Caso Cooptación del Estado: suspenden audiencia de etapa intermedia de Roxana Baldetti

La exvicepresidenta Roxana Baldetti es sindicada de lavado de dinero y cohecho pasivo en el caso Cooptación del Estado.
 

Óscar García y Elmer Vargas

12 de enero de 2026

|

11:45h

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La exvicepresidenta Roxana Baldetti ha sido investigada en varios casos de corrupción. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

José Morales, abogado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, confirmó la suspensión de la audiencia de etapa intermedia por el caso Cooptación del Estado.

Morales no indicó la razón de la suspensión de la audiencia, que estaba programada para este lunes 12 de enero, e informó que se reprogramó para marzo, sin especificar la fecha.

De acuerdo con la agenda del Juzgado de Mayor Riesgo B, para el 15 de enero está programada una audiencia de aceptación de cargos; sin embargo, se desconoce quién de los sindicados asistirá.

Baldetti está sindicada de lavado de dinero y cohecho pasivo en el caso Cooptación del Estado.

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En junio del 2016, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala reveló el caso Cooptación del Estado. Según la investigación, durante el gobierno del Partido Patriota, a cargo de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, se habría generado una red de corrupción a gran escala que se benefició por varias vías.

El informe presentado entonces sugirió que los exmandatarios habrían recibido beneficios como pago de servicios públicos, arrendamientos, gastos de tarjetas de crédito, compra de pasajes, ropa, joyas, enseres, electrodomésticos, muebles para residencias y oficinas, e incluso la compra de aeronaves, vehículos, casas, fincas, bodegas, oficinas y villas.

No es la primera vez que se suspende la audiencia de Roxana Baldetti en este caso. El 7 de febrero del 2025 fue suspendida la audiencia de etapa intermedia en el Juzgado de Mayor Riesgo B.

Para leer más: Juez autoriza salida de Roxana Baldetti para cirugía de columna en hospital privado

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Juez cierra proceso a favor de Julio César Aldana, implicado en caso Cooptación del Estado

El juez Eduardo Orozco cerró el proceso penal contra Julio César Aldana Franco por el caso Cooptación del Estado, al concluir que no se acreditaron los delitos imputados.

Elmer Vargas y César Pérez Marroquín

14 de julio de 2025

|

15:46h

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Julio César Aldana, señalado en el caso Cooptación del Estado, asiste a audiencia en el Juzgado de Mayor Riesgo B. (Foto Prensa Libre: Daniel Samayoa)

Julio César Aldana Franco fue beneficiado con el cierre del caso a su favor. Era señalado por tres delitos dentro del expediente conocido como Cooptación del Estado. En el 2016 fue ligado a proceso por el juez Miguel Ángel Gálvez.

Este día, el juez Eduardo Orozco, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo B, indicó en su resolución que los medios de prueba presentados por el Ministerio Público no lograron determinar la comisión de delitos y que no coincidían con la acusación formulada.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), a cargo del caso, buscaba que Aldana Franco enfrentara juicio por asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y cohecho activo.

Durante la sindicación, la fiscalía detalló la imputación con la que pretendía que Aldana Franco enfrentara debate por los tres delitos.

“Usted, Julio César Aldana Franco, el Ministerio Público lo acusa en virtud de que participó en las actividades de un grupo criminal liderado por Ingrid Roxana Baldetti Elías, Otto Fernando Pérez Molina y Juan Carlos Monzón Rojas”, afirmó el agente fiscal.

“Los líderes de la agrupación criminal ganaron la elección presidencial a finales del 2011 y, una vez en el poder, respondieron a compromisos adquiridos con los financistas de la campaña electoral, cuyo dinero se había ocultado pagando a los bancos los contratos que se tenían, formulando nuevos o bien ambas modalidades.”

El juez Orozco, durante la argumentación de su resolución, señaló que no se logró establecer que Aldana Franco formara parte de una estructura criminal. Además, mencionó inconsistencias en los hechos y precisó que no se acreditó que hubiera entregado dinero, producto de supuestos sobornos, a la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Según las pesquisas del Ministerio Público, Aldana Franco tuvo un papel importante en la estructura para dar apariencia legal a fondos ilícitos.

“Entre el 2011 y el 2015, siguiendo instrucciones de la señora Ingrid Roxana Baldetti, personalmente o a través de Juan Carlos Monzón, realizó transacciones financieras y administró recursos por lo menos por Q59 millones, a sabiendas de que correspondían a comisiones ilícitas que entregaban contratistas del Estado a la organización criminal a la que pertenecía.”

Otto Pérez Molina recibe nueva condena tras impago de reparación digna en caso Cooptación del Estado

El exmandatario Otto Pérez Molina es condenado a nueve años de prisión conmutables y una multa de Q500 mil en el caso Cooptación del Estado.

Óscar García y Elmer Vargas

24 de junio de 2025

|

12:42h

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El expresidente Otto Pérez Molina escucha la sentencia en el caso Cooptación del Estado tras no haber pagado la reparación digna en el proceso de aceptación de cargos. (Foto Prensa Libre: Emilio Chang)

El expresidente de la República, Otto Pérez Molina, fue condenado este martes 24 de junio en audiencia del Juzgado de Mayor Riesgo B a nueve años de prisión conmutables, a razón de Q25 diarios.

Según lo resuelto por el juez Eduardo Orozco, la condena se compone de cuatro años por fraude y cinco años por cohecho pasivo, en el marco del caso Cooptación del Estado. Además, el juzgador le impuso una multa de Q500 mil.

La nueva sentencia fue dictada debido al impago de Q4 millones por reparación digna, tras haber aceptado los cargos en septiembre de 2023. De esa suma, Q2 millones correspondían a la Procuraduría General de la Nación (PGN) y los otros Q2 millones a la Empresa Portuaria Quetzal.

El juez revocó parcialmente los beneficios otorgados a Otto Pérez Molina durante el procedimiento de aceptación de cargos, específicamente en lo relativo a la rebaja de la pena por los delitos de fraude y cohecho pasivo, en concurso real.

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Lo resuelto ahora dispone que Pérez Molina cumpla la pena de cuatro años conmutables por fraude, a razón de Q25 diarios, y cinco años conmutables por cohecho pasivo, también a razón de Q25 diarios, además de pagar una multa de Q500 mil.

Asimismo, se le inhabilita para ejercer cargos públicos durante el tiempo que dure la condena por cohecho pasivo. En cuanto al delito de lavado de dinero u otros activos, el juez confirmó el pago de reparación digna.

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Los agraviados, en este caso la PGN y la Portuaria, podrán reclamar la reparación digna por la vía civil.

Tras la sentencia, Otto Pérez Molina declaró a la prensa que el Ministerio Público solicitó la revocatoria parcial de beneficios, dado que él no pudo efectuar el pago correspondiente.

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“Todo está embargado”

Respecto del impago, manifestó: “todo está embargado, hasta mi propio sueldo está embargado por casi 10 años, en una cuenta donde solamente está el sueldo que yo recibía como presidente de la República”.

Agregó que por ese motivo solicitaron un año de plazo para pagar, pero no logró restablecer sus cuentas embargadas y, por ello, no pudo cumplir con el pago de la reparación digna en dos de los delitos.

Indicó que, según lo resuelto, seguirá bajo medida sustitutiva y se ordenó trasladar el expediente a un juzgado de ejecución para determinar las condiciones del pago de las multas y las conmutas.

Afirmó que hará el “esfuerzo” para conseguir los recursos y saldar las conmutas y la multa. “Ya me revocaron los beneficios, ese es el castigo que estoy recibiendo por no haber pagado”, expresó sobre el pago pendiente de la reparación digna.

Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, asistió a la audiencia y señaló a la prensa que el procedimiento de aceptación de cargos presenta algunas lagunas y que, en su momento, no fue analizado adecuadamente por los legisladores.

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Caso Cooptación del Estado

La extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) señaló en 2015 al expresidente de liderar una estructura criminal que recibió Q500 millones (unos US$63 millones) en comisiones ilícitas derivadas de la adjudicación de contratos en diversas instituciones estatales.

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MP pide que se revoquen beneficios a Otto Pérez Molina por impago de reparación digna

Un juez programó para el 24 de junio la audiencia para conocer la solicitud del MP sobre las medidas a tomar por al impago de la reparación digna del expresidente Pérez Molina en el caso Cooptación del Estado.

Pavel Arellano y Elmer Vargas

20 de junio de 2025

|

11:05h

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Otto Pérez Molina, expresidente de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El juez Eduardo Orozco, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo B, programó para el martes 24 de junio la audiencia para conocer la solicitud del Ministerio Público sobre las medidas a tomar respecto al impago de la reparación digna a pagar por el caso Cooptación del Estado. Los detalles de la solicitud se desconocen.

El expresidente Otto Pérez Molina fue condenado al aceptar cargos en el caso y, en concepto de reparación digna debía realizar el pago a la Procuraduría General de la Nación y a la Empresa Portuaria.

Pérez Molina solicitó una ampliación del plazo del pago a la judicatura de mayor riesgo y se le otorgó hasta el 31 de mayo para realizar dicho pago.

El abogado César Calderón confirmó que no se pudo realizar el pago en la fecha indicada debido a que las cuentas bancarias del exmandatario fueron embargadas.

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“Entonces, sin recursos no se puede cumplir con la obligación de la sentencia”, indicó Calderón el pasado 11 de junio cuando confirmó que el expresidente no efectuó el pago.

Cuando le preguntaron si Pérez Molina podría regresar a prisión, el abogado respondió: “No creo que vuelva a prisión; lo que habría que aplicar, en todo caso, sería el cumplimiento de las condenas por las que corresponde, excepto la de lavado de dinero”.

Caso Cooptación del Estado: MP presenta solicitud de revocatoria de beneficios otorgados a Otto Pérez Molina por impago de Q4 millones en concepto de reparación digna. Juez programa audiencia para el martes 24 de junio.@Guatevision_tv @prensa_libre

D. Samayoa pic.twitter.com/OHHsNAiCVB

— Elmer Vargas (@evargas_gtv) June 20, 2025

Por el impago de la reparación digna, Otto Pérez Molina podría regresar a prisión. Sin embargo, eso depende del requerimiento de la revocatoria de los beneficios que haga el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad.

El martes 24 de junio se desarrollará audiencia para conocer la solicitud de revocatoria de beneficios otorgados a Otto Pérez Molina por Caso Cooptación del Estado.

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Fue le pasado 29 de enero de este año que el expresidente Molina acudió al Juzgado de Mayor Riesgo B para solicitar información sobre los pagos que debe efectuar como reparación digna.

El 6 de septiembre de 2023, Molina se declaró culpable del delito de lavado de dinero, cohecho pasivo y fraude en el caso Cooptación del Estado, y fue condenado a ocho años de prisión.

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Abogado informa que el expresidente Otto Pérez Molina no realizó el pago de la reparación digna impuesta al acepta cargos en el caso Cooptación del Estado.

Óscar García y Elmer Vargas

11 de junio de 2025

|

11:55h

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El expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, ha estado involucrado en varios casos de corrupción. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El abogado César Calderón confirmó este miércoles 11 de junio que el expresidente de la República, Otto Pérez Molina, no efectuó el pago de la reparación digna impuesta al aceptar cargos en el caso Cooptación del Estado.

Agregó que el plazo venció el 31 de mayo recién pasado y que, por el incumplimiento, el exmandatario podría regresar a prisión.

Calderón explicó que el pago se efectuó parcialmente por el delito de lavado de dinero, aunque no se hicieron los demás pagos, ya que, desde que estuvo detenido, a Pérez Molina le embargaron cuentas bancarias, especialmente la de su salario, la cual no debió ser embargada.

“Entonces, sin recursos no se puede cumplir con la obligación de la sentencia”, indicó Calderón.

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Señaló que la ley establece que deben revocarse los beneficios cuando no se efectúan los pagos, aunque falta que el juez resuelva.

Cuando le preguntaron si Pérez Molina podría regresar a prisión, el abogado respondió: “No creo que vuelva a prisión; lo que habría que aplicar, en todo caso, sería el cumplimiento de las condenas por las que corresponde, excepto la de lavado de dinero”.

En ese sentido, se tendría que pagar la conmuta por los años de cárcel que corresponden a cada uno de los delitos.

Según Calderón, si la reparación digna no se puede pagar, “no se puede pagar”, y ese extremo podría reclamarse en otra vía, por ejemplo, la civil, aun tratándose de un proceso de aceptación de cargos.

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Afirmó que, después de que el juez reciba el pronunciamiento de cada una de las partes, tomará la decisión de lo que hará con el caso, si revoca o no revoca.

En el caso, el juez Eduardo Orozco, del Juzgado de Mayor Riesgo B, citó a las demás partes a audiencia y el plazo vence este miércoles 11 de junio a las 15.30 horas y en los próximos días el juzgador dará a conocer su resolución.

El 29 de enero de 2025, el expresidente Otto Pérez Molina acudió al Juzgado de Mayor Riesgo B a solicitar información sobre los pagos que debe efectuar como reparación digna en el caso Cooptación del Estado.

En esa ocasión indicó que la sentencia por este caso está en firme, por lo que debe realizar dichos pagos.

Calderón detalló entonces que, entre los pagos de reparación digna que debe efectuar el exmandatario, se encuentran Q2 millones a la Procuraduría General de la Nación (PGN) y Q2 millones a la Empresa Portuaria.

El 6 de septiembre de 2023, el expresidente se declaró culpable de lavado de dinero, cohecho pasivo y fraude en una trama de corrupción ocurrida durante su gobierno, conocida como caso Cooptación del Estado, y fue condenado a ocho años de prisión.

El exmandatario aceptó los cargos para obtener una reducción de penas por los delitos que se le imputan.

La extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala señaló, en 2015, al expresidente de dirigir una estructura criminal que recibió Q500 millones (unos US$63 millones) en comisiones ilícitas derivadas de la adjudicación de contratos en diversas instituciones estatales.

Para leer más: Caso La Línea: Sala rechaza apelación de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti y sentencia sigue en firme

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Suspenden audiencia de Roxana Baldetti en el caso Cooptación del Estado

La exvicepresidenta Roxana Baldetti asistió al juzgado para audiencia en el caso Cooptación del Estado, pero esta fue suspendida.

Óscar García y Elmer Vargas

7 de febrero de 2025

|

11:19h

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Exvicepresidenta Roxana Baldetti. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Este viernes 7 de febrero fue suspendida la audiencia de etapa intermedia de Roxana Baldetti en el Juzgado de Mayor Riesgo B por el caso Cooptación del Estado.

La judicatura informó que la suspensión obedeció a una petición del Ministerio Público porque tenían que atender otras diligencias.

El 6 de enero recién pasado también estaba programada una audiencia en el Juzgado de Mayor Riesgo D por el mismo caso, pero esta fue suspendida por una recusación que presentó la Procuraduría General de la Nación contra la jueza Abelina Cruz Toscano, para que no continuara conociendo el caso contra la exfuncionaria.

En junio de 2016, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala reveló el caso Cooptación del Estado.

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Según los señalamientos, durante el gobierno del Partido Patriota, a cargo de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, se habría generado una red de corrupción a gran escala que se habría beneficiado por varias vías.

El informe presentado entonces sugirió que los exmandatarios habrían recibido beneficios como pago de servicios públicos, arrendamientos, gastos de tarjetas de crédito, compra de pasajes, ropa, joyas, enseres, electrodomésticos, muebles para residencias y oficinas e incluso compra de aeronaves y vehículos, casas, fincas, bodegas, oficinas y villas.

Para leer más: Roxana Baldetti: De la gloria en la política a su hundimiento en la cárcel

La exvicepresidenta fue señalada por la Cicig y el Ministerio Público de haber estado involucrada en varios casos de corrupción y ya fue sentenciada por el de Agua Mágica y La Línea.

Otto Pérez Molina podría regresar a prisión si no paga más de Q4 millones en reparación digna

Entre los pagos que Pérez Molina debe efectuar por la condena del caso Cooptación del Estado, se encuentra uno de Q2 millones a favor de la PGN.

Hedy Quino y Elmer Vargas

29 de enero de 2025

|

12:29h

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Otto Pérez Molina debe pagar más de Q4 millones en concepto de reparación digna por el caso Cooptación del Estado. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca P)

Este miércoles 29 de enero, el expresidente Otto Pérez Molina acudió al Juzgado de Mayor Riesgo B a solicitar información sobre pagos que debe efectuar como reparación digna por el caso Cooptación del Estado.

Pérez Molina indicó que la sentencia por este caso está en firme, por lo que debe realizar dichos pagos.

El abogado defensor del expresidente, César Calderón, explicó que su cliente tiene hasta mayo para pagarle a cinco instituciones en concepto de reparación digna.

De no cumplir con esos pagos en la fecha establecida, Pérez Molina podría regresar a prisión.

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Calderón detalló que entre los pagos de reparación digna que debe efectuar el exmandatario se encuentran la Procuraduría General de la Nación (PGN), Q2 millones y a la Empresa Portuaria Q2 millones.

Antecedentes

El 6 de septiembre de 2023 el expresidente Otto Pérez Molina se declaró culpable de lavado de dinero, cohecho pasivo y fraude en una trama de corrupción acontecida durante su gobierno, conocida como caso Cooptación del Estado, y fue condenado a ocho años de prisión.

Pérez Molina decidió aceptar los cargos para poder obtener una reducción de penas por los delitos de los que se le acusa.

La extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) señaló, en 2015, al expresidente de dirigir una estructura criminal que recibió Q500 millones (unos US$63 millones) en comisiones ilícitas derivadas de la adjudicación de contratos en diversas instituciones estatales.

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El caso de corrupción en el que está vinculado Pérez Molina es conocido como Cooptación del Estado, que era una estructura incrustada en el Estado y que sirvió para que Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti se beneficiaran con millonarios sobornos a cambio de otorgar más de 70 contratos a diversas empresas.

Según se informó este 12 de julio, a exmandataria hizo la petición a la jueza Eva Recinos, quien lleva el expediente y tentativamente fijó la audiencia para conocer la petición para el próximo 18 de julio de 2023.

La vicemandataria fue condenada a 15 años y seis meses de prisión en octubre de 2018, cuando el Tribunal de Mayor Riesgo C la halló culpable de fraude en el proyecto de saneamiento del Lago de Amatitlán.

Además, en 2022 fue condenada junto al expresidente Otto Pérez Molina a 16 años de prisión en el caso La Línea y se le impuso una multa de Q8 millones 709 mil.

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Caso Cooptación del Estado

El 16 de abril de 2015, se presentó el caso de corrupción denominado La Línea, que según la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público, era una estructura de corrupción que había tomado el control de aduanas del país para generar beneficios económicos ilegales que era dirigida por el entonces presidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta, Roxana Baldetti.

“Al hacer un ordenamiento minucioso de la documentación incautada físicamente, así como en dispositivos electrónicos, se encontró un inmenso esquema financiero, aparentemente inconexo, que incluía nombres, empresas, cheques, bienes, movimientos financieros etc., el cual reportaba operaciones incluso desde el año 2008, 4 años antes que el Partido Patriota asumiera el poder”, se lee en el comunicado de la Cicig el 2 de junio de 2016.

Según la información de la Cicig, los nombres de personas y empresas que aparecieron en la investigación de La Línea, TCQ y Lago de Amatitlán y que tenían bastante información de la participación de estos en otras investigaciones en curso.

Las investigaciones revelaron, según la Cigig, “un complejo esquema que detallaba toda una maquinaria de lavado de activos meticulosamente diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del Partido Patriota del año 2011, que lleva a la Presidencia de la República a Otto Pérez Molina y a la Vicepresidencia a Roxana Baldetti Elías”.

Esta estructura habría sido fundada en 2007, luego que el Partido Patriota perdió las elecciones, y siguió funcionando durante el Gobierno de Pérez Molina y Baldetti.

“Esto llevó a la conclusión que no se trataba de un Gobierno cuyos miembros cometían actos aislados de corrupción, sino una estructura criminal mafiosa que había cooptado el poder por la vía de las urnas en Guatemala y cuyos principales dirigentes eran Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti”, se lee en la información en el sitio de la Cicig.

“Así, varias instituciones claves del Estado fueron cooptadas por la red mafiosa que utilizó un esquema financiero -con apariencia de legalidad en muchos casos pero cuyo fin principal era el enriquecimiento ilícito de los miembros de la estructura, sin importar siquiera la precariedad financiera de las instituciones.  Esta estructura mafiosa utilizó los canales electorales que ofrece la democracia en Guatemala para hacerse con el poder a través de un partido político denominado Partido Patriota”, dice el comunicado de la Cicig en ese entonces.

La audiencia se desarrolló en el Juzgado de Mayor Riesgo B, donde Fonseca, exgerente de un banco, está implicado en referido caso que involucra al gobierno del Partido Patriota.

Los señalados en este caso habían acaparado distintos negocios del Estado, que eran adjudicados a empresas vinculadas a los integrantes de la estructura criminal, según la investigación del Ministerio Público.

Fonseca aceptó los cargos y el juez le impuso multas de Q200 mil, Q100 mil para el banco que representaba y Q100 mil para el Estado de Guatemala. La pena era de un año, pero con reducción quedó en seis meses.

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En esta condena de seis meses de prisión conmutables, Fonseca tiene derecho a pagar Q5 diarios por cada día de la pena y de esa manera evitar la cárcel.

El juicio fue breve y distinto a un debate ordinario, ya que el sindicado aceptó los hechos que le señalaban durante la investigación.

Señala a Baldetti

En la audiencia, Fonseca señaló a la exvicepresidenta Roxana Baldetti. Explicó ante el juez que le preguntaron que si los dos sobregiros de Roxana Baldetti ya estaban cancelados y respondió que desconocía.  

Ante esto, Fonseca hizo una llamada para consultar por los sobregiros y le indicaron que no estaban cancelados, por lo que Edin Barrientos, también implicado, sacó su chequera y preguntó cuánto era, a lo que le respondieron que eran Q5 millones por cada sobregiro en favor de la exfuncionaria.

También explicó cómo la estructura pedía créditos empresariales.

Para leer más: La exvicepresidenta Roxana Baldetti nombra a nueva abogada en el caso Cooptación del Estado

El 24 de abril, Baldetti nombró a una nueva abogada para que la represente en el proceso por este caso en el que está implicada.

Baldetti por impago al abogado Gustavo Juárez dejó de recibir esos servicios, este abogado logró que la exfuncionaria obtuviera permiso para salir de la cárcel para tratamiento médico.

Baldetti por impago al abogado Gustavo Juárez dejó de recibir esos servicios, este abogado logró que la exfuncionaria obtuviera permiso para salir de la cárcel para tratamiento médico. 

El referido beneficio lo concedió la jueza de Mayor Riesgo E, Eva Recinos.

Se conoció que Baldetti no logró pagar dos audiencias al abogado Juárez.

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Ahora, ha nombrado a Gloria Floridalma Hernández Reyes para continuar con su representación en el caso que, está cerca de empezar la etapa intermedia en la que se define si va o no a juicio.

En el caso Cooptación del Estado hay más de 50 sindicados.

Condenas contra Baldetti

En octubre del 2018, Baldetti fue condenada a 15 años y seis meses de prisión cuando el Tribunal de Mayor Riesgo C la halló culpable de fraude en el proyecto de saneamiento del Lago de Amatitlán.

Para leer más: Caso Cooptación del Estado: tres colaboradores eficaces podrían perder beneficios ante retraso en proceso

Además, el 7 de diciembre de 2022 fue condenada junto al expresidente Otto Pérez Molina a 16 años de prisión en el caso La Línea y se le impuso una multa de Q8 millones 709 mil.

En una audiencia anterior, Baldetti había solicitado medidas sustitutivas para salir de la cárcel de Santa Teresa, en la zona 18 de la capital, pero la petición fue rechazada por la jueza de Mayor Riesgo B, Eva Recinos.

Sin embargo, la defensa de la exfuncionaria lo volvió a intentar por otra vía y consiguió un beneficio parcial.

La jueza Recinos le otorgó permiso a Baldetti para salir de prisión por cuatro días a la semana para recibir tratamientos médicos.

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“Se declara con lugar la solicitud para recibir tratamiento preoperatorio consistente en rehabilitación física a la señora Ingrid Roxana Baldetti Elías, razón por la cual deberá ser trasladada de lunes a jueves a su lugar de residencia para que reciba tratamiento médico”, resolvió la jueza Recinos.

La resolución de la jueza establece la autorización para dejar la prisión de Santa Teresa, pero cada día debe regresar a su celda.

“Se recibirá el tratamiento cuatro veces a la semana, lo único es que será trasladada diariamente del centro penitenciario donde se encuentra al lugar de su residencia. El traslado se deberá realizar durante la mañana, ya será una coordinación que realice con el centro penitenciario. Recibirá el tratamiento y se esperará ciertas horas a efecto de que ella pueda reaccionar a ese tratamiento y que su traslado no se vea afectado en cuanto a que se sufra de tráfico y otras circunstancias”, determinó la jueza.

Lea también: Caso La Línea: Crónica de la sentencia que encontró culpables a Otto Pérez Molina y a Roxana Baldetti

Los tratamientos serán aplicados por el médico privado que ha contratado Baldetti, y este debe de informar a “la doctora -fisioterapista-, Ana Beatriz Quinto Dubois, de informar cada semana -al Juzgado- sobre cómo está funcionando el tratamiento”.

Recinos justificó su decisión: “Como se ha establecido la situación de la señora Roxana Baldetti Elías no es algo fácil, toda vez que al haber sido vicepresidenta de la República de Guatemala pues se tienen los cuidados necesarios, no solo por la seguridad de su persona, sino porque está sujeta a otros procesos penales en los cuales debe cumplir. Se debe de resguardar no solo la integridad física sino la presencia en otras judicaturas en los que tiene procesos pendientes”.

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La exfuncionaria aún debe enfrentar dos procesos penales por su posible participación en los casos Registro de Información Catastral, Cooptación del Estado y su posible extradición a EE. UU. por delitos relacionados con el narcotráfico.

Condenas contra Baldetti

En octubre del 2018, Baldetti fue condenada a 15 años y seis meses de prisión cuando el Tribunal de Mayor Riesgo C la halló culpable de fraude en el proyecto de saneamiento del Lago de Amatitlán.

Además, el 7 de diciembre de 2022 fue condenada junto al expresidente Otto Pérez Molina a 16 años de prisión en el caso La Línea y se le impuso una multa de Q8 millones 709 mil.

Gálvez, quien denunció amenazas tras ordenar enviar a juicio a los implicados en el caso “Diario Militar”, por un crimen de lesa humanidad que ocurrió en los años 1980, confirmó su renuncia en un video que publicó en sus redes sociales. Horas después le confirmó a la cadena CNN en Español que se considera un exiliado más.

Recordó que durante su carrera como juez conoció procesos de estructuras criminales, de grupos del crimen organizado, señalados de corrupción y especialmente casos del conflicto armado.

“Conforme conocí los procesos, traté de transparentarlos y prueba de eso es que la población le dio seguimiento a cada uno de ellos, especialmente a las audiencias y las resoluciones”, dijo Gálvez.

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“En estos momentos la independencia judicial está siendo manipulada y no se está garantizando los procesos como corresponde, especialmente las garantías constitucionales y el debido proceso”, advirtió Gálvez en su mensaje.

El mensaje se da luego que el juez denunciara ataques, hostigación e incluso persecuciones ilegales. Amenazas que aseguró, se intensificaron tras ordenar en mayo de 2022, que se juzgara a nueve militares y policías retirados por cargos de tortura, asesinato y desaparición forzada entre 1983 y 1985.

Denuncia amenazas

Gálvez, reiteró en varias ocasiones que consideraba vulnerable su derecho de defensa por múltiples procesos en su contra. El Ministerio Público (MP), dirigido por Consuelo Porras, negó que existiera una persecución contra operadores de justicia y aseguró que seguía una “ruta objetiva e imparcial”.

El juez cobró notoriedad en 2013 por enviar a juicio al ex dictador Efraín Ríos Montt por genocidio. El general retirado fue condenado por un tribunal a 80 años de cárcel, pero la Corte de Constitucionalidad ordenó repetir el juicio.

Ríos Montt falleció el 1 de abril de 2018, a los 91 años, mientras se desarrollaba el nuevo juicio a puerta cerrada, al ser diagnosticado de demencia y otros padecimientos.

Casos de alto impacto designados al juez Miguel Ángel Gálvez

Como titular del Juzgado de Mayor Riesgo “B”, Gálvez conoció diversos casos de alto impacto.

• Diario Militar

Los militares que Gálvez ligó a proceso y envió a juicio a exmiembros del Ejército de Guatemala y de la Policía, implicados en el caso conocido como “Diario Militar”. Están acusados del asesinato y desaparición de 183 personas, durante el conflicto armado interno.

A raíz de la decisión de enviarlos a juicio, Gálvez denunció que existía una campaña de desprestigio en su contra. Justo cuando se solicitó el retiro de antejuicio promovido por el MP, por una denuncia que presentó la Fundación Contra el Terrorismo.

• La Línea

El juez Gálvez también envió al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti a juicio por cargos de corrupción por el caso La Línea. La fase final del proceso judicial está próximo a iniciar y la sentencia podría dictarse en los primeros días del 2023. 

• Cooptación del Estado

El caso surgió del caso La Línea. Según la investigación, Pérez Molina y Baldetti, junto con exfuncionarios de su gobierno, acordaron adjudicar contratos a determinadas empresas a cambio del pago de comisiones ilícitas.

Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Baldetti, declaró como colaborador eficaz por este caso y reveló la trama en que se acordaron los tratos ilícitos.

Monzón dijo que en su caso se le nombró “operador del Ejecutivo en la Empresa Portuaria Quetzal, y debía encargarse de las comisiones por los contratos”.

Entre otros acusados, en Cooptación del Estado figuran el exsecretario de la presidencia Gustavo Adolfo Martínez Luna, también yerno del exmandatario Pérez Molina; así como el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi.

Tras diversas acciones legales que frenaron el avance del proceso penal, el caso entraría a la etapa intermedia.

• Sepur Zarco

En junio de 2015, el juez Gálvez aceptó las pruebas presentadas por el caso Sepur Zarco, marcado por la violencia sexual durante el conflicto armado que enfrentaron 15 mujeres Q’qchi’. El juez envió el expediente al Juzgado A de Mayor Riesgo para que llevara el debido proceso.

El juicio finalizó en febrero de 2016 dictando una sentencia condenatoria.

¿Cómo nacieron los juzgados de Mayor Riesgo?

Estas judicaturas nacieron luego de propuestas realizadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la cual estuvo vigente entre 2007 y 2019 en Guatemala. Lo que se proponía era concentrar los casos de alto impacto en juzgados de la capital.

Actualmente, hay seis juzgados de mayor riesgo, para conocer los delitos como crimen organizado, violaciones de derechos humanos y los relacionados a la corrupción. 

Fuentes cercanas al caso confiaron a Prensa Libre que el MP lo que buscará en los próximos días es pedir la anulación de los convenios de colaboración eficaz de González y Monzón, aunque oficialmente aún no han presentado la solicitud al juzgado.

El control jurisdiccional del expediente está a cargo de Miguel Ángel Gálvez Aguilar, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, quien informó que a su despacho no ha llegado todavía ningún requerimiento formal para anular los convenios; no obstante, la Feci ha requerido bastante información de estos y del expediente judicial.

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Respecto de que, si en la etapa en la que se encuentra el proceso penal, podrían perder efecto los convenios, el juzgador considera que deben analizarse muchos aspectos, garantizando el principio de legalidad.

Gálvez Aguilar detalló que el proceso se ha detenido por varias acciones legales que han sido promovidas por parte de los acusados; no obstante, espera programar audiencia para los primeros días de septiembre, tratando de no perjudicar el desarrollo del juicio por el caso La Línea.

“La mayoría de los acusados forma parte del caso La Línea, y debo pedir la denominada megasala para la exposición de las audiencias”, dijo el juez.

Por su lado, el MP, a través de su departamento de Comunicación, informó que el caso tiene “mucha actividad y son aproximadamente 83 acusados dentro de la carpeta”, y esperan que se fije la fecha para desarrollar la audiencia de etapa intermedia en la que se determinará si enfrentarán debate oral y público. Evitó emitir alguna opinión sobre la supuesta solicitud que haría la Feci para anular los convenios.

De las declaraciones

En abril del 2018 y en 14 días declaró Juan Carlos Monzón Rojas, el exsecretario privado de la exvicepresidencia Roxana Baldetti. Ante el juez Gálvez Aguilar detalló que el extinto Partido Patriota recibió fondos durante la campaña electoral por parte de varias empresas y personas particulares, pero que el 90 por ciento de los aportes no se reportó al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Según las declaraciones de Monzón, los aportes se ocultaron mediante la utilización de empresas inexistentes relacionadas con Baldetti, desde las cuales se emitían facturas hacia los financistas para justificar los gastos. En esa oportunidad aseguró que los financistas sabían que las facturas serían emitidas por empresas que no representaban a la agrupación política.

Salvador González rindió su declaración en mayo del 2017, y brindó detalles sobre reuniones que sostuvieron funcionarios y políticos, así como la creación de sociedades vinculadas con el expresidente Otto Pérez Molina y Baldetti. Además, explicó un esquema financiero compuesto por empresas, cheques y bienes, entre otros.

En el expediente judicial se encuentran identificados unos 450 contratos dentro de las instituciones del Estado, los cuales fueron asignados a determinados contratistas contra pago de comisiones que eran distribuidas entre los integrantes del grupo ilícito. Las pesquisas determinaron que el monto asciende a unos Q500 millones.

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¿Cómo surgió Cooptación del Estado?

El 16 de abril del 2015, salió a la luz el caso denominado La Línea, la cual era una estructura de corrupción que había tomado control de las aduanas para generarse beneficios económicos. Las averiguaciones y diligencias avanzaron y por medio de allanamientos y escuchas telefónicas se detectó a una supuesta organización criminal que alcanzaba al binomio presidencial de aquel entonces, Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina.

La documentación física que fue incautada, así como dispositivos electrónicos, condujeron al descubrimiento de un esquema financiero, aparentemente inconexo, que incluía nombres, empresas, cheques, bienes, movimientos financieros, entre otros el cual reportaba operaciones desde el 2008, es decir, cuatro años antes que el desaparecido Partido Patriota asumiera el poder.

Del caso La Línea se desprendió el proceso Cooptación del Estado, en el que se señalan como principales cabecillas de la estructura a Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina, sindicados de ser los creadores y beneficiarios de todo el conglomerado empresarial por medio de terceras personas, la cual se cree que operó desde enero de 2009 hasta abril del 2015, con la participación de varios operadores.

El expediente judicial detalla que los investigadores concluyeron que “no se trataba de un gobierno cuyos miembros cometían actos aislados de corrupción, sino una estructura criminal mafiosa que había cooptado el poder por la vía de las urnas en Guatemala y cuyos principales dirigentes eran Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti” se lee en la parte acusatoria.

La carpeta detalla que varias instituciones claves del Estado fueron cooptadas por la red mafiosa que utilizó un esquema financiero con apariencia de legalidad en muchos casos, pero cuyo fin principal era el enriquecimiento ilícito de los miembros de la estructura.

Entre otros acusados, en Cooptación del Estado figuran el exsecretario de la presidencia Gustavo Adolfo Martínez Luna, también yerno del exmandatario Pérez Molina; así como el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi y Julio Rolando Sandoval Cano, exsubinterventor de la Empresa Portuaria; el empresario Jonathan Harry Chevez y el exdirector del Registro Nacional de las Personas, Rudy Gallardo Rosales.

En la circular se le pide al juzgador que debe suspender la orden de aprehensión en un plazo de 24 horas y que debía informar cuando la resolución haya sido ejecutada, es decir, una vez que la orden de aprehensión ya no estuviera activa.

La instrucción de los magistrados derivó de un amparo provisional que otorgaron Harold Ortiz, Edwin Ruano y Santos Sajbochol, todos titulares de esa Sala de Apelaciones del Organismo Judicial (OJ), que también ha beneficiado a otros señalados de corrupción.

En la circula se lee: “De la manera más atenta me dirijo a usted, con el objeto de informarle que en resolución dictada por esta Sala dentro del Amparo arriba identificado, se otorgó el amparo provisional solicitado por la amparista ALBA ELVIRA LORENZANA CARDONA, y en consecuencia se deja en suspenso la orden de aprehensión en contra de la señora ALBA ELVIRA LORENZANA CARDONA, dentro del proceso penal número cero mil setenta y cuatro guion dos mil quince guion cero cero cero diecisiete del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente por Procesos de Mayor Riego, Grupo “B”. Para lo cual se fija el plazo de veinticuatro horas, para que informe de la efectiva ejecución de la misma”.

EN ESTE MOMENTO

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El amparo está identificado con el número 01141-2022-01266.

Según se informó, el juez Gálvez acató la orden el pasado viernes 29 de julio, con lo cual Alba Elvira Lorenzana Cardona ya no tiene activa la orden de captura.

El caso

La esposa del mexicano Remigio Ángel González y propietario de canales de televisión abierta en Guatemala y en Latinoamérica, está prófuga de la justicia desde el 9 de septiembre de 2016, y desde entonces ha intentado por medio de apelaciones evadir los señalamientos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) en la posible comisión del delito de financiamiento electoral ilícito.

La Corte de Constitucionalidad (CC) dictó una resolución en 2021 que la beneficia y no podrá ser juzgada por el supuesto financiamiento irregular del extinto Partido Patriota (PP).

Según, el expediente 4473-2021 de la CC con fecha del 20 de diciembre del 2021, que consta de 27 páginas, se comprende que el delito de financiamiento electoral ilícito no registrado no existió antes y es una de las razones por la que los magistrados fallaron a favor.

Por lo anterior, fue declarada con lugar la apelación promovida por la acusada contra el fallo del juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, quien había declarado sin lugar una inconstitucionalidad interpuesta para que no le fuera aplicado ese delito penal.

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Antecedentes

El cargo señalado contra Lorenzana Cardona, desde el 2015 aproximadamente, fue por financiamiento electoral ilícito, pues por medio de las empresas que representa habría dado aportes económicos a la campaña del Partido Patriota (PP) del 2011, cuando Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti ganaron las elecciones para presidente y vicepresidenta, respectivamente.

Según las pesquisas, el financiamiento que hicieron los canales 3 y 7 al PP fue de Q17.6 millones, entre el 2008 y el 2011.

A cambio de esa acción, el gobierno que dirigieron Pérez Molina y Baldetti otorgó el 69 por ciento de la pauta publicitaria a las empresas del grupo Albavisión, al que pertenecen los canales 3 y 7, durante el período del 14 de enero del 2012 al 15 de abril del 2015, cuando se descubrió la operación de la estructura de defraudación aduanera conocida como La Línea.

Derivado de la investigación de esa red, las autoridades recolectaron evidencias de una organización más grande que se habría apoderado de diversas instituciones públicas, en las cuales se emitieron contratos para beneficiar a personas y empresas particulares que ayudaron al PP a llegar al gobierno.

Prófuga

El Juzgado de Mayor Riesgo B emitió la orden de captura internacional contra Lorenzana Cardona el 2 de junio de 2016, así como de otras personas vinculadas con la pesquisa.

En el perfil de la sospechosa que la Interpol colocó en su página electrónica, se le señala como mujer de 66 años, originaria de Puerto Barrios, Izabal, cuyo idioma materno es el español.

Este viernes 11 de febrero, se celebró una audiencia en el Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo de Miguel Ángel Gálvez, donde Beltranena solicitó un permiso para poder viajar a Estados Unidos para que su hijo pueda recibir un tratamiento médico.

Beltranena había sido beneficiada con arresto domiciliario desde 2021, cuando su defensa argumentó que corría riesgo de sufrir contagio de coronavirus.

El dictamen del juez se dio a pesar de una petición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) para que la exdiputada no recibiera el beneficio, pues presentó fotografías en las que se mostraba que se reunió con algunos funcionarios.

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Daniela Beltranena es condenada a tres años de prisión por caso de corrupción en el RIC

Gálvez indicó que la excarcelación se otorgó por una medida humanitaria, considerando la pandemia.

En esta ocasión, el juez Gálvez argumentó que la petición de Beltranena es parte de las garantías que tiene toda persona e indicó que se trata de un permiso atendible para que el niño reciba la atención necesaria.

La Feci no expuso oposición alguna para que Beltranena recibiera el beneficio solicitado.

Además, la defensa de Beltraneja requirió a Gálvez una constancia del permiso para adjuntarlo a una solicitud que dirigirán a la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, pues se detalló que ya recibieron la visa de viaje del menor, pero no la de sus padres.

El progenitor del niño es Álvaro Mayorga, quien ya fue condenado junto a otras personas que se declararon culpables en el caso Construcción y Corrupción, mediante un procedimiento abreviado a cargo de la jueza de Mayor Riesgo D, Éricka Aifán.

Condenada en caso RIC

Además del proceso que Beltranena enfrenta por el caso Cooptación del Estado, el 2 de octubre de 2019 fue condenada a tres años de prisión conmutables por el caso Registro de Información Catastral (RIC): Caja de Pagos.

En esa ocasión, Beltranena se disculpó por las acciones en las que habría incurrido.

Agregó: “Quiero pedir disculpa a la sociedad guatemalteca, a toda la gente que con mis acciones se vio perjudicada y a todos los que decepcioné, aquí estoy tratando de enmendar mis errores”.

Según la acusación del MP, Beltranena habría consentido que terceras personas sustrajeran dinero del RIC.

Esta vez, logró que la actual Corte de Constitucionalidad (CC) dictara una nueva resolución que la beneficia y no podrá ser juzgada por el supuesto financiamiento irregular del extinto Partido Patriota (PP).

Según, el expediente 4473-2021 de la Corte de Constitucionalidad con fecha del 20 de diciembre del 2021, que consta de 27 páginas, se comprende que el delito de financiamiento electoral ilícito no registrado no existió antes y es una de las razones por la que los magistrados fallaron a favor.

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Por lo anterior, fue declarada con lugar la apelación promovida por la acusada contra el fallo del juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, quien había declarado sin lugar una inconstitucionalidad interpuesta para que no le fuera aplicado ese delito penal.

Al consultar a José Rafael Curruchiche Cucul, jefe de la Feci sobre la resolución de la CC, afirmó a Prensa Libre que son respetuosos de la ley y acataran lo resuelto por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad.

Por tanto la CC, con base en lo considerado y leyes citadas en el expediente resolvió lo siguiente:

I. Por disposición del artículo 156 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad y conforme a lo asentado en el artículo 1o. del acuerdo 3-2021 de la CC del 21 de abril del 2021, integra el Tribunal el magistrado José Francisco de Mata Vela.

II. Por inhibitoria de los Magistrados Dina Josefina Ochoa Escribá y José Francisco Mata Vela, integran el Tribunal de los Magistrados Luis Alfonso Rosales Marroquín y Roni Eulalio López Contreras, para conocer y resolver el presente asunto.

III. Con lugar el recurso de apelación interpuesto por Alba Elvira Lorenzana Cardona, incidentante, por medio de su Mandatario Especial y Judicial con Representación, Gustavo Adolfo Ortíz Arroyo.

IV. Revoca el auto apelado y se declara con lugar el incidente de inconstitucionalidad de ley en caso concreto, planteado contra el artículo 407 “N” del Código Penal, que regula el delito de Financiamiento electoral ilícito y, como consecuencia, su inaplicación en el caso concreto en cuanto a la solicitante, dentro del proceso penal número 01074-2015-00017 del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, de Mayor Riesgo Grupo “B” del departamento de Guatemala.

V. Notifíquese y, con certificación de lo resuelto, devuélvase el antecedente.

Antecedentes del caso

El cargo señalado contra Lorenzana Cardona, desde el 2015 aproximadamente, fue por financiamiento electoral ilícito, pues por medio de las empresas que representa habría dado aportes económicos a la campaña del Partido Patriota (PP) del 2011, cuando Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti ganaron las elecciones para presidente y vicepresidenta, respectivamente.

Según las pesquisas, el financiamiento que hicieron los canales 3 y 7 al PP fue de Q17.6 millones, entre el 2008 y el 2011.

A cambio de esa acción, el gobierno que dirigieron Pérez Molina y Baldetti otorgó el 69 por ciento de la pauta publicitaria a las empresas del grupo Albavisión, al que pertenecen los canales 3 y 7, durante el período del 14 de enero del 2012 al 15 de abril del 2015, cuando se descubrió la operación de la estructura de defraudación aduanera conocida como La Línea.

Derivado de la investigación de esa red, las autoridades recolectaron evidencias de una organización más grande que se habría apoderado de diversas instituciones públicas, en las cuales se emitieron contratos para beneficiar a personas y empresas particulares que ayudaron al PP a llegar al gobierno.

Prófuga

El Juzgado de Mayor Riesgo B emitió la orden de captura internacional contra Lorenzana Cardona el 2 de junio de 2016, así como de otras personas vinculadas con la pesquisa.

En el perfil de la sospechosa que la Interpol colocó en su página electrónica, se le señala como mujer de 66 años, originaria de Puerto Barrios, Izabal, cuyo idioma materno es el español.

Eduardo Kestler Morán, gerente de Televisiete, S. A., también es prófugo por ese caso.

Ya enfrentan proceso penal los citados exmandatarios y otras 55 personas, entre exfuncionarios, empleados públicos, empresarios, notarios y auditores.

Otros sospechosos también tienen orden de captura internacional por el caso, entre quienes se cuentan los exministros Alejandro Sinibaldi (quien se entregó a la justicia en agosto del 2020) y Érick Archila, así como el exinterventor de la Empresa Portuaria Quetzal Allan Marroquín.

La acusación es por los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo, dentro del caso Cooptación del Estado.

La Fiscalía informó que el requerimiento de apertura a juicio está fundamentado en 99 medios de investigación, entre testimoniales, documentales y evidencia material.

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De acuerdo con la investigación, Castillo Góngora fungió como intermediario para el pago ilícito de aproximadamente un monto de Q10 millones, como contraprestación por la adjudicación de proyectos correspondientes al fideicomiso del Fondo Nacional de Desarrollo (Fonades), durante la administración gubernamental del extinto Partido Patriota.

El caso Cooptación es una investigación que señala a varios miembros del Partido Patriota (PP) que supuestamente lograron establecer una red que cooptaba al Estado y cometía varios actos de corrupción.

Según ha explicado el juez del caso, Miguel Ángel Gálvez, la investigación comenzó el 16 de abril del 2015, cuando fue desarticulada La Línea, derivado del hallazgo de indicios que condujeron a los fiscales a determinar que existía una red criminal más grande.

En el expediente judicial 01074-2015-00017 se analiza el supuesto financiamiento ilícito que habría recibido en el 2011 el Partido Patriota, año en el cual la agrupación política ganó las elecciones.

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La Feci y la entonces Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentaron el caso el 2 de junio del 2016.

Las pesquisas se derivan de la información incautada con el caso La Línea, un año antes, en el cual están involucrados el expresidente Otto Pérez y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

Según la investigación, derivado del trabajo de investigadores financieros se develó un complejo esquema que detallaba toda una maquinaria de lavado de activos meticulosamente diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del Partido Patriota del 2011, que llevó a la presidencia a Pérez Molina.

Esta actividad, típica de redes político-económicas ilícitas, se habría diseñado durante la campaña del Partido Patriota, justo después de perder las elecciones del 2007, y seguía funcionando durante el ejercicio de gobierno (2012-2015).

Esto llevó a la conclusión que no se trataba de un Gobierno cuyos miembros cometían actos aislados de corrupción, sino una estructura criminal mafiosa que había cooptado el poder por la vía de las urnas en Guatemala.

López Bonilla fue detenido el 11 de junio del 2016 y procesado en el caso Cooptación del Estado.

El 20 de septiembre del 2018, López Bonilla fue condenado a ocho años y seis meses de cárcel por fraude, en el caso denominado Blindados.

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La investigación del Ministerio Público (MP) señala que Quijada como representante de sociedad First Reinsurance Service Corp. pagó comisión ilícita de US$ 1 millón – unos Q7 millones – por adjudicación de prima de seguro de los aeropuertos La Aurora, Mundo Maya y el aeródromo de San José.

El juez emitió la orden de captura por los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y lavado de dinero.

Además; se gestionará alerta ante la Interpol porque Quijano estaría fuera del país.

La adjudicación del contrato de prima de seguro era contra todo riesgo, responsabilidad civil, terrorismo y sabotaje de los aeropuertos internacionales.

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La Aurora, Mundo Maya y aeródromo de San José, adjudicados a dicha entidad por Q36 mil 763 mil 188.

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En qué condiciones guarda prisión provisional Alejandro Sinibaldi, exministro detenido por casos de corrupción

El juzgado a cargo de Erika Aifán definió que la audiencia de primera declaración de Sinibaldi será el 16 de septiembre.
Sinibaldi tiene orden de captura por ese caso desde 11 de julio de 2017 por asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado y financiamiento electoral ilícito.

Mientras tanto, el caso de Cooptación del Estado sigue en el Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo de Miguel Ángel Gálvez, en el que el exministro está señalado de asociación ilícita y lavado.

El exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, luego de empezar a declarar en el Juzgado de Mayor Riesgo B, explica que no dará declaraciones ennloa5 próximos días. pic.twitter.com/qftC9xW3xX

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) September 7, 2020

El caso está en reserva judicial, por lo cual Sinibaldi dijo este 7 de septiembre que por recomendación de sus abogados no responderá a preguntas de la prensa durante los próximos días.

En días recientes, Sinibaldi, que se entregó a la justicia el 24 de agosto, dijo que “daría algunas luces” de más personas involucradas en casos Libramiento de Chimaltenango y Odebrecht, cuyo denominador común es corrupción en el Ministerio de Comunicaciones.

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Pero no fue su estrecha relación con el general Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti y todos los círculos de poder del extinto Partido Patriota, donde también integró el comité ejecutivo, los que le dieron un lugar en el listado de cooptación estatal, sino fue un espacio que reclamó por derecho propio al tomar ventaja de todos los puestos y contactos que tuvo a su alcance.

La misma Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), lo reconoció. Él era parte de un grupo de “más de 60 estructuras identificadas y perseguidas por el MP y la CICIG -que-constituyen lo que puede considerarse apenas una muestra, ya que existen otras estructuras que están actualmente bajo investigación y otras que están por identificarse”, decía la comisión de Naciones Unidas en su informe del 2019.

Cuatro años y tres meses después de que el Juzgado de Mayor Riesgo B lo declarara prófugo de la justicia, aparece, después de un periplo que lo llevó desde Italia a México y finalmente a la Torre de Tribunales.

Turismo, el primer capital

El poder de Sinibaldi no fue espontáneo, antes del 2011 ya se había cercado lo suficiente a Pérez Molina y esto le había valido para tener espacios en la administración pública. Fue director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), durante el gobierno de Óscar Berger (2008-2012), que ganó la Presidencia por la Gran Alianza Nacional, que integraba el Partido Patriota. Pérez Molina se sumó al gobierno de Berger como comisionado de seguridad, al renunciar, Sinibaldi también dejó el puesto en el Inguat y regresó al Congreso a ocupar una curul que ganó en las elecciones del 2007.

Años después, el testimonio de la asistente personal de Sinibaldi, Aneliese Herrera, durante el proceso penal de Cooptación del Estado, confirmaba que en el 2007se creó Inversiones ASA (Alejandro Sinibaldi Aparicio), en donde coloca a Herrera como representante legal.   “La razón por la que sería representante legal era porque él iba a ser diputado y no quería que lo vincularán a esta sociedad, así como las que ya estaban creadas, y las que se iban a crear”, señaló la asistente. Un año después, en el 2008 crean, entre otras empresas, Inversiones Napoleón, Espectaculares Urbanos, Gigantes Urbanos, Servicios Troya, Impresos Urbanos.

Para las elecciones del 2011, Alejandro Sinibaldi había superado con creces su paso por el Inguat, incluso, como diputado, y ya comenzaba a acomodarse en el puesto de gran operador político que sostenía reuniones con empresarios del más alto nivel.

En el 2011, cuando se preparaba Sinibaldi para competir por la alcaldía metropolitana, ya capitalizaba fondos provenientes de coimas, según las declaraciones del empresario Julio Porras Zadik, quien se declaró culpable de entregar Q15 millones a través de12 cheques a seis empresas vinculadas a Alejandro Sinibaldi, entre estas Impresos Urbanos, Arqco Outsourcing, Inversiones ASA y Seguridad ASA, a cambio que se gestionara una reunión entre las empresas de telefonía del país para alcanzar acuerdos comerciales.

Finalmente, en el 2011, Sinibaldi obtuvo 127 mil votos que le valieron para quedar en tercera posición en la carrera por la municipalidad de Guatemala y, como premio de consolación, Pérez Molina que se hizo de la Presidencia de la República, lo colocó en la cartera de Comunicaciones.

El arte de cobrar por pagar

Sinibaldi tomó la cartera de Comunicaciones luego del éxito, un año antes, como recaudador de financiamiento y ahora también contaba con la lealtad de un grupo de diputados en el Congreso.

Desde Comunicaciones, Sinibaldi, según informes de la Cicig, entretejió un imperio sin precedentes en la organización y gestión de sobornos. El método consistía en “un entramado de empresas de cartón para cobrar comisiones, tanto por el pago de adjudicaciones de obra pública como de la deuda de arrastre”.

Un informe de la Cicig del 2019 asegura que Sinibaldi “construyó un entramado de sociedades para recibir dinero ilícito (comisiones) de empresas de construcción; así como un sistema para lavar dinero y adquirir decenas de propiedades. Esta estructura criminal preparaba en 2015 las condiciones para trasladar sus operaciones financieras a Nicaragua”.

Los círculos de negociación:

La forma en que Alejandro Sinibaldi logró manejar los negocios ilícitos en Comunicaciones obedecía a un esquema básico pero efectivo. El ministro Sinibaldi estudia la deuda del Estado con empresas contratistas en Comunicaciones y conforma un equipo paralelo donde figuran viceministros y diputados de su confianza para “negociar” el pago de la deuda.

Sinibaldi y su estructura plantean el pago de la deuda del Estado a estas empresas a cambio del 15% de coima por cumplir con el desembolso. Además, ofrece más contratos con el Estado a cambio de otra coima también del 15%. “De esta forma tenían un control estricto de pagos, ya que al controlar el monto del desembolso confrontaban con los dineros ilícitos recibidos”, asegura la Cicig en el informe oficial de la estructura, que se había valido de ese entramado de empresas de cartón para canalizar los pagos ilegales.

En un primer círculo están las empresas más grandes y es directamente Sinibaldi quien se encarga de esta cartera y sostiene reuniones con Construcciones Nacionales Sociedad Anónima, (Conasa), Asfaltos de Guatemala, entre otros.

El viceministro Víctor Corado, tomó a los constructores medianos.

Un tercer círculo lo integraban diputados afines a Sinibaldi y sus viceministros Miguel Ángel Cabrera y Rubén Mejía, que se encargaron de negociar el pago de la deuda con pequeños constructores y empresas de mantenimiento vial.

El fisiquín

Entre un evidente distanciamiento con la vicepresidenta Roxana Baldetti y con el apoyo de un grupo de diputados Patriotas, Sinibaldi comienza a ganar terreno en el entonces partido oficial y en agosto del 2014, Roxana Baldetti zanja los rumores de que existen problemas entre ambos y lo nomina como el candidato a la presidencia del Partido Patriota. ¿Está fisiquín o no está fisiquín?, preguntaba Baldetti en una actividad del Consejo de la Juventud en el Domo de la zona 13.

Para entonces, Sinibaldi tiene una fortuna lista para financiar su campaña presidencial. De hecho, ante el distanciamiento que tenía con Baldetti, el ministro de Comunicaciones había comprado el Movimiento Reformador (MR), un partido que lo podía lanzar a la presidencia, en caso de que el PP le negara su apoyo.

“A finales del 2014 y principios del 2015 es que empiezo a escuchar que él decide que va a comprar otro partido (…) como un plan B y  resultó que era el MR (Movimiento Reformador)”, dijo Herrera, que le llevó hasta antes de su huida, el registro de todos sus negocios.

La investigación de la Fiscalía y otros informes, como el de la asistente Herrera, daban cuenta que Sinibaldi nominado por el PP no se confiaba y apoyaba por igual al entonces candidato Jimmy Morales, del Frente de Convergencia Nacional y al mismo Libertad Democrática Renovada (Líder), de Manuel Baldizón.

“Muchos del equipo, que antes era de Sinibaldi, otros estaban con Neto Bran, pues él también estaba como candidato por el MR como alcalde de Mixco, y también sabía que el señor Sinibaldi había puesto a disposición de Jimmy Morales el helicóptero ANM —por las siglas de los nombres de sus hijos—, pero el acercamiento lo hacía a través, creo, que de Rubén —Mejía—; como decía, no estaba participando en nada, pero según mi percepción tenía frentes por todos lados”, dijo Herrera.

La aeronave en cuestión estaba registrada a nombre de la entidad fuera de plaza Nimbus Asset Corps, según datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil. La matrícula ANM corresponde a un helicóptero Bell 407 GX del cual existen fotografías que muestran descendiendo del mismo el entonces candidato a la presidencia Jimmy Morales. Esa imagen sirvió, incluso, a la Fiscalía para sostener la acusación por financiamiento electoral ilícito contra FCN-Nación presentada en el 2017 y por la cual también se solicitó antejuicio al mandatario Morales.

Para el 2015, Sinibaldi capitalizaba todo el poder del candidato oficial y su influencia había trascendido la política. También negociaba la justicia.

Entre noviembre y diciembre de 2015, Aneliese Herrera asegura que observó una reunión entre la entonces fiscal general Thelma Aldana, el operador político Gustavo Herrera —señalado de participar en un desfalco del IGSS por  Q350 millones en el gobierno de Alfonso Portillo y ahora “refugiado político” en Nicaragua— y Alejandro Sinibaldi.

“Sacó a todo el personal, solo se queda el guardián y de repente llega la persona que estaban esperando, que cuando me di cuenta era la señora fiscal, la licenciada Aldana —Thelma—, esa fue la primera vez que yo la vi en la oficina… Y así fueron más o menos unas tres veces que ella llegó, pero siempre llegaba acompañada del Gato Herrera, nunca llegaba sola; sin embargo, el señor Sinibaldi siempre estaba muy confiado, él decía: ‘yo todo lo tengo controlado, no hay problema, todo está bien a mí me pasan información así que no se ahueven’”, afirmó la testigo en su declaración ante el personal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

“Él me decía necesito que me saque Q50 mil o Q75 mil y ese dinero, cuando yo le preguntaba, ¿mire, cómo se lo apunto?, ‘en el control póngame nada más CC o póngame Boanerges   (…)’ También se reunía con magistrados que no sé si son de la CC o de la Suprema (CSJ) pues no los conozco desde antes”, señaló la asistente de Sinibaldi, quién le indicó también  que se destruyera la contabilidad.

Los tentáculos del poder que controlaba Sinibaldi para ese año, tan solo meses antes de la caída del PP, le alcanzaban para, supuestamente, sobornar medios de comunicación, pagar “favores” a magistrados de la Corte de Constitucionalidad y dominar un grupo de diputados en el Congreso.

En mayo del 2015, cuando renuncia Baldetti y es ligada a proceso por el caso La Línea, según el testimonio de Anelise Herrera, Sinibaldi comienza a arreglar su huida, no sin antes pedirle a ella y a su hermano, Juan Pablo Sinibaldi, que recojan dinero en efectivo que tiene en distintos lugares. Según Herrera, logran reunir unos Q100 millones y US$200 mil en efectivo que le entregaron a Sinibaldi y con el que habría huido, se supone a Europa, de donde regresó cuatro años y tres meses después.

Como una efeméride, el mismo día de su entrega, 24 de agosto, pero de 2014, y con las aspiraciones presidenciales intactas, Sinibaldi ocupaba espacios en los medios de comunicación, pero inaugurando obras en Suchitepéquez.  “¿El presidente salió bueno verdad? Y ahora aquí tengo un ministro que viene a trabajar”, decía Baldetti mientras presentaba a Sinibaldi ese día.

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Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), dijo este 4 de agosto que el juez dictó esa resolución por medida humanitaria, considerando la pandemia del coronavirus.

En septiembre, según Sandoval, habrá una evaluación del caso donde Gálvez podría emitir un nuevo fallo referente a Beltranena.

La Feci señaló que Beltranena y el empresario José Luis Ortiz violentaron la medida sustitutiva de arresto domiciliario con la que fueron beneficiados. De acuerdo con fotografías, Beltranena salió de su casa el 2 de marzo último para reunirse con el diputado de FCN Nación, Javier Hernández, en un centro comercial de la carretera a El Salvador.

Ortiz también continuará en arresto domiciliario, confirmó Sandoval.

Además, la Fiscalía mostró imágenes de cuando el empresario Ortiz participaba en una manifestación el pasado 18 de junio en contra de las restricciones que impuso el Gobierno para frenar el avance la pandemia de coronavirus.

Beltranena está ligada a proceso penal en el caso Cooptación del Estado por tráfico de influencias y abuso de autoridad y goza de la medida sustitutiva de arresto domiciliario desde el 12 de septiembre de 2018.

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El expresidente ya fue enviado a debate por el caso La Línea y el expediente lo tiene el Tribunal de Mayor Riesgo “B”, donde las jueces recientemente le negaron el arresto domiciliario.

La audiencia de este martes 23 de julio por el caso Cooptación del Estado de Guatemala se desarrolló en el Juzgado de Mayor Riesgo B, donde fue la revisión de medida de coerción por el caso del exmandatario, quien pidió arresto domiciliario por humanidad, pero le fue negado por el juez Miguel Ángel Gálvez y deberá ir a prisión.

Pérez Molina, quien desde mayo último estaba en un hospital privado, deberá regresar este miércoles 24 de julio a la cárcel de Mariscal Zavala, según lo ordenado por el juez Gálvez. El exfuncionario afirmó que apelará la decisión del juzgador.

En la audiencia anterior del 10 de junio pasado, expuso un abogado llevó a cardiólogo que expuso que Pérez Molina padece de arritmia cardiaca y recordó que usa un cardiodesfibrilador.

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En la audiencia de este martes, comparecieron ante el juez Gálvez tres médicos del Incacif que reprodujeron un video que explica la arritmia y agregaron que el exmandatario debe seguir bajo estrictico tratamiento y vigilancia del aparato que tiene en el pecho.

El 5 de septiembre del 2018, se informó que el expresidente es un paciente de alto riesgo y estará en observación debido al cambio del cardiodesfibrilador.

La cirugía se efectuó en un hospital privado y fue exitosa. El expresidente mostró estabilidad después de que los especialistas le remplazaron el referido aparato.

El 8 de agosto del mismo año, el expresidente fue trasladado a un hospital privado debido a una complicación cardiaca que padeció mientras guardaba prisión preventiva en la cárcel Mariscal Zavala.

| "No entendemos el argumento del juez, no tiene ningún sentido", declara Otto Pérez Molina tras conocer que Miguel Ángel Gálvez no le otorgó la medida sustitutiva. #CooptaciónGT
Vía: @kmonzon_pl pic.twitter.com/rpbECSrN5h

— Guatevisión (@Guatevision_tv) July 23, 2019

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Manuel López Ambrosio, quien fue ministro de la Defensa Nacional, y Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, quien fungió como presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), deberán seguir en prisión preventiva en la cárcel militar Mariscal Zavala.

“Es prudente negar la petición. No han variado las condiciones y existe el riesgo a la averiguación de la verdad que es lo más relevante en cualquier proceso penal”, manifestó Gálvez, en la sala de audiencias del Juzgado de Mayor Riesgo B.

El juez rechazó la petición que hizo Rodríguez López, quien fue señalado el martes recién pasado en el caso Asalto al Ministerio de Salud, en el que están señaladas más de cien personas y serán planteados 10 antejuicios contra diputados por actos de corrupción y desvío de fondos millonarios.

El abogado de Rodríguez López había argumentado que la prisión preventiva era excesiva y recordó que su cliente ya tenía más de tres años en prisión. Incluso recordó la reciente apelación especial que otorgó la Sala Tercera de Apelaciones Penal que anuló la sentencia de seis años de cárcel a Rodríguez López en el caso IGSS-Pisa Chiquimula.

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Aún así el juez no vio fundamentos para otorgarle el arresto domiciliario. Mientras Gálvez resolvía, Rodríguez López leía la Biblia.

Gálvez también decretó sin lugar el pedido de López Ambrosio centrado en que el 28 de agosto de 2015 -un año antes de que se conociera el caso Cooptación del Estado de Guatemala– había llegado a la sede central del Ministerio Público (MP) a declarar y ponerse a disposición para colaborar con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

“Mi cliente brindó declaración previa a su captura”, dijo el abogado Héctor Montenegro, quien lo defiende. El juez le dijo que ya se acercaba la etapa intermedia y ahí se podían volver a discutir nuevos pedidos de revisiones.

Ninguno de los militares retirados brindó declaración al respecto de lo resuelto por el juez.

El señalamiento

El MP y la Cicig señalan a los militares de haber aportado miles de quetzales para lujosos y ostentosos regalos para los cumpleaños del entonces presidente de la República Otto Pérez Molina y la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti.

Entre los regalos habían yates, inmuebles, vehículos y hasta un helicóptero, un avión y una lujosa vivienda en Roatán, Honduras.

#CooptaciónGT | El juez Miguel Gálvez niega el arresto domiciliario que solicitaron los procesados Manuel López Ambrosio -exministro de la Defensa- y Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López. pic.twitter.com/aTPTqvYI45

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 17, 2019

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El 16 de abril de ese año, 22 días antes de la renuncia de la vicepresidenta, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), destaparon el caso de corrupción conocido como La Línea.

Según las investigaciones, desde varias oficinas del organismo Ejecutivo se organizó una estructura “jerarquizada” que funcionaba con grupos externos e internos de todos los niveles y que, entre otras acciones, ajustaba de manera irregular el impuesto que debían pagar los contenedores y simulaba el ingreso de mercancías.

En un inicio, el cabecilla era Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidencia. Pero con las revelaciones los nombres de Baldetti y Pérez Molina comenzaron a aparecer, lo que generó una ola de críticas e indignación de parte de la ciudadanía, que salió a las calles a manifestar de forma pacífica.

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El día de la renuncia, Pérez Molina leyó el comunicado en el que indicaba que “la disposición de renuncia no corresponde con ninguna solicitud gremial o asociativa lo hace por decisión propia, voluntaria y personal de la señora vicepresidenta. Quiero solicitar se respete la decisión como tal y no se especule ni se desinforme, su decisión es personal, meditada difícil, valiente pero consistente con sus principios y valores”.

Después, durante una conferencia de prensa, el mandatario aseguró que “Baldetti está dispuesta a colaborar para esclarecer el caso La Línea. Ahora el Congreso de la República debe conocer y aceptar la renuncia”.

El 21 de agosto del mismo año, 105 días después de su renuncia, Baldetti fue notificada sobre la orden de captura en su contra y fue llevada a la Torre de Tribunales y enviada a prisión preventiva en la cárcel de Mariscal Zavala.

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Allí comenzaron los señalamientos en contra de la exfuncionaria por varios casos de corrupción, cinco en total, más un proceso de extradición hacia EE. UU.

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Los casos en los que se le señala a Baldetti son:

La Línea: El Ejecutivo como una red de defraudación tributaria.

TCQ: Que se refiere al pago de una comisión por US$30 millones que representantes de la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) para que el Ejecutivo le otorgara en usufructo un terreno.

Cooptación del Estado: En dónde se evidenció otra red de corrupción dirigida por los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, pero que cooptó las instituciones del Estado aún antes de llegar al poder.

Agua Mágica: En este caso se señala a Baldetti de firmar un contrato con la empresa Tarcic Engineering Ltd. por Q137.8 millones para la compra de una fórmula que limpiaría el Lago de Amatitlán, pero que, según exámenes efectuados, se trataba de agua con sal.

Por este caso, Baldetti ya fue sentenciada a 15 años de prisión.

RIC: Se señala a la exfuncionaria de haber tenido 48 plazas fantasma en el Registro de Información Catastral (RIC). Este es el quinto proceso legal contra la exvicepresidenta por un caso de corrupción.

Extradición: Además, EE. UU. hizo a Guatemala la solicitud formal de extradición en contra de Baldetti, señalada en aquel país por delitos de narcotráfico.

Después de cuatro años Baldetti volvió a ser mencionada en un caso de corrupción, aunque no se ha mencionado una orden de captura en su contra.

Se trata de un caso de corrupción en el Congreso en el que señala que, durante 2014, diputados recibieron dinero para la aprobación del decreto 12-2014, la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos.

La investigación apunta a que la ex vicepresidenta Roxana Baldetti habría sido una de las intermediarias para dichos pagos.

Actualmente, Baldetti guarda prisión en el Preventivo para Mujeres, Santa Teresa, en la zona 18.

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Para Gálvez esta situación podría ser un indicio de que  Osoy Penados se estaba beneficiando de alguna forma anómala.

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Otro argumento que sostuvo el juzgador es que  el señalado tenía relación con otros implicados en el caso Cooptación del Estado y hay probabilidad de que recibiera comisiones anómalas para bancarizarlas y luego adquirir automóviles para darle apariencia de legalidad.

En su razonamiento el juez citó la declaración del ex subsecretario de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad Miguel Ángel Martínez, donde decía que Osoy Penados había participado en la logística de la seguridad de Roxana Baldetti antes de que fuera vicepresidenta.
 
De la misma indicó que el señalado habría utilizado sus empresas para adquirir un inmueble ubicado en la zona 14 para la exmandataria cuando ejercía el cargo.

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Al finalizar sus argumentos el juez Gálvez otorgó tres meses al Ministerio Público para que presente la investigación con las que se decidirá si se lleva a cabo la apertura a juicio.

Antecedentes

Raúl Osoy Penados, fue capturado el 13 de noviembre por agentes de la División en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil en la  6 avenida y 18 calle de la zona 10  luego que se determinó su identidad puesto que se había mostrado un documento falso.

El sindicado tenía orden de captura vigente desde el 14 de abril de 2016 por Juzgado Primero Penal de Guatemala y era uno de los 117 prófugos a los que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) demandaban al Ministerio de Gobernación que agilizara su trabajo para hacer las capturas.

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Osoy fue el representante legal de Topsa Construcciones,  Inversiones Alliance, La Montaña, Beltrans y Empresa Arrendadora El Quijote.

La entidad Topsa se dedicaba a obras de infraestructura. Durante el gobierno de Otto Pérez,  recibió contratos por más de Q324 millones, según Guatecompras.

La investigación refiere que Topsa facturó por servicios no brindados por Q11 millones 565 mil 970 pero que sirvieron para pagos y gastos de campaña para el Partido Patriota (PP) de 2011.

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La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) detallan que Osoy Penados recibió Q5.2 millones de Terminal de Contenedores Quetzal, S. A., (TCQ) y dio a cambio facturas por servicios ilegales e inexistentes. Ese dinero sirvió para sobornar a sindicalistas a fin de que TCQ consiguiera el contrato de usufructo.

El Juzgado de Extinción de Dominio inmovilizó la avioneta Cirrus SR22, matrícula TG-TNT, y un helicóptero Bell 206, matrícula TG-MIL, propiedad de Osoy Penados. Las aeronaves están embargadas a la espera del final de la investigación de la Unidad de Extinción de Dominio.

De acuerdo con las declaraciones del colaborador eficaz Juan Carlos Monzón, Raúl Osoy Penados fue uno de los financistas más importantes del Partido Patriota (PP) porque dio comisiones ilícitas del 15 por ciento.

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De esas declaraciones se desprende que Osoy habría recibió Q65 millones para un dragado que sirvió para proteger la casa de playa de Marllory Chacón, condenada en Estados Unidos, y entregó de comisión Q15 millones a los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

Monzón señaló también que Osoy Penados pagó la fiesta de cumpleaños de Pérez Molina del 1 de diciembre de 2011, cuando el binomio ya había ganado la segunda vuelta electoral.
 
Además habría pagado Q219 mil para la remodelación de la Casa del Maestro, sede del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, que dirige Joviel Acevedo.

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La imagen fue para sustentar el cargo de asociación ilícita en contra de Osoy, explicó el MP durante la audiencia, aunque no precisó de que tipo de vehículo se trata y si fue un obsequio a la exvicemandataria de parte de los que figuran en la fotografía.

“Se ha establecido que operaron desde el 2009 hasta 2014”, dijo el fiscal. “El propósito era aprovecharse o tener beneficios del Estado, un beneficio propio de la organización”, añadió.

El abogado que representa a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) argumentó, como querellante, que Monzón declaró el 23 de abril pasado acerca del pago de Q10 millones y US$200 mil de Osoy a Baldetti como pago por una comisión.

“Esta representación como querellante solicita que sea ligado a proceso al señor Raúl Osoy Penados por los ilícitos de asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito, cohecho y lavado de dinero”, dijo el representante de la Cicig.

A Osoy también lo señalaron de haber “canalizado” recursos para la compra de regalos para el expresidente Otto Pérez Molina en 2012 entre estos un helicóptero y varios vehículos.

Se defiende

Osoy se defendió y negó tener nexos cercanos con Baldetti y Pérez Molina y aseguró que un trabajo de dragado que hizo una de sus empresas en San Marino y Punta de Vela no fue para proteger la casa de la narcotraficante Marllory Chacón, actualmente juzgada en EE. UU.

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“Ellos mencionan que el trabajo que se hizo era exclusivamente para proteger una casa. Les quiero decir una cosa que (la obra) se hizo en lo que es parte del canal de Chiquimulilla. Es un área de manglar natural con un millón de metros cuadrados”

Osoy recordó que “en esa área de San Marino y Punta Vela hay alrededor de mil casas” y que se hizo la protección costera en un área de 250 metros, y una casa, por muy grande que sea ocupa 20 metros de ancho, lo cual demuestra, según su parecer, que la obra no era para proteger una sola casa.  

Más de dos años prófugo

Osoy fue detenido el 13 de noviembre pasado después de una revisión rutinaria de la Policía Nacional Civil (PNC) en la zona 10.

El sindicado, de 55 años, es reclamado por la justicia por la posible comisión de delitos de lavado de dinero, financiamiento electoral ilícito, cohecho activo, y asociación ilícita.

Fue arrestado por agentes de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil en la 6 avenida y 18 calle de la zona 10.

Tenía orden de captura desde el 14 de abril de 2016 por Juzgado Primero Penal de Guatemala.

Osoy era uno de los 117 prófugos a los que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) demandaban al Ministerio de Gobernación que agilizara su trabajo para hacer las capturas, vinculados todos al caso Cooptación del Estado.

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Monzón señaló que, durante la campaña electoral de 2011, el empresario le dio a Baldetti un listado de “negocios” en los que estaba interesado.

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Según la investigación Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), Topsa, empresa vinculadas con Osoy, facturó Q11 millones 565 mil 970 en servicios que nunca se prestaron, pero sirvieron para pagos y gastos de campaña.

La fiscalía señaló que la empresa luego fue beneficiada con obras de infraestructura durante el gobierno de Otto Pérez (2012-2015). Recibió contratos por más de Q324 millones, según Guatecompras.

Además, Osoy utilizó varias entidades para emitir facturas por servicios ilegales o inexistentes por un valor de Q5.2 millones a la Terminal de Contenedores Quetzal, S. A., (TCQ) pero que, según la pesquisa, sobornó a sindicalistas a fin de que TCQ consiguiera el contrato de usufructo.

Seguridad de Baldetti

Juan Carlos Monzón contó que convenció a Osoy para que proveyera seguridad durante la campaña electoral de 2011 a Roxana Baldetti. El empresario había cumplido por un tiempo, pero le dijo a Monzón que los gastos ascendían a Q75 mil al mes.

“Él -Osoy- me dijo que los costos eran muy elevados y que ya no lo podía pagar, por lo que me propuso que Miguel Ángel Martínez Solís –exsubsecretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS)– y yo pagáramos Q25 mil cada uno y el completaba el resto. Nos dijo que nos iba a devolver todo cuando ya se le diera algún contrato del Estado”, dijo Monzón.
 
Raúl Osoy Penados fue imputado por la Fiscalía por los delitos de financiamiento ilícito y lavado de dinero ante Israel Zelada, juez suplente de Mayor Riesgo B, quien tiene pendiente la resolución de primera declaración.

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Tenía orden de captura desde el 14 de abril de 2016 por Juzgado Primero Penal de Guatemala.

Osoy era uno de los 117 prófugos a los que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) demandaban al Ministerio de Gobernación que agilizara su trabajo para hacer las capturas.

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Contratista

Osoy fue el representante legal de Topsa Construcciones,  Inversiones Alliance, La Montaña, Beltrans y Empresa Arrendadora El Quijote.

La entidad Topsa se dedicaba a obras de infraestructura. Durante el gobierno de Otto Pérez,  recibió contratos por más de Q324 millones, según Guatecompras.

La investigación refiere que Topsa facturó por servicios no brindados por Q11 millones 565 mil 970 pero que sirvieron para pagos y gastos de campaña para el Partido Patriota (PP) de 2011.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) detallan que Osoy recibió Q5.2 millones de Terminal de Contenedores Quetzal, S. A., (TCQ) y dio a cambio facturas por servicios ilegales e inexistentes. Ese dinero sirvió para sobornar a sindicalistas a fin de que TCQ consiguiera el contrato de usufructo.

El Juzgado de Extinción de Dominio inmovilizó la avioneta Cirrus SR22, matrícula TG-TNT, y un helicóptero Bell 206, matrícula TG-MIL, propiedad de Osoy Penados. Las aeronaves están embargadas a la espera del final de la investigación de la Unidad de Extinción de Dominio.

De acuerdo con las declaraciones del colaborador eficaz Juan Carlos Monzón, Raúl Osoy fue uno de los financistas más importantes del Partido Patriota (PP) porque dio comisiones ilícitas del 15 por ciento.

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De esas declaraciones se desprende que Osoy recibió Q65 millones para un dragado que sirvió para proteger la casa de playa de Marllory Chacón, condenada en Estados Unidos, y entregó de comisión Q15 millones a los exgobernantes.

Monzón señala que Osoy también pagó la fiesta de cumpleaños de Pérez Molina del 1 de diciembre de 2011, cuando el binomio ya había ganado la segunda vuelta electoral, y pagó 219 mil para la remodelación de la Casa del Maestro, sede del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, que dirige Joviel Acevedo.

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En enero del año pasado Martínez Solís declaró en dos oportunidades ante la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) para esclarecer los contratos de seguridad anómalos con la empresa de seguridad Grupo Escorpión.

Un aporte que hizo Martínez Solís es que la exvicepresidenta Roxana Baldetti le pidió que se retiraran las cámaras de vigilancia en su despacho. Además, fue testigo del traslado de dinero, se informó. Los detalles de su colaboración aún están por ser conocidos ante el juez Gálvez.

“En este caso, aprobé la colaboración en enero del año pasado y no se ha concretado su aporte porque se esté oponiendo sino por la carga del juzgado. Su testimonio se conocerá en los próximos meses”, se refirió el juez Gálvez.

Arraigo

Martínez Solís tiene prohibido salir del país y los primeros cinco días de cada mes deberá acudir al MP para el control biométrico.

Además, fue beneficiado con vigilancia policial frecuentemente con patrullajes constantes en su vivienda.

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El sindicado acudió a la judicatura el 2 de junio del 2016. Estuvo en prisión 10 meses hasta abril del 2017 cuando fue internado en un hospital privado por supuestos quebrantos de salud.

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La investigación aún está en desarrollo para determinar si existió ese encuentro y si hubo resultados.
Delgado ha sido consultada en tres ocasiones sobre su relación con el policía Villarejo. Primero dijo que no tenía relación con él, luego que no ha tenido contacto de tipo profesional y luego que quizá tuvo pudo haber coincidido con él en algún evento.

Juez Baltazar Garzón

El Ministerio de Justicia español ha dicho que Delgado no participó en ningún trámite del proceso de solicitud de extradición de Pérez Maura.

La justicia española investiga si el juez Baltazar Garzón también recibió pagos de Villarejo. El abogado español inhabilitado en sus funciones de juez es amigo cercano de Delgado y es recordado en Guatemala por la búsqueda de justicia por delitos de lesa humanidad durante el conflicto armado interno, según el Confidencial.

Las investigaciones creen que la alusión de “Mago” en los apuntes de Villarejo hablan del juez Garzón, quien negó tener alguna labor de intermediación en la extradición de Pérez Maura y atribuyó el caso a un ataque contra la ministra de Justicia española. 

La alusión de “el Mago” o “M.”, en recuerdo de una de las primeras operaciones que fueron labrando su imagen de “juez estrella”. La legendaria redada contra el narcotráfico gallego que dirigió en 1990 se conoció inicialmente con este nombre: “Mago”, apunta el diario El Confidencial.

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Iván Velásquez

Del caso se desprende también una posible reunión en 2017 en Madrid entre Delgado y una persona más con Iván Velásquez, quien dirige la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Velásquez acudió a Madrid invitado por Oxfam Intermón y participó en una charla sobre los desafíos de la cooperación internacional, informó El Confidencial. La Cicig que él representa y el Ministerio Público lanzaron en 2016 la orden de detención contra el naviero español, lo que explicaría el interés de Villarejo y del exjuez Garzón en reunirse con él, añade la publicación.

“Desde Cicig desmentimos categóricamente una reunión del comisionado Iván Velásquez en España vinculada con la extradición del señor Ángel Pérez Maura”, aseguró el portavoz de la Comisión, Matías Ponce.

Acusación

Pérez Maura, quien según El Confidencial pertenece a una de las familias más ricas de ese país, es señalado en Guatemala por haber figurado en el entramado de corrupción con el gobierno del Partido Patriota para pagar US$30 millones en sobornos para obtener el usufructo para operaciones de la portuaria Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

Una de las piezas de la red era precisamente el naviero, al que se acusa de pagar al exdignatario casi 30 millones de dólares a cambio de que se le adjudicara una obra faraónica para ampliar el puerto Quetzal y construir una terminal de contenedores. La ampliación del puerto, en el departamento sureño de Escuintla, se produjo a través de la firma de un sustancioso contrato por 25 años prorrogables por un terreno de unas 34 hectáreas.

De ese dinero, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti recibieron US$4.2 millones cada uno, según la investigación.
Tanto el expresidente como la exvicepresidenta están procesados por este caso, denominado Cooptación del Estado, así como en otros, como La Línea. Baldetti enfrenta otros casos, como Agua Mágica y una solicitud de extradición a Estados Unidos por narcotráfico.

Pagos

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea abrió la pieza Pit del caso Villarejo después de que los investigadores detectaran pagos millonarios efectuados por Pérez-Maura, perteneciente a una de las familias más ricas de España, a José Manuel Villarejo e identificaran el ‘trabajo’ que este iba a llevar a cabo para frustrar la extradición del primero.

Existen además indicios de que las cantidades, millonarias, se repartían para acabar también en el bolsillo del exjuez Garzón, apuntan las fuentes mencionadas, menciona El Confidencial.

El negocio del comisario Villarejo con el empresario español Pérez-Maura tenía un precio y unos objetivos. Según información de El Confidencial el policía pactó con su cliente un precio total de seis millones de euros si alcanzaba con éxito la desvinculación del caso.

Feci pidió juicio en España

El fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval al ser consultado ante la negativa de las autoridades españolas de extraditar al empresario Pérez-Maura recordó que la resolución “deja la puerta abierta” para la acusación en Madrid por haber pagado sobornos a las autoridades guatemaltcas.

“Se hizo la solicitud de extradición. Por su nacionalidad fue negado. En realidad, los españoles no extraditan españoles, pero dejaron abierta la puerta para que sea juzgado allá. Eso dice la resolución. Vamos a empujar para que se cumpla con la persecución penal en Madrid. Seguimos el curso para que sea juzgado allá por su implicación en el caso TCQ”, informó Sandoval.

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La exdiputada se mantuvo en silencio junto con sus abogadas. “Lo prudente es pedirle a todos que se salgan de la sala de audiencias”, explicó el titular del Juzgado de Mayor Riesgo B.

En una audiencia anterior, los médicos contradijeron el diagnóstico particular de Beltranena. Allí se concluyó que el radiólogo particular no es congruente con los estudios realizados y se recomienda que Beltranena siga con la evaluación.

Arresto

La resolución del juez Gálvez se conoció a través del fiscal Juan Francisco Sandoval quien solo informó que le habían otorgado arresto domiciliario. Se desconoce si se fijó una fianza o alguna prohibición como arraigo.

Beltranena se entregó el 15 de junio del 2016 cuando ya transcurría una semana de audiencia de primera declaración del caso Cooptación del Estado de Guatemala.

Estuvo dos años, dos meses y 28 días en prisión.

Sindicada

Beltranena permanece en prisión preventiva desde agosto de 2016, acusada de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero.

“Le pido, suplico, imploro señor Juez, que si es su voluntad me otorgue una medida sustitutiva (…) no me deje los años que me quedan de juventud en un centro de detención”, dijo sollozando Beltranena cuando solicitó por primera vez su excarcelación.

Según las investigaciones, recibía dinero en efectivo para pagar viajes, mantenimiento, hangares y los pilotos de las naves y aeronaves propiedad de Otto Pérez Molina.

Según el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala  (Cicig), en el desarrollo de la investigación por los casos La Línea, TCQ y Agua Mágica, así como del análisis de la documentación incautada, se descubrió un esquema financiero, que incluía nombres, empresas, cheques, bienes y movimientos financieros desde 2008, cuatro años antes de la toma del poder del PP.

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El director indicó que la salud del general retirado es monitoreada constantemente y que le fue implantado un cardioventilador que también es controlado frecuentemente, por lo que su tratamiento “es ambulatorio y puede llevar una vida normal”. 

Pérez Molina ha utilizado su estado de salud para no presentarse a las audiencias y para pedir su salida de prisión “por razones humanitaras” y ha dicho que su afección es delicada pues padece del corazón.
 
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García dijo al respecto que Pérez Molina podía acudir a las audiencias judiciales “perfectamente, pues no presenta ninguna condición que requiera estar hospitalizado”. 

El expresidente fue detenido en septiembre del 2015 luego de haber perdido su inmunidad y renunciar al cargo de presidente, y se encuentra en prisión preventiva y procesado por los delitos de cohecho pasivo, caso especial de defraudación aduanera y asociación ilícita.

Argumento recurrente

Recurrir a quebrantos de salud para intentar obtener beneficios ha sido un argumento constante en varios casos de sindicados en procesos especiales de corrupción. 

La exvicepresidenta Roxana Baldetti, señalada en varios procesos por asociación ilícita, caso especial de estafa y defraudación aduanera, ha presentado varias acciones por supuesta enfermedad.

El 15 de junio último, Baldetti no se presentó a la continuación del proceso por el caso Agua Mágica en el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo C, por argumentar problemas de salud que la llevaron al Hospital Roosevelt. 

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Más tarde, un informe del Inacif determinó que se encontraba estable, por lo que podía continuar con su proceso legal.

En 2017 se reveló que Baldetti se había efectuado 18 evaluaciones médicas en los primeros tres meses desde su captura (agosto del 2015) a un costo para el Estado de Q1 mil cada examen. 

A principios de julio, la magistrada separada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Blanca Stalling también logró que por sexta vez se suspendiera la audiencia de etapa intermedia en un caso de tráfico de influencias, para determinar si va o no a juicio.

La audiencia estaba programada en el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, no obstante, la defensa presentó un manuscrito donde informaba que Stalling estaba enferma.

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Según Sandoval, el colaborador eficaz quedó condicionado para comparecer en cualquier diligencia siempre que sea requerido o ya sea para ampliar declaraciones.

Monzón fue clave en los procesos penales en contra de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, del expresidente Otto Pérez Molina y sus exministros.

Monzón Rojas luego de permanecer prófugo de la justicia, se entregó el 5 de octubre del 2015, permaneció dos años y ocho meses en prisión. El 5 de abril último cumplió la mitad de la pena y a partir del 15 de junio salió del país, con destino desconocido, pero sería donde está su familia.

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Los casos en los que declaró Monzón son: Registro de información Catastral -RIC-, Bodegón, Cooptación del Estado, La Línea y procesos de extinción de dominio en contra de Baldetti.

Monzón no es el primero que recobra su libertad, en octubre del 2017 lo hizo Salvador González, alias Eco implicado en el caso La Línea.

Procesos de extinción 

Diez motocicletas que eran de Juan Carlos Monzón pasaron al Estado, luego que el Juzgado de Extinción de Dominio ordenara su extinción. Entre las motocicletas que destacan están tres motocicletas de las marcas Ducati, BMW y KTM, las cuales sobrepsan los Q500 mil.

Según se pudo determinar la motocicleta Ducati está valorada en unos US$36 mil; la F/4 August, en US$24 mil, y la motocicleta marca BMW, en US$20 mil. Los vehículos estaban a nombre de la empresa Tekni Deportes, S. A. 

El 14 de junio fue la última vez que Monzón llego a una audiencia, e esa ocasión fue para brindar por menores de como la casa de playa de Roxana Baldetti en Roatán, Honduras, fue pagada con dinero de comisiones que cobraban los ministros del Partido Patriota (PP). 

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El testimonio del exsecretario privado de la ex vicepresidenta fue este jueves ante Rosa María López, jueza Primero de Extinción de Dominio. Rosa María López.

Según Monzón, Baldetti sabía que en 2013 el entonces presidente Otto Pérez Molina le iba a dar un regalo por su cumpleaños, pero no quería que fuera un vehículo.

Explicó que él fue quien le recomendó a Baldetti que le pidiera a Pérez Molina que ayudara a terminar de pagar esa propiedad.

Para eso se reunió en 2014 una cooperacha con dinero que aportaron varios funcionarios producto de las comisiones que obtenían de contratos adjudicados, con el objetivo de costear la residencia.

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La Audiencia Nacional (AN) de España deniega la entrega del exdiplomático porque considera que los hechos de los que le acusa Guatemala no son constitutivos de un delito de blanqueo de capitales en el derecho español, que es el tipo penal por el que se pide la entrega, y no concurre así el requisito de doble incriminación.

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Ligorría fue detenido en cumplimiento de una orden de busca y captura cursada por Guatemala en julio de 2017 por un delito de financiamiento electoral ilícito, pero finalmente el juzgado guatemalteco le reclamó en octubre de ese año solo por uno de blanqueo de capitales, al considerar que el primer delito es de naturaleza política.

Las autoridades guatemaltecas le reclamaban afirmando que, como consultor político, es sospechoso de haber organizado reuniones para financiar ilícitamente la campaña electoral de 2011 del Partido Patriota, que llevó a la Presidencia a Otto Pérez Molina, en una trama que incluye a las principales compañías telefónicas de Guatemala.

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Se le imputa en concreto haber fraguado una reunión en México con Carlos Slim, dueño de América Móvil (cuya filial guatemalteca es Telgua-Claro), Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, para demostrar cercanía y atemorizar a la competencia, la empresa de telefonía Tigo.

Según la documentación enviada por Guatemala pidiendo su extradición, el gerente de telecomunicaciones de Guatemala entregó a Ligorría varios cheques por valor de 15 millones de quetzales (unos 2 millones de euros) para conseguir contratos con los dirigentes del Partido Patriota, a los que las encuestas daban como ganadores, y de esa manera desplazar a Tigo de la posición dominante que tenía en el mercado.

Esta entrega se hizo mediante pagos hechos a una empresa de Ligorría por servicios no prestados, afirma la justicia de Guatemala.

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La Fiscalía española se opuso a la entrega alegando, por un lado, la nacionalidad española de Ligorría, que ostenta desde 2009, un argumento que acoge la AN que, según el auto, la condición de nacional es un motivo de denegación recogido en el tratado de extradición entre España y Guatemala.

El otro motivo para rechazarla es que los hechos de los que le acusa Guatemala no se pueden encuadrar en un delito de blanqueo sino, en todo caso, en uno de financiamiento ilegal de partidos.

Aunque la Audiencia considera que este último delito no es de carácter político, como concluyó el juez de Guatemala, el tribunal español destaca que no puede extraditarle por este tipo penal al no figurar en la petición de la justicia guatemalteca.

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“Hemos de concluir que los hechos, tal y como aparecen descritos en la demanda (de extradición), no son en principio constitutivos de un delito de blanqueo de capitales conforme a nuestro derecho interno”, concluye la AN como segundo motivo para denegar la entrega.

Sin embargo, deja abierto el cauce para una posible investigación al exembajador en España y explica que las autoridades guatemaltecas pueden interponer una denuncia que, de estimarlo conveniente, podría plasmarse en una querella por parte de la Fiscalía para “el posible enjuiciamiento de los hechos ante los tribunales españoles”.

Actualización

El 18 de agosto de 2025 la jueza Abelina Cruz cerró el proceso penal contra el exembajador Ligorría por los delitos de lavado de dinero u otros activos y financiamiento electoral ilícito, en el caso denominado Construcción y Corrupción.

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El comisionado Iván Velásquez, jefe de la Cicig, explicó en gráficas que entre el 2012 y el 2015, el total de pagos en varios tipos de plazas fantasma otorgados por el RIC sumaron unos Q4 millones 893 mil, que se refieren sólo al primer grupo de plazas, de otros que aún están en investigación. 

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“La presente investigación determinó la existencia de una estructura que operó y cooptó la institución, para obtener beneficios económicos y pagar favores políticos”, dice la investigación.

Según las pesquisas, los fondos de estos contratos servían para gastos de oficinas de soporte a empresas del grupo Estrella, que están vinculadas a la exvicepresidenta Roxana Baldetti. 

El control de todos estos ilícitos en el RIC lo tenía Juan Carlos Monzón y Víctor Hugo Hernández. 

Por este caso serán citadas a una audiencia de primera declaración, entre otros imputados, la exvicepresidenta Roxana Baldetti, Emilia Guadalupe Ayuso de León, Daniela Beltranena, Selvin Boanerges García y Édgar Romero Cristiani, el próximo 24 de mayo, según el MP. 

Tres modalidades

El comisionado de la Cicig explicó que, según las pesquisas y documentos incautados en varios allanamientos, se pudieron establecer tres modalidades sobre estas contrataciones anómalas.

• Plazas en las que el contratado se queda con un porcentaje: Se refieren a personas “recomendadas dentro del RIC” que no cumplían el objeto del contrato, por lo que se quedaban con una parte del dinero y el resto se entregaba a la persona que los refirió. 
• Plazas en las que el contratado se quedaba con el dinero: Personas que eran directamente contratadas por la institución, aunque no cumplían con el objetivo del contrato se quedaban con todo el dinero.
• Plazas  pagadas por el RIC, pero el contratado efectúa otras actividades: En este tipo de plazas los contratados tenían otras actividades que no correspondían a la institución. 

En las declaraciones se proyectaron algunos ejemplos de contrataciones ilícitas, como el caso de Carlos Santos, que se hizo específicamente para tener el control del RIC, o la de Luis Diego Sandoval Paredes, que en ese tiempo laboraba para otra institución.
 
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De la misma forma está el caso de Ana Patricia Rojas, que trabajaba para Corporación de Noticias pero le pagaba el RIC, o la contratación de Perfecto López Apen, piloto personal de Juan Carlos Monzón. 

(Algunos de los sueldos revelados por el MP)

Los contratos cuyos fondos servían para gastos en favor de Roxana Baldetti. #CajaDePagosRIC pic.twitter.com/OJ3Y5hmcPg

— MP de Guatemala (@MPguatemala) May 15, 2018

También se mencionó el caso de Ana Lucía Recinos Chavarría, hija de Rubelio Recinos, alcalde del municipio de Santa Rosa en ese momento, y la contratación de Marlen Verónica Flores Navarijo, referida por el diputado Jairo Flores. 

La fiscal general, Thelma Aldana, quien este miércoles termina su mandato, explicó que aún se encuentran bajo investigación unas 50 plazas dudosas. 

“Nido de plazas”

En una declaración de junio del 2016, Monzón había dicho que el RIC era un “nido de plazas” para los partidos políticos. 

“Sé decirle que allí en el RIC era el nido de plazas para todos los partidos: Líder, UNE y PP, porque yo me di cuenta ya estando de enlace y al contratar personal nuestro que nos informaron de las plazas del RIC”, dijo entonces Monzón, colaborador eficaz en el caso Cooptación del Estado.

“En el RIC habían bastantes proyectos, pero en realidad ya todos estaban adjudicados y tengo un cuadro del RIC, empresas adjudicadas y empresas transnacionales con representación aquí en Guatemala”, aseguró Monzón.

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La inconformidad de Pérez Molina y de Baldetti hacia Prensa Libre tuvo fundamento en las reiteradas publicaciones que este medio de comunicación hizo durante el gobierno del Partido Patriota, denunciando las irregularidades y opacidades de sus decisiones y acciones.

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Una de las peores reacciones de Pérez Molina ocurrió cuando el 17 de junio del 2014 Prensa Libre evidenció las anomalías que existían en la contratación de la empresa argentina Kolektor, por medio de la cual se pretendía tercerizar los servicios de recaudación en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) con una comisión de Q274 millones a favor de dicha empresa. En diciembre, desde Argentina, se evidenciaron los nexos que existían entre los representantes de la firma y Pérez Molina con el supuesto fin de controlar las aduanas de Guatemala. Luego de las denuncias hechas por Prensa Libre, el contrato realizado por el Directorio de la SAT fue revocado.

La muestra más evidente de que lo dicho por Monzón sobre este medio no es cierto es el rechazo público de Prensa Libre a las presiones que en su momento realizaron Pérez Molina y Baldetti Elías, y el cual quedó plasmado en nuestro editorial titulado “Ya no más llamadas, presidente Pérez”, publicado el jueves 26 de junio de 2014.

“Prensa Libre presenta su respetuosa pero firme y enérgica protesta a causa de la llamada hecha el martes pasado por el presidente Otto Pérez Molina a nuestro director editorial, Miguel Ángel Méndez Zetina, a quien increpó porque no está de acuerdo con las informaciones sobre la contratación de una empresa extranjera”, dice el encabezado del editorial.

Sigue: “En los últimos meses, el mandatario ha hecho llamadas similares al director editorial. No lo habíamos hecho público en un gesto de tolerancia, pero esta vez es aún más inaceptable porque acusó directamente a este diario de estar 'sirviendo a la estrategia de sectores empresariales' que quieren sabotear los planes del Gobierno para controlar la evasión fiscal. Esto es inaceptable y reiteramos nuestro rechazo”.

Denuncias de Fonapaz

Otra reiterada denuncia hecha por este medio fue sobre el oscuro manejo que el gobierno de Pérez Molina y Baldetti hacían del Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz), entre estas la adjudicación de obras luego del cierre de la entidad, en el 2013; o mucho antes, en el 2012, denuncias sobre la construcción de viviendas sobrevaloradas o la denuncia de compras irregulares en la supuesta asistencia a los damnificados del terremoto en San Marcos, también en el 2012.

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También se hizo férrea denuncia de la campaña anticipada que en el 2014 el PP empezó para lanzar la candidatura del entonces ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, hecho que derivó en que el Tribunal Supremo Electoral ordenara suspensión de ese partido.

El 8 de septiembre del 2014 se denunció que la empresa de uno de los sobrinos de Pérez Molina, Jaime Pérez Castillo, había sido beneficiada durante los tres primeros años del gobierno del PP con contratos que sumaban Q37 millones, equivalentes al 61% del monto recibido por esa empresa durante sus 10 años de servicios al Estado.

Como las citadas, son múltiples las críticas recurrentes que este medio hizo a la gestión de ese partido, como por ejemplo sus fallas en cuanto a estrategias para brindar seguridad ciudadana, el mal manejo de la conflictividad social derivada de las pugnas por proyectos de energía o el bloqueo de la agenda legislativa por parte del oficialismo luego de secretas reuniones donde se recibían instrucciones de los mandatarios.

Lo que dice Monzón

Los señalamientos de Monzón Rojas ocurrieron en el marco de la declaración de anticipo de prueba que él realiza desde el 2 de abril ante el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, en el caso Cooptación del Estado. Monzón hizo la alusión a Prensa Libre cuando era cuestionado por su abogado, Alexis Calderón.

Monzón aseguró que en la vicepresidencia de Baldetti trabajaba un familiar de Méndez Zetina y que “cualquier cosa que se necesitara en el tema de Prensa Libre el contacto directo era Sonia de Castro -exsecretaria de Baldetti-, la que solicitaba los apoyos que la señora vicepresidenta requería”.

Prensa Libre reitera su compromiso con sus lectores, la misión de expresar nuestro pensamiento y registrar los hechos que suceden en Guatemala sin cortapisas ni influencias de ninguna clase se mantienen, porque nuestro único compromiso es con la verdad.

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Calderón señaló al juez Gálvez de haber cometido un error en el comienzo de la audiencia, al no llevar a cabo el juramento a Juan Carlos Monzón de acuerdo con el artículo 219 del Código Procesal Penal (CPP) que advierte a un testigo a decir la verdad, ante su conciencia y el pueblo de la República de Guatemala. La falta de este requisito, según el profesional, convierte en nula la declaración.

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Para Calderón, la declaración de Monzón perdió certeza porque no se desarrolló de acuerdo con el artículo 377 del Código Procesal Penal. El abogado protestó porque la audiencia no fue continua, hubo interrupciones e incluso se suspendió tres días por una diligencia de la Fiscalía, en ese contexto, Calderón sospecha que Monzón habría tenido contacto con otros sindicados del proceso y eso habría provocado que cambiara su versión.

Los alegatos del representante de Otto Pérez Molina, concluyeron en que la declaración de Juan Carlos Monzón, debe declararse nula. Sin embargo, llevó a cabo el interrogatorio al testigo.

El interrogatorio del abogado de Pérez Molina a Juan Carlos Monzón

¿Utilizó testaferros para adquirir propiedades  que son de su propiedad?

Sí.

¿Estas personas que firmaron y que obtuvieron bienes, son del conocimiento de la Fiscalía y del juez?

Sí.

¿Cuál fue el resultado de la reunión con la Fiscal General –Thelma Aldana– sobre el transporte de  granos en que puedo haberse involucrado su esposa?

El resultado fue un proceso legal al cual yo asistí.

¿Cómo resolvió el asunto por el que fue a hablar por su esposa con la Fiscal General?
Yo no fui hablar por mi esposa, fui hablar por un proceso donde están involucrados unos camiones que pertenecían a mi empresa y de mi esposa.

¿Reveló al Ministerio Público y al juez la totalidad de vehículos que adquirió con comisiones y productos ilíc?itos?

Todos.

¿En su calidad de secretario privado de la Vicepresidencia contrató a personal que trabajara exclusivamente para usted sin autorización de su jefa?

Sí.

¿Cuantos trabajaban para usted sin que ella supera?

No recuerdo.

¿Participó en comisiones en diferentes ministerios de Estado con empresas afines a sus intereses sin el conocimiento de su jefe la vicepresidenta Baldetti?

No.

¿En cuanto al fertilizante, mayafert, en el año 2012, cuando pagó por saco –en comisiones–?

Aproxidamente Q1 y Q1.25

¿Compró joyas con el dinero ilícito que recibió de la comisiones?

Joyas, no.

¿Mediante el procedimiento de extinción de dominio, ya entregó las joyas o relojes que pudo haber obtenido con dinero ilícito?

No.

¿Cuándo lo va hacer, señor Monzón?

No voy a entregarlas.

(…) esto es una granjería del Ministerio Público o es una disposición suya no entregarlos

En esta pregunta surgió una discusión de criterios entre los fiscales del MP y el abogado.

Dijo que solo Víctor Hugo Hernández y usted sabían dónde se guardaba el dinero producto de las comisiones. ¿Cuándo salió la orden de captura en su contra, qué  pasó con ese dinero?

No lo sé

¿Dónde más tenía plazas asignadas?

En el Fonades y las portuaria Quetzal y Santo Tomás

¿Con el dinero que obtuvo regalo vehículos a personas afines a usted?
Sí.

¿Cuantos vehículos regaló?
Le regalé una Land Rover a un amigo el día de mi cumpleaños.

¿Sabía Otto Pérez Molina que usted era quien recolectaba el dinero para hacerle los regalos en sus cumpleaños?
Él todo lo sabía.

¿Otto Pérez Molina sabía de dónde venía el dinero para sus regalos?
Sí, él sabía de las personas.

¿Del vehículo Jaguar que se dice que se le entregó a Otto Pérez Molina, estaba a nombre de él? 
No, lo usaba la hija Lissette.

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Según la investigación revelada por la Cicig y el MP, la empresa Grupo Escorpión, S.A., propiedad de Miguel Ángel Martínez, fue una de las beneficiadas con contratos adjudicados por el Ministerio de Cultura y Deportes y consentidos por los exministros Pezzarossi y Carlos Batzín.

El exfutbolista y exministro fue capturado el 3 de junio del 2016, por supuestamente, apropiarse de fondos del Ministerio de Cultura.

Monzón también dijo que entregó Q5 millones al expresidente Otto Pérez Molina producto de las comisiones ilícitas que cobraban en las aduanas, portuarias y otros proyectos. 

Según Monzón, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti intervenía en algunas subastas de la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio y cambia los bienes que le interesaban, como el caso de un burro que fue adquirido por Q5 mil.

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Ese oportunismo político ha sido el caldo de cultivo ideal para que los intereses empresariales se incrusten en el Estado. Con la UNE y el Partido Patriota, el gran capital metió las manos hasta el fondo. La debacle de los gobiernos de ambos partidos también tiene como corresponsables a la cúpula empresarial que los financió y que sacó réditos de su coparticipación en esos gobiernos, así como en los que los antecedieron. En todos ellos hubo financiamiento ilícito, era la forma de operar porque no había ningún mecanismo de control para evitarlo. Cuando el FCN-Nación se perfiló como la alternativa para suceder al PP en la Presidencia, ese mismo sector empresarial lo engulló, sin importar sus raíces militaristas.

La débil estructura y sin mayor base social del grupo que postulaba a Jimmy Morales facilitaba las cosas para el sector privado. Fue así como Rodrigo Arenas, presidente del Movimiento Cívico Nacional (MCN), se convirtió en el recaudador de fondos para el minúsculo partido. No es la primera vez que Arenas aparece manchado por la corrupción, ya que en agosto del 2017 fue señalado de haber recibido dinero de las extorsiones que Alejandro Sinibaldi hacía a constructores. El empresario José Luis Agüero informó ante la jueza que llevaba el caso Construcción y Corrupción que le dio Q500 mil a Arenas por instrucciones de Sinibaldi, en ese entonces ministro de Comunicaciones. Otro empresario, Álvaro Mayorga, también dijo que le dio Q250 mil. En el caso del FCN, Arenas articuló una estructura, junto con el coronel Justino Ovalle, ahora prófugo de la justicia, supuestamente para “defender el voto” con fiscales de mesa.

Esa defensa del voto movilizó fondos provenientes del G-8, el grupo que representa a las familias más adineradas del país. Los fondos provenían de empresarios como Julio Ramiro Castillo, del Banco Industrial; Felipe Bosch Gutiérrez, de Inversiones Nuevas; Julio Castillo, de Cervecería Centroamericana; José Torrebiarte, de Cementos Progreso, y de los azucareros Fraterno Vila, Ramiro Alfaro y Herbert González, entre otros. Arenas jugó el papel que le corresponde como un dirigente orgánico del proyecto oligárquico para la cooptación del Estado. De esa manera, el empresariado no solo tuvo el “agradecimiento” de Jimmy Morales por su “apoyo desinteresado”, sino que a partir de ahí pudo influir en forma decisiva en el nombramiento de ministros y definición de políticas, principalmente en el área económica, como siempre lo ha hecho. La diferencia es que ahora existe la Cicig y el MP para contrarrestar esas acciones perversas de captura del Estado. Por eso es fundamental que se ligue a proceso a Arenas y Botrán, entre otros involucrados en el financiamiento electoral ilícito, para sentar un precedente. No basta decir que fue un error, cuando a todas luces estamos frente a un delito.

@hshetemul

Según las declaraciones de Monzón, los aportes se ocultaron mediante la utilización de empresas de cartón relacionadas con Roxana Baldetti, desde las cuales se emitían facturas hacia los financistas para justificar los gastos.

Monzón aseguró que los financistas sabían que las facturas serían emitidas por empresas que no representaban al Partido Patriota y que el 90 por ciento del dinero recibido para la campaña no fue reportado al TSE.

Monzón también explicó que se pusieron de acuerdo con Mauricio López Bonilla para cobrar comisiones por la reconstrucción de varias comisarías por el terremoto de San Marcos en el 2012, pero que nunca dio la comisión.

#CooptacióndelEstado Monzón explica que se pusieron de acuerdo con Mauricio López Bonilla para cobrar comisiones por la reconstrucción de varias comisarias por el terremoto de San Marcos en el 2012, pero que nunca dio la Comisión pic.twitter.com/hcTQN3cTmA

— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) 30 de abril de 2018

Además, dijo que diputados del Partido Patriota recibieron mensualmente entre Q25 mil y Q50 mil en “bolsitas de regalo”, como una cuota, por motivos que Monzón aseguró desconocer.

#CooptacióndelEstado Monzón responde que la contralora Nora Segura les ayudó a botar un evento para el dragado en Empornac, ya que el le dijo que era una orden de la vicepresidenta Roxana Baldetti pic.twitter.com/Wluxv5Qp5G

— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) April 30, 2018

La audiencia fue suspendida por el juez Miguel Ángel Gálvez al mediodía y continuará el miércoles a las 9 horas.

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Según Monzón, la compra la hizo su contador Víctor Hugo Hernández en la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) debido a que “la señora vicepresidenta lo quería”.

Comunicación Social de la Senabed confirmó que el animal fue extinguido al narcotraficante Mario Ponce, quien fue extraditado y condenado en Estados Unidos.

Según la información proporcionada, el burro tenía por nombre Fiona, como uno de los personajes de la película Shrek y que había sido adquirido por Q5 mil.

Una fuente confirmó que un burro fue localizado en la Montagna, una propiedad de Roxana Baldetti que se encuentra en proceso de extinción de dominio, pero se desconoce si se trata del mismo animal.

En esa finca lo conocían como “Igor”, otro burro que sale en Winnie Pooh. Luego de que se inmovilizó el inmueble el animal no fue encontrado. Pobladores del área recuerdan al animal y que un día personas no identificadas llegaron a desocupar la vivienda y se llevaron todo el menaje, incluido el burro.

Hasta el momento se desconoce qué sucedió con el burro, a dónde fue trasladado y quiénes hicieron la mudanza.

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El colaborador eficaz explicó sobre otros gastos realizados, como los aguinaldos para los pilotos del avión conocido como La Balita, por Q46 mil, y para un instructor de buceo, por Q46 mil 800.

La Montagna es un conjunto de 25 fincas ubicadas en Tecpán Guatemala, Chimaltenango, y que está a nombre de empresas vinculadas de Mario Paz, esposo de Roxana Baldetti, propiedades que ya están bajo la administración de la Senabed.

La propiedad fue adquirida por Paz, Humberto de Mata y PubliAses, Sociedad Anónima.

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Acevedo habría cumplido lo ofrecido al efectuar una protesta, de la cual Monzón dijo no recordar con exactitud.

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Monzón detalló que Joviel Acevedo pidió artículos específicos para una habitación que él utilizaría, como una cama grande y un refrigerador personal.

La remodelación consistía en remozar y equipar este inmueble con objetos de lujo, que fue pagada por Raúl Osoy con su empresa Topsa, como pago por comisión a los exgobernantes. #CooptaciónDelEstado @CICIGgt

— CICIG Guatemala (@CICIGgt) April 20, 2018

Otra de las revelaciones de Monzón fue un regalo que Baldetti le hizo al expresidente Pérez Molina, el cual consistió en el blindaje de un vehículo, cuyo costo fue de US$21 mil.

En los correos electrónicos revelados por el MP figura uno en el que Roxana Baldetti le pide a Monzón que no le envíe información por ese medio, sino de “mano en mano”.

También fue revelada una cotización de una lancha que le fue obsequiada al expresidente Otto Pérez Molina en el 2012, la cual estaba valorada en US$215 mil pero finalmente fue adquirida en US$202 mil.

Además, aseguró que 41 plazas en renglón 029 en la Portuaria Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal, fueron gestionadas por el diputado Marvin Díaz en el 2014, para beneficiar a personas que apoyaron al Partido Patriota.

En la lista de correos también fue revelado uno en el que la ex vicepresidenta Roxana Baldetti le pide a Monzón informes de temas pendientes, tanto de los negocios que administraba como en la gestión pública.

Con respecto a la compra de Corporación de Noticias, Monzón dijo que Baldetti no sabía la situación financiera de la empresa, pero que esperaba poder utilizar el edificio y la maquinaria ante cualquier eventualidad.

Víctor Hernández, contador de Juan Carlos Monzón, envió correos con información de la compra de una propiedad de Roxana Baldetti en Roatán, Honduras. Según el correo, se efectuaron dos transferencias bancarias de US$35 mil cada una y otra de US$30 mil.

Juan Carlos Monzón explica que le dieron Q1 millón a Julio Ligorria para un estudio de medios que nunca recibió y que el pago era a través de transferencias internacionales. pic.twitter.com/CDHQ3woSLC

— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) April 20, 2018

En un documento de Excel, también fue revelado un proceso de contratación de letrinas que serían utilizadas para la construcción de casas en San Marcos, luego de los terremotos que afectaron el país durante el Gobierno Patriota.

“Tuve la instrucción de la ex vicepresidenta que se compraran a la empresa EBIS”, dijo Monzón, quien aseguró que la compra, valorada en Q3.6 millones estaba sobrevalorada.

Un cuadro de Excel de operaciones del Fondo Nacional de Desarrollo también fue explicado por Monzón, quien detalló algunas contrataciones que se hicieron durante la gestión del Gobierno Patriota.

Una tabla con el nombre “Cirujanos”, reveló comisiones que se recibían de la Portuaria Quetzal, de las cuales el 60 por ciento era para “los jefes”, según Monzón.

Se necesitaba una lancha patrulla en la Portuaria Quetzal, por la cual dieron de comisión Q1 millón, según aseguró Monzón.

La audiencia fue suspendida por el juez Miguel Ángel Gálvez y será retomada el lunes a las 9 horas.

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Lima fue detenido cuando regresaba de un supuesto tratamiento dental, para el que había pedido permiso de 8 a 12 horas, pero del cual no regresó hasta las 17.15, cuando fue detenido en un operativo de la Policía Nacional Civil colocado a dos kilómetros del acceso al Centro de Detención Pavoncito, en Fraijanes.

Por esa supuesta irregularidad fue destituido el entonces director del Sistema Penitenciario, Luis González.

En esa ocasión, Lima Oliva, al llegar a la Torre de Tribunales, comentó: “Payasos —en alusión a las autoridades—. Lo que ocurrió es que venía de una cita odontológica. Hice una solicitud, y me autorizaron. Lo que pasa es que hay gente en el Gobierno que participa en actos anómalos”.

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En el operativo supuestamente se hallaron dos armas sin registro ni licencia de tenencia y portación, y se detuvo a seis guardias de Presidios y dos pilotos particulares.

Los guardias fueron identificados como Modesto Vásquez, Domingo Choc, Eliseo Ical, Mario Roch, Santos Sarceño y Édgar Hernández. Los pilotos se identificaron como Selvin Godoy y William Salguero.

Condena

Byron Lima estaba implicado en la muerte de monseñor Juan Gerardi, por lo que fue sentenciado en el 2006 junto con su padre Byron Lima Estrada, el especialista Obdulio Villanueva —fallecido— y el sacerdote Mario Orantes —libre— por la muerte de Gerardi.

En julio del 2016, Lima Oliva fue asesinado durante un enfrentamiento por el control de la cárcel Pavón, donde murieron otras 12 personas.

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Bajo circunstancias poco claras, la mayoría de muertes, incluida la de Lima Oliva, fue provocada por disparos, y varios cuerpos fueron decapitados. El ataque se atribuye a un grupo encabezado por Marvin Montiel Marín, alias el Taquero.

Señalaban a Montiel Marín, condenado a más de 800 años por la muerte de 16 extranjeros en el 2008,  porque  Lima Oliva prohibió  la venta de drogas en Pavón.

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En cuanto a este tipo de comisiones ilícitas, dijo que, incluso, había un “libro mayor” donde estaban registradas todas esas operaciones. 
 
En declaraciones recientes, Monzón afirmó que el 90 por ciento de sus declaraciones sobre las comisiones fraudulentas que se efectuaron durante el mandato del binomio presidencial de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti podían ser respaldadas por documentos físicos. 

Monzón reveló nuevos detalles sobre este caso de corrupción que ha acaparado la atención y en el que se ha desvelado la forma fraudulenta de operar de esta red. Dijo, por ejemplo, que el exdiputado Selvin García también exigió una comisión ilícita  y una plaza en el Registro de Información Catastral. 

“Lo que exigió fueron Q400 mil, pero solo se entregaron Q200 mil”, aseguró Monzón. 

Monzón dijo que Baldetti también recibió una comisión ilícita por plazos fijos en Banrural, y que de esa comisión se le pagaba el salario a su hermano Mario Baldetti. 

Beneficiados con la seguridad

Monzón también reveló quiénes fueron los beneficiados con contratos en tema de resguardo para el binomio presidencial. Confirmó que él mismo contactó a Miguel Ángel Martínez para que le brindara seguridad a Roxana Baldetti durante su campaña. 

Los pagos para ese rubro fueron solventados por el propio Monzón, Martínez, Raúl Osoy y Édgar Critiani.

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Según el sindicado, Martínez ya había intentado que se le beneficiara con contratos para brindar seguridad privada a las portuarias, el Institututo Nacional de Electrificación (Inde) y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. 

De esa cuenta, la Portuaria Santo Tomás de Castilla adjudicó un contrato de seguridad a la empresa de Martínez, adjudicación por la que se entregó una comisión de 10%.

La comisión ilícita de los contratos de seguridad eran entregadas,  en una primera fase, al secretario general de la vicepresidecia de ese momento.

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El guatemalteco Hayron Eduardo Borrayo Lasmibat, alías Bingotón, fue el principal socio de Marllory Chacón Rossell, conocida como la Reina del Sur, (también amiga de Baldetti) en la creación de empresas que supuestamente se utilizaron para lavar dinero producto del narcotráfico en Guatemala. Él y su esposa, Mirza Hernández, así como Chacón Rossell, habrían aportado fondos a la campaña del Partido Patriota que llevó al poder a Pérez Molina y a Baldetti.

Una compañía empleada para ese fin fue la lotería Bingotón Millonario, que fue incluida en la lista negra en el 2012, así como la empresa Revoluciones por Minuto Aceleración, también propiedad de Borrayo Lasmibat. Esta última firma se dedicaba a patrocinar carreras automovilísticas en Guatemala.

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Tanto Chacón Rossell como Borrayo Lasmibat fueron procesados en Estados Unidos y hallados culpables de narcotráifco y recibieron un condena de 12 y 8 años de prisión, respectivamente. 

Wálter Menchú, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) en el área de seguridad, dijo en febrero del año pasado que es probable que Borrayo Lasmibat y Chacón Rossell hayan recibido un beneficio en sus condenas a cambio de señalar a las personas con quienes trabajaron en sus actividades delictivas en el país. Una prueba de ello sería que en ese mismo año la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac, en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos retiró de la lista de sanciones a Borrayo Lasmibat.

Menchú señaló que Chacón Rossell y Borrayo Lasmibat fueron involucrados en lavado de dinero con diferentes carteles mexicanos y colombianos.

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El analista recordó que una de las abogadas de la Reina del Sur fue Bonnie Klapper, exfiscal de EE. UU., quien pudo haber negociado con la Corte de Miami la condena de su defendida.

Después de destaparse la red corrupta que supuestamente financió la campaña de Pérez Molina y Baldetti, fue cuando la exvicepresidenta, según Monzón, le pidió que ayudara a escapar a Francia a Borrayo, donde fue capturado (París) y extraditado a Florida, Estados Unidos, el 13 de marzo del 2014. 

Reportes de prensa dan cuenta de que entre Chacón y Borrayo pudieron haber aportado a la campaña del 2011 del Partido Patriota unos US$2 millones. 

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El primero en exponer fue el médico Julio Pozuelos en representación de Alvarado Porres. El médico dijo que su paciente tiene una degeneración en la columna, por lo que amerita una operación y que luego la fisioterapia debe practicarse en un lugar específico.

El segundo en hablar fue el médico José Manuel Pérez Zapeta que explicó los padecimientos de Calderón y señaló que su paciente tiene hernias en la columna vertebral, por lo que también debe ser operado.

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Por aparte, el médico Edwin Marino Salazar expuso con un esqueleto plástico los padecimientos de Fernando Peña, ex directivo de un banco del sistema. Según el facultativo tiene problemas en la columna vertebral. Por aparte padece hipoglicemia, insuficiencia venosa, depresión mayor, colon irritable, gastritis nerviosa, hígado graso moderado e hipertrofia prostática benigna.

Aún no ha sido escuchado el último médico que representará a Barrera Menéndez.

Luego, el juez Gálvez escuchara a los médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para que expongan si coinciden con los padecimientos reportados.

El caso

El 2 de junio del 2016, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) revelaron los resultados de las investigaciones que descubrieron una estructura de lavado de activos, diseñada para captar fondos que financiaron parte de la campaña electoral del Partido Patriota en el 2011.

Las financistas de la campaña después fueron beneficiados con millonarios contratos pagados con fondos públicos. Ese día, las autoridades capturaron a 25 personas, entre empresarios, banqueros, testaferros y exfuncionarios, donde también sindicaron a los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

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orden de captura

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Sin embargo, como producto de las “negociaciones” entre Gonza?lez y los candidatos presidenciales o sus representantes, ma?s de 80% de esa suma fue concedido en calidad de donativo, aunque ninguno de los partidos tiene documentado el mismo.

Los favoritos, favorecidos

Los dos partidos que se llevaron la mayor tajada fueron el entonces partido en el poder, PAN, y el FRG; el primero recibio? Q21.2 millones en publicidad, aunque segu?n fuentes panistas, “se hizo un pago de dos o tres millones en efectivo” al principio de la campan?a.

Por su parte, el FRG recibio? Q19.3 millones en tiempo publicitario en todos los canales, y el encargado de las finanzas del partido, Harris Withbeck, reconocio? que “no pagamos ni un centavo” por esa publicidad.

Al FRG se le favorecio? adicionalmente con amplios espacios quise presentaban como noticia en Noti 7, donde se le privilegiaba ma?s que a los otros partidos.

Entre las estadi?sticas que llaman la atencio?n puede sen?alarse que a la Alianza Nueva Nacio?n, ANN, que quedo? en tercer lugar en los comicios, so?lo se le concedio? espacio publicitario por valor de Q4.4 millones en la campan?a.

La investigacio?n periodi?stica se concentro? en los meses de junio a noviembre -no abarco? la segunda vuelta, en la que las estimaciones favorecen al FRG- para determinar los montos en publicidad cedida. 

Para obtener los datos, se tomaron en cuenta las tarifas vigentes en cada uno de los canales, y no contemplan descuentos que pudiesen haber tenido los partidos si hubieran efectuado negociaciones por volumen de inversión.

Mejor espacio a los grandes

Por medio de entrevistas con empleados de algunos de los canales, se pudo establecer que, “por órdenes de los jefes”, se privilegiaba a determinados candidatos con los horarios.

Una fuente del PAN, que asegura que se entrevisto? “al menos en dos ocasiones” con Angel Gonza?lez, en Miami, EE.UU., asevera que constantemente se le teni?a que demandar trato “igualitario” con el candidato Portillo, sobre todo en los u?ltimos meses, cuando se le privilegio? ma?s.

Producto de esta investigacio?n, tambie?n se pudo establecer que a nivel de alcalde, se cedio? un espacio parejo para todos, con tres “spots” o anuncios diarios para cada uno, pero otra vez se privilegio? desproporcionadamente a los candidatos del FRG y PAN. En la lucha por la comuna, tambie?n Noti 7 fue protagonista, al acompan?ar en todas sus actividades al candidato del FRG y privilegiarlo con grandes espacios para sus mitines.

Uno de los partidos “pequen?os” que ma?s favores recibio? de Gonza?lez fue la Unio?n del Centro Nacional, que recibio?, durante algunos meses, ma?s de Q1 millo?n en espacio publicitario.

En casi todos los pai?ses democra?ticos se establecen topes para las donaciones en las campan?as electorales, precisamente para evitar el tra?fico de influencias y que los candidatos lleguen con demasiados compromisos a la Presidencia.

Confirman regalo

Los personeros de televisio?n local no distinguieron entre derecha, centro o izquierda para otorgar espacios gratuitos a la mayori?a de partidos poli?ticos durante la campan?a electoral.

Sin embargo, directivos de varias organizaciones confirmaron a Prensa Libre el hecho. De esa cuenta, se puso de manifiesto que hubo tiempo gratuito para los poli?ticos en el monopolio televisivo propiedad del mexicano Angel Gonza?lez, cun?ado del ministro de Comunicaciones, Luis Rabbe?.

Harris Whitbeck, Secretario Ejecutivo de la Presidencia de la Repu?blica, enfatizo? en que el Frente Republicano Guatemalteco, FRG, no gasto? un solo centavo en televisio?n para promover a su candidato presidencial, Alfonso Portillo.

“El monto total fue donado, aunque no se? a cua?nto ascendio?. Eso fue un aporte de los canales al proceso electoral”, declaro?.
Entretanto, He?ctor Cifuentes, jefe de bancada del Partido de Avanzada Nacional, PAN, lo acepto?. “Los candidatos tuvieron acceso gratuito a los espacios de los canales de televisio?n”, an?adio?.

Mientras, Alvaro Colom, ex candidato presidencial de la Alianza Nueva Nacio?n, ANN, se expreso? en te?rminos similares.
“El comando de campan?a de la ANN logro? que los canales nos donaran espacios en la televisio?n; eso fue sin ningu?n condicionamiento, explico? Colom.

A esas tres versiones se unio? la de Rafael Arriaga, secretario general del cancelado Frente Democra?tico Nueva Guatemala, FDNG. “Debido a la falta de recursos para pautar propaganda, conversamos con los ejecutivos de los canales 3 y 7, quienes accedieron a obsequiarnos el tiempo”, declaro?.

No conocen a Gonza?lez

Ninguno de los poli?ticos consultados acepto? haber conversado alguna vez con Gonza?lez. “Yo nunca hable? con e?l”, anoto? Whitbeck, encargado de las finanzas del FRG durante la campan?a electoral.

“No lo conozco, pero algunos de mi comando de campan?a si?”, aclaro? Colom. Por su parte, Arriaga enfatizo? que “ningu?n miembro del FDNG charlo? con Gonza?lez, so?lo con los ejecutivos guatemaltecos de los canales”.

Rabbe?: Los desconozco

Al ser interrogado sobre los favores de su cun?ado a los poli?ticos locales, Rabbe?, con evidente disgusto, declaro? desconocerlos, pues “desde hace tres an?os y medio me sacaron -de los canales- los sen?ores del PAN”.

Adema?s, intento? aclarar que no existe monopolio de la televisio?n local: “Mono, viene de uno; monopolio, teo?ricamente, so?lo habri?a una estacio?n que transmitiera (sic)”. Rabbe? aprovecho? para quejarse de lo que califico? de “linchamiento poli?tico” en su contra, organizado por algunos medios, entre ellos Prensa Libre, indico?.

Justicia tardía

Durante años, las emisoras de Ángel González mantuvieron los favores de espacios a políticos, los cuales nunca fueron fiscalizados por las autoridades competentes. Sin embargo, en 2016 las investigaciones del Ministerio Público en conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Cicig, establecieron que las empresas Radio Televisión, S.A. y Televisiete, S.A. (canales 3 y 7) financiaron parte de la campaña del Partido Patriota en 2011 en forma ilegal.

Según la investigación el financiamiento que las empresas mediáticas hicieron al Partido Patriota fue de 17.6 millones, entre los años 2008 y 2011. A cambio de eso, el gobierno dirigido por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti (hoy en prisión), otorgaron el 69 por ciento de la pauta publicitaria a las empresas mencionadas del 14 de enero de 2012 al 15 de abril del 2015. 

Este ilícito está integrado al caso denominado “Cooptación del Estado” y se giró orden de captura internacional contra Alba Elvira Lorenzana Cardona, esposa de Ángel González y otras personas vinculadas con la pesquisa, las cuales se encuentran prófugas a la fecha. 

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La vocera del MP, Julia Barrera, dijo que Salvador González, alias Eco, en su declaración de anticipo de prueba por el caso referido, señaló a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti de haber comprado parte de las acciones de la entidad de noticias. 

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Video

Fuerzas de seguridad resguardan edificio

La Unidad de Extinción de Dominio del Ministerio Público materializa la medida cautelar del edificio ubicado en la 14 avenida 4-33, zona 1 de la ciudad capital, la cual fue decretada el 15 de junio del año en curso por el Juzgado de Extinción de Dominio. pic.twitter.com/1FfiMhEvlC

— MP de Guatemala (@MPguatemala) 17 de noviembre de 2017

Antecedente

El pasado 30 de mayo, el colaborador eficaz Salvador González Álvarez, alias Eco, empezó a testificar en anticipo de prueba en el caso Cooptación del Estado. El  6 de junio explicó en el Juzgado de Mayor Riesgo B que de todos los accionistas de Corporación de Noticias, solo uno —el de Iidemaya— no conocía el vínculo de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti con esa entidad.

Ante las preguntas de los abogados de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Eco dijo a quiénes se refería.

Comenzó con Edín Barrientos, ya procesado por este caso, y siguió con Amílcar Alvarado, quien representaba al Consejo de Investigaciones para el Desarrollo de Centroamérica (Cideca); Julio Recinos, del  Fideicomiso de Federación de Cooperativas Agrícolas de Guatemala (Fedecoag); Leonardo Delgado,  al frente de la Federación de Cooperativas de las Verapaces (Fedecovera), y José Us, del Instituto de Investigación y Desarrollo Maya (Iidemaya), quien, según Eco, era el único que no sabía que la exvicemandataria tenía acciones con Inversiones Marbella y Arrendamiento, Servicios y Proyectos.

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Baldetti tenía el 51 por ciento de las acciones, y se negociaba adquirir las de Cideca, con lo cual llegaría al 70 por ciento.

El MP solo informó que se efectuaron nueve allanamientos en San José Pinula, zonas  7,  10 y 15, y  en Cobán, Alta Verapaz.

Se pudo confirmar que entre los inmuebles allanados figura la sede de Cideca, en la 11 calle 18-03, apartamento  8-A, zona 15; Fedecovera, que se encuentra en  la 6a. calle 5-05, zona 11 de Cobán; Fedecoag, en Avenida  de La Reforma 2-56, zona 9; e Iidemaya, ubicada en la  38 avenida A 0-77, zona 7.

¿Lo recuerda?

El día en que el juez sacó del hospital a Baldetti y Alejos

Gálvez argumentó que el delito por el que estaría implicado, puede gozar de medida sustitutiva y no existe peligro de fuga.

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¿Por qué seguirá en prisión?

Pese a que Alejos ha logrado obtener dos beneplácitos de los juzgadores, para que abandone la prisión y goce de medida sustitutiva, el empresario seguirá en la cárcel de Mariscal Zavala.

Alejos enfrenta otro proceso por el caso Negociantes de la Salud, en el que anteriormente había apelado una medida sustitutiva, que le fue otorgada.

Por esos motivos, Alejos aún no puede gozar de los beneficios obtenidos, será hasta que el juez Rodríguez lo decida, cuando Alejos vuelva a su casa, con la obligación de presentarse mensualmente al Ministerio Público, dentro de los primeros cinco días del mes, para dar fe de su permanencia en el país.

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No los benefició

Durante la audiencia de hoy, Fernando Peña, exdirectivo del Banco de Desarrollo Rural, y el empresario Carlos Gabriel Guerra Villeda, también pidieron al juez Gálvez que los beneficiara con medidas sustitutivas, pero el juez rechazó la petición.

A Peña le autorizó permanecer durante un mes en un sanatorio, sin custodia del Sistema Penitenciario, para someterse a una cirugía y que pueda pasar el tiempo de recuperación, posteriormente volverá a considerar la medida solicitada.

Esto le ordenó la CC al Minex por carta dirigida a Iván Velásquez

Además, que se le impuso una condena y dos medidas para desjudicializar su caso.

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Aparte, el abogado defensor de González dijo que las audiencias por el caso La Línea y Cooptación del Estado se desarrollaron a puerta cerrada, ya que el juez Miguel Ángel Gálvez, decretó la reserva.

Sandoval indicó que, por motivos de seguridad de González, no se puede dar información sobre su paradero. 

El trámite para que González Eco recuperara su libertad se efectuaron desde hace mes y medio, según información del Juzgado de Mayor Riesgo B. 

Revelaciones de “Eco”

En mayo último, Salvador González, alias Eco, declaró en calidad de anticipo de prueba en el caso de Cooptación del Estado en la Sala de Audiencias de Mayor Capacidad por casos de Alto Impacto.

El colaborador eficaz aseguró que conoció a los exmandatarios cuando estos hacían campaña electoral y fue hasta después que estos tomaron posesión que fue contactado por Juan Carlos Monzón para trabajar para Roxana Baldetti.

Política

Millones de la TV en "favores a políticos"

Los magistrados de la Sala, resolvieron la acción presentada y la rechazaron por considerar improcedente.

Lorenzana Cardona es esposa del mexicano Remigio Ángel González y González, conocido como el Fantasma, dueño de 107 empresas en el continente americano, entre las que destacan canales de televisión, estaciones de radio, cadenas de cines y restaurantes.

Según las pesquisas, el financiamiento que hicieron los canales 3 y 7 al PP fue de Q17.6 millones, entre el 2008 y el 2011.

A cambio de esa acción, el gobierno de exbinomio presidencial de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti otorgó el 69 por ciento de la pauta publicitaria a las empresas del grupo Albavisión, al que pertenecen los canales 3 y 7, durante el período del 14 de enero del 2012 al 15 de abril del 2015, cuando se descubrió la operación de la estructura de defraudación aduanera conocida como La Línea.

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Derivado de la investigación de esa red, las autoridades recolectaron  evidencias de una organización más grande que se habría apoderado de diversas instituciones públicas, en las cuales se emitieron contratos para beneficiar a personas y empresas particulares que ayudaron al PP a llegar al gobierno.

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Según el MP, las cuentas bancarias están a nombre de la entidad Bienes, Inversiones y Arrendamientos Vida, así como otros Q80 mil a nombre de la entidad Veintiocho de Marzo, S.A., que habrían ingresado por el arrendamiento del referido inmueble, valorado en Q12 millones 422 mil.

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La ex vicepresidenta Roxana Baldetti enfrenta varios procesos judiciales por casos de corrupción en los que habría incurrido durante el gobierno del Partido Patriota.

Caso Cooptación del Estado: Se hacen señalamientos en contra de Baldetti por haber dado en usufructo un terreno de la Empresa Portuaria Quetzal a la entidad Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), la cual habría entregado US$30 millones de soborno a las autoridades. A esa fase del caso se le denomina TCQ.

Baldetti también es sospechosa en el caso de defraudación aduanera llamado La Línea, que se habría beneficiado con comisiones ilegales cobradas a importadores, a quienes se les reducía el pago de impuestos y sus contenedores eran revisados con menos controles.

En contra de la ex vicemandataria también hay otro proceso por la compra de un líquido que sería utilizado para limpiar el agua del Lago Amatitlán, al cual se le denomina Agua Mágica.

La renuncia de Baldetti en 2015 según el humor de Fo. https://t.co/XjlapS5s2i pic.twitter.com/gf4HWzvIIV

— Hemeroteca PL (@hemeroteca_pl) May 8, 2017

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Los juegos mecánicos que llevaron ante la justicia a Carlos Batzín

Imputación

El MP señala a Batzín de haber recibido Q25 mil por cada contrato otorgado por servicios de vigilancia y resguardo de los parques. En total y durante su gestión, el exministro habría recibido Q575 mil.

La empresa de seguridad beneficiada fue el Grupo Escorpión, cuyo representante legal era Miguel Ángel Martínez Solís, subjefe de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS).

Para desvincular los supuestos contratos, Martínez Solís, subcontrató a otra empresa que al parecer era la que prestaba los servicios de seguridad en los parques.

Según las cifras reveladas por el MP, Batzín benefició con 23 contratos por servicios de seguridad de los cuales recibió beneficios económicos.

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Se defiende

Batzín dijo que intentó reunirse con el exbinomio presidencial del Partido Patriota (PP) para presentarle asuntos relacionados con la cultura y el patrimonio cultural, pero nunca fue atendido, y cree que pudo ser por discriminación.

Caso Cooptación

El 2 de junio de 2016 capturaron a 25 personas entre exfuncionarios, empresarios, banqueros y también se vinculó al expresidente Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, cuando se conoció la existencia de una estructura de lavado de activos, diseñada para captar fondos que financiaron parte de la campaña proselitista del Partido Patriota en 2011.

Los financistas de la campaña habrían sido beneficiados con millonarios contratos pagados con fondos del Estado, según la Cicig, se encontró un inmenso esquema financiero que incluía nombres, empresas, cheques, bienes y movimientos financieros.

Los integrantes de la estructura que aportaron para la campaña fueron contratados por las distintas dependencias del Estado, como una retribución a los aportes de la campaña.

¿Quiénes fueron?

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En septiembre del 2015, Batzín acudió a la Torre de Tribunales pues era objeto de una investigación por un contrato millonarios para adquirir el servicio de juegos mecánicos en dos diferentes partes del país.

El contrato fue presentado el 30 mayo 2013 por auditores de la Contraloría General de Cuentas por la licitación para contratar juegos mecánicos para las ferias recreativas que, según el contrato, iban a funcionar en el parque Erick Barrondo y en el departamento de Quetzaltenango. Fue ligado a proceso por este caso.

El exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, quien llegó a la Torre de Tribunales para continuidad de la audiencia de extradición, habló sobre la captura del exministro de Cultura, Carlos Batzín. 

“Lamentable porque detrás de cada reo hay una tragedia familiar. Siempre admiré a Carlos Batzín por lo que él ha representado como líder maya, como funcionario, una persona muy sencilla y humilde, lo admiro como ser humano y lo lamento muchísimo”, dijo López Bonilla.

El exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, habla sobre la captura de Carlos Batzín. Video: @Lared1061 pic.twitter.com/bW5bXzIj4m

— Prensa Libre (@prensa_libre) 11 de agosto de 2017

Investigaciones

El 2 de junio de 2016, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), revelaron los resultados de las investigaciones que descubrieron una estructura de lavado de activos, diseñada para captar fondos que financiaron parte de la campaña electoral del Partido Patriota en 2011.

Las financistas de la campaña después fueron beneficiados con millonarios contratos pagados con fondos públicos, ese día capturaron a 25 personas, entre empresarios, banqueros, testaferros y exfuncionarios, donde también sindicaron a los ex gobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

Según la Cicig, en el desarrollo de la investigación por el caso La Línea, así como del análisis de la documentación incautada físicamente y en dispositivos electrónicos, se encontró un inmenso esquema financiero, aparentemente separado, que incluía nombres, empresas, cheques, bienes y movimientos financieros, el cual reportaba operaciones incluso desde el año 2008, cuatro años antes que el Partido Patriota asumiera el poder.

Algunos de estos nombres y empresas aparecieron en como La Línea, la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) y el Caso Agua Mágica y se tenía suficiente evidencia de participación en otras investigaciones en curso.

Entre los procesados que gozan de medida sustitutiva por este caso están el abogado Mario Cano, Edín Barrientos, Edna Verganza, Álvaro Mayorga y Max Burgos.

La Sala también rechazó una acción interpuesta por la Cicig con la que buscaba dejar sin efecto la falta de mérito declarada en favor del exdiputado del Partido Patriota, Marvin Díaz; Julián Muñoz, exdirector de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio; el abogado Luis Montiel y el contratista Raúl Castillo.

Mario Cano, Edna Berganza y Rafael Cetina también fueron beneficiados con falta de mérito, pero solo por el delito de asociación ilícita, ya que los tres continúan ligados a proceso por otros ilícitos.

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Confirma prisión

La sala también confirmó la prisión preventiva contra 24 sindicados al rechazar los recursos de apelación que habían presentado los abogados contra la decisión del juez Gálvez.

En este caso también está implicado el exbinomio presidencial, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, y más de 10 exfuncionarios del desaparecido Partido Patriota.

Cooptación

Este caso se originó de la investigación del caso La Línea. La Cicig y el MP descubrieron un esquema financiero que incluía nombres, empresas, cheques, bienes, movimientos financieros, etc, en los que se reportaban operaciones desde el 2008, cuatro años antes que el PP llegar al poder.

En opinión de Marroquín, hay dueños reales de las operaciones portuarias, por lo que el Estado debe tener una nueva estrategia y disolver ese esquema perverso.

Marroquín subrayó que cambiar solo por así los problemas actuales es imposible, por lo que debe de surgir una nueva propuesta que significaría desconocer muchos de los contratos actuales que son lesivos para el Estado.

“Que bien que se reconozca que ya es un problema que está por encima de las capacidades propias de ser resuelto”, aseguró.

El superintendente Francisco Solórzano Foppa, expuso a Prensa Libre que “no hay ninguna empresa portuaria, que no tenga contratos con problemas judiciales”.

Recordó que hay varios casos en las portuarias Quetzal, Escuintla, Santo Tomás y Puerto Barrios, en Izabal, que están vinculados con casos de corrupción.

El funcionario explicó que algunos directivos de las firmas que mantienen contratos vigentes en las terminales, incluso están en prisión y otros prófugos.

Hoja de Ruta

Marroquín, afirmó que lo primero debe ser crear un nuevo marco legal en la administración de los puertos, en el que se delimiten funciones y operaciones, lo que implicaría cambios a las leyes que las rigen y que tendrían que ser conocidas por el Congreso.

Además, de la anulación de los actuales contratos y el fomento económico del territorio donde operan.

“En otros países, donde están los puertos se ve el desarrollo económico, pero en el país eso no ocurre”, enfatizó.

Enrique Godoy, comisionado de Desarrollo Urbano, Competitividad e Infraestructura Crítica, afirmó que afina las acciones que se estarían implementando. “El plan de acción es recuperar el control de los puertos y se identificó a las empresas o personas que mantienen contratos en las terminales”, aseguró.

En su momento, indicó, se desarrollarán las acciones legales para recuperar el control.

Geografía y crimen

Guatemala se ha convertido en el territorio ideal para la operatividad de todo tipo de organizaciones criminales. El narcotráfico es un fenómeno ejemplificador.  Hay motivos para que esto se concrete. 

Nuestra posición geográfica: Guatemala se encuentra justamente en el centro de una región en donde se produce y se consume la mayor cantidad de droga en el mundo, esto habilita el tránsito y almacenaje de droga, permite además la implementación de modelos operativos vehiculares, marítimos, aéreos y terrestres, así como la más grave de sus manifestaciones: el lavado de capitales.

Otro elemento coadyuvante es la topografía nacional, que se presta para el fácil ocultamiento de pistas clandestinas o campamentos dedicados al tráfico de drogas. Se suma a ello la histórica debilidad institucional y la ausencia de presencia del Estado en gran parte del territorio nacional. Y un cuarto elemento, que favoreció significativamente el auge de esta criminalidad, es el surgimiento cada vez más cuantitativo de políticos dispuestos a vincularse con estos grupos delincuenciales, con el objeto de favorecerse rápidamente mediante el enriquecimiento ilícito. Es aquí en donde toma forma el caso de la exvicepresidenta Roxana Baldetti y muchos otros políticos nacionales, que sucumbieron a la tentación de lucrar con el poder político.

Plaga continental

Este fenómeno no es nuevo, América Latina es un territorio plagado de corrupción. Pero lo que debe resaltarse es que en el mundo, en lo que corresponde a uno de los puntos más importantes de la agenda global está la lucha contra la corrupción.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) desde el planteamiento y adopción del Plan de Acción Anticorrupción en el 2010, expuso una notable conclusión:  “en la lucha contra la corrupción, los países con economías desarrolladas o emergentes, se han visto obligados a revisar las acciones comprometidas para encontrar mejores resultados.

El impacto creciente de las redes de corrupción sobre el crecimiento económico, el bienestar social, la desigualdad y la confianza  —no solo en los gobiernos sino también a escala de la empresa privada— requieren que la agenda anticorrupción sea una prioridad explícita para estos países”. En función de ello hemos observado como muchos políticos y empresarios, tanto de países desarrollados como de países pobres, han tenido que enfrentarse a la justicia por graves casos de corrupción.

Un caso emblemático fue la denuncia pública e internacional del caso de corrupción en la FIFA, a partir del involucramiento de sus máximos miembros en la misma. Y un país como Guatemala, incluyendo a sus políticos y empresarios que se vincularon con actividades ilícitas, no podía ser la excepción. Por el contrario, desde la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y el fortalecimiento del Ministerio Público, nuestro país se ha convertido en un caso paradigmático respecto a cómo se puede enfrentar al crimen organizado, más allá de nuestras graves limitaciones.

Pugna de ideologías

Lo anterior desvirtúa una interesada interpretación que se ha dado respecto a la lucha contra la corrupción. Sectores conservadores —algunos por rancias razones ideológicas y otros por su relación directa con acciones ilícitas— han apelado a que hemos perdido nuestra soberanía, que estas acciones se enmarcan en un proyecto político socializante, que se fragua una compleja trama en contra de los intereses nacionales. Esta estrategia consiste en ideologizar el fenómeno de la lucha contra la corrupción, para crear confusión en la opinión pública y con ello entorpecer sus avances. No obstante, es indiscutible que la sociedad guatemalteca apoya toda acción que se oriente a desmantelar las actividades ilícitas, en especial aquellas que drenan mediante el robo los escasos recursos que el país posee para la inversión social.

En el caso de la solicitud de extradición de la exvicepresidenta   Baldetti, se produce debido al señalamiento que hizo el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Corte del Distrito de Columbia,  mediante el cual se le vincula directamente con uno de los carteles de la droga más poderosos que actúan en la región México-Centro América. Sin embargo, dicha extradición solo podría ejecutarse cuando la exfuncionaria aludida solvente su situación penal en Guatemala, dado que por ahora se le relaciona directamente en cuatro casos de impacto: Cooptación del Estado, La Línea,  TCQ y  Lago de Amatitlán.

Ciertamente esta solicitud de extradición ha generado toda clase de especulaciones en Guatemala. Pero de acuerdo a mi criterio, las autoridades estadounidenses no están interesadas en generar algún tipo de efectos deliberados en torno al caso. Simplemente el modelo institucional de Estados Unidos se rige por una operatividad y una metodología mecánica e incluso implacable, las pruebas con las que se cuenta dieron paso a la apertura de un proceso y este deberá proseguir con sus fases respectivas. En otras ocasiones, en igual forma han actuado las autoridades estadounidenses, se trate de políticos, empresarios o personas comunes que se han involucrado en acciones ilícitas que afecten el marco legal de ese país.

Consigna global

Como conclusión puedo afirmar que el mundo ha cambiado. Hoy la lucha contra el crimen organizado es global, se trata  por todos los medios de erradicar la corrupción y la impunidad, especialmente cuando  atenta  contra  los intereses sociales, y más aún cuando la ausencia de esos recursos impide trabajar en favor de los sectores más vulnerables. Simultáneamente a esa lucha global contra el crimen organizado, se ha levantado una esperanza social, nacional e internacional que apuntala un firme deseo para dignificar la política y la eficiencia de los gobiernos, que siempre deberán estar al servicio de sus pueblos.

*Doctor en sociología política

El colaborador eficaz ha denunciado en varias ocasiones que existen planes para asesinarlo, y que estas vendrían de sus revelaciones sobre la estructura ilícita que el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti orquestaron. 

En las declaraciones también salieron a relucir las amenazas que el abogado Ricardo Grijalva profirió contra González, lo que dio lugar a una denuncia contra el profesional. 

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Expresidente buscó que Eco no lo vinculara

En aquel momento, Pérez Molina y la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti todavía no eran investigados por corrupción. Parte del ofrecimiento que Grijalva hizo al ahora testigo fue que el mandatario asumiría el pago de su defensa a cambio de no decir su nombre, y la instrucción respecto de la exvicegobernante era distinta.

“Mirá, vos no te preocupés. Vamos a seguir defendiéndote, los honorarios nosotros los vamos a poner. Vos lo que tenés que hacer es no decir nada de Otto Pérez Molina. De Roxana podés hablar todo lo que querrás, pero de él no podés decir nada”, fue lo que Grijalva explicó a González Álvarez en la oficina del abogado César Calderón, en la zona 10.

Eco y su esposa visitaron al profesional del Derecho para consultarle cómo sería el trabajo con él y quién le estaba pagando, porque González Álvarez había buscado la asistencia de otro abogado.

Calderón le respondió que no podía explicarle y que por eso llamaría a Grijalva. En ese tiempo, el colaborador eficaz ya era procesado por el caso La Línea y por los señalamientos en el Bufete de la Impunidad.

Confusión

El día que González Álvarez fue detenido, afirmó, se encontró con el abogado Alexis Calderón Maldonado, a quien conocía porque era su alumno en estudios que cursó de Derecho.

“Yo le pedí favor a una periodista de Siglo 21. Se me acercó, la llamé y se me acercó y le pedí que le llevara un papelito con el número del doctor Alexis Calderón Maldonado a mi esposa, para que ella le llamara”, explicó, y refirió que al ver a Calderón pensó que se trataba de una confusión.

Luego de que Calderón contactó a González Álvarez le indicó que “tenía instrucciones del —Organismo— Ejecutivo de defenderlo”, pero posteriormente lo sustituyó por Calderón Maldonado.

La audiencia en que se escucha a González Álvarez se ha desarrollado en cinco sesiones, cuatro de las cuales han sido utilizadas por el MP para hacer su interrogatorio.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala hará hoy su interrogatorio, y posteriormente otros querellantes, para finalizar con las preguntas de los defensores de los acusados.

Sinibaldi

En una parte de su declaración, González Álvarez describió que se buscaba documentación legal de la empresa Vistas, Servicios Electrónicos, vinculada a Pérez Molina, para hacer una asesoría al exmandatario.

Varios documentos se habían perdido, aseguró, y al conseguir copias se estableció que el representante legal había sido José Guillermo Yupe, quien trabajaba con el auditor Mario Contreras, acusado en el caso.

Se debía aclarar la situación de algunos bienes inmuebles de Vistas, Servicios Electrónicos, y se tenía que consultar a Yupe al respecto, y se determinó que este era trabajador de la empresa Arqco, vinculada con el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi. La firma Arqco Outsourcing aclaró y se desvinculó de él en junio del 2016.

Empresas de Pérez Molina

Otto Pérez Molina había construido un emporio a su entorno.

1. El expresidente  Otto Pérez Molina se hizo dueño de una finca ubicada en Zaragoza, Chimaltenango, por medio de la empresa Vistas, Servicios Electrónicos.
2. En Mixco funcionaba una litografía de nombre Pixel, la cual está registrada a nombre de su hija, Lissette Pérez Leal, la cual afronta un juicio de extinción de dominio.
3. De igual  forma que la exvicepresidenta Roxana Baldetti, Pérez Molina tenía relación directa con empresas, en las cuales constaba su nombre, y en otras mantenía el control por medio de testaferros, afirmo Salvador González Álvarez.
4. En enero del 2015, González Álvarez comenzó una asesoría para Pérez Molina, para hacer que sus empresas generaran actividades comerciales y volumen de rentabilidad.

Sandoval indicó que por el momento no existe ninguna acción penal en contra de ninguna de las mencionadas, pero afirmó que las mismas podrían derivar del análisis que se haga en la Fiscalía.

El colaborador eficaz dijo que en diferentes ocasiones se reunió con las familiares de Pérez Molina, y que ellas le trasladaron información de las empresas con las que el exmandatario tenía vínculos, así como entidades comerciales que sirvieron para que  adquiriera bienes inmuebles.

El MP reprodujo ayer las grabaciones de 16 conversaciones telefónicas de Eco, a quien se le había interceptado el móvil por las pesquisas por el caso de defraudación aduanera La Línea.

Información

La Fiscalía tiene programado reproducir 43 escuchas telefónicas en total. Una de las que fueron presentadas data del 5 de marzo del 2015, cuando González Álvarez llamó a De Pérez para pedirle los datos de la persona que sería representante legal de la empresa Vistas y Servicios Electrónicos, Sociedad Anónima.

Por medio de esa entidad, Pérez Molina adquirió un terreno en Zaragoza, Chimaltenango, donde instaló una mansión y árboles de aguacate Hass.

Los datos que Eco pidió a la nuera de Pérez Molina fueron el nombre completo, estado civil, profesión, número de documento personal de identificación y dirección para recibir notificaciones de la persona que ocuparía el cargo.

 La interlocutora explicó que esa información ya la había entregado a Mario Contreras, un auditor que colaboraba con la estructura al llevar el control de las finanzas de las empresas con vínculos al expresidente y la exvicegobernante Roxana Baldetti.

También se mostró una conversación escrita entre Eco y Baldetti, acerca de la contratación de Edín Hernández como Director Editorial de Corporación de Noticias, con un salario de Q40 mil mensuales.

Careo

La defensa de Contreras pidió un careo entre el sindicado y Eco. El juez afirmó que se hará al finalizar el interrogatorio, que se retoma el lunes.

En uno de los documentos se muestran los porcentajes que la ex vicepresidenta Baldetti recibía de las empresas que había conformado.

El miércoles último, Eco detalló que ocho empresas fueron las que la ex vicepresidenta Roxana Baldetti utilizó para hacer una fortuna durante su paso por el gobierno del Partido Patriota, con el general Otto Pérez Molina a la cabeza.

Eco explicó cómo hizo operar dos empresas en las que Baldetti era accionista, y de otras siete que controlaba por medio de testaferros.

La Fiscalía mostró a Gálvez la computadora que fue incautada a González Álvarez en el 2015, y este describió algunos documentos en los que constan las transacciones efectuadas por las entidades.

Dos empresas hicieron que la exvicegobernante tuviera el dominio del 51 por ciento de las acciones de Corporación de Noticias, casa editora de los diarios Siglo 21 y Al Día. Sin embargo, con la ayuda de Eco, quien adquirió otra compañía de origen salvadoreño, Baldetti pudo controlar el 70 por ciento de la referida entidad.

Baldetti dejó su participación en dicho medio de comunicación, derivado de una publicación que se hizo de ella en uno de los diarios de Corporación de Noticias, en la cual se hacía referencia a varias frases que la exfuncionaria había mencionado.

La fiscalía indicó que “la vivienda consta cuatro niveles y seis parqueos y tiene un valor registral de 33 mil dólares”.

También fue extinguida a favor del Estado una oficina y tres parqueos ubicados en la zona 10 capitalina, todos a nombre de Tecnoserobra Consulting, S.A. Estos bienes se encuentran en el edificio Sixtino II, número 806, nivel 8, y tienen un valor registral de Q577 mil 275.36.

El inmueble consta de un área de recepción con un baño, cuatro ambientes con divisiones y una oficina principal con áreas de baño y de servicio. “Los tres parqueos tienen un costo cada uno de Q150 mil”, dijo el MP.

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Otras propiedades

Otra casa que fue propiedad del exsecretario de  Baldetti, y entregada en diciembre del 2016 con medida cautelar, ya fue entregada a la Procuraduría General de la Nación (PGN). Esta se ubica en residenciales Colinas de San Cristóbal, Mixco.

El propósito de las autoridades fue instalar allí una casa de abrigo para niños deportados de Estados Unidos.

En agosto del 2016, la fiscalía embargó un picop Chrysler valorado en US$54 mil, además de tres motocicletas, una Ducati que cuesta unos US$36 mil, otra de marca F7 August valorada en US$24 mil y una BMW cuyo precio se calculó en US$20 mil.

El exfutbolista fue capturado el 3 de junio del 2016, por supuestamente, apropiarse de fondos del Ministerio de Cultura.

Pezzarossi guarda prisión desde el segundo semestre del 2016 en la cárcel de la Brigada Militar, Mariscal Zavala, en la zona 17.

El exfutbolista es el capturado 26 de la mafia que acaparó las entidades de Estado, según las averiguaciones del Ministerio Público.

En este caso también está implicado el exbinomio presidencial, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, y más de 10 exfuncionarios del desaparecido Partido Patriota.

A la petición de cambio de medida se había sumado más exfuncionarios y particulares implicados en el proceso, pero el juez negó la solicitud de todos, excepto la de Pezzarossi.

Los hechos

Una declaración de Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Baldetti de la Vicepresidencia, reveló que presuntamente Pezzarossi y el otro exministro de Cultura y Deportes, Carlos Batzín, fueron los operadores de Cooptación en esa cartera.

Según Monzón, recibió comisiones ilícitas provenientes de contratos de seguridad que fueron adjudicados a empresas en el Ministerio, consentidos por los exministros.

La empresa Grupo Escorpión, S.A., propiedad de Miguel Ángel Martínez, fue una de las beneficiadas con contratos. Además, a través de la compañía Súper Control 24 obtuvo contratos de seguridad en esa entidad gubernamental.

El juez leyó parte de la declaración de otro sindicado, cuyo nombre se reservó, quien no figura en la lista de los que piden beneficios, quien dijo que conocía de la rivalidad entre Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la Vicepresidencia; la exdiputada Daniela Beltranena, cuando fue asistente de la exvicepresidenta Roxana Baldetti; y el contratista Jorge Balcáceres, por los negocios que pudieran gestionar.

Julio Aldana Franco, quien manejaba las finanzas de la exvicemandataria, llamó la atención a Ruiz Blau porque debió haber utilizado la cuenta de la exfuncionaria en el Banco de Desarrollo Rural, la cual  no era sometida a controles.

Procesados

Los sindicados que pidieron el beneficio fueron los exministros Mauricio López Bonilla y Manuel López Ambrosio, de Gobernación y de  Defensa, respectivamente, y Beltranena.

También Denis Leonardo Lam, Daniel Siliézar, Julio Raúl Alvarado, Mario Rodolfo Contreras, Daniel Estuardo Calderón, Ludwin Osorio Ovalle y Ruiz Blau.

Buscaban que Gálvez eliminara los cargos por lavado de dinero por los cuales enfrentan a la justicia y que los señalamientos por asociación ilícita, por supuestamente haber estado involucrados con una red criminal, fueran cambiados por encubrimiento impropio, con el cual aseguran que pudieron haber cometido una acción ilícita, pero sin tener pleno conocimiento de esa situación.

Queda pendiente que Gálvez resuelva si otros procesados se mantendrán en prisión preventiva o recuperarán su libertad.

Argumentó la petición por razones de seguridad, pues dijo que el pasado 21 de abril, cuando la exdiputada amplió por tercera vez su declaración, recibió amenazas en su contra.

Beltranena es procesada en el caso Cooptación del Estado de Guatemala y se le vincula por supuestamente lavar dinero para la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

En esa audiencia, la exparlamentaria contó cómo en Corea del Sur, su jefa y el exsecretario privado de la Vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, estaban afligidos por haber conocido sobre la orden de captura que sería girada en contra de él.

La exlegisladora dijo que Monzón le pidó que llevara su pasaporte a una habitación, en la cual estaba junto a la exvicegobernante, y que cuando entró al cuarto, vio a ambos llorar.

Caso

La investigación del caso Cooptación del Estado de Guatemala comenzó en el 2015, derivado de una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial, de la Superintendencia de Bancos, por la supuesta compra irregular de helicópteros.

Posteriormente, se determinó la existencia de una red que operaba en diversas instituciones públicas y que se beneficiaba de manera económica.

La pesquisa destapó el mayor caso de corrupción durante el gobierno del Partido Patriota, en cabezado por Otto Pérez Molina y Baldetti.

La exvicepresidenta había viajado a Corea del Sur para recibir un doctorado Honoris Causa de una universidad de ese país. Se fue acompañada de Monzón y Beltranena.

La exasistente declaró que encontró a Baldetti y Monzón muy alterados un día antes de su regreso a Guatemala.

“Pero yo ya sabía por dónde iba porque un día antes le avisaron a Juan Carlos Monzón que le iban a emitir una orden de captura”, afirmó.

Agregó: “Miraba a Roxana y a Juan Carlos muy angustiados, pero nunca me metí al tema”.

La madrugada después de eso Juan Carlos Monzón la llamó muy angustiado a las 3 horas y le pidió que le llevara el pasaporte. “Iba para la habitación de Baldetti y los dos estaban llorando, ahí es cuando me cuentan que el señor Monzón tenía orden de captura”.

Ese día retornaban a Guatemala a las 14.30 horas. Según Beltranena su reacción inmediata fue que volvía, pero Baldetti dijo que no.

Beltranena está acusada por el Ministerio Público de lavado de dinero, por la supuesta colaboración para adquirir vehículos de lujo, lanchas, avionetas y helicópteros para Baldetti y Otto Pérez Molina.

La conversación

De acuerdo con la declaración de Beltranena, Baldetti y Monzón tuvieron una corta conversación antes de que él se fuera de Taiwán.

– Baldetti: “Te dije que no te metieras a eso, te lo dije”

– Monzón: “No jefa. Se lo prometo que ya me había salido”

Beltranena indicó que los dos estaban llorando en ese momento y ella se dedicó a preparar el regreso antes de tiempo.

Más confesiones

Daniela Beltranena declaró: “Acepto que tomó mi mente y una prueba de ella es esta carta donde ella reconoce mi trabajo”.

En la nota que supuestamente Baldetti le envió, la exvicepresidenta le expresó sus felicitaciones y agradecimiento por el trabajo que realizaba como coordinadora de la agenda política.

La exasistente también aprovechó para revelar que cuando llegó al Partido Patriota en 2011, su sueño era ser diputada y tener una carrera política.

Beltranena dice que Baldetti tomó su mente al decirle que hacía un buen trabajo y que así hizo con muchas personas. @prensa_libre pic.twitter.com/akdx7hkvLW

— Jerson Ramos (@jramos_pl) 20 de abril de 2017

Narró al juez Miguel Ángel Gálvez que la relación la exvicemandataria comenzó con un viaje a República Dominicana, al que Baldetti la invitó y le pagó todo.

Según Beltranena, cuando llegó a la vicepresidencia, “cumplió su sueño”, y su contrato en esa institución era para asesoría política, además de acompañar a la vicepresidenta a comisiones al exterior, y traducción de idiomas, entre otras acciones que designara el despacho superior.

De las declaraciones

Beltranena habló de su relación con Jonathan Chévez –supuesto lavador de dinero de la estructura criminal que dirigía Baldetti y Pérez Molia- y aclaró que no hizo negocios con él y que solo eran amigos.

La exasistente también reveló que fue el exsecretario privado de la vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, quien recomendó reasegurar el Aeropuerto La Aurora, para lo que gestionaron un informe con datos falsos.

Gálvez interrumpió a Beltranena al considerar que estaba refiriéndose a declaraciones de personas que no la acusaron. El defensor de ella pidió que le permitieran continuar porque estaba en su derecho.

La que fue mano derecha de Baldetti también habló sobre helicópteros que supuestamente fueron comprados a Pérez Molina. “El TG-ESP antes era TG-ORA y está vinculada con Alejandro Sinibaldi”, refirió.

El 16 de abril del 2015, desde horas de la madrugada la Policía Nacional Civil (PNC) e investigadores del MP y la Cicig montaron un operativo en distintos puntos del país. Los resultados de esa acción incluyeron la captura de 22 personas y la incautación de documentos físicos y digitales con los cuales se fortaleció la hipótesis del caso: la existencia de una banda incrustada en la SAT que beneficiaba a importadores con la reducción del pago de aranceles a cambio de una comisión, como los presuntos integrantes le llamaron, o soborno, de acuerdo con las pesquisas.

Posteriormente, Roxana Baldetti, entonces vicepresidenta, y luego el mandatario, Otto Pérez Molina, fueron señalados como jefes de la red. Ambos renunciaron a sus cargos para solventar su situación jurídica. Primero lo hizo ella y por último, él.

“Es un caso que no se ha caído porque jurídicamente es sólido, tiene suficiente información respecto de los hechos que se investigan, indicios que se convertirán en prueba, y el apoyo de personas que participaron en las estructuras y que decidieron colaborar con las autoridades”, dijo.
Por ese caso se formó la frase de Jueves de Cicig, pues era en esos días que se montaban los operativos en los que participaba esa instancia.

Otro golpe

El caso TCQ, referente a la entrega irregular de un terreno de la Empresa Portuaria Quetzal a la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), se hizo público el 15 de abril del 2016.

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Nuevamente se vio cómo personalidades de la política nacional eran detenidas y trasladadas a la Torre de Tribunales.

El caso TCQ es una fase de la investigación que el MP y la Cicig desarrollaron en contra de la megaestructura denominada Cooptación del Estado de Guatemala.

Para ese entonces, Pérez Molina y Baldetti ya estaban en prisión y volvieron a acudir ante la justicia por supuestamente haber gestionado el pago de una comisión de US$30 millones que TCQ entregaría porque se le diera en usufructo un terreno de la terminal marítima, donde se colocarían grúas para el ingreso de mercancías.
El caso contra la megaestructura contempla tres fases: Cooptación, TCQ y Cooperacha, y agrupa a 58 sospechosos, cinco de los cuales están incluidos en las primeras dos etapas.

Tanto en La Línea como en TCQ, el órgano investigador ya finalizó las pesquisas y presentó los respectivos informes al Juzgado de Mayor Riesgo B, que los tramita.
Queda pendiente que se programen las fechas para discutir los informes elaborados por el MP.

El investigador Lizandro Acuña, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), afirmó que tanto La Línea como TCQ demostraron que “el crimen organizado busca influenciar en las autoridades para cometer sus acciones ilícitas”.

Tanto Ibarra como Acuña destacaron que Pérez Molina y Baldetti se encontraban en el ejercicio de sus funciones como gobernantes cuando se hicieron los señalamientos en su contra, algo que no había ocurrido antes.

Los resultados “se deben al trabajo coordinado, imparcial y comprometido con el desarrollo del país”, coincidieron.

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Tiempo

El único aspecto perjudicial señalado por los entrevistados es el tiempo que ha durado el trámite de los dos casos, pues en la ley se señalan plazos para presentar la acusación y para analizar si una persona debe enfrentar juicio.

“Se trata de casos complejos que demoran mucho tiempo, a lo que se debe sumar la cantidad de personas que son procesadas”, explicó Ibarra, mientras que Acuña aseguró que “no se ha dado respuesta a la celeridad señalada por la ley, porque la defensa ha interpuesto acciones legales que han entorpecido los trámites”.

Según el abogado César Calderón, defensor de Pérez Molina, la responsabilidad del retraso de los casos es de los fiscales encargados de las investigaciones y del juez Miguel Ángel Gálvez, que tramita ambos procesos.

“Los plazos procesales han sido perjudicados porque no existe preocupación en cumplir con lo que se establece en la ley, y los más perjudicados son los procesados”, afirmó el abogado.

Mientras tanto, Gustavo Juárez, defensor de Baldetti, calificó de “triste e irónico” que se tenga que recordar que un proceso penal ha llegado a uno o más años, pues significa que su desarrollo ha sido lento”.

“La Ley dice que un proceso debe durar tres meses si una persona está presa, y si está libre, pues puede llegar hasta los seis meses. Solo queda seguir esperando a que por fin se llegue a un juicio”, afirmó.

Los abogados defensores de los sospechosos han presentado memoriales en el Juzgado, en los que se agregan peticiones para cambiar los delitos por los cuales sus clientes enfrentan a la justiica.

Esas solicitudes fueron presentadas antes de que el Ministerio Público entregara el informe final de la investigación del caso, por lo cual deben ser resueltas antes de que se fije una fecha para comenzar la audiencia en la que se discuta si los acusados enfrentarán juicio o no, de acuerdo a lo pedido por el órgano investigador.

Caso

En la investigación, la Fiscalía ha determinado que los sospechosos pudieron haber incurrido en acciones como lavado de dinero, tráfico de influencias, cohecho activo, cohecho pasivo, asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito, entre otros.

Se señala que durante las elecciones del 2007 se habría conformado una estructura de empresas de cartón que pudieron percibir recursos financieros que sirvieron para desarrollar la campaña electoral que el Partido Patriota efectuó en el 2011, año en el que la agrupación política triunfó en las urnas.

Esa estructura habría sido diseñada por la entonces diputada Roxana Baldetti, quien posteriormente compitió junto a Otto Pérez Molina por los cargos de vicepresidenta y presidente, respectivamente.

Al obtener los más altos cargos de gobierno, en el 2012, se habría negocido con diversas empresas para beneficiarles con contratos estatales a cambio de comisiones ilegítimas.

En ambos casos, tanto las empresas que financiaron la campaña como las que entregaban comisiones ilegales, fueron beneficiadas por las autoridades de turno.

“Me llegaba a buscar a la prisión, quiero pecar de ingenuo señor juez, estoy casi seguro, a José Gerardo, lo utilizaron para llegar conmigo, porque saben de la amista que tengo, que tenía con él. El cinismo de llegarme a ofrecer dinero, una comisión, para que yo les diera clientes o para que cambiara mis declaraciones en los casos. Hablándome de Dios, fue frustrante para mí”, dijo Monzón.  
 
El colaborador eficaz, afirmó que él grabó la conversación, con una grabadora en forma de bolígrafo que luego entregó a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).
 
En su declaración, Monzón dijo que la grabadora se la prestó su compañero de celda, Salvador Estuardo González, alias Eco.

Los abogados

Martínez Búcaro, era el representante legal de la empresa Representaciones Allience, S. A., que adquirió inmuebles para la exvicepresidenta, Roxana Baldetti.

Vielman Rosales, fue empleado del Crédito Hipotecario Nacional en el área procesal.

Montoya García, fue el defensor de Martínez Búcaro en el caso Cooprtación.

Cooptación del Estado

Según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala  (Cicig), en el desarrollo de la investigación por el caso La Línea, así como del análisis de la documentación incautada físicamente y dispositivos electrónicos, se encontró un inmenso esquema financiero, aparentemente inconexo, que incluía nombres, empresas, cheques, bienes, movimientos financieros etc., el cual reportaba operaciones incluso desde el año 2008, cuatro años antes que el Partido Patriota asumiera el poder.
 
Algunos de estos nombres y empresas aparecieron en casos presentados por el Ministerio Público (MP) y la Cicig como La Línea, la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) y el Caso del Lago de Amatitlán, y se tenía suficiente evidencia de participación en otras investigaciones en curso.
 
“Esto llevó a la conclusión que no se trataba de un Gobierno cuyos miembros cometían actos aislados de corrupción, sino una estructura criminal mafiosa, que había cooptado el poder por la vía de las urnas en Guatemala, y cuyos principales dirigentes eran Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti”, dijo la Cicig.

El Código Procesal Penal establece el procedimiento judicial abreviado, y el artículo 464 estipula las razones por las cuales puede ser admitido, entre las que figura está que el procesado debe aceptar los hechos por los cuales fue investigado.

Aunque Sandoval evitó indicar quiénes son los procesados que serán sometidos a ese beneficio, aseguró que se pusieron en contacto con la Fiscalía y aceptaron su responsabilidad penal.

“En los próximos días se podrá saber quiénes son los beneficiados con este procedimiento”, afirmó el fiscal. Agregó que ninguno de los tres es señalado como financista de la campaña electoral que el Partido Patriota hizo en el 2011, hecho que según la investigación, se desarrolló de manera irregular.

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Presentan acusación

El MP presentó este martes más de 50 mil hojas que entregó a la judicatura en unas 136 carpetas que conforman la acusación contra los 46 señalados.

Según explicó Sandoval, las personas son sospechosas de la comisión de delitos como asociación ilícita, cohecho pasivo, cohecho activo y financiamiento electoral ilícito, entre otros.

Para el traslado de la documentación desde la sede del órgano investigador a la Torre de Tribunales, se utilizaron tres picops y más de 20 cajas, indicó el fiscal.

Sandoval detalló que los señalamientos contra los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti no figuran en la documentación, pues ellos fueron acusados meses antes en el caso TCQ, que es una de las fases de Cooptación.

La acusación por el caso #CooptaciónEstadoGT es ingresada al Juzgado en varias cajas. Se agruparon 136 carpetas. @prensa_libre pic.twitter.com/V03Egct9Mv

— Jerson Ramos (@jramos_pl) 7 de marzo de 2017

Antecedente

El 15 de abril del 2016, el Ministerio Público dirigió un operativo que incluyó la captura de varias personas sospechosas de haber conformado una estructura criminal que se habría apoderado de instituciones públicas, en las que habría buscado beneficios económicos con los contratos por adquisición de bienes o servicios.

El caso Cooptación del Estado de Guatemala se investigó en tres fases, las cuales son identificadas como Cooptación, TCQ y la Cooperacha, y figuran más de 65 personas como procesadas.

Por los hechos de la fase Cooptación existen 46 acusados. Otra acusación que se presentó fue la de la fase TCQ, en la cual figuran otros 14 como sospechosos.

Otro caso

El pasado 6 de marzo, el Juzgado Décimo Penal condenó a tres años de prisión inconmutable, pero con suspensión provisional de la pena, al exministro de Agricultura, Elmer López, y el ex vicetitular de la cartera, Fidel Ponce, quienes aceptaron haber incumplido sus obligaciones como funcionarios en la compra de granos básicos, hecho que se investigó en el caso el Bodegón.

La experimentada penalista, que dirigió por muchos años el Instituto de la Defensa Pública Penal, se refería a lo que ella entiende está sucediendo con las investigaciones que el MP y la Cicig están presentando contra diputados, magistrados, jueces y funcionarios de gobierno señalados en casos de corrupción por diversos delitos como enriquecimiento ilícito, cohecho, fraude, tráfico de influencias, entre los más recurrentes.

Sus argumentaciones coinciden con las de algunos sectores que ven en las actuaciones de la fiscalía y la Cicig una persecución política y, en el caso de esta última, una indebida intromisión en asuntos internos. Basta repasar algunas de las columnas publicadas en medios la última semana para encontrar una coincidencia argumentativa que llama, entre otras cosas, a poner un punto final a la lucha contra la corrupción y la impunidad, porque “esta ha llegado demasiado lejos”.

Eso de la cooptación de la justicia es una realidad en este país; de eso no hay duda. La inconsistencia está en acusar a quienes buscan romperla de ser los responsables de provocarla. Viene bien en este momento recordar que la actual cooptación de la justicia es producto de una bien diseñada estrategia que copó la academia y el gremio de abogados, por la vía de un juego perverso de favores, nombramientos, plazas en instituciones públicas, y hasta becas en el extranjero. La lealtad hacia los “padrinos y madrinas” que negocian los listados de candidaturas que luego llegan al Congreso,se paga devolviendo “el favor” por la vía de las resoluciones. Y seguramente también, en muchos casos, a través del voto (en el Congreso o en la Corte Suprema) en los procesos de antejuicio.

El audio presentado por la exjueza Claudia Escobar donde Gudy Rivera le ofrecía la reelección como magistrada a cambio de una resolución o la confesión de la exvicepresidenta Baldetti respecto de que “la primera vez que se eligió una Corte (2004) lo hicimos alrededor de una cama”, dejan bien claro quiénes son los cooptadores (as).

Pero esto de la justicia cooptada no es nuevo. Se remonta a los años de la guerra, cuando los aparatos de inteligencia (para más señas, el Estado Mayor Presidencial y la G2) tomaron control del Organismo Judicial. Los funcionarios y abogados que en aquel momento no se plegaron engrosan hoy la lista de profesionales del Derecho exiliados, desaparecidos o asesinados.

Por eso no es coincidencia que muchos de los actores señalados de gravísimas violaciones a los derechos humanos durante la guerra estén acusados en la actualidad de conformar redes criminales que, entre otras cosas, tomaron por asalto al Estado. Ahí tienen ustedes a Otto Pérez, oficial de inteligencia convertido en presidente; Juan de Dios Rodríguez, Manuel López Ambrosio, Ulises Anzueto o Luis Mendizábal, por citar algunos ejemplos.

Los Ciacs nacieron en los años del conflicto y fueron mutando después de la apertura democrática y la firma de la paz, hasta convertirse en Redes Político-Económicas Ilícitas (RPEI) que siguen haciendo lo que saben hacer mejor: delinquir de las más variadas formas y garantizar a través de la cooptación que la justicia nunca los alcance. Muy cierto resultó aquello de que la impunidad del pasado es la impunidad del presente y que la cooptación viene de las redes criminales y no de quienes las persiguen.

Largo camino

En diciembre pasado, la Sala de Apelaciones de  Mayor Riesgo recibió una queja. Según el denunciante, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) incumplió con presentar la acusación en el caso Cooptación del Estado, pese a que la ley establece que cuando hay personas detenidas este trámite  no debe exceder los tres meses.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) llama Cooptación del Estado a “un complejo esquema que detallaba toda una maquinaria de lavado de activos meticulosamente diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del Partido Patriota, del año 2011”.

La Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo, después de haber recibido el informe del Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo del caso, ordenó al juez establecer un plazo a los fiscales.

De acuerdo con fuentes de la sala, el juez Miguel Ángel Gálvez decidió que determinaría ese término hasta concluir con la notificación a todas las partes en el proceso.

La Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo aún se encuentra en la tarea de avisar a 135 partes involucradas en la causa, incluso hay personas que no han sido localizadas.

El juez  Gálvez niega ese extremo. La  Sala de Apelaciones, asegura, es  la que aún no envía la ejecutoria —documento que establece que no hay ningún recurso pendiente en cuanto a una resolución—.   “No ha venido la ejecutoria. De lo contrario lo habría hecho de inmediato porque sino caigo en desacato”, afirmó.

Pidieron ampliación

La Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo informó que después de que la queja fue resuelta, la Feci pidió una ampliación al plazo ya establecido para concluir la investigación.

Los fiscales presentaron  un recurso de reposición —se le da este nombre porque lo que se pretende  es que el órgano superior reconsidere la resolución que emitió—.

Fuentes de la sala indicaron que esta acción de la Fiscalía fue rechazada, pues es el juez encargado del proceso quien debe establecer el vencimiento para entregar la acusación.

“No puedo fijar plazos de ninguna clase hasta no tener la ejecutoria. ¡Tengo que apegarme a la ley!”, reiteró Gálvez.
Se le consultó al jefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, si en efecto pedirán alargar el período de las pesquisas,  y omitió responder.   

En una conferencia de prensa, en el Ministerio de Salud, Aldana dijo estar preocupada por la dilación en los procesos.

“Realmente quisiéramos que los casos llegaran a sentencia, pero eso es un hecho que escapa de nuestro control, puesto que corresponde al órgano jurisdiccional decidir de la agenda y, en todo caso, se pediría a la Corte Suprema de Justicia —CSJ— agilizar todos los procesos que se están conociendo”, comentó la Fiscal General.

“Si hay retraso en el trámite de los procesos que llevamos en manera conjunta Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, se debe a la agenda de los jueces”, agregó.

Al preguntarle al jefe de la Feci  si existían recursos pendientes que resolver en La Línea respondió que no.

La audiencia de etapa intermedia —que se centra en la discusión de la existencia o no de fundamentos para creer que el sindicado es culpable o no— se celebrará el próximo 26 de enero, aunque estaba prevista para el 18.

Las pesquisas en La Línea comenzaron en mayo del 2014, con la sospecha de que un grupo de importadores estaban involucrados en un posible contrabando, quienes tenían contacto con una red de tramitadores aduaneros para evadir el pago real de impuestos, de acuerdo con la Cicig.

“Para ello, la red proporcionaba a los importadores un número telefónico conocido como La Línea, la cual a través del análisis e interpretación de la información recolectada en las interceptaciones telefónicas se estableció que parte de la estructura estaba integrada por funcionarios de la SAT —Superintendencia de Administración Tributaria—”, según la Cicig.

Prensa Libre intentó comunicarse con la presidenta de la CSJ, Silvia Valdés, pero no respondió a las llamadas.

Lo que dice el código

El artículo 324 Bis, del Código Procesal Penal, señala: “A los tres meses de dictado el auto de prisión preventiva, si el Ministerio Público no ha planteado solicitud de conclusión del procedimiento preparatorio, el juez, bajo su responsabilidad, dictará resolución concediéndole un plazo máximo de tres días”, para que presente la acusación.

Ese mismo código establece que si el fiscal incumple, “el juez lo comunicará al Fiscal General de la República o al fiscal de distrito o de sección correspondiente,  para que tome las medidas disciplinarias correspondientes” y ordene la formulación de la acusación.

Abogados penalistas consultados coincidieron en que se incumple con lo establecido en  el Código Procesal Penal.
“El juez no tiene por qué esperar ninguna ejecutoria”, afirmó el abogado penalista David Pineda.

“En una investigación cuando la gente está detenida el plazo es de tres meses. La Fiscal General habla de que los jueces han retrasado los procesos, pero ¿Y en el caso de Cooptación del Estado cuál es la actitud de la Fiscalía?”, se cuestionó el abogado Gustavo Juárez.

“El Ministerio Público sabía en qué plazo vencía la investigación y tenía obligación de presentarla. El juez Gálvez no podía emitir ninguna resolución en cuanto a emplazarlos porque había una apelación que lo inhibía de conocer el proceso”, comentó la jurista Sandra Bárcenas.

Para infortunio del modelo democrático, las esperanzas que la población había depositado sobre las nuevas autoridades pronto empezaron a desvanecerse. Afloró la improvisación y se alejaban las promesas que sellaron la campaña política, como fue el caso del transfuguismo en el Congreso, vieja práctica que criticó Jimmy Morales como candidato pero ya como presidente toleró.

La postura ambivalente de la no interferencia de poderes fue la mejor excusa, la cual quedó desenmascarada en pocos meses con la llegada al Legislativo de su principal asesor y factótum, quien buscaba abrigo ante señalamientos de espionaje, y con la citación de diputados a la Casa Presidencial, en una burda imitación a las malas prácticas del Partido Patriota.

Sin embargo, fue el involucramiento del hermano y del hijo del presidente en un caso de corrupción en el Registro de la Propiedad lo que evidenció el techo de vidrio de Morales, quien insiste en que su lema de campaña continúa intacto, pero a diferencia de su conducta en esos días, se ha tornado reacio a responder preguntas de la Prensa relacionadas con casi cualquier tema.

El vicepresidente Jafeth Cabrera se vio envuelto en dudas de financiamiento ilícito, pues por medio de uno de sus hijos habría recibido el jugoso aporte de recursos del narcotráfico. A ello se agrega el curioso bajo costo del alquiler de la casa donde vive, en una zona exclusiva, un argumento que lejos de convencer solo ha aumentado el escepticismo sobre las autoridades.

Generar decepción ciudadana no es exclusivo del Ejecutivo, también en el Congreso se han confabulado intereses indeseables para torcer el necesario rumbo de las reformas al sistema político, a fin de proteger estructuras de influencia de la partidocracia. Si bien se aprobaron algunos cambios, también se bloqueó el avance de las modificaciones al sector justicia, y hay sospechas de que pueden quedar totalmente desfiguradas, como se evidenció con el antejuicio.

La parsimonia ha sido mucho más preocupante en el Organismo Judicial, donde el retraso en la revisión de los expedientes de diputados señalados de diversos ilícitos, a fin de quitarles el fuero, ha sido el mejor reflejo de una preocupante cooptación. La actual presidenta de la Corte Suprema de Justicia carga con la sombra de un mensaje por Twitter a favor del presidente y de haber sido propuesta para el cargo por una magistrada fuertemente cuestionada por tráfico de influencias.

Los próximos meses serán decisivos para no ceder en las aspiraciones de edificar una mejor Guatemala, labor que requerirá de la fiscalización ciudadana, con tanta o mayor fuerza que en el 2015. De lo contrario, las esperanzas nacidas hace 15 meses serán devoradas por oscuros grupos que quieren seguir medrando a la sombra de la impunidad.

Rabello el hombre poderoso de Odebrecht para Latinoamérica promete ser el apuntalador de la información sobre  varios casos de corrupción pública y privada.

La historia se repite para el expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina y sus allegados del Partido Patriota. Al igual que las  revelaciones de Juan Carlos Monzón Rojas, ex secretario privado,  Rabello desvelará qué significa  el famoso “papelito shuco” hallado en otras investigaciones y que mencionaba montos y nombres de funcionarios guatemaltecos.   
En su momento, el ex ministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, quién se encuentra profugo por el caso Cooptación del Estado, descalificó el documento mencionado.

El encuentro

No está claro si Rabello y Otto Pérez se conocían antes, pero una fotografía evidencia un  encuentro durante una visita que realizó a Panamá el 27 de agosto del 2014.  En ese entonces, Pérez se reunió con el mandatario panameño Juan Carlos Varela para hablar  de seguridad, intercambio comercial, cooperación y fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

El diario panameño El Siglo, documenta que ambos mandatarios inauguraron  una estación del Metro —tramo uno— en el centro de la ciudad, proyecto que estuvo a cargo de Odebrecht.

La firma habría pagado  US$18 millones  en sobornos en Guatemala y el Ministerio Público (MP)  investiga una denuncia que presentó la Intendencia de Verificación Especial.    

La semana pasada la fiscal general, Thelma Aldana, indicó que solicitarán información a EE. UU., y Brasil.

• Interés en grandes obras

En los proyectos de infraestructura que en los últimos 10 años Guatemala ha anunciado de mayor inversión, la firma constructora Odebrecht se ha interesado.

El primer acercamiento de interés se realizó en  noviembre del 2008, cuando el Instituto Nacional de Electrificación (INDE)  efectuó la licitación de la planta hidroeléctrica  Xalalá.

En esa ocasión  Luiz Sergio de O. Ferreira, representante en Guatemala de la empresa brasileña,  se anunció, pero dijo que no presentarían oferta y solo entregó una carta poniéndose a disposición para un proyecto posterior.

En julio del 2015, Odebrecht fue certificada para  poder participar en la licitación de la construcción del Centro Administrativo del Estado (CAE) en los terrenos de Fegua.

La obra requiere una inversión de US$200 millones —Q1 mil 510 millones—, y en cuyo complejo se quiere albergar a unos 11 mil trabajadores.

• Alto perfil  

• André Rabello, era un ejecutivo   muy astuto y con cualidades no comunes para poder amarrar negocios multimillonarios  con  funcionarios públicos de varios países  y grandes empresas, a los cuales  ahora acusa de haber recibido sobornos.
• La firma constructora lo había delegado para hacerse cargo de las operaciones en Latinoamérica y Ángola, donde la compañía tiene presencia.
• Rabello fue partedel circulo de la cúpula de Odebrecht y tenía a disposición todos los recursos posibles.  
•  En las investigaciones  se descubrió al agente 6, quien fue la persona   que aprobó los sobornos a políticos, funcionarios y empresas en los países.

La “venta directa” se dio porque el proceso de subasta quedó anulado luego de la supuesta vinculación de la empresa Canyon Group, S. A., con firmas señaladas en el Caso Cooptación del Estado.

José Estuardo Aguja jefe de información de la Senabed indicó que ahora será la Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Conabed) quien en su próxima sesión decida a quienes o a quien se le dará en donación los aguacates.

Senabed declaró desierta la venta directa de los más de 2 mil quintales de aguacate tipo Hass. pic.twitter.com/vFyRJrufTg

— Glenda Sánchez (@GlendaVivianaS) December 23, 2016

 La Ley establece que cuando no se puede vender el producto el siguiente paso es la donación. La entidad a la que se le donen los aguacates no podrá comercializarlos.

La Senabed sigue con los gastos de las plantaciones, ha contratado un agrónomo, el pago de 8 ocho trabajadores y el fertilizante, los gastos llegan a los Q190 mil

Casos de corrupción 

Las firmas Canyon Group, S. A.; Coral Gables Business Group, S. A.; y Halifax, S. A., fueron creadas entre el 2012 y 2014, cuando era    secretario  privado  de la Presidencia Juan de Dios Rodríguez —actualmente en prisión, por corrupción en el Seguro Social— y el de la Vicepresidencia era Juan Carlos Monzón —en la cárcel por corrupción al usar empresas de cartón—.

Según documentos del Registro Mercantil, Coral Gables Business Group, S. A., fue creada el 19 de octubre del 2012. Su representante legal  es Rebeca Cordón,  ligada a proceso penal por el arrendamiento de  un edificio al Seguro Social, el cual nunca fue utilizado.

Dicho inmueble fue traspasado  por la empresa Tarraspana Coral Group como aporte de un aumento de capital y fue valorado en Q1 millón 990 mil.

Canyon Group, S. A., fue constituida el 14 de junio del 2013 por Oswaldo Enrique Balaña Portillo y Marya Helena López Chojolán, quienes también crearon Coral Gables.

La empresa Halifax, S. A., fue creada el 10 de septiembre del 2014 por Claudia Paulina Vargas Fuentes y Gretel Stephanie Gómez de León. La firma está ligada al caso la Cooperacha luego del decomiso e inmovilización de dos helicópteros.

Las tres empresas habrían estado ingresando fertilizantes hechos en Rumania y China, pero empacados y etiquetados en Guatemala para disminuir el costo de aranceles en las aduanas.

Entre las empresas figura Tigsa, S. A. de C.V., involucrada en el caso de corrupción La Línea y Cooptación del Estado, en el que figuran funcionarios púbicos, entre ellos el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta, Roxana Baldetti.

El caso surgió de una denuncia presentada a la Dirección de Aduanas salvadoreña en noviembre de 2015, en la que referían que el empaque de los productos era en Guatemala, sustituyendo las etiquetas originales.

De acuerdo con el diario, los vínculos entre empresas de ambos países podrían ser más que superficiales, pues el representante de la empresa en mención fue capturado por haber pagado sobornos al Ministerio de Agricultura para recibir adjudicaciones.

• Lea también: Las capturas vinculadas a empresas de fertilizantes

“El representante de esa empresa, Karl Christian Kaehler de León, también es el representante legal de Tigsa El Salvador, según consta en el registro de comercio del Centro Nacional de Registro (CNR), que este periódico consultó”, indica la nota publicada este lunes.

Tigsa fue fundada en El Salvador por Kaehler el 6 de febrero de 2009, según el acta de constitución, y sus instalaciones fueron ubicadas en la avenida El Cóndor, de la colonia Marabú, en San Marcos, San Salvador. Kaehler está detenido en Guatemala a la espera de que finalice el proceso en su contra.

La Policía de El Salvador designó un equipo de investigadores para rastrear las operaciones de la firma en ese país, quienes llegaron encubiertos hasta las instalaciones de las oficinas y bodegas, donde documentaron que un camión salió con todos los bienes y documentos.

“Cuando los investigadores revisaron por fuera, constataron que las oficinas y bodegas habían sido desalojadas. Tras ello, intentaron seguir al camión, pero por falta de combustible para el vehículo particular en el que andaban no lo lograron”, revela La Prensa Gráfica.

“No tengo detalle del avance de la investigación de este caso, pero lo que sí le puedo decir es que son expedientes de investigación que tenemos con la dirección funcional de Fiscalía, que muchas veces en estos casos no se logran completar en un corto tiempo, dado que hay revisiones documentales, obtención de información a través de fuentes oficiales y que eso no se obtiene pronto o no se obtiene de manera completa, y así se van a verificaciones y pidiendo los complementos”, confirmó el subdirector de Investigaciones de la Policía, Juan Carlos Martínez Marín.

El director de Aduanas, Carlos Alfredo Cativo, alegó que desconocía a las empresas denunciadas por su nombre comercial. Se le mencionó la denuncia que ingresó a aduanas en noviembre de 2015, pero dijo que sospecha que se trató de una denuncia anónima y que ese tipo de denuncias no prospera en los procesos administrativos.

Marco Antonio Recinos Sandoval —representante de Alquiler de Tractores, S. A., y hermano del exdiputado del Partido Patriota (PP) Willian Recinos— y Edna Maribel Berganza Colindres —ex subsecretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) del expresidente  Otto Pérez Molina y ex secretaria de administración financiera del PP— pidieron a la Feci un procedimiento abreviado.

El objetivo es acortar el proceso penal normal y dictar  sentencia  inmediata, con el cumplimiento de ciertas condiciones.
La Feci, en efecto, “analiza” esas peticiones, confirmó Juan Francisco Sandoval, jefe de esa fiscalía.

El trámite

Las conversaciones entre abogados y fiscales llevan varias semanas. Marco Alveño —patrocinador de Maribel Berganza Colindres— explicó que el primer paso es hacer una petición oral a la Fiscalía, la cual “varios han formulado”.

El siguiente trámite es presentar un memorial en el que el acusado acepta los hechos señalados por el Ministerio Público (MP). Luego, los fiscales hacen el requerimiento de la audiencia al juez.

El banquero Flavio Montenegro es otro de los sindicados que buscará un procedimiento abreviado, aseveró su abogado defensor, Alberto Morales.

“La Fiscalía aún no ha definido la solicitud de —Marco—  Recinos, pero ha habido acercamientos de otros defensores. Yo los he tenido”, agregó el abogado Morales.

El procedimiento abreviado fue ofrecido al comienzo del proceso por el MP, comentó Sandra Bárcenas, abogada de Denis y Boris Linares Juárez.  “Aún no hemos tomado una decisión final”, agregó.

Jack Irving Cohen, en cambio, no buscará esa salida, comentó la abogada que lo representa, María  De León Iglesias.
“No podemos aceptar algo que no es cierto; hay suficientes pruebas de descargo”, agregó.

Sin conmuta

Los delitos que superan una pena de cinco años de reclusión no son conmutables.

El Código Penal establece para el delito de financiamiento ilícito  cárcel de cuatro a 12 años.

Hay un principio en Derecho que reza que la Ley se debe interpretar de forma que favorezca al reo.  Esto quiere decir que si se toma la pena mínima de cuatro años, sí puede ser conmutable, dicen abogados consultados.

Algunos de los defensores buscan que los sindicados sean tratados como cómplices y no como autores.
Esta condición permitiría rebajar una tercera parte la pena —de tres a cuatro años—.

Lista de detenidos quienes piden un proceso abreviado

1. Alberto Rafael de León Escobar
2. Álvaro Mayorga  Girón
3. Ana Graciela López Gálvez
4. Boris Alberto Linares Juárez
5. Boris Orlando Navas Aguilar
6. Denis Lam
7. Denis Leonel Linares Juárez
8. Dennis Benjamín González Zepeda
9. Edna Maribel Berganza Colindres
10. Flavio Rodolfo Montenegro Castillo
11. Ismenia Beatriz del Val Herrera
12. Juan Luis Ortiz Álvarez
13. Julio René Barrios Ortega
14. Karl Christian Kaeler de León
15. Marco Antonio Recinos Sandoval
16. Max Roberto Burgos Faillace
17. Rafael Francisco Cetina Gutiérrez
18. Vivian Urizar
19. Walter de Jesus López Acevedo

Los jueces de la Sala de Mayor Riesgo, Anabella Cardona, Mynor Oxom y Marvin Reyes Lee, resolvieron la queja el pasado 3 de este mes.

“En consecuencia se ordena al juez que en un plazo de tres días bajo su responsabilidad dicte la resolución concediendo un plazo de tres días al Ministerio Público”, dice lo resuelto por la Sala. Al ser notificados, el MP cuenta con tres días para presentar la acusación.

Hasta el pasado 2 de diciembre el Juzgado de Mayor Riesgo D no había recibido ninguna solicitud de los abogados defensores de estos para que se les dé permiso por las fiestas.

El Juzgado, que cubre las vacaciones del Juzgado de Mayor Riesgo B, donde se encuentran los expedientes por los casos La Línea, TCQ y Cooptación del Estado de Guatemala, tampoco ha fijado en su agenda alguna audiencia respecto de otros procesados por los mencionados casos de corrupción.

De manera extraoficial se indicó que los traslados tendrían varias razones, entre ellas que se desbarataba una posible red de corrupción en las cárceles, supuestamente dirigida por el expresidente Otto Pérez Molina.

Un rumor fue la posible orden de Haroldo Mendoza Matta para trasladar reos por quienes se generaron más controles, lo que afectaría sus actividades ilícitas.

Prolongación

La audiencia en la que se discutirá si los procesados por el caso La Línea enfrentarán juicio ha sido suspendida desde julio del 2015  por diversas acciones legales, tanto de la defensa como de la Fiscalía.
Los casos TCQ y Cooptación también están en suspenso por varias acciones legales que han frenado el avance de las diligencias.

Enviados a otras cárceles

El pasado 25 de noviembre, nueve procesados en el caso Cooptación del Estado de Guatemala fueron cambiados de prisión, por una alerta de atentado en su contra, según consta en la solicitud que el Ministerio Público hizo a la jueza de Mayor Riesgo D, Érika Aifán.
De manera extraoficial se indicó que los traslados tendrían varias razones, entre ellas que se desbarataba una posible red de corrupción en las cárceles, supuestamente dirigida por el expresidente Otto Pérez Molina.
Un rumor fue la posible orden de Haroldo Mendoza Matta para trasladar reos por quienes se generaron más controles, lo que afectaría sus actividades ilícitas.

Monzón cuenta las razones por las cuales el gobierno del partido Patriota decidió “deshacerse” del interventor de Puerto Quetzal, Allan Marroquín, quien fue detenido el miércoles en EE. UU.

Respecto de su relación con Héctor Valdez —actual asesor del alcalde de Mixco, Neto Bran—, dijo que lo considera su “maestro y mentor”, más que Roxana Baldetti, a quien aún llama “la Jefa”.

Esta entrevista se efectuó durante dos jornadas, el viernes 14 de octubre y ayer. Por las extremas medidas de seguridad, solamente se permitió el ingreso de papel y un lápiz.

En la celda, sobre un desayunador hay dos rotativos del día, ambos anuncian en sus portadas la deportación de Marroquín, de quien Monzón, asegura, “sabe mucho”.

El mago Chévez

“Jonathan Chévez era un mago, sin duda. Podía hacer cualquier cosa que le pidiera. ¿Cómo? No lo sé”, refiere Monzón.

Chévez era el director financiero de Transacciones Monetarias Unidas.

La cuenta con ese mismo nombre fue la receptora de los sobornos durante la administración del gobierno del Partido Patriota (PP), según las investigaciones de la Fiscalía, y el testimonio de Monzón lo confirma.

“Allí se depositaban los sobornos de TCQ, de las grúas, la energía de los puertos, las obras de construcción y la compra de los granos para la bolsa segura. Los fertilizantes no, para eso facturamos transporte y combustible”.

¿Coimas de la reconstrucción del terremoto de San Marcos? (2012), se le pregunta. “De eso no, estábamos muy nuevos”, confiesa.

De acuerdo con las investigaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), la cuenta también recibió parte del soborno por la puesta en marcha de un sistema de registro digital para la Dirección General de Migración (DGM) que se le adjudicó a la empresa Security Assitance Group S.A. (SAG), en 2014.

“El del Registro Migratorio fue un negocio del presidente —Otto Pérez Molina—, Mauricio —López Bonilla, exministro de Gobernación— y un exembajador”, señala Monzón.

“En diciembre de 2014, Roxana me llamó y me dijo: Mauricio se quiere babosear al presidente, te va a presentar a alguien. Y me presentaron a Gustavo Brignone”, recuerda.

Así fue, según Monzón, el inicio del negocio del sistema de control capaz de captar y comparar las huellas y fotografías de rostros de quienes ingresaran o salieran del país.

Este cruce de datos en tiempo real que SAG ofrecía ayudaría a detectar la presencia de personas que representaran una amenaza para la seguridad nacional o fueran buscadas por la Interpol.

“Acordamos —con Brignone— que me iba a entregar por el contrato del control migratorio la comisión de US$7 millones: US$1 millón de entrada y US$6 millones divididos entre el tiempo que tardaba el contrato, a razón de US$83 mil 333 mensuales, durante los cinco años restantes”, cuenta Monzón.

“Y utilicé al mago otra vez y él me entregó solo una parte del primer pago del millón, porque después vino mi captura”, recuerda.

El 16 de diciembre del 2014, López Bonilla viajó a Washington para reunirse con el Departamento de Seguridad Nacional, y fue ahí que le informaron de la compra, según refirió Monzón.

La adjudicación se hizo entre denuncias de tráfico de influencias, pero el 20 de mayo del 2015, justo antes de dejar el cargo, López Bonilla, “por causas de fuerza mayor”, rescindió el contrato.

“Por supuesto, cuando se dieron cuenta de que yo manejé la comisión del negocio, Mauricio botó el evento. Gustavo —Brignone— me preguntaba: ¿Qué hago con Mauricio, que pide el millón por adelantado?”, sostiene Monzón.

“Por cierto, aclaro que no soy primo de Gustavo Orellana Boche —sindicado en el caso El Bodegón de tener una cuenta mancomunada que alimentó la de Transacciones Monetarias Unidas—”, asegura Monzón.

Sobre Marroquín

Monzón ve de reojo los titulares de los periódicos que anuncian la captura de Marroquín y su posible deportación.

“Los negocios de TCQ fueron solo algunas de las razones por las que se sacó a Allan”, comenta.

“También estaban las plazas fantasmas —muestra un listado de 13 de estas que guarda en sus archivos—. A eso había que agregar sus problemas familiares, que estaban fuera de control, además que él ordenaba y operaba, pero cuando tenía que firmar siempre había alguna excusa, por eso es que muchos de los contratos aparecen firmados por Julio Rolando Sandoval —ex subinterventor, detenido—.”

Es la hora del baño y el desayuno en Pavoncito. Un ruido intempestivo provoca que Monzón salte de su silla y vea a todas partes. “Todo mundo pone a Roxana como la mala, y no es así. El cerebro es Otto, siempre lo fue”, indica.

“Ella se lo consultaba todo a él, pero él siempre fue la cara angelical del gobierno. Ella le fue leal hasta donde ya no”, sostiene Monzón.

Traicionados

El 19 de abril del 2015, tres días después de que el caso La Línea se hizo público y Monzón desapareció, Baldetti retornó a Guatemala.

Ella insistió en que Monzón la había acompañado a Corea porque tenía interés de aprovechar el viaje para asuntos privados de sus empresas en Asia, lo que ella aceptó.

Monzón permaneció 172 días prófugo. “Roxana me traicionó, y del acuerdo que hicimos en Corea no se cumplió nada. Hace un tiempo me envió un emisario y le mandé a decir: Jefa, ¡diga la verdad, la verdad que usted sabe!”, dice, exaltado, el colaborador eficaz de la Fiscalía, función que lo lleva a compartir la celda con Eco.

El exsecretario de la vicepresidencia no es, sin embargo, el único que se siente traicionado en todo el proceso.

Baldetti declaró en una ocasión refiriéndose a él: “No sabía que tenía un alacrán en la camisa y que yo misma me colgué”.

Nueva declaración

Monzón  rindió su última declaración el martes último, en la Fiscalía Especial contra la Impunidad.  Ahora trabaja en los detalles de otra estructura de lavado que, asegura, involucra a unas 180 personas.

“Son millones”, afirma Monzón, el monto lavado por este grupo.

“Hay empresarios. Hasta ahora solo se ha mencionado a los gatitos, pero faltan los verdaderos”, asegura.

“Se ha mencionado a los de siempre, las constructoras, pero hay más y la Fiscalía lo sabe”, añade.

Los nuevos implicados habrían actuado, otra vez, junto a  la Superintendencia de Adminstración Tributaria.

Monzón ya relató a la Fiscalía en la causa Cooptación del Estado cómo integrantes del PP contactaron a  empresarios.

Cuando se le pregunta cuál es el punto más débil en un gobierno, después de una pausa Monzón afirma: “El Ministerio de Comunicaciones; es donde más negocios se pueden hacer”.

González ha vuelto de desayunar y con  masking tape recoge las cortinas de las pequeñas ventanas.

“¡Es feriado! ¿Esperás a alguien, que estás arreglando?”, le inquiere Monzón. “Siempre espero a alguien”, le responde. “Yo no, yo nunca espero”, dice como para sí Monzón.

Kestler era el representante legal de Televisiete, televisora que habría financiado de manera ilícita la campaña electoral del Partido Patriota, recibiendo a cambio un beneficio económico a través de la pauta oficial durante los años del gobierno de Otto Pérez Molina.

Junto a Kestler también se entregaron a la justicia los prófugos Diego Castillo y Carlos Gabriel Guerra, implicados en el mismo caso. También se presentó Vivian Urízar, quién habría prestado su nombre a Roxana Baldetti para adquirir un hotel en Antigua Guatemala, Sacatepéquez; ella se había entregado el pasado viernes, sin embargo durante un receso abandonó la sala y desde entonces se había declarado en rebeldía.

Financiamiento electoral

De acuerdo a la investigación de la Cicig, Televisiete S. A. y Radiotelevisión Guatemala, S. A. habrían financiado la campaña del Partido Patriota desde 2008.

Los fondos habrían llegado a través de cuatro empresas de cartón creadas por Roxana Baldetti: Comercial Urma, Publicmer, Publiases y Serpumer.

Cada mes durante la campaña del PP se registraron pagos mensuales de Q215 mil 600 por Televisiete y Radiotelevisión.

El dinero no se reportó al Tribunal Supremo Electoral y se habría utilizado, según la investigación del MP y la Cicig, para la compra de vehículos que se utilizaron durante la campaña presidencial.

De los cuatro, solo Urízar llegó. El juez Miguel Ángel Gálvez informó que había sido llamado por la Corte Suprema de Justicia a una reunión y pidió a Urízar, fiscales, querellantes y defensores que esperaran  una hora. Cuando Gálvez regresó e intentó comenzar la diligencia, verificó que ninguno de los sospechosos contestó.

La defensa de Urízar indicó que desconocía el lugar donde estaba la sospechosa, pero afirmó que sí había llegado. Los representantes de Guerra afirmaron que se encontraba cerca, pero sin explicar dónde.

El juez reprochó a los defensores por no insistir a sus clientes en la necesidad de presentarse a la audiencia y molesto dijo que ya tenían orden de captura, y por lo tanto permanecerían en esa condición. El fiscal Julio Barrios Prado pidió declarar en rebeldía a los sospechosos.

El caso

La Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala buscan determinar las operaciones de una estructura criminal que se habría apropiado de entidades públicas durante el gobierno de Otto Pérez Molina y  Baldetti, ambos procesados, que habría financiado de manera ilegal al PP con el fin de que ganara las elecciones y beneficiarse con contratos.

De acuerdo con el ente investigador, Castellanos Rojas tenía contratos de servicios de la empresa en la que trabajaba con el Gobierno del Partido Patriota.

En la audiencia fue señalado de financiamiento electoral ilícito por haber otorgado recursos al Partido Patriota antes de ser electos en las elecciones de 2011.

La cooptación

Con la evidencia que arrojó el caso de defraudación aduanera La Línea, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), consideraron que era el caso más grande de corrupción detectado.

Conforme avanzaron en las escuchas telefónicas en ese caso, los investigadores detectaron que se trataba de una organización que llegaba hasta el entonces presidente Otto Pérez Molina y vicepresidenta Roxana Baldetti.

Entre los documentos encontraron un esquema financiero, aparentemente inconexo, que incluía nombres, empresas, cheques, bienes y movimientos financieros, que reportaba operaciones desde 2088, cuatro años antes que el Patriota ganara las elecciones de 2011.

“Esta actividad, típica de redes político-económicas ilícitas, se habría diseñado durante la campaña del Partido Patriota, justo después de perder las elecciones del año 2007 y seguía funcionando durante el ejercicio de gobierno”, reveló la Cicig.

Instituciones importantes del Estado fueron cooptadas por la red que implementó un esquema financiero con apariencia de legalidad, cuyo fin principal era el enriquecimiento ilícito de los miembros de la estructura.

En ese proceso fueron involucrados funcionarios, empresarios y particulares, por haber colaborado en el financiamiento electoral ilícito al partido, y posteriormente negocios como pago de favor.

El directorio del Registro Nacional de las Personas (Renap) recibió la carta de renuncia enviada desde la cárcel de la Brigada Militar Mariscal Zavala, donde permanece en prisión preventiva Gallardo.

El aun director llegó al puesto en julio de 2012 y su tiempo en la institución concluía en el mismo mes del 2017.

Mario Sánchez, registrador central de las personas, y actualmente encargado del despacho, afirmó que el directorio se reunirá en los próximos días para conocer la carta y determinar si la aceptan.
De aceptarla, el directorio debe hacer la convocatoria y comenzar el proceso para elegir al nuevo titular.https://twitter.com/jgramajo_pl/status/780816617726816256

Sigue deuda por DPI

El registrador central reveló que aún no han cancelado a deuda de Q20 millones con la empresa Easy Marketing, encargada de emitir el Documento Persona de Identificación (DPI), razón por la que la semana anterior suspendieron la emisión.

“Estamos haciendo los procedimientos administrativos para cumplir con el procedimiento, además hay un amparo que estamos cumpliendo que fue otorgado para que se garantizara la prestación del servicio”, afirmó el registrador.

Añadió que la institución tiene la solvencia económica para pagar, pero deben concluirse los procedimientos legales.

Sánchez dio a conocer que existen 96 mil DPI acumulados en las distintas sedes del Renap y que no han llegado a recoger los solicitantes.

La detención de Elmer López, extitular de la cartera de Agricultura, señalado por la compra de granos básicos procedentes del contrabando, es una más de las investigaciones que revelan las estructuras paralelas del anterior mandato, encabezado por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

López fue detenido este martes y en sus declaraciones reveló que fue presionado desde que asumió hasta enero del año pasado por la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti. Según el detenido, ella tenía intención de quedarse con los negocios de compras que el ministerio adjudicaba.

López fue detenido por la compra de maíz y frijol para familias afectadas por la sequía de 2014. Los granos fueron adquiridos a la empresa empacadora El Bodegón, por Q492 millones, misma que está relacionada al exsecretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón.

Regalos al jefe

En prisión preventiva también está el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, señalado junto a los exministros de Defensa Ulises Noé Anzueto y Manuel López Ambrosio, el de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi Aparicio y de Energía y Minas, Erick Archila Dehesa se encuentran prófugos.

Todos están implicados por contribuir de 2012 a 2014 en una “coperacha”, con el objetivo de complacer los exigentes gustos del entonces presidente Otto Pérez Molina.

De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, los exfuncionarios habrían contribuido para buscar su permanencia en la jerarquía del Partido Patriota y complacer a “los jefes”.

Los regalos que entregaron los funcionarios en tres años ascendieron a Q36.8 millones, entre ellos una lancha, un helicóptero y una vivienda en Roatán, Honduras.

Sobre Sinibaldi Aparicio y Archila Dehesa pesa una orden de captura internacional desde junio de este año.

Contratos de Seguridad

El ministerio de Cultura y Deportes también fue contagiado de actos de corrupción, en este caso está implicado Dwight Pezzarossi, acusado en el proceso “Cooptación del Estado.

Esta persona habría ampliado los contratos de seguridad privada a una empresa que Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la Vicepresidenta, había ordenado, pues existían comisiones a cambo de esos contratos.

Los contratos eran para la empresa de Miguel Ángel Martínez, propietario de Grupo Escorpión, S.A., quien brindó seguridad en 2011 a los entonces candidatos, Pérez Molina y Baldetti..

La empresa Grupo Escorpión fue una a las que se le adjudicó contratos en esa cartera. Además, a través de la compañía Súper Control 24, también obtuvo contratos de seguridad en esa entidad gubernamental. Una declaración de Monzón implicó al exministro de esa misma cartera, Carlos Batzín.
 
Pero Batzín se entregó a la justicia el 9 de septiembre de 2015 por una supuesta sobrevaloración en el arrendamiento de juegos mecánicos.

Aunque su gestión estuvo señalada por comprar pelotas, zapatos y uniformes aparentemente sobrevalorados, no se conoce que tenga proceso abierto por el contrato de seguridad.

El directorio le dio una semana a Gallardo para que responda sobre las irregularidades señaladas,  por lo que al vencer ese lapso podría ser destituido.

El directorio acordó guardar silencio, al hacer un pacto de caballeros, y no informará sobre el caso.

Gallardo fue ligado a proceso penal y está en prisión preventiva  en el Mariscal Zavala en el caso Cooptación del Estado.

En junio la destitución de Gallardo no llegó a ningún acuerdo y el directorio le otorgó un permiso mientras dilucidaba su situación legal.

Irregularidades

La adjudicación a Súper Control 24 por Q53.4 millones en el 2014, es la que lo tiene ligado al proceso a Gallardo en el caso Cooptación del Estado, según las investigaciones la empresa Escorpión utilizó a Súper Control 24 para obtener el concurso a pesar que la empresa no tenía  no llenaba ciertos requisitos.

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Según el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) ambas empresas pagaban sobornos a Otto Pérez Molina y Roana Baldetti  para obtener contratos en el Renap y el Crédito Hipotecario Nacional.

En la auditoría realizada por la Contraloría General de Cuentas, en el 2015, señala que en el Renap se hicieron dos adquisiciones por valor de Q1 millón en tóner de primera calidad para impresoras; sin embargo, el producto entregado a la institución consistió en cartuchos no originales.

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La primera compra fue por Q497 mil 595, de fecha 29 de diciembre de 2014. Mientras que la segunda compra fue adjudicada el 31 de marzo del 2015 por Q524 mil 396.

El arrendamiento de dos cajeros ciudadanos para la emisión de certificaciones fue una adquisición irregular, ya que este servicio buscaba acercar los servicios que presta el Renap al usuario para simplificar las gestiones.

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Con este cajero se ofrece una amplitud en los horarios con una facilidad de uso, universalización y accesibilidad a los servicios que presta el Renap.

Otros siete, que fueron beneficiados con arresto domiciliario y otras medidas sustitutivas, piden la modificación para disminuir las condiciones de su libertad.

La Sala rechazó de forma provisional 19 amparos planteados por los sindicados, quienes buscaban les fueran cambiados los delitos por los cuales enfrentan a la justicia.

El argumento de los sospechosos, manifestado a la Sala de Apelaciones, indicaba su desacuerdo con el fallo del juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, con los cuales los ligó a proceso y envió a prisión preventiva.

Queda pendiente que el amparo sea resuelto en definitiva, por lo cual los magistrados que conocen el caso deberán analizar detalladamente las peticiones, y determinar si se confirma el rechazo o se aceptan las peticiones.

Procesados

Los sindicados que piden salir de la cárcel son:

1. Juan Abner Fonseca Galicia
2. Miguel Ángel Martínez Solís
3. Rudy Leonel Gallardo Rosales
4. Adolfo Fernando Peña Pérez
5. Mario Rodolfo Contreras Díaz
6. Daniela de la Luz Beltranena Campbell
7. Julio César Aldana Franco
8. Héctor Hugo Solano Morales
9. Abner Antonio Rodríguez Vásquez
10. Walter de Jesús López Acevedo
11. Gustavo Adolfo Alejos Cámbara
12. Juan de Dios Rodríguez

Quienes piden menos restricciones para las medidas sustitutivas que ya tienen son:

1. Rudy Giovanni Navas Siliézar
2. Jack Irving Cohen Cohen
3. Flavio Rodolfo Montenegro
4. Julio Alejandro Quinto Tobar
5. Álvaro Mayorga Girón
6. Boris Alberto Linares Juárez
7. Denis Leonel Linares Juárez

Navas Siliézar, Quinto Tobar, Mayorga Girón, y los hermanos Linares Juárez permanecen en arresto domiciliario con la condición de no comunicarse con otros procesados o sospechosos del caso.

Cohen Cohen y Montenegro se mantienen en arresto domiciliario porque están enfermos.

El cargo señalado contra Lorenzana Cardona es financiamiento electoral ilícito, pues por medio de las empresas que representa habría dado aportes económicos a la campaña del Partido Patriota (PP) del 2011, cuando Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti ganaron las elecciones para presidente y vicepresidenta, respectivamente.

Según las pesquisas, el financiamiento que hicieron los canales 3 y 7 al PP fue de Q17.6 millones, entre el 2008 y el 2011.

Derivado de la investigación de esa red, las autoridades recolectaron  evidencias de una organización más grande que se habría apoderado de diversas instituciones públicas, en las cuales se emitieron contratos para beneficiar a personas y empresas particulares que ayudaron al PP a llegar al gobierno.

Prófuga

El Juzgado de Mayor Riesgo B emitió la orden de captura internacional  contra Lorenzana Cardona el pasado 2 de junio, así como de otras personas  vinculadas con la pesquisa.

En el perfil de la sospechosa que la Interpol colocó en su página electrónica, se le señala como  mujer de 66 años, originaria de Puerto Barrios, Izabal, cuyo idioma materno es el español.

Eduardo Kestler Morán, gerente de Televisiete, S. A., también es prófugo por ese caso.

Ya enfrentan proceso penal los citados exmandatarios y otras 55 personas, entre exfuncionarios, empleados públicos, empresarios, notarios y auditores.

La pesquisa se encuentra en el expediente judicial 01074-2015-00017, a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez.

Otros sospechosos también tienen orden de captura internacional por el caso, entre quienes se cuentan los exministros Alejandro Sinibaldi y Érick Archila, así como el exinterventor de la Empresa Portuaria Quetzal Allan Marroquín.

De los 88 guatemaltecos que figuran en la lista de los más buscados por la Interpol, solo Lorenzana Cardona y Enrique Castellanos Rojas, gerente de la empresa telefónica Claro, son vinculados al caso Cooptación.

Magnate

González y González ha amasado una fortuna con sus empresas en 14 países del continente, incluidos Estados Unidos, México, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perú, Ecuador y Argentina.

Según la revista América Economía, en el 2006 se calculaba su patrimonio en US$2 mil millones —Q15 mil 200 millones—.

Es dueño de 27 canales de televisión, 68 estaciones de radio y 40 salas de cine, entre otros negocios.

TV nacional financió campaña del PP

La investigación del MP y Cicig señala que los canales 3 y 7 hicieron aportes por Q17.8 millones a la campaña electoral del PP en 2011.

Alba Elvira Lorenzana Cardona

• Es la representante legal de las empresas Radio Televisión Guatemala, SA, y Televisiete SA, razones sociales de los canales 3 y 7.

Remigio Ángel González y González

• Dueño de una serie de canales de televisión en Latinoamérica, es esposo de Lorenzana Cardona.

Primer intento

• El PP quedó en segundo lugar en las elecciones generales de 2007. Un año después se fraguó la estrategia para que Otto Pérez y Roxana Baldetti ganaran el próximo evento electoral.
• En el 2008 se formó una red de empresas, que incluía a los canales 3 y 7 de televisión, con la cual se habría financiado la agrupación. Sus operaciones fueron entre 2008 y 2011.

Empresas de cartón

• Los aportes financieros efectuados por los canales llegaron a las sociedades anónimas Comercial Urma, Publiases, Publimerc y Serpumer, formadas por Juan Carlos Monzón, colaborador eficaz de los casos La Línea y Cooptación del Estado.

Devuelven el favor

• Desde 2012, cuando asumió el PP, los canales obtuvieron el 69% de la pauta gubernamental en medios de comunicación.

El inmueble fue entregado por la ex vicepresidenta Roxana Baldetti a Mario Cano, quien fungió como su abogado defensor en el caso La Línea.

Cano puso a disposición de las autoridades el edificio en junio de este año, cuando se presentó al Juzgado de Mayor Riesgo B, luego de ser vinculado al caso Cooptación del Estado, sindicado de financiamiento ilícito y asociación ilícita.

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El abogado dijo que el edificio se ofreció por un valor de US$1.1 millones, pero el valor real es de US$500 mil y aseguró que en la factura extendida a Baldetti por servicios prestados, con la que se acreditó que recibía el inmueble, se consignó que el pago era por Q4.5 millones y que de esa cantidad tuvo que cancelar Q1 millón en impuestos.

La autorización judicial para la inmovilización del inmueble fue emitida el 13 de junio de este año y fue este jueves cuando la propiedad se entregó a la Senabed para que la administre mientras se terminan las diligencias de investigación en el caso.

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Galindo argumentó que la investigación del caso se desarrolló de manera paralela a la  del contrato oneroso entregado de manera irregular a la Terminal de Contenedores Quetzal  para utilizar un terreno en la Empresa Portuaria Quetzal, lo cual calificó como  “fraude de ley”.

Empezar de cero

El abogado le dijo al juez que supuestamente por esa razón no tiene competencia para conocer las diligencias del caso Cooptación.

También pidió anular todas las diligencias efectuadas entre el 6 de junio y el 4 de agosto pasados, y que se ordenara la libertad inmediata de los procesados.

Gálvez informó que el defensor no  pudo explicar de manera adecuada la acción legal a la que se refería, pues se expresó como si se tratara de una distinta, por lo que rechazó darle trámite.

Explicó que la Cámara Penal  de la Corte Suprema de Justicia  autorizó que las investigaciones por posible lavado de dinero, en el expediente 01074-2015-00017, se trasladaran al juzgado a su cargo y que al caso se le denominó Cooptación del Estado de Guatemala para identificar de qué se trataba y se dividió en fases, las cuales se nombraron Cooptación, TCQ y Cooperacha.

Galindo pide que se anule lo actuado entre el 6 de junio y 4 de agosto, y la libertad de su cliente. @prensa_libre pic.twitter.com/ESkq3qrhnC

— Jerson Ramos (@Jerson_Ramos_C) August 5, 2016

Otro intento

El abogado Mario Cuevas, defensor de la exdirectora del Registro de Información Catastral  Emilia Ayuso, interpuso un incidente de competencia por declinatoria, con el cual busca que Gálvez declare su “incapacidad para continuar con el caso”.

Aseguró que los juzgados de Mayor Riesgo tienen una competencia especial y conocen procesos que, por su complejidad, no pueden tramitarse en juzgados comunes, y que por el hecho de diligenciar el caso TCQ no puede atribuirse el de   Cooptación.

Gálvez dio trámite a la petición del abogado y dijo que entre el 17 y 19 de agosto próximos se discutirá.

Saúl Zenteno Téllez, defensor del banquero Julio César Aldana, pidió que se notifique   la resolución con la que se aprobó que Salvador González, alias Eco, sea colaborador eficaz en el caso, porque su testimonio fue usado por el juez en su resolución.

También solicitó que aún no sean trasladados 18 procesados a la cárcel de la base militar Matamoros, zona 1.
Gálvez respondió que González no figura en el proceso y que se refirió a esa declaración porque el MP  pidió que se incorporara al caso.

Abogado exige fianza

Galindo pidió además a Gálvez que se fije una caución económica a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y aseguró que la ley señala la obligación de las entidades que funcionan en el país, pero que tienen sede en el extranjero, y que participan como querellantes en procesos judiciales, garantizar el resarcimiento a personas que acusen en los juzgados y que resulten declaradas  inocentes.

Pendiente de fecha

El juez Miguel Ángel Gálvez afirmó que por ahora no se tiene fecha para comenzar la audiencia en la que se discutirá la acusación del caso de defraudación aduanera La Línea, y adelantó que por lo menos se requerirían  cuatro semanas para efectuar la diligencia completa.

Manifestó que los procesos por corrupción en el Estado son complejos y cada uno tiene características especiales.

Retomará  casos

En conferencia de prensa, el juzgador explicó que durante el tiempo en el que se finalizará la investigación del caso Cooptación retomará otros procesos, en los cuales debe celebrar audiencias de primera declaración, por ejemplo.

Citó las audiencias indagatorias del magistrado Douglas Charchal y del exmagistrado Vladimir Aguilar, así como la sentencia de Édgar Barquín.

Envía a prisión a 26

El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, resolvió el pasado jueves que 26 procesados por el caso Cooptación del Estado de Guatemala deberán permanecer en prisión preventiva.

En el grupo se encuentran exfuncionarios nombrados por los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, y ex empleados públicos que laboraban en instituciones estatales que habrían sido dominadas por la estructura criminal, así como  contratistas que se beneficiaron con adjudicaciones a cambio del pago de sobornos, y supuestos lavadores de dinero.

Otros ocho permanecerán en la misma situación, derivado de que afrontan a la justicia por otros casos judiciales y se les ordenó guardar prisión preventiva, seis por la investigación del caso TCQ, entre ellos Pérez Molina y Baldetti; Juan de Dios Rodríguez por el caso IGSS-Pisa, en el cual se busca determinar acciones irregulares que dejaron la contratación de la Droguería Pisa para dar tratamiento médico a enfermos renales afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguro Social (IGSS), y Gustavo Alejos, procesado por el caso Negociadores de la Salud, también en el Seguro Social.

Al cerrar la audiencia el juez dictó prisión preventiva contra 26 de los 57 sindicados de participar en la Cooptación del Estado y la Cooperacha, y ordenó al Ministerio Público concluir la investigación en tres meses; el ente investigador había solicitado seis meses al juez.

“Se estará programando la cita lo más próximo posible”, explicó Sandoval, sin entrar en detalles.

El fiscal manifestó que Cash Luna ha mostrado su disposición para aclarar la adquisición de la bandera y el asta.

La entrevista no será pública, según afirmó Sandoval, debido al riesgo que se corre de entorpecer la investigación.

Durante la audiencia de primera declaración del caso Cooptación del Estado, la abogada Berenice Jerez, quien representa a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), mostró al juez del caso un correo electrónico incautado en la Vicepresidencia de la República con una comunicación entre Betzy García, asistente de Luna, y Judith Ruiz, asistente de Baldetti.

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La comunicación efectuada el 3 de abril de 2013, dice: “Le escribo de parte del pastor Cash Luna. Él habló con la señora vicepresidenta sobre una bandera de Guatemala y un asta para colocarla en el templo Casa de Dios, km 22 a El Salvador. Nos pidieron que diéramos seguimiento por medio de usted. Quedo a la espera de sus instrucciones para dicho seguimiento”.

Adjunto al correo iba una cotización de la bandera. Según la Fiscalía, el costo total fue de US$56 mil, Q430 mil, dinero que habría provenido de las comisiones que la estructura del Partido Patriota (PP) consolidó para saquear al Estado mediante empresas que recibían dinero de contratistas.

En su defensa, el 27 de junio recién pasado, la misma Baldetti dijo al juez Miguel Ángel Gálvez que, posiblemente un martes de noche, cuando ella iba a servicio, habló con el pastor, quien le pidió una bandera, como la de la Plaza de la Constitución.

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Al día siguiente, Baldetti instruyó a su entonces secretario privado Juan Carlos Monzón para que a través del Ministerio de Cultura y Deporte gestionara la bandera como un gesto de “orgullo y patriotismo” para quienes visitaran la iglesia.

El pasado 16 de junio, cuando la Fiscalía reveló en la audiencia Baldetti había donado la bandera a Casa de Dios con dinero producto de comisiones y sobornos, la iglesia emitió un comunicado en el que se manifestaba indignación ante la revelación y aseguró que apoyaría las acciones de las autoridades. Dos días después retiró el asta y la bandera.

 Otros ocho permanecerán en la misma situación, derivado de que afrontan a la justicia por otros casos judiciales y se les ordenó guardar prisión preventiva, seis por la investigación del caso TCQ, entre ellos Pérez Molina y Baldetti; Juan de Dios Rodríguez por el caso IGSS-Pisa, en el cual se busca determinar acciones irregulares que dejaron la contratación de la Droguería Pisa para dar tratamiento médico a enfermos renales afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguro Social (IGSS), y Gustavo Alejos, procesado por el caso Negociadores de la Salud, también en el Seguro Social.

El juez Gálvez, puso del conocimiento de los abogados del caso un tema que le preocupa, y dijo: “Si alguien está pidiendo dinero para el juez, pongan la denuncia; las resoluciones que he dictado son con base en  un análisis, y en el Código Procesal Penal. Tengo conocimiento que un grupo de abogados está citando a otros abogados para pedir dinero en un proceso, lo pongo del conocimiento del Ministerio Público. No es esa la forma como se debe litigar”.

Financista y exfuncionarios en prisión:

1. Abner Antonio Rodríguez Vásquez
2. Adolfo Fernando Peña Pérez
3. Alex Ricardo Girón Martínez
4. Byron Enrique Barrera Menéndez
5. Dani Cronwwl Gento Mayorga
6. Daniel Estuardo Ángel Calderón
7. Daniel Juan Pablo Pellecer Siliézar
8. Daniela Beltranena        
9. Denis Leonardo Lam     
10. Dwigth Antony Pezzarossi García
11. Emilia Guadalupe Ayuso de León
12. Héctor Hugo Solano Morales
13. Juan Abner Fonseca Galicia
14. Juan Carlos Salguero Barrientos
15. Judith del Rosario Ruiz Blau
16. Julio César Aldana Franco
17. Julio René Barrios Ortega           
18. Karl Christian Kaeller de León
19. Manuel Augusto López Ambrosio
20. Mario Rodolfo Contreras Díaz
21. Mauricio López Bonilla 
22. Miguel Ángel Martínez Solís
23. Óscar Ludwin Osorio Ovalle
24. Rudy Leonel Gallardo Rosales
25. Ulises Noé Anzueto      
26. Walter de Jesús López Acevedo

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Otros 19 vinculados al caso fueron beneficiados con arresto domiciliario, como medida  sustitutiva, entre quienes figuran supuestos financistas del PP durante la campaña electoral del 2011, cuando la agrupación política ganó la presidencia.

Entre los beneficiados están el abogado Mario Cano, quien defendió a Baldetti en el caso La Línea y recibió en pago un inmueble ilícito;  los notarios Francisco Rafael Cetina e Ismenia Del Val Herrera, y el exministro de Agricultura, Edín Barrientos, señalados como presuntos lavadores de dinero.

Con arresto domiciliario:

1. Alberto Rafael de León Escobar
2. Álvaro Mayorga Girón
3. Amín González
4. Ana Graciela López Gálvez
5. Boris Linares Juárez
6. Boris Orlando Navas Aguilar
7. Denis Leonel Linares Juárez
8. Edín Barrientos
9. Edna Maribel Berganza Colindres
10. Flavio Rodolfo Montenegro
11. Izmenia Beatriz del Val Herrera
12. Jack Irving Cohen Cohen
13. Juan Ortiz Álvarez
14. Julio Alejandro Quinto Tobar
15. Marco Antonio Recinos Sandoval
16. Mario Cano
17. Max Roberto Burgos Faillace
18. Rafael Cetina
19. Rudy Geovani Navas

Desarrollo

La audiencia de primera declaración de los 57 sindicados en el caso se desarrolló en 32 jornadas, las cuales comenzaron el pasado 13 de junio, en las que se declaró  la falta de mérito para cuatro y se ligó a proceso a  53.
El MP y la Cicig impugnaron la decisión de Gálvez de dejar fuera del proceso a Marvin Estuardo Díaz Sagastume, Julián Muñoz Jiménez, Raúl Eduardo Castillo Castillo y Luis Fernando Montiel Dávila.

El abogado David Pineda rechazó la resolución del juez, y señaló que envió a prisión a personas que tienen delitos menos graves que quienes quedaron con arresto domiciliario.

Pendiente

Gálvez indicó que quedan diligencias pendientes en el caso, como la audiencia en la cual se escuchará el testimonio de Juan Carlos Monzón, ex secretario privado de Baldetti,  quien busca ser colaborador eficaz del caso y cuya documentación ha sido clave en el caso.

Al momento se tiene una declaración de Monzón, la cual fue efectuada en el MP y que está pendiente de aprobación por el juez.

Permanecen prófugos:

1. Alba Elvira Lorenzana Cardona
2. Alejandro Sinibaldi
3. Allan Herbert Marroquín Castillo
4. Carlos Gabriel Guerra
5. Carlos Raúl Ruiz Vásquez
6. Edi Orlando Morales
7.  Eduardo Cristian Kestler Morán
8. Enrique Castellanos Rojas
9. Erick Estuardo Archila Dehesa
10. Jorge Ruiz Vásquez
11. Sergio Roberto Arévalo

“Creo en la justicia, creo un usted señor juez Gálvez”, dijo Beltranena con una voz entrecortada de frente al juzgador, en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia.

La exasistente vicepresidencial aseguró que desde su regreso de Corea, donde acompañó el último viaje de Baldetti como funcionaria, en abril de 2015, esperó ser citada por el Ministerio Público y siempre estuvo dispuesta a colaborar en las investigaciones del caso La Línea.

Beltranena también aseguró que existe un “terrorismo mediático” que ha alejado a sus amigos y algunos familiares, por el temor de ser perseguidos penalmente, al verse vinculados a ella y el caso Cooptación del Estado.

“Le pido, suplico, imploro señor Juez, que si es su voluntad me otorgue una medida sustitutiva (…) no me deje los años que me quedan de juventud en un centro de detención”, dijo sollozando Beltranena.

“Mi hijo me extraña”

Este miércoles también solicitó su libertad Judith del Rosario Ruiz Blau, exasistente de Baldetti desde que esta fue diputada en el Congreso.

Ruiz durante su intervención, frente a Gálvez, pidió su libertad porque su hija la extraña y es ella quien provee el sustento económico del hogar.

La defensa de Ruiz también expuso ante el juzgador que Ruiz ya no labora para el Congreso, luego de presentar y se aceptara su renuncia y aseguró que no representaría un obstáculo para la investigación de recuperar su libertad.  

La Corte Suprema de Justicia, a través del acuerdo 15-2016, decidió crear el nuevo Juzgado, que está ubicado en el mismo lugar que ocupa actualmente el de Mayor Riesgo B, con el propósito de apoyar directamente los procesos que tiene asignados el juez Gálvez. 

Al Juzgado de Mayor Riesgo D fueron trasladados 34 expedientes de casos que eran atendidos por el juzgado B antes de abril del 2015 y que se comenzaron a retrasar debido a la cantidad de trabajo que generaron los casos de corrupción.

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El caso

El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala sindican a 40 personas de integrar una estructura que operaba en la Dirección General de Migración y en el Registro Nacional de las Personas, quienes permitían, de forma ilegal, la residencia, el ingreso, el tránsito y la salida del territorio nacional a extranjeros que utilizaban pasaportes guatemaltecos extendidos con documentos falsos.

Según la investigación, dicha estructura colaboró con tres ciudadanos rusos y les entregaron partidas de nacimiento, cédulas de vecindad, documentos personales de identificación y pasaportes guatemaltecos, utilizando documentos falsos.

Igor Vladimirovich Bitkova fue ligado a proceso por los delitos de uso de documentos falsificados, usurpación estado civil y supresión y alteración del estado civil; su esposa, Irina Viacheslavovna Bitkova y su hija Anastasia Bitkova también fueron ligadas a proceso pero recibieron una medida sustitutiva.