Los cibercriminales y delincuentes comunes continúan creando formas de estafa para las personas, haciéndoles creer que fueron beneficiados con premios falsos, promociones que no existen, u otro tipo de trampas para robarles dinero o sus datos personales.

Desde el año pasado se hizo muy común, que las personas recibieran mensajes a WhatsApp de estafadores que se hacían pasar por conocidos o familiares de las víctimas. La agencia contra estructuras criminales de la Fiscalía Metropolitana reporta que de septiembre del año pasado a julio reciente registraron un incremento de estas denuncias, en donde descubrieron que los ciber estafadores obtenían información por medio del Facebook de la víctima, la cual aprovechaban para fingir que eran sus conocidos por medio de una cuenta recién creada.

Muchos han sido los usuarios que reportan a través de sus redes sociales de Twitter y Facebook que les llegan mensajes para solicitarles dinero de manera urgente, porque se les complicó el viaje a Guatemala o por las restricciones de movilidad de la pandemia no pueden salir de un país por lo que mandan paquetes que deben ser recogidos por los familiares o conocidos.

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La fiscalía advierte que al llamar a la víctima con su nombre de pila o el que habitualmente utiliza su círculo social más cercano, es mucho más fácil que la estafa suene creíble. Al creer que el estafador es un familiar, amigo o conocido las personas les depositan dinero a cuentas de personas individuales que, se supone, son trabajadores de empresas de paquetería, aerolíneas, entre otras.

Para Sol González, security researcher en ESET Latinoamérica, recomienda instalar una solución de seguridad en cada uno de los dispositivos que se conectan a Internet, mantenerlos siempre actualizados y evitar compartir información para evitar ser víctima de estafas.

• ¿Cómo identificar a los estafadores? Al ser contactado por cualquier aplicación de mensajería instantánea en nombre un familiar, amigo o conocido, que le pida dinero con urgencia, primero debe solicitarle datos o información que solamente conozcan entre sí para confirmar su identidad, indica la fiscalía. Segundo debe comunicarse con la persona que se supone es quien se está identificando para avisarle que su identidad está siendo utilizada para hacer estafas.
• ¿Es demasiado bueno para ser verdad? González opina que debe desconfiar de las ofertas y premios que suenan demasiado buenas y que son comunicadas por medios que no son los oficiales de las compañías de las que se supone están realizando los sorteos o entrega de paquetes, por lo que debe tener presente que estos beneficios suelen ser divulgados y publicitados por medios de los canales oficiales, los sitios web o redes sociales.
• ¿Qué información personal es valiosa para los estafadores? González advierte que entre menor cantidad de datos e información personal esté subida en internet, en menor medida estará expuesta una persona. Añade que los cibercriminales recolectan datos publicados en sitios web o aplicaciones de manera automatizada de sus potenciales víctimas, lo cual les facilita crear campañas de suplantación de identidad sofisticadas para hacer estafas. “De cierta manera mientras menos información personal brindes a Internet, menos probabilidad de que te envíen estos tipos de engaños a través de WhatsApp”, enfatizó.
• ¿Cómo reconocer los mensajes fraudulentos? Los mensajes fraudulentos generalmente llegan por canales no oficiales de una empresa, están mal estructurados en su redacción e incluso pueden contener faltas de ortografía. González explica que es importante que los usuarios estén atentos y aprendan a reconocer este tipo de mensajes fraudulentos, antes de responder, hacer clic o compartir. “Se recomienda realizar una búsqueda en Internet, ya sea para confirmar que la campaña es legítima o en busca de publicaciones que confirmen que se trata de una acción falsa”, sugiere la experta en seguridad cibernética.
• ¿Cómo verificar la información de los mensajes?  La Fiscalía sugiere que las personas no deben hacer ningún depósito de dinero a cuentas bancarias personales que den los estafadores, porque frecuentemente indican que son empleados de una empresa o institución, que en todo caso deberían ser cuentas bancarias de las organizaciones o compañías. Recomiendan también que siempre contacten al familiar o a familiares de esa persona para verificar la información que está brindando el estafador.

El próximo 21 de noviembre a las 24 horas se vencerá el Estado de Sitio vigente en El Estor, el cual podría ser extendido para continuar implementando prohibiciones en el municipio. Las fuerzas de seguridad han ejecutado allanamientos y efectuados órdenes de detención en contra de personas, pero hasta ahora no han logrado detener a las personas, que se supone, estaban detrás de los bloqueos y disturbios que originó la instauración del estado de Excepción.

La presidencia informó por medio de Comunicación Social que, debido a múltiples muestras de respaldo por parte de la población, la ampliación del Estado de Sitio, aunque no se ha entrado a discutir en el consejo de ministros, el tema queda sujeto a programación de agenda, lo cual no descarta que lo soliciten para que sea ratificado por el Congreso.

Como parte del Estado de Sitio, la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutó hasta el pasado martes 16 de noviembre, 44 allanamientos; capturado a 70 personas, 44 por orden de aprehensión y 26 en flagrancia; incautado un arma artesanal, 36 municiones, tres vehículos, ocho motocicletas y dos teléfonos; erradicado 21 mil 872 arbustos de coca y conducido dos menores de edad.

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La medida ha generado una división entre los vecinos del municipio, ya que, algunos afirman con mucho optimismo que el despliegue del personal militar y policial al lugar ha ocasionado el regreso de la tranquilidad, porque ya no son víctimas de extorsión y pueden desarrollar sus labores comerciales y cotidianas sin temor a que sean extorsionados por grupos de personas que les cobran hasta peaje para movilizarse de un lugar a otro.

Amílcar Pop, originario de El Estor, Izabal, pide que amplíe el Estado de Sitio porque tienen temor a ser extorsionados por los grupos que están al margen de la Ley. Agrega que debido a que se acercan las fiestas de Fin de Año pide que consideren un Estado de Prevención.

“Se está realizando la preconsulta y están participando los que tienen que estar, los que están legalmente inscritos y nombrados por los consejos comunitarios. Sabemos que hay un grupo de 20 personas que vienen de El Estor, que no representan al pueblo ni tampoco a los trabajadores, para que no los escuchen con el señor presidente. Queremos que también nos escuchen a nosotros para tener las dos versiones”, señaló Pop.

Sin embargo, las opiniones van dirigidas en otro sentido, porque algunos otros vecinos afirman que familiares han sido intimidados y han sido amenazados durante los allanamientos ejecutados por las autoridades por lo que se han visto obligados a abandonar sus residencias y esconderse entre “el monte” y lugares aledaños. Además, también se ha denunciado desalojos violentos de familias que vivían en comunidades.

Los registros de los detenidos de la PNC durante el Estado de Sitio resaltan que hasta el pasado 16 de noviembre eran 70, de los cuales 12 fueron capturados por el delito de deserción; cinco por usurpación agravada; uno por usurpación agravada y resistencia; dos por amenazas y allanamiento; tres por lesiones leves y homicidio en grado de tentativa; uno por hurto agravado; uno por amenazas y asociación ilícita; dos por amenazas y atentado con agravaciones específicas, uno por apropiación y retención indebida; dos por atentado contra el patrimonio natural y cultural de la nación, entre otros delitos. Ninguna de las aprehensiones está relacionada con los bloqueos que impulsaron a que el Ejecutivo tomara esta medida sobre el municipio.

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El conflicto que existe en El Estor no comenzó hace un mes, sino viene desde hace varias décadas cuando los pobladores y organizaciones que velan por el medioambiente se opusieron a que operara la Compañía Guatemalteca de Níquel. En 2017, personas que se identificaron como habitantes del municipio estaban inconformes y exigían una investigación por la contaminación del Lago de Izabal. Durante las manifestaciones, un pescador murió a causa de un disparo.

Desde esa fecha hasta 2019 las problemáticas entre los pobladores y los trabajadores de la CGN fueron escalando de niveles a tal punto que, otra persona murió atropellada por uno de los camiones de la empresa, lo cual generó la quema de 12 camiones por parte de los pobladores. Además, la muerte de tres miembros del Ejército en Semuy II impulsó a que el gobierno de Jimmy Morales pusiera bajo Estado de Sitio 22 municipios, incluido El Estor.

¿Qué ocurre en El Estor?

Los diputados Evelyn Morataya, Sonia Gutiérrez, Román Castellanos, Osmundo Ponce y Edgar Batres viajaron al Estor la semana pasada para fiscalizar la situación del municipio bajo Estado de Excepción, el estado de la preconsulta del proyecto minero Fénix.

Ponce explica que debido al Estado de Sitio existe un éxodo de los líderes comunitarios campesinos y de los campesinos hacia las montañas u otros municipios, debido al temor que tienen de que sean capturados por la PNC. Además, considera que hay muchos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, porque denunciaron que durante un allanamiento los policías le colocaron un arma en el hombro como amedrentamiento. Mientras que los comerciantes les manifestaron que estaban complacidos con la instauración de la medida.

“A las seis de la tarde comienza el toque de queda, pero en algunos casos vimos que el comercio seguía abierto y la gente trataba de salir. Observé que la consulta se ha hecho de manera inconsulta con la totalidad de los líderes que tendrían que haber estado en medio del dialogo y esto fue lo provocó el conflicto. La alcaldía de El Estor pareciera que está manejando mal la situación, porque dentro de la preconsulta participan dos personas que son miembros de la corporación y dos empleados de la alcaldía y en un contexto como el de Guatemala los campesinos tienen mayor respeto a personas que están en esos puestos”, señaló.

Afirma que consideran innecesaria la extensión del Estado de Sitio en El Estor para que las comunidades participen en la mesa de diálogo a la cual llamó la Comisión Presidencial de Diálogo, porque muchos no quieren participar por temor a ser capturados de forma injustificada. “Puede haber un dialogo sino existe el Estado de Sitio, en medio de esta medida no existe un dialogo real”, enfatizó.

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Mientras que el congresista Batres señala que el proceso de la preconsulta se ha hecho sin consultar a 44 comunidades, las cuales exigen que se tomen en cuenta a sus 94 representantes, quienes quedaron fuera son: Consejo de Autoridades Mayas Q’eqchi’, la Gremial de Pescadores Artesanales y las comunidades del norte del municipio.

Destaca también que las fuerzas de seguridad han hecho uso desmedido de su fuerza, ya que, han desplegado a 518 policías y 700 elementos del Ejército, cuando había solo 60 policías para realizar patrullajes y dar seguridad ciudadana en El Estor. El congresista dice sentirse preocupado por la ausencia de protocolos usados en los allanamientos y operativos, debió a que tienen una denuncia de acoso contra una menor de edad y mujeres. También señala que los allanamientos han sido ejecutados antes de las seis de la mañana.

En opinión de Francisco Quezada, analista e investigador de temas de seguridad y justicia del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), en el Valle del Polochic convergen operaciones de grupos del crimen organizado, existe coalición de movilizados de la guerrilla que se volvieron a armar y organizaciones invasoras de tierras con narcotraficantes, operaciones no tan extendidas de pandillas, asaltos, menudeo y tráfico y de drogas, a pesar de las condiciones de pobreza en el lugar, debido a que no hay presencia del Estado.

Sin embargo, señala que los Estados de Sitio son efectivos cuando están vigentes, pero cuando las autoridades salen del lugar la criminalidad vuelve, porque el Estado no recupera el territorio. ” Los pobladores silenciosamente respaldan el Estado de Sitio, pero no lo pueden decir públicamente porque son grupos violentos. Están aislados y a su suerte, no tienen ni escuelas ni centros de salud, son lugares abandonados. A la gente buena les retira la delincuencia, pero no es la solución porque el Estado tiene que estar presente no solo en temas de seguridad, sino en una intervención integral”, puntualizó.

Hasta ahora la Policía Nacional Civil (PNC) no tenía una central telefónica para recibir denuncias, al menos no sistematizada y con personal capacitado para darle seguimiento.

En adelante, a través de la línea 1561 se espera que los ciudadanos puedan contar con un canal de comunicación directo con la Policía para facilitar información sobre actos ilícitos en sus comunidades, con la certeza de que sus llamadas serán anónimas y tendrán un seguimiento e investigación.

El tener una línea de denuncias no es un intento nuevo. En el 2010 se abrió esta —1561— y años después, en el gobierno de Otto Pérez Molina, se institucionalizó como el programa Cuéntaselo a Waldemar, pero nunca se sistematizó la estrategia ni hubo capacitación al personal, por lo que tampoco se ofreció seguridad a los ciudadanos que hacían uso de esta herramienta.

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Hasta ahora la línea ha estado abierta pero ha trabajado en medio de carencias, sin equipos tecnológicos y de trabajo suficiente para suplir la cantidad de denuncias que todavía ingresaban.

Edin Quezada, jefe de la División de Información Policial (DIP), explicó que con la organización Crime Stoppers Guatemala el centro de llamadas fue fortalecido para que se pueda capacitar a los agentes que reciben las denuncias.

Añadió que a esta línea se comunican personas que de forma confidencial aportan detalles de quienes cometen algún delito, denuncian maltrato infantil, venta de drogas al menudeo, extorsiones o asaltos, por ejemplo. Por esa vía actualmente reciben alrededor de mil denuncias por mes.

La información que llega a esa línea, según Quezada, les ha permitido identificar lugares donde hay armas escondidas, establecer el paradero de prófugos o incluso han facilitado la prevención de delitos.

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¿Cómo trabajarán?

El centro de llamadas tenía deficiencia en el personal y también en equipo tecnológico, debido a que solo contaba con dos agentes para recibir denuncias, las cuales se anotaban con papel y lápiz y luego se ingresaban al sistema.

Pedro Cruz, director de la oficina de Crime Stoppers en Guatemala, indicó que han trabajado muy de cerca con la PNC, desde 2017, con módulos de denuncias anónimas, pero a través de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, en inglés) fortalecieron este centro de llamadas para convertirlo en la parte neural de la recepción de denuncias anónimas de la organización.

“Nosotros apoyamos a los policías en lo que necesitan, y continuaremos de la misma manera, haciendo ese acompañamiento. Comprendemos que no somos la ley, pero ayudamos a que se aplique”, resaltó Cruz.

Afirmó que las personas que denuncien tendrán la certeza de que no quedarán sus datos registrados y de que se guarda por completo el anonimato.

La información llegará a las autoridades a través de la línea telefónica o bien directamente a la página de www.tupista.gt. En ambos casos será totalmente anónima.

Luego, la información será analizada y verificada por unidades especializadas de la PNC, con el fin de direccionarlas a unidades específicas de la institución o el Ministerio Público.

Sin embargo, cuando la denuncia obligue a actuar de inmediato, los agentes la trasladarán lo antes posible para que se coordine un equipo que proceda para prevenir delitos, incidentes o salvaguardar la vida de una persona.

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Fortalecimiento

Cruz resaltó que fortalecieron el sistema del centro de llamadas y mejoraron la efectividad en el traslado de los datos que reciben a las direcciones específicas.

Quezada, por su parte, se mostró optimista con los cambios efectuados, ya que ahora contarán con un formulario electrónico para sistematizar en línea los datos y crear a la vez estadísticas.
Hasta hace algunos meses tenían tres equipos de trabajo, y ahora aumentaron a 10 operadores en dos turnos, para atender las 24 horas de cada día.

El jefe de la DIP explicó que, para lograr estos avances, la Policía invirtió el 50% y el resto provino de INL, a través de Crime Stoppers.

Los agentes de la PNC que atienden las llamadas son estudiantes de Psicología o de Recursos Humanos, además de que han recibido cursos de tratamiento y entrevistas a víctimas.

En lo que va del año, las autoridades han capturado a policías implicados en colaborar con organizaciones de narcotráfico, distribuidores de drogas, en violaciones sexuales, responsabilidad de conductores, consumo ilícito de bebidas alcohólicas, procuración de impunidad, entre otros delitos.

En los últimos años, el desmantelamiento de estructuras criminales ha evidenciado que policías colaboran con los miembros de estas organizaciones para procurar impunidad en sus actividades. Del 1 de enero al 11 de noviembre de este año, han sido capturados 273 policías, el Ministerio de Gobernación anunció que para potenciar el fortalecimiento en la seguridad ciudadana están realizando procesos de depuración en lo interno de la Policía Nacional Civil (PNC) y el pago de un bono de Q5 mil para todos los agentes.

Los registros de las fuerzas de seguridad señalan que del 1 de enero al 11 de noviembre fueron capturados 255 agentes, seis subinspectores, cuatro inspectores, dos oficiales primero, dos subcomisarios, dos oficiales segundos, dos oficiales terceros.

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Además, reportan que el 17 por ciento fueron capturados por responsabilidad de conductores, el 13 por ciento por consumo ilícito de bebidas alcohólicas, el nueve por ciento por procuración de impunidad, otro nueve por ciento por cohecho, cuatro por ciento por lesiones culposas, cuatro por ciento por portación ilegal de armas de fuego, y cuatro por ciento más por violación.

Entre las cifras destaca la captura de nueve policías por incumplimiento de deberes, nueve más por violencia contra la mujer, ocho por denegación a la justicia, siete por escándalo en la vía pública, siete más por denegación de asistencia económica, seis por disparos sin causa justificada, cinco por hurto, cuatro por robo agravado, tres por agresión sexual, tres más por detención ilegal, dos por femicidio, dos por secuestro, dos por violencia familiar, entre otros delitos.

Además, indican también que han sido capturados policías de distintas unidades como de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), Inspectoría General, División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA), Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, División de Protección de Personas y Seguridad, Subdirección General de Prevención del Delito (SGPD), entre otras.

En octubre pasado, Gobernación anunció que dio de baja a 45 policías que estaban involucrados en actividades ilícitas, algunos tenían faltas administrativas por denuncias que presentaron ciudadanos y algunos otros penales.

Pago de bono

Jorge Aguilar, vocero de la PNC, indica que existe una fiscalización interna en la institución, pero son muy importantes las denuncias ciudadanas porque en muchos de los casos no solo quedan en llamadas de atención o amonestaciones hacia los agentes, sino que terminan hasta en despidos y bajas.

Añade que la Policía se autodepura constantemente y mantiene la Inspectoría General muy activa para prevenir delitos o situaciones ilegales que cometan los miembros de la institución, lo cual le da credibilidad a las investigaciones que realizan. El portavoz afirma también que la PNC trabaja en la dignificación, autodepuración y la profesionalización de los miembros de la institución, lo cual va de la mano en generar incentivos laborales.

Aguilar dice que el bono anunciado por el ministro, Gendri Reyes, es un incentivo que han recibido las fuerzas de seguridad desde 2008 y solo han dejado de recibir durante dos años, uno de los cuales fue en 2019 durante la gestión del exministro, Enrique Degenhart.

El año pasado el bono fue dado por Q4 mil; sin embargo, este año serán destinados Q1 mil más para al menos 40 mil miembros de la PNC, que serían las plazas permanentes, lo cual significa la erogación de alrededor de Q200 millones.

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“Es un incentivo para los policías, porque vendrán las fiestas de Fin de Año y a ellos se les suspenden los descansos, permisos y vacaciones, por lo que deben trabajar durante estas jornadas para la darle seguridad a todos los ciudadanos. Nos hemos sumado al apoyo del Ministerio de Salud Pública en jornadas de vacunación y de velar por el cumplimiento de las restricciones sanitarias, para seguir protegiendo y sirviendo a todos los guatemaltecos”, enfatizó.

Para Francisco Quezada, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien, explica que un policía, conforme a su rango, tiene un promedio mucho más de salario que un maestro, porque se debe tomar en cuenta el tiempo de servicio que dan y el desplazamiento que realizan en el país. Añade que es una institución que se autodepura y la cantidad de dinero que se estaría erogando no es tan significativa.

“Los bonos generalizados en el Estado nunca funcionan, lo único que sirven son bonos o aumentos de conformidad con el mérito, porque estos generalizados están premiando al mediocre, al malo y no reconocen al bueno. Nunca estos aumentos son buenos”, afirmó.

El máximo tribunal constitucional suspendió temporalmente las funciones del Consejo de la Carrera Judicial, por una resolución que responde a una acción presentada por la magistrada Silvia Valdés, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo cual ha dividido las opiniones de los operadores de justicia en cuanto a los alcances del cambio.

Entre los jueces, que son los que imparten justicia, están divididas las opiniones y percepciones sobre la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), que devolvió, de forma temporal, a la CSJ el poder de hacer traslados, nombramientos o movimientos administrativos sobre los juzgadores y magistrados.

La resolución responde a la acción que presentó Valdés, por la ausencia de los nombramientos de los nuevos magistrados, y en donde fueron suspendidos varios artículos de la Ley de la Carrera Judicial y otras normas que le otorgan al Consejo la potestad de administrar los nombramientos, traslados y vacancias, entre otros movimientos.

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El juez séptimo Penal, Fredy Orellana, que preside la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial (Ajmoj), opina que la resolución emitida por el máximo tribunal constitucional del país es provisional y al suspender artículos de la Ley de la Carrera Judicial no debería afectar el trabajo de los juzgadores, porque se trata de un proceso administrativo. “Lo que se espera en este caso es que pueda existir a la brevedad posible una resolución definitiva; es decir, una sentencia que indique si los artículos se expulsan del ordenamiento jurídico o continúan vigentes. Se espera que se resuelva a la brevedad posible esta acción de inconstitucionalidad para que exista certeza y seguridad jurídica”, señaló Orellana.

Agregó que, después de esta resolución, los jueces y magistrados trabajan de manera normal y permanente, apegándose a la Ley y la Constitución, y con independencia, porque la justicia es un servicio esencial para la población. La resolución de la CC no afecta el trabajo.

Separación de atribuciones

Para el juez contra el femicidio Mario Alberto Taracena, expresidente de la Ajmoj, la CC resolvió de manera provisional los vacíos legales que existían en la Ley de la Carrera Judicial, que era confusa en cuanto a definir las funciones de los magistrados de la CSJ y los consejeros.

Para Taracena, los estándares internacionales indican que debería existir separación de funciones, porque la CSJ es un ente eminentemente jurista y colegiado y debe tener el tiempo necesario para resolver asuntos legales o judiciales, y se requiere la asistencia de otro organismo, como sucede en otros países, que se encargue de las actividades administrativas como licencias, vacaciones o traslados de jueces, entre otras.

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“Le devuelve —la CC—, porque así estaba anteriormente, las facultades a la Corte Suprema de Justicia. Se concentra el poder de juzgar y el administrativo, en lo relativo a cuestiones laborales”, señaló.

El juez contra el Femicidio reconoce que es necesaria la separación de funciones, pero advirtió de que la Ley de la Carrera Judicial no resolvía el problema y creaba confusiones que afectaban finalmente a los jueces y magistrados, ya que, por ejemplo, había dos nombramientos, uno emitido por los magistrados y otro por los consejeros para laborar en diferentes sedes judiciales.

“Si bien es cierto que le atribuye más poder —a la CSJ—, lo importante para los jueces es que se define, de una vez por todas, quién tendrá la batuta, el control y la decisión en cuanto a la designación, y lo que esperamos es que ya no exista ese tipo de problemas en una pugna que se dio entre la Corte Suprema y el Consejo de la Carrera Judicial. Los jueces lo que quieren es estabilidad y seguridad jurídica laboral”, explicó.

Cercanía con el CCJ

Existe otro grupo de jueces, alejados de la Ajmoj, que no opina igual.

Verónica Galicia, jueza de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, afirmó que hasta ahora se sentían cómodos con la implementación del Consejo de la Carrera Judicial (CCJ), porque es un órgano que se integra de forma imparcial, existe representación para los magistrados, los jueces de Primera Instancia, de Paz, y con expertos en administración pública y otras profesiones, lo cual mejora el desempeño de la carrera judicial.

Galicia también considera que la integración de la Corte Suprema de Justicia tiene debilidades para ejercer labores administrativas, porque solo está formada por abogados.

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“Es una gran frontera que tenemos con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque son inaccesibles. Ningún juez de Paz o Instancia Penal tiene relación directa con los magistrados, y estos no se enteran de nuestras necesidades, mientras que el Consejo de la Carrera Judicial, sí, por cómo está integrado”, expresó Galicia.

La jueza agregó que la implementación de este consejo fue una conquista para todos los jueces del Organismo Judicial y señaló que se debe trabajar en las reformas para la Constitución y así retornar las funciones administrativas a los consejeros.

Galicia, por su parte, habló de la necesidad de que se fortalezca la carrera judicial, de manera que se regule de esta forma la propia elección de los magistrados, tanto de salas de Apelaciones como de la misma CSJ, de manera que se garantice que se elegirá a profesionales sin intereses políticos o de cualquier otra índole, garantizando así órganos independientes para que se ponga como prioridad el mérito y la capacidad.

La Asociación de Jueces por la Integridad, presidida por Carlos Ruano e integrada, entre otros jueces, por Haroldo Vásquez, Miguel Ángel Gálvez y Éricka Aifán, aún analiza los alcances de la resolución constitucional y su posición al respecto.

Sin embargo, Ruano dijo la semana pasada a Prensa Libre que buscaban querellarse en un amparo que presentaría el Consejo de la Carrera Judicial para frenar la intención de la CSJ de recuperar el control de los jueces.

Cincuenta días después de que Estados Unidos incluyó a la fiscal general, Consuelo Porras, en la Lista Engel, por supuestamente haber obstruido e interferido en investigaciones de actos de corrupción, se comienza a resentir en el Ministerio Público (MP) el impacto de la sanción.

A tres meses de que se originó la controversia entre Porras y el Gobierno de EE. UU. por la destitución de Juan Francisco Sandoval como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), algunos fiscales admiten la interrupción de los aportes de la cooperación de EE. UU., y estos han afectado a la institución.

El MP actualmente trabaja en coordinación con la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, en inglés) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid), la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés), el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), entre otros.

Stuardo Campo, jefe de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, explicó que la sanción a Porras y a su secretario, Ángel Pineda, afecta institucionalmente, ya que por medio de la cooperación técnica se capacita al personal y reciben donación de equipo, lo cual beneficia a las instituciones del Estado. Sin embargo, aclaró que siguen trabajando con las agencias de investigación estadounidenses porque desarrollan investigaciones trasnacionales para combatir la migración irregular.

Campo, que recientemente lideró operativos para desmantelar grupos de traficantes de personas en el occidente del país, añadió que meses atrás eran constantes las capacitaciones que recibían por parte de las agencias, pero luego del anuncio realizado por el Departamento de Estado en contra de Porras y Pineda, ese apoyo fue menguando.

“Son decisiones respetables y esperamos que en un corto plazo fluya de nuevo el apoyo”, expresó el fiscal. Campo, que fue jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, recordó que mientras estaba a cargo el personal recibió del Gobierno de EE. UU. capacitaciones relacionadas con el lavado de dinero e investigación de delincuencia organizada, entre otros temas.

Capacitaciones internas

Alexánder Colop, jefe de la Fiscalía contra la Trata de Personas, señaló que después del anuncio del gobierno estadounidense de detener la ayuda para el Ministerio Público, siguen trabajando los casos en donde habían realizado investigaciones en conjunto hasta obtener una sentencia.

Resaltó que las capacitaciones al personal, como parte de la cooperación internacional continúa aunque son menos pero, según él, se debe a las restricciones de la pandemia.

“Hemos visto que se ha ido activando, poco a poco, como la pandemia lo ha ido permitiendo. Creo que esa es la ventaja que tenemos nosotros, de que varios países apoyan el tema, como la Unión Europea y conforme se han ido abriendo las fronteras por la pandemia, hemos ido –a las capacitaciones—”, dijo Colop.

En cambio, añadió Colop, a lo interno han trabajado con la Unidad de Capacitación del MP para desarrollar actividades propias de la fiscalía, porque han percibido que existe interés en unidades o fiscalías para conocer el delito de trata de personas.

“El trabajo realizado por el Ministerio Público y la especialización realizada por determinadas fiscalías ha permitido que se continúe a un ritmo permitido de trabajo y no paralizar directamente. Las bases se dieron, solo es de esperar y continuar con esos procesos de especialización, que al final de cuentas conllevan a que las mismas instituciones sean sostenibles al tener fortalecidas las especializaciones”, explicó el fiscal.

Prensa Libre consultó a Emma Flores, jefa de la Fiscalía de Delitos contra la Extorsión, para conocer cuánto impacto ha tenido la suspensión del apoyo de EE. UU. en su fiscalía, pero indicó que se encontraba en una reunión y no podía atender la entrevista. También fue consultada Aura Marina López, jefa de la Fiscalía contra la Corrupción, quien prefirió no opinar sobre el tema, porque siguen con el mismo ritmo de trabajo y el tema de cooperación es administrativo, añadió.

También fueron consultados Gerson Alegría y Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad y de la Feci, respectivamente, pero no respondieron a las consultas realizadas.

Mensaje es claro

Que Porras y Pineda estén incluidos en una lista de sanciones por su desempeño en la función pública, contrario a los intereses de EE. UU. no es una pérdida para los funcionarios, sino para el país, explica el politólogo Christians Castillo.

Castillo, explicó que al estar en medio la controversia es perjudicial para las personas que habitan Guatemala, más que a los funcionarios señalados, debido a que no se puede escapar al control territorial que ejerce, tanto en materia de interdicción a estructuras criminales como de apoyo al control fronterizo y el combate al contrabando.

Añade que Estados Unidos tiene mucho interés en abordar el narcotráfico, la corrupción y la migración por la vía jurisdiccional del Estado de Derecho y la investigación criminal, por lo que, en uno de los tres sectores haya sido incluido en la Lista Engel se percibe que el país no está teniendo éxito en administrar una justicia pronta y cumplida por sus propias capacidades.

“El país queda en una situación realmente compleja, porque el mensaje para todo lo que tiene que ver con inversión extranjera es nefasto, porque Estados Unidos, sin necesidad de levantar una alerta internacional a los capitales de advertir que no vayan a Guatemala, con la inclusión de la Fiscal General, la encargada de la investigación criminal, designada en una lista y las múltiples declaraciones diciendo que no le tienen confianza, el mensaje es alejarse de Guatemala porque no hay un estado de Derecho creíble”, advirtió.

El Parlamento Centroamericano, que se describe como un órgano regional permanente de representación política y democrática, saludó por medio de su cuenta de Twitter el proceso electoral realizado en Nicaragua y afirmó que su pueblo reitera de forma soberana su vocación por la paz y la reconciliación, mientras hay rechazo internacional.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó de “farsa” elecciones nicaragüenses en las que el mandatario Daniel Ortega tiene asegurado su cuarto mandato consecutivo tras impedir la participación de sus principales rivales.

“La elección que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, orquestaron hoy, fue una elección de pantomima que no fue ni libre ni justa, y ciertamente no democrática”, dijo Biden según una declaración de la Casa Blanca sobre “la farsa de las elecciones de Nicaragua”.

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Estas elecciones han sido cuestionadas tanto por la oposición, como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea.

Detenidos

Al menos nueve líderes territoriales de la oposición fueron detenidos por la Policía Nacional antes de la votación de este domingo en Nicaragua, en las que el presidente Daniel Ortega busca una nueva reelección, denunciaron este domingo las organizaciones Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

El Parlamento Centroamericano @PARLACEN como órgano de representación democrática de los pueblos de la región, saluda el proceso electoral en Nicaragua con el que su pueblo reitera soberanamente su vocación por la paz y la reconciliación. pic.twitter.com/hVNawpCBiw

— PARLACEN (@PARLACEN) November 7, 2021

“Contabilizamos al menos ocho de nuestros liderazgos secuestrados por el régimen, en redadas ilegales, lo cual no hace más que reforzar el estado de sitio en el que el régimen de Ortega y Murillo ha colocado a la oposición”, dijo la dirigente de la opositora Unidad Nacional, Alexa Zamora, en un audio, en el que confirmó los arrestos.

La Alianza Cívica, que fue la contraparte del Ejecutivo en unas mesas de negociaciones con las que se buscaba una salida a la crisis que vive el país desde abril de 2018, denunció, por su lado, la aprehensión de una líder territorial, cerca de la medianoche del sábado.

“En Nicaragua persisten el hostigamiento, vigilancia, amenazas, intimidación, acoso, ataques y detenciones ilegales arbitrarias de nuestros dirigentes municipales, departamentales y enlaces territoriales”, señaló la Alianza.

Entre los detenidos están los líderes territoriales Yaser Mahumar Vado y Nidia Barbosa, de la Unidad Nacional y de la Alianza Cívica, respectivamente.

Los nombres del resto de líderes detenidos no fueron identificados públicamente por petición de sus familiares, explicó la Unidad Nacional, que confirmó que persiste la ola de capturas de opositores que inició en mayo pasado.

Hasta el 21 de octubre pasado, cuando fue detenido el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Michael Healy, y el vicepresidente de la patronal, Álvaro Vargas, se contabilizaban 39 líderes y profesionales independientes encarcelados en el marco de las elecciones.

Entre los detenidos están siete aspirantes a candidatos a la Presidencia por la oposición, acusados, entre otros, por delitos que son considerados traición a la patria, y de lavado de dinero.

El observatorio Urnas Abiertas, que da seguimiento a la violencia electoral en Nicaragua, registró 1.656 hechos violentos en el marco de las elecciones desde octubre de 2020, incluyendo 120 en el último mes.

En estos comicios Ortega, quien coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidió por primera vez el país de 1985 a 1990, y retornó al poder en 2007, busca su tercera reelección seguida para un cuarto mandato consecutivo de cinco años, y segundo con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta.

Sube de tono la polémica entre el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Juan Francisco Sandoval, y el Ministerio Público dirigido por la fiscal general, Consuelo Porras, por señalamientos que existen entre la institución y el exfiscal.

El exfiscal publicó en su Twitter que, la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público ha citado a varios operadores de justicia con el propósito de que rindan declaración sobre supuestas actividades ilícitas que habría cometido el personal que labora o que trabajó en la Feci o en la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Sandoval agrega, por medio de su comunicado de prensa que, las citaciones ante la fiscalía tienen como común denominador, “el uso de procedimientos intimidatorios”, para que los citados avalen que formaron parte de una estrauctura criminal ficticia y deben brindar información sobre supuestos actos ilícitos cometidos por exfuncionarios y funcionarios que han trabajado para combatir la corrupción.

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“Dicha estrategia, se aleja de los preceptos que contempla la Ley contra la Delincuencia Organizado sobre la colaboración eficaz, por el contrario, mediante la utilización de intimidación se están implantando prueba con el propósito de perjudicar a quienes hoy somos considerados enemigos de la fiscal general, de esa manera adversado las políticas institucionales de la actual administración del MP”, afirmó Sandoval. El exfiscal señaló que esa dinámica responde a un plan del cual está siendo afectado por lo que hizo la denuncia pública.

A la opinión pública! pic.twitter.com/XGFVN72kWn

— Juan Francisco (@JSandoval1982) November 7, 2021

El ente investigador señala que el sistema legal de Guatemala establece los mecanismos respectivos para ejercer su derecho de defensa y plantear cualquier inconformidad, por lo que rechazan la opinión de Sandoval. Además, la institución exhorta al exfiscal a que respete la ley y se presente ante el órgano jurisdiccional corresponde.

El ciudadano ruso, Vladimir Taranetc, conocido como “Ali Ali”, fue capturado el pasado viernes 5 de noviembre por las autoridades colombianas en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, señalado de integrar varios grupos terroristas de Siria, entre los cuales destaca el del Estado Islámico, conocido como Isis.

Jorge Luis Vargas, director general de la Policía Nacional de Colombia, informó que Taranetc está señalado de los delitos de formaciones armadas ilegales y de participar en organizaciones terroristas, por lo que tenía vigente una alerta roja desde 2013, de la Policía Internacional (Interpol), para detenerlo, y luego entregarlo a Rusia para ser juzgado en ese país.

“Esta persona, según la información enviada por la Oficina Nacional Central de Moscú, salió de Rusia y viajó por varios países, entre Siria y Turquía, armado y peligroso, para conformar organizaciones terroristas. Es capturado en el aeropuerto El Dorado haciendo tránsito hacia Guatemala”, afirmó Vargas.

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El director de la Policía añadió que están en comunicación con las autoridades rusas y la fiscalía colombiana para iniciar los trámites de extradición. Además, las autoridades informaron que Taranetc compró un boleto en Turquía con escala en Colombia y con destino final el Aeropuerto Internacional La Aurora, en Guatemala, pero fue interceptado.

Se cree que el capturado habría participado en el grupo yihadista Jaish Muhajireen wal-Ansar, el cual comete actividades terroristas y también utiliza métodos de sabotaje por medio de actos violentos contra personas civiles.

Según la información, en 2013 Taranetc abandonó Rusia y se dirigió a Turquía, luego se trasladó a Siria para unirse a las organizaciones terroristas. Se le señala de participar en el Estado Islámico como combatiente y se estima que tenía en su poder un gran arsenal de armas y municiones.

Objetivo Guatemala

No es primera vez que un supuesto integrante del grupo Isis tiene como destino Guatemala, al menos así lo dejó ver en el 2018 el entonces presidente de Guatemala, Jimmy Morales, que afirmó que unos 100 integrantes de este grupo terrorista habían sido detenidos en Guatemala.

En octubre del 2018, Morales, durante su intervención en la segunda Conferencia para la Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, realizada en Washington, Estados Unidos, dijo que su gobierno había “detenido a más de 90 personas completamente ligadas a temas terroristas con ISIS”; sin embargo, nunca presentó evidencia que sustentara esa afirmación.

Por el contrario, la Secretaría de Inteligencia Estratégica apoyó lo anunciado por Morales, pero se amparó en la Ley de Acceso a la Información Pública, y su regulación de confidencialidad de los datos por motivos de seguridad nacional, para evitar dar pruebas que sustentaran las supuestas detenciones.

El Ministerio Público le retiró el esquema de seguridad a los padres del exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) Juan Francisco Sandoval Alfaro, desde el jueves pasado, por una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

Juan Luis Pantaleón, jefe del departamento de prensa del Ministerio Público, explicó que la decisión fue tomada por una notificación de la resolución de la Cidh al Estado de Guatemala. “En ese sentido, la ley no permite al Ministerio Público dar seguridad a extrabajadores de la institución, esta acción le corresponde al Estado de Guatemala, vía el Ministerio de Gobernación”, explicó el vocero. La seguridad de los familiares del exfiscal estaba a cargo de la Policía Nacional Civil (PNC).

La institución notificó a Sandoval sobre la suspensión del esquema de seguridad de sus familiares y para él por medio del oficio 5237-2021 DSMP-AEP/FOS, emitido por Antonio Englenton Peña, subdirector de seguridad y encargado del departamento de Seguridad.

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Expresa preocupación

El exfiscal fue destituido el pasado 23 de julio y actualmente se encuentra en Estados Unidos. Desde ese país expresó su preocupación por el retiro del esquema de seguridad para sus padres, porque señala que desde marzo de 2010 contaba con seguridad y vivía con ellos, por lo que después de un estudio de riesgo la institución determinó que corrían peligro por el trabajo que realizaba Sandoval.

“Yo trabaje para desarticular las estructuras más grandes de corrupción del país, en las que hubo por lo menos tres expresidentes, ministros, diputados y entre los casos gestionados había estructuras criminales de alto poder. Un excandidato, el del narco partido, condenado en Estados Unidos, que fraguó un plan para ejecutarme”, expresó Sandoval.

La Cruz Roja Guatemalteca informa que un bus cayó en un barranco en Campur, San Pedro Carchá, Alta Verapaz, este sábado 6 de noviembre.

Preliminarmente se reporta 30 personas heridas y con traumas en distintas partes del cuerpo.

Socorristas continúan con las labores para auxiliar a los afectados por el accidente, cuya causa se desconoce.

La unidad de transporte quedó con severos daños.

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Los heridos reciben atención en el Centro de Atención Permanente del referido municipio.

Bomberos lo avalúan para determinar si es necesario trasladarlos hacia el Hospital Regional de Cobán.

Incidente múltiples víctimas en Alta Verapaz

Autobús de transporte público cae en un barranco en Campur, San Pedro Carchá.#CruzRojaGT junto al CAP se encuentran estabilizando, hasta el momento, a 10 personas con múltiples traumas.

Se continúa laborando en el lugar. pic.twitter.com/kJg5rOyXgA

— CruzRojaGT (@CRGuatemalteca) November 6, 2021

Las investigaciones antinarcóticas han identificado la relación que mantienen los políticos y sus familiares con organizaciones vinculadas con el narcotráfico.

Desde abril del 2019, la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad ha solicitado que se les retire la inmunidad a cuatro alcaldes, por supuestos vínculos con el trasiego de drogas en el país. Analistas consideran que la relación de políticos con grupos del crimen organizado es más evidente y obvia que hace varias décadas.

Operaciones antinarcóticas revelan la importancia que mantienen agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y personas involucradas en política, algunas con señalamientos de delitos de narcotráfico en Estados Unidos. Las pes   quisas han identificado a alcaldes, candidatos presidenciales, funcionarios municipales y agentes policiales que tienen nexos con redes de tráfico de drogas.

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El primer antejuicio presentado fue contra el fallecido alcalde de Ayutla, San Marcos, Érik Salvador Súñiga Rodríguez, quien se entregó a la Administración para el Control de Drogas (DEA) en diciembre de 2019, seis meses después de que se le retirara la inmunidad y a las puertas de las elecciones generales que podían darle un nuevo período edil.

Alan Ajiatas, subjefe de la Fiscalía, dice que al presentar esta acción contra Súñiga Rodríguez se le limitó la participación para reelegirse como jefe edil.

En diciembre de ese mismo año, las autoridades también pidieron que Otoniel Lima, alcalde de Nueva Concepción, Escuintla, no gozara de inmunidad para que se le pudiera investigar por presuntos vínculos con el narco. A la fecha está ligado a proceso por el transporte de más de 660 kilos de cocaína y guarda prisión en la cárcel Mariscal Zavala, a la espera de sentencia.

Aunque estos no son los primeros señalamientos contra alcaldes vinculados con el narcotráfico, porque desde hace varias décadas se detectó esa relación, parece que en estos últimos años se han incrementado estas relaciones.

Francisco Jiménez, exministro de Gobernación y actual analista del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), explica que para trasegar drogas los grupos del crimen organizado necesitan cumplir con tres aspectos: control territorial; tener estructuras organizadas y fortalecidas para utilizar la violencia como disuasivo o medio de control; y control político y social, lo cual implica relaciones con la población o involucramiento de las personas y armonía con los políticos de los territorios que buscan controlar.

Para Jiménez existe mayor articulación del narcotráfico con la política, porque es el control jurídico que mantienen las alcaldías sobre los territorios lo que quieren controlar.

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“¿Por qué razón ha aumentado con los años con el poder local? Porque, efectivamente, cada vez hay más necesidad de relacionarse con quienes tienen control del territorio, y el territorio jurisdiccionalmente son las alcaldías”, agregó.

Corrupción

Durante este año, el Ministerio Público ha presentado dos antejuicios contra alcaldes. El primero fue en marzo, en contra de Esduin Jerson Javier Javier, alias Tres quiebres, alcalde de Ipala, Chiquimula, por su aparente relación con un triple crimen asociado al tráfico de drogas y porque se supone que tiene acercamientos con la estructura criminal conocida como los Ipala. Según Ajiatas, la defensa de este jefe edil ha interpuesto una serie de recursos para evitar que el órgano jurisdiccional correspondiente conozca la acción.

El segundo antejuicio fue presentado contra Exadillas Doniel Ramos Aguilar, alcalde de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos, para investigarlo por supuestos vínculos que mantienen él, su esposa y su hijo con una estructura que trasiega drogas.

Ajiatas explica que la acción contra este jefe edil está pendiente de ser ratificada en el juzgado correspondiente.

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De acuerdo con el fiscal, ahora se evidencian más los vínculos entre narcotraficantes y políticos porque hay más investigaciones. Sin embargo, Jorge Wong, politólogo independiente, afirma que las relaciones de las personas involucradas en política con grupos del crimen organizado se han consolidado con mayor fuerza durante la pandemia, y por eso se han identificado más.

Wong agrega que el mal más grande de la democracia es la corrupción, por lo que estas redes ilícitas van permeando, comprando y cooptando las alcaldías, el Congreso y otros cargos públicos, por medio del pago de las campañas políticas.

“Estas personas ocupan un espacio disponible porque tienen los recursos necesarios. Es la piedra en el zapato del Triángulo Norte que permite que toda esta situación se vaya por esta vía”, señala Wong.

Jiménez indica que no se puede medir si hay más políticos vinculados con el crimen organizado que hace unas décadas, pero la cantidad no es lo más importante, sino que se debe hacer mayor énfasis en las circunstancias estructurales del sistema, como la corrupción.

Agrega que existe mayor vulnerabilidad y debilidad de corrupción en las instituciones, por lo que se elevan las probabilidades de que el narco aproveche estas situaciones, lo cual se percibe como más involucramiento de líderes políticos con bandas del crimen organizado.

“Para mí, el problema no es la cantidad de funcionarios, pueden ser cien o diez; el problema es qué hacen estas cien o diez personas, porque menor cantidad puede impactar de una mejor manera a los grupos criminales, comparado con mayor cantidad”, afirma.

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Policías y funcionarios municipales

Alam Carlos Stives Orellana Salguero, concejal de Jutiapa, fue capturado al estar señalado de asesinato, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, así como asociación ilícita. También fue detenido su padre, Carlos Amílcar Orellana Donis, conocido como el Chejazo, ambos señalados de integrar la banda denominada de Jalpatagua.

Este no es el primer funcionario municipal detenido por nexos con el crimen organizado, porque, según Ajiatas, el exalcalde Recinos utilizaba a varios policías municipales para trasegar drogas.

En estos casos también están involucrados miembros de las fuerzas de seguridad, porque las autoridades reportaron la detención de 18 personas, entre las cuales había seis agentes de la PNC, quienes se supone que fueron captados por los cabecillas de la organización de narcomenudeo conocida como Los Jerez, para que operaran sin ningún problema y también para que filtraran información sobre operativos antinarcóticos, a fin de que no fueran detectados.

En febrero último, las autoridades confirmaron la detención de seis agentes más señalados de haber colaborado con la banda Los Pelones.

El Ministerio Público señala que de mayo de 2018 a mayo reciente han recibido un millón 312 mil 469 denuncias, de las cuales el 100 por ciento fueron resueltas, según detalla el tercer informe de la gestión. No obstante, los niveles de impunidad no superaban el 95% en 2018, de acuerdo con un análisis presentado por la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

De esta cuenta presentar y darle seguimiento a las denuncias que se presentan a los órganos correspondientes es una tarea importante, como también lo es el tener claro cómo hacerlo.

Oswaldo Samayoa, abogado y catedrático universitario, explica que es importante que los denunciantes de un delito den seguimiento al caso en las instituciones correspondientes. Si la denuncia es presentada, por ejemplo, ante la Policía Nacional Civil, siempre será remitida al Ministerio Público. Sin embargo, si es realizada en contra de alguna acción de agentes o contra policías, esta será trasladada a la Inspectoría General o a la Oficina de Responsabilidad Profesional.

“Es importante pedir el número asignado a la causa, ya sea dentro del MP o en la Policía, porque con ese dato se le puede dar seguimiento. Debemos procurar que la información que se obtiene sobre cómo está el proceso y su desarrollo, se pueda ligar a una persona identificable dentro de la institución, que sea la encargada del expediente”, sugirió el abogado.

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El Ministerio Público tiene la obligación de darle una respuesta a cada denuncia que le presentan, la cual puede ser mediante salidas alternativas al proceso penal, la obtención de una sentencia o archivarla.

Las denuncias se deben presentar por escrito, agregó Edie Cux, presidente de Acción Ciudadana, quien también recomienda anotar el número de expediente o de referencia, para darle el seguimiento en días posteriores.

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• ¿Cómo se presenta una denuncia? Se puede hacer de manera verbal ante el Ministerio Público o la Policía Nacional Civil, o bien, por escrito, en cualquier caso se debe explicar el detalle de los hechos.
• ¿Es necesario el auxilio legal? No, necesariamente. El ciudadano se puede presentar con un abogado, solo o bajo el auxilio de alguna organización que trabaja temas específicos relacionados al hecho que se denuncia.
• ¿Qué hace la PNC con la denuncia? La Policía recibe denuncias en cualquier sede, no obstante, estas son trasladadas al Ministerio Público quien es el que se encarga de la investigación correspondiente.
• ¿Cómo identificar los expedientes? Se debe tener claro si la denuncia es por delitos administrativos o penales, a partir de ahí acercarse a las instancias  donde cada expediente está identificado con un número.
• ¿Cómo manejar una denuncia de corrupción? Estas se presentan en el MP y pueder ser a título personal o en grupo, quienes se constituyen en agraviados y solicitan ser querellantes.
• ¿Hay un sistema de seguimiento? El MP tiene una sección de seguimiento a denuncias en su página electrónica, donde se solicita la identificación del denunciante para establecer el número de expediente de su denuncia.

A cinco días de que fue instaurado el estado de Sitio en El Estor, Izabal, las autoridades señalan que han detenido a más de 15 personas y ejecutado al menos 26 allanamientos. Sin embargo, las acciones efectuadas en ese municipio también trajeron reacciones en la  capital, porque durante toda la semana se registraron, en el Centro Histórico, manifestaciones relacionadas con la imposición de esa medida.

El estado de Sitio fue instaurado en este municipio por el Gobierno, luego de que grupos de manifestantes mantuvieron durante 17 días un bloqueo carretero como medida para exigir participación en la preconsulta del funcionamiento de la mina Fénix. La medida fue ratificada por el Congreso, y está vigente por 30 a partir del pasado lunes.

El Estor, municipio que se ubica a más 300 kilómetros de la capital, ha estado bajo esa medida durante varias ocasiones desde el gobierno de Jimmy Morales a la fecha, debido a los conflictos  entre  pobladores por la actividad minera en el lugar.

Capturas y allanamientos

Jorge Aguilar, vocero de la Policía Nacional Civil (PNC), reportó que hasta el viernes por la mañana llevaban 17 personas detenidas en los operativos de seguridad en El Estor. Destacan el rescate de una menor, de quien se sospecha era víctima de trata de personas.

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Hasta ayer se reportaban  26 allanamientos, así como la recopilación de información e indicios que podrían aportar a las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público.

Según el portavoz, las detenciones se han ejecutado  por delitos relacionados con violencia contra la mujer y usurpación. Sin embargo, pese a que la Policía reporta detenciones, estas no están vinculadas con el estado de Sitio, ni tampoco con las personas que se supone agredían a los policías o generaban los bloqueos, confirmaron fuentes de la Policía Nacional Civil.

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Agregaron que buscan capturar a las personas que han participado en los bloqueos y las protestas que comenzaron el pasado 4 de octubre, porque ya los identificaron, pero aún no confirman las detenciones.

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El Foro de Organizaciones Sociales y Especializadas en Seguridad (Foss) afirma que se ha demostrado que los estados de Sitio implementados por gobiernos anteriores no resuelven los problemas de seguridad ni tampoco la conflictividad social en los lugares donde se han impuesto; más bien la medida más efectiva sería el uso de inteligencia estatal.

Las organizaciones recomiendan que se deben fortalecer todos los mecanismos de la institucionalidad de la paz para el diálogo, atender la conflictividad y evitar el uso de la fuerza.

Jornadas de protestas

Las manifestaciones realizadas por personas que se identifican como habitantes de El Estor, a lo largo de la semana, tuvieron motivos diferentes. Mientras que unos agradecían por la imposición de la medida en el municipio, porque han recuperado la “tranquilidad” y es beneficioso para el comercio, otros están en contra de la medida y piden que deje de tener vigencia.

Durante la semana de manifestaciones, los pobladores manifestaron su rechazo o apoyo a la medida. Una vecina de El Estor que viajó a la ciudad dijo que se sentía “feliz y agradecida con Dios” porque las autoridades retomaron el control en el lugar y regresó la tranquilidad. Afirmó que ya no quieren más bloqueos que impidan regresar de su trabajo a su hogar o viceversa.

Otra vecina señaló también que el estado de Sitio les trajo tranquilidad, y logran pasar los bloqueos sin pagar los cobros ilegales.

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Mientras otro grupo en contra de la actividad extractiva criticó el estado de Sitio y  reclamó no haber sido consultadas  todas las comunidades sobre la explotación de minerales en el lugar. A ese grupo se sumaron autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán, en la jornada de protestas.

La Policía Municipal de Tránsito de la capital explicó que las manifestaciones se realizaron una vez por día y tuvieron concentraciones en diferentes puntos: el Congreso, la Casa Presidencial, la Corte de Constitucionalidad, la Sexta Avenida y la Plaza de la Constitución.

CIDH se pronuncia

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por los ataques, amenazas e intimidaciones a periodistas y medios de comunicación que han sido reportados, por lo que recordó al Estado sus deberes de respeto y garantía hacia la labor de la prensa.

Entre sus reportes destacan que el pasado 22 de octubre, por lo menos cuatro periodistas de medios alternativos fueron agredidos cuando informaban sobre las manifestaciones que se realizaban en El Estor y como las fuerzas de seguridad buscaban dispersar a las personas.

La oficina destaca que además de las amenazas realizadas contra los periodistas, los policías habrían usado gases lacrimógenos para dispersar las protestas

Organizaciones que se dedican al estudio de la violencia homicida en el país señalan preocupación por la situación, porque han identificado repuntes de homicidios durante algunos meses del año.

De enero a septiembre el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif) realizó 7 mil 716 necropsias, de las cuales 3 mil 195 fueron efectuadas por causas asociadas a un hecho criminal.

Violencia repunta

Carlos Mendoza, coordinador del Observatorio Regional de la Violencia, de la organización Diálogos, reporta que desde el 2 de septiembre el indicador mostró 297 necropsias en 30 días, pero desde esa fecha hasta el 18 de octubre se registraban 410, es decir 113 necropsias más en un lapso de 48 días.

“En esos 48 días la violencia subió 38 por ciento en el indicador de corto plazo. A veces estos aumentos no se ven fácilmente reflejados en los indicadores mensuales o en los de largo plazo, que es la tendencia de la tasa interanual. Nosotros hemos advertido que desde que finalizó enero, justo después del 29 de enero, se empezó a notar que la tendencia de este año está por arriba de la tendencia del año pasado”, explicó.

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El análisis de Diálogos toma en cuenta que en febrero del 2020 el Gobierno impuso estados de Prevención en municipios de altos índices de criminalidad, sin embargo, este año no se realizaron estas intervenciones.

Otro factor es que en el 2020 fueron impuestas restricciones de movilidad como medida de contención contra el covid-19, lo cual incidió en la tasa de homicidios que llegó a un mínimo cuando el presidente Alejandro Giammattei cumplió 100 días de gobierno.

Pero estas cifras se alteran, dice Mendoza, a partir del 24 de abril cuando comenzó a incrementar la violencia homicida y se estabilizó alrededor de los últimos tres meses.

“En enero de este año estuvo por debajo de ese mes de 2020, pero después de febrero siempre ha estado por arriba del año pasado. El problema es que en estos últimos 30 días ha estado por arriba no solo del año pasado, sino también de 2019, el año prepandemia”, explicó.

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En los últimos dos días se han registrado hechos violentos, en donde se ha registrado la muerte de al menos ocho personas. El pasado lunes, en la zona 2 de Quetzaltenango, se registró un ataque armado en donde murieron cuatro personas dentro de un taller de enderezado de vehículos. También fue reportado un hombre fallecido y una mujer con heridas de balas por un ataque armado en la 14 calle frente al 1-29 de la zona 10 capitalina.

Ayer los bomberos reportaron un hombre de aproximadamente 30 años acribillado en la colonia Mezquital, zona 12 de Villa Nueva. También fue registrado la muerte de un agente de seguridad privada en la zona 6 de Quetzaltenango. Además, los cuerpos de socorro encontraron el cadáver de una persona envuelto en sabanas dentro de un vehículo en el sector conocido como Anexo, de la colonia Kennedy, zona 18.

Walter Menchú, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), indica que actualmente la tasa interanual de homicidios está en 16 por cada 100 mil habitantes, lo que significa que se incrementó en septiembre, porque en julio y agosto estuvo en 15.8.

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“Estos repuntes afectan negativamente al tema de seguridad, porque son superiores a las cifras que observamos en septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año pasado que fueron entre 209 y 236”, explicó.

“En el largo plazo hay una reducción, pero preocupan esos incrementos que nos indican que no se han resuelto los factores que explican el tema de la violencia y delincuencia en Guatemala,  porque al final puede haber acciones que cambien las tendencias de corto plazo (…) pero no hay cambios a largo plazo” dijo Menchú.

Mendoza aclara que las cifras de homicidios de este año no alcanzarán las que se registraron en 2019, pero las cifras respaldan la percepción que tienen las personas de más inseguridad.

En un nuevo intento por reformar el Código Penal, la Comisión de Reformas al Sector Justicia está por terminar una serie de discusiones técnicas para, antes que termine el año, presentar una propuesta de reforma que incluya nuevos delitos.

Durante los dos últimos años del gobierno de Jimmy Morales, se registraron simulacros de reformas a esta norma, la primera fue en septiembre de 2017, cuando los diputados intentaron blindar a los políticos del financiamiento ilícito y que no haya cárcel para el cumplimiento por delitos menores de 10 años.

La última vez que el Congreso decidió reformar el Código Penal, en noviembre de 2019, se enfocó en la reducción de penas que beneficiaban a un número de políticos encarcelados y a reos comunes, incluidos los pandilleros, lo que desató una inconformidad social que redundó en protestas que terminaron por presionar a los diputados de anular los cambios.

Aunque han pasado casi dos años de que los presos tuvieron la oportunidad de que los políticos pudieran reducir su condena hasta en un 50 por ciento, la Comisión de Reformas al Sector Justicia, en el Congreso, recopila comentarios, aportes y opiniones de diferentes sectores para definir un nuevo cambio.

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Ahora, Osmundo Ponce, presidente de la Comisión de Reformas al Sector Justicia, explica que buscan aprobar la iniciativa de ley 5494, la cual pretende cambiar el Código Penal. Agrega que a lo largo de este año han realizado reuniones con diferentes sectores para que puedan compartir sus aportes, opiniones y comentarios.

Expone también que quieren integrar nuevos delitos que la actual norma no incluye, como odio y agresión, acoso laboral y defraudación al Seguro Social.

El diputado explica que hay acciones que deben ser tipificadas como delitos, como el dopaje deportivo, y el acoso escolar y laboral.

Hasta ahora el ejercicio de discusión en la Sala Legislativa ha provocado opiniones diversas, entre estas que los cambios podrían estar rozando con otras leyes o instituciones, como delitos electorales, de régimen económico, considera que su objetivo es codificar y sistematizar los delitos que van diseminados en las leyes especiales.

Los cambios, explica Ponce, también contemplan un castigo drástico para las personas que cometen corrupción, crimen organizado, narcotráfico, extorsión, entre otros.

En lo que va del año, 28 instituciones públicas han presentado sus propuestas entre las cuales resaltan el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales; Comunicaciones; de Economía; de Educación; Relaciones Exteriores; Salud Pública; Trabajo y Previsión Social.

Además, participaron representantes de la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo; Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas; Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, entre otras.

“Dieron sus aportes para crear una nueva normativa que atienda nuevos delitos y que son importantes, por ejemplo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) planteó que es muy importante codificar el delito de retención de cuotas patronales, porque hay algunos casos donde algunas fincas o empresas retienen las cuotas de los trabajadores y cuando quieren jubilarse no aparecen, o el Igss no puede darles el servicio”, explicó Ponce.

Tiempo se agota

Ponce considera que para mediados de noviembre tendrán recopilada y sistematizada toda la información que han aportado las organizaciones e instituciones que ha acudido a las audiencias, por lo que esperan conseguir dictamen favorable.

Hoy  se desarrollará la última de las reuniones en donde está previsto que asista gran parte del sector empresarial, ya que, confirmó la Cámara del Agro, de Comercio, de la Industria, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, la Alianza en defensa de la República, el Colegio de Contadores y Auditores Públicos, el Instituto de Magistrados, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, el Instituto de la Defensa Pública Penal, entre otros.

Pero Ponce tiene claro que un factor en contra para consolidar esta reforma al Código Penal es el tiempo, porque se acerca el fin de un año y desconocen si seguirán en la misma comisión legislativa en el 2022, por lo que afirma que están acelerando la sistematización de la información.

Expectativa

Para Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento ProJusticia, es importante que en la recopilación de datos e información que están realizando mantengan los textos de las propuestas conforme a la Constitución Política de Guatemala y que no tenga tinte punitivo.

“Que la Comisión trate de aportar un texto que ayude a la sociedad a abordar desde una mejor perspectiva y no solo desde el punto de vista punitiva los delitos, porque hay penas que son verdaderamente inhumanas y otras que son flojas cuando se necesita una sanción verdaderamente severa”, señaló Ibarra.

Añade que los diputados deben ser muy cuidados para redactar el texto de la iniciativa para cumplir con la expectativa de tener una mejor sociedad, que aborde de forma correcta la carga delincuencial que suele haber en el seno de la sociedad.

Sin premuras

Lizandro Acuña, investigador y analista en temas de seguridad y justicia, opina que se han presentado al menos siete iniciativas de ley para reformar el Código Penal; sin embargo, resalta que algunas de estas no se han llevado a cabo.

“Es una reforma que no tiene que ser apresurada y haber un consenso y participación muy amplia por parte de los sectores que muestren interés en participar en la reforma al Código Penal, hay que tener un poquito de memoria como aceptación de cargo y reformas a la prisión preventiva, en donde se ha visto que prácticamente detrás de las reformas el efecto retroactivo que pueda favorecía a casos de alto impacto”, explicó.

Acuña advierte que las reformas son un proceso que se debe respetar las diferentes posiciones, porque las experiencias nos han demostrado por donde va la ruta y los intereses que se está dilucidando en este momento y que llevan a la impunidad.

Mientras que Corinne Dedik, investigadora del Cien, explica que estas reformas llevan varios años y ven positivo que se quiera modernizar el Código Penal, pero considera que hay aspectos que se deben seguir discutiendo porque es un instrumento muy complejo.

“Consideramos que se tome suficiente tiempo para discutir las reformas que se quieren hacer, desde la parte general hasta la especifica de los diferentes delitos”, reiteró.

Los magistrados de la Sala Primera de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia decidieron que el alcalde de Mixco, Neto Bran, mantenga su inmunidad y por eso no podrá ser investigado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) en el caso denominado Amenazas, falsedad e influencias.

El fallo es a favor del jefe edil por un caso en el que es señalado por el Ministerio Público de haber contratado de forma irregular a una persona.

Según la investigación del MP, Rolando Pérez presentó un título universitario falso que le sirvió para ser contratado en la Municipalidad de Mixco, luego de haber apoyado a Bran en la campaña electoral de 2019.

Bran enfrenta un proceso de retiro de inmunidad por haber supuestamente abusado del cargo e instruir a la municipalidad para contratar a Pérez en la Dirección de Planificación de esa comuna, sabiendo que su título era falso, según la investigación de las autoridades.

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El pasado 7 de abril, el Tribunal Décimo condenó a 12 años de prisión a Rolando Moisés Pérez, un excolaborador del alcalde Mixco Neto Bran, quien fue hallado culpable de los delitos de obstaculización a la acción penal, uso de documentos falsificados y usurpación de calidad.

La pena establece que son ocho años conmutables (por uso de documentos falsificados y usurpación de calidad) y cuatro años inconmutables (por obstaculización a la acción penal).

El hombre ya fue sentenciado por uso de documentos falsos, usurpación de calidad y obstaculización a la acción penal.

Impugnarán

José Rafael Curruchiche, jefe de la Feci, dijo que efectivamente el jueves 21 de octubre les notificaron dicha resolución, por lo que se procederá a impugnar dicha decisión de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones.

El Ministerio de Salud Pública solicitó a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) inmuebles con características específicas, que sean para uso provisional que sean utilizados para atender la pandemia. 

El artículo 20 de la Ley de emergencia nacional para la atención de la pandemia covid-19 establecer que, con carácter extraordinario y únicamente durante el plazo de tres años, la Senabed puede entregar por tres años un inmueble para uso temporal gratuito a la cartera de Salud y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para atender la crisis sanitaria generada por el covid-19. 

Aunque la Secretaría cuenta con varios inmuebles y terrenos que están en proceso de extinción, la gran mayoría no tiene las condiciones y características requeridas por la cartera de Salud, que son contar con una superficie mayor a 900 metros cuadrados para ampliación de áreas y preferiblemente que sean propiedades construidas como bodegas, hangares, hoteles, canchas deportivas, áreas ventiladas o libres, explica Jorge Mario Andrino, secretario de la institución. 

Añade que tienen identificados al menos 12 terrenos o parcelas en donde Salud podría instalar alguna sede sanitaria, porque hasta ahora solo cuentan con un hotel que está en Huehuetenango y el cual consideran que podría ser utilizado en el contexto de la emergencia sanitaria provocada por el covid-19. 

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“El que más visualizo para ofrecerles de inmediato es un autohotel bastante grande, según las fotos que me enviaron, que se encuentra en Huehuetenango. Puede ser utilizado como un hospital temporal, porque tiene ciertas capacidades”, afirmó Andrino. 

Inmuebles enlistados

Si la solicitud del uso de los inmuebles es urgente, Salud solo podría contar, de inmediato, con el hotel. Sin embargo, Andrino aclara que hay 12 terrenos o parcelas enlistados más, que no tienen las dimensiones solicitadas por la cartera, porque no podrían instalar un hospital, pero si un centro de vacunación. 

“Quiero hablar con el ministerio –de Salud—al respecto, porque al darnos esas dimensiones nos deja con muchas limitaciones. No tenemos terrenos tan grandes. Las fincas que pudiéramos darles, en su gran mayoría están invadidas y están en proceso judicial porque se han presentado denuncias por la invasión. Sacar a unas personas para meter ahí al ministerio, no sé que tanto podría ser viable, pero también estarían a disposición”, explicó Andrino. 

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Añade que también tienen enlistados siete inmuebles, entre los cuales resaltan el autohotel y casas, los cuales podrían ser posibilidades para que los utilicen como sedes sanitarias, pero todo dependerá si se acoplan a sus necesidades. 

Explica también que estos bienes no se les puede hacer ninguna inversión pública o construcción, debido a que muchos no están extintos a favor del Estado, por lo que deben hacer acondicionamientos temporales o prefabricados. Además, señala que el MSPAS al momento de elegir algún bien para utilizar en el contexto de la pandemia, deberá comprar una fianza de aseguramiento, en caso de devolverla a la persona que aparece como dueño en el proceso de extinción. 

Derecho a la salud

En el contexto de la pandemia en el país, la Ley de emergencia nacional para la atención de la pandemia covid-19 también establece en su artículo 20 que las instituciones públicas deben privilegiar el derecho a la salud, por lo tanto, deben poner a disposición de las autoridades sanitarias las instalaciones en todo el país para adecuarlas a la prestación de servicios de salud. 

Prensa Libre consultó al departamento de comunicación de la cartera de Salud, pero indicaron que aún no con información precisa si han solicitado o no el apoyo a otras instituciones para solicitar sedes en donde puedan ampliar su cobertura de servicios sanitarios. 

El hotel de Baldizón 

En mayo del año pasado, el presidente Alejandro Giammattei pidió a la fiscal general, Consuelo Porras, utilizar el hotel vinculado al excandidato presidencial, Manuel Baldizón para utilizar como albergue de pacientes leves de covid-19. Sin embargo, la propiedad no fue utilizada. 

Después que fue anunciado convertir esa propiedad en un albergue temporal, los representantes legales presentaron acciones legales contra la Senabed, las cuales fueron declaradas sin lugar. Sin embargo, insistieron y presentaron un amparo ante la Corte Suprema de Justicia contra el MP, el cual también fue rechazado. El objetivo era detener el convenio para conceder la propiedad en albergue. 

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Juan Luis Pantaleón, jefe de la oficina de prensa del ente investigador, explicó que al inicio se tenía previsto ceder el inmueble para que funcionara como albergue para pacientes de covid-19 por seis meses, pero el Ejecutivo ya no solicitó el convenio que tenían previsto.

Esta es una de las más de 35 propiedades que el Ministerio Público vincula con Baldizón, ya que, en 2018 fue inmovilizado el edificio Vista Panorámica de 15 pisos, el cual es utilizado por el ente investigador como sede de la Fiscalía de delitos de narcoactividad. 

En los últimos meses, se han viralizado fotografías y vídeos de agentes municipales y policías mientras extienden multas o intimidan a personas, uno de los casos que más sobresale, es de un grupo de hombre que se trasladaban en un vehículo sin placas, quienes afirmaron que eran miembros de las fuerzas de seguridad cuando interceptaron a un automovilista en la zona 1.

Aunque el incidente de tránsito ocurrió a finales de agosto pasado, continúa bajo criticas y cuestionamientos, porque el ciudadano discutía con el grupo de hombres que no portaban uniforme, estaban armados y dijeron ser miembros de la PNC.

Durante la discusión, los hombres se identifican como policías, pese a que no portaban identificaciones que los hicieran miembros de las fuerzas de seguridad. También se trasladaban en un vehículo que no era de la Policía y que no tenía placas de circulación.

Debido a este incidente, el automovilista presentó una denuncia por el actuar de los policías e indicó que el picop que impacto en contra de su vehículo era piloteado por el abogado Otto Gómez, quien fue detenido por varios delitos el mes pasado, y tenía seguridad por parte de la PNC.

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Por lo que deja cuestionamientos de conocer el protocolo de actuación de un agente, cuando está asignado a resguardar la vida de un funcionario o persona que tenga asignada seguridad por parte de la PNC.

Jorge Aguilar, vocero de las fuerzas de seguridad, explica que un policía que no vista uniforme y es testigo de algún delito o incidente está obligado a llamar a los agentes que patrullan en el sector, para detener, indagar o actuar en la situación.

“Un policía sin uniforme no puede identificar, porque tiene que estar debidamente identificado. Tiene que estar identificado como miembro de alguna dirección de la Policía, si está realizando investigación, si estás dando algún seguimiento”, afirmó el portavoz.

Para Walter Menchú, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), deberían existir sanciones administrativas para los agentes que efectúan estas acciones, porque se deben regir a los reglamentos de comportamiento de la PNC.

“Estar a cargo de ciertas personalidades no les da el derecho de hacer lo que se les da la gana, sino que incluso un mismo policía mientras patrulla, debe seguir ciertos comportamientos para no atropellar las libertades de las personas. Deben regirse a los que indican los manuales del actuar policial”, opinó Menchú.

Mientras que, para Verónica Godoy, vicepresidenta de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (Fads), señala que los agentes no deberían tomar este tipo de acciones cuando están asignados a la División de Protección de Personas y Seguridad (DPPS) de la PNC, porque sus funciones es darle protección a la persona que la tiene asignada.

Acciones ilícitas

El Ministerio de Gobernación informó que recientemente la baja de 45 miembros de la PNC por participar en acciones ilícitas, entre los cuales 18 tenían denuncias ciudadanas en su contra y procesos administrativos abiertos que derivaron en denuncias penales en su contra.

“En estos casos se comprobó que cometieron acciones ilegales y fueron dados de baja. Por las situaciones en las que estaban involucrados se les dio de baja, porque se perfila como una falta graveen el área administrativa en el Tribunal de la Policía”, dijo Aguilar.

También explica que hay casos donde los policías cometen faltas, mientras están de descanso, por lo que pasan a una situación especial ante la PNC para resolver su situación legal y reingresar a las filas de las fuerzas de seguridad.

Menchú puntualiza que las denuncias penales contra los agentes son situaciones graves, porque son delitos los que podrían haber cometido, por lo que se debe seguir depurando de los malos elementos en las fuerzas de seguridad.

• Mejorar controles

Verónica Godoy, vicepresidenta de la Fads, opina que deben mejorar los controles con la División de Protección de Personas y Seguridad (DPPS), porque se sabe que muchos agentes cuando son asignados a esta unidad se desligan por completo de la PNC, pese a que pertenece a esta institución.

• Denunciar los hechos

El portavoz de la Policía Nacional Civil afirma que es necesario que se denuncien los hechos irregulares que podrían cometer los agentes, porque Inspectoría General les da seguimiento a los casos. Añade que tiene controles internos para desarrollar las investigaciones como identificación de los policías, en qué lugar están de servicio, las patrullas que utilizan tienen GPS, entre otros.

• Prevención desde el origen

El investigador Walter Menchú explica que más allá de buscar una solución desde el ámbito penal o sanción, se debe buscar la prevención de estos hechos con el establecimiento de reglas claras y sancionar a aquellos que las incumplan. Agrega que los policías destinados para dar seguridad a funcionarios y personas deberían recibir un entrenamiento especial para las tareas especificas que realizan y de esta forma evitar los abusos que se han observado.

• Fortalecer supervisiones

Godoy destaca que se deben fortalecer las supervisiones de cómo están accionando los policías mientras cumplen sus funciones, y seguir con las investigaciones que se abren cuando hay denuncias administrativas en su contra. “Las supervisiones son indispensables y se han relajado, por lo que se han perdido los buenos controles. La Policía se tiene que responsabilizar del actuar de los agentes”, resaltó.

Militares retirados cumplieron con las amenazas de actuar de forma violenta para exigirle al Congreso el pago de indemnización por su servicio en el Ejército, porque la tarde del martes irrumpieron en el edificio del Organismo Legislativo e incendiaron algunos vehículos, agredieron a policías, periodistas y al personal que se encontraba laborando en el lugar.

En las instalaciones del Congreso aún se encontraban diputados, Alberto Pimentel, el ministro de Energía y Minas; personal administrativo, entre otros. El miércoles pasado, miembros de estos grupos bloquearon 14 puntos en las carreteras y amenazaron con utilizar armas si los desalojaban, también utilizar explosivos para destruir puentes y otras acciones violentas.

Debido a que estas amenazas fueron lanzadas seis días, analistas y expertos en temas de seguridad afirman que el Ministerio de Gobernación tuvo suficiente tiempo para fortalecer anillos de seguridad perimetral en el Congreso y prevenir acciones violentas durante la manifestación.

Para Oswaldo Samayoa, miembro del Foro de Organizaciones Sociales Especializadas en Seguridad (Foos), desde el 21 de noviembre del año pasado la Policía Nacional Civil (PNC) ha incumplido con sus deberes, porque en vídeos se observa como los policías que estaban asignados en los alrededores del Congreso se retiraron cuando vieron que algunos manifestantes se subieron a las ventas del edificio del Legislativo.

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“No había ninguna planificación de resistir par este tipo de amenazas, pese a que lo habían avisado. Esto quiere decir que el sistema de inteligencia civil tenía esta información, por lo que estamos frente a un incumplimiento continuado de deberes por parte del ministro de gobernación y el director de la Policía Nacional Civil”, afirmó Samayoa.

En manifestaciones anteriores, las autoridades han solicitado seguridad perimetral en el Congreso, para la cual despliegan más de dos mil policías y bloquean dos calles a su alrededor. Pese a que los militares anunciaron la manifestación del pasado martes y con hacer cumplir sus amenazas, el despliegue de las fuerzas de seguridad no fue el mismo comparado con otras ocasiones, por lo que genera dudas sobre las acciones de Gobernación.

Samayoa opina que las autoridades no actuarán de forma represiva contra los veteranos como se ha evidenciado que actúan contra manifestantes, porque significa votos para las elecciones del 2023 y también son manipulables para ofrecerles pagos inconstitucionales.

Tiempo para actuar

Carlos Mendoza, analista en temas de seguridad y justicia, dice que los diputados tenían información de posibles actos violentos en el Congreso desde las 10 horas del pasado martes, por lo que hubo oportunidad para que el Mingob y la PNC se prepararan ante esta situación. La irrupción al Congreso y la quema de los vehículos sucedió por la tarde, por lo que transcurrieron al menos seis horas para que las autoridades tomaran acciones preventivas, pero no ocurrió.

Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo, señala que las acciones violentas son producto de ofrecerle un pago inconstitucional a los militares retirados y también es imposible pagarles la cantidad que les han ofrecido.

“Llego el momento de relevar de sus funciones al ministro de Gobernación, Gendri Reyes, por el delito de incumplimiento de deberes. Pareciera que está de adorno en su casa y no está consciente que es su obligación de reducir al orden a estos individuos. No hizo nada con los vándalos que destruyeron un monumento y pretendían destruir otro, y tampoco hizo nada en esta oportunidad cuando tuvo tiempo y la obligación de actuar”, afirmó Méndez Ruiz.

Añadió que Reyes es funcionario que “está de adorno” porque no solo permite estos actos, sino también la violencia está aumentada en el país, por lo que las fuerzas de seguridad deben capturar a los responsables de estos actos.

Sin respeto a la Ley ni autoridades

En opinión de Francisco Quezada, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), las autoridades prefieren ausentarse al tratar de contener manifestaciones violentas porque el sistema los castiga por sus acciones y no a las personas violentas.

“La sociedad en general ya no respeta a la autoridad, porque se puede observar violencia contra los agentes de Emetra, contra los policías por parte de los coyotes, contra soldados y lo que refleja es que ya no hay respeto para las autoridades. Cuando pasa esto, las autoridades son nuestra última línea de defensa porque cuando los delincuentes saben que no hay defensa para la ciudadanía será ellos quienes deban enfrentar la delincuencia”, advirtió.

Añade que cuando las fuerzas de seguridad cumplen con su función son perseguidos, investigados, encarcelados y lo cual envía permite que los ciudadanos quedan expuestos. Afirma que en manifestaciones de noviembre del año pasado, los delincuentes y responsables de la quema de inmobiliario del Congreso resultaron ser las víctimas y Reyes fue interpelado durante varios veces por las acciones que tomó la PNC.

“La opinión pública condena a la autoridad cuando necesariamente tiene que actuar, entonces estamos provocando que a la autoridad le sea más fácil no actuar”, afirmó.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) es la quinta cartera que más recursos recibiría si se aprueba el proyecto de presupuesto 2022 presentado por el Ejecutivo.

Pese a las necesidades de fortalecer la red hospitalaria en las puertas del tercer año dentro de una pandemia, los principales desafíos de esta cartera es ejecutar exitosamente el plan de vacunación, fortalecer el primer nivel de atención en salud y retomar los programas prioritarios como el de prevención de la mortalidad materno infantil y la desnutrición.

Aun así, el presupuesto de Salud que comprende de Q12 mil millones, está por debajo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Gobernación, Defensa Nacional, Finanzas Públicas y Educación.

Adrián Chávez, analista de la División de Salud y Seguridad Social del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales (Ipnusac), resalta que este proyecto de presupuesto contiene un incremento del 22.24% con relación a lo aprobado en el 2021.

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Pero pese a este aumento, el programa correspondiente al de Infraestructura en Salud evidencia una disminución del 40%.

Los programas para la prevención de la mortalidad de la niñez y desnutrición crónica y la prevención de la mortalidad materno infantil muestran un mínimo aumento. Sin embargo, es de resaltar que el primer programa fue el más afectado en el 2021 ya que tuvo una reducción de Q119 millones.

Esta desatención se refleja en el número de casos de desnutrición infantil crónica que ha aumentado en los últimos dos años.

“En lo que va del 2021, el único programa beneficiado de los priorizados en la Gestión por Resultados es el de la prevención de la mortalidad materna neonatal que tuvo un incrementado del 1.8% con relación a lo aprobado en el 2021. Y contrario a lo que se esperaba, resulta que a la prevención de la mortalidad de la niñez y la desnutrición se le redujo el 11.45% de los recursos. Lo mismo sucede con lo asignado al VIH y a la tuberculosis, a lo cuales se redujo un 36.33% y un 41% de los recursos aprobados”, explica Chávez.

Ante ello, menciona que, aunque en el proyecto de presupuesto 2022 se estima mayores recursos para estos programas, esto no garantiza nada ya que el MSPAS les quitó recursos en el transcurso del año y teme que esto pueda suceder nuevamente el próximo año. “La simple asignación de recursos no garantiza nada, y que la misma ejecución financiera no sirve de nada, toda vez no se garantice que los resultados propuestos se vayan alcanzando” explicó.

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) hace un llamado de atención sobre este aumento ya que, según menciona, pese a pedir más dinero para la atención de la niñez, Salud está disminuyendo sus metas físicas.

Es decir, para el próximo año, en lugar de querer alcanzar a beneficiar a un millón 838 mil niños en el programa de prevención de la mortalidad infantil y desnutrición crónica, para el próximo año buscan alcanzar a un millón 643 mil niños, es decir, 194 mil 909 niños menos.

Lo mismo pasa con los programas para la prevención y control de las ITS y VIH que llegaría a 852 mil personas menos, y el de prevención y control de tuberculosis que llegaría a 245 mil personas menos que reciban tratamiento.

“Debe privilegiarse un gasto público con una orientación hacia la garantía de derechos. Las prioridades deben ser la protección social, la lucha contra la desnutrición infantil, la seguridad alimentaria y nutricional y la inversión pública en niñez y adolescencia, tanto en las asignaciones financieras como en los resultados”, mencionan.

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Menor prioridad para desnutrición

Para el siguiente año la cartera de Salud prevé que se aprueben Q240 por persona con esquema completo contra el covid-19, Q311 por persona para tratar a pacientes infectados del virus, y Q56 por persona en servicios de prevención para el coronavirus, explica Jorge Lavarreda, investigador asociado del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

“Los que nos llamó la atención, es que a pesar de la enorme brecha entre los montos totales para el presupuesto del Ministerio de Salud es que, cuando se desagrega por grupo de gasto no hay brecha en la parte que corresponde a servicios personales. De hecho, en la presentación que hicieron de presupuesto consideraron que había un excedente en servicios personales en el Plan Operativo Anual de Q71. 4 millones, pero al final este ministerio estaría recibiendo para el próximo año respecto al presupuesto que tenía vigente hasta agosto un incremento de Q1 mil 356.1 millones” afirmó el investigador.

Lavarreda también afirma que, el proyecto presupuestario para menores de cinco años con baja talla para su edad es menor en los departamentos priorizados para combatir la desnutrición y también es menor la participación presupuestaria de 114 municipios priorizados de lo que fue antes que se impulsará la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición del Gobierno de Alejandro Giammattei, pese a que el combate a la desnutrición es uno de los compromisos que adquirió en campaña política y uno de los programas a los que más le ha dado publicidad.

El investigador expone que, aunque Salud reconoce que se debe ampliar el primer y segundo nivel de atención encontraron que se sigue el modelo de asignación presupuestaria con énfasis en atención curativa en su red hospitalaria. “Los hospitales se llevarían el 48 por ciento de todo el presupuesto, mientras que las áreas de Salud donde están el primer y segundo nivel de atención solo tendrían el 25.7 por ciento”, resaltó.

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Mayor transparencia

En opinión de Karin Slowing, del Laboratorio de Datos, el presupuesto para el covid-19 fue reducido para el año entrante contrario a ser aumentado, porque podrían darse nuevas escaladas de casos y también faltan la adquisición, de al menos cinco millones de dosis de vacunas contra el virus, para la población de 12 años en adelante para completar las compras que ya ha realizado el gobierno, asumiendo que vendrán las vacunas Sputnik.

“No hay información pública sobre los cuatro millones de dosis que supuestamente le compraron a AstraZeneca, tenemos duda sobre eso y si se pagará con el presupuesto de este año o lo reprogramarán para el año entrante. Se necesita contratar más personal sanitario y la Ley hecha en el Congreso se hizo de tal manera que, no facilitará esa contratación por un período más prolongado. Hay que pensar el 2022 todavía como año pandémico, confiando en que se avanzará con la vacunación, pero estando preparados para eventuales nuevas olas. Es muy preocupante que hayan reducido el presupuesto”, expresó.

Mientras que Juan Carlos Zapata, director de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), tiene proyectado alrededor de los Q12 millardos, lo cual ayuda a priorizar en el esfuerzo que se trabaja en la cartera de Salud; sin embargo, afirma que el mayor desafío es que se debe utilizar de mejor forma la herramienta del modulo sugerido de compras para evitar las compras de los inventarios de baja rotación.

“El gran desafío del presupuesto es que de no ser aprobado quedaría el presupuesto vigente y eso sí se prestaría para muchos esquemas de corrupción por el traslado de fondos que se haría en los primeros cuatro meses del año”, advirtió.

El pasado miércoles comenzó un nuevo año de unas Cortes sin renovar, desde el 2019 y el panorama pareciera no ser alentador para quienes esperan una elección de nuevas autoridades del Organismo Judicial.

De esta cuenta, la abogada Yolanda Pérez Ruiz, durante una entrevista con Prensa Libre, advierte que la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de Apelaciones es un proceso que llevará mucho tiempo, aún no estima cuánto significa eso, y agrega que Guatemala atraviesa por una crisis que califica como la otra pandemia.

Yolanda Pérez Ruiz fue magistrada de Sala de Apelaciones, presidenta del Colegio de Abogados y Notarios y de la Asociación de Abogadas y Notarias. También fue viceministra de Gobernación del Sector Justicia y directora de formación y capacitación del Instituto de la Defensa Pública Penal. Se desempeñó como procuradora General de la Nación, de forma interina, y ha ocupado otros cargos en el sistema judicial.

La profesional del Derecho y exmagistrada de Apelaciones, conoce bien de qué habla, ya que durante su desempeño profesional conoció de cerca los engranajes de la justicia.

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Ahora, califica el atraso de las cortes como un síntoma de una enfermedad más grave que podría llevar al país a una crisis de gobernabilidad, donde el capital proveniente del narcotráfico cada vez ocupa más terreno y, como ella misma indica, desdibuja ideologías políticas para que prevalezca solo un interés: el enriquecimiento a costa del erario público, a través de la corrupción.

¿Cuál es su análisis de la elección tardía de las cortes?

Cada vez que me preguntan acerca del tema, he reiterado que iba a pasar muchísimo tiempo sin que tuviéramos una nueva Corte.

Creo que esto completa  una institucionalidad totalmente deslegitimizada en Guatemala, no hay ámbito público de autoridades en las cuales tenga legitimidad.

Me refiero a la Corte Suprema, etcètera… porque de momento legitima elección, por el ejercicio diario de sus funciones únicamente tenemos al PDH, que como que se les pasó.

Pasarán muchísimo tiempo para tener nuevas autoridades, y las que se elijan carecerán de la legitimidad de la que hablábamos. Para las futuras elecciones tendremos autoridades que estarán electas adhoc, para mantener el mismo estado de situación relacionado con la corrupción y la permanencia de la impunidad.

Una situación muy triste para los que nos preocupa el país. Yo calificó como la otra pandemia, es la pandemia que sufre el Estado de Guatemala.

¿Cómo podría explicársele a la población qué es lo que le espera a Guatemala, sino se llevan a cabo las elecciones de las cortes?

Nos acercamos nuevamente a un Estado totalitario. De momento vivimos un autoritarismo impresionante y una confabulación para mantener el estado de actual de la corrupción, impunidad, entre otros.

Es decir, no quieren que nada cambie. Es tan evidente, tristes y descaradas las acciones que hemos estado viviendo, dirigidas para mantener este estatu quo.

Quien diga que Guatemala vive un remedo de democracia, vive en país de la fantasía, porque democracia no hemos tenido nunca, pero quizá en algún momento intentamos alcanzarla. Ahora, al contario de tratar alcanzarla, nos vamos alejando más.

La gravedad de la situación que nos trajo de la pandemia del covid-19, esa involución en la política y economía se ve muchísimo más agravada, que más parece una pesadilla, porque nos dirigimos a un Estado totalitario.

No nos engañemos, esto no es de izquierda o de derecha, es cuestión de corruptos y no de un pacto de corruptos, sino de un Estado gobernado por corruptos.

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¿Cuál es su análisis de la cooptación que existe en el sistema de seguridad y justicia?

Creo que hay una cooptación absoluta, porque no solo está la narcodelincuencia y el crimen organizado, sino que nos estamos convirtiendo en un narcoestado, porque de una u otra manera los políticos tienen que conseguir dinero para desgobernar el país.

¿Quiénes se lo van a dar? La delincuencia organizada, el narcotráfico e intereses económicos bastardos.

Vivimos en una situación donde ya no podemos decir cuál es el grupo predominante, sino el Estado está permeado por todos los grupos indeseables que pueden coexistir en una sociedad.

Creo que el futuro de Guatemala es muy triste. Ese compradazgo o maridaje, ya no sé como decirlo, que hay entre todos los funcionarios que dicen que es para promover la transparencia, pero realmente están coludidos para seguir con su desgobierno para todos los guatemaltecos.

Aquí no existe la meritocracia, aquí existe el mérito de ser ladrón, de ser doble cara, de ser sinvergüenza y corrupto. Hay que tener cualquiera de esas características negativas para sobrevivir en el ámbito público de Guatemala.

¿Considera que existe alguna forma para que Guatemala salga de este manoseo político?

Creo que, como en cualquier sociedad, y no es la primera vez en la historia que un Estado o comunidad social se ve en una situación como la de Guatemala, es la sociedad.

Somos nosotros quienes debemos poner un hasta aquí. En el 2015, que eran menos descarados que ahora, se logró hacer algo, pero a partir de esa debacle de estos funcionarios que nos gobernaban en el 2015, a partir de entonces se empezaron a unificar para desvirtuar a los pocos funcionarios que todavía tenían responsabilidad y pensaban en trabajar por una Guatemala mejor.

Creo que el pueblo de Guatemala tiene la palabra, y no estoy llamando a una revolución violenta, pero los pueblos tenemos la forma para levantar la voz y decir que no debemos seguir permitiendo que estas cosas suceden. El pueblo de Guatemala tiene que dejar de ser indiferente.

En mayo de este año, el Ministerio de Gobernación (Mingob) lanzó la estrategia para localizar a los cien guatemaltecos más buscados, la cual tiene como objetivo que las personas que tengan información o sepan del paradero de los prófugos denuncien ante las autoridades y cobren una recompensa de hasta Q50 mil.

Cinco meses después de lanzada la estrategia, la cartera del Interior analiza el pago de 11 recompensas, lo cual equivale a un desembolso de Q550 mil. Hasta ahora no han hecho efectivo el pago de ninguna.

Además, las fuerzas de seguridad han capturado al 21% de las personas con órdenes de aprehensión vigente por asesinato, violación sexual y deserción, secuestro, robo agravado, tráfico de drogas, homicidio y violencia contra la mujer, entre otros delitos.

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Pablo Castillo, portavoz de la institución, explicó que el proceso se ha demorado porque deben confirmar que la persona que brindó información y denunció no tenga ningún familiar que trabaje en el sistema judicial y de seguridad. Agrega que realizan estas verificaciones para “evitar que haya tenido acceso a información privilegiada”.

“Por eso cada institución ajena al Mingob se toma su tiempo para verificar –la información— a lo interno”, justificó.

Castillo reitera que la revisión está a cargo del comité técnico, el cual está formado y presidido por el viceministro de Seguridad —Carlos Enrique Franco Urzúa—, el director de Inteligencia Civil, el subdirector de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil y asesores jurídicos.

Lineamientos

El acuerdo ministerial 538-2015 acuerda las disposiciones administrativas y los procedimientos para entregar recompensas a quienes brinden información para detener o recapturar a personas con orden de detención vigente.

En la norma se señala que el comité debe estar integrado por el viceministro de Seguridad, el director de la PNC, el director de Inteligencia Civil y el subdirector de Investigación Criminal para establecer y analizar los casos donde se debe pagar recompensa, recomendar el monto y su forma de distribución cuando sea más de un informante.

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También considera que cuando existan casos no previstos serán resueltos por el ministro de Gobernación, quien emitirá la resolución administrativa correspondiente.

Francisco Rivas, exjefe de la cartera del Interior, opina que al inicio le pareció un buen ejercicio para coordinar acciones y ejecutar capturas contra personas peligrosas del país; sin embargo, su optimismo se fue alejando cuando vio que existe falta de transparencia, exceso de burocracia en el diligenciamiento del expediente por parte del ministro.

“Me parece una falta de respeto y traición a la confianza de la población, porque confiaron en ellos aportándoles información clave para lograr la captura de los criminales más peligrosos del país”, resaltó.

En el listado de los detenidos resaltan personas que se han entregado a las autoridades y luego los consigna, como en el caso de Érick Ardany Pivaral Hernández, de 35 años, señalado de conspiración para el comercio tráfico, almacenamiento y asociación ilícitos.

El reporte policial destaca que fue detenido en el kilómetro 37 ruta al Pacífico en jurisdicción de Palín, Escuintla, luego que se entregó a las autoridades.

También resalta la captura de Valdor Ernesto Alfaro Triguero quien se identificó con nombres diferentes ante las autoridades.

Fue capturado en la colonia Santa Fe, zona 13, señalado de abusar sexualmente de una niña de 9 años en agosto del 2019 en la colonia San Julián, zona 6 de Chinautla.

Rivas advierte de que, si el Gobierno no cumple con el pago de las recompensas a tiempo, le envía un mensaje negativo a las personas que han brindado información para capturar a prófugos.

“Es un mensaje desalentador al apoyo que la ciudadanía le pueda brindar a las fuerzas de seguridad, destruye la relación de confianza que pueda existir y motiva a no apoyar a la justicia”, afirmó.

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Aplicada en otros países

Lizandro Acuña, investigador y analista en temas de seguridad y justicia, expresó que el rubro destinado para el pago de las recompensas debe llevar un proceso de transparencia, porque son casos que se cubren con fondos públicos.

El analista agregó que el Estado debe verificar que los datos relevantes brindados por los informantes, porque no puede pagar recompensas a personas que pertenecen al crimen organizado y que hayan dado información para delatar a sus adversarios o enemigos.

“Ese dinero no puede ser canalizado para las mismas estructuras criminales, sino para personas que tengan información que coadyuven a la captura de los buscados, pero que no tengan ninguna vinculación. Es una motivación social, que se hace en otros países, en donde se hace una selección de acuerdo al grado de peligrosidad social”, manifestó.

Sin embargo, señaló que la lista de los cien más buscados ha sido criticada por la población, debido a que no incluye a personas señaladas de corrupción.

Añadió que en países como Estados Unidos también generan listas para buscar a personas señaladas por corrupción, defraudación fiscal o terrorismo, porque atenta contra la población civil.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) y sus salas de Apelaciones llevan dos años adicionales a su mandato constitucional sin ser renovadas. Hoy se cumplen dos años de esa extensión de labores y siete  de la actual magistratura al frente del Organismo Judicial.

No serán electos en los próximos días, tampoco en los siguientes meses, incluso los analistas consultados coinciden en que   las cortes no serán renovadas ni en los próximos tres años  porque a lo largo de este tiempo existen excusas que podrían retrasar o impedir la elección de los funcionarios hasta 2024, cuando de nuevo se convoque a una postuladora y comience un nuevo proceso. Para entonces la actual magistratura estaría completando 10 años en sus cargos.

Es el Congreso el que debe elegir las cortes y ha retrasado el proceso durante los últimos dos años. Incluso, en mayo del 2020 la Corte de Constitucionalidad ordenó que se eligieran, no obstante, aunque se agenda en las sesiones, no existen consensos.

Los siguientes meses el interés se centra en la elección de la Junta Directiva y en la aprobación del presupuesto del 2022, que deberá financiar el año preelectoral.

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Jorge Wong, politólogo y analista independiente, opina que quien presida la Junta Directiva deberá cabildear los temas que serán principales, tanto para el Gobierno como el Congreso. Sin embargo, afirma que se están relegando temas importantes como las elecciones de las cortes y leyes pendientes de ser aprobadas, las cuales son importantes para el país.

Dos meses por delante

El Congreso tiene la decisión, por mayoría parlamentaria, de no elegir a los magistrados, porque los actuales son cómodos a sus intereses, opina Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento ProJusticia.

“En junio de 2020, ellos decidieron crear un mecanismo que les permitió jugar con el tiempo, con la agenda, y, por supuesto, retrasar tanto como sea posible la elección de los magistrados. No van a elegir porque tienen la decisión de no hacerlo, y no es por falta de tiempo, o porque la agenda esté complicada, es porque está decidido a mantener a los actuales magistrados en sus cargos”, señaló Ibarra.

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Faltan menos de dos meses para que termine la actividad parlamentaria ordinaria de 2021, por lo que ProJusticia asume que la agenda que tienen por delante es la elección de la directiva y la discusión del Presupuesto General de la Nación. No hay espacio para más.

Siguiente año

El siguiente año estará marcado por eventos que inciden de forma directa en el sistema judicial. En mayo de 2022 debe asumir el nuevo fiscal general, luego de un proceso de postulación que iniciará en enero del 2022. Además, se elige al nuevo director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, en una convocatoria que se hará en abril.

En cuanto al nuevo jefe del Ministerio Público, la comisión de Postulación estará presidida por la actual presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Valdés, y la integran el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y decanos de Derecho de las universidades del país.

Terminando la elección del fiscal general comenzará la  del procurador de los Derechos Humanos, a cargo de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, que se constituye como  postuladora,   un tema muy importante y confrontativo para los diputados, por la importancia del cargo.

Finalmente, la elección del contralor general de Cuentas, lo cual mantendrá ajetreada la agenda política del sector justicia del país hasta agosto, cuando asuma el nuevo funcionario. Esta postuladora la integran los colegios profesionales y la preside, por sorteo, un  decano de Economía de las distintas universidades del país.

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Luego de estas elecciones, en el último trimestre del año, el interés se concentrará en la nominación de candidatos y preparativos antes de la convocatoria de elecciones generales, que tendrán lugar en junio del 2023.

Otro factor que señala Ibarra es que los candidatos a magistrados no querrán ocupar el cargo por menos de cinco años, lo que cada vez hace más difícil que haya interés en que se renueven los mandatos a mitad del período.

Efectos en la justicia

Las actuales cortes han sido blanco de muchas críticas, porque se ha visto politizada, pese a que su principal función ha sido impartir justicia.

Para Francisco Quezada, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), el origen de la extensión de los magistrados en el cargo fue un fallo de la Corte de Constitucionalidad, porque alteró el método de elección.

“Tiene que haber una elección a viva voz, uno por uno, lo cual es de cumplimiento imposible. Además, la sentencia tiene imprecisiones, por lo cual ningún diputado quiere hacerse responsable, porque de cualquier forma que elijan estarán violando la Constitución o el fallo”, afirmó Quezada.

Agregó que el que no haya cortes causa que las decisiones a corto y largo plazos no se toman con seguridad por los actuales magistrados, porque no tienen certeza de cuánto tiempo ocuparán los cargos.

“Van trabajando el día a día. Las grandes decisiones para componer el sistema de administración de justicia, como bajar la mora judicial, mejorar la calidad de los fallos y selección del personal no las pueden tomar con una Corte transitoria. Nadie puede responsabilizarse en algo que en 24 horas ya no esté”, enfatizó.

Para Wong, el panorama de los próximos años incluye negociaciones descaradas, porque a los políticos solo les interesan sus propios beneficios. Agregó que el acomodamiento por no tomar decisiones importantes para el país, como la renovación de las cortes, no proviene únicamente del Congreso, sino también de un Ejecutivo acomodado.

Tres semanas antes de morir, Sam Anthony, de 52 años, envió por correo sus últimos deseos a un hombre que nunca había conocido.

Estaba agonizando, escribió en una carta con un matasellos del 2 de agosto, debido a un cáncer muy agresivo en boca y garganta contra el que había luchado desde 2005. Adjuntó una copia de un artículo de una revista de exalumnos universitarios sobre su empleo de alto rango en los Archivos Nacionales y Administración de Documentos (NARA, por su sigla en inglés). Explicó que su misiva se debía a que los dos hombres compartían ancestros, un hecho del que se enteró por coincidencias de ADN y registros públicos.

Hacía poco, se había enterado de que el nombre de su padre biológico era Craig Nelson.

“Me pregunto si tú eres ese Craig”, escribió Anthony.

El 9 de agosto, en Green Valley, Arizona, la carta de Anthony llegó a su destino: las manos de un trabajador jubilado de una aerolínea, de 78 años.

El primer pensamiento de Nelson, al sostener el sobre y ver el remitente, fue que no conocía a nadie que viviera en Falls Church, Virginia. Después, leyó el contenido.

Y comenzó a temblar.

Habían pasado décadas desde que Nelson había renunciado a la esperanza de encontrar al hijo biológico que tuvo cerca del final de su servicio militar como médico del Ejército en Fort Bragg, en Carolina del Norte.

“Cincuenta y dos años es un largo tiempo para intentar guardar contigo un recuerdo”, dijo Nelson. “Especialmente cuando, para empezar, no tuviste ningún recuerdo”.

Todo lo que alguna vez supo del bebé fue lo que la madre le dijo a Nelson durante una llamada telefónica breve de larga distancia en 1969: nació sano y ya lo había dado en adopción.

Ahora, en párrafos a espacio sencillo cuidadosamente mecanografiados en letra Times New Roman, ese hijo (ese vacío) le hablaba con la voz de un hombre… con la voz de un hombre moribundo.

Anthony escribió: “Esta carta podría ser impactante para ti, pero no deseo perturbar la vida de nadie”.

“Me gustaría ver fotografías y conocer el historial médico de mi familia”, solicitó con amabilidad. “Estoy abierto a ponerme en contacto con familiares biológicos, pero no quiero importunar”.

Nelson tomó el teléfono. Llamó al número que Anthony le había proporcionado.

Anthony estaba siendo sometido a una intervención quirúrgica para eliminar un coágulo. La llamada se fue al buzón de voz.

En el mensaje grabado que dejó, Nelson, que por lo general tiene un habla pausada, habló con rapidez, apurado por los nervios y la emoción.

“Este… Hola, Sam, soy Craig de Arizona, el que cumple con todos los requisitos de tu maravillosa carta”, dijo. “Me encantaría hablar contigo, así que lo intentaré de nuevo en otra ocasión. Estoy bien”.

Así comenzó una relación en la que dos hombres intentaron compensar 52 años de tiempo perdido.

Tuvieron 11 días para hacerlo.

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La carta transportó a Nelson muchos muchísimos años atrás. Antes de su jubilación, antes de sus mudanzas a Honolulú y después a Arizona, antes de sus dos matrimonios que terminaron en divorcio, antes del nacimiento de su hija en 1972, antes de su regreso a la vida civil como cargador de equipo y equipaje para United Airlines en el aeropuerto de Portland, Oregon, su ciudad natal.

Lo transportó hasta finales de la década de los sesenta y al año, aproximadamente, durante el que recorrió por placer Carolina del Norte en su Morgan de 1952, un auto deportivo inglés de dos plazas, con una joven que había conocido en una fiesta cerca de Fort Bragg.

Se enlistó en el Ejército a la edad de 23 años en marzo de 1966, con la esperanza de que recibiría un mejor entrenamiento que los reclutados. Llegó al grado de sargento y pasó sus tres años en el Ejército entrenando a médicos.

Entonces, con su servicio militar a punto de concluir, su novia le informó que estaba embarazada.

Sus recuerdos de lo que pasó después no coinciden, lo que tal vez no resulta sorprendente dado el paso del tiempo y las formas en que las personas intentan seguir adelante.

Ella afirma que Nelson ofreció irse a vivir con ella, pero no casarse. Él asegura que le propuso matrimonio, pero que ella no aceptó y dijo que quería dar al bebé en adopción para que pudiera terminar sus estudios.

Cuando la contactamos por teléfono, ella insistió en permanecer en el anonimato y dijo que no deseaba trastornar su vida al revelar a sus familiares y amistades que tuvo un bebé fuera del matrimonio. Comentó que solo su madre lo sabía. Su padre murió sin saber nada al respecto.

“Era 1969”, mencionó. “Las chicas buenas, las chicas bien, no hacían eso”.

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Nelson había regresado a vivir al hogar de sus padres como civil cuando contestó el teléfono un día. Era su exnovia.

“Ella dijo: ‘Solo quiero decirte’, y estas fueron sus palabras, ‘que ahora eres el orgulloso padre de un saludable bebé de 4,37 kilogramos’”, refirió.

No obstante, a continuación le informó a Nelson que nunca sería ningún tipo de padre para ese bebé. Ya lo había dado en adopción y él, como el padre del pequeño, no sabría más sobre su hijo.

Nelson y sus padres consultaron a abogados y funcionarios de adopciones en Portland, solo para enterarse de que los padres no tenían casi ningún derecho cuando las madres decidían dar en adopción a sus bebés.

A la larga, aceptó el hecho. “Pensé que no tenía caso insistir. Así eran las cosas en ese entonces. Creí lo que me dijeron las autoridades”, expresó.

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Alrededor del dos por ciento de los estadounidenses son adoptados, pero no existen datos sobre el número de ellos que buscan a sus parientes biológicos, dijo Adam Pertman, presidente del Centro Nacional de Adopción y Permanencia.

“¿Cuántas personas adoptadas buscan a sus padres biológicos? Todas lo hacen”, comentó.

Sin embargo, Anthony nunca lo había hecho.

“Sintió que tuvo una gran vida con los padres que lo criaron”, señaló su esposa, Sharon Ellis.

Anthony creció en Wilmington, Carolina del Norte. Su madre era ama de casa y su padre era un neurocirujano que tocaba el corno francés. Su hermana también era adoptada.

Anthony fue futbolista a nivel competitivo en el bachillerato, después estudió historia en la Universidad de Carolina del Norte y, al terminar sus estudios, de inmediato consiguió un trabajo en los Archivos Nacionales como técnico en la sala de investigación textual y de microfilm.

Se desarrolló en lo profesional hasta convertirse en el asistente especial del archivista, lo que lo convirtió en un rostro público de la institución y le dio la responsabilidad de seleccionar los regalos que los presidentes otorgaban a los mandatarios extranjeros.

Su madre falleció en 2000 debido a la esclerosis lateral amiotrófica que padecía. Fue hasta después de que su padre murió tras complicaciones por una operación de corazón en 2016 que Anthony comenzó a preguntarse sobre sus padres biológicos.

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Su colega Debra Steidel Wall, la archivista adjunta de Estados Unidos, trabajó con Anthony durante treinta años. Además de ser la segunda al mando en la agencia que da empleo a 2800 personas, también es una genealogista aficionada. Su padre fue adoptado y Wall rastreó a sus padres biológicos y estableció contacto con primos a los que no conocía.

De vez en cuando, le recordaba a Anthony que seguía en pie la oferta de ayudarle a encontrar a sus padres biológicos. En septiembre de 2020, él aceptó.

Wall hizo que se sometiera a las pruebas genéticas de los sitios web Ancestry y 23andMe. Los resultados mostraron coincidencias con una variedad de parientes maternos. En tan solo cinco días, Wall usó coincidencias de ADN, registros de censos y recortes de periódicos de hacía varias décadas para identificar y localizar a la madre biológica de Anthony.

Ese octubre, le envió una carta de dos páginas para presentarse, en la cual le informaba sobre su diagnóstico de cáncer y le compartía su deseo de conocer el historial médico de su familia.

Varios días después, recibió una llamada de un número telefónico privado.

“¿Cómo me encontraste? ¿Y quién más lo sabe?”, preguntó una voz de mujer con un marcado acento sureño.

Ella mencionó que habló con Anthony durante casi una hora. Conversaron sobre su infancia en Wilmington, sus padres, su carrera y su batalla contra el cáncer, el cual ya había debilitado tanto su voz que era difícil entenderle.

Él le preguntó si se podían mantener en contacto. Ella dijo que tendría que pensarlo. No le dio su número telefónico. Nunca le volvió a hablar.

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Su única conversación le dio a Anthony un dato nuevo de vital importancia: el nombre de su padre era Craig, la inicial de su segundo nombre era H y su apellido podía ser Nelson, pero no estaba segura.

Wall conectó los puntos con rapidez.

No obstante, Anthony tuvo dudas durante meses sobre contactar a su padre biológico. No podía soportar otro rechazo.

Several days later, he answered a call from a blocked phone number.

“How did you find me?” a woman asked in a thick Southern accent, “And who else knows?”

She spoke with Anthony for nearly an hour, she said. They discussed his childhood in Wilmington, his parents, his career and his struggle with cancer, which had already weakened his voice so much that it was difficult to understand him.

He asked if they could stay in touch. She said she would have to think about it. She did not give him her phone number. She never called him again.

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Their one conversation did give Anthony a vital piece of new information: His father’s name was Craig, his middle initial was H, and his last name might be Nelson, but she was not certain.

Wall quickly connected the dots.

But Anthony dithered for months about contacting his biological father. He could not bear another rejection.

A mediados de junio, Wall le ayudó a hacer un borrador de la carta a Nelson. Sin embargo, él postergó el envío.

Para finales de julio, estaba confinado a una cama de hospital en su sala.

Finalmente, el 31 de julio firmó la carta. Wall la envió como correo prioritario el 2 de agosto.

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Cuando Nelson la leyó el 9 de agosto, estuvo a punto de llorar.

“Pensé: ‘Dios mío, va a ocurrir. Voy a conocer a mi hijo’”, recordó.

Su novia, Pat Boeck, comenzó de inmediato a empacar sus cosas en su Subaru Forester. Partieron a la mañana siguiente con su shih tzu en el asiento trasero.

Nelson manejó. Boeck intercambió mensajes de texto con Anthony. Le envió fotografías de Tory, la hija de Nelson, de 48 años, que trabaja en una proveedora de abarrotes en la costa oeste. Anthony le escribió sobre su hija de 26 años, Madeline, y de su boda.

Cuatro días y 3700 kilómetros después, Nelson y Boeck llegaron a la casa de Anthony en Falls Church la tarde del 14 de agosto.

La esposa y la hija de Anthony los recibieron en el patio frontal y los condujeron a la sala.

“Bueno, hola”, dijo Nelson. Le preguntó a Anthony si podía abrazarlo.

Las tres mujeres dejaron a los hombres para que conversaran.

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Era casi imposible para cualquiera entender lo que decía Anthony, excepto para su esposa y su hija. No obstante, algunas cosas requerían pocas palabras.

Anthony quería ver los pies de Nelson. Ambos hombres calzan del número 30.

Anthony escuchó, asintió, sonrió y apretó la mano de Nelson. Nelson fue quien más habló (sobre sus días como militar, su trabajo en los aeropuertos y su hermano Bob, quien murió de cáncer de próstata a los 49 años).

Nelson sacó de su cartera una fotografía vieja y maltrecha de él en su uniforme militar, orgulloso junto a su convertible Morgan rojo.

Por su parte, Anthony le mostró fotografías de él con los expresidentes Barack Obama y George W. Bush.

Nelson pensó que la vida de Anthony había resultado más rica y plena de lo que habría sido con él.

“Pensé, Dios mío, este joven. Debe haber sido lo mejor”, confesó.

Nelson le dijo a Anthony que quería que supiera que no lo había abandonado.

Su hijo asintió y sonrió.

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Anthony dormía cada día más con Nelson sentado a su lado.

Cuando Anthony despertaba, Nelson intentaba no perder la compostura.

El 18 de agosto, Boeck empacó el auto de nuevo y Nelson en voz baja le dijo a Anthony que lo vería en el cielo.

Nelson conducía por la interestatal 70 cerca de San Luis el 20 de agosto cuando el teléfono de Boeck sonó. Era la colega de Anthony, Wall.

Ella le dijo a Boeck y Boeck le dijo a Nelson que Anthony había fallecido. Como sabía que el sentido del oído es de lo último que deja de funcionar, su esposa le había puesto el episodio más reciente de “Ted Lasso”, la serie de televisión sobre un entrenador de futbol implacablemente optimista. Era uno de los favoritos de su esposo. Anthony murió antes de que el episodio concluyera.

Nelson siguió manejando. Mantuvo la compostura hasta esa noche.

Lucas Velásquez, de 2 años, jugaba este domingo en la terraza junto a su primo de 4, cuando cayó accidentalmente de una altura de seis metros. El incidente ocurrió en la colonia Santa María de San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos.

Mario Upun, vocero de los Bomberos Departamentales Municipales, indicó que para acudir a la emergencia les informaron que los menores estaban jugando con una pelota en la terraza bajo el cuidado de su abuela, pero la señora atendió un llamado en la puerta.  Agregó que el pequeño se fue detrás de ella y se cayó de forma accidental.

Los socorristas le dieron atención al pequeño en el lugar, pero tenía un fuerte golpe en el cráneo, laceraciones en el cuerpo y una posible fractura en el brazo izquierdo por lo requirió de atención médica en el hospital regional de San Marcos.

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Conmovedora historia

Una bebé de cinco meses de nacida lucha por su vida en el Hospital Roosevelt, pero la madre nunca volvió por ella. La pequeña se encuentra en la esquina de la sala de cuidados intensivos para neonatos de dicho centro, pero nadie ha llegado a visitarla ni a saber sobre su estado de salud.

Nació en Tapachula, México en mayo pasado, su mamá es de origen guatemalteco. La menor fue llevada a dicho hospital porque requería de una operación quirúrgica especializada, pero fue abandonada y es el personal sanitario quien cuida de ella.

Es una bebé que tiene un defecto de nacimiento, tiene un defecto del tubo neural que abarca un problema de la columna y además tiene hidrocefalia”, comentó Celia Castro, jefa de una de las áreas de Neonatología del Hospital Roosevelt.

La Policía Nacional Civil (PNC) reporta la captura de Hernán Flores Lemus, de 40 años, señalado de violar a una anciana de 79 años, quien estaba bajo efectos de alguna droga o alcohol.

La detención ocurrió en la colonia El Paraíso II, zona 6 de Chinautla, debido a que los vecinos lo señalaban como ser el presunto violador de la adulta mayo, quien también es su familiar político.

Sin embargo, esta versión también fue respaldada por la nieta de la víctima, quien afirmó que encontró al detenido abusando sexualmente de su abuelita.

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Según el reporte policial, cuando los agentes de la PNC llegaron al lugar, los vecinos tenían atado a Flores Lemus y fue entregado a las autoridades, para que fuera trasladado al Juzgado correspondiente para resolver su situación legal.

Más capturados

En marzo pasado, la PNC capturó a dos hombres señalados del delito de violación sexual. José Balbino Urizar Castro, de 68 años, y tenía vigente una orden de detención en su contra por violación con agravación de la pena y a Agustín Enríquez Morales, de 46 años, señalado del delito de violación con agravación de la pena y rapto propio.

Antes de que apareciera la pandemia, ser niño en Guatemala ya era muy complicado por el alto riesgo de ser víctima de algún delito, violencia, abuso sexual, deserción escolar y maltrato intrafamiliar, entre otros.

De acuerdo con las estadísticas de Unicef, en el país mueren dos menores cada día y otros 40 quedan huérfanos, por la criminalidad. Además, a diario se reportan 21 casos de abuso sexual a menores y 17 desaparecidos entre este mismo grupo.

En promedio, 35 denuncias de maltrato infantil se reciben al día y seis de cada 10 niños temen asistir a la escuela por los abusos que allí sufren. También se reportan cinco mil niños institucionalizados, pese a que el 94 por ciento tiene algún familiar.

La violencia contra la niñez y adolescencia se ha normalizado y por ello surgen diferentes alertas y programas que promueven la prevención de este flagelo.

La educación preventiva para evitar daños y violencia contra la niñez y adolescencia es indispensable.

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Las niñas y los niños ¡queremos sonreír! es un libro publicado en español, q’eqchi’ y kaqchikel, los tres idiomas más hablados en el país, que contiene cuentos cortos con un enfoque de derechos humanos. Cada historia está planteada alrededor de alguna situación violenta y sugiere los procedimientos que los niños deben conocer para denunciar acciones en su contra.

El educador Carlos Aldana Mendoza, autor de los textos, explica que los niños merecen aprender sobre derechos humanos para defenderse y proteger a otros niños. Añade que con este aprendizaje, los menores comienzan a descubrir un mundo de respeto y buenas prácticas en su casa y su entorno, por lo que tienen una vida más plena.

Los cuentos desarrollan diferentes situaciones que pueden afectar a los niños, las cuales se complementan con imágenes y una propuesta interactiva que podría ser una reflexión o un ejercicio para que los menores comprendan la situación que se busca ilustrar.

“Cuando la gente habla de derechos humanos se refiere a luchas de defensa o denuncias que hacen los abogados o los defensores, pero no es así. La práctica de derechos humanos forma parte de la vida cotidiana y no se queda en discursos, denuncias o recursos legales; los niños merecen y necesitan vivirlo en la práctica. El verdadero ejercicio de los derechos humanos en la niñez implica felicidad, plenitud, alegría”, puntualizó.

Temáticas

Los libros de Aldana Mendoza fueron publicados por el Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica (Ciprevica) y abordan el abandono escolar, violencia intrafamiliar, abuso sexual, niños con capacidades diferentes, captación para pandillas, cultura de denuncia y delitos cibernéticos.

“No es prevenir la delincuencia, es prevenir la violencia en general. La importancia es crear aptitudes, valores, modos de comprender las cosas que deben influir en el comportamiento cotidiano para que se conviertan en personas que resuelven los conflictos de otra forma, que expresan sus necesidades, que saben denunciar, que saben sentir la violencia sexual u otro tipo de violencia”, explicó Aldana.

También incluye un formato para que los niños escriban una carta a la persona que consideren que debe reflexionar sobre algún tema o situación que atraviesa.

“La idea es que de la historia del cuento pasemos a reflexiones y a documentos nacionales e internacionales para la búsqueda de prácticas de qué podemos hacer y qué harías tú. En ese apartado se plantea una sugerencia de actividades de compromisos que se le exponen al niño sobre el cuento”, indicó.

Maestros y personas interesadas en obtener los libros para compartirlos con niños pueden comunicarse al número 2239-3205 o ingresar a la página web de Ciprevica.

Alternativa

Carolina Escobar Sarti, directora de la Asociación La Alianza, una organización que trabaja con niñas y adolescentes en riesgo social, víctimas de violencia sexual, situación de migración y trata de personas, opinó que Ciprevica ha trabajado en la prevención de la violencia en Centroamérica, lo cual es fundamental, porque es importante proteger a los menores que han sido víctimas de este flagelo, pero agrega que el abordaje y el enfoque también debe ser integral.

Aunque no ha visto los libros, considera que estos textos son una buena herramienta para brindar a la niñez y adolescencia oportunidades y desarrollo abierto.

“Para trabajar con la niñez no solo debe existir el enfoque de protección, también de prevención y que tengan acceso a oportunidades en todos los sentidos. Otro de los aspectos primordiales en la prevención es que saliéramos de ese enfoque adultocéntrico para que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes tengan más participación”, hizo ver Escobar Sarti.

“La violencia contra la mujer es el delito más denunciado en el Ministerio Público. Segundo, cuando hablamos de trata y de violencia sexual, nosotros tenemos las cifras también. Por ejemplo, que el año pasado hubo más de 114 mil embarazos en menores de 10 a 18 años es un indicador altísimo de una cultura machista, patriarcal, que se centra, principalmente, contra las niñas, adolescentes y mujeres”, concluyó

Vulnerables a la violencia

Un menor era llevado de emergencia por su progenitora, el 20 de septiembre último, al Centro de Salud de El Milagro, zona 6 de Mixco, y aunque al principio se reportó que pudo haber fallecido en la calle por covid, el Inacif dictaminó que padecía de violencia física.

Se llamaba Kelvin Esquivel Chol Picón, de 4 años. Según la necropsia, presentaba trauma cerrado de abdomen. Sus dos hermanos fueron rescatados por la Procuraduría General de la Nación al día siguiente.

Del 1 de enero al 15 de septiembre de este año habían sido rescatados 777 menores por maltrato.

Sin embargo, la situación puede ser aún peor debido al subregistro de casos, el cual se debe a menudo a la falta de denuncias, ya sea por temor, desconocimiento de las leyes de protección a la niñez o poca facilidad de acceso a las autoridades pertinentes.

La Defensoría de la Niñez de la Procuraduría de los Derechos Humanos detalla que hasta junio último, habían acompañado mil 248 casos de violencia contra menores, lo cual abarca diversas manifestaciones de este flagelo: física, verbal, psicológica y sexual.

El 14 de septiembre pasado se emitió una sentencia histórica: Armando Filiberto Vaidez Juárez fue condenado a 27 años de prisión inconmutable por haber abusado de una menor de 12 años de 2018 a 2019. Vaidez Juárez tenía 53 años cuando abusó de la menor y se desempeñaba como maestro.

La clave para lograr esta condena fue la denuncia de la madre de la menor y también el testimonio de la víctima.

A través del conocimiento de los derechos de los niños y de los delitos en que incurre un adulto que agrede a un menor se puede lograr una mayor reducción de casos bajo la disuasión que genera la posibilidad de ser denunciados y procesados.

Los allanamientos en viviendas son un tema que generan controversia y nadie está a salvo de que se realice en la propiedad que habita. Sin embargo, en el país está claro que nadie puede ingresar a una vivienda sin permiso de sus habitantes, a excepción de una orden de juez que indique el motivo de la diligencia y dentro del horario que estipula la ley.

Sin embargo, cuando se efectúa una de estas diligencias en las casas existen derechos y algunos artículos en leyes que se deben respetar. En esta nota se explica hasta qué punto son legales estos procedimientos y quién los autoriza.

Jorge Aguilar, vocero de la Policía Nacional Civil (PNC), indicó que los allanamientos en viviendas deben efectuarse entre las 6:00 y las 18:00 horas y los policías que ejecuten la diligencia siempre deberán estar acompañados de fiscales del Ministerio Público.

“Deben llevar una orden de juez, la cual puede ser solicitada por quienes moran en las viviendas, pero esto depende también de los lugares en que se realicen los allanamientos, ya que, podría haber zonas de alta peligrosidad en donde ya se ha hecho el diagnostico de peligrosidad para que la Policía tome el control alrededor y dentro del domicilio para que pueda ingresar el fiscal y muestre la orden de allanamiento”, explicó Aguilar.

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¿Qué indica la Ley?

El artículo 192 del Código Procesal Penal establece que, la orden de allanamiento debe ser notificada con una copia al momento de ejecutarse a quien habita el lugar o al encargado. Además, señala que si existe resistencia o nadie responde a los llamados harán uso de la fuerza pública para ingresar al lugar.

También indica que al terminar el registro se cuidará que el lugar quede cerrado y si no es posible esa medida, asegurarán que nadie ingrese al lugar hasta que sea clausurado, la cual no podrá exceder a 15 días con excepción de casos especiales que clasifique el juzgador. El procedimiento deberá ser documentado con un acta.

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Mientras que, en la Carta Magna se señala que la vivienda es inviolable y nadie puede ingresar sin permiso de sus habitantes, exceptuando que exista una orden de juez en la que se especifique el motivo de la diligencia. El allanamiento no debe ejecutarse antes de las 6:00 ni después de las 18:00 horas y en presencia del interesado o mandatario.

¿Se puede ejecutar un allanamiento sin orden de juez?

El Código Procesal Penal en el artículo 190 del número uno al cuatro establece que se puede ejecutar un allanamiento sin orden emitida por un juez en dependencias cerradas de una morada, negocio o en una casa habitada cuando haya un incendio, inundación, terremoto o cualquier otro estrago, o bien si la vida o integridad física de una persona está en peligro.

Señala que se puede allanar sin orden judicial cuando existan denuncias de personas extrañas que ingresaron al lugar para cometer algún delito. También cuando un sospechoso de participar en hechos graves se refugie en un lugar y sea perseguido por la Policía, cuando se existan “voces” que provienen de un lugar cerrado pidiendo auxilio o denunciando algún delito.

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Mientras que en la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar en su artículo 10 literal a se establece que dentro de las obligaciones de la PNC está socorrer y prestar protección a las personas agredidas, pese a que esté adentro de su domicilio al momento de la denuncia.

¿Cuál es el objetivo de un allanamiento?

El exviceministro de Seguridad, Julio Rivera Clavería, indicó que los allanamientos tienen como objetivo el secuestro de evidencias, documentos y ejecutar la detención de personas vinculadas con delitos o hechos graves. Sin embargo, aclara que no se pueden iniciar después de las 18:00 y antes de las 06:00 horas.

“Los fiscales y policías que efectúan los allanamientos deben ir uniformados e identificados para que puedan ser identificados como integrantes de esas instituciones. Las personas que habitan el lugar allanado tienen el derecho de llamar a su abogado de manera inmediata”, dijo.

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Agregó que no hay tiempo definido de cuánto tiempo puede durar la diligencia. Sin embargo, advirtió que se debe estar atento en estos procedimientos porque podrían existir delincuentes que finjan ser policías y fiscales para asaltar residencias.

¿Se pueden denunciar allanamientos sospechosos de ilegales?

El portavoz de la PNC explicó que las personas que consideren que el allanamiento ejecutado en una de sus propiedades o viviendas donde moran fue realizado de forma ilegal, pueden presentar la denuncia de su sospecha en el MP o en la Inspectoría General de las fuerzas de seguridad comunicándose al teléfono: 3032-7356.

“Los policías toman el control del domicilio, pero los fiscales son quienes deciden quién va a la cárcel, se incauta o se consigna algún indicio. La PNC debe verificar que se encuentra en el interior del lugar y aprehender cuando lo indique la orden”, señaló Aguilar.

Mientras que, Juan Luis Pantaleón, vocero del ente investigador, señaló que la institución realiza allanamientos bajo los procedimientos establecidos en los artículos 187 y 193 del Código Procesal Penal y todos deben ser con autorización del juez.

En Guatemala el trasiego de drogas se hacía principalmente por aire, de acuerdo con los registros de incautaciones de los últimos años.

De esta cuenta, desde 2019 hasta abril reciente, una aeronave que venía con droga aterrizaba cada 10 días en Guatemala.

El creciente número de aterrizajes inició en 2019, cuando se registraron 54, 46 avionetas y ocho jets. Además, fueron incautados 11 mil 652 paquetes de droga, de los cuales el 81% fue incautado por vía aérea, el 19% por vía marítima y el resto por rutas terrestres.

El año pasado las cifras de hallazgo de aeronaves disminuyeron, ya que fueron encontradas 39, de las cuales 21 fueron avionetas y 18 jets —con más capacidad de carga—, y el total de droga incautada fue de 11 mil 977, de los cuales el 96% fueron encontrada en las aeronaves y el resto en vías marítimas.

En lo que va del año han sido encontradas 13 aeronaves, cuatro de motor a propulsión y nueve avionetas. En Petén se han registrado 11 aterrizajes, uno en Izabal y uno más en Escuintla.

Además, 5 mil 578 paquetes de cocaína han sido incautados, de los cuales el 35% se hizo en rutas marinas, el 47% en aterrizajes y el 18% en rutas terrestres, según las cifras del Ministerio de la Defensa.

La última aeronave rastreada ingresó al país durante la madrugada del 31 de mayo reciente y se estrelló alrededor de la 1 de la madrugada en la aldea Cocales Chocón, Livingston, Izabal. En el lugar fueron encontrados dos cadáveres y 46 paquetes de cocaína.

Los centros carcelarios continúan sobrepoblados hasta en un 370 por ciento, aunque el hacinamiento resuena a cada poco las autoridades no han implementado mecanismos alternativos para evitar la pena de prisión y de esta forma reducir la sobrepoblación en las prisiones.

Después que una persona fue capturada o citada por un juez para solventar su situación legal en alguna investigación que se efectúe en su contra, el juzgador debe decidir si continuará su proceso estando en prisión o gozando de alguna medida sustitutiva.

Carlos Giovanni Ruano, presidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, explicó que el Código Procesal Penal establece que después que la persona sindicada de algún delito haya sido ligada a proceso, el juzgador debe resolver cuál será su situación jurídica, si se queda en libertad o privado de la misma.

“Entra en análisis el delito por el cual la persona ha sido ligada a proceso no tiene una prohibición taxativa en el Código Procesal Penal, porque hay algunos delitos por los cuales el legislador ha previsto que no gozan de medidas sustitutivas por lo que si quedo ligada a proceso por esos delitos debe quedar en prisión preventiva”, indicó Ruano.

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Agregó que esta política criminal aplica en delitos que son de extrema gravedad como secuestro, asesinato, parricidio, entre otros; sin embargo, dijo que en otros casos se debe efectuar un análisis para establecer si existen factores como fuga, desobediencia y asistirá a las audiencias, que tiene trabajo estable, recomendaciones personales, si tiene arraigo, por lo que se le confiere la libertad condicional.

El otro análisis que también realizan es saber si el sindicado no obstruirá la investigación mientras goce de alguna medida, por ejemplo, que pueda acercarse a un testigo e influir en su testimonio o a los peritos y que tengan la capacidad de destruir pruebas. “El Ministerio Público puede con sus argumentos y demostrar la posición de esa persona, se le puede dejar en prisión preventiva en garantía de que se averiguará la verdad”, explicó el juez.

Acusaciones

¿Se abusa del uso de la prisión preventiva? Ruano reiteró que la ciudadanía podría formarse un criterio para saber si se abusa o no al conocer los delitos por los que se le está acusando a una persona y determinar si se trata de extrema gravedad o menos grave, y si existen factores de fuga o de obstruir la investigación.

“El caso en particular determinará que persona permanezca o quede privada de libertad. El hacinamiento en las cárceles no es un fundamento para que el juez conceda medidas sustitutivas, porque mantener las prisiones en buenas condiciones y con suficientes espacios es competencia del Ministerio de Gobernación”, reiteró el juez.

Mientras que Bélgica Deras, presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial (AJMOJ), explicó que, cada juez analiza los casos que está conociendo y toma las decisiones conforme a derecho corresponde.

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Agregó que desde su punto de vista como jueza al resolver si alguien debe ser enviado a prisión o no, efectúa sus análisis con base a los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos que existen y las normativas vigentes en el país, porque reconoce que la cárcel debe ser la última medida que se utilice contra alguna persona.

Hacinamiento

Los problemas dentro de las cárceles tienen como origen el hacinamiento, ya que, según análisis presentados sobre la situación carcelaria en el país reflejan que sobrepasan el 350 de sobrepoblación. Hasta el pasado 13 de septiembre, la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) reportó 12 mil 77 personas en prisión preventiva y 12 mil 865 sentenciado y en total había 24 mil 942 personas privadas de libertad.

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Sin embargo, el volumen de la población privada de libertad ha ido en aumento en todo el mundo, por lo que genera carga financiera para los gobiernos y afecta la cohesión social de las sociedad, según el manual de estrategias para reducir el hacinamiento en las cárceles desarrollado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) con la cooperación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

El documento señala que el uso excesivo de la detención preventiva puede ser muy costoso para el Estado, porque incluyen instalaciones carcelarias, la alimentación de los privados de libertad, los costos de investigación y el proceso judicial. Por lo consideran que se debe alentar a los tribunales a aplicar medidas sustitutivas al encarcelamiento, en vez de sentencias cortas de prisión y promover el uso de sanciones no privativas.

Los centros carcelarios continúan sobrepoblados hasta en un 370 por ciento, aunque el hacinamiento resuena a cada poco las autoridades no han implementado mecanismos alternativos para evitar la pena de prisión y de esta forma reducir la sobrepoblación en las prisiones.

Sin embargo, la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) tiene un sinfín de problemas que se percibe como falta de control en las prisiones, porque no solo el hacinamiento y la corrupción existen; sino también el déficit de personal de personal para custodiar a los privados de libertad.

Actualmente, el Sistema Penitenciario alberga a 24 mil 989 reclusos, de los cuales el 89 por ciento son hombres y el 11 por ciento mujeres; además, el 49 por ciento de la población reclusa permanece en prisión preventiva y el 51 por ciento en condenatoria.

Un análisis efectuado por el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac) da cuenta que, hasta el 23 de julio pasado la sobrepoblación en los centros destinados para hombres alcanzaba el 453 por ciento, mientras que en los de las mujeres llegaba al 410 por ciento. Es decir, en espacios destinados para una persona están recluidos hasta cuatro privados de libertad.

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En las cárceles destinadas para hombres como Pavón, Fraijanes; Canadá, conocida como “El Infiernito”, en Escuintla; la de Puerto Barrios, Escuintla; Los Jocotes, Zacapa; Mazatenango, Suchitepéquez, entre otras tienen altos niveles de sobrepoblación. Mientras que, prisiones acondicionadas para las mujeres está Cantel, el Centro de Orientación Femenina, Fraijanes; Santa Teresa, zona 18; Los Jocotes, Mazatenango, Matamoros, zona 1, entre otras tienen importantes niveles de hacinamiento, según el análisis efectuado por el Ipnusac.

Alternativas

Jerónima Álvarez, vocera del Sistema Penitenciario, informó que están fortaleciendo los equipos multidisciplinarios que se encargan de atender a los reclusos incluidos en programas de rehabilitación y readaptación social de la institución, lo cual les permite agilizar los expedientes que están en proceso de aplicar a la redención de condena.

El Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) reportó que hasta el pasado 7 de septiembre, obtuvieron mil 125 solicitudes de libertad anticipada para reclusos, lo cual es una medida que busque la reducción de sobrepoblación en las prisiones.

Además, afirmó que trabajan en la implementación del control telemático, pero por cuestiones administrativos hubo un retraso. Prensa Libre publicó que, en julio pasado el Ministerio de Gobernación improbó la actuación de la junta de licitación en el servicio de arrendamiento para implementar dicho sistema, el cual fue adjudicado por Q244 millones 138 mil 310, pero en la suma había Q210 menos.

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Este sistema entró en vigencia desde diciembre de 2016 como medida alternativa a la prisión; sin embargo, después de más de cuatro años no se ha implementado. El análisis del Ipnusac destaca que, si se hace una correlación del 89 por ciento de los delitos regulados en el Código Penal que tienen medida sustitutiva versus el total de la población privada que son casi 25 mil personas, se proyecta un amplio margen de la aplicabilidad de la Ley del Control Telemático, lo cual despoblaría de forma considerable las prisiones.

Eddy Morales, exdirector del Sistema Penitenciario, opinó que, existen varios procedimientos alternativos como la desjudicialización y desprisionalización a la prisión que se pueden aplicar en Guatemala, pero debe existir una coordinación total entre las instituciones de seguridad y justicia.

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Sin embargo, dijo que Presidios se ha convertido en un negocio para algunas personas por lo que no existe interés en reformarlo y tampoco implementar las medidas alternativas. “Tenemos un expresidente que fue director del Sistema Penitenciario y que hasta la fecha no han puesto en práctica las diferentes políticas alternativas a la prisión”, resaltó.

Morales también criticó que algunos de los jueces prefieren enviar a los señalados a las cárceles que darle una medida sustitutiva, cuando se sabe que esta debería ser la última alternativa.

Propuestas

Debido a esta situación, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales –Cien– publicó una serie de recomendaciones para disminuir la sobrepoblación en las cárceles, en done resaltan que se debe realizar un plan de mediano largo plazo para la infraestructura carcelaria con base a criterios técnicos y necesidades reales con fuentes de financiamiento y diseños de proyecto.

Además, fortalecer medidas alternativas al encarcelamiento, así como implementar mecanismos para facilitar la revisión de medidas. Ampliar la infraestructura para las mujeres que cumplen condena y construir una cárcel de alta seguridad.

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También sugiere que para que el Sistema Penitenciario cumpla con su propósito se debe lograr que los centros carcelarios sean espacios seguros, ordenados y con debida supervisión para la rehabilitación de las personas.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) en el Manual sobre estrategias para reducir el hacinamiento en las prisiones explica que las alternativas tradicionales como las multas y sentencias condicionales y suspendidas contribuyen al deshacinamiento, las cuales están disponibles en cualquiera de las jurisdicciones sin la necesidad de realizar mayores inversiones.

La crisis sanitaria que afronta el país no ha detenido los cobros extorsivos a pequeños comerciantes, empresarios de transporte colectivo y vendedores, entre otras víctimas.

La extorsión en el país va por muchos canales y perfila a diferentes víctimas, al tiempo que quienes están detrás de esas exigencias cambian constantemente su forma de operar.

Un informe sobre las tendencias de las extorsiones en los 22 departamentos del país, publicado por la organización Diálogos, indica que de enero a julio últimos se registraron ocho mil 617 denuncias sobre extorsiones a personas de ambos sexos. Esto significa que, en promedio, se reciben 41 cada día.

La tasa interanual durante los primeros meses del 2021 fue de 84.9 extorsiones por cada cien mil habitantes.

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Las víctimas de esos delitos continúan siendo tanto propietarios de comercios grandes como de pequeños, tiendas de barrio, transporte colectivo, vendedores, puestos de mercados municipales, recolectores de basura y otros negocios, así como propietarios de viviendas ubicadas en zonas controladas por pandillas.

Investigadores de la División contra las Pandillas (Dipanda), de la Policía Nacional Civil, señalan que los extorsionistas no solo hacen llamadas extorsivas, sino también envían advertencias por medio de aplicaciones de mensajería instantánea, ya que el terror se propaga desde un teléfono celular.

En sus esfuerzos por combatir este flagelo, la PNC ha capturado, en conjunto con el Ministerio Público, a mil 496 personas por el delito de extorsión, según Gendri Reyes, ministro del Interior, durante la presentación del informe de labores de esa cartera, la semana pasada.

El Ministerio Público y las fuerzas de seguridad coinciden en que más del 60 por ciento de las denuncias que reciben son de extorsiones cometidas por imitadores, quienes por lo regular actúan desde alguna prisión.

El mes pasado, las autoridades trasladaron a 27 reclusos señalados de ser jefes de clicas del Barrio 18 de la cárcel de Fraijanes II a Pavón, a fin de de dejarlos incomunicados con el exterior y así no puedan cometer extorsiones por teléfono ni ordenar ataques armados.

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En rechazo al traslado, los reclusos tomaron como rehenes a 17 guardias y al director del centro de alta seguridad Canadá, Escuintla. Pedían que los cabecillas fueran enviados de nuevo a Fraijanes o a la cárcel El Infiernito, y que además les permitieran visitas.

Para lograr la liberación de los rehenes, las autoridades ofrecieron llevarlos a la “vieja alcaidía”, en el reclusorio Preventivo para Varones de la zona 18, en donde se supone que están aislados de los demás internos.

Este no ha sido el último traslado efectuado por las autoridades para evitar que el delito de las extorsiones prolifere desde las cárceles. Desde la matanza de siete privados de libertad ocurrida en mayo pasado, en Cantel, Quetzaltenango, Dipanda tuvo que cambiar de reclusorio a más o menos 200 reos, que son rechazados por extorsionistas.

“Extorsionista que llega a esa cárcel no lo quieren. Debe ser trasladado a otro centro”, comentó uno de los investigadores bajo condición de anonimato. El rechazo de los privados de libertad es porque no quieren imitadores, ya que llaman o mandan mensajes de extorsión hasta 300 veces al día.

Aplicaciones

Dipanda considera que no existe ninguna prisión segura para limitar las extorsiones, y es por eso que aumentan las denuncias de víctimas del delito, pero recalca que son acciones de imitadores y que hasta 300 reos podrían estar extorsionando desde las cárceles.

“Tenemos el registro de que solo un número generó más de 280 denuncias de enero a la fecha. Lo que ahora hacen es que compran la sim card y descargan la aplicación de WhatsApp para luego destruir el chip. No importa que se cancelen las líneas, pues whatsapp sigue activo y ellos siguen extorsionando”, afirma el investigador.

Esos reos no solo hacen llamadas, sino también envían mensajes y se comunican por aplicaciones de internet, por lo que, según el investigador, buscan que no solo se destruya el chip, sino también que se bloquee el registro de fábrica del teléfono

Desde hace algunos años las autoridades han desmantelado instalaciones de módems y cables para señal de internet y telefonía en cárceles como El Boquerón y El Infiernito, en las cuales, además de tener estructura para el servicio de internet, los reclusos tenían antenas amplificadoras de señal.

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Incidencia

San Antonio Aguas Calientes, San Lucas Sacatepéquez, Retalhuleu, Guatemala, San Bartolomé Milpas Altas, Coatepeque, San Miguel Dueñas, Santa Catarina Barahona, San José Pinula y Escuintla son los 10 municipios con mayor tasa interanual de extorsiones para ambos sexos por cada cien mil habitantes, según el informe.

Para evitar que las llamadas extorsivas sigan saliendo de las prisiones, las autoridades han aislado a líderes del Barrio 18 en sectores de las mismas cárceles o los han repartido en diferentes reclusorios, informó Dipanda. Sin embargo, aunque la medida se ha implementado en varias ocasiones, algunos investigadores consideran que no es la óptima, porque ninguna cárcel reúne las condiciones e infraestructura necesarias para lograr el control total sobre los reclusos.

La ocupación de camas para apacientes positivos con covid-19 se ha incrementado en las últimas semanas en el Hospital Regional de Santa Cruz, Quiché, por lo que el personal sanitario se ha visto en aprietos para atenderlos, porque no tienen suficiente espacio, les falta medicamentos específicos para tratarlos y carecen de presupuesto.

La mortalidad en el hospital sobrepasa el 40 por ciento, según explicó Salomón Delgado, director del centro y advirtió que, la mitad de los pacientes que ingresan sobreviven y la otra mitad fallece.

La mayor preocupación que tienen los médicos es que muchos de los pobladores de Quiché deban ser hospitalizados, porque fueron asistentes en las fiestas que se estuvieron realizando en Sacapulas, por cinco días consecutivos. Sin embargo, el temor de que se arrecie la llegada de los pacientes no tardo mucho, porque ya comenzaron a buscar asistencia médica.

Por ahora, en el hospital hay acondicionadas dos áreas para atender a los pacientes ventilados y la otra para los moderados y graves. En la primera sección tienen solo tres camas disponibles, mientras que en la segunda cuatro. En total, fueron instaladas 24 camas, pero reconocen que les puede complicar la situación porque no tienen medicamentos y oxígeno.

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“El problema son las personas que vienen –porque se contagiaron—en algunas imprudencias que tienen como ferias y baile. Sin embargo, hasta ayer aún teníamos disponible siete camas, pero no es lo normal, lo que se ve en las últimas semanas es que generalmente se mantiene topado”, afirmó Delgado.

“Tenemos ya como año y medio repitiendo y diciendo lo mismo del distanciamiento, uso de mascarilla, cuídense, pero la gente no hace caso. Como bueno chapines queremos siempre por mal o como literalmente arreados por mal y ese es el problema que nos hemos tomado la conciencia y creemos que no nos va a pasar nada”, lamentó el médico.

Las fiestas

Afirmó también que han atendido más pacientes delicados y graves que no están vacunados, son más jóvenes, incluso tienen niños y bebés de 21 días y dos meses de nacido.

“No hace mucho pasaron las fiestas agostinas y tuvimos incluso hasta tres conviteros positivos que supuestamente iban a guardar su distanciamiento. Gente que ahorita empieza venir de Sacapulas, pero básicamente no se han vacunado. La gente no cree en la vacuna”.

Delgado también indicó que ahora no solo preocupa la cantidad de casos y la falta de espacio, sino también de medicamentos, así como presupuesto para continuar con la atención de pacientes, pues los recursos son ahora limitados y la demanda mayor.

Los municipios de Chichicastenango y la comunidad Parratuj, Sacapulas, en las últimas semanas han protagonizado diversas fiestas y convites masivos que han desencadenado el aumento de casos en el departamento.

Sacapulas fue el último municipio que desde el 3 al 7 de septiembre tuvo conciertos y bailes masivos sin las medidas de bioseguridad, los cuales fueron transmitidos por medio de las redes sociales, en los que se señaló que era en honor a La Virgen de Natividad.

Estas fiestas se desarrollaron incluso durante los días que estuvo vigente el estado de Calamidad y los toques de queda, por las que ahora ya hay una investigación en curso contra los organizadores.

El Ministerio de Salud, posiciona a Quiché en el puesto 13 como el departamento con más casos de coronavirus, reportando 12 mil 369 casos acumulados, de los cuales 1 mil 395 están activos, con una incidencia acumulada de 1 mil 163 por cada 100 mil habitantes, así como el fallecimiento de 228 personas.

Mientras que en vacunación es uno de los más bajos con el 21.3% de su población vacunada, reportando la aplicación de 185 mil 670 dosis, donde 126 mil 457 personas tienen una dosis y solamente 59 mil 213 la segunda o esquema completo.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que 11 haitianos, entre ellos dos menores de edad, y un brasileño fueron encontrados en la 3ª avenida y 11 calle de la zona 1 de Esquipulas, Chiquimula, por lo que fueron llevados a la subestación policial.

El reporte establece que, los migrantes ingresaron al país sin registros migratorios y sin cumplir los protocolos y medidas de bioseguridad. Además, fueron encontrados deshidratados por lo que les proporcionaron alimentos y agua.

Según la PNC, fueron llevados a la sede del Instituto Guatemalteco de Migración para los trámites correspondientes, y además reportaron que han remitido a 250 personas de diferentes nacionalidades porque han ingresado al país sin llenar los requisitos migratorios.

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La sede policial de ese municipio reporta que ha remitido al IGM un aproximado de 250 personas de diferentes nacionalidades por ingresar a Guatemala sin llenar los requisitos de bioseguridad y migratorios y sin las medidas de bioseguridad.

Las autoridades pusieron en marcha el Plan Gobernanza para la Migración Irregular a partir del 3 de julio pasado, en donde contempla la instalación de dispositivos de seguridad para identificar a extranjeros que no llenan con los requisitos migratorios y quienes son trasladados a su país de origen.

El sistema de justicia penal está en crisis, según opinan investigadores consultados, debido a que casi se cumplen dos años sin que se renueven las cortes del país y la mora judicial crece.

En un mes, la Corte Suprema de Justicia y las cortes de Apelaciones cumplirán un segundo año consecutivo de que el sistema de justicia no renueva a sus más altos cargos, lo cual deja en una crisis al sistema de justicia, debido a que los funcionarios cumplirán siete años de estar ejerciendo la magistratura.

Sin embargo, aunque pareciera que es mucho tiempo sin la renovación de cortes, este proceso parece que lleva camino de extenderse por mucho más, y podría llegar, incluso, hasta la elección del próximo fiscal general, según han advertido analistas en seguridad y justicia.

David Gaytán, consultor en temas de justicia y transparencia, dijo que el sistema de justicia del país está atravesando una crisis relevante y pone en duda el sistema republicano de los tres poderes del Estado, ya que el Organismo Judicial está afectado porque en casi dos años no ha habido elección de cortes.

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“Para entenderse, es como si el presidente se quedara en el cargo dos años más, porque es exactamente lo que está pasando con el sistema de justicia”, destacó Gaytán.

El abogado criticó que el Congreso se siente cómodo con los magistrados actuales que ocupan la Corte Suprema y Apelaciones. También indicó que durante dicha administración no se ha solucionado el retraso para resolver los expedientes que ingresan al sistema de justicia, y la creación de nuevos juzgados tampoco ha reducido el tiempo para conocer estos procesos.

“El aspecto más preocupante es que hemos observado cómo el Ejecutivo y el Congreso han intentado cooptar el sistema judicial, y lo han logrado, colocando a personas afines en los cargos judiciales y esto desvirtúa la función de uno de los poderes”, expresó.

Lizandro Acuña, investigador en temas de seguridad y justicia, coincidió en que el sistema judicial vive una crisis, porque el Congreso no ha elegido a los sustitutos de las cortes. Añadió que debido a que este tema genera desconfianza de la población hacia los diputados, porque estos utilizan cualquier excusa para no efectuar la elección.

CC es la responsable

Stuardo Ralón, presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecón), sí reconoce una creciente mora judicial,  no responsabiliza al Congreso de esto, más bien arroja la culpa a la anterior magistratura en la CC de imponer un mecanismo leonino, casi imposible de cumplir.

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“Hemos tenido una prolongación irregular y el Congreso ni vota como debería votar a viva voz, uno por uno y razonando por cada uno de los candidatos, lo cual podría demorar un año y medio o dos años más, según el procedimiento irregular establecido por la anterior Corte de Constitucionalidad”, afirmó.

Ralón indicó que no es la falta de elección de las cortes lo que ha generado más mora judicial, porque las magistraturas siguieron trabajando sin detener sus actividades, más bien fue la paralización del Organismo Judicial por la pandemia la que provocó el aumento de la presa judicial.

Movimientos en el MP

En el otro extremo está el Ministerio Público, que en los últimos meses, por decisión de la fiscal general, Consuelo Porras, ha rotado a varios jefes fiscales hacia otras fiscalías; uno de los cambios más mediáticos fue en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), pero han sido muchas más fiscalías en las que se han hecho los movimientos de personal.

Sobre esta situación Ralón señaló que siempre ha habido traslados administrativos en el Ministerio Público, y como ciudadano espera que generen mejorar la labor de la institución y no un retroceso. En el caso específico del exfiscal Juan Francisco Sandoval, de la Feci, reiteró que deben agotarse los procedimientos legales que están en curso por el proceso de reinstalación, por lo que espera que se lleven a cabo respetando el debido proceso.

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Para Lorena Escobar, coordinadora del Departamento de Análisis Jurídico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), el no fundamentar los traslados y rotaciones en el Ministerio Público genera un desgaste y desconfianza hacia la institución.

“El sistema de justicia siempre ha tenido sus debilidades y fortalezas. Lo que vemos en algunos casos, porque no se puede hablar en general, es que tiene luces y sombras, y el servicio que presta se ha visto cuesta arriba durante la pandemia y en esta falta de voluntad por parte de los diputados para elegir a los magistrados”, reiteró Escobar.

Guatemala rebasa los 12 mil muertos por covid-19 y los centros hospitalarios más importante y los acondicionados para atender a los pacientes infectados por este virus están colapsados y no tienen insumos. La enfermedad sigue ganando terreno, lo cual preocupa a la comunidad médica y científica del país que ha pedido al presidente Alejandro Giammattei y al Congreso medidas más drásticas para mitigar el aumento desmedido de los casos positivos.

Debido a esta situación, Giammattei anunció en mensaje presidencial el pasado jueves que, aunque, es imposible presentar una solución con la cual estén de acuerdo todos los sectores del país, solicitó al Congreso que apruebe un Estado de Calamidad como medida de mitigación contra las infecciones, debido a que pretende que se suspendan todas las reuniones sociales

Adelantó también que las limitaciones de movilidad les permitirán comenzar a implementar una estrategia con brigadas para detectar contagios e inyectar vacunas de forma masiva en sectores con alta densidad poblacional.

“Comenzaremos con brigadas multidisciplinarias bien identificadas y conformadas con personal médico y de seguridad que serán previamente anunciadas para realizar pruebas de diagnóstico masivas, quienes den resultado positivo recibirán el kit de tratamiento gratuito ambulatorio y quienes resulten negativo y tengan más de 18 años será vacunados ahí mismo sí así lo desean”, afirmó el mandatario.

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Rubén Tellez, portavoz del Ejército, explicó que las fuerzas armadas apoyarán este proceso y desde este viernes 3 de septiembre comenzarán en Villa Canales, Villa Nueva, Petapa y Bethania desde las 18 horas. Aunque los expertos y médicos han reiterado que toda la población del país debe tener acceso a las pruebas y vacunas contra el covid-19 estos lugares están concentrados en el departamento de Guatemala.

“Lo que se busca es llevar la vacuna a las casas ahora que las personas estarán con restricciones en su movilidad, recordemos que comienzan mañana sábado a partir de las 8 de la noche y en ese horario las brigadas móviles estarán buscando a las personas en su casa”, dijo Tellez al Canal del Gobierno.

Centros de vacunación

Un análisis presentado por el Laboratorio de Datos de covid-19 destaca que, los centros de vacunación se concentran en lugares donde frecuentan personas de clase media y media alta, por lo que enfatizan que las vacunas deben ser extendidas a todo el país y el proceso debe ser más equitativo.

Además, destacaron que más de la mitad de la población con estudios universitarios ya está vacunada, pero la brecha se marca en el grupo poblacional con educación primaria o inferior que ha sido inmunizada solo el 10 por ciento.

En opinión de Alicia Chang Cojulun, vicepresidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas (AGEI), esta medida es positiva porque se tendrá más alcance para hacer pruebas e inyectar vacunas en los lugares que visiten las autoridades.

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“Espero que tenga un impacto importante sobre la transmisión de la enfermedad, que a pesar de que no logramos cerrar el país, que a través de esas brigadas se pueda rastrear mejor los casos para detener los contagios”, resaltó la infectóloga.

Pero reiteró que deben llegar a comunidades lejanas de la capital, no se deben quedar en las cabeceras municipales porque, las pruebas y las vacunas deben ser accesibles a las personas que no logran llegar por si solos a los centros de vacunación y de pruebas de covid-19.

“Sabemos que en la zona 18 o Mixco son zonas donde hay densidad poblacional bien alta, por lo que en esas zonas son las que deberían tener mayor énfasis, pero también en aldeas y caseríos porque enfrentan muchas barreras y no solo físicas, sino también lingüísticas por lo que no se les puede comunicar bien la información”, indicó.

Disparidades en la vacunación

Diálogos hizo un informe sobre Disparidades del proceso de vacunación contra la covid-19 por lo que hace que el registro sea impreciso y desigual. Sofía Montenegro, investigadora social de la organización, resaltó que, hay que utilizar otra estrategia para alcanzar a más personas y vacunarlas, porque recientemente actualizaron el tablero de disparidades y establecieron que existe una diferente bastante notoria en el ritmo de la vacunación.

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“El municipio de Guatemala está llegando al 76 por ciento de la población vacunada con al menos una dosis, pero al mismo tiempo tenemos otros municipios en donde no han llegado ni siquiera al 10 por ciento de la población. Eso refleja que en parte las han concentrado las vacunas en centros de vacunación y no responde a una lógica de la densidad poblacional y no ha respondido la demanda y la oferta que se ha tenido como los centros comerciales”, explicó Montenegro.

Ve con buenos ojos la implementación de las brigadas para resolver las disparidades, pero se debe tomar en cuenta que, en las últimas semanas han notado que la cantidad de personas de segunda dosis aplicadas superan a las que se inyectan la primera dosis, lo cual podría indicar que hay una desaceleración porque están completando su esquema de vacunación, pero no se están captando nuevas personas para que pongan la primera dosis.

Guatemala suma más de 12 mil muertes por coronavirus y las proyecciones apuntan a que  serán muchos más en los próximos meses, lo que obliga a las autoridades a reevaluar el protocolo para el manejo de los cadáveres.

La necesidad surge de las funerarias, trabajadores directamente vinculados con el manejo de  fallecidos por covid  y se eleva  a las autoridades del Ministerio de Salud, que reconocen que se revisa la normativa.

“Se estima un incremento considerable de fallecidos en las próximas semanas”, adelantaron las autoridades salubristas durante una reunión entre personal médico y el presidente Alejandro Giammattei, en la Casa Presidencial, el pasado 26 de agosto.

El Ministerio de Salud, a través de su oficina de comunicación, informó que por ahora no se discutirán a profundidad las modificaciones porque el pasado miércoles renunció el encargado del cementerio La Verbena, Juan Francisco López, quien dirigía la propuesta.

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Empleados de funerarias sí tienen claro lo que  debe cambiar en la actual norma para el manejo de esos cadáveres: abrir el traslado intermunicipal.

La normativa señala que en “ningún caso podrá autorizarse el traslado de un cadáver cuando la causa de fallecimiento sea por covid-19, dado que este no cumple con la norma de embalsamado para traslado fuera de la jurisdicción municipal e internacional”, y los trabajadores señalan que esta disposición ha afectado su trabajo porque las familias no la aceptan y quieren inhumar a sus seres queridos en sus municipios o aldeas de origen.

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“Los inconvenientes fuertes que hemos tenido es que las familias se quieren llevar los cadáveres al interior. No está permitido, y algunos han optado por cremarlos y trasladar las cenizas. En otros casos han comprado un ataúd para llevarse las cenizas y creer que el cuerpo está presente, por lo que hacen el velorio. Todos quieren despedirse y no pueden”, refirió.

Señalan que otro de los problemas  es que, por la temporada lluviosa, se escaseó la madera, y aunque no han dejado de despachar féretros,  se han visto menguados en los inventarios, por tanta demanda.

Falta de espacio

Hasta el pasado 22 de agosto, mil 542 víctimas de covid-19 habían sido inhumadas en La Verbena, el único cementerio público de la capital autorizado para ello.

Horas antes de renunciar, Juan Francisco López, encargado de ese camposanto, concedió una entrevista a Prensa Libre, en la cual afirmó que buscaban otras áreas para abrir más sepulturas donde poder enterrar los cadáveres de  víctimas de covid-19. El miércoles pasado habían inhumado a nueve y con ese número se acababan los espacios disponibles.

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“Se están incrementado las solicitudes en estos días. Nos ingresaban pocos cuerpos, pero ahora el menor número son cinco. Hemos llegado al extremo de enterrar 36 personas en un solo día. Desde la semana pasada para acá se incrementó”, dijo López el pasado miércoles.

“El problema es que no tenemos traslados interdepartamentales, y enterrarlos en el cementerio  La Verbena es una buena opción para las familias que no pueden pagar un panteón privado”, dice un empleado de una funeraria, del grupo que ya le planteó al Ministerio de Salud que se les permita trasladar cuerpos a otros municipios.

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Algunas funerarias, según  confiaron trabajadores a Prensa Libre, sí acceden a hacer los traslados intermunicipales y asumen el riesgo que conlleva, siempre que los familiares que lo solicitan lo paguen.

Demanda en cementerios

Hasta el pasado 31 de agosto, los municipios que más reportaban muertes por covid-19 en el país son  Guatemala, con 3 mil 139; Mixco,  839; Villa Nueva,   571;  Quetzaltenango,  431;   Escuintla, 237; Puerto Barrios, 202; San Miguel Petapa, 171; Huehuetenango,   156; Amatitlán,   155; Totonicapán,  146; San Juan Sacatepéquez y Chimaltenango,  132, cada uno; Coatepeque,   130; y Chiquimula y Antigua Guatemala,  127, cada uno.

En el cementerio municipal de Mixco han excavado siete fosas para 21 féretros y construyeron 41 nichos más y seis excavaciones más para  seis ataúdes, debido a la alta demanda   para inhumación de víctimas de covid-19, explicó Mynor Espinoza, portavoz de la comuna de esa localidad.

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En Villa Nueva existen dos cementerios: el General, ubicado en la zona 1 del municipio, y Las Nubes, en la zona 3. El primero ya llegó a su capacidad máxima, por lo que, cuando surge una inhumación, revisan los espacios ocupados por difuntos cuyos familiares ya no pagaron las cuotas correspondientes o  están en mora para exhumarlos y ocupar el lugar, explico Julio Vásquez, vocero de la municipalidad.

La situación es distinta en Las Nubes, que cuenta  con espacio y, según sus autoridades, entierran entre dos o tres personas por  día

La llegada de las vacunas al país era anhelada, porque abre el camino a la posibilidad de que se regrese a la “nueva normalidad”. Sin embargo, conforme avanza el número de personas vacunadas también se incrementa la sensación de mayor libertad y crecen los contagios.

Epidemiólogos y médicos explican que una persona complete el esquema de vacunación contra el covid-19 no significa que el virus desaparecerá, sino por lo el contrario, se puede contagiar o recontagiarse. Por lo anterior, afirman que no se puede bajar la guardia con las medidas sanitarias como el distanciamiento físico y el uso de la mascarilla.

Además, enumeran al menos tres factores por lo que cuales los casos seguirán aumentando como que la vacunación es una medida a mediano y largo plazo para frenar la transmisión de virus, no hay suficiente población vacunada, la ciudadanía se siente relajada y bajó la guardia con el seguimiento de las medidas, y la sobrepoblación que tienen los hospitales para atender los contagios.

Alicia Chang, vicepresidenta de la Asociación de Enfermedades Infecciosas (AGEI), opinó que la vacunación está avanzando, pero la enfermedad saca mucha más ventaja en ese proceso por lo que se debe tomar en cuenta la prevención de transmisión del virus.

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“Cuando teníamos variantes como la Alfa, por ejemplo, estimábamos que tenía que haber al menos un 70 por ciento de la población vacunada, pero ahora con esta nueva variante –Delta—que es más transmisible para poder frenar la transmisión tendríamos que tener arriba del 80 por ciento de la población vacunada, sino es que alcanzar el 90 por ciento y claramente estamos muy lejos de eso”, advirtió Chang.

Agregó que la transmisión y la enfermedad tiene números importantes de casos, y lo preocupante es que está variante es más transmisible y Guatemala tiene una población pobremente vacunada. La infectóloga considera también que las personas podrían estar cansadas de seguir medidas de prevención, las cuales fueron establecidas desde el inicio de la pandemia por lo que han bajado la guardia, sobretodo en la provincia es donde se observa con mayor frecuencia que los pobladores no utilizan mascarilla, se reúnen con otras personas que tampoco la utilizan y en lugares donde hay mucha afluencia.

“Debido a que no estamos vacunados en el porcentaje que debiéramos estar y que esta variante es muy transmisible, es muy importante que se sigan las medidas del uso de la mascarilla, lavado de manos y distanciamiento físico”, reiteró.

Protegen la vida

Los Centros para el control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos actualizaron el pasado 23 de agosto que, las vacunas contra el covid-19 protegen a las personas de enfermarse de forma grave y para mayor protección contra la variante delta y evitar contagiar a los demás es importante que se inoculen lo antes posible y continúen con el uso de la mascarilla.

Además, señalan que está previsto que se produzcan infecciones en vacunados, por lo que las personas que se contagian tienden a ser más leves que las no vacunadas, por lo que significa que tienen menos posibilidades de morir o de ser hospitalizadas.

“Dado que las vacunas no son 100 por ciento efectivas, a medida que la cantidad de personas totalmente vacunadas aumente, también aumentará la cantidad de infecciones en vacunados. Sin embargo, el riesgo de infección sigue siendo mucho más elevado para las personas no vacunadas que para quienes ya se vacunaron. Las vacunas siguen siendo efectivas para proteger a la mayoría de las personas de la infección por COVID-19 y sus complicaciones”, afirma los CDC.

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Hasta el pasado 30 de agosto, al menos 1 millón 142 mil 778 personas habían sido vacunadas con esquema completo y 3 millones 273 mil 717 con primera dosis, según las cifras del Ministerio de Salud Pública. La organización Diálogos reportó recientemente que los centros de vacunación: Mariscal Zavala, el Polideportivo Gerona, el Campo Marte y la Universidad San Carlos de Guatemala son los lugares donde más se han inyectado las vacunas.

La vacunación en el país ha avanzado desde el pasado 25 de febrero, cuando las autoridades de la cartera de Salud comenzaron con las jornadas de inoculación contra el covid-19 con cinco mil dosis donadas por Israel, las cuales fueron destinadas para el personal de os hospitales Roosevelt, San Juan de Dios y los temporales de Villa Nueva, Parque de la Industria y Quetzaltenango. No obstante, este proceso ha sido lento y desorganizado.

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José Ortiz, administrador del Observatorio de Covid-19, llamó a la reflexión a las personas para que las que solo se han aplicado la primera dosis busquen inyectarse la segunda para alcanzar la mayor inmunización posible. Afirmó que Guatemala tiene que llegar por lo menos al 95 por ciento de la población vacunada con el esquema completo para que surta efectos contra la pandemia. Criticó que las autoridades no han recibido las vacunas compradas y el proceso avanza con donaciones de Estados Unidos y otros países.

Tercera dosis

El epidemiólogo Arturo Sánchez López va un poco más allá y advierte que con la aparición de las variantes de covid-19 como la Delta en otros países de Europa se ha implementado una tercera dosis de vacuna conocida como la de refuerzo.

“Hay dos formas que la población puede tener inmunidad, la primera es por respuesta natural del organismo y es cuando el paciente se ha infectado y la segunda es a través de la vacuna. El problema de no tener niveles altos de inmunidad en la población es que, sigue habiendo asintomáticos que continúan diseminando el virus”, advirtió.

Sánchez agregó que los brotes surgen cuando las personas no toman las medidas necesarias, porque en los últimos días se ha visto que acuden a fiestas o eventos sobrepoblados sin mascarilla, sobre todo en la provincia.

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“Ha habido un relajamiento, porque piensan que unas dosis no se infectarán o no tendrán mayores complicaciones. Pero sabemos que aún con dos dosis se pueden infectar, solo que los síntomas serán más leves y evitarán mortalidad. No se deben relajar con el uso de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento físico”, indicó el epidemiólogo.

Con más de 460 mil casos acumulados y 11 mil 768 fallecidos, en las calles de la ciudad y otros municipios aledaños se vive un ambiente relajado que no concuerda con el rápido aumento de casos que se registran día a día en el país.

No obstante, el futuro cercano parece sombrío para los trabajadores sanitarios debido a las proyecciones de contagios, ya que, para el 1 de noviembre se podrían reportar alrededor de 200 muertes diarias por coronavirus, según la proyección de la Universidad de Washington, y en el peor de los casos la cifra podría alcanzar hasta 400.

Guatemala en estas últimas semanas ha registrado récord en los contagios diarios que confirma, por medio de pruebas de covid-19, y se espera que para dentro de dos meses se reporte la mayor cantidad de muertos por día desde que se registró la primera infección de la enfermedad desde marzo del 2020.

Este panorama a la comunidad médica le preocupa, tanto que sus conversaciones de pasillo giran alrededor de la situación y la sobredemanda de servicios que viven en los centros hospitalarios. Sin embargo, no solo estos factores forman parte de la rutina de los médicos también a estas alturas de la pandemia se sienten cansados y agotados.

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Prioridades

Un médico del hospital temporal Parque de la Industria acondicionado para atender pacientes de covid-19, quien pidió que no se le identificara por temor a represalias administrativas, dijo que comparado con hace un año el cansancio físico y mental no era tan fuerte como se siente ahora, debido a que es excesivo y el problema es que los medicamentos son muy pocos y tienen demasiados pacientes jóvenes críticos.

“No podemos hacer muchos, vienen muy mal. Los intensivos los tenemos llenos y tenemos lista de espera para pasarlos a intensivo. Es bien complicado, decidir quien pasa a intensivo cuando se desocupa un espacio. Es frustrante ver esta situación y no tener el apoyo suficiente del gobierno y del hospital”, criticó.

El profesional de la salud al ver esta situación se ha planteado no seguir trabajando con pacientes de covid-19 por salud mental. Agregó que en las últimas semanas varios de sus colegas han renunciado por la misma situación. Pidió que se agilicen las compras de medicamentos, porque ingresan a cuentagotas.

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Hizo un llamado a la población para que se cuide, porque comparado con la escalada de casos del año pasado veían que llegaban más pacientes de la tercera edad y mayores a 45 años; sin embargo, ahora llegan jóvenes sin antecedentes de enfermedades graves y necesitan oxígeno con alto flujo.

“Nosotros quisiéramos salvar a todos, pero, a veces, nos toca que decidir entre pasar a una persona de 18 años y no a una de 80. Esto es todo el tiempo, todos los días, todos los turnos. Nos toca que decidir quién vivió un poco más y quién no, quien tiene enfermedades que los complicará al estar en el intensivo y que no logrará salir con pacientes que no tienen ninguna comorbilidad. Es como si estuviéramos en la guerra, elegir al paciente que ya no se puede hacer absolutamente nada con el que sí se puede ayudarle o salvarle”, narró.

Además, dijo que día a día advierten a los pacientes que llegan que no tienen oxígeno y camas, pero la mayoría se queda esperando a que los ayuden.

Cada día más cansados

Helmuth Estévez, subdirector del hospital temporal de Quetzaltenango, explicó que muchas personas, sobre todo jóvenes llegan al centro hospitalarios muy graves y el sentir y preocupaciones del personal sanitario, es que si no toman las medidas sanitarias necesarias muchos pacientes morirán.

“Es lamentable que vecinos, amigos y familiares estén contaminados. Están llegando tarde al hospital y no se están vacunando. Se debe tomar en serio la enfermedad. La situación es muy difícil para todo el personal. Estamos dispuestos a ayudar, pero cada día uno está más cansado, llegan muchos más pacientes que debemos atender. La gente que tenemos, a veces, no se da abasto”, lamentó Estévez.

Estévez afirmó que ver morir a un paciente es algo muy triste, porque luchan por su vida. “Vamos viendo poco a poco como se van apagando esas luces, lo llenan a uno de sentimientos de tristes y lo único que queda es recuperarse y luchar por el paciente que viene. Estas heridas son acumulativas en el corazón de nosotros. Que una persona se nos vaya es lo más triste que podemos sentir”, narró.

Teme a que las proyecciones de muertos para noviembre se cumplan, porque la población no cumple con las medidas sanitarias, se contagia y no pueden acceder a servicios sanitarios debido a la sobredemanda que existe en la red hospitalaria nacional. Su miedo más grande es que puedan negarle el acceso a un paciente grave, porque tendrán que decidir sobre las personas que pueden salvarse y las que no.

Aunque reconoce que el ambiente hospitalario a veces es de felicidad, porque la mayoría de los pacientes se recuperan, muchas veces se torna triste porque muchas personas pierden la batalla contra el covid-19, y después de más de 18 meses de estar en esta lucha el personal se siente agotado tanto físicamente como mentalmente.

Oportunidad de oro

El médico Zagreb Zea del Hospital Roosevelt pidió que la población siga con sus medidas, porque ahora tienen el 100 por ciento de ocupación en la unidad de cuidados intensivos, pero adelantó que tienen lista de espera con los pacientes que dan positivo para obtener una cama en el área de covid-19.

“El paciente espera o se va al Parque de la Industria o Villa Nueva. Hasta ahora, bendito sea Dios hemos podido atender a los pacientes. Nosotros no vemos a un covid-19 que no sea grave, todos son graves. Básicamente, le pedimos a Dios que haya cama”, dijo. Agregó que los enfermos deben esperar hasta un día para que sea atendido o sino es llevado a otro centro hospitalario.

Otro gran reto que enumeró el médico es que, deben colocar a los pacientes de covid-19 en lugares exclusivos para ellos, porque evitan que los demás pacientes se contagien del nuevo virus, a esa situación se le suma la atención que deben brindar a las personas que resultaron heridas en hechos viales y a las mujeres en labor de parto.

Zea dijo que esta situación es muy frustrante, porque le piden a Dios que se mejore pronto un paciente para que otro tome su lugar y sobre todo lamentó la indiferencia del gobierno porque no aumenta la capacidad hospitalaria y tampoco contratan más personal.

“Me siento como estafado porque teníamos que estar preparados para atender la pandemia. Se suponía que era una oportunidad para aumentar el volumen de médicos, porque esas contrataciones, salas médicas y quirúrgicas se quedarían después de la pandemia. Es una lástima que, al tener una oportunidad de oro para fortalecer el sistema de salud no se hizo”, lamentó.

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Adelantó que si no se toman las medidas necesarias se llegarán a las cifras de muertos que se proyectan para noviembre, porque hasta ahora de las 240 pruebas que hacen a diario en el hospital el 35 por ciento da positivo.

Análisis

Erwin Calgua, epidemiólogo clínico e investigador académico, explicó que el cansancio padecido es acumulativo, porque la pandemia no les ha dado tregua. “Uno trata de que el cansancio no lo venza a uno, porque es el principal factor de cometer un error como tocarse los ojos, quitarse la mascarilla, llevar algo a la boca sin desinfectarlo”, explicó.

Uno de cada 10 trabajadores de salud ha atravesado momentos depresivos durante la atención que han brindado a los pacientes infectados del covid-19, según reveló la primera encuesta a salubristas realizada por la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19 (Coprecovid), en la cual fueron encuestados 2 mil 512 trabajadores de este sector, tanto público como privado y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss).

La técnica de investigación fue aplicada desde el 9 de septiembre al 11 de octubre del año pasado para evaluar su equilibrio emocional.

Calgua afirmó que las medidas básicas de contención para evitar que más personas se contagien es el uso de mascarilla, evitar asistir a eventos sociales esenciales y se debe analizar si esa reunión es saludable y si le genera ingresos económicos para exponerse a un posible contagio. Agregó que en este momento de la pandemia se debe analizar cada salida de su hogar, porque las personas están poniendo en riesgo su vida y la de sus seres queridos.

Durante el 2021 van 32 personas detenidas con fines de extradición por cargos de narcotráfico en Estados Unidos, de estas solo seis han sido entregadas a las autoridades para que enfrenten las acusaciones correspondientes, el resto aguarda agotar los plazos y recursos antes de ser entregados a ese país.

En el año se han realizado 17 extradiciones, de acuerdo con el reporte del Sistema Penitenciario. Uno fue a México y el resto a Estados Unidos, sin embargo, más de la mitad corresponde a procesos que comenzaron en años anteriores, lo que denota cómo la agilidad con que se ejecutan las detenciones no necesariamente significa que será igual el proceso de extradición.

Entre los detenidos este año por delitos relacionados al narcotráfico en Estados Unidos resaltan personas como Luis Gonzalo Gutiérrez, conocido como el licenciado, quien tiene señalamientos de ser “inversionista de cocaína”; también fue detenido el hermano del exalcalde de Ayutla, San Marcos, José Juan Súñiga Rodríguez, Marta Julia Lorenzana Cordón, y Kevin Yordano Ortiz López, sobrino del narcotraficante Juan Ortiz, chamalé.

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Hasta ahora y a pesar de los perfiles de estas personas, ninguno ha sido todavía entregado a la justicia estadounidense y guardan prisión preventiva bajo la responsabilidad del Sistema Penitenciario.

Proceso

Denis Cuesy, abogado que se dedica a conocer expedientes de extradiciones, explicó que estos procesos se derivan de convenios internacionales en donde Guatemala se compromete a entregar a las personas requeridas a los gobiernos que piden que enfrenten la justicia en ese país, y Estados Unidos es quien reclama de forma regular a guatemaltecos por delitos contra la vida, narcotráfico, lavado de dinero y en algunas ocasiones por delitos patrimoniales.

Cada caso es distinto y varían en tiempo para ser entregados al país que los requiere, agrega Cuesy, porque no adjuntan de forma rápida los fundamentos de los señalamientos.

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“Existen procesos antiguos en donde no están incorporadas esas pruebas, entonces, en muchas ocasiones los extraditables sabiendo que tienen una inocencia que se debe respetar les gusta tener el conocimiento de los hechos por los cuales deben enfrentar un proceso legal en Estados Unidos, por lo que ese interín el proceso se demora un poco más”, explicó.

Cada país tiene diferente tiempo para enviar al Ministerio Público las pruebas necesarias para fortalecer el requerimiento.

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Juan Luis Pantaleón, jefe de la Oficina de Información y Prensa de la Fiscalía, explicó que los países solicitantes envían los requerimientos de extradición a sus embajadas que a su vez las canalizan a través de la Cancillería, que en un plazo de dos días debe enviar los expedientes al ente investigador.

“Cuando llega al MP, la Unidad de Asuntos Internacionales revisa que todo esté bien. Se tienen hasta tres días para presentar una solicitud formal de extradición ante la Corte Suprema de Justicia, quien envía a los Tribunales Quinto y Tercero para que resuelvan de forma inmediata. Si es una detención provisional debe ser de manera inmediata o hasta dos días se puede solicitar  en turno por la urgencia”, indicó Pantaleón.

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Cada país tiene un tratado y un plazo distinto para formalizar una extradición, por ejemplo, Estados Unidos cuenta con 40 días; los países de Centroamérica, 30 días; México, 60; Corea; 45; Bélgica y Gran Bretaña, 3 meses y  España.

Impugnaciones

Cuesy destacó que muchos de los capturados con solicitud de extradición no están de acuerdo con los señalamientos, por lo que existen medios de impugnación como presentar apelaciones ante la Corte de Apelación.

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“Será básicamente la Sala Primera de la Corte de Apelaciones el órgano que conoce las impugnaciones de los Tribunales Tercero y Quinto que resolverá las acciones sin lugar el recurso. No hay una sola apelación en toda la historia de Guatemala que la Sala Primera haya declarado con lugar, porque parece regla general que la dé a favor del solicitante”, opinó.

Según el abogado, la Sala argumenta que en Guatemala no se conoce el fondo y el motivo de la solicitud de extradición y solo conoce el procedimiento, aunque el señalado entregue pruebas de que no participo en esas actividades.

En julio pasado, Marcela López recibió unos mensajes en su WhatsApp de una supuesta extrabajadora de su mama que migró a Europa. Los mensajes y saludos de “Marisol” son frecuentes, pero lo extraño es que siempre se comunicaban por Facebook para saber cómo estaba.

“Siempre me habla o me escribe por Facebook, no tiene mi número de WhatsApp. Me escribieron y vi que tenían la foto de perfil de la amiga de mi mamá que se llama Marisol, pensé que era raro, porque además el trato era indiferente. Sospeché que era una estafa. Les seguí la corriente por algunos días, pero comenzaron a presionar que les mandara documentos de identificación”, contó.

Marisol le pedía que le compartiera un Documento Personal de Identificación (DPI) para enviar una maleta a la dirección que le compartiera, pero cuando los mensajes fueron demasiado insistentes le preguntó de forma directa a la verdadera Marisol por Facebook sí pensaba viajar a Guatemala y sí antes enviaría un paquete, le respondió que no tenía planes de regresar al país. Por fortuna, Marcela no cayó en la estafa.

Estos casos de estafa en los últimos meses han sido frecuentes, a causa de que, se incrementó el comercio electrónico y también los avisos de entrega de paquetes que se supone son enviados de países como Estados Unidos a familias que residen en Guatemala, porque no pueden viajar por la pandemia.

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La táctica principal para hacer llegar este aviso es enviar un mensaje o realizar una llamada telefónica, en donde las personas explican que el paquete proviene de una empresa importante de distribución a nivel internacional de paquetes; sin embargo, para confirmar la entrega deben dar dinero a cambio.

Investigación

Edwin Pop, jefe del equipo uno de Investigación contra Estructuras Criminales de la Fiscalía Distrital Metropolitana del MP, explicó que, las estafas por el envío de paquetes por medio de Courier han sido documentadas desde noviembre del año pasado y hasta la fecha llevan 160 aproximadamente, pero fue a finales del año pasado donde más se incrementaron. “Las cantidades de dinero con las que estafan son fuertes”, advirtió.

El fiscal agregó que están investigando las estafas como delitos efectuados por una estructura criminal y no como casos aislados, porque han notado que hay muchas personas involucradas, además que coincide en la forma de operar y los números telefónicos de donde provienen las llamadas y mensajes.

“Ellos obtienen información por medio de perfiles de Facebook, los cuales duplican y utilizan para comunicarse con el familiar de esta persona. Por medio de esta red dicen que vendrán a Guatemala; sin embargo, por la pandemia han tenido dificultades para viajar, pero afirman que enviaron las maletas y necesitan números de teléfonos, direcciones y teléfonos para que las empresas de entrega de paquetes se comuniquen con ellos”, explicó Pop.

La Oficina Europea de Policía (Europol) advirtió el año pasado que los delincuentes aprovecharían la crisis que generó la pandemia del covid-19 par aumentar sus actividades como el cibercrimen, falsificaciones y los fraudes. Esta alerta también fue reforzada por la Policía Internacional (Interpol) y reiteró que las personas debían proteger sus datos personales de estafadores que pedían dinero a cambio de dar algún servicio inexistente.

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Forma de operar

El fiscal detalló que los estafadores se comunican con sus víctimas indicándoles que las maletas o el paquete enviado está “sobrepasado” del peso permitido, por lo que deben pagar un costo adicional. Sin embargo, resaltó que el error más común que cometen las personas que atienden las llamadas es que, se comunican con el supuesto amigo o familiar al número por el cual se comunicaron los estafadores y no confirman la información con los contactos que registran de ellos en sus agendas de números telefónicos.

“El problema es que no buscan o llaman a las personas verdaderas, sino que vuelven a llamar al número de teléfono que llamaron, por lo que les confirman el sobrepeso y les piden que paguen, por ejemplo, hasta US$ 4 mil y después les repondrán el dinero”, explicó.

Añadió que luego que las personas hacen el primer pago que les piden los llaman de nuevo para advertirles que verificaron el contenido del paquete y vieron que trasladaba hasta US$250 mil y para evitar una acusación de lavado de dinero les piden que paguen una nueva suma de dinero, que podría oscilar hasta en más de Q100 mil. Pop resaltó que en todos los departamentos tienen denuncias sobre estas estafas, pero principalmente se registran en Escuintla, Jalapa, Jutiapa y Quiché.

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Resaltó también que las cuentas bancarias en donde hacen los depósitos de dinero son personales o no institucionales o empresariales, lo cual debería generar una alerta a las personas que les piden que depositen dinero.

“Las personas están denunciado porque se han percatado de la situación a través de los medios de comunicación y por el temor de haberles dado fotografías del DIP y datos personales. Una cosa es que denuncien y otra es que venga, tenemos casos en donde las personas han desembolsado mucho dinero, pero no seguirán con el proceso porque les da vergüenza saber la forma tan vil en que fueron estafados”, dijo Pop.

Sin embargo, las autoridades continúan con la investigación debido a que las víctimas les proporcionaron suficientes datos como números de cuentas de bancarias, números telefónicos, forma de operar, entre otros.

Hoy hace un año se decidió entregar a la justicia guatemalteca Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones y expresidenciable del Partido Patriota.

Pasó cuatro años prófugo, y ahora, en prisión preventiva, enfrenta imputaciones en cuatro distintos casos penales, y aunque ya había avanzado en el camino para convertirse en colaborador eficaz de la Fiscalía, por ahora el proceso se encuentra detenido.

A Sinibaldi, además de los casos de corrupción en los que está señalado, durante su gestión como funcionario de gobierno, también se le señala  que, junto a Manuel Baldizón, orquestó las negociaciones de la Corte Suprema de Justicia en el 2014, la misma corte que está a poco menos de dos meses de cumplir dos años en funciones de facto, porque el Congreso aún no elige a sus sucesores.

De acuerdo con información de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Sinibaldi y Baldizón, ambos con claras posibilidades de alcanzar la Presidencia en ese entonces, habían integrado una corte afín a sus intereses.

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Los supuestos seis candidatos seleccionados para el desaparecido Partido Patriota, del cual Sinibaldi era presidenciable, fueron Douglas Charchal, Vladimir Aguilar, Ranulfo Rafael Rojas, Silvia García, Néster Vásquez y Nery Medina. Vásquez y Rojas ocupan actualmente magistraturas en la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral, respectivamente.

Colaboración eficaz

Juan Francisco Sandoval Alfaro, quien fungió como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad hasta el pasado 23 de julio, confirmó a este diario que Sinibaldi estaba en proceso de aportar y corroborar la información sobre otras investigaciones que ampliaban el trabajo de la Fiscalía.

“Se había avanzado en recopilar información”, comentó Sandoval desde Estados Unidos, donde reside luego de su destitución.

La figura de colaborador eficaz es reconocida en la legislación guatemalteca a través de la Ley contra la Delincuencia Organizada; sin embargo, Sandoval afirma que es un proceso que no es del agrado de la actual fiscal general, Consuelo Porras.

David Gaitán, consultor en materia de transparencia y justicia, opina que los procesos de colaboración son tardados, porque se debe verificar la información que brinde la persona que esté aportando datos y documentos, pero tiene la impresión de que en este momento en el Ministerio Público no existe ningún interés para aceptar a colaboradores eficaces debido a que atacan a la Feci por aceptarlos, cuando es una figura penal que funciona en todo el mundo.

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Procesos decisivos

Lizandro Acuña, investigador en temas de seguridad y justicia, resaltó que esos casos de alto perfil, como el de Sinibaldi, en algún momento llegarán a que magistrados de salas y de la CSJ los conozcan, y será ahí cuando se disipen las dudas de  independencia judicial  alrededor de las resoluciones de los actuales magistrados.

Acuña señala que ahí radica la importancia de que se agilice la elección de la nueva CSJ y las salas de Apelaciones, un proceso que se ha aplazado por casi dos años en el Organismo Legislativo.

“Los diputados del Congreso tienen que hacer conciencia de que fueron electos democráticamente para representar al pueblo de Guatemala, y no a diferentes sectores y sus intereses. El tema de la elección de cortes es prioritario y fundamental para oxigenar el sistema. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido y no se ha iniciado el proceso de elección?”, criticó Acuña.

Acuña opinó que después de la destitución de Sandoval, el nombramiento de Rafael Curruchiche como jefe de la Feci es muy cuestionado y se desconfía de cómo serán conducidas las investigaciones.

El exministro fue un actor importante en la política desde 1999, como lo sostuvo en comunicado que publicó, lo que le permitió conocer el sistema  guatemalteco, que va desde el financiamiento político hasta el ejercicio en el gobierno.

Se intentó obtener una opinión del fiscal Curruchice; sin embargo, no fue posible que atendiera una comunicación telefónica de este matutino.

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Los casos de Sinibaldi

Alejandro Sinibaldi pasó cuatro años prófugo. Regresó, y en el último año ha sido ligado a cuatro procesos, y en uno más fue apartado por falta de mérito. Actualmente, guarda prisión en la cárcel de la Brigada Militar Mariscal Zavala.

Cooptación del Estado: trama en la que se señala que funcionarios del gobierno del PP confabularon para tomar el control de varias entidades del Estado para beneficio personal.

Odebrecht: se señala que Alejandro Sinibaldi, como ministro de Comunicaciones, habría recibido pagos ilegales para favorecer a la constructora brasileña.

Construcción y Corrupción: desde el despacho ministerial, Sinibaldi habría conseguido cobrar coimas a empresas constructoras a cambio de agilizar y pagar deudas de proyectos de años anteriores.

Transurbano: se señala a Sinibaldi de haber recibido Q900 mil, entre mayo y junio del 2010, que correspondían a la seguridad del transporte público.

Luego de una semana de decretado el estado de Calamidad y las críticas que recibió por la comunidad científica, principalmente, por su poca eficacia para frenar los contagios, médicos especialistas ven necesario que el gobierno se replantee qué medidas tomar para frenar el alza de contagios y el impacto que tengan las nuevas cepas del covid.

Hasta ayer ya se habían confirmado variantes tan letales como la delta y, más reciente descubierta, la variante andina del SARS-CoV-2, que obligan a replantear las acciones a llevar a cabo.

Este fin de semana, además, se espera que el Ministerio de Salud actualice el nuevo semáforo epidemiológico y revele cuánto ha impactado en las últimas dos semanas el coronavirus en cada municipio.

Por ahora, los números son claros: hay más contagios y por cada 100 pruebas de covid que se reportan al sistema de Salud, hasta 35 salen positivas. Si se compara con meses como enero y febrero, cuando solo 16 pruebas de cada 100 eran positivas, permite concluir que hay un 50% más de contagios, al menos detectados.

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El uso de mascarillas en todo momento en lugares públicos, lavado de manos y distanciamiento social, son las medidas imprescindibles en medio de la pandemia, según epidemiólogos. Pero, además, también recomiendan al Ministerio de Salud volver a evaluar las restricciones y aforos máximos permitidos porque, con nuevas variantes más agresivas del virus, podría ser necesario mayor distanciamiento y más precauciones.

Si fuera necesario identificar el peor mes de la pandemia en Guatemala, agosto sería la respuesta. Hace 10 días, el 7 de agosto, el propio viceministro de Hospitales, Francisco Coma, reconoció en declaraciones públicas que “prácticamente todos los departamentos estaban en rojo”, bajo los parámetros del semáforo de covid-19.

Coma, en esa oportunidad, anunció que de los 340 municipios 263 permanecían en rojo, mientras que 51 en naranja y solo 26 en amarillo. Ninguno estaba en verde. Bajo estas mediciones sanitarias se considera que la actualización del semáforo será similar este fin de semana o, incluso, podría incrementarse los municipios rojos.

Más y mejores medidas

El epidemiólogo Arturo Sánchez López considera que se deben seguir exigiendo todas las medidas sanitarias vigentes, como el lavado de manos y el distanciamiento.

Sin embargo, advierte que las personas continúan aglomerándose, sobre todo la población joven que, a su juicio, se relajó y vive su vida en una relativa normalidad, lo que contribuye a la propagación del virus.

De acuerdo con Sánchez López, por estas actitudes es que sí es necesario que el gobierno analice medidas más estrictas, aunque esto no significa que deben ser permanentes.

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Agregó que para frenar esta oleada se deben tomar medidas urgentes y estrictas, pero aclara que las personas deben tener claro que no serán permanentes.

Sánchez sugirió que, para frenar esta oleada se deben tomar medidas más estrictas como no autorizar reuniones sociales, revisar los aforos y mapas de riesgo, porque a su criterio son acciones necesarias, aunque se afecte el comercio y la economía.

“Las medidas que se tomaron al inicio evitaron que esta pandemia fuera de mayores proporciones en el país”, afirmó.

La infectóloga pedíatra Alicia Chang va más allá y dice que, al menos por las siguientes dos semanas se debería de restringir la movilidad de las personas, cerrar el país por lo menos hasta recuperar el control de los contagios y liberar de presión a los centros hospitalarios.

Chang recuerda que Guatemala sigue en el nivel más bajo de vacunación de América Latina, por lo que mientras no se alcance un número considerado de vacunados, en las restricciones se debería de apostar la estrategia de contención. Al menos reducir un poco las horas de movilidad total e insistir en el cumplimiento de las medidas ya establecidas.

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“Se están complicando un poco más, en el sentido que si están necesitando muchos—de los jóvenes—ir al hospital. Entonces, lo que sucede es que, la persona por su edad no cuenta con factores de riesgo como para fallecer, pero si necesitará asistencia respiratoria para salir de la etapa crítica. Si todos se enferman al mismo tiempo no hay lugar para atenderlos”, advirtió.

Óscar Chávez, analista del Laboratorio de Datos, que desde el año pasado estudia la evolución del virus a través de los reportes estadísticos, opina que se deben tomar medidas de contención para detener la propagación del virus, pero deben ir acompañadas con medidas socioeconómicas como el bono Familia, pero tomando en cuenta las lecciones aprendidas del año pasado. Además, dice que también se deben tomar medidas financieras en el Ministerio para que tomen el control del manejo de la epidemia.

“Creemos que para lograr esto si se necesitaba el Estado de Calamidad, porque solo a través de recomendaciones no se pueden tomar las suficientes medidas de contención que se necesitan”, afirmó.

Los cinco hospitales que fueron acondicionados en Guatemala para atender a los pacientes de covid-19 están sobresaturados en el área de cuidados intensivos y la infraestructura no es suficiente para enfrentar la escalada de casos que se registra desde junio último.

El presidente Alejandro Giammattei, durante el mensaje presidencial del viernes pasado, afirmó que “prácticamente el país estaba en rojo” en la última actualización del semáforo de contagios y   que el 12 de agosto se confirmaron, de nuevo, más de cuatro mil nuevos casos. Entre las gráficas resaltó que el 95 por ciento de las camas de las unidades de Cuidados Intensivos de los hospitales estaba  ocupado por pacientes graves.

Pero no solo esos hospitales  atienden  pacientes de covid-19, también los nacionales  y los regionales se sumaron a esa lucha, y pese a que han incrementado las camas para  estos pacientes, no se dan abasto ante la alta demanda en toda la red hospitalaria.

Por su parte, el Ministerio de Salud, en lugar de fortalecer los hospitales temporales, hizo una reducción presupuestaria de Q195 millones, lo cual impactó a hospitales como el de Petén, que tiene dificultades para la compra de equipo a fin de expandir sus unidades de cuidados intensivos.

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Zulma Calderón, defensora de la Salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), explicó que los problemas de los hospitales temporales comenzaron con su inauguración, y desde entonces esas carencias persisten y las problemáticas que enumeraron durante el 2020 no han sido resueltas. Añadió que el principal problema es que estos hospitales fueron creados sin llenar los estándares de infraestructura.

“Es una situación que se ha evidenciado con el del Parque de la Industria, pero se repite con el de Petén, Quetzaltenango y no digamos el de Zacapa, que hasta los drenajes colapsaron. Son espacios improvisados, por la emergencia, para ser usados como centros hospitalarios. Después de 18 meses de que comenzó la pandemia esperaríamos que en algo se hayan corregido, pero no ha pasado”, afirmó.

Agregó que los hospitales, con excepción del de Quetzaltenango, operan con un déficit importante de personal sanitario. “A todos les falta personal. Hablo de personal de enfermería, técnicos respiratorios, incluso de pilotos para las ambulancias. Ese déficit hace que no puedan atender a pacientes en estado crítico; es decir, que no cuenten con la cantidad suficiente de camas en el intensivo porque no tienen quien las atienda”, sostuvo.

La diputada Andrea Villagrán, del bloque Bienestar Nacional (Bien), también criticó las readecuaciones presupuestarias que han hecho las autoridades para que funcionen los hospitales temporales durante este tiempo.

Considera que esta reducción de recursos obedece a que esos hospitales temporales, con excepción del del Parque de la Industria, nunca tuvieron capacidad para atender a pacientes graves de covid y solo han atendido  moderados, por eso se ha reducido su presupuesto para inyectarlo a hospitales nacionales.

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“Los hospitales que se volvían covid eran los regionales y nacionales, porque tienen camas de cuidado intensivo y todo el equipo para cuidar a los pacientes graves”, resaltó Villagrán.

Comentó que la idea de estos centros era que desfogaran los hospitales departamentales, pero su capacidad se superó desde que iniciaron operaciones, por lo que considera que no cumplen  su función.

Todos llenos

El hospital de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, fue el último que se inauguró, hace casi en un año, y comenzó a recibir pacientes un mes después. Actualmente tiene 11 camas en la sala de cuidados intensivos y su ocupación es total.

Este centro tiene espacio para 120 pacientes moderados, y  su ocupación es del 30 por ciento. Desde su inauguración, el mes pasado fue cuando más pacientes fallecidos registró, con un porcentaje de letalidad  del 10%, según Axel Salazar, facilitador del equipo financiero de la institución.

Según Salazar, cuando este hospital empezó a funcionar las personas interesadas en ocupar una plaza no acudían a las convocatorias porque temían trabajar con pacientes de coronavirus, pero ahora tienen un número ideal de plazas ocupadas.

Hasta el martes recién pasado tenían contratados 17 médicos. Entre enfermeros auxiliares, profesionales y técnicos el personal asciende a más de 40. Agregó que han recibido pacientes de otros hospitales del área, incluso del  del Parque de la Industria y de Guastatoya, que están saturados.

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Isaías Canté, subdirector del hospital temporal de Petén, explicó que a partir de mayo se han incrementado los casos de covid y desde entonces no disminuye. Además reporta un pico máximo de 64 pacientes por día.

Este centro cuenta con 14 camas para cuidados intensivos. Aun así, deben acondicionar ventiladores fuera de esta unidad. Además tienen capacidad para 84 camas para pacientes y 76   tienen tomas de oxígeno.

“Hemos estado en el 95 y cien por ciento de ocupación desde el mes pasado a la fecha. El intensivo siempre ha estado lleno (…). Han sido remitidos pacientes de Melchor, Poptún, Sayaxché, pero San Benito es el que más nos refiere porque ahí está la clínica de diagnóstico”, dijo.

Al Ministerio de Salud se le pidió respuesta sobre las modificaciones presupuestarias a los hospitales temporales, pero al cierre de esta edición no había respondido.

Los puestos de registro y control de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) se han incrementado en las calles en los últimos días, a fin de verificar el pago del impuesto de circulación o para prevenir delitos, como traslado de armas o dinero ilícito.

Aunque son procedimientos de rutina, a algunos pilotos les surgen dudas sobre qué documentos deben tener a la mano para presentarlos a los agentes y no ser víctimas de algún abuso.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de la PMT, explica que los agentes de tránsito solo están facultados para solicitar al conductor la licencia, la tarjeta y el impuesto de circulación en vehículos particulares, mientras que los autobuses de transporte extraurbano, taxis, fletes o tráileres deben tener un permiso específico para prestar servicios autorizados dentro de la ciudad.

En el artículo 43 de la Ley de Tránsito se establece que la autoridad retendrá la licencia de conducir cuando el piloto no presente documentos de identificación del vehículo o este carezca de placa de circulación, por lo que será conducido con agentes de la PNC.

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Montejo añade que la ley establece que los conductores deben presentar la tarjeta y el impuesto de circulación físico a las autoridades, aunque ahora se obtengan estos documentos de manera digital.

“Nosotros tenemos que solicitarlo por escrito mientras la ley no cambie. No estamos facultados para recibir el teléfono y leer el documento en el dispositivo. Se puede dar a una mala interpretación”, explicó.

¿Es válida la tarjeta de circulación antigua?

Un criterio distinto aplica la Policía Nacional Civil (PNC). Jorge Aguilar, portavoz de la institución, señala que en los retenes se pide a los conductores la tarjeta y el impuesto de circulación, DPI y licencia de conducir.
Agregó que nadie debería presentar la tarjeta de circulación antigua, pues se podría sospechar que el vehículo está desactivado y al verificar podrían consignar el carro para que se resuelva la situación ante el juez.
Este criterio no lo aplica la PMT de la capital. Montejo indica que sigue siendo válida la tarjeta de circulación no electrónica, porque no se ha cambiado en la ley.
Montejo señala que tienen habilitado el teléfono: 2380-1024, oficina de Asuntos Internos, para que las personas llamen en caso de que tengan dudas cuando los agentes de tránsito efectúan algún procedimiento y se investiguen las denuncias.

• Identificación de los puestos de registro

Los policías deben estar identificados plenamente, con sus nombres, apellidos y números de identificación cuando soliciten documentos al piloto del vehículo.

• Documentos para un automotor particular

Los agentes de tránsito solo están facultados para solicitar licencia, tarjeta e impuesto de circulación, si se trata de vehículos particulares

• Documentos para el transporte público

Los autobuses de transporte extraurbano, taxis, fletes o tráileres deben tener un permiso especial para prestar servicios autorizados dentro de la ciudad.

• ¿Puede sustituir el DPI a la licencia de conducir?

No. La policía de Tránsito no solicita el DPI, pero sí lo puede requerir la Policía Nacional Civil para identificar al conductor en caso de ser sospechoso de algún delito.

• Qué pasa si no porta matrícula o distintivos

El artículo 43 de la Ley de Tránsito establece que se retendrá la licencia de conducir del piloto cuyo vehículo no porte matrícula o tarjeta de circulación.

• ¿Se puede presentar la tarjeta de circulación electrónica?

No. La policía de Tránsito solo acepta el documento impreso porque la ley correspondiente así lo estipula.

• Multas por tarjeta de circulación vencida

En caso de que los conductores no porten la tarjeta de circulación, corresponde una multa de Q500 y la consignación del vehículo, y si está vencida, Q200.

• ¿Dónde poner quejas o pedir información?

En la capital, si se sospecha de un mal procedimiento de un agente de tránsito, se debe comunicar al 23801024; también por información de procesos.

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Sugiera temas:

Si tiene dudas sobre algún procedimiento  o trámite en el ámbito público puede hacernos llegar sus sugerencias y nuestro equipo de periodistas las investigará y resolverá en este espacio las interrogantes. Escríbanos a: actualidad@prensalibre.com.gt

El pasado viernes, el presidente Alejandro Giammattei anunció que, a partir de este domingo 15 de agosto, entra en vigencia un toque de queda en todo el país desde las 10:00 de la noche hasta las 4:00 horas del siguiente día.

Esta medida estará vigente por 30 días y también fue decretado un Estado de Calamidad Pública en todo el territorio, debido a que existe un colapso hospitalario por la escalada de casos de covid-19 y que fue confirmado que la variante Delta, la cual es altamente contagiosa, circula en el país.

Jorge Aguilar, vocero de la Policía Nacional Civil (PNC), explicó que, tienen registros en carreteras para identificar a conductores que circulen después de las 22 horas para verificar que cuenten con salvoconductos necesarios para transitar. Agregó que esperan que estas acciones sean preventivas, debido a que la población conoce cómo funciona esta medida y si no es justificada la salida fuera de su hogar podrían ser detenidos.

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¿Estado de Prevención disminuyó la escalada de contagios en la segunda quincena de julio?

El gobierno ya había establecido un estado de Prevención en la segunda quincena del mes pasado, con el fin de evitar el aumento de casos; sin embargo, esta medida no funcional según se estableció en un análisis preliminar que realizó el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública para medir el impacto de la medida.

#Ahora | Este el panorama de la circulación de vehículos en ruta hacia el Atlántico. : Érick Ávila. pic.twitter.com/lxEHLtZFe6

— Prensa Libre (@prensa_libre) August 16, 2021

Los datos revelan que en las últimas 24 horas se hicieron cuatro mil 24 pruebas para detectar el covid-19, de las cuales mil 309 fueron positivas, es decir, existe un 32.52 por ciento de positividad. Además, se informó que, en ese mismo período se reportó una muerte y 69 personas más perdieron la vida por el coronavirus, pero sus fallecimientos no habían sido registrados.

El #MSPAS informa la cantidad de personas que han recibido la primera dosis y el esquema completo de la vacuna contra el #COVID19. #PlanVacunaCOVID19

Consulta aquí los datos que son actualizados cada 24 horas https://t.co/g7sm9SC2Gf pic.twitter.com/A4MB8TqRUc

— Ministerio de Salud Pública (@MinSaludGuate) August 15, 2021

Guatemala confirmó el primer caso de coronavirus el 13 de marzo del año pasado y desde entonces los contagios positivos en el país suman 413 mil 040, han ocurrido 11 mil 155 muertes y los casos recuperados son 359 mil 364. Mientas que, los activos suman 42 mil 518, una cifra que más o menos se ha mantenido en las últimas semanas y que refleja que existe un aumento sostenido.

#Ahora | Así está afuera del Aeropuerto Internacional La Aurora, debido a que los vuelos siguen con sus horarios normales durante el toque de queda. : Érick Ávila. pic.twitter.com/Glqder3yZz

— Prensa Libre (@prensa_libre) August 16, 2021

La incidencia acumulada, casos por cada 100 mil habitantes, es de 2 mil 450.1, la tasa de mortalidad, por esa misma cifra de población, es de 63, con una letalidad de 2.6 por ciento.

Piden medidas drásticas

Además, el personal de salud de diferentes centros hospitalarios que están la ciudad pidió, durante una conferencia de prensa dada este domingo, a la población que se cuide por sus propios medios, porque las medidas decretadas por el gobierno de Giammattei no son drásticas para evitar los contagios por coronavirus, que en los últimos no han disminuido de cuatro mil confirmados por las autoridades sanitarias.

El personal sanitario también señaló que, cuatro de cada diez de sus colegas están en resguardo porque tiene algún síntoma o padecimiento por lo que agrava la situación, debido a que están reducidos en capacidades para atender a los pacientes.

#Ahora | Así lucen las calles de la zona 1, a pocos minutos de que entró en vigencia el toque de queda. : Érick Ávila. pic.twitter.com/xQTc0M1a1B

— Prensa Libre (@prensa_libre) August 16, 2021

Guatemala ya tuvo vigente un toque de queda desde el 22 de marzo, debido a que se confirmó el primer contagio de coronavirus, y el cual culminó el 1 de octubre del año pasado por la reapertura económica del país. Durante este tiempo, la medida fue variando de horarios, porque comenzó instaurado en horas de la tarde y terminó siendo solo nocturno

El presidente Alejandro Giammattei anunció un Estado de Prevención vigente desde el 14 al 28 de julio pasado, por la escalada de contagios que se registraron en ese mes, en donde fueron restringidas las reuniones públicas, el cumplimiento del uso obligatorio de mascarillas, entre otras medidas sanitarias.

Esta medida estuvo vigente por 15 días, por lo que el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública realizó un análisis preliminar para conocer el impacto que generó el Estado de Excepción para limitar las infecciones de covid-19 y fue enviado a diputados del Congreso.

En las conclusiones que se mencionan resalta que, en comparación con junio, los contagios se incrementaron en un 75 por ciento y durante el lapso que duró el Estado de Prevención –comparado del 1 al 14 del mismo mes– se estableció que se incrementaron en un 34 por ciento.

Mientras que, también indica que durante el mes pasado crecieron las muertes por el covid-19, debido a que del 1 de enero al 1 de agosto se han registrado 4 mil 497 fallecidos de los cuales el 20 por ciento fueron en julio. En el análisis también establecen que los picos máximos de fallecimientos durante lo que va del año se registraron entre el 14 al 31 de julio, estos días coinciden con el período que estuvo vigente el Estado de Excepción.

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Además, después que fue implementada la medida fueron diagnosticados el 56 por ciento de los casos que se registraron durante julio. Otra de los datos importantes a analizar es que, el día 27 del mes pasado se confirmaron tres mil 575 casos, pero en agosto se han superado los cuatro mil.

¿Qué medidas contemplaba el Estado de Prevención? Las autoridades podrían suspender cualquier evento público o manifestación que se llevara a cabo sin ninguna medida sanitaria como el distanciamiento social, el uso obligatorio de mascarilla, entre otros. Así como también fue prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en comercios y espacios entre las 18:00 y las 6:00 horas.

Sin embargo, 16 días después de levantada esta medida, Giammattei anunció en mensaje presidencial que a partir del viernes 14 de agosto se decretaba un Estado de Calamidad Pública, por el aumento de contagios de covid-19 que tiene saturados los hospitales públicos.

La nueva medida contempla disposiciones de restricciones de movilidad por 30 días como un toque de queda desde las 22:00 hasta las 04:00 horas del día siguiente, el cual dará inicio este domingo 15 de agosto.  Así como también no están autorizados los eventos públicos como reuniones sociales o recreativas, entre otras.

Eduardo Avirán Villatoro Sales, tiene 22 años y es conocido como “Junior”, fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) por tener vigente una solicitud de extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.

Según el informe policial, el detenido es hijo de Eduardo Francisco Villatoro Cano, alias “Guayo Cano”, quien fue condenado a 372 años y ocho meses de cárcel por la muerte de nueve policías de Salcajá, Quetzaltenango.

Villatoro Sales fue interceptado por agentes antinarcóticos en el bulevar Liberación cuando se trasladaba en una camioneta color gris y está señalado por al menos de cuatro delitos en Estados Unidos, entre los cuales resalta: lavado de dinero y conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína.

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Con la detención de Cano suman 31 detenidos con orden de extradición hacia Estados Unidos por diversos delitos, entre los cuales resalta narcotráfico.

El aislamiento de cabecillas y jefes de clicas del Barrio 18 es una de las acciones que promueven las autoridades para limitar las extorsiones, para que estén incomunicados con personas del exterior y no realicen llamadas extorsivas o que ordenan ataques armados en contra de personas que se niegan a pagar o a comercios.

La toma como rehenes de 17 guardias y el director del centro de alta seguridad Canadá, Escuintla, o más conocido como “el Infiernito”, desde el pasado 11 de agosto y quienes no han sido liberados después de entablar una mesa de diálogo con los reos, es como un de déjà vu de hace un año atrás.

El fin de semana pasado, las autoridades del Sistema Penitenciario trasladaron a 27 privados de libertad, señalados como jefes de clicas del Barrio 18, de la cárcel Fraijanes II a Pavón y también efectuaron requisas en el Infiernito y el sector 11 del Preventivo para varones de la zona 18. Luis Rodolfo Escobar, director del Sistema Penitenciario, los reos trasladados fueron llevados a un sector de aislamiento de Pavón para “controlar” las extorsiones, según informó la institución en su página web.

“Se llevaron a cabo tres movimientos simultáneos, para darle un fuerte golpe al tema de la extorsión con este nuevo plan denominado “a cero”, se hicieron estos traslados estratégicamente planteados, de los líderes del Barrio 18, ya que sabemos que ellos están detrás de este tema por lo que atacamos la raíz del problema”, expresó.

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Sin embargo, a escasas horas del traslado de los cabecillas del Barrio 18, reos de “el Infiernito” iniciaron un motín y retuvieron al personal penitenciario y exigen a las autoridades que los regresen a Fraijanes II.

La División contra extorsiones de la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los trasladados son los coordinadores y administradores de las extorsiones y sicariato del Barrio 18 en todo el país y fueron llevados hacia otro centro para tenerlos más “controlados”. No obstante, esta no es la única opción para mantenerlos aislados, debido a que el Sistema Penitenciario necesita el lugar desocupado porque están trabajando un proyecto para rehabilitar privados de libertad en conjunto con la cooperación internacional.

Desorden y hacinamiento

Esta no es la primeva vez que trasladan a reclusos con este perfil criminal de un centro de privación de libertad a otro, ya que, para finales de agosto del año pasado, 39 reclusos señalados de ser los integrantes más importantes del Barrio 18, y supuestos responsables de ataques armados en contra de comerciantes y transportistas, fueron distribuidos en varias cárceles, entre ellas: Matamoros y Mariscal Zavala, debido a que querían limitar la incidencia criminal que se podría registrar por la apertura económica de Guatemala.

Estos movimientos también ocasionaron inconformidad entre los pandilleros y como medida de presión tomaron el control de “el Infiernito” y 10 custodios fueron tomados como rehenes para negociar el traslado de sus jefes a las cárceles de donde los había sacado.

El expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, solía decir que nadie conoce realmente cómo es un país hasta haber estado en una de sus cárceles, si se ve bajo la óptica que veía el exfuncionario se puede asumir que, el país es un desorden, hacinado y descontrolado.

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El Infiernito es un centro de alta seguridad y tiene capacidad para 100 reclusos, pero está sobrepoblado y su hacinamiento es del 435 por ciento, según comentó Lisandro Acuña, quien agregó que, Presidios es una institución sobre diagnosticada para resolver sus problemas por lo que solo falta voluntad de las autoridades para poner en marcha las soluciones que se han propuesto.

Resaltó también que las políticas que se han creado para resolver los problemas no tienen el respaldo político necesario, pero son los documentos que abordan temas transversales como la seguridad interna de los centros, la cual es vulnerada con facilidad cuando retienen al personal penitenciario durante los motines.

“No existe los protocolos de seguridad interna dentro del sistema carcelario del país. La pregunta es cómo se van a implementar, cuando hay gran hacinamiento dentro de las prisiones”, resaltó.

Problema cambia de lugar

En opinión de Corinne Dedick, investigadora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), los problemas y el descontrol que exista en las cárceles no se resuelve con trasladar a los supuestos cabecillas del Barrio 18 de una prisión a otra, lo único que se logra es cambiar la problemática de un lugar a otro.

“Se necesita una infraestructura adecuada para ese perfil de reclusos –los pandilleros–, porque el motivo del traslado es porque están extorsionando o pensando en ejecutar otro tipo de delitos y eso no se puede evitar. Lo que hacen es trasladarlos de una cárcel hacia otra, pero al final se mueve el problema con estos traslados”, puntualizó.

Por lo considera que el problema debe ser resuelto con soluciones de fondo, por ejemplo, con la construcción de nuevas prisiones para recluir a las personas que siguen cometiendo delitos cuando están presos. Resaltó también que, el Sistema Penitenciario no puede justificarse con la falta de recursos económicos, debido a que tienen aprobado un préstamo para construir más recintos carcelarios.

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Dedick reflexiona que Guatemala ha estado entre los países que tienen los mayores índices de hacinamiento en las prisiones, por lo que la sobrepoblación es una tarea pendiente no solo de esta administración, sino también de gestiones anteriores. “Los niveles de sobrepoblación no permiten administrar las cárceles de forma controlada, porque están hasta siete personas en un espacio que debería ser para una”, afirmó.

No obstante, otro de los grandes problemas para el sistema carcelario, es que, hasta marzo pasado estaba destinado un guardia para cuidar a 20 reclusos, pero la problemática no solo se limitaba ahí, ya que, agentes penitenciarios ocupaban los puestos de directores y subdirectores de las prisiones, puestos que son claves para la toma de decisiones.

El cambio de jefatura en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) ha sido el más notorio; sin embargo, en las últimas semanas se han registrado numerosas rotaciones. Algunas fiscalías, más que otras, podrían resentirse.

Los cambios han sido ordenados por la fiscal general, Consuelo Porras, con un denominador común: los movimientos del personal de confianza son justificados como nombramientos y ascensos, y no convocatorias abiertas que fortalezcan la carrera fiscal y les dé las mismas oportunidades a otros fiscales de carrera para ocupar los altos cargos.

Los cambios en las jefaturas de fiscalías es una facultad de la Fiscal General regulada en el artículo 11 numeral cuarto de la Ley Orgánica del MP, como parte de las acciones para el fortalecimiento institucional y garantizar la efectividad en el ejercicio de la acción penal.

De acuerdo con la oficina de comunicación del MP, “desde el inicio de su gestión, la Fiscal General ha privilegiado y atendido los requerimientos de ascensos de han realizado las y los fiscales, en aras de fortalecer la carrera fiscal, del desarrollo integral y el trabajo institucional”.

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De esta cuenta, “mediante los ascensos, traslados y nombramientos también se busca garantizar una respuesta eficaz a la ciudadanía, reducir la mora fiscal y afianzar la efectividad del trabajo que se desarrolla”, señala la comunicación oficial del MP.

Casos importantes

Aunque siempre es importante, la Fiscalía de Delitos Electorales cobrará relevancia en los siguientes meses y hasta enero del 2023, cuando el Tribunal Supremo Electoral convoque a elecciones generales.

En esa fiscalía hay investigaciones abiertas contra partidos políticos y exfuncionarios que posiblemente incurrieron en delitos en las elecciones pasadas y que en las siguientes todavía tienen aspiraciones de ocupar un cargo de elección popular.

Esa fiscalía tiene al menos 400 expedientes en investigación y está integrada por tres agencias fiscales, en donde laboran, en promedio, dos agentes auxiliares y un oficial en cada una, por lo que la carga de trabajo es alta.

Entre los casos que resaltan en esta fiscalía está el de la cancelación del partido Unión del Cambio Nacional (UCN), el cual impulsó la candidatura a la Presidencia de Mario Estrada, condenado en Estados Unidos por narcotráfico.

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El partido aún se niega a desaparecer. Aunque el pleno del Tribunal Supremo Electoral rechazó una apelación de la agrupación política confirmando que debe desaparecer, sus integrantes libran una batalla legal para evitar su cancelación y su rival es el Ministerio Público, que investiga y debe demostrar los delitos en que incurrieron.

Hay otros partidos bajo investigación, como el Frente de Convergencia Nacional —que llevó a la Presidencia a Jimmy Morales—, Encuentro por Guatemala, Todos, Partido de Avanzada Nacional, Visión con Valores (Viva). Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (Urng-Maíz) y Compromiso, Renovación y Orden (Creo).

Curruchiche, ahora exjefe fiscal de delitos electorales, explica que el país está en una época preelectoral y el otro año empezarán a fluir denuncias contra partidos políticos. Será un año muy activo, y esa fiscalía deberá estar preparada.

En opinión de Lizandro Acuña, analista en temas de seguridad y justicia, estamos próximos a un año prelectoral, y entre los desafíos que tendrá esa fiscalía será la imparcialidad que pueda tener durante el proceso electoral.

Por ahora, la nueva jefa de la fiscalía, que tomó posesión del cargo esta misma semana, no ha accedido a exponer cuáles son los planes lleva para garantizar independencia en su trabajo y resultados en los próximos 15 meses, antes de la convocatoria a elecciones.

Para César Calderón, abogado litigante, los movimientos administrativos pueden obedecer a que son cargos que deben llenar personas capaces y los que sustituyen a los otros fiscales siguen los lineamientos del ente investigador sin afectar los resultados.

“Los casos siguen, sigue la persecución, los casos se ventilan —en los tribunales—, las personas siguen presas, los debates siguen. Sigue exactamente la misma dinámica”, dijo Calderón.

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Asuntos internos

Entre los traslados de los jefes fiscales también figura el de Marlon Kenneth Pacheco Rodríguez, de la Fiscalía de Asuntos Internos a la de la Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal. El fiscal Juan Mendizábal llegó en su lugar como encargado de investigar los posibles delitos de fiscales en el ejercicio de su cargo.

La Fiscalía de Asuntos Internos fue creada en el 2015 para investigar a los trabajadores del Ministerio Público. Son aproximadamente 10 mil empleados a nivel nacional y sobre algunos de ellos pesan denuncias por abuso de autoridad, sobornos y obstaculización a la investigación, por ejemplo.

Esta unidad tiene a su cargo investigaciones como la de la compra del edificio del Ministerio Público en la zona 5, que fue efectuada en la administración de la exfiscal Thelma Aldana y fue declarada lesiva por su sucesora, Consuelo Porras, razón por la que la ex fiscal general tiene vigente orden de captura.

La Fiscalía de Asuntos Internos investiga más de 50 denuncias presentadas contra el exjefe de la Feci Juan Francisco Sandoval. También hay un expediente contra Curruchiche, y hasta hace algunos días investigaba a la fiscal de la Feci Cinthia Monterroso, quien logró que su caso lo siguieran investigando en la Fiscalía de Distrito Metropolitano.

Acuña señala que estos traslados que se operativizaron después de la salida de Sandoval como jefe de la Feci han sido desacertados. Según el analista, no es el momento más oportuno para que Porras haga ascensos y nombramientos en el personal, porque la fiscal no tiene aceptación social y tampoco una buena percepción entre la población guatemalteca.

José Rafael Curruchiche Cucul, es el fiscal anticorrupción nombrado por la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras. Es el segundo abogado en ocupar la jefatura de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), después de la salida de su excolega, Juan Francisco Sandoval, quien se encuentra en Estados Unidos.

Curruchiche asumió el martes pasado, en medio de señalamientos por casos que presentó de delitos electorales y el rechazo por parte de diversos sectores, nacionales e internacionales como el propio Departamento de Estado de Estados Unidos.

En entrevista concedida a Prensa Libre el fiscal explica cómo ha sido su trabajo en estos primeros días y responde a señalamientos que hay sobre su nombramiento. Afirma que no es cercano a Porras y su llegada a la Feci obedece a su carrera, porque hace 17 años comenzó como oficial y fue ascendiendo conforme se abrían convocatorias internas.

Ha integrado las fiscalías como la de trata de personas, contra el robo de vehículos y formó parte del equipo de litigio, después de graduarse como abogado en 2011. Así como también la fiscalía municipal de Malacatán, San Marcos y Rabinal, Baja Verapaz, pero en 2016 lo trasladan a la de contra delitos electorales, en junio de 2016 asciende como encargado.

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¿La Feci podría ser, de alguna manera, instrumentalizada por otras fiscalías, para que se hagan algunas acciones? ¿Estaría de acuerdo con ese trabajo conjunto?

La Feci ha sido una fiscalía muy efectiva en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Ahora estoy yo a la cabeza. Esas investigaciones que ha hecho la Feci son institucionales, van a continuar y se fortalecerán. La ciudadanía y el pueblo de Guatemala debe tener la certeza que no pararán. Es responsabilidad mía que estén bien sustentadas, pero objetivas e imparciales respetando principios constitucionales como la presunción de inocencia, el debido proceso y la legalidad. La Feci se puede apoyar de otras fiscalías, pero debe conservar su independencia. Sé que hay casos muy grandes y complejos y yo aún estoy conociendo cada uno de los casos, no he visto en concreto ni uno solo, porque no he tenido el tiempo. Le puedo decir con certeza que esta fiscalía seguirá funcionando de forma independiente.

¿Considera que su nombramiento viene de ser una persona de confianza de la fiscal general y cómo ve los señalamientos de su cercanía hacia ella?

Desgraciadamente, en este país cuando uno ejerce función es satanizado. Soy un fiscal institucional. Cuando la señora fiscal general me propone hacerme cargo de la Feci lo hace con base a mi experiencia y a mi capacidad. Vuelvo a recalcar, todo mi esfuerzo y dedicación será enfocados a buscar lineamientos para que las investigaciones sean de forma objetiva e imparcial.

¿Recibió alguna instrucción de alguien para agilizar unos procesos más que otros?

Es falso. Lo único que le indiqué a la fiscal general cuando me hizo la propuesta fue: doctora, en las fiscalías donde he estado, siempre he sido objetivo e imparcial. Me respondió: eso me gusta, pero le voy a agregar un poco más y es hacer lo correcto. Qué satisfacción hay para alguien que ejerce función pública, específicamente en el sistema judicial, que al final del día se duerma con la conciencia tranquila sabiendo que ese trabajo lo hizo con objetividad, imparcialidad y legalidad.

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¿Qué instrucción recibió de la fiscal general cuando lo nombró jefe de la Feci?

Qué actuáramos de forma correcta. En todas las fiscalías donde he estado siempre ese ha sido mi lineamiento de trabajo número uno: objetividad e imparcialidad y hacer lo correcto, no investigaciones sesgadas, no malintencionadas, no con fines ideológicos, mediáticos o políticos. Rafael Curruchiche no tiene ningún interés en optar o participar a un cargo de elección popular o a otro puesto en la institución.

¿Cree que la opinión de gobiernos extranjeros, como el de Estados Unidos, incidirá en su trabajo?

A mí como fiscal lo que me corresponde es hacer mi trabajo con objetividad e imparcialidad y observando el principio de legalidad. Las decisiones que toma la señora fiscal son institucionales y yo soy un fiscal institucional y de carrera. Es muy valioso el aporte y ayuda que dan, pero también es muy valiosa la auditoria social que se hace en el país. El tiempo demostrará con base a mis hechos el trabajo que se ha hecho acá.

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¿Ya midió el impacto que tiene el apoyo de Estados Unidos y que suspendió por la salida del exfiscal Sandoval?

No puedo emitir opinión, porque la señora fiscal ya emitió un pronunciamiento institucional.

¿Cómo encontró la Feci?

La Feci es equipo de trabajo muy bien estructurado y sólido. Está conformado por, aproximadamente, 11 agencias lo que hace un trabajo de al menos 150 personas. Al momento que la Cicig deja sus funciones en Guatemala y la señora fiscal la integra al esquema organizacional, la dota con una unidad de apoyo técnico conformada por analistas criminales y financieros, eso hace que esas investigaciones tengan mayo sustento y aporte. Ayer –el jueves pasado—realicé mi primera reunión de trabajo con los agentes fiscales, dimos los lineamientos y me gustó mucho que se determinó que se ha trabajado con objetividad e imparcialidad. Me gustó mucho, porque va con mi línea de trabajo, objetividad, imparcialidad y hacer las cosas de forma correcta.

Con la relación a la posible colaboración eficaz de Gustavo Alejos, ¿Ve funcional utilizar la figura de colaboración eficaz y la seguirá utilizando?

No me he enterado del caso, con relación al señor Gustavo Alejos, como se dio su participación como colaborador eficaz. La figura de colaborador eficaz es muy buena y otras fiscalías han utilizado esta figura y se debe seguir utilizando, pero con base de elementos en investigaciones. La colaboración eficaz complementa una investigación testimonial, documental, material y pericial.

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¿Considerará cambios en la fiscalía?

El equipo de trabajo de Feci es muy bueno, está comprometido con la institución y con el pueblo de Guatemala, por eso están los resultados. Ahora que me subo como un compañero más, me tengo que adecuar a ellos y apoyarlos. Sé que se ha hecho algunos cuestionamientos, pero los resultados demostrarán con hechos que esas opiniones o percepciones que se tienen de mi persona –son equivocadas–. El pueblo de Guatemala al final va a juzgar cómo fue mi paso por acá. Se los dije ayer a los agentes fiscales, hoy estoy acá –como jefe–, pero me gustaría que mañana esté uno de ustedes.

¿Piensa confirmar a la fiscal Cinthia Monterroso como jefa de una agencia fiscal?

Haré mi evaluación de personal. Tengo que tomar decisiones y como le decía soy un fiscal de carrera y conozco la institución. No estoy empapado a profundidad de la situación de la licenciada Cinthia Monterroso, en su momento tomaré la decisión.

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¿Qué piensa de la jueza Ericka Aifán y su desempeño en el Juzgado de Mayor Riesgo D, donde se conocen muchos casos de Feci?

Por ética no puedo emitir opinión, sobre todo que no conozco su trabajo.

¿Qué opina de los cuestionamientos a su trabajo como fiscal en delitos electorales, sobre todo porque lo investiga la Fiscalía de Asuntos Internos?

Ellos tomarán tienen que investigar y tomar una decisión con objetividad e imparcialidad.

¿Cómo ha sido la transición de la fiscalía de delitos electorales?

Hay investigaciones como el caso del –partido—Líder del exdiputado Roberto Villate, otros como el de FCN- Nación, son investigaciones muy grandes y complejas, por lo que la persona que toma mi lugar debo empoderarla de los mismos.

Casos de alto perfil

Curruchiche tuvo a cargos casos de alto perfil en la fiscalía contra delitos electorales, por lo que ha sido cuestionado por el criterio de oportunidad que planteó para cinco personas señaladas de financiamiento al partido FCN-Nación y que no reportaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El fiscal responde que, aunque él presentó dos antejuicios y los ratificó ante el Congreso fueron los diputados quienes decidieron que el exmandatario conservaba su inmunidad. Agrega que en el proceso contra personas señaladas de financiamiento electoral es necesario que un juez, fiscal y magistrado sea objetivo e imparcial, debido a que en dos ocasiones se le ha certificado que sea investigado. Afirma que en las investigaciones han establecido que el proceso se entrampó por todas las partes procesales y están a la espera de que se resuelvan acciones presentadas en la Corte de Constitucionalidad.

Añade que el tiempo le dará la razón de cómo fue su actuar en las audiencias del proceso contra el expresidente Jimmy Morales y aclara que no tuvo nunca la intención de beneficiarlo o de parar la investigación.

Las reformas al sistema de justicia son un tema que cada poco resuena en la coyuntura de Guatemala; sin embargo, aunque varios grupos   buscan estos cambios, en el Congreso no existe consenso al respecto.

La semana pasada se incluyó el punto en la agenda, pero se suspendió la sesión y no se descarta que vuelva a figurar en las prioridades de las próximas reuniones para su aprobación en tercera lectura y redacción final.

Las alarmas se encienden en algunos sectores del sector justicia porque la Ley de la Carrera Judicial establece los principios, normas, garantías y procedimientos necesarios para la administración y el funcionamiento de la carrera judicial.

En otras palabras, se regula el ingreso, permanencia, traslado, prestaciones y evaluación del desempeño de   jueces y magistrados para que se garantice su imparcialidad, independencia y excelencia profesional mientras   ejerzan su profesión.

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La iniciativa se presentó con la justificación de que la ley vigente es una “discordancia con la Constitución Política”, lo cual la hace incongruente y se puede incurrir en inconstitucionalidades.

Los cambios a dicha normativa fueron promovidos por el ahora exdiputado Juan Ramón Lau y los legisladores José Arturo Martínez Dell y Álvaro Arzú Escobar, entre otros, con la intención de que la CSJ retome las decisiones administrativas de los jueces, magistrados y personal de las judicaturas.

El diputado Osmundo Ponce, presidente de la Comisión de Reformas al Sector Justicia, explica que este proyecto de ley pasó la segunda lectura y está a la espera del tercer debate. Considera que la iniciativa le resta independencia al CCJ y le otorga tareas administrativas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Más Poder a la CJS

El Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) está integrado por un magistrado titular y un suplente, electos por el pleno de la CSJ, que no deben ser integrantes; un magistrado titular y suplente, electos en asamblea de magistrados de la Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría; un juez titular y un suplente, electos en asamblea de juzgadores de Primera Instancia.

Así   también por un juez titular y un suplente, elegidos en la Asamblea de Jueces de Paz; un titular y un suplente experto en Administración Pública; un titular y un suplente experto en Recursos Humanos, y un titular y un suplente profesionales en Psicología.

Las reformas buscan que este consejo sea integrado y dirigido por el presidente de la CSJ y que ocupe el cargo de manera automática, junto a los demás integrantes mencionados anteriormente.

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Carlos Giovanni Ruano, presidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, opina que esta iniciativa de ley es un retroceso para la carrera judicial, debido a que buscan devolverle las funciones administrativas de los jueces, magistrados y personal de las sedes judiciales. “Las cortes Supremas de Justicia deben dedicarse fundamentalmente a administrar justicia y a la función jurisdiccional, y no a las funciones administrativas, para que la justicia sea más eficiente y eficaz. Muchos de los artículos que pretenden reformar sustituyen el Consejo de la Carrera Judicial por Corte Suprema de Justicia y es clarísimo”, afirma.

Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento ProJusticia, señala que los cambios pretenden restituir a la CSJ como la figura de mayor poder en la carrera judicial, lo que representa riesgos.

Además, entre las atribuciones que intentan estipular está que los consejeros deben avisar al Congreso, con al menos seis meses de anticipación, sobre el vencimiento del período constitucional de los magistrados de las cortes, para que se convoque a las comisiones de postulación, mientras que la ley actual establece un año.

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Señala también que la CSJ ascenderá a los magistrados y jueces de mejor calificación en la evaluación, pero será el CCJ el que convocará a los concursos de oposición; no obstante, en la actual ley son los consejeros quienes convocan y ascienden a los funcionarios que obtienen el mejor punteo.

Críticas

Hilda Morales, exprocuradora adjunta de Derechos Humanos, afirma que la CSJ debería enfocarse en impartir justicia para eliminar la mora judicial y separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales.

“Se está señalando como que la creación del Consejo es inconstitucional, pero se liga a la Ley de Comisiones de Postulación, y es ahí donde se debe poner atención, porque esta ley necesita una reforma, por todas las complicaciones que hemos visto a lo largo de su existencia”, advierte.

Para el abogado y consultor jurídico Andy Javalois, las reformas propuestas en la iniciativa son cuestionables y debe haber un análisis objetivo y que provengan de personas empapadas del tema.

“Tiene una intencionalidad retroactiva, pero no en el sentido legal, sino en el histórico, de regresar las cosas a un tiempo, más o menos a mediados de los noventa o más atrás”, resaltó.

La captura de maestro que grababa y comercializaba los vídeos y fotografías de los abusos de menores en Gualán, Zacapa, podría recordar cualquier guion de película de detectives, pero la realidad siempre supera la ficción y los detalles del caso desenmascaran una práctica ilegal que sucede en todo el mundo, y Guatemala no es la excepción.

El 28 de julio los medios de comunicaciones del país destacaban la captura de “el proveedor”, en referencia a la detención de Rodrigo Humberto Paz Aceituno. La policía llegó a su vivienda solo después de darle seguimiento a una investigación que comenzó a miles de kilómetros de distancia, que comenzó en Brasil, siguió en Brasil y terminó con su captura y el seguimiento a los casos de nueve menores.

Paz Aceituno, de 44 años, era conocido por sus vecinos como maestro, ya que se dedicó a esa profesión durante un tiempo de su vida. También organizaba encuentros infantiles de fútbol y de esta forma mantenía contacto con muchos menores sin levantar sospechas de los padres.

En el caso de Paz Aceituno, su postura de maestro y entrenador deportivo cambiaba cuando ingresaba a foros de pornografía infantil con el seudónimo de “P2latino” o “masito”. De hecho, era uno de los administradores de un sitio de este tipo y desde donde intercambiaba información, fotografías y experiencias con otras personas en el mundo.

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Fue en uno de estos foros que se conectó con un ciudadano francés, que pronto se convirtió en un viaje de Francia hacia Gualán para que sostuviera un encuentro sexual con un menor. Era enero del 2020.

Alexander Colop, fiscal contra la trata de persona, explicó que este caso surgió por información enviada de la Secretaría General de Interpol, ubicada en Francia y de Brasil, que alertaba sobre un guatemalteco que se dedicaba a compartir fotos y vídeos de abuso sexual de menores en diferentes plataformas de Internet.

Era una investigación internacional contra la trata de personas denominada “lobos”, explicó Colop.  Como parte de la operación, en Brasil fue capturada una persona que compartía mucho material multimedia de explotación sexual infantil por medio de plataformas, en donde había administradores de foros de sitios pornográficos y ahí figuraba el usuario “Masito”.

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Las investigaciones avanzaban y en Francia lograron capturar al francés que meses antes había estado en Guatemala. Colaboró con las autoridades e informó que fue “P2latino” el guatemalteco que lo invitó a Guatemala para que tuviera contacto sexual con un niño.

La Fiscalía contra la Trata de Personas, en Guatemala, aún no descarta la hipótesis de que, así como el francés, otras personas de otras partes del mundo pudieron también ser “invitadas” a Guatemala para sostener encuentros sexuales con menores.

“Por la información que nos dieron, únicamente esa persona turista se logró identificar, se confirma su ingreso –al país—con sus movimientos migratorios y también la fecha de salida. Ignoramos si –Paz Aceituno– había hecho lo mismo con otros extranjeros. Le preguntamos sí tenía amigos extranjeros y respondió que sí, también le preguntamos si lo venían a visitar y respondió que sí, porque querían ver las ruinas de Quiriguá.”, explicó el jefe fiscal.

La casa del terror

Paz Aceituno vivía en la aldea Mayuelas, en el municipio de Gualán, a por lo menos 170 kilómetros de la capital, en el departamento de Zacapa. En los registros de la Policía figuraba una denuncia por agresión sexual.

La forma de operar de Paz Aceituno era ganarse la confianza de los padres de los menores, por medio de la organización de los encuentros infantiles de fútbol o porque ofrecía clases en su casa, y así aprovechaba el acercamiento para producir y grabar material pornográfico, según los detalles de la investigación del MP.

El pasado miércoles, cuando las autoridades irrumpieron en la vivienda para detenerlo y recabar indicios en su contra, confirmaron que cuatro menores, de los que tenían información habían sido grabados. Pero, conformen iban analizando el material, encontraron que más niños podrían haber sido sus víctimas, por lo que fueron a sus casas y hablaron con sus padres para que colaboraran. Al final fueron nueve los menores de entre 6 y 9 años rescatados, entre ellos el hijo de Paz Aceituno. En el grupo había una niña.

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El MP, hasta ahora, han logrado establecer que todas sus víctimas vivían en la misma aldea, cerca del victimario. Todos los menores, con excepción del hijo de Paz Aceituno, admitieron haber sufrido de abuso sexual de parte del supuesto entrenador de fútbol.

Durante el operativo fueron incautadas computadoras portátiles, dos discos duros, tres cámaras fotográficas y seis teléfonos celulares que contenían fotografías y vídeos con contenido de explotación sexual infantil por lo que podrían rastrear más víctimas.

Después del operativo, cuatro menores fueron albergados en el Refugio de la Niñez; mientras que los demás fueron regresados a sus hogares.

Erick Maldonado, director jurídico del Refugio de la Niñez, explica que los niños que recibieron son hermanos y tienen buenas condiciones de salud, por lo que iniciaran el proceso para establecer si habían sido víctimas de Paz Aceitunos o no había consumado la violación. Además, buscarán un recurso familiar idóneo para que se reintegren.

Agrega que el detenido bajo engaños y manipulaciones atraía a los niños para producir vídeos eróticos con fines de comercialización hacia otros países recibiendo un beneficio. El abogado no descarta que existan muchos más casos, porque según la información dada por Interpol los primeros rastreos de material multimedia que compartió datan de 2014, es decir, podría haber operado desde hace siete años.

Los delitos que podría enfrentar Paz Aceituno son posesión y distribución de material pornográfico, trata de personas de la modalidad de pornografía y violación sexual.

Mientras que Ana Lucía Peláez, defensora contra la trata de personas de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), explica que el último informe presentado el martes pasado en donde analizan estos delitos resalta que durante el año pasado se redujeron las sentencias por estos casos comparado con 2019 por las medidas que hubo en el país para limitar los contagios de covid-19; sin embargo, por primera vez, los jueces dictaron reparaciones dignas para las víctimas.

“Fueron nueve sentencias en 2020, cuatro condenatorias y cinco absolutorias; lo que vemos positivo es que el Organismo Judicial, por primera vez, registró cuatro reparaciones dignas para víctimas de trata en ese año”, resaltó la defensora.

En lo que va del año, la Fiscalía contra la Trata de Personas ha logrado que 75 personas sean ligadas a proceso por delitos de pornografía, explotación sexual y laboral, 35 condenados por delitos relacionados con la trata de personas y 120 personas acusas formalmente por delitos relacionados con la trata de personas.

La destitución del abogado Juan Francisco Sandoval Alfaro, como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), por parte de la fiscal general, Consuelo Porras, ha tenido un efecto dominó en la falta de confianza para su gestión por parte de países cooperantes como Estados Unidos, mientras que otros países de la comunidad internacional han manifestado su rechazo a la decisión de la jefa del Ministerio Público (MP).

Pero la suspensión de la ayuda de EE. UU. al MP provocó la reacción del mandatario Giammattei que calificó la medida de contraproducente para la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. De esta cuenta, pidió al ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, que busque opciones para apoyar de forma financiera al MP, así como también instruyó al canciller Pedro Brolo para que busque cooperación de organismos internacionales y países cooperantes.

Pero la ayuda que recibe el MP de la cooperación internacional es técnica y no dineraria. La misma jefa del MP lo reconoció durante una entrevista a Prensa Libre en mayo pasado: “nos apoyan desde consultores, toda la parte técnica y algunos equipos que nos donan. Muchas actividades las realizamos con Usaid, INL, la DEA, con ICE. También tenemos cooperación de Canadá, España y otros cooperantes”, afirmó.

Porras repetía lo que ya se había plasmado en su último informe de labores, publicado también en mayo pasado, donde se destacaba que la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, en inglés) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), han fortalecido con ayuda diversa como apoyo técnico, consultorías, equipo mobiliario, entre otros a las fiscalías contra la Corrupción, delitos contra la Narcoactividad, métodos especiales de investigación, análisis criminal e investigaciones criminalísticas, lavado de dinero y trata de personas.

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De esta cuenta, el que EE. UU. retire el apoyo a la Fiscalía, como lo han hecho saber la última semana, tendría un impacto que no pasa por falta de recursos financieros.

MP más vulnerable

David Gaitán, consultor en materia de transparencia y justicia, opina que el gobierno estadounidense y los países amigos promueven con anunciar el retiro de apoyo una reflexión para que en un estado de Derecho como Guatemala no se vulneren los derechos laborales de un fiscal como Juan Francisco Sandoval.

“Es vergonzoso que el presidente y la fiscal general no se den cuenta que el apoyo que brinda Estados Unidos va más allá del dinero que puedan desembolsar para el Ministerio Público, hay suficiente apoyo en materia de capacitación, formación, equipo dado al ente investigador. Creo que más del 40% del equipo y funcionamiento de las agencias fiscales municipales, que tanto se vanagloria la fiscal general de haber ampliado la cobertura, han empezado su funcionamiento gracias al apoyo que los Estados Unidos y otros países han brindado”, explicó.

Advierte que están perdiendo el apoyo de los países amigos y de la cooperación internacional y significa un grave retroceso en materia de política internacional del país, sobre todo la falta de confianza hacia la jefa del ente investigador, que anunció Estados Unidos.

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Además, reitera que hay agencias que trabajan de la mano con el gobierno de dicho país como la Unidad Especial Antipandillas Transnacionales, Unidad Especializada Contra Organizaciones Criminales dedicadas a la Narcoactividad y/o Lavado de Dinero u Otros Activos y Delitos contra el Orden Tributario -Unilat-.

“Un país como Guatemala no puede darse el lujo de decirle a los cooperantes que no necesitan de ellos, cuando hemos sido un país que dependemos mucho de la cooperación internacional, el ejemplo claro son las vacunas”, resaltó Gaitán.

Más que dinero

Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), reitera que la suspensión de este apoyo por parte de EE. UU. se traduce en que no confía en el MP, después de la salida del exfiscal.

“El problema no es la suspensión del apoyo, sino lo que significa, y el cambio en la percepción y la pérdida de credibilidad que se tiene del Ministerio Público. (…) Es un retroceso probablemente irreparable y definitivo. Ha habido todo un proceso de desmantelamiento en la lucha contra la corrupción y de ganar espacios por parte del pacto de corruptos para mantener el Estado como un botín”, sostuvo Linares.

Mientras que Édgar Ortiz, señala que la suspensión de este apoyo tiene implicaciones fuertes porque en términos de crimen transnacional, como narcotráfico y trata de personas, se necesita la cooperación con Estados Unidos. Recordó que, durante la visita de la vicepresidenta de ese país, Kamala Harris, a Guatemala anunció la creación de fuerza de tarea Alpha, encargada de investigar corrupción, trata de personas y capacitar a fiscal nacionales, y que esa oportunidad podría perderse.

 Más dinero para 2022

El ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, afirmó que sostuvo una reunión con el presidente Giammattei para tratar el presupuesto del MP, aunque, aclaró que no cuenta con los números concretos para dimensionar el apoyo presupuestario que se estaría restringiendo. Al 29 de julio, la ejecución presupuestaria del MP es de Q1 mil 96 millones que equivale a 41.04%.

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Mencionó que desde hace algunos meses cuando el MP abrió 340 fiscalías en todo el país, ya se había presupuestado un apoyo adicional a la entidad, que pudiera ser parte en 2021, y para el ejercicio 2022.

Precisó que para el sector justicia, de manera preliminar se está asignando alrededor de Q1 mil 800 millones adicionales, de los cuales para el MP serán unos Q1 mil 400 millones adicionales, para poder equipar a las fiscalías.

“Vamos a hablar con la señora fiscal de qué apoyo estamos hablando y, lógicamente, de acuerdo con las instrucciones, brindarle el apoyo presupuestario a medida de lo que se puede destinar en ese rubro”, concluyó.

De 11 meses que duraba el curso básico para hacerse policía, este año se redujo a menos de seis, de manera que al final del año dos nuevas promociones de unos tres mil agentes se incorporarán a las fuerzas de seguridad.

Desde el gobierno de Jimmy Morales disminuyó el ingreso de aspirantes a policía a la academia, además de que hubo una constante rotación de directores de la Policía Nacional Civil (PNC), lo que, según analistas consultados, pudo afectar el desempeño y la institucionalidad de las fuerzas del orden público.

Durante la gestión de Alejandro Giammattei, por efectos de la pandemia, se suspendió la graduación de policías en el 2020, pero durante este años se recuperó el tiempo y ya se han graduado mil 502 agentes.

El pasado 15 de julio, en las diferentes academias de la PNC, se graduaron 276 mujeres y mil 226 hombres, que son los agentes que ganaron el curso básico durante seis meses de estudios.

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Jorge Aguilar, vocero de la PNC, explicó que los nuevos agentes fueron distribuidos entre Chiquimula, Izabal, Escuintla y Guatemala, y también en unidades de investigación como la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, División de Puertos y Aeropuertos Fronteriza y la Subdirección General de Investigación Criminal.

“El talento humano para la PNC es importante, porque es una de sus fortalezas”, afirmó el portavoz.

El nuevo grupo recibió armamento y uniformes por la PNC. De acuerdo con Aguilar, los nuevos agentes tienen armas Jericho, Glock y Prieto Bereta.

Verónica Godoy, vicepresidenta de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (Fads), recordó que esta promoción cursó los estudios básicos para policía en menos de seis meses, y lo recomendable son 11, por lo que advierte de que este grupo podría no contar con las destrezas necesarias para efectuar su trabajo y, contrario a su objetivo, poner en riesgo a las personas a quienes deben resguardar.

En agosto comenzará el nuevo grupo el curso en las distintas academias de la PNC y se espera que se gradúe antes de que finalice el año, lo que significa que esta promoción tendrá poco más de cuatro meses de preparación.

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Años anteriores

En la gestión del Partido Patriota, entre 2012 y 2015, se graduaron 14 mil 794 policías y se convirtió en el gobierno que promovió más agentes.

Luego, de 2016 a 2019, la Subdirección General de Estudios y Doctrina de la PNC graduó a 9 mil 279 agentes de la PNC.

Sin embargo, en 2019, segundo año de la gestión de Enrique Degenhart en el Ministerio de Gobernación, ningún aspirante ingresó a la academia y ese año solo se graduaron los policías que ganaron el curso básico en el 2018, y debieron esperar varios meses para incorporarse a las filas policiales.

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A la falta de aspirantes en la academia de la Policía se sumaron a otras decisiones del ministro como el nombramiento de diferentes directores, la remoción de mandos medios y técnicos, así como la desarticulación de unidades especializadas de investigación.

Para Sandino Asturias, analista en asuntos de seguridad y justicia del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), la graduación de policías siempre es buena noticia, por la necesidad que existe en el país de reforzar la seguridad ciudadana; sin embargo, sigue siendo bajo el número de agentes para enfrentar los retos y desafíos en investigación criminológica y patrullajes. Añade que también es necesaria la profesionalización de estos efectivos.

“Cada vez hemos visto que las autoridades, en los últimos gobiernos, quieren usar a la Policía en funciones fuera de su competencia; por ejemplo, hemos visto curso de formación de policías en la Escuela Kaibil, por lo que existe una tendencia a militarizar la formación policial y sus funciones”, advirtió.

Según Asturias, la PNC debe prevenir el delito y la violencia; sin embargo, durante las protestas de noviembre pasado fue grabado en video y documentado en fotografías cómo policías agredían y capturaban a manifestantes de forma arbitraria y antojadiza.

Lo expuesto por Asturias se fundamenta en las denuncias en la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH).

Durante el 2020 y hasta el pasado 15 de marzo, la PDH recibió 475 denuncias contra diferentes actuaciones ilícitas de la Policía.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que investigadores en seguimiento a una información sobre el posible traslado de dosis de drogas interceptaron un menor de 17 años.

Según la PNC, el menor momentos antes había entregado varias dosis de droga a un oficial de la Comisaría 14 que aún no había reportado tal situación.

Por lo sucedido, el adolescente fue remitido al juzgado correspondiente; mientras que el oficial René García fue consignado ante la Inspectoría General.

García es señalado por posible cohecho y será en los tribunales donde aclare su situación legal.

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La PNC afirma que tiene detallados los procedimientos legales en cada caso y reitera su compromiso de cumplirlos.

Lo sucedido quedó grabado en un video que circula en redes sociales, que muestra cuando el uniformado fue descubierto en 9 avenida y 13 calle, zona 1 de la capital.

En el video de 2 minutos con 34 segundos, se observa cuando García es cuestionado por sus superiores, quienes le indicaron que su deber era consignar al adolescente.

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Luego el oficial García se dirige al autopatrulla y pone a la vista el ilícito que momentos antes había sustraído de las prendas de vestir al menor, confirmando la versión del adolescente de haber entregado la droga a un oficial.

Sin embargo, en la grabación se observa que el oficial cargaba la droga y luego de sacarla de su bolsa del pantalón la coloca en la palangana del autopartulla.

El Ejecutivo aprobó, por medio del acuerdo gubernativo 149-2021, la política pública de protección a la vida y la institucionalidad de la familia, que cual entró en vigor el sábado pasado. El Ministerio de Educación es el órgano rector.

Aunque el acuerdo que le da vida a la política fue publicado en el Diario de Centro América, aún no se han dado a conocer los lineamientos, los objetivos general y específicos, y tampoco las estrategias de cómo será implementada, lo cual genera en algunas organizaciones dudas en la manera en que se armó ese documento.

Prensa Libre tuvo acceso a un resumen ejecutivo de la política, en donde se explica el marco estratégico, que se enfoca en la protección a la vida y familia como problema público y la debilidad que existe en las instituciones para atender las necesidades inmediatas de los derechos individuales y sociales de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores.

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Además, enumera no menos de 10 lineamientos y su ejecución por medio de programas sociales que existen, y los cuales están a cargo de diversos ministerios, como el de Desarrollo, Salud y Educación. En la política también se establecen metas para el desarrollo social de las familias, que tienen que ser cumplidas en una década.

Participación sin voz

Durante la discusión de esta política, Gobernación tuvo acercamientos con organizaciones de la sociedad civil para fortalecer ese instrumento, entre las cuales están Refugio de la Niñez, Asociación Somos y el Observatorio de los Derechos de la Niñez (Ciprodeni).

Leonel Dubón, director de Refugio de la Niñez, explicó que participaron en una reunión a la que fueron invitados como organización, pero durante el evento no les dieron a conocer de forma total la política y sus lineamientos, por lo que solo discutieron información general de la situación de las familias en el país.

“Planteamos que nos enviaran los insumos para hacer nuestro análisis y planteamiento, pero a la fecha no hemos recibido los insumos ofrecidos en el Ministerio de Gobernación. Estamos a la espera de que nos los hagan llegar”, dijo.

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Otto Rivera, director de Ciprodeni, explicó que la organización también quedó a la espera de datos que Gobernación les compartiría para conocer cuestiones más específicas. “Hasta que no conozcamos el documento, nuestra postura será advertir nuestras preocupaciones”, dijo.

Rivera cuestionó por qué Gobernación fue el ente rector para afinar los detalles de la política, lo que podría sobreentenderse en que va direccionada a seguridad ciudadana y no tendrá un enfoque basado en derechos humanos.

“Tiene una visión reduccionista sobre la familia guatemalteca, y me da la sensación de que va dirigida con enfoque de seguridad ciudadana. Debería tener un enfoque más global sobre los derechos humanos, tomando en cuenta la diversidad de familias que existen en el país”, cuestionó.

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Sin información

Tanto Ciprodeni como Refugio de la Niñez concuerdan en que se debería hacer pública la política para saber las implicaciones del documento, lo cual genera muchos cuestionamientos. “Nuestra preocupación es que el Gobierno diga que consultaron a sociedad civil para la aprobación de la política, cuando esto no es cierto”, afirmó Rivera.

Mientras que para Carolina Escobar Sarti, directora de La Alianza, explicó que la ciudadanía necesita conocer las políticas públicas que se formulan a su favor, y agregó que aunque fue desarrollada por el Estado, debe ser consensuada con los sectores y sociedad civil que están impulsando proyectos en los temas relacionados.

“Tenemos derecho a conocerla, a cuestionarla o aprobarla. Si está muy buena, ojalá que así sea, no habría ningún problema en esconderla. ¿Por qué la esconden? Es una pregunta que lo hace un objeto de cuestionamiento, porque lo que está bien hecho no se esconde”, advirtió Escobar.

Para Dubón, esta política, aunque no la conoce, debe tener un mecanismo de evaluación y de rendición de cuentas claro, porque estará involucrada con programas de ministerios, y bien se sabe que no hay ningún ente que los supervise, por lo que no generan el impacto que esperan.

Lineamientos

El resumen ejecutivo señala que la política tiene como objetivo general la garantía de protección social a la familia por medio de armonización y optimización de las intervenciones institucionales. Mientras que, como objetivos específicos, se propone institucionalizar un sistema de protección a la familia a través de los mecanismos que otorga el Estado desde la Constitución, las leyes ordinarias y reglamentos.

También indica que desarrollarán estrategias desde las instituciones de protección a la familia para fomentar su desarrollo, así como también gestionarán las capacidades del Estado para protegerlos por medio de programas.

Señala tres ejes estratégicos: ejercicio de libertades y realización de derechos para la calidad de vida de las familias, atención integral durante el ciclo de vida para el desarrollo y acceso a oportunidades y desarrollo de capacidades.

El mencionado resumen señala al menos 10 lineamientos para desarrollar la estrategia, entre los cuales resaltan propiciar condiciones de equidad e inclusión para construir proyectos de vida individuales y colectivos para la familia; garantizar la planificación consciente, segura y voluntaria; asegurar que las familias tengan acceso a servicios durante la etapa prenatal y primera infancia a través de programas sociales.

Además, se proponen que para el 2022 el 25% de mujeres, niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores en condición de vulnerabilidad estarán fuera del sistema de protección social a la familia, porque podrán acceder a servicios básicos como salud, educación, nutrición, empleo y prevención de la violencia.

El año pasado la fiscal general, Consuelo Porras, anunció la creación de la FECI como fiscalía de Sección, debido a que no estaba dentro de la estructura del Ministerio Público, porque fue un convenio con la extinta Cicig que le dio vida. Por lo que fue implementada dentro del esquema institucional para que siguiera funcionando.

Juan Francisco Sandoval Alfaro como fiscal y jefe de la Feci llevó ante la justicia a expresidentes y presidentes. En el 2010, dirigió la captura del exmandatario Alfonso Portillo en Izabal, quien luego fue extraditado hacia Estados Unidos

La Fiscalía Especial junto a la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) llevaron ante los tribunales al expresidente, Otto Pérez Molina y la exvicemandataria, Roxana Baldetti, por el caso La Línea, en donde también participaron personas particulares, exjefes y exfuncionarios de las aduanas y de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Este caso abrió camino para que se desarrollan más investigaciones contra los exfuncionarios y exministros como en Cooptación del Estado, La Cooperacha, TCQ, entre otros, así como también gran parte de la estructura del desaparecido Partido Patriota fueron sentados en los banquillos como acusados por los casos de corrupción durante ese gobierno.

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En 2017, el hermano, Samuel Everardo y el hijo, José Manuel, del entonces presidente Jimmy Morales fueron señalados de simular dos eventos: la venta de canastas navideñas y un desayuno para evaluar el desempeño de los trabajadores en el Registro de la Propiedad. Ninguno de los dos se realizó.

Además, en 2018, esta Fiscalía junto a la Comisión acusaron al expresidente Álvaro Colom y a 12 integrantes del gabinete de su gobierno de avalar la implementación del sistema prepago para las unidades de Transporte Urbano (Transurbano).

Sistema de justicia

Las investigaciones de corrupción realizadas por la FECI no se limitan solo al Ejecutivo, también salpicaron a altos funcionarios del sistema judicial, por ejemplo, contra la magistrada Blanca Stalling, denunciada por el juez Carlos Giovanni Ruano Pineda en 2017, por presiones para favorecer a su hijo Otto Molina Stalling en el caso Igss.

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Después que se disolvió la CICIG, la Feci continúo sacando casos emblemáticos de corrupción en el sistema de justicia como el de las Comisiones Paralelas, en donde revela los mecanismos de cooptación en las Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones. Esta investigación permitió conocer las redes gremiales de abogados manipularon los procesos de selección de los candidatos a magistrados de las cortes por intereses económicos y políticos.

Jefes de la Feci

Antes de que Juan Francisco Sandoval asumiera la jefatura de la FECI, estuvo la abogada Eunice Mendizábal, quien luego fue viceministra de Asuntos Antinarcóticos de Gobernación y posteriormente, titular de la cartera del Interior en el gobierno de Otto Pérez Molina.

Además, también fue jefe el fiscal Rubén Herrera, quien luego ha ocupado otros puestos en el Ministerio Público, por ejemplo, pasó a la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia. Otro de los jefes fue el abogado Óscar Schaad, quien luego fue trasladado como jefe de la Fiscalía contra Delitos Electorales, pero en junio de 2019 se conoció que salió del país junto a su familia por amenazas.

Las investigaciones relacionadas con delitos del narcotráfico no son tan sencillas de judicializar, sobre todo cuando hay personal del Ministerio de la Defensa señalado de haber participado o facilitado algún acto ilícito.

El fiscal contra la Narcoactividad, Alan Ajiatas, al explicar las dificultades que debe sortear una investigación indica que entre los mayores desafíos para la Fiscalía está el de “pasar las líneas de fuga de información que rodean las actividades ilícitas” y demostrar que integrantes del Ejército de Guatemala han colaborado en actividades del narcotráfico.

Existen varios ejemplos de la complejidad a la hora de investigar este tipo de actos ilícitos.

Ajiatas pone en discusión uno de los casos más recientes, el de unos soldados que habrían custodiado el traslado de cargamentos de cocaína, lo cual se reveló en un informe del expediente de solicitud de extradición de Kevin Yordano Ortiz López, sobrino de Juan Ortiz, alias Chamalé, condenado a 21 años de prisión en EE. UU. por delitos de narcotráfico.

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Hay otros casos, como la información que abrió camino a la solicitud de extradición a EE. UU. del exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, señalado de conspirar para trasladar cinco o más kilogramos de cocaína a ese país.

La acusación del Departamento de Justicia de EE. UU. en contra de López Bonilla señala que este colaboró con el grupo armado los Zetas entre 2010 y 2015, incluso se le asignaron agentes de la Policía Nacional Civil para vigilar los cargamentos de droga que trasladaban.

Sobre este caso en particular, Ajiatas refiere que hay más obstáculos. Los hechos se dieron en 2017, por lo que no investigan quiénes de los policías pudieron haber estado implicados en la seguridad de los cargamentos porque el seguimiento a información que conocen por pesquisas de narcotráfico por otros países comenzó un año después, cuando él, junto al fiscal Gerson Alegría, asumió la jefatura de esa fiscalía especializada.

Entre otros casos que se conocen en la fiscalía pero su proceso de judicialización avanza lentamente está la detención del soldado Manuel Choc Caal, quien portaba en su mochila dos paquetes de cocaína que formaban parte de los indicios encontrados en una aeronave incendiada en Las Cruces, Petén.

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El castrense tenía menos de un año de estar de alta en la institución y fue capturado el 19 de abril de 2020. Once días después fue ligado a proceso y enviado a prisión preventiva por procuración de impunidad y evasión.

El fiscal explica que el expediente de Caal está en apelación por resoluciones contrarias a las que solicitaron. Una sala debe resolver estos recursos.

País de interés

Un análisis publicado por InSight Crime, un centro de investigación que publica análisis sobre el crimen organizado en América Latina y el Caribe, señala que la infiltración de traficantes de drogas en las fuerzas armadas promete ventajas, desde el uso de vehículos blindados para protección hasta contactos castrenses, para evadir los puestos de control.

Además, indica, el Ejército en Guatemala es una institución política de mucho poder, con fuertes conexiones históricas con agentes aduaneros, por lo que en las zonas fronterizas son fundamentales para el narcotráfico, y es donde, de forma simultánea, la presencia del Estado es débil.

Ajiatas indica que, de existir colaboración de las fuerzas armadas en el trasiego de drogas en el país, se debe demostrar, y ahí radica la complejidad.

Edwin Gerardo Linares Gutiérrez, piloto del cabezal C-669BRV.donde eran trasladado 145 migrantes de siete países, fue ligado a proceso por el delito de tráfico ilícito de personas y enviado a prisión, según informó la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes.

El conductor fue capturado durante la madrugada del sábado pasado, después que las autoridades interceptaron el furgón en el kilómetro 68 de la ruta al Pacífico. El reporte policial señala que, mientras los agentes inspeccionaban el transporte pesado escucharon golpes provenientes de su interior.

Por lo que verificaron y establecieron que las 145 personas, 41 de ellos menores de edad, trasladadas eran migrantes provenientes de varios países: de Haití, 117; Cuba, 13; Venezuela, seis; Brasil, cuatro; Chile, tres; Nicaragua, uno, y Filipinas, uno.

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Guatemala es un país de paso para que cientos de migrantes lleguen a Estados Unidos y así alcanzar mejores condiciones de vida. En los últimos años varias caravanas de migrantes, especialmente conformada por migrantes, han atravesado el territorio nacional para alcanzar el llamado “sueño americano”; aunque, un gran número de personas han sido retornadas a su país de origen, debido a que no cumplen con las leyes migratorias correspondientes y las medidas de sanitarias.

En furgón de cabezal llevaban a 145 migrantes y captura al responsable del traslado

En el kilómetro 68 ruta al Pacífico agentes de la DEIC identifican al cabezal C-669BRV, Freightliner, al inspeccionarlo se escucharon golpes prevenientes del interior del contenedor.
1/3 pic.twitter.com/Z618uWuz0R

— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) July 17, 2021

Carlos Pec Aspuac, tiene 40 años, fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) por estar señalado de dispararle a dos de sus compañeros de trabajo, uno de 26 y el otro, un menor de edad de 17. El hecho ocurrió en una chicharronería, ubicada en la 12 avenida y 12 calle de la colonia Roosevelt, según informaron las autoridades.

12 Av. y 12 calle zona 11, Bomberos Voluntarios 10a. Cía. aplicaron soporte vital avanzado a un hombre, presentaba heridas de arma de fuego, de inmediato fue trasladado al hospital. pic.twitter.com/VfN2WkTRqF

— Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) July 18, 2021

Según el reporte policial, el detenido labora como agente de seguridad privada en una chicharronería y discutió con dos de sus compañeros de trabajo, por lo que sacó su arma y les disparó.

Agentes de la comisaria 14 en una rápida acción en la colonia Roosevelt, zona 11, Luego de rastrear el área y con las características de la persona sospechosa capturan a Carlos Pec Aspuac, de 40 años, presunto responsable de herir con arma de fuego a 2 hombres. pic.twitter.com/RU3SliHRkF

— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) July 18, 2021

Los Bomberos Municipales reportaron que en el lugar estabilizaron a una persona y trasladaron a una más al Hospital Roosevelt, debido a que tenía heridas de bala. Mientras que los Bomberos Voluntarios informaron que trasladaron a un hombre a la emergencia de un centro hospitalario.

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A Pec Aspuac le fue incautada una pistola marca Tisas de calibre 9 milímetros, con una tolva que contenía 13 cartuchos. La PNC informó que investigarán si el arma pertenece a alguna empresa de seguridad privada, debido a que tiene registro.

#CBMinforma #IncidenteArmado

12 Avenida y 12 calle Zona 11 Col. Roosevelt

Personal de @bomberosmuni estabilizan y trasladan a la emergencia del @HRooseveltGT a una persona con heridas de proyectil de arma de fuego. pic.twitter.com/8BDjA0ECCw

— Bomberos Municipales (@bomberosmuni) July 18, 2021

Mientras los incendios arrasan los bosques del oeste de Estados Unidos, se ha podido ver una singular formación de nubes sobre el cielo.

Los bomberos y los científicos informan de enormes y humeantes nubes que se alzan sobre las llamas en California y los estados vecinos.

Estas nubes, llamadas científicamente pirocumulonimbos o “nubes de fuego”, pueden producir tornados y relámpagos que, a su vez, generan más incendios.

Se mueven rápidamente y son tan poderosas que pueden crear sus propios sistemas meteorológicos similares a las tormentas eléctricas.

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Y, debido a su ferocidad, son prácticamente imposibles de combatir.

¿Cómo se forman las nubes de fuego?

Dadas ciertas condiciones en la tierra y la atmósfera, los incendios descontrolados pueden arrasar amplias áreas con tal energía que acaban generando un pirocumulonimbo.

La NASA denomina estos pirocumulonimbos como “dragones de nubes con aliento de fuego”, porque así como una chimenea llevan el humo hacia la atmósfera terrestre, mientras despiden relámpagos, viento y lluvia.

Comúnmente, los incendios descontrolados están alimentados por el viento, pero una llamarada masiva puede contener tanto poder que el humo que genera no se despliega hacia los lados. En cambio, forma una columna o pluma que puede ascender hasta 15 km hacia el cielo.

Como esta columna contiene calor y humedad, cuando alcanza la estratósfera se puede condensar y formar nubes.

Los pirocumulonimbos tienden a formarse en horas de la tarde cuando el incendio alcanza su temperatura máxima. El viernes pasado, el Parque Nacional del Valle de la Muerte, en Califorina, registró la abrumadora temperatura de 54,4ºC.

¿Cómo se comportan?

Cuando se forman encima de los incendios, los pirocumulonimbos pueden hacer que las llamas se extiendan aun más rápido. Algunas veces pueden generar sus propios relámpagos que, a su vez, provocan más incendios. Sin embargo, en algunos casos, también pueden generar lluvia.

Cuando la temperatura baja a medida que llega la noche, las nubes pueden presentar un peligro a medida que descienden hacia el suelo.

“Al final de la tarde, esa nube se desplomará y creará una corriente descendiente de humo espeso y brasas, y puede crear más incendios”, le comentó al diario The Los Angeles Times Lisa Cox, jefe de información sobre los incendios del oeste de California.

Ese fenómeno puedeprovocar chispas a kilómetros de distancia del incendio principal, mientras que el humo reduce la visibilidad, impidiendo que los aviones que combaten el fuego puedan volar, explicó Cox.

“He observado muchos eventos piroconvectivos asociados con incendios forestales durante la época satelital, pero creo que este puede ser el más extremo que jamás haya visto”, escribió en Twitter esta semana el científico del clima de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), Daniel Swain, en respuesta a una imagen satelital que mostraba plumas de pirocumulonimbos sobre la localidad de Lytton, California.

“Esto es literalmente una tormenta de fuego, que produce miles de relámpagos y con seguridad innumerables incendios nuevos”.

¿Se pueden combatir estos incendios?

“Es muy difícil hacerles frente a estos incendios extremos”, señala Martin Wooster, profesor de Observación Terrestre del King´s College de Londres.

“Los ataques aéreos (bombas de agua) son el método que usualmente se usa, pero para combatir efectivamente estos incendios se necesita un cambio en las condiciones climatológicas que alimentan tal actividad incendiaria extrema”, le dijo a la BBC.

En California, la comportamiento errático y la temperatura extrema de estos incendios, impulsados por las nubes de fuego, han dificultado que los equipos de bomberos los puedan combatir directamente.

“Es demasiado peligroso, por lo menos durante el día”, indicó Cox a The Los Angeles Times. “Durante la noche pueden intentar desplazarse entre los incendios localizados que se forman. Todo depende”.

¿Qué tan común es el fenómeno?

Según Yale E360 (una publicación especializada en periodismo ambiental), hay un promedio de 25 nubes de fuego en el oeste de Norteamérica cada año.

Pero el profesor Wooster dijo que mientras parece que hay más informes sobre las nubes de fuego, la actividad total ha caído desde 2000. Pero antes de eso, hubo un aumento durante varios años.

Wooster señaló que lo que parece ser un incremento podría ser el resultado de las personas prestando más atención y tomando mejores datos de los radares en tierra y los satélites.

“En algunas áreas bien publicitadas, la actividad incendiaria parece tal vez estar volviéndose más extrema”, dijo.

Wooster añadió que los factores que están impulsando estos cambios incluyen las diferentes maneras en que los humanos están usando y administrando la tierra, por ejemplo en lugares como la Amazonía.

Sin embargo, el cambio climático también está probablemente teniendo un efecto en algunas áreas, dijo Wooster.

En partes de Australia y América del Norte, “los datos satelitales sugieren que la actividad incendiaria parece haberse vuelto más extrema en décadas recientes”.

“Esto puede estar relacionado con el cambio climático y más incendios extremos pueden generar más de este tipo de nubes de fuego”, concluyó.

Los científicos vaticinan que el cambio climático muy probablemente incrementarán las posibilidades de que haya más eventos de este tipo.

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La corrupción y el desorden siguen reinando en el Sistema Penitenciario. Prueba de ello es la frecuente incautación de celulares, bebidas alcohólicas, marihuana y electrodomésticos en las cárceles.

El miércoles último se efectuó una requisa en Pavón, Fraijanes, durante la cual se incautaron 288 bolsas con marihuana, 38 latas de cerveza, 18 celulares, una tableta electrónica, un transmisor de internet, cargadores de teléfono, auriculares, tres televisores y un equipo de sonido. Las autoridades identificaron a los reos que tenían en su poder seis de los teléfonos hallados, por lo que se les abrió un nuevo proceso legal.

Entre 2018 y 2020 se han efectuado 758 requisas, el 58% en la Granja de Rehabilitación Pavón y en Pavoncito, Fraijanes; en Santa Teresa y en el Preventivo para Varones, de la zona 18; Cantel, en Quetzaltenango; y Los Jocotes, en Zacapa. Siempre se localiza el mismo tipo de objetos en esa acciones.

El hallazgo de lo incautado no es nuevo, como tampoco las investigaciones que aseguran que desde las cárceles se cometen o coordinan las llamadas de extorsión.

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En Cantel persisten el desorden, el hacinamiento y la falta de control. Hace unos dos meses fueron asesinados siete reclusos, la mayoría decapitados. La matanza ocurrió momentos después de la muerte de Anais del Carmen Gamboa, expareja del reo Carlos Roberto León Barrios, hijo del narcotraficante Juan José Juancho León (ya fallecido).

Las investigaciones de la División Contra las Pandillas y Extorsiones de la Policía Nacional Civil (PNC) señalan que Pavón y Cantel son dos de las cárceles de las cuales salen más llamadas extorsivas a personas particulares, transportistas, propietario de tiendas y pequeños comercios de barrios, entre otras víctimas.

Las extorsiones siguen siendo un problema de seguridad. Entre enero y mayo del 2021, las denuncias por ese delito aumentaron en un 8% respecto del mismo período del 2020, según un análisis del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

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Menores en prisión

El problema de las cárceles no se limita a las llamadas y coordinación de extorsiones.

Este año se han efectuado 68 requisas en Cantel, Pavón, Mariscal Zavala, el Centro de Orientación Femenino, Santa Teresa y Los Jocotes, Zacapa.

En Mariscal Zavala, cuya población reclusa está formada, en su mayoría, por exfuncionarios acusados de corrupción, hace dos semanas se hizo una inspección, supuestamente por información sobre la posible fuga de los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli.

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En esta prisión se encontraron celulares enterrados en un área de acceso a los soldados de la base militar, otros estaban en botes de basura u ocultos en el cielo falso de las carceletas. También se incautaron cargadores, aparatos eléctricos y licores.

Además, las autoridades encontraron a nueve menores de edad que, se supone, habían dormido en la cárcel.

Andrea Barrios, coordinadora del Colectivo Artesana, considera que la estadía de los menores en la cárcel demuestra el incumplimiento del Reglamento del Sistema Penitenciario, así como una sentencia emitida por un juzgado de Niñez y Adolescencia, en la cual se establecen las condiciones y lugares adecuados para que los niños, niñas y adolescentes visiten a sus familiares en los centros de privación de libertad.

“Nos adherimos a las denuncias presentadas por la Policía Nacional Civil y el Sistema Penitenciario en el Ministerio Público, como organización interesada en el tema, porque nuestro trabajo está enfocado en la protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que tienen referentes familiares privados de libertad. Consideramos que más allá de la irresponsabilidad de las familias, porque esto es una responsabilidad de la Procuraduría General de la Nación, nuestra función es por el incumplimiento de deberes por parte del director del centro”, explicó Barrios.

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Sin cambios para 2022

El Plan Operativo 2022 del Sistema Penitenciario contempla solicitar un presupuesto de Q819.9 millones, de los cuales el 60.7% será destinado al pago de la Dirección y Coordinación General, una quinta parte para la alimentación de los privados de libertad y el resto para gastos administrativos, entre estos requisas, formación y capacitación de agentes penitenciarios, atención médica odontológica y psicológica y educación, según el análisis Cárceles en Guatemala: ¿más de lo mismo para 2022?, presentado por la organización Diálogos.

Mismas acciones

La organización Diálogos efectúa un análisis comparativo con el Plan Operativo de 2020, y destaca que las partidas presupuestarias relacionadas con la rehabilitación y reinserción no muestran cambios, en contraste con las educación formal y extraescolar de agentes penitenciarios y atención psicológica, odontológica y laboral, que muestran un incremento del 15.8%, por lo que concluye que la administración del ministro Gendri Reyes no tiene cambios o mejoras en los servicios para la población privada de libertad, sino más bien acciones que ya se han hecho en gestiones anteriores.

Recientemente, se conoció que toda solicitud del Ministerio Público para pedir apoyo a la Policía Nacional Civil en operativos o allanamientos debía tener autorización primero de la fiscal general, Consuelo Porras para que se efectuaran las diligencias.

Sin embargo, pareciera que la orden va dirigida hacia entes específicos como la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), debido a que cinco fiscalías más que fueron consultadas para conocer la dinámica que siguen para pedir apoyo a la PNC confirmaron que no siguen esta instrucción y solicitan apoyo a las fuerzas de seguridad como lo han hecho siempre, es decir, sin el visto bueno de Porras.

Aura Marina López, jefa de la Fiscalía contra la Corrupción, confirma que no han recibido ninguna instrucción interna que les indique que deben contar con la aprobación de Porras para ejecutar los operativos en conjunto con la PNC. Agrega que han solicitado apoyo a las fuerzas de seguridad y se los han dado sin ningún problema.

Una de las unidades que más allanamientos y operativos genera es la Fiscalía contra las Extorsiones; sin embargo, pese a la actividad que mantiene tampoco ha sido notificada de la circular firmada por el director de la PNC, José Antonio Tzuban, la cual señala que todas las diligencias deben contar con el visto bueno de Porras.

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“Tuve conocimiento sobre esa instrucción a través de los medios de comunicación, pero entiendo que al final, es una disposición que se a lo interno de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, en nuestro caso no nos ha causado ningún inconveniente, porque hemos hecho los requerimientos como siempre se han hecho”, afirmó Emma Flores, jefa fiscal contra las extorsiones.

Dicha fiscalía efectuó el año pasado ejecutar al menos 15 allanamientos por semana, con autorización judicial. Se debe tomar en cuenta que, el 2020 hubo restricciones de movilidad hacia las personas por la pandemia. Mientras que en lo que va de este año informa que, efectúan al menos 22 allanamientos por semana.

No obstante, esta situación no es igual para la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) debido a que, desde el 9 de octubre de 2019 el personal de esta sede fiscal recibió la instrucción de que cualquier apoyo operativo que solicitaran debía tener el visto bueno de Porras.

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Durante una entrevista dada a Prensa Libre, la jefa del Ministerio Público afirmó que la única que podía “intervenir” en esta unidad especial era ella y no salía nada sin que lo supervisara.

“Aquí no sale nada sin que yo realmente lo supervise, y la única que realmente puede intervenir en la Feci soy yo. Semana a semana me siento con el fiscal Juan Francisco Sandoval para ver todos los casos”, dijo en esa oportunidad.

Trabajo en conjunto

La PNC, mediante un comunicado, informó que, todos los días trabajan en conjunto con el ente investigador en operativos planificados o de urgencia y se toma en cuenta los contextos, riesgos y la seguridad de cada uno de los funcionarios y de las diligencias.

Por lo que esa misma lógica es utilizada en allanamientos judiciales, en donde no es prudente llegar a una comisaría o subestación policial solicitando apoyo de los agentes, pero dejando a la sede policial sin personal porque descuidan la seguridad ciudadana del lugar.

“La coordinación interinstitucional no es nueva ni solo se aplica en este país, son acciones desarrolladas por expertos en diversas disciplinas y especialidades que aseguran el éxito de un plan objetivo”, resalta la nota de prensa. Agrega que desde “muchos” años la PNC implementó medidas de control interno entre ambas instituciones para mejorar los procesos.

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Por su lado, la Oficina de Comunicación Social del ente investigador informó que, son una institución con funciones autónomas y cualquier otra instrucción girada por otra entidad es ajena a sus políticas y coordinaciones.

“Se conversó con el Ministerio de Gobernación a efecto de armonizar, de acuerdo a la Ley, sus respectivas competencias”, indicaron.

Por la disposición de que todos estos requerimientos debían tener el visto de Porras, el Procurador de Derechos Humanos presentó un amparo en contra del director de la PNC, José Tzubán, porque ve que se obstaculiza la investigación de hechos delictivos.

Migrantes, narcotráfico y trata

Stuardo Campos, quien dirige la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, se enteró como Flores de la circular de la PNC a través de los medios de comunicación y las redes sociales, pero hasta ahora no tiene ningún conocimiento oficial sobre esa medida. El fiscal cree, que en todo caso si estuviera vigente la circular, sería “imposible” que Porras les diera el visto bueno a todos los requerimientos de este tipo.

“La fiscal general dio unas declaraciones al respecto e indicó que se continuará trabajando como hasta ahora se ha venido haciendo. Si esa circular hubiese sido emitida por el director de la Policía Nacional Civil, nosotros tendríamos que esperar que se girara una instrucción por parte de la fiscalía general de la República para empezar a trabajar bajo esa modalidad”, dijo.

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Campos dirige una fiscalía que fue ascendida de unidad en mayo de 2019, y tiene por objetivo investigar delitos sobre el traslado irregular de personas migrantes a nivel nacional, regional, intercontinental y extracontinental.

Mientras que Gerson Alegría, jefe de la Fiscalía contra la Narcoactividad, explica que por la metodología que utilizan para ejecutar sus operativos y órdenes judiciales con el acompañamiento de PNC no les ha afectado la disposición de la PNC.  Estas dos últimas fiscalías se hacen muy importantes para combatir y desarticular las organizaciones criminales que se dedican a llevar a los migrantes y drogas a Estados Unidos.

Alexander Colop, fiscal contra la Trata de Personas, señala también que en su unidad no fue aplicada esta medida, por lo que continúan gestionado apoyo con las fuerzas de seguridad como lo hacían de forma regular.

Durante la pandemia, las autoridades observaron un aumentó en la explotación sexual infantil, debido al uso de las pantallas y tecnología en casa. Los delitos que investiga esta sede fiscal se cometen en bares, clubes nocturnos y lugares donde se explotan sexualmente a las personas, por lo que requieren la autorización de órdenes judiciales urgentes.

En las cárceles guatemaltecas prevalece la corrupción y la violencia, pese a que la Constitución y tratados internacionales establecen que los objetivos primordiales de las prisiones deben ser la rehabilitación y la reinserción social de los reclusos.

Actualmente el Sistema Penitenciario (SP) tiene 679 programas laborales, 125 proveedores, 12 programas de psicología, 19 talleres de psicología, 32 programas de trabajo social, que en total agrupan panadería, carpintería, herrería, comedores, tiendas, cultores de belleza, tejidos típicos y sublimación de tazas, entre otros.

Uno de estos programas está a cargo de la empresa Serigrafía La Gringa, en la cual personas privadas de libertad se rehabilitan por medio de la confección de prendas elaboradas en los centros y vendidas en línea o a clientes que se ponen en contacto.

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Este proyecto es dirigido por Ashley Williams, una ciudadana estadounidense que desde hace 12 años implementó el proyecto que replica en varios centros carcelarios y ofrece su producción tanto a empresas estatales como del sector privado.

Sin embargo, ahora está en aprietos debido a que el SP suspendió de forma temporal el ingreso de los encargados de la empresa al Centro de Orientación Femenino (COF), por supuestamente violar el protocolo de seguridad del recinto.

Los problemas administrativos surgieron por la publicación de unas fotografías en redes sociales en las cuales se observaba al personal de la serigrafía que no es parte de la población reclusa, junto a varias privadas de libertad. Como norma, a ninguna cárcel se permite el ingreso de dispositivos telefónicos o cámaras digitales sin previa autorización de las autoridades.

Luego de tener conocimiento de las imágenes, la Subdirección de Rehabilitación Social de Presidios, a través de un oficio, solicitó a los responsables del proyecto, Williams entre ellos, que en un plazo de 24 horas justificara con qué dispositivo fueron tomadas las mencionadas imágenes, que adjuntara la autorización del ingreso de la cámara fotográfica, remitiera los archivos originales y el permiso de las reclusas indicando que autorizaban la difusión de sus rostros.

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Por ahora el caso sigue bajo análisis por parte del SP, pese a que la serigrafía entregó la información y documentos que le solicitaron por la vía oficial.

Gerardo Villamar, defensor de las personas privadas de libertad de la Procuraduría de los Derechos Humanos, refiere que tienen conocimiento de la información que se han intercambiado y emitieron recomendaciones para ambas partes.

En el caso del Presidios, le indicaron que siga apoyando los programas de rehabilitación como el que impulsa la serigrafía, y en lo que respecta a Williams, le sugirieron que debe entregar los datos solicitados por el SP.

“Se les dijo a las dos partes que si necesitaban una mediación por parte de la PDH podríamos colaborar”, especificó el defensor. Agregó que en estos procesos administrativos y operativos se tendrá que profundizar si no existe alguna violación a los derechos humanos de los privados de libertad.

Prensa Libre intentó contactar con algún directivo de la Serigrafía La Gringa para conocer su opinión al respecto, pero informaron que estaban siguiendo el proceso administrativo y no opinarían hasta concluirlo.

Buenos resultados

Lizandro Acuña, investigador en temas de seguridad y justicia, opina que los programas enfocados en rehabilitación y reinserción buscan que los privados de libertad sean reincorporados a la sociedad y aprovechar el tiempo que están en el Sistema Penitenciario para que se formen y generen sus propios ingresos.

Sin embargo, advierte que es muy bajo el porcentaje de personas reclusas a las cuales les interesa adherirse a dichos proyectos, porque algunas prefieren especializarse y reorganizarse en prisión para seguir delinquiendo en el exterior.

“Si el Estado no tiene el control de las cárceles del país es prácticamente poco lo que se puede hacer con estos programas, porque muchos carecen del presupuesto que permita que cuenten con el personal idóneo, los insumos y las herramientas para que sean implementados”, explicó Acuña.

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En Guatemala los centros carcelarios tienen una sobrepoblación de más del 300 por ciento, por lo que el analista señala que la corrupción, el hacinamiento, la inseguridad y otros problemas impiden que se desarrollen las propuestas de rehabilitación y reinserción.

Proyecto de 12 años

El proyecto de rehabilitación de Ashley Williams funciona desde 2008 en la Dirección General del Sistema Penitenciario. Comenzó dando trabajos de corte y confección a mujeres, pero después su programa se extendió a los centros de privación de libertad para hombres.

Williams ingresó a las prisiones por su cuenta, nunca ha sido reclusa y su equipo de trabajo son las personas que cumplen pena de cárcel. La serigrafía, desde que se puso en marcha, ha empleado a 520 personas. Este año hay 60 internos trabajando.

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Costura, serigrafía, bordado y sublimación son los servicios que ofrece la Serigrafía La Gringa, un proyecto que contribuye en el proceso de reinserción. Ha producido material para los ministerios de Educación, Gobernación y Economía, así como para empresas del sector privado.

Se debe tomar en cuenta que muchos reclusos se benefician del programa durante varios años, mientras cumplen sus condenas. Por medio de los ingresos que reciben pueden mantener a sus familias y aprender nuevas habilidades.
Además, las estadísticas del SP destacan que ninguno de los reclusos que han trabajado en esta empresa ha reincidido en acciones delictivas.

En una de las entradas de la colonia El Limón, zona 18, se reúnen algunas tardes al menos 12 menores, entre adolescentes y niños, en la sede de  Hunger Relief International (HRI), que trabaja en beneficio de la niñez que enfrenta desigualdades, para aprender de arte, resiliencia y bailar break.

Los jóvenes son amables, conviven y hablan entre ellos, mientras esperan  que comiencen los talleres se les dibujan constantes sonrisas. Tienen sueños y viven con la esperanza de alcanzarlos, para tener un futuro brillante y de ser mejores personas. Todos viven en El Limón.

Afuera del centro es otra la historia. Muchas de las viviendas de esta colonia tienen la pintura descascarillada, en  otras ya no se  alcanza a distinguir de qué color estuvieron pintadas. Las personas vienen y van en las calles. No se detienen a saludar, pero reconocen muy bien a los extraños. La zona 18 es uno de los sectores catalogados como más violentos de la ciudad, se conoce como una de las zonas rojas del país, debido a los altos índices de criminalidad que se registran en el área.

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En los primeros cinco meses del año, la Policía Nacional Civil  reportó que en esta zona  ocurrieron 33 homicidios, 41 personas resultaron heridas por hechos violentos; se denunciaron tres robos a viviendas, uno a comercio, 16 de vehículos, 66 de motocicletas, cinco  de armas,  nueve peatones fueron asaltados, se  presentó una denuncia por delitos sexuales y cinco por violencia intrafamiliar, según el informe estadístico de mayo pasado de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.

Michael López tiene 27 años, y es conocido en el mundo artístico como B-boy Chekel. Es parte de Sobrevivientes Crew – Poker Crew, uno de los grupos urbanos que se dedican a las expresiones del arte hip-hop en Guatemala. Desde hace 12 años baila breaking y ha participado en diferentes batallas en el país. Es padre de familia, y tiene claro que debe ser un agente de cambio para impactar a los niños y adolescentes.

También se dedica al arte callejero en los semáforos, en donde entretiene a automovilistas que transitan por calles de la zona 1. Además, imparte clases de esta cultura a nivel deportivo a los jóvenes de El Limón para que se formen desde pequeños y prevenir que, en algún momento, se sumen a las pandillas.

López trabaja junto a un grupo de “Sin compañía”, el cual está compuesto por actores, actrices y pedagogos, para que los niños aprendan arte y break dance, bajo la aprobación de HRI. “El proyecto estaba armado desde hace unos años, HRI es una organización norteamericana que ya tenía a sus chicos anclados al proyecto, porque no todos quieren abarcar estas zonas. Los agentes de cambio tenemos actitud y la garra para impactar a jóvenes”, resaltó.

Para  levantar el cuerpo del suelo con dos manos y hacer movimientos que a una persona en su rutina normal de ejercicios le costaría realizar se requiere una práctica, de no menos de, cinco horas diarias.  Para B-Boy Chekel el baile es su pasión, y reconoce  el valor de la  disciplina para bailar.

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Fernando Juárez, director del Ballet Moderno y Folklórico de Guatemala, explicó que la vida es movimiento y desde que hay movimiento hay vida, y cuando los jóvenes tienen contacto con el arte de la danza o el movimiento tienen la posibilidad de expresar sentimientos que no dicen con palabras y que reprimen.

“Es muy importante porque muchas veces hay muchos miedos y tabúes que la misma sociedad nos impone o la estructura social nos ha implementado y que el joven no haya un lugar para posicionarse”, afirmó.

Al otro lado del mundo

Carlos David Catún Quintana tiene 30 años,  es más conocido como B-boy Gatoty, su nombre artístico en el break dance. Desde hace años compagina su pasión como docente de esta disciplina en Noruega. En el 2009 comenzó a competir como bailarín en otros países, como en El Salvador. Un año después participó en el mundial de breaking en Francia con su equipo Chapin Crew.

B-boy Gatoty vivió en la colonia San Juan de Dios, zona 6, una de las zonas que más citan los medios para reportar homicidios, femicidios o capturas por extorsión. El artista estudió Diseño Gráfico, pero guardó su título  y se dedicó por completo al break dance. “Bailo breaking porque es una forma de libertad que encontré en mi barrio. Soy de una zona roja, pero desde que tuve acercamientos a esta disciplina y al hip-hop mi vida dio un giro y agarró otros rumbos. Nunca pensé que por lo que me gusta hacer ahora viajo por el mundo”, narró.

En palabras de Catún, una persona joven en el país es vulnerable para hacerse miembro de una pandilla, porque las personas y los “amigos” influyen para que comiencen a delinquir. “En las zonas rojas esto es el pan de cada día. (…) Uno en Guatemala está muy vulnerable para integrarse a una pandilla, pero en mi caso fue diferente”, dijo.

El guatemalteco es reconocido como artista en Noruega, imparte clases de breaking y también ha sido elegido como jurado en temas de arte. Ninguno de estos reconocimientos los alcanzó en Guatemala, debido al estigma social y las pocas oportunidades que tuvo como bailarín.

Para Victoria Tubín, socióloga y catedrática universitaria  kaqchikel, los estigmas se deben vincular a una sociedad muy clasista en donde hay civilización, pero para entrar en ella hay que llenar parámetros sociales, y estos jóvenes no son considerados  personas normales y los asocian a grupos delincuenciales.

“Ellos –los bailarines de break dance— están estigmatizados no porque quieran, sino porque la misma sociedad los condiciona y los obliga a estar en ese espacio. Muchos otros, aunque son buenos artistas, no pueden tener otro espacio, porque hay tantos parámetros para los artistas, y como no cumplen con ese nivel, los estigmatizan”, explicó.

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Además, señaló que no hay que dejar de verlos como seres humanos, a quienes afecta que la sociedad los vea como  problema y no como aporte, por lo que apela a que se les dignifique y se les reconozca por su trabajo.

La psicoanalista Silvia Moino señala que la estigmatización social proviene de grupos que tienden a ver el mundo de forma lineal, por lo que no solo el break dance, sino que cualquier otra forma de expresión, tiende a ser rechazada. “Es estigmatizado algo a lo cual no estamos acostumbrados. La estigmatización tiende a rechazar y a criticar de manera negativa esas expresiones”, recalcó.

“Estas formas de expresión artística siempre son un punto positivo para los jóvenes, ya sea el break dance o cualquiera, sobre todo en períodos como el que estamos viviendo —la pandemia—, que creo que es a los jóvenes a quienes más está impactando. Por eso es bueno fortalecer y desarrollar este tipo de expresión, ya que les permite conocerse en otro ámbito y desarrollar sus capacidades”, destacó.

Juárez considera que cuando una persona no tiene un objetivo claro en su vida y obtiene todo rápido sin hacer mayor esfuerzo por medio del movimiento, con el proceso y la práctica puede aprender a trazarse metas, porque mientras estén ocupados no pesarán en delinquir. “El arte logra cambios, ser proactivos”, afirmó.

Escuelas Abiertas

En el gobierno de Álvaro Colom se pusieron en marcha las Escuelas Abiertas, emulando el modelo que tuvo buenos resultados en Brasil y el cual era impulsado por la Unesco. En tres años, 220 centros fueron abiertos en 156 municipios del país, que benefició a 278 mil menores.  Este programa buscó la construcción de espacios para jóvenes y niños; además, lograr que los menores fueran reconocidos como protagonistas de su vida.

Para Héctor Canto, exviceministro técnico de Educación en el mandato de Jimmy Morales, las Escuelas Abiertas fueron un espacio de inclusión para la niñez y juventud que no estaba siendo atendida por ningún programa educativo. Funcionaba los sábado y domingos, y los menores recibían talleres sobre deportes, arte, cultura, computación, inglés y comunidad.

“Había jóvenes que, tal vez, tenían alguna apariencia y que en los barrios eran considerados pandilleros, porque así decían los vecinos. En Escuelas Abiertas encontraron un espacio y se transformaron. Se volvieron protagonistas”, resaltó. Agrega que en casi todos los centros educativos hubo un instructor de break dance.

B-boy Gatoty recuerda las Escuelas Abiertas, porque fue uno de los instructores que impartía breaking en escuelas de San Pedro Ayampuc, y se dio cuenta que muchos de los menores necesitaban el arte en su vida, porque no tenían otro lugar para expresarse. Además, durante los talleres les daban comida y afirma que muchos de ellos necesitaban esos alimentos, porque sufrían muchas desigualdades sociales.

“Para mí era una buena oportunidad para los jóvenes. Di clases ahí. Tengo alumnos que están bailando break; hay uno en especial que viaja, que está en Argentina. Él también se fue de Guatemala porque no había oportunidades, pero amaba lo que hacía. Viaja con el arte que aprendió en esta Escuela Abierta”, resaltó.

El artista afirma que en Guatemala debería haber programas para incentivar la danza en la niñez y juventud, porque él hace cinco años salió del país porque no tenía ninguna oportunidad de desarrollo. “Quisiera que el gobierno tuviera una institución que se hiciera cargo de todos estos jóvenes que no tienen un lugar para practicar, la cultura hip-hop no tiene un espacio en Guatemala”, enfatizó.

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Claudio Magnífico, exdirector del programa de Escuelas Abiertas, explica que esa iniciativa fue contextualizada a los problemas sociales del país, y con base en un estudio encontraron que la violencia de la que eran víctimas jóvenes, o  los victimarios, tenía un alza en los fines de semana, por lo que concluyeron que era necesario abrir un espacio comunitario para impartir talleres los sábados y domingos.

Aclaró que en esa época —2007— les costó trabajo encontrar talleristas que impartieran  break dance,  no había bailarines. Sin embargo, conforme se expandieron los talleres, descubrieron que muchos niños y adolescentes eran muy talentosos para bailar, incluso algunos participaron en Bélgica y ganaron premios del concurso. Además, desde el programa generaron batallas municipales, departamentales y nacionales para que hubiera competencias.

Magnífico explicó que, para ese entonces, el Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible hizo un estudio que  determinó que  Escuelas Abiertas fue un bastión importante para la reducción de homicidios en Guatemala, por qué de otra forma no sé explica cómo en cuatro años descendieron casi 20 por ciento.

“El estudio reveló que Escuelas Abiertas fue muy importante en ese descenso, porque los jóvenes que no tenían oportunidades se involucraban en la venta de drogas, en pandillas y crimen organizado, pero se involucraban en las escuelas aprendiendo algún taller y educándose. En el 2012 –con el gobierno de Otto Pérez Molina- se cambió el nombre al programa y de varias decenas de  miles de jóvenes atendidos cada fin de semana pasaron a atender a cinco mil, porque cambiaron la estructura y se fueron los técnicos especializados de cada departamento”, contó.

Magnífico atribuye el final del programa a que fue desmantelada su estructura, cambiaron a los técnicos en los departamentos y  redujeron el presupuesto para su funcionamiento.

Historia nacional

En palabras de Jorge Yavac, de  33 años, conocido como Drage 17  en el break dance, esta disciplina fue aprendida por bailarines de forma empírica, pero sin tener claros los nombres de sus fundamentos. Ha intentado documentar los inicios del breaking en Guatemala, conserva reportajes publicados en  diferentes medios y  afiches de  batallas  en el país.

“Aquí en Guatemala surgió una pandilla denominada los Break 33, pero tenía el concepto de las películas y vídeos que miraban de Estados Unidos. Así adoptaron su vestuario, su forma de hablar y bailar”, explicó.

Añadió que a principios de los 2000 se veían grafitis,  relacionados con el hip-hop. Pero recuerda que en el 2004  empezaron  los primeros festivales de break dance en el Cerrito del Carmen. Para ese entonces,  los b-boys vivían en Villa Nueva y Tierra Nueva, y tenían fundamentos para sus movimientos, debido a que un misionero del Reino Unido les enseñó algunos de sus pasos.

En el 2007, esa disciplina tuvo un cambio  y crecimiento importante en el país, debido a que  un grupo de b-boys liderado por el salvadoreño conocido como Milo permitió que varios grupos  afinaran  sus fundamentos.

Drage 17 considera que las Escuelas Abiertas  fueron importantes para la comunidad del breaking, porque se expandió a la provincia, y actualmente en Xela hay grupos muy activos.

El mundo se prepara para girar sobre sí

La elección del break dance en el programa de las Olimpiadas de  París 2024, según sus organizadores, dará al evento una dimensión “más urbana y artística” y se acerca al público más joven; además, responde a una demanda social, pues en Francia este baile  tiene gran importancia.

París 2024 es el segundo comité organizador que ha  propuesto al Comité Olímpico Internacional (COI) deportes extras, como parte de las reformas de la Agenda Olímpica 2020.

Según el sitio del COI, “los  deportes que París ha propuesto —breaking, skateboarding, surf y escalada— están alineados con la Agenda Olímpica 2020, porque contribuyen a que el programa sea más equilibrado en cuanto a género y más urbano, y ofrecen la oportunidad de conectar con las generaciones más jóvenes”.

“Los deportes propuestos están en consonancia con estos principios y mejoran el concepto general de Juegos dinámicos de París 2024, que se enfoca en la inclusión, en inspirando a un nuevo público y acogiendo unos Juegos socialmente responsables”, dijo en el 2019 el presidente del COI, Thomas Bach.

El 7 de diciembre del 2020, el COI confirmó el programa olímpico de París 2024. Y desde entonces varios países hablan de la preparación de los jóvenes que participarán en breaking.

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Este baile obtuvo medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018, donde hubo 12 plazas. El guatemalteco Víctor Mendoza, originario de Aguacatán, Huehuetenango, estuvo a punto de clasificar para esas justas.

El Comité Olímpico  Guatemalteco no dio  información sobre si el país será representado en esa disciplina en el 2024.

En el país hay algunas academias privadas que forman a los jóvenes en esa disciplina, mientras que en Europa existe la Federación Internacional de Baile Deportivo, que aglutina a los bailarines de break de esa región y ha organizado batallas en campeonatos de distintos niveles con participantes de 30 países.

En la página web de esa organización se define que el breaking —también llamado b-boying o b-girling— “es un estilo de baile urbano que se originó a mediados de los 70 en el Bronx, de la Ciudad de Nueva York.

Los primeros innovadores  fueron jóvenes afroamericanos y puertorriqueños. Durante los siguientes  40 años, el breaking ha progresado  hasta convertirse en una forma de arte cultural reconocida internacionalmente, con elementos de danza urbana entrelazados con un atletismo extraordinario”.

Desde que arrancó la administración del fármaco, el pasado 25 de febrero, han llegado al país un total de 2 millones 929 mil 800 dosis, pero seis de cada diez han sido donada por Gobiernos que se han solidarizado con Guatemala, debido a que las negociaciones para adquirirlo por parte de las autoridades sanitarias han sido lentas.

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En el plan se contemplan cuatro fases de vacunación, la primera busca mantener la integridad del sistema de salud, etapa en la que se incluyó a 135 mil personas -entre médicos y personal de rescate-, de acuerdo con la previsto por la cartera.

La segunda persigue disminuir la mortalidad y la carga de enfermedad severa. Es la que permanece estancada. Involucra a adultos mayores, población con enfermedades subyacentes, y desde abril se adhirió a los maestros, cuando en el plan original estaban en la fase posterior.

En la programación inicial eran 2 millones 519 mil 228 personas las que estaban en dicha fase, a la que ahora se suman 276 mil 193 docentes que el Mineduc contó para ser inoculados, pero entre estos hay mayores de 50 años y con padecimientos crónicos que ya estarían incluidos en el primer grupo de esta etapa.

Las otras fases del plan buscan inyectar a trabajadores del sector justicia y de seguridad, municipalidades, los adultos mayores de 40 años y población de 18 a 39 años. Acá suman ahora 7 millones 199 mil 634 personas.

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Para completar el esquema de vacunación, con dos dosis, de las personas que Salud pretendía en un inicio alcanzar se requerirían 20 millones 260 mil 110 dosis. Sin embargo, únicamente ha entrado el 14 por ciento.

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No alcanzarán

La cantidad de 2 millones 929 mil 800 dosis con las que cuenta el Sistema de Salud aún se queda corta para completar las dos fases de vacunación que están abiertas en el país, pues se necesitan 5 millones 860 mil 842 dosis, de acuerdo con lo establecido en el plan divulgado en febrero pasado.

Han ingresado vacunas de AstraZeneca, en total 1 millón 74 mil 800, pero compradas únicamente el 33 por ciento, y resto es producto de donaciones de India y de México.

De Moderna se recibieron 1 millón 505 mil dosis, todas donadas por Israel y Estados Unidos, este último dio la mayor cantidad y de acuerdo con el presidente Alejandro Giammattei serán utilizadas para vacunar a los maestros y a personas con comorbilidades.

Mientras que, de 16 millones de dosis de Sputnik V que el país compró -ya se pagó el 50 por ciento-, hasta hoy solo se han recibido 350 mil en cuatro entregas. Se tiene pendiente la llegada del componente que servirá para completar el esquema de vacunación, de quienes ya iniciaron el proceso. Además, faltan que ingresen 200 mil dosis que se esperaban para esta semana, pero no hay fecha confirmada.

Para Óscar Chávez, del Laboratorio de Datos, las donaciones no son la solución para la lenta vacunación en el país y lo único que se logra es liberar la presión política que existe por la falta de vacunas, y la lenta entrega de la adquisición.

“Hubo una gran falta de transparencia y el Ministerio ha sido bastante oscuro en todo lo que respecta a esa compra. No quieren dar información, entendemos hasta cierto punto que el contrato está en una cierta cláusula de confidencialidad, pero de lo que no tiene confidencialidad no se sabe nada”, reiteró Chávez.

Sin control

Para que las personas sean vacunadas atraviesas varias situaciones, por ejemplo, viajar a otros países para vacunarse o esperar, sin un tiempo estimado, a recibir un mensaje de texto con la fecha, hora y lugar en donde les inyectarán la primera dosis. Aunado a esto, las vacunas han ingresado a cuentagotas a Guatemala y aún no se tiene el cronograma de envío de las compradas a Rusia, pese a que se ha insistido en conocerlo.

Ni el peregrinaje ni la insistencia de la población de acceder a las vacunas generan un cambio en la gestión de obtener más dosis y tampoco en mejorar u organizar el Plan Nacional de Vacunación para que lleguen a la provincia.

José Ortiz, epidemiólogo y administrador del Observatorio de Coronavirus de Guatemala, reitera que el plan de vacunación que impulsa el gobierno es un desorden, porque no hay claridad en el tipo de vacunas que ingresan y poco control para aplicar la segunda dosis.

“Es un desorden introducir vacunas de diferentes marcas y esquemas y no dar seguimiento para garantizar la vacuna, por ejemplo, la Sputnik o Moderna, o cualquiera que ingrese como la AstraZeneca u otra. Se ha visto que hay gente que se queda sin segunda dosis y en el peor de los casos que ni la llaman”, afirmó Ortiz.

Durante la pandemia en Guatemala la gestión de las autoridades de Salud ha sido desordenada e ineficiente, señalan los expertos. Ha existido escasa información y los datos son compartidos poco o poco o nunca son publicados; mientras el virus gana terreno y los casos positivos diarios superaron los tres mil.

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“Hay sospecha epidemiológica que tenemos la nueva cepa Delta con mayor índice de reproducción, dado el comportamiento de casos positivos. Lo que hace pensar que el Ministerio no ha tomado acciones por pura negligencia de establecer si ha ingresado o no la nueva cepa y eso lo que hace es saturar los hospitales aún más”, explicó el epidemiólogo.

El pasado jueves, el presidente Alejandro Giammattei mencionó que en el país circulan cinco variantes del covid-19, e hizo referencia a la Delta. Recientemente, la cartera de Salud confirmó la presencia de las cepas: Alpha, Gamma, Beta, en abril pasado fue detectada la californiana.

Ortiz adelanta un escenario más sombrío y negativo, porque las siguientes oleadas podrían ser más graves que la segunda y tercera. Además, advierte que es probable adquirir la inmunidad contrayendo la enfermedad y no por medio de la inyección de la vacuna.

Opciones

Iris Cazali, jefa de Infectología del Hospital Roosevelt, explica que lo importante para inyectar la vacuna Moderna que recién ingresaron al país, y es tener claro cuántas personas la recibirán en un día, pues el frasco que se abrió no puede ser usado al siguiente.

“No queremos perder una sola dosis de las vacunas que tengamos. Lo que tenemos que hacer es un programa de vacunación con nuestros centros de vacunación que tengan claridad de cuánta gente van a poder vacunar. Es más fácil si se abre a todo el mundo”, puntualizó Cazali.

La infectóloga explica que hay al menos dos opciones para aprovechar estas dosis: usarlas como primera dosis para 750 mil personas y guardar la segunda. La segunda es inyectarlas a quienes ya tienen la primera dosis y aplicarles el refuerzo. “El objetivo primario debería ser completar la vacunación de los que tienen la primera dosis. Si no tienen segunda de AstraZeneca ni de Sputnik pónganles la de Moderna. Esa es la prioridad”, enfatizó.

Para octubre se espera que al menos 322 policías sean ascendidos a mandos superiores, para fortalecer las fuerzas de seguridad. Este  sería el segundo grupo de ascensos para este año, debido a que en enero pasado fueron graduados 395 nuevos mandos.

Jorge Aguilar, portavoz de la PNC, explicó que 150 agentes esperan ascender a subinspectores, lo que significa el 47% de los enlistados;  5% comisarios y subcomisarios, y  el resto está repartido entre inspectores, oficiales y subcomisarios.

El Ministerio de Gobernación informó que los aspirantes de los ascensos recibirán el material didáctico conforme el grado para el que se estén capacitando; por ejemplo, podrían recibir cursos de manejo de medios, estrategias, tácticas, técnicas y metodologías policiales, control de masas. La capacitación comenzó el pasado lunes, y se impartirá en forma virtual.

Capacidad y meritocracia

Wálter Menchú, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), considera que es necesario que la PNC se profesionalice, lo que implica que se cubran de forma adecuada las plazas de escala baja, media y alta, por la jerarquía con la que están diseñadas las fuerzas de seguridad.

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Añade que la falta de relevos, sobre todo en puestos de alto mando, crean agujeros en la administración de la PNC.

“Es importante —los ascensos—, porque cada cierto tiempo se van renovando estos puestos, en parte porque los policías van cumpliendo su tiempo de servicio. Parte de los requisitos es haber cumplido un mínimo de tiempo en cierto puesto; entonces, cuando un policía va llegando a la escala jerárquica y se fue capacitando en los diferentes niveles, por lo que cuando llega al grado de subcomisario o comisario está cerca de su jubilación”, dijo Menchú.

Un informe del 2018 del  Cien señala que la organización y el despliegue territorial de la PNC se debe llevar a cabo desde una lógica de ascensos y asignación de responsabilidad conforme a las capacidades que requieren estos cargos por meritocracia.

En el análisis se resalta que los mandos policiales deben tener la capacidad técnica adecuada y alcanzar los puestos en jerarquía con base en criterios por mérito, con el objetivo de que los nombramientos o despidos no se den por situaciones de carácter político o personales.

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En esta misma línea, Verónica Godoy, integrante de Familiares y Amigos contra el Delito y el Secuestro (Fads), opina que los ascensos son estimulantes para los policías que se esfuerzan en hacer bien su trabajo que vayan ascendido por capacidad e idoneidad, pero este sistema con el paso del tiempo se ha corrompido y ascienden a personal por compadrazgos y afinidad.

Recomienda que también se debe fortalecer la supervisión de mandos a subalternos, por lo que esta persona que es ascendida debe ser ética, profesional y capaz por su cargo de toma de decisiones que podría afectar a terceros por intereses personales.

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Agentes en seis meses

El año pasado, la pandemia ralentizó algunos procesos administrativos en la PNC, como la formación de nuevos agentes.

Los aspirantes a policías creían que comenzarían a estudiar sus cursos en el 2020; sin embargo, fue en la primera quincena de enero pasado cuando mil 600 aspirantes iniciaron el curso básico. Esta promoción estudiará por seis meses, cuatro menos que las anteriores, lo que agilizará su incorporación a las fuerzas del orden.

El tiempo que pasarán los mil 500 policías en la academia generó críticas por analistas y expertos en seguridad ciudadana, que consideran que su preparación es importante para su desempeño. Sin embargo, en promociones anteriores de policías, el curso básico duró 10 meses; pero durante los gobiernos de Alfonso Portillo, Álvaro Colom y Otto Pérez Molina se graduaron policías en seis meses.

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Se espera que se gradúen mil 226 hombres y 276 mujeres en los próximos días para sumarse a las filas de las fuerzas de seguridad. El Ministerio de Gobernación anunció que espera que en este año se gradúe a otra promoción de mil 500 policías.

Entre este grupo de nuevos policías se incluyen 300 agentes que serán destinados a la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafront). Según anunció esta semana el canciller Pedro Brolo, será este grupo el designado para recibir las capacitaciones de parte de funcionarios de la Secretaría de Seguridad Interna (DHS, en inglés) de Estados Unidos, como parte de las estrategias para recuperar el control de los puertos y el tráfico de ilícitos.

Familiares de exfuncionarios, excandidatas presidenciales, diputadas y trabajadoras del Estado han utilizado la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer para alejar a periodistas que realizan investigaciones por supuestos actos anómalos.

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Organizaciones que luchan por los derechos de la mujer advierten sobre los riesgos que existen en el uso malintencionado que se le está dando a la norma.

Grupos civiles, personas individuales y periodistas expresaron en un comunicado su preocupación y condena por los ataques y amenazas sistemáticas que han sufrido medios y comunicadores sociales en el país. Además, reiteraron que actores privados y estatales los hostigan, calumnian, amenazan y difaman.

Los casos más recientes de las formas de acoso judicial fueron las denuncias presentadas contra los periodistas Sonny Figueroa y Marvin del Cid, quienes han publicado investigaciones periodísticas sobre mal uso de recursos públicos.

En una de las cuales se reveló que Joselyn Fernanda Mérida Solano, directora de Comunicación Social del Congreso organizó campañas de desprestigio en contra del procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, y el diputado Samuel Pérez. Debido a la publicación, Mérida Solano denunció a los comunicadores y el pasado 7 de junio, un juez ordenó medidas de alejamiento a su favor.

Luego de la publicación, los congresistas de Semilla denunciaron a Mérida y al subdirector de dicha, José Fernando López, por supuestamente utilizar fondos públicos para atacar a los parlamentarios de oposición y al PDH.

En otra de las publicaciones se documentó la compra de inmuebles en los que residen familiares de Miguel Martínez, exdirector del desaparecido Centro de Gobierno. Por lo que María Luisa Morales Gatica de Martínez y Claudia Ivonne Martínez Morales de Girón, madre y hermana del exfuncionario, denunciaron a los periodistas por coacción y violencia psicológica contra la mujer, por lo que la jueza Michelle Dardón Aguilera les prohibió publicar sobre ellas.

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La constante de utilizar esta normativa por políticos para su propio beneficio no se limita a este gobierno, viene desde el extinto Partido Patriota. En su momento la entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti, utilizó la Ley para denunciar que el diario elPeriódico publicaba información en la que ejercía violencia psicológica.

El caso llegó a la Corte de Constitucionalidad, que amparó al presidente de dicho diario, Jose Rubén Zamora, y dejó en suspenso las medidas precautorias emitidas por el juez, que prohibían perturbar o intimidar.

También la excandidata presidencial Sandra Torres y la excanciller Sandra Jovel utilizaron la Ley en contra de ese matutino, para impedir que publicara información sobre ellas.

Justicia especializada

La Ley de Femicidio fue aprobada en el 2008 y su espíritu es dar acceso a la justicia especializada a mujeres en casos de violencia en su contra para prevenirla, atenderla y sancionarla, debido a la magnitud de la problemática. Solo en los primeros cinco meses de 2021 han ocurrido 252 muertes violentas de mujeres.

Giovanna Lemus, directora del Grupo Guatemalteco de Mujeres, explicó que antes de que fuera aprobada la Ley por el Congreso pasaron muchos años promoviendo mecanismos para crear normas que castigaran a agresores y femicidas. “Es una ley que aporta para la vida y seguridad integral de las mujeres, no para utilizarla como arma para alguno”, afirmó.

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Paula Barrios, coordinadora de Mujeres Transformando al Mundo, reconoce que existe la violencia política e institucional y desde estos puntos se puede ejercer la violencia contra las mujeres. Pero deja claro que cuando las acciones están relacionadas con periodistas, se pueden dilucidar más en los tribunales de imprenta.

“Al tener un puesto público, sus acciones son públicas y, por supuesto, deben ser discutidas a nivel social. La función de los periodistas es informar al respecto”, señaló.

Mario Fuentes Destarac, miembro de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, dice que se debe proteger a todos los periodistas y comunicadores, y por eso se ha solicitado el programa de protección a periodistas al Ministerio de Gobernación, pero no se ha implementado durante los últimos tres gobiernos.

“Si no hay un programa destinado para protegerlos y defenderlos, cualquiera los ataca, sobre todo que en nuestros países la situación está bastante grave”, advirtió.

Las denegatorias a acceso de información pública siguen siendo constantes, tanto para periodistas como para organizaciones que defienden los derechos humanos o que publican análisis y estudios que retratan la coyuntura del país.

Abraham Baca Dávila, presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), expresa que defienden la libertad de expresión, no solo de los periodista, sino también la de los ciudadanos porque es un derecho humano y universal. “Estamos en contra de que estén penalizando o que quieran manejar situaciones judiciales en contra de periodista por hechos aparentemente negativos para algunos políticos”, reiteró.

MP: Situación de fiscalía especial

Édgar Rodenas, fiscal de Delitos contra Periodistas, dijo que tienen 124 casos en investigación —cien de hace más de 10 años y 24 son recientes—. En 2019 esta unidad fue ascendida a fiscalía y actualmente tiene dos agencias: en Guatemala y Quetzaltenango.

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Amenazas, coacción, lesiones leves, abuso de autoridad, retención de información, difamación, hurto, entre otros delitos son los que más se denuncian, según Rodenas.

Añade que durante las manifestaciones del 2020 iniciaron investigaciones de oficio al ver videos y fotografías que evidenciaban que unos periodistas fueron atacados por la PNC.

Además, indicó que es importante que los comunicadores denuncien los delitos en su contra, para buscar sanciones.

En el 2020 la fiscalía recibió 123 denuncias, recibieron tres sentencias y presentaron 54 solicitudes de medidas de seguridad.

En lo que va del 2021 han recibido 27 denuncias y han solicitado 30 medidas de seguridad.

Periodismo en la región 

El medio argentino El Clarín publicó una nota en donde siete periodistas advierten el uso de nuevas formas de acoso judicial, entre las cual está la teoría Lawfare, contra el periodismo en países de Centroamérica y América del Sur.

La teoría de Lawfare fue creada hace dos décadas por el profesor y brigadier retirado Charles J. Dunlap Jr. De la Duke University School of Law, y lo definió como el uso de la Ley como un arma de guerra, señala el medio.

Destacan que el ejemplo más grave fue cuando el régimen de Daniel Ortega cateó la casa del periodista Carlos Chamorro en Managua, Nicaragua, por una investigación inventada de lavado de dinero. El uso de la justicia para armar casos es un nuevo sistema de censura contra la prensa.

Un caso similar también sucede en El Salvador, en septiembre del año pasado, en conferencia de prensa el presidente Nayib Bukele anunció que el medio digital El Faro había sido sometido a una investigación por lavado de activos. Además, acusó a otros medios digitales como Gato Encerrado, Revista Factum y La Prensa Gráfica de atacar su gobierno.

Los periodistas Ewald Scharfenberg, Ignacio Rodríguez Reyna, Octavio Enríquez, César Ricaurte, Fernando Ruiz, Zulema Alanes, y la abogada Taís Gasparián del diario Fohla de San Pablo explicaron que para este nuevo ataque recurren a falsas denuncias que están relacionadas con espionaje, lavado de dinero o extorsión. Antes de este método, los políticos usaban juicios por calumnias e injurias o civiles para la censura de la prensa.

La violencia contra la mujer sigue siendo de los delitos más denunciados y recurrentes, es también de los que más impunes quedan en un sistema de justicia especializado como el de Guatemala.

Durante enero reciente la violencia contra este grupo poblacional se hizo más evidente, resonó aún más en las redes sociales debido a que se registró un alza en las muertes violentas como las de Luz María López, extrabajadora del Ministerio Público y la de Hillary Arredondo, una nena de tres años, en Escuintla.

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A pesar de que la indignación de los ciudadanos aumentó por estos y otros femicidios, la justicia continuó respondiendo mal y tarde ante estos casos, a pesar de que existen leyes y mecanismos especializados para castigar a los responsables.

Entre las normas creadas está la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer que fue aprobada en abril de 2008, donde fueron establecidas penas de cárcel en contra femicidas y para sancionar la violencia física, económica y psicológica.

En ese entonces, los movimientos de mujeres afirmaron que nunca antes los diputados habían comprendido que debían legislar a favor de los derechos humanos de las féminas, en un lapso donde las muertes violentas iban en un aumento sostenido y se contabilizaban más de 3 mil 500.

Con la aplicación de la Ley se han logrado avances en materia de derechos humanos, se ha salvado la vida de muchas mujeres, pero también ha sido utilizada para el beneficio de algunas políticas, como el caso de la expresidenciable Sandra Torres y la exvicepresidenta Roxana Baldetti contra el presidente de elPeriódico; así como también la diputada Patricia Sandoval contra un manifestante.

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Además, de esta forma también fue utilizada por María Luisa Morales Gatica de Martínez y Claudia Ivonne Martínez Morales de Girón, madre y hermana de Miguel Martínez, exdirector del desaparecido Centro de Gobierno y Joselin Mérida, directora de Comunicación del Congreso contra los periodistas Sonny Figueroa y Marvin del Cid por sus investigaciones periodísticas.

Giovana Lemus, directora del Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM), opina que siempre será lamentable que se utilice esta norma, que fue creada para la defensa de la vida de las mujeres, de forma inadecuada y por este peligro dan seguimiento a la aplicación de la Ley en el marco de responsabilidades de convencionalidad que tiene el Estado y se lo han puesto en conocimiento al mecanismo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Debilidades

Además, de que mujeres con influencia política y poder encuentren en la Ley contra el Femicidio una oportunidad para utilizar para su beneficio, también contiene otras debilidades que al cambiarlas podrían favorecer a muchas mujeres que han sido víctimas de violencia.

Lilian Ninneth Vásquez Pimentel, directora del Bufete Jurídico de Derechos Humanos con Enfoque Feminista, explica que están acompañando casos de violencia sexual y física, y delitos sexuales cometidos contra niñas y adolescentes encuentran que la Ley tiene mayor enfoque a castigar a los agresores de las mujeres mayor y esa es una de sus grandes debilidades.  La organización defiende a menores de edad que fueron agredidas sexualmente por sus maestros en Alta Verapaz.

“Se cree que cuando una niña es víctima de violencia física puede considerar como maltratos contra menores. No es eso, es violencia contra la mujer en su debilidad de violencia física, pero es niña. Cuando se judicializa un caso desafortunadamente no se el componente genérico en la violencia aun cuando es una mujer, pero una mujer niña”, afirmó.

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Vásquez enumera otras lagunas legales de la Ley contra el Femicidio como su objeto, en donde no indica que busca erradicar, prevenir o sancionar el femicidio, sino que únicamente la violencia contra la mujer sin entenderse que la más terrible expresión es el femicidio.

Señala también que es complejo comprobar la violencia psicológica en el proceso judicial, debido a cómo está legislado en la Ley el juez pretende que exista un daño permanente posterior a la acción, pero aclara que ese delito es la amenaza de que pueda pasar.

“En la aplicación en la vida real la violencia psicológica es muy difícil probarla, porque la misma Ley nos obliga a probarla como un daño permanente o que sea demasiado fuerte, y esta violencia tiene matices y grados”, explicó.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif) evalúa a diario a 122 mujeres por lesiones, reconocimientos médicos de delitos sexuales, maltrato físico, heridas de bala, heridas producidas con arma blanca, intoxicación de drogas, determinación con invalidez, entre otros.

Según las cifras del ente forense, las mujeres de 18 a 24 años son las más evaluadas, luego le siguen las de 25 a 29, y las de 10 a 14. El departamento de Guatemala es donde se concentra más del 30 por ciento de los peritajes realizados, le sigue Escuintla, Quetzaltenango, San Marcos y Huehuetenango.

Femicidio y acoso sexual

Vásquez añade que también está mal tipificado el delito femicidio porque se puede entender que es una muerte violenta cuando concurre en una relación desigual de poder, pero en uno de los apartados indica misoginia, al intentar establecer que es el odio hacia las mujeres no existen elementos, por ejemplo, en el Inacif como se determina y cómo se prueba que fue por esa aversión.

“No es lo mismo que se percute un arma de fuego en la cabeza de una persona, que antes de eso la viole, la queme, la pique y exista un ensañamiento de violencia bruta y de desprecio hacia la persona. Entonces, cuando hablamos de misoginia al momento de quererlo probar deja muchas dudas y la duda siempre va a favorecer el reo, así lo establece la Constitución”, explicó.

La abogada agrega que la violencia patrimonial o económica está mal definida en la norma, porque no permite que estas situaciones se juzguen como delito y se conozcan en juzgados de familia o civiles. Vásquez define la Ley contra el Femicidio como la piedra angular para poder actuar de forma jurídica en los juzgados e invocar derechos humanos.

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Además, reporta que del 1 de enero al 31 de mayo efectuó 706 necropsias a cuerpos de mujeres fallecidas, de los cuales el 36 por ciento fueron por causas asociadas a hechos criminales y el 64 por ciento relacionadas con hechos viales, enfermedades comunes y sus complicaciones, en estudio e investigación.

Mientras que Dorotea Gómez, defensora de la Mujer de la Procuraduría de los Derechos Humanos, indica que otra de las debilidades es que esta norma no contempla el acoso sexual como delito. Señala también que desde el Organismo Judicial les han indicado que la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió una sentencia que indica que solo se puede tipificar el delito de violencia contra la mujer solo si el agresor tiene una relación directa con la agraviada.

“En la tipificación de ese delito no se considera a los agresores que son vecinos, de casa o de negocios, o no considera como agresores a esos hombres que violentan de manera sistemática a las mujeres en las calles. Esos son los vacíos que vemos con preocupación”, advirtió.

La activista por los derechos de las mujeres, Alba Trejo, critica que en la Ley no se contempla algún resarcimiento para los niños que se quedan huérfanos por los femicidios. En Guatemala no se conoce a ciencia cierta la cifra real de los niños que quedan sin padres por la violencia femicida, podrían ser quizá miles, según evidenció un reportaje publicado por Prensa Libre con apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF).

Trejo agrega que la violencia psicológica contra este grupo poblacional se ha incrementado, pero estos casos no engrosan las estadísticas porque no denuncias, pero debido a que también han sido golpeadas fueron atendidas por los cuerpos de socorro. “Estamos viendo un Ministerio Público que se está lavando las manos y muy débil”, reiteró.

Mal uso

Vásquez expresa que ha escuchado que abogados quieren encuadrar cualquier delito en violencia contra la mujer, para que los procesos avancen rápido. Gómez afirma también que la mala utilización de la Ley contra el Femicidio lo han hecho los abogados e incluso señala que desde los medios de comunicación también existe una tendencia de desvirtuar el contenido de la norma y acusar a las mujeres de hacer el mal uso.

“No son las mujeres –de hacer mal uso de la Ley–. Son los abogados y las autoridades cómplices de estos abogados que mal utilizan la Ley, porque hay una complicidad entre hombres para hacerlo y dañar los derechos humanos de las mujeres. Hemos sabido que muchas veces las penas –emitidas—no han sido de peso para mandar mensajes a los agresores”, advirtió.

Además, afirma que al Organismo Judicial le hace falta interpretar esta norma desde una perspectiva amplia con base a estándares internacionales y no limitarse a una visión reduccionista y atrasada de los derechos humanos de las mujeres.

Durante el último año de la presidencia de Jimmy Morales y lo que va del mandato de Alejandro Giammattei se inhabilitó 55 pistas clandestinas en Petén, Izabal, Retalhuleu, Alta Verapaz y Quiché.

Esta estrategia es usada desde hace más de una década en el país, debido a que las autoridades consideran que es eficiente para obstruir los aterrizajes de aeronaves que ingresan al territorio guatemalteco cargadas de cocaína; en promedio, cada 10 días desde 2019. Una investigación de Prensa Libre señala que los departamentos donde más recurrentes son los aterrizajes ilegales son Petén y Retalhuleu, con 70 de 99.

Las pistas suelen ser acondicionadas en fincas particulares, aunque también se utilizan caminos comunales, y resguardadas por algunos pobladores del lugar. Estos espacios deben estar despejados, en planicies prolongadas y, por lo general, miden entre 80 y 100 metros de longitud por unos 5 de ancho, de manera que permita que el aterrizaje se lleve a cabo con cierta facilidad.

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Alan Ajiatas, fiscal contra la narcoactividad, explica que para inhabilitar estas pistas el personal de las fuerzas de seguridad, acompañado de elementos del Ejército, efectúan explosiones controladas y emplean maquinaria pesada, para que a las estructuras del narcotráfico se les dificulte ponerlas a funcionar de nuevo.

Agrega que al menos el 5% de las pistas de aterrizaje que destruyen son recuperadas por el crimen organizado, porque resultan muy efectivas para ingresar los cargamentos de cocaína al país.

Esto ocurre en lugares como Manchón Guamuchal, en Retalhuleu, o en Petén.

Ajiatas expone que han logrado reducir hasta en un 15% las posibilidades de que estos aterrizajes ilegales ocurran en el país, por lo cual los pilotos se ven forzados a buscar otros destinos, como Belice u Honduras, para entregar los cargamentos de droga.

No se tiene una cifra exacta de cuántas pistas clandestinas hay en el país, porque su número cambia de forma constante, pero en su mayoría se ubican en Petén, Retalhuleu, Escuintla, Suchitepéquez, Zacapa, Izabal y Quiché, puesto que “entre más cercanas a México están, más fácil resulta para las organizaciones extraer los ilícitos”, precisó el fiscal.

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Poblaciones

El avance del narcotráfico y la habilitación de pistas de aterrizaje clandestinas en comunidades de la provincia tienen relación con la falta de atención del gobierno en estos lugares. Ajiatas señala que cuando ciertas poblaciones que residen en cercanías a las pistas son manipuladas, evitan el ingreso de la Policía Nacional Civil y el Ejército a dichas áreas.

El pasado 21 de marzo una patrulla militar fue atacada con piedras y palos después de que destruyeron una pista clandestina en El Delegado, San Luis, Petén. Este y otros casos de agresiones, que han llegado a retenciones de los agentes y soldados, han sido confirmadas por las autoridades.

Mario Mérida, investigador en temas de seguridad y defensa, es más escéptico y considera que las inhabilitaciones de las pistas no llegan ni a ser parcialmente disuasivas, porque mientras las autoridades destruyen una, los narcotraficantes construyen otra.

“Pistas habrá en cualquier lugar, siempre que se puedan despejar áreas de 800 o 900 metros, que es lo que necesitan las aeronaves para aterrizar”, advierte. Se debería tener un sistema de recolección de información con drones y mantener bajo vigilancia estos lugares, puntualiza, al aclarar que una de las mayores debilidades es el limitado recurso humano para estas operaciones.

El Ejército reporta que desde 2019 a la fecha han encontrado 31 aeronaves tipo jet accidentadas o abandonadas, las cuales pueden transportar cargas con mayor peso comparado con una avioneta. Y desde 2018 hasta el 25 de junio último se ubicó 88 avionetas.

Un investigador antinarcótico refiere que durante las inspecciones ejecutadas en pistas de aterrizaje clandestinas han hallado restos de aeronaves enterradas, algunas están incineradas y otras parecen llevar años allí. Además, pobladores les han bloqueado el paso o retenido durante estas operaciones.

El investigador hace ver que los comunitarios son personas de escasos recursos y sus opciones son cooperar o negarse, pero esto último implica un alto riesgo.

¿Efectividad?

Otro investigador antinarcótico, que conoce de primera mano las tareas de campo y ha participado en la localización y destrucción de pistas clandestinas, a condición de anonimato indicó a Prensa Libre que no ve efectividad en la inhabilitación de las pistas clandestinas, porque mientras efectúan estas tareas en un punto específico cabe la posibilidad de que dos o más pistas estén siendo acondicionadas en otros lugares.

Además, considera que las autoridades deben dar un abordaje integral a esta situación, como atender las necesidades económicas y sociales que orillan a los pobladores a ayudar a las organizaciones del narcotráfico a construir las pistas, darles aviso o protegerlos de los operativos.

El exministro de Gobernación Carlos Menocal coincide en que destruir pistas mitiga el ingreso de aeronaves con drogas al país, pero estas acciones deben acompañarse de un plan que incluya la presencia del Estado para que los narcotraficantes desistan de usar el país como paso de sus cargamentos.

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“La presencia activa de fuerzas combinadas desmotiva a las comunidades a trabajar o tener contacto con los narcotraficantes. Lo que tiene que hacer el Estado es llevar proyectos de extensión de trabajo y agrícolas para apoyarlos, porque son comunidades que están en condiciones infrahumanas y en desventaja frente a distintas causas”, señaló.

Ronaldo Leiva, analista en temas de seguridad y defensa del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), indica que hay pistas clandestinas que han sido utilizadas un par de veces, y al inhabilitarlas lo que se logra es que las estructuras criminales busquen la forma de acondicionar una nueva.

“Lo que se está haciendo es ponerles un obstáculo para el aterrizaje, no es un remedio para que los evite”, afirmó.

En este tipo de combate a los grupos del crimen organizado se trata de ponerles dificultades a su comercio ilícito.

Las extorsiones siguen siendo un problema de seguridad que podría traducirse en un tropiezo en la reactivación económica del país, ya que en los primeros cinco meses del 2021 las denuncias por ese delito aumentaron 8% respecto del mismo período del 2020.

De acuerdo con el último informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), los homicidios y el robo de vehículos particulares tuvieron reducción en un índice de nueve delitos comparados entre el 2019 y el 2021. Sin embargo, las extorsiones se mantienen o crecen, en el peor de los escenarios.

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Aunque las extorsiones ocurren en todo el país, las denuncias se concentran en 13 municipios. Según el análisis del Cien, hay una tasa de 80 denuncias de extorsiones por cada cien mil habitantes.

Por el 2020, tan atípico por la pandemia y con una intermitencia en las actividades públicas por los períodos de cuarentenas, las comparaciones respecto del fenómeno criminal de este año no se pueden comparar, al menos en línea directa. Pero al ver las denuncias de extorsiones, homicidios y robo de vehículos han tenido una tendencia al alza desde enero a mayo.

¿Dónde hay más reportes?

Guatemala, Suchitepéquez, San Marcos y Baja Verapaz son los departamentos con más denuncias por delitos de extorsión durante el 2021.

La reactivación de las actividades, incluso algunas que se adaptaron a las necesidades, como los vehículos particulares que sustituyeron el servicio de transporte en algunas zonas urbanas, también han sido víctimas de los grupos extorsivos.

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La Policía Nacional Civil he tenido informaciones sobre el cobro extorsivo por el uso de las calles a vehículos particulares y taxis.

Un piloto de estos vehículos, que pidió no ser identificado por miedo a represalias, confió a Prensa Libre que para que los extorsionistas les autoricen el uso del “punto” –lugar donde esperan estacionados a los pasajeros— deben pagar hasta Q100 diarios, en promedio, ya que el monto lo fijan los delincuentes de acuerdo con el área donde se está prestando el servicio.

La Unidad contra las Extorsiones, de la PNC, reconoce que este delito era común antes de la pandemia, sin embargo, a partir de marzo del 2020 se incrementaron los cobros ilegales y en medio de los cierres por cuarentena estos grupos criminales siguieron cobrando a personas particulares, tiendas y comercios de barrios y transportistas.

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Las investigaciones del Ministerio Público y la PNC coinciden en que más del 60% de las denuncias que ingresan a sus agencias para que investiguen provienen de llamadas hechas por imitadores, quienes de forma regular están recluidos en prisión y desde los centros carcelarios extorsionan.

Homicidios

Según el análisis presentado por el Cien, la cantidad mensual de homicidios aumentó en mayo y la tasa interanual sigue creciendo y es de 16 por cada cien mil habitantes. Destaca que las muertes violentas del mes pasado son las más altas de los últimos 17 meses. Guatemala, Villa Nueva, Mixco, Amatitlán; Tiquisate, Escuintla, Puerto Barrios, Izabal, y Quetzaltenango son algunos de los 18 municipios donde más se reportan las muertes violentas.

Lizandro Acuña, analista e investigador en temas de seguridad y justicia, explica que durante la pandemia se dieron algunos fenómenos como la activación de los imitadores por las restricciones de las visitas en las cárceles, fragmentaciones en estos mismos grupos, porque debían tener ingresos económicos y el alza en la cantidad de homicidios que están vinculados con este delito debido a que no hubo ninguna tregua en los cobros de las extorsiones.

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Acuña recuerda que en los primeros meses de que inició la pandemia en el país hubo un descenso en los homicidios, pero conforme se fue reabriendo la economía fue subiendo la incidencia criminal. Además, resalta que muchas de estas muertes violentas son ordenadas desde los centros carcelarios en donde están recluidos los cabecillas de clicas y pandillas.

“Hay que ver ese gran déficit que tiene el Estado en la reforma al Sistema Penitenciario del país. Tenemos actualmente una política nacional de reforma al Régimen Penitenciario que ya va a vencer, fue del 2014 al 2024, que no se ha podido implementar”, señala.

El Sistema Penitenciario tiene más del 350 por ciento de sobrepoblación en las prisiones, lo que genera corrupción y total descontrol por parte de las autoridades.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que las lluvias de las últimas horas provocaron inundaciones, viviendas con daños y personas evacuadas a casas de familiares en cuatro departamentos del país.

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Los fuertes vientos generaron daños en el techo de una vivienda en la aldea Corozal de San José, Petén, por lo que ocho personas fueron evacuadas a la casa de sus familiares. Mientras que en la comunidad Cruce 2 de Aguas, en San Andrés fueron afectadas ocho casas.

Además, en la colonia San José de la aldea El Cerinal, en Barberena, Santa Rosa colapsó un muro perimetral hacia una quebrada que causó daños en un inmueble y que afectó a tres personas. Las lluvias también causaron inundaciones por colapso de drenajes que afectaron a 6 personas en el barrio Las Flores de Chicacao, Suchitepéquez. En total se reportan 65 afectados y 12 viviendas con daños.

Inundaciones en Xela

Las fuertes lluvias y el granizo que se registraron ayer por la tarde ocasionaron inundaciones en varias carreteras como: la ruta de Almolonga y la Cito Zarco del municipio de Quetzaltenango, Quetzaltenango, así como también afectaron de forma parcial las zonas 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 9.

Imágenes que compartieron usuarios mostraron la gran cantidad de granizo que cayó en las calles y techos de casas de la cabecera departamental; además, mostraron también que el agua subió tanto de nivel que afectó la circulación de algunos vehículos.

Mucha #precaucion al transitar en distintos de la ciudad se reporta fuerte lluvia acompañada de granizo pic.twitter.com/fnKiVBTrsu

— PMTQ (@PMTQ_MuniXela) June 28, 2021

Algunos vecinos opinaron en las redes sociales que han advertido a la municipalidad que no han inspeccionado los drenajes desde hace muchos años, por lo que el ripio y basura tirados en las calles tapan los tragantes y se ocasionan inundaciones.

Lluvia con hielo en #xela pic.twitter.com/U7IRcwKAI0

— Fredd (@W1Fredd) June 28, 2021

Mientras que las fotografías y vídeos compartidos por usuarios de Twitter mostraron que instalaciones deportivas se inundaron y algunos ríos se salieron de su cauce y bloquearon por horas el paso a conductores de vehículos que debían cruzar pequeños puentes.

#Xela • El aguacero de esta tarde inundó el carril auxiliar de la avenida La Independencia, zona 2. pic.twitter.com/dVxeRS9keP

— RBCNoticiasGT (@RBCNoticiasGT) June 28, 2021

Durante estos últimos días en occidente se han registrado fuertes lluvias que han afectado municipios de Totonicapán, Sololá y Quetzaltenango.

#Xela • Aguacero provoca inundaciones en varias calles de la ciudad. pic.twitter.com/F1NDLhwHEu

— RBCNoticiasGT (@RBCNoticiasGT) June 28, 2021

QUETZALTENANGO. Debido a las moderadas y fuertes lluvias registradas en Quetzaltenango, Quetzaltenango, se generaron inundaciones en carreteras del municipio. pic.twitter.com/Ic2mEOAUMK

— CONRED (@ConredGuatemala) June 28, 2021

Municipios con alto riesgo de lluvia

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronosticó durante el fin de semana que para ayer se continuaría con el ambiente húmedo e inestable con nublados, así como también lluvias y actividad eléctrica en gran parte del país.

#Xela • En varias zonas de la ciudad cayó granizo tras el fuerte aguacero de esta tarde. Vecinos reportan inundaciones en varios puntos. pic.twitter.com/gbjoGAA6jV

— RBCNoticiasGT (@RBCNoticiasGT) June 28, 2021

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reportó que las lluvias ocasionaron incidentes en Quetzaltenango y Petén, que incluso provocaron daños moderados en ocho viviendas en Cruce Dos Aguadas, en San Andrés.

PETÉN. Fuertes lluvias y vientos provocaron daños moderados en 8 viviendas en Cruce Dos Aguadas, San Andrés, Petén, afectando a 48 personas.

Se coordinan acciones para realizar limpieza en el sector. pic.twitter.com/CyvrY3OMJj

— CONRED (@ConredGuatemala) June 28, 2021

Según el ente científico entre junio y julio hay 70 municipios con riesgo alto de lluvia en Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, Sololá, Quiché, Suchitepéquez, Alta Verapaz, Petén, Izabal, Sacatepéquez, Chimaltenango, Escuintla, Suchitepéquez y Retalhuleu.

#ClimaGT

Tormenta con vientos fuertes y granizo en Quetzaltenango. Precaución al conducir y no cruzar crecidas de agua.

Recuerda en caso de emergencia marca 125 de #CruzRojaGT. pic.twitter.com/nsOSmBuYVe

— CruzRojaGT (@CRGuatemalteca) June 28, 2021

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“Esa falta de correspondencia entre la percepción y el riesgo que realmente entraña la mayor potencia del cannabis podría agravar los efectos negativos de esa droga en las generaciones jóvenes”, señala la ONU.

Los datos obtenidos por medio de las encuestas indican que existe un vínculo entre la percepción baja del riesgo y los índices más elevados de consumo, y esto no es en países de Europa o Estados Unidos, sino también en otras partes del mundo.

Además, la UNODC advierte que la agresiva publicidad de los productos con marihuana podría agravar el problema, por lo que se debe combatir la información errónea que se comparte sobre los efectos del consumo que generan en las personas, especialmente en los jóvenes.

La UNODC indica que México se ha convertido en uno de los tres mayores productores de opio en el mundo junto con Afganistán, Myanmar, que en conjunto controlan el 96 por ciento de la producción global.

Productores de opio

El informe también destaca que, México es el tercer país con mayor superficie de cultivo dedicada a la flor de amapola o “adormidera” como también se le conoce. La UNODC dijo que esas posiciones se dan a pesar de que otro reporte de la UNODC y el Gobierno mexicano, “México, Monitoreo de plantíos de amapola 2018-2019”, estima que se redujo la superficie del cultivo de amapola a 21 mil 500 hectáreas entre julio de 2018 y junio de 2019.

“La siembra de amapola se redujo, por primera vez, en un 23 por ciento comparado con el periodo de monitoreo anterior (2017-2018), que resultó en 28 mil hectáreas”, se apuntó en el reporte.

No obstante, la oficina agregó que la producción potencial de goma seca “se mantuvo estable”, con una disminución de solo 10 toneladas métricas, lo que representa menos del dos por ciento comparado con el periodo de 2017-2018, calculado en 450 toneladas métricas de goma de opio seco.

El informe también expuso que los principales puntos de cultivo se localizan en la Sierra Madre Occidental y están concentrados en el denominado “Triángulo Dorado” donde convergen los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango, así como al norte del estado de Nayarit y en la Sierra Madre del Sur que abarca los estados de Guerrero y Oaxaca.

Según el Informe Mundial sobre Drogas 2021, desde 2018 la producción de opio se ha estabilizado en el mundo con 7 mil 410 toneladas en 2020, tras el alza sostenida que se había alcanzado.

Además del opio, la oficina dijo que México también se ha convertido en uno de los países donde se han hecho los decomisos más importantes de fentanilo.

El primer lugar es Estados Unidos, donde el fentanilo que circula en las calles tiene un grado de pureza del 9 por ciento. En ese país se decomisó el 92 por ciento de esta sustancia, le siguen México, Canadá y luego Estonia y China, estos últimos con “montos decomisados comparativamente pequeños”.

Además, la UNODC registró una expansión en el mercado de las metanfetaminas tanto en Asia como en América del Norte. “En el período 2015-2019, más del 90 por ciento de la metanfetamina incautada en todo el mundo se incautó en esas dos regiones”, alertó.

Expuso que tanto en México como en Asia “la fabricación de metanfetamina está vinculada a la violencia y la inseguridad”.

En América del Norte el aumento en el tráfico de esta sustancia ha “coincidido con las innovaciones de las drogas que se ofrecen: polvo, cristales, soluciones y comprimidos o fármacos falsificados”, añadió.

“Además, los fabricantes de América del Norte mezclan cada vez con más frecuencia los fentanilos con otras drogas, lo que ha contribuido al acusado aumento de las muertes relacionadas con la metanfetamina en los últimos años”, subrayó.

Mediante una resolución aprobada el 7 de diciembre de 1987, la Asamblea General de la ONU decidió conmemorar el “Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y Abuso de Drogas” cada 26 de junio para reforzar la acción y la cooperación con el fin de alcanzar una sociedad libre del consumo de drogas.

El Instituto de la Víctima, con apenas nueve meses de funcionamiento, ya tiene abiertas dos investigaciones penales y expedientes acumulados que, según organizaciones del área judicial, limitan los alcances de atención para los que fue creado.

Ese instituto es producto de la necesidad de brindar atención legal gratuita a las víctimas de algún delito, y otros servicios, desde los jurídicos, psicológicos y de trabajo social. Comenzó como una extensión del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), en el 2008, en los juzgados de Femicidio y en la Torre de Tribunales.

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La demanda rebasó las posibilidades de atención y, 12 años después, el Congreso creó el Instituto de la Víctima, y el entonces presidente Jimmy Morales nombró por cuatro años directora a Alejandra Carrillo, quien no consiguió renovar su curul y unas semanas antes había renunciado como diputada.

El Instituto comenzó su trabajo en septiembre del 2020, y recibieron mil 802 procesos –973 eran de la capital y los demás de las 12 sedes departamentales–, en septiembre del 2020.

María del Carmen Estrada, exjefa de la coordinación nacional de asistencia legal gratuita a la víctima y sus familiares del IDPP, explicó que mientras estuvieron a cargo del programa atendieron más de cien mil solicitudes de servicios.

Para Lilian Ninneth Vásquez Pimentel, directora del Bufete Jurídico de Derechos Humanos con Enfoque Feminista, una de las debilidades del Instituto es que no tiene la misma cobertura que tenía la defensa legal en la provincia.

El trabajo del Instituto lo califica de lento y carente de capacidades técnicas y jurídicas para representar de forma adecuada a las víctimas, lo que también los hace incapaces de ejecutar los Q50 millones de presupuesto asignado.

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“No han logrado tener la cobertura que tenía asistencia legal gratuita, y eso se traduce a una falta de atención adecuada y diligente a las víctimas que no pueden pagar un abogado. (…) Si bien la ley tiene tres años, hasta en el 2019 aprobaron la erogación de los Q50 millones para el Instituto”, afirma Vásquez.

Mientras que Claudia Hernández, directora de la Fundación Sobrevivientes, indica que el Instituto nació en medio de la pandemia, y eso pudo haber afectado su trabajo.

Añade que hace falta que se divulgue para qué sirve y sus servicios, que no se limitan a atender casos de violencia contra la mujer.

Oficina de empleos

En menos de 10 meses, el Instituto de la Víctima acumula dos investigaciones y varios allanamientos a sus instalaciones. El primer caso se trata de una denuncia relacionada con la posible sobrevaloración en el arrendamiento de la sede central, la cual está ubicada en la zona 10. Según el portal de transparencia de la institución, se desembolsan Q113 mil cada mes por alquiler del inmueble.

De acuerdo con el fiscal contra la Corrupción Gabriel Pantaleón, la información que tienen es que existe falsificación de datos, porque previo a la contratación las autoridades de la institución tenían “apalabrado” que escogerían las instalaciones donde funciona la sede central.

Por esa investigación, la Fiscalía efectuó un allanamiento a inicios de junio, en donde secuestraron el expediente administrativo del arrendamiento del edificio y ahora solicitarán un examen especial de auditoria a la Contraloría General de Cuentas para que establezca si la contratación cumplió con todos los requisitos legales con la Ley de Contrataciones del Estado.

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El caso más reciente es la supuesta contratación de personal no calificado o inexistente.

Pantaleón sostiene también que nació de una denuncia presentada en abril pasado, por medio de la cual se conoció que las autoridades del Instituto de la Víctima habrían contratado de forma anómala a 109 personas por medio de una convocatoria que promovió la institución en julio del 2020.

“Lo que se menciona en la denuncia es que estas 109 personas aparentemente no habrían participado en la convocatoria de forma legal, es decir, que no habrían presentado la documentación que establecían las bases de la convocatoria”, dijo Pantaleón.

Añadió que las contrataciones fueron efectuadas por medio de “apadrinamientos” de funcionarios del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por lo que llevaban su expediente a la institución sin atender los requisitos de la convocatoria. Las plazas vacantes eran para abogados litigantes, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, auxiliares y los salarios oscilaban entre Q10 mil y Q20 mil.

Durante el allanamiento ejecutado el pasado jueves, la Fiscalía secuestró 99 expedientes, debido a que 10 no fueron localizados porque aparentemente nunca han trabajado esas personas en la institución.

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La institución, por medio de un comunicado, informó que es respetuosas de la función del MP, por lo que se giraron instrucciones de colaborar con cualquier información o diligencia necesaria para esclarecer los hechos.

Capacidades limitadas

Rodolfo Díaz, director de Asistencia Legal del Instituto de la Víctima, explicó que en total el IDPP les trasladó mil 777 expedientes de casos penales en diferentes instancias, 804 de Guatemala y 973 de Suchitepéquez, Retalhuleu, Quetzaltenango, Quiché, Alta y Baja Verapaz, Jutiapa y Petén.

“A todos —los casos trasladados por el IDPP— se les ha dado acompañamiento. Un proceso penal puede cerrarse en aproximadamente tres o cinco años, porque se inicia con denuncia y termina con casación o algunos en amparo. A cada uno se les ha dado en seguimiento”, afirma.

Añade que muchos de estos casos ya fueron cerrados, otros continúan porque dependen de la etapa procesal en la que fueron trasladados. Además, la institución ha recibido al menos cinco mil casos en donde da acompañamiento, tomando en cuenta los que entregó la defensa pública penal.

“Estamos apoyando un buen grupo de casos de violencia sexual y violencia contra la mujer, negación de asistencia económica, muertes violentas de hombres, mujeres y niños, lesiones leves, homicidios culposos, discriminación en contra de la población LGTBI, nuestra prioridad es darles atención a todas las víctimas”, afirma.

La institución brinda atención en la sede del Modelo de Atención Integral a las Mujeres Víctimas de la Violencia Ix´kem, (Maimi) ubicado en zona 7, en el Modelo de Atención Integral de la Niñez y Adolescencia (Maina) en zona 2, en el Juzgado de Femicidio en zona 10, en la sede del Ministerio Público en Gerona y en la zona 3 de Quetzaltenango. Diaz afirma que para este año planifican expandirse a otros departamentos para que tengan mayor cobertura.

El covid-19 cambió la forma en que vivimos, impactó en las relaciones personales y, más allá de las secuelas físicas de la enfermedad, muchos sobrevivientes también han tenido que enfrentarse a la estigmatización, incluso de su propia familia.

Este es el caso de Juan Carlos, que, a sus 51 años, ya superó la enfermedad, pero su vida no es la de antes.

Es ingeniero mecánico, y hace 124 días dio positivo al covid-19. Después de haberle informado a su esposa de los resultados de su prueba, fue abandonado en la casa de sus padres por su pareja y sus suegros. Para su recuperación, gastó alrededor de Q14 mil. Luchó por superar la enfermedad, y ahora lo hace por recuperar la vida que llevaba antes de que el covid-19 llegó a su hogar.

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“Antes de que me diera la enfermedad, tenía una relación muy bonita con mi esposa y mi hijo. Una relación sin golpes, sin engaños, sin malas palabras; una relación muy bonita”, cuenta.

Contagio, el inicio

Para aumentar los ingresos, abrió una venta y compra de café en el oriente del país, por lo que sostenía bastante contacto con personas. Sospecha que en ese vaivén contrajo el coronavirus.

“Mi esposa y mi suegra, al saber que no estaban enfermas, se enojaron mucho. Se fueron de la casa. A mí me dejaron con mis papás para que pasara mi enfermedad. Cuando lo supe, solo pedí que me dieran ropa de la casa; ni siquiera volví a entrar. Me aísle, para cuidar a la familia”, relata.

En ese momento, Juan Carlos no tenía ningún protocolo para aplicar con su familia en caso de que alguien diera positivo, por lo que fue muy complicado comprender qué era lo que debían hacer y cuáles riesgos corrían. “Estaba muy enfermo cuando mi esposa me dejó. Tuve que luchar con la enfermedad y con la pérdida de mi familia al mismo tiempo. Sin exagerar, casi me cuesta la vida. Dos luchas al mismo tiempo fue algo muy pesado para mí”, afirma.

¿Qué más puede perder una persona?

A causa de su contagio casi muere, perdió su trabajo y su familia. Se quedó solo, bajo el cuidado de sus padres, adultos de la tercera edad, por lo que contrató a una facultativa que viajaba al menos por dos horas, un día sí y otro no, para monitorear su estado de salud.

“Aunque uno quede vivo, se puede perder todo. ¿No sé qué más puede perder un hombre? Tal vez salud, pero quedé bien; algunas secuelas, pero no más. Hay mucho rechazo de la gente después de que uno se enferma”, comenta.

La historia de Juan Carlos ilustra la situación que han afrontado varias familias en todo el mundo. Mientras transcurrían los últimos días de su enfermedad, empezó a buscar más información sobre el covid-19 en internet, y llegó al sitio poscovid de la Organización de Estados Americanos (OEA), en donde compartió su difícil experiencia.

“Ahí lo invitan a uno a foros, pláticas. Es muy poco tiempo que ha pasado; entonces, solo encontrará la historia. Estamos hablando con un grupo de un plan de acción que deben tener las familias de cuando un miembro se enferma, para que no lo agarren totalmente desprevenidos o ignorantes”, explica.

Añade que antes de padecer el covid-19 se ignora de los daños colaterales que ocasiona en la vida, porque los pacientes pueden salvarse, pero quedarse sin familia, sin trabajo, sin hogar. Para Juan Carlos, la clave es seguir todas las medidas de prevención, como el uso obligatorio de las mascarillas y el distanciamiento social.

Estigmatización

La estigmatización por un brote epidémico significa que las personas sean etiquetadas, estereotipadas o se le discrimine debido a una percibida conexión con la enfermedad del coronavirus, explica un estudio sobre el tema firmado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Entre las causas que originan ese rechazo a las personas que han estado contagiadas, explica el estudio de Unicef, se debe principalmente a que es un virus nuevo y la poca información que se pueda tener sobre este genera miedo.

“Es comprensible que la población sienta confusión, ansiedad y miedo. Desafortunadamente, estos factores también están contribuyendo a alimentar estereotipos dañinos”, cita el informe.

Para el antropólogo Ricardo Sáenz de Tejada, la pandemia afectó de forma directa e indirecta a la humanidad, una situación que no había ocurrido antes ni con las guerras mundiales ni con las catástrofes.

El caso de Juan Carlos ilustra centenares e incluso miles de situaciones de personas que fueron afectadas en su vida y familia por la pandemia, opina Sáenz de Tejada. Además, resalta que el nuevo coronavirus exacerbó las desigualdades en los países, es decir no es lo mismo contagiarse en Estados Unidos o Alemania que en Guatemala.

“En el interior de los países –la provincia–, las personas más vulnerables fueron más afectadas que las que tenían algún tipo de recurso”, reconoce el antropólogo.

Agrega: “La lección que nos deja el covid-19 y esta historia —la de Juan Carlos— es que necesitamos salud pública y protección social universal, es decir, para todas y todos, y de alta calidad. De tal suerte que una enfermedad, un accidente o una pérdida de empleo no se traduzcan en empobrecimiento de familias completas”, señala de Tejada.

De esta cuenta, la Organización de Estados Americanos (OEA), consciente del problema, también puso a disposición de cualquier persona el portal poscovid-19, donde se pueden abrir foros virtuales y consultas directas sobre alguna vulneración de derechos humanos, por ejemplo.

“Con esta herramienta, abrimos el debate a los pueblos de las Américas: ¿qué debemos hacer como países y como sociedades para aportar a la construcción del futuro que vendrá?”, señala la OEA.

Publicaciones compartidas más de 2 mil veces en redes sociales aseguran que algunas escenas de entierros de personas fallecidas por COVID-19 en realidad son montajes realizados con una técnica audiovisual de pantalla verde utilizada para “inventar muertes”. Pero es falso. La imagen del cementerio es parte de un video grabado en Brasil y la que incluye un set con pantalla verde es un montaje armado con una foto sacada de un banco de imágenes.

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“Usan croma para inventar muertes por corona virus (sic)”, dice una publicación compartida mil veces en Facebook junto con una composición de dos fotografías. Una imagen muestra a personas con equipo de protección personal bajando un ataúd hacia una fosa en un cementerio y la segunda imagen muestra parte de la misma escena pero, aparentemente, en un set de filmación con una pantalla verde al fondo y luces.

Entre ambas imágenes aparece una leyenda que dice “TODO ES UNA MENTIRA”.

Captura de pantalla de una publicación en Facebook realizada el 29 de junio de 2020

La misma publicación ha circulado en Facebook (1, 2, 3) con afirmaciones como “ASÍ NOS MIENTEN” o “Y miren como te asustan en Mexico, todo está grabado!”.

El cementerio

Una búsqueda inversa de la imagen que muestra a personas con equipo de protección personal bajando un féretro a una fosa llevó a una nota publicada por CNN el 3 de abril de 2020 titulada “Brasil prepara tumbas, Nueva York espera lo peor y más noticias de coronavirus”.

La nota incluye un video en el que se observa la misma escena de la publicación viral y una leyenda sobre un fondo rojo que dice “SEPULTUREROS CAVAN MÁS TUMBAS EN CEMENTERIO DE BRASIL”. Tanto el sobreimpreso como la voz que presenta la secuencia indican que “son imágenes de Reuters”.

Una búsqueda en Google con las palabras clave “CNN BRASIL PREPARA TUMBAS” llevó a otro video de la cadena estadounidense, subido el 3 de abril de 2020, con una secuencia muy similar, en la que se incluye la misma imagen de la composición viralizada y la descripción: “En el cementerio brasileño de Vila Formosa, en San Pablo, trabajan para sumar más de 1.5 millones de tumbas”.

Capturas de pantalla de una publicación en Facebook (izquierda) y CNN realizadas el 29 de junio de 2020

En los videos del 3 de abril de CNN atribuidos a Reuters se aprecian tomas desde distintos ángulos del mismo lugar, el cementerio de Vila Formosa en Sao Paulo, sureste de Brasil, considerado el más grande de América Latina.

Desde que llegó la pandemia a Brasil, en ese cementerio se han abierto miles de nuevas fosas. El promedio de entierros diarios subió de entre 30 y 35 a 60, debido al nuevo coronavirus, dijo en mayo pasado el supervisor de uno de los equipos de sepultureros del camposanto.

La AFP y otras agencias como EFE, RT y AP han registrado entierros y la apertura de nuevas fosas en Vila Formosa.

El set de filmación

Una búsqueda inversa en Google de la segunda imagen en la composición viral llevó a una nota publicada por el diario mexicano El Universal del 30 de mayo de 2020 titulada “Los memes del histórico lanzamiento de SpaceX y la NASA”.

En ella se encuentra un meme del cohete de SpaceX preparado para despegar, con el mismo fondo de estudio de filmación y pantalla verde que se observa en la entrada de Facebook sobre muertes por coronavirus.

Una nueva búsqueda inversa en Google de este meme llevó a la versión original de la fotografía del estudio de filmación, disponible en la plataforma de imágenes y fotos de archivo Shutterstock. La descripción de la imagen, subida por el usuario Rashevskyi Viacheslav, dice “Pavilion Interior of Modern Film Studio with Green Screen and Light Equipment” (“Pabellón interior de un moderno estudio de filmación con pantalla verde y equipo de iluminación”, en inglés).

Entre los resultados arrojados por la búsqueda inversa se encuentra este artículo de Rappler, un sitio web de noticias de Filipinas, publicado el 7 de octubre de 2016 para informar sobre un taller de creación de contenidos en video.

Capturas de pantalla de una publicación en Facebook (izquierda) y Shutterstock realizadas el 29 de junio de 2020

La foto que circula en publicaciones denunciando un supuesto montaje es ella misma un montaje de una escena real con la parte superior de la foto del estudio de grabación.

La pantalla verde se utiliza en producciones audiovisuales para poder colocar en post-producción a los actores en un escenario distinto al del estudio de grabación.

Este efecto visual se conoce como “chroma key” o “clave cromática” y recibe este nombre porque los programas de edición de video permiten seleccionar un color o clave cromática y reemplazarlo con otra imagen o video.

“El proceso de clave cromática se puede realizar con cualquier fondo de color, pero el verde o el azul vivos son los más populares. Dado que estos colores son totalmente distintos del tono de la piel del ser humano, existe un riesgo muy menor de que se recorten las partes del cuerpo”, explica la plataforma Shutterstock.

En conclusión, es falso que la imagen de personal funerario con equipo de protección manejando un ataúd haya sido tomada en un estudio de filmación con pantalla verde. La escena fue realmente registrada por la agencia Reuters en un cementerio de Brasil.

Un vehículo cayó al fondo de un hundimiento que hay desde hace varios días en la avenida Pablo VI y 2a. calle de la zona 7 de Mixco, según informaron las autoridades este domingo 20 de junio de 2021.

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Bomberos Voluntarios reportaron que el vehículo había caído al fondo del hundimiento y que fue necesario rescatar al piloto, el cual tuvo una crisis nerviosa por el incidente.

Una grúa llegó al lugar y retiró el vehículo del agujero.

En la Avenida Pablo VI y 2a calle zona 7 de Mixco se produce un hundimiento en donde un vehículo se ve afectado al caer en el socavamiento, @BVoluntariosGT rescatan al conductor de dicho automotor quien únicamente manifestaba crisis nerviosa, se está en el lugar como prevención. pic.twitter.com/tvmTT0dhKT

— Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) June 20, 2021

Mynor Espinoza, vocero de la Municipalidad de Mixco, informó en principio que en ese sector se había detectado una tubería dañada y por eso se estaban realizando trabajos de reparación en el área.

Explicó que el área está debidamente señalizada, hay conos para impedir el paso de vehículos y además un agente de la Policía Municipal de Tránsito permanece siempre en el lugar.

Señaló que el piloto de ese vehículo imprudentemente no respetó la señalización y cayó dentro del área en donde se realizan los trabajos de reparación de la tubería.

No obstante, el alcalde Neto Bran aclaró en sus redes sociales que la señalizacion de los trabajos y los conos se los llevó la lluvia, así como también el agujero se llenó de agua por lo que apoyarán al piloto con los gastos de los daños de sus vehículos.

“Solo quería aclarar a los medios de comunicación que el hoyo no se abrió ahorita, lo abrimos la semana pasada para cambiar un tuvo y la lluvia de esta tarde se llevó toda la conificación, señalización y también tumbó de agua y lleno el hoyo y el carro se fue. Apoyaré con los gastos al vecino afectado”, indicó en Facebook.

#MUNIMIXCO trabaja en el bulevar principal en Pablo VI donde se detectó tubería dañada desde hace varios días. En este lugar un carro cayó debido a la imprudencia de un automovilista que no respetó la señalización y conificación, los cuerpos de socorro auxiliaron al piloto pic.twitter.com/gGIRFqzEIF

— Vocero MuniMixco (@mynorespinoza) June 20, 2021

En un vídeo que fue compartido en las redes sociales se observa cómo cayó el vehículo en el aguajero que estaba lleno de agua,

Constantes hundimientos

En el bulevar Pablo VI, que une la avenida La Brigada con la calzada San Juan, han ocurrido constantes hundimientos desde hace varios años que han interrumpido el paso vehicular durante varios meses.

Los drenajes antiguos de la colonia Pablo IV, de más de 20 años, siguen provocando erosiones en el suelo, que en ocasiones anteriores han terminado en hundimientos de grandes proporciones.

En los últimos 9 años se han registrado al menos siete hundimientos en esa calle debido a ese problema.

En la zona hay 412 casas y las familias están en constante riesgo por este tipo de incidentes, que se agravan durante la época de lluvia.

Más de 150 propietarios de terrenos que se encuentran en Paraxaj, Xemajuyú, Xejuyú, Las Tunas y Los Cerritos de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, tienen miles de quetzales en pérdidas en sus cultivos de maíz, frijol, entre otros, debido a que las aguas pluviales del Libramiento no fueron bien encausadas.

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Los afectados cansados de no ser escuchados por las autoridades bloquearon el viernes último el paso en el kilómetro 61 ruta Interamericana colonia Puerto Rico, Chimaltenango, durante cuatro horas hasta que llegó el gobernador Juan Carlos Ruwet, a quien le entregaron las peticiones que necesitan sean atendidas. Por lo que se acordó iniciar una mesa de dialogo el próximo miércoles a las 9:00 en la oficina de la gobernación departamental.

Durante un recorrido realizado por Prensa Libre con dos agricultores damnificados se comprobó que, en la bajada de uno de los tragantes hay una zanja de cuatro metros de ancho por cinco de profundidad que recién se formó por el mal encause de las aguas pluviales.

Wenseslao Segura, uno de los vecinos del lugar, dijo que desde que inició la obra advirtieron a los encargados que debían hacer un buen trabajo con el encauce de las aguas pluviales, porque si no les iba a afectar.

“Junto con otros familiares tenemos 29 cuerdas de terreno y ahora esa enorme zanja nos dividió. El año pasado se abrió un poco este agujero, pero ya se volvió barranco. Lo que nos preocupa es que la tierra se sigue desboronando, o sea que si no le encuentran una buena solución al problema esto seguirá. Pedimos a las autoridades del Gobierno que vengan a ver todo el daño que el agua nos está provocando, lo ideal sería que hagan unas cunetas para solucionar el problema”, afirmó Segura.

Pérdidas en cosechas

Además, desde hace dos años los dueños de algunos terrenos ya no siembran, y otros lo hicieron bajo el riesgo de que la cosecha que cultivan no tiene la misma calidad que acostumbraban. En varias áreas la arena y el talpetate tienen entre 20 y 50 centímetros sobre la tierra fértil y en otros lugares alcanza un metro de alto, esto afecta de forma directa las cosechas.

El agricultor Miguel Ajquí comentó que tiene dos cuerdas de terreno y desde hace dos años no siembra, porque la primera vez que el agua ingresó a su terreno registró pérdidas económicas.

“Lo único que buscamos es que nos solucionen ese problema ya que llevamos varios años de estar sufriendo por eso, yo ahora tengo que comprar el maíz y frijol ya es un gasto más. Esperamos que ahora si nos pongan atención y hagan un trabajo a esos drenajes que dejaron, las fotos y videos son pruebas del daño que estamos sufriendo, solo pedimos que nos paguen lo justo y hagan un buen desfogue a esa agua”, refirió Ajquí.

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Esteban Usen, otro agricultor, comentó que decidieron sembrar porque es su único ingreso económico. Afirmó que las lluvias de los últimos les han ayudado en sus cultivos, pero advierte que si pronto no reciben algún apoyo de las autoridades nadie podrá cultivar en los próximos años.

“Decidimos sembrar porque no nos queda de otra ya que no solo no hay trabajo y entonces de donde sacamos dinero para comer, en mi terreno se metió la arena unos 50 centímetros, me pude dar cuenta que donde no se metió la arena la milpa creció bien, mientras donde hay arena está más pequeña. Gracias a Dios ha llovido y esto ha permitido que se moje bien la arena porque ya no hay tierra, esperamos ser escuchados porque si no le dan solución al problema dentro de unos años nadie va a querer sembrar”, reiteró.

Mario Ajmac, otro damnificado del lugar, explicó que junto a otros vecinos en los alrededores de sus terrenos han tenido que hacer una cuneta para que el agua y arena ya no les dañe sus cultivos, y para esto han tenido que pagar a otros vecinos para que les ayuden a limpiar los daños.

“Lo que estamos invirtiendo es un gasto extra, por lo que pedimos a las autoridades a que vengan a darse cuenta ellos mismos el daño que nos provocaron por no hacer un buen diseño en la carretera, ya es tiempo que nos atiendan porque llevamos años con este problema, esperamos que la lluvia que aún falta que caiga no nos arruine la siembra por completo, ya que si es así serán miles de familias las perjudicadas”, comentó Ajmac.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social reportó 50 muertos por covid-19, en total suman 8 mil 645 decesos en el país. Además, la actualización de datos de la pandemia informa que efectuaron 5 mil 628 pruebas para detectar el nuevo virus, de las cuales mil 538 dieron positivas, que suman 279 mil 947 contagios.

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Este sábado 19 de julio es uno de los días donde más muertes por covid-19; no obstante, el pasado 11 de enero también se reportaron 50 víctimas mortales por el nuevo virus. Además, la cartera de Salud informó que el 15 de julio del año pasado se registraron 48 personas fallecidas.

Mientras que el pasado 12 de enero, en las últimas 24 horas de ese día fueron efectuadas 5 mil 899 pruebas en todo el país, de las cuales mil 809 dieron positivo. Según los datos, en ese día no se registraron personas fallecidas, pero contabilizaron 30 muertos que correspondían a personas que no habían sido registradas.

Guatemala tiene 183 municipios en rojo y afronta una de las etapas más difíciles de la pandemia debido a que ha orillado a las autoridades a reconocer que en sistema sanitario hay “caos”. Durante una conferencia de prensa, Lorena Gobern, jefa del Departamento de Epidemiología del MSPAS, lamento el “aumento importantísimo de casos” que está llevando a un caso al sistema de salud, por lo que afirmó que atraviesan una crisis en los hospitales.

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Por lo que la ministra Amelia Flores responsabilizó a la población de relajar las medidas de prevención y bioseguridad como el uso obligatorio de la mascarilla y no respetar el aforo de lugares determinados.

Las autoridades confirmaron que la situación está fuera de sus manos y se les salió de control, porque la población no ha sido responsable.

Mientras que los casos aumentan y los hospitales están sobrepoblados con los pacientes covid-19, la vacunación en el país avanza lenta y desordenada.

El 16 de junio, Guatemala recibió el tercer envío de 50 mil vacunas Sputnik V que vino en un avión de la empresa Aéreo Unión, con las cuales suman 150 mil de primera dosis.

Las fuertes lluvias registradas por la tarde en la ciudad capital ocasionaron inundaciones, caídas de árboles y vallas en varias zonas de la capital. Además, los aguaceros también afectaron lugares de Mixco, Villa Nueva y Amatitlán.

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Los cuerpos de socorro informaron que rescataron a personas que quedaron atrapadas en vehículos, debido a que el agua inundó algunas partes de la carretera a Bárcenas por la que transitaban.

Mientras que, en zona 10 y 14 se reportaron fallos de energía eléctrica que afectaron los semáforos; sin embargo, la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) informó que recuperaron gran parte de lo afectado y las áreas que aún permanecen sin corriente eléctrica pronto será reestablecida.

La Cruz Roja reportó que la inundación en la Diagonal 6 capital afectó el tránsito vehicular y pidió precaución para transitar por el sector.

Además, los Bomberos Voluntarios evacuaron a vecinos de la colonia Covias, zona 5, debido a que los aguaceros inundaron algunas calles y avenidas. En esa misma zona, el Ejército confirmó que una valla publicitaria y parte de un muro del estadio del Ejército se desplomaron por los fuertes vientos y lluvias.

#CLIMAGT | #LluviasGT provocan inundaciones en diferentes sectores de #Zona18, un vehículo quedó atrapado y la corriente lo arrastro unos metros.

Barrio Colombia.
Alameda 4#NoticiasdelAtlantico #NoticiasRegionNorteGT pic.twitter.com/ESDIHO4oAT

— Noticias Del Atlántico (@Noti_Atlantico) June 18, 2021

Usuarios en las redes sociales compartieron vídeos y fotografías que retratan las inundaciones y los daños que ocasionaron las lluvias en diferentes lugares.

Esto pasó en Fontabella #ClimaGt pic.twitter.com/BFKPGzY8a7

— Fernanda Chávez (@maferlandia) June 19, 2021

#ClimaGT

Lluvia fuerte en la zona 3 de Mixco, Guatemala. Conducir con precaución.

Recuerda en caso de emergencia marca 125 de #CruzRojaGT. pic.twitter.com/netWMkXrwg

— CruzRojaGT (@CRGuatemalteca) June 19, 2021

Lluvias al sur

Las lluvias también afectaron el sur del país, debido a que se reportaron inundaciones, e incluso accidentes de tránsito. Además, fueron afectados municipios como Mixco, Villa Nueva y Amatitlán.

#ClimaGT

Tormenta con vientos fuertes en Amatitlán, Guatemala. Precaución en carretera.

Recuerda no cruzar ríos crecidos y en caso de emergencia marca 125 de #CruzRojaGT. pic.twitter.com/VLKOKaTNqt

— CruzRojaGT (@CRGuatemalteca) June 19, 2021

Lluvias torrenciales en Retalhuleu tome sus precauciones.#26televisión #ClimaGT pic.twitter.com/KDTHYcKWPN

— 26 Televisión (@CANAL26XELA) June 19, 2021

Las estructuras criminales han encontrado en los niños una manera de reducir los riesgos de capturas. De esa cuenta, el reclutamiento de menores para el cobro de extorsiones o trasiego de armas es real, e incluso podría estar en aumento.

Varios adolescentes son captados por pandillas y huyen de sus hogares; sin embargo, la familia nunca activa una alerta Alba-Keneth para su búsqueda y localización, y se desentienden de los menores, a la espera, muchas veces, de encontrarlos en informes forenses o en alguna prisión.

La falta de atención en el hogar orilla a los menores a que se involucren con las pandillas, cometan delitos y hechos de violencia. Estos son algunos de los motivos que los obligan a unirse a las pandillas, explica un investigador de la Policía que no está autorizado a dar declaraciones.

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De esta cuenta, en año y medio, ocho menores, seis de ellos mujeres, fueron detenidos por la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), debido a que estaban vinculados al cobro de extorsiones y el transporte ilegal de armas.

Los ocho adolescentes fueron conducidos ante un juez para que resolvieran su situación legal.

Flor Dolores Hernández, subjefa de Reinserción de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), explica que, aparte de todos los factores mencionados, incide de forma directa que no hay hogares integrados. La gran mayoría de adolescentes solo crecen con su madre y a corta edad tienen roles que no les corresponden, como trabajar o cuidar a sus hermanos, entre otros.

Indica también que la mala comunicación en la familia es una oportunidad que las pandillas aprovechan para “escucharlos, cobijarlos y que sientan que tienen un rol importante”. Ahora, los pandilleros están usando las redes sociales para captar a jóvenes y exigirles que cobren extorsiones.

“Hemos tenido varios casos de ingresos –a los centros de privación de libertad juvenil–, en donde ellos indican que no conocían a nadie de la pandilla, pero a través de las redes –sociales— los conocieron y los contactaron. Les empiezan a decir que si se animan a hacer esto y lo otro, al final la edad no ayuda, porque están con la gran necesidad de sentirse incluidos en un grupo social y, entonces, al no tener esa orientación de su familia son susceptibles en involucrarse en grupos antagónicos”, señala Hernández.

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Regalos

David Boteo, jefe de Dipanda, señala que el reclutamiento forzoso a las maras es determinante en colonias con alta presencia de pandillas, lugares conocidos como zonas rojas o marginales, y no tienen otra opción que aceptar hacer el “favor” que les exigen, y otras veces les ofrecen regalos especiales como tenis, celulares, ropa o dinero para que accedan.

Añade que, siempre que haya órdenes de comunicación de los cabecillas de las clicas desde la cárcel hacia el exterior, los niños y adolescentes serán reclutados e involucrados en hechos criminales, habrá homicidios y extorsiones en las calles.

Resalta también que la prevención del delito es importante, pero también lo es la contención del delito por medio de capturas, incautación de droga o dinero, salvar la vida de las personas que están siendo extorsionadas, entre otros.

Hernández advierte que la captación de menores para que ingresen a las pandillas no se detendrá, debido a que no existen penas fuertes impuestas contra los adultos que los cooptan. Agrega que después que salen de los centros se les debe dar un acompañamiento para que no se vuelvan a sentir solos, debido a que las pandillas usan el discurso que la sociedad los olvida y generan resentimiento.

“Creo que como sociedad la apatía que tenemos hacia la niñez que vemos en la calle o vulnerada si influye y se tienen que trabajar políticas de prevención y familiares para ver en 15 años los resultados. Como sociedad queremos ver pronto los resultados, pero en prevención lo vemos en 15 años”, explica.

Hasta el pasado 8 de junio, la SBS tenía recluidos a 626 jóvenes en los centros de privación de libertad juveniles, de los cuales 69 son mujeres y 557, el 63 por ciento de la población, es mayor de 18 años, debido a que alcanzaron la mayoría de edad mientras cumplían su sanción.

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¿Terroristas?

Días después que el presidente Alejandro Giammattei asumió la presidencia presentó tres iniciativas de ley al Congreso, las cuales pretenden eliminar la SAAS, declarar terroristas a las pandillas y regular la legítima defensa y el uso de armas de fuego contra criminales.

El diputado Óscar Argueta, expresidente de la Comisión de Seguridad Nacional, explica que en su momento fue conocido el proyecto de ley y dieron un dictamen favorable con modificaciones, porque al etiquetar a los pandilleros como terroristas no hace ninguna diferencia sustancial.

“Evidentemente, en la persecución penal y en la degradación de los delitos, el tema está bastante bien elaborado. El problema es de otro tipo, por ejemplo, desde las cárceles siguen teniendo el control sobre las estructuras que están en el exterior. Además, hay algunos temas de coordinación institucional que son necesarios fortalecer”, explica.

Añade que este es un problema que no se arregla con represión, porque siguen reclutando nuevos miembros a las pandillas debido a que los factores para su involucramiento no cambian y debe abordarse como un fenómeno socioeconómico.

Factores asociados

Una vez que se ingresa al mundo de las pandillas, es muy difícil salir, según refleja el estudio “Maras y pandillas, comunidad y policía en Centroamérica”, que, aunque su objeto principal de estudio fue El Salvador, también trata la problemática en Guatemala y Honduras.

Las pandillas se dedican a extorsionar a personas particulares, comerciantes de barrios, tenderos y transportistas, entre otros. El estudio indica que hace nueve años en Guatemala se calculaba que había 12 mil miembros del Barrio 18 frente a cinco mil de la Mara Salvatrucha, y que las pandillas han proliferado en contextos de violencia y empobrecimiento.

El informe señala que esos grupos criminales reclutan a los jóvenes por una serie de factores estructurales, entre los que resalta la búsqueda de identidad colectiva, recursos materiales, familia, amigos o un estatus social superior.

Fernando –nombre ficticio– a sus 24 años es el mayor de dos hermanos y el pasado viernes junto a otros familiares esperaban el cuerpo de su mamá, que murió de covid-19 en el hospital temporal del Parque de la Industria.

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Tan solo horas antes, en un hospital privado de la zona 1 había muerto el padre, también de covid, 18 días después de ser hospitalizado.

La pérdida de los padres es fuerte, sin embargo, la familia también compartía la preocupación por las cuentas hospitalarias que, en el caso del hospital privado, alcanzaban los Q285 mil por las tres semanas en tratamiento.

El covid en casa

El covid-19 llegó a la casa de Fernando por el papá que comenzó a complicarse su estado de salud y la familia buscó un hospital privado para su atención, confiando que tendría más y mejor atención y más y mejores probabilidades de sobrevivir.

“Por las mismas dudas y miedos que teníamos, decidimos no ingresarlo a un hospital nacional. Tomamos la decisión de llevarlo a un hospital privado. Mi madre, quién falleció hace unas horas, firmó para hacernos cargo de la deuda”, contó.

Al ingresarlo al hospital debieron de adelantar Q15 mil para hacerle “chequeos y análisis” y diagnosticar su gravedad, por lo que concluyeron que su pulmón derecho estaba muy delicado, A los 15 días de internado, los médicos siempre le indicaban que estaba recuperándose. Pero cuando pudo visitarlo observó que no había tenido mejorías, estaba aislado con las luces apagadas y sin que le aplicaran medicamentos.

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“Nosotros dimos Q90 mil en efectivo, la cuenta del hospital llegó a Q284 mil en 15 días que estuvo internado. Eso sumaba medicamentos, los servicios, los honorarios de los médicos, guantes, oxígeno, su alimentación. Dos días estuvo con oxígeno nasal y luego le pusieron una mascarilla de oxígeno”, narró.

Mientras el papá de Fernando estaba hospitalizado fue su mamá quién asumió la responsabilidad de la deuda en el hospital, aunque insistieron en hacer convenios de pago antes de que murieran, el centro hospitalario no accedió.

Ante esta situación, la familia analizaba en dejar el cuerpo del señor en el hospital, no despedirse de él como querían y mucho menos tener una tumba donde enterrarlo, porque no tenían el dinero en ese momento y hacer todos los trámites legales les llevaría mucho tiempo.

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Fernando recibió la noticia cuando estaba trabajando, por lo que llegó al sanatorio a averiguar qué había pasado con su papá. Cuando intentaron sacar su cadáver para enterrarlo se los negaron, debido a que debían cancelar la cuenta del hospital. Al siguiente día les llamaron indicándoles que sí podían retirar el cuerpo, pero debían hacer un convenio de pago o entregar algún inmueble.

Sedantes para mamá

La mamá de Fernando llegó al hospital temporal Parque de la Industria. Se habría contagiado por el esposo y por el gasto de la familia en las últimas dos semanas se decidieron a ingresarla al centro asistencial público. El dinero ya era escaso.

Ella, a sus 63 años y con diabetes, era un cuadro de covid-19 grave y aunque los primeros días en el hospital temporal fue atendida sin pedirle nada a cambio, al noveno día los médicos informaron a la familia que era necesario intubarla y para ello necesitaban sedantes y no tenían.

El medicamente costaba Q3 mil 500 la dosis diaria y durante cuatro días llevaron lo solicitado para que atendieran a la mamá, que al día 13 perdió la vida por el covid-19.

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“Gracias a Dios teníamos la provisión para suplir el costo del medicamento. Era costoso conseguirlo, teníamos que dar varias vueltas para poderlo comprarlo y traerlo. Eran diarias las dosis que necesitaba. Me dijeron que con la compra de los anestésicos debíamos ayudar, porque no lo tenían”, cuenta Fernando.

En la búsqueda del sedante encontraron que en algunos lugares era un poco más barato, en otros más caros, en otros estaba agotado y en otros debían esperar más de cinco días para que se los trajeran.

“Lastimosamente uno no tiene una semana, porque primero fallecen. Ya falleció, sus pulmones se complicaron demasiado. Estaba en un estado muy delicado cuando ingresó y pasó todo este proceso”, lamentó.

Situación constante

La situación que atravesó Fernando no es nueva, se ha repetido de manera cíclica durante toda la pandemia porque el desabastecimiento de medicamentos específicos contra el covid-19 ha sido una constante en Guatemala.

En julio del año pasado, la PHD en una verificación en el hospital del Parque de la Industria halló que las familias de los pacientes debían llevar medicamentos que solicitaban los médicos para que fueran tratados.

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Médicos que pidieron el anonimato por no estar autorizados a dar declaraciones explicaron que el año pasado solicitaban medicamentos como: bradyket, previene la formación de coágulos sanguíneos en el sistema venoso, y dexametasona, un tratamiento para alergias intensas, controla la retención de líquidos, entre otros. El año pasado estos medicamentos escasearon y se encarecieron por la alta demanda que existía, por lo que la compra para aplicarlo en un paciente covid-19 podría oscilar hasta en Q8 mil.

Zulma Calderón, defensora de la Salud de la Procuradora de Derechos Humanos (PDH), informó que reciben entre tres y cinco denuncias diarias desde hace tres semanas, por la compra de medicamentos que hacen los familiares.

La situación de los contagios de covid-19 en el país es preocupante, debido a que estamos en un lapso en donde los casos no bajan de mil diarios. Hay algo más grave aún, la viceministra de Salud, Nancy Pezzarossi, dijo que en los hospitales no tienen medicamentos controlados para los pacientes.

El Centro de Investigaciones económicas Nacionales (CIEN) presentó el Flujograma de la Justicia Criminal 2020, el cual mide la eficiencia anual de seis instituciones del sector justicia, y por el cual se concluye que de cada cuatro casos que ingresan al sistema, solo uno se concluye, lo que fija un 24.9% la efectividad.

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Justicia: Se cumplen 20 meses sin que el Congreso renueve las Cortes

La herramienta de medición señala que el elevado riesgo de contagios de covid-19 en los servicios que prestan el Organismo Judicial (OJ), Ministerio Público, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la Policía Nacional Civil, el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) y el Sistema Penitenciario incidieron en los resultados.

El análisis muestra que el ente investigador obtuvo el 111.6% de eficiencia, debido a que resolvió más casos de los que recibió, y redujo expedientes de años anteriores, sin embargo, en su comparación interanual perdió eficiencia porque en el 2019 su medición fue de 123.4%.

Otros, como el Inacif subió su rendimiento en comparación al 2019; fue evaluado con el 99.7% de eficiencia, un 3.3% más comparado con el año anterior. En el caso del IDPP su eficiencia se redujo 8.3% comparado con el año anterior; mientras el OJ disminuyó su eficiencia en 9.2%.

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El CIEN destaca que la caída en la evaluación del MP, IDPP y OJ se atribuye de forma principal a la menor capacidad que tuvieron en dar salida de los casos que atendieron, y estuvo ligada a las condiciones generadas por la pandemia que impactó en los contagios y fallecimientos de trabajadores y suspensiones por cuarentena.

Además, incidió que las autoridades cerraron de forma parcial o total las organizaciones para reducir la cantidad de contagios, mientras establecían protocolos de bioseguridad, en la primera parte de la pandemia.

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Fanuel García, director del Inacif, resaltó que día a día se ha ido mejorando el sistema de justicia, por ejemplo, la cobertura nacional que tiene el MP, porque están sentando las bases para resolver casos con mayor calidad y cantidad.

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Mientras que la fiscal general, Consuelo Porras, resaltó que el análisis es un valioso instrumento para medir la eficiencia de las instituciones que identifica los principales avances, oportunidades, retos y debilidades a mejorar.

Descenso de homicidios

Juan Mini, uno de los directores de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), dijo que el país ahora es mucho más seguro que hace 10 años. Además, resaltó la baja de homicidios por cada 100 mil habitantes, porque se redujo a una tercera parte de los datos registrados en 2009. “Vivimos en Guatemala tres veces más seguros que hace tan solo una década”, resaltó.

¿Cómo se mide?

María del Carmen Aceña, directora del área de Seguridad del CIEN, explicó que esta herramienta mide la eficiencia de seis instituciones que permite el abordaje integral y sistémico que identifica los cuellos de botella para mejorarlos.

El flujograma fue efectuado por medio de entrevistas con las autoridades de las instituciones, recolección de datos, definición de los niveles de productividad y  evaluación cualitativa del contexto.

Se analizaron dos indicadores: eficiencia global, que mide el desempeño general del sistema; y eficiencia institucional anual, relacionada con la revisión del desempeño de las instituciones en el año.

La renovación de la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de las Cortes de Apelaciones lleva 20 meses de retraso, debido a que los magistrados desde octubre de 2019 están con funciones prolongadas; a este paso parece que transcurrirán más de dos años para que asuman los nuevos funcionarios.

Este proceso está enmarañado, porque ha estado marcado por la intervención de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) para resolver las ilegalidades y por el rehúso de los diputados del Congreso para elegir a los magistrados.

Carmen Aida Ibarra, directora del Movimiento ProJusticia, explica que el período de retraso de octubre de 2019 a mayo de 2020 porque había que superar las ilegalidades del proceso y luego estuvo marcado también por el amparo que presentó el Ministerio Público que detuvo la elección en el Congreso hasta que se emitió la sentencia definitiva en mayo de 2020. “Yo suelo empezar a contar el retraso de la elección a partir junio de 2020, porque ahí se termina el plazo”, añade.

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Ibarra considera que las funciones prolongadas de los magistrados y el retraso injustificado del Congreso de elegir a los nuevos funcionarios tiene camino de durar más de dos años, porque la situación actual apunta a que los grupos interesados en influenciar en el proceso buscan que Silvia Valdés, magistrada presidenta de la CSJ, dirija la Comisión de Postulación que nombrará al próximo jefe del Ministerio Público (MP). Se debe tomar en cuenta que la fiscal general Consuelo Porras puede reelegirse.

“En la Comisión de Postulación hay 15 miembros y quien preside es el presidente o presidenta de la Corte Suprema de Justicia, en este caso sería la magistrada Silvia Valdés. De continuar en funciones estos magistrados, ella presidiría este proceso y sin duda alguna la alianza política dominante está interesada en mantener el control del Ministerio Público con esta fiscal o con nuevo fiscal que les garantice un funcionamiento del órgano de persecución penal adecuado a sus interese”, advierte.

Daños

Ibarra señala que el daño principal es que siguen vigentes cortes complacientes con los grupos de poder que dominan la situación en el país, y agrega que necesitan el sistema de partidos políticos funciones bajo sus intereses debido a que se acerquen las elecciones generales en 2023.

Mientras que, para Lorena Escobar, coordinadora del Departamento de Análisis Jurídico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), expresa que esta situación inédita causa a nivel internacional y nacional poca certeza jurídica y de seguridad.

Critica que este retardo genera inestabilidad en sus puestos con los magistrados de las Cortes de Apelaciones lo cual implica un impacto en la productividad del juzgador y en el clima laboral de los trabajadores que lo acompañan en sus labores diarias. “Esta situación no viene a fortalecer el sistema de justicia, sino que por el contrario lo estanca”, advierte.

Edie Cux, presidente de Acción Ciudadana, expresa que esta CSJ ha emitido resoluciones cuestionables fuera de su plazo legal y es muy serio que suceda esta situación, por lo que se vulnera el Estado de Derecho y no hay certeza jurídica.

Entre las resoluciones más criticadas están el rechazo del retiro de inmunidad del expresidente Jimmy Morales para investigarlo por declarar non grato al excomisionado de la extinta CICIG, Iván Velásquez; así como también la protección dada al diputado Felipe Alejos para que conserve su inmunidad, hasta cuatro veces, y no ser investigado por el caso Traficantes de Influencias.

“La población en general no ve certeza jurídica de cómo se van a resolver los conflictos en el país. Cuestiones como personas que están siendo procesadas, que tengan un juicio en general que deba ser conocido por la Corte Suprema o por la misma Corte de Constitucionalidad ahora no tiene certeza de ello y esto incide específicamente en los niveles de impunidad, no solo en corrupción, sino en general”, advierte Cux.

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Antejuicios

La elección de la cortes en el país se mantiene en un estira y encoje, es un pulso de fuerzas constante. El problema de su renovación está tan enmarañado y viciado que ocho magistrados del pleno de la CSJ enfrentan solicitudes de antejuicio, debido a que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) busca investigarlos por su presunta vinculación al caso Comisiones Paralelas 2020.

El Ministerio Público busca investigar a los magistrados de la CSJ: Silvia Valdés, Josué Felipe Baquiax, Manuel Duarte, Vitalina Orellana, Nery Medina, Sergio Amadeo Pineda, José Antonio Pineda Barales y Silvia Verónica García; mientras que de la Corte de Constitucionalidad fue en contra de Néster Vásquez Pimentel y del Tribunal Supremo Electoral contra Ranulfo Rafael Rojas Cetina.

La tesis fiscal del MP señala tuvieron comunicación con Gustavo Alejos, antes de votar por la integración para la nómina de postulantes de comisionados. Bajo esta lógica, Cux ve difícil que la misma CSJ resuelva en contra de sus propios miembros y se trasladen estas solicitudes al pleno del Congreso para que las conozca y los diputados decidan si les retiran la inmunidad.

“A nivel de cuál es la visión que se tiene de la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, creo que se replantea depurar los listados. Personas señaladas del amañamiento de cortes y que hayan sido designadas a partir de los jueces que el Ministerio Público señala en el caso Comisiones Paralelas se hace necesario que se depuren esos listados y que el Congreso excluya esas personas. La cuestión es que la alianza oficialista evade esa responsabilidad”, afirma Cux.

Mientras que para Escobar estas solicitudes de antejuicio se torna cuesta arriba la investigación contra los magistrados que están ocupando otros cargos diferentes a las magistraturas de la CSJ, como en los casos de Ranulfo Rojas Cetina, actual presidente del Tribunal Supremo Electoral y quien está señalado de posible falsificación de un título universitario, y de Néster Vásquez Pimentel, quien recién asumió como magistrado de la Corte de Constitucionalidad.

Los antejuicios fueron presentados un día después que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitó Guatemala y anunció la creación de una Fuerza de Tarea Anticorrupción regional para “apoyar” a los fiscales guatemaltecos para investigar la “ruta del dinero” de este flagelo.

Ibarra señala que, aunque la FECI cumplió con su labor de presentar estas acciones contra los magistrados no pasará nada, debido a que la alianza política está consolidada y es el Congreso que debe conocerlas por lo que lógico que los protegerá.

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Soluciones

Francisco Quezada, investigador en temas de seguridad y justicia del Centro de Investigaciones Económicas Sociales (Cien), explica que, no se ha medido el daño es enorme ocasionado en la justicia con la incertidumbre de que no se saben cuáles son las magistraturas que dirigen la CSJ y de Apelaciones, y recae en la ineficiencia debido a que no existe una planificación estratégica del Organismo Judicial porque no saben hasta cuándo estarán en el cargo.

“Para empezar ver la solución de una situación que es totalmente responsable la anterior Corte de Constitucionalidad, al haber emitido un fallo total y absolutamente en contra de la Constitución, tiene que haber una salida. La salida tiene que significar, para que los diputados se animen una elección pronta, es que la actual Corte de Constitucionalidad emita una resolución aclaratoria del fallo que emitió la anterior CC, porque de lo contrario abundarán buenas y malas excusas para no elegir”, explica Quezada.

Además, advierte que no se encuentra una solución pronto se llegara a los dos años con magistrados que tienen funciones prolongadas. “El tiempo seguirá pasando y la administración de la justicia seguirá sin norte”, indica.

Mientras que Cux señala que, el MP debe defender el amparo que le fue otorgado y presentar una debida ejecutoria para que la CC resuelva que el Congreso debe elegir y designar a los magistrados.

Desde el 2016 se aprobó la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, que crea un mecanismo para hacer más eficiente la búsqueda y localización de mujeres y la protección de sus derechos, sin embargo, cinco años después aún no se cuenta con los fondos para que funcione y la ley ya necesita cambios.

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Las autoridades afinan el plan operativo para acelerar la búsqueda de mujeres desaparecidas, el cual busca que se conforme con tareas de localización y resguardo de la mujer desaparecida, y se efectúe con apoyo de un equipo local de búsqueda.

El plan será implementado entre agosto y octubre en dos municipios del país, según explica Lucrecia Vásquez, secretaria de la Mujer del Ministerio Público (MP).

La Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas regula el funcionamiento e integración del mecanismo, así como su plan operativo que ponen en marcha instituciones como la Policía Nacional Civil (IPNC), Ministerio Público, entre otras.

Además, establece la creación de la estructura de la Coordinadora Nacional de Búsqueda, la cual está conformada por la Asamblea, que aglutina nueve instituciones y tres organizaciones no gubernamentales que trabajan en beneficio de los derechos de la mujer, la junta directiva, la secretaria ejecutiva, y grupos de equipos locales de búsqueda.

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Hasta ahora el mayor problema que enfrentan para echar a andar el mecanismo para la búsqueda de mujeres es que no cuentan con un espacio presupuestario, el cual se espera desde el 2018 que el Ministerio de Finanzas lo asigné.

“Resulta que ha sido un poco complejo, porque la asamblea o el mecanismo que integra la Ley de Mujeres Desaparecidas no es un ente totalmente independiente, sino que depende de recursos financieros que tienen que asignarle al MP y este bajo su estructura hacerse cargo de que siga funcionando la Secretaría Ejecutiva”, explica Vásquez.

La secretaria de la Mujer indica que Finanzas tiene que darle los recursos que se establece en el artículo 21 de la Ley, el cual estipula que a partir de la aprobación de dicha norma –en el 2016– la cartera debe dar crear una partida presupuestaria para el funcionamiento de la coordinadora y el mecanismo, los cuales serán manejados por el MP bajo la fiscalización de la coordinadora.

El Ministerio de Gobernación también integra la mesa en donde se han discutido estos avances, pero Pablo Castillo, vocero de la cartera, dice que necesitan “unos días” para consensuar con las demás instituciones y dar el resumen de los avances que han tenido.

Reformas necesarias

Para la diputada Andrea Villagrán las reformas a la Ley de las Mujeres Desaparecidas son necesarias, porque cuando se aprobó esta norma aún no existían instituciones que velarán por los derechos de las mujeres, como el Instituto de la Víctima, pero también hay un vacío sobre cómo pasan las niñas con alerta Alba-Keneth a personas mayores de edad desaparecidas y se debe activar la alerta Isabel–Claudina.

Estos temas, según Villagrán, no son importantes para el pleno de congresistas, debido a que no se han conocido las reformas necesarias a la ley.

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La congresista añade que no se han podido ejecutar los recursos para que este mecanismo funcione por cuestiones administrativas y señala que es el MP quien debe aprobar un reglamento y leva cinco años sin hacerlo. “Al no contar con ese reglamento no pueden hacer la transferencia presupuestaria por parte de Finanzas”, explica Villagrán.

Vásquez explica que están a punto de concluir con el dictamen del reglamento, pero aún están haciendo “pequeños ajustes”. Aún está pendiente de que las instituciones que integran el mecanismo lo conozcan, lo aprueben y se entregue al Ministerio de Gobernación como último paso para su aprobación.

“Tenemos una ley bastante progresista, pero no tiene el suficiente respaldo para ejecutarse, por ejemplo, los equipos de nivel local necesitan asignación presupuestaria, pero no se ha podido llevar porque hay mucha falta de voluntad política por parte de las instituciones que entre ellos se echan la responsabilidad. El Ministerio Público dice que no le correspondería ejecutar esos recursos, pero la ley lo establece”, reconoce la secretaria de la Mujer.

Desde esa situación, Villagrán propone que hay que hacer reformas a la ley para asignar una unidad ejecutora para asignar presupuesto.

Faltan fondos

En opinión de Paula Barrios, coordinadora de Mujeres Transformando al Mundo (MTM), es  importante que se ponga atención a la violencia contra la mujer, pero apela a que los mecanismos que se buscan implementar se mantengan y se fortalezcan para que no sean acciones aisladas o buenas voluntades de algunos funcionarios.

Agrega que para atender la violencia criminal se necesita un estudio del fenómeno criminal y así generar estrategias acordes a esta problemática. Además, explica que se debe tener una visión más nacional y que el mecanismo no se adecúe solo a la capital.

“Puedo suponer que esto responde al incremento del 100 por ciento, un incremento que preocupa muchísimo, las desapariciones de niños, niñas, adolescentes y mujeres adultas en lo que va de este año. Se incrementó de sobremanera esta problemática”, indicó Barrios.

Mientras que Claudia Hernández, directora de la Fundación Sobrevivientes, explica que después de varios años de aprobada la ley no se ha implementado al 100 por ciento y ya necesita cambios.

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La organización, junto a algunos diputados, presentaron las reformas a la norma, porque a raíz de un caso especifico identificaron que no se activaron los comités de búsqueda local que están establecidos.

“Si bien es cierto no se logró el apoyo para la aprobación de esta reforma, el Ministerio Público sí tomó algunos elementos, pero el problema ha sido también la carencia de recursos”, advirtió.

Hernández coincide con la organización MTM en que la asignación de recursos también se debe reforzar en la provincia para hacer la búsqueda de las mujeres desaparecidas un mecanismo nacional.

El Ministerio de Gobernación impulsa la estrategia de los 100 más buscados desde hace 15 días, por medio de la cual 14 personas que figuraban en el listado fueron detenidas, seis de las cuales están señaladas de delitos de violencia sexual; mientras que el resto de aprehendidos están vinculados a extorsión, robo, homicidio, plagio y secuestro, asociación ilícita y comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.

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Pablo Castillo, portavoz de la cartera del Interior, detalla que esta estrategia se trabajó por medio de un Comité Técnico, el cual se conformó con base al Acuerdo Ministerial 358-2015, y el criterio para enlistar a los 100 más buscados fue que tienen un “alto perfil criminal”, y significan que son una “peligrosidad” de seguir cometiendo hechos delictivos en contra de la población guatemalteca.

Además, confirmó que en este listado no se buscan a personas señalados por delitos de corrupción. Castillo defiende que la estrategia no va encaminada a capturar a estos prófugos, porque según el dictamen que emitió el Ministerio Público, al publicar la fotografía de estos 100 más buscados no afecta la investigación en su contra porque ya finalizaron esas diligencias.

Agrega que unidades como la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, que tiene aproximadamente 150 personas prófugas por delitos relacionados con corrupción, como el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, señalado de fraude y lavado de dinero; el exviceminstro de Gobernación, Kamilo Rivera, señalado de integrar una organización dedicada a ejecuciones extrajudiciales, el exjuez Mynor Motto, entre otros, manejan de otra forma la búsqueda de estos sujetos.

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“El criterio es esas fiscalías –como la FECI – tienen equipos especializados en el tema de corrupción para la búsqueda los exfuncionarios. Es un trabajo totalmente aparte al de la estrategia de –los 100—más buscados. En esta estrategia se incluyen únicamente perfiles de alta criminalidad”, afirmó.

Esta estrategia de recompensa por información de prófugos incluye la difusión del listado de criminales. La avenida de Las Américas es uno de los lugares en donde fueron pegados carteles en postes de electricidad con los rostros de los 100.

¿Cómo se cobra la recompensa?

Castillo explicó que las personas que tengan información valiosa de los prófugos deben llamar al 1561, la línea de “cuéntaselo a Waldemar”, los datos deben conducir a la ubicación exacta del prófugo. Después de su detención, el Comité conoce la forma en la que ingresó la información y si cumple con los requisitos de veracidad, oportunidad y aprehensión, para reclamar el pago.

De las 14 detenciones que se han realizado en las últimas dos semanas, solo seis cumplen con los requisitos para el pago de recompensa, explicó Castillo, debido a que las otras fueron trabajo policial, inteligencia e investigación criminal para capturarlos.

“Los funcionarios no pueden cobrar estas recompensas (…) El acuerdo ministerial establece que ningún funcionario, ni ningún familiar en primer, segundo o tercer grado de consanguineidad pueden hacer el cobro”, dijo Castillo.

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Por información que facilite la captura de cada prófugo el Ministerio de Gobernación ofrece un pago de Q50 mil, fondos que provienen del presupuesto del Viceministerio Administrativo. En total el Ministerio dispone de Q5 millones y, por ahora, el primer desembolso será de Q300 mil por la captura de seis personas.

Una de las complejidades para capturar a estas personas, según Castillo, es que son muy “escurridizos”, por ejemplo, utilizan nombres falsos en redes sociales o se identifican con documentos falsificados.

Walter Menchú, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), considera que la estrategia es buena, debido a que si se aplica como la del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) en Estados Unidos, podría tener buenos resultados.

No obstante, indica que las recompensas deben estar diferenciadas conforme a los perfiles de los prófugos que se están buscando, porque no corre los mismos riesgos el informante al delatar a un narcotraficante comparado con un pandillero que está extorsionando. “Deben variar los niveles de recompensa, según el perfil de peligrosidad, criminalidad o dificultad para atrapar a esa persona”, explicó.

Delitos comunes

No es primera vez que el Ministerio de Gobernación decide destinar fondos para facilitar la detención de personas prófugas. Durante el gobierno de Álvaro Colom también se hizo. Carlos Menocal, quien fue ministro del Interior en esa gestión, señala que es una estrategia positiva, pero también debería incluir a personas señaladas de delitos de corrupción.

“Es tan importante una captura de un asesino, un homicida y un violador, como también la detención de personajes que están prófugos de la justicia por actos de corrupción, malversación de fondos, por atentar contra los recursos del erario”, dijo Menocal.

Para el exministro de Gobernación el perfil criminal de los 100 que están incluidos en la lista no amerita un pago de recompensa porque, por la naturaleza de los delitos, deberían de ser perseguidos y localizados por la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) de la Policía Nacional Civil (PNC),

En la gestión de Menocal se ofreció recompensa para capturar a personas señaladas de narcotráfico con solicitud de extradición a Estados Unidos, con fondos facilitados por la Administración para el Control de las Drogas (DEA, en inglés). Finalmente, no se pagó ninguna recompensa y las detenciones se realizaron utilizando investigación criminal e inteligencia policial, dijo Menocal.

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Bajo esta lógica, el exfuncionario ve riesgos en la aplicación de la estrategia debido a que no se priorizan delitos comunes y no hay lugar para personas señaladas por corrupción, lavado de dinero, entre otros. Así como también el uso de estos recursos dar lugar a poca transparencia para que se paguen las recompensas.

“La partida y el pago de información y recompensa existen. Eso es un hecho. Quizá donde pueda ocurrir un riesgo es en el pago de la información a alguien que no necesariamente dio detalles para capturar a una persona y que las propias fuerzas de seguridad lo hayan detenido y que se beneficien a terceras personas”, advirtió.

Menchú también advierte que existen riesgos en la aplicación de esta estrategia y para corregirlos debería existir un mecanismo para que no se corrompa.

“Las recompensas pueden ser usadas para la corrupción. Puede ser que se tenga información, y alguien que conozca información sobre la persona que se esté buscando la brinde o se filtre información por parte de las autoridades que después acuda –para cobrar el dinero—“, señaló.

Para evitar la corrupción Menchú opina que debería existir un sistema de control interno, sin darse a conocer de forma pública de cómo funciona, para que se lleve el registro de a quién se le pagó la recompensa y qué información dio, tomando en cuenta que son datos sensibles y que no se deben filtrar.

Añade que esta estrategia debería incluir todos los delitos, pero da a lugar a excusas para no incluir los delitos relacionados con corrupción porque no existe un grado de criminalidad comparado con un pandillero o extorsionista. No obstante, afirma que en otros países en estas listas se incluyen perfiles de alto nivel como exfuncionarios perseguidos por corrupción o personas señaladas de delitos de cuellos blancos.

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Para Lizandro Acuña, analista en temas de seguridad y justicia, explica que esta estrategia se ha usado en diferentes países. Uno de los ejemplos más relevantes es la estrategia que fue aplicada en Argentina para capturar a personas y exfuncionarios señalados de delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar.

Agrega que hay leyes que rigen el destino del dinero que se pueda dar en recompensas y desde ese punto de vista que se está usando el presupuesto del Mingob se deberá cumplir la Ley de Contrataciones del Estado para seguir los procedimientos, el rubro y la pertinencia de estos recursos.

Además, señaló que todo el aparato estatal de inteligencia podría funcionar para hacer investigaciones profundas para dar con el paradero de las personas de ese listado, ya que, el destino de ese dinero deberá redireccionarse a objetivos muchos más concretos y que afectan más al país, por ejemplo, delitos de corrupción.

Los patrullajes y la integración a puestos de registro y de identificación en carreteras son efectuados los fines de semana.

Entre 75 y cien agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que se desempeñan como personal operativo y administrativo asignado a la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC) salen a patrullar durante los fines de semana.

Jorge Aguilar, vocero de las fuerzas de seguridad, explicó que sacar a este personal a las calles tiene dos fines: sumar esfuerzos a los policías de estos municipios y zonas, así como efectuar investigación para desarticular las organizaciones criminales que operan en esos lugares.

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El portavoz agregó que el personal policial sale a las calles uniformado e identificados para integrarse a operativos carreteros de identificación de vehículos y personas.

“El personal termina su labor administrativa, y continúan con parte de labor operativa. No debilita la investigación porque sale personal administrativo”, dijo Aguilar.

Un investigador, que pidió que se guardara su anonimato, afirma que no solo es el personal administrativo, también es el personal operativo que sale a las calles a hacer tareas de patrullaje y de identificación a conductores y carros.

“Son operativos multidisciplinarios, porque hay varias unidades policiales trabajando. (…) Apoyan también en la zona 1, 6 y 18, y en los municipios de Villa Nueva, Mixco”, explicó Aguilar.

Otro investigador que prefirió omitir su nombre dijo que los municipios a los que van en Escuintla son: La Gomera, Tiquisate, Nueva Concepción y Puerto San José.

Sin resultados

Para Wálter Menchú, investigador en temas sociales y de seguridad del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), se debería analizar el margen de maniobra que tendrán estas acciones sobre la incidencia criminal, porque los viernes es cuando se incrementan algunos delitos y sí podrían reducirse con patrullajes policiales. Además, considera que será muy marginal el impacto a largo plazo de estos patrullajes.

“En el fondo tal vez solo sea un tema de presencia policial y de imagen de la policía en las calles (…) Lo que, si es cierto es que, al menos, la priorización que se le dio en las zonas de la capital y los municipios de Escuintla es la adecuada, porque se ha visto que ahí es donde se ha incrementado la delincuencia este año. Al menos en ese sentido están poniendo los recursos donde son necesarios”, indicó.

Menchú añadió que puede ser esta estrategia y mientras esté implementada puede funcionar, porque es disuasiva, pero hay que fortalecer la investigación criminal y la desarticulación de las estructuras que operan en estos lugares.

Según el experto del Cien, Las autoridades deben buscar las causas detrás del incremento de la incidencia criminal en estas zonas, en conjunto con el Ministerio Público, para que generen evidencia de casos en contra de personas involucradas en hechos delictivos para que puedan ser juzgadas y sentenciadas.

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Desperdicio de recursos

El incluir a fuerzas ya formadas en investigación criminal a labores de patrullaje es desperdiciar capacidades técnicas adquiridas, piensan otros analistas en seguridad.

Verónica Godoy, analista en temas de seguridad y justicia, señaló que estas acciones traen la misma línea del descabezamiento de varias de unidades de investigación criminal, como la de Delitos contra la Vida y Extorsiones, que se dieron durante la gestión del exministro de Gobernación, Enrique Degenhart.

Además, considera que la especialización de este personal de la SGIC es otra y no debería estar patrullando, por lo que se debería analizar cuáles son los beneficios de implementar esta estrategia, porque en gestiones anteriores ya se implementado y no ha sido los esperados.

“Esta gente –el personal— tiene una cantidad de trabajo acumulado y de investigaciones en proceso. Aparte, los llevan a operativos. Esto en alguna época también ponían a gente de ORP (Oficina de Responsabilidad Profesional) y de otras áreas, pero los resultados no han sido buenos ni han tenido un impacto real”, señaló Godoy.

María Consuelo Porras Argueta ocupa el cargo de jefa del Ministerio Público desde el 17 de mayo de 2018. Es una abogada que asegura contar con un expediente profesional lo suficientemente completo para ocupar altos cargos como operadora de justicia y ser independiente en su trabajo.

En la sede del MP, en el barrio Gerona, zona 1, se observan decenas de carteles que promocionan la cobertura nacional de la Fiscalía, lo que para Porras es uno de los logros más importantes de su gestión. Le queda un año en el cargo, y además de las agencias municipales, dice que son las mediciones internas las que avalan su trabajo.

A Porras se le señala de reaccionar con lentitud a escándalos de corrupción, de trabajar con el consentimiento del Organismo Ejecutivo —fue electa por Jimmy Morales y Alejandro Giammattei elogia su gestión—, pero ella asegura que no es la fiscal “que critican en las redes”.

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En esta entrevista afirma que lidera la lucha contra la corrupción y que las estadísticas de sus resultados superan las gestiones de los fiscales generales anteriores.

Ahora que se alcanzó la cobertura nacional, con las agencias municipales, ¿qué paso sigue para hacerlas efectivas y eficientes?

Estamos descongestionando casos en las fiscalías distritales porque conocían casos graves y menos graves, por lo que el sistema colapsó, debido a la cantidad de mora recibida en mi administración, que rebasaba el millón 266 mil.

La virtud de estas agencias municipales es que se van a dedicar con exclusividad a conocer delitos menos graves que constituyen aproximadamente un 50% de las denuncias recibidas a nivel nacional, mientras que las fiscalías distritales van a conocer del 100% que venían conociendo, la mitad de los casos. Eso implicó su descongestionamiento.

Hicimos una evaluación de la implementación de las primeras 55 agencias, en donde se estableció que conocieron un 85% de los casos recibidos, ese porcentaje ya hubiera estado acumulado en las fiscalías distritales.

Coordinamos con la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que ampliaran la competencia a los jueces de Paz y que desde los municipios pudieran resolver todos los delitos menos graves.

Todo el trabajo está siendo supervisado por los fiscales distritales. La jerarquía hará que ellos tengan toda la supervisión del trabajo de esas agencias.

Se menciona que parte del éxito de la cobertura nacional se desvió al apoyo económico de donantes. ¿De dónde provienen y a cuánto ascienden estos fondos?

La ayuda que nos dan es técnica. No hemos manejado ni un solo centavo de la cooperación.

En la creación de las agencias, los gastos como arrendamientos o salario lo cubre el MP, pero ellos nos pueden proveer los estudios para su lanzamiento.

Nos apoyan desde consultores, toda la parte técnica y algunos equipos que nos donan. Muchas actividades las realizamos con Usaid, INL, la DEA, con ICE. También tenemos cooperación de Canadá, España y otros cooperantes.

¿Cuánto presupuesto necesitan para que funcionen las agencias municipales? ¿Están solicitando alguna ampliación en el Congreso?

Con el mismo presupuesto, obviamente, se hizo la inclusión de la creación de la cobertura nacional. La parte de planillas y arrendamientos están incluidos dentro del POA institucional del año. Se requerirá un poquito de aumento de presupuesto para el año entrante para el pago de servicios como agua o luz. No somos las personas que no pedimos aumento sin previamente demostrarlo.

Ha dicho que el MP lidera la lucha contra la corrupción. ¿Qué casos podría mencionar para respaldar esa declaración?

En mi administración se suspendió el apoyo que se tenía de Cicig. La Feci no estaba creada dentro de la estructura del MP porque fue creada por un convenio con Cicig.

Por lo que fue implementada dentro del esquema institucional. Desde esa primera acción, para mí, está toda la intención de la lucha contra la corrupción en Guatemala, porque si no simplemente hubiera dejado todo al aire.

También implementé la Unidad de Apoyo Técnico, en donde se creó este equipo de trabajo, con investigadores criminales, analistas criminales y financieros; investigadores operativos y personal administrativo. Ningún caso quedó sin procurarse cuando se fue la Cicig. Como ya dependía esta unidad del MP, se le puede exigir. En cambio a la Cicig no se podía porque definitivamente era un apoyo.

Comenzamos a ver que los resultados que está dando la Feci son superiores comparados a cuando la Comisión estaba acompañando. ¿Por qué? Porque ahora los investigadores y analistas son nuestros. Yo les puedo exigir que agilicen los casos. Estructuras desarticuladas en 12 años de la Cicig fueron 54, un promedio de cuatro por año. En mi período fueron 25, un promedio de ocho por año. Personas condenadas fueron 327 en 12 años, en promedio por año fueron 27. Y nosotros hemos tenido 256 personas condenadas, promedio por año de 85 personas. Los números no mienten. El Ministerio Público tiene su capacidad para trabajar. ¿Qué pasó en mi gestión? Me quedé sola, sola. Hemos logrado decir que tenemos la capacidad. Prueba de eso es el premio. No quiero que me lo den a mí, que se lo den a las personas que están trabajando en los casos. Acuérdese que la titular de la acción penal soy yo, no hay vuelta de hoja. Aquí no sale nada sin que yo realmente lo supervise, y la única que realmente puede intervenir en la Feci soy yo. Semana a semana me siento con el fiscal Juan Francisco Sandoval para ver todos los casos.

¿Cómo evalúa el trabajo del fiscal Juan Francisco Sandoval, ya que es una de las figuras que más sobresalen en la lucha contra la corrupción?

A mí me agrada que tenga esas miradas, porque reconocen el trabajo del MP. Acuérdese que soy la titular del MP. El hecho de que haya buenas miradas para mis fiscales me complace de sobremanera, y me entristecería si hablaran mal de ellos, porque yo respondo por todo el equipo fiscal. Que reconozcan su trabajo quiere decir que sí estamos trabajando sobre la base de lo que nos mandata la Constitución y la Ley. Me siento muy satisfecha del trabajo de los fiscales.

¿Qué opina sobre la preocupación que han mostrado funcionarios estadounidenses sobre la seguridad del fiscal Sandoval?

El dispositivo de seguridad que le he asignado al fiscal Sandoval es el mayor de todos los fiscales del Ministerio Público. Tiene muy fortalecido su esquema de seguridad. Constantemente estoy pidiendo a la Unidad de Evaluación que le estén haciendo sus estudios de riesgo, para que me digan si necesita algo más.

Además, como constantemente me reúno con él, le pregunto si tiene alguna necesidad, si ha recibido alguna amenaza, para servirle de la mejor forma posible. Siempre estoy preocupada por la seguridad, no solo de él, también de los demás fiscales y auxiliares.

¿Cuál es la estrategia para que estos casos sean ganados y se obtengan sentencias condenatorias?

En todos los casos nosotros nos sentamos con los fiscales a revisarles los expedientes, para saber que están fortalecidos, que llevan las tres plataformas estructuradas: la fáctica, que son los hechos a imputar; la probatoria, que son las pruebas que fortalecerán las imputaciones, y la jurídica, que es el encuadre a la ley y a los hechos y a las pruebas.

Todos los casos tienen que ser revisados, porque así lo dice la ley. Les decimos qué puntos deben sumar para no tener ningún problema en la base con ningún juez. Pero recuérdense que a veces, llevando la prueba, los jueces absuelven. Pero hay medios de impugnación.

¿El MP ha recibido denuncias de la Comisión contra la Corrupción y de qué manera las han trabajado?

Sí, cuando alertan que hay comisión de algún delito, inmediatamente lo envían al MP y empezamos la investigación. Hay reuniones constantes con el comisionado para informar sobre avances en los casos que remite.

¿Cómo va el desarrollo de los casos en donde ordena investigación por oficio?

Todos los procesos avanzan considerablemente. Los tiempos de cada caso dependen de muchas circunstancias. Por ejemplo, dependemos de muchas instituciones que nos generan información y que nos la dan. Estos datos sugieren que solicitemos otra investigación para completar.

Al tener toda la información se traslada a la Dirección de Análisis Criminal y Financiero para que analice. Nuestras investigaciones, así lo ha dicho el licenciado Sandoval, no están sujetas a plazos políticos ni mediáticos, sino que a plazos legales.

Las capturas con solicitud de extradición a EE. UU. por narcotráfico aumentaron este año. ¿Cómo avanzan las investigaciones para desarticular estas estructuras y por qué en Guatemala no hay casos abiertos de personas extraditadas?

Trabajamos con agencias de Estados Unidos. Recién me reuní con un grupo de la DEA en Miami, en donde compartimos el trabajo de Guatemala y están complacidos por nuestro trabajo. Ahí establecemos estrategias de acción conjunta para lograr las extradiciones con fluidez. En materia de narcotráfico, lavado de dinero y extinción de dominio trabajamos a nivel internacional.

La violencia contra la mujer y la niñez son de los delitos más denunciados en el MP. ¿Cuál fue el criterio para acondicionar el Maimi en La Verbena, tomando en cuenta que es una zona roja?

Hicimos una búsqueda de muchísimos inmuebles que nos pudieran dar la cobertura, porque tenemos, al unísono, trabajando más de 16 instituciones. No era fácil conseguir el inmueble que nos pudiera dar esta gran cobertura.

En segundo lugar, se nos cedió un terreno y teníamos que construir. Necesitábamos Q16 millones. Tocamos las puertas para ver quién se podía sumar a la construcción, pero realmente no hubo respuesta porque ellos —cooperantes— ayudan sobre la base de lo que ya está. Allí funcionó Intecap y desocuparon, porque parece que se les venció el período de usufructo que tenían y quedaron libres las instalaciones.

Vimos la posibilidad de este inmueble, y con los arquitectos analizamos que nos daba cobertura para todas las instituciones, y dijimos que era el lugar más indicado.

Reforzamos el lugar. Hay una subestación de la PNC casi enfrente. Pedimos seguridad perimetral e iluminación a la alcaldía auxiliar y pedimos que pasara un Transurbano. Nos aseguramos de que tuviera las condiciones más favorables y procuramos que dentro de las instalaciones hubiera servicio de comida para los trabajadores y los usuarios, para evitar que estuvieran entrando y saliendo.

¿Cómo va la ejecución de los fondos otorgados por medio del préstamo del BCIE?

Ese préstamo viene exclusivamente para el trabajo de la tercera torre del MP, en el sitio contiguo al edificio. Más o menos tendrá la misma estructura. Ya vinieron los arquitectos, está todo encaminado porque hay que hacer el evento de licitación internacional manejado por el BID. Tenemos un porcentaje para la modernización informática institucional. Como también tenemos cooperación, estamos complementando lo que haga falta al nuevo sistema informático, al cual le cambiaremos nombre. Ya no será el Sicom. Hemos estructurado un nuevo sistema y se llamará Astrea. Estamos a unos días de poderlo implementar.

¿Qué opina de la percepción que existe de la independencia del MP, tomando en cuenta la cercanía con el expresidente Jimmy Morales y los elogios a su trabajo de parte del mandatario Alejandro Giammattei?

Nunca tuve cercanía con el expresidente. Mi expediente habla por sí solo. Son ustedes más que testigos, por ser medios de comunicación. Siempre punteé lo mejor en todas las comisiones de postulación. Es decir que los méritos son personales. Habla por sí mismo todo mi recorrido, es una cantidad fuerte de años en donde me he desenvuelto en una cantidad de instancias. Llegué hasta la alta Corte como magistrada suplente.

Se los digo con absoluta humildad, tengo los méritos suficientes para llegar a cualquier puesto. Con el actual presidente no tuve el gusto de conocerlo antes de que llegara a la Presidencia. A mí me lo trajo el vicepresidente a presentar. Que él reconozca mi trabajo es otra cosa, eso es un reconocimiento como cualquiera de nosotros podemos reconocer el trabajo de cualquiera. El señor presidente reconoce el trabajo del Ministerio Público, pero me menciona porque yo soy la titular.

¿Cómo piensan fortalecer la buena percepción hacia el trabajo del MP comparado con la aceptación que tenían las administraciones anteriores?

En principio manejo el aspecto real, las mediciones. Estamos comparando las gráficas de mediciones y nos han hecho mediciones a través del flujograma de justicia criminal, en donde en blanco nos dicen que en 10 años el Ministerio Público no había alcanzado la eficiencia y eficacia que alcanzó desde 2018. ¡Más claro no canta el gallo! ¿Qué quiere decir eso? Que en 10 años el MP no había alcanzado esta eficiencia.

La percepción es de los ojos que quieren ver de este color el horizonte, pero no es una realidad. Otra de las cosas que me pone en blanco y negro frente a la medición es que en 24 años el MP solo había alcanzado el 16% de cobertura. ¿Qué me pueden decir de la percepción? El que no quiera verlo que no lo vea. ¿A quién han encuestado para la percepción del MP? A las personas que siempre atacan, a ellos no los puedo convencer.

¿Piensa renovar su gestión?

Con absoluta honestidad me parece muy prematuro. Las preocupaciones que tenemos son bastantes y estoy enfocada en lograr el 20 por ciento de nuestro Plan Estrátegico, porque ya logramos el 80 por ciento, para poder decir: “deber cumplido”.

Guatemala aún no tiene la cantidad de vacunas contra el covid-19 que necesita. Hasta ahora solo ha recibido 708 mil dosis y depende de Covax, el mecanismo conjunto de la Organización Mundial de la Salud, y las dosis de Sputnik V para seguir abasteciéndose y cumplir con las fases de vacunación propuestas para ejecutarse a lo largo de este año.

Mientras no haya una inmunización masiva el virus sigue circulando y hacerse pruebas es imprescindible, pero tampoco hay.

Prensa Libre efectuó un recorrido en cinco centros de la capital identificados para hacer pruebas de covid-19, pero solo en uno realizaban los test.

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El primer lugar visitado fue el centro de salud ubicado en la colonia Justo Rufino Barrios, zona 21. Como el Ministerio de Salud identifica el centro para hacer prueas de coronavirus había gente buscando la atención, pero la noticia que recibían es que se habían acabado y solo habían kit de medicamentos para repartir.

En el centro de salud El Bebedero, en el kilómetro 10.8 ruta al Atlántico, zona 18, tampoco hay pruebas, pero porque no hay personal suficiente para hacerlas, explica Raschel Conwán Milián, salubrista del lugar.

Ahí solo cuentan con una médica que hace prueba de papanicolaou, consultas médicas y otros procedimientos. Además, deben atender a los niños y su esquema de vacunas.

“Nuestro espacio no da para tener un centro de pruebas covid-19. No tenemos el espacio, ni el personal y tampoco un laboratorio para procesarlas. Estamos hacinados en este lugar”, indicó.

“No hemos suspendido nuestros servicios y siempre hemos tenido atención al usuario. Tuvimos nuestras dificultades, porque algunos integrantes del personal se infectaron de covid. Como ustedes saben, cuando se decía covid todo el mundo se alarmaba, pero ahora existe un poco más de costumbre. Tuvimos personal suspendido 15 días”, dijo.

Centros respiratorios

Hasta el miércoles, en el centro respiratorio ubicado en la estación de Bomberos Municipales de la Avenida Petapa y 53 calle, zona 12, se informaba que no tenían test desde hace seis días.

En otros casos, como en la colonia Atlántida, zona 18, la unidad móvil para atender pruebas de covid fue trasladada hace más de un mes a otro lugar y quien necesita pruebas debe buscarlas en otra zona.

La frustración de los guatemaltecos crece porque no avanza el proceso de vacunación y las pruebas de covid escasean.

En busca de pruebas

El hacerse una prueba de covid, a estas alturas de la pandemia no necesariamente es por saber si se tiene la infección, sino para demostrar que no se tiene.

Algunas empresas, comenta Luis Linares, analista de temas laborales en la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), pueden considerar como prevención para evitar la propagación del virus exigir una constancia negativa, sin embargo, no debe ser una condición para contratar a alguien.

“El Estado debería tener la capacidad que quien necesite hacerse la prueba se la haga porque la enfermedad es un riesgo de salud pública y tiene que minimizarse su propagación. Tampoco puede condenarse a las empresas que la pidan, pero el aspirante al trabajo no puede costearlas porque valen alrededor de US$60”, añade.

Juan Carlos Zapata, de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), reconoce que las pruebas siguen siendo importantes y el sector privado ya apoyó en una etapa de la pandemia, pero las alianzas público-privadas podrían ser un camino para mejorar la atención.

Zapata refiere que en junio del 2020, el 60% de las pruebas que se hicieron en esas fechas fueron donadas por Fundesa. En noviembre finalizaron el aporte cuando el gobierno ya empezó a comprar en forma directa porque hubo más oferta, bajaron los precios.

¿Qué piensan los guatemaltecos?

Puerto Barrios, Izabal

Salvador López, 75 años “Mal, mal, mal lo ha manejado. Solo mentiras; que si viene tal día, que si viene el otro”. Salvador López, a sus 75 años, tiene un taller de costura en el mercado Revolución, cerca del centro de Puerto Barrios. Por edad ya podría haberse vacunado. De hecho, ya lo llamaron, pero no pudo asistir. “Estaba bajo tratamiento, medicado por una infección de oído”. A diferencia de otros coetáneos suyos en la cabecera departamental de Izabal, don Salvador ansía recibir su dosis. Precisamente por ello es por lo que reclama el pobre accionar del gobierno: “yo me doy cuenta del problema: aquí no hay vacunas, y la culpa la tiene, toda, el presidente Giammattei”. A diferencia de otros vecinos entrevistados por Prensa Libre, López asegura que es a través de los medios informativos que él se entera sobre el acontecer alrededor de las vacunas.

Carlos Humberto Pazos y Pazos, 68 años. A cinco kilómetros de Puerto Barrios se encuentra Santo Tomás de Castilla, una de las principales poblaciones de Izabal y hogar de Carlos Humberto Pazos y Pazos, jubilado. Tomó un taxi hacia la cabecera para poder vacunarse en el polideportivo del parque Reina Barrios. Nadie lo llamó. “Decidí ir porque vi que muchos ya se la estaban poniendo”. Pazos cuenta que había decidido no recibir la vacuna, pero que, al ver que a sus conocidos no les provocaba nada, se le quitó el miedo. Lo que no ha perdido es la indignación por el manejo del gobierno: “escucho que las vacunas están venciendo, y eso no puede ser, no debe ser así. Una cosa vencida no tiene validez, y si se la ponen a uno, capaz que hasta peor le hace. Capaz que hasta lo mata”.

El Progreso

Paola Tomás Miranda, 22 años. Por edad, Paola Tomás Miranda está muy lejos de ser elegible para la vacuna. Su oficio tampoco la ubica como personal de primera línea, pues atiende un puesto de ropa interior en el mercado de Guastatoya. Con tal panorama por delante, su frustración por la dejadez gubernamental de cara a la adquisición de vacunas es fuerte: “Hay una deficiencia, una falta de atención total. Ahí está trabajando mal el Estado. El ministerio tiene mucho que ver. Lo mejor es vacunarse, y si no nos preocupamos por la salud de nosotros mismos, el gobierno menos”. Sobre las noticias que les llegan respecto a vacunas próximas a vencer, opina que “si ya hay vacunas, no tiene sentido guardarlas”.

Juan Carlos Vargas, 45 años. “Solo aquí en Guatemala estamos miles y miles de personas a las que aún no nos vacunan”. Juan Carlos Vargas es agricultor en una aldea de El Progreso, pero pasa mucho tiempo en Guastatoya. Sabe que están vacunando, nada más, a los mayores de 65 años, y cree que el ritmo es demasiado despacio “como para pensar sobre cuándo me va a tocar”. Dice que su principal medio de información es la televisión. “Al principio de la enfermedad se escuchaba ahí que todo iba muy rápido, pero ¿ahora ? El gobierno, pienso, debiera agilizar mucho si quieren que todos nos pongamos la vacuna, que es para beneficio del país”.

Alta Verapaz

Gustavo Itzep, 40 años. “Es prioridad de ellos. ¡Nosotros pagamos nuestros impuestos!” En una de las calles comerciales de Cobán, Alta Verapaz, Gustavo Itzep tiene una ferretería desde que expresa todas las dudas e inconformidades que la gestión estatal sobre las vacunas le generan. “Tiene que haber una información más completa”, dice Itzep en dos sentidos; primero, el porqué de solo vacunar a algunas personas: “¿Será que por nuestra edad no necesitamos la vacuna? Yo veo que a todas las edades les puede dar, pero solo vacunan a los mayores”. Luego, sobre la lentitud para adquirirlas: “es cierto que tarda la fabricación, pero creo que el estado tiene dinero de sobra. ¡Tienen que ir más rápido!”

Joaquín Alvarado García, 41 años. “Entendemos la situación económica del país” -comienza Joaquín Alvarado, comerciante cobanero- “pero no es suficiente”. Su principal crítica es sobre cómo las autoridades han fallado en comunicar correctamente qué pasa con las vacunas. “Yo me entero por la tele o las redes sociales, pero hay comunidades en las que no tienen ni radio”, continúa. Para él, es fundamental que el gobierno cambie la estrategia en las zonas rurales. “Deberían formar un equipo e ir a informar casa por casa. Tienen que registrar a esa gente, contarles porque, si no, no nos vamos a poder vacunar todos”.

Denis Cheng, 28 años. Denis Cheng vende artículos de ferretería en Cobán. Con la pandemia tuvo que cerrar varios meses. “El negocio bajó un montón, y me cuesta recuperarlo”, dice con resignación, sobre todo porque no ve que la situación en Guatemala esté tomando buen ritmo: “mire otros países, mire El Salvador. Ellos ya están vacunando a casi toda su población. Aquí, en cambio, es como si no estuviéramos en tiempos de pandemia”.

La fiscal general, Consuelo Porras, presentó su informe de labores 2020-2021, el tercero de su gestión, en el cual menciona la creación de modelos de atención para grupos poblacionales específicos como mujeres indígenas y adolescentes en conflicto con la ley, la cobertura en todo el país de agencias fiscales que conocen delitos menores, la Secretaría contra la Corrupción, la Fiscalía Transnacional y el fortalecimiento de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci).

Cuatro expertos, analistas en seguridad y justicia e investigadores opinan sobre las acciones de Porras en los tres años de gestión al frente del Ministerio Público (MP). Cada uno califica los logros del ente investigador durante la actual administración.

Acciones positivas

Édgar Ortiz, director del Área Jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo, ve positiva la creación de modelos para atender a mujeres víctimas de violencia, mujeres indígenas y menores de edad, y también cree que en los últimos 10 años el MP fortaleció su capacidad en términos generales. Agregó que la gestión de Porras ha dado continuidad a muchos avances y proyectos que se habían implementado.

“Es una buena noticia que se anuncien estos programas, pero tienen retos de implementación muy grades como la selección del personal hasta la correcta implementación de los procesos”, señaló.

Para Sandino Asturias, coordinador del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), la creación de mecanismos y modelos para atender a víctimas de delitos son procesos continuados de más de 10 años y venían avanzados. Señala que buena parte de la institucionalidad que ha construido el MP se mantiene, lo cual es positivo para las investigaciones que efectúa.

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“Es muy importante entender que no es solo un problema de gestión, sino que también hay un comportamiento institucional y cultural que reproduce eso dentro de las instituciones, una de esas es la violencia contra las mujeres”, dijo Asturias.

Marco Canteo, experto en política criminal y consultor en seguridad y justicia para organismos internacionales, opina que en la gestión de Porras se observa un mayor enfoque de persecución penal de delitos que no tienen incidencia política, como la violencia contra la mujer y la extorsión, porque se destinan recursos y esfuerzos para perseguirlos.

“Para combatir estos delitos se observa que tienen ciertas libertades que no se ven en otro tipo de criminalidad, y aún así los datos demuestran que el MP investiga, pero la acción penal no es suficiente para prevenir la delincuencia”, expresó.

La cobertura que logró el ente investigador es un logro y avance importante para el país, en opinión de Francisco Jiménez, investigador del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, quien considera que también hubo mayor concentración en unas áreas que en otras de la política criminal democrática.

“En la perspectiva de la persecución penal, del mundo y no solo de Guatemala, se consideran poblaciones en situación de riesgo que tienen la necesidad de ser atendidas de una manera particular, porque el fenómeno criminal tiene sus particularidades”, indicó, sobre la creación de nuevos modelos del MP.

Deuda social

Para Ortiz, las extorsiones son el delito más común en la seguridad nacional y van en incremento. Además, opina que el ente investigador tiene problemas de datos porque, aunque se sabe que se incrementan las denuncias, también que muchas víctimas de este delito no denuncian.

“El Ministerio Público debe implementar datos, porque, si no, se están tomando decisiones en la oscuridad. Necesitamos implementar encuestas de victimización para que haga de forma adecuada su trabajo. En el fenómeno de la extorsión tiene que darse un abordaje más integral, porque hay extorsión muy bien organizada que proviene de pandillas y luego hay incidencia muy grande de los imitadores. La tecnología, inteligencia y datos pueden resolver este problema”, afirmó.

Asturias instó a las autoridades a que hagan estudios de victimización para que se enfoquen mejor los recursos, porque, así como se unificaron esfuerzos para reducir los delitos contra la vida, se debería aplicar esta articulación para la violencia contra la mujer y contra la extorsión. Afirmó que hasta ahora solo existe una encuesta de victimización que se efectuó hace tres años.

También criticó que el MP captura a personas que son utilizadas en las estructuras criminales, pero no a los cabecillas. “Capturan a los más débiles”, señaló.

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En tanto, Canteo señaló que por años se ha buscado resolver la problemática criminal por medio de la justicia penal y no siempre se puede lograr, porque se deben retomar las bases del enfoque político criminal.

“Hace falta más política de prevención, más política social. El país, en las últimas décadas, ha privilegiado más la política criminal y no la política social”, expresó.

Agregó que el MP debe ser consciente de que su responsabilidad es incrementar las salidas alternas a las denuncias de casos y también la presentación de acusaciones. “Las acusaciones se quedan pequeñas en relación con la enorme cantidad de denuncias recibidas. El MP tiene que mejorar sus datos para medirlos con mayor objetividad”, recalcó.

Mientras, Jiménez explicó que el número de sentencias, comparado con el período pasado, resalta por su importancia y es mayor, pero el problema está en cuánto impacto tienen con el fenómeno criminal.

“Aunque haya sentencias y condenas que muchas veces suelen ser elementos ejemplificadores y pedagógicos a la sociedad y sobre todo para las personas que cometen delitos (…), en ese sentido pueden tener o no impacto. En el caso de Guatemala me temo que no tienen impacto, porque solo por sí mismas no dicen nada, pero sí para el informe y para decir que las cosas se están haciendo bien”, expuso

Puntos que corren riesgos

Para Ortiz, el sistema, sobre todo en la cultura jurídica, hay un problema muy grande respecto de que los operadores de justicia están entrenados para cumplir procesos y llenar requisitos, y no necesariamente están capacitados para brindar justicia y atender a la víctima. Además, la mora fiscal es “monstruosa”, por lo que considera importante hablar sobre la prevención del delito, porque cualquier acción puede llegar a denuncia penal y podría resolverse por medio de otras medidas.

Añadió que el MP no abandera la lucha contra la corrupción, aunque reconoce que existen muchos factores que afectan al país, tales como que la clase política trata de avasallar y sepultar estos avances y la Feci es objeto de ataques desde la clase política y no ha contado con el respaldo necesario.

En opinión de Asturias, Porras no se convirtió en líder de la lucha contra la corrupción, se alejó de la sociedad pública y se ve más cercana al Gobierno y a los poderes fácticos, lo cual le resta credibilidad. “La fiscal no actúa con total independencia”, afirmó.

Esa cercanía, a decir de Asturias, es preocupante por los temas que haya que investigar y la utilización política del MP, porque se podría creer que tiene fines políticos. “Vemos un Ministerio Público demasiado cerca del Ejecutivo, lejos de la sociedad civil y que no actúa con la celeridad y fuerza contra casos de corrupción; por lo tanto, la percepción ciudadana queda reflejada en esta observación”, enfatizó.

Canteo comentó que la gestión de Porras tiene una debilidad en el manejo de información y de datos. “Lo primero es aconsejarles que ordenen la información, porque por un lado hablan de eficacia y luego de eficiencia. Son diferentes. Después hablan de impunidad y no se termina de entender qué pretenden informar. Cuando ordenen sus datos se puede medir su eficacia y eficiencia”, afirmó. Para este analista existe una percepción muy grande de que el compromiso de la lucha contra la corrupción es el mismo que el de la anterior administración.

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Para Jiménez, la cobertura de las fiscalías en los municipios implica proporcionar estructura física y recursos humanos para funcionar efectivamente en cada localidad. “El gran desafío del Ministerio Público es dar un paso cualitativo en los avances de hoy”, advirtió. Además, tiene la impresión de que la lucha contra la impunidad se está perdiendo y que se queda solo en un área y se olvidan de otras.

Desde la perspectiva de violencia contra la mujer, agregó que no se conoce si los fiscales reciben capacitación y sensibilización sobre género, porque son temas que no están en el informe. “Aquí el tema no es solo la mora, sino también calidad en atención a los casos. Eso implica que se invierta más presupuesto, un plan de capacitación más intenso. El informe no da para esos detalles, habría que actualizar esa información”, dijo.

Las oportunidades

Ortiz expresó que la gestión de Porras ha dado continuidad a muchos avances y proyectos que se habían implementado en el MP y que también existe la tendencia de profesionalizar mejor la institución. Cree que es importante que el MP alcanzara la cobertura a escala nacional.

Afirmó que es una buena noticia que se implementan mecanismos para poblaciones vulnerables específicas. “El fenómeno del delito es distinto en el caso de la violencia contra la mujer, con menores en conflicto con la ley penal, con mujeres indígenas, y creo que hay una lógica sólida detrás de implementar atención específica, porque el Estado no siempre llega de forma oportuna a titular a estas personas, por diversas razones”, resaltó.

Asturias ve como oportunidad que esta gestión venía con procesos que iniciaron fiscales anteriores para fortalecer el MP y no comenzó de cero. Además, buena parte de la institucionalidad se mantiene y la cobertura se debe a espacios construidos con donaciones de la cooperación internacional, apoyo que le ha permitido la construcción de estas sedes fiscales.

“Es evidente que este logro, sin la cooperación internacional de INL, de Seguridad y Justicia de ID y de la Unión Europea no hubiera sido posible. Gracias a la cooperación se tiene cobertura ampliada”, señaló.

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Para Canteo, esta administración del MP es la que más respaldo y apoyo económico ha recibido, lo cual incide en que los fiscales que investigan casos que no son de impacto tengan más libertad para hacer su trabajo y con independencia de criterio.

“Lo que las instituciones del MP requieren es no solo un modelo de independencia funcional, un modelo de justicia constitucional, sino también modelos de carreras que funcionen. Se le reclama que debe terminar de hacer una reforma profunda a su modelo de carrera fiscal”, señaló.

Jiménez opina que el modelo de atención a la víctima tiene dos funciones importantes: en una visión antigua siempre se vio a la víctima como un elemento fundamental para la articulación para los elementos de judicialización, pero el modelo cambia para que esta sea vista como alguien dañado, y el Estado debe crear condiciones para restituir su condición. Añadió que el Ministerio Público ha jugado un papel importante para la disminución del índice criminal en los últimos 10 años.

La bulliciosa 6a. avenida de la zona 1 capitalina entonces acogía a los miles de vendedores que dejaron de ser ambulantes y se instalaron en una de las arterias comerciales más concurridas de la ciudad en 2001. Faltaban ocho días para Navidad, el ambiente era de locura y abundaban las ofertas y los empleos para vacacionistas.

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También fue el segundo año en el que María Isabel Véliz Franco decidió trabajar en una tienda de ropa llamada Taxi, entre las 11 y 12 calles, casi enfrente de los cines Lux. Era la hija mayor de Rosa Elvira Franco Sandoval, una mujer de mediana estatura y carácter fuerte, que trabajaba en la Universidad de San Carlos, estudiaba Derecho y criaba sola a sus tres hijos.

Madre e hija caminaban todos los días de la Avenida de los Árboles a la 6a. Av. De ida y de regreso pasaban por las ventas callejeras y cuando atravesaban el parque, si tenían tiempo, compraban maicillo y alimentaban a las palomas más consentidas y nutridas de Guatemala.

Aunque en la casa de la familia Véliz Franco no había un equipo de sonido con reproductor de discos compactos, María Isabel no podía evitar desear los que vendían en la popular arteria, ya fuera de los grandes éxitos de Gun’s And Roses o el último álbum de Shakira.

Entre broma y broma, convenció a su madre de que se lo comprara. Era domingo. Doña Rosa esperaba afuera del local donde trabajaba María Isabel, de 15 años, pero su hija le dijo que ese día saldría las 20 horas y un amigo la llevaría a casa, que no se preocupara.

“La sentía caliente, le pregunté si tenía fiebre y me dijo que no”, relata Rosa, 20 años después.

Ambas hablaron un rato afuera del local. La madre le entregó a Isabel los discos que tanto le había pedido y el almuerzo. Se despidieron con sonrisas y Rosa caminó de regreso a casa.

Pasó al Mercado Central a comprar aserrín para adornar la casa para los festejos navideños y prosiguió su trayecto. “Mi corazón me decía algo. Al llegar a mi casa tiré todo y me puse a llorar; no sabía por qué estaba triste”, recuerda mientras está frente al mismo local, que tiene otro nombre.

Transcurrieron 19 años y siete meses de ese momento y trata de reconstruir la última vez que vio a su hija con vida. Tres días después identificó un cuerpo en la morgue de la zona 3.

“Era bien alegre mi hija. Cuando la mataron a ella me mataron a mí también”. Desde aquella tragedia Franco vive una vida que no sabe a quién le pertenece. Se supone que después de la Navidad del 2001 llevaría a su hija a la Escuela Militar de Aviación para inscribirla en el primer año de diversificado.

Isabel quería pilotar aviones, continuar sus cursos karate y estudiar Medicina o Derecho. Pero nada de eso pasó. En su lugar, Rosa ha pasado las últimas dos décadas entre juzgados, tribunales y Cortes, nacionales e internacionales, exigiendo justicia y señalando al hombre que mató a su hija: Gustavo Adolfo Bolaños Acevedo, ahora de 58 años, quien acosaba a María Isabel.

Denuncia desoída

Bolaños Acevedo tenía 39 años cuando empezó a hostigar a María Isabel. Él vivía en el barrio Gerona, zona 1, y todos los días buscaba a la joven en el lugar donde trabajaba, le hacía proposiciones sexuales, la esperaba al salir, la seguía y la iba a buscar a su casa.

Rosa sabía esto porque su hija se lo había contado y le pedía que dijera que no estaba cuando ese hombre llegaba a buscarla a su casa.

El domingo 16 de diciembre de 2001 Franco no fue a recoger a su hija al trabajo, en su lugar llegó su amigo pero la joven se había comportado de manera extraña y le dijo que ya no saldría con él. Afuera del local la esperaba Bolaños Acevedo.

Ese fue el relato de un testigo, pero Rosa no lo supo sino hasta después. Mientras ese hombre raptó a su hija, Franco pasó toda la noche esperándola.

Al amanecer del 17 de diciembre la madre, angustiada, buscó a su hija en la casa de sus amigas en las zonas 5 y 18. No la encontró. Preguntó en el negocio donde trabajaba y nadie sabía nada. Regresó al lugar en varias ocasiones y seguía sin obtener información.

En ese entonces, la Policía Nacional Civil (PNC), creada hacía cuatro años, tenía su sede central en la 6a. Av. y 14 calle, donde ahora funciona el Ministerio de Gobernación, a tres cuadras de donde trabajaba María Isabel. Eran las 10 de la mañana y en la desesperación de no saber de su hija por más de 12 horas quiso interponer una denuncia, pero no la recibieron.

“Yo quería presentar la denuncia y me decían que no, que tenía que esperar tres días”, cuenta. Regresó en tres ocasiones más y lo único que recibió fueron ofensas. “Los policías estaban sentados con los pies sobre los escritorios, me preguntaban si María Isabel era prostituta, se reían de mí, decían que era una cualquiera”.

No fue sino hasta la cuarta ocasión cuando le recibieron la denuncia, pero fue en vano, afirma, porque nunca la buscaron. Al día siguiente, el 18 de diciembre, regresó a su casa por la noche con la intención de descansar antes de seguir con la búsqueda, pero una noticia le advirtió del cuerpo de una mujer encontrado en un terreno baldío en la zona 8 de Mixco.

El cadáver de María Isabel fue hallado entre las 9 y 10 horas de ese día. A las 14.45 trasladaron el cuerpo a la morgue del Organismo Judicial y a las 23 fue identificado por Rosa.

“Fui a la morgue del Organismo Judicial. Fue una escena terrible que hasta la fecha no la puedo describir totalmente, algo espantoso”, recuerda Franco, para quien sus relatos no se acercan al horror de haber visto a su hija muerta.

En un cuarto oscuro, frío, sucio y regado de sangre yacía el cuerpo de María Isabel, como XX. De tanto repetir el momento, pareciera que sus palabras suenan frías y crudas.

Luego de procesar lo que veía gritó que habían matado a su hija. El cuerpo de María Isabel fue trasladado a otro cuarto y Rosa empezó a limpiar el lugar con su propia ropa. Cuando le dijeron que se podía llevar el cuerpo, uno de los encargados de la morgue recogió una bolsa del piso y se la entregó. Era la ropa de su hija manchada de sangre y residuos blancos.

Rosa Franco nunca fue notificada por los agentes de la PNC que su hija había sido encontrada muerta. Se enteró de todo por los medios de comunicación. Inexplicablemente, cuando estaba velando sus restos se presentaron investigadores del Ministerio Público (MP) en la funeraria para recoger la ropa de María Isabel, esa bolsa repleta de evidencias que estaba a punto de ser inhumada junto al féretro.

Este apenas fue el inicio del calvario.

Un café internet

En el 2002 Rosa sufrió un infarto y una trombosis. Había suspendido sus estudios mientras recorría sin cesar los edificios de la PNC y el MP para pedir que se investigara la muerte de su hija.

Ella tenía la certeza de que había sido Bolaños Acevedo, el hombre que le dio el pésame en su casa, el día del funeral. Pero no tenía pruebas, por eso pedía a las instituciones de justicia de aquel entonces que investigaran.

Se enfrentaba a un limbo institucional. El marco actual para denunciar la desaparición de mujeres y exigir justicia contra la violencia de género no existía. Ni siquiera se había tipificado el delito de femicidio, un hecho criminal que hubiera encuadrado en la muerte de María Isabel.

Tampoco había un Instituto Nacional de Ciencias Forenses que analizara con métodos científicos las evidencias en una escena del crimen ni se habían aprobado la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas y la Ley Contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer.

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Por consiguiente, no existían juzgados especializados y, mucho menos, la perspectiva de género en la investigación judicial.

“Empecé a investigar por mi cuenta y logré bastante información. Conseguí teléfonos, números de placas, me enteré de que él —Bolaños Acevedo— era propietario de muchas casas. Iba a la Policía, al Ministerio Público, pero me cansé. Me costó cerrar pénsum y dije ‘me dejo de llamar como me llamo si no pongo la denuncia’”, refiere.

Entonces le vino a la mente sus clases de Derecho Internacional y sabía que si no lograba justicia en el país, podría denunciar al Estado de Guatemala. Empezó a frecuentar un café internet frente al Mercado Central. Esas horas de alquiler la llevaron a las páginas de Amnistía Internacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Le tomó varios días llenar el formulario que pide la CIDH para indicar cómo el Estado violó los derechos humanos. “Iba con perchas de libros a leer, copiar artículos, hasta que lo terminé de completar. Por eso iba a un solo café internet, donde había una computadora en la que tenía una carpeta especial. Cuando envié el formulario me desplomé, quebré la silla”, recuerda frente al lugar que frecuentaba hace 20 años.

En esa época conoció al Grupo Guatemalteco de Mujeres que durante años han monitoreado y registrado la muerte violenta de féminas en el país. Cada 24 de noviembre hacían una vigilia en la Plaza de la Constitución para exigir justicia, en el mismo lugar donde ahora está el altar a las 41 menores que murieron en el incendio del Hogar Seguro.

También conoció a Norma Cruz, otra mujer que desde 1999 buscaba justicia para el abusador sexual de su hija.

En el 2006 la CIDH aceptó la denuncia e inició las pesquisas contra el Estado de Guatemala, mientras Rosa Franco organizaba conferencias de prensa, mantenía informados a los medios de comunicación y se encargaba que ni el nombre de su hija ni su rostro cayeran en el olvido.

A partir de entonces, la misma fotografía acompaña las notas periodísticas que se publican sobre María Isabel. Es su foto de 15 años, con el cabello recogido y adornado con una corona, un vestido lila de tirantes y un buqué de flores del mismo color.

A pesar de que eran evangélicos María Isabel quería una misa, vestida de quinceañera. Rosa la celebró en la iglesia La Merced. La fotografía de ese momento acompaña a doña Rosa desde hace dos décadas, esa que levantó cuando el Tribunal de Mayor Riesgo leyó la sentencia condenatoria en contra de Bolaños Acevedo, en marzo pasado.

Pesquisas e impunidad

La CIDH condenó al Estado de Guatemala en mayo de 2014 y ordenó que se retomaran las investigaciones del caso Véliz Franco. La muerte de María Isabel cobró relevancia después de que se señalaran múltiples negligencias de funcionarios públicos desde que ella desapareció, así como del procesamiento del lugar donde hallaron su cadáver y la investigación para capturar y condenar a Bolaños Acevedo.

El fallo señala que el Estado no adoptó una sola acción para proteger y prevenir la muerte de María Isabel tras la denuncia de Franco sobre la desaparición de su hija, pese a que era menor de edad y que en esos años ya se registraba un incremento de muertes de mujeres.

Después de que su cadáver fue encontrado, las autoridades actuaron con negligencia porque permitieron la contaminación del lugar del hallazgo del cadáver, omitieron la recolección de indicios, efectuaron diligencias incompletas y con múltiples errores, entre otros. Además, la pesquisa se llevó a cabo de forma sesgada y discriminatoria en contra de la víctima, su madre y su familia.

Entre las inconsistencias en el manejo del caso presentadas a la CIDH se enumera que la auxiliar fiscal describe en los informes una cuerda plástica de nailon negro, mientras que el técnico de inspecciones de la PNC la describe de varios colores. Además, la auxiliar menciona algunos mordiscos en los brazos, que omitió el técnico.

Para reconstruir el caso, el cuerpo de María Isabel fue exhumado en el 2015. Esto causó molestia a Franco, quien sentía que una vez más violentarían el cuerpo de su hija, pero era necesario para corroborar el reporte médico forense emitido en diciembre de 2001, según explican el fiscal especial Jorge García y el agente fiscal Max López.

“Se encontraron varias fracturas en el cráneo; su base estaba por completo fracturada. Se determinó en la forma de la muerte dos aspectos importantes para el proceso. La primera es que ella sufrió diversos traumas craneales que provocaron diversas fracturas y que se practicó asfixia. Se trató de matar a la víctima a golpes, pero también asfixiándola. Era una saña increíble”, enfatiza López.

Además, el fiscal indica que había incertidumbre sobre la forma en que había fallecido María Isabel, porque varias lesiones no fueron documentadas de la mejor manera, debido a que los métodos de investigación en esa época eran muy precarios.

La investigación efectuada de forma inicial se encontraba en un callejón sin salida. Después de más de una década no se sabía qué había ocurrido. Ante ese fracaso los fiscales debían dar un giro de 180 grados. El caso se enfocó con perspectiva de género, hace ver García, y sobre todo tomaron en cuenta que la víctima era menor de edad.

“Doblarle la edad a una menor y acosarla de forma constante lo lleva a —Bolaños Acevedo— tratar de tener dominio absoluto sobre ella. Al final la mata”, subraya el fiscal especial.

Pero Bolaños Acevedo no actuó solo. Contó con la complicidad de funcionarios como Jorge Mario Ortiz Maquis, exjefe de una subestación policial de un sector de San Cristóbal, para asegurarse impunidad.

En las entrevistas, Ortiz Maquis sostuvo que Rosa Franco presentó la denuncia de la desaparición de su hija en una subestación de Peronia, pero ella nunca denunció en ese lugar.

El expolicía falleció ocho días antes de que diera inicio el debate contra el acusado.

Los fiscales señalan que Acevedo Bolaños quiso asegurarse impunidad de cualquier forma, porque además de tener a un policía como aliado para desviar la pesquisa, el cuerpo de María Isabel fue hallado en un sector donde su familia tenía varias propiedades.

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Abandonar el cuerpo de María Isabel en un terreno baldío era, para Bolaños Acevedo, poner de manifiesto la impunidad ganada con negocios ilícitos en los que participaba. A él se le vincula a la estructura criminal Los Cocheros, que supuestamente se dedicaba a traficar drogas. En 2009, su hermano Miguel Osvaldo Bolaños Acevedo, conocido como el Cochero, era el líder de esta organización y fue capturado porque Estados Unidos lo reclamaba en extradición.

En marzo de 2010 fue condenado en ese país a 160 meses de prisión seguidos de tres años de libertad supervisada. Según su declaración de culpabilidad, desde febrero de 2001 a febrero de 2002 fue uno de los cabecillas de una banda criminal que trasegaba cocaína y heroína en baterías de carros desde Guatemala. Durante este lapso transportó al menos 55 kilos de cocaína a Maryland.

Juicio 20 años después

Con juzgados especializados y una ley que tipifica el femicidio, el 24 de julio de 2019 Rosa recibió una noticia que no esperaba: la captura de Bolaños Acevedo.

“No me alegré, no creía que pasara después de tanto tiempo. Me llamaron mis hijos y mucha gente diciendo que lo habían capturado. Yo me pellizcaba para saber si era cierto”, cuenta.

El 2 de febrero de 2021, casi 20 años después del crimen, comenzó el juicio. Fue difícil para la madre recordar la desaparición de María Isabel, escuchar cómo los abogados de Bolaños recurrían a argumentos que culpaban a su hija por su muerte.

“A pesar de estar frente al Tribunal de Mayor Riesgo la seguían estigmatizando, diciendo que andaba con hombres casados. Me molesté mucho. Veinte años para decir que la niña andaba con falda corta. ¡Nada que ver!”, exclama molesta.

En una ocasión, uno de los abogados se levantó para ofrecerle disculpas por todo lo que decía. “Me dijo que fue para defender a su patrocinado. Por no ser maleducada le dije que se metiera las disculpas en el pantalón. Todas las niñas asesinadas merecen respeto”.

El Tribunal A de Mayor Riesgo dictó sentencia contra Bolaños Acevedo. La jueza presidenta, Yassmin Barrios, explica que esta condena se podría tomar como ejemplo de lo importante que es dar acceso a la justicia a las víctimas, aunque llegue casi 20 años después.

A Bolaños Acevedo lo condenaron a 30 años de prisión. Por las condiciones de la pandemia, escuchó su sentencia a través de una videollamada el 1 de marzo pasado.

Rosa Franco lloró, puso en alto la foto de su hija y gritó: “¡Justicia!” Aunque después de 20 años sabe que eso no es justicia. El camino no ha terminado, porque la defensa apeló.

Ahora está más tranquila, pero enojada. Ha sobrevivido a dos infartos y una operación de rodilla, tiene la presión alta, le cuesta caminar y subir gradas, pero nunca se detuvo. Transitó un camino difícil, que parecía imposible.

“Ahora me siento más tranquila porque ya está la sentencia; espero que quede firme. Ahora lo que quiero es comenzar a vivir, porque cuando mataron a mi hija me hicieron mucho daño”.

“Una característica importante es que los funcionarios del órgano encargado de investigar en aquel entonces, el Ministerio Público, no realizaron toda la investigación que debían efectuar y eso definitivamente afectó”, precisa Barrios, a dos meses del fallo.

Para la jueza esta sentencia es una radiografía de cómo estaba articulado el sistema de justicia en 2001 y por qué surgió la necesidad de mejorarlo. Además, pone de manifiesto que la lucha de Rosa Franco impidió que la muerte de su hija quedara impune y engrosara las estadísticas de femicidios y muertes violentas de mujeres que no se investigan ni se sancionan en el país.

Común denominador

Mientras Rosa Franco concentraba sus esfuerzos para que Bolaños Acevedo fuera investigado y condenado por la muerte de María Isabel, en el país se empezó a crear la institucionalidad que garantiza protección, seguridad y justicia para las mujeres.

Giovana Lemus, directora del Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM), indicó que desde hace 33 años buscan aportar soluciones para resolver el problema de la violencia contra la mujer y los femicidios. En los inicios de sus investigaciones sociales identificaron la letalidad de la violencia ejercida en contra de las mujeres, pero el Organismo Judicial (OJ) no tenía datos y la Policía Nacional Civil se negaba a entregar los pocos que tenía.

“Nos costó mucho conseguir la documentación. Después el OJ nos pidió esperar un tiempo. Desde 1996, cuando entró en vigor la Ley —para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar— empezamos a presionar para crear un mecanismo rector de las políticas públicas porque veíamos una ausencia”, dijo.

En esa época los femicidios eran documentados como homicidios. La organización reporta que del 2000 a la fecha más de 12 mil 700 mujeres perdieron la vida de forma violenta y el 95 por ciento de los casos sigue impune.

A inicios de este milenio y debido a la inexistencia del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), creado en el 2007, el equipo de GGM recorría las morgues para documentar las muertes violentas de mujeres.

El Estado no tenía protocolos científicos adecuados para el procesamiento de escenas del crimen ni desarrollo tecnológico y no se disponía de métodos científicos modernos como el ADN.

Fanuel García, director del Inacif, explica que un juez de Paz y un oficial procesaban las escenas criminales, acudían al lugar para documentar el caso, y en el OJ se efectuaban las necropsias, por lo que los médicos forenses actuaban de forma aislada, sin protocolos institucionales ni se aplicaba la cadena de custodia.

“—Hace 20 años, los médicos forenses— no buscaban fluidos, saliva o sangre. Incluso las prendas de las víctimas eran extraviadas”, indicó.

En 1999 García llevó a cabo una investigación en el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, con el cual se estableció que el 99 por ciento de los delitos contra la vida quedaban en la impunidad porque no se disponía de un sistema de investigación criminal eficiente.

Solo el 1 por ciento lograba ser procesado ante la justicia porque el homicidio o asesinato había sido público, a la vista de muchos testigos, quienes después señalaban al responsable.

Casos como el de María Isabel Véliz Franco se vuelven paradigmáticos y públicos porque su familia lo presentó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puntualiza, pero en realidad la investigación de delitos contra la vida en Guatemala reflejaba que esa era la cotidianidad para todos las muertes violentas.

“Este caso —el de María Isabel Véliz Franco— es un precedente porque tenemos instituciones que están funcionando. Hace 20 años había una fiscalía subordinada presionada por estos delincuentes como Bolaños Acevedo que permitió que la investigación se diluyera y que los fiscales se dedicaran a maltratar a la víctima y a la madre de María Isabel”, señala María Eugenia Solís, abogada especializada en derechos humanos y quien contribuyó con varios peritos en esta pesquisa.

Con un sistema especializado de justicia

En marzo de 2003, durante la visita de la CIDH a Guatemala, con la asistencia de la relatora para Guatemala, Susana Villagrán, y en una reunión privada que organizó el GGM y la Red de No Violencia contra las Mujeres, varias madres narraron cómo el Estado hizo caso omiso a las denuncias de desaparición de sus hijas.

La relatora tomó el expediente de Rosa Franco de la investigación que ella mismo hizo por la muerte de su hija y se lo llevó para presentarlo ante la CIDH, por lo que el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Red le dieron acompañamiento legal e internacional.

Sonia Acabal, integrante de la Red de No Violencia contra las Mujeres expresa que en la búsqueda de justicia le cerraban la puerta en muchas instituciones, le negaban información e incluso sufrió amenazas, agresiones e intimidaciones por parte de funcionarios y personas particulares. Por esta situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares y de protección para la familia Véliz Franco en 2005.

Agrega que cuando se gestionó el expediente en el país hubo un ambiente favorable para la creación de mecanismos para los derechos humanos de las mujeres. En el 2000 se creó la Secretaría Presidencial de la Mujer y la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Contra la Mujer (Conaprevi). En el 2004 se elaboró el primer plan nacional de prevención y erradicación de la violencia intrafamiliar y contra las mujeres para sancionar estos delitos, y en ese año vino al país Yakin Ertürk, relatora de la ONU sobre la Violencia contra la Mujer, para conocer la situación de los derechos humanos de las mujeres.

Además, señala que el Estado no ha cumplido a cabalidad con la sentencia de la CIDH del caso Véliz Franco, porque tiene la obligación de fortalecer el Inacif para que tenga cobertura en todo el país. En la actualidad cuenta con 57 sedes en 340 municipios y atraviesa una situación presupuestaria crítica.

Acabal enfatiza que la creación de los juzgados especializados en violencia contra la mujer surgió porque las víctimas de estos delitos pedían medidas de seguridad con los jueces, pero también solicitaban que conocieran su caso, por lo que las organizaciones trabajaron en un protocolo para la creación de primeras judicaturas en 2010 en Guatemala, Chiquimula y Quetzaltenango.

“No podemos hablar de una justicia especializada si algunas instituciones tienen dinero y otras no. Si el Inacif carece de los recursos necesarios para hacer su trabajo científico no puede apoyar ni contribuir con la investigación penal. No lo hemos visto; es una necesidad urgente. La sentencia dice que el Estado debe elaborar ese plan”, advirtió Acabal.

Desaparición de mujeres

La violencia intrafamiliar ha sido un flagelo en Guatemala y las autoridades no han logrado frenarlo. Esto se refleja con los reportes de denuncias que persisten y se incrementan.

El Observatorio de las Mujeres del MP registró 211 denuncias diarias de delitos contra las mujeres y los niños. Al menos 57 mil 400 casos fueron de violencia contra la mujer y cuatro mil 688 de agresión sexual. Ese año se reportaron 702 femicidios.

Según el reporte estadístico de la web del Observatorio, en 2019 el 76% de sentencias dictadas por todos los delitos contra mujeres y los niños fueron condenatorias, pero no detallan la cifra.

El año pasado se registraron 203 denuncias diarias de delitos contra las mujeres y los niños —la baja se debe al confinamiento durante la pandemia, cuando hubo menos denuncias—. Fueron 58 mil 428 denuncias de violencia contra mujeres y tres mil 975 por agresiones sexuales. En el 2020 se reportaron 451 femicidios.

Para ese período, el sitio reporta que el 75% de sentencias fue condenatoria en delitos contra las mujeres y los niños, sin especificar el número.

Los datos registrados en el mismo lugar para este año, a la misma fecha, dan cuenta que las denuncias diarias aumentaron en comparación con el año anterior. Este año son 220 diarias, 17 más que en 2020 y nueve más que en el 2019.

Hasta el momento ya van 33 mil 50 denuncias de delitos contra menores y mujeres, a siete meses de que termine el año. Si la tendencia se mantiene, podría duplicarse el número de casos de los dos años anteriores.

Al 9 de mayo se reportaban 22 mil 91 denuncias de violencia contra la mujer y mil 616 de agresión sexual. Asimismo, en ese mismo período han muerto de forma violenta 177 mujeres.

En cuanto a los fallos condenatorios, en el mismo lapso se registra el 80%, de nuevo sin detallar el total.

Por otra parte, las mujeres siguen desapareciendo más en los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango y Escuintla, aunque en todos se denuncian casos.

El 41% de las víctimas oscila entre los 21 y 30 años; el 29%, de 18 a 20; el 17%, de 31 a 40; el 7%, de 41 a 50; el 3%, de 51 a 60, y el 4% es mayor de 61 años.

Este año, marzo fue el mes con más reportes de mujeres desaparecidas, 186. En el mismo mes de 2020 y 2019 se reportaron 137 y 173, respectivamente. Enero del 2020 fue el mes con más reportes y en el 2019, mayo.

PODCAST CASO ISABEL VÉLIZ FRANCO

• Capítulo 1:  La desaparición

Siete familias tienen daños leves en sus viviendas a causa de las explosiones controladas que utilizó una empresa para destruir los muros y montaña en la ampliación de la carretera en la cuesta conocida como La Conora, en el kilómetro 75 de la ruta CA-01 Oriente en jurisdicción a Jutiapa.

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Los trabajos de voladura fueron efectuados el pasado sábado con la autorización y supervisión del Ejército, quienes se encargaron de desalojar las viviendas de alrededor para evitar daños personales, indica el comunicado emitido por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi).

“Aún, tomando todas las medidas de seguridad y protección de la vida de las personas en el lugar, se reportaron siete familias afectadas con daños leves en su vivienda y un vehículo”, se lee en el anuncio de prensa.

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Debido a esta situación, la empresa constructora a cargo del proyecto gestionó con el seguro de daños que por obligación contractual poseen a atender a los afectados, por lo que el departamento de daños a vivienda de la aseguradora llegó al lugar para evaluar los daños y atenderlos desde el próximo lunes, 24 de mayo, así como también reparar el vehículo.

Además, el Micivi señala que, ninguna persona resultó herida debido a que las detonaciones fueron efectuadas de forma controlada y bajo medidas de resguardo y prevención para la población.

Para los próximos días, junio y julio en la boca costa y la Franja Transversal del Norte se espera que llueva más comparado con otras regiones del país, según informó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

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David de León, portavoz de la Conred, explicó que tienen identificados 104 municipios del país en donde se registraran lluvias muy altas y altas, por lo que existe mayores condiciones de derrumbes, inundaciones, deslizamientos de tierras, vientos fuertes, entre otros.

Según el mapa, en Suchitepéquez se estima que habrá 20 municipios con lluvias muy altas y uno con altas, así como también San Marcos tiene 17 municipios con estas condiciones y Quetzaltenango con nueve municipios. En todo el país, se podrían registrar 70 municipios con lluvias muy altas y 34 con altas; mientras que, 86 serán con medias, 132 con bajas y 18 con muy bajas.

Recomendaciones

Debido a las lluvias que se pronostican para los siguientes meses la Conred ha dado a conoer una serie de recomendaciones.

• Salir de casa con mascarilla, paraguas y capa para protegerse de la lluvia.
• Revisar el vehículo antes de salir y no conducir con más de dos personas que lo aborden.
• Evitar compartir el paraguas y mantener el distanciamiento físico.
• Estar siempre informado de las condiciones meteorológicas antes de salir de casa.
• No tirar basura en las calles porque obstruyen la entreda de los desagües.
• Retirar las hojas, ramas y escombros de las canaletas y desagües.

El fallo de frenos de un tráiler habría provocado un hecho vial colectivo en donde murió una persona y 11 más quedaron heridas en el kilómetro 197, de la ruta CA-2 Occidente, en la aldea El Xab, El Asintal, Retalhuleu.

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El hecho se registró por la tarde de este sábado, en donde estuvieron involucrados un tráiler, un autobús tipo pulman y al menos seis vehículos. Según informó la Cruz Roja de Guatemala, luego de varios minutos de trabajo en el lugar junto a socorristas de los Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales Departamentales trasladaron a 11 personas, cuatro de ellas con estado de salud grave, a diferentes centros hospitalarios de Retalhuleu y Coatepeque, Quetzaltenango.

Los heridos identificados hasta ahora son: Natalia Alvarado Cabrera, de 20 años; Gladys Cabrera Ralda, de 46; Nicolasa Cuxevá, de 38, y Alberto Poz, de 31. Mientras que la persona fallecida fue identificada como: Leandro Reyes, de 57, originario de Mazatenango, Suchitepéquez.

Para salvar la vida de los heridos los socorristas establecieron un sistema de comando en el lugar, con el fin de brindarles atención prehospitalaria a varias personas. Además, contaron con el apoyo de al menos 10 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que ayudaron a regular el tránsito y asistir a las víctimas.

Una publicación de Los Ángeles Times en español revela que el consulado guatemalteco de Los Ángeles, una de las ciudades más grande de Estados Unidos, tiene un supuesto negocio de exámenes de covid-19 con un laboratorio de una clínica local.

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El medio estadounidense destaca que estas pruebas en la oficina consular eran ofrecidas gratuitas, pero cuando los usuarios llegaban a efectuárselas les cobraban US$175, debido a que trataba de un test “rápido”, es decir tardarían como máximo 24 horas en obtener el resultado y por eso debían pagar.

Según el medio, este supuesto negocio se descubrió a que David Camas acompañó a su hermano al consulado guatemalteco el 28 de diciembre pasado y les indicaron en la oficina que la prueba de covid-19 era gratis, por lo que se trasladaron al lugar, pero les cobraron.

“Es un robo, es un engaño, no lo puedo ver de otra forma. ¿Cómo es posible que no sepan ellos qué es lo que están cobrando?”, se lamentó el guatemalteco según publica Los Ángeles Times.

Este caso puso en evidencia como el consulado guatemalteco de Los Ángeles permite y facilita el negocio de exámenes del nuevo coronavirus, cuya cifra de clientes han sido canalizados por el laboratorio de una clínica local desde dicha oficina.

Comunicación Social del Minex informó que los consulados de Guatemala buscan de forma constante la colaboración de organizaciones y empresas que donan servicios para su población, porque muchas vesces no cuentan con seguro médico ni los recursos económicos para realizarse exámenes médicos o asesoría en diversos temas, los cuales son gratuitos.

Además, indicó que la cartera ve con “mucha preocupación” los señalamientos de la venta de pruebas de covid-19 y deberán corroborar la información, asdemás escuchar al personal del consultado para determinar que sucedió.

Ayuda para danmificados de tormentas

Otra publicación de Los Ángeles Times en Español reveló que un cargamento de ayuda que recaudó la comunidad migrante de Los Ángeles, California, nunca llegó a los damnificados de las tormentas Iota y Eta, en vez de repartir los insumos médicos fueron almacenados en un estacionamiento del consulado de dicha ciudad o fue “desviado para otros propósitos”.

De acuerdo con la nota periodística, el embarque sería enviado al país antes de que finalizara el año pasado e incluso el cónsul Tekandi Paniagua dijo a un medio estadounidense que harían el mayor esfuerzo para enviar el primer contenedor lo más pronto posible.

Debido a estas denuncias del supuesto mal manejo del apoyo recaudado para los guatemaltecos, el Minex informó que se ordenó una auditoría en el consulado, quienes viajaron para desarrollar la investigación y levantar un informe sobre la situación.

La Corte de Constitucionalidad resolvió, en caso concreto, la aplicación del artículo 407 literal “O” del Código Penal, sobre el financiamiento electoral no registrado. El fallo fue aplaudido por juristas que ven el criterio constitucional como lógico y se adelantan a señalar que el beneficio puede alcanzar a otras personas que enfrentan procesos similares.

La resolución de la CC es un caso concreto que responde a la petición hecha por Mario Roberto Leal Pivaral  y a Rodrigo Leal Castillo, padre y hermano, respectivamente, de Mario Leal Castillo, excandidato a la Vicepresidencia en el 2015 por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Se otorgó a los dos empresarios, aunque de manera parcial, dirigido específicamente a la vulneración del artículo 15 de la Constitución Política de la República y el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señalan que la retroactividad de la ley no se aplica cuando no favorece al sindicado.

En las bases de la resolución se señala que el delito de financiamiento electoral no registrado entró en vigor en los cambios al Código Penal en 2018, mientras que los hechos que se le señalan a Leal Pivaral y Leal Castillo supuestamente sucedieron en el 2015.

“La condición de que se haya imputado una norma que entró en vigencia en el mes de noviembre del año dos mil dieciocho, a hechos que supuestamente sucedieron en el año dos mil quince, constituye una clara búsqueda acerca de eludir la prohibición de aplicación retroactiva del artículo 407 O del Código Penal”, señala la resolución constitucional.

Édgar Ortiz, analista jurídico de la Fundación Libertad y Desarrollo lo explica.

“Digámoslo de forma simple: el delito de financiamiento electoral no registrado entra en vigor en 2018. No se puede castigar por este delito a alguien que entregó o recibió dinero para campañas en las elecciones de 2015, pero sí se puede castigar por este delito a quien recibió o aportó dinero y no lo reportó en las elecciones de 2019”.

Fallo se esperaba

La decisión de la CC de no aplicar el delito de financiamiento electoral no registrado al papá y al hermano de Mario Leal Castillo, vicepresidenciable de Sandra Torres por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), en las elecciones generales del 2015, ha sido bien recibido por otros juristas que esperaban un fallo en esa línea.

Para Rodolfo Pérez Trabanino, la resolución de la Corte de Constitucionalidad de eliminar el delito de financiamiento electoral no registrado a Mario Roberto Leal Pivaral y Rodrigo Leal Castillo es la crónica de una resolución anunciada, porque abogados como él, que defienden a clientes que han sido sindicador de cometer este delito, han advertido desde el 2016 a jueces y fiscales que desde la perspectiva legal no existe ningún fundamento, ya que el delito de financiamiento electoral ilícito no contemplaba la aportación cuando supuestamente se cometieron los hechos.

“Los argumentos legales y la jurisprudencia que está asentando –la CC—es la correcta, porque en el 2018 hubo una reforma al Código Penal que instituyó un nuevo delito que es el financiamiento electoral no registrado. ¡Ojo! Ahí sí se establece la aportación como delito. A partir de la vigencia de 2018 usted sí puede ser sindicado si dio un aporte anónimo, porque la Ley es clara, antes de eso no”, aclaró.

Además, dijo sentirse complacido como abogado con la resolución y lo que evidencia es la restitución del Estado de legalidad.

Pérez Trabanino explicó que los casos que conoce y algunos que tiene referencias han sido llevados a la CC para que se resuelvan por lo espera que en ese mismo sentido sean resueltas las acciones en ese mismo sentido.

Explicó que en la resolución los magistrados no solo se fundamentan en Código Penal de Guatemala, sino que también se fundamenta en convenios internacionales y eso le da más soporte a lo dicho por la Corte.

Hay congruencia

El abogado Julio García – Merlos ve positiva la resolución de la Corte de Constitucional, porque mantiene la congruencia de criterio lo cual es garantía para todos los guatemaltecos que las instituciones actúan dentro de un marco de Ley y con respeto a la legalidad.

“En el 2019 se habían resuelto otros dos casos en el mismo sentido. El que una Corte mantenga la estabilidad de los criterios es muy sano para el Estado de Derecho, lo contrario es la volatibilidad de las sentencias que resuelven de una forma en un caso y en un caso igual de otra forma. Eso genera inestabilidad, inseguridad, afecta la economía, no se pueden hacer cálculos económicos. Genera un ambiente de inseguridad jurídica”, expresó.

Añadió que lo importante es que la Ley aplica siempre a futuro no es retroactiva, porque una persona no puede ser castigada cuando no conoce que una conducta es prohibida. Además, indicó que la función principal del máximo tribunal constitucional es defender la Constitución y los derechos que contenidos en la Carta Magna y al no permitir la aplicación de la Ley de forma retroactiva es defenderla.

Con esta resolución, puntualmente, tanto Leal Pivaral como Leal Castillo, sobre quienes pesaba una orden de captura, deberían de conseguir el cese de su persecución penal porque solo este delito se les imputaban.

Ante este giro que dará el caso que lleva la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el jefe de la fiscalía, Juan Francisco Sandoval, se limitó a señalar que la resolución de la CC es un fallo que deben respetar.El

Desde la aprobación de la iniciativa 5527, el 11 de febrero del 2020, se encendieron las alarmas de varias organizaciones sociales en Guatemala, que advirtieron de una clara violación a derechos tan fundamentales como la libertad de expresión y sobre la facultad para que el Estado pudiera anular cualquier organización de manera unilateral.

Organizaciones de la sociedad civil se consideran afectadas con la resolución y entidades como Incidencia a Favor de los Derechos Humanos en las Américas (Wola), la ven como un mecanismo de control hacia esos entes y sus recursos financieros.

En un ejercicio periodístico, se consultó al director de Acción Ciudadana, una organización que promovió la inconstitucionalidad ante la CC; además, se incluye la opinión del diputado del PAN Manuel Conde que expone por qué el Congreso decidió aprobar estas reformas.

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Eddie Cux, director de Acción Ciudadana

“Vemos a una Corte de Constitucionalidad delimitando derechos”

Acción Ciudadana fue una de las organizaciones que presentó en la Corte de Constitucionalidad el amparo que frenó por más de un año la entrada en vigor de las reformas a la Ley de Oenegés.

Eddie Cux, director de la organización, insiste en que esos cambios no favorecen al país y la CC se equivocó en su resolución, porque con esa reforma vigente se restringe la libertad de expresión y da la impresión de que un gobierno no puede ser cuestionado de su gestión.

Además, dijo que la resolución de la CC de revocar el amparo provisional es una señal de retrocesos en la democracia.

¿Cómo analiza la resolución de la CC?

Preocupante. Lamentable, realmente, porque digamos que, por una cuestión de interpretación por parte de los magistrados, especialmente los que avalaron esta resolución, se vulneran los derechos de las organizaciones en general.

El amparo es una protección válida para derechos que son amenazados, y en este caso se están restringiendo los derechos de libertad de sucesión, de expresión y que, a pesar de ellos, haber rechazado ese amparo que en algún momento mantuvo con amparo provisional la entrada en vigor la ley.

Ahora vemos que existe una nueva tendencia por parte de esta Corte de Constitucionalidad a delimitar derechos. Hay que recordar que una de las personas que construyó esa propuesta ahora es magistrada de la Corte de Constitucionalidad, en el caso de la ex secretaria general y ahora magistrada, Leyla Lemus, vota a favor de la reforma a la ley que construyó. Siendo juez y parte de este tema y por eso mismo es que vemos preocupante el hecho que de esta forma se está limitando el trabajo que están haciendo las organizaciones en diferentes espacios.

¿Cuáles serán los riesgos al aplicar estos cambios a la ley?

Los riesgos inherentes al control que pueda ejercerse por parte del Estado a las organizaciones. Nuevos requisitos que se plantean, nuevos registros que deban hacerse, incluso cuando se reciben donaciones del extranjero, las organizaciones del extranjero que tienen la obligación de registrarse y sobre todo esa discrecionalidad que tiene el Ministerio de Gobernación para cancelar organizaciones, y yo creo que normas que son comparables solamente son las que ha emitido en Nicaragua respecto de limitar el actuar de las organizaciones de la sociedad civil.

¿Plantearán alguna acción?

Estamos trabajando en una inconstitucionalidad que se presentará en los próximos días, cuando la reforma esté vigente. El amparo lo que pretendía era que la reforma no entrara en vigor, y se detuvo en algún momento, pero la interpretación que le dan estos nuevos magistrados es adversa a lo que varias organizaciones planteamos. Lamentablemente, no se resolvió en el tiempo que se esperaba, y ahora ya que se declara sin lugar este amparo, la única vía que tenemos es la inconstitucionalidad.

¿Se sumarán más organizaciones?

Esperemos que sí. Hemos tenido conversaciones con otras organizaciones que también están evaluando presentar la inconstitucionalidad. Creo que sería lo mejor, el que varias organizaciones que están siendo afectadas presenten la inconstitucionalidad. Estamos en conversaciones con varias de ellas.

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Manuel Conde, diputado del PAN

“La reforma está orientada a la fiscalización”

El diputado del Partido de Avanzada Nacional (PAN) Manuel Conde fue quien presentó una moción privilegiada en la sesión plenaria del 11 de febrero del año pasado para conocer y aprobar las reformas a la Ley de Oenegés.

Quince meses después, y luego del fallo constitucional, Conde asegura que prevaleció el sentido común y que la vigencia de estos cambios permitirá un mejor control a las organizaciones y sus finanzas, y para nada busca limitar derechos o coaccionar a nadie.

¿Qué percepción tiene de esta resolución que emite la CC?

Mi percepción es que la CC ha resuelto de manera correcta, ha resuelto de manera apegada al derecho y está desmitificando algo que se intentó hacer para confundir a la opinión pública, nacional e internacional, y es que al fiscalizar a las oenegés se está coartando la participación social en las organizaciones, lo que es absolutamente falso.

Las oenegés, como cualquier institución, deben transparentar el origen de sus recursos y el destino, y eso es lo que hará esta reforma a la ley cuando cobre vigencia. Ya el Organismo Ejecutivo inició un proceso de registro de oenegés con información cruzada con la SAT, que me parece sumamente importante, porque así como se audita y se fiscalizan los recursos del Estado, de la iniciativa privada, los recursos de la cooperación internacional, ¿por qué no se van a fiscalizar los recursos que manejan las oenegés desde su origen y hasta su fin? ¿Qué sucede con esos recursos? Pues, tiene que transparentarse.

Me parece que la decisión de la CC, junto a otras resoluciones que la nueva corte está tomando están totalmente apegadas a derecho y muy alejadas de la arbitrariedad de lo que la corte anterior hacía, que era manipular y dictar fallos sesgados, ideológicos y no apegados a derecho.

¿Hay algún otro elemento que pueda aportar al hablar de los beneficios de esta reforma?

La reforma está orientada a la fiscalización. No es una nueva ley, es una reforma a la Ley de Oenegés. Esa reforma tiene como objetivo la fiscalización. Esa fiscalización le ayuda al Estado de Guatemala, porque sabrá de dónde vienen los recursos y a dónde van; le ayuda a los Estados que aportan esos recursos a las oenegés, porque sabrán si los recursos que son el producto de la tributación de su sociedad llegan a donde tienen que llegar.

Algunas organizaciones que en su momento impugnaron la iniciativa indican que se van a violentar derechos como el de la libertad de expresión. ¿Qué opinión le merecen esos comentarios?

Yo cualquier opinión la respeto, mas no la comparto.  Por eso aclaré en mi primera respuesta, esto no coarta de ninguna forma la participación. Claro, esto puede servir para quienes son parte de una oenegé o ponen sus nombres en los directorios, sepan cuántos recursos recibe una organización y qué hacen con esos recursos, quiénes son sus representantes legales o sus dirigentes; si los recursos que vienen para salud llegan a salud, si los recursos que vienen para vivienda van a vivienda o si terminan en cuentas privadas y personales que muchas veces no se fiscalizan. De ninguna manera se restringe la participación, de ninguna manera se restringe el derecho de la asociación y la libertad de ejercicio desde una organización civil.