¿Cuánto ganan los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y quiénes gozan de antejuicio?

Sus salarios superan los Q100 mil y tienen derecho de antejuicio: así son las condiciones del cargo de magistrados en la Corte de Constitucionalidad (CC).

Sandy Pineda

4 de marzo de 2026

|

14:15h

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Sede de la CC, donde ejercen funciones los magistrados titulares y suplentes del máximo tribunal constitucional. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

En el contexto del proceso de designación de magistrados que actualmente se desarrolla en el país, la integración de la Corte de Constitucionalidad (CC) vuelve a colocarse en el centro del debate.

A partir de los nombramientos se despierta el interés por conocer las condiciones del cargo.

Los magistrados de la CC figuran entre los funcionarios mejor remunerados del Estado guatemalteco.

Sus ingresos están consignados en los listados oficiales de puestos y salarios que la institución publica en cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública.

¿Cuánto ganan los magistrados de la CC?

De acuerdo con los listados de “Puestos y salarios” publicados por la propia Corte, los magistrados titulares devengan aproximadamente:

• Q83 mil 700 de salario base mensual
• Q18 mil 625 en bonificaciones promedio

En el caso del magistrado que ejerce la Presidencia de la CC —cargo que rota anualmente entre los titulares— el ingreso mensual asciende aproximadamente a:

• Q100 mil 400 de salario base
• Q18 mil 625 en bonificaciones

Esto sitúa la remuneración mensual del presidente del tribunal en alrededor de Q119 mil, según los reportes más recientes, correspondientes a enero del 2026, disponibles en el portal institucional.

Además del salario, los magistrados reciben prestaciones correspondientes a altos funcionarios del Estado, como aguinaldo, bono 14 y vacaciones, entre otros beneficios administrativos establecidos por ley.

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Otros altos funcionarios perciben salarios similares o menores: el presidente Bernardo Arévalo redujo su salario de Q148 mil 838 a Q115 mil 219.36, y la vicepresidenta Karin Herrera bajó el suyo a Q130 mil en mayo de 2025, tras publicaciones de Prensa Libre y Guatevisión.

En contraste, otros altos funcionarios perciben montos similares o menores: magistrados de la Corte Suprema de Justicia ganan alrededor de Q67 mil; los de Apelaciones, Q46 mil 700; y el titular de la Contraloría General de Cuentas reporta ingresos cercanos a Q102 mil mensuales, incluyendo bonos.

¿Tienen derecho de antejuicio?

En cuanto a la inmunidad, tanto los magistrados titulares como los suplentes sí gozan del derecho de antejuicio, conforme a la interpretación constitucional vigente.

Esto se fundamenta en que ambos, una vez legalmente juramentados por el Congreso de la República y en el ejercicio de la función que les corresponde, adquieren esa prerrogativa constitucional.

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De acuerdo con la Asociación para el Desarrollo Legislativo y la Democracia (Legis), esto se fundamenta en el artículo 270 de la Constitución Política de la República.

“La duda surge por el caso de magistrados suplentes de salas de Apelaciones, cuyo antejuicio aplica cuando ejercen el cargo; sin embargo, la Constitución no hace esa distinción en la CC, por lo que tanto titulares como suplentes tienen derecho de antejuicio”, informaron.

Es decir, desde el momento en que son juramentados y mientras dure el período para el cual fueron elegidos, cuentan con derecho de antejuicio.

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Esta garantía implica que no pueden ser investigados o procesados penalmente sin que previamente se tramite el procedimiento correspondiente para retirarles la inmunidad.

La Constitución establece que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad gozan de las mismas prerrogativas e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo que incluye esta protección, coincidió también un abogado constitucionalista.

José Luis Aguirre Pumay: perfil del magistrado suplente de la CC electo por el CSU de la Usac

El Consejo Superior Universitario designó a José Luis Aguirre Pumay como magistrado suplente ante la Corte de Constitucionalidad para el período 2026-2031.

Glenda Burrión

16 de febrero de 2026 | 16:35h

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El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) eligió este 16 de febrero a sus magistrados titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026-2031.

Con 24 votos a favor, José Luis Aguirre Pumay fue designado como magistrado suplente, cargo para el que será juramentado el próximo 16 de marzo. Será la primera vez que integre el máximo tribunal en materia constitucional, cuyas resoluciones inciden en decisiones del Estado, procesos electorales y acciones de amparo.

#RenovaciónCC
El CSU de la USAC designa a Julia Rivera y a José Aguirre como magistrados titular y suplente para la nueva @CC_Guatemala. Rivera obtuvo 23 votos a favor y Aguirre 24. pic.twitter.com/unyUz0BXwd

— Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) February 16, 2026

Perfil de José Luis Aguirre Pumay

De acuerdo con datos de Guatemala Visible, Aguirre Pumay nació el 26 de agosto de 1977 y es abogado y notario egresado de la Usac (2007).

En el sector público se desempeñó como juez de Asuntos Municipales en Guazacapán, Santa Rosa (2016-2017) y asesor del Bufete Popular de la Usac (2013-2019). En el ámbito privado ha sido asesor jurídico de la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “Trabajo y Progreso” desde 2008.

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También cuenta con experiencia docente en la Usac, donde ha sido profesor titular e interino en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, así como catedrático en la Universidad Mariano Gálvez.

Registros públicos indican que fue contratista del Estado en 2018 y 2019, con cuatro contratos que suman Q3 mil 150. Además, figura el bufete profesional “Aguirre Pumay” en el sistema Guatecompras.

La designación del magistrado suplente ante la CC se da en un contexto de alta expectativa pública sobre la integración del máximo tribunal constitucional para el período 2026-2031, cuya composición será clave en futuras decisiones políticas y jurídicas del país.

Trayectoria y señalamientos

Actualmente, Aguirre Pumay funge como director del Centro Universitario de Santa Rosa (Cunsaro) desde 2022. Según datos del movimiento ProJusticia, ha manifestado públicamente respaldo al rector Walter Mazariegos.

En 2025 integró, como secretario, la planilla Avanza–Coalición Gremial durante la elección de Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), alianza vinculada a figuras como la fiscal general Consuelo Porras, el jefe de la FECI Rafael Curruchiche, el secretario general del MP Ángel Pineda, el excandidato presidencial Manuel Baldizón y el operador político Gustavo Alejos.

Su aspiración a la Corte de Constitucionalidad ha sido cuestionada por sectores que señalan su influencia dentro de la Usac y su cercanía con autoridades universitarias.

Participación política

Aguirre Pumay ha participado en distintos procesos electorales. En 2011 fue candidato a concejal de Chiquimulilla por el partido CREO; en 2015 compitió como candidato a diputado por Santa Rosa con el Partido Patriota; en 2019 buscó la alcaldía con el partido Humanista; y en 2023 fue candidato a alcalde por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

En 2017 también figuró en la lista que integraba el equipo de asesores de los parlamentarios del Congreso de la República de Guatemala.

En 2024 también se postuló como aspirante a magistrado de la Corte de Apelaciones.

4 de 10 magistrados para la CC ya han sido nombrados

José Luis Aguirre Pumay fue electo como magistrado suplente y, junto a Julia Marisol Rivera Aguilar, designada como magistrada titular, representarán a la Universidad de San Carlos de Guatemala ante la Corte de Constitucionalidad para el período 2026-2031.

Con los nombrameintos de Pumay y Rivera, ya van cuatro de 10 magistrados nombrados para integrar la Corte de Constitucionalidad en el período 2026-2031. Estos dos se suman a Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo, quienes fueron electos el 12 de febrero por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

No obstante, tanto la Usac como el CANG son solo dos de los cinco órganos que, por mandato constitucional, deben designar a un magistrado titular y un suplente para completar la integración del máximo tribunal en materia constitucional. Por lo que la integración completa de la CC para el año 2026-2031 continúa en proceso.

Julia Marisol Rivera Aguilar: perfil de la magistrada titular de la CC electa por el CSU de la Usac

El Consejo Superior Universitario de la Usac eligió a Julia Rivera como magistrada titular ante la CC para 2026-2031; es la primera vez que integrará el máximo tribunal constitucional.

Glenda Burrión

16 de febrero de 2026 | 15:33h

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Bajo perfil

José González, coordinador del Programa de Justicia de la organización Impunity Wacht, manifestó que desde la primera convocatoria que hizo el Colegio de Abogados para integrar las postuladoras ya se habían inscrito 10 planillas, integradas por profesionales de bajo perfil o poco conocidos. Pero que quedó sin efecto por la anulación que hizo la Corte de Constitucionalidad.

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“Lo importante que hay que velar es que los comisionados no tengan ningún interés en el asunto, para que no se repita lo del 2014 del voto cruzado, si me postulo para la CSJ no voy a integrar una postuladora de Apelaciones, porque se da eso de tu me elijes y yo te elijo. Uno de los principios que las planillas tienen que trabajar es que sus aspirantes a comisionados no tengan la intención de ocupar una magistratura”, dijo González.

El profesional reconoció que se ha escuchado que sectores tradicionales de poder en el Colegio de Abogados siguen activos a través de planillas de bajo perfil.

Comentó que le llamó la atención cómo es que los magistrados de apelaciones presentaron una planilla única, es algo que la ley no impide, pero no hubo competencia para ocupar los puestos. “Se habla que cinco magistrados de igual número de grupos se pusieron de acuerdo lo que podría implicar que ya hubo acuerdos previos”, cuestionó.

Los 12 magistrados de las Cortes de Apelaciones integrarán la Comisión de CSJ. Acá el proceso fue a través del Instituto de Magistrados quienes el 27 de junio en un acuerdo entre cinco bloques se permitió una elección por unanimidad ya que solo se presentó una planilla.

Wilber Estuardo Castellanos Venegas, vocal II de la Sala Primera de Apelaciones Civil y Mercantil, Gilma Valladares Orellana, vocal II de la Sala Segunda de Apelaciones Civil y Mercantil, pero ahora es parte del Consejo de la Carrera Judicial y Zonia de la Paz Santizo Corleto, vocal II de la Sala Tercera de Apelaciones se levantaron de sus lugares y propusieron la única planilla, que al final fue la ganadora con el aval de 117 votos a favor y 6 nulos.

Santizo Corleto fue una de las magistradas que anuló el falló en el que habían sido condenados directivos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en el caso conocido como IGSS-Pisa.

No fue posible contactar a Castellanos Vanegas; a Santizo Corleto se le dejó la solicitud en la judicatura a la que pertenece pero no devolvió la llamada.

Valladares Orellana fue la única que atendió a Prensa Libre.

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Hubo consenso

La presentación de una planilla en el seno de magistrados de Cortes de Apelaciones generó señalamientos fuertes, incluso de que cinco grupos habían negociado para tener una cuota de poder y que la negociación se había dado luego de que magistrados regresaron de Nicaragua donde está asilado Gustavo Herrera quien ha sido negociador en la Comisiones de Postulación.

Una de las magistradas que propuso esa única planilla fue Gilma Valladares quien manifestó a Prensa Libre que lo que ocurrió para elegir una sola planilla fue un “consenso” no una negociación entre varias agrupaciones.

Valladares manifestó que en el 2014 cuando se les obstaculizó su toma de posesión, tuvieron la necesidad de presentar un amparo y “fue de esa manera como nos agrupamos en la defensa de su derecho de haber sido electos”.

“De esta gestión se generaron lazos de fraternidad y solidaridad porque teníamos una causa común y se nos estaba desprestigiando por lo que nos teníamos que unir”, manifestó.

Aseguró que en la primera elección hubo consensos para elegir a los magistrados que debían integrar algunas plazas dentro de la Junta Directiva del Instituto de Magistrados y se eligió por aclamación a los que tenía que terminar el periodo.

Valladares explicó que al siguiente año hubo una elección ya por planillas y se empezaron a perfilar grupos por afinidad, “por mujeres que acudimos a la iglesia y que nos reunimos para orar”. La magistrada comentó que por estar en una judicatura civil, no se relacionaban mucho con los penalistas.

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“Los consensos no fueron de ayer, ni de dos semanas antes de la elección, fue desde que tomamos posesión. Y para nosotros la elección más importante es esta por la trascendencia nacional y la responsabilidad que cada uno tiene. En elecciones anteriores nos dejaron la experiencia que deja heridos, en una planilla está una amiga y en la otra está un amigo entonces que hago. El objetivo de hace más de un año fue empezar a dialogar para que manejaramos de manera consensuada esta elección”, aseguró  Valladares.

“Dentro de nosotros también hay diferentes pensamientos como lo que pasa e nuestra sociedad y en el Congreso y lo que queríamos era da un mensaje de unidad, por lo que era más importante ponderar el interés en favor de nuestro país a lo individual que cada uno tiene de reelegirse”, refirió la magistrada.

Aceptó que viajó a Nicaragua, pero aseguró que se trató de una visita a la Corte Centroamericana de Justicia, organizada por la Asociación de Jueces y Magistrados. Precisó que el presidente Mynor Moto invitó al Consejo, y que como no podía asistir ella acudió al llamado.

Respecto a que se habrían reunido con Gustavo Herrera, expuso que “son suposiciones que la gente hace”.

“Amarran el viaje a Nicaragua con él, pero no fue así. la verdad convencer a 130 profesionales del calibre de los magistrados no se puede hacer de un día para otro. Pero siempre estuvo la oportunidad de la unidad”, dijo Valladares.

La profesional indicó que era necesario conocer el funcionamiento de la Corte debido a que el país debe de nombrar a sus delegados ante esa instancia -un titular y un suplente- y a la vez no desaprovecharon la oportunidad de conocer Nicaragua.

Al consultarle si para ser magistrado se necesita de un “padrino” como el Rey del Tenis, Gustavo Herrera o Juan de Dios Rodríguez, respondió que no los conoce y que en algún momento le presentaron a López Villatoro, pero para ella los padrinos serían personas que conocen de su trabajo y que podrían hablar por ella.

“Mientras mi conciencia esté tranquila y pueda ver a las personas a los ojos y con la frente en alto yo voy a seguir avanzando donde Dios quiera que yo este”, señaló.

Proceso viciado

La elección de los magistrados de la CSJ y Apelaciones del 2014 fue señalada de tráfico de influencias. Incluso el exdiputado Gudy Rivera fue condenado a 13 años 4 meses por intentar influir con la magistrada Claudia Escobar para que otorgará un amparo a Roxana Baldetti y a cambio ella iba a ser reelecta como magistrada de Apelaciones.

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El proceso fue suspendido por la Corte de Constitucionalidad por lo que los magistrados no asumieron el 13 de octubre de ese año, sino días después, ya que la corte avaló ese proceso.

Mientras que, en el 2018, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) destaparon el caso Comisiones Paralelas en donde se acusa al Rey del Tenis, al magistrado Giovanni Orellana Donis y otros abogados de influir en la elección de magistrados de ese año.

La investigación detalla que Orellana Donis habría recibido un apartamento en una zona de alta plusvalía, luego de finalizadas los nombramientos. También se determinó que el Rey del Tenis financió reuniones en fechas claves y determinantes con integrantes de las comisiones de postulación para poder tratar el proceso de elección de magistrados.

Ya en el Congreso, luego de un pacto entre Roxana Baldetti, Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón los bloques del partido Patriota y de Libertad Democrática Renovada eligieron a los actuales magistrados.

El 19 de julio se corrigió la nota debido a que el magistrado Gustavo Adolfo Dubón Gálvez, presidente de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones no fue electo para integrar la Comisión de Postulación para Corte Suprema de Justicia. Quien integra la postuladora es Gustavo Adolfo Samayoa Romero que integra la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Familia.

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ESCRITO POR:

William Oliva

Periodista de Prensa Libre especializado en Actualidad Internacional y Periodismo Digital con 15 años de experiencia.

“La Constitución es la norma suprema y todos los poderes del Estado están sujetos a sus disposiciones (…) y la independencia de un tribunal de justicia depende de la libertad con que sus integrantes cuenten para plasmar sus opiniones en las resoluciones en las que se pronuncien”, dice la misiva.

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En el texto, los abogados enfatizan que, de acuerdo con la Ley de Amparo, Exhibición Personal de la Constitucionalidad, los magistrados no podrán ser perseguidos por opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo.

El comunicado está firmado por Eduardo Moya, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín; Gabriel Orellana, excanciller de la República; Rodolfo Rohrmoser Valdeavellano, exmagistrado de la CC; Mauro Chacón, exmagistrado de la CC, y Jorge Mario García Laguardia, exmagistrado de la CC,

El 9 de enero último, la CSJ dio trámite al proceso de antejuicio en contra de tres magistrados constitucionales, cuyos votos han sido opuestos a las decisiones en política exterior del presidente Jimmy Morales, después de una denuncia de la Asociación Dignatarios de la Nación (ADN) contra los titulares la CC José Francisco de Mata Vela Gloria Patricia Porras y Bonerge Mejía, “por sus criterios relacionada a la política exterior que solo le compete al Ejecutivo”.

Según la Asociación, la CC habría incurrido en prevaricato, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad.

El argumento se centra, según la denuncia, en abuso de funciones en los amparos al extralimitarse particularmente en permitir al diplomático Andrés Kompass la permanencia del país como embajador de Suecia.

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La denuncia se presentó en momentos en que la CC también dio trámite a varios recursos contra del fin del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) decidido por el gobierno de Jimmy Morales.

Persecución ilegal

Para los abogados, la denuncia promovida por la ADN, “constituye una persecución ilegal en contra de los tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad”, y por el hecho de haberle dado trámite a una denuncia antijurídica “la CSJ ha contribuido a debilitar el estado de Derecho y sus propias funciones”.

De acuerdo con los profesionales, el Congreso de la República está en obligación de detener el trámite de esa denuncia.

“El estado Constitucional de Derecho se edifica cuando los poderes públicos se someten a las resoluciones del máximo intérprete de la Constitución y no, como en este caso, cuando lo persiguen penalmente por sus opiniones”, dice el texto, y advierten que, de no defender el orden constitucional, se pueden tomar las medidas necesarias.

El comunicado llega horas después de que la organización Somos presentó un recurso ante la CC que apoya a todos los amparos interpuestos por diversos grupos, abogados y asociaciones por el trámite de antejuicio contra los titulares de esa corte.

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Néster Vásquez, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), evitó pronunciarse acerca del antejuicio que tramitaron contra tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC). La razón es porque aún hace falta incluir los votos disidentes de las magistradas Morales y Dávila.

Los señalados son los magistrados de la CC Bonerge Amílcar Mejía Orellana, Gloria Patricia Porras y José Francisco de Mata Vela.

El caso

Durante el pleno habitual de la CSJ los magistrados avalaron una denuncia de la Asociación Dignatarios de la Nación (ADN) en contra de tres magistrados de la CC por sus criterios relacionada a la política exterior que “solo le compete al Ejecutivo”.

Según la Asociación, los magistrados constitucionales habrían incurrido en prevaricato, la violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y el abuso de autoridad.

El argumento se centra, según la denuncia, en abuso de funciones en los amparos al extralimitarse particularmente en permitir al diplomático Andrés Kompass la permanencia del país como embajador de Suecia.

En Perú, los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski son procesados por la justicia penal y todos vinculados con corrupción. El actual mandatario, Martín Vizcarra, no fue electo de manera directa, era el vicepresidente de Kuczynski, y al haber este renunciado tuvo que subir al sillón presidencial. En este contexto se enfrenta a un Congreso dominado por la oposición y a la vez existe un ambiente político tenso porque el fujimorismo, que tiene un aceptable apoyo popular a pesar de ser la encarnación de la dictadura —como lo que sucede en Guatemala, solo que con otros apellidos—, también enfrenta procesos penales e investigaciones por corrupción y abuso.

Vizcarra entendió el momento en el cual le toca dirigir el país y por eso es sano hacer el paralelismo con lo que ocurre en Guatemala, pregunta por pregunta.

Los guatemaltecos tuvimos hace dos años una propuesta de reforma constitucional y dentro del paquete se proponía la conformación de un nuevo órgano dentro del sistema de justicia, con el objeto de que el Congreso ya no tuviera cheque en blanco para elegir magistrados cada cinco años, como juegan ahora las reglas —acá ni consejo de magistratura hemos tenido—, los magistrados de apelaciones estarían electos por plazo indefinido y se instituía un nuevo sistema de disciplina judicial y evaluación del desempeño. Así mismo, para ser magistrado de la Corte Suprema se atendería a razones de especialidad y así se respetaría una lógica elemental. El statu quo salió dando el grito al cielo y diputados oficialistas junto al presidente boicotearon el esfuerzo. Hoy, Arzú, Alejos, Galdámez y otros miembros de la Junta Directiva andan a la caza de magistrados para el próximo año, y por supuesto la UNE, la otra gran bancada, busca los suyos. Si esto es construir república, seguramente reprobamos.

La segunda pregunta es similar al caso guatemalteco, el financiamiento a los partidos políticos nos ha tenido ocupados buena parte de los últimos dos años. La interrogante es: ¿somos serios en nuestro proceso? Desde mi punto de vista, no; parches para la reforma electoral, una estupidez del Congreso en la reforma al Código Penal más peligrosa que hemos tenido al haberse “equivocado” los diputados y hacer excarcelables decenas de delitos para terminar con una modificación al famoso artículo 407 “N” —financiamiento ilícito—, que a la fecha el sistema discutirá si es un borrón y cuenta nueva o solo una pena más benigna.

La tercera interrogante fue un claro mensaje de poder a los congresistas: el pueblo peruano no quiere reelección. La decisión puede resultar difícil y gravosa, pero en la coyuntura se entiende; y por último, también allá en el sur se apoyó al mensaje presidencial y se logró el rechazo para instituir el bicameralismo, así que se quedan con el unicameralismo, lo cual es lógico cuando allá, como acá, el descrédito del Legislativo es fuerte.

Perú propone cuestiones concretas y con apoyo político, en Guatemala el presidente, el Congreso y la Corte Suprema no proponen nada y cuando se plantea lo vetan, lo más fregado es que grupos tradicionales de influencia apoyan el ejercicio indolente y abusivo del poder en Guatemala para luego, en foros internacionales, hablar de República y certeza jurídica. Los peruanos nos dan un ejemplo, ojalá lo entendamos.

@Alex_balsells

El verdadero motivo de la anulación del proceso fue que Conrado Reyes no encajaba en la agenda de Sandra Torres, la Embajada y la industria de la protesta y el conflicto. Con el Dr. Reyes no hubiera prosperado la persecución contra los militares jubilados, hoy encarcelados, y se habría investigado el asesinato de los Mussa, entre otros casos. Como agravante, despidió a Gloria Porras, cercana a Sandra y el ministro Menocal. La “orden” de la CC condujo a repetir todo el proceso de la Comisión de Postulación, dando paso al nombramiento de Claudia Paz y Paz como fiscal general, persona afín a los actores que promovieron la caída de Conrado Reyes y proclive a sus agendas.

El pasado 16 de julio, en acto público y sesión abierta, la Corte Suprema de Justicia designó a Conrado Reyes como magistrado suplente en la Corte de Constitucionalidad, para completar el período constitucional dejado vacante por Consuelo Porras. La CSJ tomó el nombre del Dr. Reyes de la lista de nominados no nombrados en 2016, procedimiento empleado anteriormente en varias ocasiones para llenar vacantes. A solicitud de amparo de la Fundación Myrna Mack, liderada por Helen Mack, una de las personas más poderosas en Guatemala, contados con los dedos de una mano —sin haber sido electa a nada— la CC suspendió el nombramiento de Conrado Reyes, en flagrante violación de la ley, en particular, del artículo 156 de la Ley de Amparo, que dice textualmente: “No es impugnable el procedimiento interno para la designación de los Magistrados por el pleno de la Corte Suprema de Justicia”.

¿Estado de Derecho? La ley es violada repetidamente, de forma casuística y en obediencia a grupos de presión, por el máximo órgano encargado de velar por ella. Conrado Reyes es víctima de la manipulación y mal uso del sistema de justicia; a la fecha no se ha presentado prueba alguna en su contra.

fritzmthomas@gmail.com

En Guatemala existe casación para los temas penales y administrativos —tributarios—, así como para algunas contiendas de familia, civiles y mercantiles. En el proyecto de reforma se desempolvó la discusión de 1985 sobre la creación de un Consejo Nacional de Justicia para hacer eficiente la administración de la carrera judicial. Lastimosamente los constituyentes no lo aprobaron y también por desgracia nuestra en 1994, al realizar la reforma constitucional motivada por el serranazo, se cambió tanto al sistema que nos legaron un diseño más ineficiente y poroso a intereses sectarios. Si a esto le sumamos que la magistratura anterior de la Corte de Constitucionalidad (CC) de un plumazo se voló la carrera judicial como parámetro para elegir magistrados de Apelaciones, la situación se agravó.

El Congreso, sin duda, sin saber de qué se trataba —como hizo con la Ley Electoral y el Código Penal— aprobó el decreto 32-2016, Ley de la Carrera Judicial. En esta nueva normativa, bajo las limitaciones constitucionales, se desarrolla una nueva estructura orgánica dentro del Organismo Judicial que tratará de desligar a la Corte Suprema de Justicia y a su presidente de bastantes decisiones que eran de su competencia, y se establece una nueva institucionalidad para intentar garantizar a jueces y magistrados mayores garantías para su estabilidad y respeto a su criterio.

La ley crea un Consejo de la Carrera Judicial con competencia para dirigir la administración de la carrera y a la vez instituye un nuevo sistema disciplinario con órganos permanentes y estructurados. Estos órganos son la Junta de Disciplina Judicial y la Junta de Disciplina Judicial de Apelación.

Trascendió la semana pasada que la magistrada de la CSJ Silvia Valdés Quezada quiere postularse para integrar la nueva Junta de Disciplina Judicial de Apelación y sin duda esa intención constituye un error, además de ser un claro indicio de un boicot al nuevo proceso para crear este nuevo andamiaje.

No tiene lógica que quien recién fue magistrada de la CSJ y decidió muchos de los criterios administrativos y de disciplina que ahora deben revisarse, además de ser copartícipe de buenas o malas decisiones tomadas, resulte integrándose a la primera Junta de Disciplina Judicial de Apelación que, seguro, debe cambiar mucho de lo malo que se ha ejecutado.

La resistencia al cambio es normal en toda organización, pero en una integrada por abogados la intransigencia es mayor. Por ello, encarnar en un nombramiento un claro obstáculo para el éxito de la nueva estructura constituye un mensaje equivocado, además de una nueva muestra de que lo único peleado es la famosa cuota de poder.

@Alex_balsells

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El artículo 5 del reglamento de la Ley Electoral establece que los ciudadanos pueden cambiar su domicilio, pero para ser válido debieron hacerlo un año antes de la convocatoria a elecciones; es decir, en enero de este año. Por lo tanto, quienes hayan modificado su residencia después de esa fecha no serán aceptados.

De acuerdo

Óscar Argueta, integrante de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), indicó que fue correcta la interpretación que realizaron los magistrados del TSE.

“La duda surgió debido a unas declaraciones donde se dijo que el candidato solo será inscrito en el municipio donde fue empadronado por primera vez, lo cual no era correcto, sino en el lugar donde reside actualmente”, explicó Argueta.

Luis Quiñónez, representante del Partido de Avanzada Nacional (PAN) ante el TSE, indicó que con esa resolución se aclara el panorama para la inscripción de candidatos a corporaciones municipales.

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“Esta resolución corrige la duda que había para la inscripción de candidatos a alcalde, síndicos y concejales. Y deja más claro los requisitos para la inscripción de los candidatos”, dijo Quiñónez.

La disposición solo aplica para las candidaturas a corporaciones municipales, no así para diputaciones, por lo que los aspirantes a una curul pueden estar empadronados en un departamento y postularse por otro.

Ayer,  los representantes les también insistieron a los magistrados que resuelvan las dudas que hay en el artículo 53 del reglamento, relacionado con la inscripción de candidatos a diputados, porque existen algunos requisitos que van en contra de la Constitución; sin embargo, la respuesta del Tribunal se conocerá en dos meses.

Campaña

Dudas sobre pauta en medios de comunicación

Los representantes de los partidos políticos plantearon al TSE varias dudas, entre estas  si pueden, en el marco de la ley vigente, contratar directamente los espacios en medios de comunicación para publicitar las asambleas municipales y departamentales.

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Los magistrados explicaron que el TSE solo se hará cargo de la pauta de los partidos políticos durante la época electoral; es decir, luego de la convocatoria a elecciones generales, en enero próximo. Las publicaciones de los partidos referentes a su organización no están sujetas a esa condición.

Los representantes de los partidos también solicitaron al Tribunal que se amplíe el tiempo para la inscripción de medios de comunicación para que puedan recibir pauta electoral, esto porque algunas empresas en la provincia no se enteraron de los plazos para realizar el trámite.

Las agrupaciones, además, solicitaron al TSE que pueda vigilar la promoción de candidatos en las redes sociales porque podría considerarse campaña política anticipada.

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Estos son los factores que retrasan la Justicia.

Luego de la aprobación de la Ley de la Carrera Judicial en el 2016 y su reforma, en el 2017, los procesos de ingreso al Organismo Judicial, traslados, sanciones y evaluación de jueces y magistrados recaen en el  Consejo de la Carrera Judicial (CCJ), que designa a los responsables de seis órganos: las juntas de Disciplina Judicial, de Apelación, de Supervisión de Tribunales, la Unidad de Evaluación del Desempeño, la Escuela de Estudios Judiciales y la Secretaría Ejecutiva, encargada de poner en práctica las disposiciones del CCJ.

Estos órganos funcionarán como verdaderos filtros del sistema de justicia del país, por lo que una selección negativa de sus responsables puede garantizar impunidad a los procesados mediante represalias para los juzgadores independientes.
Fuentes judiciales consultadas advierten de “un nuevo proceso de cooptación de la justicia”. Jueces en activo, bajo la condición de anonimato, aseguran que “el amiguismo y el tráfico de influencias” persisten en este proceso.

Esquema de cargos que elegirá el Consejo de la Carrera Judicial 

El CCJ debe evaluar 72 expedientes admitidos para 30 cargos en disputa, en un proceso que cierra el 31 de julio y cuya toma de posesión es el 6 de agosto.

Del grupo de aspirantes Prensa Libre ha seleccionado a postulantes con posibles conflictos en su proceso  o nexos que podrían comprometerlos si son  elegidos.

Críticas  al sistema

Independencia judicial

El sistema judicial guatemalteco es un edificio cuyos pisos más altos están sostenidos por el sistema político.
Por diseño constitucional, la elección de los 13 magistrados de la  CSJ y de los 126  magistrados de Apelaciones recae en el Congreso de la República, un ente político, luego de recibir nóminas elaboradas por comisiones de postulación integradas por representantes gremiales.

Esta representación gremial y la participación de actores externos al sistema para ganar influencia ha desatado críticas a la elección.  El estudio de Impunity Watch: Procesos de elección de magistrados en Guatemala y Honduras, en el 2015, señala: “10 de los 11 comisionados que integraron la comisión postuladora a la CSJ fueron seleccionados para las nóminas de candidatos a salas de apelaciones, y luego fueron electos por el Congreso como magistrados de sala”.

“(…)Lo anterior evidencia el tráfico de influencias, ya que 17 de los comisionados de la CSJ (de 34, o sea el 50 por ciento) fueron electos como magistrados de sala”, cita el informe. 

La nómina final fue aprobada en el Congreso mediante una alianza entre el   Partido Patriota y Libertad Democrática Renovada (Líder) en el 2014, partidos cancelados por el Tribunal Supremo Electoral y plagados de acusaciones de corrupción.

La creación del CCJ y las tareas administrativas,  de evaluación y disciplina de sus órganos buscan garantizar una mayor independencia, pero el proceso de selección de los 30 cargos en disputa se hace sin contar con un reglamento general aprobado y los expedientes de los aspirantes no son públicos, sino hasta terminar el proceso de recepción de objeciones.

Entrevista

“El licenciado Hernández fue mi maestro”

Gilma Esperanza Valladares Orellana,  presidenta en funciones del CCJ, en sustitución del juez Carlos Guillermo Guerra Jordán, quien se encuentra en un viaje oficial por Costa Rica,    es la representante de la Asamblea de Magistrados de la Corte de Apelaciones.

¿Por qué es importante el CCJ para la independencia judicial?
?Es de vital importancia. Es un respaldo para los jueces, para que las decisiones administrativas no estén sujetas a una decisión política o de una sola persona. No es desconocido que en algún momento hubo traslados, nombramientos acomodados a determinadas judicaturas.

A su criterio, ¿era una buena medida la reforma constitucional en el sector justicia para buscar esta independencia?
Tanto como reforma constitucional, no. Había otra cantidad de temas no necesarios. Hay que avanzar como país, pero no podemos imponernos estructuras de otros países. Hay que ir poco a poco avanzando.

En este proceso de selección de cargos bajo el CCJ, ¿hay influencia de operadores como la exmagistrada Blanca Stalling o el abogado Roberto López Villatoro?
No existe influencia de estas personas. No veo que haya actores externos que influyan. El proceso de selección de los integrantes del CCJ es por asamblea nacional.

¿Por qué no hay un reglamento general del CCJ, mientras la selección de cargos sigue en marcha?
No existe un reglamento general, pero sí específicos en forma de bases. Cuando se crea la ley tiene la falencia de no decir quién tiene que elegir a los tres externos. Nosotros —los representantes de magistrados y jueces— fuimos elegidos en noviembre, elegimos a los otros tres por oposición y desde febrero estamos todos integrados (…) Vamos a discutir con todas las partes para la elaboración de un reglamento.

¿Cuál fue su relación con Sergio Hernández? ¿Conoció a Roberto López Villatoro?
Quiero aclararlo. Trabajé por 14 años como mandataria del Bantrab. Lo conocí desde que tuve 18 años. Él me inspiró mucho, fue mi maestro y tutor profesional. Trabajamos en el mismo bufete (…) Nunca estuve reunida con ellos para  ser electa como magistrada. El testigo dice que el licenciado Hernández “pretendía protección”, pero eso fue en el 2014. Me da risa. Yo, igual, podría no haber pasado.

Integrantes del Consejo de la Carrera Judicial 

Perfiles de candidatos 

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Explicó que también se planteó la creación de un escalafón para que los jueces y magistrados con más tiempo en el cargo puedan recibir una retribución económica más alta. “Hay compañeros que no ven justo que un juez o magistrado recién nombrado gane lo mismo que uno que lleva 15 años en el cargo”, señaló.

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Además, están pidiendo que los togados cuenten con un seguro médico pagado por el Organismo Judicial. López explicó que actualmente los magistrados cuentan con sistema de reembolso de gastos médicos de hasta Q90 mil, por lo que el Organismo Judicial reintegra los recursos a quienes hayan usado el servicio.

Cuestionado sobre la cobertura del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss), el presidente de la asociación explicó que solamente los jueces cuentan con tal respaldo.

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“Es de conocimiento público el deficiente servicio que se presta a la población y a los afiliados del seguro social, consideramos que por el riesgo que tenemos por realizar nuestro trabajo merecemos un trato más digno”, afirmó.

La asociación pide que se contraten auxiliares judiciales, pues actualmente el nombramiento de este personal de apoyo “tarda demasiado” y se alarga hasta tres y cuatro meses.

Finalmente, López dijo que se solicitó que se establezca la jornada laboral para los jueces de Paz, que actualmente atienden sus órganos jurisdiccionales cuando se requiere sin un horario establecido.

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Dijo que están a la espera de recibir la confirmación por parte de las autoridades de la Corte Suprema para tener en una reunión. Aseguró que es la primera vez que jueces y magistrados realizan un ejercicio de este tipo y que no han recibido un aumento salarial en 18 años.

El salario promedio de un juez de Paz es de Q12 mil, un juez de Primera Instancia  Q20 mil y los magistrados llegan a Q27 mil.

Salarios dignos

En consideración del exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad,  Roberto Molina Barreto, el Estado de Guatemala debe procurar ofrecerles un salario digno a jueces y magistrados, que les permita bienestar y los haga menos susceptibles a ser corrompidos. No obstante, no considera que se esté en condiciones para aceptar el incremento solicitado.

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Además, dijo que estos incrementos deberían estar sujetos a mayores exigencias a la hora de evaluar el desempeño de los togados y que debería actuarse con mayor contundencia cuando se detecte alguna anomalía en su actuación.

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Piden que aceptación de cargos no apliquen a estos delitos

Oliverio García Rodas, diputado independiente, expuso ante la comisión, jueces y magistrados que según los resuelto por la CC el 21 de junio último “hay apreciaciones dirigidas prácticamente al Congreso sobre la forma de legislar y como debe hacerse análisis relacionado con el artículo 19 constitucional y las consideraciones sobre la pena y beneficios penitenciarios”.

“Al hacer una exclusión en una ley sobre un beneficio penitenciario obviamente estaríamos incurriendo en una inconstitucionalidad porque la Corte así lo determinó en su sentencia. Aún no hay jurisprudencia porque no existe el número de sentencias, pero es un criterio expresado por la CC y no entiendo el trabajar para que llegue a la Corte y lo declaren inconstitucional”, señaló el diputado.

García Rodas aseguró que “es menester —por parte de la Comisión— tomar en cuenta los criterios que ha expresado la corte para no caer en el juego de recursos de inconstitucionalidad y amparos”.

Criterios

Marlon López, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, sobre esta situación indicó que “consideran algunas limitantes en atención a la sentencia del 21 de junio último” donde la CC advierte que “no debe de existir ninguna limitante” para la aplicación de redención de penas.

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“Esto viene a cambiar el escenario. La CC deja abierta la posibilidad de que las nuevas disposiciones, y que la ley debe interpretarse de forma beneficiosa para el reo y es obvio que van a buscar adquirir ese beneficio”, señaló el magistrado.

López indicó que esto genera una preocupación de que la iniciativa pueda beneficiar a personas que enfrenten otros procesos como coacción amenaza, extorsiones. “Esto puede ser como se dice coloquialmente más peligrosa la cura que la enfermedad”, señaló.

María Roselia Lima, de la Asociación de Juezas de Guatemala, consideró que la discusión se volvió interesante cuando se reveló lo “la inconstitucionalidad de un párrafo de un artículo de la Ley de Femicidio que impedía que se le diera reducción de pena a un femicida”.

“La CC dice que en base al artículo 19 de la Constitución se le tiene que aplicar la redención de penas a  todos. Pero en un artículo de la iniciativa dice que no se aplica a los delitos de lesa humanidad, y algunos quieren que tampoco el femicidio, pero si nos amparamos a lo que dijo el diputado prácticamente tiene que ser para todos”, afirmó Lima.

La magistrada aseguró que bajo ese contexto “el mecanismo de aceptación de cargo puede aplicarse para un secuestrador, violador, femicida o genocida, porque cualquiera es cualquiera”.

“Lo que tememos es que por ese artículo en un momento determinado no pase la ley que tiene muchas cosas buenas. Nunca habrá una ley perfecta, al echarla andar se pueden corregir los problemas”, agregó Lima.

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El presidente de la comisión Manuel Conde, señaló que esta situación será parte del análisis que la comisión deberá hacer cuando termine de recopilar los aportes.

Recomendaciones

Los magistrados que llegaron a la sesión coincidieron en que la iniciativa de aceptación de cargos es beneficiosa pues consideran que si puede liberar en cierta medida la mora judicial.

El presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados advirtió “que esto pudiera generar una carga para los operadores de justicia, jueces en primera instancia y tribunales de sentencia”.

“Esto implicaría en carga en tema de las audiencias, ya que serían necesarias hasta cinco audiencias para considerar el otorgamiento del beneficio. Vemos con preocupación que esto podría generar una carga adicional al tema de las audiencias”, señaló López.

Como propuesta para solucionar esta situación es que es necesario que se cree un mecanismo para que las personas que estén en alguna etapa sean beneficiadas y una propuesta es que existan jueces especializados en la aplicación de esta legislación.

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Mientras que la magistrada Lima destacó que “en términos generales” comparten el contenido de la porque “vendría a descongestionar el sistema de justicia, darle celeridad procesal y descargar la mora judicial”.

“Sugerimos algunos cambios, entre ellos tenemos la retractación, es decir que cuando alguien acepte los cargos se deben mantener los mismos y seguir, también pensamos en lo que se refiere a la reparación digna”, señaló.

La magistrada indicó que en el tema del resarcimiento se debe tomar en cuenta que no todos podrán pagar por lo que es necesaria que exista una corresponsabilidad del Estado porque al final cuando alguien sufre un delito el primero que falló fue el estado que no logro cumplir con su papel de garantizar la vida y seguridad de las personas.

Conde Orellana afirmó que durante esta semana se hará el trámite para que exista una audiencia con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ya que son los ponentes y sus apreciaciones servirán para enriquecer la matriz de propuestas.

El diputado indicó que al recibir estos aportes ya se estaría en condiciones de comenzar el análisis de los artículos y proponer reformas a la iniciativa.

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Un tribunal federal de apelaciones en San Francisco anuló con anterioridad la parte de la ley precisamente por ser demasiado vaga. Ahora, la Corte Suprema estuvo de acuerdo.
El tribunal de apelaciones basó su decisión en una decisión de la Corte Suprema de 2015 que anuló una parte similar de otra ley federal que impone penas de prisión más largas a criminales reincidentes.
La magistrada Elena Kagan escribió que la decisión de 2015 “nos dice cómo resolver este caso”.

El fallo emitido por la Corte Suprema es “muy importante, porque le dice al gobierno federal que no puede así por así formularle cargos a un inmigrante para deportarlo de Estados Unidos”, señaló Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California. “Los magistrados determinaron que un robo no se trata de un delito de violencia cuando no hay daños a terceros”, agregó.

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“Lo que la Corte Suprema ha determinado es que si una persona entra a una casa, ese hecho no se puede calificar como un delito de violencia”, precisó. “Es decir, los agentes de inmigración del Gobierno no pueden decidir la deportación de una persona que cometió un robo y proceder a su expulsión basado en la interpretación de que el individuo cometió un acto agravado de violencia”.“La duda que me queda”, indicó Velásquez, “es que en algunas sentencias de un año de cárcel por otros delitos se califican como felonías y en esos casos no existe ningún tipo de remedio para el inmigrante”.

“Es extremadamente importante porque los agentes de ICE se verán limitados cuando busquen alguna manera o razón para clasificar un delito como un acto de violencia para deportar a un inmigrante negándoles el derecho a un perdón”, recalcó Velásquez.

Golpe para el gobierno

La decisión es un golpe para el gobierno del presidente Donald Trump que, al igual que el de su predecesor Barack Obama, había defendido la ley ante la Corte Suprema.

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Este revés, sin embargo, ocurre en momentos en que Trump está poniendo el tema de la inmigración en el centro del temario nacional.

El caso examinado por el tribunal se centra en James Dimaya, un inmigrante de Filipinas que vino a Estados Unidos cuando tenía 13 años en 1992. Sin embargo, fue condenado por dos cargos de robo en California. Tras ser acusado de robo en California, el Gobierno inició trámites para deportarlo, argumentando que se trató de delitos violentos.

El caso fue debatido inicialmente en enero del 2017, cuando a la Corte Suprema le faltaba un juez, pues había fallecido Antonin Scalia y no había sido reemplazado. No hubo decisión, posiblemente porque hubo un empate de 4-4. Una vez que se incorporó el magistrado Neil Gorsuch, el asunto fue debatido nuevamente.

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Carrera por la presidencia del Congreso

Hasta allí todo normal. El problema es que Rodas Ovalle, un profesional del Derecho y juez que en 2014 se postuló para ser magistrado de Corte de Apelaciones, falleció el pasado 26 de agosto de 2017.

Los que votaron por el candidato fallecido fueron:

1. Ronald Arango, Todos
2. Salvador Baldizón, Independiente
3. Mynor Cappa, Independiente
4. Rudy Castañeda, UCN
5. Carlos Chavarría, Creo
6. Óscar Chinchilla, presidente del Congreso
7. Manuel Conde, PAN
8. Édgar Córdova, Independiente
9. Víctor Cruz, FCN-Nación
10. Claude Hermelin, FCN-Nación
11. Fernando Linares-Beltranena, PAN
12. Pedro Méndez, Todos
13. Ovidio Monzón, Todos
14. Juan José Porras, Viva
15. Andrea Villagrán, Todos

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“No nos habían notificado, es como que si usted quiera llamar a un amigo que falleció pero no le habían informado”, indicó Óscar Chinchilla, presidente del Congreso, cuando fue interrogado por qué votó por un candidato que ya murió.

El congresistas aseguró que para evitar este tipo de situaciones le solicitaron al Consejo de la Carrera Judicial de la CSJ que les envié un listado actualizado de los candidatos a magistrados, es decir si ya murieron o si renunciaron a asumir un cargo.

“Hemos tratado de integrar todo el año el Consejo de la Carrera Judicial no solo para que manden el listado de quiénes han fallecido sino de los que están ausentes porque ya no viven en Guatemala o renunciaron por diferentes situaciones”, aseguró Chinchilla.

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El parlamentario aseguró que a través de Dirección Legislativa se solicitó este listado no solo a la CSJ sino al Registro Nacional de las Personas (Renap) para que esto no vuelva a suceder y no afecte de alguna manera los resultados finales de la elección.

Elección sigue

De los 35 candidatos a magistrados que ya fueron votados seis ya recibieron más de 80 votos, para seguir con la elección el Congreso debió declararse en sesión permanente y convocar para seguir con la elección el martes a las 10 horas.

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Los profesionales del Derecho que ya recibieron más de 80 votos son:

1. Harold Estuardo Ortíz Pérez
2. Rafael Morales Solares
3. César Augusto Amézquita Ruano
4. Norma Judith Palacios Colindres
5. Nicolás Cuxil Guitz
6. Otoniel Eduardo Fernández Mendoza

El presidente del Congreso afirmó que es posible que la votación de los 45 candidatos restantes se haga mañana y con eso se termine con  la elección.

Las personas que ya recibieron más de 80 votos para ocupar el cargo serán oficialmente elegidos cuando el Pleno del Congreso vote por el acuerdo que confirme su puesto.

Los magistrados Nery Medina y Silvia García fueron los dos candidatos propuestos en la tercera votación.

Los dos tuvieron más de cinco minutos para presentar el trabajo realizado en el Organismo Judicial y además su propuesta de trabajo.

Medina resaltó que uno de sus objetivos es fortalecer la capacitación en los departamentos y el equipamiento. Además de visitar y fortalecer los órganos jurisdiccional.

Mientras que la magistrada Silvia García  respaldó las reformas a la Constitución y que en la actualidad trabaja una iniciativa de ley para crear el Código Procesal Laboral.

La elección marchaba viento en popa, fue hasta que la presidenta en funciones Silvia García se abstiene de votar por dudas por el proceso de elección.

“Hice una consulta a la Corte de Constitucionalidad para verificar  si es legal elegir con 12 magistrados”, informó Valdés.

Muy efusiva Valdés expresó que no quiere que a Medina  le  pasen lo que a ella le sucedió. “Esta Corte ha sido señalada, dicen que nos eligió PP y Líder, no habían otros”, manifestó la presidenta Valdés.

Con ese argumento y sin consultar con los miembros del pleno de la CSJ intentó levantar la sesión, pero los magistrados se opusieron. 

“Esta no es una conferencia de prensa, son los magistrados los que debemos decir cuando se levanta el pleno”, refuto el magistrado Rafael Rojas, luego que Valdés tratara de suspenderlo.

“No podemos traer los pesos personales”, dice la magistrada María Eugenia Morales, quien en también pidió  un receso.

Luego de un receso de 15 minutos, los magistrados realizaron la cuarta ronda de votación, en esta ocasión Silvia García, se retiró de la candidatura y en la elección solo participó Nery Medina.

A pesar de ser el único candidato, no se alcanzaron los nueve votos que se requieren para la presidencia.  Solo logró ocho a favor y el resto fue en contra.

La elección se realizó sin la presencia de la magistrada Blanca Stalling –sin inmunidad– quien se excusó por enfermedad.

Excusa 

Antes de iniciar la tercera ronda la presidenta interina de la CSJ, Silvia Valdés, informó  que  Stalling se excusó por presentar un síndrome diarreico agudo.

En ese mismo espacio analizaron  la opinión del Consejo de la Carrera Judicial sobre el futuro de Stalling.

Las dos cantidades que para dirigir la CSJ son nuevamente los magistrados Nery Medina y Silvia García.

El  viernes último, los magistrados decidieron que la elección del nuevo presidente del OJ seria pública. Aunque no explicaron la razón, se sabe que los funcionarios buscan apartarse de los señalamientos de sector de opacidad en la CSJ.

Dos rondas de votación fueron desarrolladas, en las cuales los candidatos propuestos fueron los magistrados Nery Medina y Silvia García, quienes obtuvieron ocho y cuatro votos, respectivamente.

Aclarada la duda sobre si la Corte puede elegir al presidente del OJ con la ausencia de un integrante, los magistrados convocaron a sesión y comenzaron los cabildeos para buscar al sucesor de Silvia Valdés, nombramiento que dejó sin efecto la Corte de Constitucionalidad.

En dos rondas de votaciones fueron propuestos los magistrados Nery Medina y Silvia García, quienes obtuvieron ocho y cuatro votos.

Medina fue propuesto por la magistrada, Elizabeth García Escobar, y tuvo los votos de la funcionaria, José Pineda Barales, Josué Baquiax, Silvia Valdés, Vitalina Orellana, Sergio Pineda, Néster Vásquez, y de él mismo.

García fue propuesta por la magistrada Delia Dávila, quien le dio su voto, también la favorecieron Morales, Ranulfo Rojas y ella misma.

Sin embargo, previamente los diputados habían rechazado una moción que buscaba anular la creación de 16 nuevas comisiones de trabajo, que al ser analizadas con la más mínima lógica, solo persiguen apropiarse de recursos públicos de manera indebida y a fin de tener posibilidades formales para presionar a funcionarios por la vía de citaciones cuando alguno se resista a demandas inconfesables.

Desde sus inicios, este Congreso, como institución, aunque haya algunos diputados ajenos a esto, ha cometido acciones censurables, que comienzan con el transfuguismo, cuyo principal objetivo es buscar prebendas. Se ratifican otras, como la creación de comisiones de trabajo que ya habían sido descartadas, sobre las cuales también existían suficientes denuncias por su inoperancia y porque al final solo facilitan el acceso a recursos financieros.

Una de esas decisiones que pone en entredicho lo que está ocurriendo en el Congreso gira en torno a la Comisión Extraordinaria de Regulación de Áreas Protegidas y de Reserva Territorial, que por ratificación de los legisladores quedará en manos del polémico diputado Ernesto Galdámez Juárez.

El resto de comisiones integradas la semana anterior queda también en manos de una lista de congresistas cuestionables, ya sea por sus orígenes transfuguistas o porque tienen cuentas pendientes con la justicia, por señalamientos presentados por el MP y la Cicig o porque sus cargos son claramente incompatibles, al estar ligados a empresas o al haber sido contratistas del Estado.

La situación prevaleciente en el Congreso es preocupante, ante un claro predominio de los antivalores, cuyos principales protagonistas ahora y en el gobierno de la UNE tienen virtualmente secuestrado al sistema, el cual han manejado a su antojo. Por ello la elección de la pesquisidora para investigar a la magistrada Stalling pone de nuevo a prueba las reales intenciones de los diputados en la lucha contra la impunidad.

Esta es una auténtica brasa para los integrantes de la pesquisidora, empezando por quien la presidirá, Julio Longo, de FCN-Nación, que debe dirigir los trabajos preliminares en un tiempo corto, en consonancia con la gravedad de las sindicaciones que pesan sobre una de las magistradas más polémicas del Organismo Judicial, pero también porque otros casos se dilucidaron en plazos aceptables.

Se trata de una encrucijada, no solo para los legisladores, sino también para el país, que asiste a uno de los espectáculos más penosos de la era democrática, donde un grupo de congresistas hace de las suyas y, encima, les corresponde investigar a un integrante de otro de los organismos de Estado más desprestigiados de los últimos años. Los diputados ajenos a esto deben marcar distancia en forma clara y además pública.

“Por este medio comunicamos que las Juntas directivas acordamos solicitarle en forma conjunta y muy respetuosa, que por medio de su persona, la Corte Suprema de Justicia en pleno, autorice un bono de riesgo por esta única vez a los Jueces y Magistrados”, indica la nota.

El argumento de los togados es que todos los días enfrentan riesgos físicos y sociales, por la labor que ejercen al impartir justicia.

Citan como antecedente que en 2005 la Corte de ese momento autorizó otorgar el beneficio, lo que es un antecedente laboral.

Los jueces y magistrados refuerzan la petición indicando que a los trabajadores del Ministerio Público les dieron un bono de Q6 mil, y que pertenecen al “sector justicia”, como el organismo Judicial.

Para argumentar de mejor forma, en la nota solicitan una audiencia para que puedan hablar con el pleno de la Corte y abordar el tema.

La nota con fecha 9 de diciembre y recibida ayer en la presidencia, es firmada por Benicia contreras Calderon, presidenta de la junta directiva del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones.

También por el magistrado Roaldo  Isaías Chávez, secretario de la directiva. Así como Mario Alberto Taracena presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, y el secretario de la misma, Eduardo José Santos.

Llora sangre ver cómo se está “atendiendo” a la población. El patrón de lo que ocurre con el MSPAS a nivel nacional se reproduce calcado en cualquier escala territorial e institucional que se incursione: centro de convergencia, puesto de salud, centro de salud, Caimi, CAP, hospital; todos con enormes carencias de infraestructura, sin cosas tan básicas como estetoscopios y esfigmomanómetros (sirven para medir la presión arterial); ni lo más elemental para determinar si una mujer está embarazada o no. No me alcanza el espacio para contarles de los desafíos que tienen los trabajadores de la salud en terreno, pero dejo constancia que muchos se fajan haciendo malabares, rifas, concursos y pidiendo caridad a las farmacéuticas para que les donen muestras para ir paliando la necesidad de la gente.

Hay mucho por hacer en el Ministerio de Salud, sin duda alguna. Pero en esta ocasión, más que elaborar al respecto, quiero contarles que saliendo de esa actividad de “devolución de los hallazgos” leí una nota de prensa que informaba a la ciudadanía que no solo el Estado les está licitando a ustedes su nuevo seguro privado de gastos médicos, sino que además, “para que no queden descubiertos en el ínterin” se están autorecetando una prestación temporal de hasta Q95 mil adicionales por fuera de su salario, para cubrir sus gastos médicos y dentales durante el período.

Solo esa “prestación temporal” para ustedes significará una asignación de más de un millón de quetzales. Quiero que sepan que del medio millón de habitantes de ese departamento donde ando, el 75% de la gente vive en pobreza y tiene una de las cinco tasas de muerte materna más altas de todo el país; sin embargo, ellos tienen asignados apenas Q778 mil para comprar medicina para toda la población, para todo el 2016. Quiero que sepan que la mayor parte de afiliados al IGSS no pueden darse el lujo de comprarse un seguro privado médico complementario, menos uno pagado con fondos públicos, que bien podrían estar destinándose para mejorar los servicios del IGSS para todos los afiliados.

Por favor, no salgan con la perorata de que la “independencia de poderes” les faculta a disponer de su presupuesto para justificar lo que se recetan ustedes mismos, y a todos los trabajadores de la CSJ: seguros médicos privados que no pagan de su salario, sino que salen del erario, como una prestación adicional, cuando hay tantísima gente que no tiene, ni en el IGSS ni en el MSPAS, ni lo esencial para curarse sus dolencias.

Se supone que ustedes administran “Justicia”. ¿Y dónde quedó entonces la justicia social? ¿Y la igualdad de derechos? Ustedes son funcionarios públicos de la más alta jerarquía, deberían dar el buen ejemplo. ¿Por qué no usan el IGSS? ¿Por qué no pelean junto a nosotros para rescatar esta institución? ¿Por qué imitan el mal ejemplo que dio la CC hace un año, cuando dio un “bono” a sus trabajadores en plena crisis fiscal y de desabastecimiento de medicamentos en el MSPAS?

Luego nos piden a los que no tenemos IGSS ni seguro médico privado que paguemos más impuestos para sufragar sus privilegios. ¡Flaco favor le han hecho al ministro de Finanzas!

karin.slowing@gmail.com

La prestación temporal fue publicada este lunes en el Diario de Centro América, en la que se establece que este beneficio aplica a magistrados de la CSJ, titulares de Salas de la Corte de Apelaciones y de Tribunales de igual categoría. Un magistrado de la CSJ gana cada mes Q31 mil 980.

El Acuerdo 29-2016 que le da vida al beneficio, establece que la ayuda se concederá para reintegrar los gastos de:

• Intervenciones quirúrgicas.
• Hospitalizaciones
• Honorarios médicos
• Radiografías
• Fluoroscopias Electrocardiogramas
• Electroencefalogramas
• Tomografías
• Análisis de laboratorios
• Medicamentos prescritos
• Tratamiento dental
• Prescripción médica de lentes de contacto o convencionales con aro
• Aparatos auditivos

El acuerdo aclara que no se dará cobertura a cirugías plásticas o estéticas, incluyendo liposucción a menos que se derive de un accidente. Tampoco se apoyará en fertilizaciones in vitro o cualquier procedimiento de inseminación artificial y en cirugía o procedimiento estético odontológico, salvo que se derive de un accidente.

También se establece que los beneficiarios podrán elegir libremente los servicios médicos, hospitalarios y de laboratorio que necesiten y que el reintegro cubrirá hasta un 80 por ciento de los gastos en que incurra el funcionario.

Segú la publicación, esta prestación se creó para compensar de forma parcial los gastos en que incurran los funcionarios, durante el tiempo que lleve el proceso de licitación para la contratación de un seguro de gastos médicos y hasta que el mismo cobre vigencia.

CSJ llama a actividad oficial y evita cuestionamientos. DCA publica beneficio para magistrados. @prensa_libre pic.twitter.com/vKjG5KAFYb

— Jerson Ramos (@Jerson_Ramos_C) August 29, 2016

“Participo que este Tribunal se encuentra inmerso en el trabajo de implementación del decreto 26-2016, por lo que hará uso de su iniciativa de ley, planteando la normativa que a nuestro juicio hace falta para desarrollar un marco evolucionado que fortalezca el régimen democrático de nuestro país”, indica la carta.

A su parecer, los temas que se deben  conocer a profundidad son la paridad, el voto preferente, la forma de integración de los magistrados del TSE y el tiempo de permanencia como magistrados en el Tribunal.

Respecto de la paridad, señaló que se contradice con el voto preferente, pues por medio de este modelo de elección no podrían optar a cargos públicos mujeres o indígenas.

En cuanto al período como magistrados, no queda claro quiénes estarán a mitad de este, ni  quiénes integrarán la comisión de postulación.

Entregan propuestas

El 9 de agosto último, el presidente Morales entregó a los magistrados del TSE la segunda generación de reformas a la legislación electoral.  La propuesta se trasladó en una reunión en la Casa Presidencial.

Al menos 26 organizaciones de la sociedad civil trabajaron en una propuesta de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, pero para esa labor no fue invitado el Tribunal Supremo Electoral.

La segunda generación de reformas insiste en buscar la paridad en las candidaturas, propone los partidos departamentales y modifica las elecciones municipales, algunas de las cuales el Congreso dejó fuera de los cambios aprobados en abril último.

“De no cumplirse la resoluciones, serían como un papel mojado, en todo caso son las decisiones de los distintos procesos que se ven en los países”, refiere Aldana.

Eduardo Perdiguero, magistrado del Tribunal Constitucional de España, señala que este tipo de actividades fomentan la aplicación de la justicia de forma eficiente y permite compartir y avanzar con los puntos de vista de países  americanos y europeos en dicha ejecución.

El sector justicia tiene sus propias instancias donde se discuten y resuelven  los casos  que son llevados a conocimiento a cada uno de esos tribunales,      por ejercicio del mismo derecho de solicitar las vía de las garantías constitucionales como el amparo, la exhibición personal, la inconstitucionalidad de normas; por eso  llegan generalmente  a la corte o tribunal constitucional.

Los magistrados participantes son de México, España, Colombia, Ecuador, Chile, entre otros y estarán hasta el miércoles en Antigua Guatemala. 

“Diferentes sectores aisladamente han debatido y reflexionado sobre la necesidad de fortalecer la institucionalidad del Estado pero los esfuerzos no ha tenido el eco respaldado y la debilidad del Estado sigue vigente”, agregó el gobernante guatemalteco.
 
El “diálogo nacional”  recibirá acompañamiento de otras instancias judiciales como la Fiscalía, así como Naciones Unidas y la comunidad internacional. Se espera que en agosto próximo concluya la redacción de un proyecto de ley “para la reforma al sector justicia”.

Propuestas para las mesas de diálogo

Organismo Judicial

Estos son los cambios propuestos al Organismo Judicial (OJ) para las “reformas a la Constitución Política de la República de Guatemala en materia de justicia”.

• El artículo 154,  de ser reformado, implicará que solo  gozarán de antejuicio el presidente, vicepresidente, magistrados de la CSJ, el TSE, la CC, ministros y viceministros, secretario general y secretario privado de la Presidencia, procurador de los Derechos Humanos, fiscal general, procurador general de la Nación, diputados, magistrados de salas, jueces y contralor general. Entre otros, no se incluye a diputados al Parlamento Centroamericano, alcaldes, gobernadores, director general y adjunto de la Policía Nacional Civil.   
• Las reformas al artículo 203   retirarán la “exclusividad absoluta” a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de aplicarla. Reconoce el derecho de los pueblos indígenas de ejercer funciones jurisdiccionales.
• El artículo 205, al renovarse, no tomará en cuenta como garantías del OJ  la no remoción de los magistrados y jueces, así como la selección del personal. Se implementará la carrera judicial y el servicio civil en ese organismo.
• El artículo 207, al reformarse, prohibirá a cualquier magistrado o juez ejercer si su cargo  lo comparte con asesorías de instituciones políticas, sindicatos y entidades que administren recursos públicos o ministros de religión.
• El artículo 208,  de ser aprobado, normará que la Ley de la Carrera Judicial sea la que determine el proceso de ingreso, nombramientos y ascensos con base en concursos de oposición y públicos, entre otros.
• La carrera judicial   comprenderá desde la judicatura de Paz hasta la magistratura de la  CSJ, y garantizará la estabilidad en el cargo, siempre que no se incurra en una ilegalidad.
• El Consejo de la Carrera Judicial se integrará con siete integrantes, que incluyen representantes de magistrados, jueces y tres expertos en diversas disciplinas.
• El artículo 214 reformado contemplará que la CSJ se integre con 13 magistrados y   que no menos de nueve de ellos deberán haber ingresado por la carrera judicial.
• Los magistrados elegirán al presidente de la CSJ  por un período de cuatro años,  quien no podrá reelegirse.
• El artículo 215, al modificarse, establece que los magistrados de la CSJ serán electos para un período de 12 años.
• Cada magistrado  deberá ser electo por mayoría absoluta en el Congreso.  
• Cada magistrado ejercerá el período para el que fue electo, con independencia de la fecha de nombramiento y toma de posesión del resto de magistrados.
• Los magistrados a la CSJ serán mayores de 50 años,  y para quienes ingresen por la carrera judicial tendrán que haber sido al menos una década magistrados titulares.
• Los magistrados de Apelaciones    deberán ser mayores de 40 años y haber sido previamente jueces  de Primera Instancia como mínimo cinco  años.
• El artículo 219,  al reformarse, no permitirá que ningún civil pueda ser juzgado por tribunales militares, y estos conocerán de los delitos y faltas tipificados en el Código Militar.
• El artículo 222   también regirá para los magistrados suplentes de la Corte de Apelaciones, quienes deberán cumplir con los mismos requisitos que los titulares para ingresar y permanecer en la carrera judicial, y estarán sujetos a las mismas prohibiciones e incompatibilidades.
• El artículo 227, al innovarse, no permitirá que los gobernadores gocen de inmunidad.
• Los gobernadores  deberán reunir las mismas calidades que un ministro  y tener por lo menos cinco años de estar domiciliados en el departamento para el que sean nombrados.

En la Corte de Constitucionalidad

Estos son cambios  para  el funcionamiento de la CC.

• El artículo 269, de ser aprobado, aumentará  el número de integrantes de la CC, que en la actualidad es de cinco, y pasaría a nueve.  
• Tres serán electos por el Congreso, tres más por la Corte Suprema de Justicia y otros tres por el presidente en consejo de ministros.
• Entre los requisitos establecidos para optar, se propone tener 50 años y haber ejercido durante 15.
• La presidencia  de la CC se ejercerá durante dos años, y de manera rotativa.

Ministerio Público

Estos son algunos cambios propuestos para el MP.

• El artículo 251, al reformarse, da a la Fiscalía el carácter de autónoma.
• Entre los requisitos para optar al cargo de fiscal general se establece que el candidato deberá ser abogado, colegiado activo y tener al menos 10 años de experiencia  en materia penal.
• El fiscal general deberá ser nombrado por el presidente, de una nómina de tres candidatos propuestos por el Consejo de la Carrera Judicial después de someterse a un concurso público.

Modificaciones futuras

El Congreso asume el compromiso de cambiar  cuatro leyes.

• El artículo  29 modificado   establece que dentro del primer año de aprobadas las reformas constitucionales, el Congreso deberá aprobar reformas  a cuatro leyes:
• Reforma a  la Ley de la Carrera Judicial, incluye el procedimiento de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia, Apelaciones y de tribunales de igual categoría; del Consejo de la Carrera Judicial y procedimientos de evaluación.
• Reformas a  la Ley del Organismo Judicial,   que incluyan los aspectos relacionados con los cambios constitucionales.
• Reformas a  la Ley de Amparo,  además de la de Exhibición Personal y Constitucionalidad, incluidos los procesos de elección y nombramiento de magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
• Reformas al  Código Penal, para la tipificación del delito de violación a la independencia judicial, según el artículo 203 de la Constitución.

La inmigración es una de las principales banderas de los aspirantes republicanos a las elecciones presidenciales, especialmente del favorito Donald Trump, quien prometió construir un muro en la frontera con México y deportar a los 11 millones de indocumentados, lanzando llamas a un candente debate.
Pero en el centro de las deliberaciones de los jueces también estará una importante pregunta legal: se sobrepasó en sus prerrogativas el presidente Obama gobernando por decreto al verse paralizado por un Legislativo dominado por sus adversarios republicanos?.

En el tapete se posan un conjunto de medidas ejecutivas de Obama a finales de 2014, cuando las probabilidades de que una prometida reforma migratoria fuese aprobada por la oposición republicana en el Congreso se reducían a cero.
 
Uno de los decretos protege de la deportación a personas que viven en el país desde 2010, sin prontuarios criminales, y tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses. Otro decreto amplía un programa que protege a los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos antes de los 16 años de edad.

Pero Texas y otros 25 estados se negaron a implementar las medidas, y vieron sus posturas refrendadas en una serie de decisiones judiciales que encontraron que Obama había se había extralimitado en sus poderes, lo que efectivamente bloqueó las iniciativas. 

Balance de poder

“Esta demanda para detener la ilegal política migratoria del presidente Obama es sobre un concepto tan antiguo como la fundación del país: la separación de poderes” , dijo en un comunicado el Fiscal General de Texas, Ken Paxton.

El gobierno de Obama ha incrementado la deportación de inmigrantes, desde 390.000 en 2009 a 440.000 en 2013, según el Departamento de Seguridad Interior, recibiendo críticas de dureza o liviandad, dependiendo en qué trinchera del debate se esté.

Pero el mandatario ha dicho que busca priorizar las deportaciones de “delincuentes y no familias; criminales y no niños; pandilleros y no una madre que trabaja duro por sus hijos” .

El caso podría tener repercusiones en otros debates sobre el alcance y legalidad de las medidas tomadas por un presidente.

“La decisión de la Corte podría redefinir el balance de poder entre el Congreso y el presidente” , dijo Stephen Yale-Loehr, profesor de derecho de la Universidad de Cornell.

“Otras personas involucradas en controversias alrededor de decretos presidenciales, como control de armas o política ambiental, ciertamente revisarán los argumentos en ese caso para determinar las posibilidades de sus posturas en el plano legal” , añadió. 

En manos del nuevo presidente

El caso llega a la Corte Suprema, mientras ella misma navega un mar agitado: la silla de un juez fallecido no ha sido llenada, debido a la resistencia partidista del Congreso.

Con ocho magistrados actualmente -cuatro conservadores y cuatro progresistas-, la Corte podría dejar en vilo una decisión, lo que prolongaría el bloqueo de las medidas.

Aún si decide a favor de la Casa Blanca, el Ejecutivo tendría solo siete meses para implementar el programa: Obama abandonará la presidencia en enero de 2017.

El resultado de las elecciones presidenciales de noviembre también determinará el futuro de esas políticas, que los candidatos republicanos han prometido desmantelar.

“Eso no significa que le quitarían (los beneficios) a las personas que ya los recibieron” , acotó Stephen Legomsky, ex asesor de la agencia de ciudadanía e inmigración, durante el gobierno de Obama.
 
Este lunes, los magistrados prevén 90 minutos, una duración excepcionalmente larga, para escuchar a las partes.
 
Pero la decisión del máximo tribunal deberá esperar hasta junio, un mes antes de las convenciones de investidura de los dos partidos.

Como titulares asumieron los magistrados Neftaly Aldana, Gloria Porras, Dina Ochoa, José Francisco de Mata y Bonerge Mejía.

Los suplentes son María Porras, María Araujo, Henry Comte, José Par y María Fernández. Todos juraron defender la Carta Magna y el orden constitucional.

Durante sus discursos, los presidentes de los organismos del Estado solicitaron que no se caiga en interferencia de poderes y que se vele por el respeto a la Constitución.

El más fuerte en su crítica fue el presidente del Congreso, Mario Taracena, quien pidió a los nuevos magistrados “no constituirse en jueces de jueces, ni interferir con las obligaciones y decisiones de otros organismos”.

Agregó: “Un ejemplo evidente de esta extralimitación de la CC, en lo que al Congreso respecta, se ha dado en su actuación para tomar decisiones de carácter político, económico o social que no constituyen la función que la Constitución les asignó. Es más, en algunas ocasiones han corregido la relación de la norma, incluso fijando fechas para la realización de sesiones ordinarias en el Congreso”.

Presiones

Taracena afirmó: “Es claro que a través de los años la CC se ha visto sujeta a presiones de todo tipo, de tinte político o clientelar, lo que a juicio de los ciudadanos le resta credibilidad al sistema democrático y atenta contra la estabilidad política y la transparencia”.

El presidente Morales fue menos enérgico; sin embargo, solicitó a los magistrados: “Respeten y hagan valer la verdadera supremacía constitucional y sean garantes de la independencia de poderes”.

Agregó: “Por el bien de Guatemala, dejemos por un lado las malas prácticas políticas, las presiones y los chantajes, el fantasma de la corrupción y la sombra de la impunidad”.

En el teatro

En una ceremonia, que se llevó a cabo en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, tomó posesión la séptima magistratura de la CC, con la presencia del presidente Morales.

En su discurso, Porras, presidenta saliente del máximo tribunal, hizo una rendición de cuentas de su gestión.

El magistrado Aldana Herrera asumió como presidente de la CC, y en su discurso afirmó: “La Corte no pretende ser infalible ni cuestionable, sino cumplir y hacer cumplir la Constitución por medio de fallos imparciales que garanticen y materialicen la institucionalidad del país”.

Casos pendientes

Los nuevos magistrados asumen con la responsabilidad de conocer varios casos pendientes, como el amparo que presentó la jueza Carol Flores, quien fue trasladada de juzgado, después de que se presentó un antejuicio en su contra por enriquecimiento ilícito.

Otro caso pendiente es la resolución en definitiva de la inconstitucionalidad contra la Ley de Tarjetas de Crédito, y uno más se relaciona con los diputados tránsfugas.

Cuando arribó al lugar Aldana fue aborada por periodistas. La fiscal aprovechó para comentar que “esperamos que la nueva CC no intervenga en la jurisdicción ordinaria”.

Gloria Porras, presidenta saliente, quien seguirá en la corte como magistrada titular, emitió un discurso en el cual destacó los logros de su gestión durante el último año.

“Nadie es superior a la ley. Todos los funcionarios son responsables de su conducta, sujetos a la ley y jamás superiores a la ley. La corte cumplió su deber”, manifestó.

Por la mañana se efectuó el acto de juramentación de los nuevos magistrados en el Congreso de la República. El presidente de ese organismo, Mario Taracena, afirmó que la corte no puede ser “juez de jueces” e interferir con las atribuciones de los organismos del Estado.

La actividad contó con la presencia de los presidentes de los tres poderes del Estado, representantes de la comunidad internacional y el rector de la Universidad de San Carlos, Carlos Alvarado.

La juramentación estuvo a cargo del presidente del Congreso, Mario Taracena, que llamó a uno por uno a los magistrados para la imposición de un pin.

Funciones

Taracena afirmó en su discurso, posterior a la juramentación de los magistrados, que la Constitución le asigna funciones específicas a la Corte, donde resalta conocer las impugnaciones contra leyes o disposiciones de carácter general.

“Después de 30 años  de vigencia vale la pena hacer una autocrítica porque la Corte ha pasado a tener un papel determinante en la política, economía y sociedad del país, no necesariamente bajo el espíritu que le fijaron los constituyente en 1985”, dijo el parlamentario.

“La Corte no puede constituirse en juez de jueces, e interferir con las atribuciones de otros organismos. Un ejemplo evidente de esta extralimitación de la CC en lo que al Congreso respecta se ha dado a su actuación que ha trascendido del ámbito jurídico”, afirmó el congresista.

Taracena dijo que la CC ha tomado decisiones de carácter político y económico que no constituyen la función que la Constitución les asignó, incluso han querido fijar fechas para la celebración de sesiones plenarias en el Congreso; “eso no puede ser”, afirmó.

El nuevo presidente de la CC, Naftaly Aldana, durante su discurso resaltó el trabajo de la CC y su aporte a la institucionalidad del país, señalando que los magistrados están conscientes de que deben actuar de forma parcial y apegada a derecho.

El presidente Jimmy Morales, durante su intervención resaltó la lucha contra la corrupción que se mantiene en el país, y felicitó a los magistrados salientes por su trabajo al frente de la Corte.

Nuevos magistrados

En el alto tribunal constitucional están representados los organismos Ejecutivo, Legislativo y Corte Suprema de Justicia  (CSJ), además de la Universidad de San Carlos  (Usac) y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala  (CANG).

Los abogados Dina Josefina Ochoa Escribá y Henry Phillip Comte Velásquez, son los magistrados titular y suplente, respectivamente, que representarán al Ejecutivo.

La actual magistrada Gloria Porras es la titular del Congreso y la suplente es María de los ngeles Araujo Bohr.

El CANG eligió a los juristas Boanerge Mejía y María Cristina Fernández como titular y suplente, en tanto que la Corte Suprema de Justicia a los abogados Neftaly Aldana y María Consuelo Porras, respectivamente.

La USAC estará representada por los juristas José Francisco De Mata Vela como titular y Mynor Par Usen es el suplente.

Los nuevos magistrados estarán en el cargo durante el periodo 2016-2021, cuya presidencia se rota cada año entre sus cinco magistrados titulares comenzando el que tiene más edad.

En el alto tribunal constitucional están representados los organismos Ejecutivo, Legislativo y Corte Suprema de Justicia  (CSJ), además del Consejo Superior de la Universidad de San Carlos  (Usac) y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

Los abogados Dina Josefina Ochoa Escribá y a Henry Phillip Comte Velásquez, son los magistrados titular y suplente, respectivamente, que representarán al Ejecutivo.

Mientras que la actual magistrada Gloria Porras es la titular del Congreso y la suplente es María de los Ángeles Araujo Bohr.

El Cang eligió a los juristas Boanerge Mejía y María Cristina Fernández como titular y suplente, en tanto que la CSJ a los abogados Neftaly Aldana y María Consuelo Porras, respectivamente.

La Usac estará representada por los juristas José Francisco De Mata Vela como titular y Mynor Par Usen es el suplente.

Presidencia

Los nuevos magistrados estarán en el cargo durante el periodo 2016-2021. La presidencia de la CC es rotativa cada año entre los cinco magistrados titulares.

La CC es el máximo tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. También actúa como Tribunal Extraordinario de Amparo.

Actúa como tribunal colegiado independiente de los demás Organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le establece la Constitución Política de la República.

La importancia de esta elección radica que quien resulte ganador tendrá por obligación constitucional participar en los procesos de postulación tanto de Fiscal General, en el 2018, como de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Cortes de Apelaciones en el 2019. Además participará en la postuladora para director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), esto en el 2017. Y si el resto de decanos lo eligieran participaría como parte del Consejo del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP).

Carmen Aída Ibarra del Movimiento Pro Justicia manifestó que la decanatura siempre ha visto estos procesos, a ello suma que tiene una gran influencia ya que tiene poder dentro de la Facultad, en el Consejos Superior Universitario y en el aparato de justicia porque la mayoría de los funcionarios que dirigen el sistema judicial han sido postulados y electos directamente por quien ejerce la decanatura.

“La verdad es que la Universidad tiene cofradías, estructuras de poder que se han formado a lo largo de 300 años y que ahora han sido penetradas por operadores nefastos que desde hace más de una década están incidiendo en autoridades del sector justicia, si no es uno es otro, pero casi siempre tiene un pie adentro dentro de la Usac”, dijo Ibarra.

Con relación a una posible reelección que la Constitución lo permite, dice Ibarra; este punto no es el problema con los decanos, sino hay que promover que hayan decanos independientes, sin importar la facultad.

El vicepresidente del Colegio de Abogados, Jordán Rodas, dijo que este proceso es trascendental para el país. Rodas comparte la idea de la alternancia, y no a la reelección.

“Si vemos lo que sucedió en la plaza de la Constitución, se piden nuevos liderazgos; con lo frágil del sistema de justicia, no hay que perder de vista este tipo de elecciones, se percibe como que bajó la fiscalización ciudadana después de la Corte de Constitucionalidad, esta también es importante”, mencionó Rodas.

En esta elección, los catedráticos y estudiantes de la Facultad de Derecho son los únicos que tienen derecho a votar, en el caso de los egresados, si votan en todo el país. Los catedráticos y estudiantes de los centros regionales no votan porque ellos eligen al director de su centro.

Proceso de elección

Según la Ley Orgánica de la Usac,  los decanos son electos para un periodo de cuatro años, pudiendo ser relectos para un nuevo ciclo, si obtuvieren por lo menos el voto favorable de las dos terceras partes de los electores presentes, siempre que éstos sean los dos tercios más uno del total.

Eligen a los decanos, los catedráticos titulares de cada facultad, igual número de estudiantes electores y de profesionales no catedráticos del colegio respectivo, graduados o incorporados a la Usac. En este caso son 115 electores catedráticos, 115 electores de los estudiantes y 115 electores de los egresados.

Egresados

En el Parque de la Industria votarán unos ocho mil egresados de Derecho de  la Usac.

Planilla 1

• Avidan Ortiz actual decano y busca la reelección 

Planilla 2

• Otto Arenas es el director del Bufete Popular

Planilla 3

• Erick Huitz excatedrático

Planilla 4

• Gustavo Bonilla catedrático y exmagistrado de la CSJ

Planilla 5

• Edwin Rueda catedrático

Planilla 6

• Ovidio Parra director del área de Derecho Privado 

Planilla 7

• Mynor Berganza catedrático

Estudiantes

La elección se efectuará el lunes el Campus de la Usac.

Planilla 1

• Avidan Ortiz

Planilla 2

• Otto Arenas

Planilla 3

• Edwin Rueda

Planilla 4

• Gustavo Bonilla

Planilla 5

• Mynor Berganza (quedó excluido por no llenar requisitos)

Planilla 6

• Ovidio Parra

El abogado Erick Huitz no se inscribió con los estudiantes.

En la elección para magistrado suplente la vencedora fue Fernández, quien contabilizó 3 mil 526 votos, correspondientes al 54 por ciento. Julio Enrique Dougherty fue segundo con 2 mil 998 sufragios, equivalentes al 45.95 por ciento.

Un total de 6 mil 770 votos fueron emitidos en la elección para magistrado titular, mientras que 6 mil 524 se efectuaron en la elección de suplente.

Los 22 centros de votación fueron instalados en las cabeceras departamentales de todo el país. Los sufragios se contabilizaron en el Parque de la Industria, zona 9 capitalina.

De esta manera, la próxima magistratura de la CC se va conformado poco a poco. La Universidad de San Carlos designó hoy a Francisco de Mata Vela y a José Mynor Par Usen para ser magistrados titular y suplente, respectivamente.

Días antes, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) designó a Neftalí Aldana.   El Congreso podría hacer la elección este jueves, con base en una lista que le remitió una comisión de postulación integrada por diputados, que incluye a la actual presidenta de la CC, Gloria Porras.

Pese a los ofrecimientos de transparencia hechos por el presidente Jimmy Morales durante la campaña electoral, el Organismo Ejecutivo es el único que no ha hecho un proceso público sobre la designación de los magistrados.

Perfil

Abogado y notario, Bonerge Mejía Orellana tiene 29 años de docencia universitaria y ejercicio profesional.

• Decano de la  Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Usac por dos períodos (2004-2008 y 2008-2012).
• Consejero  en el Instituto de la Defensa Pública Penal.

La designación se hará mañana, aunque no haya sido aprobada toda la reforma electoral. Según el presidente del Congreso, Mario Taracena, podría suspenderse la discusión para elegir a los magistrados, pues ambos temas son constitucionales y la designación tiene plazo.

Amparado

Por unanimidad, la CC amparó en forma provisional al abogado Óscar Cruz y ordenó su inscripción en el Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), lo que le permite participar en la elección de hoy para magistrado de la Corte.

Cruz presentó esa acción ante la amenaza de que el Cang no lo inscribiera por no tener 15 años de ejercicio profesional, pues los cumple el 30 de marzo, 22 días después de la elección. El máximo tribunal consideró que la concreción del requisito alegado ocurriría hasta el 14 de abril próximo, cuando asuma la nueva Corte.

El Consejo Superior Universitario también elegirá hoy a un magistrado titular y uno suplente.

Jefes se bloques acuerdan que el jueves se hará la elección de magistrados a la #CC pic.twitter.com/GmEKWw4fsv

— Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) March 7, 2016

Los diputados que integraron la Comisión de Postulación también decidieron que se   investigara a Roberto Molina Barreto, por algunos fallos que emitió como magistrado en contra de los impuestos a la telefonía y al petróleo.

Fanuel García también será investigado porque se afirma que es pastor evangélico, lo que contraviene con el Estado laico, aunque será el pleno el que decida.

La nómina de elegibles está encabezada por María Eugenia Morales Aceña de Sierra, quien obtuvo una calificación de 86.33 en la calificación con tabla de gradación.

Detrás de ella se ubica María de los Ángeles Araujo, actual magistrada suplente de la CC, y Gloria Patricia Porras Escobar, presidenta de la Corte en este momento.

Listado de candidatos a la #CC que serán presentados al pleno del @CongresoGuate para su elección pic.twitter.com/H5HFXMZIYl

— Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) March 5, 2016

Primer titular

El miércoles recién pasado la Corte Suprema de Justicia (CSJ) eligió a los primeros magistrados titular y suplente que integrarán la nueva CC a partir de abril.

El pleno de la CSJ escogió a Neftaly Aldana Herrera como magistrado titular y a María Consuelo Porras Argueta como suplente.

En tanto, el miércoles 9 de marzo se efectuará la segunda ronda en las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

Bonerge Mejía y Óscar Cruz se disputarán la magistratura titular, mientras María Cristina Fernández y Julio Dougherty se enfrentarán por el cargo de magistrado suplente.

Después de superar ese inconveniente hubo un empate entre Aldana Herrera y otro candidato, Eddy Giovanni Orellana Donis, pues ambos obtuvieron ocho votos y tuvieron que enfrentarse en la segunda ronda.

En la segunda ronda Aldana Herrera logró 11 sufragios, mientras que Orellana Donis obtuvo cuatro. De esa manera la CSJ eligió a Aldana Herrera.

Por mayoría

Mientras tanto, en la elección para magistrado suplente, María Consuelo Porras Argueta fue la triunfadora por mayoría 10 sufragios y obtuvo el cargo.

La votación fue cerrada ya que Erwin Iván Romero, Sergio Amadeo Pineda Castañeda, Amada Victoria Guzman y el mismo Eddy Giovanni Orellana Donis sumaron nueve cada uno.

El martes recién pasado algunos aspirantes fueron calificados. Los magistrados evaluaron a los solicitantes de la siguiente manera:

• Sergio Amadeo Pineda Castañeda 78 puntos
• Neftaly Aldana Herrera 76
• Conrado Arnulfo Reyes Sagastume 74
• Mario Estuardo Archila Maldonado 67
• Eddy Geovanni Orellana Donis 65 
• Leticia  Secaira Pinto 54

Tabla de gradación

El pleno de la CSJ aplicó una tabla de gradación que ponderó los méritos académicos con 35 puntos, los profesionales con 60 y la proyección humana con cinco. A las pruebas psicométricas y entrevistas se les dio un valor de 10.

Asimismo, la Corte estableció que el Congreso puede ejercer el control parlamentario sobre el Ejecutivo, pero “no sobre el resto de los Poderes Públicos (Judicial, Ciudadano y Electoral)” .      

La sentencia fue difundida a pocas horas que la Asamblea Nacional sometiera a discusión el informe de una comisión especial que concluyó que se cometieron violaciones a las leyes en el proceso que siguió el anterior congreso, días antes de la culminación de su período, para nombrar 13 magistrados principales y 21 suplentes del máximo tribunal.       

“No hay ninguna duda de que el acto administrativo hecho para elegir el 23 de diciembre a los 13 magistrados y 21 suplentes está viciado” , dijo a The Associated Pres el diputado opositor Carlos Berrizbeitia, presidente de la comisión especial que investigó el proceso.

Afirmó que se incumplieron los lapsos legales para los nombramientos y se vulneró la normativa que prohíbe a los jueces tener filiaciones políticas.       

Berrizbeitia indicó que la comisión especial obtuvo pruebas que demuestran que algunos de los magistrados que salieron de sus cargos en el 2015 fueron “extorsionados para que adelantaran sus jubilaciones” y permitir así a la anterior Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, nombrar nuevos jueces.       

La exmagistrada Carmen Porras fue una de las funcionarias que objetó su jubilación adelantada, según señaló una misiva que difundió el martes el diario local El Nacional.       

Las autoridades no han emitido hasta el momento comentarios sobre el caso.       

Ante las irregularidades, el presidente de la comisión especial planteó que el legislativo puede revocar el acto administrativo de selección de los magistrados y abrir un nuevo proceso, pero sostuvo que la decisión final sobre ese tema la deberá tomar el Congreso.       

En los casi dos meses de actividades del nuevo legislativo la mayoría opositora se enfrentó al Tribunal Supremo de Justicia por la suspensión de tres diputados del estado sureño de Amazonas y un decreto de emergencia económica que aprobó el presidente Nicolás Maduro.

En los dos enfrentamientos el máximo tribunal logró imponer sus decisiones a la Asamblea Nacional. 

La comisión analizó los logros académicos, profesionales y la calidad humana de cada aspirante, calificó sobre 100 puntos y para seguir a la siguiente ronda los candidatos deben obtener 65 puntos.

Los legisladores integrantes de la comisión calificaron a Orellana Donis con 76.75 puntos y a Martínez Gálvez, con 75.93.

Además, analizaron los perfiles de José Rodas Ovalle, quien recibió 49.19 puntos; Miguel Hernández Sagastume, 48.82;
Gustavo Ordóñez Nájera, 47.65; y Neftalí Aldana Herrera, 61.9; ellos quedaron descartados del proceso.

La comisión finalizó la jornada a las 17.30 horas y convocó para el próximo lunes a las 14 horas para seguir con el trabajo de calificación. Aún falta analizar el perfil de 24 profesionales del Derecho.

Entre los perfiles de los aspirantes que están pendientes de calificación destacan el de la presidenta de la CC, Gloria Patricia Porras Escobar, y los magistrados titulares del máximo tribunal, María de los Ángeles Araujo Bohr y Roberto Molina Barreto.

También el abogado Alejandro José Balsells Conde y los exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Luis Pineda Roca, Mynor Franco Flores, Rogelio Zarceño Gaitán, Manuel Reginaldo Duarte Barrera, el último fue separado del cargo.

Luego de terminar la calificación los perfiles de los aspirantes que sigan en la contienda serán sometidos a un análisis del desarrollo profesional ético.

Pese a que este punto no tiene valor en la tabla de gradación sí puede influir debido a que si hay señalamientos de que el profesional ha defendido a personas señalas de delitos graves que han sido condenadas pueden salir de la lista de elegibles.

Entre los aspirantes con objeciones se encuentra la actual presidenta de la CC. Los señalamientos fueron presentados por la Fundación contra el Terrorismo.

Recibieron tachas también Flor de María García Villatoro, interpuestas por José Andrés Dubón, y Mynor Custodio Franco Flores, cuya candidatura impugnó Mario Roberto Paredes Canté.

Raúl Romero, secretario de la Comisión de Postulación del Congreso, explicó que los aspirantes tienen hasta el miércoles 24 de febrero para presentar pruebas de descargo sobre las imputaciones recibidas.

El congresista dijo desconocer cuáles son los señalamientos, porque la comisión a cargo conocerá la información contra los aspirantes la próxima semana.

Señalada

No sería la primera vez que Porras es criticada en el proceso de selección de magistrados para la CC, ya que diputados y sectores han señalado que es la favorita de la Unidad Nacional de la Esperanza, que habría llegado a acuerdos para reelegirla.

Para evitar que haya vicios en el proceso, la presidenta de la Comisión de Postulación, Nineth Montenegro, aseguró que una de las ideas es que al pleno lleguen los nombres de los aspirantes con mejores puntuaciones.

Se tiene la propuesta de que se presente a todos los candidatos y sean los legisladores quienes escojan por votación, pero están en vías de rechazarla.

Depuración

El Congreso recibió 36 expedientes, y de ellos 11 tuvieron reparos por incumplimiento de requisitos, pero se les concedió hasta ayer para completar sus expedientes.

Según Romero, eso también se revisará la próxima semana. “Si no lograron solventar las dudas y requerimientos, se convertirá en la primera depuración”, advirtió.

El secretario de la comisión dijo que prevén escuchar a los 36 aspirantes para que expliquen sus planes de trabajo.

La negociación buscaría que Porras siga como titular en la CC, para pagar una deuda que tienen el expresidente Álvaro Colom y su exesposa Sandra Torres, ya que cuando era secretaria del Ministerio Público los habría ayudado en el caso de la muerte de Rodrigo Rosenberg Marzano.

A cambio, López Villatoro pide la magistratura suplente para colocar a alguien de su confianza y tener privilegios, se dijo.

“La UNE apoya a Gloria como titular y López Villatoro colocaría a una suplente. Esta podría ser Nidia Domínguez Sunum, quien es asociada con el Rey del Tenis, casi al nivel del abogado Óscar Cruz, quien también figuraba como candidato para una magistratura por el Colegio de Abogados y Notarios”, señaló una fuente.

Con el nombramiento de Porras, según los consultados, Colom y Torres pagarían uno de los favores —beneficios en caso Rosenberg— y Villatoro tendría aseguradas influencias en un futuro con las resoluciones que le podrían perjudicar.

Rechazan versión

A pesar de los señalamientos, la UNE niega tales acuerdos y asegura que está a la espera de los resultados de la comisión que coordina la diputada Nineth Montenegro para decidir a qué postulante apoyará su bancada.

“Dos cosas: la UNE no tiene ninguna relación con el señor Roberto López. Nosotros desde un principio apoyamos el proceso que se da en la comisión a cargo de la designación, y somos los que promovimos desde un principio la transparencia”, explicó el diputado Orlando Blanco.

López Villatoro, en declaraciones anteriores, aseguró que está fuera del proceso y que no apoya a nadie, pues está dedicado a su trabajo.

Otro de los señalamientos es que Érick Castillo, “mano derecha” de Porras en la CC, en la actualidad, recibió apoyo de Villatoro para la directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

“Surgen los vínculos porque es quien recibe el apoyo hace algunos años del Rey del Tenis y es quien entrega las hojas de vida de la presidenta de la CC en el Congreso y el Consejo Superior Universitario (CSU)”, explicaron.

Otros casos

En la reunión semanal de la Mesa Multisectorial que vigila el proceso de designación se denunció debilidad por existir conflicto de interés y tráfico de influencias en la participación de algunos aspirantes.

Entre las objeciones se incluye la candidatura de los actuales magistrados de la Corte de Apelaciones Cruz Munguía Sosa y Giovanni Orellana Donis, y sugiere que podría existir conflicto de interés, ya que los profesionales, en 2014, integraron la comisión que postuló a los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), proceso que fue impugnado. Sosa y Orellana buscan ahora llegar a la CC desde la CSJ.

Advierten de un posible tráfico de interés en las aspiraciones de Juan Carlos Godínez Rodríguez, quien participa en el proceso del CSU, y además de Sergio Amadeo Pineda Castañeda, quien, igual que Munguía y Orellana, busca la CC a través de la CSJ.

Antejuicios

Néster Vásquez, presidente de la Cámara de Amparo y Antejuicio, dijo que el miércoles pasado rechazaron tres antejuicios contra Gloria Porras. Aseguró que estaban relacionados con el caso del magistrado Manuel Duarte, pero quien denunciaba era Ricardo Méndez Ruiz.

Eleonora Muralles, de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro, considera que las instancias nominadoras creen que al designar a un profesional cercano o de su círculo los protegerá en caso de una resolución que les afecte. Sin embargo, el magistrado, al ser designado, tiene que romper cualquier lazo, ya que se debe mantener la independencia de las diferentes instituciones.

“Nuestro mensaje es para las entidades designadoras, para que entiendan que el magistrado que designan no va a ser su representante, porque lo hemos escuchado. Ellos tienen la responsabilidad de elegir a una persona idónea y desligarse al momento en que asuman su cargo en la CC”, expresó Muralles.

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, señaló que magistrados de la CSJ y dos de la Corte de Apelaciones se postularon, lo que muestra valores contrarios a la ética.

“Se debe cuestionar esta situación porque se detecta conflicto de interés y tráfico de influencias. Aparte, los dos magistrados de Salas —Cruz Munguía y Eddy Orellana— fueron comisionados que postularon a los actuales magistrados a la CSJ”, subrayó Ibarra.

También se observa ese problema en la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde se postuló José Francisco de Mata Vela, director de Asuntos Jurídicos de esa casa de estudios superiores, quien en todo caso debió renunciar para participar.

Si en el Congreso se postula el diputado Oliverio García Rodas, como se cree, también caería en este círculo en que los nominados tendrían una ventaja sobre los demás profesionales.

Los magistrados de la CSJ, luego de conocer impugnaciones, decidieron recibir la papelería de Mario Archila, quien había quedado fuera del proceso al principio.

Negocios

Desde hace varios meses, grupos confirman reuniones y negociaciones para consensuar las designaciones.
En el Congreso se habla del apoyo que recibirían los parlamentarios Oliverio García Rodas —Independiente— y Roberto Villate —Líder—, y del claro respaldo expresado por el presidente de es organismo, Mario Taracena, hacia la actual presidenta de la CC, Gloria Porras.
Varias agrupaciones, aunque niegan estar en negociaciones o acuerdos, señalaron que hay “rumores” de que la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) le apuesta a Porras.
“Es prematuro hablar de apoyo, pues en la bancada no se ha estudiado”, dijo Jairo Flores, de la UNE.
La misma postura fue compartida por los bloques Movimiento Reformador, Todos, Líder y Compromiso Renovación y Orden (Creo).
“Se habla de acuerdos secretos y negociaciones en paquete (…) Lamentable, porque pone en riesgo la nueva Corte”, aseguró Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia.

Acciones positivas

Ibarra señaló que lo positivo en el Legislativo es la creación de la comisión del proceso de elección.
Otro de los entes  que empezó el proceso para designar magistrados es el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), que en  diciembre último, a través de las redes sociales, lanzó sus propuestas. Algunos de ellos han sido señalados por parte de la sociedad civil. Uno es Óscar Cruz, quien ayer anunció su candidatura y se le ha relacionado con Roberto López —conocido como el Rey del Tenis—.
“…Mis hermanos, y con la tarjeta de crédito, he pagado parte de la campaña que he hecho en la provincia”, comentó Cruz.
López aseguró estar fuera de los eventos gremiales por cuestiones labores. “No apoyo a nadie; decidí retirarme”, enfatizó.
También se menciona una situación similar en el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos, Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Ejecutivo.
Lo anterior es un reflejo de las presiones que se manejan en los cinco entes designadores, por lo que organizaciones civiles han alertado de las intenciones “oscuras” que podrían llegar a tener los grupos que buscan el control de la Corte.

Presiones

“Existe un cúmulo de presiones. Antes estaba clara la incidencia del sector privado, pero ahora se han sumado nuevos actores: los del crimen organizado, los que van a defenderse de acusaciones relacionadas al conflicto armado interno, funcionarios y de todos los exfuncionarios que enfrentan procesos penales a raíz del trabajo del Ministerio Público y la Cicig”, destacó Ibarra.
Para Marco Antonio Sagastume Gemmell, presidente del Cang: “Está claro que hay sectores detrás de las magistraturas”
Estuardo Gálvez, exrector de la Usac, manifestó: “Hay intereses de toda clase: económicos, políticos y de grandes naciones que le ponen mucho interés a los problemas de Guatemala”, resaltó, sin dar nombres.
Iván Velásquez, jefe de la Cicig, indicó que en Guatemala  ha existido un poder por décadas que ha capturado sectores del Estado y que en temas de corrupción y de actos ilícitos ha mantenido tráfico de influencias   y han realizado actuaciones nocivas para el país.
“Hay personas con grandes problemas de corrupción, que hay que tener en cuenta. Nosotros hemos actualizado el actuar de esos grupos, a los cuales se les ha denominado redes político-económico ilícitas. Eso es una realidad”, señaló Velásquez.     El comisionado agregó que se debe evaluar y estar alerta con las relaciones que puedan tener  las personas interesadas en las magistraturas con sectores y estructuras que en el pasado se identificaron con irregularidades.
Alejandro Balsells, abogado constitucionalista, advirtió respecto de los  conflictos de interés de algunos designadores. “A mi juicio hay conflicto de interés cuando dos magistrados se quieran reelegir, pero integran corte (…). Ellos debieron haber pedido permiso porque ellos buscan votos”, explicó.
Los grupos sociales recomiendan transparencia en los procesos, sin intereses oscuros, y que los ciudadanos estén alertas para denunciar irregularidades y así evitar que la CC sea controlada por grupos oscuros.

 

Lo que manda la ley

• La Constitución establece  los requisitos para el cargo de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC):
• Artículo 113: derecho a optar a empleos o cargos públicos. Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez.
• Artículo 268:  la función de la CC es  la defensa del orden constitucional, actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce sus funciones específicas que le asigne la Constitución y la ley de la materia.
• Artículo 269:  la CC debe ser integrada con cinco magistrados titulares y cinco suplentes, para un período de cinco años.
• Serán designados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Congreso, Ejecutivo, Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos y  el Colegio de Abogados y Notarios.  

¿Se debe garantizar la trasparencia en el proceso?

La Ley no impide que cada uno de los denominadores adopte mecanismos de transparencia absoluta hasta el último momento.
Lo que ha sucedido es que estos nominadores  adoptaron la Ley de Comisiones de Postulación como una guía para sus procedimientos, pero no es que haya una norma que lo diga. Creo que deben procurar que en los procedimientos se garantice la publicidad plena hasta el final, el voto.

¿Cómo evidenciar las negociaciones periféricas?

La transparencia no garantizará que el elegido sea el más idóneo, capaz y honrado, como exige el artículo 113 de la Constitución. Es casi que imposible exigir que no haya ninguna conversación. Y eso es una advertencia para la población.
No porque todo sea visible significa que sea la mejor decisión, aquí  hay que exigir a los organismos nominadores elegir a las personas que tengan las mayores calidades.

¿Es recomendable la reelección?

Yo prefiero no pronunciarme sobre ese tema.
  Considero que eso es más una actitud, en tanto que no es posible que se adopte ningún reglamento que apruebe la reelección porque eso sería inconstitucional. No se podría expresamente por alguno de los nominadores decir que está prohibida la reelección, pero pueden normar no recibir expedientes de quienes estén en función.

¿Cuál es el papel de la Cicig en el  proceso?

Solo como observadores interesados en que existan unas instituciones de justicia fuertes. Es difícil que la Cicig pueda hacer algo, porque nosotros no podemos promover candidatos. No estaría bien si nosotros promoviéramos a alguno de ellos.

¿Harán algún pronunciamiento?

No se descarta que la Cicig pueda pronunciarse cuando observe que una persona no reúne los requisitos constitucionales exigidos.

¿En qué momento lo haría?

En el trascurso del proceso. Por ejemplo, cuando se suministren los documentos de los inscritos y se dice que existe alguna observación respecto de estas personas y que nosotros tengamos elementos para pronunciarnos, lo haremos. Podríamos hacerlo también sin solicitud, como parte de observadores. En esto hay que ser cuidadoso.

¿Qué sectores o fuerzas podrían tomar el control de la CC?

Creo que en Guatemala ha habido un poder desde hace décadas que ha capturado sectores del Estado en temas de corrupción o actos ilícitos, de influencias que podríamos decir  han provocado actuaciones nocivas para el país.
   Creo que hay organizaciones criminales, relacionadas con el narcotráfico, que han asumido el control en las comunas y se ha extendido a nivel nacional.
Hay personas en su actuación comprometidas con graves problemas con corrupción del pasado y del presente. Todo esto debe tomarse en cuenta.

¿Se han transformado esos grupos?

El  problema se ha actualizado y se ha denominado como redes político económico partidistas, y esto es una realidad en el país. Es aquí donde se tiene  que valorar la conveniencia de qué personas vinculadas con esa naturaleza lleguen a la CC. 

¿Podrían influir en la integración de la CC manifestaciones como las del año pasado, cuando se reveló el escándalo de defraudación aduanera en el Ejecutivo?

Sí, si la sociedad sigue pronunciándose con la fuerza como lo ha venido  haciendo, con este tema en  particular, y exigen que se  elija a magistrados como corresponde. Esa es una fuerza que deberán considerar los designadores.
Si la sociedad en general no se interesa en mantener viva esa  participación, puede revertirse  por las fuerzas contrarias que están siempre activas.  
 

En la discusión se acordó integrar grupos de trabajo que estarán a cargo de cada una de las instituciones que tienen el mandato de elegir un magistrado titular y uno suplente.

Según la Constitución en su artículo 269, las instituciones son: la Corte Suprema de Justicia, Congreso de la República, el Presidente en Consejo de Ministros, Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Asamblea del Colegio de Abogados.

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, dijo que le apuestan a la transparencia y publicidad de los procesos.

Ibarra mencionó que aunque las entidades no están obligadas, los sectores piden que los funcionarios promuevan la trasparencia de los concursos y que no exista la secretividad, y señaló que no comparte la reelección de los actuales magistrados.

A la actividad asistió el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, quien afirmó:  “Estas organizaciones son importantes porque son parte para transparentar los procesos”.

El comisionado precisó que le dará seguimiento a los procesos en cada entidad, afirmó que es importante la participación de los jóvenes en estos procesos porque son los herederos de la política y justicia de un país.

¿Cómo se integra?

El tribunal se integra con magistrados propuestos por estas cinco instancias, que elegirán entre estas propuestas:

Ejecutivo

• Mario Gordillo, exprocurador General de la Nación.   
• Patricia Cervantes de Gordillo, exmagistrada del Tribunal Supremo Electoral.
• Mario Fuentes Destarac.
• La elección para designar al magistrado se hace en reunión de consejo de ministros.

Organismo Judicial

• Roberto Molina  Barreto busca la reelección.    
• Sergio Amadeo Pineda Castañeda, actual magistrado de la Corte  Suprema de Justicia (CSJ).
• El vocero de la CSJ informó que el presidente Rafael Rojas confirmó que en pleno se elegirá, aunque no estableció la fecha.

Organismo Legislativo

• Roberto Ricardo Villate Villatoro, actual diputado del bloque Líder.    
• Oliverio García  Rodas, diputado independiente. 
• Manuel Duarte Barreda,  exmagistrado titular de la CC.
• Gloria Porras, actual presidenta de la CC. Se presume que la UNE la apoyará.  

Usac

• Mauro Chacón busca la reelección.   
• Estuardo Gálvez, ex rector.
• René Arturo Villegas Lara.
• Francisco de Mata Vela
• Los miembros del Consejo Superior Universitario son los llamados a elegir a su representante.

Colegio de Abogados

• Bonerge Mejía Orellana.
• Héctor Hugo Pérez Aguilera busca reelección.    
• Óscar Cruz.  
• Marco Antonio Villeda Sandoval.
• Cristina Fernández, propuesta para magistrada suplente.

Agendas próximas

• 22 de  febrero próximo, el Colegio de Abogados abre convocatoria para presentar sus hojas de vida.
• 2 de marzo se efectuará la elección y el 9 de ese mes la segunda vuelta, en caso de que haya empate.
• El Congreso aprobó con 137 votos la convocatoria, para la cual usará la Ley de Postulación.
• 14 de abril asumen los magistrados titulares y suplentes

Funciones

La CC se integra con cinco magistrados titulares, cada uno de los cuales tiene su respectivo suplente. Los magistrados son electos para un periodo de cinco años.

Cuando la CC conoce asuntos de inconstitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia, Congreso, el Presidente o el Vicepresidente, el número de sus integrantes se eleva a siete, escogiéndose los otros dos magistrados por sorteo de entre los suplentes.

La CC es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional; actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y, ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley de la materia.

16 de febrero 2002
Los miembros de la comisión postuladora a la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electora (TSE) entregan al Congreso de la República un listado con 30 nombres donde figuraban Bolaños, Félix Castillo Milla, Raymundo Caz, Mario Guerra Roldán, Gabriel Medrano y José Quezada, entre otros.

13 de marzo 2002
Se realiza la sesión donde se designa a los nuevos magistrados del TSE.

14 de marzo 2002
Durante la sesión plenaria del Congreso se lleva a cabo la juramentación sorpresiva de los nuevos magistrados del TSE Angel Figueroa, Roberto Valenzuela, Oscar Bolaños Parada, Raymundo Caz, así como los suplentes.

19 de abril 2002
Bolaños es señalado de ser amigo del presidente Alfonso Portillo. En aquella ocasión dijo: “No conozco al presidente ni siquiera le he hablado, jamás cara a cara”.

Bolan?os es sindicado de haber evitado la resolucio?n de la querella presentada por el Procurador General de la Nacio?n, Carlos Garci?a Rega?s, en contra del vicepresidente, Francisco Reyes Lo?pez, ante el Tribunal de Honor del CANG, en 2001.

26 de julio 2002
Bolaños, presidente del TSE, promociona la participación de la mujer en la vida política. En esa oportunidad le fue entregado del libro “Las percepciones de las mujer guatemaltecas sobrer su participación política”.

18 de nero 2003
Bolaños Parada pide a las autoridades de Gobernación que le proporcionen seguridad durante el an?o electoral debido a la violencia imperante en la capital.

13 de junio 2003
Bolaños, junto a los magistrados del TSE Angel Alfredo Figueroa, Raymundo Caz, Roberto Valenzuela y Luis Guerra Caravantes resuelven el recurso presentado por el FRG, el cual deniega la inscripción del general retirado José Efraín Ríos Montt como candidato presidencial.

19 de julio 2003
La Corte de Constitucionalidad ampara provisionalmente a Ríos Montt y ordena al TSE que incriba al líder del FRG. Bolaños, presidente del tribunal, dijo: “Al mal paso darle prisa, ya está resuelta la inscripción de Ríos Montt”. Luego, dijo que acataba el dictamen del máximo órgano Constitucional.

31 de marzo 2004
Bolaños impulsa las reformas electorales; dijo que sus propuestas no habían sido tomadas en cuenta. Entre estas figuran la Fiscalización del financiamiento de los partidos políticos, el delito electoral y el Documento Único de Identificación (CUI).

Bolaño indicó que este documento sustituiría a la Cédula de Vecindad debido a que era obsoleta y fácil de falsificar.

20 de septiembre 2004
El documento es presentado por Bolaños quien informa que será más seguro ya que incluirá controles biométricos, huella digital y la fotografía; además, se reduciría el riesgo de falsificación, contaría co una base de datos, y también el migrante podría participar el el proceso electoral. El documento sería gratuito y su reposición costaría entre US$5 y US$10.

8 de septiembre 2007
Bolaños, aún siendo presidente del TSE, es entrevistado un día antes de las elecciones generales, las cuales calificó de increíbles, debido a la participación de adultos, jóvenes y mujeres a pesar de la violencia política que amenazaba el proceso electoral.

26 de febrero 2015
En la última entrevista con Prensa Libre, Bolaños Parada se refiere a su retiro del TSE y a que el financiamiento del Estado es una obligación y no una concesión.

Por segundo día consecutivo, la Asamblea Nacional sesionó de forma extraordinaria con la designación de los 13 magistrados y 21 suplentes como punto central de la agenda, un tema candente porque la oposición lo estima extemporáneo e irregular por hacerlo con premura en jornadas maratónicas en víspera de Navidad.

“Este es un acto nulo de esta Asamblea moribunda”, gritó el diputado opositor William Dávila, a quien Cabello acusó de “inmoral”  por “haber apoyado”  el golpe de Estado contra Hugo Chávez en abril del 2002.

La ley establece que los magistrados deben ser nombrados con mayoría de dos tercios, pero habilita la designación en una cuarta sesión con mayoría simple, la cual tiene actualmente el oficialismo. Dos sesiones se celebraron el martes y la tercera y última este miércoles, todas con apenas minutos de diferencia. Una acción que la oposición tildó de “desesperada”  y para los chavistas fue “constitucional”.

El TSJ es clave porque deberá dirimir las disputas que se avecinan entre el gobierno socialista de Nicolás Maduro y la Mesa de la Unidad Democrática  (MUD) , una coalición de centroderecha que agrupa a la oposición.

“Tenemos un sistema judicial que es más un instrumento político al servicio del Gobierno que un sistema de administración de justicia. Eso hoy se profundiza”  al nombrar en el TSJ “fichas partidistas que sean incluso mucho más dóciles”, declaró el portavoz de la MUD, Jesús Torrealba.

Por primera vez en 16 años de gobierno socialista, la oposición controlará el Parlamento y lo hará con una mayoría calificada de dos tercios  (112 de 167 escaños) , que le permitiría remover funcionarios, buscar una salida anticipada del presidente o aprobar leyes como reformas económicas y una amnistía para presos políticos.

El presidente Nicolás Maduro ya anticipó que vetará la amnistía y que el chavismo responderá a cada acción que impulse lo que llama la “Asamblea burguesa” , exhortando incluso a “rebelarse”  ante ella.

“La confrontación es inevitable. Son dos modelos: el capitalista y el socialista” , advirtió Cabello desde la tribuna del hemiciclo, en una caldeada sesión que concluyó con la grabación del himno nacional en voz del fallecido Hugo Chávez.

El conflicto político crece en una Venezuela agobiada con la inflación más alta del mundo -200% en 2015 según cálculos privados- y una severa escasez de productos básicos, lo que Maduro atribuye a una “guerra económica”  de empresarios de derecha y la oposición al modelo centralista de control de precios y de tipo de cambio.

Tensión   

En este ambiente de crispación, la nueva Asamblea deberá instalarse en 13 días para un periodo de cinco años, pero el TSJ anunció que mientras tanto el actual Parlamento podrá legislar ampliamente de forma extraordinaria.

La oposición teme que en este lapso el oficialismo siga adoptando medidas para -según ella- “socavar”  su mayoría legislativa.

Nueve días después de la derrota en los comicios legislativos del 6 de diciembre, que Maduro calificó de un “golpe electoral” , el oficialismo instaló un Parlamento Nacional Comunal, una instancia popular que según analistas busca hacer “contrapeso”  a la futura Asamblea.

El 4 de enero, un día antes de la instalación de la nueva legislatura, el parlamento comunal se reunirá para definir su estructura en el Cuartel de la Montaña, donde están los restos de Chávez, fallecido en 2013.

Observadores han señalado que el gobierno ha recurrido antes a entidades paralelas cuando pierde una alcaldía o una gobernación, como ocurrió con el estado de Miranda, donde gobierna el opositor Henrique Capriles, o la alcaldía de Caracas.

El Parlamento también nombró como Defensora Pública a Susana Barreiros, la jueza que condenó a casi 14 años de cárcel al opositor radical Leopoldo López, y el martes reformó una ley para proteger esa designación al dejar al TSJ la factultad de removerla.

El martes en la tarde, la MUD denunció que el TSJ “insólitamente”  abrió oficinas para recibir un recurso del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela  (PSUV) contra 22 diputados opositores, lo que calificó de un “intento de golpe judicial” .

Pero en la noche, el máximo tribunal negó haber recibido impugnaciones y calificó esas informaciones de “malsanas” . La MUD afirmó que su denuncia hizo “retroceder”  a los chavistas.

“Puede el chavismo burlarse de la decisión del pueblo? Controlando instituciones puede a corto plazo, pero insostenible a mediano y largo” , opinó el analista Luis Vicente León, de la firma Datanálisis, quien cree probable un escenario de “grave crisis” , que “ojalá”  -dijo- obligue luego al diálogo.

La decisión de la CC fue por mayoría y con ella se deja en suspenso provisional el acuerdo legislativo 14-2015, por medio del cual el Organismo Legislativo convocó a abogados que deseaban postularse como candidatos a ocupar el cargo de magistrado titular.

El expediente del exmagistrado Manuel Duarte figura junto a la papelería de otros 10 abogados que atendieron la convocatoria del Congreso abierta desde el jueves pasado y que cerró este lunes a las 16 horas, para ocupar el puesto dejado por Alejandro Maldonado, ahora Presidente de la República.

Duarte fue electo por el Congreso en julio pasado en lugar de Maldonado Aguirre, cuando este fue nombrado vicepresidente en sustitución de Roxana Baldetti, sin embargo a principios de octubre fue separado del cargo por el pleno de la CC.

Listado oficial de los aspirantes a magistrado de la #CC recibidos por el @CongresoGuate pic.twitter.com/uiKZX2dXvY
Vía: @jgramajo_pl

— Prensa Libre (@prensa_libre) November 16, 2015

El retiro del funcionario ocurrió después de que el Ministerio Público solicitara un antejuicio en su contra, por la posible comisión del delito de Anticipación de Funciones e Incumplimiento de Deberes.

Según la investigación, el nombrado por el Congreso tomó posesión de su cargo en la CC sin haber renunciado a un cargo que desempeñaba en la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso, pues la carta de renuncia tiene fecha 17 de agosto.

El nombramiento ya había causado críticas, pues el día en que ocurrió, varias bancadas razonaron por más de una hora su voto y criticaron que la elección fue producto de una alianza de intereses entre el Partido Patriota y Libertad Democrática Renovada, por beneficios particulares.

Proceso

• Después de recibir los expedientes, la Dirección Legislativa del Congreso hace del conocimiento a la Junta Directiva sobre los expedientes recibidos.
• Junta Directiva levanta un acta que conoció el nombre de los postulados y convoca a la instancia de Jefes de Bloques.
• En reunión, los Jefes de Bloques definen fecha y hora en que se realizará la elección.
• El pleno elige al magistrado que lo representará en el CC. Si hay alguna tacha se da a conocer a viva voz, gana el que más votos logre.
• Luego de la elección, el Congreso envía el expediente de elección a la CC para confirmar a su representante.

El Congreso no tiene plazo para efectuar este proceso y su periodo ordinario de sesiones termina el 30 de noviembre, pero todavía deben resolver si aprueban o no el proyecto de Presupuesto para 2016.

La decisión pide que se suspendan las medidas que prolongan artificialmente la vida del hombre, postrado desde 1995 por un accidente automovilístico en la provincia de Neuquén, sur del país.

Según el fallo existe “un conflicto entre derechos constitucionales, a saber, el derecho a la vida y el derecho a la autonomía personal”.

Por ende la Corte entendió que una persona “puede en determinadas circunstancias adoptar decisiones que tengan como fin previsible la culminación de su vida, en tanto se trata de cuestiones que se encuentran dentro de la zona de reserva que asegura el derecho a la autonomía personal”.

En este sentido el alto tribunal remarcó que “el individuo es dueño de hacer elecciones sobre su propia vida sin intromisión del Estado en tanto no afecten la moral, el orden público ni a terceros”.

El fallo se basa en una interpretación de la Ley de Derechos del Paciente, aprobada en Argentina en mayo del 2012, que autoriza a las personas a disponer mediante poderes legales órdenes anticipadas sobre su salud en casos irreversibles.

Accidente

Marcelo Diez sufrió un accidente de tránsito cuando tenía 30 años y permanece postrado en un hospital privado de la provincia de Neuquén, sin poder comunicarse o responder a estímulo alguno y conectado a un dispositivo para poder alimentarse.

Según sus familiares Marcelo había manifestado su deseo de que su vida no fuera prolongada artificialmente de encontrarse ante una situación terminal.

“El no pudo emitir una voluntad porque lo encontró un accidente de tránsito, en este caso el consentimiento lo dan los familiares más cercanos que pudieron conocer su voluntad”, dijo Lucas Pica, el abogado de la familia, que expresó su satisfacción con el fallo pero aclaró que “es una historia triste de principio a fin”.

El pleno de magistrados consideró que las organizaciones políticas se dedicaron a hacer propaganda electoral sin que ya se haya hecho la convocatoria a las elecciones.

Además los partidos PP, UNE y Líder; en las acciones de promoción partidaria incluyeron prácticas sexistas y uso de la imagen de la mujer como objeto de placer sexual.

El TSE dio a conocer que recibió tres mil 500 denuncias a través de la página de la Inspección General del Tribunal en Facebook.

Con un acto protocolario en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, la Corte de Constitucionalidad realizó el cambio de presidencia.

El magistrado Roberto Molina Barreto entregó la presidencia el máximo órgano constitucional en el país a la magistrada Gloria Porras.

En el acto estuvo presente el presidente de la república Otto Pérez Molina, el presidente del Organismo Judicial Felipe Baquiax y el presidente del Congreso Luis Rabbé, entre otros funcionarios e inivitados especiales.

Gloria Porras, la nueva presidenta de la CC, hizo entrega de un reconocimiento a Molina Barreto luego de recibir la presidencia de la CC, donde destacó la labor desempeñada por el profesional durante el último año.

Nueva presidenta

Porras es abogada y notaria por la Universidad de San Carlos en 1991 y se ha desempeñado como supervisora y Secretaria General del Ministerio Público. Desde el 2011 ocupa una magistratura titular en la CC.

También laboró en el Instituto de la Defensa Pública Penal y en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Porras ejercerá la presidencia de la CC durante el último año de la actual administración que fue electa en 2011.

La Unidad Nacional de la Esperanza es la organización que más ha pagado las multas, seguido por el Partido de Avanzada Nacional.

El 49.89 por ciento, de las multas han sido impugnadas.

Según la información proporcionada por el TSE, el 68 por ciento de los partidos políticos fueron sancionados. 19 organizaciones de 28 inscritas en el TSE.

Sin ejecutar

Armando Arroyo, director financiero del TSE, informó que han ejecutado el uno por ciento de su presupuesto, de los Q140 millones que le asignaron para trabajar.

Explicó que la baja en la ejecución de los recursos se debe a que no tenían certeza de la disponibilidad del dinero.

Se había informado que de los Q140 millones servirían para una campaña de empadronamiento, sin embargo, no lo han puesto en marcha, puntualizó Arroyo

El anuncio de la cartera del tesoro se hizo después que magistrados del TSE se quejaron,  una vez más, que los fondos no habían llegado a las arcas de dicha institución, lo que ponía en riesgo el cronograma de actividades durante el año electoral.

Carias explicó que aún sigue en análisis la propuesta del TSE de una ampliación presupuestaria, ya que buscan los mecanismos para encontrar fondos, luego que otras instituciones también han solicitado que se incremente su techo presupuestario. 

El Ministerio de Finanzas reciente que la Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto los Q120 millones que el Ejecutivo esperaba recaudar en impuesto a las telefónicas, destacó Carías.

El próximo 2 de mayo, el TSE convocará a las elecciones generales y en septiembre se desarrollaría la primera vuelta.

Urge reforma 

El magistrado del TSE Julio Solórzano declaró en Decisión Libre del 17 de marzo que se necesita una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, de manera que el presupuesto pueda ser asignado un año previo a las elecciones y de esta manera no comprometer los plazos durante la recta final previo a los comicios. 

En los estudios de Prensa Liber TV, Solórzano también destacó que se tiene como opción y ofrecimiento directo de algunas instituciones financieras, para otorgar un préstamo y de esta forma financiar los próximos comicios, sin embargo “es un extremo al que no se quiere llegar”. 

En conferencias de prensa anteriores, otros magistrados también han coincidido en que se necesitan por lo menos Q189 millones adicionales a los Q500 millones autorizados, para poder realizar un evento electoral adecuado. 

Durante la plática Fuentes declaró: “Querer manosear al TSE es un retroceso en la vida política del país. Con ello se está erosionando la credibilidad. Es preocupante esto de antejuiciar a los magistrados, que implica dejarlos fuera de los cargos”.

Fernández aseguró que la figura del TSE como un ente autónomo e independiente ha sido ahora protagónica. “Eso molesta a la clase política y con ello quieren infundir miedo, quieren socavar al Tribunal Supremo Electoral”, agregó.

Al cuestionar si existe un ataque institucional contra el Tribunal, Fuentes enfatizó que “nos estamos dando cuenta de que una institución débil como el TSE está siendo atacada por los políticos e intentan asfixiar a esa autoridad electoral. Hay un desborde de los partidos políticos que buscan hacer su voluntad”.

Luego de observar el apoyo que recibieron los magistrados, Fernández comentó: “Creo que no se respalda solo al TSE, se respalda a la República. Es un mensaje que estamos cansados, que debemos recuperar la institucionalidad”.

“Esta Corte rechazó dos antejuicios, mientras que la otra acción presentada por la Fundación Identidad (Fidenti), aún no se conoce. Esta última acción será resulta en la próxima sesión que tendrá el pleno de magistrados”, dijo

Ayer trascendió que que se había dado trámite a un antejuicio plateado por la Fidendi en contra de los magistrados Julio Solórzano, María Mijangos y Mario Aguilar, por haber avalado el acuerdo 67-2015 en el que se sanciona a 12 partidos por incurrir en campaña electoral anticipada.

En dicho acuerdo también se previenen a los ciudadanos sin afiliación política que suspendan cualquier propaganda electoral anticipada, en especial a los funcionarios y empleados públicos

Respaldo al TSE

El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, se reunió este viernes con los magistrados del TSE y mostró su apoyo ante las acciones planteadas en su contra en la CSJ.

Luego de la reunión de León Duque señaló que las acciones legales interpuestas en contra de magistrados del TSE es acto “nefasto”.

Agregó que “se está golpeando la institucionalidad del TSE” por las medidas que implementan las fundaciones en contra del ente electoral.

Además, mostraron su apoyo a los magistrados los representantes del Comité de Cámaras Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras. Movimiento Projusticia, Universidad Rafael Landívar y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales.

En un comunicado de prensa el Cacif, informó: “Es imperativo apoyar al Tribunal Supremo Electoral como órgano rector del proceso electoral de Guatemala”.

También se establece: “El Tribunal Supremo Electoral ha tomado importantes decisiones en ley que deben ser en pleno por la sociedad, para garantizar que se respete a cabalidad la normativa electoral”.

Los magistrados del órgano electoral a quienes se les tramitará antejuicio son Julio René Solórzano Barrios, María Eugenia Mijangos Martínez y Mario Ismael Aguilar Elizardi.

Ellos votaron a favor del acuerdo 67-2015.

Los magistrados Rudy Pineda y Jorge Mario Valenzuela, votaron en contra del acuerdo y razonaron su voto, lo que los exime de la acción legal.

La CSJ dio con lugar al trámite de antejuicio por una acción presentada por la Fundación Identidad, vinculada al partido Libertad Democrática Renovada, (Líder).

La Corte de Constitucionalidad se pronunció el pasado 19 de marzo, luego de conocer una acción promovida por Mario Roberto Chu Catalán, secretario general del partido político Corazón Nueva Nación y decidió que no había argumento suficiente para suspender provisionalmente el artículo 2 del acuerdo 67-2015.

Consultados los magistrados, vía telefónica, afirmaron que no ha sido notificados, pero que están tranquilos pues la resolución adoptada en ese momento está bien sustentada.

Acuerdo

El acuerdo 67-2015 consta de dos artículos, el primero sobre la amonestación pública por campaña electoral anticipada a los partidos Libertad Democrática Renovada, Patriota, Unidad Nacional de la Esperanza, Compromiso, Renovación y Orden (Creo), Unionista, Todos, FCN, Encuentro por Guatemala, Partido Republicano Institucional, UCN, PAN, ANN.

Además en su artículo dos, el acuerdo prevenía a “los ciudadanos sin afiliación política partidaria que se encuentran comprendidos en cualquiera de las actividades previstas en dicho acuerdo”.

El acuerdo también incluía un llamado a “cesar la actitud de algunos funcionarios públicos que, amparados en la promoción de obras públicas promocionan también su imagen personal”.

Congreso decidirá

El Congreso de la República será ahora el que tenga que conocer si se continúa con el proceso de antejuicio en contra de los tres magistrados, esto cumpliendo con las normas legales establecidas.

De acuerdo a la Ley de Antejuicios, en su artículo 13: “Al congreso le corresponde conocer y resolver el antejuicio promovido en contra de dignatarios y funcionarios siguientes”.

El inciso C del mismo articulado detalla que también incluye los antejuicios en contra del presidente y magistrados del TSE.

Será a través de una comisión pesquisidora que el Congreso tome la decisión. No hay plazo para este trámite.