro días antes. 

María no tiene certeza de a dónde las llevaron, pero tienen fresco en la memoria la pesadilla que vivió y las palabras que le dijeron: “que hacen aquí, aquí no los quieren. Se tienen que regresar a su país”.

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Sin dejarla hablar y explicar su situación, la llevaron a una pequeña habitación con otras 17 personas, entre hondureños y salvadoreños. Según la guatemalteca, el miedo se podía ver en el rostro de los niños que permanecían inmóviles para que los guardias no los regañaran, pero también en los adultos que intentaban no llorar y quebrarse ante sus hijos.

“Ese es el castigo que le dan a uno por entrar -a Estados Unidos- ilegal”, menciona María, segura de que será difícil superar lo que han vivido, pero da gracias a Dios porque no la separaron de su niña.

Aquella noche no pudieron dormir. Ella y su hija pasaron sentadas en una silla. Conciliar el sueño fue difícil por el miedo, pero también por el frío que les calaba a los huesos, pues les quitaron el suéter que llevaban. “Nos dejaban allí la comida como si fuéramos perros”, recuerda.

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En ese lugar vio cómo varios niños entre gritos y un llanto desgarrador fueron separados de sus padres. “Dios mío, solo de pensar que eso me podía pasar a mí; me quería regresar a Guatemala. Ellos suplicaban para estar con sus papás. Fue terrible oírlos”, dice con voz entrecortada.

Dos días estuvieron en ese sitio. “Nos trataron como bichos raros. Nos hacían sentir tan poca cosa”.

Realidad tras las rejas

El lunes las trasladaron a otro lugar, un poco más amplio, donde se encontró con otros migrantes que le relataron el sufrimiento que los niños en otros centros, donde son separados de sus padres, están hacinados, duermen en colchonetas y donde permanecen separados por rejas de metal. “En ese lugar solo los tapaban con papel aluminio”, le dijeron.
  
La política de “tolerancia cero” de Donald Trump ha separado a no menos de 2 mil niños de sus padres, de ellos, 465 son guatemaltecos, según informó esta semana la canciller Sandra Jovel.

En Phoenix, Arizona, la llevaron a un centro donde le colocaron un grillete en el tobillo. Le pidieron el número de teléfono de un conocido en Estados Unidos. Afortunadamente ella tenía un amigo en Los Ángeles. Llamaron a la persona y le indicaron que tenía un par de horas para enviarles boletos de autobús para viajar a la ciudad angelina, de lo contrario serían deportadas.

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Los tiques llegaron a tiempo y María y su hija subieron al bus y viajaron por cinco horas para encontrarse con quien las albergaría mientras llega el 27 de junio, día en que tendrá una audiencia ante el juez que decidirá su futuro. “Ese día se sabrá si me dejan o me mandan de regreso a Guatemala”, dice con desolación.

“Tengo miedo de que me deporten. Yo quiero que me dejen estar acá con mi esposo y mis hijas. Queremos trabajar y que mi niña tenga un mejor tratamiento”.

Si la retornan a Guatemala, María no tiene esperanzas de volver a ver a su familia. Mientras llega la fecha para presentarse ante el juez, la guatemalteca debe permanecer dentro del perímetro permitido por el grillete que lleva.

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Luego, cuando este miércoles le informaron que ya no se reuniría con él, a apenas horas de haberle dicho que sí pasaría.

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Los abogados de Beata solo recibieron un mensaje de texto en el que les avisaban que ya no sería posible que Darwin, de 7 años, abordara un vuelo rumbo a ver a su madre.

“Es como si a usted le metieran un cuchillo en el pecho”, le dijo la guatemalteca de 38 años a BBC Mundo tras enterarse de la noticia.

Mejía Mejía es una de las miles de madres que han sido separadas de sus hijos tras cruzar ilegalmente la frontera, en una política migratoria de “tolerancia cero” implementada por Washington.

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Pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, revocó este miércoles la práctica de separación de niños de sus padres, no proveyó de una solución al problema de la reunificación familiar.

Un problema que padece Mejía Mejía, quien demandó el martes al gobierno estadounidense al acusarlo de haber violado sus derechos humanos y el de su hijo al “separarlos forzosamente”.

“Se llevaron a mi niño y yo me quedé encerrada”

Mejía Mejía cruzó la frontera cerca de la ciudad de San Luis (Arizona) “aproximadamente el 19 de mayo”, según se lee en la demanda civil.

“Yo me lo cargué el sábado (19), él ahí estuvo el domingo, lunes parte de la tarde. Pero ahí se lo llevaron y ya nunca supe de él”, recuerda.

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Según la madre guatemalteca, ningún funcionario le informó sobre a dónde llevarían a Darwin.

Tras 11 días de detención inicial, Mejía Mejía fue trasladada al centro de detención Eloy (Arizona), según indica la demanda, donde insistió en pedir información sobre su hijo.

“Me dieron un número de teléfono pero nunca me contestaron esa llamada. Llamaba y llamaba y nunca me contestaron, nunca supe de mi hijo”, señaló.

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Mejía Mejía fue liberada bajo una fianza que pagaron sus abogados el 15 de junio luego de que su solicitud de asilo fuese considerada como creíble por un funcionario de inmigración.

La guatemalteca detalló al agente que en su país de origen era víctima de violencia física y amenazas por parte de su pareja, con quien tiene otros tres hijos.

Según indica la demanda, “nunca fue acusada de ingresar ilegalmente a EE. UU.”.

Fue tras esa entrevista que le permitieron hablar por primera vez por teléfono con Darwin.

“Lo sentí triste y mi niño no es así, es bien dinámico, chanceador. Como toda madre que conoce a sus hijos, lo sentí mal”, rememora.

La segunda vez

La segunda vez que hablaron por teléfono, este miércoles, todo eran buenas noticias.

Una trabajadora social de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados de EE. UU. (ORR, en inglés) avisó al abogado de Mejía Mejía que su hijo sería trasladado desde Phoenix (Arizona) a Baltimore (Maryland) para reencontrarse con ella.

Según Mejía Mejía, a Darwin se le sigue escuchando “triste, muy mal”.

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El director de Nexus Services, la compañía que brinda representación legal a la migrante, le dijo a BBC Mundo que el Gobierno no proporcionó una respuesta inmediata sobre las razones por las cuales canceló el viaje de Darwin.

“No pueden simplemente llevarse a un niño y dejarlo alejado de su madre y luego proveer información incorrecta o ninguna”, denunció Mike Donovan.

Mejía Mejía, por su parte, dice tener claro que seguirá adelante con la demanda que introdujo contra el gobierno estadounidense, en la que pide una compensación monetaria.

“Mi dolor es grande…pero voy a luchar hasta el final”.

En grupos de siete, los migrantes son llevados ante la jueza Leslie A. Bowman en la corte federal en Tucson. En sus rostros se puede ver la confusión y el temor que enfrentan al participar en unas breves audiencias que abogados consideran una línea muy delgada entre lo legal y la violación de los derechos constitucionales.

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Desgarrador llanto de niños que recién fueron separados de sus padres

Y es que, de lunes a jueves, unos 70 indocumentados son llevados ante jueces federales cada día para ser sentenciados por cruzar la frontera de manera ilegal, después de que, siguiendo órdenes que llegan de Washington, la Patrulla Fronteriza les haya remitido al Departamento de Justicia para presentarles cargos en su contra.
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En caso de que viajen con menores, éstos son separados de sus padres y enviados a albergues hasta la espera de que alguien les reclame, lo que ha generado una enorme polémica al conocerse el drama que viven los cerca de 2 mil niños y jóvenes que han sido apartados de sus progenitores en las últimas seis semanas. Con voz clara, la jueza Bowman les explica brevemente los cargos que enfrentan y, dirigiéndose uno a uno, les pregunta si entienden sus derechos, les hace una serie de sucintas preguntas y finaliza preguntándoles como se declaran, uno a uno casi todos responden “culpable”.

Es entonces cuando la juez los sentencia uno a uno a entre 30 a 180 días en prisión, las sentencias más severas son aquellos que han reingresado más de una vez al país, todo en poco más de un minuto por persona. Después salen custodiados por alguaciles federales para que entre el siguiente grupo y el proceso se repite una y otra vez en este enjuiciamiento rápido denominado Operación Streamline, creado en 2005 con el objetivo desanimar a los indocumentados para que crucen la frontera.
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Con la llegada del expresidente Barack Obama a la Casa Blanca (2009-2017) se optó más por la práctica de “detener y liberar” a los indocumentados que eran arrestados en la línea divisoria, pero desde abril pasado se acabó con esa posibilidad y Streamline tomó mayor fuerza cuando el Gobierno anunció su política de “tolerancia cero”.

Esto ha provocado que los casos legales presentados en contra de indocumentados se han incrementado el 30 % entre abril y mayo, de acuerdo al Transactional Record Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Syracuse, después de que más de 150 mil indocumentados hayan sido arrestados en los últimos tres meses en la frontera, de acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“Antes eran más mexicanos, ahora tenemos más centroamericanos y de otros países”, dice a Efe la abogada de inmigración Victoria Trull, quien destaca que hay casos de inmigrantes que podrían calificar para asilo político pero aun así los remiten a estos juicios rápidos.
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Durante el juicio en cadena que pudo presenciar Efe, el abogado de uno de los migrantes dijo a la juez que su cliente quería expresar ante la corte que tenía miedo de regresar a Guatemala por miedo a ser víctima de la violencia. Pero, dice Trull, es “muy poco lo que pueden hacer los jueces” a estas alturas ante las reclamaciones de unos inmigrantes que incluso preguntan por el estado de sus hijos. Solo pueden “recomendar” que tengan una entrevista para asilo o que les entreguen a sus hijos antes de ser deportados.

Para Trull, el programa de Streamline es una “línea muy delgada” entre lo legal y una violación a los derechos constitucionales, pues, aunque tienen representación legal, los abogados solo disponen de tres horas para reunirse con todos sus clientes. Ese día, la abogada tuvo cinco clientes, lo que le dejó alrededor de 30 minutos para hablar con cada uno de ellos y preparar su caso. La abogada, que cuestiona si los inmigrantes realmente entienden el proceso legal que enfrentan, considera “irónico” que el Gobierno de EEUU les otorgue un abogado cuando enfrentan cargos por inmigración ilegal, pero se les niega ese mismo beneficio cuando van ante un juez para solicitar asilo político.

Apenas ayer, el Gobierno había dicho a través de su portavoz Heinz Hiemann, quien este martes fue despedido, que “respetaba” la la política migratoria de Donald Trump.

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La forma en la que el Ejecutivo estaba abordando la problemática provocó repudio en la opinión pública. “El gobierno de Jimmy Morales dice que el migrante es su prioridad, pero no hay acciones”, dijo Walter Batres, presidente de la Red Migrante Guatemalteca. 

“Da lástima que los gobiernos de Centroamérica están mudos ante esta realidad que viven los migrantes, expresó, en tanto, el sacerdote Mauro Verzeletti, director de la Casa del Migrante. 

Pero una de las críticas más fuertes provino de la congresista demócrata de origen guatemalteco Norma Torres. 

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“La negativa del gobierno de Guatemala a defender a los niños es inexcusable. Su primera responsabilidad es proteger a sus ciudadanos, especialmente a sus hijos. Honduras y El Salvador se unieron contra la separación familiar. ¿A qué le teme este gobierno?”, tuiteó Torres. 

Primero escribió su mensaje al Gobierno en inglés, luego en español “para que quede claro” y por último ironizó: “¡se lo decimos en -idioma- quiché o a lo mejor en ruso!”.

Tardía respuesta

Fue hasta este mediodía cuando el Gobierno expresó en un comunicado que la política migratoria de “Tolerancia cero” implementada en las fronteras de Estados Unidos viola los derechos humanos y daña la unidad familiar.

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También pidió a Estados Unidos “reconsiderar sus políticas migratorias y buscar acciones que garanticen sus objetivos sin atropellar los derechos de los migrantes ni la unidad familiar”.   

Además, en el texto se asegura que los consulados se encuentran trabajando en dar asistencia a los connacionales que se encuentran en las fronteras. 

Durante la tarde, Jimmy Morales escribió en su Facebook: “Cuando una política, por necesaria que esta pretenda parecer, termina en la separación de la familia y en el dolor de tantos seres humanos, en especial de niños, no solo debe ser revisada, debe ser corregida lo mas pronto posible. Está en juego la nobleza y la grandeza de una nación”.

Unos dos mil 800 menores de edad que han llegado a EE. UU. desde octubre de 2017 han sido separados de sus padres al llegar a la frontera, según la cadena BBC, citando datos de las autoridades estadounidenses. De ellos, 465 son guatemaltecos.

Las medidas responden a la política de Donald Trump de “Tolerancia cero” en las fronteras, bajo la cual se comenzó a separar a los padres de los niños, una medida que ha sido catalogada como  “cruel e inhumana” por líderes mundiales. 

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El Departamento de Seguridad Interna (DHS) afirma que no tiene una política de separar familias, pero los casos se dispararon exponencialmente desde que el gobierno pasó a arrestar a los inmigrantes que cruzan de forma clandestina la frontera sur de ese país.

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A continuación algunos datos sobre la crisis.

Entre marzo y mayo de este año, más de 50 mil personas han sido arrestadas mensualmente por ingresar clandestinamente al país mediante la frontera con México. En un 15 por ciento de los casos se trata de familias, y un 8 por ciento son menores sin compañía de adultos.

Los ciudadanos mexicanos son devueltos a su país, pero se registra un creciente número de personas provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador, a quienes resulta más difícil sacar del territorio estadounidense.

Prácticamente todas las familias y los menores sin compañía de adultos solicitan asilo en el país alegando un temor verosímil de sufrir violencia en caso de que retornen a su país.

Hasta ahora, los demandantes de asilo registraban sus casos y eran liberados en Estados Unidos en espera de que estos fueran analizados.

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En la actualidad, existe un acumulado de 600 mil pedidos de asilo y muchas familias nunca se presentan para defender sus casos, optando por “diluirse” en la sociedad estadounidense.

Para el gobierno de Donald Trump, esta situación se convirtió en un “imán” para quien quiera ingresar a Estados Unidos.

Separación familiar como disuasión

Entre octubre de 2017 y abril de este año unos 700 niños fueron separados de sus padres y retenidos por semanas o enviados a centros de acogida antes de poder volver a reunirse con su familias, pero la medida no tuvo impacto en el número de nuevos inmigrantes.

Donald Trump ordenó medidas más rígidas y el 7 de mayo el fiscal general y secretario de Justicia, Jeff Sessions, anunció la política de “tolerancia cero”.

Según ella, toda persona que ingrese clandestinamente resulta detenida y se enfrenta a cargos criminales. Cuando se trata de familias, los niños son separados de los padres.
En apenas cinco semanas de aplicación de la “tolerancia cero”, el número de niños separados de sus padres aumentó a más de dos  mil 300.

¿Es una ley o una política?

Trump afirma que una ley que él heredó de gobiernos demócratas lo fuerza a separar familias de inmigrantes. Pero Sessions y otros funcionarios han hecho referencia a una “política” de procesar a los adultos por ingreso clandestino al país.
En realidad, nada obliga al gobierno a procesar inmigrantes que ingresan clandestinamente al país. Pero ello fuerza la separación de las familias

Esto es así porque cuando los padres son arrestados por cargos criminales, deben ser separados de los niños.

“Si cruzas nuestra frontera de forma ilegal, te vamos a procesar. Si contrabandeas un niño, te vamos a procesar y los niños serán separados tal como lo requiere la ley”, dijo Sessions.

¿Qué pasa con los niños?

Una vez separados de sus padres, los niños son entregados a la Oficina de Instalación de Refugiados (ORR, en inglés), del Departamento de Salud y Servicio Humanos.
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Estos menores tienen edades que van desde un año a los 18 y son retenidos en centros de acogida, donde duermen en colchones sobre el concreto en unidades delineadas por cercas metálicas que ofrecen al conjunto la impresión de una enorme jaula.

En la actualidad, el ORR tiene bajo su cuidado nada menos que casi 12 mil niños y menores de edad, siendo que unos 10 mil  ingresaron al país sin un adulto.

De acuerdo con el gobierno, el ORR trata de instalar a esos niños que llegaron sin la compañía de adultos junto a familiares que ya vivan en Estados Unidos, en un proceso que puede demorar varios meses.

El ORR afirma que también tratará de ubicar a esos jóvenes recientemente separados de sus padres.

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La grabación ha causado indignación entre los líderes promigrantes y grupos de derechos humanos, ya que en este se escucha el llanto aterrador de una grupo de niños inmigrantes mientras gritan “papi” o “mami”. 

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“Muchos de ellos lloran tan fuertes que pareciera que no pueden respirar y como si mami o papi fueran las únicas palabras que supieran decir”, revela la ONG. 

Se trata de un grupo de niños migrantes centroamericanos que fueron separados la semana pasada de sus padres por las autoridades fronterizas, que obedecen a una política migratoria estadounidense que ha causado indignación y protestas de varias entidades y organismos internacionales de justicia y de derechos humanos, que han tildado la medida como “demasiado cruel”. 

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En los gritos desesperados de los niños sobresale la voz grave de un agente de la Patrulla Fronteriza que se burla de ellos: “Bueno, parece que tenemos una orquesta aquí, sólo necesitamos un director”, revela el audio. 

(Tomado de You Tube/ProPublica)

Desde que la administración del presidente Donald Trump implementó el plan fronterizo “Tolerancia Cero”, unos dos mil 300 niños han sido separados de sus padres en la frontera desde abril último, según el reporte de ProPublica. 

Un momento difícil

ProPublica contó que, después de que la niña salvadoreña de 6 años recitara de memoria un número de teléfono, ellos lo marcaron y dieron con la tía de la menor. 

“Fue el momento más difícil de mi vida”, relató la familiar de la niña a la agencia. “Imágínese, recibir una llamada de su sobrina que le ruega que vaya a buscarla y que está sola”, agrega. 

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Cuenta que lo que más le dolió fue no poder hacer nada por su sobrina, a quien identificó como Alison Valencia, porque ella y su hija de 9 años también buscan asilo en Estados Unidos, pues salieron huyendo de El Salvador por miedo a las pandillas. 

 “Los pandilleros están en los autobuses, en los bancos, en las escuelas, en la policía. No hay ningún lugar donde los demás nos sintamos seguros”, relató a ProPublica. 

Dijo que su hermana y Alison salieron del El Salvador hace más de un mes y que les pagaron a los coyotes unos US$7 mil para que los llevaran hasta EE. UU; sin embargo, fueron capturados en la frontera y luego las separaron. 

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La persona que grabó el audio, que por seguridad se mantiene en anonimato y que lo entregó a una abogada de derechos civiles, dijo también que había quedado devastada por el clamor de los niños, que estimó tienen entre 4 y 10 años. 

Dijo que, aunque algunos agentes trataban de calmar a los menores con juguetes o bocadillos, “estos estaban inconsolables porque no tenían más de 24 horas de haber sido separados de sus padres”. 

Ola de críticas

Las nuevas medidas implementadas por Trump reflejadas en las imágenes de niños aterrorizados en las fronteras han levantado una serie de críticas y condenación generalizada, incluso desde los partidarios republicanos. 

Esas políticas “han unido tanto a conservadores religiosos como a activistas de derechos de los inmigrantes, que han dicho que la 'tolerancia cero' es igual a 'cero humanidad'. Además, demócratas y republicanos se han opuesto a los esfuerzos de aplicación de esa medidas en la administración Trump”, consigna ProPublica. 

Se defienden

Después de la ola de críticas e indignación por las medidas antimigratorias, el gobierno de Trump dice que sólo está aplicando leyes que ya existían, y el fiscal general, Jeff Sessions, incluso ha citado textos bíblicos para justificar esas acciones. 

“No podemos alentar a los padres de familia para que se vengan con sus niños si les damos inmunidad por cruzar la frontera en forma ilegal”, dijo Sessions en una conferencia. 

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Pero a criterio de los expertos, no existe ninguna ley que le permita al Gobierno separar a los niños de sus padres cuando son capturados en las fronteras sin documentos, y apuntan directamente a las políticas antimigratorias de Trump como responsables de establecer esas medidas. 

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