Quedan integradas pesquisidoras por antejuicios contra magistrados del TSE

Dos denuncias cuestionan los resultados de la segunda vuelta del 20 de agosto y la fugaz inscripción de Manuel Baldizón como candidato a diputado en las pasadas elecciones.

Douglas Cuevas

16 de abril de 2024

|

12:30h

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Los magistrados del TSE son señalados por aparentes anomalías en los resultados de la segunda vuelta. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL / Roberto López)

El pleno del Congreso de la República volvió este martes 16 de abril a tener en sus manos la inmunidad de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). El parlamento programó para la sesión para integrar las dos comisiones pesquisidoras para que evalúen los dos antejuicios.

La sesión, programada para las 14 horas, y la integración de las comisiones formaba parte de los puntos principales de la agenda. Justamente en el cuarto y quinto punto de la sesión plenaria.

Los magistrados electorales volvieron a enfrentar procesos de antejuicio después que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tramitó dos denuncias nuevas. Pero aunque existen acciones de amparo que cuestionan el trámite, el Congreso estaba obligado en conocer los expedientes e integrar las comisiones pesquisidoras.

El primer antejuicio va en contra de los cinco magistrados titulares del TSE, Blanca Alfaro, la actual presidenta, junto a Rafael Rojas, Irma Palencia, Mynor Franco y Gabriel Aguilera.  Los últimos cuatro no pueden ejercer su rol por una resolución de sala por estar sujetos a proceso penal dentro del caso Trep.

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El segundo antejuicio es en contra de los magistrados titulares Irma Palencia, Mynor Franco y el magistrado suplente Álvaro Cordón. Hasta ahora se tiene conocimiento que los magistrados Palencia y Cordón presentaron acciones de amparo cuestionando la tramitación del amparo.

Las comisiones

La primera comisión pesquisidora, contra los cinco magistrados titulares, tendrá como presidente y secretario a los diputados independientes, electos por Movimiento Semilla, Luis Cáceres y Román Castellanos, respectivamente. Como vocales están los diputados Mario Gálvez de la UNE, Rodrigo Pellecer de Comunidad Elefante y Mynor de la Rosa del bloque Vamos.

La segunda comisión, contra dos titulares y un suplente, quedó con el diputado Christian Joél Martínez, del bloque Vamos, como presidente; Luis Javier López, de la UNE, como secretario; mientras que los vocales son Nery Rodas de Cabal, Luis Ventura diputado independiente electo por Movimiento Semilla y Gerardín Díaz de Valor.

Los hechos

En la primera denuncia, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) cuestiona actas de la segunda vuelta electoral por dudar de los resultados finales. La candidata presidencial de la UNE, Sandra Torres, perdió frente a Bernardo Arévalo en las votaciones del 20 de agosto.

En la segunda denuncia se ataca a los magistrados que aceptaron la inscripción de Manuel Baldizón como candidato a diputado. Pese a que fue condenado por lavado de dinero en los Estados Unidos, dejando de lado algunos magistrados criterios de honorabilidad e idoneidad para su inscripción.

Baldizón duró pocos días como candidato para diputado porque el Pleno del TSE se retractó de su decisión y anuló la inscripción. Pero según el magistrado Cordón, este antejuicio no tiene razón de ser.

El funcionario explicó mediante documentos que presentó, junto a una acción de amparo a la Corte de Constitucionalidad (CC) e información que trasladó al Congreso, que esa denuncia ya fue conocida en 2023. Abocando el principio que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos.

La documentación del funcionario da cuenta que la anterior CSJ conoció la denuncia y la rechazó, pero los señalamientos por la inscripción de Manuel Baldizón se presentaron de manera física y digital, siendo la segunda denuncia la que se elevó de manera reciente a la CSJ donde ahora el Pleno decidió admitirla a trámite.

Según la Fiscalía, Coloma Alburez, presuntamente podría haber llevado a cabo actos arbitrarios y contrarios a la ley al resolver falta de mérito a favor del exministro de Gobernación, Napoleón Barrientos y ordenar su libertad.

En un comunicado la Fiscalía amplió que la acusación se basa en una resolución en la que Corte de Constitucionalidad, en fecha 18 de octubre de 2023, certificó lo pertinente al Ministerio Público (MP), indicando que Barrientos Girón incumplió y desobedeció lo determinado por dicha Corte.

“Según la Fiscalía, Coloma Alburez valiéndose de su cargo como jueza del órgano jurisdiccional en mención pudo haber realizado actos arbitrarios y contrarios a la ley al resolver falta de mérito a favor del señor David Napoleón Barrientos Girón, puesto que la Corte de Constitucionalidad con fecha 18 de octubre de 2023 certificó lo conducente al Ministerio Publico indicando que, Barrientos Girón incumplió y desobedeció lo determinado por la referida Corte al no acatar lo resuelto de manera íntegra, efectiva y sin excusas mediante acciones idóneas y pertinentes”, se lee en el comunicado del MP.

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En ese sentido, según el MP, la juez como funcionaria pública, al emitir falta de mérito a favor del señor Barrientos Girón, “se excedió y emitió una resolución violatoria a la ley”.

“En dicho caso, al emitir falta de mérito a favor del señor Barrientos Girón se extralimitó y emitió una resolución violatoria a la ley, ya que según lo establece el Código Procesal Penal, esta figura debe aplicarse siempre y cuando se cumplan o se den los presupuestos legales que infiere la norma”, agrega el comunicado.

“La Fiscalía considera que la jueza no emitió la resolución apegada a Derecho ni a las constancias procesales, no aplicó la ley en forma correcta, mucho menos la sana crítica razonada puesto que, la ley establece que, en la audiencia de primera declaración, el Ministerio Publico debe acreditar indicios racionales suficientes de criminalidad para creer que una persona pudo haber participado en la comisión de un hecho delictivo”, explica también el MP.

La fiscalía también asegura en el comunicado: “Así también la jueza indicó que no se presentaron medios de prueba suficientes para ligar a proceso penal a Barrientos Girón, a pesar de que en la primera declaración lo que la ley exige son medios de convicción o indicios”.

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Por esas razones, concluye que “la Fiscalía considera que el actuar de la jueza no fue apegado a Derecho y con ello limitó el ejercicio de la acción penal pública que por Imperativo constitucional le corresponde al MP”.

#ComunicadoDePrensa #MPfuerteYfirme
El Ministerio Público a la población guatemalteca informa: pic.twitter.com/gLHuYQG5H5

— MP de Guatemala (@MPguatemala) February 9, 2024

Captura de exministro Napoleón Barrientos

La situación legal del exministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, cobró relevancia al ser detenido a petición del Ministerio Público (MP) que lo acusa de no acatar una orden de la CC para desalojar a manifestantes que exigían la renuncia de la fiscal  general Consuelo Porras.

El martes 16 de enero, durante la audiencia de primera declaración en el Juzgado Duodécimo, la jueza Coloma Alburez, argumentó que el MP no sustentó adecuadamente su acusación, señalando que solo presentó indicios y no pruebas suficientes para ligar a Barrientos a un proceso penal por lo que lo benefició con falta de mérito.

La captura de Barrientos por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) el pasado 11 de enero se produjo en el contexto de su presunta desobediencia a la orden judicial para despejar bloqueos de rutas de octubre de 2023.

La detención ocurrió poco después de que la Fiscalía solicitara a la CC su destitución, argumentando que había omitido actos propios de su función al no cumplir con una resolución de la CC.

La renuncia de Barrientos al cargo de ministro de Gobernación se dio el 16 de octubre anterior en medio de la tensión social.

Las manifestaciones que exigían la salida de la fiscal Porras generaron cierres de carreteras en varias regiones del país, incluida la capital.

Previamente a su liberación, Barrientos cuestionó su detención, asegurando que siempre habían cumplido con las directrices de la CC desde el Ministerio de Gobernación, y manifestó su sorpresa por el cambio en la dirección del caso por parte del Ministerio Público.

Tras la aprehensión de Barrientos, el MP informó que el exministro “omitió actos propios de su función relacionados a cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico relativo al mantenimiento de la paz y el orden público, la seguridad de las personas y de sus bienes, la garantía de sus derechos, y en especial la ejecución de las órdenes y resoluciones judiciales al no cumplir con lo ordenado en resolución de fecha 16 de marzo del año 2023 emitida por la Corte de Constitucionalidad”.

En la resolución de marzo de 2023 a la que el MP hace mención, la CC otorgó un amparo a José Alejandro Córdova,  jefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), quien presentó el recurso contra el Presidente de la República de Guatemala, el Ministro de Gobernación y el Director General de la Policía Nacional Civil.

Córdóva señaló  “como acto reclamado la amenaza de que las autoridades denunciadas no garanticen la seguridad y la protección de las personas, libertad de acción, libertad de industria, comercio, trabajo, derecho a la educación, la libre locomoción de la población que se ve afectada por los diferentes bloqueos que realizan personas que hacen manifestaciones en la vía pública, derivado de que las autoridades cuestionadas, frente a las mencionadas manifestaciones, no han impedido el bloqueo de calles y carreteras, ni han velado por asegurar la libertad de locomoción y los demás derechos de las personas que no participan en las manifestaciones y que continuamente se ven afectadas por tales medidas, las cuales son contrarias al legítimo ejercicio del derecho de manifestación”.

Por su parte, Barrientos tras su captura, sostuvo: “Si hubiéramos actuado con violencia, hubiéramos podido incendiar el país en uno marco que hubiera sido tal vez imparable. Así es que la Policía fue muy prudente, las diferentes instancias del ministerio hicieron las recomendaciones pertinentes y nosotros creemos que actuamos correctamente”.

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Los diputados decidieron, por propuesta del oficialismo, que se incluyera también en la sesión de este miércoles la elección del director y subdirector de la Comisión Nacional de Atención al Migrante en Guatemala (Conamigua), proceso que está atrasado desde octubre.

Además, se incluyó la aprobación del proyecto de presupuesto 2024 en su primera lectura, a tres semanas de que venza el plazo constitucional para aprobar el gasto del Estado para el próximo año.

Como último punto de la agenda de este miércoles 15 de noviembre se incluyó la elección de Cortes. Para este último punto, la Corte de Constitucionalidad hace una semana ordenó al Organismo Legislativo que se renovará a las autoridades del Organismo Judicial, después de cuatro años y los diputados tienen como plazo fatal el próximo 15 de diciembre, bajo el apercibimiento de ser procesados por desacato.

Los diputados también decidieron convocar a sesión plenaria el próximo jueves 16 de noviembre y se acordó incluir en la agenda la elección de Cortes, como continuación del proceso y en caso de finalizar con el mandato constitucional, continuar con las interpelaciones a varios ministros.

Sin candidatos

Aunque el Congreso lleva cuatro años de retraso en la elección de la CSJ, los diputados siguen sin tener definido por quién van a votar.
Un tema que ahora incluso alcanzó a Movimiento Semilla, quien apenas la semana pasada dijo que ya tenía un análisis de sus candidatos.

Aparentes renuncias e incluso algunos fallecimientos han hecho que este bloque, a la presente fecha, no tengan por quien votar.
Bancadas como Compromiso Renovación y Orden (Creo), Bienestar Nacional (Bien) y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) se encuentran en la misma situación, sin tener candidatos, o al menos sin mencionarlos ante la opinión pública.

Víctor Guerra, jefe de bloque de la UNE dijo que ayer tendrían una reunión, pero que a su juicio todos los candidatos son elegibles, incluyendo a aquellos mencionados en investigaciones del MP.

“Todos los que están ahí son elegibles, imagínese que un diputado diga que alguien no tiene honorabilidad o no cumple los requisitos, siento que eso sería ir en contra de la misma persona”, dijo Guerra.

La CSJ que estaría siendo sustituida, ha sido cuestionada por la opinión pública por el sentido de sus resoluciones, pero muchos diputados prefieren no opinar sobre su trabajo, diciendo que será la historia quien hablará de su gestión.

Pero unos pocos que sí se atreven a analizar a la actual CSJ mantienen opiniones opuestas. Para el diputado Boris España, primer vicepresidente del Congreso y reelecto por Vamos, la gestión de la CSJ es de méritos, “la justicia permanece, se respeta la institucionalidad y la certeza jurídica está en Guatemala”.

Pero diputados como Samuel Pérez, de Movimiento Semilla, mantiene un punto de vista opuesto. “La CSJ ha sido muy complaciente con los ejercicios de impunidad y con los golpistas”, dijo el diputado.

El Congreso usará su ley interna para agilizar la elección, según las declaraciones España, quien dijo que se comenzará con la elección de los 13 magistrados de la CSJ y luego Cortes de Apelación.

Castillo Reyes será investigado por una denuncia que planteó en su contra Nimrod Israel Estévez González el 31 de julio de 2020. La Corte de Constitucionalidad (CC) abrió la puerta para esto porque le revocó un amparo que le había otorgado con anterioridad.

La denuncia está relacionada con el nombramiento de Ángela Marina Figueroa Molina, que de forma interina ocupó la jefatura de la  Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), después de la renuncia del titular Óscar Conde, que pasó a un viceministerio de Gobernación.

A finales de julio de 2020 la CSJ admitió para su trámite el antejuicio promovido por Estévez González en contra de Castillo Reyes y ordenó remitir las actuaciones al Congreso de la República.

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La presidenta: Andrea Villagrán

Andrea Beatriz Villagrán Antón nació en la Ciudad de Guatemala el 2 de enero de 1992. Licenciada en Ciencia Política por la Universidad Rafael Landívar.

Llegó al Congreso por el partido Bienestar Nacional (Bien) en las Elecciones Generales de 2019. En los pasados comicios logró su reelección con el Movimiento Semilla.

Como diputada ha sido integrante del Frente Parlamentario por la Transparencia y la Democracia y las comisiones legislativas de educación, ciencia y tecnología; cultura; transparencia y probidad; y la de relaciones exteriores.

El secretario: Napoleón Rojas

Carlos Napoléon Rojas Alarcón nació en la Ciudad de Guatemala el 4 de enero de 1991. Es un bachiller en computación egresado del colegio cristiano Verbo; con estudios de administración de empresas en ESI Guatemala, y el quinto semestre en la Universidad del Istmo.

Llegó al Congreso en 2016 por el distrito de Santa Rosa. Fue electo con el desaparecido partido Unión del Cambio Nacional (UCN), de Mario Estrada, que cumple una condena por narcotráfico en los Estados Unidos. Y en las pasadas elecciones logró su tercera reelección con el partido Vamos.

Fue asistente del Congreso en el renglón 022 en el 2013, y dos años antes fue su primera experiencia como candidato a diputado por Santa Rosa.

Rojas es hijo del militar retirado del mismo nombre, quien fue sindicado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de ser un colaborador del expresidente Alfonso Portillo para trasladar Q120 millones saqueados del Ministerio de la Defensa. 

Los vocales: Rudy Pereira, Julio César Longo y Rudy González

Rudy Berner Pereira Delgado nació en El Estor, Izabal, el 4 de enero de 1971. Es perito contador graduado de la Escuela de Comercio de Cobán, Alta Verapaz, distrito al que representa y ha sido diputado desde 2008 con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) primero, luego con el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

Fue presidente de Junta Directiva e integrante de las comisiones de previsión y seguridad social, y vivienda. Logró en las pasadas elecciones su reelección con el partido Nosotros, cuyo presidenciable fue Rudy Guzmán, yerno de Sandra Torres.

Guzmán está casado con Nadia de León, actual diputada del Parlamento Centroamericano y quien logró un escaño en el Congreso por la lista nacional.

Tiene estudios en administración de empresas en la Universidad Galileo. De 1999 a 2000 y de 2004 a 2008  fue coordinador del Fondo de Inversión Social (FIS).

Pereira Delgado fue inscrito por el TSE en 2019 por FCN Nación, en la casilla casilla 1, pese que había una investigación en su contra por los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad.

El congresista, junto con otros siete diputados de esa agrupación política, fueron señalados por el Ministerio Público (MP) de haber insultado en 2016 a Estela Ventura, gobernadora de Alta Verapaz, durante una citación.

La acusación revelaba que “la hicieron sentir indefensa por ser mujer”, y le gritaron “¡india estúpida! Así se ha hecho, así se hace y así se hará”, por lo que la gobernadora, quien salió llorando de la cita, decidió denunciarlos el 11 de abril del 2016, agregando que le dijeron que “no fuera tonta, las cosas se realizan de forma política y no democrática”.

Julio César Longo Maldonado nació en San Marcos el 17 de febrero de 1957, distrito al que representa. Es perito agrónomo. Desde el 2012 es legislador en el Congreso de Guatemala. Llegó por la Unidad Nacional de la Esperanza y también perteneció al Movimiento Reformador.

Conforme al sorteo, he sido elegida como Presidenta de la Comisión Pesquisidora que conocerá el antejuicio al Vicepresidente de la República de Guatemala.

Asumo está responsabilidad con objetividad, siendo respetuosa de la ley. pic.twitter.com/2dS2D0iJtD

— Andrea Villagrán (@AVillagran502) November 8, 2023

En esta legislatura representa al partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y no consiguió reelegirse.

Ha sido segundo secretario de la Junta Directiva y también subjefe de bancada. Ha integrado las comisiones legislativas de pequeña y mediana empresa, gobernación, agricultura, ganadería y pesca, cooperativismo y oenegés.

Rudy Wostbeli González Cardona nació el 1 de febrero de 1963 en San Marcos. Antes de ser diputado fue asesor de un subjefe de bancada del partido Visión con Valores y cobró poco más de 170 mil al año.

En 2020 llegó al Congreso por la misma agrupación política y en lista nacional. En las pasadas elecciones buscaba reelegirse por el partido Prosperidad Ciudadana, pero quedó fuera por la suspensión de esa organización que postulaba a Carlos Pineda como presidenciable.

El 2 de marzo del 2022 el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia le retiró la inmunidad para ser investigado por tráfico de influencias, cobro ilegal de comisiones y asociación ilícita.

La fiscalía contra la corrupción lo vinculó con el caso de su secretario, Elder Morales, detenido en flagrancia cuando cobraba una comisión a dos personas que habían sido contratadas en el Fondo Social de Solidaridad, adscrita al Ministerio de Comunicaciones, bajo el renglón 029. En ese lugar trabajaba su hija en el área de comunicación.

Desde que ocurrió esto el partido Viva quitó de la jefatura de bancada a González Cardona y nombró a Aníbal Rojas en su lugar.

Recientemente, diputados del Grupo Parlamentario de Oposición (GPO) informaron que el presidente Alejandro Giammattei y los ministros cultura, salud, educación, desarrollo social y comunicaciones plantearon antejuicios en su contra en los que los acusa de realizar citaciones ilegítimas, insultos y supuestamente exponer vida privada de los funcionarios.

“El objetivo del régimen es callar a la oposición derivado de los múltiples señalamientos de ineficiencia, corrupción, abuso de autoridad y uso de recursos públicos con fines políticos”, denunciaron los diputados afectados en un comunicado de prensa.

Esto ocurre a pocos meses de que se realice la convocatoria a elecciones 2023, en enero próximo, etapa en la que quienes aspiren a un cargo de elección popular podrán inscribirse como candidatos. Uno de los requisitos para participar es el que regula el artículo 113 de la Constitución, que establece que “los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez”.

En procesos electorales anteriores, este artículo ha dado lugar a múltiples interpretaciones y ha servido como fundamento para impugnar candidaturas de funcionarios que enfrentan denuncias.

Actualmente, múltiples antejuicios contra diputados que han sido críticos de la gestión del gobierno de turno se tramitan en los tribunales y algunos de ellos temen que sea una estrategia para vedar su eventual participación política el próximo año.

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Entre quienes suman más denuncias se encuentra el congresista Aldo Dávila, quien acumula 14 denuncias. Una de ella fue por una supuesta agresión a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y en noviembre de 2021 la Corte Suprema de Justicia le retiró la inmunidad, con lo cual dio vía libre al Ministerio Público para que lo investigue y eventualmente abra un proceso judicial en su contra.

“Definitivamente hay actores que me quieren coartar la libertad de participación, pero lo que no saben es que en este momento no he definido si participo o no”, dice Dávila al respecto.

“Soy una piedra incómoda en el gobierno de Alejandro Giammattei por decir las verdades. En este momento lo que se trata es de perseguir a la oposición, a los que decimos la verdad, a los que denunciamos y fiscalizamos. Es una persecución política para bloquearnos la participación en el próximo proceso electoral”, insiste el diputado.

Otro caso es el de la jefa de la bancada Semilla, Ligia Hernández, contra quien la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP) planteó una solicitud de antejuicio por supuestamente incurrir en abuso de autoridad al intentar citar a funcionarios de esa institución, entre quienes se encontraba el actual jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche.

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“Para mí es evidente que se trata de una persecución en contra de los opositores de este régimen de corrupción.  Afirmo esto pues la denuncia espuria que se presentó en mi contra surge por el rol que hemos tenido como oposición en el congreso”, dice Hernández

Agrega que hay una intención de afectar su participación política electoral y de “minar la función de fiscalización, no solo de la Bancada Semilla, sino de todos los diputados. Es por ello por lo que es espuria y política, como hemos declarado y quedará demostrado”, dijo.

En una situación similar se encuentra la diputada Evelyn Morataya, quien recientemente tuvo conocimiento que se presentó una denuncia anónima en su contra en el MP por abuso de autoridad y cohecho pasivo. En ella se expone que la diputada documenta sus fiscalizaciones y publica en redes sociales imágenes de viviendas y oficinas de ciudadanos.

“Yo me he dedicado a fiscalizar desde que asumí mi cargo como diputada y fiscalicé los recursos que aprobamos desde la pandemia. Sigo fiscalizado y lo voy a seguir haciendo. No sabría decir si hay una estrategia detrás de ello. Lo que creo es que somos muy poquitos los diputados y diputadas que fiscalizamos los recursos que aprobamos desde el Congreso y que consideramos que población debe estar al tanto de qué se hace con tanto dinero”, comenta Morataya.

Esta semana, también el diputado Cristian Álvarez se apersonó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para defenderse de un antejuicio interpuesto por Ángel Guillermo González Ruano. El denunciante alega que una persona que trabaja en la bancada cometió delitos y él no le controló.

Otros antejuicios no avanzan

En el plano opuesto se encuentran antejuicios planteados contra diputados afines o cercanos al oficialismo. Entre estos está el promovido contra el congresista Boris España, vinculado al caso Subordinación de Poderes e incluido en la lista de actores antidemocráticos y corruptos de Estados Unidos conocida como “Lista Engel”.

La decisión de impedir la investigación contra España fue refrendada en mayo por la Corte de Constitucionalidad al denegar el amparo solicitado por el MP con el que se buscaba reactivar el proceso para retirarle la inmunidad al diputado.

También está el caso del diputado Jorge García Silva cuya esposa e hijo fueron capturados por asociación ilícita y lavado de dinero en un caso de corrupción en el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología en noviembre de 2021. El MP demoró tres meses en interponer el antejuicio contra Silva y no fue hasta que la jueza contralora del proceso ordenara agilizar la investigación.

De igual forma fue rechazado el antejuicio contra el diputado Felipe Alejos, vinculado al Caso Traficantes de Influencias por los delitos de asociación ilícita y cohecho activo. Pese a impugnaciones en la Corte de Constitucionalidad, el MP no pudo investigar al congresista.

Igualdad de criterio

María José López, analista política de Guatemala Visible, explica que los conceptos de capacidad, idoneidad y honradez que solicita la Constitución en su artículo 113 para optar a un cargo público pueden ser sujetos a diversas interpretaciones.

En ese sentido, para evitar arbitrariedades, es importante que el TSE aplique el mismo criterio para todos los partidos políticos, dice.

“Lo que hemos visto anteriormente es mucha incertidumbre a la hora de aplicar el criterio de la idoneidad porque se le aplican ciertos criterios a candidatos que tienen procesos abiertos y otros distintos a quienes están en las mismas condiciones. Por eso lo importante es la igualdad”, dice la entrevistada.

A criterio del ente investigador, Neto Bran incurrió en un delito cuando obvió pasos administrativos para la contratación de Rolando Moisés Pérez, sujeto que fue condenado a 12 años de prisión.  

El Tribunal Decimo de Sentencia le encontró culpable de los cargos de obstaculización a la acción penal, uso de documentos falsificados y usurpación de calidad.

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Pérez estaba detrás de una cuenta de “netcenter” desde la cual se amenazó de muerte a un integrante de la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), asimismo se emitían mensajes de intimidación contra otros operadores de justicia.

El hombre fue relacionado por los investigadores como colaborador del alcalde Neto Bran en la campaña política de 2019, en donde por sus servicios, según la tesis de los investigadores, el alcalde buscó darle una plaza laboral dentro dela comuna.

Para ello el jefe edil habría buscado darle un contrato por Q20 mil mensuales, según explica la apelación en la parte de antecedentes.

Al momento de hacer esta gestión Bran habría evadido procesos administrativos en la contratación, considerando para los agentes fiscales la comisión del delito de abuso de autoridad.

Pero los magistrados de la Sala Primera de Apelaciones, quienes conocieron la denuncia contra el alcalde, resolvieron que no existía mayor vínculo entre el político y el netcentero.

El MP presentó una acción de amparo que no obtuvo un fallo provisional y con la apelación pretendían revertir la resolución para investigar a Neto Bran, pero el criterio de la CC fue similar al de la Sala al no encontrar indicios sólidos que ameriten una indagación contra el alcalde.

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Carlos Ruano, juez y vicepresidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, indicó que no les sorprende que hubiera denuncias e inconformidad con las decisiones judiciales, porque según él, “siempre hay personas que no salen contentas por las decisiones de los jueces”.

Señaló que les preocupa que se busque “venganza” y se “criminalice” y se busque apartar a los jueces de los procesos que conocen con el fin de procurar impunidad.

Dijo que “como lo dicen públicamente ciertos actores” que no descasarán hasta ver a determinados funcionarios judiciales en la cárcel y “entonces dónde está la garantía de inamovilidad del cargo, de protección a la independencia judicial, al funcionario que hace bien su trabajo, ¿Quién lo protege ante esas denuncias?”.

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Dijo que continuará el respaldo a jueces y juezas que con su trabajo han demostrado ser independientes, que es la principal responsabilidad que tienen los juzgadores.

Afirmó que no deben depender de nadie al momento de hacer su trabajo y eso incomoda a “ciertas personas”, cuando hay un juez independiente que no cede a las presiones, por lo que desde la Asociación les corresponde apoyarse y respaldar a los jueces que demuestran que se puede administrar justicia.

Indicó que los ataque a los jueces son retrocesos en el sistema y se afecta a la democracia al no haber protección para la independencia judicial.

Manifestó que si el juez que hace bien su trabajo es apartado, criminalizado y perseguido, dónde queda la ciudadanía, ya que no habrá jueces imparciales.

¿Qué dijo Aifán?

La jueza Aifán indicó que tres integrantes de la junta directiva de la entidad que la denuncia son lo que conocen y tendrán que resolver si le retiran o no la inmunidad.

Dijo que han cuestionado también la imparcialidad de algunos magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) porque el Ministerio Público los ha señalado como posibles sindicados dentro del proceso que subyace a la denuncia.

Añadió que la CSJ en el acta del pleno 49-2021 señaló que tiene asuntos de mutuo interés con el Instituto de Magistrados.

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“Mi denunciante y mi juzgador en este caso tienen asuntos de mutuo interés”, manifestó.

Según Aifán, la magistrada Silvia Valdés ha entregado fondos del Organismo Judicial al Instituto de Magistrados que es una entidad privada y según una constancia, les ha entregado Q20 mil, “entonces hay una relación económica entre mis denunciantes y quien integra resolver en este caso si me retiran la inmunidad o no”.

Señaló que ve “graves conflictos de interés”; además, ni la Corte ni el magistrado pesquisidor han querido dar trámite a las recusaciones.

En la próxima audiencia del miércoles 9 de marzo espera avanzar en la presentación de sus argumentos y establecer si el magistrado pesquisidor a realizado algún otro elemento de investigación.

Afián dijo que se han incrementado los ataques en su contra, tanto en las redes sociales, las vigilancias, seguimientos y grabaciones.

También mencionó las denuncias y antejuicios que han promovido en su contra y que han notado incremento en “todas estas acciones de amenazas, hostigamientos e intimidaciones  y el incumplimiento de las medidas cautelares que le han sido otorgadas”. Dijo que la CSJ no ha hecho ningún cambio en su esquema de seguridad.

Judge Ericka Aifán is a hero. She is being persecuted in retaliation for her work combating corruption in #Guatemala . 7 of the 13 Supreme Court judges deciding her case have been implicated in corruption cases she judged. I am proud to stand with her. #YoApoyoALaJuezaAifan pic.twitter.com/lir1SzUnwA

— Kerry Kennedy (@KerryKennedyRFK) March 4, 2022

La presidenta del Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy de Estados Unidos, Kerry Kennedy, expresó su apoyo este viernes en Guatemala a la jueza local de alto riesgo Érika Aifán Dávila, quien enfrenta un proceso legal para retirarle su inmunidad, informó EFE.

Indicó que el caso de la jueza Aifán es como representativo de la persecución contra operadores de justicia independientes y que han luchado contra la corrupción.

Dijo que les preocupa “muchísimo” esta persecución contra jueces, fiscales y otros operadores de justicia.

Afirmó que en el caso de Aifán es evidente el conflicto de interés que existe.

Kennedy, abogada y activista, se encuentra en Guatemala y acompañó a Aifán en la Torre de Tribunales de la ciudad de Guatemala antes de ingresar a la corte donde se determinará si se le remueve o no su inmunidad como jueza.

“Estamos aquí porque una de las mejores jueces de este país está siendo falsamente acusada, y está siendo perseguida con revanchismo por su trabajo en combatir la corrupción”, explicó a periodistas la presidenta de la organización no gubernamental estadounidense.

Aifán Dávila, ampliamente reconocida a nivel internacional por su labor, tiene a su cargo el Juzgado de Alto Riesgo “D” del Organismo Judicial guatemalteco, añadió EFE.

#AHORA | La jueza de Mayor Riesgo, Erika Aifán, este viernes empezó a exponer su defensa ante el pesquisidor Roaldo Chávez en una sesión de seis horas. Al salir de la reunión Aifán aclaró "no hemos terminado" y explicó que continúa el miércoles próximo.

Foto: Carlos Hernández pic.twitter.com/WANZSdwnjI

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) March 4, 2022

Ratificaron petición

El 25 de febrero recién pasado, integrantes del Instituto de Magistrados del Organismo Judicial acudieron a la Sala Segunda de Apelaciones para ratificar una petición de retirar la inmunidad de la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán.

Los magistrados, quienes fueron señalados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), la denunciaron por haber autorizado diligencias de investigación en el caso Comisiones Paralelas 2020.

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El caso Comisiones Paralelas 2020 surgió cuando la Feci reveló la existencia de una supuesta red de tráfico de influencias para las designaciones de las comisiones de postulación para la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y cortes de Apelaciones.

Los argumentos de la juzgadora se basan en que el 24 de junio del 2019 ella ordenó una investigación contra José Curruchiche y Pedro Hernández González, agentes de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

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Las acciones que motivaron la decisión de Aifán fueron que los dos investigadores no presentaron un acto conclusivo, con lo que a su criterio se podría buscar favorecer a implicados en un caso de corrupción.

Ahora, al momento que la juzgadora analizó los dos antejuicios que le presentó el Ministerio Público (MP) se percató que los agentes fiscales a cargo son los mismos que ella ordenó investigar, por lo que estima existe un “evidente conflicto de intereses”.

Curruchiche asumió la jefatura de la Feci tras la destitución de Juan Francisco Sandoval, quien ha indicado que desde que asumió la unidad “ya no existen investigaciones sesgadas o con fines ideológicos”.

Mientras el agente fiscal Hernández González es relacionado con la propia fiscal general, quien sería su madrina.

Los antejuicios

El pasado 13 de enero la Feci señaló a Aifán de los cargos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes por el Caso Comisiones Paralelas 2020, por haber emitido resoluciones pese a que el caso no había sido remitido, presuntamente, a un juzgado de alto impacto.

La segunda denuncia se presenta el 18 de enero por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y prevaricato; la tesis de los fiscales apunta que Aifán tomó decisiones que le competen exclusivamente a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La jueza supuestamente conexó un expediente que detalla señalamientos contra el periodista Juan Luis Font, vinculado un proceso que estaba en un juzgado ordinario con la pieza judicial a su cargo en el juzgado de mayor riesgo grupo “D”.

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Pero el primer obstáculo que enfrentan estas diligencias de antejuicio es que las autoridades del órgano encargado de tramitarlas son quienes han sido denunciadas. Por eso es necesario que los ocho magistrados se aparten del caso y el Pleno de la CSJ se constituya con suplentes, según juristas consultados.

Aunque esa alternativa también despierta algunas dudas. La Ley Orgánica del OJ explica que si un magistrado titular de la CSJ se inhibe de un caso será sustituido por un suplente, dígase los presidentes de las Cortes de Apelación, y de ser necesarios más suplentes se acudiría a convocar a los magistrados vocales de las salas cercanas al perímetro de la ciudad.

Los antecedentes de las actuales Cortes de Apelación tampoco transmiten confianza a algunos abogados. Reportes de la Feci dan cuenta que magistrados de la Sala Segunda y Cuarta Penal figuran en la lista de personalidades que se reunió con Gustavo Alejos, una de las personas en quien gira la investigación del Caso Comisiones Paralelas 2020.

También pesan resoluciones judiciales recientes que favorecieron a exfuncionarios que fueron sentenciados por investigaciones de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Por ejemplo Gustavo Mendizabal, exmagistrado de CSJ, cumplirá cuatro de seis años de prisión que había recibido como condena, así mismo Pedro Muadi, expresidente del Congreso, tiene que cumplir ocho años de cárcel de los 30 que un tribunal dictó en su momento.

Los magistrados titulares de la CSJ que habrían manipulado la nómina de candidatos para las Cortes de Apelación y que han sido denunciados son: Silvia Patricia Valdés, Felipe Baquiax, Silvia García, Vitalina Orellana, Nery Medina, José Pineda Barales, Sergio Pineda y Manuel Duarte.

Asimismo, Ranulfo Rafael Rojas, actual presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y Nester Vásquez, quien recién asumió como magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC). Ambos formaron parte del pleno de la CSJ cuando se trabajó en la nómina de candidatos para las salas de Apelaciones y, según la Feci, habrían participado en la manipulación de los resultados.

Actualmente la mayoría de las denuncias ya fueron elevadas a la CSJ, a la espera que la Cámara de Amparo y Antejuicios proponga sean incluidos para una próxima discusión de Pleno del OJ.

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Piden excusas

Quienes se deben de apartar de conocer los antejuicios no son únicamente los ocho magistrados titulares que están siendo denunciados, a criterio de Álvaro Montenegro, de Alianza por las Reformas, los magistrados de sala con algún antecedente sospechoso también se tienen que apartar del proceso.

“Es preocupante el estado de la justicia en estos momentos porque desde las cúpulas, tanto de la CSJ como de la CC, se dan mensajes de favorecer a ciertas redes de impunidad. Desde ahí vemos que es fácil que las Salas de Apelaciones se plieguen a estas posturas que van en línea muy clara de favorecer y perjudicar a sectores independientes, es difícil, pero aun así la demanda ciudadana es que cumplan su deber”, resaltó.

Por su parte Edgar Ortiz, analista de Fundación Libertad y Desarrollo, coincide en ese punto. “Caemos al factor de que hay algunos magistrados de sala que también han sido señalados, que han sido cuestionados por dictar resoluciones expresas a favor de ciertos personajes, entonces lo esperable es que también se vayan inhibiendo los magistrados de Salas de Apelaciones que tienen, por lo menos, cuestionamientos en el marco de la investigación”.

Guerra judicial

Aunque comparte el mismo criterio, que los magistrados denunciados se deben inhibir de conocer sus propios antejuicios, Alfredo Siekavizza, constitucionalista, considera que todas estas denuncias forman parte de una estrategia judicial para hacerse con el control de uno de los poderes de Estado.

“Idealmente lo que deberíamos ver es que los magistrados que están siendo objeto de retiro de antejuicio deberían de excusarse de conocer sus propios casos, para no caer en lo que hemos visto con la CC de los denominados auto amparos. Lo que estamos viendo ahorita, naturalmente, es la guerra jurídica entre dos grupos que están peleando por el poder”, señaló.

Mientras tanto Francisco Quezada, investigador del Centro de Estudios Economicos Nacionales (Cien), asegura que lo primordial es enviar esos expedientes al Congreso, sin repetir precedentes negativos que se vieron en la pasada CC.

“Muchas veces se exige que la CSJ saque de circulación un trámite de antejuicio, quienes se vieron favorecidos lo aplauden o a veces la CSJ lo traslada y quienes se vieron perjudicados la critican, eso se debe a la falta de certeza que generó la CC en diferentes épocas, la CSJ no puede conocer antejuicios de facto que no le competen, le competen en este caso al Congreso, para bien o para mal”, indicó.

Las opciones para suplentes

Sala Primera Penal: Este órgano judicial desempeñó un papel clave para que el juez Mynor Moto, actual prófugo de la justicia, pudiera ser juramentado como magistrado constitucional. La sala otorgó un amparo provisional en donde se ordenó al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) oficiarlo como ganador. Moto iba  a sustituir al fallecido Bonerje Mejía.

• Fredyn Ferández, Presidente.
• Aura Marina Mancilla, Vocal I.
• Carlos Rodríguez Meza, Vocal II.

Sala Segunda Penal: En marzo de 2020 esta sala resolvió reducir la sentencia condenatoria de Gustavo Mendizabal, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El exmagistrado había recibido una condena de seis años de prisión inconmutables por haber influenciado a favor de Roxana Baldetti, para que en el año 2014 obtuviera un amparo que le permitió dirigir al extinto Partido Patriota. La sentencia se redujo a cuatro años de prisión conmutables. La misma sala también fue la encargada de reducir la sentencia condenatoria al expresidente del Congreso, Pedro Muadi, que fue encontrado culpable en el Caso de las Plazas Fantasma del Congreso. El exlegislador deberá de cumplir ocho años de prisión y ya no los 30 años que había recibido.

• Gustavo Dubón Gálvez, Presidente.
• Roaldo Isaías Chávez, Vocal I.
• Eduardo Galván Casasola, Vocal II.

Sala Tercera Penal: Tribunal que rechazó la solicitud de antejuicio promovida por Feci y la extinta Cicig en contra del fallecido Álvaro Arzú, expresidente y exalcalde capitalino, que fue señalado en las negociaciones  presuntamente ilícitas de Byron Lima Oliva.

• Jaime González Dávila, Presidente.
• Beyla Estrada Barrientos, Vocal I.
• Zonia de la Paz Santizo, Vocal II.

Sala Cuarta Penal: En esta sala penal se encuentra  el magistrado Jorge Antonio Valladares, quien a su vez fue el juez pesquisidor en el proceso de antejuicio que promovió la Feci contra el diputado Felipe Alejos. Los agentes investigadores solicitaban el retiro de inmunidad a Alejos para profundizar en las sospechas del Caso Traficantes de Influencias, pero la recomendación del pesquisidor a la CSJ fue que no había  sospechas suficientes para recomendar el retiro de la inmunidad. Valladares recientemente también  recomendó no retirar la inmunidad al magistrado de Sala, Romeo Monterrosa, denunciado en el Caso Comisiones Paralelas 2020.

• Néctor de León Ramírez, Presidente.
• Jorge Antonio Valladares, Vocal I.
• Eliza Victoria Pellecer, Vocal II.

Sala Primera de Mayor Riesgo: Este órgano judicial se encuentra encabezado por la magistrada Anabella Cardona, expresidenta del Tribunal Séptimo de Sentencia y de la Asociación de Jueces y Magistrados. Cardona cuestionó en todo momento el trabajo de la desaparecida Cicig cuando la dependencia de Naciones Unidas promovía solicitudes de antejuicio contra jueces y magistrados.

• Anabella Cardona, Presidente.
• Mynor Oxom Paredes, Vocal I.
• Marvin Reyes Lee, Vocal II.

Sala Segunda  de Mayor Riesgo: Según investigaciones de Feci el presidente de la sala, Harold Ortiz, figura entre las autoridades judiciales que visitó a Gustavo Alejos, implicado en el Caso Comisiones Paralelas 2020.  Esta misma sala, pero integrada con suplentes, beneficio al exdiputado Armando Escriba anulando el proceso en su contra dentro del Caso Construcción y Corrupción.

• Harold Ortiz Pérez, Presidente.
• Edwin Roberto Ruano, Vocal I.
• Santos Sajbochol, Vocal II.

Sala Primera de Femicidio: En esta sala era integrante la actual magistrada Constitucional, Dina Ochoa, y el actual vocal, Henry Elías, promovió señalamientos contra el Procurador de los Derechos Humanos a lo interno del Congreso de la República. Actualmente diputados de la Comisión de Derechos Humanos del Legislativo analizan el documento que busca una eventual destitución a Rodas.

• Noé Ventura Loyo, Presidente.
• Henry Elías Wilson, Vocal I.

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La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) había promovido la acción contra el legislador de Santa Rosa por tráfico de influencias, pero la CSJ dijo no.

Según la Feci, Castillo fue parte de la organización integrada por Jorge Villavicencio, exministro de Salud, fallecido por covid-19; su hija Cándida Villavicencio y el excandidato presidencial Luis Fernando Pérez que obtuvo dinero a través de comisiones ilícitas para construcción y remozamiento de centros sanitarios, compra de bienes y servicios y la contratación de 450 plazas.

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Los seis magistrados son finalistas en la elección de cortes que aguarda en el Congreso, a pesar de que la Corte de Constitucionalidad (CC) le ordenó en mayo a ese organismo hacer la elección mediante requisitos constitucionales de honorabilidad, idoneidad y capacidad.

Según el Ministerio Público (MP), los seis magistrados tuvieron contacto con el operador político y financista Gustavo Alejos, preso por casos de corrupción, durante la fase de postulación de candidatos.

Se trata de Estuardo Castellanos, María Eugenia Castellanos, Óscar Cruz Oliva, Geisler Pérez Domínguez, Alejandro Córdova y Luis Mauricio Corado.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) documentó reuniones de jueces, magistrados, diputados y abogados candidatos a magistrados judiciales con Alejos, exsecretario privado de la Presidencia entre 2008 y 2012, durante febrero y sostiene que esos encuentros fueron para negociar las listas de aspirantes a las cortes.

Esos encuentros fueron en un anexo de un hospital privado de la zona 2 capitalina, donde Alejos estuvo por supuestos quebrantos de salud, pero se convirtió en su oficina para las reuniones. Luego de que el MP hiciera público esos encuentros, Alejos fue retornados a la cárcel de Matamoros, donde siguió teniendo contactos con aquellas personas.

Así fue la audiencia donde el juez Pablo Xitumul y el inspector Cuxaj confrontaron sus versiones

La autoridad impugnada es la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que el 26 de junio pasado dio trámite a la petición del Ministerio Público (MP) contra Xitumul.

El amparo, solicitado por Xitumul a principios de julio, fue firmado el 7 de noviembre por los magistrados titulares de la CC, Bonerge Mejía, Gloria Porras, José Francisco de Mata, Neftaly Aldana y Dina Ochoa.

El juez buscó el amparo porque a su consideración la CSJ actuó de forma “notoriamente ilegal” al dar trámite al antejuicio en su contra solo basada en la denuncia de José Lindo Cuxaj, agente de la Policía Nacional Civil (PNC).

El caso se centra a la supuesta agresión que fue víctima el juez el 2 de febrero pasado en el kilómetro 20 de la ruta a San Juan Sacatepéquez, cerca de su vivienda.

Según el expediente, el inspector José Lindo Cuxaj Ajpop agredió a Xitumul de Paz cuando se opuso a la revisión de su vehículo durante un operativo. El expediente señala que el juez le pidió al policía que “no fuera abusivo”. El juez pesquisidor es Eduardo Gálvez Casasola, vocal II de la Sala Segunda de Apelaciones Penal.

Cuxaj fue detenido y quedó procesado por abuso de autoridad en el Juzgado de Turno Mixco.

Xitumul es el presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C. En octubre de 2018 condenó a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti a 15 años y medio por el fraude en el Lago de Amatitlán, en mayo de 2018 sentenció a cinco militares por el caso Molina Theissen y en mayo de 2013 condenó por genocidio al exjefe de Estado golpista Efraín Ríos Montt.

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La votación fue 9-3, con votos disidentes de María Eugenia Morales, Silvia García y Delia Dávila, informó Mario Siekavizza, portavoz del organismo.

La Corte de Constitucionalidad (CC) había resuelto el 16 de mayo una apelación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) contra lo actuado por la Corte Suprema, que resolvió que no había nada serio contra Alejos para que le fuera retirado el antejuicio y fuera investigado.

La Feci y la Cicig señalaron que en la resolución reclamada se advertía que la Corte Suprema se extralimitó en el ejercicio de sus facultades, debido a que no se circunscribió a declarar la existencia o no de hechos que puedan ser tipificados como delito, que era lo que le competía hacer, conforme a la ley y atendiendo al estado de las citadas diligencias.

“Se estableció que incurrió en exceso porque emitió juicios de valor con relación a los elementos de convicción aportados, lo cual constituye función propia de los tribunales competentes, que efectuarán en su momento procesal oportuno”, refiere el fallo de la CC.

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El caso

El MP y la Cicig presentaron el antejuicio en contra de Alejos el 25 de enero del 2018. La CSJ lo aceptó para su trámite el 25 de abril y fue ratificado el 17 de agosto. No obstante, el diputado se había resistido a comparecer ante el juez pesquisidor.

El MP señaló al diputado de Todos en el caso Traficantes de Influencias, una red que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para agilizar los trámites de expedientes de devolución de crédito fiscal a cambio de comisiones ilícitas.

Según la investigación, Alejos era uno de los intermediarios de la estructura y su función era captar clientes, es decir, empresas que estuvieran dispuestas a pagar por el trámite irregular de devolución de crédito fiscal.

Sin embargo, el 21 de noviembre de 2018, por unanimidad, la CSJ rechazó la solicitud de retiro de inmunidad contra Alejos, algo que ya venía sugerido en el informe que mandó Jorge Valladares, juez pesquisidor, al término de un proceso donde el congresista intentó en 15 ocasiones separar al juzgador de ese caso. Incluso fue multado por recusaciones malintencionadas y frívolas.

La decisión de la CSJ fue unánime, en una jornada en la que los magistrados de la CSJ sostuvieron una reunión con diputados y donde se acordó un incremento de Q600 millones al presupuesto del Organismo Judicial para el 2019.

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La Feci y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) señalaron que la resolución reclamada, se advertía que la Corte Suprema de Justicia, al emitirla, se extralimitó en el ejercicio de sus facultades, debido a que no se circunscribió a declarar la existencia o no de hechos que puedan ser tipificados como delito, que era lo que le competía hacer conforme a la preceptuado en la ley rectora del acto y atendiendo al estado de las citadas diligencias.

“Se estableció que incurrió en exceso porque emitió juicios de valor con relación a los elementos de convicción aportados, lo cual constituye función propia de los tribunales competentes, que efectuarán en su momento procesal oportuno”, refiere el fallo.

Por lo que la CC estimó que concurrían las circunstancias necesarias para otorgar amparo provisional y, como consecuencia de ello, dejó en suspenso definitivo la resolución señalada como reclamada.

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“Para los efectos positivos de la protección otorgada se ordenó a la Corte Suprema de Justicia que, en el plazo de cinco días, emita nueva resolución en la que se pronuncie sobre las diligencias de antejuicio relacionadas, fundamentando debidamente su decisión, de acuerdo con lo establecido en la ley aplicable” señaló el amparo otorgado.

Se trató de tener una versión del diputado Alejos, sin embargo la encargada de comunicación del partido dijo que aún no había una postura al respecto.

El caso

El MP y la Cicig presentaron el antejuicio en contra de Alejos el 25 de enero del 2018. La CSJ lo aceptó para su trámite el 25 de abril y fue ratificado el 17 de agosto. No obstante, el diputado se había resistido a comparecer ante el juez pesquisidor.

El MP señaló al diputado de Todos en el caso Traficantes de Influencias, una red que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para agilizar los trámites de expedientes de devolución de crédito fiscal a cambio de comisiones ilícitas.

Según la investigación, Alejos era uno de los intermediarios de la estructura y su función era captar clientes, es decir, empresas que estuvieran dispuestas a pagar por el trámite irregular de devolución de crédito fiscal.

Rechazan diligencias

El 21 de noviembre de 2018, por unanimidad, la CSJ rechazó la solicitud de retiro de inmunidad contra Alejos, algo que ya venía sugerido en el informe que mandó Jorge Valladares, juez pesquisidor, al término de un proceso donde el congresista intentó en 15 ocasiones separar al juzgador de ese caso. Incluso fue multado por recusaciones malintencionadas y frívolas.

La decisión de la CSJ fue unánime, en una jornada en la que los magistrados de la CSJ sostuvieron una reunión con diputados y donde se acordó un incremento de Q600 millones al presupuesto del Organismo Judicial para el 2019.

El legislador se había ausentado a citaciones de la Sala en cuatro oportunidades. Finalmente presentó sus pruebas de descargo por escrito, a pesar de ser citado bajo apercibimiento.

Aunque Alejos no se pronunció en varias ocasiones fue cuestionado respecto al proceso penal y los señalamientos del MP y la Cicig en su contra; siempre respondió que había un interés político atrás de la acusación.

Alejos dijo: “No voy litigar en los medios de comunicación como lo ha hecho Thelma Aldana -exfiscal General- e Iván Velásquez -director de la Cicig- para buscar una condena mediática a falta de pruebas. Estoy ejerciendo mi derecho de la legítima defensa, consagrado como una garantía constitucional”.

“He ejercitado mi derecho de defensa porque el proceso está viciado, manipulado y politizado. Todo esto se trata de un antejuicio político y espurio interpuesto por la ahora candidata a la presidencia, Thelma Aldana,  quien aún maneja una estructura politizada dentro del MP”, señaló en su momento.

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González asegura que esto pone en evidencia la forma en que agentes externos con capitales lícitos e ilícitos han cooptado el poder político y judicial del país y lo utilizan para el nombramiento de personas con las cuales jueces y magistrados previamente se aseguran la consecución de sus fines, lo que se traduce en impunidad.

“Lo único que buscan es proteger sus intereses, con lo cual el Estado se convierte en un agente protector de estos grupos de poder y no de la población, que es su función primaria”, afirma.

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), por esta razón, pidió el retiro de la inmunidad a los diputados Estuardo Galdámez, quien también es candidato presidencial del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación); Juan José Porras, Haroldo Quej, Boris España, Gustavo Arnoldo Medrano, Mirma Figueroa de Coro y Marco Antonio Orozco, así como del actual ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela.

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Entre los delitos que se señalan en su contra están cohecho pasivo, lavado de dinero y violación a la Constitución.

De acuerdo con el MP, las dádivas que fueron entregadas a al menos a 64 diputados fueron de Q50 mil bimensuales, dinero que era entregado en efectivo en maletas entregadas por “los brochas” o “jefes de líneas” que estaban a la orden de la vicepresidenta Roxana Baldetti, quien era la que coordinaba la supeditación del Legislativo al Ejecutivo.

Estos pagos también eran efectuados a los diputados del Congreso de la República, a los cuales se referían con el nombre de “champurradas”. Esta forma de operar se dio desde que se inició la legislatura 2012-2016, lo cual permitió aprobar varios paquetes de leyes, según informó el MP.

Según la acusación, estos sobornos supeditaron el poder Legislativo al Ejecutivo y, además, incidieron en el nombramiento de funcionarios en instituciones claves como la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría General de Cuentas de la Nación.

“Vivimos en un sistema corrupto”

Según Alejandro Rodríguez, coordinador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales en Guatemala (ICCPG), siempre hemos vivido bajo un sistema corrupto de nombramientos de magistrados muy politizado el cual tiene que cambiar, porque se están creando estructuras de corrupción judicial que parte del tráfico de influencias y que tiene como resultado la obstrucción a la justicia.

De acuerdo con Rodríguez, el objetivo de estos operadores es incorporar en el sistema de justicia personas que ellos seleccionan, con lo cual a futuro se garantizan que las resoluciones judiciales les beneficien y manipulan sistemáticamente los casos que les afectan, con lo cual en última instancia generan impunidad.

Rodríguez está seguro de que este “sistema perverso tiene que reformarse” porque la lucha contra la corrupción e impunidad será difícil de derrotar mientras se mantenga bajo esta cooptación. “Seguiremos viendo la obstrucción sistemática de los casos, demoras, pocos avances, resoluciones tardías y las salas de apelaciones no cumplen con sus tiempos para resolver, porque todo esto funciona como un gran círculo de corrupción”.

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“Caso extraordinario”

Carmen Aída Ibarra, directora de la organización Pro-Justicia, dice que este caso es extraordinario porque por primera vez habrá oportunidad de judicializar no solo la corrupción que anida en el Congreso de la República, sino también se podrá desvelar cómo un poder, el Ejecutivo, coopta al otro, el Judicial.

En esta misma investigación, agrega Ibarra, también se puede observar la forma como algunos empresarios pueden comprar o alquilar los poderes del Estado, en este caso a través de los votos en el Legislativo. “También vemos cómo el Ejecutivo vía la corrupción compra las voluntades para legislar y para elegir autoridades, tanto del Congreso como en la CSJ y la Contraloría General de Cuentas de la Nación”, afirma.

También observó que el Congreso, la Corte Suprema y las cortes de Apelaciones enfrentarán su peor conflicto de intereses porque el caso del ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela. Si la CSJ le da trámite, tiene que ser resuelto por diputados que habrían recibido esas dádivas o “champurradas”, por lo que habrá conflicto de interés, pero tienen que resolver.

“No se puede controlar todo”

El rector de la Universidad Mesoamericana, Félix Serrano, expresidente de la comisión de postulación de contralor, dice que cada quien es responsable de sus actuaciones y que si algunas voluntades son compradas son responsabilidad de las instituciones a las que representan.

Al respecto el académico recuerda que, en el 2012, hubo un grupo de personas que trató de escoger a los profesionales que creyó mejores para este tipo de funciones, mientras que otros tenían otro tipo de intereses para escoger a sus delegados. “Al fin y al cabo lo que cuenta es lo que dice la mayoría para escoger a los candidatos”, reflexiona.

“Así que, aunque es muy importante el proceso, no se puede controlar del todo porque hay unas reglas establecidas en las Comisiones de Postulación que tienen que respetarse y las mayorías mandan”.

Serrano considera que, si las mayorías en los gremios eligen de manera honesta, los proceso serán más limpios, pero si esas no eligen de manera adecuada el proceso nos llevará a consecuencias que no hubiéramos deseado.

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Según el Ministerio Público (MP), al menos 62 diputados del PP estarían implicados en el cobro de coimas a cambio de sus votos en el Legislativo. La investigación apunta a que la ex vicepresidenta Roxana Baldetti habría sido una de las intermediarias para dichos pagos.

Los imputados habrían sido los diputados “jefes de línea” que coordinaron la aprobación de la ley por parte de su bloque, y un intermediario de los interesados en la misma.

Estos son:

1. Estuardo Galdámez, diputado y candidato presidencial de Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).
2. Juan José Porras, diputado.
3. Haroldo Quej, diputado.
4. Boris España, diputado.
5. Gustavo Arnoldo Medrano, diputado.
6. Mirma Figueroa de Coro, diputada.
7. Marco Antonio Orozco, diputado.
8. Acisclo Valladares Urruela, actual ministro de Economía y señalado de participar en la supuesta entrega de dinero a los congresistas.

#COMUNICADO

MP-CICIG presentan 8 solicitudes de antejuicio

Caso: Subordinación del poder Legislativo al Ejecutivo, una expresión de la captura del Estado
(el mecanismo de la compra de votos). pic.twitter.com/eiIypsJLLg

— MP de Guatemala (@MPguatemala) May 7, 2019

Otras acciones

Según fuentes de la investigación los indicios recopilados, testimonios, chats interceptados, correo electrónicos y fotografías, los congresistas condicionaron su voto a las decisiones del Ejecutivo y cobraron por la aprobación de leyes como la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles, pero también la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones en 2014; la elección del contralor General de Cuentas y la designación de la Junta Directiva y las comisiones de trabajo, entre otras decisiones.

Un exdiputado del PP, cuyo nombre no ha sido revelado, es el principal testigo de este caso, el cual se fundamenta, además, en mensajes recopilados de teléfonos celulares y registros de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) e ingresos a la Casa Presidencial, entre otros elementos.

Entre los delitos que se imputa a los señalados se encuentra cohecho pasivo, lavado de dinero y violación a la Constitución, este último por violación a la división de poderes entre Ejecutivo y Congreso.

La operadora de los pagos habría sido la vicepresidenta Roxana Baldetti, quien cumple condena de 15 años por el fraude en el proyecto de saneamiento en el Lago de Amatitlán, pero también enfrenta casos de TCQ, Cooptación del Estado, La Línea, plazas fantasma en el RIC y la solicitud de extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

En los pagos, presuntamente, habría intervenido el actual ministro de Economía, Asisclo Valladares Urruela, según cinco testimonios recopilados en la investigación.

Con base en el número de diputados del partido oficial, entre 2012 y los primeros cuatro meses de 2015, los pagos podrían alcanzar los Q57.8 millones.

La Cicig ha declinado brindar declaraciones al respecto.

El caso lo lleva Víctor Manuel Cruz Rivera, juez Décimo de Primera Instancia Penal, el mismo que en marzo pidió la captura de Thelma Aldana, exfiscal general y candidata presidencial proclamada por el Movimiento Semilla, cuya inscripción depende de resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Diversas acciones legales apartaron del caso al Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal, el primero que llevó el caso, pero que por decisión de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones pasó al Juzgado Décimo, a cargo de Cruz.

Descargos El ministro de Economía aseguró a Prensa Libre que está sorprendido por la solicitud de antejuicio en su contra, porque se apersonó varias veces al Ministerio Público y a la Torre de Tribunales para consultar sobre el caso, pero que siempre se le dijo que no era parte de ningún proceso penal. El funcionario afirmó que se interesó en el proceso después de allanamientos que ocurrieron en noviembre del 2017. Valladares indicó que no hay fundamentos para la acusación del pago a los diputados y que está a disposición de las autoridades. Prensa Libre consultó a los seis diputados señalados por el MP y la Cicig, así como a Galdámez, pero ninguno contestó las llamadas. Manuel Sisniega, de comunicación de Tigo, indicó que estaba recabando información sobre este asunto para dar una postura.

¿De qué trata la ley?

La ley agilizó la instalación de antenas y cableado de Internet durante los dos años de vigencia, antes de ser declarada inconstitucional.

Vigente desde el 25 de abril de 2014, la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos, decreto 12-2014, tiene como propósito establecer normas que impidan las telecomunicaciones no autorizadas desde centros del Sistema Penitenciario nacional y regular mecanismos ágiles que unifiquen y simplifiquen los trámites necesario para la instalación de la infraestructura de comunicaciones necesaria para la prestación de servicios de transmisión de datos.

Los operadores de redes locales de telefonía móvil debían implementar soluciones técnicas para que desde los centros de privados de libertad no se pueda generar tráfico de telecomunicaciones móviles.

Para implementarlo, los operadores tenían un plazo de ocho meses y el Ministerio de Gobernación y la Secretaría de Bienestar Social debían dar su apoyo.

Las autoridades del Sistema Penitenciario debían hacer un monitoreo cada 15 días para asegurar que las medidas implementadas fueran efectivas, en caso contrario la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) impondría una multa entre los Q300 mil a Q500 mil por cada mes de retraso en el funcionamiento efectivo de la medida.

Quien prestara servicio de transmisión de datos que tenga instalados por los menos seis mil kilómetros de fibra óptica o cualquier operador de red local y comercial debidamente inscrito en el Registro de Telecomunicaciones, que tenga más de cien líneas de acceso, podría solicitar a la SIT autorización para instalar antenas que se usen para transmisión inalámbrica de datos, en propiedad privada o en bienes de dominio público.

El solicitante podía cumplir con una serie de requisitos, como la descripción de los bienes a utilizar; la constancia de inscripción como operador de red comercial o red local, si fuera aplicable; copia de los informes de operador de la red de los últimos dos trimestres; descripción de la infraestructura a instalar.

Se debía acreditar por medio escrito la suscripción de contratos con terceros para uso de infraestructura o bienes, si fuera el caso; cuando es en propiedad privada, se debía presentar la resolución en donde conste el pago de la indemnización pertinente.

La ley establece arbitrios a favor de las municipalidades por uso e bienes e instalación de infraestructura. Uno de ellos es de Q0.70 anuales por cada metro de bienes de dominio público, incluyendo el espacio aéreo sobres las calles, en el cual se instalen o tiendan los cables y las líneas de fibra óptica.

Otro arbitrio consiste en el pago de Q15 por poste instalado por el solicitante, este se pagará por mes vencido, a partir de los 30 días siguientes a la autorización de la instalación del poste.

El solicitante debía hacer un pago único de Q30 mil por cada torre o estructura que soporte antenas instaladas en bienes de dominio público, cuando la estructura se instale en bienes de propiedad particular el pago será de Q3 mil.

Sin embargo, en marzo de 2016, la CC anuló la norma y con lo cual las telefónicas quedaban exentas de impedir las llamadas desde la cárcel.

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La resolución fue firmada el 2 de mayo.

El Registro había inscrito a Escribá Morales, pero se retractó el 3 de abril, por considerar que el legislador es tránsfuga y porque enfrenta una solicitud de retiro de inmunidad del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Los argumentos contra el legislador fueron que los contratistas del Estado tienen impedimento para ejercer un cargo público y, por el hecho de estar antejuiciado, Escribá Morales no cumple con lo estipulado en el artículo 113 de la Constitución, sobre el derecho a optar a empleos o cargos públicos mediante méritos de capacidad, idoneidad y honradez.

No obstante, el legislador accionó mediante un recurso de nulidad, el cual los magistrados electorales resolvieron a su favor, con lo cual quedará inscrito para las elecciones del 16 de junio.

Escribá ganó la curul por el extinto partido Líder por Jutiapa en 2015, ahora integra el bloque Acción Ciudadana y busca ser reelegido por el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) en Quetzaltenango.

Lo del TSE y Escribá no causa extrañeza puesto que, según el dato más reciente, el pleno ha ordenado la inscripción de 28 de 32 tránsfugas, a quienes el Registro le dijo no, y aún hay casos pendientes de resolución.

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Antejuiciado

El MP y la Cicig señalan a Escribá Morales de fraude y concusión, derivado del caso Construcción y Corrupción Fase 2, producto del cual el 26 de septiembre del 2018 pidieron el retiro de la inmunidad.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) le dio trámite a la pesquisa el 10 de abril y nombró como juez pesquisidor a Harold Ortiz, que ya comenzó las pesquisas.

La solicitud fue ratificada este 6 de mayo ante Ortiz, presidente de la Sala Segunda de Apelaciones del ramo Penal.

El señalamiento refiere que Escribá Morales mantuvo vínculos con las empresas Montañas Nacionales, S.A. y Señalamiento Vial de Centroamérica, S.A., que obtuvieron contrataciones con el Ministerio de Comunicaciones por Q194.3 millones cuando el congresista era director de la Unidad de Conservación Vial (Covial) durante los gobiernos de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el Partido Patriota (PP).

El fiscal Carlos Videz explicó que a puerta cerrada describió los indicios del caso Construcción y Corrupción fase dos con que cuenta la Fiscalía y salpican al diputado.

El legislador deberá comparecer al juzgado el 13 de mayo para presentar sus pruebas de descargo. En el Congreso el diputado ha evitado hablar al respecto de la acusación.

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MP presenta segundo caso contra alcalde de Nebaj en nueve días

Los detalles de la integración del pleno, así como los votos disidentes, no fueron proporcionados debido a que las partes estaban siendo notificadas.

La acusación fue planteada por la Fiscalía contra la Corrupción, que dirige Stuardo Campo, el 8 de febrero pasado. El señalamiento se centró en la denuncia de Miriam Yolanda Segura Rosales, quien fue destituida del Hospital Regional de Nebaj, Quiché, el 16 de enero de 2018.

El señalamiento fue que Soto le habló por teléfono a Segura y, “valiéndose de su cargo, presuntamente ejerció influencia con el propósito de obtener un beneficio indebido al contratar al médico Jorge Raymundo Matóm”, según la acusación del MP.

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Según la Fiscalía, el médico tenía impedimento para laborar ahí porque su hermana, Marta Raymundo Matóm, ya trabajaba en la conserjería del hospital. El argumento se basa en el artículo 80, literal g) de la Ley de Contrataciones del Estado.

Consultado sobre la resolución de la CSJ, Campo dijo espera ser notificado para analizarla y preparar la apelación.

Investigación contra Soto

Según el MP, existe un dictamen de la Dirección de Recursos Humanos de la cartera que precisa que no puede haber trabajadores en los renglones 028 ni en subgrupo 18 cuando hay parentesco con trabajadores de los renglones 011, 021, 022 y 031.

Después del despido de Segura, llegó al cargo Víctor Puac, exasesor de Eduardo Cruz, diputado por Quiché, que ingresó en sustitución de Carlos López, diputado prófugo de la justicia por dos casos, Plazas Fantasma y Financiamiento a la UNE.

Red

Lo de Jorge Raymundo Matóm no es caso único en el centro asistencial.

Segura denunció que, desde que asumió en 2014, encontró que, de 190 trabajadores del nosocomio, 45 son familiares.

Poco podía alrededor de ese clan familiar, pues sus esfuerzos solo podían enfocarse en prohibir la contratación de nuevos familiares, como manda la Ley de Contrataciones.

No obstante, solicitó una investigación a la Unidad de Transparencia del Ministerio de Salud para que se determinara cómo llegaron a laborar al hospital y si se trataba de favores políticos.

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Otro en el hospital fue Francisco Brito Ceto, jefe de Recursos Humanos, cuyo padre y hermano trabajan ahí también. Al ser consultado, expresó que sus familiares llegaron antes que él y su plaza está asignada al hospital de Uspantán.

No obstante, reconoció que sí hay plazas que son producto de favores políticos del extinto Partido Patriota, que gobernó de 2012 a 2015. Afirmó que los trabajadores no cumplían el procedimiento de oposición y se presentaban con nombramiento oficial, avalado por la Vicepresidencia de la República.

Plazas como la de Odontología fueron trasladadas al Hospital Nacional de Retalhuleu, a pesar de que está asignada al de Nebaj, por orden ministerial. Segura informó en ese momento que fueron reubicadas 10 plazas a otros hospitales.

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El Ministerio Público (MP) indicó el caso surgió de la denuncia de Miriam Yolanda Segura Rosales, directora del hospital de Nebaj, Quiché, contra Soto, el 16 de enero de 2018.

Señala que Soto le habló por teléfono a Segura y, “valiéndose de su cargo, presuntamente ejerció influencia con el propósito de obtener un beneficio indebido al contratar al médico Jorge Raymundo Matóm”.

Raymundo Matóm es hermano de Pedro Raymundo, alcalde de Nebaj.

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Según la Fiscalía, el médico tenía impedimento para laborar ahí su hermana, Marta Raymundo Matóm, ya trabajaba en la conserjería del hospital. El argumento se basa en el artículo 80, literal g) de la Ley de Contrataciones del Estado.

Segura fue despedida por Soto cuando ella se negó a hacer la contratación, consciente del impedimento legal. Según el MP, la destitución “arbitraria” fue el 29 de enero de 2018.

El fiscal Stuardo Campo informó que los posibles delitos son tráfico de influencias y abuso de autoridad.

“La Fiscalía contra la Corrupción promueve hoy diligencia de antejuicio. Esto se desprende de una denuncia que fue presentada directamente ante la Fiscalía en los primeros meses de 2018 por parte de la exdirectora del Hospital Regional de Quiché (Miriam Segura) quien fue presionada por el señor ministro de Salud”, explicó Campo.

Investigación

El MP establece en la investigación que hay un dictamen de la Dirección de Recursos Humanos del ministerio, que precisa que no puede haber trabajadores en los renglones 028 ni sub grupo 18 cuando hay parentesco con trabajadores de los renglones 011, 021, 022 y 031.

Después del despido de Segura, llegó al cargo Víctor Puac, exasesor de Eduardo Cruz, diputado por Quiché, que ingresó en sustitución de Carlos López, diputado prófugo de la justicia por dos casos, Plazas Fantasma y Financiamiento a la UNE.

Se espera que el ministro hable a los medios luego de la firma, en el Colegio de Profesionales, de un convenio con el comité ad hoc, que representa a los profesionales de la salud, para formalizar los acuerdos alcanzados entre el ministerio y los profesionales. Entre esos puntos destaca que el pago se hará en abril, luego de la clasificación de especialidades.

Prensa Libre ya había informado que Segura identificó en enero de 2017 a diez personas con vínculos familiares que trabajaban en ese hospital. También había hecho público que recibió presiones para firmar la contratación, a lo cual se negó.

Después de que fue despedida, Segura se mostró extrañada porque había sacado 86 puntos en una evaluación de desempeño del ministerio.

Pedro Raymundo fue consultado por Prensa Libre en esa oportunidad en torno a los acontecimientos y negó que tuviera algo que ver con las decisiones administrativas del hospital, relacionado con la contratación de su hermano, y que tampoco influyó en el despido de la directora.

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Grabaciones

Campo mencionó que como avance de la investigación cuenta con grabaciones que proporcionó Segura en donde habló con el ministro Soto.

“Contamos con diversos medios de investigación, evidentemente la declaración testimonial de la persona denunciante, en el mismo sentido contamos con algunos audios, algunas llamadas telefónicas que fueron proporcionadas directamente por la doctora”, agregó Campo.

Ministro responde

“No puede ser que investigadores de la Feci estén en este tema con nosotros, es un tema que está trillado, que estén fregando a la gente del gobierno”, mencionó Soto.

Red de nepotismo

Desde que asumió en 2014, Segura encontró que, de 190 trabajadores del nosocomio, 45 son familiares.

“No puedo hacer”, comentó en torno a esas 45 personas, sino que sus esfuerzos solo podían enfocarse en prohibir la contratación de nuevos familiares, como manda la Ley de Contrataciones.

Al mismo tiempo, solicitó una investigación a la Unidad de Transparencia del Ministerio de Salud para que se determinara cómo llegaron a laborar al hospital y si se trata de favores políticos.

Un ejemplo es Francisco Brito Ceto, jefe de Recursos Humanos del hospital, cuyo padre y hermano trabajan ahí también. Al ser consultado, expresó que sus familiares llegaron antes que él y su plaza está asignada al hospital de Uspantán.

No obstante, reconoció que sí hay plazas que son producto de favores políticos del extinto Partido Patriota. Afirmó que los trabajadores no cumplían el procedimiento de oposición y se presentaban con nombramiento oficial, avalado por la Vicepresidencia de la República.

Plazas como la de Odontología fueron trasladadas al Hospital Nacional de Retalhuleu, a pesar de que está asignada al de Nebaj, por orden ministerial. Segura informó en ese momento que fueron reubicadas 10 plazas a otros hospitales.

“Esto es una responsabilidad de diputados, de varios partidos”, aseguró el alcalde.

El municipio

A 255 kilómetros de la capital, Nebaj se ubica en el norte de Quiché, junto a Ixcán, Chajul, Cotzal, Uspantán, Chicamán y Cunén. Su extensión es de 608 kilómetros cuadrados.

Tiene clima frío, lluvioso, y su comunidad lingüística predominante es la ixil.

Posee un índice de desarrollo humano bajo, de 0.508, por debajo del nacional, de 0.640. Viven nueve personas casa, en promedio, y cada mujer tiene seis hijos.

La población económicamente activa era de 33 mil 88, pero solo la tercera parte, 11 mil 121, tenía empleo. Las principales fuentes de empleo son agricultura, comercio, industria manufacturera y construcción.

Frijol, maíz, café, aguacate, banano, ciruela, durazno, manzana papa y güisquil son los productos agrícolas principales del municipio.

Fuente: Segeplán, Usaid, Salud, Sesán, Ine.

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Datos obtenidos indican que el Legislativo paga Q44 mil 890.95 al mes por un auxiliar de oficina, un asistente de protocolo y una secretaria ejecutiva, más oficinas para su funcionamiento.

Se pudo confirmar que en el punto 20 del acta del 5 de diciembre del 2018, la Comisión Permanente del Congreso aprobó una transferencia de Q600 mil, monto que se iba a otorgar por medio de un convenio. La asociación dijo que el convenio no ha concretado.

Siete días después de esa transferencia, la asociación presentó la querella contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad.

Corte se ha extralimitado

En una conferencia de prensa, la asociación se pronunció este jueves por las motivaciones que tuvo para promover la acción contra los magistrados titulares Bonerge Mejía, Gloria Porras y Francisco de Mata Vela, y que, según su apreciación, esta magistratura ha interpretado erróneamente la Constitución.

Gabriel Larios Ochaita, exconstituyente, expresidente de la CC e integrante de dicha asociación, dijo que a su consideración esta magistratura de la CC ha interpretado erróneamente la Constitución y con eso podría estar incurriendo en prevaricato, al señalar que algunos artículos son claros y otras a interpretaciones.

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“La CC permitió con sus resoluciones que a este punto se iniciaran estas acciones. Los magistrados podían estar entrando en prevaricato si hacen interpretaciones o con intereses ya exclusivos”, refirió.

El exmagistrado manifestó que la CC ha sido siempre y así será política y jurídica en sus fallos. Desde el punto de vista jurídico, el presidente de la República está en todo su derecho de actuar en lo que se refiere a la política exterior, tomar decisiones sin que entren en mayor controversia y la CC podría interpretar y mal interpretar.

“Un buen procedimiento de la CC era decir que el presidente sí tiene ese derecho constitucional. Además, la Ley del Organismo Judicial dice la forma de interpretar la Constitución: según el espíritu de la ley, así debe ser y también según la literalidad”, explicó Larios Ochaita.

El pasado 14 de diciembre, la Asociación presentó una querella en contra Mejía, Porras y De Mata Vela. La Corte Suprema de Justicia le dio trámite al considerar que la CC sí se ha extralimitado en sus funciones, ya que la Constitución le da la potestad al Ejecutivo de dirigir la política exterior.

Según la Asociación, los magistrados constitucionales habrían incurrido cuatro delitos: prevaricato, la violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la constitución y el abuso de autoridad.

El argumento se centra, según la denuncia, en abuso de funciones al ordenar al Ejecutivo que busque una solución “amigable” con Suecia, ante el pedido de retiro del embajador Anders Kompass, por supuesta  injerencia en asuntos de política interior.

Guillermo Pellecer dijo que, en su calidad de asociación de exconstituyentes, deben proteger y divulgar la Constitución. “Nosotros, al ver que un embajador -en alusión a Kompass- insultaba a todos los guatemaltecos y que el presidente -Jimmy Morales- salió a defendernos, y le dijo no grato conforme al artículo 183 de la Constitución”.

“Ante eso se presentó un amparo y la CC se prestó para actuar, y en ese sentido los magistrados constitucionales están errados. Nosotros los guatemaltecos primero queremos que se cumpla la Constitución, la que le dicta al presidente de la República como debe actuar en la política exterior y la CC, conforme a la Constitución, y lo único que deben de velar es que no sea violada”, dijo Pellecer.

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Roberto Alejos, exconstituyente y expresidente del Congreso, criticó en Twitter a los dirigente de la asociación porque asegura que no representan a los que integraron la Asamblea Nacional Constituyente y no pueden hablan en nombre de todos.

Los criticó públicamente , ellos no representan a los constituyentes y no pueden hablan en nombre de la asociación . Yo hice público lo de la pensión y por los medios los ataco permanentemente. Estrategia ,ellos tres son de la derecha recalcitrante de aquella época. Ahora. Uf https://t.co/GZUzzhaPNe

— Roberto Alejos (@RobertoAlejosC) January 10, 2019

“Ellos intentaron recibir una pensión y además son tres que pertenecen a la derecha recalcitrante de aquella época”, escribió.

“Me opongo a que actúen en nombre de los exconstituyentes o utilizando el nombre de la asociación, en especial porque su elección dejó mucho que desear. En nombre propio que hagan lo que quieran y que les pague quien les pague. Cada quien sabe cuánto vale y a quien se vende”, dijo Alejos.

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La principal reforma que propone la iniciativa mencionada es al artículo 16 de la Ley en Materia de Antejuicio donde menciona que cuando un juez tenga conocimiento sobre una denuncia o querella presentada en contra de un funcionario que goce del derecho de antejuicio este se inhibirá y en un plazo no mayor de tres días hábiles trasladará el expediente  directamente al organismo competente.

Según el Artículo 165, literal H, de la la Constitución Política de Guatemala, al Congreso le compete declarar si ha lugar o no la formación de causa contra el presidente, vicepresidente, magistrados de la CSJ, Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad, ministros, secretarios y los procuradores de los Derechos Humanos y General de la Nación.

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Con el cambio propuesto se elimina directamente el filtro que actualmente se tiene la CSJ con los funcionarios mencionados, por lo que el Congreso podrá conocer de primera mano todos los expedientes lo cual ya ha sido considero como una posibilidad para aprovechar intereses particulares.

No es nuevo

La intención de reformar la Ley en Materia de Antejuicio no es nueva, pues el pasado 6 de marzo, el Congreso ya había acordado conocer el mismo proyecto de ley en primera lectura.

En esa ocasión el abogado constitucionalista  Alejandro Balsells consideró “aberrante” la propuesta, señalando que los diputados “quieren chantajear a los magistrados, procuradores y funcionarios que ellos deben conocer el antejuicio”.

“La propuesta le quita el filtro de la CSJ, pues quieren que el juez remita directamente el expediente al Congreso. Eso quiere decir que con lo malo que son los diputados van a decidir la suerte de cualquier funcionario que les quiera poner control”, afirmó Balsells.

El constitucionalista explicó “que la República descansa en controles”, por lo que considera esa iniciativa “digna de un sistema autoritario”.

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Raúl Romero, congresista de Fuerza,  integrante del Frente Parlamentario por la Transparencia, agregó que la iniciativa debilita el sistema.

“Veo que esto es en función de temas personales. La justicia siempre debe verse desde el punto de vista institucional y nunca personal”, señaló Romero.

El ponente de la Ley, Fernando Linares-Beltranena, quien además es presidente de la sala de trabajo que dictaminó favorablemente el proyecto, defendió el proyecto y señaló que solo busca que se cumpla la Ley.

Según el diputado, “tiene que existir cierta disposición del juez de Primera Instancia”, lo que significa que será él quien decida si la denuncia que se presenta constituye un delito.
 
“Por ejemplo, si llega una deuda contra el procurador general, el juez considerará que no es un delito y lo podrá descartar; es decir, hay límites, no quiere decir que absolutamente todo se tenga que mandar al órgano competente”, dijo Linares-Beltranena.

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Error

El 12 de marzo último el proyecto fue enviado de nuevo a la Comisión porque contenía errores.

Linares-Beltranena reconoció en ese momento que la iniciativa tenía errores de tipo mecanográfico y que por eso regresaba a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

La falla del dictamen consistía en que en la redacción de la iniciativa daba a entender que el fuero de cualquier funcionario podría ser retirado si votaban las dos terceras partes de los diputados que lleguen a la sesión y no de los que integran el Congreso.

Sin embargo, Linares-Beltranena corrigió el error al ingresar una propuesta de enmienda a la iniciativa para que no tenga problemas en su interpretación, razón por la que fue agendada de nuevo para su discusión en el pleno.

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“Puedo ver a los ojos a todos. Hasta el testimonio que quieren usar para acusarnos dice ‘no recibió, no quiso recibir’”, añadió Morales al hacer referencia a los testimonios en que se basa el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) para solicitar el retiro de inmunidad del gobernante.

En su discurso, el jefe de Estado aprovechó para enviar un saludo al Congreso, que ayer conformó, por sorteo, la comisión que hará las pesquisas y que quedó integrada por diputados opositores principalmente.

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“No me estoy peleando con el Congreso, es que aquí no es cuestión de quién gana y quién pierde, estamos trabajando para el mismo lado, se llama construir una nación”, afirmó Morales, al referirse a la falta de aprobación del presupuesto de este año.

“Guatemala es una república libre, soberana, y la soberanía recae en las instituciones republicanas y la república no debe pelear contra sí misma, porque casa dividida, a sí misma se destruye”, reiteró el mandatario.

“No me gana ninguna partida el Congreso, ni yo le gano partidas al Congreso, cuando nos unimos trabajamos bien”, subrayó Morales, quien al finalizar la actividad se dirigió a unas bodegas en la zona 7 capitalina a supervisar el embalaje de computadoras que serán enviadas a más de mil escuelas en todo el país.

En ninguna de las actividades quiso dar declaraciones la Prensa.

No declararon fondos

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De esa cantidad, Q6 millones 721 mil 612.55 corresponden a una investigación revelada en 2017 cuando se solicitó por primera vez el retiro de la inmunidad en contra del mandatario, proceso que no prosperó en el Congreso.

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El 19 de abril pasado, el MP y la Cicig revelaron que del 1 de enero de 2015 al 1 de enero de 2016, el partido incumplió con su obligación de reportar ante el TSE Q8 millones 38 mil 539.66 que recibió de manera anónima.

En febrero pasado, Paulina Paiz Riera y Olga Méndez López, llegaron de manera voluntaria al MP para aportar información sobre el financiamiento de la campaña de Jimmy Morales con el partido FCN Nación.

Ambas presentaron documentos, correos y facturas para respaldar sus declaraciones. La empresa Novaservicios Sociedad Anónima habría recibido los aportes para la campaña de Morales que no se declararon.

Los proyectos

El programa de innovación educativa consiste en la entrega de 14 guías de innovación para la educación bilingüe intercultural que va dirigido a la población maya, garífuna y xinca, explicó el ministro de Educación, Óscar Hugo López.

El material es una orientación metodológica para que los maestros sepan desarrollar la educación bilingüe intercultural. Además, se establece con claridad los indicadores, perfiles y orientación para hacer efectivo el trabajo.

El programa comienza en el 2019, pero los maestros ya están siendo capacitados; además, se hace una revisión para establecer la cantidad de escuelas que pueden denominarse bilingües interculturales.

El mandatario asistió después a la supervisión del embalaje de 16 mil computadoras que se van a entregar a escuelas para abrir mil laboratorios de computación. Este programa tuvo una inversión de Q50 millones y se entregarán a escuelas que tengan seguridad, energía eléctrica y un espacio físico para colocar el equipo.

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Varios interrogantes se plantean con esos nuevos sucesos. El primero es cómo Insight Crime cuenta con datos, fechas y cantidades sobre el financiamiento de un partido tan cuestionado como la UNE y la fiscalía correspondiente no, más allá de estar investigando al diputado Orlando Blanco, aunque no por los hechos que describe el medio digital, más graves por provenir de fondos ilícitos. El segundo es el nuevo antejuicio al presidente, que lo sitúa, otra vez, en la picota del debate político, al igual que al Congreso, que seguramente no reunirá los votos necesarios para levantarle la inmunidad, como ocurrió en pasadas ocasiones. De nuevo mostrarán el descarado pacto entre personajes oscuros —y corruptos— que prefieren soslayar el delito y crear un club de tramposos que sirva para acogerse cuando la justicia los aborde, como sucede con el diputado Alejos, entre otros. Lo tercero es la caída de un símbolo —Nineth— y su partido —Encuentro por Guatemala—, ya que, como todos, sucumbieron en el lodazal del financiamiento ilícito, no reportado, incorrecto o como se le quiera denominar y también por actos tendientes a obstaculizar el control de fiscalización. La diputada Montenegro en el Congreso era un referente que comienza a evaporarse. El hecho de ser señalada, independientemente del monto económico o de las personas que llevaron a cabo la actividad ilegal en el partido, la apea de la tribuna de credibilidad en la que se mantenía. Finalmente debe reflexionarse sobre la candidatura de Thelma Aldana y los contactos establecidos con ciertos grupos políticos para formar una coalición, entre ellos Encuentro por Guatemala ¿No sabía la exfiscal general que el partido con el que mantuvo acercamientos era investigado desde diciembre del 2016 por una de sus fiscalías o lo ignoró? Hay que recordar que la ahora presidenciable Aldana comentó públicamente —sin que nadie le mencionara nombre alguno— que con CREO nunca establecería un acuerdo ¿Por qué no fue tan contundente con Encuentro por Guatemala si estaba siendo investigado y había indicios de delito? Finalmente, y quizá lo más trascendente, es que la nueva fiscal general ha dado la cara y tomado postura, algo que ha enojado a golpistas y extremistas —a veces coinciden— que hubiesen preferido una fiscal más cordial con sus descarados actos de apoyo a mafias, delincuentes, crimen organizado y narcotraficantes.

El ambiente queda sumamente enrarecido y evidenciada la forma de financiamiento político que utilizaban los partidos —sin excepciones— tal y como se viene confirmando, de ahí el mutismo guardado por todos ellos. El proceso electoral que se avecina será diferente y con un parteaguas entre la vieja y la nueva forma de hacer política, sin muchas esperanzas de que la última esté libre de virus. La mala noticia es que hay grupos que siguen intentando ese golpe de Estado que el vicepresidente Cabrera irresponsablemente comentó, aunque no por parte de los que él nunca señaló, sino por quienes están cerca del poder y seguramente conoce y escucha.

¡Y es que la batalla final se avecina!

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Lea el análisis

Héctor Rosada: Congreso volvería a proteger al presidente

La denuncia fue interpuesta el 26 de febrero de 2018 por Paulina Paz Riera, colaboradora de la Fiscalía. Paz, junto con Olga Méndez López, eran representantes legales de Novaservicios, S.A., empresa que recibió los aportes de campaña electoral de Morales.

En total fueron Q7 millones 920 mil 375.70, de los cuales Q7 millones 560 mil 476.70 se gastaron en el pago de fiscales de mesa del partido para la primera y segunda vuelta electoral el 6 de septiembre y el 25 de octubre de 2015; así como material publicitario -volantes y calendarios de bolsillo- y capacitaciones para el binomio presidencial -Morales y Jafeth Cabrera- por la Fundación G, por un monto de Q359 mil 899.

Esta es la segunda oportunidad en que el MP y la Cicig plantean un antejuicio en contra del gobernante. El 25 de agosto de 2017 Morales fue denunciado por financiamiento electoral ilícito. El caso llegó hasta el Congreso, donde la solicitud del retiro de la inmunidad fue rechazada y archivada por 104 votos de diputados en contra y solo 25 a favor, el 12 de septiembre de 2017.

“Nosotros hemos cumplido”, se refirió Porras, al ser consultada por la seguna vez en que es denunciado el mandatario por financiamiento dudoso. “Estamos cumpliendo con hacer los planteamientos correspondientes y de conformidad con la ley”, dijo la fiscal general.

El caso de Encuentro por Guatemala

Velásquez explicó que la legisladora Montenegro, secretaria general de Encuentro por Guatemala (EG), incumplió con el plazo para entregar a la Inspección General del TSE los estados financieros del último semestre de 2015.

“Incumplió con presentar en tiempo al ente electoral los estados financieros correspondientes al último semestre de la campaña electoral de 2015”, agregó Velásquez.

De la investigación se desprende que Maximum Financial and Investments Services aportó, a través de la entidad Yeyo, S.A., el arrendamiento de seis pasarelas digitales para la campaña, por Q76 mil 784.30 (o su equivalente a US$10 mil) y no fue reportado ante el TSE.

Según la Fiscalía, Salvador José Paiz del Carmen “expuso que la entidad Maximum Financial and Investments Services realizó una aportación de Q76 mil 784.30 al mencionado partido político en el año 2015, destinada al pago del arrendamiento de seis pasarelas digitales”.

Además, en la campaña de 2011 EG no reportó al ente electoral Q197 mil 500 que provino de Publicidad Avance, S.A., y pagó con un cheque. “Los representantes legales de la empresa aportaron la documentación que sustentan el caso”, recalcó el fiscal de delitos electorales Óscar Shaad.

“El monto fue entregado, mas no reportado dentro de la contabilidad del partido político”, agregó Velásquez.

Solicitará la cancelación

Shaad explicó que solicitará la cancelación del partido EG ante el TSE. “Se hará al igual que se hizo con otros partidos políticos con la fundamentación correspondiente”, indicó.

El trámite

En el caso del presidente Jimmy Morales, la Ley en Materia de Antejuicio establece que, al ser señalada una autoridad superior, Adelina Cruz, juez suplente de Primera Instancia Penal, deberá inhibirse y trasladará el expediente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Aquí, los magistrados pueden aceptarlo para su trámite o rechazarlo.

Si los magistrados dan trámite a la solicitud de antejuicio, el expediente pasará al Congreso, que deberá nombrar a una comisión pesquisidora de cinco diputados elegida por sorteo para que escuche a las partes y entregue un informe en un plazo de 60 días, en el que debe recomendar si hay motivos para retirar o no la inmunidad al funcionario.

Desconoce lo que pasó

Montenegro dijo que respeta el señalamiento que hace el MP y la Cicig por ser la secretaria general de la organización, pero “se me endosan tres hechos que desconozco, por ejemplo, el caso de las vallas, yo jamás en mi vida hablé con persona alguna para recibir apoyo en vallas”.

“Pudo haber sido algún candidato a mis espaldas, a espaldas del Comité Ejecutivo y del propio secretario de Finanzas, quien hizo esa negociación, recibió vallas y jamás se dignó a pasarlo por el partido”, dijo Montenegro.

Agregó: “Eso es fácil averiguarlo, por ejemplo la empresa Yeyo tiene que tener el impreso de quién fue el candidato que está en esas vallas electrónicas y ver quién era”.

Para Montenegro, de conformidad con la ley, “no se vale” individualizar la responsabilidad, cuando hay personas que abusan de la confianza del partido.

Sobre el gasto no reportado en la campaña de 2011, la legisladora dijo que tendría que revisar la documentación. “Sí se ingresó al partido Q176 mil, nadie se lo quedó y eso es importante, no vería yo allí el delito”.

Además, negó la resistencia a la fiscalización. “Me parece fuera de lugar, esto tiene que ver con el contador o auditor. Para esto se tienen que ver los informes, averiguar si es cierto o no, porque esto tampoco me consta”, refirió.

Sin intereses políticos

El Gobierno divulgó en un comunicado que el presidente Jimmy Morales es respetuoso del estado de Derecho y deja en manos de las institiuciones la solución a la causa promovida en su contra y confía en un procedimiento “enmarcado en Derecho y ajeno a intereses políticos”.

Además, reitera su compromiso con la institucionalidad del país, ordenamiento legal y debido proceso como mecanismos democráticos.

Solicitará renovar su visa

Durante la conferencia, Velásquez fue consultado por su situación legal en el país debido a que el 18 de septiembre de 2018 se vence la visa que le otorgó el país. 

“Haré la solicitud como corresponde”, explicó el abogado colombiano y recordó que está amparado por la Corte de Constitucionalidad ante el intento del presidente Morales en agosto de 2017 lo declaró persona “no grata” y ordenó su expulsión.

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¿Por qué expulsó la jueza Erika Aifán a Igor Bitkov durante una audiencia?

Según el sindicado, Aifán no podía autorizar un cateo en su casa porque allí se encontraba su esposa, quien también es magistrada y por lo tanto goza de imunidad.

La CSJ nombró jueza pesquisidora del expediente de Aifán a Aura Marina Mancilla Solares, vocal I de la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal.

La decisión de los magistrados se dio durante el pleno celebrado el pasado 23 de mayo, pero la Corte lo informó hasta este jueves. La votación para dar trámite al antejuicio fue unánime.

La magistrada Mancilla deberá investigar el caso y emitir su recomendación en torno a si la Corte debe o no retirarle la inmunidad a Aifán.

El pasado 17 de mayo miembros de la Supervisión General de Tribunales visitaron el despacho de la jueza Aifán en seguimiento a la denuncia interpuesta por el magistrado.

Orellana Donis está sujeto a proceso penal y en prisión preventiva, señalado de haber recibido un apartamento y pagos ilegales para influir en la postuladora que eligió a los magistrados de la CSJ y de la Corte de Apelaciones para el periodo 2014-2019.

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Por el caso también están siendo procesados la hermana de Orellana Donis, Clara Guadalupe, y el abogado Sergio Roberto López Villatoro, más conocido como el Rey del Tenis, quien le habría regalado al magistrado un lujoso apartamento en el edificio Torreón, ubicado en la zona 14 capitalina.

Los tres guardan prisión preventiva en Mariscal Zavala.

La jueza Aifán y el caso Bitkov

La jueza Aifán está envuelta en una controversia debido a que se niega a cumplir una resolución dictada por la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal, que le ordenó cerrar el proceso penal contra la familia rusa Bitkov procesada en Guatemala.

La juzgadora argumenta que la resolución de la Sala es ilegal y no debe acatarla, por lo que presentó un ocurso de queja que está en trámite en la Corte de Constitucionalidad (CC). 

El tema ha generado reacciones a favor de la juzgadora, aduciendo que se vulnera su independencia judicial, y en contra por parte de quienes consideran que la familia Bitkov es víctima de persecución política.

Este caso está siendo utilizado para emprender un ataque contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la cual fue señalada de ser instrumentalizada por Rusia para una persecución política contra los Bitkov. No obstante, esta nación aclaró que estas personas están señaladas de un fraude millonario en su país.

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Denuncias en la Junta de Disciplina Judicial, en el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, y en la Comisión contra la Tortura y Antejuicios, enfrenta desde hace mes y medio la jueza Aifán.

Estos hechos, a consideración de organizaciones vinculadas con el sector justicia, no solo vulneran la independencia judicial, sino que son parte de una “conspiración” para sacar a la jueza Aifán de casos emblemáticos, como Comisiones Paralelas, Financiamiento Electoral Ilícito de FCN-Nación —donde se podría vincular al presidente Jimmy Morales—,  Migración, Construcción y Corrupción, y Odebrecht.

Otros antejuicios

En la misma sesión los magistrados dieron trámite a la solicitud de antejuicio que interpuso Rolando Peña Vásquez contra el diputado oficialista José Domingo Trejo de la Roca. El Organismo Judicial (OJ) no dio más detalles del caso.

El juez pesquisidor para el expediente del parlamentario es Harold Estuardo Ortíz Pérez, presidente de la recién creada Sala Segunda del Ramo Penal de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio.

La CSJ retiró la inmunidad al legislador Augusto César Sandino Reyes Rosales, diputado independiente, sindicado de supuestos actos de corrupción a través de un contrato millonario en la municipalidad de Samayac cuando era representante legal de una oenegé.

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Con la decisión de la Corte, Medrano Osorio podrá ser investigado por su presunta participación en una red de corrupción que operó por décadas en la comuna de Chinautla a través del control del poder político y económico.

Según la investigación, la estructura era liderada por el exalcalde Arnoldo Medrano, padre del parlamentario, e integrada por familiares y particulares. 

“El control de los Medrano-Osorio en este municipio se renueva en cada proceso de elecciones. Por ello fueron cooptadas por  más de 25 años: la alcaldía, el concejo y la administración municipal”, dijeron el MP y la Cicig cuando revelaron el caso.

Arnoldo Medrano dirigió la municipalidad de Chinautla durante 28 años, desde 1988 hasta 2016, en medio de escándalos y señalamientos. Su última jugada fue colocar en la alcaldía a su sobrina Brenda del Cid Medrano, quien ganó en las elecciones de 2015 por el partido Lider. Medrano fue capturado por tercera ocasión en febrero de 2016 y actualmente guarda prisión.

Prensa Libre intentó comunicarse con el diputado para obtener su reacción, pero no respondió las llamadas telefónicas.

Esta es la tercera legislatura que integra Medrano Osorio. En 2007 y 2011 fue electo por el extinto Partido Patriota (PP), en 2015 por el también desaparecido partido Líder y ahora pertenece al bloque Diputados Independientes.

Por este caso fueron ligadas a proceso penal 19 personas en septiembre pasado.

Esta era la forma de operar de la estructura, según el MP y la Cicig: 

• En 2011 la IVE detectó transacciones sospechosas en cuentas de constructoras que recibían fondos de la comuna de Chinautla
• La denuncia derivó en una investigación de siete proyectos que fueron ejecutados de manera anómala
• Entre 2008 y 2010 se crea una red de al menos 12 empresas para captar los contratos de la municipalidad de Chinautla
• Seis de esas empresas fueron creadas en un período de 15 días y todas tenían como contador a Gustavo Adolfo Soto Osorio, quien también era auditor interno en la muncipalidad y compartían los mismos socios
• En 2009 el exalcalde Arnoldo Medrano expuso al concejo la necesidad de crear un fideicomiso que incluía proyectos de vivienda mínima, pavimentación de calles y construcción de un sistema de alcantarillado, entre otros
• Medrano y sus concejales se asociaron de forma ilícita para que los contratos de obra pública fueran asignados a dichas empresas creadas por la red, con el fin de beneficiarse con los fondos públicos
• El monto de los siete contratos ascendió a Q25 millones
• La operación del clan Medrano-Osorio se amplió hacia otras municipalidades a través de la contratación de su red de empresas. Siete entidades ligadas a los Medrano recibieron entre 2009-2010 alrededor de Q400 millones de quetzales
• Las empresas contratistas de la municipalidad de Chinautla recibían los fondos por el pago de obras, hacían transferencias entre ellas mismas para no dejar rastro del dinero y luego los utilizaban para la apertura de certificados a plazo fijo por 30 días
• La investigación siguió el rastro del dinero y determinó que la familia Medrano-Osorio y algunos miembros de Ia red eran los beneficiarios de los certificados mencionados

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“El expediente será trasladado a Gestión Penal para que se inicie el proceso penal correspondiente”, dijo Ángel Pineda, vocero del Organismo Judicial (OJ).

El juez pesquisidor del caso fue el magistrado Gustavo Dubón, quien el 18 de enero recomendó a la CSJ retirarle la inmunidad a Mérida Reyes.

En esa ocasión, Dubón dijo a La Red que en el expediente constaba que el diputado ya había pagado los Q300 mil de impuestos, pero al haberlo hecho después de la denuncia presentada por la SAT, decidió hacer la recomendación para que el proceso continuara su curso como lo establece la ley.

Cuando conoció la decisión de su juez pesquisidor, el diputado aseguró a periodistas que ya había cancelado su adeudo tributario y que había presentado los comprobantes de pago.

Mérida Reyes fue electo diputado por Huehuetenango en las elecciones generales 2015 postulado por el extinto Partido Patriota (PP) y ahora pertenece a la bancada del Movimiento Reformador (MR).

En abril de 2016 presentó un proyecto de ley llamado “Iniciativa que dispone aprobar Ley para el Fortalecimiento de la Transparencia Fiscal y la Gobernanza de la Superintendencia de Administración Tributaria”.

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El MP involucra a los funcionarios en el caso Traficantes de Influencias, una red que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para agilizar los trámites de expedientes de devolución de crédito fiscal a cambio de comisiones ilícitas.

Según la investigación, Alejos era uno de los intermediarios de la estructura y su función era captar clientes, es decir, empresas que estuvieran dispuestas a pagar por el trámite irregular de devolución de crédito fiscal.

“El señor Alejos ofrecía a diversos empresarios exportadores un portafolio de servicios de gestión ante la SAT para agilizar sus solicitudes de crédito fiscal”, detalló la fiscal General, Thelma Aldana.

La Cicig y el MP sostienen que el diputado fue el intermediario para agilizar el trámite a favor del Ingenio Palo Gordo, pero este proceso se frustró con la desarticulación de la red La Línea.

“Él (Alejos) me comentó que me podía apoyar con eso y que se hacía a través de un amparo, que le diera copia de los expedientes y que él los iba a tramitar. Yo lo puse en un sobre, los dejé en recepción y lo llegaron a traer”, dice el testimonio de Rodrigo Presa Riera, exdirectivo del Ingenio Palo Gordo.

La fiscal Aldana dijo que las otras dos empresas a la que Alejos ofreció los servicios de la estructura fueron Zeta Gas y Látex.

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Iván Velásquez, director de la Cicig, explicó que la red utilizaba la presentación de amparos ante un juez como una modalidad paralela para agilizar el trámite. El objetivo era que un juzgado ordenara a la SAT designar auditores y de esa manera procurar la devolución del crédito fiscal en menor tiempo.

De acuerdo con la investigación, el juez Rodríguez emitió una resolución anómala para excluir de la persecución penal a la empresa Aceros de Guatemala S.A. Una sala dejó sin efecto la decisión del juzgador.

“El oficial Ernesto Caal Caal fuel vínculo entre el juez Adrían Rodríguez y la organización criminal en el caso Aceros de Guatemala”, dijo la fiscal Aldana.

Por el caso Traficantes de Influencias fueron capturadas ocho personas este jueves, entre ellas el exjefe de la SAT, Rudy Villeda. Además, hay once prófugos de la justicia.

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Según la Fiscalía, Moto ha tenido “un interés en beneficio de los sindicados”.

La resolución controversial de este caso fue cuando Moto resolvió no enviar a juicio a nueve implicados, entre ellos la exjueza Martha Sierra de Stalling.

Moto basó su decisión entonces en que no existían indicios que relacionaran los cargos que el Ministerio Público (MP) hace en contra de los procesados con los hechos que fueron descritos en la acusación que se planteó, por lo cual consideró que no era posible que los sindicados afrontaran un debate ante un tribunal de sentencia.

Moto ordenó al órgano investigador que se archivaran los cargos por asociación ilícita en contra de los nueve procesados, entre quienes se incluye la jueza Martha Sierra de Stalling.

Al servicio de corruptos

El Bufete de la Impunidad, como lo calificó el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), era una estructura que iba a facilitar medidas sustitutivas a tres líderes acusados de corrupción. 

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Según Iván Velásquez, jefe de la Cicig, la estructura “proveedora de impunidad”, era dirigida por José Arturo Morales Rodríguez, alias Chepito, y junto a Emilza Higueros, contactaban a sus clientes, ofrecían abogados defensores con  “contactos” en el Organismo Judicial. 

Moto también estuvo en el centro de polémica, cuando en enero último quitó al exalcalde de Chinautla Arnoldo Medrano cinco delitos y lo benefició con una medida sustitutiva y a pagar una fianza de Q75 mil.

El antejuicio contra López del Valle fue promovido por el Ministerio Público, porque supuestamente el juzgador habría cobrado una determinada cantidad de dinero para favorecer a una de las partes en una resolución.

El retiro del fueron contra Galván Casasola, fue promovido por Marco Antonio Rodríguez Quiroa. 

El antejuicio promovido contra el diputado Mike Otoniel Mérida Reyes, del Movimiento Reformador, es por un caso en el que estaría sindicado cuando era empleado de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, pero que al momento de adquirir la inmunidad por ser electo diputado, se habría quedado estancado, según informó el vocero del Organismo Judicial.

Hasta mañana harán públicos los nombres de los jueces pesquisidores, que tendrán a cargo analizar los casos, pedir los informes y emitir una recomendación.

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Vea lo que dijo Álvaro Arzú sobre el antejuicio en su contra

Jaime Amílcar González Dávila, Beyla Adaly Estrada Barrientos y Zonia de la Paz Santizo Corleto son los magistrados que integran la referida sala y designaron a Secaida, titular del Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal.

Según la Fiscalía, hay indicios de que Arzú cometió los delitos de peculado por sustracción y financiamiento electoral ilícito, por lo cual pide retirar la inmunidad para investigarlo.

La jueza Judith Secaida conoce el Caso Redes, una trama de tráfico de influencias que involucra a funcionarios públicos, a un juez y a particulares.

En este proceso, Secaida otorgó arresto domiciliario al exministro de Energía y Minas, Edwin Rodas, quien se declaró culpable pero la juzgadora no accedió a emitir sentencia a través de un procedimiento abreviado.

Secaida también benefició con medida sustitutiva a Gustavo Martínez Luna, Filadelfo Reyes Cáceres y César Medina Farfán. El MP y la Cicig no estuvieron de acuerdo con la resolución y presentaron apelación.

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Fallos cuestionados

Otra decisión de Secaida que la fiscalía adversó fue la falta de mérito que otorgó en marzo pasado a José David Prado Vásquez, exdelegado del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), señalado de haber sugerido al partido Fuerza utilizar un acta en blanco para beneficiar a un candidato a diputado.

La jueza Secaida también otorgó la libertad condicional, a solicitud del MP, a varios procesados por un caso de corrupción en la Dirección General de Educación Física (Digef).

En 2015, Secaida levantó el arraigo contra el exministro de Energía y Minas, Érick Árchila — actualmente prófugo de la justicia —, decisión que la fiscalía también apeló.

Contexto

¿Cuáles son los ocho antejuicios contra Jimmy Morales?

Expertos opinan que esta petición legal llega en un momento político frágil que “desarma la figura del presidente”. Otros consideran que las acciones de antejuicio demuestran que existe una tendencia judicial de investigar a Morales.

Se dividen

Aunque los diputados se muestran prudentes al hablar respecto del nuevo antejuicio, consideran que la exigencia ciudadana va calando.

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Mauro Guzmán, diputado de la UNE, aseguró: “Creo que si viene un nuevo antejuicio ya no vamos a ser 25 los que van a estar a favor. Pienso que ya va a estar cerca de los 105 votos para retirárselo”.

A criterio de Guzmán, luego de la crisis que desataron las reformas al Código Penal, los legisladores ya no están siguiendo la línea partidaria, principalmente los distritales, quienes han tenido que dar la cara en sus comunidades, donde han sido fuertemente criticados.

Carlos Fion, jefe de CREO, afirmó que el antejuicio se suma a la conflictividad social y descontento de la población. “Es inevitable que este tipo de acciones atenten contra la credibilidad y la imagen del presidente y promueven el conflicto social”, afirmó.

No obstante, señaló que la bancada oficial mantendrá su alianza con varios bloques “para proteger al presidente”.

Para Sandra Morán, de Convergencia, el mandatario sigue sumando casos que lo han llevado a un desgaste.

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“Son indicios, todos se perciben como la posibilidad de que no haya transparencia, pese a que su campaña la basó en el lema ‘Ni corrupto ni ladrón’”, comentó la congresista.

En riesgo

El director general del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), Rubén Hidalgo, indicó que la sola presentación de los antejuicios desarma la figura del gobernante.

“La interpretación que se le puede dar es que viene a sumársele a un momento político muy frágil para el presidente, ya sea que se declaren con o sin lugar, independientemente de qué tanta sustancia tengan las solicitudes”, dijo Hidalgo.

El politólogo también afirmó que, dada la crisis política y la debilidad de respaldo que tiene el mandatario, estas solicitudes lo único que vienen a hacer es a desarmar la figura y la credibilidad de Morales del hecho mediático, y contribuyen a que sean cuestionados su liderazgo y solvencia.

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El doctor en Sociología Política, Manuel Villacorta, explicó que al principio el fenómeno que puede detectarse es que ya existe una tendencia judicial para investigar al presidente y a otros funcionarios de alto rango. Esto, básicamente orientado al mal manejo de los recursos públicos.

“El MP, por ejemplo, está solicitando que la Corte Suprema de Justicia apruebe el proceso para que posteriormente el Congreso pueda determinar, por medio de una comisión pesquisidora, si procede una investigación penal para evaluar, ya dentro del debido proceso, si ha habido o no mal manejo de recursos”, dijo Villacorta.

Agregó: “Es importante considerar que estas solicitudes de antejuicio no están inculpando al presidente, lo que se pretende es que los altos funcionarios sean juzgados mediante el debido proceso, se determine la culpabilidad o no de los imputados. Las reiteradas solicitudes de antejuicio —lo que demuestran— es que sí hay pruebas suficientes para hacerlo”.

Busque por municipios y vea si el alcalde simpatizante de Jimmy Morales tiene procesos

La Anam reportó que ese día fueron “más de 200” los alcaldes que llegaron a apoyar al presidente. Sin embargo, las listas oficiales incluyen la asistencia de concejales, síndicos y personal administrativo de esa asociación.

Problemas legales

Los registros de la Contraloría señalan que 10 de los alcaldes que llegaron tienen al menos una denuncia en  el MP.

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Leonidas Morales, alcalde de San Jacinto, Chiquimula,  tiene denuncias por haber contratado a una empresa no idónea y sin registro de precalificados de obra, diferencias entre especificaciones técnicas y renglones de trabajo contratados y deficiencias en la integración de precios unitarios.

Julio Enríquez, jefe edil de Zacapa, tiene en su contra dos denuncias por préstamos utilizados para un fin diferente al contratado y por gastos no justificados.

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Los alcaldes de Iztapa, Mario Mejía; Nueva Concepción, Otoniel Lima; San Vicente Pacaya, Álbaro González; Chinautla, Brenda Del Cid; Villa Nueva, Eswin Escobar; Puerto Barrios, Hugo Sarceño; y Barberena, Víctor Jiménez, tienen una  denuncia en el MP, cada uno.

El cruce de datos también reveló que otros 57 jefes ediles recibieron reparos durante el 2016 y sanciones económicas relacionadas con el control interno o con el cumplimiento de leyes y regulaciones.

En ese aspecto destacan los alcaldes de Villa Canales, Julio Marroquín, y de Zunilito, Eleázar Edelman Cel, quienes tienen 15 reparos, cada uno.

Escobar responde

Escobar, presidente de la Anam, indicó que la confusión en la lista se debió a que cuando se encontraba en el podio preguntó cuántos estaban apuntados en la lista y le dijeron que el conteo era de 201.  

Sobre los reparos de la Contraloría, Escobar respondió: “El que tengan reparos no quiere decir que sean delincuentes.
Hay reparos administrativos todos los días. El que no hace nada nunca va a tener ningún tipo de reparo”.

Al ser cuestionado sobre el apoyo que ha dado a Morales y otros candidatos, indicó: “Antes de que surgiera Jimmy Morales, los tres partidos con estructura eran PP, UNE y Líder. Cáncer, sida o ébola; escoja usted”.

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Crítica

“Es una clara intención de revertir la lucha contra la corrupción e impunidad para poder seguir operando de la forma oscura en que lo han hecho durante décadas”,  señaló Carlos Martínez, experto en gestión pública, sobre el apoyo edil.
Dicho aval refleja que los alcaldes se sienten afectados, pero su apoyo  perjudica más la imagen de Morales, dijo Martínez.

Agregó: “La gestión de un alto funcionario de Estado se asienta en legalidad de acciones y la legitimidad. Esta última está dada por la opinión pública y la aprobación de los ciudadanos, pero el apoyo de estos alcaldes deterioró la imagen del presidente”.

Eddie Cux, de Acción Ciudadana, estima que el apoyo de los alcaldes no es genuino, pues su objetivo es “protegerse y velar por sus intereses”.

La ruta legal

Así es el proceso de antejuicio contra un presidente

Según un informe de la Sección de Antejuicios de la Cámara de Amparos y Antejuicios, la Corte ya recibió tres de los cuatro antejuicios que enfrenta el mandatario.

En el documento se detalla que el pasado lunes ingresaron a la CSJ dos solicitudes de antejuicio contra Morales, el del MP y la Cicig por supuesto financiamiento electoral ilícito y el de Acción Ciudadana por haber declarado non grato a Iván Velásquez.

La tercer solicitud de antejuicio, presentada por cuatro abogados también a raíz de la declaración contra el jefe de la Cicig, fue remitida a la CSJ el pasado martes 29.

El cuarto antejuicio contra el presidente Morales es el que presentó Hellen Mack y esté aún no ha ingresado a la Corte. Mack señala a Morales de desobediencia, según ella, por no actar la orden de la CC que suspendió la expulsión de Velásquez.

Citación

La expulsión del comisionado Velásquez fue suspendida por la Corte de Constitucionalidad (CC) al otorgar un amparo al Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas.

Este jueves se conoció que Rodas fue citado al Congreso por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la oficialista Patricia Sandoval, “para tratar temas sobre derechos humanos”.

El titular de la PDH dijo que le parece extraña la citación de la diputada porque lleva únicamente 10 días en el cargo. “Espero que no sea por el amparo, si es así, aún asistiré (…) Aunque soy comisionado, mas no subordinado del Congreso”, señaló Rodas.

Sandoval le dio opciones de fecha para que el procurador asista, pero por agenda él llegará el miércoles 6.

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Medida cautelar

Rodas acudió este jueves a la CC a notificar a la magistrada Gloria Porras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medida cautelar para su protección.

Según la PDH, Porras ha recibido intimidaciones derivado de resoluciones de la CC “en casos de alto impacto”, sin precisar si las amenazas han sido por su voto favorable al amparo que favoreció a Iván Velásquez, aunque entre los argumentos que presentó ante la CIDH está la “crisis institucional de los últimos días”.

Contexto

El partido de Jimmy Morales recibió mucho dinero sin que se sepan los financistas

El MP y la Cicig hicieron la solicitud de antejuicio con el argumento de que Jimmy Morales, del partido FCN-Nación, del cual secretario general, no reportó los gastos de campaña del 2015 y calificaron que algunos pudieron ser ilícitos y provenientes de financistas anónimos.

Así como ante esa petición, los diputados  han guardado silencio respecto de la decisión   del mandatario de calificar   non grato al jefe de la Cicig, Iván Velásquez,  

Se esperaba que el lunes último, en la reunión de jefes de bloques,  se plantearía la posición de las bancadas, pero el  tema pasó inadvertido.

Ayer, durante en la sesión plenaria, sucedió lo mismo. Los congresistas han evitado hablar sobre lo que ocurre en el país y se han olvidado de discursos incendiarios; más bien   lograron avanzar en la aprobación de la ley que incrementará de Q1.11 a Q4  el dinero que se destina  para la alimentación escolar, por cada niño.

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Algunos diputados hablaron  de prudencia, como Amílcar Pop, quien indicó que es preferible no opinar porque si lo hace y resulta electo  para integrar la comisión pesquisidora podría ganarse una denuncia y se le pediría inhibirse, debido a que emitió criterio por adelantado.

Otros han optado por reunirse fuera del Congreso, en especial las bancadas y diputados aliados al bloque oficial, quienes  también han evitado hablar.

En tanto, la bancada del Gobierno intenta mandar un mensaje de unión y de apoyo al mandatario Morales. Al buen estilo del desaparecido partido Libertad Democrática Renovada (Líder), se toman fotografías de grupo para reflejar cohesión.

Los pocos que  han hablado, como Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional, y Javier Hernández, de FCN-Nación, comparten discurso con el presidente y aseguran que las investigaciones del MP y de la Cicig, bajo el mando de Velásquez, han sido selectivas y que como legisladores han sido presionados con investigaciones judiciales.

Si hoy la CSJ falla a favor,  la solicitud debe ser enviada al Congreso para que integre una comisión pesquisidora que  analice si la investigación es espuria, política o ilegítima.

Para ello, esa instancia debe  escuchar a las partes; es decir, el MP y la Cicig tendrán que justificar la denuncia y explicar por qué piden que se le reitre el antejuicio al mandatario.  

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La comisión emitiría un informe circunstanciado del que debería dar cuenta al pleno en sesión ordinaria, en la cual se deberá decidir con 105 votos si se le retira  la inmunidad a Morales para que sea investigado. De no lograrse esa cantidad, algún congresista podría pedir que se vuelva a repetir la votación.

A casi dos años del próximo proceso electoral, esta votación podría tener un impacto político en diputados y partidos.

Conozca los detalles

MP y Cicig pide antejuicio contra Jimmy Morales por financiamiento electoral ilícito

El proceso de antejuicio contra funcionarios de Guatemala es regulado por la Ley en Materia de Antejuicio.

El artículo 17 de esta normativa establece el procedimiento: Cuando el Congreso de la República deba conocer de un antejuicio promovido contra un dignatario o funcionario que, por razón del cargo goce de ese derecho, después de haberse inhibido un órgano judicial de continuar instruyendo proceso por tal razón y habiéndose recibido los autos para su conocimiento, como señala el artículo 16 de esta Ley, la Junta Directiva lo deberá hacer saber al Pleno del Congreso que en Próxima sesión ordinaria, que se celebrará no más de ocho días, después de su recepción iniciará el trámite del asunto.

El Congreso procederá de la manera siguiente: En la sesión ordinaria convocada como se indica en el primer párrafo de este artículo, el pleno del Congreso será informado de todos los detalles del asunto.

En esa misma sesión el pleno del Congreso integrará una comisión pesquisidora, conformada por cinco miembros por sorteo que se realizará entre todos los diputados, salvo el presidente del Congreso.

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El primer diputado sorteado será el presidente de la comisión y el segundo actuará como secretario. Los restantes actuarán como vocales.

Las decisiones de la comisión pesquisidora se adoptarán por mayoría de votos y ningún diputado puede excusarse o dejar de participar, salvo que el pleno acepte la excusa encontrando fundadas las razones argüidas. Si alguno de los miembros de la comisión pesquisidora se resistiere a actuar en ella esto constituirá falta grave y los demás miembros lo harán del conocimiento de la Junta Directiva del Congreso de la República para la sanción que corresponda.

La comisión pesquisidora examinará el expediente y demás documentos que hubieren, oirá a los promotores del antejuicio, así como al funcionario contra quien esté enderezado el asunto y practicará las diligencias que soliciten las partes recabando toda información y documentación que cualquiera de los miembros de la comisión considere pertinente, con el propósito de establecer la veracidad de los hechos denunciados y si éstos pueden o no suponer la existencia de un hecho que por su naturaleza deba ser conocido por un juez del ramo penal.

Emitida la resolución que declara con lugar el antejuicio, deberá retornarse el expediente a la Corte Suprema de Justicia al fin que lo turne al tribunal del orden común que proceda.

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Si no se completa el voto de las dos terceras partes del total de diputados para declarar con lugar o sin lugar el antejuicio, el expediente se guardará en la Dirección Legislativa a disposición del Pleno del Congreso.

Si el antejuicio es declarado sin lugar, causará estado y no integrará cosa juzgada.

Proceso judicial

En caso el antejuicio contra el presidente Morales sea declarado con lugar por los diputados, el expediente quedará en manos del juzgado que conozca el caso sobre financiamiento electoral ilícito del partido FCN-Nación, y el proceso contra el funcionario sería como el de cualquier ciudadano común.

El antejuicio fue promovido por Luis Alberto Luna Veliz y lo conoció la jueza Silvia Morales Asencio, quien citó en numerosas ocasiones al alcalde y él dilató por meses su comparecencia.

Los magistrados estimaron que las frases de Arzú fueron “en son de broma, ya que las mismas lo que causó en el auditorio fue risas y aplausos, y no con el ánimo de incitar a la violencia y llevarla a la práctica ni en forma alguna su intención fue formar grupos ilegales como se denuncia”.

Agregaron que Arzú no actuó con dolo (intención de cometer la acción prohibida por la ley) “y no se causó daño a ninguna persona con las fases que expresó”.

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La jueza pesquisidora también tomó en cuenta que Veliz no pudo establecer si estuvo o no presente cuando Arzú se dirigió a los comerciantes.

Consultado al respecto, Luna Véliz dijo que la Sala hizo un mal análisis respecto a las declaraciones del funcionario edil.

La Sala es presidida por Gustavo Dubón Gálvez y los vocales Rolando Chávez Pérez y Eduardo Galván Casasola.

Ni el alcalde ni la municipalidad se ha pronunciado en torno a la resolución judicial hasta ahora.

Es sindicado de los delitos de abuso de autoridad, peculado por sustracción y extorsión.

Según la investigación, el parlamentario asignaba tareas particulares a trabajadores contratados por el Congreso.

1. Mantenimiento a inmueble propiedad de Christian Boussinot en Juan Gaviota, Marina del Sur, Puerto San José, Escuintla.
2. Construcción de un helipuerto y mantenimiento de la residencia del diputado Boussinot, en Fraijanes.
3. Mantenimiento en bodegas de la empresa Catrasa, de la familia Boussinot.
4. Mantenimiento y colocación de vallas publicitarias de la empresa Alcance Ejecutivo, vinculada a la familia del diputado.
5. Actividades partidistas a favor del partido Todos.

Conversaciones telefónicas hechas públicas el año pasado revelaron cuando Boussinot exigía un porcentaje de su salario a su trabajador Michael Vásquez Sical.

Édgar Hernández Regalado, exasistente del diputado Boussinot, fue detenido en junio de 2016 en su residencia en la zona 5 de Mixco, sindidado del delito de extorsión. Cuando fue capturado se desempeñaba como colaborador del parlamentario Ovidio Monzón.

Tramita antejuicio

La CSJ también dio trámite a la solicitud de antejuicio que presentó el MP contra la jueza de paz de San José Pinula, Rocío Albany Murillo Martínez, por los delitos de falsedad ideológica, incumplimiento de deberes y retardo de justicia.

La juzgadora afrontará un juez pesquisidor, quien recomendará si se le debe o no retirar la inmunidad.

El Organismo Judicial (OJ) no dio a conocer el nombre del juez pesquisidor designado, únicamente informó que integra el Tribunal Quinto de Sentencia Penal.

Murillo Martínez no practicó una exhibición personal que debió haber hecho horas antes de que ocurriera el incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción que dejó 41 adolescentes fallecidas.

Sin inmunidad

La Corte también retiró la imunidad a la jueza de Familia de Sacatepéquez, Ana Vilma Díaz, quien podrá ser investigada por la fiscalía. Es sindicada de los delitos de abuso de autoridad y resoluciones contrarias a la ley.

Díaz fue parte del grupo de jueces y magistrados que en 2015 pidió la renuncia de Blanca Stalling, luego que fuera señalada por su posible involucramiento en el caso La Línea, según escuchas telefónicas presentadas por el MP.

“En virtud del análisis que hace Corte Suprema de Justicia y del informe que se recibe de la juez pesquisidora, se determina que el mismo se declara con lugar”, informó Ángel Pineda, vocero del Organismo Judicial (OJ).

Orellana Donis es señalados de los delitos de cohecho pasivo, aceptación ilícita de regalo, enriquecimiento ilícito e incumplimiento de prestar declaración jurada patrimonial.

Rey del Tenis admite compra

Roberto López Villatoro, más conocido como el Rey del Tenis, admitió que prestó dinero al magistrado Giovanni Orellana Donis para comprar un apartamento, por el que se le vincula en amaño para la elección de magistrados del 2014.

Sin inmunidad

La Corte también retiró el antejuicio al juez de Paz Anthony  Giovanni Pivaral y ex director del Sistema Penitenciario vinculado por la Fiscalía al caso Blindados, en el cual se señala a varios exfuncionarios de  Gobernación por irregularidades en el arrendamiento de 47 vehículos blindados durante la gestión de Mauricio López Bonilla.
 
A Pivaral se le señala de haber suscrito los contratos por medio de los cuales Gobernación arrendó los vehículos blindados utilizando la modalidad de compra por excepción.

Mack González, asesor jurídico de los empleados, dijo que se presentaron tres procesos, uno promovido por supuesta violencia contra la mujer, pero fue denegado. Los otros dos fueron solicitados por supuesto abuso de autoridad y desobediencia.

Suficientes indicios

Los magistrados consideraron que hay suficientes indicios para retirar el beneficio del cual goza el alcalde Ambrosio Ramírez, quien ahora deberá ser llevado ante los tribunales de justicia, para que esclarezca los motivos por los cuales, pese a estar emplazada la municipalidad, destituyó a 20 trabajadores presupuestados.

González detalla que la resolución dictada es en favor de los trabajadores, quienes supuestamente han sido perjudicados por parte del alcalde. “Esperamos que ahora el ente investigador con las pruebas que ya se aportaron de seguimiento inmediato al proceso, para que se atiendan las demandas de este grupo de personas”, manifestó.

Agregó que la cámara de amparos y antejuicios designó a un juez para investigar, y de esa cuenta en la resolución que se emitió se resuelve contra el jefe edil, quien se ha negado en reiteradas ocasiones a reinstalar en su puesto a los 20 empleados que tampoco reciben su salario.

Ignoró resolución 

Recordó que el juez de trabajo de La Democracia, ordenó la reinstalación, pero fue ignorada e incluso el 16 de febrero pasado, uno de los concejales informó que no se les daba la oportunidad de trabajar porque no están afiliados a determinado partido político. 

Nicolás Alberto Esteban, uno de los afectados, dijo que el proceso comenzó en julio del año anterior. Afirmó que agotaron las vías del diálogo, pero no obtuvieron respuesta, por lo que ahora esperan que se emita una orden de captura contra el funcionario, para que responda por los delitos que supuestamente ha cometido. 

“Desde julio del 2016 no nos han pagado, con la justificación de que no pertenecemos a su partido político”, explicó
Añadió que en reiteradas ocasiones se han presentado notificaciones, pero el alcalde huye cuando se practican diligencias; además, le han impuesto dos multas de Q536 mil y por desobediencia se le incrementó en un 50 por ciento.
“Nosotros esperamos que esos pagos no se hagan con dinero de las arcas municipales”.

Tienen deudas

Alfonso Villatoro, otro empleado, dijo que se han endeudado en los bancos, tiendas y farmacias para poder sobrevivir durante estos meses que no han recibido su salario y que esperan la situación cambie ahora que han sido respaldados por la Sala que le quitó su inmunidad al jefe edil. 

Vía telefónica se trató de obtener la versión del alcalde, pero fue imposible.

En sesión plenaria, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) conoció el expediente enviado por un juez de Paz en virtud de que se evaluara si Stalling debía ser sometida a antejuicio.

Los magistrados resolvieron que el caso fue en flagrancia, por lo que su colega no quedaba bajo la protección de la inmunidad.

A continuación el Juzgado Séptimo Penal deberá conocer los señalamientos por el caso de resistencia a la detención, el cual surgió paralelo al caso de tráfico de influencias por el que Stalling ya guarda prisión y está ligada a proceso.

La funcionaria judicial fue detenida el pasado 8 de febrero en  una tienda ubicada en la zona 9 donde, según la Policía Nacional Civil (PNC), amenazó con dispararle a los agentes captores y luego amenazó con suicidarse.

Stalling perdió el antejuicio y fue detenida para que responda por señalamientos de que se aprovechó de su cargo de magistrada para intentar influir en el juez Carlos Ruano para que su hijo Otto Molina Stalling recibiera un beneficio en el caso de corrupción IGSS Pisa en el que está procesado.

Ese caso, adicional a la renuncia de los magistrados Douglas Charchal y Vladimir Aguilar, ha causado un profundo desgaste en la magistratura de la CSJ que asumió en 2014 para un periodo de cinco años.

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El 26 de enero último, la Fiscalía Especial contra la Impunidad solicitó el antejuicio contra el diputado oficialista, presuntamente implicado en la muerte de los periodistas Danilo López y Federico Salazar, ocurrida en Mazatenango.

El jefe fiscal Francisco Sandoval dijo que la investigación, que comenzó meses atrás, dio el indicio de que Juárez pudo haber tenido participación en el doble crimen.

Juárez Ramírez, diputado por Suchitepéquez, es un empresario de Santo Tomás La Unión.Tiene empresas dedicadas a la construcción. Fue alcalde de Santo Tomás La Unión del 2012 al 2016.

En las elecciones recién pasadas fue elegido diputado por el partido Libertad Democrática Renovada (Líder) y luego migró al partido FCN. Previo a su campaña para alcalde, apoyó el deporte en Suchitepéquez.

Como resultado de estas citas, que comenzaron el lunes de la semana pasada, se efectuaron varias modificaciones a la propuesta inicial, que a criterio de De León no restan la esencia de la propuesta inicial.

Entre las modificaciones se acuerda cambiar el nombre del Consejo Nacional de Justicia a Consejo de Administración Judicial. Según el Procurador, algunos congresistas temían que se estuviera creando una superinstitución, por lo que se le quitó la facultad de nominar magistrados para la Corte de Constitucionalidad y se le otorgan funciones únicamente administrativas y financieras.

Esta propuesta no está escrita en piedra. De acuerdo con el Magistrado de Conciencia, ellos presentaron un borrador que recogió todas las inquietudes de los congresistas, pero no significa que estos puedan efectuar más modificaciones.

Modificaciones

• PDF | Consulte aquí los acuerdos pactados

Se retrasa

El miércoles se iniciaría con la discusión y aprobación de las reformas en el pleno del Congreso. Sin embargo, a petición del congresista Dorian Taracena, de Encuentro por Guatemala, se retrasó para la próxima semana.

Taracena argumentó que necesitaban más tiempo para estudiar las 24 enmiendas que se habían presentado.
Manuel Conde, diputado del Partido de Avanzada Nacional, aseguró que mañana por la mañana varios jefes de bloques se reunirán para evaluar si hay consenso respecto de las enmiendas o si  aún hay que efectuar modificaciones.

Amílcar Pop, de Winaq, aseguró en la instancia de jefes de bloques que él desconocía la propuesta y que no había sido invitado a discutir cambios. “Ha sido un grupo selecto”, manifestó. Sin embargo, De León Duque aseguró que este participó en el primer grupo con el que ellos se reunieron.

El congresista  manifestó su rechazo a la modificación que se efectuó a la jurisdicción de los pueblos indígenas, pues a su criterio se crea una especie de fuero especial, en el que la ejecución del mismo se delimita a un pequeño grupo.

Según el legislador, también se está obligando a que se respete el Derecho ordinario, cuando la jurisdicción indígena es diferente. “Si el Código Penal dice que por hurto o robo hay cárcel, no se podrán emitir otras sanciones como la compensación a la comunidad”, se quejó.

Orlando Blanco, jefe de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), indicó que esa bancada aprobará cualquier propuesta que emane de la mesa técnica. No obstante, aseguró estar preocupado porque cada vez se está “diluyendo más” el contenido original.

“Es como si hubiera entrado leche entera y se cambió a deslactosada, pero entiendo que se está haciendo en aras de alcanzar consensos”, agregó.

Para Blanco, en la nueva propuesta se están haciendo una serie de propuestas que minimizan la  original. “Se está cediendo mucho, se preserva el poder del Congreso, y en la Corte Suprema de Justicia se devuelven atribuciones que se pretendía que fueran asumidas por el Consejo, con el fin de fortalecer la carrera judicial”, manifestó.

Entre los cambios se regresa a las universidades privadas y a la de San Carlos el poder para elegir a un magistrado para la CC cada una. “De nuevo se politiza la elección de la Corte”, rechazó Blanco.

• PDF | Proyecto inicial de reformas constitucionales

Difieren

Según De León Duque, en las reuniones de cabildeo participaron la fiscal general, Thelma Aldana; el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez; él y una abogada que recopiló las propuestas.

La procuradora adjunta de la PDH, Hilda Morales, desconocía acerca de esa búsqueda de consenso. Sí sabía que los diputados se estaban reuniendo y aseguró que como mesa técnica no se apoyaban cambios, porque la propuesta inicial era la que se respalda, pues se hizo con base en consensos nacionales.

“Se está restando fuerza a una propuesta bien reflexionada y discutida”, manifestó.

“No era perfecto”

Según el procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, nunca se dijo que el documento fuera perfecto y siempre se propuso escuchar a los sectores.

Las enmiendas plantean modificar hasta el preámbulo de la iniciativa y se elimina la parte de que deben ser ratificadas en consulta popular.

En la propuesta se detallaban varias garantías y principios que debía regir el sistema de administración de justicia, entre estas los principios de igualdad, no discriminación, idoneidad, capacidad, honradez y especialización. En las enmiendas se elimina la idoneidad y la honradez.

Manuel Conde, del PAN, indicó que hay muchos detalles en una norma constitucional. A su criterio, hay varios aspectos que deben  ir en leyes ordinarias.

En la iniciativa original se pretendía que los magistrados y jueces de la Corte de Apelaciones  prestaran  juramento a la Constitución ante el Consejo Nacional de Justicia. Como este se elimina y se crea uno más administrativo, se continuará presentando ante la CSJ.

Pese a las exigencias, la modificación al derecho de antejuicio no se retomó. Según De León: “Este tema ya se perdió, por eso no lo abordamos, pero hubo más de algún diputado que hizo la consulta, pero no creo que se vaya a  llevar al pleno”.

El último fue contra el diputado Julio Juárez, sindicado del asesinato de dos periodistas en Suchitepéquez. Este sería el segundo proceso contra el congresista,  el primero se le inició por discriminación, ya que es uno de los que participaron en la citación a la gobernadora de Alta Verapaz, Estela Ventura, quien salió llorando del recinto por las exigencias y supuestos maltratos por parte de los legisladores.

Politólogos coinciden en que los procesos contra los diputados de FCN-Nación dejan a la bancada en una situación de incertidumbre, pues en cualquier momento alguno tendrá que dejar su curul, lo que significa que asumiría otro legislador que, sin duda alguna, fue electo por otro partido político.

Aunque la bancada de gobierno es la más grande del Congreso por tener 37 legisladores, solo 11 fueron electos por el partido FCN-Nación, lo que significa que al dejar la curul alguno de los tránsfugas asumirá un diputado de otro bloque.

De los 12 procesados, tres fueron electos por el partido de gobierno y el resto son tránsfugas. Además, entre los antejuiciados se encuentra Eduardo Ramiro de Matta, segundo secretario del Legislativo, quien enfrenta un proceso legal por violencia contra la mujer.

De los 23 diputados con antejuicio en este momento en el Congreso, 12 son de FCN-Nación.

Posición difícil

Para el politólogo Ricardo Barreno, el partido de gobierno se ha caracterizado por  su poca capacidad de negociación y de manejo de crisis, hecho que agrava su posición.

Hugo Novales,  de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, cree que será  difícil para la bancada de gobierno lograr una cohesión, debido a que hay muchos de sus integrantes con permanencia incierta, independientemente de la lentitud con que avancen los procesos.

Javier Hernández, jefe de FCN-Nación, aseguró: “No conocía el número completo… si no cumplen los requisitos para ser diputados, perderemos un gran número”.

Bancada señalada

1. Julio Longo, FCN Nación y ex Líder, presidente. Votó por Stalling en 2014.
2. German Velásquez, PP, secretario
3. Eva Monte, Acción Ciudadana; ex de Líder y Pro, secretaria.
4. Mario Pérez, Creo, secretario. Llegó al Congreso luego que Selvin García dejó la curul.
5. Oliverio García, Movimiento Reformador y ex PP, secretario.

La comisión tendrá como responsabilidad evaluar la solicitud de antejuicio que formuló la Fiscalía contra Stalling, citar a ambas partes, y elaborar un informe que sugiera al pleno si debe o no retirar la inmunidad, sobre lo cual los diputados votarán.

En rueda de prensa, Longo dijo que convocará a los pesquisidores para trabajar a partir de mañana, pero evitó estimar cuándo podría entregar el informe y las conclusiones.

La apoyó

La pesquisidora será presidida por Longo, quien además de ser tránsfuga es consuegro del exdiputado Jaime Martínez Lohayza, acusado de lavado de dinero en el caso denominado Lavado y Política, en el que está implicado Francisco Édgar Morales Guerra, alias Chico Dólar.

Longo, quien inició su carrera política en el 2012 con la Gran Alianza Nacional (Gana), dirigida por Martínez Lohayza,  migró después para Libertad Democrática Renovada, con la que logró la reelección. Sin embargo, transfugó hacia el Movimiento Reformador (MR), donde duró cerca de 20 días, para finalmente terminar en el partido de gobierno.

A la fecha ha participado en la presentación de 11 iniciativas de ley, entre ellas la que elevó el impuesto a la circulación de vehículos, que finalmente fue derogada.

La secretaría de la pesquisidora estará en manos de Germán Velásquez, secretario de organización del PP, quien además fue sentenciado a cinco años de prisión por una acusación de maltrato intrafamiliar. La aplicación de su condena está detenida por varios recursos legales que ha presentado.

Mario Velásquez, quien será uno de los tres vocales, ha sido contratista del Estado a través de su empresa Comercial Velásquez (Comvesa), ubicada en San Marcos. Con esta logró contratos por Q3.8 millones entre el 2013 y el 2016 por ventas de materiales a municipalidades en ese departamento.

Monte Bac, electa por Chimaltenango, además de ser tránsfuga es hija de la controversial diputada Delia Bac. Ambas pertenecen a la bancada AC, luego de haber ganado la curul con Libertad Democrática Renovada.

García Rodas, el último de los vocales electos, presidió la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Durante su período se dictaminaron las reformas al sector de administración de justicia.

Tanto el presidente de la pesquisidora y el vocal García Rodas votaron a favor de elegir a Stalling como magistrada en el 2014.  El resto de integrantes no había llegado aún al Congreso.

Proceso

El jueves último, la CSJ dio trámite a la solicitud de antejuicio contra su colega Blanca Stalling, quien ya presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) y se negó a renunciar a su cargo en tanto avanza el proceso.

La Fiscalía y la Cicig promovieron el antejuicio con base en una investigación que detalla que Stalling presionó al juez Carlos Ruano -quien hizo la denuncia y después salió del país- para que favoreciera con una fianza a su hijo Otto Fernando Molina Stalling durante la etapa de primera instancia penal del caso IGSS Pisa, donde es acusado de haber participado en un entramado de influencias para dar contratos millonarios a una empresa que dio malos servicios de diálisis a enfermos renales, muchos de los cuales murieron.

Dos renunciaron

Vladimir Aguilar y Douglas Charchal fueron antejuiciados y renunciaron a sus cargos de magistrados de la CSJ al estar involucrados en casos de corrupción del gobierno del Partido Patriota.

La funcionaria es vocal primera en la Sala Tercera de Apelaciones del ramo Penal desde el 25 de noviembre del 2014, después de una elección en la cual hubo varios señalamientos de sectores sociales, por posible tráfico de influencias.

Los hechos que tendrá que analizar Estrada Barrientos fueron planteados como argumentos con los cuales el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) solicitaron el pasado 11 de enero que se le retire el derecho de inmunidad al funcionario.

Entre los casos que Estrada Barrientos ha conocido se encuentra el antejuicio contra el alcalde de Santa Catarina Pinula, Víctor Alvarizaes. Ella y los magistrados Jaime González y Zonia Santizo  decidieron retirarle la inmunidad para que fuera investigado por posibles responsabilidades en el desastre ocurrido en El Cambray 2  el 1 de octubre del 2015.

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En marzo del 2015, esa Sala anuló la sentencia que el Tribunal de Sentencia Penal impuso a los militares Napoleón Rojas Méndez y Jacobo Salán Sánchez, condenados a cinco años y ocho meses de prisión por el desvío de Q30 millones del Ministerio de la Defensa.

Ejercicio

En el 2014, Estrada Barrientos fue asesora legal del Registro Nacional de las Personas, según la nómina de empleados.

En el 2012 asistió en forma legal al exfiscal Carlos de León, quien fue capturado por señalamientos de lavado de dinero.

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Y en el 2001 fue asistente de De León en el Ministerio Público. En esa oportunidad causó una llamada de atención a un fiscal, a quien señaló de haberle faltado el respeto.

Opiniones encontradas

El magistrado Eddy Giovanni Orellana Donis rechaza  los señalamientos que en su contra hacen el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

“Esa es una decisión estrictamente personal de la magistrada Stalling, ella verá si renuncia o no renuncia, de todos modos ella ya está siendo sujeta de un antejuicio y de una investigación disciplinaria”, aseguró Valdés.

Agregó que la ley no le da la facultad de solicitar la renuncia a ninguno de sus compañeros. “Yo no tengo la potestad de pedirle la renuncia, porque es tan magistrada como yo. Fue electa de la misma manera que todos”, dijo.

Incumplimiento

Para Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, la CSJ está funcionando como una estructura que protege a la magistrada.

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“Es un hecho que Blanca Stalling violó las normas del OJ que todos tienen que cumplir y la presidenta dijo que eso constituye una falta gravísima a las normas éticas de la institución”, afirmó.

Según la analista Lorena Escobar, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), no existe una norma que obligue a la CSJ solicitar la renuncia de uno de sus integrantes, pero se puede hacer una sugerencia.

“Todos han sido muy cautos al indicar que no pueden pedir la renuncia, pero se trata de una situación de carácter moral. Esto nos muestra que el diseño de selección de magistrados es obsoleto y rompe con lo que en cualquier parte es una carrera”, enfatizó.

El analista Lizandro Acuña, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), opinó que existen mecanismos legales que posibilitan el retiro del cargo.

“La Ley de la Carrera Judicial establece que un magistrado pierde su calidad por sanción o destitución, y se califican como faltas graves y gravísimas hechos como influir en decisiones de subalternos o incluso a los propios compañeros”, expresó.

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Recordó que los exmagistrados Vladimir Aguilar y Douglas Charchal salieron de la CSJ por señalamientos.

“La protege”

Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, señaló que ninguno de los magistrados  tiene la autoridad moral para pedir la renuncia de Stalling, porque todos son cuestionables. “La CSJ la protege, y esa es una situación inadmisible en este contexto”.

“Generar presión”

Lorena Escobar, analista de Asíes, indicó que se debe retomar el tema del sector justicia conforme las reformas constitucionales que están en el Congreso. “Hay que reforzar el tema de la reforma para generar más presión y que el Congreso la apruebe”.

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“Tema delicado”

El analista Lizandro Acuña, del Ipnusac, señaló que se debe prestar atención a los mecanismos de depuración internos del OJ. “La Junta de Disciplina es la encargada de analizar la situación de un funcionario señalado, y si sigue en el cargo o no. Ese es un tema delicado”, precisó.

A primera hora, Ruano denunció las presiones de Stalling y confirmó que interpuso la denuncia.

Luego de la denuncia de Ruano, se excusó de continuar en el caso, a lo cual las juezas del Tribunal, Dinora Martínez y María Sitavi, también se excusaron de continuar.

La conversación

Blanca Stalling: Mire Lic. Yo en realidad le agradezco muchísimo que esté aquí, en primer lugar quería conocerlo.

Juez: Sí claro.

Blanca Stalling: En segundo lugar, yo me enteré que usted va a estar en un debate. Lo nombraron y lo designaron como suplente en un debate del caso IGSS PISA.

Blanca Stalling: Pues le cuento que entre uno de los sindicados allí es mi hijo el más pequeño y yo no le voy a pedir a usted nada que no sea legal, porque eso sería lo último que yo haría en mi vida, ni nada que salga fuera de lo que, porque usted tiene su independencia judicial y usted tiene sus decisiones, y sus decisiones tienen que hacer apegadas a la ley.

Juez: Perfecto muy bien…

Blanca Stalling: Yo lo único que quería era conocerlo y expresarle como madre mi sentir pues porque sabe que una madre es todo para un hijo y un hijo es todo para una madre y mi situación es que mi hijo tiene año cuatro meses de estar detenido y no se ha llevado a cabo el debate y probablemente el debate sea hasta el año entrante, entonces yo lo único que pido es si en sus posibilidades estuviera en primer lugar pues coadyuvar con los otros jueces, yo también he tratado de mandar ese mensaje de que traten de agilizar la posibilidad de adelantar el debate, porque en realidad mire año cuatro meses y estar privados de libertad a él se lo llevaron y su hijo tenía seis meses cuando se lo llevaron…

Juez: Perfecto.

Blanca Stalling: Mañana tienen una revisión de medida sustitutiva si existe la posibilidad sé que los delitos que muchas personas tienen allí son, pueden ser objeto de una medida sustitutiva las cárceles están hacinadas, en mi hijo…esa es mi solicitud por favor que realmente su función de Juez sea lo más profunda, la decisión que tome por mi será la más sabio Dios también sabe lo que hace y si las cosas usted se dará cuenta como están allí, ya no le voy a decir más solo pedirle que si hubiera la posibilidad de otorgar la medida sustitutiva…

Juez: Yo le garantizo eso, de profundizar, de analizar y conforme a la ley tomar la decisión más acorde.

Blanca Stalling: Muchas gracias.

Juez: Se lo digo.

Blanca Stalling: Yo se lo voy a agradecer mucho.

Juez: Con toda honestidad.

Blanca Stalling: Entonces yo si le pido lic, y si en sus manos está, y en los otros jueces, en las manos de ustedes está la posibilidad de una medida sustitutiva, como le digo, que vean que yo si jamás haría mire, no se va a ir pues no tiene pasaporte, no tiene pasaporte vigente no tiene visa, perdió su trabajo en la Contraloría. El ya no estaba en el IGSS, estaba en la Contraloría de Cuentas, de jefe, de subdirector del área de verificación de inversiones en las Municipalidades y todo eso, entonces perdió su trabajo, su hijo creciendo sin el papá, el niño ya tiene un año y meses, a aquel lo agarraron en mayo y el niño cumplía años, su primer añito en noviembre imagínese entonces y claro, desde luego como le digo y si está en sus posibilidades también ver que adelanten el proceso pues, verdad ser razonable al contarle eso, las fases son accesibles.

Juez: Sí, es una decisión del tribunal.

Blanca Stalling: Sí y entonces ver si hay un espacio ahí para ir adelantando el proceso porque, porque usted sabe que todas las personas tienen derecho de ser juzgadas en un plazo razonable y esto mire entre la acusación y el ofrecimiento de prueba fueron casi cinco meses.

Juez: El asunto con eso es que ya viene el período de vacaciones.

Blanca Stalling:  Eso, mire, ahí ayer que aprobamos en el pleno las vacaciones, bueno ya las había visto yo va, hay Dios mío digo yo, vine por eso digo yo, yo le ruego a Dios y le pido a Dios que por lo menos les pudieran dar alguna medida a los que tengan la posibilidad porque en realidad que, qué se ganan con tenerlos en la cárceles, esas cárceles hacinadas porque él está en Mariscal Zavala, por cierto, pero dicen cárcel VIP, no hay una cárcel VIP, mire, mire, mire, es, es ,es un pedacito, el espacio que ellos …

Lic. eso es en sí mi petición y le agradezco a usted eh, el escucharme porque la verdad que le juro que yo como, tengo ese corazón también de defensora fue tanto tiempo también que estuve en la calle yo quisiera siempre que se hagan las cosas, hacer como cuando era defensora, yo iba a hablar con los jueces, yo iba a hablar con los fiscales, yo siempre quisiera poder hacerlo, pero no puedo estando en esta posición, no puedo, entonces es sumamente complejo, solo hacerlo como madre verdad, que es lo único que, qué y que es lo más importante al final verdad, uno como funcionario no puede intervenir en el trabajo de sus demás colegas, apoyarlos para que puedan hacer un buen trabajo, esa es nuestra función.

Juez: Sí, más en la función jurisdiccional, verdad.

Blanca Stalling: Si, mire yo pues.

Juez: Y yo le reitero eso verdad, la disposición de hacer mi trabajo.

Blanca Stalling: Si eso.

Juez: Como debe ser.

Blanca Stalling: Eso.

Juez: Así ha sido siempre.

Blanca Stalling:  Eso es lo que a mí más me interesa, que profundicen y puedan leer bien, en la situación para que se comprenda, porque mire, realmente hasta yo cuando pasó esto y empecé a leer esa acusación de la, de la pues de la imputación yo no entendía, yo no enten, es que mire es un relajo el que hacen, es un taco o sea como está los procesos ahora, que  ponen montón de delitos un montón de cosas todo revuelto, o sea, revuelven, una, no son claros. Ya claro, ya en la acusación, pero siempre es que equivocan lo que él habla sobre diálisis y hemodiálisis y lo que él habla sobre hemodiálisis, por eso dicen que el sí, porque él habló algunas veces por teléfono con estas gentes de la hemodiálisis, pero que ellos querían y tan es así que fíjese que mi hijo, cuando él, cuando ya cuando aprobaron eso y después de que hablaron con los de PISA (No se entiende) ósea ni siquiera hablaron de eso porque de plano, el de PISA le ha de haber dicho al otro eso si no se si fue así porque le ha de haber dicho al otro (No se entiende) yo digo que sí porque cuando llegaron a juntarse a la Zúrich, lo que les ofrecieron de lo que hablaron fue de lo de las camas ya nada de lo otro, ni mi hijo no tiene dinero en cuentas, no tiene carro, no tiene nada y hasta el carro está ya desocupado se ha tenido que para poder salir de esto, pero bueno, muchas gracias Lic. Mucho gusto de conocerlo oye.
Juez: igualmente.

Blanca Stalling: ¿Y ahora dónde está?

Juez: Bueno, hoy que Salí de turno acá, mañana que tengo audiencia, el domingo en la noche.

Blanca Stalling: ¿Ustedes también hacen turnos en la noche?

La denuncia fue presentada por Jackeline Johanna Suárez Linares, quien sostuvo que fue agredida por Taracena cuando éste pidió al diputado Marvin Orellana que desocupara la oficina del exparlamentario Luis Rabbé –prófugo de la justicia por un caso de plazas fantasma–.

El Ministerio Público pidió al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) que evaluara a Suárez, pero el informe estableció que no hay evidencia física de un golpe o agresión, por lo que esa solicitud de antejuicio fue rechazada, explicó el vocero del Organismo Judicial, Ángel Pineda.

Otro caso relacionado con Taracena, es el de la denuncia contra el Juez Segundo de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Marco Pérez, a quien trabajadores destituidos del Congreso señalan de haber resuelto de manera rápida.

El pleno de magistrados de la Corte consideró, agregó Pineda, que por ser casos similares, el juez puede emitir una resolución similar, por lo que la solicitud también fue rechazada.

Asimismo, no se dará trámite al expediente de antejuicio solicitado por la Contraloría General de Cuentas (CGC) contra la Junta Directiva del Congreso del 2015, la cual presidía Rabbé.

El punto de la denuncia rodea el hecho que el Pacto Colectivo de dicho organismo autoriza un incremento salarial del 10 por ciento para sus trabajadores, pero la Contraloría creía que ese aumento era sobre el sueldo base, y no sobre las cantidades que crecían año con año.

“Se indicaba también que eran para los años 2013, 2014, 2015 y 2016”, agregó el vocero del OJ.

“Los magistrados han tenido en su conocimiento el expediente, pero se ha podido determinar que no se ha individualizado, de parte de CGC, quiénes son los que habían incurrido en algún delito por esa circunstancia. También se determinó que la Junta Directiva no firma cheques ni fija salarios, en consecuencia era importante que se hubiese individualizado este aspecto”, afirmó Pineda.

El 10 de junio último, la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos presentó una solicitud de antejuicio contra el alcalde, quien según una denuncia, autorizó y cobró cheques de fondos municipales.

El Ministerio Público (MP) informó ese día fue planteada la solicitud en el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal Civil y Económico Coactivo de Poptún, por el delito de lavado de dinero u otros activos.

Informó que la denuncia contra el funcionario fue presentada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), ya que al parecer el jefe edil autorizó en diciembre de 2015 cuatro cheques por un monto de Q530 mil; además, cobró uno estos por Q150 mil.

En ese momento Cruz afirmó desconocer de dónde viene el asunto. Resaltó que las autoridades del MP están en su derecho de efectuar las investigaciones correspondientes; además, indicó que existe la presunción de inocencia.

“Hoy en día cualquier persona puede presentar denuncias, en especial aquellas que perdieron una elección. No me preocupa, estoy tranquilo”, aseguró el funcionario, quien ocupa la silla edil por tercer período consecutivo.

“En el proyecto de reforma se establece que ser sometido a procedimiento penal se inicia desde la audiencia de primera declaración, y entonces, si así se aceptara una definición del concepto de antejuicio, significaría que es posible adelantar investigaciones de quienes tienen ese beneficio”, pero sin ser capturados hasta que un juez levante la inmunidad”, explicó el comisionado.

El problema que afrontan los investigadores de los casos en los que hay involucrados funcionarios y alcaldes con inmunidad es que “se hace la solicitud de que se levante la inmunidad y se rechaza porque no hay elementos que soportan la solicitud de antejuicio, y ahí lo que hay es una gran impunidad”, opina Velásquez.

Si las reformas fueran aprobadas sería posible adelantar una investigación preliminar, incluidas las interceptaciones telefónicas, los exámenes financieros y de bancos, y hacer allanamientos, pero con la garantía de no ser privado de libertad, ni imputado antes de que un funcionario judicial dé vía libre para levantarle la inmunidad. En otros países de América Latina, ni altos funcionarios ni alcaldes gozan de ese beneficio, señaló el comisionado.

Preocupados

Los gobernadores están turbados porque en el Diálogo Nacional para reformar el sector de justicia se contempla quitar el privilegio de antejuicio a los representantes del presidente en los departamentos, y no encuentran apoyo, como los alcaldes, en diferentes sectores.

Por ejemplo, en los diálogos regionales la sociedad civil se ha mostrado a favor de retirar la inmunidad por medio de la modificación del artículo 227 constitucional, en el cual se quitaría el grado de ministros a los gobernadores, por lo que ya no tendrían el mismo privilegio.

Dos gobernadores que pidieron el anonimato reclaman que el Ejecutivo no ha sido contundente en manifestarles apoyo como sí lo hizo el presidente Jimmy Morales con los alcaldes, y señalan que estos tampoco han querido respaldarlos. El lunes último, el vocero presidencial, Heinz Hiemann, indicó que este derecho para “garantizar la gobernabilidad” es para alcaldes, gobernadores y “miembros del Gabinete”.

investigados

La Corte Suprema de Justicia abrió durante el 2015 y el primer cuatrimestre del 2016 un total de 33 expedientes, en los cuales distintos interponentes solicitaron que se les retirara la inmunidad a legisladores actuales y algunos ahora excongresistas. De estos, 17 fueron rechazados en forma liminar; es decir, desde el principio, sin análisis previo.

Nueve de los señalados son diputados. Las dos solicitudes de antejuicio que siguen su curso son las de Inés Castillo Martínez y José Domingo Trejo de la Roca.

En tanto que las de Édgar Justino Ovalle, César Sandino Reyes Rosales, Fidel Reyes Lee, Delia Bac, Orlando Blanco, Nery Samayoa y Luis Pedro Álvarez fueron rechazadas desde el principio.

De acuerdo con datos proporcionados por la secretaria general del Ministerio Público, Mayra Véliz, ocho legisladores oficialistas están sujetos a pesquisas.

Otras fiscalías, como las encargadas de asuntos de corrupción y delitos administrativos, investigan al menos a otros 17 legisladores.

Procesos seguirán

Los siguientes expedientes fueron remitidos al Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia, para que el proceso continúe.

• Jimmy Ronald Ren acumuló tres solicitudes de antejuicio y una de ellas fue declarada con lugar.
• Emilenne Mazariegos:  antejuicio 402-2015, declarado con lugar.
• Edwin Armando Martínez Herrera: antejuicio 234-2015
• Baudilio Hichos López:  antejuicio 257-2015
• Pedro Muadi Menéndez:  antejuicio 263-2015
•  Mario Gerard Yanes Guerra:   antejuicio 288-2015
• Luis Adolfo Chávez Pérez: antejuicio 293-2015
• Mario Rivera Cabrera:  antejuicio 295-2015
•  Jaime Martínez Lohayza, antejuicio 316-2015
• Daniela de la Luz Beltranena:  antejuicio 580-2015
•  Mirza Judith Arreaga: sin datos

La Fiscalía de Delitos Administrativos reportó que, entre el 2014 y el 2016, unos 82 jueces han sido denunciados, principalmente por prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

Agregó que los casos de corrupción contra los funcionarios fueron remitidos a la fiscalía del mimo nombre.

En el 2012, la Cicig, en su informe Jueces de la impunidad señaló a 18 togados —magistrados y jueces— de haber incurrido en prevaricato. De esa cantidad, el MP avaló solo 13 peticiones.

Sin embargo, el pleno de la CSJ solo le dio trámite a 10 peticiones. Entre los señalados por la Cicig se encontraban José Eduardo Cojulum Sánchez, juez undécimo de Primera Instancia Penal, y Carlos Aguilar Revolorio, juez segundo Penal.

Además, Silvia Morales Asencio, jueza novena de Primera Instancia Penal; Jerónimo Xitumul, juez quinto de Primera Instancia Penal —estaba a cargo de ese juzgado cuando presuntamente incurrió en el citado delito—.

Lavado de dinero

En el 2015, la Cicig presentó nuevas solicitudes, una de ellas contra la jueza penal Jisela Reinoso, por los posibles delitos de lavado de dinero u otros activos, enriquecimiento ilícito, incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial y obstaculización a la acción penal. Fue capturada en su residencia.

El presidente de la Cámara de Amparos y Antejuicios, Nester Vásquez, indicó que también personas individuales presentaron las peticiones, muchos de los casos por inconformidad en las resoluciones judiciales.

Aclaró que el procedimiento de los antejuicios tiene diferentes etapas. Cuando se trata del presidente de la República, ministros y Fiscal General, los casos se remiten al Congreso. La CSJ decide en los casos contra diputados, y las salas de Apelaciones, a los alcaldes.

Además, la información que una asesora que dio a la Fiscalía era la pieza que los investigadores necesitaban para establecer la posible participación de Vladimir Aguilar en el caso TCQ.

La asesora admitió a la Fiscalía haber elaborado un dictamen por medio del cual le hizo saber a Vladimir Aguilar la necesidad de recabar informes de diferentes entidades como la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio de Finanzas y otras, porque el contrato en cuestión tenía algunos aspectos ilegales que podrían dar lugar a la lesividad.

Thelma Aldana afirmó que sí se celebraron varias reuniones entre Suárez y Aguilar. Del equipo de cómputo de la PGN se obtuvieron correos que prueban la planificación de esas citas.

“El exprocurador no le permitió emitir finalmente ese dictamen. Ella lo puso a la vista de los fiscales, se documentó esa declaración y se acompañó al expediente  de antejuicio”, refirió Aldana.

También están documentadas fechas que aparecen en el libro de ingreso a la Casa Presidencial. Aclaró, no obstante, que no se ha encontrado ningún documento firmado por el magistrado.

Las interceptaciones son pistas de citas del exsecretario Gustavo Martínez con miembros de la banca.

Conversaciones

Estas son algunas de las interceptaciones que revelan otra participación de los implicados.

20-3-2014

• Allan Marroquín, exinterventor  EPQ: “¿A qué horas va, Ángel —Pérez Maura— de regreso?”
• Juan José Suárez, exgerente TCQ: “Sale a las 2 —de la tarde—, pero yo tengo una reunión con Gustavo Martínez y el procurador”.
• Marroquín: “¿Qué tema van a tratar con Gustavo —Martínez—?”
• Suárez le responde que van con uno de los bancos “al que canceló la vez anterior”.

21-3-2014

• Marroquín: “¿Cómo va el estatus del préstamo?”
• Suárez: “Tuvimos reunión de la due dilligence del otro banco que es el BID,  con Gustavo y con el procurador, con Vladimir”.
• Marroquín pregunta si va a llevar también a la persona del IFC con Gustavo y con el procurador.

22-4-2014

• Marroquín: “¿Qué pasó con terceros?”
• Suárez: “El banco ya autorizó y ahorita son los papeleos de los contratos que pueden demorar. Tenemos que cerrar la ventana de opinión de PGN y Ministerio de Ambiente que no se sabe qué tanto ha avanzado, a pesar que el Presidente ya habló con el procurador para pedir seguimiento”.

Antejuicio

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió ayer, en forma unánime, darle trámite al antejuicio promovido por la Fiscalía de Delitos Administrativos, basado en una denuncia de  la diputada Nineth Montenegro en contra de Vladimir Aguilar.

Los magistrados decidieron enviar la solicitud al Congreso para que decida si se le retira la inmunidad.

En este  antejuicio se le endilgan a Vladimir Aguilar los delitos de asociación ilícita, fraude, omisión de denuncia e incumplimiento de deberes.

De acuerdo con el abogado Diego Ronquillo, asesor de Nineth Montenegro, Aguilar refrendó el dictamen del exprocurador general, Larry Robles, lo que significó revalidar el negocio de la TCQ. “Esta opinión es vinculante porque se trata de una opinión del abogado de Estado”, explicó.

El presidente del Congreso, Mario Taracena, no descartó que hoy se integre la comisión pesquisidora.

Según autoridades, Patán desestimó  un caso de estafa propia y peculado que el exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Carlos Muñoz  tenía abierto desde el 2004, a cambio de dos plazas para familiares suyos.

Patán, según la investigación del Ministerio Público, habría solicitado a cambio del desistimiento una plaza para laborar en la SAT uno de sus familiares

El caso Redes involucra a empresas y a exfuncionarios.

El primero es hijo de Arreaga, congresista que fue captada en video burlándose de los “niños desnutridos”. La legisladora tránsfuga electa por el Partido Patriota y ahora de Líder Sofía Hernández es madre de la segunda.

Sin embargo, no son los únicos. Sabiéndose en problemas, el PP cambió sus listas de diputados por Guatemala días antes de inscribirlos en el TSE. Reemplazó a varios congresistas y protegió curules.

Si procede el antejuicio contra Gudy Rivera y decide retirarse del Congreso, su lugar será ocupado por Stella Alonzo Bolaños, pareja sentimental de Otto Pérez Leal, hijo del expresidente Otto Pérez Molina, señalado de dirigir una red de defraudación aduanera.

La patriotista Emilennee Mazariegos también protegió su curul. Si llegara a perder su escaño, este sería cubierto por su pareja sentimental, Érik Antonio Siliézar Mena.

A Haroldo Quej Chen, de la Unidad Nacional de la Esperanza, le sigue en la lista el diputado Guillermo Sierra Sierra, quien también tiene proceso legal en su contra, señalado de violencia intrafamiliar por su exconviviente.

Si tampoco puede asumir Sierra Sierra, debe hacerlo Éric Oxib Quej Bin, hijo de Quej Chen.

Difícil situación

Una situación similar se da en Quiché, donde dos legisladores electos tienen problemas.

Mario Rivera tiene antejuicio en proceso, y en su lugar entraría Armando Quintanilla, diputado por el distrito de Retalhuleu, hecho que ha sido criticado por pobladores.

También quedó electo Ernesto Calachij, acusado de homicidio, y en su lugar llegaría Jorge Leonel Arévalo Canales, excontratista del Estado.

No son los únicos en Quiché, pues Ernesto Galdámez, quien ganó la curul, tiene varios procesos abiertos desde 1998, por lo que podría perder su espacio, y si así fuera, su lugar lo ocuparía Marco Antonio Lemus, excontratista del Estado, que del 2006 al 2010 recibió contratos por Q14.3 millones.

La curul de Inés Castillo, por Santa Rosa, sería cubierta por Marco Aurelio Pineda Colón, padre del diputado Marco Aurelio Pineda.

Los alcaldes a los que se les pidió antejuicio son Jorge Rolando Barrientos de Quetzaltenango, Santiago Federico Pelicó de Momostenango, Fredy Armando López Girón de San Pedro Jocopilas, Rlando Santizo de San Mateo Ixtatán, Jorge Mateo Ramírez de San Juan Ixcoy y Rogelio Cornelio Caal Juárez de Chisec.

Durante el proceso electoral se ha solicitado el retiro de la inmunidad a otros jefes ediles por incurrir aparentemente en delitos electorales.

El pasado 6 de julio la agencia fiscal del MP pidió antejuicio contra el  alcalde de Quezaltepeque por el partido Libertad Democrática Renovada (Líder), Álvaro Morales, ya que habría incurrido coacción al elector al ofrecer materiales de construcción a cambio del voto.

Además, la Comisión Internacional Contra la Impunidad y el MP, pidieron retirar la inmunidad al alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, es acusado de haber cometido fraude, concusión, asociación ilícita y lavado de dinero y otros activos.

Nombran pesquisidores

Los magistrados de la CSJ anunciaron que le dieron trámite al antejuicio, también solicitado por la Cicig y el Ministerio Público (MP), contra los diputados de Libertad Democrática Renovada (Líder), Mario Yanes, Luis Chávez y Mirza Arreaga, por lo que se nombró al juez pesquisidor para darle trámite.
Los diputados fueron denunciados luego de que se evidenciara en videos negociaciones al margen de la Ley.
En el caso de Chávez y Arreaga fueron captados por el ministro de Desarrollo Social, Leonel Rodríguez, quien los grabó cuando no sólo se burlaron de los niños desnutridos, sino que solicitaron beneficiar a empresas con algunos proyectos, por lo que a consideración del MP y la Cicig cometieron los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad.
Para conocer su caso, se nombró como juez pesquisidora a la vocal 2 de la Sala Cuarta de Apelaciones, Noehmí del Cid Paredes.
Mientras que a Yanes se le señala de pedir plazas bajo el reglón 029 a Rodríguez, por lo que habría incurrido en los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad. El juez pesquisidor de su caso será Antonio Valladares, de la Sala Cuarta de Apelaciones.

Pendientes

Los magistrados de la CSJ afirmaron que aún no han conocido los antejuicios solicitados contra los hermanos Edgar y Manuel Barquín, el primero vicepresidenciable de Líder y el segundo, diputado.
También está pendiente el proceso contra el diputado y secretario general de la Gran Alianza Nacional, pero candidato por Líder, Jaime Martínez Lohayza.
Los tres integrantes de Líder fueron denunciados por la Cicig por integrar una red de lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito.
Tampoco se conoció el antejuicio contra el diputado Mario Rivera, por lo que quedan pendientes de que se nombre su juez pesquisidor.

Antejuicios rechazados

Los magistrados de la CSJ anunciaron varios antejuicios que fueron rechazados, entre ellos uno contra la fiscal general Thelma Aldana, el cual fue tramitado por diputados de Líder, quienes argumentaron que la funcionaria habría cometido abuso de autoridad en los allanamientos realizados en el Congreso.
Sin embargo, los magistrados de la CSJ afirmaron que existía una orden de allanamiento, por lo que fue rechazado.
Otro antejuicio negado fue interpuesto contra el procurador de Derechos Humanos, Jorge de León Duque, por supuestamente haberse expresado de manera inadecuada, y que con ello puso en riesgo la integridad de algunas personas.
También se rechazó la solicitud de retirarle la inmunidad al presidente Otto Pérez y al exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, interpuesto por Bernardo Silva, quien argumento que cuando se encadenó junto a otras personas al Palacio Nacional de la Cultura, hubo individuos que les tomaba fotos y los intimidaba.
Según los magistrados, en la solicitud no se individualizó a los afectados y tampoco a los implicados.

En conferencia de prensa la tarde de este martes, el vice presidenciable del partido Libertad Democrática Renovada (Líder), Edgar Barquín, anunció que se presentará una denuncia contra su homólogo Mario Leal de la Unidad Nacional de la Esperanza, por carecer de idoneidad para optar al cargo.

Según Barquín, Leal enfrenta acciones penales en su contra desde 2005 y esto le impediría optar a un cargo público de acuerdo al artículo 113 de la Constitución Política de la República.

El compañero de fórmula de Manuel Baldizón denunció en la misma conferencia de prensa que ha sido amenazado de muerte a través de llamadas telefónicas, que trataban de evitar que hiciera público el pasado legal de Leal.

Barquin detalla que en el caso de sus candidatos, será la justicia quien determine su idoneidad. pic.twitter.com/8QC3XVuGx8

— Sara Melini (@smelini_pl) July 14, 2015

Campaña negra

A través de la cuenta oficial de tuiter, el partido UNE calificó los señalamientos de Líder como campaña negra.

“En lugar de atacar, Líder debería dar explicaciones por sus diputados que extorsionan y chantajean a funcionarios”, dice uno de los mensajes difundidos tras las declaraciones de Barquín.

LIDER también trata de desviar atención y no explicar por qué no llegó al Congreso a aprobar ref a Ley Electoral. 3/3

— UNE (@partidoune) July 14, 2015

Será la justicia

El partido Líder tiene suspendidas varias inscripciones de candidaturas por señalamientos y procesos legales en contra de los aspirantes, sin embargo Barquín asegura que será la justicia que determine su idoneidad.

Mario Yanes, Mirza Arreaga, Luis Chávez y Baudilio Hichos, diputados que están enfrentando un proceso de antejuicio están inscritos pero el Registro de Ciudadanos ya informó que de retirarles la inmunidad por esos señalamientos, también se rechazaría su candidatura.

Nuevos señalamientos de corrupción en el Congreso de la República, se suman una serie de hechos que comenzaron una mañana del 16 de abril con la desarticulación de la estructura La Línea; investigación realizada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala ( Cicig) y el Ministerio Público (MP), que generó una crisis política que para muchos aún no ha tocado fondo.

Los casos han sido protagonizados por funcionarios sobre quienes según los investigadores pesan pruebas contundentes en su contra, como escuchas telefónicas y documentos donde se comprueba su participación en la coordinación de ilícitos.

Para analistas el trabajo de la Cicig y el Ministerio Público han sentado un precedente este año, aunque otros aun difieren en torno a la pregunta de si ¿estará listo el MP para descubrir casos de alto impacto?.

Actualmente existe una Fiscalía Contra la Corrupción creada en octubre de 2012, y en la cual participan otras instituciones como la Contraloría General de Cuentas , la Superintendencia de Bancos y el Organismo Judicial.

El caso la Línea y el contrato fraudulento entre la empresa Pisa y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, generaron las solicitudes de antejuicio contra el Presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti.

Los señalamientos de cuatro diputados y un alcalde por actos de corrupción se suman a los escándalos que ya existían en el legislativo por el descubrimiento de plazas fantasmas con lo cual se beneficiaba un diputado y por la captura de trabajadores que cobraban fuertes sumas de dinero a cambio de otorgar puestos de trabajo en el legislativo.

El desvío de Q 52 millones del presupuesto de la Policía Nacional Civil y las plazas fantasmas en el Congreso de la República, no quedó e incrementa el repudio de la ciudadanía.

Varias cuestionantes acerca de estos casos serán resueltos por la Fiscal General, este miércoles 8 de julio en el programa Diálogo Libre a partir de las 15.30 horas.

El Ministerio Público interpuso las acciones después de que la anterior Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazara las solicitudes de antejuicio contra los parlamentarios.

El 17 de diciembre del 2014, el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentaron un amparo contra el diputado del PP, y el 18 de marzo pasado se llevó acabo la vista pública en la CC. Y contra el parlamentario de Líder se presentó similar acción en agosto del 2014.

Esto significa que en el primero caso están por cumplirse seis meses sin resolver, y en el segundo, nueve meses.

Ambos procesos estaban a cargo del exmagistrado de la CC Alejandro Maldonado Aguirre, quien ahora es vicepresidente de la República.

Gloria Porras, presidenta de la CC, informó que ya solicitó a la magistrada María de los Ángeles Araujo que en los próximos días presente la propuesta al pleno en relación con el caso de Rivera Estrada. El otro expediente lo desconoce.

Expuso que en su plan de trabajo implementó una metodología que en mes y medio se pondrán al día con los expedientes que tienen por resolver.

los procesos

Christian Ulate Durán, abogado de la Cicig, indicó que accionaron en el máximo tribunal contra la resolución de la CSJ, ya que los magistrados debieron haber fundamentado por qué denegaban la solicitud de antejuicio contra Rivera.

Explicó que se presentaron las pruebas sobre la cita del parlamentario con la entonces magistrada de la Sala Quinta Civil, Claudia Escobar, y el abogado Vernon González, la cual se llevó a cabo el 29 de septiembre del 2014, en la zona 10.

El jefe de la Cicig afirmó que también se presentó un informe forense de los dispositivos electrónicos, así como un documento de la transcripción de la grabación sobre lo conversado en la reunión, según manifestó el 18 de marzo pasado en la vista pública.

“¿Cómo los magistrados de la CSJ dicen que la denuncia es espuria. Esos elementos de prueba, ¿son espurios?”, refirió.

“Nos llama la atención que es algo sencillo que deben resolver, es una página la que tienen que analizar los magistrados de la CC”, puntualizó Ulate Durán.

Es normal

César Calderón, abogado de Rivera Estrada, informó que es normal el atraso en la resolución de la CC, debido al volumen de expedientes que tienen que conocer.

Afirmó que la CSJ rechazó la solicitud de antejuicio debido a que al escuchar la conversación determinaron que no es vinculante con los hechos denunciados. Indicó que el diputado no hizo ningún ofrecimiento de reelección a la entonces magistrada Escobar.

Comisiones

En el proceso contra Rivera Cabrera se terminaron de evacuar todas las diligencias en la CC desde septiembre del 2014.

La Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos presentó la denuncia al órgano investigador por transacciones sospechosas.

Rivera Cabrera abrió una cuenta en un banco del sistema y argumentó que los fondos que depositaría provendrían de su sueldo como diputado, por Q29 mil 500.

Sin embargo, el sistema del banco detectó que recibía montos superiores a los que devengaba como legislador, y con ello rompió el perfil económico, por lo que generó sospechas.

Las pesquisas han determinado que habría recibido montos por Q500 mil en varios cheques, y podrían ser de comisiones.

Ese dinero proviene de dos empresas: Multi Maquinarias, S. A., y de Ippocrates Eleades y/o Ippocrates Eleades Panteloukatis, cuyo dueño es libanés.

Estas son empresas contratistas del Estado y supuestamente el diputado habría ayudado a conseguir contratos de mantenimiento de la red vial en Quiché, según el expediente de la Fiscalía de Lavado de Dinero, del MP.

Esa empresa habría sido beneficiada con más de Q22 millones provenientes del fondo vial del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Rivera Cabrera fue reelecto al Congreso por la coalición de la Unidad Nacional de la Esperanza y la Gran Alianza Nacional, que se disolvió. Varios diputados se unieron a otros bloques legislativos y él migró a Líder.

Se defiende

Rivera Estrada, en su defensa, presentó en el MP como prueba un pagaré que suscribió con esa empresa y argumentó que era una deuda que le tenían.

En el documento contable hay irregularidades en lo que respecta a la edad que ambos dijeron que tenían en ese momento.

El 30 de diciembre del 2006, ambos firmaron el documento, pero registros migratorios establecen que Eleades Panteloukatis se encontraba fuera del país.

El pagaré fue firmado por el abogado Jorge Arévalo Valdés, exdiputado por el desaparecido Frente Republicano Guatemalteco, quien en ese momento no estaba activo por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

Durante las manifestaciones del Jueves Negro era quien tenía una capucha en apoyo de la inscripción como candidato presidencial del militar retirado general José Efraín Ríos Montt, en el 2003.

Los legisladores tendrían primero que evacuar el antejuicio contra el ministro de Desarrollo Social, Leonel Rodríguez, solicitado por el partido Libertado Democrática Renovada (Líder) el 25 de febrero último, por irregularidades en la compra de maquinaria pesada por Q100 millones.

Tendrían luego que conocer el del ministro de Energía y Minas, Erick Archila, presentado por el diputado Eduardo Camey, de la bancada Líder, presentado en abril de 2014, por la autorización de un estudio de factibilidad para la construcción de la hidroeléctrica Xalalá, en Ixcán, Quiché.

También, el 23 de febrero último, la diputada Mirza Arreaga, del partido Líder, solicitó antejuicio contra el Ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso, por incumplimiento de funciones y abuso de autoridad.

Las tres solicitudes de antejuicio fueron admitidas y queda en manos del Congreso que siga su proceso y los funcionarios enfrenten la justicia.

Aunque algunos legisladores de bancadas de oposición han externado su apoyo a que se integren las comisiones pesquisidoras, los procesos dependen de acuerdos políticos y del voto de 80 diputados para que se integren las pesquisidoras y 105 votos para que el Congreso pueda retirar el antejuicio a los funcionarios.

“Esta Corte rechazó dos antejuicios, mientras que la otra acción presentada por la Fundación Identidad (Fidenti), aún no se conoce. Esta última acción será resulta en la próxima sesión que tendrá el pleno de magistrados”, dijo

Ayer trascendió que que se había dado trámite a un antejuicio plateado por la Fidendi en contra de los magistrados Julio Solórzano, María Mijangos y Mario Aguilar, por haber avalado el acuerdo 67-2015 en el que se sanciona a 12 partidos por incurrir en campaña electoral anticipada.

En dicho acuerdo también se previenen a los ciudadanos sin afiliación política que suspendan cualquier propaganda electoral anticipada, en especial a los funcionarios y empleados públicos

Respaldo al TSE

El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, se reunió este viernes con los magistrados del TSE y mostró su apoyo ante las acciones planteadas en su contra en la CSJ.

Luego de la reunión de León Duque señaló que las acciones legales interpuestas en contra de magistrados del TSE es acto “nefasto”.

Agregó que “se está golpeando la institucionalidad del TSE” por las medidas que implementan las fundaciones en contra del ente electoral.

Además, mostraron su apoyo a los magistrados los representantes del Comité de Cámaras Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras. Movimiento Projusticia, Universidad Rafael Landívar y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales.

En un comunicado de prensa el Cacif, informó: “Es imperativo apoyar al Tribunal Supremo Electoral como órgano rector del proceso electoral de Guatemala”.

También se establece: “El Tribunal Supremo Electoral ha tomado importantes decisiones en ley que deben ser en pleno por la sociedad, para garantizar que se respete a cabalidad la normativa electoral”.