TSE respalda a subdelegado que denunció empadronamiento irregular en San Andrés Villa Seca, Retalhuleu

El Tribunal Supremo Electoral negó haber destituido a su subdelegado en San Andrés Villa Seca y confirmó que lo respalda y le brindará seguridad tras denunciar posibles actos de transhumancia electoral.

Carlos Gómez

24 de enero de 2026

|

18:38h

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El Tribunal Supremo Electoral, emitió este sábado un comunicado en el que afirma su respaldo al subdelegado municipal de la institución en San Andrés Villaseca, Retalhuleu. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Luego de que se conociera la denuncia de un trabajador del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en San Andrés Villa Seca, Retalhuleu, quien afirmó haber recibido 46 Documentos Personales de Identificación (DPI) para empadronar a personas que no acudieron a realizar el trámite, el TSE emitió un comunicado en respaldo al subdelegado municipal que hizo pública la acusación.

El comunicado, difundido este 24 de enero, aclara que el subdelegado no fue despedido por presentar la denuncia, como afirman algunas publicaciones en redes sociales.

“El Tribunal Supremo Electoral aclara que el subdelegado municipal de San Andrés Villa Seca, Retalhuleu, no ha sido destituido de sus funciones, como erróneamente se ha difundido en redes sociales, y reitera su respaldo institucional al trabajador. Al tener conocimiento del caso, el TSE, a través de la Inspección General, levantó el acta correspondiente y brindó el acompañamiento al subdelegado municipal, quien presentó la denuncia por presunta transhumancia electoral ante la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, con el objetivo de que las autoridades competentes realicen las diligencias conforme a la ley”, indica el comunicado.

El documento también resalta el accionar del funcionario electoral y asegura que se ha coordinado apoyo para brindarle seguridad, tanto a nivel privado como con la Policía Nacional Civil.

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“El Tribunal Supremo Electoral ha brindado y continuará brindando el respaldo institucional necesario al subdelegado municipal de San Andrés Villa Seca, Retalhuleu, quien actuó con valentía y conforme a la normativa vigente al reportar y denunciar un hecho que atenta contra la transparencia y democracia del país. Como medida preventiva, se ha coordinado apoyo en materia de seguridad, tanto privada como de la Policía Nacional Civil, a fin de resguardar su integridad física mientras se desarrollan las diligencias correspondientes”, afirma el TSE.

Finalmente, el TSE hace un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente por medio de los canales oficiales de la institución, con el fin de evitar la difusión de información falsa que pueda “generar confusión y desinformación”.

El caso

Esta aclaración del TSE surge a raíz de una denuncia presentada por el subdelegado municipal mediante un vídeo difundido en redes sociales.

En dicho vídeo, afirmó que le fueron entregados 46 DPI por una mujer, a quien identificó como familiar de la alcaldesa de San Martín Zapotitlán, Blanca Estela Mendoza Méndez.

Según su versión, la persona le ofreció Q100 por cada empadronamiento o actualización de datos.

“Ella me intentó sobornar. Me estaba ofreciendo Q100 por cada DPI. Yo tengo un buen sueldo y no necesito eso”, expresó.

Los propietarios de los documentos, presuntamente, residen en San Martín Zapotitlán y el objetivo era empadronarlos en el municipio de San Andrés Villa Seca, señaló el empleado del TSE.

El trabajador hizo un llamado a la población a no entregar sus documentos a cualquier persona ni a miembros de los Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural (Cocode), para evitar anomalías o actos ilegales.

Afirma que es un “show político”

La alcaldesa de San Martín Zapotitlán, Blanca Estela Mendoza Méndez, negó los señalamientos del trabajador del TSE.

“Legalmente es un show político. Están tratando de dañar nuestra imagen, no solo políticamente, sino también emocional y psicológicamente”, afirmó Mendoza.

Agregó que no ha enviado a nadie al TSE para empadronar a vecinos de su municipio en San Andrés Villa Seca.

Mendoza Méndez aseguró que su nuera, señalada como presunta emisaria de los documentos, fue asaltada y le robaron el teléfono hace dos días.

“Yo pido que se muestre la foto de quién fue la que llegó —al TSE—. Pudo haber sido de otro partido político, no de nosotros, porque usted sabe que estamos en un año preelectoral y están tratando de dañar nuestra imagen”, agregó.

La alcaldesa informó que ya se iniciaron gestiones legales con apoyo de abogados.

“Nos están acusando de algo que nosotros ni en cuenta. Todos los trámites son personales y hay que firmar. Esto debe ser investigado”, comentó la jefa edil.

Absuelven a exjefes de Informática del TSE señalados de alterar registros de elecciones en 2019

Los señalamientos contra los exjefes de Informática del TSE se remontan a las elecciones de 2019, cuando Rafael Curruchiche era jefe de la Fiscalía de Delitos Electorales.

Miguel Barrientos y Elmer Vargas

26 de noviembre de 2024

|

11:44h

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Gustavo Adolfo Castillo González y Beny Obdulio Román Chanquín fueron absueltos por señalamientos durante su gestión en Informática del TSE. (Foto Prensa Libre: E. Vargas)

Este 26 de noviembre se celebró en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal una audiencia en la que participó Gustavo Adolfo Castillo González y Beny Obdulio Román Chanquín, exdirector y exsubdirector de Informática del Tribunal Supremo Electoral (TSE), respectivamente.

Los extrabajadores del TSE eran señalados por el Ministerio Público de haber alterado registros de las elecciones generales de 2019, por lo que enfrentaban sindicaciones de incumplimiento de deberes y destrucción de registros informáticos.

Ambos fueron aprehendidos en agosto de ese año, cuando Rafael Curruchiche era jefe de la Fiscalía de Delitos Electorales.

Según la acusación, las supuestas ilegalidades se habrían registrado con la utilización de un software para la transmisión de los resultados electorales preliminares.

Absolución

La jueza Marjorie Azpuru determinó que Castillo González y Román Chiquín no cometieron ilícitos.

“No omitieron realizar funciones y atribuciones de control, supervisión y verificación, así como dictar los lineamientos y directrices técnicas y administrativas para hacer efectivo y eficiente el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, denominado SITREP, del TSE, del evento electoral desarrollado el 16 de junio del año 2019”, detalló Azpuru.

La jueza también indicó que quedó acreditado que, al detectar un error en la sumatoria de votos en los resultados electorales preliminares, se hizo del conocimiento del magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral y se estableció que fue un error humano de programación.

“Fue un algoritmo de programación del procedimiento almacenado a tablas, el que generó la errónea reacumulación de votos en ese momento”, detalló.

El error, explicó, fue corregido sin causar ningún perjuicio al resultado o a los resultados preliminares y tampoco sin causar ningún perjuicio a la democracia por tratarse de resultados preliminares y no de resultados finales, ya que no existió alteración de los resultados digitados en las bases de datos, dijo la jueza.

También dijo que el error se debió a la falta de recursos humanos, y respaldó la argumentación de Beny Román.

“Show político”

Gustavo González, exdirector de Informática del TSE, indicó que el caso se trató de un “show político” para tener a alguien del ente electoral señalado.

“Gracias a Dios, la ley salió triunfante, como debe ser “, afirmó el exdirector de Informática.

Aparte, Beny Román, exdirector de Informática, dijo que el proceso fue “desgastante”, pero se insistió en que los resultados electorales de 2019 fueron transparentes.

“Creemos en la justicia de Guatemala. Se actuó de buena forma y se cumplieron con las obligaciones y con todo lo requerido. Se dio una certeza del resultado.

El resultado de los sistemas es preliminar, no es oficial. El resultado oficial es puramente documental. Se basa en documentos y la eventualidad que sucedió fue corregida inmediatamente”, resaltó.

Condenado aceptó que utilizó vehículo de la Sosep para traslado de propaganda de VAMOS

Óscar Antonio Cruz Quiñónez fue señalado de haber trasladado propaganda de VAMOS en un vehículo de la Sosep hacia Ciudad Vieja, Sacatepéquez.

Miguel Barrientos

18 de septiembre de 2024

|

07:39h

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El MP señaló a un hombre de haber utilizado un vehículo de la Sosep para trasladar propaganda del partido VAMOS. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL / C. Hernández)

El Ministerio Público informó este 18 de septiembre que un hombre fue condenado por señalamientos de peculado por uso.

Se trata de Óscar Antonio Cruz Quiñónez, quien fue hallado responsable de haber utilizado un vehículo propiedad del Estado, asignado a la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep), para traslado de propaganda política.

El MP detalla que la Fiscalía de Delitos Electorales señaló a Cruz Quiñónez de haber utilizado el vehículo para traslado de propaganda del partido VAMOS hacia el municipio de Ciudad Vieja, Sacatepéquez.

Según el MP, Cruz Quiñónez se sometió a un procedimiento especial de aceptación de cargos, por lo que la pena de tres años de prisión le fue rebajada a dos, conmutables por Q5 diarios.

Además, el sentenciado fue multado con Q6 mil 666.67 y reparación de daño causado por Q6 mil 770.

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Además, se le prohibirá optar a empleos o cargos públicos y le fueron suspendidos sus derechos políticos mientras dure la pena.

#MPfuerteYfirme #SentenciaCondenatoria
Condenado por el delito de peculado por uso

La Fiscalía de Delitos Electorales logró sentencia condenatoria por el delito de peculado por uso contra Óscar Antonio Cruz Quiñónez, hallado responsable de utilizar vehículo propiedad del… pic.twitter.com/Q5lTYqPDCO

— MP de Guatemala (@MPguatemala) September 18, 2024

Ni el TSE ni el MP confirmaron ayer algún avance en las averiguaciones para confirmar si en efecto Vamos fue constituido con ilegalidades como falsificación de documentos.

Casi seis años después, este 8 de diciembre, esa misma denuncia fue reactivada por una ciudadana que presentó un oficio al Registro de Ciudadanos, al MP y al propio Congreso, en el cual, con base en los hallazgos del 2018 e indicios desde el 2016, solicita que se inicie el proceso de cancelación de la agrupación oficialista.

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Asimismo, pide que se inicie el proceso administrativo de cancelación de Vamos, se actúe de oficio en relación con las ilegalidades en el proceso de inscripción del partido, y que “se efectúen las demás acciones administrativas y jurídicas de corrección que en Derecho correspondan, contra el partido Vamos y con el personal administrativo del Departamento de Organizaciones Políticas que permitieron que las ilegalidades pasaran inadvertidas”.

La denuncia estaba incluida como uno de los puntos de agenda del pleno del TSE, convocada para ayer. Sin embargo, no fue posible obtener información directa sobre cuál fue la decisión de los magistrados. De manera extraoficial, se sabe que la denuncia fue recibida y se inició un proceso de revisión para evaluar la veracidad de los hechos.

Las inconsistencias

El 14 de diciembre del 2015, el Grupo Promotor de Vamos habría simulado una reunión firmada por la abogada Yeymi Lisbet Castañeda Gutiérrez. En la misma se habrían consignado datos y firmas de personas que nunca estuvieron presentes, lo cual implicaría la falsificación de firmas.

Uno de los datos que fundamentan la tesis de que la reunión nunca se celebró es que el Grupo Promotor se habría reunido en la oficina de la notaría en la zona 9, un inmueble con un área aproximada de 100 m² que no tenía la capacidad física para albergar a 700 personas, como se consignó en el acta.

Las firmas de 29 personas que figuran en las actas de constitución fueron comparadas con certificados del Registro Nacional de las Personas (Renap), y se estableció que no correspondían. Algunas de ellas, según el Renap, no sabían firmar.

Además, se pone en duda la veracidad de las hojas de papel protocolo que se utilizaron para consignar al menos dos escrituras públicas. Se sugiere que podrían existir alteraciones tipográficas.

Otra de las anomalías detectadas es que en siete hojas de adhesión colectiva del referido comité para la constitución de Vamos aparecen ciudadanos que nunca comparecieron y también les falsificaron las firmas.

El Departamento de Organizaciones Políticas del TSE también detectó ocho fallecidos dentro de las hojas de adhesión del comité para la constitución de Vamos.

Niega señalamientos

En el 2017 Vamos confirmó su constitución y en el 2019 se presentó por primera vez en las elecciones generales, en las cuales Giammattei obtuvo 613 mil 498 votos en la primera vuelta presidencial, que le valieron para disputar el balotaje, en el cual se impuso sobre Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con 1 millón 907 mil 801 sufragios.

La denuncia sobre supuestas ilegalidades en la constitución del partido, expresó el actual secretario, Víctor Valenzuela, es infundada.
“Como partido Vamos mantenemos la postura de ser siempre respetuosos de la ley, cumpliendo y siguiendo todos los procesos requeridos por la ley”, dijo Valenzuela.

A su juicio, en el país hay “gente” que está confabulando y, como resultado, se presentan denuncias espurias.

“De seguro es una denuncia falsa. La prueba y la tranquilidad que tenemos es que se llevaron a cabo todos los pasos legales. Incluso se superó por mucho el número de afiliados, organizaciones municipales y departamentales”, sostuvo el diputado electo.

“Esta denuncia la consideramos como una treta de la gente que tiene obsesión por los golpes de Estado o vive obsesionada por cualquier cosa para desestabilizar al país con falsa información”.

En la actualidad, Vamos es la segunda organización política con más afiliados en Guatemala, con 42 mil 444 ciudadanos inscritos, según el último reporte oficial.

La referida Fiscalía informó que se dio con lugar la apelación interpuesta en contra de la resolución que declaró el sobreseimiento para Alonzo.

Añadió que la exfuncionaria fue señalada por usurpación de calidad en el caso del exalcalde de Mixco, Otto Pérez Leal.

La Fiscalía les acusa de usurpar las funciones de la Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del Alcalde (SOSEA) de la Municipalidad de Mixco, coordinando la compras y eventos de publicidad para hacer la campaña del exalcalde Pérez Leal.

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El 11 de julio de 2022, el Juzgado de Primera Instancia de Mixco cerró el caso y favoreció a Otto Pérez Leal y a la exdiputada Stella Alonzo, quienes estaban señalados de delitos electorales.

Según el juzgado, el Ministerio Público (MP) no pudo sustentar la acusación contra Pérez Leal, hijo del expresidente Otto Pérez Molina, y la exdiputada Stella Alonzo, y por eso se dictó sobreseimiento y cierre del proceso penal para ambos.

El caso ha estado a cargo de la Fiscalía contra Delitos Electorales que comenzó la investigación luego de conocer la denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas, que tras realizar una auditoría en la comuna de Mixco pudo determinar que dicha entidad compró o pagó varios bienes y servicios que fueron utilizados en la campaña electoral 2015.

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La cantidad de dinero que la estructura criminal habría defraudado a la comuna era de Q624 mil 654.18, dinero que fue erogado del erario municipal para pagar anuncios publicitarios en mupis de obras que no ejecutó la comuna, playeras, gorras, lapiceros, uniformes de porristas y zanqueros con logotipo del referido partido político.

La información se conoció en la reunión semanal entre fiscales nacionales de partidos políticos con autoridades del TSE, quien detalló las últimas acciones del MP sobre el evento electoral.

“No es secreto para nadie que estamos siendo asolados por una cantidad exagerada de solicitudes en cuatro fiscalías, distintas cosas”, señaló Irma Palencia, presidenta del TSE.

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Entre ellas se encuentran la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Fiscalía de Delitos Electorales, Fiscalía de Asuntos Administrativos y fiscalías departamentales.
La secretaría del TSE expuso en la reunión que el MP pidió información sobre las Juntas Electorales Departamentales (JED) y Juntas Electorales Municipales (JEM), requiriendo información sobre las actividades que tuvieron las juntas e día de las votaciones.

Sin información

El TSE ha ido entregando toda la información que se les ha venido solicitando, pero les ha sido imposible conocer a profundidad los expedientes porque el MP no les proporciona información.

“Dicen que nosotros no somos parte, por eso no tenemos expedientes documentados, antecedentes, etc, porque no nos han dado ni una sola información del motivo de esa investigación”, señaló Palencia.

Uno de los primeros requerimientos de información que saltaron en la opinión pública fue la información de los digitadores contratados por el TSE, memoriales que finalmente fueron entregados.

“Estamos colaborando un tanto a ciegas”, refirió Palencia acotando como en un solo día recibieron 17 solicitudes de diferentes “asuntos”, e incluso durante la reunión llegaron dos nuevos requerimientos.

Defienden proceso

El magistrado Rafael Rojas explicó que deben de defender el proceso de elecciones, y en consecuencia sus resultados, indicando que no es viable fijar una postura sobre la lectura de ciertos analistas que advierten un intento de golpe de estado.

Rojas asegura que su función es “garantizar el respeto a la voluntad de los ciudadanos con los resultados obtenido en la segunda vuelta electoral”.
El Pleno del TSE oficializó los resultados de la segunda vuelta el pasado lunes 28 de agosto.

Entre las agrupaciones políticas bajo investigación se encuentran Cambio, Visión con Valores (Viva), Winaq, Voluntad Oportunidad y Solidaridad (Vos), Mi Familia y Unión Republicana.

Los hechos no son aislados, es decir, cada agrupación política habría actuado por cuenta propia con sus fines particulares, según el criterio de Lizbeth Pérez, jefa de la Fiscalía de Delitos Electorales. La funcionaria sí reconoce que este fenómeno criminal cobró mayor relevancia en el actual proceso electoral.

“En las elecciones pasadas el fenómeno era la trashumancia, personas que se empadronan donde no tienen residencia para votar por un candidato, pero ahora es el fenómeno de las afiliaciones anómalas y las firmas falsas”, explicó la jefa fiscal.

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El incremento de las denuncias por esta actividad criminal, a decir de Pérez, se debe a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) mantiene en su portal electrónico una herramienta para que cualquier ciudadano verifique si es afiliado o no a algún partido político.

A decir del MP, la situación es grave, y mediante investigaciones lograron frenar a varios grupos promotores que buscaban convertirse en comité cívico y posteriormente en partidos políticos.

“Cuando se hace un estudio integral y se pueda determinar que es una cantidad de firmas que podría variar la cantidad de afiliados que necesita la organización política, la ley es clara, un partido no puede funcionar sin la cantidad de afiliados que indica la ley”, agrega la fiscal.

Entre los grupos promotores que buscaban convertirse en organización política y fueron ya identificados por el MP con algunas irregularidades se encuentran Somos Guatemala, VOS (distinto al partido político vigente), Partido de Reconciliación Nacional, Guatemala es Posible y Alianza por la Justicia.

Esta última agrupación, según datos del MP, contenía la denuncia de más de 100 personas afiliadas sin su consentimiento, la mayoría de ellos empleados del TSE y fue el propio órgano electoral quien presentó la denuncia.

La jefa fiscal considera que la situación es aún más delicada al hablar de partidos políticos que participaron en las elecciones del 2023, a quienes también se les cuestiona por reportes de aparentes asambleas inexistentes y la supuesta falsificación de firmas de afiliados. “Sí es grave y por lo tanto sí merecería la cancelación de una organización política”, advirtió la responsable de la Fiscalía.

Las denuncias contra los seis partidos políticos que participaron en las elecciones llevan cerca de dos meses bajo investigación y mientras avanzan las diligencias se podría solicitar la suspensión de su personalidad jurídica, así como ya ocurrió con Movimiento Semilla.

“Sería una organización política que nació con vicios jurídicos que no la hacen que pueda subsistir, jurídicamente hablando; entonces, es una decisión que tendríamos que tomar en su momento, pero creemos que sí es viable esa salida procesal, porque hay anomalías enormes en algunas organizaciones políticas que están bajo investigación”, señaló.

Ataques políticos

No todas las agrupaciones bajo investigación se daban hasta ayer por enteradas del proceso, otras califican estas diligencias como un ataque político desde el MP.

Armando Castillo, secretario general de VIVA y excandidato presidencial, reconoce que la agrupación está bajo investigación y que les han solicitado registro de firmas de afiliados de hace 14 años, cuando el partido político cobró vida.

“Definitivamente es el sistema reaccionando, un sistema al que la población no les dio el respaldo. Este partido se fundó con todo en ley y no cabe duda que andan rebuscando, pero nosotros tenemos la tranquilidad que todo se hizo en ley desde su fundación”, explicó.

Julio Rivera Clavería, excandidato presidencial de Mi Familia, dijo desconocer la situación porque tan solo fue invitado a la agrupación. Se intentó contactar al secretario general del partido, pero no respondió la comunicación.

Mientras que Mario López, secretario general de Unión Republicana, dijo no saber detalles de ninguna investigación en su contra. “Si fuera por el caso de asambleas, todo se ha hecho como debe de ser, no es algo que nos tenga con alguna preocupación”, aseguró.

Jorge Baldizón, secretario del partido político Cambio también dijo ignorar la investigación. “Desconozco el tema, no hemos sido notificados de absolutamente nada, al ser notificados ya procederíamos a ver en qué se basa el tema”, añadió.

Mientras que Kanec Zapil, fiscal nacional de Winaq, fue claro en señalar que la investigación en su contra es producto de un ataque. “Son grupos que no quieren respetar los resultados electorales, son ataques hacia nosotros, llama la atención que reactiven estos casos en estos momentos”, cuestionó.

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Por su parte Orlando Blanco, diputado electo por VOS, asegura que cuentan con todo el respaldo legal para desacreditar los señalamientos en su contra.

“Nosotros tenemos conocimiento, es una denuncia política y espuria que interpuso gente de Sandra Torres en el marco de la campaña electoral, nosotros ya nos apersonamos para ver el tema, no estamos preocupados porque los señalamientos se desvanecerán, tenemos toda la documentación que acredita que las firmas que señalan es falso, tenemos declaraciones juradas de las personas”, precisó.

Estrategia política

Las investigaciones en contra de más partidos políticos es algo que ya se veía venir, según el criterio de Renzo Rosal, analista político independiente, quien asegura que más que tratarse de una estrategia jurídica es una estrategia política.

“Se va a plantear la idea que no es una cacería de brujas –contra Movimiento Semilla- y se va a extender a más organizaciones políticas señaladas de lo mismo, pero el objetivo político es generar la percepción de que no se tienen a un destinatario, ya se veía venir esta estrategia”, señaló.

Recientemente, el Registro de Ciudadanos del TSE suspendió a Movimiento Semilla a través de una resolución judicial por aparentes anomalías en su formación a partido político, entre ellas la aparente falsificación de firmas y la afiliación de personas fallecidas.

Pero el analista considera que podría existir un segundo objetivo con las investigaciones contra este grupo de partidos políticos, que irían encaminados a quitar voces opositoras en la próxima legislatura.

“Un objetivo complementario es ir contra partidos políticos que, aunque sean minoría, en la siguiente legislatura pudieran fortalecer a los de mayoría y quieren limpiar la mesa”, concluyó.

Las fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público, es la entidad que investiga la trashumancia electoral, una practica recurrente en las elecciones generales que conlleva tres faltas: falsedad material, falsedad ideológica con agravación electoral o perjurio, puesto que por lo general se moviliza a un ciudadano a un centro de votación que no le corresponde con la intención de sumar votos a algún aspirante a un cargo de elección popular.

En 2019, dicha  fiscalía informó que se emitieron 44 sanciones a personas a quienes se les responsabilizó de  incurrir en el acarreo de personas. Las sanciones consistieron en trabajo comunitario, brindar capacitaciones, donar copias de la Ley Electoral y de Partidos Políticos o de la Constitución Política a centros educativos.

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Delitos en los que puede incurrir el acarreo de personas a un municipio donde no le corresponde votar, según la LEPP.

• Artículos 321 y 327: Falsedad material con agravación electoral: incurre en este cuando alguien falsifica un documento de identificación. Son de dos a seis años de prisión.
• Artículos 322 y 327 A: Falsedad Ideológica con agravación electoral: cuando una persona se empadrona y miente sobre su residencia electoral, que es el lugar donde habita en forma continua, por un periodo no menor de seis meses. La sanción es de dos a seis años de prisión. Esta aumentará en la mitad cuando se cometan con fines electorales.
• Artículo 325: Uso de documentos falsificados: incurre quien vota con Documento Personal de Identificación falso y lo sabe. Son de dos a seis años de prisión, que se incrementará en la mitad cuando se cometa con fines electorales.
• Artículo 338: Uso ilegítimo de documento de identificación: votar con un DPI que no es el propio o ceder el propio para que otra persona vote. De uno a tres años de cárcel es la sanción.

En este proceso electoral, las principales acusaciones sobre el acarreo de votantes comenzaron en Villa Nueva, en contra del alcalde Javier Gramajo, quien no se ha pronunciado al respecto. También en San José del Golfo, donde incluso se suspendieron las elecciones generales debido a que un grupo de pobladores impidió que los camiones con enseres de votación ingresaran a cuatro centros, al argumentar que habría “fraude”, debido a que la noche del sábado llegaron autobuses con “acarreados”.

Aclaran

El magistrado Gabriel Aguilera sostiene que el tema de acarreo genera confusión en la ciudadanía y que los candidatos sí pueden ofrecer transporte a sus afiliados, pues para que se cometa el delito de acarreo se debe incurrir en ciertas ilegalidades que deben ser comprabadas.

“Cuando hablamos de acarreo el concepto técnico es trashumancia electoral, y esto es cuando una persona de un municipio va a votar a otro, por ejemplo, pero eso ya son casos que son investigados por la Inspección General (del TSE), el transporte que las agrupaciones políticas le prestan a sus filiados o a sus simpatizantes para ir a votar a sus centros de votación no es acarreo”, señaló Aguilera.

Aguilera dijo que para verificar las denuncias se cuenta con el acompañamiento de los inspectores .

“Este supuesto se da únicamente cuando la persona haya emitido su voto, no podemos pensar en acarreo anticipadamente, durante el transcurso de la jornada electoral se va a determinar cuando el ciudadano emita su voto, si aparece o no aparece en el padrón”, aseveró Rojas.

Además de denuncias por propaganda política, compra de votos y transporte de personas, se han reportado denuncias por delitos electorales. Los departamentos con mayor incidencia son Alta Verapaz, Petén y Guatemala.

El MP mencionó los 3 delitos electorales con mayor denuncias. Esta es su tipificación y penas, de acuerdo con el Código Penal, que incluye al menos 20 que son castigados con multas y prisión.

1. Coacción del elector:
   Incurre aquella persona que ofrece dinero, o algún bien, a otra a cambio de que ejerza su voto en favor de un candidato u organización política. De dos a ocho años de prisión la sanción.
2. Propaganda oficial ilegal:
   Es cuando las autoridades participan en inauguración de obras de su administración durante la campaña electoral. De uno a cinco años de prisión e inhabilitación para el ejercicio del empleo o cargo público, o cancelación del contrato en su caso.
3. Coacción contra la libertad política:
   Incurre en este delito quien por medio de violencia o amenazas a impedir que otra persona vote. La sanción es de 6 meses a 3 años de prisión.

Hasta las 11 de la mañana se han tenido detenidas a  11 personas por los disturbios y quema de papeletas electorales en un centro de votación de San Martín Zapotitlán.

El reporte preliminar detalla que varios vecinos denunciaron que candidatos habían coordinado traslado de personas paras que votaran en ese lugar.

Además, otras capturas fueron por fraude del votante, revelación del voto y fraude al votante, según Porras. 

Varios videos captados por vecinos y difundidos en redes sociales, documentan como el grupo de personas es bajado por la fuerza de un autobús y se escucha como algunos vecinos reaccionan enojados ante la aparente trampa para favorecer a alguno de los candidatos de la localidad.

“Los vamos a quemar, quemen el bus”, se escucha en uno de los videos, en donde una aglomeración recrimina a los tripulantes del bus. “Ya estamos cansados de que nos estén mirando la cara”, se escucha a otro vecino reclamar.

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En otro de los videos se aprecia como las personas se vieron obligadas a bajar del bus, llevaban algunas mochilas y maletines y al ser cuestionados por los comunitarios, una mujer explica que va a las mesas electorales y que fue enviada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Pero al ser cuestionada sobre algún documento de respaldo no supo responder a las interrogantes y prefirió quedarse callada, mientras que los vecinos seguían protestando por el aparente acarreo de votantes.

“Son fiscales de mesa”

La Junta Electoral Municipal (JEM) de San José del Golfo confirmó los sucesos y las amenazas de linchar a un grupo de personas, pero la junta afirma que no se trata de acarreados, su versión indica que los vecinos confundieron a los integrantes de las Juntas Receptoras de Votos (JRV).

“Ahorita hay un conflicto con nuestros fiscales, el pueblo no los dejó pasar porque piensan que son personas a quienes se les pagó para hacer votos”,  explicó Isabel López Carrillo, secretaria de la JEM de San José del Golfo.

La integrante de la JEM afirma que son 130 las personas que fueron interceptadas. “No dejaron pasar a nadie, dijeron que los querían quemar”, agregó.

López explicó que algunas personas lograron resguardarse y salir, pero otro grupo era acechado por los vecinos. “La situación todavía está complicada, algunas de las personas vienen caminando y otras se pudieron regresar”, dijo a Prensa Libre alrededor de las 21 horas.

La JEM afirma que todos iban en buses porque les iban a dar una última capacitación previa a las votaciones y negó así que se trate de un suceso con posibles acarreado.

La Policía intervino para ofrecer seguridad al grupo y calmar los ánimos de los vecinos. No reportó mayores incidentes la Policía.

Municipio de Vamos

La alcaldía de San José del Golfo se encuentra a cargo de José Rocael Chamalé, quien en las elecciones del 2019 consiguió un nuevo periodo como alcalde, pero ahora compite con el partido oficial Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos).

Rocael fue el concejal primero en las elecciones del 2015 de la planilla ganadora, en aquella ocasión, con el desaparecido partido político, Libertad Democrática Renovada (Líder), pero el alcalde electo no pudo asumir y fue él quien obtuvo el cargo municipal.

“No al fraude, le pedimos al TSE que tome cartas en el asunto, no es justo que la población tenga que sufrir cuatro años más por un personaje que los ha hundido, el MP tiene la obligación de hacer esa persecución y detener a los acarreados”, afirmó  Ricardo Córdova, candidato del partido Unionista.

Los inconformes aseveran que existen pruebas para comprobar sus acusaciones, como videos donde personal y familiares de Gramajo otorgan alimentos a las personas que mantienen escondidas en residencias del municipio y un centro educativo privado.

Entre el grupo de candidatos a alcalde que se pronunciaron en el parque central de Villa Nueva estaba Ricardo Córdova, del Partido Unionista, Horacio Torres, de Poder; Brenda de Gándara, de Unión Republicana; Mynor Morales, de Valor; Domingo Sical del Partido Popular y Leonel Carpio, de Viva.

También afirmaron que las movilizaciones de personas con el objetivo de que mañana voten por el candidato oficial se han hecho desde Amatitlán en motocicletas, para pasar desapercibidos.

En el sitio de Facebook El embajador Ciudadano, se publicó un video donde de seis buses descienden personas que supuestamente son de otros lugares que no son de Villa Nueva y que fueron movilizados este sábado 24 de junio.

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Ante esta situación, los magistrados del TSE afirmaron durante una conferencia ofrecida en horas de la noche de este sábado, que hicieron los análisis y desplegaron un equipo de inspectores a Villa Nueva para que estén que en alerta y verifiquen esa posibilidad.

“Cuando hablamos de acarreo es trashumancia electoral, porque una persona de un municipio va votar a otro, pero eso lo investiga la Inspectoría General. Es importante mencionar que el transporte que los partidos prestan a sus simpatizantes no es acarreo”, indicó el magistrado, Ranulfo Rojas.

Añadió que no se puede pensar anticipadamente, y eso se determina cuando ya “se emita el voto”.

“El supuesto acarreo es bastante práctico de determinar, cuando se hacen esas detecciones se documentan y se traslada el informe al MP”, afirmó.

Para tener una postura sobre las acusaciones, se trató de contactar al acalde de Villa Nueva, Javier Gramajo, pero no contestó llamadas telefónicas ni mensajes de texto.

El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) han habilitado números de teléfono, así como sus sitios web para denunciarlos desde los 340 municipios de la República que vivirán de las elecciones a partir del 25 de junio de 7 a 18 horas.

El ente investigador ha puesto a disposición el centro de llamadas 24.11.84.44 y la aplicación móvil reportes electorales, ambos para denunciar posibles delitos electorales que se cometan en el país.

Además, también se pueden enviar al correo denunciaselectorales@mp.gob.gt; la aplicación del MP y todas las agencias de atención permanente en todas las fiscalías de distrito recibirán cualquier denuncia.

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El Ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, acompañado de la cúpula de la PNC, informó este 24 de junio sobre las operaciones que realizará el centro de mando de la Policía durante la jornada electoral.

>Destacó que quienes quieran denunciar desde cualquier parte del país lo pueden hacer llamando al 1530 o acercarse a comisarías, estaciones y subestaciones de la institución para denunciar cualquier acto ilícito.

En las vísperas de la jornada de votaciones en el país las dos instituciones han recibido denuncias relacionadas con la “compra de votos” en departamentos del Occidente de Guatemala.

Además, están en apresto porque en algunas localidades han colocado vallas en donde amenazan a las personas que intenten ir a votar a localidades donde no estén empadronados.

En el caserío Los Llanos del municipio de San Pedro Jocopilas, Quiché, la población capturó a un hombre a quien acusaron de haber llegado a ese lugar, junto con otras personas que se dieron a la fuga, y ofrecía de casa en casa entre Q100 y Q200 por votar por el partido Visión con Valores, según la PNC.

Les localizaron en un maletín Q50 mil en efectivo en billetes de Q100 y Q200. El sujeto fue conducido a un juzgado de la localidad, agregó la PNC.

En las Elecciones Generales de 2019 el Ministerio Público (MP) recibió mil 92 denuncias. De ese total, el 20 por ciento correspondió a hechos relacionados con el proceso electoral.

La Fiscalía trabajó en un turno especial de 72 horas que comenzó a las 8 horas del 15 de junio. Las quejas por delitos electorales que más se recibieron fueron coacción del elector, coacción, fraude del votante, perjurio, turbación del acto eleccionario y abuso de autoridad.

Además, coacción contra la libertad política, violación del secreto del voto y falsedad material. En los comicios anteriores los municipios que registraron mayor incidencia de estos delitos según el MP fueron Guatemala, Villa Nueva, Mixco, San José Pinula y Amatitlán, del departamento de Guatemala.

Además, Gualán, Zacapa; la cabecera departamental de Jutiapa, Quetzaltenango y Escuintla.

Dicha unidad del ente investigador ya se prepara para el día de las votaciones con una estrategia conjunto con autoridades de seguridad, y órganos, tanto temporales como permanentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Existen 20 delitos electorales, pero los más frecuentes son cinco los que podrían llegar a ocurrir el día de los comicios, según la experiencia de la jefa fiscal.

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¿Qué tipo de acciones son un delito para el día de las elecciones?

Por ejemplo está el fraude del votante, que esto es suplantar a otro votante mediante el Documento Personal de Identificación (DPI), que yo pretenda suplantar la identidad.

¿La compra o venta de votos es un delito?

Otro delito recurrente es la coerción del elector, acá hay dos situaciones; el que page dinero o bienes para que se abstenga o consigne su voto a favor de determinado candidato.

Este delito puede ocurrir 36 horas antes de las elecciones y durante el día de la elección, en ese tiempo ninguna organización puede ya estar “comprando votos” si lo queremos llamar de esa manera.

No puede hacerse esto porque se cometería un delito electoral, esto es grave porque tiene prisión de dos a ocho años de cárcel, es un delito grave.

Con el cierre de campaña se documentó como partidos políticos entregaban obsequios. ¿Esto es un delito electoral?

Fíjese que no, la coacción al elector es que no se puede entregar dinero o bienes a un ciudadano para que emita su voto; ahora bien, tengo entendido que hay prohibición de estas actividades, pero es un tema puramente administrativo del TSE.

El delito, lo que conocemos nosotros, se da 36 horas antes al día de la votación, acá no pueden ni hacer propaganda ni regalar insumos para votar a favor de alguna organización

¿Por más mínimo que sea el obsequio, ya no se puede?

Ni playeras, ni insumos se pueden estar regalando.

¿Es delito averiguar a favor de quien están votando los electores?

Tampoco para el día de las elecciones podemos descubrir o intentar descubrir la forma en que un elector va a votar, también tiene prisión de uno a cinco años.

¿Cuáles son los delitos más graves que identifica en materia electoral?

Los delitos más graves que se han dado en procesos anteriores son la turbación del acto eleccionario, esto consiste en una que persona intimide, ejerza violencia y de alguna manera intimide la votación.

Esto lo hemos visto con la quema de papeletas, que entran a los centros de votación y destruyen el material electoral, inclusive golpean a las personas de las distintas juntas electorales.

Luego esto genera otro tipo de delitos como lesiones, lesiones graves; incluso podrían suscitarse cosas más graves como un deceso, entonces aprovecho a hacer un llamado para que se abstengan de este tipo de acciones.

¿Qué tan grave es bloquear carreteras para evitar el traslado de papeletas y demás insumos de elecciones?

Pedimos que las personas se abstengan al atentado contra el transporte electoral, que consiste en que la persona, por cualquier medio, impida que vehículos que trasladan insumos para el día de las votaciones no llegue a su lugar de destino.

Como bloqueos que tengan como fin que no pasen los vehículos que tienen los insumos para el día de las elecciones, esto tiene una pena de dos a ocho años prisión.

¿Cuántos agentes fiscales habrá para vigilar en el 25 de junio, para estar al pendiente de cualquier denuncia?

El MP va a desplegar más de 3 mil fiscales. Se tiene presencia en todos los municipios de Guatemala, pero se estará monitoreando los centros de votación con la cantidad fiscales que le comento.

Acá se han integrado los agentes fiscales, auxiliares fiscales y personal administrativo dentro de los que se contemplan los que integran la dirección de investigaciones criminalísticas, y todo el personal como oficiales quienes aportarán su trabajo con la coordinación de la fiscalía de delitos electorales con todas las fiscalías de distrito y las municipales.

¿Cómo puede un ciudadano presentar denuncias electorales?

Como le explicaba antes, si llega a haber una turbación del acto eleccionario, este personal acudiría con escena del crimen a documentar, resguardar la evidencia y a devolver a la Junta Receptora de Votos cajas que pudieran llegar a tener boletas, eso es un casi hipotético.

Otro ejemplo, si una persona llega a un centro de votación con un DPI falso esta tiene que ser puesta a disposición de un juzgado, es cuando entra el grupo de incidencia, porque no pueden quedar descuidados los centros de votaciones.

Habrá un call center que estará habilitado el 24, 25 y 26 de junio, a este le corresponde el número 24118444; además también esta habilitado el correo denunciaselectorales@mp.gob.gt; la aplicación del MP y todas las agencias de atención permanente en todas las fiscalías de distrito para recibir cualquier denuncia.

Según el exmagistrado del TSE, Gabriel Medrano, en su estudio “los delitos y faltas electorales en la legislación guatemalteca”, se busca estudiar y conocer las conductas no permitidas en material electoral para evitar que los ciudadanos incurran en actos que puedan afectar la vida democrática y el sistema político nacional.

Los delitos electorales, incluidos en el Código Penal, son 20, y para ello instituciones como el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC), junto con quienes vigilan los comicios desde el TSE, los obligados a estar alertas ante la comisión de algunos de ellos para proceder contra las personas o persona.

El MP contará con personal fiscal en los 340 municipios del país, quienes supervisarán los 3 mil 478 centros de votación en conjunto con agentes de la PNC.

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El ente investigador ha puesto a disposición el número telefónico 24.11.84.44 y la aplicación móvil reportes electorales, ambos para denunciar posibles delitos electorales.

El MP contará con poco más de 5 mil trabajadores para estas elecciones en modalidades de turno de apoyo de incidencias electorales, turnos en fiscalía, turnos especiales en centros de votación y también coordinaciones y supervisiones de los fiscales regionales, distritales, de sección municipales y todo el equipo fiscal.

La PNC distribuirá a sus más de 42 mil agentes en todo el país y acompañarán a los trabajadores del MP en dado caso haya incidentes durante el domingo de comicios generales.  

La Mesa para la Prevención de la Conflictividad, integrada por el TSE, el Ministerio de Gobernación, la PNC, el Ejército y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), entre otros, presentó el pasado 16 de junio un mapa de la posible conflictividad electoral en Guatemala.

62 municipios están en mayor riesgo de conflictividad, que representa el 18% de municipios a escala nacional, según ese análisis oficial.

En el departamento de Guatemala, San José del Golfo y San Juan Sacatepéquez aparecen en alto riesgo de conflictividad.

En Sololá están registrados por la misma condición Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, mientras que en Quiché ubican a Nebaj y San Antonio Ilotenango.

En el caso de Huehuetenango están en nivel de riesgo alto Nentón, San Mateo Ixtatán, San Pedro Nécta, San Pedro Soloma y Santa Bárbara.

Delitos en las elecciones de 2019

En las Elecciones Generales de 2019 el Ministerio Público (MP) recibió mil 92 denuncias. De ese total, el 20 por ciento correspondió a hechos relacionados con el proceso electoral.

La Fiscalía trabajó en un turno especial de 72 horas que comenzó a las 8 horas del 15 de junio. Las quejas por delitos electorales que más se recibieron fueron coacción del elector, coacción, fraude del votante, perjurio, turbación del acto eleccionario y abuso de autoridad.

Además, coacción contra la libertad política, violación del secreto del voto y falsedad material. En los comicios anteriores los municipios que registraron mayor incidencia de estos delitos según el MP fueron Guatemala, Villa Nueva, Mixco, San José Pinula y Amatitlán, del departamento de Guatemala.

Además, Gualán, Zacapa; la cabecera departamental de Jutiapa, Quetzaltenango y Escuintla.

Delitos electorales en Guatemala

1. Artículo 216: Coacción contra la libertad política: incurre en este delito quien por medio de violencia o amenazas a impedir que otra persona vote. La sanción es de 6 meses a 3 años de prisión.
2. Artículos 321 y 327: Falsedad material con agravación electoral: incurre en este cuando alguien falsifica un documento de identificación. Son de dos a seis años de prisión.
3. Artículos 322 y 327 A: Falsedad Ideológica con agravación electoral: cuando una persona se empadrona y miente sobre su residencia electoral, que es el lugar donde habita en forma continua, por un periodo no menor de seis meses. La sanción es de dos a seis años de prisión. Esta aumentará en la mitad cuando se cometan con fines electorales. 
4. Artículo 325: Uso de documentos falsificados: incurre quien vota con Documento Personal de Identificación falso y lo sabe. Son de dos a seis años de prisión, que se incrementará en la mitad cuando se cometa con fines electorales. 
5. Artículo 338: Uso ilegítimo de documento de identificación: votar con un DPI que no es el propio o ceder el propio para que otra persona vote. De uno a tres años de cárcel es la sanción.
6. Articulo 407 A: Turbación del acto eleccionario: incurre quien con violencia, intimidación o amenazas turbare gravemente o impidiere la votación o el escrutinio de una elección nacional o municipal. Cuando se producen disturbios en un centro de votación, por ejemplo. La sanción es de dos a ocho años de cárcel.
7. Articulo 407 B: Coacción contra elecciones: incurre aquella persona que obliga con violencia, intimidación o amenazas a un elector a votar por una candidatura u opción que no es la que prefiere. De uno a cinco años la prisión. 
8. Artículo 407 C: Coacción del elector: incurre aquella persona que ofrece dinero, o algún bien, a otra a cambio de que ejerza su voto en favor de un candidato u organización política. De dos a ocho años de prisión la sanción.
9. Articulo 407 D: Fraude del votante: lo comete una persona que vota en nombre de otra. La prisión es de uno a cinco años. Si lo comete un funcionario o empleados del TSE, de órganos electorales, empleado del Estado u organizaciones no gubernamentales se incrementa en la mitad y se les inhabilita para el ejercicio del empleo o cargo público que desempeñe. 
10. Artículo 407 E: Violación del secreto del voto: lo comete aquella persona que trate de averiguar por qué candidatura, partido u opción votó otro individuo. La sanción es de uno a cinco años de cárcel. 
11. Articulo 407 F: Ocultamiento, retención y posesión ilícita de documento que acredite la ciudadanía: es cuando alguien retiene el DPI para que otra persona no vote. De un a cinco años de cárcel es la prisión.
12. Artículo 407 G: Abuso de autoridad con propósito electoral: si algún funcionario ofrece a las personas electoras un servicio o beneficio, por ejemplo empleo, a cambio de que voten a su favor. De uno a tres años de cárcel es la sanción y se le inhabilita para el ejercicio del empleo o cargo público que desempeñe.
13. Articulo 407 H: Abuso con propósito electoral: incurre quien impida el ejercicio del derecho a efectuar propaganda electoral como establece la ley. De uno a tres años de prisión. 
14. Articulo 407 I: Propaganda oficial ilegal: es cuando las autoridades participan en inauguración de obras de du administración durante la campaña electoral. De uno a cinco años de prisión e inhabilitación para el ejercicio del empleo o cargo público, o cancelación del contrato en su caso. 
15. Artículo 407 J: Atentado contra el trasporte de material electoral: incurre en este hecho ilegal quien por cualquier medio impida, detenga, demore directa o indirectamente el transporte de urnas, boletas, padrón electoral, papelería, mobiliario, utensilios y enseres de naturaleza electoral. Igualmente quien viole, altere, destruya los sellos, precintos, urnas y sacos electorales. Cárcel de dos a ocho años como sanción e inhabilitación para el ejercicio del cargo o empleo público para magistrado, funcionario o empleado del TSE, del Estado u organizaciones políticas. 
16. Artículo 407 L: De la fiscalización electoral de fondos: si una organización política da una dirección de domicilio incorrecta o no da los documentos contables para evitar ser auditado o fiscalizado. Sanción de uno a cinco años de prisión.
17. Articulo 407 M: Financiamiento electoral: lo comete la persona que entregue y la organización que reciba un monto que equivalga a más del 10 por ciento del techo de campaña fijado por el TSE. Sanción de uno a cinco años de cárcel. 
18. Artículo 407 N: Financiamiento electoral ilícito: lo cometen cuando no se puede comprobar el origen lícito del dinero que una persona aporte a una organización política. Será sancionado con prisión de cuatro a 12 años inconmutables y multa e Q200 mil a Q500 mil. La sanción se incrementa en dos terceras partes cuando el delito sea cometido por quien ejerza cargo público o de elección popular. Se le inhabilitará para optar a cargos públicos.
19. Articulo 407 D: Financiamiento electoral no registrado: lo comete quien consienta o reciba aportaciones con motivo de actividades permanentes o de campaña electoral y no los reporte a la organización política para su registro contable. De uno a cinco años de prisión es la sanción.
20. Artículo 459: Perjurio: lo comete quien, ante autoridad competente, jurare decir la verdad y faltare a ella con malicia. Lo castigan con penas de prisión de seis meses a dos años y multa de tres a seis meses.

Según la fiscalía, dentro de la investigación hacia Leal y a la exdiputada Stella Alonzo, quienes estaban señalados de delitos electorales, existen suficientes pruebas y que el juez no hizo mérito de ninguno de estos elementos en su resolución.

Entre los materiales probatorios hay 24 declaraciones, 106 documentos y un video que muestra a exfuncionarios utilizando bienes que fueron adquiridos por fondos municipales de la Comuna de Mixco.

El fallo del juzgado también beneficia a la exdiputada Alonzo, pero a diferencia de Leal, su caso tendrá una resolución el 21 de septiembre.

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Delito electoral

Leal fue señalado en 2015 por el Ministerio Público de crear una organización delictiva que se encargaba de substraer recursos económicos de la Comuna de Mixco para patrocinar su campaña electoral y a la del Partido Patriota (PP).

El MP comenzó con la investigación luego de que la Contraloría General de Cuentas denunciara la compra de varios bienes utilizados en la campaña electoral del 2015.

Según la Contraloría, la organización creada por Leal obtuvo de la Comuna Q624 mil 654.18, que fue erogado del erario municipal para la compra de anuncios publicitarios de obras que la Comuna no realizó, además de otros bienes como gorras, lapiceros, playeras, equipo de porristas y zanqueros con el logo del partido.

Con respecto a Stella Alonzo, el MP indicó que la entonces candidata a diputada para el PP se encargaba de la logística y de ordenar los bienes que se compraban y de lo que se debía publicar.

Captura

El 6 de agosto de 2021, la Fiscalía contra Delitos Electorales del MP y la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Pérez Leal, junto a tres ex trabajadores de la Municipalidad de Mixco que fueron identificados como:

• Jorge Rodolfo Maldonado Lobos
• Temístocles Ernesto Gudiel Spiegler
• Jorge Manuel Jiménez Terrón

En esa fecha, las autoridades confirmaron la orden de captura de Alonzo, pero no fue ubicada en el operativo. El 25 de agosto, Alonzo fue ligada a proceso por los delitos de usurpación, conspiración y asociación ilícita.

El juez dictaminó para Alonzo medidas sustitutivas y el pago de una fianza de Q50 mil, además de un periodo de 6 meses pera finiquitar con la investigación.

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Por su parte, Leal y los ex trabajadores municipales fueron acusados de  conspiración, asociación ilícita, peculado por sustracción, malversación, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad con propósitos electoral.

El 14 de septiembre de 2021, Leal obtuvo una medida sustitutiva para poder salir de prisión preventiva.

Según el juzgado, el Ministerio Público (MP) no pudo sustentar la acusación contra Pérez Leal, hijo del expresidente Otto Pérez Molina, y la exdiputada Stella Alonzo, y por eso se dictó sobreseimiento y cierre del proceso penal para ambos.

Según la información, el fallo beneficia también a Alonzo, pero la resolución en el caso de ella será el 21 de septiembre.

El exfuncionario era señalado por el MP de crear una organización delictiva para sustraer dinero de la comuna de Mixco y patrocinar su campaña electoral y al Partido Patriota (PP) en el 2015.

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El caso estaba a cargo de la Fiscalía contra Delitos Electorales del MP que comenzó la investigación luego de conocer la denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas, que tras realizar una auditoría en la comuna de Mixco pudo determinar que dicha entidad compró o pagó varios bienes y servicios que fueron utilizados en la campaña electoral 2015.

La cantidad de dinero que la estructura criminal habría defraudado a la comuna era de Q624 mil 654.18, dinero que fue erogado del erario municipal para pagar anuncios publicitarios en mupis de obras que no ejecutó la comuna, playeras, gorras, lapiceros, uniformes de porristas y zanqueros con logotipo del referido partido político.

Alonzo era señalada de haber participado en actos de corrupción durante la gestión de su expareja Otto Pérez Leal cuando fungió como jefe edil de Mixco.

El 6 de agosto de 2021, la Fiscalía contra Delitos Electorales del MP y la Policía Nacional Civil llevaron a cabo operativos por un caso de supuesta corrupción durante la campaña municipal del Partido Patriota y capturaron a Pérez Leal.

En esa oportunidad fueron capturados:

1. Otto Pérez Leal
2. Jorge Rodolfo Maldonado Lobos
3. Temístocles Ernesto Gudiel Spiegler
4. Jorge Manuel Jiménez Terrón

En un comunicado, el MP señalaba que Pérez Leal fue alcalde de Mixco entre 2012 y 2016 y supuestamente era el director de la organización criminal que utilizó fondos públicos para beneficiarse y beneficiar al Partido Patriota.

María Stella Alonzo Bolaños, candidata a diputada por el PP, quien según el MP era la encargada de la logística, quien daba las órdenes de lo que se tenía que comprar y lo que se debía publicar.

En esa fecha se confirmó la orden de captura contra Alonzo, pero no fue ubicada en los operativos.

El 25 de agosto, Alonzo fue ligada a proceso por los delitos por los que se le señalaba era conspiración, asociación ilícita y usurpación, luego de presentarse a la justicia.

En su resolución el juez otorgó medidas sustitutivas y el pago de una fianza de Q50 mil y dio un plazo de 6 meses para concluir con la investigación.

El 13 de agosto de 2021 Pérez Leal y los otros tres extrabajadores de la Municipalidad de Mixco fueron ligados a proceso por seis delitos: conspiración, asociación ilícita, peculado por sustracción, malversación, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad con propósitos electoral.

El 14 de septiembre de 2021, Perez Leal fue beneficiado con una medida sustitutiva para salir de prisión preventiva.

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MP apelará

En redes sociales, el MP publicó este 11 de julio que la Fiscalía contra Delitos Electorales no comparte el criterio del juzgado que cerró el proceso contra Pérez Leal y Alonzo, pues considera que se cuenta con suficientes elementos en la investigación y por lo tanto presentará la apelación correspondiente.

El MP añade que, en el caso de Stella Alonzo, la audiencia está programada para el 21 de septiembre de este año.

Los cambios han sido ordenados por la fiscal general, Consuelo Porras, con un denominador común: los movimientos del personal de confianza son justificados como nombramientos y ascensos, y no convocatorias abiertas que fortalezcan la carrera fiscal y les dé las mismas oportunidades a otros fiscales de carrera para ocupar los altos cargos.

Los cambios en las jefaturas de fiscalías es una facultad de la Fiscal General regulada en el artículo 11 numeral cuarto de la Ley Orgánica del MP, como parte de las acciones para el fortalecimiento institucional y garantizar la efectividad en el ejercicio de la acción penal.

De acuerdo con la oficina de comunicación del MP, “desde el inicio de su gestión, la Fiscal General ha privilegiado y atendido los requerimientos de ascensos de han realizado las y los fiscales, en aras de fortalecer la carrera fiscal, del desarrollo integral y el trabajo institucional”.

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De esta cuenta, “mediante los ascensos, traslados y nombramientos también se busca garantizar una respuesta eficaz a la ciudadanía, reducir la mora fiscal y afianzar la efectividad del trabajo que se desarrolla”, señala la comunicación oficial del MP.

Casos importantes

Aunque siempre es importante, la Fiscalía de Delitos Electorales cobrará relevancia en los siguientes meses y hasta enero del 2023, cuando el Tribunal Supremo Electoral convoque a elecciones generales.

En esa fiscalía hay investigaciones abiertas contra partidos políticos y exfuncionarios que posiblemente incurrieron en delitos en las elecciones pasadas y que en las siguientes todavía tienen aspiraciones de ocupar un cargo de elección popular.

Esa fiscalía tiene al menos 400 expedientes en investigación y está integrada por tres agencias fiscales, en donde laboran, en promedio, dos agentes auxiliares y un oficial en cada una, por lo que la carga de trabajo es alta.

Entre los casos que resaltan en esta fiscalía está el de la cancelación del partido Unión del Cambio Nacional (UCN), el cual impulsó la candidatura a la Presidencia de Mario Estrada, condenado en Estados Unidos por narcotráfico.

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El partido aún se niega a desaparecer. Aunque el pleno del Tribunal Supremo Electoral rechazó una apelación de la agrupación política confirmando que debe desaparecer, sus integrantes libran una batalla legal para evitar su cancelación y su rival es el Ministerio Público, que investiga y debe demostrar los delitos en que incurrieron.

Hay otros partidos bajo investigación, como el Frente de Convergencia Nacional —que llevó a la Presidencia a Jimmy Morales—, Encuentro por Guatemala, Todos, Partido de Avanzada Nacional, Visión con Valores (Viva). Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (Urng-Maíz) y Compromiso, Renovación y Orden (Creo).

Curruchiche, ahora exjefe fiscal de delitos electorales, explica que el país está en una época preelectoral y el otro año empezarán a fluir denuncias contra partidos políticos. Será un año muy activo, y esa fiscalía deberá estar preparada.

En opinión de Lizandro Acuña, analista en temas de seguridad y justicia, estamos próximos a un año prelectoral, y entre los desafíos que tendrá esa fiscalía será la imparcialidad que pueda tener durante el proceso electoral.

Por ahora, la nueva jefa de la fiscalía, que tomó posesión del cargo esta misma semana, no ha accedido a exponer cuáles son los planes lleva para garantizar independencia en su trabajo y resultados en los próximos 15 meses, antes de la convocatoria a elecciones.

Para César Calderón, abogado litigante, los movimientos administrativos pueden obedecer a que son cargos que deben llenar personas capaces y los que sustituyen a los otros fiscales siguen los lineamientos del ente investigador sin afectar los resultados.

“Los casos siguen, sigue la persecución, los casos se ventilan —en los tribunales—, las personas siguen presas, los debates siguen. Sigue exactamente la misma dinámica”, dijo Calderón.

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Nombre	Dependencia anterior	Puesto que ocupará
Edgar Miguel Morales Santos	Fiscalía contra las extorsiones	Fiscal de sección adjunto contra las extorsiones
Blanca Aracely Monzón Soto	Fiscalía de distrito metropolitano	Fiscal de sección adjunta de delitos contra la vida y la integridad de personas
Edwin Elías Marroquín Azurdia	Fiscalía de delitos contra la vida y la integridad de las personas	Fiscal de sección de delitos administrativos
Gonzalo Rafael Chilel López	Fiscalía contra el lavado de dinero	Fiscal de sección adjunto de la fiscalía de la mujer
Carlos Antonio Videz Navas	Fiscalía especial contra la impunidad	Fiscal de sección de ejecución
Ilsy Yudith Rivas Ruiz	Unidad de impugnaciones	Fiscal de sección adjunto contra el lavado de dinero
Yoni Humberto Morales Chin	Fiscalía de adolescentes en conflicto con la ley penal	Fiscal de sección de delitos contra el ambiente
Marlon Kenneth Pacheco Rodríguez	Fiscalía de asuntos internos	Fiscal de sección de adolescentes en conflicto con la ley penal
Evelyn Marleny Puac Mazariegos	Fiscalía de delitos contra la vida y la integridad de las personas	Fiscal de sección de delitos contra el patimonio cultural
Vilma Esperanza Perdomo Vanegas	Fiscalía contra el tráfico ilícito de migrantes	Fiscal de sección de delitos contra la vida
Stuardo Ernesto Campo Aguilar	Fiscalía contra la corrupción	Fiscal de sección contra el tráfico ilícito de migrantes
Aura Marina López Cifuentes	Fiscalía de delitos contra el ambiente	Fiscal de sección contra la corrupción
José Rafael Curruchiche Cucul	Fiscalía contra delitos electorales	Fiscal de sección de la Fiscalía especial contra la impunidad
Edgar Rolando Rodenas Navarro	Fiscalía de delitos contra el patrimonio cultural de la nación	Fiscal de sección de delitos contra periodistas

Asuntos internos

Entre los traslados de los jefes fiscales también figura el de Marlon Kenneth Pacheco Rodríguez, de la Fiscalía de Asuntos Internos a la de la Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal. El fiscal Juan Mendizábal llegó en su lugar como encargado de investigar los posibles delitos de fiscales en el ejercicio de su cargo.

La Fiscalía de Asuntos Internos fue creada en el 2015 para investigar a los trabajadores del Ministerio Público. Son aproximadamente 10 mil empleados a nivel nacional y sobre algunos de ellos pesan denuncias por abuso de autoridad, sobornos y obstaculización a la investigación, por ejemplo.

Esta unidad tiene a su cargo investigaciones como la de la compra del edificio del Ministerio Público en la zona 5, que fue efectuada en la administración de la exfiscal Thelma Aldana y fue declarada lesiva por su sucesora, Consuelo Porras, razón por la que la ex fiscal general tiene vigente orden de captura.

La Fiscalía de Asuntos Internos investiga más de 50 denuncias presentadas contra el exjefe de la Feci Juan Francisco Sandoval. También hay un expediente contra Curruchiche, y hasta hace algunos días investigaba a la fiscal de la Feci Cinthia Monterroso, quien logró que su caso lo siguieran investigando en la Fiscalía de Distrito Metropolitano.

Acuña señala que estos traslados que se operativizaron después de la salida de Sandoval como jefe de la Feci han sido desacertados. Según el analista, no es el momento más oportuno para que Porras haga ascensos y nombramientos en el personal, porque la fiscal no tiene aceptación social y tampoco una buena percepción entre la población guatemalteca.

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“Dentro de los indicios obtenidos se encuentra un listado con nombres de personas de diferentes centros de votación y un teléfono celular”, detalló la fiscalía.

En San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, fue capturada Lorena López González de Cali, señalada de coaccionar al voto a favor de la presidenciable Sandra Torres, según declaraciones de testigos.

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, la mujer portaba un afiche del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) que mostraba cómo marcar la casilla del binomio presidencial de esa agrupación.

González de Cali fue arrestada en el centro de votación habilitado en la Escuela para Varones Carlos Castillo Armas, ubicada en la 2da. avenida, interior del estadio municipal.

“Fue una detención en flagrancia, artículo 407 del Código Penal… persona que ofrezca o pague algún tipo de bien o dinero a cambio del voto. Se le encuentran unos listados en los cuales iba anotando y las personas firmando”, dijo Julio Cordón, secretario de política criminal del Ministerio Público.

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Las dos detenciones por violar el secreto del voto se llevaron a cabo en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. El MP no dio más detalles de estos casos.

El Ministerio Público implementó un plan operativo por la segunda vuelta electoral para atender las denuncias por delitos electorales, especialmente en los municipios donde se repitieron las elecciones para corporaciones municipales.

María Consuelo Porras, fiscal general y jefa del Ministerio Público, informó en conferencia de prensa que hasta las 15 horas del 11 de agosto habían recibido 680 denuncias a nivel nacional sobre supuestas anomalías durante la jornada electoral.

Estas son algunas denuncias recibidas:

• 2 denuncias por delitos de coacción al elector, una en San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, y otra en la ciudad de Guatemala
• 3 denuncias por perjurio, una en Santa Cruz del Quiché, otra en Esquipulas Palo Gordo, San Marcos; y una tercera en San Jorge, Zacapa
• 1 denuncia por coacción contra la libertad política, recibida en Iztapa, Escuintla
• 2 denuncias por violación del secreto del voto reportadas en el departamento de Guatemala

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Las inconsistencias presentadas en los resultados electorales fueron adjudicadas a errores en el sistema de informática, lo que provocó que el exdirector y exsubdirector del Departamento de Informática fueran destituidos.

Gustavo Adolfo Castillo González y Benny Obdulio Román Chanquín – exdirector y exsubdirector de Informática- fueron capturados el miércoles recién pasado por haber alterado, dañado o permitido afectar los sistemas informáticos del TSE. Pasaron la noche en la carceleta del sótano de la Torre de Tribunales.

Tras la audiencia de primera declaración de Castillo y Román que se llevó a cabo este jueves, el juez Orellana ordenó que también se investigue a los magistrados del TSE.

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Según explicó el fiscal de Delitos Electorales, José Curruchiche, el 19 de junio Castillo le proporcionó al Ministerio Público (MP) una conversación en la aplicacion WhatsApp que sostuvo con el presidente del TSE, Julio Solórzano, donde habrían serios indicios sobre la responsabilidad del magistrado en las inconsistencias presentadas el días de las elecciones.

La defensa de Castillo explicó durante la audiencia que existieron autoridades electorales que sabían del caso y también debían ser investigadas.

Para Curruchiche, esto podría ser motivación para solicitar se levante el derecho de antejuicio contra Solórzano y los otros magistrados.

“Con esa declaración y teniendo ese indicio, la Fiscalía actuará y tomará la decisión correspondiente en cuanto presentar una solicitud de antejuicio, pero eso será evaluado, no será de forma inmediata” dijo Curruchiche.

El fiscal José Curruchiche se refiere al chat de Gustavo Castillo con el presidente del @TSEGuatemala, Julio Solórzano. pic.twitter.com/SekKUiw3bc

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 8, 2019

Dejan la prisión

A decir del MP, las investigaciones evidencian que no hay controles internos en el Departamento de Informática.

El exdirector de Informática, Gustavo Castillo, fue procesado solo por incumplimiento de deberes, y el exsubdirector, Benny Román, por incumplimiento de deberes y destrucción de registros informáticos.

El criterio del juez Orellana es que Castillo carecía del acceso al sistema informático para destruir los registros.

A ambos se les dictó arraigo, la prohibición de conversar con testigos y peritos relacionados con el caso, y abstenerse de visitar alguna sede del TSE. Castillo deberá pagar Q4 mil de fianza y el Román Q5 mil de fianza.

Ninguno de los procesados se pronunció en la audiencia y al salir.

#DecisiónLibre2019 | Juez Fredy Orellana procesa a Gustavo Adolfo Castillo González y Beny Obdulio Román Chanquín, extitulares del Departamento de Informática del @TSEGuatemala, por incumplimiento de deberes y destrucción de registros informáticos. pic.twitter.com/1UerE7Fk0U

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 8, 2019

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La investigación de la Fiscalía indica que la persona aprehendida es secretario municipal del partido político Bienestar Nacional -Bien-, e inició las amenazas a la Junta Electoral Municipal (JEM) en San Jorge, Zacapa, lo que obligó a que renunciaran y no se celebraran las Elecciones Generales en ese lugar el pasado 16 de junio.

“Según las pesquisas, el 14 de junio por la tarde llegaron los camiones con material electoral al lugar, la JEM convocó a todos los secretarios de los partidos políticos y el sindicado comenzó a gritar que dos cajas iban abiertas”, señala un comunicado oficial de la Fiscalía.

La Junta Electoral Municipal se comunicó con MP, que llegó a documentar y estableció que las cajas estaban intactas. Julio Haroldo Trujillo Sánchez, según la investigación de la Fiscalía, habría provocado la alteración del orden ocasionando amenazas contra la Junta Electoral Municipal.

Trabajador del Ministerio de Cultura

Según registros del portal del Ministerio de Cultura y Deportes, Julio Haroldo Trujillo Sánchez ha prestado servicios al Departamento de Supervisión de Promotores Deportivos y Recreativos de ese ministerio desde 2017, asignado al departamento de Zacapa; además, habría prestado servicios como tallerista para esta institución bajo el renglón de contratación 031 “Salarios diarios por jornadas de trabajo”.

El partido político Bien, al cual pertenece Trujillo Sánchez, nació por iniciativa de un grupo de ingenieros agrónomos, entre ellos Fidel Reyes Lee. Se inscribe como partido en mayo del 2003; sin embargo, este es el primer proceso electoral en el que participa.

La figura del expresidente Alfonso Portillo ha sido la más destacada en esta agrupación figurando en carteles de la agrupación sin haber sido inscrito a ningún cargo público. Bien no inscribió candidato a la Presidencia, pero llegará al Congreso de la República con ocho diputados.

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La Fiscalía trabajó en un turno especial de 72 horas que comenzó a las 8 horas del 15 de junio. Las quejas por delitos electorales que más se recibieron fueron:

• Coacción del elector
• Coacción
• Fraude del votante
• Perjurio
• Turbación del acto eleccionario
• Abuso de autoridad
• Coacción contra la libertad polítcia
• Violación del secreto del voto
• Falsedad material

Los municipios que registraron mayor incidencia de estos delitos, según un comunicado emitido por la institución son: Guatemala, Villa Nueva, Mixco, San José Pinula y Amatitlán, del departamento de Guatemala; Gualán, Zacapa; Jutiapa, Jutiapa; Quetzaltenango, Quetzaltenango; y Escuintla, Escuintla.

Además de las denuncias recibidas en los centros de votación, se recibieron otras 237 en el centro de llamadas de la institución.

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El Ministerio Público habilitó un centro de llamadas con atención 72 horas continuas del sábado 15 al lunes 17 a los números 2411-8444 y 2411-8555  para atender denuncias por delitos electorales.

Conozca cómo ha funcionado este servicio pic.twitter.com/JmO0oZzbWP

— MP de Guatemala (@MPguatemala) June 17, 2019

Los felicita

A través de un comunicado, la fiscal general, Consuelo Porras agradeció el trabajo del personal del MP.

“Es gracias a ustedes que el Ministerio Público puede afirmar hoy, luego de esta fiesta electoral, que somos una institución autónoma, técnica y profesional, garante del estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes el país”, asegura Porras.

La fiscal afirma que el trabajo efectuado por el MP “ha sido vital para la construcción de un sistema democrático sólido, como anhelamos todos los guatemaltecos”.

Durante el desarrollo de la jornada electoral, a través de redes sociales se presentaron varias denuncias sobre posible fraude.

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Marvin Rolando Melgar, de 43 años, Hugo Edwin Catalán Melgar (60), Emilio José Lima Calderón (25) y David Alejandro Martínez Franco (32) fueron capturados el viernes por agentes de la Policía Nacional Civil que recibió una llamada telefónica de vecinos que denunciaron el hecho.

Las autoridades establecieron que las cuatro personas estregaban los productos que transportaban a cambio de apoyo para su partido político, por lo que los aprendidos fueron puestos a disposición del juzgado.

En la comunidad El Limón, de la aldea Las Pozas, Quezaltepeque, Chiquimula, vecinos también denunciaron la entrega de vales canjeables por fertilizante que eran entregados a cambio del compromiso de los pobladores de beneficiar a determinado candidato.

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Fiscales del Ministerio Público llegaron al lugar y embalaron la evidencia, y agentes de la PNC capturaron a las personas que repartían los cupones y las trasladaron al Juzgado de Turno de Chiquimula, donde fueron escuchados por el juez competente.

Sus nombres son Braulio Antonio Morales Jordán, de 57 años, José Guillermo Cordón Alonzo (65), Lidia Adalí Cordón Montes (36).

Ellos se conducían en una camioneta, en donde se hallaron los vales, que ya tenían el nombre de las personas que serían beneficiadas y que podrían cambiar después de las elecciones Q200, en concepto de fertilizantes.

Aún no se ha establecido el delito en el que incurrieron.

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Manifestó que es muy importante ratificar el repudio de esta misión a cualquier acto de violencia o cualquier amenaza de intimidación contra cualquier persona o miembros de la prensa, que también han sido intimidados, amenazas que socavan la libertad de expresión, uno de los principios democráticos.

“No es cualquier personalidad la que ha tenido que abandonar el país, es una figura central para garantizar el adecuado cumplimiento de los términos de la Ley Electoral y por lo tanto las acciones que el sustituto del fiscal realice son de capital importancia para garantizar el buen desarrollo de las elecciones en ellos días previos y durante las elecciones”, añadió Solís.

“Por eso indicamos que es esencial que tenga garantías de seguridad y que las investigaciones que están en curso, que sabemos que son varias, también se completen de forma tal para que haya continuidad en las investigaciones”, señaló el jefe de misión.

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El  jefe de la misión señaló que han tenido entrevistas con los binomios presidenciales y uno de ellos le dio una copia de una denuncia por la supuesta compra de votos en diferentes puntos del país, que ha sido una noticia que está ampliamente difundida.

“Los binomios con los que hemos conversado han hecho eco de esta preocupación y quisiéramos solicitar una investigación lo más rápido posible de estas acusaciones de manera tal que si los ilícitos están siendo cometidos puedan ser no solamente esclarecidos sino también quienes están participando en ello sean castigados según lo dispongan las autoridades electorales”, demandó.

Añadió: “Nos parece que de haberse producido este tipo de acciones atentan contra el adecuado desarrollo del proceso electoral y por supuesto violentan la ley tal como es evidente que lo harían” finalizó.

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El amparo también va contra lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a favor de los diputados Jairo Flores, Julio César Ixcamey, Karina Paz y Jorge Estuardo Vargas, a quienes los magistrados mantuvieron la inmunidad.

La comisión informó que en los próximos días presentará una solicitud similar ante el tribunal constitucional.

Financiamiento

El caso se originó de las pesquisas del caso Traficantes de Influencias, donde empresas pagaban por la agilización del crédito fiscal, y que prosiguió con el rastreo del dinero cobrado. En total, los aportes identificados como no reportados ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por la Unidad Nacional de la Esperanza en la pasada campaña sumaron Q19.53 millones.

Las tres empresas que concentran los aportes no registrados por el partido, según la acusación del MP, fueron: Promotora de Recursos Habitacionales (Prohabsa), Maariv y Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, las primeras tendrían varias conexiones empresariales con Mario Leal Castillo -prófugo– y la última con Ixcamey.

Prohabsa habría canalizado fondos por Q5 millones 791 mil 824.35; Maariv, por Q9 millones 64 mil, y Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, Q4 millones 653 mil 315.

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Además, se habría conducido a través de terceras entidades Q122 mil 613.75 empleados para comprar espacios publicitarios en TVA Guatemala (TV Azteca) usados en el 2015.

Sin embargo, la CSJ rechazó a finales de febrero, en forma dividida, la solicitud de el MP y la Cicig “por no tener elementos de racionalidad suficientes”.

“El antejuicio 59-2019, cuyo denunciante es el Ministerio Público (MP), a través de la Feci y la Cicig contra Sandra Julieta Torres Casanova, quien goza de la prerrogativa de antejuicio por ser candidata presidencial, por mayoría, se rechaza in-limine por no tener elementos de racionabilidad suficientes”, informó entonces Mario Siekavizza, portavoz del OJ.

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El recurso interpuesto contra la presidenciable llega un día después de que ser reveló un audio de la conversación que Torres sostuvo con Gustavo Alejos para supuestamente recaudar fondos que el partido de la UNE no reportó en el 2015, un hecho, sin embargo, que ya Prensa Libre había publicado.

Sandra Torres y la UNE han culpado a la exfiscal Thelma Aldana y al titular de la Feci, Juan Francisco Sandoval, de orquestar una campaña para desprestigiar su candidatura.

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“Como Ministerio Público, estamos conscientes de la importancia que para el país tiene el próximo ejercicio ciudadano traducido en las elecciones generales y es por ello que en el marco de nuestras competencias constitucionales hemos desarrollado el Plan de Acción del Ministerio Público para las Elecciones Generales 2019, con lo que reafirmamos nuestro compromiso con la ciudadanía por velar con que se cumpla con la ley, para resguardar la pureza y legalidad del proceso electoral desde las facultades que le confiere la Constitución”, dijo Porras.

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El proyecto contempla garantizar y optimizar el acceso a la denuncia de delitos electorales a todos los habitantes, contará con personal capacitado en esa materia en las oficinas de Atención Permanente del Ministerio Público y se pone a disposición de la dirección de correo electrónico delitoseslectorales@mp.gob.gt y la aplicación Reportes MP (para descargas en Android, haga clic aquí). El día de las elecciones se habilitará un centro de atención de llamadas telefónicas para recibir denuncias.

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“Para el efectivo ejercicio de la acción penal de los delitos electorales o cualquier ilícito que pueda suscitarse, los trabajadores de las fiscalías a nivel nacional, de la Dirección de Investigación Criminal y demás personal de apoyo técnico y administrativo, deberán establecer un sistema de turnos para el proceso electoral en primera y en su caso, segunda vuelta”, refirieron las autoridades.

La guía fiscal del Plan Operativo del MP, así como el material didáctico para fiscales, establece lineamientos concretos, claros y concisos, para que el fiscal actúe dentro de las facultades y atribuciones que la ley le otorga en el ámbito penal electoral.

“La coordinación interinstitucional con el Ministerio de Educación, permitirá la formación de niñas y niños, adolescentes y jóvenes en tan importante tema como lo son los delitos electorales, siendo un aporte para que obtengan los conocimientos necesarios para si desarrollo dentro de la sociedad.

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Durante el proceso electoral, las fiscalías de distrito, municipales, agencias fiscales ubicadas en municipios y la Dirección de Investigaciones Criminalísticas, conformarán grupos de apoyo a la Fiscalía contra Delitos Electorales, para atender las denuncias, así como realizar las diligencias primarias y urgentes de los casos.

El referido Plan de Acción contiene:

• Instrucción General para la aplicación del Plan Operativo del MP.
• Plan Operativo del MP.
• Guía Fiscal del Plan Operativo del MP.
• Material Didáctico de Delitos Electorales.
• Formación y capacitación de los fiscales del MP
• Formación a nivel primaria y secundaria a través del Ministerio de Educación

Firman convenio con la USAC

#AHORA | Murphy Paiz, rector de la USAC, firma una carta de entendimiento con el Tribunal Supremo Electoral para apoyar en la #DecisiónLibre2019. pic.twitter.com/vHKSp06Wno

— Prensa Libre (@prensa_libre) February 4, 2019

Las autoridades del TSE y la Universidad de San Carlos de Guatemala firmaron una carta de entendimiento para que está última aporte al menos cinco mil estudiantes para hacer voluntariado, observatorio y ejercicio profesional supervisado.

El presidente del TSE, Mario Aguilar Elizardi dijo que como autoridad en materia electoral y en conformidad con la Ley se firma una carta de entendimiento que radica las bases para implementar el voluntariado electoral, el observatorio democrático y una catidad de estudiantes para puedan realizar su EPS.

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Ambas instituciones adquieren en resumen los compromisos siguientes:

Por un lado, el TSE brindará asesoría técnica a los formadores de voluntariado electoral, observador democrático y estudiantes que realicen el EPS.

Facilitar el acceso a las fuentes de información

Por su parte la Usac contribuirá en la planificación y ejecución de programas para capacitar el recurso humano que participaran en el proceso electoral, además integrará el equipo de observaciones electorales.

El rector de la Usac, Murphy Paiz indicó que la Universidad lleva tres procesos en los cuales ha entregado su aporte y que ha acompañado y respaldado a su país.

“Los estudiantes han contribuido en crecer la democracia y dar formación cívica. el observatorio  y voluntariado trabajarán para entregar un plan estratégico y poder compartir con personas de talento un taller a finales de febrero para poder consolidar algunas líneas estratégicas”, refirió Paiz.

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Aldana Castillo, abogado, constituyó al menos 10 entidades para una red de prestanombres del excandidato Manuel Baldizón, entre ellas Proyectos Habitacionales Praga, a la cual está inscrita la mansión del antiguo político en la ruta a El Salvador, según una investigación de Prensa Libre publicada en septiembre.

Consultado sobre su relación con Baldizón, Aldana dijo él fue abogado de confianza de Baldizón desde antes de su trayectoria política. También reconoció haber sido secretario de Actas del extinto partido Líder.

Roselia Díaz Ortiz, 43, detenida en residenciales Galilea I, zona 18, es requerida por cargos de asociación ilícita, lavado de dinero, financiamiento electoral ilícito y falsedad ideológica con agravación de la pena.

Osmar Cruz Bustamante es requerido por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero.

Carlos Humberto Martínez Ruano, 66, fue aprehendido en la octava calle y primera avenida de la colonia Covi Hode, zona 21, sospechoso de asociación ilícita y lavado de dinero.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), dijo que el caso se mantiene en reserva judicial.

A las 15 horas el Ministerio Público (MP) convocó a una confereencia de prensa para informar sobre este caso.

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Sin embargo, dos días después de la actividad, fue falsificada la firma del secretario general del partido para inscribir a De León en la casilla uno.

Óscar Shaad, fiscal contra delitos Electorales, explicó en marzo del 2017 que Melgar Florián no contaba con empadronamiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por lo que falsificaron los documentos.

Según la investigación, De León no estuvo presente en la referida asamblea.

Luego de haber ganado con el partido Fuerza, De León renunció al partido y llegó a FCN-Nación.

Investigado por financiamiento electoral

Otro parlamentario que está implicado en delitos electorales es Roberto Villate, quien fungió como secretario general del partido Líder, y ahora es investigado por financiamiento electoral ilícito.

EN CLAVE DE #FO | Aunque Roberto Villate se negó a acudir a las 10 citaciones que hizo la jueza pesquisidora, cuando esta desistió de citarlo él decidió llegar a tribunales para presentar sus pruebas de descargo. https://t.co/xh8T2ZGftY pic.twitter.com/ycjYPYMgQS

— Prensa Libre (@prensa_libre) January 26, 2018

Roberto Villate perdió la inmunidad el 14 de febrero del año en curso, luego de que magistrados de la Corte Suprema de Justicia le retiraran el derecho de antejuicio, por señalamientos del MP de no haber reportado fondos de financiamiento de Líder.

El 1 del mes en curso, Anabella Cardona, jueza pesquisidora, recomendó no retirarle la inmunidad al diputado; sin embargo, los magistrados de la CSJ resolvieron lo contrario.

Durante el proceso de antejuicio, el diputado evadió más de 10 citaciones que la jueza pesquisidora había programado.

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La secretaria general del MP, Mayra Véliz, explicó que la queja fue recibida el 16 de noviembre del año pasado, donde indicaban que Velásquez Pérez representa a Comercial Velásquez, S. A..

Esa entidad ha sido contratista del Estado con la presentación legal del congresista, obviando la prohibición del  artículo 164 constitucional.

“La persona que ahora es diputado, Mario Velásquez, tenía prohibición ser candidato y para ser diputado, toda vez que ha sido beneficiado desde 2013 con Q4 millones 649 mil”, indicó Véliz.

Inscripción fraudulenta

Sobre el diputado Claude Harmelin de León, el fiscal Óscar Shaad explicó que el 25 de junio de 2015 fue la asamblea del partido Fuerza, por el que fue electo de León. En esa asamblea fue electo y proclamado como candidato en la casilla uno, Carlos Augusto Melgar Florán.

Dos días después, en el acta 2-2015, de la asamblea en mención, fue falsificada la firma de quien fungía como secretario general del partido, para inscribir a de León en la casilla uno.

Melgar Florán no contaba con empadronamiento del TSE, razón por la falsearon los documentos. De León ni siquiera estuvo presente en la asamblea, explicó el MP.

Es acusado de falsedad material, falsedad ideológica, agravación electoral, perjurio e incumplimiento de deberes.

Harmelin, quien ganó con el partido Fuerza pero transfugó hacia el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), aseguró que desconocía que se “había reactivado la investigación”.

“No tenía idea, menos que el MP solicitó que se me retire el antejuicio. Yo estoy dispuesto a aclarar todo lo que se requiera, sólo espero que me citen a declarar y no que me vayan a capturar, porque no estoy huyendo”, manifestó el congresista a Prensa Libre.

Apoyan investigación

Raúl Romero, único diputado que le queda al bloque Fuerza, aseguró que desconoce en detalle de la investigación contra Harmelin, pero aseguró que ese partido ha colaborado con la investigación y que desde que inició el año pasado, se ha entregado toda la documentación que el MP ha requerido.

Según Romero, el MP ha solicitado las actas de la asamblea en la que resultó electo Harmelin como candidato al Congreso, pues la denuncia que se presentó desde el año pasado se fundamenta en un posible fraude.

Exdelegado capturado

José David Prado Vásquez, exdelegado departamental del Tribunal Supremo Electoral, fue detenido por incumplimiento de deberes.

Es acusado de omitir consignar el resultado de la asamblea del partido Fuerza, en la que fue proclamado un candidato a diputado y otro resultó inscrito.

Un juez envió a prisión a Prado a la cárcel Mariscal Zavala, en la zona 17.

Mayra Veliz, secretaria general del MP, informó en conferencia a la prensa, que recibieron dos denuncias, en el 2015, por disturbios en centros de votación y quema de papeletas, por lo que se ejecutaron seis de las nueve órdenes de captura que pretendían hacer efectivas.

Ligados a proceso

• Édgar Acajabón
• Álex Everardo Acajabón
• Scarleth Juárez Silva
• Dany Alexánder Velásquez
• Rosalío Axpuac Martínez, excandidato a alcalde del municipio

Absuelto

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Rosalío Axpuac quedó ligado a proceso por portación ilegal de armas cuando fue capturado; además, pagó una caución económica de Q1 mil 500.

El resto de los sindicados quedó ligado a proceso por turbación del acto eleccionario y pagaron Q5 mil de fianza.

El 7 de septiembre del 2015, varias personas ingresaron el centro de votación ubicado en la Escuela Oficial Mixta Lázaro Axpuac, al cual causaron daños.

El objetivo fue extraer y quemar las papeletas de votación, así como el material electoral utilizado durante los comicios.

Axpuac Martínez se postuló como candidato a alcalde de San Bartolomé Milpas Altas por el extinto partido Liberad Democrática Renovada (Líder).

En el 2011, Axpuac Martínez también buscó la alcaldía de San Bartolomé Milpas Altas con el partido Victoria.

Ana Guzmán, subsecretaria del MP, detalló que las elecciones eran lideradas por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), por lo que un grupo de personas ingresó a la escuela con armas de fuego, generaron destrozos y quemaron varias papeletas. 

El MP obtuvo varios videos de los hechos e identificó a los hoy capturados, quienes eran simpatizantes de Axpuac Martínez.

Según el ente investigador,  la acción encuadra en el delito de coacción contra la libertad política regulado en el artículo 216 del Código Procesal Penal.

El exfuncionario Pop Pop, de 55 años, fue detenido en los tribunales  de Cobán, por el caso de amenaza en contra del empresario hotelero Pedro Andrés Archila Ponce.

Niega acusación

Al salir de la Comisaría 51 de la Policía Nacional Civil  rumbo al preventivo para hombres de Cobán, Pop dijo que lamenta la actitud de Pedro Archila Ponce, que lo acusa de haberlo amenazado de muerte, “yo no lo he hecho”, aseguró el exalcalde.

“Tuve un acercamiento con el señor en mención, porque topó mi carro, pero no lo amenacé de muerte, él  quebró el retrovisor, me dio su palabra que pagaría el retrovisor, le creí, pero jamás pensé que pondría una denuncia en mi contra”, agregó el exedil.

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Añadió que sus abogados habían solicitado una audiencia para presentarse y aclarar su situación, pero se llevó la sorpresa que fue detenido. “Ahora solo queda aclarar la situación y primero Dios se solventará”, indicó.

Atentado directo

El abogado Gustavo Barreno Quemé, quien representa al empresario hotelero e integrante de la sociedad civil, indicó que no es cierto que se trate de un hecho de tránsito, como lo quiere hacer ver el exjefe edil.

Barreno dijo que se trató de un atentado directo contra su patrocinado y las autoridades ya investigaron. Añadió que el sindicado le pagó a gente de la localidad para que intimidaran a su defendido y, por las amenazas, Archila dejó  de trabajar durante casi un año.

“Todavía hay medidas de seguridad en contra del alcalde, para que vean lo delicado que es la situación, por lo que hoy fue una decisión atinada de la jueza dictarle orden de prisión”, manifestó el abogado.

La investigación reveló que durante el proceso de empadronamiento de las elecciones generales de 2015, celebradas el pasado 6 de septiembre, los sentenciados se presentaron al Registro de Ciudadanosde Quetzaltepeque para empadronarse insertando “datos falsos en el padrón electoral”.

Las averiguaciones de la Fiscalía demostraron que los 38 empadronados viven en diferentes municipios y departamentos a los que señalaron en el registro.

Proceso abreviado

En diciembre de 2015, a  través de un proceso abreviado, el Juzgado de Primera Instancia Penal de Chimaltenango condenó a Waldemar Segura Quinac por el delito de documentos falsificados con agravación electoral.

El MP logró una sentencia de 3 años en contra Segura Quinac, quien fue capturado el 6 de septiembre, durante las Elecciones Generales, cuando se presentó a una mesa electoral en el municipio de San Andrés Itzapa, para ejercer su voto con un documento de identificación  falso.

El 16 de diciembre de 2015 la fiscal general, Thelma Aldana, informó que en este año buscaría que la agencia contra delitos electorales se convierta en una Fiscalía Especializada.

El ahora condenado fue capturado el 6 de septiembre último, durante las Elecciones Generales, cuando se presentó a una mesa electoral en el municipio de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, para ejercer su voto con un documento personal de identificación  falso.

Durante una audiencia celebrada el lunes pasado en el Juzgado de Primera Instancia Penal de dicho departamento, Segura Quinac fue condenado sin que le suspendiera la pena y debe pagar la multa de Q5 mil 465.

Logros de agencia

https://twitter.com/MPguatemala/status/679059249335435264

La Fiscal General, Thelma Aldana, informó el 16 de diciembre pasado que buscará que el Consejo de esta entidad convierta la agencia contra delitos electorales en una Fiscalía Especializada en 2016.

Aldana comentó que la agencia ha recibido un total de 853 denuncias desde su creación a principios de este año, de las cuales siete se derivan del informe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, tres denuncias escritas y seis son por reporte de transacción sospechosa de la Intendencia de Verificación Especial, además se han presentado 17 antejuicios.

Los delitos más denunciados son coacción electoral, coacción contra la libertad política, turbación del acto eleccionario, falsedad ideológica, abuso de autoridad con propósito electoral, fraude del votante, amenazas con propósito electoral y propaganda oficial ilegal.

Otros casos

El 27 de octubre último, Oscar Rolando Quiñónez, Camilo Cecilio Cano, Edwin Gallegos y Gabriel Padilla fueron ligados a proceso por el delito de atentado contra el transporte de material electoral.

Los tres son sindicados por su presunta participación en impedir, demorar y quemar el material electoral utilizado el día 6 de septiembre en las elecciones de Malacatán, San Marcos.

Con los indicios presentados por los fiscales de la agencia fiscal contra delitos electorales, el Juzgado de Primera Instancia Penal de Malacatán los ligó al caso y les otorgó una medida sustitutiva consistente en arraigo, arresto domiciliario y firmar el libro de asistencia de la judicatura cada 15 días. Además, dio un plazo de tres meses al MP para realizar la investigación respectiva.

Otra sentencia

Por medio de un procedimiento abreviado, el Juzgado Sexto de Sentencia Penal, condenó a dos años de prisión por el delito de turbación del acto eleccionario a Helen Stefany Rivera Cabrera, a quien se le concedió la suspensión condicional de la pena.

Rivera Cabrera fue aprehendida flagrantemente el 6 de septiembre, en un centro de votación ubicado en la zona 15 capitalina, donde fotografió la mesa de votación donde se encontraba.

Óscar Schaad, de la Unidad de Delitos Electorales del MP, dijo ayer que la pesquisa surgió de una denuncia planteada luego de que Líder supuestamente devolvió fondos provenientes de la empresa Surtidora Médica, S.A.

“Estamos llevando a cabo un análisis. Es un tema financiero y lleva cierta especialidad en lo que es el manejo de fondos de los partidos políticos. En la Unidad de Delitos Electorales tenemos una denuncia que muestra una transacción sospechosa”, afirmó Schaad.

Responsabilidad

El fiscal apuntó que si la investigación determina que se cometió algún delito, habrá que deducir responsabilidades.

Recordó que los partidos políticos deben informar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) quiénes son las personas que hacen los donativos.

“Ellos están sujetos a una auditoría por parte del TSE. A través de esa auditoría se determina la procedencia de los fondos, los cuales tienen que estar debidamente declarados. Los partidos tienen que emitir un recibo a la persona que hace la donación. Luego, tienen que incorporar ese dinero al partido y reportarlo al TSE”, explicó.

Corrupción

El pasado 25 de mayo, Prensa Libre dio a conocer que dos empresarios vinculados con compañías que figuran en un escándalo de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) eran también representantes legales de otra firma que aparece entre los financistas de Líder.

Ese día se informó que José Domingo Fuentes Laylle y Carlos Rafael Morán Dávila figuran en el portal Guatecompras como representantes legales de las empresas Medicina Corporativa, S.A., y Surtidora Médica, S.A. Esta última, sin señalamientos, donó Q2.3 millones a Líder, en el 2014.

Seis días después, dirigentes de esa organización política mostraron los cheques por medio de los cuales habrían devuelto Q6.9 millones que llegaron a Líder mediante una compañía ligada con la Droguería Pisa.

También Alejos

Schaad comentó que investigan a Gustavo Alejos por denuncia derivada del informe de financiamiento a partidos políticos que presentó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

La audiencia de primera declaración se efectuó este miércoles en el Tribunal de Primera Instancia Penal de Santa Cruz del Quiché, donde el juez Fabián de León declaró falta de mérito en favor de los acusados por los delitos de discriminación, coacción contra la libertad política y abuso con propósito electoral; sin embargo, los ligó a proceso por coacción electoral. 

Hipólito Osorio, jefe de la Policía Nacional Civil  en Chichicastenango, indicó que líderes comunitarios detuvieron a las  cinco  mujeres, y luego informaron que ellas obtenían los nombres de las personas que hacían cola para emitir su voto, con el fin de indicarles que las incluirían en  la siguiente entrega de un programa de entrega de alimentos. 

Añadió que las capturadas indicaron que seguían instrucciones de los dos hombres detenidos, quienes también se encontraban en el cantón Chiquá Primero el domingo último cuando se efectuó la segundo vuelta de elección de presidente.

El juez Fabián de León valoró el testimonio de un  líder comunitario, quien indicó que los detenidos coaccionaron a algunos vecinos, para que votaran por determinado candidato. 

El único que decidió declarar en la audiencia fue Renato Bocel, quien adujo que se presentó al lugar porqué Rosa María Tecum, una de las capturadas, lo llamó en reiteradas ocasiones a su teléfono celular y le indicó que estaban retenidas por los líderes de la referida comunidad. 

Schaad dijo que los municipios con más inconsistencias son San Pedro Pínula, Jalapa y San José del Golfo, Guatemala. “Existen serias sospechas anomalías en varios municipios” detalló el fiscal.

Por medio de  llamadas telefónicas el Ministerio Público recibió al menos 1 mil 200 alertas sobre posible fraude en los comicios. Sin embargo solo tomarán como denuncia formal 235 llamadas.

Las denuncias recibidas por el MP fueron por trashumancia electoral, enfrentamiento entre electores y compra de votos a cambio de dinero en efectivo.

Serias anomalías

Denuncias de “acarreo” de votantes fueron reportadas en todo el país, según el  Mirador Electoral, siendo Guatemala, Escuintla y San Marcos donde más ocurrió el fenómeno.

En San Pedro Jocopilas, Quiché, el partido Libertad Democrática Renovada (Líder) repartió dinero entre los sufragistas, especialmente entre las mujeres de la tercera edad, y el Partido Patriota (PP) protagonizó bloqueos, refirió Patricia Pinto, representante de la Colectiva para la Defensa de los Derechos de la Mujer.

En la cabecera departamental, Santa Cruz, vecinos denunciaron que no hay servicio de mototaxi. En una ordenada estrategia los votantes fueron transportados en alrededor de 40 buses, luego llevados a la sede del PP de dónde eran trasladados en grupos de cuatro a los centros de votación. Prensa Libre intentó comunicarse con los secretarios departamentales de UNE y Líder pero no respondieron las llamadas.

En San Lorenzo El Cubo, Ciudad Vieja, Sacatepéquez, la organización de la logística del traslado de votantes comenzó el lunes anterior, de acuerdo con vecinos. Las casas de los simpatizantes fueron “marcadas” para facilitar su ubicación. Fue levantado una especie de padrón electoral, propio de esa organización política, para garantizar la asistencia a los centros electorales. Además se  establecieron “patrullajes” fuera de los centros de votación.

La Fiscal General Thelma Aldana en conferencia de prensa este miércoles informó que la denuncia fue remitida a la Corte Suprema de Justicia, debido a que Torres goza de inmunidad por estar ya inscrita como presidenciable y tiene derecho a antejuicio.

Entre las pruebas se encuentran la copia de un cupón que contiene la frase “Hierro AG” en el centro, vale por materiales de construcicón y del lado izquierdo aparece la fotografía de una fémina y abajo se lee “Sandra Torres Presidenta”, explicó Aldana.

La Fiscal General subrayó que en el cupón también aparecen las palabras UNE Mazatenango y la fotografía de un hombre que abajo describe el nombre de Julios Recinos, Alcalde. Además las imágenes de un saco y varilla de hierro “aperchadas”. 

El delito por el cual podría Torres enfrentar la justicia, si la CSJ considera retirarle la inmunidad, es coacción a electores.

“El documento posee las caraterísticas de un título de crédito, pagadero en un tiempo plazo 7 de septiembre del 2015, el cual podrá ser cambiado o canjeado apartir de esa fecha (…) por materiales de contrucción de la marca Hierro AG haciéndose efectivo un día después de las elecciones, por lo que se detecto que podría estar  ante un posible delito de tipo electoral”, detalló Aldana. 

Había denuncia previa

El diputado de UNE Carlos Barreda dijo que hay suspicacias en la forma en que el MP brindó la información a los medios de comunicación, estando presente en la misma conferencia el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Según Barreda, el partido había denunciado desde el 18 de mayo la existencia de una campaña negra y tenían los cupones como prueba, asegurando que el 17 de mayo se hizo la denuncia pública que el partido Libertad Democrática Renovada (Líder), distribuía vales de cemento.

El partido según Barreda está analizando si se presentan acciones legales, no descartan que sean contra la Fiscal General, ya que la solicitud de antejuicio podría obedecer a un interés político y no judicial.