Sin embargo, el proceso para que los magistrados de la CSJ puedan definir si proceden los antejuicios llevaría dos semanas.

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Pero algunos sectores de la sociedad civil consideran que la CSJ desechará los antejuicios promovidos contra 92 diputados, más siete que integran la comisión permanente, 13 magistrados de Apelaciones que integraron la CSJ, no obstante, los que sí procederían son contra los seis magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) -cuatro titulares y dos suplentes-.

No obstante, las diligencias de antejuicio contra los magistrados de la CC, llegaría a un Congreso sin los votos -107- para desaforarlos, pero algunos diputados consideran que los podrían reunir si llegan a comprar a algunos legisladores, ya que al menos 60 diputados no están a favor de tomar esa medida.

Algo que cambia con el anterior proceso para definir la comisión pesquisidora es que se debe hacer un sorteo entre los 159 diputados, en este caso se excluye al presidente del Congreso, Allan Rodríguez y serán ellos los que recomienden retirarle o no la inmunidad a los magistrados del tribunal constitucional.

El jefe de bancada de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (Urng) considera que los antejuicios solicitados por el MP son parte de la estrategia de lo que se ha llamado el “Pacto de Corruptos”, y lo hecho por la fiscal general no es ajena a esa estrategia sino parte y lo quiso ocultar con la gran cantidad de antejuicios presentados contra diputados y magistrados de Apelaciones.

“Ya lo tienen calculado, trabajado y no serpia nada raro que vía la corrupción que hay en el país y a la que el Congreso no es ajeno estén ajustando los votos para que cuando llegue ya solo sea de trámite, pero en el Congreso hay bancadas y diputados que no nos prestamos a ese tipo de maniobras sucias en contra de los intereses del país, lo que hace la fiscal es a orillar al país en un mayor enfrentamiento”, indicó Félix.

El parlamentario añade que desconoce hasta cuando el pueblo de Guatemala va a seguir aguantando las maniobras de este pacto, porque todo va encaminado a deshacerse de la CC que es la única piedra en el zapato que queda para tener el control absoluto de la institucionalidad del Estado para poder operar con impunidad.

La jefa de bancada de Winaq, Sonia Gutiérrez considera que la alianza oficialista está muy hermética, solo con el hecho de no saber de la salud del presidente, hay mucha intriga entre ellos, esto creo que serían unos factores que estarían pendientes de que si tiene la suma de los votos si se llegara a conocer el antejuicio contra los magistrados.

“Mi percepción es que ellos no están cohesionados, porque si ya tuvieran los 107 votos ya nos hubieran convocado para ir conociendo otros temas como las reformas a la Ley Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional y por ser autónoma necesitan los 107, entonces ellos están ajustando los votos para este tipo de reformas”, explicó Gutiérrez.

La parlamentaria añade que 50 diputados estamos claros que no los apoyaríamos, pero hay unas a las que les costaría obtener los votos como la bancada de Creo y Victoria quienes no se prestarían a este tipo de juegos según los hemos visto actuar.

El jefe de bloque de Compromiso Renovación y Orden (Creo), Rodolfo Neutze considera que todos los diputados están muy preocupados por lo que se ha desatado en el tema jurídico, yo no creo que se consigan los 107 votos, ya que hay mucha nebulosa sobre la legalidad de este procedimiento y estoy seguro de que los diputados van a cuidarse de no cometer alguna ilegalidad que los pueda meter en problemas.

“El partido creo ya fue claro en marcar su posición hace algunas semanas cuando se estuvo especulando sobre este tema, consideramos que hay decisiones que faltan a la ética de algunos magistrados de la CC, pero que según nuestro análisis no son ilegales, por lo que no hay razón para desaforar a los magistrados de la CC y nosotros no nos vamos a poner en riesgo que sería ilegal hacerlo”, señaló Neutze.

El jefe de bloque del Partido de Avanzada Nacional (PAN), Manuel Conde Orellana cree que sería especular, afirmar si tenemos o no los votos, además de arriesgado es irresponsable, en todo caso hay un trabajo de una comisión pesquisidora, porque los votos en todo caso serán consecuencia favorable o desfavorable luego del trabajo de la pesquisidora.

“La comisión pesquisidora determinada si hay elementos o no para retirar la inmunidad, el Congreso no tipifica, no juzga, no condena, la labor de la comisión es única y exclusivamente determinar si se mantiene o no una inmunidad, pero decir tenemos o no tenemos los votos es irresponsable. Porque en todo caso la votación tendrá que ser a consecuencia de un informe de una comisión que debe determinar si la denuncia es espurio, político o ilegitimo”, dijo Conde Orellana.

Acciones del MP

Las acciones contra los 92 diputados se derivan por reglamentar la elección de cortes que tiene previsto realizar el Congreso, obviando el amparo otorgado por la CC al MP en el que define que se debe de excluir a los candidatos que tiene comprometida su idoneidad.

La denuncia contra los siete de la Comisión Permanente fue por desobedecer una sentencia de la CC en la que solicitaban el expediente original par frenar el proceso de antejuicio en su contra. Las acciones contra los 13 magistrados suplentes de la CSJ se dan por dar trámite al retiro de antejuicio contra magistrados de la CC, y los seis magistrados de la CC por autoampararse ya que la Ley de Amparo establece que no pueden ser perseguidos por sus resoluciones.

No obstante, la cadena de denuncias entre los diputados, magistrados de Apelaciones y de la Corte de Constitucionalidad, se origina por el amparo en definitiva que el tribunal constitucional otorgó al Ministerio Público en el que establece el procedimiento de como el Congreso debe elegir a los magistrados de CSJ y Apelaciones, excluyendo a todo profesional que tiene comprometida su independencia e idoneidad.

En este caso la Feci ya presentó solicitudes de retiro de inmunidad contra 16 magistrados y jueces señalados por los cargos de tráfico de influencias, violación a la constitución y asociación ilícita.

Las sospechas del MP ubican a este grupo de jueces y magistrados en una serie de reuniones no oficiales con el privado de libertad Gustavo Alejos, cuyo fin, según investigadores, sería pactar la lista de candidatos que en ese momento trabajaban las comisiones de postulación para las cortes de Apelación y la CSJ.

Esta semana el embajador de la Unión Europea en Guatemala, Stefano Gatto termina el trabajo de esa misión diplomática después de cuatro años. En una última entrevista a Prensa Libre, el diplomático reflexiona sobre el trabajo de la misión durante los últimos años, resalta el apoyo de los países europeos a Guatemala, especialmente ahora, en medio de la pandemia.

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El diplomático habla de una manera abierta sobre la unidad de los guatemaltecos, así como de otros episodios recientes del país, como la salida de la Comsión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y a la vez lamenta que la pandemia le haya negado la posibilidad de despedirse de lugares emblemáticos del país, a los que extraña volver.

¿Cómo fue su estadía en el país?

Fueron cuatro años muy intensos. Guatemala es un país con unas características extraordinarias, pero también es extraordinariamente complejo e intenso, con lo cual cuatro años aquí ponen a prueba a cualquier diplomático o cualquier persona que viva con pasión su profesión.

Guatemala es un país que enamora, que apasiona, no se puede tomar como un destino más. Estos cuatro años han tenido mucho contenido, muchos momentos complejos y los termino de una manera que a nadie le hubiera gustado, porque la verdad que seis meses de covid-19 nos han impedido, a mi sobre todo, no volver a los lugares maravillosos que tiene este país, no volver a ver el Lago Petén Itzá, a los volcanes y Antigua, eso queda en el recuerdo.

¿En qué campos fue la cooperación con Guatemala?

Me encontré con muchos proyectos programados, pero muy pocos activados, por lo que con el equipo de la delegación pusimos en marcha actividades tanto en el ámbito de la cooperación económica, agrícola, y terminar programas de apoyo al sector justicia y naturalmente a las actividades de Cicig, que era una actividad importante en esos dos primero años.

¿Cómo ha sido la relación con los gobiernos de turno?

La relación con el gobierno siempre fue buena y eso se reflejó en unos programas de ámbito económico, además de una cooperación excelente con Agexport (Asociación Guatemalteca de Exportadores), en el ámbito empresarial. Hubo un poco de nubes con el cambio a la orientación de gobierno con respecto a la Cicig que hizo que nuestro apoyo y de otros donantes de repente se de viera en una posición un poco delicada, pasamos de pasar a apoyar un proyecto que era solicitado por el Gobierno a estar apoyando con compromisos que no gozaban de ese favor del Gobierno, eso fue complejo manejar, y, sobre todo en el 2019, cuando se cerró la experiencia de Cicig, por lo que trasladamos los fondos al MP para que completara las tareas necesarias.

¿Se va satisfecho de la labor realizada en el país?

Siendo la desnutrición la primera prioridad, la verdad me quedó un poco la frustración de no haber podido avanzar más rápido en estos años en la lucha contra la desnutrición infantil, que es tan importante y relevante en este país y nosotros teniendo 180 millones de euros no los pudimos poner en marcha hasta fechas recientes.

¿Qué proyectos quedan pendientes por ejecutar por la de Unión Europea?

Nosotros trabajamos en ciclos de 7 años, y ahora estamos en el ciclo 2014-2020, yo cuando llegué al país en septiembre de 2016 me encontré que no se había puesto en marcha ninguno de los proyectos de ese periodo, por lo que se llevaba un atraso de 2 años.  Mi gran esfuerzo fue poner en marcha todo aquello con tres prioridades: apoyo a la gobernanza, desnutrición y cooperación económica; que incluye el fortalecimiento de la capacidad exportadora y de la competitividad de la economía guatemalteca con énfasis en la pequeñas y medianas empresas. Luego hay unos ejes que son horizontales, como la atención al género, a la prevención de la violencia, pensando a las mujeres y el tema del cambio climático.

¿Todos se cumplieron?

En la parte económica sí, tuvimos programas con los ministerios de Economía y Trabajo muy exitosos, programas que terminaron el Gobierno anterior y esté pidió seguir con otro con énfasis en la formación profesional, se da enseñanza de la lengua inglesa, en la promoción de capacidades profesionales que puedan ser útiles sobre todo para las pequeñas y medianas empresas que llegan a hacer exportadora al mundo con productos competitivos en el marco del acuerdo de asociación.

Con el Ministerio de Agricultura revivimos un programa de apoyo a la economía familiar y ahora se está convirtiendo en programa al desarrollo rural, funcionó con el anterior Gobierno y con este ha sido retomado, lo que hicimos fue financiar el envío de extensionistas rurales a todos los departamentos y permitir su movilidad con carros y motocicletas, porque era fundamental trasladar esa capacidad de conocimientos agrícolas, porque la función de extensionistas se había descontinuado.

¿Qué otros proyectos podrían financiar para la lucha contra el coronavirus?

Gracias a la flexibilidad que hemos dado a nuestros programas hemos podido readaptar algunos programas para incluir acciones contra el covid-19, por ejemplo, con el Ministerio de Salud hemos traído 75 mil pruebas para covid-19 y ahora estamos trayendo más en una fase de que Guatemala tenía dificultad para tener acceso a pruebas, pues nosotros trajimos con la cooperación.

¿Cómo se proyecta la cooperación de la UE para Guatemala ante la pandemia?

Ante la pandemia, hemos acordado la máxima flexibilidad a nuestros programas, hemos considerado que no tiene sentido insistir a toda costa hacer algo que estaba previsto antes del covid-19, hemos flexibilidad las actividades y tener en cuenta la nueva realidad del país y en ese sentido hemos reconvertido 30 millones de euros a actividades al covid-19. Se está negociando con Segeplan y con el gobierno para encontrar la mejor solución para que dentro de los programas existentes poder trasladar fondos a estas actividades. Esos 30 millones de Euros los podemos destinar para la compra de equipo, mascarillas, traer prueba de covid-19 u otras acciones que nos soliciten.

¿Cuántas pruebas podrían donar?

Yo esperaría que fuera un número equivalente y el tema no es económico, el problema es que la oferta mundial de pruebas está bajo presión, hay muchos países que están pidiendo pruebas y no se da abasto la producción, yo confiaría en un número igual de pruebas y nosotros las financiaríamos con el programa de cooperación en Salud.

¿Cuáles son los esfuerzos que Guatemala debe de enfocar en el tema de covid-19?

El tema de covid-19 supone un gran desafío para todos los países del mundo, todos nos hemos visto en dificultad del primero al último. Ojalá sirva como motivo para reflexionar para que los guatemaltecos se unan más allá de sus diferencias políticas e ideológicas y puedan definir una agenda de país compartida, que es lo que realmente necesita este país, no dividirse tanto alrededor de conceptos sino trabajar juntos temas fundamentales como son el fortalecimiento de la democracia, el crecimiento económico y la prosperidad.

¿Cómo tomó la Unión Europea la salida de Cicig, bajo el contexto que se dió?

Bueno, más que preocuparnos, Cicig fue un proyecto que pidió Guatemala y que estuvo 11 años en el país, que tuvo sus aciertos y sus errores, es evidente que hubo limitaciones, no consideramos que fuera el desastre absoluto que algunos han querido decir, yo creo que Cicig puso en evidencia la existencia de sistemas de corrupción que deben ser tratados, a partir de ahora en el futuro la tarea le compete a las autoridades y la sociedad guatemaltecas y nosotros estamos en la disposición de asistir en lo que se pueda. Cicig fue una etapa transitoria, nadie podía imaginar que una comisión internacional pueda quedarse en un país para siempre, esa nunca fue la perspectiva de Cicig.

¿A la Unión europea le preocuparía un retroceso en la lucha contra la corrupción?

La lucha contra la corrupción es una batalla permanente en todos los países del mundo, ningún país está ajeno a la corrupción, con lo cual está claro que la corrupción hay que combatirla en cualquier momento.

La Unión Europea ha apoyado el fortalecimiento al sector justicia ¿cree que se debe seguir fortaleciendo?

Una democracia no puede funcionar sin una justicia fuerte e independiente, nuestras experiencias en el sector justicia han sido complejas, aparte de Cicig hemos tenido otros programas como la prevención de la violencia contra la mujer y los niños, que está activo en la Costa Sur. Está claro que la cooperación en el ámbito de la justicia es muy delicado y muy compleja porque el sector justicia en Guatemala tiene una articulación complicada con seis instituciones que lo componen. Pero se ha conseguido hacer buenas cosas, como la creación y fortalecimiento de Inacif, que es algo que se hizo con cooperación europea y creo que a nivel del Ministerio Público se ha fortalecido en varios aspectos.

Usted dijo que los guatemaltecos tenemos que fortalecer el estado de Derecho y la democracia ¿cómo ven los ataques a la Corte de Constitucionalidad, PDH, no se eligen cortes?

Yo no lo llamaría en esos términos, lo que puedo decirle es que nosotros apoyamos de forma clara la independencia de poderes y el respeto de las normas del estado de Derecho, pero no quiero entrar en valoraciones en situaciones puntuales que les compete a los guatemaltecos.

El Congreso inicia la segunda semana de su segundo período ordinario de sesiones cerrado, y con esto se aleja, otra vez, la posibilidad de comenzar con el proceso de elección de cortes, una tarea que analistas y diputados vislumbran que se extenderá más tiempo, incluso, podría llegar hasta el próximo año.

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Por desinfección de los edificios del Congreso y por hisopados que se realizarán a empleados de ese organismo para esta semana, no se tiene contemplado sesionar a pesar de que ya están en el segundo periodo ordinario de sesiones.

Durante este último periodo de sesiones del año, el riesgo de infecciones por Covid-19 marcará el ritmo del trabajo legislativo y, por ahora, no hay ningún tema de urgencia por conocer y se ha autorizado el cierre de todos los inmuebles del Congreso para una desinfección, en el momento que ya se registran 63 casos positivos de coronavirus, de los cuales 44 se han recuperado y se lamenta la muerte de una persona.

Aparte, las magistradas de la CSJ, Delia Dávila, María Eugenia Morales y Silvia García enviaron una carta al Congreso en la que manifiestan su preocupación por el retraso para elegir autoridades del Organismo Judicial.

“El plazo constitucional de nuestro mandato ya venció y se ha extendido como consecuencia de acciones legales y por no estar electa la nueva Corte para poder entregar nuestros cargos”, dice la carta firmada por las tres magistradas.

Mientras que la Conferencia Episcopal de Guatemala también se manifestó por la coyuntura actual en torno a la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones, la cual aún no se ha realizado.

“¿A quién beneficia esta postergación?, ¿al pueblo de Guatemala, al orden constitucional, al bien común, a la convivencia pacífica y armónica de la sociedad guatemalteca?, ¿o a actores y sectores con intereses en que la justicia pronta y cumplida no sea un objetivo realizable en nuestro país?”, cuestionaron en su momento los líderes religiosos.

Falta de voluntad

La directora ejecutiva del Movimiento ProJusticia, Carmen Aída Ibarra, considera que la junta directiva y la mayoría de los jefes de bloque siguen eludiendo la elección de magistrados, ahora con el pretexto de la desinfección, porque ya se terminó la excusa del receso.

“Eso confirma que la intención es mantener en sus puestos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de cortes de Apelaciones, porque se mantiene la alianza entre diputados y magistrados; sigue vigente la estrategia de mantener la alianza para sacar adelante temas de sus interés: elección de magistrados de la CC, promoción o freno de antejuicios según el caso, resoluciones en casos judiciales de interés, ataque a operadores de justicia independientes, y el debilitamiento del sistema de mayor riesgo”, expone Ibarra.

La experta señala que “es una pena” que los diputados que no forman parte de esa “alianza perversa” estén viendo impávidos lo que ocurre. Les están negando cumplir con la obligación constitucional de elegir magistrados y no reaccionan.

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“Es de resaltar que en la medida en que los diputados dejan hacer y dejan pasar, de alguna manera se vuelven coadyuvantes de la estrategia de mantener la subordinación política del poder Judicial al poder Legislativo, y por esa vía al poder Ejecutivo”, expone.

Añadió: “sí. están usando la pandemia como excusa y viene una etapa intensa, pues pronto deberán empezar con las discusiones sobre el presupuesto nacional 2021; las negociaciones para junta directiva 2021-2022 y van a tener aún en la nuca la elección de magistrados”.

José Echeverría presidente del Movimiento Cívico Nacional (MCN) indicó que el modelo y el proceso de elección que dictó la Corte de Constitucionalidad en la sentencia emitida, aunque hubieran iniciado con la integración de las cortes, no estaría finalizada.

“El proceso es sumamente extenso; sin embargo, esto no es excusa para no iniciar el proceso de elección y por qué hablo de una excusa, a pesar del modelo que dictó la CC es extensa, en las diversas agendas que se han tenido en el Legislativo para conocer específicamente ese punto no se ha podido abordar”, dijo Echeverría.

El abogado considera que hay muchos factores, hay desde lo político institucional como lo es que no hay una fecha límite que obligue a los diputados, por qué el plazo constitucional se violó el año pasado y cuando se rompe ya no existe una fecha límite para la elección de las cortes y “eso abre la puerta para que más elementos políticos o de intereses que se desconocen estén en juego (…) es casi voluntad del Congreso y no de un plazo que sirve de control del poder público”

El experto considera que el miedo al contagio en el Legislativo es real entre trabajadores, inclusive con el contagio del presidente del Congreso.

“Pero no creo que sea una excusa, porque han conocido otros temas y este tema de la elección de cortes es importante, porque estamos hablando de uno de los tres poderes del Estado, lastimosamente estamos viviendo las consecuencias que han tenido los amparos, repeticiones y suspensiones y avalada por esta magistratura de la CC”, concluyó.

Mientras que Lorena Escobar, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), indicó que todos los factores van a establecer intereses particulares que aseguren en algunos sectores la posibilidad de influir en las decisiones de las magistraturas.

“Las actitudes tanto de las autoridades judiciales y diputados dan a entender que la intensión es que priven intereses particulares en donde determinado sector pueda influir en las decisiones de los magistrados, los de salas de apelaciones cuando revisan un fallo de primera instancia y las de la Suprema cuando conocen de antejuicios, amparos o temas administrativos”, expone la experta.

La profesional indicó que es difícil identificar a un grupo o a una persona, porque en realidad hay muchos intereses en juego y las condiciones de la pandemia no facilitan la identificación de estos actores y también limitan las capacidades de la sociedad civil para manifestar su descontento.

“Estamos hablando que tenemos cinco meses de estar en estado de Calamidad y por obvias razones no se ha podido hacer una fiscalización más exhaustiva y no se ha podido manifestar el descontento”, dijo Escobar.

La experta considera que si se tuviera la voluntad política la elección de las cortes se podría hacer de manera programática, una sesión alterna de la que se discuten las leyes podrían hacerlo y en esa elegir primero a la Corte Suprema de Justicia que son 26 candidatos.

El mandatario mantiene la restricción de locomoción de 21 horas a 4 de la mañana del día siguiente, por lo que se puede transitar libremente de 4 de la mañana a 21 horas. Se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas y fermentadas desde las 19 horas hasta las 5 horas del día siguiente.

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Giammattei explicó que el horario laboral para las dependencias del Estado es de 7 de la mañana a 15 horas y en el sector público se recomienda de 9 a 17 horas.

El presidente indicó que en el semáforo epidemiológico aumentaron 11 municipios a rojo, mientras que hubo una baja en los que estaban en anaranjado a amarillo, ninguno esta verde.

En total, 169 municipios se ubican en rojo, 100 en anaranjado y 71 en amarillo. Con esos datos, ayer, en cadena nacional, Giammattei se refirió al tema y reafirmó la necesidad de mantener las medidas de prevención como el uso de mascarilla y el distanciamiento social.

El mandatario también se refirió a que el encamamiento de pacientes de coronavirus ha ido disminuyendo de forma gradual en los hospitales públicos, por lo que se puede observar que la ocupación llega al 60 por ciento, principalmente pacientes graves y moderados.

Giammattei ordenó el 27 de julio último el cese del confinamiento impuesto el 15 de marzo, el cual fue organizado mediante el actual sistema de alertas que cambia a cada 15 días con base en la cantidad de contagios.

El cese del confinamiento representó el reinicio de operaciones, por primera vez desde el 15 de marzo, de restaurantes, centros comerciales, iglesias y el transporte público, aunque muchos sectores se han negado debido a los riesgos que representa el virus.

Casos

Los casos de coronavirus registrados hasta ayer en Guatemala suman 56 mil 605, según la actualización del tablero del Ministerio de Salud, el cual, también registró el fallecimiento de 14 pacientes con Covid-19 en las últimas horas, con lo que el número de decesos llega a dos mil 211.

Los casos recuperados estimados alcanzan los 44 mil 598 y los activos estimados son nueve mil 796.

Los tres diputados de siete que tiene el distrito de Quetzaltenango fueron declarados por ser parte del listado de legisladores que el Ministerio Público solicitará antejuicios, lo cual evidencia una vez más su execrable comportamiento legislativo.

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“Por lo tanto y después de consultar a nuestras organizaciones, los pueblos y territorios hemos decidido declararlos ´Non gratos´ en todo el territorio de Xela.

Las organizaciones que firman la declaratoria de no grato consideran que cada cuatro años se evidencia el débil sistema “democrático” que se encuentra mercantilizado, que dando electos aquellos que más “invierten” y se “comprometen” con los poderes fácticos y por ello no expresan las necesidades del departamento.

Los grupos señalan que muchos de los diputados carecen de criterios de reconocida idoneidad y llegan al Congreso carentes de legitimidad y soporte social. Que no existen canales de comunicación, ni mecanismos para que se realice un verdadero proceso de representación.

“El Congreso se encuentra totalmente cooptado por el llamado “pacto de corruptos” el cual se nutre con los ‘ávidos’ nuevos diputados que como sus partidos se pliegan de manera servil al mejor postor y la agenda regresiva en contra de los Derechos Humanos, conquistas sociales y particularmente a reforzar su modelo neoliberal que privilegia al gran capital, a las empresas transnacionales”, expresan en el comunicado.

Las organizaciones consideran que Duay Martínez del partido Vamos ha sido una pieza clave para operar los préstamos y demás procesos de transferencia y aprobación de los créditos internacionales con los que “financian” la gestión de la pandemia, que dicho sea de paso no alcanza ni el 20% de ejecución de los fondos supuestamente destinados a la atención de la emergencia del covid-19.

Señalan que el diputado Nery Mazariegos del partido Viva y quién preside la Comisión de Salud, la cual ha tenido un papel destacado para avalar los préstamos millonarios, pero se ha mantenido al margen en cuanto al proceso de fiscalización y ejecución de los fondos destinados a combatir la Pandemia.

Esto se evidencia con el silencio ante la demanda urgente y publica que han realizado los trabajadores de la salud del Hospital Regional de Occidente.

Mientras que el diputado Gerardín Ariel Díaz del partido Valor de manera reiterada apoya las votaciones de la agenda regresiva y hasta el momento no se conoce ninguna acción o iniciativa de ley propuesta por este señor en relación con el distrito de Quetzaltenango.

Por aparte, Aree Alvin Aguilar López del bloque oficial ha transitado sin relevancia, más que aportar su voto en cada una de las decisiones erradas y de la agenda regresiva promovida por el Pacto de Corruptos.

El diputado Rubén Misael Escobar de la UNE es totalmente invisible en el departamento, más allá de votar en apoyo a la agenda regresiva es conocido por sus ausencias reiteradas.

Los grupos detallan que los únicos diputados que han mantenido una actitud coherente con los intereses de la población son Adán Pérez y Pérez de Winaq Emilio de Jesús Maldonado del partido Humanista.

“A ellos les pedimos que se mantengan en esa línea, ya que estamos al tanto de su gestión legislativa y que puedan hacer el llamado a los otros diputados a reorientar las decisiones que son lesivas al pueblo”, explican en el comunicado.

El diputado Martínez al ser consulado indicó que las organizaciones que han firmado el documento, no se han manifestado públicamente para confirmar si ellos la firman o no ya que muchas veces se da que no firman.

“La gente hace notas y pone que otros la ratifican, aparte es muy frecuente que grupos quieren ciertas cosas que no se les puede cumplir por no ser legales y eso genera malestar, es normal en nuestro medio y cada uno se manifiesta de la forma que cree correcta es parte de la democracia es de respetarlo si son ellos quienes firman”, dijo el diputado.

El diputado Nery Mazariegos dijo que no entiende porque algunas personas influyen tanto en varios sectores de la población.

“La publicación no tienen una acusación clara, lo más claro que yo veo en el escrito es que no ha habido ejecución en los préstamos otorgados a al ejecutivo y ahí no tenemos nosotros la culpa, es el ejecutivo el responsable de cubrir las necesidades con el recurso otorgado no lo diputados”, expone.

Además, desde la Comisión de Salud hemos gestionado los pagos de los médicos y gracias a ello les han pagado.

“Le querían quitar Q40 millones del presupuesto a los hospitales de Covid en Xela y al Regional e hicimos la gestión y logramos hasta el momento que no se los quiten y que sigan ejecutando, ese es nuestro trabajo, pero no cabe duda que detrás están personas que han participado infinidad de veces en las elecciones y nunca han obtenido la preferencia del electorado por eso actúan de esa manera engañando a la población”, concluyó Mazariegos.

Mientras que el diputado Gerardín Díaz no ha respondido los mensajes enviados.

Las organizaciones que firman el documento:

Asociación Mujer Tejedora del Desarrollo -AMUTED,  Centro Ecuménico de Integración Pastoral -CEIPA,  Asociación  para la Promoción, Investigación y Educación en Salud en el Occidente de Guatemala -PIES de Occidente, Asociación Agua del pueblo -ADP, Instituto de Estudios Superiores TULAN, Red de Mujeres de Quetzaltenango, Movimiento Tzuk Kim Pop, Museo Ixkik del Traje Maya- Red Departamental de Mujeres de Quetzaltenango, Consejo Maya K´iche ´de Quetzaltenango. Asociación IXOQUIB MIRIAM, Red de Mujeres IXOKIB NOJ, Asociación Flor del Campo, Alcaldías Comunitarias de: Choquí Alto, Xecaracoj, Llanos del Pinal, Chitay, Pacajá Alto, Choquí Bajo, Colectivo Ciudadano de Quetzaltenango, Comisión Ciudadana de Transparencia de Quetzaltenango -CCQ, Red de Cineastas Mayas – RECMA, ASOCRECER, Asociación Comunitaria para el Desarrollo -SERJUS Centro de Medios Indígenas Independientes, B´alam Saqbe´

Por medio de un comunicado, la fiscal general María Consuelo Porras informó que la Fiscalía de Delitos Administrativos planteó los antejuicios para que la justicia determine sí hay formación de causa o constituyente de delito, o bien las denuncias contra funcionarios y dignatarios son por razones espurias, políticas o ilegítimas.

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Los antejuicios son contra 92 diputados, dentro de los que se encuentran siete que integraron la Comisión Permanente, seis magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) y 13 magistrados de Apelaciones que actúan como suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Las acciones contra los 92 diputados son por la forma de reglamentar la elección de cortes que tiene previsto realizar el Congreso. A los siete de la Comisión Permanente por desobedecer una sentencia de la CC, a los 13 magistrados suplentes de la CSJ por dar trámite al retiro de antejuicio contra magistrados de la CC, y los seis magistrados de la CC por autoampararse y no ser perseguidos por sus resoluciones.

La decisión de trasladar las solicitudes de retiro de inmunidad en contra de seis magistrados de la CC ha causado algún malestar en algunos sectores de la sociedad civil por considerar que la fiscal no debió trasladarlo, ya que los magistrados del tribunal constitucional, según el artículo 167 de la Ley de Amparo, no pueden ser perseguidos por sus resoluciones.

El abogado Andy Javalois considera que la fiscal general actúa contrario a su mandato constitucional al violentar la disposición contenida en el artículo 167 de la Ley de Amparo, que establece que los magistrados no pueden ser perseguidos por sus resoluciones.

El profesional se pregunta ¿qué estaba pensando la fiscal para darle trámite tomando en cuenta que ella integró el tribunal constitucional e incluso firmó la resolución 3970-2017?, en esa resolución, Porras avala lo establecido en el artículo 167 por lo que se rechazó una solicitud del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), en la que pedían que se anulara lo actuado, ya que no permitieron que se le retirará la inmunidad al abogado Alejandro Maldonado Aguirre.

“Se que la fiscal conoce el mismo artículo -167 de la Ley de Amparo-, y otro punto que me dejó desconcertado es que están denunciado dentro de la dinámica de un amparo que fue promovido por la misma fiscal general, lo que ha generado un desbarajuste y que fue otorgado a ella. No me sorprendí por el tema de los diputados que están contrarios a cumplir una sentencia de la CC, por lo magistrados de Apelaciones que integraron la CSJ de forma anómala, pero de lo que no tengo claridad, a mi consideración, es un error es respecto a los magistrados de la CC, solo por lo que dice el artículo 167 de la ley de Amparo”, explicó el abogado.

¿No es acaso el MP el garante de que se cumplan las leyes en este país como parte de sus obligaciones según el artículo 251 de la Constitución? Pero como va a avelar por ese cumplimiento si pareciera desconocer un artículo que un pobre abogado como su servidor conoce muy bien, entonces obviar ese artículo y meter en ese mismo canasto a todos, me parece un despropósito y contrario a esta situación que he señalado”, añadió Javalois.

Hizo lo correcto

A consideración del exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina Barreto, la decisión que tomó la fiscal general es normal, ya que no tenía otra opción, debido a que cada vez que el MP recibe una denuncia en contra de una persona que goza del antejuicio no puede hacer nada más que enviarlo a la Corte Suprema de Justicia, para que analice si las denuncias son motivadas por situaciones espurias, políticas o ilegitimas.

“En este caso como es de conocimiento público hubo un entre cruce de denuncias, el MP denunció a la Comisión Permanente porque no suspendió el proceso de antejuicio, hubo gente que denunció a 92 diputado por haber reglamentado para cumplir la sentencia de la CC por la elección de magistrados, y a su vez la Comisión Permanente denunció a magistrados de la CC por considerar que emitieron ordenes ilegales, la fiscal lo que hizo fue lo correcto”, explicó Molina Barreto.

El exmagistrado considera que no ve ninguna anomalía de parte de la fiscal, sino todo lo contrario, “ella está respetando el orden jurídico del país haciendo lo que hizo”.

“Si una persona que no goza de antejuicio, sí puede determinar una desestimación de la denuncia y si hay alguna duda judicializar la denuncia para que sea un juez solo para saber si hay motivos de criminalidad para iniciar un proceso de investigación, pero cuando son funcionarios que gozan de antejuicio lo único que puede hacer es enviarlo a la CSJ, y si consideran que la denuncia no es espurias, políticas o ilegitimas la cursaran donde corresponde”, dijo el exmagistrado.

El socavamiento interrumpió el tránsito vehicular y peatonal. Tras el incidente, las instituciones que forman parte del Sistema Conred han realizado una serie de acciones de respuesta tanto a las familias como a la interrupción del tránsito.

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La Conred en un comunicado de prensa indicó que ha priorizado acciones vitales de infraestructura vial y atención a las familias afectadas, por lo que se acompañó a la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres (Comred), verificando el sector, así como la movilización del Equipo de Respuesta Inmediata y personal para evaluar el sector.

La verificación determinó que son ocho viviendas con daños severos y tres más en riesgo. También se reporta que 47 personas -9 familias-, son las que están albergadas en el Salón Municipal de Purulhá, centro que fue habilitado por la Comred y la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep) quienes se encargan de la administración del albergue y velando por el cumplimiento de medidas de contención del coronavirus.

También se encuentra presente personal del Área de Salud. Al lugar se hizo presente el ministro de Comunicaciones, Josué Lemus, quien en compañía de la gobernadora de Baja Verapaz coordinaron acciones para la habilitación en las próximas 24 horas de una ruta alterna.

Además de trabajos de relleno del área afectada, si las condiciones meteorológicas lo permiten, por lo que el paso estaría habilitado en las próximas horas.

“Una nueva colaboración histórica entre el Serum Institute of India (SII), el mayor fabricante de vacunas a escala mundial, el GAVI y la Fundación Bill y Melinda Gates permitirá acelerar la fabricación y suministro de hasta 100 millones de dosis de vacunas para los países con ingresos intermedios”, indicaron desde el GAVI (la Alianza para las Vacunas), creada en 2.000 para mejorar el acceso de vacunas para niños en países menos favorecidos, según la organización.

Este acuerdo permitirá al instituto SII aumentar su capacidad de producción y fabricar a gran escala las vacunas del nuevo coronavirus, que serán vendidas en unos 92 países por un precio máximo de 3 dólares la dosis, precisó el comunicado del consorcio.

GAVI está presente en 73 naciones y su red de operaciones implica a gobiernos, asociaciones, oenegés, agencias de desarrollo, fundaciones y empresas.

* En alianza con Forbes Colombia

Las excusas para no cumplir con la resolución de la CC se deben a que no se ha podido integrar la CSJ, porque los magistrados titulares, a excepción de María Eugenia Morales, se inhibieron y los de sala también se están excusando de conocer el expediente y emitir la nueva resolución.

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Sin embargo, a pesar de que la CSJ tenía hasta ocho días para dar cumplimiento a lo resuelto por la CC, fue hasta el último día que lo hizo por lo que el ayer a las 6 de la tarde no se integraba con magistrados de sala.

La magistrada Morales es la única que puede integrar el pleno de los titulares, debido a que por el tema de coronavirus no asistió al pleno donde se dio trámite al antejuicio promovido en contra de los magistrados Gloria Porras, Bonerge Mejía, Francisco de Mata Vela y Neftaly Aldana.

“La CC ordena a la CSJ conocer de nuevo los amparos acumulados en el antejuicio y la única que ayer no tiene inhibitoria, licencia, ni impedimento era yo y estuve presente a las 12 horas y este poder del Estado es respetuoso de las resoluciones de la CC y estoy solicitando a la presidenta si lo hizo saber a los magistrados quienes se excusaron y con ello se agotó la convocatoria que hizo Silvia Patricia Valdés presidenta interina de la CSJ”, dijo la magistrada.

La CSJ, integrada por magistrados de Sala, dio trámite al retiro de inmunidad presentado por el abogado José Roberto Hernández Guzmán por haber otorgado un amparo en definitiva al Ministerio Público por la elección de magistrados de Salas y CSJ que debe hacer el Congreso.

La CC ordenó a los diputados que excluyan a todos los candidatos que tengan señalamientos o que tengan comprometida su honorabilidad por haberse reunido con Gustavo Alejos en febrero, cuando se discutía la integración de las nóminas que después fueron enviadas al Congreso.

A pesar de que la CC suspendió el trámite de antejuicio los diputados continuaron con el mismo y no enviaron el expediente original a la CC, por lo que esta corte certifico lo conducente.

Durante una citación en la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), diputados cuestionaron al procurador general de la Nación, Jorge Luis Donado, y consideran que este se extralimitó de sus funciones por las acciones que emprendió para que la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) destituyera a su presidente.

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Los parlamentarios cuestionaron a Donado por las acciones que emprendió en contra de Carlos Contreras, actual presidente de la Junta Directiva del Seguro Social, para que fuera destituido, luego de que recibiera denuncias por parte de la Secretaria General de la Presidencia y el diputado Cándido Fernando Leal, del bloque oficialista.

Los diputados increparon a Donado y le preguntaron ¿si ellos u otra bancada presenta hallazgos por mal manejo de fondos también hará lo mismo? incluso el diputado Carlos Barreda, jefe de bancada de la UNE, dijo que descubrieron que se le pagó el Bono Familia a fallecidos, contratistas y empleados del Estado y que si va a actuar de esa forma.

“El procurador general de la Nación rectificó y dio marcha atrás en ciertas declaraciones indicando que él en ningún momento solicitó la remoción del cargo del presidente del IGSS. Claramente se estaría extralimitando en sus funciones y estaría violando el debido proceso”, dijo Barreda, quien señaló que hay intenciones de cooptar al Seguro Social.

En tanto, Donado dijo que está consciente de que los directivos del Seguro Social gozan de inamovilidad y que la única forma para su destitución es que hayan cometido abusos en la Seguridad Social.

Explicó que lo único que hizo fue trasladar los hallazgos emitidos por la Contraloría General de Cuentas que le remitieron Leal y la Secretaría General de la Presidencia, para que fuera la junta directiva la que defina si es factible o no la remoción de Contreras.

“Cuando leo el contenido del documento y veo que son denuncias se ven dos situaciones, primero una denuncia penal en la que no tengo nada que ver porque como PGN nosotros no ejercemos la acción penal y segundo, en el tema de hallazgos tampoco somos jueces para determinar la inocencia o culpabilidad de una persona”, explicó el funcionario.

Además, agregó: “No hacemos ninguna recomendación con relación a la remoción, lo que nosotros solicitamos a la junta directiva fue analizar una serie de documentación que es remitida por el presidente de una comisión del Congreso, pero no es nuestra facultada ni nosotros podemos tener injerencia ante una autoridad autónoma”.

Los parlamentarios consideran que Donado se extralimitó de sus funciones y va más allá al tratar de imponer como punto de agenda en la próxima sesión ordinaria que integren la junta directiva la separación del presidente del IGSS.

Carlos Contreras, presidente de la junta directiva del IGSS, comentó: “realmente lo que nosotros vemos es que la gestión hecha por la Procuraduría General de la Nación (PGN) no tiene en cuenta que IGSS goza de una autonomía orgánica, institucional, pero además histórica. Sin autonomía el IGSS no puede encarrilarse a sus verdaderos objetivos”.

Añadió que cualquier director si incurre en alguna falta puede ser separado del cargo, pero con base a un procedimiento que establece la ley, que en este caso no se siguió el procedimiento.

Comenzó el segundo período de sesiones del Congreso y los próximos tres meses serán cruciales para el oficialismo, que con las fuerzas diezmadas tendrá que librar una batalla para conseguir el apoyo necesario para la aprobación del presupuesto del 2021 y garantizarse un espacio en la siguiente junta directiva de ese organismo.

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La quinta prórroga del estado de Calamidad, aprobada por mayoría ordinaria en tres lecturas el viernes último, fue una muestra del desgaste político que afronta el oficialista partido Vamos, el cual, aunque preside el Congreso, no logró los 107 votos necesarios para aprobar la medida de urgencia nacional, como en las cuatro ocasiones anteriores.

De continuar esa pérdida de alianzas, el oficialismo tendrá también problemas para negociar el presupuesto del próximo año, propuesta que debe llegar el 2 de septiembre al Congreso para comenzar las discusiones, y según adelantó el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, esperan solicitar un techo del gasto por arriba de los Q96 mil 600 millones.

A esta situación se suma que el oficialismo está fragmentado y también la lucha prematura entre los diputados por establecer quiénes dirigirán ese organismo durante el 2021. Dos grupos del bloque Vamos son los protagonistas de esta ruptura para obtener más poder.

La estrategia de cohesionar de nuevo a los aliados se daría solo si lograran cumplir lo pactado con los Q600 millones de obras para los consejos departamentales de Desarrollo, ya que ese monto aún no se ha desembolsado.

Pierden credibilidad

El desgaste del partido Vamos en el Congreso en tan solo siete meses es evidente desde la perspectiva de otras bancadas que no integran el pacto oficialista.

El jefe de bancada de Compromiso, Renovación y Orden (Creo), Rodolfo Neutze, indicó que la última prórroga aprobada estuvo cuesta arriba por la falta de transparencia en la ejecución de programas por parte del Ejecutivo, pero podría cambiar si hay cambios en Salud y en previsión.

“Desconozco si hay acuerdos del Ejecutivo con bancadas aliadas. Yo no tengo información de eso. Desconozco si esa es una razón o no. Desde la perspectiva de Creo, podemos decir que es lo que evidencia la carencia para beneficiar a los guatemaltecos”, indicó Neutze, al reconocer que el bloque analizaría su apoyo a una siguiente prórroga del estado de Calamidad.

El subjefe del bloque de Victoria, Juan Carlos Rivera, manifestó que con la apertura económica que el presidente Alejandro Giammattei aprobó prácticamente no necesitaría del estado de Calamidad, y, además, no han ejecutado los programas que se autorizaron para atender la crisis, por lo que no ve necesaria una siguiente prórroga.

“Nos causa asombro que los bloques aliados al oficialismo no estén en sintonía, como lo han estado anteriormente. Es evidente que las ampliaciones presupuestarias, como las de Q600 millones que distribuyeron a los consejos de Desarrollo, no fueron entregadas a todas las municipalidades del país, dejaron fuera más de cien municipios, y eso nos indica que hubo negociaciones políticas, porque el fin de esos Q600 millones era reactivar la economía del país, y porque no les han cumplido esa sería una de las causas por las que ha perdido a sus aliados”, explicó el parlamentario.

Sonia Gutiérrez, jefa debancada de Winaq, añadió la variable de la próxima elección de junta directiva como uno de los factores por los que habría fricción interna en el bloque oficialista y los aliados, y esa negociación, aunque prematura, llevó a que no se obtuvieran los votos necesarios para aprobar de urgencia nacional el estado de Calamidad Pública.

“Acá se empieza a notar una disputa de los espacios de junta directiva que ya estamos a punto de ver en el Congreso. Esos son factores que nos están desestabilizando, porque hay intereses entre ellos mismos. Y por otro lado, el grado de incumplimiento a lo que pactaron a un principio con llevar a la presidencia a Allan Rodríguez, no hay secreto que pactaron, y seis meses después no hay nada concreto con lo que pactaron a un principio”, dijo la parlamentaria.

Sin operador político

El analista político Christians Castillo considera que el primer reto que tiene el bloque oficial es saber qué sucede con el presidente del Congreso, porque se ha tenido en secreto su estado de salud, luego de que se le diagnosticó con covid-19.

“El problema es que el oficialismo solo tiene a Allan Rodríguez en la Junta Directiva, y al no estar él, por ser diagnosticado de covid-19, ellos pierden un operador político, no solo en la Junta Directiva, sino en la negociación que lo llevo a la presidencia”, explicó el analista.

El politólogo opina que es prematuro hablar de que se pueda dar una nueva prórroga al estado de Calamidad, porque dependerá del nivel de contagios y de cómo se desarrolle la pandemia.

“La aprobación de esta quinta prórroga fue complicada porque los aliados aprovecharon para demostrarle al gobernante que tiene que cumplirles con los ofrecimientos. Días antes, en la reunión de la finca Santo Tomás, la mayoría de diputados le reclamó al presidente Alejandro Giammattei que no les ha cumplido”, indicó.

El analista expuso que a Giammattei y al oficialismo no les conviene perder la junta directiva del Congreso frente a la Unidad Nacional de la Esperanza, porque la oposición empezaría a bloquear y a crear un choque con el Ejecutivo, y no le pasarían las leyes que a este le interesan, como el estado de Calamidad.

Castillo manifestó que la reactivación económica está avanzando calladamente, porque eso no es de ideologías, sino de intereses, y en el Congreso la línea conservadora aglutina a varios partidos que capitalizan más de 90 diputados.
“Este segundo período de sesiones estará marcado por la disputa por el Organismo Judicial”, sentenció Castillo.

Todo lo contrario, a las cuatro prórrogas anteriores y su primera aprobación, en esta ocasión el oficialismo y sus bloques aliados no lo aprobarían de urgencia nacional -mínimo 107 votos- Ya que no logran una cohesión entre sus aliados y lograr mantener las restricciones decretadas por el Ejecutivo.

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Algunos bloques mantienen distancia por el incumplimiento de las obras designadas en los Q600 millones aprobadas en el decreto 20-2020 para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), incluso en la reunión que hubo en la Finca Santo Tomás en Escuintla los diputados le reclamaron al presidente Alejandro Giammattei por el incumplimiento y atraso de los proyectos.

Esto llevó a que el estado de Sitio en tres municipios de Izabal y dos de Alta Verapaz no fuera aprobado por el Congreso por lo que ahora el Ejecutivo optó por un estado de Prevención, el cual no es necesario que llegue al Congreso.

Lo que significó un desgate para al Ejecutivo y la bancada oficial previo al segundo periodo de sesiones que empieza el próximo 1 de agosto, ya que están perdiendo aliados quienes algunos están a favor y otros en contra de dar una nueva prórroga al estado de excepción.

El estado de Calamidad Pública no ha llegado al Congreso, la Comisión Permanente tenía previsto convocar para mañana, pero debido a este incumplimiento, se prevé que se convoque para el próximo miércoles a las 10 de la mañana.

El diputado Julio Lainfiesta del bloque Unión del Cambio Nacional dijo que él en lo personal no apoyará una nueva prórroga al estado de Calamidad por considerar que el Ejecutivo ha demostrado ineficiencia e inoperancia en estos meses en los que se ha prorrogado.

“Ha esto se suma que la información que he solicitado al Ejecutivo no ha sido clara, concreta de que efectivamente las ayudas que se debía de entregar en losa programas sociales no han llegado como se esperaba”, explicó Lainfiesta.

Carlos Barreda jefe de bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UCN) considera que ya no es necesaria una prórroga más debido a que prácticamente con la decisión que tomó el presidente Alejandro Giammattei el pasado domingo ya no se justifica una prórroga ya que su único fin es buscar o contratar sin licitar o evitar protestas sociales.

“Nosotros no apoyaremos un estado de Calamidad que no ha servido para nada, los hospitales siguen sin medicina, los doctores sin contratos y salarios, no hay equipos de protección, no se han comprado pruebas, no tiene sentido mantenerlo si ya se aprobó un sistema de alertas que va a empezar a regir en el país, por lo que ya no se justificaría”, dijo Barreda.

El parlamentario indicó que el estado de Calamidad era para mantener restricciones, la movilidad y facilitar las compras, y después de cuatro meses el Ministerio de Salud sigue pésimo y tampoco va a cambiar con prolongar un mes más el estado de Calamidad.

El diputado Samuel Pérez de Semilla manifestó que existe un debate a lo interno del bloque en ese tema, pero considera que es necesario apoyar una prórroga más esto con el objetivo de mantener las restricciones que quedan.

“Hemos terminado la cuarentena y vamos a ir si hay una convocatoria, menos el diputado que padece covid-19 -Román Castellanos-. Es necesario mantener esas pequeñas cosas que quedaron relacionadas con las escuelas, eventos, conciertos, aunque sea eso hay que mantenerlo, por ahí va nuestra decisión”, explico el parlamentario.

Por aparte, el diputado Manuel Conde Orellana jefe del bloque del Partido de Avanzada Nacional (PAN) señaló que si lo apoyaran e incluso propone algunas enmiendas para que se pueda castigar a los acaparadores.

“Buscamos que sean sancionados los especuladores y acaparadores drásticamente. Lo que están haciendo es subir los precios, especialmente los productos del aíre, oxígeno y gas y no se les debe permitir eso, ni que vendan pruebas que están trayendo de contrabando de México”, dijo el diputado.

1 millón 200 de contagios

El viceministro de atención primaria Edwin Montúfar indicó en una citación con el bloque de la UNE que para marzo del 2021 prevé 1 millón 200 mil contagios, para lo cual no están preparados ya que solo el 47 por ciento de los municipios no tienen primer nivel de atención en salud.

Montúfar indicó que están creando las capacidades para poder atender a la población porque hay brechas, no hay médicos, camas y los centros de salud no están abastecidos.  En este momento solo cuentan con 45 mil pruebas y que para echar a andar el semáforo necesitan 1 millón de pruebas.

El malestar por el incumplimiento de obras para los bloques aliados al oficialismo en el Congreso por parte del Ejecutivo hace que se empiecen a desmarcar y amenazar que no apoyarán el estado de Sitio decretado en tres municipios de Izabal y dos de Alta Verapaz y la prorroga por quinta ocasión del estado de Calamidad Pública por la emergencia del coronavirus.

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Para lograr la reunificación con los jefes de los bloques aliados, el presidente Alejandro Giammattei los invitó a una reunión el pasado domingo a la Finca Santo Tomás en Escuintla. A la que asistieron los ministros de Finanzas, Agricultura, Desarrollo Social, energía y Minas, Economía y Comunicaciones.

Aunque del lado del Ejecutivo hay hermetismo por la reunión que hubo el fin de semana, el ministro de Comunicaciones, Edmundo Lemus confirmó la misma, aunque señaló que él participo por ser integrante del Gabinete Económico, ya que según el funcionario se habló sobre la reactivación económica.

Sin embargo, los reclamos de parte de los diputados afines al oficialismo fueron más para Lemus, por los atrasos en la asignación de obras ya que no se ha erogado nada de los Q600 millones aprobados para los consejos de desarrollo en el decreto 20-2020.

Esta inconformidad de los diputados ha hecho que el Ejecutivo este en jaque ya que no cuenta con el apoyo político para aprobar el estado de Sitio de Izabal y Alta Verapaz y la prorroga del estado de Calamidad Pública por la emergencia del coronavirus.

Incluso hubo reclamos de porque los ministros atienden las solicitudes y citaciones de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y no de ellos que son los aliados. En la reunión uno de los ausentes fue el diputado Felipe Alejos, quien fue representado por Boris España y él fue quien le dijo: “le presento la excusa del diputado Felipe Alejos, es que ya lo alcanzó el coronavirus”. Se desconoce si el parlamentario está contagiado de covid-19.

A pesar de que el Ejecutivo ya publicó los decretos gubernativos sobre los estados de sitio en los municipios de El Estor, Morales y Livingston en Izabal y en Panzós y Santa Catalina la Tinta, Alta Verapaz, estos no han llegado al Congreso y esto es por la falta de consensos para aprobarlos de urgencia nacional.

Los diputados consideran que no llegan los decretos ya que están esperando enviar la quinta prórroga del estado de Calamidad Pública por la emergencia del coronavirus para que sean aprobados en tres lecturas, ya que si se conoce unos primero y otro después se tendrían que desarrollar seis sesiones.

El jefe de bloque de la UNE, Carlos Barreda indicó que en la reunión del fin de semana hubo reclamos por compromisos no cumplidos ¿Qué compromisos serán?, ¿serán plazas?, ¿obras?, ¿negocios?, ¿por qué el presidente hace una reunión a escondidas y expone a sus ministros a que los extorsionen y les exijan que les contraten gente o con proyectos?

“Ese mismo error que está cometiendo Alejandro Giammattei lo cometió Jimmy Morales hizo la reunión de gallina en crema con loroco, solo falta saber quiénes estuvieron y qué se discutió”, dijo Barreda.

Samuel Pérez del bloque Semilla indicó que no existen consensos de los aliados para aprobar los estados de excepción y más bien pareciera que no se van a aprobar y es por el incumplimiento de las obras a las que se comprometieron.

“Mi percepción es que no les están dando los proyectos que les están pidiendo, le sale muy caro al presidente estar otorgando proyectos por cada votación, algunas son evidentes, se ha visto al presidente en la inauguración de una carretera, la clave es el decreto 20-2020 donde se otorgaron Q600 millones a los consejos de desarrollo y ahí es donde puede estar el descontento en que no se los estén dando a tiempo”, refiere Pérez.

Por aparte, el Ejecutivo emitió una comunicación, sin señalar si fue en la Finca Santo Tomás en Escuintla, solo refieren que el presidente ha tenido reuniones con diferentes sectores para tratar temas coyunturales.

El presidente Alejandro Giammattei se reunió recientemente con representantes de la Comisión Presidencial de Reactivación Económica y la Comisión Presidencial de Protección Sanitaria ambas del Congreso, con el objeto de abordar temas importantes sobre la coyuntura nacional.

“La reunión se realizó para coordinar la integración de las mesas de reactivación económica y protección sanitaria con los equipos del Ejecutivo en el marco del presupuesto general 2021, en donde se han presentado propuestas concretas para la promoción de inversión y empleo, asimismo, se conoció la dinámica de salud junto con sus perspectivas de apertura gradual conforme al tablero de alertas covd-19”, refiere el comunicado.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Orlando Blanco indicó que el Decreto Gubernativo13-2020 que establece el estado de Sitio aún no ha sido enviado al Congreso por parte de la Secretaria General de la Presidencia, lo que es ilegal y que pone en riesgo la entrada en vigor del estado de Sitio porque la Constitución establece que se debe de conocer en termino de tres días.

“Ese tercer día se cumple hoy, por lo que el estado de Sitio no entrará en vigencia por ese incumplimiento de deberes y esa irresponsabilidad y de la Secretaria General de la Presidencia quien tendrá que entregar cuentas, no sabemos si es en conveniencia con el presidente del Congreso, como son del mismo partido eso se traerá a bajo la vigencia del estado de Sitio”, dijo Blanco.

El Decreto Gubernativo 13-2020 cumplió con los requisitos establecidos en la Constitución, ya que la Carta Magna en el artículo 138 señala que, en el propio decreto, se convocará al Congreso, para que, dentro del término de tres días, lo conozca, lo ratifique, modifique o impruebe. En caso de que el Congreso estuviere reunido, deberá conocerlo inmediatamente, cuestión que no ha sucedido.

El pulso de los  bloques aliados del oficialismo de mantener el control de la Junta Directiva del Congreso el próximo año empiezan a gestarse a seis meses  de que tomen posesión, pero con la intención de definir la estrategia que les permita mantener el control del Legislativo.

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Las piezas las empezaron a mover diputados que persiguen controlar la elección de cortes y que, aseguran, esta elección llegará hasta 2021.

Ahora la Directiva está a cargo del oficialista Allan Rodríguez, sin embargo, a 11 días del inicio del segundo periodo de sesiones, adentro del mismo bloque oficial Vamos se mueven las fuerzas políticas por el control del propio partido y las aspiraciones de más de uno de hacerse con la presidencia del Legislativo.

Nuevo presidente

El mismo Rodríguez podría volver  a postularse, sin embargo, los bloques aliados ya guardan distancia de esta posibilidad y en corrillos legislativos ya se ha informado que esta vez no apoyarían a nadie de Vamos para mantener el control del Congreso.

El acuerdo se habría alcanzado el fin de semana en una reunión en la finca Santo Tomás, en Escuintla, en donde asistieron los jefes de bloque afines a Vamos pero ningún legislador del bloque oficial.

En esa reunión, según fuentes cercanas al Congreso, se mencionó a Álvaro Arzú Escobar, del partido Unionista, y al diputado  Luis Rosales, del bloque Valor, como las opciones más viables para ocupar la presidencia del Congreso el próximo año.

Este primer encuentro y acuerdo previo entre las bancadas aliadas pondría fin a las aspiraciones de Rodríguez y las de Sergio Arana, actual jefe del bloque Vamos y un “candidato natural” para la presidencia.

El tercer vicepresidente de Congreso y diputado del bloque Viva, Armando Castillo manifestó que ha visto ese tema más en redes sociales que en la realidad.

“El tema no se ha discutido y a las otras bancadas no se nos ha hablado para buscar el apoyo. es muy prematuro, ahora vienen temas muy duros que pueden ser muy desgastante que van a influir en la continuidad o no del actual presidente. Estamos conscientes que cualquier cosa que se pueda plantear ahora, se puede caer, es muy prematuro”, dijo Castillo.

Candidatos y rivales

La discusión de la jefatura de Vamos y el candidato que apoyarían para la presidencia del Congreso en el 2021 podrá ser prematura, pero sale en medio de desgastes internos e inconformidades que ya han dividido las fuerzas del partido oficial.

El origen de la discordia se da por inconformidades en plazas 029 asignadas de manera discrecional, divergencia en los criterios del actual gobernador de Guatemala y la distribución de los Q600 millones en proyectos de infraestructura destinado a municipalidades.

En medio de estas diferencias de criterios, Rodríguez ya ha manifestado la intención que Shirley Rivera Zaldaña sea la candidata a la presidencia el próximo año, criterio que ya dividió las fuerzas en el bloque oficial.

Esta semana, en varios puntos de la capital se colocaron mantas en las que criticaban el trabajo de la diputada Rivera, y aunque en el Congreso se señaló a una muestra de la rivalidad en el partido, en las filas de Vamos lo niegan, aunque sí reconocen que no hay acuerdos para elegir a los líderes del bloque.

Esta intensión de Rodríguez y Rivera Zaldaña tiene el apoyo de tres diputados más, Mynor Mejía actual jefe de bloque, Duay Martínez y Alberto Cifuentes. Sin embargo, los 12 diputados restantes no están de acuerdo, este grupo estaría dirigido por Sergio Arana y Carlos Calderón. Arana busca también dirigir el Congreso o ser jefe de bloque.

El jefe de bloque de Vamos, Mynor Mejía indicó que es falso de que haya problemas en la bancada y que los 17 diputados que la conforman están unidos.

“El hecho de hablar de la jefatura o de la presidencia del Congreso es muy prematuro, creo que eso se empezará a discutir en noviembre. Lo que no me parece es el ataque que recibe la diputada Rivera, considero que el ataque viene por la intensión de llevar al procurador de derechos humanos, Jordán Rodas al pleno del Congreso”, dijo el parlamentario.

El oficialista Carlos Roberto Calderón, indicó que el diputado Sergio Arana tiene el legítimo derecho de buscar la presidencia del Congreso, aunque considera que aún es prematuro asegurarlo ahora. Respecto al diputado Rodríguez, ya es presidente y él entregará el cargo como es debido el 14 de enero, dijo Calderón.

Calderón señaló que actualmente el jefe de bancada es Mynor Mejía a quien todos respetamos y en su momento habrá una votación interna y surgirán los nombres que se señalan u otro que pueda postularse y será la mayoría de los 17 diputados los que elijan a la persona idónea para jefe de bancada el próximo año.

“Yo no tengo interés en participar como jefe de bancada o presidente del Congreso. El diputado Arana sería el candidato sería el candidato natural -presidencia del Congreso o jefe de bancada- de un grupo considerable de diputados y cuenta con el apoyo popular interno como para lograrlo”, expresó Calderón.

Calderón y Arana buscarían la intermediación del presidente Alejandro Giammattei y sea él quien defina los cambios en la bancada. Ambos diputados tienen la confianza de Miguel Martínez director del Centro de Gobierno y cercano a Giammattei.

El presidente de la Comisión de Postulación para la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia, Félix Serrano, sigue al frente del grupo porque, según la ley, la Comisión no se disuelve hasta que se elija a las nuevas autoridades.

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Elección de magistrados podría llevar más tiempo

En una entrevista a Prensa Libre, Serrano habla sobre el actual atraso de la elección de magistrados en el Congreso, así como, según él, los intereses que existen de distintos sectores y operadores para interferir en los procesos de postulación.

¿Cómo ve el retraso en la elección de Cortes?

Es un hecho lamentable que nos encontremos con nueve meses de retraso en la elección de las cortes, deberían de haber tomado posesión el 13 de octubre del 2019. Conocemos las vicisitudes que han dado, de amparos en diferentes instancias y las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad —pero— la Corte de Constitucionalidad determinó que el Congreso debe realizar la elección razonando cada uno de los miembros el voto de los candidatos, esta es una dificultad evidentemente grandísima.

¿Por qué es una dificultad?

Porque en las comisiones de Postulación, donde el número de personas que las integramos fue mucho menor, era de 37 personas, y aquí nos encontramos con 160 diputados que tiene que dar su voto por cada candidato, y estamos hablando que para las salas de Apelaciones son unos 225 candidatos, por lo que, indudablemente, es una dificultad de cómo proceder, sabemos completamente que las decisiones que toma el Congreso son políticas, que de eso no nos quede duda, y esas decisiones del Congreso en los votos, incluso van votos de partidos, por consiguiente, los partidos tiene que ponerse de acuerdo de los candidatos por los cuales van a votar.

¿Cómo podrían hacer la elección?

El Congreso va a tener que recurrir al sistema que las comisiones de Postulación hicieron sobre la elección de los candidatos, ponerse de acuerdo en torno a 30 personas y comenzar la votación afirmando cada uno de los miembros si este candidato cumple o no con los requisitos constitucional que indica la idoneidad, capacidad y honorabilidad de estas personas para el cargo y así hacerlo; evidentemente son grupos que se tienen que poner de acuerdo para llegar a ese tipo de votaciones, eso es lo que están haciendo ahora.

¿Cree que hay intereses externos que tratan de atrasar la elección?

Yo diría que son intereses internos de todos los poderes del Estado. Sabemos nosotros que, evidentemente, el próximo año, en los primeros meses, hay elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad, y hay algunos que quisieran retrasar lo más posible para encontrase con otra Corte de Constitucionalidad, y por otra parte, indudablemente, lo que sí es evidente en este tipo de situaciones es que los congresistas y el Estado en general busca impunidad, y una de las maneras de lograrla es a través de tener jueces a fines a sus intereses.

¿Cómo vio usted el proceso de la comisión que usted dirigió?

En la comisión que yo dirigí estuvimos muy apegados a la ley, y en ese sentido los diversos amparos que presentaron no encontraron motivos para impedir el proceso, por aparte, se vieron los intereses de los diversos grupos procedentes unos de las salas de magistrados, otros decanos y otros del Colegio de Abogados que tenían sus candidatos, a quienes defendieron a capa y espada buscando en lo posible bajar las calificaciones, eliminar algunos requisitos, etcétera. Todo ese proceso de ajustar la comisión a sus intereses se vivió y eso fue público, están en las grabaciones de todas esas sesiones y se pueden ver quiénes fueron los que propiciaron ese tipo de cosas. Intereses de parte de esos grupos para que fueran elegidos sus candidatos.

¿Esos intereses también están en el Congreso?

Por su puesto, ahí prácticamente se ve concretamente que tienen intensión de seleccionar a determinados magistrados y esos magistrados han sido candidatos de las comisiones de Postulación, por consiguiente, hay una relación entre participación en las comisiones y en el Congreso.

¿Cómo presidente tuvo presiones o amenazas para desistir o apoyar a algún candidato?

No recibí ningún correo, ni whatsapp, ni teléfono, en ese sentido, mis declaraciones eran suficientemente elocuentes para decir que no cuenten conmigo, y definitivamente mi posición fue siempre: los mejores en todo sentido, desde cualidades humanas, morales, éticas, profesionales y los que mejor puntaje tienen.

¿Volvería a dirigir una comisión de Postulación?

No, se los dejo a los rectores con mucho gusto, yo creo que la experiencia que he ido acumulando la puedo proporcionar a los caminos de reforma, con muchísimo gusto, pero una participación directa no, es preferible que lo tomen otras personas.

¿Usted cree que se debe reformar la forma de la elección de magistrados?

Por supuesto, es fundamental, pero acá nos encontramos con el escollo de la reforma constitucional y yo soy de la opinión de que los magistrados de sala deben ser elegidos a través de la carrera judicial, por méritos y por años de servicio, pero eso implicaría a que ellos tengan más estabilidad, porque hacer una carrera y estar cuatro años en el puesto y después fuera.

Sería interesante observar las propuestas que se han dado para que en la CSJ sean 15 miembros, tres por el ejecutivo, tres por el Congreso, tres por los magistrados de sala, tres por el Colegio de Abogados y tres por los decanos, aunque siempre se corre el riesgo de que las postulaciones de los candidatos tengan las mismas tendencias que se han observado en las comisiones de postulación.

Esta sería una medida paliativa a que sea el Congreso el que los elija, esta forma podría ser más equilibrada y daría más aportes de otras instituciones.

¿Cómo se debe entender la figura de esos operadores que han manipulado la elección?

Lo que buscan es defender sus intereses, ya sea políticos, judiciales, lo que habría que perseguir es a los operadores de estas comisiones de postulación, estos son los responsables de muchos de los vicios en las comisiones.

Nos hemos encontrado en proceso anteriores que el ejecutivo tenía un operador, el Congreso un operador, el rey del tenis —Sergio Roberto López Villatoro— otro operador, no solo no es ético, sino que desvirtúa la finalidad con la que fueron creadas las comisiones de postulación.

¿Qué lección le deja este proceso?

Una lección amarga, porque en realidad uno se encontraría satisfecho cuando se cumplen los objetivos en un tiempo determinado y esto no se ha realizado, y aparte, en los procesos en los que he tenido a mi cargo, este ha sido el más claro, el más transparente en cuanto a la comunicación y diálogo con la prensa y con otras instituciones, la comisión dio a conocer los expedientes de todos los candidatos, las actas de las sesiones, en fin, todo. Satisfacción para todas aquellas personas las que estuvimos luchando.

Se hablaba qué grupos de sociedad civil no querían que el anterior Congreso eligiera magistrados. ¿cree que le salió al revés la cosa?

Desde el principio esa intensión fue muy clara, el atraso del proceso para que fuera el nuevo Congreso, pero yo creo que la misma elección de los candidatos en el Congreso les ha hecho ver que no es que hayan cambiado tantas las cosas, pudieron haber cambiado nombres de partidos y todo lo demás, pero el Congreso es lo que es y por tanto en realidad ahora no es que tengan tanta confianza de que el Congreso vaya a realizar una elección como imaginaban en el país de nunca jamás y que daca uno de los congresistas va a dar su voto individual independientemente del partido al que pertenece.

¿Cómo ve el trabajo de la Corte de Constitucionalidad?

La situación en Guatemala desde este punto de vista es anormal, no hay tres poderes sino cuatro y dentro de ellos el poder supremo es la Corte de Constitucionalidad, yo considero que una reforma es necesaria, en donde la Corte de Constitucionalidad se constituya como una sala dentro de la Corte Suprema de Justicia para que esta sea verdaderamente la Corte Suprema y esa sala tiene que limitarse a solo el tema constitucional y no conocer los amparos como se hace ahora que cualquier hijo de vecino llega ala CC a presentar un amparo y se salta todos los procesos anteriores, por lo que es necesaria una reforma, la Corte de Constitucionalidad ha rebasado los limites según los especialistas que no solo se está ateniendo a la letra de la constitución, sino que reinterpreta la Constitución y esa interpretación en la que señala plazos y días esta fuera de sus atribuciones propias. Independientemente de los fallos cuestionables, no está jugando a mi modo de ver donde se ajuste a lo constitucional en el tratamiento de los temas.

El embajador de Alemania en Guatemala, Harald Klein, asumió la presidencia del G13 —grupo de donantes— y concedió una entrevista a Prensa Libre para hablar sobre la cooperación que darán al país en apoyo a la lucha contra el covid-19.

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Alemania asume la presidencia del G13 en un momento muy importante en este segundo semestre de 2020, ya que también preside el Consejo de la Unión Europea —de julio a diciembre—, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas —julio— y celebra sus 30 años de reunificación.

Entre la expectativa por presidir el G13, el embajador Klein también reflexiona sobre la importancia que tiene el estado de Derecho, la certeza jurídica, para que haya inversión no solo local, sino extranjera.

¿Cómo ve el momento en que asume la presidencia del G13?

Es un momento bastante particular porque habíamos planificado ciertas cosas, ciertas actividades. Inclusive habíamos planificado la entrega de la presidencia pro tempore entre Francia y Alemania con un coctel presencial con los integrantes del G13 y algunos integrantes del Gobierno y de sociedad civil, pero nada de eso se pudo hacer, por la pandemia.

¿Cómo están trabajando con el tema del coronavirus?

Ya estamos reducidos a videoconferencias. La primera fue con el canciller Pedro Brolo, por los seis meses del nuevo gobierno, y el 15 tuvimos una conversación virtual con el grupo de diálogo y cooperación del G13, con la ministra de Salud, la doctora Amelia Flores; la diputada Lucrecia Hernández Mack y con el doctor Óscar Barreneche, de la OPS —Organización Panamericana de la Salud—. porque el tema que nos preocupa, a todos, no solo a Guatemala, sino que a la comunidad internacional, es el tema de la pandemia.

¿De qué manera podrían establecer los proyectos con los que apoyarían al país?

Vamos a hacer una reunión con los jefes de la cooperación, tanto de los países como de las organizaciones internacionales que integran el G13, van a ver cómo se puede aterrizar, en base a las necesidades que nos han articulado los invitados en la videoconferencia. Varias de nuestras instituciones tienen actividades para apoyar y lo que toca es coordinar y priorizar esfuerzos. Uno de los retos del G13 es coordinar y organizar los esfuerzos para ayudar al Gobierno para superar esta crisis.

¿Qué prioridades han identificado y dónde pueden apoyar a Guatemala?

Ahora el tema va a ser la lucha contra la pandemia y después la lucha contra las consecuencias de la pandemia, consecuencias económicas, laborales, comerciales, turismo, hotelería, etcétera.

A principios de septiembre vamos a tener una reunión del G13 con el Ministerio de Economía, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, las cámaras de Industria y Comercio y con la sociedad civil. Todos los esfuerzos hay que unirlos para obtener resultados. Es un reto para todos y no solo para la comunidad internacional.

Aconsejar cómo varios de los países hemos tenido la experiencia con la reapertura y con lo que podemos aprovechar la experiencia de las mejores prácticas en estos países o regiones. Podemos dar consejo sobre cómo implementar la liberación de los impuestos para los medicamentos para tratar el covid-19, así como los insumos. Hay que analizar las prácticas exitosas aplicadas en otros países, como tenemos ocho países y cinco organizaciones del G13 para aprovecharles.

¿Habría un reenfoque en esa prioridad?

Yo creo que sí, las prioridades que hemos definido para el segundo semestre para esta presidencia —del G13— es el tema salud, y no solo a corto plazo, sino a mediano y largo plazo; el tema de la recuperación económica del país y cómo se puede ayudar a reiniciar las actividades económicas.

Sabemos que se tenía planificado un crecimiento del producto interno bruto del 3 al 4 por ciento, y ahora los pronósticos son de 3 y 4 por ciento negativos. Entonces hay que ver qué se puede hacer y debe hacer para minimizar los efectos negativos de esta situación fatal, y sabemos que hay mucha crisis alimenticia y en regiones del país hay problemas de acceso a servicios de salud.

Sin olvidar el tema que para nosotros las instituciones y países representados en el G13 es muy importante, como el estado de Derecho; la certeza jurídica, la división de poderes es todo lo que forman las bases para la democracia. No hay que subordinar todo a la crisis, creo que tenemos la obligación de apoyar a las autoridades y a las instituciones de Guatemala en establecer y garantizar las reglas de la democracia.

¿Cómo puede ayudar el G13 al manejo de la pandemia en Guatemala?

Estamos trabajando la mayoría de las instituciones, tanto a nivel bilateral y multilateral, para encontrar maneras, y pongo de ejemplo a Alemania: como no vamos a tener vacunas pronto, los expertos dicen que en marzo o abril del otro año habría una vacuna, y hacia esa fecha hay un camino largo y complicado, por lo que tenemos que buscar vías y maneras de apoyar a Guatemala. Y nosotros, como embajada y gobierno de Alemania, estamos haciendo esfuerzos en donaciones de equipo de protección para los médicos, cosa que cada día está en la prensa, que ellos reclaman, y sería para todo el personal de Salud, por lo que ya está lista una primera entrega en estos días.

¿Les preocupa a ustedes que se dé un retroceso en la lucha contra la corrupción y la impunidad?

Creo que cada una de las instituciones, y cada uno de los países, está muy atento en la lucha contra la corrupción y también al fortalecimiento del estado de Derecho y la justicia, esos son temas macros que no cambian en nuestra atención. Estos temas están en el debate y discusión en el G13. Muchos tenemos programas para ayudar y cooperar en las instituciones que están activos en este campo, tanto como instituciones del Estado como de la sociedad civil.

Esto les dije a mis compañeros del G13, que como amigos y aliados de Guatemala compartimos el interés con los chapines de tener un Estado basado en los valores democráticos y la separación de poderes, y el respeto a los derechos humanos. Eso se ha convertido en una condición para los potenciales inversionistas en Guatemala, quienes quieren certeza jurídica, reglas claras y transparentes. Si no ven eso no van a venir a invertir o arriesgar su dinero, y esto vale para inversiones tanto nacionales como extranjeras.

¿Cómo ven desde el G13 el atraso en la elección de las Cortes y un Congreso distante de la Corte de Constitucionalidad?

Guatemala es un país soberano y no vamos a comentar las discusiones entre las diferentes Cortes y el Congreso involucrados, pero sí lo vemos con cierta preocupación. Vemos que es necesario buscar un arreglo al problema. Y a largo plazo —es necesaria— una reforma constitucional que facilite, por ejemplo, la elección de los magistrados. El sistema actual fue elaborado con buena intención por los constituyentes, pero creo que no ha mostrado su viabilidad, por lo que se podría pensar en algún momento en una reforma del sistema.

¿Cómo apoyarían en el fortalecimiento del sector justicia?

Estamos con muchos proyectos, Estado Unidos, Alemania estamos trabajando con el Ministerio Público. Italia, Inglaterra y Canadá también trabajan en eso, estamos bastante activos para fortalecer la justicia y con eso fortalecer la gobernabilidad, porque es importante que haya un estado democrático con instituciones independientes, transparentes y que funcionen con reglas claras y no acordadas y aceptadas por todos.

¿Cómo ven que el Congreso se atrase en la elección de los magistrados del Organismo judicial?

No puedo comentar, pero si creo que es necesario buscar un dialogo entre las partes entre el Congreso, Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad para que todos puedan llegar a una vía aceptable para resolver este tema y este conflicto.

En el evento participaron 34 empresas que ofertaron para los diferentes productos que se pretenden adquirir para el Ministerio de Salud.

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El proceso cerró este martes, luego de darse una prórroga de 18 días, ya que la primera fecha de recepción de ofertas estaba prevista para el 26 de junio, sin embargo, por unas preguntas que hicieron algunos proveedores, la recepción de ofertas se traslado para este 14 de julio.

En este evento se busca adquirir productos que servirán para la protección y evitar un contagio por parte de los médicos o enfermeras, las cantidades que se buscan adquirir son millonarias.

Se pretende adquirir guantes, protectores faciales, lentes, trajes de bioseguridad, mascarillas de tres capas y de N95 con y sin válvula, gorros de protección para enfermeras, caretas, entre otras.

Con este contrato abierto se espera dejar atrás la imposibilidad del Ministerio de Salud de adquirir ese tipo de insumos, ya que procesos anteriores para lograr este tipo de compras fueron anulados.

En su momento se subieron a Guatecompras nueve concursos para adquirir 15 insumos diferentes, no obstante, las mismas se anularon, pero a pesar de que los procesos de excepción permiten agilizar las compras esto no ha sucedido.

El viceministro de hospitales, Francisco Coma indicó que ayer el martes pasado se finalizó con el proceso de recepción de ofertas por lo que ahora la Junta de Licitación tendrá 10 días para adjudicar a los oferentes.

El consultor de Acción Ciudadana, Marvin Flores considera que el Contrato Abierto ahora tiene más beneficios que antes, esto debido a la reforma que se le hizo a la Ley de Contrataciones del Estado en el 2016.

Flores considera que lo difícil de este tipo de compra es llegar a un proceso exitoso. Es uno de los mejores mecanismos de adquisición, el problema es que al igual que otros mecanismos es más difícil finalizarlo.

“Solo llegar a la recepción de ofertas ya es bastante, obviamente es culminar el proceso. Lo difícil es que lleva más tiempo, es complejo porque hay muchos intereses en juego, incluso se llega a procesos judiciales. Lo que se busca es tener productos de calidad y de varios proveedores, si uno incumple o se queda sin existencia hay otro que lo puede suplir”, dijo el experto.

El consultor explicó que no siempre, pero en algunos casos los productos tienen un leve incremento por lo tardado en los pagos por parte de las entidades del Estado. Sin embargo, es un tema difícil de comprobar.

Flores indicó que con la reforma del 2016 ya no se puede prorrogar de manera indefinida un contrato abierto, ahora solo se permite uno o dos años. “Antes se podía prorrogar un contrato abierto hasta por 10 años.

“Por desconocimiento en las instituciones del Estado, compra productos a través de otra modalidad, sin percatarse que el producto está en contrato abierto, por lo que es recomendable hacerlo por esta modalidad”, dijo el experto en contrataciones.

Beneficios de la modalidad

Irene Flores consultora del Centro de investigaciones Económicas Nacionales (Cien), considera que los principales beneficios es asegurar el abastecimiento porque se hace un proceso de selección, evaluación y adjudicación y que dentro de las bases se establece que la empresa tenga la capacidad de proveer de manera permanente.

“En contra lo que tiene el contrato abierto es la calidad técnica de las especificaciones, se espera que realmente se haya hecho un buen análisis de inventarios para incluir los niveles de surtido que debe tener el producto”, dijo Flores.

La experta considera que normalmente en la elaboración de las especificaciones técnicas es donde más fallan los procesos de adquisición. “No sabemos comprar, en las entidades públicas no tienen esa capacidad de comprar, porque se necesitarían estudios de inventarios, de costeo, de logística, es comprar para distribuir”, refiere.

¿Qué es un Contrato Abierto?

Según el artículo 46 de la Ley de Contrataciones del Estado, el Contrato Abierto es una modalidad de adquisición coordinada por el Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección General de Adquisiciones del Estado, con el objeto de seleccionar proveedores de bienes, suministros y servicios de uso general y constante, o de considerable demanda, previa calificación.

Esta modalidad puede solicitarse a través de dos o más instituciones a excepción de los ministerios de Salud, Educación, Gobernación y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que lo podrán hacer de manera individual.

Para los efectos del contrato abierto, deberá tomarse en cuenta la compra por volumen que incide en mejores precios y la estandarización de especificaciones que hacen más económica y práctica la adquisición.

Por ningún motivo se realizarán contratos abiertos con proveedores únicos.

Las unidades ejecutoras, previo a emitir la orden de compra para adquisiciones por contrato abierto, deben verificar los precios de referencia que publica el Instituto Nacional de Estadística -INE- y dejar constancia de dicha verificación para garantizar que, en el mercado, los precios de los bienes a adquirir son iguales o mayores a los de contrato abierto.

¿Cuál es su objetivo?

La misma normativa establece que su objetivo es obtener los mejores precios y estandarización de los productos que hacen más económica y práctica la compra, garantizando que las compras se hagan con eficiencia, efectividad, y calidad para beneficio de los intereses del Estado.

Compran pruebas

El ministerio de Salud adjudicó el pasado lunes por la noche y por medio de la modalidad de compra directa 120 mil pruebas rápidas de antígeno para la detección de coronavirus a la empresa Labymed, S.A.

La compra se hace de esta forma luego de que se declarara desierta una compra con la misma cantidad de pruebas, debido a que el único oferente no entregó una muestra del producto a tiempo.

A pesar de que el Ministerio de Salud invitó a participar a las empresas Almar Diagnostica, S.A., Diagnostika Capris, S.A., Imexmed, S.A., Diprolab, S.A., Productos Roche Guatemala, S.A., y Labymeda, S.A., esta última fue la única que ofertó el producto.

La cartera de Salud adquirió a Q198 cada prueba para hacer un monto de Q23 millones 760 mil.

Salud mantiene la confianza a estás pruebas a pesar de que los epidemiólogos han señalado que estos tets tiene una sensibilidad para detectar el virus del 65 por ciento, y el 35 por ciento restante pueden dar falsos negativos, por lo que a ellos se les tiene que hacer una segunda prueba de PCR.

Mientras julio se consume el segundo aporte del Bono Familia aún no está listo para entregarlo a los 2.5 millones de beneficiarios que, según el Ministerio de Desarrollo Social, han calificado para obtener la subvención gubernamental en medio de la pandemia de covid-19.

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Desde el Mides, aunque la fecha del segundo pago todavía no está definida, sí lo está la necesidad de solicitar una ampliación del presupuesto del programa que, de otra forma, no alcanzará para hacer el tercer desembolso de Q1 mil.

Mientras tanto, en el Organismo Legislativo algunos diputados todavía no están convencidos de la necesidad de una ampliación presupuestaria porque no está claro cuánta gente está en el padrón de beneficiarios y los atrasos en el segundo desembolso también hacen dudar de la eficiencia de la administración del programa.

Oficialmente, el viceministro de Desarrollo Social, Juan Pablo González Bonilla, durante una citación oficial con la bancada Compromiso, Renovación y Orden, (Creo), dijo que por ahora solo 1 millón 685 mil 859 familias recibieron el primer pago de Q1 mil cada una, aunque el programa está previsto para 2 millones de beneficiarios, con un total de Q6 mil millones en fondos.

González Bonilla dijo a los diputados que parte de los atrasos fue que el mismo Congreso ha ampliado la cobertura a 600 mil personas más, pensionadas del Seguro Social y ahora los beneficiarios deben llenar una encuesta telefónica para afiliarse al programa y ahí están los atrasos.

“No tienen certeza de cuanta gente es la excluida por el tema de jubilados, no saben cuanta gente más van a tener que incluir. En este momento no creo que van a necesitar más plata, si ni siquiera han podido llegar a los dos millones de familia que se tenía previsto beneficiar”, dijo Rodolfo Neutze, jefe del bloque Creo.

Una preocupación manifiesta de Neutze es que oficialmente no hay un registro de cuántas personas finalmente serán beneficiadas. “El presidente -Alejandro Giammattei- fue el que dijo que iban a necesitar dinero para otras 600 mil familias, pero no sabemos de dónde sacaron ese número”, señaló.

El bloque Creo citó al funcionario del Mides porque “hay muchas quejas de guatemaltecos que no han recibido el Bono”.

Quejas a diario

El tercer vicepresidente del Congreso, Armando Castillo indicó se ha atrasado el segundo pago por la encuesta que están llenando las personas en dónde les preguntan si tiene a algún niño con desnutrición, adulto mayor o discapacitado.

“Es preocupante porque está muy claro y lo ha dicho el ministro -Raúl Romero- que el llenar o no la encuesta no implica que no se vaya hacer el pago, a diario recibimos quejas de las personas que reclaman que nos le llega el segundo pago y los recursos para el segundo pago están, el hecho de levantar una encuesta está bien, es un mecanismo para obtener alguna información, siempre y cuando que no sea una condicionante para no dar el segundo pago”, dijo Castillo.

El parlamentario señaló que hasta el momento no ha habido una petición para que se les amplíe el monto para ese programa, ya que se tiene asignado un monto total de Q6 mil millones. “Creo que sería un tema por evaluar y estamos por recibir el informe que se les pidió para ver cómo va la ejecución de esos recursos”, refirió.

El jefe de la bancada humanista, Rudio Lecsan Mérida indicó que este proceso va lento, pero que de cualquier modo se debe de superar con la entrega del segundo pago.

“Yo lo que asumo que son las mismas razones de la poca ejecución presupuestaria, y además que hay exceso de burocracia y creo que la administración pública no ha logrado entender que estamos bajo el imperio de la Ley de Orden Público y en ese sentido las cosas deben de caminar más rápido, tampoco encuentro la diferencia de la ejecución presupuestaria que se tiene en tiempos normales a hora con la crisis y estamos en julio y el presupuesto aún no lo pueden ejecutar”, explicó el parlamentario.

Será esta semana

El titular del Mides, Raúl Romero, más optimista que su viceministro, señala que entre un 80 y 90 por ciento de beneficiarios han actualizado sus datos y el pago del segundo desembolso se podría hacer al final de esa semana, aunque, reconoce, todavía hay un grupo de personas que no han recibido el primer aporte porque se amplió el plazo de inscripción hasta el 15 de julio por la ampliación de la base de candidatos al Bono hecha por el Congreso.

“Con los recursos que hay tenemos para pagar perfectamente el primer y segundo pago y el tercer aporte, como ya va a haber un gran total, habría que ver cuánto de saldo queda para hacerlo, pero tendría que ser menor a los Q1 mil”, advirtió Romero.

Hasta ahora el Mides dice no saber cuánto dinero necesitarían para cumplir con los tres aportes del programa y la incógnita llega hasta la cartera del Tesoro, aunque esta última podría hacer una modificación presupuestaria interna y quitarle a un programa que no haya avanzado en su ejecución y trasladarlo al Bono Familia.

Finanzas, por ahora, se concentra en terminar las gestiones para poder trasladar los recursos suficientes para cubrir el segundo desembolso que es esperado por las familias beneficiarias desde el 1 de julio.

La modificación de la ley

El decreto 22-2020 con el que se ratificó la ampliación del estado de Calamidad Pública por un mes más, también se incluyeron modificaciones al decreto 13-2020 que da beneficios a personas que resulten afectadas económicamente por la pandemia del coronavirus como el programa del Bono Familia..

En estas modificaciones se incluye para ser beneficiados a los pensionados y jubilados ya sea del Estado o del Seguro Social que reciban menos de Q2 mil al mes de pensión.

También establece la priorización de los beneficiarios en pobreza, madres solteras y hogares monoparentales, adultos mayores, las personas con discapacidad, las personas con enfermedades crónicas y degenerativas, y las familias con niños o niñas en estado de desnutrición debe realizarse por núcleo familiar, aunque estos convivan en un mismo lugar de residencia, de forma que cada núcleo familiar de las personas priorizadas pueda ser beneficiario del programa.

Con lo que beneficia a más núcleos familiares que residan en una sola vivienda y que solo tengan un contador de energía eléctrica.

También se benefician a aquellas personas o familias que no gozan del servicio de energía eléctrica para que reciban el beneficio de forma efectiva e inmediata.

Mientras está en evaluación una cuarta compra de tarjetas para impresión del Documento Personal de Identificación (DPI), la empresa Mühlbauer id Services GmbH gestiona la donación de una impresora de última generación al Registro Nacional de las Personas (Renap), aunque, asegura el proveedor, esta acción no está condicionada a la adjudicación del evento que cotizó en Q23 millones.

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El Renap recibió en donación de la empresa una impresora Mühlbauer SCP1500 un equipo con la capacidad de impresión de hasta 1 mil 500 documentos, pero, por las características del DPI, y por las medidas de seguridad y controles de calidad, fue configurada para imprimir solo 900.

El Renap, a través de su Dirección de Comunicación Social indicó que la donación fue aceptada por el Directorio de la institución y que solo faltan los trámites internos para que comience a funcionar. El equipo se entregó con garantía de 1 año por desperfectos de fábrica.

La oficina de comunicación manifestó que el valor de la donación se estima en Q2 millones 300 mil, monto alejado del precio comercial del equipo, ya que únicamente es para efectos de estimación de costos mínimos.

Mühlbauer ha ganado desde 2019 cuatro licitaciones con el Renap, aunque una de ellas fue suspendida por la Contraloría General de Cuentas. Las tres restantes suman Q50 millones 465 mil, dos concursos para dotar cuatro millones de tarjetas de DPI y el mantenimiento de una impresora Mühlbauer SCP60 que adquirió la institución en el 2016. Solo la venta de las tarjetas suma Q49 millones 640 mil.

Para este año el Renap tiene previsto comprar otros cuatro millones de tarjetas para la impresión del DPI en dos eventos distintos, la recepción de ofertas del primer concurso finalizó el 17 de junio y está en evaluación de las ofertas presentadas por las empresas Productive Businness Solution, S.A., y Mühlbauer. Mientras que el segundo concurso estaba previsto para el pasado 10 de julio, sin embargo, se trasladó para diciembre.

A consideración del Renap, no existe un conflicto de interés en recibir una impresora de una empresa proveedora y que actualmente compite por más contratos, porque la donación no está condicionando ninguna adjudicación.

“Actualmente las tarjetas que ha entregado esta empresa funcionan en cualquiera de los equipos que ya posee Renap, pues es una condición especial necesaria en todos los contratos de adquisición de tarjetas de policarbonato”, dijo la institución.

El Renap indica que tienen en propiedad los siguientes equipos, además de la donación que están por recibir: un equipo Mühlbauer SCP60 y dos equipos Datacard MX6100. Asimismo, los equipos MPR 5800 Datacard que entregó la empresa Easy Marketing, que no están en producción, ya que el fabricante ya no da soporte.

El Renap asegura que esta última impresa ya está disponible pero no está en funcionamiento porque se encuentra en proceso administrativo de regularización de bienes para que sea de su propiedad.

El representante legal de la empresa Mühlbauer, Welter Lucero, informó que tuvieron que traer esa impresora desde Alemania debido a que al inicio del año el Renap ya empezaba a utilizar las tarjetas que les fueron adjudicadas en el 2019 a la compañía, sin embargo, la impresora Datacard no imprimía y la empresa a cargo del soporte no lograba configurar los láseres para la impresión del DPI.

“Los DPI se imprimen en unas máquinas que se llaman Datacard y quienes deben de darle mantenimiento es la empresa Productive Businness Solution, S.A. (PBS), El primer lote de tarjetas de Mühlbauer se empezó a usar enero de este año, cuando se terminaron las que esta empresa había vendido de la marca Gemalto, por lo que se tenía que configurar para que estas máquinas imprimieran en nuestras tarjetas, pero empezaron a surgir inconvenientes de calibración en los laser, por lo que los DPI empezaron a salir defectuosos”, explicó Lucero.

El representante legal manifestó que como empresa les preocupó que no se pudieran imprimir de una forma correcta los DPI, y la casa matriz dijo que traería una máquina para ponerla a disposición del Renap, por si el problema de los laser persistía y no se lograba arreglar.

“Por eso es que surge la idea de traer el equipo, e ingresa a Guatemala en abril de este año y cuando estaba en la aduana nos informan que los técnicos de PBS lograron calibrar las impresoras Datacard, pero ya la impresora ya estaba en el país y se habían pagado los gastos que recurría traerla, y era difícil devolverla; y por eso el 30 de abril se les envió un oficio al director ejecutivo de Renap donde se le informa que se donaría la impresora, como soporte, por si se desconfiguraba de nuevo la impresoras Datacard”, explicó Lucero.

El representante de la empresa considera que no hubo una mala fe de la empresa que tenía que configurar las impresoras, lo que señala es que el técnico enviado tal vez no tenía el conocimiento para lograr la configuración, que después se dio. Y ellos tuvieron que demostrar con la impresora Mühlbauer que el Renap había adquirido antes, que sí funcionaban las tarjetas que les habían vendido.

Lucero también señala que, a su consideración, no existe conflicto de interés con las licitaciones futuras, ya que la intención de la donación no nace por situaciones que hayan querido, sino surge por un inconveniente que se dio fuera de sus manos.

Se buscó la postura de la empresa PBS, S.A., sin embargo, no ha emitido opinión al respecto.

Viejo oferente

Mühlbauer ya había dotado de tarjetas para la impresión del DPI al Renap en el 2016, cuando la empresa Documentos y Soluciones de Identificación, S.A., (Dosolid), tenía la representación de esa marca en Guatemala. En esa ocasión le compraron 2 millones de tarjetas por Q29 millones y en diciembre de ese año una impresora SCP60 por US$300 mil.

PBS, quien actualmente tiene a cargo el mantenimiento de la impresora Datacard, también le ha vendido tarjetas para DPI al Renap. Incluso, por no haber podido poner en funcionamiento las impresoras que había dejado la empresa Easy Marketing, según un contrato de mantenimiento preventivo y soporte técnico de Q10.4 millones, la empresa cedió los derechos de las dos impresoras Datacard MX6100.

Ranero indicó que el galeno falleció como paciente del Hospital de Especialidades de Villa Nueva y que la causa de su deceso había sido covid-19.

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Dedican emotivos mensajes de despedida al Dr. Óscar Hernández, quien murió por coronavirus

El doctor se dedicaba a su práctica privada en su clínica ubicada en la avenida Bolívar, frente a la la estación de la Policía Nacional Civil, en la zona 8 de la capital.

El fallecimiento de Alvarado López se da a conocer el fin de semana en que dos médicos murieron a consecuencias del nuevo coronavirus. Uno de ellos fue el médico del Deportivo Siquinalá, Luis Eduardo Hernández Polanco, quien también fungió como director ejecutivo del Hospital San Juan de Dios.

El otro caso fue el del médico Óscar Hernández Alonzo, quien trabajó como médico en el Hospital temporal del Parque de la Industria. Hernández Alonzo también fue uno de los primeros en denunciar públicamente las carencias de insumos de protección para el personal sanitario.La cifra de médicos fallecidos por el coronavirus sigue en ascenso. Hasta el pasado sábado las autoridades del Ministerio de Salud contaba a 11 médicos fallecidos por covid-19.

El expresidente del Colegio de Ingenieros de Guatemala, Joram Matías Gil Laroj, murió el sábado último a consecuencia del coronavirus, se informó este domingo 12 de julio.

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La Universidad de San Carlos de Guatemala lamentó la muerte de Gil, quien fue presidente del Colegio de Ingenieros en el periodo 2013-2015; además, el profesional era catedrático universitario de Ingeniería Sanitaria.

Se informó que Gil Laroj estaba recluido en un sanatorio privado, donde falleció por complicaciones causadas por el Covid-19.

El Colegio de Ingenieros, asociaciones y entidades gremiales también lamentaron el fallecimiento del profesional, quien era ingeniero civil, colegiado dos mil 318.

El rector de la Universidad de San Carlos, Murphy Paiz, se despidió de su amigo con un emotivo mensaje.

“Dios reciba tu alma y acompañe tu nuevo camino; rogamos paz y fuerza para tu familia, especialmente a tu apreciable esposa e hija. Valoramos la oportunidad de haberte conocido, el de haber trabajado juntos, y la confianza en que todo tiene un propósito. Fe en nuestro Señor”, dijo Paiz.

Descanse en paz. pic.twitter.com/tm6pC6yTI2

— Soy USAC (@SoyUSAC) July 11, 2020

Cifras

Guatemala registró el sábado 11 de julio 979 nuevos casos de coronavirus y 33 muertes en las últimas 24 horas, incluyendo dos miembros del personal de salud.

El país contabiliza un total de mil 172 fallecidos por el coronavirus y 28 mil 598 personas contagiadas de la enfermedad, de acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud.

Entre los 33 fallecidos del último día se incluye al médico Óscar Hernández y al enfermero José Manuel Fuentes, ambos miembros del sistema de Salud pública.

La Oficina de la UNESCO en Guatemala, lamenta el sensible fallecimiento del Ing. Joram Matías Gil Laroj, Director de la Cátedra UNESCO de Gestión de Recursos Hídricos de la USAC.

Expresamos nuestras sentidas condolencias ante tan irreparable pérdida. pic.twitter.com/DOIS4FSKOR

— UNESCO en Guatemala (@UNESCOgt) July 12, 2020

El médico Óscar Hernández, de 45 años, trabajaba como jefe de turno de encamamiento en el hospital de campaña del Parque de la Industria.

El enfermero Fuentes, por su parte, trabajaba en el Hospital de Malacatán, San Marcos.

La mayor cantidad de fallecidos en un solo día (49) debido al coronavirus ha sido reportada por las autoridades en dos ocasiones, 26 de junio y el 8 de julio, y le siguen posteriormente los 47 decesos contabilizados el viernes.

Que en paz descanse Ingeniero Joram Gil, pic.twitter.com/YqhTSGn4g8

— RESEARCH USAC (@ResearchUsac) July 12, 2020

Al menos mil 500 funcionarios y servidores públicos guatemaltecos han contraído el coronavirus, incluyendo 28 fallecidos entre miembros del sistema sanitario, policías, agentes de tránsito, trabajadores del Organismo Judicial y personal del presidente guatemalteco.

Este domingo, Giammattei anunciará las nuevas medidas que regirán en todo el territorio durante las siguientes semanas.

La Dirección General de @COVIAL_CIV -Unidad Ejecutora de Conservación Vial, lamenta profundamente la muerte del Ingeniero Joram Gil y expresa su mas sentido pésame a su Familia. pic.twitter.com/5WMU5Hte22

— COVIAL (@COVIAL_CIV) July 11, 2020

El País se encuentra bajo toque de queda de seis de la tarde a cinco de la mañana y con ciertas restricciones de movilidad para los cuatro departamentos con más casos: Guatemala, Escuintla, San Marcos y Quetzaltenango.

“Es la primera vez que le encuentro sentido a la palabra ‘héroe'”, “Espero que los que quedamos aún acá podamos honrar tu lucha, cuidándonos unos a otros”,  “El cielo tiene un héroe más caído en cumplimiento de su deber”, “Estás ya en el cielo y nos cuidas desde allá”. Varias personas dedicaron emotivos mensajes al  doctor Hernández Alonzo, quien falleció el 11 de julio a causa del coronavirus.

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El desparasitante que se incluiría en los kits que se distribuirán para pacientes leves de covid-19

Hernández Alonzo trabajó como médico en el Hospital temporal del Parque de la Industria,  y también fue uno de los primeros galenos en denunciar públicamente las carencias de insumos de protección para el personal sanitario.

Según el Ministerio de Salud, el galeno habría ingresado al hospital como paciente el 4 de julio pasado, tiempo durante el cual, se le brindó atención por parte del personal médico y paramédico.

Sus colegas afirman que tuvo que comprar sus propias medicinas para ser atendido, situación que varios médicos hicieron pública en una carta de despedida.

Hernández Alonzo se vio en la necesidad de renunciar por no contar con garantías dentro del hospital temporal.

La cifra de médicos fallecidos por el coronavirus sigue en ascenso. Hasta el pasado sábado las autoridades del Ministerio de Salud contaba a 10 médicos fallecidos por covid-19, estadística a la que el médico Hernández Alonzo aún se debe de sumar.

Mensajes dedicados al Dr. Óscar Hernández Alonzo

El Dr. Oscar Hernández fue mi Catedratico en el año 2006 en el Curso de Interacción Comunitaria de la URL; “Milhouse” le decíamos de cariño. Guatemala hoy perdió a un excelente ser humano y un gran médico. Triste noticia…

— Dra. Panitoconfrijol (@panconfrijol1) July 12, 2020

Hoy me enteré que falleció el Dr. Oscar Hernández, me dió clases en la Universidad para formarme como médico, duele saber que murió en la primera linea en la lucha contra el covid19.
Hay gente que cree que esto es una simple gripita.

— Juan José Guerrero Garnica (@Juanjo008) July 11, 2020

Médicos del hospital temporal del Parque de la Industria escriben una carta de despedida a su colega Óscar Guillermo Hernández, quien perdió la batalla contra el #Covid19@Guatevision_tv @prensa_libre pic.twitter.com/LUltsCm97f

— Douglas Cuevas (@dcuevas_gtv) July 11, 2020

La ministra de Salud, Amelia Flores, detalló en videoconferencia que han hecho un diagnostico situacional de las pruebas para la detección de coronavirus, el cual arrojó que existen 145 mil pruebas de PCR en 12 laboratorios de la red de servicios públicos.

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Flores indicó que se han acreditado a 10 laboratorios privados para la realización de pruebas y que han sido capacitados con el sistema de reporte diario de casos positivos.

“Se encuentran en proceso unos 50 laboratorios del país que quieren ingresar a este sistema para poder hacer pruebas”, dijo Flores.

La titular de la cartera de Salud manifestó que se busca adquirir 150 mil pruebas de antígeno, las cuales serán distribuidas a la red hospitalaria y áreas de Salud donde se requieran y así contar con insumos para nueve o 12 meses.

“La compra de estas 150 mil pruebas viene a fortalecer esta situación y que además tenemos el ofrecimiento de varias organizaciones, tanto de países amigos como internacionales para proveer diferentes tipos de prueba -antígeno y PCR”, dijo la funcionaria.

La ministra indicó que pondrán más cuidado en el primer y segundo nivel de atención referente a la prevención, por lo que introducirán programas en radios locales con mensajes de pertinencia cultural adecuada a cada una de las regiones del país.

“Esto es para que la población conozca cuáles son las medidas de prevención que deben tener y cuáles son los síntomas a los que deben poner atención y, principalmente, en qué momento deben acudir a un centro de Salud”, explicó la ministra.

Kit de medicamentos

Las autoridades Salud también anunciaron que la próxima semana presentarán un kit de medicamentos para pacientes leves de covid-19, con lo que se busca evitar complicaciones a causas de esa enfermedad y a su vez frenar la tasa de mortalidad.

El kit al que hace referencia la cartera de Salud contará con “las medicinas precisas y en las dosis ideales” para que un caso leve por el nuevo coronavirus no se complique poniendo en peligro la salud del paciente. Entre algunas de las medicinas que se incluirán hay anticoagulantes y otros destinados a reducir los cuadros altos de fiebre y el dolor de cuerpo; además, ivermectina.

Nuevas compras

Entre los anuncios que presentó el ministerio de Salud resaltan que, desde el lunes 13 de julio, comenzarán las compras a nivel internacional para la adquisición de insumos necesarios para afrontar la pandemia. De momento tan solo en el portal Guatecompras se han levantado siete mil 500 eventos de licitación.

Entre otras de las modificaciones que harán para mejorar la inversión en salud será implementar un nuevo sistema de contrataciones para contar con personal específico en relación a los turnos de trabajo.

“De momento ya el 98 % de los médicos del hospital temporal del Parque de la Industria están al día con sus honorarios y el resto está próximo a finalizar los trámites administrativos”, añadió Flores.

Nuevo sistema

También para la próxima semana se espera que la población tenga mayor acceso al conteo de nuevos casos diarios de covid-19 en el país, y para ello habilitarán una plataforma electrónica a la que se podrá acceder desde el teléfono celular para seguir en tiempo real el reporte de casos, personas fallecidas y recuperadas.

El reconocimiento fue establecido en memoria de la princesa Diana de Gales y es otorgado con el apoyo de sus dos hijos Guillermo y Enrique. El galardón fue creado con la convicción de que los jóvenes poseen el poder de cambiar el mundo y los motiva a implementar acciones positivas en sus comunidades.

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López Véliz es una feminista que se esfuerza por tener un impacto positivo en la vida de los jóvenes guatemaltecos. Ha sido voluntaria en diferentes comunidades en temas como la desigualdad y violencia de género; ahora da continuidad a la solución de estas problemáticas al dirigir un proyecto con agenda feminista.

La pagina de la Universidad de San Carlos la matiza como una sancarlista destacada debido a que estudió ciencias políticas en dicha casa de estudios superiores. También estudió Criminología en la Universidad Rafael Landívar.

Debido a la pandemia la ceremonia se llevó a cabo por primera vez de forma virtual, en los 21 años que se ha entregado el galardón.

López Véliz se encuentra cursando el Máster en Estudios de Mujeres y Género, beca que obtuvo para estudiar en la Universidad de Granada, España.

Según la página web de la Usac, López Véliz es directora del Instituto de Investigación de Género y Empoderamiento de Juventudes, también es directora de Proyectos de Juventud de la Fundación Oxlajuj N’oj en Guatemala, donde inició su labor a los 17 años.

Esta es una fundación de carácter privado, no lucrativa, apolítica, no partidista, con fines de proyección social y asistencia humanitaria; fueron ellos quienes la postularon por su trabajo de carácter social al galardón The Diana Award 2020.

La postulación resaltó el proyecto que se crea en 2018, denominado “Juventud y Mujeres”, de la Fundación Oxlajuj N’oj, donde se plantean acciones para comunidades indígenas, con temáticas como prevención de violencia de género, educación sexual, empoderamiento y feminismos; así como diseño de talleres y foros.

También en la postulación se destacó la creación del Instituto de Género y Empoderamiento de la Juventud, el cual monitorea equipos de investigación, evalúa propuestas de investigación, revisión teórica y escrita.

Guatemala llegó este 11 de julio a 28 mil 598 casos de coronavirus, según reportó la cartera de Salud.

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Para este sábado, Salud dio a conocer que se registraron 979 casos nuevos: 588 hombres y 391 mujeres.

Para este día, también se reportan 33 muertos: 27 hombres y 6 mujeres. Con este reporte, la cifra de muertos por coronavirus en Guatemala se elevó a 1 mil 172.

Hasta la fecha, el departamento Guatemala encabeza los casos de contagio con 19 mil 503 casos positivos; Escuintla con 1 mil 895 casos; Sacatepéquez llegó a los 1 mil 288 casos; Quetzaltenango con 1 mil 54 casos y San Marcos con 862 casos.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social #MSPAS informa la actualización de casos COVID-19 en Guatemala para este sábado 11 de julio de 2020.#JuntosSaldremosAdelante pic.twitter.com/cqeZjWnHON

— Ministerio de Salud (@MinSaludGuate) July 11, 2020

Este sábado se cumplen 120 días desde que se dio el primer caso el pasado 13 de marzo.

Distribución de casos de Coronavirus (Covid-19) por departamento.#JuntosSaldremosAdelante#UnidosContraElCoronavirus#QuedateEnCasa pic.twitter.com/IGKSzfFgRb

— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) July 11, 2020

En 1936, Arturo Uslar Pietri tenía una inquietud y parecía angustiarle:

“Esta gran proporción de riqueza de origen destructivo crecerá sin duda alguna el día en que los impuestos mineros se hagan más justos y remunerativos, hasta acercarse al sueño suicida de algunos ingenuos que ven como el ideal de la hacienda venezolana llegar a pagar la totalidad del Presupuesto con la sola renta de minas, lo que habría de traducir más simplemente así: llegar a hacer de Venezuela un país improductivo y ocioso, un inmenso parásito del petróleo, nadando en una abundancia momentánea y corruptora y abocado a una catástrofe inminente e inevitable”.

Ese es uno de los fragmentos del editorial que el intelectual venezolano escribió ese año y que tituló: “Sembrar el petróleo”.

Se trata de una frase que ha acompañado a varias generaciones de venezolanos.

Las interpretaciones de ese texto son diversas: para muchos es simplemente una reflexión personal sobre el momento histórico que vivía el país, mientras que para otros va más allá.

“Es una profecía autocumplida”, señaló en 2016 José Rafael Revenga, amigo de Uslar Pietri, estudioso de su obra y filósofo venezolano.

Antonio Ecarri, presidente de la Fundación Casa Arturo Uslar Pietri, tiene una opinión similar y añade:

“Más que una profecía, ‘Sembrar el petróleo’ se convirtió en la gran tarea inconclusa de los venezolanos”, le dice a BBC Mundo.

“Y eso lamentablemente nos tiene hoy como el peor ejemplo de la región en cuanto a desarrollo económico y pobreza”.

“La conciencia nacional”

Arturo Uslar Pietri es una de las plumas más brillantes de la literatura venezolana.

Fue autor de “Las lanzas coloradas”, “El camino de El Dorado”, “Oficio de difuntos”, “La isla de Robinson”, “De una a otra Venezuela”, entre otras obras.

Escribió decenas de ensayos, cuentos, poesías y obras de teatro. Fue uno de los pioneros del realismo mágico.

Ganó varios premios literarios, entre ellos, el Príncipe de Asturias de Las Letras y el Rómulo Gallegos.

Fue abogado, periodista, filósofo, político, senador, ministro, pero quizás muchos venezolanos lo recuerdan más por sus programas de televisión,en los cuales enseñaba historia.

Se le considera uno de los intelectuales más importantes de Venezuela del siglo XX.

En 1958, durante el régimen de facto de Marcos Pérez Jiménez fue detenido por firmar un “manifiesto contra la dictadura” y en 1963 se lanzó a la presidencia, pero sin éxito.

De hecho, tras su muerte en 2001, el obituario del diario británico The Guardian lo recordó como “posiblemente el mejor presidente que Venezuela nunca tuvo”.

El autor de ese artículo, Phil Gunson, lo llamó: “El escritor que fue la conciencia nacional de Venezuela”.

En 1997, Uslar Pietri llegó a decir:

“Si en este momento, por azar infortunado del destino, los precios del petróleo bajaran de una manera importante en el mercado mundial, Venezuela sería un caso para la Cruz Roja Internacional. Aquí vendrían a repartir sopas en las esquinas”.

¿Qué quiso decir?

Cuando Uslar Pietri escribió el editorial que salió publicado en el diario Ahora, Venezuela estaba en el proceso de pasar de ser un país rural a uno petrolero.

“Uslar Pietri fue una voz más entre un grupo de intelectuales que expresaba sus inquietudes sobre los retos del país que estaba saliendo (del régimen autoritario) de Juan Vicente Gómez”, le dice a BBC Mundo Edgardo Mondolfi Gudat, viceprimer director de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela.

“En ese momento el petróleo no tiene un rol central en la economía del país, es una actividad periférica”.

Lo significativo de ese editorial, reflexiona el historiador, es que pone de manifiesto “que los venezolanos en ese momento no sabían lo que era el petróleo, no sabían los alcances del petróleo ni sus posibilidades futuras, ni su finitud o infinitud como recurso”.

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Uslar Pietri planteaba en su escrito que esa riqueza era “limitada” y que el ingreso petrolero era algo transitorio que debía invertirse en actividades no petroleras:

“Urge aprovechar la riqueza transitoria de la actual economía destructiva para crear las bases sanas y amplias y coordinadas de esa futura economía progresiva que será nuestra verdadera acta de independencia. Es menester sacar la mayor renta de las minas para invertirla totalmente en ayudas, facilidades y estímulos a la agricultura, la cría y las industrias nacionales”.

¿Profecía? ¿Comodín?

Cuando se cumplieron 80 años de la aparición del editorial, la Fundación Casa Arturo Uslar Pietri publicó una entrevista con Revenga en la que reflexionaba sobre cómo el planteamiento terminó siendo una “profecía autocumplida”:

“La siembra no ha contado con la semilla y cuando se contaba con ellas eran bien escasas, fueron sembradas en terrenos baldíos infértiles sin fertilizantes, sin tractores ni repuestos y sin entrenamiento para los agricultores o agroindustriales. Cuando todo esto se solventaba, se superaban las barreras y los obstáculos, entonces los créditos para sembrar en agricultura, ganadería o agroindustria terminaron por parar fuera del país”, señaló.

“Lo que estamos viendo en Venezuela es el fracaso de la siembra del petróleo porque el Estado acaparó todas las actividades del pueblo, de la gente, de la iniciativa de las personas y por eso nos encontramos donde estamos ahora. Eso no solamente se dio en los últimos 17 años (desde la llegada del chavismo en 1999) sino que viene de las últimas tres décadas”, indicó el analista.

“Sembrar el petróleo” ha sido una idea muy conocida y repetida en distintos contextos entre los venezolanos de diferentes épocas y edades.

Pero para el doctor en Historia Luis Alberto Buttó, con ese editorial sucede lo que ha pasado con muchas grandes obras de la literatura: “Que muchísima gente las cita pero nunca se las han leído, no conocen a profundidad su contenido”.

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La frase se convirtió en “una especie de comodín repetido por generaciones”, le dice a BBC Mundo el coordinador del Postgrado en Ciencia Política de la Universidad Simón Bolívar (USB), en Caracas.

Además, no todos en Venezuela están de acuerdo con que se le llame una profecía.

“Los historiadores no manejamos ese tipo de vocabulario”, enfatiza Mondolfi Gudat.

“Equivocado”

Buttó, quien es director del Centro Latinoamericano de Estudios de Seguridad, considera que el editorial tenía un problema:

“El planteamiento de Uslar estaba equivocado de raíz porque consideraba que la economía basada en la explotación de los recursos petroleros, la cual estaba en pleno crecimiento, era negativa, destructora porque su fundamento era la renta”, explica.

El autor, dice, creía que los frutos de esa actividad debían ser invertidos en el desarrollo del sector agrícola.

“Mientras el mundo marchaba hacia una industrialización acelerada, el pensamiento de Uslar se mantenía anclado a una economía rural”, señala el profesor.

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Si hubiésemos desarrollado el sector agrícola, hubiésemos dependido de ese sector única y exclusivamente. Pero ¿dónde estaba la diversificación de la economía?”

Algo que obvia Uslar Pietri, de acuerdo con Buttó, es en qué se debía invertir la renta petrolera.

Y la respuesta no era otra que en el capital humano.

“Sí se sembró”

“El petróleo se sembró pero no de la forma como lo señalaba Uslar Pietri”, indica el historiador de la USB.

“Se sembró en el desarrollo de la gente, que fue un proceso que llevó a cabo la élite que instituyó la democracia en Venezuela a partir de 1958”.

Líderes como Rómulo Betancourt, Rafael Leoni, Luis Beltrán Prieto Figueroa invirtieron esa renta petrolera en “el potencial de los venezolanos como agentes creadores”.

Un ejemplo fue la masificación de la educación, no sólo primaria y secundaria sino universitaria.

“Cuando cae la dictadura de Pérez Jiménez en 1958 y se instaura la democracia en Venezuela, la mitad de la población era analfabeta.

Dos décadas después, el porcentaje de analfabetismo era muy bajo”, dice.

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En ese mismo periodo, el número de universidades pasó de seis a más de cien centros e institutos de educación superior.

“Eso permitió un proceso de formación de una clase media muy bien preparada y sólida que al volcar sus esfuerzos en las distintas áreas productivas del país permitió alcanzar importantes niveles de desarrollo”, explica el doctor.

Salud e infraestructura

Gracias a las inversiones en el sector de la salud la expectativa de vida del venezolano cambió de forma positiva.

Además, el país vio los beneficios de las obras de electrificación e infraestructura.

“Llegamos a tener autopistas y carreteras que eran modelo en América Latina. Ningún país en la región lo tenía”.

“De hecho, fue motivo de estudio para que ingenieros de otros países vinieran a estudiar cómo lo habíamos logrado”, reflexiona Buttó.

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Además, los líderes que le dieron solidez a la democracia en Venezuela ayudaron a convertir a PDVSA en una de las empresas petroleras más importantes del planeta.

Para Mondolfi Gudat el petróleo fue el gran motor de la transformación nacional.

“Fatalista”

El viceprimer director de la Academia Nacional de la Historia dice que más allá de que Uslar Pietri “hubiese tenido ojo para diagnosticar el problema del petróleo en 1936”, hay algo que lo hace discrepar profundamente del pensador: su actitud crítica frente al rol del petróleo en la economía venezolana.

“Es que siempre tuvo una actitud demasiado fatalista con respecto al petróleo y sus posibilidades transformadoras”, indica.

“Esa tendencia de Uslar de ver el petróleo como una actividad generadora de ocio y de parasitismo y que llevaría a la sociedad a nadar en una abundancia momentánea y corruptora forma parte de su discurso fatalista”, señala Mondolfi Gudat.

La reflexión de Buttó va más allá:

“Yo no veo cuál puede ser la desgracia de que un país cuente con un inmenso caudal de recursos que pueda utilizar para su propio desarrollo”.

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Si la industria petrolera llegó a ser la principal industria del país, obviamente tenía que ser la principal fuente de ingresos fiscales de la nación”, indica.

Y ese proceso no provocó que la gente dejara de trabajar.

“La gente se preparó y montó sus propios negocios y emprendimientos y eso contribuyó al desarrollo del país”, indica.

No se cumplió

“Yo no veo esa profecía que hizo Uslar en su momento”, dice el profesor.

“Al fin y al cabo, el que la gente de un país sea productiva no depende del recurso con el que cuenta sino de la consciencia sobre su papel en la construcción de la nación”.

“Si alguien dice que esa llamada profecía de Uslar se cumplió, yo diría que no fue así. El país avanzó, creció, se desarrolló”, explica Buttó.

Pero aclara: “Distinto es que las élites que en algún momento llegaron a gobernar el país o lo gobiernan hayan hecho una mala utilización de esos recursos”.

Para el historiador, el proceso de invertir en el capital humano se estancó “por la vigencia de ideologías desfasadas en la mentalidad (de quienes) en las últimas décadas han gobernado a Venezuela”.

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“El hecho de que nosotros estemos en condiciones deplorables, como las que actualmente atravesamos, no se debe a que desarrolláramos una industria petrolera de importancia y al hecho de que nuestra economía descansara en la industria petrolera”, afirma Buttó.

“Se debe precisamente al proceso de destrucción, de desmantelamiento, de atraso que ha experimentado la industria petrolera en los últimos años, porque si estuviésemos en los niveles de producción y de comercialización del petróleo en el que deberíamos estar en este momento y se hubiese seguido el plan adecuado de inversiones y de reforzamiento de la industria, la historia sería distinta”.

Factores ajenos

En uno de los fragmentos del editorial, Uslar Pietri señala:

“La riqueza pública venezolana reposa en la actualidad, en más de un tercio, sobre el aprovechamiento destructor de los yacimientos del subsuelo, cuya vida no es solamente limitada por razones naturales, sino cuya productividad depende por entero de factores y voluntades ajenos a la economía nacional”.

De acuerdo con Mondolfi, Uslar Pietri expresó una inquietud que tenía que ver con los vaivenes que afectaban de manera significativa los principales productos de exportación no petrolera venezolanos como el café o el cacao.

“Expresa una angustia de cómo anticiparse para evitar las incidencias de esas fluctuaciones (en los mercados internacionales), pero no está revelando nada nuevo con respecto a algo que es propio de los commodities” (materias primas).

Buttó lo interpreta como una preocupación basada en la dinámica del negocio petrolero de esa época:

“Yo creo que Uslar Pietri se refería a que la industria petrolera venezolana estaba en manos de compañías extranjeras y la única fuente de ingreso que Venezuela obtenía del negocio petrolero estaba basado en el cobro de regalías (…) Y los impuestos sobre la renta que generaba la venta de ese petróleo”.

“Maldición”

En otro apartado, Uslar Pietri señala:

“Que en lugar de ser el petróleo una maldición que haya de convertirnos en un pueblo parásito e inútil, sea la afortunada coyuntura que permita con su súbita riqueza acelerar y fortificar la evolución productora del pueblo venezolano en condiciones excepcionales”.

Buttó reflexiona: “Si estuviese de acuerdo con eso, negaría mi propia condición”.

“Me formé en instituciones del Estado venezolano, toda mi vida profesional la he dedicado al desarrollo de mi país. Jamás he sido un flojo, jamás he sido un aprovechador de esos recursos”.

“Y sería negar la condición de millones de venezolanos que hemos puesto nuestro empeño, nuestro trabajo, en función del desarrollo nacional”.

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Mondolfi Gudat señala: “No comparto esa visión de la maldición del petróleo (…) porque creo que si algo hizo el petróleo fue darle un sentido absolutamente inesperado a lo que iba a significar la dinámica venezolana y al mejoramiento no sólo de las condiciones materiales de la sociedad, sino del advenimiento de agentes de poder distintos a los núcleos gobernantes”.

La dependencia

Para Ecarri, Uslar Pietri quería, con su editorial, alertar al país de que no se volviera dependiente de la renta petrolera y de que aprovechara esos recursos y los invirtiera en otras áreas de la economía.

“Es una advertencia en el marco del nacimiento de un país petrolero que después se convertiría en el primer exportador de petróleo en el mundo con una producción que llegaba casi a los 4 millones de barriles diarios”, señala.

Si bien el presidente de la Fundación Casa Arturo Uslar Pietri reconoce que se hicieron grandes obras de infraestructura gracias a la renta petrolera, hubo un efecto colateral:

“Lamentablemente lo que se hizo con la industria petrolera fue hacer crecer al Estado de manera abusiva, de manera inmensa, y eso provocó que la sociedad venezolana entera dependiera de él y no al revés”.

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Y, de acuerdo con Ecarri, eso fue algo que anticipó Uslar Pietri con los años:

“Mientras que en su editorial de 1936 apostaba por darle fuerza al Estado porque era muy débil, a partir de 1958 advierte que el Estado no debía crecer tanto y que no fuésemos absolutamente dependientes de él”.

“Lo que planteaba Uslar con ‘sembrar el petróleo’ era utilizar la renta petrolera para construir una economía sólida, con niveles sociales y económicos adecuados y teniendo la educación como la gran bandera”.

Un profundo pesimismo

Según Ecarri, la idea de “sembrar el petróleo” sería una constante en el pensamiento y la obra de Uslar Pietri a lo largo de las décadas.

Y el pesimismo también lo acompañaría, como se deja constancia en la gran “Entrevista a Arturo Uslar Pietri: ajuste de cuentas” del ensayista, poeta e historiador venezolano Rafael Arráiz Lucca.

La conversación, publicada en Prodavinci en 2019, evoca una serie de encuentros que el autor sostuvo con Uslar Pietri durante 2000 y 2001.

A sus 94 años, el intelectual volvería a ser implacable con Venezuela:

“(…) se hizo un país subsidiado, un país rentista, esa cosa horrible que es ser un país rentista. Venezuela es un país que no vive de su trabajo, vive de la renta petrolera, que la maneja el Estado, que le cayó al Estado como un don del cielo, y los venezolanos no hemos sido capaces de hacer eso que yo dije hace 60 años, y que me he cansado de repetir sin que nadie me haga caso: hay que sembrar el petróleo”.

E insistía en que a ningún país latinoamericano “le llovió de repente una riqueza gigantesca, que equivale a seis o siete planes Marshall”, en referencia al plan de ayuda de EE.UU. a Europa para la reconstrucción tras la II Guerra Mundial.

“Estoy muy angustiado con esto que está pasando con este país. Este es un momento muy malo, muy peligroso, hay mucho dinero, muchísimo dinero y no hay orientación”, le dijo a Arráiz Lucca.

“No tengo esperanzas”.

“Hay que ver lo que hubiera sido este país con esa montaña de recursos, si el Gobierno hubiera tenido un poquito de sentido común”.

La agenda para la séptima sesión extraordinaria está integrada en su primer punto aprobar las actas anteriores, segundo punto la iniciativa que reforma el programa del adulto mayor, en el tercer punto el informe de la comisión presidencial de Atención a la Emergencia covid-19 (Coprecovid), cuarto punto, segundo debate de las reformas al Crédito Hipotecario Nacional (CHN), quinto la elección de magistrados y por último mociones y proposiciones.

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Como está integrada el orden del día da pauta en que el proceso de elección no empezará, sobre todo por la inasistencia de la mayoría de los diputados por el miedo a contagiarse a coronavirus, ya que tres de sus compañeros ya fueron diagnosticados de coronavirus.

Otro de los aspectos es que el punto tercero, la comparecencia de la Coprecovid al pleno del Congreso para presentar el informe mensual, se llevaría más tiempo de los establecido, por lo que al momento de votar ya no habría quórum o en último caso se elegirían dos magistrados de Apelaciones que es por donde los diputados empezarían.

Diputados consultados indicaron que no creen que se vaya a dar la elección de magistrados y que sí se llega a dar, solo elegirán a dos o a tres de los 225 que tiene que elegir -135 titulares y 90 suplentes- para integrar las salas de Apelaciones.

El diputado Samuel Pérez de Semilla indicó que lo más seguro es que se va a entrampar la sesión ya que dejaron la elección de magistrados en el último punto de la agenda.

“Considero que van a meter de urgencia la reforma del CHN y posiblemente ya tengan el informe de la comisión pesquisidora, pero no los votos, tampoco creo que tengan un consenso para elegir a los magistrados, lo que se va a llevar todo el día”, explicó Pérez.

El jefe de bloque de Visión con Valores (Viva), Aníbal Rojas no se animó a señalar que se pueda llegar a ese punto o no, ya que considera que algunos diputados tienen temor a llegar al Congreso a contagiarse de covid-19, sin embargo, señaló que para la elección deben seguir el procedimiento establecido como lo que dicto la Corte de Constitucionalidad.

“Dependemos de que haya quórum para que se dé la sesión ya que hay muchos diputados que tiene temor a contagiarse al coronavirus y están con la expectativa si el hemiciclo es el indicado para reunirse, y esperaríamos que tomen a consideración el espacio para que no sea un pretexto para que no se asistan los diputados, la bancada tiene la voluntad de asistir y si es de empezar a elegir magistrados participaremos en ellos”, dijo Rojas.

La directora del Movimiento Pro Justicia, Carmen Aída Ibarra manifestó que la expectativa esta de seguir atrasando la elección de magistrados, sobre todo cuando vieron forzados a cumplir los plazos que estableció la de la Corte de Constitucionalidad.

“Ellos -los diputados- van a preferir seguir con las actuales cortes porque tiene un temple político con magistrados de ambas cortes y les conviene mantener esa alianza que hay con un grupo de oficialista y sus aliados parlamentarios para estos seguir controlando o moderando las resoluciones judiciales”, explicó Ibarra.

Añadió que se vio la estrategia es retrasar tanto lo que se pueda el proceso de votación para integrar las cortes y eso pasa por aprovechar las sentencias y no es usual posponer indefinidamente la culminación el proceso de votación.

“Es congruente con esa estrategia el orden del día propuesto para la semana entrante, el penúltimo punto el inicio de las votaciones y si se conforma la estrategia y empiezan con elegir a los magistrados de salas de Apelaciones y como son 270 tiene que elegir 135 titulares y 90 suplentes y no se ve que se vea a terminar en un día”, dijo la experta.

José Echeverría presidente del Movimiento Cívico Nacional (MCN) manifestó que el proceso de elección de Cortes ha sido un proceso accidentado y aún lo sigue siendo.

“Estamos viviendo las consecuencias de haber violado el plazo constitucional del pasado octubre al prolongarse el plazo del Poder Judicial. La alternabilidad del poder público es un principio constitucional sumamente importante que establece un límite al poder público”, dijo Echeverría.

Por lo tanto, como organización ciudadana exigimos al Congreso que realice una elección pronta del Poder Judicial que lleva más de 8 meses de retraso.

“El Congreso aún tiene el mandato Constitucional de realizar la elección del Poder Judicial con los parámetros que en la misma se señala. La forma de elección que se señaló en la última sentencia de la CC es compleja y tardada, pero si los diputados lo abordan con una voluntad política adecuada pueden avanzar y programar sesiones de forma más seguido para cumplir con su función de elección de Cortes”, dijo el Echeverría.

Procedimiento aprobado

El procedimiento aprobado por los diputados establece primero que se dará lectura a la parte conducente de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, luego se procederá a dar lectura al informe remitido por la fiscal general, María Consuelo Porras sobre los señalamientos en contra de candidatos para ambas cortes.

Luego se leerá el oficio que envió el Consejo de la Carrera Judicial relacionado con el número de magistrados titulares y suplentes a elegir, y también se dará lectura a los documentos de descargo que se haya recibido, para el cual ya tuvieron 20 días según la sentencia de la CC.

Para ambas elecciones, se procederá a anunciar el nombre del candidato por el cual corresponde votar de conformidad en el orden en el que aparecen en la respectiva nómina de postulación. Luego se llamará al diputado por su nombre según ordenado alfabéticamente por apellido para que ya emita su voto a viva voz y exprese las razones por las que cada candidato cumple o no con los requisitos conforme la sentencia.

La empresa Imexmed, S.A., había presentado una oferta electrónica por Q3 millones 432 mil, por lo que cada prueba saldría a Q28.60. Sin embargo, la única persona designada como integrante de la junta de licitación rechazó la oferta por no presentar la constancia de recepción de muestra como lo establece la base de licitación en su numeral tres, el rechazo fue refrendado por el gerente general administrativo y financiero, Ronaldo Estrada Rivera.

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La empresa ofrecía la marca Biocredit covid-19 Ag de la casa Rapigen, la cual se desconoce si ha sido verificada por la cartera de Salud, como si se hizo con la que se está trabajando en este momento.

El proceso quedó suspendido en el momento en el que se espera que el pico de la pandemia está por llegar y cuando hay un interés de comprar pruebas a un bajo precio y que tiene menos efectividad como lo es una prueba de Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR).

La cartera de Salud buscaba comprar pruebas rápidas de antígeno mediante un ensayo inmunocromatográfico de detección cualitativa, las cuales son criticadas por expertos epidemiólogos por la baja sensibilidad, ya que tienen un porcentaje de 70 y 85 por ciento de efectividad, lo que significa que hay una posibilidad de un 30 y 15 por ciento en que se den falsos negativos.

Comunicación social del Ministerio de Salud informó que debido a un incumplimiento en uno de los requisitos se declaró desierto el proceso, sin embargo, añadió que la adquisición la realizarán a través del modelo de compra directa, por medio del departamento administrativo.

César Conde vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala indicó que en el país se están realizando pruebas de antígeno que tienen una sensibilidad del 65 por ciento y especificidad del 100 por ciento según un estudio que se hizo en el Hospital Roosevelt.

El profesional indicó que lamentablemente Guatemala tiene un atraso no solo en la red nacional sino también en la privada ya que son pocos los lugares que pueden hacer pruebas de biología molecular ya que la prueba de PCR es la que más se recomienda porque tiene mas sensibilidad y especificidad, y son pocos los logares los que la pueden correr.

“Estos laboratorios se quedaron sin reactivos por lo que se tuvo que buscar otra alternativa y eso es lo que se trató de hacer por parte de la Coprecovid, con la prueba de antígeno, la cual tiene ventajas y desventajas. Ventaja porque el resultado esta en 30 minutos, desventaja que la prueba es poco sensible y lo que se demostró en el Hospital Roosevelt es que hubo un 65 por ciento de sensibilidad y eso significa que, de 100 pacientes con síntomas, 65 dieron positivos, al resto se le tiene que hacer prueba de PCR para descartarlo”, dijo el experto.

Conde considera que no debería de haber una sola marca ya que eso crea un monopolio y encarece el producto, por lo que estima que el Ministerio de Salud debe de abrir el mercado.

“No debería de haber una sola marca verificada en su desempeño sino varias marcas, porque así se deshace del monopolio que hay ahora, porque ya permite a otras casas comerciales participar, y así se da competencia de precios y disponibilidad”, explicó el profesional.

El médico Arturo Sánchez especialista en epidemiología y enfermedades infecciosas indicó que las pruebas de antígeno no son concluyentes porque lo único que establecen es si el paciente tuvo contacto o no con el virus, no le dice si tiene una infección, ya que el diagnostico solo lo puede detectar una prueba de PCR.

“Estas pruebas pueden dar un 35 por ciento de falsos negativos y se usan estas pruebas para hacer tamizaje de estudios. Si usted quiere saber en una población x cuantas personas han estado expuestas al virus estas pruebas le servirán para eso, pero no para ser diagnosticado y el diagnóstico es ahora para evitar muertes, y no para que le digan que tuvo el coronavirus”, explicó Sánchez.

Añadió que los antígenos detectados en una prueba de estos se expresan solo cuando el virus se replica activamente; por lo tanto, tales pruebas se usan mejor para identificar infecciones agudas o tempranas.

“La eficacia de las pruebas depende de varios factores, incluido el tiempo desde el inicio de la enfermedad, la concentración de virus en la muestra, la calidad de la muestra recolectada de una persona y cómo se procesa, y la formulación precisa de los reactivos en los kits de prueba”, refiere el experto.

También indicó que, si cualquiera de las pruebas de detección de antígenos que se encuentran en desarrollo o comercializadas demuestran un rendimiento adecuado, podrían usarse como pruebas de clasificación para identificar rápidamente a los pacientes que tienen muchas probabilidades de tener covid-19, reduciendo o eliminando la necesidad de costosas pruebas de confirmación molecular.

Nuestro % de recuperados de #COVID19 en #Guatemala es bajo pq solo contamos los reportados por el @MinSaludGuate y @Noticias_IGSS. >90% de fallecimientos x #coronavirus pasa antes de los 21 días. Pronto el nuevo protocolo contara a los recuperados en casa y la tasa sera + real. pic.twitter.com/tZakPlHWRF

— Dr. Edwin Asturias (@easturia) July 8, 2020

El director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), Juan Carlos Zapata ve positivo que el Gobierno empiece a adquirir pruebas de antígeno con el objetivo de realizar 5 mil pruebas diarias.

“Esta prueba tiene baja sensibilidad, pero si se realizan bajo un protocolo y si la persona tiene síntomas y sale positiva, bueno ya es positiva, y si sale negativa tiene que hacerse una muestra de PCR, pero solo si muestra síntomas”, señaló Zapata.

Por aparte, el doctor Edwin Asturias director de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia del Covid-19 (Coprecovid) señaló en su cuenta de twitter que el número de porcentaje de covid-19 en el país es bajo porque solo se está contando las personas reportadas por el Ministerio de Salud, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y que el 90 por ciento de muertes por coronavirus pasa antes de los 21 días, por lo que adelantó que pronto habrá nuevo protocolo que contara recuperado en casa y la tasa será más real.

La alianza oficialista no logra concretar los 107 votos para desaforar a cuatro magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad (CC), a pesar de que la Comisión Pesquisidora trabaja para lograr un dictamen en el que se pueda retirar la inmunidad a los magistrados y puedan ser juzgados en el orden común, mientras que otro grupo de diputados presiona para que se elija sin demora a los magistrados de Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones.

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Los diputados de esta alianza contaban con los seis votos del bloque Compromiso Renovación y Orden (Creo) para llegar a los 107 votos y con ello desaforara a los magistrados de la CC. Sin embargo, no apoyarán la moción de la alianza oficialista.

Esta alianza cuenta con el apoyo de los bloques: Vamos, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Visión con Valores (Viva), Humanistas, Valor, Todos, Unionistas, Prosperidad Ciudadana, Unión del Cambio Nacional (UCN), Partido de Avanzada Nacional (PAN), Bienestar Nacional (Bien), diputados disidentes de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) e independientes.

La Comisión Pesquisidora presidida por el diputado Luis Rosales, Santiago Nájera y Douglas Rivero trabajan con el expediente original del antejuicio, luego de rehusarse a enviarlo a la Corte de Constitucionalidad, los diputados buscan dictaminar que es viable la formación de causa para los cuatro magistrados de la CC, Gloria Porras, Francisco de Mata Vela, Neftalí Aldana y Bonerge Mejía.

A pesar de que la misma CC, otorgó un amparo que suspendía el trámite del antejuicio el cual fue avalado por magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia y que tienen señalamientos de haber tenido comunicación con Gustavo Alejos.

El jefe de bloque de Compromiso Renovación y Orden (Creo), Rodolfo Neutze considera que, aunque algunos magistrados han politizado o ideologizado sus resoluciones, consideran que no es correcto que se les quiera desaforar para ser juzgados.

“Consideramos que no son responsables según la Ley de Amparo que es de rango constitucional, de sus resoluciones, nosotros en Creo no vamos a votar por el desaforo de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, lo que buscamos es que el Congreso elija de una vez a los magistrados de salas de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia”, explicó el diputado.

“Guatemala tiene casi nueve meses con autoridades provisionales en el Poder Judicial y necesitamos arreglar esta situación. Tanto los guatemaltecos, como la inversión extranjera, la comunidad internacional quieren ver en Guatemala un estado de Derecho real que nos permita poner las bases para el desarrollo del país”, añadió.

Neutze indicó que debido a los valores y principios que tiene el partido ningún diputado de otras bancadas se le han acercado para negociar ya que nosotros somos claros que primero es la Constitución, primero es el país y primero es el bienestar de los guatemaltecos, podemos estar en contra de las resoluciones de los magistrados, pero no podemos estar en contra de la Constitución.

“No hemos sido convocados y creemos que hay que hacerlo ya, vamos formalmente pedirle a la Comisión Permanente a que convoque, primero a la instancia de jefes de bloque y que ahí con calma y no a la 1 de la mañana definir con tiempo el procedimiento para acelerar la elección de magistrados”, dijo el parlamentario.

Añadió que no se sumaron a la petición de la carta enviada al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro porque creen que los guatemaltecos son capaces de resolver internamente los problemas, existen los mecanismos legales para desentrampar ese entuerto jurídico del Poder Judicial y en este momento no hacía falta ir a la OEA a pedir ayuda, cuando todavía no hemos puesto a prueba nuestra legalidad y nuestro sistema de justicia.

Por aparte un grupo de 51 diputados envió una carta al presidente del Congreso, Allan Rodríguez y a la Comisión Permanente que no comparten las acciones realizadas por ellos, encaminadas al incumplimiento de las resoluciones emitidas por la Corte de Constitucionalidad. Por lo que los exhortan a cumplir a cabalidad con las resoluciones dictadas por tribunal constitucional cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Por lo que sus resoluciones deben ser cumplidas y obedecidas.

También exhortan a la Comisión Permanente a darle estricto cumplimiento a lo dictado por la CC con relación a la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones, remitir el expediente de antejuicio requerido por la CC y que cese toda actuación de la Comisión Pesquisidora, toda vez que se encuentra en suspenso el motivo que origino su existencia y no poseen facultades legales para actuar.

El jefe de bancada del bloque Viva, Aníbal Rojas indicó que a pesar de que hay un reglamento para la elección de magistrados de la CSJ y Apelaciones, la Comisión Permanente aún no convoca a sesión extraordinaria para continuar con el tema.

El parlamentario guardo distancia sobre el tema al señalar que se deben de realizar dos sesiones por lo menos al mes y que esperan que una de ellas sea para abordar la elección de magistrados,

“Independientemente un grupo de 50 diputados pidió a la comisión permanente que se convoque para realizar la elección y la Ley Orgánica del Legislativo establece que esa petición la puede hacer un grupo de diputados, si es así la comisión está obligada a convocar a sesión extraordinaria y ya sería en el pleno si se hace la elección y sí se inicia con el procedimiento ya aprobado”, señaló Rojas.

Sin sesionar

El pasado 24 de junio en horas de la madrugada el Congreso aprobó el procedimiento para elección de magistrados de CSJ y Apelaciones.

El Acuerdo Legislativo 14-2020 fue aprobado con 92 votos a favor y establece que cada diputado votará a viva voz a favor o en contra de cada uno de los candidatos a magistrados, un proceso que se vislumbra será tardado.

Diputados aliados al oficialismo buscan retardar el proceso hasta abril del próximo año, debido a que no quieren que la nueva CSJ reelija a Gloria Porras como su representante ante la CC, para ellos lograr la mayoría de magistrados el tribunal constitucional.

La comisión permanente modificó el artículo 4 en el que establecen que las sesiones de las comisiones pueden ser presenciales o virtuales para discutir, resolver y tomar decisiones sobre los temas a los que fueron convocados, los cambios se dan para atender los temas legislativos en medio de la pandemia del coronavirus.

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También añaden que en las sesiones de trabajo los diputados podrán conocer y discutir los diversos temas legislativos, realizar citaciones a funcionarios para que respondan los cuestionamientos que la comisión realice, constituirse en una herramienta para la resolución de conflictos entre la población y las instituciones del Estado.

“Las sesiones virtuales se realizarán a través de una plataforma tecnológica de uso institucional que esté a disposición del Congreso, quien deberá garantizar la seguridad informática de la misma”, incluye la reforma.

La comisión deberá tomar las medidas necesarias para garantizar la publicidad de las sesiones, pudiendo solicitar a los directores de informática, así como al de comunicación social y relaciones púbicas el apoyo técnico y de servicio para que la sesión sea grabada. Pero sin acceso de la prensa a las sesiones.

El cambio establece que, dentro del plazo de 72 horas de haberse realizado la sesión con asistencia mediante modalidad virtual, el presidente de la comisión remitirá copia de la grabación a la dirección de informática y comunicación para resguardo correspondiente.

Las actas de comisión sustentan legalmente el pago de dietas correspondientes. Cada diputado recibe Q5 mil de dietas por asistir por lo mínimo a dos sesiones mensuales a cada comisión que forma parte.

También establecen que los diputados que comparezcan en la modalidad virtual deberán dejar constancia de su asistencia mediante firma electrónica en el listado que la comisión habilite para el efecto.

El diputado Óscar Argueta presidente de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional considera que es en este momento es trascendental porque la curva ascendente del virus ha estado complicando las reuniones de trabajo y citaciones, por lo que es importante que el Congreso en estas condiciones se adapte a hacer reuniones virtuales cuando sea oportuno y conveniente.

“La prensa debería de darle acceso a las plataformas que se empleen como si fueran integrantes de la comisión y puedan participar en toda la actividad y puedan hacer su trabajo y acceder a las fuentes de información tal y como lo establece la Constitución”, señaló el diputado.

El diputado Samuel Pérez presidente de la Comisión de Defensa al Consumidor manifestó que ellos tienen la suerte que los legisladores que integran esa sala de trabajo son del departamento de Guatemala, pero indicó que los diputados que residen en los departamentos son los que más problemas tienen para asistir a las sesiones de trabajo.

“A diputados como Eduardo Zachrisson o Adela Camacho les funcionaría la participación virtual por su condición y a otros que tiene problemas de venir a la capital”, explicó Pérez.

El parlamentario señaló que sería correcto que la prensa participe como oyentes en las reuniones virtuales o que los presidentes de comisiones estén en algún salón del Congreso para informar sobre el trabajo realizado.

Mientras que Mónica Marroquín de Congreso Visible considera que estas bien trabajar por videoconferencias por la crisis, porque se sabe que el Congreso busca cualquier pretexto para no continuar con el trabajo.

“Sobre todo que sean públicas para poderlas seguir fiscalizando y auditando porque definitivamente en años anteriores el trabajo legislativo bajo y si hay temas que se les debe de dar continuidad y tratar. Se prevé que para agosto podrían estar las reformas de la Ley Electoral al Congreso y para eso se van a tener que reunir los diputados, porque si no todos los temas van a quedar pendientes”, aseguró la entrevistada.

Aunque la modificación al reglamento no explica nada sobre el trabajo de la prensa de cómo se podrá tener acceso a las discusiones dentro de la sala legislativa. Sin embargo, el artículo 33 bis de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo establece que las sesiones de las comisiones sean estas ordinarias, extraordinarias o específicas, deberán ser registradas por medio de sistemas electrónicos de audio y audiovisuales, y archivadas donde corresponde.

Los registros de las sesiones de comisión son de carácter público.

Por aparte el artículo 40 de la misma normativa señala que las comisiones están obligadas a rendir los dictámenes en el plazo que no exceda de cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de la fecha en que reciban los expedientes de que se trate, salvo que justifique la prórroga de dicho plazo mediante informe que deberá presentarse al Pleno y aprobado por éste.

“En caso de no ser aprobada la prórroga por el Pleno, la comisión deberá emitir su dictamen o informe en un plazo improrrogable de diez días, contados a partir del rechazo de la prórroga”, continua el artículo.

La mayoría de los decretos aprobados por el Congreso han tenido el visto bueno de los diputados sin dictamen. Aparte, las iniciativas para la disolución de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) aún no ha sido discutida en la comisión de Gobernación del Congreso, a pesar de que la preside un diputado oficialista y que fue presentada por el presidente Alejandro Giammattei.

La otra iniciativa que también fue presentada por Giammattei para modificar el Código Penal en la que se propone modificar la legitima defensa como causa de justificación para eximir la responsabilidad penal a los ciudadanos y a los elementos de la Policía Nacional Civil contra los criminales tampoco ha sido conocida por la comisión de Gobernación.

Mientras que la que declara como terroristas a los pandilleros, no ha sido agendada por los diputados para ser aprobada en el pleno.

La viceministra administrativa de Salud, Nancy Pezzarossi, anunció que este jueves 2 de julio inició un proceso de compra de 120 mil pruebas de antígeno para la detección del covid-19.

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Pezzarossi, durante una citación con diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), manifestó que ayer se publicó en el sistema de Guatecompras el concurso para la compra de esos exámenes.

“Estas serían pruebas de antígeno, porque recuérdese que, en este momento, hay que ver lo que esté disponible en el mercado, y la facilidad de adquisición de la prueba de antígeno es la más recomendable”, se justificó la funcionaria.

La Viceministra manifestó que las pruebas de antígeno, aunque tienen un nivel de sensibilidad es menor a las pruebas moleculares o PCR, sí dan tendencia, y si sale negativo se le da seguimiento —a la persona— para que después se le pueda hacer una prueba de PCR.

“La prueba de antígeno da facilidad al personal de hacerla sin tener un equipo específico”, amplió la funcionaria.

Pezzarossi indicó que el sistema de salud contaba hasta ayer con ocho mil 500 pruebas para la detección del coronavirus; de esas, cuatro mil 500 están en el Hospital General San Juan de Dios, y el Hospital Roosevelt cuenta con mil. El resto están divididas en otros centros asistenciales públicos.

La ministra de Salud, Amelia Flores, también presente en la reunión con los diputados, indicó que hay siete mil pruebas pendientes de correr en el Laboratorio Nacional de Salud, y que las van a finalizar, porque eso puede generar tendencia a un aumento o aplanar la curva.

“En el momento en que tengamos todos los datos, se explicará al pueblo de Guatemala, como una actualización de datos en el período que se tomaron las pruebas.

Vamos a correr una sola prueba entre 10 hisopados y si alguno sale positivo se harán los demás, en caso contrario, se toma otro grupo de muestras”, dijo la ministra.

Flores dijo que a partir del pasado miércoles ya cuentan con información de pruebas efectuadas en el sector privado y los datos que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ha enviado y se consignan en la actualización diaria.

“Si los recursos de los programas sociales se acaban necesitaríamos forzosamente readecuar el presupuesto existente para aguantar un poco más o hacer una nueva solicitud al Congreso si fuera necesario de más recursos”, refirió el ministro.

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González Ricci manifestó que los beneficios se empezaron a entregar el 18 de mayo y como no todos van a la misma velocidad, considera que a finales de agosto se deberían de quedar sin recursos y que de ahí salió la idea de que los programas que no se están ejecutando o “los vueltos” los podríamos reorientar en programas como el Bono Familia que ahí nos quedaríamos cortos.

“El peor de los casos es que se acaben los recursos y la economía siga cerrada, porque necesitas más recursos para entregar algún tipo de subsidio para que la gente siga aguantando, a puro tubo habría que ir al Congreso a pedir más recursos y la forma más barata, no más fácil es ir al Banco de Guatemala y aplicar el artículo 133 de la constitución, porque si nos fuéramos por bonos esto afectaría porque no habría liquidez para apoyar a las empresas”, señaló el titular de la cartera del Tesoro.

“Al colocar los bonos en los bancos del sistema, lo que estaríamos haciendo es que la liquidez que podría servir para apoyar a las empresas se iría para la compra de bonos que no tiene sentido”, refiere.

El ministro de Finanzas considera que hay cuatro fuentes de financiamiento para llegar al Congreso, aunque no quiso dar un monto de cuanto podrían solicitar. Uno es préstamos multilaterales de apoyo al covid-19, como el que ya pre autorizo el Fondo Monetario Internacional por US$594 millones, la segunda una mejor recaudación como los puestos que se instalaron en Pajapita, San Marcos.

La tercera fuente sería emitir bonos y colocarlos localmente, pero este es más caro y la cuarta es utilizar el artículo 133 de la Constitución para que el Banco de Guatemala compre los bonos con el objeto de no dañar la macroeconomía del país.

El segundo párrafo de ese artículo establece que “con la finalidad de garantizar la estabilidad monetaria, cambiaria y crediticia del país, la Junta Monetaria no podrá autorizar que el Banco de Guatemala otorgue financiamiento directo o indirecto, garantía o aval al Estado, a sus entidades descentralizadas o autónomas ni a las entidades privadas no bancarias”.

El mismo párrafo añade que “con ese mismo fin, el Banco de Guatemala no podrá adquirir los valores que emitan o negocien en el mercado primario dichas entidades. Se exceptúa de estas prohibiciones el financiamiento que pueda concederse en casos de catástrofes o desastres públicos, siempre y cuando el mismo sea aprobado por las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso, a solicitud del presidente de la República”, concluye el párrafo.

Sin embargo, González Ricci manifestó que es positivo y que a finales de agosto se tendría abierta la economía con los respectivos protocolos y sus fases bien definidas si no se tiene habrá que determinar que incentivo se logra dar.

El jefe de bancada de la UNE, Carlos Barreda considera que una de las opciones es hacer una readecuación presupuestaria debido a que hay ministerios que no han avanzado en la ejecución.

Además, refirió que la ejecución de préstamos es un fracaso, en especial del Ministerio de Salud Pública, y lo ejecutado a la fecha es en salarios, no en inversión.

“La única excepción aparente, son los recursos destinados al Crédito Hipotecario Nacional que aparece como ejecutado, pero es solo por el traslado de los fondos al banco. Según Barreda, eso no quiere decir que el banco ya los prestó. Por esa deuda sin ejecutar está pagando por intereses”, refiere el diputado.

Agregó que subirá la ejecución de préstamos a fin de año en Salud y Educación, pero es para salarios y cumplir con el pacto colectivo. Es decir, deuda para funcionamiento y no para inversión.

Los diputados de esta alianza buscan llegar a los 107 votos con los bloques Vamos, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Visión con Valores (Viva), Humanistas, Valor, Todos, Unionistas, Prosperidad Ciudadana (PC), Unión del Cambio Nacional (UCN), Partido de Avanzada Nacional (PAN) -1 diputado- Bienestar Nacional (Bien), -5 diputado-, 20 diputados disidentes de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), independientes -2 diputados-, Victoria y Compromiso Renovación y Orden (Creo).

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Para luego retirarles la inmunidad a cuatro magistrados de la Corte de Constitucionalidad siendo estos Gloria Porras, Francisco de Mata Vela, Neftalí Aldana y Bonerge Mejía a quienes el pasado viernes la Corte Suprema de Justicia integrada con magistrados suplentes algunos de ellos señalados de haberse reunido o haber tenido algún tipo de comunicación con Gustavo Alejos, autorizó el trámite de solicitud de antejuicio.

Algunos diputados, señalan que incluso cuentan con el voto del diputado Armando Melgar Padilla y que lo llevarían en silla de ruedas.

El tercer vicepresidente del Congreso e integrante de la Comisión Permanente, Armando Catillo indicó que ellos lo que han hecho hasta este día es cumplir con lo que la ley manda, que es elegir una comisión pesquisidora.

“Nosotros creemos que estamos cumpliendo con la ley, no podemos cometer actos ilegales, si alguna Corte los está cometiendo es asunto de ellos, nosotros como comisión permanente no podemos cometer actos ilegales, nosotros esperamos que esto tenga un desenlace favorable”, dijo Castillo.

El parlamentario manifestó que esto sucede en el momento en el que los guatemaltecos están preocupados por los colapsos en los hospitales, y preocupados por la pandemia, y todos deberíamos de trabajar unidos para sacar adelante, esperamos que los magistrados recapaciten y que entiendan no pueden autoampararse y que esto se resuelva de la mejor manera posible.

“El expediente original lo tiene la Comisión Pesquisidora, eso se hizo en el trámite legal lo que la ley nos indica a nosotros. Hay un momento en la vida en el que los guatemaltecos lo debemos afrontar con valentía y creo que este es uno de estos momentos, de parte de mi representación de Viva en la Comisión Permanente no es venganza, sino que es en función en respeto al estado de Derecho si los impartidores de justicia pueden cometer algún ilícito y juzgarse ellos mismos creo que es un mal mensaje”, refirió.

Castillo añadió que a los magistrados no se les está condenando, y que el pleno solo debe determinar si hay un hecho ilícito. Considero que ellos debieron haberse inhibido de conocer un asunto que les afectaba a ellos, no puede alguien ser juez y parte, también del lado de la CSJ también debieron haberse inhibido algunos magistrados porque tenía interese en el asunto, todos debemos de recuperar la confianza al sistema de justicia.

Mientras que el diputado Luis Rosales del bloque Valor, integrante de la comisión permanente y de la Comisión Pesquisidora indicó que ellos van a continuar con la pesquisa en contra de los cuatro magistrados.

“Somos congruentes con la posición que hemos asumido los diputados que conformamos la comisión permanente, por supuesto que tenemos el expediente porque sobre el debemos de trabajar, la comisión pesquisidora se mantiene en firme, está trabajando y vamos a hacer lo que dice la Ley en Materia de Antejuicio, vamos a velar por el debido proceso, derecho de defensa, vamos a velar por las garantías que otras cortes no lo han hecho”, dijo el diputado.

Rosales dijo que por el momento no han recibido otra notificación, sabemos que la Corte remitió lo conducente, entiendo que ese es el procedimiento.

La denuncia que presentaron los magistrados de la CC, la conocerá la fiscalía de Delitos Administrativos.

Con la frase de Marco Tulio Cicerón: “El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretende hacerse superior a las leyes”, explicó su postura el jefe de bancada del partido Humanista, Rudio Lecsan Mérida.

Mérida manifestó que ellos están del lado de la Constitución y del estado de Derecho, y lo que está sucediendo es que se estableció un poder más allá de la Constitución y la Ley que creen que pueden atentar contra la propia constitución.

“El autoamparo es un delito que se llama prevaricato, nadie puede ser juez y parte porque todos pueden ser sometidos al imperio de la ley. Cunado un juez o un magistrado utiliza el cargo para protegerse así mismo es un delito. Aunque la CC haya resuelto en otro tiempo lo mismo, el error no es fuente de derecho y mi posición es defender la Constitución, yo juré defenderla”, dijo Mérida.

Añadió: “Estoy dispuesto a votar para retirarles la inmunidad. Lo que quiero aclarar es que no estamos en una crisis constitucional. Los magistrados actuaron a título personal utilizando el cargo”.

Mientras que el jefe de bancada de Creo, no quiso referirse si van o no apoyar en retirarles la inmunidad a los magistrados de la CC y que su mayor preocupación es la reactivación económica.

“Vemos con mucha preocupación este pleito entre abogados que representan el Poder Judicial, que nos va afectar a todos los guatemaltecos quienes queremos una justicia objetiva y clara, pero en este momento nuestra prioridad debe ser la reactivación económica. Según los análisis jurídicos que hemos visto, las decisiones de la CC pueden ser legales, no necesariamente son éticas por haberse autoamparado”, indicó Neutze.

Sin embargo, diputados de la bancada Creo podrían votar a favor de retirarles la inmunidad a los magistrados de la CC.

Guardan distancia

Por aparte, los bloques legislativos Bien -tres diputados- Winaq, Semilla, PAN -1 diputado- UNE -31 diputados-, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (Urgn) rechazaron las actuaciones de la Comisión Permanente y piden a la Organización de Estado Americanos que acompañe la crisis política para hacer vales la carta democrática ante las amenazas de rompimiento del orden constitucional.

Sin embargo, los 50 diputados que firmaron la carta no son suficientes para frenar lo que intentan hacer los parlamentarios aliados al bloque oficialista, ya que contarían con 110 votos para retirarles la inmunidad a los magistrados, lo mínimo que necesitaban con 107 votos.

En la carta que le enviaron a Almagro los diputados, le exponen que en el marco del esfuerzo por contrarrestar la cooptación de las instituciones nacionales por parte de redes de corrupción, se ha desarrollado un conflicto entre poderes del Estado en el que se está atentando contra la independencia judicial y se recurre a la persecución política de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad.

“Esta persecución amenaza el orden constitucional, la vigencia del estado de Derecho y la naturaleza democrática de nuestras instituciones”, exponen en la carta.

También que lo hacen en ejercicio de la responsabilidad que tiene como representantes políticos de la ciudadanía por lo que le solicitan iniciar gestiones para que de manera más urgente y en el marco de lo establecido en la Carta Democrática Interamericana proceda a hacer un análisis de la situación que atraviesa Guatemala en estos momentos.

El politólogo Jahir Dabroy indicó que acá hay una disputa de relación de poderes, cuando hay una interpretación constitucional de este tipo, lo que está detrás más allá del debate jurídico está el debate político.

“Los actores que están tratando de activar la Comisión Pesquisidora en contra de los magistrados, en buena medida lo que están buscando es aprovechar la coyuntura -pandemia- y la poca fiscalización a los diputados para tratar tener una readecuación en el tema de corte, para ellos es el momento perfecto para realizarla” refirió el politólogo.

Dabroy añadió que la poca institucionalidad que hay en el país está a punto de derrumbarse. Es importante que el presidente Alejandro Giammattei se pronuncie como líder de la unidad nacional, esto más allá de un debate jurídico es un debate de relaciones de poder.

El Hospital Roosevelt amaneció este jueves con 207 pacientes, en estado moderado y crítico, pero todos necesitan oxígeno. A diferencia del Hospital General San Juan de Dios es que no todos necesitan oxígeno, pero tiene al menos 200 pacientes.

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Este problema ya había sido anunciado por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) el pasado viernes cuando el Roosevelt tenía 188 pacientes y el San Juan de Dios 165. Los médicos hacen lo posible por atender a todos los que llegan, muchas áreas de esos hospitales fueron habilitados para atender a pacientes graves de coronavirus, a pesar de que no estaban destinados para ello.

La defensora de la Salud de la PDH, Zulma Calderón dijo que ya desde dos semanas habían recomendado que se habilitara el Centro Médico Militar o tomar en cuenta la estrategia que hizo el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) que rentó sanatorios para atender otro tipo de enfermedades y dejar la capacidad instalada para la atención de pacientes con coronavirus.

El médico Zagreb Zea quien es integrante de la Junta directiva del Hospital Roosevelt indicó que están sobrepasados de su capacidad y que se les está terminando el oxígeno para atender a los pacientes más críticos, por lo que hizo un llamado a “gritos” a las autoridades para que les den camas en otros hospitales

“Hoy -ayer- amanecimos con 207 pacientes, se nos está terminando el oxígeno porque los pacientes que están esperando en cola para poder optar a una cama tienen un cilindro de oxígeno y como es de alto flujo se acaba muy rápido”, explicó Zea.

El profesional de la medicina manifestó que tiene espacio para 100 personas y tenemos 207 personas. Agregó que entre lo que ha adquirido el hospital y donaciones cuentan con los insumes necesarios, pero dijo que lo que necesitan es que se habilite en un 100 por ciento el Hospital del Parque de la Industria.

“No me sirve de nada que me pidan 10 o 20 pacientes que estén leves o moderados, yo necesito espacio para pacientes críticos para que sean trasladado otros hospitales, pero principalmente al Parque de la Industria”, refirió.

Añadió: “Tenemos a gente sentadas en una banca que están en con cilindro que están recibiendo 12 litros por minuto, eso a un paciente le tarda 7 horas, la situación es muy desesperante para nosotros porque ya no sabemos dónde poner a la gente, y ya no tenemos oxígeno, necesitamos que nos desfoguen el hospital para seguir tratando a la gente que está adentro”, explicó Zea.

La situación en el Hospital General San Juan de Dios es similar a la del Roosevelt. El director de ese centro asistencial Fernando Solares explicó que se están llenos, la capacidad es para 60 personas y tiene 200 y que están haciendo más espacios para ingresar a más personas.

“Hemos actuado según a la necesidad que se ha ido presentando, por el momento solo 60 personas son las que necesitan oxígeno y pacientes ventilados tenemos 7, pero lo más conveniente es no tener ninguno. Creemos que se puede ir saliendo si se cuenta con especialistas, especialmente neumólogos, intensivistas e infectólogos”, dijo el director.

Napoleón Méndez jefe de cirugía del área de emergencia dijo que están haciendo su mejor esfuerzo, pero realmente es una situación insostenible y nos preocupa mucha la buena atención de la población y quisiéramos que fuera optima, quisiéramos darles espacios dignos y porque no lujos, si el guatemalteco lo merece, estamos consternados y tristes por la situación porque como sistema de salud no hemos dado respuesta a esta crisis.

“El hospital no estaba planificado para atender pacientes con coronavirus, y no porque no quisiéramos atender porque al final es una enfermedad más, pero era muy peligroso dejar entrar al virus porque la combinación de enfermedades crónicas y debilitantes como muchos de los pacientes”, explicó el galeno.

El profesional lamenta que el Hospital de Villa Nueva fue insuficiente y el del Parque de la Industria planificado para atender a tres mil, apenas llega a 500 y solo funciona con donativos, con algunos fármacos y con poco personal.

La defensora de la Salud indicó que los 188 pacientes reportados el pasado viernes en el Hospital Roosevelt son los que ya tienen un registro, tiene una cama, una silla o un colchón para poder ser atendidos. Pero aparte de ellos había unos 250 pacientes que buscaban ser atendidos para que les hicieran hisopados, o que estaban esperando un resultado y otros esperando espacio para que los ingresaran.

El hospital San Juan de Dios tenían las mismas condiciones del Roosevelt ya que contaban con 165 pacientes y tenían haciendo fila unas 350 que estaban en espera para ser atendido para que les hicieran el hisopado, esperaban resultados o una cama.

“Los 188 pacientes del Roosevelt y los 165 pacientes del San Juan son dependientes de oxígeno, porque estos dos hospitales se quedaron con los pacientes graves. El Hospital del Parque de la Industria no les recibe ningún paciente más ya que tenían 170 pacientes de los cuales 70 que tenían oxígeno de alto flujo”, dijo la funcionaria de la PDH.

El viceministro de hospitales, Francisco José Coma informó que están haciendo el análisis para desfogar pacientes pediátricos para el Hospital de Infectología Pediátrica y también desfogar pacientes adultos hacia otros hospitales, están trabajando en ello y esta semana se reunieron con la junta directiva del hospital Roosevelt precisamente para ese tema.

Diputados de la alianza oficialista buscarían concretar dos objetivos al retrasar la elección de cortes:  protegerse ante cualquier acción penal —para ello buscan mantener a los actuales magistrados, los cuales han sido permisivos con ellos—. Además, el proceso podría llegar hasta abril del próximo año, con lo que conseguirían obtener el control de la Corte de Constitucionalidad (CC) con tres votos de cinco, pues la CSJ elegiría a un magistrado, el Ejecutivo a otro y el Congreso al tercero, y así concretar la mayoría, señalaron diputados opositores.

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También conseguirían bloquear la reelección de la magistrada Gloria Porras, que lograría otro periodo si son elegidos los magistrados de la CSJ antes de abril del otro año.

Los diputados que están apoyando estos puntos son los afines al oficialismo: Todos, Prosperidad Ciudadana, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Visión con Valores (Viva), Valor, Humanista, Bienestar Nacional (Bien) . Los claves en este proceso son los parlamentarios afines a Sandra Torres y Gustavo Alejos, que son alrededor de 20. Ya que, sin ellos, los diputados afines al oficialismo no llegan ni a los 81 votos para las votaciones.

Se prevé que la otra semana se realice otra sesión extraordinaria, pero sin que se lleve a cabo la elección, y que se prolongue otras tres semanas, ya que el procedimiento aprobado establece primero que se dará lectura a la parte conducente de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, luego se procederá a dar lectura al informe remitido por la fiscal general, María Consuelo Porras sobre los señalamientos en contra de candidatos para ambas cortes.

Después se leerá el oficio que envió el Consejo de la Carrera Judicial relacionado con el número de magistrados titulares y suplentes a elegir, y también se dará lectura a los documentos de descargo que se haya recibido, para el cual ya tuvieron 20 días según la sentencia de la CC.

Para ambas elecciones, se procederá a anunciar el nombre del candidato por el cual corresponde votar de conformidad en el orden en el que aparecen en la respectiva nómina de postulación. Luego se llamará al diputado por su nombre según ordenado alfabéticamente por apellido para que ya emita su voto a viva voz y exprese las razones por las que cada candidato cumple o no con los requisitos conforme la sentencia.

Par allegar a ese punto se esperan entre tres y cuatro sesiones extraordinarias, y luego al regresar al segundo periodo ordinario, se pueda establecer una sesión semanal para finalizar con el proceso de elección.  Algunos diputados prevén que este procedimiento nos llevará hasta abril del 2021.

Por aparte la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) informará a la fiscal general, María Consuelo Porras sobre procedimiento aprobado por el Congreso para elegir magistrados de la CSJ y Salas de Apelaciones, y analice si se está o no cumpliendo con lo ordenado por la CC.

Falta de claridad

El diputado Cristián Álvarez, de Compromiso Renovación y Orden (Creo), manifestó que se aprobó algo mínimo, aunque   consideró que se cumple con el voto a viva voz establecido por la CC.

“Digo muy mínimo, porque sí deja una puerta abierta para que se tarde mucho, porque se cumple con el fallo de la CC de que cada diputado tiene que decir a viva voz, pero no quedó claro”, señaló.

“Se pinta que va a ser tardado. La sentencia de la Corte obliga ir uno por uno, y eso sería complicado. Deja dudas, porque no hay plazo. Estoy dispuesto a votar lunes, martes, miércoles, de 10 a 12, pero no sabemos ni cuándo empieza ni cuándo termina”, puntualizó.

Samuel Pérez, del bloque Semilla, comentó que la propuesta de ellos buscaba operativizar la sentencia de la CC, la cual tiene todo el sentido del mundo, ya que como no es posible que las próximas autoridades del sistema de justicia se reúnan con un convicto y, además, la propuesta de ellos era excluir a los señalados y elegir primero a los de CSJ.

“Algunos diputados señalaron que se estaba faltando al principio de presunción de inocencia. Simplemente se toma una decisión política de no excluir a los candidatos que tienen señalamientos y les conviene a los que quieren que se mantenga esta CSJ, para eventualmente tener una decisión en la integración de la CC. Pareciera esa la estrategia y mantener cooptado el sistema de justicia”, señaló Pérez.

Gabriel Heredia, de la UNE, dijo que ellos no están de acuerdo con lo aprobado, porque  solo la lectura de la sentencia y del informe circunstanciado del MP llevará  mucho tiempo, y el procedimiento de elección está en contra de lo que dice la sentencia, ya que primero debe elegirse  la CSJ y luego Apelaciones.

“Ese es el fondo del acuerdo, hacer muy largo el tiempo de la elección de cortes, y eso le puede hacer daño al país”, dijo Heredia.

Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, manifestó que los diputados le están dando vuelta a la resolución de la CC, ya que dan la idea de que se cumple, pero en el fondo están yendo en el sentido contrario a lo que pretendía la CC al emplazar al Congreso y al MP.

“Al simular el cumplimiento de los plazos, lo que hacen es   aferrarse a ciertas partes de la resolución, pero no están cumpliendo con el fondo y el espíritu de esta, que era garantizar el retorno a la estabilidad en el poder judicial en plazos racionales”, dijo Ibarra.

Añadió que el procedimiento   y el orden de la elección plantean un horizonte de   prolongación de funciones de las dos cortes, que podrían llegar incluso al primer trimestre del 2021.

Defienden procedimiento de elección

La diputada Sandra de León, de Bien, invitó a sus colegas a defender el principio de presunción de inocencia.

El diputado del bloque Humanista Aníbal Samayoa señaló que la resolución de la CC es una aberración jurídica, y criticó al MP por haber intervenido en el proceso.

Manuel Conde, jefe del bloque PAN, dijo que es un error aplicar el artículo 113 de la Constitución en este proceso de elección, puesto que los magistrados no son trabajadores el Estado.

Los casos de coronavirus cada día van en aumento en Guatemala, y ya se han superado los 14 mil 500 casos, pero para poder detectar los casos se necesitan más pruebas. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) ha adquirido cerca de 95 mil pruebas desde que se registró el primer caso el 13 de marzo pasado.

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Entre las pruebas adquiridas están las de PCR, y más recientemente, las de antígeno, con las que Edwin Asturias, director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19 (Coprecovid), busca llegar a la realización de 5 mil test diarios, ya que habría una descentralización de las pruebas.

En tanto, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) ha adquirido cerca de 25 mil pruebas y busca comprar 50 mil más a través de Naciones Unidas.

Primera compra

La Municipalidad de Santa Catarina Pinula es la primera en adquirir pruebas de antígeno para la detección de coronavirus.

Dicha municipalidad adquirió mil 625 pruebas de antígeno por un monto de Q321 mil 750 a un valor de Q198 cada una.

La primera compra fue hecha el pasado 3 de junio en la modalidad de baja cuantía y se adquirieron 125 pruebas por Q24 mil 750 a la empresa Soludx, S.A., esta firma se constituyó el 1 de noviembre del año pasado, y es la primera compra que le hace una dependencia del Estado.

La segunda adquisición fue adjudicada el pasado 9 de junio a través de cotización y se adquirieron mil 500 pruebas por un monto de Q297 mil a la empresa Lavsa, S.A., empresa que se constituyó el 5 de agosto del 2005 y hasta la fecha se le han adjudicado Q45 millones 596 mil 954.94. En ambas compras se desconoce la marca de la prueba.

El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero Asturias, indicó vía telefónica que fueron la primera comuna en adquirir pruebas de este tipo para la detección del covid-19.

“Se adquirieron hace dos semanas. La primera compra fue de 125 y la segunda ya fue de mil 500. Las pruebas las tiene el departamento de Salud, principalmente se hicieron a los empleados municipales y los paramédicos también las hacen dependiendo el caso, ya que se le ha hecho a algunos vecinos, pero toda vez presenten síntomas”, explicó el jefe edil.

Añadió que las pruebas también se les hicieron a todos los inquilinos del mercado municipal, que son alrededor de 300, para garantizar que estaban libre del coronavirus. También dijo que aún cuentan con un poco más de la mitad, por lo que no se adquirirían más pruebas.

El presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Miguel Ovalle, comentó que desconocía si las municipalidades buscaban adquirir pruebas de antígeno para detectar el covid-19, ya que cada una tiene la libertad de comprarlas conforme a su presupuesto.

El IGSS va por más pruebas

El IGSS busca a través de la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (Unops) adquirir 50 mil pruebas PCR para la detección de covid-19. Estás podrían ser de marca Atila Biosystems.

La compra que se haría por medio de Unops es para abastecer al Seguro Social de estas herramientas para diagnosticar coronavirus, ante el aumento de casos registrado en los últimos días.

La adquisición de las pruebas se hace en el marco de la asistencia técnica brindada por la Unops a través del proyecto Adquisición de Medicamentos e insumos Médicos al IGSS (Amedigss).

“Se requiere disponer de ensayos diagnósticos in vitro para su desarrollo en laboratorios, de calidad garantizada, para el desarrollo de pruebas rápidas, masivas, que permitan la detección del covid-19, causante del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2) y coadyuvar con ello la eficiencia de los planes de contención y cuarentena implementados a nivel nacional”, explican las bases.

El proyecto se subió al portal de adquisiciones del Estado bajo el Número de Operación de Guatecompras (Nog) 12774235 el pasado 11 de junio a las 18 horas. La recepción de ofertas fue este miércoles 24 de junio a las 11.30 horas y finalizó media hora después.

La distribución de las 50 mil pruebas sería de esta forma:

• 20 mil pruebas para el Hospital General de Accidentes “Ceibal”
• 20 mil pruebas para la Unidad Periférica de la zona 5
• 10 mil pruebas para el Hospital General de Quetzaltenango

Dentro de la licitación también se busca adquirir el equipo para correr las pruebas.

El Seguro Social ya ha adquirido por el momento 25 mil pruebas por un monto de Q6 millones 366 mil 676.48. De esas unas 15 mil 350 son de antígeno Biosensor Estándar Q; mil 750 PCR de la marca GeneXpert, ambas a la empresa Labymed, S.A., y 7 mil 936 pruebas PCR de la empresa Roche.

Pruebas de antígeno para Salud

El sistema de Guatecompras reporta que los hospitales Roosevelt y Nacional de Malacatán, San Marcos, adquirieron 450 pruebas de antígeno cada uno, y el Hospital de El Progreso, 400, mientras que los hospitales de Cobán, Alta Verapaz; Puerto Barrios, Izabal; Chimaltenango y el Regional de Zacapa, compraron 500 pruebas cada uno, para hacer un total de tres mil 300 pruebas por un valor de Q653 mil 400.

Otros centros asistenciales empezaron a subir a Guatecompras concursos para la adquisición del mismo producto.

El Hospital de Escuintla, 450 pruebas; el Distrital de Poptún, 250; el Nacional de San Benito, tres mil, ambos de Petén, y el Regional de Huehuetenango, 450.

En total, la cartera de Salud ha adquirido alrededor de 92 mil pruebas para la detección del coronavirus de las marcas Biosensor Estándar Q, GeneXpert -ambas a la empresa Labymed, S.A. y a la compañía Roche-. GeneXpert y Roche se corren bajo la modalidad de PCR. Las compras suman Q36 millones 594 mil 136.80.

¿Habilitarán hospital?

El jefe edil de Santa Catarina Pinula señaló que desde el 2004 se finalizó la construcción de un hospital que se ubica a unos 200 metros del edificio municipal, y que se buscan los permisos por parte del Ministerio de Salud, por lo que no aseguró que las instalaciones estén listas para atender a pacientes diagnosticados de covid-19.

“Estamos haciendo los trámites para habilitarlo, pero no hay nada seguro. El hospital se construyó en el 2004 y a la fecha no se ha inaugurado, allí está el edificio nuevo pudriéndose. Luego de los permisos hay que equiparlo, pues ahorita está el edificio vació”, dijo el alcalde.

• Atila Biosystems

Estas pruebas incorporan una importante novedad frente a los kits actuales en el mercado para la detección del covid-19, eliminando el paso de extracción de ARN y por lo tanto reduciendo el tiempo de obtención de resultados a 75 minutos -1 hora y 15 minutos-.

• Según las especificaciones de la prueba, está destinada a la detección cualitativa del ácido nucleico del Sars-CoV-2 en extracciones nasofaríngeas/orofaríngeas con hisopados de nylon.
• Atila es un ensayo isotérmico basado en una nueva tecnología patentada. Este kit de detección de covid-19 se lanza como una prueba aprobada por la FDA de EE. UU.
• Podría tener un valor de Q200.

• Standar Q covid-19 AG

La prueba es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa de antígenos específicos para el Sars-CoV-2 presente en la nasofaringe humana.

• Resultados en 30 minutos.
• Fácil de usar
• Muestra: hisopo nasofaríngeo
• Trae todos los reactivos necesarios y no se necesita equipo
• Tiene un valor de Q198.

• GeneXpert

Es una prueba molecular PCR automatizada para la detección de Sars-CoV-2, el virus que causa covid-19.

• La prueba aprovecha los principios de diseño, y trae un cartucho de la gripe. Esta puede proporcionar una detección rápida del actual coronavirus pandémico Sars-CoV-2 en tan solo 30 minutos.
• También es a través de un hisopo nasofaríngeo.
• Tiene un valor de Q431

• RT-PCR de Roche

Realiza la detección de Sars-CoV-2 con alta sensibilidad.

• Es una prueba de RT-PCR en tiempo real, destinada a la detección cualitativa de virus que causa el covid-19 en muestras de hisopado nasofaríngea y orofaríngea.
• Esta prueba puede ejecutarse en los sistemas automatizados de Roche con autorización de uso de emergencia.
• El valor de la prueba en el mercado es de Q312.48

El ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci indicó que, aunque no tiene un dato exacto de cuantos serían los beneficiados, calcula que son alrededor de 115 mil los pensionados y jubilados del Estado.

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González Ricci indicó que quien pagará el bono será el Ministerio de Economía ya que son ellos los que tienen a cargo los recursos, y que ellos solo trasladarán los listados de beneficiados.

De oficializarse la cantidad de pensionados y jubilados, cada uno podría recibir un bono único de Q1 mil 300. Los Q150 millones provienen del fondo de protección del empleo, el cual no ha tenido mayor ejecución.

La iniciativa original establecía un monto de Q2 mil para cada uno de los que resultaran beneficiados; no obstante, luego de una discusión se estableció que solo se aprobara el monto de Q150 millones y que sea Finanzas el que lo distribuya.

“La presente ley tiene como objeto otorgarles una bonificación única a los jubilados y pensionados del Estado, para afrontar la crisis que están pasando, derivado de la emergencia por el covid-19”, se lee en el artículo primero.

El segundo establece que la prestación se otorgará de carácter extraordinario y obligatorio y que debe pagarse antes del 30 de agosto de este año.

“El Ministerio de Finanzas y el Crédito Hipotecario Nacional (CHN) establecerán el monto de la bonificación extraordinaria que corresponde, tomando en consideración el número total de los pensionados y jubilados del Estado”, añade ese artículo.

El presidente del Congreso, Allan Rodríguez, y otros diputados querían excluir a los pensionados y jubilados que ya estaban incluidos en otros programas como el Bono Familia; sin embargo, por no tener los votos, fue retirada la propuesta.

La normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario de Centro América.

Los diputados estaban convocados a las 14 horas para cumplir con la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) y elegir a los magistrados. Sin embargo, luego de dos horas de atraso, la sesión comenzó con la presencia de 135 diputados.

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La plenaria comenzó con propuestas para modificar el orden del día, con diferentes temas. El diputado Rudio Lecsan Mérida, del bloque Humanista, solicitó que se incluyera la iniciativa de reformas a la Ley Constitutiva del Ejército, propuesta que tuvo el apoyo del congresista Manuel Conde Orellana, del PAN. Sin embargo, esta fue improbada al obtener solo 71 votos a favor.

Asimismo, el legislador Luis Pineda, del bloque Semilla, pidió que el punto quinto referente a la elección de los magistrados de Apelaciones y CSJ se pasara al segundo, y que primero se eligiera a los togados de la CSJ, y luego Apelaciones. La moción fue improbada al contar con el apoyo de 53 diputados.

Otra de las propuestas que no tuvo eco fue la de Wálter Félix, de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (Urng), quien pidió que el punto quinto fuera el primero, pero solo tuvo el apoyo de 55 parlamentarios.

Mientras que la propuesta de Duay Martínez, del oficial Vamos, para reformar la Ley Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional (CHN) fue aprobada con el voto favorable de 128 diputados. Esto con el objetivo de viabilizar los programas sociales que se dan por ese banco.

Otra propuesta aprobada fue la del parlamentario Óscar Chinchilla, de Compromiso Renovación y Orden (Creo), para aplazar hasta el 31 de octubre el pago del impuesto de circulación de vehículos. Fue aprobada por urgencia nacional.

Algunos argumentos

Diputados como Conde Orellana, Álvaro Arzú, del Partido Unionista, y Rubén Barrios, de Valor, recriminaron que no era correcto elegir primero las cortes porque eso era “beneficiar a una magistrada de la CC para su reelección”, y  a algunas oenegés, por lo que primero debe ser la de Apelaciones y luego la CSJ, porque “primero en tiempo y luego en derecho”, dijo Conde Orellana.

El proceso para la elección quedó en el punto sexto, en el inciso a)  de la parte conducente de la sentencia de la CC. Como punto b) está la elección de magistrados de salas de Apelaciones y por último elección de magistrados de CSJ.

Las variables

La inmunidad del diputado de Todos Felipe Alejos, la reelección de Gloria Porras como magistrada a la CC, elegir a candidatos a magistrados cuestionados, y proyectos de obra gris, son los puntos que están sobre la mesa y por los que no se ha llegado a un acuerdo.

El pasado fin de semana empezó a circular una lista de supuestos candidatos, quienes habrían sido consensuados con algunos bloques, la cual el lunes último fue oficializada por el diputado Aree Alvin Aguilar, del bloque Vamos.

La bancada Todos busca proponer un precedente en el que todos los candidatos entren en la votación y se tome en cuenta a los que tienen señalamientos de haberse reunido o mantenido comunicación con el operador político Gustavo Alejos, lo que contravendría la resolución de la CC, que establece que los candidatos que no llenen los requisitos del artículo 113 constitucional —capacidad, honorabilidad e idoneidad— no pueden ser electos.

No obstante, el bloque Semilla y otros diputados propusieron lo contrario, que sean excluidos los candidatos con señalamientos y que primero se elija a magistrados de la CSJ, cuestión con la que estuvo de acuerdo la UNE.

La intención de los diputados es atrasar la elección para que los magistrados sean electos hasta el 2021, para bloquear la reelección de  Porras por parte de los nuevos magistrados judiciales, y que la CC no anule la elección de candidatos señalados.

Buscan atrasar elección

La directora de la Fundación Myrna Mack, Helen Mack, indicó que lo decidido por los parlamentarios ya estaba previsto, y señaló que algunos de ellos se habrían reunido con el presidente Alejandro Giammattei para lograr el atraso de la elección, cuestión que no fue confirmada por la Presidencia.

“Se dieron 15 días para la negociación y para este tiempo se incluye la inmunidad del diputado Felipe Alejos. Y si no excluyen a los señalados no estarían cumpliendo con la Constitución con el artículo 113 sobre la idoneidad, capacidad y honorabilidad”, refirió Mack.

Consideró que hay diputados que buscan incumplir con la sentencia de la CC, “porque dijeron que pasan o pasan”, como Manuel Duarte, quien es decisivo en la inmunidad del diputado Alejos. “El problema es que él tiene pena suspendida, él aceptó su delito y la sentencia de la Corte incluye no solo a los que se reunieron con Alejos, sino a los sentenciados o suspendidos de la pena. Él es apoyado por Todos y Valor”, agregó la activista.

Por aparte, la CC informó que ya notificó la resolución en la que ordena a la CSJ emitir un nuevo fallo sobre el antejuicio del congresista Alejos, quien fue notificado el pasado lunes a las 14.50 horas, mientras que la CSJ fue notificada a las 10.06 horas y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) a las 9.22 de ayer.

José Echeverría, presidente del Movimiento Cívico Nacional (MCN), dijo que era lamentable la situación del país en relación con la elección del Poder Judicial, debido a que la ciudadanía tiene muy poca certeza sobre cuándo se renovará este poder del Estado que lleva más de ocho meses de retraso en su elección.

“La última sentencia de la CC crea un laberinto en la forma de elección que algunos diputados están usando para prolongarla debido a la poca claridad que existe y a que no hay un plazo fatal en el que estén obligados a elegir, como lo hubieran estado con el período constitucional del 13 de octubre pasado”, dijo el directivo.

Echeverría aseguró que el Poder Judicial se ha prolongado de forma extraordinaria, lo cual es contrario a los principios republicanos de poder limitado.

“Lamentablemente hemos llegado hasta este punto y pareciera que en lugar de tener reglas claras los ciudadanos dependemos de voluntades ajenas para poder contar con la renovación del poder judicial”, expresó.

Ambos hicieron un llamado a la ciudadanía para estar atentos a esta elección y a exigir que los candidatos más independientes sean electos y con una forma de votación ordenada y transparente.

Nuevo Código Penal

La Comisión de Reformas al Sector Justicia del Congreso, presidida por el diputado Oto Callejas, empezó este martes con una serie de audiencias públicas para discutir el proyecto para la elaboración de un nuevo Código Penal.

Cornelio García, diputado del bloque Todos y ponente de la iniciativa, dijo que las audiencias son para recibir los aportes de   diferentes grupos del sector justicia, con el fin de enriquecer el proyecto y  emitir un dictamen “más consensuado y enriquecerlo”.

“Por eso recibimos las propuestas de la Cámara Penal, Defensa Pública Penal y Procuraduría General de la Nación, para avanzar en estos temas, y este miércoles seguirán las audiencias”, indicó.

La falta de acuerdos para elegir a los magistrados que integrarán el Poder Judicial es evidente entre los diputados, a pesar de que ya se había consensuado una lista para votar por magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo que podrían llevar un nuevo retraso en la elección.

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Los diputados están convocados para este martes a las 14 horas, para la elección de magistrados de CSJ y salas de Apelaciones, y así dar cumplimiento a la sentencia de la Corte de Constitucionalidad.

En el orden del día de este martes el punto quinto es la elección de magistrados y empezar por los de las salas de Apelaciones; no obstante, otro de los aspectos que podría retrasar este proceso es que diputados de la alianza oficialista empezarán a votar por estos magistrados y como lo deben de hacer a viva voz, lo elegiría uno por uno y en cada sesión podrían escoger entre 10 y 20 magistrados.

El jefe de bloque del Partido de Avanzada Nacional (PAN), Manuel Conde Orellana, manifestó que antes de entrar al proceso de elección de cortes se van a tomar otras decisiones como Congreso, para  ordenar el proceso, y luego cumplir con el mandato constitucional.

“Primero vamos a tener un orden del día, luego decidir a través de un acto de voluntad política de elegir a los magistrados y hacerlo conforme al mandato constitucional, del cual no debemos separarnos, y lo otro es apegarnos a los sistemas de votación que establece la ley orgánica -del Congreso, que no establece la votación a viva voz-, y antes de entrar al proceso de elección tendremos que resolver estos puntos, por ejemplo, si vamos a estar en sesión permanente, y eso tendrá que resolverse antes de entrar al proceso de elección”, explicó.

El tiempo que un diputado se lleve para justificar sobre su el voto no tiene límite, por lo que “no sabemos cuánto tiempo vaya a durar una elección de esta naturaleza si hay argumentación de voto”, añadió.

“Tenemos dos escenarios, el de poder llegar a un acuerdo político las fuerzas representadas en el Congreso y que eso viabilice el proceso de elección, o tenemos el escenario de la falta de un acuerdo que puede hacer más prolongado el proceso”, dijo Conde Orellana.

El jefe de bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Carlos Barreda, manifestó que por el momento no se ve un acuerdo político para la elección de magistrados, y que un grupo de diputados busca elegir en cada sesión a entre 10 y 20 magistrados de salas de Apelaciones, por lo que elegir a 135 titulares y 90 suplentes sería tardado.

“Creemos que sí se puede elegir a los magistrados por bloques de 20 o 25, siempre y cuando se explique por qué motivos se le da el voto o por qué no. Consideramos que todos aquellos que han tenido relación directa con Gustavo Alejos deben ser excluidos de la votación, y los que han sido condenados o sentenciados”, dijo Barreda.

“Entre magistrados de salas y CSJ hay 57 profesionales que no son elegibles, porque se les aplican este tipo de criterios, para Corte Suprema hay como nueve y para salas -de Apelaciones- alrededor de 50 que estarían invalidados, estos últimos porque hay repetidos en las dos listas”, resaltó Barreda.

Samuel Pérez, del bloque Semilla, señaló que tiene información de que no hay consenso para una lista que empezó a circular la semana pasada y que muestra los intereses de cada bloque.

“Sabemos que quieren sentar un precedente para desconocer el informe del Ministerio Público (MP), pero nosotros vamos a establecer un precedente para excluir a los candidatos que están en el informe del MP”, dijo Pérez.

El diputado añadió que tuvo conocimiento de que en Washington están preocupados por la elección de magistrados y que le van a poner atención, sobre todo, a los que intenten no cumplir con la sentencia y los que están en la lista del MP.

El diputado Aree Alvin Aguilar, del bloque Vamos, expuso que podría ser verdad lo de el listado que circuló el fin de semana con 13 profesionales que podrían ser electos magistrados de la CSJ, ya que aún están en el proceso de calificación de los candidatos para que sea transparente.

“Yo creo que si es verídico ese listado, todavía estamos en el tema de revisar currículos para darle la afirmación a cada uno, lo que estamos manejando es la transparencia total, en las redes sociales se filtró el listado que mencionan, pero estamos en proceso de evaluación de los candidatos”, dijo el diputado oficialista.

Rudy González, jefe de bloque de Visión con Valores,  expresó que están trabajando en la lista de personas que envió el MP, ya que “estamos del lado del estado de Derecho”.

“Nosotros nos hemos reunido como bloque para analizar el tema, pero no nos hemos reunido con ningún otro bloque, por eso de las listas, es una elección personal, ya que cada uno decidirá por cada una de las personas que puedan llenar los requisitos para integrar las salas”, señaló el diputado.

Lista que circuló el pasado fin de semana

• Evert Obdulio Barrientos Padilla
• Elvia Ester Velásquez Sagastume
• Claudia Lucrecia Paredes Castañeda
• Teódulo Ildefonso Cifuentes Maldonado
• Erwin Iván Romero Morales
• Gustavo Adolfo Morales Duarte
• Estuardo Adolfo Cárdenas
• José Alejandro Córdova Herrera
• Manuel Reginaldo Duarte Barrera
• José Luis de Jesús Samayoa Palacios
• Carlos Ronaldo Paiz Xulá
• René Guillermo Girón Palacios
• Aura Elena Herrera Flores

Antejuicio contra Felipe Alejos

Otra decisión que a criterio de analistas tiene relación con la elección prevista para este martes en el Congreso es la resolución que debe tomar en pleno la CSJ, que por fallo Constitucional debe de volver a conocer la solicitud de antejuicio contra el diputado Felipe Alejos.

La denuncia fue presentada en enero del 2018 por la Fiscalía a Especial Contra la Impunidad (Feci), pero a poco más de dos años la solicitud de antejuicio ha enfrentado retrasos. Según el jefe de la fiscalía, Juan Francisco Sandoval, el antejuicio se ha convertido en uno de los que más obstáculos ha enfrentado.

“La expectativa desde que fue realizado el planteamiento es que se cuenta con los elementos que permiten acreditarle a la CSJ que el antejuicio no fue promovido por motivos políticos, espurios o ilegítimos, sino al contrario, que son indicios que pudieran resultar en una investigación”, señaló Sandoval.

El director de Acción Ciudadana, Edie Cux, afirmó que el antejuicio contra Alejos es una muestra clara de los efectos que ocasiona el litigio malicioso dentro del sistema legal del país.

“Es obvio que la defensa y la intención del señor Alejos es retrasar lo más posible el proceso que tiene en su contra y ese retraso tiene estrecha vinculación con el cómo se van a conformar, tanto la CSJ como las Cortes de Apelaciones, puesto que él es uno de los principales operadores y tiene un interés directo en manipular ese tipo de procesos y se entiende que el caso no avance debido a las posibles influencias que pueda estar ejerciendo en el organismo de justicia”, refirió.

Para Carmen Aida Ibarra, directora del Movimiento Pro Justica, la decisión que tome la actual CSJ o bien la que esté por ser electa por el Congreso difícilmente podrá resolver con objetividad la denuncia contra Alejos.

“Qué Corte debe conocer el antejuicio, esta o la otra, no importa porque las incidencias de Felipe Alejos van a estar presentes de todas maneras, porque ya está bastante fuerte su incidencia y la de quienes financiaron la cooptación de las comisiones de postulación y de los listados, ya está fuerte en los listados actuales de candidatos”, precisó.

La resolución de la CC que ordena a la CSJ volver a conocer el antejuicio se emitió la semana pasada, pero debido a que la magistrada Dina Ochoa no adjuntó su voto razonado, por ser la única que votó en contra, la notificación no ha llegado a la CSJ, lo que retrasa la nueva discusión.

A pesar de que algunos diputados aseguran de que el 23 de junio por la tarde se llevará a cabo la sesión para elegir magistrados de la Corte Surema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones, aún no oficializan el día, cuando este viernes finalizaron los 20 establecidos por la Corte de Constitucionalidad (CC) para establecer la fecha.

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El tercer vicepresidente del Congreso, Armando Castillo, indicó que el tema “está complicado”, ya que el plazo para elegir vence el martes. “A más tardar ese día, se debe convocar y sesionar”, expresó en un corto mensaje, debido a que se encontraba en una actividad en Nebaj, Quiché.

Mientras, la comisión permanente guarda hermetismo sobre el procedimiento para la elección, pues la sentencia de la CC establece que sea de viva voz y no se tomen en cuenta las personas cuya idoneidad esté comprometida.

Otros parlamentarios afirman que solo se convocará “para cumplir con la sentencia”, pero que no se realizará la elección, ya que los diputados que apoyan al oficialismo buscan atrasar la elección, algunos hasta el 2021.

Proceso estancado

El 13 de junio último se cumplieron ocho meses de que no se ha renovado el Organismo Judicial (OJ), pues cuatro acciones legales han impedido que se concrete la elección de magistrados de la CSJ y salas de Apelaciones, señaló el Movimiento Cívico Nacional (MCN) en un informe.

Además, que eso “ha violado la seguridad jurídica del país, debido a que los ciudadanos no tienen certeza de cuándo se renovará el Poder Judicial”.

El documento también detalla que 26 candidatos —de los cuales tres están en ambas nóminas— no podrían ser elegibles como magistrados, cinco de ellos en la lista de CSJ —de 26 candidatos— y 21 en el de Corte de Apelaciones —de 270—, porque “ya que visitaron a Gustavo Alejos o tuvieron algún tipo de comunicación con él”, y otro grupo que está en la lista entregada por el Ministerio Publico al Congreso de personas con señalamientos.

El presidente del MCN, José Echeverría, dijo que sería preocupante si los diputados consideran a esos aspirantes, y mencionó que si los señalados no pueden ser tomados en cuenta, las comisiones de postulación deberían hacer una nueva nómina, o simplemente no elegir a los 21 que están en las listas.

“Naciones Unidad establece que la independencia debe ser demostrada, eso quiere decir con acciones y actitudes de las personas o de los jueces, en este caso deben demostrar su independencia para generar mayor confianza con los ciudadanos”, explicó.

Por aparte, Echeverría indica que se podrían generar otros problemas debido a que Selvin Flores renunció a ser elegido, por lo que a su consideración la nómina de candidatos -26- no estaría completa, por lo que no podría elegirse como establece la Constitución.

El documento detalla que han podido observar cómo el proceso de selección de uno de los poderes del Estado no ha tenido seguridad jurídica sobre la forma de elección.

Además, que la Corte de Constitucionalidad en sus diversos fallos, derivado de cuatro acciones de amparo presentadas, “ha creado un clima de incertidumbre”.

“El contenido del informe de la Feci refleja una investigación débil y poco concluyente, que no aporta las pruebas fehacientes suficientes para una valoración completa. Pero el Congreso debe asegurar una elección transparente, definiendo el método de elección, tomando en consideración el marco normativo constitucional”, señala el documento.

El sistema de Guatecompras reporta que los hospitales de Roosevelt, Cobán, Alta Verapaz y Puerto Barrios, Izabal adquirieron mil 450 de antígeno, el primero 450 y los siguientes 500 cada uno. Mientras que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social adquirió 8 mil de estas pruebas.

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Estás adquisiciones fueron otorgadas a la empresa Labymed, S.A., firma que ya ha vendido pruebas de la marca GeneXpert de la casa Cepheid. Se le escribió y llamó a su representante, pero no respondió, la intención era conocer que tipo de prueba era la que empezaron a comercializar, Roche es otra empresa que ha vendido pruebas para detectar el coronavirus.

Mientras que en general, la cartera de Salud a través de sus unidades -hospitales- han adquirido desde que se declaró estado de Calamidad Pública el 5 de marzo pasado 92 mil 72 pruebas a un monto de Q36 millones 594 mil 136.80.

Al menos 16 hospitales más el Laboratorio Nacional de Salud son las unidades compradoras que han adquirido este tipo de pruebas.

El Ministerio de Salud utilizará este tipo de pruebas antígenos (AG) que se adquirirán para detectar el covid-19 son efectivas, pero algunos consideran los test dan “falso negativo”, por lo que consideran que en esos casos de realizará una prueba de biología molecular para descartar el falso negativo.

Edwin Asturias, director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19 (Coprecovid), explicó el pasado 11 de junio que las pruebas de antígeno tienen entre un 20 y 30 por ciento de falsos negativos, por lo que, si a un caso sospechoso se le practica este tipo de test y sale negativo, debe aplicarse la prueba molecular. Para ello se guarda una parte de la prueba para usar en la de PCR.

El epidemiólogo expuso que todo paciente que ingrese a un hospital debe someterse a esta prueba, a excepción que llegue por otro motivo como fracturas, pero si presenta algún síntoma de coronavirus, queda a criterio del médico practicarle la prueba.

La intención del Gobierno es realizar cinco mil pruebas diarias con lo que se busca identificar de manera oportuna los casos asintomáticos y así enviarlos a cuarentena.

El director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), Juan Carlos Zapata indica que Costa Rica está realizando 6 mil 536 pruebas por millón de habitantes y las hace a través de PCR y de antígeno.

“Las pruebas de antígeno se están utilizando en varias partes del mundo, es cierto que tienen una sensibilidad del 85 por ciento, pero la ventaja es que se pueden hacer en cualquier centro de salud, en cambio una prueba PCR se necesita una termocicladora que tiene un valor de US$20 mil a US$80 mil y que alguien especializado en biología molecular. El equipo, las personas y las capacidades técnicas son mucho mayores a las de antígeno, las cuales cualquier enfermera la puede hace”, explicó Zapata.

El directivo indicó que en el país se están comercializando varias marcas, pero la única que ha visto son las Standar Q de la marca SD Biosensor.

¡Infórmate!

¿Qué son las pruebas PCR, de Antigenos y Serológicas? ¿Cuándo se deben usar? #COVID19 #UnidosPorElDesarrollo pic.twitter.com/jZAnftBRuZ

— FUNDESA (@FUNDESA) June 17, 2020

“Las de antígeno son mucho más económicas, pero el precio de Q198 considero que está un poco cara, en otros lugares cuesta eso ya con el laboratorio, pero me imagino que no encontraron otro proveedor”, refirió.

Zapata añade que en las pruebas de antígeno no se respeta la cadena de frio, ya que pueden estar a temperatura ambiente.

“Es importante aumentar la capacidad tanto del Ministerio de Salud como del IGSS, este último está realizando 180 pruebas diarias, mientas que Salud hace entre mil 500 a mil 700 pruebas y hasta que no se tengan más laboratorios corriendo test va a ser difícil aumentarlas”, dijo el directivo.

José Ortiz, epidemiólogo del observatorio del covid-19 en Guatemala, indicó que las pruebas de antígeno darían problemas, ya que darían falsos positivos y falsos negativos, lo que podría perjudicar, ya que, si le sale negativo, no es que no tenga el virus, sino puede ser que tenga una carga viral muy baja, pero a través del sistema de PCR sí saldría positivo.

“Lo que va a ocurrir es que se van a invisibilizar los casos, van a enviar gente que sí está infectada a sus casas y van a contagiar a sus parientes, o puede ser que las personas sean asintomáticas y que sus parientes si presenten síntomas, porque cada persona reacciona distinta”, dijo el experto.

Ortiz manifestó que por otro lado al haberles dado licencia sanitaria el producto se puede comercializar y los laboratorios o personas no van a notificar al Ministerio de Salud que son positivos, y por lo regular las personas adquieren estas pruebas por el estigma de no querer ir a los servicios porque están saturados o porque en su trabajo los pueden despedir.

“Si vemos que empiezan a caer los casos es porque se están invisibilizando a través de las pruebas rápidas y que hay gente que se las está haciendo y que no le notifica al Ministerio. El hecho de introducir estas pruebas implica una regulación por parte del Ministerio, la persona que las distribuye tiene que garantizar que tiene que notificar los casos que salgan positivos”, explicó el epidemiólogo.

Las diferentes pruebas para detectar el coronavirus 

Pruebas PCR

• Es el método de prueba más sensible para diagnosticar el coronavirus antes de que se presenten síntomas, se hace a través de hisopado nasofaríngeo Su detección es solamente con personal profesional y máquinas especializadas para correr las pruebas.

Pruebas antígenos

• Es un procedimiento de prueba simple, y también se hace a través de hisopado nasofaríngeo, los resultados dan la oportunidad de tomar decisiones más rápidas para aislar a la persona, su sensibilidad podría ser de un 85 por ciento.

Pruebas serológicas

• Son pruebas de anticuerpos detecta una respuesta inmunológica contra el patógeno y se hace por medio de una gota de sangre. Detecta los anticuerpos que produce el organismo mientras está respondiendo o ha respondido en algún momento a este virus. Esta prueba no es capaz de detectar de manera temprana el virus.

Los bloques aliados al oficialismo en el Congreso tienen previsto elegir magistrados el próximo 23 de junio; sin embargo, solo sería para cumplir con la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC), ya que la intención sería elegir al poder Judicial hasta el 2021, luego de que se cambie a los magistrados de la CC.

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Diputados manifiestan que el grupo de parlamentarios que integran los bloques Vamos, Visión con Valores (Viva), Valor, Partido Unionista (PU), Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Unión del Cambio Nacional (UCN), Podemos, Partido de Avanzada Nacional (PAN) y Todos podrían atrasar la elección de magistrados para el próximo año, con el objetivo de que los magistrados de la CC no los obliguen a repetir el proceso, ya que tienen intención de elegir a personas no idóneas.

En la sesión prevista para el 23 de junio no habría quórum para hacer la elección, la convocatoria sería solo para cumplir con la sentencia de la CC. Diputados de esta alianza no están de acuerdo con excluir a señalados, ya que argumentan que se viola la presunción de inocencia, debido a que el informe del Ministerio Público establece que un grupo de abogados y candidatos a esos cargos se reunieron con el empresario Gustavo Alejos para negociar su nombramiento.

Los jefes de los bloques legislativos Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Semilla y Winaq solicitaron al presidente del Congreso, Allan Rodríguez, que convoque a la instancia de jefes de bloque y así determinar el mecanismo de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y salas de Apelaciones que debió haber tomado posesión el 13 de octubre del año pasado.

El proceso de elección de magistrados quedó suspendido debido a varios amparos que la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió con lugar, los primeros fueron por la oscura elección de magistrados de sala para integrar la postuladora de CSJ, proceso que se tuvo que repetir y por falta de evaluación de parte del Consejo de la Carrera Judicial a los jueces y magistrados.

El último amparo fue otorgado al Ministerio Público luego de descubrirse las reuniones que tuvo Alejos con políticos y candidatos para integrar las nóminas finales de magistrados que se entregaron al Congreso.

El vicepresidente Guillermo Castillo, en su cuenta de Twitter instó a los diputados a que concluyan el proceso de elección de magistrados, ya que se debe acatar la sentencia de la CC sobre la elección de las cortes de Justicia, ya que fortalece el estado de Derecho y desvanece otro factor de incertidumbre.

Reformas constitucionales

El atraso en el Congreso no sería precisamente para llegar a conocer las reformas constitucionales enfocadas al sector Justicia que estaría por enviar el Ejecutivo al Legislativo. La presentación de las reformas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia está suspendida debido a los casos positivos de covid-19 que se dieron en casa presidencial.
La propuesta de reforma incluye elevar de 13 a 15 los magistrados de la CSJ, se eliminan las comisiones de postulación, ya que el presidente en consejo de ministros nombraría a tres, el Congreso a tres, el Colegio de Abogados la misma cantidad, los decanos de Derecho de la Universidades Privadas y de la Usac a otros tres y los magistrados de sala también a tres.
A la Cámara Penal, Civil, y de Amparos se sumará una nueva, la de asuntos administrativos, la elección del presidente de la CSJ se hará en la primera sesión, pero si no se consigue asumiría el colegiado más antiguo y al cumplir 80 años habrá retiro obligatorio.

Varias negociaciones

Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva del Movimiento Pro Justicia, señala que hay una serie de negociaciones sobre la mesa, hay diputados que buscan impunidad para sí mismos o para sus financistas y hay quienes participaron en esta negociación poniendo sobre la mesa otros temas. No todos los bloques están interesados en generar impunidad, sino asuntos como obra pública, contratos y otros.

“Seguramente quieren tener cuotas de poder y otros seguir con el tráfico de influencias y ver sus asuntos en general. En este momento, como suele suceder, en elección de gran nivel, a la mesa de negociaciones llegan muchas cosas, como impunidad, otras obras, otros contratos. En el Congreso hay de todo, hay diputados que no tendrán un interés personal en cooptar las cortes, pero sí darán su voto a cambio a que les den algo para su distrito”, señaló Ibarra.

Estamos en uno de esos momentos en los que casi todos salen ganando -diputados- y no la población, ni la administración de justicia.

Por aparte, hay algunos diputados que no quieren elegir para no cumplir la resolución de la CC, más allá de cumplir los plazos, porque lo que hay que cumplir es el fondo de la resolución, que es no votar por candidatos que estén seriamente cuestionados por el MP.

“Hay algunos diputados que pretenden que continúe esta corte que ha sido complaciente con diputados y aliados de diputados, porque hay algunos que ya no están en el Congreso, pero siguen operando a través de diputados que forman parte de la actual magistratura”, señaló Ibarra.

José Echeverría, presidente del Movimiento Cívico Nacional (MCN), considera que la Constitución Política preveía claramente que la elección debía concretarse para el 13 de octubre del 2019. La función de estas normas y plazos preestablecidos en la Constitución forman parte del ordenamiento jurídico y del estado de Derecho del país y dan certeza a los procesos de elección con relación a cuándo y cómo.
“Lastimosamente los magistrados de la CC ,en septiembre pasado, valoraron que era más importante dar con lugar el amparo interpuesto por la fundación Myrna Mack y repetir el proceso”, refiere Echeverría.

¿Cuál ha sido el efecto de esa interpretación y valoración que hicieron los magistrados de la CC? Se cuestiona Echeverría, y responde que no exista un plazo establecido y final por la Constitución, en la que se deba elegir a los magistrados. La CC puede recomendar al Congreso que elija, pero requerirá de voluntad política de los diputados. Luego está que los efectos poco comentados de dicho amparo son que la evaluación de la forma como ordenó la CC realizarla fue mediocre y poco justificada; hoy vemos que el 70%, aproximadamente, de los candidatos señalados tuvieron una evaluación positiva.

“Los efectos de violar el plazo constitucional el año pasado fue volver está elección una elección meramente política y que ciertos diputados puedan aprovecharse de ello. Por lo que hacemos un llamado a los diputados a mostrar voluntad política, inclusive evaluar si es necesario aprobar una ley transitoria que pueda dar certeza a la elección. Aparte, es importante contar con un Organismo Judicial Independiente en el que la honorabilidad e independencia de los candidatos electos sea asegurada”, dijo directivo de MCN.

El Departamento de Organizaciones Políticas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó a Sandra Torres como secretaria general de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y hace a un lado a Óscar Argueta, quien funge como secretario general en funciones.

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La resolución del departamento de Organizaciones Políticas del TSE se conoció por por medio de información emitida por el partido, mientras que el grupo de diputados que la apoya la reconoció como “única y legítima secretaria general de la UNE”.

“Con mucha satisfacción se ha recibido la notificación de la enmienda de procedimiento por medio del cual el Tribunal Supremo Electoral subsana las resoluciones administrativas que afectaron el debido proceso y, sobre todo, los derechos de nuestra secretaria general Sandra Julieta Torres Casanova”, reza el comunicado emitido por la UNE.

“El TSE confirma que la única y legítima secretaria general de la Unidad Nacional de la Esperanza es Sandra Torres, quien reasumió el cargo desde el pasado 6 de mayo, por lo tanto, confirmando que el señor Óscar Argueta Mayén usurpó funciones”, añade el texto.

El diputado Estuardo Vargas, afín a Torres, en conferencia de prensa informó que el lunes pasado el TSE les notificó sobre la decisión.

Vargas es uno de los diputados que visitó a Gustavo Alejos en el hospital donde este fue capturado de nuevo el 18 de febrero pasado. Se rumora que Vargas también es operador de Alejos en el Congreso para la elección de magistrados.

Óscar Argueta explicó que Torres fue electa secretaria general del partido en el 2017, al igual que el resto del Comité Ejecutivo Nacional, situación que no está en discusión, pero ella tiene prohibición judicial para ejercer el puesto, ya que la jueza contralora del caso le otorgó medida sustitutiva y una de las condiciones para dejarla ir a su casa en arresto domiciliario es la prohibición de participar en política.

“La ley electoral define la ruta para la sucesión, que dice que, en ausencia temporal o definitiva del secretario general, asume en orden de elección los secretarios adjuntos, por ende, la resolución del TSE no tiene sentido, porque eso jamás estuvo en discusión”, detalló Argueta.

La resolución del TSE genera más roces dentro de la organización política, problemas que empezaron cuando un grupo de diputados afines a Torres le dieron el voto a Allan Rodríguez para ser presidente del Congreso, el 14 de enero pasado.

En la organización política se da una pugna por el control del partido, por un lado está Torres y Vargas y por otro Argueta, Carlos Barreda y Orlando Blanco.

Del 5 de marzo al 14 de junio, el Ministerio de Salud solo ha ejecutado el 3% de los Q1,675 millones 823 mil 755 destinados para la emergencia del covid-19.

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La ejecución corresponde al programa 94 aprobado dentro de leyes complementarias de ampliación presupuestaria para ese fin. Ese 3% equivale a adjudicaciones por Q50 millones 710 mil 688.05.

La baja ejecución ha sido criticada por algunos diputados, quienes señalan falta de planificación y posibles actos de corrupción, lo que ha dificultado que la cartera de Salud adjudique los insumos necesarios para atender la emergencia.

El jefe de bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza, Carlos Barreda, expuso que la ejecución de todo el Ministerio de Salud es del 28%, pero confirmó que solo se ha ejecutado el 3%.

“Prácticamente solo están pagando salarios y no se ha ejecutado el presupuesto con el que se busca garantizar y adquirir los equipos y suministros para los hospitales”, aseguró.

Asimismo, hizo ver que hubo una reducción en el presupuesto de esa cartera para atender a pacientes con VIH y a niños con desnutrición. En el primer grupo fueron Q55 millones menos, y en el segundo, Q130 millones.

“Ambos grupos son vulnerables y si a una persona con VIH o a un niño con desnutrición le da coronavirus, se puede morir”, resaltó Barreda.

Además de la UNE, la bancada Semilla refirió que el hospital temporal del Parque de la Industria ha podido comprar por contrato abierto, pero los equipos de protección no se han adjudicado y sobrevive con donaciones.

La ejecución, a estas alturas del año, debería de estar en un 40% o 50%”, según Semilla.

Ambas bancadas han sido las que más han solicitado información y citado en varias ocasiones a las autoridades de Salud.

Además, coinciden en señalar que hay poca capacidad de gestión, planificación y ejecución en la administración pública.

Edie Cux, presidente de Acción Ciudadana, considera que la baja ejecución demuestra la falta de capacidad de las autoridades de Salud.

“No existe una adecuada planificación, no han sabido utilizar las compras por excepción y esto se demuestra en los 2,656 concursos anulados, según Guatecompras”, dijo.

Esto impacta en que el personal sanitario carezca de los insumos necesarios, que los hospitales temporales sean inoperantes y que colapsen los nacionales. “En una situación tan crítica es necesario plantear, incluso, el cambio de autoridades”, expresó.

Unidad ejecutora

El ministro de Finanzas Álvaro González Ricci dio a conocer que en la cartera de Salud se está creando una nueva unidad ejecutora para agilizar las compras de insumos para los nosocomios y ejecutar otros tres préstamos para infraestructura hospitalaria. Para esta unidad se asignó a 10 personas, pero podría crecer, indicó.

“La poca ejecución en compras se pudo haber dado por la falta de coordinación, desde las personas que estaban designadas desde el despacho superior, gerentes de los hospitales y médicos que buscaban que los productos cumplieran con los requerimientos establecidos”, dijo el ministro.

Estado de calamidad

Durante el estado de Calamidad declarado el 5 de marzo hasta el domingo pasado se han adjudicado Q548 millones 83,843.31 en diferentes insumos.

Un reporte del Ministerio de Finanzas detalla que durante este período la adjudicación responde a  3 mil 911 concursos por un monto de Q548 millones. Por su parte, la cartera de Salud ha adjudicado 2 mil 115 concursos por Q220 millones 303 mil 772, y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) ha otorgado 1 mil 232 proyectos por Q216 millones 342 mil 384.32.

Asimismo, 125 municipalidades han adjudicado 252 concursos por Q60 millones 878,164.06. De ese monto, Q42 millones 858 mil 648.87 están en el renglón de dotación de alimentos, ya que la mayoría de las comunas compró granos básicos para entregarlos a las comunidades. Ese monto equivale al 70.4% del total de lo adquirido.

Otras entidades han otorgado 312 compras por Q50 millones 559 mil 522.93, para un total de 3 mil 911 concursos por Q548 millones 83 mil 843.31.

En material médico y otros insumos se adjudicaron Q42 millones 217,088.97; en mascarillas, Q35 millones 856 mil 284.53; alcohol en gel y jabón, Q8 millones 847,343.18; utensilios de limpieza e higiene, Q7 millones 334 mil 820.02, y en otros insumos, Q18 millones 449 mil 960.24.

Las sanciones por infringir el toque de queda se podrían aplicar contra el dueño de la mueblería O3 y a quienes asistieron a esa fiesta, ya que si una persona estaba contagiada de covid-19 pudo haber propagado la enfermedad.

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Las disposiciones presidenciales del 12 de mayo establecen que en caso de incumplir una infracción o no utilizar bien la mascarilla se cometerían acciones contra la salud pública y se deberá, en cada caso, determinar la naturaleza de la sanción conforme el Código de Salud, la ley de Orden Público o el Código Penal, según corresponda.

El artículo 301 del Código Penal establece que quien, de propósito, propagare una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas, será sancionado con prisión de uno a seis años.

Mientras que el artículo 305 establece que quien, infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia, de una plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los seres humanos, será sancionado con prisión de seis meses a dos años.

Por aparte, el artículo 38 del mismo código establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, al señalar que se tendrá como responsables de los delitos respectivos a directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ellas, que hubieren intervenido en el hecho y sin cuya participación no se hubiere realizado éste y serán sancionados con las mismas penas señaladas para las personas individuales.

Las personas jurídicas serán responsables en todos los casos en donde, con su autorización o anuencia, participen sus directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ellas; además, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

• Cuando se comete el hecho delictivo por la omisión de control o supervisión y las resultas le son favorables
• Cuando se comete el hecho delictivo por decisión del órgano que decide.

En todos los delitos donde las personas jurídicas resulten responsables y no se tenga señalada una pena, se impondrá multa desde US$10 mil hasta US$625 mil o su equivalente en moneda nacional.

La multa será determinada de acuerdo con la capacidad económica de la persona jurídica y se fijará teniendo en cuenta las circunstancias en las que se cometió el delito.

En caso de reincidencia se ordenará la cancelación definitiva de su personalidad jurídica.

El artículo 39 del mismo cuerpo legal establece el delito de muchedumbre, para el cual aplicarán las disposiciones siguientes:

1. Si la reunión tuvo por objeto cometer determinados delitos, responderán como autores todos los que hayan participado materialmente en su ejecución, así como los que, sin haber tenido participación material, asumieren el carácter de directores.
2. Si la reunión no tuvo por objeto cometer delitos y estos se cometieren después por impulso de la muchedumbre en tumulto, responderán como cómplices todos los que hubieren participado materialmente en la ejecución y, como autores, los que revistieren el carácter de instigadores, hayan tenido o no participación material en la ejecución de los hechos delictivos.

Mientras que el Código de Salud en el artículo 224 establece los casos especiales de infracciones, sobre todo contra la promoción de la salud, las acciones siguientes:

Vender bebidas alcohólicas, tabaco en cualquiera de sus formas o formulaciones comerciales con sustancias tóxicas, a menores de edad. Además, se especifica:

1. Permitir el consumo de bebidas alcohólicas o tabaco en cualquiera de sus formas, a menores de edad, en cualquier establecimiento, cerrado o abierto, o en la vía pública.
2. Por lo que obtendrían una multa que se graduará entre el equivalente de dos a ciento cincuenta salarios mensuales mínimos vigentes para las actividades no agrícolas, siempre que no exceda el cien por ciento del valor del bien o servicio, salvo los casos de excepción establecidos en este Código.

El abogado y expresidente de la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina Barreto, señaló que en cuanto a que se viole el toque de queda la Ley de Orden Público lo establecerá, pues son originadas de un estado de Calamidad, pero por la fiesta del pasado viernes puede haber otros delitos comunes.

Asimismo, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Luis Fernandez Molina, considera que esta es una prueba de fuego para el presidente Alejandro Giammattei y el recién estrenado ministro de Gobernación, Oliverio García Rodas, ya que las medidas “o se aplican o no se aplican, no deben sólo bravatas -dicho o hecho presuntuoso, propio de baladrones- y rigor”.

“Como la Ley de Orden Público es de 1965 y responde a otra Constitución, no hay un encaje. Además, no detalla las figuras delictivas, no las tipifica. En el Código Penal se comprenden más cómo delitos contra la salud pública sobre todo el artículo 305”, señaló el abogado.

En una conferencia de prensa el alcalde de San Lorenzo, San Marcos solicitó al presidente Alejandro Giammattei seguridad debido a las amenazas que han recibido, y al ministro de Salud que verifique la información sobre este municipio.

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A pesar de que el jefe edil, Roldán José Tema Coronado señaló que tienen audios y fotos como evidencia, no dieron a conocer el nombre de quienes o quien los está amenazando de muerte.

“A igual que los trabajadores del área de salud de San Lorenzo, nosotros hemos sido agredidos de manera verbal, psicológica y hemos recibido intimidaciones por mensajes de texto, amenazas de muerte, por lo que hacemos un llamado para que tomen las medidas pertinentes y evitar confrontaciones y salvaguardar la vida de los trabajadores de salud”, dijo el jefe edil.

Añadió: “de persistir las amenazas nos veremos en la necesidad de accionar penalmente, tal y como lo enmarca la constitución que se debe proteger la vida”.

Conflicto

El problema en San Lorenzo se dio luego de que se diera a conocer sobre el fallecimiento de una persona de la localidad a causa del coronavirus, cuando en las cadenas nacionales el ministerio de Salud no había informado sobre casos positivos en la región.

El personal del área de Salud de ese municipio indicó que esto provocó un malentendido, ya que el caso no había sido consignado como un caso activo por el ministerio de Salud, sino que había sido incluido directamente entre el listado de fallecidos que  dieron a conocer.

Los médicos también explicaron que el 8 de junio pasado se le hizo la prueba al paciente, dio positivo a covid-19 bajo los reactivos GeneXpert, pero que había fallecido al día siguiente.

Por esta razón, el alcalde envió un mensaje al gobierno de Guatemala. “Al señor presidente, al ministro de Salud, les pedimos que por favor nos notifiquen sobre los casos a nuestro personal,  para que en futuros casos no se vuelva a entrar en controversia, para que después no nos quedamos viéndonos la cara, si no que informemos al pueblo como corresponde”, explicó el alcalde.

“Por favor corroboren con cada municipio y departamento. La noticia debe de difundirse como es, ya que una persona descerebrada genera falsas noticias y esto provoca que las personas de toda clase empiecen a dudar”, dijo Tema Coronado.

El edil también denunció  que las personas que están en cuarentena han estado saliendo como si nada pasara. Si eso se llegara a salir de control tendremos responsables”, dijo Tema Coronado.

En San Marcos, se registran 363 casos de covid-19, de los cuales 292 están activos, 54 se han recuperado y 17 han fallecido. Se han realizado 1 mil 618 pruebas y 15 mil 283 personas han estado en cuarentena y de esas 1 mil 564 están pendientes de terminar la cuarentena.

Casos en San Marcos

• Malacatán con 132
• Tecún Umán 43
• *San Pablo 41
• San Pedro Sacatepéquez 31
• San José El Rodeo 28
• El Tumbador 24
• San Marcos 23
• Catarina 14
• San Rafael Pie de la Cuesta 4
• Nuevo Progreso 4
• Ocós 4
• Ixchiguán 3
• San Antonio Sacatepéquez 3
• Comitancillo 2
• Pajapita 2
• La Reforma 1
• Concepción Tutuapa 1
• La Blanca 1
• Esquipulas Palo Gordo 1
• San Lorenzo 1

La edad de 21 a 40 años reporta 150 casos.

Nota: En la primera versión de este artículo por error se consignó que El Quetzal, San Marcos, reporta 41 casos de covid-19. Verificamos la información y este municipio no reporta ningún caso de coronavirus. El municipio que sí reporta 41 casos de covid-19 es San Pablo. Ofrecemos una disculpa a lectores y autoridades de El Quetzal.

Antígono, amigo de Hermíone, la reina de Sicilia, está cumpliendo los deseos del rey, quien, convencido de que su esposa le fue infiel, le ordenó que abandonara a la pequeña princesa Perdita en un lugar remoto.

Pero algo lo interrumpe en su cruel recado, y es entonces que aparece la célebre instrucción: “Sale, perseguido por un oso“.

El encuentro -fatal para él, no para el bebé- es la más graciosa y desconcertante manera en la que el dramaturgo nos lleva a “la muerte, ese país sin descubrir de cuya frontera ningún viajero vuelve“, como dice Hamlet.

Es un lugar al que se llega con frecuencia en sus obras y -oso aparte- a menudo con observaciones asombrosamente precisas pues, a juzgar por sus escritos, Shakespeare estaba muy al tanto de los descubrimientos científicos de su época, particularmente de anatomía y medicina.

Sus textos, señala la química y divulgadora científica Kathryn Harkup, se destacan entre los de otros dramaturgos contemporáneos, por la gran cantidad de referencias y el nivel de detalle que incluyó de distintos aspectos de la ciencia de la salud, desde la física hasta la mental.

En la escena del crimen

Un ejemplo impresionante es un monólogo del conde de Warwick en “Enrique VI, parte 2” (1591).

Imagínate la escena:

Humphrey, duque de Gloucester, es el Lord Protector de Inglaterra y goza de popularidad entre la gente común y de la confianza plena del rey. Para sacarlo del camino, el marqués de Suffolk lo acusa de traición y lo arrestan. Pero, antes de que pueda ser juzgado, Humphrey es hallado muerto en su cama.

Ten en cuenta que nosotros, el público, sabemos no sólo que fue asesinado sino también quién fue el autor intelectual del magnicidio: el tipo de ficción detectivesca en la que la audiencia intenta resolver un misterio junto con los personajes del drama fue inventado en el siglo XIX.

Pero los personajes de la obra no saben nada así que Warwick está describiéndole a los presentes lo que lo lleva a concluir “que se pusieron manos violentas / sobre la vida de este duque tres veces famoso“.

Warwick empieza comparando el aspecto del rostro del desafortunado duque con el de una persona fallecida de muerte natural, cuyo “semblante [es] ceniciento, magro, pálido, y sin sangre“, pues ésta se ha ido toda hacia el corazón para tratar de sobrevivir; al final, esa sangre “con el corazón se enfría y nunca retorna para devolverle el rubor y la belleza a las mejillas“.

En contraste, la cara de Humphrey “está negra y llena de sangre, sus ojos más salidos de sus órbitas que cuando estaba vivo, con la mirada llena de espanto de un hombre estrangulado“.

“Esta es la forma del siglo XVI de discutir la lividez, o los cambios de color en la piel después de la muerte, que pueden ser una indicación útil de la causa de la muerte”, subraya Harkup, autora del libro “Death by Shakespeare“.

Como en las populares series de detectives forenses, Warwick sigue encontrando señales de que la muerte de su amigo fue violenta, incluido el hecho de que sus manos están extendidas como las de alguien que luchó contra un ataque que, al final, lo subyugó.

Nota además que su cabello se pega a las sábanas como si hubiera sudado por el esfuerzo y que la barba de la víctima, usualmente “bien proporcionada“, está desarreglada “como un cultivo de maíz arrasado por una tempestad“, lo que puede indicar asfixia.

Todo eso lo lleva a concluir que “No puede ser más que fue asesinado aquí“.

Gotas

La de Shakespeare fue una época de importantes avances científicos y su mundo imaginario se alimentaba de ellos, plasmándolos en sus escritos incluso antes de que fueran aceptados y publicados.

El revolucionario concepto de la circulación de la sangre de William Harvey, por ejemplo, fue publicado 12 años después de la muerte del Bardo, y hasta entonces era escasamente conocido.

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Sin embargo, la idea cobra vida en sus creaciones, comenta Harkup, quien exploró con ojos de científica el mundo shakesperiano, y encontró una razón más para admirarlo.

“Tú eres mi esposa verdadera y honorable, tan querida como las gotas encarnadas que llegan a mi triste corazón“, le dice Bruto a Porcia en “La tragedia de Julio César” (1599), en una de las apariciones de esas “gotas” que viajan por el cuerpo en su obra.

Heridas

Muchas son las gotas de sangre derramada en la obra de Shakespeare, como en la de los demás dramaturgos de esos años.

Teniendo en cuenta los espectáculos de la vida real con los que tenían que competir, no es de extrañar: los condenados a muerte eran ejecutados públicamente así que quienes iban al teatro probablemente habían visto no sólo ahorcamientos sino destripamientos, desmembramientos y otros horrores que servían de castigo y de lección para la población.

En sus 37 obras teatrales, Shakespeare mató a 250 personajes nombrados, en una rica gama de formas, desde la melancólica muerte del jovial Sir John Falstaff, a quien “el rey mató su corazón” en “Enrique V” hasta el grotesco final de los hijos de la reina de los godos, quienes terminaron como ingredientes de un pastel que ella se comió, en “Tito Andrónico”.

Pero manera más común en la que los habitantes de ese mundo shakespeariano perdían la vida era por heridas con armas afiladas, y en muchos casos es evidente cuán bien su creador entendía la variedad de daños que éstas podían hacerle al cuerpo humano.

En el poema narrativo “La violación de Lucrecia” (1594), la legendaria noble romana que es violada por un soldado y, devastada, “Después de hablar envaina, en su pecho inocente, un puñal que a su vez desvainó a su alma“.

Cuando “de la fuente escarlata, saca Bruto temblando, el cuchillo mortal“, Shakespeare describe gráficamente la herida de succión, en la que la sangre brota “a borbotones, se divide en dos lentas corrientes carmesí, que encierran a su cuerpo en un círculo igual a una isla asaltada, que se extiende desnuda y despoblada en medio de horrenda inundación“.

Y es notable su ilustración de los cambios que atraviesa a medida que se separa y coagula.

“Su sangre pura y roja aun permanecía,

mas la que mancillara, Tarquino, se hace negra.

Ahora, sobre la fúnebre, azul y helada cara,

en la sangre más negra hay un halo acuoso,

que parece llorar sobre el manchado espacio“.

Así, muerte tras muerte, Shakespeare va revelando sus conocimientos y confirmando que los grandes artistas, como los grandes científicos, tienden a ser obstinados observadores maravillosamente curiosos.

El toque de queda en Guatemala es una disposición que fue impuesta por el Gobierno para evitar contagios de coronavirus en el país. La medida se implementó el 22 de marzo pasado, cuando se registraban 18 casos de covid-19 en el país, así como un fallecido. Sin embargo, al 12 de junio las autoridades reportaron  8 mil 982 casos, 6 mil 927 activos, 1 mil 702 recuperados, 351 fallecidos y dos fallecidos por otra causa.

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Según los datos proporcionados por la Policía Nacional Civil, 24 mil 839 han sido detenidos por infringir esta disposición.  El viernes 12 de junio fueron capturadas 159 personas en todo el país.

Ese mismo día, en redes sociales se viralizaron imágenes de un grupo de jóvenes que llevaba a cabo una fiesta en una tienda de muebles, en medio de las restricciones por el coronavirus, pero no se reportó ninguna captura.

El Ministerio de Gobernación indicó que los agentes que intervinieron en el lugar están bajo investigación interna y del MP “para establecer el grado de responsabilidad legal en los hechos”.

El sábado 13 de junio, el local ubicado en carretera a El Salvador fue clausurado por las autoridades. El Ministerio Público (MP) también informó que “comenzó una investigación por la ‘presunta fiesta'”.

Por otro lado, el pasado 30 de mayo se reportó en Quetzaltenango la captura de cuatro mujeres vendedoras de verduras en el mercado. Ellas indicaron que cuando se estaban retirando fueron capturadas por la Policía Nacional Civil (PNC), sin mediar palabras y además señalan que fueron tratadas como delincuentes.

Según la PNC la captura se dio por no acatar el horario de cierre del mercado.

Medidas de prevención

Sobre las disposiciones que ha tomado el Gobierno de Guatemala, destacan la orden cuarentena total anunciada el 15 de marzo por el presidente Alejandro Giammattei; el toque de queda anunciado el 22 de marzo, así como el anuncio del 3 de mayo cuando se habló de una posible apertura gradual.

Sin embargo, esta reapertura fue interrumpida el 14 de mayo cuando el mandatario ordenó confinarse por 21 horas diarias, desde el viernes, sábado y domingo, debido al ascenso de casos. En esa ocasión solo permitió ir a tiendas de barrio de 8 a 11 de la mañana

Los fines de semana siguientes hubo confinamiento, y luego el horario del toque de queda se amplió de 18 de la tarde a 5 de la mañana, y se eliminó la restricción del confinamiento de los fines de semana, horario que ha servido para hacer pruebas en el transmetro y transurbano.

El viernes 12 de junio finalizó la jornada con 421 nuevos contagios de coronavirus en Guatemala y 17 fallecidos.

Mientras el servicio del transporte público se prepara para una eventual reapertura, el Ministerio de Salud reporta el continuo crecimiento en los contagios de covid-19.

Durante la segunda semana de junio el promedio de contagiados ha sido superior a los 300 casos nuevos.

El Ministerio de Salud recomendó seguir con las medidas de distanciamiento social, la desinfección con gel antibacterial, lavarnos las manos y el uso de mascarilla.

Los galenos se habían declarado en sesión permanente por la falta de pago a más de 40 médicos y enfermeras y ocho que aún no firmaban contrato, además de la falta de personal e insumos. También los pacientes han denunciado públicamente los plazos en los que son entregados los resultados de las pruebas de covid-19.

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“Anulamos la sesión permanente por el bienestar de las personas que se encuentran internas en el hospital; toda aquella -persona- que se acerque a esta instalación a solicitar los servicios será atendida, ya que se nos ha facilitado mesas de diálogo en conjunto con las autoridades del hospital a manera de ir solventando las solicitudes hechas de manera previa y en la búsqueda de sus soluciones con el fin de brindar atención digna a la población que lo requiera”, afirman en un comunicado.

Los médicos del Parque de la Industria, hace un mes, habían pedido por primera vez recursos para atender la emergencia del covid-19. Posteriormente, el 8 de junio se declararon en sesión permanente por la falta de pago de algunos médicos y porque otros galenos aún no habían firmado contrato. 

En esa ocasión, los profesionales enviaron una carta el presidente Alejandro Giammattei, al ministro de Salud, Hugo Monroy, y otros funcionarios de la cartera en la que señalan que mantendrán la medida hasta que se resuelven sus peticiones.

“Nos pronunciábamos en sesión permanente y con la responsabilidad de brindar la atención adecuada, en especial en pacientes de moderados y graves que están siendo afectados por el covid-19. La declaración del pasado 8 de junio nunca fue establecer un paro de labores, por lo que ahora se atenderán a todos los pacientes y todas las personas que se acerquen a este hospital y requieran atención alguna la tendrán por parte de nosotros”, expresaron los galenos.

“Los médicos recalcamos el compromiso de servicio y el fin de preservar la vida y la salud de los guatemaltecos con los recursos, medios y conocimientos que hay porque son derechos humanos que deben ser preservados y respetados”, aseguraron los médicos.

Con la próxima instalación de la mesa de reformas constitucionales por parte del Gobierno, los sectores que sean convocados empezarán a discutir los cambios que se proponen a la Constitución sobre la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia.

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Durante una reunión efectuada este viernes en la Casa Presidencial, en la cual estuvo presente el presidente Alejandro Giammattei, el abogado Omar Barrios presentó a diferentes sectores el proyecto de reforma constitucional al sector justicia.

La propuesta va dirigida desde instalar la carrera judicial hasta el nombramiento de los magistrados de salas de Apelaciones.

Cada grupo nominador elegiría a un magistrado para cuatro años, uno para un período de siete, y otro para 10 años. Además, se permitiría la reelección, pero solo por diferente órgano elector.

Se suma la Cámara de Asuntos Administrativos, y se mantienen las cámaras Penal, Civil, y de Amparos. La elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia se haría en la primera sesión, pero si no se logra, asumiría el colegiado más antiguo, y al cumplir 80 años habrá retiro obligatorio.

Según la propuesta, para ser electo magistrado de Sala de Apelaciones, el profesional debe tener 10 años como juez de primera instancia o 10 años de ejercicio profesional. Las tres cuartas partes de todos los magistrados deben provenir de carrera judicial.

Abogan por socialización

La presidenta de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), Raquel Zelaya, manifestó que el consorcio Universidad Rafael Landívar, Universidad de San Carlos y la entidad que preside ya tiene unos 12 años de proponer la modificación a la Constitución en relación con la reforma del sector justicia.

“El temario que presentan es interesante, es positivo que se socialice, amplían el número de magistrados y el tiempo en el cargo, su forma de nominación. A partir de la propuesta se va a instalar una mesa para la discusión y uno asume que cuando el Congreso la reciba también le haría consulta a la sociedad civil. Se tiene prevista una consulta popular para marzo del próximo año”, explicó Zelaya.

Añadió que el proceso de reforma constitucional y su discusión llevará tiempo, y al socializarse se espera algo positivo para lograr un buen resultado, que lleve a la consulta popular.

“No se habló de que era o no momento de la reforma, la propuesta es atemporal y tiene sus aspectos positivos. Tenemos 12 años en el consorcio para que se llegue a la consulta. La reforma constitucional es una agenda pendiente que no se puede evadir y que requiere de tiempo, no se puede hacer a marcha forzada”, enfatizó.

“Por mucho que uno defienda en primera línea a los buenos decanos y rectores, y delegados gremiales que hicieron un buen papel, no se logró evitar la politización de las comisiones, y entonces, continuar con ese esquema va a ser complicado. No veo cuál sería el problema con la nueva forma de designar a los magistrados de la Corte Suprema”, dijo Zelaya.

El rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Murphy Paiz, manifestó: “Desde todo punto de vista hemos mantenido la postura de que debe haber una reforma, porque el tema ya está viciado. En las últimas elecciones de magistrados las comisiones no han tenido una evaluación positiva”.

Añadió: “La reforma constitucional al sector justicia debe hacerse. El tema se debe seguir analizando, socializando y evaluando para llegar al mejor modelo, y cuando se den las condiciones se puede ir a la consulta. El tema de la reforma hay que hablarlo, no soy de la postura de que por el covid-19 no se debe avanzar”.

Agregó que algo nuevo de la propuesta es que seis decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas y la Usac elegirán a tres magistrados, pero participarán los decanos de universidades que ya tengan más de 10 años de haber graduado abogados.

“También se argumentó que el proceso de elección en el Congreso no está cien por ciento garantizado, por el hecho de que un candidato ya renunció, el hermano del diputado Jairo Flores, por lo que mencionan que ya no hay 26 y, aparte, el informe que envió el Ministerio Público, hay 22 profesionales que presentan casos en el MP”, señaló el rector de la Usac.

“En teoría va a haber un retorno a la normalidad, por lo que podría darse la votación de la consulta popular. La reforma está condicionada a la consulta”, añadió.

La directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), Carmen Rosa de León Escribano, comentó que se habló de la instalación de cuatro mesas de trabajo, y una de ellas es la de reforma constitucional al sector justicia, y que la propuesta será pública.

La propuesta contempla la forma de elección de magistrados y quiénes nominarían.

“Hay que avanzar en la reforma, discutiéndola en la mesa, y que primero se va a empezar con la reforma y luego cambios al Ejecutivo en otros temas. Si es el momento o no es de discutirlo en la mesa, y que la elección de magistrados se debe hacer en el marco de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad”, afirmó. Agregó que no se habló de plazos porque no se sabe cuánto tiempo lleva un proceso.

Niegan el ingreso al procurador

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, se quejó de que no le permitieron el ingreso a la reunión, a pesar de que estaba invitado desde hacía 15 días.

El magistrado de conciencia considera que el presidente Alejandro Giammattei muestra una actitud arrogante porque lo ha criticado. “Le hice recomendaciones, pero si quiere solo a las personas que quieren aplaudirle no me voy a prestar para eso, porque le recomendé que destituyera al ministro de Salud”, refirió.

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— PDH Guatemala (@PDHgt) June 5, 2020

La Dirección General de Caminos busca comprar maquinaria con el argumento de que no cuentan con el equipo suficiente para cumplir con las funciones, así como para atender cualquier emergencia que pueda suscitarse por fenómenos naturales, y también para atender la red vial de terracería y caminos rurales.

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El presidente de la Cecoms, Julio Reyes, manifestó que les preocupa que se lleguen a cometer los errores del pasado en cuanto a la adquisición de maquinaria de construcción, debido a que las bases de licitación no permiten la libre competencia entre los oferentes, y que el Estado incurra en perdidas monetarias.

“No se tiene evidencia de que quieran adjudicarlo a una empresa en específico, pero la licitación genera dudas. Los que conocen de maquinaria de construcción saben que ni los fabricantes ni los importadores locales manejan todos los tipos de maquinaria. Las bases no permiten adjudicaciones parciales, por lo que levanta la   sospecha de que los productos y especificaciones fueran previamente pactados”, refiere Reyes.

El directivo considera que la libre competencia produce mejores resultados para el Estado, y señaló que la forma en la que están plateadas las bases y la forma de evaluación no permite que la mayoría de los importadores de maquinaria participen.

“Los diferentes fabricantes en el mundo de la maquinaria pesada se especializan en diferentes productos. La adjudicación por lotes permite que los oferentes den sus mejores propuestas de sus mejores productos. El Estado obtendrá los beneficios económicos y técnicos separando la adjudicación. Lo importante es lograr mayor participación de oferentes en un concurso transparente”, explicó el presidente de la Cecoms, quien también se pronunció como parte de la Asociación Gremial de Importadores de Maquinaria (Agimaci).

Aún esta pendiente que la Dirección General de Caminos emita una postura por las supuestas irregularidades en la licitación.

Cinco inconformidades

El proceso de licitación que se subió al portal de Guatecompras el pasado 28 de mayo, y que recibirá ofertas hasta el próximo 9 de julio a las 10.30 horas, ya suma cinco inconformidades de parte de empresas.

Dos fueron presentadas por la compañía Resansil Guatemala, S.A., una por Corporación General de Tractores, S.A., otra más por Compañía Guatemalteca de Maquinaria, S.A. y la última por Canella, S.A. Las primeras cuatro ya fueron rechazadas y la última se mantiene bajo análisis.

Las dos inconformidades presentadas por Resansil Guatemala van en el mismo sentido, sobre que no se aceptan ofertas parciales y eso limita la participación abierta en la presente licitación para varias empresas.

También señalan que los criterios de evaluación definidos les parecen desproporcionados, dando el 70 por ciento de la calificación únicamente al precio y al tiempo de entrega, dejando la experiencia en el mercado en apenas cinco por ciento.

“Si bien es cierto que los equipos son de uso común y por lo tanto la experiencia en el mercado no es un factor tan determinante, tampoco puede ser tan insignificante en un contrato en el cual se piden mantenimientos preventivos por un período de dos mil horas, como lo establece el punto 13 de las bases de licitación”, exponen en la inconformidad. Ambas fueron rechazadas.

La inconformidad presentada por la firma Corporación General de Tractores detalla que los requerimientos técnicos son muy específicos a marcas distribuidas por una empresa en particular, por lo que solicitan que puedan abrir los rangos de requerimientos de forma general, para que todos los proveedores puedan participar y tener las mismas posibilidades de ser asignados en la licitación.

La Compañía Guatemalteca de Maquinaria menciona en su inconformidad que no está de acuerdo en que no acepten ofertas parciales, por lo que piden cambiar la modalidad para que Caminos pueda seleccionar los equipos con sus mejores tiempos de entrega, calidad, experiencia del proveedor, y además, tener varios talleres de soporte y no quedarse limitado en servicios, repuestos, y otros de uno solo ante cualquier emergencia o contingencia.

Otro de los puntos es que no están de acuerdo con los criterios de evaluación, en donde ponderan en 40 por ciento el precio, 25 por ciento las especificaciones técnicas, 30 por ciento al tiempo de entrega -criterio que también forma parte del renglón de precio- y tan solo  cinco por ciento a la experiencia en el mercado.

“Con estas condiciones no se está dando la oportunidad de participar a más oferentes que tenemos la experiencia, talleres y soporte para la mayoría de las maquinas solicitadas”, añaden en la inconformidad.

Por último, Canella solo pregunta si las especificaciones de la excavadora de 20 toneladas el motor debe ser de cuatro cilindros o si lo correcto es de seis.

Distribuyen maquinaria

En el 2015, el Fondo de Desarrollo Social (Fodes) del Ministerio de Desarrollo Social, adquirió maquinaria por Q112 millones.

Se compraron 15 camiones de volquete de 12 toneladas, 15 cargadores frontales, 15 excavadoras de 12 toneladas, 15 motoniveladoras y 15 retroexcavadoras.

Al comienzo del gobierno de Jimmy Morales esta maquinaria fue entregada al Ministerio de la Defensa y al Ministerio de Comunicaciones, ocho convoyes le correspondieron al primero y siete al segundo, para la construcción de caminos rurales en varios departamentos.

Valdés Quezada señala en el documento que los tribunales conocerán y resolverán los asuntos en materia constitucional, las prórrogas de privación de libertad y las revisiones de las medidas de coerción, de acuerdo con su competencia.

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“Los tribunales que reanuden sus labores deberán hacerlo mediante el sistema de turnos, que serán coordinados de forma interna. Con la finalidad de mantener las medidas de prevención y el distanciamiento social, en los turnos únicamente se incluirá a un juez y un auxiliar judicial”, expone el texto.

Por aparte, el Juzgado de Primera Instancia de Extinción de Dominio conocerá y resolverá todos los procesos conforme a su competencia.

El juzgado reanudará sus labores bajo el sistema de turnos alternos, que deberán ser coordinados de manera interna, en observancia de los protocolos aprobados y conforme las medidas de prevención.

“Se reitera que los juzgados de Paz móviles deben continuar prestando sus servicios conforme los protocolos y disposiciones ya emitidas”, refiere la disposición.

Ante la evidencia presentada por el Ministerio Público de que muchos magistrados y jueces, políticos y abogados visitaron al operador político Gustavo Alejos para poder integrar la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones, el presidente Alejandro Giammattei anunció que el próximo viernes se empezará a discutir sobre la reforma constitucional para fortalecer el sector justicia, con el objetivo de quitarle el monopolio a un grupo selecto de abogados.

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La propuesta de reforma incluye elevar de 13 a 15 los magistrados de la CSJ, se eliminan las comisiones de postulación, ya que el presidente en consejo de ministros nombraría a tres, el Congreso a tres, el Colegio de Abogados la misma cantidad, los decanos de Derecho de la Universidades Privadas y de la Usac a otros tres y los magistrados de sala también a tres.

A la Cámara Penal, Civil, y de Amparos se sumará una nueva, la de asuntos administrativos, la elección del presidente de la Corte Suprema se hará en la primera sesión, pero si no se consigue asumiría el colegiado más antiguo y al cumplir 80 años habrá retiro obligatorio.

Para ser electo magistrado de Sala de Apelaciones, el profesional debe de tener 10 años como juez de primera instancia o 10 años de ejercicio profesional. Las tres cuartas partes de todos los magistrados deben provenir de carrera judicial. Se prevé también una reforma a la Ley de la Carrera Judicial.

El coordinador del Programa de Justicia de Impunity Watch, José González explica que no es el momento para entrar a discutir una reforma constitucional al sector justicia, pero remarca que se deben de discutir todas las opciones para llegar a la mejor propuesta.

¿Cómo se debe de discutir la reforma constitucional?

Lo conveniente de plantear una reforma constitucional es que esta reforma debe ser ampliamente discutida por los diferentes sectores de la sociedad, considerando que estamos hablando de nuestra ley fundamental.

¿Debido a la crisis sanitaria es oportuno empezar a discutir una reforma constitucional al sector justicia?

En esa lógica y dada la emergencia que existe no sería el momento oportuno porque no se podría dar una discusión en todos los niveles que debería de darse para poder encontrar el mejor sistema o la mejor designación que pueda existir para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

¿Hay alguna propuesta de eliminar las comisiones de postulación y que los nombramientos sean por designaciones ¿sería buena esta propuesta, o también habría intereses para designar magistrados?

Básicamente este sistema de designación nos regresa al modelo que fue implementado en 1985, que fue el primario antes de la reforma de 1993 y el problema es que se eliminan los filtros técnicos para poder determinar cuestiones importantes en los candidatos como los establecidos en el 113 sobre capacidad, idoneidad y honradez y el 207 que establece los requisitos para ser magistrado. Lamentablemente nos topamos que muchas de las designaciones que se hacen en esa línea, no tienen los mecanismos para poder comprobar los tres aspectos del 113 constitucional.

¿Se debe de cumplir con la sentencia de la Corte de Constitucionalidad y luego de esto empezar a discutir la reforma?

Lo más recomendable es que se finalice con la emergencia y luego cumplir con la orden de la Corte de Constitucionalidad que es lo que por hoy nos marca el camino y posteriormente ya en condiciones adecuadas llevar una discusión en la que se convoque a sociedad civil y los diferentes sectores para poder dar los aportes necesarios y encontrar los consensos para el nombramiento de los magistrados.

¿Es correcta la forma en la que se propone como debe hacerse la nueva designación de los magistrados?

Valdría la pena discutir si este modelo de designación realmente va a tener el efecto que se pretende y sobre porque se busca eliminar que lleguen personas con honorabilidad cuestionada a las magistraturas. Si estamos hablando que la designación sea por parte del Congreso y Colegio de Abogados, vuelven a colocar a los candidatos a hacer lobby ya que se tienen que dar a conocer y caemos de nuevo al nombramiento político y eso es lo que hay que evitar, hay que lograr que los candidatos tengan honorabilidad, capacidad e idoneidad.

El presidente del Colegio de Abogados, Ovidio Orellana, considera que el modelo de elección busca equilibrar la CSJ con varios sectores, sin embargo, no hay consensos para una eventual aprobación.

¿Debido a la crisis sanitaria es oportuno empezar a discutir una reforma constitucional al sector justicia?

Estimo que no es prudente, para poder pensar en ello y llevarlo a cabo debe existir un clima político, legal y social apropiado, lo cual, no percibo.

¿Hhay una propuesta de eliminar las comisiones de postulación y que los nombramientos sean por designaciones ¿sería buena esta propuesta, o también habría intereses para designar magistrados?

Entiendo también que con ello se busca aparentemente equilibrar la Corte con distintos sectores, pero esto tiene sus vaivenes y, por ello, es evidente que se deba discutir y lograr consensos, los cuales, por ahora no existen ya que la propuesta surge de la noche a la mañana y se desconocen aspectos como quién lo hizo, si hubo alguna comisión especial con expertos constitucionalistas y menos que esa iniciativa se haya llevado al seno intelectual y de la sociedad correspondiente, lo cual, es importante dada la naturaleza y teleología de la Constitución. Toda innovación para mejorar es buena, pero debe hacerse bien hecha para lograr el resultado deseado que debe ir enfocado en el bienestar común, la paz, la seguridad y certeza jurídica, así como la legalidad.

¿Se debe de cumplir con la sentencia de la Corte de Constitucionalidad y luego de esto empezar a discutir la reforma?

Si, se debe cumplir, a menos que se apruebe la reforma constitucional antes que finalicen los plazos que en la sentencia se establecen y, que, en esa reforma, se disponga transitoriamente una designación o elección diferente. De igual forma se puede discutir de manera posterior a la instalación de la Corte.

¿Es correcta la forma en la que se propone como debe hacerse la nueva designación de los magistrados?

Creo que debe de abarcar profundamente todo lo relacionado con la carrera judicial, la cual debería ser desde Juez de Paz hasta Corte Suprema de Justicia, modernización, el fortalecimiento institucional, el acceso a la justicia, la independencia judicial. Hay que ver temas relacionados con el Ministerio Público, así como de la Defensa Publica Penal, que también forman parte del sector justicia, para que todos juntos, gozando de una modernidad constitucional, puedan trabajar en favor de una justicia pronta y cumplida en los distintos ramos que se divide.

El abogado Ignacio Andrade considera antes de empezar a discutir una reforma constitucional que esta esté primero definida ya que por el momento hay varias propuestas por lo que se debe de definir una.

¿Cómo ve que se empiece a discutir una reforma a la Constitución?

Hay que esperar a que en un momento dado el Ejecutivo presente un proyecto definitivo, hay algunas versiones de ese proyecto, el Ejecutivo en una ocasión anterior que era propició a una reforma constitucional y que esta la buscaba en base a un proyecto de reforma que en el 2011 fuer propuesto por el consorcio entre la Universidad Rafael Landívar (URL), Universidad de San Carlos (Usac) y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).

¿Se deben de eliminar las comisiones de postulación?

La propuesta que ha circulado y la propuesta del consorcio si difieren por lo que veo que se debe esperar para saber cual es la propuesta definitiva, la del 2011 aún hablaba de las comisiones de postulación y la elección de magistrados de CSJ se habla de designaciones.

¿Este modelo es bueno para nuestra justicia?

Los magistrados serían electos de una forma no democrática, ya que algunos electores no serían electos por votación y por lo que habría que determinar si no estamos violando con eso un artículo pétreo de la constitución.

¿Cómo y de qué manera se resuelven los problemas de justicia con este modelo?

No sé si al cambiar el modelo este tendrá los mismos problemas, entonces estamos cambiando o no, esa es quizá el análisis de más fondo que hay que hacer.

¿Es oportuno empezar a discutir una reforma constitucional al sector justicia?

No es el momento más oportuno en este momento, estamos enfocados en una crisis sanitaria y una crisis económica muy seria y sobre todo una crisis institucional y para que haya una reforma debe de haber un consenso general de todos los sectores del país para que se dé.

El Ministerio de Salud adquirió un millón 40 mil 949 unidades de suministros de protección para personal sanitario, por valor de Q13 millones 238 mil 568.25, Q8.1 millones menos que la semana anterior.

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Las compras las efectuaron diferentes unidades del Ministerio de Salud, de manera descentralizada, por compra directa. Se adquirieron guantes de protección, guantes quirúrgicos, lentes de bioseguridad, lentes protectores, mascarillas, trajes de bioseguridad, trajes de protección y zapatones de polipropileno.

Además, batas, batas quirúrgicas, caretas odontológicas, caretas para protección facial, cubrezapatos, gorros y alcohol en gel.

El Congreso aprobó dentro del estado de Calamidad Púbica que la cartera de Salud deberá reportar las compras diarias, semanales y acumuladas de batas desechables, delantales, lentes de protección, protectores faciales, trajes de bioseguridad, zapatones, mascarillas N95, entre otros insumos, con el fin de llevar un control de lo que se utiliza y cuánto se va adquiriendo.

El presidente Alejandro Giammatei se ha quejado de que algunos eventos de compra no se adjudicaron por unos malos trabajadores, por lo que tuvo que intervenir la Comisión Presidencial contra la Corrupción.

“Se detectó que las compras no avanzaban en los procesos normales de adjudicación, mientras que se hacían adquisiciones de baja cuantía de los materiales, por lo que fue necesaria la intervención de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, que durante el último fin de semana identificó que en las tres juntas de licitación participaban nueve personas que atrasaban los procesos, por lo que fueron removidas y los eventos se adjudicaron”, refirió e mandatario.

Los artículos de protección fueron adquiridos por varios centros asistenciales y áreas de salud, como el Hospital de Puerto Barrios, el Hospital General San Juan de Dios, el Hospital Nacional de San Marcos y las áreas de salud de Quiché, Retalhuleu y Jutiapa.

Se adquirieron 21 mil 800 trajes de protección, por Q3 millones 4 mil 200; 276 mil 645 mascarillas descartables, por Q2 millones 98 mil 942.75; 23 mil 900 zapatones de polipropileno, por Q164 mil 300; 150 caretas odontológicas, por Q7 mil 50, y 23 mil 100 gorros, por Q44 mil 400.

Anulan concursos

Los concursos para adquirir insumos a gran escala fueron anulados porque supuestamente no se cumplía con lo establecido en las bases y especificaciones por parte de las empresas.

Esto ante las quejas por falta de insumos de parte de los médicos, quienes denuncian que exponen su vida y la de sus familiares al trabajar sin el equipo adecuado.

Los eventos eran para adquirir 15 insumos diferentes, y permitían la recepción de ofertas parciales, es decir, que las empresas podían ofertar la cantidad de insumos que tuvieran en existencia para entrega inmediata, lo que permitía que otro proveedor pudiera ofertar para completar el lote solicitado.

Sandoval indicó que presentó la denuncia ante la oficina de atención permanente del ente investigador con el objetivo para que se verifique si es un chantaje o información a cambio dinero.

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“Como es mi obligación interpuse la denuncia, para que se verifique si se pudo tratar de un chantaje o, por otra parte, el haber aceptado ir a una reunión, si el tema era una petición de un favor de consecución de información para que el MP indague al respecto”, indicó Sandoval.

El lunes pasado el diputado Alejos aseguró que se reunió con el abogado Ronald Armando Sandoval, hermano del jefe de la Feci, Juan Francisco, en un restaurante de la zona 10 de la capital.

Según Alejos el abogado Ronald Armando le pidió dinero a cambio de proporcionarle información de la Fiscalía Especial contra la impunidad (Feci) que dirige su hermano Juan Francisco.

“Mis abogados presentarán a más tardar el viernes una querella para que un juez garantice y le dé seguimiento de inmediato y proceda con la investigación”, indicó el legislador.

“Nos llama mucho la atención que el jefe de la Feci deja entrever que su hermano recibió dinero a cambio de vender información de esa fiscalía y que esos recursos llegaron a las manos del propio fiscal”, enfatizó Alejos.

El parlamentario manifestó que es un hecho notorio ya que hay audios que comprueban la existencia de esta estructura de la cual el fiscal Juan Francisco Sandoval forma parte, ya que filtraban información privilegiada de la Feci.

“Hay cuatro procesos penales en los que su hermano, Ronald Sandoval deberá declarar, por lo que muy probablemente el fiscal pasará de denunciante a sindicado en esta estructura criminal. Él ya no puede seguir tapando el sol con un dedo”, refirió Alejos.

El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Juan Francisco Sandoval, requirió al Ministerio Público (MP) en mayo recién pasado investigar un audio difundido en redes sociales el cual, asegura, pone “en entredicho” su labor profesional, y en el cual, supuestamente su hermano platica con la activista Bárbara Hernández.

En el audio, el hermano de Sandoval, que Hernández identifica como Ronald, aparenta tener conocimiento de acciones que está por emprender la Feci, lo cual sería ilegal. El fiscal emitió un comunicado en el que asegura que el audio es parte de “todas esas maniobras oscuras que tratan de socavar mi estabilidad laboral y emocional” y de los mecanismos para “poner en entredicho mi labor profesional”.

“Hoy pudieron involucrar a un integrante de mi familia. Aun así y en el entendido que las mismas pudieron implicar compromisos penales para los interlocutores en la comunicación relacionada, he accionado como es mi obligación”, afirma el titular de la Feci.

De esa cuenta, asegura que ya informó de la situación a la fiscal general, María Consuelo Porras, y ya colocó la denuncia respectiva en el MP.

Alejos presentó este viernes una querella penal en contra del fiscal Juan Francisco Sandoval y su hermano Ronal por supuestamente integrar una red criminal.

La querella es por los delitos de abuso de autoridad, revelación de información confidencial o reservada, revelación de secretos cohecho activo y tráfico de influencias.

Ante la evidencia presentada por el MP sobre que muchos magistrados y jueces, políticos y abogados visitaron a Alejos para poder integrar las cortes, el presidente Alejandro Giammattei anunció este martes que el próximo viernes se empezará a discutir sobre la reforma constitucional para fortalecer el sector justicia, con el objetivo de quitarle el monopolio a un grupo selecto de abogados.

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Giammattei señaló que los cambios que propondrá a la Constitución buscan “asegurar a los guatemaltecos que la próxima Corte Suprema de Justicia, que no importa que tome posesión el año entrante, pero ya debemos acabar de una vez por todas con la justicia en manos de personas que la han tenido como su feudo”.

“Lo hemos denominado el inicio del consejo de estado, en donde haremos la presentación de los cambios que queremos hacer para que ahorita, antes de que sea electa la nueva Corte Suprema de Justicia, entremos en el proceso de reforma constitucional”, explicó.

Helen Mack de la Fundación Myrna Mack, Roberto Molina Barreto exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad y José Echeverría del Movimiento Cívico Nacional (MCN) coinciden en la importancia de los cambios a la constitución. Mack considera que primero se debe cumplir con la sentencia emitida por la CC. Molina Barreto cree que es inoportuna esta discusión, mientras que Echeverría señala que se debe velar por la institucionalidad del Organismo Judicial.

No es la primera vez que se intenta hacer una reforma al sector justicia, la más reciente fue la que se discutió en el 2016 y que no avanzó a pesar de que se había iniciado desde la sociedad civil, y que había contado con el apoyo de los tres poderes del Estado y con el acompañamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público dirigido por Thelma Aldana.

Otros años ha habido proyectos como el de Proreforma y otros. El último cambio fue el aprobado en 1993, cuando se separó el MP y la Procuraduría General de la Nación, también la propuesta presentada por la Universidad Rafael Landívar, Usac y Asies la cual llegó a dictamen favorable.

Propuesta

La propuesta de reforma incluye elevar de 13 a 15 los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se eliminan las comisiones de postulación, ya que el presidente en consejo de ministros nombraría a tres, el Congreso a tres, el Colegio de Abogados la misma cantidad, los decanos de Derecho de la Universidades Privadas y de la Usac a otros tres y los magistrados de sala también a tres.

Cada grupo nominador elegiría a un magistrado para cuatro años, uno para un periodo de siete,  y otro para 10 años; se permitiría la reelección, pero solo por diferente órgano elector.

A la Cámara Penal, Civil, y de Amparos se sumará una nueva, la de asuntos administrativos, la elección del presidente de la Corte Suprema se hará en la primera sesión, pero si no se consigue asumiría el colegiado más antiguo y al cumplir 80 años habrá retiro obligatorio.

Para ser electo magistrado de Sala de Apelaciones, el profesional debe de tener 10 años como juez de primera instancia o 10 años de ejercicio profesional. Las tres cuartas partes de todos los magistrados deben provenir de carrera judicial. Se prevé también una reforma a la Ley de la Carrera Judicial.

Lorena Escobar, de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asíes),  dijo que la propuesta tiene cosas muy positivas, amplía la carrera judicial hasta las Cortes de Apelaciones, se incluye el Consejo de la Carrera Judicial y se eliminan las comisiones de postulación.

“Establece una elección escalonada de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se centra en la carrera judicial, el plazo en la magistratura y la edad de jubilación. Seguramente van a haber críticas que no solo se refieran a la integración de la Corte respecto a la forma en que se integrará, pero así como se den las críticas, esperamos que hayan contrapropuestas”, refirió la experta.

Propuesta inoportuna

Molina Barreto, exmagistrado de la CC, calificó de inoportuna una iniciativa de reforma constitucional en este momento “porque estamos en medio de una crisis de salud tremenda que de alguna manera inhibe un debate y un análisis serios”.

“Es un error que sea a una reacción a dos sucesos, el primer suceso, por un escándalo alrededor de Gustavo Alejos, cuya investigación está en proceso y no se tiene un resultado concluyente. El segundo suceso, por una sentencia de la Corte de Constitucionalidad absolutamente contraria a lo que ordena la Constitución”, expuso.

El experto considera que no hay un ambiente para hacer una discusión seria respecto de una reforma. “Es posible que sí sea necesario hacer una revisión, pero no creo que sea el momento para hacerlo, considero que es un error iniciar este tipo de debate en este momento”, resaltó el exmagistrado.

“No se puede garantizar el cien por ciento de la pureza de un proceso de elección, no podemos obviar que siempre hay un aspecto político en la elección de cualquier funcionario, pero este es un problema cultural y me refiero a mucha confrontación y resentimiento que ha provocado una confrontación ideológica y este ambiente no nos deja de una manera seria resolverla”, expuso Molina Barreto.

Helen Mack coincide en que es necesario hacer una reforma constitucional, pero que estos sectores que ahora quieren promover una reforma son los que se han opuesto. “Creo que hay una necesidad real de hacer una reforma al sector justicia, lo que se pregunta uno es ¿qué hay detrás de todo esto y lo que quieren es que esta corte continúe? Tomando en cuenta que esta Corte Suprema de Justicia es fruto de una negociación política entre Manuel Baldizón y Alejando Sinibaldi.

“Con esta corte se sienten muy cómodos porque aprobar una reforma constitucional significa que esta corte se queda y que tiene que haber un referéndum para hacerlo y mientras transcurre todo el periodo logran quedarse estos mismos”, expuso Mack.
Añadió que por todos los problemas que hubo en las comisiones de postulación “no pasaron muchos de los garbanzos negros y por eso ahora el Tribunal Supremo Electoral se está convirtiendo en el enclave de los corruptos de los que no lograron pasar”.

“La sentencia de la Corte de Constitucionalidad debe cumplirse, la prueba a un estado de derecho va a pasar con dar cumplimiento de la sentencia de la CC, independientemente si se da una reforma constitucional. Quieren llegar los que ellos quieren, pasarían lo que se quedaron afuera y por eso es por lo que están atacando el informe circunstanciado del MP son demasiados cínicos”, puntualizó Mack.

Echeverría del, MCN, considera que el punto de partida debe ser velar por la institucionalidad y primero elegir a los magistrados de CSJ y de Apelaciones, luego determinar si va a ser necesario o no una consulta popular, tomando en cuenta la emergencia que hay en el país por la pandemia.

“Consideramos que el punto a fortalecer es la independencia judicial y también la independencia de los procesos para que no se puedan favorecer a los diferentes grupos o intereses políticos, sino que siga un mecanismo de certeza jurídica”, señaló Echeverría.

“Recordemos que hay que tomar en cuenta las lecciones aprendidas del último intento de reforma, y para que sea exitosa debe haber un consenso en la sociedad y en el ámbito político y determinar cuáles son los puntos para tratar y no separase para que tenga éxito”, resaltó.

El lunes 1 de junio los diputados se reunieron en sesión extraordinaria para conocer y aprobar la tercera prórroga del estado de Calamidad Pública; sin embargo, una larga discusión sobre el tema hizo que la prórroga se aprobara en las primeras horas de este martes 2 de junio.

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Los diputados aprobaron en un único debate el decreto gubernativo 9-2020, que amplía por 30 días más el estado de Calamidad, pero a la vez le hicieron modificaciones que van desde la contratación de estudiantes de medicina con pénsum cerrado, hasta otorgar el beneficio de Bono Familia a personas que no tengan servicio de electricidad.

La ratificación del estado de Calamidad fue aprobado con 125 votos a favor y de urgencia nacional por la emergencia provocada por el Covid-19.

También se aprobó que los informes de la Comisión Presidencial del Coronavirus se presenten los martes y no cada mes, con el objetivo de que el Ejecutivo tenga la obligación de dar información permanente al Congreso.

“La nueva solicitud que el Ejecutivo está enviando para el estado de Calamidad, la idea era que nosotros previo a conocer la nueva solicitud, nosotros pudiéramos revisar qué era lo que se había hecho durante este mes, que hasta el momento no hemos podido determinar”, dijo Aníbal Rojas del bloque Visión con Valores (Viva).

“No es un informe circunstanciado en donde el pleno del Congreso pueda conocer el avance de ejecución presupuestaria, son papeles que nos están enviando, estamos hablando de casi cuatro mil folios, pareciera que es solo para salir del paso lo que el Ejecutivo nos está enviando y no se trata de eso”, reclamó Sonia Gutiérrez de Winaq.

“Venir aquí a decir que están en contra de una ampliación de un estado de Calamidad es venir a decir que están en contra del pueblo de Guatemala, de la gente que tiene necesidad, que está esperando que le llegue la ayuda del Gobierno”, dijo Boris España de la bloque Todos.

Debido a la falta de quórum, el estado de Sitio declarado los tres municipios de Sololá solo se conoció en primera lectura, y los diputados fueron convocados para este miércoles, a las 10 horas, para continuar con la sesión.

El estado de Sitio fue decretado en los municipios de Santa Lucía Utatlán, Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá en Sololá.

Lo aprobado:

• El Ministerio de Salud podrá hacer las readecuaciones presupuestarias que correspondan para que todos los trabajadores en los renglones temporal y permanente que tengan un grado de riesgo al atender la pandemia reciban el bono de riesgo aprobado en el artículo 2 del decreto 20-2020.
• Se autoriza al Ministerio la contratación de estudiantes de medicina con pénsum de estudios cerrado  y cuyo trámite de graduación esté pendiente y así también médicos extranjeros que estén realizando su especialidad en hospitales nacionales, para apoyar en la atención de la pandemia de covid-19.
• La comisión presidencial de atención a la emergencia covid-19 tiene que remitir los martes de cada semana, de manera escrita y digital a la Comisión Permanente del Congreso, un informe circunstanciado, la cual deberá hacerlo llegar a todos los diputados.
• Información general, diaria y semanal sobre la pandemia, incluidos casos confirmados, confirmados con infección activa o negativa, negativos, sospechosos, recuperados, defunciones, activos, mujeres/ hombres, rangos de edad y sexo, rangos de edad y tipo de paciente por hospitalización o ambulatorios.
• Disponibilidad y ocupación de camas en los tres niveles de atención por centro de atención.
• Ejecución de todos los recursos financieros ordinarios y extraordinarios aprobados por el Congreso para tender la emergencia sanitaria provocada por el covid-19 al Salud, Mintrab, Maga, Mides y Mineco.
• Contratos suscritos para atender las necesidades provocadas por la epidemia covid-19 por el Ministerio de Salud, con recursos humanos profesionales y técnicos, así como el pago de esos servicios prestados.
• Inventario de donaciones privadas, nacionales, y extranjeras, recibidas, su ejecución e ingreso a inventarios del MSPAS, Mides, Maga y Mintrab.
• Reporte de compras diarias, semanales y acumuladas de batas desechables, delantal lentes de protección, protector facial, trajes de bioseguridad, zapatones mascarillas y mascarillas N95.
• Compras diarias, semanales y acumuladas de ventiladores, oxímetros, aspirador de flemas, monitor para signos vitales, camas para intensivos.
• Inventario y entregas diarias, semanales y acumuladas de medicamentos, insumos, material médico quirúrgico y equipo de protección personal por centro de atención médica en los tres niveles de atención.
• Inventario de compras realizadas y donaciones recibidas de equipos y reactivos para la realización de pruebas virales y pruebas de anticuerpos para la detección del covid-19.
• Informe detallado de las pruebas virales y pruebas de anticuerpos realizadas a personas por día y su resultado.
• El Organismo Ejecutivo deberá, durante la presente prorroga, continuar con las medidas y acciones orientadas a evitar la propagación del virus, en especial la realización de pruebas, cuarentenas y aislamientos necesarios y bajo el debido control.
• Asimismo, desarrollar e implementar los programas y protocolos de reapertura de las actividades escolares, académicas, comerciales, productivas, laborales y todas aquellas que como medida de protección hayan sido restringidas.
• Los protocolos de protección de la salud para el retorno gradual a las actividades, elaborados para los diferentes sectores de la sociedad, deben incluir el protocolo detallado y minucioso para la reapertura de las actividades religiosas de cualquier culto, de tal manera que su incorporación se dé al mismo tiempo que las actividades comerciales y económicas.
• Por la importancia espiritual que representa para la población guatemalteca y para resguardar la salud emocional de la población, se autoriza la libre locomoción de los ministros de culto, capellanes de cualquier religión para acudir y atender requerimientos de emergencia que se presenten en la población o para la realización de actividades de caridad, dentro de su jurisdicción, quienes deberán estar debidamente identificados.
• En virtud de las actividades de atención de emergencia se autoriza la libre locomoción de los médicos veterinarios para cubrir toda emergencia que se presente durante el toque de queda.
• No podrán optar al beneficio de Bono Familia las personas que habitan en una vivienda cuyo consumo eléctrico mensual supere los 200 kWh al mes comprobables por medio del último recibo y quienes sean servidores públicos y quienes cuenten con contratos administrativos de prestaciones de servicios vigentes con el sector público.
• Podrán recibir el beneficio del Bono Familia las personas que reciban beneficios inferiores a los Q2 mil mensuales derivados de cualquier sistema de pensiones, incluyendo a las clases pasivas del Estado o reciban pensiones por el IGSS.
• Se debe priorizar de los beneficios a las personas en pobreza, madres solteras u hogares monoparentales, adultos mayores, las personas con discapacidad, las personas con enfermedades crónicas y degenerativas y las familias con niños o niñas en estado de desnutrición.
• Para los efectos del cumplimiento de esta ley, todo documento personal de identificación cuya vigencia expire por vencimiento del plazo de 10 años, será válido para garantizar el derecho a la identificación ante cualquier autoridad privada o pública durante el año 2020.

En el documento se afirma que los magistrados ostentan idoneidad, dignidad y honorabilidad al ocupar un cargo de magistrado de la Corte de Apelaciones periodo 2014-2019, ya que fueron electos por el Congreso de una forma democrática.

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“Hoy se les trata de demeritar por el fiscal Juan Francisco Sandoval, sin antes haber sido citados, oídos y vencidos en juicio, violentándoles garantías constitucionales, como el debido proceso, presunción de inocencia y sobre todo el derecho de inmunidad del que gozan y que les otorga la Constitución”, se lee en el texto.

El Instituto de Magistrados detalla que en la elaboración del informe presentado por el Ministerio Público al Congreso se han violentado los principios constitucionales esenciales, pues este se elaboró sin respetar el derecho de defensa de los nominados.

“Sobre este punto, la Corte de Constitucionalidad, en sentencia del 15 de octubre del 2009, indicó que el derecho de defensa en términos generales garantiza que quienes intervienen en la sustanciación de un procedimiento administrativo o judicial tendrá la oportunidad de exponer sus argumentos y proponer sus respectivos medios de prueba”, añade el documento.

Los magistrados se quejan de que el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Juan Francisco Sandoval Alfaro, ha violentado los derechos humanos y debido proceso. “Cabe mencionar que actualmente dicho fiscal no contaría con la idoneidad para realizar investigaciones, al ser investigado por la Fiscalía de Asuntos Internos, por supuestas acciones delictivas”, refiere.

En el documento, los magistrados instan al Congreso a que proceda a realizar la elección de las personas que integrarán la CSJ y Corte de Apelaciones con estricto “respeto” a las normas constitucionales y ordinarias correspondientes, tomando en cuenta la jurisprudencia vigente de la CC.

Orden de la CC

Al ser consultado sobre el documento, Sandoval Alfaro manifestó que llama la atención que los magistrados no adviertan que lo que él hizo fue cumplir con una orden de la Corte de Constitucionalidad, y que las situaciones que lamentan están relacionadas con la presunción de inocencia, pero no se puede hablar de eso, ya que el informe requerido por la CC y que fue girado al Congreso, corresponde al ámbito constitucional y es un informe sobre selección de personas idóneas para ocupar las magistraturas de la CSJ y Apelaciones.

“Como ocurre en el país cuando se advierte de alguna situación donde habría corrupción, y acá podría existir corrupción en la integración de las cortes, los magistrados los matices que dan es que los que resultaron afectadas es por ideología y no es algo mío, sino que este informe es una orden de la CC para que los electores, en este caso los diputados, puedan tomar decisiones sobre los profesionales idóneos para conformar las cortes”, explicó.

“También hacen referencia a que tengo muchas denuncias y es cierto que las tengo, como mucho de los postulados, y de ser así ellos tampoco podrían haber ejercido la magistratura”.

Este informe fue entregado al Congreso por el MP para que los diputados puedan discernir y excluir a los abogados que de alguna forma comprometieron la idoneidad, honorabilidad e independencia al reunirse con Gustavo Alejos, ya que como operador buscaban un padrino para ser electos e integrar las cortes.

Negociaciones “espurias”

La directora del Movimiento Pro Justicia, Carmen Aída Ibarra, sobre la acción de los magistrados de Apelaciones, señaló que han quedado al descubierto las negociaciones “espurias” de algunos de ellos y por eso se alzan contra el informe de la Feci.

“Las investigaciones de la Feci ponen a varios del Instituto en aprietos, en evidencia de que para ser electos y conservar el puesto se asocian y comprometen con sindicados de graves crímenes. El informe de la Feci no se fundamenta en documentos de organizaciones como Pro Justicia, solo alude en un párrafo y eso no anula la documentación, y las imágenes que evidencian el amaño”, refirió Ibarra.

El informe

En la investigación del caso Comisiones Paralelas se han identificado redes que operan desde dentro y  fuera del sistema de justicia para influir en la toma de decisiones, e incluso algunos grupos se han especializado en “ofrecer” o “vender” servicios de impunidad a partir de contactos en el sistema de justicia, señala el informe del MP.

La investigación que realiza la Feci se refiere a la manipulación o influencia que diferentes actores en el proceso de integración de las nóminas a magistrados, sobre todo, con la participación del empresario Gustavo Alejos, quien al estar privado de libertad logró ser trasladado a un hospital de la zona 2, donde tenía un anexo en el cual hacía sus operaciones para la cooptación de la justicia.

El informe enviado por la Feci se elaboró  en cumplimiento a la sentencia de la CC emitida el pasado 6 de mayo. Las nóminas que deben evaluar los diputados son de 26 candidatos a magistrados para la Corte Suprema de Justicia y 270 para salas de Apelaciones.

Este informe se refiere a los profesionales cuya idoneidad y honorabilidad estén comprometidos, requisitos establecidos en el artículo 113 de la Constitución y también sobre la independencia judicial.

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El ente fiscalizador en su informe detalla que hizo un cruce de información de los cupones entregados y pagados por el Crédito Hipotecario Nacional contra el reporte emitido por el Registro Nacional de las Personas (Renap), con lo que se confirmó que se les entregó y pagó cupones de Q200 a 599 personas reportadas como fallecidas, con fechas de fallecimiento anteriores a los pagos de los cupones.

Según la Contraloría hubo falta de transparencia en el pago de los cupones por lo que los ahora exfuncionarios incumplieron con lo establecido en la normativa creada para la subvención de insumos agropecuarios 2017.

Rechazan acciones

Orellana Mejía exviceministro de Desarrollo Económico Rural (Vider) indicó en sus pruebas de descargo que el Maga validó ante el Registro Nacional de las Personas el 100 por ciento de los beneficiados, por lo que la unidad de informática depuró los listados dejando únicamente los que se encontraban en estatus activo (vivo).

Por aparte, Cahueque Acosta quien fungió como director de la Dirección de Reconversión Productiva indicó que fue informática del Maga quien convalidó junto con el Renap los datos esto previo a la creación del registro de beneficiarios. A la vez expone que no es su dependencia la competente de realizar esa convalidación.

El profesional argumenta que en el acuerdo de creación del programa también hay una carga para el banco quien para poder entregar el vale de Q200 debió verificar que el código de identificación contenidos en los listados coincida con el documento personal de identificación (DPI) que se presentó ya que los vales son personales e intransferibles.

Melgar Padilla explicó a los auditores que el procedimiento consistía en que los beneficiarios se presentaban al lugar indicado por el banco a recibir sus cupones, luego se presentaban al agro servicio de su conveniencia a realizar los canjes, fotocopia de la factura extendida por la empresa y fotocopia del DPI del beneficiario, el agro servicio presentaba los cupones al banco para ser cobrados.

Franco Ramírez también argumentó que informática del Maga convalidó la información junto con el Renap y que al momento de hacerlo las personas estaban activos (vivos). Mientras que Monroy Maeda es jefe de informática señaló que el Renap proveyó la fecha de inscripción de la defunción, dejando constancia que la información fue convalidada, pero si existieran cupones pagados a personas que lamentablemente fallecieron en el transcurso del tiempo no es su responsabilidad, sino de las dependencias que aprueban la entrega de cupones y realiza el pago de estos.

Luego de finalizar ese tiempo, la junta directiva del Congreso tiene cinco días para convocar a sesión plenaria para elegir a los magistrados de CSJ y Apelaciones para el periodo 2019-2024 y con ello finalizar este proceso que ha sido suspendido en cuatro ocasiones.

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El presidente ejecutivo del Movimiento Cívico Nacional (MCN), José Echeverría, manifestó que ahora los diputados, al momento de elegir a los magistrados, deben de hacerlo con base en la Constitución y que esos parámetros que establece se refieren a la independencia e idoneidad.

“Hay falencias dentro del informe, pero obviamente, las pruebas fehacientes que mencionan a los postulantes sí representan un elemento importante de consideración para evaluar la idoneidad y la independencia de los magistrados y no la culpabilidad, porque eso únicamente lo puede definir un juez”, dijo Echeverría.

El analista manifestó que el MP aún tienen que cumplir con su mandato constitucional de persecución penal y lo presentado el jueves es un informe similar al que se presentó en febrero con muy pocos avances.

“Un juez debe ser independiente con sus acciones dentro y fuera de la judicatura, eso quiere decir que las acciones deben representar su independencia más allá de los fallos. Cómo se conducen, cómo actúan, qué premios reciben y en este caso las visitas a Gustavo Alejos, serán un punto que menoscaba o daña la independencia que tienen estos posibles magistrados”, refirió Echeverría.

Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva del Movimiento Pro Justicia, considera que los diputados no deben tomar en cuenta a todos aquellos que tengan algún pendiente con el Ministerio Público en el marco de la investigación del caso Comisiones Paralelas 2020, o denuncias penales en curso, por lo que sus candidaturas tendrían que ser consideradas no idóneas, ya que sobre ellos existe un cuestionamiento o una situación que pone en duda su perfil de idoneidad y honorabilidad.

“Los diputados tienen que ponerse de acuerdo para definir cómo van a aplicar la sentencia de la Corte -de Constitucionalidad- de cara al informe del MP y a los procesos parlamentarios. Los diputados tienen que distanciarse de aquellas candidaturas cuestionadas a la hora de votar”, expuso Ibarra.

La analista añadió  que algunas personas han interpretado que el Congreso debe hacer una depuración previa a la votación. “Para votar los diputados tendrán que pronunciarse nominalmente a viva voz, uno a uno sobre cada uno de los candidatos y decir por qué son o no idóneos”.

El expresidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Roberto Molina Barreto, es crítico al señalar que la sentencia emitida -por la Corte- es absurda, porque los diputados tienen 20 días para estudiar el informe y entrar a un proceso de votación para elegir a los magistrados.

“Lo que pretende es que en base a ese informe determinen quienes no son idóneos y los excluya y prácticamente les está diciendo, voten sobre los que consideren sí son idóneos”, refirió Molina Barreto.

El exmagistrado considera que los diputados no van a poder elegir, van a tener que razonar sus votos diciendo que no tienen la capacidad “ni de jueces”, “ni de fiscales” para poder determinar quién es y quien no es idóneo.

“Cuando la fiscal -general- asegura que el proceso está viciado, y además señala vicios de postuladores y de diputados que tendrían conflicto de interés, por lo que sería imposible nominar de esta manera a la Corte Suprema y continuar con la crisis que la CC creó”, puntualizó.

No es potestad del Congreso

Consultado al respecto, el diputado Manuel Conde Orellana, del PAN, cuestionó el informe del MP y la resolución de la CC, al considerar que pretenden que los congresistas tomen decisiones que no les competen.

“En el informe que hay indicios racionales de criminalidad o de la comisión de un delito, eso no se juzga en el Congreso, eso se juzga ante juez competente, y ahí tergiversando el procedimiento penal y las funciones que le corresponden al Ministerio Público como el ente que tiene la función privilegiada de la función penal, pero cuando ellos la ejercitan es con el juez competente que se resuelve y no con el Congreso, nosotros no somos jueces”, dijo el parlamentario.

Rodolfo Neutze de CREO, coincide con Conde, al señalar que el congreso solo debe elegir a magistrados y no calificar si son idóneos o no.

“Considero irresponsable que nos manden al Congreso a tomar decisiones como si fuéramos jueces, nosotros debiéramos escoger dentro de un listado que ya está depurado y todas aquellas personas que tengan problemas con la ley que sean retirados de esos listados, pero no nos pueden decir a nosotros, ni el Ministerio Público ni la Corte de Constitucionalidad, que nosotros emitamos juicios de valor, porque no somos jueces, nosotros somos electores”, refirió el diputado.

Otros congresistas opinan que es trabajo de otras instancias determinar los listados para que el Congreso se limite solo a elegir.

“Tenemos que analizar el documento, lo que está enviando el Ministerio Público para poder tomar una mejor decisión. Es un poco complejo este tema porque, por ejemplo, nosotros como Congreso recibimos listados que ya han sido prácticamente depurados, que han sido analizados, que han sido calificados y entonces nosotros tenemos un problema serio porque nos mandan 270 personas y después nos dicen que no podemos elegir esos, entonces nos tendrían que enviar a los demás para completar ese número, porque si para ellos algunos no son elegibles, tienen que ver qué hacer, porque no podemos elegir solamente de 270 que solo podamos tomar en consideración a 150 o menos”, finalizó Rudy González, de VIVA.

No votar por señalados

Entre tanto, algunos parlamentarios aseguraron que deberán estudiar cada uno de los expedientes para excluir a las personas con tachas o señalamientos.

“El problema es complicado, nosotros tenemos una lista de 26, tenemos que elegir a 13, el problema es complicadísimo para nosotros, estamos en el análisis, tanto de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad como del informe que envió el Ministerio Público para, a partir de aquí, definir quiénes son los 13 más idóneos y tendremos que elegir de esa nómina, porque nosotros no podemos dejar de elegir. El llamado a todos los diputados que resultan señalados ahí a declararse en conflicto de interés y a no participar en esa elección”, dijo Óscar Argueta, de la UNE.

Algunos dan valor a lo investigado por el Ministerio Público, por lo que instaron a no votar por los candidatos con señalamientos.  “En el caso de este informe que entrega el Ministerio Público para la elección de los magistrados, aquí será de revisar las tachas y de revisar quiénes son los señalados y obviamente no escogerlos, porque ya fueron puestos en evidencia por el MP. Lo que nos compete es ver las tachas y obviamente no votar por ellos”, opinó Aldo Dávila, de Winaq.

El parlamentario Aníbal Samayoa, del Partido Humanista, manifestó: “La gran responsabilidad del tema de los candidatos que hoy tenemos para magistrados es de la comisión de postulación, el trabajo de depuración se tuvo que haber dado desde ese momento. Como diputados nos hemos encargado de haber hecho el análisis de todos los candidatos a magistrados, y ahí pueden ver qué candidatos tienen tachas y cuáles no. Yo creo que más allá de las reuniones, es importante el análisis que el diputado haga”.

Las suspensiones suman Q1 mil 846 millones 522 mil 840 y son en contra de la Municipalidad de Uspantán, Quiché; la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla -dos contratos-, el Ministerio de Gobernación, y el Ministerio de la Defensa.

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La primera suspensión es por sobrevaloración e incumplimiento en los requisitos fundamentales en las bases de licitación del concurso para la dotación de techo mínimo en el área rural y urbana de Uspantán, Quiché, por Q2 millones 10 mil.

La segunda es la contratación de servicios especializados para carga y descarga de buques por medio de grúas portuarias móviles y multipropósito en los muelles de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, la cual era para un plazo de 10 años.

La acción es por el incumplimiento en requisitos fundamentales, incongruencias en bases de licitación, “limitan la libertad de competencia a otros oferentes y la participación en la visita técnica”. El monto adjudicado era de Q639 millones 853 mil 640.

Otra de las obras suspendidas se refiere a la contratación de prestación de servicios especializados en la carga refrigerada sujeta a cadena fría, en la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla. El contrato estaba diseñado para un plazo de 10 años.

La suspensión temporal de la ejecución del contrato es por el incumplimiento de requisitos fundamentales. El contrato era por Q128 millones 759 mil 200

También se interrumpió el contrato para la adquisición de dos aeronaves IA-63 Pampa III, del Ministerio de la Defensa Nacional, por Q219 millones. El procedimiento establecido en la compra no se ajusta a las normas del ordenamiento jurídico del país.

El ultimo contrato suspendido se refiere a la adquisición del servicio para administración total de producción de licencias de conducir vehículos, por siete años, por parte del Ministerio de Gobernación. Se interrumpió el concurso por un error en un requisito fundamental relacionado con la fianza de sostenimiento. El concurso era por Q856 millones 900 mil.

Emiten sanciones

La Contraloría presentó hallazgos y acciones legales en el renglón de auditoría financiera y cumplimiento,

Las auditorías fueron realizadas a municipalidades y consejos de desarrollo, le siguen las entidades del sector educación, ciencia, cultura y deportes, el de salud y seguridad social, así como Instituciones de apoyo y a los Fideicomisos.

Los montos y las acciones legales fueron aplicadas en mayor cantidad a las municipalidades y consejos de desarrollo, fideicomisos, salud y seguridad social, y comunicaciones. En total se presentaron tres mil 36 hallazgos por Q78 millones; informes de cargos -reponer los recursos-, seis por Q2 millones 475 mil 893.79, y 32 denuncias penales por Q73 millones 341 mil 627.28.

Además, se realizaron 935 exámenes especiales de auditoría, los cuales resultaron en la emisión de mil 972 sanciones por Q332 millones 406 mil 519.96. En informes de cargos resultaron 19 por Q17 millones 162 mil 963.76, y 95 denuncias penales por Q3 mil 12 millones 790 mil 908.23, para un total de Q3 mil 362 millones 360 mil 391.95.

Luego de que el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) envió al Congreso un informe con listados de candidados a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de salas de Apelaciones, que pueden considerarse no idóneos y otros con conflicto de interés, los diputados deben evaluar las listas para poder elegir a los magistrados en el plazo fijado por la Corte de Consticionalidad  (CC).

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De hecho, el informe enviado por la Feci se elaboró  en cumplimiento a la sentencia de la CC emitida el pasado 6 de mayo. Las nóminas que deben evaluar los diputados son de 26 candidatos a magistrados para la CSJ y 270 para Salas de Apelaciones.

Este informe se refiere a los profesionales cuya idoneidad y honorabilidad estén comprometidos, requisitos establecidos en el artículo 113 constitucional y también sobre la independencia judicial.

Identifican redes

El jefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, manifestó este jueves que, en la investigación del caso Comisiones Paralelas se han identificado redes que operan desde dentro y desde fuera del sistema de justicia para influir en la toma de decisiones, e incluso algunos grupos se han especializado en “ofrecer” o “vender” servicios de impunidad a partir de contactos en el sistema de justicia.

La investigación que realiza la Fiscalía Especial contra Impunidad (Feci) se refiere a la manipulación o influencia que diferentes actores en el proceso de integración de las nóminas a magistrados. Sobre todo, con la participación de Alejos, quien al estar privado de libertad, logró ser trasladado a un hospital de la zona 2, donde tenía un anexo el el cual hacía sus operaciones para la cooptación de la justicia.

Sandoval expuso que las negociaciones en trono a la elección de las cortes giraba alrededor de Alejos -empresario y exsecretario de la presidencia de Álvaro Colom-, por lo que se pudo constatar que del 12 al 16 de febrero último recibió la visita de candidatos a magistrados, diputados y operadores gremiales.

Los nombramientos de los magistrados se deben realizar conforme lo establece la Constitución la cual exige que las personas elegidas sean las más capaces e idóneas para el cargo y que concurra en ellas la honradez.

Alejos tuvo contacto físico o telefónico con al menos 20 candidatos a magistrados de CSJ y salas de Apelaciones y con al menos 10 diputados, los operadores gremiales como Estuardo Gálvez, Juan Carlos Godínez, Fredy Cabrera y con la magistrada de la Corte de Constitucionalidad, Dina Ochoa, según la investigación.

Al haber tenido contacto con los 20 candidatos, su independencia y su idoneidad quedaron comprometidas, por lo que los diputados debe tomar una decisión entorno a cada uno de ellos en término de 20 días y elegir a los magistrados en los siguientes cinco días, de acuerdo con la sentencia de la CC.

“Con estas negociaciones paralelas se distorsiona el sistema de justicia, lo que arroja para la Fiscalía una tesis sólida, además de las posibles negociaciones ilícitas que se detectaron”, explicó Sandoval.

“El conflicto de interés son aquellas situaciones en las que el juicio de un sujeto, en lo relacionado a un interés primario y la integridad de sus acciones, tienden a estar indebidamente influenciados por un interés secundario, el cual puede ser económico o personal”, explicó el jefe de la Feci.

Sandoval manifestó que la investigación está dirigida a determinar, además de la influencia manifiesta de una persona privada de libertad, -Gustavo Alejos- que está vinculado en cinco procesos penales, y que las entidades de selección son permeables por intereses especiales, lo que puede decantar en una manipulación de los procesos de selección y en la toma de decisiones basados en criterios políticos en lugar de en una debida evaluación de los nominados.

“Todos esos aspectos, despiertan suspicacia con relación a la legitimidad del proceso de postulación. Lo indicado se visualiza también en que esta persona pudo inferir para manipular el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia y de Cortes de Apelaciones”, señaló Sandoval.

El MP no solo entregó lo señalado por la Feci, sino también un desplegado remitido por el Sistema de Control de Casos del Ministerio Público, que contiene detalles, de la existencia de sentencias condenatorias en procedimientos abreviados u ordinarios, suspensiones condicionales de penas o de cualquier otro beneficio procesal penal.

La jefa del MP, María Consuelo Porras, manifestó que para defender la independencia judicial y que las personas que sean electas cumplan con lo establecido por la Constitución,  presentó un recurso de amparo, “de lo contrario no se hubiera presentado nada”, señaló.

“Por eso es que estamos aquí y lo que a mí me encantó que el licenciado -Sandoval- advirtiera la cantidad de investigaciones que se están llevando a cabo, para que quede claro y muy puntual que el Ministerio Público si está trabajando con capacidad, honestidad y con legalidad y prueba de eso estamos dando información a la sociedad guatemalteca y manifestarle cuánto hemos trabajado a lo interno de cada una de las fiscalías”, resaltó Porras.

La fiscal general se manifestó “preocupada precisamente por este sistema es que se accionó, prueba de eso como fiscal general y de conformidad a la Constitución es que presenté el amparo y este es el resultado”, reiteró.

Falta de idoneidad

Las siguientes profesionales no podrían ser electos magistrados de la CSJ y salas de Apelaciones por haber comprometido su idoneidad y la independencia judicial, según el Minsiterio Público.

• Óscar Ruperto Cruz Oliva (CSJ y Cortes de Apelaciones -CA-)
• Selvin Flores Divas (CSJ y CA) hermano del diputado Jairo Flores
• José Córdoba Herrera (CSJ y CA)
• José Luis de Jesús Samayoa Palacios (CSJ)
• Carlos Humberto Rivera Carrillo (CSJ)
• Dasma Guillen (CA)
• Rafael Morales Solares (CA)
• Hilda González Donado (CA)
• Nelson Cámbara Flores (CA) asesor de Boris España
• Albino Martínez Escobar (CA)
• Geiler Smaille Pérez Domínguez
• Wilber Castellanos Venegas (CA)
• Gloria Dalila Suchité Barrientos (CA) la sala de femicidio a beneficiado a Alejos en resoluciones
• Hilda Jannette González Donado (CA)
• Flor de Maria Gálvez Barrios (CA) hermana del ex rector Usac Estuardo Gálvez
• Romeo Monterrosa (CA) comisionado
• Luis Mauricio Corado Campos (CA)
• María Eugenia Castellanos Cruz (CA)
• Heidy Pamela Delgado Castellanos (CA)
• Elda Nidia Nájera (CA) Hermana del diputado Santiago Nájera

Conflicto de interés

Los siguientes diputados no deberían  votar al momento de la elección por posible conflicto de interés

• Hellen Ajcip Canel (tuvo comunicación con Gustavo Alejos)
• Jairo Flores Divas (hermano de un candidato a magistrado)
• Felipe Alejos (tuvo comunicación con Gustavo Alejos)
• Carlos López Maldonado (tuvo comunicación con Gustavo Alejos)
• Estuardo Vargas (tuvo comunicación con Gustavo Alejos)
• Marleni Matías (tuvo comunicación con Gustavo Alejos)
• Sofia Hernández (tuvo comunicación con Gustavo Alejos)
• Santiago Nájera (tuvo comunicación con Gustavo Alejos)
• Raúl Antonio Solórzano Quevedo (tuvo comunicación con Gustavo Alejos)
• Sergio David Arana Roca (tuvo comunicación con Gustavo Alejos)

Guatemala es el departamento que registra el mayor número de contagios de covid-19, con 2 mil 872 casos, equivalentes al 69.29 por ciento de los contagios confirmados en todo el país. Le siguen San Marcos, con 192 casos, equivalente al 4.63 por ciento; Chimaltenango, con 153 contagios, el 3.69 por ciento, y El Progreso, con 106 contagios, el 2.56 por ciento.

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Cuatro son los departamentos que no sobrepasan de los 25 contagios: Alta Verapaz, con 24, equivale al 0.58 por ciento; Jalapa, con 20 y el 0.48 por ciento, Chiquimula, con 18 contagios equivalente al 0.43 por ciento y Petén con 17 contagios con el 0.41 por ciento.

En el departamento de Guatemala el mayor número de contagios se encuentra en la capital, con un rango de 501 a 1267; en Mixco, Villa Nueva, San Miguel Petapa y Chinautla el rango de casos es de 101 a 500, y San Juan Sacatepéquez, de 51 a 100. Mientras que Malacatán, San Marcos, y San Agustin Acasaguastlán, El Progreso, se encuentran en el rango de 51 a 100 casos.

Los datos proporcionados reportan que los hombres son los que se se han contagiado más de covid-19, con dos mil 497 casos, equivalentes al 60.24 por ciento, y las mujeres, con mil 648, hacen el 39.76 por ciento.

Niños menores a un año hay 70 casos, 34 femeninos y 36 masculinos, mientras que de uno a cuatro años hay 26 femeninos y 22 masculinos. Sin embargo, la edad con mayor contagio es la que se encuentra en el rango de los 25 a 29 años, con 635 casos, 245 mujeres y 390 hombres. En el rango de 30 a 34 años hay 566 casos, referentes a 209 mujeres y 357 hombres, y de 35 a 39 años se reportan 424 casos, 159 mujeres y 265 hombres.

Los adultos mayores también figuran entre los contagiados. En el rango de 75 a 79 años se registran 32 casos, 13 mujeres y 19 hombres, y de 80 años en adelante, 31, 11 mujeres y 20 hombres.

Guatemala registra 63 personas fallecidas, 17 mujeres y 46 hombres, el 73 por ciento de esas muertes se ubica en el rango de 55 años en adelante, con 46 fallecidos. En las edades de 55 a 59 años se registran 10 muertes, dos mujeres y ocho hombres; en el rango de 60 a 64, solo cinco hombres; de 65 a 69 se reportan 6 fallecidos, cuatro mujeres y dos hombres; en el rango de 70 a 74, nueve muertes, tres mujeres y seis hombres; en el rango de 75 a 79 años, ocho fallecidos, una mujer y siete hombres, y mayores a 80 se reportan ocho muertes, tres mujeres y cinco hombres.

A pesar de que todos los insumos médicos que se compraron el lunes pasado fueron gestionados por el Ministerio de Salud, los precios ofertados y adjudicados en el portal de Guatecompras registran valores distintos, aunque se trataba del mismo producto.

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La diferencia se evidencia en la oferta que presentó en esta ocasión la empresa Avances Terapéuticos, que vendió a Q225 los trajes de protección médica, pero una semana antes los había vendido en   Q300 al hospital de Cuilapa, Santa Rosa.

Después ese mismo hospital los adquirió Q125 con la empresa Importadora del Pacífico.

La empresa Grupo Construferro, S. A., vendió también trajes de bioseguridad a Q178.50 cada uno al Hospital Nacional Rodolfo Robles, cuando la empresa Médica Continental los había ofrecido a Q150.

En otro concurso, los trajes fueron adjudicados a esta última empresa a Q52, mientras que el Hospital General San Juan de Dios, en cuatro eventos, compró 3 mil trajes a Q140, a Iris Maribel Benítez Echeverría. En los cuatro contratos restantes, a Q139 y Q137, para un total de 23,600 trajes.

Las compras se efectuaron entre el 18 y 24 de mayo.

Otras compras

Los zapatones de polipropileno fueron adquiridos desde Q0.98 hasta Q3.20, según los datos del Ministerio de Finanzas, que dirige Guatecompras.

En uno de los reportes solo refiere que el Área de Salud de Santa Rosa compró 100 mil de este producto; sin embargo, esto no fue adjudicado, por lo que únicamente se registra una compra de 30 mil a Q0.98 centavos.

Las mascarillas fueron adquiridas a un precio que oscila entre Q4.47 y Q26.95.

El precio más bajo fue en el Área de Salud Petén Sur-Oriente, que compró 14,285 a Q4.47, mientras que el más alto fue el del Área de Salud de Escuintla, de 80,500 unidades. Lo que no establece el reporte es qué tipo de mascarillas fueron ofertadas.

El Hospital Distrital de Barillas, Huehuetenango, compró 60 cajas de guantes a Q55 cada una; el Hospital Nacional de Chiquimula 120 cajas a Q84 cada una; la dirección del Área de Salud de Jalapa compró 800 cajas a Q75 cada una, y el Área de Salud Guatemala Central adquirió 1,250 cajas a Q65.

Otros ejemplos, como el alcohol en gel, tienen adjudicaciones en la presentación de galón a Q50 y Q60.

Asimismo, las batas tienen precios distintos de Q18, Q38 y Q45, y las quirúrgicas, de Q29.50 a Q45.

Compra directa

Aunque la idea del Ejecutivo era adquirir insumos de protección a gran escala y obtener mejores precios, el pasado viernes todos los contratos fueron anulados con el argumento de que no cumplían con lo establecido en las bases y especificaciones requeridas.

La cartera de Salud había subido nueve concursos para adquirir 15 insumos diferentes, y que permitían la recepción de ofertas parciales. Es decir, que las empresas podrían ofertar la cantidad de insumos que tuvieran en existencia para entrega inmediata, lo que permitía que otro proveedor pudiera ofertar para completar el lote solicitado.

Sin embargo, decidieron hacer las compras por medio de compras directas.

Cuestiona proceso

Marvin Flores, consultor de Acción Ciudadana, calificó como un gran fracaso que el Ejecutivo no haya podido gestionar un proceso tan sencillo como la adquisición de insumos primarios para el personal médico que atiende a pacientes de covid-19.

“Como ciudadano y analista de Acción Ciudadana no quisiera creer, pero lamentablemente todo apunta a que el Ministerio de Salud y sus más altas autoridades llevaron al fracaso los procesos de licitación y cotización para llevar a cabo compras directas por cada unidad ejecutoria -dependencia- a diferentes precios, y hacer negocio a microescala. Eso es lo que reflejan los precios de lo que se está adquiriendo”, señaló Flores.

El analista considera que el papel de la Contraloría General de Cuentas es importante para verificar esas pequeñas compras, porque normalmente es donde está el negocio de la corrupción, al descentralizarlas.

“El presidente -Alejandro Giammattei- debería atender la recomendación que le hizo el procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas, de destituir al ministro de Salud Hugo Monroy, porque es más que evidente la incompetencia y la intención de hacer negocios oscuros en medio de una emergencia nacional”, señaló.

Prensa Libre consultó al Ministerio de Salud respecto de la diferencia de precios, pero no se obtuvo respuesta.

La Fiscalía contra la Corrupción allanó, el pasado viernes 22 de mayo, una vivienda de la aldea Santa Ana, Antigua Guatemala, donde la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) entregó una donación que iba dirigida para la municipalidad de Magdalena Milpas Altas, y el inmueble es propiedad de un familiar del diputado Mario Azurdia, del partido Vamos.

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Este martes 26 de mayo, en una citación con el diputado Aldo Dávila del bloque Winaq, personal de la Conred informó que fue el alcalde de Magdalena Milpas Altas, Juan Francisco Pérez Méndez, quien proporcionó la dirección para entregar la donación,  en la aldea Santa Ana.

El personal de la Conred también aseguró que en esa propiedad había representantes de la comuna ellos firmaron de recibido el producto.

El martes 19 de mayo circuló en las redes sociales que el producto era descargado en la residencia del diputado Mario Azurdia, por lo que la comuna expresó que desconocía por qué ese producto se llevó a ese lugar.

“El Concejo y el alcalde en ningún momento ordenaron que los camiones descargaran el producto en Antigua Guatemala”, detalló la comuna en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Luego de eso, el diputado Mario Azurdia por el distrito de Sacatepéquez y que pertenece al partido oficial, dijo en su página de Facebook que se traspapeló la entrega del producto.

“Lamentablemente en el proceso de envío hubo traspapeleo en el documento de la ayuda que me proporcionarían, por tal razón hubo confusión y la misma fue enviada a mi equipo de trabajo y a mi persona, cuando tendría que haber sido entregada al municipio de Magdalena Milpas Altas”, explicó el diputado.

Agregó que desde que empezó la crisis por el coronavirus ha brindado apoyo con donación de víveres a las familias vulnerables de Sacatepéquez y que semanas atrás había tenido una respuesta positiva, por lo que pensó que el producto entregado era el que había solicitado a la Conred.

Se intentó hablar con el jefe edil de Magdalena Milpas Altas, Juan Francisco Pérez Méndez, pero al responder dijo que estaba ocupado y cortó la llamada.

Entre tanto, el diputado Azurdia no respondió las llamadas hechas a su teléfono celular.

CONRED llevó donaciones a un "supuesto anexo de la Municipalidad" pero en realidad era el hogar de un diputado del Partido Oficial, por solicitud del Alcade Municipal de Magdalena Milpas Altas Juan Pérez "CONRED dice que desconocía a donde se estaban entregando las donaciones" pic.twitter.com/lHOGPXw3xl

— Aldo Davila (@AldoDavilagt) May 26, 2020

Por aparte, el jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, Stuardo Campos, informó que se allanó una vivienda de la aldea Santa Ana, el viernes 22 de mayo, donde la Conred descargó la donación dirigida para la comuna de Magdalena Milpas Altas.

“Se tuvo conocimiento que unos insumos que estaba repartiendo la Conred habían sido llevados a un inmueble particular, se hizo la averiguación preliminar y nos apersonamos el viernes 22 a ese lugar, en la diligencia no se localizaron los insumos, pero si se secuestraron algunas evidencias que serán de utilidad para la averiguación de los hechos”, explicó Campos.

El fiscal manifestó que se han hecho otras diligencias de investigación en otras municipalidades de Sacatepéquez y también en la Conred para tratar de establecer la veracidad de lo que se establecía en la denuncia.

La cantidad de la ayuda entregada

• 420 cajas de bebidas de Áloe Vera
• 162 galones de alcohol etílico
• 1,008 frazadas tipo poncho
• 64 kits de cocina
• 36 kits de cocina
• 200 kits de limpieza
• 4,000 mil pañales desechables
• 1,000 toallas sanitarias
• 27 mil cajas de fósforos

Guatemala contaba hasta el domingo recién pasado 264 casos positivos de covid-19 entre niños y adolescentes, por lo que médicos consultados instan a reforzar la atención a este grupo vulnerable y a evitar que se rebasen los mil pacientes, como sucede actualmente en Panamá.

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En opinión de Otto Rivera, secretario ejecutivo de la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez (Ciprodeni), debido al comportamiento del virus en los últimos tres días, durante los cuales se han contabilizado, en promedio, 20 casos diarios de menores, en tres semanas se podría llegar a los mil.

Rivera señaló que estamos entrando a la cuarta semana de ocho que se prevén como las más difíciles en cuanto a contagios, dato que fue pronosticado, según indicó, por el epidemiólogo Edwin Asturias, quien presidirá la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19.

Rivera explicó que el país está registrando un crecimiento semanal de casos equivalente al cien por ciento.

“De acuerdo con eso, hemos hecho un ejercicio de proyección matemática, un análisis estadístico del comportamiento de la pandemia, y a este ritmo, al final de estas ocho semanas, podría llegar, a en promedio, mil casos”, aseveró.

Preocupa situación

Rivera dijo que lo que más le preocupa a la Ciprodeni es que no hay áreas específicas en los hospitales temporales para atender a los niños, incluso recordó que se había licitado un evento para adquirir cunas, pero hasta la fecha no se ha adjudicado.

El Ministerio de Salud refutó lo expuesto por Rivera y aseguró que en los hospitales temporales del Parque de la Industria, Quetzaltenango y Villa Nueva cuentan con un área de pediatría.

“La mayoría de los casos de menores contagiados con covid-19 y que se encuentran en los hospitales temporales han sido reportados como casos leves o asintomáticos”, explicó ayer a Prensa Libre el Departamento de Comunicación de esa cartera.

Según la información, en cuanto a los menores la recomendación médica es que permanezcan con sus padres, para un mejor control y pronta recuperación.

Verónica Gómez, presidenta de la Asociación Pediátrica Guatemalteca, comentó que les preocupan dos situaciones: primero, que los niños menores de un año en otros países son los que han tenido sintomatología clínica y han tenido dificultad respiratoria; segundo, y que es algo que no ha sucedido en Guatemala, es el síndrome inflamatorio semejante a la enfermedad de Kawasaki.

Sin embargo, según la especialista, temen que en Guatemala el comportamiento de casos en menores sea similar a de otros países.

“Se tiene estimado que el contagio en menores de edad en el mundo es del 5 por ciento. No creo que sea de más en Guatemala, y tendríamos que ir junto con ese comportamiento”, explicó la profesional.

Según Rivera, el problema en el país es el hermetismo que maneja e l Ministerio de Salud en la información.

“Lo que nos ha costado trabajar es el rango de edad que maneja oficialmente el Gobierno, y el primer rango es de 0 a 20 años”, comentó.

“La información oficial cuantitativa lo que permite es tomar las mejores decisiones y políticas acertadas. Si no sé cuál es la población positiva no sabría qué hacer con ella”, dijo Rivera.

Según el Departamento de Comunicación Social del Ministerio de Salud, la mayoría de niños contagiados no solo reciben atención médica, sino también psicológica. Algunos cuentan con televisores o incluso espacios lúdicos y de entretenimiento, de acuerdo con su edad, para que logren asimilar mejor su estadía y recuperación.

En relación con los medicamentos, se les administra acetaminofén, antihistamínicos o antigripales.

Zulma Calderón, defensora de la Salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos, indicó que hay un subregistro en cuanto a los menores reportados como positivos del virus, debido a que no se han hecho las pruebas necesarias para el diagnóstico.

Ante las destituciones, diferentes sectores están en contra y otros a favor de la decisión de los magistrados, ya que consideran que es bueno para levantar el desgaste que tuvo la anterior magistratura durante el evento electoral del 2019.

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Los magistrados también analizan la contratación de Beyla Estrada de Brito y Vitalina Orellana, esta última ocuparía el cargo que ahora deja vacante Leopoldo Guerra.

Junto Guerra también fueron removidos de sus cargos Francisco Alonzo, auditor; Armando Arroyo, director de Finanzas; Elsie Gladys Pineda, jefa del departamento de Compras; Samuel Vargas, jefe del departamento Administrativo; Óscar Sagastume, Inspector General; Eddie Fernández, director del Instituto Electoral; Giovanni Rodríguez, jefe de la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos y Claudia Rojas, jefa de la Unidad Especializada del Voto en el Extranjero.

Las remociones fueron confirmadas por el presidente del TSE, Mynor Franco, quien afirmó que no hubo una evaluación de desempeño como tal para hacer las destituciones. Solo hubo una evaluación que se hizo fue a lo interno y no de fondo.

Sobre las contrataciones de Orellana y Estrada de Brito, el presidente del TSE indicó que desconocía por lo que recomendó que se le “consultara a la fuente para verificar los hechos”.

No están de acuerdo

Mirador Electoral, instancia que aglutina a varias entidades de sociedad civil y vigilan el proceso electoral, ven con preocupación el desmantelamiento de esta institución que promueve el pleno de magistrados.

“Los magistrados han forzado la salida de cuadros técnicos, con formación especializada en el tema de auditoría electoral y forense de los partidos políticos, que han sido claves para identificar irregularidades en el financiamiento de los partidos y sus campañas”, apuntan en el comunicado.

También señalan que el pleno pretende contratar a nuevos cuadros que carecen de las calidades profesionales, la experiencia necesaria y el perfil ético que requiere integrar un ente tan crucial para el funcionamiento de la democracia.

“Exhortaos a los magistrados del TSE a ser prudentes en las decisiones que toman y que consideren que de sus acciones y conducta dependen la reputación de la institución y la confianza que la ciudadanía tenga a los eventos electorales que les tocará organizar, de la credibilidad del TSE depende en gran medida la credibilidad de las elecciones”, resalta Mirador Electoral en un comunicado.

El politólogo Ricardo Barreno manifestó que es preocupante, ya que a diferencia de las anteriores magistraturas, esta tiene retos fundamentales, primero porque deben continuar con los esfuerzos de socialización de una eventual reforma electoral a través del esfuerzo que se hizo en la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (Came), porque las destituciones pueden llegar a generar una dificulta para implementar la reforma electoral.

“De pronto no es una preocupación, pero puede estar muy condicionada, el TSE quedó altamente desgastado del proceso electoral del 2019 y me parece que las destituciones iniciales, al menos la del registrador, responden a esos focos que generaron los mayores desgastes. Podría verse como una oportunidad para recuperar la confianza a través del fortalecimiento de estas direcciones”, explicó Barreno.

Respaldan decisión

Pedro Cruz, presidente de la organización Primero Guatemala, manifestó que es importante reconocer el distanciamiento que la administración nueva del TSE está tomando con la administración anterior, y sobre todo por la destitución y nombramientos que habían sido muy polémicos.

“En cuanto a la remoción de estos puestos es un mensaje muy importante sobre todo cabe resaltar la figura de Leopoldo Guerra que al frente del Registro de Ciudadanos pues dejó muchas dudas y mucho que desear, es importante que esa destitución se resalte”, refirió.

“Con los nombramientos de Beyla Estrada de Brito y Vitalina Orellana que están actualmente en el Organismo Judicial, se genera mucho ruido alrededor de sus designaciones, sobre todo porque han beneficiado a la clase política de siempre, a los partidos políticos que han sido cuestionados y sus figuras que en algún momento han tenido un problema judicial por algún delito que haya tenido que ver con corrupción, lavado de dinero o por malversación, los han beneficiado”, añadió Cruz.

El dirigente manifestó que el TSE debería considerar esos nombramientos si de entrada quiere hacer las cosas distintas, pero sobre todo sí se quiere distanciar de la clase política.

“Recordemos que este TSE va a tener una elección y esa tiene que sobrepasar cualquier expectativa que se haya tenido sobre todo de la administración anterior en el último proceso, donde se generaron muchísimas dudas y la ciudadanía debe volver a confiar en una institución electoral que desafortunadamente quedó muy desgastada”, puntualizó el entrevistado.

José Echeverría, presidente ejecutivo del Movimiento Cívico Nacional (MCN), señaló que estas destituciones son sumamente importantes, pero que deben de ir acompañadas de un razonamiento o justificación de parte de los magistrados del TSE.

“En el último proceso vimos con mucha preocupación de muchas inscripciones del registrador de ciudadanos que no eran congruentes o consecuentes con la ley, inclusive presentamos acciones sobre las mismas”, explicó Echeverría.

El directivo de MCN considera que los magistrados del TSE deben apuntar a ser un Tribunal independiente, consecuente y una de las grandes tareas de la anterior magistratura fue realizar una evaluación de qué había sucedido en el pasado proceso electoral y qué había pasado con ciertos nombramientos, si eran por incapacidad de algunas personas o del mismo TSE o por incongruencias de la misma ley electoral.

Por aparte, los cambios van a estar condicionados a la objetividad y transparencia y meritocracia de cómo se vayan a hacer las designaciones, por lo que viene una alta responsabilidad para demostrar compromiso con la recuperación de la confianza del ente electoral.

“En la medida en que el pleno manifieste compromiso para continuar con el fortalecimiento electoral desde la recuperación de la confianza y desde la reoxigenación del sistema electoral creo que las designaciones de los puestos y las destituciones pueden dar esperanza a este nuevo reajuste que quiere el TSE”, concluyó el experto.

El politólogo. Ricardo Barreno manifestó que es preocupante ya que, a diferencia de las anteriores magistraturas, esta magistratura tiene retos fundamentales, primero porque deben de continuar con los esfuerzos de socialización una eventual reforma electoral a través del esfuerzo que se hizo en la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (Came), porque las destituciones se pueden llegar a genera una dificulta para implementar la reforma electoral.

“De pronto no es una preocupación, pero puede estar muy condicionada el TSE quedó altamente desgastado del proceso electoral del 2019 y me parece que las destituciones iniciales al menos la del registrador responden a esos focos que generaron los mayores desgastes. Podría verse como una oportunidad para recuperar la confianza a través del fortalecimiento de estas direcciones”, explicó Barreno.

El domingo último, el presidente Alejandro Giammattei informó durante su cadena de radio y televisión que estaba a punto de adjudicar compras de productos de bioseguridad, para atender la crisis sanitaria por el covid-19 y abastecer a los hospitales; sin embargo, cuatro días después fueron rescindidas las licitaciones.

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El Ministerio de Salud subió nueve concursos para adquirir 15 insumos diferentes, y que permitían la recepción de ofertas parciales, es decir, que las empresas podrían ofertar la cantidad de insumos que tuvieran en existencia para entrega inmediata, lo que permitía que otro proveedor pudiera ofertar para completar el lote solicitado.

Esa cartera  buscaba adquirir guantes, mascarillas, trajes de bioseguridad, protectores faciales, batas y otros suministros médicos.

A pesar de que los procesos de excepción permiten agilizar las compras, esto no ha sucedido en la cartera de Salud.

En su momento el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, señaló que ha sido difícil adquirir productos, debido a que hay estructuras ineficientes en muchas partes del Estado que cuesta cambiar y, sobre todo, que en esa cartera -Salud- se han dado muchos manejos dudosos y quebrar esos sistemas ha sido difícil.

Compras directas

Las autoridades del Ministerio de Salud informaron que el objetivo primordial de estas adquisiciones era el de cumplir con las normas de protección que requiere el personal médico y paramédico que está en primera línea.

Detallaron que con estas especificaciones se levantaron nueve concursos para compras, se recibieron 99 ofertas electrónicas y participaron 46 proveedores, algunos de estos no adjuntaron de forma electrónica toda la documentación requerida, por ejemplo: declaración jurada, inscripción de registro sanitario, entre otros, por lo que se solicitó ampliación de información, pese a dar el tiempo necesario, algunas de estas empresas no cumplieron con lo establecido.

“Los insumos presentados por parte de los ofertantes, muchos de estos no cumplieron con los procedimientos de revisión, por lo que fueron descartados. Pese a que no se lograron estas adjudicaciones, ahora se realizará procedimiento de compra directa, de este nuevo proceso está informada y da seguimiento la Comisión de Transparencia de la Presidencia y el Viceministerio de Transparencia del Ministerio de Finanzas”, explicaron las autoridades por medio de comunicación social de esa cartera.

También exponen que con la finalidad de transparentar y garantizar los procesos de compra de insumos en esta emergencia provocada por el coronavirus, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social suscribió un convenio marco de cooperación interinstitucional integrado juntamente con el Ministerio de Finanzas Públicas, el Ministerio de Economía, el Ministerio de la Defensa Nacional y otras instituciones.

Lo que se buscaba era lograr realizar las compras al mejor precio y con el mejor producto garantizando que se tuvieran insumos en existencia. Con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa) y de personal médico que colaboró con la mesa, se realizaron las bases técnicas de 14 insumos de protección personal.

Desabastecimiento continúa

Para la defensora del derecho de la salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Zulma Calderón, las repercusiones de no adjudicar estas compras continúan siendo ese desabastecimiento sostenido que ha habido en el equipo de protección personal, sobre todo porque “este es el momento más que crítico, porque estamos en esa fase acelerada de la curva y los casos siguen en aumento”.

“La atención a los pacientes se ha venido diversificando, ahora no solo debe haber equipo de protección personal únicamente para los servicios de salud, sino que se han integrado otros espacios como los hoteles y ahí debe haber  equipo de protección acorde a los casos que están atendiendo y esto lo que nos evidencia es la falta de previsión, porque no hay un plan del Ministerio de Salud para atender la emergencia que se está enfrentando”, resaltó Calderón.

La defensora considera que el desabastecimiento no debería ser un problema, porque en este momento se debería estar enfrentando otro tipo de situaciones. “Ya estamos cansados de estar denunciando la importancia de haberse abastecido a tiempo; sin embargo, hoy se sigue enfrentando ese clima de incertidumbre, porque no se puede trabajar y prestar la atención sin tener la certeza de cómo protegernos”, señaló.

“El estado de Calamidad también le da -al Ministerio- otras opciones administrativas para poder comprar  insumos y resolver de forma paliativa lo urgente”, refirió Calderón.

No son razonables las anulación

El consultor de Acción Ciudadana, Marvin Flores considera que es poco razonable que procesos de adquisición de insumos que son básicos y de uso común que son bienes estándar tengan problemas en los concursos o que los oferentes hayan incumplido con un requisito.

“Normalmente lo que sucede es que los requisitos son de forma y otros de fondo, si son de forma los que se incumplieron estos son subsanable en termino de 24 horas según la ley, pero no suena razonable que compras tan básicas tengan problemas en los procesos de adquisición ya sea de lado de gobierno o de los proveedores, es muy difícil que esto suceda”, señaló Flores.

El experto en temas de transparencia manifestó que esperaría que no sea para adjudicarle a alguien, por lo que la Contraloría que hace procesos de auditoria concurrente, por lo que tiene que ponerle mucha atención.

“No es la primera vez que el ministerio de Salud a pesar de los cambios en los viceministros, quedan mal en los procesos con errores que realmente parecieran muy sencillos de prevenir y subsanar, pareciera que hay un tipo de interés en beneficiar a determinados proveedores con algo que es básico y urgente con el personal médico que está atendiendo la crisis”, manifestó el experto.

Flores señaló que debido a que el Estado se tarda mucho en pagar las empresas le ponen un pequeño valor adicional, pero no debería de tener una diferencia tan significativa con lo que hay en el mercado sobre todo porque son compras en volumen, el tema de economía de escala tiene mucho que ver en este tipo de compra.

Errores en las bases

La diputada y exministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack manifestó que, al revisar las bases de los eventos, se pudo determinar que había errores, un ejemplo fue el de equipos de protección de bioseguridad, po rque las especificaciones hablaban sobre zapatones o gorros y otras bases no eran específicas, pues los oferentes preguntaban si el producto lo necesitan con costura o sin costura o qué peso la tela.

“Las especificaciones técnicas de los productos no estaban claros y eso le genera a la empresa u oferente dificultades para poder ofrecer sus productos y entregar las muestras que se necesitan. Sí vimos un problema en el diseño de las bases. Aparte, se puede observar que sí hay productos, pero no todos se alineaban necesariamente a lo que se les solicitaba, la maría de oferentes ofrecía mascarillas KN95, que son chinas, cuando las bases pedían N95, que son estadounidenses, pero que son parecidas, no hubo la flexibilidad para adjudicar”, expuso la exministra.

Hernández Mack añadió que se pudo evidenciar que algunas empresas no contaban con licencia sanitaria o sus productos no contaban con registros sanitarios.

“Se debe tomar en cuenta que estamos en una emergencia, que estamos en estado de Calamidad que permite hacer las compras por excepción, toda vez se haga una compra de forma transparente y con precios justos se debería hacer la compra sin necesariamente hacer los eventos competitivos, no entendemos qué pasa”, refirió Hernández Mack.

La diputada manifestó que en siete eventos hubo 106 ofertas y a ninguna se le adjudicó ningún evento.

“Se pueden hacer compras con procedimientos más agiles, siempre transparentes y con el visto bueno de la Contraloría General de Cuentas para poder hacer este tipo de compras rápidas, pero transparentes y con los precios de referencia que establezca el Ministerio de Economía”, expuso la parlamentaria.

TODAS LAS COMPRAS SE CAYERON

Esto una tragedia, pues personal de salud seguirá sin insumos ni equipo para su protección personal.

Ya hay trabajadores/as de salud contagiados y en cuarentena, es decir menos personal para atender un número cada vez mayor de pacientes.

— Lucre Hernández Mack (@hernandezmack) May 22, 2020

El epidemiólogo Jorge Ortiz, del Observatorio sobre covid-19 en Guatemala, manifestó que este tipo de pruebas lo que hace es detectar los anticuerpos en IgM e IgG. Los IgM son los anticuerpos que produce el ser humano contra el virus, pero para que eso dé positivo debe pasar un tiempo y la única forma de que eso ocurra es si se hace al tercer día de que el paciente esté infectado, pero a diferencia de la PCR -Reacción en Cadena de la Polimerasa- es que en esta saldría positiva sin tener síntomas.

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“No se usa como método de tamizaje porque la persona debe tener tres días de síntomas, en cambio con la otra prueba, se puede hacer sin que la persona tenga síntomas y puede salir positiva. Se le puede pasar una prueba serológica a un paciente y me va a tirar negativa, mientas que en la PCR me puede tirar positivo, sobre todo si la persona es asintomática”, explicó Ortiz.

El médico añadió que hasta ahora solo una prueba ha sido aprobada por FDA -Agencia de Medicamentos y Alimentación de Estados Unidos- y no sirve para diagnóstico de infección activa. Por lo que a su consideración, lo que hizo el alcalde de Mixco, Neto Bran -quien publicó en redes sociales mientras se hacía una prueba serológica-, no fue tan correcto, porque no estuvo asesorado adecuadamente; además, porque la gente puede creer que esa la compra y se hace la prueba.

“Como está regulada por el Ministerio, se debe de tener una licencia sanitaria. Para comercializar una prueba de ese tipo debe primero obtenerla -la licencia-. Aunque sea aprobada por la FDA, hay un trámite que tiene que pasar por el Ministerio para darle el permiso”, dijo el especialista.

Entre tanto, el médico Arturo Sánchez, especialista en epidemiología aplicada, manifestó que los test rápidos no identifican el ARN del virus -ácido ribonucleico- sino que usa dos métodos distintos. A través de una muestra de sangre son capaces de detectar anticuerpos producidos contra el virus y por medio de muestras respiratorias de exudado nasofaríngeo se pueden detectar proteínas del virus.

“Estas pruebas se basan en una inmunocromatografía en papel, es decir, una plataforma que tiene ‘pegadas’ las proteínas del virus para detectar anticuerpos o anticuerpos específicos para descubrir las proteínas del virus. Su funcionamiento es similar al de los test de embarazo -para tener una idea-, su rapidez sirve de gran ayuda en estos momentos, ya que presenta una gran ventaja en la situación actual, se pueden realizar en el domicilio de un caso sospechoso, aunque siempre debe estar bajo la supervisión de un profesional sanitario y ayuda a no saturar los hospitales”, explicó el profesional.

Sánchez considera que estas herramientas rápidas podrán mejorar el tamizaje en la población y limitar los ensayos de PCR solo a aquellos pacientes que, con sintomatología, den un resultado negativo mediante los test rápidos. Esto permitirá liberar profesionales y recursos en el Sistema Nacional de Salud.

Generar anticuerpos

Jairo Méndez, virólogo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ya había explicado que estos exámenes se hacen con una gota de sangre que se deposita en una plaqueta plástica que contiene reactivos que identifican anticuerpos de inmunoglobulina M (IgM) e inmunoglobulina G (IgG), que son las “defensas” que produce el sistema inmunológico para combatir un virus. La presencia en la sangre de estos anticuerpos significa que hay o hubo presencia del virus.

El mayor problema con las pruebas serológicas es que el organismo, según el sistema inmunológico de cada persona, puede tardar hasta 10 días en producir anticuerpos contra el virus, por lo que estos exámenes podrían detectar anticuerpos de infecciones pasadas o recientes y no determinar si corresponden al nuevo coronavirus.

Peor aún, la prueba puede mostrar un resultado negativo a la infección cuando el contagio es reciente y el organismo aún no ha producido los anticuerpos IgM e IgG.

“Las pruebas rápidas son desarrolladas en casete, como pruebas de embarazo, donde en una tira se ponen componentes del virus que una vez se coloca la muestra, reacciona con unas líneas y permite identificar si es positiva o negativa”, explicó Méndez

“No permite confirmar si el virus está o no presente ni cuándo se tuvo contacto con el virus”, puntualizó.

Este miércoles el Laboratorio Nacional de Salud, dependencia encargada para la realización de pruebas de coronavirus, le adjudicó a la empresa Roche de Guatemala un evento para que abastezca al Gobierno con 54 mil 720 pruebas.

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Sin embargo, los test deberán ser entregadas en el Laboratorio Nacional dentro de un tiempo no mayor a 45 días hábiles luego de recibida la orden de compra. En las bases se establece que el contratista deberá instalar el equipo dentro de los dos días hábiles anteriores a la entrega de las pruebas.

En el concurso, aparte de Roche, participó la empresa Labtronic, S.A., que presentó una oferta por Q11 millones 343 mil.

El kit de ensayo es para ser corrido a través de PCR (reacción en cadena de la polimerasa, en inglés) en tiempo real. Además, el resultado se conoce en cinco horas.

Por aparte, el presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Carlos Contreras, indicó el pasado martes en una citación en el Congreso que reciben a la semana 500 pruebas para diagnosticar el covid-19, las cuales son de la marca Roche.

El funcionario también dejó duda de qué tan confiables pueden ser, ya que se refirió a dos marcas sin especificar cuál es más confiable.

Los casos de coronavirus en Guatemala llegaron a 2 mil 265 este 20 de mayo, con 45 muertes.

El ministro de Salud, Hugo Monroy, dijo en un mensaje a la nación que hay 132 casos nuevos -88 hombres y 44 mujeres-, dos pacientes fallecidos este miércoles -hombres de 72 y 67 años-, y cuatro recuperados más, para un total de 159.

El sistema de Salud hizo 1 mil 484 test de covid-19.

El ministro anunció que el 21 de mayo se harán pruebas de muestreo de covid-19 en la zona 4 capitalina. En días recientes esos test se han hecho en mercados de colonias capitalinas y municipios del departamento de Guatemala.

La cartera de Salud con el apoyo del Ministerio de Finanzas y con base al estado de Calamidad Pública instalaron una mesa para que esta cartera agilice los procesos de compra de insumos hospitalarios, pero 10 días después los eventos no se han adjudicado. Los médicos de diferentes hospitales han denunciado la falta de insumos y de protección.

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Salud subió nueve concursos para adquirir 15 insumos diferentes, que permitirán la recepción de ofertas parciales, es decir, que las empresas podrán ofertar la cantidad de insumos que tengan en existencia para entrega inmediata, lo que permite que otro proveedor pueda ofertar para completar el lote solicitado.

A pesar de que los procesos de excepción permiten agilizar las compras esto no ha sucedido.

En el primer evento se pretende adquirir dos millones 200 mil mascarillas quirúrgicas de tres capas, se presentaron 23 oferentes quiénes propusieron productos con valores que van desde los Q215 mil 450 hasta los Q26 millones 840 mil.

El segundo concurso es para adquirir cinco millones 500 mil mascarillas tipo N95 con y sin válvula. Se presentaron 15 empresas que ofertaron el producto entre Q290 mil y Q259.6 millones.

Ambos procesos tienen inconformidades, el primero cuatro y el segundo cinco, todos referentes a las bases del concurso, lo que podría provocar podría que no se pueda adjudicar . Además, dos empresas tienen que entregar aclaraciones este martes 19.

Otro de los concursos es para comprar dos millones 400 mil pares de zapatones para área quirúrgica. Se presentaron nueve firmas que ofertaron entre Q4 mil 500 y Q36 millones.

El cuarto evento es para adquirir 867 mil 400 trajes de bioseguridad de las tallas S, M y L. Se presentaron 11 ofertas con montos de Q100 mil a Q286 mil.

El quinto proyecto para adquirir 48 mil 920 cajas de guantes descartables para las tallas pequeña, mediana y grande de cien unidades cada caja.

Otro de los eventos es para adquirir batas estilo gabacha, de las tallas M y L. Las siete empresas ofertaron entre los Q50 mil y Q440 mil.

También se buscan comprar 726 mil 800 lentes protectores de bioseguridad no descartables y 902 mil protectores faciales. También tres millones 100 mil gorros descartables para enfermeras.

Hacer la compra en grandes cantidades asegura que se puedan adquirir los productos a un precio mejor. En un momento se denunció que las diferentes unidades administrativas de esa cartera a adquirían mascarillas a Q60 cuando su precio es de Q30, o subían eventos en la noche y los bajaban al día siguiente, lo que generaba una mala percepción sobre las adquisiciones.

En su momento el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci señaló que ha sido difícil adquirir productos, debido a que hay estructuras ineficientes en muchas partes del Estado que cuesta cambiar y sobre todo que en esa cartera -Salud- se han dado muchos manejos dudosos y quebrar esos sistemas ha sido difícil.

Gabriela Ayerdi consultora de Acción Ciudadana manifestó que es preocupante que no se otorguen todos los implementos y los suministros necesarios para que el personal de salud este protegido ante esta enfermedad tan contagiosa y que puede ser mortal.

“Se ve la falta de voluntad de los médicos de estar trabajando en primera línea en este tipo de crisis y no los culpamos, no les están dando lo que se necesita para actuar de manera adecuada, pero por otro lado es importante es establece se deba adjudicar a empresas que no cumplan con todos los requisitos legales para ser contratistas del Estado”, explicó Ayerdi.

La consultora explicó que hace pocos días se adjudicó a una empresa que había cometido fraude y en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social aún así el Ministerio de Salud le compro mascarillas N95 a esta empresa que ya había cometido fraude.

“Debemos de resguarda la integridad de los médicos, pero debemos de exigir que cumplan con los mecanismos de transparencia y que verifiquen los requisitos de las empresas. Varios diputados han señalado que el dinero está disponible, han evidenciado la mala ejecución del ministerio de Salud, por aparte es necesario auditar las donaciones que han recibido”, concluye Ayerdi.

Contrato abierto

El pasado sábado 16 de mayo, el Ministerio de Finanzas subió a Guatecompras un evento de contrato abierto para adquirir insumos para protección personal de salud a través de la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

En este evento que cierra ofertas el 26 de junio, se busca adquirir productos que servirán para la protección y evitar un contagio por parte de los médicos o enfermeras, las cantidades que se buscan adquirir son millonarias.

Se pretende adquirir guantes, protectores faciales, lentes, trajes de bioseguridad, mascarillas de tres capas y de N95 con y sin válvula, gorros de protección para enfermeras, caretas, entre otras.

Cada uno de los profesionales argumentó las diferentes fases del proceso. Molina Barreto, expresidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), fue el más directo en señalar que esta ha beneficiado a sectores de la sociedad civil “que no ganaron de forma democrática”.

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El expresidente de la Corte considera que el fallo de la CC, que ordena al Congreso a que elija a los magistrados, es inconstitucional, y asegura que se viola la presunción de inocencia, ya que obliga a que el Ministerio Público entregue un informe circunstanciado de quiénes están bajo investigación.

“No dudo que el Congreso está obligado a revisar los requisitos establecidos en el artículo 113 de la Constitución previo a elegir a los magistrados de cortes, pero al excluir candidatos que no cumplan con ese artículo va a lograr que el Legislativo elija de una nómina de menos de 26 para CSJ y al hacerlo se estaría cometiendo una ilegalidad, porque la Constitución establece que la elección debe de ser de nómina de 26”, expone Molina Barreto.

Mientras que José Echeverría, presidente ejecutivo del Movimiento Cívico Nacional, recordó que inicialmente el proceso fue suspendido por haber iniciado antes de tiempo y después fue suspendido nuevamente a un mes de la finalización del período constitucional de los magistrados del Organismo Judicial.

Echeverría indicó que el proceso de elección del Poder Judicial pone en relevancia el orden institucional, que la seguridad y certeza jurídica son mecanismos importantes que a su vez permiten la paz social y el desarrollo humano sostenible.

También considera que hay incertidumbre en relación con la protección de la certeza jurídica y derechos humanos en el proceso constitucional de elección del Poder Judicial y que la falta de certeza jurídica en el presente caso no afecta únicamente a los participantes del proceso, sino a todo el país.

Por aparte, Andrade señaló que el fallo contrasta con disposiciones de la Constitución y leyes vigentes, toda vez que el MP no es nominador, y añade que la CC pudo haber violado su propia jurisprudencia.

El jurista señaló que el MP no debería entregar otro informe porque ya lo hizo en una primera ocasión en donde obvió hacer los señalamientos o parte de las investigaciones, según el artículo 18 de la Ley de Comisiones de Postulación.

El presidente del Centro para la Defensa de la Constitución, Stuardo Ralón, dijo que la principal inconsistencia de la CC en el fallo es dar luz verde a continuar un proceso en el que la amenaza que la Fiscal está advirtiendo de que existe una investigación para establecer si existe una manipulación en diferentes etapas del proceso de postulación.

Mientras que el abogado constitucionalista, Mario Fuentes Destarac, señaló que de cara a la sentencia de la CC por la elección de Cortes, el fallo por sí mismo contiene controversias como la ordenanza de que el MP remita un informe al Congreso, cuando la investigación es de tipo penal y reservada.

“Incluir a ciertos candidatos de las nóminas, se desintegran dichas listas por lo que se está incumpliendo con los artículos 215 y 217 de la Constitución. Si se quiere ser bastante exigente también se tendría que excluir a diputados que están señalados y así evitar que ellos elijan”, expuso Destarac.

Datos de la sentencia

La sentencia establece que al quedar en firme el fallo, el Ministerio Público tiene 10 días para enviar al Congreso, en forma física y electrónica, un informe circunstanciado de todos los profesionales que integran las nóminas remitidas por las comisiones de postulación.

La entrega del informe es con el fin de comunicar sobre la investigación penal que efectuó el ente investigador con relación de la posible manipulación e influencia del proceso de elección, así como de la existencia de otros procesos penales contra los postulados.

Que al recibir el Congreso la información, la Junta directiva de ese organismo debe poner a disposición de todos los diputados, en un plazo de 24 horas, los expedientes de los candidatos que fueron remitidos por las Comisiones y la información enviada por el MP.

Los diputados tendrán 20 días para analizar de forma exhaustiva la información proporcionada, y al finalizar ese tiempo, la junta directiva tiene cinco días para convocar a sesión plenaria para elegir a los magistrados de CSJ y Apelaciones, plazo que podría ser el 20 de junio.

Reconocida honorabilidad

La CC instruye a los diputados sobre analizar la información recibida y determinar si los nombres revelados en la investigación del MP se encuentran incluidos en las nóminas de candidatos que pongan en duda su idoneidad y honorabilidad. Además, deben examinar los señalamientos que fueron presentados por la sociedad civil contra los candidatos y los argumentos que estos presentaron de descargo.

El fallo establece que los parlamentarios analicen los documentos disponibles para determinar si cada integrante de la nómina cumple o no con los requisitos de capacidad, idoneidad y honradez.

Por aparte, señala que para resguardar los principios de transparencia y publicidad, durante la sesión plenaria los diputados deben expresar su voto a viva voz, señalando las razones por las que después de análisis de la información que les fue remitida, consideran que el candidato cumple o no con los requisitos establecidos en la Constitución.

Debido a una alta demanda de servicios de emergencia reportada por el IGSS en casos diagnosticados de covid-19, el Seguro Social informó que tomó la decisión de alojar a pacientes asintomáticos o leves en hoteles.

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Los pacientes trasladados, en su mayoría son agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), los llevaron a un hotel ubicado en la Avenida Reforma, zona 9. El concurso buscaba adquirir el servicio de hotelería con espacio de cien camas, pero por el momento solo fueron trasladadas 51 personas.

El IGSS también subió dos concursos más con el objetivo de contratar 600 camas para el área metropolitana, cada evento es de 300 camas. Los contratos son para  tres meses.

También hay otro evento para adquirir los servicios de hotelería para atender al personal médico del Seguro Social. Se busca contratar cien camas, siempre para el área metropolitana.

En el interior del país también se busca adjudicar los servicios de hotelería. En Baja Verapaz se pretende contratar 50 camas y en Huehuetenango, 25. Todos los servicios son contratados para tres meses.

El Seguro Social también habilitó seis hospitales centinela y áreas aisladas en la red de hospitales, los cuales cumplen con controles y protocolos sanitarios. El IGSS ha solicitado al Ministerio de Salud que se trasladen los pacientes de manera ordenada para poder clasificar a los pacientes de acuerdo con el diagnóstico.

Cómo debe ser el servicio

De acuerdo con los lineamientos para la contratación del servicio de hotelería, el IGSS demanda de las instalaciones con al menos los siguientes servicios:

• Acceso a Wi Fi para para dispositivos móviles
• Sin alfombras ni suministro de bar
• Habitaciones simples y dobles con buena iluminación, ventilación natural, agua caliente y de preferencia servicio de cable
• Alimentación los tres tiempos y que no sobrepase los Q100 por día por paciente
• De preferencia con ascensores y rampas
• Seguridad perimetral y parqueos

La idea de utilizar hoteles para pacientes asintomáticos o en recuperación de coronavirus ya fue implementada en otras ciudades como Madrid, España, o Tokio, Japón, que se han visto desbordadas por lo contagios.

En los próximos días, la cartera de Salud podría adjudicar seis de ocho concursos que fueron subidos al portal de Guatecompras, los dos restantes ya fueron declarados desiertos por falta de oferentes.

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Casos asintomáticos son los que preocupan a infectólogos

La cartera del Tesoro apoyó a Salud con la planeación de los eventos porque considera que se daba la percepción de que las cosas no se estaban haciendo bien en ese ministerio. Según explicaron las autoridades de Finanzas, la idea es centralizar las compras y con la lógica de mayor cantidad, mejor será el precio.

El ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, manifestó en el momento que se dio a conocer sobre los procesos que las unidades a veces compraban 80 mascarillas a Q60 cuando su precio es de Q30, o subían eventos en la noche y los bajaban al día siguiente, eso generaba una mala percepción de cómo se estaba manejando las compras.

González Ricci ha señalado que ha sido difícil adquirir productos, debido a que hay estructuras ineficientes en muchas partes del Estado que cuesta cambiar y sobre todo que en esa cartera -Salud- se han dado muchos manejos dudosos y quebrar esos sistemas ha sido difícil.

El primer concurso está identificado con el número 12549045. En este evento se pretende adquirir dos millones 200 mil mascarillas quirúrgicas de tres capas, se presentaron 23 oferentes quiénes propusieron productos con valores desde los Q215 mil 450 hasta los Q26 millones 840 mil.

Este concurso tiene cuatro inconformidades y una prórroga a una empresa para que complete ciertos documentos, le fijaron hasta el 19 de mayo para hacerlo.

El segundo concurso es para adquirir cinco millones 500 mil mascarillas tipo N95 con y sin válvula. El evento está identificado con el número 12549029. Se presentaron 15 empresas que ofertaron el producto entre Q290 mil y Q259.6 millones.

Este concurso tiene cinco inconformidades y la prórroga a una empresa para que complete ciertos documentos, también le fijaron hasta el 19 de mayo para completar la documentación.

Otro de los concursos es para comprar dos millones 400 mil pares de zapatones para área quirúrgica. El concurso está identificado con el número 12549177, se presentaron nueve firmas que ofertaron entre Q4 mil 500 y Q36 millones.

El cuarto evento, identificado con el número 12549452, es para adquirir 867 mil 400 trajes de bioseguridad de las tallas S, M y L. Se presentaron 11 ofertas con montos de Q100 mil a Q286 mil.

El quinto proyecto está identificado con el número 12549282, para adquirir 48 mil 920 cajas de guantes descartables para las tallas pequeña, mediana y grande de cien unidades cada caja. Se presentaron dos ofertas una de Q1 millón 120 mil y la otra por Q1 millón 369 mil.

El otro evento se encuentra identificado con el número 12551813 y es para adquirir batas estilo gabacha, de las tallas M y L. Las siete empresas ofertaron entre los Q50 mil y Q440 mil.

Mientras que los concursos para adquirir 726 mil 800 de lentes protectores de bioseguridad no descartable y 902 mil protectores faciales se declararon desiertos al no haber oferentes.

Con lo resuelto por el Tribunal Constitucional, queda en firme la sentencia emitida por dicha corte para que el Congreso elija magistrados de Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones, este plazo podría concretarse en 35 días.

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Informe evidencia cómo las comisiones de postulación son mecanismos de cooptación de la Justicia

La sentencia establece que al quedar en firme el fallo, el Ministerio Público tiene 10 días para enviar al Congreso, en forma física y electrónica, un informe circunstanciado de todos los profesionales que integran las nóminas remitidas por las comisiones de postulación.

La entrega del informe es con el fin de comunicar sobre la investigación penal que efectuó el ente investigador con relación de la posible manipulación e influencia del proceso de elección, así como de la existencia de otros procesos penales contra los postulados.

Que al recibir el Congreso la información, la Junta directiva de ese organismo debe poner a disposición de todos los diputados, en un plazo de 24 horas, los expedientes de los candidatos que fueron remitidos por las Comisiones y la información enviada por el MP.

Los diputados tendrán 20 días para analizar de forma exhaustiva la información proporcionada, y al finalizar ese tiempo, la junta directiva tiene cinco días para convocar a sesión plenaria para elegir a los magistrados de CSJ y Apelaciones, plazo que podría ser el 20 de junio.

Reconocida honorabilidad

La CC instruye a los diputados sobre analizar la información recibida y determinar si los nombres revelados en la investigación del MP se encuentran incluidos en las nóminas de candidatos que pongan en duda su idoneidad y honorabilidad. Además, deben examinar los señalamientos que fueron presentados por la sociedad civil contra los candidatos y los argumentos que estos presentaron de descargo.

El fallo establece que los parlamentarios analicen los documentos disponibles para determinar si cada integrante de la nómina cumple o no con los requisitos de capacidad, idoneidad y honradez.

Por aparte, señala que para resguardar los principios de transparencia y publicidad, durante la sesión plenaria los diputados deben expresar su voto a viva voz, señalando las razones por las que después de análisis de la información que les fue remitida, consideran que el candidato cumple o no con los requisitos establecidos en la Constitución.

Rechazan acciones

La CC declaró sin lugar la aclaración presentada por el Congreso. En el memorial planteado solicita que se explique cómo entender el concepto de honorabilidad y si los tiempos estipulados en la sentencia son días hábiles o calendario.

Ante ello la Corte señaló que el concepto de honorabilidad como requisito meritocrático cuyo cumplimiento exige el artículo 113 constitucional para optar a empleos o cargos públicos, fue ampliamente abordado en la sentencia y que por ser plazos constitucionales se deben tomar los días establecidos en la resolución como calendario.

También se rechazaron las ampliaciones y aclaraciones promovidas por la fiscal general, por haberlas presentado de manera extemporánea.

En cuanto a la solicitud de anulación de actuaciones que también presentó Porras, fue rechazada por considerar que es improcedente debido a que la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad no la contempla como un medio de impugnación.

La Corte estima que la anulación de actuaciones es una facultad exclusiva de la CC, por lo que puede aplicarla si estima que se cometió un error de procedimiento, lo cual no ocurrió en este caso.

Además, la CC explicó que el auto para mejor fallar lo pueden solicitar ellos según se considere oportuno.

Informe contundente

La directora ejecutiva del Movimiento Pro Justicia, Carmen Aída Ibarra, manifestó que con las resoluciones de la CC ya no hay obstáculos para que el Congreso proceda a elegir -magistrados-, el camino está expedito y solo hay que cumplir con los plazos establecidos por la Corte.

“Deben empezar a correr los 10 días para que el MP presente un informe, la investigación que ha realizado la Feci -Fiscalía Especial contra la Impunidad- es una evidencia de cuan amañados estuvieron los procesos de postulación y también para el TSE, porque también entró en las negociaciones”, expuso la analista.

“Debe ser un informe contundente para que el Congreso no pueda obviar la responsabilidad de depurar los listados, y ellos no tienen que exigir pruebas, ni juicios o que aleguen presunción de inocencia, porque estamos hablando de procesos políticos y administrativos y no de procesos judiciales”, resaltó.

Preocupa situación de cortes

Entre tanto, el presidente ejecutivo del Movimiento Cívico Nacional (MCN), José Echeverría, expuso que ven con gran preocupación como ha transcurrido todo el proceso de elección de Corte Suprema de Justicia.

“La reciente resolución de la CC pone de manifiesto que inclusive el solicitante del amparo, en este caso el Ministerio Público, no está de acuerdo con la ‘tutela’ otorgada mediante el amparo. Vemos con preocupación el deterioro institucional que se ha ido manifestando, desde la aplicación forzada de un amparo y hacemos un llamado al Ministerio Público para que haga pública sus preocupaciones relacionadas con el amparo”, manifestó Echeverría.

El directivo hizo un llamado al MP a que hagae sus investigaciones penales de forma independiente como señala la Constitución. “Hacemos un llamado a los ciudadanos y juristas del país a realizar un examen serio y profundo de las distintas consecuencias y justificaciones que han tenido las cuatro suspensiones del proceso de elección del Organismo Judicial”, puntualizó.

La infectóloga, Alicia Chang de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas confirmó que esta asociación ha estado dando recomendaciones al presidente Alejandro Giammattei, sin embargo, señaló que es él quien toma las decisiones junto a su Gabinete de Gobierno.

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La experta manifestó que le han aconsejado que se mantenga el distanciamiento social, uso de las mascarillas y las medidas de confinamiento no solo para las personas mayores, sino para todas las edades, para que se mantuvieran en casa las personas que lo pudieran hacer y al tener más información reevaluar esas medidas más adelante.

“La recomendación era continuar con el confinamiento, que era lo que habíamos estado haciendo en estas ocho semanas, después recomendamos que fortaleciera el sistema de salud a través de personal e insumos necesarios particularmente el equipo de protección personal que vinieron denunciando los doctores que están en el parque”, expuso Chang.

La científica señaló que se le recomendó que es necesario tener un plan para brindarle la atención y pruebas para las personas que están positivas asintomáticas, y una de esas medidas es utilizar algunos hoteles para que esos pacientes pasen su cuarentena, debido a que muchas viviendas en Guatemala no poseen varios ambientes, sino que muchas veces son casas son una habitación, y en ese tipo de vivienda es difícil mantener el aislamiento.

“Si un paciente va a casa debe ir a dar una habitación, mantenerse ahí hasta que pase la cuarentena, debe tener un baño de uso exclusivo, ese tipo de lujos no lo tienen muchas personas y por eso recomendamos que fuera una buena estrategia implementar hoteles, hostales para que las personas pasen la cuarentena”, expuso.

“Tengo la sensación de que el presidente se sentía más seguro teniendo a los asintomáticos en el hospital cumpliendo su cuarentena para asegurarse que de verdad la cumplieran y eso generaba sensación de seguridad en la población y que mucha gente creía que los casos que estaban ahí eran los que había y se sentían más seguros sabiendo que esas personas habían sido confinadas en cualquiera de los dos hospitales”, refirió.

La infectóloga manifestó que esa decisión hizo que todos los pacientes que salieran positivos aun estando asintomáticos o sintomáticos leves que no requerían intervención hospitalaria fueron ingresados en cualquiera de los dos hospitales, pero con la escalada de casos vamos a empezar a ver gente un poco más enferma que si va a ocupar esas camas y por eso recomendamos que se utilizaran otro tipo de instancias como hoteles para que las personas pasen su cuarentena sin necesidad se ocupar una cama hospitalaria.

Chang añadió que tuvieron una reunión con  -Manuel- Sagastume, jefe de epidemiología, en la que señalaba que era muy difícil sacar a los pacientes del hospital por la definición tan estricta que se tiene los recuperados, ya que se tienen que hacer tres hisopados los cuales deben salir negativos, pero hay personas que les han hecho de ocho o 10 hisopados y siguen saliendo positivos.

“Hay personas que tienen más de un mes de estar hospitalizados y no logran que las personas salieran negativas, ellas no tienen síntomas y clínicamente están bien. Recomendamos replantear esa definición porque sabemos que para ese entonces la carga viral es bastante baja y la posibilidad de que esta persona infecte otra es muy pequeña”, dijo Chang.

La experta considera que no vale la pena seguir repitiendo pruebas, porque probablemente va a seguir saliendo positivo por mucho tiempo y eso no significa que la persona sea un peligro inminente para la sociedad, simplemente se encuentran restos del virus cuando le hacen el hisopado, pero no significa que ese virus se transmita porque se necesita tener una cantidad de carga viral para dañar a las demás personas.

Por último, manifestó la experta que también recomendaron la descentralización de los laboratorios y de la disponibilidad de pruebas diagnósticas para que se siga haciendo la mayor cantidad de pruebas.

Ese traslado se da a pesar de que, al salir de una citación en el Congreso con el Frente Parlamentario contra el Hambre, el ministro de Salud, Hugo Monroy, indicó que solo dos casos asintomáticos se tenían registrados y por eso no era necesario masificar las pruebas.

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El exvicepresidente Rafael Espada, quien asiste a la reunión del Consejo Nacional de Salud en representación de las universidades privadas del país, comentó que el Igss está preocupado por la cantidad de personas asintomáticas que son positivas en covid-19, y planteó la necesidad de determinar si se pueden ir a su casa, a un hospital o a un hotel.

“Se debe establecer una clasificación, si se puede ir a su casa y si se puede aislar del resto de la familia y pueda estar cómodamente, si no hay que buscar albergues, en los que se pueda tener un buen número de pacientes, hoteles o una facilidad ya sea para pacientes del Igss o del Ministerio de Salud”, explicó Espada.

El exvicepresidente añade: “Si una persona asintomática positiva que vive en una casa con un dormitorio y seis personas no se puede quedar, se debe trasladar a otro lado. Hay municipios que están preocupados de que lleguen ese tipo de pacientes, por lo que hay que educar a la gente de que no hay peligro de contaminación, sino que es un aislamiento para que terminen la cuarentena y puedan regresar a su casa, por el momento no se sabe cuántos son”.

Asimismo, el representante titular de la Usac, Dorian Ramírez Flores, comentó que sí preocupa el incremento de casos y por ello es necesario hacer una buena planificación que considere las variables más relevantes. Los lineamientos serán generales, y serán los diferentes sectores que detallen acciones específicas, según su contexto y necesidades.

“El tema de los asintomáticos es uno de los asuntos concretos en los que vamos a trabajar en los próximos días para definir criterios de decisión que sean aplicables, tanto para el Igss como para el Ministerio de Salud”, dijo Ramírez Flores.

También explicó el representante de la Usac que este jueves se aclaró que si bien es necesario planificar la desescalada de las medidas de confinamiento y un retorno gradual a las actividades productivas, no significa que se hará de inmediato, sino que dependerá del comportamiento de la curva de incidencia.

“De varias propuestas, se seleccionó una que será un marco de lineamientos generales. Los integrantes del Consejo Nacional de Salud trabajaremos en sugerencias durante el fin de semana para poder generar una propuesta consensuada para llevar a la próxima sesión del próximo martes”, añade el experto.

Ramírez Flores considera que es preocupante que los hospitales del Igss y de la cartera de Salud se llenen de casos leves y se encuentren con pocas camas disponibles para casos moderados y graves.

“Una medida que puede dar buenos resultados es el ingreso de los casos leves en instalaciones adaptadas para ello, como lo está haciendo el Seguro Social”, expone el representante de la Usac.

Espada manifestó que él es encargado del área académica, por lo que expuso que ya la Usac y Universidad Mariano Gálvez seguirán con clases virtuales hasta enero del otro año y se aplicarán ciertas actividades semipresenciales, pero dependiendo de cada facultad, también se habló del reingreso de internos a los hospitales y que estos regresan solo si se les da la protección total pagada por el Ministerio y que no trabajarán en áreas de covid-19 y en los intensivos.

Gálvez titular del juzgado de Mayor Riesgo B es el segundo juez en ser retirado de este proceso. Claudette Domínguez titular del juzgado de Mayor Riesgo A, fue la primera en ser separada, en esa ocasión la recusación fue presentada por el Ministerio Público. Con esta decisión, el proceso lo conocerá el juzgado de Mayor Riesgo C, a cargo de la jueza Silvia de León.

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“Cúpula militar sostuvo a Jimmy Morales” en el poder, asegura la defensa de Melgar Padilla

La defensa del militar, Melgar Padilla presentó la recusación contra el juez por considerar que él no era imparcial y que para él Melgar Padilla era una medalla porque pertenece a la cúpula que ayudó al expresidente a Jimmy Morales a permanecer en el poder, además que el militar tiene inmunidad por lo que es ilegal que se lleve a cabo la audiencia de primera declaración.

Sin embargo, los argumentos planteados no fueron aceptados por los magistrados. La separación se debe a un error de la fecha de un documento. La defensa de Melgar Padilla revisó el expediente y días después encontraron que tenía una resolución que casualmente el juez hizo después de que ellos revisaron el expediente con un notario.

Durante la audiencia de este jueves no se permitió el ingreso a los medios de comunicación, bajo el argumento que no había espacio y se debían acatar los protocolos de distanciamiento social.

El 9 de diciembre del 2012 fue asesinado José Armando Melgar Moreno, padre de Erick Fernando Melgar Padilla, en un contexto donde había una disputa de tierras. La investigación del asesinato llegó a la Fiscalía contra el Crimen Organizado, que dirigía el exfiscal  Ronny,  luego de que pasó por las fiscalías de Villa Canales y Villa Nueva.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) señalaron a Melgar Padilla de haber dirigido una investigación paralela sobre el asesinato de su padre José Armando Padilla Moreno, a fin de involucrar como autores del hecho a personas determinadas, entre ellas, su tío Óscar René Melgar Moreno, quien falleció en prisión, y la esposa de él, Rica Gloria Gramajo Mazariegos, quien fue liberada de cargos y ahora es querellante del presente caso.

Según la investigación, todos los testigos y otros medios probatorios presentados ante la Fiscalía provenían del procedimiento de manipulación orquestado por Melgar Padilla y el exfical López.

El hijo de Gramajo, Óscar René Melgar Gramajo, y su yerno Carmelo Alejandro Pérez Estrada, también fueron liberados y desestimados los cargos, y el Ministerio Público señala que fueron involucrados en la trama que ideó Érick Melgar Padilla.

Un chat del 6 de abril de 2016 entre el equipo de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, que dirigía López, habla sobre una imputación, supuestamente montada, que se estaba haciendo contra Óscar Melgar Moreno por la muerte en 2012 de su hermano José Armando Padilla Moreno.

Admite culpa

Dora Elizabeth Bonilla Berger, también implicada en el caso, fue condenada a través de un procedimiento abreviado a cuatro años de prisión conmutables, la abogada aceptó su responsabilidad de cometer el delito de obstrucción de justicia en grado de complicidad, en el caso Manipulación de Justicia.

Valdés hizo tres preguntas a la CC ya que según la presidenta de la CSJ habían dudas sobre quién debe hacer las designaciones, pues por un lado esa potestad se la otorgaba la Ley del Organismo Judicial a la CSJ, pero la Ley del Consejo de la Carrera Judicial, aprobada en 2016, transfiere el mandato a este.

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La primera pregunta que se le hizo a la Corte fue “¿Qué disposición normativa prevalece?”. Esto en atención a la antinomia existente entre el inciso l) del artículo 54 de la Ley del Organismo Judicial y la literal o) del artículo 6 de la Ley de la Carrera Judicial.

La CC responde: “Al haberse producido una modificación o transferencia de competencias en lo regulado en la Ley de la Carrera Judicial, se estima que, en lo referente a la atribución administrativa de integrar las salas de la Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría, debe aplicarse lo regulado en la literal o) del artículo 6 de la Ley de la Carrera Judicial”.

La segunda pregunta fue “¿Qué autoridad –Corte Suprema de Justicia o Consejo de la Carrera Judicial– es la competente para distribuir los cargos de magistrados e integrar las salas de la Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría?”. La Corte responde que el órgano competente para distribuir los cargos de magistrados e integrar las salas de la Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría es el Consejo de la Carrera Judicial.

La última pregunta hecha al Tribunal Constitucional fue “¿Por ser un nuevo nombramiento para cada magistrado, qué autoridad, Corte Suprema de Justicia o Consejo de la Carrera Judicial, es la competente para emitir el acuerdo de designación correspondiente?”

Según responde la CC, el órgano competente para emitir el acuerdo que formaliza la designación de cada uno de los tribunales relacionados es la Corte Suprema de Justicia.

Con lo resuelto por la CC, la discrecionalidad para designar a los nuevos magistrados que pronto elegirá el Congreso será del Consejo de la Carrera Judicial. Antes, los profesionales electos por el Congreso renunciaban a los cargos de magistrados porque no estaban de acuerdo con los nombramientos realizados.

Los magistrados renunciaban porque eran enviados a Huehuetenango, Quiché o Petén o lugares donde el crimen organizado o el narcotráfico mantenían control de ese territorio.

La investigación, que estuvo a cargo del consultor Harald Waxenecker, indica que hay coincidencias entre los grupos de poder que influenciaban en los procesos de postulación del 2014 y 2019 -Rey del Tenis, Juan de Dios Rodríguez- que permiten un acercamiento al fenómeno de poder que subyace a las comisiones de postulación y su incidencia sobre los listados de las personas nominadas para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las cortes de Apelaciones.

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“Se pueden observar líneas de continuidad que entrelazan los procesos de nominación y los fenómenos de las ‘comisiones paralelas’. tanto del 2014 como la reciente 2019-2020”, establece el documento.

El investigador resalta que existe un pacto oficialista, que es la confluencia de tres subgrupos, donde se encuentran los comisionados Romeo Monterrosa, Amado de Jesús Guerra Solís, Jenniffer Dell´acqua, Henry Dubón Ruano, y Dennis Billy Herrera Arita, entre otros.

El caso Comisiones Paralelas 2020 que dio a conocer la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) evidencia que en este pacto coinciden los intereses de Gustavo Alejos, Gustavo Herrera, Juan Carlos Godínez -abogados de Mixco-, Sofía Hernández -diputada UCN-, un sector del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE,) y otros grupos que se benefician de los Alejos -Gustavo y el diputado Felipe-, y el partido Todos.

Intereses y beneficiados

Entre estos beneficiados se encuentran los que están recluidos en la cárcel Mariscal Zavala, el partido Unión del Cambio Nacional (UCN), que está vinculada directamente a la “narco-política”, y las complejas redes ilícitas de carácter regional que se han perpetuado en Guatemala.

En este pacto se materializa la continuación de actores e intereses que también incidieron en la dinámica de las comisiones paralelas 2014.

“El partido Todos reúne en su historial a Gustavo Alejos Cámbara y Felipe Alejos Lorenzana. Ambos fueron acusados de formar parte de redes de corrupción en el país”, resalta la investigación.

“Esta continuidad también se materializó en la confluencia de diversas fuerzas políticas en la Junta Directiva 2020-2021 del Congreso de la República, así como en la integración mayoritaria de la Comisión de Justicia del mismo Organismo Legislativo”, expone el experto.

El caso Comisiones Paralelas 2020 indica que la influencia directa de Gustavo Alejos se concretó a través de Billy Herrera y Romeo Monterrosa en las comisiones de postulación.

El informe señala que el grupo del exrector de la Universidad de San Carlos, Estuardo Gálvez, pudo constituirse alrededor de la suma de aspiraciones particulares de poder y privilegio, especialmente en el propio gremio de abogados y notarios.

“Gálvez negoció con Gustavo Alejos y su influencia directa en las comisiones de postulación se expresa a través de Gustavo Bonilla y los integrantes de la Planilla 7 del Colegio de Abogados”, se revela.

“La influencia del sector privado en los procesos de postulación también representa una continuidad de poder. Sin duda, la composición de las universidades privadas también refleja una diversidad, que incluso mantiene estrecha interrelación con diferentes sectores religiosos. No se cristaliza una persona que abiertamente esté articulando este entorno”, detalla el informe.

Aunque no está estipulado con qué frecuencia debe reunirse el Consejo Nacional de Salud, en el2020 es la primera vez que lo hacen y fue luego de una invitación del procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, y de Édgar Balsells representante de la Universidad de San Carlos (Usac) ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

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Esta reunión tenía el objetivo de conocer la situación actual del covid-19 en el país, la propuesta de protocolos para el retorno a la vida productiva y la reactivación económica. A pesar de la discusión, no se tomaron decisiones y los profesionales se volverán a reunir este jueves 14 de mayo.

El representante titular de la Usac, Dorian Ramírez Flores, manifestó que es necesario discutir los protocolos para el retorno de la actividad productiva en el país, tomando las medidas necesarias.

“Se planteó la necesidad de discutir los protocolos para el retorno de la actividad productiva de forma segura, tomando en cuenta las medidas necesarias de distanciamiento físico, así como la protección a los grupos vulnerables. La comisión conoció los lineamientos generales, quedando pendiente el consenso en próximas sesiones”, dijo Ramírez Flores.

El representante de la Usac, quien es médico, considera que hubo un consenso en la reunión que el trabajo colaborativo entre diferentes sectores e instituciones será de vital importancia para afrontar la emergencia sanitaria.

Según Ramírez Flores, la Usac propuso colaborar para el análisis de datos clínicos y epidemiológicos que son necesarios para tomar decisiones informadas y basadas en la evidencia, lo cual es importante para analizar el comportamiento del virus. También que la Usac puede efectuar pruebas de coronavirus, con aporte de laboratorios, equipo y personal altamente calificado.

La Usac ofrece colaborar para el diseño y evaluación de intervenciones preventivas y curativas, para las cuales se necesita evidencia de su seguridad y efectividad, así como aportes en la definición de pautas éticas para la investigación con humanos, pero también pautas bioéticas que orienten las decisiones sobre la distribución de los recursos y servicios de salud, dado que no son ilimitados.

También ofrecen asesoría en el manejo de sustancias químicas para fines de desinfección.

Según el Código de Salud el Consejo Nacional de Salud tienen entre sus funciones promover mecanismos de coordinación entre las instituciones que conforman el sector -salud-, a fin de asegurar la eficiencia y eficacia con sentido de equidad de las acciones de salud que las mismas desarrollan.

Además, brindar asesoría al Ministerio de Salud, formular y evaluar políticas y estrategias en el desarrollo de planes nacionales de salud de carácter sectorial e institucional y otras que pueda asignar dicha cartera.

El ex vicepresidente Rafael Espada quien llegó en representación de las universidades privadas del país, considera que esta reunión llegó tarde y hace referencia que antes que asumiera la presidencia Alejandro Giammattei le recomendó que al asumir se convocará a esta instancia la cual genera discusiones positivas sobre la crisis sanitaria.

“El gobierno nunca le ha puesto atención a este grupo que es importante y preparado y que es positivo. Ahora ya vieron la importancia de ese grupo y escuchar consejos y otros puntos de vista apertura al ministerio como al Ejecutivo ya que las decisiones no se pueden concentrar en una o dos personas”, dijo Espada.

El exfuncionario manifestó que es importante escuchar a más grupos como las universidades, explicó que la reunión de este martes fue preparatoria y en la reunión del jueves cada integrante llevara ideas concretas.

“Tenemos que ser muy cautos en regresar al transporte público porque la gente no tiene el orden, la organización y la educación y sobre todo quien lo va a controlar”, manifestó el ex vicepresidente.

La exministra de Salud Lucrecia Hernández Mack considera que la integración del Consejo y la coordinación que este brinda son importantes para la atención del covid-19.

Hernández Mack explicó que en su caso la epidemia que les tocó fue la del Sika, y que las instituciones en ese nivel eran informadas sobre el avance de la epidemia en Guatemala, cuáles eran los protocolos para la notificación obligatoria por parte del IGSS y hospitales privados.

“Este consejo tuvo que haberse activado desde el inicio del Gobierno, debe ser un espacio para que el ministro -de Salud- pueda informar y recibir apoyo y generar relaciones de colaboración y coordinación con los diferentes sectores, y tener de alguna forma consejos”, expuso la exministra.

La exfuncionaria añadió: ” Les hacíamos una presentación de cómo iba la epidemia, de las decisiones de vigilancia epidemiológica, las pruebas de laboratorio y los casos positivos, porque en ese tiempo los laboratorios los corría los CSC de Estados Unidos y los equipos técnicos se coordinaban con los técnicos para operativizar los planes y decisiones adoptadas.

El representante de la Usac ante el IGSS, Édgar Balsells, expuso que fue uno de los que pidió que se reunir el Consejo, ya que a su consideración este debe ser el “rector técnico” así como está la Junta Monetaria, en este sentido es médico.

“Este consejo está instituido para que se dicten las medidas para atender la emergencia”, expuso Balsells.

Porras entregó un memorial a la Corte de Constitucionalidad (CC) el 4 de mayo pasado a las 10 de la noche, un “auto para mejor fallar”, con lo que aporta más elementos al amparo que había sido otorgado de manera provisional. Sin embargo, la sentencia se emitió dos días después, y ante la duda de saber si se tomó en cuenta el documento, pide anular el fallo para que la CC lo conozca.

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En el memorial, la fiscal general adjunta entrevistas y oficios suscritos por la primera vicepresidenta del Congreso, Sofía Hernández, del bloque Unión del Cambio Nacional (UCN), Hellen Ajcip diputada del bloque Visión con Valores (Viva), y Federico Carrillo, director administrativo del Congreso.

También un oficio de la jueza María Eugenia Castellanos, del magistrado Romeo Monterrosa, así como actas ministeriales del abogado Juan Carlos Godínez, y Dennis Billy Herrera Arita, entre otros.

Todos tienen relación con supuestas reuniones en un hospital privado de la zona 2 de la capital con el operador político Gustavo Alejos, en el marco de la integración de las nóminas que las comisiones de postulación tanto de CSJ -26 candidatos- como la de Apelaciones -270 candidatos- que debían enviar al Congreso.

La CC debe considerar si es necesario tomar en cuenta el auto para mejor fallar.

Ampliaciones y aclaraciones

El MP presentó también una aclaración y ampliación, mientras que el Congreso planteó una aclaración para que el Tribunal Constitucional explique más sobre la sentencia. Se tiene conocimiento que este miércoles la CC las resolverá.

La CC otorgó el amparo en definitiva al MP en contra del Congreso, por lo que este organismo podrá elegir a los magistrados en unos 35 días aproximadamente.

La Corte señala en el amparo otorgado que los nombramientos deben realizarse conforme los ideales postulados en la Constitución, que exige que las personas nombradas sean las más capaces e idóneas para el cargo y que concurra en ellas la honradez.

“Por lo tanto, debe de excluirse del proceso de elección a aquellos profesionales cuya idoneidad y honorabilidad estén comprometidos”, refiere la resolución.

El fallo establece que los requisitos fueron calificados en un primer momento por las Comisiones de Postulación, por lo que no impide que el Congreso en un segundo momento analice los documentos disponibles para determinar si cada integrante de la nómina cumple con los requisitos de capacidad, idoneidad y honradez.

El Código de Salud, decreto 90-97 establece en el artículo 12, la creación del Consejo Nacional de Salud, con lo que se constituye en un órgano asesor del sector adscrito al Ministerio de Salud.

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El Consejo se reúne por primera vez este año, y lo hace con el objetivo de conocer la situación actual del covid-19 en el país, la propuesta de protocolos para el retorno a la vida productiva y la reactivación económica

El Consejo tiene entre sus funciones promover mecanismos de coordinación entre las instituciones que conforman el sector, a fin de asegurar la eficiencia y eficacia con sentido de equidad de las acciones de salud que las mismas desarrollan.

También brindar asesoría al Ministerio de Salud, en la formulación y evaluación de políticas y estrategias y en el desarrollo de planes nacionales de salud de carácter sectorial e institucional y otras que asigne esa cartera.

El Consejo está integrado por un representante titular y suplente de cada institución,  quienes actuarán de manera ad-honorem.

• Ministerio de Salud
• Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS)
• Asociación Nacional de Municipalidades (Anam)
• Asociaciones de instituciones para el desarrollo que brindan servicios de salud a la población
• Coordinadora de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif)
• Asamblea de presidentes de los Colegios Profesionales
• Universidad de San Carlos de Guatemala
• Universidades privadas del país
• Ministerio de Educación
• Cualquier otra institución que a juicio del Ministerio de Salud pueda formar parte del Consejo de manera temporal.

El Consejo será presidido por el Ministro de Salud y en su ausencia por el viceministro que sea designado por éste.

Los magistrados de la CSJ acordaron “restablecer de forma gradual la prestación del servicio a la ciudadanía” con las medidas de prevención y contención del covid-19 a partir del 12 de mayo.

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“La justicia reanudará actividades a partir del martes 12 de mayo con protocolos entre el personal administrativo y la forma de celebrar las audiencias para asegurar el distanciamiento y reducir el riesgo de contagio del coronavirus”, informó la Corte en un comunicado.

La disposición POJ-25/2020 aplica para todos los órganos jurisdiccionales y administrativos del Organismo Judicial (OJ).

La presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados, Bélgica Deras, indicó que ven con preocupación que se retomen las actividades en el Organismo Judicial cuando las autoridades de Salud han señalado que se empieza con la etapa crítica y que ha habido un aumento de contagios.

“Desde que se ordenó que los juzgados laborales y civiles retomaran labores, nosotros hicimos un pronunciamiento en el que nos oponíamos y ahora estamos en una fase más difícil que las anteriores, ya que estamos en el pico más alto, consideramos que hubiese esperado una o dos semanas”, indicó la presidenta de la asociación de jueces.

“Estamos de acuerdo que la justicia es un derecho esencial y que toda la población está solicitando que los juzgados empiecen a laborar, pero de nada nos va a servir prestar el servicio y que se contaminen, Dios no lo quiera, los empleados y los funcionarios y después tengamos que paralizarlo más tiempo, considero que se debe de implementar el teletrabajo, para poder responder a esa demanda de justicia”, añade Deras.

Aunque el Organismo Judicial ha informado que han hecho campañas de desinfectar el edificio de Torre de Tribunales, muchos de los juzgados y tribunales no han laborado, por lo que en esos lugares no ha habido limpieza, recordó Deras y que el virus se puede adherir a la ropa y superficies.

“Vamos a reiniciar en donde podría estar contaminado, recordemos que, si bien el OJ ha previsto insumos a los que están laborando, no se nos ha dicho si se nos va a proveer a los empleados que vamos a reanudar las actividades el martes”, señaló Deras.

El vocero del Organismo Judicial, Mario Siekavizza, indicó que el edificio de Tribunales se encuentra desinfectado, y que cada secretario de los juzgados designará la forma en la que trabajarán: unos asistirán lunes, miércoles y viernes y otro grupo martes y jueves, y la siguiente semana será al revés.

“No se va a contratar más personal, la gente lo que va a hacer es trabajar por turnos. Para el uso del ascensor solo podrán utilizarlo cuatro personas, esto por el distanciamiento social”, explicó el portavoz.

Siekavizza dijo que desconoce si habrá cambio en la decisión del OJ, y que en todo caso dependerá de las disposiciones que emita el presidente Alejandro Giammattei, por lo que, de momento, se encuentran vigentes las disposiciones.

Evaluación

Sin embargo, el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas y el director del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), Idonaldo Fuentes coinciden en que no es momento aún para retomar las labores, considerando que las autoridades de Salud informaron de un repunte de contagios de coronavirus.

Rodas indicó que respeta la decisión de la Corte Suprema de Justicia, pero no la considera correcta, y coincide con la de las autoridades de Salud que ahora se estas dando un repunte de casos.

“Hay que hacer el máximo esfuerzo de contención de distanciamiento social y sobre todo promover el quédate en casa, el teletrabajo, estamos en las semanas más criticas del covid-19. Hay que resguardar al máximo hasta donde sea posible la vida y la seguridad de los trabajadores tanto públicos como privados”, indicó el magistrado de conciencia.

Rodas considera que la decisión de la CSJ no es lo más coherente con el grado en el que estamos en el desarrollo de covid-19 y eso lo han dicho los infectólogo, además, no está garantizado el transporte, pero ese es un asunto logístico.

“Día a día se han incrementado los casos y ayer fue el día donde más casos se hicieron públicos, entonces todo lo demás pasa a ser secundario si no se preserva la vida y la salud de todos los habitantes del territorio”, refiere.

Mientras que Fuentes señaló que han cubierto los servicios esenciales en materia de justicia las 24 horas, al implementar un sistema de turnos. Pero dijo que la decisión de reiniciar labores el martes debe estar basada en recomendaciones del Ministerio de Salud Pública.

“Hay un repunte de contagios a la presente fecha y se debe ser muy prudente con la salud de los trabajadores y en este caso de los defensores públicos para no arriesgarlos porque está en juego valores importantes como lo son la salud y la vida y hay que privilegiar la salud y la vida de los trabajadores del Instituto”, indicó Fuentes.

El director de la Defensa Pública considera que continuarán con el sistema de turnos y que de manera escalonada se presten los servicios y cuando la autoridad sanitaria respectiva refiera que la situación lo amerita ya se podría reiniciar el trabajo como se pretende.

#MedidasDePrevención | En el Centro de Justicia se realizó la jornada de desinfección y limpieza profunda de las instalaciones de Mediación, Juzgado de Trabajo, Juzgado de la Niñez, Edificio Penal y la Sala Regional Mixta de Corte de Apelaciones.#MedidasOJ #Justicia24Horas pic.twitter.com/wyhF854Xzf

— Organismo Judicial (@OJGuatemala) May 10, 2020

Prevención

Por aparte, el secretario de Asuntos Internacionales y Cooperación del Ministerio Público, Angel Pineda, indicó que hay dos circulares al respecto de las labores en los juzgados penales, la de Cámara Penal y de la presidencia del Organismo Judicial, y que esta última es la que informan que el 12 de mayo se reanudarán las actividades; aseguró que ambas fueron notificadas a todos los fiscales.

“La circular del Organismo Judicial que se emitió el viernes se está revisando en este momento para poderles informar a los distintos fiscales este aspecto. En este sentido, es importante ser respetuosos de lo que emite un organismo de Estado y como consecuencia el MP debe hacer llegar esta información a los diferentes fiscales para que ellos puedan realizarla, pero no hay una decisión al respecto, la misma se comunicará en las próximas horas”, expuso Pineda el domingo 10 de mayo, en la mañana.

El secretario hizo un llamado a la población y a los distintos funcionarios del MP a que tomen en cuenta el accionar del OJ e implementen medidas sanitarias y de higiene que privilegien la vida y la integridad de las personas.

“Se debe continuar brindando un servicio de seguridad y justicia a la población, pero la decisión del MP se tomará según decida el comité de emergencia institucional de la institución”, concluyó Pineda.

Las disposiciones establecen

• Los tribunales de sentencia penal de todo el país deberán reiniciar sus actividades con los procesos “que se consideren de urgencia o que por mandato constitucional deban realizar para no vulnerar derechos fundamentales”.
• Deberán conocer las audiencias que a criterio del tribunal resulten viables, “atendiendo a las circunstancias específicas de cada caso, en relación con número de sujetos procesales, tamaño de la sala de audiencias, distanciamiento social necesario (mínimo 1.5 metros), coordinación interinstitucional debida y que se garantice la presencia de los llamados a participar en las audiencias”.
• Se debe privilegiar las videoconferencias con reos para evitar el traslado y riesgo de contagio. Las audiencias de tribunal colegiado -juez presidente y dos vocales- deberán sesionar solo dos veces a la semana y audiencias con juez unipersonal deberán ser los tres días restantes.
• En los casos donde no haya juez unipersonal sino solo tribunal colegiado, debe hacerse la programación para que haya al menos tres audiencias por semana.
• Para evitar aglomeraciones y contratiempos por el toque de queda, las audiencias deberán celebrarse de 8.30 a 13 horas.
• Obedeciendo los turnos de asistencia a las oficinas, los jueces deberán privilegiar el trabajo que puedan hacer desde casa y evitar acudir a los inmuebles para procurar el distanciamiento social.
• Cuando haya audiencia presencial con reos, estos deberán utilizar un elevador exclusivo para su movilización en la Torre de Tribunales.
• Los plazos que se reanudan son únicamente los del área penal y administrativa.

En el área administrativa

• Las oficinas tendrán que reanudar el trabajo en turnos, privilegiando el distanciamiento social, pero sin afectar la prestación del servicio. Este sistema de turnos queda a cargo del secretario de los juzgados o del jefe de área. El distanciamiento entre burócratas debe ser de una estación de trabajo de por medio.
• El personal deberá dividirse en dos grupos para que uno trabaje lunes, miércoles y viernes, y el otro martes y jueves, alternado a la semana siguiente para distribuir la asistencia. Si los departamentos u órganos son mayores a 30 personas, el jefe podrá cambiar esta distribución, siempre y cuando prime el distanciamiento y la prestación del servicio. También deberá tomar en cuenta factores como grupos de riesgo y la necesidad del transporte.
• La jornada laboral será de siete horas, de 8 a 15 horas. Hay excepción en la Torre de Tribunales, el Palacio de Justicia y otros centros de justicia de la capital, donde escalona el horario de ingreso, entre las 7 y 8 horas, y egreso, entre 14 y 15 horas, para evitar aglomeraciones.
• En los casos donde en un mismo inmueble haya dos judicaturas u oficinas administrativas, los jefes deberán coordinar el ingreso y egreso del personal para evitar aglomeraciones.
• Dado que esta reanudación laboral requiere de coordinación, los jefes serán responsables de que los burócratas ingresen y salgan de su jornada en el horario establecido.

La jefa de Supervisión Hospitalaria de la PDH, Zulma Calderón compartió los hallazgos encontrados este domingo 10 de mayo en el Hospital de Villa Nueva. Calderón, quien también es médico, explicó que hay 90 pacientes diagnosticados de covid-19 recluidos en dicho centro asistencial.

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De los 90 pacientes que se encuentran recluidos, 11 se encuentran en el área del intensivo, mismo que está a su máxima capacidad, 17 pacientes están en el área de intermedio, ocho en pediatría y neonatología, y 54 en encamamiento.

Calderón explicó que estos 90 pacientes están siendo atendidos desde este fin de semana por tres médicos, debido a que el viernes un médico dio positivo y se tuvo que enviar a cuarentena al equipo médico incluidas cinco enfermeras.

La jefa de supervisión de hospitales manifestó que hay pacientes a quienes han tenido complicaciones renales, no han sido atendidos debido a que la empresa suspendió el servicio por la falta de pago.

También señaló que había en existencia 200 trajes de bioseguridad, sin embargo, esto es muy poco ya que se utilizan 120 diarios.

“Es urgente que se asigne personal para que se atienda la emergencia, los tres médicos que están atendiendo están contratados en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes, pero por el compromiso que tienen trabajaron el fin de semana, pero se desconoce qué personal va a atender este lunes”, explicó Calderón.

Sin espacio en hospitales

Calderón explicó que se trasladó a 28 pacientes del hospital temporal del Parque de la Industria al Hospital de Quetzaltenango, basado en la disponibilidad de camas.

“En el Parque de la industria ya no están recibiendo pacientes porque ya no tienen lugares, y esto sumado a lo que pasó en Villa Nueva, nos pone en una situación grave que no tenemos espacio para seguir ingresando pacientes”, dijo la funcionaria de la PDH.

Por aparte, Calderón explicó que en algunos hospitales se quejan de que hay trajes de protección no son de buena calidad.

Por los hallazgos señalados por la PDH se intentó obtener una postura del Ministerio de Salud, sin embargo la encargada de comunicación social, Ana Lucía Gudiel no ha respondido por los hechos denunciados.

.@PDHgt realiza verificación en Hospital de #VillaNueva por denuncias de falta de personal médico y saturación del servicio https://t.co/dQxjAwpcjQ

— PDH Guatemala (@PDHgt) May 10, 2020

La próxima semana se programarán nuevamente tres vuelos reducidos -lunes, miércoles y viernes- de deportados, pero estos podrían variar de acuerdo con las necesidades propias de los controles sanitarios.

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Según el Instituto Guatemalteco de Migración, en esta semana que pasó, los nuevos protocolos sanitarios fueron aplicados a los vuelos de deportados procedentes de Estados Unidos.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud informó que, con excepción de una persona, todas las pruebas de covid-19 salieron negativas en ambos vuelos.

Migración informó que los grupos de deportados serán albergados en localidades distintas para poder dar un seguimiento específico y controlado a las personas retornadas.

Los protocolos sanitarios anunciados se seguirán aplicando, esto incluye un certificado de prueba negativa de covid-19 a quienes estuvieron en centros de detención en Estados Unidos. También es necesaria una prueba aleatoria a los retornados como validación para llegar a Guatemala.

Las autoridades de ambos países están trabajando de manera ordenada y responsable con el fin de contener posibles contagios.

Informe de vuelos

Durante la semana que finaliza, Guatemala recibió dos vuelos de deportados, el primero con fecha de 4 de mayo, en el que se recibieron a 76 personas, -75 adultos y 1 menor no acompañado-. Ellos fueron albergados en el centro Ramiro de León Carpio.

Mientras que el segundo vuelo, procedente de Brownsville, TX, arribó el 6 de mayo con 75 personas -71 adultos y 4 menores-; estas fueron albergadas en un hotel capitalino.

Las personas que permanecían con albergue ya fueron retornadas a sus lugares de origen.

La ciudad de México es el lugar en el que se registran más contagios y muertes por el covid-19, se reportan ocho mil 705 casos y 729 fallecimientos. Además de los hospitales, los servicios funerarios son los que más resienten el rápido aumento en esas cifras.

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Encargados de diferentes funerarias capitalinas advirtieron que los hornos crematorios de la ciudad “están saturados” por los muertos del nuevo coronavirus. Agregaron que, para ser cremado, un cuerpo puede llegar a esperar turnos de más de 24 horas, o también empiezan a optar por enviarlos al Estado de México.

“Todo está saturado, no hay horarios para cremar. En general todas las funerarias llevamos un desfase de uno, dos o hasta tres días, porque los horarios ya están saturados”, declaró a Milenio Javier Rodríguez, de Funerales Juárez, aledaño al Hospital Juárez de México.

Agregó: “Tenemos la necesidad de ir a cremar más lejos: Acolman, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec y Tultitlán, porque aquí los hornos de ciudad de México, públicos y privados están saturados”.

Uno de los crematorios con mayor demanda es el ubicado en Palo Alto, Cuajimalpa. Los dos hornos con los que ahí cuentan operan las 24 horas y en estos días, en plena Fase 3 del covid-19 en el país, llegan a realizar hasta 40 servicios diarios.

El coordinador de Panteones en Cuajimalpa, Raúl Peñaloza, aceptó que Palo Alto está operando en su máxima capacidad: “Estamos saturados, ¿por qué?, porque ellos (juzgados y funerarias) no se programan, sacan su orden de cremación e inmediatamente vienen aquí”.

Además, sumado a que en las funerarias sostienen que el servicio avanza lento, los hornos requieren de mantenimiento y refacciones. Milenio reporta haber visitado Palo Alto y constatado la operación, así como el humo negro que sale por las chimeneas, lo que genera molestia y quejas vecinales, por lo que instalaron filtros.

Al respecto, los trabajadores indicaron que los cuerpos les llegan en bolsas negras y al meterlos lanzan humo negro por 10 minutos, pero después se normaliza el servicio, a pesar de que laboran a marchas forzadas.

El diario Reforma ya había reportado que funerarias en el oriente del Valle de México alertaron que ya tenían sus servicios saturados a causa de personas que murieron por covid-19 o son sospechosos de haber portado la enfermedad.

En los municipios como Los Reyes, La Paz, Chicoloapan y Chalco hay alrededor de 30 funerarias, pero solamente en tres de ellas cuentan con el servicio activo de cremación.

David Licona, representante de la asociación de funerarias de Nezahualcóyotl, reveló a ese medio que solamente uno de los crematorios es público y se encuentra en el Panteón Municipal de la entidad. El otro par son de servicios privados, pero no dan servicio a todas las funerarias.

Licona detalló, además, que ocho de cada 10 servicios para los que son requeridos, se refieren a pacientes con una muerte a causa del coronavirus. Esto provoca que los tiempos de espera sean de hasta dos o tres días después del fallecimiento; es decir, los hospitales llegan a guardar los cuerpos por más de 48 horas.

Familiares de las víctimas indicaron que se encontraban desayunando cuando una pared de la vivienda se desplomó y dejó soterradas a tres personas, entre ellas dos menores de edad. Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales Departamentales, así como vecinos trabajaron en el rescate.

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El portavoz de la Conred, David de León, informó que de las tres personas soterradas solo sobrevivió la mujer, de 23 años.

Las menores que fallecieron fueron identificadas como Rosa Elvira Antón Aldana, de 10 años, y Britani Arely Celeste Romero Aldana, 6. La joven de 23 años fue identificada como Andrea Celeste Aldana Alvarado, quien fue trasladada al hospital regional de Zacapa.

Farith Marroquín de los Bomberos Voluntarios de Zacapa indicó que hicieron todo lo posible por mantener con vida a los menores pero murieron debido al incidente.

“Con dolor en nuestros ojos y corazón dos menores que aún estaban empezando a crecer y tener un gran proyecto en la vida, fueron interrumpidos por cuestiones de la naturaleza, además también fue trasladado el abuelo de las niñas con crisis nerviosas”, comentó  Marroquín.

Estragos por lluvias

La actual temporada de lluvias en Guatemala, que en el sur comenzó entre el 15 y 25 de abril y que se espera abarque la totalidad del país en los próximos días, suma tres víctimas mortales.

La primera muerte ocurrió el sábado en un derrumbe en el municipio de Tajumulco, al este del país y colindante con el sureño Estado mexicano de Chiapas, cuando la saturación del agua en el suelo provocó un deslizamiento que soterró a un trabajador de una empresa constructora, de 30 años de edad.

Las lluvias que se han presentado entre abril y los primeros diez días de mayo en Guatemala han afectado a más de 15 mil personas, dejando 32 damnificadas, cuatro carreteras afectadas y 32 viviendas con daños leves, moderados y severos, según la Conred.

El año pasado, las lluvias causaron 12 fallecimientos a nivel nacional, en su mayoría ocurridos en el departamento de Huehuetenango, al oeste de la capital guatemalteca.

Con el comienzo de la temporada húmeda también se reduce el impacto de los incendios forestales en el país centroamericano, que, hasta este sábado habían consumido 3.441 hectáreas por el fuego registrado en 1.227 ocasiones.

Con información de EFE

La cartera de Salud a través del acuerdo ministerial 126-2020 implementa el cordón sanitario en esa colonia y según el acuerdo, la decisión es con el objetivo de fortalecer la vigilancia epidemiológica de la zona.

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Salud establece el cordón sanitario con la finalidad de establecer las acciones que evitan la difusión, permitan el control y la erradicación de enfermedades transmisibles en el territorio de la comunidad, así como restringir la libertad de locomoción de las personas en la zona afectad, impidiendo el tránsito de ingreso o egreso a la colonia mencionada y otras directrices para fortalecer la vigilancia.

“Con el objetivo de proteger la salud de los habitantes y contener la transmisión del covid-19 en la colonia Monte Carmelo II se considera necesario tomar y ejecutar las acciones, procedimientos y operaciones dirigidas a reducir la incidencia a efecto de evitar el contagio interno y externo de la población con base en el protocolo del sistema nacional de vigilancia epidemiológica”, establece el acuerdo.

El documento establece que todas las personas que se encuentran cumpliendo la “medida de cuarentena domiciliar” deben de permanecer en su residencia por el tiempo indicado por las autoridades de salud, de conformidad con las disposiciones emitidas por la cartera de Salud.

“Deberán de permanecer en estricta cuarentena domiciliar aquellas personas que hubieran estado en contacto con casos confirmado de covid-19”, añade el acuerdo.

También se ordena a los vecinos el uso obligatorio de mascarillas dentro y fuera de las viviendas, así como el distanciamiento social oportuno y las medidas de higiene personal para evitar contagios.

El alcalde de San Juan Sacatepéquez, Juan Carlos Pellecer explicó el 5 de mayo que una señora dio positivo y que fue el origen para que se regara esta enfermedad en la colonia. “Es una señora mayor de 60 años, diabética, que sufrió una cortada en el dedo y que fue al IGSS. En una de esas visitas le hacen un hisopado y salió positiva”, explicó.

Pellecer manifestó que de 10 hisopados que se hicieron, siete dieron positivo a quienes se las llevaron, nosotros en conjunto con el Ministerio de Salud hemos decido hacer un barrido casa por casa. Afortunadamente es una zona compacta que solo tiene una entrada y una salida.

El jefe edil manifestó que las personas contagiadas están en dos viviendas que están pegadas la una a la otra; unos son familiares y los otros son vecinos.

Desde que comenzó la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus el personal médico ha exigido insumos de protección, los cuales no han llegado, dos meses después. Concursos de licitación se han subido y anulado en el sistema de Guatexompras y no se ha concretado la compra. Ahora, hay un nuevo intento.

Salud subió ocho eventos en Guatecompras para licitar la compra de 14 insumos de uso hospitalario. Los proveedores interesados podrán presentar sus ofertas durante los próximos cinco días calendario.

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Dentro de las bases que se subieron a Guatecompras se solicitan muestras físicas de los productos, que se recibirán el martes 12 de mayo, de 9 a 12 horas, en el tercer piso del edificio del Ministerio de Finanzas Públicas. Las empresas que participen podrán hacer ofertas parciales.

Los participantes deben estar inscritos y precalificados ante el Registro General de Adquisiciones del Estado (Rgae).

El ministro de Finanzas Publicas, Álvaro González Ricci, explicó que las compras se hacen con base a la instalación de una mesa interinstitucional del sector salud, por los problemas que habían en el Ministerio de Salud en la ejecución de los recursos.

“Por la falta de planeación, eventos que subían y bajaban, se daba la percepción de que las cosas no se estaban haciendo bien. Lo que se hizo fue llevar la mesa al Ministerio de Finanzas, quien la integra, y se suman el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio de la Defensa”, explicó González Ricci.

El funcionario manifestó que se busca centralizar las compras, pues ante mayor cantidad, mejor será el precio. “En algunos hospitales hay médicos que se quejan de que no tienen insumos y cuando se verifica no han subido ni un concurso”, refiere.

“A veces compraban 80 mascarillas a Q60 cuando se sabe que no pasan de Q30 o subían eventos en la noche y los bajaban al día siguiente, y eso generaba una mala percepción de cómo se estaba manejando las compras. No está comprando Finanzas, sino que el ente responsable sigue siendo Salud”, aseguró el ministro.

“La Fundación para el Desarrollo (Fundesa) apoyará en el control de inventarios, aunque las cantidades sean altas pueden fraccionarse para que participen varias empresas, el proceso está abierto a total fiscalización y supervisión de quien sea”, señaló González Ricci.

Fundesa apoyará al Ministerio de Salud con un modulo de control de inventarios, un sistema que registra que se haya entregado el producto y monitorear su uso.

Estructura incrustada

González Ricci manifestó que ha sido difícil adquirir productos, por lo que considera que hay estructuras ineficientes en muchas partes del Estado que cuesta cambiar. “La ventaja que tuve en Finanzas es que ya había estado ahí y también en el Congreso, entonces uno ya sabe con qué personas se puede contar”, dijo el funcionario.

“Salud -la cartera- es un tema que se ha prestado a muchos manejos dudosos toda la vida y quebrar esos sistemas ha sido bien difícil, se han dado instrucciones expeditas a los hospitales y no las cumplen”, refiere.

A la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) le preocupa que el Ministerio de Salud no ha garantizado el abastecimiento sostenido del equipo de protección para el personal de salud responsable de la atención directa a pacientes positivos, a pesar de ser un grupo de alto riesgo, enfrentando dificultades para acceder a las pruebas diagnósticas.

Por aparte, la institución del ombudsman señaló que realizó una verificación sobre la existencia de casos positivos del personal del Hospital de Chimaltenango y de la negativa de acceso a las pruebas de hisopado a personas que estuvieron en contacto con dichos casos, derivado de esta situación, el personal del área de maternidad tuvo que ser puesto en cuarentena.

“Es preocupante que el Ministerio de Salud no asegure, aún, la realización de las pruebas diagnósticas, tal y como lo establece el Decreto 12-2020; no informa detalladamente sobre el número exacto de casos positivos, negativos y recuperados por municipios; y no proporciona a los pacientes sus resultados de las pruebas realizadas”, expone la PDH en un comunicado.

Así lo explicó este lunes el departamento de Defensa de EE.UU. (Pentágono) al dar a conocer tres videos de objetos voladores no identificados, más conocidos como ovnis, que fueron grabados por pilotos estadounidenses.

El Pentágono señaló que daba a conocer los videos, que se habían filtrado por internet, para eliminar cualquier tipo de “malentendidos” sobre el origen de los videos y lo que se mostraba allí.

Además añadió que los videos mostraban “fenómenos aéreos inexplicables”.

“La secretaría de Defensa ha decidido publicar estos tres videos para evitar los malentendidos que pudieran surgir después de que estas imágenes fueran filtradas y comenzaran a circular en internet”, explicó el Pentágono en un comunicado.

Los videos, que se habían dado a conocer en 2007 y 2017 sin el permiso del gobierno estadounidense, circulaban ampliamente en internet y eran utilizados para dar vuelo a varias teorías sobre la existencia de vida extraterrestre.

Qué se observa en los videos

En ellos se pueden divisar sombras de figuras semejantes a platillos voladores, que parecen estar volando en el mismo espacio aéreo que los aviones de combate del ejército de EE.UU.

“Los fenómenos aéreos que se aprecian en estos videos y que fueron filmados durante ejercicios de combate en 2004 y 2015 han sido clasificados como ‘No Identificados’”, agregó el comunicado.

Dos de las grabaciones habían sido publicadas por el diario The New York Times en 2017 y otro, por una organización privada conocida como la “Academia de la Ciencia y el Arte de las Estrellas”.

En uno de los videos dados a conocer por el diario estadounidense se registra un incidente ocurrido en 2004.

Allí, dos pilotos de la Marina estadounidense se encontraron con un objeto largo flotando sobre el agua, pero que de acuerdo al relato de uno de ellos, David Fravor, “se aceleraba a un velocidad que nunca había visto antes en mi vida”.

La Marina estadounidense tiene una publicación donde se dan a conocer las notificaciones sobre ovnis de forma periódica.

Giammattei sostuvo una reunión con los ministros de Economía, Antonio Malouf, Comunicaciones, Edmundo Lemus, Defensa, Juan Carlos Alemán, el director de aeronáutica civil, Francis Argueta y el jefe de Centro de Gobierno, Miguel Martínez.

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El presidente explicó que el aeropuerto internacional de carga que esta en su fase final de diseño y que será construido en tres etapas, la primera espera que este a final de año o principio del próximo y así traerse la carga que actualmente va al Aeropuerto Internacional La Aurora para habilitar en este lugar terminal de pasajeros, hangares y las pistas de taxeo o de rodaje donde puedan estar los aviones.

“En lugar de estar aterrizando en Guatemala a 5 mil pies de altura, lo harán acá a la altura del mar, el rendimiento de los aviones es mejor y va ser el primer aeropuerto internacional de carga que hay desde Toluca México, hasta Colombia, no hay un aeropuerto de carga especializado en toda Centroamérica”, dijo Giammattei.

El mandatario señaló que este aeropuerto le dará un auge impresionante a la zona porque va estar acompañado de una zona franca que dará la posibilidad de que se instalen maquilas de manera tal al terminar su proceso, salga el producto de una vez en aviones. “Esperamos tener un intercambio comercial que en la actualidad no tenemos previendo la recuperación económica del país para el año entrante”, refirió.

“Vamos a ampliar la pista, en los dos sentidos, en total 160 metros para que pueda aterrizar un avión 767 que es el avión de carga más grande que está viniendo a Guatemala, como esta puede aterrizar, pero por seguridad lo vamos a hacer”, explicó.

También dijo que se va a subir un evento para la compra de luces de pista para poder tener iluminado, por lo regular los aviones de carga vienen de madrugada. Se va a construir una estación de bomberos y se hará una nueva torre de control de seis niveles, se demolerá la actual torre que es de cuatro niveles.

El ministro de Economía, Antonio Malouf, explicó que este proyecto permitirá que la economía del país dé “un salto”. “El aeropuerto también va a servir para que el turismo se incremente”, dijo Malouf al explicar que los turistas que vengan en cruceros podrán tomar vuelos internos para conocer otros puntos del país.

Mientras que Francis Argueta, director de Aeronáutica Civil, aseguró que la aviación es un pilar importante para la economía de cualquier nación. Argueta explicó que esta construcción funcionará como “un centro logístico intermodal que subirá la producción para Guatemala”.

Características

• Pista de 160 metros para que puedan aterrizar aviones de carga como el Boeing 767
• Terminal remozada donde estarán las oficinas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)
• Terminal de pasajeros con aire acondicionado
• Hangares para escuelas de aviación
• Torre de control de seis niveles
• Entradas de aproximación
• Calles para acceso de bomberos
• Planta de tratamiento de aguas
• Área de parqueos

El fallo de la CC establece que cuando la resolución esté en firme, el Ministerio Público (MP) debe   entregar al Congreso un informe circunstanciado de todos los aspirantes que tengan algún señalamiento o denuncias penales, para que los diputados, en 20 días, puedan analizar los expedientes, para que cinco días después elijan con voto a viva voz a los magistrados, tomando en cuenta la capacidad, idoneidad y honorabilidad de los aspirantes.

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La sentencia fue notificada el mismo miércoles al Congreso, por lo que ayer la CC devolvió los expedientes a ese organismo para su tratamiento respectivo. La Corte los había solicitado como parte de las acciones procesales en el amparo resuelto el miércoles último.

Por los plazos establecidos, el Congreso estaría eligiendo en 35 días calendario, de  la nómina de 270 profesionales, 135 magistrados titulares y 90 suplentes para Cortes de Apelaciones,  y de la nómina de 26 aspirantes a la  Corte Suprema de Justicia (CSJ) a 13 magistrados titulares. Los 13 restantes se toman en cuenta ante la ausencia definitiva de uno de los titulares.

Congreso debe elegir con responsabilidad

El presidente ejecutivo del Movimiento Cívico Nacional (MCN), José Echeverría,  respecto de  la resolución de la CC manifestó que esta elección es importante, sobre todo porque desde hace ya siete meses se tuvo que haber cambiado a quienes dirigen el Organismo Judicial.

El abogado considera que por cuarta vez la CC trata de enmendar un proceso y valorizar las razones, justificaciones y consecuencias que han tenido las repetidas suspensiones y repeticiones del proceso de elección de cortes.

“Nosotros creemos que es importante que se realice y materialice esta elección, la cual  ha sido   atropellada, que hay que evaluar los efectos que ha tenido en el orden institucional y constitucional del país y una de las cosas más importantes es que todo juez y magistrado debe ser independiente y demostrarlo públicamente, esa independencia debe ser demostrada y manifiesta. Hay casos o magistrados que están siendo señalados”, expuso Echeverría.

Por aparte, considera que “esos señalamientos el MP los tiene que materializar en denuncias  que   sean sustentadas con hechos comprobables,  y que estén fundamentas debidamente ante un órgano jurisdiccional”.

“Exhortamos al MP a presentar los casos penales ante las instancias correspondientes”, manifestó.

Echeverría también hizo un  llamado al Congreso a hacer la elección de forma muy responsable, en la cual se “respeten y tomen en consideración que si hay hechos comprobables que comprometan la independencia de ciertos aspirantes que sean excluidos”.

“Al final, los aspirantes que están siendo cuestionados son una minoría que hace la nómina final y creo que son nueve o 10 que tomen en consideración, para que no sean electos si tienen señalamientos comprobables que pongan en riesgo su independencia”.

Pandemia habría evitado anulación del proceso

El presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), Ovidio Orellana, manifestó que la resolución de la CC  se emitió observando el fenómeno de la pandemia, ya que había una intención de reiniciar el proceso, lo que no se podría concretar.

Ovalle señaló que ahora la Corte  le ordena al Congreso que  elija  a los 13 magistrados de CSJ que reúnan las mejores calidades dentro de los mismos 26 que conforman el listado, tratando de depurarse entre ellos. Sin embargo, los 13 restantes quedarán por si uno de los titulares, por alguna razón,  dejara de ser magistrado.

“Se debe   elegir a los que tengan una mejor idoneidad como titulares, ya que, aunque otros, según el Congreso, no pudiesen tener alguna idoneidad, de todos modos  quedarán de magistrados que podrían sustituir a un titular en caso de ausencia definitiva”, expresó.

“Estimo que es un proceso intelectivo que tuvieron que hacer a efecto de emitir una decisión como la ahora asumida. Repito, creo que los efectos de la pandemia tuvieron que ver en esta decisión, ya que por la forma en que se resolvió, más pareciera que el proceso daba para anularse”, añadió.

Orellana considera que  si existen o no acusaciones   contra   alguno de los candidatos, corresponderá al Congreso hacer la valoración respectiva, sobre cada uno de ellos.

MP deberá de presentar acusaciones

La directora ejecutiva del Movimiento Pro Justicia, Carmen Aida Ibarra, indicó que uno de los aspectos positivos de la resolución es que se validan los procesos de postulación, los cuales  fueron enmendados por la misma Corte de Constitucionalidad y que fueron cuestionados al momento en se que cometió  alguna ilegalidad.

Ibarra manifestó que si la CC estuvo enmendado el proceso a lo largo de diferentes etapas, no es extraño que al final no haya decidido no regresar a cero los procesos como los había solicitado por medio de amparos, incluida la fiscal general, que esperaba una resolución para volver a cero estos procesos.

“También queda validada la conformación de las nóminas de candidatos, en tanto  que —la CC—  no manda a hacer nuevos listados y lo único que hace es establecer o recordarles a los diputados las pautas y parámetros constitucionales vigentes que les permitirían a los diputados depurar en la práctica los listados, pero también les permite la discrecionalidad de interpretar de otra forma el fallo”, manifestó Ibarra.

La experta coincide con Echeverría en que ahora el MP debe de presentar las acusaciones del caso a un órgano jurisdiccional.

“En el MP recae ahora la obligación de enviar al Congreso informes fuertes de asuntos, comportamientos y actividades que pongan en duda la honorabilidad y la idoneidad de los candidatos, esperamos que para entonces la Feci defina acusaciones, porque todo lo relativo a las comisiones paralelas 2020 o los amaños en los procesos de postulación no tiene todavía un carácter judicial”, resaltó Ibarra.

A pesar de que el presidente Alejandro Giammattei afirmó que elevarían los test para diagnosticar casos de covid-19 a mil 500 diarios, aún no se concreta porque el Ministerio de Salud aún no ha adquirido las pruebas.

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El portal de Guatecompras reporta que se han adjudicado 16 concursos a dos empresas, Labymed y Roche, a las cuales se han comprado siete mil 510 pruebas, por Q4 millones 79 mil 808, cantidades insuficientes para efectuar los test en forma masiva, ya que para mil 500 pruebas diarias el Gobierno debe contar con un stock de 45 mil mensuales.

El ministro de Salud, Hugo Monroy, indicó que cuentan con 35 mil pruebas y que el sábado llegan a las cien mil, gracias a una donación de la Unión Europea. El funcionario cuestionó de dónde se habían obtenido los datos de que solo con esa cantidad se contaba.

La cartera de Salud ha recibido en donación unas 33 mil pruebas, 26 mil de la marca Kogene, que fueron otorgadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); cinco mil 472 de la marca SD Biosensor Standar M; dos mil de la marca SD Bio Sensor Standar Q y de la marca iAmp, 500, las tres marcas donadas por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).

Esta entidad también ha donado a Salud 10 mil kits de extracción de Intron —insumo molecular para correr la prueba—, además de 10 mil mascarillas N95 y cinco mil 3ply, así como 26 mil 500 insumos para hisopado. Al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) le donó 384 pruebas para diagnosticar covid-19, de la marca Roche, y 576 SD Biosensor.

Pruebas masivas aún no

Monroy indicó que seguirán con el protocolo establecido, por lo que no habrá una masificación de pruebas, aunque las personas estén en cuarentena, pues solo se les practicarán   a quienes presenten síntomas, ya que los pacientes asintomáticos detectados son pocos.

En Mayuelas, Gualán, Zacapa, sí se efectúan pruebas masivas porque allí se estableció un cordón sanitario.

“Todos los días llegan a ver cómo están las personas, y si tienen síntomas. La idea es cumplir con el protocolo; solo masificar, no, porque pueden resultar hoy negativos; en cuatro días, incluso en 12, dar negativo, y podemos hablar de que en 20 días pueden salir positivos”, explicó el ministro.

“No queremos crear una sensación de que una prueba negativa significa que no está contagiado. Más adelante podría salir positiva, por la evolución del virus”, añadió.

Por aparte, la Unión Europea señaló en un comunicado que, en un esfuerzo conjunto efectuado por diversas entidades públicas y organismos internacionales, el Ministerio de Salud recibirá 70 mil pruebas de RT-PCR para la detección y confirmación de casos sospechosos de coronavirus.

El comunicado señala que las pruebas son resultado de un apoyo de la Unión Europea a través del Archivo Europeo de Virus (European Virus Archive – Global EVAg), un consorcio de 25 laboratorios, incluyendo al Instituto de Inmunología Médica de la Universidad Charité, en Berlín, y están avaladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, se informó que el proceso ha contado con el apoyo técnico y logístico de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y de la Organización Panamericana de Salud (OPS).

“Con la donación se espera contribuir a fortalecer la capacidad de respuesta del sector de salud en Guatemala, a través de las entidades sanitarias responsables, en el marco de la política del Gobierno ante la situación de calamidad nacional debido a los efectos de la covid-19”, se indica en el comunicado.

A pocos días de llegar a siete meses de que los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones debían de haber tomado posesión. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad otorgaron en definitiva el amparo al MP,por lo que ordena al Congreso a elegir a los magistrados.

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La CC señala en el amparo otorgado que los nombramientos deben realizarse conforme los ideales postulados en la Constitución que exige que las personas nombradas sean las más capaces e idóneas para el cargo y que concurra en ellas la honradez.

“Por lo tanto, debe de excluirse del proceso de elección a aquellos profesionales cuya idoneidad y honorabilidad estén comprometidos”, refiere la resolución.

El fallo establece que los tres requisitos fueron calificados en un primer momento por las Comisiones de Postulación, por lo que no impide que el Congreso en un segundo momento analice los documentos disponibles para determinar si cada integrante de la nómina cumple o no con los requisitos de capacidad, idoneidad y honradez.

El Tribunal Constitucional ordenó al MP que dentro del plazo de 10 días después de que la sentencia este en firme, remitir al Congreso en forma física y electrónica, informe circunstanciado de todos los profesionales que conforman las nóminas remitidas por las Comisiones de Postulación.

“La entrega del informe es con el fin de comunicar sobre la investigación penal que efectuó el ente investigador con relación de la posible manipulación e influencia del proceso de elección, así como de la existencia de otros procesos penales contra los postulados”, dice la resolución.

La CC también ordena a la junta directiva del Congreso poner a disposición de los diputados los expedientes de los candidatos que fueron remitidos por las Comisiones y la información enviada por el MP en un plazo de 24 horas después de haber recibido esta información.

“La información es para que los diputados puedan analizarla en forma exhaustiva en un plazo de 20 días, al finaliza el plazo tendrán cinco días para convocar a sesión plenaria para realizar la elección de magistrados de CSJ y Apelaciones”, establece la resolución.

Elección a viva voz

El Tribunal Constitucional instruye a los diputados analizar la información recibida y determinar si los nombres revelados en la investigación del MP se encuentran incluidos en las nóminas de candidatos poniendo en duda su idoneidad y honorabilidad. Además, deben de examinar los señalamientos que fueron presentados por la sociedad civil contra los candidatos y los argumentos que estos presentaron de descargo.

“En aras de resguardar los principios de transparencia y publicidad, durante la sesión plenaria los diputados deberán expresar su voto a viva voz señalando las razones por las que después de análisis de la información que les fue remitida, consideran que el candidato cumple o no con los requisitos”, detalla la resolución.

también la CC exhorta al Congreso a que viabilice el proceso de reforma constitucional que permita la instauración de un adecuado proceso de selección y nombramiento de magistrados de las Sala de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia en el que garanticen la selección de profesionales honorables, capaces e idóneos.

La resolución de la CC

Ocho diputados que a la vez son secretarios departamentales de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) enviaron un oficio al Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el que piden que se reanalicen las tres sanciones de US$50 mil 1 que el Registro de Ciudadanos emitió en contra de esa organización política.

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Los secretarios que firmaron el memorial son Carlos López, de Quiché; Francisco Vitelio Lam, de Escuintla; Santiago Nájera, Jutiapa; Édgar Reyes Lee, Petén; Felipe Cal Lem, Alta Verapaz; Marleni Matías, Baja Verapaz; Thelma Ramírez, Izabal, y Víctor Israel Guerra, de El Progreso.

Los diputados aseguran que fueron amparados por la Corte Suprema de Justicia para que se vuelvan a evaluar las multas impuestas, “ya que son desproporcionales entre la sanción y lo gastado”.

Los ocho parlamentarios también exigen que se desconozca como secretario general de ese partido al diputado Óscar Argueta, y que solo sea reconocida para ese cargo Sandra Torres.

La excandidata presidencial enfrenta proceso penal en el caso Financiamiento UNE, en el cual el Ministerio Público investiga supuesto financiamiento no reportado al TSE.

La mayoría de los diputados que presentaron el oficio fueron llevados al tribunal de honor, por traición.

Sin embargo, debido a la crisis por el covid-19, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspendió a lo interno la discusión sobre esas reformas, propuesta que debía entregar al Congreso para que la conociera antes del 15 de mayo, fecha en que finaliza el primer período de sesiones de ese organismo del Estado.

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El presidente del TSE, Mynor Custodio Franco, aseguró que no es excusa y que no se aprovecha la situación de emergencia que atraviesa el país para no presentar una reforma electoral en el tiempo establecido.

“No necesariamente entregaremos la iniciativa de reforma a la Ley Electoral antes de que finalice el primer período de sesiones del Congreso. De acuerdo con el estado de Calamidad, se suspendieron los plazos y términos. Nosotros estamos preparando el proyecto, lo que no sabemos es cuándo se hará”, explicó Franco.

El magistrado indicó que no será en mayo porque se interrumpieron los plazos, pero sí entregarán el proyecto, en el cual trabajan tres consultores.

“No podría decir que se incluirán todos los temas o que quedará alguno fuera, porque aún se está trabajando en una iniciativa de ley. Cuando ya se tenga el proyecto para presentar al Congreso sabremos qué se incluye y que no”, añadió el presidente del TSE.

Tiempo establecido

El artículo 256 bis de la LEPP señala que al concluir el proceso electoral se establecerá la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (Came), cuyo objetivo es evaluar el proceso finalizado y, de ser necesario, presentar propuestas de reformas que fueran procedentes a esa norma.

“Las organizaciones sociales, académicas y políticas podrán presentar sus propuestas a la Comisión. El Tribunal Supremo Electoral, de ser procedente, presentará la correspondiente iniciativa de ley al Congreso de la República, quien tendrá que conocer las mismas previo a finalizar el primer período ordinario de la nueva
legislatura”, establece la normativa.

La Comisión empezó a trabajar desde el pasado 17 de enero en diferentes foros que incluyeron a 77 organizaciones que participaron con sus propuestas de cambios, además de los partidos políticos vigentes, los cuales, por medio de sus representantes, evaluaron el proceso electoral del 2019 y sugirieron modificaciones para mejorar el sistema nacional en la materia.

Cerca de mil planteamientos fueron presentados a la Came, y los temas más recurrentes son la democratización interna de los partidos políticos, la forma como se vota por las diputaciones distritales, la inclusión para establecer cuotas de mujeres y pueblos indígenas, financiamiento de las organizaciones políticas, régimen de medios de comunicación y el fortalecimiento del TSE.

Las organizaciones entregaron sus propuestas a la Came entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre del año pasado, y esa instancia las desarrolló en las sesiones antes señaladas.

Otro momento

Carlos Amador, del Programa de Observación Electoral (Proe), del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), considera que el TSE, aunque no sea en este momento, puede presentar una iniciativa para reformar la Ley Electoral en cualquier momento.

“La Ley establece que si el Tribunal lo considera podrá; entonces no es un plazo final. El TSE posee iniciativa de ley, así que en nuestro punto de vista están en completa libertad de hacerlo en el momento que ellos consideren”, expuso Amador.

El empresario manifestó que Guatemala está viviendo circunstancias fuera de lo común y bastante especiales, por lo que ahora se debe tomar el tiempo para que el TSE trabaje en su iniciativa.

“Producto de las diferentes consultas que se hicieron y lo expuesto por muchos sectores, hay muchos aspectos que hay que arreglar, que hay que corregir, sobre todo las debilidades y deficiencias que quedaron tan evidentes de las reformas que se hicieron en el 2016”, agregó el empresario.

Con otra prioridad

El politólogo Hugo Novales considera que aunque se entregue una iniciativa de ley al Congreso, esta no tendría la prioridad para entrar a discusión, ya que ese organismo tiene otras prioridades, sobre todo ante la emergencia por el covid-19.

Novales aseguró que la magistratura anterior fue muy inteligente en conducir la discusión entre actores de sociedad civil y partidos políticos, pues no produjo una propuesta de reformas, sino que, entendiendo su rol como tribunal saliente, simplemente hizo una síntesis de la discusión y son los nuevos magistrados los que deben impulsarla.

“Con la fortaleza que les dio su reciente elección y su buena relación que tienen en este momento con el Congreso, tienen la oportunidad de presentar una reforma y que esta sea discutida claramente, pero con la emergencia actual no es el mejor momento para hacerlo; seguramente habrá otras prioridades en el Legislativo y eso está claro. No veo qué problema tendrá el TSE en presentarla ahora, dado que no es necesaria una discusión pública, pues el Congreso podría recibirla, pero no necesariamente discutirla”, señaló Novales.

Añadió: “Si el TSE en este momento, por X o Y razón, no presenta la reforma, ellos pueden hacer uso de su iniciativa de ley y presentarla más adelante. El problema es que cada mes que pasa les puede afectar. Está el ejemplo de las reformas del 2016, cuya implementación para el 2019 fue accidentada y no la ideal”.

El experto manifestó que el TSE debe comprender que el tiempo que pierde en no entregar una propuesta de reforma es un tiempo que le puede complicar más adelante la implementación correcta de esos cambios para las elecciones del 2023.

Temas discutidos

La Came debatió varias propuestas durante poco más de un mes.

• Evaluación de las elecciones generales 2019
• Sistema electoral
• Sistema de organizaciones políticas
• Proceso electoral
• Financiamiento de las organizaciones políticas y régimen de medios
• Justicia electoral
• Organismo electoral

Excandidato al TSE asume como secretario

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) nombró el 21 de abril pasado como secretario general de ese organismo al abogado Luis Felipe Lepe Monterroso.

Ese cargo lo desempeñó de manera interina Elisa Guzmán Paz, durante dos años, luego de la renuncia del secretario Hernán Soberanis.

Guzmán Paz regresó a su cargo en la secretaría general del TSE.

Lepe Monterroso fue uno de los 20 abogados que integraron la lista de profesionales para el cargo de magistrado, obtuvo 76 puntos e integró esa nómina con cuatro votos a favor.

El abogado también se postuló en los procesos para magistrado de Corte de Apelaciones y de Corte Suprema de Justicia.

En este último no fue elegido para integrar la nómina, pero en el de Apelaciones fue incluido en la lista de 270 profesionales del Derecho, con un punteo de 84

El reporte es sobre adquisiciones para abastecer la red de 51 hospitales públicos.

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En el renglón de equipo de protección personal para hospitales, la proyección es adquirir entre abril y mayo 43 millones de unidades de equipos, sin embargo, solo se han adquirido 1.4 millones de unidades.

En el rubro de equipo para hospitales, se tiene planificado en ese mismo período comprar 870 unidades, pero el ministerio ha adquirido 447, equivalente al 50.85 por ciento de lo previsto.

El informe detalla que se han comprado 50 mil de cuatro millones de batas desechables previstas; en gafas o lentes de protección se han adquirido 23 mil, casi un 100 por ciento más de lo planificado, y en gorros desechables, 191 mil de 4 millones.

Asimismo, bolsas para desechos biológicos se han comprado 39 mil de 801 mil planeadas, y guantes no estériles se han adquirido 343 mil de cuatro millones previstos.

Sobre mascarillas médicas desechables y mascarillas N95, la meta es adquirir para abril y mayo cuatro millones de unidades, pero del primer tipo de mascarilla se han comprado 522 mil, y del segundo, 73 mil. Toallas de papel desechable se ha comprado el 100 por ciento, equivalente a 11 mil unidades.

Además, solo se han comprado 17 mil trajes de bioseguridad, y zapatos desechables o cubre zapatos, 110 mil, cuando la meta en ambos renglones es de cuatro millones.

El Ministerio de Salud tiene previsto adquirir 228 ventiladores, de los cuales ya tienen 156 unidades. Oxímetros se han adquirido 24 de un total de 108 unidades previstas, y aspiradores de flemas, 80 de 115 que se buscan comprar.

De acuerdo con el monitoreo de Fundesa, camas para intensivo se han adquirido 131 de 228 previstas, y recipientes colectores de objetos punzocortantes se han comprado 300 de un total de 37 mil establecidos en el plan de compras.

Mientras que el estado de los inventarios de medicamentos en la red de hospitales nacionales detalla que al 30 abril pasado la disponibilidad mayor a un mes de existencia es del 90.90 por ciento, a tres meses de existencia es del 77.40 por ciento, y la disponibilidad de trazadores a un mes de existencia es del 92.60 por ciento.

Se trató de tener una postura del Ministerio de Salud, sin embargo, la jefa de la Unidad de Comunicación Social de esa cartera, Ana Lucía Gudiel, aún no respondía el mensaje enviado y no contestaba las llamadas.

Niegan desabastecimiento

El Ministerio de Salud en un comunicado rechaza que haya un desabastecimiento y que la información proporcionada es falsa.

Que el abastecimiento de mascarillas N95 en la red nacional de hospitales es un promedio de 70 por ciento y mascarillas quirúrgicas es de un 85 por ciento.

El documento señala que las mascarillas al ser un insumo de alto consumo, los valores mencionados son variables a diario, porque salen y entran insumos, sin embargo, se mantiene el promedio arriba del 50 por ciento.

añaden que cada hospital esta realizando sus compras según su incidencia, tipo de hospital y necesidad, por eso no se ven reflejadas compras de 4 millones de mascarillas de una vez.

“Cada unidad ejecutora del Ministerio ya tiene la asignación presupuestaria de los fondos asignados para la atención de la emergencia por lo que en estos días están subiendo sus eventos para continuar con el abastecimiento”, concluyen.

El pasado 30 de abril el Congreso rechazó el veto presidencial a la ley que busca garantizar que se prohíba cortar los servicios de agua, luz, telefonía e internet, pero la amplia discusión, a criterio de expertos, puso en evidencia falencias del oficialismo por lo que ahora empieza una batalla legal para frenar su entrada en vigor.

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Alejandro Giammattei anuncia acuerdo con empresas para impedir cortes de servicios básicos

El presidente Alejandro Giammattei vetó el decreto 15-2020 por considerar que tenía falencias y que podrían ser declarada inconstitucional. El mandatario argumentó que esta de acuerdo con el espíritu de la ley por lo que envió una nueva iniciativa de ley que según él corrige los errores de la norma aprobada.

No obstante, el rechazó al veto presidencial en el Congreso empezó a crecer, los diputados vinculados al bloque oficialista como Visión con Valores (Viva) y Unión del Cambio Nacional fueron los primeros en marcar distancia.

Con el avance de la sesión al momento de votar, se terminaron de sumar los bloques Todos, Valor, Bienestar Nacional (Bien), los diputados de Vamos al ver la derrota se desmarcaron y se salieron del hemiciclo, dejando solo al presidente Allan Rodríguez quien fue el único que voto en contra.

Los amparos

Por aparte, el sector empresarial, incluyendo al Comité Coordinador de Asociaciones, Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) han presentado 10 acciones de amparo en la Corte de Constitucionalidad, argumentan que la misma contiene errores técnicos que pone en riesgo la sostenibilidad de las compañías para seguir prestando los servicios.

La primera la presentó a título personal el abogado se Óscar Scheel; la segunda, estuvo a cargo de Rudolf Walter Jacobs As en su calidad de representante legal de la Asociación de Generadores de Energía Renovable (Ager).

A las dos anteriores se sumaron la de Jorge Alfredo Lemcke Arévalo como presidente de la junta directica y representar legal de Industria Energética Asociada. También presentó amparo Carlos Horacio Fernández Solórzano como representante legal de la Asociación Nacional de Generadores (ANG).

Hugo René Villalobos Herrarte como mandatario judicial de Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A., y Comercializadora Eléctrica e Guatemala S.A., Eduardo Girón como presidente de la Cámara de Industria de Guatemala.

También presentaron acciones Mauricio Pablo Acevedo Arredondo como gerente general y representante legal de la empresa EEB Ingeniería y Servicios, S.A., Javier Novales Schlesinger como mandatario de la entidad Transportadora de Energía de Centroamérica, S.A., y por último Luciano Alberto Galasso Samaria presentó dos en su calidad de representante legal de la entidad Redes Eléctricas de Centroamérica, S.A.

Se suman otras dos acciones, la de René Oswaldo Smith González en su calidad de representante legal de la Ascaición de Cogeneradores Independientes y la de Rita María Acajabón Martínez como representante legal e la Asociación de Comercializadores de Energía Eléctrica.

El primer paso es que la CC les de trámite y luego ordenar que le envíen un informe circunstanciado tanto el Congreso como el Ejecutivo.

No es la primera vez que la CC resuelva un amparo antes la sanción y vigencia de una normativa. El Tribunal Constitucional resolvió suspender el decreto que reformaba la ley de oenegés a pesar de anunciarse que la normativa era inconstitucional, el presidente Alejando Giammattei decidió sancionarla.

Logran acuerdo con empresas

El mandatario anunció el pasado domingo 3 de mayo que había logrado un acuerdo con las empresas de telefonía, internet, energía eléctrica y agua potable para evitar el corte de servicios básicos a personas que no pueden pagar las facturas y que los pagos de mayo, junio y julio podrán ser diferidos.

“Si usted tiene problemas para pagar su luz y el agua, declare que tiene problemas y que se le difieran los pagos de mayo, junio y julio y le van a dar hasta 12 meses para pagar. Lo único que tiene que hacer es seguir los procedimientos que le dirán”, dijo Giammattei en cadena nacional.

Además, añadió que, hay un “riesgo inminente” de que uno de los 12 amparos interpuestos en la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra del Decreto 15-2020, aprobado por el Congreso, “puedan surtir efectos y dejen en un estado de indefensión a la población” y que los servicios sean cortados.

“Independientemente de lo que vaya a pasar con ese Decreto 15-2020, nosotros a partir de hoy hacemos de caso que ese 15-2020 no solo está vigente, si no que está mejorado, tal y como lo expusimos en el proyecto de ley que le enviamos al Congreso y que desgraciadamente no se tomaron la molestia de revisarlo antes de rechazar el veto presidencial”, afirmó Giammattei.