Elecciones Generales 2027: TSE creará su propio sistema informático de resultados preliminares

En junio de este año comenzará el proceso de planificación y esperan tener la herramienta lista para ser utilizada para las votaciones generales del 2027.

Douglas Cuevas

29 de mayo de 2025

|

15:55h

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La unidad de informática del TSE ya contrató a personal para desarrollar la herramienta. Fotografía: Prensa Libre

El sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que costó Q148 millones, ya no se volverá a utilizar en las elecciones. Ahora las autoridades electorales elaboran su propio sistema informático para las votaciones generales del 2027.

El TREP, que transmitió los resultados preliminares de las elecciones del 2023 recibió críticas de algunos partidos políticos que señalaban un aparente fraude electoral. Incluso los códigos de este sistema fueron entregados al Ministerio Público (MP) por uno de los procesos de investigación vigentes.

Pero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó a los partidos políticos, tras una serie de mesas de dialogo de cara a las próximas votaciones, que estarán creando su propio sistema informático.

“Se está haciendo la contratación de servicios de la nube para poder tener respaldos de información tanto en el centro de datos propios de TSE como en los servicios de la nube. Esto para poder tener sistemas capaces de atender las necesidades del proceso electoral”, explicó Jorge Morales, director de informática en funciones.

El puesto de director de informática en el TSE está vacante y pese a que la autoridad electoral ha publicado convocatorias para el puesto, el mismo sigue vació con un profesional en funciones.

Morales añadió, “este año se acondicionó el presupuesto para todo el tema de acondicionamiento y procesamiento en el centro de datos del TSE”, indicando que ya contrataron a 17 desarrolladores.

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“Queremos garantizar que la infraestructura del TSE sea segura, que no tengamos ya la necesidad de invertir demasiado porque lo estamos haciendo el día de hoy. Para que el nuevo pleno ya solo de detalles a la ejecución”, según sus estimaciones para el año electoral esta unidad necesitaría de Q300 millones, tanto para el funcionamiento de la herramienta, personal y distintos traslados, tanto de personal como de equip, al interior de la república.  

En la parte final del 2025 esperan ya tener desarrollada la estrategia, para que en la primera parte del 2026 se desarrolle la herramienta, posteriormente se desarrollaran pruebas internas, según su planificación. Finalmente esperan que para el 2027 el nuevo pleno de magistrados ya tenga la herramienta y solo disponga de programar simulacros públicos.

Por su parte Pedro Cruz, representante de Primero Guatemala, organización que estuvo monitoreando el pasado proceso electoral, es oportuno que se desarrolle esta herramienta, pero enfatizó que la credibilidad del proceso recae en la propia fiscalización de los voluntarios.  

“Que hagan un sistema nuevo, porque quienes siempre validan los resultados son las Juntas Electorales. Pero si es importante que se hagan simulacros públicos, que se muestre como se transmiten los datos y como se van contabilizando los resultados preliminares”, indicó.

La Contraloría General de Cuentas (CGC) denunció al TSE por aparente una sobrevaloración en la compra del sistema TREP, que inicialmente la autoridad electoral justificó su compra como un sistema que sería usado en múltiples procesos electorales.

Incluso por la compra de este sistema, cuatro magistrados titulares del TSE perdieron su inmunidad y enfrentan un proceso penal que los apartó de sus funciones, caso asignado a la fiscalía de delitos administrativos por una denuncia ciudadana.

TSE descarta volver a usar el sistema informático TREP para las próximas elecciones de 2027

El TSE dijo que descarta volver a utilizar el sistema informático TREP en las elecciones de 2027 y propone su propia herramienta que pueda ser implementada en los próximos comicios.

Douglas Cuevas y Pavel Arellano

29 de mayo de 2025

|

14:03h

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El TSE dijo que descarta volver a utilizar el sistema informático TREP. (Foto Prensa Libre: Douglas Cuevas)

Este 29 de mayo el Tribunal Supremo Electoral ha dicho que descartará volver a utilizar el sistema informático TREP para las próximas elecciones de 2027, y que en lugar de ello elaborarán su propia herramienta para implementar en los comicios.

Jorge Morales, director de informática en funciones del TSE, dijo que actualmente se está trabajando en las tres mesas establecidas para el análisis de temas como el reglamento, el empadronamiento e inscripción de ciudadanos y la logística electoral.

Agregó que desde este año se ha buscado el fortalecimiento tecnológico del TSE, con aspectos como la contratación de servicios en la nube. Agregó que también se generará un presupuesto para que el próximo 2027 se haga una renovaciónde los servicios informáticos del tribunal.

“Nosotros estamos dejando de manera provisional un presupuesto preelectoral para seguir con el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica. También hemos trabajado este año en un estudio de brecha por parte de expertos, para que puedan darnos un diagnóstico y lineamientos para abordar los próximos proyectos“, indicó Morales.

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Respecto al programa de transmisión de resultados electorales, Morales dijo que a partir de junio se establecerá un comité interno para la revisión del modelo de transmisión de resultados, además de que también se han propuesto reuniones para el análisis de la transmisión de las actas originales.

#Ahora

El @TSEGuatemala descarta volver a usar el sistema informático TREP. Propone elaborar su propia herramienta para que pueda ser implementada en las elecciones generales del 2027. Actualmente el TSE sigue sin un director de informática. pic.twitter.com/gvn3pQBTnu

— Douglas Cuevas (@dcuevas_gtv) May 29, 2025

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Analistas: TSE debe priorizar el área informática por votaciones del 2027

Sectores llaman a los magistrados del TSE a trabajar para evitar poner en riesgo el futuro evento electoral por una disputa.

Douglas Cuevas

11 de marzo de 2025

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00:01h

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Expertos recomiendan que la auditoria al sistema informático sea independiente, para dar garantías al proceso. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL)

En el 2023, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) afrontó problemas con el sistema informático usado en las elecciones. Esta área debe tomarse como prioridad, afirman expertos que piden a los magistrados dejar a un lado sus diferencias.

Este 14 de marzo se cumplen dos meses de que, nuevamente, el TSE se encuentra paralizado por una resolución que volvió a suspender a cuatro de los cinco magistrados titulares.

La disputa entre la presidenta en funciones, Blanca Alfaro, la única titular, y los cinco suplentes pone en riesgo el futuro proceso electoral, alertaron las organizaciones que integran el Foro Guatemala.

Hace dos años, el TSE hizo una inversión de Q148 millones para la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), herramienta usada en dos simulacros, en los comicios generales y en la segunda vuelta de la elección presidencial.

No obstante, aunque la inversión parecía resolver la difusión de datos preliminares para otras elecciones, la realidad no es así, según Pedro Cruz, de Primero Guatemala, quien advierte de que esta área necesita ser reforzada por el pleno del TSE.

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“Recordemos que el actual programa de conteo de votos fue tocado. El código fuente fue tocado por el Ministerio Público (MP) y, por lo tanto, queda obsoleto, ya no sirve, ya no es confiable”, advirtió Cruz.

El MP mantiene abierta una investigación contra autoridades del TSE por la compra del sistema Trep. Durante uno de los requerimientos, el órgano electoral entregó el código fuente del sistema informático, lo que, según Cruz, le resta total confianza a la herramienta.

La compra del Trep fue avalada por el pleno de magistrados, por lo que buscar una nueva herramienta requiere tiempo y estos siguen sin reunirse para trabajar.

“Hay que encontrar un punto medio. Las dos partes deben ceder en algo que sea en el marco de la ley para el beneficio de todos. De lo contrario, vamos a tener problemas en las elecciones, desde los que vamos a ir a votar hasta los que planean ser candidatos a cargos de elección popular”, añadió Cruz.

En caso de que el TSE decida no comprar una herramienta de ese tipo, podría instruir a su personal de informática para la creación de una, pero esa unidad no tiene director desde hace varios meses.

Empadronamiento

Para Marielos Fuentes, de Guatemala Visible, otro problema son las jornadas y procesos de empadronamiento, ya que existen fechas cruciales que el TSE puede estar ignorando, por su inactividad.

“Lo que vemos con mayor preocupación no es algo inmediato, pero a mediano plazo hay temas que afectan la organización de las elecciones del 2027. Particularmente, el tema del empadronamiento, porque a finales de este año vence el cambio de residencia, no solo para los votantes, sino también para los que planean inscribirse como candidatos”, indicó.

Al ser consultado el Departamento de Comunicación Social del TSE explicó que esta área está cubierta por una de sus direcciones junto a los delegados y subdelegados.

Apelaciones

Otro aspecto que podría afectar el proceso electoral es el desconocimiento de las apelaciones pendientes de los partidos políticos, lo que impide cancelar a las agrupaciones que no llegaron a los votos necesarios para continuar, o bien resolver cancelaciones que no están firmes.

Junto a las apelaciones destacan normas que antes del último proceso electoral fueron objeto de cambios.

“También deben emitir reglamentos antes de que finalice este año. Hablamos de reglamentos internos y para los partidos políticos. Deberán analizar si continúan o si hay cambios”, estas tareas, a decir de Fuentes, son importantes y claves para el pleno del TSE.

A la espera

Los magistrados suplentes enviaron una postura conjunta en la que explican que no buscan quitarle la presidencia a la magistrada Blanca Alfaro y destacan que ahora esperan la resolución de las cortes, por los últimos amparos presentados.

“Es lamentable que a nivel mediático se pretenda hacer prevalecer que la intención de nuestras acciones es quitarle —a Alfaro— la presidencia del TSE o pretenderla, evidentemente desviando la atención de los actos y la forma en que se accedió, de forma unilateral, a la presidencia. Esto es precisamente el acto que hemos señalado como violatorio y que nos impide legalmente ejercer la función propia como magistrados suplentes”, aseguran en el documento.

Además, enviaron un informe solicitado por el MP, que indaga la forma en que dicha magistrada mantiene la presidencia del TSE.

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La presidencia “está clara”

El secretario general del partido Todos, Emerson García, lideró una mesa de diálogo para tratar de conseguir acuerdos entre Alfaro y los suplentes.

García destacó que “está claro que la presidencia no estará en negociación”, ya que la ley es clara al decir que este papel les compete únicamente a los magistrados titulares.

Incluso, como mesa de diálogo, emitieron dos recomendaciones. “La primera fue realizar una plenaria a la brevedad posible, y la segunda, decir que la presidencia no estaba en discusión. La ley es clara al indicar que la presidencia la debe ostentar un magistrado titular”, dijo.

Ya no habrá más reuniones de diálogo, pero, igual que los sectores sociales, los partidos esperan que las partes comprendan que no trabajar dañará al país.

La denuncia fue remitida a la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas para la investigación correspondiente, añadió el ente investigador.

La denuncia se deriva de los señalamientos que efectuó el diputado Enrique Montano, al señalar que Pineda estaría detrás de ataque en su contra en la red social X.

El 22 de noviembre recién pasado, Montano, presidente de la Comisión Pesquisidora del Tribunal Supremo Electoral (TSE), reconoció públicamente que teme por su vida y la de su familia, tras recibir, lo que dijo ser, una serie de ataques por medio de la referida red social.

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El legislador publicó una serie de mensajes en esa red social en la que dijo cuál es la cuenta que estaría detrás de las intimidaciones en su contra.

En esa ocasión, el MP indicó que la denuncia de Montano fue aceptada y tramitada para el proceso de investigación, pero el secretario del MP aludido, también analizaba medidas legales.

En su publicación en X, el legislador afirmó que era víctima “por hacer un trabajo limpio y a conciencia”.

Para leer más: Diputado Montano vuelve a denunciar amenazas, ahora contra su familia

Este viernes 24 de noviembre, continuó la reunión de la comisión pesquisidora por el tema de los magistrados del TSE y Montano denunció públicamente amenazas de muerte, esta vez en contra de su familia.

La empresa Datasys fue quien ganó la contratación y fue la encargada de proveer al TSE el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), herramienta que difundió la tendencia del voto en las elecciones del 25 de junio y del 20 de agosto.

Los diputados de la mesa legislativa habían acordado citar a la empresa para tener por menores del contrato y su constitución, pero no fue posible entregar la notificación para la diligencia.

“Yo mandé a notificar, porque queremos saber quiénes son los accionistas, cuál es la estructura, queremos saber quiénes son los dueños; sin embargo, mandamos -la notificación- ayer y en el edificio de la zona 10 no existe –la oficina-, no está la empresa constituida, hace ocho o seis meses que no están”, dijo Enrique Montano, presidente de la pesquisidora.

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El que la empresa no pueda ser localizada cuando el contrato por el servicio que prestó está siendo cuestionado, es algo que, a criterio de Montano, generan dudas.

“Es una acusación delicada, seria; porque primero, ningún extranjero debiera tener esa función como lo dice la ley, y que no estén en el país y que no se puedan contactar si genera sospechas, sospechas serias”, añadió.

La dirección que utilizó la pesquisidora para enviar la notificación es la que consta en los documentos e información que les ha proporcionado tanto el TSE como el MP, pero no fue posible ubicar a ningún representante de Datasys.

Pese a que el trabajo de la pesquisidora es público, así como la citación hecha a Datasys, los congresistas tampoco han recibido algún tipo de mensaje de parte de la empresa, algún representante o incluso asesores, estos últimos en su momento sí llegaron a las reuniones del TSE y estuvieron presentes en los tres simulacros que se realizaron del sistema, así como en los dos eventos de votación.

“Todas las versiones son importantes, pero queremos saber, primero que nada y perdone que insista, en quienes son los accionistas, de dónde viene la empresa, su estructura, libro de accionistas al día, lo tienen que tener, porque es una empresa seria, que ganó Q148 millones en una licitación”, enfatizó Montano.

Si no es posible localizar a la empresa Datasys, a criterio del presidente de la pesquisidora, será la Fiscalía la que deberá comenzar a indagar directamente a la empresa, que es uno de los actores principales de la denuncia que pesa sobre el TSE.

El encargado de informática del TSE, Jorge Santos, informó a la pesquisidora que ellos fueron notificados por la empresa Datasys sobre el cambio de dirección, mismo que se les informó, según Santos, desde el 1 de agosto, dato que la Comisión Pesquisidora desconocía y que imposibilitó la entrega de la notificación.

TSE y CGC

El pleno de magistrados del TSE deberá de comparecer el próximo lunes ante los cinco pesquisidores.

La mesa parlamentaria citó a los ocho magistrados denunciados, cinco titulares y tres suplentes, a pesar que la presidenta, Blanca Alfaro, así como los suplentes cuentan con un amparo provisional que frenó las diligencias de antejuicio.

También se espera que la próxima semana la Contraloría General de Cuentas (CGC) rinda un informe ante la comisión, en donde evaluarían los detalles del Trep y su contratación.

De manera preliminar se conoce que el informe detallaría un posible mal manejo de fondos, tanto en el contrato del Trep, así como en los recursos destinados para la planificación y elaboración de las elecciones generales del 2023.

La comisión pesquisidora trabaja a marchas forzadas porque ellos mismos acordaron entregar su informe circunstanciado al pleno el próximo 28 de noviembre, dos días antes de que finalice el período ordinario de sesiones.

Eso según detalles preliminares de auditorías en curso, de las que se espera las investigaciones concluyan a inicios de la próxima semana y que tuvo acceso Prensa Libre.

La CGC comenzó a indagar alrededor del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), herramienta usada en las votaciones del 25 de junio y del 20 de agosto.

Este sistema fue adquirido a un costo de Q148 millones 850 mil 250, cuyo contrato fue suscrito el 15 de marzo de 2023. Sin embargo, las acciones de fiscalización detectaron que desde noviembre del 2022 el TSE comenzó con la compra de equipo de computación que se acoplaría con los requerimientos que haría la empresa a cargo del contrato del Trep, meses después.

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Entre ese equipo se detallan 5 mil 965 escáneres y 8 mil 676 computadoras portátiles, según los hallazgos preliminares, que se adquirieron para uso del sistema que todavía no había sido adquirido.

La idea principal del TSE, según detallan los hallazgos preliminares de la CGC, sería desarrollar su propio sistema informático, del que hasta finales de 2022 no se tuvo un avance significativo.

Lo anterior, a criterio de la entidad fiscalizadora, habría repercutido de manera negativa en el desarrollo de procesos administrativos y a la realización eficiente de actividades relacionadas con la calidad del gasto.

Datasys, la empresa que ofreció el servicio y a la que finalmente se adjudicó, informó a la CGC que el total del costo del Trep se dividió en 26 puntos.

Cada uno de ellos debe de ser analizado a detalle, pero al evaluar uno de ellos, por ejemplo, contempla un gasto de Q5 millones 196 mil en la compra de 988 teléfonos celulares.

Cada celular habría tenido un costo de Q5 mil 259, pero al comparar el precio comercial de este modelo, este se cotiza en unos Q1 mil 298.
Además, detalla uno de los hallazgos de la auditoría, pese a que se suscribió un contrato para el Trep, del que se desarrollaron tres simulacros y los dos eventos de votación, el primer desembolsó ocurrió apenas el 18 de agosto, con un abono de Q104 millones 195 mil 175.

Lo que significa que el sistema informático, concluye el análisis de los auditores, se utilizó para la primera vuelta sin haber sido pagado.
Las posibles inconsistencias en la compra del Trep, según los hallazgos, revelan una mala calidad del gasto en la adquisición de una solución informática y adquisición de componentes tecnológicos adicionales para el proceso electoral 2023, que “exceden las necesidades reales del país”, que habría repercutido en un “detrimento de los intereses del Estado”.

Los datos alrededor del Trep, a consideración de los hallazgos preliminares, también apuntan a que los gastos contienen holguras elevadas del 70% de recursos no utilizados.

Estos hallazgos hasta ayer todavía estaban bajo análisis de la CGC y se espera que hoy se hagan público ante la comisión pesquisidora que conoce los antejuicios de los magistrados del TSE.

Otros gastos

Adicional a la compra del Trep, razón por la cual el Ministerio Público presentó las solicitudes de antejuicio contra los magistrados del TSE, la CGC también evaluó otra serie de gastos en el marco del proceso electoral, detectando el mal manejo en aproximadamente Q26 millones 77 mil 575.

Se enlista la compra de 1 mil 251 laptops que no fueron usadas para el evento electoral, 304 laptops que no se usaron para las votaciones, 916 laptops más para el reclutamiento de digitadores, sin ningún otro uso, y 606 laptops que a la fecha siguen empaquetadas.

La mala calidad del gasto detectado por la CGC, lo fundamenta en que “al comprar equipo de cómputo adicional que no fue utilizado para las votaciones presenta un deterioro, pérdida y daños por falta de uso, de vencimiento de la garantía, de pérdida por desuso y almacenamiento en componentes de hardware en laptops y falta de actualización”.

Analizan acciones

El informe de auditoría sobre el Trep y el manejo de los recursos extraordinarios para el evento electoral 2023 no ha concluido, sigue en desarrollo y análisis los hallazgos y podría ser presentado a inicios de la próxima semana, se informó.

La CGC manifestó que tuvo problemas para acceder a información en la pasada administración del TSE, cuando la presidencia estuvo a cargo de Irma Palencia.

Toda vez concluyan las indagaciones, la CGC analizará si es posible emitir algún tipo de sanción contra la institución o persona individualizada, o incluso de ser hechos mayores, la entidad no descarta la presentación de alguna denuncia. Hasta ahora la Contraloría no ha presentado ninguna denuncia ante el MP por alguno de los hallazgos.

La auditoría ya individualiza hasta a 17 funcionarios del TSE, incluidos los magistrados, que tendrían relación con el posible mal manejo de fondos; sin embargo, aún falta que presenten sus pruebas.

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Presentan descargos

El pleno de magistrados del TSE, acompañados de directores del órgano electorales, comparecieron de manera reciente ante la CGC, en donde les presentaron algunos de los hallazgos detectados.

En esa reunión, las autoridades electorales presentaron sus pruebas de descargo, con lo que esperan subsanar las dudas que mantiene la CGC referente a los gastos y el uso de recursos públicos del evento electoral del 2023.

“Es un proceso administrativo, ya tuvimos una primera notificación de la CGC respecto a posibles hallazgos, ya tuvimos la audiencia de desvanecimiento de hallazgos y estamos a la espera que ellos presenten el informe definitivo” , dijo el magistrado Gabriel Aguilera, al ser cuestionado sobre la auditoría y los hallazgos de la CGC.

Para el magistrado del TSE, no pueden adelantar criterios sobre los resultados de las auditorías, y están a la espera de conocer el resultado final de las mismas.

“Nosotros no podemos anticipar la respuesta que pueda dar la CGC, puesto que es competencia de ellos y también respetamos el trabajo de ellos. Recordemos que es un trabajo meramente administrativo, una vez finalizado el informe de la CGC todavía tenemos derecho de defensa ante cualquier posible hallazgo”, concluyó.

La CGC también fue citada ante la pesquisidora para hoy, donde se espera que presente los hallazgos a detalle.

Álvaro Cordón, Marlon Barahona y Marco Antonio Cornejo, sostienen que existe una serie de falencias en la denuncia del Ministerio Público, entre ellas que fueron denunciados sin haber tomado decisiones en la compra del sistema informático de las elecciones, lo que originó la denuncia.

Luego de ser notificados de manera formal del antejuicio, los tres magistrados suplentes rompieron el silencio y explicaron a Prensa Libre por menores de la denuncia, que alcanza también a los cinco magistrados titulares.

“Nos causó una gran sorpresa por los contenidos, es un planteamiento del MP fundamentado en la denuncia de dos ciudadanos que son actores políticos de una ideología extremista”, explicó Cordón, al hacer referencia a la denuncia presentada por Giovanni Frati y Karen Fisher.

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Antes de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) diera trámite al antejuicio, se presentaron certificaciones del TSE, en las que los magistrados suplentes hicieron ver que las decisiones alrededor del sistema informático estuvo en manos de los magistrados titulares, por lo que ellos no tenían responsabilidad.

“Los suplentes no participamos en el proceso de adjudicación, no participamos en la aprobación de lo actuado por las juntas, no participamos en el contrato ni en la aprobación final, que son los procesos administrativos”, dijo Cordón.

Sin análisis

Para Marlon Barahona, el Ministerio Público (MP) no analizó la denuncia, ya que el antejuicio era prácticamente una copia de la formulación de los denunciantes, añadió.

Destacó que el único medio de evidencia que presenta la denuncia, tras haber recibido copia de la misma, es la impresión de una revista extranjera aparentemente bajada de internet.

“Nos parece un abuso del derecho de denunciar que puede tener cualquier ciudadano. Cómo es posible que el abuso se pretenda señalar sobre un documento que imprimieron en una página de internet donde ilustran que la empresa a favorecido en otros países a partidos de izquierda”, señaló.

Pese a que los suplentes no tuvieron participación en la compra del sistema informático a la empresa Datasys, estos aseguran que se respetaron los lineamientos que marca la ley.

Para ellos, el verdadero fondo de los señalamientos es político en contra de las autoridades electorales.

“Esto tiene una relevancia en el momento que vivimos, porque acabamos de concluir un proceso electoral; es determinante, a nuestro juicio, que la intención de los que denunciantes es política”.

Actualmente, los magistrados titulares del TSE Mynor Franco, Gabriel Aguilera, Rafael Rojas e Irma Palencia ya presentaron amparos ante la CC, con lo que buscan frenar el trámite de los antejuicios que envió la CSJ al Congreso, y que podrían conocerse hoy.

De momento solo la presidente del TSE, Blanca Alfaro, no se ha defendido con acciones penales de los señalamientos que recibe de la Fiscalía contra Delitos Administrativos del MP, que pretende retirarles la inmunidad.

Ese registro almacena información en Bitcoin que es una gran base de datos descentralizada, es decir que no la controla nadie. Comúnmente se conoce a Bitcoin por ser una criptomoneda y por tener usos financieros, sin embargo, hay peculiaridades por las que en el resguardo de datos es una herramienta de las más seguras.

Funciona con un código abierto, es decir cualquiera puede ingresar y unirse a la red para utilizarlo por lo que la información se resguarda no se encuentra en un solo servidor sino puede consultarse en las miles de copias que existen en el mundo.

Si un servidor llega a estar fuera de línea, siempre hay otros miles conectados por lo que se dice que tiene más del 99 por ciento de disponibilidad.

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Otros servicios de almacenamiento similares poseen un administrador y son centralizadas por lo que son menos seguras ya que puede ser manipulado, así lo explicó Christian Lowenthal, asesor informático y de ciberseguridad de Soul Technologies, equipo que desarrolló el protocolo del sistema usado por el TSE y junto a ITZ Data acoplaron Bitcoin para la transparencia electoral.

Soul Technologies desarrolló la arquitectura del sistema en 2019 como un programa piloto donde fue probado. Posteriormente se mejoró y para este proceso electoral se implementó su uso. El experto destacó que el sistema es independiente al Sistema de Transmisión de Resultados Electorales (Trep) y podía funcionar con cualquiera de los software que contrataran para los resultados preliminares.

Detalló que las amenazas al sistema son la inteligencia artificial y riesgos varios de ciberseguridad, pero de ser hackeado  podría ser evidenciado en las  copias que existen. Además que almacenar información en Bitcoin tiene un costo elevado, por lo que este sistema solo respalda el código único que ocupa poco espacio y no las fotografías de las actas como tal.

Tanto  el experto como Carlos Toriello de Fiscal Digital aseguraron que cualquier ciudadano que sepa utilizar Bitcoin puede ingresar y corroborar que los códigos almacenados son los mismos que indica el respaldo vinculado al Trep. Lowenthal y Toriello resaltaron que el sistema brinda más transparencia al proceso.

Fiscal Digital realizó la verificación el día de las elecciones, tanto del 25 de junio como el 20 de agosto, por medio de el código Hash que se genera en cada movimiento de actas del Trep.

El código SHA256 que utiliza el sistema es inalterable ya que se compone de combinaciones de 64 caracteres combinados entre letras y números. Cada foto del Acta 4 genera uno nuevo y, si en algún punto alguna fuera modificada, automáticamente se crearía un nuevo código dejando en evidencia el cambio.

En el Trep, al verificar la foto del acta se habilita una ventana que permite verificar el Hash, esa redirecciona a otra pestaña en la cual se encuentra el código SHA256 del acta, el bloque en cadena en el que está resguardado, la hora en la que se recibió el documento y se confirmó en el bloquee Bitcoin y el protocolo con reglas (Open Time Stamps, OTS), que contiene los códigos encadenados.

Lowenthal añadió que su equipo fue invitado a dar un foro de Bitcoin por la innovación de utilizar la base de datos para fines electorales. También comentó que capacitaron y explicaron el uso del sistema a observadores internacionales, nacionales, personal del TSE y partidos políticos.

El sistema en cuestión, denominado Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (trep), se utilizó para transmitir los resultados de las elecciones de primera y segunda vuelta desde las Mesas Receptoras de Votos al centro de computo.

Ayer, en las denuncias que presentó el MP, se enlistan tres cargos penales en contra de los magistrados electorales: fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, señalamientos que serán elevados en su oportunidad al pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien de admitirlos los remitirá al Congreso de la República, a quien le corresponde según la Ley de Amparo y Antejuicios, conocer los procesos.

La tesis de la fiscalía apunta el delito de fraude porque el TSE optó por elegir a la empresa que daba el costo más elevado. “Posiblemente suscribieron el contrato administrativo utilizando artificios para defraudar al Estado al especular con el precio de mercado”, cita el MP.

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El sistema Trep fue adquirido a la empresa Datasys, quienes ofrecieron sus servicios por Q148 millones, monto que todavía no ha sido cancelado en su totalidad.

En el proceso de contratación había una segunda empresa que ofertó el servicio a Q113 millones, es decir Q34 millones menos, se trata de la empresa PBS Guatemala.

Esta empresa, incluso, presentó una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para revertir la compra, sin embargo, dicha acción legal no prosperó y quedó sin efecto. Luego de esa decisión judicial el TSE tuvo vía libre para la compra y, pese a los cuestionamientos de algunos partidos políticos, el Trep quedó establecido como la herramienta informática para transmitir los resultados preliminares de de las votaciones del 2023.

El delito de incumplimiento de deberes se centra porque fue la misma Datasys quien recomendó a Podernet para que supervisara el software usado, evadiendo así sus responsabilidades, según el MP.

Por último el delito de abuso de autoridad lo consigna la fiscalía porque el pleno del TSE suscribió el contrato evadiendo los controles que como autoridades debieron de mantener sobre las herramientas adquiridas.

Pros y contras

La adquisición del Trep les costó a los magistrados del TSE una solicitud de antejuicio, pero siete meses antes, el 27 de febrero, una publicación de prensa puso en evidencia la adquisición de la herramienta y desde entonces hubo una serie de altibajos relacionados con la compra, implementación y uso del sistema.

Hasta antes de esa publicación, el TSE no había informado sobre la compra y tampoco sobre las empresas interesadas en ofrecer el servicio y el costo de diferencia entre las dos empresas.

El hermetismo con el que el TSE manejó su compra despertó dudas entre sectores de la sociedad civil y partidos políticos. Ambos cuestionaban la poca transparencia en el proceso porque no se anunció el evento y el mismo, indicaron los sectores, no fue compartido en Guatecompras.

Pese a las dudas, la adquisición del Trep siguió su marcha. El 11 de mayo y el 3 de junio el sistema informático fue sometido a simulacros, y a criterio de observadores y de algunos partidos, pasó las pruebas.

El 14 de junio medios de comunicación detallaron que Datasys eligió al Tecnológico de Monterrey para realizar su auditoría, algo que despertó dudas entre analistas y partidos políticos debido a que la empresa eligió quien iba a supervisar su trabajo.

El 25 de junio y el 20 de agosto, para la primera y la segunda vuelta, el TSE utilizó el sistema Trep y a criterio de observadores electorales, nacionales e internacionales, la herramienta funcionó con normalidad y en ningún momento fue vulnerado para un fraude electoral.

Posteriormente, el jueves 21 de septiembre, el informe de auditoría del Tecnológico de Monterrey confirmó el buen funcionamiento de la herramienta que transmitió los resultados preliminares.

Los resultados oficiales dependían de las distintas Juntas Electorales Departamentales (JED) y de la Junta Electoral del Distrito Central (JEDC), no del Trep.

Informes pendientes

Las solicitudes de antejuicio contra los magistrados comenzaron por una denuncia que ingresó el 29 de junio al MP, después de la primera vuelta, a nombre de Karen Fischer y Giovanni Fratti.

Por aparte, la Contraloría General de Cuentas (CGC) realiza tres auditorías sobre los recursos y las herramientas que utilizó el TSE para las votaciones

“Estamos en proceso de fiscalización. Son tres auditorías: gastos electorales, sistemas informáticos y la auditoría financiera”, explicó ayer Frank Bode Fuentes, contralor general de Cuentas.

La CGC realizó una de estas auditorías de oficio, las otras dos fue a requerimiento del MP, que se encuentra profundizando en distintas líneas de investigación.

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“Son varias fiscalías quienes han hecho los requerimientos, al estar lo informes se notificará tanto al TSE como al MP”, explicó el contralor.

Bode Fuentes, estima contar con los informes finales de las auditorias electorales el próximo mes. “Estamos en el proceso final de obtención de evidencia para proceder a enviar los posibles hallazgos”, añadió.

Una antigua autoridad de la CGC, que pidió no ser citada, explicó que el MP puede actuar de manera independiente a los resultados de las auditorías de la CGC, ya que ellos “colaboran” únicamente cuando el MP así lo requiere.

En caso de que la CSJ trámite los antejuicios contra los magistrados del TSE, estos serán remitidos al Congreso de la República, en donde mediante sorteos, se tendrá que nombrar a diputados para que integren una comisión pesquisidora.

Este órgano legislativo temporal tendrá que escuchar a los denunciantes, darle audiencia de descargo a los señalados y posteriormente emitir un informe al pleno recomendando retirar o no la inmunidad, decisión que sería sometida a votación.

Discurso que también ha utilizado la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien asegura que se pudo dar un fraude electoral con el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Héctor Aldana, fiscal nacional de Vamos responsabilizó de todas las dudas al Tribunal Supremo Electoral (TSE), por procesos, que indica, no fueron transparentes.

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“La certeza no está en el sistema o en los sistemas, sino que la certeza está en las cajas que no se abrieron”, señaló.

El fiscal de Vamos insiste que algo que pudo dar certeza al proceso, y que no se hizo, fue abrir las cajas electorales.

Tras la primera vuelta el oficialismo y otros partidos pedían un recuento de votos. “En el cementerio Parqueo de la Industria yacen más de 24 mil 500 cajas que hoy son ataúdes electorales que en algún momento de la historia se van a abrir, y la historia juzgará”, indicó.

Rendirán informe

La presidenta del TSE, Irma Palencia, indicó que les preocupa los detalles de la investigación al TREP    que se filtraron por algunas cuentas de redes sociales.

“Es sorpresivo el desconocimiento de cómo funciona el TREP, pero no sorprende al mismo tiempo que esos comunicados vienen de la no aceptación de los resultados”.

La presidenta del TSE señaló que ya cuentan con algunos informes preliminares de la auditoría del TREP, pero van a esperar a hacer público el estudio hasta que tengan el análisis final, que está a cargo del Tecnológico de Monterrey.

“Yo creo que tenemos lo que queda de este mes probablemente, no es una fecha inmediata, el informe final siempre demora”, añadió.

El TSE ya canceló un 70% del TREP, que tuvo un costo por Q148 millones. Las autoridades electorales afirman que no han pagado la totalidad por mantener problemas financieros, ya que Finanzas les adeuda algunas cuotas financieras.

Incluso se le cuestionó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre la certeza de la empresa a la cual se le adjudicó debido a señalamientos que tenía en otros países. Las autoridades electorales defendieron la credibilidad, transparencia y funcionalidad del sistema.

Durante la jornada de conteo de votos, el Trep funcionó dentro de los estándares esperados, defiede el TSE. Sin embargo, la Fiscalía de Delitos Admnsitrativos lleva a cabo una pesquisa que alcanza hasta a los magistrados del TSE.

La denuncia

Cuatro días después de la primera vuelta de comisión, se presentó una denuncia en contra de los magistrados titulares y suplentes por “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes”. La cual fue interpuesta por Karen Fisher y Giovanni Fratti integrante de la organización Guatemala Inmortal.

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El primer aspecto en la denuncia es que en el contrato suscrito Datasys, S.A., empresa a la que se le adjudicó el servicio, debía hacerse cargo de los planes de contingencia en caso de falta de conectividad, falla de la energía eléctrica y otros imprevistos.

Señala que el 25 de junio el software falló cerca de la 21:30 horas provocando que la conferencia de prensa que el pleno brindó se reprogramara.

Además indica que el 25 de junio por la noche, las juntas electorales del distrito Central y Guatemala solo habían procesado diez actas, aunque el Trep daba cifras mayores a las que se pueden alcanzar con diez actas.

Otro aspecto que cuestiona la denuncia es que el TSE no puede delegar la transmisión de resultados preliminares a un tercero por ser una función pública.

La Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) otorga al Tribunal la función de la transmisión de los resultados preliminares, aunque la responsabilidad de la custodia del voto, del conteo y resultados finales recae en la juntas electorales.

Otra irregularidad que consta en la denuncia es que el TSE no tuvo acceso al código fuente y LOG, que se refiere a los archivos secuenciales de una base de datos. En la denuncia se solicita que peritos de Taiwán, Israel y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

“Se solicitó información a la Contraloría General de Cuentas si existían auditorias relacionadas con el tema e informaron que tienen dos, no obstante la Fiscalía de Delitos Administrativos estará solicitando informática”, detalló el MP.

Por el momento, los magistrados poseen una solicitud de retiro de antejuicio por la inscripción de Manuel Baldizón, que luego fue enmendada. Aunque en este caso de la Fiscalía de Delitos Administrativos los denunciados son los magistrados aun no se ha requerido el retiro de antejuicio.

La magistrada presidenta, Irma Palencia comentó que han entregado la información que se les ha solicitado, sin embargo no han podido conocer a profundidad los expedientes del MP.

“No es secreto para nadie que estamos siendo asolados por una cantidad exagerada de solicitudes en cuatro fiscalías, distintas cosas”, aseguró Palencia.
Allanamientos

El 3 de agosto, el MP realizó una diligencia de allanamiento en el Centro de Tecnología y Equipamiento (Cope) ubicado en el Parque de la Industria, según información oficial derivado de una denuncia del partido político Valor. Se extrajo una copia de los resultados preliminares del 25 de junio.

En otra fiscalía

También la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) ha informado recientemente que investigan el mismo sistema y sus digitadores. El jefe de la fiscalía dio a conocer en agosto que se indaga sobre Gustavo Villamil, de nacionalidad colombiana, ya que supuestamente tuvo acceso al Trep.

En el mismo caso, es investigado Jorge Santos, subdirector del Departamento de Informática.

El 25 de agosto Santos se presentó a la Feci debido a una citación donde se le solictó información general sobre el Trep, las pruebas y la logística de las jornadas de comicios.

“Vine a aportar en el proceso que se está llevando a cabo la información que correspondía”, aseguró e subdirector.
críticas al Trep.

El sistema tuvo un costo de Q148 millones, la adquisición fue cuestionada incluso por los partidos políticos. Los fiscales nacionales en múltiples ocasiones dudaron de la certeza y credibilidad de la empresa.

La incertidumbre inició cuando algunos fiscales señalaron que Datasys era había participado en el evento electoral de Colombia y Consejo Nacional Electoral suspendió la contratación por incumplimiento de algunos requisitos.

En ese contexto, la senadora colombiana María Fernanda Cabal cuestionaba que la empresa no poseían experiencia en procesos electorales. Derivado de las críticas y exigencias de los partidos, representantes de Datasys y Podernet se presentaron en una reunión de fiscales para solventar las dudas y rechazaron los señalamientos que les fueron hechos.

Supervisión y simulacros

Aunque en otros procesos el TSE optó porque la supervisión de los sistemas informáticos las realizaran firma independientes, esta vez adoptó la opción que el proveedor propuso. Esta fue el Tecnológico de Monterrey.

El partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) solicitó recientemente la información sobre las auditorias realizadas al Trep. Según la denuncia, Datasys fue la misma que recomendó a Podernet para esa verificación.

El denunciante asegura que es un conflicto de intereses, ya que fue el mismo proveedor quien recomendó a quien le supervisaría cuando el proceso debió haber sido realizado por los profesionales del departamento de informática.

Además, se realizaron tres simulacros que fueron avalados por los partidos políticos como por las misiones de observación electoral.

Pasando las 17:30 horas el Pleno de magistrados del TSE puso a cero el contador de votos e hizo el cierre del programa, lo que significa que la herramienta ya no puede ser alterada ni manipulada hasta el momento que comience la transmisión de datos preliminares este domingo 20 de agosto.

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Son cerca de 5 mil los digitadores contratados por el TSE quienes deberán de digitalizar las actas y trasladar los datos al Centro Nacional de Información (CNI) del TSE, instalado en un hotel de la zona 11 capitalina.

En el CNI se tendrán pantallas que proyectarán de manera constante la digitación de las actas y los resultados preliminares, que podrían definir una posible tendencia.

Autoridades del TSE han reafirmado que los datos que proyecta el TREP son preliminares, no son los datos oficiales, ya que esta etapa del proceso electoral llega después que cada una de las Juntas Electorales Departamentales (JED) concluye con su audiencia de revisión.

El sistema TREP es una herramienta informática que manejan las empresas Datasys y Podernet, que ofrecieron el servicio al TSE por un costo de Q148 millones.

Existe una investigación alrededor del sistema TREP y de los digitadores contratados por el TSE a cargo del Ministerio Público (MP), por lo cual el encargado de informática del TSE, Jorge Santos, está citado para declarar ante el ente investigador el próximo miércoles.

Expertos advierten que la investigación que comenzó el MP contra el Trep podría ser una táctica de intimidación que, además de poner en riesgo la continuidad del recurso humano para la segunda vuelta, también podría buscar poner en riesgo los resultados electorales.

Para este nuevo simulacro, el departamento de Comunicación Social del TSE no ha confirmado la fecha, pero buscan poner a prueba una vez más el Trep de cara a la segunda vuelta del 20 de agosto.

Previo a la primera vuelta, el TSE coordinó dos simulacros de este sistema informático que funcionó para que la transmisión de los resultados preliminares.

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El servicio informático es prestado por las empresas Datasys y Podernet, quienes recibieron un contrato por Q148 millones, y aunque en su momento distintos sectores cuestionaron su contratación, luego de las votaciones del 25 de junio validaron su desempeño.

Esta herramienta no difunde los resultados oficiales; como su nombre lo dice, tan solo proyecta las tendencias de los resultados preliminares que deberán de ser confirmados por las Juntas Electorales Departamentales (JED).

En la primera vuelta se utilizaron dos sistemas informáticos, el Trep funcionó a nivel nacional, mientras que en el departamento de Guatemala se usó la herramienta de Grupo Sega, que presentó problemas en la Junta Electoral del Distrito Central (JEDC), por la que se decidió ya no usarla el 20 de agosto.

Riesgos de la investigación

El TSE quedó de entregar a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), el listado de todos los digitadores contratados para el evento electoral, esta petición de información la hizo el MP por el caso de aparentes firmas falsificadas que atañen al partido Movimiento Semilla, que pasó a la segunda vuelta.

La Fiscalía de Delitos Administrativos solicitó a la autoridad electoral datos relacionados con el sistema Trep: detalles del contrato, planes de contingencia y saber quiénes operan la herramienta y cuentan con acceso al código fuente que utiliza el programa.

Para Aquiles Faillace, constituyente, y Renzo Rosal, analista político independiente, las intenciones de fondo de las dos investigaciones buscan generar la nulidad del proceso y botar el evento electoral.

“El propósito no es detener la segunda vuelta, la segunda vuelta va si o si, y va entre Sandra Torres y Bernardo Arévalo; sin embargo, desde mi perspectiva lo que se pretende lograr es lo que desde el principio querían, el conteo manual de votos”, señaló Faillace.

El constituyente destacó que las acciones legales por estas investigaciones continuarán, “lo que no se logró vía amparos y con gritos de fraude se intentará por la vía penal al dizque probar en juicio que existieron vicios nacidos con propósito fraudulento”.

Impulsar investigaciones que pongan en duda el evento electoral tiene un solo objetivo: “viene la nulidad de todo lo actuado y según la teoría de la conspiración todo regresaría al principio, es decir repetir las elecciones”.

La misma lectura sostiene Rosal: “buscan áreas de oportunidad para erosionar la primera vuelta electoral y al mismo tiempo al TSE. En las últimas semanas se ha marcado esa lógica que está dominando el escenario”.

El analista político señaló que ha visto como los señalamientos van a distintos actores y herramientas que son clave para el evento electoral. “Por un lado se está cuestionando la lista de los digitadores; por otro lado, Sandra Torres ha cuestionado a algunas Juntas Electorales Departamentales y ahora se cuestiona al Trep”, dijo Rosal.

Intimidar voluntarios

Las acciones podrían tener otro efecto, según la lectura que mantiene Édgar Ortiz, analista de Fundación Libertad y Desarrollo. Según Ortiz, el propósito de estas acciones desde el MP buscarían generar un ambiente de intimidación contra empleados electorales y personal voluntario.

“Hay una persecución directa contra uno de los partidos que pasa a segunda vuelta y yo destacaría que preocupa bastante la forma, el tiempo y el hecho que la fiscalía solicite información de los digitadores, no entiendo esa lógica en conexión con el caso del partido Semilla”, explicó.

Para Ortiz las acciones del MP han aumentado desde la oficialización de los resultados de la primera vuelta. “Me preocupa en general la variable de intimidación, recordemos cómo la fiscalía amedrento al Registro de Ciudadanos, no solo certificando lo conducente, sino además la forma en que hicieron los allanamientos”.

El mayor temor que detecta el experto es que estas acciones afecten a las personas que prestan sus servicios para el evento electoral. “Podríamos ver que la intimidación llegue a otro nivel, por ejemplo, a un digitador que esto afecte a los voluntarios o a los que van a trabajar en la segunda vuelta, eso es el riesgo número uno”, concluyó.

La carpeta de la investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía de Delitos Administrativos, que solicitó el 28 de julio al TSE cuatro aspectos del contrato y funcionamiento del sistema informático que opera bajo las empresas Datasys y Podernet.

El primer aspecto que requiere el MP es un informe circunstanciado con relación al contrato con Datasys, en donde requieren que se indique en el informe “los posibles problemas y las soluciones que se deben de dar a, por ejemplo, problemas de conectividad, falta de energía eléctrica, daños en equipamiento y otras contingencias imprevistas”, señala el oficio enviado por el MP al TSE el pasado 28 de julio.

El segundo requerimiento busca saber “cuál es la función de Podernet, quién la contrató y bajo qué condiciones”.

La tercera solicitud que hace el MP es conocer quién opera los programas informáticos.

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Por último, la cuarta solicitud es conocer si el TSE “tiene acceso al código fuente y si tiene acceso al conjunto de instrucciones que ha recibido el software”.

La comunicación por escrito del MP destaca que lo requerido debe de ser proporcionado a la brevedad posible y con copia certificada.

“La información solicitada es de suma importancia para ser analizada e incorporada en la investigación que se realiza”, explica el oficio de la Fiscalía de Delitos Administrativos.

Esta investigación comenzó tras una denuncia de la ciudadana Karen Fisher, integrante de la organización Guatemala Inmortal, que ingresó al MP el pasado 29 de junio, cuatro días después de las votaciones de primera vuelta.

Feci también investiga

Esta semana la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) solicitó al TSE la identidad de los digitadores,  dándole un plazo de cinco días para poder trasladar la información, según un oficio recibido por la autoridad electoral el 27 de julio a las 8.46 horas.

Autoridades electorales manifestaron estar “preocupados” por la solicitud presentada por la Feci, y el tema sería analizado por el Pleno de magistrados quienes tienen, según la nota del MP, hasta el próximo martes 1 de agosto.

Esta unidad del MP lideró una serie de allanamientos contra la sede del Registro de Ciudadanos del TSE, en diligencias de investigación que obedecen a supuestas ilegalidades en el proceso de formación del partido político Movimiento Semilla, que pasó a la segunda vuelta del 20 de agosto.

Por petición de la Feci, el juez Freddy Orellana había ordenado la  suspensión de la personalidad jurídica de Movimiento Semilla, pero el Registro de Ciudadanos no pudo cumplir con la orden debido a que la resolución de un juez de instancia no es superior a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) que es de rango constitucional.

Debido a eso se certificó lo conducente contra Ramiro Muñoz, director del Registro de Ciudadanos quien solicitó unas vacaciones por tiempo indefinido, ya que la propia presidenta del TSE, Irma Palencia, explica que desconoce cuando Muñoz retomará su puesto.

En su lugar se encuentra Eleonora Castillo, a quien un juez emitió una orden de captura que al momento no ha sido ejecutada y que hizo que el Registro de Ciudadanos fuera el escenario de un segundo allanamiento.

La semana pasada la Junta Electoral Departamental (JED) de Guatemala recibió la visita de la comisión de auditoría, ya que las dos juntas adquirieron la herramienta para el conteo de votos, según informaron fuentes de la Contraloría.

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Según informaron dicha delegación acudió a ver una “demostración del sistema Sega”, herramienta que no funcionó en la JEDC y que algunos partidos políticos atribuyen al retraso en la transmisión de resultados preliminares de las votaciones del pasado 25 de junio.

La CGC recomendó a las dos juntas la contratación de una auditoria externa para la confiabilidad de la información y la utilización de actas con chip en vez de código QR.

La JEDC rescindió el contrato pasadas las votaciones del 25 de junio debido a que la herramienta de conteo no funcionó, mientras que la JED de Guatemala tomó la misma decisión el pasado 17 de julio, según consta en documentos oficiales del sistema Guatecompras.

La JED de Guatemala respondió que la herramienta de sistematización del documento número cuatro de la empresa SEGA, “funcionó para los alcances que se tenían previstos y contribuyó a la labor que se desempeñó en la primera vuelta electoral. La CGC como parte de su labor ha requerido información y la JED de Guatemala se la ha proporcionado”.

Agregan que el pasado jueves 20 de julio se “sostuvo una reunión con la CGC en la cual el ente fiscalizador brindó información y solventó dudas. La JED de Guatemala al trabajar bajo una política de puertas abiertas se encuentra dispuesta a recibir cualquier tipo de recomendación por parte de la CGC que contribuya a mejorar su labor para garantizar la protección del voto de los guatemaltecos”; se pidió también una postura a la JEDC, pero al momento no se ha tenido respuesta.

Estas juntas electorales  decidieron adquirir los servicios tecnológicos de la empresa Sega, para hacer a través de una plataforma informática el conteo de votos. Esta acción levanto críticas de varios partidos políticos que luego de la demostración del sistema expusieron dudas, ya que estiman que el sistema no cuenta con los niveles de seguridad adecuados, lo que pone en riesgo la información del proceso electoral.

Incluso, los fiscales de varios partidos solicitaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que inste a las juntas a dejar de lado el uso de este sistema y que se acoplen a la metodología del resto de juntas electorales, una petición que hasta ayer no tenía respuesta de las autoridades electorales.

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Irma Palencia, presidenta del TSE, había ofrecido discutir el tema el pasado miércoles, sin embargo, nunca se informó sobre los criterios que se discutieron.

Lo anterior, a pocas horas de los comicios, levanta críticas hacia el desempeño de las autoridades electorales y la forma en que han dirigido el proceso. El Mirador Electora, por ejemplo, ayer presentó un informe donde criticó la falta de certeza que ofrecen los magistrados en el desempeño de sus funciones, uno de sus últimos informes.

La última Encuesta Libre, publicada el pasado jueves, también reveló que el 75 por ciento de los guatemaltecos no cree que el proceso sea “limpio y transparente”.

A favor y en contra

La implementación de este sistema por parte de las juntas electorales, levantó críticas no solo de los partidos políticos, también entre grupos de la sociedad civil hay opiniones contrariadas sobre este tema.

El Foro Guatemala esta misma semana manifestó a través de un comunicado su apoyo a las dos juntas electorales en cuestión y al uso de la herramienta informática, la cual calificaron de adecuada para el actual proceso electoral.

En el otro extremo, el Mirador Electoral estima prudente descartar la contratación de este sistema, ya que las dudas generadas ponen en riesgo la legitimidad de los futuros resultados.

“Esa desconfianza que se está generando en la Junta Electoral de Guatemala y en la del Distrito Central y esto va a tener una repercusión importante; sí es necesario, y desde Mirador Electoral lo consideramos también, que el TSE considere la conflictividad que se podría incrementar para el 25 de junio”, advirtieron integrantes del Mirador Electoral.

“Me parece raro que una misión de observación venga con esa desconfianza, dado que Mirador Electoral no estaba activo el año pasado, desde que Guatemala Visible comenzó a darle seguimiento al tema”, respondió María de los Ángeles Fuentes, de Guatemala Visible, que forma parte de Foro Guatemala.

#Comunicado
La Junta Electoral de Distrito Central, informa:#EleccionesGT2023 pic.twitter.com/WHxOm0ZG0s

— Junta Electoral Distrito Central (@JEDCGuate) June 21, 2023

Recientemente, la junta electoral del Distrito Central emitió un comunicado defendiendo su compra, pero Mirador Electoral consideró “desatinada” la redacción del documento, ya que la misma se podría considerar una amenaza, tanto a los partidos políticos como a cualquier otro actor que cuestione la compra.

Fuentes, por su lado, considera que es meramente un tema de interpretación: “yo no puedo juzgar cómo alguien de manera subjetiva hace el análisis de un pronunciamiento o no, nosotros también somos observadores y no lo vemos así”.

Debido a las “grandes dudas” que ha dejado el sistema alterno, tanto por aparente falta de transparencia, forma de utilización y por supuestamente carecer de mecanismos de seguridad, tema que detectaron los partidos, Edie Cux, de Mirador Electoral, ve adecuado que se desista de la compra.

“A pesar de los cuestionamientos de partidos, de sociedad civil y de expertos, mantienen su postura y sacan un comunicado, casi como una amenaza, pero a nosotros lo que nos preocupa es que privilegien una contratación por sobre la confianza de los resultados, están privilegiando la negociación, por así decirlo, por sobre las elecciones”, añadió el también director de la organización Acción Ciudadana.

Para Fuentes, de Guatemala Visible, “es absurdo decir que se pone por encima de la credibilidad, no entiendo que significa, no la puedo calificar porque es tan absurda que no la entiendo”.

En el único punto que coinciden Cux y Fuentes es en que se requiere que el TSE fije una postura pública ante el tema y lo haga lo más pronto posible.

El TSE escuchó ayer a fiscales de varios partidos políticos que, una vez más, volvieron a cuestionar el uso del sistema de las juntas electorales de Guatemala y del Distrito Central.

El programa en referencia fue adquirido por unos Q7.6 millones y servirá, según han explicado las citadas juntas electorales, para el recuento de los votos de estos distritos, que juntos representan el 22 por ciento del padrón electoral.

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Irma Palencia, presidenta del TSE, expuso que el tema ni siquiera ha sido discutido en el pleno, por lo que no existe una opinión colegiada al respecto.

“No hemos sometido el tema a discusión. El pleno es mañana -hoy- y lo vamos a someter a una discusión colectiva, como todo órgano colegiado”, puntualizó.

Al ser preguntada acerca de cuál podría ser su decisión, la magistrada no quiso adelantar criterios, pero admitió que es un asunto que genera preocupación por la cercanía del evento electoral. “Por supuesto que es un tema que nos preocupa, por la fecha en que estamos, pero hay que decidir y lo haremos mañana”, agregó Palencia.

Críticas al sistema

Diego Blanco, fiscal de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), dijo que durante la demostración se “comenzó a editar los datos que ya estaban subidos al sistema de los votos contados en la elección de binomio. Entonces, ellos pueden editar los datos en cualquier momento”.

Otro aspecto que a criterio de los fiscales vulnera la seguridad de los datos es que quienes están a cargo de este sistema alterno no tienen una acreditación del TSE y solo se identificarán con una playera, lo que abre una ventana de riesgo.

“Cómo es posible que personas ajenas y sin acreditación de parte del TSE, que no son fiscales ni personal del TSE, como digitadores, puedan tener acceso a manipular el acta 4, ya sea la original o la amarilla, porque ni eso tienen claro”, señaló Lorena Flores, fiscal de Cabal. Asimismo, insistió en la petición que los fiscales hicieron al TSE la semana pasada. “Creo que todos estamos en desacuerdo con las acciones que se están dando en estas juntas electorales, por lo que solicitamos reconsiderar las propuestas de estas juntas y que ustedes —TSE— tomen una decisión basada en la transparencia que siempre nos han ofrecido en este proceso electoral”.

Otros partidos que manifestaron su apoyo al sistema admitieron que no es posible fiscalizarlos. Diego Ronquillo, fiscal de Compromiso, Renovación y Orden (Creo), no pudo tener acceso a información del sistema, pese a mostrar su credencial como fiscal nacional. Expuso problemas de logística que considera pueden ser serios, pues no existe un orden de qué acta se digita primero, si la original o la copia. “Va a ser un poco riesgoso encontrar a los fiscales informáticos de un lado para el otro”, añadió.

Este sistema, resaltó, será vinculante, porque es con el cual las JED de Guatemala y del Distrito Central adjudicarán cargos, por lo que es preciso que sean transparentes.

Las juntas electorales mencionadas han defendido su uso y explicado que la herramienta es para un conteo interno y no va a transmitir resultados preliminares. El viernes y lunes recién pasados hicieron una demostración del sistema. Sin embargo, lejos de resolver dudas de sus críticos las profundizó, porque algunos representantes de los partidos políticos consideran que quedó en evidencia cómo el sistema puede ser vulnerado y manipulado.

En el evento solamente estuvieron presentes las agrupaciones Cabal, Winaq, Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), Compromiso, Renovación y Orden (Creo), Todos y Semilla.

Los partidos están en descontento por la contratación y utilización del servicio por parte de las Juntas Electorales de Guatemala y Distrito Central, ya que argumentan que realiza la misma función que el sistema contratado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con Datasys.

Además, los funcionarios del TSE no fueron invitados, de acuerdo con el presidente de la JEDC, José Murua, “la idea de hoy -ayer- era invitar a los fiscales de distrito y que pudieran tener la información que no tuvieron acceso”, comentó.

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Dudas

Durante el desarrollo de la actividad, los fiscales presentes cuestionaron el proceso, contratación y transparencia del servicio.

Keny Aguilar, fiscal informático del partido Cabal, expresó preocupación ante la decisión de la Junta de no transmitir los datos en tiempo real.

“Nos deja muchas dudas con relación a la transparencia, porque no nos están brindando mecanismos para que nuestros fiscales informáticos puedan cotejar los datos con lo recabado por la JED”, indicó.

El sistema digitalizará y digitará las actas número 4 de cada elección y cada mesa, respectivamente, pero los totales del conteo no serán transmitidos en tiempo real. Esto porque solo el TSE tiene la potestad de dar a conocer datos preliminares, según aclaró Murua.

Las Juntas son las responsables del voto y de brindar los datos oficiales para adjudicar los cargos departamentales y municipales, mientras los del TSE, con el sistema de Datasys, son solamente datos preliminares.

Byron Rodríguez, secretario del partido Todos asistió al evento y cuestionó que el servicio no se ha sometido a una prueba de estrés, previo a utilizarlo en el evento real.

“Es importante establecer que la prueba de estrés el día de hoy -ayer- no se realizó. Es importante para conocer un poco sobre el tema de la transmisión general, tomando en cuenta que la empresa que se contrató es la primera vez que brinda este servicio como tal, sin embargo se está confiando en el trabajo de la JED”, puntualizó.

Sobre el tema respondió Murua que se realizó una demostración sobre el funcionamiento del sistema. Añadió que “con relación a la prueba de estrés se va a hacer una con Sega -la empresa proveedora del sistema- al 100 por ciento”, aunque no brindó una fecha exacta para tal prueba.

Por otro lado, Diego Blanco, de VOS, criticó la transparencia de la adquisición y mencionó que según la Ley de Contrataciones de Estado solamente una persona con plaza fija puede realizar compras, pero los puestos de las JED son transitorios. Los miembros de las JEDC se defendieron citando artículos de la ley con las funciones que deben de cumplir.

“El escrutinio final para ver que todo coincida es el que normalmente se usa, es volver al documento número 4 y revisar otra vez manualmente”, indicó.

Sobre el sistema

El acta es entregada por el presidente de la Junta Receptora de Votos a los digitadores y pasa por dos procesos de verificación, para ambos se necesita el acta número 4 física.

Murua declaró que hace falta agilizar los tiempos y la meta es una demora de cinco minutos en cada documento.

Señaló que el servicio busca hacer más eficiente el conteo de votos: “esa es la única diferencia, no es que necesites un sistema, años atrás no existía”, afirmó.

La magistrada Blanca Alfaro señaló que también conversaron con otras autoridades de partidos políticos para alcanzar un consenso. “Tuvimos una reunión también con secretarios generales de partidos políticos y no manifestaron ninguna desconfianza”, dijo Alfaro.

Pero los fiscales que un día antes criticaron el sistema continuaron con la misma postura, ven innecesario contar con un sistema que repite la función de Datasys, que costó Q148 millones.

Héctor Aldana, fiscal de Vamos, señaló que su secretario general acudió a la reunión pero que el tema del sistema informático alterno no estaba en agenda, y que al momento de retirarse del encuentro el tema no había sido abordado.

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Para Elmer Palencia, fiscal de Valor, este tipo de temas por ser eminentemente técnicos competen a los fiscales, ya que la función de los secretarios es otra, y reafirmó la misma postura en contra del sistema.

“No es cierto, estamos en contra que se use un sistema alterno”, señaló César Romano, fiscal de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien ve sospechoso la insistencia en continuar con un contrato que les despierta tantas dudas, “tal vez sea algún tipo de negocio, porque l TSE va a dar los resultados preliminares”.

También Diego Blanco, fiscal de Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS) dijo que “la reunión no fue como la comentan”, agregando que el tema “no se tocó”.

Respuesta pendiente

El pleno del TSE aún no decide si aceptará la petición de los partidos políticos, que fue ordenarles a las dos juntas que suspendan el contrato informático y se limiten a utilizar solo el sistema facilitado por el Tribunal.

“Como pleno de magistrados acordamos también hacer un análisis en cuanto al requerimiento que fue planteado, también por el vocero de los señores fiscales”, explicó el magistrado Rafael Rojas.

La próxima reunión entre autoridades electorales y fiscales nacionales de los partidos políticos será el próximo martes, en donde algunos fiscales esperan tener una respuesta de las autoridades electorales.

Las dudas de los partidos políticos continúan sobre la compra de un sistema informático en la Junta Electoral Departamental (JED) de Guatemala y Distrito Central, quienes cuentan con un sistema propio para el conteo de votos.

Este viernes 16 de junio, la JED de Guatemala desarrolló una demostración ante observadores electorales y medios de comunicación, de la operación del sistema informático que ellos catalogan como una “herramienta tecnológica”.

Durante el ejercicio, por petición de los asistentes, se ingresaron datos erróneos en el sistema, el cual alertaba que la digitación no correspondía a los datos del acta que previamente habían sido escaneados.

Pero en la primera parte del ejercicio, el teclado presentó algunos problemas de conectividad con la tableta, fuera de eso los aparatos continuaron operando con normalidad.

“Todo el uso de tecnología es para apoyarnos en el resultado, para que sean exactos, este proceso es pertinente, es necesario”, destacó Julio Salazar, secretario de la JED de Guatemala.

El integrante del órgano electoral temporal destacó que pueden trabajar sin este sistema informático, pero no pueden estimar el tiempo que les llevaría tener el conteo de votos: “nadie podría saberlo, porque es una situación atípica”, señaló.

Esta junta electoral estima desarrollar un simulacro el próximo 23 de junio, dos días antes de las votaciones, mientras que la del Distrito Central desarrollará el ensayo de su propio sistema el próximo lunes.

José Murua, presidente de la Junta Electoral del Distrito Central, manifestó que la herramienta desarrolla un conteo, ya que la proyección y transmisión de los resultados preliminares estarán en manos del Tribunal Supremo Electoral.

“No es el voto final, sino que ese lo tiene que dar cada una de las juntas receptoras y cada uno de los voluntarios que está en su mesa es el responsable de contabilizar y llenar el acta cuatro”, explicó el presidente.

También indica que pueden trabajar sin esta herramienta, que entre las dos juntas electorales se pagará por Q7.6 millones, pero no se atreve a decir cuánto tiempo les llevaría finalizar el trabajo.

“Hace años no existían los programas, no son actas preimpresas que voy a escanear que tendrán una exactitud del 99 por ciento, al final necesitas un mecanismo en el cual esas actas tendrán que ser contabilizadas y poder llevar un registro, hablamos de más de 200 mil registros”, explicó.

El tema generó dudas entre las agrupaciones políticas debido a que conocieron esta adquisición a través de notas periodísticas, anterior a esto los fiscales nacionales desconocían la intención de las dos juntas electorales.

El departamento de Guatemala y el Distrito Central, según cifras de las propias juntas, aglutinan cerca del 22 por ciento del total de votantes, por lo que, afirman, necesitan de esta herramienta digital de conteo para garantizar el proceso del próximo domingo 25 de junio.

“No son sistemas, son herramientas que a nosotros nos ayudan ya no para hacerlo con papelito y lápiz”, señaló Álvaro Bravo, presidente de la Junta Electoral del departamento de Guatemala.

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El Distrito Central también trató de defender la compra: “somos un libro abierto, efectivamente vemos que ha habido mala información”, dijo José Córdova, secretario de la junta del Distrito Central.

Las juntas afirmaron que en ningún momento su sistema transmite los resultados, y señalaron que tan solo es para llevar un conteo con mayor precisión, no obstante, los partidos políticos afirmaron que el contrato es opuesto a las declaraciones expuestas en la reunión.

Cuestionan el contrato

Los fiscales solicitaron públicamente al TSE anular este contrato, afirmando que existe una serie de contradicciones que lo ponen en duda.

Lorena Flores, fiscal de Cabal, explicó que al analizar el contrato encontró que lo expuesto por las juntas electorales es erróneo, ya que el documento sí contempla la transmisión de resultados.

“Sí hay una transmisión de datos, el contrato es claro, no pueden decir ustedes que no, lo subieron y acá está”, dijo la fiscal, que también señaló que el contrato no contempla ninguna penalización si se rescinde.

En total, las dos juntas electorales destinaron Q7 millones 621 mil 42 para la compra de este sistema, y a pesar de esta inversión, según Diego Blanco, fiscal del Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), no cuentan con parámetros de seguridad para el personal que tendría acceso a información sensible del evento electoral.

“Hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención, que aquí en el contrato dice que el único medio de identificación para el personal son playeras”, medida con la que se podría evadir el control y permitir que cualquiera acceda a los datos, advirtió el fiscal.

Despierta dudas

Los fiscales destacaron, que además de las contradicciones que expusieron los representantes de las juntas con lo que dice el contrato, existe otro factor a considerar, y este es el mensaje social que se transmite.

“Mi preocupación más grande es que ellos constituyen el 22 por ciento del padrón electoral aproximadamente, y qué sucedería si se contradice el sistema que están promoviendo con el oficial, y aquí lo que hay que dar es certeza”, señaló César Romano, fiscal de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

La crítica fue generalizada por los distintos partidos políticos, que ven incluso que este sistema es innecesario. “Al parecer ustedes están duplicando la transmisión de resultados preliminares”, señaló Elmer Palencia, fiscal de Valor.

Incluso para Diego Ronquillo, fiscal del Compromiso, Renovación y Orden (Creo), este sistema sí podría ser vinculante, ya que si es el que toman las juntas como legítimas, son ellos quienes adjudican los cargos municipales.

“Hay que decir algo que no se ha dicho, y es que este sistema es vinculante y el otro no –Datasys– y lo hace vinculante que este sistema utilizará las juntas electorales para poder oficializar los datos, mientras el preliminar solo servirá para proyectar el conteo de escrutinios”, explicó Ronquillo.

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El debate fue tal que la reunión ameritó de un receso, tiempo en que los fiscales unificaron criterio y solicitaron la suspensión del contrato para las dos juntas electorales.

“Nos reservamos el derecho de accionar como estimemos oportuno, porque estamos sustancialmente preocupados por el desarrollo de lo que queda del evento electoral”, señaló Edgar Vásquez, fiscal de Unión Republicana, quien fue el vocero de los fiscales para exponer el tema.

TSE analizará contrato

Álvaro Bravo, presidente de la Junta Electoral del departamento de Guatemala, al ser cuestionado, afirmó que los medios de comunicación lo estaban “acosando”, y tan solo dijo que no habían hecho ningún pago del sistema criticado, por lo que que analizarían el tema.

Minutos después Bravo convocó a una conferencia de prensa donde dijo que no darán marcha atrás a la compra y uso del sistema.

Por su parte Irma Palencia, presidenta del TSE, señaló que el tema tendrá que ser analizado para determinar si continuará este contrato o si se aceptará la petición de los partidos políticos.

“El tema quedará en análisis del pleno de magistrados, tendrá que ser un análisis que debe de partir de los contratos, para comenzar; ya hemos instruido que en lo que estamos en estas reuniones el departamento jurídico para que inicie los análisis correspondientes de los contratos”, enfatizó la presidenta.

Bravo y los integrantes de su junta, ante una posible orden del TSE que ordene suspender el contrato, indicaron que el tema tendría que ser analizado a detalle. “Igualmente tendremos que tener una reunión con el TSE, estamos en esto juntos”, añadió Bravo.

Ante las dudas de los fiscales, las juntas electorales se comprometieron a tener un simulacro del sistema en cuestión el próximo lunes.

A criterio de expresidentes de juntas electorales, es necesaria una auditoría independiente que permita dar mayor certeza y confiabilidad del trabajo que hará la empresa contratada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Actualmente, Datasys ha desarrollado dos simulacros de la transmisión de resultados electorales preliminares (Trep), y a raíz de estos comenzó el proceso de auditoría, según lo explicó el ingeniero Jorge Santos a representantes de la sociedad civil, en una reunión celebrada el pasado 9 de junio.

“La auditoria no solo verifica procedimientos de seguridad del programa informático, sino también está aplicando diferentes herramientas tecnológicas, actualmente ya hay algunos ajustes mínimos”, explicó Santos.

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El ingeniero es el subdirector de la Dirección de Informática del TSE, debido a que nadie ha querido asumir la jefatura de esta dependencia electoral por los antecedentes que dejó el evento de votaciones de 2019, que le costó un proceso penal al antiguo director.

Santos explicó en dicha reunión muchos especialistas en informática tratan de atacar este tipo de plataformas, y justamente la auditoría da una serie de recomendaciones para prever esos altercados.

Si encuentra a algún usuario que en vez de solo observar los resultados preliminares busca botar la página o el sistema, el mismo lo bloqueará y ya no le va a permitir acceso, explicó el subdirector.

Incluso existe un plan “b” por si la página oficial de resultados llega a tener problemas. “Se solicitó que ante cualquier eventualidad pueda existir un sitio alterno ante una emergencia de cualquier situación imprevista para que el sitio pueda ser tanto replicado como publicado de forma inmediata, para que los ciudadanos puedan seguir consultando los resultados en todo momento”, explicó Santos.

Aunque observadores han visto con buenos ojos la respuesta del sistema informático, en el segundo simulacro expresidentes de juntas electorales hicieron una serie de recomendaciones al TSE para auditar el sistema.

Firma independiente

En otras oportunidades, el TSE ha tomado la decisión de contratar firmas independientes para una auditoría minuciosa del sistema informático del Trep, explicaron Salvador Biguria y Michael Ascoli, ambos presidieron juntas electorales.

“En este caso la empresa de software contratada tiene un contrato con el Tecnológico de Monterrey; sin embargo, no ha compartido realmente cuál es el alcance de ese contrato y qué tipo de pruebas han realizado”, indicó Biguria.

A su criterio esta modalidad “no es la mejor práctica de una auditoría externa independiente”, por lo que aconseja al TSE que la evaluación del sistema esté a cargo de una empresa seleccionada por la autoridad electoral.

“Lo que debió haber sucedido es que el TSE contrate a alguien para auditar a Datasys, esa sería la práctica correcta, en este caso no es así, es la misma Datasys quien busca esa verificación externa”, refirió Biguria.

Por su parte, Ascoli recordó la forma cómo en su momento el TSE se encargaba de fiscalizar a la empresa que tenía a su cargo la proyección de los resultados preliminares.

“En nuestro tiempo hicimos dos cosas. La primera fue llamar a una firma de auditores internacionales, que nos puso auditores profesionales y públicos que revisaban las actas al ser pasadas de papel al sistema de cómputo”, señaló.

El segundo punto era pedir apoyo de la Asociación de Ingenieros Informáticos de Guatemala, que incluye a todas las universidades, “nos mandaron delegados que nos apoyaron con el tema de cómputo y además nos daba una opinión independiente”, indicó Ascoli.

Coincide que para garantizar confianza del proceso la auditoría del sistema informático sea independiente, y no a selección de la empresa que está dando el servicio y quien será el protagonista de la fiscalización.

Tres auditorías

El órgano electoral informó recientemente que no es solo una la auditoría la que evaluará el trabajo de Datasys. Según Irma Palencia, presidente del TSE, existen tres evaluaciones sobre la empresa.

“Hay una auditoría interna, Dirección Electoral está por separado de Auditoría Electoral y también hace lo suyo junto a Inspectoría, esto es interno”, indicó la presidenta Palencia.

Respecto a la universidad mexicana expuso que “nosotros vimos las credenciales, cuantos procesos habían hecho de lo mismo y dijimos que estaba bien”.

Según Palencia, se hará una tercera auditoría que estará a cargo de una empresa guatemalteca, que la magistrada indicó no tener el nombre, y aseveró que el próximo jueves, cuanto tenga lugar la reunión de magistrados con los fiscales nacionales de los partidos políticos, la podría compartir.

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“Estamos con una tercera empresa que es solo para el TREP, específicamente publicación de resultados y también el día de las elecciones, también está participando en todas las capacitaciones y simulacros para que tengan un control de calidad, no recuerdo el nombre, pero es guatemalteca”, refirió Palencia.

La auditoría elaborada por personal del propio  TSE no tiene costo adicional; la del Tecnológico de Monterrey ya está integrada dentro del contrato de Q148 millones; mientras que la última tendría un costo aproximado de Q1 millón.

Autoridades del TSE afirman que las evaluaciones al sistema informático han permitido mejorar su funcionamiento, “el margen de error es bajísimo, es del 0.0006%, y el margen de certeza es del 99.98%”, concluyó la magistrada.

Observadores y autoridades electorales han destacado que existe un sistema de alerta que activa notificaciones rojas, en caso de que algún dato entre los votos y el número de votantes de cada mesa electoral, no cuadre.

Dicho sistema será utilizado por las dos juntas electorales, además del adquirido a la firma Datasys, que contrató el TSE por un monto de Q148 millones, y que servirá para lo mismo.

Los partidos políticos afirmaron que se enteraron del sistema adquirido por las dos juntas electorales en cuestión a través de los medios de comunicación ya que el TSE no les había esa información.

“Será que Datasys, con Q148 millones, ya no va a digitalizar lo del Distrito Central y departamento de Guatemala, o se trata de un sobrecosto porque va a haber otra que pretende hacer lo mismo”, cuestionó el fiscal Roberto Villate, del partido Podemos.

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Villate dijo que hay dudas sobre el sistema, al mismo tiempo de señalar que esto refleja que no hay prioridad en los gastos que debería de hacer el TSE. “Se está pagando algo más por una cuestión que se supone ya está abarcada”, refirió.

Los magistrados del TSE, por su parte, aclararon que ellos solo responderán por el sistema que fue contratado por ellos, recalcando que los datos que arroje el programa contratado por las dos juntas electorales del departamento de Guatemala no serán vinculantes.

“En pocas palabras, no cuidan el dinero que no es de ellos”, criticó César Romano, fiscal de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Las agrupaciones consideran que era necesario que se les explicara detalles de este sistema paralelo al del TSE que contrataron las dos juntas electorales.

“Que nos comenten por qué ellos consideran que deben de tener un sistema como ese y cuál es la función, cómo va a funcionar, si llevamos conocimiento de todo lo que se realizó porque ellos no van a presentarnos eso a nosotros acá, de repente tienen razón”, indicó Elmer Palencia, fiscal de Valor.

Finalmente, por solicitud de los partidos, el TSE acordó que invitará para la reunión del próximo jueves a las dos juntas electorales y a la empresa, para que den pormenores de la compra.

TSE validó el sistema

En la reunión, la presidenta del TSE, Irma Palencia, aseveró que trataron de convencer a las juntas electorales en cuestión para que no hicieran la compra.

“Hablamos con las juntas y les hicimos ver que era innecesario”, subrayó Palencia. Agregó que intentaron hacerles ver que con el sistema que iba a comprar el TSE era suficiente.

Sin embargo, Álvaro Bravo y José Murua, presidentes de las juntas del departamento de Guatemala y Distrito Central, dijeron que la compra de este sistema fue posible gracias al visto bueno del propio TSE.

“Nosotros como juntas no podemos hacer absolutamente nada que no sea aprobado y quien lo aprueba es el TSE”, destacó Bravo, quien afirmó que, como órgano electoral temporal, siguen los lineamientos y procesos de ley.

Sobre la compra y las críticas de gastos que hicieron algunos partidos, Murua respondió que “si existe una forma para contabilizar los votos que nos la den”.

Bravo, incluso, señaló que el sistema es necesario. “Una junta electoral pequeña es probable que pueda hacerlo con un Excel, y ellos tienen que responder ante eso, pero cuando tiene sobre la espalda el 23 por ciento de votos se tiene que contar con sistemas más sofisticados para esa garantía”, expuso.

Irma Palencia, presidenta del TSE manifestó que el monto dado a conocer por los medios de comunicación sobre este sistema no era el correcto, sin ser capaz de responder a cuanto ascendía el monto exacto al momento de ser cuestionada.

“Yo sé qué la prensa, no sé qué diario escrito o electrónico sacó un monto de Q7 millones creo yo, pero no es verdad que sea ese monto, es bastante menor y lo sé porque nos reunimos con la empresa”.

Pero tanto Bravo como Murua al ser consultados desmienten la versión de Palencia, ya que al sumar la compra que hicieron las dos juntas hacen un total de Q7.5 millones.

Se consultó al departamento de Comunicación Social del Distrito Central sobre los datos de su compra en Guatecompras, pero informaron que el evento no aparece aún en el portal porque se están completando los procesos administrativos requeridos por el TSE.

Por su parte, el área de Comunicación Social de la JED de Guatemala refirió que su adquisición se encuentra en Guatecompras, la misma fue cargada al sistema el 5 de junio, aunque la compra se realizó el pasado 11 de mayo.

La función de este nuevo sistema, cuya adquisición se encuentra “en pláticas y en un avance importante”, según Palencia, es acelerar los resultados finales de las elecciones y facilitar  la adjudicación de cargos.

Es un sistema completamente distinto a la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep). La función de esta propuesta es digitalizar las actas que oficializan los resultados por mesa, por municipio y departamento, junto a los documentos finales que validan la adjudicación de cargos, explicaron los funcionarios electorales.

Las negociaciones van tan avanzadas que ayer los fiscales conocieron el servicio por Carlos Amador,  de la firma que ofrece el servicio. Amador se presentó como empresario con amplia experiencia en materia electoral y actualmente es el presidente de Grupo Gyssa.

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“Es un proceso después del día “D”, no es el Trep, esta es una herramienta para que las juntas puedan hacer su trabajo rápidamente”, explicó Amador a los fiscales, que en cierto momento cuestionaron su presencia en la sala.

Algunos manifestaron que tener a un posible oferente en la reunión podría ser un trato preferencial, por lo que en más de una ocasión los fiscales pidieron que el representante de la empresa Gyssa abandonara el salón.

Actualmente los resultados finales pueden demorar días en oficializarse, pero con este servicio, según el TSE, el tiempo de respuesta sería menor, sin embargo, tampoco se obtuvo un dato exacto de que tan ágil podría llegar a ser, solo se señaló que sería cuestión de horas.

Votos sin protección

La mayoría de partidos políticos rechazaron el sistema y argumentaron que se está violando la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp), que señala que son las Juntas Electorales Departamentales (JED) y Juntas Electorales Municipales (JEM) son las que resguardan los votos.

El implementar un sistema informático generó desconfianza entre los fiscales, porque consideran que no existe una razón válida y de peso para cambiar las reglas electorales a poco más de un mes de las votaciones.

El fiscal de la UNE, César Romano, advirtió que incorporar un sistema informático a estas alturas del proceso electoral podría representar un peligro. “Cuál es el objetivo de que la empresa tenga acceso a documentación oficial”, se cuestionó.

Elmer Palencia, fiscal de Valor, también cuestionó al TSE por pretender alterar el procedimiento de los resultados finales y la adjudicación de cargos con un sistema nuevo. “Despersonaliza por completo la función que tienen las JED y JEM en la adjudicación de los cargos (…) ya no estamos hablando de un resultado preliminar o gráficas, acá ya estamos hablando de un resultado y la adjudicación de un cargo”, añadió.

Coincidió Héctor Aldana, fiscal de Vamos, que mostró desconfianza en el desempeño del programa: “qué tan confiables son los algoritmos y los temas técnicos, yo mejor me iría con la vieja confiable, sacar mi calculadora y acta por acta, el trabajo manual que se ha hecho siempre”.

Sin costo

Pese a que la presidenta del TSE, Irma Palencia, explicó que están en conversaciones avanzadas para realizar la compra, el resto de magistrados afirmó que desconocen el monto que pagarían por el servicio.

Palencia, que se encargó de presentar a la empresa y el sistema. no estuvo en la conferencia que se ofreció por otra reunión a la que tenía que asistir, se informó. Los magistrados que sí comparecieron, Rafael Rojas y Gabriel Aguilera, dijeron desconocer el monto y tampoco dijeron conocer qué tantos recursos puede el TSE disponer para realizar la compra.

No es la primera vez que la actual magistratura del TSE tiene problemas tecnológicos. Cuando arrancó el proceso electoral su sistema informático fue insuficiente para responder a los cientos de solicitudes de inscripción de aspirantes a candidatos. Después hubo un retraso en la entrega de credenciales a los candidatos y volvieron las dudas sobre la capacidad del TSE.

Ahora, a 51 días del evento de votaciones, el TSE explica que no logró contratar un director de Informática, por lo que la responsabilidad recae en el subdirector.

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“El ingeniero Jorge Santos ha asumido ese rol, y si bien era el subdirector antes que la persona –director– renunciara, él ha asumido las funciones del director y no tenemos ninguna inconveniente al respecto”, declaró Irma Palencia, presidenta del TSE.

Según explicó la presidenta, Santos no ha sido nombrado como director porque “hay algunos requisitos muy específicos, nosotros también estuvimos en la búsqueda de una persona que sustituyera a quien se retiró, pero no podemos incluir a cualquier persona en un cargo de tanta envergadura”.

Pero los antecedentes del 2019, que llevaron a prisión al entonces director y subdirector de informática por los cargos de incumplimiento de deberes y destrucción de registros informáticos, a cinco días de la segunda vuelta de elecciones, es otro factor que aparentemente juega en contra para conseguir alguien responsable del sistema informático del Tribunal.

“Hay muchas personas que aunque calificasen, el puesto no es tan atrayente, entonces, nosotros lo que estamos es trabajando”, insistió Palencia. “Finalmente decidimos quedarnos como estábamos”, agregó.

Desconfianza y riesgos

No contar con el director de Informática dentro del TSE es una cuestión seria, al menos así lo considera Oswaldo Samayoa, abogado y analista en temas judiciales.

“Es normal que nadie quiera asumir el cargo, pero esa normalidad se rompe cuando el TSE otorga respaldo absoluto al trabajo, y no va a someter a esa persona a presiones e intereses externos que no sea exclusivamente los de la democracia”, señaló Samayoa.

Dejar este vacío en un puesto clave para el evento electoral, apunta el analista, va a sumar las dudas que ya existen sobre el trabajo e independencia de los magistrados del TSE.

“Si nadie quiere asumir esa dirección es porque no se le está dando el respaldo adecuado a esa persona, y se le puede estar interfiriendo para que manipule el sistema, entonces nadie quiere estar en ese puesto”, añadió.

Para Marvin Flores, analista de Acción Ciudadana, además de las sospechas y la desconfianza que podría ganar el TSE si se queda sin un director, no contar con esta figura podría desviar cualquier responsabilidad jurídica, en caso que el sistema informático falle en las elecciones.

“Si tiene una implicación legal, pero más para los partidos. Si se quiere denunciar, o si se detecta alguna anomalía de tipo tecnológico, no hay a quien sindicar, más que al pleno del TSE”, explicó Flores.

El analista considera que dejar esta plaza vacante dentro del TSE en el periodo electoral “en primera instancia refleja un elemento de improvisación más del TSE, en este caso del recurso humano”.

Piden nombramiento

La Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-GT) explicó que es necesario que el TSE nombre a un director de informática para garantizar la confianza que el evento electoral necesita.

“Debería confirmarse como director al actual interino, para que no exista el vacío en esa posición. A su vez, esto permitirá que la persona pueda ejercer este importante cargo con la autoridad y responsabilidad que corresponde”, dijo la Misión.

El primer evento que depende de tecnología en el actual proceso electoral es el simulacro para la Transmisión de Resultados Preliminares (Trep), que se va a celebrar sin que el área de informática tenga un titular.

Este ensayo está previsto para el próximo jueves 11 de mayo, en un lugar aún pendiente de definir.

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Pedro Cruz, presidente de Primero Guatemala, organización fiscalizadora del evento electoral, explicó que no fueron invitados para el simulacro, y destaca que en este punto todavía hay espacio para los errores y el tiempo necesario para subsanarlos.

“El TSE tiene que mostrar confianza y transparencia con el ensayo, sobre todo transparencia. El sistema puede fallar, puede cometer errores y no es perfecto, pero es mejor que falle en una prueba que el día de las elecciones”, refirió.

Tanto los analistas y organizaciones fiscalizadoras como la MOE-GT, consideran necesario que el Tribunal nombre a un director informático para evitar dudas que pongan en riesgo la legitimidad de las votaciones.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) en febrero adquirió un sistema informático para la transmisión de datos (TREP) con el objetivo de cumplir la misma función con la empresa Datasys, Sociedad Anónima un sistema por Q148 millones 850 mil 250.

Álvaro Bravo, presidente de la JED de Guatemala detalló que debido a que la ley nombra a las JED como responsables del conteo y manejo de votos se tomó la decisión de adquirir un software que almacena la información y cuenta los votos.

“El TSE tiene propios programas con sus métodos de seguridad y todo, para que para ellos también poder hacer un conteo, los dos tenemos que llegar a cuadrar en el mismo número”, refirió Bravo.

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De la misma manera, José Murua, presidente de la Junta del distrito Central explicó que junto al distrito de Guatemala se realizó la compra del sistema informático y puntualizó: “el responsable de dar el dato no es el software del TSE sino es cada JED, ellos son los que tienen la responsabilidad de dar transparencia y confirmar cual es la cantidad de votos por todos los partidos ya como lo hagan, cada uno tendrá sus mecanismos”.

El sistema informático fue adquirido con los fondos de cada JED, para el distrito de Guatemala se destinaron poco más de Q34 millones y para el Central Q28 millones. Solamente el 50 por ciento del monto fue acreditado para la logística de esta primera vuelta.

La contratación del sistema informático por parte del TSE fue criticada debido a que la empresa PBS Guatemala S.A., requería un costo de Q113 millones 957 mil 424. Luego de la adjudicación, esta empresa presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sin embargo, fue suspendida dejando en pie el servicio adjudicado a Datasys, S. A.

Decisión en otras JED

Las JED de Guatemala y del distrito Central aglutinan a 2 millones 115 mil 260 de empadronados, es decir el 22.8 por ciento del total de ciudadanos habilitados para emitir el sufragio.

Le sigue Huehuetenango con 702 mil 953 de empadronados, a la JED le fueron otorgados Q1 millón 668 mil 181. Mynor Ochoa, presidente de la Junta descartó la posibilidad de adquirir y utilizar un software independiente al que el TSE contrató. “Supongo yo que si vienen directrices de magistratura se implementará otro sistema paralelo”, declaró Ochoa.

Asimismo, José Girón de la JED de Alta Verapaz comentó que en el departamento se utilizará únicamente el sistema informático contratado por el Tribunal con Datasys, S. A. El departamento congrega a 643 mil 396 empadronados y le fueron destinados Q1 millón 296 mil 298.

Adicionalmente, se contactó al presidente de la JED de Quetzaltenango, Mynor Domínguez, quien confirmó que utilizarán únicamente el software del TSE. Esta región agrupa a 505 mil 737 ciudadanos inscritos para votar y le destinaron Q1 millones 944 mil 830 de presupuesto. Cada JED debe presentar los planes operativos, los gastos de logística, movilización, alimentación, entre otros, con base en la planificación son destinados los fondos.

En el proceso electoral de 2019 el sistema de transmisión de datos preliminares presentó algunas inconsistencias, la oficialización de los resultados demoró más de diez días. Los magistrados de turno justificaron que hubo algunos errores con las sumatorias y que se ocasionó una falla técnica en el sistema. Derivado del problema, fueron capturados el exdirector y exsubdirector del TSE.

Responsables de la custodia del voto

De acuerdo con la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), las JED son órganos temporales integradas por cinco miembros, tres propietarios y dos suplentes, quienes no reciben compensación monetaria, lejos de viáticos o gastos de representación cubiertos por el TSE.

Dentro de las atribuciones de estas se estipula que deben de declarar la validez o nulidad de los resultados de las votaciones en el departamento. Tal responsabilidad es compartida con las Juntas Electorales Municipales (JEM).

El abogado Edgar Ortiz concordó en que el TSE es la máxima entidad electoral que tiene la capacidad de integrar las juntas cumpliendo un papel parecido al de un supervisor, sin embargo, las juntas departamentales y municipales, siendo ambas las responsables por los votos emitidos.

Describió que los datos que son transmitidos el día de las elecciones corresponden a cifras preliminares que no son estrictamente las oficiales. En la normativa legal se establece que el TSE junto a las JED verifican y califican los documentos con los resultados, posteriormente ocho días después de los comicios se debe de informar en los medios de comunicación los resultados oficiales.

Los sistemas adquiridos por las JED y por el TSE darán a conocer los resultados preliminares mientras se realizan el conteo y transmisión de los votos.

Simulacro

Se realizarán dos simulacros del funcionamiento de sistema adquirido por las JED del distrito Central y Guatemala, de acuerdo con Bravo aún no se conocen las fechas exactas, pero uno será a finales de mayo y el siguiente será día antes de las elecciones.

De la misma manera, el próximo jueves durante la reunión de fiscales de los partidos políticos con el Tribunal se realizará el simulacro del TREP.

El día de las elecciones se utilizará tanto el sistema adquirido por las JED como el del TSE en los distritos donde se contará con ambos.

Rudy Esquivel, portavoz de la CSJ, explicó que esto se debe por antecedentes que han sentado jurisprudencia en la justicia guatemalteca, ya que la acción fue evaluada como una acción administrativa y no electoral.

Al ser consultadas autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) explicaron que aún no han sido notificados de la misma, pero que actualmente ya se encuentran realizando pruebas internas con dicho sistema.

Las inconformidades sobre la contratación de la empresa Datasys S.A., se basan en una compra, a criterio de expertos, sobrevalorada, ya que existía una segunda oferta, que aparentemente ofrecía el mismo servicio, pero a un costo menor.

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Datasys S.A. recibió la adjudicación por un total de Q148 millones 850 mil 250, mientras que la segunda oferta presentada por PBS Guatemala S.A., requería un costo de Q113 millones 957 mil 424.

La segunda empresa presentó la acción de amparo, que fue suspendida según la información comunicada por el departamento de Comunicación Social de la CSJ, lo que daría luz verde a la contratación hecha por el TSE.

Simulacro y función

El sistema informático para la Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) busca agilizar el traslado de datos, para que el día de las votaciones se pueda contar con información fidedigna, y en el menor tiempo posible, de los resultados de las votaciones.

En 2019 complicaciones en el sistema informático empañaron el proceso, pero a criterio de las autoridades electorales, para evitar este tipo de inconvenientes tienen planificados una serie de ensayos.

El primer simulacro está previsto para el próximo 11 de mayo, según informó el magistrado Rafael Rojas, en el cual se tendrá la participación de los fiscales de los partidos políticos y la presencia de los medios de comunicación.

Héctor Aldana, fiscal de Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos), manifestó que el tema informático es importante, “no me gustaría que se vea envuelto en un problema como en la elección pasada, que los que estaban encargados de informática terminaron con un proceso legal”.

Aldana agregó que respetan la decisión de compra del TSE, pero deja claro que mantienen sus dudas. “Yo sigo teniendo mis dudas respecto a la experiencia”, incluso el fiscal pidió “que se puedan hacer muchos más ensayos, más situaciones que se puedan dar en el día “D” para que la empresa pueda estar facultada para realizar esos ensayos con nuestros fiscales informáticos”.

El plan “b”

La acción de amparo contra el sistema informático no dejaba claridad sobre su posible uso, a lo que entidades electorales prepararon, a lo interno, una segunda opción.

Se trata de otro sistema, que haría exactamente lo mismo, con la diferencia que es un proyecto nuevo, elaborado por los propios informáticos con los que cuenta el TSE.

“Ya pudimos presenciar las primeras pruebas técnicas, fueron pruebas de más de tres horas, estuvimos bastante satisfechos”, señaló Irma Palencia, magistrada presidenta del TSE.

Sobre las garantías de esta segunda opción, agregó que “la garantía es que lo estamos probando y sí, está hecho en casa, es del TSE, son nuestros ingenieros y personal de soporte técnico que ha trabajado muchísimo en esto”.

La empresa a cargo del proceso es Datasys, S.A., quien ofreció el servicio informático más caro, ya que la competidora, PBS Guatemala, S.A., ofrecía el mismo servicio por Q113.9 millones. El evento se realizó en medio de críticas por la forma en que se adjudicó.

A la fecha, PBS Guatemala S.A., espera que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), resuelva un amparo que presentó, aduciendo que existe una compra aparentemente sobrevalorada, ya que ellos ofrecen el mismo servicio a un costo más económico.

Hasta este momento, el departamento de Comunicación Social del Organismo Judicial (OJ), ha informado que la acción legal no ha sido conocida, y que al momento de que el amparo sea discutido por el pleno de la CSJ, lo harán de conocimiento público.

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Debido a que no existe ningún contratiempo legal y la compra está en firme, Irma Palencia, presidenta del TSE, dijo que comenzarán con el proceso de instalación en los próximos días.

“Regresando de Semana Santa iniciamos las pruebas internas de acoplamiento y ajustes del sistema, posterior a eso, superadas las mismas, para mayo serán los simulacros públicos”, anunció la presidenta del TSE.

El no contar con un amparo provisional que complique el proceso les permite continuar, señaló Palencia. “No existe nada que nos notificaran a nosotros que modifique la contratación que tenemos con la empresa que fue seleccionada por la junta, nosotros seguimos trabajando en ley, seguimos avanzando”.

Requiere eficacia  

En el proceso de elecciones generales del 2019, las complicaciones en el sistema informático que seleccionó la anterior magistratura, despertó sospechas que finalmente no comprometieron el resultado de los comicios.

Por lo anterior es necesario que para garantizar la certeza y confianza se hagan todas las pruebas necesarias del Trep, para afinar todos los detalles, opinó Pedro Cruz, presidente de la organización Primero Guatemala.

“Es importantísimo que cuando se instale el sistema informático se le dé certeza a la población. Uno, de que el sistema funciona; dos, que no va a generar ningún ruido”, enfatizó Cruz.

La Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-GT) también espera que el sistema corra con normalidad, ya que esto será vital para crear un ambiente de confianza y credibilidad.

“La instalación es fundamental, porque asegura la transmisión inmediata y transparente de resultados electorales. Sin embargo, debe garantizarse que tanto actores temporales, como actores con función de observación, tengan pleno conocimiento del funcionamiento del sistema informático”, señaló la MOE-GT.

Ante este punto, la presidenta electoral destacó que  van a capacitar a un equipo de empleados del TSE para que puedan usar el programa de la manera correcta, pero este tipo de capacitación también será hecha a los fiscales informáticos que nombre cada uno de los partidos políticos en contienda para que exista un proceso de fiscalización adecuado.

“Las capacitaciones que hablé no son solo para los digitalizadores, también van a estar ellos participando para que al participar en los simulacros tengan un entendimiento integral de la herramienta”, añadió Palencia. De acuerdo con el TES el 80 por ciento de partidos políticos ya nombraron su fiscal informático.

Simulacro público

Otro de los aspectos más relevantes de este simulacro previsto para mayo, del que no se tiene una fecha exacta de momento, es la publicidad, ya que se requiere que múltiples sectores sociales observen este ejercicio, apuntó la MOE-GT.

“Estas pruebas y simulacros deben ser en presencia de fiscales, observadores y periodistas, para explicar lo que se hará, resolver dudas y despejar cualquier temor con el manejo de la información”, reiteró la misión.

Cruz agregó: “El TSE debe de invitar a todas las organizaciones que hemos estado detrás del proceso, participando activamente. A veces escogen a algunas, pero no las incluyen a todas, así que esperaría que llegue una invitación a Primero Guatemala, hemos participado activamente y no se nos ha tomado en cuenta”.

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Palencia indicó que este acto será de observancia pública, ante la presencia de los fiscales de los partidos políticos, periodistas que quieran informar del ensayo, junto a representantes de la sociedad civil, que han servido como entes fiscalizadores.

“Tenemos previsto hacer pública esta parte, y todo, para transparentar el proceso”, actualmente todavía están en la etapa de “los ajustes de acoplamientos” debido a que se usará una cantidad considerable de equipos, ya que “no serán solo en el departamento de Guatemala”, destacó la presidenta del TSE.

La MOE-GT también recomendó que estén actualizados para el momento del primer simulacro nacional las certificaciones, así mismo instan a una auditoria externa, ajena a la empresa a cargo del Trep para tener un sistema de fiscalización externo, que también será clave para el proceso de confianza.

La Misión de Observación añadió que a poco más de dos meses de las elecciones, hay un tiempo prudente para realizar todo tipo de gestión que permita ofrecer resultados confiables en los simulacros, confianza que puede ser transportada al evento de votaciones del próximo 25 de junio.

La empresa PBS S.A, que compitió por el servicio, presentó la acción legal ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aduciendo que la compra que hizo el TSE está sobrevalorada y a ellos se les descalificó por razones que no están fundamentadas.

Esta empresa afirma que sí cumplían con los niveles de seguridad y los servicios requeridos para las elecciones, por un costo Q113.95 millones, unos Q35 millones menos que la empresa a la que el TSE finalmente decidió dar el contrato.

La empresa beneficiada es Datasys, compañía del sector informático que obtuvo el contrato por Q148.8 millones. PBS accionó legalmente el pasado 4 de marzo en contra de ese evento.

Según informó el equipo de Comunicación Social de la CSJ, esta acción de amparo aún no ha sido resuelta por el pleno judicial, y se desconoce cuándo podría estar incluida en la agenda de los magistrados, quienes deben decidir si otorgan el amparo provisional y, de ser así, suspender la contratación de la empresa a tres meses de los comicios.

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Las partes involucradas ya enviaron la información requerida por la CSJ el pasado 10 de marzo, pero a la fecha se desconoce cuándo se emitirá una resolución.

“Nosotros, respetuosos de la ley, estamos esperando a ver qué ocurre. Por supuesto, es preocupante, pero ahí nosotros no tenemos injerencia y estamos, al igual que ustedes, a la expectativa de esa situación”, dijo la presidenta del TSE.

Palencia fue cuestionada por un partido político en la reunión de fiscales celebrada jueves, e indicó que ante un posible amparo provisional que frene o anule la compra, el TSE ya tiene un plan de contingencia.

“Tenemos, en todos los casos, muy bien hecho por la Dirección Electoral, un plan A y un plan B, es decir, una contingencia, y sí tenemos una contingencia distinta, por supuesto no puedo decir idéntica, es diferente, un poco más básica”, respondió la funcionaria.

Al finalizar la reunión de fiscales de partidos políticos Palencia agregó: “Confíen en que estamos trabajando incansablemente, no solo para sacar las elecciones bien, sino para dejar un TSE fortalecido y una democracia, saneada (…) no veamos solo el punto negro, veamos el contexto, todo lo que nosotros estamos haciendo por el bien del TSE”.

Advierte riesgo

El sistema informático para el conteo de votos no pone en riesgo el evento electoral del 25 de junio, pero complica el traslado de los resultados preliminares, de acuerdo el primer análisis que hacen sectores conocedores del tema y que están acompañando el proceso electoral desde la sociedad civil.

Pedro Cruz, presidente de la organización Primero Guatemala, destaca que un amparo provisional por la compra sobrevalorada podría generar conflictividad social, porque “ya no da tiempo de hacer otro sistema, ya no da tiempo de implementar otra solución tecnológica en tres meses. Regresaríamos a como se hacía en los 90, totalmente manual. Imaginémonos a altas horas de la noche con resultados apretados en lugares con riesgo de conflicto”.

Las consecuencias de un amparo provisional pueden ocasionar una serie de complicaciones, a criterio de Cruz, quien citó como ejemplo el amparo provisional que mantiene en impase la renovación de la CSJ, uno de los tres poderes de Estado.

“Tenemos jueces y magistrados que están fuera de su plazo constitucional, por un permiso que les dio la CC, pero con el Congreso y la Presidencia no podemos caer en eso”, advirtió el activista de Primero Guatemala.

El sistema informático no afecta el evento de votaciones de 25 de junio, “es el proceso de conteo el cual generaría conflictividad”, insistió Cruz, quien considera vital que la duda legal que ahora mantiene la Corte Suprema de Justicia se resuelva.

“No nos podemos traer abajo el proceso electoral, no se vale, hay que mantener los plazos constitucionales”, añadió Cruz.

Desconocen el plan B

La organización fiscalizadora Guatemala Visible ha dado acompañamiento a los eventos de compra y planificación electoral, pero en estos meses de intercambio de información y recomendaciones desconocen cuál es la opción B para sustituir el sistema informático del conteo de votos.

“Desde Guatemala Visible no hemos tenido ningún acercamiento y no conocemos ese plan B. Apenas el día de ayer -miércoles 22 de marzo- vimos las publicaciones relacionadas a ese recurso legal que se planteó”, dijo María de los Ángeles Fuentes, directora ejecutiva de la organización.

Fuentes considera que la acción de amparo se debe resolver a la brevedad para dar certeza al proceso, a la herramienta informática para el conteo de votos y transmisión de resultados preliminares.

“Ante la proximidad de las elecciones y habiendo tenido de ambas empresas una respuesta positiva durante una decisión que el TSE ya tomó, y que ya manifestó las razones por las cuales la tomó, nosotros veríamos con preocupación que esto se retraiga”, advirtió la representante de Guatemala Visible.

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En estos momentos, considera Fuentes, la empresa y el departamento informático del TSE ya deberían estar haciendo el trabajo conjunto, pensando en los comicios del 25 de junio.

Pero ante este amparo, y considerando que hay una alternativa “más básica”, es algo que desde ya el TSE debe de comenzar a trabajar, añadió. “Lo dijimos desde meses atrás, que el sistema no debería ser algo tan complicado, y en todo caso si ya pensaron en un plan B, ese es el camino a seguir, porque si retrasan más esa contratación, sí hay que pensar en ese plan”, dijo Fuentes.

Tercera semana sin declaraciones

Desde hace tres semanas la presidenta del TSE no ha atendido a los medios de comunicación para resolver las inquietudes que surgen durante la reunión semanal con fiscales de partidos políticos, o bien tener sus impresiones sobre la coyuntura político-electoral.

El pasado 9 de marzo, cuando finalizó la acostumbrada reunión con los partidos políticos, la magistrada titular Blanca Alfaro conversó con los medios de comunicación para responder algunas inquietudes de la prensa y para dar información complementaria sobre un acuerdo alcanzado con el Registro Nacional de las Personas (Renap).

Para el jueves 16 de marzo, tras la inscripción y fugaz revocatoria de la candidatura de Manuel Baldizón, pese a que se pidió a Comunicación Social del TSE una postura con la presidenta electoral, no atendió a los medios.

Palencia en esa ocasión abandonó el salón por una puerta a la cual no se tenía acceso a los medios de comunicación por los protocolos de seguridad del TSE. En esa reunión fue el registrador de Ciudadanos quien compareció ante los medios.

Este jueves 23 de marzo Palencia de nuevo abandonó el salón sin atender a los medios, únicamente los magistrados titulares Blanca Alfaro y Mynor Franco, junto al suplente Marco Antonio Cornejo, respondieron las inquietudes de la prensa.

Durante la reunión semanal de autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con fiscales de partidos políticos, algunas agrupaciones manifestaron sus dudas y desacuerdo con la elección que hizo el TSE para la contratación de la empresa Datasys.

“Según la información que he estado recabando ahorita dice que es una empresa costarricense y que estuvo en los comicios de Colombia, los cuales fueron cuestionados”, explicó Héctor Aldana, fiscal de Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos).

En esta reunión, las empresas Datasys y Podernet fueron electas por las autoridades electorales para tener a su cargo el sistema TREP; la primera se identifica como una empresa regional, legalmente establecida en Guatemala y con 25 años de experiencia.

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La segunda, se identifica como una empresa establecida en México, con 26 años de experiencia y con participación en 40 procesos electorales “exitosos”, según cita en la presentación que hicieron a los partidos políticos.

Esos años de ejercicio en el área de la informática y la participación que afirman tener en procesos electorales no bastaron para que los partidos políticos confíen, según lo manifestó Elmer Palencia, fiscal de Valor.

“Yo quisiera que nos hicieran el favor de compartirnos en un documento cual ha sido la experiencia o que eventos electorales han cubierto con este modelo que estamos viendo acá, y en qué eventos electorales específicamente han participado y cuál ha sido su participación”, explicó Palencia.

El fiscal afirmó que es necesario que estos datos sean trasladados ala brevedad, “todos quieren tener la certeza que los datos que se van a recoger y visualizar son los datos correctos, entonces para que no quede en el aire que nos compartan en un documento, con membrete de la empresa, porque asumo que lo tienen bien establecido”.

El partido político Podemos también cuestionó a las empresas que tendrán a cargo la transmisión de datos preliminares, indicando que en el 2015 y 2019 los sistemas informáticos electos por el TSE, generaron complicaciones.

“Este TSE hoy está siendo fiador de ustedes, y ojalá que no haya problemas porque si nos vamos a encontrar en otro proceso contando las historias de 2015, 2019 y 2023… Mientras tanto, ustedes, comiendo taquitos en México, sin poderlos alcanzar ni imputarles responsabilidad penal o civil porque ustedes se habrán ido”, dijo Roberto Villate, fiscal del partido político antes citado.

Rechazan señalamientos

La empresa Datasys fue señalada en Colombia por no contar con la experiencia necesaria para los comicios, otro de los señalamientos internacionales en su contra fue la aparente deficiencia en el servicio prestado para el evento electoral de Honduras, según la prensa internacional.

Pero Miguel Gramajo, representante de la empresa, indicó que “Datasys Guatemala está comprometida con la calidad y la transparencia en este proceso. Los señalamientos que se hicieron en Colombia los desconocemos, ya que no participamos en esos comicios”.

Referente al evento centroamericano, señalo que “en Honduras tenemos el acta de cierre, y la recomendación por el Centro Nacional Electoral donde nos extienden la satisfacción, y participamos de hecho en los comicios de Honduras con equipo de cómputo, fue hardware”.

La respuesta no terminó de convencer a Aldana, del partido oficial, quien solicitó mayor información de la empresa, antecedentes y experiencia, debido a que manejarán información clave del futuro evento de votaciones.

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“Yo no me quedé tranquilo con la respuesta (…) el programa está bonito, que bonita la transmisión de datos, se oye todo un jardín de rosas, pero la credibilidad de la empresa es la que a mí me está poniendo en tela de duda”, señaló.

Respaldan contrato

Hasta ahora el TSE no ha hecho un solo pago a la empresa seleccionada para la tarea de transmisión de datos preliminares, pero es una “decisión tomada”, señaló la presidenta electoral, Irma Palencia, aunque agregó que el tema “tampoco está escrito en piedra”.

“Recordarles a todos, principalmente a usted (fiscal Aldana), que cuando ya estamos en época electoral y con un presupuesto de elecciones ya tenemos un procedimiento por excepción, que es la compra directa”, explicó la magistrada presidenta.

El proceso para la elección de esta empresa fue mediante invitación, por lo que invitaron a tres empresas a presentar ofertas, de las que tan solo dos accedieron a hacerlo, e incluso se corrieron pruebas.

“Una prueba que fue dirigida con un pliego de posturas, de preguntas que hicimos, fue multidisciplinaria”, la presidenta del TSE agregó que “en ese aspecto nos sentimos tranquilos, que si hicimos, no solo fue papelería de llenar requisitos formales de fondo y de forma, también hicimos pruebas técnicas previamente”.

Las dudas sobre la empresa y la millonaria contratación, de Q148 millones, ha despertado comentarios desde inicios de semana, que a criterio del magistrado Gabriel Aguilera, se han presentado publicaciones de notas desinformativas.

“Sería importante también que ustedes – partidos políticos – tengan la información de primera mano y no se dejen llevar por notas desinformativas que se han dado en algunos medios y también en las redes”, indicó.

“Una prueba que fue dirigida con un pliego de posturas, de preguntas que hicimos, fue multidisciplinaria, y la Junta presenció la prueba técnica”

“En ese aspecto nos sentimos tranquilos que si hicimos, no solo fue de papelería, de llenar requisitos formales de fondo y de forma, también hicimos pruebas técnicas previamente”

Piden reconsideración

El consorcio PBS Guatemala, la otra empresa que presentó su oferta para el sistema informático, emitió una postura, indicando que su sistema cuenta con todos los requerimientos que necesita el TSE para el evento electoral.

“Solicitamos mediante este comunicado a los honorables magistrados del TSE la revaluación del expediente de mérito”, la empresa afirma que cuenta con las especificaciones que la autoridad electoral requiere.

“Nuestra oferta cumple con los requisitos fundamentales, formales, especificaciones técnicas, valores agregados, adicionales fijados en las bases y la experiencia de la corporación en los procesos TREP, con una diferencia económica de Q35 millones menor a la adjudicada”, concluyen.

Se buscó la postura de la presidenta del TSE sobre este comunicado, pero afirmó que por no haberlo leído no podía dar comentarios sobre dicha publicación.

Las preguntas y críticas de los partidos políticos se dieron cuando la empresa dio una demostración de la digitalización de las actas, que no terminó de convencer a los partidos políticos que se manifestaron.

Actualmente, solo han sido nombrados 10 fiscales informáticos, quedando pendientes de hacerlo 20 partidos políticos. La primera fecha para un simulacro de traslado de datos con este sistema está previsto para el  11 de mayo.

Jean Paul Brichaux, presidente del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua), informó que se mantiene un plan de contingencia entre las empresas navieras y los usuarios para el movimiento de cargas, lo que ha permitido las actividades de comercio exterior.

No obstante, indicó que algunos procesos se llevan a cabo de manera más lenta, como es lógico, y algunas navieras realizan ajustes, lo que también causa demoras, que se traducen en costos para los usuarios.

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Preocupación y costos

La Asociación de Navieros de Guatemala (Asonav), se pronunció al respecto y dijo que “debido a la caída desde hace una semana de todo el sistema informático de la terminal, las operaciones no se han podido desarrollar normalmente”.

Los despachos de importación y exportación se están trabajando por medio de un plan de contingencia que ha permitido desarrollar, en parte, estas operaciones, pero no a la velocidad normal, lo que ha causado gastos, atrasos, incumplimiento de plazos, entre otros, para los usuarios navieros y usuarios de carga, señala la información proporcionada a Prensa Libre.

“Se está a la espera de que APM Terminals logre solventar a la brevedad posible el restablecimiento total de su sistema y se está brindando toda la colaboración posible por parte de las empresas navieras en cuanto al plan de contingencia”, concluyó.

En qué consiste el plan

Werner Ovalle, intendente de Aduanas, explicó que el problema informático obligó a implementar un sistema alterno específicamente en esa terminal, para garantizar las operaciones de comercio exterior (importaciones y exportaciones) de acuerdo con lo que establecen los procedimientos aduaneros.

En este caso, corresponde aplicar una normativa, que consiste en que las importaciones de mercancías se pueden realizar con documentos impresos y no se hace una transmisión de información, pero cuando retorne el sistema, tienen la obligación de transmitirlo, así como garantizar toda la trazabilidad, explicó el intendente.

El sistema alterno se ha implementado cuando, en otras ocasiones, el sistema informático de la SAT ha sufrido fallas en las aduanas; pero en este caso se implementó porque APM Terminals es un auxiliar de la función pública.

La posición de la empresa

APM Terminals Quetzal respondió ayer a las consultas de Prensa Libre, indicando que la empresa “enfrenta actualmente algunos problemas técnicos aislados que afectan ciertos sistemas en uso en la terminal. Nuestros equipos están actualmente investigando el incidente, pero ya hemos iniciado procesos estándar para mitigar las actividades y asegurar la continuidad de las operaciones de los buques llegando a la terminal y los movimientos de carga. Las operaciones en la terminal reanudaron la noche del 18 de octubre de 2022”.

Movimiento de carga

Las estadísticas oficiales indican que la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) ha movilizado carga este año por 9.2 millones de toneladas métricas, que equivale al 44% de todo el sistema portuario, que suma 21.3 millones de toneladas.

La aduana respectiva reporta una recaudación de enero a septiembre de Q1 mil 246 millones del impuesto de derechos arancelarios a la importación y de Q8 mil 177 millones por el IVA a las importaciones.

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Benjamín Rosales, jefe de informática del TSE manifestó que la prueba se hizo con el 15 por ciento del total de actas que fue equivalente a tres mil 154.

Los fiscales de las agrupaciones políticas Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Vamos dijeron estar satisfechos con la prueba.

Eduardo Velásquez, fiscal de la UNE dijo que están totalmente satisfechos. Agregó que el simulacro era  procedimiento necesario para que  la opinión publica tenga tranquilidad respecto de la seguridad del software.

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“Nosotros como partido político no tenemos ninguna duda respecto a la actuación del Tribunal Supremo Electoral, las juntas electorales departamentales, municipales y juntas receptoras de votos, están haciendo un gran trabajo”, dijo Velásquez.

El fiscal invitó a los guatemaltecos a que salgan a votar, que sea una fiesta cívica y que si votan que sea por la mejor opción, la cual dijo,  es la UNE.

El fiscal de Vamos, Neftalí Alarcón dijo que el Tribunal ha hecho su máximo esfuerzo en tener una plataforma digital donde lo que se proyecte sean resultados con total transparencia.

“El Tribunal trajo a unos expertos quienes hicieron sus recomendaciones y el Tribunal las ha implementado. Yo considero que todo está listo y el mensaje sería para la población que asistan a votar, las condiciones están dadas para que sea un proceso transparente” refirió.

Debería hacerse otro simulacro

Jorge Eskenasy del Programa de Observación Electoral (Proe) del Comité Coordinador de Asociaciones, Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) señaló que el simulacro llegó alrededor del 11 por ciento de las actas con digitadores presentes y que había digitadores en otras partes del país.

“A los digitadores se les pidió que cometieran un error a propósito para ver que funcionaran los protocolos de verificación y pudimos observar que si funcionaron. El simulacro fue una muestra, no fue la totalidad de las actas, y esperaríamos que haya otra en los próximos días con una muestra más amplia cuando todos los equipos estén desplegados en todos los municipios” indicó Eskenasy.

El presidente del TSE, Julio Solórzano dijo a los asistentes que ahora pudieron ver como funciona el sistema y que el programa está listo para recibir toda esa transmisión de datos el próximo domingo.

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“Lo repito, si ven eso es la transmisión de datos, pero jamás podrá ser utilizado como base para adjudicar cargos, el sistema no es el sostén, no es el fundamento para ello. La ley establece cual es el procedimiento que debe recorrer ese voto, y eso ha hecho el Tribunal cumplir con esa ruta, estaríamos muy preocupados si nosotros hubiéramos tomado la trasmisión de datos preliminares para adjudicar los cargos, eso hubiera sido fatal”, dijo Solórzano.

Cabe recordar que el simulacro se hace por las inconsistencias que se dieron con el sistema informático en las elecciones del 16 de junio.

Proceso de digitación

• Las juntas receptoras de votos al terminar el escrutinio hacen entrega del duplicado del acta 4 a los digitadores.
• Ellos escanean el acta, digitan los datos y la información queda guardada en su computadora.
• Luego empiezan con la transmisión de datos como tal por medio de una red privada que traslada los datos a los servidores.
• Luego que el digitador hace este procedimiento se da la verificación de actas, lo cual lo hace otro digitador, él reingresa todos los datos al sistema, el sistema valida si son datos idénticos y si no lo son hay una nueva oportunidad de digitarlos y sí se da otro error hay una segunda oportunidad, pero de haber otro error, el sistema se reinicia y se debe volver a digitar el acta por parte del digitador original.
• Esta parte puede ser tardada ya que los digitadores tienen que movilizarse en algunos centros de 3 a 4 horas para que sea verificada su acta.
• Luego de verificada el acta, sigue el proceso de consolidación de la base de datos, acá se calculan sumatorias y todos los datos que ustedes ven en la página de resultados preliminares.
• Se traslada la información a la página de resultados preliminares, a través de conexiones seguras hacía la nube.

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El jefe interino de la Fiscalía de Delitos Electorales, José Curruchiche, indicó que el delito de incumplimiento de deberes se dio a raíz de que el departamento de Organizaciones Políticas del TSE le informó a Castillo, con tres meses de anticipación, que 27 partidos políticos participarían en la contienda electoral, en las cinco elecciones, por lo que tenía que haber previsto esa cantidad para el uso del sistema informático.

“Si yo le aviso a usted con tres o dos meses de anticipación que van a haber 27 partidos, hay incumplimiento de deberes, quien omitiere, rehusare, o retardare un acto propio de su función a cargo y ellos tenían la posición de ser garantes del proceso -electoral-. En la elección presidencial no hubo problema al final porque solo se inscribieron 19, pero en las otras -diputaciones- sí hubo problemas”, dijo el fiscal.

Curruchiche explicó que, aunque el verbo rector del delito es “destrucción”, el exdirectivo será señalado por alterar el registro informático. El Código Penal establece, en el artículo 274, inciso a, que comete ese delito quien destruye, borre o de cualquier modo inutilizare altere o dañe registros informáticos.

“La alteración del sistema informático se da con lo que se denominó patrón 21, y este refiere la información del partido 11, al partido 21; del partido 12, al 22, y así sucesivamente hasta llegar al 26”, dijo Curruchiche.

Otro punto que detalla el informe es que el log de auditoría (bitácora del sistema) no estaba activado, por lo que no se puede determinar quiénes ingresaron al sistema o qué cambios se hicieron, esto hizo que el sistema fuera vulnerable, por lo que podía entrar cualquier persona sin dejar registro.

El fiscal explicó que los exdirectivos se dieron cuenta del problema el 19 de junio, tres días después de las elecciones. “El sistema lo subsanan, pero el daño ya estaba hecho. Pero el 24 de junio todavía ingresaron un acta y por eso era importante que estuviera activado el log de auditoría”, dijo.

“Se lo hacen saber al presidente del TSE, pero él dijo que se informaría a los fiscales al siguiente día en la reunión prevista con ellos”, indicó.

Descarta fraude

El fiscal Curruchiche descartó la investigación por fraude, al señalar que para que este supuesto se dé debe ocurrir una serie sucesiva de actos premeditados para dañar, perjudicar o beneficiar a alguna organización política.

“Las juntas receptoras de votos al momento de elaborar el acta 4, la pasa a la junta municipal, esta la traslada a la departamental y luego al pleno de magistrados y si el partido sacó cien votos y el otro partido 80 y en las juntas se determina que ganó el que sacó 80, ahí si hay fraude. Pero las inconsistencias que estaban en las actas que estaban tachadas no cambiaron el resultado”, explicó el fiscal.

Curruchiche puso de ejemplo la mesa electoral 617 de Guatemala, en la que la junta receptora colocó cien votos a un partido en lugar de 1, luego hacen la corrección y al hacer la suma de los 400 votantes de esa mesa los sufragios cuadraban, pero si se hubieran sumado los cien votos, la cantidad habría sido otra. Si esta otra cifra se hubiera avalado, entonces sí sería fraude.

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Las diferencias se deben a que se evidenciaron varios errores en el sistema informático como el ya conocido patrón 21, el cual consistió en que en donde hubo más de 20 candidaturas, en la casilla número 21 se repetían los datos de la casilla 11, en la casilla 22 los datos de la casilla 12, y así sucesivamente hasta la 26.

Según el TSE, el error afectó solo el 3.22 por ciento de las actas que se subieron al sistema informático y que equivalen a tres mil 382 de 105 mil 59.

El fiscal del partido UNE ante el TSE, Eduardo Velásquez, indicó vía telefónica que la organización que representa nunca tuvo dudas sobre el sistema informático y que eran errores de digitación.

“Como lo explicaron desde el principio hubo un error en el software, a partir la candidatura 21 que mostraba la información de la candidatura 11, pero que fue subsanado a los tres días después de las elecciones. No tenemos ningún inconveniente”, manifestó Velásquez.

Por aparte, el Fiscal del partido Vamos, Neftalí Alarcón, manifestó que la organización política tiene dudas y que el Tribunal tampoco les da confianza de que el programa sea el indicado para ser utilizado el 11 de agosto.o

Consideró que tienen dudas ya que están pidiendo apoyo a otros organismos pues ya se demostró que el software tiene problemas.

“Contratan a una persona que tiene los mismos vicios que tenía Gustavo Castillo, al que destituyeron, tienen las mismas mañas, son coyotes de la misma loma, eso es lo delicado”, manifestó Alarcón.

El fiscal dijo que el Tribunal tiene dinero, pero no compró otro programa a pesar de que quedó demostrado que el sistema tuvo fallas.

Garantizan funcionalidad de sistema

El TSE garantiza al país el correcto funcionamiento del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (SITREP), que será utilizado en la segunda vuelta electoral del 11 de agosto, después de haberse subsanado un error de programación y tras el diagnóstico efectuado por expertos internacionales, se informó.

El sistema informático es un mecanismo implementado desde las elecciones del 2015 para la transmisión de datos no oficiales. Su propósito es brindar a la ciudadanía, de manera pronta y transparente, datos preliminares de la votación. No tiene efectos legales sobre los resultados oficiales, que dependen del escrutinio de las actas en papel, se dijo.

La magistrada María Eugenia Mijangos indicó que lo reflejado en el sistema no afectó los resultados finales, porque lo que se mostró en la web eran datos preliminares.

“El sistema electoral descansa en las actas, la junta electoral departamental se basa en lo que le manda la junta electoral municipal y esta en lo que le mandan las receptoras, por eso es que se le llama arcaico. El sistema era solo para ir orientando como iba la tendencia, pero no eran resultados oficiales”, explicó.

Para este jueves, 1 de agosto, se tiene previsto que el informe que entregaron los expertos internacionales que revisaron el sistema sea trasladado a los fiscales de los partidos políticos.

El coordinador del Programa de Observación Electoral (Proe) del Comité Coordinador de Asociaciones, Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Carlos Amador, manifestó que la información que traslado el Tribunal ha sido categórica, “están asumiendo su rol como autoridad y certificando la integridad de lo que es el sistema” y comparte la opinión de los expertos internacionales.

“Lo que nos complace es lo categórico en la comunicación del Tribunal en este respecto que eso envía un mensaje claro y que la integridad del sistema la damos por buena”, dijo Amador.

Otorgan amparo

La Corte Suprema de Justicia otorgó un amparo provisional al Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon) para que el TSE modifique el sistema informático que utilizará en la segunda vuelta del próximo 11 de agosto.

“En consecuencia se ordena a la autoridad impugnada que, con las modificaciones necesarias al sistema informático y otras medidas pertinentes, cumpla con la obligación constitucional y legal de asegurar la libertad y efectividad del sufragio, transparencia y pureza en el proceso electoral de segunda vuelta”, señaló el documento.

Stuardo Ralón, presidente del Cedecon, indicó que el primer efecto del amparo provisional es la orden directa a los magistrados del TSE, por lo que la responsabilidad respecto al programa no la tienen los expertos, ni el gerente de informática, sino que los magistrados.

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En un comunicado el Cedecon indica que dará seguimiento a la tramitación del amparo y a su debido cumplimiento, y en caso se incurra en desobediencia y el sistema informático a utilizar en la segunda vuelta no garantice la pureza del proceso electoral accionara penalmente en contra de los magistrados del TSE.

El Cedecon buscaba que el TSE utilizara otro sistema informático, debido a los problemas que este generó en la primera vuelta, sin embargo, el amparo provisional solo ordena que se modifique.

Stuardo Ralón, presidente del Cedecon indicó que el primer efecto del amparo provisional es que da una orden directa a los magistrados del TSE, por lo que la responsabilidad respecto al programa no la tienen los expertos, ni el gerente de informática, si que ellos.

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“Se habían dado declaraciones en días previos de que se utilizaría el mismo programa y digamos alguna corrección de forma no entra dentro de lo que la Corte resuelve, sino que debe ser modificado y el alcance de la modificación es para que no se tengan errores de programación, si tenía un error de algoritmo debe corregirse, si fallara el programa el 11 de agosto, podría materializarse una desobediencia y ellos serían denunciados si se debe a una modificación que no hicieron”, señaló Ralón.

Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza y Alejandro Giammattei del partido Vamos se disputan el balotaje el próximo 11 de agosto. están convocadas a votar 8 millones 150 mil 220 personas.

El TSE informó que el sistema ya fue modificado y que esté ya cuenta con una verificación de un panel de expertos que llegó al país la semana pasada.

El presidente del TSE, Julio Solórzano indicó que el inconveniente en el funcionamiento del sistema de transmisión de resultados en las pasadas elecciones consistió en que donde hubo más de 20 candidaturas, en la casilla número 21 se repetían los datos de la casilla 11, en la casilla 22 los datos de la casilla 12, y así sucesivamente.

Señaló que el procesamiento de información fue correcto en los datos de las casillas 1 a la 20. El error afectó solo el 3.22 por ciento de las actas -tres mil 382 de un total de 105 mil 59-, y específicamente en la elección de diputados y Corporaciones Municipales. Los datos preliminares de la elección para Presidente y Vicepresidente no tuvieron problemas.

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“El error de programación ha sido técnicamente subsanado por el equipo de la dirección de Informática del TSE, lo que está siendo verificado por medio de pruebas de confiabilidad y consistencia”, refirió.

La magistrada María Eugenia Mijangos, indicó que se le hará llegar el informe circunstanciado a la Corte Suprema de Justicia en él que se le indicará que el problema ya fue modificado.

“Este martes terminó su trabajo una misión de expertos informáticos que nos proporciono la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y estas misión lo que hizo justamente es hacer una revisión del sistema y naturalmente se dieron cuenta que el problema ya estaba corregido, que se le habían hecho las correcciones necesarias y el error dado no fue vinculante y además eran resultados preliminares, pero desafortunadamente se ha magnificado”, explicó Mijangos.

Añadio que grupos señalaban que no se estaba asegurando la transparencia ni la confiabilidad del proceso electoral cuando todos sabemos que los resultados se basan en un sistema denominado “arcaico” que son las actas que se levantan hasta llegar a la número ocho y que son con las que se elaboran los resultados electorales.

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Los fiscales de las organizaciones políticas han criticado el sistema por lo cual consideran incorrecto que se vuelva a utilizar.

También, el presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), Stuardo Ralón, presentó un amparo en la Corte Suprema de Justicia en contra del TSE con el fin de que no utilice el mismo sistema para la segunda vuelta.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) no ha resuelto el amparo, mientras el TSE evacuó el informe circunstanciado la semana pasada.

En los siguientes días después de la elección del 16 de junio, se evidenciaron varios errores en la página web sobre los resultados electorales los cuales estaban mal ingresados. Además, en los casos donde hubo más de 20 candidatos se evidenció el “patrón 21”, con el cual se repetían los resultados de las casillas 11 a la 20 en la 21 en adelante.

El director de informática del TSE, Benjamín Rosales, indicó que el sistema está listo para usarse en la segunda vuelta electoral ya que es 100 por ciento confiable y cuenta con los niveles de seguridad óptimos para evitar cualquier eventualidad.

Rosales expuso que entregó un informe a los magistrados en el que detalla que la base de datos se encuentra “bien” y que la única falla fue la de presentación de resultados la cual ya fue corregida.

“El sistema cuenta con anillos de seguridad específicos para cada parte del proceso, el sistema es muy confiable y se va a usar en la segunda vuelta”, detalló Rosales.

Agregó que Recursos Humanos trabaja en la contratación de al menos 160 digitadores que sustituirán al personal que declinó y que laboraban en los casos donde hubo problemas de digitación.

Añadió que los nuevos trabajadores y los que ya estaban recibirán otra capacitación una semana antes de las elecciones.

El coordinador del Programa de Observación Electoral (Proe) del Comité Coordinador de Asociaciones, Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Carlos Amador, considera que la plataforma que el Tribunal usó para el 16 de junio es la misma que se ha usado desde el 2011, y que si tomaron la decisión de volverla a utilizar será importante que hagan las correcciones respectivas.

Amador manifestó cree que habría que esperar los informes de la asesoría de los expertos internacionales para seguir adelante con el proceso electoral.

“Yo diría que ese es el camino -esperar los informes-, lo importante que un tercero calificado que de esa opinión le pone un ingrediente de calidad y de sellos de garantía porque a la larga lo que el Tribunal debe trasladar ahora son las garantías a la ciudadanía es que los inconvenientes han sido superados y con las baterías de pruebas realizadas nos conduciría a un nivel de confiabilidad bastante alto”, dijo Amador.

El director general del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), Rubén Hidalgo, considera que un software debidamente diseñado, evaluado y con las pruebas para evaluar su eficiencia puede brindar los resultados que se esperan.

“Satanizar un software por la impericia o la falta de la buena ejecución de las personas no es válido. Si los magistrados han decidido utilizar el mismo software, la obligación de ellos será garantizar que el mismo haya sido evaluado de la mejor manera para no cometer las mismas deficiencias”, dijo Hidalgo.

El próximo viernes arribarán al país tres expertos en informática los cuales serán proporcionados por la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore).

Los expertos harán un análisis al software y entregarán un informe para confirmar o no que el sistema es confiable y no sucedan los inconvenientes del 16 de junio.

Pauta en medios

La Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Vamos ya seleccionaron los espacios publicitarios para la segunda vuelta que comenzó el 18 de julio y que finalizará el 9 de agosto a las 12 horas.

La UNE se centra en el área rural donde busca mantener su preferencia. Mientras que Vamos lo hace en las áreas urbanas donde es su fuerte.

La jefa de la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión, Rosa María Bolaños, indicó que ambas agrupaciones tienen el mismo tiempo y espacios en los medios de comunicación, pero es a discreción de ellos en dónde pautarán.

La UNE utilizará 777 spots para cobertura nacional, mil 520 para cobertura departamental y mil 380 spots de cobertura municipal.

Vamos utilizará 386 spots para cobertura nacional, 564 de cobertura departamental 630 spots de cobertura municipal y 13 mil 415 en pantallas digitales, las cuales se encuentran en áreas urbanas.

Imprimen papeletas

Desde el pasado domingo las papeletas presidenciales ya se encuentran en el Parque de la Industria. Mientras que las papeletas municipales empiezan este jueves a imprimirse, se prevé que este proceso finalice el viernes.

Según la calendarización del evento electoral de la segunda vuelta, se espera que a partir del 3 de agosto se empiece con el embalaje de los enseres electorales, para empezar con su distribución al siguiente día.

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Las elecciones del pasado 16 de junio dejaron un ambiente de diversas críticas respecto a los resultados electorales, debido a varios problemas que presentó el sistema informático que fue desarrollado por dirección de informática del TSE. Aunque los resultados oficiales descansa en las actas que emiten las juntas electorales departamentales.

El primer error descubierto es el denominado patrón 21, el cual consistió en repetir la secuencia de la cantidad colocada en el renglón 11 en el 21; 12 en el 22 y así hasta llegar del 16 al 26 que eran los partidos participantes. Por aparte hubo otras inconsistencias como cantidades mal ingresadas en el sistema, por ejemplo por ingresar un cuatro se colocó un 44, entre otros.

El ingeniero en sistemas y docente en la Universidad Mariano Gálvez, Luis Carlos Contreras hizo un análisis del sistema desarrollado por la dirección de informática a cargo de Gustavo Adolfo Castillo González.

El profesional resaltó que tiene muchos estudiantes que han desarrollado trabajos mejores que el que se hizo el TSE. Pero detalla que el sistema analizado es el de estadísticas y no el de ingreso de la información.

Contreras indicó que el primer error encontrado es el splash que es una página de espera y que salía el logotipo de la consulta popular 2018. Otro es que el código está completamente abierto y no tiene ningún método de protección o de encriptación y lo ejemplifica con cerrar la casa con candado, pero con la llave puesta.

Otro de los aspectos es que el lenguaje de programación fue copiado de plantillas de CSS y JS de la W3C School, la cual se dedica a elaborar los estándares de internet y cursos de programación web.

“Si la persona no sabe hacer diseño web, ayudan y dar ejemplos son como la base de referencia universal incluso ellos mismos se catalogan como de nivel introductorio y que son el nivel cero para aprender a programar”, dijo Contreras.

El experto añadió: “El TSE descargo algunos ejemplos como base de diseño y de funcionalidad principal, si bien es cierto se utilizan librerías externas, por lo general se esconden o uno trata de hacer la suyas, eso no es malo, pero lo que dan a entender es que lo hizo gente que no tiene nada de experiencia, fue como copiar y pegar los códigos de la U y no saben que hicieron”.

Otros hallazgos

El ingeniero explica que otro de los hallazgos se refiere a un código comentado y este es para que el sistema no le ejecute, sino que solo son anotaciones que se ponen para saber que está pasado, a veces cuando uno trabaja y da errores quita el código, pero se deja una anotación y cuando ya está en producción uno se cerciora que esos comentarios no salgan, pero acá los dejaron.

Otro aspecto que expone Contreras es que para consultar la base de datos se debe utilizar un token -un código- el cual debería ser único y debería de expirar después de un tiempo. “Yo con un mismo token pude descargar las 21 mil mesas electorales en un servidor en Holanda y como te digo, son las llaves que están prendidas al candado”.

El profesional también señala que se utilizaron programas como JQuery y Ajax cuando estas se crearon en el 2003 y 2006, cuando hay otros programas como Node y Axios.

El ingeniero en sistemas egresado de la Universidad de San Carlos, José Cordova indicó que él pudo analizar el sistema a de estadísticas y no el de ingreso de datos, refiere que este sistema está elaborado por un lenguaje PHP y Javascrip, lo cual no debería de dar problema, si estuviera bien hecho.

El profesional explicó que los tiempos de respuesta son muy altos, eso significa que el tiempo de cambio es bastante alto, y entre más rápido es mejor. Agrega que cuando se manejan grandes cantidades de información se aplica un término de pagineo, eso significa que no voy a traer la información completa sino de 10 en 10 y eso hace más rápido la información. “Es un trabajo de bloque en bloque, en lugar de ir por la enciclopedia voy por volúmenes”.

Niega señalamientos

El jefe de informática del TSE, Gustavo Castillo indicó que ellos utilizaron herramientas que están a su alcance por lo que aceptó que utilizan JQuery y Ajax, pero añadió que la gente puede decir cualquier cosa y lo malo es que todo el mundo lo cree.

“No usamos plantillas de W3C School, pero la gente dije cualquier cosa, usted puede estar seguro de que es la página del sistema del TSE, esa es la cosa, la gente puede decir cualquier cosa y lo malo es que todo el mundo lo cree”, dijo Castillo.

Añadió: “Ayer me decían que un acta estaba alterada, pero cuando se dieron cuenta no estaba ingresada, ellos pueden decir que usamos “x” o “y” herramientas, pero ¿cómo lo pueden comprobar?”.

Castillo aceptó que se usó el logotipo de la consulta popular 2018 pero eso fue para decir que la página estaba fuera de servicio, que aún no estaba activa.

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