El documento que esboza los lineamientos de política económica y social de las nuevas autoridades del Ejecutivo se convertirá ahora en una Política General de Gobierno (PGG) 2024-2027, que incluye varios programas a ejecutar, con la participación de otros poderes del Estado e instituciones públicas.

Además, hay un desglose de las asignaciones presupuestarias que se requerirán, en las que se identifican los montos necesarios para diversos programas prioritarios, lo que a su vez, incentivaría la inversión pública y privada.

Los ejes económicos  

Empleo y negocios

Se plantea un programa de trabajo masivo y temporal para dinamizar la economía en los territorios deprimidos por contar con una sola cosecha agrícola anual. Además, se prevé una mejora en la infraestructura económica, social y ambiental para garantizar ingresos a los hogares. Estas medidas deberían contar con una asignación de Q6 mil 900 millones.

• En el Programa de capacitación y formación para el trabajo: Q1 mil millones.
• Cien mil beneficiarios de la Bolsa Nacional de Empleo, para apoyar a trabajadores y empleadores en el proceso de difusión de ofertas laborales, reclutamiento, evaluación y selección.
• Un millón de beneficiarios del Programa de Empleo Masivo Temporal durante los cuatro meses del año en que no hay producción agrícola, que incluye la construcción de pisos de cemento, caminos rurales, reforestación y cuidado de cuencas hidrográficas: Q4 mil 800 millones.
• Desarrollo del emprendimiento: puesta en marcha del negocio “franquicias tipo” para 50 mil emprendedores y 22 centros departamentales de emprendimiento.
• Programa de acceso a créditos blandos para el empoderamiento económico de mujeres y hombres con rangos de Q2 mil 500 a Q100 mil, ejecución a cargo del Crédito Hipotecario Nacional (CHN) y cooperativas financieras. Se prevén Q750 millones para beneficiar a 50 mil personas.
• Apoyo a la asociatividad y el cooperativismo.

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Seguridad social

Expandir gradualmente la cobertura con la universalización de servicios para promover el empleo formal y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, aparte de identificar a grupos de población que pueden ser nuevos afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Reanudar el pago anual de la cuota del Estado para garantizar una mayor y mejor estructura de los servicios.

También se fortalecerán los servicios de primer nivel de atención, fortaleciendo las acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades, así como medicina familiar.

• Estrategia diseñada para la mejora de cobertura y calidad de los servicios del IGSS.
• Garantizar el aporte anual del Estado al IGSS como la cuota del Estado, por unos Q3 mil 200 millones anuales.
• 5 millones de nuevos cotizantes al IGSS.

Infraestructura

El lineamiento se fundamenta en reducir el costo de construcción de las vías de comunicación estratégica, cerrando los caminos a la corrupción y evitar el entorpecimiento de la gestión de la inversión pública, para mejorar y ampliar carreteras primarias y secundarias.

Se apuesta por la inversión en caminos rurales y la creación de un plan maestro para las mejoras de los puertos y aeropuertos, así como garantizar el mantenimiento de la red vial. La asignación contempla más de Q27 mil 100 millones para:

• 500 kilómetros nuevos y mejorados de carreteras primarias.
• 1,820 kilómetros nuevos y mejorados de carreteras secundarias en el altiplano, las Verapaces y corredor seco.
• 1,500 kilómetros nuevos y mejorados de caminos rurales.
• Mantenimiento de la red vial registrada de 18 mil 200 kilómetros iniciales y en una segunda fase, atender 20 mil 799 kilómetros.
• Mejora de infraestructura de puertos y aeropuertos, para los cuales se les asignarán Q1 mil 400 millones mientras se avanza en la elaboración del plan maestro.

Riego y apoyo a la agricultura

La política pretende aumentar y diversificar la producción agrícola por un programa de riego destinado a apoyar a pequeños y medianos productores, y generar una mayor producción excedentaria para alcanzar 45 mil hectáreas beneficiadas con una inversión de Q2 mil 100 millones.

Incentivos para la agricultura familiar que garantice una producción agroecológica  diversificada, que permita la conservación de los suelos, manejo de residuos y proveer de productos para la alimentación escolar.

Sistema metropolitano de transporte

Como uno de los proyectos de infraestructura que impactan en la producción nacional como la movilidad masiva, se plantea un sistema de transporte metropolitano.

Se trabajará en un plan maestro para el desarrollo del sistema con una inversión de Q7 mil 800 millones y avanzar en la fase de la línea 1 del metro.  La construcción de esta fase corresponde al metro subterráneo de seis kilómetros desde San Cristóbal a el Obelisco.

• Beneficios: tiempos de movilidad, generación de empleos directos e indirectos y un sistema que cubra la demanda.
• Reducción de la factura petrolera en Q800 millones.

Energía eléctrica

La directriz es alcanzar la universalización del acceso -suministro- a la energía eléctrica y rebaja de la tarifa para más de un millón de guatemaltecos.  Para lo que se requiere una inversión de Q7 mil 100 millones, con la que se impulsarán pequeños proyectos comunitarios de generación de energía producida con recursos naturales renovables.

Además, una reestructuración de la tasa de alumbrado público para bajar la factura de energía a los consumidores.

Agenda legislativa

Se promoverá las iniciativas de Ley de competencia y Ley general de inversión.

La primera buscará promover, proteger y garantizar la competencia, mediante la prevención y eliminación de prácticas monopólicas que impidan el acceso al mercado a cualquier agente económico; aumentar la eficiencia económica, proporcionar el acceso a fondos para la transformación productiva, la investigación y desarrollo de innovaciones, proteger el bienestar de los consumidores y la eliminación de regulaciones, entre otros.

La propuesta de la ley general de inversiones se enfoca en crear un marco jurídico para la promoción de incentivos de las inversiones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, rurales y urbanas, en sectores como soberanía alimentaria, industria creativa, biotecnología, turismo e industria forestal, para impulsar la transformación productiva, industrialización y especialización de servicios.

Escenario fiscal

El plan diseña una muestra macrofiscal para orientar y evaluar las inversiones y gasto público en función de dos resultados: construir un tejido económico que logre el crecimiento sostenido y sostenible, impulsar la asociatividad, cooperación e innovación, generando más empleos.  Mejora visible y perceptible por la población, evaluando indicadores de bienestar social y equidad.

• Elaborar y ejecutar los presupuestos de ingresos y gastos con base en las metas y resultados comprometidos en el plan de gobierno.
• Producir bienes y servicios públicos en función de la universalidad, pero priorizando la atención de los sectores tradicionalmente excluidos (población rural e indígena, mujeres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores).
• Fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas por medio del monitoreo y seguimiento a las principales políticas públicas y compromisos del plan de gobierno, con base en sistemas de indicadores medibles y objetivamente verificables.
• Eliminar gastos superfluos.
• Combatir toda manifestación de corrupción.
• Evaluar el sistema tributario para continuar fortaleciendo la administración tributaria y la productividad de los impuestos.
• No incrementar las tasas de los impuestos actuales.
• No otorgar ninguna amnistía tributaria.
• Perseguir el contrabando y la defraudación aduanera por medio de mecanismos modernos e integrales.
• Auditar la deuda pública contraída en los últimos 20 años.
• Utilizar la deuda pública para financiar infraestructura social y económica de carácter urgente.
• Ejecutar una estrategia para la reestructuración de la deuda pública, buscando plazos más amplios de pago, períodos de gracia mayores y tasas de interés más bajas.

Los temas económicos son de alta sensibilidad social, por lo que la capacidad de acción y reacción gubernamental, así como la toma de decisiones influyen en la actividad productiva y en el bienestar de las familias y ciudadanos en general.

Es así como cualquier política estatal puede ejercer una influencia desde lo micro a lo macro, y las autoridades salientes dejan varias tareas pendientes. Por ejemplo, la tramitología sigue siendo una pesadilla y una buena parte de la parte de infraestructura está abandonada o con trabajos a medias, luego de la primera vuelta electoral. Además, persisten las quejas sobre la mínima capacidad de los puertos para satisfacer la demanda del comercio exterior.

Estos son solo tres ejemplos de lo que exponen algunos expertos sobre la “herencia” que recibirá el gobierno electo en la parte económica:

Inflación

Uno de los principales motivos de satisfacción para el gobierno en relación con el contexto internacional es la estabilidad macroeconómica, que incluye un control adecuado de los precios de la economía.

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Sin embargo, en el 2022 el nivel general de precios alcanzó el 9.24%, su nivel más alto en varias décadas. La tendencia se moderó en el 2022, pues por ejemplo, la inflación interanual a noviembre fue de 4.30% y aunque la cifra indica una reducción promedio de precios, la población en general no la percibió.

Ante esto, se autorizó un incremento al salario mínimo para el 2024, lo que ha ocasionado que muchos productos se sigan encareciendo.

Para David Casasola, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) en materia de inflación, la Junta Monetaria (JM) debe tomar mejores decisiones para que el comportamiento inflacionario se mantenga en las metas anuales, independientemente de que las alzas de precios tengan origen interno o externo.

En los últimos años la principal presión inflacionaria ha sido importada y el instrumento que se ha utilizado para mantener la inflación bajo control es el aumento de la tasa de interés líder de política monetaria.

En ese sentido, el economista Maynor Cabrera, investigador de la Fundación Economía para el Desarrollo, opina que la inflación (como indicador) ha ido cediendo, pero los precios de la canasta básica están cada vez más elevados. Ello, sin una creación de empleos productivos que permita tener mejores salarios.

“Este fue uno de los retos que el gobierno saliente afrontó de la peor manera, así como los subsidios para los derivados del petróleo, que no se reflejaron en una baja sensible de los precios”.

A su criterio, el nuevo gobierno deberá contar con mejores mecanismos para medir la inflación, ya que el gobierno saliente realizó una nueva encuesta para actualizar el Índice de Precios al Consumidor (IPC), pero se ha cuestionado que no medirá los precios de mejor manera que la anterior.

Inversión extranjera y local

El mayor pronunciamiento de los agentes económicos durante los últimos años está relacionado con el tema de la infraestructura, que a su vez está relacionado con la captación de inversión extranjera y local.

La coincidencia está en que no se puede atraer mucha inversión extranjera, si no se cuenta con la infraestructura adecuada que necesitan las empresas para funcionar de manera competitiva, la que se resume en carreteras, puertos, aeropuertos, sistema ferroviario, telecomunicaciones y otros.

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De acuerdo con Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), uno de los temas pendientes del gobierno saliente y que debe retomar el entrante es la inversión pública, principalmente para mejorar la red vial del país.

A su juicio, Guatemala sigue siendo uno de los países con menos kilómetros de carreteras pavimentadas por habitante (apenas 1 metro por persona), lo que debe aumentar de un ritmo de 201 kilómetros por año hasta llegar a por lo menos 1 mil 200 kilómetros por año y llevar la inversión pública de 1.7% del producto interno bruto (PIB) a por lo menos 6% del PIB. Ese esfuerzo debe ampliarse hacia puertos, aeropuertos, hospitales, escuelas e incluso centros penitenciarios.

“El próximo Gobierno debe enfocarse en aumentar la inversión pública y continuar con la estrategia de atracción de inversión al país a través de iniciativas como Guatemala No Se Detiene, que nos permita seguir aumentando la inversión extranjera directa de 1.4% del PIB en 2022 a por lo menos 4% del PIB de forma sostenida, y mantener el crecimiento económico arriba del 6% anual”, enfatizó.

En cuanto a la atracción de inversiones y elevar el crecimiento económico potencial, son temas que van de la mano, declaró Casasola, pero se necesita una estrategia de largo plazo que priorice una ruta en donde se alinee la política económica hacia la creación de condiciones que eleven la competitividad del país.

“Este es un tema desafiante, ya que los gobiernos anteriores no han logrado impulsar una agenda económica agresiva de largo plazo. En ese caso, es importante reconocer que se requieren acciones integrales, que en algún momento deben empatar con el modelo de desarrollo que se piensa para el país. Por lo tanto, decisiones que se tomen en materia de atracción de inversiones, tienen que alinearse con otras políticas como la fiscal, laboral, de infraestructura y de seguridad, entre otras”, aseveró.

Cabrera también considera que la gran deuda de este gobierno es la infraestructura: “ha hecho algo que no hubiésemos esperado, que la red vial este aún peor que hace cuatro años.  La movilidad tanto en las ciudades como en las carreteras nacionales ha empeorado y tampoco se impulsó ninguna reforma para atajar la corrupción”. Cito como un buen ejemplo el Aeropuerto Internacional La Aurora, que ahora tiene goteras y baños descompuestos, así como hospitales públicos sin energía eléctrica.

Por otro lado, la situación política tensa ha tenido efectos negativos en la imagen nacional, que perjudica la atracción de inversión productiva, por lo que otro reto es invertir más y que esos recursos se reflejen en una mejor competitividad nacional.

Crecimiento económico

La inversión y la infraestructura están vinculadas con el crecimiento de la economía, que normalmente se mantiene en torno al 3 o 4% anual, sobre lo que Cabrera resalta que no podrá lograrse un incremento sustantivo ni siquiera en el mediano plazo, si no mejora la educación pública, “ya que sin inversión en capital humano e infraestructura es complicado que Guatemala crezca a tasas elevadas”.

Casasola afirma que es necesario trazar acciones de largo plazo que sienten las bases en temas de educación y capacitación, velando por que respondan a las nuevas habilidades que se requerirán para el tipo de empresas que se van a instalar -o atraer-.

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También existen temas que ameritan una atención urgente para generar resultados inmediatos, como la recuperación de tramos viales de suma importancia para el movimiento de mercancías;  combatir el delito de las extorsiones y enviar señales claras y contundentes a los inversionistas en el extranjero del tipo de condiciones que se les podrá ofrecer durante los próximos años para que inviertan en el país.

En ese caso, además de reducir sobrecostos asociados a una infraestructura deficiente y a la situación de inseguridad, es importante brindar predictibilidad en temas impositivos y salariales.

Y finalmente, los expertos sugieren reconocer que “existe una inercia dentro de la gestión pública en la manera como se han hecho las cosas durante muchos años, por lo que algunos cambios pueden tomar un poco más de tiempo. Lo importante es no perder esta ventana de oportunidad que se ha creado, desarrollar una estrategia de comunicación que permita evidenciar lo diferente que se está haciendo y los aspectos en dónde se encuentra resistencia, para lograr cambios sustantivos”.

Indicadores previstos para el 2024

• Crecimiento del PIB:5% a 4.5%
• Inflación: 4%
• Divisas por remesas familiares: US$21 mil 927 millones
• Reservas Monetarias Internacionales: US$21 mil 270 millones
• Crédito bancario al sector privado:5% a 10.5%
• Exportaciones: 4% a 7%
• Importaciones: 6% a 9%
• Inversión extranjera directa: US$1 mil 720 millones

Francis Pira de Liano, de profesión psicóloga, ha impulsado un proyecto donde combina flores y estancia de turistas en el área de cultivo, y emprendió en establecer campos de lavanda en finca Jardines de Provenza, con miras para recibir turistas y eventos combinados con la naturaleza así como aprovechar las propiedades de dicha flor. Para emprender este negocio debió estudiar temáticas diferentes a su profesión como biobotánica, un poco de agricultura y de agronomía. “Visité un campo de lavanda hace 10 años, y me fui enamorando de la lavanda cuando empecé a conocerla; vi que es una planta con muchas virtudes y propiedades y pensé, si voy a ofrecer al público esto, es importante que yo conozca del tema, y me puse a estudiar otras temáticas” indicó.

La creación del Girasoles de Antigua fue diferente, ya que el negocio inicial, lanzado en el 2019, fue un hotel y en el terreno se cultivaron girasoles. Sin embargo, luego vino la pandemia y con las restricciones ya no pudieron operar, por lo que Roberto Gamboa, fundador de dicho negocio, mencionó que decidió vender dichas flores, y empezó a tener demanda, por lo que luego el negocio tuvo un giro y empezaron a cultivar para que las personas pudieran visitar el lugar y tomarse fotografías, conocer el ciclo de vida de dicha flor y combinarlo con otras actividades.

Por aparte están los proyectos de conservación de orquídeas también han abierto las opciones de visitas turísticas.

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Atractivos

Los atractivos turísticos que ofrecen conocer campos de flores, o viveros, entre otras, es una tendencia que en Guatemala está creciendo y se ha observado un incremento de interés después de la pandemia, ya que los turistas muestran mayor inclinación por atractivos naturales y mayor responsabilidad con la sostenibilidad ambiental, expone la Dirección de Desarrollo del Producto Turístico del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).

La entidad cuenta con un inventario de los atractivos turísticos que incluye sitios que ofrecen visitas con relación a la temática floral, con enfoque contemplativo, educativo o comercial, explica la entidad. En la actualidad incluye 15 lugares que se ubican en varios departamentos.

Algunos cuentan con amplios, vistosos y coloridos campos de flores en los cuales se puede hacer una visita o tour y tomar fotografías. Pero la oferta es variada y se combina con actividades como viveros para adquirir flores y plantas, proyectos de conservación y educativos, conocer acerca de la siembra y crecimiento, gastronomía y espacios de restaurante, caminatas, senderos y ecoturismo, oportunidad de hospedarse, y en algunos se ofrece área para eventos.

Otra opción que ha ido creciendo es la exposición y arreglos con diversos diseños en el Festival de la Flores de La Antigua, que se realiza una vez al año. Este se ha convertido en un exponente con diseños florales con los que se engalanan las calles, balcones y puertas en esa ciudad, y atrae miles de visitantes al municipio.

Flores de lavanda

Al menos dos fincas en el país tienen campos de flores de lavanda, y otras cuentan con plantaciones más pequeñas.

Uno de estos es Jardines de Provenza, que está ubicada a 10 minutos de la Antigua Guatemala en la aldea San Mateo Milpas y cuenta, entre otros atractivos.

Precisamente Francis Pira de Liano, propietaria y gerente del lugar, amplía que la idea nació hace alrededor de 10 años cuando asistieron con su esposo a una boda en San Francisco (California) que se llevó a cabo en un campo de lavanda.  Luego, comenzó a sembrar y a incursionar en el área de las flores enfocado como un atractivo turístico, ya que consideraba que ofrecería algo innovador en el país. Al inicio tenían dudas porque se trata de flores que originalmente se cultivaban en Europa,  luego de aprendizaje, pruebas y preparativos, efectuaron la siembra y el  lugar abrió al público en octubre del 2019.

Todo el proceso de producción es orgánico sin usar químicos para fertilizar, insecticida y fungicidas, y también aprovechan la flor para elaborar productos de cuidado personal como aceites, jabones y cremas para la venta.

Pira de Liano, ejecutiva que también pertenece a la Comisión de Turismo Sostenible y a la Comisión de Flores, Follajes y Plantas Ornamentales de Agexport, refiere que varias fincas en el país se han especializado en crear campos para visitación y turismo, las cuales son diferentes a la actividad de cultivo específico para venta y exportación ya que estas últimas deben tener muy controlada la cantidad de personas que llegan para evitar contaminación de las plantas.

En el sitio que dirige, como parte de los campos de flores también cuentan con laberintos y áreas para picnic, además de poder tomarse fotografías, ofrecen un tour para que las personas conozcan las propiedades de la planta, cómo sembrarla y cuidarla, ya que la idea es que las personas también puedan cultivar en su casa. Además cuentan con dos cabañas para hospedaje, restaurante para desayuno y almuerzo, y un sendero ecológico para que las personas estén en contacto con la naturaleza y hacer un recorrido relajado. Se tiene una guía para que los visitantes puedan estimular los sentidos como la vista y el oído, comenta. Se puede experimentar aromaterapia y la relajación que brinda la vista de la flor y observar los volcanes de Agua, de Fuego y Acatenango, expresa.

El lugar recibe turistas nacionales, también de Centroamérica en especial de El Salvador y Costa Rica, así como europeos.

La lavanda es una planta de exteriores con un ciclo de vida de varios meses que llega a crecer desde 1.50 a  1.70 metros de altura y las flores tienen diferentes tamaños según la época del año. En la finca ubicada en Antigua Guatemala se ha tenido floración por lo menos 10 meses al año, y en Guatemala el mejor momento es entre finales de octubre,  noviembre y diciembre, cuando se ha llegado a tener flores de hasta de 8 centímetros, explica Pira de Liano.

En tanto en San Antonio Palopó, departamento de Sololá, se ubica Lavanda Guatemala, aproximadamente a 100 kilómetros de la capital, y a unos 20 minutos de Panajachel.

La idea de cultivar estas flores surgió después de visitar campos en el sur de Francia y disfrutar su colores y aroma, cita en sus redes sociales.

Y, con un plan de jardinización se han incorporado otras plantas y flores como romero, hortensia y plantas propias de la región. Además del recorrido, puede tomar fotografía, hacer un picnic, y el uso de las instalaciones. Se debe consultar los días de atención al público.

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También cuentan con producción de te de lavanda y artículos diversos decorativos tanto de lavanda seca como fresca, así como aceites esenciales de lavanda y romero, entre otros.

Girasoles

También hay varias fincas de girasoles. Una de ellas es Girasoles de Antigua, ubicada en ese municipio, y Roberto Gamboa, el fundador es quien debió darle un giro al negocio derivado de la pandemia. Explica que el campo de flores está dividido en varias áreas ya que cuentan con plantaciones en diferentes fases de desarrollo del ciclo de vida.

Esto se debe a que el crecimiento de la planta lleva dos meses y medio pero la flor solo vive alrededor de dos semanas, por lo que constantemente deben estar sembrando para tener flores todo el año y así el turista pueda apreciarlas. Entonces se aprovecha para explicar a los visitantes el ciclo de vida, desde que se siembra, se cuida para su crecimiento, el tiempo de floración, así como que posteriormente empieza a secarse cuando la planta empieza a crear las semillas, las cuales son recolectadas porque se usan para seguir sembrando más plantas.

Otra de las curiosidades es que regularmente el girasol más conocido es el amarillo, pero hay otros en amarillo pálido (Procut White), o con el centro diferente; otros de color corinto (Procut Plum) o los bicolores, explicó.

El negocio está en expansión, y aunque ya cuenta con restaurante con cocina artesanal, una pequeña área para conciertos, espacio para caminar entre bambú y otros árboles, se encuentran preparando el lugar para ofrecer espacios para realización de eventos al aire libre. El lugar posee murales que ha efectuado el artista antigüeño José Godoy, quien también da clases de pintura para niños, comentó.

En los atractivos turísticos del Inguat también se mencionan la Finca Los Girasoles, en Esquipulas (Chiquimula) y Girasoles Villa Rosita, en Morales (Izabal).

Orquídeas

También proyectos de cultivo, rescate y conservación de orquídeas, ofrecen la posibilidad de ser visitados.

Entre estos se menciona a Orquigonia y la Estación Experimental de Orquídeas de la Familia Archila, en Cobán, Alta Verapaz.

Orquigonia (ubicada en el kilómetro 206 de la Ruta las Verapaces, aldea Chicuxab) es un proyecto de rescate y conservación de orquídeas en su entorno natural, e incluyen la Monja Blanca, menciona el Inguat. Añade que forma parte de la Asociación de Turismo Comunitario y Ecoturismo Viviente Verapaz, junto a 23 aliados de la región, que en conjunto promueven el turismo sostenible. Entre otras actividades se ofrecen un tour conducido por guías comunitarios de la etnia q’eqch’i, capacitados en sostenibilidad ambiental, así como en el cultivo y preservación de orquídeas, venta de plantas reproducidas en la reserva, renta de cabañas, área de campamento, talleres ambientales, visitas especiales para establecimientos educativos y área de camping.

Además, el sitio electrónico turismoruralguatemala.com se explica que Orquigonia fue creada en el 2007 y nació como un homenaje al legado Óscar Archila Euler (quien ya falleció), quien fue un reconocido orquideólogo que se dedicó a la colecta, cultivo y conservación de las plantas.  El lugar donde él hacía esa labor actualmente es el Centro de Rescate y Conservación de Orquídeas, con la categoría de Reserva Natural Privada, inscrita en el año 2012 dentro del sistema integrado de áreas protegidas SIGAP-CONAP, actualmente esta reserva es administrada por la tercera generación de descendientes de Archila Euler, se agrega en dicho sitio.

Por aparte, Javier Archila, director de Comunicación Científica de la Estación Experimental de Orquídeas de la Familia Archila, ubicada en Cobán, Alta Verapaz, indica que esta se trata de centro de conservación e investigación de orquídeas y cuenta con un proyecto de reproducción de la Monja Blanca, además el proyecto denominado democratización de la Monja Blanca para que sea conocida por los guatemaltecos y participación en actividades en el exterior.

Precisamente Javier comenta que él es parte de la tercera generación de conservacionistas que se menciona, y su padre es científico botánico, Fredy Archila, quien dirige esa estación experimental y ha sido galardonado por su trayectoria y aporte, mientras que él es fotógrafo botánico.

En este caso, para poder visitar la estación experimental se debe gestionar con anticipación para no sobrepasar la capacidad del lugar y evitar dañar el proceso de conservación que han implementado. En la actualidad pueden recibir grupos de 10 a 20 personas diarias, aunque no hay un horario fijo porque también depende del clima. Por ejemplo, en época lluviosa es mejor hacer la visita durante la mañana.

Refirió que tienen más de 1 mil especies de orquídeas y “tenemos 35 mil orquídeas en total, algunas de las mismas especies, y se promueve la Monja Blanca que es uno de nuestros iconos” y en la actualidad cuentan con 1,200 de dichas flores en diferentes fases de crecimiento.

Festival de Las Flores de La Antigua

Este año la Ciudad Colonial se apresta a realizar la Séptima Edición del Festival de las Flores de La Antigua el 18 y 19 de noviembre próximos.

El primer festival se llevó a cabo en noviembre del 2017 y cada año ha ido creciendo, excepto la temporada de restricciones por la pandemia del covid-19.

Andrea Contreras, fundadora y presidente del Festival dijo que este nació solo con concursos florales en la Calle del Arco pero se ha vuelto una de las plataformas más grandes en el país, no solo para una agenda floral sino que se combina con actividades culinarias, artísticas y pintura.

En el 2019 se estimó que llegaron 500 mil visitantes, y aunque luego cayó durante la pandemia, el año pasado se reportó en la economía formal como hoteles y restaurantes, unos 200 mil  visitantes, pero en general se calcula que llegaron unos 400 mil. Este 2023 se espera contar con el mismo nivel de afluencia y la participación de 175 concursante diseñadores florales no solo nacionales sino también de Estados Unidos y otros países como Costa Rica.

La derrama económica es alta, con alrededor de Q100 millones porque aparte del visitante nacional, también llega mucho turismo de Centroamérica y visita otros atractivos, añadió.

Otros impactos

Este tipo de turismo de impulso en temas florales tiene varios impactos positivos, tanto para el medio ambiente como para las comunidades aledañas las cuales pueden ver beneficiadas con empleo y generación de iniciativas que diversifiquen la economía de las zonas rurales, responde el Inguat.

Se tiene expectativa de que siga la tendencia creciente porque los visitantes buscan lugares naturales, espacios abiertos, además es impulsado por tendencia de obtener fotografías icónicas para sus redes sociales.

El Inguat dijo que las visitas a lugares que son abiertos como estos, encuadran dentro del segmento de naturaleza, pero aún no se ha cuantificado en forma específica su impacto como el número de visitantes y derrama económica. Aún es considerada una actividad complementaria y se continúa trabajando para la consolidarlo.

Atractivos turísticos relacionados con flores

Se cuenta con un inventario de atractivos turísticos del Inguat, ubicados en diferentes enfoques y actividades:

Guatemala

• Hanami Vivero, en San José Pínula
• Finca El Pilar, San Juan Sacatepéquez

Sacatepéquez

En Antigua Guatemala están:

• Antigua Boreal,
• Caoba Farms
• Girasoles de Antigua
• Jardines de Provenza

En San Miguel Dueñas se mencionan:

• Vivero Flor de María
• Vivero La Cruz
• Vivero San Miguel

Chimaltenango

• Granja Way Bi, en Tecpán Guatemala

Alta Verapaz

• Orquigonia, en Cobán
• Vivero Las Orquídeas, en Cobán

Petén

• Hacienda San Vicente, en San Francisco

Izabal 

• Girasoles Villa Rosita, en Morales

Chiquimula

• Finca Los Girasoles, en Esquipulas

También otros que, aunque no aparecen en esa lista, son conocidos por los viajeros como Lavanda Guatemala en San Antonio Palopó, Sololá, y la Granja Ecológica Mi Refugio, El Progreso en el departamento de Jutiapa, entre otras.

Sergio Morales, presidente de la Asociación Guatemalteca Americana, vive desde hace 33 años en Estados Unidos. Se refiere a la situación de los migrantes en aquel país, en especial en Florida, y las dificultades que afrontan los indocumentados debido a la nueva ley (SB1718) que entró en vigor en ese estado.

¿Cuáles son las dificultades que afrontan los migrantes en Estados Unidos con la derogatoria del Título 42 y con las leyes que rigen en Florida?

Hay bastantes organizaciones, fundaciones e incluso líderes comunitarios en el estado de Florida que están apoyando en decir no a esta propuesta del gobernador Ron DeSantis, porque él prácticamente lo que está diciendo es: No quiero migrantes, no quiero indocumentados en mi estado o en la jurisdicción que a mí me pertenece.

La jugada política que él quiso hacer ante su población, que es netamente sureña, no le dio el resultado que deseaba porque, por ejemplo, el 82% de los cítricos que consume la Unión Americana sale del estado de Florida, y tanto esas cosechas como las de tomate quienes las trabajamos somos los latinos, los hispanos.

También el área de la construcción se centra prácticamente en el 80% o quizá 90% de población centroamericana.

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En cualquier tipo de construcción en el área de Miami, que es el sur de Florida, se encuentra mucha gente de tres países del área centroamericana, de Guatemala en 80%, igualmente de Honduras y de Nicaragua; salvadoreños no hay en gran escala en Florida, sino que ellos se concentran en Washington y en California.

¿Los migrantes han tenido que dejar su trabajo y trasladarse a otras ciudades o estados?

Sí, lo están haciendo, aunque de pronto disminuyó la salida; hay un compás de espera. Se ve como que esa propuesta de ley no va a funcionar como quisieran, pero sí hay temor.

¿En los campos de cítricos o de otros cultivos también se da esta situación?

Ha habido un poco de desinformación; pero sí, hay quienes se han ido. También hay mucho migrante que es nómada, que termina la cosecha de tomate en un lugar y se va a la cosecha de cítricos al norte. En Florida, las cosechas tardan de seis a ocho meses. Actualmente, veo que la gente se trata de establecer más en un solo lugar, para no andar de estado en estado, pero sí ha habido —salidas—. Donde se ha visto más es en el centro del estado, como Fort Myers, Immokalee, West Palm Beach y Jupiter.

Vamos a prepararnos con los necesario para tratar de revertir ciertas propuestas. Creo que el paso más letal ante esta situación es hacer paros, porque eso afecta el bolsillo de las corporaciones y el abastecimiento a los centros comerciales, porque el tomate, el jugo de naranja, variedad de productos, de verduras y frutas es el que cosecha la mano de obra que aporta el indocumentado.

En todo el estado de Florida podría haber unos 250 mil a 300 mil guatemaltecos. No hay un censo que lo establezca, y últimamente ha estado llegando mucho migrante. La población guatemalteca se concentra más en el centro de Florida. Hay muchos que son del altiplano, máxime los qanjobales del área de Huehuetenango, así como de San Marcos.

Quienes impulsan las propuestas no esperaban ese nivel de respuesta de las comunidades y de las organizaciones a nivel comunitario en el estado de Florida, y ha habido paros, aunque no se han lanzado grandes convocatorias.

Además, las multinacionales en Estados Unidos esperan la contribución de la mano de obra de los migrantes, que es muy productiva y a un menor costo.

¿Cuál es la diferencia entre lo que cobra un hispano respecto de lo que cobra un estadounidense?

Es entre US$8 o US$9 la hora entre un segmento y otro. Además, hay varias actividades que el americano —estadounidense— no quiere hacer; no se va a subir a un techo o hacer otras construcciones. Hay tantas cosas que los hispanos hemos hecho por años, y el estado —Florida— también depende mucho de esa mano de obra para la manutención de la economía.

¿Cuál es la labor de apoyo que están impulsando?

Hemos estado entrelazando con diferentes líderes comunitarios en California, Nueva York, Chicago, Atlanta, Arizona y otros, para crear una nueva comisión en pro del migrante a nivel nacional en Estados Unidos, pero aún se está madurando la idea. El rol sería dar un poco de apoyo logístico, tratar de conseguir abogados de inmigración que trabajen probono o que faciliten un poco más el trámite del ciudadano guatemalteco y centroamericano, siempre y cuando tenga las probabilidades y llene ciertos requisitos, y evitar los cobros excesivos con los que los abogados se están aprovechando actualmente.

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También crear ciertos espacios de apoyo, no con el gobierno, porque lamentablemente ni este gobierno, que ha sido tan poco productivo para el migrante, ni los dos anteriores gobiernos han apoyado. Ahora, en las elecciones, menos mal los candidatos no tuvieron el espacio necesario para venir a tratar de decir tanta falacia a las comunidades migrantes.

Siempre vienen con la misma canción de que ustedes son el baluarte y el pilar. Es lógico, porque les son convenientes los US$18 mil millones o US$20 mil millones que llegan de remesas al año, pero cuando un migrante necesita un documento, como su pasaporte, y se lo dan hasta un año después, es porque la cosa no está funcionando. Le dan una cita para un trámite a los tres, cuatro o seis meses. La gente no soporta tanta irresponsabilidad, porque necesita un documento, máxime a estas alturas del partido en que la situación está tan mal en Florida.

Menciona que los migrantes están enfrentando un cobro exagerado por parte de abogados. ¿Qué problema hay?

Hay abogados que no tienen la conciencia moral ni humana, y pueden cobrar US$15 mil. Les sacan dinero y luego les dicen que no se pudo hacer nada o que lo van a deportar, pero también hay abogados que son muy conscientes y justos.

¿Qué apoyo brindan los migrantes en EE. UU. a las comunidades en Guatemala?

Apoyamos en varias ocasiones. Cuando fue la erupción del volcán de Fuego, llevamos tres contenedores con comida, medicina, alimentos enlatados. Nos costó, sangre, sudor y lágrimas, porque ni el Gobierno ni nadie nos quería echar la mano para que pudiera ingresar al país. También desde hace más de 25 años estamos apoyando, enviando equipos médicos usados, pero en buen estado, que puedan tener 15 o 18 más años de vida; pero hace falta una legislación para evitar el problema de que se envía un contenedor de ayuda y tiene que pagar impuestos. Eso es lo más ilógico del mundo.

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Controles

El título 42 fue una política migratoria que restringió el derecho a solicitar asilo en la frontera entre los Estados Unidos y México. Durante 38 meses estuvo activo, y perdió vigencia en mayo del 2023.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó en mayo la ley que establece más controles para la empleabilidad y transporte de personas migrantes indocumentadas. Entró en vigor el 1 de julio, y con conlleva sanciones pecuniarias y penales.

El Índice de Precios al Consumidor (IP) calculado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) incluye varias divisiones o categorías que agrupa gastos básicos, que es la unidad mínima con la que se computan los precios.

Una de estas divisiones es la de salud, que contiene 20 gastos básicos o productos, entre medicamentos y suplementos, vacunas, consultas médicas, servicios de laboratorio, exámenes radiológicos y hospitalización. Con la información disponible se puede observar qué pasó antes, durante y después de pandemia, explicó Fredy Gómez, analista de la firma Cardinal:

Entre diciembre del 2019 y junio del 2023 los precios de la división de salud variaron 9.05% en promedio según el índice, y si se compara con el 2018 el aumento fue de 11.5%. Es decir que en tres años y medio, el incremento de precios fue de alrededor de 11%.

“También yay que tomar en cuenta que en ciertos grupos de personas con enfermedades crónicas, el porcentaje de ingresos que destinan a su salud es muy alto; por ejemplo, los diabéticos e hipertensos y esa alza de 11% les representa un impacto muy importante, aunque en personas sanas o que enfrentan algún imprevisto de salud, el efecto no es tan importante”.

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En el 2018 en índice de precios de la división de gasto de salud estaba en 121.31, en el 2019 había pasado a 124.02, y al 30 de junio del 2023 estaba en 135.25.

Esto refleja que antes de la pandemia, en el 2019 los precios venían creciendo 2.23%; en el primer año de covid-19 subieron un porcentaje similar con 2.22% y en el 2021 se reportó un alza de 1.57%. Sin embargo, en el año 2022 aumentaron 3.56%, casi el doble del año anterior y a junio recién pasado, iba casi va a la mitad de lo registrado en el 2022, con 1.42%.

Esto refleja que los precios subieron sustancialmente en época pospandemia y en el 2023 no han bajado, a pesar de que el dato de inflación está bajando, no así los de la canasta básica.

Al comentar algunos gastos, dijo que en ese plazo, buena parte de los gastos de salud se debe al aumento de tarifas por consultas médicas, pero también se observan aumentos en medicamentos. Por ejemplo, en el 2021 los precios subieron considerablemente en esos servicios y siguieron con ese comportamiento en el 2022 y en el caso del 2023, con datos al primer semestre, los precios ya no bajaron.

Según las variaciones porcentuales, las consultas médicas subieron 6.5% al cierre del 2021 y 7% en el 2022, mientras que en el primer semestre del 2023, el alza es de 0.07%, decir en dos años y medio, el aumento es de 14%. Lo que se observa es que tuvieron alzas considerables en los dos años mencionados y aunque en los primeros seis meses del 2023 el alza es menos pronunciada, los precios tampoco han bajado.

Si la consulta costaba Q150 en el 2020, al 2021 pasó a Q160 y al 2022 a alrededor de Q170, y otro aumento leve en el primer semestre del 2023. Los chequeos con ginecólogos subieron alrededor del 10%, entre el cierre de 2020 y junio del 2023, y la consulta odontológica lo hizo en 14.7%. También aumentaron los precios de exámenes y servicios de hospitalización en alrededor de 7% y 4% respectivamente.

Durante el primer año de la pandemia las personas no fueron mucho al médico, aplazaron o suspendieron sus tratamientos, y muchos se enfermaron o empeoraron, pero por ello es importante ver el comportamiento de varios años.

“Los precios se determinan en el mercado y el de la salud no es la excepción”, dijo Gómez al explicar que por el lado de demanda de servicios hay presión sobre los precios porque se viene saliendo de la pandemia y más familias están reactivando sus controles médicos y sus tratamientos. Por el lado de la oferta en algún momento hubo escasez o atraso de entregas en medicamentos en su momento derivado de la crisis de contenedores, los problemas con las materias primas y posteriormente, las alzas por la inflación en todo el mundo.

En medicamentos se pueden ver algunos relacionados con el covid-19 y otros estacionales como los antigripales que tienen casi tienen un 10% de aumento en dos años y medio; los analgésicos y antiinflamatorios, alrededor de 5%, y similar comportamiento refleja el mucolítico y broncodilatador e incluso las vitaminas y minerales, según datos generados por el INE.

“Es necesario recalcar la importancia de las políticas públicas para esta división de gasto, como los registros y autorizaciones, la importación, la provisión a farmacias con precios subsidiados y la competencia en el mercado”, recomendó el especialista.

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¿Quién paga?

En el 2016, los hogares financiaron con sus propios recursos y de forma directa el 52.2% del gasto en salud; sin embargo, al 2020 (último dato disponible) subió 11.8 puntos y llegó a 64%, comentó Carmen Salguero, analista de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).

Ello, considerando que el 2020 fue el primer año de pandemia donde muchas personas debieron gastar más en salud, pero no ha habido una reducción drástica en los gastos de bolsillo en años más recientes, por motivos como la inflación registrada en el año y medio reciente.

Se consideran gastos de bolsillo en salud los recursos que destinan las personas u hogares para tratamiento o curación adicionales a los que cubren servicios como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) o un seguro privado.

Aunque los servicios de salud del ministerio se pagan con impuestos, los del IGSS con las cuotas patronales y laborales, y el seguro privado con ingresos propios, estos no cubren todos los tratamientos, medicamentos o gastos en los que se incurren, y se hacen pagos adicionales.

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Los datos del 2016 fueron generados por el Estado, y luego Fundesa hizo un ejercicio usando las mismas fuentes como el informe de cuentas nacionales en salud, pero con datos actualizados al 2020. Por lo tanto, hacen falta estadísticas en salud más actualizadas además de que el MSPAS dejó de divulgar mucha información.

“El gasto de bolsillo es todo lo que se necesita para curarse de alguna enfermedad o atender problemas de salud por fuera del gasto público en salud, o si está afiliado al IGSS o tiene seguro privado y no lo cubren todo, sino que hay que realizar algún gasto extra”, explicó al indicar que se calcula que 11 millones de guatemaltecos no tienen ningún tipo de seguro y tampoco IGSS.

“Ese gran bolsón poblacional depende directamente de tener acceso gratuito a los servicios de salud del ministerio o pagarlo de sus propios recursos porque al llegar a un puesto de salud o a un hospital, si no hay medicamentos, las personas deben comprarlos por su cuenta. Si tiene un seguro privado, se considera gasto de bolsillo todo lo que el seguro no cubre”.

Actualización de cifras

Hugo Allan García Monterrosa, subgerente técnico del Instituto Nacional de Estadística (INE) explicó que en la nueva Canasta General de Consumo que se elaboró con los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares (Enigh), se identificaron diversos productos y servicios.

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En los servicios nuevos que entrarán en la canasta, están los de consultas médica especializadas al ginecólogo y cardiólogo y ya no solo la consulta general médica y pediátrica.

La Enigh tiene como objetivo medir el patrón de consumo en los hogares y se contará con la nueva Canasta Básica de Alimentos (CBA) y Canasta Ampliada (CA), aparte de brindar información reciente de las condiciones de ingresos y gastos de las familias guatemaltecas.

En cifras

• El sistema de salud guatemalteco está fundamentalmente respaldado por el gasto de bolsillo, según lo expuesto por la analista de Fundesa en base al análisis técnico sobre el financiamiento del gasto en salud en Guatemala correspondiente al 2016 elaborado por el Ministerio de salud.
• Los hogares financiaban con sus propios recursos y de forma directa el 52.2% del gasto en salud en el 2016, y el 64% en el 2020.
• Según la estimación del 2020 referida por la fundación, 9.2 millones de personas son atendidas por el MSPAS y 1.5 millones por el sector privado u ONGs, aunque deben costear parte del tratamiento institucional y adicionalmente comprar los medicamentos, o todos los servicios.
• El aumento de precios se deriva de que todos los costos para financiar la salud han aumentado principalmente por la pandemia y la inflación registrada en diversas divisiones de gastos.
• Guatemala es el país de Latinoamérica donde las medicinas y el costo de tratamientos médicos, está por arriba del 500% comparado con El Salvador o México, explica Carmen Salguero, analista de Fundesa.

Con información de Urias Gamarro

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La región ha vivido un ambiente de innovación sin precedentes, lo que ha llevado a un aumento significativo en el número de empresas unicornio, las cuales son valoradas en al menos 1.000 millones de dólares sin cotizar en bolsa.

En este contexto, en McKinsey decidimos realizar un estudio a nivel latinoamericano donde entrevistamos aproximadamente a 200 de las top startups en la región, concluyendo que las fuentes de financiación se han diversificado en cuestión de un año y que la adquisición de nuevos negocios es una estrategia que continúa siendo adoptada y promovida por miles de empresarios en todo el mundo.

El estudio reveló que, en el 2021, 10 de los top inversionistas fueron los responsables del 40% de los acuerdos financiados, mientras que en el siguiente año solo el 24%. Esto se debe a que inversionistas locales están adquiriendo más experiencia y apostando por invertir en emprendimientos con un futuro prometedor. Además, se han visto más de 150 nuevos fondos de capital de riesgo en Latinoamérica que han mostrado interés por tener un envolvimiento más cercano con las startups y con mejores términos de negociación.

En cuanto a la financiación, la buena noticia es que el panorama para los emprendedores es positivo, ya que hemos visto más de 150 nuevos fondos de capital de riesgo en Latinoamérica que han mostrado interés por tener un envolvimiento más cercano con las startups y con mejores términos de negociación. Por otro lado, el estudio señala un tema que ya he mencionado en otras ocasiones que es la importancia de apostar por nuevos negocios, ya que aquellas empresas que se atreven tienden a crecer más rápido, tanto a nivel local como internacional.

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Además, descubrimos que el crecimiento y desarrollo del producto son prioritarios para alcanzar el éxito en su empresa, seguido por la reducción de costos y el financiamiento de esta. También se destaca la importancia de la adquisición de nuevos clientes y la estrategia de marketing en línea, como clics pagados en redes sociales.

Una de las mayores preguntas que las empresas se hacen en la actualidad es cómo balancear el crecimiento con la rentabilidad y esto lo quiero responder con algunos datos que encontramos en el estudio. Las startups latinoamericanas tardan alrededor de un año para pasar de la etapa de lanzamiento a la de monetización, lo que es un tiempo relativamente corto, sin embargo, donde el camino se complica es en alcanzar ese punto de equilibrio que puede tardar hasta más de dos años.

Durante ese tiempo, encontramos que las empresas con mayor éxito son aquellas que eligieron correctamente en qué áreas enfocar sus esfuerzos para eficientizar los procesos internos y alcanzar ese balance. Es decir, las que más resaltaron, no tanto por su desarrollo como tal, sino por su balance fueron aquellas que aseguraron que además de buscar crecer rápidamente monitorean de cerca sus aspiraciones de rentabilidad.

Por lo que, tener un sistema de monitoreo que proporcione data valiosa para entender cómo mantener esa estabilidad en el mercado es la clave para que el negocio no muera al poco tiempo de su lanzamiento. Un ejemplo, es que aquellas empresas que tienen una alta productividad en su proceso de ingeniería se enfocan en 4 palancas para equilibrar su rentabilidad y eficiencia, las cuales son reducir costos fijos, aumentar precios, optimizar la eficiencia de la fuerza laboral y aumentar la utilización de los activos.

Finalmente, es esencial tener un equipo talentoso y motivado que pueda ayudar a impulsar la empresa hacia el éxito. Es importante que los líderes sepan cómo construir y mantener una cultura corporativa saludable y positiva que fomente la colaboración, la innovación y la creatividad.

En resumen, este auge en Latinoamérica es una gran oportunidad para el desarrollo y crecimiento de la región gracias a la diversificación de las fuentes de financiamiento y la apuesta de los inversionistas locales por emprendimientos prometedores. Por ello, es fundamental que las empresas sepan balancear el crecimiento con la rentabilidad para asegurar un lanzamiento exitoso y mantener el negocio a lo largo del tiempo. En general, creo que este estudio es una excelente herramienta para que las empresas latinoamericanas sepan dónde enfocar sus esfuerzos y logren un desarrollo sostenible a largo plazo.

Santiago Carbonell es socio y office manager de McKinsey Guatemala.

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Los esquemas de lavado de dinero son temas de alta preocupación para autoridades públicas y privadas relacionadas con el sistema bancario de los países, ya que ahora se presenta una nueva forma de operar casi sin dejar rastros: traslados de grandes cantidades de dinero por medio de  criptoactivos, que ya realizan estructuras criminales internacionales.

Hace algunos días, T. Raja Kumar, presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) instó a los países del G7 a regular el sector de las criptomonedas para que no sean refugios virtuales para posibles transacciones financieras ilícitas que aprovechan el denominado “criptoespacio sin ley”.

Alerta internacional

En términos generales, el lavado de dinero por medio de criptoactivos o “criptolavado”, es un fenómeno que ya se está convirtiendo en un secreto a voces tanto fuera, como dentro del país, y durante el XX Congreso Regional de Prevención de Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento al Terrorismo, que organizó la Escuela Bancaria de Guatemala (EBG), fue uno de los temas que generó mayor interés.

El guatemalteco Ricardo Vélez Lara, quien fue uno de los expositores centrales del Congreso, brindó una perspectiva de cómo se está perfilando el lavado de dinero utilizando este tipo de tecnología, indicando que en Guatemala hay muchos casos relacionados al tráfico de personas, el narcotráfico y hasta las remesas.

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Por ejemplo, en las publicaciones de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) (que es la unidad de inteligencia financiera UIF) de la Superintendencia de Bancos (SIB) “se pueden observar casos que cada día se tornan más complejos, pero ya están siendo abordados en sus procesos investigativos”.

A la preguntar al experto si hay casos de lavado de dinero que se utilizan los criptoactivos en Guatemala, respondió: “no hemos visto casos directamente, pero estoy casi seguro de que sí, ¿Por qué?, porque muchas personas tienen operaciones de esa naturaleza, que están fuera del marco de la regulación”, y entonces, “lógicamente han visto esto como un instrumento no regulado en el país”.

Esquemas básicos

De acuerdo con publicaciones del sitio financialcrimeacademy.org existen al menos siete modalidades de criptolavado, que en la práctica, se utilizan incluso de forma combinada, los que “deben conocerse para detectar actividades irregulares y crear salvaguardias internas para protegerse”. Estos son los siguientes:

1. Redes peer-to-peer: Los delincuentes recurren a las redes descentralizadas entre pares, que suelen ser internacionales, enviando fondos en criptomonedas a personas (que pueden ser desconocidas), los que luego retiran para comprar bienes de lujo.
2. Uso de cajeros automáticos: La publicación indicada menciona que “los blanqueadores de dinero utilizan cada vez más los cajeros automáticos de bitcóin para blanquear el dinero obtenido ilegalmente. Antes se utilizaban las transferencias bancarias o los servicios de remesas como Western Union o MoneyGram. Ahora, los delincuentes ordenan a sus mulas de dinero que retiren dinero de cuentas bancarias comprometidas y lo utilicen para comprar bitcoines a través de un cajero automático habilitado para tal fin.
3. Juegos de azar en línea: Los sitios web de juegos y apuestas en línea aceptan criptomonedas para comprar fichas virtuales (por ejemplo, para la ruleta) o créditos para seguir jugando. “Normalmente, los blanqueadores de dinero jugaban unas cuantas rondas y volvían a cobrar después de unas pocas transacciones pequeñas. De este modo, el blanqueador de dinero puede alegar que los fondos son el producto de ganar juegos en línea”.
4. Utilización de tiendas locales: La publicación de referencia añade que varios sitios en internet ofrecen poner en contacto a personas dispuestas a comprar o vender bitcoines de forma directa y el más famoso es localbitcoins.com y “Algunos vendedores prefieren el dinero en efectivo como forma de pago, mientras que otros pueden permitir varias formas de pago, como servicios de pago en línea, transferencias bancarias o de servicios monetarios, u otros.
5. Mezcla de servicios, conocidos como tumblers: Los tumblers o mezcladores de monedas virtuales son herramientas que permiten mezclar las criptomonedas con los activos de otros usuarios, lo que garantiza mayor anonimato. “La mayoría de los casos de blanqueo que implican a los tumblers, la criptomoneda comienza en una cartera legítima en la red blanca.

A continuación, se transfiere a una cartera en la web oscura haciendo múltiples saltos antes de aterrizar en una segunda cartera. En ese momento, la moneda está lo suficientemente limpia y ya se puede comerciar con ella en un intercambio legítimo de criptodivisas o incluso venderla por moneda fiduciaria, como el euro, el dólar o la libra”.

6. Tarjetas prepago: En muchos países, las tarjetas de débito prepagadas pueden cargarse con criptodivisas” y luego de ser cargada la tarjeta, los fondos pueden utilizarse para financiar diferentes actividades ilegales. Pueden cambiarse por otras monedas o cederse a terceros”.
7. “Mulas” de dinero: El artículo de financialcrimeacademy.org detalla esta modalidad, indicando que se trata de personas que transfieren fondos en nombre del blanqueador de dinero y los pasos que siguen son cuatro:
8. Abrir cuentas verificadas en las bolsas de criptomonedas, usando testaferros con documentos falsos para superar la identificación y la verificación.
9. Transferencia de la criptomoneda sucia desde las direcciones o carteras de criptomonedas a los intercambios. A continuación, se usan mezcladores para transferir la criptodivisa a la cuenta verificada abierta en un intercambio con documentos de identificación falsos.
10. Las “mulas” de dinero abren varias cuentas bancarias en un tercer país con documentos de identidad extranjeros falsos.
11. Transferencia de la criptomoneda desde los intercambios a las cuentas bancarias locales, abiertas por las “mulas” de dinero.

El tema en la región

Vélez Lara también brindó una explicación sobre los potenciales riesgos de esta tipología delictiva para Guatemala y Centroamérica, aclarando que estos casos no se concentran aún en estos países, pero sí pueden utilizarse como puentes y pueden ser atractivos para estos tipos de operaciones delictivas. Ello, independientemente de que a las estructuras les interesan son los grandes mercados, que son “completamente amplios e internacionales”.

Estas redes son organizaciones internacionales y hace algunos años, Gafi públicó un documento en los cuales habla de la profesionalización del lavado de activos en el mundo y menciona varios estatus del tamaño de las estructuras que se dedican a estas actividades.

De hecho, el presidente del Gafi reiteró que las amenazas planteadas por los criptoactivos continúan aumentando y citó que los pagos de ransomware han subido significativamente en los últimos años, empleando criptomonedas casi de manera exclusiva.

¿Por qué a Centroamérica se le considera puente? Porque es un grupo de economías globalizadas y relacionadas con todo el mundo, apuntó Vélez Lara.

Llamado a la prevención

El jefe de la SIB, Saulo De León, expuso en el Congreso Regional que, según los acuerdos internacionales, se están unificando esfuerzos en los sectores público, privado, supervisado y real, para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

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“Continuamente se habla de temas nuevos, siempre orbitando alrededor de la prevención, y ahora se también se deben considerar elementos de mitigación de riesgo respecto a las criptomonedas y ciberataques.  El reto es entender cuál es la medida adecuada para prevenir sin bloquear; nosotros convivimos con sectores que representan riesgos y vulnerabilidades muy concretas hacia el lavado de dinero, pero también tenemos que entender que no vamos a detener una tendencia mundial”, declaró.

Vélez Lara agregó que, para prevenir la comisión de este tipo de delitos, hay un proyecto de ley que se encuentra en el Congreso de la República, (Normativa para la prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo) que propone la regulación de los proveedores de servicios de activos virtuales.

“Eso conllevará bastante trabajo, ya que no es algo que está afuera o que viene en camino, sino que ya tenemos, y hay casos bien tremendos”, afirmó, al citar una publicación de la Organización de las Naciones Unidas, en la que se expone que solo los cárteles mexicanos lavan más de US$25 mil millones cada año usando criptomonedas, para tener una idea del asunto.

A su criterio, si no se aprueba dicha legislación, “habrá un problema, ya que en última evaluación que hizo el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) a Guatemala, habló de una serie de deficiencias y el país se encuentra en un tipo de seguimiento que se llama intensificado.

“Si esa ley no sale a tiempo, y estamos próximos a una evaluación, podríamos caer en la lista gris de Gafi, y esa sería una de las consecuencias más fuertes”.

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Operaciones más complejas

José Alfredo Blanco Valdés, vicepresidente de la JM y del Banco de Guatemala (Banguat), recordó que el sistema financiero a raíz de la pandemia, tuvo una evolución acelerada, porque se agilizaron y normalizaron las operaciones financieras de manera remota utilizando herramientas tecnológicas, y de esa manera, las técnicas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo también se han venido sofisticando, lo que dificulta su combate. Por lo tanto, hay que prepararse al respecto, con  eficacia y precisión.

El funcionario apuntó que la tecnología ha generado cambios importantes en los servicios financieros, lo que ha rediseñado la industria, ofreciendo alternativas a requerimientos del mercado, potencializando la innovación, eficiencia y competitividad; pero esto también es aprovechado por organizaciones que se dedican al crimen organizado, las que ya recurren a estos canales para facilitar sus operaciones. “Comprender las ventajas, vulnerabilidades y amenazas de esta revolución es un desafío”.

Con información de Métodos De Lavado De Dinero En Criptodivisas: Los 7 Métodos Adicionales De Lavado De Dinero En Criptodivisas (financialcrimeacademy.org)

La situación financiera del Seguro Social es sólida debido a que tiene reservas técnicas y las cuales generan productos por medio de los intereses por las inversiones, sin embargo, se podría estar mejor si el Estado pagara la deuda que se le tiene a la institución, así como las municipalidades y sector privado, afirma Adolfo Lacs, directivo sindical. Analistas en el tema advierten que ya se empezaron a usar fondos de las reservas y ya se reflejan desequilibrios entre ingresos y gastos.

Información del IGSS actualizada al 31 de diciembre del 2022 en su página electrónica, refiere que la deuda del Estado ascendió a Q62 mil 997.65 millones, un aumento de Q5 mil 081.1 millones (8.8% más) de forma interanual. El dato incluye deuda por contribución como patrono y su aporte obligatorio como Estado para la seguridad social según lo establece la Constitución.

A eso se añaden Q3 mil 034.6 millones que adeudan otros 18 mil 048 patronos, según datos del IGSS citados por la Federación Sindical de Empleados Bancarios y de Seguros (Fesebs). Del sector privado son 17 mil 761 patronos con adeudo de Q1 mil 905.7 millones; de las municipalidades son 246 patronos, con Q806.9 millones y los entes descentralizados son 41 con Q322.02 millones. Con ello el adeudo de todos los sectores ascienden a Q66 mil 032 millones.

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Julio Suárez, autor del estudio Previsiones para el sistema de pensiones, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) y la Fundación Konrad Adenauer, expresó que “vemos que hay una descapitalización del Seguro Social derivado del endeudamiento y por lo tanto es algo que deberíamos de abordar hacia futuro”, refiriéndose a la necesidad de que el Ministerio de Finanzas impulse soluciones, ya que no reconoce la deuda argumentando que se requiere la aprobación de un impuesto para financiar ese pago. A su criterio se requeriría de una reforma fiscal que genera ingresos tanto para combatir la pobreza y dar acceso a servicios sociales y cubrir la deuda al instituto.

En tanto el directivo sindical, quien también es integrante de la Junta Directiva del IGSS nombrado por el sector laboral, menciona que el seguro social ha intentado recuperar los adeudos y entablado acciones legales, entre estas, 105 notas de cargo al Estado por Q4 mil 941 millones, las cuales se encentran en proceso de demanda, además 850 juicios civiles por incumplimiento para reconocimiento de deuda y 11 mil 998 juicios económico coactivos de los cuales el 94.1% están pendientes de dictar sentencia.

Por parte de la Fesebs se envió en febrero último una carta al Contralor General de Cuentas, Frank Bode fuentes, solicitando que se audite de forma rigurosa el cumplimiento del artículo 100 de la Constitución para que el Estado y las municipalidades paguen sus deudas y analizan la posibilidad de presentar una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por ese incumplimiento.

Programas y reservas

Otros analistas indican que también surgen inquietudes en la situación de los programas principales del IGSS como el de Enfermedad, Maternidad y Accidentes (EMA) y el de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS).

Autoridades del IGSS explicaron a mediados del 2020 respecto al punto de equilibrio, que según la valuación actuarial del 2019 hay una solvencia financiera del IVS hasta el año 2025 acorde al sistema de financiamiento de pensiones.

Edgar Balsells, consultor del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac) y ex directivo del IGSS, coincidió al indicar que según el resultado de la valuación entre ingresos y gastos del IVS del 2018, se estima que el desequilibrio financiero iniciaría alrededor del 2025, según datos del IGSS provenientes. Advertencia similar a la que hace el FMI, según indicó.

¿Se empezaron a usar las reservas?

El IGSS refiere en su informe anual de labores al 2021 que se obtuvo una relación positiva entre los ingresos de Q14 mil 721.93 millones (79.1% provinieron de las contribuciones de la seguridad y previsión social y 16.9% de las rentas de la propiedad), y los egresos que fueron Q12 mil 204.73 millones, lo cual según la institución evidencia una eficiente administración de recursos.

Del EMA, según ese informe la reserva acumulada llegó a Q14 mil 562.2 millones en el año 2020 y quedó en Q14 mil 466 millones en el 2021. En tanto en el IVS la reserva acumulada pasó de Q26 mil 644.3 millones a Q28 mil 133.3 millones en ese plazo.

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Sin embargo, Luis Linares, analista de Asíes mencionó que también se deben analizar los datos que se exponen en los informes financieros del IGSS.

Explica que la reserva técnica  del EMA es fuerte con alrededor de Q15 mil millones. Pero le llama la atención que según esos informes financieros en el caso del IVS, la reserva técnica del 2020 tenía Q25 mil 726 millones pero al 2021 bajó a Q24 mil 909 millones, que representan una reducción de Q814 millones en un año, lo cual calificó como preocupante.

Suárez expuso que plan del IVS es el más grande que tiene Guatemala, inició en 1977 y otorga pensiones por vejez  a quienes han contribuido 240 cotizaciones, una edad mínima de 60 años. Pero, el problema es que ya el 2020 y 2021 se utilizaron o consumieron parte de las reservas técnicas de ese plan porque los ingresos fueron menores que los gastos.

El punto de equilibro, o punto de inicio de desequilibrio, entre ingresos y egresos se va aplazando varios años conforme transcurre el tiempo. El IGSS no brindó los datos actualizados de años más recientes, pero cifras actualizadas al 31 de diciembre del 2022 divulgadas en el sitio electrónico de la entidad, reportan la situación financiera del programa IVS, el cuál desde el 2020 aparece con saldo en rojo porque los gastos son más altos que los ingresos. En ese año hubo un saldo negativo de -Q203.20 millones y en el 2021 de -Q88.20 millones.

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Al 2022, se reportan ingresos por Q4 mil 240.1 millones y gastos por Q4 mil 597 millones, con un saldo en rojo de Q367.30 millones. En el archivo se refiere que la información es en base a los Estados Financieros, y se añade la anotación de que no se toman en cuenta los intereses generados por las inversiones del portafolio de inversiones del programa.

En el caso del EMA, aparecen ingresos por Q9 mil 178 millones y gastos por Q7 mil 908.1 millones, para un saldo positivo de Q1 mil 269.9 millones.

Gastos cargados al programa IVS causarían desequilibrio

Por aparte Linares señaló que se detectan gastos que debilitan al programa del IVS. Citó que en el 2021 los ingresos por contribuciones fueron Q3 mil 749.5 millones, pero el egreso por prestaciones pecuniarias representó Q3 mil 780.8 millones, lo que significa que los ingresos fueron menores por Q31.3 millones.

Mientras que en gastos se destinaron Q1 mil 274.7 millones para el rubro denominado actividades centrales como costos de administración, que se pagan con recursos del programa IVS y los cuales no se detallan. Este equivale al 33% del gasto en pensiones, el cual considera alto, explicó el analista de Asíes.

Agregó que para mejorar las condiciones del programa primero tendrá que reducirse ese costo administrativo que se le carga al programa y considera que si se disminuye en 15% o 20% se reduciría el desequilibrio que se ha reflejado según los datos financieros. La otra acción necesaria es la ampliación de la afiliación, pero de forma que las contribuciones alimenten al programa y no lo pongan en riesgo.

“Como el programa de IVS ya comenzó a comerse las reservas, tienen que hacerlo ya, porque es posible que el portafolio de inversiones, que incluyen las reservas técnicas, bajó en el 2022” expresó Linares. El IGSS no ha divulgado el informe a ese año.

Características y ejes de cambios

El modelo financiero del IVS es el que se denomina modelo de capitalización parcial colectiva o de prima media escalonada, que quiere decir que se hace una reserva, cuya característica es que cada cierto tiempo se tienen que hacer ajustes paramétricos que son de tres clases: por aumento de contribuciones es decir aumento del porcentaje de contribución; por aumento de los años de cotización o por aumento de la edad.

En el 2012 se subieron de 180 a 240 los meses o número de cuotas de contribución, pasando de 15 años a 20 años el mínimo para poder jubilarse.

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También trataron de aumentar la edad de jubilación de 60 a 65 años, pero eso fue declarado improcedente por la Corte de Constitucionalidad. Añadió que ha subido la expectativa de vida. Al fijar más edad para jubilarse se tendrían más años de contribución de una persona, porque en la actualidad se tiene el problema que si una persona se jubila a los 60 años, y si trabaja en el sector formal, pudo haber cotizado por 30 años, y si vive a los 90 va a estar recibiendo pensión por casi el mismo plazo por el que cotizó, aparte de los servicios de salud.

La otra acción en la que se debe seguir es en aumentar la base de afiliados que es la que por ahora queda más a la mano, agregó. Sin embargo, debe hacerse de una forma integral porque con más afiliados vienen ingresos por contribuciones, pero vienen también más usuarios o derechohabientes, entonces se tiene que ampliar la infraestructura y capacidad de atención en salud.

Lacs refiere que por aparte el IGSS ha tratado de buscar la ampliación de la base de afiliados para continuar aumentando los ingresos a los programas, al integrar a los trabajadores de tiempo parcial y ampliar la obligación para que los patronos desde uno y dos trabajadores se registren y afilien a su personal (acuerdo 1529 para abarcar a las microempresas), cuya incorporación sería paulatina, según afirma el seguro social. Autoridades de la entidad indicaron que con esta última medida prevén afiliar a 380 mil trabajadores en tres años en el sector del comercio.

Con estas dos medidas se trata de reducir algún riesgo o efecto negativo que pudiera enfrentar el sistema de seguro social en el tiempo, aunque se visualizó una implementación positiva plasmada en papel, aún no se sabe bien cómo va a funcionar en la práctica y qué efecto van a tener, expuso Lacs, y aclaró que el sector sindical no apoya la modalidad de trabajo de tiempo parcial.

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“El actual o el próximo gobierno tendrá que encontrar una solución a la afiliación de esa modalidad de contratación porque en la forma en que está diseñada afecta las finanzas del seguro social”, expresó al explicar que ese modelo provoca que bajen los ingresos al seguro social, pero mantiene el gasto en servicios de salud lo cual “pone en riesgo, en el mediano plazo, la estabilidad financiera de los programa de Enfermedad, Maternidad y Accidentes (EMA) del IGSS”. La inestabilidad financiera solo se podrá evitar, o bien recuperar estabilidad, incrementando la cuota patronal, ya que es ese sector el que más impulsa esa modalidad de contrato, agregó.

Cuántos cotizan por cada pensionado

Según los datos del IGSS actualmente hay un pensionado por cada 7 trabajadores activos que cotizan al programa IVS. Se añade que las solicitudes de pensión por vejez se incrementarán en gran medida de acuerdo al cambio en la estructura demográfica de la sociedad guatemalteca. Del 2020 al 2050 se considera que el país está en una fase de bono demográfico que es un período en el cual las personas en edad de trabajar superan en cantidad al número de personas que son económicamente dependientes, es decir los niños y los adultos mayores.

La entidad ha efectuado la previsión de solicitudes de pensión por 100 años del 2018 al 2118. El primer había 1 millón 325 mil 537 afiliados y 178 mil 537 pensionados; para el 2040 se prevén 1 millón 974 mil afiliados y 263 mil pensionados. Para el 2100 se estiman 6 millones 232 mil afiliados y 1 millón 071 mil pensionados. El número de trabajadores activos cotizando por cada pensionado se va reduciendo.

En la actualidad la erogación por pensiones va del 76% por vejez; 19% por sobrevivencia y 5% por invalidez.

Informalidad afecta

Información divulgada por el Ministerio de Economía (Mineco) a diciembre del 2022 (con las planillas reportadas a noviembre) el IGSS contaba con 1 millón 527 mil 787 afiliados, aunque el dato aumentó respecto al mismo plazo del año anterior, basados en la más reciente Encuesta Nacional de Empleo y Ingresos 2022 (ENEI 2022), el el seguro social solo cubre al 22.1% de trabajadores.

El IGSS cerró sus cifras del 2022 en 1 millón 479 mil 603, que son las planillas de diciembre que se reportan en enero, es decir que cubre 21.4% de la población ocupada, o bien el 20.5% de la Población económicamente activa (PEA).

La tasa de informalidad en el país el alta, y en el 2022 creció a 71.1% del total de ocupados.

En la actualidad solo alrededor del 14% de la población adulta mayor está protegida por el IGSS. Al 2022, el total de pensionados en IVS fue de 181 mil 364, de los cuales 94 mil 583 son por vejez.

Reformas previsionales

Balsells coincide en que al seguro social se le debe efectuar una serie de modificaciones. Se debe tomar en cuenta que el IGSS también está enfrentando otra dificultad y es la judicialización de la salud ya que hubo un tiempo en que se conformaron muchos grupos para presionar por medicamentos de marca con varias denuncias, y se debe recordar que hay enfermedades crónicas o degenerativas como cardiovasculares, cancerígenas, artríticas cuyos medicamentos tienen precios altísimos, expuso.

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Además, una de las formas de ir aplazando el riesgo de desequilibrio financiero es que siga ampliándose la cobertura con más afiliados, porque la lógica de este es que la gente joven comience a financiar a los mayores en el programa.

Eso implica la necesidad de invertir en ampliación de infraestructura y mejora de la atención, porque hay personas que buscan afiliarse al IGSS por la cobertura en salud y por la visión de lograr una pensión en la vejez, pero también hay otros que se quejan por la atención y  prefieren seguros privados, indicó al explicar que hay hacinamiento y citas con fechas muy espaciadas, mientras que para algunos servicios hay pocos centros de referencia, entonces van a dar a los hospitales o clínicas del instituto en la ciudad capital y la consulta externa es muy deficiente.

Panorama y acciones, según estudio

Como parte del estudio mencionado sobre Previsiones para el sistema de pensiones, Suárez, expuso que los sistemas de pensiones en el mundo están enfrentando un problema que a futuro puede ser grave desde la perspectiva macroeconómica y desde la perspectiva social.

Respecto a la situación en el país, comentó que muchos de los temas que están sucediendo en los planes de pensiones en el mundo son bastante similares a los que se están viviendo en Guatemala pero con una gran diferencia, y es que las acciones para corregir esa situación todavía no han comenzado en el país, y las pocas que se han tomado no abordan el tema de los desequilibrios financieros que existen en los sistemas de pensiones vigentes.

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Una preocupación es el hecho de que la población mayor está aumentando por lo que es importante buscar las soluciones para que cuando esta población llegue a la vejez, no viva en condiciones de pobreza por enfermedad.

Muchos de los adultos mayores o las personas que están contribuyendo a los planes de pensiones tienen la esperanza de que van a asegurar una pensión futura y los desequilibrios en los planes de pensiones pueden hacer perder la credibilidad, añadió

“Es muy probable que si no se aborda adecuadamente la forma de financiar los planes de pensiones esto se conviertan en un detonante social también como está ocurriendo en algunos países en Europa”, expresó.

También se tiene que evaluar, no solo en el programa de pensiones del IGSS, la posibilidad de un aumento a las contribuciones tanto de patronos como de trabajadores, porque son reformas que más adelante pueden causar ciertos niveles de descontento, se agregó Suárez.

Linares expuso que a su criterio que no se trata de que el IGSS o sus programas estén quebrando, sino que ya se empieza a detectar desequilibrios en los programas principales o gastos que los debilitan. El seguro social no puede desaparece porque está respaldado por la legislación nacional, pero se le debe cuidar, señaló.

Desde enero del 2023, se solicitó en repetidas oportunidades información al IGSS acerca de la situación de las finanzas y de los programas, así como la previsión del punto de equilibrio entre ingresos y egresos, sin embargo no brindó la información.

A diferencia de otros años, al inicio del 2023 la mayoría de personas y empresas ya saben lo que puede venir en el corto plazo, y desde el punto de vista económico, los guatemaltecos deben estar al tanto de lo que ocurre en el exterior. Palabras como recesión económica, alta inflación, encarecimiento de los combustibles y productos energéticos generan cierto miedo, lo que podría hasta llevar a una parálisis económica parcial, aunque nadie tiene la bola de cristal.

Desde lo macro a lo micro, de lo general a lo particular y en la esferas pública y privada, puede haber consecuencias, en un contexto global volátil, asociado al incremento de las materias primas y de los conflictos geopolíticos internacionales, que pueden ocasionar una recesión en los principales socios comerciales de Guatemala.

Entonces, las personas particulares, las amas de casa o jefes de hogar también deben estar al tanto, pues parte de los ajustes de precios que se experimentaron en la economía durante el 2022 —inflación 9.17% a noviembre—, golpeó directamente los bolsillos de la mayoría de la población, que se vio obligada a reorientar sus gastos prioritarios.

¿Cómo se ve el año?

Esta fue la pregunta   a varios expertos y una de las principales respuestas fue que será un año relativamente similar al 2022, aunque menos dinámico, debido a la desaceleración —crecimiento menor— de los principales países desarrollados, que elevaron su tasa de interés para contener la inflación.

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¿Qué implica eso para Guatemala?, pues una disminución del ritmo de las exportaciones y también de las remesas que recibirá, porque aun cuando los países continúen creciendo, el aumento del empleo será menor.

También se prevé una relativa normalización de la inflación en torno al 5%, y salvo alguna maniobra no esperada por parte del Banco de Guatemala (Banguat), el tipo de cambio debería estabilizarse, ya que se dispone de una enorme cantidad de reservas monetarias internacionales para el efecto.

Por otro lado, se espera que los bancos incrementen sus tasas de interés, como respuesta al aumento de la tasa de interés líder de la banca central; sobre todo las tasas activas —porcentaje que cobran las instituciones financieras por los créditos que otorgan a las personas individuales o jurídicas—, y algún movimiento en las pasivas —la que pagan los bancos a los cuentahabientes por sus depósitos—.

No obstante, las ventas de los productos relativamente esenciales se mantendrán en el país y tendrán un poco de mayor dificultad las de bienes no esenciales, salvo los suntuarios, que son destinados al consumo exclusivo de los grupos de mayores ingresos.

En términos macro, para 2023 el pronóstico de la economía es que crezca en el rango de 2.5 a 4.5%, con un valor central o núcleo de 3.5%, y se esperaría un mayor control sobre la inflación, que tendería a la disminución a partir de marzo próximo.

Finanzas y ahorros

Un empresario —pequeño, mediano o grande— debe analizar si dispone de suficiente mercado para colocar sus productos y confirmar si efectivamente existe la posibilidad de obtener ganancias tras la producción de sus bienes, atendiendo al comportamiento de los precios en el mercado.

Como tal, y antes de iniciar el proceso de producción, el empresario debe analizar metódicamente cuál es su costo de producción, incluyendo todos los elementos colaterales, como energía eléctrica, arrendamientos, tiempo, sueldos, compra de materia prima, etc., y luego verificar si efectivamente existe una ganancia. Además, verificar que el producto o servicio se podrá vender de forma masiva en el mercado, permitiendo su producción constante.

Analizar las tasas de interés de los bancos y solo contratar un préstamo para inversión, solo si la tasa de interés es razonablemente baja, dado a que algunos bancos solo prestan para consumo y las tasas aplicables son muy altas, lo que imposibilita cualquier inversión.  Una tasa anual adecuada en ningún caso debe exceder de 18 a 20% anual, asumiendo que el margen de ganancias, antes de intereses e impuestos, puede absorber dicho costo.

Por otro lado, debe tenerse cuidado en “calzar” el préstamo con la actividad productiva, para no contratar préstamos a tan largo plazo que resulten una carga infinita para la empresa, o a tan corto plazo que le cause problemas de liquidez. Los pagos por el préstamo deben salir de la propia actividad del negocio, sin poner en riesgo su funcionamiento.

Frente a la inflación

La inflación en Guatemala en 2023 tendría una tendencia al alza, por lo que, si es posible para las personas invertir su dinero, deben hacerlo en activos que conlleven un retorno por lo menos de 2 a 5% arriba de la tasa de inflación.   Además, empezar a buscar algún ingreso adicional para poder apoyarse un poco en los gastos diarios.

Al estimarse que la inflación se situará en 5%, debe tomarse en cuenta que este es solo un promedio que debe servir de referencia. O sea que algunos productos, servicios y materias primas pueden subir hasta 30% y otros, menos de 1%.

Esto es importante para las empresas al momento de fijar sus precios de venta, los que no se deben aumentar en exceso, para no producir una contracción de la demanda, lo que equivale a menos ventas.

Una persona individual también debe cuidar sus gastos este año que recién inicia, empezar a priorizar sus compras y crear un fondo de ahorro para “emergencias”. Y si es necesario, aprovechar al máximo las “ofertas” en los centros de compra de su canasta básica de alimentos.

Administrar deudas

Si las personas o empresas tienen que contraer compromisos de crédito, es importante estar conscientes de tres puntos claves: fechas importantes —de pago, de corte y de vencimiento—, la tasa de interés acordada y las cláusulas de conveniencia —si puede o no amortizar a capital y restructuración de la deuda, entre otras—, además de buscar opciones que   más favorables. No se recomienda adquirir préstamos extrabancarios o con tarjetas de crédito para invertir, ya que en los negocios honestos no rinden tanto. En este punto, en particular, para conocer cuánto es lo que realmente ganan los negocios debe evaluarse el mercado antes y no confundir el margen de comercialización con el de ganancia. Mucha gente afirma que se dedicará al comercio porqué allí gana el doble, pero a eso hay que restarles todos los gastos adicionales.

Tanto emprendedores como empresarios, inversionistas y personas individuales deben contar con un plan financiero definido y claro que les permita establecer cómo se utilizará la deuda, cuál será la rotación del efectivo, el retorno y tiempo estimado de pago, así como la rentabilidad al usar este instrumento financiero.

Endeudarse no es malo, pero la deuda bien utilizada puede ser un instrumento aliado estratégico para poder navegar en los tiempos de crisis, aunque también puede convertirse en un enemigo si se llega a descuidar o, en el peor de los casos, si se le da un mal manejo.

Reglas básicas

En los negocios hay reglas de oro, así como leyes de observancia que deben respetarse y cuidarse, porque no todo está asegurado como se tiene pensado.

La primera regla es ser realistas, lo cual implica ni ser tan optimista en que cualquier transacción u operación de negocios a futuro está garantizada ni confiar ciegamente en la frase “todo saldrá bien”.   Tampoco se debe ser tan pesimista que se genere un ambiente de no inversión o no a los nuevos negocios y provocar una parálisis productiva.

Es común escuchar de problemas en la comunidad empresarial, en que se invierte mucho en mercancías, pero las ventas no responden igual, y por lo tanto afrontan problemas de liquidez.

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Otra de las reglas es mantenerse informado antes de tomar cualquier decisión empresarial o poner a la disposición su dinero en la canasta por cualquier cantidad que sea. Eso conlleva conocer los indicadores de la actividad económica de corto plazo de fuentes oficiales y no tomar decisiones emocionales o confiar en lo que otros dicen o exponen en redes sociales.

Atender la liquidez al tomar decisiones reales a partir de expectativas maduras, siempre es apropiado acumular reservas en tiempos de abundancia o bonanza para cuando existan problemas temporales. O sea, cuidar mucho la disponibilidad de recursos sin descuidar la rentabilidad.

Y, por supuesto, el cliente debe estar feliz, lo cual implica que se debe atender bien a los compradores para que vuelvan y siempre estén comprando.

Con información de Javier Santiago Servent, Coach & Mentor y Abelardo Medina, Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

Las franquicias se han convertido en los últimos tiempos en una gran opción para las personas que desean invertir cierto capital, ya que permiten operar dentro de un negocio probado, con una marca que ya es reconocida en el mercado, que aporta conocimientos, habilidades, capacitación e insumos, entre otros beneficios.

En otras palabras, este modelo de negocio consiste en un contrato por medio del cual, una empresa cede a otra el derecho de producir y/o comercializar determinados productos o servicios bajo ciertas condiciones. Así, cualquier persona puede comenzar un negocio con el apoyo de una firma con experiencia en el rubro elegido.

En la actualidad, en este campo hay propuestas para todos los niveles de inversión, algo que llamativamente mucha gente desconoce porque la mayoría de personas asocia a las franquicias con grandes cadenas para las que se necesita destinar grandes presupuestos. Pero también existen muchas propuestas más económicas.

Pero antes de entrar en materia, los futuros empresarios deben tener claro que abrir un negocio no suele resultar sencillo y las opciones son tan amplias, que es importante estudiarlas todas. Y saber que antes de sumergirse en el negocio, hay que estar dispuesto a cumplir las norma y contar con un capital para invertir de forma anticipada.

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David Rivera Sikaffy, director de Franquicias502.com indica que, en principio, adquirir una franquicia brinda mayor seguridad en la inversión a realizar, porque se cuenta con una marca reconocida y un concepto de negocios que ha demostrado ser exitoso y sostenible. Estos son dos de los elementos fundamentales al momento de evaluar la inversión.

“Adquirir una franquicia bien estructurada, involucra tener a un empresario experimentado y de éxito, junto a un equipo de profesionales, que buscará garantizar el éxito del negocio, en beneficio tanto de la marca como de quien adquirió la franquicia”, explica.

Por su parte, la Asociación Guatemalteca de Franquicias (AGF), indica en su portal web que antes de decidirse por un modelo hay que estudiar todas las posibilidades que brinda el mercado, contrastar y comparar, para saber cuáles sectores o actividades económicas se adecuan más al perfil del inversionistas, cuáles son los productos o servicios con los que se quiere trabajar y finalmente, en qué cadena se va a invertir.

“Cuanto más claras tenga sus ideas es mejor, para poder meditar con suficientes elementos de juicio para elegir. También es indispensable obtener información veraz, referida a los diferentes aspectos del negocio y a los términos que condicionaran la relación del franquiciado con el franquiciador”, se detalla.

El top 5 para 2023

Dicho lo anterior, los consultado afirman que el 2023 será un año positivo para el sistema de franquicias y todos sus actores, aparte de que hay están disponibles varios modelos novedosos. Estas son las tendencias que recomienda Michelle Rojas, Consultora en Estrategia de Franquicias502.com para el 2023 con base a las más de 4 mil visitas que recibe mensualmente:

1. Restaurantes y Bares

Las franquicias más buscadas en este rubro son marcas reconocidas durante muchos años, relacionadas con comida italiana, café 7 bocadillos, pastelerías o restaurantes de comida rápida y “tenedor”. Pero también hay mucho interés en conceptos más nuevos, como el de un restaurante/bar donde todo se vende al mismo precio; o una cadena de pupuserías salvadoreñas con ocho sucursales cuya inversión inicial ha resultado interesante para diversos inversionistas porque no supera los Q110 mil.

2. Tiendas de Conveniencia

Otra de las categorías más buscadas por los inversionistas guatemaltecos es la de tiendas de conveniencia, como sucede con la primera franquicia de este tipo que surgió recientemente en Petén, y cuyo modelo de negocio se basa en tiendas a bordo de contenedores, lo que ha resultado muy interesante para los inversionistas, y que está en proceso de expansión en la región norte del país.

3. Retail variado

En el segmento de retail o venta al detalle, ahora se recomienda la incursión en la comercialización de productos y marcas varias, pero no solamente de bienes de consumo, sino hasta la venta de bicicletas, motocicletas y accesorios, ropa de marca, artículos de belleza y hasta insumos para la construcción. Existen franquicias de retail para prácticamente cualquier segmento del mercado, dependiendo del interés de cada inversionista.

4. Salud

Desde la llegada de la pandemia, surgió mucho interés en franquicias en el área de la salud. Y aunque recientemente ha mermado, junto al proceso natural de superación de la crisis, existen franquicias interesantes de laboratorios, servicios médicos express, consultorio de psicología líder en el mercado y que buscan expandirse a nivel departamental e internacional.

5. Marcas regionales

La mayoría de potenciales inversionistas desea comercializar grandes marcas internacionales, especialmente estadounidenses o europeas, por lo que no tienen al mercado centroamericano en sus planes de expansión. Sin embargo, a través de la red de consultores iberoamericana denominada FCI (Front Consulting International), existen alianzas con marcas mexicanas y centroamericanas con interés en el mercado guatemalteco y con alto potencial de crecimiento, que van desde talleres mecánicos, venta de ropa, insumos de belleza, higiene, construcción y equipo de protección personal, entre otros.

Cuentan su experiencia

Hace cinco meses, Karla Girón adquirió una franquicia de comida salvadoreña junto con dos socios con una inversión de aproximadamente Q100 mil, a la cual le proyectaron un retorno de inversión de dos años. Su sorpresa fue que desde el primer mes registraron utilidades.

“Desde que iniciamos el emprendimiento hemos tenido un apoyo muy grande por parte del franquiciador, con todos los detalles que esto conlleva, desde manuales y capacitaciones, hasta acceso a publicidad. Hemos creado muy buena relación e incluso nos sentimos muy parte del negocio porque siempre han estado abiertos a nuestras ideas para impulsar nuestro desarrollo”, indicó.

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Asegura que invertir en algo que es confiable y con respaldo, garantiza mayor probabilidad de éxito en comparación con algún negocio que se empieza desde cero. Además, el conocimiento y experiencia de un franquiciador es de mucha ayuda para evitar posibles errores.

También ve positiva la inversión en negocios pequeños y medianos; es decir, montos menores a Q200 mil, ya que es buena oportunidad de entender el mundo de las franquicias y aprender en forma real sobre lo que es y conlleva manejar un negocio.

En cuanto al rubro de retail se encuentra Allan España, quien luego de laborar más de 25 años en una empresa, decidió iniciar un negocio propio y solicitó la asesoría de profesionales en la materia.

Tras analizar el abanico de oportunidades, se decidió y a la fecha cuenta con tres empleados en su negocio de repuestos, reparaciones y accesorios para motocicletas, con una empresa que nació en 1973 y está muy bien posicionada en el mercado local.

“Me siento muy satisfecho, pues la asesoría recibida me ayudó mucho para elegir este negocio y siempre recibo el soporte necesario”, afirmó, al detallar que su inversión inicial de Q130 mil ha rendido buenos resultados.

Soporte total

Una de las principales ventajas que tienen las personas que optan por una franquicia es que siempre se tendrá el respaldo de una gran empresa, que será la responsable de capacitar al inversionista sobre el modelo de negocio, trasladarle la trayectoria, imagen y asistencia técnica.

Los modelos más sencillos de operar y replicar comienzan a ser muy solicitados gracias a la incorporación de la tecnología. Además, los formatos tradicionales adaptados a nuevos rubros que hasta hace poco tiempo no existían, son elementos a tomar en cuenta.

Otro beneficio es que la marca franquiciadora debe brindar manuales operativos, que prácticamente se convierten en un libro de instrucciones sobre el paso a paso de la operación diaria, además de guías sobre la apertura del local, gestión del recurso humano y marketing, junto a una capacitación sobre los procedimientos.

En este punto, Rivera advierte que no todo en el mundo de las franquicias es fácil. Dentro de los retos que conlleva está que los franquiciados se deben adaptar a los manuales e instrucciones de la casa matriz y si quieren innovar, debe pasar por un proceso de autorización por parte del franquiciador.

Sin embargo, una franquicia bien estructurada y con un buen equipo, brindará beneficios suficientes para que esta inversión valga la pena, y el hecho de adaptarse a los manuales es indispensable para lograr que la marca continúe siendo exitosa y permanezca en el mercado.

El comercio electrónico en Guatemala ha mantenido un crecimiento sostenido principalmente desde el alivio de la pandemia, y el mayor dinamismo se registra en la temporada de vacaciones y fin de año, debido a que los consumidores esperan esta temporada para aprovechar promociones y ofertas en sus compras de regalos navideños.

De acuerdo con operadores de tiendas en línea y servicios de paquetería (Courier), entre octubre y diciembre de cada año, el ritmo de las transacciones crece entre un 20% y 25%. En algunos casos, el movimiento de paquetes puede aumentar hasta un 70%, debido al incremento de pedidos.

Alejandro López, subgerente del comercio electrónico de Guatemaladigital.com, indicó que el comercio electrónico de fin de año registra un crecimiento aproximado de 20%. “Sin embargo, este sector crece de forma sostenida y nosotros somos un caso muy particular, pues siempre hemos vendido más en enero que en diciembre”.

Lester Cerna, gerente general de la plataforma Bingua.com, el movimiento de paquetería aumenta hasta en un 70% en el fin de año. En el caso de comercio asociado a las ofertas navideñas, se registra un incremento de 15% a 22%.

Y Marco Antonio Martínez, gerente CPX, empresa de Courier especializada en transporte de comercio electrónico, dijo que en los últimos meses del año, el volumen se incrementa en 25%, según lo que han observado en los últimos tres años.

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Qué buscan los consumidores

Pero lo anterior deja de ser relevante, si los clientes dejan de comprar por internet o deciden salir a los centros comerciales y realizar sus transacciones de forma tradicional.

La consultora Kantar Ibope Media afirma que así como los guatemaltecos esperan la temporada de fin de año para hacer compras de distintos tipos y aprovechar las promociones del llamado Viernes Negro, Lunes Tecnológico o las ofertas de temporada, también es recurrente que buscan informarse más, para encontrar mejores precios, planificar sus compras con anticipación y ver la disponibilidad de productos.

Según el estudio “Target Group Index Guatemala 2022”, 8 de cada 10 compradores guatemaltecos usan medios para informarse antes de comprar, para tomar la mejor decisión, encontrar buenos precios y asegurarse de que el producto satisfará sus necesidades.

Bernal Diaz, gerente comercial regional para Guatemala y Costa Rica en Kantar, dijo que “la temporada de fin de año representa un impulso económico para las marcas, pero es imprescindible que conozcan cómo los guatemaltecos realizan las compras, qué buscan en sus productos y dónde se informan”.

Es más, en el proceso de compra, los consumidores constantemente dudan o se detienen a buscar más información. Por lo tanto, es relevante conocer al menos cuatro aspectos que toman en cuenta los clientes cuando recorren las tiendas digitales:

• Ofertas y descuentos: El 74% de encuestados en un estudio indicaron que esperan que los productos estén en oferta para comprarlos. De igual manera, un 73% dijo que siempre está en búsqueda de descuentos.
• Surtido local: con frecuencia, el lugar de compra lo determinan el precio y la disponibilidad. “Si un producto es más barato en el extranjero, el cliente preferirá traerlo. Igualmente, si un producto, incluso es más caro en el exterior, pero no está disponible localmente, no tiene más remedio que importarlo”.
• Entrega a tiempo: Algunas compras se anticipan hasta tres meses y se busca aprovechar fechas de ingresos extraordinarios (bono 14 y aguinaldo), O sea que se pide con anticipación, para que la entrega coincida con las fechas de descuentos especiales en línea.
• Precios vs marcas favoritas: El 64% de personas indicó que, aunque tenga una marca favorita, si otra está en oferta especial, opta por esta última y la compra.

Según los expertos, lo anterior puede ser relativo o tener algunas variaciones, pues “depende mucho del tipo de producto. Normalmente, en los de uso personal sí se mantienen fieles a la marca; con los demás, el consumidor se ha vuelto más meticuloso al momento de la elección, investiga más, busca el respaldo de la marca, qué tan vanguardista es la tecnología y pide referencia en las redes sociales, tanto del producto como del lugar que lo vende”.

Pero además, la gente también sale a comprar precios, marcas y disponibilidad, a efecto de comprar donde más le convenga, por lo que la compraventa tradicional compite con la digital. Especialmente, porque en todos los centros comerciales se acostumbra lanzar promociones, descuentos, mayor surtido y especialidad, porque las ofertas no son únicamente de beneficio para los compradores, sino también para los comercios, ya que el aumento del tráfico durante estos días de descuentos es de aproximadamente un 40% en relación con la temporada regular.

Qué es lo que más compran

De acuerdo con López, para la temporada de fin de año, los productos más demandados son artículos electrónicos, componentes para computadoras y productos de cuidado personal. Los que se solicitan con anticipación son los relacionados con cómputo, videoconsolas y tarjetas de video, derivado a la escasez de conductores.

Por su lado, Cerna opinó que existen dos tipos de cliente: el que compra novedades y paga sin importar precio, y el que espera ofertas. Este último no está amarrado a marcas. Sin embargo, también indicó que, si los productos no son urgentes, normalmente se esperan las promociones especiales.

Martínez detalló que desde la experiencia de CPX, los productos que más se importan para la temporada de fin de año son ropa, calzado, electrónicos (audífonos, cámaras, computadoras, celulares); juguetes, repuestos de vehículos y de computadoras. Y Spectrum indicó que, según sus registros, entre las categorías más vendidas se encuentran: electrodomésticos, ropa, calzado, accesorios, telefonía, deporte y joyas.

Evolución

Según el IV Estudio de Comercio Electrónico publicado recientemente por la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), en 2022 las ventas en línea sumaron US$535 millones, equivalente a un crecimiento de 36% con relación a 2021, cuando fueron US$220 millones.

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En el 2023, se prevé que la deuda pública aumente a Q238 mil millones, a pesar del incremento en la recaudación

Las ventas online de 2021 crecieron 64% frente a 2020, cuando se registraron transacciones por US$195 millones y en ese año, debido a la pandemia, el comercio electrónico registró un aumento de 118% frente a 2019, cuando se contabilizaron en US$155 millones.

Según el estudio de CCG, el 84% de los guatemaltecos han usado internet en los últimos 7 días y 28% de guatemaltecos ha comprado en línea en los últimos 3 meses. Además, el 42% de los internautas buscan información de productos en redes sociales, mientras que 7 de cada 10 personas realizan al menos una compra en línea cada mes.

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¿Cuáles son las emociones o sentimientos que le producen las siguientes palabras?

– Ganancias

– Obligaciones

– Impuestos

Sin duda alguna, cuando escuchamos la palabra ganancia sentimos una emoción sumamente positiva, caso contrario a lo que sentimos cuando escuchamos las otras dos, y es que, coloco estas palabras juntas, ya que las tres se conectan cuando se realiza la compraventa de un bien inmueble.

Al momento de realizar la compraventa de una propiedad, se genera el cumplimiento de obligaciones tributarias y una de ellas es el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por ganancias de capital, que debe pagar la persona individual o jurídica que vende el activo.

¿Qué es ganancia de capital?

El artículo 84, numeral 3 de la Ley de Actualización Tributaria (Decreto Número 10-2012 del Congreso de la República), indica que “son ganancias de capital las resultantes de cualquier transferencia, cesión, compraventa, permuta u otra forma de negociación de bienes o derechos, realizada por personas individuales, jurídicas, entes o patrimonios cuyo giro habitual no sea comerciar con dichos bienes o derechos”.

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Por lo tanto, para tener claro si la negociación del inmueble que vamos a vender genera o no ganancia de capital, es importante saber qué es el giro habitual: es aquella actividad comercial que se realiza de forma continua; se tiene registrado un negocio bajo esa actividad y se emiten facturas específicamente por la actividad registrada.

Así que, si la persona individual o jurídica que vende una propiedad no tiene como giro habitual, la compraventa de bienes inmuebles, debe pagar ISR generado por ganancia de capital.

¿Cómo se calcula el impuesto a pagar?

La ganancia de capital es el resultado de la diferencia entre el precio de la venta y el valor en que se encuentra inscrito el inmueble, tomando el valor más alto que aparezca en el Registro General de la Propiedad, Municipalidad o Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas Públicas -DICABI-; sobre esta diferencia, se debe calcular el 10% para pagar el impuesto correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 92 de Ley de Actualización Tributaria (Decreto Número 10-2012 del Congreso de la República).

¿En qué momento se realiza el pago del tributo?

Está establecido en el artículo 95 de la Ley de Actualización Tributaria (Decreto Número 10-2012 del Congreso de la República), que el impuesto debe pagarse dentro de los primeros diez (10) días del mes inmediato siguiente a aquel en que se realizó la venta del inmueble, por medio del formulario SAT 1321 “Impuesto Sobre la Renta. Del capital inmobiliario, mobiliario, ganancias y pérdidas de capital. Declaración jurada y pago mensual”.

Sanciones aplicables

El contribuyente que no realice el pago de ISR sobre ganancia de capital a la SAT, incurrirá en la infracción de omisión de pago de impuestos y se sancionará con multa de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario, además del pago de los intereses respectivos. (Artículo 118, Decreto Número 10-2012, Ley de Actualización Tributaria)

Es importante que las personas individuales o jurídicas que deseen realizar la venta de un inmueble y su giro habitual no es realizar este tipo de actividad, acudan y se asesoren con personas exportas en el tema: notarios con experiencia en negocios inmobiliarios, corredores de bienes raíces profesionales y expertos en temas fiscales y tributarios.

Cumplir con el pago de nuestros impuestos, nos hace ciudadanos responsables, ciudadanos que contribuyen positivamente a Guatemala.

Con información de Miriam Bojorquez,

Directora Ejecutiva, Cámara de Corredores de Bienes Raíces de Guatemala

Lo que dice a ley

De acuerdo con el Decreto 10-2012, están afectos al ISR todos los ingresos considerados rentas y ganancias de capital.

Con carácter general son rentas de fuente guatemalteca las derivadas del capital y de las ganancias de capital generadas en Guatemala, percibidas o devengadas en dinero o en especie, por residentes o no en el país.

a) Los dividendos, utilidades, beneficios y cualesquiera otras rentas derivadas de la participación o tenencia de acciones en personas jurídicas, entes o patrimonios residentes en Guatemala o derivados de la participación en beneficios de establecimientos permanentes de entidades no residentes.

b) Los intereses o rendimientos pagados por personas individuales, jurídicas, entes, patrimonios o entidades residentes o que tengan establecimientos permanentes situados en el país, derivados de: i) depósitos de dinero; ii) la inversión de dinero en instrumentos financieros; iii) operaciones y contratos de créditos, tales como la apertura de crédito, el descuento, el crédito documentario o los préstamos de dinero; iv) la tenencia de títulos de crédito tales como los pagarés, las letras de cambio, bonos o los debentures o la tenencia de otros valores, en cualquier caso emitidos físicamente o por medio de anotaciones en cuenta; v) los diferenciales de precio en operaciones de reporto, independientemente de la denominación que le den las partes, u otras rentas obtenidas por la cesión de capitales propios; vi) el arrendamiento financiero, el factoraje, la titularización de activos; vii) cualquier tipo de operaciones de crédito, de financiamiento, de la inversión de capital o el ahorro.

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c) Las regalías pagadas o que se utilicen en Guatemala, por personas individuales o jurídicas, entes o patrimonios, residentes o por establecimientos permanentes que operen en Guatemala. Se consideran regalías los pagos por el uso, o la concesión de uso de:

I. Derechos de autor y derechos conexos, sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas, cintas de video, radionovelas, discos fonográficos, grabaciones musicales y auditivas, tiras de historietas, fotonovelas y cualquier otro medio similar de proyección, transmisión o difusión de imágenes o sonidos, incluyendo las provenientes de transmisiones televisivas por cable o satélite y multimedia.

II. Marcas, expresiones o señales de publicidad, nombres comerciales, emblemas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, patentes, diseños industriales, dibujos o modelos de utilidad, planos, suministros de fórmulas o procedimientos secretos, privilegios o franquicias.

III. Derechos o licencias sobre programas informáticos o su actualización.

IV. Información relativa a conocimiento o experiencias industriales, comerciales o científicas.

V. Derechos personales susceptibles de cesión, tales como los derechos de imagen, nombres, sobrenombres y nombres artísticos.

VI. Derechos sobre otros activos intangibles.

d) Las rentas derivadas de bienes muebles e inmuebles situados en Guatemala.

e) Las ganancias de capital, cuando se deriven de acciones, títulos o valores emitidos por personas o entidades residentes, de otros bienes muebles, distintos de las acciones, títulos o valores, o de derechos que deban cumplirse o se ejerciten en Guatemala.

f) Las rentas de capital derivadas de derechos, acciones o participaciones en una entidad, residente o no, cuyo activo esté constituido por bienes inmuebles situados en Guatemala.

g) Las rentas de capital derivadas de la transmisión de derechos, acciones o participaciones en una entidad, residente o no, que atribuyan a su titular el derecho de disfrute sobre bienes muebles o inmuebles situados en Guatemala.

h) Las rentas de capital derivadas de la transmisión de bienes muebles o inmuebles situados en territorio nacional o derechos reales sobre los mismos.

i) Los premios de loterías, rifas, sorteos, bingos y eventos similares realizados en Guatemala.

j) La incorporación al patrimonio del contribuyente residente, de bienes situados en Guatemala o derechos que deban cumplirse o se ejerciten en Guatemala, aun cuando no deriven de una transmisión previa, como las ganancias en el juego y las adquisiciones a título gratuito que no estén gravadas por otro impuesto directo.

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El presupuesto estatal más alto de la historia nacional quedó aprobado por Q115 mil 443 millones, recursos que se ejecutarán durante un año en el que serán electas las nuevas autoridades que gobernarán el país a partir de 2024.

El Decreto 54-2022 le da vida al programa de ingresos y gastos para 2023 empezará a regir el 1 de enero, o sea en el inicio del último año de gestión del presidente Alejandro Giammattei y a pocas semanas de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) realice la convocatoria a elecciones generales de presidente, vicepresidente, alcaldes y diputados.

En el monto indicado, se incluyeron asignaciones extraordinarias aprobadas durante la discusión en el Pleno, de manera que en relación con el presupuesto aprobado en noviembre del 2021 para el año en curso por Q106 mil 229 millones, el incremento es de Q9 mil 214 millones, o sea 8.6% más.

Durante el 2022, los diputados han realizado modificaciones y ampliaciones al plan de gastos, por lo que el monto vigente es de Q112 mil 896 millones, por lo que, en comparación con este monto, el aumento par 2023 será de Q2 mil 546 millones (2.2% más).

Mientras que, según el dictamen emitido por la Comisión de Finanzas del Congreso, por un total de Q113 mil 931 millones, los recursos adicionales suman Q1 mil 512 millones.

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Desglose

A efecto de financiar la cantidad de gasto aprobada, se plantean ingresos corrientes por Q90 mil 971 millones, y de los cuales, Q86 mil 247 millones provendrán de la recaudación, o sea de los tributos pagados por los contribuyentes; se calculan ingresos de capital por Q122 millones; y los recursos de fuentes financieras quedaron en Q24 mil 349 millones (en el dictamen eran Q22 mil 837 millones), lo cual significa que el déficit fiscal aproximado sería de 2.6% del Producto Interno Bruto (PIB).

O sea que el 78% del gasto será financiado por ingresos corrientes y tributarios, y el 21% por la vía de endeudamiento con bonos del Tesoro y préstamos con organismos financieros internacionales.

Volviendo al gasto, el de funcionamiento se aprobó por Q78 mil 985 millones (en el dictamen eran Q78 mil 73 millones); para inversión Q20 mil 316 millones (inicialmente, Q19 mil 716 millones); y para el pago del servicio de la deuda pública, Q16 mil 141 millones.

Es decir, que el 68% del gasto irá para funcionamiento, como pago de salarios, enseres, insumos, entre otros; 17.5% para obras de inversión; y 13.9% para abonar al endeudamiento acumulado del país.

Asignaciones extraordinarias

De acuerdo con Jorge Lavarreda, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), con las enmiendas planteadas el incremento por Q1 mil 512 millones, por el lado de los ingresos se contempla financiarlos con saldo de caja, lo que significa que le están apostando a un exceso de recaudación en 2022. Esto, a diferencia del dictamen de la Comisión de Finanzas, que había aumentado Q1 mil 637 millones con relación al proyecto original del Ejecutivo, vía ingresos tributarios.

Por el lado de los egresos, Lavarreda explicó que se da principalmente en dos partes. La primera es con la asignación al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), con un incremento de Q47 millones, para financiar becas de enfermería. Y la otra parte, en Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro.

De estas asignaciones, en lo que respecta a transferencias corrientes, el más importante es el incremento por Q800 millones al TSE, un monto adicional a las asignaciones ya dadas para las elecciones y sin especificarse el destino, dijo Lavarreda. A este incremento se le suman Q50 millones como aporte extraordinario a la Contraloría General de Cuentas (CGC), para el pago de prestaciones y de retiro voluntario, y un aporte adicional de Q15 millones al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), sin claridad sobre su uso.

En cuanto al lado de los gastos de inversión, se destinaron Q600 millones como un aporte extraordinario a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede), en teoría, para proyectos de agua, saneamiento, drenajes, educación, infraestructura y otros proyectos relacionados con la gran cruzada nacional por la nutrición.

“Aquí el tema es, como ya lo hemos mencionado antes, que estas asignaciones sin obras específicas, obviamente son poco transparentes y siendo un año electoral, no pinta bien. Recordemos que ya los Codedes tenían una asignación importante de Q3 mil 444.2 millones. Adicionalmente, la Comisión de Finanzas estableció en el artículo 129 que pueden usar el saldo sin ejecutar de los aportes extraordinarios de 2022. Entonces, con estos Q600 millones tendrían Q4 mil 44.2 millones, más el saldo de lo que no ejecuten este año”, explicó en analista del CIEN.

“Ya se había dicho que desde la propuesta enviada por el Ejecutivo se veía un presupuesto con una orientación clientelar, con muchos más recursos para los Consejos de Desarrollo y alcaldes municipales en el año electoral. Los montos que se aprobaron bajo enmiendas lo confirman. Lamentablemente, hay poco margen para la fiscalización ciudadana del presupuesto”, opinó Érick Coyoy, director del Instituto de Investigación y Proyección sobre Economía y Sociedad Plural (IDIES-URL).

Así quedan los ministerios y dependencias

Tal y como quedó aprobado el Presupuesto, la mayoría de las dependencias públicas tuvieron un incremento en su techo asignado. En el caso del Ministerio de Educación (Mineduc), con una asignación vigente de Q20 mil 415.99 millones en 2022, se le aumentó a Q22 mil 254.42 millones.

El MSPAS pasó de Q11 mil 892.71 a Q12 mil 53.41 millones y el Ministerio de Gobernación (Mingob) también tendrá más recursos, al pasar de Q6 mil 450.11 millones a Q7 mil 383.48 millones. El Ministerio de Trabajo (Mintrab) pasará de una asignación de Q942.34 millones a Q1 mil 73.57 millones; Cultura tendrá un techo de Q672.67 millones para 2023 luego de tener en 2022, Q633.97 millones, mientras que Relaciones Exteriores también tiene un aumento al pasar de Q660.57 millones a Q739.78 millones, al igual que Economía, que de Q466.06 millones, ahora tendrá Q497 millones.

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Finanzas Públicas tendrá en 2023 Q397.02 millones frente a los Q369.34 millones vigentes en 2022; y Ambiente y Recursos Naturales, pasará de Q195.70 millones a Q277.58 millones; las Obligaciones a cargo del Tesoro aumentaron de Q35 mil 88.80 millones a Q40 mil 114.01 millones; los servicios de la Deuda Pública pasaron de Q15 mil 312 millones a Q16 mil 141.14 millones; y las secretarías y otras dependencias pasaron de Q1 mil 402.23 millones a Q1 mil 432.79 millones,

Respecto a los que tienen disminución en comparación con el 2022, están el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Civ) que de tener un techo vigente de Q9 mil 149.58 millones contará con Q5 mil 791.63 millones. La cartera de Defensa pasa de Q3 mil 381.73 millones a Q3 mil 222.25 millones.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), también tuvo una reducción al pasar de Q1 mil 706.08 millones a Q1 mil 514.20 millones, al igual que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que tendrá Q1 mil 428.14 millones después de tener Q1 mil 477.14 millones.

Mientras que Energía y Minas tuvo este año Q2 mil 985.80 millones debido a las ampliaciones para sufragar los subsidios a los combustibles, pero en 2023 solo dispondrá de Q92.68 millones.

La Procuraduría General de la Nacional tiene una disminución al pasar de Q161.69 millones a Q152.32 millones y la Presidencia de la República se queda con el mismo monto de Q205 millones.

El poder adquisitivo del ingreso promedio mensual real de las familias guatemaltecas a octubre de 2021 se redujo en 22.1%, respecto a su valor en noviembre de 2015, tanto por efectos de la inflación como por la contracción de su valor nominal.

Es decir que en relación con el 2015, el Quetzal ha perdido valor por 26 centavos, pasando de Q1 en ese año a Q0.74 en 2022, según un análisis de la consultora guatemalteca Grupo Cardinal, basado en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Mientras que según esta institución (el INE), a septiembre de 2022 el poder adquisitivo del Quetzal se ubicó en Q0.60, lo que significa que ha perdido 40 centavos con relación al período base de diciembre 2010, y 6 centavos respecto a septiembre del 2021.

En otras palabras, respecto al valor promedio mensual de Q2 mil 256 estimado en noviembre de 2015, el ingreso promedio mensual real de un hogar a octubre de 2021 fue de Q499 menos, al situarse en Q1 mil 757, según un análisis de la consultora guatemalteca Grupo Cardinal, basado en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La inflación es el alza generalizada de los precios y va disminuyendo la capacidad de compra de las familias, dado el hecho de que los ingresos permanecen fijos en el corto plazo.

A partir de los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC), se puede calcular la pérdida de poder adquisitivo de un Quetzal y bajo ese mismo orden, calcular la pérdida de posibilidad de compra con los mismos ingresos en los hogares.

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“Cuando se habla de la caída del poder adquisitivo de los ingresos, nos referimos a la pérdida de poder de compra debido al aumento de precios. Entonces, la inflación equivale a la baja del poder de compra del dinero. Independientemente de cuál sea la fuente de esos ingresos, todas las variables económicas expresadas en quetzales tienen un menor poder de compra cuando los precios suben”, explicó Hugo Maúl, director del Área Económica del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).

“Podríamos decir que el aumento de la tasa de inflación de 9%, por ejemplo, representa una reducción en el poder adquisitivo de las personas, en el mismo porcentaje, suponiendo que estas consuman una canasta similar a la que utiliza el INE para el IPC”, agregó.

Cuánto vale realmente el Quetzal

Hugo Allan García Monterrosa, subgerente Técnico del INE, expuso que el fenómeno de la pérdida del poder adquisitivo, es medido por el INE a través del IPC que tiene una canasta fija integrada por 441 bienes y servicios, a los que se les da un seguimiento mensual. Teniendo como base diciembre de 2010, vemos cómo el índice va creciendo y el Quetzal pierde poder adquisitivo.

“Eso quiere decir que, con la misma cantidad de dinero, podemos comprar o adquirir menos bienes y servicios que antes y se explica por el aumento de los precios en los bienes de consumo general”, dijo García.

Debido a que el año base es bastante lejano, la firma Cardinal estimó la pérdida del valor adquisitivo del Quetzal en relación con diciembre de 2015. Por un lado, de ese año para acá, se abarcan dos períodos de gobierno, y por otro, es más fácil ubicar en el imaginario de las personas un año base más cercano, expuso Fredy Gómez, su director ejecutivo.

Para calcular la pérdida del valor adquisitivo del Quetzal en referencia a diciembre de 2015, Cardinal generó un IPC con base 100 a diciembre de 2015, asignando un valor de 100 al IPC a dicha fecha y calculando el nuevo índice con las variaciones del IPC en cada año y luego dividiendo el valor de Q1 entre el índice generado.

Sobre la base de ese cálculo, se determinó que el Quetzal ha perdido 26 centavos, pasando de Q1 en 2015 a Q0.74 en 2022.

Los ingresos reales

Gómez añadió que el ingreso nominal promedio mensual de las familias corresponde al valor medio estimado por la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI), del INE, en los meses de noviembre y diciembre de 2015 a 2019 y octubre de 2021.

De acuerdo con la ENEI, en 2015 el ingreso promedio mensual de un hogar se situó en Q2 mil 256; en 2016, Q2 mil 158; en 2017, Q2 mil 150; en 2018, Q2 mil 260; en 2019, Q2 mil 429, y en 2021, Q2 mil 207. El dato de 2020 no está disponible, debido a que ese año el INE no llevó a cabo la ENEI.

Entonces, el valor real del ingreso promedio mensual se calcula quitando la pérdida de poder adquisitivo conforme al IPC, en cada período de referencia de la encuesta.

Según esa fórmula, el ingreso promedio mensual de un hogar, en términos reales, partiendo de su valor nominal de Q2 mil 256 en 2015, fue de Q2 mil 62 en 2016; en 2017, Q1 mil 944; en 2018, Q1 mil 997; en 2019, Q2 mil 88; y en 2021, Q1 mil 757.

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“Lo que esto significa es que, si en 2021 el ingreso promedio de una familia se estimó por la ENEI en Q2 mil 207, derivado de la inflación, realmente lo que logra comprar es lo equivalente a Q1 mil 757, es decir, un 22.1% menos en términos del valor de 2015”, argumentó Gómez.

Para calcular el poder adquisitivo del salario promedio de 2022, habrá que esperar los resultados de la ENEI, para la cual comienza la recolección de datos este 7 de noviembre al 7 de diciembre.

“Comer menos del pastel”

Al comparar la variación del Producto Interno Bruto (PIB) real (valor de la economía descontando la inflación) y los ingresos promedios reales en 2021, los ingresos variaron de forma negativa en 15.9% respecto al valor de 2019. En este caso, no se cuenta con el dato de 2020 y se toma como referencia el valor base del año 2015.

Según las estimaciones de Cardinal, en 2016 la economía creció 2.7% mientras el ingreso promedio decreció 8.6%; en 2017, el PIB aumentó en 3.1% y los ingresos cayeron 5.7%; Solo en 2018 y 2019, la variación de los ingresos fue positivos, pero para 2021, mientras el PIB registró una alza del 8%, los ingresos cayeron 15.9%.

“Ahora, lo que estos datos nos dicen, es que el pastel está creciendo, pero los trabajadores se están quedando con una porción más pequeña de ese pastel”, dijo Gómez.

En opinión de Maúl, se debe que tener cuidado cuando se habla de recuperar el poder adquisitivo porque es fácil creer que aumentando los ingresos en quetzales se va a recuperar la capacidad de compra. “En un primer momento es cierto, si la inflación subió 10% y yo subo los salarios 10%, con lo que se compensa el aumento de precios. El problema es que el aumento de salarios provoca un incremento en los costos de las empresas, las fábricas o los negocios que contratan trabajadores, y volverán a aumentar los precios.”, refirió.

Para el analista del CIEN, una forma de salir de estos problemas inflacionarios es mejorando la productividad, de manera que con el mismo nivel de esfuerzo y de trabajo, los trabajadores puedan producir y ganar más.

Caída del consumo

“Los datos resultantes son poco alentadores para la economía de Guatemala y anticipan una caída en el consumo familiar real, así como un “empuje” hacia la pobreza en los hogares que estaban ligeramente sobre la línea mínima monetaria para consumir la ingesta calórica básica.

Mario Rivera, gerente de efectividad programática de World Vision Guatemala, señaló que cuando los productos y servicios se encarecen, las familias, incluso teniendo un salario mínimo, no lograr cubrir los costos de la canasta básica. La situación se complica más para las personas que trabajan en el campo y no llegan a ganar ni el equivalente a US$2 al día.

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¿Cómo enfrentar una posible recesión económica mundial en 2023 desde Centroamérica?

De acuerdo con el INE, el costo promedio de la canasta básica alimentaria (CBA), en septiembre de 2022 fue de Q3 mil 539, lo cual significa que aumentó Q84 (2.4%) comparado con agosto de este año (Q3 mil 455 aproximadamente) y Q513 (14%), en relación con septiembre de 2021, cuando costaba cerca de Q3 mil 13.

El Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Siinsan), señaló en su pronóstico de seguridad alimentaria y nutricional, período octubre a diciembre de 2022, que el con el costo de la CBA a septiembre, “existe nuevamente una brecha, en comparación con el salario mínimo.

Esta aumenta, al compararla con el salario agrícola comunitario que reporta la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO). Según los datos de ese organismo, el promedio del jornal agrícola diario es de Q65, un valor “muy por debajo” del salario mínimo vigente.

“Asumiendo que los jornaleros trabajan 30 días al mes (lo que difícilmente sucede), y ganan Q65 al día, el ingreso mensual de un hogar, con un solo miembro como proveedor, es de Q1 mil 950; este valor cubre solamente el 56% del costo de la CBA”.

El Banguat explica

De acuerdo con el Informe de Política Monetaria a junio 2022, divulgada por el Banco de Guatemala (Banguat) la evolución de la inflación en Guatemala durante los dos años previos fue afectada por diversos factores, destacando los choques de oferta y de demanda asociados a la pandemia del COVID-19, que afectaron rubros específicos de los alimentos y los energéticos, provocando, durante 2020, importantes incrementos que ocasionaron que el ritmo inflacionario se situara, algunos meses, arriba de la meta establecida por la autoridad monetaria.

En 2021, la disipación de los choques de oferta observados el año anterior, provocaron que la inflación reflejara una importante desaceleración; sin embargo, el comportamiento de las principales divisiones de gasto ha sido heterogéneo. En este sentido, destacan las alzas observadas en las divisiones de gasto asociadas a energéticos, como el transporte y la vivienda, por su estrecha relación con los precios internacionales del petróleo y sus derivados, los cuales aumentaron sostenidamente desde el segundo semestre de 2020.

Cabe indicar que, durante el presente año, el precio internacional del petróleo ha registrado alzas significativas, derivado, como se indicó, del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, conflicto que también ha afectado considerablemente el precio de otras materias primas, particularmente algunos alimentos, de los cuales estos países son importantes productores y exportadores a nivel mundial.

En ese sentido, el rubro de alimentos que había presentado importantes moderaciones en sus tasas de crecimiento el año anterior; empezó a registrar incrementos considerables, particularmente en los grupos de gasto de pan y cereales, de carnes y de hortalizas, legumbres y tubérculos, que han provocado que el comportamiento de la división de gasto de alimentos y bebidas no alcohólicas también sea relevante.

Aunque añade que, contrario a lo observado en la mayoría de países a nivel mundial, la inflación mostró una tendencia decreciente durante el segundo semestre de 2021 y los primeros dos meses de 2022; sin embargo, a partir de marzo del presente año, dicho comportamiento empezó a revertirse rápidamente y a mayo la inflación ya se ubicaba por encima de la meta establecida por la autoridad monetaria (4.0% +/- 1 punto porcentual), lo cual ha estado explicado, fundamentalmente, por factores externos que han afectado los precios de los energéticos y de los alimentos, pero también por incrementos significativos en otras divisiones de gasto del IPC, lo que es indicativo de que los efectos de segunda vuelta han empezado a tener una influencia importante en el comportamiento de la inflación en Guatemala29.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros organismos, lo anunciaron y todos los analistas en el mundo se han puesto de acuerdo en que se avecina una recesión económica en todo el planeta.

Como dijo Kristalina Georgieva, directora general del FMI, la economía es un barco que en estos momentos se encuentra en aguas revueltas, y como afirmó su predecesora en el cargo y actual presidenta del Banco Central Europeo( BCE), Christine Lagarde, debemos prepararnos para que la situación vaya a peor.

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Entonces, teniendo todo esto en cuenta, ¿se avecina una recesión económica? ¿Por qué todos los analistas están tan seguros, con lo difícil que es prever las recesiones?

La respuesta a esta pregunta está en las propias declaraciones de los bancos centrales, los objetivos de estos y, como consecuencia, en las prioridades establecidas y las medidas que han tomado.

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Pues  la razón de que vayamos camino hacia una recesión económica se encuentra en la actuación de unos bancos centrales que, con el objetivo de combatir la inflación y velar por la estabilidad de precios, está matando el crecimiento y estancando la economía.

Pese a que esta se encontraba inmersa en una recuperación económica que pretendía devolver al mundo  a una nueva normalidad a la que hacían referencia los gobernantes durante la pandemia, la inflación, la guerra en Europa, los cuellos de botella en Asia, entre otros fenómenos, han acabado lastrando unas previsiones que, hoy, distan mucho de lo que se veía hace escasos meses.

Considerando la gran incertidumbre a la que se encuentran sometidas estas previsiones en el presente, estas podrían seguir deteriorándose, augurando un futuro aún más difícil que el que se visibiliza hoy.

La cascada

En otras palabras, con el objetivo de detener una inflación que escalaba a máximos y perturbaba el funcionamiento de la economía en tanto en cuanto atacaba a la calidad de vida de la ciudadanía, los bancos centrales han activado aquellos mecanismos que, interviniendo en la economía, le permiten controlar la inflación y mantener la estabilidad de los precios.

A través de una política monetaria más restrictiva, los tipos de interés y el dinero en circulación en una economía, estos bancos centrales tratan de restringir la economía para, con ello, relajar la demanda y, de esta manera, frenar la inflación.

Sin embargo, desde el mismo instante en el que fomentan la relajación de la demanda, suben las tasas de interés para desestimular el crédito y reducir la inyección de estímulos en la economía, con lo que esta se frena y se provoca su estancamiento.

De hecho, de esta dicotomía nace el peligro de una estanflación, pues combatir la inflación requiere frenar la economía en seco y, de esta manera, causar una recesión.

De la misma manera, combatir el estancamiento requiere estimular una demanda que, de hacerlo en este mismo instante, solo fomentaría el crecimiento de los precios y, con ello, el malestar que de por sí genera esta situación.

En conclusión…

Por esta razón, todos los analistas coinciden en que una recesión económica es inminente, pues combatir la inflación pasa por frenar la economía en seco y detener la demanda.

Teniendo en cuenta que la prioridad para los bancos centrales es la inflación, como anunciaron los principales   en el mundo, se puede intuir hacia dónde irá la economía, teniendo en cuenta las políticas que se implementan para abordar esas prioridades.

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Con información de Fancisco Coll.

En todo el mundo se aprecia que los bancos centrales han iniciado un incremento paulatino de las tasas de interés durante este año. Sin embargo, esto no se había visto desde hace más de 50 años y podría representar una tendencia, que, posiblemente continuará durante este año y parte del próximo.

Imagine usted que, a pesar de los esfuerzos de los bancos centrales, la inflación no ceda aún con el aumento en las tasas de interés. Además de que las políticas monetarias a nivel mundial, no logren reducir la inflación cercana a los niveles a los que estábamos acostumbrados antes de la pandemia.

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Implicaciones en el corto plazo para Centroamérica

¿Qué implicaría esto? Que muchas de las expectativas de política monetaria mundial, de lograr estabilizar la inflación por debajo del 4%, no se logren.

En Centroamérica, de acuerdo con el Consejo Monetario Centroamericano con cifras de agosto 2022, la inflación anual promedio podrá rondar entre 7.03% y 9.59% en los seis países miembros del Consejo Monetario Centroamericano: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana.

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¿Qué podemos esperar? En general, que el crecimiento económico mundial sufra una desaceleración abrupta y que conforme los países puedan ir entrando en una posible recesión, se genere un efecto multiplicador en las economías mundiales y ello se pueda presentar abruptamente en Centroamérica.

Como empresarios, ¿En qué debemos enfocarnos? Una primera recomendación es vigilar constantemente si las políticas de aumento en las tasas de interés generan una reducción en el consumo, juntamente con aumentos en la producción a nivel mundial. Es probable que las políticas que implementen los bancos centrales permitan mejorar la productividad y enfocar el crecimiento durante los próximos 18 meses.

El Banco Mundial ha realizado un estudio tratando de revisar los principales factores que podrían llevar a una recesión económica mundial, basados en la actividad económica que se ha presentado en los meses anteriores, y los posibles escenarios que se podrían anticipar. Ello no es nada sencillo, debido al poco margen de maniobra que tienen los gobiernos locales para incentivar la producción económica que se ha venido desacelerando de forma incremental.

Para el caso Centroamericano, puede haber una gran variación entre países como Panamá (con variaciones de inflación entre el 3% y 3.51%), versus Costa Rica (con variaciones entre 9.45% y 12.13%).

¿Esto ya lo hemos vivido?

No hay que hacer mucha memoria para recordar lo acontecido en la década de los setenta y ochenta, y la recesión mundial que vivimos en 1982. La cual, generó una crisis difícil de superar para la mayoría de las empresas.

Es por ello que el Banco Mundial sugiere enfocar los esfuerzos de nuestras naciones en controlar lo más posible la inflación, tratando de evitar una recesión mundial. Todo ello, considerando no solo a los bancos centrales, sino a las autoridades fiscales locales y a los reguladores de formulación de políticas monetarias de la mano de los empresarios.

Así, el contar con posibles medidas anticíclicas, pueda permitir a los mercados locales enfrentar de mejor forma la posibilidad de una recesión.
Tres alternativas para el sector empresarial.

¿Pero, qué podemos hacer desde el sector empresarial para afrontar las posibilidades de una recesión en el 2023?
En primer lugar, podemos considerar al mercado laboral, tomando en consideración que tanto el sector empresarial, como las políticas gubernamentales locales enfocadas en fortalecer la permanencia de la fuerza laboral, logren equilibrar o disminuir las presiones sobre los precios de los productos y servicios.

De igual forma, los empresarios y los gobiernos locales, trabajando conjuntamente, pueden generar políticas anticíclicas enfocadas en reasignar a los trabajadores que han perdido su fuente de ingresos durante la pandemia y posterior a ella, con el objetivo de facilitar la reasignación de fuentes de empleo. Todo ello como una política de trabajo consensuada a nivel local, con enfoque en los gobiernos subnacionales, regionales y nacionales.

En segundo lugar, es claro que la demanda de productos y servicios básicos seguirá incrementándose, y requerirá el suministro de las cadenas de valor. Será necesario que las organizaciones cuenten con productos y servicios adecuados para poder operar y mantener incrementalmente su oferta hacia los mercados locales, regionales e internacionales.

También los sectores energéticos jugarán un papel importante en la reactivación económica y existe un área de oportunidad para acelerar la transición hacia energías limpias, así como la eficiencia en el uso de energía (con enfoque en disminución de costos y contaminación simultáneamente).

Por último, en tercer lugar, el fortalecimiento en las redes de comercio regionales y mundiales que se vieron afectadas por la pandemia, obliga a los gobiernos regionales a formular nuevas políticas de cooperación que permitan desarrollar tanto apoyos locales y regionales.

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Reflexiones para el futuro inmediato

Sin embargo, surge la duda de ¿Cómo eliminar cuellos de botella en las cadenas de valor mundial y su efecto en Centroamérica, restableciendo poco a poco, de manera sincrónica, el orden económico establecido antes de la pandemia?

No hay que olvidar el miedo que podrían llegar a tener los gobiernos locales Centroamericanos por tratar de proteger sus industrias locales y generar amenazas ante el proteccionismo, así como las fragmentaciones de las cadenas de valor que se han presentado.

Ello, si bien era un tema importante por proteger en el pasado, ahora cobra relevancia tomando como objetivo la dinamización de la economía mundial y tratando de revertir una posible recesión económica.

Todo esfuerzo enfocado en acelerar la producción e incentivar el consumo sin olvidar a las personas que han perdido sus empleos, será un mecanismo anti-recesión.

* Artículo del Dr. Rogelio Castillo Aguilera, profesor de Emprendimiento en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México.

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La volatilidad del dólar frente al quetzal en las últimas cuatro semanas, así como los movimientos en la tasa líder de interés, son situaciones que ya se reflejan en la economía real, y que deben ser atendidas por las autoridades del Banco de Guatemala (Banguat) y Junta Monetaria (JM) que asumieron el pasado sábado 1 de octubre para un mandato de cuatro años.

Álvaro González Ricci, presidente entrante del Banguat y JM brindó una entrevista a Prensa Libre para abordar esta coyuntura a pocos días de haber tomado la dirección de la banca central, y en la cual confirmó que se mantendrán los cuadros técnicos.

¿Cuál es la situación del tipo de cambio, que ya se cotiza a Q7.90 por dólar?

Hay un aumento en el tipo de cambio y como se ha dicho anteriormente es estacional y ahora existe mucha demanda de dólares por las importaciones de fin de año. Hay un argumento de que en otros años esto no se había dado, y hay que considerar que las importaciones hay crecido 31%, la factura petrolera ha sido mucho más alta por el tema de precios y más requerimiento de dólares.

Reitero que es un comportamiento normal; se espera que en noviembre y diciembre lo que se ha visto históricamente cuando empiecen a entrar las liquidaciones por las exportaciones, no hay tanta demanda de dólares, porque los importadores ya tienen sus mercancías por fin de año, empieza a regresar a la normalidad.

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El banco central sigue con la regla cambiaria, la cual ha funcionado bastante bien y es lo que se está haciendo ahora.

¿Cuál es la demanda actual de divisas en el mercado?

Son US$100 millones diarios, y es una demanda normal. Con la regla de participación se va compensando un poco la demanda de dólares, y las importaciones que se liquidan y pagan en dólares han subido. Siempre pensemos que hay un factor especulativo que las personas ven que está subiendo el tipo de cambio y quieren cubrir posiciones.

En un comunicado que emitió una de las cámaras empresariales, también no es del todo correcto, en el sentido que se han retirado del mercado US$1 mil 396 millones de enero a la fecha, pero también se han inyectado US$1 mil 19 millones, y aquí se inyecta o retira dependiente el comportamiento del tipo de cambio.

Entonces hay una sobredemanda…

Hay una sobredemanda que está rebasando los US$100 millones y a partir de eso el tipo de cambio viene para arriba; no se han hecho intervenciones fuera de lo normal, y lo más que se puede hacer son US$50 millones diarios, no se ha sobrepasado eso, porque el análisis es que hay un crecimiento en las exportaciones que conlleva a que suba la variable.

Esto se va a empezar a regularizar en noviembre y diciembre, que es lo que ha pasado todos los años.

Hay un exceso de demanda respecto de la oferta que es temporal, que normalmente se cubre con remesas familiares, pero los flujos de remesas y exportaciones no están alcanzando para cubrir las importaciones.

Si el tipo de cambio se estuviera depreciando y se dispararan los parámetros de volatilidad, entonces se tendría que hacer una participación discrecional como se hizo en la pandemia, que en un día el tipo de cambio casi se disparó 20 centavos.

Se habilitó una nueva ventanilla para vender dólares a los bancos del sistema, ¿qué resultados esperan?

Esa ventanilla ya estaba, se revisó un tema de tasa competitiva, y ya se habían hecho operaciones por US$24 millones. El mecanismo va a ayudar a que aquellos bancos que tengan necesidad de dólares puedan descontar instrumentos de deuda, por ejemplo, bonos del Tesoro, obtener liquidez a cambio para bajar presión al mercado y a cubrir parte de la demanda que tienen los bancos. Solo es una operación de reporto, lo que se significa que al vencimiento se devolverá el título.

La Cámara de Comercio de Guatemala salió con pronunciamientos de críticas por el comportamiento del tipo de cambio, y piden el retiro del mecanismo de intervención por acumulación de reservas monetarias, ¿cuál es su reacción?

Ahora la sobredemanda de dólares se debe a que hay un incremento del 31% de las importaciones, la factura petrolera, así como el ingreso de divisas por remesas, y no se ha comprado por el mecanismo en septiembre y en octubre, y se ha estado vendiendo, para bajar el tipo de cambio.

Pero la regla se activa solo por volatilidad, porque no se quiere cambiar la tendencia, y se pone un límite diario.

¿Cuál es el mensaje para los agentes económicos sobre esta variable?

Mantener la calma, la prudencia, porque es estacional, hay un incremento en las importaciones, en la factura petrolera y todas las empresas están importando las mercancías que van a comercializar al fin de año. En noviembre y diciembre el tipo de cambio se empezará a regularizar y comenzará a la normalidad.

El tipo de cambio está a 1.9% de apreciación, ni siquiera se ha llegado al 2% de diferencial.

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¿Qué se esperaría en el corto plazo el comportamiento de la tasa de interés en el sistema financiero?

Se ha venido subiendo la tasa líder de interés, y era 2.75% antes de la pandemia, y bajó a 1.75% que fue una medida que se tomó para poder bajar el costo de los prestamos; después se regresó a 2.75% y subió 0.25 puntos básicos más y ahora está en 3% y seguimos en una tasa prepandemia.

No se ha visto un incremento sustancial en las tasas activas de los bancos, y el mensaje es subir un poco la tasa, en respuesta también a lo que está pasando en Estados Unidos. Si la tasa sube, no se puede quedar uno estático, y puede haber algún riesgo de fuga de capitales, pero reitero que se ha sido muy prudente en subir la tasa líder, en comparación con otros países que son más agresivos.

Hay que ser prudentes en este sentido, para evitar que tenga efectos drásticos en el tipo de tasa que prestan los bancos.

¿Cuándo podría verse una reacción a los usuarios del sistema?

Consideramos que se empezará a observar, y por ejemplo los créditos hipotecarios son los últimos en ser afectados, que son créditos a 20, 25 y 30 años que un cambio en la tasa puede cambiar la cuota, y estos créditos se han mantenido con relativa estabilidad, al igual del empresarial mayor.

¿Qué decisión podría tomarse en noviembre, cuando se conozca tasa de interés por la JM?

Hay que esperar qué va a hacer la Reserva Federal de Estados Unidos, y entendemos que podría subir la tasa, aunque ya se empieza a controlar la inflación en ese país y a estabilizar. Vamos a revisar si es necesario subir la tasa líder o dejarla igual.

En Estados Unidos suben las tasas y las bolsas (de valores) se tambalean, pero en Guatemala al subir, es brindarles la señal a los bancos que la activa y pasiva va subiendo.

¿Cuál es la tendencia de la inflación en Guatemala ahora en septiembre, aunque no está el dato oficial?

El ritmo se va a mantener y va a empezar a reducir en noviembre y diciembre, pero esperamos que la inflación sea un poco alta. Es la división de alimentos, porque los combustibles ya se redujeron en septiembre, y estamos observando que todavía hay impactos de choques de oferta en alimentos que se estarían disipando en noviembre y diciembre.

El cierre del indicador en el año es de 8.75%, y la caída más fuerte será en 2023 y lo más importante es que los sistemas de metas explicitas de inflación es un horizonte más largo.

Para finalizar del 2023 vamos a estar en la meta del 5% que es la estimación, pero con una reducción de tres puntos porcentuales de la inflación.

¿Qué se esperaría para los siguientes meses en el ritmo inflacionario?

A menos que existieran cosas fuera de control externos y que no se pueda predecir, para 2023 se esperaría regresar a los rangos planteados del 5%, y con el movimiento de la tasa líder, empezará a revertir la inflación y que comienza a bajar.

¿Cuál es el escenario sobre el comportamiento de la economía en EE. UU., que ya se declaró en recesión técnica?

La definición de recesión técnica aún no se ha dado. Cuando lo vemos interanualmente la economía de Estados Unidos aún está creciendo y este año va a crecer alrededor del 2% positivo. Inter- trimestralmente sí está cayendo, y para que exista una recesión se necesita que allá una caída en las actividades de manera generalizada, una caída en el empleo y el desempleo aumento y eso no está ocurriendo.

La economía de EE. UU., va a crecer muy poco, pero va a crecer, y el reto será el 2023.

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Los pasos hacia adelante y atrás de Álvaro González Ricci, quien asume la presidencia del Banco de Guatemala (Banguat) y Junta Monetaria (JM), fueron marcados por quienes lo han conocido como funcionario de gobierno y exdiputado.

La reflexión de González Ricci tiene dos facetas en el ámbito público: como diputado del Congreso en la séptima legislatura y como titular del Ministerio de Finanzas en la presente administración de Gobierno. Pero también, ha realizado carrera en la banca privada y para organismos financieros internacionales.

Sobre él recaerá la administración y ejecución de la política monetaria, cambiaria y crediticia para los próximos cuatro años. En la historia de la banca central, pocos presidentes no han sido de carrera y él es uno de ellos.

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Las luces

Hugo Maúl, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), aseguró que se le reconoce que le tocó una situación difícil por la pandemia, no hubo una preparación y anticipación.

Pese a que el 2020 se pudo mantener el déficit fiscal, no se salió de control que era uno de los temores que se tenían, así como que se experimentó una mejora en la recaudación tributaria, que ayudaron. Percibe un respeto y planificación de los programas que dejó el exsuperintendente de la SAT Abel Cruz Calderón y los que se quedaron están cosechando una planificación de mediano plazo.

Los diputados Óscar Chinchilla y Carlos Barreda, con quien González Ricci ha interactuado por más de una década y que lo conocen de cerca, opinaron que, en el Ministerio de Finanzas, logró articular un buen equipo de trabajo que lo llevó a implementar durante la crisis sanitaria.

Chinchilla destacó que Gonzalez Ricci es una persona muy tenaz y perseverante, y buscó este espacio para poder dirigir la banca central, que trabajó para llegar a este cargo, y que es el más importante para preservar la estabilidad política del país.

Las sombras

Sin embargo, Barreda afirmó que no cuenta con una experiencia en materia de política monetaria, cambiaria y crediticia desde el punto de vista de Estado, y su experiencia ha sido en el tema financiero-empresarial, y aunque ha participado en las reuniones de JM se le puede apreciar la falta de experiencia técnica y conocimiento de la política económica, y su formación base y desempeño no le dan las credenciales de experiencia para el manejo de la política macroeconómica.

Remarcó que se puede mantener a un presidente de la banca central más con una orientación política y no técnica.

Chinchilla aseguró que en la bancada Creo se destacó como diputado, pero que no cuenta con experiencia en banca central, y como ministro de Finanzas no se quiso involucrar mucho en lo estratégico y delegó a sus viceministros.

“Fuimos compañeros y formulamos varias iniciativas en conjunto, pero desconozco el trabajo que él tenga en banca central o en lo macroeconómico para lograr mantener la estabilidad; habría que ver el equipo que llevará, porque tengo entendido que hay muchas personas que se están jubilando del banco central”, expresó.

Maúl manifestó que en el Minfin existen situaciones estructurales como la eficiencia y calidad del gasto, así como todas las denuncias alrededor de la obra pública que no son fácil de resolver, pero quien llega a esos puestos les toca cargar con ampliaciones presupuestarias.

“El hecho es que, en términos de la efectividad de calidad del gasto y control de la corrupción Guatemala no ha tenido avances importantes con respecto a como él lo encontró”, concluyó Maúl.

Principales indicadores que deja

1. Al 31 de agosto el saldo de la deuda pública es de Q213 mil 952 millones, y la recibió en 2019 en Q157 mil 325 millones.
2. La deuda bonificada la deja en Q174 mil 862.49 millones e inició su gestión con Q119 mil 017.87 millones.
3. El saldo de la deuda pública con respecto al PIB la deja 29.8% al 31 de agosto y la recibió en 26.5%.
4. La ejecución de gasto público es de 66.54% con un devengado de Q74 mil 871 millones.
5. Inició con un presupuesto inicial de Q106 mil 229 millones y el Congreso aprobó modificaciones por Q6 mil 288 millones para un presupuesto vigente de Q112 mil 518 millones.
6. De enero del 2020 a agosto del 2022 tuvo gastos totales en Administración Central por Q247 mil 854 millones e ingresos totales por Q208 mil 55 millones.

Fuente: Reporte de Operaciones de Crédito Público/Sicoin

Hoja de vida

• Álvaro González Ricci
• Fecha de nacimiento: 19/febrero/1967
• Edad: 54 años
• Profesión Licenciado en Mercadotecnia por la Universidad Rafael Landívar de Guatemala
• Trabajó entre 1989 a 1996 en varios puestos directivos de Grupo Financiero del País, entre 1997 a 2006 como directivo de Citibank y del 2006 al 2011 como consultor financiero en créditos de consumo y estructuración de proyectos.
• Del 2012 al 20016 fue diputado y del 2016 consultor para organismos financieros internacionales. En 2020 asumió la titularidad del Minfin.

El perfil ideal

La Ley Orgánica del Banco de Guatemala (Banguat) establece en el artículo 28 nombramiento y elegibilidad para este cargo, y en la cual se resalta que el “presidente y vicepresidente deberán ser personas de reconocida honorabilidad y notoria preparación y competencia económica y financiera”.

Prensa Libre consultó a exfuncionario de la banca central, y otros que han tenido relación con la política económica sobre cuál es la característica que debe tener un presidente del Banguat.

Maria Antonieta del Cid, expresidenta del Banguat, remarcó que las personas que lleguen a la JM deben tener una notoria experiencia en el ámbito económico y financiero, que es un aspecto fundamental, sobre todo ahora por la coyuntura internacional y local complicada, que trae impacto para todos los países del mundo.

“La capacidad de poder preparar con anticipación las herramientas ante diferentes escenarios que se pueden presentar es fundamental. El Banguat se ha caracterizado por tener un equipo técnico de carrera y es importante que ese equipo se mantenga, ya que cuenta con experiencia, nivel académico y profesional ha hecho que se presenten propuestas técnicas que ahí surgen a la Junta Monetaria y tomar decisiones sean fundamentadas e informadas”, destacó del Cid.

Otro aspecto que remarcó es la independencia de la banca central y la autonomía que establece en la Ley, y la persona que este a cargo debe velar por esa independencia.

Edwin Matul, exgerente general de la banca central, expresó que se debe tener conocimiento de macroeconomía, finanzas y en gran medida entender el manejo de la política monetaria.

Miguel Ángel Moir, extitular de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), aseguró que un presidente del Banguat debe tener una perspectiva de cómo mantener una estabilidad macroeconómica y una buena política para mantener el control de precios.

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Tener una capacidad de manejar, consensuar y complementar la política económica del país, para que esa perspectiva del crecimiento económico no solo se quede en esa dimensión, sino que la riqueza se pueda redistribuir en el país para generar desarrollo.

Otra cualidad natural es que debe ser un estratega, capacidad analítica, y hasta cierto punto de poder establecer puentes con diferentes sectores, y esa capacidad para poder actuar con el sector privado, para encontrar una estrategia efectiva para poder alcanzar un crecimiento del 6% del PIB.

Para Moir, si esas condiciones no se dan, se corre ser expuesto en caer en un mal manejo de la política cambiaria, el tipo de cambio podría afectarse en el corto plazo, y es fundamental trabajar el tema de las de la parte crediticia, ya que se está en el límite de la frontera del endeudamiento público, y evitar una ruta de lo que se está observando en El Salvador y Costa Rica en cuanto al crecimiento de la deuda pública.

También de mantener activo el funcionamiento de la JM, y eso implica conocimiento, capacidad técnica y tener claro cómo se está comportando la economía del país, dado que el Gabinete Económico no tiene direccionalidad, hay que buscar un punto de encuentro para empatar la política económica con la monetaria.

Janma Bardi siempre ha sido una emprendedora y a sus 23 años construyó una carrera con más de 10 compañías. Luego de obtener una maestría, ha creado proyectos de tecnología e innovación y también ha impulsado a Latinoamérica mediante el Volcano Summit.

Asimismo, Bardi es inversionista y forma parte de la dirección de la Asociación Fintech de Guatemala, KinnerLAT, aparte de ser miembro de otras comunidades que vinculan ecosistemas y promueven el desarrollo de la región. En esta entrevista nos comenta qué se espera en el Volcano Summit, edición 2022, a realizarse del 10 al 12 de septiembre en la Antigua Guatemala.

¿En qué consiste y cuál es el objetivo del Volcano Summit 2022?

Volcano Innovation Summit es una conferencia global, la cual reúne emprendedores líderes de todo el mundo para compartir experiencias y visiones a futuro. Se le conoce como la cuna de los visionarios, debido a que los participantes podrán crear nuevos contactos, generar ideas novedosas e incluso, conseguir financiamiento para sus proyectos.

El objetivo del evento es el de unificar el ecosistema empresarial, creando oportunidades de negocios para todos los involucrados, así como impulsar el desarrollo de proyectos y servicios. También se busca incorporar a América Latina a la red global de innovación, por medio del intercambio de ideas con inversionistas, corporaciones y emprendedores.

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¿Cuáles temas se abordarán en la edición 2022 de este evento?

Volcano Summit contará con 111 conferencias, impartidas por 72 expertos nacionales y 85 internacionales, en temas de emprendimiento, inversión, modelos de innovación, liderazgo, negocios, ecosistema digital, blockchain, criptomonedas, entre otros.

¿Cuánto ha evolucionado el mundo emprendedor guatemalteco?

Me gustaría destacar algunos logros de nuestras dos últimas ediciones, 2018 y 2019:

A través de Startup Avenue, mapeamos más de US$50 millones invertidos en Guatemala y Latinoamérica.

Además, facilitamos el otorgamiento de 100 mil becas educativas a través de alianzas estratégicas entre Coursera, Platzi, FUNSEPA e instituciones gubernamentales por un valor de US$40 millones. Y contribuimos a la consolidación de cuatro instituciones: 2 fondos de capital de riesgo corporativo, 1 red de inversión ángel y la Asociación Fintech de Guatemala

¿Qué nivel de madurez tiene el ecosistema emprendedor en Guatemala?

Cada vez vemos que el ecosistema está más fortalecido y avanzando; sin embargo, nos falta todavía tener redes de inversionistas ángeles e incubadoras, que son inversiones en etapas tempranas, aunque ya se invierte en rondas semillas. Esto genera un impulso grande para tener más emprendimientos innovadores que solucionen problemas reales para nuestra región y para el mundo.

¿Cuáles son las principales tendencias o sectores de emprendimiento en el país?

En el sector de innovación estamos viendo mucho de fintech, e-commerce/ marketplace, alimentos y bebidas, servicios de transformación digital y data, marketing digital y algunas startups de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales fortalezas de los emprendedores guatemaltecos?

Somos resilientes, nos gusta trabajar y tenemos una cantidad de problemas aún por resolver, pero somos un país con un potencial gigantesco para volvernos una nación de emprendimiento (Startup Nation). Los guatemaltecos tenemos la actitud de querer salir adelante y hacer que las cosas sucedan y esos son dos principios claves para ser exitosos en el emprendimiento.

¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades para emprender en Guatemala?

Los desafíos han sido la falta de incubadoras, aceleradoras, y espacios donde los emprendedores puedan llegar a aprender sobre cómo manejar un negocio y aprender de otros emprendedores. Nos faltan espacios para co-crear. Otro reto que tenemos es la cooperación, pues tenemos que aprender a cooperar, hablar de las ideas, recibir retroalimentación, buscar mentores, esa mentalidad de crecer juntos todos, sin miedo a que alguien nos robe el negocio o las ideas. Y por último, creo que es de suma importancia que tengamos más opciones de inversión para los emprendedores, desde etapas pre semilla y semilla hasta las de crecimiento. El capital que nos agrega valor nos da años en minutos y eso haría que acelere mucho el emprendimiento en el país.

Las oportunidades que tenemos son muchísimas solo con el hecho de que tenemos tantos retos y problemas por resolver nos convierte en un país lleno de riqueza y de crecimiento. En cada sector e industria podemos encontrar retos donde podemos aplicar soluciones por medio del emprendimiento. Por ejemplo, en el sector Fintech tenemos mucho por hacer aún, pues más del 60% de los guatemaltecos no tiene cuentas bancarias, así que el tamaño del mercado por descubrir es enorme. Y esto sucede para muchas otras industrias como construcción, retail, servicios de tecnología, contables y administrativos, marketing digital, alimentación, etc.

¿De qué forma el desarrollo Fintech está cambiando el emprendimiento, a partir de crear empresas de valor y escalables?

Lo increíble de este sector es que los productos que se crean son 100% digitales y eso permite que las startups puedan expandirse a otros países.

El sector Fintech promueve la digitalización de las finanzas creando valor en las empresas porque reduce los costos y tiempos de operación al automatizar procesos a través de la tecnología.

También vuelve trazable el registro de los movimientos financieros, dando visibilidad sobre el estado de una empresa a través de reportería.

Por último, democratiza el acceso a herramientas intuitivas y centradas en el usuario, al poner las finanzas en la palma de nuestras manos a través de aparatos electrónicos como teléfonos y computadoras.

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Algunas cifras

• Según datos de CEPAL, América Latina y el Caribe aún se encuentra muy rezagada en comparación con otras regiones del mundo en términos de investigación y desarrollo. Mientras Estados Unidos, Japón y la República de Corea invierten en este rubro entre 2.5 y 3 puntos de su producto interno bruto (PIB) y la Unión Europea cerca de 2 puntos, nuestro continente en su conjunto destina apenas el 0.5 puntos del PIB.
• De acuerdo con información de IDC, a pesar de los estragos de la pandemia, el mercado latinoamericano mostró un crecimiento del 8.5% en el mercado de las tecnologías de la información durante 2021, lo que refleja la importancia del sector en el desarrollo económico de los países de la región.
• De acuerdo con el informe El estado de la ciencia. Principales indicadores de ciencia y tecnología iberoamericanos, el promedio en Latinoamérica en inversión en investigación y desarrollo es de 0.56%. Brasil alcanza el 1.6%, el más alto de la región. Sin embargo, en Iberoamérica, la inversión continúa baja, en comparación con países industrializados. Corea e Israel destinan casi el 5% de su PIB. El 0.03% que asigna Guatemala equivale apenas a US$2.40 por habitante.
• De acuerdo con datos de la Asociación para Inversores de Capital de Riesgo en América Latina (LAVCA), en 2021 las empresas tecnológicas con sede en Latinoaméricalograron atraer más de US$15 mil millones en inversiones de capital de riesgo
• A nivel mundial, de acuerdo al Reporte Global 2021-2022 realizado por el Monitor Global Empresarial (GEM), estos son los cinco países con la Tasa de Emprendimiento Temprano más alta de los países que aparecen en el reporte: República Dominicana, 41.9%; Sudán, 33.6%; Chile, 29.9%; Guatemala, 28.3%; Uruguay, 23.1%
• Según el Reporte Nacional 2020-2021 realizado por el Monitor Global Empresarial (GEM), Guatemala cuenta con una alta Tasa de Emprendimiento Temprano, siendo esta de 28.3%. Hace diez años, esa cifra era de 19%, lo cual demuestra un crecimiento en el interés por emprender por parte de los guatemaltecos. Dicho reporte también indica que actualmente, alrededor de 2.7 millones de guatemaltecos generan ingresos emprendiendo un negocio.
• McKinsey Global Institute Analysis reporta que el capital de riesgo invertido en 2021 en Argentina, Chile, Colombia, México y Perú fue de US$4 mil 610 millones, lo que significa un incremento del 69% en contraste al 2020. Por otro lado, en Guatemala creció el interés por crear nuevos negocios. Según el Reporte Global 2020-2021 realizado por el Monitor Global Empresarial, el país se encuentra dentro de los cinco países más destacados en esta área.
• De acuerdo con el Reporte Global 2021-2022 realizado por el Monitor Global Empresarial, la mayor razón por las que las personas deciden emprender y empezar un negocio es para obtener ingresos para ganarse la vida. La segunda razón es para construir un patrimonio grande. El tercer motivo es para marcar una diferencia, y la cuarta causa es para continuar con una tradición familiar.

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Juan Forero, Digital Engagement Manager de la firma McKinsey & Company para Centroamérica y el Caribe, asentado en Panamá, previo a su participación en el Volcano Innovation Summit, edición 2022, que se realizará del 10 al 12 de septiembre en la Antigua Guatemala, conversó con Prensa Libre sobre las oportunidades que representa el comercio conversacional en la digitalización del consumo masivo tradicional.

¿De qué manera la digitalización está cambiando la vida de la gente? 

La forma en cómo la tecnología y la digitalización están afectando al día a día de las personas, es algo tan transformacional y difícil de entender que, el ejemplo que me ha servido y que aplica para cualquier industria, es cuando quieres tomar decisiones hoy y lo haces con electricidad o sin ella porque es algo que ya está intrínseco en la vida. El nivel que la digitalización tiene hoy esa misma implicación. La data, la tecnología y la forma como avanza el procesamiento de los computadores es tan veloz, que no terminemos de comprender cómo eso nos va a afectar, hasta que llega a un punto de la vida que no se la puede concebir sin la tecnología.

¿Cómo la industria está innovando para responder a esa digitalización?

Yo trabajo principalmente en la industria de consumo masivo hacia el canal tradicional, las pequeñas tienditas de barrio y las empresas familiares de venta al por menor y son las que se han resistido más al cambio, aunque actualmente, el principal foco de desarrollo y de disrupción que hay en Latinoamérica está en este sector. Así como fue la banca y el turismo, hoy en día el que está viendo su mayor cambio es este componente tan tradicional que a uno se le olvida que es más del 60% del consumo de Latinoamérica. Es decir, más del 60% de lo que uno consume en su día a día como latinoamericano, no se ha visto afectado por la tecnología y eso está comenzando a cambiar.

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¿A qué se debe esa resistencia al cambio?

Porque se ha basado en confianza, en comunidad y en las relaciones uno a uno. La tiendita de barrio es la que te presta, la que te conoce, la que te saluda. Nadie te va a prestar nunca en un formato grande como una cadena de supermercados, por ejemplo. Acá tú tienes un tema de personalización y también porque el formato está diseñado por conveniencia. Esa misma relación se ha traducido en que la relación de las marcas de toda la cadena siga siendo totalmente manual. Pero entonces estamos comenzando a ver a las tienditas de barrio con un POS o con el celular para aceptarte la tarjeta o inclusive, hay muchas aplicaciones que se han lanzado para intentar digitalizar esa relación de compra.

Entonces, ¿la transformación digital del consumo masivo es inminente?

Eso está cambiando. Donde estoy enfocando gran parte de mi tiempo es en entender y ayudar a la digitalización de este sector porque no es algo que simplemente va a desaparecer de la noche a la mañana. Es la fuente de ingresos para más de 5 millones de tenderos alrededor de Latinoamérica, que sostienen la tela de la comunidad local donde operan y que además, están encima del consumo de estas personas. O sea, no es menor la digitalización de estas personas y no es algo para ver cómo se sacan del camino, pues no vas a ver un supermercado en cada esquina, pueblo y comunidad; eso no va a pasar. Pero no puedes implemente dejar que este actor desaparezca o se vuelva poco atractivo, porque tiene un peso muy grande en la vida diaria de las personas.

¿Qué hacen las grandes compañías de consumo para apoyar la transformación del canal tradicional?

Son casi US$500 billones al año los que se venden en consumo masivo en Latinoamérica, de lo que más de la mitad es en tienditas de barrio. Ahí tenemos a grandes compañías de productos de consumo que trabajan y viven por este sector, y donde está concentrada la mayoría de sus ingresos, obsesionadas con la forma de transformar el negocio tradicional. Hay una cantidad de estrategias e intentos que han hecho estas grandes compañías alrededor del mundo para ayudarlos a cambiar. No hay uno que no esté poniendo a los tenderos en el centro de la transformación digital de su compañía.

¿Y lo están logrando?

Es sorprendente la cantidad de esfuerzo y tiempo que se dedica a transformar estas tienditas de barrio, a las que no les gusta el cambio ni la fiscalización, pues sienten que al vender online, al día siguiente les visitará la administración tributaria. Pero hay un gran interés en este momento sobre cómo a ayudar a estas personas a digitalizarse, a vender más y a que los consumidores cambien.

Hoy existe un sinnúmero de aplicaciones tecnológicas tratando de digitalizar el mercado tradicional. Hasta donde he podido ver, en los mercados latinoamericano y asiático ninguna lo ha logrado. La mayoría pierde grandes cantidades de dinero. Entonces están en esa competencia para ver quién es el primero que logre transformar ese mercado.

El tamaño de la oportunidad y del premio es enorme, pero hasta ahora, la mayoría está fallando o le está costando mucho volver modelos extremadamente costosos, poco rentables, en algo que sea sostenible. Ese es el gran reto que tenemos hoy las compañías de consumo, sabiendo que los intentos que hemos hecho, han tenido un costo que trasciende lo que las multinacionales han invertido.

Pero también vemos una creciente digitalización del consumidor. ¿Es esto el punto de disrupción?

Los consumidores quieren comprar más cosas online, quieren surtir su vida de una forma mucho más conveniente y la tienda de barrio va a tener que evolucionar, porque no va a ser reemplazada  por el formato grande, que ya tiene un tope en Latinoamérica, y porque hay comunidades que no van a romper su tejido social. Entonces, el reto para las compañías es cómo vamos a adaptar a nosotros, la digitalización que vivió a Estados Unidos o Europa.

¿Cuál es la mejor vía para lograrlo?

Para mí el futuro está en el comercio conversacional (que es cuando las personas y las empresas se conectan a través de chat o asistencia de voz en el proceso de compra). Es una puerta de entrada a la digitalización de cualquier persona porque, aunque no todo el mundo está dispuesto a bajar una aplicación, todo el mundo ya tiene o Messenger o un WhatsApp en su celular.

Si miramos ejemplos como lo que pasa con WeChat en China, que creció y se estandarizó por estas razones, podemos darnos cuenta de que para abrir la puerta de las personas, especialmente las que les cuesta digitalizarse, se necesita la conversación.

¿Y es porque se mantiene el sentido de contacto y confianza entre consumidores y comerciantes?

Yo pienso en el millón de cosas que hago con WhatsApp, desde comprar, preguntar, ver a dónde tengo que ir… Las oportunidades que se tiene a través de una conversación, de generar un vínculo y un razonamiento son enormes. Justo comentaba como las tiendas de barrio, van a sobrevivir porque son el tejido social de su comunidad que está basado en la comunicación.

El comercio conversacional, que estamos comenzando a descubrir, es justamente una puerta de entrada donde ya no debo tener barreras para que la gente lo intente. La tecnología está moviéndose cada vez más rápido para ofrecer no solamente la conversación, sino experiencias de compra bastante homogéneas y fluidas para las personas.

¿Lo conversacional es mucho más que el comercio electrónico? 

No se necesita ser un mago tecnológico para pedir algo por WhatsApp, y eso es justamente el potencial que tiene. En Latinoamérica, somos los usuarios más fuertes de empleo de esa aplicación de mensajería a nivel global.

Yo tengo una apuesta muy grande en que a través del comercio conversacional, va a transformarse el consumo masivo y especialmente el canal tradicional, que es el que mantiene el tejido social vivo, y que es lo que hace que la tienda sea el centro de las cosas, y donde se va a mover la industria en los próximos años.. Lo transformacional está en la medida en que descubramos el valor de que a través de conversaciones, se vende mucho más rápido que a través de aplicaciones o comercios electrónicos, que tienen un montón de fricciones en su naturaleza.

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¿Qué otras barreras impiden acelerar el ritmo de transformación digital?

Hay una barrera gigante que impide la bancarización y las transacciones electrónicas, y es la informalidad que vivimos en Latinoamérica. Esto es como el gran reto y la oportunidad. Los pagos se siguen haciendo en gran parte en efectivo y esto es por los costos de transacción que se deben  asumir, aparte de la trazabilidad que eso genera en cuanto a fiscalización.

Por desgracia, en Latinoamérica nos aterra la idea de que nos fiscalizan. Entonces hay un gran trabajo en lo que respecta a educación financiera, para que la gente entienda que no es lo mismo la trazabilidad, que la fiscalización.

Lo otro es que el consumo masivo es particular, porque, por un lado, tiene muchísima información, pues atiende a millones de tenderos en Latinoamérica, que a su vez atienden a cientos de millones de latinoamericanos. Pero por el otro, esa meta data es muy difícil de digerir, lo que produce una desconexión entre las marcas y los consumidores. Ahí es donde está el trabajo que se puede hacer a través de la algoritmia avanzada y de casos de uso que se apalancan en la analítica, para conocer al consumidor a un nivel que hoy no es comprensible.

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El Volcano Innovation Summit, edición 2022, se realizará del 10 al 12 de septiembre en la Antigua Guatemala, donde Jaime Matus compartirá su experiencia de más de 15 años en inversión en tecnología y comunicaciones.

El especialista, quien también es catedrático de Marketing y Ventas B2B en la Universidad Francisco Marroquin, explica en esta entrevista la situación de las inversiones Ángel en el país y qué se debe hacer para aprovechar ese potencial.

¿Cuál es la situación de la inversión Ángel en el país y qué oferta y demanda hay?

Parte de las razones que vimos con el equipo en el primer Volcano Innovation Summit (en el 2018) es que existe una oportunidad muy grande porque hay muchísimo talento y creatividad en Guatemala, lo que se evidencia con proyectos espectaculares, pero todavía no hay tanta inversión Ángel sofisticada y educada para conocer ese tipo de proyectos e invertir en ellos para que los dinamice y empuje con mucha más fuerza.

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Las inversiones Ángel tienen una temática un poco diferente a la inversión tradicional en negocios.

México, Chile, Brasil, Argentina, Colombia son ecosistemas que ya están más maduros y el número de empresas que se está impulsando es mucho mayor. En Guatemala hay una oportunidad grande y es algo que se viene construyendo desde esa primera edición del Volcano, donde se ha logrado atar ciertos cabos y reunir a todo el ecosistema de emprendimiento que está compuesto por academia, corporaciones, instituciones, inversionistas, Ángeles inversores, emprendedores con base tecnológica e instituciones de acceso a capital.

Desde la primera edición, han pasado cosas interesantes ya que se creó la Asociación Fintech, que aglomera a las empresas que están irrumpiendo en el sector financiero y haciendo más accesibles los servicios a muchas más personas. También surgió el fomento para el acceso a capital para emprendedores y muchas otras iniciativas.

¿Cuál es la diferencia entre una inversión tradicional y una inversión Ángel?

Una empresa tradicional es una compañía que puede ser sostenible, rentable y que a nivel geográfico va a tener cierto alcance en crecimiento. Tienen opciones de acceso a financiamiento y capital como préstamos bancarios, aportes de accionistas u otros socios capitalistas.

Cuando tenemos una empresa de base tecnológica, ese componente la convierte en un proyecto con potencial de escalar muy rápido y llegar a mucha más gente, a otras geografías y mercados, pero necesita una inyección de capital de riesgo mucho más fuerte y aquí es cuando pueden entrar en etapas tempranas los inversionistas Ángeles.

Ellos son sofisticados y están acostumbrados a invertir de forma diversificada en muchas de estas empresas, pero que tienen un aporte de valor y un acompañamiento estratégico y operativo muy fuerte.

Después, en la medida en que estas van creciendo y agarrando tracción, empiezan a involucrar inversionistas más sofisticados como fondos de Venture Capital o fondos globales de Private Equity.

En ese escalón de crecimiento, las empresas van captando capital hasta un punto donde buscan llegar a tener liquidez. Es decir, que pueden salir a negociar en alguna de las bolsas y hasta ser adquiridas por empresas más grandes o una multinacional.

¿Qué se debe hacer en Guatemala para atraer más ese tipo de inversión y fortalecer la participación en el ecosistema emprendedor?

Capital hay, pero probablemente muchos potenciales inversionistas Ángeles todavía no tienen el conocimiento, las herramientas o la experiencia para hacer este tipo de inversión. Entonces, tenemos que fomentar que existan muchos más. Con un mayor volumen de inversionistas Ángeles el riesgo se va minimizando y se atreven a invertir más.

Las instituciones financieras tienen que ir flexibilizando el acceso a estas empresas. La academia se tiene que involucrar y creo que ya lo está haciendo, al generar incubadoras desde la universidades, programas o acceso a capital semilla sin costo, que de alguna manera incentiva esas primeras etapas de potenciales emprendedores.

Por el lado del sector público, es necesario seguir fomentando iniciativas que den herramientas y formación a estos emprendedores e inversionistas, como el Centro Municipal de Emprendimiento, el Ministerio de Economía y el de Educación. Y en los grandes corporativos y empresas, acompañar a emprendedores y empresas pequeñas en ese proceso. También ser más empáticos y colaborativos.

Creo que de esa manera, con un efecto de red, vamos a ir creciendo como ecosistema y vamos a atraer a inversionistas locales y extranjeros, pero deben creer en esos proyectos.

¿Cuál fue la primera inversión de Cacao Capital y en qué otros proyectos ha invertido?

Desde hace algunos años venimos invirtiendo en empresas de tecnología en Centroamérica, Latinoamérica y Estados Unidos, las que están buscando un impacto positivo para la sociedad; que tienen una base tecnológica; y que están cambiando la forma en que comemos, vivimos, nos transportamos y trabajamos.

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Las Fintech no son nuevas, pero en Guatemala algunas se hallan en la etapa inicial ¿cuáles opciones se pueden explorar y aprovechar?

Esta historia inició en la primera edición del Volcano y donde concretamos nuestra primera inversión. La primera que hicimos fue en una empresa que se llama Trae Guate, que está buscando democratizar el acceso a un transporte más seguro por medio del carpooling y que las personas que pudieran compartir el viaje, bajo un esquema de economía colaborativa, compartan costos, con lo que se reduce la emisión de gases y el tránsito. Además, se colabora bajo un esquema economía creativa.

Se trata de dos emprendedores con una energía increíble, quienes se acercaron a nosotros y ese fue el inicio de Cacao, que es una pequeña firma familiar que invierte en proyectos que buscan un impacto positivo. A partir de ahí, ya hemos realizado más de 20 inversiones directas y más de 100 a través de otros mecanismos, apoyando como inversionistas Ángeles.}

¿En qué sectores han invertido?

En tecnología para el agro, servicios financieros, educación, cuidados de la salud, economías creativas, aplicaciones empresariales y software en la nube. Generalmente, invertimos en etapas de ideas desde US$2 mil 500 hasta US$25 mil en etapas avanzadas, como capital semilla.

¿Cómo se tienen que preparar los emprendedores o quienes están impulsando estas ideas para lograr un apoyo como este?

El mensaje a los emprendedores es que, si tienen emprendimientos de base tecnológica, para acceder a este tipo de capital sigan adquiriendo destrezas, habilidades, conocimientos y buenas prácticas.

Lo que hace falta es que entiendan esas dinámicas: lo que buscan los inversionistas o los fondos de inversión; tener avances en el desarrollo de su empresa y buenas prácticas a nivel financiero, contable, aparte del desarrollo tecnológico.

Es un reto muy fuerte, pero muchos emprendedores ya están tomando esas mejores prácticas, y hemos visto de tres años para acá, un cambio de 360 grados.

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Con la aprobación y entrada en vigencia de la Ley Bitcóin, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en tenerlo como moneda y en una especie de laboratorio de los criptoactivos.

Las apuestas del Ejecutivo de Bukele, que no presentó ningún plan oficial o política pública, se enmarcó en la adopción masiva del bitcóin, la obtención de ganancias con la compra de la criptomoneda con fondos estatales, la atracción de inversión y un ahorro millonario de comisiones para la remesas.

El mandatario, que desde su cuenta de Twitter ha promovido el uso del bitcóin y ha defendido su apuesta por el criptoactivo, suma más de dos meses de no referirse al tema.

El silencio presidencial sobre el bitcóin, al menos en las redes sociales de Bukele, viene desde el 30 de junio pasado, cuando anunció la compra de 80 monedas con recursos estatales y que se enmarcó en una pronunciada caída de su valor.

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Un año de “opacidad”

En estos 12 meses, el Gobierno supuestamente compró 2.381 bitcoines por más de US$100 millones, lanzó una billetera digital para entregar un bono a sus usuarios, anunció la construcción de “Bitcóin City” y la colocación de US$1 mil millones en bonos respaldados por la criptomoneda, pero de casi todo esto la información es secreta más allá de los tuits de Bukele.

Para el economista José Luis Magaña, este año se ha visto marcado por la “opacidad” y la falta de una política clara.

“Todo lo que ha estado vinculándose alrededor de la implementación de la Ley Bitcóin ha estado lleno de opacidad, hay muchas incógnitas que, a un año de entrar en vigencia la ley, todavía la desconocemos como sociedad civil”, dijo.

Magaña señaló también que “el Gobierno todavía no ha sido capaz de decir claramente cuáles son los objetivos que perseguía al implementar esta ley”.

Indicó que ante la ausencia de estos objetivos “es muy difícil poder evaluar, poder decir si ha tenido éxito o no”.

Entre la información reservada por instancias estatales está el monto desembolsado de un fondo de 150 millones para comprar bitcóin, la entrega de un bono mediante la billetera gubernamental, entre otros.

Sin impacto en la economía

El experto señaló que la adopción del criptoactivo no ha impulsado la economía salvadoreña, dado que el Banco Central de Reserva (BCR) anunció que el país registrará al cierre del 2022 un crecimiento económico del 2,3 %, tasa que está en el rango registrado “desde hace décadas y antes de la pandemia”.

El Salvador registró en 2021 un crecimiento del 10,3 % tras reabrir su economía después del encierro por la pandemia de la covid-19.

Magaña dijo que “no hay un motor diferenciador” que dé la “pauta para ver un cambio estructural en la economía” del país centroamericano.

Pocos pagos con bitcóin en comercios

En el centro de San Salvador, que se caracteriza por su alto movimiento comercial, son pocos los pagos en bitcóin que reciben los comercios.

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Algunos comerciantes informales o ambulantes consultados  no reciben pagos en bitcóin y “no les interesa” hacerlo, en comercios formales es “poco más frecuente” la compra con la criptomoneda.

Wilfredo Mendoza, encargado de una cafetería, dijo a Efe que “es totalmente mínimo” el pago con bitcóin en el establecimiento y que “son raras las personas que consumen (y pagan) por medio de la aplicación”, en referencia a la billetera gubernamental.

“Algunos extranjeros sí vienen a pagar en bitcóin, pero en clientes nacionales es menos (el pago). Del total, del 100 % de los clientes, el 0.05 % es (pago) en bitcóin”, comentó.

Por su parte, una comerciante de joyería señaló a Efe que la frecuencia del uso del criptoactivo “es variante” en el negocio en el que trabaja, que comenzó a aceptar la criptomoneda con la vigencia de la ley.

“Es variante (el pago con bitcóin). Hay días que no se cobra con bitcóin, pero de repente sí”, añadió.

La afluencia de personas en los cajeros bitcóin es poca y unos ciudadanos consultados dijeron no usar la billetera gubernamental, aunque la tienen descargada en sus teléfonos.

Otros aseguraron que solo descargaron la aplicación de la billetera para cobrar los US$30 que el Gobierno otorgó como bono para incentivar el uso del criptoactivo.

Inversión e inclusión financiera

El Gobierno y los diputados del Congreso, dominado por el oficialismo, aseguraron que el proyecto del bitcóin beneficiaría con una mayor inversión e inclusión financiera.

Respecto a la inclusión financiera, Magaña recordó que en julio pasado el Bureau of Economic Research publicó una investigación que plantea que únicamente el 20 % de la población usa la billetera gubernamental, llamada Chivo Wallet, después de cobrar el bono.

Según publicaciones de Bukele en Twitter, son más de 4 millones las descargas de esta aplicación, con la que también se registró suplantación de identidades.

“El 80% de la población que descargó la Chivo Wallet no la volvió a tocar”, por lo que “no ha tenido mayor impacto”, acotó el economista.

Sobre la atracción de inversión, Magaña subrayó que los datos del BCR apuntan a que “todos esos flujos que supuestamente iban a venir de la inversión extranjera (…) no se ven reflejados”.

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Josh Roberts no lo pensó dos veces cuando decidió tomar un préstamo para pagar las compras del supermercado. Eran los inicios de la pandemia y trabajaba en una empresa tecnológica en Cincinnati que le pagaba 16,50 dólares la hora, mientras mantenía a su hermana y a la novia de ella.

“Simplemente no ganábamos lo suficiente para vivir”, relató.

Así que empezó a comprar abarrotes en línea con una tarjeta de crédito virtual de Klarna, un servicio de “compre ahora, pague después” que le permitía pagar a plazos de varias semanas, sin generar intereses.

Al poco tiempo, Roberts, de 30 años, estaba gastando en alimentos más de lo que ganaba: pechugas de pollo, plátanos, papas, cereal. Se fue atrasando en sus pagos y terminó debiéndole a Klarna más de 1000 dólares, de los cuales más o menos 100 dólares eran cargos por pagos atrasados. Ya tenía una deuda estudiantil de unos 11.000 dólares y otros 2000 dólares en cuentas médicas sin saldar.

“No quiero endeudarme por comprar una zanahoria”, afirmó. “Pero a veces no hay alternativa”.

Cuando los servicios de pagos diferidos como Klarna, fundada en Suecia, llegaron a Estados Unidos hace alrededor de una década, en gran medida se usaban para compras discrecionales de una sola vez como boletos de conciertos y ropa lujosa. Pero a medida que sube la inflación, cada vez más estadounidenses están recurriendo a estos para costear algo mucho más mundano y esencial: lo que comen.

Además, hay indicios de que el uso de estos servicios para gastos recurrentes y ordinarios como víveres y cenas en restaurantes está hundiendo en más deuda a algunos usuarios, sobre todo a los jóvenes que ya están sobrecargados.

“Si no sabes de finanzas, es fácil abusar y decir: ‘Voy a seguir usándolo, es dinero gratis, después de todo’”, advirtió Roberts, quien saldó su deuda con Klarna y ya no usa la aplicación.

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La palabra del año es ‘incertidumbre’

Las empresas que ofrecen estos servicios afirman que sus productos son una herramienta útil —como los planes de apartado y las tarjetas de crédito— que ayuda a los consumidores a administrar sus finanzas en momentos difíciles. Los servicios, con nombres joviales como Zip, Zilch y Affirm, son fáciles de usar, con aplicaciones, sitios web, tarjetas de crédito virtuales y dispositivos complementarios bien diseñados. Los usuarios pueden solicitar los préstamos mientras esperan en la fila para pagar y se aprueban en minutos.

A diferencia de las tarjetas de crédito, la mayoría de estos servicios no cobran intereses ni les piden a los solicitantes que se sometan a verificaciones crediticias exhaustivas. Suele haber una comisión de procesamiento por cada compra, la cual suele pagar el vendedor.

Las empresas de servicios de pagos diferidos ya son comunes en países como Corea del Sur y Australia. Impulsadas por la inflación y el ascenso del comercio electrónico, no han tardado en hacerse de una sólida posición en Estados Unidos, donde se generaron 45.900 millones de dólares en transacciones de pagos aplazados en línea en 2021, un aumento respecto de los 15.300 millones del año anterior, según GlobalData, una firma de análisis de datos.

Los alimentos, que representaron un seis por ciento de esas compras, parecen ser una parte importante del crecimiento. En el transcurso del año pasado, Zip, una empresa con sede en Sídney, declaró que ha tenido un crecimiento del 95 por ciento en las compras de abarrotes en Estados Unidos y del 64 por ciento en las transacciones de restaurantes. Klarna informó que más de la mitad de los 100 artículos más comprados por los usuarios de su aplicación en tiendas minoristas nacionales son comestibles o artículos domésticos. Zilch dijo que los víveres y las comidas en restaurantes representan el 38 por ciento de sus transacciones.

El fundador de Zilch, Philip Belamant afirmó que los consumidores no se resisten a pagar un almuerzo o un café con una tarjeta de crédito. Entonces, ¿por qué no usarían un plan de pagos diferidos, sin intereses, para hacer esas compras?

“¿Por qué solicitarías una línea de crédito para comprar un sándwich?” con el uso de una tarjeta de crédito, sostuvo. “Ya lo estás haciendo y pagas un 20 por ciento de intereses por ello”.

Sin embargo, los críticos de servicios como Zilch dicen que su facilidad de uso puede engañar a los compradores y hacerlos creer que pueden asumir más deudas sin consecuencias.

“Las empresas que dicen ‘compra ahora y paga después’ se han vendido y promocionado realmente de manera insidiosa e ingeniosa como: ‘Soy tu amigo, solo estoy aquí para ayudarte’”, explicó Jathan Sadowski, autor del libro “Too Smart: How Digital Capitalism Is Extracting Data, Controlling Our Lives and Taking Over the World”.

Una compra que se paga después, en esencia, es un préstamo, afirmó, con sus propios inconvenientes. Algunos servicios cobran cuotas por pagos tardíos que pueden exceder los cargos por intereses de las tarjetas de crédito, según un informe de marzo de Consumer Reports. Las empresas no siempre son transparentes sobre los términos de uso de sus servicios, y los pagos atrasados pueden perjudicar las calificaciones crediticias de los usuarios.

Los usuarios de estos servicios suelen estar en posiciones económicas vulnerables. Un informe de julio a cargo de la empresa de servicios financieros Fitch Ratings reveló que estas personas están más endeudadas que la población en general, y que más del 41 por ciento de los solicitantes tienen un historial crediticio deficiente.

El informe mostró que, en el plazo de junio de 2021 a marzo de este año, las tasas de morosidad en relación con los servicios de pagos aplazados alcanzaron más del doble— por ejemplo del 1,7 por ciento al 4,1 por ciento en Afterpay— mientras que las tasas de morosidad entre las principales tarjetas de crédito no cambiaron, se mantuvieron en alrededor del 1,4 por ciento.

Los servicios de pagos diferidos están menos regulados que otras formas de crédito, y no está clara la cifra exacta de estadounidenses que los usan. La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor monitorea a nivel nacional las firmas que ofrecen estos préstamos y en diciembre abrió una investigación sobre las prácticas comerciales de cinco empresas.

No obstante, Consumer Reports declara que muchos acuerdos de pagos diferidos están diseñados para evadir la Ley de Veracidad en los Préstamos, lo cual significa que no están sujetos a las mismas protecciones de divulgación que las tarjetas de créditos.

Dennis Cantwell y Monica Wong descubrieron que su restaurante de San Francisco, Palm City Wines, ofrecía una opción de “pague después” cuando vieron un tuit que se hizo viral a finales de junio publicado por un cliente que bromeó sobre haber pagado un sándwich submarino de 19 dólares a plazos. La opción venía incluida en el sistema de punto de venta de Palm City; Cantwell narró que no vio el correo electrónico en el que se le invitaba a rechazar esta modalidad.

El restaurante ya no ofrece Afterpay. Si así fuera, añadió Cantwell, tendría que subir 2 dólares a los precios de artículos pequeños del menú para cubrir las cuotas de procesamiento.

Un sándwich submarino, dijo, es “un platillo clásico de la clase trabajadora”. ¿Pagarlo a crédito? “Me parece de lo más extraño”.

Tal vez no es tan descabellado. Roberts, el cliente del supermercado que se atrasó en sus pagos, comentó que preferiría comprar sus comestibles en una tienda de “todo a un dólar” que usar un servicio de pagos diferidos.

¿Lo usaría para comer en un restaurante? “Quizá”, respondió. “Si es un lugar muy elegante”.

La Junta Monetaria (JM) aumentó 0.5% la tasa líder de política monetaria, por lo que pasó de 2.25% a 2.75%. Esta es la tercera alza en lo que va del año, pues desde junio del 2020 se mantuvo en 1.75%, pero en mayo subió 2% y a finales de julio, se ubicó en 2.25%.

“La JM decidió por unanimidad aumentar en 50 puntos básicos la tasa de interés y las razones tienen que ver tanto con el escenario internacional como con el nacional. Con esto se busca enviar un mensaje contundente a los agentes económicos, sobre su compromiso para contener las presiones inflacionarias, pero sin afectar el crecimiento económico”, afirmó Sergio Recinos, presidente de la JM y del Banco de Guatemala (Banguat).

En su análisis, el funcionario resaltó que para la decisión se tomaron en cuenta las perspectivas de crecimiento económico mundial, que son positivas para 2022 y 2023, pero a niveles inferiores a lo previsto, debido a la alta incertidumbre mundial:

Se proyecta que este año la economía mundial crezca 3.2% y para 2023, 2.9%, frente al 6.1% de 2020. Las economías avanzadas, que suman 42% de la economía global, crecerían 2.5% en 2022 Y 1.4% en el año siguiente. Y los principales socios comerciales de Guatemala, que incluyen a EE. UU., algunos países europeos y de Centroamérica, podrían crecer 2.6% este año y 1.5% en 2023

“Otro elemento que la JM consideró importante tiene que ver con las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), respecto a la tasa de interés. En lo que va del año la ha aumentado 225 puntos básicos y hay muchas probabilidades de nuevos aumentos. Definitivamente, la política monetaria norteamericana seguirá siendo contractiva”, señaló Recinos.

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La JM también observó que la inflación internacional se mantiene alta, debido principalmente a los elevados precios de las principales materias primas y a la lenta normalización de la cadena mundial de suministro. Mientras que los precios del petróleo, el trigo y el maíz amarillo, aunque han mostrado bajas, seguirán por encima de los niveles observados en 2021.

Todo bien, pero…

En el entorno nacional, se supone que la mayoría de los indicadores de corto plazo de la actividad económica es congruente con el rango de crecimiento económico previsto para este año (entre 3% y 5%); un Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE) en 3.6% (en junio) y un crecimiento de 20.9% en las remesas familiares. Otro elemento positivo es el desempeño del comercio exterior, con un crecimiento de 25.2% en las exportaciones y de 34.2% en las importaciones.

Sin embargo, la inflación está fuera de control, hasta cierto punto, lo que las autoridades atribuyen a los choques externos derivados de los altos costos de las importaciones: “El ritmo de tres meses consecutivos es mayor a 1% intermensual, algo que no veíamos en los últimos 10 años, y nos hizo revisar nuestra estimación de cierre, que estaba en 6.75% y la subimos a 7.75%, indicó Recinos.

De ahí, la decisión de subir la tasa en 50 puntos básicos (a diferencia de las dos ocasiones anteriores, cuando aumentó solo 0.25%), “pues la JM consideró en esta oportunidad que ya se perciben efectos de segunda vuelta, por lo que había que ser más contundente en la medida para mandar una señal a los agentes económicos del compromiso de la autoridad monetaria en la contención de la inflación”, enfatizó.

Correcta, pero insuficiente

Clynton López Flores, director de Economía de la Universidad Francisco Marroquín (UFM), opinó que, si bien la decisión de la JM es correcta, “aún es tímida” considerando los niveles de inflación. Asimismo, consideró que para que el mecanismo de transmisión (efectos) del aumento de la tasa líder sea efectivo, el Banguat debe incrementar las captaciones de liquidez en quetzales con Operaciones de Mercado Abierto (OMA).

“La tasa líder afecta las operaciones de reporto (operaciones interbancarias de corto plazo) pero no la multiplicación de dinero en las instituciones financieras. Para lograr

restringir la liquidez y que el mecanismo de transmisión monetaria funcione, se debe captar liquidez en operaciones de estabilización monetaria y dejar de acumular reservas monetarias internacionales porque eso presiona la inflación en quetzales”, dijo.

A su criterio, una tasa líder baja y la liquidez inyectada, han promovido el consumo en los últimos años, castigando el ahorro. El Banguat debe restringir la liquidez hasta que la inflación llegue a meta y los agentes económicos se adaptarán”, agregó el economista.

Por su parte, Edgar Balsells, economista investigador del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), fue más crítico al indicar que el aumento de la tasa líder es una medida de política monetaria sin mecanismo de transmisión y solo sirve para incrementar la rentabilidad bancaria porque solo encarece el crédito para las personas, pero no incentiva el ahorro.

“Ojalá, así como suben las tasas de interés de los créditos subieran también las de los ahorros. Durante 15 años ha habido una brecha de más de 10 puntos entre tasas activas y pasivas, mientras que en EE. UU. esa brecha no es más de 2% o 3%. Eso evidencia la inefectividad de la medida”, recalcó.

Otro argumento es que la inflación también tiene causas no monetarias “y la mejor manera de que el país se anticipe a los choques externos e internos del alza generalizada de precios es reconvertir la inversión privada, de manera que produzca bienes de alto valor, tales como la refinación de petróleo, y se incentive la producción interna de alimentos, que son los mayores causantes del encarecimiento del costo de vida”.

Y María Antonieta de Bonilla, expresidenta del Banguat, consideró que la decisión de la JM respecto a la tasa líder va en el camino correcto, pero refirió que en el corto plazo no se esperaría un mayor impacto. “La tasa pasa a 2.75% y la inflación está en 8.36%, si a esto sumamos que hay un rezago después de que la JM adopta la medida, entonces el impacto en el sector bancario no es inmediato”, señaló.

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A su parecer, las primeras alzas de la tasa por parte de la JM fueron bajas, por lo que seguramente se revisará la medida, luego de que se publique el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC).

“Más que la política monetaria, al país le debe preocupar el comportamiento de la economía mundial, principalmente de los socios comerciales, que si se registra una mayor contracción, habrá un impacto más inmediato en el mercado”.

Datos:

• Desde junio de 2020 hasta mayo de 2022, la tasa líder se ubicó 1.75%.
• A finales de mayo, la JM subió la tasa a 2%
• En julio, la tasa nuevamente fue incrementada y se ubicó en 2.25%.

Una actualización de los parámetros de los estudios técnicos, así como de los costos para la modernización y ampliación del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) con miras a un posible contrato de Alianza Público Privada (APP) está en curso, mientras el sector de líneas aéreas demanda transparencia en un proceso que surge en un año preelectoral.

La Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie) inició la actualización de los estudios de factibilidad de la modernización al AILA realizados entre 2017 y 2019, para contar con los parámetros de las diferentes fases de preinversión.

La estimación de los estudios de ese entonces arrojó que el AILA necesitaba US$158 millones (unos Q1 mil 216 millones), y podría variar hasta un 20%, pero la nueva medición lo determinará.

Los análisis de actualización podrían concluir en un periodo de seis meses y las autoridades competentes decidirán sobre el futuro de aeropuerto. El proyecto está dentro del portafolio de inversiones de APP denominado “Modernización, Eficiencia y Seguridad del Aeropuerto Internacional La Aurora”.

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Planteamiento para APP

Álvaro González Ricci, ministro de Finanzas Públicas y presidente del Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Conadie), informó que el AILA podría convertirse en el segundo proyecto de contrato bajo el esquema de la ley de alianza público privada (APP), que según él, sería “un programa de inversión transformacional para el país”.

Por ley, estos contratos deben ser conocidos y aprobados por el Congreso de la República, como sucedió a finales del 2021 con el contrato de APP para la autopista Escuintla-Puerto Quetzal.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ya había elaborado estudios de factibilidad de inversión en esas instalaciones, y ahora se requirió a la Anadie actualizar la información económica y técnica, ya que los estudios venían de la anterior administración de Gobierno, expresó el funcionario.

“Esperamos tenerlo todo listo a la brevedad posible para presentarlo al Conadie -los resultados actualizados- y poder presentar el contrato de APP al Congreso. Básicamente es para brindar una ampliación al aeropuerto y mejorar la eficiencia del transporte de carga y de pasajeros”, puntualizó el ministro.

En qué consiste

Lo que se busca, expuso González Ricci, es la actualización de los estudios ya elaborados, y nuevamente se requirió el apoyo al BID para concretar la revisión de los números.

Eso también implicaría los posibles movimientos dentro del aeropuerto, la anuencia del Ministerio de la Defensa y del sector privado para ceder algunas áreas y “hay un arreglo de plena voluntad que permite contar con un aeropuerto para atender más líneas aéreas y volumen de carga y pasajeros”.

González Ricci, aseguró que la idea de todo este proceso es que el proyecto de contrato de APP pueda estar en junio del próximo año, y sobre las necesidades del aeropuerto enumeró  que se necesita una calle de rodaje más grande (pista de taxeo) para la atención de aviones con mayor capacidad de carga; y corregir la falta de suministros y atención en la terminal de pasajeros que se han visto. “Lógicamente, una APP volvería al AILA más eficiente”.

Jorge Gómez, director ejecutivo del Comité de Exportación e Importación (Combex Im), indicó que se conoce sobre el estudio que ha realizado Anadie,  ya que el primer análisis no hizo referencia a la terminal de carga, pero hubo otro estudio que contiene propuestas de un movimiento, por la forma como quedó estableció el plan maestro del AILA que tiene más de una década. Ante cualquier ampliación, desarrollo y modernización de la terminal aérea,  todos lo que participan en la misma se tendrán que acoplar a las decisiones que se tomen.

Proceso en curso

Karla María de la Cruz García, subdirectora de Estructuración y Contratación interina de la Anadie, expuso que el sector de las líneas áreas hizo observaciones a los anteriores estudios, en cuanto a que se necesitaba completar una pista de taxeo y necesitará una actualización completa, luego de los cambios en la industria de aeronavegación desde el 2019, para presentar un documento sólido a posibles inversionistas.

Además de la actualización de las cifras sobre la demanda, se tendrá que analizar ciertas clausulas por temas de pandemia; la infraestructura, como tal, que conlleva a lo que se presentó en 2020, así como las obras que se requieren, para contar con un diseño referencial completo.

También se incluirían elementos de tecnología para perfeccionar el informe de actualización, ya que con el covid-19, ese tipo de herramientas han variado, para tener a la vanguardia el estudio, pero ya se cuenta con la base técnica.

Involucramiento y transparencia

Para Motty Rodas, directora ejecutiva de la Asociación Guatemalteca de Líneas Áreas (Agla), este proceso debe incluir y tomar en cuenta al sector en todas las negociaciones posibles, por las implicaciones que tiene: primero como expertos y segundo, por el tema de costos.

Recordó que, en los estudios anteriores, han presentado observaciones, y una de ellas era que la pista de rodaje fuera completa, pero eso implicaba retirar el Aeroclub, pues es la parte que las aerolíneas necesitan para que las operaciones sean más rápidas.

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También se incluiría en el estudio la ampliación de la terminal de carga aérea Combex-IM, pero una de las de observaciones era que no se estaba tomando en cuenta la parte de la carga, que es clave para el AILA.

“Lo vemos con buenos ojos, pero siempre y cuando sea un proceso muy transparente y que nos permitan acompañarlo. El tema y con mucha franqueza lo digo, lástima que estén empezando ahora, ya que el Gobierno va para afuera, porque vienen otras autoridades, traen otras ideas y lo ideal es que se deje algo establecido para que se le pueda brindar continuidad en la siguiente administración, ya que puede tener otras prioridades y existe la posibilidad de que se quede engavetado”, recalcó Rodas.

Al preguntarle a Rodas, sobre la viabilidad de que el AILA pueda operar como APP, explicó que no es único y en la región hay varios ejemplos. Sin embargo, reiteró que, para este tipo de procesos, los eventos deben ser transparentes para la población y que la industria pueda participar como principal usuaria.

Pista de taxeo, lo fundamental

Según de la Cruz García, el corazón de la modernización del AILA es poder ampliar la pista de taxeo, para brindarle una mayor capacidad instalada. lo que incrementaría la vida de esas instalaciones.

Recordó que se está observando una recuperación en el sector aeroportuario, y con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) ya se habían realizado escenarios de capacidad.

La pista de taxeo debe cumplir con ciertas especificaciones, pues las aerolíneas siempre buscan aeropuertos donde se pueda operar con una mayor eficiencia que implique ahorro en sus costos de operación.

Ficha del proyecto

De la cartera de proyectos de la Anadie, el AILA es el número dos, de los siete que están estructurados:

1. Generación de seis mil empleos directos y 75 mil 900 indirectos.
2. Inversión estimada: US$158 millones (Q1 mil 216 millones).
3. Plazo contractual: 25 años. Las obras de modernización comienzan al año de firmarse el contrato y duran dos años.
4. Estatus actual: Estudios de factibilidad completos (ahora en proceso de actualización).
5. Ingresos: Tarifas aeroportuarias y comerciales.
6. Beneficios/impacto: Aeropuerto pasa de 3.1mm/pax/año a 7 mm/pax/año. Beneficio/coste de 4.1x; y la TIR Social es del 29%.

Recopilación y actualización

Estos son algunos aspectos que incluye la actualización de los estudios que solicita Anadie:

• Tráfico aéreo.
• Demanda de usuarios.
• Cláusulas por pandemia.
• Infraestructura.
• Pista de taxeo.
• Tecnología aeroportuaria.

El grupo técnico de análisis global del banco de inversiones estadounidense Bank of América (BofA), fue claro: Guatemala es un mercado sólido y estable, aún en una época en que la economía mundial está convulsa.

Y entre sus previsiones están que esa estabilidad se mantendrá, pues aunque se vea afectada por los efectos de una eventual recesión de EE. UU., la economía del país crecerá 3.7% en 2022 y 3% en 2023, sobre la media de Latinoamérica (2.4% y 1.3%, respectivamente).

“En líneas generales, la de Guatemala es una de las mejores historias macroeconómicas desde la perspectiva de los inversionistas”, dijo Alexander Müller, economista jefe para la Región Andina, Centroamérica y el Caribe de BofA, durante una conversación con Prensa Libre.

¿Por qué hay un interés del BofA por dar a conocer la evolución de las perspectivas económicas de Guatemala?

Guatemala es el último país que hemos incorporado a nuestra cobertura. Actualmente, en Centroamérica y el Caribe cubrimos Costa Rica, El Salvador, Panamá y República Dominicana. Hacemos análisis económicos profundos y damos recomendaciones de inversión para los bonos que emiten los gobiernos.

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Guatemala es un país de interés para los inversionistas por la estabilidad de su economía, sobre todo, en un momento en que hay convulsión económica y social en muchos países de Latinoamérica.

¿Hacia quiénes va dirigido el informe?

Como banco, tenemos clientes institucionales como fondos de inversión en Estados Unidos o Europa que invierten en países de Latinoamérica y ellos, recurrentemente nos hacen preguntas sobre las economías de los países latinoamericanos, entre ellos, Guatemala. Hemos venido estudiando la economía, viajamos a Guatemala para reunirnos con personas del sector privado y autoridades para tener una idea más clara sobre la situación económica y política del país.

En general, el informe describe un buen desempeño macroeconómico de Guatemala, ¿Cuáles son sus previsiones para el próximo año?

Vemos una economía que crece más que América Latina, con un desempeño por encima del promedio latinoamericano. Sin embargo, para el 2023 probablemente se observe una desaceleración debido a lo que ocurra en las economías más grandes del mundo, Estados Unidos, sobre todo, que es el principal socio comercial de Guatemala y con el que se tiene mayor sensibilidad por el tema de las remesas.

Nosotros vemos el crecimiento de Estados Unidos para el 2023 cercano al 0%, ligeramente positivo, y debido a esa menor demanda externa, es que prevemos que el crecimiento del Guatemala se va a desacelerar a 3%.

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También el hecho de que las tasas de interés están subiendo, hace que se encarezca el crédito y eso afecta la demanda interna. Y que la inflación haya subido bastante, erosiona el poder de compra de los consumidores. Son factores que inciden negativamente en la dinámica de crecimiento económico.

La Junta Monetaria de Guatemala, ¿se encuentra rezagada en cuanto a subir la tasa de referencia, a diferencia del resto de países latinoamericanos?

Guatemala y Honduras son los dos países que más se han demorado en subir las tasas de interés, en comparación con naciones como Brasil, México, Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, República Dominicana o Paraguay, que tienen el esquema de metas de inflación y un tipo de cambio flexible.

Y eso puede ser porque en el país la inflación estuvo contenida hasta abril, por debajo de 5%, lo que estaba dentro del rango de tolerancia del Banco de Guatemala (Banguat).

Entonces no había la presión que tuvieron otros bancos centrales de la región. Lo otro es que este país, por el lado financiero, es una economía más cerrada que algunos de sus pares latinoamericanos, y eso se debe a que en la deuda interna de Guatemala (en quetzales) la participación extranjera es muy baja. Por otra parte, fuera de Guatemala el quetzal se negocia muy poco.

Hay monedas latinoamericanas que los inversionistas extranjeros usan para especular y normalmente son de los países más grandes como el real brasileño, el peso mexicano, chileno o colombiano.

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Además, en este país, el mercado de tasas de interés y el cambiario están segmentados. Si en los otros países los bancos centrales no suben las tasas automáticamente hay presión en los tipos de cambio, que se deprecian y eso afecta la inflación.

El Banguat tiene más grado de libertad, pues si no sube las tasas, no habrá ninguna presión especulativa en el tipo de cambio, y además hace bastantes intervenciones en el mercado cambiario, lo que refuerza aún más la segmentación.

El lado positivo de esta situación es que no se tiene la presión que genera inestabilidad financiera de los flujos de capital externo; pero en contraposición, no se tiene la fuente de financiamiento de flujos de capital como tienen otros países que reciben mucha inversión de portafolio a través de los bonos locales, lo que propicia un mayor financiamiento y ayuda a estimular la economía.

¿Qué otros factores afecta este tipo de inversiones?

Una de las razones por la que no se tiene este tipo de inversiones es por el sistema de pensiones,  que es público. Es un sistema de reparto, donde los jóvenes contribuyen y luego el gobierno toma ese dinero para pagar las pensiones, no hay una acumulación de ahorro que genera esos aspectos positivos.

Esa es una deficiencia de la economía y ahí, el país pierde una oportunidad de estimular el mercado de capitales local. Si miramos los países que privatizaron sus pensiones, tuvieron una mayor dinamización de sus mercados y atraen mayor inversión extranjera.

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Otra de las cosas negativas de la economía guatemalteca es que la inversión es baja, como proporción de la economía, y lo que más pesa es el consumo. Este indicador en Guatemala está en alrededor del 15% del Producto Interno Bruto (PIB) y la media en Latinoamérica es en torno al 20%.

¿Qué es lo que más destaca del desempeño económico de Guatemala?

En líneas generales, un banco central con credibilidad, que toma decisiones disciplinadas y ortodoxas. Ha sido exitoso en estabilizar la inflación, en moderar la volatilidad cambiaria y en suavizar el ciclo económico.

Si comparamos con sus vecinos latinoamericanos, el promedio de crecimiento Guatemala no es de los más altos, pero en lo que sí destaca es que este es estable, lo que en parte se debe a la política monetaria.

¿Cuáles son los principales desafíos de Guatemala para seguir avanzando en su estabilidad económica y ser un país atractivo para la inversión?

Guatemala recibe poca inversión extranjera. El año pasado fue un poco más alto de lo normal por una transacción en el sector de telecomunicaciones.

Creemos que el tema de la gobernanza es importante para atraer la inversión extranjera y es un hecho demostrado (por las mediciones del Banco Mundial o de Transparencia Internacional) donde se señala que Guatemala no está bien posicionada en este tema.

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Tener un gobierno con una postura favorable a los negocios y al sector privado ayuda, pero no basta. Los países más grandes se pueden dar el lujo de errar en sus políticas, pero siempre van a ser atractivos para la inversión. Y hablamos de mercados domésticos grades como Brasil con 200 millones de personas, o México con 100 millones. En el caso de economías pequeñas como Guatemala, es muy importante no solo tener disciplina macroeconómica.

En materia de inversión social, ¿cuál es la lectura?

En América Latina estamos viendo de manera latente, una ola grande de protestas sociales. Lo vimos en Ecuador, Chile, Colombia, Bolivia, Perú y Panamá ahora mismo. Cuando un gobierno no invierte en el tema social, eso puede ser un caldo de cultivo para la inestabilidad y ahuyenta la inversión extranjera.

¿Qué mensaje envía Guatemala al mercado con el desempeño actual y lo que se proyecta en el corto y mediano plazo?

En líneas generales, Guatemala es el único país de América Latina con un superávit en cuenta corriente, un resultado fiscal primario positivo, un crecimiento estable, un banco central con credibilidad y una política macroeconómica manejada con prudencia.

Haciendo las sumas y las restas, Guatemala nos parece claramente una economía atractiva y esa es la razón por la cual, en el reporte, recomendamos a los inversionistas comprar los bonos del gobierno.

La economía estadounidense se contrajo 0.2% en el segundo trimestre del año, en relación con el trimestre anterior, como consecuencia de la crisis global derivada del conflicto entre Rusia y Ucrania, que también ha influido en que la inflación en ese país haya cerrado en 9.1% en junio pasado.

Por el momento, la declaratoria de recesión económica no es oficial, pues un anuncio de esa naturaleza debe emitirlo el National Bureau of Economic Research (Buró Nacional de Investigación Económica). No obstante, el debate ya inició, con las expectativas que ello genera.

Según la apreciación de analistas consultados por Prensa Libre, la economía guatemalteca cerrará el 2022 con cifras positivas, considerando que el envío de remesas familiares al país mostraban un aumento interanual de 25% a junio; en tanto que las exportaciones a mayo alcanzaron un incremento de 28% (US$2 mil 207 millones); y las importaciones subieron 36.6% (US$4 mil 760 millones). Además, se mantienen las previsiones de crecimiento económico entre 3% a 5% con un valor central del 4%.

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Lectura e interpretación

El desempeño reportado de la economía de EE. UU., hay que verlo desde varias perspectivas.

Paul Boteo, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo, aseguró que el indicador es consistente con muchos de los datos que se están observando en la economía de los EE. UU., y la percepción/expectativas del consumidor están muy bajas, como ocurrió en 2008 y 2009 (cuando se dio la crisis financiera).

Esa situación ya se está reflejando en la disminución de las compras de bienes no duraderos, mientras que, en el mercado inmobiliario, la venta de vivienda nueva y usada está bajando, aparte de que el índice de producción industrial ya muestra signos de fatiga, lo que era un resultado esperado por muchos.

Aclaró que esto no significa que la economía de EE. UU., esté en recesión, pues antes de afirmarlo, se debe evaluar toda una serie de variables e indicadores económicos. En todo caso, se esperaría el resultado del tercer trimestre.

No obstante, el dato publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales (BEA) confirma un segundo descenso consecutivo del producto interno bruto (PIB), lo que tradicionalmente se considera una recesión técnica.

Esta semana, Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala (Banguat), participó en una reunión con empresarios de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americano (AmCham), donde informó que las opiniones sobre el tema están divididas, pues también dependerá de las decisiones que adopte la Reserva Federal (Fed), que el pasado miércoles aumentó de nuevo la tasa de interés para contener la inflación.

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Cien: Hay señales

Hugo Maul, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), declaró que este indicador debe juzgarse con base en lo que expuso el Fondo Monetario Internacional (FMI), y aunque se vuelve a revisar el crecimiento de la económico global “no la tiran al escenario cataclismo” y matiza lo que está ocurriendo en EE. UU.

A su criterio, en lo que respecta a Guatemala y desde el punto de vista del empleo hispano y las remuneraciones, la situación se mantiene relativamente bien y muy por encima de lo observado hace dos años.

“Yo no miraría que una recesión de ese tipo pueda afectar gravemente el ingreso de remesas. Podría afectar las exportaciones del país, pero es un riesgo a mediano plazo. La discusión técnica es que ellos definen como recesión a dos trimestres consecutivos a la baja, pero aún es muy pronto para saber si habrá una persistencia más larga y profunda”.

Sobre las exportaciones, también afirmó que en el futuro cercano (segundo semestre) no habrá un impacto, pero es posible que cuando se revise el tercer trimestre, la situación “vaya para peor”. También habrá que ver cómo se luchará contra la inflación y si se recuperará la economía.

Escenario a corto plazo

Boteo enfatizó que aún no se está observando un impacto directo, porque las remesas (principal canal de transmisión de la economía estadounidense hacia la guatemalteca), todavía muestran el crecimiento robusto indicado, que sostiene el consumo interno.

Pero coincidió con Maul, en que el impacto se recibirá en los precios de ciertos productos de exportación, que ya han venido disminuyendo en las últimas semanas. Específicamente sobre el sector textil, la percepción es un poco negativa porque es posible que el consumidor estadounidense reduzca sus compras de ropa y eso impactará en las exportaciones del país.

Boteo es de la idea que la probabilidad de que EE. UU., entre en una recesión en 2022 es del 80% pero si así fuera, en Guatemala no se observaría un efecto muy fuerte y solo habría una desaceleración (ritmo de crecimiento menor) sin entrar a números rojos.

Para que la economía de Guatemala pueda entrar en esa zona roja (negativa), la recesión en Estados Unidos debería extenderse al 2023 y para los siguientes seis meses, el pronóstico de crecimiento del PIB guatemalteco es de 3% (positivo).

Por el momento, se esperan los efectos de las nuevas tasas de interés aprobadas por la Fed y que el enfriamiento de la economía logre desactivar las expectativas de inflación, lo que se lograría con un manejo prudente de las políticas fiscal y monetaria.

“Ya se esperaba”

Clynton Lopez Flores, director de Economía de la Universidad Francisco Marroquín, es muy enfático en el sentido de que el aumento de tasas de la Fed (aprobado el miércoles) no pudo encontrar desprevenido a nadie, por la inflación reportada de 9.1%. “Lo inesperado fue la velocidad de los aumentos, por lo que obviamente, ya sabían sobre la reducción del PIB por segundo trimestre consecutivo.

El académico también señala que el desempleo en EE. UU., sigue en niveles históricamente bajos, pero hay señales de que está cambiando porque muchas empresas detuvieron las contrataciones y otras ya anuncian recortes de personal en el segundo semestre del año.

“Uno podría esperar que la inflación continúe fuera del objetivo por varios meses más, si no se actúa más decididamente. Por ejemplo, en el periodo inflacionario de los años 80, las tasas llegaron a alrededork de 15%, mientras que hoy están en 2.5%”.

Sobre los efectos en el país, expuso que el Banguat debe tomar nota porque tiene una tasa líder menor a la de los fondos federales, lo que puede inducir a una devaluación del quetzal, aparte de que la inflación ya está fuera de la meta inicial de 4%.

“La banca central debe reducir el exceso de liquidez vía Operaciones de Mercado Abierto. La crisis ya comenzó y solo falta ver su profundidad: los mercados accionarios llevan todo el año acumulando pérdidas”.

El aumento en la tasa de interés líder de 0.75 puntos por la Reserva Federal (banco central) de Estados Unidos, generó un ambiente de sorpresa en Guatemala, a pesar de que era una medida que ya se esperaba para contener la inflación (9.1% en junio) y evitar una recesión en el país norteamericano.

“Los recientes indicadores de gastos (de consumo) y producción se moderaron. Pero la creación de empleo siguió robusta en los últimos meses”, resumió el banco central al anunciar su decisión. Pero con la inflación en máximos en 40 años, el presidente de la Fed, Jerome Powell, advirtió incluso que el organismo podría anunciar otra alza “inusualmente grande” en su próxima reunión

La de este miércoles es el cuarto incremento consecutivo, ya que en marzo subió 0.25%; en mayo, 0.5%; y 0.75% en junio. Ello, luego de que hace dos años, para enfrentar la pandemia, la Fed llevó sus tasas prácticamente a cero para fomentar el consumo y la inversión. Ahora, busca el efecto opuesto: enfriar un poco la economía para mitigar las presiones inflacionarias.

Además, el movimiento del indicador surge cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer las nuevas estimaciones de crecimiento, en la cual rebaja el de Estados Unidos, y se suponía que la Fed sería más cauta con su tasa de interés de referencia.

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¿Qué implica para Guatemala?

Las autoridades monetarias y representantes empresariales guatemaltecos se mostraron sorprendidos, ya que los efectos de ese tipo de decisiones, tarde o temprano se refleja en la economía nacional, considerando que Estados Unidos, es el principal socio comercial del país (para exportaciones e importaciones), de donde provienen inversiones, el 99% de las remesas familiares y la conexión del sistema financiero.

Consultado Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria (JM), declaró que el nuevo incremento pone presiones, ya que en la medida en que la Fed aumenta la tasa de interés, sube el costo de otros productos y también la de los bonos del Tesoro estadounidenses, lo que puede inducir la salida de capitales de economías emergentes (como la de Guatemala), en desarrollo e incluso, de las avanzadas.

Las primeras, tienen que reaccionar más temprano que tarde también con un aumento de tasas, para evitar que la brecha se vaya ampliando en demasía, y que las personas vayan buscando mayores rendimientos en esa economía.

“Se imponen presiones a todos los bancos centrales por las tasas de interés, y para el caso de Guatemala, en agosto se analizará el balance de riesgos para tomar una decisión sobre la tasa líder de interés y se tendrá que tomar en cuenta lo decidido por la Fed”, explicó.

Importaciones más caras

Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americano (AmCham), aseguró que el mayor riesgo para Guatemala es para el consumidor final, debido al encarecimiento de todos los productos importados.

A su juicio, es un fenómeno nunca visto en le economía global a lo que denominó “alfaque económico”: “Como en el mar, tocará nadar de lado para salir de la excesiva demanda y altos precios, sumado a un aumento de la pobreza y falta de liquidez. Dos fenómenos en un mismo momento”, ejemplificó.

Carrasco recalcó que no será el último aumento de tasas de interés por parte de la Fed, pues la inflación está fuera de control en Estados Unidos, no solo debido a las grandes inyecciones de efectivo en su economía (subsidios) para afrontar la crisis del Covid-19, sino por el alza en los precios  de los combustibles y una demanda desbordada de inmuebles y consumo.

Alejandro Ceballos, vicepresidente de la Comisión de Vestuario y Textil (Vestex) de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, manifestó que se trata de malas noticias porque esa medida reduce el consumo en EE. UU., y afecta a las fábricas en Guatemala.

“Hay empresas en EE. UU., que cuentan con mucho inventario de ropa y tendrán que salir a liquidarlo antes de Navidad; de agosto a diciembre, se entrará a un proceso de mucha incertidumbre: por un lado, se quita producción a China y por otro, se elimina la producción local”.

En todo caso, se trata de un ajuste de mercado, que después del paro por la pandemia, la crisis logística internacional y, el nearshoring, tienen mucha mercadería que no se vende y no cuentan con la que sí se comercializa, así que “hay un poco de todo”.

“Yo no me alarmaría; pero serán dos meses en las cuales algunas fábricas no tendrán ordenes, pero otras van a estar llenas. Es un ajuste de mercado y de tiempos inestables”, remarcó.

Más efectos

Para los inversionistas, empresarios y tomadores de decisiones, lo que significa esta medida de la Fed, es que el costo del dinero tiende a aumentar, y se estaría observando un aumento de la tasa de interés desde cero a 2.25% y 2.50%, tratando de reducir el consumo por medio del encarecimiento del crédito. Pero eso también reduce la inversión y, en la medida en que eso sucede, se resiente el crecimiento de la economía.

“Se ha conversado sobre si la economía de EE. UU., entrará en recesión o no: todavía hay debate sobre eso. Pero vemos reacciones fuertes en la política monetaria en ese país, que sí pueden inducir en un decrecimiento; las cifras de empleo están bien y eso se resalta, pero se podría esperar el aumento de las tasas continuará. Es lamentable porque tiene implicaciones en el costo del crédito para el consumo y para las personas que invierten”, remarcó Recinos.

Otra situación es la incertidumbre global por el conflicto entre Rusia y Ucrania y que ocasiona el aumento de los energéticos y los alimentos.

Llamado a la calma

Carrasco reiteró que existe el temor de una posible recesión, pero no se ve que pueda ocurrir, debido a que por el conflicto Rusia y Ucrania, los agentes económicos están buscando resguardarse en la economía de EE. UU.

“El llamado para los agentes económicos en Guatemala es a mantener la calma, ya que son alzas que ya se venían venir, pues se dio un ciclo de tasas de interés ultra bajas (lo que está terminando) y ahora se pasa a lo contrario”, expresó Recinos.

A su juicio, una situación favorable es que todos los bancos centrales están reaccionando ante el comportamiento de precios y en consecuencia, la inflación estará bajando nuevamente, por lo que en un plazo de dos a tres años, se retornará a niveles normales y será una oportunidad para retomar el crecimiento económico.

Al igual que gran cantidad de economías en el mundo, Guatemala estaría cerrando con una inflación de 6% o más, como consecuencia de la coyuntura internacional, confirmó Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria (JM).

El funcionario explicó las perspectivas para el cierre de 2022, luego de que, a junio, el ritmo inflacionario se ubicara en 7.55%, debido a que la inflación importada ya está contagiando a otras divisiones de gasto. A ese fenómeno se le conoce como “efecto de segunda vuelta”.

No obstante, todo apunta a que, en 2023, la situación se normalizará, según lo indicado en esta entrevista estará convergiendo nuevamente.

¿Cuál es la situación actual de la inflación?

Se ha observado, y es algo a nivel mundial, un aumento de la inflación que deviene en buena medida del efecto covid-19, pues en 2020 y 2021 se interrumpieron las cadenas de suministro que generaron algunos “cuellos de botella”, por el lado de la oferta.

A esto se sumó el conflicto entre Rusia y Ucrania que vino a exacerbar las presiones inflacionarias, pues hubo un excesivo estímulo fiscal y monetario, sobre todo en EE. UU., y en Europa, que de alguna manera está repercutiendo en los precios.

Creemos que es una combinación, y lo más reciente es el incremento bastante fuerte del precio del petróleo y algunos alimentos como el maíz y trigo, así como los problemas con los fertilizantes. Todo eso ha presionado los precios a escala mundial.

¿Cuál es la lectura a nivel internacional?

Vimos que en junio, la inflación interanual alcanzó 9% en Estados Unidos; en la zona del euro, 8%;  en el Reino Unido, 9.1%; en Rusia, 16%; en México, 8%; en Colombia, casi 10%; en Perú, 8.8%; en  Brasil, 12%; y en Chile, 12.5%, por mencionar algunas economías.

En el caso de Centroamérica, Honduras, 10.2%; República Dominicana, 9.5%; Nicaragua, 10.4%;  Costa Rica, 10%; El Salvador -economía dolarizada- 7.8%; y en Guatemala, 7.5%. A junio estuvimos muy parecidos a El Salvador, pero definitivamente, no nos hemos podido escapar de esas presiones inflacionarias.

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Llamó la atención que el comportamiento de la inflación intermensual en mayo como en junio fueron valores más altos de los esperados, y eso hizo que el ritmo subiera a 7.55%, desde 5.82% en el mes anterior, así que ya venía fuera de la meta desde mayo.

¿Cuál es el escenario para Guatemala?

Nosotros aún veíamos las posibilidades de ir cerrando dentro de la meta, pero con este comportamiento de 7.55%, originado en factores externos, estamos revisando la estimación de cierre para este año que definitivamente va a estar arriba del 6%. En todo caso, va a ser temporal, pues para el otro año esperamos que sea de 4.75%, dentro de la meta establecida por la JM.

¿Qué se puede hacer?

Hablando de la inflación importada, es muy importante tomar en cuenta que la política monetaria no puede reaccionar como tal porque al final, si se reacciona de manera muy fuerte, lo que se estaría haciendo es contraer la economía.

El último cálculo de los departamentos técnicos a junio apuntan a que el 78% de ese 7.55%, es de carácter externo y solamente 22% es de tipo interno.

¿Por qué se puede hacer muy poco desde la política monetaria?

Como son choques de oferta externos, especialmente por el precio del petróleo que tiene implicaciones en la gasolina super, regular y diésel, se podría subir la tasa de interés hasta 10% (por decirle algo) y eso no va a afectar el precio del crudo, porque es algo que viene de afuera y que esta exacerbado por el conflicto.

Con el precio de los alimentos, léase maíz y trigo, también Rusia y Ucrania son exportadores muy importantes, así que, aunque subamos la tasa de interés, no se va a incidir en el precio de esos bienes a escala internacional.

Por eso se dice que choques de oferta externos, que suelen ser temporales, la política monetaria no puede hacer nada, sino que solo se esperaría que aumente la oferta.

Pero ahí viene otro tema, que es el de los fertilizantes. Se escucha que el pequeño productor ya no tiene una opción de ponerle ese producto a sus tierras y la consecuencia es que se contará con menos producción en las cosechas venideras, lo que se convierte en un círculo en el que puede escasear la oferta respecto a la demanda y el precio tendrá que aumentar.

Entonces, aumentando la oferta, y viendo como abaratar los fertilizantes con programas de Gobierno que ya se están implementando y algunos incentivos para las familias, se puede incidir en los precios hacia abajo. Pero en el caso del petróleo, dependemos de lo que suceda en las principales economías.

Afortunadamente, ya se han observado precios por debajo de US$100 por barril de crudo y las estimaciones de los organismos internacionales especializados señalan que se va a mantener y ojalá se lograran más reducciones, ya que Guatemala es importador neto, y cualquier movimiento afecta la balanza de pagos y los bolsillos de los consumidores.

Esas son las discusiones que se tienen en JM, ya que algunos que algunos quieren subir la tasa y otros no, por lo que hay ser muy prudentes, porque si se reacciona mucho, se frena la economía, y consecuentemente el empleo, y ahí es donde viene el arte de la política monetaria y el conocimiento.

¿Cuáles son los rubros más afectados?

Hasta hace dos meses, las únicas divisiones de gasto que superaban la meta, eran la de transporte,   alimentos y bebidas no alcohólicas. Pero más recientemente hemos notado que también se ven afectado los muebles, artículos para el hogar, restaurantes y hoteles, bebidas alcohólicas, tabaco, vivienda, agua, electricidad y gas. Esto, a pesar de que están el subsidio y apoyo temporal a las gasolinas, diésel y GLP.

Lo anterior deviene de los efectos de segunda vuelta, porque el petróleo, al afectar al transporte, ya genera efectos en cadena en otros productos y servicios, aparte de que se genera una expectativa de mayor inflación, así que los agentes económicos empiezan a anticiparse. Ahí es importante tomar las medidas para ir conteniendo esas presiones, pero siempre con la salvedad de que el 80% es por precios importados.

¿Qué significa ese contagio?

Lamentablemente una buena parte de los bienes y servicios empiezan a contaminarse del efecto de la inflación importada y ya generan los efectos de segunda vuelta mencionados, que es un encadenamiento en los bienes. Eso hay que atacar. Es un problema que no depende de Guatemala, ni de economías pequeñas, sino más bien de las grandes.

Hay una percepción y en la medida en que todos los bancos centrales estén reaccionando, al final se empezará a frenar la inflación internacional y se estará regresando a indicadores más normales que es la previsión para 2023, por debajo del 5%.

¿Qué podría esperarse para el segundo semestre sobre la tasa líder?

Es un poco complicado anticiparnos; vamos a estar atentos a la evolución de la economía internacional y los indicadores nacionales para tomar una decisión y recomendación a la JM. En agosto, se revisará todo el escenario macroeconómico, y en principio no habrá modificación del crecimiento del producto interno bruto (PIB), que se mantendría en 4%. Otras variables van a tener una modificación, pero en general, salvo la inflación que es importada, todo lo demás estará bastante bien.

Durante las últimas semanas, se observa un alza leve del tipo de cambio en varias monedas latinoamericanas respecto al dólar estadounidense. Por ejemplo, en Costa Rica, la depreciación en términos interanuales fue del 10% en junio; en México, 2.7%; en Argentina, 34%; en Colombia, 14.1%; y en Chile, 24%.

Pero en Guatemala, la relación del quetzal con el dólar se mantiene en alrededor de Q7.75 por US$1, lo que, a juicio de Sergio Recinos, presidente de la banca central y de la Junta Monetaria (JM), es parte de la estabilidad macroeconómica del país, que evita un mayor encarecimiento de las importaciones.

Entonces, lo que está ocurriendo en algunos países es consecuencia de la incertidumbre derivada del conflicto entre Rusia y Ucrania, la inflación en Estados Unidos (9.1% en junio) y las alzas de interés líder en Estados Unidos, lo que ha propiciado que algunos capitales estén buscando refugio especialmente en ese país, en busca de mayores rendimientos.

Ello también está ocurriendo en Europa, donde los bancos centrales de la zona euro no han reaccionado con celeridad ante la inflación, por lo que también existen flujos de capital de ese continente hacia el país norteamericano.

Es más, el euro es una de las monedas que en muy corto tiempo entró también en un proceso de depreciación, que ya va en 16%, alcanzando recientemente la paridad con el dólar, y es una variación que no se había observado en 20 años. Eso significa que la moneda única europea se ha depreciado y el dólar se ha apreciado.

Guatemala solo tiene tanto comercio con Europa por el equivalente a un 6% del total, pero en todo caso, los productos procedentes de ese continente resultarán más baratos y por otro lado, se necesitarán menos quetzales para pagar las importaciones acordadas en esa moneda.

¿Qué sucede en el país?

Al preguntarle a Recinos si en Guatemala podría haber algún movimiento del tipo de cambio en el corto plazo, como está ocurriendo en los países latinoamericanos mencionados, respondió que donde se han presentado depreciaciones relativamente grandes se genera más incertidumbre y hay un efecto inmediato en la inflación.

“Pero nosotros no vemos en Guatemala posibilidades de ese comportamiento, pues tenemos una economía todavía muy resistente con una previsión de crecimiento de 4%, lo que sigue siendo vigoroso y superior al de antes de la pandemia”, afirmó.

Y mencionó que se están observando exportaciones muy dinámicas (24% de crecimiento a mayo) e importaciones con un incremento de 35%; remesas familiares con 25% a junio; aparte de que los indicadores monetarios crecen a más del 15%, “por lo que, en general y dentro del actual contexto, Guatemala mantiene una economía sana y fuerte y no se ven posibilidades de un movimiento cambiario brusco”.

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En ese sentido, recalcó que la reacción de la JM en cuanto a la tasa líder (aumento de 0.5%) pretende no solo frenar las presiones inflacionarias internas, sino también equipararse a la Reserva Federal de los EE. UU., pues “no es conveniente que exista una amplia brecha en cuanto a las tasas de interés, aunque la economía, y hay que decirlo, no está tan integrada financieramente con el resto del mundo, como lo puede estar México”.

Sobre algunos movimientos que se han observado en el tipo de cambio, incluso en semanas recientes, Recinos explicó que hay una apreciación interanual respecto al dólar de 0.2%, que es mínima, a pesar de todo el episodio de la pandemia, cuando solo “se disparó” en tres días de marzo del 2020, -cuando iniciaron las medidas restrictivas- aunque el Banguat participó en el mercado y todo volvió a su nivel normal.

“La banca central mantiene dos mecanismos de intervención: regla de participación y mecanismo de acumulación; y se trata de que el tipo de cambio no tenga mayor volatilidad, no generar incertidumbre y que los agentes económicos puedan hacer sus cálculos sin la afectación de posibles riesgos cambiarios.

Panorama a fin de año

El presidente de la JM expuso que, de aquí a fin de año, la tasación del tipo de cambio será estacional, como ocurre siempre: En el primer semestre tiende a haber un poco de apreciación porque ingresan muchas divisas por exportaciones. Pero en el segundo, las divisas por ventas al exterior se reducen y empieza con mayor dinamismo la demanda de dólares por las importaciones, lo que se comienza a ver en agosto.

En todo caso, se podría esperar una pequeña tendencia a que se deprecie un poco, pero no hay ningún fundamento que haga prever un cambio brusco. “El Banguat posee un nivel de reservas monetarias internacionales importantes que de alguna manera fortalecen al sector externo, así como los instrumentos necesarios para evitar ese exceso de volatilidad, pero repito, el mensaje para los agentes económicos es que estén tranquilos, pues no hay posibilidad fuerte hacia la apreciación ni a la depreciación, aparte de las fluctuaciones normales”, concluyó.

“Hay algunos efectos”

No obstante, de acuerdo con Amador Carballido, director general de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), hay efectos de abaratamiento y encarecimiento (dependiendo de los productos) por la situación que se está viviendo en Europa en términos de comercio exterior, aunque el intercambio con ese continente es poco.

“Adquirir bienes y servicios de Europa se volvió barato, así que para los importadores hay un efecto positivo. Ahora, como exportador, se juega inverso, pues los euros que se reciben por las exportaciones son menos. Pero también depende de los contratos, ya que muchos de los exportadores los cierran en dólares”.

A su juicio, lo más con en las empresas exportadoras guatemaltecas, es que el mayor volumen se despacha a Estados Unidos, y un porcentaje menor a Europa, y al negociar sus precios lo tratan de hacer en dólares. Por otro lado, si se trata de un exportador neto para Europa, con contratos en euros, ahí se presenta una desventaja “y no hay para dónde”.

Sobre la inestabilidad cambiaria que se observa en muchos países, Carballido afirmó que la situación actual impacta a todo el mundo y eso afecta las proyecciones de esquemas de rentabilidad. “¿Me hago de más inventario ahora que el euro esta débil? Me puedo abastecer porque en los próximos seis meses, el euro regresaría a sus niveles; pero si cuento con un inventario muy alto, me enfrento a que tal vez no pueda comercializar con velocidad y voy a tener grandes flujos de dinero en bodega”, analizó.

Entonces, comentó que siempre que hay inestabilidad, el empresario tiene dificultades para proyectar y eso implica decisiones de inventarios, márgenes de utilidad que se hacen difíciles de controlar “y se sufre para bien o para mal. En los negocios se necesitan certeza y reglas, lo mejor que se pueda”, en, ya que con una proyección que no sea fiable, se corre el riesgo de perder dinero o negocios”.

Llamado a la cautela

A pesar de que el presidente de la banca central emite un mensaje de tranquilidad, el director de Agexport indicó que se debe tener cautela, independiente del giro del negocio, porque no hay una forma de saber cuánto puede durar la crisis.

“En este momento, las cifras de empleo en EE. UU., están positivas, se sigue creando trabajo y por lo tanto, el consumidor sigue comprando. ¿Pero cuándo va a durar eso? En todo caso, no vamos a terminar mal el año porque e Centroamérica, el efecto inflacionario todavía no es tan fuerte porque gran parte de ella es importada y no son factores internos los que la aceleran”, aseguró.

Pero el panorama es que Europa puede entrar en una crisis más pronto, por las variables observadas y la posibilidad de que EE. UU., entre a una recesión, “por lo que se debe ser cauto con el mercado europeo y buscar otros mercados que no tengan señales de posible contracción”, finalizó Carballido.

Caliente o frío, con o sin azúcar, el café ha sido parte de la vida de los guatemaltecos. Una taza luego de una comida o durante una conversación con amigos se combina muy bien con las nuevas preparaciones. Además, las cafeterías tienen un impulso, en especial en la provincia.

Las tendencias de los consumidores de café cambiaron durante la pandemia, lo que motivó a innovar los métodos para preparar la bebida en casa y en los negocios. Las marcas ahora enfrentan el desafío de cuidar a los clientes domiciliares y atender a quienes llegan a las tiendas y cafeterías en busca de nuevas preparaciones.

En Guatemala se desarrolla café con  aroma  delicioso, acidez brillante, cuerpo consistente y dulzura delicada. Los cafés de cada región poseen características que los distinguen y diferencian. En la actualidad hay ocho cafés regionales  que forman parte de la marca, cada uno con un perfil de taza característico: Acatenango Valley, Fraijanes Plateau, Volcanic San Marcos, Traditional Atitlán, Rainforest Cobán, Antigua Coffee, Highland Huehue y New Oriente.

El café es uno de los cultivos  que sitúa a Guatemala entre los cinco países con más productores a nivel mundial.

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Según datos de la Unidad de Inteligencia de Mercados de la Asociación Guatemalteca de exportadores (Agexport), en 204 localidades del país se cultiva café. Eso quiere decir que hay cobertura en el 60 por ciento del territorio nacional, de acuerdo con información de la Asociación Nacional del Café (Anacafé). La actual cosecha, hasta el 15 de junio pasado, reportaba dos millones 862 mil 969 quintales de café oro, que representaron un ingreso de US$731 millones 947 mil.

Las bebidas

En la capital y la provincia, los negocios de bebidas de café de especialidad aumentan.

 Rogelio Dávila, de 34 años, emprendió hace una década y es propietario de una tienda distinta a una cafetería, pues se dedica “netamente” al café desde el tueste, elección de granos y la preparación de la bebida con diferentes métodos, a fin de entregar un producto con los mejores estándares de calidad.

Pero no es el único. En  Huista, Huehuetenango, se impulsan dos cafeterías rurales que ofrecen servicios en forma móvil y sirven el conocido  café americano, capuccino, latte y frapuccino, entre otros, con el grano característico de la región,  informó la Asociación de Cooperación al Desarrollo Integral de Huehuetenango (Acodihue).

La preparación de las bebidas  de café es diversa. Además de los de especialidad hay otras maneras en las que el mercado ha innovado.

A continuación, algunas de las más vendidas en Guatemala.

Chemex

Se recomienda para aquellos que empiezan a beber café de especialidad. Se prepara en forma de goteo. El agua pasa a través de una capa de café y un filtro de papel muy grueso, lo que permite retener más los aceites suspendidos durante el proceso de extracción; los sólidos no lo atraviesan. Se sugiere una molienda media gruesa.

Se obtiene una taza de menor cuerpo, mayor dulzor, nula acidez y sin residuos.

V60

Su nombre proviene del recipiente donde se coloca el café, que tiene forma de V y está en un ángulo de 60 grados. Es un método de goteo con forma cónica y sus paredes cuentan con salientes en espiral que evitan el paso del aire, lo que permite oxigenación para  que resalte el cuerpo y la acidez. Tiene un solo orificio en la base para facilitar una extracción uniforme. Se recomienda una molienda media fina.

Kalita

También es un método de goteo con tres orificios pequeños y el filtro ondulado reduce el espacio de contacto entre el método y los granos. Se logra una bebida con más cuerpo y  una acidez y dulzor equilibrados. Se recomienda un molido intermedio  para pour over número 4, un punto de ebullición, sin hervir, de 90°C, y deben reservarse 20 ml para humedecer el filtro.

Prensa francesa

Es un método de inmersión que permite una bebida con cuerpo medio, apariencia turbia, textura un poco terrosa y sabor alcalino. Si el consumidor quiere una bebida más limpia se recomienda el filtro Ariadna. Además, un molido grueso, un punto de ebullición, sin hervir, de 90°C con una infusión de cuatro minutos, luego debe bajar el émbolo lentamente.

Origami

Es un método de extracción  del café inspirado en el arte japonés de doblado de papel, mediante un filtrado por goteo que consiste en  verter agua caliente sobre el café molido contenido en un filtro. El agua pasa a través de la cama de café gracias a la gravedad, obtiene sus componentes y cae en un recipiente. Se recomienda un molido fino y para 15 gramos de café se utilizan 270 gramos de agua a 90°C.

Aeropress

Especie de jeringa gigante en la que se infusiona el café con agua caliente y luego de filtra a presión a través de un filtro de papel que se incorpora en uno de sus extremos, lo que impide que pasen sólidos a la taza, los cuales pueden provocar que el café se amargue.

Se alcanza una taza con mucho cuerpo, acidez, dulzor y posgusto muy largo. Es una de las formas que permite café de distintas concentraciones de sabor y  sencillo de preparar.

El bitcóin estaba destinado a transformar la economía de El Salvador, y ubicar a la pobre nación centroamericana como un improbable precursor de una revolución financiera.

Pero casi un año después de que el presidente del país, Nayib Bukele, sorprendiera al mundo financiero al convertir la moneda digital más popular en la moneda de curso legal, su apuesta parece estar fracasando, y ha resaltado la brecha entre las promesas utópicas de los defensores de las criptomonedas y la realidad económica.

Durante la reciente caída del mercado, las tenencias de bitcóin del gobierno han perdido alrededor del 60 por ciento de su valor supuesto. El uso del bitcóin entre los salvadoreños se ha desplomado y el país se está quedando sin dinero después de que Bukele no logró recaudar nuevos fondos de los inversores en criptodivisas.

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Aun así, los reveses financieros no han logrado afectar la popularidad de Bukele. Las encuestas muestran que más de ocho de cada 10 salvadoreños continúan respaldando al presidente, debido, en parte, a su popular estrategia contra las bandas criminales y los subsidios a los combustibles, que han aliviado el golpe de la inflación mundial.

Pero el fracaso de los objetivos declarados por Bukele con la adopción del bitcóin —llevar inversiones al país y servicios financieros a los pobres— ha expuesto las deficiencias de su estilo autocrático de gobernar, centrado en su imagen, dicen los críticos. También ha planteado dudas sobre la sostenibilidad financiera de su ambicioso plan para modernizar El Salvador a expensas de la gobernabilidad democrática.

El año pasado, su gobierno asignó el equivalente al 15 por ciento del presupuesto de inversión anual para tratar de arraigar el bitcóin en la economía nacional.

Ofreció 30 dólares, casi el uno por ciento de lo que gana un salvadoreño promedio en un año, a cada ciudadano que descargó una aplicación de pago de criptomonedas respaldada por el gobierno llamada Chivo Wallet; chivo significa “cool” o “genial” en la jerga salvadoreña.

Bukele afirma que casi tres millones de salvadoreños, o el 60 por ciento de los adultos, respondieron a su llamado.

Sin embargo, tras la aceptación inicial, el uso de la criptomoneda ha caído.

Solo el 10 por ciento de los usuarios de Chivo siguieron haciendo transacciones de bitcóin en la aplicación después de gastar su estipendio de 30 dólares, según una encuesta realizada por tres economistas estadounidenses en febrero y publicada por el Buró Nacional de Investigación Económica. Los investigadores constataron que casi ningún cliente nuevo se descargó la aplicación este año.

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“El gobierno dio a este proyecto todo el impulso que se podía esperar, y aun así fracasó”, dijo Fernando Alvarez, economista de la Universidad de Chicago y uno de los autores del estudio.

Una encuesta independiente hecha por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador en marzo reveló que únicamente el 14 por ciento de las empresas del país hizo transacciones con bitcóin desde su presentación en septiembre, y solo el tres por ciento dijo que percibía algún valor comercial en ella.

Los salvadoreños en Estados Unidos también han ignorado el llamado de Bukele a utilizar el bitcóin para enviar dinero a sus familiares en su país. Las aplicaciones de pago en moneda digital, como Chivo, representaron menos del dos por ciento de las remesas en los primeros cinco meses de este año, según el banco central de El Salvador.

El impulso del bitcóin de Bukele recibió un nuevo golpe por la liquidación global de criptomonedas que eliminó cientos de miles de millones de dólares del valor de los activos digitales desde marzo.

“La gente tiene miedo de perder su dinero”, dijo Edgardo Villalobos, quien coordina a los vendedores en un extenso mercado callejero en el centro de San Salvador, la capital de El Salvador. Tras el reciente desplome de los precios, dijo que su estipendio de 30 dólares por la descarga de la aplicación Chivo vale 10 dólares.

Sin embargo, a pesar de la caída, los entusiastas y empresarios del bitcóin sostienen que la introducción del bitcóin transformó la imagen de El Salvador en la de un pionero tecnológico y creó oportunidades financieras para sus ciudadanos fuera de los sistemas bancarios convencionales.

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“En la medida en que perseguimos la libertad financiera, seguimos en camino de conseguirla”, dijo Eric Gravengaard, director general de Athena Bitcoin, una empresa de criptomonedas con sede en Estados Unidos que opera la red de cajeros automáticos de El Salvador y procesa las transacciones en bitcóin para las mayores cadenas comerciales del país.

Los críticos dicen que el bitcóin tampoco ha logrado atraer la prometida ola de emprendedores de criptomonedas al país.
Solo 48 nuevas empresas enfocadas en el bitcóin se han registrado en El Salvador desde la introducción de la criptomoneda, según el banco central del país; eso representa menos del dos por ciento de todos los negocios que abrieron en 2019. Casi todas son empresas emergentes que contratan a pocos trabajadores locales y traen poca inversión, dijo Leonor Selva, la directora ejecutiva de la Asociación Nacional de la Empresa Privada de El Salvador.

“En el día a día, el impacto ha sido nulo”, dijo, añadiendo que en lugar de atraer a nuevos inversores, el bitcóin ha asustado a los proveedores de fondos tradicionales, preocupados por el impacto de la criptomoneda en la estabilidad económica.

Gravengaard replicó señalando que todos los 30 empleados de su empresa en El Salvador, excepto dos, son ciudadanos locales. En términos más generales, el creciente sector tecnológico del país ha dado a sus jóvenes la oportunidad de construir una carrera en un país que ha sido durante mucho tiempo una de las mayores fuentes de migrantes a Estados Unidos.

“Esto es simplemente un sueño”, dijo Gerson Martínez, un empresario salvadoreño del bitcóin. “Como hijo de migrantes salvadoreños que se tuvieron que ir de El Salvador, a mí me da mucha esperanza”.

El desplome de los precios tampoco ha disuadido a Bukele de su entusiasmo por el bitcóin, que le ha valido la adulación de la comunidad mundial de criptomonedas.

En una serie de publicaciones en Twitter durante el año pasado, Bukele anunció que había comprado un total de casi 2400 tókenes de bitcóin desde septiembre, en operaciones valoradas en unos 100 millones de dólares. Cuando los críticos lo acusaron de irresponsabilidad financiera, respondió diciendo que realiza las transacciones en su teléfono mientras está desnudo.

“¡Bitcóin es el futuro!”, escribió en inglés en una publicación en Twitter el 30 de junio después de anunciar su última compra en medio de una liquidación de criptomonedas en curso. “Gracias por vender barato”.

No está claro dónde se encuentran los activos de bitcóin, cuál es su valor, cómo se pagaron o incluso quién tiene los códigos que prueban su propiedad.

La oficina de prensa de Bukele, su ministro de Hacienda, José Alejandro Zelaya, y su asesor de bitcóin, Samson Mow, no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Hasta ahora, las operaciones de Bukele han costado al país una pérdida de valor en unos 63 millones de dólares, según cálculos realizados la semana pasada por la revista Disruptiva, publicada por la Universidad Francisco Gavidia de San Salvador.

Las pérdidas aumentan a medida que el gobierno tiene dificultadas para subvencionar los crecientes costos de las importaciones de alimentos y combustible y por hacer frente a un próximo pago de la deuda.

Algo que subraya los problemas de financiamiento es que Bukele recortó el año pasado los desembolsos para los gobiernos locales, lo que obligó a algunos alcaldes a reducir servicios públicos como becas e infraestructura de agua.

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“El problema es que con el bitcóin nadie está ganando nada”, dijo Carlos Acevedo, economista salvadoreño y exdirector del banco central. “Es una inversión que no tiene rentabilidad social”.

El colapso de los precios de la criptomoneda ya ha descarrilado un pilar principal del experimento financiero de Bukele: la emisión del primer bono gubernamental del mundo respaldado por bitcóin.

El bono habría permitido a Bukele eludir las instituciones financieras tradicionales, como el Fondo Monetario Internacional, que ha condicionado los nuevos fondos al país a la disciplina financiera.

Tras anunciar un bono de 1000 millones de dólares denominado en bitcóin, el gobierno pospuso el proyecto indefinidamente a último minuto, en marzo, con el argumento de que la guerra en Ucrania había empeorado las condiciones financieras mundiales.

Los economistas dicen que esto ha dejado al país con pocas opciones buenas para hacer un pago de 800 millones de dólares de su deuda que vence en enero, o los pagos siguientes en años posteriores.

Al final, Bukele se enfrentará a la difícil decisión de recortar drásticamente el gasto público, con el riesgo de hacer enojar a los votantes, o empujar al país a la suspensión de pagos. Un impago podría interrumpir las importaciones básicas, reducir el crecimiento e incluso provocar una corrida bancaria.

“Bukele ha demostrado que le importa más la imagen pública que la buena gestión económica”, dijo Frank Muci, un experto en políticas públicas de la London School of Economics que ha estudiado el bono de bitcóin de El Salvador. “Pero al final las dificultades se mantendrán, con un precio muy alto para el país”.

Luis Lara Grojec, presidente de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), señala que será necesario tomar medidas por parte de la Junta Monetaria, para evitar que siga aumentando el índice general de precios.

En principio, analizó el reciente informa del Fondo Monetario Internacional (FMI) según el cual, la macroeconomía del país permanece estable, pero hay riesgos externos.

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¿Debe preocupar la dependencia de Guatemala de las remesas, calculadas en 18.4% del PIB para 2022?

¿Cómo recibe la banca este informe?

En general somos optimistas y creemos que la economía va a crecer un poco más de lo que el FMI está diciendo, en niveles superiores al 5%; ayuda mucho el tema del nearshoring y Estados Unidos está viendo a Guatemala en muchos temas que antes se traía de China, sobre todo en la industria textil donde hay inmensas oportunidades, y se ven las inversiones que se están canalizando.

Las materias primas que Guatemala exporta están a buenos precios y eso generará dinamismo y un rubro muy relevante son las remesas familiares. No es de extrañar que en este 2022 se reciban alrededor de US$18 mil millones -Q138 mil millones- y todo ese dinero es más que el presupuesto público, que se esparce en toda la economía e impulsa el consumo, lo que también se traduce en inversión.

¿Cuáles son los riesgos en el 2022?

Vamos a tener que convivir con la inflación derivada del conflicto internacional entre Rusia y Ucrania que vino a complicar las cosas un poco más. Pero, sobre todo, la enorme expansión monetaria que hubo alrededor del mundo para hacerle frente a la pandemia, por lo que pasaremos algunos años con el indicador un poco alto.

Eso va a implicar que las tasas de interés suben un poco, aunque no creo que mucho, pero es una situación que puede detener el crecimiento económico. Creo que se tendrá que subir la tasa líder porque ya se observó la inflación de marzo (4.17%) y probablemente sea similar en otros meses. Por lo tanto, sí se tendrá que actuar en política monetaria.

En Estados Unidos ya se está hablando que habrá incrementos a lo largo del año, entonces es probable que aquí exista una tendencia similar.

¿Cómo han analizado el tema del conflicto y la volatilidad del precio del crudo?

Esto va a impactar negativamente y por ejemplo, el tema del conflicto no solo es el petróleo, sino el fertilizante, que se tiene que evaluar mucho, pues podría haber una escasez y mucho de ese producto viene de Ucrania y de Rusia.

Entonces, se está volviendo algo imposible porque se tiene que transferir dinero y todos quieren comprar, pero nadie puede, lo cual podría generar algún tipo de problema en el campo, porque al no fertilizar, como debe ser, habrá implicaciones.

¿Cuál es el reto inmediato del país?

Existe el reto de invertir en infraestructura, como es evidente en el tema de carreteras. Y la única manera de resolverlo es como se hizo con el tema de electricidad: a través de una ley.

No puede ser que en Guatemala un vehículo comercial se conduzca hasta tres veces más lento que EE. UU., por el mal estado de las carreteras, así que tiene que permitir que el sector privado pueda invertir en infraestructura con un marco regulatorio para inversión privada o cierta velocidad que es lo que se necesita.

En todo caso, hay disponibilidad desde el punto de vista del sector privado y si en electricidad se han invertido más de US$10 mil millones, en carreteras se pueden invertir mucho más.

El tema electoral, ¿cómo hay que verlo?

No creo que este año vaya a haber tanto movimiento electoral, pero si en 2023. Esperamos que sea un proceso en paz y que no perturbe la economía.

Desde hace muchos años, pero especialmente durante la pandemia y ahora ante una espiral inflacionaria, la recepción de divisas enviadas por los connacionales que viven y trabajan en el extranjero, ya son un amortiguador para las familias que han visto afectados sus ingresos.

Para el 2022, se calcula que el ingreso de estos recursos aumentará su integración a la economía nacional hasta en el 18.4% del producto interno bruto, casi el doble del 9.9% registrado en el 2010.

Estas transferencias monetarias contribuyen a mejorar el ingreso disponible que se destina al consumo o el ahorro, lo que se traduce en crecimiento económico para el país, declaró Víctor Flores, director del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas del Banco de Guatemala (Banguat) durante el XVII Congreso de Remesas, Microfinanzas e Inclusión Financiera (Coremif) que organizó la Escuela Bancaria de Guatemala (EBG).

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El funcionario aclaró que, si bien estos ingresos provienen del exterior o sea de una economía externa, las remesas se integran al PIB de Guatemala, aunque no de una forma directa, en el estricto sentido de que es un dinero que se generó en la economía de los Estados Unidos (así que forma parte del PIB de esa economía, vía salarios) y que después el migrante guatemalteco despacha a sus familiares.

Al ingresar a la economía nacional, esos fondos les sirven a las familias como un medio de pago que estimula la interacción del mercado de bienes y servicios, aparte de mejorar las condiciones productivas de las empresas.

Por otro lado, Guatemala se convierte en un receptor de ingresos externos, que, junto con las divisas originadas por las exportaciones, influyen en la posición de la cuenta corriente del país. Es decir, en las que ingresan y las que salen, lo que influye de manera positiva porque implica mayores recursos para el sistema financiero y el mercado cambiario.

Tendencias

Flores presentó el comportamiento de las remesas familiares en los últimos once años, indicando que los US$15 mil 295 millones recibidos en el 2021 equivalen a 3.5 veces respecto a lo que ingresó en el 2011 (US$4 mil 378 millones).

Explicó que, en términos del PIB en 2011, representaba 9.2%, mientras que en 2021 la relación fue de 17.8% y para 2022, la proyección de la banca central es de US$16 mil 978 millones, un 18.4% del PIB.

El director precisó que “si esto lo vemos en tasas de crecimiento, entre 2015 y 2019 este fue de 13% como promedio; en el 2020, por los efectos de la pandemia hubo una desaceleración, pero en 2021, las remesas se recuperaron de manera importante: a marzo, con una tasa acumulada del 30%; en mayo y junio, 40%; y en todo el ejercicio 2021 cerró con un incremento de 34.9%. En enero y febrero de este año, se registra un aumento promedio de 31%.

Al 10 de marzo pasado, el reporte indica que Guatemala había recibido US$2 mil 921 millones con un crecimiento del 30.7%, aunque la proyección de cierre es para una estabilización del 9 al 12%.

Nuevos históricos

Ricardo Rodríguez, consultor de la firma Central American Business Intelligence (Ca-Bi), coincidió en el Coremif que hay un marcaje de nuevos récords de ingreso de remesas y que con la pandemia, se empezaron a observar rangospor encima de US$1 mil millones mensuales, mientras que en los casos de El Salvador y Honduras, no se superaron los US$600 millones cada mes.

Incluso, en Guatemala se recibieron en diciembre del 2021, US$1 mil 400 millones en un mes, lo que es un crecimiento sostenido. “En los tres países hay un salto muy fuerte en 2020 y 2021, que ha reflejado la trascendencia de tales recursos para estos países”, remarcó.

Recordó que, en las mediciones, para El Salvador estas transferencias representan el 23% del PIB y para Honduras, el 24%, que son cifras muy altas.  El promedio regional de Latinoamérica es 2.4% del PIB, enfatizó Rodríguez, por lo que estos flujos de dinero representan una realidad diferente para el Triángulo Norte de Centroamérica, que para el resto de la región.

Rodríguez citó como ejemplo, que si al PIB de Guatemala de 2020 (que fue de US$83 mil millones) se le suman los US$11 mil 340 millones recibidos por este concepto, se hablaría de un ingreso nacional bruto cercano a US$95 mil millones.

Según Sonia Pellecer, coordinadora de Remesas de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Guatemala es un país que depende de las transferencias que se envían desde el exterior y se está acostumbrando a esa dependencia, “pero ya hay que pensar ¿qué pasaría si cambia el contexto?”.

Pero el analista de Ca-Bi, explicó que en la actualidad hay una demanda laboral por cubrir en Estados Unidos, lo cual continúa representando oportunidades de empleo para los migrantes.

El investigador y académico Trevor Estrada realizó un análisis de la situación de la banca multilateral ante un contexto de conflicto internacional y sus posibles implicaciones para Centroamérica.

¿Cómo reaccionan la banca multilateral y los organismos financieros internacionales ante un sesgo por el conflicto entre Rusia y Ucrania?

En principio, estas entidades estudian las implicaciones potenciales que podrían generar estos conflictos y contingencias sobre sus operaciones y la afectación prevista para sus prestatarios, así como el comportamiento de los mercados financieros de donde obtienen fondeo. Recordemos que una situación tensa e incierta como la actual, no se presentaba desde hace muchos años, quizás desde la Crisis de Misiles en Cuba (1962) e inclusive desde los inicios de la Segunda Guerra Mundial.

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¿Qué implica esa situación para los países y gobiernos?

La importancia de identificar los posibles escenarios que podrían enfrentar, ante el comportamiento que presenten los mercados financieros, el comercio exterior, la cooperación y las políticas exteriores y de financiamiento externo, con base en las decisiones políticas (restricciones/sanciones) que definan las potencias económicas y bélicas del mundo, así como las acciones de los organismos internacionales.

¿Por qué razón, países como los centroamericanos deben estar en apresto?

Debido a que formamos parte de un mundo globalizado, esta clase de eventos puede afectarnos en mayor o menor medida, según nuestro nivel de dependencia económica, comercial y de los mercados financieros, en términos generales. Por ejemplo, Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial de Guatemala (31.3% de las exportaciones y 34% de las importaciones)

¿Qué efectos directos e indirectos pueden presentarse para Guatemala y Centroamérica desde la perspectiva de la banca multilateral, bilateral y organismos financieros?

En estos momentos, es complejo brindar una explicación precisa de los efectos. Sin embargo, en caso de que el escenario actual escale a otro nivel, involucrando a más países, podrían presentarse ajustes en las políticas de riesgo y de crédito de las entidades financieras internacionales, incluyendo un cambio en las prioridades de la cooperación internacional.

¿Algún ejemplo en particular?

Cuando se asumen nuevos compromisos entre naciones y organismos internacionales, estos pueden llegar a afectar las políticas de crédito de la banca multilateral. Por ejemplo, luego de los acuerdos alcanzados en la Cumbre de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Copenhague, Dinamarca, se empezó a limitar el acceso a financiamiento multilateral para nuevos proyectos de generación de energía con base en combustibles fósiles. Por lo anterior, imaginemos que pasaría en un escenario de guerra.

¿Qué debe hacer o cómo debe anticiparse la Dirección de Crédito Público (DCP) del Ministerio de Finanzas?

Continuar monitoreando el mercado de deuda, especialmente el internacional, así como el comportamiento de las divisas en países Guatemala mantiene posiciones de deuda, pues las acciones de guerra no solo se limitan a los ataques bélicos, sino que también hay guerra económica, financiera, comercial, tecnológica, de comunicación, ideológica, etc.

Hay que recordar que las entidades financieras internacionales son responsables en cumplir sus compromisos financieros asumidos con los créditos aprobados y préstamos suscritos.  Sin embargo, se debe reconocer que la DCP ha hecho esfuerzos importantes para diversificar la exposición en las fuentes de financiamiento del país, las que no se limitan exclusivamente a préstamos con entidades multilaterales o bilaterales, que hoy representan el 17.9% de toda la deuda pública.

¿Qué incidencias pueden presentarse a futuro en la región?

Para Guatemala, en adición a las acciones tradicionales, la necesidad de fortalecer la capacidad de producción interna de bienes y servicios para sustituir gradualmente la dependencia en importaciones no esenciales, abordando el impulso de una política de autoabastecimiento estratégico del país.

También fortalecer y proteger la infraestructura estratégica, mantener niveles conservadores de endeudamiento público y evitar, en la medida de lo posible, incurrir en endeudamiento externo, ante un escenario de incertidumbre de guerra. No obstante, Guatemala tiene la ventaja de ser un país que ha demostrado gran capacidad de resiliencia ante escenarios adversos internos y externos.

Como región, continuar fortaleciendo los lazos comerciales entre los centroamericanos apoyando iniciativas de impacto promovidas por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y entidades similares.

En materia de cooperación financiera/técnica estrictamente en Guatemala y Centroamérica, ¿qué puede suceder?

Podrían ser reorientadas o fortalecidas las líneas de apoyo e intervención que ofrecen las agencias de cooperación internacional para asistencia y cooperación técnica, con base en la agenda de política exterior que sea definida, de ser el caso, por las países cooperantes y amigos de Guatemala y la región.

La decisión del aumento de la tasa de interés por la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos en 0.25% el pasado miércoles, ya es motivo de análisis por parte de las autoridades monetarias guatemaltecas, pero será hasta el próximo 30 de marzo cuando se tome alguna decisión sobre el tema. “Mientras tanto, estamos a la expectativa”.

Así se expresó Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria (JM) al preguntarle sobre el mensaje de esa institución a los agentes económicos nacionales, indicando que “el ciclo de tasas de interés ultrabajas está terminado en la economía mundial. Lamentablemente, ha habido alzas en los precios y entonces, la política monetaria tiene que reaccionar a escala global”.

Explicó que el tema de la pandemia ya está más controlado, que fue lo que motivó a que la política monetaria reaccionara a tasas de interés muy bajas, por ejemplo en Estados Unidos, Europa y Japón, que son economías avanzadas, “y todo apunta a que también las políticas expansivas se comenzarán a restringir, lo que podría implicar aumento en el costo del dinero a escala mundial”.

Aseguró que, en el caso de Guatemala, en la JM están atentos a no sobrerreaccionar, “pero también a reaccionar en el momento oportuno”.

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En Estados Unidos, la última previsión de inflación en el 2022 es de 4.3%; y en Guatemala, se mantiene la meta de 4%, aunque a febrero, fue de 2.98%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).  Y la tasa de interés líder de política monetaria en el país es de 1.75%, cifra que se mantiene desde el 2020.

¿Efectos para Guatemala?

Al preguntarle sobre los efectos en Guatemala de la decisión de la Fed, Recinos comentó que ello implicará que muchos de los bancos centrales (sobre todo de las economías avanzadas, emergentes y en desarrollo) también tendrán que reaccionar con alzas en sus tasas de interés.

“Ello ya ocurrió en Inglaterra, México, Brasil y Costa Rica, lo cual significa un aumento en el costo del dinero, tanto para las personas individuales, como para las empresas”. En el caso de estas últimas, tendrían menos posibilidades de apalancarse, y esto a su vez repercute en el crecimiento económico en diferentes economías.

Y en el caso de Guatemala, el tema ya ha sido abordado en la JM, pues “todo el mundo está muy consciente de que hay que ser prudentes para adoptar decisiones y definitivamente, ya que la inflación es importada y proviene de choques de oferta externa, principalmente del petróleo y el gas. Ante eso, la política monetaria, como tal, no puede reaccionar”.

Ahora bien, manifestó que si la inflación comienza a impactar en lo que se denomina “efectos de segunda vuelta”, contamina a otros productos y se empieza a reflejar en la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC), “hay que estar muy atentos para poder reaccionar, que es el papel de la política monetaria”.

Reiteró que la JM está muy prudente y habría que analizar todo el balance de riesgos de inflación, que contiene un apartado de la economía mundial y otro de la nacional. “Por el momento, no se ha reflejado algún indicador que demuestre una desaceleración en la economía guatemalteca y se sigue con la estimación de crecimiento económico de 3.5% a 5.5% con un valor central de 4.5%, que es factible. Ninguna variable está reaccionando de forma desfavorable todavía”.

Subrayó que habría que esperar lo que pasa más adelante con el conflicto entre Rusia y Ucrania, “y ojalá que no se extienda tanto, ya que si eso sucede, habrá más implicaciones para la economía mundial”.

En preparativos

Sobre la sesión que la JM sostendrá el próximo 30 de marzo para decidir sobre la tasa líder de interés en Guatemala, Recinos expresó que el 25 de marzo, el comité de ejecución del Banguat se reunirá para analizar el balance de riesgos de inflación y hará la recomendación pertinente, pero con análisis de los cuerpos técnicos.

El presidente de la banca central remarcó que en este momento no se puede anticipar, pero en términos generales, se están observando presiones inflacionarias del lado externo, ya que a nivel interno, no se presentaron fenómenos climáticos en noviembre, diciembre y enero, que pudieran afectar las cosechas (como sí ha ocurrido en otros años).

“El aumento que se dio en el precio del petróleo, el del galón de gasolinas y diésel, ha sido de alguna manera contrarrestado por bajas en alimentos, legumbres y frutas, que han actuado de forma inversa y por eso, la inflación no sobrepasó 3% en febrero”.

Pero advirtió que los incrementos en los precios del petróleo y derivados, observados en lo que va de este mes, ya empiezan afectar al transporte y otros bienes, por lo que podría darse una tasa más alta en marzo, “pero no lo estoy asegurando. Tampoco hay que asustarse, pero sí estar atentos a reaccionar en el momento oportuno”.

Sobre los subsidios

Recinos también se refirió al subsidio de Q5 al galón de diésel y de Q2.50 a la gasolina regular que aprobó esta semana el Congreso, explicando que, si en febrero no se reflejo una inflación tan alta, en marzo se ameritaba una intervención por parte del gobierno central y del Legislativo.

“Las decisiones que se han adoptado vienen a aliviar el bolsillo de los guatemaltecos de forma temporal, esperando que cuando estas medidas desaparezcan, ya se haya reducido la tensión en el exterior; sobre todo, por el conflicto internacional”.

Las autoridades monetarias están dando seguimiento a la evolución del conflicto entre Rusia y Ucrania, especialmente en cuanto al precio internacional del barril de petróleo, que se ha reflejado en Guatemala como un impacto directo.

Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria (JM), afirma que la inflación importada es la que está afectando, pero que se cuenta con los instrumentos monetarios para controlar una posible escalada inflacionaria.

Para el próximo 30 de marzo, está programada la sesión en la que la JM decidirá sobre la tasa líder de interés.

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Por el momento, se proyecta que la inflación (alza generalizada de precios en la economía), se estaría situando en diciembre del 2022 en el valor central del 4%, aunque todo dependerá de la situación del conflicto entre Rusia y Ucrania.

¿Cuál es su apreciación sobre los aumentos en los precios del petróleo y de la canasta básica registrados en las últimas semanas?

Afortunadamente, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación se situó en 2.98% en febrero, mientras que en enero fue de 2.87%. Esos valores están debajo de la meta inflación del 4% e inclusive, del límite inferior de 3%.

Claro que la inflación importada es la que está determinando la misma y esto deviene del precio del petróleo y sus derivados.  Pero hay otros rubros que han tenido bajas importantes, por ejemplo, el tomate, cebolla, cilantro y el subsidio al gas propano, lo que ha compensado las alzas.

En la calle se reflejan otras situaciones por la percepción de precios, ¿cómo hay que ver el tema inflacionario?

Recordemos que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se compone de 412 productos, y hay algunos que han subido de precio, pero no están contemplados en la canasta del IPC. Por lo tanto, no todo se refleja ahí, como también sucede con otros bienes importados. Por ejemplo, los quesos suizos o jamones españoles, no se reflejan.

Además, el IPC se calcula con base en una encuesta del año base 2010 y los patrones de consumo probablemente han cambiado al 2021 y eso podría estar incidiendo en la medición. Pero es importante mencionar que no es un tema metodológico, pero el INE ya está trabajando en eso y probablemente el próximo año ya se cuente con un IPC actualizado.

¿Qué perspectivas inflacionarias hay para fin de año?

Nuestros cuerpos técnicos están estimando una inflación de 4% que sería el valor central de la meta establecida por la Junta Monetaria para diciembre del 2022.

Por supuesto, esto va a estar sujeto a lo que suceda con el precio del petróleo todavía, pues observamos que la semana pasada, el barril de petróleo tuvo una baja a US$108, pero el jueves subió US$3, por lo que hay mucha volatilidad e incertidumbre.

En este momento, todavía el precio del petróleo ronde un promedio más alto que el año pasado, pero no tan elevado. Ojalá que el conflicto entre Rusia y Ucrania se supere, ya que se depende de eso.

¿Cuál es el escenario?

No hay escenarios pesimistas u optimista en este momento, pero sí hay incertidumbre.

Como Junta Monetaria ¿cuáles son las medidas a analizar?

Están los instrumentos con que se cuenta, pero es prematuro hablar de ellos en este momento. La JM permanece atenta a los acontecimientos y oportunamente, tomará las medidas correspondientes.

¿Cuál es su mensaje para los agentes económicos y ciudadanía por los movimientos de precios?

Lamentablemente, es un problema que no está en las manos de las autoridades de Guatemala porque deviene de la coyuntura internacional. Entendemos que el gobierno central y el Congreso están analizando algunas iniciativas para tratar de paliar el impacto del aumento del precio petróleo y sus derivados.

Alzas en febrero y marzo

Aunque desde enero de este año, los precios de la gasolina y el diésel aumentaron de manera constante, fue en la segunda quincena de febrero y la primera semana de marzo cuando tuvieron una evolución que los ubicó en alrededor de Q40 por galón.

En principio, el barril de petróleo superó los US$100 como reacción ante el conflicto entre Rusia y Ucrania, así como una serie de sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, lo que generó mayor volatilidad.

Y en los primeros días de marzo, el precio del crudo de referencia para Guatemala tocó los US$125, que es el más alto en varios años, pero luego retrocedió.

La Comisión de Finanzas del Congreso, ya conoció una iniciativa para exentar el impuesto al valor agregado (IVA) al diésel, pero diputados de varias bancadas han propuesto una eliminación del cien por ciento de ese tributo, también para las gasolinas súper y regular.

Guatemala prepara el terreno para discutir una estrategia fiscal que debería implicar el consenso de varios sectores para articular una política pública transversal enfocada en el cuidado del medioambiente.

La implementación de políticas verdes en el país es el objetivo de las autoridades y que es posible que trascienda al próximo mandato del Ejecutivo en la iniciativa Alianza para la Acción hacia una Economía Verde (Page, en inglés).

La estructura parte de un diseño macro que dará directrices con nuevos enfoques en política fiscal, infraestructura, conceptos y manejo de la sustentabilidad ambiental, políticas de salud, en educación, economía y ambiente, bajo una premisa de complementariedad.  Pero hace falta dialogar, debatir, consensuar, legislar, ejecutar, y también tener la voluntad.

¿Qué se propone?

La propuesta plantea cinco ejes para incidir en la actividad económica.   Saúl Figueroa, viceministro de Finanzas encargado del área de Ingresos y Evaluación Fiscal y de la iniciativa, aclara que   por ahora no se habla de impuestos, sino de regulaciones.

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Aunque todos los ejes son importantes y cada uno está pensado para su campo de acción, hay que resaltar que trata sobre los Modelos Fiscales Ambientales, que consiste en desarrollar e implementar instrumentos económicos.

Aunque el Ministerio de Finanzas (Minfin) tiene a su cargo la coordinación institucional de la iniciativa, acompañado de Naciones Unidas, la ejecución y responsabilidad será para las carteras de Ambiente y Recursos Naturales y de Economía.

José Miguel Barreto, coordinador residente de Naciones Unidas en Guatemala, declaró en enero pasado que Page es fundamental porque apoya la reformulación de políticas públicas y económicas en torno a la sostenibilidad para respaldar la inclusión social, empleos y crecimiento verde.

En términos de economía verde, en el país existe una ventana de oportunidad para reforzar acciones de políticas públicas que complementen el desarrollo económico, bienestar social, conservación del capital natural, seguridad climática, innovación para la competitividad y productividad.

Precisó que Guatemala es uno de los 10 países más afectados por el cambio climático y no se pueden obviar los costos humanos y materiales que sufren las poblaciones más vulnerables, situaciones que se reflejan en contingencias fiscales ambientales y la necesidad de las autoridades financieras de contar con las herramientas adecuadas para gestionar y mitigar estos riesgos, así como  promover cambios en el comportamiento de los agentes económicos, efectuar inversiones con criterios de sostenibilidad, desarrollar mercados con financiamiento de bonos verdes y caminar hacia una economía ecológica.

¿Impuestos verdes?

En Chile, desde el 2014 se impulsó un impuesto verde para las emisiones fijas de las industrias, así como para automotores, en vigor desde 2017.

En el sistema fiscal de Guatemala está el impuesto sobre la distribución de petróleo, pero el tributo no fue pensado en su momento para obligar a reducir las emisiones.

En el 2018, el Fondo Monetario Internacional (FMI) elaboró un estudio sobre el impuesto al carbono en la generación de emisiones, pero falta discutirlo con diversos sectores. En este caso se podría hablar de impuestos, pero también de incentivos que promuevan la producción ecología, enfatizó Figueroa.

Page tendrá una duración de tres años y se espera que en el segundo o tercero se convoque al consenso para definir la política ambiental del país, con miras a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El consultor fiscal Juan Carlos Paredes expuso que la mayoría de países se orienta al cuidado del medioambiente y algunas industrias pueden adoptar medidas como el tratamiento de desechos sólidos o líquidos, pero no todo está dicho al respecto, e impuestos directamente asociados a estas actividades  dirigidos a proteger el medioambiente.

El Estado debería contar con un control estricto de todas las actividades en las que las empresas invierten para el cuidado de los recursos naturales.

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Si esos impuestos verdes se fueran al fondo común para fortalecer la tributación y no en mejora del medioambiente, solo se castigaría las actividades. Además, los recursos deberán estar bien administrados, pues este aspecto puede ser la principal crítica a un nuevo esquema de impuestos, hizo ver.

Por su parte, Marco Vinicio Cerezo Blandón, director de Fundaeco y consejero global de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, expresó que los impuestos verdes deben ser vistos desde una perspectiva económica, pero en la actualidad los precios no reflejan el verdadero valor de la naturaleza.

Citó como ejemplo que una empresa que comercializa bebidas con envases desechables cobra la bebida, pero transfiere a la sociedad la recolección, tratamiento y reciclaje de la botella plástica.

Agregó que en Costa Rica se impuso un pequeño gravamen al litro de gasolina para financiar la reforestación y protección de bosques, y que en Guatemala inició, con  apoyo del FMI y del Banco Interamericano de Desarrollo, un programa de fiscalidad y el Minfin estudia  alternativas.

“Es muy probable que exista limitaciones a Rusia y va a impactar en los bancos y empresarios rusos en lo que es el sistema de pagos -a escala mundial- y será algo complicado; pero eso es contra ellos y no vemos la posibilidad que eso pueda impactar en Guatemala de alguna manera”.

Así se expresó Luis Lara Grojec, presidente de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), quien analizó la situación actual y aclaró que para el sistema financiero nacional no habrá ningún efecto porque a pesar de haber un flujo comercial con Guatemala, las sanciones solo están enfocadas a Rusia.

Tras un primer tren de sanciones en especial contra el entorno de Vladimir Putin, la Unión europea quiere ahora limitar drásticamente el acceso de Rusia a los mercados de capitales europeos. No se conoce el detalle de las medidas, pero serían similares a las ya adoptadas por el Reino Unido, que prevé impedir a empresas públicas y privadas levantar fondos en su territorio y limitar la sumas que los rusos pueden poseer en sus cuentas bancarias británicas.

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Washington ya actuó contra ciertos actores financieros, entre ellos los dos principales bancos rusos, Sberbank y VTB Bank. “Excluir a un banco del sistema financiero estadounidense equivale a impedirle efectuar pagos en dólares” explicó Stephen Le Vesconte, abogado del gabinete Linklaters.

Al momento, los países occidentales no han cortado a Rusia de la red bancaria Swift, que permite recibir o emitir pagos en todo el mundo. Rusia dispone de reservas de cambio de unos US$640 mil millones y de un fondo soberano de US$175 mil millones. Suficiente para financiar a empresas estratégicas, en gran parte públicas.

“Se descarta que esta situación pueda afectar a Guatemala; no lo vemos con mayor problema”, reiteró Lara Grojec. En todo caso, dijo que el aumento del precio del barril de petróleo sí puede afectar directamente al país, pues sube la energía y ese movimiento genera inflación, aparte de que puede haber alguna reacción en el tema de tasas de interés, enfatizó.

Al preguntarle si hay alguna preocupación en la banca nacional, el presidente de la ABG destacó que esperan que la situación no escale más, así que no debería presentarse un mayor problema.

Afecta al comercio

Amador Carballido, director general de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), manifestó que el comercio con Rusia y Ucrania es bajo, por lo que al haber sanciones, se perderá una ventana de oportunidad para los productos que se despachan a Rusia. Con Ucrania, no se sabe qué pueda suceder ya que las sanciones en este momento solo son para Rusia.

“Lo que sucede es que los sistemas financieros de los países en conflicto son grandes, pero para comerciar con países como Guatemala, se intermedia con bancos europeos o de EE.UU. En ese sentido, sí tendrán serias dificultades”.

Otro escenario, es que podría generarse un comercio tipo “pivote”, en el sentido de que las exportaciones pueden ir a Turquía, que mantiene relación con Rusia, y habría un encarecimiento del proceso al exportador. Otro asunto es que se podrían aplicar sanciones a empresas que comercialicen con compañías de Rusia.

Carballido aseguró que varias empresas de banano, café y tabaco ya estaban comercializando con Rusia y abriendo mercado, por lo que esa apertura se cierra, pero las negociaciones se pueden reconducir a otros mercados.

En Ucrania, el mayor porcentaje de ventas de Guatemala lo agrupa el níquel, pero el escenario depende de si se aplican sanciones, y citó como ejemplo que el problema será vender, exportar y cómo recibir los recursos.

Sobre las importaciones de hierro y acero desde los países en conflicto, Carballido aseguró que hay muchos otros países que venden este metal y lo más lógico es que se sustituirán, por la complicación de los flujos de pago.

“Guatemala está muy lejos, pero tiene un pequeño comercio con esos países y dejar pasar cualquier oportunidad de mercado no es conveniente. Ojalá se puedan resolver estos temas”, enfatizó.

Mario Yarzebski, quien exporta productos agrícolas al país euroasiático, comentó que los clientes rusos compran los productos, hace una transferencia a un banco con un Swift -sistema de pago- a otro en Nueva York, que recibe los fondos, cobra por el servicio bancario y se lo pasa a otra entidad. Este proceso, es una intermediación bancaria, explicó.

Otros mecanismos

Yarzebski, y Sergio Mazariegos, coordinador de la Comisión de Cafés Diferenciados de la Agexport, explicaron que existen otros mecanismos para poder comercializar y garantizar los pagos, como la carta de crédito, que garantiza los fondos en un banco ruso y cobra por la garantía, sobre el valor del negocio.

Mazariegos dijo que a raíz de la pandemia y ahora ante situación, lo recomendable es utilizar un Incoterms, para que el productor o exportador ponga el producto en la naviera o la aerolínea y haga la entrega contra documento para recibir el pago.

“Para el café, lo usual es el anticipo de pago. Si este no se realiza contra documento, se ordena a la empresa logística no completar el embarque”, expuso.

En 2021 Guatemala exportó bienes a Rusia por US$18.5 millones e importó por US$239 millones; mientras que a Ucrania, las exportaciones sumaron US$67.5 millones y las importaciones, US$34 millones.

Que es el Swift

El sistema de pagos Swift tiene como función determinar los códigos bancarios que son necesarios para realizar o recibir cualquier transferencia internacional.

La Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, (Swift), es que es una cooperativa de sociedades financieras, sobre todo de entidades bancarias, que funciona desde 1973, cuando se estableció en Bruselas, Bélgica, con más de 200 bancos. En 1976 ya contaba con 500 entidades en más de 15 países y en la actualidad supera más de nueve mil.

Funciona por medio de un código internacional que presta a los agremiados un servicio de mensajería cifrada que posibilita las transferencias de los recursos, llamado Swift o BIC (Bank Identifier Code), que identifica al banco receptor de una transferencia, pues funciona con un código internacional alfanumérico que puede ser de ocho hasta 11 caracteres. El primero incluye información de la entidad, de cada país y de la localidad; y el de 11 caracteres, agrega datos concretos de la entidad.

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Si un cliente realiza una transferencia internacional a favor de otro, el banco emisor genera un mensaje cifrado, y ese código BIC o Swift, indica de qué forma va a hacer llegar los fondos, con información de fechas, divisas, gastos o bancos.

Si las entidades financieras de Rusia quedaran fuera del sistema Swift, la operación de su banca se vería complicada ya que no podrá realizar cobros ni pagos internacionales a otras entidades que utilizan el sistema.

Los efectos se producirían a través de un bloqueo de transferencias bancarias con el país, lo que tendría otros efectos colaterales, ya que cualquier empresa extranjera que requiera realizar pagos en Rusia, no podrá hacerlo por este sistema.

Una posible guerra entre Rusia y Ucrania sigue generando incertidumbre en diversos sectores de la economía nacional y los escenarios que se manejan no son optimistas.

Además del alza en los precios del petróleo, que ya afecta directamente a Guatemala por el incremento en los precios de los combustibles, se vislumbran efectos colaterales en el intercambio comercial.

Y las sanciones contra Rusia por parte de Estados Unidos y Europa también podrían afectar el sistema de pagos, provocando un encarecimiento de muchas materias primas e insumos. Por si fuera poco, en la parte diplomática habría que esperar la decisión que toman las autoridades guatemaltecas en relación con este conflicto, la que puede tener consecuencias en la dinámica de los negocios y la inversión.

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Balanza comercial

Guatemala mantiene una relación de comercio exterior -exportaciones e importaciones- con Rusia y Ucrania, por lo que un conflicto armado podría interrumpir la cadena de suministros, aseguran representantes de sectores productivos y algunos analistas.

De acuerdo con las cifras oficiales, en 2021 Guatemala exportó bienes a Rusia por US$18.5 millones, pero importó US$239 millones, lo que significa que la balanza comercial favorece al país euroasiático.

Los tres principales productos que se importaron de Rusia son acero y hierro por US$112 millones, abonos y fertilizantes por US$49.6 millones y productos farmacéuticos US$51.6 millones, que en  conjunto suman US$214 millones (90% del total).

En tanto que Guatemala despachó banano por US$7.3 millones; y café (US$3 millones) que son los bienes más significativos.

Para Ucrania, los datos indican que el año pasado las exportaciones se situaron en US$67.5 millones, y las importaciones en US$34 millones, lo cual significa que Guatemala vendió más de lo que le compró a ese país.

El principal producto de despacho fue níquel por US$62 millones, mientras se adquirió hierro y acero por US$31 millones.

Efecto en dos vías

Jacobo Alvarado, presidente de la Gremial de Industrias de la Metalurgia, adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), declaró que ya han evaluado un posible impacto en Guatemala si hay un conflicto, pues la industria centroamericana se surte de aquellos países. Tanto de Rusia como de Ucrania, la región importa palanquilla -lingote- de acero, que se manufactura en diferentes empresas de la región.

Desde Rusia, Ucrania y Turquía se realizan importaciones de acero, y toda la zona del Mar Muerto es proveedora fuerte a escala mundial, por lo que, al haber una guerra, se reduciría la oferta y la escasez provocaría un incremento de precios.

Aunque la República Popular de China, es el mayor productor de acero en el mundo, habría que estar a la expectativa del rol que juega este país, apuntó.

El otro gran factor es el precio del petróleo y su incidencia en Guatemala por los derivados de este, como la gasolina, el diésel y el gas, lo que también afecta a la logística terrestre regional.

Alvarado aclaró que, en caso de un enfrentamiento bélico entre ambos países, los efectos serían una escasez de materia prima y el alza del petróleo “pero eso todavía es incierto”.

También los fertilizantes

Francisco Cárdenas, director estratégico de la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas (Gremiagro) también adscrito a la CIG, declaró que esta situación también puede impactar en los precios de los fertilizantes, ya que Rusia es un gran productor de potasio y gas natural, insumos clave para la producción de este producto, y un conflicto puede interrumpir el suministro de gas, perjudicando a todas las plantas que operan en Europa.

Por otro lado, están las sanciones, que podrían detener la producción y distribución de fertilizantes nitrogenados en Ucrania, que es un expendedor importante.

“Todas estas situaciones agregan una presión internacional en agroquímicos y fertilizantes que tiene muchas aristas y se limita la producción, por lo que no se podría cubrir la demanda, provocando alzas de precios a escala mundial”.

Reiteró que a pesar de ser situaciones exógenas y de crisis geopolítica mundial, tendrían un impacto indirecto en el país.

Perjuicios internacionales

Álvaro Sarmiento Matute, consultor en comercio exterior, afirmó que el intercambio de bienes con esos países es muy marginal, en comparación con el comercio con Centroamérica, Estados Unidos y México, por lo que no están dentro de los 25 países principales.

El problema en un escenario de conflicto es que Estados Unidos estaría expulsando a Rusia de los mecanismos de pago y cualquier exportador e importador guatemalteco que negocia con ese país, no tendría la certeza de recibir las liquidaciones. “Sacar a Rusia del mecanismo de pagos tendría repercusiones en cualquiera que le compre o le venda”, puntualizó.

Qué significa consultas

En relación con este tema, Guatemala llamó a consultas a su embajador acreditado en Rusia, lo que para el politólogo Jorge Wong, significa que el gobierno busca obtener datos de primera mano, por lo que el diplomático informará al presidente sobre su apreciación de lo que está sucediendo.

Una vez analizado el tema, se adoptarán las decisiones que correspondan, pero “toda decisión tendrá una repercusión”, comentó.

Y el otro país puede adoptar las mismas u otras decisiones, que estarían escalando el conflicto, “por lo que es necesario contar con información asertiva y suficiente”.

Con el objetivo de analizar las implicaciones internacionales del conflicto político entre Rusia y Ucrania, así como las consecuencias en la economía guatemalteca, el Gabinete Específico de Desarrollo Económico del Gobierno realizó ayer una reunión extraordinaria, en la que se analizó el posible encarecimiento de los derivados del petróleo, que ayer cerró en más de US$91 por barril.

La sesión fue dirigida por el Vicepresidente Guillermo Castillo, en la que participaron las  autoridades del Banco de Guatemala (Banguat), Ministerio de Energía y Minas (MEM) y Ministerio de Economía (Mineco), Instituto Nacional de Estadística (INE) y del sector de Transporte.

Una de las amenazas analizadas fue el encarecimiento del petróleo y sus derivados, considerando que sus efectos ya han recaído en Guatemala, pues los precios de los combustibles continúan en ascenso desde enero pasado.

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El viceministro del MEM, Luis Aroldo Ayala, presentó diversos escenarios, aclarando que, si existiera un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el precio del petróleo podría subir entre los US$100 y US$140 por barril. “De ser así, la gasolina regular y superior podría estar rondando entre los Q40 y 45 por galón; en el caso del diésel, entre los Q35 y Q40; y el gas propano de 25 libras, en Q160. Pero aclaramos que este escenario solo se podría dar si se produjera un conflicto real entre ambos países”, especificó Ayala.

Debido a que el país es netamente importador de combustibles y sus precios influyen en los de otros bienes, desde inicios del 2022 se han observado aumentos en los precios de productos de la canasta básica como el pan, frijol, aceite y algunas verduras, entre otros, lo cual ha reducido la capacidad de consumo de los hogares, principalmente en los niveles socioeconómicos más pobres.

Al respecto, Enrique Meléndez, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolinas (AGEG), afirmó que en esta semana no hay ajustes o incrementos en los combustibles y que los precios autorizados en autoservicio, en el área metropolitana son: súper Q33.49, regular Q32.69 y diésel, Q29.89.

Sin embargo, el aumento de los precios de los combustibles se sigue dando desde el año pasado a la fecha, como lo dio a conocer ayer la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), al explicar que el barril de crudo del mes de diciembre registró un precio promedio de US$71.55, un incremento del 51.7%, respecto a diciembre de 2020.

Posteriormente, en enero, el barril estuvo a US$80.27, un 54.9% más con relación a 2020, y un 14% respecto al mes anterior. Y el 16 de febrero se ubicó en US$91.51 el barril, agregó FUNDESA.

Monitoreo de precios

Durante un monitoreo realizado por Prensa Libre en distintos departamentos se pudo observar algunos precios variados en las gasolinas y diésel, mientras que varios pobladores confirmaron que continúan las alzas de muchos productos básicos.

Por ejemplo, en algunas estaciones de Zacapa, los precios están en Q32.69 la regular, Q33.49 la súper, 33.99 la V-Power y Q29.89 el diésel. Y en Chimaltenango, está a Q32.67 la regular, Q33.47 la súper y 29.87 el diésel.

El aumento constante de la gasolina también golpea la economía de los huehuetecos, pues en algunos casos, la superior se cotiza en Q34.50 mientras que el diésel ya superó los Q30.4, y la regular está en Q34. Los precios varían en hasta Q2 en diferentes municipios, principalmente del norte y en la zona fronteriza, debido a la distancia respecto al lugar de abastecimiento.

El piloto Mario Castillo dijo que las amas de casa son las más afectadas porque con el mismo dinero deben comprar la despensa. “Son las damas las que sufren porque nosotros damos el gasto a nuestras esposas, pero ellas tienen que hacer milagros con el dinero, porque todos los productos suben”, informaron al corresponsal Mike Castillo.

De igual forma, habitantes de Zacapa señalaron que “todo se fue para arriba” y eso nos afecta, porque al subir los combustibles, sube toda la canasta básica. Antes para mover un carro se le echaba unos Q50, ahora es más”, dijo Henry Barahona. Mientras que Linda de Paredes manifestó estar asustada, porque su esposo ahora solo le puede poner gasolina a su carro una vez a la semana. “No es justo, porque estos aumentos afectan a toda la familia”. añadió.

La florista Yenny Roque dijo que los aumentos son exagerados. “Ahora también afecta  nuestro negocio, porque consumimos muchas rosas y flores, pero ha aumentado el transporte para trabajarlas y por eso, suben los arreglos. Mi esposo es productor agrícola y también los fertilizantes subieron”.

Enrique Lucas, transportista de Santa Cruz del Quiché dijo que los precios de los combustibles eran exagerados y esto ha hecho que suban repuestos, llantas y otros artículos necesarios para su trabajo. Mientras más lejos esté el municipio más cara está la gasolina, indican pobladores, ya que en Joyabaj  está a Q36 el galón de súper, y en la zona Reina de Uspantán, los precios llegan hasta Q37.

María de los Ángeles de Corzo, delegada departamental de la DIACO, confirmó los aumentos en combustibles y en diferentes productos, al explicar que ellos realizan constantes monitoreos en gasolineras y mercados, pero los propietarios argumentan que el cobro de fletes y de los combustibles están más altos, y por ello tienen que trasladar el precio a los consumidores, de lo contrario, perderían.

¿Panorama alentador?

Durante el Gabinete Económico, el presidente del Banguat, Sergio Recinos, expuso sobre la coyuntura económica reciente y perspectivas 2022, en donde se informó que Guatemala tiene un crecimiento económico de 4.5, que hay confianza en el clima de negocios, que las exportaciones crecieron 22.5 y las importaciones  en 46.1.

En cuanto a  desafíos y oportunidades del sector transportista, el representante de los transportistas expuso la importancia de la infraestructura y el evitar retardos en aduanas, al indicar que “hay fortalecimiento en el ente rector del transporte”, y recalcó la importancia de fortalecer instituciones para la prevención vial. Sin embargo, enfatizó en la necesidad de la certeza jurídica, y de crear una nueva Ley de Transporte Terrestre y una Política Pública para el Transporte Terrestre, entre otros temas.

Respecto al tema, también se abordó la importancia de mejorar la infraestructura, atender la demanda de servicios por vía aérea y, la importancia de un canal periférico a México. Además, la necesidad de mejorar los tiempos en despachos aduaneros, que se asegure la rectoría y gobernanza del sector y la modernización tecnológica empresarial, entre otros temas.

Petróleo sigue en ascenso

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró ayer con un aumento del 1.9%, hasta US$91.91 el barril, por el temor a que la escalada entre Rusia y las potencias occidentales pueda derivar en un eventual corte del suministro del crudo.

Según datos al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en abril sumaron US$1.70, con respecto al cierre anterior.

El petróleo de referencia en EE.UU. subió después de que Putin reconociera la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donestsk y Lugansk, en territorio ucraniano, y enviara tropas.

En reacción a esta escalada, el presidente estadounidense, Joe Biden, anunció ayer un paquete de sanciones económicas y amenazó con imponer más en caso de que la escalada rusa siga en aumento.

Rusia es el segundo gran exportador de petróleo después de Arabia Saudí y el mayor productor de gas natural.

Sin embargo, varios analistas consideran que el aumento de los precios ante el nuevo capítulo de las tensiones no ha sido muy acentuado, lo que indicaría que los mercados no consideran la posibilidad de que los flujos de petróleo y gas se puedan ver gravemente afectados por la crisis.

“La falta de respuesta en los precios enfatiza que el mercado no está tomando en serio la amenaza de que los flujos de petróleo y gas natural rusos sean sancionados o cortados por una guerra”, indicó el Troy Vincent, experto de la firma DTN, citado por la web especializada Market Watch.

Por otra parte, los contratos de gas natural para entrega en abril sumaron más de 8 centavos, hasta los US$4 mil 461 por cada 1.000 pies cúbicos, y los contratos de gasolina con vencimiento el mismo mes subieron 4 centavos, hasta 2,85 dólares el galón.

(Con información de EFE)

Crecimiento e inversión

“El crecimiento económico alcanzó el 7.5% del Producto Interno Bruto (PIB), en medio de la pandemia porque se tomaron medidas contracíclicas”

Uno de los principales temas que resaltó el gobernante es el crecimiento económico de 7.5% en el 2021, lo que se habría logrado en medio de la pandemia con medidas contracíclicas tomadas por las autoridades, para seguir siendo un país estable macroeconómicamente y reconocido por las agencias calificadoras de riesgo de manera positiva, como un sistema financiero solvente y sólido que garantiza la genera confianza a los inversionistas.

“Quiero resaltar que con la estrategia Guatemala no se Detiene, hemos demostrado, y espero que no lo olvidemos, que con el esfuerzo conjunto entre Gobierno y sector privado impulsando la respiración económica y social, hoy estamos mucho mejor de lo que podríamos haber quedado”, dijo. Por lo que en los próximos años, esta sería una ruta establecida con la que se logrará la transformación económica del país.

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Resaltó crecimiento de 22% en exportaciones y haber triplicado la meta de inversión extranjera directa (IED) llegando a US$3 mil 400 millones, así como en el crecimiento récord de las remesas que llegaron a US$15 mil 295.7 millones.

Contraste

“Influyeron condiciones externas”

El director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo, Paul Boteo, comentó que si bien la tasa de crecimiento económico fue alta, se debió principalmente a condiciones externas favorables para el país, como el resultado de políticas monetarias y fiscales en Estados Unidos, lo que tuvo un impacto indirecto en Guatemala a través de crecimiento de 35% en las remesas, comportamiento que no se veía más de dos décadas, y eso ayudó a dinamizar el consumo en el país.

En el caso de las exportaciones, mejoraron como efecto del aumento de precios de diversos productos como azúcar y café, y el aumento de la demanda de bienes como vestuario y textiles.

“Creo que es muy difícil hablar que el crecimiento económico es atribuible principalmente a acciones del gobierno. Lo que hubo, más que todo, fueron condiciones internacionales que favorecieron al país”.

Considera que la atracción de inversión extranjera directa (IED) pudo verse influida por una mejora en las perspectivas que generó la aprobación de varias leyes, incluyendo las reformas a la de zonas francas, pero también se debe tomar en cuenta que el país no tuvo cambios estructurales internos que impulsen más la productividad.

También cree que el crecimiento de IED como en el 2021 no es sostenido, ya que la alta cifra se debió a la transacción extraordinaria de Millicom.

Empleo

“Registramos más de 100 mil nuevos empleos formales”

El mandatario mencionó que “registramos más de 100 mil nuevos empleos formales con relación al año 2020”, que representa un crecimiento del 7.8% más de afiliados al Instituto guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) respecto a la prepandemia. “Es decir, hoy hay más empleo formal que en el año 2019 y eso es un logro de todos los guatemaltecos”. Con ello se llegó a 1 millón 389 mil 916 afiliados al IGSS según el informe de gobierno.

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En el documento se indica que con la inversión extranjera directa se propició la generación potencial de 18 mil empleos, y que otros 17 mil 630 se generarán con la inversión en 76 proyectos confirmados.

Además, que trabajaron en ferias virtuales de empleo, el programa de empleo temporal para migración ordenada y en capacitación.

Aunque no mencionó el impacto de la pandemia en el turismo, que provocó la pérdida de miles de empleos, habló de forma positiva y refirió que llegaron al país cuatro nuevas líneas aéreas y hay un gran número de empresas turísticas registradas en el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).

Contraste

“Las empresas llamaron a sus trabajadores”

Según el informe de gobierno, al 31 de diciembre del 2021, hay 1 millón 389 mil 916 afiliados al IGSS que representan 100 mil 34 empleos formales más, respecto al cierre del año 2020.

Aunque en el discurso, Giammattei atribuyó ese dato como nuevos empleos formales, las cifras del IGSS reflejan que en el 2020 hubo una reducción de 60 mil 940 trabajadores afiliados cotizantes y a junio, el mes más crítico de ese año, se habían perdido 111 mil  499 afiliados, por lo que no todos los empleos son nuevos, sino que al darse la reapertura de actividades después de varios meses de restricciones, las empresas volvieron a llamar a sus trabajadores.

La cifra del 2021, solo representa 39 mil 95 más que la de 1 millón 350 mil 821, que ya se reportaba en el 2019.

Al respecto, Pedro Prado, analista de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asíes), considera que el número de nuevos afiliados también es por el efecto rebote en la economía. Citando las cifras del IGSS, menciona que el crecimiento de afiliados en el 2021 respecto al 2020 es de 7.75%, pero en comparación con el 2019 son solo alrededor de 39 mil afiliados más, que representan 2.89%.

“Sí hubo generación de nuevo empleo, pero no los 100 mil de diferencia en el número de afiliados”, agregó.

Aparte de pérdida de empleos y cierre temporal o definitivo de empresas en el 2020 por las restricciones de actividades, los patronos tuvieron la oportunidad de suspender por varios meses a los empleados mediante el Fondo de Protección del Empleo.

Recaudación

“Se logró el aumento en un 21.3% de la recaudación tributaria, cifra récord”

El mandatario expuso que se logró el aumento de 21.3 por ciento en la recaudación tributaria (respecto a la meta de recaudación), calificándola como una cifra récord que alcanzó los Q77 mil 625.8 millones. La cifra también representa alrededor de 24% respecto al 2020, refiere otra parte del informe.

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Giammattei agregó que gracias a esa recaudación histórica, el presupuesto de este año no tiene nuevos préstamos por lo que ofreció no contratar más deuda para no seguir generando compromisos para las generaciones futuras.

Según el informe ejecutivo distribuido por internet “fue el año con el mayor monto registrado…” en la recaudación tributaria y se sitúa “en 14% con respecto al PIB”.

El presidente reconoció en su discurso que para el 2022 el Congreso de la República aprobó un presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado por Q106.21 mil millones, desde el 2018 no se lograba aprobar un plan de gastos en ese organismo y se venía arrastrando el de eses año.

Contraste

“Es un espejismo”

Se debe tener cuidado con las cifras de crecimiento que dan tanto para el PIB como para la recaudación, indicó Edgar Balsells analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac).

El monto de recaudación tributaria aumentó casi 22% con respecto del 2020, pero es un espejismo ya que los ingresos de ese año cayeron, por lo que uno de los factores que influyen es el rebote, expuso.

Según cifras oficiales dadas a conocer cada año, la recaudación del 2020 cayó -5.4% respecto a la meta fijada para ese año, y -3.3% comparado con los ingresos del 2019.

Aunque se hable de montos mayores de recaudación, la carga tributaria sigue rondando el 10%, agregó. “No se puede hablar de una mejora tributaria, si la relación entre ingresos tributarios y PIB sigue siendo del alrededor del 10%”.

Señaló que gran parte de los tributos proviene del ISR asalariados y del IVA por compras. Y en este año tuvo un impacto positivo el IVA de importación, por el alza en los valores o precios internacionales y en los fletes.

Respecto a la deuda mencionada por Giammattei, el gobierno y el Congreso prefirieron el endeudamiento con bonos.

Infraestructura

“Se logró mejorar 1,152 kilómetros de carreteras por parte de ellos (el Ejército) en caminos terciarios”

El presidente también mencionó tanto en el discurso como en el informe escrito, la ampliación de la red vial en el país.

Y refiere que se sumaron 1 mil 256 kilómetros de infraestructura vial (carreteras primarias, segundarios y terciarias) y puentes con una inversión de Q1 mil 763.7 millones. Además, que se llevó a cabo el mantenimiento de 12 mil 166 kilómetros de red vial pavimentada y caminos rurales con inversión de Q1 mil 397.5 millones.

También señala que se reforzó con diversidad de maquinaria y equipo al Cuerpo de Ingenieros del Ejército para la construcción de carreteras y la perforación de pozos, con lo que se logró mejorar 1 mil 152 kilómetros de caminos terciarios.

Aparte de que en el 2021 hubo una inversión pública por Q15 mil 807.1 millones. Entre otros, “se conectó a 13 mil hogares al servicio de energía eléctrica y se invirtieron Q51.2 millones en alcantarillados y Q26.8 millones en acueductos”.

Contraparte

“Se priorizaron los caminos rurales”

El actual gobierno decidió enfocarse en invertir más en caminos y carreteras en áreas rurales, indicó Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).

A su criterio, es evidente la inversión en Quiché, San Marcos, Huehuetenango, Alta Verapaz y otros, aspecto que ha sido positivo para conectar comunidades muy rurales con mercados importantes, lo cual les permite más acceso a alimentos y a servicios.

Una de esta carreteras es la denominada 7W que conecta Quiché con Alta Verapaz vía San Cristóbal. Según Zapata, es posible que las personas que vive en el área metropolitana no lo notan, pero ha habido avance.

“El reto que tiene el gobierno para los dos próximos años es priorizar los proyectos dentro del área metropolitana y corredores económicos identificados en el plan Guatemala no se Detiene, para fortalecer la capacidad productiva del país que incluye  el Puente Belice 2 y la ruta Express, entre otras conexiones viales, como la que conecta México con Escuintla, Retalhuleu y Mazatenango”.

El otro desafío es que los montos de inversión siguen siendo muy bajos para lo que necesita el país para desarrollo de infraestructura y capital fijo, ya que solo se invierte el 1% del PIB en carreteras, cuando se debería destinar entre un 5% y 6% .

Tras el COVID-19, el 72% de emprendedores sufrió pérdidas por más del 34% de sus ingresos mensuales. La razón principal fue que no estaban preparados para llevar su negocio al mundo digital, según datos del Diagnóstico de Emprendedores realizado por la Asociación de Emprendedores de Guatemala, en abril de 2020.

Muchos empresarios y emprendedores gastan grandes sumas de dinero cada año para mantener sus activos digitales (página web, facebook, instagram, aplicación móvil, etc), sin saber si realmente son rentables -si no está en internet, no existe- dicen.

Pero no sólo es estar o tener un correo, porque cada activo digital de la compañía debe aportar valor para hacerla crecer. Le comparto cinco principios para trazar la Ruta Digital de su negocio:

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1. Estatus: Seguramente, usted tiene una página en Facebook o Instagram, en la que promueve sus productos o servicios. Tal vez cuenta con ambas o como muchos emprendedores, las tiene todas, pero no logra darle seguimiento a ninguna. Lo mismo ocurre con su página web, lo sé. ¿Alguna vez se ha cuestionado si sus activos digitales son una inversión o un gasto? De recursos, tiempo, dinero. ¿Qué activos tiene? ¿Cuántas visitas? ¿Cuántos seguidores? ¿En qué posición aparece su negocio en Google? ¿Cuánto vende en sus canales digitales? O sea que debe realizar un diagnóstico de la situación digital de su negocio.
2. Definición: Prepararse para el mundo digital no consiste en comprar las mejores herramientas digitales o inyectar grandes cantidades de dinero en publicidad en línea, cuando ya tiene un estatus de sus activos digitales. Lo primero que debe hacer es definir un propósito para cada uno y preguntarse si este transmite un valor real.

Ejemplo:

• ¿Maximiza mis oportunidades de hacer negocios?
• ¿Facilita el acceso a los servicios que ofrezco?

3. Estrategia: No es hacer un excel con frases inspiradoras y publicaciones para sus redes. La única manera de diseñar una estrategia es aprender de los errores; analizar constantemente cómo se comportan los usuarios de sus activos digitales; el segmento de mercado al que se dirige; y qué está haciendo su competencia con sus activos. Esto le ayudará a identificar oportunidades para incrementar sus ventas y mejorar la experiencia de sus consumidores. Hay que definir los objetivos que tendrá cada activo digital para cumplir su propósito y la manera como va a medir el logro de esos objetivos.
4. Transformación: Es necesario que la forma de pensar tradicional se convierte en una manera de pensar y actuar en digital. Principalmente para usted y en cascada, hacia sus colaboradores. Cuando define acciones concretas que suman a un objetivo que es parte de su propósito, cada paso que avance en la Ruta Digital será más preciso. Y por ello, el posicionamiento digital es vital para impactar en el crecimiento de su negocio.

Si continúa leyendo este artículo, habrá notado que hasta ahora no hemos hablado de ninguna herramienta digital, licencias, software, etc. Ni hemos utilizado términos exóticos como CRM, ERP, engagement, ux, conversion rate, loyalty, funnels, target, stakeholder, SEO, SEM, tracking, performance, tir, vpn, scrum y otros.

Esto se debe a qué la Ruta Digital comienza con los recursos que tienes disponibles, y esos son el insumo más importante para, gradualmente, establecer objetivos y acciones que llevarán su negocio por ese camino.

5. Delimitación: Finalmente, también es importante delimitar hasta qué punto está su negocio dispuesto a aceptar el riesgo o la pérdida asumible, si una acción propuesta no obtiene los resultados previstos al ser ejecutada. Esta debe definirse para cada acción propuesta y le facilitará la toma de decisiones, principalmente en momentos de incertidumbre.

En resumen, para definir la Ruta Digital de su negocio debe contar con un estatus de sus activos digitales y seleccionar los que son una inversión; definir un propósito para cada activo; trazar una estrategia basada en el aprendizaje, la información de sus activos y de la competencia; identificar acciones concretas, medibles y realizables -en digital-; y establecer las pérdidas que puede afrontar, en caso de incertidumbre.

Ahora bien, estos principios son sólo el primer paso para que su negocio maximice sus oportunidades de éxito en el mundo digital. Y definitivamente, es la guía que le ayudará a prepararse para tomar decisiones. Principalmente, si quiere empezar a vender o incrementar sus ventas por internet.

***

El autor es presidente de la Asociación de Emprendedores de Guatemala. contacto@joserivas.gt

Por lo tanto, el tema se incluyó en el informe de evaluación de la política monetaria, cambiaria y crediticia a noviembre 2021 y las perspectivas para 2022 que conoció la Junta Monetaria (JM) en diciembre último.

El apartado se denomina “Análisis del efecto del incremento de los costos de transporte marítimo y de los insumos agroindustriales en la inflación”, en el que se plantean tres escenarios de los posibles efectos en la economía guatemalteca del alto costo del transporte de las importaciones, el precio de los fertilizantes y el de los combustibles, considerando que se trata de insumos clave para varias actividades productivas del país.

El documento confirma que en “los últimos meses se han observado una serie de ajustes al alza en los precios de algunos productos importados que son utilizados en el proceso de producción industrial” y eventualmente, esa situación impactará los bolsillos de los consumidores nacionales, así como en los hogares.

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¿A qué se debe?

El análisis oficial indica que la pandemia del covid-19 ha implicado una serie de cambios significativos en los procesos productivos a escala global, lo que incide en Guatemala y se reflejó inicialmente en restricciones de demanda y de oferta por las medidas implementadas para minimizar los contagios.

A medida que los países fueron avanzando en el proceso de vacunación, se liberaron dichas restricciones, lo que implicó un incremento acelerado en la demanda de algunos bienes y servicios, que no pudo ser acompañado por un aumento equivalente de la oferta y esto provocó que se observaran “cuellos de botella” en algunas de las principales cadenas de suministro, a lo cual se le adicionaron los problemas logísticos en el transporte marítimo que están ocasionando alzas de precios desde hace varios meses.

Por lo tanto, el modelo indicado mide el impacto total de dichos incrementos de precios en la cadena de valor de la economía guatemalteca, “lo que implica que la incidencia total es un resultado de impactos transmitidos por medio del encadenamiento productivo del país, mediante el efecto en cada industria, entre industrias y en el consumo final”.

El planteamiento

En el escenario 1, se muestra que las referidas alzas en los precios de los productos importados exhibirían un aumento en el nivel de precios de la economía equivalente a 0.53 puntos porcentuales (p.p.), con un impacto más fuerte en el consumo final de los hogares de 0.44 p.p.

En el escenario 2, se presenta un incremento de 0.71 p.p., que afectaría principalmente el consumo final de los hogares, con un aumento de 0.56 p.p.

Finalmente, en el escenario 3, el aumento sería de 1.05 p.p., también con un efecto directo en los hogares, equivalente a 0.89 p.p.

Es importante indicar que los resultados indican que el impacto más representativo en los tres escenarios corresponde al alza en los precios de los combustibles, puesto que estos son utilizados con mayor intensidad de forma directa como insumo en la mayoría de las industrias, así como por parte de los hogares.

Un ejemplo de ello fue el incremento de precios del gas propano, que fue contrarrestado por medio de un subsidio que vencerá en febrero, para lo cual se destinaron Q150 millones.

Interpretación

Guido Rodas, exintegrante de la JM, advierte que en esta ocasión se cree que la inflación es por el lado de la demanda, por un excedente de iliquidez -dinero en circulación- y la política monetaria entra a ser restrictiva a través de operaciones de mercado abierto que recoge dinero del público. Al haber escasez del dinero, baja la demanda y por lo tanto los precios.

Sin embargo, ahora se observan altos precios internacionales de petróleo y el incremento del 300% de los costos marítimos, lo que impacta en los costos de producción, lo que ya es una inflación de oferta y no de demanda.

Recordó que cuando se presenta una inflación de oferta, la política monetaria no puede hacer mucho, sino que ahí entra como refuerzo la política fiscal y la arancelaria, como se hizo en el subsidio al GLP.

En todo caso, remarcó que en varios países la inflación golpeó hasta en dos dígitos y en Guatemala no se reflejó tanto y es probable “que la inflación que se está reportando es la mitad de la que realmente es”. En el 2021 se estima que la inflación cerró en 3.25% indicador que estaría dentro de la meta establecida por la JM; y para el 2022, la proyección es de 3% a 5%.

Al preguntarle ¿quién pagará? Rodas manifestó que será el consumidor final. “El que paga cuando se suben impuestos y los costos de producción, es el consumidor final porque es a quien se transfieren esos gastos; el comerciante paga más caro, pero se lo pasa a los clientes”, aseveró.

Citó como ejemplo, que, al subir el costo del diésel, también sube el costo del transporte de carga, que traslada alimentos del área rural hacia el mercado. Ahí, los productos son comprados por el consumidor final, a precios más altos.

Sergio Recinos presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria (JM) hizo un repaso de lo que se espera para este ejercicio en el país, la revisión de algunos indicadores y su recuperación; el año preelectoral; la dependencia de la economía de EE. UU., así como la evolución y control de la pandemia a escala global y local.

También resalta las decisiones que pueden adoptar las autoridades de la Reserva Federal de Estados Unidos, la cual generaría una reacción en el resto de las economías, incluyendo la guatemalteca, pero llama a la calma y tranquilidad. Esta es parte de la conversación con Prensa Libre:

¿Cuáles son las perspectivas económicas para 2022?

Estamos percibiendo un año bastante bueno, robusto y con un crecimiento económico con un rango de 3.5 a 5.5% con un valor central de 4.5%.

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Este crecimiento, que si bien es menor al 7.5% del 2021, sigue siendo alto y supera los últimos 10 años del indicador; y en la medida en que se vayan consolidando algunas cuestiones en los sectores productivos, eso podría ir subiendo.

¿Cómo se visualizan los principales indicadores?

Estamos previendo 4%, que es el valor central de la meta establecida por la JM. En exportaciones, un crecimiento entre 6% y 9% con valor central de 7.5%. Y aunque en el 2021 crecieron 22%, esto se irá estabilizando, mientras que se esperan importaciones con un aumento de entre 6% y 9%, con un valor núcleo de 7.5%, aparte de incremento de US$1 mil 500 millones en las Reservas Monetarias Internacionales.

Las remesas familiares prevemos que se estarán regularizando para situarse en 9.5% a 12.5%, la emisión monetaria en 10.5% y crecimiento normal; el crédito bancario al sector bancario, 10%, y el déficit fiscal presupuestado en 2.8%, que estará consolidando la política fiscal.

Ahí como banco central, hemos sido claros en la necesidad de que la política fiscal se vaya ajustando nuevamente y alcanzar un déficit de 2%, para que la deuda no continúe creciendo, tal como ocurrió en la crisis del 2008, cuando dio un “brinco” y luego se estabilizó. Eso es positivo y lo  valoran las agencias calificadoras de riesgo.

En el tema de la inflación, ¿ustedes perciben algún riesgo?

No. Por supuesto que cuando se estima a largo plazo hay incertidumbre, pero en este momento no estamos percibiendo riesgos que se puedan salir de control.

La JM estará atenta y si en la inflación llegara a subir con un carácter no temporal, pues habrá que reaccionar con tasa de interés, pero por el momento no lo estamos viendo, pero si hay una cuestión técnica ahí a la que llamamos “brecha de producto”, que con el crecimiento económico del 7.5% en el reciente año, quiere decir que estamos muy arriba del nivel potencial y este año con 4.5%, también estaríamos arriba.

Entonces, uno no debe descartar que puede haber presiones de demanda, y como la oferta no aumenta en la misma proporción, si eso se fuera materializando habría que reaccionar, pero repito, la inflación estaría bajo control y estaremos atentos a cualquier situación.

El precio internacional del petróleo ya bajó de noviembre a diciembre, hubo un subsidio al gas propano y vamos a estar atentos a lo que pase cuando este desaparezca, pero dependerá cómo evolucione el precio.

¿Cómo está la inflación en Estados Unidos?

Reitero: riesgos importantes no estamos viendo, pero en el caso de Estados Unidos, si está en niveles históricamente altos, y en este momento lo que se discute a nivel de mercado, es la probabilidad de que la Reserva Federal pudiera anticipar aumentos en la tasa de interés, en cuyo caso, los demás bancos centrales tendrán que reaccionar.

Cuando la Reserva Federal acciona, primero lo siguen las demás economías avanzadas y luego las emergentes, tratando de evitar movimientos de capital de corto plazo para no dañar a las economías.

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Ahora, un riesgo derivado de esa inflación en EE. UU., es una inflación importada en Guatemala, pero muchos de los productos que han tenido alzas en la importación, no están en la Canasta Básica de Alimentos (CBA) que conforman el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por ejemplo, un queso francés ha subido entre Q10 o Q20, pero no está en la CBA y no es de consumo popular y así hay muchos artículos en los que hay un contagio en la inflación importada, pero que no están dentro la medición del IPC.

Algunos agentes económicos están reaccionando ante posibles escenarios de inflación y lo ven con preocupación. ¿Cuál sería su posición?

A la población en general diría que no tiene que preocuparse por una presión inflacionaria en exceso, y de momento la estimación es del 4%. Son inflaciones moderadas que, lamentablemente siempre hay, y la meta establecida para una economía pequeña.

A veces hay percepciones y lamentablemente algunos analistas económicos las alimentan sin fundamento. Si hay aumentos de productos importados, pero que no forman parte de la CBA que calcula el INE, ahí no se va a reflejar.

En términos del IPC diría que podemos estar relativamente tranquilos y si es cierto que EE. UU., hay una inflación alta, las autoridades de ese país tendrán que reaccionar, pero contagio directo, no hay.

¿Qué riesgos se prevén para la economía en este año?

Principalmente, los asociados a la evolución de la pandemia que es a escala global y sobre la economía guatemalteca. Es sabido que el acceso y distribución de las vacunas ha sido desigual y que la producción no ha sido suficiente para atender especialmente la demanda de países en desarrollo.

Está el surgimiento de nuevas variantes que es algo a tomar en cuenta y en la medida en que surjan nuevas cepas y que las vacunas no sean tan efectivas, será necesario elaborar nuevas vacunas. Eso podría retrasar el crecimiento económico mundial y del país.

En Guatemala, aproximadamente el 34% de la población total está con esquema completo y eso es positivo; alrededor del 15% tiene una dosis y el 49% de la población estaba vacunada al 10 de diciembre pasado, lo que se ha reflejado en la curva de contagios, que ha venido disminuyendo sustancialmente.

En el último semestre se acentuó esa vacunación y hay disponibilidad de dosis, nuevas donaciones y han ingresado cargamentos de vacunas compradas. También hemos visto una campaña más sistemática, llamando a la población a la inoculación.

Un tema fuera del aspecto económico es que 2022 es un año preelectoral, ¿qué influencia puede haber?

En estos periodos se empiezan a observar algunas posiciones adversas en diversos temas ya asociados al ámbito político. Lo bueno fue que se aprobó el presupuesto para este año, que le permitirá al Gobierno realizar una ejecución más rápida y empezar desde enero con la ejecución, lo que también es positivo para el crecimiento.

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El 2023 ya será un período electoral y a nivel económico no hemos tenido propiamente grandes fluctuaciones en años de contienda, pero también hay que estar atentos a quienes son los candidatos, cómo van surgiendo y cómo se desempeña la campaña.

Yo pensaría que, en 2022, siendo un año preelectoral, una amenaza directa no hay, pero va a haber divergencias en opiniones o criterios, especialmente en el segundo semestre, y algunas posiciones encontradas.

Por último ¿qué avances hay sobre el Quetzal Digital?

Se formó un grupo técnico que desde 2021 está trabajando en ese esquema; las monedas digitales de los bancos centrales es algo que lleva un poco más de tiempo, que las sin respaldo.

Son monedas que si se sacan vienen para quedarse, no son temporales y se tienen que analizar sobre todo en la parte tecnológica, que es compleja en cuanto a los impactos en los sistemas de pagos, plataformas y otras situaciones. Pero más o menos lo que están realizando los bancos centrales en esta fase es observar todas estas aristas y la idea es poder sacar un prototipo.

Sería un plan piloto en unos dos o tres años, ver si funciona bien y si es lo que están haciendo la Unión Europea y otras economías avanzadas, entonces se sacaría la moneda digital como algo permanente.

Considero que este tema se vendrá acelerando a escala mundial y lo bueno para Guatemala es  que permite tener más contacto con los especialistas de economías avanzadas y el tiempo invertido en las diferentes etapas, lo que nos daría ventaja para reducir cada período, tomando en cuenta esas experiencias.

El 18 de noviembre de 1996 se promulgó la Ley de Telecomunicaciones y fue creada con el objetivo de abrir el mercado a la competencia y transformar el monopolio estatal. Incluso, fue ejemplo para otros países y durante un tiempo impulsó el aumento de la cobertura en la prestación de varios servicios.

Pero 25 años después pasó del amanecer al ocaso al convertirse en una ley obsoleta y poco apegada a los cambios de transformación digital que vive el mundo, de manera que el país parece haberse estancado en el proceso de modernización.

Sin embargo, en la oscuridad parece haber una chispa que intenta posicionar a las telecomunicaciones en un motor de desarrollo, no solo en el ámbito económico sino social, por la importancia que ahora representan en temas fundamentales como la educación, salud, ciencia y trabajo, entre otros, que son necesarios para mejorar la calidad de vida de la población guatemalteca.

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“Una tarea difícil de alcanzar, si no se logra revisar y adecuar la ley al entorno dinámico y en constante evolución de las telecomunicaciones, teniendo en mente el desarrollo del país, sin intereses particulares”, expresó Samuel Reyes Gómez, uno de los impulsores de la ley, en su columna titulada: 25 años de la Ley General de Telecomunicaciones, publicada en noviembre pasado en Prensa Libre.

El columnista planteó que 25 años después, están operando las mismas dos empresas que empezaron: Telgua, con su filial móvil PCS (Claro) y Comcel ahora Millicom (Tigo). Subsisten algunas pequeñas empresas con escasa participación de mercado; es decir, que volvimos al punto de partida, aunque durante el proceso observamos un importante crecimiento en la penetración de los servicios, especialmente del 2004 al 2013, cuando se multiplicó por 10 la cantidad de servicios móviles.

Gomez enfatizó que el mercado de servicios móviles está saturado. Y aunque desde el inicio se logró controlar el problema del subsidio cruzado que había entre los servicios internacionales y locales en la época del monopolio, otros problemas siguen afectando a los usuarios, como las altas tarifas que se pagan por acceso a internet y los cobros telefónicos diferenciados por operador de destino, estas últimas totalmente injustificadas por el hecho de que dichos operadores forman ya parte del mismo operador que presta los servicios.

Raúl Solares, especialista en temas de Telecomunicaciones y consultor independiente, consideró importante impulsar reformas que incentiven el crecimiento de la infraestructura y tomando en cuenta el anuncio de inversiones millonarias como la que confirmó Millicom en el país, requieren de un marco regulatorio apropiado.

Marco Antonio Baten Ruíz, Superintendente de Telecomunicaciones (SIT), reconoció que el país tiene un rezago de aproximadamente 10 años en el servicio de las telecomunicaciones, y se debe principalmente a los cambios acelerados de la tecnología y a que esta evoluciona “demasiado rápido”.

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Reordenamiento de frecuencias

El funcionario comentó que en el marco de los 25 años de la Ley de Telecomunicaciones, se está  trabajando en dignificar la labor de la entidad y reforzar el enfoque del 100% de sus funciones tanto en el tema de frecuencias (30%), telefonía (30%), registros de comercializadores (30%) y el otro 10%, en temas administrativos, jurídicos y representación a nivel internacional, tanto ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) como en la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones (Comtelca), donde actualmente Guatemala ocupa la vicepresidencia.

Baten mencionó que uno de los cambios más importantes está en el tema de frecuencias, específicamente los que se establecen en la Tabla Nacional de Atribuciones de Frecuencia (Tenaf), dado que debe actualizarse cada cuatro años.

La nueva Tenaf entró en vigencia en el 2021 y muestra los diferentes rangos de frecuencia disponibles y los servicios que pueden explotar.

Esto tiene que ver con el reordenamiento de los diferentes rangos de frecuencia, que son importantes para el crecimiento de los servicios, pero deben adaptarse a las necesidades de quienes las utilizan, explicó.

La Ley de Telecomunicaciones establece que se deben otorgar 20 años de usufructo a los títulos, pero el reordenamiento es necesario para poder trasladar los servicios a donde corresponda, para poder crecer, y los usufructuarios puedan llevar a cabo las inversiones en compra de equipo, agregó Baten.

Sin embargo, hay personas que retrasan ese reordenamiento y muchas veces no son necesariamente los usufructuarios quienes interponen recursos legales que requieren de un proceso e involucra a varias instancias, hasta dilucidarlo.

Nuevos indicadores

El Superintendente de Telecomunicaciones afirmó que próximamente, la SIT publicará un aproximado de 200 indicadores nuevos ya establecidos a nivel internacional y que tienen como objetivo actualizar la información relacionada con la penetración de banda ancha en el país, numeración fija y móvil, entre otros.

“Guatemala se encuentra entre los países que menor cantidad de estadísticas genera y tenemos datos muy antiguos que no reflejan el crecimiento que estamos viviendo”, expresó Baten.

Estos datos ya se publican en el Boletín que elabora la SIT, pero la diferencia es que se pedían datos a los operadores con un límite de ancho de banda que ya no es manejable actualmente. Por ejemplo, el ancho máximo que se media era de 256 kbps, “y esa ya no es la medida”, resaltó Baten.

Actualmente, nos encontramos en una cuarta y quinta generación, por lo tanto, la tercera generación cubre velocidades desde los 10 hasta los 100 megas y una cuarta generación va desde los 100 megas hasta los 1,024 Mbps (1 Gbps).

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En ese tema, Solares, exsuperintendente de la SIT, compartió que esa iniciativa del cambio de indicadores se había propuesto desde el 2017, pero no se concretó porque los operadores se oponían a actualizar los datos dado que la ley no faculta a la SIT a pedir esa información. “Si al final la SIT logró que los operadores actualicen la información, será algo positivo porque se contará con datos más reales”, destacó.

Según la información que manejan entidades internacionales, el país tiene una penetración de banda ancha de únicamente un 30%, y se basan en datos del Sistema Global para las Comunicaciones Móviles (GSM).

Hay más de 22 millones de teléfonos en Guatemala, pero la percepción de que hay más móviles que personas, no siempre es positiva porque eso significa que hay que tener al menos dos aparatos porque la cobertura no es buena, agregó el consultor.

Solares refirió que muchas veces no es tan importante la penetración del teléfono móvil como de quienes hacen uso del internet y dónde hay señal para transportar datos en al menos 3G. Además, uno de los objetivos es volver asequible el acceso a internet, puntualizó.

Las modificaciones aprobadas por el Consejo de Anadie (Conadie) por medio de la resolución 5-2021 ya están vigentes y las entidades podrán solicitar que den inicio las fases de identificación, admisibilidad, planificación y evaluación del proyecto.

El requisito es que sean iniciativas de infraestructura que viabilicen el desarrollo económico en las áreas de impacto, por lo que no se trata de cualquier obra o carretera, explicaron autoridades.

Algunos ejemplos de donde se podrán aplicar son:

• En el área económica, iniciativas como centros logísticos, mercados, pasos fronterizos, centros culturales o turísticos y parques temáticos.
• Transporte público masivo, parqueos, centrales de transferencia. O proyectos más grandes como sistemas ferroviarios de carga o de pasajeros.
• En el área vial se mencionan carreteras, sistemas de seguridad y puentes.
• Edificios de gobierno, sistema penitenciario o proyectos de usos mixtos.
• En saneamiento, se incluyen gestión de residuos y desechos sólidos (como rellenos sanitarios o plantas de tratamiento).

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Mientras que en el área de telecomunicaciones, puede ser la instalación de puntos y nodos de internet con 4G en municipios del área rural para aprovechar mejor la comunicación en línea y el internet gratuito. En el caso de energía, se pueden evaluar proyectos con energías limpias, pero es más difícil, ya que tienen sus propias condiciones en la Ley de Energía y en la Ley de Incentivos.

El Consejo ya recibió dos iniciativas de proyectos en la segunda quincena de diciembre. Una es para instalar centros de acopio y otra para manejos de desechos sólidos y generación de energía a través de biogás, que manejaría el reciclaje de residuos para aprovechamiento de pequeñas y medianas empresas (pymes). Estos son impulsados por el Ministerio de Economía.

Kevyn Rodrigo Valencia, director Ejecutivo en funciones de la Anadie, comentó que ya se diseñó una estrategia de implementación y hay acercamientos con la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) y el Instituto de Fomento Municipal (Infom) para trabajar de forma conjunta con las municipalidades, mapear a las que tienen potencial alto y su necesidad de infraestructura.

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Además, ya se están haciendo gestiones en municipalidades del área metropolitana y otras como las de Puerto Barrios, Villa Nueva y Mixco. La idea es trasladarles capacitación sobre el manual de iniciativas y cómo podrían aprovechar esta opción.

Bajo la nueva normativa se les podrá ayudar a hacer estudios, estructuración de proyectos y preinversión, así como definir si hay viabilida para una alianza público-privada (APP). Con ello se agilizarán las posibilidades y podrán llegar de forma directa a las entidades del Estado.

Incluso, buscar los proyectos que las municipalidades tengan, no necesariamente al grado de estudios, sino que pueden ser ideas que se podrían desarrollar. Los estudios podrán ser costeados con el presupuesto de Anadie o con recursos de la cooperación internacional, se agregó.

Limitaciones

Valencia explicó que, en el ámbito de aplicación de la Anadie, hay ámbitos a los cuales tienen limitado llegar, debido a disposiciones en la Ley respectiva, como educación, salud y agua, pero pueden tener un enfoque más local en temas municipales, como centros de acopio, terminales de buses, manejo de desechos sólidos, y otros.

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Por ejemplo, hay municipalidades que necesitan áreas deportivas y parques para actividades sanas, otras requieren terminales de autobuses o carreteras, mencionó.

Marvin de León, gerente de la Anam, dijo recientemente que cualquier medida que le pueda  generar mayores capacidades a las comunas y ayudar a la mejora física y social de los municipios son bien recibidas, pero en este caso, dijo que no tiene conocimiento de estos procesos ni de los acercamientos que se mencionan.

Comentó sin embargo podría ser un apoyo, si los estudios son pagados por la Anadie y podría avanzarse en muchos temas de infraestructura que requieren inversiones considerables y para las que no hay disponibilidad financiera. Aunque si esos estudios deben ser pagados con recursos  municipales, la mayoría cuenta con equipos técnicos que trabajan esos procesos.

Cuáles son los cambios

Con los cambios al manual de iniciativas o proyectos, continúa la obligación de que una APP debe ser aprobada por el Congreso, aspecto establecido en el decreto 16-2010.

Lo que permite los cambios al manual es agilizar la viabilidad de búsqueda de proyectos ya que antes de esas modificaciones, para que una propuesta fuera evaluada por la Anadie debía contar con estudios completos y al cumplir ciertos requisitos, ya se les podía dar prioridad impulsarlos.

Ahora, la Anadie puede apoyar en las fases de identificación, admisibilidad, planificación y evaluación del proyecto, y al llegar a esta fase 4, es donde se decide si es viable para trabajarlo por APP o por inversión pública, y se establece la modalidad adecuada.

Si en la fase de evaluación resulta que el proyecto no es viable como APP, sino que es mejor con obra pública, le son entregadas las copias de los estudios y de las evaluaciones a la entidad estatal que impulsa el proyecto, para que decida cómo continuarlo y qué figura usar para invertir y ejecutarlo, de manera que pueda lanzar su licitación por obra pública.

Si es apto para una APP, la entidad decide si tiene la posibilidad de hacerlo como inversión estatal con fondos propios o por obra pública. Pero, si sigue el proceso como alianza público-privada pasa a la fase 5, que se refiere a la priorización y la Anadie hace estudios complementarios para cumplir con el artículo 37 de la Ley de Alianzas y seguir con los procesos de las fases que son estructuración, licitación pública y ejecución del contrato. Además, según la Ley requiere aprobación del Congreso.

Ayudará a complementar proyectos

Julio Héctor Estrada, ex director de Anadie y exministro de Finanzas, comentó que en la práctica,  este tipo de labor ya se hacía de alguna manera porque no todos los proyectos estudiados resultaban ser para APP.

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Aunque no cree que se vaya a recibir gran cantidad de proyectos, ve aspectos positivos. Uno es que al formalizar esta normativa, se pone a disposición de entes públicos un equipo experimentado en preparación de proyectos, para ordenar procesos o buscar opciones viables dentro de las evaluaciones. Ejemplificó que se podría analizar para el Ministerio de Energía y Minas (MEM) el tema de un campo petrolero que tal vez no se licitará por APP, pero sí por la ley de hidrocarburos.

Con esta decisión, también se está observando la alta necesidad de preparación de proyectos, porque en ocasiones, para hacer uno con APP, hay que hacer otros tres más pequeños alrededor, para lograr conectar el servicio o las vías.

Y considera que la labor de esa Agencia con la modificación al manual de iniciativas, puede ayudar a complementar proyectos y apoyar a la administración pública, que tanta necesidad tiene de infraestructura.

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A la par de dicho comportamiento, sobre las expansiones con nuevas rutas y vuelos, el sector está a la expectativa de las restricciones que surjan en los países por la nueva variante del covid-19.

Motty Rodas, directora ejecutiva de la Agla, dijo que a pesar del buen comportamiento, y que para diciembre se prevé llegar al 100% de ocupación, las compañías no tienen previsto aumentar vuelos por la temporada alta de viajes en diciembre e inicios de enero.

En la actualidad se reportan 25 vuelos en los días de más baja operación y 32 en los más altos, números que se mantienen desde septiembre pasado, añadió.

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La directora catalogó como muy positivo el comportamiento y esperan que en el 2022 continué la tendencia, aunque recordó que durante un año hay temporadas bajas como desde mediados de enero a  marzo. Sin embargo, mencionó que aún no se puede predecir el movimiento de viajeros para el próximo año porque depende de cómo se desarrolle la pandemia del coronavirus. Hasta el viernes 26 de noviembre no se había notado algún efecto en las empresas que vuelan hacia Guatemala, debido a nuevas restricciones que han implementado varios países por aumento de contagios.

Nuevas restricciones

Estados Unidos, Canadá, Italia, Alemania, Francia, Singapur, Reino Unido y otros países anunciaron el cierre de fronteras a los viajeros del sur de África en respuesta a la aparición de la variante ómicron del coronavirus. En Guatemala, el presidente Alejandro Giammattei también lo anunció y tomó una medida similar. En tanto Israel volvió a cerrar sus fronteras a todos los viajeros.

Al respecto de las nuevas medidas, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) expuso que “los gobiernos están respondiendo a los riesgos de la nueva variante del coronavirus en modo de emergencia causando miedo entre el público que viaja. Debemos utilizar lo antes posible la experiencia de los dos últimos años para pasar a un enfoque coordinado, basado en datos que proporcionen alternativas seguras al cierre de fronteras y a la cuarentena. Las restricciones de viaje no son una solución a largo plazo para controlar las variantes del covid”. Aunque aún no estimó el impacto que podría tener el sector.

Rodas mencionó que Guatemala no recibe muchos visitantes de los países incluidos en el listado de restricciones, aunque agregó que aún no hay información clara y real de qué tan contagiosa y letal es esa nueva variante. Y sin datos reales, es difícil proyectar cómo va a afectar a la industria, pero dependerá mucho de los datos que reflejen las investigaciones y la propagación de esta nueva variante, así como la reacción de los países que establezcan nuevas medidas.

Comportamiento actual

“Vemos que los guatemaltecos han retomado la decisión de viajar, quienes quieren hacer compras, visitas o van de vacaciones principalmente a Estados Unidos. Ese es el sector que más hemos visto que se ha movido porque el turismo que viene del extranjero a Guatemala aún está lejos, así como el segmento de viajeros de negocios, ya que las empresas están tomando precauciones para no poner en riesgo a sus trabajadores”, explicó la ejecutiva de Agla e indica que aparte del desarrollo de la pandemia, el comportamiento también será resultado de los avances en la vacunación.

David Hernández, representante de IATA para Centroamérica, comentó que para el caso de Guatemala el comportamiento ha sido positivo en los últimos meses: durante septiembre 2020 el país evidenció una caída del 64.8% en las rutas y dejó de ofrecer alrededor del 84% de las sillas en relación con el 2019.

Sin embargo, con la recuperación de los mercados, durante el mismo mes del 2021, Guatemala ha visto una recuperación de 37 puntos porcentuales en el número de rutas, incrementado la capacidad de sillas ofrecidas en 70 puntos porcentuales respecto a la situación 2020.  “De continuar avanzando de esta manera, el país podría estar retornando relativamente pronto a los niveles prepandemia”, respondió.

Mercados mundiales y domésticos

Hasta la semana pasada, con la evolución de los procesos de vacunación a nivel mundial y la flexibilización de requisitos de entrada y de salida, se ha visto una apertura gradual de los mercados de aviación y para Latinoamérica, los factores de carga en el mercado de pasajeros se han ubicado en alrededor de 77% respecto al 82% que tuvieron en 2019, agregó Hernández.

La demanda mundial de pasajeros en septiembre del 2021 fue 53% menor a la del mismo mes del último año de prepandemia, mientras que en los mercados domésticos, el impacto es menor, agregó el representante de IATA, ya que en ese mismo plazo la demanda fue un 24.3% menos.

Por lo tanto, se espera que los mercados domésticos en el 2021, alcancen casi el 75% de los niveles anteriores a la crisis a finales de este año, pero los viajes internacionales, donde se observa que continúan las restricciones, sólo se espera que alcancen el 22%.

En el 2022 “esperamos que los mercados domésticos estén casi donde estaban en 2019. Pero el mercado internacional se quedará en un 44%”, añadió.

Pequeñas aerolíneas se expanden

En relación con lo anterior, las líneas aéreas guatemaltecas están ampliando su inversión, cantidad de naves, rutas y vuelos, como es el caso de Transportes Aéreos Guatemaltecos (TAG Airlines), que desde mayo pasado logró los niveles de ocupación de la prepandemia, y a noviembre llegó a 82%, aspecto que permite  visualizar un futuro prometedor, indicó Julio Gamero, CEO de la firma.

La compañía abrió en el último semestre tres rutas hacia México: dos desde la ciudad de Guatemala a Cancún y Tapachula y una desde Flores a Cancún, con un vuelo diario en cada una, ya que parte de la expansión es conectar el Mundo Maya con otros destinos.

Gamero también ve de mucha importancia la ruta a Tapachula, ya que, de cada dólar que circula en la economía de dicho lugar, 60 centavos corresponden a la actividad comercial con Guatemala y el resto de Centroamérica.

• En la actualidad, TAG vuela en ocho rutas, de las cuales dos son domésticas como las de Guatemala – Flores, con 5 vuelos diarios en diciembre, y Guatemala -Puerto Barrios, con uno diario.
• También vuela a Belice, El Salvador y San Pedro Sula.
• Además, se anunció para el primer trimestre del 2022 el nuevo trayecto desde la ciudad de Guatemala a Mérida, Yucatán (México), con cuatro frecuencias semanales.
• TAG maneja precios de boletos de ida y vuelta de en Guatemala – Flores desde US$199, Cancún – Flores desde US$269 y de Guatemala – El Salvador desde US$220.

Se operan con aviones de 34 pasajeros, pero a partir del primer trimestre del próximo año empezará con aviones ATR de 74 pasajeros y durante el 2022 prevén incorporar cuatro naves de este tipo.

Aún así, Gamero mencionó que TAG no estuvo exenta del impacto de la pandemia, pero considera que le han dado un manejo muy importante y relevante durante la crisis, incluyendo vuelos de repatriación, lo que permitió mantener un nivel de actividad mínimo. Además, tiene otras ramas de aviación comercial y la división de helicópteros.

Parte del éxito ha sido ofrecer una flota con capacidades muy versátiles y manejables para el desarrollo de nuevos mercados ya que “no es lo mismo tratar de introducir un avión de 158 pasajeros, que ir en forma paulatina con algunos de 15, luego, 34, 50 o 70 para ir desarrollando la demanda entre dos puntos”, dijo el ejecutivo. Agregó que la mayoría de sus aeronaves son propias.

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Por aparte, autoridades de México anunciaron recientemente que, con otras tres líneas aéreas, se lanzarán nuevas rutas y frecuencias para fortalecer la conectividad de la región del Maya de México, Guatemala y Honduras.

La conectividad se efectuará entre Aeromar de México y ARM Aviación de Guatemala además de la firma G Airways, que logró la unión de ambas líneas. Ricardo Sagastume, director general G Airways indicó que a mediados del año pasado el Secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Marqués informó que los cinco países miembros de la Organización Mundo Maya estarían reanudando la conectividad de la región con el apoyo de la aerolínea mexicana Aeromar.

El ejecutivo dijo que en diciembre iniciarían operaciones regulares, de la siguiente forma:

• La incorporación de las rutas de ida y vuelta de Ciudad de Guatemala-Flores y Guatemala-San Pedro Sula (Honduras). Posteriormente volarán de Flores a Cancún.  Este incluye 11 frecuencias a la semana a Flores, 3 a Cancún y 4 a San Pedro Sula.
• Se empezó a comercializar el boleto de ida y vuelta en US$179 con precios de oferta y en la actualidad está en US$199 en la de Guatemala-Flores. Para el resto de rutas, se prevé que Cancún-Flores esté en unos US$279 y a Cancún desde Guatemala en unos US$349.  Según Sagastume, la aceptación del mercado ha sido muy buena y para los primeros vuelos buscan tener ocupación del 50% o 60% aunque ya tienen bastantes fechas con vuelos llenos.
• Se analizan también otras opciones de crecimiento, ya que la intención es unir a los países de la Organización del Mundo Maya con los cinco Estados del Sur de México.

Sagastume indicó que estarán operando con la flota de aviones de Aeromar ATR 72-600 con capacidad de 72 pasajeros. Al ser consultado sobre la modalidad de operación y los permisos refirió que “toda operación se realizar en cumplimiento total de las legislaciones nacionales e internacionales, tratados y convenios. La línea aérea nacional es ARM Aviación, que incluye los permisos de transporte aéreo de pasajeros”.

Otras opciones, nuevas rutas

Así mismo, Avianca inició el 1 de diciembre dos nuevas rutas directas desde Guatemala. Una es a Miami, Florida, y el otro a Washington, D.C., con una frecuencia diaria. Ello, aparte de un vuelo directo hacia Nueva York.  La aerolínea aumenta 28 vuelos semanales a su operación, sumando más de 80 semanales.

“Abrir tres rutas reafirma el compromiso con nuestros clientes para brindarles mejores opciones de viaje, con conectividad sin escalas y a precios muy competitivos”, refirió Griselda Rodríguez, gerente global de Turismo y Corporativo de Avianca, según un comunicado de la firma.

“Estas nuevas rutas se convierten en una oportunidad para Guatemala, tomando en cuenta que los Estados Unidos es uno de nuestros mercados prioritarios para el comercio, la industria y por supuesto, para el turismo”, comentó Anayansy Carolina Rodríguez, subdirectora del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).

Hacia el 2023, la compañía espera inaugurar 50 rutas nuevas en toda su red, y para el 2025 proyecta contar con una operación de 200 rutas, punto a punto.

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IATA: Aún hay espacio para que crezca el mercado aéreo

Respecto a la expansión de pequeñas aerolíneas, Hernández, el directivo de IATA, indicó que en Latinoamérica hay mucho espacio para que el mercado aéreo crezca.

“Se espera que las aerolíneas de bajo costo continúen creciendo, aunque muchas de las tradicionales han ido adaptando sus modelos para competir de manera más eficiente, con más vuelos punto a punto, mayores opciones de personalización o flexibilidad y buscando ser más rentables”.

Agregó que algunas compañías ya estaban ofreciendo un “servicio a medida” para sus clientes, incluso antes de la pandemia, lo cual permite los viajeros elegir su experiencia de vuelo mediante la compra de servicios adicionales.

Por aparte, explicó que los volúmenes de carga aérea continúan su tendencia alcista muy por encima de niveles precrisis y por ello, el sector sigue sufriendo las limitaciones de capacidad. Sin embargo, registra un crecimiento de 9.1% en septiembre.

“La carga aérea ha sido un salvavidas para muchos, ya que se ha transportado vacunas, equipos de protección personal y médico e incluso, comercio electrónico. Las interrupciones y retrasos significativos en el transporte marítimo, son una oportunidad para la carga aérea”.

Montos de pérdidas y recuperación mundial, según IATA

• Más de US$201 mil millones supondrá para las finanzas de la industria el efecto que el covid-19 en tres años.
• US$138 mil millones fueron las pérdidas en el 2020.
• US$52 mil millones serían las pérdidas en el 2021.
• US$12 mil millones se estiman para el 2022.
• Para las aerolíneas con sede en Latinoamérica y El Caribe, IATA estima una pérdida acumulada de US$5 mil 600 millones para el 2021, y US$3 mil 700 millones para el 2022.

Alrededor del 45% de los hogares guatemaltecos no ha logrado recuperar los ingresos familiares que se percibían antes de la pandemia.

Y a pesar de que la situación mejoró respecto del 2020, cuando se registró una caída de ingresos de hasta un 70 por ciento, en el 2021 casi la mitad de los hogares en el país reporta que no los ha recuperado en su totalidad, refieren dos encuestas realizadas en ambos años por el Banco Mundial (BM) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La baja es consecuencia de los retrocesos en el mercado laboral, exponen las entidades.

Para la región latinoamericana, la tasa de empleo se ubicó en alrededor del 62 por ciento, lo que representó casi 11 puntos porcentuales por debajo del nivel previo a la pandemia. Sin embargo, en Guatemala, Nicaragua y El Salvador la tasa de empleo supera ligeramente los niveles anteriores a la crisis, según la encuesta del 2021.

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Guatemala reporta que en la prepandemia, el nivel de empleo, tomando en cuenta personas de 18 años en adelante, estaba en 69 por ciento, y en el 2021 subió a 72 por ciento.

Aunque la cifra mejoró en estos países, se observa que la calidad de las condiciones laborales se deterioró con un aumento de la informalidad, y tampoco significa que los trabajadores hayan regresado o permanecido en los mismos puestos. Además, las horas laboradas permanecen por debajo de los niveles de la prepandemia, explicó Ximena del Carpio, gerente de la Práctica de Pobreza y Equidad del BM para América Latina.

En la región, según la encuesta del 2021, el empleo formal cayó en promedio -4.8 por ciento respecto de la prepandemia, mientras que en Guatemala la baja fue de -4.2 por ciento. El autoempleo subió 5.3 por ciento en la región y 3.1 por ciento en Guatemala.

El promedio de horas trabajadas remuneradas a la semana cayó de antes de la pandemia a 40.1 horas, en mayo y junio del 2021.

La situación de los hogares ya venía difícil debido a las altas tasas de desigualdad y pobreza.

Por ello, se debe incentivar el aumento en puestos de empleo, pero acompañados de calidad, ya que “muchos han vuelto a la informalidad y a trabajar por cuenta propia para ganarse la vida y pasar el momento, pero no necesariamente han vuelto a empleos que habían dejado”, agregó.

La entidad detectó que en Guatemala, el 14 por ciento de personas de 18 años en adelante que estaban empleadas antes de la pandemia quedaron desempleadas (5%) o abandonaron la fuerza laboral (9%), aunque el dato es el menor respecto del resto de países de la región. La encuesta se hizo en Guatemala con entrevistas a 1 mil 200 personas.

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Por aparte, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) efectuó otra encuesta sobre la población ocupada en el departamento de Guatemala, y los resultados también reflejan un deterioro en el tema de empleo e ingresos.

El 50 por ciento manifestó que su situación económica ha empeorado, el 7 por ciento indicó que la misma ha mejorado y el 43 por ciento dice que sigue igual. De los encuestados, el 15 por ciento dijo que su situación económica era mala o muy mala, y el 58.5 por ciento indicó que era regular, mientras que solo el 2.6 por ciento expresó que era muy buena. Esta encuesta se hizo en julio a 607 personas, incluyendo a trabajadores asalariados, por cuenta propia y empleados domésticos remunerados.

“Es fuerte que para la mitad de la población el virus haya tenido efectos negativos en su economía” dijo el analista Luis Linares, al explicar que las personas se han tenido que refugiar en el autoempleo, pues muchos de ellos eran trabajadores del sector turismo, que es uno de los más golpeados, y ahora deben conformarse con laborar en lo que sea posible.

El año pasado, el Seguro Social perdió más de 100 mil afiliados, respecto de los últimos meses de la prepandemia.

Ahora, las estadísticas de ese ente reflejan una recuperación, pues a septiembre del 2021 se registraba 1 millón 390 mil 419 afiliados, 9.3 por ciento más que en el mismo mes del 2020, aunque en comparación con el mismo lapso del 2019, el crecimiento se sitúa en 4.33 por ciento.

No obstante, el ministro de Trabajo, Rafael Rodríguez, dijo recientemente que ha sido satisfactorio ver la recuperación en el número de afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), cuya cifra muestra el comportamiento del empleo formal. Indicó que ya se alcanzaron las cifras prepandemia y esperan cerrar el año con una mayor recuperación económica.

“Aun así es un reto, pero se ha venido fortaleciendo la Inspección General de Trabajo para verificar la situación del empleo y lograr que haya más empleo formal”, puntualizó el funcionario.

Según el informe del BM y el PNUD, “Una recuperación desigual: las secuelas de covid-19 en América Latina y el Caribe”, cerca del 60 por ciento de hogares guatemaltecos reportó que recibió transferencia del Gobierno en el 2020, ya sea  regulares o de emergencia, pero ello solo constituyó un apoyo muy transitorio.

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¿Qué hacer?

Las claves son generar inversión, en especial del sector privado, reducir brechas y ampliar coberturas.

Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, indicó que cifras como las del estudio en mención son clave para contar con datos actuales del alcance de la crisis y para recomendar medidas informadas, que contribuyan a mejorar la calidad de vida en nuestros países.

Expuso que las prioridades de la región para enfrentar esta situación siguen siendo la infraestructura y la productividad, ya que considera que el motor de la economía de Latinoamérica está principalmente en el sector privado. Sin embargo, cree que es importante  la inversión pública complementaria, y precisamente la agenda de infraestructura es un punto pendiente en el que la región no avanza, por lo que se debe seguir apoyando la inversión en alianzas  público-privadas.

El funcionario del BM menciona que tampoco es ideal que la región  regrese a donde estaba en el 2019, ya que ahora parece que volver a esos niveles es mejor, pero tampoco fue un buen año porque el crecimiento percápita fue casi cero.

Por ello, recomienda que se prioricen tres puntos para que el área en estudio salga mejor fortalecida de esta experiencia, como recuperar las coberturas y avance en la educación; reformas urgentes para mejorar la inversión privada; y la generación de empleo, ya en muchas economías se está creciendo bien, pero más en autoempleo informal que en posiciones dentro de empresas formales.

A su juicio, tampoco se debe olvidar la agenda verde y climática, ya que por ejemplo, la deforestación ha ido avanzando para generar la producción de alimentos, pero ya se cuenta con tecnología que se puede aprovechar, como ocurre con la energía renovable, que tiene mucho potencial.

En tanto, Luis Felipe López-Calva, director regional del PNUD para América Latina y el Caribe, dijo que se deben crear las condiciones para que el sector privado sea el motor de crecimiento más fuerte y más sostenible, pero eso requiere de un Estado fuerte, institucionalidad y altos niveles de confianza.

También mencionó la necesidad de continuar con el acompañamiento a los países por parte de organismos internacionales, para buscar la reducción de brechas en salud y educación, mientras se crean espacios de diálogo ya que “estamos en una región muy polarizada en el tema político”.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) registró el 15 de noviembre del 2021 la solicitud de un arbitraje en contra el Estado de Guatemala presentado por la empresa Energía y Renovación Holding, S. A., registrada en Panamá.

El instrumento invocado es el Tratado de Libre Comercio (TLC) de Centroamérica y Panamá y esta es la historia: Dicha empresa (ahora inscrita en Panamá) impulsó la construcción del proyecto Pojom II, que también es conocido como San Mateo, con una capacidad de generación de 20 megavatios (MW), con una inversión estimada de US$48.5 millones (unos Q373.4 mil millones según el cambio actual), así como la Generadora San Andrés, con capacidad de 10.65 MW, por US$27.2 millones (unos Q209.44 millones), según datos divulgados en el 2019. Ambos se ubican en el área de Ixquisis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.

En febrero del 2021 el Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprobó la ampliación de 72 meses (6 años) para el uso de bienes de dominio público, necesario para construir y operar las hidroeléctricas, pero no han podido seguir construyendo e iniciar operaciones.

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Historia de conflictividad

El área cercana a los dos proyectos hidroeléctricos ha sido foco de tensión por varios años. Una de las razones se debe a que las comunidades de esos municipios se oponen a los proyectos. En ocasiones, las manifestaciones o acciones se han tornado violentas mientras que en otras son movimientos de resistencia pacífica.

También se reportó desde años atrás la aparición de grupos armados que han atacado las instalaciones y equipo de los proyectos, en casos separados se informó de la muerte de dos personas que se oponían a los proyectos además de un trabajador de las hidroeléctricas.

En noviembre del 2018, varias comunidades, autoridades locales y el gobierno firmaron un Acuerdo de Paz y Desarrollo con el fin de detener los actos violentos, pero después hubo otros ataques.

En marzo del 2019, el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aceptó una queja de presentada en el 2018 por parte de grupos guatemaltecos representados por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (Aida).

El objetivo era verificar los procesos llevados a cabo por ese banco, que financia los proyectos por medio de un préstamo de US$7 millones para Pojom II (San Mateo) y US$6 millones para San Andrés, mientras administra el 70% del total del proyecto que también incluye otras fuentes, explicó la empresa en el 2019.

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En octubre del 2021, el Directorio Ejecutivo de BID Invest aprobó 29 recomendaciones formuladas en la investigación del Mici, respecto a los dos proyectos hidroeléctricos. El informe final señala cumplimientos e incumplimientos de BID Invest en la evaluación y la supervisión de los estándares ambientales y sociales en ocho ámbitos, particularmente respecto a la identidad de los pueblos indígenas, la perspectiva de género y el nivel de conflictividad de la zona.

El documento agrega que “los proyectos se desarrollan en una zona con un contexto histórico de inseguridad y polarización, que tiene múltiples causas subyacentes” y la investigación concluye que, en este contexto complejo, “no se evaluaron los riesgos específicos de violencia que los proyectos podían generar para las comunidades, sino que se enfocaron, más bien, en los riesgos que los conflictos sociales podían representar para el desarrollo de los proyectos”.

Además, que las salvaguardas específicas que el Grupo BID prevé para pueblos indígenas no se activaron porque se consideró que la población directamente afectada es de mayoría no indígena, a pesar de la información existente en sentido contrario.  Ahora, se tendrá que reconducir el cumplimiento de los proyectos y fortalecer el funcionamiento de BID Invest, se añade.

La versión oficial

Prensa Libre consultó al ministro Alberto Pimentel si tenía conocimiento sobre el posible planteamiento del arbitraje mencionado, a lo cual respondió que la empresa desarrolladora que cuenta con capital panameño, no pudo avanzar en estos proyectos por problemas de conflictividad social y ahora “están aduciendo que esos problemas han supuesto un incumplimiento por parte del Estado de Guatemala en las cláusulas que protegen las inversiones, en virtud del TLC con Panamá”.

“Argumentan que el Estado de Guatemala incumplió algunas obligaciones habiendo dado un trato distinto a ese proyecto de inversión respecto a otros, pero eso no es cierto; lamentablemente, la conflictividad asociada a ese proyecto como en otros es real, y hemos hecho esfuerzos para ir resolviendo, por ejemplo, el tema de consultas a los pueblos indígenas”, explicó.

Añadió que el Estado de Guatemala no puede ser culpable de lo que aduce esta empresa, en virtud de una oposición específica de una comunidad, cuando existe evidencia de que el proyecto fue aprobado de forma legal, con permisos.

El funcionario agregó que esos problemas se pueden resolver, pues como parte del proceso, cuando se entabla un arbitraje o demanda de este tipo, el Ministerio de Economía (Mineco) se encarga del caso y tendrá que contratar a un despacho internacional de abogados y también participa la Procuraduría General de la Nación (PGN). “Ellos serán los encargados de la defensa de los intereses del país y el Ministerio de Energía y Minas (MEM) se convierte en un asesor en el proceso, en materia técnica”, aseguró.

Por el momento, el proceso está en una fase inicial y se están recibiendo las primeras comunicaciones, por lo que se tendrá que hacer una defensa demostrando que los inversionistas de cualquier país son respetados. “Si bien comprendemos que el proyecto en concreto tuvo esas dificultades, no creemos que las mismas devengan de una omisión o un mal actuar del Estado de Guatemala”, dijo Pimentel.

Por aparte la PGN, respondió que el Capítulo 10 del TLC entre Centroamérica y Panamá contempla un estándar de confidencialidad alto, y solo autoriza la publicación del laudo arbitral cuando las partes contendientes lo han acordado por escrito, por lo que, indica, las actuaciones previas al laudo, deben permanecer confidenciales.

“Los arbitrajes de inversión son procedimientos diseñados para generar un intercambio de defensas, pruebas e interpretaciones de los hechos y de las normas aplicables, y son finalmente decididos por tribunales que se presumen imparciales. Por ello, de ninguna forma su simple inicio debe considerarse una derrota automática para el Estado que, de hecho, podrá y deberá defender técnicamente sus derechos e intereses”, expuso.

La entidad explica que los instrumentos no establecen la duración máxima del procedimiento arbitral, pero conforme a la experiencia de Guatemala en arbitrajes de inversión ante el Ciadi, los procedimientos originales pueden durar entre 3 y 5 años, contados desde el registro de la solicitud,  hasta la emisión de un laudo.

Prensa Libre solicitó mayor información a la compañía sobre la demanda presentada, a lo que indicó que serían los abogados quienes se pronunciarían. Sin embargo, la abogada Maria Eugenia Ramírez, de la firma Hogan Lovells US, solo respondió por correo electrónico que no tienen comentarios al respecto.

Cuatro arbitrajes en proceso

El Estado de Guatemala enfrenta un pliego de demandas internacionales y locales por unos Q4 mil 733.5 millones pendientes de resolución, según datos a julio del 2021, como parte de nueve demandas de arbitraje internacional que diversas compañías han presentado contra el país del 2007 a la fecha. De estas, 5 ya se han finalizado y cuatro están en proceso, incluyendo la actual, que es la  más reciente.

Entre estos también está el arbitraje planteado en el 2018 por Daniel K. Kappes, accionista de la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, S. A., (Exmingua) y por la firma Kappes, Cassidy & Associates, por el caso del proyecto minero El Tambor o Progreso VII Derivada, también conocido como La Puya, cuya operación y construcción fue suspendida por las cortes argumentando falta de consulta comunitaria.

Aparte, en el 2020, el Grupo Energía de Bogotá, S.A. ESP y Transportadora de Energía de Centroamérica S. A. (Trecsa) presentaron una demanda basada en el TLC entre Colombia y  Guatemala, El Salvador y Honduras. Ante constantes rechazos, la compañía ganó la licitación para construir y operar 866 kilómetros de red de transmisión dentro del Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica conocido como PET 1-2009.

El plazo ha tenido cuatro prórrogas y a agosto del 2021 se reporta un avance de 88% en las obras adjudicadas y 57% en operación y energización de la red y subestaciones.

Sobre este último, Pimentel indicó que se trabaja para ir resolviendo los problemas técnicos que menciona como “meramente contractuales” por lo que el monto del reclamo por parte de la empresa debería disminuir.

Pero agregó que a su criterio, es muy difícil que la empresa pueda demostrar una violación de los compromisos de protección a las inversiones de parte del Estado porque se ha trabajado mucho en ayudar a esta y a otras inversiones dentro del marco legal, para sacar adelante los proyectos que son de interés del país.

“La perspectiva técnica del Ministerio de Energía y Minas, es que ese proyecto se ejecute, porque va a mejorar efectivamente las condiciones de transmisión eléctrica”, añadió el ministro.

• Aparte, la PGN confirmó que al 23 de noviembre, había otras tres intenciones de arbitraje planteadas por otras compañías como Group Maritim TCB S.L, Estrella Cooperatief BV y Ventana Mining Company.

Luego de varios años de estabilidad de precios en el conjunto de la economía mundial, la inflación vuelve a afectar tanto a las economías avanzadas como a los mercados emergentes y en vías de desarrollo.

Los aumentos de precios serían el resultado de una combinación de factores derivados, principalmente, del enorme choque que representó la pandemia para la economía global, y de la reacción de las políticas económica y de salud pública necesarias para evitar la caída de la economía en una potencial depresión.

En ese sentido, se podría argumentar que las presiones inflacionarias serían, en buena medida, consecuencia del éxito de las políticas implementadas que han facilitado el proceso de repunte de la actividad productiva a partir de la rápida recuperación de la demanda agregada.

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Ciertamente, la demanda ha aumentado a mayor velocidad de lo que ha subido la oferta agregada, impulsando los precios al alza. En síntesis, la inflación sería el resultado de una combinación de factores que generaron un exceso de demanda en la economía mundial.

En ese proceso de readecuación de la economía han surgido daños colaterales en forma de disrupción en la cadena de suministros, escasez de mano de obra en economías avanzadas y alza significativa en los precios de la energía, entre otros.

A partir de este argumento, cabe debatir si se trataría de una inflación de precios transitoria, como argumentan los bancos centrales, o tal vez serían presiones inflacionarias tan persistentes y por tiempo tan extendido que se pudieran considerar permanentes, como preocupa a una parte la opinión pública especializada y a sectores empresariales a nivel internacional.

La respuesta dependería si se tratara de perturbaciones que la economía mundial puede asimilar y corregir en un plazo relativamente corto o, por el contrario, se habrían producido cambios estructurales que requerían de un proceso de adaptación que tomaría muchos años en completarse.

La reacción de la política económica, principalmente la monetaria, dependería del traspaso a las expectativas de inflación en el mediano plazo, así como de la persistencia del choque pandémico, si se toma cuenta de que para los bancos centrales en metas de inflación la idea es que, en promedio, la inflación esté dentro del rango objetivo en el horizonte de la política monetaria.

Resultados mejores de lo esperado

Para prevenir una crisis de mayor profundidad, los bancos centrales aplicaron una política monetaria expansiva que incluyó la reducción de tasas de interés, así como la expansión de las facilidades de liquidez.

Del mismo modo, se relajaron temporalmente algunas medidas regulatorias para facilitar el crecimiento del crédito al sector privado. Adicionalmente, los ministerios de Finanzas o Hacienda aplicaron medidas de transferencia a los hogares y las empresas en forma de distintos subsidios para mantener empleos vulnerables a la crisis y la capacidad de consumo de las familias, entre otras acciones.

Estas medidas de estímulo fueron efectivas para reanimar la actividad económica en un contexto de adaptación a las condiciones de la pandemia en donde varios países implementaron campañas de vacunación de sus poblaciones que facilitaron el levantamiento de medidas de restricción para contener los contagios por covid-19.

El rápido desarrollo y aplicación de las vacunas contra el virus en varios países ha permitido el levantamiento de limitaciones a la movilidad de personas, lo que ha facilitado el proceso de recuperación de la economía.

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Las políticas anticíclicas han tenido el efecto esperado, pero la pandemia sigue en curso mientras la economía mundial continúa asimilando los efectos de sus perturbaciones.

La economía mundial se recupera de la recesión inducida por el choque severo que significó la pandemia y, como toda recuperación, se trata de un proceso asimétrico en el que los distintos sectores de la economía retoman el dinamismo a distintas velocidades, por lo que algunas actividades experimentan auge mientras otras apenas notan alguna reactivación y puede que queden sectores que reporten contracción o acaso alguna recuperación inferior a los niveles prepandemia. No obstante, en sentido neto la economía recupera el crecimiento.

En efecto, las proyecciones de crecimiento económico mundial para 2021 y 2022 promedian 5.7% y 4.1%, respectivamente, lo que se atribuye a un conjunto de factores, entre los que destacan los estímulos monetarios implementados por los bancos centrales en forma de reducción de tasas de interés, provisión de liquidez, y medidas complementarias para facilitar el crédito a las empresas y los hogares, entre otros.

Además, el repunte de las actividades económicas ha sido sustentado por las medidas de apoyo de los gobiernos al sector privado en forma de subsidios a sectores afectados por la crisis, principalmente para contribuir al mantenimiento de puestos de trabajo y transferencia a los hogares más vulnerables para sustentar sus niveles de consumo.

Este conjunto de acciones contribuyó tanto a recuperar y mantener la demanda agregada lo suficientemente elevada, como para evitar una depresión económica a escala global. Para tales efectos, muchos países en desarrollo contaron, además, con el apoyo de organismos internacionales.

El problema del suministro

El proceso de recuperación de la economía mundial ha encarado un conjunto de retos, algunos de origen extraeconómico, como retrasos de suministros por la política de tolerancia cero a los reportes de contagios en China, que consiste en ordenar confinamientos estrictos en la localidades donde se detecte el virus sin importar la magnitud del brote, lo que ha afectado a importantes centros manufactureros y portuarios.

También el aumento en la demanda de bienes primarios (commodities) ha impulsado al alza sus precios.   En el caso de los combustibles, entes como la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP), en connivencia con grandes productores como Rusia, han mantenido restringida la oferta de petróleo y gas natural, lo que ha elevado sus precios internacionales.

Además, por efecto de la pandemia, la tasa de participación en el mercado laboral en algunas economías avanzadas ha bajado considerablemente, reflejándose en una escasez de mano de obra que afecta a varios sectores productivos, principalmente en Estados Unidos.

En síntesis, la confluencia de varios factores ha provocado el aumento generalizado de precios a nivel internacional. No obstante, se puede afirmar que sería una situación temporal mientras la economía mundial transita hacia la normalización en la medida en que el covid-19 pasa de enfermedad pandémica a endémica, y la actividad económica pueda prescindir de las políticas de estímulo.

En este sentido, se trataría de una situación coyuntural, más que estructural, aunque se trate de una coyuntura relativamente persistente en el tiempo, dada la incertidumbre en torno al control de la pandemia.

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El proceso

Existe consenso en que tomará tiempo volver a la normalidad.

A raíz de las perturbaciones en las cadenas de suministros, incluidos los problemas logísticos de embarque-transporte-desembarque-distribución, las restricciones a la oferta de combustibles y la rápida recuperación de la demanda por encima de la capacidad de respuesta de la oferta de bienes, entre otros, viene a discusión si se trata de una inflación transitoria o temporal.

Lo cierto es que normalizar los encadenamientos productivos y el flujo comercial internacional será un proceso lento, mientras la pandemia continúa su curso con olas de contagios en distintos países. Algunos, de relativo peso en la economía mundial.

El período de transición todavía es incierto, aunque algunos estiman que tomaría menos de dos años.

Dada la incertidumbre de los efectos de la pandemia sobre la actividad económica, los bancos centrales han decidido tolerar niveles de inflación por encima de la meta establecida en el corto plazo, en el entendido de que, dado el carácter transitorio de las presiones inflacionarias, esta desviación se corregiría en el tiempo correspondiente al horizonte de la política monetaria.

Cuando los bancos centrales manifiestan que las presiones inflacionarias son transitorias, no suelen referirse a una temporalidad específica sino a que, dentro del horizonte de política monetaria —que suele ser un espacio móvil de dos años—, la inflación tendería a converger hacia el rango-meta que constituye el objetivo de la política monetaria.

Si los agentes económicos creen que la inflación es transitoria, se contaría con cierta holgura para normalizar gradualmente las condiciones monetarias por medio del retiro paulatino de los estímulos. Pero si se cree que es permanente, los bancos centrales podrían verse en el dilema de tener que elegir entre sustentar el crecimiento económico o contener el alza generalizada de precios.

*Subsecretario Ejecutivo del Consejo Monetario Centroamericano, omarte@secmca.org

Aunque ya había pasado en primera lectura, ahora la discusión tendrá que retomarse ya que lo importante es que la normativa legal logre los objetivos de su creación, aspecto que explican varios especialistas.

Para qué serviría

El viceministro de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía (Mineco), Lisardo Bolaños, indicó que una legislación de este tipo mejora las prácticas empresariales en materia de precio, calidad y diversidad de los productos, ya que evita la concentración o monopolios y la concertación de precios, aparte de fomentar el ingreso de otros productos al mercado.

En tanto, Pedro Prado, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), expuso que una ley bien fundamentada y con una implementación funcional, ayudaría a mejorar las condiciones económica y social de los guatemaltecos, ya que los consumidores van a tener opción de comprar mejores productos y varios precios.

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“Al promover la competencia, se le da un papel importante a los consumidores, evitando abusos, pues se constituye en un instrumento para acceder a bienes con precios razonables”, dijo Prado y recordó que el país debe cumplir con el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, el cual establece la prohibición de prácticas anticompetitivas, además de crear una autoridad con independencia técnica, funcional, jerárquica y con suficientes facultades para investigar y a sancionar.

Como ejemplo, mencionó que una ley de esa naturaleza evitaría la posible acuerdos o concertación de precios que se habría dado recientemente con el aumento de precios del gas propano (señalamientos que han surgido constantemente en el Congreso), lo que originó la subvención que cobrará vigencia en los próximos días.

El experto mexicano Francisco Javier Nuñez, opinó en el Cuarto Foro de Competitividad, que el objetivo de una Ley de Competencia es mejorar la eficiencia del mercado y que una política de este tipo sirve mucho porque las fuerzas del mercado y la amenaza de nuevos competidores no son suficientes para eliminar monopolios, las posiciones dominantes y reducir los precios. “Por eso, deben establecerse procedimientos preventivos y sancionatorios”.

Según la experiencia en su país, explicó que existen conductas colusivas en diferentes ámbitos, tales como acuerdos para concretar precios, restringir la oferta, segmentar o dividir mercados, manipular licitaciones públicas e intercambiar información.

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La consultora independiente y exministra de Finanzas, Antonieta de Bonilla, agregó que debe crearse un ente como autoridad en el ramo, pero con independencia financiera y de acción, con facultades y características que aseguren su efectividad.

Ello, aparte de que al país le conviene adoptar un marco legal que coadyuve a limitar las prácticas anticompetitivas, lo que requiere un abordaje integral que priorice acciones para fortalecer un marco institucional más amplio para disminuir la corrupción, fortalecer el estado de Derecho y mejorar el clima de negocios.

Los cambios necesarios, según el gobierno

El viceministro mencionó cuatro puntos importantes que se analizaron de la iniciativa y las propuestas al respecto: Lo primero es que según él, no puede estar pensada solo para el consumidor, porque en el mundo actual, donde existen cadenas mundiales de valor, mucha de la actividad que se realiza en Guatemala no es para el consumidor final, sino que hay procesos industriales para provisión de insumos para clientes locales y externos.

El segundo punto es que más de un tercio de la iniciativa de ley se refiere a normativas, procedimientos y disposiciones que podrían ir en un reglamento, por lo que hay desagregación de acciones, funciones y pasos.

Y el tercero se relaciona con la autoridad o entidad que estaría a cargo de su implementación, ya que propone la creación de una Superintendencia de Competencia, para lo cual la ley requeriría 107 votos en el Congreso, lo que dificultaría su aprobación. Por ello el viceministro indicó que proponen que sea una Dirección que forme parte del Ministerio de Economía. La idea, agregó es que el desarrollo, aprendizaje e implementación sea paulatina y se logre experiencia para continuar ampliando sus acciones.

Neutze: Aquí no hay monopolios

El diputado Rodolfo Neutze, presidente de la Comisión de Economía del Congreso, indicó que desde los primeros meses del presente año habían solicitado que el dictamen e iniciativa regresaran a la Comisión indicada para hacerle cambios, sin embargo no se había logrado.

“Hemos estado en pláticas con el ministro de Economía sobre lograr una ley de competencia más de acuerdo con la realidad del mundo pospandemia y teníamos una lista de propuestas”. Entre las modificaciones mencionó la idea de usar el ejemplo y asesoría de países parecidos como México y Colombia, en donde habría un proceso paulatino de implementación, y no crear una superintendencia. Esta entidad requeriría costos de entre Q50 millones y Q60 millones al año, según el parlamentario.

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“La intención inicial era una ley de competencia que evitara los abusos de empresas grandes, pero que sobre todo, les diera acceso a los pequeños y medianos empresarios. En Guatemala existe mucha competencia y no hay serios problemas de abuso porque no existen los monopolios. Esta ley ayudaría a mantener esta competencia y que la población no se vea abusada”.

Desde Los Ángeles hasta Felixstowe, Inglaterra, Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y Shenzhen, China, el mundo está siendo testigo de demoras y escasez de todo tipo, desde juguetes hasta pavos. En el centro de esta crisis se encuentra un sector de transporte que se está rindiendo ante la presión de las condiciones de la era de la COVID-19. Los trabajadores que conducen los camiones, pilotean los aviones y tripulan los barcos responsables de trasladar todos estos productos —alrededor de 19 billones de dólares del comercio mundial al año— han cedido hasta su punto de quiebre. Los gobiernos han tardado demasiado en tomar medidas.

Con el aumento de los precios de la gasolina, los comestibles y otros productos, Estados Unidos debería tomar la batuta para restaurar el orden en las cadenas de suministro antes de que sea demasiado tarde. Con su influencia, Estados Unidos debería persuadir a otros países de atender la causa subyacente de la crisis: las condiciones laborales de los trabajadores del transporte.

Mucho antes de que el Ever Given, el buque de carga de 220.000 toneladas, bloqueara el canal de Suez en marzo, las industrias transportistas ya habían lanzado una advertencia pública directa sobre un atascamiento comercial inevitable si no mejoraban las condiciones para los marineros, choferes y pilotos. Para mantener el comercio en movimiento, los trabajadores necesitan con urgencia la agilización del trámite de sus visas, el regreso de los vuelos hacia y desde los puertos, y vacunas. En cambio, ha pasado lo opuesto.

Un impacto devastador en los trabajadores

Las prohibiciones draconianas de los viajes y el acceso limitado a las vacunas han tenido un impacto devastador en el bienestar y la seguridad de los trabajadores del sector transportista. Las tripulaciones no han podido desembarcar los barcos sin los documentos adecuados de vacunación, así que salir o entrar a una embarcación se ha vuelto imposible: cientos de miles de ellos han quedado atrapados en sus navíos, por lo que algunos han trabajado varios meses más de los que marcaba su contrato inicial. Miles de choferes de camiones en las fronteras internacionales también se han visto forzados a quedarse varados durante días en temperaturas heladas sin acceso a comida ni instalaciones médicas. Los pilotos de los aviones de carga han enfrentado cuarentenas prolongadas después de completar vuelos internacionales, por lo que han pasado largos periodos lejos de sus familias.

Este maltrato podría alejar a muchos trabajadores del sector, lo cual exacerbaría la escasez de mano de obra que apuntala el caos. Tan solo en la industria naviera, la cual transporta alrededor del 80 por ciento de los productos que se comercian a nivel mundial, se prevé una escasez de miles de funcionarios en los próximos años, según un informe sobre la fuerza laboral de la Cámara Naviera Internacional y el Consejo Marítimo Internacional y del Báltico. Muchos trabajadores del sector transportista, quienes dependen de sus campañas nacionales de vacunación, en especial los de países en vías de desarrollo con menos acceso a las vacunas, seguirán padeciendo condiciones laborales insostenibles.

Los gobiernos tuvieron una oportunidad de evitar esta crisis. Se debió dar prioridad a los trabajadores transportistas de todo el mundo en cuanto estuvieron disponibles las vacunas. Los países de todos los rincones del mundo debieron hacer exenciones para ellos en las restricciones de viaje. Sin embargo, la mayoría de los países siguen reacios a actuar. Ya no se puede permitir que esta situación continúe.

El escrutinio mundial está aumentando

La Organización Internacional del Trabajo, una rama de Naciones Unidas, encontró que los gobiernos nacionales habían fracasado terriblemente en resguardar las normas mínimas para la protección de los derechos de los marineros, como lo establece la ley internacional. Si no se controla la cadena de suministro, la crisis podría persistir a causa del desgaste en la fuerza laboral del sector transportista.

Washington ha comenzado a tomar medidas para resolver el problema. En el verano, el presidente Joe Biden anunció la formación del Grupo de Trabajo para las Interrupciones de la Cadena de Suministro con el fin de reducir la presión sobre el flujo del comercio hacia Estados Unidos. El mes pasado, el gobierno anunció que el puerto clave de Los Ángeles se iba a sumar al puerto de Long Beach para operar las 24 horas del día, los siete días de la semana: una maniobra alentadora que podría ayudar a los navíos a entrar y salir de los puertos con más rapidez.

Biden podría ir todavía más lejos

El presidente podría motivar a las autoridades a cambiar las reglas de zonificación para permitir que los puertos almacenen más contenedores vacíos u ordenar que algunas áreas de tierra sirvan de depósito temporal de contenedores. Además, Biden debería garantizar que Estados Unidos siga siendo un ejemplo en todos sus centros de vacunación en los puertos, los cuales vacunan a trabajadores sin importar su nacionalidad. Estos centros deben contar con vacunas reconocidas y aprobadas de manera generalizada para evitar demoras cuando los trabajadores lleguen a otros países.

Claro está que liberar el atascamiento de contenedores en una ciudad no detendrá la ruptura de las cadenas de suministro a nivel mundial. El gobierno de Biden debería forzar a los gobiernos que hayan actuado con lentitud para mejorar sus condiciones laborales. Aplicar presión por medio de todo, desde una diplomacia blanda hasta sanciones, podría ayudar a persuadirlos de que aceleren el movimiento de los barcos, camiones y aviones, lo cual relajaría el enredo de la cadena de suministro.

Biden también podría presionar para que haya interoperabilidad en el tema de los protocolos de vacunación. Esto implicaría persuadir a los países para que reconozcan una variedad más amplia de vacunas para los trabajadores transportistas, incluidas las dosis producidas fuera de sus fronteras. Esto permitiría que los marineros entren y salgan de los barcos en los puertos con mayor rapidez: ya no tendrían que hacer cuarentenas solo porque tal vez recibieron el tipo “equivocado” de vacuna.

c.2021 The New York Times Company

Es el primer proyecto aprobado con la modalidad de la ley de alianzas público-privadas. La inversión prevista se acerca a los Q960 millones, monto que cubre todo el desarrollo de la obra en los términos de ejecución y procesos, explicó Sandro Testelli, presidente de Marhnos Guatemala, una de las empresas que forman dicho consorcio.

Y aunque el tramo de 41 kilómetros ya existe, debe desarrollarse la autopista, lo que incluye la construcción de siete distribuidores a desnivel, carriles de aceleración de cámaras de seguridad e iluminación en lugares estratégicos y otras mejoras a la seguridad vial, así como la implementación de medidas de mitigación socioambiental.

En cuanto a los plazos, tres años serán para la construcción y 22 años para la operación, cuya modalidad será con cobro de peaje, inicialmente calculado en Q15 para los vehículos livianos, monto que aumentará, según el número de ejes de cada unidad, por lo que un transporte de carga de cinco ejes pagaría Q75 y el de 9 ejes llegaría a Q135.

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La aprobación del contrato se concretó tres años después de haberse entregado al Organismo Legislativo, pero ello abre la posibilidad de lanzar más proyectos de inversión en alianzas público-privada, concuerdan el sector empresarial, la firma adjudicada, el gobierno y la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie).

Testelli agregó que ellos están muy optimistas y cree que con este tipo de proyectos “Guatemala cambia radicalmente la forma de hacer infraestructura, así como la señal internacional de visión de país, por lo que los inversionistas podrán ver que se pueden ejecutar obras de largo plazo”.

Sobre la inversión, especificó que tiene dos componentes: uno el capital aportado por el consorcio (30% del valor del proyecto), mientras que el otro 70% es del valor de la obra, por lo que ya se encuentran en pláticas muy avanzadas con grupos bancarios de Guatemala.

Procesos

Rodrigo Valencia, director ejecutivo en funciones de la Anadie, explicó que al entrar en vigencia la ley, deben cumplirse varios compromisos:

En el plazo 10 días se debe acudir a la Escribanía de la Cámara de Gobierno para que se elabore el contrato respectivo. Además, se dispone de un año para el cierre financiero, el estudio definitivo de ingeniería y obtener todas las licencias para ejecutar todo el proyecto en tres tramos.

Otros trámites legales son la preconstrucción, que inicia con los compromisos de traslados de bienes asociados a la autopista, lo que es una transferencia temporal para su explotación, aclarando que no se trata de una privatización, porque la autopista seguirá siendo propiedad el Estado.

Lo que ganará el Estado

El contrato establece un canon que la empresa debe pagar al Estado, según la oferta adjudicada. Durante la fase 1 (los primeros ocho años de explotación del proyecto), será del 4% de lo cual, el 80% será para los Consejos Municipales de Desarrollo (Comudes) de Escuintla, Masagua, Puerto de San José e Iztapa, así como Taxisco, según una enmienda aprobada por el Congreso. Y el 20% restante deberá pasar al fondo común del presupuesto del Estado.

Del año 9 al 22, el canon será de 41.13%, y el 40% será para los Comudes, 20% para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) y 40% para el fondo común del Estado. Los Consejos deberán destinar los fondos a proyectos de infraestructura, turismo sostenible e inversión social.

El Congreso añadió un artículo nuevo, con el cual deja establecido un aviso que había dado con anterioridad la empresa, acerca de que a las personas que viven en las áreas de influencia del proyecto,  tendrán un descuento del 75% de las tarifas, a menos que haya una mejor propuesta por la empresa, con el fin de administrar un posible riesgo de oposición a pago de peaje por dichos segmentos. Se añadió que el Ministerio de Comunicaciones y Anadie, debe dar acompañamiento a la empresa para que evalúe un descuento de hasta el 100%.

Según datos de Anadie, el Estado de Guatemala recibirá alrededor de Q1 mil 100 millones en canon durante los 25 años del contrato.

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¿Y la carretera alterna?

Héctor Fajardo, de la Federación Centroamericana de Transporte (Fecatrans) dijo que analizarán esta semana como quedó la iniciativa de ley con los diferentes gremios de transporte para poder pronunciarse. Aparte del tramo y del tema del peaje, quieren tener claro si se dará mantenimiento a la carretera alterna para quien opte por no pagar.

“Es necesario saber cómo va a quedar funcionando la ruta antigua para el Puerto Quetzal porque es un proyecto que se va a construir en una ruta ya existente, y se necesita asegurar que la alterna siga operando”, expresó Fajardo.

También dijo que la ruta está demasiado deteriorada, causa daños a las unidades y no se le ha dado el mantenimiento que obligatoriamente tendría que darle el Estado. “Ahora hablan de eficiencia económica, mejoras y menos tiempo, que puede servir para convencer, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, por lo que debemos conocer más como quedó”.

El decreto 18-2021 que aprueba el contrato para el proyecto de la autopista también establece la obligación al Ministerio para que tome las medidas necesarias para dar mantenimiento a la carretera CA9-Sur, que será la ruta alterna, y la mantenga transitable durante el tiempo del contrato.

Reacción empresarial

Alfredo Vila, presidente de la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua) dijo que la carretera a Puerto Quetzal es una de las más importantes del país. Agregó que parte de la oposición de varios sectores al proyecto es por el cobro del peaje, pero expresó que “no hay servicio más caro que el que no se tiene hoy”. Y considera que el país está urgido de obra de infraestructura, y de otras inversiones, que no llegan si hay debilidades en aspectos como el tema vial.

Explicó que el 85% de la caña de azúcar se transporta por rutas construidas y mantenidas por el propio sector con carretas de terracería internas. Entonces lo que podrán usar son algunos trechos pequeños para transporte de azúcar y melaza, pero la autopista será de beneficio para todos los sectores.

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Hermann Girón, presidente del Cacif, expuso que ven tres grandes oportunidades para el país: el proyecto para la reparación y mantenimiento por 25 años, abre la puerta para que se confíe en la figura de inversiones en alianzas público-privadas. La segunda oportunidad es que se ejecutan con mayor celeridad y se puede atraer más inversiones; y la tercera generar más alternativas de infraestructura.

Girón indicó que no le ve desventajas al proyecto porque los costos de pagar un peaje usualmente se compensan con un menor gasto en mantenimiento y reparación de vehículos. “Lo que más encarece es la ineficiencia logística que tenemos, pues los camiones recorren las carreteras a una velocidad por debajo del promedio” dijo al referirse al transporte de carga.

Por su parte, Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala (Banguat), explicó que esta obra significará una mejora en la infraestructura vial del país y en los tiempos para el traslado de mercancías y personas.

“Este es el primer proyecto de APP que se aprueba en Guatemala, aunque ya tenemos más de 15 años de contar con esta ley. Al inversionista extranjero y nacional en general se le envía un mensaje de confianza en la economía”, aseguró.

Entre los principales métodos que utilizan funcionarios, legisladores, alcaldes, empresarios y otros actores corruptos para tomar recursos del Estado en beneficio propio están las facturas falsas, contratos preferenciales, salarios dobles y contrataciones “fantasma”.

Aunque la principal fuente de ingresos ilícitos en Guatemala y Centroamérica consiste en el tráfico de drogas, la corrupción ocupa el segundo lugar en cuanto a los delitos financieros, de forma directa o indirecta, explicó a Prensa Libre Julia Yansura, gerente del referido programa con sede en Washington, D.C.

La cantidad referida equivale a los fondos asignados a varios ministerios juntos en el presupuesto estatal 2022, tales como Educación, con Q20 mil 608.40 millones (que es el más alto); Gobernación, Q6 mil 480.48 millones; Desarrollo Social, Q1 mil 306.6 millones; y Trabajo, Q976 millones.

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A escala regional sobre, GFI estima que los ingresos ilícitos provenientes de la corrupción ascienden entre US$5 mil 400 millones y US$13 mil 600 millones al año en Centroamérica, y de esta cantidad, se proyecta hasta US$9 mil 500 millones son blanqueados y reinsertados en estas mismas economías.

Diversos métodos

Yansura expresó que, en algunos casos, los ingresos ilícitos se derivan directamente de la corrupción, y esto incluye situaciones en las que funcionarios o legisladores guatemaltecos toman recursos del Estado para beneficio propio, a través de facturas falsas, contratos preferenciales, salarios dobles o cobros de remuneraciones por plazas laborales inexistentes “fantasmas”, entre otros métodos.

En el caso de Guatemala, por ejemplo, el informe analizó al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y encontró que, durante los últimos 20 años, la gran mayoría de ministros y otros funcionarios han enfrentado cargos por corrupción y/o condenas, y “esto habla de un problema sistémico en esa cartera, sobre la forma de utilizar los fondos estatales”, recalcó.

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Por otro lado, hay casos en que las ganancias ilícitas se derivan indirectamente de la corrupción. La ejecutiva citó que, en Honduras, por ejemplo, los funcionarios corruptos han facilitado el tráfico de drogas, mientras solicitan recompensas por ello; y en Guatemala, las autoridades policiales corruptas se han beneficiado económicamente del tráfico de migrantes a través de sobornos y/o extorsión.

“Esto es increíblemente dañino para un país porque la corrupción facilita otros tipos de delitos.  Los funcionarios del gobierno, que se supone deben salvaguardar la seguridad, el bienestar, las libertades y los recursos de la población a la que sirven son, en realidad, cómplices de otros delincuentes”, apuntó.

¿Cómo se facilita el lavado el dinero?

Por lo general, a la corrupción le sigue el lavado de dinero porque las personas involucradas quieren “limpiar” el dinero sucio; es decir, ocultar el origen de estos fondos y justificar su posesión.

Yansura, remarcó que, como parte de esta investigación, se identificaron más de 16 canales diferentes utilizados para movilizar y lavar los recursos, tales como el sistema financiero, financiamiento político, empresas ficticias, construcción de proyectos de infraestructura, facturación fraudulenta, contrabando de dinero en efectivo, compras supermercados y todo tipo de establecimientos en los que se puede pagar en efectivo e incluso asociaciones religiosas.

La investigación indica que, para mover el dinero ilícito, tanto en Guatemala como en Centroamérica, existe una red de facilitadores denominados como “los gatekeepers” que según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se trata de ciertas posiciones profesionales que están a las puertas del sistema financiero, donde se decide quién puede ingresar.

En otras palabras, los gatekeepers son personas que, en un equipo de trabajo, actúan como especialistas de información, no solamente con capacidad reactiva, respondiendo eficazmente a las demandas de datos que reciben de sus compañeros de trabajo sino también proactivamente, adelantándose a las necesidades de información antes de que sean percibidas.

Estos profesionales y sus unidades deben proteger la integridad del sistema manteniendo fuera a los actores ilícitos, pero cuando no realizan su trabajo correctamente, pueden convertirse en facilitadores de delitos financieros.

Yansura subrayó que, en el caso de Guatemala, se encontró que los principales facilitadores son los operadores políticos (individuos que están involucrados en el financiamiento de campañas y maquinaciones políticas), banqueros y abogados, lo cual sugiere que la lucha contra la corrupción en Guatemala será un desafío, “porque hay numerosos canales y gatekeepers involucrados”.

Aclaró “que, por supuesto que esto no significa que todos los políticos, banqueros, abogados y notarios sean malos, sino que cuando lo son, pueden causar mucho daño, ya que estos profesionales conocen las reglas del juego y, por tanto, las formas de cometer delitos financieros y salirse con la suya”.

También en el sector privado

Este tipo de delitos, según la experta, se adapta a diferentes contextos en la región y el problema no se limita al ámbito estatal. “En países con gobernanza e instituciones débiles, la corrupción se extiende a donde haya dinero. Incluso, en las actividades productivas privadas”.

Citó, por ejemplo, que estos delitos se cometen en la minería, en la ganadería, en cultivos y en cualquier actividad productiva. Especialmente porque “las élites tienen altos niveles de poder y ejercen un control político y económico concentrado. También ocurre en contextos donde la sociedad civil, los periodistas, los grupos comunitarios y los ciudadanos enfrentan restricciones que limitan su capacidad para responsabilizar a intereses poderosos”, remarcó.

Por otro lado, hay vinculaciones que el delito interactúa en las regiones y muchas veces, el vínculo es con los EE. UU., donde se observa con preocupación la migración de flujos financieros ilícitos desde países centroamericanos. Y mencionó casos de lavado de activos provenientes del sector inmobiliario, en los que Guatemala fue el tercer país más involucrado.

“En este sentido, una de las cosas que EE. UU., puede hacer para ayudar a combatir la corrupción en Centroamérica, es asegurar que sus propios controles ALD/CFT (Anti Lavado de Dinero y contra el Financiamiento del Terrorismo y la Corrupción) funcionan debidamente.

Sin datos concretos

Walter Menchú, analista en temas de seguridad del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), indicó que al final, el tema de la corrupción se mide por medio de la percepción y esta cambia según sea tratado a nivel público o privado. “Y puede ser que las cifras reveladas por GFI, antes eran más bajas, pero a futuro hay que darle el seguimiento para poder complementarlas como una aproximación en diferentes frentes”.

Añadió que todo ese movimiento de dinero no necesariamente viene del presupuesto, pues puede englobar hasta compras de voluntades, en el sentido de a quién beneficia o perjudica, cuando se trata de legislación.

Al respecto, dijo que se debe trabajar en la prevención, aunque recordó que en Guatemala se carece de sistemas que emitan alertas como controles electrónicos, cuando se trata de personas contratadas, y en muchas instituciones estatales se han detectado pagos en planilla de personal que  no llega o solo acude a cobrar su salario sin trabajar. O reciben una parte del dinero y la otra se la entregan a la persona contratante.

“Por otra parte, es complicado, ya que algunos diputados deben legislar sobre determinadas leyes, pero no les interesa aprobarlas y todo se queda como está”.

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Otro foco, dijo el analista, es sobre la inversión pública y la celebración de contratos, pues cuando se verifican las obras, se descubren deficiencias. “Un ejemplo es el libramiento de Chimaltenango, que significa un gasto que no se realiza de forma visiblemente corrupta. Otro origen de la corrupción está en el financiamiento electoral: Hay políticos que financian sus campañas con fondos provenientes de la corrupción o de empresas que los patrocinan y luego tienen que devolver los favores. Y ese es uno de los pecados de la política en Guatemala”, subrayó.

Sobre lo encontrado por GFI en el CIV, Menchú, agregó que mucha de esa corrupción proviene de las relaciones entre el Ejecutivo con el Legislativo, y “hay muchos diputados que tienen empresas constructoras y a través de Consejos Departamentales o Comunitarios de Desarrollo, contratan a sus propias compañías para realizar obra pública defectuosa”.

Un método de control

La gerente del GFI también confirmó que muchos de los casos de corrupción en Guatemala y en la región centroamericana tienen que ver con empresas fachada o empresas fantasmas.

Al respecto, indicó que una de las principales recomendaciones es que los países implementen registros de beneficiarios finales o incorporen estándares de beneficiarios finales en los registros mercantiles existentes.

El beneficiario final es un concepto técnico que esencialmente plantea la siguiente pregunta: ¿quién es la persona real detrás de esta empresa?, y muchas veces, sabemos quién registró la empresa o quiénes son los abogados de la empresa, pero no tenemos idea de quién es el verdadero propietario.

“Una mayor transparencia con respecto a la propiedad de la empresa es un primer paso importante para prevenir delitos financieros, incluida la corrupción y el lavado de capitales. Puede ser particularmente útil cuando se aplica a empresas que contratan con el Estado. Esperamos que países como Guatemala tomen medidas y adopten las mejores prácticas internacionales en materia de beneficiarios finales”, concluyó.

El plan de gastos aprobado principalmente por diputados que integran la alianza oficialista y sin mayor oposición, resultó ajustado en Q2 mil 237 millones respecto a la iniciativa original que trasladó el pasado 2 de septiembre el Ministerio de Finanzas (Minfin).

El techo era de Q103 mil 992 millones, pero en una sesión de la Comisión de Finanzas realizada el pasado 30 de octubre, se elevó hasta Q105 mil 939 millones. Pero no quedó ahí, pues con las enmiendas presentadas, quedó en Q106 mil 229 millones 467 mil.

Ello, debido a un aporte extraordinario a los Codedes por Q290 millones, que será manejado por los gobernadores departamentales y alcaldes durante el próximo ejercicio fiscal, caracterizado por ser un año prelectoral, de cara a las elecciones generales del 2023.

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La asignación mencionada a favor de los Codedes quedó en Obligaciones a Cargo del Tesoro, cuyo monto global asciende a Q34,680 millones 795 mil 250. Inicialmente, la asignación para los Codedes era de Q2 mil 937 millones, pero con este aporte extraordinario, dispondrán de Q3 mil 227 millones.

Por aparte, al movimiento de recursos se sumarán los que no se logren ejecutar en este ejercicio, que podría rondar entre Q500 a Q600 millones, como remanente: según el portal de Finanzas, los   desembolsos y transferencias a los Codedes suman Q1 mil 985 millones y están pendientes de recibir Q713 millones.

Cien: deficiencias y opacidad

Las reacciones no se hicieron esperar y según Jorge Lavarreda, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), lo aprobado mantiene las mismas deficiencias técnicas que envió el Ejecutivo como propuesta y profundiza algunas situaciones que se habían detectado.

Citó, por ejemplo, que se incluyeron algunas obras que tienen pendientes requisitos en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y más recursos a los Codedes, sin que exista información clara sobre el tipo de obras que realizarán. Y consideró que existe mucha opacidad en cuanto al detalle de la información disponible, tanto en el dictamen, como en las enmiendas.

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“En todo caso, es un presupuesto que sigue con rigideces ya que se incluyen partidas presupuestarias con destinos muy puntuales en distintas instituciones, incluyendo a ONG, y se deja en abandono en esta discusión ¿cuáles serán los resultados de estas asignaciones financieras y cómo están alineados a los objetivos estratégicos de desarrollo de país?”

Sobre las asignaciones a los Codedes, Lavarreda reiteró que no responden a una asignación financiera técnica con base en una planificación previa.

También manifestó que al hacer un estudio, encontraron algunas obras con requerimientos pendientes, y citó como ejemplo que en el Ministerio de Comunicaciones, se encontró la construcción de un paso a desnivel en la ruta nacional 1, Organismo Judicial-Quetzaltenango, por Q30 millones, a la que le faltan seis de 12 requisitos.

Otros Q30 millones fueron asignados a la construcción de un paso a desnivel en esa misma ruta en la Esperanza, Quetzaltenango, con la misma situación y pasa lo mismo con el libramiento de Jalapa por otros Q30 millones.

“Cuando se incluyen recursos de esa manera, lo que viene pasando es que son obras que no se pueden ejecutar y se prestan a malos manejos”, remarcó.

Dinámica política

Fernando Ixpanel, analista de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes), declaró que la aprobación del presupuesto 2022, respondió a una dinámica política que se observa en el Congreso y en la política a nivel nacional y local, que quedó establecida con la elección de la nueva junta directiva.

“Aunque los Codedes y los Consejos Comunitarios de Desarrollo inciden en la planeación de obras, se perciben como actores políticos, sobre todo locales y departamentales, que pueden exhibirse para lograr obtener réditos políticos, ya que pueden influir en cómo se ejecutan los recursos de los proyectos.

Y, por otro lado, pueden ser utilizados como pagos de favores de campaña, adjudicaciones discrecionales a proveedores e incluso, beneficiarse de manera personal, que es uno de los riesgos”, expuso.

Añadió que el sistema está pensado en la participación ciudadana, pero en la práctica hay una distancia entre el objetivo y las dinámicas de los políticos. Y en un año preelectoral, hay una mayor intención de generar el mayor rédito y darse a conocer, en particular para los candidatos a diputados distritales y gobernadores.

“Por otro lado, hubo asignaciones a última hora a ONG que se caracterizan por estar diseñadas para captar fondos. También a algunos ministerios que entran en la dinámica electoral”.

Observatorio

Hermann Girón, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), indicó que el sector empresarial organizado, todos los años emite opiniones con relación a la formulación del presupuesto e históricamente, la forma como se ha realizado es prestando atención y criticando lo que puede influir en el déficit fiscal, cuestionando las fuentes de financiamiento o alertando sobre el nivel de endeudamiento.

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Pero ahora, explicó que dio un paso innovador, novedoso y más activo, al conformar una entidad técnica de funcionamiento permanente, que se dedicará a hacer análisis críticos sobre el gasto público, particularmente en cómo y dónde se invierte.

“Más que cuestionar las partidas presupuestales en un papel o en un momento del año, el Observatorio del Presupuesto es un esfuerzo que convocará a diversos sectores, para que de una forma permanente, podamos observar cómo se están ejecutando los planes y programas de financiamiento por los que pidieron recursos las diferentes unidades ejecutoras y que fueron aprobadas”, precisó.

El objetivo, es garantizar una mejor ejecución que alinee esa inversión de recursos públicos, a las grandes necesidades que se enfrentan, concluyó el presidente del Cacif.

Entre las calles y avenidas de la ciudad de Guatemala se observan cada vez más, intrépidos motoristas que se abren paso entre automóviles, buses y el transporte pesado, que en conjunto,  integran un parque vehicular de 4 millones 359 mil 216, según datos del Boletín Estadístico de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) a septiembre del presente año.

Solo las motocicletas eran 1 millón 889 mil 15 a esa fecha, pero solo 26 mil 64 están aseguradas, de las cuales 6 mil 301 son individuales y 19 mil 763 son flotillas, indicó Christian Nölck Rodríguez, presidente de la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (Agis).

A octubre del 2021 el tipo de vehículo que mayor se ve involucrado en hechos de tránsito son los motoristas con una incidencia de un 43.59% y le siguen los automóviles con un 20.53%, por lo que la siniestralidad aumentó a octubre de este año a 4 mil 444 motocicletas involucradas, que dejaron 883 fallecidos y 3 mil 851 lesionados, informó el Observatorio Nacional de Seguridad de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC).

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En los últimos dos años se ha observado un aumento en la cobertura de automóvil, pero el comportamiento no es igual con el de motocicletas y Nölck consideró que aún hay mucho por hacer para concientizar a los usuarios de los beneficios del seguro, dado el alto índice de accidentes en los que se ve involucrado este tipo de vehículos.

Carlos Vásquez es un pequeño empresario y recientemente compró una flotilla de motocicletas para su negocio y afirmó que ya viene incluido un seguro de daños contra terceros y si quiere,  puede optar a una mayor cobertura, pero la prima aumenta considerablemente, manifestó.

Pero Nölck afirmó que el sector asegurador guatemalteco tiene programas muy amplios para atender ese mercado. Desde un seguro muy básico que incluye responsabilidad civil y daños a terceros, hasta una seguro más amplio que incluya daños a la motocicleta, robo, accidentes personales, muerte accidental para el piloto, incapacidad o invalidez a consecuencia de accidente y gastos médicos.

“La mayoría de los usuarios busca el seguro más básico que incluye responsabilidad civil para poder tener un medio de cobertura por daños a terceros”, dijo el representante de Agis.

¿De quién es la culpa?

Oscar Bethancourt, ejecutivo comercial de Unity Willis Towers Watson, agregó que la mayoría de los usuarios de motos radica en el interior de la república, en donde hay menos acceso de información y la posibilidad de adquirir seguros. También recordó que la penetración de los seguros en general es bastante baja en Guatemala, ya que no se cuenta con una cultura de prevención.

Los dos tipos de seguros disponibles son un seguro completo, que cubre daños propios a la motocicleta, incluyendo robo, daños a terceros y lesiones a los ocupantes y el segundo es uno que cubre únicamente daños a terceros.

“Estadísticamente, en las aseguradoras han notado que la exposición a riesgo que presentan los usuarios de motocicletas es elevada, por lo que se han diseñado productos para poderse asegurar”, afirmó Bethancourt, aunque señaló que son los usuarios de las motos los que no se interesan por adquirir un seguro, ya que sí existen opciones en el mercado para poderlas asegurar.

En ese sentido Nölck resaltó que la pandemia ha contribuido a que el sector asegurador haya innovado en herramientas tecnológicas para acercar los seguros a la población y hacer más fácil y amigable su contratación. Ya existen opciones en el mercado que permiten contratar su seguro desde la comodidad de su casa a través de una página web, o a través de telemercadeo.

Necesidad de un marco regulatorio

Claudia Salazar, Socia Fundadora de IHRM, Asesores de Seguros, refirió que, de acuerdo con un estudio reciente, el aporte de primas de Latinoamérica llega al 3% de las primas globales, lo que representa una oportunidad para educar a todas las personas para adoptar una cultura preventiva ante cualquier siniestro.

Y ayudaría mucho a cerrar esta brecha, si existiera un marco regulatorio que permitiera elevar este tipo de cultura y brindar respaldo y tranquilidad en situaciones inesperadas, enfatizó la profesional.

Para Salazar, existe una percepción de que los seguros son productos exclusivos para las clases altas, cuando la realidad es que las compañías de seguros, junto con los corredores y asesores de riesgos, han trabajado para desarrollar diversos productos que beneficien a todas las personas, sin importar su nivel socioeconómico.

Otros factores son la poca cultura de seguros de motocicletas en donde intervienen falsas creencias o mitos, como el pensar que las primas son altas, que “a mí no me va pasar nada” y/o que los seguros nunca pagan y entonces no hay un sentido consciente de adquirir uno.

“En el caso de los motociclistas, no es recomendable esperar a que algún desastre o imprevisto suceda porque se puede contar con un plan específico que los beneficie en cualquier momento”, concluyó Salazar.

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Falta de transporte e inexperiencia

Amílcar Montejo, intendente de Tránsito de la capital, dijo a mediados de año a Prensa Libre que, debido a las medidas de restricción al transporte colectivo por la pandemia, miles de usuarios optaron por traslados en motocicleta.

“Se ha observado un incremento de vehículos de dos ruedas, lo cual contrasta con la obtención de licencias para estos vehículos. Hemos tenido un aumento en operativos de prevención, de campañas en redes sociales e intervención en medios de comunicación para una conducción responsable y el cumplimiento de las normas establecidas en la vialidad”, dijo.

Roger Escalante, de la Municipalidad de Mixco, comentó que los ocupantes de motocicletas están más expuestos a los accidentes de tránsito.

“Últimamente, en 2020 y 2021, por la pandemia, muchas personas han optado por adquirir motocicleta. La falta de experiencia ha causado numerosos percances. Hemos impuesto sanciones a quienes no portan casco y a los que llevan más de un acompañante. A veces hasta tres personas van en una moto. Sabemos que hay necesidad, pero ponen en peligro las vidas de otras personas”, señaló.

Jorge Lavarreda, presidente del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), enumeró cuatro de ellas: el primero está en los ingresos, le llama la atención que hay un incremento respecto de la propuesta enviada por el Organismo Ejecutivo, que inicialmente situó los ingresos tributarios en Q74 mil 368 millones y posteriormente, en las audiencias de la Comisión de Finanzas, la SAT elevó la estimación a Q75 mil 194 millones.

Pero en el dictamen, la Comisión lo estableció en Q76 mil 315 millones, es decir Q1 mil 121 millones más, colocando como bolsones varios impuestos directos e indirectos, sin establecer en cuáles se recaudará más. “Esperaríamos que se diera el debate en el pleno y los diputados soliciten información de cómo se llegó a ese número exacto y con qué impuestos”, dijo.

El segundo punto es que también decidieron incrementar el presupuesto de gastos en Q1 mil 947 millones, y aunque amplía el monto de la recaudación, se mantiene el déficit fiscal, aparte de que no se especifica cómo se repartirá el dinero en distintas instituciones, pues del monto de ingresos ordinarios dependen las asignaciones para entidades establecidas en la Constitución; por ejemplo, para municipalidades, el Organismo Judicial, el deporte federado y otros.

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“La pregunta es cómo creció la meta de recaudación y los ingresos corrientes en Q1 mil 947 millones, pero se evaden todas las asignaciones que la Constitución manda. Entonces, también queda la duda de cuánto será el presupuesto de ingresos ordinarios del Estado”.

Es decir que los ingresos corrientes de la propuesta del Ejecutivo eran Q79 mil 630.66 millones y la comisión los dictaminó por Q81 mil 577.66 millones, mientras que el monto del gasto era de Q103 mil 992 millones, pero los diputados lo dejaron en Q105 mil 992 millones.

Lavarreda explica que se sigue con la práctica de establecer una serie de destinos muy puntuales, pero hace falta incluir una explicación detallada de los resultados se van a lograr con esas asignaciones.” Es necesario que los montos tengan un respaldo técnico y cumplan con los lineamientos de la Secretaría de coordinación y el ministerio de Finanzas”.

El tercer punto que menciona es que se continúa con el hábito de tratar de legislar o modificar otras leyes o hacer excepciones por medio de una Ley de Presupuesto anual. Por ejemplo, se incluyó un artículo nuevo, el 115, referente a la asignación para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para las elecciones generales.

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En una parte indican que lo que no ejecute esa institución en el 2022 lo podrán usar en el 2023, con lo cual están haciendo una excepción al artículo 38 de la Ley Orgánica del Presupuesto, que establece que los sobrantes de cada año se deben ir al fondo común. Y en otro párrafo se faculta al TSE para que haga las adquisiciones o contraten por excepción sin licitar y bajó excepción.

En el artículo 120 también se les está dando la excepción de cumplir con el artículo 38 de mencionada ley a los Consejos de Desarrollo que tengan saldos pendientes de ejecutar de los recursos extraordinarios asignados por medio del decreto 20-2020.

La cuarta falla es que se ignoró la sugerencia de varias entidades en el sentido de que todo ingreso y gasto incluido en el presupuesto tenga soporte técnico y cumpla las leyes. “Se menciona que no se pueden pagar gastos de funcionamiento con deuda pública, como la proveniente de bonos, pero al final se hace caso omiso. El dictamen no corrigió deficiencias técnicas del presupuesto y más bien las acentuó. Son temas delicados y temas de fondo”.

Recaudación y ONG

Pedro Prado, analista de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes), explicó que, en términos generales, hay varios señalamientos más que los diputados deben considerar en la última discusión.

La primera, está relacionada con el “ensanchamiento” del déficit fiscal, ya que, si no se logra alcanzar la recaudación esperada, por el lado de los gastos hay compromisos por cumplir. “Lo ideal, es revisar detenidamente esa meta de recaudación, que es elevada, para mantener la estabilidad macroeconómica y, en todo caso, para evitar un “ensanchamiento” del déficit fiscal, se debe revisar a la baja dicha meta.

El segundo error detectado por Prado es que no se evidencia que vayan a atenderse de mejor manera las grandes prioridades que siguen siendo la salud (red hospitalaria y combate a la pandemia), la seguridad alimentaria y la educación. “Sobre todo, en esta coyuntura porque se necesita introducir tecnología en el sector público”.

Y el tercer entuerto, dijo que está en los aportes a algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG), por lo que es importante que los diputados garanticen que los recursos vayan a entidades que cumplan con una función que el Estado no puede atender en temas de educación o salud y mostrar resultados a la población. Además, que la ciudadanía pueda acompañar el proceso de ejecución de ese gasto en 2022 a través de las herramientas tecnológicas que están disponibles para ejercer la auditoria social.

Otras anomalías detectadas

Por si no fuesen suficientes las 7 observaciones anteriores, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), también señaló que los legisladores no atendieron las recomendaciones para proponer con un gasto enfocado en lograr más bienestar social, crecimiento económico, mayor transparencia y el cierre de espacios para el despilfarro y la corrupción.

Señalan que, en el dictamen de la referida comisión, se “introdujeron asignaciones de gasto público que empeoran las anomalías detectadas en la propuesta original presentada por el Ejecutivo, por lo que exhorta al pleno a eliminarlas”.

Y aparte de mencionar las ya enumeradas, la entidad reitera que, de nuevo, el déficit fiscal se financiará con un incremento en la deuda pública, por medio de bonos del Tesoro, así como como Q5 mil 900 millones en recurso de saldo de caja que provienen de deuda bonificada colocada, pero no utilizada en 2021.

“Los mensajes oficiales que sugieren una reducción en el endeudamiento público en 2022 son engañosos, toda vez que la deuda que financiará gasto en el próximo ejercicio fiscal, incluyendo la colocada en 2021 y en 2022, será de Q21 mil 900 millones”, indica.

¿Qué dice el Minfin?

Para Álvaro González Ricci, ministro de Finanzas y quien fue diputado hace dos legislaturas e integró la Comisión de Finanzas, dijo que la primera y segunda lectura del presupuesto son de oficio, pero la más importante es la tercera, que puede ocurrir este jueves y en la que se pueden presentar enmiendas, discutir por artículos y lograr la aprobación final.

A su juicio, el proceso va en orden, pero espera que exista el espacio suficiente para discutir, socializar la propuesta y escuchar, para que, una vez aprobado, no existan críticas como las del año pasado.

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El funcionario aseguró que los cambios presentados en el dictamen no ponen en peligro la integralidad del plan de gasto y reconoció que hubo cambios consensuados en el sentido de incrementar en Q1 mil 947 millones el techo de la recaudación, así como bajar en Q1 mil millones la contratación de nueva deuda pública. “Pero, al igual que en otros años, se incluyeron algunos proyectos y cambios en ONG que son temas para discutir en el Pleno”.

Recordó que el ministerio ya está fuera de la discusión, pero las modificaciones presentadas no impactan los números macro del plan de gasto. Sobre los proyectos, dijo que son obras que se incluyeron en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que cuentan con registro en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), y que llevan un grado inicial de poder hacerlos, para no comprometer recursos en obras que ni siquiera se van a realizar.

“Yo también estuve en la Comisión de Finanzas y de ahí pudieron salir proyectos con cierto grado de avance y de algún interés para los distritos. A esa comisión llegan diferentes diputados, alcaldes y gobernadores, y siempre sale proyectos adicionales, que no dudo que van a tener un impacto”, remarcó.

El 2020 será recordado por haber generado un pasado y un después en la forma de vivir de las sociedades del mundo, sobre todo en el desarrollo de la actividad económica, la cual este 2021 empezó a recuperar su ritmo, luego de permanecer estancada durante varios meses debido a las medidas de confinamiento adoptadas por los gobiernos para contener el avance del covid-19.

Aunque los riesgos sanitarios derivados de la pandemia continúan a más de 18 meses de haberse declarado el primer caso en Guatemala, el proceso de recuperación inició en el
segundo semestre del 2020, dando como resultado un crecimiento de -1.5%, luego de haber tocado su nivel más bajo en el segundo trimestre, con -8.9%.

Gracias a la confianza de los empresarios y el consumo de la población, quienes de manera resiliente ya reiniciaron actividades de forma casi normal, en el primer trimestre de este año la economía creció 4.5%,y en el segundo, 15.1%, según el Banco de Guatemala (Banguat).

Ante este panorama, representantes de las diferentes actividades económicas que contribuyen a la construcción de ese crecimiento, concuerdan con las estimaciones de la autoridad monetaria, en que el año cerrará con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 4% a 6%, con un promedio de 5%

Esta evolución debe ser reseñada y detallada, por lo que Prensa Libre ofrece para suscriptores esta publicación especial: “Guatemala En Cifras: La recuperación Económica”, que incluye de manera resumida el comportamiento de los principales sectores económicos que contribuyen a la formación del PIB nacional, durante el proceso de recuperación económica. En el caso de los suscriptores digitales, la publicación está en nuestra Biblioteca Virtual. 

Gran parte de esta dinámica también se debió a la mayor actividad crediticia al sector privado, que incluye consumo e inversión, además de un incremento en el comercio exterior.

Inteligencia económica, sector por sector

Inicialmente, se expone el comportamiento histórico del PIB nacional, para luego dar paso a la información proporcionada por las autoridades monetarias del país, así como por presidentes de cámaras empresariales y otros actores del acontecer económico nacional.

Independientemente del orden en que se consignan los sectores, usted encontrará información estadística y explicativa sobre las siguientes actividades económicas: agricultura, comercio, industria, construcción, banca y finanzas, energía y minas, servicios varios, comunicaciones, turismo y conexos, comercio exterior y gasto de Gobierno.

Como resultado del proceso de la reapertura gradual de la economía y la flexibilización de las medidas sanitarias implementadas por el gobierno guatemalteco para contener el contagio del covid-19, la actividad económica medida por la previsión del Producto Interno Bruto (PIB) real registró, en el primer trimestre del 2021, un crecimiento interanual de 4.5%.

En esta publicación encontrará, con un detalle estadístico, lo siguiente:

• La industria marcha a todo vapor
• Movilidad reactiva la plaza comercial
• Constructores colocan más ladrillos
• El sistema financiero se mantiene sólido
• Agro: Un sector con buena cosecha
• Servicios: Población demanda mayor atención
• Guatemala se conecta más con la tecnología
• Impacto de los precios internacionales
• Fluye el comercio internacional
• Sector de alojamiento se comienza a levantar
• Salud y enseñanza pesaron en el gasto público

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El sector de información y comunicaciones está dentro de las actividades productivas que más flujo de capital foráneo ha atraído a Guatemala en los últimos 13 años. Y con un mercado cercano a los 21.6 millones de usuarios de telefonía celular al primer semestre del 2021 en el país, está actividad promete ser intensa en atracción de recursos a futuro.

Los datos

En Guatemala ya se han experimentado fusiones y adquisiciones de empresas relacionadas con el sector de telecomunicaciones: Del 2008 al 30 de junio de este año, Guatemala captó US$1 mil 55.5 millones, según las estadísticas del Banco de Guatemala (Banguat) y los ejercicios más relevantes fueron en 2009 con US$118.9 millones; 2013, US$127 millones; 2014, US$221.6 millones y 2016, US$138 millones.

El único registro negativo en este periodo ocurrió en 2020 cuando, salieron del país US$26.3 millones. Pero según las cifras al primer semestre del 2021, se recibieron US$43.8 millones de IED; y aunque el rubro contable de IED es información y comunicaciones, telecomunicaciones es la actividad que resalta.

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Ricardo Flores, experto en el tema, remarcó que existe un crecimiento de participación de esta actividad en el Producto Interno Bruto (PIB), relacionada con una mayor demanda por tele estudio o teletrabajo.

Millicom dispara la IED

La transacción de la compañía de telecomunicaciones Millicom con sede en Luxemburgo (y presencia en varios países) derivad de la adquisición completa de Tigo Guatemala el pasado 11 de noviembre, demuestra que la actividad es un “imán” para los inversionistas.

La operación de US$2 mil 200 millones sería registrada como IED en Guatemala, según fuentes oficiales, pero aún se analiza si será una operación global o parcial, de acuerdo con los manuales de clasificación esos flujos.

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No obstante, para Rolando Paiz Klanderud, comisionado del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom), esta operación representará el mejor ingreso de IED, con un monto aproximado de US$3 mil 500 millones, que equivale a 250% más que durante el año histórico 2013.

“Está transacción nos pondrá en los US$3 mil 500 millones de inversión, aunque nos queda mucho por hacer porque próximamente habrá un evento al que asistirán representantes de importantes empresas para discutir por qué Guatemala es el epicentro de las cadenas de valor y nos podemos convertir en el centro logístico de área”, apuntó.

Sector con potencial

Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham), señaló que las telecomunicaciones ya no abarcan una comunicación en sí, sino que incluye todos los servicios digitales como cable, entretenimiento, comercio, pagos, compras, transferencias, y hoy por medio del celular, se llevan a cabo muchas más actividades que una comunicación.

La penetración de los servicios de telecomunicaciones van acompañadas de infraestructura tecnológica y digital que han transformado muchos servicios esenciales incluso en comunidades no conectadas y se pudo comprobar durante la pandemia, donde la educación llegó por medio de los dispositivos.

“Es un servicio esencial y se busca que Guatemala atraiga más inversiones y sobre todo, avanzar en tecnología 5G, pues aún no se ha llegado a la penetración de esta tecnología en la provincia”, recalcó el directivo.

En todo caso, dijo que el país no se debe retrasar respecto a otros países, para sostener las nuevas tecnologías y las inversiones que representa en antenas, equipos, interconexiones de fibra óptica y un sinfín de infraestructura, además de los programas que están relacionados con los servicios digitales.

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El resultado es contar con una mayor velocidad y a la vez más equipos conectados a una misma red en áreas con alta densidad de población; pero ahora ya hace falta más inversión para poder desarrollar nuevas tecnologías como sucede en México o Estados Unidos, reiteró al agregar que al igual que en el sector de energía, el “andamiaje jurídico” de la ley de Telecomunicaciones es importante para brindar un marco jurídico a los operadores que invierten su capital en el país.

“La transacción realizada es un paso positivo y se esperaría que ayude al país para el desarrollo de las telecomunicaciones y en específico, sea más eficiente porque es una herramienta de trabajo para todos. Es una buena señal que Millicom le apueste al país, lo que conllevará mejoras en infraestructura, en servicios y en capacidad, para rentabilizar su operación aún más.

Otros sectores

En las estadísticas de IED, el sector que lidera los flujos es comercio y reparación de vehículos, que en la serie del 2008 al primer semestre del 2021, fue de US$2 mil 759.7 millones.

En segundo lugar se encuentran las actividades financieras y de seguros con US$2 mil 701 millones y  en tercer puesto, la industria manufacturera con US$2 mil 662 millones.

De acuerdo con la investigación “Crímenes financieros en América Latina y el Caribe” presentada en octubre pasado por la entidad Global Financial Integrity (GFI) con sede en Washington, D.C., el tráfico de minerales es muy complejo, ya que abarca desde la minería ilegal hasta el comercio ilícito, incluyendo actividades vinculadas al lavado de dinero, el crimen organizado transnacional, el terrorismo y la corrupción.

El documento indica que la región centroamericana, al igual que varios países de Asia, África y Latinoamérica, es rica en reservas minerales y recursos naturales que en su mayoría siguen sin explotar, pero la debilidad institucional es aprovechada por redes criminales internacionales; además, la porosidad de las fronteras permite el movimiento del metales y minerales para satisfacer la demanda en el resto del mundo. Esto significa que siempre hay compradores dispuestos a pagar por estos bienes, sin hacer demasiadas preguntas sobre sus orígenes.

Punto de origen y de tránsito

Guatemala es uno de los países que, junto con Nicaragua y Panamá, figuran en el mapa de la actividad criminal en la región, en cuanto a este tema se refiere.

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“Centroamérica y Guatemala desempeñan múltiples roles en el tráfico de minerales, actuando como países de origen y de tránsito. Las exportaciones de minerales de la región se destinan en última instancia a otros países, generalmente Estados Unidos o Europa, como destino final”, expresó a Prensa Libre Lakshmi Kumar, directora de políticas públicas de GFI y especialista en temas de tráfico de minerales, desde la capital estadounidense.

Por otro lado, “los problemas de corrupción sistémica en Guatemala también han afectado a la industria minera en términos de cómo se otorgan los contratos y el incumplimiento de normas ambientales, mientras se ignoran los derechos de las comunidades”.

La ruta del jade

Los resultados de la investigación apuntan a que en Guatemala hay indicios de blanqueo de dinero proveniente del jade y Kumar precisó que hay una intersección entre los grupos criminales con las organizaciones del tráfico de drogas y con los políticos locales.

Guatemala cuenta con tres tipos de jade, pero el más buscado y apetecido en el mercado es el negro, que solo existe aquí y en China, pero las autoridades no cuentan con un inventario específico sobre este mineral, mientras los grupos de contrabandistas buscan las maneras de evitar a los reguladores mineros en los puertos de la costa caribeña para embarcarlo y trasladarlo a sus compradores.  Especialmente, el jade que se explota en Morales, Izabal.

“Las ganancias que se obtienen se canalizan para apoyar a cárteles de la droga y, en el caso de los políticos, generalmente se utilizan para financiar un estilo de vida lujoso, incluyendo la compra de bienes raíces”, resaltó.

Sobre quiénes podrían participar en la cadena, Kumar declaró que hay una variedad de actores y esto puede cambiar según el tipo de mineral y de extracción; ello influye a su vez en el enfoque de los esfuerzos regulatorios.

Marvín Flores, analista de Acción Ciudadana (AC) aseguró que sobre todo en el caso del jade, existe una sobreexplotación en la cuenca del río Motagua, que no está legalizada.

Al relacionarlo con el lavado de dinero, explicó que la actividad está estrechamente vinculada y normalmente, se blanquea el dinero en la región, tal como lo afirma el análisis del GFI. Esta puede  relacionada con los “paraísos fiscales”, ya que las estructuras criminales necesitan comercializar el jade negro, pero a la vez lavar dólares, por lo que “se convierte en un montón de dinero”.

El caso del oro

En cuanto al oro, el informe indica que las estructuras que operan en Guatemala forman parte de las rutas del tráfico de minerales en Centroamérica y este metal precioso sigue siendo un problema significativo, tanto por origen, como por  tránsito, pero no es el único: por ejemplo, Panamá es un punto de tránsito para el oro proveniente de Colombia, mientras que Guatemala es la entrada para manejar el oro que sale de Belice. Nicaragua es otro punto de tránsito para el oro de origen ilegal extraído en Costa Rica.

Y agregó que el oro no es el único metal vulnerable al lavado de activos, corrupción y otros delitos financieros y, mediante el uso de otros metales como el níquel, se continúan infringiendo los derechos de propiedad de las comunidades que habitan en zonas mineras.

“Esto, porque el oro sigue siendo uno de los metales de mayor interés para las organizaciones criminales, por su valor en el mercado mundial y hay operadores en el país que trasiegan todo lo que pueden, para obtener jugosas ganancias”.

Kumar describió que en general, con el oro o los diamantes hay un componente de minería artesanal y la atención se centra en los propios mineros a pequeña escala. Sin embargo, la cadena de suministro incluye intermediarios que compran minerales extraídos artesanalmente, contrabandistas, otros negocios que brindan servicios logísticos, de transporte, equipos, etc.

La investigación arrojó que existe toda una cadena de actores hasta el punto de exportación, que juegan distintos roles y niveles de involucramiento para facilitar las actividades ilícitas y existe una distribución de responsabilidad entre los distintos puntos de presión en la cadena de suministro.

Procesos inconclusos

Para combatir este problema en Guatemala, Kumar recalcó que el primer paso es encontrar una manera de trabajar con el gobierno para asegurar que la sociedad civil tenga una ‘’silla en la mesa’’ en los espacios de decisión.

Recordó que varios países centroamericanos la han iniciado, pero luego se estancan los procesos, como ha ocurrido con la Asociación de Contratación Abierta (OCP, en inglés) y la Iniciativa de Transparencia de la Industria Extractivas (EITI, en inglés). Guatemala fue parte del proceso de la EITI, pero recientemente se consideró que no ha avanzado lo suficiente y se necesitan mejoras en una serie de criterios. “Es importante subrayar este compromiso con EITI y redoblar esfuerzos”, concluyó la especialista.

En conclusión, el tráfico de minerales, que incluye el comercio ilícito de piedras preciosas y metales, ha sido, durante décadas, altamente vulnerable a los riesgos del lavado de activos, corrupción, violencia, y conflictos civiles y militares, sin que se vea una mejora en el corto plazo.

La respuesta del MEM

Al consultar al Ministerio de Energía y Minas (MEM), específicamente sobre los controles para evitar el contrabando de jade en el Motagua, Sierra de las Minas e Izabal, esto fue lo que respondió:

El informe estima las ganancias que las estructuras criminales obtienen en los países del Triángulo Norte de Centroamérica en 2021 sobre la trata de personas, resultados que se conocieron en octubre último y dibuja la situación actual de uno de los temas de coyuntura.

“GFI elaboró ​​una estimación cuantitativa del valor del tráfico de migrantes, considerando la ruta del Triángulo del Norte de Centroamérica a Estados Unidos y descubrimos que el monto que perciben las estructuras que se dedican al tráfico de migrantes, a partir del 2021, es de al menos US$2 mil 700 millones al año. Esta es una estimación muy conservadora y el valor real probablemente sea mucho más alto, especialmente porque vemos niveles crecientes de migración”, declaró a Prensa Libre Julia Yansura, gerente del referido programa desde Washington, D.C.

Al convertir esa cantidad a quetzales, equivale a unos Q20 mil 790 millones que es la cifra proyectada para 2021, en los tres países.

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Desglose

Yansura declaró que, para el caso de Guatemala, GFI estima que el valor anual del tráfico de migrantes supera los US$1 mil 200 millones (unos Q9 mil 240 millones), y casi representa un mes de ingreso de divisas por remesas familiares.

“En el caso de El Salvador, estimamos que es de al menos US$250 millones (unos Q1 mil 925 millones), y en Honduras, calculamos de otros US$1 mil 200 millones (alrededor de Q9 mil 240 millones). Es decir que entre Guatemala y Honduras reciben casi el 90% de la cuantificación proyectada.

Aclaró que todas estas estimaciones se refieren a la migración a los Estados Unidos, que representa más del 90% de toda la migración proveniente de Centroamérica y la investigación reveló que, en Guatemala, El Salvador y Honduras, hay dos problemas distintos que afectan a la región: la trata de personas y el tráfico de migrantes.

La trata de personas ocurre en contra de la voluntad de la víctima y puede incluir elementos como el trabajo forzoso; y en el caso del tráfico de migrantes, este suele ocurrir porque la persona quiere o necesita emigrar y contrata a un traficante para ello. Pero en la vida real, la línea entre la trata y el tráfico, a menudo se difumina.

“Hay casos en los que un migrante que participa de manera voluntaria se termina convirtiendo en víctima de la trata de personas y puede ser retenido en contra de su voluntad o forzado a la explotación a lo largo de la ruta”, expuso.

Por otro lado, la investigación encontró que muchos solicitantes de asilo contratan a traficantes para llegar a la frontera de Estados Unidos. “Si a estas personas se les permitieran métodos legales para presentar sus solicitudes de asilo, incluyendo, pero no limitándose a opciones de procesamiento remoto en su país de origen, esto reduciría drásticamente el negocio de los traficantes”.

¿Cómo se blanquea el dinero?

En la cadena participa una serie de actores desde donde provienen los flujos -origen-, hacia donde van -destino- y Yansura remarcó que los pagos son realizados por los migrantes y sus familias para cubrir los costos de un traficante o “coyote”, los sobornos a las autoridades corruptas para el paso, así como las tarifas o “impuestos” exigidos por los grupos criminales que controlan ciertos territorios.

“Lo que descubrimos en nuestra investigación y en entrevistas con expertos es que el tráfico de migrantes está muy segmentado, al igual que los pagos asociados a este. Muchos de estas erogaciones ocurren dentro de un solo país; es decir, no son transfronterizos. Además, muchos de ellos se realizan en efectivo, lo que dificulta su detección o seguimiento”.

Por lo general, los ingresos se integran en negocios que utilizan cuantías elevadas de efectivo. Por ejemplo, un hotel local, una gasolinera, una empresa de transporte, un restaurante o incluso un supermercado, donde se podrían mezclar las ganancias del tráfico ilícito con ganancias legítimas, explicó la ejecutiva.

 Una gran cadena

Para Jahir Dabroy, analista en temas migratorios de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes), estas situaciones son complicadas ya que se trata de estimaciones, pero son parte de redes ilícitas. Pero la trata de personas, el narcotráfico y el tráfico de armas, son los tres delitos preponderantes que existen en el mundo.

Explicó que la trata se ha venido diversificando, igual que el crimen organizado y han creado su hub, por así decirlo, en este delito, pero no significa que esté conectado con otras tipologías y es muy difícil decir si esa cifra es mucho o poco en comparación con la actividad como tal.

El tráfico de migrantes es un negocio inmenso, y muchas personas se benefician de este, detalla la investigación:

Desde los propios “coyotes” hasta los servicios de transporte, los hoteles y restaurantes locales, los grupos criminales que cobran a los migrantes por el paso e incluso las autoridades policiales y funcionarios de migración corruptos que buscan soborno. Y este último punto es especialmente preocupante. Según lo expresó un experto entrevistado para el estudio, “el fracaso de una respuesta adecuada contra el tráfico de migrantes se debe a la corrupción”.

Sobre las tipologías –que es el estudio del patrón de comportamiento del delincuente–, y sobre los principales actores involucrados, Yansura manifestó que lo que han encontrado es que cada país, y hasta cada departamento y municipio, tiene su propia dinámica.  El tráfico ilícito de migrantes está sumamente localizado; esto hace que sea muy difícil generalizar tendencias. También hace que sea muy complicado de abordar a nivel nacional.

Guatemala, el último puente

 El análisis de GFI también destaca que Guatemala juega un papel clave para las redes, ya que es el último puente para poder pasar hacia México, y otros migrantes centroamericanos deben pasar por el país en su ruta hacia el norte.

“Lo que vemos en Guatemala es una relación preocupante entre la corrupción de funcionarios y la migración irregular, donde algunas autoridades policiales y funcionarios de migración corruptos cobran tarifas a los migrantes de toda Centroamérica a cambio de dejarlos pasar”, declaró Yansura.

Otra alarma es que las personas que ven frustrados sus intentos se quedan endeudas y también corren riesgos. “Es una preocupación realmente seria. En el caso de Guatemala, estimamos que, cada año, al menos US$1 mil millones de las tarifas del tráfico ilícito de migrantes provienen de personas que no logran emigrar ese año. Esto se traduce en grandes cantidades de deuda, que a menudo se deben a individuos inescrupulosos y, a veces, incluso a grupos delictivos.

Instamos a los gobiernos de la región, así como al gobierno de los Estados Unidos, a tomar esto en consideración como parte de los esfuerzos de recepción y reintegración de los migrantes deportados”, subrayó Yansura.

Al respecto, Dabroy comentó sobre las deudas que dejan las personas, que las redes criminales están sobre el efectivo y se negocian pagos una vez la persona cuente con un trabajo en EE. UU., que es su destino. Y en algunos casos, hasta se ofrece la garantía de empleo, ya ni siquiera llegar, por lo que en un tiempo determinado, deben de concluir los pagos pendientes.

Alerta regional

El documento recomienda que los países comiencen a investigar los canales financieros utilizados en el tráfico de migrantes, ya que actualmente hay muy poca información disponible. Además, sugieren que los países aborden urgentemente la corrupción dentro de las autoridades policiales y los funcionarios de migración.

También indican que Estados Unidos y Centroamérica deben trabajar juntos para encontrar soluciones a la deuda migratoria. “Los ciclos de intentos de migración, victimización y endeudamiento ponen a las personas en peligro y no redundan en los intereses de seguridad de ninguno de los países involucrados. También deben reconocer que las políticas fronterizas restrictivas contribuyen al tráfico ilícito de migrantes”.

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Flujos inusuales

 En una publicación de Prensa Libre del 6 de septiembre pasado, la Intendencia de Verificación Especial (IVE), informó que las nuevas modalidades de lavado de dinero detectadas se relacionan con la trata de personas y movimientos sospechosos con criptomonedas.

También, identificó un comportamiento inusual de transferencias que provienen de África, Europa del Este y Asia, que son cobradas en municipios cercanos a Honduras y al área fronteriza con México, que estarían asociadas al tráfico ilegal de migrantes hacia Estados Unidos.

Se cree que el dinero es para pagar servicios y atenciones de los migrantes en su paso, como dónde pernoctar, transporte y alimentación, como un proceso de servicio logístico de las estructuras criminales.

Desde hace más de seis años, Guatemala ha buscado incansablemente el desarrollo de una Marca País que le identifique ante el mundo y no solo para fines turísticos. Sin embargo, después de varios intentos, proyectos e ideas, no se había logrado concretar, pero el panorama está cambiando.

En ese tiempo, se han organizado varias mesas de trabajo, se lanzaron cinco licitaciones, hubo un intento de compra directa y un ofrecimiento de quien asumiría como presidente de la República,  de que se adoptaría una marca específica que él había escogido.

En el 2005, durante el gobierno del expresidente Óscar Berger, se adoptó el lema Alma de la Tierra, pero en el 2008 uno de los directores del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) en la administración del presidente de Álvaro Colom retomó la que se había usado por muchos años: Guatemala, Corazón del Mundo Maya, que sigue vigente.

Del 2015 a la fecha, se han organizado dos mesas de trabajo interinstitucionales, una liderada por el sector privado y otra, por el Inguat. En tanto que del 2018 para el 2021, se realizaron cinco licitaciones, de las cuales cuatro no se concretaron por diferentes motivos.

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El Inguat ha dispuesto de un presupuesto de Q4 millones a Q6 millones para la contratación de una empresa especializada que se encargue del desarrollo de la estrategia, monto que se había estimado con base en experiencias de otros países, según explicaron autoridades del gobierno anterior.

Derivado de las primeras cuatro licitaciones, no se habían usado los recursos porque las adjudicaciones no se concretaron. Por ejemplo, en el segundo concurso realizado en el 2018, que ganó Regional de Comunicaciones, S. A., por Q10 millones 940 mil 15.52, el entonces director del Inguat, Jorge Mario Chajón, pidió que se revisara si el monto estaba dentro del techo presupuestario de la dirección de Mercadeo para ese proyecto y resultó que solo había Q5 millones 850 mil, por lo que el evento se declaró desierto.

En la cuarta licitación, lanzada el 9 de marzo del 2021 por el actual gobierno, se recibieron dos ofertas, una de Regional de Comunicaciones, S. A., por Q4.5 millones, y otra de Vallas y Gigantografías de Guatemala, S. A., por Q2 millones 313 mil.

Según el acta de la Junta Califcadora, la segunda no cumplió con los requisitos en la forma de presentación y los precios ofertados en el concurso sobrepasaban el techo presupuestario. La administración del actual director de Inguat, Mynor Cordón, hizo un segundo intento, y en junio lanzó otro evento.

En este se adjudicó a la firma Regional de Comunicaciones, S. A., por Q6.8 millones, la oferta más alta de las tres recibidas. Y aunque el monto ofertado es mayor al del concurso anterior, en el acta se argumenta que ahora sí se tiene el presupuesto necesario porque el pago se distribuirá en el plan de gastos de 2021 y 2022.

Concursos provocan polémica

Según la lista de oferentes en Guatecompras, para esa nueva licitación hubo tres empresas, una es Vallas y Gigantografías de Guatemala, S. A. por Q2 millones; Wurmser Ogilvy & Mather Publicidad, S. A., que ofertó Q3 millones 399 mil (la cual se rechazó en la revisión posterior de requisitos) y la que resultó adjudicada. Según se consignó en el acta, solo se recibieron las dos últimas, mientras que de la primera se indica que decidió retirarse porque le faltaba la fianza.

A finales de agosto del 2021 fue destituido el subdirector del Inguat, Elmer Hernández, quien refirió que, aunque no le indicaron las razones de esa decisión, se negó a firmar el contrato adjudicado ya que tenía varias dudas sobre el evento, lo que generó desacuerdos con el director, Cordón.

Hernández argumenta que cuestionó el proceso en tres ocasiones por una serie de problemas, dudas e inconsistencias, que incluye los montos tan diferentes observados en tres intentos de contratación.

El primero que menciona es que en diciembre del 2020, funcionarios del Inguat quiseron contratar a una empresa extranjera de forma directa, sin hacer licitación y según Hernández le llevaron una cotización de la firma Forbes con sede en Colombia, que ofrecía desarrollar la marca por US$625 mil (unos Q4.8 millones), de los cuales US$187 mil (alrededor de Q1 millón 439 mil) era para desarrollar la marca y US$438 mil (unos Q3 millones 372 mil) para un plan de medios durante 10 meses.

Sin embargo, explicó que se opuso porque se debía licitar, ya que la ley permite contratación directa en el extranjero para campañas publicitarias, pero no para gastos como el desarrollo de una marca, porque en Guatemala se presta ese tipo de servicios.

Señaló que luego le indicaron que lo presentarían como una contratación de campaña publicitaria internacional y argumentarían que se daría como un servicio adicional el desarrollo de la marca, a lo cual, asegura que también se opuso porque se caería en irregularidades y les recomendó hacer una licitación y “no chanflear la ley”.

El Inguat optó por un concurso en marzo del 2021 y llegaron tres oferentes (ya mencionados), pero se declaró desierto porque según la Junta Calificadora una no realizó el proceso correcto y otra no cumplió los requisitos. Además, los precios ofertados eran superiores a lo presupuestado.

Hernández comenta que le llamó la atención que una de las ofertas era por Q2.3 millones a Q4.5 millones, lo que era entre Q900 mil y Q3 millones mayor al monto de la cotización (que pretendían contratar) sin licitación de la otra empresa, en diciembre del año anterior.

Al final en la tercera licitación, se adjudicó la oferta por Q6.8 millones a Regional de Comunicaciones, S. A., el actual director del Inguat, aprobó la decisión de la Junta Calificadora. En Guatecompras no aparecen inconformidades al concurso, aparte de las mencionadas públicamente por Hernández.

El proyecto incluye la contratación de la empresa, estudios nacionales e internacionales, focus group en el exterior que son entrevistas con personalidades y cómo siendo guatemaltecos han destacado en el mundo, y serán parte del estudio.

“Afortunadamente el proceso se hizo y la licitación pasó sin ninguna objeción y estamos ya trabajando todos los lunes en los focus group, para empezar a trabajar el proceso de la Marca País”, expresó Cordón en septiembre pasado.

Imagen integral

Durante la presentación del Proyecto Marca País Guatemala, el director explicó que, para definir el uso, hay tres actores involucrados en el tema que son el ministerio de Economía, por las importaciones, exportaciones e inversión extranjera, el ministerio de Relaciones Exteriores por seguir expandiendo las relaciones internacionales, y el Inguat porque se quiere captar más turistas.

Por lo anterior, el proyecto estará a cargo de estas dependencias, según el Acuerdo Gubernativo 49-2018, y serán las encargadas de ejecutar los fondos. “Finalmente, después de muchos años se logrará desarrollarla en 29 semanas, los trabajos comenzaron en abril 2021 y se espera concluirlos en abril del 2022”, afirmó el funcionario.

También se establecerán mesas técnicas donde estarán incluidas varias instituciones privadas como: Agexport, Anacafé, Azasgua, cámaras empresariales y medios de comunicación, que serán claves para la difusión de la Marca País.

“La marca tiene un respaldo para atraer inversión extranjera, fortalecer las relaciones con el mundo e incursionar en nuevos mercados. Impulsará a Guatemala para que tenga una mejor percepción y se escalen posiciones a través de un trabajo unificado”, expresó Cordón.

A su juicio,  todo el mundo entiende que Guatemala Corazón del Mundo Maya es un eslogan turístico del Inguat, pero no es la Marca País, por lo tanto, es necesario desarrollarla para ser vistos de manera diferente en el mundo. Y no es solo el Inguat el que debe definirla, por eso es un trabajo conjunto.

Y compartió que se basarán en el concepto de las tres “C”, que consiste, en Comprender el concepto de Marca País; Consenso para impulsarla y el Compromiso de todos, para llevarla como algo propio.

La empresa adjudicada

Cordón explicó que la firma contratada cuenta con un experto que fue el creador de las marcas de Costa Rica, Argentina y Perú. Regional de Comunicaciones, S. A., también aparece en Guatecompras con el nombre comercial D4 Comunicaciones e informó en uno de los procesos anteriores que la empresa era formada por d4 McCANN, representante de la firma McCANN en Guatemala, FutureBrand y QRI Consulting.

Ya ha sido contratada con anterioridad por el Estado, pues en Guatecompras se registran adjudicaciones por Q207.3 millones desde el 2006 hasta octubre del 2021, que incluyen servicios al Inguat, Intecap, Irtra, ministerios de Salud y de Educación, Superintendencia de Administración Tributaria, Crédito Hipotecario Nacional y otros.

Gustavo Koniszczer, director de FutureBrand para Hispanoamérica, dijo que es necesario comprender que una Marca País no es solamente un logo, calcomanía o estampa, sino que se trata de una serie de mensajes coordinados que están orientados a transmitir una misma idea a los públicos objetivo a los que se quiere llegar, por ello el trabajo coordinado debe fluir y ser práctico.

Una marca país será duradera dependiendo de varios factores y que tengan poco que ver con la política y en aquellas que han sido exitosas, tienen en común que su corriente fluyó de manera paralela a la renovación de períodos presidenciales o de gestiones de los distintos organismos encargados de desarrollarla.

“No tenemos un ideal de tiempo, pero hay algunas marcas que llevan más de una década como el caso de Perú; ocho años la de Costa Rica; y Haití, que de manera más reciente está sacando su proceso. Por lo tanto, lo importante es evaluar de manera constante los resultados que se obtienen y si se están cumpliendo los objetivos, pero no se pueden hacer cambios cada año”, enfatizó.

La firma ha desarrollado entre 25 y 30 marcas tanto de países, como de regiones, productos, exportaciones e inversiones como la de Machu Pichu, en Perú.

Según Koniszczer no debería haber retrasos en el cronograma porque los trabajos consisten en recopilación de datos, elaboración de entrevistas, es un proyecto y proceso constante de ida y vuelta con los distintos organismos que están involucrados y que será el resultado de un proyecto en conjunto en el que  todos se sientan parte del mismo.

“La inversión de Q6 millones hay que considerar que es un monto público y son impuestos que volverán al Estado y en la propia solicitud de la licitación incluía hacer investigación de mercado internacional y no es algo barato, porque hay horas-hombre involucradas, gastos de viajes, viáticos, entre otros. En comparación con otros proyectos similares, estamos en el rango razonable de lo que implica llevar adelante un trabajo de esta naturaleza”, afirmó el profesional.

El retorno de inversión es importante y no es inmediato, consideró Koniszczer, porque nadie puede pretender invertir esa cantidad y duplicarlo. Se trata de llevar adelante una política de comunicación y gestión con presencia de la marca, pero no es por ella en sí misma, sino la marca representando al turismo, a la industria, a la economía de inversión, etc.

“Cuando quiero invertir en un país tengo que pensar como si quiero contratar una empresa y por más que sea ventajosa económicamente, pero está dispersa y no me da confianza, no la contrato. Por lo mismo, debe transmitir esa confianza, estabilidad y armonía entre todos sus actores”.

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Entre elogios y fiscalización

Andreas Kuestermann, presidente de la Comisión de Turismo Sostenible de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) afirmó que la promoción de una marca país es esencial para exponer a Guatemala ante el mundo, pero la construcción de esta tiene que basarse en la historia, en las fortalezas y visión de futuro y exponerla es esencial para que nos reconozcan no solo en temas turísticos sino en inversiones y relaciones diplomáticas.

“Es una iniciativa que se ha venido trabajando desde hace muchos años y parece que ahora sí será una realidad. Esta es la primera presentación de la empresa seleccionada que pasó por el proceso completo de licitación y están haciendo los trabajos de entrevistas a diferentes sectores (público,  privado y social) para arribar a la construcción de la Marca País”, comentó.

El diputado Aníbal Samayoa, vicepresidente de la Comisión de Turismo, mencionó que es un tema que muchos países a nivel regional ya han dado ejemplo, pero “lamentablemente, el Inguat hasta que no hay crisis económica en el sector, no acciona en temas tan importantes. En mi calidad de vicepresidente de la Comisión de Turismo la fiscalización será un tema importante, recordemos que países como México o Colombia le invierten una cantidad muy considerable de su PIB al tema. No nos debería asustar invertirle a Guatemala cantidades grandes de dinero; lo que sí nos debería poner en alerta es cómo lo van a hacer y es la fiscalización donde entramos nosotros”, enfatizó.

El legislador Manuel Conde, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, agregó que la creación de la Marca País de un Estado, de una nación, tiene que ser un proceso conducido por una empresa de preferencia nacional, que sepa identificar y que tenga el conocimiento, la trayectoria y la historia de un país.

Además, debe ser un esfuerzo colectivo entre los sectores público y privado, la academia y especialistas en el tema. Más que solo una fiscalización, que es importante hacerla, enfatizó Conde, es importante un acompañamiento para ir en una sola sintonía entre lo que ofrecemos y decimos del país y lo que realmente somos y necesitamos ser.

“Eso quiere decir que si somos un país de cielos abiertos debemos tener legislación para que nuestro país sea de cielos abiertos, si somos un país que llama a la inversión, tenemos que garantizar la inversión; si somos un país que se vende como ecológico y verde, debemos tener la legislación que nos permita serlo y seguir siéndolo”, concluyó.

*Con información adicional de los periodistas de Prensa Libre, Natiana Gándara y Douglas Cuevas.

El 2021 fue algo muy particular para las finanzas públicas en dos sentidos: corrió el mismo monto de gasto del 2020 por Q107 mil 521 millones, con ampliaciones aprobadas para atender los efectos de la pandemia, y por el otro lado el Congreso aprobó un presupuesto, pero luego ordenó archivarlo, lo que no se había observado en la historia reciente.

Desde inicios de año, las autoridades del Ministerio de Finanzas (MInfin), aseguraron que se trabajaría con un techo menor, y que se publicarían los acuerdos respectivos, pero tal situación ha generado confusión, por lo que expertos consultados instan a los legisladores a conservar una madurez política y conocerlo.

Además, señalan que se viene ejecutando un plan de gasto con la estructura del 2019 y la situación actual merece atender un capítulo para Salud por el tema de la pandemia y otro de infraestructura, para la reactivación económica.

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En las readecuaciones realizadas en septiembre último al presupuesto del Ministerio de Salud por parte del Congreso, el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, reiteró que el presupuesto vigente en 2021 es de Q107 mil 521 millones, pero el monto que se espera ejecutar al finalizar el ejercicio es de Q94 mil 354 millones.

De hecho, en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), el monto presupuestario vigente es el indicado, con una ejecución registrada hasta el pasado martes de 62.85%, que puede interpretarse bajo, a casi tres meses para que concluya el ejercicio fiscal. Esto, respecto al monto vigente y no al denominado “operativo”.

Pesa la falta de claridad

El economista Edwin Matul, exgerente del Banco de Guatemala, y Alfredo del Cid Pinillos, ex ministro de Finanzas, coinciden en que este ejercicio fiscal hay situaciones muy particulares que pueden influir en cualquier decisión que adopte el Congreso, respecto a la aprobación del plan de gasto para 2022, sobre todo ahora que ya se eligió una nueva junta directiva.

Matul, señala que la situación “opaca” que se presenta este año es consecuencia de no contar con presupuestos aprobados en ejercicios anteriores. “Finanzas presenta en sus exposiciones unos cuadros con Q94 mil millones y luego otros con Q107 mil millones. Entonces no sabemos cómo será al final el déficit fiscal, si no hay una base transparente”, apuntó el experto.

Precisó que se desconoce cómo quedarán algunas variables como el gasto en inversión y no se tendrá claridad sobre la ejecución, dado que existe un presupuesto “operativo”, y “no se puede hablar del 2022, cuando no tenemos una idea mejor del 2021”.

Del Cid Pinillos asegura que el presupuesto aprobado para el 2020 es Q107 mil millones, pero luego se readecuó a Q94 mil millones. Luego resulta que hay una parte inmovilizada y es la situación que no se entiende o no queda clara.

“Si para los que trabajamos en temas de Finanzas tenemos dificultad en comprender, para la mayoría de la población genera una confusión esa readecuación presupuestaria que fue hecha a través de un acuerdo gubernativo y que no cuenta con una descripción clara, sino más bien con normas que establecen como se utilizarán los fondos”, remarcó Del Cid Pinillos.

Al igual que Matul, comentó que debe analizarse a detalle cómo quedará el 2021, para hacer las correcciones en la Comisión de Finanzas. Por ejemplo, en las fuentes de gasto no ejecutables destinadas a los ministerios.

Reordenamiento

En todo caso, el exministro considera que debe aprobarse un presupuesto para ordenar el tema de las finanzas, ya que se tienen readecuaciones de gasto que se hacen desde la perspectiva del organismo Ejecutivo, pero lamentablemente se pierde la visión del orden fiscal.

Y por el efecto “rebote” en la economía, hay “ciertos mayores ingresos fiscales”, pero la forma de ejecución también debe ser ordenada y transparente. Citó que en 2021, el Ministerio de Comunicaciones tiene asignadas fuentes no ejecutables por más de Q1 mil millones, “pero ¿de qué  sirve contar con un presupuesto aprobado, sino se puede ejecutar? Es ilógico y eso no es ordenar”.

Matul, recordó que actualmente, el presupuesto está influenciado por todo lo ocurrido en 2020, pero es un techo que viene del 2019 y no se trata de que el Congreso apruebe un cheque en blanco, refiriéndose a la propuesta del 2022.

Ambos consultados expresaron que las agencias de calificación de riesgo-país están al tanto de lo que está ocurriendo y es una variable a la que le prestarán atención en sus próximas evaluaciones.

La ejecución en el 2021

Hasta el pasado martes, la ejecución del gasto era de 62.85%, por un monto de Q67 mil 576 millones, según las cifras del Sicoin.

El Ministerio de Salud reporta un gasto del 73.58% que es el más alto del promedio, por un monto de Q7 mil 837 millones, y se asocia a la atención de la pandemia, que incluye la adquisición de insumos, medicamentos y recurso humano, entre otros aspectos que amerita la crisis sanitaria.

En segundo lugar, con una ejecución del 72.2% está el Ministerio de Educación, con un monto de Q12 mil 922 millones.

Para Del Cid Pinillos, la ejecución en Educación es mucho más fuerte porque el 80% de su presupuesto es para el pago planilla de personal, como los maestros y personal administrativo, así como un poco para inversión, aunque, según él, no hay mejora en la calidad educativa.

Precisó que este es el momento ideal para realizar cambios presupuestarios en el tema de la pandemia, como en la educación, para desarrollar aspectos tecnológicos y las clases realmente puedan impartirse de la mano con la tecnología.

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A su criterio, no se justifica la implementación del seguro escolar, por lo que esos recursos deben orientarse a los programas de alimentación escolar para el 2022.

También citó que un presupuesto se aprueba en un año y se ejecutará en el siguiente, pero se empieza a observar alguna perspectiva económica complicada derivada del alza de los costos logísticos internacionales y el aumento del precio del barril de petróleo, que deben ser temas de discusión.

El aumento de las materias primas puede tener implicaciones en la inflación -alza generalizada de precios en la economía- que no puede ser compensada con la recaudación, ya que los productos podrían encarecerse hasta diez veces su valor actual y es algo que no se está debatiendo en el Congreso, concluyó.

Esta brecha se amplía cada año, según una encuesta realizada por la Asociación guatemalteca de Exportadores (Agexport) en el 2021, respecto al impacto en los cuatro años anteriores (del 2017 al 2020) refleja que se han perdido 58 mil 170 contrataciones.

Esta cifra incluye 5 mil 735 en el 2017; 14 mil 50 en el 2018; 26 mil 433, en el 2019; y 11 mil 952 en el 2020.

El dato aumentó, ya que la encuesta efectuada en el 2020, que incluía datos de los tres años anteriores a ese, reflejó que la pérdida de oportunidades alcanzó alrededor de 48 mil posibles empleos.

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Ninoshka Linde, gerente del sector de Contact Center & BPO de Agexport, comentó que los datos más recientes de la encuesta se basan en una muestra de 16 empresas asociadas, la que indicaron que su déficit de posiciones abiertas es del 56%. Ello incluye no solo la deficiencia del inglés en los aspirantes, sino también los altos costos que implica su capacitación.

Buscan otros países

Muchas empresas guatemaltecas o extranjeras ya instaladas aquí, decidieron seguir en el país, pero tuvieron que mover su crecimiento a otras naciones cercanas donde ya operan y en otros casos, han tenido que abrir sedes nuevas en Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, México, República Dominicana, Colombia, Filipinas, Estados Unidos, India y Jamaica. Algunas de estas firmas son Nearsol, Allied Global o Alorica, comentó la ejecutiva.

La falta de capacidad de crecimiento es porque “Guatemala no está generando la cantidad de mano de obra necesaria para que crezca el sector”, y esto se deriva principalmente de que cada vez es más difícil encontrar aspirantes con el nivel de inglés requerido y hasta resulta complicado encontrar personas con cierto grado de conocimiento para darles la opción de reforzar el idioma con cursos que el sector ha implementado.

Y entonces, surge otro problema y es que al haber menos personas con alto nivel de inglés, se debe invertir más en su capacitación para llenar las plazas que se generan.

Muchas limitantes

Respecto a los perfiles que buscan las empresas y las razones que limitan su crecimiento, los encuestados responden de la siguiente manera (ponderado por el peso que le dan las empresas):

• Bajo nivel de inglés: 44.7%
• Sin conocimiento tecnológico básico: 26.1%
• No saben sobre programación: 18.9%
• Desconocimiento sobre finanzas: 6.1%
• Carencia de habilidades blandas: 1.4%
• Salarios poco competitivos: 1.2%

Entonces, la situación se agrava porque si no hay personas con las capacidades requeridas, el precio de la mano de obra sube. Y cuando se quiere capacitar, también se tropiezan con el hecho de que muy pocas personas aprueban los cursos.

“Para el programa Finishing School, en el que los jóvenes mejoran la gramática y conversación, en el 2020 hubo 12 mil interesados, y este año la demanda ha sido mayor, pues a septiembre había 17 mil interesados. Pero solo se ha logrado meter al programa, con los niveles requeridos, a 685 personas”, explicó.

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El programa Finishing School, es una certificación para el sector de call center en alianza de dicho segmento con el Intecap. Según la página electrónica de esta última entidad, va dirigido a personas que requieran formación inicial para atender cuentas bilingües (inglés-español) en call centers, con disponibilidad de tiempo para cursar 40 horas en función del régimen de la carrera, así como realizar actividades de aprendizaje fuera del Centro.

Son varias semanas de formación o el plazo varía en función de acuerdo con la contraparte. No obstante, el régimen de formación es inmersión total o intensiva, se explica.

Inversión privada

El sector de Call center y BPO ha implementado diferentes programas de inglés, y en 5 años ha invertido alrededor de Q20 millones, con recursos propios y con apoyo de entidades nacionales o extranjeras.

• Las empresas encuestadas refirieron que 31.25% tienen academia interna de inglés, el 12.5% utiliza un centro externo y el 56.25% busca personas con el nivel requerido.

Entre otros, en el proyecto Guatemala no se Detiene (basado en los resultados de la Investigación Estratégica de Desarrollo del País redactado por la firma McKinsey & Company), se incluyeron propuestas del sector para ampliar los programas de capacitación en ese idioma, para lo cual se trabajando con Agexport, el gobierno, Intecap, Calusac y el IGA.

• El reto de estas entidades es graduar a unas 18 mil personas al año para call center y BPO, y llegar a 90 mil en cinco años, con lo cual el sector pasaría de alrededor de 45 mil empleos actuales a unos 135 mil en el 2026.
• Y en el sector de Information Technology Outsourcing  (ITO) sumarían 20 mil programadores en ese plazo, pasando de 8 mil puestos actuales a 28 mil en el 2026. Sin embargo, refirió Linde, la ampliación de los programas no ha iniciado.

Por aparte, el Intecap dio a conocer la semana pasada que rediseñó del programa de Inglés para Todos, que cuenta con cinco niveles, cada uno con diferentes subniveles de 80 horas, todos alineados según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

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Agregó que cada nivel tiene como principal objetivo desarrollar las destrezas orales y otras en contexto. El aprendizaje en cada nivel se complementa con una plataforma en línea disponible 24/7, así que permite al participante tomar clases síncronas de manera virtual, adicional a su práctica en plataforma en línea, y presenciales en el centro y horario seleccionado, pero con autorización oficial, por medidas de bioseguridad.

¿Y el contenido oficial?

Desde hace varios años, el sector ha solicitado que se incluya dentro de los pensum de estudios mejores niveles de inglés, pero para ello se necesitarían políticas públicas o incluso creación de alguna ley específica.

Hay países que ya tienen el inglés como un idioma obligatorio por medio de políticas públicas, tales  como Nicaragua, Costa Rica, México, Uruguay, Argentina, Ecuador, República Dominicana y Venezuela. Y otros que la tienen por disposiciones obligatorias mediante una ley, como El Salvador, Panamá, Colombia y Chile, mientras que Honduras empezó su labor de integrarlo.

Recientemente el comisionado para la Competitividad, Rolando Paiz expuso las ventajas del país para atraer inversiones como energía eléctrica más barata, estabilidad macroeconómica y una administración actual proinversión. Sin embargo, también expuso que el país tiene desafíos y entre estos mencionó la preparación de competencias para los jóvenes, especialmente en inglés.

Información del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom) refiere que en enero del 2021, en el sector de contact center inició operaciones la empresa Teleperformance con inversión de US$4 millones y la cual generaría alrededor de 350 empleos.  En ese mes indicó que durante el 2020 se apoyó a dos empresas del sector para realizar reinversiones, las cuales generaron un aproximado de tres mil puestos de trabajo. Refirió además que la industria creció 20% en ese año.

En mayo anunció que una empresa de call center y BPO reinvertiría en sus centros de atención en Guatemala y Quetzaltenango US$13.5 millones durante el 2021 y según datos divulgados por Pronacom se generarían cinco mil empleos. En ese mismo mes, una empresa de capital salvadoreño  en ITO y BPO confirmó una inversión de US$1 millón y un potencial de generar 50 empleos, se añadió en el reporte.

Por primera vez en décadas, un PIB trimestral en Guatemala registra un crecimiento de dos dígitos, lo que las autoridades del Banco de Guatemala (Banguat) asocian a un efecto aritmético, ya que al tratarse de una medición interanual, las cifras se compararon con el segundo trimestre del año pasado, cuando se registró una contracción de -8.9% debido al cierre temporal de la economía que se implementó para evitar el contagio del coronavirus.

“Durante el segundo trimestre de 2021, la actividad económica medida por la estimación el PIB real, registró un crecimiento de 15.1%, como resultado del proceso de recuperación económica, luego de las medidas implementadas por el Gobierno para la contención del contagio del covid-19”, señala el documento que la Junta Monetaria conoció el pasado miércoles.

El informe subraya que se evidenció un comportamiento positivo en la demanda interna, la que, a su vez, fue impulsada por el incremento del gasto de consumo final privado y público, así como por el aumento de la formación bruta de capital fijo -inversión-, y el dinamismo de la demanda externa.

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En el segundo trimestre del 2020, 14 actividades productivas registraron un desempeño negativo, y ahora, los 17 sectores están en números positivos. Y en términos monetarios, la economía generó en el segundo trimestre Q133 mil 778.7 millones.

Efecto aritmético

Al hacer el desglose del crecimiento por actividad económica, se observa un dinamismo inusual, principalmente en los sectores que el año pasado registraron fuertes caídas. Por ejemplo, el alojamiento y servicio de comida creció 64.1%, cuando en el mismo período del 2020 la caída fue de -45.4%; el transporte y almacenamiento creció 38% versus -31.3%; Salud subió 35.2% y el año pasado bajó a -12.7%, así como explotación de minas y canteras, que cerró en 24%, aunque el año pasado cayó a -14.1%.

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Al respecto, Sergio Recinos, presidente del Banguat, expuso que “el crecimiento del segundo trimestre del 2021 es de 15.1%, pero en el mismo periodo del 2020 fue -8.9%. No es tan lineal como una suma aritmética, pero si el año pasado la caída fue de 9% y en 2021 el crecimiento es de 15%, se podría inferir que el crecimiento real es de alrededor del 6%. Más o menos hay que verlo en esa dirección”.

En todo caso, dijo que son números dinámicos que reflejan un crecimiento real importante, por lo que la proyección al finalizar el año rondará cercano al 6% y todos los indicadores apuntan a esa dirección.

“Excelente noticia”

Luis Alfonso Bosch, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), señaló que el crecimiento de 15.1% del PIB durante el segundo trimestre es una excelente noticia para todos los sectores, en especial para los que hace un año estaban totalmente deprimidos. En el caso de la industria manufacturera el crecimiento fue de 16.3%, arriba del promedio de la economía.

“Es importante mantener un ritmo importante de reactivación para recuperar los empleos perdidos y poder generar nuevos empleos, por el bien de todos los guatemaltecos. Todos podemos dar nuestro aporte para salir de la pandemia, aplicando las medidas de protección para evitar contagios y más importante, vacunándonos para proteger a nuestra familia”, recalcó.

Ir con calma

Clynton Roberto López, director de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquín, (UFM), afirmó que la cifra de crecimiento del PIB trimestral del segundo trimestre suena muy bien, pero hay que tomar la cifra con calma.

Afirmó que hay un efecto positivo de crecimiento porque se está calculado contra la caída del año pasado en el mismo trimestre. “Este crecimiento señala que la economía va en el camino correcto a pesar de la errática forma del Gobierno de manejar la pandemia.  No hay que olvidar que recientemente, el Ejecutivo quería volver a cerrar el país en lugar de acelerar y transparentar el proceso de vacunación”.

También mencionó que hay sectores de la economía que no se han recuperado, como el turismo, restaurantes y educación.

Fernando Estrada Domínguez, director de la Comisión de Estadísticas de la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC), coincidió con López y dijo esperar que “la tendencia siga para el tercero y cuarto trimestre, cuando los números ya no van a salir muy altos. Lo que sería vital es continuar con la atracción de inversión extranjera, aunque se tiene que avanzar en la vacunación para que no haya otros cierres de la economía.

Vacunación = Más confianza

Por otro lado, Recinos confirmó que en las cifras ya está incluida la incidencia del avance de la vacunación. “Hemos observado que, en mayo de este año, la vacunación empezó a cobrar mayor dinamismo y la curva se inclinó hacia arriba. Eso significa que tuvo un ritmo mucho más dinámico”.

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Además, que en el tercer trimestre -julio, agosto y septiembre- la vacunación se dinamizó un poco más e inclusive se informó el pasado viernes de 1 de octubre que se habían alcanzado siete millones de personas inmunizadas, entre la primera y segunda dosis.

“Este avance aumenta la confianza de las personas, los hogares y las empresas, que a su vez impulsa más el consumo y la inversión, que crea un círculo virtuoso y apoya el crecimiento económico”, enfatizó.

En agosto pasado, la estimación de crecimiento económico anual fue ajustada al alza, en un rango de 4 a 6% y con este resultado, la economía podría cerrar precisamente en 6%, según los análisis preliminares.

La carga tributaria hace referencia al nivel impositivo que debe soportar un contribuyente, respecto a sus ingresos o su patrimonio y en Guatemala, se mide de acuerdo con los tributos que percibe la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) cada año.

Este resultado se compara con el valor de la producción anual de la economía y de ahí resulta que el total de los impuestos pagados durante los últimos 20 años equivale a un promedio de 10% y un máximo de 11.7% del Producto Interno Bruto (PIB). Esto, a pesar de que en los Acuerdos de Paz firmados en 1996, se establecía que el país necesita una carga tributaria de 12% para iniciar el proceso de desarrollo sostenible.

Según la SAT, la carga tributaria del Gobierno Central cerró en 10.6% en el 2019, mientras que en el 2020 se situó en 10.1%, debido a la pandemia del coronavirus, a pesar de que la recaudación llegó a Q60 mil 279.4 millones.

Para el 2021 se estima que cierre en 11%, mientras que para el 2022 en base a un escenario conservador de crecimiento económico, se proyecta en 10.7%. Este indicador es el que se toma de referencia para la comparación con otros países, e incluye la recaudación de los impuestos administrados por el ente recaudador.

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En quién recae la carga tributaria

En la SAT están inscritos 2 millones 467 mil 141 contribuyentes efectivos (a agosto del 2021). Sin embargo, 1 millón 468 mil 163 solo pagan Impuesto de Circulación de Vehículos y 998 mil 978 están afectos a otros tributos.

Sin embargo, no contabiliza como contribuyentes a todos los habitantes del país, que pagan Impuesto al Valor Agregado (IVA) por todo lo que compran, pues el 12% ya está incluido en el precio de todos los productos o servicios, así como otros impuestos por productos específicos.

El auditor y experto fiscal Óscar Chile Monroy, explicó que las empresas pagan el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto de Solidaridad (ISO). Las tasas del ISR van desde el 5% hasta el 25% dependiendo del régimen en que estén inscritos. Ese impuesto también lo pagan los asalariados, quienes prestan servicios profesionales, y otras actividades cuyos ingresos sean mayores a Q150 mil al año.

En cuanto al Impuesto Único Sobre Impuestos (IUSI), lo pagan los propietarios de inmuebles. Otro tributo es el 5% del Pequeño Contribuyente (PC), con ventas o servicios menores a Q150 mil anuales, que se encuentra en la ley del IVA, pero se paga en lugar del ISR.

De igual forma, está el régimen especial de contribuyentes agropecuarios que establece que personas individuales que desarrollen actividades de producción y comercialización agropecuaria cuya venta anual no exceda de Q3 millones en un año fiscal, pueden inscribirse y pagar 5% mensual sobre ventas brutas. Para estos dos segmentos (PC y régimen especial de agropecuarios) las tasas bajan a 4%, si se adhieren a los regímenes electrónicos.

Tributos escondidos

Los anteriores son los tributos más conocidos, también están algunos impuestos indirectos, que son recaudados por las empresas o negocios vendedores para luego trasladarlos a la SAT, pero que se le cargan a los consumidores.

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Los principales son los que gravan la distribución de productos específicos, como el de bebidas alcohólicas con tasas desde 6% hasta 8.5% sobre el precio de venta.

También las bebidas no alcohólicas como las gaseosas, bebidas isotónicas o deportivas, jugos y néctares, yogures y agua natural envasada, tarifas de Q0.08 a Q0.18 por litro. Otro es el impuesto al tabaco (con tarifa del 100%).

Todas las personas que compran combustibles están afectas al impuesto de distribución de petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo, cuyas tasas son fijas: Q4.70 por galón de gasolina superior; Q4.60 por galón de regular; y Q1.30 por galón de diésel.

En tanto que el Impuesto a la Distribución de Cemento, lo deben pagar los fabricantes e importadores de este producto, a razón de Q1.50 por cada bolsa de 42.5 kilogramos de peso o su equivalente, cuando se venda a granel o en bolsas de diferente peso.

La lista no termina ahí, pues también están los timbres fiscales, el impuesto a la primera matrícula de vehículos, el de legados y donaciones, y el que se aplica a las regalías e hidrocarburos compartibles, entre otros.

Otras contribuciones

Existe otro indicador denominado Carga tributaria de la República de Guatemala, en el que aparte de los tributos mencionados anteriormente, se incluye el IUSI y el impuesto al hospedaje que recaba el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat). Así como las contribuciones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) que representaron en el 2020 Q10 mil 182 millones.

Esta carga tributaria ha llegado a representar entre el 12 % y el 13% del PIB, reportando ingresos totales de Q71 mil 228.9 millones.

Chile Monroy explicó que es correcta la inclusión de las contribuciones IGSS para determinar ese indicador, porque según criterios al respecto, en el Código Tributario se considera un impuesto la cuota patronal, aunque sea un gasto deducible del ISR (según el régimen en que esté inscrito el patrono).

Y entre las obligaciones que se deben cumplir con las comunas está el boleto de ornato, con el pago anual por el monto que va desde Q10 hasta Q150, según el rango de ingresos por trabajo, iniciando desde Q500 mensuales.

“Falta simplificar”

El analista Hugo Maúl Hugo Maul, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), quien participó en las discusiones sobre el Pacto Fiscal y en varias reformas tributarias dijo en Guatemala se considera carga tributaria la que recauda la SAT, pero en otros países agregan los impuestos a la nómina como la seguridad social porque se debe tomar en cuenta que la contribución a la seguridad social no es optativa, si la empresa está en la formalidad.

“Incluir los impuestos locales o municipales sería una buena práctica en el país, pero el problema es que el nivel de tributación local en Guatemala es muy bajo. Otro elemento que hace falta en Guatemala, y del cual se habla poco, es cómo las municipalidades puedan tener un papel más activo en el cobro de tributos locales y evitar cualquier tipo de abuso”, agregó Maul.

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A su criterio, una de las principales medidas para fortalecer la recaudación y mejorar la carga tributaria, es la simplificación de los impuestos.

Autoridades de la SAT dieron a conocer recientemente las medidas implementadas para ampliar la base tributaria, aparte de seguir impulsando la Factura Electrónica en Línea, se basa en la fiscalización de los contribuyentes.

También se trabaja en varias iniciativas de ley para concretar una reforma tributaria que, supuestamente, no modificará tasas impositivas sino que fortalecerá los controles del ente recaudador y facilitará el pago de impuestos de quienes operan en la informalidad y en mercados cantonales.

“Los impuestos que sostienen la recaudación son el ISR y el IVA, son las vacas lecheras del sistema impositivo de Guatemala”, comentó Jorge Lavarreda, analista del Cien.

“La baja carga tributaria del país se debe, por lo menos, a seis factores diferentes”

En la baja recaudación tributaria inciden al menos seis factores, detallados por María Antonieta del Cid de Bonilla, exministra de Finanzas Públicas y expresidenta del Banco de Guatemala, quien coordinó el estudio “Como retomar el Pacto Fiscal en Guatemala”, que contiene los resultados de encuestas llevadas a cabo entre noviembre de 2019 y febrero de 2020.

El documento pertenece al Instituto de Investigación y Proyección sobre Economía y Sociedad Plural (Idies) de la Universidad Rafael Landívar (URL) y aún no ha sido publicado, pero la exfuncionaria compartió la información con Prensa Libre, por medio de la siguiente entrevista:

¿Cuáles factores inciden en la baja recaudación tributaria?

Conforme a las respuestas recopiladas en 25 entrevistas realizadas a exministros y exviceministros, expertos y analistas de centros de investigación y actores representativos del sector empresarial que han dado seguimiento al desempeño de las finanzas públicas del país, los principales factores son seis:

• El primero es la heterogeneidad social e ideológica del país, que complica una visión uniforme por parte de la población sobre el papel que debe cumplir el Estado, lo que se traduce en pocos incentivos para tributar.
• El segundo, poca motivación por cumplir con las responsabilidades fiscales.
• Y, el tercero, la estructura tributaria, pues la recaudación aumenta menos que el crecimiento económico, incidiendo aquí los impuestos específicos al consumo (combustibles, bebidas, cemento) cuya recaudación crece menos que su valor, en virtud de que el impuesto se aplica al volumen.
• Otros elementos son: el impacto de la desgravación arancelaria.
• El contrabando y la corrupción en el manejo de los recursos públicos. Así como la poca transparencia en la administración tributaria, aunque se debe indicar que el superintendente actual está impulsando la implementación del Programa de Modernización Integral Aduanera (MIAD) para combatir el contrabando.
• La debilidad de fiscalización del ente regulador. Al respecto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el 2017 subrayó la importancia que tiene para una administración tributaria moderna, el cruce masivo y automatizado de datos de ingresos declarados con la información proveniente de terceros.

De ahí, la importancia de utilizar la tecnología para cruzar grandes cantidades de datos de contribuyentes en busca de discrepancias, fomentando así la presentación de declaraciones exactas.

La SAT está comenzando a implementar un modelo de gestión de riesgos y acciones para detectar y combatir la defraudación fiscal por medio de estas herramientas. El establecimiento de la FEL (factura electrónica en línea) facilita estas acciones.

¿Por qué hay poca motivación en la población para cumplir sus obligaciones tributarias?

Se deriva de la poca cultura o educación tributaria en el país y la baja percepción de riesgo por incumplimiento, pues se considera que las sanciones son pocas, al igual que las consecuencias de no cumplir. Tampoco se perciben beneficios palpables de tributar, en relación con la provisión de bienes y servicios por parte del Estado; la complejidad del sistema tributario y la poca implementación tecnológica, (aunque hay que reconocer que el superintendente actual está impulsando cambios en este sentido); poca transparencia en la administración tributaria/ corrupción en el sistema, a raíz principalmente de casos muy sonados como el denominado La Línea en 2015, y otros que se pusieron en evidencia en otras administraciones.

¿Cómo influyen esos factores en que la carga tributaria se considere baja respecto a la de otros países?

La base tributaria sigue siendo reducida, lo que unido a los factores descritos dificulta su aumento, aun con una mejora en la administración tributaria. Un ejemplo de ello es que en el presupuesto multianual contemplado en el proyecto de presupuesto 2022, presentado recientemente al Congreso, se proyecta que la carga tributaria en los próximos cinco años solo pasaría de 10.7% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2022 a 11.1% en 2026.

¿Qué sugiere para que se amplíe la base tributaria?

El sector informal necesita incentivos para formalizarse y comenzar a tributar: por ejemplo, que sea fácil registrarse y pagar los impuestos, pero también de acuerdo con el tamaño del negocio; tener acceso al seguro social y a los servicios financieros; aparte de una mayor percepción de riesgo.

Si no se ven beneficios, difícilmente habrá estímulos para la formalización y ampliación de la base tributaria. Otro aspecto importante para revisar es el de las exoneraciones y exenciones fiscales, que deben ser analizadas para asegurar que cumplen con el objetivo y no se convierten en una fuente de elusión fiscal.

¿Se necesitaría otro ejercicio como el pacto fiscal que se estuvo negociando hace 20 años? Y si es así ¿En cuáles temas se deben centrar los acuerdos?

Durante las entrevistas realizadas se preguntó a los entrevistados cuales consideraban que serían los elementos fundamentales para retomar un pacto fiscal en Guatemala y destacaron los siguientes:

Fortalecer la institucionalidad fiscal: El 24% de los entrevistados considera que es importante, como punto de partida, que el sector político en general y el gobierno en particular, demuestren acciones para fortalecer la institucionalidad fiscal y combatir la corrupción.

Esto es fundamental para que los esfuerzos en pro de la mejora de los ingresos fiscales, en particular los tributarios, tengan los resultados esperados; sin este fortalecimiento cualquier reforma se traduciría nuevamente en un parche. Por lo tanto, debe abarcar acciones, tanto de la administración presupuestaria, como de la administración de ingresos; también mejorar la transparencia y combatir la corrupción.

Es esencial la propuesta de acciones para mejorar las capacidades de planificación del sector público, continuar fortaleciendo la gestión, calidad y transparencia del gasto y modernizar la administración tributaria por medio de un nuevo diálogo fiscal.

Además, avanzar en reformas a la ley de contrataciones, modificaciones al servicio civil, regulación de la participación sindical, fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), y una revisión integral de las rigideces del gasto.

Mejorar la moral tributaria demostrando orden y probidad en el uso de los recursos: 20% de los encuestados considera necesario trabajar en varios campos para lograr este objetivo. Desde el punto de vista político y cultural, la percepción tan fortalecida de corrupción es la peor noticia para mejorar la moral tributaria, pues la gente considera que solo pagará para que se lo roben.

La sugerencia es avanzar en mayor pertinencia y priorización del gasto, como punto de partida, que se denote compromiso para ejecutar adecuadamente los recursos disponibles y, paralelamente, establecer un programa de formación en temas fiscales, involucrando a todos los sectores, incluyendo al político.

Promover un diálogo más integral que no se limite solo a lo fiscal: El 16% de los analistas cree que el objetivo sería lograr un consenso mínimo más comprensivo y holístico sobre los diversos temas asociados con el Estado que necesitamos y los recursos que se requieren, a partir de una discusión sobre el país que queremos y los objetivos estratégicos relacionados. Este consenso mínimo sentaría las bases para impulsar reformas estructurales en diferentes ámbitos.

Identificar actores con credibilidad para liderar el esfuerzo: El 12% de los entrevistados coincide en lo fundamental que resulta este aspecto. Algunos consideran que la escogencia de un equipo que represente un liderazgo diverso a nivel nacional, puede ser la clave, en virtud de la crisis de credibilidad por la que está atravesando el país (y la región). Esto coadyuvaría a generar confianza en que las diferentes visiones estarán reflejadas. Se necesita una entidad con mucha credibilidad que determine la metodología a seguir.

También se mencionó la importancia de asegurar liderazgos de representatividad legítimos en la discusión de un nuevo pacto, para no desprestigiar una iniciativa de este tipo. Hay acuerdo en que se requiere gente que tenga determinado perfil y mucha credibilidad para liderar el proceso, al mismo tiempo que se reconoce que cada vez es más difícil encontrar este tipo de interlocutores en el país, en vista de la polarización y crisis de credibilidad prevalecientes.

Una de las opciones planteadas es buscar nuevos actores, por ejemplo, entre el sector de jóvenes, para que vengan a inyectar un nuevo compromiso y adherirse a compromisos de visión de país.

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Tomar como base el pacto fiscal suscrito en el 2000: Varios entrevistados consideran que en un posible nuevo diálogo fiscal no sería necesario comenzar de cero, ya que los principios y compromisos del Pacto Fiscal del 2000 pueden servir como base, revisando, cambiando y actualizando lo necesario.

Lo anterior pasaría por el ejercicio de analizar cómo estamos hoy en los diferentes componentes que incluía el referido pacto. Un tema que surgió directamente durante las entrevistas realizadas es el de actualizar el tema del patrimonio del Estado, que es muy valioso para resolver problemas del país, y es uno de los componentes del Pacto Fiscal sin prácticamente ningún avance desde su suscripción. De igual manera, se enfatizó que es esencial una revisión integral del sistema de clases pasivas del Estado que genera una carga financiera importante en el presupuesto público.

 Hacer conciencia en la población sobre la necesidad de un diálogo fiscal. La necesidad sentida de que hay que hacer algo es un requisito fundamental para iniciar un nuevo diálogo. Algunos entrevistados (8%) opinan que no sería tan difícil, pues consideran que tanto en la sociedad civil como en el sector empresarial hay cada vez más conciencia de que el Estado no está cumpliendo con atender las necesidades básicas de la población.

Otros son de la opinión que todavía hay camino que recorrer, por lo que es muy importante evidenciar por qué es esencial tener finanzas públicas fortalecidas. Estas fuentes consideran que es necesario promover un fortalecimiento de la cultura tributaria empezando por explicar que lo fiscal no se refiere únicamente al tema de impuestos, sino que está estrechamente vinculado con la posibilidad de mejora en la provisión de servicios públicos, y tomar en cuenta en este ejercicio que cada sector tiene intereses diferentes.

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Buscar un tema que afecte de manera a común a todos. Otro 8% de los encuestados considera que esto permitiría a un amplio sector de Guatemala sentarse en una mesa y comenzar a dialogar. Se mencionó como ejemplo entre los posibles temas, mejorar el ambiente de participación política, connotación empresarial y condiciones de vida de la población.

En una línea similar, uno de los entrevistados argumentó que, en una futura reforma tributaria, tal vez funcionaría introducir una regla integral de gasto, para definir prioridades; por ejemplo, primera infancia, cobertura general en salud o educación, etc., evitando así que los recursos fiscales adicionales sean capturados por el gasto de funcionamiento, en particular para sueldos y remuneraciones.

Buscar viabilidad política: Como se ha mencionado, nuestro sistema político se caracteriza por partidos políticos débiles, fragmentados y con poca representatividad, y dada la experiencia con la implementación de reformas fiscales desde la suscripción del Pacto Fiscal, se considera esencial involucrar al sector político desde un principio en un futuro diálogo, asegurando una efectiva participación institucional del Congreso de la República y de los partidos políticos.

Guatemala es la economía más grande de la región, aparte de que cuenta con mayor población y capacidad infraestructural instalada. Sin embargo, algunas compañías se han decidido por otros países del Istmo, como ocurrió recientemente, cuando Honduras fue el país seleccionado para instalar una planta de confección de prendas Nike, la que generará unos 5 mil empleos.

Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (Amcham) comentó que Nike tiene antecedentes de trabajo en Honduras desde hace casi 30 años, a través de contratos directos con maquiladores locales y extranjeros.

Este elemento se conoce como “expansión por asociación o de capacidad instalada” y puede derivarse de las ventajas competitivas que ofrece Honduras y con las que Guatemala debe competir

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Entre estas menciona especialmente los beneficios fiscales que otorga el país vecino y que en algunos casos son más atractivos, como el 100% de exoneración de impuestos de importación y exportación, así como del impuesto sobre ventas, ambos de forma permanente. Entre tanto, el 100% de exención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) dura 20 años, con posibilidades de renovación.

Otro punto se refiere a la infraestructura y otras figuras, pues en Honduras, las empresas realizan sus trámites aduanales en los parques industriales y en las zonas libres, por lo que los contenedores pasan al puerto de forma directa.

Alejandro Ceballos, de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) amplió que, efectivamente, se trata de una coinversión entre la empresa estadounidense Tegra y el Grupo Kattán, que es el inversionista hondureño.

“Esa inversión en Honduras se venía negociando desde el 2016 y entonces, en Guatemala no existía la certeza de aplicar el trabajo a tiempo parcial con base en el convenio 175 de la OIT. Cuando se trata de confección de prendas, las firmas prefieren instalarse en Honduras o Nicaragua porque, por ejemplo, el costo de la mano de obra es más barata. Y esa es una razón por la que varias inversiones no se han quedado en el país, como el Grupo Karims que hace hilo e incluso SAEA, que se decidió por Costa Rica”.

Luego indicó que en Guatemala también se confecciona para Nike, labor que genera unos 1 mil 500 puestos de trabajo, además de otras marcas reconocidas que operan en el país por medio de grandes contratistas. “Pero nuestro país aún debe mejorar aspectos como infraestructura vial y portuaria, la tramitología y las aprobaciones de permisos y licencias”.

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Otro aspecto que influye en ese tipo de decisiones es la infraestructura, como los puertos y carreteras, incluyendo la que conduce a Puerto Quetzal, que está en malas condiciones y aún no se dilucida el futuro de la contratación de dos empresas que ganaron la licitación para rehabilitar y operar ese tramo carretero.

Tanto Carrasco, como José Raúl González Merlo, CEO de Cementos Progreso, dijeron recientemente que una de las dificultades más grandes que atraviesa Guatemala para la atracción de inversiones es la certeza jurídica.

También coincidieron en que, dependiendo del sector, ha afectado la interpretación que se da al convenio 169 de la OIT, que establece las consultas comunitarias a pueblos indígenas en el área de influencia de los proyectos.

El problema, según el directivo de Amcham, es que el convenio fue ratificado hace como 20 años, pero hace alrededor de cinco, por orden judicial se empezaron a suspender proyectos de inversión que ya tenían licencias aprobadas y estaban en operación.

Los beneficios fiscales de Guatemala

Guatemala maneja varias figuras con beneficios fiscales y logísticos. Entre estos, el de zonas francas, de fomento a la maquila y exportación y la Zona de Desarrollo Económico  Especial Pública (Zdeep) con diversas exenciones tributarias y plazos.  Entre otros beneficios, las tres figuras exoneran por 10 años el ISR, bajo condiciones específicas.

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La Zdeep otorga, entre otros, la exención del 100% del Impuesto al Valor agregado (IVA) y de aranceles, así como otros cargos por la importación de mercancía que ingresa para reexportación. Aunque si la mercancía se interna al territorio nacional, debe pagar los impuestos correspondientes.

Las zonas francas también brindan exención de impuestos, derechos arancelarios y cargos aplicables a la importación de mercancías que se utilicen para la transformación de bienes reexportables, la exención de IVA en transferencias dentro y entre zonas francas, y el IVA doméstico en la adquisición de insumos de producción local para ser incorporados en el producto final.

Y la Ley de Fomento a las Exportaciones y Maquilas (Decreto 29-89) incluye suspensiones temporales y exenciones de los impuestos de importación para diferentes bienes como materia prima, equipo y maquinaria, muestrarios. etc.

Al respecto Ceballos comenta que en este régimen no se pagan impuestos de importación y siempre da un año para reexportar; pero ningún impuesto se puede exonerar por más de 10 años según el Código Tributario. No obstante, el IVA no se paga porque todo lo que se trabaja en ese régimen se exporta y como es un impuesto que se cobra al consumidor, siempre genera crédito fiscal.

Conveniente para maquilas 

Aparte de los beneficios mencionados, Ceballos expuso que, en el caso de las inversiones textiles, optan por Guatemala porque la energía eléctrica es más barata y ese servicio con frecuencia representa el 70% de los costos de fabricación.

El directivo de Vestex opina que volver a poner en vigencia el reglamento para el trabajo del tiempo parcial se está convirtiendo en una fortaleza para Guatemala porque ayuda a reducir los costos.

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Dicha reducción se podrá tener, por ejemplo, en las áreas de empaque y planchado ya que ese personal se queda sin labores por realizar mientras las prendas están en confección, por lo que se les podría contratar por horas o por varios días a la semana.

Luego mencionó a la compañía coreana Sae A, que anunció desde el 2019 una inversión por US$400 millones en Guatemala, así que ya adquirió terrenos en Palín. Y motivada por la figura del tiempo parcial, una empresa mexicana también ha manifestado gran interés, dijo Ceballos.

Otros aspectos positivos que mencionó son la “ley antitrámites”, las reformas a la ley de zonas francas para reintegrar a sectores que quedaron afuera desde el 2016, y la ley de Leasing.

Depende de los sectores

Acerca de las fortalezas del país, Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, afirma que Guatemala tiene una calificación de riesgo país superior al del resto de naciones de la región.

“Con una posición estratégica, como la proximidad al mercado más grande del mundo, es importante continuar con la estrategia de atracción de inversión, como la de Guatemala no se detiene”, comentó.

Sin embargo, la debilidad depende del sector al que se quiere atraer, pues en el caso de manufactura ligera, la dificultad que enfrenta es que los salarios mínimos son muy altos, aparte de que se observa la falta capacidad para implementar salarios mínimos diferenciados o regionales, agregó Zapata.

En el caso de la tecnología, dijo que hay oportunidades en programación, pero faltan personas suficientemente preparadas en inglés, matemática y otras disciplinas.

“Por ejemplo, desde hace años, Intel decidió instalarse en Costa Rica y uno de los aspectos decisivos fue el nivel educativo mucho mayor. La compañía anunció en diciembre del 2020 que instalaría en ese país las Operaciones de Ensamble y Prueba, y en julio pasado indicó que triplicará la planilla que se tenía prevista, con lo que la inversión inicial casi se duplicó”.

Entre tanto, la compañía Bayer anunció ayer 5 de octubre que invertirá US$200 millones en la creación de una planta farmacéutica, también en aquel país, para la producción de anticonceptivos reversibles de acción prolongada, tales como implantes hormonales y sistemas intrauterinos. Bayer también opera en Guatemala, y en el 2019 invirtió US$41.5 millones para la modernización tecnológica e innovación de su fábrica de medicamentos.

Pronacom: la inversión fluye

El Comisionado para la Competitividad, Rolando Paiz, destacó que Guatemala posee muchas ventajas competitivas, como energía más barata, estabilidad macroeconómica y una administración actual pro inversión.

Sin embargo, también expuso que hay desafíos, como mejorar la infraestructura, el tema de la certeza jurídica y la preparación de competencias en los jóvenes, especialmente en el idioma inglés.

Según datos del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom), la inversión extranjera de enero a agosto del 2021 llegó a US$851.57 millones, en alrededor de 60 proyectos y se trata de inversiones confirmadas que generarán unos 14 mil empleos en sectores como manufactura, alimentos y bebidas, telecomunicaciones, energía y agroindustria y otros.

De esa cifra, US$240.25 millones son de nuevas inversiones en 25 proyectos y US$611.32 millones en reinversiones para 35 proyectos. Por lo tanto, el Ministerio de Economía (Mineco) proyecta que se llegará a US$1 mil 200 millones en inversión extranjera durante el presente año.

Paiz agregó que se está fortaleciendo la estrategia de Nearshoring (cuando una empresa decide trasladar sus procesos comerciales a un país cercano) y se pueden aprovechar otras oportunidades, como la cercanía a los Estados Unidos.

“El contexto mundial ha puesto a Guatemala ante los ojos de inversionistas del mundo, tomando en cuenta la guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China y la falta de abastecimiento”.

Desde los clásicos estudios llevados a cabo en la planta de la Western Electric de Hawthorne Works, realizados por Elton Mayo entre 1924 y 1932, (hace casi 100 años), ha habido una preocupación constante en los psicólogos sociales por tratar de determinar, en qué medida, las condiciones físicas en que el colaborador realiza su actividad, inciden en su productividad.

Lo cierto es que aquellos estudios de Hawthorne, demostraron algo más significativo, bautizado por el propio Mayo, muchos años después, como el “Efecto Hawthorne”, y es que el solo hecho de prestarles atención, al ser sujetos de una investigación, incrementaba su productividad.

Esto nos indica que, por encima de las variables físicas, hay otras más sutiles, vinculadas a la psiquis del individuo, y en función de como se “sienta”, con su trabajo y en su trabajo, será su nivel de compromiso y, en relación directa con este compromiso, será su productividad y, según investigaciones recientes, su grado de innovación.

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Por tanto, la búsqueda del Bienestar Organizacional, debería ser una suerte de “santo grial” corporativo, en el que toda empresa que aspire, como mínimo a sobrevivir, y de máximo a liderar su industria, debería estar embarcada, al punto que (desde mi opinión personal y apuntalada por muchos autores) el tema del bienestar no es de “política de recursos humanos”, sino una estrategia empresarial del máximo nivel.

Y por tanto, el rol de los emprendedores, directivos y gerentes, es lograr generar conciencia sobre esto y colaborar activamente en el diseño de dicha estrategia.

Para poder darle un marco de referencia a este trabajo, es necesario definir claramente el alcance del término bienestar y para ello acudiremos a la definición dada por la Organización Mundial de la Salud en el año 2018, en la cual expresa que una persona tiene salud cuando disfruta de tres tipos de bienestar:

Físico: Está enfocado claramente al cuidado del cuerpo y tiene que ver con tres aspectos centrales: la alimentación, el descanso y el ejercicio.

Mental: Un individuo es plenamente consciente de sus propias capacidades; al mismo tiempo puede afrontar las tensiones normales de la vida y puede trabajar de forma productiva, para hacer una contribución significativa a su comunidad, abarcando todo esto el aprendizaje, la autorrealización y el desarrollo cognitivo.

Social: Tiene que ver, en gran parte, con la parte emocional del individuo, su sostenimiento adecuado en un entorno laboral, la existencia de relaciones interpersonales sanas y el disfrute de la vida en términos generales.

En línea con esta definición general, hemos desarrollado un Modelo Integral de Bienestar, MIB, según el cual, el bienestar tiene 6 grandes dimensiones:

1. Estructural: Tiene que ver con los temas clásicos de higiene y seguridad laboral, donde se incluyen instalaciones, mobiliario y equipamiento, que no sólo deben ser funcionales, sino ergonómicos y estéticamente agradables.
2. Corporal: Vinculada al cuidado y atención de la salud integral de los colaboradores, ya que si la persona está enferma, a cualquier nivel, disminuirá su productividad.
3. Psíquica: Asociada a los temas de estrés laboral, que es una pandemia a nivel global, producto de altas cargas de trabajo, presión excesiva por los resultados, conflictividad permanente, mobbing, etc.
4. Económica: Relacionada con los temas salariales, bonos anuales o por rendimiento y al paquete de beneficios que la compañía ofrece.
5. Profesional: Atada a los temas de desarrollo del talento, de planes de carrera y de desafíos profesionales.
6. Espiritual: Ligada al salario moral, con temas como la cultura, los valores, la ética, el propósito, el sentido y orgullo de pertenencia.

El Modelo MIB, que desarrollaremos detalladamente en un libro de pronta publicación, aporta una mirada integradora de la temática de bienestar, generando conciencia acerca de que el bienestar es dicotómico. O sea, hay bienestar o no lo hay; por tanto, no se resolverá el tema con medidas aisladas, por bien intencionadas que sean, sino enfrentando  de forma efectiva todos los frentes que el desafío del bienestar nos plantea.

***

Roberto R. Rabouin es doctor en Dirección de Empresas, Director del Master en Recursos Humanos de ADEN, entre otros.

Según los resultados de la última Encuesta sobre Reactivación Económica de la Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica (Fecamco), realizada hace pocas semanas en todos los países de la región, nueve de cada 10 empresarios afirmó que durante el primer semestre aumentaron los costos logísticos de sus importaciones, en niveles que llegan incluso al 100%.

El estudio revela que el 92% de los entrevistados confirmó lo anterior, principalmente en la ruta marítima Centroamérica-Asia, considerando que desde allá se importa el 18% de los productos a la región. En precios altos le siguen las rutas Norteamérica-aéreo; Centroamérica-terrestre; Europa-marítimo y Norteamérica-marítimo.

El 33% de los encuestados, dijo que para la ruta Asia-marítimo el incremento es del más del 100%, “y eso se traduce en mayor inflación y costos más altos para los consumidores”, expresó el presidente de Fecamco, Julio Castilla y aseguró que están en conversaciones con las autoridades para analizar opciones y como se pueden mitigar estos costos, aparte de conversar con las compañías navieras.

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Para la ruta Norteamérica-aéreo, el 43% de empresarios reportó aumentos de hasta 25%; para Centroamérica-terrestre, el 65% señaló incrementos de hasta 25%; y sobre la ruta Europa-marítimo, 31% de los consultados aseguró alzas entre 25 y 50%.

Resultados encontrados

A los entrevistados también se les preguntó sobre su nivel de ventas, empleo, incremento de los costos de importación y el clima de negocios.

Castilla resaltó que la pandemia inició en marzo del 2020 y aún se perciben los efectos, ya que el 41% de los entrevistados asegura que disminuyeron sus ventas, para el 34.58% se incrementaron y el 24.26% dijo que se mantuvieron. Entre los que vieron reducción, esta se registró hasta en un 50%.

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Sobre los que sí vieron un alza, 42.9% dijo que sus negocios subieron hasta 30%, lo que según Castilla es importante porque este comportamiento ya evidencia una recuperación, pero todavía es insuficiente, pues para el segundo semestre del año, solo el 36% proyecta utilidades, el 42% dice que sus operaciones permanecerán invariables, pero el 21% espera pérdidas.

En cuanto al empleo, el 71% consideró que para el segundo semestre del 2021 se mantendrá estable, el 17.7% realizará contrataciones y únicamente el 1.3% dijo que hará recortes. “Hay un esfuerzo desde Fecamco de sostener el empleo y todas las compañías adoptaron medidas para lograrlo”, destacó Castilla, aunque aclaró que en algunos países hay incertidumbre por la tercera y cuarta ola de contagios, lo que podría causar reducciones de personal.

También se mostraron datos sobre la disminución de la jornada laboral, que en algunos casos fue de 15 a 32 horas semanales aproximadamente. A la pregunta, ¿ha realizado cambios en la jornada laboral de su personal durante el primer semestre 2021?, el 34.3% aseguró que mantiene la reducción, el 34% respondió que todo el personal regresó a los horarios previos a la pandemia y el 31.7% dijo que nunca hizo cambios.

Transformación en las empresas

Otro dato que reveló la encuesta es que muchas compañías implementaron acciones en medio de la pandemia. Por ejemplo, la mayoría respondió que negoció alianzas estratégicas, realizó inversión en tecnología e impulsó una acelerada transformación digital incluyó el comercio electrónico.

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Este último fue determinante para que se llevaran a cabo los negocios, así como la inversión en publicidad y mercadeo para visibilizarse, ampliar la cobertura del mercado y mejorar la calidad de los productos y servicios.

Sobre los factores que obstaculizan el crecimiento de las compañías actualmente, la encuesta determinó el bajo poder adquisitivo; las medidas vigentes por el covid-19; el sector informal; la inseguridad y el poco acceso al financiamiento.

Ficha técnica

La encuesta de Fecamco entrevistó a 1,018 empresarios y se realizó del 20 de julio al 16 de agosto pasado. El ejecutivo resaltó que de las cinco encuestas que se han levantado desde el inicio de la pandemia, solo en esta se han observado variables de recuperación.

El crédito bancario al sector privado está creciendo a una tasa de 9.3%, según cifras al 23 de septiembre y el rango de cierre para finales de este año se ubicará entre 7.5% y 10.5%, mientras que para el 2022, la proyección es de 9.5%.

Así lo afirmó Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala (Banguat) al indicar que por sector, el microcrédito lleva la delantera este año con un 45%, en comparación con diciembre del año pasado, cuando el incremento se ubicó en 16.8%.

“Desde hace varios años, no se había observado un crecimiento tan acelerado del microcrédito, lo que está relacionado con las actividades de emprendimiento y facilidades que se dieron en varios programas para apoyar a ese sector”, explicó.

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El crédito hipotecario para la vivienda no se quedó muy atrás con 16.1%, superando no solo el cierre a diciembre del año pasado (7.8%), sino también al del 2019 (15.4%). Y los préstamos para  consumo subió 14.3% a septiembre, superando al 4.8% de diciembre del año pasado y el 6.6% del 2019.

En cuanto al crédito empresarial mayor, aumentó 7% y el porcentaje es consistente con el crecimiento económico previsto para este año, aparte de considerarse normal en comparación con otros años, dijo el funcionario.

Sin embargo, los créditos empresariales menores bajaron porque algunas actividades como el turismo, hotelería, restaurantes, espectáculos públicos y servicios relacionados aún están afectados por los efectos de la pandemia del covid-19 y no se han recuperado. Por lo tanto, no han demandado préstamos para sus actividades.

“En la medida que avance la vacunación en las empresas y disminuyan los riesgos internos y externos, se podrían ir reactivando esos sectores y el crédito también podrá cobrar mayor dinamismo”, agregó el presidente de la banca central.

Las tasas bajaron

Respecto a las tasas de interés del sistema bancario, Recinos indicó que se mantienen en niveles históricamente bajos, por ejemplo: para los créditos empresariales mayores, la tasa ponderada es de 6.66%; para empresariales menores, 10.26%; y por préstamos hipotecarios para vivienda se cobra 9.10%.

En noviembre del 2008, las tasas de interés se ubicaban en 9.90%, 14.25%, y 13.76, respectivamente, por lo tanto, la trayectoria es decreciente. “La tasa líder influencia las tasas de interés bancaria y ha venido con una trayectoria hacia la baja en los últimos cinco a ocho años”, agregó el funcionario.

Y sobre la cartera en mora, expuso que se ha mantenido en 2.2%, a pesar de la pandemia, pues cuando esta inició, se difirieron los pagos de créditos y en el 2021, la morosidad ha estado en alrededor de 2% “y es lógico porque se refleja el impacto de las medidas del año pasado. Algo importante es que están por debajo del 2.2% del 2018 y 2017, en comparación con otros países, done alcanza un 4% y eso refleja una cartera sana”.

Por lo anterior, dijo que los principales indicadores bancarios muestran que el sistema es su conjunto se muestra estable, líquido y solvente.

Tasa líder se mantiene

Por otro lado, el Banguat anunció que la Junta Monetaria (JM) decidió nuevamente mantener la tasa de interés líder en 1.75%, porcentaje vigente desde junio de 2020.

Esta consiste en un instrumento para controlar la inflación y mantener estable el costo del acceso al crédito y en términos generales, es la tasa que ofrece el Banco Central a las entidades financieras por la colocación de dinero, con el propósito de motivar a los bancos a invertir en instrumentos del Estado, en lugar de prestarlo al público.

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Para tomar esta decisión, la Junta Monetaria tomó en cuenta el entorno macroeconómico mundial, el costo de las principales materias primas y la inflación de los principales socios comerciales del país, así como indicadores internos de corto plazo. Ello, para medir los principales riesgos que podrían influir en una variación abrupta en el nivel generalizado de precios.

La estimación de los cuerpos técnicos del Banguat apunta a que la inflación cerrará este año en 4.5% y el próximo en 4%; por lo tanto, se espera una aceleración asociada a que en los meses del año pasado hubo caídas importantes, concluyó Recinos.

La falta de aprovisionamiento y una alta demanda de electrónica de consumo son los principales retos que enfrenta el sector informático del país y se debe en gran medida a la escasez de microprocesadores y a la crisis logística mundial.

La falta de estos componentes en el mundo está afectando la producción de toda clase de equipos, incluso algunas fábricas han tenido que cerrar por brotes de covid-19 entre los empleados.

Además, están los problemas del encarecimiento de los fletes marítimos y aéreos, disminución de frecuencias y demoras en puertos, que prolongan los tiempos de entrega.

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Jorge Guillén, vicepresidente de ventas de la empresa ZyXEL de Centroamérica, México y el Caribe, comentó que en Guatemala ha impactado en el precio de comercialización de varios productos que importa y que son la mayoría, porque el país no es fabricante de tecnología.

Por ejemplo, desde el segmento de electrónica de consumo, como redes inalámbricas y enrutadores, hasta computadoras, impresoras, electrodomésticos y automóviles nuevos.

El valor de los fletes se ha cuadruplicado desde hace un año, y los fabricantes están en Taiwán. Por lo tanto, hay productos cuya alza en el precio del flete modifica el precio de comercialización final al usuario, pero no hay dónde diluir el costo porque el valor de la electrónica venía bajando. Sin embargo, se han hecho algunos ajustes y los precios subieron entre un 30 y 40%, indicó Guillén.

“Por el lado de la escasez de microprocesadores, existe una sobredemanda influenciada por el teletrabajo y el confinamiento que se vivió en varios países y ahora se observa un desabastecimiento”, afirmó el ejecutivo.

La crisis real de desabastecimiento empezó a principios del presente año y los efectos más graves se evidenciaron en junio pasado, porque el sector contaba con un buen inventario, pero actualmente están ajustados.

“Es decir, todo lo que ingresa ya está comprometido o vendido. Por lo tanto, estamos supliendo el mercado, pero con retrasos y sin compromisos de tiempos de entrega”, indicó Guillén.

También en el sector automotriz

La industria de consumo electrónico empezó a sentir aún más el efecto cuando dos industrias fuertes empezaron a usar los mismos componentes, que son la electrónica de consumo, por el lado de los fabricantes de celulares, y el sector automotriz, que también los usan.

En esa línea, Jean Pierre Devaux, director ejecutivo de la Asociación de Importadores y Distribuidores de Vehículos Automotores (Aidva) afirmó que el panorama no ha cambiado y siguen afectados por los mismos efectos. Incluso, los tiempos de entrega se han alargado porque los pedidos que hacen al fabricante no son entregados en su totalidad y vienen con retrasos. Por lo tanto, esperan que la situación se estabilice el próximo año.

Un ancla que aún nos mantiene atados son tres eslabones: la pandemia sigue afectando por el tema sanitario por los casos de covid-19 en las fábricas. El segundo son el alza de los precios de los fletes y se han tenido que hacer ajustes a los precios locales; también, la distribución de los mercados que para los fabricantes son prioritarios, explicó Devaux.

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Y el tercero es la escasez de microprocesadores que lo utilizan los vehículos en pantallas digitales y sistemas tecnificados. Por lo tanto, no podemos vender esos modelos, si no cuentan con todas sus características, explicó el directivo de Aidva.

“Los microchips migraron a otros mercados como a la electrónica de consumo, y relegaron al mercado automotriz. Por otro lado, no todos los vehículos usan alta tecnología y existe inventario, pero la distribución está dispersa”, concluyó el ejecutivo.

Se estima que la industria automotriz perderá US$110 mil millones por el desabasto de microchips y esto se traduce en aproximadamente 7.7 millones de vehículos menos de lo que se fabrica anualmente en promedio. Solo un vehículo eléctrico utiliza más de US$800 en semiconductores.

Otro impacto

Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Comisión ITO de Agexport, detalló las áreas afectadas por la escasez de microchips.

• Vehículos nuevos: la producción y envío retrasados de 3 a 6 meses.
• Celulares y computadoras de última generación: Existe una sobre demanda y poco inventario.
• Consolas de videojuegos: no hay nueva producción y los precios subieron el doble.

Hay actividades económicas que debido a la crisis de contenedores a nivel internacional se ven afectadas tanto para importar como para exportar, y ese es el caso del sector cosmético y de higiene, además de otros factores como el aumento de precios de las materias primas.

Giovanni Cardona, presidente de la Comisión de Cosméticos e Higiénicos de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) y Melissa Corzo, coordinadora de la comisión, comentaron que el impacto es para toda la industria, porque sufren los que reciben insumos o producto terminado.

Por lo anterior, los empresarios están empezando a comprar en otros lugares las materias primas, y ya no tanto en China, sino desde México, Sudamérica o Estados Unidos, porque es más competitivo el precio del flete. Sin embargo, no todos los países tienen materias primas disponibles para Guatemala, señalaron los directivos.

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“Los empresarios no aguantan más. Hay unas navieras que están empezando a congelar las tarifas, y eso es positivo, porque así no sufren los empresarios con el tema de precios, aunque aún se ven afectados por los tiempos de entrega”, resaltó Corzo.

El aumento es cinco veces más alto, hablando de los precios de traer un contenedor de Asia a Centroamérica.

Por ejemplo, pasó de US$3 mil en promedio previo a la pandemia a US$15 mil y la razón principal es la escasez de contenedores, aparte de los procesos aduaneros de navieras que se quedaron varados en diferentes pasos del mundo. Por lo tanto, domina la ley de oferta y demanda.

Según los exportadores, a escala mundial hay una alta demanda de uso y una baja escasez de oferta. “El tiempo es delicado, los empresarios están dispuestos a pagar el costo, pero no tienen certeza de la fecha de salida; y a veces postergan la fecha, pero en general, hay incertidumbre sobre los tiempos de entrega”, expresaron.

Efecto en cadena

El sector de cosméticos e higiene depende de materias primas químicas, que son necesarias para formular productos, pero también el empaque a base de cartones corrugados —cajas para empacar— y los plásticos —envases— están siendo fuertemente afectados por la alta demanda y hay escasez en algunas de ellas.

Cardona consideró que es necesario tener un sobreinventario de productos. O sea que se necesita una fuerte inversión para traer más producto o materias primas y de esa forma, tener disponibilidad en caso de una escasez o atraso en el tiempo de entrega de la siguiente orden.

Los empresarios también indicaron que no pueden aumentar los precios de manera “abrupta” porque la competencia los puede sacar del mercado, por lo que únicamente han trasladado un aumento de un 10% a sus clientes, lo que consideran que es un porcentaje bajo, en comparación al segmento y el nivel de impacto que han recibido desde el año pasado.

“De igual forma, las empresas de materias primas han incrementado sus precios, así que todo ha subido. Se debe trasladar un costo al consumidor definitivamente, pero solo una parte”, coincidieron los directivos de la Comisión de Cosméticos e Higiene de Agexport.

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Crisis es temporal

El presidente del Banco de Guatemala (Banguat) Sergio Recinos, comentó ayer durante una actividad empresarial que la crisis de logística es algo que no se había presentado a nivel mundial y reconoció que han observado que la crisis de los contenedores provocó un aumento considerable en el costo de los fletes, pero ello no ha afectado al comercio exterior del país.

“Al analizar las cifras el comportamiento que refleja es que, en el caso de las importaciones, han crecido un 40% y las exportaciones un 20%, por lo tanto, no observamos que se estén trasladando esos efectos o impacto aún a la economía, pero estimamos que ese efecto sea algo temporal y se supere en el corto plazo”, concluyó Recinos.

Al incremento en el costo de las materias primas y de los fletes que ya enfrentan las empresas del sector plástico en el país, se suman nuevas dificultades, que tienen relación con la reducción de rutas marítimas hacia Centroamérica y la frecuencia de viajes.

De acuerdo con Marcos Arimany, presidente del Sector de Plásticos de Guatemala, representante de la Comisión de Agexport y de esa Gremial de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), esos factores complican el tiempo de entrega y evidencian retrasos de al menos dos meses para el ingreso de sus materias primas.

“Un contenedor que venía de Sudamérica, antes se tardaba semanas y actualmente puede pasar un mes o dos esperando subir a un segundo barco destinado a Guatemala”, expresó Arimany.

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Eso se traduce entre un 10% y 30% adicional en los costos de importación de materias primas, sumado a las alzas en los precios que se vienen reflejando desde el año pasado, tendencia que al parecer continuará durante el primer semestre del 2022, estimó el representante.

Alternativas

Una de las soluciones momentáneas que encontraron las empresas fue planificar más a largo plazo las compras de materias primas y ampliaron su lista de proveedores para mitigar un posible riesgo de desabastecimiento y la complejidad logística.

Por ejemplo, localizaron proveedores mexicanos, pero los precios son más elevados, es decir, el problema logístico desaparece, pero los costos son mucho más altos.

“Sin embargo, son una buena opción para pedidos de corto plazo y para subsanar esos atrasos”, refirió Arimany.

Para el empresario, la situación actual es transversal a toda la industria, porque alcanza a todas las materias primas, pero la del plástico utiliza varias resinas como polietileno, polipropileno, poliésteres y poliestireno expandible, que son las de principal consumo y los precios se han incrementado considerablemente.

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Evitar acaparamiento

Una postura generalizada en el sector es que se debe evitar el acaparamiento de materias primas. “Si un cliente pedía 100 unidades y de repente sube el pedido a 300, le indicamos que solo le podemos proveer la cantidad normal para no desestabilizar al resto de la cadena”, afirmó.

Muchas de las empresas están absorbiendo los costos adicionales, pero últimamente, algunas están trasladando los incrementos a los clientes y los precios suben entre 10% y 20%, indicó Arimany.

En Guatemala, el sector de plásticos genera 20 mil empleos directos y más de 300 mil indirectos que trabajan en turnos diurno y nocturno.

Otros problemas se suman como la escasez y el aumento de precios de materias primas, que provocan dificultades para reponer los inventarios, señalaron representantes del sector de Alimentos y Bebidas del país.

“El problema es constante y hace variar los costos progresivamente”, dijo Enrique Lacs, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB).

Esta actividad productiva está viviendo un impacto más por el desabastecimiento de insumos y materias primas.

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Sumados todos los factores anteriores han provocado un encarecimiento de entre 35 y 50% en los productos que elabora el sector, pero eso depende del origen de la carga y el tipo de mercancía, aclaró Lacs.

“Algunas empresas ya trasladaron costos al consumidor final durante el primer semestre del presente año y otros aún están resistiendo el impacto, pero no será a largo plazo. Además, indican que esa decisión depende del canal de distribución por los contratos y otras condiciones previamente establecidas”, comentó.

Los problemas más recientes están relacionados con la escasez de algunas materias primas, lo que causa retrasos para reponer inventarios y provocan costos adicionales.

Lo que más se importa

Las materias primas que más importa el sector de alimentos y bebidas van desde granos hasta empaques, productos semielaborados como concentrados de frutas, grasas, aditivos y en menor medida, maquinaria.

Las importaciones crecieron un 11.1% en el primer semestre con relación al mismo período del año pasado, cuando se ubicó en 9.3%.

Por ejemplo, la compra en el  exterior de preparaciones alimenticias tuvo el mayor crecimiento con un 42% de las importaciones y  corresponde a uno de los 10 principales productos que se fabrican en el país.

¿A quiénes más afecta?

Juan Policarpo Suárez, miembro de Junta Directiva de Cámara de Industria de Guatemala -CIG- y presidente del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua) agregó que todos los sectores que participan en transacciones de importación y exportación han sido afectados.

Aquellos que agregan menos valor en su proceso, los que viajan largas distancias y los perecederos pueden ser los más perjudicados.

Los primeros, porque la inflación en los costos de transporte les resta competitividad en destino. Los segundos, porque no sólo pagan más, sino que tienen tiempos de tránsito mayores; y los terceros, porque cualquier demora a lo largo del trayecto, puede significar cobrar menos de lo establecido originalmente o inclusive, perder el producto.

Suárez opinó que dependiendo de la industria en la que se participa, se pueden tomar medidas como reducir la cantidad de artículos que se compran y se transforman, adelantar las compras y, si se puede, ya que no siempre hay disponibilidad, pedir más.

“La inflación en Guatemala está  relativamente controlada y prácticamente todos los actores de la cadena productiva han ajustado a la baja sus márgenes para mantener el nivel de precios lo más estable posible”, afirmó Suárez.

Ricardo Rodríguez, economista de Central American Business Intelligence (Cabi) aseguró que las empresas que traen insumos desde China y necesitan utilizar los puertos de la costa oeste de Estados Unidos están teniendo problemas.

Además, que el precio de los contenedores se ha quintuplicado, pero aclaró que no es generalizado en todos los sectores porque algunos lograron esquivar esos obstáculos.

Contratos siguen altos

Rodríguez añadió que los costos de las materias primas, especialmente las agrícolas, que Guatemala no produce en grandes volúmenes como el maíz, trigo o avena y que cotizan en bolsa, continúan a precios altos a nivel internacional.

Por ejemplo, en el caso del maíz, los contratos se encuentran en US$527, en comparación con  los US$700, que se ubicaban en abril de este año, pero previo a la pandemia, se cotizaban en US$400.

“La preocupación es que aún cuando los precios empezaron a bajar, subieron un escalón respecto al 2019 y siguen siendo  altos. Esta es una presión para los sectores que dependen de esas materias primas”, expresó Rodríguez.

Asimismo, el caso del trigo y la avena, continúan a precios máximos. El contrato de avena se está cotizando en US$542, el precio más alto desde el 2014. y el trigo se cotiza en US$707 , cuando el precio más alto fue de US$786 en julio pasado.

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Otro aspecto que el país debe observar es la inflación en Estados Unidos, que actualmente se ubica en 5.3%, pero el índice de costos al productor se ubica en 8.3%, indicó Rodríguez.

“Es evidente que el productor,  de alguna manera se está llevando el “shock” y no lo ha trasladado totalmente al consumidor final, y eso tampoco es malo o abuso por el lado del empresario a nivel mundial, porque es un fenómeno natural que cuando los costos del productor aumentan, se traslada al consumidor”, expresó el profesional.

En el caso de Guatemala no está lejos de que esa situación se evidencie, dijo Rodríguez, porque según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) la inflación está entre 2.5 y 3%, pese a las presiones internacionales, y la conclusión es que ese efecto no ha terminado de trasladarse y probablemente será en las siguientes semanas, a finales de este año o principios del siguiente, cuando se observe repunte fuerte en los costos de alimentos y bebidas, que son los que se ven impactados por esos temas.

La escasez de los contenedores a nivel mundial provoca demoras en los fletes de importación que duran entre dos y tres meses, lo que al mismo tiempo ha provocado un incremento en los costos del transporte de las materias primas que ingresan de China y de Europa, entre 300% y 200%, respectivamente, informaron directivos de la Gremial de Fabricantes de Calzado y Productos Afines, adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala.

Además, el flete terrestre se incrementó en aproximadamente 35%, y se debe a la mayor demanda provocada por la crisis que enfrenta el transporte marítimo y el incremento en los precios de la gasolina.

“Al final, nuestros costos se están incrementando, pero la reducción en las ventas nos impide incrementar precios. Sin embargo, esta situación no es sostenible en el largo plazo”, afirmó Carmen María Torrebiarte, presidenta de la gremial mencionada.

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En opinión de Héctor Yumas, especialista en logística y comercio internacional, si un contenedor seco de 40 pies que ingresa de China ya alcanzó los US$65 mil, eso se traducirá en un incremento directo de 15% al consumidor final.

El escenario planteado obliga a mantener un mayor inventario para evitar posibles desabastecimientos que puedan interrumpir los flujos de producción, porque tendría consecuencias devastadoras para el sector, afirmó la ejecutiva.

Desde el año pasado, el sector calzado enfrenta una escasez de algunas materias primas como pintura, resinas y solventes, lo que ha obligado a buscar otros proveedores, ocasionando un incremento en los costos totales.

La pandemia y el contrabando

El sector de calzado ha sido uno de los castigados con la pandemia covid-19.

Por ejemplo, durante al año pasado bajaron las ventas al mercado local en -25% y para el presente año la tendencia continúa, afirmó Torrebiarte. Y se debe a la misma incertidumbre que existe sobre la apertura total de la actividad económica, por lo que las ventas de calzado de marzo de 2020 a septiembre de 2021 se han contraído un -45%.

La venta del calzado escolar es más complicada y disminuyó -60%, porque la mayoría de establecimientos  educativos optaron por la educación a distancia, indicó Torrebiarte.

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Otro de los principales retos que enfrenta el sector es combatir el comercio ilícito de calzado.

Las importaciones ilegales, que ingresan por las aduanas del país a precios subvaluados, se estima que ascienden a Q1 mil 230.4 millones al año, con un impacto en la recaudación tributaria de Q323 millones anuales, equivalentes al 0.25% del producto interno bruto (PIB). Esa situación, coloca en desventaja competitiva a los importadores y productores locales que si pagan sus impuestos.

El sector de calzado con la finalidad de mejorar sus condiciones de competitividad realiza inversiones para la adopción de nuevas tecnologías, la incorporación de nuevos materiales en sus procesos productivos, así como el diseño para poderse adaptar a las tendencias tanto del mercado nacional como internacional.

Actualmente, el zapato de seguridad para uso industrial está siendo altamente demandado en el mercado guatemalteco para cumplimiento de la legislación sobre seguridad industrial. Asimismo, la tendencia  a consumir zapato tenis está muy marcada en el presente año, concluyó Torrebiarte.

Las agrocadenas son la ruta que siguen los productos desde su origen hasta el consumo. Parece sencillo, pero detrás de estas se encuentra una organización formada por varios eslabones cuyo objetivo es hacerlas funcionar de manera coordinada y eficiente para obtener los beneficios finales, que se traducen en empleos, mejores ingresos y respaldo de calidad para el consumidor.

Para ser competitivo a escala nacional e internacional, se requiere disciplina y esfuerzos adicionales que a un productor aislado le tomaría más tiempo de lo pensado, lo cual no es imposible, pues como dice el refrán “la unión hace la fuerza”.

Esto significa que la agrocadena engloba a muchos actores económicos que se encuentra interrelacionados: productores, la industria e incluso los exportadores y comercializadores.

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En Guatemala, hay un sinnúmero de agrocadenas. El Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) tiene registradas, entre otras, las del cacao, arroz, maíz, frijol, café, azúcar, tilapia, apícola, lácteos y aguacate.

La ubicación de cada una depende de la localización geográfica del producto. La del cacao, por ejemplo, se encuentra especialmente en Alta Verapaz, Suchitepéquez y San Marcos. Esto debido a que es en estos departamentos donde se siembra dicho producto. La del azúcar ubica a los principales ingenios en la Costa Sur, detalló el viceministerio del ramo.

Andrés Bickford, gerente del Sector Agrícola de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), coincidió con que el número de agrocadenas en el país es difícil de definir, ya que existen instituciones públicas y privadas que las promueven.

“Las podemos ver por sector productivo, como por región geográfica. Las principales agrocadenas que hemos logrado identificar se ubican en el altiplano de Guatemala, en el segmento de vegetales de exportación, en donde más de 60 mil pequeños productores son beneficiados”, indicó Bickford.

En la última década, las exportaciones agrícolas han tenido impacto en la generación de empleo, debido al involucramiento en la cadena de exportaciones de aproximadamente 200 mil pequeños productores y familias que forman parte de más de 500 comunidades del área rural, y que ha traído beneficios como el mejoramiento de calidad de vida de los productores, empresarialidad rural, oferta competitiva, empleo rural, disminución de migraciones y aumento de ingresos.

 Eslabón tras eslabón

Otto Mora, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en Guatemala, señaló que las agrocadenas pueden tomar formas y largos distintos, lo que depende del producto, sus características, procesos y mercados objetivos.

A cada etapa se le conoce como “eslabón” —de la producción, del procesamiento, etcétera—.

Algunos productos no requieren transformación, sino que van directamente a los mercados mayoristas, luego a distribuidores minoristas y después llegan al consumidor.

Otros productos no pueden ser consumidos si no son procesados industrialmente —como los aceites vegetales—, explicó Mora.

Alrededor de los eslabones se aglomeran los productores, comercializadores o los actores que se desempeñan en esa etapa. Eso genera empleos específicos en cada uno de ellos, agregó Sergio Méndez, asesor técnico de la FAO-Guatemala.

Cada eslabón necesita de materias primas, insumos, y servicios, entre otros, y alrededor de ellos se aglomeran actores que proveen de esos bienes o servicios, que a su vez generan empleos.

La cadena también requiere de otros servicios para vincular los eslabones como transporte, almacenamiento, instalaciones frías —cadena de frío—, y esos elementos también generan empleos, en algunos casos muy especializados, y en otros, no calificados.

También requieren de financiamiento para funcionar, por lo tanto, cada eslabón tiene necesidades diferentes, detalló Méndez.

Finalmente, funcionan “naturalmente”, como las “cadenas económicas”, refirió Mora, pero al incluir procesos de organización de los actores, coordinación entre ellos y, sobre todo, entre los eslabones y los distintos prestadores de servicios, es cuando la cadena económica se transforma en “cadena de valor”, puntualizó el técnico de FAO.

Asistencia técnica

Una parte fundamental de las agrocadenas para su supervivencia es la asistencia técnica a todo nivel, afirmó Otto Mora, técnico de la FAO-Guatemala.

Por ejemplo, en la cadena productiva, desde una buena semilla y suelo hasta una amplia gama de buenas prácticas agrícolas, de manufactura y empresariales, además del esfuerzo multisectorial de entidades estatales para el apoyo en temas logísticos, aduanales, infraestructura de comunicaciones —puertos, aeropuertos, y carreteras— y un buen fundamento de desarrollo tecnológico y de investigación. “Esas serían las claves para poder mejorar el tema de las agrocadenas en un mundo globalizado, porque la competitividad llama a tener características mínimas para poder competir”.

Un tema fundamental tiene que ver con los mercados.  Las cadenas que identifican conocen y se conectan con mercados bien definidos empiezan a crecer, porque producen enfocados en vender, ya conociendo las posibilidades que tiene el mercado de comprarles. Los que producen sin saber cómo es el mercado tienen problemas para vender, pierden las cosechas por “sobreproducción” —que no ocurriría si estuviera dirigida a una demanda identificada—, podrían sufrir de baja de precios, porque las producciones se obtienen al mismo tiempo o son víctimas de contrabandistas.

“Cuando hay mercado, hay posibilidad de conseguir financiamiento; pero si no hay dónde vender, no hay argumentos para pedir crédito”, resaltó Mora.

También son importantes los temas técnicos de la producción y el acceso a los recursos fundamentales, como el agua y la tierra, porque sin ellos nada de lo anterior funciona.

Agrocadenas que aún les falta despegar

Otto Mora y Sergio Méndez, técnicos de la FAO-Guatemala, consideran que algunas agrocadenas que no logran despegar son la de la miel, flores, frutas tropicales, principalmente por la falta de conocimiento técnico o área de producción, y algunas otras por la falta de infraestructura y servicios públicos, lo que hace poco competitivo al país frente al resto del mundo.

Estas son algunas razones por las que no avanzan mucho. También tiene que ver con su conexión con los mercados “grandes”.  Mientras menos conexión al mercado, menor crecimiento.

Bernabé Salvador, integrante de las agrocadenas del limón y de la tilapia, comentó que la junta directiva de la primera está formada para nombrar al titular y suplente ante el Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario (Conadea), según el acuerdo gubernativo 32-2016. Por lo tanto, los avances aún no son significativos, pero son el primer paso para la formalización.

La organización es clave para las agrocadenas, afirmó Salvador, porque es más accesible lograr apoyo de diferentes entidades nacionales e internacionales.

En el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Maga se indicó que impulsan acciones de facilitación y agilización de procesos para estos grupos organizados, como la reciente sistematización de los trámites de importación de insumos agropecuarios e hidrobiológicos, así como de productos de origen animal y vegetal mediante la plataforma digital Visar, en línea.

El loroco, consolidación y fortalecimiento

El cultivo de loroco ha cobrado importancia económica para los agricultores de la región árida del oriente de Guatemala. Para muchos productores, el loroco contribuye hasta 70% con el ingreso familiar.

Guatemala es parte del centro de origen de esta planta, cuya domesticación se presume se dio hace 50 años por las poblaciones mestizas e indígenas del suroriente del país, Este de Honduras y noreste de El Salvador.

La agrocadena del loroco logró formar su junta directiva en el 2018, y ya fue reconocida ante el Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario (Conadea) del Maga.

El objetivo es consolidar el fortalecimiento de la agrocadena a escala departamental y nacional, y fue dirigido a los pequeños agricultores y comerciantes que pueden ser beneficiados en incidir dando valor a sus propios productos, organizándose como colectivos, institucionalizar deseos y mejorar ingresos para una vida más digna.

La Cooperación Alemana GIZ en Guatemala, por medio del Programa Adaptate, en colaboración con el Maga, desarrolló una serie de talleres y capacitaciones dirigidos a todos los actores de la agrocadena de loroco con el fin de vincular los actores para enlazar relaciones comerciales.

En mayo pasado se llevó a cabo un conversatorio organizado por el Maga, IICA Guatemala, CRIA y la Unión Europea donde se plantearon varios temas para continuar el camino para la consolidación de esta agrocadena.

El cacao, alto potencial

El Plan Estratégico de la Agrocadena de Cacao de Guatemala (Pedac) 2016-2025 es un instrumento de gestión de la Estrategia Nacional de la Agrocadena de Cacao de Guatemala (Enac), dentro del cual se contempla cuatro ejes estratégicos, dos  transversales y 12 líneas de acción que sustentan la base para el desarrollo posterior de los planes operativos y  de acción que sean emprendidos en cada uno de los eslabones identificados dentro de la cadena:

• a) preproducción;
• b) producción;
• c) transformación primaria;
• d) transformación secundaria; y
• e) comercialización, en un horizonte de 10 años a partir del 2016.

La Enac se fundamenta en un modelo dinámico e integrador, con la participación de actores directos e indirectos, dentro de la agrocadena de cacao para emprender acciones de fortalecimiento.

En el país existen 159 mil 419 hectáreas aptas para el cultivo de cacao. En la actualidad, la producción de cacao tiene un área cosechada de seis mil 300 manzanas.

Las exportaciones de cacao especial de Guatemala representaron para la temporada 2020 unas 196 toneladas métricas, por un valor FOB de US$851 mil 500.

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) formó parte del Comité Organizador Nacional en conjunto con Conadea-Maga de la IV Competencia Nacional Cocoa of Excellence en Guatemala, que tiene como objetivo promover la participación de Guatemala en el Programa Cocoa of Excellence desde el año 2015, y de esta manera contribuir con la generación de mayor oferta exportable de cacao diferenciado, su promoción a nivel internacional y su aporte al desarrollo de la economía a través de la exportación.

Por lo anterior, cinco muestras nacionales de cacaos finos fueron seleccionadas para representar al país en el Cocoa of Excellence & International Cocoa Awards 2021, que se celebrará en el marco del Salón de Chocolate de París, Francia, del 28 de octubre al 1 de noviembre.

La tilapia, sustento y productividad

Fortalecer sus técnicas de cultivo, comercialización y nuevas formas de consumo por su alto contenido nutricional en fósforo y omega, lo cual contribuye a la seguridad alimentaria, son los principales objetivos de la Agrocadena de la Tilapia.

En Guatemala la producción de este pez es de 11 mil toneladas métricas anuales concentrada en Escuintla, Suchitepéquez, Santa Rosa, Retalhuleu, Zacapa e Izabal, y beneficia a más de 25 mil familias de manera directa e indirecta. Los cálculos indican que este sector genera aproximadamente US$140 millones al año, convirtiéndose en fuente de desarrollo y pilar de la economía nacional.

Bernabé Salvador, integrante de la Junta Directiva de la Agrocadena de la Tilapia de la Asociación Nacional de los productores de Tilapia (Anati), comentó que una parte de la organización está funcionando y es una asociación no lucrativa, formalmente establecida y respaldada por Conadea.

La Anati tiene su propio plan operativo y lleva a cabo sesiones mensuales y anuales con la junta directiva, quienes están registrando a los productores de tilapia a través del Maga con el Código Único de Establecimiento (CUE).

Dentro de la agrocadena de la Tilapia están interactuando diferentes eslabones como la academia, el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap), productores, proveedores de insumos, exportadores, aunque no se exporta tilapia en este momento, pero están los actores y funcionan de manera ordenada y coordinada.

El camino que falta por recorrer incluye optar a las fuentes de financiamiento que ofrecen entidades, algunas son reembolsables y otras no, pero la planificación tiene como objetivo calificar a financiamientos productivos.

“Lo que se está pensando, luego de los resultados de estudios de mercado, es definir algunos de los proyectos que están incluidos en el plan operativo anual con proyección de 10 a 15 años, y con créditos blandos ya se pueden desarrollar, y con la certeza de que serán rentables”, afirmó Salvador.

Agrocadenas más avanzadas

De acuerdo con el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Maga, entre las agrocadenas más avanzadas y tecnificadas destacan la del café y la del azúcar, por ejemplo, las cuales tienen un nivel de interrelación muy alto también por el rol que juega la industria al momento de procesar la materia prima agrícola (sobre todo en la caña de azúcar).

Parte del nivel de madurez que han alcanzado estas agrocadenas específicamente responde también al nivel de organización que tienen los sectores y el trabajo que hacen en conjunto con el sector de gobierno.

La Asociación Nacional del Café (Anacafé) y la Asociación de Azucareros de Guatemala (Azasgua) son ejemplos de organización gremial del sector privado, buscando integrar tanto a las partes primarias de la cadena, como a los actores industriales, de exportación y comercialización.

El Maga afirma que ha establecido la mesa de competitividad y a su vez diversas submesas para discutir y atender las necesidades de cada sector vinculado, con la finalidad de lograr que todas las agrocadenas alcancen su madurez y generen más empleo y desarrollo en el área rural.

Falta asociatividad en el cardamomo

La agroindustria del cardamomo guatemalteco busca que toda la cadena productiva se beneficie del reconocimiento del grano a nivel mundial y lucha por mantenerse como el mejor productor y mayor exportador del aromático, refirió el Comité de Cardamomo de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).

Guatemala es el principal productor mundial de cardamomo y número uno en exportación. Mueve casi el 1% del producto interno bruto (PIB) del país, y se cultiva en Huehuetenango, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Izabal, y Quiché.

El grano reúne a más de 300 mil pequeños agricultores en toda la cadena productiva. A partir de 1970, la producción local comenzó a ser importante y en años recientes se han exportado hasta 39 mil toneladas anuales.

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El cardamomo guatemalteco llega a la mayoría de los países del Medio Oriente, así como a Europa, Asia, Estados Unidos, Canadá, México y Sudamérica.

La agroindustria del cardamomo ofrece calidad a todos sus consumidores a nivel mundial, por eso se mantiene al día las certificaciones internacionales, ya que es un producto alimenticio importante.

Este producto se distribuye en grano y en pequeños envases que llegan hasta los mejores supermercados, restaurantes y cocinas del mundo. El cardamomo tiene un impacto socioeconómico fuerte, que comienza desde el pequeño productor, para quien representa el 100 por ciento de sus ingresos anuales y cuya economía depende de la producción.

Según los resultados del estudio La importancia del Cardamomo en la economía de Guatemala, elaborado por el Comité de Cardamomo de Agexport, con el apoyo de AL-Invest 5.0, programa financiado por la Unión Europea, los principales retos para el sector cardamomero nacional son la ausencia de asociatividad, institucionalidad, falta de apoyo de cualquier tipo por parte del Gobierno, cadenas de comercio largas y el combate de la plaga thrips, entre otros.

Ante la escalada de precios de los fletes marítimos y la escasez de contenedores a nivel mundial, muchos importadores guatemaltecos están optando por la multimodalidad. Es decir, el traslado de mercaderías por, al menos, dos medios de transporte.

También efectuaron sus pedidos de forma anticipada para surtir inventarios para la época navideña. Sin embargo, esas medidas no serán suficientes para mantener sus precios de venta, por lo que los costos adicionales serán trasladados a los consumidores.

Tim Robertson, CEO en América de DHL Global Forwarding, afirmó que las perturbaciones en la cadena de suministro empezaron en el mercado marítimo, a lo que se sumó la congestión en los puertos en Estados Unidos, y eso provocó la escasez de camiones y ferrovías, en ese país, como un efecto en cascada.

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La otra complicación, agregó Robertson, es el tema de las capacidades aéreas porque la pandemia aún está presente y la capacidad de pasajeros ha bajado, pero también hay una reducción de espacio de carga. Por lo tanto, eso también presiona a las cadenas globales de suministros al momento de apoyar a los clientes.

“La simplificación de la logística internacional es sumamente importante en estos momentos”, expresó Robertson.

Es así como inició el auge del servicio multimodal express, que es una combinación de flete marítimo proveniente de Asia y a América del Norte. Luego, la mercadería sale de ciudades como Miami hacia Guatemala, pero por vía aérea.

Y aunque el resultado es que la carga llega con un poco de retraso, el servicio completo no es tan caro. “El servicio multimodal express es, en promedio, 50% menos costoso que pagar solo por el transporte aéreo. Pero, por otro lado, es aproximadamente un 50% más caro que el transporte marítimo, por lo que se le puede considerar que es un punto intermedio entre ambos”, explicó.

Lo que ha asegurado esa combinación es el espacio, porque no hay tiempo de espera para que las reservas se muevan. El tiempo de tránsito actual de puerto a puerto para un servicio multimodal es de aproximadamente 30 días.

Cargas consolidadas

Ricardo Quesada, representante de la Asociación de Navieros de Guatemala adscrita a la Cámara de Comercio de Guatemala, observó que muchas de las cargas que se movían por la parte marítima como consolidadas, están usando esa combinación.

Estas se refieren a un contenedor que llenan varios consignatarios que envían sus productos hacia el mismo país de destino; o sea que son cargas pequeñas que se pueden movilizar vía marítima a menor costo, aunque el tiempo de tránsito sea más largo.

No obstante, ese tipo de carga también se ha visto afectada por los costos de los fletes y muchos de los consignatarios de cajas pequeñas y artículos de menor dimensión optaron por movilizar su mercancía por vía aérea, con lo que aumentó la demanda de tráfico y por ende, sus tarifas.

“Es el efecto dominó de las dificultades que tiene ese tipo de carga marítima, pues la aérea reacciona ante una mayor demanda, pero la oferta es la misma, porque la flota de aviones no aumentó en el mundo”, señaló Quesada.

Escasez y aumento de precios

Previo a la pandemia, los importadores guatemaltecos trabajaban en un sistema “justo a tiempo” y sus bodegas eran reducidas. La situación actual provocó que algunos se hayan anticipado y ya tienen sus productos listos para distribución, aunque otros decidieron no importar porque algún tipo de mercadería como juguetes o artículos de menor valor, resultaban más caros por el costo del flete.

“Consideramos que habrá una escasez de artículos navideños o de época como los electrónicos, que se están viendo afectados por la escasez mundial de microchips”, enfatizó Quesada, al agregar que al importador guatemalteco lo está golpeando fuertemente, especialmente lo que viene de China, Japón e India y se percibe ya un incremento de precios en varios productos, porque el encarecimiento de los fletes vienen desde agosto y septiembre del año pasado y eso se reflejará en el precio de los productos finales, en los últimos meses del presente año.

Rudy Sosa jefe de Pricing en CPS Logistics analizó que la mayoría de las navieras y aerolíneas de carga aérea ya aplicaron sus incrementos de temporada alta, que encarece los servicios de importación en forma significativa, por lo que también se visualiza un traslado de estos costos al consumidor final.

El analista Fernando Castro Molina también indicó que la crisis del transporte marítimo puede afectar el bolsillo de los guatemaltecos y tendrá consecuencias graves, porque el costo de importar productos desde China al resto del mundo, se ha disparado a niveles impensables.

Por ejemplo, antes de la pandemia, el costo de mover un contenedor desde China a la costa oeste de Estados Unidos era de aproximadamente US$2 mil, mientras que hoy oscila entre US$20 mil y US$22 mil, como lo explicó Teddy Heinsen, presidente de la Asociación de Navieros de República Dominicana, citó Castro Molina.

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Héctor Yumas, especialista en logística y comercio internacional, explicó que si bien el costo de las importaciones de China representa entre un 11.5% y 15.5% del total que ingresa al país, en términos de volumen representa más del 40% de los productos disponibles en el mercado nacional, desde alimentos, esencias, ropa, comida, calzado y otros.

Y ejemplificó que, el traslado de un contenedor seco antes de la pandemia costaba unos US$40 mil, y ya colocado en Guatemala subía a unos US$45 mil. Pero con los precios actuales, mover el mismo contenedor cuesta entre US$60 y 65 mil que se traduce en US$25 mil adicionales, por lo que cada producto final podría tener un incremento de 55 a 60%

“Durante la temporada navideña existe una demanda adicional de 10% de los productos que empiezan a ingresar al país desde octubre y podría representar otro incremento de 15%, afectando de manera directa las compras de fin de año, concluyó Yumas.

Es mejor adaptarse

Juan Policarpo Suárez, miembro de Junta Directiva de Cámara de Industria de Guatemala -CIG- y presidente del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua) afirmó que los precios CIF (costo, seguro y flete) se han más que duplicado en los últimos 12 meses.

“Este desbalance en el transporte internacional tomará al menos un año en corregirse por lo que será muy importante la capacidad de adaptarse e innovar. Guatemala es un país importador de materias primas, las cuales se importan en buques fletados a través de una de las mejores terminales graneleras del continente y es un gran productor de bienes intermedios, con industrias de alimentos y bebidas, vestuario y calzado, plástico, de cemento y de acero entre otras, que son muy competitivas y eficientes”, dijo.

También destacó que el país cuenta con una amplia apertura al comercio internacional, lo cual crea condiciones competitivas en el mercado local, lo que ha permitido tener disponibilidad casi plena de productos, a diferencia de muchos otros países.

“La inflación en Guatemala está relativamente controlada y prácticamente todos los actores de la cadena productiva han ajustado a la baja sus márgenes para mantener el nivel de precios lo más estable posible”, aseguró Suárez.

Y enfatizó que la inflación que se refleja en el mercado es importada del exterior, porque Guatemala es tomadora de precios, promovida por la irresponsable emisión monetaria de países desarrollados. “Debemos estar muy atentos en los próximos meses, sobre todo al aproximarse la época más alta del año en términos de consumo”, dijo Suárez.

Operaciones casi normales

Por su parte, Jorge Gómez, director ejecutivo en COMBEX-IM, comentó que el sector actualmente se encuentra operando de manera normal. Sin embargo, se ve afectado por dos aspectos: el límite de espacios en el área de Express Aéreo, que es un tema recurrente desde años atrás, y que las líneas aéreas más importantes en el manejo de carga han decidido cambiar itinerarios y sus rutas logísticas.

Gómez agregó que las importaciones han estado en promedio un 20% arriba en comparación con el año pasado. Sin embargo, con estos números han alcanzado los resultados que se registraron en promedio en el 2019.

En cuanto al courier por el comercio electrónico en el 2020 alcanzó hasta un 30% arriba comparado con el 2019. pero en el año 2021, este consumo bajó un 20% aproximadamente, lo que mantiene un crecimiento de un 12% en el presente año comparado con el 2019, indicó Gómez.

Para las actividades exportadoras y de maquilas, los representantes del sector laboral propusieron elevar el salario mínimo diario a Q150, mientras que los empleadores proponen que se mantenga el mismo que está vigente en el 2021, de Q84.88 diarios.

Ninguna de estas sugerencias fue aprobada ya que en la sesión efectuada este lunes 13 de septiembre de 2021, quedaron empatadas con 5 votos cada una.

Rigoberto Dueñas, asesor de los sindicalistas en el tema del salario mínimo mencionó que el mismo monto de Q150 diarios será presentado también en las comisiones para las actividades agrícolas y no agrícolas, ya que buscan igualar el salario. La primera tiene programada su sesión para este martes 14 de septiembre, aunque para la segunda, aún está pendiente la fecha.

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Esa propuesta sindical representa un aumento de Q65.12 (76.7%) al día, para el mínimo de la actividad exportadora y maquilas.

En el caso de la actividad agrícola que en la actualidad está en Q90.16 diarios el incremento significaría Q59.84 (66.37%) diarios más. Y la no agrícolas (conocido también como actividades en la ciudad), que en la actualidad está en Q92.88 diarios, el aumento sería de Q57.12 (61.5%).

Según Dueñas la idea es nivelar a las tres actividades, por lo que el salario mensual llegaría a Q4 mil 562.5 más bonificación de Q250. El dirigente explicó que la propuesta no se basa en la intención de llegar a cubrir la canasta básica de alimentos, ya que sindicalistas del Instituto Nacional de Estadística (INE) denunciaron que hubo manipulación de parte de autoridades de esa entidad en el procedimiento para establecer los promedios de precios dicha canasta.

Por lo que, según dijo, basan sus argumentos en la necesidad de ir buscando que se cubra la canasta básica vital o canasta ampliada que incluye también otros servicios como calzado y vestimenta, educación, recreación, salud, transporte y servicios básicos como renta, energía eléctrica, agua, y otros.

A su juicio, el sector empresarial cada año se niega a subir el mínimo, argumentando que se incentivará la informalidad, aparte de que hay desempleo provocado por la pandemia.

La Canasta Básica (CB), que incluye el costo promedio de 34 comestibles básicos, se situó en Q3 mil 12.61 en agosto del 2021, y la Canasta Ampliada (CA), que además de la comida incluye transporte, calzado, vestuario y recreación, entre otros rubros, también subió y alcanzó Q6 mil 955.92.

El criterio empresarial

En la reunión de la comisión de la actividad exportadora y de maquila, realizada este 13 de septiembre, los representantes del sector privado indicaron que es necesario promover un modelo sostenible de política salarial y mencionaron varios criterios para fortalecerlo como usar variables económicas, sociales y políticas.

Alejandro Ceballos, presidente de la Comisión de Vestuario y Textiles (Vestex), de Agexport, dijo que optaron por proponer en la comisión paritaria de actividades exportadoras y de maquila que se mantenga para el próximo año salario el mismo salario del 2021, ya que la estrategia es buscar la negociación de una propuesta de aumento en la Comisión Nacional del Salario.

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En las otras dos comisiones paritarias (de actividades agrícolas y no agrícolas) los representantes del sector patronal van a presentar la misma postura, agregó.

El directivo comentó que está de acuerdo en la necesidad de que los trabajadores tengan más ingresos con un aumento al salario mínimo porque les permite mayor consumo, sin embargo “un incremento de alrededor del 70% como lo propone el sector laboral no es posible”.

Ceballos dijo que el sector empresarial considera que este debe establecerse en base a la fórmula planteada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la cual toma en cuenta variables como el salario, la inflación y el crecimiento económico, ya que estas permiten establecer un aumento con base a la realidad del país.

Agexport en representación del sector empleador en la actividad exportadora y maquila amplió a Prensa Libre los argumentos que respaldan la propuesta  empresarial efectuada esta semana:

• Consideran que para la fijación del salario deben incorporarse variables como la productividad, la inflación, el crecimiento económico y el entorno político, ya que de no tomarlos en cuenta se estaría obviando el sentido mismo del salario mínimo como unidad de referencia, cuyo objetivo es garantizar la cobertura de las necesidades básicas mínimas.
• No solo debe incluir aspectos sociales, sino también técnicos, porque al desvincularse, se han generado fuertes distorsiones presionando al alza los salarios mínimos. Estas inconsistencias técnicas han provocado un exponencial crecimiento del salario mínimo, sin tomar en consideración la evolución del empleo formal en Guatemala.
• Consideran que el incremento de ese salario ha incentivado el crecimiento de la informalidad, en especial en el interior del país, además que el mismo salario ha crecido por encima del empleo formal, lo cual ha presionado a la baja los ingresos promedio en las regiones con mayor informalidad. Por ello la propuesta en las comisiones paritarias es mejorar la competitividad de otras regiones con una correcta aplicación de la política salarial y buscar una estrategia de regionalización que prime la productividad y la generación de nuevos polos de desarrollo con más inversión y empleo productivo.

Puede ser difícil

Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), comentó que un aumento a Q150 el salario mínimo diario sería deseable, pero no es posible derivado de las condiciones económicas del país, ya que representaría un aumento de alrededor Q60 al día.

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Sin embargo, mencionó que tampoco es recomendable congelar el salario o mantener el monto actual, ya que según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guatemala, Honduras y Venezuela son los países donde el salario real disminuyó del 2010 al 2019, tomando en cuenta que el impacto de la inflación ha reducido la capacidad adquisitiva de la población.

A su criterio si se congela el monto, al momento que se requiera un aumento, el cambio será muy brusco y las empresas dirán que no pueden otorgarlo.

El proceso de aprobación

• Cada comisión paritaria debe enviar su informe a la Comisión Nacional del Salario (CNS) y aunque se ha buscado que sea a más tardar del 15 de septiembre, el plazo se puede ampliar.
• Al recibir los informes, la CNS debe verificar y analizar que todos los documentos cumplan con los requerimientos de ley o los regresará a las paritarias para que se subsanen. Al hacerlo, se dan por recibidos y empieza a contar un plazo de 15 días para emitir un dictamen al respecto.
• Dicho dictamen se remite al Banco de Guatemala (Baguat) y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para que se pronuncien al respecto y una vez recabados, al Mintrab. Si no hay acuerdo entre los sectores empleador y laboral, dicho ministerio los hace llegar al Presidente de la República para que tome una decisión.
• El salario mínimo debe estar aprobado a más tardar el 31 de diciembre de cada año para que cobre vigencia a partir del 1 de enero del año siguiente. Históricamente se ha fijado por el presidente de la República por medio de decreto gubernativo, ya que la partes no han llegado a acuerdos.

Guatemala está lejos de convertirse en un centro logístico de la región y cada vez más está rezagada a las exigencias de la industria del transporte marítimo que podría, incluso, aislarlo en el concierto internacional.

La negociación de un contrato para arrendar una porción de terreno de Empornac, para almacenar y exportar mena de níquel por parte de la empresa de capital suizo Atlantic Bulk Cargo, puso en discusión pública la realidad de los puertos en el país.

El más reciente reporte de la Comisión Portuaria Nacional (CPN), del 2020, evidencia la pérdida de competitividad, que se traduce en ventaja para los puertos vecinos.

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Usuarios coinciden en la necesidad de desarrollar planes de transformación urgentes, dadas las condiciones del crecimiento del intercambio comercial en la fase poscovid; también ven la necesidad de expandir la infraestructura y actualización de equipos y maquinaria.

El sistema lo integran la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) y la terminal ferroviaria Puerto Barrios en Izabal —salida al Atlántico— y la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), en Escuintla —Pacífico—.

Además, están las Boyas de San José, que es una terminal especializada.

Hallazgos

En 2020, el comercio exterior fue de 32.7 millones de toneladas métricas, de los cuales el 78% fue manejado por los puertos marítimos.

Los efectos de la pandemia provocaron que, el año pasado, el movimiento de carga marítima disminuyera -2.7%, con respecto al 2019.

El informe de la CPN describe indicadores más complejos.

Por ejemplo, el número anual de Teus —contenedores de 20 pies— por metro lineal de muelle, reflejó variabilidad. Este es un indicador que mide el rendimiento del puerto.

Empornac, manejó 590 Teus por metro en el muelle; el 2019 fue de 623; 2018, 611 y 2017, 625. En EPQ fueron 219 Teus por metro el año pasado; 201, en 2019; 229, 2018 y 453 en 2017.

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En los datos anteriores, para ambos puertos, la tendencia puede interpretarse que hubo una disminución, o que recibieron menos contenedores.

Puerto Barrios, reportó el año pasado 744 Teus por metro; 707, en 2019; 759, en 2018 y 707 en 2017.

El boletín de la CPN señala que, en 2017, Empornac pasó de seis atracaderos de 152 metros a cuatro de 228 metros; mientras Puerto Barrios, en 2015, inició a trabajar con un muelle ampliado, pasando de 470 a 645 metros lineales.

“Los puertos se encuentra con décadas de atraso y no responde a las necesidades actuales del transporte marítimo internacional y a las demandas del comercio exterior, provocando altos costos operativos, los cuales son sensibles en el consumidor final y la competitividad del país en la región”, resaltó Juan José Espinoza, director general de Grupo Logistik de Izabal.

En términos de valores de las importaciones y exportaciones, las terminales portuarias manejaron cerca del 63% del total del valor del comercio exterior.

Atención a buques

En las recaladas de buques que recibieron los puertos hubo una caída de 6% en 2020. Los puertos nacionales recibieron tres mil 113 buques; es decir, 191 menos que el 2019, que fueron tres mil 304.

El mayor número recaladas corresponde a buques portacontenedores con mil 814, 467 granel líquido, 358 granel sólido, 126 convencionales, 113 refrigerados y solo 37 cruceros.

A nivel centroamericano, Guatemala tuvo 36% de recaladas con tres mil 133 buques; Costa Rica, 28%, dos mil 392; Honduras, 22%, mil 955; El Salvador, 8%, 667 y Nicaragua, 6% con 564 naves.

La caída en la atención de buques no necesariamente significa una caída en el volumen transportado, sino a un mayor aprovechamiento de los espacios en los buques.

No obstante, el informe aclara que en 2020 los efectos de la pandemia contribuyeron a una reducción de recaladas de cruceros por las restricciones gubernamentales.

El tonelaje medio por buque es ocho mil 747 toneladas, mientras en 2019 fue de ocho mil 470.

De enero a julio de este año, se reportan mil 874 recaladas.

Rendimiento por hora

Un indicador para medir la eficiencia de los puertos son los movimientos por hora. En 2020 no se actualizó el dato y la única referencia para medir los tiempos es el reporte del 2019 por la Comisión.

En Empornac fue de 26 movimientos por hora, 38 movimientos en EPQ y Puerto Barrios 40, según el boletín de la CPN.

Amador Carballido, director general de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), puso como ejemplo que en los puertos de Costa Rica y Honduras tienen una mejor capacidad de hacer movimientos por hora que los puertos nacionales.

La medición abarca desde que llegan a la orilla del buque, colocan el contenedor dentro del buque o se descarga, que son maniobras que hacen que el barco pueda zarpar más rápido, y por lógica los hace más competitivos.

En la Empornac, por ejemplo, el movimiento de contenedores es de 17 a 23 por hora, en Puerto Barrios es de 28 a 30 movimientos por hora, pero en Puerto Cortés, Honduras, el movimiento es de 40 por hora.

Insistió que, en Santo Tomás, está a la mitad de la eficiencia del vecino hondureño, y “eso es la gran diferencia, ya que su costo de estadía se puede reducir y en parte el flete podría disminuir en sus costos”.

“Guatemala, particularmente en Santo Tomás, tiene esa dificultad, porque muy cercano en Puerto Barrios maneja una mejor relación por movimiento por hora y el equipo es similar, pero hay mucha más ingeniería de procesos”, aclaró el ejecutivo de Agexport, al recordar que en el Pacifico guatemalteco se presenta la misma situación.

Está APM Terminals Quetzal, con grúas adecuadas para el movimiento de contenedores, que cuenta con cifras de eficacia como las hondureñas, de 40 a 45 movimientos por hora, y puede recibir buques más grandes, declaró Carballido.

En EPQ, enfatizó, se refleja similar a las cifras de movimiento de Empornac, y ahí están las comparaciones con movimientos bajos por hora.

“Si los puertos nacionales no hacen inversión en equipos, ni se hace una ingeniería de procesos se quedarán en movimientos de 17 o hasta un máximo de 30 por hora”, apuntó.

Además, si no hay un provisionamiento de camiones que estén alimentando el barco de contenedores, es más de los mismo, porque la nave demora más, y sino esa todo el proceso afinado se generan los problemas de atrasos.

Los rendimientos de movimientos en los puertos dependen de las peculiaridades de cada terminal.

El año pasado no se actualizaron los datos relacionados a los fondeos, que es el tiempo de espera para poder ingresar a los muelles comerciales de los puertos.

Planes de inversión

El 27 de enero del 2019 —antes de la pandemia— en un evento público, se dieron a conocer los planes maestros de inversión por parte de las autoridades de ese entonces del sistema portuario.

En esa ocasión, los proyectos de inversión en infraestructura fueron anunciados por US$276 millones —unos Q2 mil 125 millones— a fin de mejorar la competitividad en el movimiento de carga.

En esa fecha se advirtió que los puertos deben entrar en una nueva configuración y demanda al comercio global.

En los planes maestros se incluyó la construcción de una terminal de cruceros y graneles sólidos en la Empornac y obra civil en muelle, patios, dragado y zonas de inspección en APM Terminals.

Para Álvaro Sarmiento Matute, consultor en comercio exterior, se pronostica que en el corto plazo la recuperación económica, una vez se controle la pandemia, crezca de manera sostenible; eso implicará un mayor intercambio comercial, y si la mayor parte se hace por la vía marítima, el transporte, infraestructura y servicios logísticos asociados deben de estar a la altura de los principales socios comerciales sobre todo de EE. UU., y Europa, donde los criterios de seguridad y eficiencia no son opcionales.

Ineficiencia castiga

Carballido expresó que de parte de los usuarios hay un gran interés de mejorar la eficiencia de la red portuaria, que a su vez está vinculada con las mejoras en las de las operaciones aeroportuarias y carreteras terrestres.

Mencionó que, como sector exportador e importador, y en el orden de su importancia, el transporte marítimo es el más utilizado por los empresarios. Se utilizan ambos océanos para vender al exterior; además, se utiliza más carga de contenedor por el Atlántico y por el Pacifico, carga a granel.

El principal interés es que los puertos sean más eficientes, pues tiene una incidencia en el costo de los bienes, tiempos de entrega y tarifas razonables a su destino.

Carballido aclaró que las tarifas marítimas están muy influenciadas por el volumen de carga y la eficacia de la terminal. Una ineficiencia se refleja, posiblemente, en un mayor costo.

Espinoza añadió que los puertos, al ser manejados por el Gobierno con la excusa de que son estratégicos, su infraestructura es obsoleta. Existen procesos engorrosos, bajos niveles tecnológicos, injerencia política, así como sindicatos que solo velan por sus intereses.

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Por otro lado, señaló poca profundidad en los canales de acceso y muelles, falta de conectividad en el interior por carreteras en mal estado, bajos rendimientos operativos, no hay coordinación entre las instituciones que participan en la gestión portuaria, entre SAT, Ministerio de Gobernación, Maga, Oirsa, gestores y transportistas.

El modelo ideal

Espinoza dijo que el modelo ideal de puerto es aquel administrado por sectores privados para que se le cierre la puerta a la corrupción, pero también está el problema de las carreteras que colapsarían.

“Hablo de un complejo portuario industrial, con terminales especializadas para todo tipo de carga, administrado y operado por operadores de clase mundial independientes al Estado. Que cuenten con equipamiento y tecnología de punta y sistemas de comunicación e información en tiempo real, para que los usuarios y clientes tengan información oportuna del estatus de su carga”, dijo el empresario.

Un parque industrial con incentivos fiscales que atraigan la inversión nacional y extranjera, generando fuentes de empleo capaces de frenar la migración irregular a los Estados Unidos, concluyó.

Contratiempos

Varios acontecimientos han surgido en los puertos en los últimos años:

1. 2015. Contrato irregular: El MP y la CICIG establecieron que había un grupo criminal con roles definidos para obtener beneficios económicos generados por la celebración y ejecución del contrato irregular a favor de la entidad TCQ, destinado a ceder a esa sociedad parte del terreno de la EPQ para la construcción, desarrollo y operación de una terminal privada de contenedores.
2. 2017. Contrato lesivo: Los contratos entre Empornac con la empresa Pahame, S.A., fueron declarados lesivos por la Presidencia. La firma Pahame, S.A., brinda servicios de carga y descarga de granel sólido, pero su adjudicación fue cuestionada y estaba bajo investigación, ya que el contrato fue suscrito el 24 de noviembre 2014 cuando la portuaria estaba intervenida y se adjudicó por servicios técnicos cuando era otra figura jurídica como una concesión.
3. 2018. Falta de grúas: El comercio exterior del país quedó paralizado en la EPQ por la falta de grúas para atender a los barcos, y la falta de la maquinaria especializada ocasionó atrasos, pérdidas económicas y aumento en la cadena logística. En la Empornac se denunció en ese año atrasos por la falta de equipos, maquinaria y remolques para los movimientos de contenedores y buques.
4. 2020. Rayos x en Empornac: El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross envió una carta al presidente Alejandro Giammattei en julio 2020, exponiendo su preocupación por la no operación del módulo de rayos x en la Empornac en Izabal. Esto provocó que dicha portuaria reaccionara y aprobara días después el funcionamiento del nuevo sistema.
5. 2021. Rompeolas: El 3 de marzo la junta calificadora de EPQ adjudicó un contrato por un monto de Q477.9 millones a la empresa constructora Supervisión, Construcción y Mantenimiento, S.A., por el proyecto mejoramiento infraestructura portuaria rompeolas este y oeste a pesar de advertencias de inconsistencias de la Contraloría. El contrato fue rechazado.
6. 2021. Cámaras: El 2 de junio en una citación en el Congreso la intendencia de Aduanas denunció que desde el 2017 la SAT solicitó acceso a las cámaras de circuito cerrado de televisión en los recintos portuarios, así como las constantes fallas de energía que bloquean las cámaras y los sistemas de rayos x para controlar las mercancías.
7. 2021. Sin nombramientos: El 7 de junio se informa que las presidencias de la junta directiva de la Empornac en Izabal y de la EPQ en Escuintla permanecen sin la designación de la máxima autoridad, y funcionan con presidentes interinos de las dos portuarias, y los usuarios califican que se impacta en la toma de decisiones estratégicas.
8. 2021. Denegado: El 30 de agosto se conoció que la junta directiva de Empornac denegó la solicitud de arrendamiento de ocho manzanas para la construcción de una terminal de granel sólido para almacenar y exportar mena de níquel por parte de la empresa de capital suizo Atlantic Bulk Cargo, S. A., por una inversión estimada en US$18 millones unos Q138 millones.

La modalidad de contratos de trabajo de tiempo parcial ha generado expectativa para el sector empresarial, pero también han surgido diversas dudas de cómo implementarlo tanto en aspectos de recurso humano como administrativos, prestaciones laborales y forma de calcular el pago.

Fomentar la correcta aplicación de las contrataciones de tiempo parcial y evitar cualquier tipo de simulación laboral es una de las recomendaciones de Ana Contreras, asesora legal de la Gerencia de Competitividad de Agexport; y José Chávez, analista económico de dicha gerencia.  Los expertos analizaron las leyes  en el país para que se logre la correcta implementación de esa herramienta.

Aunque antes no existía un reglamento, y luego fue suspendido el emitido en el 2019, la  implementación era posible basada en las leyes nacionales y la ratificación del convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Con la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) del 15 de julio que da luz verde a esta modalidad y restablece el reglamento se espera  más certeza para aplicarla. Sin embargo, según una encuesta citada por Contreras, el 89% de empresarios no está seguro de que esa herramienta brinde certeza jurídica.

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Otra de las recomendaciones es no obligar a los trabajadores que ya laboran a tiempo completo a trasladarse a tiempo parcial porque las leyes y regulaciones nacionales lo prohíben y puede generar denuncias.

Contreras explicó que en el país todos los sectores que lo consideran conveniente según el giro de negocio o puesto pueden hacer contrataciones de tiempo parcial y refuerza la sugerencia de hacerlo en forma correcta para evitar denuncias y   evitar exclusiones de sectores como ha sucedido en otros países. El convenio permite la exclusión total o parcial de categorías particulares de trabajadores o establecimientos mediante consulta tripartita.

Cuando exista alguna duda respecto de cómo aplicar alguna disposición relacionada a esta modalidad, debe implementarse la que más favorezca al trabajador, agregó. En el aspecto administrativo se debe evitar dividir un puesto que tiene jornada completa, porque se generarían más gastos.

Se solicitó información al Ministerio de Trabajo (Mintrab) acerca de la implementación de contratos de tiempo parcial, pero no respondió. El IGSS solo indicó que aún analizan esa modalidad en relación con la seguridad social.

Autoridades del Mintrab informaron a finales de julio que derivado de la sentencia de la CC, que revocó la suspensión del reglamento, los empleadores deberán registrar sus contratos de trabajo a tiempo parcial en la plataforma de Registro Electrónico de Contratos Individuales de Trabajo (RECIT), la cual está disponible de forma gratuita en la sección de servicios electrónicos, en el sitio electrónico de este ministerio.

• 1. Qué debe contener el contrato

Hacer el contrato escrito y su respectivo registro en el Mintrab. Debe incluir de forma clara datos como: contrato de tiempo parcial, puesto, jornada laboral, salario por hora, cuantos días y horas trabajará a la semana. Si es personal que se trasladó de jornada completa agregar al expediente el documento que compruebe que el traslado es voluntario.

• 2. Descansos, cambio de horas

Descansos: La ley establece un descanso de media hora para jornadas de 8 horas. Si es 4 horas, son 15 minutos, pero si es menor a 4 horas no tendría descansos. Jornada discontinua:  recomiendan que el intervalo no pase de una hora.

Si el puesto requiere horarios flexibles, el patrono deberá informar el viernes anterior, sus horarios y horas de la semana próxima.

• 3. Cuántas horas podría trabajar

No hay máximo ni mínimo de horas, siempre y cuando sea menor a la jornada de tiempo completo.

Para la diurna sugieren 30 horas máximas semanales con 6 horas diarias. Para la mixta, 28 horas semanales (5 diarias), y la nocturna 24 horas semanales (4 diarias). En todos los casos sugieren 5 o 6 días máximo.

• 4. Horas extraordinarias

Pagar sobre la base de horas máximas diarias establecidas, el pago es 50% más, como mínimo, del total de una hora ordinaria. Ejemplo: el salario mínimo de Q11.61 X 1.5 o Q11.61 X 150% = Q17.41.

Si se contrata por 6 horas en tiempo parcial, pero hace dos horas extras diarias, es mejor contratarlo por tiempo completo para evitar simulación de contrato tiempo parcial.

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• 5. De tiempo completo a parcial

El trabajador de tiempo completo puede pasar a tiempo parcial de forma voluntaria y se recomienda que firme su anuencia en un documento legal. Hay un período de prueba de dos meses, si no regresa a su condición de tiempo completo.

Recomiendan no indemnizar al hacer el cambio, sino aprovisionar por los años laborados que le corresponde y congelar el pasivo laboral.

• 6. Prestaciones vigentes

Aguinaldo y Bono 14: se calculan sobre una base horaria y con  el promedio de salarios ordinarios de los últimos 6 meses.

Bonificación incentivo: pagar los Q250 completos cada mes.

Indemnización: promedio salarial de 6 meses por el tiempo y días laborados.

Vacaciones:  15 días al año, pero debe tener mínimo de 150 días trabajados al año.

Maternidad: La ley establece para tiempo completo que se deben otorgar 84 días por pre y post natal, pagando el 100% del salario. En tiempo parcial deberá computarse el tiempo de corrido o calendario, pagar solo los días que efectivamente labore según el contrato. Es decir, si la trabajadora labora 1 día a la semana se le deben pagar 5 días al mes (que corresponden a 4.5 semanas del mes). Respecto a la hora diaria de lactancia durante 10 meses hay varios criterios, algunos consideran que debe ser aplicado de corrido o días calendario, otros consideran que debiera contarse solo para los días que la persona labora.

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• 7. IGSS

Se mantiene el derecho al seguro social, y la obligación del pago porcentual de las cuotas (laboral y patronal) sobre el salario. Según los expertos e Agexport el convenio 175 de la OIT incluye cobertura para programas de enfermedad, maternidad (conocido en Guatemala  como EMA) y accidente, pero no el de invalidez, vejez y sobrevivencia (llamado IVS). De este último, la analista expuso que  el IGSS prevé incluirlo, aunque no ha hecho un aviso oficial.

• 8. Cómo se paga

El salario se fija por hora. Este no puede ser menor al salario mínimo vigente para las diferentes actividades. El monto diario, semanal y mensual va a depender de cuántas horas trabaje en su respectiva jornada. Si se trabaja por 5 días, se debe pagar el séptimo día.

Fórmulas

Si trabaja 5 a 6 días a la semana la fórmula que se usa es:

Salario por hora X número de horas trabajadas al día X 365 días que tiene el año, dividido entre 12 meses + bonificación

Ejemplo: para un empleado que trabaja 4 horas al día por 5 días

Q11.61 X 4 X 365 dividido entre 12 + Q250= Q1,662.55

Si trabaja menos de 5 días a la semana la fórmula que se usa es: 

Salario por hora X número de horas trabajadas al día X por días trabajados al mes + bonificación

Ejemplo:  para un empleado que trabaja 4 horas al día por 3 días

Q11.61 X 4 X 12 + Q250= Q807.28

Estos son ejemplos con base al  salario mínimo vigente para las actividades no agrícolas.

No es la escena de una película o serie de acción, pero se parece. En uno de los sectores de las bóvedas del Banco de Guatemala (Banguat) —en el Centro Cívico— se encuentran abovedadas cientos de monedas de oro.

Guatemala mantiene este mineral en monedas y en lingotes como activos celosamente custodiados, que valen unos US$390 millones, por más de 220 mil onzas troy —determina el peso del oro metálico—.

El resplandor de las monedas ilumina íntimamente la bóveda que las resguarda, en un lugar de acceso limitado, con intensivos y numerosos sistemas de seguridad en las raíces del edificio de la banca central, en donde se permiten auditorías solo a funcionarios autorizados.

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A tres mil 304 kilómetros lineales del país, se encuentra otro lote de oro que pertenece a Guatemala y que está custodiado en la Reserva Federal de Nueva York.

Ahí están las barras del oro de “buena entrega”, que se define en lingotes que deben cumplir con estándares de medidas y pesos internacionales.

Literalmente, se tuvo la “época de oro” hace casi unos cien años, describe el economista e historiador José Molina Calderón, en su conferencia Acumulación de oro metálico en la época del presidente Jorge Ubico, cuando en 1924 se adoptó el patrón oro, por el cual un quetzal era igual a un dólar, y ambos iguales a una cantidad de oro establecido por la Ley Monetaria del 26 de noviembre de ese año.

Un año antes se habían establecido impuestos al café y otros productos de exportación para establecer un fondo de apoyo a la moneda, relata el historiador, quien cuenta que para 1944 se alcanzó casi el millón de onzas.

Tanto las monedas como los lingotes forman parte del activo oro monetario que posee Guatemala, uno de los países de Latinoamérica que conserva ese metal precioso.

¿Cuánto oro tenemos?

Al 31 de mayo pasado Guatemala reportó Q3 mil 251 millones como oro monetario en el estado de balance general del Banguat, activo que se contabiliza mensualmente.

Sergio Recinos, presidente de la banca central, indicó que Guatemala tiene oro de buena entrega valorado en US$177.7 millones, y que pesa cien mil 780.63 onzas troy, custodiado en Nueva York, donde el país no eroga ningún gasto, ni se paga por el resguardo de los lingotes, aunque está sujeto a las fluctuaciones del mercado.

Las monedas de oro en quetzales datan de 1926, hasta 1940, cuando se emitieron las últimas, y las monedas en dólares que vienen de la historia de Estados Unidos corresponden a 1800. El equivalente de estas monedas es de 120 mil 835.97 onzas troy, con un valor de US$213 millones.

El total del oro monetario del país asciende a US$390.7 millones, con 221 mil 616.6 onzas, según el reporte oficial.

Recinos confirmó que el oro monedado se encuentra en el edificio del Banguat, en el Centro Cívico, en donde se ubica una bóveda de reserva, muy custodiada, de difícil acceso.

Para que el público conozca estos activos, en el Museo Numismático se encuentran algunas monedas de exhibición, así como un lingote.

Mercancía fluctuante

En el balance del oro monetario de los últimos 10 años hay fluctuaciones, que responden al precio del metal precioso y el tipo de cambio.

Por ejemplo, la cotización internacional de la onza troy de oro en 2019 subió 18.3%, debido a las reducciones en la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal, tensiones comerciales entre EE. UU. y China, y la incertidumbre por la resolución del bréxit; en 2020 el precio aumentó 25.1%, por la depreciación del dólar estadounidense, la incertidumbre de la pandemia en la economía mundial y las tasas de interés excepcionalmente bajas.

Pero contrario a lo que ocurrió en los dos últimos años, en el 2021 el precio promedio del oro cayó -5%, asociado a las expectativas de mayor crecimiento económico mundial, aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y la fortaleza del dólar.

Desde el 2011 no ha variado la cantidad de oro monetario que posee el Banguat —oro monedado y el de Buena Entrega—, lo que varía es el precio de acuerdo con las cotizaciones de la onza troy y del tipo de cambio de referencia.

Recinos recordó que desde hace 10 años Guatemala ya no tiene depósitos en oro, solo custodiados, ya que los rendimientos eran negativos, y era secuela de los efectos de la crisis económica global del 2008 y 2009.

Si Guatemala decidiera vender su oro monetario -como activo- recibiría el precio del día de la onza troy en dólares y se mantendrían en dólares en las reservas monetarias al precio que se esté cotice el día de la venta.

De momento, no está clara la expectativa de la cotización del oro en el corto plazo, en el sentido de que el precio podría fluctuar si aparecen nuevas variantes del covid-19 o por la vacunación. Por el contrario, si se controla la pandemia, aunado a un crecimiento económico mundial, es probable que el precio disminuya. “Los bancos centrales no especulamos con oro”, expresó.

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Pagó deuda externa

Molina Calderón señala que el 30 de junio de 1944, un día antes a la renuncia del presidente Jorge Ubico, el Banco Central de Guatemala (BCG) -que era el custodio del oro- reportaba 994 mil 669 onzas; cerca de un millón de onzas, una cifra notable para Guatemala.

Recuerda que al 30 de junio de 1927, el oro en el BCG ascendía a 66 mil 903 onzas; en 1933, año en que se prohibió el comercio de oro, subieron a 94 mil 237 onzas, y para 1934 había unas 121 mil 576 onzas.

Hacia 1939, el metal era de 232 mil 295 onzas; en 1941, 327 mil 592; en 1942, 558 mil 951, y en 1943, 704 mil 579 onzas.

El peso máximo de oro que acumuló el gobierno de Ubico estaba distribuido en 125 mil 62 onzas de monedas de oro y 869 mil 606 onzas de oro en barras.

“El 27 de junio de 1944 por instrucciones del presidente, el secretario de Hacienda y Crédito Público, José González Campo, se presentó ante el gerente de BCG, José F. Linares, y le manifestó que, por instrucciones del presidente, se procediera a cancelar, con los fondos disponibles a favor del gobierno, el monto de la deuda externa del 4% estimados en 6,150,000 quetzales, incluyendo el valor de los bonos y los intereses”, expone el historiador en su obra.

En 1824 el país se endeudó para financiar la creación de la Federación de Centroamérica, compromiso al que se le denominó Deuda Inglesa, que fue objeto de varias renegociaciones.

Molina Calderón comentó en su libro que de 1944 a 1946 los dos gobiernos siguientes al Ubico —el de Federico Ponce Vaides y la Junta Revolucionaria de Gobierno hasta el 15 de marzo de 1945— hicieron pagos parciales de la deuda externa sin que se lograra cancelar en su totalidad, debido a que por el fin de la II Guerra Mundial, no aparecieron de inmediato todas las personas tenedoras ni los títulos de deuda.

Para el 15 de enero de 1945, fecha en que expiraba el canje correspondiente, el pago fue prorrogado por seis meses, en el gobierno de Juan José Arévalo, y el monto total pagado alcanzó el 75% de la deuda, equivalente a Q4 millones 650 mil.

Del 1 de julio de 1944 al 1 de julio de 1946, se vendieron 177 mil 280 onzas de oro para disponer de libras esterlinas con las que se pagó aquella deuda y otras obligaciones, en esa última fecha inició operaciones el Banguat.

El historiador señala que la Deuda Inglesa en libras esterlinas se canceló totalmente en 1968, luego de 144 años, mediante un refinanciamiento en 1966 con bonos del Estado en quetzales.

Reserva: En títulos

• Edwin Matul, exgerente del Banguat, aseguró que, si bien el patrón oro ya no es utilizado por los bancos centrales, el mineral precioso tiene su valor intrínseco, un valor numismático y uno monetario.
• Lo que posee la banca central son reservas que quedaron y que se conservan.
• “Esto ya es un activo en oro, pero que en su momento fue reserva, y se emitía dinero respaldado por el oro que se contaba; pero todo eso se rompió con el patrón oro, y lo que queda es contar con un activo más, como tener bienes inmuebles o la emisión de acciones”, remarcó.
• Al preguntarle ¿en dónde puede estar el futuro de este metal? Matul respondió que las reservas están invertidas en títulos de valores, en títulos de bancos centrales de operaciones de primer orden, algo que no va a cambiar.
• “La criptomoneda, ¿qué tiene de respaldo? Y lo que usted me va a decir es que tiene un algoritmo que nadie sabe o que solo algunos pueden saberlo; simplemente, no veo que pueda ser un activo confiable para invertir, aun cuando ganó precio en los últimos ocho años. Pero también es cierto que del 2020 para acá perdió la mitad de su valor, y ese tipo de volatilidad no deja que sea un activo para una inversión a diferencia de invertir en papeles en países centrales de bancos fuertes”, destacó Matul.
• Puede sonar tradicional, pero ese principio conservador debe mantenerse en la banca central, concluyó el exgerente.
  Al 30 de mayo del 2021 las inversiones en valores en el exterior de Guatemala alcanzaban Q139 mil 983 millones, según el balance general oficial.

El trabajo flexible e híbrido vino para quedarse. Aunque ya empezaba a experimentarse en algunas empresas, derivado de la pandemia del coronavirus, su implementación se expandió más rápido y creó nuevas tendencias de parte de empleados y empleadores.

Alrededor del 48% de los empleados trabajará a distancia al menos una parte del tiempo después de la pandemia, cuando en la prepandemia era alrededor del 30%, según el estudio 21 tendencias para el 2021: Transformar el talento y el futuro del trabajo, de la firma Manpower Group.

A más de un año de que se impusieron las restricciones de movilidad en Guatemala, el 45% de los empleadores mantienen algún modelo de teletrabajo, según un reporte a mayo del 2021 emitido por esa firma.

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En la Encuesta de Expectativas de Empleo para el tercer trimestre —de julio a septiembre del 2021—, el 78% de los empleadores afirma que sus colaboradores trabajarán en la oficina por tiempo completo en los próximos seis a 12 meses. Es decir que se prevé llegar a ese nivel entre finales de este año y mediados del 2022, dijo Andrés Jesús Soto, gerente general de Manpower Group de Guatemala.

Sin embargo, las empresas indican que más del 50% de los empleados efectúan actividades que requieren que estén en la oficina la mayor parte del tiempo. Según Soto, ese dato refleja una incongruencia entre lo que están imponiendo las empresas y lo que los trabajadores quieren, porque quedaría un 28% adicional “que, en teoría, no debería o tendría la necesidad de volver a la oficina”.

Se debe estar claro en que en labores como una línea de producción o servicios presenciales o de hospitalidad no es posible el trabajo remoto, pero que hay otras administrativas que pueden continuar desde la casa y que han implicado muchos beneficios que tanto patronos como trabajadores pueden aprovechar, agregó.

Carlos Lone, especialista en soluciones empresariales de Microsoft, expuso que las organizaciones que no se adapten a esa flexibilidad podrían enfrentar un problema, porque, según el estudio sobre el índice de tendencias laborales anual, denominado El siguiente paradigma es el trabajo híbrido: ¿estamos listos?, refleja que el 40% de la fuerza global laboral está considerando dejar a su empleador para poder buscar trabajo en sitios con estos esquemas flexibles.

Por ello es crítico para las compañías anticiparse para definir cómo la organización se adaptará a los esquemas de una nueva realidad de trabajo, dijo Lone. “Si no hace nada la empresa podrá perder personal”, advirtió.

Eso abre enormes oportunidades de trabajo, coincidieron ambos expertos, incluso ahora, en Guatemala, con la opción que se ha abierto de contratos de trabajo de tiempo parcial con el convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Qué buscan

Los trabajadores buscan preservar su salud ante la pandemia, ya no tener que trasladarse a la oficina, para evitar el tráfico y ahorrar tiempo; además, quienes antes vivían más cerca de sus trabajos, pagando alquiler, ahora prefirieron regresar a casa de su familia para pasar el proceso de encierro, comentó Lone.

Esa forma de trabajo no dependerá de en qué país o ciudad se encuentre la persona y está promoviendo cambios en el aspecto inmobiliario para quienes han buscado rentar o comprar en ambientes que permitan estar más cerca de la naturaleza.

Según el informe de Manpower Lo que quieren los trabajadores, el 43% de estos cree que la pandemia ha marcado el final de los horarios fijos y la mayoría prefiere ir de dos a tres días a la semana al lugar de trabajo, por lo que la flexibilidad también se puede hacer con esa modalidad o con cambios de horarios, para no dejar fijo el de 8 a 17 horas.

Mantener su empleo es la prioridad de los trabajadores en todo el mundo, pero ocho de cada 10 quieren un mejor balance entre la familia y el trabajo en el futuro.

Desafíos

En las tendencias también se pueden detectar los desafíos. Lone comenta, por ejemplo, que la alta productividad de los trabajadores enmascara una fuerza laboral exhausta, a lo cual se le debe prestar atención y velar por el bienestar del empleado, porque, de lo contrario, no será sostenible.

Con el modelo flexible los trabajadores siguen siendo productivos, pero se han vuelto más aislados respecto de sus compañeros y otros grupos sociales, y también se ha creado el concepto del agotamiento digital, comentó Lone, quien lo considera “una amenaza real e insostenible”.

Reuniones extensas

La firma ha identificado que cuando una persona entra a llamadas o reuniones virtuales ya no existen espacios de descanso entre una y otra, lo cual causa agotamiento y estrés.

Además, el tiempo semanal que se gasta en reuniones se ha duplicado del 2020 al 2021.

Una opción es efectuar reuniones de 45 o 50 minutos, y dejar unos cinco o 10 de tiempo libre, responder mensajes después de horarios laborales se ha incrementado en 42% respecto del año anterior.

Aunque el 70% de trabajadores quiere la flexibilidad del trabajo remoto, al mismo tiempo el 65% pide espacio para reuniones en persona con sus equipos de trabajo, cada cierto tiempo.

Entre otros retos se debe considerar que un 40% de los empleados dice que en la casa carece de suplementos de oficina esenciales, y uno de cada 10 de los encuestados dice que no tiene una conexión adecuada de internet.

Los expertos coincidieron en que no existen regulaciones para establecer quién cubrirá los gastos del trabajo remoto, si le corresponderían al trabajador o al empleador.

• Estrategias: El Índice de Tendencias Laborales de Microsoft identifica cinco estrategias que los líderes empresariales deben considerar al comenzar el cambio de modelo: Crear un plan para impulsar que sus colaboradores tengan una flexibilidad extrema, invertir en espacios y tecnología para unir los mundos físico y digital, combatir el agotamiento digital desde arriba, dar prioridad a la reconstrucción del capital social y la cultura empresarial, repensar la experiencia del empleado para competir por los mejores y más diversos talentos.

Tendencias del trabajo híbrido o flexible

Tendencias, análisis y recomendaciones surgen luego de haberse acelerado la implementación del teletrabajo y trabajo flexible. Estudios de diferentes firmas hicieron los siguientes hallazgos:

1. Generaciones. La generacion Z está en riesgo, será necesario reactivarla, pues requiere más contacto e intercambio presencial de ideas.
2. Preferencias. La reducción del impacto inmobiliario, el creciente éxodo urbano, la movilidad global y la creación de oportunidades de trabajo más allá de las fronteras impulsarán las preferencias tanto de los empleados como de los empleadores para el trabajo remoto y flexible.
3. Cansancio. La alta productividad enmascara una fuerza laboral exhausta, por largas jornadas y reuniones virtuales, o nuevas formas de tareas derivadas del trabajo flexible.
4. Acercamiento. Los líderes no están en contacto con los empleados: necesitan una llamada de atención y buscar más acercamiento.
5. Crecimiento. El trabajo flexible llegó para quedarse y se muestra un rápido crecimiento en el trabajo remoto.
6. Bienestar. La autenticidad estimulará la productividad y el bienestar.
7. Reclutamiento. En un mundo laboral híbrido, el talento está en todas partes y ya no depende de que el trabajador se traslade a una ciudad o país específicos.
8. Habilidades. La nueva jerarquía de las necesidades individuales exige o reclama mayor flexibilidad, autonomía y elección por parte de los trabajadores. Incluye la preocupación por la salud y el bienestar, la seguridad en el empleo y el desarrollo de habilidades para lograr la mejor combinación.
9. Peligro. Las personas están teniendo menos contacto con otras. La reducción de las redes de contacto pone en peligro la innovación.
10. La celebración de la brecha de género. Las mujeres se ven afectadas de forma desproporcionada por la crisis social y económica derivada de la pandemia, con pérdida de puestos de trabajo en sectores donde más se desempeñaban y pocas trabajando en sectores en crecimiento, al tiempo que asumen más responsabilidades de cuidado en el hogar.
11. Salud. La importancia de la salud y el bienestar, tanto físico como emocional. Requiere un mayor rol de recursos humanos, con más deberes de cuidado, formas de ayudar a los empleados a desconectarse y una necesidad de nuevas habilidades de liderazgo empático para la era del cuidado.

Ante la propuesta que ha hecho el gobierno de establecer salarios mínimos regionales, el Mintrab refiere la definición se debe basar en varios indicadores y no solo en el monto de la canasta básica.

El Ministerio de Trabajo (Mintrab) propuso este año que se inicie la discusión de dicha modalidad para poder implementarlo en el 2023.

Pero afirma que no solo no solo puede tener como parámetro la canasta básica como se hace en la actualidad sino al menos cuatro parámetros más.

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Mantiene la necesidad e usar el costo de vida (relacionado a la canasta básica e Índice de Precios al Consumidor -IPC), para lo cual ha solicitado al Ine que establezca mediciones más detalladas por regiones.

• Además, se debe tomar en cuenta la satisfacción de necesidades del trabajador de carácter material, cultural, moral, según autoridades de ese ministerio.
• La productividad
• Y la posibilidad de productividad del empleador
• La capacidad de pago

La viceministra de Administración del Trabajo, María Isabel Salazar aseguró recientemente que no se trata de bajar el salario mínimo actual, la ley no lo permite y se debe seguir respetando, por lo que se debe partir de los salarios mínimos vigentes para establecer los regionales a futuro y de ahí irlos modificando según el área y modalidad que elijan.

Explicó que hay otros elementos que refieren que no se cumple el pago mínimo y podría tener relación a la capacidad de pago, ya que datos de la Encuesta de Empleo e Ingresos (Enei) del 2016 al 2019 muestran que el salario promedio pagado para la ciudad de Guatemala es de Q3 mil 600 pero para el resto del país, incluso el área rural o ciertas áreas urbanas, el pago promedio era de Q1 mil 800.

En un documento de la entidad sobre salarios por circunscripciones se refiere que el salario mínimo agrícola y no agrícola para el 2019 estaba fijado en Q2 mil 742.37, pero en el área rural nacional el ingreso laboral promedio era de Q1 mil 860.57 y en el área urbana fuera de la metropolitana era de Q2 mil 418.56.

El ministro de Trabajo, Rafael Rodríguez, consultado acerca de cómo se va a analizar el estilo de vida más económico que se viven en otros departamentos, municipios o regiones, refirió que han tenido conversaciones con el Ministerio de Economía (Mineco) y el Instituto Nacional de Estadística (Ine) con el fin de que puedan bajar o detallar el estudio de la canasta básica ampliada a nivel departamental para entender las diferencias de la evolución del costo de vida entre la ciudad de Guatemala, las ciudades intermedias como Quetzaltenango, Escuintla, los puertos y el resto del área rural del país.

Se está previendo que tenga efecto en el 2023

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Factores

El ministro mencionó como ejemplo que en Estados Unidos hay un salario mínimo general fijado por ley y los estados lo van variando, lo cual genera movilidad laboral del mercado y atendiendo al tipo de trabajo.

Citó que no es lo mismo un trabajo en los diferentes sectores, mencionó el sector bancario indicando que las centrales están en la ciudad de Guatemala y aparte las agencias en el interior del país lo cual, dijo, presenta una distorsión, refiriéndose a los costos.

El funcionario mencionó que hay un estudio del salario mínimo de la OIT en el cual establece que hay tres factores clave para que pueda reducir la desigualdad, que es el efecto que se busca.

Uno de los efectos es que haya una cobertura amplia y el cumplimiento, sin embargo, dijo que en Guatemala hay una cobertura baja y poco cumplimiento. Agregó que cuando se aumenta de forma general el salario mínimo influye también que no se logra reducción de la desigualdad, porque se incrementó, pero no con la efectividad que se requiere “y no se ve el impacto, hay que reconocer esa realidad”, explicó.

El otro factor clave es que el nivel de salario tiene que ser adecuado, el cual depende de un equilibrio entre las necesidades de los trabajadores, como la salud para vivir de forma digna, además de los factores económicos. Esto quiere decir que se puede elevar, pero si la empresa y el factor económico no da para más, lo que va a ocasionar es que se incumpla el primer factor clave que es el cumplimiento y por ende de efectividad.

Y el otro factor que influye es que los beneficiarios de salario mínimo se encuentren en la parte más baja de la distribución de los ingresos. Según el ministro es que si el mínimo lo devenga una persona que vive con sus papás, en la efectividad del salario mínimo no está la reducción de la pobreza porque es el jefe del hogar cuyo salario ayuda a contribuir a todas las personas que dependen de él.

Al entender estos tres factores, el equilibrio que se debe buscar entre la salud del trabajador y los factores económicos que permitan que la empresa siga trabajando, si se rompe el equilibrio quiebra la empresa o se decepciona el trabajador y se sale del trabajo, o se sale de la formalidad o migra, agregó.

“En el interior del país el hecho de establecerlo sigue generando brecha entre el cumplimiento y la efectividad”, afirmó el funcionario.

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Parámetros

Jorge Benavides, analista de Fundesa, dijo que depende que modalidad se busca para establecer un salario mínimo regional se deberá atender diferentes parámetros y indicadores.

Expuso que según lo establecido en el Código de Trabajo, debiera incluirse en el análisis una consideración sobre el costo de vida (que incluya alimentación y vivienda), la capacidad de los patronos del lugar, y las condiciones mínimas de competitividad (institucionalidad, infraestructura, entre otros).

Si se elige la modalidad de circunscripciones como las 10 que mencionó recientemente el Mintrab, Benavides considera que será importante que el Ine levante encuestas sobre inflación y costo de la canasta básica alimentaria con representatividad territorial, situación que actualmente sólo tiene representatividad nacional con la CBA o regional en el caso de la inflación.

Si se trabaja la modalidad por regiones urbanas o rurales, otra de las propuestas que maneja el Ministerio, el analista considera que serán necesarios los mismos indicadores mencionados arriba pero que cubrir varios municipios o departamentos también debiera considerarse un valor promedio y algún indicador de dispersión, es decir establecer rangos.

Mencionó que todos estos indicadores ya existen en el país pero las entidades debieran publicar indicadores territoriales con mayor frecuencia sobre temas como afiliación al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), contribuyentes inscritos en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), también sobre niveles de empleo formal e informal que es parte de las encuestas del Ine.

Ejemplificó que para tomar en cuenta un dato como la capacidad de pago el mejor indicador a evaluar sería el costo de la Canasta Básica Alimentaria como lo establece el Código de Trabajo.

Y, en el caso de determinar la productividad, para tener un valor preciso de este rubro a nivel territorial se necesitaría la colaboración del Banco de Guatemala (Banguat) para tener cuentas nacionales y sub-nacionales. De no ser factible, desde la SAT se podría profundizar en la información que se tiene sobre facturación por parte de los contribuyentes y las retenciones hechas a los empleados en relación de dependencia, explicó Benavides.

Acerca de cómo podría hacerse la diferenciación incluyendo el costo de la canasta básica e IPC ya que hay regiones que no son la metropolitana (en Occidente y en Oriente) cuyos costos son más altos, el analista indicó que lo más importante de establecer será una línea base a partir de la cual se pueden definir variaciones en los precios. Este sería un indicativo a considerar respecto de los posibles incrementos en el salario mínimo.

No obstante, agregó, no debe olvidarse que es necesario considerar aspectos relacionados con la capacidad de pago del patrono, donde lo más relevante sería la productividad por trabajador y el crecimiento económico del territorio.

El Mintrab ha hecho dos propuestas a la Comisión Nacional del Salario (CNS). Una es que se prioricen las nueve Ciudades Intermedias.

Las que se detallan en un documento del ministerio son Los Altos, de Las Verapaces, Guatemágica, Ciudad de Oriente, de Noroccidente, ciudades portuarias de Puerto Barrios y de San José, ciudades turísticas de Panchoy (Sacatepéquez) y de Petén. Estas en conjunto suman 50 municipios. Aparte se ubica al área metropolitana, con 9 municipios.

La otra es definirlo en dos regiones, una compuesta por áreas urbanas como la región metropolitana, y la otra sería el resto del país.

El muro de los tabúes digitales se ha venido desmoronando rápidamente desde que la pandemia llegó a nuestras vidas, aún así, estrecharle la mano a alguien, mirarlo a los ojos y tener interacción personal siempre será la mejor forma de construir confianza y movilizar negocios.

Eso no está en tela de duda.

Pero la verdad es que el peso de poder crear, desarrollar y cerrar negocios a través de plataformas digitales, ha sido subestimado por años y ahora más que nunca debemos preguntarnos cómo integrar el nuevo modo de vida digital a la forma en que vendemos sin que eso implique idealizarlo, pero al mismo tiempo ayudando a nuestros clientes a dejar viejos tabúes y zonas de confort sobre lo que significa hacer negocios a través de medios virtuales.

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¿Confiarías en un vendedor que nunca has conocido personalmente? ¿Firmarías un contrato que te vendió un ejecutivo que sólo viste detrás de una cámara? ¿Pagarías una importante suma de dinero a una empresa cuyas reuniones más importantes sostuviste a través de Slack?

Talvez la respuesta más razonable sea un “depende” a pesar de eso, no me cabe duda de que la pandemia ha lubricado los tabúes de manera que muchas personas que antes pensaban en “jamás” y ahora se han mudado a un “depende”.

El coeficiente digital

Desde un punto de vista organizacional su empresa debe institucionalizar las ventas digitales para que internamente puedan tomar decisiones más asertivas sobre cuándo tiene sentido incorporar la interacción personal al proceso de ventas y cómo intercalarlas con las interacciones virtuales.

El balance entre “Zoom” y el “Avión” dependerá de la industria, tipo de negocio, producto, vicisitudes culturales y otros elementos. Pienso que una de las variables más importantes es el coeficiente digital de las partes: Mientras más elevado sea, más propensión habrá a una dominación de las interacciones digitales sobre las personales en medio de un proceso comercial.

En este contexto, el coeficiente digital tiene que ver con las capacidades digitales de una compañía y el peso que tiene el desarrollo de tales capacidades para la supervivencia y crecimiento del negocio.

Si su cliente tiene un alto coeficiente digital o está invirtiendo en desarrollarlo, entonces el ambiente para una relación predominantemente virtual será superior.

Si su cliente tiene un coeficiente digital por debajo del promedio, entonces es probable que tenga que construir confianza a través de interacciones presenciales.

¿Porqué pasa esto? Si su cliente gana millones de dólares haciendo negocios con clientes que interactúan con sus plataformas digitales, es porque tiene una confianza intrínseca en ese medio para hacer negocios sólidos y perdurables, y por lo tanto sus tomadores de decisiones valoran esa forma de hacer negocios.

¿Y cómo saber el coeficiente digital de sus clientes? McKinsey ideó un modelo basado en cuatro pilares (Estrategia, Capacidades, Cultura, Gente) y luego hizo un estudio para determinar el coeficiente promedio por industria.

Esa investigación le puede servir de brújula para determinar cómo ajustar su proceso comercial de acuerdo al negocio de sus clientes.

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La dimensión personal

Conocer personalmente a alguien adquiere un valor y peso distinto dependiendo del tipo de comprador.

Andy es un VP de Ingeniería de un Healtech en Sillicon Valley, tiene 34 años, sus mejores amigos viven en Japón, Nueva Zelanda, y Chicago.

Se conocieron digitalmente en sus veintes a través de juegos de video en línea, luego quisieron consolidar su amistad y viajaron a Belfast para conocerse personalmente.

Desde entonces tratan de reunirse una vez al año en algún país, pero su vínculo es esencialmente digital.

Andy nació en un mundo donde los medios digitales pueden ser el nido de grandes y duraderas relaciones. Esa normalidad digital se permea a su comportamiento de toma decisiones y por lo tanto confía en los negocios 100% digitales.

Por otro lado Donald, de 44, el CTO de un portal de venta de tiquetes de avión, tuvo un celular hasta sus veintes cuando Nokia y Blackberry dominaban el planeta.

Él vio el mundo digital evolucionar desde los mainframes y las pantallas monocromáticas hasta lo que vemos hoy en día. Aunque trabaja para una empresa de turismo altamente digitalizada, los negocios más grandes de su carrera los ha hecho a través de las interacciones personales con sus clientes y proveedores.

Desconfía de TikTok, y no cree que las aplicaciones de citas sean un medio confiable y seguro para encontrar pareja.

A pesar de trabajar en una empresa con alto coeficiente digital, él prefiere conocer personalmente a sus clientes y proveedores más relevantes y mirarles los ojos cara a cara.

¿Y cómo saber cuando un cliente prefiere interacciones personales sobre las digitales? La mejor forma de hacerlo es preguntando en lugar de trasponer sus propias preferencias y las de su empresa sin hacer una validación apropiada.

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Hay barrios peligrosos

Un mundo cada vez más digital representa una oportunidad de oro para que personas con valores morales cuestionables y conocimiento técnico privilegiado quieran enriquecerse ilícitamente.

Si su compañía es de las que se perfila como un negocio donde las interacciones digitales serán un vehículo central de generación de negocios, entonces también tiene que invertir en mecanismos, certificaciones, procesos, gente y tecnología para que su marca refleje un compromiso sólido con prácticas para proteger a sus clientes.

No importa que tan alto sea el coeficiente digital de ellos, si son compradores diligentes querrán verificar, sin necesidad de subirse a un avión, que usted y su empresa son confiables y cuentan con las credenciales para llevar a cabo un negocio alineado con las regulaciones y requerimientos de la industria.

No importa que sus vendedores sean estrellas de las interacciones virtuales si su empresa no les da recursos y credenciales que respalden con credibilidad la propuesta de valor en un mundo digital cada vez más peligroso.

La reunión no empieza cuando arranca el Zoom

Estoy convencido de que las empresas que sean más asertivas en balancear sus interacciones digitales y personales con sus clientes al tiempo que continúan desarrollando sus capacidades de venta asociada a valor, son las que más rápido crecerán en las décadas venideras.

En la mayor parte de los casos, esto significará una reducción drástica en las interacciones personales y un aumento dramático en las reuniones virtuales.

Este cambio representa un giro importante en las capacidades de los vendedores, en la forma de medir el éxito y en la cultura general de ventas de una empresa.

Tan complejo puede llegar a ser este cambio que algunas organizaciones se escudarán en el valor intrínseco de las ventas personales para ocultar su miedo a adaptar y evolucionar su forma de vender en un mundo post-pandemia.

Esta resistencia al cambio estará patrocinada por la vieja guardia de las ventas: Profesionales que tuvieron y tienen éxito rotundo explotando la venta personal y el networking cara a cara.

Se basan en la indiscutible relevancia de las interacciones personales para ocultar su déficit de nuevas habilidades digitales:

• Presentaciones virtuales
• Social selling
• Creación
• Curación de contenido, entre otras.

No se dan cuenta que por cada 10 clientes que invitaron a su barbecue antes de la pandemia, hay otros 40 que podrían alcanzar a través de plataformas digitales y que su competencia los está cortejando por esas vías.

Esta resistencia también desvía la atención sobre interrogantes que debemos hacernos de cara a nuevas estrategias comerciales: La pregunta no es si debo visitar a mis clientes personalmente o si debo ir a un modelo completamente digital de ventas, la pregunta correcta es cómo las nuevas tecnologías pueden potenciar mis interacciones personales cuando sea oportuno hacerlas, y cómo las interacciones personales pueden hacer eco en el resto de interacciones virtuales que tenga con mis clientes.

La reunión con el cliente no empieza cuando arranca el Zoom, la reunión empieza antes de la conferencia virtual, cuando utilizo las plataformas digitales y herramientas de hoy en día para poder multiplicar el valor que puedo ofrecer en las interacciones con mis clientes, sean digitales o presenciales.

Yo seguiré subiéndome a un avión para crear y consolidar vínculos con mis clientes y socios más importantes, pero al mismo tiempo duplicaré, fortaleceré y actualizaré mis habilidades y las de mi equipo para lograr digitalmente más de que lo que creíamos posible lograr.

***

Alejandro Fernández se dedica a ayudar a organizaciones y empresas de Norteamérica a elevar su coeficiente digital a través de la conformación de equipos especializados que residen en Costa Rica y Latinoamérica.

Aunque no tienen un pronunciamiento específico por la remoción de Juan Francisco Sandoval de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) por decisión de la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, Consuelo Porras, y las posteriores declaraciones que ambos han emitido, las firmas calificadoras de riesgo consideran que Guatemala sigue enfrentando problemas sin resolver como la debilidad institucional, la corrupción y necesidad de fortalecer la lucha por la transparencia, entre otras aristas.

Moody´s: el país tiene problemas que no está resolviendo

Gabriel Torres, analista y vicepresidente senior de crédito de la calificadora Moody´s, refirió que no tienen una opinión sobre el hecho concreto, porque no son especialistas en el tema y las reglas de porqué se acepta o no que esté alguien en un cargo como en un caso como el mencionado.

Sin embargo, considera que hay un problema más grande que la firma viene señalando hace mucho tiempo y que tiene que ver con la muy débil institucionalidad en Guatemala. En su momento, se señaló el tema cuando no se renovó el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que es una de las razones por las que tienen una perspectiva negativa para la calificación del país, agregó.

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Torres explicó que el tener una perspectiva negativa sirve para señalar que es posible que se baje una calificación a un país, aunque por ahora no está ocurriendo.

En el conflicto concreto actual, que involucran a Porras y a Sandoval, dijo “no sé quién tiene la razón por lo que no estoy en condiciones de aportar mucho al respecto. Pero si me preguntan cómo vemos estos temas, le diría que Guatemala tiene una historia de problemas institucionales, problemas de lucha contra la corrupción que no los está resolviendo”.

Cuando una firma como esta califica un país, toma en cuenta una serie de factores como económicos, financieros y políticos e institucionales.

De estos, “en el tema institucional Guatemala siempre ha tenido debilidades que se notan en altos niveles de corrupción, bajos niveles de acatamiento de las reglas de juego, medidas que están basadas en la percepción, y no vemos que haya cambiado en años, en décadas, y que no se termina de resolver”, señaló.

En la parte institucional las razones por los problemas recurrentes que no se logran resolver, es lo que Torres denomina como “el típico problema que tiene un país en la situación de Guatemala” siendo una combinación de altos niveles de pobreza y desigualdad, con alta percepción de corrupción y falta de respeto o no seguimiento a las reglas de juego o dificultades para tener un sistema judicial independiente y fuerte.

Aunque indicó que no es el rol de una calificadora medir la corrupción, explicó que la principal razón por la cual creen que eso es negativo es porque esa combinación tiende, tarde o temprano a llevar a una crisis.  “Lo que sí vemos es que en los países que tienen las circunstancias que tiene Guatemala, tarde o temprano la población reacciona, y muchas veces reacciona muy negativamente. Y lo que estamos diciendo es que acá claramente hay problemas para el país, para resolver lo que tiene que ver con demandas sociales y con la percepción de corrupción”, agregó el analista.

La que evalúa Standard & Poor’s

Omar de La Torre, director asociado de calificaciones soberanas e internacionales de las finanzas públicas en Standard & Poor’s (S&P), explicó la visión de esa firma.

La última evaluación de S&P fue en abril del 2021 y mantuvo la calificación en BB- con perspectiva estable, la cual sigue vigente.

Explicó en forma general que con el tema de la corrupción la calificación es cuatro, que refleja débiles pesos y contrapesos entre las instituciones y este grado de percepción de la corrupción que ha estado en el país desde hace tiempo.

Coincidió en que, por el momento tienen un pronunciamiento por el caso de la remoción del fiscal Sandoval y lo dicho por el MP.

Sin embargo expresó que tendrán que dar seguimiento si esta situación o el tema de la corrupción llega a deteriorar aún más la evaluación de los pesos y contrapesos, a tener un reflejo importante como deterioro consistente en las finanzas públicas o un efecto en la inversión extranjera directa que cambie su escenario base de la calificación actual.

La calificación en el área institucional

En el área de institucionalidad Guatemala está clasificada en cuatro dentro de la evaluación de S&P, donde el mejor posicionado es el 1 y el más bajo el 6.

Esta calificación de 4, aunque se considera que está en el medio, refleja un legado político y sus instituciones públicas aún débiles, pesos y contrapesos inciertos, corrupción y servicios públicos inadecuados, además que el estado de derecho y el cumplimiento de contratos se mantienen como un desafío el país, explicó de la Torre.

Es una calificación prospectiva y lo que se ve es la evolución de la calificación, dentro de los siguientes, dos años, añadió.

Insistió que no se están refiriendo puntualmente la remoción de un fiscal o de una agencia del gobierno, sino de la relación integral entre el Ejecutivo y el Legislativo donde se refleja que la aprobación de reformas siempre ha sido compleja y lleva mucho tiempo en la historia de Guatemala.

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“La relación entre el Ejecutivo y el Congreso, la falta de una agenda que se pueda presentar y de tiempos concretos que se puedan definir respecto de cuando puedan ser aprobadas, es una de las limitantes en la parte de baja efectividad de políticas públicas”, responde el analista de S&P.

Afecta la economía y la inversión

De la Torre también explica el impacto en la economía o atracción de inversión.

Expuso que no hacen una evaluación específica del sistema legal, las cortes de justicia o el sistema de justicia, pero que la parte relacionada a la firma de contratos se mantiene como un desafío, así como el estado de derecho, aspectos que para la inversión extranjera directa es un freno ya que se pudieran tener montos más significativos, y limita que sea un detonante en el crecimiento económico.

Mencionó que se han analizado otras aristas, como cuando se buscó terminar el mandato de la Cicig por las autoridades de turno.

S&P, ve que el tema de la corrupción ya es una limitante dentro de la calificación de Guatemala.

“La débil institucionalidad, los pesos y contrapesos y la percepción de corrupción que ha imperado en el país desde hace algunos años ha tenido consecuencias en la parte de crecimiento económico, en la desigualdad de distribución del ingreso, baja efectividad en la ejecución de políticas públicas”, señaló al indicar que esas condiciones no permiten  avance en políticas públicas ni tener un crecimiento económico más elevado, porque el actual no ha sido suficiente para contrarrestar la pobreza.

La firma dará seguimiento al tema que se desató con la remoción del fiscal, y si esto tuviera algún impacto en el deterioro de las finanzas públicas o en el deterioro de los escenarios base que consideran, podrían hacer cambios en la calificación, pero en la actualidad sigue vigente la calificación y el boletín emitido en abril.

Moody´s, considera que para la atracción inversiones el impacto de no resolver la problemática que su firma señala que se convierte en una limitante, por lo que la inversión puede ser menor que en países con mejores condiciones.

El problema, explica Torres, analista de Moody´s, es que genera incertidumbre en otros aspectos, porque no saben quién invierte, si va a haber corrupción y que las implicaciones que tiene para el funcionamiento de una economía se ven agrandadas cuando no hay una idea de que el tema de la corrupción se esté resolviendo. Mencionó que hay países en que con esas mismas condiciones se ven afectadas las inversiones y en otros no.

¿Afectará el pronunciamiento de Estados Unidos?

Los pronunciamientos de Estados Unidos por la remoción de Sandoval, y la decisión de suspender temporalmente su apoyo al MP, son aspectos que las firmas monitorearán.

Torres, ejecutivo de Moddy´s, refirió que han analizado que para que la postura de Estados Unidos tenga un impacto más directo, tendría que ser más que un pronunciamiento y haber algún tipo de evidencia de acciones que pueda emprender el gobierno de ese país, aunque por momento no hay, sin embargo expone que con lo sucedido hasta ahora en ese caso en Guatemala “se vuelve a la parte del problema de fondo ya que hay debilidad institucional, hay altos niveles de corrupción y no se terminan de resolver”.

Moody´s cambió la perspectiva de Guatemala en noviembre del 2020, esta sigue vigente y se colocó en Ba1 negativa. El cambio de ese año se derivó del aumento de la deuda pública, pero que mantuvieron vigentes sus observaciones por las debilidades institucionales que tiene el país.

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En la actualidad no están anunciando algún cambio en la calificación y no están juzgado el hecho concreto del fiscal Sandoval y el MP, “pero creemos que es un síntoma de un país con debilidad institucional”, afirmó. A finales del 2021 empezaría la evaluación anual prevista.

El analista de S&P, dijo acerca de la postura de Estados Unidos, que en el caso concreto de la remoción del fiscal Sandoval y el MP, se tendrá que evaluar con el tiempo, tomando en cuenta la importancia de ese país como socio comercial y observar si se deriva en decisiones estadounidenses tanto en ese como en otros ámbitos.

Fitch, indicadores de gobernanza, entre sus análisis

En el caso de Fitch Ratings, la firma no tiene ningún comentario sobre la destitución de Sandoval del cargo como fiscal, respondió por correo electrónico Daniel Pulido-Méndez, analista Superior de Calificaciones de esa entidad.

La consultora mantiene para Guatemala una calificación de BB- con perspectiva estable, según el boletín emitido en mayo del 2021.

Esta calificación es respaldada por un historial de estabilidad macroeconómica, políticas fiscales conservadoras que han minimizado el endeudamiento del gobierno y una sólida liquidez externa, se indica en el documento, sin embargo, reporta debilidades como bajos ingresos tributarios indicadores de gobernanza y desarrollo humano que se comparan desfavorablemente con las categorías ‘BB’ y ‘B’, además de un estancamiento político que limita la capacidad del soberano para abordar estos problemas y debilidades.

Fitch señaló en ese boletín que las instituciones y la gobernanza de Guatemala son débiles en relación con la categoría ‘BB’, y que Estados Unidos propuso invertir US$4 mil millones en el Triángulo Norte en cuatro años, para abordar las causas fundamentales de la migración, con un enfoque en mejorar la gobernanza.

La reacción del Gobierno

Consultado al respecto de lo mencionado por las calificadoras, el ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Ricci, indicó que en la actualidad la economía de Guatemala se está comportando muy bien y seguirá mejorando.

Cita cifras como el índice de actividad económica a mayo, que se encuentra en 15.7%, el PIB trimestral del 2021 creció a 4.8%, las exportaciones crecieron en 16.6% a mayo, las importaciones muestran un crecimiento de 33.2%, las remesas familiares a más de 40%, y la recaudación en casi 26%.

“Mi impresión es que la medida adoptada por el Ministerio Público no afecte este buen comportamiento económico. Lo que sí es un hecho es que Guatemala debe seguir trabajando en la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de las Instituciones, mejorar el estado de derecho y la certeza jurídica”, expresó el ministro de Finanzas Públicas.

Agregó que mantienen una estrecha comunicación con las calificadoras internacionales de riesgo, para que tengan conocimiento del acontecer nacional.

Además, considera importante mencionar que históricamente la economía del país ha sido resiliente a estas coyunturas, en buena medida por la fortaleza macroeconómica del país, las políticas económicas estables y disciplinadas, y el hecho de que Guatemala nunca ha incumplido sus compromisos de deuda pública.

Lo más probable es que en un período no mayor de tres años los guatemaltecos incorporen en sus transacciones los instrumentos financieros digitales; es decir, que parte de su dinero efectivo ya no sea solo en papel moneda, sino que desde su propio teléfono móvil se puedan hacer o recibir pagos.

Adquirir un producto en la tienda y pagar desde el teléfono, por ejemplo, sería uno de los procedimientos a lo que se encamina la iniciativa.

La propuesta ya avanza y responde a las exigencias de la modernización a estas plataformas expusieron autoridades y conocedores sobre el tema en el foro El futuro del quetzal digital, que llevó a cabo la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes) el pasado jueves 29 de julio.

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¿Qué es el quetzal digital?

Es un instrumento financiero digital que, cuando se ponga en marcha, empezará a ser utilizado por personas y empresas.

Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala (Banguat) explicó en el foro que, desde principio de año, un equipo técnico ya está trabajando en la posibilidad de implementar una moneda digital para Guatemala, que lo denomino quetzal digital, que sería respaldado por el banco central, y no se está hablando de una criptomoneda como el bitcóin o algo parecido que cuenta con “algunas imperfecciones”.

“Al igual como lo han anunciado otros bancos centrales estamos trabajando en esa línea y en un horizonte de dos a tres años podemos ver algo real”, subrayó.

¿Cómo funcionaria?

Maria Antonieta de Bonilla, expresidenta del Banguat, brindó una serie de ejemplos de cómo sería la operación de un quetzal digital en la economía, que es un tema de actualidad.

Reiteró que en Guatemala una moneda digital estaría respaldada por los fundamentos sólidos macroeconómicos, y las transacciones se pueden hacer de la siguiente manera:

• Será una alternativa al efectivo.
• Las transacciones digitales serían las mismas, pero con respaldo de la banca central a diferencia de las criptomonedas, que son volátiles y cuyo precio se determina por oferta y demanda y especulación, hay anonimato y se pueden facilitar ilícitos.
• Una moneda digital del banco central reduciría el costo de manejar efectivo, y hay países donde se tienen que despachar los billetes a ciudades lejanas genera costos.
• Permitirá y facilitará la inclusión financiera y cualquier persona podrá manejar su efectivo.
• Operaría como una billetera digital en el teléfono celular para hacer transacciones y contar con una cuenta base.
• La estabilidad del sistema de pagos es otro beneficio con una moneda digital.

Moneda con respaldo

Como preámbulo, recordó de Bonilla que en varios países hay programas piloto con la posibilidad de que en el corto plazo puedan ser emitidas, y afirmó que las monedas digitales ya son conceptos maduros en los sistemas monetarios con las características fundamentales del dinero.

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Brasil y Uruguay son algunos de los países en la región que ya están trabajando, además del Banco Central Europeo con un “euro digital”.

Lo primero que resaltó que es que, al emitirse el quetzal digital, tendrá el respaldo del Banguat, y que con los fundamentos macroeconómicos le brindarán estabilidad, entra estas citó el nivel de reservas monetarias internacionales (RIM), inflación controlada, un sistema financiero fortalecido, así como el ingreso de remesas que darán estabilidad a la moneda.

Reiteró que una moneda digital estaría respaldada por esos fundamentos sólidos, y se dejará de utilizar efectivo y se pasa a una utilización de dinero digital.

Billetera virtual

Federico Linares, también expresidente del Banguat, y actual directivo de una entidad bancaria, apuntó que en conversaciones con representantes del sector financiero están de acuerdo con que el banco central emita el quetzal digital.

Citó como ejemplo, que las entidades estarían trabajando con billeteras virtuales, y el sistema bancario tendría que adaptarse a los nuevos servicios tecnológicos digitales. “La emisión de dinero digital por medio del banco central es inhabitable”, puntualizó.

Recinos aclaró que la implementación de una moneda digital lleva varias etapas, y ahora que se encuentra en investigación, luego vendrá la búsqueda de una plataforma para montar la moneda, luego una prueba piloto, y después entrar a producción y emitirla.

Al respecto, dijo que se solicitará asistencia técnica a países más desarrollados para no tener sorpresa al implementarla.

“El quetzal digital cuando salga no va a sustituir a los billetes y monedas físicos y será complementaria; es decir, una parte se va a transar con quetzales y otra parte con dinero físico con el papel o monedas”, precisó.

Desafíos

De Bonilla, manifestó que, aunque es una ventaja, se debe tener cuidado en varios aspectos que requieran una reforma legal y que se tendrá que acudir al Congreso tomando los tiempos.

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Recinos confirmó que, efectivamente, se acudirá al Congreso para hacer cambios a la Ley Orgánica del Banguat, a la Ley Monetaria, así como a la de Bancos y Grupos Financieros.

Otras implicaciones serán a las leyes de Lavado de Dinero, a los usuarios, tecnológicas, que son cosas que se tienen que trabajar.

Lamentó que Guatemala no esté a la vanguardia en la penetración del internet, y que podría dificultar su implementación sobre todo en la provincia.

Luis Lara Grojec, presidente de la ABG, conversó con Prensa Libre sobre la criptomoneda y planteó algunas preocupaciones, así como los efectos que podrían alcanzar a Guatemala, considerando que El Salvador es el principal socio comercial en la región.

¿Qué postura reflejan como ABG sobre el bitcóin?

La mejor ley es cuando se deja a los agentes económicos decidir. ¿Por qué se va a imponer a los tomadores de decisión qué es lo que ellos deben de hacer? Lo importante es brindar la libertad para que los agentes decidan.

En ese sentido, la Ley de Libre Negociación de Divisas que se aprobó en Guatemala en 2001, es una extraordinaria normativa y se deja a los agentes económicos que hagan las transacciones que quieran en cualquier moneda, y no se les dice cuál es la de curso legal o que están obligados a recibirla.

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Con el bitcóin en El Salvador, ¿qué analizaron?

Por ejemplo, hay cuatro mil criptomonedas, nacen, crecen, se reproducen y mueren. De esas cuatro mil. ¿por qué escoger el bitcóin, y por qué no se escoge el cardano o ethereum u otras de esa gran gama? Uno no sabe si esa criptomoneda tendrá buen futuro.

En lo personal, no le veo ningún buen futuro al bitcóin, porque consume mucha energía, pero -insisto- por qué se va a escoger a esa criptomoneda, y no pensar en una libre negociación y que sea optativo.

Por ejemplo, si yo le quiero comprar un bien a usted, le quiero pagar con esa criptomoneda y usted me dice que no se lo quiero recibir, pero le expongo lo que dice la ley de la obligación de recibirla, lo voy a meter a un problema. Por eso le insisto en que hay que dejarlo con libertad.

Como ABG, ¿qué escenarios han planteado que podría afectar en actividades de negocios con El Salvador?

Es muy importante, ya que hace falta como seis semanas para que se publique el reglamento, y vamos a estudiar lo que dice esa normativa.

Ahora hay mucho rumor; al principio se había escuchado de una obligatoriedad de recibirlo y ahora en apariencia ya no.

Estamos muy al pendiente de analizar lo que el reglamento dice, pero ojalá que este sea dirigido a una línea de libertad a los agentes económicos para que escojan la divisa, la moneda para poder hacer las transacciones a su conveniencia.

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¿Perciben que podría haber un efecto en las relaciones comerciales?

Puede ser difícil, y un problema grande que tiene el bitcóin es su volatilidad, que es impresionante, que de US$60 mil baja a US$30 mil, luego sube a US$40 mil y tiene una volatilidad tremenda, las personas no se van a sentir muy cómodas, y sí puede haber un efecto.

Además, esa criptomoneda puede sufrir ataques. Ha habido problemas porque es utilizada para lavar dinero, tráfico de armas, entre otros, y no se conoce al beneficiado final.

¿Han tenido acercamiento con otras organizaciones bancarias?

Con la Asociación Bancaria Salvadoreña aún no hemos tenido comunicación, pero estamos esperando a que se publique el reglamento.

Insisto, el bitcóin tiene ciertos problemas y uno es el consumo de energía para operar, consume un buen porcentaje en sus plataformas mundiales.

El otro problema es que se necesitan mineros para asegurar que no haces dos transacciones con el mismo bitcóin, y con ese mismo bitcóin compro dos bienes al mismo tiempo para que no exista fraude.

A su entender, ¿cómo se debe adoptar esta tendencia en Guatemala?

La ley de Guatemala es la más sabia que existe con la Libre Negociación de Divisas.

En lo personal, creo en las monedas respaldadas por los bancos centrales porque se sabe quién están ahí, y en el bitcoin nadie sabe lo que pueda pasar. Si se cuenta con un quetzal ahí está el banco central, se sabe quién lo emitió y a quién reclamarle.

¿Qué mensaje se le puede brindar a los agentes guatemaltecos?

Hay que ser sumamente prudentes, y para los guatemaltecos las monedas que valen son las respaldadas por los bancos centrales, no hay que dejarse sorprender por temas que pueden ser especulativos, lo mejor es ser conservador.

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En otro tema, ¿cuál es el escenario para el desempeño económico en el segundo semestre?

Mi escenario es muy optimista para el país, y acaba de haber una helada en Brasil y eso provocará el precio del café y del azúcar tiendan a incrementarse dependiendo de los daños, y por otro lado, los 16 trillones de dólares que se inyectaron de liquidez en el mundo para afrontar el covid-19 hacen que los precios de las materias primas suban.

Cinco de los seis principales productos de exportación de Guatemala son materias primas, y vienen buenos años. El principal producto, que es vestuario y textil, está viendo inversiones importantes por el rompimiento de las cadenas y por contar con cadenas de producción cerca de EE. UU.

Con los números observados en el primer semestre, ¿cuál es su expectativa de cierre?

Este año que no sorprenda que podamos llegar a un crecimiento de 5%.

Las remesas y las exportaciones se van a incrementar, solo en las remesas van a superar los US$13 mil millones y será un monto mayor al presupuesto y una buena parte de ese dinero se destina al consumo y las empresas van a producir más, otra parte a construcción e inversión y eso significa que habrá mucho dinero en circulación y que crecerá la economía.

Los precios internacionales del quintal de café superaron la banda de los US$200 este lunes 26 de julio, pero el sector caficultor reacciona con cautela y llama a la calma a los productores y exportadores.

En la Bolsa de Nueva York, el contrato “C” cerró en US$207.80 para despacho en septiembre; US$210 para diciembre y US$212 para marzo del 2022 en la jornada este lunes 26 de julio.

Los valores no se habían presentado desde hace siete años, y aunque es positivo para la industria, representantes del sector caficultor llaman a adoptar una posición de cautela.

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Causas

Desde la semana pasada, la cotización en la bolsa empezó a reaccionar, luego de que se conocieran informes sobre secuelas causadas por una helada en Brasil, que es el mayor producto a escala mundial.

Juan Luis Barrios, presidente de la Asociación Nacional del Café (Anacafé), informó que están saliendo reportes preliminares sobre el impacto de las heladas en la cosecha, y uno de los informes señala que la pérdida pudo haber sido de 5.6 millones de sacos, lo que mueve las estimaciones, pero dijo que se está a la espera de que salgan publicados los informes oficiales para tomar las medidas de lo que fue el daño real a los cultivos.

Recordó que cerca del 70% de la cosecha de Brasil ya se había levantado, y el efecto de la helada vendrá sobre ese 30%.

Por otro lado, precisó el directivo que los daños localizados son en plantaciones de café arábigo, y no la robusta, “lo que es favorable a Guatemala”, pero el mercado global podría sentir esa posible escasez.

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Una posible baja de cosecha en Brasil puede inclinar más hacia la demanda, factor que aumenta los precios internacionales en el juego del balance del mercado.

No obstante, Barrios aclaró que habría que esperar la conclusión de los reportes para confirmar estos precios, de si es una respuesta ocasional o si es muy probable que se puedan observar retrocesos.

Explicó que también se habla hasta de una pérdida de siete millones de sacos por la helada, y que podría haber una alta demanda por volatilidad, pero todos esos escenarios están sujetos a la espera de los informes de daños para ver cómo reacciona el mercado.

Llaman a la calma

La reacción de los exportadores de café no se hizo esperar, y según Barrios, se ha conversado con los empresarios la posibilidad de estar fijando contratos a esos precios, ya que los compradores están siendo cautos, y están evitando hacer contratos estaban fijando compras por la “mucha volatilidad” en este momento.

Los compradores, tampoco quieren fijar precios muy altos que después bajen.

“Creemos que como salgan los reportes en esta semana si se confirman estos precios, retroceden o pueden subir un poco, pero se aclara en estos días”, subrayó.

Gerardo de León, gerente de comercialización de la Federación de Cooperativas de Café de Guatemala (Fedecocagua), recomendó a los productores no entrar en “pánico y ser bastantes fríos”, porque no se había observado desde mucho tiempo atrás.

Incluso, dijo que puede ser hasta una especulación de precios internacionales por los propios brasileños que tienen las herramientas para poder mover el mercado.

Al respecto, aseguró que Guatemala produce 3.8 millones de sacos para la exportación, pero Brasil 50 millones de sacos, y por esa razón no hay que entrar ser “emotivos” con los precios.

En todo caso, sugirió estar atentos a la recolección y cultivo de la próxima cosecha, -y verificar- si viene en tiempo, temprana, abundante en términos de calidad y cantidad.

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Los productores de cosecha temprana podrían verse beneficiados por este comportamiento de precio en el área de 800 metros hasta 900 metros sobre el nivel del mar o sea Boca Costa, San Marcos, Coatepeque, Retalhuleu, Palín, Escuintla que es el sector de cosecha temprana.

Cierre de cosecha

Guatemala está a pocas semanas de cerrar la cosecha 2020-21.

Al 30 de junio, las divisas por exportaciones de café alcanzan US$578 millones, con 3.2 millones de quintales, según las estadísticas de Anacafé, y corresponde al año cafetalero 2020-21 -que empezó el 1 de octubre y finaliza el 30 de septiembre-.

Están en inventario o en fase de despachar alrededor de un millón de quintales, y el pronóstico de cierre de exportación será de 4.1 millones de quintales.

El número de solicitudes por jubilaciones de empleados en el sector público aumentó en el primer semestre del año, un comportamiento que está asociado a los efectos de la pandemia y a que cada día la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) gestiona 10 expedientes, hace los análisis, y luego emite una resolución.

De hecho, es el mismo número de resoluciones que diariamente se están tramitando.

Con los efectos de la pandemia, hay un movimiento en el mercado laboral, que en este caso se trata de los servidores públicos y funcionarios que han decido jubilarse.

Registros

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La Onsec informó que los trámites de solicitud para obtener pensión civil por jubilación generan un promedio de 275 expedientes mensuales, sin embargo, aclaran que en 2020 la situación de recepciones fue atípica derivada de la pandemia.

Las estadísticas indican que, de enero a junio del 2021, se han presentado mil 723 expedientes.

En ocho meses, pero del 2020, fueron dos mil 106 gestiones, y en el primer semestre del 2019 fueron tres mil 260 solicitudes. Con relación a los acuerdos finalizados por pensión civil por jubilación, también hay variaciones.

De enero a junio se han resuelto mil 570 expedientes, lo que significa un promedio de 262 mensuales, es decir, nueve resoluciones diarias.

En el cómputo de ocho meses del 2020, fueron mil 515 gestiones, y en el primer semestre del 2019, fueron dos mil 365.

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En 2020, varias instituciones permanecieron cerradas para evitar contagios y en otras se redujo los horarios de atención al público.

Entre solicitudes y resoluciones, la Onsec ha entrado a conocer tres mil 293 expedientes en el primer semestre.

En su mayoría las solicitudes para pensión civil por jubilación del año 2019 a junio de 2021 corresponden al Ministerio de Educación, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y al Organismo Judicial.

Proceso

Aunque no todas las solicitudes que ingresan para tramitar pensión civil por jubilación terminan en acuerdo por varios motivos, señala la oficina.

Cuando se realizan los análisis de expedientes se ha detectado que hace falta algún documento, o que existen errores en nombres y apellidos consignados en las partidas de nacimiento emitidas por el Registro Nacional de Personas (Renap) o en algún otro documento, por lo tanto, eso aplaza los procesos. Por otro lado, hay solicitudes y acuerdos que son de expedientes del 2020.

Por ejemplo, en 2020 las solicitudes para trámite de pensión civil por jubilación se recibieron en dos períodos: de enero a marzo -ingresaron alrededor de 198 solicitudes en promedio mensual -y de agosto a diciembre- se ingresó alrededor de 302 solicitudes en promedio mensual, lo cual muestra un incremento del 50% aproximado.

La Onsec señaló que, tomando como línea base las solicitudes de pensión civil por jubilación de enero a junio del año 2019, comparada con el mismo periodo de este año, el incremento ha sido del 5%, de esa cuenta, se estima que la tendencia sea en un porcentaje similar.

¿Cómo se explica el aumento?

Luis Linares López, analista de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes) y exministro de Trabajo, aseguró que muchos trabajadores que están en el sector público, que llegan a la edad de jubilación y ante el riesgo de contagiarse buscan el retiro.

“Es lógico que esto suceda porque es una garantía para permanecer en casa, no arriesgarse a los contagios, y era de esperarse que esto sucediera”, precisó.

Recordó que las personas se exponen ante la necesidad de trabajar, pero la jubilación es una opción para los servidores públicos que llegan a la edad establecida, o que tienen incluso menos años de servicio que no van a recibir la pensión completa, pero que prefieren dejar de trabajar a cambio de tener una tranquilidad a no tener que llegar a una oficina pública donde el hacinamiento es muy grande.

La tendencia de más jubilaciones de servidores públicos podría mantenerse mientras siga la pandemia, o hasta que las vacunas detengan la ola de contagios, pero mientras exista el peligro y la incertidumbre, las personas que pueden jubilarse lo podrían realizar, añadió Linares López.

INE: “Optan por jubilarse”

En esa tesis coincide Abel Cruz Calderón, gerente del Instituto Nacional de Estadística (INE), y el efecto de pandemia en el sector público está provocando que los guatemaltecos que están en la edad de jubilarse coloquen sobre la balanza su salud y el riesgo cuando se regresa al trabajo presencial, ya que ahora se está aplicando el trabajo “hibrido” con mitad presencial y mitad en teletrabajo.

En el sector Gobierno, por temas de la Contraloría General, se debe llevar un control de las personas y funcionarios públicos, y aún es muy difícil en el sector público, pero las personas que ya están en la edad de jubilarse que son mayores, opten por la jubilación.

Impacto al mercado laboral

Los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (Enei 2-2019), señala que en la categoría ocupacional hay 477 mil 805 empleados de Gobierno, de los cuales 254 mil 639 son hombres y 223 mil 166 mujeres.

Cruz Calderón indicó que efectivamente con las jubilaciones habrá un impacto en el sector público.

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Primero define que la jubilación es un premio al esfuerzo de una vida de trabajo, y debe ser disfrutado con buena salud, ya “que de nada sirve jubilarse a 75 años para morir a los 76” y la lógica es jubilarse en una edad sana entre 60 a 65 años, y disfrutar esa tercera edad.

El segundo efecto, es que desde el punto de vista económico es positivo, ya que se liberan plazas de trabajo, que permite aprovechar el bono demográfico, que, al salir personas en edad de jubilarse, y dan entrada puestos para que ingresen jóvenes a iniciar su carrera laboral.

Lo más importante de una persona jubilada es que no pierde su valor adquisitivo, y al liberarse un espacio para ascenso y bono demográfico se genera una escalera de ascenso con alguien que no tenía trabajo e ingresos, y el jubilado no pierde poder de compra y sigue manteniendo la inyección de dinero a la economía.

En 2020, el presupuesto del monto de pensiones, jubilaciones, retiros y otras prestaciones fue Q5 mil 142 millones, según el Ministerio de Finanzas.

El estudio refiere que creció el número de emprendimientos en fases tempranas durante el 2020 en 401 mil negocios más que respecto al 2019.

Sin embargo, reporta que hubo alrededor de 424 mil negocios menos en otros segmentos, cifra que se deriva de la baja de 178 mil emprendimientos que estaban en etapas establecidas y un aumento de 246 mil en los que se reportaron cerrados o descontinuados.

Estos datos representan que en el país durante la pandemia cayó en alrededor 23 mil, comentó David Casasola, director de investigación del GEM para Guatemala.

Negocios y capital

Los nuevos datos reflejan que cambió la composición no solo en el número de emprendimientos sino en el capital destinado para estos. En el 2019, se invertía alrededor Q10 mil para negocios en fases tempranas de emprendimiento y en el 2020 pasó a Q5 mil, en etapa de emprendimientos establecidos cayó de Q8 mil a Q5 mil.

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Tanto Casasola como Mónica de Zelaya, Decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquín (UFM), explicaron que el comportamiento puede deberse a la pérdida de empleos durante el año pasado y que las personas vieron una opción en un emprendimiento.

Otras razones pueden ser que emprendimiento que tenían ya no les funcionó durante la pandemia y tuvieron que reducirlo, cerrarlo, crear otro o modificarlo para adecuarlo a la nueva demanda derivada de las restricciones y hábitos de consumo. Sin embargo, refirieron que también, debido al monto de inversión, podría tratarse de emprendimientos que posiblemente quedarían en la informalidad.

Uno de los efectos de la baja inversión inicial es que el emprendedor tiene un menor margen de maniobra y condiciona la escala de su negocio a una más baja, explicaron.

Proceso de emprendimiento

El proceso de emprendimiento conlleva las diferentes fases desde que se detecta un emprendedor potencial, hasta el establecimiento, posible cierre, de negocios.

• Para el 2020 según el GEM se estima para Guatemala que el 50% de la población de entre 18 a 64 años de edad, es un emprendedor potencial, que agruparía a 4.7 millones de personas. El porcentaje bajó con respecto al 2019, cuando se situó en 51.6%
• En las fases de Actividad Emprendedora Temprana (TEA), está el 28.3% de ese segmento, compuesto por 2.66 millones de personas (1.17 millones en negocios nacientes y 1.49 millones en negocios nuevos). En el 2019 se situaba en 25.1%.
• En tanto como negocios establecidos en el 2020 fue de 12.8%, con 636 mil. Una baja respecto a los 14.8% reportados en el 2019.
• Y, en negocios descontinuados para el año pasado se situó el 6.8%, con 1.16 millones, un crecimiento respecto de 4.3% registrado el año anterior a ese.

Causa de cierre o descontinuación de emprendimientos

Casasola explicó además las causas de la descontinuación de los emprendimientos en el 2020:

• Los datos refieren que el 35% reportó hacerlo por razones asociadas a la pandemia.
• El 30% que el negocio no le era rentable.
• El 6% que tenía problemas de financiamiento, y se reportan porcentajes similares de quienes respondieron que encontró otra oportunidad y otro por razones personales.

Cambia composición de la actividad

Otro cambio detectado es la composición por tipo de actividad económica a la que se dedican, ya que en el 2019 el mayor porcentaje era dedicado al consumo y en el 2020 surgieron más destinados para el servicio.

• En el 2019 el porcentaje de negocios en actividades de consumo dentro de los emprendimientos en fases tempranas representaron el 68%, pero bajaron a 67% en el 2020.
• En emprendimientos establecidos pasaron de 64% en el 2019 a 51% en el 2020.
• En actividad de transformación, los de fases temprana son 22.4% y los establecidos 34%.
• En servicios, está el 6.3% de los TEA y el 6.7% de los establecidos.
• Además, el 4.4% de TEA y 8% de establecidos están en la actividad extractiva (forestales, agrícolas y otros).

Los más jóvenes buscaron emprendimientos

En tanto también cambió la participación de los diferentes segmentos de edad de los emprendedores.

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En el 2019 el grupo más grande era de los emprendedores estaba entre 25 a 54 años, pero en el 2020 se notan más en el rango de 18 a 24 años. Los expertos añaden que puede deberse también a la pérdida de empleo o cierre de fronteras que detuvieron la migración y a cambio vieron la posibilidad de ingresos en un emprendimiento.

• El porcentaje de emprendedores en el segmento de edad de 18 a 24 años se dedicó a emprendimiento fue de 36.7% en el 2020, un crecimiento respecto de los 24.8% de un año anterior.
• De 25 a 34 años, se reportó el 40.2% en el 2020.
• De 35 a 44 años, el 43.6%
• En el rango de 45 a 54 años el 43%, y de
• 55 a 64 años, el 33.2%.

Los de mayor escolaridad, también emprendieron más

Respecto a la escolaridad, se notó mayor presencia de personas con nivel universitario completo estableciendo emprendimientos, pasando de 48.7% en el 2019 a 52%, en el 2020. En este caso también lo atribuyen a la pérdida de opciones de empleo en otros ámbitos y migraron al emprendimiento.

Condiciones favorables y desfavorables

En el 2020 Guatemala ocupa la quinta posición en emprendimiento temprano en Latinoamérica y es el país donde por séptimo año consecutivo, más se valora el emprendimiento.

Sin embargo, aún no se percibe que las políticas de gobierno, el acceso al financiamiento y transferencias del conocimiento faciliten la creación y crecimientos de nuevos negocios.

¿Por qué no se formalizan?

Según el estudio, el emprendimiento formal pasó de representar el 41.5% en el 2019 cayendo a 40% en el 2020.

También se observan cambios en las razones por las que no se formalizan:

• No ve el beneficio: 2019 era 44.1%, en el 2020, 42.4%.
• Es caro el cumplimiento: 17.8% y 16.1% respectivamente cada año.
• No sabe cómo hacerlo: 17.6% y 20.4% cada año.
• Nadie lo hace: 9.2% en el 2019 y 8.9% en el 2020.
• Los trámites son complicados: 5.7% respondió así cada año.
• Toma tiempo: el 5.6% mencionó esa razón en el 2019 y en el 2020 subió a 6.5%.

De Zelaya refirió que en estos casos se puede observar que el hecho que no se vea el beneficio o que nadie lo hace ocupa más del 50% de respuestas, y prefieren seguir así a no tener que competir con otros que no están registrados o caer en más costos.

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Por el resto de respuestas, agregó, también tienen mucha relación con la complejidad de los trámites.

Baja percepción para oportunidades de negocio

Respecto a las condiciones de país, se perciben con características más favorables la formación técnica y universitaria en administración de negocios, normas sociales y culturales como características más favorables, también la infraestructura, aunque creen que va más dirigido a telecomunicaciones, pero aún es calificada solo con 5 puntos de 10 posibles.

En el estudio también se reflejan actitudes frente al emprendimiento.

• En Guatemala el 62.7% vio en el 2020 oportunidades de negocio. Pero el dato representa el mayor cambio ya que en el 2019 el 69.3% reportaba percibir oportunidades.
• El 74.4% considera tener habilidades para empezar el negocio.
• Pero el 41% tiene temor al fracaso.
• Respecto a percepciones sociales, el 94.3% observa el emprendimiento como una buena opción de carrera.
• El 78.6% le da reconocimiento social.

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Cómo se genera empleo

Dentro de otros datos se observó la caída de los ingresos y también efectos en el empleo.

• Según el estudio, el 56.7% de emprendimientos en fase temprana y el 50.6% en establecida no genera ningún empleo, más que el del propietario.
• El 41.1% y 44-6% respectivamente genera entre 1 a 5 empleos.
• Además, el 2.1% de TEA y 4.2% de establecidos genera entre 6 a 19.
• Y, el 0.1% y el 0.6% respectivamente generan más de 20 puestos de trabajo.

En el 2019 el número promedio de empleos generados por los emprendimientos establecidos fue de 1.86 y en el 2020 subió a 1.98.

Mientras que en los emprendimientos en fases tempranas bajo de 1.13 a 0.76, refieren las estadísticas presentadas.

Un estudio del Consejo Monetario Centroamericano (CMCA) muestra la evolución del empleo en la región centroamericana y República Dominicana (CARD) del período 2015 a 2019, y evidencia la trayectoria del mercado laboral de cada país previo a los efectos de la pandemia.

El documento se denomina “Caracterización del empleo”, y señala las tendencias demográficas que enfrentan los países, así como la evolución de la población económicamente activa (PEA), y destaca que la mayoría de los países de la región CARD se encuentran en medio del bono demográfico, fenómeno que puede traer consigo oportunidades para acelerar el crecimiento económico, pero a la vez plantea desafíos en la producción.

En Guatemala, Costa Rica y República Dominicana, la edad de la población para poder trabajar es de 15 años; Nicaragua, desde 14 años, en El Salvador 16 años y en 2020, Honduras estableció la edad desde 15 años.

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“En Honduras y, en menor medida, en Guatemala se ha reducido el grado de inserción al mercado laboral en años recientes. Esto se debe a que ha sido mayor la aceleración del crecimiento de la población en edad productiva que la inclusión de dicha población al mercado laboral”, expone el informe.

Tendencia

El informe del CMCA indica que la mayoría de los países y de los ejercicios analizados registra un mayor aumento en la población en edad de trabajar frente a la población total, sobre todo en Guatemala y Honduras.

Para el caso de Guatemala, se registró un crecimiento mayor a 6 puntos porcentuales entre 2015 y 2019, mientras que en Honduras aumento en 2.9 puntos porcentuales, aunque registró un fuerte incremento entre 2019 y 2020 en la que creció cerca de 3.5 puntos porcentuales.

El organismo regional recalca que este aumento posiblemente se deba al bono demográfico.

Definen que el bono demográfico, consiste en un cambio en la estructura etaria, en la cual el peso relativo de la población en edad productiva aumenta respecto a la población dependiente, compuesta por los niños y personas adultas mayores, haciendo que la relación de dependencia disminuya.

Aprovechamiento

Abel Cruz Calderón, gerente del Instituto Nacional de Estadística (INE), coincide con el documento del Consejo Monetario, ya que en Guatemala el 50% de la población es menor a los 29 años, con la información que develó el Censo de Población 2018.

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En la base de la pirámide poblacional, -con datos del Censo 2018-,  explicó el funcionario, ahora resulta que la mayor parte de la población guatemalteca menor de 29 años es el bono demográfico, y el país está ahora en el punto en que debe invertir en estos jóvenes en su capacitación, formación y la generación de nuevos empleos, “porque es la generación que debe ser capacitada y formada, y será la población que en los siguientes 15 a 20 años va a estar en su plena etapa productiva como parte de la PEA” dijo.

Precisó que esta base, para la siguiente generación –las personas que están de los 50 años para arriba, dentro de 20 años–, estará en una situación de retiro, y demandando otras clases de servicios al Estado, como medicinas para la tercera edad y clases pasivas.

Por otra parte, responderá a los programas de seguridad social y demandará una política integral que siga pensando en el guatemalteco joven de 15 a 29 años; en las personas adultas de 30 a 65 años en plena potencial de actividad económica y luego de los adultos mayores de 65 años que puedan gozar una vejez digna de los servicios públicos.

Para el CMCA, la importancia del bono demográfico reside en el efecto que tiene sobre el mercado laboral, la salud pública, las pensiones, y subraya que este fenómeno puede traer beneficios potenciales, ya que están condicionados al diseño adecuado de políticas públicas para su debido aprovechamiento.

“Un aumento de la población en edad de trabajar permite vislumbrar oportunidades para la generación de un mayor crecimiento económico dado que se cuenta con un mayor nivel de recurso laboral disponible, pero contar con ello no implica que ese crecimiento potencial se dé, sino que depende de la inserción efectiva de esta población al mercado laboral”, destaca el informe.

Esther Pérez Ruiz, jefa de la misión del Fondo Monetario Internacional, declaró el pasado martes 20 de julio que una de las recomendaciones del Artículo IV, es retener el talento en Guatemala y capitalizar el bono demográfico, poniendo las reformas para mejora del clima inversor en el centro de la agenda gubernamental.

Importadores de producción

El sector empleador está consiente de aprovechar el bono demográfico.

Óscar Sequeira, directivo de la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC), comentó que las remesas han ayudado, pero a la vez han perjudicado, porque hay dinero que no se ha producido localmente, se está importando de una producción en Estados Unidos, y no se incentiva la producción que es realmente la manera más sostenible de generar fuentes de empleo en varias industrias y actividades.

Recordó que Guatemala, históricamente, tiene una producción fuerte en la región, pero a la vez hay otro problema, que es la centralización tan profunda en el área metropolitana que se refleja en la recaudación y en los cotizantes al Seguro Social.

“Lo que no se ha logrado potenciar es la producción y empresarialidad y aumentar que las empresas cumplan con las condiciones formales como el salario mínimo y prestaciones del IGSS, que en la mayoría de las empresas que están en el área metropolitana lo cumplen, pero en la medida que se aleja no se da, o se cuentan con estos trabajos de calidad que se necesitan”, aseveró el directivo.

Sequeira coincide con Cruz en que, para aprovechar este bono demográfico, hay que prepararse para generar esa producción.

Recordó que cada año hay unos 400 mil nacimientos y unas 300 mil personas que se insertan a la PEA, pero si no existe demanda de empleo para ellos, “otra vez engrosan las estadísticas del empleo informal o del empleo que no es de calidad” y para ello se necesitan políticas públicas fuertes.

“En mi caso, llevó cuatro años solicitando una licencia a la Municipalidad de la Esperanza para construir una planta y generar 50 empleos en Xela, no me lo han autorizado y eso dice que no hay prioridad y, lamentablemente, las remesas nos han acomodado que se vive razonablemente bien por el consumo”, afirmó Sequeira al citar como ejemplo.

Factores

El documento del CMCA indica que se puede segregar la población dependiente en dos grupos etarios: adultos mayores y niños.

El fenómeno se ha presentado en todos los países de la región, aunque su inicio es de 1965, y su evolución y duración no es la misma en cada uno de los países.

Si se considera el punto mínimo de la relación de dependencia como la culminación del bono demográfico, eso implicaría que Costa Rica sería el único país actualmente en alcanzar la última etapa.

Uno de los factores que incidieron en que se produjera este fenómeno de bono demográfico fue un decrecimiento de la tasa de mortalidad que paralelamente se acompañó de una disminución en la tasa de fertilidad y, además, un aumento en la esperanza de vida, produciendo un crecimiento en la población joven que posteriormente implicaría un aumento en la población en edad productiva.

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El documento subraya que la tasa de mortalidad pasó de un 11.4% en el período de 1970-1975 a reducirse a 5.4% de la población entre 2015-2019.

Esta reducción se explica por las mejoras en los sistemas de salud enfocadas principalmente en la población infantil, un incremento en el personal de las instituciones de salud, mejoras en la infraestructura sanitaria y un mayor acceso a medicamentos de bajo costo.

Por otro lado, el descenso en la tasa de fecundidad está vinculado a un cambio social, cultural y tecnológico en la región, lo cual ha llevado a aumentar el acceso a la educación y a los programas de planificación familiar.

En el periodo de 1970-1975 la tasa de fecundidad se ubicó, en promedio, en 6% mientras que en el periodo de 2015-2019 pasó a un 2.3%, y se mantiene la expectativa de que continúe disminuyendo en los años venideros, inclusive en algunos casos, por debajo del nivel de reemplazo.

Seis de cada 10 empresarios consultados opinaron que mejorará la actividad en 2021 en comparación con el 2020, según el índice de confianza del sector construcción de junio pasado que elabora el Departamento de Análisis Estadístico de la Cámara Guatemalteca de Construcción (CGC).

No obstante, el gremio ya encendió las alertas por la preocupación ante el alza de precios de materiales de construcción, y 64.3% de los empresarios afirmó que esa es la principal incidencia.

En los resultados anteriores, los efectos de la pandemia en la economía eran el principal sesgo de los constructores, sin embargo, en junio cambió la tendencia ante el encarecimiento de los insumos y materiales, que impactará los costos en el sector.

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“Los líderes empresariales del país tienen un nivel de confianza medio alto en cuanto al crecimiento económico nacional y del sector construcción, influenciado principalmente por precios de materiales de construcción, lo cual crea incertidumbre y merma los pronósticos de crecimiento para este año”, señala el documento.

Óscar Sequeira, directivo de la CGC, comentó que parte de estos incrementos observados están relacionados con los costos logísticos y al mismo tiempo, sectores como acero, madera y vidrio incrementaron, lo que pueden estar asociado con una inflación externa.

“Las tarifas logísticas aumentaron increíblemente, y aunque la actividad de construcción está caminando bien, ya se están observando las nubes grises en el horizonte”, precisó el directivo.

Referencias

En un listado de materiales de construcción, se pueden observar ajustes que van desde 1% hasta 15%, según los datos que maneja la CGC.

Las principales alzas se concentran en hierro corrugado, con movimientos del 10 al 15% a junio.

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Por ejemplo, el quintal de ½ grado 40 de 20´ se cotizaba en junio del 2019 en Q314.35, en 2020 Q313.84 y en 2021 se situó en Q361.73, lo que significa 15.63% más.

Para el quintal de hierro 3/8 grado 40 de 20´ en 2019 era de Q322.02, 2020, Q319.67, pero en 2021 se cotizó en Q363.24, lo representa un ajuste de 13.63%.

El quintal de alambre era de Q424.38 en 2019, Q437.33 en 2020 y Q465.86 en 2021 reflejando alza de 6.52%, mientras que el quintal de clavo liso pasó de Q474.88 en 2019, Q487.50 en 2020 a Q516.67 en 2021.

La unidad de mezcladora para ducha se incrementó 5.15% a junio y el millar de ladrillo tayuyo 5.15%, según el reporte.

En materiales eléctricos, pinturas y barnices, los ajustes rondan 1.50%.

Interpretación

Fernando Estrada Domínguez, director del Departamento de Análisis Estadístico de la CGC, detalló que no es usual que la preocupación de los consultados sea el alza de los materiales de construcción, sino que eran los efectos de la pandemia, pero ahora los insumos están subiendo y siguen encareciéndose que es la principal alerta.

En ese sentido, explicó que estaría atribuido al comportamiento inflacionario en Estados Unidos, así como al rompimiento de las cadenas logísticas globales por la pandemia.

Al respecto, declaró que algunos empresarios del sector construcción de vivienda están estableciendo nuevas condiciones en contratos para poder cubrirse de precios o de compraventa.

El directivo sostuvo que la subida afecta a los constructores, los márgenes, y habrá estructuras que se construían completamente de acero ahora tendrán que optar por otras tecnologías como el concreto, aunque se utiliza el hierro que impacta el costo de construcción y por lo tanto el precio a futuro del cliente en las nuevas ventas y por otro lado ya existen promesas de compras-ventas a 36 meses y es posible que existan ciertos ajustes.

Por otro lado, también afecta la oferta y otros estarían posponer el arranque de sus proyectos percibiendo que ahora el precio de las materias primas está “demasiadas altas”.

Mejoría de escenario

En el reporte del primer PIB trimestral de 4.8%, el sector construcción creció 12% que fue el más alto de las 17 actividades productivas.

La banca central atribuye el crecimiento en construcción al incremento de obras de ingeniería civil por el Gobierno -gasto público-, así como la construcción de edificios no residenciales, y la construcción de vivienda para uso final propio por el envío de remesas familiares.

Óscar Sequeira, directivo de la Cámara de Construcción, explicó que en la industria de construcción hay dos segmentos: grandes proyectos que ocurren en la región central y la construcción de viviendas individuales por medio de un maestro de obras en todo el país que el volumen más grande en Guatemala.

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Este último segmento, afirmó el directivo, es el más dinámico que está respondiendo a las remesas familiares y que está activando las ventas de materiales de construcción y todo apunta a que en 2021 habrá un año histórico de insumos como block, hierro y cemento.

“Realmente el sector está influenciado por las remesas en cuanto a vivienda, pero en infraestructura aún no se está ejecutando el gasto al nivel que se esperaría y en carreteras ya se está percibiendo deterioró”, enfatizó Sequeira.

En la encuesta, el 71.4% de los consultados considera que el sector construcción si tendrá una mejor evolución en 2021, mientras que 28.6% opinó que no.

La Corte de Constitucionalidad (CC) revocó la suspensión del reglamento para contrataciones de trabajo de tiempo parcial y declaró que su implementación no es inconstitucional lo que abre las puertas para implementarlo mientras el sector empresarial celebra esa decisión.

Mirla Tubac, Gerente Legal especialista en materia laboral de la firma EY, explicó  que para que las empresas lo implementen deben tener en cuenta aspectos legales y laborales, además de las condiciones propias del giro de cada negocio.

La directiva refirió que se necesita entender bien en qué momento se está en condiciones de trabajo en la modalidad de tiempo completo y en qué casos es tiempo parcial. Para ello se debe atender aspectos como:

1. La persona que va a administrar esta modalidad en una compañía debe definir cuál va a ser el contrato marco de contrataciones ya que no puede seguir usando el mismo para las dos formas.
2. Además recomiendan que, sea por el número de horas que se establezca, debe quedar por escrito con las condiciones de las modalidades de empleo y establecido que es una elección de los trabajadores porque no puede obligarse a nadie a pasarse a esta modalidad.
3. Registra ante el Ministerio de Trabajo el contrato, para lo cual hay un período de 15 días hábiles después de haberse firmado por el contador.
4. Hacer una revisión al reglamento interior de contratación de la compañía ya que habrá condiciones particulares para la parte de laboral con la nueva modalidad, modalidades, horarios, salarios y otros. Según refiere Tubac el reglamento debe seguir siendo aprobado por el Ministerio de Trabajo (Mintrab).
5. Establecer una hoja de control de horas laboradas para las contrataciones a tiempo parcial.
6. Tener claro que si se contrata a la persona para trabajar 5 horas al día, si se exceden las labores de ese tiempo se deben pagar como tiempo extraordinario.

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Las prestaciones

Se entiende por trabajo de tiempo parcial a la prestación de un servicio en una jornada menor a las establecidas en la legislación legal vigente, indicaron Estuardo Paganini, socio de Deloitte Legal y Manuel Lara, gerente de esta firma en Guatemala.

Expusieron que los trabajadores contratados a tiempo parcial, deberán gozar de los mismos derechos y obligaciones que aplican a un trabajador de tiempo completo. Sin embargo, consideran que algunos pueden generar controversia en la práctica:

7. La bonificación incentivo: Refieren que los Q250 son un mínimo mensual, que no considera proporcionalidad ni descuento alguno, por lo cual, aunque un trabajador se encuentre contratado por horas, de igual forma, deberá pagarse el monto mínimo mensual.
8. Traslado de jornadas: La modificación de la jornada de un trabajador contratado a tiempo completo a una jornada a tiempo parcial, se considera como un cambio de las condiciones de trabajo, por lo cual, deberá existir anuencia de las partes para poder efectuarlo. Esta modificación deberá inscribirse ante las autoridades laborales.
9. Pago de Indemnización: Será aplicable a todos los trabajadores de conformidad a los distintos supuestos regulados en el Código de Trabajo (como despido injustificado, entre otros).
10. Período de lactancia: Las trabajadoras deberán de gozar del mismo período de lactancia, ya que no se permite proporcionalidad o limitación.
11. Aguinaldo y Bono 14:  Son prestaciones aplicables a todos los trabajadores sin distinción de una contratación de jornada completa o a tiempo parcial.
12. Vacaciones: Serán aplicables 15 días después de un año continuo de labores.

Los consultores consideran que esta forma de contratación es una alternativa para los empleadores de poder aumentar la fuerza laboral en los períodos que pueda existir mayor demanda, atendiendo a la naturaleza del negocio.

La ejecutiva de EY sostiene que no se debe olvidar que personas que van a trabajar en una versión de contrato a tiempo parcial tienen derecho a recibir el aguinaldo, bono 14, bonificación incentivo, vacaciones y en caso de despido sin justa causa pagar la indemnización.

La sentencia de la CC acerca del reglamento de tiempo parcial termina de quitar áreas grises que antes se tenían, dijo la experta.

Cómo definir las horas de trabajo y las jornadas

Tubac refiere que no todas las empresas o actividades pueden definir de la misma forma las horas de trabajo por las que se deberá contratar a una persona, esto dependerá de la actividad que realicen, del giro de negocio, de determinar las horas pico o temporadas altas en el negocio, definiendo cuántos empleados y qué tipos de actividades necesita. Luego de definir esos puntos se debe tomar en cuenta:

13. En la confección del contrato definir de forma clara cuál será la jornada donde se desempeñe el trabajador ya que estas no cambien y según la ley siguen siendo la diurna (8 horas al día), nocturna (6 horas) y la mixta (7 horas).
14. Luego de la definición de la jornada debe establecer si se requerirá que trabaje en horarios de diferentes jornadas o en una misma.
15. Recomienda que un contrato de tiempo parcial no se debe exceder del límite de horas según la jornada, pero tampoco hay un mínimo de horas o días en que se le pueda contratar.

Si es contratado por menos de esas horas, ahí se aplicaría tiempo parcial, pero si sigue el mismo número de horas que establece la jornada sigue siendo tiempo completo y se estaría usando una figura simulada, por lo que hay que tener cuidado de no abusar de esa figura, agregó.

Otro experto ejemplifica que si se celebra un contrato de siete horas y el horario asignado es entre las 4 de la tarde y las 9 de la noche, surgen dudas si se debe tomar como jornada mixta de tiempo completo o un contrato de tiempo parcial.

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Luis Fernández, El abogado Luis Fernández, especialista en derecho laboral y constitucional explicó la parte medular de la resolución de la CC referente al reglamento es la que se refiere al artículo 4 que indica que “el trabajador tiene derecho a percibir un salario sobre la base horaria, el cual no puede ser inferir al salario mínimo fijado por hora para cada año”, por ello se debe tomar en cuenta estas disposiciones:

16. El salario mínimo que rige para cada año se ha fijado en base a una tasa por hora, de ahí se puede multiplicar por 8 para obtener el salario por día. Son diferentes para tres diferentes actividades: no agrícolas con Q11.61 al día, las agrícolas con Q11.27 y de actividad exportadora y de maquila en Q10.61 Luego de eso se calcula el diario y el mensual.

Fernández indicó uno de los obstáculos o incertidumbre que se ha observado es que un trabajador de tiempo parcial reclame a la empresa al terminar la relación laboral un “reajuste” del salario mínimo mensual que cada mes dejó de recibir porque se le pagó solo por las horas trabajadas y no el salario mínimo mensual, debido a una interpretación del artículo 120 del Código de Trabajo y 102 literal g de la Constitución que establece que aunque el trabajador labore menos horas tendrá derecho al pago “integro” de su salario. El abogado asegura que se trata de una cuestión semántica ya que no es lo mismo “íntegro” que mínimo y no es a eso a lo que se refieren esas disposiciones legales.

Pagos, reportes y cobertura

17. Fernández es de la idea que en el caso del convenio 175 asume como una realidad que se da el trabajo a tiempo parcial en el mundo y el objeto de este convenio es garantizar que esos trabajadores también gocen de la protección y derechos que tienen los de tiempo completo por lo que se debe tener en cuenta, entre otros aspectos que se deberán seguir pagando los mismos porcentajes para las cuotas laborales y patronales del IGSS, así como para Intecap e Irtra, que se calculan sobre el salario.

A su criterio el IGSS deberá analizar y definir los servicios que prestará según la modalidad de contratación a tiempo parcial o completo.

18. Respecto al IGSS, abogados consultaron en el 2019 a ese ente respecto de cómo presentar la planilla, en esa oportunidad la entidad les respondió que debía ser una planilla diferente, por lo que dichos abogados recomendaron a los empresarios levantar una planilla especial o adicional. Ahora se deberá atender lo que disponga el IGSS.
19. Aunque cuando entró en vigencia el reglamento en el 2019, se mencionó que en una mesa técnica se les explicó que no hay necesidad de un documento extra si un trabajador pasa de tiempo completo a tiempo parcial, sino que basta con el contrato, expertos y abogados recomiendan a las empresas que en esos casos los trabajadores firmen un documento de aceptación o consentimiento, y se agregue a su expediente, para evitar problemas posteriores.
20. El trabajador no podrá recibir ningún tipo de sanción o represalia por desistir de cambiar de tiempo completo a parcial, aseguran abogados.