Felipe Alejos, diputado de Todos, reaccionó este 27 de abril a las sanciones que le impuso el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuestamente interferir en el proceso de elección de cortes judiciales de Guatemala.

Lea más

Felipe Alejos Lorenzana: de aprendiz de diputado a operador consumado

Alejos dijo en rueda de prensa que no hará comentarios porque no ha sido notificado por Estados Unidos respecto a la sanción. “No he sido notificado. Básicamente la información que tienen ustedes, los medios de comunicación, es la que yo tengo”, sostuvo.

Para Estados Unidos, Alejos, así como el exfuncionario Gustavo Alejos, “supuestamente facilitaron pagos a representantes del Congreso y jueces en un intento de influir en el proceso de selección de magistrados en ambos tribunales y asegurar fallos judiciales favorables que protegerían a Gustavo Alejos —así como a los jueces de la CSJ— de juicios por corrupción actuales y futuros”.

El Tesoro estadounidense dijo que Alejos y Alejos son designados de conformidad con la Ley Magnitsky, que tiene como objetivo a los perpetradores de graves abusos a los derechos humanos y corrupción en todo el mundo.

Recomendamos leer | Gustavo Alejos: de querer tener bajo perfil a ser señalado en seis casos de corrupción

“Estas sanciones también refuerzan las acciones tomadas el año pasado por el Departamento de Estado de EE. UU. para designar públicamente tanto a las personas como a sus familiares inmediatos, en virtud de la Sección 7031 (c) de la Ley de Apropiaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados debido a su participación. en corrupción significativa”, cita el texto.

Recalca además que estas sanciones se enmarcan en los esfuerzos liderados por la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, así como por el enviado especial para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, para abordar las causas de la pobreza y migración irregular desde Guatemala, El Salvador y Honduras.

Añade que los compromisos apuntan a reformas que mejorarán la transparencia y el estado de Derecho y conducirán a mejores condiciones para el bien del pueblo guatemalteco para que puedan construir un futuro más brillante.

“Estas acciones de sanción se llevan a cabo en estrecha coordinación con el Reino Unido -que sancionó a Felipe Alejos- y coinciden con el establecimiento de su nuevo régimen de sanciones anticorrupción. Al coordinarnos con socios globales de ideas afines, podemos combatir la corrupción de manera más efectiva, incluso interrumpiendo el acceso al sistema financiero internacional por parte de actores corruptos y sus redes. Estados Unidos seguirá colaborando estrechamente con sus aliados para imponer consecuencias tangibles y significativas a los actores corruptos”, concluye el comunicado.

El gobierno de EE. UU. sancionó este lunes 26 de abril a Gustavo Alejos Cámbara y Felipe Alejos Lorenzana por haber intentado influir en el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, para lo cual, incluso, habrían incurrido en el pago de sobornos a representantes del Congreso y jueces.

EE. UU. detalló que ambos fueron sancionados con base en la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos, Global Magnitsky, (Ley Magnitsky) que persigue a los perpetradores de violaciones de derechos humanos y de actos de corrupción en el mundo.

¿Pero que significan esas sanciones y qué repercusiones pueden alcanzar?

El Departamento del Tesoro, por medio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, en inglés) indicó que todas las propiedades e intereses de Gustavo y Felipe Alejos que se encuentran en EE. UU., o bien sea que estén en posesión o control de personas estadounidenses, quearán bloqueadas.

También se bloquea cualquier entidad que sea de su propiedad, directa o indirectamente, o si es propietario del 50 por ciento o más.

Las regulaciones de la Ofac por lo general prohíben todas las transacciones estadounidenses, dentro del país, o en tránsito, que involucren cualquier propiedad de las personas sancionadas, e impide la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios en favor de estos.

Es la “muerte financiera”

La Ley Magnistky se aplica a aquellas personas vinculadas por las autoridades de EE. UU a las violaciones a los derechos humanos, actos de corrupción, lavado de dinero y narcotráfico.

Lea también: Cuáles son las coincidencias entre el narcotráfico, la deforestación e incendios forestales

Dada su naturaleza que limita cualquier relación financiera de los sancionados con EE. UU. es considerada como una “muerte financiera”, puesto que ninguna entidad de ese país, incluso bancos o empresas emisoras de tarjetas de crédito, pueden hacer negocios con estas personas o sus empresas.

Asimismo, las instituciones financieras estadounidenses no pueden relacionarse con otras que tengan vínculos con los sancionados. En Guatemala, prácticamente, todos los bancos e instituciones financieras tienen flujos de transacciones con sus pares en EE. UU.

En síntesis, una persona que es sancionada no puede hacer transacciones financieras ni de negocios con empresas locales ni estadounidenses.

Tienen bienes

El internacionalista Jorge Wong considera que tanto Gustavo como Felipe Alejos tienen algún tipo de bien en EE. UU., ya sea a sus nombres o de testaferros, porque de los contrario este país no hubiera aplicado la Ley Magnitsky.

Añadió que la aplicación de esta ley es un instrumento de lucha contra la corrupción, pero también político, y en ese sentido destacó que las sanciones se anunciaron el mismo día que la vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, habló con el mandatario guatemalteco, Alejandro Giammattei, para buscar soluciones a la migración irregular.

Lea también: Por qué una aeronave con cocaína aterriza en Guatemala cada diez días desde 2019

EE. UU. está “poniendo sobre la mesa cuál va a ser la prioridad de Kamala Harris en la búsqueda de una solución en el país”, indicó Wong. “Eso es una señal de que la propuesta de la lucha contra la corrupción va en serio”.

Repercusiones

El analista político Christians Castillo dice que las sanciones hacia a los Alejos es un mensajes “claro y contundente” de EE. UU. ya que, a través de la Ofac, inmoviliza el dinero, “lo que más le duele a los corruptos”.

“Todos aquellos que quieran o decidan continuar apoyando la corrupción, ahí tienen el ejemplo”, subrayó Castillo porque ni “Gustavo Alejos con toda la influencia y poder que ha tenido en los años recientes ha logrado romper el brazo de la justicia que lo alcanzó”.

En cuanto al diputado Felipe Alejos, Castillo dice que el mensaje que también busca enviar EE. UU. es para todos aquellos que utilizaron sus servicios, como las estructuras empresariales que operaban bajo su amparo, en el caso en el que presuntamente intermedió para beneficiarlos con la devolución del crédito fiscal, un caso por el cual el Ministerio Público (MP) lo señala, pero que no ha logrado que los tribunales le retiren el derecho de antejuicio.

“Ahora vemos como EE. UU. sube el todo y utiliza todos los instrumentos necesarios para mandar el mensaje de que las cosas no están bien”, dijo.

Lea también: “Los gobiernos de Centroamérica estarán mucho más monitoreados”

Busca socios

Para Castillo, EE. UU. todavía espera en el Gobierno de Guatemala a un socio confiable, por esa razón espera que al “mover los hilos” en el Ejecutivo puedan moverse también los del Congreso.

De esa forma, agregó, hasta el momento no se han escuchado mensajes de confrontación desde Washington, mientras que, por parte de Guatemala, no ha habido más que algunas “rabietas” de Giammattei por ciertos temas puntuales, como cuando se quejó de poca ayuda de EE. UU. cuando comenzaba la pandemia.

Sin embargo, la prueba de fuego, subraya el politólogo, será la elección del próximo fiscal general, ya que el MP es una institución clave para la lucha contra la corrupción que apoya EE. UU.

“Si Giammattei no se ajusta a los lineamientos y parámetros que EE. UU. ha venido buscando en el MP, como un socio en el combate a la migración, la corrupción y el narcotráfico, puede haber un resquebrajamiento de fondo que podría poner en riesgo la relación entre ambos países”, señaló Castillo.

Además, no duda en que las sanciones dadas a conocer este lunes ya tienen repercusiones pero que posiblemente muchas de ellas se manejen con discreción ya que la muestra contundente la dio EE. UU. con actores que ya “nadie responde por ellos”, en el caso de los Alejos, pero que con “otros actores que estén irrespetando o transgrediendo los límites de la relación, les harán llegar los mensajes que importantes” para que enmienden sus acciones.

Lea también ¿Cuáles son las claves del éxito para contener la migración?

De no obtener frutos con estas acciones, EE. UU. podría pasar a un segundo nivel que es el que “todos los guatemaltecos esperan”, dice Castillo, o sea, podría dar a conocer nombres de diputados, ministros y otros funcionarios señalados de corrupción, como lo hizo este lunes con Gustavo y Felipe Alejos.

Intereses en común

En cuanto a que también Reino Unido se sumó a sanciones, en este caso en contra de Felipe Alejos, Wong considera que este país ha tenido una relación histórica con EE. UU. y ahora, ya fuera de la Unión Europea, “tiene más poder de discrecionalidad” para ejercer su política exterior.

“Hay objetivos en común, esto para Guatemala significa que los dos países están interesados en apoyar” cualquier iniciativa que tienda a evitar la migración irregular, destacó el internacionalista, quien no duda en calificar esta apertura a cooperar como “una oportunidad de oro” para que el país obtenga beneficios económicos y para la comunidad migrante, por ejmplo.

No son los primeros

Antes de la designación de Gustavo y Felipe Alejos, el exdiputado Julio Juárez Ramírez también era parte de la lista de sancionados por la Ley Magnitsky, y quien también figuraba en a la lista Ofac.

Desde que se incluyó en esa lista las entidades financieras y empresas dejaron de tener relaciones comerciales y de negocios a nombre del exlegislador.

Juárez Ramírez es señalado de la muerte del periodista Danilo López, hecho ocurrido el 10 de marzo del 2015. Su juicio comenzó el pasado 16 de noviembre, pero todavía no hay un veredicto. En octubre de 2017 Sergio Waldemar Cardona fue condenado a 30 años de prisión inconmutables por el mismo crimen.

Hace algunos días, el alcalde de Mixco, Neto Bran, solicitó la intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en lo que calificó como un caso de persecución política de parte del diputado Felipe Alejos Lorenzana, del partido Todos, agrupación de la que el jefe edil fue expulsado.

TAMBIÉN LEA

Las 16 disposiciones que regirán en Semana Santa 2021 en Guatemala (que incluyen fiestas, conciertos y aforo en playas)

Este viernes 26 de marzo, Alejos respondió a una solicitud de la PDH sobre la supuesta persecución política hacia Bran, y en la carta el parlamentario expone las supuestas circunstancias que motivaron la expulsión del alcalde del partido Todos.

En el documento, Alejos expone que Bran contrató como asesor administrativo a su pareja sentimental con un salario de Q11 mil 450 mensuales; además, dice que dos hermanos de esta también laboran en la comuna mixqueña, algo que califica de inapropiado.

También lea: “Vamos a dejar en la gente la responsabilidad de cuidarnos todos”, dice Giammattei en referencia a las restricciones por covid-19
“Me comentó que esa situación le preocupaba porque por ser Guatemala un país conservador y mayormente cristiano, le afectaría en una virtual candidatura a un puesto de elección popular”, señala la carta.

Además, agrega que Bran le solicitó apoyo para defenderse de los antejuicios en su contra y que como respuesta le sugirió que “que buscara abogados”.

También lea: CC: Congreso integra a magistrados de cuatro órganos electores
Resalta que Bran se incrementó al cien por cien el cobro por dietas junto a su Concejo. “Le mencioné que ganar un salario mensual en la municipalidad de más de Q60 mil, arriba de Q1 millón anual, contrasta con la realidad de su municipio, en donde faltan servicios básicos, como por ejemplo agua potable”, refiere.

El diputado @FelipeAlejos respondió a una solicitud de la @PDHgt sobre la supuesta persecución política hacia el alcalde @netobran. En la carta, Alejos expone las supuestas circunstancias que provocaron la expulsión del alcalde de @TODOSXGT pic.twitter.com/E8waW4opl5

— Alex Rojas (@alexr_pl) March 26, 2021

Sin argumentos

Luego de la publicación de la respuesta de Alejos a la solicitud de Neto Bran, el alcalde de Mixco respondió de forma escueta en sus redes sociales.

De acuerdo con una publicación de Bran en Facebook, la respuesta y señalamientos de Alejos carecen de argumentos.

También lea: Giammattei pide “centavitos” de las cuentas bancarias para combatir la desnutrición y dice que “no nos pesaría”
“Creí que tendrías mejores argumentos para responderle a la PDH, no no Felipe, le hubieras pedido a alguno de tus abogados que paga el congreso a responder mejor y usar buenos argumentos jurídicos!!”, posteó el jefe edil.

El Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó al diputado Felipe Alejos y la exdiputada Delia Bac por vínculos con corrupción, pero aquí la justicia no lo ha podido alcanzar.

Lea también

CIV: Cinco exministros de cuatro gobiernos están señalados por corrupción

Si algo caracteriza a Alejos y Bac es el cambio de banderas políticas en el Congreso a lo largo de los años que han estado allí y que, a pesar de que el Ministerio Público (MP) demandó el retiro de inmunidad, en ambos casos la Corte Suprema de Justicia, específicamente la presente magistratura, los ha exonerado.

A continuación detallamos la carrera de ambos políticos, que, mientras la justicia les ha sonreído, ahora están sancionados por Washington.

Felipe Alejos, un traficante de influencias
Sus inicios en la escena pública comenzaron en el gobierno de la UNE siendo cónsul en Miami. Después fue elegido en 2011 diputado por Listado Nacional siempre con la UNE. En 2015 y 2019 fue reelegido por Todos, el partido que fundó junto con el exdiputado Roberto Alejos, hermano de Gustavo Alejos, operador de cortes y procesado en varios casos de corrupción. Fue primer vicepresidente en la legislatura anterior, cuando Álvaro Arzú Escobar presidió la junta directiva.

Según un informe del Washington Office on Latin America (Wola), Felipe Alejos es un poderoso negociador del Congreso. “Felipe Alejos ayudó a liderar el Congreso durante un periodo sacudido por escándalos de corrupción. Además de ser un feroz opositor de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), apoyó una agenda legislativa regresiva encaminada a beneficiar a aquellos bajo investigación por corrupción.”, analiza Wola.

Alejos es señalado por la justicia en Guatemala de ser parte de la red conocida como Traficantes de influencias que conformó un entramado desde la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para que empresas pudieran tener la devolución del crédito fiscal mediante amparos de jueces.

El MP le atribuyó en enero de 2018 a Alejos ser uno de los intermediarios de la estructura y su función era captar clientes, empresas que estuvieran dispuestas a pagar por el trámite irregular de devolución de crédito fiscal por más de Q19 millones.

Desde esa fecha la fiscalía pidió el retiro de la inmunidad, pero el congresista presentó numerosas recusaciones contra el juez pesquisidor Jorge Valladares, quien recomendó en noviembre del mismo año a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que no se le retirara la inmunidad parlamentaria para ser investigado.

Dicho y hecho, la Suprema el 21 de noviembre de 2018 conservó la inmunidad de Alejos. El MP accionó y durante cuatro ocasiones la Corte de Constitucionalidad (CC) le ordenó a la CSJ conocer de nuevo y emitir un nuevo fallo. La respuesta siguió siendo la misma y Alejos no ha perdido la inmunidad para ser investigado.

En su defensa, durante la fase del juez pesquisidor, Alejos planteó que sus derechos fueron vulnerados por el MP lo investigó a pesar de tener derecho a antejuicio.

Actualmente Estados Unidos acusa a Felipe Alejos de estar involucrado en actos de corrupción para enriquecerse y “perjudicar gravemente” la actividad económica internacional de las empresas estadounidenses.

En junio de este año tuvo un encontronazo con Washington, el mismo que hoy le quitó la visa. Alejos publicó que tuvo acercamiento virtual con Pamela D. Pryor, subsecretaria interina de Asuntos de Organización Internacional de Estados Unidos en el marco de un foro acerca de la situación de Guatemala y Estados Unidos. La embajada de Estados Unidos en Guatemala aclaró después de en efecto sí se celebró el foro virtual, pero no fue organizado por el Departamento de Estado sino por líderes religiosos del hemisferio sur y la funcionaria “no tuvo ninguna interacción con Alejos”.

Alejos integró la comisión que investigó la compra de un edificio en la zona 5 durante la gestión de Thelma Aldana como fiscal general, excandidata presidencial proclamada mas no inscrita y quien actualmente goza de asilo en Estados Unidos.

El spa de Bac
La sanción que hizo oficial hoy el Departamento de Estado de Estados Unidos establece que Bac “estuvo involucrada en actos de corrupción, incluido el uso de su influencia política para el enriquecimiento personal y el progreso de ella y su familia”.

Diputada desde 2008 hasta 2020, Delia Bac se caracterizó por ser tránsfuga, entre las bancadas de la UNE, Líder y Acción Ciudadana.
El caso de corrupción por el que fue señalada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) data de 2019, por el delito de concusión -funcionario o empleado público que, con propósito de lucro, interponga su influencia para obtener una resolución de cualquier autoridad o dictamen-, pero, en octubre de 2019, la CSJ la exoneró sin entrar a conocer y le conservó la inmunidad.

La investigación señala que ella y su familia se beneficiaron en 2010 con un proyecto de pavimentación por Q1.9 millones en 2010 en Sumpango, Sacatepéquez, a cargo de la constructora Vimerco.

En detalle, el camino lleva a un spa de su propiedad. Durante las gestiones para la adjudicación de la obra fue inventada la aldea “El Paxtal”.

Según el Ministerio Público, Bac, valiéndose de su función de diputada, se interesó directamente en el proyecto y lo supervisó en el avance de la obra.

No obstante, el caso sí avanzó contra particulares involucrados. La Fiscalía contra la Corrupción lo llevó a cabo y, hasta enero de este años, se sabía que diez implicados aceptaron su culpabilidad para ser juzgados en un proceso abreviado para tener penas menos severas. Se trata del exgobernador de Sacatepéquez, Marvin Barrios, y miembros del Concejo de Sumpango, Sacatepéquez, del periodo 2008-2012.

Ella misma dio su voto en 2016, durante el proceso de una reforma electoral, que se convirtió en un obstáculo para su reelección, algo de lo que ella y otros congresistas no pudieron maniobrar para que fuera ser enmendado antes de las elecciones de 2019.

Así como Alejos, Bac también fue parte de la comisión legislativa que investigó la supuesta sobrevaloración de un edificio en zona 5 durante la gestión de Aldana como fiscal general.

El diputado Felipe Alejos, primer secretario del Congreso, y la exdiputada Delia Bac fueron sancionados por el gobierno de Estados Unidos con la prohibición de ingresar a su territorio.

Lea más

Estados Unidos prohíbe ingreso de Gustavo Alejos y su familia por señalamientos de corrupción

Así lo anunció este 28 de octubre Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, en un tuit.

“Los actos de corrupción de Delia Bac y Felipe Alejos socavaron el estado de Derecho en Guatemala. Los estoy designando públicamente, junto con los miembros de la familia inmediata de Alejos, como no elegibles para ingresar a Estados Unidos”, dice el mensaje del jefe de la diplomacia estadounidense.

The corrupt acts of Delia Bac and Felipe Alejos Lorenzana undermined the rule of law in Guatemala. I am publicly designating them along with Alejos’ immediate family members as ineligible for entry into the U.S. We remain #UnitedAgainstCorruption with our partners in Guatemala.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 28, 2020

La designación publicada en la página web del Departamento de Estado dice que Alejos y Bac están implicados en “importantes actos de corrupción” y amplía: “la corrupción de los señores Alejos y Bac ha socavado el estado de Derecho y la fe de la población guatemalteca en su gobierno, en las instituciones democráticas y los procesos públicos de su país”.

A continuación, sobre Alejos, expresa: “mientras actuaba en su capacidad oficial como diputado en el Congreso de Guatemala, el señor Alejos estuvo involucrado en actos de corrupción para enriquecerse, al mismo tiempo que perjudicó gravemente la actividad económica internacional de las empresas estadounidenses”.

Luego, sobre Bac, señala: “en su capacidad oficial como diputada de 2008 a 2020, la señora Bac estuvo involucrada en actos de corrupción, incluido el uso de su influencia política para el enriquecimiento personal y el progreso de ella y su familia”.

Así, las sanciones de Washington son la prohibición para que ambos, así como sus familias, puedan ingresar a Estados Unidos. Sobre Alejos, la designación alcanza a su esposa María Ximena Morales de Alejos y sus hijos menores de edad.

“Estas designaciones reafirman el compromiso de Estados Unidos de combatir la corrupción en Guatemala. Apoyamos al pueblo guatemalteco en esta lucha. El Departamento seguirá utilizando estas autoridades legales para promover la rendición de cuentas de los actores corruptos que operan con impunidad en la región y en todo el mundo”, resalta la comunicación.

La nota oficial detalla que las designaciones ante la participación directa o indirecta en corrupción significativa contra ambos políticos guatemaltecos se realizan bajo la Sección 7031 (c) de la Ley de Apropiaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, 2020 (Div. G, PL 116-94).

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió por mayoría este 29 de junio a favor de Felipe Alejos y conservó la inmunidad del diputado por cuarta vez.

Lea más

Diputados buscarían controlar la CSJ, Apelaciones y la CC

Esta es la cuarta vez que la CSJ dice no a la solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) para que el diputado de la bancada Todos sea despojado de su inmunidad por el caso Traficantes de influencias.

El fallo de hoy es en acato a un fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) que, por cuarta vez, le ordenó emitir una resolución en torno a la inmunidad de Alejos.

Así como en las tres anteriores, la CSJ no dio con lugar la solicitud de retiro de inmunidad, en sintonía con lo que el recomendó el juez pesquisidor Jorge Valladares.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Feci, dijo antes de ser notificado que la resolución de la CSJ no le sorprende porque está evidenciado que esa corte tiene el ánimo de proteger a Alejos. Las acciones penales del MP dependerán del análisis que haga respecto al fallo de la CSJ y si esta cumplió con lo ordenado por la CC.

Contexto

Pero esta resolución ocurre en momentos de crisis. A las puertas de la elección de magistrados de la Suprema y Apelaciones, magistrados suplentes de la Suprema dieron trámite a un antejuicio contra los magistrados titulares constitucionales Gloria Porras, Bonerge Mejía, Francisco de Mata Vela y Neftalí Aldana, por haber amparado al MP y ordenaron al Congreso que la elección de cortes debe ser mediante requisito constitucional de idoneidad, lo que se tradujo en 20 candidatos finalistas a magistrados que, según el MP, tienen impedimentos por haberse reunido con el operador Gustavo Alejos en febrero último.

Asimismo, la crisis escaló cuando la CC frenó el trámite del antejuicio en su contra al amparar a Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos; Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, y Acción Ciudadano, fallo que ha sido respaldado y cuestionado por abogados y organizaciones.

El señalamiento contra Felipe Alejos

El caso se remonta a enero de 2018. El MP asegura que Alejos fue intermediario entre la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y empresarios para agilizar el trámite de crédito fiscal.

El mecanismo era a través de un amparo por el cual un juzgado ordenaba a la SAT devolver los fondos.

Alejos esgrime que el antejuicio es ilegal porque el MP lo investigó sin respetar su derecho de antejuicio.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala aclaró este viernes que ninguno de sus funcionarios tuvo “interacción” con el diputado Felipe Alejos, tal y como el congresista lo consignó en sus cuentas de las redes sociales.

LE PUEDE INTERESAR:

Por qué el MP denunció a Felipe Alejos

“Agradezco a Pamela D. Pryor, Subsecretaria Interina de Asuntos de Organización Internacional de EE. UU. el intercambio en el foro virtual acerca de la situación de nuestros países”, había tuiteado Alejos.

La Embajada explicó que sí se efectuó en forma virtual el evento citado por el diputado, y que fue organizado por líderes religiosos del Hemisferio Sur y que además participó la subsecretaria Interina, pero ella “no tuvo ninguna interacción con el Sr. Felipe Alejos durante la videoconferencia”.

Además, la Embajada aclaró que la actividad, en donde participaron más de 40 personas, no fue organizada por el Departamento de Estado.

Respecto de la cancelación de visa del diputado, la Embajada dijo que no podía “confirmar ni negar” dicha información. 

“El Departamento de Estado únicamente hace de conocimiento público las cancelaciones de visas bajo ciertas circunstancias, como fue el caso de recientes anuncios en relación a Gustavo Alejos, Alejandro Sinibaldi y Blanca Stalling”, agregó.

Se intentó comunicar con el diputado Felipe Alejos, pero no respondió a las llamadas.

Lea también

Juan Francisco Sandoval, Jefe de la Feci, presenta denuncia contra diputado Felipe Alejos

La corte declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público (Feci) y le otorgó el amparo provisional solicitado, con lo cual queda en suspenso el fallo de la CSJ.

El 2 de marzo de 2020 durante una sesión extraordinaria, la Corte Suprema de Justicia resolvió, por tercera vez, mantener la inmunidad de Alejos. Ya en dos ocasiones anteriores la resolución había sido favorable al parlamentario.

El primer fallo fue el 21 de noviembre de 2018, cuando la CSJ rechazó, por unanimidad, retirar el derecho de antejuicio a Alejos, algo que había recomendado el juez pesquisidor Jorge Valladares.

La Feci señaló al diputado de Todos en el caso Traficantes de Influencias, una red que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para agilizar los trámites de expedientes de devolución de crédito fiscal a cambio de comisiones ilícitas.

Según la investigación, Alejos era uno de los intermediarios de la estructura y su función era captar empresas que estuvieran dispuestas a pagar por el trámite irregular de devolución del crédito fiscal.

Actualmente, Felipe Alejos es el primer secretario de la junta directiva del Organismo Legislativo.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Feci, dijo que “la orden de la CC es que la CSJ, en un plazo de tres días resuelva nuevamente el tema y que tome en consideración los agravios que fueron advertidos por la Fiscalía en esta acción constitucional de amparo”.

Sandoval indicó que presentó la denuncia ante la oficina de atención permanente del ente investigador con el objetivo para que se verifique si es un chantaje o información a cambio dinero.

LEA ADEMÁS

Esto es lo que aprobó el Congreso al ampliar el estado de Calamidad Pública

“Como es mi obligación interpuse la denuncia, para que se verifique si se pudo tratar de un chantaje o, por otra parte, el haber aceptado ir a una reunión, si el tema era una petición de un favor de consecución de información para que el MP indague al respecto”, indicó Sandoval.

El lunes pasado el diputado Alejos aseguró que se reunió con el abogado Ronald Armando Sandoval, hermano del jefe de la Feci, Juan Francisco, en un restaurante de la zona 10 de la capital.

Según Alejos el abogado Ronald Armando le pidió dinero a cambio de proporcionarle información de la Fiscalía Especial contra la impunidad (Feci) que dirige su hermano Juan Francisco.

“Mis abogados presentarán a más tardar el viernes una querella para que un juez garantice y le dé seguimiento de inmediato y proceda con la investigación”, indicó el legislador.

“Nos llama mucho la atención que el jefe de la Feci deja entrever que su hermano recibió dinero a cambio de vender información de esa fiscalía y que esos recursos llegaron a las manos del propio fiscal”, enfatizó Alejos.

El parlamentario manifestó que es un hecho notorio ya que hay audios que comprueban la existencia de esta estructura de la cual el fiscal Juan Francisco Sandoval forma parte, ya que filtraban información privilegiada de la Feci.

“Hay cuatro procesos penales en los que su hermano, Ronald Sandoval deberá declarar, por lo que muy probablemente el fiscal pasará de denunciante a sindicado en esta estructura criminal. Él ya no puede seguir tapando el sol con un dedo”, refirió Alejos.

El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Juan Francisco Sandoval, requirió al Ministerio Público (MP) en mayo recién pasado investigar un audio difundido en redes sociales el cual, asegura, pone “en entredicho” su labor profesional, y en el cual, supuestamente su hermano platica con la activista Bárbara Hernández.

En el audio, el hermano de Sandoval, que Hernández identifica como Ronald, aparenta tener conocimiento de acciones que está por emprender la Feci, lo cual sería ilegal. El fiscal emitió un comunicado en el que asegura que el audio es parte de “todas esas maniobras oscuras que tratan de socavar mi estabilidad laboral y emocional” y de los mecanismos para “poner en entredicho mi labor profesional”.

“Hoy pudieron involucrar a un integrante de mi familia. Aun así y en el entendido que las mismas pudieron implicar compromisos penales para los interlocutores en la comunicación relacionada, he accionado como es mi obligación”, afirma el titular de la Feci.

De esa cuenta, asegura que ya informó de la situación a la fiscal general, María Consuelo Porras, y ya colocó la denuncia respectiva en el MP.

Alejos presentó este viernes una querella penal en contra del fiscal Juan Francisco Sandoval y su hermano Ronal por supuestamente integrar una red criminal.

La querella es por los delitos de abuso de autoridad, revelación de información confidencial o reservada, revelación de secretos cohecho activo y tráfico de influencias.

En sesión extraordinaria, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió, por tercera vez, mantener la inmunidad de Felipe Alejos, diputado de la bancada Todos señalado por el Ministerio Público (MP) en el caso Traficantes de influencias.

No deje de leer

Postuladoras alientan al Congreso a elegir magistrados de CSJ y de Apelaciones

El fallo es consecuencia de una orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) que le había fijado un plazo para conocer de nuevo expediente y emitir una nueva resolución, que en este y dos casos anteriores fue favorable a Alejos.

En un primer fallo, el 21 de noviembre de 2018, la CSJ, por unanimidad, rechazó retirar el antejuicio a Alejos, algo que ya había recomendado el juez pesquisidor Jorge Valladares.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) apeló esa resolución ante la CC, que ordenó a la Suprema conocer de nuevo el expediente y resolver. Así lo hizo la CSJ el 20 de mayo de 2019, y por segunda favoreció a Alejos, pero esta vez con una votación 9-3.

En la nueva legislatura que se instaló el 14 de enero último, Alejos fue elegido primer secretario de la junta directiva del organismo.

El caso

El MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) solicitaron el retiro de inmunidad de Alejos el 25 de enero del 2018. La CSJ lo aceptó para su trámite el 25 de abril y fue ratificado el 17 de agosto. No obstante, el diputado se resistió en 15 ocasiones a comparecer ante el juez pesquisidor. Incluso fue multado por recusaciones malintencionadas y frívolas.

El MP señaló al diputado de Todos en el caso Traficantes de Influencias, una red que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para agilizar los trámites de expedientes de devolución de crédito fiscal a cambio de comisiones ilícitas.

Según la investigación, Alejos era uno de los intermediarios de la estructura y su función era captar empresas que estuvieran dispuestas a pagar por el trámite irregular de devolución de crédito fiscal.

La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que, por segunda vez, conozca y resuelva la solicitud de retiro de inmunidad de Felipe Alejos, diputado al Congreso señalado en Traficantes de Influencias, informó una fuente relacionada con el caso y que posteriormente confirmó el Ministerio Público (MP).

No deje de leer

Crisis en comisiones de postulación provoca que magistrados de Sala y CSJ blinden sus fallos

La resolución es en respuesta a un amparo planteado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), dijo el jefe de esa unidad, Juan Francisco Sandoval.

Ese fallo, el cual está firmado por los cinco magistrados titulares, da tres días a la CSJ para que resuelva -será la tercera ocasión- en torno a Alejos.

En un primer fallo, el 21 de noviembre de 2018, la CSJ, por unanimidad, rechazó retirar el antejuicio a Alejos, algo que ya había recomendado el juez pesquisidor Jorge Valladares.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) apeló esa resolución ante la CC, que ordenó a la Suprema conocer de nuevo el expediente y resolver. Así lo hizo la CSJ el 20 de mayo de 2019, y nuevamente favoreció a Alejos, pero esta vez con una votación 9-3.

En la nueva legislatura que se instaló el 14 de enero último, Alejos fue elegido primer secretario de la junta directiva del organismo.

El caso

El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) solicitaron el retiro de inmunidad de Alejos el 25 de enero del 2018. La CSJ lo aceptó para su trámite el 25 de abril y fue ratificado el 17 de agosto. No obstante, el diputado se resistió en 15 ocasiones a comparecer ante el juez pesquisidor. Incluso fue multado por recusaciones malintencionadas y frívolas.

El MP señaló al diputado de Todos en el caso Traficantes de Influencias, una red que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para agilizar los trámites de expedientes de devolución de crédito fiscal a cambio de comisiones ilícitas.

Según la investigación, Alejos era uno de los intermediarios de la estructura y su función era captar empresas que estuvieran dispuestas a pagar por el trámite irregular de devolución de crédito fiscal.

A comienzos de mayo del 2018, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) solicitó al juez Walter Villatoro la incorporación al caso Traficantes de Influencias de los relatos de cuatro testigos al proceso.

TE PUEDE INTERESAR:

Ya se había declarado culpable: Exdiputado Édgar Cristiani queda ligado a proceso

Los relatos se iban a escuchar en junio del año pasado, aunque el juez Villatoro fue trasladado a Chiquimula y su lugar en el Juzgado Décimo Penal lo tomó Víctor Cruz, quien aceptó decenas de excusas para reprogramar la audiencia en seis oportunidades el año pasado.

Fue hasta este año cuando la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó que el caso pasara al Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de Claudette Domínguez, que se pudo agendar las declaraciones.

La jueza citó a los 38 sindicados que tiene la causa. Algunos enviaron excusas que la jueza no aceptó y les recordó a los que gozan de arresto domiciliario que deben comparecer porque de lo contrario los remitiría a una prisión.

Señalan a diputado Alejos

Rodrigo Presa Riera fue el primer testigo que declaró en la sala de audiencias del piso 14 en la Torre de Tribunales. Es gerente comercial del Ingenio Palo Gordo. Dijo que a su cargo estaba la comercialización del azúcar.

Al comienzo recordó que había tenido amistad con Felipe Alejos, el vicepresidente del Congreso, por haber estudiado juntos en un colegio capitalino.

En un evento al que asistió, Alejos le ofreció su ayuda para gestionar la devolución fiscal a la empresa de la cual gerenciaba a través de acciones de amparo. De esta forma reveló cómo operó la estructura que lideró Giovanni Marroquín Navas, implicado en el caso La Línea.

“La persona que me contactó fue Felipe Alejos. Lo conozco de la época del colegio. Somos más o menos de la misma edad y teníamos el mismo círculo social. El es diputado”, dijo el testigo Presa Riera.

Cuando el fiscal Andrei González lo cuestionó por la forma en que se iba a accionar para la devolución del crédito fiscal, el testigo mencionó que Alejos le explicó que “manejarían una tarifa de éxito por los servicios prestados cuya tarifa se iba a definir más adelante”.

Presa Riera dijo: “Se tomó la decisión de aceptarlo y verlo como una alternativa más para la devolución del crédito fiscal”.

Después agregó que el trámite había iniciado y hasta habían enviado a los auditores a la empresa para verificar los libros contables, pero se el proceso se detuvo porque habían detenido a las personas que hacían el trámite y los señalaron en el caso La Línea el 16 de abril del 2015.

Chat

Después que fue interpuesta la acción de amparo Alejos volvió a contactar a Presa y le manda mensajes de texto. “A las semanas él -Felipe Alejos- me contacta por medio de chat y me dice que ya se puso el amparo y que nos enviarán copia del mismo. Para lo cual nos mandan copia y nos lo mandan en un sobre”.

“Por parte de la SAT -Superintendencia de Administración Tributaria- nos avisan que se asignan auditores. Para ese momento se entrega la información y se empieza a llevar la auditoría. Durante el proceso Felipe me contacta que si podíamos tener una reunión y nos reunimos en su apartamento en la zona 14. Ahí me comenta que las personas que estaban gestionando la devolución del crédito fiscal habían sido detenidas por el caso La Línea”, se refirió Presa.

Segundo testigo

David Carlos Ekman Khan, quien fue gerente general del Ingenio Palo Gordo, fue el segundo testigo que declaró y también hizo señalamientos a Alejos.

“Fue a principios de 2015 cuando Rodrigo Presa me abordó y mencionó lo relacionado con la devolución del crédito fiscal a través de amparos”, dijo Ekman.

El testigo, que nació en España y está nacionalizado como sueco, también explicó la “tarifa de éxito” que explicó Alejos.

“Al principio lo vimos muy legal. Se podía colocar un amparo y solicitar la devolución del crédito fiscal. Nosotros, como empresa, no cobramos el IVA -Impuesto al Valor Agregado- pero sí lo pagamos”, dijo el testigo Ekman.

El profesional identificó a Alejos como diputado con quien se reunió en su apartamento en donde le dijo que el trámite se había suspendido por la detención de los implicados en el caso La Línea.

“La tarifa de éxito era el costo de la asesoría. Presa me dijo que no tenía costo y que se iba a ver como procedía al principio”, se refirió.

Los dos testigos, Presa y Ekman declararon haberse reunido en el apartamento de Alejos en la zona 14 para conocer las acciones de devolución del crédito fiscal.

Alejos, protegido

El 20 de mayo pasado la Corte Suprema de Justicia (CSJ) volvió a librar a Felipe Alejos de una investigación relacionada con corrupción, luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) le ordenara conocer de nuevo el expediente.

Los magistrados judiciales se reunieron en pleno extraordinario y dieron sus votos para mantenga la inmunidad Alejos. La votación fue 9-3, con votos disidentes de María Eugenia Morales, Silvia García y Delia Dávila.

El MP y la Cicig presentaron el antejuicio en contra de Alejos el 25 de enero del 2018. La CSJ lo aceptó para su trámite el 25 de abril y fue ratificado el 17 de agosto. No obstante, el diputado se había resistido a comparecer ante el juez pesquisidor.

Mencionan a Iten

Por la tarde declararon los testigos Gevenert Flavio Robles López y Rony Wilson Macario Lucas, gerente y representante legal de Maya Quetzal, S. A., que se dedica a la exportación de desperdicios metálicos y es propiedad de Inngmar Walterio Iten Rodríguez, procesado en este caso.

El abogado Luis Morales, quien defiende a Iten, dudó de la idoneidad de los testigos debido a que la entidad está señalada en la carpeta judicial.

El testigo Robles López explicó que la empresa inició a exportar diez contenedores mensuales en 2005 y llegó hasta 400 mensuales tres años después. Recordó había un trámite por devolución de crédito fiscal. “Firmé la solicitud y recuerdo que ya habían hecho la auditoría los de la SAT y solo estaba por ingresar el crédito fiscal. Cuando entró el crédito el señor Iten usó el dinero para sus gastos”, declaró.

La jueza Domínguez abrió uno de los indicios relacionado a las 50 acciones de la empresa de Iten de las cuales Robles López identificó las firmas suyas y las de Iten. “Sabía que tenía tres de las 50 acciones, pero no tenía acceso a las acciones. Me pagaban como salario Q20 mil mensuales”, dijo.

El último testigo, Macario Lucas se refirió a que desde 2010 fue el contador de Maya Quetzal y era quien autorizaba los cheques.

Un informe de un banco fue mostrado por el fiscal González. Son dos cheques que la entidad de Iten le pagó a una entidad, Centrasa, relacionados con la supuesta comisión de Q100 mil y Q160 mil del 4 y 30 de marzo del 2014, respectivamente.

El último testigo Rony Macario declara ante la jueza. pic.twitter.com/4mMS2PXidu

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) June 1, 2019

El caso

La investigación del MP y la Cicig se centró en una red que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para agilizar los trámites de expedientes de devolución de crédito fiscal a cambio de comisiones ilícitas.

Según la investigación, Alejos era uno de los intermediarios de la estructura y su función era captar clientes, es decir, empresas que estuvieran dispuestas a pagar por el trámite irregular de devolución de crédito fiscal.

Al menos Q19 millones fueron pagados por casi una veintena de empresas en concepto de comisiones a Giovanni Marroquín Navas y a sus tres presuntos intermediarios, Mario Leal Castillo —excandidato a vicepresidente de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y exsecretario de Asuntos Específicos del expresidente Otto Pérez Molina, Felipe Alejos, primer vicepresidente del Congreso, y Alfredo Muñoz Ledo-Carrillo, empresario mexicano.

#TraficantesDeInfluencias | El testigo Rodrigo Presa, de un ingenio azucarero, declara ante la jueza y menciona al diputado Felipe Alejos. pic.twitter.com/7aFbFpxcqW

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) May 31, 2019

Contenido relacionado

El Juez Tercero de Primera Instancia Penal, Mynor Moto tiene en su escritorio desde principios de diciembre una querella contra el diputado y primer vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos. A pesar de que se inhibió de conocerlo debido a que Alejos tiene inmunidad este no ha elevado el expediente a la Corte Suprema de Justicia para que decida su situación jurídica.

LEA TAMBIÉN

Revés para Felipe Alejos: CSJ debe conocer de nuevo el expediente de retiro de inmunidad

A esto se suma los atrasos de hasta tres meses para que notifiquen al diputado sobre una nueva acción penal en su contra y después que el juez Moto aún no resuelve un recurso que presentó el diputado.

Alejos y el secretario de actas del partido Todos, Emerson García fueron denunciados el pasado 5 de diciembre por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica ambos con agravación electoral, abuso de autoridad con propósito electoral, acusación y denuncias falsas, perjurio, falso testimonio, encubrimiento propio y simulación de delito, sin que el juez traslade el expediente donde corresponde.

Al igual como lo hizo con la solicitud de retiro de inmunidad que presentó el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala contra Alejos en el caso conocido como Traficantes de Influencias, en enero del 2018, Moto ha decidido esconder en su escritorio este proceso.

El juez Moto aceptó varias actividades procesales defectuosas presentadas por Alejos lo que atrasó el traslado del expediente a la Corte Suprema de Justicia. Luego, Alejos atrasó el proceso con 17 recusaciones tanto al juez pesquisidor como a los magistrados de la CSJ.

Lea también: Así operaba la red de Traficantes de influencias

Al ser consultado el juez Mynor Moto indicó que en efecto la querella se presentó el 5 de diciembre de 2018 a servicios auxiliares de la administración de justicia, asignando a dicho juzgado el expediente, el 6 de diciembre fue notificado y el 7 de diciembre el togado se inhibió debido a que Alejos tiene inmunidad.

Moto explicó que Alejos fue notificado el 5 de marzo de este año y al siguiente día el diputado presentó una actividad procesal defectuosa, la misma acción que presentó en la solicitud de retiro de inmunidad del MP y Cicig en el 2018 y que luego que fueron notificadas las parte se resolverá en esta semana.

“Acá tenemos ocho oficiales y un notificador, él es quien sube las resoluciones de los procesos que lleva cada oficial, después que se cargan al sistema es la unidad de notificaciones del Organismo Judicial quien se encarga de hacer las notificaciones, esa unidad recibe información de todos los juzgados, tribunales y salas, el atraso se deben por la carga de trabajo que hay”, explicó Moto.

El abogado también indicó que el atraso se pudo haber dado porque la querella se conoció cuando los juzgados están de vacaciones y él aparte de cubrir el juzgado tercero también cubría el juzgado segundo.

En el caso de García, el juez dijo que el expediente se envió al MP para su investigación debido a que no tenia inmunidad. Sin embargo, ya que el posee el MP debe suspender la investigación, notificar para que el expediente se eleve a la CSJ, pero ese derecho lo tiene que hacer valer él.

La querella contra Alejos y García a la que tuvo acceso Prensa Libre señala que ambos mintieron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para obtener nuevos libros y así asentar la asamblea de proclamación de Neto Bran como candidato a alcalde de Mixco y la proclamación de candidatos a diputados por los municipios de Guatemala, al denunciar en el MP que los libros estaban extraviados, cuando en realidad estaban en poder del TSE.

Una petición similar ocurrió en enero del 2017 cuando también solicitaron nuevos libros al Registro de Ciudadanos de los municipios de San José del Golfo, Chinautla, Mixco, Amatitlán y Villa Canales, y para hacerlo presentaron copia de una denuncia que habían presentado en el MP, sin embargo, los libros estaban en poder de los secretarios municipales.

Pero en febrero de ese año ambos presentaron un oficio ante el TSE aduciendo un error o falta de comunicación por lo que pidieron la anulación de los libros que ya habían solicitado. No obstante, el secretario departamental de Guatemala ya había hecho la denuncia correspondiente en el MP.

Los libros en poder del TSE

El libro municipal de Mixco y de San José del Golfo estaban en poder del Tribunal Supremo Electoral desde mayo del 2017. Luego que las asambleas de esos municipios realizadas en enero de ese año no fueron inscritas en el Registro de Ciudadanos por inconsistencias en lo transcrito en el acta entregado a esa dependencia.

En apelación, la organización departamental de Todos entregó a los magistrados como medios de prueba ambos libros. No obstante, las apelaciones fueron denegadas y los libros quedaron en custodia de ellos hasta el 5 de febrero del 2019 cuando fueron devueltos como lo evidencia la resolución identificada como 720-2017 de fecha 27 de julio del 2017 en el segundo considerando.

La anomalía de que los libros no estaban extraviados, sino que estaban custodia de los magistrados del TSE, fue de conocimiento de Leopoldo Guerra y Winston Carillo director del Registro de Ciudadanos y delegado departamental de Guatemala del TSE.

La asamblea del 7 de octubre del 2018, en la que fue proclamado Neto Bran, no sé asentó en el libro de actas debido a que no estaban autorizados aún, por lo que la misma se hizo bajo declaración jurada.

El 4 de diciembre del 2018 el presidente del TSE, Mario Aguilar Elizardi en un oficio indica que el libro de actas de San José del Golfo está vigente, pero el libro de Mixco fue cancelado a requerimiento del secretario general, Felipe Alejos, por extravió del mismo extremo que conoció el MP por lo que solicitó y se aprobó la autorización de un nuevo libro, según Jorge Mario Grajeda jefe del departamento de organizaciones políticas.

“Los referidos libros fueron ofrecidos como medios de prueba en la acción identificada al acápite, quedando para el efecto certificados en autos”, finaliza el oficio.

Le puede interesar: Excandidato de la UNE, Mario Leal Castillo, integraba red Traficantes de Influencias

Al ser consultado Aguilar Elizardi dijo que ellos justificaron con una denuncia el extravió del libro, y que los magistrados no autorizan libros a los partidos políticos y quien lo hace es el departamento de organizaciones políticas.

Leopoldo Guerra director del Registro de Ciudadanos fue consultado vía mensaje a su teléfono celular, pero no contestó la consulta.

Mientras que Emerson García dijo que no tenía conocimiento de la querella, pero cree que ya no continuó porque el juez determinó que el ya tiene inmunidad.

“Según tengo conocimiento de lo poco que se es que esa denuncia la presentó Christián Bousinot quien está procesado por extorsión y me imaginó que lo hizo al salir de prisión. Me imagino que cuando él estuvo guardando prisión el se quedo con los libros”, señaló García.

Añadió: “Esos libros no les pertenecen a las personas, sino que al partido y entonces lo que se hizo fue solicitar que nos autorizaran más libros y él obviamente por mantener el control del libro eso dijo”.

“Nosotros desconocíamos que los libros estaban en poder del TSE, según nosotros él los tenía y como estaba guardando prisión no teníamos contacto con él”, aseguró García.

Se intentó tener la postura del diputado Alejos, pero no respondió las llamadas y no contestó el mensaje enviado a su celular.

Luego de saber que los libros no estaban perdidos, sino que, en el TSE, se desconoce si lo actuado por el partido en relación a Neto Bran y candidaturas a diputados del municipio de Guatemala quedarían anuladas.

Lea también: Estos eran los códigos que usaban los Traficantes de influencias

Por aparte, Bousinot presentó un memorial el cual no ha sido resuelto por los magistrados para que revoquen la candidatura de Alejos y de García por falta de idoneidad al tener denuncias en su contra.

Corte favorecen a  Felipe Alejos

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió el lunes pasado que le mantiene la inmunidad a Alejos, al conocer de nuevo la solicitud de retiro de inmunidad luego que la Corte de Constitucionalidad le diera un amparo al MP y CIcig para que sustente de nuevo su decisión.

La Corte de Constitucionalidad resolvió con lugar el amparo promovido por el MP y la Cicig para que la CSJ vuelva a decidir si le retira o no la inmunidad al diputado.

La resolución establece que se ordenó a la Corte Suprema de Justicia que, en el plazo de cinco días, emita nueva resolución, la cual se conoció el lunes pasado en la determinó que mantiene la inmunidad al parlamentario.

Contenido relacionado

> Implicado en contrabando de gasolina debe pagar Q500 mil de resarcimiento

> Este será el futuro de la Feci cuando venza el mandato con la Cicig

> Degenhart dio falsas promesas: El aumento a la PNC no está programado

Los magistrados judiciales se reunieron en pleno extraordinario este 20 de mayo y dieron sus votos para mantenga la inmunidad Alejos, primer vicepresidente del Congreso y miembro de la bancada de Todos.

Lea también

Estos son los 150 candidatos a diputados que tienen señalamientos

La votación fue 9-3, con votos disidentes de María Eugenia Morales, Silvia García y Delia Dávila, informó Mario Siekavizza, portavoz del organismo.

La Corte de Constitucionalidad (CC) había resuelto el 16 de mayo una apelación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) contra lo actuado por la Corte Suprema, que resolvió que no había nada serio contra Alejos para que le fuera retirado el antejuicio y fuera investigado.

La Feci y la Cicig señalaron que en la resolución reclamada se advertía que la Corte Suprema se extralimitó en el ejercicio de sus facultades, debido a que no se circunscribió a declarar la existencia o no de hechos que puedan ser tipificados como delito, que era lo que le competía hacer, conforme a la ley y atendiendo al estado de las citadas diligencias.

“Se estableció que incurrió en exceso porque emitió juicios de valor con relación a los elementos de convicción aportados, lo cual constituye función propia de los tribunales competentes, que efectuarán en su momento procesal oportuno”, refiere el fallo de la CC.

Lea también: Así operaba la red de Traficantes de influencias

El caso

El MP y la Cicig presentaron el antejuicio en contra de Alejos el 25 de enero del 2018. La CSJ lo aceptó para su trámite el 25 de abril y fue ratificado el 17 de agosto. No obstante, el diputado se había resistido a comparecer ante el juez pesquisidor.

El MP señaló al diputado de Todos en el caso Traficantes de Influencias, una red que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para agilizar los trámites de expedientes de devolución de crédito fiscal a cambio de comisiones ilícitas.

Según la investigación, Alejos era uno de los intermediarios de la estructura y su función era captar clientes, es decir, empresas que estuvieran dispuestas a pagar por el trámite irregular de devolución de crédito fiscal.

Sin embargo, el 21 de noviembre de 2018, por unanimidad, la CSJ rechazó la solicitud de retiro de inmunidad contra Alejos, algo que ya venía sugerido en el informe que mandó Jorge Valladares, juez pesquisidor, al término de un proceso donde el congresista intentó en 15 ocasiones separar al juzgador de ese caso. Incluso fue multado por recusaciones malintencionadas y frívolas.

La decisión de la CSJ fue unánime, en una jornada en la que los magistrados de la CSJ sostuvieron una reunión con diputados y donde se acordó un incremento de Q600 millones al presupuesto del Organismo Judicial para el 2019.

Contenido relacionado

> Estas son las dificultades del MP y la PNC para seguir la incautación de 2.3 toneladas de cocaína

> Así queda pavimentada por la CC la candidatura de Sandra Torres

> Investigarán a magistrados que favorecieron a Sandra Torres en denuncia contra elPeriódico

La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió este jueves una apelación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) contra lo actuado por la Corte Suprema que resolvió que no había nada serio para investigar a Felipe Alejos diputado del bloque legislativo Todos.

Le interesará leer

Estos eran los códigos que usaban los Traficantes de influencias

La Feci y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) señalaron que la resolución reclamada, se advertía que la Corte Suprema de Justicia, al emitirla, se extralimitó en el ejercicio de sus facultades, debido a que no se circunscribió a declarar la existencia o no de hechos que puedan ser tipificados como delito, que era lo que le competía hacer conforme a la preceptuado en la ley rectora del acto y atendiendo al estado de las citadas diligencias.

“Se estableció que incurrió en exceso porque emitió juicios de valor con relación a los elementos de convicción aportados, lo cual constituye función propia de los tribunales competentes, que efectuarán en su momento procesal oportuno”, refiere el fallo.

Por lo que la CC estimó que concurrían las circunstancias necesarias para otorgar amparo provisional y, como consecuencia de ello, dejó en suspenso definitivo la resolución señalada como reclamada.

Lea también: Así operaba la red de Traficantes de influencias

“Para los efectos positivos de la protección otorgada se ordenó a la Corte Suprema de Justicia que, en el plazo de cinco días, emita nueva resolución en la que se pronuncie sobre las diligencias de antejuicio relacionadas, fundamentando debidamente su decisión, de acuerdo con lo establecido en la ley aplicable” señaló el amparo otorgado.

Se trató de tener una versión del diputado Alejos, sin embargo la encargada de comunicación del partido dijo que aún no había una postura al respecto.

El caso

El MP y la Cicig presentaron el antejuicio en contra de Alejos el 25 de enero del 2018. La CSJ lo aceptó para su trámite el 25 de abril y fue ratificado el 17 de agosto. No obstante, el diputado se había resistido a comparecer ante el juez pesquisidor.

El MP señaló al diputado de Todos en el caso Traficantes de Influencias, una red que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para agilizar los trámites de expedientes de devolución de crédito fiscal a cambio de comisiones ilícitas.

Según la investigación, Alejos era uno de los intermediarios de la estructura y su función era captar clientes, es decir, empresas que estuvieran dispuestas a pagar por el trámite irregular de devolución de crédito fiscal.

Rechazan diligencias

El 21 de noviembre de 2018, por unanimidad, la CSJ rechazó la solicitud de retiro de inmunidad contra Alejos, algo que ya venía sugerido en el informe que mandó Jorge Valladares, juez pesquisidor, al término de un proceso donde el congresista intentó en 15 ocasiones separar al juzgador de ese caso. Incluso fue multado por recusaciones malintencionadas y frívolas.

La decisión de la CSJ fue unánime, en una jornada en la que los magistrados de la CSJ sostuvieron una reunión con diputados y donde se acordó un incremento de Q600 millones al presupuesto del Organismo Judicial para el 2019.

El legislador se había ausentado a citaciones de la Sala en cuatro oportunidades. Finalmente presentó sus pruebas de descargo por escrito, a pesar de ser citado bajo apercibimiento.

Aunque Alejos no se pronunció en varias ocasiones fue cuestionado respecto al proceso penal y los señalamientos del MP y la Cicig en su contra; siempre respondió que había un interés político atrás de la acusación.

Alejos dijo: “No voy litigar en los medios de comunicación como lo ha hecho Thelma Aldana -exfiscal General- e Iván Velásquez -director de la Cicig- para buscar una condena mediática a falta de pruebas. Estoy ejerciendo mi derecho de la legítima defensa, consagrado como una garantía constitucional”.

“He ejercitado mi derecho de defensa porque el proceso está viciado, manipulado y politizado. Todo esto se trata de un antejuicio político y espurio interpuesto por la ahora candidata a la presidencia, Thelma Aldana,  quien aún maneja una estructura politizada dentro del MP”, señaló en su momento.

Contenido relacionado

> Implicado en contrabando de gasolina debe pagar Q500 mil de resarcimiento

> Este será el futuro de la Feci cuando venza el mandato con la Cicig

> Degenhart dio falsas promesas: El aumento a la PNC no está programado

Entre las dudas sobre el origen de sus fondos en 2015 y prohibiciones para su inscripción 11 de los 27 partidos que competirán en estos comicios presentan problemas legales que anticipan un difícil proceso electoral.

¿Quién decidió presentar hoy el caso contra Sandra Torres y la UNE?

Complejidad y confusión, esos son los dos conceptos que dominan el arranque del proceso electoral, opinan expertos que creen que en esta etapa de inscripción de candidatos los partidos enfrentan acusaciones que si bien les restan credibilidad pueden fortalecer la institucionalidad de las autoridades electorales.

Las inscripciones comenzaron hace 21 días pero al inicio de la semana el Ministerio Publico reveló que había recibido 7 denuncias contra partidos en las que se ponía en tela de juicio la forma como habían captado fondos o reportado estos en el proceso electoral del 2015.

Agrupaciones

Partidos bajo algún tipo de señalamiento, investigación de figuras o que afrontan algún problema en la inscripción de candidatos:

Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Todos.
Fuerza.
Partido de Avanzada Nacional (PAN).
Unión del Cambio Nacional (UCN).
Encuentro por Guatemala (EG).
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
Compromiso, Renovación y Orden (Creo).
Movimiento Winaq.
Visión con Valores (Viva).
Valor.
Frente de Convergencia Nacional (FCN Nación).

El 28 de enero, Zury Ríos, postulada por el partido Valor, fue notificada que no sería inscrita por la prohibición constitucional que impide que los hijos de personas que llegaron al poder por un golpe de Estado puedan optar a al primera magistratura del país. Ríos compitió en la elección de 2015 gracias a un recurso de la Corte Suprema de Justicia.

Además el martes y el miércoles, el MP notificó de la solicitud para retirar el antejuicio contra los presidenciables Mauricio Radford y Sandra Torres, de Fuerza y UNE respectivamente.

Tal escenario, plantea una complejidad pocas veces enfrentada por el Tribunal Supremo Electoral. “La ciudadanía está percibiendo una situación confusa”, cuenta José Carlos Sanabria, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ASIES. 

“Estas nuevas investigaciones, deben servir para que el ciudadano tome en cuenta como desde  2015 se ha luchado por erradicar el financiamiento electoral ilícito, que terminan de socavar la credibilidad del sistema”, analizó Sanabria.

Lea también: Sandra Torres no responde dudas sobre financiamiento de 2015 y ataca a Thelma Aldana

El director de Acción Ciudadana (AC), Manfredo Marroquín, advirtió que los nuevos casos de corrupción en los que están relacionados candidatos a cargos de elección popular y los altos mandos de los partidos políticos reflejan que desde el proceso electoral se fragua el “enriquecimiento ilícito” para las futuras administraciones.

“El proceso electoral sigue dominado por la misma clase política que ha tenido al Estado y sus instituciones cooptadas con fines de aprovechamiento personal”, dice Marroquín

Turbulento inicio

Pero que en esta etapa el sistema de justicia indague sobre responsabilidades judiciales contra nueve candidaturas y se debata por aceptar una más, no es motivo para la alarma explica Rubén Hidalgo del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos.

“Estos son procesos normales en tiempos especiales, aunque supone que hay casos que pudieron atrasarse” para investigar a las personas relacionadas, dice Hidalgo.

Además, de las disputas legales de estos 11 partidos se suma la denuncia presentada en abril de 2018 contra el partido oficial FCN-Nación también por financiamiento electoral ilícito. En este caso ya se lleva un proceso en los tribunales. Encuentro por Guatemala, de Nineth Montenegro, también tiene un caso anterior, el cual la fiscalía analiza conexar con el proceso por el que Montenegro perdió su inmunidad.

En cuanto al efecto que tienen las nuevas investigaciones en la percepción de la ciudadanía, Hidalgo explicó: “Son elementos que le dan un toque de complejidad por los tiempos del proceso electoral y se hace compleja la lectura del futuro inmediato de los candidatos inscritos y los que se inscribirán”.

Sanabria coincide con este planteamiento y señala que tanto el Ministerio Publico como el TSE pueden salir fortalecidos y mantener la confianza publica en la elección. Pese a la desconfianza que pueden generar los partidos debido a los señalamientos que en algunos casos llegan a la ausencia de reportes de donaciones de millonarias sumas.

El director del Incep resaltó que la ciudadanía debe efectuar “una interpretación del proceso electoral y privilegiar el análisis en que los candidatos que se postulen llenen las calidades en Ley con idoneidad, transparencia y ser probos”.

Lea además: TSE ve “complejo” el inicio del proceso electoral 2019

Las claves del caso de financiamiento electoral ilícito de la UNE que implicarían a Sandra Torres

Desilusión

Pero no solo los analistas ven con poco optimismo los primeros días del proceso electoral. En las calles el desanimo se hace sentir . “Es la misma descomposición de siempre -los nuevos casos de corrupción-, no hay nada nuevo, no hay cambios. Nuestra democracia está quebrada y los partidos políticos no brindan propuestas para salir del retraso en el que vivimos”, lamentó el ciudadano Saúl Saravia, de 58 años.

Zury Ríos y Roberto Molina Barreto buscan un amparo de la CSJ para su inscripción ante el TSE

Saravia lleva un mes y medio desempleado. En diciembre pasado fue despedido del puesto de portero en un edificio, en ese inmueble laboró durante 16 años y en la actualidad no cree que tenga posibilidades de encontrar trabajo, también señaló que su situación es parte de los males que tiene el país.

La estudiante universitaria Alejandra Gómez Ulises explicó sentirse “desamparada” porque no cree que durante la campaña electoral surja “una propuesta política seria” que aporte al desarrollo del país.

“Sinceramente le estoy dando seguimiento a las elecciones, pero cuando veo los candidatos me decepciono porque todos tienen debilidades e historia en corrupción. Es difícil porque nos han robado y no veo soluciones a esto”, expuso Gómez Ulises.

El panorama electoral para Luisa Hernández, ejecutiva de ventas, es similar al de otros procesos electorales y cree que pese a las investigaciones de 10 partidos políticos “habrá que votar y cambiar el país”.

Hernández expuso: “Sé que esto está difícil, pero tampoco hay que ser pesimistas. Creo que van a surgir alternativas y debemos conocerlas bien, yo trato de conocer los más que se pueda de propuestas, aunque eso no lo hice en elecciones pasadas y creo que desde el 2015 para acá me cambió la seriedad de ver las elecciones”.

Contenido relacionado

Diputados plantean dudas sobre el caso contra la UNE y Sandra Torres

MP investiga a ocho partidos políticos por impedir la fiscalización de fondos

TSE denuncia a Todos por delitos electorales

Desde el 25 de enero la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) solicitó un proceso de antejuicio en contra del parlamentario y actual primer vicepresidente del Congreso, sin embargo, fue hasta el 6 de noviembre que el juez pesquisidor presentó ante el pleno de magistrados su informe, recomendando no retirar la inmunidad del parlamentario.

Vea además:

Jueces y trabajadores del OJ piden bono navideño de Q10 mil

El informe pesquisidor protegía la inmunidad del vicepresidente del Congreso, pese a que el congresista intentó, sin éxito, en 15 ocasiones separar a Valladares del proceso y fue multado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por promover recusaciones “malintencionadas y frívolas”.

El legislador se había ausentado a citaciones de la Sala en cuatro oportunidades. Finalmente presentó sus pruebas de descargo por escrito, a pesar de ser citado bajo apercibimiento.

“Es político”

En varias ocasiones el diputado y secretario general del partido Todos fue cuestionado respecto al proceso penal y los señalamientos del MP y la Cicig en su contra; siempre respondió que había un interés político atrás de la acusación. 

Alejos dijo: “No voy litigar en los medios de comunicación como lo ha hecho Thelma Aldana -exfiscal General- e Iván Velásquez -director de la Cicig- para buscar una condena mediática a falta de pruebas. Estoy ejerciendo mi derecho de la legítima defensa, consagrado como una garantía constitucional”.

“He ejercitado mi derecho de defensa porque el proceso está viciado, manipulado y politizado. Todo esto se trata de un antejuicio político y espurio interpuesto por la ahora candidata a la presidencia, Thelma Aldana,  quien aún maneja una estructura politizada dentro del MP”, agregó.

El caso

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) presentaron el antejuicio en contra de Alejos el pasado 25 de enero. La CSJ lo aceptó para su trámite el 25 de abril y fue ratificado el 17 de agosto. No obstante, el diputado se había resistido a comparecer ante el juez pesquisidor.

El MP acusa al diputado de Todos y primer vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso, en el caso Traficantes de Influencias, una red que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para agilizar los trámites de expedientes de devolución de crédito fiscal a cambio de comisiones ilícitas.

Según la investigación, Alejos era uno de los intermediarios de la estructura y su función era captar clientes, es decir, empresas que estuvieran dispuestas a pagar por el trámite irregular de devolución de crédito fiscal.

Contenido relacionado

>Congreso aumenta presupuesto para viáticos y asesores

>Finanzas recortará fondos a cuatro ministerios para dar a la Usac

>Se acorta el tiempo para revivir el transfuguismo

Ahora el proceso de antejuicio en contra del legislador está en manos del pleno de Magistrados. El antejuicio será analizado por la CSJ, no obstante, en el informe de Valladares se señala que no hay indicios de actividades ilegales, por tanto, recomendó que no pierda su inmunidad.

Lea ahora

Exdiputada Emilenne Mazariegos y miembros de su familia son enviados a juicio

La CSJ debe conocer el informe pesquisidor, sin embargo, no está obligada a atender la recomendación del juez, es decir, si los magistrados consideran que existen suficientes indicios que ameriten despojar al diputado de su inmunidad, podrían votar de esa manera.

El informe pesquisidor protege la inmunidad del vicepresidente del Congreso, pese a que el congresista intentó, sin éxito, en 15 ocasiones separar a Valladares del proceso y fue multado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por promover recusaciones “malintencionadas y frívolas”.

El legislador se había ausentado a citaciones de la Sala en cuatro oportunidades. Finalmente presentó sus pruebas de descargo por escrito, a pesar de ser citado bajo apercibimiento.

La investigación

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) presentaron el antejuicio en contra de Alejos el pasado 25 de enero. La CSJ lo aceptó para su trámite el 25 de abril y fue ratificado el 17 de agosto. No obstante, el diputado se había resistido a comparecer ante el juez pesquisidor.

El MP acusa al diputado de Todos y primer vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso, en el caso Traficantes de Influencias, una red que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para agilizar los trámites de expedientes de devolución de crédito fiscal a cambio de comisiones ilícitas.

Según la investigación, Alejos era uno de los intermediarios de la estructura y su función era captar clientes, es decir, empresas que estuvieran dispuestas a pagar por el trámite irregular de devolución de crédito fiscal.

Contenido relacionado

>Pandilleros e imitadores se apropiaron de Q767 mil 885 en extorsiones
>Stu Velasco testifica contra banda de secuestradores
>Blanca Stalling frena por novena ocasión proceso en su contra

La Sala Cuarta de Apelaciones confirmó que aceptó las pruebas por escrito, pese a que el diputado había sido citado bajo apercibimiento este martes por Jorge Valladares y no se presentó.

Vea además:

Embarga Q34 millones al exsuperintendente de la SAT Marco Tulio Abadío

El legislador se había ausentado a citaciones de la Sala en cuatro oportunidades.

Los abogados defensores del congresista, Fernando José Porras Peñate y Jorge Alexander Caal Mejía, declinaron dar declaraciones sobre el fondo y la forma de los documentos presentados a la Sala.

Lea también: Juez acepta que Roxana Baldetti comparezca por videoconferencia en caso RIC

La investigación

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) presentaron el antejuicio en contra de Alejos el pasado 25 de enero. La CSJ lo aceptó para su trámite el 25 de abril y fue ratificado el 17 de agosto. No obstante, el diputado se había resistido a comparecer ante el juez pesquisidor.

El MP acusa al diputado de Todos y primer vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso, en el caso Traficantes de Influencias, una red que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para agilizar los trámites de expedientes de devolución de crédito fiscal a cambio de comisiones ilícitas.

Según la investigación, Alejos era uno de los intermediarios de la estructura y su función era captar clientes, es decir, empresas que estuvieran dispuestas a pagar por el trámite irregular de devolución de crédito fiscal.

Contenido relacionado

>Reubican a 748 jóvenes privados de libertad y separan a los adolescentes de adultos 
>Juez acepta que Roxana Baldetti comparezca por videoconferencia en caso RIC
>Capturan a “El Mago”, cómplice en el rescate de Anderson Cabrera del Hospital Roosevelt

El diputado del partido Todos fue señalado a comienzos de este año por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en el caso Traficantes de Influencias. Goza de inmunidad y desde abril comenzó un proceso de antejuicio, que por 15 acciones presentadas no concluye.

Lee también:

Denuncian expulsión de periodista hondureño

El magistrado había citado al vicepresidente del Congreso para comparecer, con apercibimiento, para explicar sus pruebas de descargo debido a un antejuicio que enfrenta.

A las 10 horas acudieron tres mandatarios de Alejos y comparecieron en el nivel 11 de la Torre de Tribunales. Ingresaron en la Sala y se retiraron a los pocos minutos debido a que hacían falta 30 minutos para la comparecencia.

A las 10.30 horas volvieron. “Venimos a ver cómo va el proceso”, dijo uno de los abogados sin aportar más detalles. El magistrado Valladares Arévalo los escuchó en su despacho durante más de una hora.

Lee también: Hondureños cruzan la frontera de México

Estuvieron los abogados Fernando José Porras Peñate y Jorge Alexander Caal Mejía. Al salir evitaron brindar alguna declaración y conocer si habían explicado las pruebas de descargo del legislador. “No vamos a hablar”, dijo uno de ellos.

Recusación número 15

Por la tarde la oficina de Comunicación del Organismo Judicial (OJ) informó que Alejos a través de sus abogados había planteado una nueva acción penal. Se trata de la recusación 15, de las cuales 13 han sido en contra del pesquisidor Valladares.

El magistrado Valladares rechazó la recusación debido a que ya fue apercibido por la Corte Suprema de Justicia de finalizar la revisión del antejuicio y citó a Alejos para el 23 de octubre próximo para que presente las pruebas de descargo.

Ausente

El legislador se había ausentado en cuatro oportunidades. Incluso planteó dos recusaciones en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y doce más para separar al pesquisidor Valladares. Todas fueron declaradas sin lugar.

Los abogados del diputado de la bancada Todos, Felipe Alejos, se retiran después de una hora de haber comparecido ante el pesquisidor Jorge Valladares.
Evitan brindar alguna declaración. pic.twitter.com/f2NfWRjt1z

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) October 19, 2018

Las abundantes acciones de Alejos fueron planteadas por los abogados Fernando José Porras Peñate, Jorge Alexander Caal Mejía, Luis Arturo González Motta, Marco Antonio Quiñonez Martínez y Edi Leonel Pérez. La última fue la semana pasada y la CSJ le notificó al juez que conoce el caso de finalizar con el análisis debido a que ya se había excedido del plazo de hasta 60 días que contempla la Ley en Materia de Antejuicio.

Acusación

Alejos fue señalado por la Fiscalía y la Cicig de ser el intermediario de una supuesta red criminal que operó en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para agilizar los trámites de expedientes de devolución de crédito fiscal a cambio de comisiones ilícitas. La estructura criminal se benefició con el cobro de comisiones ilícitas alrededor de Q19 millones para agilizar a empresas la tramitación de expedientes de devolución de crédito fiscal.

El legislador fue señalado el 24 de enero de 2018 por tráfico de influencias y cohecho activo, y desde esa fecha ha obstaculizado el avance del proceso. Para ello ha esgrimido que el proceso en su contra es político y se han violado sus derechos.

El magistrado Valladares tiene el antejuicio en contra de Alejos desde el 25 de abril pasado cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tramitó el caso.

El fiscal Andrei González ratificó el antejuicio en contra de Alejos Lorenzana el 18 de agosto pasado después de dos intentos.

Contenid?o relacionado

>Niegan visas de cortesía a investigadores de la Cicig
>Alejos crea comisión para investigar a Aldana
>Alejos dice que tiene pruebas de caso en su contra

La quinta citación del juez pesquisidor Jorge Antonio Valladares Arévalo, emitida este miércoles, ordena al diputado Alejos que se presente personalmente y no por medio de su mandatario judicial.

Vea además:

"Hemos cumplido", dice fiscal que presentó antejuicio contra Jimmy Morales

“Bajo apercibimiento que en caso de incomparecencia podría ser conducido por la fuerza pública y se procederá a rendir el informe circunstanciado al órgano que la comisionó”, resalta la última citación del juez pesquisidor.

El antejuicio en contra del parlamentario fue solicitado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Le puede interesar: Juzgado impone fianza millonaria a exalcalde de Santa Catarina Pinula, Antonio Coro

Atrasos en el proceso

El proceso de antejuicio contra Felipe Alejos fue admitido para su trámite el 25 de abril. Aunque se fijó un plazo de 60 días para que el juez pesquisidor rindiera el informe correspondiente, este se atrasó por 14 recusaciones que los abogados del parlamentario han presentado.

Un último amparo frenó el proceso de antejuicio a inicios de octubre. El diputado Alejos, a través de uno de sus abogados, señaló al juez de no informar de los 60 días de plazo para rendir el informe. Finalmente, el amparo fue rechazado.

Le puede interesar: Jefa del MP, María Consuelo Porras, justifica cambio de fiscales

La Fiscalía busca investigar al diputado de Todos por una trama de corrupción en las altas esferas de la Superintendencia de Administración Tributaria, donde se habrían pactado devoluciones de crédito fiscal que no correspondía a casi una veintena de empresas que, a cambio, habrían pagado coimas por unos Q19 millones a Giovanni Marroquín Navas y a tres intermediarios: Mario Leal Castillo -excandidato a vicepresidente de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el empresario mexicano Alfredo Muñoz Ledo-Carrillo y el diputado de Todos Felipe Alejos.

Contenido relacionado

>Exdiputados procesados en caso Plazas Fantasma saldrán de prisión

>Nuevas investigaciones habrían motivado la revocatoria de visas a personal de la Cicig

>Antropóloga argentina declara en juicio del caso Dos Erres

Una de esas visas corresponde a la del investigador italiano Vicenzo Caruso, quien dio seguimiento al caso de financiamiento electoral ilícito del partido oficial, FCN-Nación. Aunque recibió la visa de cortesía el pasado 18 septiembre, le fue revocada luego de exponer ante la Comisión Pesquisidora del Congreso que da seguimiento al antejuicio contra Jimmy Morales.

Embajada de Estados Unidos señala mal uso de Jeep J8

Se denegó la visa de cortesía a César Rincón, abogado que representaba a la comisión en los casos IGSS-Pisa y Botín Registro de la Propiedad, en el cual están involucrados Sammy y José Manuel Morales, hermano e hijo del presidente. Rincón es colombiano-canadiense y lleva más de 10 años de trabajar en la Cicig.

A Luis Fernando Orozco, investigador responsable del caso La Línea y mandatario de Cicig en el caso de financiamiento electoral ilícito de FCN-Nación, también se le denegó la visa. Él es colombiano y lleva más de 10 años de trabajo en el ente internacional.

También se denegó las visas a Yilen Osorio, quien estuvo a cargo de la investigación del caso Traficantes de influencias, en la que se señala al diputado Felipe Alejos,

Se le denegó la visa asimismo a Roque Veliz, investigador uruguayo que participa en el caso contra Blanca Stalling, magistrada de la Corte Suprema de Justicia separada del cargo.

Luego de que se diera a conocer el caso de corrupción en Quetzaltenango, se denegó la visa a la coordinadora y al investigador financiero de la sede de Cicig en ese departamento.

Estas son visas de cortesía, no trabajo, por lo tanto, los funcionarios pueden seguir prestando sus funciones al ente internacional como expertos en misión de Naciones Unidos, en el marco del derecho internacional público, informó una fuente.

Evalúan acciones

En un comunicado, la Cicig afirma que la Cancillería no ha informado cuál es el motivo que fundamenta su decisión.

El ente internacional lamentó la decisión y afirma que estudiará las acciones a seguir con el objetivo de preservar el cumplimento del acuerdo firmado entre Guatemala y Naciones Unidas.

En total, según el comunicado, fueron 11 documentos los que no se entregaron: Se revocaron tres visas, otorgadas y vigentes, al mismo número de funcionarios y se derogaron seis a igual número de expertos y otras dos a sus familiares.

La Cancillería todavía no emite una postura o información oficial sobre el por qué de la revocatoria y negación de los documentos.

Perturbado

El congresista de EE. UU., Eliot Engel, aseguró sentirse “perturbado”, por la decisión del gobierno guatemalteco de no renovar y revocar las visas a los funcionarios de la Cicig.

El funcionario norteamericano afirmó que este “es otro golpe a la lucha contra la corrupción e impunidad”.

https://twitter.com/HFACDemocrats/status/1052201084230529024

Contenido relacionado

>Jimmy Morales cuestiona a António Guterres e insiste que Cicig es una amenaza para la paz en la ONU
>Red de “Mito” Barrientos habría saqueado parte del dinero de 122 obras municipales
>Sala ampara a FCN-Nación y suspende temporalmente su cancelación

La acción se planteó luego que le fueran rechazadas las 14 recusaciones que Alejos hizo en contra de Valladares. El proceso por ser en contra de un juez pesquisidor, se encuentra en la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia.

Lea también

Amparo suspende temporalmente cancelación de FCN-Nación

Valladares fue designado para conocer los detalles del antejuicio contra el legislador de la bancada Todos el 25 de abril pasado, desde esa fecha se cuentan hasta 60 días hábiles para finalizar las pesquisas y remitir un informe a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la recomendación si es viable o no el retiro de la inmunidad.

Lea también: Postuladora de contralor general será juramentada este martes

Desde esa fecha Alejos, a través de sus abogados, ha evadido las citaciones y con 14 acciones de recusación ha suspendido el avance del proceso para retirarle la inmunidad y pueda ser investigado en el caso Traficantes de Influencias.

En sus redes sociales, Alejos dijo no haber presentado hoy ningún amparo, sin embargo, la acción por la que este lunes fue amparado fue presentada, según consta en la judicatura, desde hace dos semanas. 

La solicitud de antejuicio en contra del parlamentario fue presentada por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en enero pasado con el fin de que sea despojado de su inmunidad para que pueda ser investigado.

Según la investigación, Felipe Alejos era uno de los intermediarios de la estructura de Traficantes de Influencias y su función era captar clientes, es decir, empresas que estuvieran dispuestas a pagar por el trámite irregular de devolución de crédito fiscal.

Le puede interesar: Fenómenos climáticos traerán lluvias intensas desde este martes

De acuerdo con el MP y la Cicig, al menos Q19 millones fueron pagados por casi una veintena de empresas en concepto de comisiones a Giovanni Marroquín Navas y a sus tres presuntos intermediarios, Mario Leal Castillo —excandidato a vicepresidente de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y exsecretario de Asuntos Específicos del expresidente Otto Pérez Molina—, Felipe Alejos, primer vicepresidente del Congreso, y Alfredo Muñoz Ledo-Carrillo, un empresario mexicano.

Todas las acusaciones vertidas en mi contra por Thelma Aldana, que buscará la presidencia por la URNG (Exguerrilla), SON FALSAS, ES UNA PERSECUCIÓN POLÍTICA. Hay evidencia de ello. #nomáspersecusiónpolítica #noalacondenamediática pic.twitter.com/aNqCJQvcDA

— Felipe Alejos (@FelipeAlejos) October 16, 2018

Contenido relacionado

> Giammattei es proclamado como candidato presidencial de Vamos
 
> Diputado Fernando Linares-Beltranena pide la destitución del PDH
 
> Abogado de Jimmy Morales presenta descargos ante pesquisidores

El vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos, preguntó en la Sala Cuarta de Apelaciones Penal por el tiempo transcurrido desde que fue tramitado un antejuicio en su contra por el caso Traficantes de Influencias, información que está bajo resguardo del juez pesquisidor Jorge Valladares.

Lee también:

Criterios por la aplicación del castigo maya

Desde esa fecha Alejos a través de sus abogados ha evadido las citaciones y con 14 acciones de recusación ha suspendido el avance del proceso para retirarle la inmunidad y pueda ser investigado en el caso Traficantes de Influencias.

La última recusación fue presentada el pasado jueves 4 de octubre, lo cual suspendió por quinta vez la citación.

#TraficantesDeInfluencias
En la Sala Cuarta de Apelaciones Penal informan que ya son 14 acciones de recusación que plantean los cuatro abogados del diputado Felipe Alejos. pic.twitter.com/gWRKoTmrSV

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) October 5, 2018

Fiscalía urge al pesquisidor

El fiscal Andrei González envió un memorial a la Sala para que se resuelva el caso, debido a que ya se había vencido el plazo de hasta 60 días, sin embargo, con cada recusación el tiempo se detiene debido a que el expediente pasa a la CSJ y es hasta que es devuelto el documento que continúa el conteo. 

“El tiempo transcurrido del antejuicio lo resguarda el juez pesquisidor”, se informó en la Sala.

Señalamiento

La solicitud de antejuicio contra el parlamentario fue presentada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemalla (Cicig) en enero pasado con el fin de que sea despojado de su inmunidad para que pueda ser investigado.

ES DE SU INTERÉS:

Así se hará la lectura de sentencia en el caso Agua Mágica

De acuerdo con el MP y la Cicig, al menos Q19 millones fueron pagados por casi una veitena de empresas en concepto de comisiones a Giovanni Marroquín Navas y a sus tres presuntos intermediarios, Mario Leal Castillo —excandidato a vicepresidente de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y exsecretario de Asuntos Específicos del expresidente Otto Pérez Molina—, Felipe Alejos, primer vicepresidente del Congreso, y Alfredo Muñoz Ledo-Carrillo, empresario mexicano.

Alejos ha evitado brindar alguna declaración por el señalamiento. “Soy respetuoso del estado de derecho, de las leyes que rigen nuestro país y la Constitución. Pido que se respete el debido proceso y mi presunción de inocencia. Reitero, no litigaré en los medios como sí lo están haciendo el MP y la Cicig,  volviendo mi caso un show político.  Litigaré en los tribunales ejerciendo mi derecho de defensa ya que esto se trata de un antejuicio político y espurio a todas luces” manifestó Alejos.

Contenido relacionado?

> Felipe Alejos: Vamos a salir victoriosos a pesar que nos quieren pisar
>Hermana del prófugo Luis Gómez declara en juzgado
>El caso Transurbano reune al expresidente Álvaro Colom y su exjefe de seguridad

La Sala Cuarta de Apelaciones Penal confirmó que recibió el recurso y que nuevamente el proceso en contra del congresista por el caso Traficantes de influencias se detuvo.

Lea ahora

CSJ benefició a este funcionario del gobierno de Jimmy Morales

El MP y la Cicig presentaron el antejuicio en contra de Alejos el pasado 25 de enero. La CSJ lo aceptó para su trámite el 25 de abril, que fue ratificado el 17 de agosto. No obstante, el diputado se ha resistido a comparecer ante el juez pesquisidor y ha promovido recursos para detener el proceso.

Lea además: MP indagará si Sandra Jovel comete delito al hacer “afirmaciones falsas” sobre investigaciones

En reiteradas ocasiones el congresista ha justificado su resistencia afirmando que el proceso es ilegítimo y espurio. “No voy litigar en los medios de comunicación como lo ha hecho Thelma Aldana -exfiscal General- e Iván Velásquez -director de la Cicig- para buscar una condena mediática a falta de pruebas. Estoy ejerciendo mi derecho de la legítima defensa, consagrado como una garantía constitucional”,  afirmó el diputado cuando el MP ratificó la solicitud de antejuicio.

El MP acusa al diputado, primer vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso, en el caso Traficantes de Influencias, una red que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para agilizar los trámites de expedientes de devolución de crédito fiscal a cambio de comisiones il��citas.

Por si no lo vio: Congreso aprueba expropiaciones para el libramiento de Chimaltenango

Según la investigación, Alejos era uno de los intermediarios de la estructura y su función era captar clientes, es decir, empresas que estuvieran dispuestas a pagar por el trámite irregular de devolución de crédito fiscal.

Contenido relacionado

> Fiscalía reconstruye hechos por supuesta agente infiltrada que grabó a periodistas
> Piden a la CC ampliar resolución sobre ingreso de comisionado de Cicig
> Manuel Baldizón enfrentará cargos de lavado de dinero y conspiración en EE. UU.

El diputado Juan Ramón Lau Quan, presidente de la comisión específica que fiscaliza la compra por parte del Ministerio Público (MP) de un edificio en la zona 5, indicó que citarán a la exfiscal Thelma Aldana para que explique bajo que parámetros se dio la compra de ese inmueble.

Lea también

Pobladores de Totonicapán bloquean ruta Interamericana

La comisión que está integrada por los diputados Estuardo Galdámez, Fernando Linares-Beltranena, Delia Bac Alvarado, Edna Soto Juárez y Juan Ramón Lau Quan, se reunió este martes por primera vez para definir el cronograma de trabajo.
De manera unánime, los integrantes de la Comisión aprobaron el plan de trabajo, el cual está dividido en tres fases: la primera se refiere a la investigación documental, la segunda al trabajo de campo y la última será el análisis y resultados.

A pesar de que este lunes el presidente de la comisión, Juan Ramón Lau Quan anunciara que iban a citar a funcionarios de la Dirección de Catastro y Avalúos de Bienes Inmuebles (Dicabi), ya al momento de la aprobación del cronograma la misma fue excluida.

Lea también: Juicio para extinguir la lujosa casa de Baldetti en Roatán

Dentro del cronograma la comisión definió que el 14 de septiembre se hará una visita de campo al edificio que se ubica en la zona 5, ese mismo día tienen previsto visitar las fiscalías que serán trasladadas a ese lugar.

El presidente de la Comisión, el diputado Juan Ramón Lau Quan, del partido Todos, indicó que también se tiene previsto que el 19 de septiembre se entreviste a los empleados de las fiscalías, y para el 19 de octubre se citará a los funcionarios del MP.

“Es necesario que la población guatemalteca sepa que estamos trabajando unidos, y que este plan de trabajo lo hicimos de manera que podamos realizar todas las actividades. Presentamos todas las acciones que vamos a tomar de acuerdo con este plan de trabajo”, explicó la diputada Soto Juárez, también del partido Todos.

“Nos duele la situación de un edificio donde presuntamente hubo un fraude y se lo venden al Estado en más de lo que vale, no es primera vez que sucede, conocemos de otros casos similares en las que se crearon fuertes suspicacias, como la Torre Marfil del Organismo Judicial” dijo el diputado Linares-Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional (PAN).

Lea también

Finaliza el juicio del caso IGSS Pisa

Algunos diputados consideran que esta situación puede tratarse de un revanchismo, debido a que el diputado Alejos es señalado en un caso corrupción, promovido por la entonces fiscal general Thelma Aldana. Sin embargo, los integrantes de dicha comisión niegan que se trata de una venganza política.

La comisión se estableció por medio del acuerdo 5-2018, que según el Decreto 63-94 del Congreso de la República y la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, el presidente del Congreso está facultado, en caso de “urgencia”, para designar comisiones que atiendan funciones determinadas.

Le puede interesar: Juez suplente envía a juicio a exmagistrado de la CSJ

Los integrantes de la Comisión Especifica eligieron al diputado Lau Quan como el presidente de dicha sala de trabajo.
Andrea Villagrán, integrante del Frente Parlamentario por la Transparencia, ha referido que la fiscalización a los procesos públicos es importante, pero que con esta acción se pretende hacer como una herramienta de revanchismo. 

El diputado Amílcar Pop señaló que si los diputados Alejos o Linares-Beltranena, tienen duda o un indicios de corrupción en la compra del edificio, debieron presentarse al Ministerio Público y ralizar las denuncias.

En el 2017, el MP adquirió por Q35 millones un edificio en la zona 5, con el objetivo de trasladar algunas fiscalías debido a que en el edificio de Gerona se encuentra sobrepoblado.

En ese momento la compra recibió dictámenes técnicos del Ministerio de Finanzas, como el avaluó del inmueble, que fijó el precio del inmueble. 

Contenido relacionado

> CC ordena a Jimmy Morales garantizar protestas 
> “Mito” Barrientos, exalcalde de Xela, es capturado en operativos del MP y Cicig
> Guatemala habría consultado a EE. UU. postura contra Iván Velásquez

El pleno rechazó el último recurso presentado por el congresista, el quinto en su intento por evitar que Valladares Arévalo conozca el caso en el que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) buscan que sea despojado de su inmunidad para ser investigado por la posible comisión de los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo.

Lea ahora

Senador pide a EE. UU. presionar a Jimmy Morales en relación a postura sobre Iván Velásquez

En reiteradas ocasiones el congresista ha justificado su resistencia afirmando que el proceso es ilegítimo y espurio. “No voy litigar en los medios de comunicación como lo ha hecho Thelma Aldana -exfiscal General- e Iván Velásquez -director de la Cicig- para buscar una condena mediática a falta de pruebas. Estoy ejerciendo mi derecho de la legítima defensa, consagrado como una garantía constitucional”,  afirmó el diputado cuando el MP ratificó la solicitud de antejuicio.

Lea además: MP pide cárcel para exministro Mauricio López Bonilla por corrupción

El MP acusa al diputado, primer vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso, en el caso Traficantes de Influencias, una red que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para agilizar los trámites de expedientes de devolución de crédito fiscal a cambio de comisiones ilícitas.

Según la investigación, Alejos era uno de los intermediarios de la estructura y su función era captar clientes, es decir, empresas que estuvieran dispuestas a pagar por el trámite irregular de devolución de crédito fiscal.

Contenido relacionado

> Máquinas de spa de Roxana Baldetti pasan a favor del Estado
> Nineth Montenegro presenta descargos por financiamiento electoral ilícito
> La banda que transportaba miles de dólares cada semana a Colombia

El miércoles último, junto al diputado Estuardo Galdámez, Alejos propuso la comisión investigadora a través de una moción en el Congreso, la cual no obtuvo los 80 votos que necesitaban para aprobarla.

LE PUEDE INTERESAR:

Estas son las lujosas máquinas de belleza que usaba Baldetti en su spa

El acuerdo 5-2018 establece que según el Decreto 63-94 del Congreso de la República y la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, el presidente del Congreso está facultado, en caso de “urgencia”, para designar comisiones que atiendan funciones determinadas.

Lea también | ¿Sabe cuántos viáticos han recibido los diputados que viajaron a Taiwán, entre ellos Álvaro Arzú Escobar?

La comisión creada por Alejos está integrada por los diputados Estuardo Galdámez, Fernando Linares Beltranena, Delia Bac Alvarado, Edna Soto Juárez y Juan Ramón Lau Quan. 

Fernando Linares-Beltranena, diputado del Partido de Avanzada Nacional, confirmó que fue informado que integraría la comisión específica de investigación.

“La comisión es válida porque, como individualmente tenemos la función fiscalizadora del Estado, si nos juntamos dos o tres igual la tenemos, solo que un poco más poderosa”, señaló el parlamentario.

Linares-Beltranena fue consultado cuándo se reunirán todos los miembros para definir quién será el presidente y un cronograma de actividades, pero señaló que por el momento aún no se han puesto de acuerdo.

“Tenga por seguro que la semana entrante nos vamos a reunir, el lunes hay Jefes de Bloques y martes y miércoles pleno, entonces en algún momento nos reuniremos. Además el edificio no se va a ir a ningún lado”, apuntó el congresista.

La portavoz del Ministerio Público, Julia Barrera, sobre la adquisición del edificio informó que la fiscal general, Consuelo Porras tiene conocimiento de la situación y solicitó un diagnóstico de cómo fue que se elaboró esa compra.

Revanchismo

El presidente del Congreso en funciones Felipe Alejos, instaló el mediodía del viernes la comisión específica para que se fiscalice la compra de un edificio en la zona 5 por parte del Ministerio Público, la cual ocurrió durante la administración de Thelma Aldana.
 
Para varios diputados esta situación puede tratarse de un revanchismo, debido a que el diputado es señalado en un caso corrupción, sin embargo, los integrantes de dicha comisión niegan ese extremo.
 
Alejos convocó a una conferencia de prensa donde leyó el acuerdo con el que se dio vida a la comisión y dirigió la elección del presidente de dicha sala.
 
Por unanimidad, los integrantes de la comisión específica eligieron al diputado Juan Ramón Lau como el presidente de dicha sala de trabajo.
 
Andrea Villagrán, integrante del Frente Parlamentario por la Transparencia, señaló que la fiscalización a los procesos públicos es importante, pero “se pretende hacer como un tipo de revanchismo”.
 
“Recordemos que varios de los diputados involucrados están siendo señalados. Felipe Alejos tiene una solicitud de antejuicio. Entonces se puede interpretar y pareciera ser que es más revanchismo político que realmente buscar la fiscalización”, señaló Villagrán.
 
El diputado Amílcar Pop, presidente de la Comisión de Transparencia y Probidad del Congreso, indicó que esta es “una forma simplista, no solo ilegal, sino fuera de lugar” la instalación de la Comisión.
 
“La misma Comisión de Transparencia, a petición del diputado Linares-Beltranena, solicitó una revisión a la Contraloría de Cuentas sobre esa compras, segundo no podemos sustituir el trabajo de la Contraloría ni del Ministerio Público”, señaló Pop.
 
El legislador señaló que si los diputados Alejos o Linares-Beltranena, tienen duda o un indicio de corrupción debieron presentarse al Ministerio Público para presentar denuncias.

Evita declaraciones

El diputado Felipe Alejos, fue abordado al finalizar la instalación de la comisión y se intentó obtener una versión al respecto.
 
“El presidente de la Comisión instalada es el diputado Juan Ramón Lau, y en ese sentido él será el responsable de brindar las declaraciones. No tengo nada más que declarar”, respondió el legislador.

El presidente de la Comisión fue consultado sobre que la instalación de la comisión es una revanchismo en contra de Thelma Aldana.

“Si hablamos de revanchismos quiero contar que trabajé 25 años en el Organismo Judicial y fui compañero de Thelma  Aldana y hemos mantenido una comunicación cordial yo no tendría por qué tener un revanchismo ni ninguno de los miembros de la comisión”, respondió Lau.
 
Estuardo Galdámez, primer secretario de la Junta Directiva y miembro de la Comisión, señaló que “esto no es una acusación sino una fiscalización sobre la compra de un edificio”.
 

Vea además:

Diputado de FCN-Nación pierde la inmunidad

El edificio fue adquirido por el Ministerio Público (MP) por Q35 millones en octubre de 2017. Está ubicado en la zona 5.

En mayo del año pasado, la Contraloría General de Cuentas ordenó una auditoría especial por esa compra.

Contenido relacionado

>¿Hay ilegalidades en la reforma a la Ley de Antejuicios?

> Las iniciativas de ley que causan polémica en el Congreso

Esto provocó que se detenga el proceso debido a que el magistrado Valladares, quien integra la Sala Cuarta de Apelaciones Penal, quien deberá remitir el documento a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Lea además

Juicio por Botín en el Registro puede tardar años

Los magistrados judiciales ya rechazaron tres acciones de Alejos y confirmaron a Valladares para seguir con las pesquisas.
 
Incluso, el MP ratificó el antejuicio el pasado 17 de agosto. El fiscal Andrei González informó ese día que el pesquisidor requirió todos los indicios que sustentan el caso.

Señalado

Alejos fue señalado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el MP por ser el intermediario de una supuesta red criminal que operó en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para “agilizar los trámites de expedientes de devolución de crédito fiscal a cambio de comisiones ilícitas”.
 
Lee también: Sistema de justicia sólo resuelve el 30% de los casos

El legislador fue señalado en enero de 2018 por tráfico de influencias y cohecho activo, y desde esa fecha ha obstaculizado el avance del proceso. Para ello ha esgrimido que el proceso en su contra es político y se han violado sus derechos.

Conte?nido relacionado

> Debido a inasistencia de jueza se aplaza el debate del caso Génesis

> Finalizan las conclusiones en el caso IGSS Pisa Chiquimula

“Me encuentro en Washigton para presentar denuncias por las violaciones a mis derechos humanos”, tuiteó el vicepresidente del Congreso, quien asegura que la exfiscal Thelma Aldana y el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velázquez, han montado casos con testigos falsos para afectar a las personas que no son de su ideología, “que es de extrema izquierda”, según dijo a un noticiero local. 

LE PUEDE INTERESAR:

Estas son las rutas que se verán afectadas por marcha de maestros este miércoles

El vicepresidente del Congreso dijo que Velázquez y Aldana “montaron” un caso en su contra por el hecho de que él es el secretario general del “segundo partido político más grande de Guatemala, el partido Todos, con claras intenciones de poder ganar la presidencia”. 

Lea también: Morales y Alejos pronuncian polémicos discursos durante aniversario de la Constitución

Alejos acusó a Aldana de haber sido “impuesta por el crimen organizado y el Partido Patriota”, por lo que cree que “está cooptado el ente investigador y el sistema de justicia”. 

Reiteró que Iván Velázquez y Aldana buscan “a toda costa” eliminar a sus rivales políticos para que la exfiscal sea la única candidata de un partido de extrema izquierda que comparó con las ideologías de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez, de Venezuela, y de Manuel Zelaya, de Honduras, con quien asegura, “están haciendo una coalición” para propiciar “un fraude electoral”. 

También dijo que, pruebas de que “quieren llegar al poder” es que le están intentando dar “golpe de Estado al presidente democráticamente electo por Guatemala”. 

Me encuentro en Washigton para presentar denuncias por las violaciones a mis derechos humanos. Les comparto una entrevista que realizaron los amigos de Así es mi Gente https://t.co/XcMtczgMoi

— Felipe Alejos (@FelipeAlejos) August 28, 2018

El 17 último, MP ratificó la solicitud de antejuicio contra Alejos, señalado en el caso Traficantes de Influencias, y quien ha planteado seis recusaciones para frenar el proceso.

Alejos fue señalado por la Cicig y el MP por ser el intermediario de una supuesta red criminal que operó en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para “agilizar los trámites de expedientes de devolución de crédito fiscal a cambio de comisiones ilícitas”.

Contenido relacionado

> Audiencia del caso Traficantes de Influencias se detiene por cuarta ocasión

> Caso Traficantes de Influencias | Sindicados quedan ligados a proceso

> Felipe Alejos: Tengo pruebas de que se violaron mis derechos

El fiscal Andrei González celebró la diligencia ante Jorge Valladares, juez pesquisidor y presidente de la Sala Cuarta de Apelaciones Penal.

Lea además

Pandilleros en prisión fueron censados por sus propios líderes

El legislador fue señalado en enero de 2018 por tráfico de influencias y cohecho activo, y desde esa fecha ha obstaculizado el avance del proceso. Para ello ha esgrimido que el proceso en su contra es político y se han violado sus derechos.

En dos oportunidades, el primer vicepresidente del Congreso planteó acciones en contra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que fueron rechazadas.

Lea además: Denuncias por extorsiones se disparan en Xela y Chimaltenango

Además, recusó en cuatro oportunidades al pesquisidor Valladares. La última fue interpuesta esta semana, la cual fue rechazada.

La diligencia de hoy se había suspendido en tres oportunidades por las acciones legales de Alejos.

“Es político”

Alejos dijo: “No voy litigar en los medios de comunicación como lo ha hecho Thelma Aldana -exfiscal General- e Iván Velásquez -director de la Cicig- para buscar una condena mediática a falta de pruebas. Estoy ejerciendo mi derecho de la legítima defensa, consagrado como una garantía constitucional”.

“He ejercitado mi derecho de defensa porque el proceso está viciado, manipulado y politizado. Todo esto se trata de un antejuicio político y espurio interpuesto por la ahora candidata a la presidencia, Thelma Aldana,  quien aún maneja una estructura politizada dentro del MP”, agregó.

Antejuicio

Debido a la inmunidad de parlamentario, el antejuicio de Alejos se conoce en el Organismo Judicial.

Valladares deberá citar a Alejos para que presente sus pruebas de descargo y luego deberá remitir a la CSJ un informe sobre lo actuado y recomendar si hay motivos o no de retirar el fuero.

Por si no lo vio: Blanca Stalling regresa a su casa sin pago de fianza

Los magistrados de la CSJ son los que decidirán si dan o no con lugar la solicitud de antejuicio.

El juez Adrián Rodríguez también enfrenta antejuicio por este caso y su caso lo conoce otro juez pesquisidor.

Contenido relacionado

> Para Felipe Alejos, el caso es político
> La SAT también tiene que ser transparente, opina Juan Carlos Tefel, de la Cámara de la Industria
> Estos son los códigos que usaban para entenderse los traficantes de influencias

“Soy médico y cirujano y antes de graduarme hice un juramento hipocrático, soy pro vida y rechazo los señalamientos”, dijo el legislador.

Recomendamos leer

¿Quiénes son los que se hacen ricos con el arresto de migrantes en EE. UU.?

Orellana dijo que esto lo anima a seguir la fiscalización del préstamo que aprobó el Congreso la semana pasada que hasta por US$250 millones para apoyo presupuestario.

Lea además: Congreso aprueba subsidio para víctimas del Volcán de Fuego

Orellana afirmó que evaluará la necesidad de presentar la interpelación de los ministros que van a ser beneficiados con los fondos para que le expliquen al pueblo cuál es la inversión que harán.

“No creo correcto que se aprovechen del dolor y de la situación de las personas que sufrieron daños en el Volcán de Fuego”, afirmó Orellana.

Disputa

El altercado por el que fue citado el diputado a la Comisión Permanente ocurrió el pasado 19 de junio cuando Orellana intentó detener la aprobación de un préstamo de apoyo presupuestario.

En inicio el conflicto era ente Orellana y el presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, debido a que quería tener la palabra y que se votara por una moción privilegiada que propuso.

Lea también: Oficialismo evita la creación de una comisión para atender a migrantes

Como sus solicitudes fueron ignoradas, Orellana subió al lugar de la junta directiva para reclamar que no le daban la palabra, en ese momento el alegato no pasó a más.

Sin embargo, cuando Arzú llamó a votar por el primer artículo Orellana subió otra vez y los reclamos fueron más airados.

Los reclamos de Orellana llegaron a un punto en que el diputado empujó un pichel de agua y lo derramó frente al primer vicepresidente del Congreso Felipe Alejos, que se interponía entre el diputado de Alianza Ciudadana y el presidente del Congreso.

El diputado @AvMorellana reclama de forma airada al presidente del Congreso @AlvaroArzuE porque no fue discutida una cuestión previa que presentó. pic.twitter.com/r7LCNgFD1c

— Carlos Álvarez (@calvarez_pl) June 19, 2018

Incluso, el diputado Boris España subió al lugar de la Junta Directiva y trató de calmar a Orellana, pero este siguió reclamando al presidente Arzú Escobar por varios minutos más.

Un día después Felipe Alejos colocó una denuncia ante la Presidencia del Congreso para que se sancionará a Orellana e indicó que ese lo insultó y hasta lo amenazó de muerte.

Contenido relacionado

> Rehabilitación de la Ruta Nacional 14 costará Q230 millones
> Ejecutivo planea construir mil casas para víctimas de la erupción
> Poblados alrededor del Volcán de Fuego están aislados por crecida de ríos

Alejos dijo que la Constitución es el mayor logro de “aquella sociedad que vivía en medio de una guerra provocada por aquellos que querían secuestrar al país y volverlo comunista”. 

Lea además

Congreso de EE. UU. propone crear lista de funcionarios sindicados de corrupción en Triángulo Norte de Centroamérica

“Renovamos nuestros votos y declaramos que respetamos y defendemos a la Constitución y que de ser necesario defenderemos su cumplimiento y respeto con nuestra propia vida”, aseguró.

“Nuestra patria sigue teniendo enemigos que están, no solo violando la Constitución, sino sus leyes y los derechos humanos de muchos de guatemaltecos. Aquellos mismos enemigos del país que provocaron una guerra en la que murieron miles de inocentes, continúan hoy buscando aliados y respaldo para seguir desestabilizando y violando nuestras normas con el objetivo de lograr de alguna manera y algún día romper por completo el orden constitucional”, puntualizó, sin referirse a alguien en específico.

“Es vergonzoso escuchar a algunos constituyentes que hoy digan que no hicieron bien la Constitución y que no dudan en rechazar y traicionar lo que ellos mismos construyeron, para sacar ventaja en detrimiento (SIC) de la soberanía del país. El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretenda hacerse superior a las leyes, lo dijo Cicerón, y pior (SIC) aún si se trata de alguien que ni siquiera es ciudadano guatemalteco, y que con sus acciones busque estar por encima de las leyes de nuestro país”, prosiguió.

Lea al respecto: Felipe Alejos se defiende en video de acusaciones del MP y la CIcig 

Otras de las frases de Alejos fueron:

“No existe peor tiranía que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencia de justicia. Hoy los invito a que no permitamos que una minoría continúe violando nuestras leyes, politizando la justicia, con el único objetivo de satisfacer sus intereses personales”, reiteraba.

“Compañeros diputados: Fuimos electos por el pueblo que es el soberano, mandato que debemos proteger impulsando la agenda legislativa, sobre todo la economía. Defendamos nuestro Estado de Derecho, no seamos aliados de los enemigos de la patria con nuestro silencio”, enfatizó.

El discurso del presidente

Luego, el presidente Jimmy Morales recordó el legado de la Asamblea Nacional Constituyente que hace 33 años dio vida a la Constitución.

El mandatario hizo referencia al significado del número 33: “La edad de la culminación del máximo ministerio del Maestro de maestros, pero también es la consecución de dos números tres, el número perfecto que representa la trinidad de Dios, la tricotomía humana y la figura del triángulo”, dijo Morales.

Posterior a ello, Morales hizo referencia al expresidente Jacobo Árbenz: “lo acusaron de todo, salió en calzoncillos de este país”, posteriormente habló de Castillo Armas “lo acusaron, pero él no pudo salir, a él lo mataron en el corredor de Casa Presidencial (…) nos hace falta transmitir nuestra historia de generación en generación, para que las cosas se sepan”, afirmó.

Morales dijo que debemos hacer cumplir la Constitución y defender “valientemente” el sistema Jurídico para ser “un país soberano, libre e independiente”, el cual describió como el reto de la generación.

Contenido relacionado:

> Felipe Alejos: Vamos a salir victoriosos a pesar que nos quieren pisar
> Felipe Alejos recusa a magistrados por caso Traficantes de Influencias
> Fiscal general no descarta antejuicio contra el presidente Jimmy Morales

El diputado Felipe Alejos presentó en Gestión Penal de la Torre de Tribunales dos querellas en contra de tres personas.

Lea también:

Por este caso está señalado el vicepresidente del Congreso

Además, denunció a Rodrigo Presa, quien declaró  contra el diputado, y a quien Alejos señaló de los delitos de perjurio y obstrucción a la verdad.

Se le consultó a la Feci sobre las denuncias presentadas y respondieron que no podían emitir ninguna opinión en este momento y que de igual manera los señalados tienen derecho a presentar sus pruebas de descargo.

“No me voy a pronunciar al respecto”, expresó Andrei González.

Alejos señala a los integrantes de la Feci de investigarlo desde mayo del 2016, cuando él tiene antejuicio.
Vía @mhernandez_pl
Foto: Estuardo Paredes
Vía @mhernandez_pl pic.twitter.com/eyton8Grf5

— Prensa Libre (@prensa_libre) May 16, 2018

Alejos está sindicado en el caso de Traficantes de Influencias y consideró que se están “construyendo pruebas y testigos falsos con fines políticos y espurios”.

“A este señor (Presa) lo hicieron declarar en el 2016, en el 2017 y en el 2018. Su declaración de 2018 la dio apenas horas antes de que nosotros eligiéramos a la junta directiva, y a los pocos días, presentan mi antejuicio”, señaló el legislador luego de presentar la denuncia.

Alejos calificó las acciones en su contra como extorsión, chantaje y fabricación de testigos falsos. “La fiscal general violó la presunción de inocencia e indicó que tenía conocimiento de qué estaba siendo investigado en este caso con anterioridad”, afirmó el diputado.

Contenido relacionado:

> Felipe Alejos aseguró que saldrá victorioso
> ¿A cuántos magistrados recusó Alejos por caso Traficantes de Influencias?
> El video de Alejos donde se defiende de señalamientos 

El pleno de magistrados también nombró juez pesquisidor a Jorge Antonio Valladares Arévalo, vocal primero de la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal.

LE PUEDE INTERESAR:

Esto es lo que recibió el partido FCN-Nación de Jimmy Morales de financiamiento ilícito, según testigo

Según la investigación, Felipe Alejos era uno de los intermediarios de la estructura de Traficantes de Influencias y su función era captar clientes, es decir, empresas que estuvieran dispuestas a pagar por el trámite irregular de devolución de crédito fiscal.

De acuerdo con el MP y la Cicig, al menos Q19 millones fueron pagados por casi una veitena de empresas en concepto de comisiones a Giovanni Marroquín Navas y a sus tres presuntos intermediarios, Mario Leal Castillo —excandidato a vicepresidente de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y exsecretario de Asuntos Específicos del expresidente Otto Pérez Molina—, Felipe Alejos, primer vicepresidente del Congreso, y Alfredo Muñoz Ledo-Carrillo, empresario mexicano.

Lea también: Caso Traficantes de Influencias | MP presenta escuchas telefónicas

Al respecto, el parlamentario dijo: “No hemos sido notificados, sin embargo, es un trámite que siguen todos los antejuicios presentados”.

“Soy respetuoso del estado de derecho, de las leyes que rigen nuestro país y la Constitución. Pido que se respete el debido proceso y mi presunción de inocencia. Reitero, no litigaré en los medios como sí lo están haciendo el MP y la Cicig,  volviendo mi caso un show político.  Litigaré en los tribunales ejerciendo mi derecho de defensa ya que esto se trata de un antejuicio político y espurio a todas luces” manifestó Alejos.

Traficantes de influencias

El pesquisa tiene origen en los casos La Línea, la red de defraudación aduanera revelada en 2015, e Impunidad y Defraudación en la SAT, relacionado con comisiones ilícitas pagadas en esa institución tributaria.

Por este caso se capturó a Giovanni Marroquín Navas, en un dispositivo electrónico y una agenda, estaban almacenados datos que revelaron “una estructura de mayores dimensiones y que tenía personas externas”, afirmó en su momento la fiscal general, Thelma Aldana.

Además: Felipe Alejos se defiende en video y dice que su antejuicio es político

El cobro a los interesados en la gestión variaba según el tiempo que demorara el trámite. Como no era posible agilizarlo en todos los casos, interponían amparos para obligar a la SAT a nombrar un auditor, lo que se convirtió en  táctica ocasional. 

Contenido relacionado

> SAT señala a 150 empresas de cartón que habrían defraudado al Estado

> Felipe Alejos: Vamos a salir victoriosos a pesar que nos quieren pisar

También solicitó que las magistradas Delia Dávila y María Eugenia Morales se excusen de conocer su expediente porque los hijos de ambas tienen una relación de amistad.

Lea además

¿Cómo Mario Leal ganó Q3 millones en comisiones ilícitas?

Alejos presentó varios recursos en el Juzgado Tercero, donde el juez Mynor Moto dio trámite a dichos expedientes, atrasando el proceso para que lleguen a la Corte Suprema de Justicia, cuerpo colegiado que debe conocer y resolver si tramita el antejuicio.

Lea también: Qué eran las cargas y las pulgadas entre los traficantes de influencias

El parlamentario es señalado de haber tramitado  crédito fiscal a empresas de manera fraudulenta.

En detalle, según la investigación de la Fiscalía y Cicig, Alejos era uno de los intermediarios de la estructura y su función era captar empresas que aceptaran pagar por el trámite irregular de devolución de crédito fiscal ante la SAT. Latex y Zeta Gas fueron algunas de ellas.

“El señor Alejos ofrecía a diversos empresarios exportadores un portafolio de servicios de gestión ante la SAT para agilizar sus solicitudes de crédito fiscal”, detalló la fiscal General, Thelma Aldana, el 25 de enero, cuando se reveló el caso Traficantes de influencias.

Recordamos: El saludo entre Giovanni Marroquín y “Filipao”

El diputado ha dicho en anteriores ocasiones que no expondrá públicamente sus criterios de defensa; sin embargo, ha solicitado al Ministerio Público que respete su presunción de inocencia.

“Nada de lo que me señalan es real”, dijo en un mensaje divulgado por la televisión nacional el 28 de enero.

Hay 19 personas ligadas a proceso. El caso se desprende de la documentación que las autoridades encontraron cuando investigaban a la Línea.

Contenidos relacionados

> Empresarios reaccionan: La SAT también tiene que ser transparente
> Cómo se relacionan el Rey del Tenis y el magistrado Giovanni Orellana Donis

Según la acusación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), integrantes de la estructura descubierta en enero último agilizó de forma irregular al menos 30 expedientes administrativos de devolución de crédito fiscal.

Lea más

¿Cumplirá esta petición de los países donantes el Gobierno de Guatemala?

Ligados a proceso

1. Jorge Mario Morán Sosa: asociación ilícita, cohecho activo.
2. Jorge Dagoberto Arriola Lucero: asociación ilícita y cohecho activo.
3. Pablo Gerardo Muñoz Morales: cohecho activo, asociación ilícita y lavado de dinero.
4. Marlon Estuardo Marroquín Silva: asociación ilícita, cohecho activo y lavado de dinero.
5. María Lorena Silva Rosales: lavado de dinero.
6. Inngmar Walterio Iten Rodríguez: cohecho activo
7. Luis Fernando Leal Toledo: cohecho activo
8. Jorge Estuardo Moreno de León: cohecho activo
9. Rudy Baldemar Villeda Vanegas: enriquecimiento ilícito.
10. Geovanny Marroquín Navas: asociación ilícita, cohecho activo, tráfico de influencias.
11. Álvaro Omar Franco Chacón: asociación ilícita y cohecho pasivo.
12. Alfredo Muñoz Ledo Carrillo: asociación ilícita y cohecho activo
13. Carlos Enrique Muñoz Roldán: asociación ilícita y cohecho pasivo. 
14. Chistian René Álvarez Vega: asociación ilícita y lavado de dinero.
15. Jorge Luis Monterroso Toledo: cohecho activo
16. Álvaro Orlando Soria Ortiz: asociación ilícita y cohecho activo.
17. Mario Roberto Leal Pivaral: cohecho activo.
18. Alfonso Romeo Castillo Castro: asociación ilícita y cohecho pasivo.
19. Ariel de Jesús Guerra Castillo: asociación ilícita y cohecho pasivo.

Investigación

El caso tiene origen en La Línea, la red de defraudación aduanera revelada en 2015, y en Impunidad y Defraudación en la SAT, relacionado con comisiones ilícitas pagadas en esa institución tributaria.

• Lea más: Antejuicio contra Felipe Alejos es frenado por juez

En esa ocasión se capturó a Marroquín Navas y se incautaron sus pertenencias, entre ellas un dispositivo electrónico y una agenda, en la que estaban almacenados datos que revelaron “una estructura de mayores dimensiones y que tenía personas externas”, afirmó la fiscal general, Thelma Aldana.

• Lea más: Así se defiende Felipe Alejos del antejuicio

Filipao

Una escucha telefónica presentada por el MP revela una conversación entre Marroquín Navas y una persona a quien identifica como Filipao. El 25 de enero último, cuando Thelma Aldana, jefa del MP, e Iván Velásquez, director de la Cicig, presentaron la forma en que operaba la red, se mencionó que el diputado Felipe Alejos era conocido en la estructura como Filipao.

Contenido relacionado

>¿Cuál era el papel de Mario Leal Castillo en la red de Traficantes de Influencias?

>¿Cuál es la relación entre el Rey del Tenis y el magistrado Orellana Donis?

>Escuchas telefónicas revelan funcionamiento de la red de Traficantes de Influencias

El juez Mynor Moto, titular del Juzgado Tercero de Instancia Penal rechazó este lunes el recurso interpuesto por Alejos que argumentaba que la solicitud del Ministerio Público incurría en actividad procesal defectuosa.

El retiro de inmunidad de Alejos fue solicitado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión  Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), por su presunta vinculación al caso Traficantes de Influencias.

El juez expresó que no conoció la acción legal ya que no está facultado para analizar  incidencias relacionadas al antejuicio, y únicamente dio cumplimento al derecho de petición el sindicado.

Alejos en la acción que presentó, señalaba que supuestamente existen errores en el planteamiento del MP y la Cicig.

En tanto el juzgado confirmó que esta tarde se podría enviar a la CSJ el expediente de antejuicio del legislador.
Escuche: ¿Es la voz del diputado? El MP presentó escuchas telefónicas que dan más detalles de la estructura

Mientras avanza el antejuicio de Alejos, el juez Décimo de Instancia  Penal,  Walter  Villatoro continúa  con la audiencia de primera declaración con los demás implicados en el caso. 

Según el MP la red que integró Alejos funcionaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y se benefició con el cobro de comisiones ilícitas que sumaron más de Q19 millones para agilizar a empresas la tramitación de expedientes de devolución de crédito fiscal.

En dicha estructura supuestamente participaron varios exjefes del ente recaudador, en complicidad con funcionarios y particulares.

El legislador Alejos asegura que interpuso el recurso para detener el antejuicio en su contra por “su derecho a legítima defensa”, y se limitó a decir que no litigará en los medios de comunicación, negándose a dar más comentarios sobre el tema.

¿Es la voz del diputado?

Estas fueron las escuchas presentadas en el caso Traficantes de Influencias

Los argumentos del recurso son por supuestos errores en el planteamiento de la solicitud, errores formales y también discute cuestiones de fondo, detalló Sandoval.

“No corresponde ni siquiera correr audiencia con respecto de ello, ya que una ley específica regula lo relativo al trámite de la secuencia, sin embargo, le está dando trámite -Moto- a un remedio procesal del proceso penal”, explicó Sandoval.

A criterio de la Feci, el juez Mynor Moto debió inhibirse de conocer el recurso planteado por Alejos porque debía trasladarlo a la Corte Suprema de Justicia.

“Nos llama mucho la atención de que el juzgador le haya dado trámite a la actividad procesal defectuosa pues lo que procedía es que él se inhibiera de conocer, porque el artículo 16 de la Ley en materia de Antejuicios regula que el juez debe inhibir de conocer y elevar el expediente a la Corte Suprema de Justicia”, dijo Sandoval.

• Lea además: El juez consideró esto sobre el diputado Julio Juárez por la muerte de dos periodistas

El artículo 16 de la Ley en materia de Antejuicio Establece que:

• Cuando un juez competente tenga conocimiento de una denuncia o querella presentada contra un dignatario o funcionario que goce del derecho de antejuicio, según lo estipulado por la ley, se inhibirá de continuar instruyendo y en un plazo no mayor de tres días hábiles, elevará el expediente a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia para que ésta, dentro de los tres días hábiles siguientes a su recepción, lo traslade al órgano que deba conocer el mismo, salvo que ella misma le corresponda conocer. El juez no podrá emitir en la nota de remesa juicios de valor, ni tipificar el delito.

Consultado por Prensa Libre, Moto se limitó a decir que, no es que no se haya inhibido para conocer el caso, como plantea el MP, sino que la otra parte presentó el recurso y ahora le corresponde revisar y de confirmarse la actividad procesal defectuosa, devolverá el expediente al MP para que lo corrija, de lo contrario lo mandará a la Cámara de Amparos.

Agregó que el expediente no lo ve de fondo, sino de forma, de donde viene el planteamiento de Alejos.

En caso contrario, el expediente del juez Adrián Rodríguez, sindicado en el mismo caso, ya se elevó a la Cámara de Amparos de la Corte Suprema de Justicia, se elevó rápido porque el juzgador no presentó ninguna acción, aseguró Moto.

Señalamientos a juez

En agosto del año pasado, Moto fue acusado de beneficiar a nueve de los sindicados en el caso Bufete de la Impunidad, entre ellos la juez Martha Sierra de Stalling y su hijo Roberto Stalling Sierra, quienes eran sospechosos de haber pedido beneficios a los cabecillas de la estructura de defraudación aduanera La Línea.

En esa ocasión Moto justificó la decisión al considerar que no existían indicios que relacionen los cargos que el Ministerio Público (MP) hacía en contra de los procesados con los hechos que fueron descritos en la acusación que se planteó, por lo cual consideró que no era posible que los sindicados afrontaran un debate ante un tribunal de sentencia.

Moto ordenó al órgano investigador que se archivaran los cargos por asociación ilícita en contra de los nueve procesados, entre quienes se incluye la jueza Marta Sierra de Stalling.

Además, se mandó al MP profundizar en las investigaciones por cargos de cohecho pasivo, cohecho activo (recibir y dar soborno, respectivamente), y tráfico de influencia.

El 28 de noviembre de ese mismo año, el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), presentaron una solicitud de antejuicio en contra de Moto por los delitos de prevaricato y retardo de la justicia.

En esa ocasión Sandoval dijo que la acción correspondía a lo actuado por el juzgador en el caso Bufete de la Impunidad.

El 8 de diciembre del año pasado la CSJ rechazó la solicitud de antejuicio y trasladaron el caso al Consejo de la Carrera Judicial para que realizase una investigación administrativa.

En el caso Chinautla, el juez también causó polémica cuando benefició al exalcalde de Chinautla Arnoldo Medrano, quitándole cinco delitos, le otorgó una medida sustitutiva y a pagar una fianza de Q75 mil.

Supervisión lo beneficia

El jueves de la semana pasada, la Supervisión de Tribunales entregó el informe al Consejo de la Carrera Judicial sobre los resultados de la evaluación al juez Moto y aseguró que no le encontraron faltas administrativas.

“No hay anomalías en la tramitación del expediente (Bufete de la Impunidad). La suspensión de las audiencias es ajena debido a constantes inasistencias y excusas”, decía el informe. 

Ahora le corresponderá al nuevo Consejo determinar qué pasará con Moto y las acusaciones que le hace el MP y la Cicig.

La audiencia inició con las ocho personas capturadas y nueve citadas, quienes son señaladas por la Fiscalía.

Lea además

Estas son las preocupaciones sobre la Cicig expuestas por la canciller en la ONU

La Fiscalía reprodujo varias escuchas telefónicas, como parte de los indicios contra los detenidos.

Una de las escuchas telefónicas era una conversación entre el prófugo Mario Leal, ex vicepresidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con Giovanni Marroquín Navas, procesado por el caso La Línea e implicado en el presente caso. Escúchela a continuación.

El @MPguatemala reproduce varias escuchas telefónicas en el caso traficantes de influencias. En está escucha aparecen Mario Leal ex vicepresidenciable de la @partidoune en 2015 con Giovanni Marroquín. pic.twitter.com/SoH1f50BI5

— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) 5 de febrero de 2018

• Lea además: Estas fueron las causas por las que piden quitarle la inmunidad al diputado Felipe Alejos

“¿Qué pasó Filipao?”

Otra escucha fue una conversación entre Marroquín Navas y una persona a quien identifica como Filipao. El 25 de enero último, cuando Thelma Aldana, jefa del MP, e Iván Velásquez, director de Cicig, presentaron la forma en que operaba la red, se mencionó que el diputado Felipe Alejos era conocido en la estructura como Filipao.

Alejos expuso hoy al respecto: “El expediente está en reserva. Pedimos que se respete el debido proceso y la presunción de inocencia. No voy a mediatizar el caso como lo están haciendo la Cicig y el MP a falta de pruebas, ya que no se cometieron ilícitos, y se está violando mi derecho de antejuicio. El MP y el juez deben velar por proteger toda información confidencial o reservada. De lo contrario se está incurriendo en delitos”.

El caso

El MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentaron el 25 de enero los resultados de una investigación sobre nueve empresas que pretendían cobrar la devolución de crédito fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Las empresas habrían accedido a la “eficiente” pero ilícita forma de negociaciones de Giovanni Marroquín Navas —capturado en 2015 por el caso La Línea—, que consistía en el pago de sobornos a funcionarios de esa institución para acelerar el proceso.

De acuerdo con la investigación, la estructura recibió Q19 millones en pago de comisiones. Los intermediarios de la red fueron Marroquín Navas (detenido), Mario Leal Castillo (prófugo), Felipe Alejos (con solicitud de antejuicio) y Alfredo Muñoz Ledo-Carrillo (prófugo).

El atractivo para las empresas fue que los captadores de clientes ofrecían abreviar el plazo para la devolución del crédito, lo que era posible porque Marroquín Navas activaba sus contactos a nivel superior y facilitaba los trámites.

Entre el 2011 y 2014 fueron negociados unos 30 expedientes, según lo revelado por el MP y la Cicig.

“Mañana es un día importante, en nombre de Dios vamos a salir victoriosos a pesar que nos quieren pisar y hacer todo lo que nos quieren hacer”, dice el parlamentario.

Lea además

Ella es Alejandra Carrillo, la diputada por la que suspendieron a la Junta Directiva del Congreso

“Ahorita terminanos de contar los votos, todavía sumamos un parito más. No voy a decir el número por esta vía -el audio-, pero estamos a toda madre, vamos pa´delante”, agrega el diputado.

El mismo legislador confirmó en su cuenta de Twitter que el audio es suyo. “El audio no era para el público, se filtró. Pero expresa lo que pienso”, dijo.

• Lea además: Fernando Linares Beltranena compara a los migrantes con los diputados tránsfugas

Este es el audio:

• Interactivo: Los beneficios que los diputados buscarían con sus reformas a la Ley Electoral

Minutos después, Alejos emitió el siguiente comunicado:

• Lea además: “Accidente biológico de mujer” y “banderita arcoíris”; las polémicas frases de diputados

Antejuicio

En la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se tramita una solicitud de antejuicio contra Alejos presentada por el MP y la Cicig por su presunta participación en la red de corrupción denominada Traficantes de influencias.

Lea también

Estos son los señalamientos contra Felipe Alejos en el caso Traficantes de influencias

Batalla por la directiva

Este jueves se llevará a cabo la sesión plenaria en la que se elegirá a la nueva junta directiva del Congreso por orden de la Corte de Constitucionalidad (CC), que este miércoles rechazó dos acciones legales que buscaban revocar su resolución.

La batalla por dirigir el Legislativo será entre la alianza oficialista y una planilla alternativa acordada entre nueve bancadas de oposición, cuyo candidato a presidente es Luis Fernando Montenegro, de Encuentro por Guatemala.

En la grabación de 2.20 minutos, el diputado comienza diciendo que el país atraviesa una situación grave, y continúa su argumento con que la fiscal Thelma Aldana y el comisionado Iván Velásquez, lo acusaron en un caso que está en investigación.

Entérese

Así se comunicaban los traficantes de influencias de la SAT

Alejos se defendió diciendo que se trata de un caso político la solicitud de antejuicio presentada el jueves último. “No he cometido ningún delito y nada de lo que me señalan es real”, enfatizó.

El @MPguatemala y @CICIGgt solicitaron antejuicio contra @FelipeAlejos y hoy, a través de un video el diputado dice que se trata de una persecución política. pic.twitter.com/dvwclUK9bc

— Alex Rojas (@alexr_pl) 29 de enero de 2018

Alejos explicó que la actual Junta Directiva, que él integra, fue criticada por Aldana, lo que demuestra, según él, un actuar político de la fiscal.
Lea además | Antejuicios contra juez Adrián Rodríguez y diputado Felipe Alejos por caso Traficantes de Influencias
De acuerdo con el MP, Alejos, Mario Leal- excandidato vicepresidencial del partido Unidad Nacional de la Esperanza- y Alfredo Muñoz Ledo-Carrillo -empresario mexicano-, eran los intermediarios de Geovanni Marroquín Navas -extrabajador de la SAT-, quien se encargaba de mover sus influencias dentro de la Superintendencia.

“Estoy firme en contra de la corrupción”, afirmó Alejos, quien arremetió contra Aldana al señalar que ella ha mostrado en público su intención de postularse como presidenta de Guatemala, “Quien para lograrlo haga comentarios sin fundamento”, dijo.

La Fiscalía señala a Rodríguez de los delitos de denegación de justicia y prevaricato y al parlamentario Alejos, por tráfico de influencias y cohecho activo.

Fotos

Esta es la lujosa casa de playa que Otto Pérez Molina podría perder<br />

El MP involucra a los funcionarios en el caso Traficantes de Influencias, una red que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para agilizar los trámites de expedientes de devolución de crédito fiscal a cambio de comisiones ilícitas.

Según la investigación, Alejos era uno de los intermediarios de la estructura y su función era captar clientes, es decir, empresas que estuvieran dispuestas a pagar por el trámite irregular de devolución de crédito fiscal.

“El señor Alejos ofrecía a diversos empresarios exportadores un portafolio de servicios de gestión ante la SAT para agilizar sus solicitudes de crédito fiscal”, detalló la fiscal General, Thelma Aldana.

La Cicig y el MP sostienen que el diputado fue el intermediario para agilizar el trámite a favor del Ingenio Palo Gordo, pero este proceso se frustró con la desarticulación de la red La Línea.

“Él (Alejos) me comentó que me podía apoyar con eso y que se hacía a través de un amparo, que le diera copia de los expedientes y que él los iba a tramitar. Yo lo puse en un sobre, los dejé en recepción y lo llegaron a traer”, dice el testimonio de Rodrigo Presa Riera, exdirectivo del Ingenio Palo Gordo.

La fiscal Aldana dijo que las otras dos empresas a la que Alejos ofreció los servicios de la estructura fueron Zeta Gas y Látex.

>> Lea también: Excandidato de la UNE, Mario Leal Castillo, integraba red Traficantes de Influencias

Iván Velásquez, director de la Cicig, explicó que la red utilizaba la presentación de amparos ante un juez como una modalidad paralela para agilizar el trámite. El objetivo era que un juzgado ordenara a la SAT designar auditores y de esa manera procurar la devolución del crédito fiscal en menor tiempo.

De acuerdo con la investigación, el juez Rodríguez emitió una resolución anómala para excluir de la persecución penal a la empresa Aceros de Guatemala S.A. Una sala dejó sin efecto la decisión del juzgador.

“El oficial Ernesto Caal Caal fuel vínculo entre el juez Adrían Rodríguez y la organización criminal en el caso Aceros de Guatemala”, dijo la fiscal Aldana.

Por el caso Traficantes de Influencias fueron capturadas ocho personas este jueves, entre ellas el exjefe de la SAT, Rudy Villeda. Además, hay once prófugos de la justicia.

Vea nuestra transmisión de la conferencia de prensa :

Morataya, había sido proclamada en la asamblea como aspirante a una curul en el Congreso de la República por el listado nacional en la tercera casilla de la organización política, en un segundo puesto figura el expresidente Portillo.

En la red social la exprimera dama escribió, “En mi vida siempre me he esmerado por hacer lo correcto. Y no pienso sugerir o fomentar la noción de nepotismo con mi participación política”.

“Tomé la decisión correcta. Quería tener una participación que reflejara mis ideales y no dar una idea equívoca”, escribió minutos después.

El secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de TODOS, Felipe Alejos, confirmó la renuncia a la candidatura por Morataya, “ayer nos presentó una carta en la que nos hizo saber que por razones personales declinó su participación en las elecciones aspirando a una diputación”, dijo  el político.