Gladys Annabella Morfín Mansilla: quién es la magistrada que Bernardo Arévalo designó como titular para la CC

La nueva magistrada titular de la CC es profesional del derecho con amplia trayectoria en el ámbito público, académico y profesional.

Julio Román y César Pérez Marroquín

12 de marzo de 2026

|

12:58h

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Gladys Annabella Morfín Mansilla, cuando era jefa de la PGN. ( Foto Prensa Libre: HemerotecaPL)

La noche del pasado miércoles 11 de marzo, el presidente Bernardo Arévalo designó a Gladys Annabella Morfín Mansilla como magistrada titular ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

Junto a Morfín, Arévalo desingó a María Magdalena Jocholá Tujal como magistrada suplente ante esa corte.

El anuncio fue hecho por el mandatario por medio de un video publicado en sus redes sociales y las del Gobierno y se señala que ambas profesionales cumplen con los requisitos de capacidad, idoneidad, honradez y honorabilidad que exige la Constitución para integrar el máximo tribunal constitucional.

El gobernante afirmó que la decisión busca fortalecer el sistema de justicia y garantizar una institucionalidad basada en la ética, la transparencia y el Estado de derecho.

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También señaló que las designaciones responden al mandato de transformación que, según indicó, recibió del pueblo de Guatemala y que pretende impulsar cambios en la administración de justicia.

Arévalo expresó su confianza en que Morfín y Jocholá estarán a la altura del momento que vive el país y contribuirán a proteger la Constitución.

Quién es Annabella Morfín

Será magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad para el período 2026-2031, y será la primera en presidir esa alta corte.

Es profesional del derecho con amplia trayectoria en el ámbito público, académico y profesional, en materias relacionadas con derecho constitucional, laboral, derechos humanos, desarrollo social, derecho mercantil y notarial.

Es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notaria por la Universidad de San Carlos de Guatemala, y cuenta con estudios de posgrado en la Universidad Rafael Landívar.

Entre los cargos más relevantes que ha ocupado destacan el de ministra de Trabajo y Previsión Social (1993-1996) y procuradora general de la Nación (2016-2018), durante el gobierno de Jimmy Morales.

También ha ejercido la docencia en universidades nacionales y extranjeras, y ha brindado asesoría jurídica y consultoría en derecho constitucional, litigio constitucional, litigio contencioso administrativo y derecho internacional.

Ha sido fundadora de organizaciones jurídicas y de defensa institucional, entre ellas el Instituto de Derecho Mercantil, la Asociación de Abogados por los Derechos Humanos y el Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), entidad que también presidió en distintos períodos.

También fue vice Presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y Presidenta del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, fue asesora del Procurador de los Derechos Humanos.

Consuelo Porras entrega su expediente para aspirar a magistrada a la CC por parte del Consejo Superior Universitario

La fiscal general Consuelo Porras entrega expediente para participar en proceso de elección a magistrada de la CC.

Óscar García, Douglas Cuevas y Oscar Vásquez

6 de febrero de 2026 | 08:22h

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María Consuelo Porras, actual fiscal general del Ministerio Público, presentó este viernes 6 de febrero su expediente para optar al cargo de magistrada titular o suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), en representación del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos (Usac).

Un video muestra el momento en que la funcionaria entregó los documentos en la Secretaría General de la Rectoría de la Usac. La fiscal presentó el expediente para aspirar a una magistratura, tanto para titular como para suplente.

Con la postulación de Porras, la Usac suma seis expedientes recibidos.

En declaraciones a la prensa este viernes, Porras indicó que su motivación para participar es contribuir a una correcta aplicación de la ley en beneficio de la población guatemalteca.

EN ESTE MOMENTO

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Según explicó, el orden de un país se refleja en la aplicación adecuada y oportuna de las leyes. Afirmó que busca servir al país “en una forma transparente, honrada y fundamentalmente profesional”.

Cuando le preguntaron por qué se postula por la Usac y si existe alguna afinidad con el rector Walter Mazariegos, Porras respondió: Realmente estoy presentando acá es porque soy docente desde hace 25 años; consecuentemente, aprecio y respeto mi casa de estudios. He sido docente por oposición. Eso es lo que realmente me motiva.

Otra pregunta fue si los funcionarios que están por dejar el cargo buscarían continuidad en ciertos puestos para garantizarse inmunidad. Ella respondió que los comentarios tienden a no ser positivos y que se debe actuar con la verdad.

“Yo no estimaría que realmente estén buscando la continuidad; sencillamente, somos profesionales con las calidades que, por los años de conocimiento, experiencia y servicio en favor de la justicia de nuestro país, somos los más indicados para participar, definitivamente”, afirmó.

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Respecto de las denuncias presentadas en 2022 en el Ministerio Público por la elección de rector de la Usac, y si su actual postulación por esa casa de estudios podría representar un conflicto de intereses, Porras aseguró que siempre actúa de forma “autónoma e independiente de cualquier situación; no hay ningún conflicto de interés”, pues, según dijo, ha habido “transparencia, objetividad y legalidad” en su ejercicio profesional. Luego añadió que es una persona proba.

Para leer más: Cómo eligieron los últimos presidentes a los magistrados de la CC y qué cambia con Arévalo

El 4 de febrero, Porras indicó que analizaba postularse para una magistratura en la CC.

“Fíjese que se está pensando, creo yo que, como profesional del Derecho, con aproximadamente 40 años de experiencia, conocimiento y en ejercicio de la profesión, definitivamente somos de las personas que tenemos que participar”, afirmó en esa oportunidad.

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Minfin anuncia plan de contingencia ante suspensión del presupuesto 2026 por parte de la CC

La CC suspendió el Presupuesto 2026. Así que a partir del 1 de enero de 2026 regirá el Presupuesto 2025, mientras el Gobierno prepara una ampliación presupuestaria para garantizar inversión y servicios.

Glenda Burrión

31 de diciembre de 2025

|

13:36h

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El Minfin aseguró la continuidad del gasto público en 2026, mientras el oficialismo defendió la legalidad del Presupuesto General tras la suspensión provisional de la CC. (foto, Prensa Libre: Érick Ávila, foto de archivo)

El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) informó que la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió, el 30 de diciembre de 2025, dejar en suspenso la aprobación del Decreto 27-2025, que contiene la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2026, así como las actuaciones posteriores.

El ministerio, explica que, según la resolución, la medida responde a señalamientos de vicios de procedimiento durante la aprobación del presupuesto en el Pleno del Congreso de la República. Aunque la suspensión es temporal, la Constitución establece que, a partir del 1 de enero de 2026, deberá regir el presupuesto vigente del ejercicio fiscal anterior, es decir, el Presupuesto 2025, aprobado mediante el Decreto 36-2024, con un monto de Q154 mil 936.6 millones.

#Guatemala
Sobre la suspensión del presupuesto 2026, de acuerdo al amparo otorgado por la #CorteDeConstitucionalidad conviene saber lo siguiente:

1⃣No se va a detener el esfuerzo de mejora de la calidad y cobertura de los servicios públicos. Se iniciará el año dando mayor… https://t.co/D1dCGBql6G

— Jonathan Menkos Zeissig (@jmenkos) December 31, 2025

El Minfin aclara que la suspensión no detiene la gestión del Gobierno, aunque sí genera limitaciones operativas, principalmente para la creación o ampliación de programas, nuevas inversiones y la ejecución de proyectos contemplados exclusivamente en el Presupuesto 2026, que ascendía a Q163 mil 469.3 millones.

Las autoridades aseguraran que se priorizará el cumplimiento de obligaciones constitucionales y legales, como el pago de salarios, servicios básicos, transferencias obligatorias, así como la atención en salud, educación, seguridad y el servicio de la deuda pública.

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Para garantizar la ejecución de proyectos de infraestructura, desarrollo social y fortalecimiento institucional previstos para 2026, el Gobierno de la República anunció que presentará, en las primeras semanas del próximo año, una iniciativa de ley de ampliación presupuestaria, con el fin de actualizar las normas presupuestarias y priorizar proyectos de alto impacto social y económico.

Al final del comunicado, el Minfin recuerda que no es la primera vez que la CC suspende un presupuesto. Un antecedente ocurrió con el Presupuesto 2024, que también fue suspendido provisionalmente, lo que derivó en una posterior ampliación presupuestaria aprobada por el Congreso.

Postura del Oficialismo

Por su parte, el Movimiento Semilla lamentó la decisión de la CC y afirmó que el Decreto 27-2025 fue aprobado conforme a la Constitución y a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.

IMPORTANTE pic.twitter.com/LXvMKQHlan

— Movimiento Semilla (@msemillagt) December 31, 2025

Los diputados oficialistas rechazaron señalamientos de irregularidades y aseguraron que promoverán las acciones necesarias para garantizar los derechos de la población en salud, educación y desarrollo social.

Guatemala

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Relevo de fiscal general, TSE y CC: “Lo peor no siempre son los impresentables, sino los grises”

El director ejecutivo adjunto del Vance Center, Jaime Chávez Alor, señala la importancia de los relevos de poder en el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral en Guatemala.

Evelyn Boche Ventura

13 de octubre de 2025

|

00:15h

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La renovación de la directiva del Colegio de Abogados marcó un cambio en la correlación de fuerzas gremiales, apunta Jaime Chávez Alor. (Foto Prensa Libre: ArchivoL)

Los relevos de poder en el Ministerio Público (MP), la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), entre otros previstos para el 2026, activan el interés de organizaciones como el Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional, que encuentran en esos procesos una oportunidad para el rescate de las instituciones y la consolidación democrática.

¿Qué atención internacional atrae Guatemala por las elecciones del próximo año?
Es un momento histórico, en que cada 60 años convergen varias elecciones y lo que se ha estado haciendo a nivel internacional es poner el foco en que esto sucederá. La realidad es que con tantas cosas pasando en el mundo y el propio Estados Unidos, en diferentes regiones, creo que todavía no hay la conciencia necesaria sobre este proceso. Hay gente que sabe que se va la fiscal general, pero no se están dando cuenta que también hay cambios en la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Electoral, la Contraloría.
Entonces, es complicado y todavía falta llamar más la atención de que todo esto va a estar pasando al mismo tiempo.

¿Cómo se ve esto en un contexto internacional de giros antidemocráticos y autoritarismos?

Se logró que el presidente Arévalo pudiera tomar posesión. Fue un logro limitado, pues sigue estando la fiscal, unas cortes cooptadas, una Corte de Constitucionalidad que no está protegiendo a quien debe proteger. Hubo una ventana de oportunidad para que Arévalo pudiera tomar posesión, pero después actores de la comunidad internacional se dieron cuenta que no había sido suficiente.

Estos procesos se ven como una oportunidad para la consolidación de la democracia. Al mismo tiempo, se está viendo bien difícil porque hay muchos intereses alrededor de que esto no pase. Se está viendo con preocupación que pueda haber atención a todos los procesos que pasan al mismo tiempo, y no se ha visto la voz pública del presidente como jefe de Estado diciendo: “Estos son procesos que tienen que salir bien”.

Lo que se ha mencionado es que, bueno, el presidente va a participar en lo que le toque, pero no quiere interferir con los otros procesos. Y es que es un momento tan importante para Guatemala; nadie está pidiendo que interfiera de manera indebida, pero que pudiera mostrar cierto liderazgo y decir: “Es importante que estos procesos se lleven a cabo con integridad”. Eso no sería invadir las competencias de nadie, pero está faltando que él también pueda tener ese liderazgo y decir: ya, hasta aquí, necesitamos un fiscal general con integridad.

Y eso es lo más fácil, porque le toca a él. Podría hacer una invitación pública a que los actores involucrados en estos procesos se comporten con integridad, con la mirada de la justicia, y que los procesos se lleven a cabo con los estándares que no deben ser. Eso ha faltado.

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Arévalo expresa confianza en que hará el próximo nombramiento. ¿Cómo se puede garantizar nóminas confiables cuando hay otras muchas negociaciones fuera de las comisiones de postulación y de intereses por fuera que están incidiendo en quienes avanzan hacia esas nóminas?

Será importante que se respeten los procesos, pero que además pueda haber un consenso y un compromiso de varios sectores para que se lleven a cabo con integridad, buscando a los perfiles idóneos, con los méritos para ocupar estos cargos.

Guatemala no se puede dar el lujo de seguir teniendo personas sancionadas internacionalmente para funciones tan importantes. Es fundamental ubicar esos buenos perfiles que puedan pasar los filtros correspondientes, personas que tengan mérito, que tengan la experiencia, pero, muy importante, que tengan integridad.

¿Cómo se apalanca el trabajo de las comisiones para que no sean nada más una instancia de papeleo?

Esa ha sido la principal falla del procedimiento de las comisiones de postulación. En otros países, cuando explicamos quiénes las integran y por qué surgieron, en abstracto nos dicen: “Es muy bueno que la academia se involucre en esos procesos”.

Pero al explicar la realidad, cambian de opinión porque se ha pervertido el sistema, porque tienes a todos estos decanos que están nombrados en facultades que no tienen estudiantes, pero que tienen una participación.

Entonces, va a ser bien importante que las personas de ciertos grupos que estén en consenso de actuar de una manera adecuada puedan hacerlo sin tener presiones adicionales. Hubo buenas noticias por parte del Colegio de Abogados, que normalmente siempre estaba ahí medio cooptado. Ahora hay ciertas personas que quieren participar de manera adecuada.

Hay decanos que quieren también hacer esas evaluaciones de manera correcta. Entonces, seguir trayendo transparencia a la actuación de estas comisiones, que las votaciones y las calificaciones sean públicas, también para darnos cuenta quién le está poniendo qué calificación a quién.

Los perfiles impresentables seguro llegarán. Pero creo que algo que ha pasado siempre es que nos vamos con la finta de que pusieron las dos impresentables y son los primeros que hay que sacar. Y sí, está bien, pero entonces se van en la lista un montón de grises que terminan siendo los peores, porque son personas con una trayectoria muy gris, sin un reconocimiento público de honorabilidad. Entonces, ya que los ponen, ellos van a hacer lo que les piden.

A veces está peor tener estos grises que los que ya sabemos que siempre van a ser malos, porque los grises estamos pensando que a lo mejor se comportan de otra manera, y no sucede.

¿Cómo le hacemos para que lleguen los que sí valen la pena, los perfiles buenos, los perfiles que tienen la experiencia, que tienen los méritos, que tienen la capacidad, que tienen la integridad? Y a esos no se les apoya tanto por irse a sacar a los malos.

Entonces, va a ser bien importante que las personas dentro de las comisiones de postulación que vayan a tener este rol estén también poniendo atención en que las personas que sí tienen los méritos pasen, y pasen bien.

¿Cómo se ataja la invalidación de candidatos vía resoluciones judiciales o persecución penal?

Esto va a pasar, definitivamente. El MP ya va de salida, y vamos a ver para qué tanto les alcanza… Algo bueno de que sean tantos procesos al mismo tiempo es que, a ver si el Ministerio Público va a tener capacidad de irse contra todos, ¿no?

Y creo que se van a tener que enfocar en algo, y yo pienso que será en los aspirantes al Ministerio Público y, a lo mejor, en algunos de la CC. Pero no van a poder, definitivamente, estar criminalizando todas partes.

Ahora, ahí, sabiendo que ellos ya van de salida y que hay posibilidad de que llegue alguien decente —los jueces corruptos, los jueces dependientes de las órdenes de la fiscal o de otros grupos de poder—, creo que tienen que replantearse si quieren seguir teniendo ese papel de darle el apoyo al MP, porque si llega alguien diferente, entonces ellos mismos se van a estar metiendo en problemas.

“Los jueces corruptos, los jueces dependientes de las órdenes de la fiscal o de otros grupos de poder—, creo que tienen que replantearse si quieren seguir teniendo ese papel de darle el apoyo al MP”.

Jaime Chávez Alor, Vance Center.

Y creo que, en este momento en particular, y para evitar eso, va a ser bien importante que los jueces se den cuenta que, si empiezan a permitir la criminalización de algunas personas, puede tener consecuencias para ellos mismos, sobre todo si hay toda esta atención internacional.

Entonces, empiezan a salir los buenos perfiles y luego los empiezan a criminalizar. Va a ser muy evidente que quieren seguir con esto.

Nosotros también hemos ofrecido, como parte de la cooperación internacional, que se puedan apoyar esos buenos perfiles activando los mecanismos de la Comisión Interamericana, de Naciones Unidas también, para que se garantice la participación sin que los estén criminalizando.

Seguramente hay investigaciones que tienen guardadas, algunas esperando a esto. Habrá que ver si los jueces van a seguir jugando este juego o se van a dar cuenta que necesitan cambiar ciertas conductas.

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¿Cuál debería de ser el rol de los diputados en representación del pueblo que les votó?

Si de veras se asumen como representantes del pueblo, deberían hacer estas consultas mucho más amplias para ver de veras qué perfiles deben ser nombrados.

El tema es que, ya que están en estos procesos y estas elecciones de segundo grado, terminan eligiendo a alguien que está conforme a sus propios intereses. También va a ser bien importante que la población les exija a sus representantes y que esté pendiente de su actuación.

Es muy difícil también sacar todo el componente político de estos procesos, ¿no? Porque si no, entonces hazles un examen a todos los abogados, y los que saquen mejor calificación van a ser.

Y no, siempre hay elementos políticos importantes, pero, dentro de esos elementos políticos, que sea una decisión discrecional del poder político no implica que sea una decisión arbitraria.

Entonces, si es discrecional porque tienes tres buenos perfiles, bueno, a lo mejor te inclinas por uno. Pero eso no quiere decir que entonces vas a sacar a los tres buenos y poner al peor, ¿no? Y eso va a ser algo bien importante, y se va a ver la actuación del Congreso.

Afortunadamente va a haber misiones internacionales de observación, y la OEA nombró a las personas que van a venir. Pero lo más importante es que diputados o cualquier actor político que esté en esto sepa que no se está quedando en lo oscurito lo que está haciendo, sino que todo el mundo lo está viendo.

¿Cómo ve la evolución de los intereses en ocupar estos espacios: antes los encumbrados académicos aspiraban a una magistratura constitucional… ahora son los grupos criminales los interesados en llegar o colocar a sus piezas?

Sí, ojalá concluir una carrera jurídica de mucho prestigio fuera estar en la Corte de Constitucionalidad.
Ahorita, y ya desde hace un tiempo, nosotros hemos hecho mucho trabajo para demostrar cómo el interés de controlar estos procesos es como un mecanismo para garantizar impunidad.

Impunidad para algunos sectores, pero también para vengarse de otros: de periodistas, de operadores de justicia —llámese jueces, fiscales, defensores de derechos humanos—.

Todo el aparato de persecución penal, con los jueces y la falta de protección de la CC, ha servido para afectar personas para que queden en completo estado de indefensión.

Hay personajes como José Rubén Zamora, que está en la cárcel por un caso que no tiene pies ni cabeza. En cambio, hay otras personas que están acusadas por delitos graves, verdaderamente graves, de genocidio, de trata de personas, de corrupción de alto nivel, que están en sus casas.

Eso no es una falla del sistema de justicia en general; eso es una estrategia muy específica y de controlar ciertas cuestiones.

No es casualidad que todos los casos de cierto tipo le lleguen siempre al mismo juez y terminen todos en la misma sala.

Hay personas de la administración anterior —funcionarios de alto nivel, o no funcionarios, pero muy involucrados con la administración anterior— que, por todas las sanciones internacionales y toda la información que se tiene, se sabe que cometieron terribles delitos, corrupción, y es la fecha que la fiscalía no les ha iniciado ningún tipo de investigación. El Ministerio Público los tiene protegidos.

Entonces, estos son los grupos que tienen mucho interés en que el nombramiento de la fiscalía general y de la Corte de Constitucionalidad siga manteniendo ese estatus.

Guatemala

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La alianza opositora calibra fuerzas frente a las elecciones de segundo grado de 2026

La imposición de la agenda para tomar puestos de poder en el Congreso, opinan analistas, es sólo un tanteo del terreno político en el que se disputará la renovación de cargos en el MP, la CC, el TSE y la Contraloría.

Carlos Gómez

8 de mayo de 2025

|

00:10h

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La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro, en una reunión con diputados el 7 de mayo de 2025. En la comisión de Asuntos Electorales, bajo la presidencia del partido Vamos, se abordaron diversos temas, como el presupuesto electoral. (Foto Prensa Libre: Bancada Vamos)

El segundo año de la décima legislatura del Congreso de la República ha estado marcado por un reacomodo de fuerzas y la reconfiguración de la alianza opositora encabezada por Allan Rodríguez, del bloque Vamos, y respaldada por otros diputados como Inés Castillo, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); Felipe Alejos, de la bancada Todos, y Álvaro Arzú Escobar, del partido Unionista.

La alianza ha procurado imponer una agenda que busca ocupar la primera secretaría de la directiva, realizar cambios en las presidencias de las comisiones de Energía y Minas, y de Finanzas Públicas y Moneda, además de relevar al representante del Congreso ante la Junta Monetaria. Estas dos comisiones son clave para la aprobación del presupuesto del próximo año, previo al proceso electoral, y para una posible ampliación del contrato de explotación petrolera a cargo de Perenco.

De fondo, analistas consideran que el grupo también calibra fuerzas frente a las elecciones de segundo grado, previstas para el próximo año.

El objetivo es recuperar espacios de decisión en el Congreso y definir la agenda y los temas que deben ser conocidos y aprobados dentro del hemiciclo. La alianza tendría como meta, antes del 15 de mayo —cuando finaliza el periodo ordinario de sesiones—, establecer una agenda de temas puntuales para el segundo periodo, que iniciará en agosto.

Acomodo de cuotas

Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva del Movimiento ProJusticia, afirmó que la agenda orientada a cambiar a los presidentes de algunas comisiones o a sustituir al representante del Congreso ante la Junta Monetaria tiene un tinte inusual. Obviamente, la oposición liderada por Rodríguez, Arzú y otros busca acomodar las cuotas de poder, ya que ostenta —en este momento— la mayoría parlamentaria.

También aseguró que, de concretarse este aspecto, se alteraría la aplicación de la normativa, la cual establece que los presidentes de comisiones y los representantes del Congreso ante las instituciones son electos por un determinado periodo, por lo que solo sería viable hacer cambios si ocurre una ausencia definitiva, renuncia, fallecimiento, cambio de partido o falta de afiliación partidaria.

Perenco y las comisiones estratégicas

En cuanto a los cambios en las presidencias de las comisiones, Rosal afirma que es evidente que existen intereses específicos, como la aprobación del presupuesto para el año 2026 y la continuidad de las operaciones petroleras de la empresa Perenco, en el parque nacional Laguna del Tigre, en Petén.

“La Comisión de Finanzas y Moneda es determinante porque emite dictamen, discute y hace todos los arreglos en el proyecto de presupuesto para 2026 que el Ejecutivo presentará dentro de unos meses”, dice Rosal.

Y la Comisión de Energía y Minas también es fundamental en torno a Perenco, añade el politólogo. “Recordemos que desde hace algunas semanas se viene planteando el tema de ampliación de la operación de la empresa que explota el petróleo en Guatemala, y esa oposición ha dejado ver su intención de respaldar la continuidad de las operaciones, contrario a la posición del propio Ejecutivo”, afirma.

Agenda de país e intereses

Según el diputado Rodríguez, del bloque Vamos, la agenda que junto a otros bloques legislativos de oposición están impulsando es una “agenda de país”, por medio de la cual se busca la participación de todos los bloques, y no solo de interés para algunos grupos. También aseguró que no persigue intereses particulares o sectoriales, sino de interés común.

El diputado Inés Castillo, del bloque UNE —que también forma parte de esta alianza de oposición— afirmó que, ahora que se han agrupado y organizado, “no les ha gustado a algunos diputados porque, obviamente, van a imponer ciertos temas en la agenda política”. Contrario a lo expresado por Rodríguez, afirmó que todos los diputados tienen intereses dentro de los cuatro procesos de elección de funcionarios que se realizarán el próximo año en el Congreso de la República.

“Como todos los 160 diputados van a tener intereses en esos procesos, que ya tienen plazos establecidos, va a haber interés tanto de la oposición como del partido oficial. Eso es natural; esos intereses se tienen que dar, entonces si vienen esos procesos…”.

En cuanto a la reforma del acuerdo de distribución de comisiones para la redistribución de las comisiones de Finanzas y de Energía y Minas, afirmó que “es una facultad del pleno y, si el pleno acuerda reformar este acuerdo, se va a hacer”, por lo que asegura que no existe ilegalidad alguna.

Acuden de nuevo a la CC

Las bancadas opositoras, encabezadas por el diputado Allan Rodríguez, nuevamente acudieron a la Corte de Constitucionalidad (CC) para solicitar que se dé con lugar la debida ejecutoria y así continuar en la sesión ordinaria del próximo martes 13 de mayo, con los puntos de la agenda que quedó pendiente tras ser levantada por el presidente del Congreso, Nery Ramos, el pasado 6 de mayo por falta de quórum.

En esta acción, los opositores afirman que se violaron derechos, así como el principio de certeza y seguridad jurídica, el debido proceso y el principio de legalidad. También desmienten las declaraciones del presidente del Legislativo, quien ordenó el cierre de la sesión.

Además, denuncian las acciones de personas que bloquearon el paso en las entradas del Congreso de la República para impedir el ingreso de diputados a las instalaciones, y afirman que hubo manipulación del tablero electrónico al momento en que se levantó la sesión.

Posiciones de poder

Entre las prioridades figuran la elección de la primera secretaría de la Junta Directiva, la presidencia de las comisiones de Finanzas Públicas y Moneda, y de Energía y Minas, así como el cambio del representante del Legislativo ante la Junta Monetaria. Una silla en esa instancia tiene incidencia directa en la elección del vicepresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

La sala de Finanzas está a cargo de Julio Héctor Estrada, del partido Cabal, quien en declaraciones a la prensa, asegura que ha dialogado con algunos de sus colegas e indica que el relevo es totalmente ilegal. “El articulo 31 habla que las comisiones son nombradas de manera anual y en ningún parte aparece que se puedan cambiar por decisiones arbitrarias o por cambios de coyuntura”, expuso.

A criterio del analista Renzo Rosal, se había tenido una percepción equivocada acerca de la pérdida de fuerza de la alianza que, durante los últimos dos gobiernos, fue oficialista. Está claro que, por ejemplo, la bancada Vamos —que ahora protagoniza este grupo de oposición— se fortaleció, al igual que otras agrupaciones, afirmó Rosal.

En 2024, esa alianza estuvo más bien disminuida y en proceso de recomposición, debido a la incorporación de un considerable grupo de nuevos diputados en casi todos los bloques parlamentarios. Además, en buena medida, esta misma alianza opositora se benefició de algunas iniciativas de ley impulsadas o respaldadas por el oficialismo, explicó Rosal.

Según el analista, entre estas iniciativas se encuentran el presupuesto 2025, la ampliación presupuestaria y la ley ganadera, entre otras, que dieron una impresión —a su juicio, falsa— de que esta legislatura sería más eficiente y tendría un mayor desempeño dentro del Legislativo.

El grupo opositor en el Congreso también busca ocupar el espacio en la Junta Directiva que se libera con la salida de Karina Paz de la primera secretaría. Los diputados del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) afirmaron que no disputarán ese cargo.

En opinión de Rosal, “la primera secretaría se ha convertido en un punto de inflexión porque, dependiendo de qué grupo se quede con él —ya sea el grupo cercano a Nery Ramos o el grupo de oposición de Allan Rodríguez y compañía—, orientará o desequilibrará la tendencia de la Junta Directiva, clave para la toma de decisiones y para ir planteando la agenda legislativa, especialmente en el segundo período de sesiones”.

Sobre el tema de la primera secretaría, Ibarra afirma: “En el caso de Karina Paz sí hay precedentes. Fue electa sin tener partido porque, según entiendo, no se afilió a VOS y tampoco llegó a esa posición con el aval del partido y de la bancada. Se fue por sus propios medios”.

Según Rosal, otro aspecto que cobrará notoriedad en 2026 es la elección de cargos en el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y la Contraloría General de Cuentas, instancias en las que el Congreso de la República ejerce un rol determinante.

“Si todas estas tácticas le dan más espacio de maniobra a la oposición, van a poner contra las cuerdas al presidente Arévalo, por lo que, finalmente, el grupo de oposición podría salirse con las suyas detentando el control tanto en la agenda del Congreso como en estas cuatro instancias que se disputarán el próximo año”.

Discordia entre diputados de VOS pone en duda futuro de la primera secretaría del Congreso

El bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) está dividido: Karina Paz lleva el camino de ser declarada independiente y dejará vacante un cargo directivo. Los tres posibles relevos de la bancada batallan por su permanencia.

José Manuel Patzán

4 de abril de 2025

|

05:00h

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Diputados de la bancada VOS afirmaron que la resolución de la CC no los deja fuera del partido. (Prensa Libre. hemeroteca PL)

La discordia entre diputados del partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) pone en duda la elección de la primera secretaría de la Junta Directiva del Congreso, debido a las tensiones entre los parlamentarios y el secretario general de la agrupación política por las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC).

La diputada Karina Paz dejará la primera vicepresidencia del Congreso. Una resolución de la CC ordenó que la junta directiva debe informar al pleno sobre su separación de la bancada y, por consiguiente, se abriría una vacante en la directiva. Paz quedaría como diputada independiente, por lo que no podría ocupar un cargo directivo. En su lugar, podría asumir alguno de los otros tres diputados del bloque, aunque hay acciones legales que podrían impedirlo.

En enero último, los diputados del partido VOS José Chic, Jairo Flores y Orlando Blanco presentaron acciones legales en contra del secretario general de esa agrupación política, Carlos Bezares, después de que este notificara al presidente del Congreso, Nery Ramos, que los parlamentarios estaban separados de la bancada por no estar afiliados.

La misiva se envió después de que los parlamentarios de VOS decidieran separar a Karina Paz de la bancada, al argumentar diferencias de criterios para trabajar y porque participó, de forma unilateral, en la planilla que Ramos encabezó para integrar la Junta Directiva.

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Resolución

Este martes 2 de abril, la Corte de Constitucionalidad (CC) recondujo un amparo que los diputados Chic, Blanco y Flores presentaron para lograr su afiliación al partido. La CC señala que sala que admitió el amparo no tenía competencia y, por lo tanto, ordenó que el expediente regrese a un juzgado. Los tres congresistas aseguran que la resolución de la CC no los deja como diputados independientes.

El diputado José Chic afirma que la resolución de la CC se debe a un error de procedimiento.

“Sucede que lo conoció la Sala Sexta, ahora tiene que regresar a un juzgado y debemos esperar todo el procedimiento. Eso no nos afecta en la integración del partido, no quedamos como independientes”, afirmó.

Sobre las afiliaciones, Chic asegura que él cuenta con afiliación. Sin embargo, en el caso de los diputados Jairo Flores y Orlando Blanco, no están afiliados porque tenían dudas sobre hacerlo o no, ya que buscaban su reelección.

“Después firmaron la hoja de afiliados y se la entregaron a Carlos Bezares, secretario general del partido VOS, pero no sabemos por qué no las entregó al TSE”, precisó.

En su defensa, Bezares dice que los diputados Flores y Blanco nunca han estado afiliados al partido y que, con las acciones en la CC, querían “obligarlo” a que fueran afiliados.

Carlos Bezares asegura estar preparado para todas las acciones que puedan presentarse en su contra, porque, hasta el momento, han sido acciones ilegales.

“En Chiquimula interpusieron otro amparo ilegal, porque es en un juzgado de turno penal, y con el cual me quieren quitar la calidad de secretario general. Lo dirigieron al Tribunal Supremo Electoral para que puedan celebrar asambleas y ejercer la función que por ley me corresponde”, señaló.

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Afiliación innecesaria

El analista político Renzo Rosal sostiene que, en Guatemala, la Ley Electoral y de Partidos Políticos no establece que los diputados deban estar afiliados obligatoriamente a un partido político, y que esta disposición solo ha quedado como una propuesta cuando se busca reformar la ley.

“Seguramente varios diputados no están afiliados a partidos políticos, pero no es necesario”, acotó.

“Los diputados deberían cumplir con el principio de representación política, pero no es así. Sin embargo, no es un criterio de exclusión del Congreso, y menos de un bloque legislativo”, puntualizó.

CC rechaza apelación de Semilla y continúa la investigación por lavado de dinero

El partido Movimiento Semilla buscaba detener la investigación en su contra por lavado de dinero, pero la CC no les otorgó la apelación que plantearon.

Hedy Quino y Douglas Cuevas

10 de diciembre de 2024

|

17:33h

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La CC rechazó la apelación planteada por Semilla. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó la apelación promovida por el partido Movimiento Semilla, con la cual buscaban que no se les investigara por lavado de dinero como ordenó el juez Fredy Orellana.

La acción legal de Semilla presentada en la CC apelaba la resolución de 1 de octubre de 2024, dictada por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, la cual denegó la protección interina solicitada en una acción constitucional de amparo promovida por el partido contra el juez Fredy Orellana.

El amparo de Semilla solicitado en la Sala de Apelaciones fue porque el juzgador ordenó investigar lo relativo al financiamiento electoral de esa agrupación política, en los procesos electorales celebrados en 2019 y 2023.

Además, porque autorizó al Ministerio Público (MP) requerir información y documentación al Tribunal Supremo Electoral, a la Superintendencia de Administración Tributaria y al partido político Movimiento Semilla con relación a esa organización política.

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Por ello, Semilla mencionó que “se encontraba imposibilitado materialmente de brindar respuesta a lo requerido y de proporcionar la información financiera y contable solicitada por el Ministerio Público; además, el secretario general y los secretarios generales adjuntos del Comité Ejecutivo Nacional de la referida agrupación actualmente desempeñan cargos como funcionarios del Organismo Ejecutivo, y debido a la misma suspensión decretada no han podido renunciar a los cargos mencionados dentro del partido político”.

Actualmente el secretario general del partido sigue siendo el presiente Bernardo Arévalo.

Semilla también alegó en dicho amparo: “La suspensión provisional de la personalidad jurídica de la que fue objeto la agrupación política, se fundamentó en la Ley Contra la Delincuencia Organizada, la que en el artículo 2 establece un catálogo de delitos que deben ser cometidos en forma concertada por un grupo delictivo organizado; sin embargo, el Ministerio Público solicitó autorización para requerir información relacionada con el financiamiento electoral del partido político Movimiento Semilla en los procesos electorales celebrados en el 2019 y 2023, por lo que la documentación pedida resultaría inútil e impertinente para esclarecer los hechos bajo investigación en la causa subyacente, además, tampoco guardan relación con los delitos establecidos en la citada norma”.

La apelación fue rechazada por los magistrados de la CC Nester Vásquez, Roberto Molina Barreto, Luis Rosales y Juan José Samayoa.

Mientras que el magistrado Rony López emitió un voto razonado disidente, en el cual argumentó que dicha apelación debió otorgarse a Semilla.

La CC está por conocer una nueva acción legal contra la ampliación del presupuesto del 2024

La Fundación Contra el Terrorismo presentó una inconstitucionalidad el pasado 6 de septiembre.

Douglas Cuevas

11 de septiembre de 2024

|

15:15h

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La CC debería de resolver la acción a más tardar el 14 de septiembre. Fotografía: Prensa Libre.

La Corte de Constitucionalidad (CC) se prepara para resolver una acción de inconstitucionalidad contra la ampliación del presupuesto del 2024. La nueva acción por la decisión del Organismo Legislativo fue presentada por la Fundación contra el Terrorismo.

La CC ya definió a los siete magistrados que conocerán la medida. Se trata de los cinco magistrados titulares, y los suplentes Luis Rosales y Walter Jiménez Tejax.

El argumento de la inconstitucionalidad se basa en que los diputados no pueden presentar iniciativas para buscar ampliaciones presupuestarias, por ser un asunto que compete a las autoridades del Organismo Ejecutivo.

La medida se presentó el pasado 6 de septiembre y la normativa vigente ordena que estas acciones se deben conocer a más tardar ocho días después, siendo la fecha limite el sábado 14 de septiembre.

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La CC dejó en suspenso una primera ampliación presupuestaria luego de amparar de manera provisional a diputados de oposición y organizaciones civiles.

En esa sesión legislativa se interrumpió una interpelación, de grado constitucional, para aprobar de urgencia nacional la iniciativa de ley del primer reajuste.

Pero después la CC permitió la vigencia de la segunda ampliación presupuestaria de Q14 mil millones. En esa segunda discusión la Corte no otorgó un amparo provisional presentado por la ciudadana Karen Fisher.

Actualmente el reajuste al presupuesto nacional del 2024 permanece vigente tras la publicación en el diario oficial del decreto 17-2024.

La @CC_Guatemala eligió a los magistrados qué resolverán, en los próximos días, una inconstitucionalidad contra la ampliación presupuestaria. El caso será conocido por los 5 titulares y los suplentes Luis Rosales y Walter Jiménez Tejax. La acción fue presentada por @FCTGuatemala pic.twitter.com/CgARnmJu4a

— Douglas Cuevas (@dcuevas_gtv) September 11, 2024

Gobierno pide antejuicio contra magistrados suplentes de la CC por favorecer con resolución al presidente del Bantrab

Magistrados suplentes habrían incurrido en prevaricato por ocultar informes de la SAT al conocer caso de Jorge Mondal, presidente de la directiva del Bantrab.

José Manuel Patzán

24 de julio de 2024

|

11:38h

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Los magistrados de la CC resolvieron mantener el cargo como presidente del Bantrab a Jorge Mondal.(Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

A través de un comunicado, el Gobierno de la República informó que presentó una solicitud para retirarle la inmunidad a los magistrados suplentes de la Corte de Constitucionalidad, Claudia Elizabeth Paniagua Pérez, Walter Paulino Jiménez Texaj y Luis Alfonso Rosales Marroquín.

Los magistrados fueron denunciados por el delito de prevaricato, en supuesto de omitir informes generados por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en los que se establece que Jorge Mondal no reúne los requisitos exigidos por el artículo 17 de la Ley Orgánica del Banco de los Trabajadores (Bantrab), el cual establece que para ser presidente de dicha entidad, debe cumplir con 10 años de laborar en el sistema bancario nacional.

En el comunicado el Gobierno afirma ser respetuoso de las resoluciones emitida por la CC, a pesar de que en varias ocasiones “no ha comulgado con su criterio”.

“No se consentirán resoluciones jurídicas que ignoren hechos totalmente establecidos, dejando impunes a sus autores, ni pasará por alto resoluciones que provoquen desprestigio al sistema financiero del país”, indican.

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El amparo

El 11 de julio último, la CC otorgó un amparo provisional para mantener como presidente del Bantrab a Jorge Mondal Chew. El presidente, Bernardo Arévalo, había ordenado por segunda vez la destitución de Mondal. El 22 de mayo pasado, el mandatario ordenó la destitución de Mondal a través de un acuerdo emitido desde la Secretaría General de la Presidencia.

Para conocer la acción de amparo de Mondal se excusó el presidente de la CC, Nester Vásquez Pimentel, así como los titulares Roberto Molina Barreto y Dina Ochoa. Sus lugares fueron ocupados por los magistrados suplentes Claudia Paniagua, Walter Jiménez Texaj y Luis Alfonso Rosales. Presidió la sesión la titular Leyla Lemus.

En el puesto, Arévalo había nombrado desde el 8 de febrero a Walter Arturo Armendariz Díaz y fue entonces que Mondal Chew buscó el amparo constitucional, que ganó 18 días después.

Mondal Chew fue designado durante el gobierno de Alejandro Giammattei Falla para cubrir un periodo de cuatro años, el cual concluye el 31 de julio de 2026.

La Presidencia, en mayo cuando ordenó la destitución, justificó en un mensaje a través de la red social X que la decisión obedecía a que Mondal Chew había sido denunciado por falsedad ideológica y perjurio, debido a la presunta comisión de estos delitos al jurar el cumplimiento de los requisitos estipulados para este propósito.

En la SIB

La semana pasada se conoció que la Superintendencia de Bancos (SIB) avanza en un proceso administrativo relacionado con  el nombramiento de Jorge Adolfo Mondal Chew.

Se conoció que la SIB concedió una audiencia por cinco días para que Mondal exponga sus puntos de vista en relación con una infracción al artículo tres, inciso d) del “Reglamento de Gobierno Corporativo” ya que no habría mantenido la calidad exigida en la disposición aplicable.

Para ello, debe presentar los medios de prueba que estime pertinentes, según lo que dispone el referido artículo, que en general trata sobre las calidades de los miembros del consejo de administración, el gerente general, o quienes hagan sus veces, y los funcionarios que le reportan directamente a estos, así como al auditor interno. 

 Al consultar al ente supervisor, respondió que “La Superintendencia de Bancos no puede emitir opinión o postura institucional, en este momento, dado que existen acciones administrativas que están en curso”.

Por otro lado, se conoció que Mondal Chew presentó un memorial en el que requirió una ampliación el plazo para celebrar la referida audiencia, aparte de mencionar una serie de posturas relacionadas con el derecho de la defensa, debido proceso y audiencia.

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Postura

Ante los últimos acontecimientos, la CC emitió un comunicado en el que manifiestan que “atenta contra la independencia judicial de esa corte, toda acción que pretenda incidir en sus decisiones, por lo que, el tribunal rechaza cualquier acto que intenté mermar el desarrollo independiente de la justicia constitucional, y trae a cuenta que, el hecho de que sus decisiones no concedan la razón al justiciable, no implca que se genere violación a la constitución”.

“La independencia del tribunal es un principio de obligatoria observancia y respeto por parte de gobernantes y gobernados. La indebida injerencia por cualquier medio, respecto a las decisiones que asume, es punible acorde con las previsones constitucionales y legales del país y atenta contra el principio democrático de separación de poderes”, cita el comunicado.

Agregan que la funcion esencial de ese tribunal, es la defendas del orden constitucional, la que cumple en su calidad de supreme interprete de la Constitución Política, velando por la defensa del Estado de derecho, la democracia y el sistema de gobierno republicano y representantivo.

“Su proceder, conforme al juramento de fidelidad a la constitución, que oportunamente prestaron sus integrantes, es siempre objetivo, imparcial e independiente”, puntualizan.

CC niega tres amparos contra convocatoria para integrar comisiones de postulación

Las tres resoluciones de la CC respecto a amparos planteados contra el proceso de integración de las comisiones de postulación para magistrados de la CSJ y salas de Apelaciones son definitivas.

Hedy Quino y Douglas Cuevas

25 de junio de 2024

|

17:02h

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La Corte de Constitucionalidad negó cuatro solicitudes de amparo que buscaban que el Congreso volviera a convocar la integración de las Comisiones de Postulación para elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones. . (Foto: Hemeroteca PL)

La Corte de Constitucionalidad (CC) de oficio suspendió en definitiva el trámite de tres acciones de amparo que pretendía que el Congreso de la República repitiera la convocatoria a Comisiones de Postulación para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y salas de Apelaciones.

“(…) El amparo no es la vía para cuestionar un instrumento de aplicación general que, conforme a la ley de la materia, tiene previsto el mecanismo idóneo que podría instarse: ́inconstitucionalidad´”, explicó la CC en su fallo.

Dos de los tres amparos lo solicitó Romeo González Barrios y el otro Manuel Emilio Lara Ayala.

Las sentencias de la CC fueron dictadas este martes 25 de junio, en calidad de tribunal extraordinario de amparo.

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Los alegatos de los solicitantes

González Barrios argumentó en una de las acciones legales que el Congreso al convocar a las postuladoras no tomó en cuenta una resolución de la CC dictada en el 2020, donde la “Corte exhortó al Congreso a viabilizar un proceso de reforma constitucional y legal para permitir la instauración de un adecuado proceso de selección y nombramiento de Magistrados de Corte Suprema de Justicia y de las Salas de la Corte de Apelaciones y otros Tribunales Colegiados de igual categoría”.

Mientras que en la otra, González Barrios alegó que el Congreso “incumplió con el artículo 3 de la Ley de Comisiones de Postulación, en cuanto a que debe convocar a integrar las Comisiones de Postulación dentro del plazo de ley”.

En el amparo solicitado por Lara Ayala, indicó que hubo errores en dicha convocatoria, ya que a su criterio, el Congreso no cumplió con las “formalidades mínimas requeridas por la ley fundamental, al utilizar términos incomprensibles y fuera de contexto en el ámbito en el que tienen lugar”.

#Ahora

La @CC_Guatemala suspendió en definitiva cuatro amparos que cuestionaban, por diversos motivos, la convocatoria del @CongresoGuate a las comisiones de postulación para la renovación de la CSJ y Cortes de Apelación.@prensa_libre@Guatevision_tv

— Douglas Cuevas (@dcuevas_gtv) June 25, 2024

Otros fallos de la CC

El 11 de junio la CC también de oficio suspendió en definitiva el trámite del amparo solicitado por Saúl Israel Ramos Zárate, quien expuso que el Congreso debía abstenerse “de realizar actos que interrumpan el plazo de cinco años de duración para el cual fueron designados los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de Corte de Apelaciones y demás Tribunales de igual categoría”.

Además, la CC mantiene que en octubre debe de haber cambio de autoridades judiciales, esto al no dar con lugar una acción legal que buscaba aplazar, por cinco años, a la actual magistratura.

El pleno no decretó la suspensión provisional de los acuerdos legislativos que validaron la elección de la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Cortes de Apelaciones, como buscaba la inconstitucionalidad 3061-2024.

Esta acción fue presentada por el abogado Melkin Amílcar Escobar Palma, que en las elecciones generales del 2023 fue fiscal departamental del partido político Vamos.

Salud deberá hacer readecuaciones internas para cumplir con amparo

Sin la posibilidad cercana de una ampliación presupuestaria, las autoridades de Salud tendrán que hacer modificaciones en su presupuesto para cumplir con lo ordenado por la CC.

Ana Lucía Ola, Douglas Cuevas, Mike Castillo y Andrea Domínguez

10 de mayo de 2024

|

05:00h

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Los hospitales continúan con problemas de desabastecimiento de medicamentos e insumos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El desabastecimiento de medicamentos e insumos en la red pública de salud ha impactado en la atención a la población. No solo son los hospitales, la escasez de recursos también es evidente en los centros y en los puestos de salud, tanto en el área central como en la provincia.

La falta de medicinas en los servicios ha sido expuesta por los pacientes y los médicos. Hace 15 días eran las personas diagnosticadas con cáncer las que denunciaba la falta del fármaco Trastuzumab para ser tratadas en el Hospital Roosevelt, carencias que ahora se trasladan a otras áreas del centro asistencial, como Pediatría y Laboratorio.

Pero semanas atrás era el Hospital General San Juan de Dios el que se quedó sin insumos para atender a los enfermos, al punto que se suspendieron las cirugías programadas por falta de anestesia.

Las carencias también se han visto en otros hospitales, aunque por ahora la mayoría tiene insumos para un corto plazo. Información del Ministerio de Salud indica que de los 47 hospitales de la red pública solo el de Santa Bárbara, en Izabal, tiene baja existencia de medicamentos, está en 52%. El resto se encuentra por arriba del 70%.

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Sin embargo, al evaluar el abastecimiento para tres meses, 12 están por abajo del 70%, y los más críticos son el General y el de Mazatenango. Únicamente 25 hospitales tienen en un nivel superior al 80%.

Ante dicha crisis de atención en salud, el diputado José Chic interpuso un amparo contra el presidente de la República y los titulares de los ministerios de Salud Pública y Asistencia Social y de Finanzas Públicas para que garanticen el abastecimiento en los centros asistenciales públicos.

Este 9 de mayo, Chic hizo pública una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) en la que se le otorga el amparo de manera provisional. La resolución del máximo tribunal ordena a dichos ministerios efectuar las acciones y procedimientos necesarios para asegurar la dotación de insumos médicos, quirúrgicos y medicamentos a toda la red hospitalaria del país.

Resalta la necesidad de garantizar los recursos en los hospitales General San Juan de Dios, Roosevelt y en el Centro de Atención Integral Materno Infantil (CAIMI) de Ixcán, en Quiché.

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“La medida busca garantizar la prestación del servicio público de salud y resguardar la salud y vida como derechos fundamentales”, refiere la CC.

Durante una citación este 9 de mayo con autoridades de Salud, el diputado mencionó que el amparo provisional le fue otorgado ante la “inacción” por parte del ministro de Salud, viceministros y directores de áreas para atender la problemática.

Solicitó a Oscar Cordón, titular de la cartera, que nombre a un equipo para que dé seguimiento al desabastecimiento. “Con este amparo no necesita la ampliación presupuestaria, porque el ministro de Finanzas está obligado a dotar de los recursos que sean necesarios para poder atender la crisis hospitalaria”, dijo el diputado.

Cabe recordar que el Ministerio de Salud solicita una ampliación presupuestaria de Q3 mil 500 millones, suma de la que dependería aumentar los recursos de los hospitales para compra de medicamentos y pago de deuda de arrastre, así como dar el primer pago del convenio que se firmó con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) el pasado 30 de abril, el desembolso asciende a US$110 millones.

Por otro lado, Chic también presentó una segunda acción de amparo contra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por el retraso en la programación de citas y cirugías, que están para 2025 y 2026. Esta acción legal ingresó a una sala laboral de la Cortes Suprema de Justicia.

¿Qué hará Salud?

Cordón señaló que para dar cumplimiento al amparo desde la cartera se “monitorea” el abastecimiento en los servicios de la red pública, no solo de medicamentos sino también de suministros y equipo médico.

“Seguimos con el análisis financiero con el convenio que hemos firmado con UNOPS, que nos garantizará las compras de volumen del mayor segmento de medicamentos necesarios para dar esta atención”, dijo el funcionario.

Cordón refirió que para garantizar el derecho de salud a la población estarán en estrecha comunicación con el Ministerio de Finanzas para poder obtener los recursos suficientes que les permitan prestar el servicio a la población, fondos que provendrían de una ampliación presupuestaria que el gobierno solicita.  

Una alternativa que tardará varios meses, pues el titular de Finanzas, Jonathan Menkos, indicó que será en agosto que pedirá al Congreso de la República una ampliación de Q14 mil millones.

De no contar con esos fondos adicionales, el ministro de Salud indicó para garantizar el cumplimento del amparo en el corto plazo se tendría que “hacer revisiones permanentes del presupuesto identificando las áreas que puedan ser susceptibles a modificaciones y ajustes, y en algunos casos recortes”.

Sin embargo, el funcionario no especificó qué rubros o acciones se verían afectadas con esas modificaciones en el presupuesto.

Agregó que en los hospitales Roosevelt y el General San Juan de Dios se tienen conformados varios equipos con los mismos proveedores de medicamentos e insumos, y que se han realizado procesos de levantamiento de cotizaciones y de compras, algunos se han “caído”, pero se hacen los análisis para establecer qué sucedió en estos casos.

Néster Vásquez: “La CC garantizó la alternabilidad del poder y el sufragio”

El nuevo presidente asegura que los disensos en el pleno son una muestra de la naturaleza democrática de la Corte.

Douglas Cuevas

15 de abril de 2024

|

05:00h

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Cada 14 de abril cambia la presidencia de la Corte de Constitucionalidad. Fotografía: Prensa Libre (Erick Avila).

Néster Vásquez asume hoy la presidencia de la Corte de Constitucionalidad (CC); el cuarto mandato de los cinco que corresponden a la presente magistratura.

El magistrado recibe una CC en medio de un proceso de renovación de Cortes, en donde algunos sectores ya han advertido que podría jugar un papel fundamental.

Aunque se solicitó una entrevista presencial, el magistrado accedió a responder por escrito una entrevista para Prensa Libre, donde se abordó la importancia del Derecho Constitucional y el papel que ha jugado la CC en el último proceso electoral.

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Ahora que está por asumir la presidencia del máximo tribunal. ¿Cuáles son sus prioridades en la Corte?

Cumplir con el mandato constitucional que me ha sido encomendado como lo es el procurar la defensa del orden constitucional. Asimismo, velaré por la independencia del Tribunal, como principio fundamental del Estado.

También se velará por el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional 2022-2027, mediante el cual se busca acercar la justicia constitucional a toda la población, y fortalecer la Unidad de Gaceta y Jurisprudencia para dar a conocer el sistema de búsqueda de jurisrpudencia a efecto de que los criterios emitidos por el Tribunal se encuentren al alcance de todos. Durante mi gestión se procurará la difusión de los criterios que sean emitidos por el Tribunal.

¿Cuáles son esos retos que han enfrentado como magistrados constitucionales y cuáles podrían ser aquellos desafíos venideros, ahora que será el presidente de la Corte?

Esta magistratura ha procurado siempre velar por el cumplimiento de la Constitución Política de la República de Guatemala. Por consiguiente, es de conocimiento público que el reciente proceso electoral representó una oportunidad para garantizar el principio de la alternabilidad del poder establecido en la Constitución. Sin importar los casos que se nos presenten, nuestra prioridad será siempre preservar el orden constitucional.

¿La actual magistratura ha cumplido con ese compromiso de resguardo a la Constitución Política de la República de Guatemala?

Definitivamente si, como órgano colegiado nuestras resoluciones son emitidas siempre de forma imparcial, objetiva y con total apego de la Constitución Política de la República de Guatemala.

¿Cómo valora el papel de la actual Corte de Constitucionalidad en el proceso electoral del 2023?

Como lo expresé anteriormente, a la Corte de Constitucionalidad le compete exclusivamente lo referente a la justicia constitucional. De tal cuenta, durante el proceso electoral 2023, la Corte de Constitucionalidad veló en todo momento porque los principios consagrados en la Constitución Política de la

República de Guatemala, tal como lo es el principio de alternabilidad de poder, fueran respetados. La Corte de Constitucionalidad veló y garantizó el respeto del sufragio de la población guatemalteca.

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¿Qué tan fácil o complejo fue llegar a acuerdos dentro del Pleno al momento de aceptar o rechazar candidaturas a cargos de elección popular?

La Ley Electoral y de Partidos Políticos, Decreto Número 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, determina que es el Tribunal Supremo Electoral la institución responsable de aceptar o rechazar las inscripciones para optar a cargos de elección popular.

Como comenté anteriormente, la Corte de Constitucionalidad únicamente conoce aquellas cuestiones relacionadas a justicia constitucional. Independientemente de ello, deseo precisar que la emisión de votos razonados o disidentes fortalece la naturaleza democrática del Tribunal.

En el proceso electoral del 2023 hubo una investigación que tocó incluso las cajas electorales y el padrón electoral. El caso llegó a la CC mediante un amparo del TSE. ¿Cómo analizaron este caso sin precedentes dentro del Pleno?

Se conoció como todas las acciones, y se procedió conforme lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley en la materia.

También los magistrados del TSE perdieron la inmunidad y pidieron amparos ante la CC que no se han resuelto en definitiva. ¿Por qué se retrasaron esas acciones legales?

Todas las acciones que se presentan en este Tribunal llevan el mismo procedimiento sin distinción alguna. Resolver en definitiva un amparo conlleva el cumplimiento del debido proceso, lo cual de ninguna manera puede interpretarse como un retraso de las acciones legales.

¿Cree que la CC respetó las elecciones, la democracia y el derecho de elegir y ser electos?

Como lo manifesté, la Corte de Constitucionalidad garantizó el principio de alternabilidad del poder y el sufragio de las y los guatemaltecos.

Este año se renueva la CSJ. Se viene de un proceso con un precedente negativo porque la renovación se tardó cuatro años ¿Cómo afectó este retraso en la renovación de poderes al sector justicia?

La Magistratura para dotar de ejecutabilidad al fallo emitido por la Séptima Magistratura, en uso de su facultad de Ejecución de Oficio ordenó al Congreso de la República incluir en agenda la elección de Cortes, así como concluir con el proceso de elección, ello en virtud que el Congreso no había alcanzado consenso suficiente para concluir el procedimiento respectivo para integrar dichas Cortes.

Por consiguiente, esperamos que la elección de Cortes de este año se desarrolle en el marco de lo que establece la Ley.

La CC finalmente despejó la ruta y lograron que el Congreso hiciera la elección de magistrados. ¿Por qué lo hicieron tarde?

Como la manifesté, la Octava Magistratura de la Corte de Constitucionalidad en uso de su facultad de Ejecución de Oficio ordenó al Congreso de la República incluir en agenda la elección de Cortes, así como concluir con el proceso de elección, ello en virtud que el Congreso no había alcanzado consenso suficiente para concluir el procedimiento respectivo para integrarlas.

En consecuencia, la Corte de Constitucionalidad actuó en su momento para dotar de ejecutabilidad al fallo emitido por la Séptima Magistratura el 6 de mayo de 2020.

¿Cuál será el principal reto que ve para que la elección de CSJ no genere las mismas dudas que el proceso anterior?

Considero que es un tema que le compete exclusivamente a las Comisiones de Postulación y al Congreso de la República de Guatemala.

Cómo magistrado constitucional y futuro presidente de la Corte. ¿Cuáles cree que son aquellos temas en los que no se debería de legislar porque podrían atentar con la Constitución? ¿Aborto, eutanasia, matrimonio igualitario?

La Constitución Política de la República de Guatemala es clara y establece los derechos y obligaciones de las y los guatemaltecos, por lo que, nuestra función como jueces constitucionales es cumplir y hacer que se cumpla la misma.

¿Cómo califica el uso del amparo en la Corte de Constitucionalidad?

La acción de amparo se encuentra normada dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Se ha envidenciado, en algunos casos, que se desconocen los principios que rigen esta acción y por ende, al presentarse ante la Corte de Constitucionalidad se les ponen previos o se rechazan. Debe tenerse claridad que para presentar una acción constitucional de amparo se tiene que agotar, entre otros principios, el de definitividad, y es entonces cuando el Tribunal está facultado para conocerlo.

Seguiremos resolviendo los casos que sean sometidos a nuestro conocimiento, con estricto apego a la legalidad, y sobre todo, procurando que en todo momento se respeten los derechos humanos de la población.

¿Qué tan transparente será la Corte de Constitucionalidad con el público y con la prensa en su gestión como presidente?

La Corte de Constitucionalidad como garante del orden constitucional, será siempre transparente.

Cabe recordar que la anterior Comisión Permanente, encabezada por el partido Vamos, los declaró independientes.

Según la CC, la personalidad jurídica del partido está suspendida de manera temporal, y de esa cuenta los diputados tendrán que asumir la Décima Legislatura como independientes y no podrán optar a cargos en la Junta Directiva en el Legislativo. Tampoco tendrán voz y voto en la reunión de Instancia de Jefes de Bloque, en donde se afina la agenda, ni podrán presidir comisiones de trabajo.

El Movimiento Semilla había informado que buscaría la presidencia del Congreso, impulsando la candidatura del diputado Samuel Pérez, que dijo el pasado viernes contaban con un apoyo sólido de la mayoría de bancadas políticas.

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Sin embargo, tras la resolución de la CC se derriban la posibilidad de que esto ocurra, ya que la Ley Orgánica del Legislativo indica que para integrar la Junta Directiva se debe ser diputado de bancada, por lo que los independientes no pueden hacerlo.

Mientras que se conocía la situación del Movimiento Semilla, en el Congreso se han vivido momentos de tensión, diputados electos irrumpieron en la sesión que se llevaba acabo en uno de los salones en Casa Larrazábal, allí se realizaba la reunión para calificar las credenciales de los diputados electos, proceso que ha sido señalado de querer entorpecer la toma de posesión de quienes fueron electos por el voto popular.

También se habla de pagos bajo la mesa para obtener votos y colocar así a diputados en la Junta Directiva.

Orlando Blanco, diputado electo por el partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), mencionó que la elección de los integrantes de dicha comisión “fue a dedo”, y que un proceso que lleva minutos se ha prolongado por más de dos horas.

“Se nombró una comisión a dedo por parte del pacto de corruptos y llevan dos horas encerrados sin que inicie la sesión. Están tratando de retardar el proceso. Mientras tanto allá abajo están comprando a diputados. Estos diputados están cometiendo el delito de sedición”, dijo.

“Ellos tienen que hacer el trámite de calificación que obliga la Constitución, simplemente quien no tiene finiquito y quien no tiene la constancia de que fue electo no puede tomar posesión y se acabó. Es un trámite que en media hora se lleva a cabo, pero estos señores llevan dos horas”, agregó Blanco.

Mientras que Samuel Pérez, diputado del Movimiento Semilla, dijo sobre lo ocurrido en la reunión de la Comisión de Calificación de Credenciales: “No tienen que calificar nada, lo que tienen que hacer es darle posesión a los diputados que ingresaron”.

Según fuentes del Congreso, la sesión se retrasará sin precisar hora. La junta que califica cada uno de los expedientes de los nuevos diputados está reunida, pero se desconoce el lugar. Indican que, en esta reunión que preside Javier Hernández de FCN Nación, se entregaron varios expedientes a los legisladores que revisan documentos relacionados a casos penales en contra del Movimiento Semilla.

En tanto que las instalaciones del Legislativo fueron tomadas por la Policía Nacional Civil, que acordonaron todas las áreas de acceso interno del edificio central y los cadetes de la Escuela Politécnica que se encontraban en el lugar fueron retirados.

Declarados independientes

El pasado viernes, en horas de la tarde, la Comisión Permanente resolvió declarar como independientes a los diputados de Movimiento Semilla, considerando notificaciones judiciales y alertas que fueron enviadas por un juzgado y el Ministerio Público (MP).

La suspensión provisional contra el partido político se dio en el marco de una investigación penal contra el partido político, en donde aparentemente hubo anomalías cuando el mismo fue constituido como una organización política.

Esa decisión adoptada por la Comisión Permanente, le impedía a Movimiento Semilla competir por la Junta Directiva, y a criterio de analistas, la decisión se dio a último minuto, posiblemente con el afán de afectar al partido y evitar una posible respuesta legal.

Pero Movimiento Semilla dijo que ya esperaban un “ataque político” en ese sentido y tenían preparados algunos documentos para accionar ante la CC. Inicialmente, una acción de amparo del partido ingresó en horas de la noche del pasado viernes, instancia que le puso al partido político un previo por no haber cumplido con la formalidad del documento.

También la organización política presentó una debida ejecución, para que se cumpla con el amparo definitivo que consiguió un grupo de ciudadanos, liderados por el abogado Edgar Ortiz.

Los abogados del partido indicaron en este documento que “la decisión arbitraría e ilegal de la Comisión Permanente del Congreso de haber declarado como independiente a la nueva bancada”.

Movimiento Semilla consiguió para la décima legislatura del Congreso de la República 23 espacios, para ser una de las tres fuerzas políticas más grandes para el actual período parlamentario.

Esta tarea recae en el presidente del máximo Tribunal, Héctor Hugo Pérez Aguilera, pero el juez se encuentra ausente hasta la primera semana de enero, según fuentes constitucionales.

Esa situación deja la tarea sobre el siguiente magistrado que debe de asumir la presidencia de la CC, Nester Vásquez Pimentel quien fue electo por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) y es exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El magistrado Vásquez Pimentel es padre de Gonzalo Vásquez, actual delegado alterno de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización de Estados Americanos (OEA), órgano internacional que ha abordado en reiteradas ocasiones la coyuntura guatemalteca ante un posible riesgo de rompimiento del orden constitucional, extremos que el gobierno de Guatemala ha negado.

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La representación de Guatemala recaía sobre Rita Clavería quien recientemente presentó su renuncia al cargo, lo que dejaría a Gonzalo Vásquez al frente de la representación guatemalteca.

En horas de la noche del pasado jueves 21 de diciembre, la CC informó que ya contaba con todos los informes solicitados para entrar a conocer dos acciones de amparo relacionadas con magistrados del TSE.

Pero fuentes indicaron que pese a ya contar con los documentos, todavía no han sido convocados, extremo que podría cambiar ya que en materia de amparo cualquier día y hora es hábil.

Inmunidad del TSE

Una de las acciones de amparo que debe conocer el Pleno de la CC cuestiona la votación que desarrolló el Pleno del Congreso de la República la noche del 30 de noviembre, cuando se les retiró la inmunidad a cuatro de los cinco magistrados titulares del TSE.

Irma Palencia, Rafael Rojas, Gabriel Aguilera y Mynor Franco perdieron la inmunidad cuando el Congreso estaba próximo a concluir su segundo período de sesiones ordinarias, votación que llegó a 108 votos al filo de la media noche.

Entre los aspectos que exponen 14 ciudadanos que promueven el amparo, está que hubo una serie de aparentes ilegalidades desde el momento que se integró la Comisión Pesquisidora.

Indican en el escrito que se acordó la integración de la mesa con 85 votos y no con los 107 que exige la ley, por lo que consideran que el proceso tuvo vicios desde el primer momento.

También cuestionan que tan solo se instalara una comisión, por ser cuatro las personas denunciadas, ya que la responsabilidad penal es personalísima, por lo que exponen un segundo vicio.

El informe de la Comisión Pesquisidora, que fue elaborado en una semana, concluyó, por mayoría de tres votos contra dos, recomendar el retiro de la inmunidad para los magistrados.

Durante la sesión del 30 de noviembre se presentó una moción para conocer el informe, que en una primera votación no llegó a la cantidad requerida, lo que a criterio de los amparistas, provocó que el tema no se conociera de fondo.

Los magistrados del TSE perdieron la inmunidad por una denuncia que presentaron los ciudadanos Geovanny Fratti y Karen Fisher, por aparentes anomalías en la compra del sistema informático utilizado en las elecciones generales del 2023.

El sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep) tuvo un costo de Q148 millones, que según informes de la Contraloría General de Cuentas (CGC) pudo ser sobrevalorado.

Magistrados suplentes

El segundo amparo que debe resolver la CC fue promovido por la ciudadana Karen Fisher, quien pide que el máximo Tribunal le ordene al Congreso de la República nombrar a los dos magistrados suplentes del TSE que hacen falta.

Tras perder la inmunidad, los cuatro magistrados titulares del TSE abandonaron el país, luego de contar con un periodo de vacaciones y licencias, lo que ha dejado que el máximo órgano electoral quede desintegrado.

De momento, Blanca Alfaro, magistrada presidenta y la única titular con inmunidad se encuentra en funciones, acompañada de los únicos tres suplentes: Marco Antonio Cornejo, Marlon Barahona y Álvaro Cordón.

También añade en la acción de amparo, que los magistrados que salieron del país en caso de no retornar a sus funciones en tres días hábiles, sean removidos de sus cargos y se nombre a nuevos magistrados titulares.

Alfaro informó que los magistrados titulares ausentes retornarán a sus funciones en los primeros días de enero ya que los permisos, con excepción del magistrado Franco que se extiende al 30 de enero, concluyeron el pasado 15 de diciembre, y actualmente el órgano electoral se encuentra en su período de vacaciones de fin de año.

Sin embargo, con la suspensión temporal del presupuesto que declaró la CC el lunes pasado, hay falta de certeza, en el sentido de determinar con cuál presupuesto que se opera la apertura del ejercicio fiscal, ya que no puede haber dos programas financieros estatales.

¿Cuál es el alcance?

Prensa Libre consultó al ministro de Finanzas, Edwin Martínez Cameros, sobre las implicaciones de esta decisión de los magistrados y enumeró varios lineamientos desde el punto de vista de la política fiscal:

En primer lugar, confirmó que el presupuesto 2024 está suspendido de manera temporal, y que los recursos de amparo fueron promovidos contra el Congreso, a pesar de que ya había sido publicado en el Diario de Centro América el 15 de diciembre.

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“Como Ministerio de Finanzas estamos a la espera de lo que pueda resolverse. Es un inconveniente que puede tener consecuencias muy fuertes para el sector público y más que todo, por el tiempo en qué estamos, porque las instituciones sobre todo las entidades descentralizadas tienen que estar aprobando sus presupuestos por las máximas autoridades y con eso me refiero a juntas y consejos directivos de las diferentes instituciones”, aseveró.

Explicó que la apertura del presupuesto es el 2 de enero, lo que tiene que estar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (Siaf) y que la suspensión temporal mencionada retrasará, en caso de que no saliera una resolución definitiva que indique cuál presupuesto estatal va a regir para el siguiente ejercicio.

Este puede ser el decreto 18-2023 o el decreto 54-2022, que es el número que corresponde al presupuesto vigente “y estamos a la espera de eso para poder abrir el presupuesto, con lo que la CC al final defina”, manifestó.

“No hay certeza”

El funcionario afirmó que hasta este momento no hay certeza cual será el presupuesto de apertura del 2024, “pero si se hay una resolución definitiva el 27, 28 o 29 de diciembre, entonces como Ministerio de Finanzas, se tendría la certeza de con cuál se inicia el año”.

Apuntó que, una vez iniciado el presupuesto en el Siaf, las instituciones empiezan a ejecutar e insistió que lo más importante y como indica la normativa, es hacer una distribución analítica, por lo que en este momento el personal técnico está trabajando en dos alternativas de distribución y estar listos el 2 de enero para la apertura en el sistema.

Escenarios e implicaciones

Martinez Cameros también comentó un escenario e implicaciones, en el caso de que no se pueda abrir el presupuesto el 2 de enero, y citó como ejemplo que en el Ministerio de Salud no tendría los fondos rotativos con los que funcionan todas las unidades ejecutoras; tampoco el Ministerio de Educación para el inicio del ciclo escolar; y el Ministerio de Gobernación no tendría recursos.

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Antecedentes

El pasado lunes la CC dio con lugar un amparo que deja en suspenso temporal el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2024, y que fue sancionado por el presidente Alejandro Giammattei y publicado en el Diario de Centro América.

La resolución provisional se debe a una solicitud que realizó la Fundación Probienestar del Minusválido (Fundabiem), ya que no se le asignaron fondos estatales, como ha ocurrido en ejercicios fiscales anteriores.

Se expuso que en el proyecto de presupuesto que presentó el Ministerio de Finanzas y que envió al Congreso el pasado 1 de septiembre se incluía un techo de Q14 millones para Fundabiem, pero por medio de una enmienda en el artículo 114 de asignaciones especiales, se retiró el rubro.

Y de esa cuenta representantes de la referida Fundación presentaron un amparo en la CC para revertir la aprobación y que fueran incluidos para 2024.

También hay otro amparo que fue promovido por las autoridades ancestrales para suspender el plan de gasto 2024.

Centros de investigación económica y otros sectores se habían pronunciado en contra de la aprobación del presupuesto 2024 y requerían al presidente Giammattei -que concluirá su mandato el 14 de enero- vetar la iniciativa por una serie de inconsistencias técnicas, asignaciones expréss a varias instituciones -sobre todo al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV)- oenegés sin fundamento técnico y discrecionales, así como más rigideces.

Lo anterior significa que la futura administración de gobierno deberá de trabajar con el presupuesto de este año, un plan financiero que a criterio de Movimiento Semilla, el futuro partido oficial, es más adecuado que el aprobado por los diputados y respaldado por el presidente.

EN ESTE MOMENTO

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La acción de amparo fue promovida por un colectivo indígena, representado por Edgar Benjamín Tuy Bixcul, sindico de la municipalidad indígena de Sololá, según informó una fuente constitucional.

A la acción legal también se suma Fundación Pro bienestar del Minusválido (Fundabiem), representados por la abogada Zoila Virginia Maddaleno Vela, dirigida la acción de amparo en contra del Congreso de la República.

Los argumentos dan cuenta que hubo discusión y una adecuada votación sobre una enmienda, que según el decreto 18–2023, fue promovida por el diputado Cándido Leal, presidente de la Comisión de Finanzas e integrante del bloque Vamos.

Ese punto legal era el que daba vida a la asignación de recursos públicos referentes a organizaciones sociales y fundaciones, en las cuales Fundabiem ya no aparecía en la enmienda, siendo excluido de la recepción de fondos públicos a último minuto, ya que en el dictamen si estaban agregados.

El presupuesto nacional del 2024, que ascendía a Q124 mil 879 millones, quedó en pausa por el voto a favor de cuatro magistrados: Roberto Molina Barreto, Néster Vásquez Pimentel, Leila Lemus y Héctor Hugo Pérez Aguilera, quien no compartió la votación fue la magistrada Dina Ochoa.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), envió 1 mil 344 folios del Caso Corrupción Semilla, que tendrán que ser analizados por las autoridades electorales.

Blanca Alfaro, presidenta del TSE, dijo que en la nota del MP no se hizo ninguna petición en concreto con el evento electoral, ya que la nota dice “para lo que considere conveniente”, por lo que a juicio de la magistrada “la fiscalía no nos pide absolutamente nada”.

Alfaro reafirmó que los resultados electorales son inalterables: “el TSE ya realizó el evento electoral 2023, ya le entregó a la ciudadanía en una democracia la alternancia del poder a las y los funcionarios que tienen que tomar posesión el 14 y 15 de enero; nosotros hemos terminado y la CC fue clara al decir que las decisiones que competen al TSE somos nosotros quienes las tomamos”.

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No obstante, el Tribunal analizará los documentos enviados por el MP, aunque se desconoce si este estudio podría concluir antes del 14 de enero del 2024.

“A nosotros quienes nos da órdenes es un juez, con la fiscalía podemos colaborar con ellos en todo lo que quiera, pero no nos puede pedir que repitamos elecciones”, dijo Alfaro.

El TSE actualmente se encuentra desintegrado, y, aunque han mantenido comunicación virtual con los cuatro magistrados titulares que salieron del país, no es posible integrar de esa manera el pleno, porque la ley no regula sesiones virtuales, explicó Alfaro.

La ruta

Con la entrega de los indicios del Caso Corrupción Semilla, se abre por lo menos dos escenarios para definir el rumbo del proceso de transición para el próximo 14 de enero.

La primera es que el TSE rechace los señalamientos del supuesto fraude presentado por el MP, defendiendo así los resultados electorales. La segunda podría ser una respuesta favorable al MP, y el TSE reconozca los indicios presentados por la Fiscalía.

Cualquiera de estas opciones, a criterio de expertos consultados, van a desencadenar una serie de impugnaciones que van a ir escalando instancias hasta la CC.

No es viable

Para el abogado Alexander Aizenstatd, experto en temas constitucionales, el caso va a llegar hasta la máxima Corte, en donde los magistrados tendrán que entrar a conocer los recursos que las partes consideren.

Aizenstatd destacó que no existe ninguna forma legal en que se puedan anular las elecciones de Guatemala, debido a que sus resultados ya fueron oficializados y se encuentran con una sentencia firme.

“La CC tendría el poder de conocer acciones constitucionales en contra de resoluciones emitidas por el TSE, en este caso, sería alguna acción contra los resultados certificados de las elecciones o se declararon sin lugar las impugnaciones, y eso la CC ya lo hizo”, añadió.

Para el abogado, no existe ninguna acción legal que permita resolver con lugar las acciones y permitir la anulación de las elecciones y la repetición de comicios.

“Independientemente de cualquier solicitud que se haga al TSE, ya está fuera de sus manos, las elecciones ya tuvieron lugar, ya fueron certificadas, ya se resolvieron todas las impugnaciones realizadas en su momento, y ya no hay nada que pueda hacer el TSE”, dijo Aizenstatd.

Caso inédito

A criterio del constituyente Carlos Molina Mencos, el caso presentado por el MP es algo sin precedentes y sí amerita una investigación a fondo para llegar a la verdad de los hechos.

“El MP está actuando conforme a derecho, en el sentido de que si encuentra alguna anomalía la tiene que hacer saber a la autoridad correspondiente, a efecto de que tome las medidas o las resoluciones que correspondan”, dijo.

Para el constituyente, si se llega a confirmar un posible fraude electoral sí habría inconvenientes serios para la toma de las nuevas autoridades.

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“Si se llegase a comprobar que hubo fraude, sí habría una elección inválida. Esto no ha sucedido antes en Guatemala, no hay un proceso de repetición de elección, no hay plazo para hacerlo, no hay nada. Sería muy similar a lo de Jorge Serrano, se saltaron las trancas y se improvisó para tomar una decisión”, explicó.

Contrario al abogado Aizenstatd, Molina Mencos sí considera que existen dos instituciones nacionales que podrían declarar la nulidad de un evento electoral.

“Claro que para poder anular las elecciones, si es que ese fuera el caso, debe ser un Tribunal, y previo juicio; no se puede tomar una decisión unilateral. Acá bien puede ser quien tome esa decisión el TSE o incluso la misma CC, si es que se ingresa algún amparo o inconstitucionalidad”, indicó.

De momento, la investigación fue presentada de manera formal al TSE, un órgano electoral que se encuentra desintegrado y a la espera de conocer si el Congreso convocará para la elección de los dos integrantes que faltan.

Antecedente del 2013

El TSE ya ordenó la repetición de elecciones pero a una escala menor, cuando emitió el decreto 1-2013, ordenando la repetición de las votaciones en Nebaj, Quiché.

Uno de los candidatos emprendió una batalla legal, ocasionada porque no apareció en la papeleta pese a estar inscrito para las votaciones generales del 2011.

Las acciones legales llevaron a que un Juzgado ordenara al TSE la repetición de las elecciones. En aquella ocasión el TSE dijo que el gasto para la repetición fue mínimo, y solo se permitió la participación de los ciudadanos y votantes que estaban inscritos y empadronados para la votación del 2011.

Arévalo, presidente electo, en su calidad de secretario general, promovió el incidente de inconstitucionalidad de ley en caso concreto y cuestionó la frase: “las inscripciones de personas jurídicas” contenida en el artículo 82 del Decreto 21-2006 del Congreso de la República, Ley contra la Delincuencia Organizada.

Con este artículo, el juez Orellana suspendió la personalidad jurídica del partido Semilla. Esta es la segunda vez que el pleno de la CC, por unanimidad, le ordena al titular del Juzgado Séptimo que resuelva acciones legales, pero esta vez lo apercibieron de deducirle responsabilidades por el incumplimiento.

El partido del presidente electo manifestó en la apelación “que la facultad establecida por la frase del artículo 82 impugnado, brinda a todos los jueces penales poder para suspender, incluso, sin notificarle a una entidad, su personalidad jurídica, lo cual burla cualquier posibilidad de cumplir con sus fines, lo que genera altos índices de inseguridad y certeza”.

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Semilla alertó entonces que ese artículo “al ser utilizado con efectos políticos, pretende subvertir el orden electoral, pero que también puede servir para destruir cualquier otro tipo de organización comunitaria, comercial o social”.

La alta Corte además de declarar con lugar el ocurso de queja promovido por  Arévalo De León, también anuló el numeral III) de la resolución de 16 de noviembre de 2023 por la que el tribunal de primer grado (judicatura de Orellana) dispuso que, antes de resolver lo decidido por la CC en el expediente 6701-2023, debía “dilucidarse lo atinente a la excusa presentada dentro del proceso penal correspondiente”.

La CC también determinó que, para reconducir las actuaciones, el Tribunal ocursado (de Orellana) deberá, al recibir la notificación de esta última resolución, dictar una nueva en la que cumpla con lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad”.

Esto consiste en “dar la audiencia a las partes por el término de nueve días y posteriormente se continúe con la tramitación del asunto según lo indicado en este auto, con la celeridad que el caso amerita y sin más
dilaciones, observando los plazos que rigen los procesos constitucionales, en especial los atinentes a la garantía de mérito.

La CC resolvió que de no cumplirse todo está bajo “apercibimiento de incurrir en las responsabilidades que impone la Ley de Amparo, especialmente la contenida en el artículo 77 literal a) que indica:

ARTICULO 77. Causas de responsabilidad. Causan responsabilidad:

• La negativa de admisión de un amparo o el retardo malicioso en su tramitación. El retardo
  se presume malicioso, pero admite prueba en contrario;
• La demora injustificada en la transmisión y entrega de los mensajes y despachos;
• La alteración o la falsedad en los informes que deban rendirse por cualquier persona;
• La omisión de las sanciones que fija esta ley y del encausamiento de los responsables;
• Archivar un expediente sin estar completamente fenecido; y
• El retardo en las notificaciones, el que se sancionará con multa de diez a veinticinco
  quetzales por cada día de atraso.

El 30 de octubre de 2023 el Juzgado Séptimo había suspendido en definitiva el trámite del incidente de inconstitucionalidad de ley en caso concreto que había promovido el partido Semilla.

El juez Orellana resolvió suspender en definitiva el trámite de esa acción que promovió Arévalo por “no cumplir con todos los requisitos que son de imprescindible cumplimiento e inciden en la prosecución del procedimiento respectivo, que establece el artículo 11 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad”.

El 7 de noviembre de 2023 la CC, por unanimidad, le ordenó al juez Orellana continuar con el trámite de la inconstitucionalidad porque consideraron que el partido Semilla sí había fundamentado bien una apelación que presentó relacionada con el mismo caso.

Ante esto, indica la CC, resulta procedente que “el Juzgado Séptimo analice el fondo del planteamiento mediante la emisión del auto respectivo, en el que se tomen en cuenta las alegaciones de las partes, así como la plataforma fáctica y jurídica aplicable al presente asunto y, con base en ello, determinar si la frase de la disposición cuestionada es inconstitucional al caso concreto”.

Por esa razón revocaron a resolución y declararon con lugar la apelación. Además, le ordenan a Orellana continuar con “el trámite del incidente de inconstitucionalidad de ley en caso concreto, en la fase procesal correspondiente y con la celeridad que impone la ley de la materia”.

Según Semilla, la decisión de Orellana del 12 de julio de 2023, que suspendió en forma provisional su inscripción ante el Registro de Ciudadanos contraría el artículo 14 de la Constitución, relacionado con la presunción de inocencia.

Semilla ha sostenido que la suspensión de su personería jurídica “supone una condena anticipada, sin la posibilidad de ofrecer elementos probatorios”. Además que la frase usada para suspenderlos contraviene también otros artículos de la Constitución.

Según informó al Pleno el diputado Aníbal Rojas, secretario de la Junta Directiva, toda vez obtengan una respuesta de la CC van a proceder con la elección de funcionarios judiciales.

“Después de un análisis de la debida ejecutoría, la dirección de asuntos jurídicos presentó un recurso de aclaración y ampliación, toda vez que hay dudas razonables sobre el proceso que ya se había iniciado”, explicó el diputado.

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Esta medida, dijo, que es “con el fin de garantizar el debido proceso y el estricto cumplimiento de lo resuelto”.

Por un momento dio la impresión que el Congreso iba a elegir ayer a los futuros magistrados, ya que una moción alteró el orden del día y puso como primer punto de agenda la renovación de las Cortes.

La propuesta la impulsó el diputado Aníbal Samayoa del Partido Humanista, y pese a que la elección de las Cortes siempre ha sido un tema relegado entre los diputados, su propuesta de darle prioridad al tema recibió 112 votos a favor.

La sesión de Pleno generó algunos comentarios sobre la elección de las Cortes, tarea que el Legislativo ha incumplido desde el 2018.

“Es lamentable que ahora con una resolución, una ejecutoria de esa sentencia que incumplimos nos estén ordenando a una elección a carreras, porque lo pudimos hacer durante estos tres años en la legislatura actual”, cuestionó la diputada Sonia Gutiérrez de Winaq.

El diputado Armando Castillo, de Visión con Valores (Viva), explicó que es un tema de deben de cumplir y respetar por ser una orden, aunque le llama la atención las razones por las que hasta ahora se ordena la renovación de la CSJ y las Salas de Apelación.

La elección de las Cortes siempre ha estado en las distintas agendas del Congreso, pero al momento de ser discutido se rompe el quórum.

El principal efecto inmediato, a consideración de algunos abogados, es que la actual representación que tiene Movimiento Semilla en el Congreso de la República tendrá que ser desconocida por la Junta Directiva y dichos diputados tendrán que ser declarados independientes.

“Pero sí tiene efectos en la bancada que se tiene en el Congreso, en el sentido de que no pueden formar parte ni de comisiones, porque quedan en calidad de independientes, porque el partido políticao queda suspendido”, explicó Gabriel Medrano, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La nueva suspensión contra el partido político va de la mano con el cierre del periodo electoral, el cual ocurrió el pasado 31 de octubre, reactivando así las amonestaciones que pesan sobre la agrupación, por una supuesta manipulación en sus afiliaciones.

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Las repercusiones, a decir del exmagistrado Medrano, son de carácter administrativo, lo que no tiene que influir en la futura toma de posesión de los ciudadanos que ganaron algún cargo de elección popular bajo la representación de Movimiento Semilla.

“Queda suspendida en sus derechos y obligaciones que están contenidas en la Ley Electoral, esto, en mi criterio, no afecta en lo absoluto a los ciudadanos que fueron electos en los comicios del 25 de junio y el 20 de agosto”, explicó.

El proceso jurídico que enfrenta el partido político del binomio presidencial electo no es sencillo, reconoce Medrano, quien señala que en décadas de ejercicio profesional jamás había visto un caso como este, en donde una judicatura penal suspenda a un partido.

“Es una cuestión jurídica inédita, pero no puede quedarse una persona, individual o jurídica, sin poderse defender”, concluyó el exmagistrado.

El abogado constitucionalista Édgar Ortiz, analista de la Fundación Libertad y Desarrollo, también califica el caso contra Semilla como sin precedentes y muy complejo.

“Es inédito que veamos la suspensión de un partido por la orden de un juez penal, eso nunca ha ocurrido en la democracia de nuestro país”, dijo Ortiz.

Pero a diferencia de Medrano, considera que los diputados actuales de Movimiento Semilla deberían de continuar con sus cargos, ya que la suspensión, de momento, no ha quedado en firme.

“La Junta Directiva cometió un delito al haber suspendido al partido a finales de agosto, porque la orden no está firme, de momento tampoco está firme”, refirió.

Tanto Medrano como Ortiz coinciden en que aunque la agrupación esté suspendida, esto no les debería de afectar ejercer un derecho de defensa ante el mismo TSE y otras instancias judiciales, como lo podrían ser la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Constitucionalidad (CC).

“Hay dudas sobre los alcances, yo creo que en todo caso podríamos entender la suspensión en los términos jurídicos, es una suspensión ilegal y la suspensión es una medida administrativa que congela al partido”, destacó Ortiz.

Acción en trámite

Un grupo de abogados presentó una acción de inconstitucionalidad contra una frase de la Ley contra la Delincuencia Organizada, norma que fue usada por el juez Fredy Orellana para ordenar, en un caso que también califica como inédito, la suspensión de un partido político.

“Se planteó una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 82 de la Ley contra la Delincuencia Organizada en el sentido que no fue suspendida provisionalmente”, explicó el abogado Gabriel Orellana, uno de los ponenetes de la acción legal.

Hoy la CC ha convocado a una vista pública a los ponentes de esta acción para escuchar sus argumentos y poder resolver.
Según Orellana, aunque en un primer momento la CC no les resolvió de manera favorable, todavía existen esperanzas de frenar los alcances de la norma impugnada.

“Tenemos una luz tenue al final del túnel, siempre y cuando la CC acate los tiempos procesales, de tal manera que el problema estaría resuelto para Semilla poco antes del 14 de enero”, dijo el abogado.

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Llegará al Congreso

Hasta ayer el Congreso de la República todavía no había sido notificado de la decisión del Registro de Ciudadanos de la suspensión de la personalidad jurídica de Movimiento Semilla.

Pero según declaró fuera de micrófonos un diputado de la Junta Directiva, tendrán que analizar el documento para saber si existe alguna orden directa.

Hace dos meses, cuando se había suspendido al partido político, la Junta Directiva declaró, por mayoría, nombrar como independientes a los diputados del partido en cuestión.

Lo anterior significaba no tener voz ni voto en reunión de jefes de bloques, y tampoco tener espacios como integrantes de las distintas comisiones de trabajo del legislativo.

Para la diputada Lucrecia Marroquín, jefe del bloque Valor, este tema tendrá que ser analizado propiamente por la Directiva, ya que es un tema meramente administrativo.

“Ya sucedió hace dos meses, llegó a la Junta Directiva y se tomó la decisión de suspenderlo, ya luego ellos —Movimiento Semilla— presentaron sus acciones legales y no se suspendieron, pero como ahora ya está en firme me imagino que harán el mismo procedimiento”, dijo.

Para el diputado Adán Pérez, subjefe del bloque Winaq, el tema debería de ser analizado en el pleno, a quien le corresponde tomar la decisión.

“Ellos no lo dieron a conocer en la plenaria, simplemente le dieron lectura al informe. Se debería de exponer ante el Pleno”, concluyó.

La cuestión de competencia fue una acción promovida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), quien buscó el apoyo de la CC para definir si un juez penal podía o no decidir sobre partidos políticos.

En su respuesta la CC explicó que las judicaturas penales pueden accionar y resolver sobre partidos políticos, toda vez fundamenten sus decisiones.

Esa resolución, a consideración de las fuentes es contraria a la propia constitución, quien define que el máximo órgano en la materia es el TSE, quien se rige con una ley especializada de rango constitucional.

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Los precedentes que esta resolución deja son peligrosos, explicó Alexander Aizenstatd, quien teme que estemos a un paso de caer en escenarios dignos de una auténtica dictadura, “vemos ahorita lo que pasa en Nicaragua que de un día a otro cancelan la Universidad Centroamericana (UCA) y es preocupante que eso pueda pasar acá”.

El fallo no fue lo que algunos abogados expertos en materia constitucional esperaban, Yolanda Pérez Ruiz, también exmagistrada de Corte de Apelación, considera que la decisión no fue la más acertada. “Evidentemente, la CC agrede a la misma Constitución”.

La respuesta legal, a su consideración, no respeta los parámetros que dicta la misma Constitución Política de la República de Guatemala. “Acá las autoridades están funcionando acorde a sus intereses”.

Los expertos estiman que ese respaldo constitucional que se da a los jueces penales sería contraproducente, debido a que se podrían tomar criterios generales en contra de otras entidades además de solo partidos políticos.

Los riesgos

Pese a que existe la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp), que ordena todo lo relativo a partidos políticos, incluidas amonestaciones y procesos de cancelación, con la resolución de la CC los jueces penales tienen ahora facultad de decisión sobre estas entidades.

El tema surge cuando mediante el uso de la Ley Contra el Crimen Organizado, el juez séptimo penal, Fredy Orellana, suspendió al partido político Movimiento Semilla.

Aizenstatd explica que es el primer antecedente de este tipo mediante dicha ley. “Hoy es a un partido político, pero mañana podría ser una universidad, una iglesia, un banco, un medio de comunicación, sindicato… hay un riesgo muy grande que cualquier juez penal pueda cancelar la existencia de cualquier personalidad jurídica de un plumazo”.

La resolución de la CC para Pérez Ruiz debería de ser de interés nacional, porque no solamente los partidos políticos quedan vulnerables y a merced del criterio de un juez pena.

“Es peligroso para la vida nacional, y si las personas que tienen sus negocios no se ponen a pensar en cómo reaccionar en este momento creo que el país se convierte inseguro jurídicamente, cualquiera puede hacer cualquier cosa”.

Que un juez penal decida sobre partidos políticos, pese a que existe una ley de rango constitucional no es algo apegado a la ley, señaló la exmagistrada.

“Deja a todas las entidades a las cuales les afecta una decisión de un juez penal, que es absolutamente incompetente además de ser inconstitucional”.

La orden de suspensión que emite el juez séptimo penal al partido político Movimiento Semilla es un primer caso, pero a consideración del abogado Alejandro Balsells, según explicó en sus redes sociales, con esto se podrían ir invadiendo otros escenarios que están resguardados por leyes especializadas de rango constitucional.

“La constitución señala que la libre emisión del pensamiento se rige por una ley constitucional y también dice que no puede confiscarse sus bienes o impedir su difusión. Ahora la CC le dio luz verde a los jueces para confiscar bienes con base en otras leyes”, explicó el abogado, que junto a los profesionales citados accionó en la CC.

Acción pendiente

Las tres fuentes citadas forman parte del grupo de nueve constitucionalistas que recientemente accionaron ante la CC, atacando una frase de la Ley Contra el Crimen Organizado.

Se trata de la frase del artículo 82 de la ley que ordena la suspensión de una personalidad jurídica, debido a que estiman la misma violenta, al menos, siete artículos constitucionales.

“Si cancelan la personalidad jurídica como se puede defender la sociedad, si ni siquiera puede presentar una apelación, un amparo o contratar un abogado, pareciera una herramienta demasiado amplia que no se puede usar de manera proporcional”, señaló Aizenstatd.

Los riesgos que puede traer la aplicación de esta norma de manera discrecional, señaló Pérez Ruiz, atenta contra el debido derecho de defensa.

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“Le quitan el derecho de defenderse, si no le reconoce el Estado que usted existe no puede defenderse, al no defenderse lo van a condenar”.

Los abogados presentaron una acción de inconstitucionalidad, misma que según la ley debería de ser resuelta, según explicaron, en al menos ocho días.

Pese a que existe ese plazo, Pérez Ruiz considera que puede que la CC no tome la acción como prioridad.“En este país resuelven las cosas que les conviene a gran rapidez, no me extrañaría que el que nosotros planteamos se resuelve el año entrante”.

La acción de inconstitucionalidad fue admitida a trámite, y para ser conocida se requiere la presencia de siete magistrados, lo que implicaría a los cinco titulares, y los dos restantes mediante sorteo entre los suplentes.

El MP, con orden del juez Orellana, han realizado cateos en el Tribunal Supremo Electoral, secuestrado actas electorales originales y han iniciado persecución judicial contra el partido Movimiento Semilla que ganó las elecciones presidenciales pasadas con el binomio de Bernardo Arévalo y Karin Herrera.

Diferentes sectores del país, la comunidad internacional y gobiernos de varios países y el propio Arévalo consideran que las acciones emprendidas por el MP atentan contra la democracia en el país y que pudiera estarse gestando un golpe de Estado que busca impedir que las nuevas autoridades asuman el 14 de enero próximo.

En este marco, los médicos del Roosevelt dieron una conferencia de prensa para exigir la renuncia de Porras, Curruchiche y Orellana y se declararon en asamblea permanente hasta que los funcionarios entreguen sus cargos.

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Además, pidieron a la Corte de Constitucionalidad ejercer su “papel histórico de defensor y garante de la Constitución de la República como un baluarte ético y moral y no plegarse a los intereses espurios y obscuros.”

Los médicos le recordaron a la Corte Suprema de Justicia que es el ente responsable de la “ejecución transparente y ecuánime de la ley y que debe de asumir su papel”.

Durante la conferencia los médicos también exigieron al presidente Alejandro Giammattei que se pronuncie en rechazo de las acciones que ponen en peligro la democracia del país.

Los médicos mencionaron que seguirán atendiendo a la población que asista al Hospital Roosevelt “hasta donde los recursos actuales lo permitan, pese a que no han sido asignados para cubrir este último trimestre del año”.

El personal del hospital se declaró en sesión permanente por tiempo indefinido hasta que renuncie la fiscal general del MP, el jefe la Feci y el Juez Séptimo de Instancia Penal, Fredy Orellana.

“A la población en general, – hacemos- un llamado para que nos unamos en defensa de la democracia, no podemos seguir indiferentes, no podemos seguir cómodos en nuestras casas. Hoy es el momento. ¡Hasta que renuncien!”, dijo Celia Albizures, jefa de Oncología del Hospital Roosevelt, quien ofreció la conferencia de prensa.

Esta declaración se da en el quinto día de bloqueos en varias rutas del país, en donde pobladores exigen la renuncia de Porras, Curruchiche y Orellana.

Este viernes, se contabilizan más de 50 bloqueos en todo el país, incluidos varios en la capital, en donde desde el lunes hay un plantón frente a la sede central del MP.

Celia Albizures, jefa de Oncología del Hospital Roosevelt, quien ofreció la conferencia de prensa en la que médicos exigen la renuncia de Porras, Curruchiche y Orellana. (Video Prensa Libre: Rubén Lacán)

El máximo tribunal pidió a las organizaciones políticas que emitieran una postura por escrito, antes de resolver una cuestión de competencia que promovió el Pleno del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Pero de 29 partidos políticos que participaron en las elecciones, solo 7 fijaron una postura, 22 prefirieron permanecer al margen de la coyuntura, según los datos de la CC.

Las autoridades del TSE esperan con esta acción esclarecer el panorama electoral, después que el juzgado séptimo penal suspendió al partido político Movimiento Semilla.

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Esta judicatura también ha ordenado allanamientos sobre el TSE, que han dejado la apertura de las cajas electorales y el secuestro de las actas de los resultados de la primera vuelta.

“Ya tiene bastante tiempo, creo que ya rebasó un tiempo prudencial por el momento que estamos viviendo, es la cuestión de competencia, está planteada ante la CC”, dijo Irma Palencia, presidenta del TSE.

La funcionaria electoral esperaría que la acción se resuelva a la brevedad para dar certeza al proceso, “estamos muy atentos que sea resuelto en las próximas horas o máximo días, porque es un asunto muy importante para darle un poco de oxigenación a toda esta crisis”.

Fuentes de la CC explican que de momento la acción de competencia no está prevista para su discusión y resolución, debido a que apenas el pasado viernes venció el plazo para que los partidos políticos se pronunciaran y ahora corresponde “estudiar” el caso.

Las posturas

De 29 partidos políticos que participaron en las elecciones solo siete fijaron una postura, y solo dos de ellas se conoce que no están de acuerdo en que un juez penal decida sobre los partidos políticos.

Las agrupaciones que se pronunciaron son Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), Visión con Valores (Viva), Vamos, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Valor, Cabal y Mi Familia; Winaq presentó su postura el pasado sábado pero no fue aceptada por estar fuera de tiempo.

Los partidos VOS y Viva, explican en sus argumentos que una judicatura penal no tiene competencia electoral, señalando que cada instancia debe de resolver los temas de su especialidad.

“En materia electoral el TSE es el órgano con mayor jerarquía en Guatemala y hay que encontrar y tener bien claros que por algo existe la división de poderes y que no se deben de judicializar los procesos electorales”, señaló Diego Blanco fiscal de Vos.

Por su parte el fiscal César Amezquita, del partido Viva dijo: “Si es un tema penal hay juzgados penales, si es un tema civil hay juzgados civiles y creo que el TSE es al que le competen solo los temas electorales, esa es nuestra postura”.

Por su parte el partido Vamos, quien encabezó una acción de amparo que terminó repitiendo las audiencias de revisión, informó que su postura en el tema fue neutral.

“Ni a favor ni en contra. Estamos diciendo que respetamos la autoridad de la CC, que ellos son los gestores en esta materia y ellos determinan la resolución que crean más conveniente”, explicó Héctor Aldana, fiscal de Vamos.

El partido político Cabal también fijo una postura similar, solicitando a la CC resolver apegados al derecho constitucional, además dijeron que por desconocer el caso de Movimiento Semilla no podían emitir opinión, según indicó una fuente de la agrupación.

Uno de los partidos que a la fecha no ha reconocido los resultados de las elecciones es la UNE, partido que perdió en segunda vuelta frente a Movimiento Semilla, quien enfrenta un proceso de suspensión por un juzgado penal.

Al ser consultado César Romano, fiscal nacional de la UNE, este dijo que si hay una postura, pero que no sabe en qué sentido fue, “desconozco por menores del memorial, los desconozco porque se trabajó directamente con los abogados”.

El fiscal nacional del partido Valor, Elmer Palencia, dijo que la posición del partido se hizo por medio de su departamento jurídico, desconociendo por menores del tema.

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Se trató de conseguir postura con representantes del partido político Mi Familia, la séptima agrupación en pronunciarse, pero no fue posible establecer comunicación.

Algunos partidos políticos como Movimiento Semilla y Comunidad Elefante manifestaron que no se pronunciaron, ya que en ningún momento fueron notificados por la CC, pero la Corte afirma que cumplió con las notificaciones.

Silencio político

Las razones por las que tan pocos partidos políticos se pronunciaron, a consideración del abogado Gabriel Orellana, experto en derecho constitucional, pueden varias.

“Muchos de estos partidos no son más que cascarones, globos inflados de gas que no tienen la más mínima consistencia ideológica”.
La poca preparación y tiempo de vida de muchos partidos pudo jugar un papel en contra.

“A ellos no les interesa en lo más mínimo el régimen constitucional del país, y carecen de recursos humanos y profesionales suficientes para emitir una posición con sustento”.

Algunos partidos políticos a consideración de Orellana, se manifiestan solo si el dueño del partido así lo quiere. “Los dueños de las fichas electorales, dígase de estos partidos, no tienen la conciencia de lo que se está discutiendo y la trascendencia que esto pudiera tener en el futuro”.

Orellana concluye diciendo que ahora la CC tiene que fijar una postura, en donde no es necesario tener el punto de vista de los partidos políticos, estima que se requirió su opinión tan solamente para tener algunos insumos.

La diligencia de allanamiento del Ministerio Público (MP) finalizó la mañana de este sábado, sin que en ese momento se conociera la decisión constitucional referente a esos amparos.

Fue unas horas después que mediante un comunicado de prensa la CC informó que admitió a trámite los amparos, pero que por ser competencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) remitió a esta instancia judicial las tres acciones.

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Un amparo iba contra la Fiscal General, otro contra el juez séptimo penal y el tercero contra el juez de turno de diligencias, todas las acciones tenían como fin frenar el allanamiento y secuestro de los documentos 4 y 8 de las elecciones generales.

Estos documentos resumen los resultados y fueron clave para la oficialización de resultados, que ya constan en distintos acuerdos emitidos por las autoridades electorales.

No es la primera vez que la CC no resuelve una acción de amparo del TSE, anteriormente hizo lo mismo cuando las autoridades electorales buscaron, sin éxito, frenar otro allanamiento que dejó la apertura de las cajas electorales.

Ahora la CSJ, la Sala Tercera Penal y el Juzgado Octavo Penal tendrán que conocer los amparos, aunque el riesgo que buscaba frenar el TSE ya fue ejecutado con el secuestro de las actas de la primera vuelta electoral.

La Corte de Constitucionalidad a la opinión pública hace saber: pic.twitter.com/HGBulSpdbQ

— CC Guatemala (@CC_Guatemala) September 30, 2023

Los denunciados en el amparo fueron, Napoleón Barrientos, ministro de Gobernación; Henry Reyes, ministro de la Defensa Nacional; Silvia Patricia Valdés, presidenta del Organismo Judicial (OJ) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); y María Consuelo Porras, fiscal general.

También, Wuelmer Gómez, procurador general de la Nación; Edwin Manfredo Ardiano, director general de la Policía Nacional Civil, y Edwin Martínez Cameros, ministro de Finanzas Públicas.

La CC requirió de las autoridades denunciadas informes circunstanciados y esto respondieron:

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Silvia Patricia Valdés Quezada, presidenta del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia argumentó que el organismo que dirige tiene la función constitucional de impartir justicia y no tiene intervención alguna en el proceso electoral.

El ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, expuso que la cartera ha colaborado en las materias de su competencia mediante la suscripción de acuerdos interinstitucionales a efecto de salvaguardar la seguridad de la ciudadanía. Además, indicó que se ha dado seguridad a los magistrados electorales y a sus familias.

“Se puede establecer que el Ministro de Gobernación en todo momento ha brindado el apoyo requerido por las autoridades el Tribunal Supremo Electoral”, dijo. Asimismo, manifestó que “ha cumplido con todo lo que es de su competencia, en materia de seguridad en el actual proceso electoral”.

En tono similar, el director general de la Policía Nacional Civil, Edwin Manfredo Ardiano, indicó que la institución obedece su mandato de “atender los requerimientos que, dentro de los límites legales, reciban del Organismo Judicial, Ministerio Público y demás entidades competentes”, por lo cual, “no se puede extralimitar ni actuar por iniciativa propia en asuntos en materia electoral”.

El Ministerio de la Defensa Nacional, por medio de su encargado del despacho, William Arnulfo López Chay, dijo que “el Ejército de Guatemala, respetuoso de los principios de supremacía y de legalidad, no tiene comprendidas entre sus funciones legales lo relativo a la actividad electoral o a la alternabilidad en el poder”.

La fiscal general, María Consuelo Porras, expresó en el informe circunstanciado que el Ministerio Público “siempre ha actuado de conformidad con lo establecido en la Constitución Política” y que “lo señalado como acto reclamado denota imprecisiones dado que no se indicó acto de autoridad alguno que pudiera configurar una amenaza cierta, futura e inminente atribuible a la autoridad denunciada”.

Aseveró que se ha brindado “un fuerte apoyo al accionante —el TSE— con el fin de garantizar la vigencia del régimen democrático, republicano y representativo”.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación, por medio del abogado Luis Alberto Sosa Avendaño, explicó que esta institución “no tiene relación o participación alguna en materia electoral por no ser objeto de su competencia”.

Finalmente, el ministro de Finanzas, Edwin Oswaldo Martínez, expuso que la acción constitucional “carece de viabilidad” porque “no se estableció que ese Ministerio haya tenido participación en la producción del acto reclamado”. También aseguró que ha prestado colaboración técnica y financiera a los requerimientos de autoridades y funcionarios del TSE.

La CC argumentó, a través de un comunicado este 21 de julio, que el fallo respondió a la acción legal que presentó la organización partidaria en la que se advertía que la orden de suspender la personalidad jurídica de Semilla, pondría en “peligro” el curso normal del proceso electoral.

Además, la CC recordó que en la resolución del amparo provisional, dejó en claro la “protección solicitada” y que la orden que el juez Fredy Orellana emitió el 12 de julio “no afecta ni deja en suspenso” el acuerdo con el que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializó los primeros resultados de las votaciones y, por ende, el avance hacia la segunda vuelta.

Con esa resolución, recuerda el máximo tribunal, que además de que la segunda vuelta “se lleve a cabo en la fecha indicada y con la participación de los candidatos oficializados” en el acuerdo del TSE.

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En esa resolución, sostiene la CC, la orden del juez Orellana “carece de efecto en cuanto a suspender el proceso electoral en la fase en la que se encuentra, así como sus efectos posteriores”.

A su vez, la CC aclara a las autoridades electorales, al Ministerio Público (MP), al Organismo Judicial y a la ciudadanía, que con el amparo que ya otorgó, toda orden penal “carece de efectos para suspender la continuidad y conclusión del proceso electoral” que se desarrolla en Guatemala.

Lea también: ¿Cómo podría reaccionar EE. UU. y la comunidad internacional ante los posibles escenarios de la crisis electoral en Guatemala?

En concreto, indica que la orden del juez tampoco tendrá efectos para “dejar sin personalidad” a los partidos que participan en las elecciones.

#Ahora | Corte de Constitucionalidad emite un comunicado respecto a la crisis electoral que se vive en Guatemala. #DecisionLibre2023 https://t.co/Tzo9lOGikM

— Prensa Libre (@prensa_libre) July 21, 2023

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La CC se pronunció luego de que el TSE pidiera este mismo viernes 21 de julio a la CC, que impida al MP entorpecer el balotaje presidencial del 20 de agosto, luego de una serie de maniobras de fiscales que han generado incertidumbre.

El amparo presentado por el TSE ante la CC solicita que esta ordene a la Fiscalía, Policía, Ejército, Corte Suprema y otras instituciones del Estado garantizar la segunda vuelta presidencial, en la que se deberán enfrentar los candidatos Sandra Torres, por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Bernardo Arévalo, del partido Semilla.

El TSE argumentó que existe “la amenaza cierta, futura e inminente de que las autoridades denunciadas vulneren el Estado Democrático de Derecho, al no garantizar el ejercicio de las funciones del Tribunal Supremo Electoral, de los Órganos Electorales Temporales y de la ciudadanía en general”.

Más detalles: TSE presenta amparo en la CC en contra de la jefa del MP, presidenta del OJ y otros funcionarios, por amenaza de “vulnerar el Estado de derecho”

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, expresó su respaldo al pronunciamiento de la CC, a la vez que hizo un llamado a “gobernantes y gobernados al respeto al proceso electoral en curso y con ello, a la democracia en el país”.

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Las acciones legales y los pronunciamientos surgieron mientras el Ministerio Público allanaba la sede del partido Semilla, como parte de las diligencias de un supuesto caso de corrupción con el que busca la cancelación del partido.

Ante la situación que atraviesa Guatemala, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, expresó su respaldo al pronunciamiento de la máxima corte, a la vez que hizo un llamado a “gobernantes y gobernados al respeto al proceso electoral en curso y con ello, a la democracia en el país”.

Además, en un segundo mensaje declaró su condena al allanamiento que el MP emprendió en la sede del Movimiento Semilla.

“Llamamos a detener de inmediato estos ataques con fines políticos y respetar el proceso electoral así como al sistema democrático”, publicó en un tuit.

Por su parte el Gobierno se pronunció respecto a la acción de amparo solicitada ante la CC por el TSE, contra funcionarios del MP, OJ y el Ejecutivo.

Según el Gobierno, “es sorpresiva y lamentable” la acción, pues asegura que ese organismo ha brindado “todas las garantías de protección” y acceso al voto durante el proceso electoral, a través del Ministerio de Gobernación.

Además de señala que ha puesto a disposición acciones de seguridad y más de 2 mil 500 centros educativos para ser usados como centros de votación.

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La acción tiene como principal fin impedir la adjudicación de cargos, atribución que depende de las distintas Juntas Electorales Departamentales (JED), si estas establecen que sí existen dudas o anomalía en el conteo de votos, según el documento.

Según la fuente el número de registro de la acción de amparo, que habría sido presentada ante la Corte de Constitucionalidad (CC) sería la 3731-2023, que al verificar en la página web de la CC, aparece como punto de agenda para una sesión a celebrarse este 1 de julio a las 16 horas.

Aunque el pasado jueves algunos fiscales explicaron que son al menos 15  los partidos políticos que respaldan una petición de recuento de actas, durante una serie de reuniones que no fueron públicas, fueron las siguientes organizaciones quienes decidieron presentar la acción de amparo:

1. Vamos
2. UNE
3. Valor
4. Cambio
5. Mi Familia
6. Podemos
7. Creo
8. Cabal
9. Azul

Segundo amparo

El casillero electrónico de la CC también registra una segunda acción legal con el número 3724-2023, que buscaría un recuento de actas en el departamento de Guatemala y Distrito Central, según confirmó una fuente del partido político Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), quienes presentaron dicha acción legal.

En este segundo amparo también figura una sesión constitucional para este sábado 1 de julio, y aunque no fue presentado junto a la acción legal de los nueve partidos, uno de sus principales efectos también sería frenar la adjudicación de cargos, ya que estos buscarían un recuento de actas, como ocurrió en las elecciones del 2019.

Aunque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no ha dado una cantidad exacta sobre las nulidades, algunos partidos políticos estiman que son cerca de 15 las nulidades que ha recibido el proceso de votaciones, al menos eso hasta la noche del pasado 30 de junio.

De momento, aunque la discusión ha estado en la esfera pública, el Pleno del TSE no ha dado una postura en concreto sobre las peticiones que ya han sugerido algunos partidos, y que ahora llegan incluso a la escala constitucional.

La CC ya confirmó las dos acciones legales y anunció que las mismas deberán de ser analizadas, actualmente los dos amparos están previstos para una sesión este sábado 1 de julio a las 16 horas, en donde el Pleno tendrá que resolver si admite o no a trámite.

Denuncias

La agrupación política Valor fue una de las primeras en accionar legalmente por aparentes dudas en el proceso de votaciones, y representantes de la agrupación presentaron una denuncia ante el Ministerio Público (MP).

Dirigentes del partido señalan que la denuncia fue promovida por los aparentes delitos de falsedad ideológica con agravación electoral contra todas las Juntas Electorales Departamentales.

La acción legal va contra los representantes de las empresas Datasys y Pronet, ambas a cargo de Datasys, que tuvo a su cargo la transmisión de resultados electorales preliminares, pero la misma alcanza también a los digitadores de las empresas a cargo de la difusión de los datos preliminares.

El TSE suspendió la reunión semanal con fiscales nacionales de partidos políticos prevista para este jueves, explicando que se debía a las audiencias de revisión de votos.

También el partido político Winaq presentó una acción de amparo, misma que expone aparentes riesgos de que se utilice un sistema alterno de conteo de votos en el departamento de Guatemala, esta otra acción legal está bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Estas acciones en bloque estarían contradiciendo a algunos pronunciamientos públicos de candidatos como Zury Ríos y Sandra Torres, junto al resto de políticos que publicaron en su oportunidad comunicados en los que expresaban un agradecimiento por el apoyo y respetando las elecciones del pasado 25 de junio.

CC emite amparo provisional

Durante la noche del 1 de julio, la CC dio aconocer que se decretó amparo provisional con el fin de “garantizar la pureza del proceso electoral y que el sistema republicano, democrático y representativo no sufra desmedro”.

Con este amparo provisional, la CC pidió “que las Juntas Electorales Departamentales y la del Distrito Central, independientemente que ya hubiesen llevado a cabo la audiencia de revisión de escrutinios, derivado de las denuncias que se hacen en este amparo, de las cuales se invoca no haber tenido noticia oportuna, convoquen a una nueva audiencia de revisión de escrutinios, en las que los sujetos legitimados podrán ahcer valer las objeciones e impugnaciones que estimen pertinentes, especialmente aquellas que generen las dudas que han planteado en amparo”.

La CC también informó que “luego de realizada esta actividad, los órganos electorales competentes realicen un cotejo entre las actas que formaron parte del proceso electoral a efecto de terminar si cada una de ellas cumplió con los requisitos legales y, en caso de establecerse razonablemente que se pudo haber alterado el resultado de la votación, la Junta Electoral y/o del Distrito Central procedan a introducir las modificaciones pertinentes”.

“En tanto se dilucidan las situaciones anteriormente previstas, el Tribunal Supremo Electoral debe suspender la calificación y oficialización de resultados a efecto de que, para la fecha prevista para la segunda vuelta para elección presidencial, todo haya quedado debidamente depurado”, dice el comunicado.

Aunado a ello, la CC ordenó la remisión de copia certificada del escrito de interposición del amparo a la Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de Amparo, para que continúe con el trámiete de la garantía constitucional instada.

La Corte de Constitucionalidad a la opinión pública hace saber: pic.twitter.com/wOBf8ISgDz

— CC Guatemala (@CC_Guatemala) July 2, 2023

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) había resuelto una orden a la Sala Primera de Mayor Riesgo para ejecutar la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, la cual concede arresto domiciliario a los condenados en el Caso Molina Theissen.

Los militares retirados condenados por este caso son Manuel Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército; Manuel Antonio Callejas Callejas, exjefe de Inteligencia Militar; y los ex altos cargos de la zona militar de Quezaltenango Francisco Luis Gordillo Martínez, excomandante y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, exoficial de inteligencia militar.

La Sala dio cumplimiento y otorgó la medida a Benedicto Lucas, Manuel Callejas y Francisco Gordillo, quienes serán beneficiados con arresto domiciliar.

Según la resolución, Callejas y Gordillo se pueden movilizar en el departamento de Guatemala, mientras que Lucas  García en el de Guatemala y Alta Verapaz.

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Pese a al resolución, solo Gordillo podrá salir de la prisión, pues Lucas y Callejas tienen prisión preventiva por caso Creompaz y  en el caso de Lucas también por el de genocidio.

Los militares condenados habían apelado ante la CC y esta resolvió darles el arresto domiciliar.

La acusación

Todos los acusados fueron hallados responsables de violación y delitos contra los deberes de la humanidad, según sentencia del Tribunal C de Mayor Riesgo que los condenó a penas de entre 33 y 58 años por la desaparición de Marco Antonio Molina Theissen y la detención ilegal y violación de su hermana Emma Guadalupe en 1981.

El tribunal consideró que los militares acusados participaron directamente diseñando el plan contrainsurgente y ordenando los operativos para capturar y torturar a Emma Molina Theissen, quien fue golpeada y violada por soldados, a modo de tortura, durante nueve días.  Cuando escapó, se procedió a la captura ilegal y desaparición de su hermano, Marco Antonio.

El referido tribunal estuvo integrado por los jueces Pablo Xitumul de Paz, presidente, y los vocales Elvis David Hernández Domínguez y Eva Marina Recinos Vásquez.

De acuerdo con la sentencia, los militares diseñaron la estrategia de tortura. De hecho, estaba en los archivos personales de uno de los acusados.

Los hechos

El 27 de septiembre de 1981, en Santa Lucía Utatlán, Sololá, fue detenida Emma Guadalupe Molina Theissen en un retén militar de control de carreteras; ella llevaba escondida propaganda de estudio y discusión política y fue trasladada a la zona militar General Manuel Lisandro Barillas de Quetzaltenango, donde fue torturada y violada. Nueve días después logró escapar.

El 6 de octubre de ese mismo año, tres miembros del Ejército vestidos de particular llegaron a la casa de la familia Molina Theissen ubicada en la 6 avenida 2-35, zona 19, colonia La Florida para recapturar a Emma, pero al no localizarla se llevaron a Marco Antonio, de 14 años, ante la mirada de su madre. Hasta ahora se desconoce al paradero del menor.

El 26 de abril de 2004 el Estado de Guatemala reconoció su responsabilidad en la desaparición del menor, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), instancia que condenó al Estado y ordenó buscar a la víctima, investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del hecho.

En la parte resolutiva del fallo se lee: A juicio de esta Corte, las circunstancias no lo hacen aconsejable, y porque no se dan los supuestos que prevé el artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición personal y de Constitucionalidad, se deniega el amparo provisional solicitado”.

Luego de esta resolución, el proceso seguirá su trámite normal hasta que los magistrados del máximo ente en materia constitucional resuelva en forma definitiva.

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Antecedentes

En 2018, el Ministerio Público en conjunto con la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) señalaron de una supuesta participación del congresista Felipe Alejos en el caso denominado Traficante de Influencias.

Dicha carpeta judicial detalla sobre una estructura integrada por funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria y particulares que se beneficiaron con el cobro de comisiones ilegales por unos Q 19 millones a cambio de agilizar el trámite de expedientes de devolución de crédito fiscal.

Por los referidos señalamientos la FECI presentó solicitud de retiro de antejuicio en contra de Alejos, el cual ha sido rechazado en 4 oportunidades por la CSJ, argumentando que de acuerdo con el análisis de las interceptaciones telefónicas que vinculan al Parlamentario, el número le pertenecía a otra persona.

EE.UU. lo incluyó en la Lista Engel

En julio de 2021, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyo a Felipe Alejos y a su familia en la Lista Engel, la cual señala a personas que participan en actos de corrupción, y les niega el ingreso a EE.UU. y pueden recibir otras sanciones.

El 26 de abril de 2021, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Felipe Alejos, diputado al Congreso de la República, a quien señalan de ser colaborador cercano de Gustavo Adolfo Alejos.

La Presidencia de Guatemala quería conocer los alcances de los artículos constitucionales 161 en su literal “b”, 166 y 168.

El primero era el relativo a la irresponsabilidad de la que gozan los diputados al emitir sus opiniones. En los dos años de la novena legislatura ha sido frecuente que los congresistas de oposición critiquen con firmeza las decisiones del Ejecutivo.

Además, el artículo 166 que explica lo relativo a las interpelaciones, señalando que “los ministros de Estado, tienen la obligación de presentarse al Congreso, a fin de contestar las interpelaciones que se les formulen por uno o más diputados”.

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Finalmente, el artículo 168, que está relacionado a las invitaciones o citaciones de funcionarios del Ejecutivo ante el Congreso señalando lo siguiente: “Asistencia de ministros, funcionarios y empleados al Congreso. Cuando para el efecto sean invitados, los ministros de Estado están obligados a asistir a las sesiones del Congreso, de las Comisiones y de los Bloques Legislativos”.

Las consultas de Giammattei

Según el expediente de la CC, los argumentos del presidente Giammattei para hacer la consulta es porque , “si bien es cierto que los ministros de Estado están obligados a presentarse al Congreso de la República, a fin de responder la interpelación formulada por uno o más diputados, efectuada por virtud del derecho de fiscalización que a estos les asiste, y que una vez instaurado ese mecanismo de control, el funcionario objeto de interpelación no puede ausentarse del país, ni excusarse de forma alguna salvo que estuviesen fuera del territorio nacional o por quebrantos de salud; también lo es que, actualmente previo a desarrollarse el juicio político, quienes serán interpelados no obstante haber sido citados señalándoles día y hora específica, para tal efecto, deben aguardar en el parlamento de manera intémpore y en estado de espera, hasta que el aludido juicio se desarrolle, lo cual constituye un obstáculo para el desarrollo de sus funciones y atribuciones en el Organismo Ejecutivo, derivado de la obligatoriedad de su presencia física en la sede legislativa, lo que implica paralización de sus actividades administrativas”.

También que se genera incertidumbre el alcance del precepto que limita a los ministros de Estado, a salir del territorio nacional una vez planteada la interpelación, aun y cuando estos deban, por motivo de su cargo, atender y asistir a eventos internacionales importantes y relevantes para el Estado.

El expediente dice que el consultante ve que es necesario, mediante opinión de la CC, “desentrañar y precisar el alcance de la interpelación a los ministros de Estado, así como determinados aspectos de su procedimiento, con el fin de que los Organismos de Estado involucrados, cumplan efectivamente con dicho mecanismo de control político fiscalizador, de manera articulada y sin interferencias unidireccionales o recíprocas.

Respuestas de la CC

Opinión consultiva 1

1. ¿Las Comisiones del Organismo Legislativo pueden realizar citaciones a funcionarios, sobre temas que no estén relacionados con la materia de competencia de la Comisión? CC responde: No. Las citaciones solo pueden hacerse con el objeto de abordar temáticas que guarden relación con la materia que corresponde a las comisiones.

2. ¿Una Comisión puede citar o invitar a un funcionario o empleado público para tratar temas que no están relacionados con sus atribuciones y funciones administrativas? CC responde: No, los temas deben encontrarse dentro de las funciones y atribuciones legales de tal funcionario o empleado público.

3. ¿Está obligado un funcionario a rendir informe a una Comisión que por su naturaleza no está relacionada con las funciones sustantivas que realiza el órgano administrativo en que ejerce sus funciones? CC responde: No, el objeto los informes deberá guardar relación con la materia que corresponde conocer al órgano.

4. ¿Está obligado un funcionario o empleado público a asistir a una reunión o citación realizada por una Comisión, sin que se justifique en la convocatoria, la manifestación expresa del objeto de la misma y su relación con el ejercicio de las funciones y atribuciones del funcionario o empleado público? CC responde: No. Si dentro de la citación se hacen preguntas ajenas a las atribuciones del funcionario o preguntas que se alejan del objeto de la citación, el funcionario puede pedir que las preguntas se apeguen al tema o su competencia. Si las preguntas persisten, puede abstenerse, explicar por qué no puede responder y dejar en acta la razón.
5. ¿Es necesario que la Comisión forme quórum con la suma de 25% de sus miembros más el presidente de la Comisión o vicepresidente, para que reciba a un funcionario o empleado público que ha sido citado o invitado? CC responde, Sí. De acuerdo a la ley (artículo 36 de la ley orgánica del Organismo Legislativo).

6. ¿Al determinar que no existe el quórum necesario puede un funcionario o empleado público, que acuda a una invitación o citación por parte de una Comisión, retirarse de la misma?
   CC responde: Sí, de acuerdo a la ley (artículo 36 de la ley orgánica del organismo legislativo)

Opinión consultiva 2

1. ¿La prerrogativa de los diputados en cuanto a la irresponsabilidad, por sus opiniones se refiere únicamente a temas estrictamente parlamentarios y relacionados con los asuntos que corresponde conocer por sus funciones? CC responde: Sí, solo se refiere al desarrollo de sus funciones.

2. ¿La prerrogativa de los diputados en cuanto a la irresponsabilidad por sus opiniones se refiere en forma extensiva a cualquier opinión vertida por un parlamentario, aun cuando las mismas sean ajenas a los temas relacionados con el Congreso de la República? CC responde: No, solo a las que ventila en ejercicio de sus funciones.

3. ¿Cuáles serían las razones legales por las que podría restringirse el ejercicio de ese derecho o prerrogativa? La CC se abstuvo de responder por considerar la pregunta muy general.

Opinión consultiva 3

1. ¿Se inicia el procedimiento de interpelación con el planteamiento ante el Pleno del Congreso, una vez realizada la notificación al ministro o al momento de que el mismo sea juramentado en el inicio de la sesión en la que se lleve a cabo la interpelación? CC responde: El procedimiento inicia cuando el diputado la solicita, pero para el interpelado comienza hasta que se le notifique.

2. ¿Es posible que el Congreso de la República pueda autorizar a un ministro de Estado para que se ausente del país, durante el procedimiento de interpelación, ante la necesidad de asistir a un evento de carácter internacional, para atender los intereses de Guatemala? CC responde: No.
3. (Se unieron preguntas 3y 5) ¿Cuál se considera que es el tiempo prudencial y razonable de espera que un ministro de Estado que está siendo interpelado, pueda retirarse del Congreso de la República, cuando se ha excedido de la hora fijada como inicio de la sesión de interpelación, esto con el objeto de continuar en el ejercicio de sus funciones? ¿Al determinar que no existe el quórum necesario en el Congreso de la República para el inicio de la sesión parlamentaria, puede un ministro de Estado que acuda a una interpelación, retirarse de las instalaciones del Congreso de la República? CC responde: El ministro puede retirarse inmediatamente del pleno si se presenta a la hora citada de la interpelación y no hay quórum.
4. (Se unieron preguntas 7 y 8) ¿Puede el ministro interpelado, abstenerse de responder preguntas si las mismas no tienen relación con el tema que motivó la interpelación? ¿Puede el ministro interpelado abstenerse a responder preguntas que no sean propias de las políticas o asuntos de su competencia? CC responde: Sí, pero no debe quedarse callado. En su lugar, le debe pedir al diputado que se ajuste al tema de la interpelación o a sus competencias. Si persisten, el ministro debe explicar que las preguntas no tienen relación, abstenerse y dejarlo en acta.

Busca evadir fiscalización

Dos expertos en Derecho al ser consultados previo a la vista pública, consideran que, pese a que no se tiene por escrito las preguntas puntuales del presidente, da la impresión que buscan una justificación para evitar las citaciones del Congreso.

Edie Cux, director de la organización Acción Ciudadana (AC), señala que la postura del presidente es obvia. “Ya está clara la postura del presidente en realmente tener el poder a toda costa, esto implica que hacer una consulta de este tipo es que él (Giammattei) quiere manejar un poder absoluto con lo que podría buscar impunidad, ningún control y manejar la política a su antojo”.

Cux, estima que el simple hecho de formular consultas por temas obvios representa un peligro al sistema democrático y “se estaría atentando contra el sistema de pesos y contra pesos que plantea la misma Constitución, poco a poco se van eliminando esos límites que tiene la Presidencia”.

Por su parte la abogada Leily Santizo, analista independiente, considera que a pesar de cualquier intención que lleven esas opiniones requeridas por el Ejecutivo es imposible que se limite el trabajo parlamentario.

No es para evadir fiscalización

María Consuelo Ramírez Scaglia, secretaria general de la Presidencia, dijo que tal y como lo establece la propia Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de Amparo, exhibición personal  y Constitucionalidad,  el Organismo Ejecutivo tiene la facultad de solicitar opinión consultiva a la CC.

Expresó que el objetivo de la consulta tenía como fin contar con los mecanismos que permitan que se más eficiente la administración del Organismo Ejecutivo en búsqueda de la rendición de cuentas.

Explicó que estas respuestas de la CC deben ser publicadas en el Diario de Centroamérica.

Negó que el Ejecutivo busque con esto evadir la fiscalización, sino que lo que se busca es contar con los mecanismos necesarios para hacer más eficiente las funciones y atribuciones del Ejecutivo. Reconoció que es obligación del Ejecutivo rendir cuentas y eso es lo que buscaban.

Dijo que lo que se pretendía era que los funcionarios de Estado puedan contar con el tiempo necesario para poder cumplir con sus atribuciones y especialmente en el ámbito de las que llevan a cabo en el Congreso de la República, para cumplir con esa obligación constitucional.

La CC no está al servicio de nadie

Roberto Molina Barreto, presidente de la CC, dijo que en redes sociales y algunos medios de comunicación se habló sobre algunas insinuaciones y mensajes negativos contra esa corte por la derecho que ejerció el presidente de la República constitucionalmente de hacer o solicitar opiniones consultivas.

Dijo que los mensajes insinúan que la CC pudiera estar al servicio o para condescender a algún organismo del Estado. “Enfáticamente lo primero que quiero decir es que este Tribunal no está servicio de ninguno de los tres poderes – del Estado-, institución alguna o designantes de esta corte”.

Dijo que la CC lo que hace al emitir las opiniones consultivas es cumplir con su obligación, pues en la Constitución está el derecho de los tres poderes del Estado de solicitar opiniones de ese tipo si son de carácter constitucional, y la corte debe responderlas.

Dijo que el presidente Giammattei  a lo que se refirió en las consultas fue a las formas en que deben ser citados los funcionarios públicos en términos generales. Expresó que un funcionario debe ser citado o invitado por una comisión, un bloque legislativo o el Pleno, si fuera una interpelación.

También consultó si puede ser o debe ser citado para los objetos propios de la comisión y eso presume que hay comisiones que hacen situaciones que no corresponden al objeto de la citación.

Mencionó que la CC está respondiendo que en efecto la citación o la invitación responder debe tener totalmente una situación dirigida a la a su comisión

El tercer asunto es el hecho sí se puede retirar o no el  funcionario o si puede abstenerse o no a contestar y la corte dice que tiene obligación de presentarse y tiene la obligación de razonar el por qué se tendría que abstener si le están preguntando algo que no le compete.

“Por otro lado la prerrogativa de los diputados de ser expulsados por sus opinión su función que la corte concluye que en efecto existe esa prerrogativa estrictamente para opiniones que expresen en el ejercicio de su cargo y no otro tipo de opiniones”, dijo Molina Barreto.

En cuanto a la cuarta pregunta que hizo el presidente Giammattei, dijo que este les presentó la propuesta de analizar un anteproyecto para acuerdo gubernativo para arreglar las consultas a los pueblos indígenas y tribales en cumplimiento del Convenio 169.

“Guatemala no tiene una norma activa o legislativa o gubernativa que regule la forma de hacer esas consultas entonces él pretendió que esta corte analizará un proyecto que él tiene para hacer un acuerdo gubernativo y la corte le contesta, que no está dentro de las funciones de la corte emitir opinión por proyectos gubernativos que no señale la Constitución”.

Édgar Pérez, director abogado que asesora a los médicos mencionó que el amparo obedece a la mala gestión gestión que ha habido en la contención del covid-19, basado en lo que establecen las facultades del presidente de la República en el artículo 183, literal f de la Constitución Política de la República de Guatemala. (Dictar las disposiciones que sean necesarias en los casos de emergencia grave o de calamidad pública, debiendo dar cuenta al Congreso en sus sesiones inmediatas).

Dijo que la acción que presentan es para proponerle al presidente una alternativa de cómo debe de contenerse el covid-19 en Guatemala.

“Hay una mala gestión presupuestaria que hace falta todavía ejecutar y esta acción constitucional busca eso que haya una eficiencia y eficacia en la ejecución presupuestaria”, dijo Pérez.

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El abogado afirmó que ya se han vulnerado derechos a la vida, la integridad, la salud de la población en general por la falta de eficacia en la contención de la pandemia y que lo que está reflejado en la acción de amparo es decirle al presidente, a través de la CC que asuma sus funciones.

Los daños causados

En el documento presentado, los médicos dicen que el incumplimiento de las funciones de Alejandro Giammattei y de la ministra Flores han ocasionado agravios a la población, como los siguientes:

• Desprotección y colapso de la red hospitalaria nacional de referencia-específicamente el Hospital Roosevelt y el Hospital General San Juan de Dios.
• Desprotección y colapso de los hospitales de campaña -especialmente el Hospital Temporal del Parque de la Industria- que se encuentran en una situación de grave saturación en la ocupación hospitalaria, precariedad, abastecimiento insostenible, y de incapacidad de respuesta ante la demanda de atención
• Falta en el acceso seguro a la vacunación masiva covid19.
• Desprotección de los servicios de atención en salud a pacientes con enfermedades crónicas.

Zagreb Zea, presidente de la junta directiva del Hospital Roosevelt, dijo que presentaron la acción de inconstitucionalidad, porque consideran que se ha violentado el derecho a la salud y el acceso al derecho a la salud al más alto nivel, tomando en cuenta los artículos 93 al 96 de la Constitución Política de la República, donde detalla que a las personas de Guatemala se les debe de garantizar acceso al más alto nivel de salud.

Refirió que es contra el presidente Giammattei, porque a él le compete llevar a cabo esta acción de garantizar la salud de los guatemaltecos y también contra la ministra Flores, porque es deber del Estado, a través de su Ministerio de Salud, velar por la salud y la asistencia social de todos los habitantes, brindando los servicios necesarios.

Refirió que el 10 de abril de 2020, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se instó a los Estados que la componen a “disponer y movilizar el máximo de los recursos disponibles, incluyendo acciones de búsqueda permanente de dichos recursos a nivel nacional y multilateral para hacer efectivo el derecho a la salud (…) con objeto de prevenir  y mitigar los efectos de la pandemia sobre los derechos humanos, incluso tomando las  medidas de política fiscal que permitan una redistribución equitativa, incluyendo el diseño de planes y compromisos concretos para aumentar sustantivamente el presupuesto público para garantizar el derecho a la salud”.

Añadió que el protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos económicos, sociales, culturales y políticos,  Protocolo de San Salvador, en su  artículo 10 determina que: “los Estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho:”

• La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas
• La prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole
• La educación de la población sobre la prevención y el tratamiento de los problemas de salud
• La satisfacción de las necesidades de salud de los sectores de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean los más vulnerables.

Fallas

Zea dijo que se han habilitado hospitales temporales que no se han dado abasto para atender a los pacientes covid-19 y al final los centros hospitalarios que siguen sacando el trabajo son el Roosevelt y el San Juan de Dios.

Señaló que se ha fallado en ese sentido, puesto que el Roosevelt tiene que seguir atendiendo pacientes covid-19, pero también otros servicios como maternidad, pediatría, especialidades quirúrgicas, ortopedia, cirugía general y todo eso hace que dicho centro asistencial no pueda reconvertirse en un centro de coronavirus, como se hizo el año pasado.

Zea dijo que si las autoridades van a pedirles, por ejemplo, que amplíen 25 camas, ellos lo pueden hacer, pero las autoridades deben contratar 25  médicos,  25 especialistas, 25 terapistas de la respiración, 25 enfermeras graduadas, 25 auxiliares, no es solo de decir que se amplíe el número de camas.

Expresó que al contratar a esa cantidad de personal y al tener un proceso adecuado, el país podrá contar con más capacidad de atender personas cuando finalice la pandemia y con ello se fortalecerá la red hospitalaria del país.

Señaló que en conclusión todo lo que se invierta en los hospitales del país, al final quedará al servicio de la población guatemalteca y que no se vaya todo a hospitales campaña como el del Parque de la Industria, que en algún momento tendrá que ser desmontado.

Las peticiones

En el documento entregado por los médicos en la CC, se plantean 12 acciones que le piden al presidente Giammattei y a la ministra Flores para enfrentar la crisis hospitalaria que ha generado el covid-19 y para reparar las violaciones al derecho a la salud que han cometido.

1. Fortalecimiento de la red hospitalaria covid y no covid
2. Producción de infraestructura y equipo de establecimientos hospitalarios de tercer nivel y de referencia por cada región del país
3. Abastecimientos sostenido a hospitales en insumos, medicamentos y personal sanitario
4. Abstención de ejecutar presupuesto público para festividades
5. Agilidad en la ejecución del gasto público de la cartera de salud
6. Utilización del Centro Médico Militar
7. Imposición de precio tope para todos aquellos insumos y medicamentos que puedan ser de utilidad para el tratamiento y atención del virus SARS-CoV-2
8. Adquisición y compra transparente que aseguren el acceso y suministro permanente a vacunas contra covid-19
9. Cumplimiento de los aforos
10. Readecuación presupuestaria actual con el objetivo de priorizar la cartera de Salud
11. Garantizar de conformidad con parámetros internacionales, el acceso a la salud mediante la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V sin la restricción temporal más que, se aplique a partir de los 21 días siguientes de la primera dosis
12. Garantizar el suministro de equipos de protección personal adecuados e insumos para higiene básico para normas y todo el personal y pacientes, aseo y mantención de establecimientos de acuerdo con estándares s para el control de infecciones

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Expedientes sin resolver esperan a la nueva Corte de Constitucionalidad

El próximo 14 de abril se renueva el tribunal constitucional, en medio de una serie de reclamos que apuntan a una politización de la justicia, por lo que es necesario que cada nuevo magistrado, tanto titulares como suplentes, garanticen independencia desde el primer día de su gestión, según las conclusiones que arrojó el conversatorio Desafíos de la nueva CC, convocado por la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), GuateÍntegra, Movimiento Cívico Nacional (MCN) y Guatemala Visible.

Entre los principales retos que enfrentará la próxima magistratura está el de borrar del imaginario social la vinculación de la CC con fallos ideológicos, para lo cual es necesario que cada sentencia esté blindada con un fundamento legal que impida que esos comentarios salgan a luz, dijeron los expertos en el sector de justicia.

Aunque existan acciones de amparo pendientes de resolver en la próxima CC, los analistas consideran que eso no retrasará su toma de posesión, lo que permite, en un primer momento, asegurar que esta vez sí se van a respetar los plazos legales, a diferencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que pasa por un dilatado y lento proceso de renovación.

Para los próximos procesos es necesario poder medir con precisión la idoneidad de los candidatos, aspecto que, a criterio de Guatemala Visible, no se tomó en cuenta para el actual proceso de designación y elección de la Corte.

Magistrados con autocontrol

Entre las quejas sobre la magistratura saliente está que hubo abuso de poder al interferir en decisiones de Estado que no le competían, por lo que en lugar de jugar un papel de pesos y contrapesos pasó a convertirse en un cuarto poder no oficial, según José Echeverría, presidente ejecutivo del MCN.

“La nueva CC va a tener que autolimitarse en ciertas decisiones que son competencia de los otros órganos del Estado. Pongo de ejemplo que la función de reglamentación que le compete al órgano Ejecutivo, de una ley o convenio ratificado, según el parámetro y la jerarquía que establece la Constitución, le compete al órgano Ejecutivo. Entonces, en ese control jurisdiccional de la CC va a ser sumamente importante que se acote específicamente a sus funciones, teniendo como marco la misma Constitución y estructura que rige al Estado guatemalteco”, argumentó.

La limitación a la que hace referencia Echeverría también debe ser interna, de acuerdo con Marielos Fuentes, directora de Guatemala Visible, ya que sería “imperdonable” que un magistrado sea juez y parte de alguna causa judicial en la que podría recibir algún tipo de beneficio con su voto a favor o en contra.

“Si hay conflicto de intereses deben inhibirse, no hay mucha vuelta que se le deba dar al asunto. La ley lo prevé y es por eso que tenemos a los cinco magistrados suplentes. El reto o desafío será que estos magistrados reconozcan ese conflicto de intereses y sepan dar ese espacio a uno de los suplentes, para que las resoluciones sigan siendo apegadas a derecho. No es apartarse del asunto, sino al contrario, darle más importancia, cediendo el espacio para uno de los magistrados suplentes, para que la resolución no favorezca por alguna situación a alguno de los titulares”, señaló.

Estrictos y justos

En el foro también se discutió sobre los temas que deben discutirse en la CC sin abanderar una lucha social, que podría endurecer las sombras que ya pesan sobre la Corte.

“A la CC ni le corresponde liderar ni dirigir la lucha contra el comunismo ni la lucha contra la corrupción. Perdón que lo diga así, es que hay un matiz tan amplio dentro de la polarización en que a la CC le tiene que quedar claro, asegurarse de que cada uno de los distintos entes o autoridades públicas cumplan con lo que le corresponde, no valorarlo”, indicó Pablo Hurtado, de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asíes).

Para la integrante de ONU Mujeres y exministra de Trabajo Leticia Teleguario, la CC ha emitido una postura clara en los últimos años en muchos aspectos nacionales, jurisprudencia con la que debe continuar.

“La Corte jugó un papel importante de peso y contrapeso, que es lo que en diferentes momentos requerimos de parte de ellos, porque el resultado fue evidente para todos. Entonces pienso que a partir del 14 de abril viene una nueva oportunidad, pero también grandes desafíos en torno a que esperamos que no sea una CC que retroceda en su jurisprudencia, sino al contrario, que fortalezca al estado de Derecho y que hasta cierto punto permita devolver esa confianza a la ciudadanía”, precisó.

Tareas pendientes

Aunque falten aún tres años, una de las principales responsabilidades que tendrá esta magistratura será velar por el proceso de elecciones generales del 2023. En el pasado proceso fue en la CC que se decidió la inscripción de varios candidatos a puestos de elección popular.

También tendrá que emitir opinión acerca de las propuestas de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, documento que fue entregado hace algunas semanas por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y que ya evalúan diputados.

La CC asumirá a mediados del próximo mes con cerca de una decena de impugnaciones pendientes que, a criterio de las fuentes consultadas, no representan peligro para la toma de posesión, pero sí hacen necesaria su pronta resolución, para evitar que comiencen con dudas, por más mínimas que estas sean.

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Sin embargo, a pesar de que la CSJ tenía hasta ocho días para dar cumplimiento a lo resuelto por la CC, fue hasta el último día que lo hizo por lo que el ayer a las 6 de la tarde no se integraba con magistrados de sala.

La magistrada Morales es la única que puede integrar el pleno de los titulares, debido a que por el tema de coronavirus no asistió al pleno donde se dio trámite al antejuicio promovido en contra de los magistrados Gloria Porras, Bonerge Mejía, Francisco de Mata Vela y Neftaly Aldana.

“La CC ordena a la CSJ conocer de nuevo los amparos acumulados en el antejuicio y la única que ayer no tiene inhibitoria, licencia, ni impedimento era yo y estuve presente a las 12 horas y este poder del Estado es respetuoso de las resoluciones de la CC y estoy solicitando a la presidenta si lo hizo saber a los magistrados quienes se excusaron y con ello se agotó la convocatoria que hizo Silvia Patricia Valdés presidenta interina de la CSJ”, dijo la magistrada.

La CSJ, integrada por magistrados de Sala, dio trámite al retiro de inmunidad presentado por el abogado José Roberto Hernández Guzmán por haber otorgado un amparo en definitiva al Ministerio Público por la elección de magistrados de Salas y CSJ que debe hacer el Congreso.

La CC ordenó a los diputados que excluyan a todos los candidatos que tengan señalamientos o que tengan comprometida su honorabilidad por haberse reunido con Gustavo Alejos en febrero, cuando se discutía la integración de las nóminas que después fueron enviadas al Congreso.

A pesar de que la CC suspendió el trámite de antejuicio los diputados continuaron con el mismo y no enviaron el expediente original a la CC, por lo que esta corte certifico lo conducente.

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Coronavirus: vuelos locales podrían ser los primeros en operar en el Aeropuerto la Aurora

La Feci señaló que una red criminal usó empresas de sociedades anónimas y limitadas y off shore para lavar dinero del desfalco de Q350 millones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en 2003.

La investigación señala como cerebro de la estructura a Gustavo Herrera, asilado en Nicaragua y quien en 2008 llegó a un acuerdo para pagar US$7.4 millones para que cesara la persecución penal en su contra por ese caso.

El dinero supuestamente blanqueado habría sido sustraído del fideicomiso Protección y Desarrollo Social, que se había formalizado entre el IGSS, el Grupo Empresarial Univserv, S.A. y Banco Uno S.A., que nació como un proyecto de vivienda popular para jubilados de la institución.

Helensburg Inc. y Escabel Management Group Ltd., financieras vinculadas a Herrera, habrían vendido por Q232.7 millones, cuando le habrían costado Q220 mil. Hasta julio de 2013, las autoridades habrían recuperado Q228.5 millones de los Q350 millones defraudados.

Otra resolución de la CC

La CC rechazó, en definitiva, el amparo que pretendía anular un convenio de entre MP y colaboradores eficaces del caso Odebrecht

La Procuraduría General de la Nación (PGN, había impugnado el convenio entre la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y sindicados de participar en actos de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.

La PGN pretendía anular el convenio de colaboración eficaz y en mayo de 2018 impugnó parcialmente ese convenio argumentando que ellos estuvieron presentes en la formulación de condiciones para resarcir al Estado de Guatemala por la corrupción causada en el caso Odebrecht.

Señalaron en ese año que el convenio de colaboración eficaz afectó el procedimiento administrativo por solucionarlo en el proceso penal.

“Habíamos sido consultados sobre un monto de reparación al Estado por US$ 17.8 millones por las coimas y eso fue aceptado, con lo que no estuvimos en desacuerdo en el convenio es porque lo vincularon directamente con los términos de la liquidación del contrato administrativo, eso es algo que debe resolverse por el Ministerio de Comunicaciones”, argumentó la PGN en mayo de 2018 cuando comenzó a impugnar la colaboración eficaz.

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Juzgado de mayor riesgo paraliza labores por ausencia de empleados y jueza denuncia complot

El antejuicio fue tramitado a partir de una solicitud del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones en el que señala que la jueza autorizó diligencias “ilegales” contra abogados candidatos a magistrados de Apelaciones y CSJ que posteriormente figuran en el caso “Comisiones paralelas 2020”, donde el Ministerio Público (MP) determina que comisionados, diputados y aspirantes buscan manipular la elección de cortes.

El 3 de julio, CSJ dio trámite al antejuicio presentado contra la jueza de Mayor Riesgo “D”, Érika Aifán y decidió que la magistrada Beyla Estrada de Brito sea quien conozca las pesquisas; sin embargo, Estrada planteó una excusa y un impedimento para cumplir con la designación que se le hizo.

Los procedimientos de investigación autorizados por la jueza Aifán a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) fueron para efectuar pesquisas en contra del exsecretario privado de la presidencia Gustavo Alejos, quien permanecía con medidas en un hospital privado de la zona 2 por el caso  de poder, corrupción y lavado.

Sin embargo,  los investigadores del Ministerio Público (MP) descubrieron que evadía las restricciones de prisión preventiva para reunirse con políticos, diputados y otros funcionarios.

La evasión de Alejos del sanatorio privado causó el comienzo del caso Comisiones Paralelas 2020. la Feci reveló una red de negociaciones en la que estaría vinculado Gustavo Alejos Cámbara, políticos y operadores de justicia.

COMUNICADO
Amparo provisional
Antejuicio Jueza Aifán pic.twitter.com/3nCWw4TbOT

— CC Guatemala (@CC_Guatemala) July 14, 2020

Esto significa que queda firme y vigente la revelación de información bancaria que las diferentes entidades fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos (SIB), como los bancos, cooperativas, entidades de microfinanzas, deben proveer la información de las transacciones de los contribuyentes, mediante orden de juez.

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Se reactivarán procesos

Analistas consultados afirmaron que se podrían reactivar los procesos que ya se venían trabajando y se podrán investigar casos de ejercicios fiscales de años anteriores, derivado de la brecha fiscal que mantiene el administrado tributario por Q1 mil 457 millones a julio último.

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Es decir, que, por tratarse de una revocatoria, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) puede reactivar y acceder a la información de los tributantes cuando cobre vigencia la sentencia y se publique en el Diario de Centro América.

Manuel Mejicanos, intendente jurídico de la SAT, afirmó que se encuentran “complacidos” por el fallo de la CC y la acción de inconstitucionalidad general parcial del artículo 30 “C” del Código Tributario, que en pocas palabras permitirá retomar los casos de investigación fiscal por parte de la unidad encargada.

En ese sentido, explicó que la resolución indica que de 12 numerales del artículo 30 “ter” de reglamento de la SAT, se suspenden tres y dejan en vigencia nueve, entre ellos, el actuar de la gerencia de investigación fiscal, que, según Mejicanos, seguirá funcionando.

“Los artículos vigentes continuarán operando con la gerencia de investigación fiscal”, aseveró el intendente.

Explicó que la gerencia continuará operando bajo el control de la SAT, y las instrucciones del superintendente para coadyuvar con las intendencias para generar alguna información.

Duda razonable

El superintendente Abel Cruz Calderón, afirmó que entrarán a analizar aquellos casos donde existe la duda razonable en los contribuyentes y “se va a ir a juez competente” para poder tener la información de las cuentas bancarias.

Precisó que la herramienta permite recuperar los espacios de fiscalización y que van a actuar conforme a derecho y a lo que estable la CC.

“El plan a trabajar se desarrollará una vez sea publicada la sentencia y que cobre plena vigencia”, advirtió el funcionario.

Agregó que se van a seguir los procedimientos y a lo interno se cambiarán las normativas y ajustarlas

Aplicación

Para el consultor fiscal Óscar Chile Monroy, la SAT no solo podrá adquirir información bancaria, si no del tipo de operaciones que tengan los contribuyentes como préstamos bancarios, cajillas de seguridad o hasta que una persona sea fiadora para un crédito, ya que la ley es amplia para brindarle las facultades a la SAT.

Aunque en este caso aclaró que lo que más resalta son las cuentas bancarias.

Para Juan Carlos Paredes, analista fiscal, ahora se corrige la plana, se determina que no existe violación a la Constitución y la SAT podría empezar una ofensiva para recuperar parte de la cobranza que no ha podido captar.

“La SAT podría reactivar una mejor obligación para los contribuyentes y tener más tributos con este instrumento”, aseveró.

Al respecto, Chile Monroy recomienda que los contribuyentes deben estar preparados para demostrar sus transacciones, si en algún momento son sujetos a investigación.

Connie Beneitez de Paiz, presidente de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), refirió que esperan que la medida se aplique de acuerdo con los criterios establecidos por parte de la SAT.

Víctor Manuel Martínez, ministro de Finanzas, resaltó que se mantendrá mucha prudencia para la solicitud de información bancaria, hasta cuando se tengan los resultados de auditoria y se gestionarán para tener información complementaria.

Explicó que esto se combina con otros instrumentos que tenga la SAT, como la Factura Electrónica (FEL) que tendrá un desarrollo integral.

Cruces de información

Mejicanos subrayó que los casos que se retomarán dependerán de las decisiones que adopte el superintendente o de las diferentes intendencias, para que sea por medio de la gerencia que se solicite ante el juez el acceso a la información.

“La información no la procesa la gerencia si no que la remite a las intendencias que la requieren”, afirmó.

De momento, se desconoce el número de expedientes que podrían solicitarse.

La mayoría de la información que se requerirá a los jueces será para aquellos procesos que están en fiscalización y a veces se solicitan ciertos cruces que requieren los auditores.

Recordó que los cruces de información se solicitan para tener cierta certeza, en el entendido de que son datos privilegiados, y que es información que solo se puede entregar bajo orden de juez.

Una vez obtenida la información no se puede divulgar y la institución bancaria debe entregarla bajo la reserva de confidencialidad.

Reforma

Los analistas afirmaron que se deben promover cambios para que las contribuyentes sepan que están siendo investigados por parte de la gerencia de investigación fiscal y preparar los mecanismos de defensa ya que se encuentran en desventaja.

Chile Monroy recordó que la acción de amparo se promovió porque el contribuyente nunca era informado de que era objeto de investigación.

Para ello, se debe reformar en el artículo que si el contribuyente es sujeto de investigación también que se informe en paralelo.

Sobre los ganadores y perdedores, en este caso el administrador es el ganador, y los perdedores los contribuyentes, sobre todo por lo complejo de establecer una cuantificación de las diferencias entre los movimientos bancarios y facturación.

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“El contribuyente queda expuesto, pero para evitar esos problemas debe contar con un respaldo de operaciones”, agregó.

Acciones ante OCDE

Martínez destacó que con esta resolución en firme notificarán para mejorar el cumplimiento de Guatemala en la reciente evaluación en los estándares de transparencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

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Los magistrados decidieron reunirse este día, algo que no es habitual, ya que los viernes no hay sesiones de pleno.

La CC conocerá el amparo que presentó la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), contra la candidata.

La CC conocerá el amparo que presentó la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que vuelva a conocer la solicitud del retiro de inmunidad de Torres,  sindicada en un caso de financiamiento electoral no reportado en el proceso electoral del 2015.

La solicitud del retiro de la inmunidad a Torres fue solicitada por el Ministerio Público (MP) por la posible comisión de los delitos de financiamiento electoral ilícito, financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita.

Aunque la CSJ dijo no al retiro de inmunidad de la aspirante presidencial, así como a la de cuatro diputados y dos alcaldes de ese mismo partido, contradictoriamente el caso por financiamiento sí ha tenido avances.

El 27 de febrero, la CSJ rechazó sin entrar a conocer la petición de la Fiscalía, por considerar que no había indicios suficientes para retirarle la inmunidad a la presidenciable.

Luego de esa resolución del 27 de febrero se filtró un audio en el que se escucha a Torres conversar con Gustavo Alejos, antiguo operador del partido, sobre un financiamiento de Q40 millones para la campaña electoral del 2015, recursos que no fueron reportados por la UNE al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

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Verónica del Carmen Mazariegos Herrera fue quien expuso ante la CC en representación del MP. El argumento fue el más corto de la audiencia. Fueron solo dos minutos, en el que señaló a los magistrados que el amparo provisional quedó “sin materia”. Con esa exposición terminó la audiencia.

Mazariegos Herrara leyó un fragmento de la resolución del amparo provisional otorgado y luego justificó: “En este concepto, señores magistrados, el Ministerio Público considera que al resolver como lo hizo este honorable tribunal  el presente caso -el amparo provisional- ha quedado sin materia sobre el cual resolver -el amparo definitivo-. Asimismo el Ministerio Público solicita que al resolver o emitir la sentencia respectiva -amparo definitivo- este tribunal se pronuncie sobre los efectos positivos del amparo provisional otorgado”.

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Mazariegos Herrera no brindó mayores detalles de la argumentación y se limitó a indicar que “el amparo quedó sin materia porque la Cicig continuó funcionando”. Luego se retiró de la sala de vistas de la CC.

Habla la Cicig

La representante de la Cicig, Claudia González Orellana, expuso que el acuerdo de creación de Cicig tiene una norma para resolver diferencias, cómo es el proceso para su finalización y puso sobre la mesa las acciones que el Gobierno ha hecho contra la comisión, amparada en el acuerdo 2-2019, a pesar de que había sido suspendido por el tribunal.

“Este convenio en materia de derechos humanos no puede ser finalizado contraviniendo totalmente normas constitucionales. Es por eso, señores magistrados, estamos de acuerdo sobre estas amenazas y posteriormente se publicó un acuerdo el -acuerdo gubernativo 2-2019 – en donde se evidencia un acto de poder público arbitrario”, señaló González Orellana.

La representante de Cicig relató: “Señores magistrados, podemos ver ahí las acciones de amenaza que se fueron concretizando y posteriormente no fueron amenazas sino acciones. El 8 de enero de 2019, la Dirección General de Armas y Municiones (Digecam) retiró los permisos de portación de armas al personal de seguridad de Cicig. El 10 de enero de 2019, el Departamento de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil solicita la devolución de vehículos. El 16 de enero el Ministerio de Relaciones Exteriores informa que se ha retirado los privilegios -pasaportes- al contingente de la República de Argentina y el 24 de enero la Policía Nacional Civil ordenó el retiró del personal de seguridad e investigación. Es ahí donde podemos evidenciar qué acciones da vida este acuerdo 2-2019”.

“Justificando -por medio del acuerdo 2-2019- una acción de hechos de forma errónea para realizar un acto contrario a la Constitución Política de la República de Guatemala, eso es instrumentalizar la norma para beneficio personal”, expuso González Orellana.

Al finalizar sus argumentos, la representante de la comisión dijo: “Señores magistrados, esta representación solicita que se otorgue amparo definitivo, se declare nulo el acuerdo gubernativo 2-2019 y que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala pueda terminar sus funciones hasta septiembre de 2019”.

Sorpresa para los amparistas

Eddie Cux, de Acción Ciudadana, señaló que la petición del MP es “confusa” porque a su criterio no es lógico pedir que un amparo provisional quede sin materia cuando se busca sentencia para establecer los hechos.

Además, expuso que al dejar sin materia el amparo provisional, cobraría vigencia el acuerdo 2-2019 en el que el presidente Jimmy Morales y el consejo de ministros dan por terminado el convenio de Cicig. Por esa razón se busca la sentencia, es decir el amparo definitivo, y que se indique lo conducente contra las autoridades denuncias, es decir el Ejecutivo, para que sea investigada la posible comisión de delitos.

Manfredo Marroquín, también de Acción Ciudadana, señaló: “Están –el MP- haciendo una petición sin mayor fundamento. La verdad es preocupante que una institución que en este caso es la socia principal de la Cicig no tenga elementos de juicio para defender a su socio principal en el combate a la corrupción. De verdad que lo deja a uno frío porque vemos que se expone que no hay materia en lo reclamado”.

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Agregó: “El Gobierno quiere finalizar la lucha contra la corrupción en Guatemala con total impunidad”, y expuso que eso es inaceptable en un sistema democrático.

El abogado Marco Vinicio Mejía, quien presentó amparo por este caso a título a personal, criticó: “Obviamente no se atrevió la fiscal –Consuelo Porras, jefa del MP- a decir que se dejara en suspenso el amparo provisional porque al quedar sin materia –el amparo-, eso significa que no hay nada que resolver. ¿Qué es lo que el pueblo de Guatemala debe saber? Que el Ministerio Público no es un aliado en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Por escrito, sí dijeron que la Corte suspenda el amparo provisional, pero hoy no se atrevieron a decirlo así”.

El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, indicó que el análisis “pudo haber sido apurado”.

MP vuelve a hablar

Minutos después de la intervención del MP ante la CC, y cuando ya había revuelo en la opinión pública respecto a su postura sobre el amparo provisional en contra del Gobierno, Julia Barrera, portavoz de la Fiscalía, comunicó a través de WhatsApp: “En su oportunidad, la CC otorgó un amparo provisional presentado por diversas organizaciones, que dejó en suspenso lo dispuesto por el Gobierno de dejar sin efecto el acuerdo de Cicig. Se notificó lo resuelto a diversas autoridades, entre ellas el Ministerio Público, y la CC exhortó a todas las autoridades notificadas, para que, desde el ámbito de sus competencias, se verificara lo resuelto por la CC. El criterio del Ministerio Público es que que la CC ya se pronunció en cuanto a que se deje en suspenso la decisión emitida por las autoridades del Estado de Guatemala de dar por terminado de manera anticipada y unilateral el acuerdo entre la ONU y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de la Cicig, es decir, la fiscalía avala lo resuelto por la CC. Pedir que se deje sin materia el amparo (NO el provisional, sino el amparo en sí), significa que el MP es del criterio que la resolución de fecha 9 de enero de 2019, por medio de la cual se otorgó el amparo provisional, está vigente y debe ser cumplida. Para el MP ya la CC emitió un criterio que es de cumplimiento obligatorio, incluso en la resolución, se ordena que se publique inmediatamente en el Diario Oficial”.

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¿Cuál es su plan de trabajo?

Trazar la celeridad de los procesos de amparo y la emisión de sentencias, que sean más rápido, para que no haya una mora jurídica constitucional. Son demasiados los procesos de amparo que se plantean, y en atención a que no hay ámbito que no sea susceptible de este, se hace mal uso del mismo y se abusa. El amparo tiene que ser una protección constitucional del ciudadano y no un recurso de impugnación. Hay que regularlo de inmediato.

¿Qué más se propone?

Me parece importante ser prudente en la ejecución de las resoluciones, no extralimitarse en las funciones que tiene un juez constitucional. Muchas veces se ha llegado hasta a legislar. Es importante advertir que la CC no es un tribunal ordinario; muchas veces se emiten resoluciones donde casi que se quiere juzgar sobre culpabilidad o inocencia de una persona, lo cual corresponde a la jurisdicción ordinaria.

¿Cuál es el papel de la CC?

La jurisdicción de la CC es privativa, en defensa del orden constitucional, y lo que tiene que advertir es que no sean violentadas garantías constitucionales.

¿Se necesita capacitación en el ámbito constitucional?

Es importante que la población tenga total acceso a la justicia constitucional, merece estar muy informada y formada a efecto que conozca sus derechos fundamentales, que los haga valer en su vida diaria y que respete los de los demás. Además, hay que hacer vinculación interinstitucional.

¿A qué se refiere?

Que hagamos capacitaciones conjuntas con otras instancias y órganos del Estado, a efecto de que todos conozcan de forma amplia las opiniones de la CC. Es decir, la idea que se conozca antes para no cometer errores y luego plantear inconstitucionalidades.

¿Por qué esperar que llegue la enfermedad para curarla? Mejor preverla. La capacitación a jueces que ejercen jurisdicción ordinaria es importante porque eventualmente asumen la función constitucional. En el Congreso constantemente producen legislación y es importante que estén capacitados e interconectados con la CC, para que cuando emitan leyes no se estén atacando de inconstitucionalidad, que lleva otro proceso.

¿Eso evitaría que la CC tenga tanto trabajo?

Evitamos que después que se emitan leyes se impugnen de inconstitucionales, porque va y viene otra vez y empiezan procesos demasiado tardados, dilatorios, cuando se puede prever.

¿Cómo evitará que su voto se politice?

Somos jueces constitucionales y creo que tenemos que resolver jurídicamente, apegados a la Constitución. No importa que los problemas sean políticos o de cualquier naturaleza. La resolución tiene que ser jurídica y constitucional. El norte tiene que ser la Constitución, no nos podemos perder.

¿Qué puede decir de la tacha que se presentó en su contra, por plagio?

Fue parte de la contienda. Sinceramente fue una ingrata e infame forma de tratar de demeritar mi participación.

¿Invirtió en su candidatura?

Ni un solo centavo. No tuve compromisos con nadie.