Motines en cárceles de Guatemala

Prisión en Izabal eliminará celdas colectivas y operará con módulos reforzados de alta seguridad

Fri, 27 Mar 2026 23:57:45 +0000

Guatemala

Prisión en Izabal eliminará celdas colectivas y operará con módulos reforzados de alta seguridad

La nueva cárcel de máxima seguridad “El Triunfo” tendrá capacidad para dos mil privados de libertad, con celdas para dos reos y un modelo que, según el Gobierno, no replica el sistema carcelario de El Salvador.

César Pérez Marroquín y Andrea Domínguez

27 de marzo de 2026

17:57h

La cárcel de máxima seguridad “El Triunfo” contará con módulos prefabricados y celdas para dos reos, como parte del nuevo modelo penitenciario impulsado por el Gobierno en Izabal. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

La nueva cárcel de máxima seguridad “El Triunfo”, que el Gobierno construye en Morales, Izabal, tendrá capacidad para albergar a dos mil privados de libertad y contará con un diseño basado en estándares internacionales, con celdas compartidas por un máximo de dos reos, según datos revelados por las autoridades este viernes 27 de marzo.

De acuerdo con el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, el centro penitenciario dispondrá de aproximadamente mil 32 celdas distribuidas en 12 módulos, construidos con estructuras prefabricadas de hormigón reforzado, diseñadas para ofrecer mayor resistencia y control.

El funcionario explicó que el modelo contempla la eliminación de celdas colectivas, a diferencia de otros centros del país, y que se regirá por las denominadas normas Mandela, que establecen condiciones mínimas para el tratamiento de los privados de libertad.

“La cárcel no tendrá celdas colectivas, serán compartidas por un máximo de dos reos”, afirmó Villeda.

Además, el centro será destinado exclusivamente a personas ya sentenciadas, con perfiles considerados de alta peligrosidad, cuya asignación estará a cargo de jueces de ejecución.

El proyecto incluye anillos de seguridad amplios en coordinación con el Ejército de Guatemala, con el objetivo de evitar que estructuras criminales operen en los alrededores o que familiares de los reos se establezcan en las cercanías.

Las autoridades también prevén controles estrictos de visitas, ingreso de objetos y un sistema de registro digital de todos los procesos administrativos del sistema penitenciario.

Asimismo, la prisión será administrada por personal nuevo, que actualmente está en proceso de reclutamiento y capacitación, con el fin de evitar prácticas irregulares detectadas en otros centros carcelarios.

Construcción y características

La obra estará a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y tendrá un plazo de ejecución de 12 meses. Según el Ministerio de la Defensa, Henry Sáenz, el diseño fue elaborado con apoyo de equipos técnicos del Ministerio de Gobernación y asesoría de expertos internacionales.

Debido a que se trata de una instalación estratégica de seguridad nacional, las autoridades indicaron que no divulgarán detalles específicos sobre capacidades, distribución interna o características técnicas más allá de la capacidad total del recinto.

No replica modelo extranjero

El Gobierno aseguró que el proyecto no sigue el modelo carcelario implementado en El Salvador.

Según el Ministerio de la Defensa, el sistema guatemalteco prioriza el respeto a los derechos humanos, el cumplimiento de órdenes judiciales y el debido proceso.

“No seguimos otro modelo que no sea el respeto a la persona humana y a su integridad”, indicaron las autoridades en referencia al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la cárcel insignia del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

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“Sí pertenezco a la pandilla, pero no, yo no fui”: pandillero declara por ataques contra agentes de la PNC

Wed, 28 Jan 2026 18:47:18 +0000

Justicia

“Sí pertenezco a la pandilla, pero no, yo no fui”: pandillero declara por ataques contra agentes de la PNC

Tres presuntos integrantes de pandillas, acusados de ataques contra la PNC, comparecen en audiencia de primera declaración.

la Redacción

28 de enero de 2026 | 12:47h

En el Juzgado de Turno de la Torre de Tribunales se desarrolla este miércoles 28 de enero la audiencia de primera declaración de William Alexander Guevara Yalibat, de 18 años, alias “Julio”; Jonathan Alexis Cabrera Lobo, de 28, alias “Estiloso”, y Cristofer Alexander Ordóñez Castillo, de 26, alias “Hueso”.

Según las autoridades, los tres son presuntos pandilleros del Barrio 18 y habrían participado en los ataques contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) el pasado 18 de enero.

Los tres señalados, que comparecen por videoconferencia desde el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, fueron capturados en la aldea Cumbre del Guayabo, zona 6 de Chinautla, tras una serie de atentados contra la PNC.

En una intervención previa a la audiencia, los señalados negaron los hechos. Según afirmaron, pasaban cerca del lugar del ataque cuando fueron capturados.

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En la imputación del Ministerio Público se les señala de asociación ilícita, asesinato en grado de tentativa, portación ilegal de armas de fuego, terrorismo y sedición.

Cristofer Alexander Ordóñez Castillo afirmó en su declaración que los señalamientos en su contra son “mentira”.

“El arma más bien ellos me la pusieron”, aseguró. Luego indicó que fue agredido sin ninguna explicación.

Sostuvo que se dirigía a la casa de su abuela cuando fue capturado.

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“Sí pertenezco a la pandilla, pero no, yo no fui”, agregó el sindicado, y reconoció su pertenencia a la mara del Barrio 18. Añadió que ha estado detenido anteriormente y, según él, solventó su situación.

Comentó que cursó sexto Perito Contador y tenía planificado ingresar a la universidad.

Relató que el día del ataque vio movimiento policial, momento en que fue capturado.

Mientras que Jonathan Alexis Cabrera indicó: “Me capturaron porque ando tatuado. A mí no me encontraron arma de fuego, me capturaron lejos de donde pasó lo que pasó, no me encontraron nada”.

Sin embargo, luego confirmó que es integrante activo de la pandilla del Barrio 18. Añadió que se dirigía a comprar a una tienda cuando fue capturado.

Además, indicó que ha estado detenido por asociación ilícita.

Wiliam Alexander Guevara Yalibat relató que el día de su captura se dirigía a un taller a traer una motocicleta cuando agentes de la PNC lo interceptaron y lo habrían agredido. Dijo que también lo capturaron porque llevaba sucios los zapatos.

Ligados a proceso

El Juzgado de Turno resolvió que los tres sindicados guarden prisión preventiva mientras se desarrollan las investigaciones por los delitos de asesinato en grado de tentativa, portación ilegal de arma de fuego, asociación ilícita, terrorismo y sedición. La audiencia de etapa intermedia fue programada para el 12 de mayo en el Juzgado Décimo Penal.

Para leer más: “Salimos vestidos de policías”: pandillero “Dark” declara que pactaron con autoridades de la PNC para fugarse de Fraijanes 2

Motines y ataque a la PNC

Los ataques contra los uniformados se registraron en varios puntos del departamento de Guatemala, como consecuencia de los motines en las cárceles Renovación 1, en Escuintla; Fraijanes 2 y el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, según ha informado el Ministerio de Gobernación.

Los atentados causaron la muerte de 10 agentes de la PNC y llevaron al gobierno a decretar 30 días de estado de sitio en Guatemala.

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Motines, rehenes y masacres: los episodios que muestran una década de crisis carcelaria en Guatemala

Fri, 23 Jan 2026 21:37:17 +0000

seguridad

Motines, rehenes y masacres: los episodios que muestran una década de crisis carcelaria en Guatemala

Los motines simultáneos de enero de 2026 confirmaron que la crisis penitenciaria en Guatemala es un problema estructural que ningún gobierno de la historia reciente ha logrado resolver.

Glenda Burrión

23 de enero de 2026

15:37h

Entre el 17 y 18 de enero de 206, el sistema penitenciario guatemalteco enfrentó tres motines simultáneos en las cárceles de Renovación 1 (Escuintla), Fraijanes 2 y el Centro Preventivo para Varones de la zona 18. Los disturbios incluyeron tomas de rehenes, disparos dentro de los penales y ataques armados posteriores, según confirmaron las autoridades.

El Ministerio de Gobernación (Mingob) atribuyó los hechos a una acción coordinada de la pandilla Barrio 18, cuyo cabecilla, conocido como “El Lobo”, exigía su traslado y la restitución de privilegios, entre ellos una cama king size, aire acondicionado en su celda y alimentación tipo restaurante.

Tras la intervención de las fuerzas de seguridad y el restablecimiento del orden, se registraron 13 ataques armados en el exterior, que dejaron un saldo de 10 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fallecidos.

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La crisis derivó en la declaratoria de estado de sitio hasta el 16 de febrero, confirmó que el problema no es coyuntural, sino que se arrastra de gobierno en gobierno, sin que hasta ahora se logre un quiebre que permita recuperar el control total del sistema penitenciario.

El Ejecutivo reiteró que no negociará con las maras, ni restituirá privilegios perdidos. Además, afirmó que cualquier limitación de derechos se aplicará solo en la medida necesaria para proteger a la población y recuperar el control del sistema penitenciario.

Un patrón que se repite

Los hechos recientes evidencian que los objetivos de la Política Nacional de Reforma Penitenciaria 2014-2024 no se cumplieron. Con esta estrategia, las autoridades esperaban, en una década, garantizar la seguridad en los centros carcelarios y evitar que desde esos sitios se coordinaran actividades delictivas, metas que hoy siguen pendientes.

El recuento de más de una década evidencia un patrón: motines recurrentes, decenas de reos fallecidos y un alto costo para las fuerzas de seguridad, mientras las respuestas del Estado han sido mayoritariamente reactivas.

Sin reformas estructurales, inversión sostenida y control efectivo, la crisis penitenciaria continúa siendo, según los sucesos, uno de los mayores desafíos de seguridad para Guatemala.

Una década de poco avance

El hacinamiento sigue siendo uno de los principales factores de la crisis y, de acuerdo con informes del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), mientras no se reduzca, será imposible erradicar la violencia y la inseguridad, dentro y fuera de las cárceles.

Las cifras de informes y análisis del Cien y la Fundación para el Desarrollo (Fundesa) reflejan el estancamiento: en 2014, la tasa de ocupación carcelaria era de 280%; en 2016, fue del 305%; para 2018, subió al 372%; en junio de 2022 se situó en 363%, y para marzo de 2025, la ubicó en 339%. Aunque hay una leve reducción, los niveles siguen siendo críticos en un sistema que administra 21 cárceles a nivel nacional.

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A continuación, se presentan algunos de los hechos más relevantes que marcaron a los últimos cuatro gobiernos, aunque la crisis penitenciaria se arrastra desde hace décadas.

Otto Pérez Molina (2012-2015): el inicio de la reforma penitenciaria

Los antecedentes, para esta nota, se tomarán a partir del gobierno de Otto Pérez Molina, período en el que los motines fueron recurrentes debido al hacinamiento, abusos de autoridad y cobros ilegales dentro de los centros carcelarios.

En 2013 y 2014, la cárcel pública de Jutiapa fue escenario de amotinamientos en los que los privados de libertad denunciaron malos tratos, falta de atención médica y extorsiones internas.

Las crisis fueron contenidas mediante procesos de negociación, en los que las autoridades accedieron a algunas demandas.

En ese contexto, el Ministerio de Gobernación (Mauricio Bonilla) reconoció que el hacinamiento obligó a la Policía Nacional Civil (PNC) a custodiar cárceles, una señal temprana del debilitamiento institucional del Sistema Penitenciario, que daría paso a la Política Nacional de Reforma Penitenciaria.

Alejandro Maldonado Aguirre (2015-2016): 30 reos fallecidos en cuatro meses

El gobierno de Alejandro Maldonado Aguirre, entre septiembre de 2015 y enero de 2016, estuvo marcado por una escalada de violencia en los centros carcelarios, con motines letales y enfrentamientos entre grupos rivales. En menos de cuatro meses se registraron tres hechos de alto impacto, todos con saldo mortal.

El 30 de noviembre de 2015, un amotinamiento en la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, en Escuintla, dejó 16 privados de libertad fallecidos, tras una riña entre estructuras que se disputaban el control del centro penitenciario.

El 1 de enero de 2016, una nueva riña entre reclusos de dos sectores del Centro de Rehabilitación Penal de Puerto Barrios, Izabal, provocó la muerte de ocho reos, entre ellos dos decapitados y dos carbonizados, además de 24 personas heridas.

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Diez días después, el 11 de enero de 2016, dos motines organizados se registraron en los centros carcelarios de Chimaltenango, dejó seis privados de libertad muertos, y Fraijanes, confirmando la fragilidad del control estatal en los penales.

En conjunto, durante este período se reportaron 30 reos fallecidos. Los hechos no estuvieron asociados a exigencias formales al Estado, sino a disputas internas entre estructuras criminales. El control fue retomado mediante la intervención de la fuerza pública, sin procesos de negociación ni concesiones a los amotinados.

Jimmy Morales (2016-2020): masacres, motines y exigencias criminales

Durante el gobierno de Jimmy Morales, la crisis penitenciaria se profundizó con masacres, motines recurrentes y exigencias de privilegios, tanto en cárceles para adultos como en centros correccionales juveniles.

Uno de los episodios más grave ocurrió el 18 de julio de 2016, cuando una masacre en la Granja Penal Pavón dejó 13 personas muertas, entre ellas el capitán retirado Byron Lima Oliva, quien fue asesinado durante una pugna entre dos estructuras que buscaban controlar el penal.

Según declaraciones rendidas en juicio, el crimen fue planificado por Marvin Montiel Marín, alias “El Taquero”, quien habría pagado para ejecutar el asesinato. Ese día, 12 reos más fallecieron en el área conocida como La Sexta.

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En abril de 2018, un motín en la Granja Penal Canadá, en Escuintla, dejó inicialmente dos reos muertos (uno electrocutado al intentar escapar y otro por heridas de bala) y 12 heridos. Horas después, las autoridades confirmaron que el enfrentamiento armado entre reclusos dejó cinco fallecidos y 15 heridos, producto de una disputa de poder interna.

Ese mismo año, el 30 de septiembre de 2018, una riña en el área de aislamiento 1 de la cárcel Pavón, en Fraijanes, dejó al menos siete reos muertos.

El 23 de julio de 2018, 43 privados de libertad se amotinaron en el correccional Etapa 2, en San José Pinula, donde retuvieron a cuatro monitores y causaron destrozos. Seis jóvenes y los monitores resultaron heridos. Los amotinados exigían que se les entregara a nueve menores que habían abandonado las pandillas, con la intención de asesinarlos. Las autoridades rechazaron la exigencia.

En febrero de 2019, internos del Anexo Las Gaviotas, en la zona 13, intentaron amotinarse para exigir microondas, cafeteras, ingreso de encomiendas sin revisión y visitas íntimas. Las autoridades rechazaron las demandas y trasladaron a 27 internos adultos a la Torre de Tribunales. No se reportaron heridos ni fallecidos.

El 7 de mayo de 2019, un nuevo motín en Pavón dejó siete reos muertos y 19 heridos, con víctimas que presentaban heridas de bala, machete y rostros destrozados.

En total, durante el gobierno de Jimmy Morales se documentaron al menos siete hechos graves, con un saldo de más de 50 privados de libertad fallecidos. Las respuestas del Estado se centraron en uso de la fuerza, requisas y traslados.

Alejandro Giammattei (2020-2024): rehenes y control pandillero

Durante la administración de Alejandro Giammattei, la crisis penitenciaria no se redujo, pero cambió de forma. Los motines dejaron de ser masivos y sangrientos como en años anteriores, pero surgió un fenómeno particularmente grave: la toma de rehenes como mecanismo de presión directa contra el Estado.

En mayo de 2021, un episodio de extrema violencia se registró en la Granja Penal de Quetzaltenango, donde un motín dejó al menos siete reos decapitados, producto de un enfrentamiento entre pandillas rivales, lo que confirmó que las estructuras criminales seguían operando con fuerza dentro de los penales.

Otro de los hechos más significativos ocurrió el 11 de agosto de 2021, cuando privados de libertad del centro de máxima seguridad Canadá, conocido como El Infiernito, retuvieron a 17 guardias penitenciarios y al director del penal. Los reos exigían que cabecillas del Barrio 18, recientemente trasladados a otros centros, fueran devueltos. Tras varias horas de tensión y una mesa de diálogo, los rehenes fueron liberados, pero las exigencias no fueron aceptadas.

En abril de 2022, reclusas del penal de Santa Teresa, en la zona 18, protagonizaron una revuelta para denunciar abusos de guardias, requisas constantes y restricciones para salir de las celdas. Aunque no se reportaron muertos, el hecho evidenció tensiones persistentes.

El 22 de enero de 2023, se registró un nuevo motín en el Centro Preventivo para Varones de la zona 18, que terminó con la muerte de un privado de libertad. Según las autoridades, pandilleros del Barrio 18 lo sacaron por la fuerza luego de que el interno entregara voluntariamente un arma de fuego al personal penitenciario. El hecho volvió a evidenciar la circulación de armas dentro de los centros penitenciarios y las limitaciones del control estatal en estos recintos.

En total, durante el gobierno de Giammattei se documentaron al menos cuatro hechos graves, con un saldo de ocho privados de libertad fallecidos, además de guardias penitenciarios tomados como rehenes. La estrategia estatal se centró en traslados de cabecillas, requisas constantes y control policial, pero sin desarticular el poder de las pandillas dentro del sistema.

Una crisis estructural sin solución de fondo

Corinne Dedick, investigadora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), explicó a Prensa Libre en una entrevista pasada que el traslado de cabecillas no resuelve el problema. “Se traslada el conflicto de una cárcel a otra”, advirtió, al subrayar la necesidad de infraestructura adecuada, prisiones especializadas y control efectivo.

A esto se suma el déficit de personal: investigaciones periodísticas revelan que en 2021 había un guardia por cada 20 reclusos, además de agentes ocupando cargos administrativos sin el perfil correspondiente.

Una herencia que atraviesa gobiernos

Los motines registrados en enero del 2026 no fueron un hecho aislado, sino el capítulo más reciente de una crisis penitenciaria heredada, que se ha profundizado con el paso de los años.

Tras más de una década, el control de la violencia originada desde los centros carcelarios continúa siendo uno de los mayores desafíos de seguridad para Guatemala, de acuerdo con varios analistas.

Imágenes revelan que reos se movilizan sin control en cárcel Renovación 1, pese a operativos y estado de sitio

Thu, 22 Jan 2026 23:02:16 +0000

Justicia

Imágenes revelan que reos se movilizan sin control en cárcel Renovación 1, pese a operativos y estado de sitio

A cinco días del motín en la cárcel Renovación 1, imágenes recientes muestran a reos desplazándose sin control aparente, lo que pone en duda el dominio estatal dentro del penal.

La Redaccción

22 de enero de 2026

17:02h

Cinco días después del motín en la cárcel Renovación 1, en Escuintla, las escenas que se registran desde las afueras del penal contradicen la versión oficial sobre el restablecimiento del orden.

Pandilleros recluidos en ese centro fueron captados por Noticiero Guatevisión caminando libremente en los alrededores de una torre de vigilancia, sin custodia ni restricciones aparentes.

Los motines derivaron en una ola de violencia contra la Policía Nacional Civil (PNC), que ha dejado al menos diez agentes asesinados en distintos puntos del país. Las autoridades atribuyen estos ataques a represalias directas de la pandilla Barrio 18, cuyos cabecillas buscan presionar al Estado para recuperar control en las cárceles y frenar operativos en su contra.

Las imágenes muestran a los privados de libertad en áreas donde ocurrió la revuelta el pasado fin de semana, lo que refuerza la percepción de que las autoridades han perdido el control interno, pese a los operativos realizados tras los motines simultáneos en tres cárceles del país.

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Mientras la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército mantienen vigilancia en el perímetro externo, la situación dentro del penal genera preocupación y plantea dudas sobre la efectividad de la intervención estatal.

Prensa Libre consultó al Sistema Penitenciario y al Ministerio de Gobernación sobre las medidas adoptadas tras los hechos y las condiciones actuales dentro de Renovación 1, pero ninguna de las dos instituciones ha emitido respuesta.

El pasado 20 de enero, el presidente Bernardo Arévalo defendió en CNN en Español la actuación del Estado ante la crisis, al asegurar que los amotinamientos se resolvieron en menos de 24 horas y sin víctimas. Según el mandatario, esto demuestra que el Estado mantiene el control operativo.

No obstante, las escenas recientes contradicen esa afirmación. Arévalo ha atribuido los motines y ataques armados a una reacción de cabecillas pandilleros y redes criminales que buscan recuperar privilegios y espacios de poder dentro del sistema penitenciario.

Internos se desplazan sin restricciones en un sector de la cárcel Renovación 1, cinco días después del motín. (Foto Prensa Libre)

Director de la PNC propone que el Ejército refuerce el control interno en cárceles con pandilleros

Tue, 20 Jan 2026 03:00:07 +0000

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La PNC propuso que el Ejército intervenga en cárceles con presencia de pandilleros, ante la evidencia de que desde esos recintos se coordinan crímenes como extorsiones y asesinatos.

César Pérez Marroquín

19 de enero de 2026

21:00h

Agentes de la PNC resguardan el perímetro durante un motín en la cárcel Renovación 2. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

David Boteo, director general de la Policía Nacional Civil (PNC), propuso este lunes 19 de enero que el Ejército de Guatemala intervenga en las cárceles donde se encuentran recluidos miembros de pandillas, con el objetivo de mejorar el control interno y evitar que desde esos recintos se sigan coordinando crímenes como extorsiones, asesinatos y tráfico de armas.

“El trabajo de la Policía vale mucho, pero también hay otras instituciones que deben tener el mismo compromiso”, dijo Boteo, al señalar que, aunque la PNC mantiene presencia perimetral en los centros penitenciarios, no le corresponde el control interno de los mismos.

La sugerencia del director se da en un contexto de creciente violencia atribuida a estructuras criminales que, según las autoridades, operan desde el interior de las prisiones.

“No podemos seguir esperando que los pandilleros coordinen sus actividades criminales y las extorsiones desde las cárceles. Podemos tener 100 mil policías más en las calles, pero si la coordinación criminal sigue dentro de las mismas, las extorsiones van a ir subiendo”, advirtió el jefe policial.

Según Boteo, los reclusos disponen de teléfonos celulares, cuentas bancarias y redes de apoyo en el exterior para continuar con sus actividades delictivas. “Solo se necesita un teléfono, una cuenta bancaria y una persona que reciba los depósitos”, explicó.

Además, señaló que algunos privados de libertad han sido calificados como “no reinsertables” y deberían estar completamente aislados del resto de la población penitenciaria. Afirmó que muchos tienen en su historial múltiples asesinatos y forman parte de estructuras criminales que operan con altos niveles de violencia y financiación provenientes del narcotráfico, la trata de personas y otros delitos graves.

“La legislación actual no es proporcional al nivel de peligrosidad que representan estas estructuras. Se necesita una ley drástica y moderna que responda al contexto actual de criminalidad en Guatemala”, insistió.

Boteo también criticó que las cárceles hayan sido tratadas como “el patito feo” de los gobiernos anteriores, lo que ha permitido el fortalecimiento de los grupos delictivos desde su interior.

Durante su intervención, el director lamentó el reciente asesinato de nueve agentes policiales, atribuido a pandilleros del Barrio 18, y anunció que se ha reconcentrado al personal policial a escala nacional. Aseguró que se ejecutarán más allanamientos en coordinación con el Ministerio Público y el Ejército, en el marco del estado de sitio decretado por el presidente de la República.

Con información de Juan Pablo Garrido

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Cómo la Ley Antipandillas puede aplicarse luego de los motines en cárceles y los ataques a la PNC

Mon, 19 Jan 2026 01:31:54 +0000

Normativa

Cómo la Ley Antipandillas puede aplicarse luego de los motines en cárceles y los ataques a la PNC

En octubre del 2025 se aprobó en el Congreso la Ley Antipandillas. La norma cuenta con mecanismos para ser utilizados en hechos como los ocurridos el último fin de semana.

la Redacción

18 de enero de 2026

19:31h

La Ley Antipandillas otorga a estos grupos el tratamiento de organizaciones terroristas y establece que todos los procesos penales contra pandilleros deberán ser conocidos por juzgados de alto impacto. (Foto Prensa Libre: PNC)

Por consenso y mayoría, el Congreso de la República aprobó el decreto 11-2025, conocido como Ley Antipandillas, que tipifica como terroristas a los miembros de maras; también endurece las penas por delitos vinculados con estas estructuras criminales.

La normativa autoriza al Ministerio de Gobernación (Mingob) a utilizar hasta Q200 millones para la compra de equipo a países con los que Guatemala tiene convenios —no solo con Estados Unidos, como se planteó inicialmente—, con el fin de combatir a estos grupos.

El avance en la aprobación de esta ley ocurrió después de que el gobierno de Estados Unidos declarara terroristas a las pandillas, en una decisión que coincidió con la fuga de 20 pandilleros de la cárcel Fraijanes 2.

La Ley Antipandillas otorga a estos grupos el tratamiento de organizaciones terroristas y establece que todos los procesos penales contra pandilleros deberán ser conocidos por juzgados de alto impacto, debido a su peligrosidad y con el fin de garantizar la seguridad de jueces y fiscales.

Ley Antipandillas respalda acción inmediata

A continuación, el análisis del marco legal vigente con el Decreto 11-2025 tras los sucesos ocurridos entre el sábado 17 y domingo 18 de enero en Guatemala.

¿Qué herramientas legales contempla la nueva Ley Antipandillas que pueden ser utilizadas ante un amotinamiento y ataques coordinados por parte del Barrio 18?

La Ley Antipandillas, Decreto 11-2025, proporciona varias herramientas legales que el Estado puede aplicar en contextos como el descrito —es decir, amotinamientos prolongados en centros penitenciarios y ataques letales coordinados por estructuras criminales.

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Entre las más relevantes están:

Clasificación legal de maras y pandillas como estructuras terroristas:

El artículo 4 de la ley permite designar formalmente a grupos como el Barrio 18 como organizaciones terroristas. Esta clasificación habilita al Estado a aplicar mecanismos más severos y a restringir ciertas garantías procesales, en concordancia con la Constitución y tratados internacionales.

Restricciones especiales en cárceles:

El artículo 15 establece medidas de control penitenciario reforzado, incluyendo aislamiento estricto, suspensión de visitas, limitación de llamadas y uso de dispositivos electrónicos, así como el traslado inmediato a centros de alta seguridad si se detecta que los privados de libertad están dirigiendo ataques o coordinaciones externas.

Intervención forzosa con fines de recuperación del orden:

La ley permite al Ministerio de Gobernación, en coordinación con la autoridad penitenciaria y con aval judicial, intervenir centros carcelarios donde existan indicios de control interno por parte de pandillas. Este poder se refuerza aún más con la declaración de un estado de Sitio, que se regula por la Ley de Orden Público y el Ejecutivo decretó la tarde del domingo 18 de enero.

Suspensión de derechos específicos bajo estados de excepción:

Aunque esto está regulado por una ley distinta (Decreto 007-1965), la nueva Ley Antipandillas trabaja de forma complementaria, ya que los delitos cometidos por estructuras declaradas como terroristas no gozan de beneficios procesales ordinarios (como libertad condicional, redención de penas o medidas sustitutivas). Esto impide que los pandilleros capturados puedan salir fácilmente, incluso en fases previas del proceso penal.

Coordinación interinstitucional e internacional inmediata:

La ley también refuerza la obligación del Estado de activar protocolos interinstitucionales de seguridad e inteligencia, incluyendo apoyo de las fuerzas militares, la cooperación internacional y el congelamiento de bienes asociados a las estructuras criminales.

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¿El Estado puede actuar de inmediato contra los pandilleros involucrados sin necesidad de esperar procesos judiciales largos?

Sí. La Ley Antipandillas elimina ciertos beneficios y establece una actuación penal más expedita. En concreto:

Delitos como asesinato de agentes de seguridad, como los ocurridos en este domingo 18 de enero, amotinamientos armados, que también se registraron en el último fin de semana en tres cárceles y de manera simultánea, y terrorismo están tipificados como graves y de competencia de jueces de Mayor Riesgo, lo que permite la aplicación de medidas de coerción fuertes desde las primeras etapas del proceso.
El artículo 18 también permite acciones urgentes de inteligencia y operativas si hay evidencia de coordinación entre internos y estructuras externas, lo cual aplica directamente al caso de ataques sincronizados desde la cárcel y en las calles.

¿Puede el Estado suspender garantías constitucionales o limitar libertades a nivel nacional para retomar el control?

Sí, pero bajo ciertas condiciones legales.

El presidente puede y ya declaró un estado de Sitio conforme al artículo 139 de la Constitución y los artículos 19 a 24 de la Ley de Orden Público (Decreto 7-1965). Esta figura permite:
Restringir derechos de reunión, locomoción, portación de armas y manifestación.
Movilizar al Ejército para apoyar tareas de seguridad pública.
Intervenir comunicaciones y domicilios con orden judicial.
La Ley Antipandillas complementa esto al establecer que los delitos cometidos por estructuras terroristas no pueden beneficiarse de excusas absolutorias, y que toda acción estatal en este contexto tiene presunción de legitimidad si se enmarca dentro de lo regulado. Así lo explicó este domingo 18 de enero en conferencia de prensa el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.

¿Qué impacto tiene esta ley en los procesos judiciales futuros contra los responsables de los moties y ataques a la PNC?

La ley dispone que todo miembro de maras o pandillas que cometa delitos en el contexto de su pertenencia a dicha estructura enfrenta agravantes de manera automática.

Además:

La pertenencia a pandillas es un delito autónomo (artículo 12), con penas que pueden superar los 18 años de prisión, incluso sin necesidad de que se pruebe su participación directa en homicidios u otros crímenes.
Se presume peligrosidad en los procesos de prisión preventiva, por lo cual los jueces tienen base legal para negar medidas sustitutivas.
La reincidencia, liderazgo dentro de las pandillas o reclutamiento de menores agravan aún más las penas.

¿Qué limitaciones debe respetar el Estado para no incurrir en abusos durante la aplicación de esta ley?

Aunque la Ley Antipandillas permite un uso robusto del poder punitivo del Estado, debe respetarse el principio de legalidad, el debido proceso y los derechos humanos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales.

Toda detención, allanamiento o intervención debe estar avalada judicialmente, salvo en situaciones de flagrancia.

Las medidas en cárceles deben guardar proporcionalidad y condiciones mínimas de dignidad, conforme a la Ley del Régimen Penitenciario.

La clasificación de una estructura como terrorista no puede ser usada para perseguir a personas sin pruebas o con base en estigmatización, sino que debe seguirse un procedimiento administrativo y judicial riguroso.

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Sun, 18 Jan 2026 19:21:37 +0000

Justicia

Mingob reconoce que “no hay inteligencia suficiente” tras ataques a PNC por motines en cárceles

Autoridades brindaron detalles de los motines en cárceles y sobre los ataques contra agentes de la PNC este fin de semana.

Óscar García y Maybaall Saucedo

18 de enero de 2026

13:21h

El ministro de Gobernación , Marco Villeda, junto a otros funcionarios informa de los motines en cárceles. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación, y Henry Saenz, ministro de la Defensa, acompañados de autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC), ofrecieron este domingo 18 de enero una conferencia de prensa para informar sobre la situación tras los motines en las cárceles Renovación 1, Fraijanes 2 y el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, sector 11.

Villeda indicó que las fuerzas de seguridad civil, con apoyo del Ejército, retomaron el control de Renovación 1 y neutralizaron a los pandilleros que alteraban el orden. Añadió que se realiza un recuento de los daños en esa prisión tras el motín.

Expresó su satisfacción por la labor de las fuerzas de seguridad del Estado y del Ejército, ya que, según dijo, las operaciones se llevaron a cabo sin bajas y se logró rescatar con vida a los nueve guardias del Sistema Penitenciario que permanecían como rehenes.

El funcionario manifestó tener “sentimientos encontrados” y estar “dolido” por la muerte de siete agentes de la PNC, ocurrida este mismo día, durante ataques atribuidos a pandilleros en represalia por las acciones del Estado contra estos grupos criminales.

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Afirmó que no está dispuesto a pactar con pandilleros ni a devolverles privilegios o hacer concesiones. Lamentó el dolor que las pandillas han causado a la sociedad guatemalteca y a las familias de los agentes fallecidos. Indicó, además, que diez agentes resultaron heridos en los ataques.

Al ser cuestionado sobre posibles fallos en la inteligencia civil del Estado, respondió que esta provee información y escenarios anticipados, pero reconoció que “no hay inteligencia suficiente” para prever situaciones como las del fin de semana. Añadió que sabían que podría haber reacciones de parte de las pandillas, pero se mantendrán firmes en no ceder ni pactar con estos grupos.

Reiteró que no cederán “ni un centímetro” en la lucha contra las pandillas. Según él, las acciones de los grupos criminales refuerzan su convicción de que están en el camino correcto y aseguró que ganarán esta batalla. Enfatizó que no habrá tratos con pandillas y que se velará por hacer prevalecer el estado de derecho y desarticular a estas estructuras.

Indicó que, como resultado de los ataques, se reporta la captura de siete pandilleros implicados en atentados o que intentaban perpetrarlos, además de uno que fue abatido. También se decomisaron dos fusiles, dos vehículos y un mototaxi utilizados por los atacantes.

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Afirmó que, aunque estos ataques los golpean, no los intimidarán.

Continúa motín en una cárcel

Villeda informó que había rehenes en el sector 11 del Preventivo para Hombres de la zona 18, pero fue retomado el control. En la cárcel de Fraijanes 2 sigue tensa la situación y se mantiene un diálogo para lograr la liberación de rehenes.

Advirtió que el Estado llegará hasta las últimas consecuencias en esta lucha, y sostuvo que durante mucho tiempo se pospuso la acción contra las maras por temor a represalias. Aseguró que se está pagando “con sangre” por enfrentar a estos grupos “terroristas”, y que lo hacen con el carácter y la legitimidad que les otorga la ley.

Enfatizó que el Estado “no se va a arrodillar ante estos delincuentes” y que el combate será frontal. Añadió que sostuvo una conversación con el presidente Bernardo Arévalo, en la que acordaron iniciar operaciones junto al Ministerio de la Defensa para resguardar los centros urbanos y proteger a la población.

Por su parte, el ministro Saenz indicó que actualmente las autoridades de Gobernación hacen cumplir el protocolo establecido, y aseguró que el Ejército respalda al 100% al Ministerio de Gobernación.

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Motines coordinados evidencian sincronización entre grupos de pandillas; analistas advierten de riesgos de más fugas

Sun, 18 Jan 2026 13:00:00 +0000

análisis

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Motines coordinados evidencian sincronización entre grupos de pandillas; analistas advierten de riesgos de más fugas

En En un proceso sistémico y coordinado, se registró un motín en tres reclusorios del país como medida de presión para exigir el traslado de líderes de pandillas.

la Redacción

18 de enero de 2026

07:00h

La primera revuelta del año en los centros carcelarios ocurrió el sábado 17 de enero en horas de la madrugada, cuando un grupo de privados de libertad protagonizó motines simultáneos en tres cárceles.

La primera revuelta del año en los centros carcelarios ocurrió ayer en horas de la madrugada, cuando un grupo de privados de libertad protagonizó motines simultáneos en tres cárceles, con el objetivo de presionar a las autoridades del Ministerio de Gobernación (Mingob) y del Sistema Penitenciario (SP) para el traslado de los principales cabecillas a otros centros de reclusión.

El movimiento comenzó en la cárcel de máxima seguridad Renovación 1, en Escuintla; posteriormente se extendió al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, sector 11, y al reclusorio Fraijanes 2.

En Renovación 1 permanecen miembros líderes de las pandillas Mara Salvatrucha (MS) y Barrio 18, así como población no pandillera —conocida como “paisas”—, considerada de alto perfil de peligrosidad.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, aseguró en conferencia de prensa que los motines tienen como finalidad poner a prueba la autoridad del Estado dentro de los centros penitenciarios, y reiteró que una de las principales políticas de su gestión es retomar el control de las cárceles y eliminar los privilegios.

“Se han desarticulado centros de llamadas dentro de las cárceles, que eran el origen de muchas extorsiones”, enfatizó el funcionario.

La forma coordinada en que se desarrollaron los motines, así como el incendio en áreas administrativas y los daños causados a la infraestructura en Renovación 1, también es interpretada por diversos analistas como un “mensaje político y de seguridad”, dirigido directamente a las autoridades.

Planificado desde meses atrás

De acuerdo con fuentes cercanas y con conocimiento de lo acontecido, la planificación de un motín simultáneo en cárceles se venía gestando desde hace varios meses, y en al menos dos ocasiones anteriores las autoridades lograron neutralizar los movimientos.

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El ministro Villeda explicó en conferencia de prensa que el objetivo principal del motín coordinado es presionar para el traslado del líder del Barrio 18, Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias “el Lobo”, a otro centro carcelario. Asimismo, se ha establecido que Jorge Jair de León Hernández, alias “El Diabólico”, señalado como líder de la Mara Salvatrucha (MS-13) en Guatemala, también busca un cambio de prisión.

Según las investigaciones, ambos líderes han perdido el control de sus clicas —grupos que operaban bajo sus órdenes—, así como su cuota de poder interno, lo que habría provocado conflictos dentro de las estructuras criminales y la necesidad de recuperar territorios.

Al no contar con privilegios ni control interno dentro de los centros penitenciarios, se habría producido una sincronización de acciones, en la que participaron privados de libertad conocidos como “paisas”, así como supuestos familiares de reclusos, quienes bloquearon el paso de vehículos para impedir el ingreso de fuerzas de seguridad a la cárcel Renovación 1 cuando inició la revuelta.

Las autoridades también investigan la posible financiación de pandilleros a grupos de paisas para ejecutar los motines.

Una de las principales alertas de seguridad emitidas ayer es la eventual conformación de una alianza entre el Barrio 18, la MS-13 y grupos de paisas, dirigida contra el Mingob y el SP, lo que podría derivar en una escalada de acciones violentas.

Renovación 1 no fue diseñada para reclusos de alta peligrosidad

Para Corinne Dedik, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) y experta en temas del SP, los hechos evidencian que se intentó crear un centro carcelario con mayor control para personas vinculadas a pandillas y al crimen organizado, debido a que se sabe que desde prisión continúan delinquiendo y planificando delitos.

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Sin embargo, Dedik señaló que uno de los principales problemas es la falta de nueva infraestructura penitenciaria. En el caso de Renovación 1, agregó, se optó por remozar y remodelar un centro ya existente, en lugar de construir uno nuevo.

“Se trata de un centro antiguo que no cuenta con la arquitectura necesaria para ejercer un control efectivo sobre privados de libertad de alta peligrosidad”, indicó.

Según la analista, estos perfiles corresponden a reclusos que no se adaptan al régimen penitenciario, continúan delinquiendo y, por ello, deberían estar recluidos en celdas individuales.

“El objetivo principal del motín coordinado es presionar para el traslado del líder del Barrio 18, Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias “el Lobo”, a otro centro carcelario”

Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación

“Cuando permanecen en grupos, siempre pueden ponerse de acuerdo, unir fuerzas y resulta muy difícil controlarlos. En cambio, cuando están recluidos de manera individual, se reduce la capacidad de organización y de acción colectiva”, remarcó.

Agregó que un factor primordial que deja una lección —y no es la primera vez— es que, si se quiere contar con una cárcel de máxima seguridad, se necesita una infraestructura adecuada, moderna y segura, acorde con los estándares que exige un centro de esta naturaleza.

Motines evidencian coordinación e intercambio de información

Kevin López, consultor de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), afirmó que el carácter simultáneo de los motines evidencia una clara coordinación entre los centros penitenciarios, lo que implica un intercambio de información entre los reclusos que permitió la ejecución de estas acciones.

El analista explicó que, a partir de las posturas asumidas por algunos pandilleros dentro de los penales, se identifican dos situaciones principales. La primera es el malestar de ciertos líderes y miembros de organizaciones criminales que han sido trasladados a prisiones con condiciones más restrictivas, lo cual resulta incómodo para estas estructuras.

“Ese escenario genera descontento y una de las principales peticiones es que se les retorne a centros donde tenían mayores accesibilidades”, señaló.

La segunda situación, agregó López, es que durante el desarrollo de los motines se han mencionado posibles acciones que podrían derivar en intentos de fuga de otros privados de libertad en distintos centros penitenciarios, lo que incrementa el riesgo en materia de seguridad.

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“¿Cuál debería ser la respuesta de las autoridades? En primer lugar, se debe priorizar el control integral del sistema penitenciario, no únicamente en los centros de máxima seguridad”, añadió. En el caso de Renovación 1, afirmó, si bien se han impulsado acciones para reforzar el control después de su remodelación, también es necesario anticipar y atender las circunstancias que se presentan en otros centros de privación de libertad, para evitar que situaciones similares se repliquen.

Señala objetivos políticos

Los movimientos registrados en los centros carcelarios también reflejan una lectura política de los hechos.

El politólogo independiente Douglas González señaló que un evento coordinado de caos y desorden dentro del sistema penitenciario permite suponer la existencia de “objetivos políticos claros”. En primer lugar, destacó que los motines coinciden con la visita de una misión de congresistas de Estados Unidos a Guatemala, cuyo propósito es evaluar temas de seguridad y gobernabilidad.

“Cuando permanecen en grupos, siempre pueden ponerse de acuerdo, unir fuerzas y resulta muy difícil controlarlos. En cambio, cuando están recluidos de manera individual, se reduce la capacidad de organización y de acción colectiva”

Corinne Dedik, analista del Cien

En segundo término, González advirtió que estas acciones podrían buscar un desgaste anticipado del ministro de Gobernación, con el objetivo de debilitar su perfil público, especialmente considerando que podría postularse al cargo de fiscal general.

Finalmente, el analista señaló que los hechos también muestran un alineamiento con el discurso golpista de sectores que, desde los resultados electorales, han intentado impedir o deslegitimar la toma de posesión del actual Gobierno.

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“La respuesta de las autoridades debe ser contundente, sin margen para negociaciones, y orientada a ampliar las restricciones para los privados de libertad que participaron en estos hechos. Está claro que la principal exigencia de estos grupos es obtener mayores libertades para continuar ejerciendo violencia y extorsiones desde las cárceles”, comentó.

Asimismo, que debe reconocerse que el SP fue “cedido”, de manera errónea, al control de los propios reclusos desde hace décadas. “El modelo impuesto durante la influencia de Byron Lima aún persiste, y como resultado, los centros carcelarios se han transformado en verdaderas universidades del crimen, donde se fortalecen y reproducen las estructuras criminales”, indicó el politólogo.

Reingeniería total del SP

Para el analista político José Carlos Ortega Santa Cruz, no existe ninguna duda de que los grupos delincuenciales mantienen comunicación entre sí y que, aun sin conocerse con precisión sus demandas o exigencias, actúan con un propósito común. Este va desde desestabilizar las medidas de orden que se estén implementando en el sistema penitenciario hasta recuperar privilegios.

“El Sistema Penitenciario está en una situación crítica, de las peores del país, y requiere una reingeniería profunda, que incluya reformas legales, nueva infraestructura y políticas de control más estrictas, aplicadas de manera simultánea en todos los centros”, afirmó.

Ortega Santa Cruz señaló que la respuesta de las autoridades debe depender del nivel de riesgo que representen los motines para guardias, visitas y otros privados de libertad. En casos de motines violentos, subrayó, las fuerzas del orden deben actuar de inmediato, aunque insistió en que, de forma paralela, se debe fortalecer el sistema de control penitenciario.

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“El país no puede seguir con un sistema penitenciario en el que los reos mantengan el control interno. El contacto con las visitas debe reducirse mediante la perfilación de los privados de libertad, visitas a través de mamparas de vidrio y, en algunos casos, la prohibición total de visitas”, concluyó.

Mensaje “de poder” del crimen organizado

El analista político Renzo Rosal consideró que los hechos registrados en dichas cárceles constituyen una manifestación de poder, una forma de demostrar, una vez más, “quién ejerce el control real” del SP. Señaló que estos acontecimientos se producen pocos días después del segundo aniversario del Gobierno del presidente Bernardo Arévalo, lo que representa un mensaje concreto: “Así iniciamos el tercer año”.

Bajo ese contexto, Rosal afirmó que resulta evidente que las estructuras del crimen organizado, que han mantenido el control del SP, envían mensajes. “El primero, que tienen el dominio de las cárceles; el segundo, que pueden poner en jaque al país y bloquear acciones futuras, lo que constituye un mensaje desafiante al Estado”, precisó.

Esta postura, añadió, confirma que existe una fase de planificación previa detrás de los hechos.

El analista recordó que la fuga registrada en octubre del 2025 fue un preámbulo de lo que podría manifestarse en adelante, dejando en evidencia que el control de estas estructuras trasciende los muros de las cárceles. Asimismo, advirtió que cualquier situación de este tipo puede generar temor en la ciudadanía y provocar un “efecto dominó rápido”, agravando la percepción y la realidad de la inseguridad.

En cuanto a la respuesta estatal, Rosal sostuvo que las autoridades deben actuar de manera más contundente, firme y dominante, para recuperar el control de la situación.

Finalmente, subrayó que el Gobierno debería aprovechar la relación positiva con Estados Unidos y solicitar apoyo internacional para enfrentar la crisis penitenciaria y de seguridad.

Autoridades hallan “call center criminal” en Pavón; incautan teléfonos y armamento durante requisa

Wed, 10 Dec 2025 01:07:12 +0000

Justicia

Autoridades hallan “call center criminal” en Pavón; incautan teléfonos y armamento durante requisa

Autoridades penitenciarias incautaron armas, una granada y decenas de teléfonos celulares durante una requisa en Pavón, tras una balacera entre reos que dejó dos heridos.

César Pérez Marroquín

9 de diciembre de 2025

19:07h

Bomberos Voluntarios trasladan a un privado de libertad herido de bala desde la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, en Fraijanes. (Foto Prensa Libre: CVB)

Tras el incidente armado que dejó heridos a dos privados de libertad lunes pasado en el sector denominado Resguardo Módulo de la Granja de Rehabilitación Pavón, autoridades penitenciarias realizaron una requisa a fondo en esa área del penal, ubicada en el complejo carcelario de Fraijanes.

Durante el operativo, efectuado por agentes de la Guardia Penitenciaria y de la Fuerza Élite del Sistema Penitenciario, se incautaron 31 teléfonos celulares, dos armas de fuego y una granada.

Según informó Jorge López Dellachiessa, director general del Sistema Penitenciario, los dispositivos eran utilizados por estructuras criminales para extorsionar y ordenar ataques desde el interior del penal.

“La incautación representa un golpe a las estructuras que operaban desde la granja como si se tratara de un call center criminal”, indicó López Dellachiessa.

La requisa fue motivada por el ataque con arma de fuego ocurrido entre dos reclusos, cuyo estado de salud no fue detallado por las autoridades. Tras el hecho, se reforzó la seguridad en el sector y se activaron protocolos de control interno.

Además, con base en información de inteligencia penitenciaria, se realizó un operativo sorpresa en el Centro de Detención para Hombres y Mujeres de la zona 1, conocido como Cuartel General Matamoros. En el área de mujeres se localizaron cuatro teléfonos celulares.

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¿En que consisten las Reglas Nelson Mandela que se aplican en las cárceles del país?

Sun, 07 Sep 2025 00:00:00 +0000

Guatemala

¿En que consisten las Reglas Nelson Mandela que se aplican en las cárceles del país?

Aunque se hacen los “esfuerzos mínimos”, la falta de infraestructura y el hacinamiento en las cárceles dificultan la aplicación de dichas normas bajo supervisión de la ONU, señaló un exdirector del Sistema Penitenciario.

José Manuel Patzán

6 de septiembre de 2025

18:00h

Autoridades del Mingob aseguran que en las cárceles de Guatemala se aplican las normas Nelson Mandela.(Foto Prensa Libre: EFE )

Guatemala cuenta con 22 cárceles administradas por la Dirección General del Sistema Penitenciario. La más reciente en ser habilitada es Renovación 1, en Escuintla, donde, a pesar de ser un centro de máxima seguridad, se aplican las Reglas Nelson Mandela, reconocidas por la Organización de Naciones Unidas (ONU), según el Ministerio de Gobernación.

Desde septiembre del 2024, para evitar que los privados de libertad de alta peligrosidad se fuguen al ser trasladados a centros carcelarios, juzgados u hospitales para chequeos médicos, el Ministerio de Gobernación autorizó el uso de grilletes en muñecas y tobillos, unidos por cadenas. Esta medida no se aplica a todos los reclusos, sino únicamente en los casos en que el juez lo autorice, y deben cumplirse las Reglas Nelson Mandela, indicaron autoridades de dicha cartera.

Dichas reglas consisten en 122 garantías mínimas internacionales, reconocidas por la Organización de Naciones Unidas (ONU), para respetar los derechos humanos y la dignidad de los reclusos, así como para garantizar su permanencia bajo custodia y la seguridad de la población.

Las normas Nelson Mandela fueron adoptadas por la Asamblea General de la ONU el 17 de diciembre del 2015, tras un largo proceso de revisión iniciado en el 2011. Reciben ese nombre en honor a Nelson Mandela, quien pasó 27 años en prisión y promovió siempre un trato humano para los reclusos. Estas reglas buscan establecer estándares mínimos universales para la gestión penitenciaria y el trato digno a los presos.

El principio central de estas normas es que todos los prisioneros deben ser tratados con respeto a su dignidad como seres humanos, y prohíben categóricamente la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, sin excepciones posibles.

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Asimismo, según información de la ONU, los reclusos deben recibir un trato imparcial, sin discriminación alguna por raza, religión, sexo, opinión política, origen social u otras condiciones.

Se establecen normas claras sobre condiciones de vida, higiene, alimentación, salud y disciplina. Se prohíbe el confinamiento solitario prolongado —más de 15 días— o indefinido, así como los castigos colectivos, la restricción extrema de luz, agua o comida, y el uso de castigos corporales.

En materia de salud, los profesionales sanitarios deben mantener los mismos estándares éticos que en el ámbito civil, y tienen prohibido participar en experimentos o tratos degradantes.

Las reglas subrayan que la prisión no debe agravar el sufrimiento inherente a la privación de libertad, y que las penas deben orientarse a la reinserción social. Los reclusos deben tener acceso a diversas actividades: educación, trabajo, deportes, atención moral o espiritual, según sus necesidades individuales.

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También tienen derecho a mantener contacto con el mundo exterior, tanto en el ámbito legal —consultas con defensores, acceso a traductores, comunicación consular en el caso de extranjeros— como con familiares o mediante la lectura de noticias.

Hacinamiento es una dificultad para cumplir con reglas

“El único lugar donde se cumplen estrictamente las Reglas Mandela son los países nórdicos”, señaló el ex director de presidios, Eddy Morales, al referirse a naciones como Suecia, Finlandia y Noruega. En contraste, reconoció que en Guatemala “se hace lo humanamente posible”, pero la realidad es que la saturación de las cárceles —que alcanza un 350% por encima de su capacidad— imposibilita cumplir a cabalidad con los estándares internacionales.

Entre los aspectos que no se cumplen, mencionó la dignidad humana, debido al hacinamiento que obliga a los reos a dormir por turnos; la persistencia de actos de tortura o tratos crueles, ejercidos en muchos casos entre los mismos privados de libertad; y la falta de programas sólidos de reinserción social. También señaló la carencia de proyectos sostenibles de trabajo y educación, lo que dificulta que los internos se preparen para una vida productiva tras recuperar su libertad.

Otro punto crítico, según Morales, es la atención a los grupos vulnerables, como ancianos, personas con VIH, mujeres embarazadas, internos LGBTIQ+ y madres con hijos en prisión. A pesar de que existen disposiciones específicas, las condiciones reales no garantizan el cumplimiento de estas reglas. La salud penitenciaria es otro de los grandes desafíos, ya que, en algunos casos, un médico debe cubrir hasta tres o cuatro cárceles, cuando debería haber uno por cada centro.

El entrevistado enfatizó que aunque Guatemala carece de los recursos y de la infraestructura necesarios para aplicar de forma íntegra las Reglas Nelson Mandela, su existencia representa una guía indispensable para orientar las reformas del sistema penitenciario.

Entre los reos de alta peligrosidad que permanecen en la cárcel Renovación 1 figuran Aldo Duppie Ochoa Mejía, alias El Lobo, y Jorge Jair de León Hernández, alias El Diabólico, cabecillas del Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha, respectivamente. En días recientes se registraron motines en distintas cárceles, protagonizados por internos que exigen el retorno de estos cabecillas a los centros donde cumplían sus condenas.

¿Qué establecen las Reglas Nelson Mandela?

Las Reglas Nelson Mandela son 122 disposiciones mínimas para garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Entre los principios fundamentales figuran:

Dignidad y trato humano: Prohíben la tortura y cualquier trato cruel, inhumano o degradante (Regla 1).
Igualdad ante la ley: Garantizan un trato imparcial, sin discriminación por ningún motivo (Regla 2).
Condiciones básicas: Aseguran un alojamiento digno, higiene adecuada y alimentación suficiente.
Rehabilitación e integración: Se establece el acceso a programas educativos, laborales, deportivos y atención individualizada (Reglas 4 y 5).
Atención médica ética: La atención en salud debe cumplir los estándares civiles. Se prohíbe cualquier forma de experimentación médica sin consentimiento (Regla 32).
Confinamiento y castigos: Se prohíben el aislamiento prolongado o indefinido, los castigos colectivos y las privaciones extremas (Regla 43).
Defensa y sanciones disciplinarias: Cualquier castigo debe ser proporcional, justificado, documentado y permitir derecho de defensa previa (Regla 41).
Comunicación garantizada: Los reclusos tienen derecho a comunicarse de forma confidencial con asesores legales, familiares y representantes consulares (Reglas 61 y 62).
Supervisión y registros: Se exige un manejo ordenado de archivos personales, historial médico, inspecciones y registros (Reglas 6 y 7)
Visitas regulares y comunicación: los reos deben poder recibir visitas de familiares y mantener correspondencia con el exterior (Reglas 58-63).
Derecho a la información: acceso a noticias y medios de comunicación para estar al tanto de lo que ocurre fuera de prisión (Regla 63).
Práctica religiosa o espiritual: libertad para ejercer cultos o creencias dentro del penal, con apoyo de ministros religiosos (Reglas 65-66).
Protección contra registros abusivos: los cacheos y revisiones deben hacerse respetando la dignidad del preso y no de forma humillante (Regla 51).
Atención a grupos vulnerables: reglas específicas para mujeres, personas con discapacidad, extranjeros y jóvenes (Regla 2).
Acceso a trabajo remunerado: los internos deben realizar labores que no sean explotadoras y recibir pago por ellas (Reglas 96-103).
Preparación para la reinserción: programas de capacitación laboral, educación y asistencia al salir de prisión (Reglas 4 y 107).
Prohibición del uso de cadenas, grilletes o instrumentos de coerción dolorosos (Regla 47).
Supervisión externa: organismos independientes pueden visitar y auditar cárceles sin restricciones para verificar condiciones (Regla 83).
Acceso a defensa y justicia: todo preso debe poder impugnar sanciones disciplinarias o presentar quejas ante autoridades imparciales (Reglas 56 y 57).

Quedan ligados a proceso penal 34 reos por incidentes en correccional de la zona 13

Fri, 29 Aug 2025 17:46:31 +0000

Justicia

Quedan ligados a proceso penal 34 reos por incidentes en correccional de la zona 13

Jueza resuelve que sean investigados 34 presuntos pandilleros señalados de incidentes en correccional de la zona 13.

Óscar García y Elmer Vargas

29 de agosto de 2025

11:46h

Señalados de motín en correccional de la zona 13 comparecen por medio de videoconferencia a audiencia de primera declaración. (Foto Prensa Libre: José Sánchez)

La juez de turno Carol Patricia Flores resolvió, en audiencia este viernes 29 de agosto, ligar a proceso penal por plagio o secuestro a los 34 privados de libertad que el pasado 25 se amotinaron en el Centro Especializado de Reinserción, en la zona 13.

Además, la juzgadora dictó falta de mérito por el delito de motín de presos.

En lo resuelto, se otorgó un plazo de tres meses al Ministerio Público para ampliar la investigación por los incidentes, en los que tres personas estuvieron retenidas durante unas 12 horas y el control del correccional fue retomado por la Policía Nacional Civil tras orden judicial.

Por videoconferencia comparecieron a la audiencia de primera declaración los 34 presuntos integrantes de Mara Salvatrucha.

EN ESTE MOMENTO

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Los incidentes se registraron el 25 de agosto. En esa ocasión, la Secretaría de Bienestar Social informó que los involucrados en el motín en el centro correccional de la zona 13 son adultos, presuntos miembros de la Mara Salvatrucha.

La inconformidad de los reos comenzó el 31 de julio recién pasado, cuando 10 cabecillas del Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha fueron trasladados a la cárcel Renovación 1, en Escuintla.

En las cárceles de El Boquerón, en Santa Rosa; en Pavoncito, Fraijanes, y en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18 también ha habido motines en rechazo al traslado de los cabecillas.

Los motines ya han dejado guardias del Sistema Penitenciario heridos y fallecidos.

Para leer más: María Marta Castañeda Torres: antecedentes, su relación con “el Lobo” y su confesión por la muerte de Byron Lima

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PNC obedece orden de juezas y libera a tres personas que eran rehenes de pandilleros de la MS en Las Gaviotas

Mon, 25 Aug 2025 23:37:00 +0000

Guatemala

PNC obedece orden de juezas y libera a tres personas que eran rehenes de pandilleros de la MS en Las Gaviotas

Tres personas eran rehenes de pandilleros de la mara Salvatrucha recluidos en el Centro Especializado de Reinserción, conocido como Las Gaviotas, en la zona 13.

Rubén Lacán y Elmer Vargas

25 de agosto de 2025

17:37h

Agentes de la PNC resguardan el perímetro del Centro Especializado de Reinserción, zona 13. La PNC informó que retomaron el control del recinto. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)

La resolución de las juezas Verónica Galicia y Shanne Ralda ordenó a la Policía Nacional Civil (PNC) intervenir en el Centro Especializado de Reinserción (CER-1) de la zona 13, donde se encontraban retenidos tres empleados que repartían comida a los reos identificados como miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13).

Los privados de libertad de la correccional exigían al Ministerio de Gobernación que Jorge Yahir de León Hernández, alias el Diabólico, cabecilla de la MS, fuera trasladado de la cárcel de máxima seguridad Renovación 1 a Pavoncito y recuperara privilegios dentro del penal.

Luego de seis horas de haber iniciado el motín, las juezas enviaron un oficio a la Dirección General de la PNC en el que indicaban que debía intervenir en el centro “a efecto de resguardar la vida e integridad física de los rehenes y de los adolescentes amotinados, así como de la población en general de dicho centro”.

El documento establecía que la Policía tenía un plazo de tres horas para actuar y, posteriormente, informar al juzgado sobre el cumplimiento de la orden.

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Marvin Rabanales, titular de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), informó que los rehenes fueron trasladados a un centro asistencial luego de haber sido liberados.

Agregó que no hubo fallecidos durante el operativo a cargo de la Policía. Según autoridades de la PNC, se utilizaron armas no letales contra los reclusos, todos mayores de edad.

Los Bomberos Municipales informaron que trasladaron a los tres trabajadores rescatados y a un reo, debido a que presentaban golpes en distintas partes del cuerpo.

El subcomisario Girón, de la PNC, indicó a Prensa Libre que los privados de libertad les comenzaron a disparar. El Ministerio Público localizó un arma de fuego en el interior de la correccional.

“Fue una actividad muy complicada para la PNC, pero, usando la fuerza de una manera controlada, se restableció el orden de manera pacífica… Nos dispararon, se escucharon varios disparos”, declaró el oficial de la policía

Francisco Jiménez, ministro de Gobernación, dijo que 34 pandilleros tenían secuestrados a tres cocineros en el centro conocido como “Gaviotas”.

“Querían negociar que sus líderes salieran de Renovación 1 pero nosotros no negociamos con criminales. Gran trabajo del Comando Antisecuestros y Fuerzas Especiales de la PNC”, escribió en su cuenta de X.

Privados de libertad del Centro Especializado de Reinserción, zona 13, permanecen tirados en el suelo, en ropa interior, tras ser reducidos por las fuerzas de seguridad. (Foto Prensa Libre: Ministerio de Goberanción)

¿Quiénes son los cabecillas la MS recluidos en Renovación 1?

El Ministerio de Gobernación informó el 31 de julio sobre el traslado de cabecillas de las maras Barrio 18 y Salvatrucha.

“Diez criminales de altísima peligrosidad, intocables por gobiernos anteriores, ahora están bajo aislamiento absoluto, con vigilancia total las 24 horas del día. Sin acceso. Sin privilegios. Sin capacidad para dirigir ni coordinar absolutamente nada”, dijo ese día Francisco Jiménez, ministro de Gobernación.

Mara Salvatrucha:

Ese grupo es dirigido por Jorge Yahir de León Hernández, quien cumple una condena de 168 años por haber ordenado la muerte de cuatro personas que fueron decapitadas. Los restos fueron abandonados frente al Congreso de la República; frente al centro comercial Tikal Futura; en la colonia Lavarreda, zona 18, y en la colonia La Paz, zona 4 de Villa Nueva. Además, la MS es una de las estructuras criminales designadas como terroristas por Estados Unidos en febrero del 2025.

Jorge Yahir de León Hernández, alias el Diabólico
Amílcar Galileo Torres Rosales, alias el Garrobo
Nixon Bantes González, alias el Flaco
Ronal Bosbeli Choc Alemán, alias el Sexy Boy
Ángel Gabriel Reyes Marroquín, alias el White

Pandilleros recluidos en las cárceles de Fraijanes 2, Preventivo para Varones de la zona 18, El Boquerón y Pavoncito han tomado como rehenes a guardias del Sistema Penitenciario para presionar al Ministerio de Gobernación a que traslade a los máximos cabecillas de ambas pandillas a otro penal donde conserven privilegios.

Barrio 18:

Dirige esa pandilla Aldo Dupie Ochoa Mejía, de 40 años, quien cumple más de mil años de condena por los delitos de asesinato, robo, asociaciones ilícitas, robo agravado y asesinato en grado de tentativa.

Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias el Lobo
Wilder Rodríguez Aguilar, alias el Pato
Mayro De León Hernández, alias Viejo Zacapa
Jarvin Leonel Itzoy Cruz, alias el Crazy
Manuel de Jesús Rivas Granados, alias El Drimer

Sistema Penitenciario confirma denuncias en contra reos que causaron motines y toma de rehenes en cárceles

Sun, 24 Aug 2025 21:39:30 +0000

Guatemala

Sistema Penitenciario confirma denuncias en contra reos que causaron motines y toma de rehenes en cárceles

El clima de tensión en las cárceles se mantiene: durante agosto se han registrado motines y tomas de rehenes vinculados con la medida gubernamental de aislar a los cabecillas de pandillas en la prisión de máxima seguridad.

Carlos Gómez

24 de agosto de 2025

15:39h

Durante la madrugada del 23 de agosto se logro la liberación de trece personas que permanecían como rehenes en la cárcel de "El Boquerón" en Santa Rosa, según confirmo el Sistema Penitenciario. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

La Dirección General del Sistema Penitenciario (SP) confirmó que, a través de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos, interpuso las denuncias penales correspondientes contra los responsables de los motines y la toma de rehenes ocurridos el viernes 22 de agosto en el Centro de Detención Preventiva para Hombres en Fraijanes y en el Centro de Detención Preventiva conocido como la cárcel de “El Boquerón”, en Cuilapa, Santa Rosa.

Según un comunicado de prensa del SP, los principales causantes fueron identificados como integrantes de la mara Salvatrucha, por lo que se promovieron las acciones penales contra los reclusos de esa estructura, señalados como responsables de los hechos.

En cuanto a la liberación de los rehenes, el Sistema Penitenciario indicó que se logró gracias a la coordinación y a las acciones emprendidas por el Grupo Élite y las unidades operativas de la entidad, con apoyo del Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil (PNC), lo que permitió la liberación segura y sin incidentes de las personas retenidas.

#ConunicadoOficial #SPenAcción pic.twitter.com/Icqu576LyO
— Sistema Penitenciario de Guatemala (@_SPGuatemala) August 24, 2025

Requisas posteriores

El SP también confirmó que, después de la liberación de los rehenes, se efectuaron requisas en los centros carcelarios donde se originaron los disturbios.

Como resultado, se incautaron cinco armas de fuego, así como varias tolvas y municiones utilizadas por los reos para amenazar a los retenidos.
Asimismo, se informó que los cabecillas de la mara Salvatrucha permanecen en aislamiento en la cárcel de máxima seguridad Renovación I, bajo vigilancia y control estricto, sin privilegios. Por ello, las acciones emprendidas por los integrantes de esa estructura el 22 de agosto no tuvieron ningún efecto.

Durante los hechos de esa fecha fueron retenidas 13 personas, entre ellas civiles y guardias del Sistema Penitenciario, quienes, tras ser liberados, fueron resguardados por las fuerzas de seguridad.

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No cederán a presiones

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, escribió en su cuenta de X que los rehenes fueron liberados durante la madrugada del 23 de agosto y aseguró que la cartera no cedió a las peticiones de los reclusos.

“Los rehenes fueron liberados esta madrugada. El Estado no cedió ante estos criminales”, aseguró.

En la misma publicación compartió un mensaje emitido horas antes, en el que calificó las acciones de los reclusos en Fraijanes y El Boquerón como “secuestros”, que “son intentos desesperados de pandilleros que buscan llamar la atención y presionar al Estado para recuperar a sus líderes recluidos en Renovación 1”.

También afirmó que tanto el Sistema Penitenciario como la Policía Nacional Civil actúan conforme a los protocolos establecidos, pues su prioridad es proteger la vida de los rehenes y restablecer el orden.

Por último, indicó que “los líderes de las pandillas no se van a trasladar, permanecerán en Renovación 1 y seguirán sin ninguna capacidad de dirigir sus estructuras criminales”.

Los rehenes fueron liberados esta madrugada. El Estado no cedió ante estos criminales. #ComandoAntisecuestros @PNCdeGuatemala
Ministerio de #GobernAcción https://t.co/UvtcTrkV66
— Francisco Jiménez (@FJimenezmingob) August 23, 2025

Recuento de motines en cárceles

Luego del traslado de los cabecillas del Barrio 18 y Salvatrucha a la cárcel de Renovación I, en Escuintla, el 31 de julio, los integrantes de estas pandillas presos iniciaron motines en diferentes cárceles como medida de presión para que las autoridades devolvieran a sus líderes a los penales desde donde, según investigaciones, ordenaban la comisión de varios delitos.

El 12 de agosto, 14 guardias del Sistema Penitenciario fueron tomados como rehenes de manera simultánea en el Preventivo de la zona 18 y en la cárcel de Fraijanes 2. Cerca de la medianoche de ese día, y tras varias horas de retención, fueron liberados por elementos del Comando Antisecuestros de la PNC. No se registraron heridos.
El 14 de agosto, en El Boquerón, siete reos de la mara Salvatrucha se amotinaron en ese centro carcelario. En esa ocasión, un guardia del Sistema Penitenciario murió por heridas de arma de fuego y varios más fueron retenidos. Las fuerzas de seguridad retomaron el control de la prisión el 16 de agosto; sin embargo, a los amotinados no se les consignó ni trasladó a otros penales.
El 22 de agosto, un grupo de reclusos tomó como rehenes a 13 personas, entre ellas guardias del SP y trabajadores de una empresa distribuidora de alimentos. De inmediato fueron desplegados agentes de la PNC y del Comando Antisecuestros, que lograron la liberación de los retenidos durante la madrugada del 23 de agosto.

Todos estos motines están relacionados con el traslado de los cabecillas del Barrio 18 y Mara Salvatrucha a Renovación I, donde permanecen aislados, sin acceso a teléfonos celulares ni a otras comodidades de las que gozaban en los penales donde antes cumplían condena, indicaron las autoridades del Ministerio de Gobernación y del Sistema Penitenciario.

Más de 2 mil pandilleros y expandilleros en prisión desafían al Sistema Penitenciario

Sat, 23 Aug 2025 06:01:00 +0000

Guatemala

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Más de 2 mil pandilleros y expandilleros en prisión desafían al Sistema Penitenciario

Un informe de la PNC detalla que 2 mil 346 pandilleros y expandilleros permanecen en cárceles a cargo del Sistema Penitenciario (SP) y ejercen presión sobre las autoridades para que se cumplan sus exigencias.

José Manuel Patzán

23 de agosto de 2025

00:01h

El martes 12 de agosto, cinco pandilleros del Barrio 18 dirigieron un motín en el Preventivo para Varones de la zona 18 y tomaron como rehenes a seis guardias.(Foto Prensa Libre: EFE/PNC)

Los recientes motines en las cárceles evidencian el creciente malestar de los cabecillas de pandillas por los constantes traslados hacia otros centros penitenciarios. Según el Ministerio de Gobernación, esta medida busca aislarlos y frenar la coordinación de extorsiones y homicidios. No obstante, la estrategia también ha puesto a las autoridades bajo intensa presión, con más de 2 mil pandilleros y expandilleros que desafían el control del sistema carcelario.

Según los registros de la Policía Nacional Civil (PNC), en las 22 cárceles a cargo del Sistema Penitenciario (SP) permanecen 2 mil 346 miembros de pandillas; 962 son integrantes activos del Barrio 18, mientras que 675 pertenecen a la Mara Salvatrucha.

La cárcel que concentra el mayor número de miembros activos del Barrio 18 es el Preventivo para Hombres de la zona 18, con 640, y Fraijanes 2, con 250. Según el documento, 44 mujeres integrantes de esa pandilla también están recluidas en la cárcel preventiva Santa Teresa, en la misma zona.

En las cárceles de Pavoncito, ubicada en Fraijanes, y El Boquerón, en Santa Rosa, permanecen 634 integrantes activos de la Mara Salvatrucha, principalmente sus cabecillas.

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“La presencia de pandilleros en el Sistema Penitenciario guatemalteco es significativa y refleja el impacto que estas estructuras criminales han tenido en la seguridad”, según cita un documento de la Subdirección de Investigación Criminal de la PNC, que analiza la forma de operar de estos grupos delictivos.

En el mismo se especifica que los registros oficiales del SP evidencian una alta concentración de individuos vinculados a pandillas en distintos centros carcelarios a nivel nacional.

Algunos de estos se encuentran privados de libertad por haber recibido una sentencia condenatoria, mientras que otros están en prisión preventiva, a la espera de una resolución judicial.

“En ambos casos, el volumen de internos vinculados a pandillas es considerable”, se indica en el documento.

Exmiembros

Las autoridades policiales destacan que en los centros carcelarios no solo se encuentran miembros activos de pandillas, sino también individuos que se identifican como exintegrantes, comúnmente denominados expandilleros. Sin embargo, esto no significa que se abstengan de delinquir, ya que, según las pesquisas, existen indicios de que algunos de ellos aún cometen delitos desde el interior de las prisiones, ya sea coordinando acciones ilícitas hacia el exterior, girando órdenes a través de teléfonos celulares o participando en el cobro de extorsiones.

El 41% de los privados de libertad identificados como pandilleros activos pertenecen al Barrio 18, mientras que el 29% son miembros de la Mara Salvatrucha. Por otro lado, el 22% corresponde a exintegrantes del Barrio 18 y el 8% a exintegrantes de la Mara Salvatrucha.

Una modalidad grave de trata de personas, impulsada por estructuras pandilleras desde el interior de las cárceles, fue documentada en el 2024 por las autoridades: se logró establecer que pandilleros del Barrio 18 planificaban el ingreso de mujeres menores de edad a centros penitenciarios para ser explotadas sexualmente.

Por ese caso, en marzo del 2024 se desarrollaron varios operativos que dejaron como resultado la detención de 23 personas, entre ellas 9 agentes del Sistema Penitenciario. También fueron notificados 6 privados de libertad recluidos en distintas cárceles, incluido uno en la prisión de máxima seguridad Renovación 1, ubicada en Escuintla.

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En la última década, según las autoridades policiales, las pandillas han incursionado en el tráfico ilícito de estupefacientes a pequeña escala, conocido como narcomenudeo.

Datos del Ministerio de Gobernación reflejan que el departamento de Guatemala concentra el 89% de las clicas de pandillas. Sin embargo, reconocen que en los últimos años estas han ganado territorio en el interior del país, y advierten que con la expansión e industrialización de las ciudades fuera del área metropolitana, podría generarse una descentralización de las clicas, no necesariamente en zonas marginadas, ya que se ha evidenciado que cabecillas de organizaciones criminales operan desde recintos exclusivos, como residenciales y condominios.

Según las pesquisas, para evitar el rastreo de sus ingresos ilícitos, las pandillas recurren a terceras personas con un perfil socialmente aceptable, quienes prestan su identidad para la adquisición de bienes durante el proceso de lavado de dinero.

Dentro del análisis criminal, se ha identificado que muchas parejas sentimentales de pandilleros, especialmente aquellas que ya han formado una familia con hijos, han optado por establecer negocios o actividades económicas en el sector informal.

Estos emprendimientos —como ventas ambulantes, flotillas de taxis no autorizados o piratas, tiendas de barrio, pequeños restaurantes o comercio en mercados— permiten el sostenimiento económico del hogar, incluso cuando el integrante pandillero se encuentra privado de libertad. Los investigadores policiales señalan que, en la mayoría de casos, estos comercios son financiados con recursos de origen ilícito, principalmente de extorsiones.

Motines

Dos motines se registraron el jueves 14 de agosto de forma casi simultánea en las cárceles de El Boquerón, Cuilapa, Santa Rosa, y Pavoncito, Fraijanes, donde están recluidos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13). Seis guardias de presidios fueron retenidos y posteriormente liberados, aunque las autoridades de Gobernación afirmaron que no hubo negociación.

El martes 12 de agosto, cinco pandilleros del Barrio 18 dirigieron un motín en el Preventivo para Varones de la zona 18 y tomaron como rehenes a seis guardias del SP. De forma casi simultánea, en la cárcel de Fraijanes 2, integrantes de esa misma mara realizaron las mismas acciones y retuvieron a cinco miembros del SP.

EN VIVO: Liberan a 13 rehenes tras motines en El Boquerón y Pavoncito

Fri, 22 Aug 2025 15:09:39 +0000

Justicia

EN VIVO: Liberan a 13 rehenes tras motines en El Boquerón y Pavoncito

El Gobierno confirmó este sábado que 13 personas fueron liberadas tras los motines en las dos cárceles.

Óscar García y Elmer Vargas

23 de agosto de 2025

11:08h

El Ministerio de Gobernación confirman motines en las prisiones El Boquerón y Pavoncito, que suman 13 personas retenidas por pandilleros de la Mara Salvatrucha. (Foto Prensa Libre: Jose Sánchez).

Un grupo de internos se amotinó el viernes 22 de agosto, tomando como rehenes a guardias y empleados civiles dentro de ambos centros penitenciarios. Las autoridades respondieron con un fuerte despliegue de la Policía Nacional Civil (PNC) alrededor de los recintos.

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, aseguró que los rehenes fueron liberados la madrugada de este sábado 23 de agosto y destacó que el Estado “no cedió ante estos criminales”.

Los motines se relacionan con el traslado de cabecillas de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha hacia la prisión de máxima seguridad Renovación I, donde permanecen aislados y sin acceso a teléfonos celulares.

Este hecho ocurre apenas una semana después de otro motín en el sistema penitenciario que dejó un guardia fallecido, lo que evidencia la tensión en las cárceles del país.

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Los anteriores motines ya han dejado guardias del SP fallecidos y heridos.

23 de agosto 2025, 07:00h

Liberan a rehenes tras motín en cárceles de El Boquerón y Pavoncito

El ministro de Gobernación informa que los rehenes fueron liberados esta madrugada tras los disturbios en dos centros carcelarios.

Los rehenes fueron liberados esta madrugada. El Estado no cedió ante estos criminales. #ComandoAntisecuestros @PNCdeGuatemala
Ministerio de #GobernAcción https://t.co/UvtcTrkV66
— Francisco Jiménez (@FJimenezmingob) August 23, 2025

22 de agosto 2025, 22:15h

Agentes de la Policía Nacional Civil que se encuentran alrededor del preventivo son relevados.

Hay tensa calma en la entrada del centro carcelario de Fraijanes.

Relevo de agentes PNC. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)

22 de agosto 2025, 21:05h

Autoridades siguen sin tomar el control centros carcelarios

Patrullas de policía ingresan al centro carcelario en un ambiente de calma.

22 de agosto 2025, 19:00h

Más de doce horas de mot´´ín en El Boquerón y Pavoncito.

Rehenes continuan retenidos en centros carcelarios.

Lea más en…

22 de agosto 2025, 17:20h

Continúa restringido el acceso al Centro Carcelario Pavoncito.

El Centro Carcelario Pavoncito, se mantiene a puerta cerrada, los rehenes aún no han sido liberados.

22 de agosto 2025, 16:35h

Pandilleros aún no liberan a rehenes del Sistema Penitenciario en El Boquerón

Según explicó la jueza de Paz, el ministro le indicó que “en un par de horas estarían tomando acciones”.

22 de agosto 2025, 15:30h

Autoridades confirman que cabecillas de la Mara Salvatrucha buscan recuperar privilegios

Retomar operaciones y recuperar privilegios desde prisión es el objetivo de motines. Ya habían solicitado beneficios como reubicación y colchonetas.

22 de agosto 2025, 14:35h

Jueza otorga una hora para liberar a rehenes

Reos de la cárcel El Boquerón solicitar trasladar a cabecillas de la Mara Salvatrucha de la prisión Renovación 1 a otro centro penitenciario.

(Foto Prensa Libre: Jose Sánchez)

22 de agosto 2025, 13:35h

Jueza de Paz llega a la cárcel El Boquerón

Una jueza de Paz lleva a cabo una exhibición personal a favor del personal del Sistema Penitenciario retenido en la prisión El Boquerón

22 de agosto 2025, 13:15h

Siete personas permanecen retenidas en la cárcel Pavoncito

Familiares de reos ingresan al centro de detención en Fraijanes como Pavón, el anexo de Pavoncito, Fraijanes 2 y el Centro de Orientación Femenino.

En los alrededores, agentes de la Policía Nacional Civil identifican a visitantes, comerciantes y personas en el perímetro del penal.

22 de agosto 2025, 12:35h

Seis personas están retenidas en El Boquerón, confirman las autoridades

Entre los rehenes se encuentra el alcaide, el jefe de seguridad y otros cuatro agentes de seguridad del Sistema Penitenciario.

Las autoridades detallan que el motín comenzó a las 5.20 horas de este viernes, cuando se efectuó el conteo de reos.

22 de agosto 2025, 12:10h

Suspenden visitas en la cárcel Pavoncito

Las autoridades activan una alerta de motín en el centro carcelario de Fraijanes; sin embargo, en los alrededores se observan fuerzas de seguridad, comerciantes y visitantes de manera habitual.

(Foto Prensa Libre: Daniel Samayoa)

22 de agosto 2025, 11:45h

Mingob actualiza cifra de retenidos en motines

El Ministerio de Gobernación afirma que 13 guardias penitenciarios permanecen como rehenes: seis en la cárcel El Boquerón y otros siete en Pavoncito.

Las autoridades informan que los guardias fueron sorprendidos cuando entregaban alimentos.

Cabecillas del Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha han protagonizado siete motines en los últimos 22 días.

2/8 Ese viernes 22 de agosto, reclusos de la MS liderados por “El Diabólico” mantuvieron como rehenes a 13 guardias en dos cárceles de Guatemala: El Boquerón, en Santa Rosa, y Pavoncito, en Fraijanes. pic.twitter.com/aekoJdyPYc
— Rubén Lacan (@rlacan_gtv) August 22, 2025

22 de agosto 2025, 11:05h

Continúa motín en la prisión El Boquerón

Policías permanecen frente a las puertas de ingreso de la cárcel.

El 14 de agosto también se registró un motín en el mismo centro penitenciario, donde un guardia murió. A pesar que las autoridades señalaron a cinco reos como presuntos responsables, finalmente no fueron trasladados ni consignados.

(Foto Prensa Libre: José Sánchez)

22 de agosto 2025, 10:45h

Fuerzas de seguridad esperan juez para exhibición personal de guardias del SP

Soldados del Ejército de Guatemala y agentes de la Policía Nacional Civil se encuentran afuera de la prisión El Boquerón, en Santa Rosa.

El director de la PNC confirma que los reos involucrados en el motín pertenecen a la Mara Salvatrucha.

22 de agosto 2025, 09:22h

Pandilleros piden hablar con autoridades

El director de la PNC, David Boteo, indicó que una de las peticiones de los pandilleros es que quieren hablar con altas autoridades del Ministerio de Gobernación, Sistema Penitenciario y la Policía Nacional Civil.

22 de agosto 2025, 09:13h

Ministro de Gobernación confirma los motines

“Los secuestros ocurridos hoy en Fraijanes y en El Boquerón, en contra de personal del Sistema Penitenciario son intentos desesperados de pandilleros que buscan llamar la atención y presionar al Estado para recuperar a sus líderes recluidos en Renovación 1”, afirmó el funcionario.

Los secuestros ocurridos hoy en Fraijanes y en El Boquerón, en contra de personal del #SistemaPenitenciario, son intentos desesperados de pandilleros que buscan llamar la atención y presionar al Estado para recuperar a sus líderes recluidos en #Renovación1.

Tanto el… pic.twitter.com/15oBoePhEx
— Francisco Jiménez (@FJimenezmingob) August 22, 2025

Guardias rehenes y motines desnudan fragilidad en el control de las cárceles

Mon, 18 Aug 2025 07:00:00 +0000

crisis

Guardias rehenes y motines desnudan fragilidad en el control de las cárceles

La facilidad con la que los guardias del Sistema Penitenciario (SP) son tomados como rehenes por privados de libertad evidencia la fragilidad en el control de las cárceles en Guatemala, según especialistas.

la Redacción

18 de agosto de 2025

01:00h

Las recientes tomas de rehenes y los motines registrados durante la última semana han reavivado la preocupación sobre el debilitado control en los reclusorios. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Las recientes tomas de rehenes y los motines registrados —casi como si hubieran sido programados— durante la última semana han reavivado la preocupación sobre el debilitado control en los reclusorios.

“¿Quién controla las cárceles?” es una de las preguntas que nuevamente sale a relucir, a raíz de los disturbios ocurridos el jueves 14 de agosto en las prisiones de El Boquerón, en Cuilapa, Santa Rosa, y Pavoncito, en Fraijanes, donde guardan prisión pandilleros. Casi de forma planificada, el 12 de agosto también fueron tomados como rehenes 10 guardias del SP en el Preventivo para Varones de la zona 18 y en el centro penal Fraijanes 2.

Para Eddy Morales, exdirector del SP, la fragilidad en el control de las cárceles guatemaltecas obedece a factores como la sobrepoblación, la falta de personal, la corrupción y la escasa inversión en infraestructura y tecnología.

A ello se suma el uso excesivo de la prisión preventiva por parte de los jueces, pese a la existencia de medidas sustitutivas.

“La toma de rehenes se debe a la vulnerabilidad del personal penitenciario, la ausencia de protocolos efectivos y el control que ejercen los grupos criminales dentro de las prisiones”, remarcó Morales.

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La sobrepoblación penitenciaria dificulta el control y la supervisión efectiva. Además, la escasez de personal, derivada de la falta de suficientes agentes penitenciarios, limita el mantenimiento del orden y la seguridad en los centros de reclusión.

El 31 de julio, varios cabecillas de pandillas fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad Renovación 1, en Escuintla. Desde entonces, se han registrado motines, ataques armados fuera de los penales y la localización de Q192 mil en efectivo en poder de un privado de libertad, hechos que reflejan el debilitamiento del control estatal en el sistema penitenciario.

Estructuras criminales operan en cárceles con apoyo externo

Brenda Guillén, coordinadora de la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), aseguró que durante décadas no se ha logrado subsanar el problema de la prisión para personas sentenciadas, ni establecer una clasificación adecuada que permita concentrar en distintos reclusorios a quienes cumplen condenas por delitos similares.

“Desde hace muchos años se tiene evidencia de que estas estructuras están completamente enquistadas. No responden únicamente a las personas privadas de libertad, sino también a otras estructuras de la fuerza pública.”

Brenda Guillén, coodinadora Idefegua

Actualmente, existe una mezcla de privados de libertad condenados por distintos delitos, sumada a la sobrepoblación y a condiciones adversas que propician la formación de estructuras criminales, sobre todo entre quienes enfrentan condenas por delitos graves. Estas agrupaciones, en colusión con otras organizaciones, continúan cometiendo actos ilícitos desde el interior de las prisiones.

“Desde hace muchos años se tiene evidencia de que estas estructuras están completamente enquistadas. No responden únicamente a las personas privadas de libertad, sino también a otras estructuras de la fuerza pública. No es un fenómeno reciente, sino una manifestación de estas redes criminales”, puntualizó Guillén.

Reiteró que esta situación es reflejo de una violencia estructural.

Sin protocolos, reos toman control con facilidad

Morales agregó que otro problema es la ausencia de protocolos de actuación. La falta de lineamientos claros y efectivos para manejar situaciones de toma de rehenes contribuye a que los reclusos puedan asumir el control con relativa facilidad.

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También influye la fuerte presencia de grupos criminales dentro de las prisiones, como las pandillas y otras organizaciones delictivas, que tienen capacidad para organizar y ejecutar estos actos desde el interior del sistema penitenciario.

En cuanto a las sanciones, muchos de los reclusos que lideran las retenciones ya han sido condenados a largas penas y enfrentan cargos que les impedirán salir de prisión. En ese contexto, la amenaza de nuevos procesos penales carece de impacto real para ellos.

Aun así, los privados de libertad involucrados en la toma de rehenes pueden ser procesados por delitos como secuestro, extorsión u otros vinculados a los hechos.

Quiénes son los pandilleros señalados en el motín de la cárcel El Boquerón

Sun, 17 Aug 2025 21:34:17 +0000

Justicia

Quiénes son los pandilleros señalados en el motín de la cárcel El Boquerón

Extorsionistas, sicarios y prófugos salvadoreños: así son los siete pandilleros de la Mara Salvatrucha que estarían implicados en el motín del penal El Boquerón, en Santa Rosa.

Gabriel Molina y Luisa Laguardia

17 de agosto de 2025

15:34h

Las investigaciones de las autoridades identifican a los presuntos responsables del motín en la prisión El Boquerón, ubicada en Cuilapa, Santa Rosa, donde un guardia penitenciario murió. (Foto Prensa Libre: Daniel Samayoa).

Las investigaciones preliminares de las autoridades identifican a siete reos como los presuntos responsables del motín del 14 de agosto en la prisión El Boquerón, ubicada en Cuilapa, Santa Rosa.

Los reclusos no pudieron ser trasladados ante un juzgado tras la fallida diligencia.

El 16 de agosto, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público llegaron al centro penitenciario para llevar a cabo el traslado de los privados de libertad. No obstante, la acción fue suspendida porque los guardias que habían permanecido retenidos durante el motín abandonaron la cárcel durante el cambio de turno, por lo que no se pudo identificar a los presuntos responsables.

De acuerdo con los reportes oficiales, todos los señalados tienen un vínculo en común: pertenecen a clicas de la Mara Salvatrucha, estructura criminal que opera tanto en Guatemala como en El Salvador.

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Perfiles de los reos:

Edwin Alberto Méndez Díaz

Detenido desde el 2015 por el delito de extorsión.

Su captura fue coordinada por la Fiscalía contra las Extorsiones, como cabecilla de la clica El Programa de Los, una estructura criminal dedicada a intimidar y efectuar cobros ilegales en distintos puntos del país.

Pablo Enrique Marroquín Ovando, alias “El Grillo”

De nacionalidad salvadoreña, cuenta con antecedentes criminales en su país por desórdenes públicos, homicidio agravado y resistencia.

En Guatemala fue detenido el 30 de septiembre, en posesión de armas de fuego y municiones. Su captura ocurrió durante un operativo del Centro Antipandillas Transnacional en la aldea El Zapote, Jalpatagua, Jutiapa.

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William Josué Sequén

Señalado como presunto sicario de la Mara Salvatrucha. Al momento de su captura portaba ilegalmente un arma de fuego y transportaba más de Q7 mil en efectivo dentro de un bolso de mujer.

También es conocido como “Little Demon” o “Pequeño Demonio”. Su arresto ocurrió en abril del 2022.

Samuel Antonio Flores Díaz

Fue arrestado tras disparar contra agentes de la PNC en un intento de fuga. Durante la verificación se confirmó que tenía dos órdenes de captura vigentes en El Salvador por homicidio agravado, robo y limitación ilegal a la libertad de circulación.

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Ricardo Antonio Mejía Portillo

Las autoridades lo vinculan a la Mara Salvatrucha.

Rafael Hernández García

Figura en los registros como integrante de la pandilla, aunque no se localizaron expedientes judiciales disponibles sobre su caso.

José Miguel Rivas Ayala, alias “Sporki”

De origen salvadoreño, es señalado de haber disparado contra el guardia del Sistema Penitenciario Pedro Velásquez Alonzo, quien falleció durante los hechos recientes. Según los informes, Rivas Ayala está vinculado a 12 asesinatos, 16 casos de personas heridas y 28 víctimas de extorsión y amenazas.

Prensa Libre y Guatevisión buscaron la postura del viceministro de Seguridad, José Portillo, y del director del Sistema Penitenciario, Ludin Godínez, pero al cierre de esta nota no se habían pronunciado.

Motines en cárceles de Guatemala: Expertos urgen estrategia “donde intervenga todo el Estado”

Wed, 13 Aug 2025 06:01:00 +0000

Guatemala

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Motines en cárceles de Guatemala: Expertos urgen estrategia “donde intervenga todo el Estado”

El deterioro del Sistema Penitenciario quedó expuesto luego de una serie de motines provocados por el traslado de cabecillas de pandillas. Expertos en seguridad indican que se deben hacer reformas para recuperar el control por parte del Estado.

Carlos Gómez

13 de agosto de 2025

00:01h

En el Centro de Detención Preventiva para Hombres en la zona 18 y en la Cárcel de Fraijanes II los reos se amotinaron exigiendo que los líderes de las pandillas que fueron trasladados a la cárcel de Renovación 1, sean devueltos a las cárceles en donde estaban cumpliendo anteriormente sus condenas. (Foto Prensa Libre. Hemeroteca)

El traslado de los principales cabecillas de las pandillas del Barrio 18 y Mara Salvatrucha hacia la cárcel de máxima seguridad Renovación 1, efectuado el 31 de julio por parte del Sistema Penitenciario (SP) y la Policía Nacional Civil (PNC), continúa provocando consecuencias para las autoridades del Ministerio de Gobernación. Reclusos del Preventivo para Hombres de la zona 18 y de la cárcel Fraijanes 2 se amotinaron y tomaron como rehenes a guardias del SP para exigir que sus cabecillas sean separados de dicha prisión de máxima seguridad.

Sobre esta situación, analistas y expertos en seguridad consideran urgente que, desde el Organismo Ejecutivo, se lleve a cabo una reestructuración general del SP, a fin de impedir que los delincuentes cometan más delitos desde las cárceles.

“El Sistema Penitenciario ha sido abandonado por más de 40 años. Las buenas políticas que surgieron en algún momento fueron abandonadas, ya no se continuaron, y producto de ello, pues, tenemos un sistema carcelario que ha sido superado por esa población penitenciaria que existe y sin controles, sin seguridad por parte de las autoridades guatemaltecas”, afirma Francisco Rivas, exministro de Gobernación y experto en temas de seguridad.

Rivas considera que el actual Gobierno tiene la oportunidad de “rectificar” el camino y definir al menos una política de seguridad en la que debe involucrarse todo el gabinete de Gobierno, y no delegar únicamente en el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil (PNC) y el SP las acciones en materia de seguridad, tanto ciudadana como penitenciaria.

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María del Carmen Aceña, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), coincide en que debe concretarse una reestructuración del Sistema Penitenciario e implementarse controles adecuados para evitar que los reos continúen con sus acciones delictivas desde prisión.

“Aquí se requiere una buena estrategia donde intervenga todo el Estado de Guatemala. Yo le diría toda la justicia criminal, para lograr mantener a estos líderes criminales peligrosísimos privados de libertad. Entonces, sí estamos viendo que hay que tomar muchas aristas. Yo le diría que todo el sistema de justicia criminal debe cerrar filas y deben hacerse estrategias para que esto realmente finalice, pero no va a ser fácil”, afirma Aceña.

En cuanto a las medidas tomadas por los reclusos inconformes con el traslado de sus cabecillas a la cárcel Renovación 1, en Escuintla, el analista independiente Óscar Morales considera que el Ministerio de Gobernación no debe ceder ante presiones ni entablar diálogos con los reclusos. “Creo que el Ministerio de Gobernación no debe ceder ante diálogos con ellos. Debe tratar de buscar una salida para esta crisis que tienen ahora. Creo que tienen que ser muy firmes. Entiendo que no puede sentarse a hacer un diálogo, porque eso… imagínese a dónde vamos a parar con un diálogo entre los reos y las autoridades de Gobernación. Creo que no es prudente”, asegura.

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Ataques armados

Además de los motines en las cárceles, también ocurrieron tres ataques armados en distintos puntos de la ciudad. Uno de ellos estuvo dirigido contra el diputado Juan Ramón Rivas, de Izabal. El hecho ocurrió en la 11 avenida y 1a. calle de la zona 1. Algunas hipótesis indicaron que estos hechos podrían estar vinculados con las acciones de los reos en los penales. En ese sentido, Rivas afirmó que, de confirmarse esa hipótesis, “atentar en contra de un diputado es una señal clara de que esta gente no le tiene respeto a la autoridad, que está desafiando el sistema, que están dispuestos a enfrentarse a las fuerzas de seguridad”, asegura.

Sobre este extremo, tanto Aceña como Morales consideran que debe ser el Ministerio Público (MP) el encargado de realizar las investigaciones correspondientes para establecer si estos ataques tuvieron relación con los motines.

Acciones esperadas

Los expertos consideran que los motines en el Preventivo de la zona 18 y en Fraijanes 2 eran de esperarse. Según indicó el exministro Rivas, durante su gestión al frente de la cartera de Gobernación, así como durante el período del exministro Carlos Menocal, se registraron hechos similares después del traslado de cabecillas del Barrio 18 a otras prisiones. Por su parte, Aceña también señala que estas acciones eran previsibles, debido al alto perfil delictivo de los reos trasladados a la cárcel Renovación 1.

“El Gobierno y el ministerio —de Gobernación— tienen que actuar de manera enérgica contra estas bandas delincuenciales. No podemos seguir con este nivel de criminalidad cuando ellos —los delincuentes— están queriendo destruir la paz social”, puntualizó Morales.

Reclusos retienen a guardias y los obligan a leer en video exigencias al ministro de Gobernación

Tue, 12 Aug 2025 22:40:27 +0000

Sucesos

Reclusos retienen a guardias y los obligan a leer en video exigencias al ministro de Gobernación

Catorce guardias penitenciarios, tomados como rehenes en dos cárceles, leyeron un mensaje con exigencias de los reos, el cual fue grabado en video y dirigido al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez.

César Pérez Marroquín

12 de agosto de 2025

16:40h

Guardias del Sistema Penitenciario, con los ojos vendados, aparecen retenidos en un video grabado por reclusos que exigen la separación de pandillas rivales. (Foto Prensa Libre: Captura de Pantalla)

Catorce guardias penitenciarios que fueron tomados como rehenes este martes 12 de agosto por reos en el Preventivo de la zona 18 y la cárcel de Fraijanes 2, leyeron un mensaje de pandilleros dirigido al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, en el que piden que reubique en cárceles distintas a los integrantes de pandillas rivales, para evitar enfrentamientos y nuevos motines.

Los trabajadores del Sistema Penitenciario (SP), tomados como rehenes, solicitaron a Jiménez que se adopten medidas para evitar posibles enfrentamientos entre reclusos, tras la decisión de mantener en un mismo penal a integrantes de pandillas enemigas como el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha.

Por medio de un video grabado en el lugar donde los reos los mantienen retenidos y con los ojos vendados, los custodios indicaron que los reclusos no se oponen al traslado de internos, pero consideran necesario que los integrantes de cada pandilla sean reubicados en cárceles distintas, debido a los antecedentes de violencia registrados en años anteriores.

“Sabemos que existen otras cárceles de máxima seguridad. Mantener juntas a estas agrupaciones podría ser una bomba de tiempo”, afirmaron en el video grabado desde las prisiones.

Recordaron que en ocasiones anteriores se han producido motines por esa razón y señalaron que la actual medida incrementa el riesgo de nuevos incidentes.

En el video, los empleados penitenciarios manifestaron su preocupación por la seguridad en los centros carcelarios y pidieron que no se desinforme a la ciudadanía sobre las consecuencias de esta decisión.

“Los guatemaltecos queremos paz, no más violencia”, concluyeron.

En total, 14 guardias del SP permanecen como rehenes en el Preventivo de la zona 18 y en la cárcel de Fraijanes 2, donde este martes el Ministerio de Gobernación confirmó que los reclusos se amotinaron.

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