Guatemala

|

Suscriptores

“Ha colapsado el sistema de comisiones de postulación”, Nineth Montenegro

La exdiputada fue quien promovió la Ley de Comisiones de Postulación en el 2009. Ahora reflexiona sobre la necesidad de hacer cambios a las elecciones de segundo grado.

Alex Fernando Rojas

24 de febrero de 2026

|

00:10h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

Roxana Baldetti, Anabella De León, Gudy Rivera y Christian Boussinot destacan en la plenaria donde se aprobaba la Ley de Comisiones de Postulación, en junio del 2009. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Las elecciones de segundo grado son normadas por la Ley de Comisiones de Postulación, un cuerpo legal que este año cumple 17 años de haberse creado.

Es una ley joven, pero que en los últimos procesos es objeto de debate sobre si cumplió con su objetivo o se debe cambiar.

Nineth Montenegro fue quien impulsó y consiguió que se aprobara la Ley en el 2009. Tres lustros después y alejada de la actividad política, todavía defiende la norma que rige las elecciones de segundo grado; si hay algo que cuestionar, dice, es a los comisionados.

LECTURAS RELACIONADAS

Grupo de comisionados fracasa en modificar la forma de calificar a los aspirantes a fiscal general

Elecciones de segundo grado enfrentan opacidad y posibles interferencias, señala Misión de la OEA

¿Cómo evalúa el trabajo de las comisiones este año, a la luz de la Ley de Comisiones de Postulación?

A distancia, pero sí he estado atenta como guatemalteca a estos procesos de segundo grado de elecciones de diversos tipos de magistrados. De entrada, le puedo decir que la ley no es mala, sino quien tienen que aplicarla, porque no lo hacen de la manera más adecuada posible.

La ley viene derivada del mandato constitucional, y lo único que hizo fue desarrollar lo que ya existía para ordenar, reducir la discrecionalidad, permitir comparar postulantes en un mismo parámetro, facilitar auditoría social, que existiera el sistema de minorías en los colegios profesionales, y, sobre todo, ordenar, porque no había ningún orden en el tema; se convocaba por parte del Congreso a las comisiones, pero no había orden.

¿Qué se buscaba con esta Ley de Comisiones de Postulación?

  La idea era darle a la sociedad civil el derecho también de indirectamente participar, y revisar realmente que hubiera equilibrio de los méritos éticos y los méritos académicos y profesionales, pero ahora lo que menos se mide es el mérito ético, la idoneidad de la persona, porque se puede sacar 95 puntos si usted quiere, pero habría que ver la trayectoria de la persona, su perfil, los vínculos que ha tenido.

¿Y se consiguió?

Siento que ya no es la misma sociedad, no es  más estructurada, más organizada, más atenta, sobre todo tratándose en este último caso, de la postuladora para el TSE, que es la entidad que tiene que garantizar procesos electorales transparentes, efectivos, veraces. 

¿Y qué se ha ganado?

Es un proceso mejor con la Ley de Comisiones de Postulación a  que solo estuviera la Constitución. Antes no estaba desarrollado una especie de manual sobre dónde se tenían que reunir los comisionados, garantizar que el lugar fuera público, que las sesiones fueran abiertas, transparentes, que la población tuviera acceso a los documentos, que tuviera derecho a expresar su opinión y pensamiento, que tuvieran el derecho de estar todo el tiempo dentro en el proceso.

Con el sistema de minorías que implementamos en la Ley, las fuerzas se reparten de forma democrática, que no se quiera ver es otra cosa, o que realmente a veces puede haber juegos perversos, que no me constan, en el que posiblemente hacen la tabla de gradación, pero antes, posiblemente, ya por abajo alguien les habló, y la tabla de gradación se hace con cierta intención de ayudar a alguien; pero hasta ahí no pude llegar ninguna ley, ninguna comisión.

¿Hasta dónde debería ser permitido el cabildeo, o sí deberíamos de considerarlo una práctica ilegal?

No es correcto. Es decir, antes de haber hecho la tabla de grabación no me parece que sea correcto.

Es lógico que los eventuales candidatos quieran cabildear, no con los comisionados, sino con las personas que los van a elegir, digamos con los diputados, pero eso se debe hacer público.

Lamentablemente, el papel puede ser muy cognitivo, pero las actuaciones de los humanos erosionan la ley, y eso nos lleva a repensar que se está agotando el sistema de comisiones de postulación. 


Por eso se hablaba de importante de reformas en el sector justicia, porque podemos cuestionar muchas cosas, pero mire el modelo de los Estados Unidos, ahí  todos se elige a través del voto popular, pero en este caso de elecciones de segundo grado, las decisiones son determinadas por personas que están en el Congreso con una lista reducida de 20, —en el caso del TSE—, y le deja —a los diputados— un margen muy pequeño de maniobra.

LECTURAS RELACIONADAS

Elecciones de segundo grado: ¿patrones que se repiten o lecciones que no aprendemos?

Astrid Lemus denuncia ante la OEA intentos de impedir su toma de posesión en la Corte de Constitucionalidad

El papel de la academia en las postuladoras también ha sido cuestionado. ¿Cómo se puede explicar eso?

La buena intención de los constitucionalistas de querer poner en primer lugar a la academia para que fuera un colador para evitar la politización, valga la redundancia, de los políticos, no fue más que una buena idea, y una buena intención, pero al final lamentablemente se han desvirtuado.

Ha colapsado el sistema de comisiones de postulación. Demuestra que en este momento ha dejado de tener utilidad y que se debe buscar otro nuevo mecanismo, porque me parece una barbaridad que el ente rector de la educación —la Universidad de San Carlos de Guatemala— no haga absolutamente nada y permita crear infinidad de universidades, facultades de Derecho que podrían ser cuestionadas por la calidad de la formación que le están dando a los futuros abogados de este país. Hay universidades que se dicen que son fachada, que vienen de otras universidades de mayor elitismo, pero que son como su reflejo. Hay muchas cosas ahí que son lamentables.

¿Le viene a la mente cuál debería ser el cambio que necesitan las elecciones de segundo grado?

Es urgente la necesidad de a evaluar seriamente qué clase de decisiones se deben tomar o convencerse de que las elecciones de segundo grado se convierten en elecciones populares.

Buscar un mecanismo muy similar al de las elecciones populares, porque a través de los colegios y de la academia, lamentablemente, eso se ha ido desgastando.

¿Y el momento político es el adecuado?

Yo estoy alejada del Congreso, que es donde emana la situación, pero sí le digo, lograr la Ley de Comisiones de Postulación fue una tarea titánica, solo porque en ese momento ocurrió una coyuntura —el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg—, pudimos meter las leyes de comisiones de postulación y de acceso a la información.

Las iniciativas las paraban, metían interpelaciones, no me dejaban que avanzaran, los diputados se iban, rompían quorum, fue una cosa extrema, hasta que ocurrió este incidente y entonces en ese momento, desde la Presidencia, para disipar el malestar, porque la gente se conmocionó ante estos hechos, decidieron apoyarme y aprobar esas leyes.

Exdiputados Roberto Villate y Nineth Montenegro asesorarán al TSE en la reforma electoral

El TSE comenzó con las mesas de análisis para redactar una propuesta de reforma electoral, que debe llegar al Congreso la segunda semana de abril.

José Manuel Patzán y Douglas Cuevas

11 de marzo de 2024

|

11:52h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

El diputado Roberto Villate llegó a la Sala de Apelaciones de Extinción de Dominio para presentar las pruebas de descargo a la jueza pesquisidora, por la solicitud de antejuicio derivado de un caso de financiamiento electoral ilícito. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Abandonaron el Congreso y desde entonces permanecían fuera de la opinión pública, ahora, los exdiputados Nineth Montenegro y Roberto Villate reaparecieron como asesores del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para cabildear las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp).

La presidenta del TSE, Blanca Alfaro, confirmó que los dos exparlamentarios conforman el equipo que asesora en el tema de la Lepp, en el marco de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (Came).

“La licenciada Nineth Montenegro, que agradecemos su participación, y el exdiputado Roberto Villate, están encaminados a ver el cabildeo y la técnica legislativa”, anunció Alfaro, durante la primera reunión oficial de la Came para elaborar una propuesta de reforma.

Alfaro dijo que Villate está contratado por el TSE y Montenegro por un consultor independiente, ambos con el mismo objetivo: analizar las mil 256 propuestas que fueron presentadas por la sociedad civil, cámaras empresariales y organizaciones políticas.

“Se trabajará en distintas mesas, en las cuales están representados los migrantes, organizaciones de mujeres, sociedad civil y organizaciones económicas”, indicó Alfaro.

“Estamos viendo el tema de los listados abiertos, de la justicia electoral, del financiamiento electoral y la alternanza del poder”, agregó.

Al terminar los planteamientos, el texto será enviado al Congreso para que sea analizado por la Comisión de Asuntos Electorales y se hagan los consensos para su eventual aprobación.

Dentro de las propuestas presentadas por diferentes sectores, está la reducción del número de diputados en el Congreso y en el Parlamento Centroamericano, aunque en este último, también se discute dejar fuera a Guatemala de esta instancia.

¿Quiénes son los exparlamentarios?

Nineth Montenegro fundó el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) en 1984 y luego, en 1996 consiguió llegar al Congreso donde fundó el partido Encuentro por Guatemala, del cual fue secretaria general y conservó un escaño hasta el 2020, cuando no consiguió su reelección y el partido fue cancelado.

Su trabajo dentro el Legislativo se caracterizó por fiscalizar el uso de los fondos públicos y el trabajo de los funcionarios de turno.

En 2009 promovió la Ley de Comisiones de Postulación, con la cual se rige la elección de la fiscal general del Ministerio Público (MP), el contralor General de la Nación y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Montenegro enfrentó un proceso por supuesto financiamiento ilícito, sin embargo, fue amparada por la Corte de Constitucionalidad (CC).

Montenegro fue señalada en una investigación porque el partido incumplió con el plazo para entregar a la Inspección General del TSE los estados financieros del último semestre de 2015.

Mano derecha.

Roberto Villate fungió como diputado en representación del partido Libertad Democrática (Líder), fundado por Manuel Baldizón, quien enfrentó un proceso en Estados Unidos por lavado de dinero. El partido fue Cancelado por el TSE.

Villate fue catalogado como la mano derecha de Baldizón y quien tenía la última palabra en las decisiones de la agrupación política.

Villate fue señalado por el Ministerio Público por no haber reportado Q21.7 millones ante el TSE, cuando fue secretario general de Líder en la campaña presidencial de Manuel Baldizón.

Perdió la inmunidad como diputado el 24 de agosto de 2017, después de una larga batalla legal en la que interpuso 14 acciones de recusación que dilataron el proceso durante un año.

Finalmente el juez Sexto Penal Carlos Toledo dictó falta de mérito contra el exlegislador porque consideró que no obstaculizó la fiscalización de las cuentas de esa organización política.

Durante la audiencia se ordenó auto de prisión preventiva para el señalado.

El acto conclusivo fue programado para el próximo 26 de mayo y la audiencia de etapa intermedia para el 12 de junio de 2023.

El 8 de marzo recién pasado, Hugo Rolando Gómez Osorio fue detenido por las autoridades por el secuestro y desaparición forzada del líder estudiantil y activista sindical, Fernando García, durante la época del conflicto armado interno en Guatemala.

EN ESTE MOMENTO

Mingob admite repunte de violencia y lo atribuye al traslado de agentes de la PNC a protestas

Demanda de proyectos de Codedes en el 2026 se centra en infraestructura básica

Gómez Osorio es un exagente de la Policía Nacional (PN), que llegó a funcionar como escuadrón para cometer violaciones a derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y ejecuciones durante ese periodo.

Según los registros, fue prófugo de la justicia durante 13 años por una orden de captura que se emitió en marzo de 2009.

Su captura se registró al momento de reingresar a territorio guatemalteco en un vuelo de deportados desde Arizona, Estados Unidos.

En audiencia de primera declaración, la Fiscalía de Derechos Humanos, por medio de la Agencia Fiscal de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, logró que Hugo Rolando Gómez Osorio fuera ligado a proceso penal pic.twitter.com/ABSGLtjJsY

— MP de Guatemala (@MPguatemala) March 28, 2023

Gómez Osorio es un exagente de la Policía Nacional (PN), que llegó a funcionar como escuadrón para cometer violaciones a derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y ejecuciones durante ese periodo.

De acuerdo a los registros, fue prófugo de la justicia durante 13 años por una orden de captura que se emitió en marzo de 2009.

Gómez Osorio, de 63 años, fue detenido al momento de reingresar a territorio guatemalteco en un vuelo de deportados desde Arizona, Estados Unidos.

LE RECOMENDAMOS

Condenan al país por desaparición forzada de Fernando García

Condenan a 40 años de cárcel a dos ex policías

Señalamientos a exagente de la extinta Policía Nacional

Las autoridades informaron que está sindicado de los delitos de detención ilegal, plagio o secuestro, abuso de autoridad, desaparición forzada e incumplimiento de deberes de la humanidad.

La orden de detención contra el exagente de la PN se emitió al mismo tiempo que el National Security Archive publicó documentos estadounidenses desclasificados sobre la desaparición de García, quien fue captado por las fuerzas de seguridad guatemaltecas en 1984.

Lea también: Historia del conflicto armado interno en Guatemala y cómo fue el alzamiento en 1960

Los documentos muestran que la captura de García “fue un secuestro político bien organizado y orquestado desde los niveles más altos del gobierno guatemalteco”.

De acuerdo a organizaciones sociales y de derechos humanos, la desaparición de García forma parte de una campaña de terror del Estado que se diseñó para destruir los movimientos sociales urbanos y rurales durante los años 80.

La evidencia clave en el caso de Edgar Fernando García

El 18 de febrero de 1984, el joven líder estudiantil fue capturado afuera del mercado El Guarda, ubicado cerca  de la casa donde vivía, en la capital del país.

El sindicalista, quien también era conocido como Chicará, fue detenido a eso de las 11 horas en la 3a. avenida y 7a. calle, zona 11, junto con Danilo Chinchilla.

Cuando ambos se vieron copados, dispararon contra miembros de la PN, que respondieron e hirieron a Chinchilla, quien fue llevado al Hospital Roosevelt, según se dio a conocer en octubre de 2010 cuando fueron condenados a 40 años de cárcel dos expolicías vinculados al caso: Héctor Roderico Ramírez Ríos y Abraham Lancerio Gómez, quienes eran miembros del Cuarto Cuerpo de la Policía Nacional.

En ese centro hospitalario, Chinchilla hizo una grabación en la que relató los hechos, la cual quedó en manos de la enfermera Aura Farfán.

Ese audio fue presentado en el debate, y después de que la esposa de Chinchilla confirmara que se trataba de él, fue una de las pruebas que tomaron en cuenta los jueces del Tribunal Octavo, que dictó contra los primeros dos capturados en este caso.

LE RECOMENDAMOS

En qué consiste el memorial virtual con el que se recordará a víctimas del conflicto armado en Guatemala

Caso Molina Theissen | Hermana de desaparecido describe tortura y violación y clama por justicia 

Arrestos de otros implicados

Por este caso, las autoridades hicieron un primer arresto el 5 de marzo de 2009. Se trató de Héctor Roderico Ramírez Ríos, un oficial de alto rango de la Policía Nacional (PN) en Quetzaltenango, y un día después, también se detuvo al policía jubilado, Abraham Lancerio Gómez.

Los dos exmiembros del Cuarto Cuerpo de la PN fueron condenados a 40 años de cárcel el 28 de octubre de 2010 por la desaparición forzada de García que, según registros, ocurrió el 18 de febrero de 1984.

La también: Informes de la extinta Policía Nacional revelan detalles sobre Manuel Colom Argueta y Oliverio Castañeda

En esa oportunidad había dos órdenes de arresto más y eran en contra Gómez Osorio y Alfonso Guillermo de León Marroquín.

Ambos exoficiales de la Brigada de Operaciones Especiales (BROE) de la PN, unidad ligada por grupos de derechos humanos con actividades de escuadrones de la muerte durante la década de 1980.

En los archivos de la PN se encontró un oficio en el que las autoridades de esa institución habían propuesto a todos los mencionados para ser condecorados, por la captura de los supuestos subversivos.

Lea también: 2005 | descubren el archivo de la extinta Policía Nacional

Según la propuesta de condecoración, fechada el 24 de julio de 1984 por el jefe del Cuarto Cuerpo de la PN, los cuatro agentes habían detenido a dos personas consideradas subversivas a inmediaciones del mercado El Guarda, mediante un operativo de limpieza.

La captura de estos sujetos, y la búsqueda de los otros dos, se dieron luego de indagar y analizar los Archivos Histórico de la Policía Nacional.

LE PUEDE INTERESAR:

Sectores temen que por la falta de reformas constitucionales se aplacen cambios en la CSJ

La exparlamentaria dice que los constituyentes que crearon los artículos de la Constitución Política de la República (1985) relacionados con dicha Ley lo hicieron “con el mejor espíritu de generar una especie de filtro para evitar que el Congreso de la República eligiera directamente, como ahora, nuevamente, se pretende hacer”.

Dicha Ley también rige la elección de otras instituciones como el Ministerio Público (MP), Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGCN) y Tribunal Supremo Electoral (TSE). “La Ley no es mala, sino que hubo interferencias externas que desvirtuaron el proceso de selección de candidatos, lo cual es muy lamentable”, afirmó.

El presidente Alejandro Giammattei anunció el 2 de junio que daría a conocer el plan de reforma constitucional al sector justicia, el cual incluirá la eliminación de las comisiones de postulación para elegir funcionarios judiciales.

¿Considera positiva una reforma constitucional para el sector justicia, tal como lo ha mencionado el presidente Alejandro Giammattei?

Tendría que ser una reforma constitucional exclusiva para el sector justicia, dada la coyuntura actual, para no abusar e ir más allá. Estoy de acuerdo, pero habría que ver qué tipo de reformas se tratan de impulsar para quitar las comisiones de postulación que están en la Constitución Política de la Republica en las reformas que hicieron a los artículos 215, 217, 233 y otros.

Quitar las comisiones podría ser una opción porque lamentablemente, no las comisiones como tales, sino quienes las han integrado se han ido pervirtiendo con actitudes que efectúan fuera del espacio público donde deben reunirse. Lo único que hasta el momento he escuchado es que se eleve de 13 a 15 el número de magistrados y que los elijan directamente el presidente, el Congreso de la República, el Colegio de Abogados y los decanos de las facultades de Derecho de las universidades.

¿Qué inconvenientes ve en este formato?

Las facultades de Derecho, lamentablemente, no todas por supuesto, tienen un arraigo histórico de más de 50 o 100 años de funcionar, pero violentando el sistema de educación superior se han creado una serie de universidades con facultades de Derecho, que lamentablemente dejan mucho que desear para la academia y me parece que para incluirlas deberían llenar un requisito muy bien analizado de que tengan por lo menos cuatro promociones de egresados y más de 15 años de existencia. Si nos damos cuenta se han creado facultades de Derecho con el solo objetivo de tener votos e incidir en las elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ y de Apelaciones.

¿Sería uno de los grandes inconvenientes de este sistema de elecciones?

Cuando incluyeron las comisiones de postulación en los artículos constitucionales los constituyentes lo hicieron con el mejor espíritu de generar una especie de filtro para evitar que el Congreso eligiera directamente, como ahora se pretende hacer nuevamente. Se pretendía que hubiera un colador académico que lo efectuara con objetividad, tecnicismo y profesionalismo, pero lamentablemente vemos que el ser humano debe tener controles porque sino se desvirtúa.

Nosotros trabajamos y desarrollamos lo que ya existía en la Constitución Política y creamos las comisiones de postulación, precisamente, para controlar a los colegios de profesionales, tanto en el caso de abogados, como en el de elección de Contralor General de Cuentas con los auditores y contadores, para que, por primera vez,  la sociedad civil participara, porque nunca había habido auditoría social, porque se creía que era una cuestión exclusiva de los académicos designados en la Constitución y de los diputados o el presidente, pero nunca se pensó en el ciudadano.

Cuando planteamos la Ley de Comisiones de Postulación lo primero que pensamos fue: aquí se necesita una auditoria social y que la sociedad pueda estar presente en todos los actos de la Comisión, desde el día que se instaure hasta el día que entrega la lista de aspirantes. Y como algo novedoso agregamos como que la sociedad civil también pudiera poner tachas de lo que pudiera ser comprobable lo cual tendría que corroborarse a través del Ministerio Público (MP) los colegios de profesionales, la Policía Nacional Civil (PNC) y otras instituciones, así como el derecho del señalado de presentar sus respuestas o descargos.

¿Considera que el sistema de comisiones de postulación caducó?

Si encuentran un mecanismo idóneo estaría de acuerdo en que se eliminen de la Constitución Política las Comisiones y con esto la ley ordinaria también desaparecería. El problema no es que la Ley sea mala sino que se pervirtió el proceso por otra clase de aspiraciones y la sociedad civil no puede tener ojos para las reuniones que se hacen fuera del espacio público, pues la Ley establece que  las comisiones deben tener un espacio específico, horarios e informar dónde se van a reunir, incluso, plantea un perfil ético, académico, de proyección humana, que antes no había, entonces, el esfuerzo se hizo.

Quizá se deberían de hacer solo modificaciones a Ley de Comisiones de Postulación o si deciden reformar la Constitución que sea solo en el sector justicia con mecanismos idóneos en donde no se  repita lo mismo, porque están proponiendo nuevamente que los decanos de las facultades de Derecho elijan a magistrados de la Corte y que hacemos si el ente rector de la educación superior ha dejado que existan equis cantidad de facultades de Derecho que han generado un problema. El buen abogado que egresa de aquellas facultades de Derecho de renombre y arraigo histórico se ven descalificados por universidades de reciente creación cuyos pensum habría que revisar, entonces volvemos a lo mismo, con o sin ley de Comisiones, la situación no va a cambiar.

Algunos juristas dicen que es suficiente hacerle cambios a Ley de Comisiones, sin necesidad de cambiar la Constitución, ¿Qué opina?

Yo no veo mal que se lleve a cabo una reforma constitucional, pero que no sea un pretexto para pretender hacer reformas más allá del sector justicia y también que no se use para no cumplir con la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que dice que entre el 17 y 20 de junio se deben elegir a los 13 magistrados de CSJ, porque se está violentando la Constitución Política de la República desde octubre del 2019, ya que los magistrados están en un ejercicio sui generis pues ya no le corresponde tomar decisiones, y yo entendiendo que están planteando las reformas constitucionales como un mecanismos para que continúen los mismos lo cual sería muy delicado.

Ahora la CC ya mandató la elección de magistrados, el MP ya dio su informe, por lo que lo único que queda es que los diputados a viva voz elijan a las personas que consideran reúnen las características de idoneidad, probidad y todo lo que hasta hoy día rige en la Constitución y la Ley de Comisiones de Postulación.

Considera que, dado todo el procedimiento ordenado por la CC y el interés del Congreso, ¿Estamos cerca de tener nuevos magistrados?

Yo si veo que hay condiciones, lo que falta es voluntad política. Las Comisiones ya cumplieron con su función y entregaron la  lista de 26 aspirantes, creo que hay uno que renuncio pero ni siquiera es real porque no existe nada formal, por lo que esto no altera ni el producto, ni el proceso. La elección la está mandatando la CC y no hacerlo es caer en desobediencia con la máxima autoridad en materia constitucional.

Y lo que es más, el MP ya manifestó las características de los que están participando como candidatos a magistrados para darles elementos de juicio a los diputados y que durante 20 días los dignatarios analicen los reparos hacia algunos aspirantes y bajo conciencia y a viva voz tendrán que hacerlo o no votar, pero de que la votación se tiene que dar, se tiene que dar.

¿Cree que las posibles reformas se deben socializar más allá de los que han asistido a la Casa Presidencial?

Ese es el reclamo que he escuchado y creo que como un acto de total de honestidad es importante que toda la sociedad guatemalteca conozca qué es lo que se pretende reformar de la Constitución, el no hacerlo genera esa actitud de secretismo que nos ha caracterizado como país y provoca dudas y especulaciones.

Todos tenemos derecho a saber cuáles son las reformas, no precisamente asistiendo a en ese espacio físico, y los tanques de pensamiento deben hacer contrapuestas si las propuestas no fueran las más idóneas, por ejemplo, la forma directa para nombrar que tendría el presidente, diputados, colegio de Abogados y los decanos, ahí veo ciertas aristas para discutir.

Si el Congreso de la Republica aprobar las reformas constitucionales, ¿Cuál es su opinión del siguiente paso que sería la Consulta Popular, dado la poca confianza de la población hacia los políticos?

Creo que para demostrar una verdadera voluntad política se debe proceder a la elección inmediata de los magistrados de la CSJ y de Apelaciones en los plazos que la CC especificó, tomando en cuenta lo que el MP expuso y haciendo un análisis reflexivo de a quiénes tienen que elegir y expresarlo a viva voz tomando en cuenta que tenemos un sistema de justicia desestructura y debilitado que requiere que los nombrados cumplan con los perfiles que expresa el artículo 113 constitucional, esta sería la primera prueba de confianza y de fuego.

Algo importante es entender que si las cosas se comienzan a hacer en un ambiente medio extraño va a generar desconfianza y hay que recordar que se necesitan 107 votos y después la consulta a la población y si desde ahorita no se genera esa confianza no le veo futuro. Otro elemento, que de entrada las haría fracasar es si le agregan otros cambios que solo se discuten fuera de plaza, sin que la población se entere.

¿A qué atribuye el fracaso al actual sistema de comisiones?

El Derecho es dinámico y cambiante, nada puede permanecer por las transformaciones de las sociedades. Lo que pudo haber sido efectivo y factible rápidamente le encontraron salidas alternas y secretas para que hubieran interferencias externas que desvirtuaron el proceso de selección de candidatos, lo cual es muy lamentable. Esto no significa necesariamente que la ley sea mala o lo que dice la Constitución, son las personas agentes externos los que a veces buscan decidir para tener un OJ u otras instancias sometidas y ese es el gran problema, pues mientras no haya independencia en la aplicación de la justicia no podemos hablar de una democracia real y efectiva, ni institucionalidad.

LE PUEDE INTERESAR

Exfiscal acusa a María Consuelo Porras de obstruir caso para favorecer a Sandra Torres

La diputada señaló que una de las deficiencias de Conamigua es que dentro de su estructura hay tres consejos: el nacional, el asesor y el regional y sobre los dos últimos hay dudas sobre su correcta integración.

Según la parlamentaria, el Consejo Nacional es presidido por la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel y solo ha convocado a dos sesiones en el año, cuando la Ley determina que debe haber por lo menos una sesión al mes. Por aparte, esta Comisión ha incumplido con entregar al Congreso el informe anual y tampoco la política pública de protección y atención a la persona migrante, informe que ya fue entregado por la secretaría ejecutiva.

Sobre el Consejo Asesor, la jefa de la bancada Encuentro por Guatemala señaló que se debe tener la certeza que el mismo este integrado y que funcione, que sesionen y que propongan al Consejo Nacional políticas o estrategias en apoyo a los migrantes.

Mientras que los consejos regionales, de desarrollo urbano y rural, deben establecer si estos están apoyando a Conamigua y cuál es el aporte que han brindado a la comunidad migrante.

Ante tal situación, Montenegro propondría reformar la Ley de Conamigua, para que la secretaría ejecutiva tenga más amplitud en sus funciones, sin depender tanto del consejo nacional. Además, promover su descentralización para que pueda ejecutar su mandato.

Poca ejecución presupuestaria

El poco interés de los tres consejos en cumplir su mandato en favor de los migrantes afecta a la Secretaría Ejecutiva, la cual sigue siendo pasiva en la implementación de sus acciones.

Por ejemplo: al 8 de octubre solo han ejecutado 14 por ciento del presupuesto de Q34 millones, equivalentes a Q5 millones. La ejecución presupuestaria en el 2018 fue de un 23 por ciento.

A pesar de que se estableció la asistencia y orientación legal a los migrantes retornados, solo una persona los atiende en la Fuerza Aérea, lugar donde durante el 2019 se ha atendido a 542 familias, una cifra modesta si se compara con los 41 mil 174 personas que han sido deportadas de EE. UU. hasta el 7 de octubre.

En el presupuesto operativo anual se establece que se iban a abrir nuevas sedes de Conamigua en el país, no obstante, solo fue abierta una en Huehuetenango, por lo que la institución tiene representación únicamente en cuatro departamentos: la capital, Alta Verapaz, Huehuetenango y San Marcos.

El secretario ejecutivo, Carlos Narez, informó que no asistió a la citación de la diputada porque ya tenía previsto participar en una serie de conversatorios en los cuales se discutirá cómo desincentivar la migración irregular y darles las oportunidades reales a los guatemaltecos.

Contenido relacionado

> Congreso actual tiene conflicto de interés para elegir a magistrados

> Conamigua no explica cómo gastará Q7.5 millones asignados en asesorías, estudios y campañas de información

> Conamigua contrató personal 029 sin criterios técnicos, dicen diputados

No deje de leer

Control de cobro por alumbrado público le toca a la CNEE, dice la Contraloría

Agregó que la comisión hizo aprobaciones de tasas en el periodo del 2000 al 2004, y que posteriormente solo se hizo una carta de advertencia en el 2017 de que impondría multas de no cumplir con lo establecido en el artículo 96 del reglamento a la Ley General de Electricidad.

La parlamentaria expuso que la denuncia es por incumplimiento de deberes y por abuso de autoridad al no hacer cumplir la ley y dejar a discreción de las municipalidades y distribuidoras de energía cobrar en la factura de energía las tasas por alumbrado público que los concejos deciden, sin ser revisadas con estudio técnico para determinar si es la adecuada.

Agregó que, a pesar de la advertencia del 2017 emitida por la CNEE, tampoco hubo multas posteriores.

La CNEE, la reguladora en el tema energético, señala que faltan regulaciones en el país respecto del alumbrado público y que las leyes y reglamentos actuales no le dan la facultad para revisar, aprobar o improbar una tasa fijada por las corporaciones municipales. El reglamento lo que establece una opción, y no una obligación, de que la distribuidoras soliciten a la Comisión incluir la tasa en la factura luego de haber llegado a acuerdos entre las municipalidades y las distribuidoras.

A la fecha solo 13 municipios tienen una aprobación de la CNEE, para totalizar las 340 de la República.

Prensa Libre buscó durante la semana la postura de la Comisión respecto a la denuncia, pero no se ha recibido respuesta.

Distribuidoras explicaron que convenios son anteriores a la privatización y existencia de la CNEE

El 1 de mayo recién pasado las distribuidoras explicaron a Prensa Libre que los convenios que se aplican ya venían antes de la privatización y de la existencia de la CNEE.

• Energuate:

Dimas Carranza, gerente de regulación y tarifas de Energuate, explicó en ese momento que cuando se privatizó parte del Instituto Nacional de Electrificación (Inde) y se creó Deocsa y Deorsa se hizo un traspaso de acuerdos que tenía ese ente estatal con las municipalidades.

Derivado de eso es que no se han hecho solicitudes de la distribuidora a la comisión para ello se necesita un común acuerdo entre las muncipalidades y la distribuidora.

En algunos casos se han presentado solicitudes en la CNEE, pero esos expedientes aún están pendientes de resolución, agregó.

La Ley General de Electricidad fue establecida en 1996 y el Inde venía aplicando la tasa de las municipalidades desde muchos años antes, explicó Carranza.

“A través de los años hemos mandado algunas solicitudes a la Comisión pero aún no hemos tenido respuesta”, mencionó. Agregó que la CNEE no tiene algún plazo para responder.

• EEGSA

Por aparte Jorge Alonso, gerente de EEGSA, mencionó en esa oportunidad que ha dependido mucho de los momentos y los criterios de quienes han dirigido la CNEE, ya que no está definido claramente en la ley y el reglamento si le corresponde o no autorizarlo.

“El cobro de la tasa de alumbrado público viene desde hace muchos años, antes d que existiera la CNEE. Como EEGSA se ha hecho la solicitud porque el cobro de alumbrado público repercute, no en la tarifa como tal, pero si en la facturación” expuso Alonso. Por ello siempre que la distribuidora ha tenido la necesidad de hacer una solicitud prefieren hacerla para tener un aval o aprobación, añadió.

Anam

La Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) propuso en el 2017 que se mantenga la facultad a los Concejos Municipales para aprobar la tasa de cobro sobre el consumo de cada usuario y mantiene esa postura.

Sin embargo, agregó que se establezcan rangos para tasas diferenciadas por territorio, de esa manera en los lugares donde Energuate suministra el servicio el concejo debería establecer una tasa de entre 15% a 25% y en el área cubierta por EEGSA el rango sería de entre 10% a 15%.

Se incluyó en esa propuesta otra disposición, es decir crear una tabla ponderada para grandes usuarios y otra para pequeños y medianos empresarios, ya que son entes de alto consumo, y se buscaba evitar que los cobros les suban considerablemente si se hace por porcentaje sobre el consumo.

Dicha organización no tiene iniciativa de Ley sin embargo se entregó la propuesta a los parlamentarios indicó  a inicios de mayo el presidente de la Anam Edwin Escobar.

El directivo difiere con Montenegro e indica que, a su criterio, decisiones políticas han estancado en el Congreso el avance de una regulación del cobro de alumbrado público. Además, considera que la CNEE está en lo correcto al indicar que la ley no la faculta para calcular, establecer y aprobar las tasas de cada municipalidad, y que su aprobación para incluirla en la factura es opcional, según se argumenta en el artículo 96 del reglamento a la Ley General de Electricidad (LGE). Aunque advirtió que eso no significa que están permitidos posibles abusos en los cobros.

Luego de una reunión en el Congreso, a inicios de mayo, el presidente de la CNEE, Minor López, declaró que en su oportunidad se revisó la propuesta de la Anam pero a su criterio no fue preparada de forma técnica.

Contenido relacionado

> CNEE que falta de regulación no le faculta aprobar o improbar tasas, argumenta que son los concejos municipales los facultados

> Usuarios pagan hasta 181% de alumbrado público

> Iniciativas para regular alumbrado público se han entrampado en el Congreso

LEA ADEMÁS

Alcalde de Xela temía por su vida

“Aunque las estructuras departamentales son autónomas, la decisión que tomó  él y colectivamente –el partido– es que no va a participar en ningún cargo de elección popular”, manifestó vía telefónica la congresista.

El jefe edil fue proclamado candidato a diputado por Quetzaltenango durante la asamblea general de esa agrupación política que se efectuó el pasado 25 de febrero.

También lea: Grijalva promete reestructurar la administración en Xela

La Contraloría General de Cuentas le negó su finiquito a Grijalva por los hallazgos que los auditores encontraron al revisar las cuentas de la comuna altense durante el ejercicio fiscal del año pasado. Según la comuna, el Concejo ya presentó las pruebas de descargo, pero los casos siguen bajo investigación.

Grijalva tenía previsto llevar a cabo una esta semana una conferencia de prensa para anunciar que se no buscaría la diputación, ni la reelección en el cargo.

En Quetzaltenango una fuente confirmó que la dirigencia del partido le solicitó al alcalde declinar sus aspiraciones políticas debido al desgaste que tiene su administración y porque se corría el riesgo que restaría votos al binomio presidencial y a su candidatura como diputado.

Lea además: Alcaldes comunitarios buscan al alcalde Luis Grijalva en su vivienda

Al respecto diputada Montenegro expresó: “Nuestro corazón y simpatía por Xela está vigente, el hecho que no vaya él –Luis Grijalva– es un mensaje que Encuentro –por Guatemala– manda, si estamos enviando este mensaje, esperamos una respuesta positiva del pueblo”.

Sobre el rechazo que sectores tiene en contra del alcalde, Montenegro argumentó: “Lo menos que podemos hacer es apoyarlo para que pueda entregar su periodo de la mejor manera, él es un hombre honrado, le faltó diálogo y más acercamiento con la población, Luis se encontró varias arista y nudos que dejó la anterior administración y que Cicig las descubrió”.

Contenido relacionado

> Estos son los 5 requisitos para convertirse en socio conductor en Xela

> Falta de parqueos en el Centro Histórico de Xela preocupa a vecinos

> ¿Sabía que ningún cuidador de carros está autorizado para cobrar por estacionamiento?

LE PUEDE INTERESAR:

Este es el número de candidatos que el TSE estima inscribir

La denuncia la interpuso el propio Tribunal Supremo Electoral (TSE) el 13 de diciembre de 2016, ya que debido a que la información no llegó puntual, no había sido posible establecer el origen de Q1 millón 748 mil 232.54 que el partido recibió en aquel año.

El caso fue investigado por la Cicig y fue planteada la solicitud de antejuicio el 10 de agosto pasado. Una semana después la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le dio trámite a la pesquisa.

Con el amparo de la CC, ese fallo de la CSJ queda en suspenso y la diputada recupera en forma provisional su inmunidad. 

Lea más al respecto: Diputada Nineth Montenegro será investigada

“Declaraciones falsas”

LE PODRÍA INTERESAR

Contraloría suma 101 días sin tener jefe y el Congreso no llega a acuerdos para elegirlo

La legisladora criticó el accionar de los magistrados de la CSJ y señaló que hay información errónea en los argumentos del expediente de su antejuicio.

“He leído detenidamente la resolución, son dos casos los que le imputan a EG y a mí por ser secretaria general”, dijo Montenegro.

El primer señalamiento es haber entregado a destiempo los estados contables, lo cual según la congresista fue tergiversado porque no solo fue EG el que incumplió, reconoció que se entregaron a destiempo y por eso recibieron una amonestación.

Lea más: Pesquisidora desarrollará cronograma de trabajo el próximo martes

“No se puede castigar dos veces, son faltas que ya fueron sancionadas”, acotó la legisladora.

El segundo señalamiento es que EG recibió vallas publicitarias.

“Ponen en palabras mías cosas que yo nunca dije y por lo tanto mienten —los magistrados—”, aseguró la legisladora.

Lea también: Bloques legislativos evitan tomar postura por antejuicio de magistrados de la CC

Montenegro señala puntualmente un párrafo de la página 17 del expediente de antejuicio en su contra que textualmente que dice: “La antejuiciada manifestó que el señor Salvador Paíz dio un aporte al partido al Partido Político EG, sin embargo, no indicó al Ministerio Público  a quién entregó dicha cantidad”

“Me parece que la CSJ está mintiendo, no me parece lo aseguro. Tengo pruebas, no sé si es la CSJ o la jueza pesquisidora la que dio un informe de este tipo”, agregó la diputada.

Montenegro aseguró que ante esta situación “y una serie de hechos que han ocurrido” se reserva el derecho de interponer acciones legales “por las decisiones que no se apegan a la verdad de la CSJ”.

Lea más: Capturados por corrupción en el Ministerio de Salud firmaron cuestionado pacto colectivo

Se le preguntó qué tipo de acciones promovería, si amparos o denuncias y respondió que revisará junto a sus abogados qué es “lo que en derecho corresponde”.

“No nos vamos a quedar callados”, aseveró la congresista, quién indicó que al hacer las denuncias lo anunciaría a los medios de comunicación.

Postura

Mario Siekavizza, vocero del Organismo Judicial, se refirió a los comentarios hechos por la legisladora.

“Con relación a lo resuelto por el honorable pleno de la CSJ sobre el caso de la diputada Nineth Montenegro se respeta lo emitido por ella”, declaró el portavoz.

Agregó que “la resolución se explica por sí misma y como en todo caso las partes procesales pueden hacer uso de los medios de impugnación que estimen para manifestar su inconformidad con lo resuelto”.

Contenido relacionado

> Congresistas piden a Trump sancionar con la Ley Magnitsky al Gobierno de Jimmy Morales

> TSE expresa preocupación por la crisis y ratifica su independencia

> Roberto Ardón: El financiamiento privado es fundamental en toda democracia

LEE ADEMÁS:

Juzgado de Extinción prepara debate por la finca del expresidente Otto Pérez

La Dirección de Gestión Penal designó por sorteo al Juzgado Quinto Penal, que dirige Judith Secaida, como contralor del proceso penal. Ninguna de las partes han sido notificadas.

“Cuando recibamos la debida notificación comienza el proceso para investigar y profundizar en el caso”, informó vía telefónica el fiscal Rafael Curruchiche.

Cuestionada

Secaida ha sido cuestionada en varias ocasiones por sus resoluciones en beneficio de procesados en varios casos. Uno de ellos fue el proceso de antejuicio promovido por el Ministerio Público (MP) en octubre de 2017 contra Álvaro Arzú, señalado de haber utilizado recursos de la comuna para su campaña electoral del 2011. La juzgadora recomendó no retirar la inmunidad.

La juzgadora Secaida también conoció el caso Redes, una trama de tráfico de influencias que involucra a funcionarios públicos, a un juez y a particulares.

En este proceso, Secaida otorgó arresto domiciliario al exministro de Energía y Minas, Edwin Rodas, quien se declaró culpable pero la juzgadora no accedió a emitir sentencia a través de un procedimiento abreviado.

Secaida también benefició con medida sustitutiva a Gustavo Martínez Luna, Filadelfo Reyes Cáceres y César Medina Farfán. El MP y la Cicig no estuvieron de acuerdo con la resolución y presentaron apelación.

En 2015, Secaida levantó el arraigo contra el exministro de Energía y Minas, Érick Árchila — actualmente prófugo de la justicia —, decisión que la Fiscalía apeló.

Muestran apoyo

La mañana de este jueves los Miembros del Comité Ejecutivo Nacional del partido político Encuentro por Guatemala brindaron una conferencia de Prensa para mostrar apoyo a su secretaria general.

Los integrantes calificaron de “lamentable la resolución de los magistrados de la Corte Suprema de Justica” y aseguraron que esta “responde a todas luces a intereses políticos espurios”.

Aseguraron que este proceso de antejuicio es para “provocar un daño al nombre es imagen de la secretaria de Encuentro por Guatemala”.

Ante la pregunta de periodistas de si la diputada pediría permiso para ausentarse al pleno, los miembros del Comité Ejecutivo descartaron ese extremo.

Finalizaron al decir que darán una batalla legal por este tema y pidieron a sus simpatizantes estar tranquilos.

Contenido relacionado

LEE ADEMÁS:

Contadora de Manuel Baldizón declara en caso Transurbano

El antejuicio 184-2018 fue interpuesto por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) por financiamiento electoral ilícito del partido Encuentro por Guatemala, durante la campaña electoral del 2015.

La CSJ notificará a las partes y después remitirá el antejuicio a la Unidad de Gestión Penal donde designarán una judicatura para que el ente investigador inicie los requerimientos de la investigación.

Los magistrados de la CSJ le otorgaron valor al informe de la pesquisidora Zonia de la Paz Santizo Corleto, quien recomendó el retiro de la inmunidad a la legisladora que lleva cinco periodos consecutivos en el Congreso.

Aunque se buscó la opinión de Montenegro luego de perder su inmunidad, su equipo de trabajo informó que se encontraba en una reunión.

El caso

Montenegro, diputada y secretaria general de EG, fue señalada en una investigación porque el partido incumplió con el plazo para entregar a la Inspección General del TSE los estados financieros del último semestre de 2015.

El caso fue investigado por la Cicig y fue planteada la solicitud de antejuicio el 10 de agosto pasado. Una semana después la CSJ le dio trámite a la pesquisa.

La denuncia la interpuso el propio TSE el 13 de diciembre de 2016. Debido a que la información no llegó puntual, no fue posible establecer el origen de Q1 millón 748 mil 232.54 que el partido recibió en aquel año.

La empresa Maximum Financial and Investments Services aportó, a través de la entidad Yeyo, S.A., el arrendamiento de seis pasarelas digitales para la campaña, por Q76 mil 784.30 (o su equivalente a US$10 mil) y no fue reportado ante el TSE, de acuerdo con la investigación.

Además, en la campaña de 2011, EG no reportó al ente electoral Q197 mil 500 que provinieron de Publicidad Avance, S.A., y pagó con un cheque.

Respecto a un cheque por Q197 mil en la campaña de 2011, Montenegro ha dicho que, si acaso hubo un error administrativo, fue al momento de registrar en la contabilidad un nombre que no correspondía, pero el monto era el correcto, el cheque estaba endosado e ingresó a la cuenta de las donaciones.

Contenido relacionado

>Pesquisidora recomendó retirarle la inmunidad a diputada Nineth Montenegro

>Diputada Montenegro se defendió ante la denuncia

>Acusación del MP contra la legisladora Montenegro

LEA TAMBIÉN

Las primeras reacciones (a favor y en contra) tras la resolución de la CC que deja en su suspenso cierre de Cicig

La Cámara de Amparo y Antejuicio guardó el caso hasta hoy, cuando se prevé que sea conocido por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que también podrían conocer la querella de la Procuraduría General de la Nación contra tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).

La petición que planteó Rafael Curruchiche, fiscal de Delitos Electorales, es para que ella sea investigada por aquel delito.

El caso
Montenegro, diputada y secretaria general de EG, fue señalada en una investigación porque el partido incumplió con el plazo para entregar a la Inspección General del TSE los estados financieros del último semestre de 2015.

El caso fue investigado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y fue planteado el 10 de agosto pasado. Una semana después la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le dio trámite a la pesquisa.

La denuncia la interpuso el propio TSE el 13 de diciembre de 2016. Debido a que la información no llegó puntual, no fue posible establecer el origen de Q1 millón 748 mil 232.54 que el partido recibió en aquel año.

La empresa Maximum Financial and Investments Services aportó, a través de la entidad Yeyo, S.A., el arrendamiento de seis pasarelas digitales para la campaña, por Q76 mil 784.30 (o su equivalente a US$10 mil) y no fue reportado ante el TSE, de acuerdo con la investigación.

Además, en la campaña de 2011, EG no reportó al ente electoral Q197 mil 500 que provinieron de Publicidad Avance, S.A., y pagó con un cheque.

Respecto a un cheque por Q197 mil en la campaña de 2011, Montenegro comentó que, si acaso hubo un error administrativo, fue al momento de registrar en la contabilidad un nombre que no correspondía, pero el monto era el correcto, el cheque estaba endosado e ingresó a la cuenta de las donaciones.

Lea ahora

Ella es Zonia de la Paz Santizo, la pesquisidora de Nineth Montenegro

“El comisionado decía que la diputada Nineth Montenegro hizo esto, y yo le quiero decir es que hay órganos -en el partido-: órgano financiero, órgano de organización, órgano de fiscalización; se me mencionó sistemáticamente” dijo Montenegro.

La diputada presentó las evidencias con las que busca desvanecer las acusación frente a la Vocal II de la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal, Zonia de la Paz Santizo, quien fue designada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para determinar si hay indicios suficientes de la comisión de un delito por parte de Montenegro, extremo que tendrá que rendir a través de un informe ante la CSJ.

Acusación es ilegitima

A la salida de la citación, la diputada ofreció una improvisada conferencia de prensa. Aseguró que la acusación del Ministerio Público (MP) y la Cicig señala en realidad errores administrativos cometidos de forma involuntaria y desorden en los procesos, que fueron sancionados por el TSE y rectificados.

“Yo enfrento a la justicia, con toda la fe y la convicción de que las cosas se tienen que aclarar. Pero, quiero decir que por cuestiones tan mal analizadas estamos aquí”, dijo.

Además cuestionó que su caso fuese presentado en una conferencia de prensa junto con el caso del presidente Jimmy Morales. “Parece que se buscaba un balance, un balance que me ha dañado mucho a mi moralmente”, afirmó la diputada.
“Esta acusación es espuria, ilegitima y política. Desde el tiempo de desaparición de mi esposo yo he tenido que fiscalizar y denunciar a las autoridades que han violado la ley, por lo que me he ganado muchos enemigos”, finalizó.

El Caso

La diputada de EG fue señalada en una investigación porque el partido incumplió con el plazo para entregar a la Inspección General del Tribunal Supremo Electoral los estados financieros del último semestre de 2015.

El caso fue investigado por la Cicig y fue planteado el 10 de agosto pasado. Una semana después, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le dio trámite a la pesquisa.

La denuncia la interpuso el propio TSE el 13 de diciembre de 2016. Debido a que la información no llegó puntual, no fue posible establecer el origen de Q1 millón 748 mil 232.54 que el partido recibió en aquel año.

La empresa Maximum Financial and Investments Services aportó, a través de la entidad Yeyo, S.A., el arrendamiento de seis pasarelas digitales para la campaña, por Q76 mil 784.30 (o su equivalente a US$10 mil) y no fue reportado ante el TSE, de acuerdo con la investigación.

Además, en la campaña de 2011, EG no reportó al ente electoral Q197 mil 500 que provinieron de Publicidad Avance, S.A., y pagó con un cheque.

Respecto a un cheque por Q197 mil en la campaña de 2011, Montenegro comentó que, si acaso hubo un error administrativo, fue al momento de registrar en la contabilidad un nombre que no correspondía, pero el monto era el correcto, el cheque estaba endosado e ingresó a la cuenta de las donaciones.

Contenido relacionado

>Jimmy Morales recibe apoyo de diputados y exconstituyentes

>Norma Torres se reúne con Iván Velásquez; senador pide a EE. UU. presionar a Jimmy Morales

>Sectores presionan a la CC por ejecutoria de amparo

Lea también

Ministro advierte de llevar a la cárcel a médicos

“Los hallazgos que se presentan ponen de conocimiento ante la máxima autoridad en materia electoral que no pudieron ser objeto de control y fiscalización en las fechas de los aportes, ya que los financistas no aparecen reportados ante la auditoría electoral correspondiente en los años 2011 y 2015”, señala el comunicado del MP.

El presidente del TSE, Mario Aguilar Elizardi, confirmó que la solicitud ingresó al Tribunal a las 13.40 horas.

“Llevará el mismo trámite, como el que se hizo con el proceso de FCN-Nación. Luego de conocer el expediente se resolverá lo que en derecho corresponda”, señaló Aguilar Elizardi.

Lea también: Cinco comités avanzan para convertirse en partidos políticos

Según el MP, la solicitud se deriva de una denuncia que presentó el Tribunal Supremo Electoral en diciembre de 2016.

La Fiscalía contra Delitos Electorales estableció que Nineth Montenegro, en su calidad de secretaria general y representante legal del partido EG, incumplió con presentar en tiempo al ente electoral, los estados financieros correspondientes al último semestre de la campaña electoral del año 2015.

“Esta acción impidió al Tribunal Supremo Electoral realizar su función de control y fiscalización de fondos públicos y privados del financiamiento a la organización política, entre otros hallazgos denunciados, no se pudo establecer con certeza la procedencia de al menos Q1 millón 748 mil 232.54 por la falta de acceso a la documentación contable de la agrupación”, refiere la comunicación.

Adicionalmente, las investigaciones sobre las finanzas de dicho partido dieron como resultado los hallazgos de dos aportes:

Primera irregularidad

En la campaña electoral de 2015, Montenegro recibió de la entidad Maximum Financial and Investments Services US$10 mil (equivalente a Q76 mil 784.30) destinado al pago del arrendamiento de seis pasarelas digitales, por medio de la entidad Yeyo, S.A., y que no fuese reportado al TSE constituyéndose de esa forma en financiamiento anónimo.

Segunda irregularidad

En la campaña electoral 2011, la secretaria general de esa agrupación recibió Q197 mil 500 de la entidad Publicidad Avance S. A., que fueron entregados más no reportados dentro de la contabilidad de la agrupación política, constituyéndose de esa forma en financiamiento anónimo.

Lea también: Pesquisidora en contra del presidente queda en manos de la oposición

Ratifican antejuicio

Rafael Curruchiche, fiscal contra Delitos Electorales, acudió al despacho de la jueza pesquisidora Zonia de la Paz Santizo Corleto para ratificar el antejuicio contra Montenegro por financiamiento electoral ilícito.

“El Ministerio Público sostiene que derivado de la denuncia sí existen ilícitos qué investigar y por lo tanto el planteamiento es que se le retire la inmunidad a la señora diputada a efecto que se nos dé vía libre”, agregó el investigador.

Agregó: “Hay información de correos electrónicos donde se da reunión de la señora Montenegro con la señora Paulina Paiz -colaboradora eficaz del MP- donde no solo se hace referencia a esa reunión sino otras reuniones”.

Se trató de hablar con Montenegro y Leonel Lira, pero no respondieron las llamadas hechas a sus teléfonos celulares 

Contenido relacionado

> Presidente Jimmy Morales asegura que fue electo “limpiamente”
> Maestros manifiestan en la capital sin Joviel Acevedo
> “Los grandes jefes”: Así eran considerados los hermanos Baldetti en Amsa

Lea además

Cinco organizaciones ultiman detalles para ser partidos políticos

La explicación del fiscal es a los indicios que cuenta el Ministerio Público (MP) en contra de la diputada de Encuentro por Guatemala (EG) por financiamiento electoral ilícito en la campaña de 2015.

Curruchiche acudió a la cita con Zonia de la Paz Santizo Corleto, quien integra la Sala Tercera de Apelaciones Penal.

Lea además: Felipe Alejos reclama en Washington que sufre persecución política

“El Ministerio Público sostiene que derivado de la denuncia sí existen ilícitos qué investigar y por lo tanto el planteamiento es que se le retire la inmunidad a la señora diputada a efecto que se nos dé vía libre”, agregó el investigador.

Agregó: “Hay información de correos electrónicos donde se da reunión de la señora Montenegro con la señora Paulina Paiz -colaboradora eficaz del MP- donde no solo se hace referencia a esa reunión sino otras reuniones”.

Lea más: La corrupción se aprovecha donde no hay controles

Espera citación

Al ser consultada la legisladora Montenegro informó que espera que la pesquisidora la cite para plantear sus pruebas de descargo y “aclarar” la situación.

En relación a los correos electrónicos que mencionó el fiscal Curruchiche la diputada de EG indicó que se refieren a las constantes reuniones que sostuvo para explicar la plataforma de su agrupación política.

“En ese año la señora Paiz no era colaboradora y se le informó acerca de nuestro partido”, agregó.

El caso

Montenegro, diputada y secretaria general de EG, fue señalada en una investigación porque el partido incumplió con el plazo para entregar a la Inspección General del TSE los estados financieros del último semestre de 2015.

El caso fue investigado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y fue planteado el 10 de agosto pasado. Una semana después la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le dio trámite a la pesquisa.

La denuncia la interpuso el propio TSE el 13 de diciembre de 2016. Debido a que la información no llegó puntual, no fue posible establecer el origen de Q1 millón 748 mil 232.54 que el partido recibió en aquel año.

Por si no lo vio: Un año después de la crisis entre Cicig y el Ejecutivo, el perdedor es el pueblo

La empresa Maximum Financial and Investments Services aportó, a través de la entidad Yeyo, S.A., el arrendamiento de seis pasarelas digitales para la campaña, por Q76 mil 784.30 (o su equivalente a US$10 mil) y no fue reportado ante el TSE, de acuerdo con la investigación.

Además, en la campaña de 2011, EG no reportó al ente electoral Q197 mil 500 que provinieron de Publicidad Avance, S.A., y pagó con un cheque.

Respecto a un cheque por Q197 mil en la campaña de 2011, comentó que, si acaso hubo un error administrativo, fue al momento de registrar en la contabilidad un nombre que no correspondía, pero el monto era el correcto, el cheque estaba endosado e ingresó a la cuenta de las donaciones.

Contenido relacionado

> Dan trámite a solicitudes de antejuicio contra Jimmy Morales y Nineth Montenegro

Le podría interesa

Implican a diputado Luis Hernández Azmitia en financiamiento electoral ilícito

Por espacio de hora y media el legislador se reunió con el jefe de la Fiscalía y posteriormente brindó se declaración a los fiscales de la unidad del MP.

Al salir de la fiscalía el congresista brindó una rueda de prensa e indicó que debido a que el 10 de agosto último se menciona su nombre en una conferencia de prensa que lleva a cabo la fiscal general del MP junto al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), se presentó a la fiscalía para “colaborar para que las investigaciones se lleven a cabo”.

Lea además: MP pedirá al TSE la cancelación de Encuentro por Guatemala

“Ayer me presenté ante la Cicig precisamente para entregar cierta papelería de cuál fue mi rol de la campaña de EG y cómo ingreso al partido. El licenciado Alfonso Carrillo es el que hace una cena en su casa el 26 de enero de 2011, él me presenta a la diputada Nineth Montenegro y luego es él quien lleva a cabo toda la campaña y coordinación con donantes”, aseveró Hernández Azmitia.

El diputado aseguró que su rol con el caso mencionado fue simplemente de recoger y entregar un documento.

El diputado @lhazmitia brinda detalles de la declaración que brindó a la Fiscalía de Delitos Electorales. pic.twitter.com/YwXLq9Lolh

— Carlos Álvarez (@calvarez_pl) August 24, 2018

“Era un cheque a nombre de EG no negociable, se lo trasladé al equipo de la Secretaría de Finanzas del partido y ellos lo depositaron. Más allá de eso no fue mi rol, únicamente ir a recoger el cheque y entregarlo al partido”, aseguró el parlamentario.

Periodistas consultaron que documentos presentó y el legislador señaló que “son correos donde se ratifica” lo que dice, sobre cómo llego con la diputada Montenegro a una cena que se realizó en enero de 2011.

Lea también: Antejuicio contra presidente sería conocido por el pleno la próxima semana

“Todo esto está documentado, es una investigación que está en proceso y que ellos llevarán a cabo los procesos que tendrán que hacer”, afirmó Azmitia.

También se le consultó que buscará ser colaborador eficaz en este caso y al respecto respondió: “No creo que quepa la posibilidad de colaborador eficaz, soy un testigo, porque mi nombre fue mencionado, nada más allá de eso. El que nada debe, nada teme; y me presente con la frente en alto ante la Cicig y ante el Ministerio Público”.

Postura

Óscar Schaad, jefe de la Fiscalía de Delitos Electorales del MP, indicó que en este momento se está en la fase de presentación del antejuicio en contra de la diputada Nineth Montenegro, por lo cual no existe ninguna investigación contra ella.

“Hay una situación particular donde se filtró una información con respecto al nombre del diputado —Hernández Azmitia— que se presenta hoy a la fiscalía y con la intención de colaborar fue atendido por los fiscales”, aseguró el fiscal.

Cuando se le preguntó si había posibilidad de que el diputado se convierta en colaborador eficaz recordó que no hay una investigación formal contra Montenegro y recalcó que el diputado: “Simplemente se apersonó a la fiscalía con la intención de colaborar con información y lo que se hizo fue tomar su declaración”.

Lea además: Congreso dividido conocerá el antejuicio contra Jimmy Morales

Schaad señala que en este momento personal de la fiscalía toma la declaración del congresista @lhazmitia. pic.twitter.com/BMNO3gfxRs

— Carlos Álvarez (@calvarez_pl) August 24, 2018

Contenido relacionado

> Dos propuestas de ley que se debaten entre la polémica social
 
> Sobrevivientes de tragedia en Hogar Seguro recibirán pensión vitalicia
 
> Diputados se preparan para aprobar presupuesto para el Magisterio

Vea también

Médicos piden sueldos de más de Q20 mil

Lea además: Antejuicio contra presidente sería conocido por el pleno la próxima semana  

En poder de la fiscalía hay varias copias de conversaciones electrónicas que habría sostenido Paiz y Hernández Azmitia, en agosto de. 2011. Allí la fiscalía sospecha que se acordó facilitar el aporte económico para Encuentro por Guatemala. 

El diputado del MR reconoció haber recibido el cheque, sin embargo, explicó que se lo entregó al actual diputado de EG, Leonel Lira. 

Lea además: Diputados se preparan para aprobar presupuesto para el Magisterio

Hernández Azmitia reconoce a Paulina Paiz como uno de los tantos donantes que ofrecieron aportes económicos al partido, luego de presentarles el proyecto político.

Fui un mensajero

Según el diputado, el encargado de recibir y gestionar los aportes y donaciones a Encuentro por Guatemala fue Alfonso Carrillo. 

“Era mi primera experiencia en el ruedo político y quien me lleva con la diputada Nineth Montenegro fue el licenciado Alfonso Carrillo, a una cena en su casa, en La Cañada, zona 14”, dijo Hernández Azmitia. 

Agregó: “Veo que se puede aportar algo interesante para Guatemala, empiezo a trabajar en la campaña pero fue el licenciado Carrillo quien lo coordina, yo solo fui el mensajero, fuí, lo recibí y lo entregué al secretario de finanzas, que era el diputado Leonel Lira”. 

El diputado Hernández Azmitia sobre su incorporación a Encuentro por Guatemala, en 2011, recuerda que fue el 26 de enero de ese año, por la coalición que existía con el partido Visión con Valores. “Yo era un patojo chispudo”, dijo Hernández Azmitia respecto a su rol en la organización de Nineth Montenegro.

Alfonso Carrillo sobre lo señaldo por el diputado, dijo que no emitirá ninguna opinión por el momento, ya que no tiene en la memoria los datos precisos y fechas a las que se refiere Hernández Azmitia.  

No formó parte del partido

Nineth Montenegro, secretaria general de Encuentro por Guatemala, confirmó que el ahora diputado Luis Hernández Azmitia sí estuvo activo dentro de la organización, pero sin formar parte de la misma.

“Hubo una propuesta que se incorporara, no al partido, sino como agente externo. Como alguien que estaba afuera que podía apoyar al partido en temas de campaña de los cuales nosotros teníamos mucho desconocimiento”, señaló Montenegro.

La diputada señaló que Hernández Azmitia estuvo con ellos durante entre abril a diciembre del 2011, en parte de la campaña, pero posteriormente se desvinculó totalmente de la organización política para ser viceministro en el Ministerio de Desarrollo Social en el Gobierno de Otto Pérez Molina.

“Su estancia fue muy temporal y efectivamente estuvo allí. Quiero aclarar que el cheque sí fue depositado a la cuenta de Encuentro por Guatemala, el cual era no negociable y tenía el nombre del partido y se depositó a la cuenta de donaciones de campaña”, aseveró la congresista.

Montengro insistió que no hay ningún tipo de financiamiento anónimo porque los fondos si ingresaron y que “el error fue administrativo, que no puede ser sancionado como delito, es haber puesto el número de cheque con otro nombre de empresa, pero fue un error de la contabilidad”.

Contenido relacionado

>MP pedirá al TSE la cancelación de Encuentro por Guatemala

>Sobrevivientes de tragedia en Hogar Seguro recibirán pensión vitalicia

Lea ahora

El Ministro de Economía no logro obtener de vuelta objetos que le fueron incautados

Así también, el 25 julio, la Sala Tercera confirmó el cierre provisional del proceso penal contra de Mansilla, quien era señalado por el Ministerio Público (MP) de abuso de autoridad y peculado por sustracción por autorizar un bono militar al presidente Jimmy Morales y a la cúpula militar.

Santizo votó para liberar de la prisión Mariscal Zavala a Sammy Morales y José Manuel Morales, hermano e hijo del presidente respectivamente, ambos acusados de fraude.

En lo individual, cabe destacar que fue la pesquisidora que recomendó retirarle la inmunidad al diputado Luis Rabbé, quien estuvo prófugo más de un año y recientemente detenido en México. Está señalado en el caso Plazas Fantasma.

No obstante, se le recuerda más recientemente como la magistrada que razonó su voto para que le retiraran la inmunidad al difunto alcalde capitalino Álvaro Arzú y estuvo a favor de retirarle su inmunidad. Pero el exalcalde, por mayoría, continuó con su inmunidad en el caso Caja de Pandora.

Contenido relacionado

>Localizan sin vida a empresario en la Plaza Berlín
>Inicia juicio por fallido intento de sobornar a Juan Carlos Monzón
>Siete grupos gremiales buscan integrar postuladora para la CGC

Le puede interesar

No estaba drogado, asegura el hombre que agredió a dos niños en Nebaj, Quiché

El MP presentó el 10 de agosto una solicitud de antejuicio en contra de la secretaria general del partido, Nineth Montenegro, sobre quien recae la responsabilidad, según la Ley Electoral.

Ese día, también se pidió el retiro de la inmunidad al presidente Jimmy Morales, secretario general del partido Frente de Convergencia Nacional – Nación, durante las elecciones generales del 2015.

Lea también: Congreso dividido conocerá el antejuicio contra Jimmy Morales

Según los señalamientos contra EG, el partido incumplió con el plazo para entregar a la Inspección General del TSE los estados financieros del último semestre de 2015, lo que dificultó su fiscalización.

Además, la Fiscalía señala que además, el partido no reportó financiamiento electoral que se utilizó para el arrendamiento de seis pasarelas digitales durante la campaña electoral pasada. También se señala que no reportó un cheque por un monto de Q197 mil 500.

La solicitud de antejuicio en contra de la diputada fue resuelta con lugar el miércoles pasado.

Descargo

En conferencia de prensa el pasado martes, el Comité Ejecutivo de EG, aseguró que tiene pruebas para demostrar que los señalamientos del MP se basan en un error administrativo del partido.

Lea también: Encuentro por Guatemala insiste en que entregó a tiempo reportes al TSE

Además, indicaron que hay un informe que el mismo TSE envió al MP en el que indican que la agrupación política entregó a tiempo y completos sus informes financieros.

También señalan que el partido recibe todos los años el pago de la deuda política, situación que solo puede ocurrir cuando un partido político tiene sus estados financieros al día.

Montenegro, además, cuestionó que el MP haya solicitado el antejuicio en su contra sin antes acudir al partido para desvanecer los señalamientos y dijo que confía en que las pruebas de descargo sean suficientes para demostrar que no hubo delito.

La fiscal general aseguró al respecto que será el juez pesquisidor asignado para el caso de Montenegro será quien evalúe los elementos y determinar si el antejuicio tiene lugar o no hay elementos para la investigación en contra de la diputada.

Contenido relacionado

> Van ocho solicitudes de antejuicio contra Jimmy Morales en seis meses

> Jimmy Morales en el Día de la Bandera: No permitamos que otros vengan a pisotear

Lea además

Indigna el ataque con machete a mujer y dos niños

En el caso de Montenegro, el expediente debe ser conocido por un juez pesquisidor, quien, de igual forma, deberá escuchar al MP, Cicig y a la propia legisladora a fin de elaborar un informe que recomiende o no el retiro de inmunidad. 

La magistrada Zonia de la Paz Santizo, Vocal II de la Sala Tercera de Apelaciones del ramo Penal, fue designada como pesquisidora.

Lea además: ¿Intervenir Aeronáutica? Hay opiniones confrontadas en el Gobierno

De qué los acusan

De acuerdo con la investigación, Morales, cuando en 2015 era candidato presidencial y secretario general del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), recibió aportes que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE), lo que, según la pesquisa, constituye el ilícito de financiamiento electoral ilícito.

Lea además

Médicos ganan menos que ciertos empleados del Estado

Este es el segundo proceso de antejuicio del MP y Cicig contra Morales. El primero de la gestión de María Consuelo Porras, fiscal General.

El 25 de agosto de 2017 Morales fue denunciado por el mismo delito, financiamiento electoral ilícito. El caso llegó hasta el Congreso, donde la solicitud del retiro de la inmunidad fue rechazada y archivada por 104 votos de diputados en contra y solo 25 a favor, el 12 de septiembre de 2017.

La denuncia fue hecha el 26 de febrero de 2018 por Paulina Paiz Riera, colaboradora eficaz de la Fiscalía. Paz, junto con Olga Méndez López, eran representantes legales de Novaservicios, S.A., empresa que recibió los aportes de campaña electoral de Morales.

En total fueron Q7 millones 920 mil 375.70, de los cuales Q7 millones 560 mil 476.70 se gastaron en el pago de fiscales de mesa del partido para la primera y segunda vuelta electoral, el 6 de septiembre y el 25 de octubre de 2015, así como material publicitario -volantes y calendarios de bolsillo- y capacitaciones para el binomio presidencial -Morales y Jafeth Cabrera- por la Fundación G, por un monto de Q359 mil 899.

Por si no lo vio: Alcaldes reciben amonestación hacer campaña anticipada

Alfredo Brito, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, indicó que el Ejecutivo es respetuoso de las decisiones judiciales y de la independencia judicial, por lo que estarán a la espera de la decisión que tome el Congreso sobre la inmunidad del gobernante.

El funcionario dijo que las actividades del Ejecutivo siguen sus actividades de forma normal.

El caso de Montenegro

Montenegro, diputada y secretaria general de Encuentro por Guatemala (EG), es señalada en una investigación porque el partido incumplió con el plazo para entregar a la Inspección General del TSE los estados financieros del último semestre de 2015.

La denuncia la interpuso el propio TSE el 13 de diciembre de 2016. Debido a que la información no llegó puntual, no fue posible establecer el origen de Q1 millón 748 mil 232.54 que el partido recibió en aquel año.

Recordamos: Los tres casos contra Gustavo Herrera “El Negociador”

La empresa Maximum Financial and Investments Services aportó, a través de la entidad Yeyo, S.A., el arrendamiento de seis pasarelas digitales para la campaña, por Q76 mil 784.30 (o su equivalente a US$10 mil) y no fue reportado ante el TSE, de acuerdo con la investigación.

Además, en la campaña de 2011, EG no reportó al ente electoral Q197 mil 500 que provinieron de Publicidad Avance, S.A., y pagó con un cheque.

Montenegro dijo a Prensa Libre que, según el Tribunal Electoral Supremo (TSE), su partido cumplió con la contabilidad en el tiempo estipulado, tarea que el correspondía al órgano financiero de la organización y no a la Secretaría General. Agregó que no hay financiamiento electoral ilícito porque el dinero se bancarizó.

Respecto a un cheque por Q197 mil en la campaña de 2011, comentó que, si acaso hubo un error administrativo, fue al momento de registrar en la contabilidad un nombre que no correspondía, pero el monto era el correcto, el cheque estaba endosado e ingresó a la cuenta de las donaciones.

Sobre el señalamiento de arrendamiento de seis pasarelas digitales durante la campaña de 2015, Montenegro dijo que quien lo denunció deberá explicar el tiempo, modo y lugar con que alguien, a espaldas del partido, pudo haber recibido ese financiamiento, que no ingresó al partido.

“Si hay justicia, me siento tranquila”, dijo la legisladora.

Por si no lo vio: Congreso volvería a salvar a Jimmy Morales

Óscar Schaad, fiscal contra Delitos Electorales, dijo que, con base en los hallazgos de la investigación, el tribunal pedirá la cancelación del partido, tal como lo ha hecho con FCN Nación, el partido de gobierno.

Ayer lunes, EG declaró que podrá desvanecer los señalamientos del MP y Cicig porque se enviaron a tiempo los estados financieros en 2015 y que no hubo aportaciones anónimos, como establece la investigación.

Así se integró la CSJ

El aval a los trámites de antejuicio por medio de votaciones se decidió por unanimidad en ambos casos. 

Durante el pleno en el que se conocieron los procesos, la magistrada Silvia Patricia Valdez se reportó enferma, y su lugar lo ocupó Marvin Eduardo Herrera Solares, de la sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil. 

El lugar de Blanca Stalling, actualmente procesada por tráfico de influencias y otros delitos, lo integró Freddy Fernández, de la sala Primera de Apelación Penal. 

Y por Rafael Rojas, quien actualmente se encuentra en Costa Rica, fue llamada la magistrada Sonia Dora Bea, de la sala de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia, quien es eposa de Bonerge Mejía, actual magistrado de la Corte de Constitucionalidad.

Contenido relacionado

> Gustavo Herrera, sindicado en estafa millonaria en Nicaragua, recibe asilo en Nicaragua
> Cambio de vías en diagonal 6 durarán dos meses
> Jafeth Cabrera critica al TSE por buscar ayuda de Cicig

Le puede interesar

Medicina vencida y sin registro sanitario se vendía en farmacias de las zonas 8 y 11

El otro juez suplente ocupará el lugar de Elizabeth García, quien falleció el 4 de  agosto último, debido a una enfermedad que la aquejó durante mucho tiempo.

Lea también: ¿Cómo es el proceso de antejuicio contra un presidente de Guatemala?

La elección de los magistrados suplentes se hace al llamar a los presidentes de Salas de Apelaciones, pero si existe algún inconveniente o alguno se inhibe, se llama a los vocales de Sala.

De dar trámite a las solicitudes, el proceso de antejuicio del presidente será trasladado al Congreso, donde los diputados deberán elegir una comisión pesquisidora para analizar la denuncia en contra del mandatario.

Esta sería la segunda vez que el Congreso conoce  la petición del retiro de inmunidad al mandatario. En el 2017, el Congreso decidió, con 104 votos, rechazar la solicitud y archivarla.

En el caso de Montenegro, si el antejuicio sigue el trámite, el pleno de magistrados debe nombrar un juez pesquisidor, quien tiene hasta 60 días para rendir un informe circunstanciado al pleno de la Corte, quienes luego decidirán si procede retirar la inmunidad a la parlamentaria.

Lea también: Encuentro por Guatemala insiste en que entregó a tiempo reportes al TSE

Señalados

El antejuicio en contra del presidente fue solicitado porque, según la investigación de la Fiscalía de Delitos Electorales del MP, Morales recibió aportes que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral durante la campaña electoral del 2015, cuando era candidato y secretario general del partido FCN-Nación.

Según las investigaciones, parte del dinero, que en total sumó Q7 millones 920 mil 375.70, fue gastado en el pago de fiscales de mesa del partido para las elecciones generales del 2015, publicidad y capacitaciones para el binomio presidencial.

En el caso de Montenegro, se señala que el partido Encuentro por Guatemala se retrasó en la entrega de los informes financieros de la agrupación al Tribunal Supremo Electoral, lo que impidió que pudiera ser fiscalizado.

Además, el MP indica que el partido no reportó al TSE un aporte de Q76 mil 784.30 para el arrendamiento de seis pasarelas para la campaña electoral del 2015 y que tampoco se reportaron Q197 mil 500 que aportó una empresa en la campaña electoral del 2011.

Contenido relacionado

> Antejuicios contra Jimmy Morales y Nineth Montenegro se retrasan

> MP y Cicig presentan solicitudes de antejuicio contra Jimmy Morales y Nineth Montenegro

Le puede interesar

Ejecutivo cuestiona colaboración de la Cicig con el TSE

También señala que EG no reportó al TSE un aporte de Q76 mil 784.30 para el arrendamiento de seis pasarelas para la campaña electoral del 2015 y que tampoco se reportaron Q197 mil 500 que aportó una empresa en la campaña electoral del 2011.

Descargo

Sobre la entrega tardía de los estados financieros al TSE, el diputado Dorian Taracena afirmó que el propio Tribunal Supremo Electoral envió un informe al MP donde señala que el partido político cumplió y presentó sus estados financieros a tiempo.

Lea también: MP y Cicig presentan solicitudes de antejuicio contra Jimmy Morales y Nineth Montenegro

Taracena dijo que el propio TSE afirmó además que no hay aportaciones anónimas a EG, por lo que este señalamiento queda sin materia.

El diputado Leonel Lira argumentó que el partido es auditado entre cuatro y cinco veces cada año y que la agrupación recibe el pago de la deuda electoral y que esto es posible porque están al día en sus finanzas.

La diputada @NineMontenegro asegura que la solicitud de antejuicio en su contra se solicitó dos días después de que se presentara un memorial de una de las financistas del partido. pic.twitter.com/d3cPJOBXtS

— Andrea Orozco (@AOrozco_PL) August 21, 2018

Montenegro, por su parte, dijo que no hubo financiamiento electoral anónimo, pues todo el dinero recibido se bancarizó a nombre de la agrupación política. Lo que ocurrió, señaló la diputada, es que hubo un error administrativo al momento de registrar uno de los cheques, lo que pudo haber causado la confusión que genera la solicitud de antejuicio.

La diputada también indicó que la solicitud del MP y la Cicig se presentó dos días después de que recibieran el memorial de una de las personas que figura como testigo.

Lea también: Ministerio Público ratifica antejuicio contra Felipe Alejos

Montenegro afirmó que el partido tiene pruebas que sustentan su inocencia y que no encuentra ninguna base legal para la solicitud de su antejuicio, aun así, asegura que respeta el trabajo del MP y la Cicig.

Además, dijo la congresista, el MP pudo haber hecho las consultas a la agrupación política antes de presentar la solicitud de antejuicio y con ello desvanecer los hallazgos.

Trámite

En el caso de Montenegro, la solicitud de antejuicio debe ser conocida por la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados pueden conocerlo para aceptarlo o rechazarlo. Si lo aceptan, debe nombrar un juez pesquisidor para que cite a las partes del proceso y elabore un informe durante 60 días para que recomiende si retira o no la inmunidad, decisión que quedaría en manos de los magistrados de la CSJ.

El retiro del antejuicio significa que las autoridades podrán profundizar las investigaciones en torno al partido y deducir responsabilidades penales.

Contenido relacionado

> Fiscal general no descarta antejuicio contra el presidente Jimmy Morales
> Ejecutivo califica como “ataques” los antejuicios presentados contra Jimmy Morales
> Thelma Aldana: Hay “elementos abundantes” para pedir antejuicio contra Jimmy Morales

Le podría interesar

Interpelación del ministro de Salud queda suspendida

Lea además: Dudas rodean emisión de dictamen favorable al transfuguismo

La congresista añadió que “está convencida” de que los asiste la razón y que si “hay justicia esto tiene que retrotraerse”.

Montenegro indicó que dejó un oficio para que le fuera entregado el expediente, el cual esperan les sea entregado lo antes posible.
 
“Una vez analizado tengan por seguro que ustedes serán los primeros en saber cuáles son nuestras apreciaciones”, aseveró Montenegro, quien dijo que no existió una plática más allá de lo expuesto a los medios de comunicación con el jefe de la Fiscalía.
 
“Realmente estoy convencida y con la frente en alto; que nosotros no hemos cometido ninguna clase de delito”.

Lea también: Revivir el transfuguismo es una bofetada para la sociedad

“Si algo hay, podría ser una falta administrativa, pero no hay nada más, absolutamente nada más y estoy completamente segura de eso”, señaló Montenegro.

TSE fue informado

 
Óscar Schaad, jefe de la Fiscalía de Delitos Electorales, confirmó que la diputada le entregó un memorial que tenía por objeto “apersonarse al proceso que se sigue a la investigación del partido EG” y “sobre ese tema versó su reunión”.
 
Schaad afirmó que dentro de la plática también se hizo referencia a la presentación del antejuicio, lo cual en este momento está en trámite y que no se platicó de la posible cancelación del partido.
 
El fiscal señaló que “es parte del trámite poner de conocimiento del Tribunal Supremo Electoral los hallazgos que la Fiscalía realizó para el trámite correspondiente”.
 
Schaad explicó que el expediente le será trasladado lo antes posible a la diputada pues lo único que hace falta es sacar las copias del mismo.

Contenido relacionado

> Comprarán cinco aparatos para controlar a reos y proteger a víctimas de violencia

> Ministros acuden a vista pública en la CC sobre Anders Kompass

> Héctor Rosada: Congreso volvería a proteger al presidente

Jimmy Morales ha sido el centro de varias solicitudes de antejuicio, todas rechazadas a su favor. De ellas, a mi juicio tenían base la referente a haber aceptado 50 mil quetzales mensuales adicionales a su sueldo, por cierto el mayor de todo el continente; el ocultamiento del dinero utilizado para pagar los emolumentos de los fiscales de mesa en las elecciones, y el actual. El sobresueldo se debe considerar, según el vocabulario chapín, un vulgar chaquetazo, pero el ocultamiento de donativos electorales no puede ser justificado de ninguna forma. Seguir los procedimientos legales por ningún motivo es una persecución política, y su publicación en la prensa igualmente no es prueba de una oscura asonada en su contra, como algunos empecinados aseguran, sumidos en su ignorancia.

A causa de este seguramente fallido intento de aplicar las leyes, el arma legal de retirar los antejuicios a los altos burócratas, comenzará a ser una zarpa de tigre de peluche. Seguirá manteniéndose la falta de voluntad política, porque esta no pasa de ser politiquera. Pese a ello, tanto el MP con Consuelo Porras como la Cicig deben continuar con su tarea: perderán estas batallas pero al fin ganarán el juicio de la historia, sin importar quiénes encabecen esas instituciones. Y como ya se estableció el precedente de la solicitud pública de disculpas por otorgar financiamiento ilícito, es lógico pedir una actitud similar a Jimmy Morales y Nineth Montenegro por haberlo recibido. No es mucho pedir, hasta en un país inmerso en las garras de la impunidad.

CARTA DE LA AGG. El presidente de la Asociación de Gerentes de Guatemala, ingeniero Manuel Gordo, tuvo la amabilidad de enviarme una carta cuya parte conducente señala: “las actuaciones y comentarios de los miembros de la Junta Directiva o de nuestros asociados, no constituyen ni representan la postura oficial de la AGG”, la cual “respeta el derecho a la libre expresión de sus asociados y de todos los ciudadanos”. “Las posturas propias de la AGG se plasman en los comunicados oficial, producto de una decisión colegiada de su Directiva”, Se refiere a las injurias y calumnias de Ramón Zaghi, quien en correo electrónico fue calificado de “tener falta absoluta de materia gris”, “no ser educado y menos inteligente”. Menciono esto porque en otro correo me calificó de “senil”.

El partido Encuentro por Guatemala se une a varias agrupaciones políticas a las cuales se busca investigar por el movimiento de sus finanzas, tal y como ha ocurrido con FCN-Nación y la Unidad Nacional de la Esperanza, por sospechas de irregularidades.

Esta nueva solicitud de despojar de inmunidad al presidente Morales y a la diputada Montenegro no implica culpabilidad, y él trámite persigue que esa protección, que por cierto no existe en muchos países, sea levantada a fin de que los entes de investigación criminal puedan proceder a determinar y documentar los hechos.

Morales se convierte en el tercer gobernante que tanto el MP como la Cicig tratan de investigar por una práctica demasiado enraizada en la política guatemalteca, al extremo de que el financiamiento electoral no registrado llegó a convertirse en un factor decisivo en las últimas contiendas electorales y muchos recursos empezaron a llegar desde diferentes fuentes, incluidos grupos ligados al narcotráfico.

Esa vorágine de recursos oscuros incluso llegó a motivar a los diputados en 2016, después de la última contienda electoral, a que en el Congreso se introdujeran reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, las cuales por primera vez se aplicarán en los próximos meses y cuyo principal objetivo es limitar el flujo de recursos ilegales u oscuros que puedan enturbiar las elecciones generales del próximo año.

Lo que en Guatemala no se ha querido comprender es que el financiamiento a los partidos políticos no es malo ni ilegal, pero todo debe ser registrado y reportado a las autoridades electorales, precisamente para evitar que financistas ligados a grupos reñidos con la ley puedan inclinar la balanza en favor de determinados aspirantes o por aquellos con claros intereses financieros, como lo evidenció el caso Odebrecht.

En cuanto a Morales, esta solicitud se eleva ahora a la Corte Suprema de Justicia, la cual debe revisar que no se fundamente en criterios espurios y luego enviarla al Congreso, donde ya se han dado los primeros pronunciamientos, sobre todo por parte de quienes obviamente lo rechazan pero a su vez tienen cuentas pendientes con la justicia y prometen paralizar su avance. Por su parte, el de la diputada Montenegro queda en manos del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal.

Lo que procede, como lo dijo el Gobierno en un comunicado, inmediatamente después de conocida la solicitud de antejuicio al presidente, es esperar que el procedimiento esté enmarcado en derecho y ajeno a intereses políticos, lo cual es correcto y debe aplicar a todos los involucrados, por el bien del fortalecimiento del estado de Derecho.

Eso se fue logrando de manera pausada y hace pocos meses el presidente Jimmy Morales anunciaba que el Ejército dejaba de acompañar a la Policía en las tareas de seguridad interior, lo cual no fue una decisión propia, sino obedecía a exigencias de la comunidad internacional, pero también porque se deben honrar los acuerdos que establecían claramente el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil. La medida, debe señalarse, fue criticada por algunos sectores de ciudadanos de algunas poblaciones del país.

Sin embargo, desde principios de este año parece haber habido algún cambio.  Morales removió de su cargo al ministro de Gobernación y puso en su lugar a una persona que ha sido criticada porque ha dado pasos hacia atrás, como descabezar la cúpula de la PNC, para promover a otros elementos que no cumplen con los requisitos establecidos en el reglamento de la institución.

Desde su llegada a ese cargo, el ministro Enrique  Degenhart ha dado preocupantes muestras de no apreciar la  institucionalidad. Destituyó a viejos cuadros de la institución y desfiguró la primera línea de conducción de la PNC, por medio de destituir a sus directores.

Ha sido tan prolija como absurda y sospechosa esa desestructuración de una de las instituciones medulares en el control y seguridad ciudadana durante apenas ocho meses, pues Degenhart ha removido a más de un centenar de cuadros medios de la PNC  para acomodar a sus propios colaboradores, con lo cual  podría haber incurrido en irregularidades.

De hecho, esa es la queja que el martes planteó la diputada Nineth Montenegro, al denunciar que 136 de los 167 ascensos mencionados —es decir el 81 por ciento— podrían tener anomalías, por lo cual pidió a la Contraloría General de Cuentas  hacer una investigación, porque se habría incumplido el propio reglamento de ese cuerpo policial para promover a personas cuyo  mérito es muy discutible.

Al margen de lo que arrojan los hallazgos preliminares de la legisladora, ningún funcionario debería hacer remociones tan numerosas en un ministerio tan sensible por tener a su cargo la seguridad interna y mucho menos si esto es con desconocimiento de la población, lo cual evidentemente despierta suspicacias y más cuando no se respetan las normativas establecidas en los reglamentos para las promociones internas.

Una de las facetas más preocupantes en la actual conformación de la PNC es que con la llegada de Degenhart a Gobernación se han dado numerosas destituciones, algunas de ellas impulsadas por él mismo, todo lo cual hace que ninguna autoridad pueda explicar a la población las razones de los numerosos e inusuales cambios en las filas de la PNC.

Una de las grandes diferencias entre el sector privado y el público es que en este último todo debe ser justificado, para evitar interpretaciones antojadizas y más cuando se trata de movimientos en entidades de tanta relevancia. Por ello el Gobierno debe abstenerse de actuar de la manera como lo está haciendo en este tema.

El expediente, al que tuvo acceso Prensa Libre, fue entregado por un oficial del Ejército que no ha sido identificado a organismos de Derechos Humanos en Washington, y hoy será divulgado, según fuentes de una de esas organizaciones, The National Security Archive (NSA).

El documento incluye fotografías de más de 100 supuestas víctimas, y contiene códigos de referencia de las ejecuciones, además de consignar la forma en que fueron capturados e interrogados cada uno de ellos, todos vinculados con organizaciones guerrilleras de esa época.

Según el NSA, se trata de una especie de “diario militar interno”, que contiene detalles de personas “desaparecidas” por ser considerados subversivas.

Aquí en Guatemala, fuentes del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) confirmaron que varias de las personas que ellos han reclamado aparecen en el “diario”.

Ese documento abarca 18 meses, desde agosto de 1983 hasta marzo de 1985, es decir, el período del general Óscar Humberto Mejía Víctores, quien no pudo ser contactado ayer para obtener su reacción respecto de la denuncia.

La lista de 183 víctimas –aunque no todas fueron ejecutadas- las vincula con agrupaciones guerrilleras, como la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA); el Partido Guatemalteco del Trabajo, (PGT) y el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), todos miembros de la URNG.

Entre los datos reveladores, se incluye información de las víctimas, algunas involucradas en secuestros, actos terroristas y actividades clandestinas.

“Es auténtico”, dice analista

En entrevista telefónica desde Washington, la analista de NSA Kate Doyle -quien ha trabajado en Guatemala y es conocedora del tema de la guerra- opinó que “el documento es real”, y explicó que “fue sacado de Guatemala clandestinamente” y puesto en manos de activistas de Derechos Humanos internacionales una semana antes de que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico rindiera su informe en Guatemala.

Según Doyle, durante dos meses ha estudiado el documento y ha comparado nombres y fotografías con los informes que han brindado las organizaciones de Derechos Humanos en Washington, así como los documentos desclasificados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. “Encontramos docenas de casos iguales”, señaló.

Doyle comentó que en 10 años de trabajar con documentos desclasificados acerca de América Latina, “nunca había visto un documento así sobre asesinatos políticos organizados desde el interior del Ejército”.

Lo conocen en Guatemala

Ayer el ex ministro de la Defensa Nacional, general Julio Balconi Turcios, a quien le fue mostrado el documento, dijo que “es un asunto delicado emitir opinión”, mientras que la diputada Nineth Montenegro reconoció que también tuvo acceso al “diario” en estos días.

Montenegro indicó que en dicho documento aparece su esposo desaparecido, Fernando García, pero expresó frases de reconciliación, aunque sostuvo que se debe informar a los familiares de las víctimas respecto de los hechos”.

Está muerto

Ese mismo 20 de mayo de 1999 se incluyó una nota del The New York Times que revelaba uno de tantos casos incluidos en el diario militar.
NEW YORK TIMES • De un día para otro, Lucrecia Vásquez ha visto disiparse y renovarse las dudas de si su hermano está vivo o muerto.
La última vez que lo vio fue en abril de 1984, meses antes de concluir sus estudios de medicina.

Recuerda que sonó el teléfono, y un momento después, Omar Darío Vásquez salió  corriendo por la  puerta. Gritó algo acerca de una emergencia médica y que volvería pronto.

Pero Omar, de 23 años, no volvió a ser visto nunca más. Esta semana, su hermana recibió la que podría ser la primera evidencia real acerca de su destino. Omar Vásquez fue “capturado en la 7a. avenida -zona 9- frente al Hotel Dorado Americana”.

El 6 de mayo fue ejecutado. Su muerte está anotada en el documento en código militar “06-05-84:300”.

El diario militar revela desapariciones de personas durante el conflicto armado interno. (Video: Tomado de Youtube)

Vea además

A estos 64 países puede ingresar sin necesidad de visa

En los últimos días ha resurgido la situación que viven los usuarios que llegan al centro de emisión desde la madrugada para poder renovar o tramitar el documento por primera vez.

El problema no es nuevo. Desde las 2 o 3 de la mañana puede observarse a personas haciendo fila para ser atendidas a partir de las 8 horas y sin saber a qué hora saldrán, lo que han calificado como un calvario, que es alimentado por los tramitadores que cobran hasta Q500 por un espacio.

Migración anunció este viernes que amplió su horario de atención hasta la 19 horas.

Testimonios

Según un usuario que quiso identificarse solo como Luis, dijo que cuando llegó a las 2.30 de la mañana del pasado jueves había unas cinco personas en la fila, pero “una cuadra antes estaba llena con bancos plásticos de los tramitadores apartando lugares”.

El usuario, originario de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, insistió en que es necesaria la presencia de agentes de la Policía Nacional Civil, sobre todo a esas horas de la madrugada, pues los usuarios se exponen a la inseguridad.

Catarino Mucur, otro usuario, contó a Prensa Libre que efectuar el trámite le llevó dos días, pues el miércoles llegó a las 8 de la mañana y ya no alcanzó número.

• Lea también: Captura de tramitadora de pasaportes evidencia abusos a usuarios

Dificulta proceso

La entidad implementó desde el pasado miércoles un nuevo sistema para tramitar el pasaporte con el fin de evitar abusos de los tramitadores. Sin embargo, el cambio dificulta el proceso porque ahora las personas deben acudir dos veces a las oficinas de Migración.

A las 7 horas entregan entre 700 y 900 números. Los turnos serán personas y cuentan con medidas de seguridad para que los tramitadores no puedan falsificarlos. 

Según el número de turno, asignarán una hora para que el solicitante se presente de nuevo al centro de emisión para tramitar sus documentos.

“Por ejemplo, si le toca de 2 a 3 de la tarde, la persona puede irse y regresar. De esta forma se evita que las personas tengan que esperar afuera de las instalaciones”, dijo Alejandra Mena, de la oficina de Comunicación de Migración.

Contenido relacionado

> Migración implementa de nuevo el uso de calcomanías en pasaportes

> Confirman emisión de pasaportes en el extranjero durante el 2018

> Migración: El centro de “parchaportes”

El objetivo, según explicó la congresista, es que la SAAS se limite a sus funciones específicas en sus gastos como prestar seguridad, elaborar planes de prevención y logística para el binomio presidencial, a fin de evitar los gastos innecesarios para el Ejecutivo. 

La propuesta de EG también sugiere que la Contraloría General de Cuentas (CGC) verifique constantemente esos gastos, e insta a la SAAS a que en los primeros 10 días de febrero entregue a la CGC un informe detallado de los egresos efectuados hasta ahora. 

• Lea también: Presidencia insiste en defender compras de la Saas para Jimmy Morales

También insta a la Secretaría a que elabore un reglamento interno con acompañamiento de la CGC: “El problema no radica en las leyes de la SAAS, el problema radica en el reglamento, por lo que pedimos que ese reglamento ya no sea estructurado por la SAAS sino que sea estructurado por la Contraloría General de Cuentas”, dijo Montenegro. 

Durante el 2017, la SAAS reportó la compra de un par de anteojos Carolina Herrera, pantalones de lona, 48 botellas de licor, champú  y gel para el cabello, pastillas de menta, flores y artículos de jade y barro, entre otros artículos, por lo que la CGC comenzó una investigación. 

El presidente Jimmy Morales le ha restado importancia al tema y sostiene que la SAAS hace las compras a su discreción.  “Yo no tengo por qué pagar —eso— de mi salario”, afirmó el mandatario.

Un pelotón de mujeres policías emplearon la fuerza, a causa de la resistencia de las dirigentes del GAM. Se opusieron a salir pacíficamente  y eso motivó que las agentes arrastraran en los corredores del Palacio a Montenegro de García y compañeras, para sacarlas por la puerta posterior de la casa de Gobierno.

Previo a esa decisión, el juez tercero de Paz Penal, licenciado Romeo Sandoval Vásquez y un jefe de la Policía les previnieron de que “serían sacadas por la fuerza si se negaban a salir”.

Advertencia de Ministro

El ministro de Gobernación, Juan José Rodil Peralta, ofreció una conferencia de prensa en su despacho esa noche a las 20 horas, en la que informó que las  dirigentes del GAM violaron el artículo  495 del Código Penal. Esas personas, enfatizó, cometen una falta, no un delito y solo se les conminará a que salgan del Palacio.

Es ilegal permanecer en un edificio público después de horas hábiles.  “Se ha reiterado en múltiples ocasiones que el régimen de legalidad exige que los ciudadanos respetemos las normas de la Constitución de la República”, indicó Rodil.

Dijo, además, que no se podía permitir que se viole la ley o que se abuse de los derechos porque se viola  la vigencia del régimen de legalidad.

“Es un derecho de los guatemaltecos hacer peticiones al Gobierno, es un derecho realizar manifestaciones, pero deben hacerse en el marco de la ley. Cualquier ruptura del marco legal debe ser sancionado y es obligación del Gobierno  la legalidad”, advirtió Rodil.

“Por esa razón llamé a la Policía para que advierta a las dirigentes del GAM que permanecen ilegalmente en el segundo piso del Palacio, para hacerles ver que “si desobedecen las órdenes, serán desalojadas por la fuerza pública”, informó.

Inicia el desalojo

A las 20.20 horas, el jefe policíaco llegó al lugar en donde estaban las mujeres del GAM, para ordenarles que abandonaran el Palacio. Las dirigentes se negaron y cinco minutos después llegó el pelotón de mujeres policías para sacarlas por la fuerza.

Inicialmente, las dirigentes del movimiento y dos hombres que les acompañaban se tomaron de los brazos para permanecer unidos. Sin embargo, las agentes las separaron y las sacaron del edificio.

“¿Por qué quieren aislarme? ¡No me separen de mis compañeras!”, gritaba De García. Otras también gritaban al ser arrastradas por agentes.

Montenegro de García lloró afuera del Palacio Nacional y dijo a los periodistas: “Hemos sido sacadas brutalmente”.
Mientras tanto, numerosos miembros del grupo que permanecían en la puerta principal del Palacio, al enterarse de que la Policía había sacado a sus dirigentes, corrieron a la parte posterior del edificio e insultaron a los agentes.

Les gritaron “asesinos, asesinos, son machos con las mujeres”. Un pelotón de antimotines que llegó en ayuda de las policías impidió que el GAM causara daños al Palacio. De García llamó a sus compañeros al orden y les pidió que no insultaran a los agentes.

Causas de la acción

Las dirigentes  hicieron ver a los periodistas, antes de que  fueran expulsadas del Palacio, que permanecerían  frente al despacho del presidente  Cerezo en espera de una respuesta  concreta acerca  la integración de una comisión  que investigara el paradero de sus  familiares desaparecidos.

Dijo que el GAM rechazó la respuesta que, por escrito, les envió el Presidente a las 21 horas, dos noches anteriores, porque “no aceptarian  la muerte presunta de sus  familiares. Si el Gobierno los quiere declarar muertos jurídicamente, antes tendrán que pasar por nuestros cadáveres”.

El Presidente ofreció al GAM ayuda económica y becas de estudios a niños huérfanos, pero De García manifestó que no aceptarían dinero manchado con la sangre de sus familiares. “Mejor que lo repartan entre los miembros de la DC”, indicó.

Las integrantes del GAM llegaron en la mañana al Palacio en un intento de conversar con Cerezo, pero no se les permitió el ingreso.

Retornaron a las 15 horas y fue cuando Montenegro de García y cuatro de sus compañeras ingresaron para intentar de nuevo que el Presidente las recibiera.

En vista de que el mandatario no las atendió, se sentaron  frente al despacho presidencial  y dijeron que no saldrían hasta que el presidente las atendiera.

El desalojo se produjo cerca de las 21 horas de esa noche  pero a la medianoche aún permanecían en las gradas  de la entrada del Palacio. Rodil  aclaró que  las dirigentes  del movimiento no serán encarceladas  pues por ese tipo de faltas no hay prisión.

De García advirtió  que al otro día se reunirían para  ver qué medidas o  acciones de hecho  iban a tomar, como  huelga de hambre  frente al Palacio Nacional.

Un desaparecido

El GAM denunció  que uno de los dirigentes del GAM desapareció cuando fueron desalojados, y comentó que presentaría un recurso de exhibición  persona,l porque asegura que  fue capturado por la Policia.

EL GAM

Esta organización se creó  en 1984   para la búsqueda  de familiares de personas detenidas ilegalmente y desaparecidas durante el conflicto armado. Trabaja  en favor de la justicia, investigando casos del pasado, para abrir procesos legales frente al sistema nacional y el sistema interamericano de derechos humanos.

Nineth Montenegro, jefa de EG, recordó que desde 2015 analizan el Listado Geográfico de Obras, y cada año se encuentran con muchos proyectos cancelados en su totalidad, pero sin ningún avance físico.

“El año pasado nos encontramos con 98 obras que fueron pagadas, pero no se puso ni la primera piedra, eso tiene que acabar. El sistema nacional permitiría ordenar las necesidades del Estado, garantizaría la priorización y mejoraría la trasparencia”, detalló la congresista.

La iniciativa plantea sanciones pecuniarias, suspensiones al trabajo sin goce de sueldo, y la destitución del cargo, para quienes traten de alterar los sistemas de control presupuestario.

Bancada @EncuentroGuate presenta anteproyecto de ley para regular el Sistema Nacional de Inversión Pública pic.twitter.com/6jCkxIoVRH

— Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) April 25, 2017

Según la legisladora estas sanciones administrativas se están planteando debido a que conocen de casos en donde los alcaldes llaman a los encargados del Sistema Nacional de Inversión Pública para decirles que coloquen avances irreales con el fin que se le pague.

“Esto ya no se podrá hacer porque habrá mecanismos de controles en conjunto con la Contraloría General de Cuentas”, detalló.

Agregó: “Para nadie es un secreto que los supervisores de obras muchas veces resultan ser de los mismos contratistas, dicen que todo está bien, pero no es cierto, con esta propuesta se estaría obligando al Estado a efectuar revisiones sin intermediarios”.

Según su criterio, la directiva actuó mal al dar marcha atrás a la prórroga de un contrato por un software para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el mismo día que el Ministerio Público realizó capturas relacionadas con el tema.

La congresista afirmó que en julio envió una carta a la directiva para que no se prorrogara el negocio que ese mismo mes fue aceptado. Lo mismo hizo la Contraloría General de Cuentas (CGC), por medio de un oficio, donde indicaban que no era conveniente renovarlo.

Los directivos del IGSS en ese momento decidieron continuar el proceso con la empresa Intellego, S. C. y abandonarlo el 23 de noviembre pasado.

A criterio de la diputada “La Junta Directiva tiene la responsabilidad penal de haberlo hecho”. La denuncia es por los delitos de incumplimiento de deberes y fraude de ley.

Mientras que el presidente de la Junta Directiva del IGSS, Carlos Contreras indicó que a su criterio no hay ninguna ilegalidad, debido a que no había documentos que sustentarán que el sistema tenía irregularidades.

Contreras señaló que la institución no canceló nada de la renovación del contrato, y que se tenía pendiente una deuda del 15 por ciento, y que la empresa esperaba que con la renovación acuerdo se les iba a cancelar lo que faltaba y un adelanto, pero debido a la carta enviada por la contraloría el pago estaba suspendido.

El presidente del IGSS agregó que debido a las capturas que hizo el Ministerio Público la Junta Directiva decidió rescindir el contrato antes mencionado, por lo que a su parecer no hay delitos que perseguir.

Divididos

En la aprobación de la continuidad del contrato, hubo un voto en contra. Fue el representante de la Universidad de San Carlos, Edgar Balsells.

Pero en la aprobación final de dicho convenio, hubo dos votos disidentes, el de Balsells, y Alan Ruano, representante titular del Colegio de Médicos.

Ruano no estuvo presente en la votación donde aprobaron la prórroga y fue su suplente, Conrado Rivera.

Negociantes de la salud

Por un caso de corrupción fue detenido José Javier Donis Álvarez, gerente del IGSS, quien fue nombrado hace cinco meses.

También fueron detenidos, Carlos Ramiro Moino Cárdenas, sindicado de fraude y defraudación tributaria; Dominga Estela Cuellar Hernández, por incumplimiento de deberes; Rebeca Cordón, fraude, y Luis Alfredo Morales Palma, fraude.

Cuellar Hernández, fue subgerente del departamento de  Integridad y Trasparencia del IGSS, Morales Palma, representante legal de la entidad Intellego, S.C. -la compañía que obtuvo un contrato del sistema SAP-, Cordón, representante legal de la entidad Coral Gables Bussines Group, S.A. -obtuvo contrato de arrendamiento-.

Miono Cárdenas, es representante  de la empresa  Supplies Trading, S.A., a la que se le adjudicó el contrato de ambulancias en el Seguro Social.

Las cinco personas capturadas este miércoles estarían vinculadas a un caso de corrupción junto a otras siete que están detenidas. Los actos corruptos se habrían cometido en la adjudicación de contratos de arrendamiento de un edificio por US$30 mil mensuales por cinco años, la adquisición de ambulancias por Q880 mil y un sistema informático de Q243 millones.

¿Cuál es su percepción sobre el proceso de elección de la Junta Directiva del Congreso?

Castillo: Lo que vemos ahora son tres personajes de la política tradicional guatemalteca, con varias reelecciones;  los tres conocen a profundidad la dinámica del Legislativo y además tienen la característica de representar sectores tradicionales de poder en el país.

En el caso de Taracena, es un actor reconocido como excelente negociador político, capaz de conseguir consensos.  

Oliverio García Rodas es un experto en temas de legislación, mas no  un perfil de elección política, y la diputada Montenegro es respetada dentro y fuera del Congreso como una experta en fiscalización, que se ha dedicado más a fiscalizar al Ejecutivo que a sus propios  compañeros legisladores.  

El partido oficialista busca a Oliverio, porque lo ven como una figura que tiene mucha credibilidad dentro del Congreso,  pero a cambio ellos también van a ir integrando esta  directiva.

Estamos muy centrados en el tema de la Junta Directiva, pero después vienen las comisiones también. Si bien no hay mucha gente de FCN dentro de las planillas que se han mencionado, puede que dentro de las comisiones vaya a haber mucha gente de ellos presidiéndolas, sobre todo la de Economía y   Finanzas, que son las que le interesan al Ejecutivo para poder impulsar todos los planes o programas que requieran durante los siguientes tres años.  

¿Qué negociación pudo haber con García Rodas?

Duarte: Hay que recordar que cuando se eligió la actual  directiva, que fue en enero de este año,  FCN únicamente tenía 11 diputados. Entonces, a la hora que todos se mueven para esa bancada, era mucha gente del PP y Líder, que seguramente también tenían relación con Oliverio de hace años.  

Realmente, a saber qué hubo detrás de esa negociación o qué le ofrecerían. Es muy difícil y sería irresponsable especular sobre cuáles serían los ofrecimientos.

Castillo: Los tres son diputados tradicionales, que en mi hipótesis son jubilados del sistema político guatemalteco. Lo que vemos es la posibilidad de que salgan en las próximas elecciones este tipo de diputados que no quieren irse del Congreso sin llevarse la medallita de haber sido presidentes. Y ese pareciera ser uno de los incentivos para cualquiera de los tres.  

¿Quién es el más honesto?

Castillo: Es una pregunta de fondo. El tema de honestidad es de esas cosas que uno puede evidenciar en el  relacionamiento con cada uno de ellos.

Duarte: Si bien se menciona el tema de honestidad en cuanto al presidente de la Junta Directiva, también deberíamos  cuestionarnos con qué gente está integrada su planilla.  

Si García Rodas fuera electo, ¿podría impulsar las reformas que él mismo ha planteado?

Duarte: Va a depender mucho de la capacidad que tenga para lograr consensos. Si de por sí ya está negociando con FCN-Nación, habrá que ver si este mismo apoyo que le están dando para llegar a la  Directiva se lo darán en las iniciativas.

Castillo: Tanto  García Rodas como el presidente   Taracena son muy efectivos haciendo negociación política. Oliverio lo que ha hecho es utilizar una mesa de seguridad y justicia en donde construyen iniciativas de ley muy fundamentadas y respaldadas técnicamente, que después son llevadas al Congreso y muchas de ellas son aprobadas.

Se menciona que atrás del apoyo a García habría una conspiración para frenar todo, hasta las reformas…

Castillo: Creo que señalamientos se le pueden hacer a los tres. Quizá la menos señalada, porque goza de una reputación de combate de la corrupción, ha sido Montenegro, pero en el caso de  Taracena y  García tienen un largo pasado que puede ser fácilmente criticable.

Lo que veo es un interés de los dos partidos mayoritarios del Congreso para mantener el poder de Estado, que en este momento marca el rumbo de las grandes decisiones del país.

Duarte: Hay que recordar de que todos estos dimes y diretes alrededor de que se van a traer  todas las reformas está sobre todo por el tema de que hay ocho diputados con la solicitud de retirarles el antejuicio por el caso de la Gobernadora de Alta Verapaz, y además también está el diputado Ovalle,  de las figuras más emblemáticas de FCN.

¿Taracena es un mal necesario?

Castillo: Es un actor histriónico dentro del Congreso y eso le ha servido para impulsar uno de los años más productivos del Legislativo en los últimos 15 o 20 años. Él no es necesariamente el actor más calificado para promover y presidir un debate y una  negociación que sí sea fundamental para el país, y eso es lo que se  está reconociendo en la candidatura de  García.

Duarte: No hay que verlo necesariamente como un mal. Si bien no es el  que merecemos como ciudadanos, sí es el que necesitamos en este momento, dado que ya nos demostró que puede impulsar una agenda de reformas y lograr  consensos.

En el caso de Taracena y García tienen en común su amplia trayectoria política y su estancia por varios períodos en el Congreso, también integraron la Asamblea Nacional Constituyente, en 1985.
 
Otro aspecto en concordancia entre García Rodas y Taracena Díaz-Sol es que han sido tránsfugas, al postularse o cambiarse de partido político en varias ocasiones para mantener su escaño en el parlamento.
 
Quienes buscan que Montenegro represente la tercer planilla, también se han acercado a la UNE a Todos y la Unión del Cambio Nacional, para ofrecer espacios con la condición que los aspirantes estén libres de señalamientos.

Los votos para respaldar a Montenegro estarían en los bloques Convergencia, Visión con Valores (Viva), Compromiso, Renovación y Orden (Creo), Partido de Avanzada Nacional (PAN) y Fuerza.

Quienes buscan que Montenegro represente la tercer planilla, también se han acercado a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), a Todos y la Unión del Cambio Nacional (UCN), para ofrecer espacios con la condición que los aspirantes estén libres de señalamientos.

Sandra Morán, Juan José Porras, Carlos Fión, Raúl Romero y Manuel Conde Orellana, son algunos de los nombres que se mencionan, integrarían la nueva planilla.

Orlando Blanco, jefe de la UNE, no descartó que se pueda apoyar una nueva propuesta, en caso no se consigan los 80 votos necesarios para que siga Taracena en la presidencia. Según Blanco ya han tenido acercamientos con bloques minoritarios.

A la espera

Nineth Montenegro confirmó a Prensa Libre que hay un acercamiento entre otras bancadas y que sí le han ofrecido el apoyo para que presida el Congreso el próximo año.

“Nos han llegado a hablar para ser una tercera opción, el lunes lo hablaremos en la bancada (…) si no hay votos para ninguno de los dos, entonces platicaremos”, dijo Montenegro.

Taracena y García Rodas este miércoles no han manifestado ninguna opinión respecto a la elección de la Directiva, se sabe extraoficialmente que sería hasta el lunes que se tendrían los últimos acercamientos y cada quién conseguir los consensos necesarios para presentar la planilla el próximo martes.

Para la congresista, el estado de Calamidad firmado por el vicepresidente Jafeth Cabrera, mientras estaba en funciones presidenciales por la ausencia del país de Jimmy Morales, viola los artículos 138 y 139 constitucionales, al limitar los derechos de locomoción y reunión.

La acción también se fundamenta en que el estado de Calamidad otorga la “no aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, librando a todas las dependencias y entidades públicas, la obligación de licitar y cotizar para cualquier tipo de adquisición que estos realicen”.

Nineth Montenegro indicó que la acción respondió a hallazgos que no justificaban el estado de Calamidad. Entre ellos que delegaba funciones al titular de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), para que cualquier lugar donde se creyera que hay calamidad lo pudiera decretar, función que solo tiene el presidente.
 
Además aplicaron el estado de Calamidad amparados en el artículo 142 que dice que esa medida estaba en todo el territorio nacional, incluyendo, suelo, subsuelo, aguas interiores, el mar y espacio aéreo, entre otros como los recursos naturales, mar adyacente y subsuelos marinos.
 
“No hay calamidad, no existe, estamos terminando el invierno. No se puede interponer una calamidad cuando no existe. Primero se debe decretar un estado de Prevención, después estado de Alarma y por último si la calamidad se da, se decreta, según la ley”, explicó Montenegro.
 
La congresista afirmó que adicionalmente el Gobierno restringió la libre movilidad y expresión en todo el país por al menos 11 días.
 
“Si el interés era gastar el dinero donde no se ha utilizado, como el Ministerio de Desarrollo con cuatro por ciento en inversión social, Gobernación ocho por ciento, seis en Comunicaciones”, añadió.
 
La diputada considera que ahora la acción de la Corte marca un precedente para un futuro cuando se pretenda decretar una medida de esa manera.
 
El Gobierno también se había amparado en una resolución de Naciones Unidad sobre los países vulnerables al cambio climático.

Vigente

Montenegro afirmó que a su criterio el estado de Calamidad estaba vigente hasta antes que la Corte emitiera la resolución, pues el Congreso lo conoció y voto pero nunca fue aprobado o improbado.
 
“Mientras el Congreso no se reuniera estaba vigente y todo lo que hiciera el presidente estaba vigente. Al final hubo presiones después de plantear la acción, para que se dijera si se aprobaba o no”, indicó.
 
La congresista manifestó que quedó en impase porque nunca lo aprobaron o rechazaron. La votación decía que debían haber 105 votos en el pleno y que hubiera más de 80 para improbarlo, pero solo hubo 60.
 
“Quedó en el limbo jurídico y se archivó”, puntualizó.

Desconocen pronunciamiento

El vocero de la Presidencia, Heinz Hiemann, afirmó que el Organismo Ejecutivo no ha sido oficialmente notificado por la Corte de Constitucionalidad (CC).

“No conocemos con exactitud cuál fue el pronunciamiento de la CC, sin embargo, al ser provisional tenemos 15 días para pronunciarnos”, afirmó el portavoz.

Hiemann enfatizó que el Ejecutivo es respetuoso del Estado de Derecho y de las disposiciones que la CC emita.

“Se atenderán con total exactitud, ya que es una instancia de carácter constitucional a quien hay que atender como corresponde”, aseguró el vocero.

Desde el Congreso

El Congreso ya había rechazado el estado de Calamidad, el pasado 4 de octubre, con 59 votos en contra de la medida del Ejecutivo.

Al comienzo de la sesión, con 112 votos a favor, los diputados aprobaron una moción conocer de urgencia nacional el estado de Calamidad Pública, sin embargo, durante su intervención en el pleno, la mayoría de parlamentarios se mostró en contra de la medida.

*Con información de Byron Vásquez

Para la congresista, el estado de Calamidad firmado por el vicepresidente Jafeth Cabrera, mientras estaba en funciones presidenciales por la ausencia del país de Jimmy Morales, viola los artículos 138 y 139 constitucionales, al limitar los derechos de locomoción y reunión.

La acción también se fundamenta en que el estado de Calamidad otorga la “no aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, librando a todas las dependencias y entidades públicas, la obligación de licitar y cotizar para cualquier tipo de adquisición que estos realicen”.

Según Montenegro, en el Decreto también se considera al cambio climático como calamidad pública o desastre, sin embargo en el Congreso no ha habido quórum para conocer y hacer las enmiendas necesarias, por lo que el estado de Calamidad sigue vigente.

La acción ante la Corte de Constitucionalidad (CC), busca que se suspenda la vigencia del Decreto por existir un vacío jurídico, además de no tener fundada justificación para su prevalencia y aplicación.

Acciones contra el Presidente

Dos acciones penales en contra del presidente Jimmy Morales y su gabinete se anunciaron el pasado 23 de septiembre, una que planteo el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (Calas) y otra promovida por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

La primera se trata de una querella en contra del presidente, del vicepresidente Jafeth Cabrera y los ministros, quienes  son señalados de dos delitos, abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la Constitución.

Rafael Maldonado, de Calas, argumentó que el Ejecutivo violentó la Ley de Orden Público con el decreto 5-2016, que estuvo vigente durante dos días y daba vida al estado de Prevención.

Según Maldonado, si había riesgo de desastres, era necesario decretar el estado de Calamidad y afirmó que, aunque se haya derogado este decreto, no se elimina la acción ilegal.

Maldonado dijo que detrás del estado de Prevención había “intereses oscuros” y que por ser una “acción ilícita” será la justicia la que determine la responsabilidad de cada uno de los implicados, pues “el delito se cometió” y estuvo vigente.

La acción de la UNE también es contra Morales y sus ministros, y solicita al Ministerio Público que investigue si el decreto de estado de Prevención tenía el objetivo de “desestabilizar la institucionalidad del país”.

“Creemos que se atentó contra la institucionalidad del país”, dijo en una conferencia de prensa el jefe de la bancada Orlando Blanco, quien pidió investigar a Morales y a su Gabinete “por resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad”.

Algunos politólogos también prevén que en los primeros meses de 2016, se marque el transfugismo de parlamentarios, debido a la falta de apoyo de sus agrupaciones políticas y falta de liderazgo de las mismas.

La aprobación de leyes en beneficio de sectores económicos, diputados señalados de tráfico de influencias y abuso de autoridad, así como la mala utilización de la interpelación y el transfuguismo, son algunas de las características que marcan esta legislatura que para muchos es la peor de la era democrática.

Panoramas inciertos

Los panoramas sobre el trabajo de los diputados en 2016 son variados refieren politólogos , debido factores que han surgido luego de los resultados de las recientes elecciones, como la salida de al menos 10 diputados de sus partidos.

A esto se suma que los alcaldes recién electos de los partidos Líder, UNE y Patriota , serán los más beneficiados en la ejecución de obra gris que harán ministerios y secretarías, según lo asignado al Listado Geográfico de Obras.

Los posibles panoramas de la agenda legislativa 2016, será analizados este viernes 25 de septiembre, a partir de las 15.30 horas, en el programa Diálogo Libre.