La resolución de la Sala deja en prisión preventiva a Carlos Gilberto Solórzano Morales y a Yoni José Valenzuela Mejía mientras que a Génesis Daniela Alvarado Xoná se le restituye la medida sustitutiva porque en esa condición comenzó el juicio.

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Los magistrados Jaime Amílcar González Dávila, Sonia de la Paz Santizo y Edith Mariela Pérez Ordoñez emitieron el Fallo el 6 de noviembre último.

El Ministerio Público señala a los tres implicados de haber tenido una plaza fantasma en el Registro General Propiedad bajo el reglón 029 y que durante la vigencia de los contratos no se presentaron a trabajar en dicha institución, la cual estaba bajo la administración de Anabella De León.

El juez Carlos Rivera Clavería, del tribunal Segundo Unipersonal Penal, expuso en la diligencia de este 12 de diciembre, en la que se conoció la decisión de los magistrados, que el falló de la Sala Tercera de Apelaciones “anula la sentencia”, pero no ordena conocer irregularidades en el proceso que concedió o retiró medidas a los imputados antes de empezar la etapa del debate.

La Feci señaló en la audiencia que ambos implicados tienen “nexos con personas de alto perfil político”, porque Solórzano Morales y Valenzuela Mejía fueron detenidos en una casa de Manuel Baldizón el 20 de enero de 2018 en Villa Canales y que dos años antes se habían girado órdenes de captura en contra de ambos, pero no fueron encontrados en Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, donde residían.

Los fiscales argumentaron ante Rivera Clavería que tanto Solórzano Morales y Valenzuela Mejía debían seguir en prisión como cuando comenzó la fase del debate porque la condiciones de “obstaculización a la averiguación de la verdad” no cambiaron y el riesgo es latente.

Juicio anulado

En el juicio anulado, el juez Raúl Ramírez señaló que los tres implicados “tenían calidades de funcionarios públicos, ya que fueron adscritos a un contrato de carácter temporal, y que en dicho documento se le delegaban funciones a la prestación de un servicio público, el cual era remunerado con fondos públicos”.

En abril pasado, el Tribunal Segundo Unipersonal Penal condenó a Solórzano Morales, Alvarado Xoná y Valenzuela Mejía por ser autores de los delitos de peculado por sustracción y falsedad ideológica, después de dos semanas de juicio donde declararon 20 peritos y testigos y fueron presentadas cien pruebas documentales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

En total, Alvarado Xoná cobró Q205 mil 500, gracias a una plaza fantasma en Cobán, Alta Verapaz; Valenzuela Mejía devengó Q250 mil en la cabecera de Escuintla, y Solórzano Morales, Q82 mil en la cabecera de Jutiapa. Estos hechos ocurrieron entre 2012 y 2015.

“Es gravísimo lo que hicieron”, dijo el juez Raúl Ramírez cuando condenó a Solórzano Morales y Valenzuela Mejía, extrabajadores del excandidato presidencial Manuel Baldizón, y Alvarado Xoná por haber cobrado salarios sin ir a trabajar al Registro General de la Propiedad.

A Solórzano Morales y Alvarado Xoná se les impuso una pena de nueve años y tres meses de prisión inconmutables, y a Valenzuela Mejía, 10 años de cárcel inconmutables. Además, una multa de Q15 mil a cada uno.

El juez Raúl Ramírez inicia la lectura de la sentencia contra Carlos Gilberto Solórzano Morales y Yoni José Valenzuela Mejía, extrabajadores de Manuel Baldizón y Génesis Daniela Alvarado Xoná, por el caso #BotínRegistroPropiedad pic.twitter.com/dFKtQHsoYU

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) April 3, 2019

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La conclusión de Sammy Morales se refiere a que no hubo fraude

“Este juicio ya se va a terminar, pero estoy casi seguro de que les vamos a hacer falta”, bromeó el abogado Óscar Poroj. También pidió disculpas por algunos alegatos, los cuales calificó de fuertes, en el debate que ya tiene 111 audiencias desde que inició el 30 de agosto del 2017.

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El Tribunal Décimo Tercero, integrado por Edna Maxia, Jaime González y Juan Aceituno, rieron cuando escucharon las palabras del penalista en la Sala de audiencias de mayor capacidad, conocida como megasala.

Su conclusión la dividió en tres partes: Administrativo, técnico relacionado con el derecho y la situación por uno de los eventos que enfrenta debate su cliente.

Mientras argumentaba el abogado, Morales se le pudo observar en una orilla del lugar destinado a los acusados.

El señalamiento que tiene a Sammy Morales en el banquillo por fraude y lavado de dinero u otros activos es por dos eventos, supuestamente que no se realizaron, aunque el Registro General de la Propiedad sí pagó.

El Plan Operativo Anual (POA) centrado al pago de Q89 mil 975 por 40 desayunos, refacciones y almuerzos para los integrantes de la Comisión los días 27, 28 y 29 de noviembre del 2013. También el pago de 564 canastas navideñas para el personal.

Morales utilizó la empresa que dirige, Plus Espectáculos y Promociones, para remitir la factura.

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Ataca auditorías

Poroj explicó que el caso surgió por la denuncia que practicaron los auditores de la Contraloría General de Cuentas (CGC) Adolfo Álvarez, Ana Girón y Damaris Méndez, el 30 de noviembre del 2015. También en enero de 2016 con una ampliación.

El penalista explicó que los auditores remitieron sus informes. En uno se lee “copia simple” relacionado con unos documentos que revisaron que fueron enviados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci). “¿Por qué el fiscal del caso le envió copias simples? Eso es una falencia”, dijo.

“Señores jueces, acá no se presentó una denuncia por eso sino por un hallazgo tipo administrativo”, puntualizó Poroj para intentar desvirtuar el delito de fraude.

Después del receso del almuerzo recalcó en que si no existió fraude, tampoco el blanqueo de capitales.

El fiscal Carlos de León ya solicitó que Morales sea condenado a 11 años de prisión.

En este caso también enfrenta debate su sobrino, José Manuel Morales Marroquín, hijo del presidente Jimmy Morales. También está en el banquillo la exregistradora Anabella de León, supuestamente por haber avalado el contrato irregular de 16 personas que cobraron Q3 millones en salarios sin ir a trabajar al Registro y sus sedes.

#BotínRegistroPropiedad | Tribunal Décimo Tercero Penal escucha las conclusiones del acusado Sammy Morales en la Sala de audiencias de mayor capacidad, megasala.
El @MPguatemala ya solicitó imponer la pena de 11 años de prisión por fraude y lavado de dinero u otros activos. pic.twitter.com/IQCqMakkgP

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 15, 2019

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El abogado Iván Morales explicó en su argumentación relacionada con las conclusiones previo a la deliberación y lectura de la sentencia del caso Botín en el Registro de la Propiedad, que también tiene en el banquillo a Samuel Morales Cabrera, hermano del presidente Morales.

El defensor le recordó al Tribunal Décimo Tercero, presidido por Edna Maxia, que cuando sucedieron los hechos que están en la acusación del Ministerio Público (MP) su cliente “tenía 19 años”.

Además, especificó que al momento de enterarse de la situación regresó de Estados Unidos donde estudiaba.

“Señores jueces, se le pretende decir aquí que haber participado en dos eventos fue un artificio”, dijo Morales y mostró la acusación -que fue admitida por la jueza Silvia de León- en una pantalla.

Como punto central, el abogado de Morales Marroquín se refirió al delito de fraude y recordó que su cliente no es contratista del Estado.

La exnovia

También reprodujo un audio del perito Arturo Adolfo Álvarez Arrecis cuando explicó que no existió un contrato con los eventos de 564 desayunos para el personal del Registro General de la Propiedad -que dirigía Anabella de León, también acusada en este proceso- y las canastas navideñas que se entregaron en 2013 con diferentes productos.

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Como conclusión, el abogado dijo que “el Ministerio Público no es claro ni preciso” en el lugar y la fecha en que está involucrado en la supuesta estructura criminal. “Acá dice que, de noviembre a diciembre de 2013 en la ciudad de Guatemala del departamento de Guatemala, pero no dice qué zona”, se refirió.

El señalamiento contra el hijo mayor del mandatario es porque envió cotizaciones falsas para los eventos por los cuales el Registro pagó Q90 mil.

Los remitió en su correo electrónico a Abdy Andrea Orellana Estrada, quien era su novia. Sus exsuegros Abdi Sucely Estrada García y Mario Estuardo Orellana López enfrentan debate por esta causa y la Fiscalía ya solicitó que sean condenados a ocho y 14 años de prisión, respectivamente.

“No se acreditó quién es Abdy Andrea Orellana Estrada”, se refirió el abogado Morales.

Prensa Libre documentó el 22 de enero de 2017, cuando comparecieron Abdy Andrea Orellana Estrada y su madre Abdy Sucely Estrada García de Orellana en la Torre de Tribunales:

Sammy sigue la próxima semana

La Fiscalía estuvo en descuerdo por la ausencia de la acusada Anabella de León, quien asistió a una cita médica en el Seguro Social, según su abogado Carlos Rodas.

La próxima semana seguirá la defensa de Samuel Morales.

El caso se centra en las supuestas plazas irregulares que avaló De León para 16 personas que derivaron en el supuesto detrimento de Q3 millones. Además, en los eventos que salpican a los Morales.

Defensa de Morales Marroquín explica el delito de fraude. pic.twitter.com/hUd0RAmKKI

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 12, 2019

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“Mi alocución será extensa. Aproximadamente siete horas”, dijo el abogado Carlos Rodas, quien defiende a su mamá, la exdiputada del cancelado Partido Patriota (PP) y ex registradora general de la Propiedad,  Anabella De León.

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La defensa de la exfuncionaria intentó desvirtuar las pruebas de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) del aval de al menos 16 supuestas plazas fantasma en detrimento de Q3 millones.

“En 2012 es cuando inicia la acusación de los hechos por el Ministerio Público, el delito de peculado por sustracción no existía. De esa cuenta no se puede aplicar, de conformidad con nuestra Constitución, una ley con efectos retroactivos, únicamente cuando favorece al reo”, refirió el abogado Rodas.

Sus primeros minutos de las conclusiones se centraron en recordar a los jueces la reforma que hizo el Congreso el 30 de noviembre del 2012 al delito de peculado, con la Ley contra la Corrupción. Antes de la reforma se contemplaba la pena de tres años de prisión, y con la enmienda son de seis a 10 años de cárcel.

“De esa cuenta, comienzo con recordar el error del Ministerio Público en relación a los hechos”, dijo Rodas y también afirmó que la acusación carecía de las circunstancias de lugar del delito y que solo contenía que De León había firmado los contratos de las plazas irregulares.

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En la megasala

La etapa final del debate contra 25 acusados, entre ellos Samuel Morales Cabrera y José Manuel Morales Marroquín, hermano e hijo del presidente Jimmy Morales, suma ya 110 audiencias. El debate comenzó el 30 de agosto de 2017.

Los jueces escucharon también la defensa de la acusada Bianca Janeth Chacón Barillas en la sala de audiencias de mayor capacidad, conocida como megasala. Su abogado comentó que en la acusación se mencionó que tenía dos contratos y trabajaba de maestra, aunque dudó de las pruebas.

Fiscalía usó tres días

La semana pasada el fiscal Carlos de León expuso durante tres días las conclusiones del caso y recordó que los acusados cobraron salarios sin haber llegado a trabajar. Incluso, tenían puestos en otras entidades privadas y públicas.

Además, se refirió a los eventos por la compra de canastas navideñas, 564 desayunos y el montaje por el que el caso Botín en el Registro de la Propiedad salpica a los Morales.

Mañana seguirá la defensa de la exregistradora De León debido a lo extenso de su argumentación.

#BotínRegistroPropiedad | En la Sala de audiencias de mayor capacidad, megasala, finaliza sus conclusiones la defensa del acusado Edwin Ariel García Alvarado, quien fue el subjefe de Compras y adquisiciones en el Registro.
Es la audiencia 110 desde el inicio el 30.8.2017. pic.twitter.com/sKu3GNx8QQ

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 10, 2019

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El Tribunal Décimo Tercero Penal escuchó por segundo día consecutivo las conclusiones de los 25 acusados en el debate del caso Botín en el Registro de la Propiedad, que tiene como sindicados a Sammy Morales y a su sobrino José Manuel Morales, hermano e hijo del presidente Jimmy Morales, respectivamente.

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El turno fue para la defensa de Alma Verónica Barrios, ex subdirectora de Relaciones Públicas y Comunicación Social del Registro General de la Propiedad. Su abogado, Julio Leal, pegó un rotuló en la baranda de la Sala de audiencias de mayor capacidad, conocida como megasala, con un artículo del Código Penal.

El Artículo 388 que literalmente dice: “Sentencia y acusación. La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación y en el auto de apertura del juicio, o en su caso, en la ampliación de la acusación, salvo cuando favorezca al acusado”.

La referencia fue para desvirtuar la acusación del Ministerio Público (MP) que se centra en que la acusada Barrios fue quien solicitó las cotizaciones de los eventos, supuestamente anómalos, que están en la investigación que hizo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

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Además, se refirió a una prueba de grafotécnia donde hay documentos que llenó Barrios. “Ahí se menciona a Gustavo Adolfo Azurdia -prófugo- y no a mi clienta”, se refirió el defensor Leal.

Los jueces también escucharon las conclusiones del acusado Edwin Ariel García Alvarado, quien fue el subjefe de Compras y adquisiciones en el Registro. En su defensa rechazó que recibió correos de Abdy Andrea Orellana Estrada con las cotizaciones que hizo José Manuel Morales Marroquín para la compra de canastas navideñas en 2013.

La última defensa del día fue para Esperanza Josefina Castellanos Solís, representante del negocio el Rincón del Chef, a quien el Registro le adjudicó un evento por la compra de piernas y pavos, aunque no se entregaron, según la acusación.

El penalista Lester Escobar dijo que su representada compitió con otras dos empresas para el evento.

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En la audiencia fue reproducido unos minutos de la intervención de la perito de la Cicig, Katia Vargas Vega, del 9 de noviembre del 2017 cuando explicó que Carlos Enrique Barrios Pérez fue quien cobró el dinero por el evento en el Registro.

Sigue exregistradora

La defensa de la exdiputada y exregistradora Anabella de León anunció que su turno será el 10 de junio. Su abogado adelantó que se tomará más de seis horas para dar sus conclusiones.

#BotínRegistroPropiedad | La defensa de la acusada Esperanza Josefina Castellanos Solis inicia sus conclusiones. pic.twitter.com/Hqn20aQdm4

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 9, 2019

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El Tribunal Décimo Tercero comenzó ayer a escuchar a los defensores durante la audiencia 108 del juicio del caso Botín en el Registro de la Propiedad.

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La megasala fue apartada por los jueces Edna Maxia, Jaime González y Juan Aceituno durante toda la semana para las conclusiones.

La defensa de la acusada, Abdi Sucely Estrada García, pidió que declare su inocencia con el argumento de que jamás hubo vulneración de los controles internos.

Durante la argumentación se recortó la vulneración de una norma que no era exigible para la adquisición de canastas navideñas en 2013 para el personal.

Para desvirtuar la acusación de fraude en forma continuada por la que la semana pasada el fiscal Carlos de León solicitó imponer la pena de ocho años de prisión, la defensa recordó que existió un evento para la adjudicación de las canastas en la que participaron otras entidades las cuales, al igual que Estrada García, tampoco estaban inscritas en el Registro Mercantil.

“¿Qué se investigó? Si las demás entidades tampoco estaban inscritas en el Registro Mercantil. Se habló del precio sobrevalorado de los productos, pero eso lo debía haber dicho la Contraloría General de Cuentas”, expuso el defensor de Estrada García.

Después fue el turno de Mario Estuardo Orellana López, esposo de Estrada García, quien dijo que la acusación estuvo plagada de vicios.

Durante más de una hora la defensa expuso supuestas fallas para desvirtuar los delitos de fraude en forma continuada y lavado de dinero u otros activos. La Fiscalía solicitó imponer la pena de 14 años de cárcel y el pago de Q179 mil 975 como multa.

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Seguirá esta semana

El Tribunal suspendió la discusión de las conclusiones, aunque explicó que seguirán durante la semana.

Se prevé que expongan tres o cuatro abogados por día. Los jueces indicaron que cada abogado puede tomarse el tiempo que sea necesario debido a que se presentaron cientos de pruebas y fueron escuchados más de 80 testigos y peritos desde el 30 de agosto del 2017.

La exdiputada y extitular del Registro General de la Propiedad, Anabella de León, adelantó que su defensa será de más de cinco horas.

Los Morales

Samuel Morales, hermano del presidente Jimmy Morales,  José Manuel Morales, hijo del mandatario,  esperan su turno para las conclusiones, aunque han evitado adelantar los argumentos.

El Tribunal Décimo Tercero Penal escucha las conclusiones de los primeros defensores en la Sala de audiencias de mayor capacidad, megasala, en el debate del caso #BotínRegistroPropiedad. pic.twitter.com/GzSlFEqMnd

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 8, 2019

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Mientras que, para el hermano del mandatario la Fiscalía solicitó se le condene por fraude y lavado de dinero. Para Samuel Morales el MP también pide una multa de Q179 mil.

Para Gladys Anabella de León Ruiz, el MP solicitó 7 años y 6 meses años de prisión aumentada en una tercera parte por ser delito continuado, es decir en total 10 años de prisión inconmutables, multa de Q50 mil e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el término de 6 años por el delito de peculado por sustracción en forma continuada.

Este caso de corrupción se registró en el Registro de la Propiedad cuando la institución estaba al mando de De León.

Argumentación

Después de tres días de conclusiones en la Sala de audiencias de mayor capacidad, conocida como megasala, De León finalizó al solicitar las penas mínimas para los acusados, aunque como el delito es en forma continuada, recalcó que se imponga la condena aumentada en la tercera parte.

“Honorable tribunal, los acusados son responsables de los delitos como autores, sustrayendo y permitiendo que se sustrajeran fondos públicos. El actuar de los funcionarios en contubernio con particulares es lo que se les reprocha”, explicó el fiscal.

Un detalle de la pena que solicitó el fiscal para los acusados es que los años de prisión no sean conmutables, es decir, que no se pueda pagar un monto por cada año si son culpables.

Al final recalcó el prefacio de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig): “La corrupción socava las instituciones, la democracia y el estado de Derecho. Este fenómeno se da en todos los países, pero sus efectos son devastadores en el desarrollo”.

De León añadió: “La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión”.

“Está en sus manos señores juzgadores impartir justicia”, concluyó el fiscal.

Solo Sammy Morales se pronunció respecto a la petición que hizo el fiscal durante la audiencia 108 desde que comenzó el debate el 30 de agosto del 2017. “¿Qué puedo decir? Me he convertido en el mejor producto de mercadeo del Ministerio Público y de la Feci. El fiscal tiene el derecho constitucional de petición”, dijo.

Detalles del caso

La acusación está centrada en 16 plazas fantasma que supuestamente avaló la exregistradora Anabella De León que llevaron al desvío de Q3 millones, 374 mil 197.73. Además, a eventos anómalos donde el Registro General de la Propiedad pagó por servicios que no se prestaron, entre ellos el pago de 564 desayunos y canastas navideñas para los empleados en 2013..

Según el MP, la canasta que recibieron los empleados de la referida institución tenía 11 productos y fue cotizada en Q159.50, según la investigación. No obstante, el Registro pagó Q269 mil 933 a través de tres facturas por 564 canastas, lo que significa que cada una costó Q478.60, más de tres veces el precio comercial.

Según la investigación, Samuel Morales está señalado por la factura de Plus Espectáculos y Promociones, S. A., por Q89 mil 975, pagados por el Registro. Para ello, la empresa simuló un evento de alimentos para 40 personas, de tres tiempos de comida, por tres días, que habrían sido servidos durante la elaboración de un “proyecto de plan operativo anual”, pero en realidad cubría el costo de las canastas, según el expediente.

La investigación determinó que el Registro también pagó a Fulanos y Menganos Q90 mil por 564 desayunos que no fueron servidos, cantidad que coincide con el número de canastas.

Otra factura de Plus Espectáculos por Q89 mil 958, detalla la compra de las canastas que fueron entregadas por Abdy Estrada García, madre de la exnovia de José Manuel Morales Marroquín.

El fiscal argumenta los hechos relacionados con el supuesto lavado de dinero u otros activos pic.twitter.com/acCGuy5HFm

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 5, 2019

Otros implicados en el caso

El MP también solicitó condenas para los demás implicados

• Samantha Marisol Mejía Salguero, pidieron 10 años de pena.
• Gabriela María Caridi Canet, requirieron prisión de 6.8 años.
• Miriam Estela Hernández Cisneros, solicitaron pena de 6.8 años.
• Oscar Raul Alecio del Cid, requirieron condena de 6.8 años.
• Edwin Ariel García Alvarado, pidieron prisión de 6.8 años.
• Donald Joseph Byrne Mulet, solicitaron pena de 6.8 años.
• Alma Verónica Barrios Moreno, requirieron condena de 6.8 años.
• Esperanza Josefina Castellanos Solís, pidieron prisión de cinco años.
• Otto Waldemar Flores Villeda, solicitaron  cárcel de 10 años.
• Jennifer Alejandra Flores Villeda, requirieron ocho años de prisión.
• Blanca Elizabeth Amaya Morales, pidieron condena de ocho años.
• José Manuel Amaya Morales, solicitaron cárcel de ocho años.
• Selvin Alexander Aquino Flores, requirieron prisión de ocho años.
• Oscar Alberto Aquino Flores, pidieron ocho años de cárcel.
• Randy Paul Gómez Pérez, solicitaron pena de ocho años.
• William Enrique Valdez Segura, requirieron ocho años de condena.
• Ernesto Suray Vásquez, pidieron prisión de 6.8 años.
• Heidy Roxana Pirir Ramos, solicitaron ocho años de cárcel.
• Bianca Yaneth Chacón Barillas, requirieron 1 año y ocho meses de prisión.
• Patricia Nohemí Chacón Cabrera, pidieron cárcel de ocho años.
• Mario Estuardo Orellana López, solicitaron ocho años de prisión.
• Abdi Sucely Estrada García, requirieron ocho años de cárcel.

Lo que sigue

La próxima semana será el turno de la Procuraduría General de la Nacion (PGN), después será el turno de los defensores. Se espera que expongan durante toda la semana previo a que los jueces les otorguen la última palabra a los 25 acusados y se retiren a deliberar y luego la lectura de la sentencia.

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El Tribunal Décimo Tercero Penal escuchó la exposición del fiscal Carlos de León, en la Sala de audiencias de mayor capacidad, conocida como megasala, en la que emitió las conclusiones del debate contra varias personas, incluidos los parientes del mandatario y la exregistradora de la Propiedad Anabella de León.

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En la audiencia 107, desde que comenzó el juicio el 30 de agosto del 2017, los jueces Edna Maxia, Jaime González y Juan Aceituno anotaban algunos detalles que expuso el fiscal relacionados con los familiares del presidente de la República.

De León finalizó su exposición durante la mañana con las plazas fantasma que otorgó la exdiputada y exregistradora Anabella de León, acusada en este caso.

Después de un receso de 30 minutos, el fiscal argumentó los eventos documentados en la investigación efectuada junto con personal de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

El primer evento comprende los 564 desayunos que pagó el Registro General de la Propiedad a la empresa Carnes y Ensaladas (Fulanos y Menganos, del amigo del gobernante y diputado del Parlamento Centroamericano, Gilmar Othmar Sánchez Herrera).

“En este debate se probó que José Manuel Morales Marroquín envió correos electrónicos a su novia Abdy Andrea Orellana Estrada sobre dos eventos falsos, ofertas falsas honorable tribunal, para la adjudicación de un evento de forma anómala”, dijo el fiscal.

Después, el representante del Ministerio Público proyectó en una pantalla las pruebas de los correos enviados desde la cuenta josemorales1602@gmail.com con las ofertas.

Las propuestas estaban designadas como “Espectacular” con el nombre de Manuel Marroquín y “JM3” que tenía escrito José Manuel Morales, para ofertar por los desayunos para el personal por Q102 mil y Q109 mil, respectivamente.

“Como la oferta menor era la de Fulanos y Menganos, por Q90 mil, casualmente el monto máximo de una compra directa, a esa entidad fue adjudicado”, explicó el fiscal.

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Conclusión

“Se engañó para defraudar al Estado, las ofertas fueron para simular que eran entidades distintas, pero los teléfonos eran de la misma persona. Acá se probó que hubo una defraudación al Estado”, concluyó De León.

El segundo evento fue el Plan Operativo Anual (POA) en el Registro que salpica a Samuel Morales.

El fiscal recordó que Morales fue acusado por la factura de Plus Espectáculos y Promociones, S. A., por Q89 mil 975, pagados por el Registro. Para ello, la empresa simuló un evento de alimentos para 40 personas, de tres tiempos de comida, por tres días, que habrían sido servidos durante la elaboración del POA, pero en realidad cubría el costo de las canastas.

Samuel Morales, en juicio por fraude en forma continuada y lavado de dinero u otros activos, anotó algunos detalles en una libreta y siguió atento la conclusión del fiscal.

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Canastas

Hoy, 5 de julio, el fiscal De León continúa con las conclusiones y adelantó que seguirá con la exposición del último evento relacionado con la adquisición de canastas navideñas donde están involucrados Abdy Sucely Estrada y su esposo, Mario Orellana López.

Después hará un análisis de cada delito, previo a solicitar las penas de prisión, lo que se espera ocurra en la tarde.

#BotínRegistroPropiedad | En la Sala de audiencias de mayor capacidad, megasala, se desarrolla el segundo día de conclusiones.
El fiscal Carlos de León explica las pruebas que se conocieron en el debate donde están acusados Sammy Morales y su sobrino José Manuel Morales. pic.twitter.com/PF5QOBAjee

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 4, 2019

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“Así como hay un proceso penal, hay un proceso constitucional. Este Tribunal analizó el incidente y determinó que la autoridad impugnada es la Sala Tercera de Apelaciones Penal. En consecuencia, el auto de procesamiento está incólume -que no ha sufrido daños-”, explicó la jueza Edna Maxia.

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De esta forma el Tribunal Décimo Tercero Penal rechazó la acción de Samuel Everardo “Sammy” Morales quien había intentado suspender el juicio del caso Botín en el Registro General de la Propiedad que ya suma 103 audiencias y está en la etapa final.

“Al no ser la autoridad denunciada, no existe referencia para darle cumplimiento. No somos la autoridad denunciada”, recalcó la juzgadora Maxia.

El acusado Morales evitó pronunciarse y durante la resolución solo se le observó atento a lo que manifestó la jueza.

El recurso fue planteado el viernes recién pasado por el abogado Óscar Poroj. La acción sorprendió a los abogados. Algunos recordaron que el juicio comenzó el 30 de agosto del 2017 y ya fueron escuchados 88 testigos y peritos.

Poroj explicó que se trata en un amparo que fue notificado por la Corte de Constitucionalidad (CC) el 2 de agosto del 2018. En el acto reclamado la máxima corte del país le ordena a la Sala Tercera Penal que vuelva a fundamentar los argumentos relacionados en haber procesado por lavado de dinero u otros activos al hermano del gobernante, quien también enfrenta debate por fraude.

La acción se centró a que la jueza Silvia de León procesó solo por fraude a Morales y en una apelación la Sala también lo procesó por blanqueo de capitales.

Después de la resolución los defensores le pidieron al Tribunal que fundamenta bien la resolución y de nuevo los jueces rechazaron la acción de Morales. Además, recordaron que están en la fase final del juicio.

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Anabella rompe el silencio

La exdiputada del cancelado Partido Patriota (PP) y extitular del Registro General de la Propiedad, Anabella de León, rompió el silencio y declaró que “no hubo dolo” para rechazar la acusación del Ministerio Público (MP) por haber autorizado supuestas plazas fantasma.

En su defensa recordó las Normas generales de control interno. “Para las contrataciones se delegó. A mí no me correspondía -autorizar las plazas 0-29- eran más de 600 personas, era imposible que lo hiciera”, dijo De León.

La investigación

Durante el debate el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentaron pruebas de las supuestas plazas fantasma que otorgó De León.

Además, según el MP, Samuel Morales está señalado por la factura de Plus Espectáculos y Promociones, S.A., por Q89 mil 975, pagados por el Registro. Para ello, la empresa simuló un evento de alimentos.

La investigación determinó que el Registro también pagó a Fulanos y Menganos Q90 mil por 564 desayunos que no fueron servidos, cantidad que coincide con el número de canastas.

Otra factura de Plus Espectáculos por Q89 mil 958, detalla la compra de las canastas que fueron entregadas por Abdy Estrada García, madre de la exnovia de José Manuel Morales Marroquín, el hijo del presidente Morales.

#BotínRegistroPropiedad | Tribunal Décimo Tercero Penal rechaza la acción del acusado Sammy Morales que intentaba suspender el debate o ser separado centrado a un amparo que fue notificado por la @CC_Guatemala.
"No es procedente. Se estaría retrasando el proceso". pic.twitter.com/HPBwekmHN1

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) June 24, 2019

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La etapa final del juicio contra 25 acusados se podría suspender debido al recurso de actividad procesal defectuosa de Sammy Morales.

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El Tribunal Décimo Tercero Penal, integrado por Edna Maxia, Jaime González y Juan Aceituno, admitieron la acción penal.

El recurso sorprendió a los abogados esta tarde durante la audiencia 102 desde que comenzó el juicio el 30 de agosto del 2017 cuando ya fueron escuchados 88 testigos y peritos.

Los jueces ya habían evitado admitir las pruebas nuevas de la Fiscalía y los defensores y le dieron trámite al recurso de Morales.

El abogado Óscar Poroj explicó que se trata en un amparo que fue notificado por la Corte de Constitucionalidad (CC) el 2 de agosto del 2018.

En el acto reclamado la máxima corte del país le ordena a la Sala Tercera de Apelaciones Penal que vuelva a fundamentar los argumentos relacionados en haber procesado por lavado de dinero u otros activos al hermano del gobernante, quien también enfrenta debate por fraude.

La acción se centró a que la jueza Silvia de León procesó solo por fraude a Morales y posterior a ello, en una apelación, la Sala también lo hizo por blanqueo de capitales.

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Fiscal se opone

Carlos de León, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), explicó que desde que la defensa supo del amparo, el año pasado, han transcurrido 34 audiencias.

Además, el fiscal recordó que ya fueron incorporados 100 documentos probatorios relacionados con las entidades Plus Espectáculos y Promociones, S.A., y Carnes y Ensaladas, S.A., por el pago de desayunos y canastas navideñas en 2013 que salpican a Morales y a su sobrino José Manuel Morales Marroquín, hijo del mandatario Jimmy Morales Cabrera.

“Es un detrimento a la seguridad, no solo a la seguridad por la vida de las personas, sino a la seguridad jurídica debido a que este debate ya está en la etapa final”, recalcó el fiscal De León.

También recordó que una vez iniciado el debate no se puede suspender por más de 10 días.

Defensa a la espera

Los abogados de los acusados solo solicitaron que la resolución del Tribunal sea apegada a derecho y evitaron pronunciarse.

Los jueces deliberarán durante el fin de semana y el próximo lunes notificarán si se suspende el debate del caso Botín o Sammy Morales es apartado.

El caso

Durante el debate el MP y la Cicig presentaron pruebas de las supuestas plazas fantasma que otorgó la exregistradora Anabella de León.

Según el MP, Samuel Morales, hermano del presidente Jimmy Morales, está señalado por la factura de Plus Espectáculos y Promociones, S.A., por Q89 mil 975, pagados por el Registro. Para ello, la empresa simuló un evento de alimentos.

La investigación determinó que el Registro también pagó a Fulanos y Menganos Q90 mil por 564 desayunos que no fueron servidos, cantidad que coincide con el número de canastas.

Otra factura de Plus Espectáculos por Q89 mil 958, detalla la compra de las canastas que fueron entregadas por Abdy Estrada García, madre de la exnovia de José Manuel Morales Marroquín, el hijo del presidente Morales.

#BotínRegistroPropiedad | Tribunal Décimo Tercero Penal, que preside Edna Maxia, admite un incidente del acusado Sammy Morales centrado la suspensión del debate por un amparo que fue avalado por la Corte de Constitucionalidad y notificado el jueves recién pasado al @MPguatemala. pic.twitter.com/caEKBld57O

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) June 21, 2019

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El Tribunal Décimo Tercero Penal escuchó a las partes para incorporar pruebas nuevas, surgidas durante el debate que inició el 30 de agosto del 2017.

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Al comienzo de la audiencia, los jueces Edna Maxia, Jaime González y Juan Aceituno, rechazaron una acción de Sammy Morales para detener la incorporación de pruebas con el argumento que aún está en discusión un amparo relacionado a los delitos por los que enfrenta el debate: fraude y lavado de dinero u otros activos.

El fiscal Carlos de León entregó una hoja con el resumen de las pruebas a cada abogado y acusado. Al tribunal le explicó que las pruebas surgieron con la discusión del debate que ya suma 101 audiencias y está previo a la etapa de las conclusiones y el fallo.

Una de las pruebas es la sentencia del 3 de abril pasado contra Carlos Gilberto Solórzano Morales y Yoni José Valenzuela Mejía, extrabajadores del excandidato presidencial, Manuel Baldizón, y Génesis Daniela Alvarado Xoná por haber cobrado salarios sin ir a trabajar al Registro General de la Propiedad.

Solórzano Morales y Alvarado Xoná purgan nueve años y tres meses de prisión, por falsedad ideológica y peculado por sustracción. Valenzuela Mejía, diez años de cárcel.

La sentencia confirma la tesis de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) relacionado con las plazas fantasma que otorgó la exregistradora Anabella de León, según la investigación.

El fiscal recordó que el juez Raúl Ramírez ordenó investigar a la exdiputada del extinto Partido Patriota (PP), De León, por los posibles delitos de peculado, peculado por sustracción y asociación ilícita.

La sentencia también ordena que Samantha Marisol Mejía Salguero y Gabriela María Caridi Canet sean investigadas por los posibles delitos de peculado, peculado por sustracción y asociación ilícita. Ambas ya enfrentan el juicio junto con De León.

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Colaboración eficaz

El fiscal también intenta que los jueces fijen fecha y hora para reproducir el testimonio, como colaboradora eficaz, de Bianca Yaneth Chacón Barillas, brindada en el Juzgado Sexto Penal el 5 de septiembre del 2017.

Ese relato no fue incluido en el debate por decisión del Tribunal debido a que había sido propuesto en medio de la revisión de las pruebas y la etapa de investigación ya había finalizado, por eso era improcedente.

Las otras pruebas de la Fiscalía son los oficios en donde especifica que los acusados Randy Paúl Gómez Pérez y William Enrique Valdés Segura -ambos en debate- carecían de acceso a informática y así confirmar que jamás llegaron a trabajar al Registro General de la Propiedad.

También un oficio que confirma que no se realizó la actividad Plan operativo anual de 2014, un oficio del entonces ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, que detalla la naturaleza de los fondos del Registro.

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La defensa

Solo los acusados Mejía Salguero y Caridi Canet plantearon la incorporación de pruebas nuevas. La acusada Chacón Barillas pidió que sea aceptada su colaboración eficaz, aunque el Tribunal ya resolvió que su declaración es improcedente el año pasado.

Caridi Canet propuso un memorándum del control de empleados en el Registro como su defensa y Mejía Salguero, a través de su abogado Óscar Colindres, documentos periciales para que los jueces avalen que los fondos de la entidad no son públicos sino de aportes privados, tal como lo declaró el testigo Salvador Francisco Lozano durante el debate.

Los Morales, así como la exregistradora De León no propusieron pruebas.

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En discusión

El Tribunal otorgó la palabra al fiscal De León, quien se opuso a las pruebas de la defensa, que tendrá la oportunidad de argumentar mañana.

Después de escuchar los alegatos, será decisión del Tribunal si acepta o no la incorporación de pruebas nuevas.

Los acusados Anabella de León, Sammy y su sobrino José Manuel Morales no tienen pruebas nuevas. pic.twitter.com/8tAMdfFvDy

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) June 19, 2019

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El fiscal Carlos de León expuso los últimos documentos para sustentar la acusación contra Blanca Elizabeth Amaya Morales, quien devengó Q8 mil mensuales en el Registro General de la Propiedad sin haber llegado a trabajar en 2012.

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Se trató de las facturas relacionadas a que sí cobró por el cargo de auxiliar a los abogados y los informes que presentó ante la entidad. El monto de lo que cobró fue Q178 mil informó el fiscal De León, aunque jamás llegó a trabajar.

En este caso el fiscal recordó la contratación de familiares que hizo la exlegisladora de cancelado Partido Patriota (PP), Anabella de León, quien dirigió el Registro y enfrenta debate.

Otto Waldemar es hermano de Jennifer Alejandra Flores Villeda; Amaya Morales es conviviente de Otto Waldemar; José Manuel Amaya Morales es hermano de la conviviente de Otto Waldemar; Selvin Alexánder Aquino Flores y Óscar Alberto Aquino Flores son primos de los hermanos Flores Villeda; Bianca Yaneth Chacón Barillas y Patricia Nohemí Chacón Cabrera son esposas o convivientes de otros dos hermanos Flores Villeda, señala la pesquisa del Ministerio Público (MP).

Las pruebas de la defensa

El abogado Óscar Colindres fue el último que expuso y llevó sus pruebas documentales para desvirtuar la acusación a su clienta Samantha Marisol Mejía Salguero, quien ejerció el cargo de directora de Recursos Humanos en el Registro.

“Las pruebas fueron en relación a los informes laborales que fueron firmados por la auditoría”, explicó el penalista Colindres. El Tribunal explicó que son documentos pertinentes a los informes generales y los aceptó.

Lo que sigue

El Tribunal finalizó la recepción de pruebas documentales en este debate que inició el 31 de agosto del 2017.

El próximo mes serán citados los abogados y los implicados para la audiencia en donde las partes explicarán si cuentan con pruebas nuevas. De ser así, se discutirán si son pertinentes para ser incluidas en el debate. En esta fase los jueces le otorgarán la palabra a cada abogado para argumentar. Puede durar dos o tres audiencias el próximo mes.

Después será la etapa de las conclusiones previo a que cada acusado explique su última palabra previo a la deliberación y la lectura de la sentencia.

Con las últimas pruebas sumaron 84 testigos y ocho peritos que declararon desde que inició el debate.

Según la investigación, Sammy Morales está señalado por la factura de Plus Espectáculos y Promociones, S. A., por Q89 mil 975, pagados por el Registro. Para ello, la empresa simuló un evento de alimentos para 40 personas, de tres tiempos de comida, por tres días, que habrían sido servidos durante la elaboración de un “proyecto de plan operativo anual”, pero en realidad cubría el costo de las canastas, según el expediente.

La investigación determinó que el Registro también pagó a Fulanos y Menganos Q90 mil por 564 desayunos que no fueron servidos, cantidad que coincide con el número de canastas.

Otra factura de Plus Espectáculos por Q89 mil 958, detalla la compra de las canastas que fueron entregadas por Abdy Estrada García, madre de la exnovia de José Manuel Morales Marroquín.

#BotínRegistroPropiedad | En el Tribunal Décimo Tercero Penal se presentan las últimas pruebas documentales de la defensa y la Fiscalía.
En este juicio están acusados Samuel y su sobrino José Manuel Morales, hermano e hijo del presidente Jimmy Morales. pic.twitter.com/lwevCx2XlI

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) May 28, 2019

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El Tribunal Décimo Tercero Penal, que preside Edna Maxia, detuvo la declaración de la testigo Mirna Lubeth Valenzuela, exintegrante de la Comisión Nacional Registral, que fue propuesta por Samuel Morales, hermano del presidente Jimmy Morales, quien está en el banquillo de los acusados en el caso Botín en el Registro de la Propiedad.

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Durante el debate la jueza Maxia explicó que había una vista pública en la Sala Tercera de Apelaciones Penal, relacionada con la separación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Todos los abogados y algunos enjuiciados se trasladaron a la Sala para escuchar los alegatos. El fiscal Carlos de León explicó a los magistrados Jaime González, Zonia de la Paz Santizo y Edith Pérez que su comparecencia se centra a un amparo interpuesto después que el Tribunal separó al ente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 17 de enero pasado.

La argumentación se centró a que en ese mes se conoció la decisión del mandatario Morales de finalizar, de forma unilateral, el mandato de la Cicig. Entonces, la representante envió una excusa que fue entregada en la Torre de Tribunales después del horario ordinario un día antes de la reanudación del juicio. Entonces un notificador acudió con 21 minutos de retraso al Tribunal y esto provocó que la comisión fuera separada.

Amanda Trejo, mandataria de la Cicig, les explicó a los magistrados que tienen la representación definitiva desde mayo del 2017 para comparecer en el juicio, que comenzó el 30 de agosto del 2017.

Defensa se opone

La Sala también le brindó intervención a los defensores, cuyas peticiones se centraron en que sea confirmada la separación de la Cicig del juicio, tal como ya lo había resuelto el Tribunal.

Sala ya lo rechazó

El pasado 27 de febrero la misma Sala rechazó una apelación que interpuso la Cicig para volver a argumentar en el debate.

El argumento confirmó la resolución del Tribunal que preside Maxia debido a que la Cicig presentó excusa fuera de tiempo.

Los magistrados finalizaron de escuchar todos los argumentos a favor y en contra de la Cicig en el juicio y explicaron que iban a analizar los argumentos. Después, les notificarán su resolución, aunque sin especificar la fecha.

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En manos de los magistrados está la reincorporación de la Cicig en el debate. Si confirman la decisión del Tribunal de ser separados, la siguiente vía será la Corte Suprema de Justicia.

En la Sala Tercera de Apelaciones los representantes del @MPguatemala y la @CICIGgt argumentan que debe ser reincorporado el ente de la #ONU que fue separado del debate en el caso #BotínRegistroPropiedad pic.twitter.com/bPWTnowb8p

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) April 11, 2019

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Solórzano Morales y Alvarado Xoná deberán purgar nueve años y tres meses de prisión, por falsedad ideológica y peculado por sustracción. Valenzuela Mejía irá a diez años de cárcel. Los tres deberán pagar la multa de Q15 mil.

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El Tribunal Segundo Unipersonal Penal emitió el fallo después de dos semanas de juicio donde declararon 20 peritos y testigos, y fueron presentadas cien pruebas documentales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Lo conducente contra exregistradora

El juzgador Ramírez ordenó investigar a la exdiputada del extinto Partido Patriota (PP), Anabella de León, quien dirigió el Registro General de la Propiedad, por los posibles delitos de peculado, peculado por sustracción y asociación ilícita.

De León enfrenta juicio en el Tribunal Décimo Tercero Penal por peculado por sustracción y falsedad ideológica.

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La sentencia también ordena que Samantha Marisol Mejía Salguero y Gabriela María Caridi sean investigadas por los posibles delitos de peculado, peculado por sustracción y asociación ilícita. Ambas están en juicio junto con De León.

“Fue grave”

El juez Ramírez argumentó que los contratos laborales fueron las pruebas suficientes para llegar al fallo condenatorio. “Su contrato detalló que debían asesorar a los notarios, algo que era imposible que lo hicieran por sus profesiones, sin demeritarlas, que son perito contador y bachiller”.

“Es gravísimo lo que hicieron. Fue grave, sabían que no estaban capacitados y aún así cobraron los sueldos. Existió un grave daño al Estado”, sentenció el juez Ramírez.

Pruebas

El debate inició el 26 de marzo pasado. Rocío Lemus, de la Feci, junto con la representante de la Cicig, explicaron en el debate que el supuesto fraude fue de 2012 a 2015.

Las plazas en el Registro General de la Propiedad fueron avaladas por De León.

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En total, Alvarado Xoná cobró Q205 mil 500, gracias a una plaza fantasma en Cobán, Alta Verapaz; Valenzuela Mejía devengó Q250 mil en la cabecera de Escuintla, y Solórzano Morales, Q82 mil en la cabecera de Jutiapa.

A prisión

Alvarado Xoná gozaba de arresto domiciliario y el juez revocó ese beneficio y fue remitida a la cárcel Santa Teresa a cumplir con la pena.

El juez Raúl Ramírez inicia la lectura de la sentencia contra Carlos Gilberto Solórzano Morales y Yoni José Valenzuela Mejía, extrabajadores de Manuel Baldizón y Génesis Daniela Alvarado Xoná, por el caso #BotínRegistroPropiedad pic.twitter.com/dFKtQHsoYU

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) April 3, 2019

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La fiscal Cynthia Monterroso solicitó que los exinvestigadores rindieran su declaración desde las embajadas guatemaltecas en esos países, aprovechando las facilidades de la tecnología, pero no lo admitieron los jueces Edna Maxia, Jaime González y Juan Aceituno, por lo que hubo que renunciar a esa posibilidad.

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El Tribunal, en cambio, argumentó que lo solicitado era inoportuno porque no se presentó una certificación de que los exinvestigadores están fuera del país.

Los peritajes del chileno Francisco Javier Contreras Arellano, la uruguaya Andrea Carvallo Melo y los colombianos Arely Yuli Carreto Pineda y Erick Richard Cardona Marin ya fueron incluidos en las pruebas de este juicio.

Consultado Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, dijo: “En este caso ya habían sido diligenciados otros medios probatorios con los que se demostraban los hechos”.

Añadió: “Renunciar a los peritos de la Cicig o cualquier órgano de prueba se determina según el desarrollo de cada caso”.

El aporte de los exinvestigadores se centró en las supuestas plazas fantasma que avaló Anabella De León en el Registro General de la Propiedad y el informe financiero por los presuntos eventos anómalos de la compra de canastas navideñas en 2013 y el pago de desayunos para el personal, que fue acreditado con facturas que entregó José Manuel Morales, hijo del presidente Jimmy Morales, de la entidad Plus y Espectáculos y Promociones, S.A., de Samuel Morales, hermano del gobernante.

Se inicia la defensa

El Tribunal informó que escuchó el testimonio de 74 peritos y testigos desde que inició el debate el 30 de agosto del 2017, por lo que terminó la fase acusatoria del juicio.

Los jueces le dieron la intervención a la defensa para plantear a sus peritos y testigos de descargo. El primero en exponer fue Walter Salguero Lima, exauditor de la Contraloría General de Cuentas (CGC), propuesto por la defensa de Samuel Morales.

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En su intervención recordó que por orden del MP participó en el examen especial de auditoría en el Registro en 2014 junto con sus excompañeros Elia Marina Contreras, Francisco Pérez y Abigail Robledo.

Su testimonio fue interrumpido con cada pregunta debido a que fue propuesto como testigo y la defensa pretendía que le explicara al Tribunal aspectos técnicos de la auditoría.

Salguero Lima explicó los hallazgos de la factura 1438, de la empresa Plus y Espectáculos y Promociones, S. A., por el pago de las canastas navideñas.

El Tribunal incluso evitó que el testigo respondiera si al existir un hallazgo representa en una responsabilidad penal.

El debate seguirá la próxima semana con más pruebas de la defensa, que incluye a los Morales, a De León y otras 23 personas.

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Carlos Gilberto Solórzano Morales y Yoni José Valenzuela Mejía, quienes trabajaron para Manuel Baldizón, quien fue candidato presidencial en 2011 y 2015, y Genesis Daniela Alvarado Xoná enfrentan juicio por peculado por sustracción en forma continuada y falsedad ideológica.

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Rocío Lemus, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), junto con la representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) explicaron en el debate que el supuesto fraude fue de 2012 a 2015.

Tenían plazas en el Registro General de la Propiedad que fueron avaladas por Anabella de León, exdiputada y exjefa del Registro de la Propiedad, según la acusación.

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En total, Alvarado Xoná cobró Q205 mil 500, gracias a una plaza fantasma en Cobán, Alta Verapaz; Valenzuela Mejía devengó Q250 mil en la cabecera de Escuintla, y Solórzano Morales, Q82 mil en la cabecera de Jutiapa.

Durante el juicio declararán cuatro peritos y 22 testigos. Además, el caso tiene 100 documentos probatorios y un informe de la Cicig en cuanto a los estados de cuenta, los depósitos y perfil de los procesados.

Cuidaban casa de Baldizón

Solórzano Morales y Valenzuela Mejía cuidaban la mansión de Manuel Baldizón en Santa Elena Barillas, Villa Canales, cuando fue allanada por el Ministerio Público. Aunque el objetivo del operativo no eran ellos,  fueron detenidos porque estaban señalados de tener plazas fantasmas pagadas por el Registro General de la Propiedad.

Ambos estaban prófugos desde 2016 cuando se conoció el caso Botín en el Registro de la Propiedad que tiene en el banquillo a De León junto con Samuel y su sobrino José Manuel Morales, hermano e hijo del presidente Jimmy Morales.

La declaración de Bianca Yaneth Chacón Barillas, capturada y procesada por ese caso, reveló en el juicio que varias plazas fueron solicitadas y entregadas  a  Salvador Baldizón, hermano de Manuel Baldizón, excandidato presidencial por Libertad Democrática Renovada (Líder).

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Para la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) su relato es valioso debido a que trabajó en el Registro General de la Propiedad de 2011 a 2016 como analista.

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Específicamente, era para demostrar la existencia de tres plazas fantasma, de Heidi Roxana Pirir Ramos, Ernesto Suray Vásquez y Otto Waldemar Flores Villeda, que recibían sueldos de entre Q10 mil y Q20 mil.

Los defensores se opusieron al testimonio porque dudaban de la idoneidad del Alonso Suchité, debido a que ya fue vencida en debate por extorsión -fue detenida el 8 de diciembre del 2016-, aún así el Tribunal la escuchó para “llegar a la verdad” de los hechos.

El fiscal Carlos de León le mostró las fotografías de Pirir Ramos y le preguntó si alguna vez la había visto en las oficinas centrales del Registro o en la agencia Montúfar. “No la conozco. No la vi cuando trabajé en la agencia Montúfar”, dijo Alonso Suchité.

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A la testigo también le acercaron una fotografía de Suray Vásquez, quien debió haber trabajado en el archivo de duplicados. Su respuesta fue similar: “No lo conozco”.

Otro testimonio que escucharon los jueces fue del conserje Wilson Leonardo Cifuentes Aguilar, a quien le enseñaron una fotografía de Flores Villeda -quien fue ujier de Anabella de León cuando ella fue diputada-, y mencionó que jamás lo había visto.

Analista chileno vendrá al país

Francisco Javier Contreras Arellano, chileno exanalista de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), vendrá al país el próximo 11 de abril y brindará detalles de dos informes que sustentan la acusación.

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El mes pasado el Tribunal rechazó que Contreras Arellano junto con tres policías que laboraron para la Cicig brinden su testimonio por videoconferencia a lo que el fiscal De León optó para que el analista viaje al país.

Otros peritos que faltan por brindar su testimonio son la uruguaya Andrea Carvallo Melo y los colombianos Arely Yuli Carreto Pineda y Erick Richard Cardona Marin.

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Los juzgadores Edna Maxia, Jaime González y Juan Aceituno cuestionaron que el fiscal Carlos De León no aportó algún documento que sustenta que los exinvestigadores abandonaron el país en enero pasado, cuando el presidente Jimmy Morales Cabrera, de forma unilateral, anuló el convenio de la Cicig.

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“Su aporte a este caso es valioso debido a que se centra en el análisis financiero de los procesados, así como las plazas fantasma en el Registro General de la Propiedad”, mencionó el fiscal De León.

Se trata del chileno Francisco Javier Contreras Arellano, la chilena Andrea Carvallo Melo y los colombianos Arely Yuli Carreto Pineda y Erick Richard Cardona Marin.

El fiscal reconoció que el testimonio se debía realizar desde las sedes diplomáticas de Guatemala en los países de origen de los exagentes.

De León adelantó que pese a que el Tribunal rechazó su solicitud, volverá a solicitar que declaren cuando tenga los documentos.

En este debate están sindicados Samuel Morales Cabrera y su sobrino José Manuel Morales Marroquín, hermano e hijo del presidente, por fraude.

Testigo señala a amigo del presidente

Durante la audiencia este jueves, el testigo Julio Leonardo Díaz Mejía señaló que Gilmar Othmar Sánchez Herrera, diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen), le pidió llenar una factura por un evento inexistente.

Eso ocurrió “días antes” del 2 de diciembre de 2013, cuando él era cajero del restaurante Fulanos y Menganos. El monto de la factura fue de Q90 mil para el Registro de la Propiedad.

A las preguntas del fiscal acerca de la capacidad del restaurante para preparar 564 desayunos, el supuesto servicio que debía cubrir el restaurante, el testigo aseguró que no, porque solo había platos desechables cuando el evento en el Registro era tipo bufet.

“El aporte del testigo es valioso para la Fiscalía Especial contra la Impunidad debido a que confirma la existencia de la factura por Q90 mil y que el restaurante no tenía la capacidad para el evento. Además, según la investigación, jamás se realizó”, dijo De León.

Sánchez Herrera fue despojado de la inmunidad el 30 de noviembre del 2017 por la investigación de este caso. Desde esa fecha ha interpuesto acciones que han detenido el proceso, que ya está en el Juzgado Sexto Penal.

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Marroquín de Morales, quien no tiene derecho de antejuicio, es investigada por el Ministerio Público (MP) debido a unos cheques que le habría girado Sánchez a través de la empresa Corporación Fulanos y Menganos.

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Prensa Libre tuvo acceso a tres cheques. En uno, Marroquín de Morales recibió Q50 mil el 6 de mayo del 2015. En los otros cheques, Morales recibió, primero, Q50 mil, el 27 de junio de 2014 y el segundo, el mismo día que su esposa cobró uno, el 6 de mayo de 2015, también por Q50 mil. Hay un cuarto cheque que cobró Morales, por Q100 mil el 4 de diciembre del 2014, el cual publicó el diario elPeriódico.

El caso surge cuando Morales era candidato presidencial y secretario general de la agrupación política Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), en 2015, y habría recibido ese dinero para la campaña, el cual no fue reportado ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Uno de los principales financistas de la agrupación política fue Othmar Sánchez, quien aparentemente es el dueño del restaurante Fulanos y Menganos, aunque en documentos oficiales no lo es, pero tiene firma registrada.

La fiscal General, María Consuelo Porras, informó el viernes último que la Fiscalía contra la Corrupción ya abrió de oficio una investigación para determinar la procedencia del cheque que cobró Marroquín de Morales.

Esos cuatro cheques, que suman Q250 mil, habrían sido los aportes de Sánchez a la campaña de Morales, pero es algo que aún investiga la Fiscalía.

Un día después de que se hizo pública la apertura de la investigación, la esposa del presidente viajó a España por motivos personales, junto a dos de sus hijos, y regresará el 1 de marzo.

Sin explicar el motivo por el cual los Morales recibieron los cheques, la Presidencia de la República expresó respeto a la institucionalidad y al debido proceso.

“Nosotros estaremos atentos al curso de la investigación y reiteramos nuestra confianza en la objetividad e imparcialidad del ente investigador en la aplicación de la justicia en nuestro país”, dijo el viernes Alfredo Brito, portavoz presidencial y secretario de Comunicación.

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Consultado este lunes, Stuardo Campo, jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, indicó que tenía una investigación que se abrió de oficio en el 2016, en la que se busca determinar si hubo alguna irregularidad o alguna operación fraudulenta en las contrataciones públicas que realizó la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia con la entidad Corporación Fulanos y Menganos.

En 2014, Sánchez era concejal en la Municipalidad de Mixco, cuyo alcalde era Otto Pérez Leal, hijo del entonces presidente Otto Pérez Molina. Fue en ese contexto que Fulanos y Menganos recibió dos proyectos, por Q17 millones y el otro por más de Q1.5 millones, para servir alimentos en los centros juveniles de privación de libertad a cargo de esa secretaría.

“Los avances de la investigación son bastante significativos, ya que contamos con bastante documentación que está siendo de analizada. Con los cheques se abre una nueva linea de investigación para determinar si hay una vinculación con los contratos que en su momento beneficiaron a la empresa”, dijo Campo.

El fiscal añadió: “Es necesario y para actuar con objetividad e imparcialidad tenemos la obligación de profundizar sobre estos extremos, debemos dar seguimiento a la ruta del dinero, tenemos que realizar los análisis financieros y contables, y tendremos que establecer si existe una justificación en la emisión de estos cheques”.

Según Campo, en el transcurso de la semana ya se estará requiriendo la documentación donde corresponda. “Tendremos que solicitar información a los bancos del sistema, en aras de realizar una investigación objetiva. No podemos asegurar en este momento que el dinero proveniente de los contratos haya sido para financiar la campaña de FCN-Nación, pero eso se va a determinar”, dijo el fiscal.

¿Quién es?

Hilda Patricia Marroquín Argueta de Morales nació el 25 de julio de 1971. Estudió en el Colegio Comercial Guatemalteco. Se casó con Morales Cabrera en 1989 con quien tiene tres hijos.

Desde 2016, cuando comenzó la gestión gubernamental de su esposo, ha tenido poca presencia mediática.

Familia investigada

Ya son varios los miembros de la familia Morales que están bajo la lupa de la justicia.

El primer caso que ocurrió desde el inicio de la gestión de Morales fue el procesamiento de su hijo José Manuel Morales por el caso Botín en el Registro de la Propiedad. En este proceso está siendo juzgado Samuel Morales, hermano de Jimmy Morales, y quien ya fue nominado a diputados por el partido Frente de Convergencia Nacional por el distrito central para las elecciones de junio próximo.

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El presidente Jimmy Morales también ha librado dos procesos para el retiro de inmunidad, gracias a que el Congreso rechazó las solicitudes que planteó el MP.

Pero el 11 de septiembre de ese año, el Congreso no dio sus votos para que Morales perdiera la inmunidad.

En 2018, el 10 de agosto, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) volvió a presentar una solicitud para retirarle la inmunidad a Morales por el mismo delito de financiamiento electoral ilícito, pero esta vez por un monto de Q7.9 millones. Los montos nunca fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral.

Pero en el Congreso se repitió la historia. El oficialismo y aliados negaron sus votos el 16 de octubre y de esa forma protegió al mandatario, quien para esa fecha ya había reclamado en la asamblea general de la ONU que la Cicig se volvió una amenaza para la paz de Guatemala.

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