Ministro de Gobernación afirma que María Marta Castañeda sigue aislada en cárcel de Mariscal Zavala

El Ministerio de Gobernación dio detalles sobre la situación actual de María Marta Castañeda.

la Redacción

11 de febrero de 2026 | 12:08h

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El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, informó este miércoles 11 de febrero, durante la conferencia de prensa La Ronda, sobre el paradero de María Marta Castañeda, pareja de Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias el Lobo, cabecilla de la mara del Barrio 18.

Añadió que Castañeda, quien permanece en la prisión de Mariscal Zavala, zona 17, ha estado bajo resguardo porque “tiene una vinculación directa” con el Lobo.

Recordó que una jueza de primera instancia había ordenado su regreso al área donde se encuentra el resto de las reclusas, medida que el Ministerio de Gobernación consideró contraproducente por razones estratégicas y de seguridad.

Indicó que se le explicaron a la juzgadora los motivos del aislamiento, pero esta insistió en su decisión de reintegrar a Castañeda con las demás internas.

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Ante ello, el Sistema Penitenciario interpuso una acción constitucional de amparo y, el 9 de febrero, la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo otorgó un amparo provisional que permite mantener a Castañeda aislada, garantizando su integridad y el respeto a sus derechos.

El 20 de enero, el equipo legal de Castañeda presentó una solicitud de exhibición personal a su favor, luego de que se conociera que había sido aislada en la cárcel.

Según se informó en esa ocasión, el aislamiento comenzó el lunes 19 de enero, cuando fue trasladada a una bartolina en el área de hombres.

Castañeda fue detenida el 27 de agosto del 2025, por su presunta vinculación con el ataque contra la fiscal del Ministerio Público Mirian Reguero, ocurrido en marzo del 2024, en el que murieron un guardia de seguridad y la madre de la víctima.

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En octubre del mismo año, Castañeda fue ligada a proceso junto con otras cuatro personas sindicadas de integrar una estructura criminal vinculada al Barrio 18, según fuentes judiciales.

Para leer más: Tribunal rechaza solicitud de aceptación de cargos de María Marta Castañeda en el caso “La Sexta”

Aislamiento de reos

El ministro Villeda agregó que trabajan para restablecer la autoridad y que el aislamiento de reos es una medida de control que no es negociable. Añadió que el gobierno “no negocia con criminales”.

Afirmó que ningún privado de libertad puede condicionar decisiones de Estado ni obtener concesiones en los centros penitenciarios.

Destacó que el estado de sitio es una medida excepcional y temporal, pero lo que no es temporal es la estrategia, la coordinación interinstitucional y el fortalecimiento de la inteligencia.

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Mariachis para El Lobo: capturan a funcionarios de cárcel Fraijanes 2 por permitir fiestas para reos

El Ministerio Público informó que investiga a funcionarios de la cárcel Fraijanes 2 por supuestamente permitir fiestas de reos.

la Redacción

6 de febrero de 2026

|

09:52h

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Arrestan a autoridades de la cárcel Mariscal Zavala por caso de fiesta de reos en cárcel Fraijanes 2. (Foto Prensa Libre)

La Fiscalía contra el Delito de Extorsión ejecuta este viernes 6 de febrero un operativo en el Centro de Detención Especial Mariscal Zavala, en la zona 17.

Según el Ministerio Público (MP), la finalidad del operativo es aprehender al director y alcaide en funciones, Fausto “N” y Wuarnes “N”, respectivamente.

“Ellos, como funcionarios de la cárcel de máxima seguridad para hombres Fraijanes 2, en las fechas 18 de febrero del 2024 y 17 de febrero del 2025, autorizaron dos celebraciones dentro del centro carcelario”, afirmó el MP.

Según el ente investigador, en dichas celebraciones se permitió el ingreso de alimentos, mariachis, visitas en horarios inhábiles y otros privilegios a integrantes de la mara Barrio 18, principalmente a uno de sus cabecillas y a sus familiares.

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A Torre de Tribunales fue llevado Fausto “N”, quien fungía como director de la cárcel Fraijanes 2.  

En su caso, la orden de captura fue emitida por el Juzgado de Mayor Riesgo A. Se informó que el caso tiene reserva judicial por ser de alto impacto y posibles capturas futuras.

Uno de los cabecillas del Barrio 18 es Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias el Lobo, quien, a finales de julio del 2025, fue trasladado junto a otros pandilleros a la cárcel Renovación 1, en Escuintla.

En enero recién pasado, pandilleros del Barrio 18 organizaron motines en tres cárceles para exigir comodidades.

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Los motines derivaron en toma de rehenes y ataques contra la Policía Nacional Civil, con saldo de agentes fallecidos.

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Plantean exhibición personal a favor de María Marta Castañeda tras ser aislada en la cárcel Mariscal Zavala

El equipo legal de María Marta Castañeda presentó una solicitud de exhibición personal a su favor, la cual debe ejecutarse en un plazo máximo de 24 horas.

la Redacción

20 de enero de 2026

|

12:50h

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María Marta Castañeda llega a Torre de Tribunales para una audiencia en septiembre 2025. (Foto Prensa Libre)

Este martes 20 de enero, el equipo legal de María Marta Castañeda presentó una solicitud de exhibición personal a su favor, luego de que se conociera que había sido aislada en la cárcel Mariscal Zavala, zona 17.

La solicitud fue interpuesta en el Juzgado de Exhibición Personal, ubicado en la Torre de Tribunales, en la capital, y debe ejecutarse en un plazo de hasta 24 horas.

Dicho aislamiento comenzó el lunes 19 de enero, cuando fue llevada a una bartolina en el área de hombres, según se informó.

Uno de los argumentos expuestos en la exhibición es que, el 27 de agosto del 2025, un juez de turno autorizó su traslado a Mariscal Zavala debido a que Castañeda no pertenece a una pandilla y, además, habría recibido amenazas por parte de integrantes de la Mara Salvatrucha. Por tal motivo, el juzgador indicó que debía permanecer en el área de población general y no en aislamiento.

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Captura de Castañeda

María Marta Castañeda fue capturada el 27 de agosto del 2025 por su presunta vinculación con el ataque contra la fiscal del Ministerio Público, Mirian Reguero, ocurrido en marzo del 2024, hecho en el que murieron un guardia de seguridad y la madre de la víctima.

El 8 de octubre del 2025, Castañeda —conviviente de Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias el Lobo— fue ligada a proceso junto con otras cuatro personas, sindicadas de integrar una estructura criminal vinculada al Barrio 18, según informaron fuentes judiciales.

Castañeda fue enviada a prisión preventiva por su posible participación en el atentado contra la fiscal, el cual habría sido ordenado por su pareja.

El 16 de enero del 2026, María Marta Castañeda se presentó al Tribunal de Mayor Riesgo B, donde solicitó una audiencia de aceptación de cargos por encubrimiento propio, en el caso La Sexta, vinculado al crimen de Byron Lima.

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En su resolución, el tribunal rechazó la solicitud de aceptación de cargos presentada por Castañeda y se inhibió de seguir conociendo el caso.

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Jose Rubén Zamora estuvo 20 meses en confinamiento solitario y sufrió otros vejámenes, según informe de EE. UU.

Estados Unidos señala los abusos contra periodista guatemalteco Jose Rubén Zamora, entre un aislamiento prolongado y vejámenes. Según revela el informe anual de EE. UU.

Sandy Pineda

14 de agosto de 2025

|

15:25h

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Los familiares de Zamora denunció en marzo pasado su reingreso a la cárcel Mariscal Zavala, en la zona 17, fue a una celda en malas condiciones, húmeda y llena de tierra. (Foto Prensa Libre: AFP)

El periodista Jose Rubén Zamora fue sometido a tratos considerados degradantes, entre ellos 20 meses de aislamiento en solitario, privación de sueño, desnudez forzada y registros arbitrarios de su celda, según el informe anual sobre derechos humanos que Estados Unidos elabora y en el cual se menciona a Guatemala.

El Departamento de Estado publicó el martes una versión resumida del documento, en el cual se recopilan preocupaciones sobre violaciones a los derechos humanos en diversos países. En el caso de Guatemala, el informe documenta torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas privadas de libertad, y cita como ejemplo el caso de Zamora, fundador de elPeriódico.

El informe detalla también que el periodista fue afectado por la falta de atención ante una infestación de ácaros en su celda, condiciones que, según estándares internacionales, podrían constituir tortura.

Las condiciones mejoraron tras la toma de posesión de una nueva administración, el 15 de enero. Aunque en octubre fue liberado bajo arresto domiciliario, un tribunal ordenó su regreso a detención preventiva en noviembre del 2024.

El documento estadounidense alerta, además, sobre la debilidad de los mecanismos de documentación y reporte de tortura, lo cual dificulta medir la magnitud de los abusos. Organizaciones internacionales han denunciado que cárceles y centros de detención, así como instituciones como el Hospital Nacional de Salud Mental Federico Mora, enfrentan problemas de hacinamiento, abuso físico y sexual, y confinamiento solitario.

El informe destaca también la percepción de impunidad dentro de la Policía Nacional Civil (PNC) en casos de abuso contra detenidos, aunque la institución ha separado de sus cargos a decenas de agentes por motivos disciplinarios, entre ellos, denuncias de soborno.

El 29 de julio del 2025, Amnistía Internacional y organizaciones de prensa exigieron la liberación de Zamora, al cumplirse tres años de su detención por un supuesto caso de lavado de dinero, que, según sus defensores, podría tratarse de una represalia por su labor periodística.

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Zamora, de 68 años, también enfrenta acusaciones de chantaje. Sus familiares y organismos internacionales denuncian que el proceso judicial carece de imparcialidad y lo consideran una causa fabricada por el gobierno anterior y sus allegados en el Ministerio Público (MP). Por su parte, el MP sostiene que las acusaciones se basan en pruebas sólidas, entre ellas audios, documentos y declaraciones de colaboradores que aceptaron cargos relacionados con el caso.

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Elevan querella

Jose Carlos Zamora, hijo del periodista, presentó una queja ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CJS), Teódulo Cifuentes, luego de que se confirmara el extravío de varias piezas del expediente del caso que se lleva en contra del periodista.

“La sala es responsable directa de la custodia directa de las custodia de los expedientes y, por lo tanto, de este extravío”, señala el escrito en el que se responsabiliza a la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, presidida por Alejandro Prado Estrada.

Según el hijo de Zamora, quienes integran la Sala han “abusado de su autoridad” y así afectado el derecho de defensa y el debido proceso en el caso de su padre.

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Jose Rubén Zamora: las condiciones en las que se encuentra en la cárcel Mariscal Zavala

Familiares dicen que volvió a la misma celda, la cual ahora se encuentra “húmeda y sucia”. El Sistema Penitenciario afirma que tiene servicios básicos y derecho a visitas.

José Manuel Patzán

12 de marzo de 2025

|

05:01h

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El periodista Jose Rubén Zamora regresó a prisión después de que un juez le revocó el arresto domiciliar que tenía desde octubre de 2024. (Foto Prensa Libre: EFE)

El periodista Jose Rubén Zamora fue enviado de nuevo a la cárcel Mariscal Zavala, en la zona 17, donde según el Sistema Penitenciario (SP) y sus familiares, se encuentra en la misma celda que ocupó antes de recobrar su libertad condicional. De acuerdo con sus allegados, la habitación “irrita los ojos y congestiona la nariz por estar húmeda y sucia”.

Desde el 29 de julio del 2022, cuando fue detenido Zamora, ha recibido intimidaciones psicológicas, según las denuncias que han hecho públicas él y su familia. Organizaciones internacionales han condenado su captura. El periodista salió en libertad condicional el 19 de octubre de 2024, después de permanecer 813 días en prisión.

La cárcel Mariscal Zavala, a donde Zamora fue retornado, está ubicada dentro de la Brigada Militar del mismo nombre, en la zona 17 de la Ciudad de Guatemala. Fue establecida en el 2010 como una medida temporal para alojar a personas de alto perfil y cuya seguridad pudiera estar en riesgo en otros centros penitenciarios. El expresidente Alfonso Portillo fue uno de los primeros en ser trasladado a este centro en agosto del 2010.

José Carlos Zamora, hijo de Rubén Zamora, confirmó que su padre regresó a la bartolina 2 de la sección de aislamiento. Sin embargo, ha tenido que limpiarla de nuevo, ya que la celda se encuentra “llena de tierra y húmeda”.

Aunque tenía una ducha eléctrica, esta se quemó por la inestabilidad de la corriente eléctrica. Además, cuando salió, se llevó el microondas, explicó José Carlos. No obstante, afirmó que las autoridades penitenciarias le permitirán reinstalar un calentador y llevar un horno eléctrico.

Tampoco encontraron la litera que tenía anteriormente, sino una cama convencional. Sin embargo, se le otorgó permiso para ingresar un colchón, a fin de evitar que sufra las mismas infecciones en la piel debido a las pulgas y chinches que había en la habitación.

Por ahora, según José Carlos Zamora, su padre goza de buena salud, aunque temen que vuelva a enfermar.

“Yo no he podido verlo, pero me he comunicado con mi madre y familiares. Ayer, cuando entraron a verlo, me dijeron que salieron con los ojos irritados y la nariz congestionada, porque la celda está muy cerrada y sucia. Ese cuarto tenía meses de estar cerrado”, señaló.

Agregó: “Había moho en las paredes y tierra en el piso. Hay que limpiar. Lo bueno es que dejaron que alguien lo ayude a hacerlo”.

La preocupación, según el hijo del periodista, no es solo su salud, sino también su vida.

“Sabemos cómo son las prisiones en Guatemala. Es algo que siempre nos ha preocupado, porque en las cárceles puede pasar cualquier cosa”, refirió.

En cuanto a las visitas, serán los martes y sábados de 9 a 17 horas, tiempo en el que pueden ingresar familiares y amigos.

“Durante el gobierno de Giammattei, en la cárcel fueron muy duros y no dejaban entrar a nadie. Varias veces no permitieron el ingreso de mi mamá y a él le decían que nadie había llegado”, lamentó.

El SP confirmó que Zamora se encuentra en la misma celda que ocupaba anteriormente y que cuenta “con los servicios básicos, así como con las medidas de seguridad necesarias. Tiene derecho a visitas y a recibir encomiendas”.

Durante sus primeros días en esa cárcel, denunció intimidaciones de otros internos, quienes le proferían amenazas frente a la puerta de la celda. También afirmó haber padecido enfermedades de la piel por dormir en un colchón con chinches y pulgas.

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Cárcel polémica

Desde que se puso en funcionamiento, ese centro de privación de libertad ha sido escenario de varios eventos que han evidenciado desafíos en su gestión y seguridad.

La prisión estaba destinada a albergar a colaboradores eficaces y testigos protegidos. Sin embargo, con el tiempo, se convirtió en un centro de detención para exfuncionarios y figuras públicas acusadas de corrupción, así como para narcotraficantes y otros criminales de alto perfil. Entre los internos destacados que han pasado por esa cárcel se encuentra el expresidente Otto Pérez Molina, junto con otros exfuncionarios de su administración.

A lo largo de los años, la prisión ha sido escenario de varios incidentes mediáticos. En marzo de 2016, el alcaide Mynor Hernández Pérez fue detenido durante una inspección sorpresa, luego de que se le encontraran Q6 mil en efectivo. Las autoridades sospecharon que el dinero provenía de sobornos a cambio de otorgar privilegios a los reclusos.

En julio de 2017, se realizó una inspección en el sector femenino del centro, tras denuncias de supuestos abusos sexuales contra una interna. En enero de 2025, un miembro de la pandilla Barrio 18 fue asesinado dentro de la prisión por otro recluso de la misma estructura criminal.

Hacinamiento

Walter Menchú, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), refiere que en enero de este año dicha cárcel albergaba a 191 personas, aunque su capacidad es de 136. Esto significa una tasa de ocupación del 140 % y una tasa de hacinamiento del 20%.

Menchú indica que en términos generales, en diciembre había un total de 23 mil 17 privados de libertad en 6 mil 842 espacios disponibles en todas las cárceles del país. Esto equivale a una tasa de ocupación del 336% y una tasa de hacinamiento del 219%.

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Las organizaciones Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Amnistía Internacional (AI) condenaron que el periodista Jose Rubén Zamora Marroquín haya sido encarcelado nuevamente, luego de que un juzgado cumpliera con la resolución de la Sala Tercera de Apelaciones, que anuló el arresto domiciliario del que había sido beneficiario.

Por su parte, la Fundación Gabo expresó su profunda preocupación por la recaptura de Zamora y su regreso a prisión.

La fundación recordó que Zamora es ganador del Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo 2024, gracias a su trabajo informativo.

Zamora, de 68 años, está acusado de un supuesto caso de lavado de dinero y chantaje, en un proceso que organismos internacionales y varios gobiernos consideran un ataque contra la prensa por parte del gobierno anterior.

Reo asesinado en Mariscal Zavala y su atacante “Tortuga” estarían vinculados al atentado contra la fiscal Miriam Reguero

El reo Jairon Mendoza es señalado de haber matado a su compañero de celda, Daniel Obrego, ambos señalados de haber participado en un atentado contra una fiscal del MP.

Miguel Barrientos y Elmer Vargas

6 de enero de 2025

|

14:08h

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Foto de referencia. Un ataque en la cárcel de Mariscal Zavala habría sido perpetrado por un reo contra un compañero de celda. (Foto Prensa Libre: Unsplash)

Este lunes 6 de enero de 2025 se conoció que en la audiencia de primera declaración del reo Jairon Geovany Mendoza Castañeda, apodado Tortuga, se ordenó ligarlo a proceso por la muerte de su compañero de celda.

El Ministerio Público señala a Mendoza Castañeda por los delitos de asesinato y tenencia ilegal de armas.

Se le acusa de haber causado la muerte de Daniel Humberto Obrego Milián, conocido como Pocoyó, en un ataque registrado el 4 de enero de 2025.

Obrego Milián y Mendoza Castañeda estaban recluidos en un área de aislamiento de la cárcel Mariscal Zavala.

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Este 6 de enero se conoció que ambos estaban en prisión por su presunta participación en el ataque armado contra la fiscal Miriam Reguero Sosa, ocurrido el 27 de marzo de 2024, el cual dejó dos personas muertas, entre ellas la madre de la investigadora.

El juez de turno resolvió que la carpeta judicial de Jairon Geovany Mendoza sea conocido por el Juzgado Séptimo Penal.

El jefe del Ministerio de Gobernación, Francisco Jiménez se pronunció por el caso este 6 de enero y comentó que se rehusaban a trasladar al reo Obrego Milián a ese centro de detención, por el peligro que podría representar.

Sin embargo, indicó que se procedió con el traslado luego de requerimientos y que se puso en un área de aislamiento, aunque la medida no sirvió para proteger la vida del reo.

Jiménez indicó que ahora se busca proteger la vida de Mendoza Castañeda porque ya “sabe mucho” del caso y podría también ser víctima de otro ataque.

El titular del Mingob indicó que se procedió con destituciones en el centro de detención Mariscal Zavala y que se interpusieron denuncias por incumplimiento de deberes contra las autoridades de la prisión.

El ministro de gobernación @FJimenezmingob informó que este domingo se presentarom denuncias ante el @MPguatemala en contra del director, subdirector y otro personal del centro carcelario Mariscal Zavala.@Guatevision_tv @prensa_libre pic.twitter.com/c5oZ4b3XHM

— Leslie Sánchez (@lsanchez_gtv) January 6, 2025

Mingob anuncia destituciones y denuncias por muerte de reo en Mariscal Zavala

Un reo fue hallado muerto el sábado en la cárcel de Mariscal Zavala, junto a un arma de fuego y su compañero de celda Jairon Mendoza, a quien se le atribuye el ataque.

Miguel Barrientos y Leslie Sánchez

6 de enero de 2025

|

09:26h

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Francisco Jiménez, jefe del Ministerio de Gobernación, anuncia acciones que se tomarán luego de un ataque armado que causó la muerte de un reo dentro de la cárcel de Mariscal Zavala. (Foto Prensa Libre: D. Samayoa)

Francisco Jiménez, titular del Ministerio de Gobernación detalló este 6 de enero las acciones que se han ejecutado luego de un ataque armado registrado dentro de la cárcel Mariscal Zavala.

Jiménez indicó que se destituirá al director, subdirector y jefe de seguridad de centro de detención y se les denunciará por posibilidad de haber cometido delitos.

Aseguró que las denuncias fueron presentadas ante el Ministerio Público por posible comisión de incumplimiento de deberes y que ya se efectúan las investigaciones.

El ministro señaló deficiencias que existen en el Sistema Penitenciario las cuales atribuyó al “abandono” que la institución ha tenido.

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El hecho se registró el sábado 4 de enero de 2025 cuando autoridades fueron alertados de la muerte de un reo.

La víctima fue identificada como Daniel Humberto Obrego Milian, de 24 años, quien estaba recluido por el delito de asesinato desde el 16 de diciembre de 2024.

El hombre tenía heridas de bala en distintas partes del cuerpo.

Las autoridades encontraron al reo Jairon Geovany Mendoza Castañeda, 23, apodado Tortuga, quien fue detenido en 2024 por asesinato y asesinato en grado de tentativa.

Mendoza Castañeda fue aprehendido durante operativos por la investigación de un ataque armado contra la fiscal del Ministerio Público Miriam Aída Reguero Sosa.

Jiménez indicó este 6 de enero que ambos reos pertenecían a la misma pandilla y que se investigan las causas por las que se habría ordenado la ejecución de Obrego Milian.

Añadió que Mendoza Castañeda será trasladado a otro centro de detención para proteger su vida, pues tiene conocimiento de las causas del ataque y también podría ser víctima si se ordenara su ejecución.

El ministro de gobernación @FJimenezmingob informó que este domingo se presentarom denuncias ante el @MPguatemala en contra del director, subdirector y otro personal del centro carcelario Mariscal Zavala.@Guatevision_tv @prensa_libre pic.twitter.com/c5oZ4b3XHM

— Leslie Sánchez (@lsanchez_gtv) January 6, 2025

Quién es el reo del barrio 18 que fue asesinado dentro de la cárcel Mariscal Zavala

Un privado de libertad, miembro del barrio 18, falleció este 4 de enero en las instalaciones de Mariscal Zavala por parte de otro reo.

Pavel Arellano

4 de enero de 2025

|

17:28h

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FOTO ILUSTRATIVA. Un reo fue asesinado este 4 de diciembre en la cárcel Mariscal Zavala. (Foto Prensa Libre: EFE/ Mariano Macz)

Este 4 de enero se reportó la muerte de un privado de liberad en el interior del centro preventivo de Mariscal Zavala, en zona 17.

La víctima fue identificada posteriormente como Daniel Humberto Obrego Milian, de 24 años y quien la policía afirma que era conocido por su apodo “Pocoyo”.

De acuerdo con la PNC, “pocoyo”, fue asesinado por parte de otro reo que posteriormente fue identificado como Jairon Geovanni Mendoza Castañeda, de 23 años.

De acuerdo con la policía, tanto la víctima como el presunto responsable de su muerte son integrantes de la mara 18.

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En el caso de Obrego, él se encontraba recluido en Mariscal Zavala desde el pasado 16 de diciembre de 2024 por el delito de asesinato.

Preliminarmente se conoce que Obrego habría sido detenido por la PNC el pasado 15 de diciembre de 2024 debido a una orden de un juzgado con fecha del 6 de abril de ese año.

También se sabe de forma preliminar que Obrego era un pandillero que supuestamente recibía órdenes de líderes criminales que estaban en prisión para asesinar a víctimas de extorsión, en su mayoría pilotos de transporte público.

Pronunciamiento del SP

La Dirección General del Sistema Penitenciario publicó un pronunciamiento por la muerte de Obrego en el interior de Mariscal Zavala y afirmaron que Castañeda fue consignado por la PNC, además de que se le incautaron un arma de fuego.

Las autoridades indicaron también que desde el pasado 26 de diciembre de 2024 se ordenó al director de Mariscal Zavala que extremara las medidas de seguridad en torno al ahora fallecido.

“Por tal razón, la Inspectoría General de la DGSP se encuentra realizando las diligencias debidas y ha solicitado un informe al director de turno en el centro de detención, con el objeto de determinar responsabilidades de anomalías o actos de corrupción relacionados con el hecho“, señala el escrito.

Quién es el sospechoso de haber dado muerte a reo en la cárcel de Mariscal Zavala

Un reo murió por heridas de bala en la prisión de Mariscal Zavala y el sospechoso del crimen, detenido en julio 2024, está señalado de dos delitos.

Óscar García, Leslie Sánchez y Urias Gamarro

4 de enero de 2025

|

12:56h

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Uno de los ingresos de la prisión que está dentro de la Brigada Militar Mariscal Zavala, en la zona 17 capitalina. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que este sábado 4 de enero una persona murió baleada en el Centro Preventivo Mariscal Zavala, zona 17 de la capital.

Añadió que en el área de bartolina de aislamiento fue localizado sin vida Daniel Humberto Obrego Milian, de 24 años y apodado “pocoya”, quien estaba recluido por el delito de asesinato desde el pasado 16 de diciembre de 2024.

La víctima sufrió heridas de bala en distintas partes del cuerpo, según la información preliminar.

En la escena han sido localizadas un arma de fuego, dos casquillos, manchas de sangre, un teléfono celular, dos tijeras y una pinza.

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Según la PNC, en el lugar se encuentra la persona supuesta responsable del hecho, se trata de Jairon Geovany Mendoza Castañeda, de 23 años y apodado “tortuga”, quien fue detenido durante cateos en julio 2024 en la zona 18.

La policía indicó que “tortuga” se encontraba recluido por el delito de asesinato y asesinato en grado de tentativa.

Añadió que según versión de Rodolfo González, director de la cárcel Mariscal Zabala, a las 8 horas se efectuó el relevo de guardia, posteriormente dieron una hora para que los reos tomaran el sol.

Para leer más: El calabozo de la cárcel de Mariscal Zavala reservado para pocos

Sin embargo, a las 10.20 horas escucharon varios disparos y luego localizaron al fallecido.

Perfil delictivo del sospechoso

El 17 de julio de 2024, el Ministerio Público informó que como resultado de las diligencias de allanamiento lideradas por la Fiscalía contra el Delito de Femicidio se coordinó la aprehensión de Jairon Geovanni Mendoza Castañeda, quien es señalado de asesinato y asesinato en grado de tentativa.

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Las diligencias en la zona 18 fueron en seguimiento al ataque armado contra la fiscal del MP Miriam Aída Reguero Sosa, el cual dejó un saldo de dos muertos el 27 de marzo.

El día de los cateos, autoridades incautaron 11 armas de fuego, municiones de diversos calibres, 18 teléfonos celulares, dos DVR, marihuana y Q28 mil. También localizaron restos humanos.

Además, la fiscalía coordinó el rescate de una adolescente de 13 años que tenía una alerta Alba – Keneth de fecha de activación del 3 de julio del mismo año.

Para leer más: Surge video de la huida de los supuestos atacantes de fiscal del MP

La fiscal Reguero Sosa fue atacada cuando estaba acompañada de su madre, Miriam Sosa, mientras salían de un edificio en la 9 calle y Avenida Reforma, zona 9, el pasado 27 de marzo.

Al menos cuatro hombres vestidos como agentes de la PNC habrían sido vistos caminando cerca de lugar antes del ataque.

Uno de los sujetos habría disparado contra un guardaespaldas que abría la puerta del vehículo, mientras los demás atacantes dispararon contra la fiscal, su madre y otro guardaespaldas.

Tras el ataque, la madre de la fiscal y un guardaespaldas fallecieron por heridas de bala en el cráneo.

Jose Rubén Zamora sale de Mariscal Zavala tras estar más de 800 días encarcelado

El periodista Jose Rubén Zamora salió este 19 de octubre de la cárcel Mariscal Zavala, luego de ser beneficiado con arresto domiciliar.

Pavel Arellano y Leslie Sánchez

19 de octubre de 2024

|

15:26h

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Luego de pasar más de 800 días en prisión, Jose Rubén Zamora salió este 19 de octubre de Mariscal Zavala, luego de que un juez lo beneficiara con arresto domiciliar. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

Tras permanecer más de 800 días preso, el periodista José Rubén Zamora ha salido este 19 de octubre de la cárcel Mariscal Zavala, luego de que se le otorgara arresto domiciliar

Rodeado de periodistas, familiares y ciudadanos, el fundador de elPeriódico dejó la prisión ubicada en la 8 avenida de la zona 17 capitalina para retornar a su hogar luego de ser beneficiado por el juez Erick García el pasado 18 de octubre.

Luego de salir por el portón de la cárcel, Zamora, vestido con una camisa blanca, fue rodeado por varios periodistas quienes le cuestionaron acerca de su estadía en prisión y sobre las cosas que hará una vez esté en su hogar.

“Me siento extraordinariamente feliz y agradecido por el apoyo de ustedes y por las diferentes organizaciones nacionales e internacionales”, dijo Zamora cuando fue abordado por los periodistas.

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El pasado viernes 18 de octubre, se llevó a cabo la audiencia de revisión de medidas para Zamora, quien estaba señalado de conspiración para la obstrucción de la justicia.

La jornada también se vio marcada por la presentación de recursos por parte de querellantes y del Ministerio Público para que la audiencia se suspendiera.

Al ser cuestionado sobre posibles acciones de la Fiscalía en su contra para volverlo a trasladar a prisión, Zamora aseveró que cree que harán lo posible para “volverlo a encerrar otra vez”.

“Creo que intentarán encerrarme otra vez. Creo que ese tipo de acciones están acabando con ellos y no conmigo, porque tengo el espíritu, el coraje y la fe para seguir”, afirma Zamora.

Zamora aseveró que una de las primeras cosas que iba a hacer una vez haya llegado a su hogar es “dormir sus ocho horas”, además de hacerse exámenes médicos.

“He estado dos años en una celda que tenía hongos y moho en las paredes, por lo que mis pulmones y mis cuerdas vocales se pudieron ver afectadas. Primero miraré mi salud”, dice Zamora.

El periodista también dijo que iba a rechazar cualquier medida de seguridad que le fuera a brindar el Estado.

Zamora contó a los periodistas diversas anécdotas, y recalcó el agradecimiento que tuvo con las personas que estuvieron pendientes de su caso, ya que afirma que en los más de 800 días que estuvo encarcelado, siempre tuvo apoyo.

“Si algo aprendí en mi estadía en prisión es que siempre se puede estar peor, pero también siempre se puede estar mejor“, cuenta Zamora.

Condenan a guardias por dejar que familiares de reos durmieran en Mariscal Zavala

Los guardias fueron condenados a dos años de prisión por el delito de incumplimiento de deberes.

Pavel Arellano y Elmer Vargas

5 de marzo de 2024

|

18:16h

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Dos guardias del Sistema Penitenciario fueron condenados este martes a dos años de prisión por el delito de incumplimiento de deberes, debido a que permitieron que familiares de reos permanecieran en las instalaciones de Mariscal Zavala. (Foto Prensa Libre: Michelle Velásquez)

Rodolfo Ramírez y Edy Rodolfo Toc, guardias del Sistema Penitenciario, fueron condenados este martes por un tribunal a dos años de prisión conmutables por el delito de incumplimiento de deberes.

Previo a la condena, la abogada defensora de los guardias indicó a la jueza Amparo Rivas Alvarado que se someterían al procedimiento especial de aceptación de cargos.

Ambos recibieron una pena de 4 años de prisión, pero al aceptar los cargos, la condena queda en 2 años.

De acuerdo con la resolución del tribunal, los acusados permitieron que familiares de algunos reos que se encontraban en Mariscal Zavala permanecieran en las instalaciones durante la noche.

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Como parte de la condena, deberán pagar en donación, la cantidad de Q2 mil por concepto de reparación digna al acilo San Vicente de Paul.

Hechos

La jueza recordó los hechos por cuales fueron procesados penalmente los dos guardias.

Rodolfo Ramírez y Edy Rodolfo Toc guardias del Sistema Penitenciario condenados a 2 años de prisión por el delito de incumplimiento de deberes.

Ellos habrían permitido que familiares de reos durmieran en las instalaciones de Mariscal Zavala.@Guatevision_tv @prensa_libre pic.twitter.com/EVaWGaT2vq

— Elmer Vargas (@evargas_gtv) March 5, 2024

El caso surgió cuando la Policía Nacional Civil realizó una requisa en Mariscal Zavala el pasado 01 de julio de 2021 y hallaron personas particulares dentro de las instalaciones carcelarias.

Las personas encontradas fueron ochos mujeres y un hombre. Además, se reportó que nueve menores de edad estaban en el lugar y fueron rescatados por la Procuraduría General de la Nación.

Al ser cuestionados sobre la presencia de personas particulares, los agentes del sistema penitenciario confirmaron que pernoctaron en las instalaciones, situación que está prohibida.

Uno de los señalados, Adolfo Ramírez, fungía como director del centro de detención Mariscal Zavala y se le acusó de permitir la permanencia de las personas particulares.

Mientras que Edy Rodolfo Toc laboraba como digitador y se le acusó de no registrar el ingreso de las personas que durmieron en dicho centro.

Enfrentarán juicio

Mynor Manfredy Hernández y Pedro Choc Coc, también acudieron ante el tribunal donde son acusados por el mismo caso y decidieron someterse al juicio ordinario y la jueza resolvió que serán citados en una fecha posterior para iniciar con el debate.

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Rodolfo Ramírez, Edy Rodolfo Toc, Mynor Manfredy Hernández y Pedro Choc Coc, también son acusados en otro caso, específicamente de facilitar la fuga de Cristhian Renato Rodríguez Gallardo, alias “El Patojo”, en noviembre de 2021.

Rodríguez Gallardo era requerido por Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico.

Baldizón obtuvo la libertad a eso de las 21 horas luego de que pagara Q1.8 millones de caución económica, la cual fue impuesta por dos jueces del Organismo Judicial (OJ) que lo beneficiaron con el arresto domiciliario.

El juez de Mayor Riesgo D, Juan José Jiménez, resolvió el lunes 9 de enero otorgar medidas sustitutivas al excandidato presidencial Manuel Baldizón en el caso Odebrecht, quien al pagar la caución económica impuesta podría salir de la cárcel Mariscal Zavala, donde fue recluido tras haber sido deportado de EE. UU.

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Este 11 de enero, la familia de Baldizón confirmó que pagaron los Q1 millón 800 mil, suma de las fianzas que le habían puesto al político y empresario en los casos en los que está vinculado, y por eso se espera que pueda recuperar su libertad.

Baldizón pagó Q800 mil de caución en caso Odebrechet y por el proceso Transurbano de Q1 millón.

El pasado 19 de octubre de 2022, Virginia Amparo de León, jueza titular del Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, benefició con arresto domiciliario a Baldizón, quien es procesado en esa judicatura por el caso Transurbano.

Fue por eso que al obtener el beneficio de arresto domiciliario en ambos casos, y tras el pago de las fianzas, Baldizón recuperaría su libertad, pero continuaría ligado a ambos procesos.

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El pasado 6 de enero, durante una requisa en la cárcel del cuartel Mariscal Zavala, en la zona 17 de la capital, se ubicó un teléfono celular en la celda en la que guarda prisión preventiva Baldizón, quien fue trasladado a la Torre de Tribunales, pero el juez que conoció el caso declaró falta de mérito, por lo que no se levantaron cargos en su contra.

El excandidato presidencial fue deportado el 5 de octubre de 2022 por Estados Unidos, tras una condena por lavado de dinero, en un caso en el que se declaró culpable, pese a que la Fiscalía de ese país vinculó los fondos con el narcotráfico.

Al terminar la audiencia de primera declaración el martes último, Zamora denunció hostigamiento al juez Fredy Orellana, quien ordenó que se respeten sus derechos. 

Además, se ordenó al director del Sistema Penitenciario para que a Zamora se le de un trato humano, justo y ético y que se le respeten los derechos humanos, “derechos que están consignados en todos los tratados ratificados por el Estado de Guatemala”.

De acuerdo con la PDH, se estableció que el periodista se encuentra en condiciones adecuadas. 

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Durante el recorrido de los representantes de los Derecho Humanos por la celda de Zamora, estos estuvieron acompañados por el director del penal. 

Zamora denunció que la noche del pasado lunes hubo movimientos irregulares en la celda, por lo que responsabilizó de su seguridad al Estado de Guatemala y al presidente Alejandro Giammattei.

Dijo que durante esos movimientos se apagaron las cámaras que están en su sector.

Agregó que se efectuaron trabajos en una especie de jaula que fue colocada en su celda y que las medidas de revisión fueron más rigurosas de lo habitual, incluso los agentes llevaron perros antidrogas.

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De acuerdo con la versión de la PDH, se determinó que la malla que se había colocado, “fue para separar espacios”. 

Fue arrestado el 29 de julio en su residencia en la capital del país, bajo cargos de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias.

Junto con Zamora fue detenida también la agente fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Samari Carolina Gómez Díaz, por supuestamente haber revelado información confidencial o reservada. Ella asegura que desconoce por qué la arrestaron y dejó claro que teme por su vida y la de su familia.

Así como Zamora Marroquín fue enviado a prisión provisional este sábado 30 de agosto a la cárcel Mariscal Zavala, Gómez Díaz también deberá aguardar privada de libertad mientras son escuchados en la audiencia de primera declaración. A ella le acusan del delito de revelación de información confidencial o reservada.

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“Espero que el sistema de justicia funcione como debería, que se actúe de manera objetiva, que no se convierte en un tema político, que no me conviertan en un chivo expiatorio, para obtener resultados que no tengo idea cuáles sean”, aseguró la agente fiscal en una de las carceletas de la torre de tribunales.

Reiteró: “Hasta ahora no tengo la menor idea de por qué estoy vinculada con este caso”.

Sobre conocer o no al presidente de elPeriódico, Gómez Díaz indicó que “de manera personal no lo conozco, no tengo ninguna relación con él, pero claro que sí sé quien es por su labor periodística. Es inevitable no conocerlo porque es una figura pública dentro del gremio periodístico del país”.

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Ahondó que tuvo “la oportunidad de tomar una declaración con él por un caso”, señaló, pero de eso a conocerlo, añadió: “no he tenido ninguna relación con él, ninguna”.

El periodista Zamora Marroquín ha recibido el respaldo nacional e internacional de periodistas y organizaciones civiles que valoran los esfuerzos por hacer un ejercicio periodístico agudo, señalando actos de corrupción durante diversos gobiernos y entidades gubernamentales.

La publicación de “elPeladero” que provocó la ira de Miguel Martínez y la detención de Jose Rubén Zamora #NoNosCallarán pic.twitter.com/78uAi0bLzO

— elPeriódico (@el_Periodico) July 30, 2022

El medio, que circuló pese a las diligencias de allanamientos en sus oficinas, denunció que una publicación en donde hacían referencia a Miguel Martínez, extitular del desaparecido Centro de Gobierno y al presidente Alejandro Giammattei, habrían detonado en la persecución contra el comunicador, ganador en 2021 de uno de los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España.

¿Dónde está @ChepeZamora ? ¿Quién realmente ordenó su detención y por qué? https://t.co/jNabKpvb7j

— JORGE RAMOS (@jorgeramosnews) July 30, 2022

El gobierno hasta ahora no se ha pronunciado y el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, ha negado que la acusación sea por su calidad de periodista, sino que se trata de un caso por su actividad como empresario.

Solidaridad con Samari Gómez, quien hizo un gran trabajo en varios casos, como Bantrab Elgin, Arca, entre otros: 1) Teme por su vida y la de su familia; 2) Sabe que esto es consecuencia de un plan estratégico dirigido contra actores que luchamos contra la impunidad. pic.twitter.com/UmPLgX8YZu

— Juan Francisco (@JSandoval1982) July 30, 2022

Desde las primeras horas de este 30 de julio un grupo de ciudadanos llegó con pancartas a mostrar el apoyo al periodista y denunciar que era una persecución política en su contra, entre ellos resaltaba Noe Cuxil, quien solicitó permiso en su trabajo para ausentarse y mostrar el apoyo.

“Ya nosotros nos lo veíamos venir, por todo nuestro trabajo investigativo y de denuncia de corrupción”, comentó Julia Corado, directora de ElPeriódico. 

Mientras esto sucedía, afuera de Torre de Tribunales, periodistas y ciudadanos se reunieron para mostrar apoyo a Zamora con las consignas “No nos callarán” y “Sin periodismo no hay democracia”.

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Además, la directora de ElPeriódico, Julia Corado comentó que a su parecer, la detención del periodista Jose Rubén Zamora es injusta, porque se da por sus trabajos de investigación.

Corado resaltó que ya veían venir lo sucedido a Zamora, por las denuncias de corrupción que hace con su trabajo investigativo.

“Todos estamos confiados en que esto se va a arreglar… nos han dado muchas muestras de apoyo y queremos que la población reaccione” agregó Corado.

“El mensaje que se da con esto es: no más prensa independiente. El mensaje es: quedémonos haciendo lo que nos dé la gana y sigamos siendo más corruptos”, afirmó Corado.

“A las personas que estaban en el taller y que querían imprimir el periódico no los dejaron estar adentro, los sacaron con el hecho que no sacáramos el periódico”, narró Corado.

El ciudadano Noé Cuxil manifesta su apoyo al presidente de El Periódico, José Rubén Zamora y comparte que pidió permiso en el trabajo para manifestar su rechazo a la aprehensión. pic.twitter.com/G5wf2HTogb

— Sara Solórzano (@ssolorzano_PL) July 30, 2022

Los manifestantes estuvieron por alrededor de cuatro horas a las afuera del Organismo Judicial, hasta que trasladaron al periodista Jose Rubén Zamora a la prisión de Mariscal Zavala, la primera audiencia, será hasta el próximo lunes 1 de agosto.

El Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal, a cargo de Rosmery López, determinó que Zamora fuera enviado a Mariscal Zavala, en donde deberá permanecer hasta que el lunes 1 de agosto se realice la audiencia de primera declaración.

Lavado de dinero, chantaje, tráfico de influencias, proposición y conspiración para el lavado de dinero, son algunos de los delitos que le imputan al presidente de elPeriódico.

José Rubén Zamora fue trasladado a la Torre de Tribunales a la media noche luego de que las autoridades allanaron allanaron su vivienda y las oficinas de ese medio de comunicación.

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El director de elPeriódico permaneció en la carceleta de este lugar hasta que a eso de las 10.40 horas fue escuchado por la jueza López, quien le dio a conocer el motivo de su detención.

Mientras se encontraba detenido en Torre de Tribunales, Zamora habló con los medios de comunicación y se declaró en huelga de hambre al establecer que su captura responde a una persecución política en contra de elPeriódico y su persona.

“Que me muera si es necesario, pero que se haga justicia”, reveló ante las cámaras.

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Añadido a esto, el periodista indicó que no confía en la justicia guatemalteca y que, como cualquier persona en su posición, teme por su vida tras ser capturado.

Hasta el momento, el periodista aún permanece en la Torre de Tribunales a la espera de ser llevado a Mariscal Zavala y se desconoce el horario en el que se realizará su traslado.

José Rubén Zamora fue arrestado la noche de este viernes 29 de julio después de que las autoridades allanaron su vivienda y las oficinas de elPeriódico, operación en la que se retuvo a ocho trabajadores de este medio por más de 10 horas.

Asociaciones internacionales reaccionan ante la captura de José Rubén Zamora

Debido a la detención del periodista José Rubén Zamora, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exigió al presidente Alejandro Giammattei garantías para la libertad de prensa en Guatemala.

“Ayer, luego de seis horas de allanamiento tanto de su casa como de la sede del diario, Zamora fue detenido y trasladado a tribunales casi a la medianoche. Según la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), la detención de Zamora no se debe a su ‘función como periodista, sino como empresario’, y estaría acusado por supuestos delitos de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias, entre otros”, estableció el comunicado de la SIP.

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Por su parte, Jorge Canahuati, presidente de esta entidad, indicó que esta no es la primera vez que la SIP defiende a José Rubén Zamora, ya que anteriormente ha sido perseguido por sus denuncias contra la corrupción.

“No es la primera vez que debemos defender a José Rubén y su labor periodística, ya que sufrió consecuencias similares por haber denunciado actos de corrupción durante gobiernos pasados”, indicó Canahuati,

De igual manera, el presidente de esta sociedad comentó que “el presidente Giammattei debe dar muestras claras de que se garantice el debido proceso y la libertad de prensa en el país”.

Esta es una de las primeras reflexiones que lanza el experto Zoel Franco al hablar de la cárcel ubicada en Mariscal Zavala.

Fue hace 12 años cuando los ministerios de Gobernación y la Defensa suscribieron un convenio que les permitía usar instalaciones militares como centros de privación de libertad de personas que, independientemente de sus delitos, se encontrara en peligro su vida.

De esta forma se empezaron a adaptar espacios en las bases militares de Matamoros, en zona 1 y Mariscal Zavala, en zona 17, con la salvedad que esta sería una opción “temporal” para resguardar a este tipo de reos.

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El expresidente Alfonso Portillo fue quien estrenó el Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres de la Zona 17, al interior de Mariscal Zavala, cuando fue trasladado a esta brigada militar en agosto de 2010. Por al menos tres años, Portillo compartió celda con los hermanos Francisco y Estuardo Valdés Paiz.

De ser un centro de prevención donde se esperaba resguardar a 20 personas con perfiles acordes a criminales extraditables, narcotraficantes y funcionarios pasó a ser un mini refugio para más de cien personas de alto perfil como expresidentes y exministros de Estado señalados de actos de corrupción.

Pero lo que más llama la atención de este centro y que fue explicado en el reportaje publicado este 21 de febrero es la latente señal de privilegios y desigualdad que se vive en este lugar.

El exministro de Gobernación en el año 2010, Carlos Menocal, justificó el uso de terrenos militares para esta cárcel diciendo que necesitaban una prisión de mediana seguridad destinada para testigos claves o colaboradores eficaces y que sería administrada por el Sistema Penitenciario.

Sin embargo, su uso se desvirtuó desde el inicio al recibir al expresidente Portillo que no era ni testigo protegido ni colaborador eficaz.

“Con el tiempo, Mariscal Zavala cambió su destino y ya no se utilizó para colaboradores sino para procesados de cuello blanco como políticos, extraditables y narcotraficantes. Al ocurrir eso, ocurre todo lo que pasa en el Sistema Penitenciario que es la corrupción para permitir el diseño de infraestructura que no está en la ley y el ingreso de cosas ilegales” explica Menocal.

El exfuncionario agregó que la alta relación que existe entre los directores de los centros, los guardias y los reos favorece el clima de corrupción que se da en todas las cárceles del país.

No es únicamente Mariscal Zavala

Corinne Dedik, experta en derecho penitenciario del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales (CIEN), explica que el caso de Mariscal Zavala no es ninguna excepción y esto se origina en que el SP no cumple con sus obligaciones.

“En las cárceles hay una infraestructura que no reúne los requisitos suficientes para albergar la cantidad de personas además los edificios ya están desgastados y obsoletos y lo que sucede es que los privados de libertad se empiezan a organizar para que ellos mismos trabajen en algunas mejoras y esto llega a diferentes niveles, desde reparar algo que no funciona a ingresar material de construcción como tablas yesos y baños privados para construir un mejor espacio y si se les permite hacerlo, obviamente lo van a hacer”, agrega Dedik.

Mientras que Dedik no ve el problema en la ubicación de esta prisión, el ex viceministro de Gobernación, Julio Rivera Claverí menciona que nunca se debió contemplar una cárcel en una base militar.

“El primer gran error fue haber permitido que en una base militar se hiciera una cárcel pública. Lo que hay que tener claro es invertir dinero en las cárceles del país, pero con transparencia. El problema es que todo se convierte en negocio”, agrega.

Los privilegios y la desigualdad

Para Zoel Franco, quien es coordinador del Instituto Comparado en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), agrega que la diferencia de esta prisión con el resto de las 20 que existen en el país, a excepción de la cárcel militar de Matamoros, es el perfil de sus reos que han generado riqueza a través de actos de corrupción.

“Si hacemos una comparación con los otros centros de privación de libertad, la población que está en Mariscal Zavala está vinculada a delitos del crimen organizado que generan mucha riqueza e ingresos económicos”, agrega.

Sin embargo, este no es el único poder que manda. Muchos de los privados de libertad manejan un poder político por el lugar que desempeñaban antes de ser apresados.

“Muchos piden ir directamente ahí, por eso se ha convertido en un centro de acogimiento de personas que tienen poder económico y político y eso no se ve en los otros centros donde el hacinamiento es mucho mayor”, agrega.

Para abordar los privilegios que existen en las prisiones del país, el SP solo debe cumplir con su trabajo, explica por su parte Dedik.

“Si lo vemos con el tema de la comida únicamente, si el SP estuviera sirviendo comida propiada en calidad y cantidad ahí sí podrían prohibir el ingreso de alimentos porque tienen un servicio que cumple con todos los requisitos y así se va con todo. El no cumplir con los estándares mínimos es lo que abre la puerta para que la gente que quiere y puede ingrese muchas cosas más que legalmente no podría”, agrega.

Para Menocal y Rivera Claverí, la solución pasa por una reforma profunda al SP, que desde el 2011 que se creó, nadie más ha querido discutirla.

“Al plantear una reforma hay que hacerlo a través de una comisión propuesta por el gobierno central, el Congreso y el Organismo Judicial para que sea integrada, pero deben haber acuerdos políticos que permitan entender que esto no se resuelve en 4 años, hablamos de 16 y 24 años”, agrega Claverí.

Sin embargo, el problema en términos generales para los entrevistados es la corrupción que abarca los diferentes niveles dentro del SP, desde los responsables de sector, los guardias, directores de centros hasta las altas autoridades de la institución.

“Se necesita un nuevo modelo penitenciario con control y mecanismos telemáticos que no permita ninguna relación con el personal  y con los privados de libertad, que sea cada vez más telemático y tecnológico”, agregó Menocal.

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Centro desbordado

Según una supervisión de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), aunque Mariscal Zavala se creó temporalmente en 2010 para 20 personas privadas de libertad de alta peligrosidad en 2015 rebasó su capacidad y fue ampliado para atender a 135 privados.

En la última supervisión de marzo de 2020 había 218 hombres y en el espacio acondicionado para siete mujeres habían 27 y la mayoría de estas personas son exfuncionarios de gobierno que están en situación preventiva desde el 2015.

Según la Defensoría de Personas Privadas de Libertad, luego de 2015, conforme se empezaron a enviar a personas vinculadas por corrupción, se desvirtuó el objetivo para el cual fue habilitada la cárcel y derivó en “desbordamiento o sobrepoblación del centro penal”.

“Como parte de los mecanismos de seguridad, se ordena el horario de las visitas y vigilancia perimetral para los privados de libertad que se encuentran recluidos en esta área. Son dos sectores, el sector denominado de Aislamiento, en donde se encuentra recluido el expresidente de la República Otto Fernando Pérez Molina, junto con otros privados de libertad de casos conocidos por los Juzgados de Mayor Riesgo. En esta área conviven aproximadamente 30 privados y en el sector denominado Carpas los otros 180, siendo esta un área destinada para no más de 120”, dice el informe

Vulnerabilidades

Gerardo Villamar, defensor de los privados de libertad de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), explica que, en general, las personas con menor poder adquisitivo son las que más precariedades enfrentan en las prisiones del país.

“Las personas con pocos recursos económicos son las que tienen más necesidades dentro (de los centros carcelarios). La población privada de libertad es como una sociedad en pequeño, solo que en custodia. Hay poca accesibilidad a servicios básicos para quienes no tienen poder adquisitivo”, explica el defensor.

Un problema, explica Villamar, es que los centros carcelarios no tienen la infraestructura ni cuentan con los suficientes guardias para albergar a los más de 24 mil personas que se encuentran en custodia a nivel nacional, ya sea a la espera de que se solvente su proceso judicial o purgando una condena.

Esto hace que el Estado incumpla con su obligación constitucional de respetar la dignidad de los privados y proveerlos de servicios básicos. A menudo, la posibilidad de vivir en condiciones dignas depende de si un privado tiene o no la capacidad de remunerar económicamente a los privados de libertad que ejercen el poder adentro, explica Villamar.

“Si no se tiene un centavo no se puede ir a tiendas a comprar nada. El que llega con plata vive mejor porque el control y manejo del centro penal no lo tiene la autoridad, lo tienen los privados de libertad. Si se llega a un sector de seis personas, y se encuentran 18 en un cuarto de cuatro metros cuadrados la persona tiene que pagar o se queda parada durmiendo. Hay gente que se amarra a las paredes porque el hacinamiento es tal”, dice Villamar.

Esto es de lo que no se ha podido escapar el Sistema Penitenciario, porque a pesar de tener a reos de alto perfil, sigue repitiendo los mismos vicios que en los otros centros carcelarios: sobrepoblación, hacinamiento, pérdida de poder y falta de control.

Guardan silencio

Se intentó obtener una opinión de las autoridades del Sistema Penitenciario respecto a los señalamientos, sin embargo, no respondieron a las solicitudes hechas por este matutino.

El centro alberga a prisioneros especiales, principalmente exfuncionarios de Gobierno señalados de corrupción. Por dicha cárcel han pasado tres de los últimos siete presidentes del país, Alfonso Portillo, Álvaro Colom y Otto Pérez Molina, este último permanece preso en ese lugar.

Pero el hecho de que en en esa prisión estén privados de libertad de cierta élite comprueba que los escándalos se producen en prisiones que alberguen a cualquier tipo de prisioneros, no solo en el Preventivo de la zona 18 o en otros penales.

Estos son los escándalos más recordados:

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El 18 de agosto del 2016, la prisión fue requisada por las fuerzas del orden y localizaron una serie de artículos que habían sido ingresados sin autorización, entre estos, televisores, refrigeradoras, un congelador y botellas de licor.

El 10 de mayo de 2017 se produjo uno de los sucesos más sonados: la fuga de Marixa Lemus Pérez, alias la Patrona, quien utilizó un uniforme del Sistema Penitenciario para escapar. En la mañana del 11 de mayo, un agente que debía escoltar a Lemus Pérez a una audiencia se percató de que no estaba en la cama y solo estaban las sábanas acomodadas de forma que parecía que estaba durmiendo.

La fuga de Lemus, acusada de varios delitos, entre estos el de encabezar una banda de secuestro y asesinato, ocasionó la destitución del director del Sistema Penitenciario de ese entonces y la captura del alcaide, el jefe de seguridad y seis guardias de la cárcel, entre ellos cuatro mujeres.

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Finalmente, Lemus fue recapturada en El Salvador, 14 días después de su escape.

Otra fuga que dio bastante de qué hablar fue la de Jeankarlo Alexander Sánchez Meneses, supuesto narcotraficante que trabajaba para el cartel de Sinaloa y que era requerido por EE. UU. para su extradición. Este ourrió el 17 de marzo de 2019.

De acuerdo con las investigaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA en inglés), Sánchez Meneses había pilotado un avión que transportaba cocaína, desde Venezuela a Guatemala.

Sánchez Meneses nunca fue recapturado. En septiembre de 2020, murió en un accidente aéreo en Chisec, Alta Verapaz, cuando al parecer, manejaba un jet e intentaba aterrizar en una pista clandestina.

El 31 de mayo de 2019, en una nueva requisa, las autoridades volvieron a encontrar artículos que los reclusos no tiene permitido tener, como botellas de whisky, vino y cervezas en lata; además, antenas rúters, celulares, cargadores, bocinas bluetooth, radio comunicadores, una tableta y varios cuchillos.

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Un año después, en otra requisa, de nuevo, incautaron televisores, aparatos para conectar internet y un equipo de aire acondicionado.

Luego de las fugas exitosas de Pérez Lemus y Sánchez Meneses, los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares también intentaron hacerlo. El 1 de julio del 2021 el Ministerio de Gobernación informó que los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) planeaban fugarse. La huida se evitó gracias a alertas internacionales.

Los hermanos guardaban prisión en Mariscal Zavala desde un año antes cuando fueron detenidos en el Aeropuerto La Aurora cuando pretendían abandonar el país en un vuelo privado. Eran pedidos en extradición por EE. UU. país que los acusa de intermediar entre 2009 y 2014 en el pago de US$28 millones por parte de la constructora brasileña Odebrecht a un exfuncionario panameño de alto rango.

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Finalmente, entre noviembre y diciembre del año pasado, después de una dura batalla legal, fueron extraditados a EE. UU. donde enfrentan cargos por lavado de dinero.

Menores y mujeres

Debido al intento de fuga, las autoridades requisaron el centro de detención y se llevaron la sorpresa de que hallaron a nueve menores de edad fuera del horario de visita, también varias mujeres y otro personal ajeno al Sistema Penitenciario; además, como ya se ha vuelto una costumbre cada vez que hay una requisa, hallaron botellas de licor, teléfonos y repetidoras de señal de internet.

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El pasado 17 de noviembre Christian Renato Rodríguez Gallardo “el patojo”, a quien la justicia estadounidense buscaba por lavar cerca de US$9 millones también se fugó, aunque fue recapturado un mes más tarde. Permanecía en esa cárcel desde septiembre de 2020.

Según la investigación, Rodríguez Gallardo formaba parte de una organización a gran escala de lavado de dinero, que operaba en Guatemala y EE. UU. Según el Ministerio Público recibió grandes cantidades de dinero en efectivo, luego de haber organizado negocios en aquel país, producto de narcotráfico.

Luego de la fuga, fueron detenidos nueve agentes del Sistema Penitenciario, el director de la prisión, Óscar Matías Pichiya Pathán, al igual que el alcaide, Óscar Vidal Sanic Samol.

El sábado 19 de febrero  fueron capturados cuatro guardias más, implicados en dicha fuga y señalados de permitir reuniones nocturnas en esta prisión.

¿Reordenamiento?

A los pocos días de haber asumido el Gobierno, las autoridades anunciaron un plan de reordenamiento que incluiría a la prisión que funciona dentro de la Brigada Militar Mariscal Zavala para terminar con los privilegios de ciertos reos; sin embargo, parece que a la fecha esto no ha ocurrido.

De acuerdo con el abogado Érick Huitz, quien ha defendido a políticos, empresarios y personas involucradas en casos considerados como de alto impacto, para evitar que una persona señalada de un hecho delictivo sea enviada a prisión preventiva se deben vencer los dos supuestos procesales, los cuales son el peligro de fuga y la obstaculización de la averiguación de la verdad.

El profesional puntualizó que es difícil de desvirtuar el peligro sobre las averiguaciones de la verdad y en los casos de alto impacto “la gente que está sindicada tiene mucho poder, por eso el juez opta por enviarlos a prisión al considerar que pueden manipular las investigaciones”.

El abogado mencionó que “es el juez quien determina a qué prisión los envían”. Respecto a Matamoros y Mariscal Zavala, que fueron habilitadas como centros de privación de libertad hace menos de una década, Huitz refiere que por lo general son enviados a dichos lugares “para resguardar la vida de gente que ha tenido mucho poder, o bien para evitar que otros prisioneros les ocasionen algún daño físico o que puedan ser extorsionados”.

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Proceso y persona

El juez de Alto Impacto, Miguel Ángel Gálvez, explicó los aspectos que él toma en cuenta para decidir sobre a qué prisiones enviará a los señalados y pasan por “establecer el tipo de sindicado y que en los procesos de corrupción no es sencillo enviar a una persona al Centro Preventivo de zona 18”.

Agregó que los procesos penales que involucra a militares y narcotraficantes es difícil que se puedan ubicar en las prisiones normales.

Gálvez detalló que regularmente ha solicitado al Sistema Penitenciario informe sobre el número y nombre de las personas que están detenidas en las diferentes cárceles.

Otro de los aspectos que evalúa el juez es el estado de salud de la persona señalada “es necesario establecer qué tipo de enfermedad enfrenta, en algunos casos es necesaria la hospitalización y en situaciones así se puede acceder a la medida sustitutiva”, explicó Gálvez.

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Otra de las particularidades que surgen es cuando una mujer sindicada está en estado de gestación, el juez refirió que “en algunos casos autoriza que vayan a tener a su bebé y luego regresen a prisión” dijo.

Aunque ha enviado a muchas personas a guardar prisión preventiva a la cárcel de Mariscal Zavala, Gálvez reconoce que este lugar no reúne los requisitos mínimos de una prisión.

Sin límites

Para Julio Buonafina, abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal, “no existen limites para hacer solicitudes a los jueces de todas las instancias, sin embargo, son ellos los que deciden mandar a ciertos centros carcelarios de las personas”.

Buonafina explicó que los juzgados y tribunales tienen distintos criterios ante el peligro que pueda correr algún privado de libertad y entre los aspectos que un defensor podría plantear ante juez para solicitar determinada cárcel son “la edad, salud, sexo, vulnerabilidad y si es persona expuesta políticamente o alguna minoría étnica”.

En esta cárcel, concebida como una prisión con comodidades y máxima seguridad para Personas Muy Importantes (VIP, en inglés), guardan prisión preventiva muchos exfuncionarios señalados en tramas de corrupción, pero también alberga a supuestos narcotraficantes reclamados por EE. UU.

La mujer lleva víveres a un privado de libertad, pero como en Mariscal Zavala también hay clases sociales, ella se dirige al área común en la que conviven los reos con menos poder adquisitivo, los que afuera tuvieron un cargo menor en la estructura del gobierno o fueron simples empleados públicos operadores de las tramas que se ventilan en juzgados de Alto Impacto.

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El área para los comunes

En el ingreso al área común hay dos bancas en las que  el visitante puede esperar mientras sale el recluso para darle ingreso, quienes ya conocen la carpa en que está recluido su amigo o familiar empiezan a caminar entre los improvisados callejones que se han formado entre el desorden que marca la necesidad de tener un espacio.

No hay celdas, son espacios improvisados con carpas de vinil en no más de tres metros cuadrados, es el área de la privacidad a la que se puede aspirar en ese sector del penal.  El área común de Mariscal Zavala se asemeja a las champas de un asentamiento urbano de la Ciudad de Guatemala.

Entre los pasillos que se formaron ante la expansión de la población en esa cárcel, hay novedades. Se observan tiendas, ventas de pollo asado, tortillas de harina, una barbería que anuncia cortes a Q20; todo alrededor de una pequeña comunidad.

Mariscal Zavala dispuso de un espacio para instalar una prisión luego del 2015, cuando se desató la trama de La Línea y por la que guarda prisión Otto Pérez Molina, algunos de sus ministros y otros funcionarios de ese gobierno.

En seis años la población reclusa aumentó de 135 a 275 y este fue el factor que obligó a improvisar espacios y los módulos originales tuvieron que ceder a las carpas y alojar así a las decenas de privados de libertas que se fueron sumando.

Los toldos con vinil se popularizaron como celdas en el área común de esta cárcel y hay callejones que dividen un apartamento de otro, acá no hay celdas con barrotes, hay un poco más de comodidad y privacidad.

En un recorrido se evidenció que una charla la puede estar escuchando el vecino, los toldos están contiguos y las paredes son plásticas.

La rutina

Pero el área común de Mariscal Zavala también tiene estratos. Entre las carpas destacan algunas construcciones formales, apartamentos edificados con madera y tabla yeso. Algunos tienen finos acabados, aunque con puertas rústicas o ventanearía desajustada.

En los días de visita general los reclusos reciben a sus amigos o familiares en sus improvisados apartamentos, es el área más privada al que puede aspirar en el área común de esa prisión y para el resto, denota el poder que tuvo o tiene el propietario de ese espacio, que no necesariamente pasa por el factor económico.

Hay excepciones, aunque pocas. En ese sector algunos reos tienen alto poder adquisitivo y algunos reclusos nos relataron que si hay dinero pueden gestionar permisos con la Dirección General del Sistema Penitenciario para modificar su toldo y convertirlo en una habitación.

Algunos comedores que funcionan en el área común del reclusorio de Mariscal Zavala tienen modificaciones y dejaron de ser un toldo de campamento. En uno de esos negocios de comida hay refrigeradora, microondas, licuadoras y el menú va desde un pollo asado hasta huevos benedictinos acompañados de frijoles y plátanos fritos. La carta está abierta para quien pueda pagar.

Uno de los privados de libertad remarcó que los negocios surgieron con base al reglamento del Sistema Penitenciario, porque está permitido que los reclusos desarrollen oficios y el emprendimiento, por lo tanto, no consideran que esa explotación comercial sea ilegal.

“Es cuestión de tener dinero para lanzar el negocio, acá hay ventas de huevos, venden pollo, hamburguesas, pizzas. Hay competencia, claro que los reos que ponen estos negocios tuvieron dinero para invertir. También hay que tener pisto –dinero– para comerse todo eso que venden acá”, relató un privado de libertad al equipo de periodistas que visitó el centro carcelario.

Más allá de las comodidades, en el área común resalta el compañerismo. Todos se conocen y saben en qué toldo o habitación está cada uno recluido. Si hay una visita, rápido le gritan al privado de libertad para que la atienda.

Es día de visita general y entre los callejones se escuchan risas de niños y mujeres, la señal de que llegaron las familias a compartir con su ser querido.

También hay una cancha de fútbol disponible para quienes practican ese deporte. Es una cancha de tierra con dos porterías blancas que se usa para desestresarse habitualmente.

Algunos no gustan de pegarle a un balón y prefieren salir a caminar por varios minutos alrededor del campo. En ese sector precisamente está recluido el futbolista inactivo Marco Pablo Pappa, quien periódicamente sale a ejercitarse y es la oportunidad para algunos de compartir una tarde de juego con un profesional del balompié.

El covid-19 y los efectos del confinamiento también afectaron a esta comunidad de reclusos. Hubo negocios que quebraron, entre ellos el comedor El Rincón de Lupita que emprendió desde 2016 el exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, Omar Franco. Ese negocio dejó de servir comida debido a las restricciones que causó la emergencia sanitaria.

Otros privados de libertad se han reinventado, algunos ofrecen bebidas, aunque las que contienen alcohol están prohibidas en la prisión.

Pero el país se reactivó y en Mariscal Zavala comenzaron a llegar cada vez más personas vinculadas al narcotráfico, aunque los reclusos prefieren llamarles “los extraditables”.

Ellos han sido asignados al área común y han sido un alivio para una empírica actividad comercial en Mariscal Zavala. Los extraditables han inyectado una recuperación al área común de Mariscal Zavala ya que el poder adquisitivo de estas personas se mantiene alto pese a estar encerrados en una cárcel.

“Ellos -los extraditables- vinieron a dinamizar esto, son reos que no se meten con nadie y tiene dinero para comprarse comida y tener servicios básicos al día -agua, habitación, lavandería-. Entonces, con su permanencia ayudan al resto, porque si ellos quieren comida se les vende, si quieren un atol blanco se les vende, si quieren agua pura se les vende, si necesitan planchar su ropa se les vende ese servicio”, agregó un recluso.

Los reos con orden de extradición también invierten en su permanencia en prisión mientras en los tribunales se resuelve si son o no extraditados a Estados Unidos. Algunos de estos privados de libertad viven en habitaciones más cómodas hasta de dos pisos y constantemente reciben visitas. Mejorar su estilo de vida pasa por poner en circulación dinero que es aprovechado por quien pueda ofrecerle servicios.

La discordia

Lejos del entretenimiento hay temas que preocupan a la comunidad reclusa del área común, ya constantemente tienen problemas por la carencia de drenajes y un grupo de privados de libertad que tiene conocimientos de albañilería y plomería se encarga de gestionar el avance del sistema de tuberías para tener este servicio vital.

En estos días están tranquilos porque con la llegada del verano no tendrá que andar pensando en las filtraciones de agua en sus habitaciones, pero a partir de mayo, cuando inicie el periodo de lluvia, empezarán tapar agujeros y hacer cualquier tipo de remiendo para evitar esos inconvenientes.

El condominio

Lejos del área común, las ventas informales, los negocios emergentes y los apartamentos prefabricados está “el condominio”. La mayoría de los internos no lo conoce, pero sabe que está ahí cada vez que se topan con el portón de ingreso que tiene malla y está recubierto de follaje verde para impedir la visibilidad a esas casas.

El sitio es el área de Asilados Uno y parece un condominio residencial de cualquier zona de clase media de la capital. Las construcciones de los inmuebles cuentan con acabados finos en paredes blancas, las casas, aunque reducidas pueden ser de uno o dos niveles, con faroles en el portal o algunas lámparas más modernas, según el gusto y estilo de quién habita allí.

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Cada apartamento tiene un jardín en la parte frontal, con algunas especies de cipreses que dan apariencia hogareña a estos ambientes. Muy lejos de cualquier definición de una celda en ningún país.

En el portón que evita la invasión del área común hay una pequeña garita en la que un guardia del Sistema Penitenciario vigila constantemente. Ese ingreso está a 10 metros del acceso al área común, es decir, son sitios colindantes pero muy distintos y marcan una estratificación en la población reclusa.

“Allí viven los reyes, y los reyes no sirven a los reyes. Esa nos es una comunidad, allí cada uno vive a su estilo y se encierra en sus problemas. Algunos sí salen de allí para convivir con los del área común en alguna actividad deportiva o recreativa, pero son muy distantes, sin duda es la otra clase de esta prisión”, describió un privado de libertad del área común.

Si alguien del sector de Aislados Uno necesita arreglar el baño, la ducha, algún tomacorriente o remodelación, le avisan a los privados de libertad del área común para que brinden sus servicios.

“Ellos pagan por sus arreglos, al final indirectamente estamos en el mismo sitio y así como nos necesitan los necesitamos”, remarcó el reo.

El más reciente huésped en esa prisión es el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito Ruiz, quien ha sido ligado a proceso por los casos de Libramiento de Chimaltenango y su implicación con los Q122.3 millones decomisados en octubre de 2020 en una casa situada en la Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Según fuentes con conocimiento del tema, desde el primer día los abogados de Benito Ruiz gestionaron y lograron que fuera recibido en el sector más exclusivo y con más privilegios en Mariscal Zavala.

Otro de los reclusos en este sector es el expresidente Otto Pérez Molina, quien enfrenta juicio por el caso La Línea y quien en diversas ocasiones ha pedido mantenerse recluido en Mariscal Zavala.

La exclusiva y hermética zona VIP

Un tercer sector hace más profunda la desigualdad de los privados de libertad de la cárcel de Mariscal Zavala. Es el Aislados Dos, un sitio que a diferencia de los dos anteriores no se detecta con facilidad debido a que está situado detrás del vecindario de Aislados Uno y para llegar a esa área exclusiva hay que pasar por una tercera garita con custodios. Ahí también funcionan las oficinas de la alcaidía.

En este tercer sector hay más privacidad, Los visitantes al estar en el parqueo no pueden observar ese vecindario y para hacer solo es posible con la invitación de alguno de estos reclusos residentes allí.

En esa área guarda prisión el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, quien cuenta con una vivienda de dos plantas, siempre con la tendencia de paredes blancas y acabados finos.

En su área de recreación, el exfuncionario dispone de una mesa de ping pong, en la que se le ve practicar con frecuencia.

Algunos reclusos recuerdan que incluso se han efectuado torneos en ese penal porque es un deporte llamativo para muchos.

En Aislados Dos también está recluido el exrector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Murphy Paiz, quien está procesado por su implicación en el caso Comisiones Paralelas.

Otro de los “condóminos” es Cristian Rodríguez Gallardo quien tiene orden de extradición a EE. UU. por lavado de dinero y se había fugado de esa cárcel el 14 de noviembre pasado, aunque fue recapturado un mes después.

Algunos reos relatan que Rodríguez Gallardo, alias el Patojo, ha vivido relajado en prisión y acostumbra a estar en su apartamento simulando tomar café.

“Cuando los custodios pasan revisando si permanece o no en su espacio lo ven bebiendo su cafecito, pero no precisamente es eso. Cada taza de su bebida está mezclada con licor y así se mantiene mientras pasa sus días en prisión”, aseguró un privado de libertad.

En la grabación que captó su fuga de la prisión, el 17 de diciembre de 2021, se evidencia que Rodríguez Gallardo tambaleaba y era ayudado por un hombre para poder caminar y salir de Mariscal Zavala.

Hay tolerancia al consumo de cervezas y licores aseguran los prisioneros entrevistados.

En diciembre pasado fue habitual ver festejos en el penal, muchos reclusos organizaron convivios.

Añadió que el detenido es sindicado de los delitos de peculado por sustracción, abuso de autoridad y uso de documentos falsificados.

La captura se registró en el Centro de Detención Preventiva Mariscal Zavala donde presta servicio, sin embargo fue detenido mientras se efectuaba una prueba covid-19, a la cual dio positivo.

Los agentes que lo detuvieron, según informó la Policía Nacional Civil, fueron enviados a cuarentena preventiva y el capturado se quedó aislado en el centro carcelario.

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La captura de Arteaga Salazar es en seguimiento a una investigación por posibles eventos anómalos e ilícitos en el proceso de adquisición de 32 refrigeradoras por un total de Q99 mil en el Club Aire, Mar y Tierra de la Dirección General de Deportes y Recreación del Ministerio de la Defensa Nacional.

Rubén Téllez, vocero del Ejército, informó que se trata de un oficial que se encuentra de alta en la Inspectoría General del Ejército y es señalado de las acusaciones que el MP le ha dado a conocer.

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Confirmó que la captura e indicó que es una acusación personal hacia el detenido. También indicó que Defensa no podría divulgar más información, pero cooperarán con el MP cuando lo requiera.

El hecho ocurrió en el centro de detención preventiva para hombres y mujeres Mariscal Zavala, el 30 de junio de 2021. 

El juzgado de turno, a petición de la Fiscalía de Delitos Administrativos, los ligó a proceso por incumplimiento de deberes. 

Los ligados a proceso son: 

• Adolfo Ramírez Virula, director del centro carcelario
• Óscar Vidal Sanic Samol, alcaide de la prisión
• Edy Rodolfo Toc Gue, digitador
• Enrique Cuc Misti, jefe de servicios
• Pedro Choc Coc, encargado de registro de personal de hombres y llavero de la puerta principal
• Mynor Manfredy Hernández Baudriz, comandante de peaje de la puerta principal y registro de objetos

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Sin embargo, en su resolución el juzgado les otorgó medidas sustitutivas a los sindicados.

A Ramírez Virula y a Sanic Samol se les impuso el pago de caución económica de Q30 mil.

En tanto que el resto de los sindicados deberán pagar Q15 mil. 

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Cerveza, whisky, teléfonos celulares y cargadores forman parte de los hallazgo en el centro carcelario militar de la zona 17 capitalina. 

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que durante la revisión fueron rescatados nueve niños y adolescentes que se encontraban en el lugar fuera del horario de visita.

Al parecer, los niños, que ya están bajo resguardo de la PGN, pernoctaba en el recinto, algo que se supone estaba estrictamente prohibido en el penal.

Además, se encontraron varios cheques de hasta de Q42 mil girados a nombre de distintas personas. 

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En uno de los videos grabados en el sector pueden verse casi 60 latas de cerveza de 16 onzas, así como botellas de whisky de varias marcas. 

También fueron encontrados dispositivos sofisticados de un sistema avanzado de comunicaciones y así como servicio de internet. 

Se informó que las áreas requisadas fueron los sectores 1 y 2, así como el área de aislados, de toldos, galeras del comedor, entre otros recintos.

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El exmandatario está procesado en varios casos de corrupción, entre ellos “Cooptación del Estado”, y desde hace varios meses está internado en el Centro Médico Militar.

Luego de la resolución del juez, el traslado puede ocurrir en cualquier momento, por lo que se presume que el mandatario pasará la Navidad en esa prisión.

En cinco ocasiones el exmandatario ha solicitado que se le beneficie con arresto domiciliario, pues cree que es vulnerable al covid-19 por ser mayor de 60 años y estar afectado por una cardiopatía, pero el juez Gálvez le ha negado esa petición.

El expresidente está procesado por el caso La Línea y en el caso Cooptación solicitó desde el 2019 una medida sustitutiva para poder quedar en arresto domiciliar, sin embargo, esa petición ha sido denegada en varias ocasiones.

El caso Cooptación es una investigación que señala a varios miembros del Partido Patriota (PP) que supuestamente lograron establecer una red que cooptaba al Estado y cometía varios actos de corrupción.

La publicación que se hizo viral detallaba que el exfutbolista habría sufrido golpes dentro de la cárcel y tenía “costillas rotas y laceraciones” y aseguraba que la intención era asesinarlo.

Sin embargo, este sábado, el Sistema Penitenciario, a través de su cuenta de Twitter, desmintió la supuesta golpiza y aseguró que Pappa se encuentra bien de salud, recluido en Mariscal Zavala desde el viernes.

pic.twitter.com/SeSR9JjqnC

— Sistema Penitenciario (@Dgspg) December 5, 2020

Pappa está ligado a proceso por el delito de violencia contra la mujer y en prisión preventiva, según resolución del Juzgado de Turno de Femicidio del 31 de agosto de 2020. Estaba prófugo desde el 4 de agosto. El 26 de julio, según la Policía Nacional Civil (PNC), fue sorprendido escandalizando en la vía pública en la zona 16 capitalina, luego de que aparentemente había agredido a una mujer que entonces lo acompañaba.

El pasado 21 de noviembre había sido trasladado a la cárcel de Cantel, por otros señalamientos que debe enfrentar en Quetzaltenango. Esta cárcel, según registros oficiales de mayo, tenía 200 por ciento de hacinamiento.

Finalmente, este 4 de diciembre fue trasladado de nuevo a Mariscal Zavala donde seguirá recluido.

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MP desarrolla requisa en cárcel Mariscal Zavala

El 9 de junio último, personal del MP llevó a cabo una requisa en la que se encontraron aparatos eléctricos, teléfonos móviles y otro tipo de dispositivos prohibidos para los reclusos.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Feci, dijo ese día que se buscaba incautar dispositivos de comunicación utilizados por exfuncionarios y personas involucradas en actos de corrupción.

Señaló que algunas investigaciones de la Fiscalía han señalado que los reclusos tienen información con personas del exterior, situación que es prohibida.

Sandoval señaló que, en muchas ocasiones, la comunicación con otras personas se lleva a cabo para coordinar o programar actividades delictivas.

#Ahora | El @MPguatemala ha incautado algunos objetos prohibidos para reclusos en la cárcel de Mariscal Zavala.

Lea más: https://t.co/8uL4yhIoTa pic.twitter.com/dzlqEaBlVd

— Miguel Barrientos (@Mbarrientos_pl) June 9, 2020

Una de celdas o “habitaciones” allanadas por el Ministerio Público fue la de Gustavo Alejos, en la que se pudo hallar un televisor, imágenes religiosas y un sistema de aire acondicionado.

Durante la requisa, el Ministerio Público halló teléfonos móviles, aparatos para conectar internet, tarjetas sim para teléfonos, cargadores, entre otros objetos ilícitos.

Sandoval señaló ese día que autoridades del Sistema Penitenciario permiten que ese tipo de objetos entren a los centros de detención.

“La permisividad de las autoridades del Sistema Penitenciario es lo que ha provocado ese tipo de situaciones”, aseguró.

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Juan Francisco Sandoval, jefe de la Feci, dijo en una radio local que la requisa busca incautar dispositivos de comunicación que utilizan personas involucradas en casos de corrupción.

“Se buscan equipos celulares y dispositivos móviles, equipos electrónicos, porque hemos tenido información, en muchas de las investigaciones, en que existe comunicación de privados de libertad con personas en el exterior”, dijo el fiscal.

“Independientemente de que está prohibido que privados de libertad tengan dispositivos de comunicación, también lo es que en muchas ocasiones se ha tenido información de que el propósito es programar o realizar actividades delictivas”, aseguró Sandoval.

#Ahora | El @MPguatemala ha incautado algunos objetos prohibidos para reclusos en la cárcel de Mariscal Zavala.

Lea más: https://t.co/8uL4yhIoTa pic.twitter.com/dzlqEaBlVd

— Miguel Barrientos (@Mbarrientos_pl) June 9, 2020

Según el jefe de la Feci, ya se han incautado varios dispositivos móviles que estaban en poder de personas señaladas en casos de corrupción.

El jefe de la Feci señaló a las autoridades del Sistema Penitenciario por permitir que los aparatos eléctricos entren a centros de detención.

“La permisividad de las autoridades del Sistema Penitenciario son las que han provocado ese tipo de situaciones”, aseguró.

#Actualización
Como parte de una investigación de MP/FECI, hoy se realiza con apoyo de la #PNC una requisa en cárcel Mariscal Zavala.

Durante el operativo se inspecciona la habitación de Gustavo Alejos, así como otras áreas del centro.

Diligencia en desarrollo. pic.twitter.com/Mk5xJaEqxE

— MP de Guatemala (@MPguatemala) June 9, 2020

Además de algunos exfuncionarios señalados en casos de corrupción, la cárcel Mariscal Zavala ha servido para mantener recluidas a personas sindicadas por otros delitos, como el caso de Marixa Lemus, alias La Patrona, quien se fugó de ese lugar en el 2017.

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Defensa de Sandra Torres expuso cinco argumentos para evitar proceso

Sin embargo, el SP fue notificado el sábado último por el Juzgado de Primera Instancia Penal Mayor Riesgo A, que extendía por tres días el plazo para que la excandidata siguiera internada.

La ampliación se debió a los diferentes padecimientos de salud que tiene Torres, entre ellos problemas cardíacos, agregó Morales.

Según la orden del juzgado, deberá regresar a Mariscal Zavala el miércoles 9 de octubre.

#FinanciamientoUNE | Sandra Torres: Cómo es el área de Mariscal Zavala donde permanecerá excandidata de la UNE. ► https://t.co/RQjTPPiWV8 pic.twitter.com/SwD4wJl8Gb

— Prensa Libre (@prensa_libre) September 3, 2019

“Como Sistema Penitenciario recibimos la orden del juez y la debemos de cumplir”, enfatizó Morales.

La excandidata guarda prisión provisional desde el 2 de septiembre pasado cuando fue detenida en su residencia.

El Ministerio Público (MP) la señala de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita, delitos cometidos supuestamente durante la campaña electoral del 2015.

Para el próximo 16 de octubre se programó la audiencia en la que Claudette Domínguez, jueza de Mayor Riesgo A, deberá resolver si liga o no a proceso a la exesposa del presidente Álvaro Colom.

Torres y su defensa rechazan con base a cinco argumentos, haber tenido relación con los hechos que le atribuye el ente investigador.

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A las 12 horas con 25 minutos de este lunes, dio inicio la audiencia en el Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de la jueza Claudette Domínguez.

Torres es acusada por el Ministerio Público (MP) de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita, delitos que habría cometido durante su campaña electoral en 2015 y cuando fungía como secretaria general de su partido, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Audiencia

Torres Casanova siempre estuvo acompañada del defensor Vinicio Salvatierra. Estuvo durante tres horas en el sótano de la Torre de Tribunales, en el área de fichaje de la Policía Nacional Civil (PNC) en donde fue consignada y se hizo el fichaje respectivo de toma de huellas dactilares.

Los Bomberos Municipales acudieron a examinarla por supuestos quebrantos de salud. “Me desmayo, me sofoco”, se alcanzó a a escuchar.

Poco antes de las 12 horas los guardias le informaron que la jueza Domínguez le iba a decir el motivo de detención en la sala de audiencias del piso 14, donde está el Juzgado de Mayor Riesgo A.

La excandidata presidencial siempre utilizó una manta verde con dibujos de flores en el rostro, anteojos oscuros y sudadero negro en la cabeza. Fue hasta que estuvo ante la jueza Domínguez que mostró su rostro.

Por padecer de arritmia cardíaca e hipertensión, el abogado de Sandra Torres, excadidata presidencial por la agrupación política Unidad Nacional de la Esperanza, pide que sea remitida a un sanatorio y no a la cárcel militar Mariscal Zavala.
La jueza Claudette Domínguez lo niega. pic.twitter.com/F8C7pYixAl

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) September 2, 2019

A cárcel militar

La jueza ordenó una evaluación médica para Torres por médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y la remitió a la cárcel militar Mariscal Zavala. Domínguez indicó que la audiencia de primera declaración se llevará a cabo el próximo viernes 6 de septiembre durante todo el día.

Domínguez indicó que era viable que se decretara la orden de captura en contra de Torres, debido a que el memorial presentado por su abogado Salvatierra que incluía una copia del pasaporte de Torres tenía una dirección errónea. “Además, existe el riesgo y el peligro de fuga, por eso se ordenó la orden de aprehensión”, le dijo la jueza.

Vinicio Salvatierra, abogado de Torres, se opuso de inmediato al traslado de la excandidata la cárcel Mariscal Zavala y pidió que fuera atendida en un centro de salud privado de la zona 13.

A decir de Salvatierra, Torres padece de “serios” problemas cardíacos, específicamente una arritmia, hipertensión arterial y neuralgia. Además, le especificó que toma cinco medicamentos. “Se le hará una evaluación médica dentro de cuatro horas, yo no soy médico y necesito tener certeza de sus padecimientos”, dijo Domínguez.

Visita de diputados

Los diputados Orlando Blanco, Mario Taracena y Jairo Flores y el exdiputado Selvin García a la sala de audiencias aunque ninguno quiso manifestar algún comentario.

Nadia De León también ingresó en la sala de audiencias. Es hija de Torres y diputada por el Parlamento Centroamericano (Parlacen), aunque tampoco opinó por la detención de su mamá.

Eduardo Velasquez, fiscal de la UNE ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), especificó que era innecesaria la captura de Torres. “Desde el 6 de agosto se entregó el pasaporte precisamente para evitar la orden de captura. Aunque no la compartimos, la respetamos. Lo que corresponde es que preste su primera declaración”, dijo.

La UNE compartió un comunicado:

NO A LA JUDICIALIZACION DE LA POLÍTICA pic.twitter.com/NNuhRHLnMS

— UNE (@partidoune) September 2, 2019

Sin inmunidad

El abogado Julio Salazar interpuso una exhibición personal a favor de Torres con el argumento de que la jueza Domínguez había sido engañada en su buena fe por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) al solicitar la orden de aprehensión.

Salazar dijo que Torres aún cuenta con inmunidad porque el proceso penal no ha finalizado, pero la jueza explicó que ya fue publicado el decreto 532-2019 del TSE donde declara como ganador a Alejandro Giammattei en la segunda vuelta. Torres se fue a balotaje con Giammattei el 11 de agosto, sin embargo, perdió las elecciones con el 42 por ciento de votos válidos frente al 57.9 por ciento de lo votos obtenidos por Giammattei.

Además, el abogado explicó que el ente electoral no ha especificado denuncia alguna contra la UNE por financiamiento electoral no registrado y que es de ahí donde debe partir la investigación. La jueza le recordó que el caso es ampliación de los casos Aceros y Traficantes de influencias.

Después de una hora con 30 minutos de audiencia, la jueza Claudette Domínguez le indica a la excandidata presidencial Sandra Torres que enviará un médico del @INACIFGT para ser evaluada.
Es remitida a la cárcel militar Mariscal Zavala. pic.twitter.com/9KuD3RKfUr

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) September 2, 2019

El señalamiento

El señalamiento contra la candidata fue por supuesto financiamiento no registrado y asociación ilícita.

Según el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Torres Casanova habría gestionó para recibir aportes financieros durante la campaña electoral de 2015. El caso es ampliación de la investigación de Traficantes de influencias donde empresas pagaban por la agilización del crédito fiscal, y que prosiguió con el rastreo del dinero cobrado. En total, los aportes identificados como no reportados ante el TSE por esa agrupación en la pasada campaña sumaron Q19.53 millones. Después, con la ampliación de las pesquisas el financiamiento dudoso subió a Q27 millones.

Las empresas que concentran los aportes no registrados por el partido UNE, según la acusación del MP fueron: Promotora de Recursos Habitacionales (Prohabsa), Maariv y Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe. Las primeras tendrían varias conexiones empresariales con Mario Leal Castillo -prófugo- y la última con el diputado de la UNE, Julio Ixcamey.

Prohabsa habría canalizado fondos por Q5 millones 791 mil 824.35; Maariv, por Q9 millones 64 mil, y Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, Q4 millones 653 mil 315.

Excandidato comparte mensaje

Carlos Raúl Morales, quien fue candidato a la vicepresidencia por la agrupación política UNE, y compañero de Torres, compartió un mensaje en redes sociales.

Expresé mi solidaridad a la familia de @SandraTorresGUA por los momentos difíciles que atraviesan. Deseo que prevalezcan el respeto al debido proceso y a sus derechos humanos.

— Carlos Raúl Morales Moscoso (@CarlosRaulGt) September 2, 2019

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Recordamos

Así cohabitan las reclusas de Mariscal Zavala

El objetivo era continuar con la “prevención y fortalecimiento de protocolos de seguridad”, informó el SP.

Los agentes de la Policía Nacional Civil dieron acompañamiento a las revisiones.

Los protocolos de seguridad buscan reducir lo hechos ocurridos en los centros carcelarios, como el motín que dejó siete muertos y 19 heridos el 7 de mayo en la Granja de Rehabilitación Pavón.

Vino y marihuana

En Mariscal Zavala fueron incautadas botellas de whisky, aguardiente, vino, cervezas en lata, routers, pipas para crack, celulares, cargadores, bocinas bluetooth, una tableta, radiocomunicadores y cuchillos.

Otros hallazgos

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Los técnicos acudieron al lugar a las 19 horas del 17 de marzo pasado, tres horas después que el último visitante se retiró y los guardias habían notado que faltaba un reo del sector 3 cuando hicieron el conteo.

“La investigación ya se inició. El Ministerio Público procesó la escena desde el domingo hasta el lunes que finalizó aproximadamente a las 7 horas”, informó Julia Barrera, portavoz del MP.

Entre los indicios están las grabaciones de las ocho cámaras que están en los accesos y áreas perimetrales en la cárcel que tiene a 240 internos, aunque su capacidad es de 130.

Como parte de la investigación, los agentes del MP conversaron con varios reos, quienes aportaron información acerca de la última vez que vieron a “Jan”, como le decían.

Silencioso

Uno de los investigadores informó que Sánchez Meneses tenía pocas visitas. “Sabemos por algunos reos que era un tipo muy callado. Casi no hablaba con nadie y se mantenía retirado de los demás”, explicó.

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Otro de los reos les detalló a los detectives que Sánchez ni siquiera les había dicho que sabía pilotear avionetas.

El fiscal de Extradiciones del MP, Donato García, reveló que, de acuerdo con las investigaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA en inglés), se identificó a Sánchez Meneses como piloto de un avión que habría transportado cocaína de Venezuela a Guatemala, y que era parte de una organización que trasegaba droga desde Sudamérica para llevarla a Estados Unidos.

En marzo de 2014 fue el copiloto de un avión que voló de Guatemala hacia Apure, Venezuela, con el propósito de recoger mil kilos de cocaína. La operación falló porque las fuerzas policiales de aquel país interceptaron el cargamento.

Sin embargo, ya en el 2014 y 2015, Sánchez Meneses había hecho dos viajes con éxito transportando droga en la cola de las aeronaves. El proceso de extradición estaba dentro del plazo de los 40 días a la espera de que el gobierno de Estados Unidos remitiera los documentos para completar el trámite.

Alcaide trasladado

El alcaide Edgar Ernesto Godoy Soto, de 26 años, fue quien avisó a la Policía Nacional Civil (PNC) acerca que “hacía falta” un reo después del conteo del domingo pasado a las 18 horas.

Durante la investigación, Godoy Soto fue trasladado a otro penal por disposición de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), que dirige Camilo Morales. El fin de semana que se escapó “Jan” había 70 guardias, cuyas identidades, así como su perfil, ya los tiene la Fiscalía para determinar si existió alguna complicidad.

De acuerdo con Presidios, Sánchez no tenía el perfil de reo en situación de vulnerabilidad para estar en Mariscal Zavala, sino más bien en un perfil de alta peligrosidad, pero quien decide a quién remiten ahí es los jueces, a solicitud del MP.

Desde enero

Sánchez Meneses ingresó a la cárcel militar el 15 de enero pasado después de haber sido detenido en la 9a. avenida 1-23 colonia Lourdes, zona 17. Las autoridades especificaron sus características: Tez morena clara, boca mediana, tiene tatuajes, utiliza barba completa, estatura de 1.68 metros, labios medianos, cabello lacio y ojos oblicuos medianos.

La Interpol ya fue alertada acerca de la fuga, así como las fronteras con la descripción de “Jan”.

El Tribunal Quinto Penal, que preside Adán García, procesó a Sánchez en enero pasado, después de revisar los indicios de la Fiscalía.

Durante la audiencia el fiscal recordó que Jeankarlo Alexander Sánchez Meneses es sindicado de conspiración para la distribución de cinco kilogramos o más de cocaína en un avión registrado del país americano, dicho acto es una violación al Epígrafe 21, del código de Estados Unidos emitida el 12 de julio de 2016 en el Tribunal de Distrito del Estado de Virginia.

Cárcel de exfuncionarios

Entre los internos que permanecen ahí figuran varios de los procesados por el caso de defraudación aduanera conocido como La Línea, cuyas investigaciones provocaron la salida antes de tiempo de los mandatarios Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

También se encuentra el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, quien fue condenado a seis años de cárcel por el caso conocido como Blindados, en el cual autorizó la renta de manera fraudulenta de varios vehículos de ese tipo para funcionarios públicos.

El acuerdo ministerial 557-2015 es el que rige actualmente las funciones de la cárcel de Mariscal Zavala que antes era exclusiva para militares.

En el 2015 recibió a los primeros reclusos civiles. De acuerdo con el artículo 3 de dicho acuerdo, en esa prisión serán recluidas las personas civiles o militares cuya seguridad y vida presente eminente riesgo.

Cuenta de dos grandes módulos, el A que está designado para internos hombres, un máximo de 114, que guarden prisión preventiva, y el B, para 21 personas, hombres o mujeres, que estén pendientes de brinda su primera declaración.

Aunque en el 2016 Prensa Libre publicó una nota que mostró ciertas facilidades para ingresar a ese centro de detención, Presidios aseguró que hoy en día no tiene menos restricciones que el resto de las cárceles del país.

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Detalló que luego de que las autoridades de Mariscal Zavala no lo ubicaron dieron aviso al Ministerio Público (MP), cuyos agentes llegaron alcentro de detención para recabar evidencias a fin de “delimitar el grado de responsabilidad en algunas personas”.

El portavoz afirmó que desconoce en qué área estaba interno el recluso.

Sánchez Meneses fue detenido el pasado 19 de enero en la colonia Lourdes, zona 17 capitalina. Es sindicado del delito de conspiración para la distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, hallados en un avión registrado en EE. UU., país que lo solicita para juzgarlo.

La alerta para su detención se emitió el 12 de julio de 2016 por un tribunal distrital del estado de Virginia.

Su captura sucedió tras un allanamiento en la 9a. avenida 1-23 colonia Lourdes, zona 17. Las autoridades especificaron sus características: Tez morena clara, boca mediana, tiene tatuajes, utiliza barba completa, estatura de 1.68 metros, labios medianos, cabello lacio y ojos oblicuos medianos.

Pilotaba aviones

El fiscal de Extradiciones del MP, Donato García, reveló que, de acuerdo con las investigaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA en inglés), se identificó a Sánchez Meneses como piloto de un avión que habría transportado cocaína de Venezuela a Guatemala, y que era parte de una organización que trasegaba droga desde Sudamérica para llevarla a Estados Unidos.

En marzo de 2014 fue el copiloto de un avión que voló de Guatemala hacia Apure, Venezuela, con el propósito de recoger mil kilos de cocaína. La operación falló porque las fuerzas policiales de aquel país interceptaron el cargamento.

Sin embargo, ya en el 2014 y 2015, Sánchez Meneses había hecho dos viajes con éxito transportando droga en la cola de las aeronaves.

El proceso de extradición estaba dentro del plazo de los 40 días a la espera de que el gobierno de Estados Unidos remitiera los documentos para completar el trámite.

No era la cárcel indicada

Rudy Esquivel, portavoz del Sistema Penitenciario, dijo que la cárcel de Mariscal Zavala fue creada para reos en situación de vulnerabilidad y no para perfiles de alta peligrosidad, pero que ahí llegan los reos por orden judicial a solicitud del MP, con la cual Presidios solo recibe los requerimientos.

Camilo Morales Castro, director del Sistema Penitenciario, precisó que a partir de la notificación de la fuga hubo revisiones en la cárcel y hubo alertas a Interpol y aduanas, para que detengan al supuesto narcotraficante.

Además, habrá reubicación de guardias, alcaides y subdirectores de Mariscal Zavala, en tanto avanzan contrataciones de profesionales para los cargos de directores y subdirectores de prisiones.

Justificó que por ahora el principal reto de la institución es profesionalizar, capacitar y tecnificar al recurso humano, pero faltan recursos financieros.

Sobre las líneas de investigación en torno a la fuga, el director no dio detalles para no comprometer el trabajo del MP.

Procesado

El Tribunal Quinto Penal, que preside Adán García, lo procesó en enero pasado después de revisar los indicios del Ministerio Público (MP). Después de la audiencia lo remitió a la cárcel de aquella base militar.

Durante la audiencia el fiscal recordó que Jeankarlo Alexander Sánchez Meneses es sindicado de conspiración para la distribución de cinco kilogramos o más de cocaína en un avión registrado del país americano, dicho acto es una violación al Epígrafe 21, del código de Estados Unidos emitida el 12 de julio de 2016 en el Tribunal de Distrito del Estado de Virginia.

En la cárcel de Mariscal Zavala permanecen 240 personas detenidas, aunque la capacidad establecida es de 135.

Entre los internos que permanecen ahí figuran varios de los procesados por el caso de defraudación aduanera conocido como La Línea, cuyas investigaciones provocaron la salida antes de tiempo de los mandatarios Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

También se encuentra el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, quien fue condenado a seis años de cárcel por el caso conocido como Blindados, en el cual autorizó la renta de manera fraudulenta de varios vehículos de ese tipo para funcionarios públicos.

La prisión

El acuerdo ministerial 557-2015 es el que rige actualmente las funciones de la cárcel de Mariscal Zavala que antes era exclusiva para militares. En el 2015 recibió a los primeros reclusos civiles.

De acuerdo con el artículo 3 de dicho acuerdo, en esa prisión serán recluidas las personas civiles o militares cuya seguridad y vida presente eminente riesgo. Conta de dos grandes módulos el A que está designado para internos hombres, un máximo de 114, que guarden prisión preventiva, y el B, para 21 personas, hombres o mujeres que estén pendientes de brinda su primera declaración.

Aunque en el 2016 Prensa Libre publicó una nota que mostró ciertas facilidades para ingresar a ese centro de detención, Esquivel aseguró que hoy en día, no tiene menos restricciones que el resto de las cárceles del país.

Otra fuga de Mariscal Zavala

En mayo del 2017, se registró otra fuga en ese centro de detención, cuando Marixa Lemus, alias la Patrona, utilizó un uniforme del Sistema Penitenciario para escapar.

Una agente que la escoltaría a una audiencia se percató que en la cama de Lemus Pérez solo estaba la sábana acomodada de tal forma que pareciera que la reclusa estaba durmiendo. Lea más detalles del caso. 

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¿Quién es Luis Gómez, el empresario del transporte público capturado?

Gómez dirigió la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU), Luis Alfonso Gómez González, fue detenido durante una revisión de rutina que hizo la Policía Nacional Civil (PNC) en la 1a. calle y 2a. avenida de la zona 9.

La PNC informó que la detención se hizo con la ayuda del dispositivo MI-3, que permite acceder a los antecedentes de una persona con su huella dactilar. Agentes de la Comisaría 11 lo ubicaron en la zona 9 y al comprobar que era buscado lo remitieron a la Torre de Tribunales en donde esperaba comparecer en el Juzgado de Turno, que durante la mañana de este domingo ordenó su traslado al Mariscal Zavala, luego de una breve audiencia para darle a conocer los motivos de su detención.

El expediente de su caso fue remitido al Juzgado Undécimo Penal, a cargo de Eduardo Cojulún, que deberá incluir en su agenda la audiencia de primera declaración.

Órdenes de captura

Juan Francisco Sandoval, fiscal titular de la Feci, informó que el transportista, de 48 años, tenía cuatro órdenes de captura vigentes en dicho juzgado.

Gómez está señalado por los posibles delitos de lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita, fraude y peculado.

• Causa No. C-01071-2,015-00295, del 12 de febrero del 2018 por fraude y peculado.
• Causa No. C-01071-2,015-00295, del 05 de junio del 2018 cuando fue declarado en rebeldía por su incomparecencia en la audiencia.
• Causa No. C-01071-2,015-00295, del 12 de septiembre del 2018, por lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
• Causa No. C-01071-2,015-00295, del 12 de diciembre del 2018, por lavado de dinero u otros activos

Jorge Aguilar, portavoz de la PNC, informó que Gómez les dijo a los policías que ya había solventado su situación al momento de ser detenido. “No colocó alguna resistencia, únicamente llamó mucho la atención que no presentaba un documento de información personal. Al momento de ser trasladado a la Torre de Tribunales indicaba que ya había solventado su situación”, dijo.

Asegura que hacía su trabajo

“No andábamos huyendo sino que haciendo nuestro trabajo. Esperando en Dios que llegara el día de hoy”, dijo en una de las carceletas de la Torre de Tribunales.

Al ser consultado si estaba dispuesto a colaborar ante la Fiscalía respondió que “no hay delitos” y agregó “entonces no sé por qué se tiene que hablar de más personas”.

Gómez dijo que enfrentará el proceso y demostrar la capacidad económica que tenía. “El proyecto del Transurbano fue el mejor que tuvo el país. La política en el país está un poco complicada. Entonces nosotros creemos que todos los proyectos han sido malos. Todos los buenos proyectos de un gobierno, el siguiente gobierno los hecha abajo y pues, la persecución a nosotros nos empezó desde que estábamos haciendo el proyecto y lógicamente tenemos que demostrar nuestra inocencia”, dijo.

Esta investigación ya mantiene procesados al expresidente Álvaro Colom Caballeros y a 12 integrantes de su gabinete de ministros debido a la implementación del proyecto del sistema prepago para las unidades de Transporte Urbano (Transurbano), a través del cual se sustrajeron Q270 millones del Estado.

Este proceso está en espera de la audiencia de etapa intermedia que ya se ha suspendido en tres oportunidades debido a la acumulación de audiencias.

Luis Alfonso Gómez González de 48 años, fue detenido por agentes de la #PNC, en la 1a calle y 2ª avenida de la zona 9 capitalina, el dispositivo MI3 delata que tenia tres ordenes de captura, por diferentes delitos. pic.twitter.com/bFZzJZsVHv

— PNC Guatemala (@PNCdeGuatemala) March 2, 2019

Señalamiento

Durante 2008 y 2009 integrantes de la AEAU propusieron implementar un sistema de seguridad para el transporte público Transurbano a funcionarios de la Administración del Presidente Colom.

Este sistema de seguridad incluiría un subsidio de parte del gobierno a la AEAU. El gobierno aprobó los subsidios y el sistema de seguridad comenzó a funcionar en los últimos meses del 2008 y durante 2009, inclusive.

Las pesquisas se remontan a 2008 cuando en el seno de la Comisión de Fortalecimiento del Transporte Público se tomó la decisión de implementar un sistema prepago en buses de la ciudad capital. La investigación reconstruye y examina los mecanismos legales fraudulentos utilizados por agentes públicos y privados para lograr la sustracción de Q270 millones.

Según la investigación del MP y la Cicig, el supuesto fraude para engañar a la administración pública consistió en evitar la injerencia de actores y procedimientos que pudieran entorpecer u obstaculizar el propósito criminal: lograr la aprobación del Acuerdo Gubernativo 103-2009 y con ello la erogación de los recursos.  De esta manera, el Acuerdo Gubernativo fue la llave que permitió la asignación financiera a la AEAU de Q270 millones, sin mayores controles. Es decir, los responsables de la guardia y custodia del patrimonio estatal utilizaron una serie de artificios para defraudar al Estado y con ello a los agremiados de la AEAU y a la sociedad en general. El Acuerdo traslada toda la responsabilidad de la ejecución de los fondos a la AEAU.

Destino del dinero

El avance de la investigación reveló que Q102 millones 522 mil 161.16 (valor de la maquinaria del sistema prepago) están enbodegados y sin utilizar; Q44 millones 11 mil, 613.33 se utilizaron para pagar gastos no compatibles con el proyecto de inversión como arrendamientos, pago de planillas, pago de luz y pago de internet; y Q9 millones 566 mil 318 fueron retornos de capital enviados por All Mercantilia a manos privadas en Guatemala.

Además, las autoridades localizaron maquinaria en bodega sin utilizar valorada en Q102 millones 522 mil 161.16  y que la Contraloría en 2016 declaró que tenía riesgo de quedar obsoleta. El resto del dinero se gastó sin acreditar el destino, por lo que a la fecha está sujeto a investigación.

La fase dos

El empresario Gómez también fue salpicado en la fase dos del caso Transurbano que se conoció como Seguridad y Transporte el 13 de septiembre del 2018.

Después de la aprobación del subsidio en 2008 y 2009 un grupo de personas conformado por transportistas y por empresarios del ámbito de la seguridad privada, habrían logrado obtener del Estado Q80.1 millones para impulsar el Proyecto de Seguridad en el Transporte Público. Una notable proporción de dicha cantidad habría terminado incorporado de manera anómala al patrimonio privado de los integrantes de dicho grupo, mientras que la otra parte sí que se habría utilizado de acuerdo a los fines del Proyecto.

Luego de las coordinaciones hechas con la #PNC, hoy se logró la detención Luis Alfonso Gómez González vinculado al #CasoTransurbano pic.twitter.com/x6YgIWNFTc

— MP de Guatemala (@MPguatemala) March 2, 2019

La investigación preliminar evidenció que para tener el control del funcionamiento del negocio, la estructura criminal, se conformó por personeros de la AEAU y Protección Metropolitana S.A. quienes abrieron cuentas de depósitos monetarios desde donde se manejaban los recursos económicos.  Con el objetivo de esconder la extracción indebida de recursos públicos, la estructura criminal realizaba informes a la Contraloría General de Cuentas que contenían datos falsos sobre supuestas prestaciones de servicio de seguridad en el transporte.

La Feci informó que la investigación determina la sustracción de Q17.7 millones por parte de la estructura criminal. En esta etapa ya están procesados el coronel retirado Otto René Bernal Ovando, quien fue candidato a la presidencia por el extinto partido Corazón Nueva Nación (CNN) y Carlos Herlindo Quintanilla Villegas, quien dirigió la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República (SAAS).

Gómez financió a Baldizón

La Feci y la Cicig explicaron que Gómez también pudo haber incurrido en lavado de dinero u otros activos en el caso Financiamiento electoral ilícito partido Líder que se conoció el 13 de diciembre pasado. Gómez fue el representante de la entidad Expansión Corporativa Milenium, S.A.

Las pesquisas se  derivan de las averiguaciones de los casos Financiamiento Electoral Ilícito de dicho partido y del Transurbano. La investigación policial-criminal y el análisis financiero sirvieron para constatar una interconexión funcional entre ciertos actores y la conformación de un esquema empresarial, el cual fue utilizado para generar y encauzar fondos de diferente procedencia.

La sociedad Expansión Corporativa Milenium junto con Rutas Metropolitanas del Transporte, S.A., sustrajeron al menos Q6 millones y medio de quetzales de los subsidios al transporte público para hacerlos llegar al partido Libertad Democrática Renovada (Líder) durante las campañas de Manuel Baldizón en 2011 y 2015, según el MP.

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Gustavo Herrera, implicado en estafa al IGSS, recibe asilo en Nicaragua

Según se puede escuchar, López y Alejos repasan las acciones jurídicas a seguir para que él (Alejos) consiga su libertad. Asimismo, el magistrado indaga a través del empresario si tiene posibilidades de ser reelecto en el cargo en el próximo proceso de elección de cortes de este año, a lo cual Alejos le dice que sí, confiado en los hilos que pueda mover Gustavo Herrera, implicado en una estafa de Q350 millones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss), asilado en Nicaragua y de quien se ha sospechado que es un operador del sistema de justicia.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), fue consultado al respecto de la grabación.

“Pues estamos analizando el contexto de la conversación que recién hoy lo conocimos”, dijo el fiscal.

Más tarde Julia Barrera, portavoz del MP informó que se abrió un expediente de investigación acerca del caso que fue remitido a la Feci.

La conversación se presume que podría haber sido en la cárcel militar Mariscal Zavala, según reportó el programa de radio Con Criterio.

Prensa Libre ha intentado contactar a la abogada Astrid Paola Gómez, abogada defensora de Alejos; sin embargo, no se ha obtenido respuesta.

También se consultó a Carlos Guerra, presidente del Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) su postura en relación a alguna falta o la forma en que lo toma la entidad y explicó que “se dará la postura del Consejo” por la tarde.

Magistrado suplente

En el Organismo Judicial (OJ) sólo confirmaron que López Espaillat integra la Sala de Apelaciones de San Marcos aunque sin aportar más detalles.

El magistrado fue electo por el Congreso el 31 de octubre del 2017 para integrar las salas de apelaciones. Inmediatamente fue designado a la Sala Cuarta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo como suplente. El año pasado fue designado como suplente a la Sala Mixta de Corte de Apelaciones de San Marcos.

López Espaillat integró la Fiscalía de Delitos Económicos en 2016. Fue asignado a casos de defraudación tributaria. También integró la Fiscalía Municipal de Moyuta, en Jutiapa, en 2015 donde investigó diversos temas de delincuencia y hechos de violencia.

El magistrado integró la Sala de Femicidio en 2016 junto con Noé Ventura Loyo y Henry Alejandro Elías Wilson.

El 19 de septiembre del 2016 se conoció una resolución de la Sala de Corte de Apelaciones de Delitos de Femicidio y Delitos Contra la Mujer a favor del exsecretario privado del expresidente Álvaro Colom Caballeros. Ese día la Sala se detuvo la audiencia de apertura a juicio por el caso Negociantes de la Salud. La acción judicial fue enfocada la decisión de la jueza Silvia de León acerca del auto de procesamiento a Alejos Cámbara.

Después esa misma Sala autorizó a Alejos Cámbara para ser enviado a la cárcel Mariscal Zavala al avalar un recurso de exhibición personal.

Gustavo Herrera y la estafa en el IGSS

El 22 de agosto del 2018 se conoció que Gustavo Herrera, un empresario que fue sindicado en una estafa de Q350 millones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en 2002, fue beneficiado por Nicaragua con asilo político.

La resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua que da vida al asilo político a favor de Gustavo Herrera fue firmado el 14 de agosto de 2018 por el canciller Denis Moncada Colindres.

Herrera fue sindicado de haber sido el propietario de dos financieras offshore -fuera de plaza- Helensburg Inc. y Escabel Management Group Ltd empleadas para la estafa de Q350 millones al IGSS entre diciembre de 2002 y abril de 2003, dentro de un proyecto para la construcción de vivienda para jubilados de la institución, para lo cual se constituyó el Fideicomiso de Protección y Desarrollo Social

Las financieras vendieron terrenos sobrevalorados al IGSS por Q232.7 millones, cuando Herrera las había comprado por Q220 mil, según la investigación. Hasta julio de 2013, de los Q350 millones aportados por el IGSS en el fideicomiso, solo se habían recuperado Q228.5 millones.

El MP pidió el 5 de agosto de 2008 el retiro de la orden de captura contra Herrera luego de llegar a un acuerdo para la devolución de US$7 millones.

El 3 de junio de 2006, la Policía Nacional Civil (PNC) intentó capturarlo en un edificio de la zona 14, donde vivía. Sin embargo, él logró escapar. Durante un cateo se encontró un pasadizo secreto, por el cual se fugó. Esa vez le decomisaron una póliza de seguro por US$1 millón de un banco de Nueva Orléans, Estados Unidos, a favor sus hijos; una computadora y una libreta de ahorros con US$15 mil.

Es originario de Cobán, Alta Verapaz. Es empresario relacionado con inmobiliarias y negocios de agroquímicos. Contrajo matrimonio con María Elena Acevedo, de quien se divorció en 2002. El 27 de abril de 2004, Otto Pérez, entonces comisionado presidencial en la gestión de Óscar Berger, declaró.

¿Quién es Alejos?

El empresario Gustavo Alejos Cámbara, de 51 años, fue secretario privado del presidente Álvaro Colom Caballeros de 2008 a 2012. Asumió ese cargo luego de que Fernando Fuentes Mohr no pudo hacerlo por ser familiar de Juan Alberto Fuentes, quien fue ministro de Finanzas Públicas, prohibición establecida en la Constitución.

Además, trabajó hasta 2014 en la empresa farmacéutica Agencias J.I., propiedad de Jack Irving Cohen.

Sus empresas farmacéuticas son Droguería Colón, Evolución Farmacéutica y Sabiapharma. Colón en 12 años, firmó contratos con el Estado y en especial el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) por Q273 millones 179 mil 696.

Alejos es mencionado en el informe de la Cicig denominado “El financiamiento de la política en Guatemala”, que se presentó el pasado 16 de julio de 2015. En ese análisis se dice de él lo siguiente: “En cada gobierno puede identificarse recaudadores que posteriormente han tenido una fuerte influencia en el Ejecutivo. Uno de los casos emblemáticos más recientes en el que el recaudador se enriquece y construye redes de tráfico de influencias es el de Gustavo Alejos”.

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El empresario y exfuncionario fue detenido el 28 de diciembre de 2015 y procesado por los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias. Recuperó su libertad, de forma condicional, el 30 de noviembre del 2018 por una resolución del juez Víctor Cruz, quien cubría las vacaciones de Eduardo Cojulum, y  la fianza fue de Q100 mil.

Alejos Cámbara volvió a la cárcel el 6 de febrero pasado cuando se reveló el avance de una investigación de la Feci y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) sobre financiamiento electoral en la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en 2015.

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“Si yo no he nombrado a otro abogado, es porque no tengo dinero. Hay situaciones muy difíciles. No creo que haya una persona en este mundo que quiera permanecer un año y medio en prisión, como estuve yo, y ande suspendiendo audiencias porque se le da la gana. Estar en prisión no es andar en Disneyworld”, le dijo al togado.

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) se opusieron a que se retrasara el proceso y argumentaron que en anteriores ocasiones se han suspendido diferentes audiencias por excusas presentadas por la defensa de Stalling. Cuestionaron el interés de la defensa por llevar el caso de la magistrada.

Durante su argumentación, Stalling negó que este diluyendo el proceso en su contra. “No me parece justo ni correcto que se diga que maliciosamente se han suspendido audiencias, ¿Cuántas veces han llegado diferentes fiscales y representantes de la Cicig a las audiencias?”, comentó.

#Ahora | Blanca Stalling, magistrada separada del cargo, comparece ante el Juzgado Décimo. Solicita que la audiencia sea suspendida porque su abogada defensora no se presentó a la audiencia. pic.twitter.com/dWOT7tG39u

— Javier Lainfiesta (@jlainfiesta_) November 6, 2018

Es la tercera vez que se suspende la etapa intermedia en el Juzgado Décimo, pero la novena ocasión en todo el proceso.

El viaje del expediente

El proceso de tráfico de influencias que enfrenta Stalling ha avanzado poco, porque en cuatro ocasiones distintas, cuatro jueces se han resistido a conocer el caso, argumentando varias razones, entre ellas amistad con la sindicada.

Stalling es señalada de haber presuntamente presionado al juez Carlos Ruano para que beneficiara con una medida sustitutiva a su hijo Otto Molina Stalling, sindicado en el caso de estafa al seguro social conocido como Igss-Pisa.

Inicialmente el caso fue designado al Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, a cargo de Adrián Rodríguez, pero Stalling lo recusó por dudar de su imparcialidad y esto llevó al juez a inhibirse.

Luego, el caso pasó al Juzgado Octavo, a cargo del juez suplente José Alvarado. No obstante, Stalling logró separarlo del caso alegando que mantiene una amistad con él y que había fotografías de ambos juntos.

El expediente pasó a manos de la jueza Silvia Morales, titular del Juzgado Noveno. Sin embargo, ella se inhibió aduciendo que dudaban de su imparcialidad.

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Diagnósticos médicos de Daniela Beltranena no coinciden

“Había sentido que su cardiodesfibrilador había dado tres o cuatro descargas. La preocupación era que con seis descargas este aparato puede botar completamente su carga, y él entrar en un paro”, detalló Marco Antonio Barrientos, director del Hospital Roosevelt, en declaraciones a periodistas.

El vocero del Sistema Penitenciario, Rudy Esquivel, informó que un médico atendió al exmandatario y determinó que debía ser trasladado a un centro asistencial, por lo que a eso de las 21.30 horas fue llevado a la emergencia del Hospital Roosevelt.

“Confirmado que Otto Peréz Molina se encuentra en el hospital. Fue referido por un padecimiento cardíaco y será evaluado”, informó la oficina de Comunicación Social de ese nosocomio. 

Barrientos indicó que el exgobernante fue ingresado a la unidad de Coronarios para ser evaluado por cardiólogos y un electrofisiólogo “para ver cómo está su cardiodisfibrilador y ver si hay alguna recomendación, y qué procede hacer con él”.

El funcionario confirmó que la condición de salud de Pérez Molina es estable. “Él está tranquilo, consciente, hablando. Él mismo dio sus datos a los médicos en la evaluación final”, afirmó Barrientos.

El traslado de Pérez Molina de Mariscal Zavala hacia el Hospital Roosevelt duró alrededor de diez minutos. El exmandatario iba en una camilla y con oxígeno puesto “por seguridad”. Su hijo Otto Pérez Leal lo esperaba a su llegada a la emergencia.

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Ida y vuelta al hospital

El juez Miguel Ángel Gálvez ordenó el pasado 31 de julio que Otto Pérez Molina regresara a prisión preventiva en Mariscal Zavala, luego de que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) certificara que los padecimientos del corazón del expresidente podían ser tratados de forma ambulatoria.

Gálvez explicó que los exámenes médicos emitidos por el Inacif concluyeron que no es necesario que el expresidente permanezca en un centro asistencial, donde había permanecido los últimos dos meses.

Mientras tanto, el abogado César Calderón ha mantenido la misma posición: su cliente se encuentra con una condición de salud delicada derivado y que en cualquier momento podría tener una muerte súbita, debido a problemas con el marcapasos que utiliza.

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El padecimiento es cardiaco, de acuerdo con la entidad, y el paciente puede ser tratado de forma ambulatoria.

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De acuerdo con el abogado defensor, César Calderón, su cliente se encuentra con una condición de salud delicada derivado y que en cualquier momento podría tener una muerte súbita, debido a problemas con el marcapasos que utiliza.

Los exámenes médicos de Inacif, en cambio, establecen que la salud del exmandatario no sufrirá deterioro si toma sus medicamentos.

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“Todos los análisis que el Inacif ha realizado siguen siendo que el señor Pérez Molina tiene un cuadro de una enfermedad cardíaca cuyo tratamiento ya está dado. Este tratamiento no es reciente ni tampoco su enfermedad. Es decir, él exactamente el cuadro que tiene es el mismo que cuando estaba en la presidencia y el tratamiento ya está dado”, dijo en días recientes Fanuel García, director del instituto.

Al igual que Otto Pérez, otros sindicados en otros procesos, como Roxana Baldetti y Blanca Stalling, han justificado quebrantos de salud para obtener una medida sustitutiva.

Precisamente el estado de salud de los sindicados durante procesos de corrupción ha sido utilizado como parte de los factores que detienen la administración de justicia, según el Laberinto de la justicia, publicado por Prensa Libre.

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El suicidio es una acción contraria al sentimiento innato de defensa de la vida propia. Puede tener varios motivos, como drogas o sacrificios rituales religiosos, pero no es este el caso. Fue tomada como producto de la desesperación, de la frustración, de la rendición ante un sistema legal del cual se sintió, con razón, víctima. Así como el Volcán de Fuego dio señales, pero no las atendieron quienes debían, sus síntomas previos surgieron, pero juzgadores sin la más mínima cultura psicológica, esa propia de cualquier persona, decidieron enviarlo a un verdadero infierno, el hospital Federico Mora, donde él, como médico, tenía aún más claro a dónde lo habían mandado. Simplemente, no lo soportó más. Y ahora toda la sociedad guatemalteca consciente está avergonzada.

La prisión preventiva en Guatemala es una de las peores lacras nacionales. Hay casos confirmados de personas con 15 años de tenerla. Hay 114 casos denunciados por la Procuraduría de los Derechos Humanos, cuya falta de una denuncia pública es también prueba de inoperancia y descuido. Según cálculos de conocedores, casi un tercio de quienes están encarcelados la tienen y eso tiene implicaciones serias para un sistema carcelario tan deficiente como el nuestro. A partir del 2015 hay numerosos detenidos en situación parecida. Todo esto demuestra la urgencia de poner límite real a esa modalidad de privación de libertad y se deben buscar soluciones, sobre todo en casos de responsabilidad de un delito y no de culpabilidad.

La familia y el defensor del doctor Oliva Leal solicitaron una medida sustitutiva, alarmados por haber visto en él síntomas evidentes de depresión. Pero los encargados de llevar el caso decidieron no atender la petición, y —peor aun— enviarlo al hospital Federico Mora. Es inadmisible esa actitud, una de las causas de haber convertido a su esposa en viuda y a sus hijos en huérfanos. Lo peor, a mi juicio, cuando se trata de una víctima del sistema, pues solo estaba acusada por haber firmado un documento y no por participar directamente en corrupción. Es parecido al caso de Max Quirín, también encarcelado por el mismo asunto relacionado con el IGSS. Sin duda hay numerosas personas en situación parecida por haber participado de manera indirecta en casos similares.

Envío mis muestras de solidaridad a la viuda, señora María Mercedes Martínez de Oliva, sus hijos y el resto de la familia. El largo currículum de su esposo, padre y familiar lo retrata como un hombre dedicado al servicio a la comunidad. Sucumbió a causa de la adversidad más negra, y al derrumbe de su espíritu ante una realidad terrible. Ojalá su muerte sirva para despertar en los guatemaltecos su obligación de exigir mejores tratos para quienes caen en problemas con la ley. Son razonables y valiosos los comentarios circulados a través de las redes sociales para demostrar una indignación a la cual me uno. Se cumplió de nuevo el viejo aforismo legal “justicia tardada no es justicia”. Queda ahora despertar el interés de las facultades de Derecho para enviar a sus estudiantes a arreglar estas injusticias.

Fotos

Así se fugó la Patrona de Mariscal Zavala

Además, Estrada fue inhabilitado para ejercer la abogacía durante cuatro años.

María Elena Salazar Erazo, amiga de la Patrona, y su piloto Carlos Federico Monroy Sandoval fueron absueltos de los delitos asociación ilícita y cooperación para la evasión. Según la fiscalía, ellos proporcionaron el vehículo para la fuga de Lemus Pérez; no obstante, el Tribunal señaló que el Ministerio Público (MP) no acreditó pruebas para sostener la acusación.

La resolución detalla que la Fiscalía no demostró que el abogado Estrada, Salazar Erazo y Monroy Sandoval se hayan reunido con la Patrona en la cárcel Mariscal Zavala el 3 abril y el 7 de mayo, supuestamente para planificar la fuga de la reclusa, por lo que no incurrieron en asociación ilícita.

“Aun agregando a las otras personas mencionadas en la acusación, Marixa Ethelinda Lemus Pérez, Karen Dalila Tánchez Sagastume y Álvaro Alfonso Mejía, el ente acusador tampoco demostró que este grupo esté conformado con una estructura jerárquica, ya que la acusación ni siquiera indicó quién ejerce la función de jefe ni quiénes son los supuestos ejecutores”, dice la sentencia.

De los ocho trabajadores del Sistema Penitenciario que estaban acusados, Walter Hernández Méndez, quien fungía como jefe de seguridad de Mariscal Zavala, fue el único absuelto del delito de evasión culposa.

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Mientras tanto, el Tribunal condenó al alcaide Raúl Alvarado Vásquez y a los agentes Corina Rodriguez Vásquez, Carmen Eleonora López Artola, Santos Martínez López, Adilio Isabel Agustín Cruz, Tania Selena López Zarceño y Helen Marisela Cruz Lorenzo a cinco años de cárcel por el delito de evasión culposa.

Los empleados penitenciarios quedaron inhabilitados para ejercer cualquier cargo público durante cuatro años. Para Salazar Erazo, Monroy Sandoval y Hernández Méndez, el Tribunal ordenó su libertad.

Insiste en su inocencia

Al salir del tribunal, Estrada Saldaña dijo en que no colaboró en la fuga de la Patrona y anunció que apelará el fallo. “No es correcto… Sigo rechazando los señalamientos porque las cosas no son como las plantea el tribunal”, afirmó.

Aseguró que las visitas que hizo a Lemus Pérez en Mariscal Zavala fueron para llevarle documentos y alimentos.

El abogado agradeció a su familia. “A mi mamá, a mis hijas, las amo. Y a mis hermanos que estuvieron y han estado siempre conmigo, y a todo el pueblo de Guatemala, muchísimas gracias”, dijo.

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Rivas Lara aseguró que entre la información que podía compartir está que “el alcaide de ese centro acudió en estado ebriedad, se quitó la camisa y comenzó a ofender a las privadas de libertad”.

“La subinspectora de la Policía Nacional Civil que ahí se encuentra recluida fue quien actuó en contra de él, lo inmovilizó y lo denunció ante las autoridades administrativas”, declaró el ministro de Gobernación.

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El funcionario afirmó que luego de tener esa información “inmediatamente se dieron órdenes para que se acudiera al lugar, para que se hiciera una inspección, una requisa y la situación va a continuar en investigación para deducir las responsabilidades”.

“En este momento desarrollamos la investigación de carácter administrativo. Lo denunciaremos penalmente si hay información suficiente y procederemos con las sanciones disciplinarias, que pueden ir desde una sanción verbal hasta una suspensión del cargo”, aseguró Rivas Lara.

Rudy Esquivel, vocero del SP, indicó que en este momento el alcaide no ha sido relevado del puesto y que se hace lo que dijo el ministro de Gobernación.

Procesadas

En esa cárcel están detenidas Anabella de León, Daniela Beltranena y Emilia Ayuso.

“La Fiscalía Metropolitana fue informada por la judicatura que tendrá que presentar la investigación correspondiente en el plazo de tres meses”, informó el Ministerio Público (MP).

No se conocen más detalles, debido a que el caso fue declarado bajo reserva judicial.

La fuga

El pasado 11 de mayo, Lemús Pérez se escapó de la cárcel Mariscal Zavala entre las 6 y 7 horas. Se presume que salió vestida de guardia junto con otros nueve trabajadores del Sistema Penitenciario (SP).

Una agente que la escoltaría a una audiencia ese día se percató que en la cama de La Patrona solo estaba la sábana acomodada de tal forma que pareciera que la reclusa estaba durmiendo.

“Fue en ese momento que se dieron cuenta que la referida reclusa ya no estaba”, señaló un informe de la Policía Nacional Civil (PNC).

Su recaptura

Catorce días después, La Patrona fue recapturada en Ahuachapán, municipio salvadoreño fronterizo con Jutiapa. Las autoridades del vecino país la entregaron a Guatemala en la frontera Valle Nuevo, desde donde fue trasladada vía aérea a la capital.

Esa noche un juez de turno resolvió que fuera recluida en la cárcel Santa Teresa, zona 18, de donde también intentó fugarse el 20 de mayo de 2016, pero las fuerzas de seguridad la localizaron en un área boscosa afuera del penal.

Tres procesos

Con este caso, Marixa Lemus suma tres procesos penales en su contra, ya que en 2015 fue condenada a 94 años de cárcel por los delitos de plagio o secuestro, conspiración para el asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita.

Los demás miembros de su estructura criminal, exagentes de la Policía Nacional Civil, también fueron sentenciados a penas de entre 16 y 50 años.

El otro proceso que enfrenta es por el asesinato de su esposo Álvaro Alfonso Mejía Estrada en febrero de 2014. Por este caso ya fue condenada a 40 años su principal colaboradora Zonia Elizabeth Lemus Vásquez, alias la Gorda.

Otra excusa que no sirvió para frenar la audiencia fue que Stalling estaba desvelada e indispuesta a consecuencia de la requisa efectuada ayer en el centro de detención dentro de la base militar Mariscal Zavala, donde ella se encuentra, luego de la fuga de Marixa Lemus Pérez, alias la Patrona.

Durante el tiempo que duró la requisa, denunció, fue encerrada junto a otras reclusas sin acceso a agua y servicio sanitario.

Stalling dice al juez Carlos Toledo que ocurrieron sucesos irregulares durante la requisa en Mariscal Zavala. @prensa_libre pic.twitter.com/0gvTswfLBZ

— Jerson Ramos (@Jerson_Ramos_C) May 12, 2017

En ese estira y encoge, el Ministerio Público afirmó que la defensa de Stalling hacía señalamientos que no son ciertos y que solo se buscaban atrasar el proceso.

Al comienzo de la audiencia, Stalling reclamó que a través de los medios de comunicación haya una “asfixia psicológica” desde los órganos de justicia que ha destruido su vida e intenta destruir a su familia, quizá en referencia al video donde se le ve afuera del sector donde está presa para ir a visitar a su hijo, también en  prisión en la misma base militar, lo cual no les permitido.

Se vuelven a ver

Ruano se presentó a declarar y bajo juramento dijo sobre aquella reunión con Blanca Stalling:

“Debía presentarme en su oficina porque la cita había sido solicitada por una magistrada de justicia. Al principio -Stalling- dijo que tenía conocimiento que yo sería el que conocería las medidas para su hijo y empezó a explicarme lo que a su parecer debía hacerse en el proceso penal, y que, como madre, me hacia esa solicitud, que comprendiera y tratara de llevar ese mensaje al resto de jueces para que pudieran acceder a las medidas sustitutivas y otorgar libertad a su hijo -Otto Molina Stalling- junto con las enfermeras para que se llevara a cabo el debate lo más pronto posible”.

Ruano dice que considera que Stalling trató de influir en su trabajo. Tardó en denunciarla porque era un tema difícil. @prensa_libre pic.twitter.com/o90xaVxbEF

— Jerson Ramos (@Jerson_Ramos_C) May 12, 2017

Ruano indicó que salió del país por recomendación de otras personas y por su seguridad personal.

El audio que implica a Blanca Stalling

Señaló que recibió amenazas y burlas luego de haber declarado contra Stalling durante una declaración ante la comisión pesquisidora del Congreso que sugirió quitarle la inmunidad a la magistrada, lo cual ocurrió después en el pleno legislativo.

La principal hipótesis de la huída de la Patrona es que se disfrazó de guardia penitenciario y habría salido por la puerta grande del Mariscal Zavala, junto a otros nueve guardias.

Una versión no confirmada por el Ministerio de Gobernación, da cuenta que 10 guardias salieron del cuartel a una tienda cercana para comprar provisiones; del grupo solo retornaron nueve guardias.

La información preliminar del escape habría sido entre las 6.15 y 7.15 horas.

Un señuelo

La Policía Nacional Civil (PNC) reveló que la Patrona utilizó una especie de señuelo para engañar a los guardias de Mariscal Zavala.

Una agente que la escoltaría a una audiencia se percató que en la cama de Lemus Pérez solo estaba la sábana acomodada de tal forma que pareciera que la reclusa estaba durmiendo.

“Fue en ese momento que se dieron cuenta que la referida reclusa ya no estaba”, señala el informe policial.

La Patrona no tenía una orden de traslado ni motivo para salir de la cárcel este jueves; sin embargo, el juez Elvis Hernández confirmó que la reclusa tenía programada este jueves la audiencia de continuación del debate por el asesinato de su esposo Álvaro Mejía Estrada.

Por la fuga de Marixa Lemus, el director del SP, Nicolás García, fue destituido, así lo informó el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, quien anunció cambios en la cárcel Mariscal Zavala y en la Dirección del Sistema Penitenciario.

Gobernación ofrecerá una recompensa entre Q50 mil a Q100 mil por información para recapturar a la prófuga “más buscada por la justicia”, enfatizó Rivas.

¿Cómo es la cárcel de donde se fugó La Patrona?

Las instalaciones donde guardaba prisión Lemus tienen poco tiempo de haber sido remodeladas y sus características son las siguientes:

• Capacidad para 135 privados de libertad, pero actulamente hay 200 personas aproximadamente.
• Número de celdas: 114
• La entrada de la cárcel se ubica en la 11 calle y bulevar Centro Médico Militar, zona 16,
• También existe otro ingreso habilitado por Colonia Acatán Zona 16
• Mujeres que guardan prisión: 15
• Antes de ingresar en el sector de mujeres se debe pasar por el de hombres, y para ello caminar unos 150 a 200 metros en un tramo de terracería con partes lodosas.
• Unos 50 metros antes de llegar a donde se encuentran los guardias penitenciarios del sector de hombres, hay unos 60 vehículos, en algunos casos custodiados por guardaespaldas de quienes visitan a los reclusos.
• En una bodega fueron ubicadas las mujeres. Está dividida en tres sectores: en el primero personas relacionadas con narcotráfico y crimen organizado, en el segundo conviven capturadas por casos de corrupción —como Cooptación y Botín Registro de la Propiedad— y en el tercero se encuentra una mujer del caso El Bodegón, por estar embarazada.

El mapa muestra donde se localiza la Brigada Mariscal Zavala, ubicada en la zona 17. 

Las instalaciones tienen menos de un año de haber sido remodeladas, incluyendo nuevas medidas de seguridad.

Lo constroles de seguridad en los alrededores de la Brigada Mariscal Zavala, ubicada en la Zona 17, se redoblaron por la fuga de Marixa Lemus Pérez, de 43 años.

Lemus fue condenada por dirigir secuestros, asesinatos, extorsiones y trasiego de droga en la frontera con El Salvador.

En otro caso está sindidicada de ordenar el asesinato de su exesposo, Alberto Alfonso Mejía, el 8 de febrero último, en el restaurante el Rincón Salvadoreño, en Taxisco, Santa Rosa. Además se le atribuye a la banda la muerte de Werner Bosbely Juárez, quien formó parte de esa red criminal.

No es la primera vez

Autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) montaron un fuerte operativo para buscar a la Patrona, por lo tanto, las visitas fueron restringidas.

Esta sería la segunda vez que se fuga Lemus de una cárcel de máxima seguridad del país. La primera vez las autoridades lograron recapturarla el 20 de mayo del 2016, a casi a un año de su primer intento vuelve a fugarse esta vez de la cárcel Mariscal Zavala.

El 25 de marzo del 2015, Lemus y otros integrantes de la estructura criminal que lideraba, fueron condenados a penas de prisión de hasta 94 años, por el secuestro y asesinato de Amanda Lemus y la muerte de Álvaro Mejía.
https://twitter.com/AnaMorales_gtv/status/861998267978199040

Se investiga si Lemus escapó el miércoles último, luego de haber asistido a una audiencia al Tribunal C de Mayor Riesgo, donde enfrenta otro proceso por asesinatos.

Thelma Aldana, fiscal general y jefa del Ministerio Público, dijo que no ha sido informada sobre la fuga de Lemus, pero que de confirmarse se empezaría una investigación para esclarecer el caso.

De confirmarse la fuga de alias "La Patrona", el MP de inmediato tendrá que iniciar la investigación, explica #FiscalGeneral pic.twitter.com/TgwZSKFk2E

— MP de Guatemala (@MPguatemala) May 11, 2017

El operativo comenzó a las ocho de la noche del viernes y concluyó a la 1.30 horas de este sábado, confirma Rudy Esquivel, portavoz de presidios.

El centro de detención fue habilitado en noviembre de 2015, actualmente hay 185 personas recluidas en su interior, entre ellos el expresidente Otto Perez Molina, señalado en varios casos de corrupción.

Otras incautaciones en esta cárcel

En marzo de 2016 fue capturado Mynor Rocael Hernández Pérez, exalcaide de este centro de detención, ya que durante una inspección sorpresiva le encontraron Q6 mil que supuestamente recibió a cambio de otorgar algunos privilegios a los reclusos.https://twitter.com/DGSPG/status/711237992531173376

En agosto de ese año se decomisaron ocho televisores, tres refrigeradoras pequeñas, un congelador, un reloj con funciones de teléfono celular y varias botellas de licor.

Karen Pérez, vocera del Ejército de Guatemala,  explicó que la modificación se dio en enero pasado con el cambio de administración gubernamental y porque cada ministro toma ese tipo de acciones, y que no tiene que ver con el procesamiento del exgobernante.

“El nombre que tenía era por afinidad del ministro que estaba en ese momento. Conforme van cambiando los ministros también tienen sus políticas y sus cambios”, explicó la vocera.  Manuel López Ambrocio era el ministro de la Defensa el 2 de febrero del 2015.

“El nombre de la tribuna es producto del agradecimiento que el Ejército de Guatemala tiene hacia el señor presidente de la República por su apoyo, por su liderazgo, por su compromiso que ha ejercido a lo largo de estos tres años”, expresó López Ambrocio en referencia a Pérez Molina cuando se inauguró la tarima.   

Agregó en esa oportunidad que ese proyecto más dos áreas de sanitarios costaron Q250 mil.

Desde enero último, la tarima se llama simplemente “Mariscal Zavala”, y en la parte derecha de su estructura aparece en grande la palabra “Evolución”. Según Pérez,  “porque el Ejército evoluciona constantemente”.

Aunque el actual ministro de la Defensa, Williams Mansilla, fue nombrado por Pérez Molina, el cambio se dio hasta en enero y habría sido por orden de Morales.

Prisión cercana

Tanto Pérez Molina como su exministro López Ambrocio guardan prisión preventiva en la Brigada Mariscal Zavala, donde está la tarima que llevaba el nombre del expresidente.

Los horarios de visita hoy en los centros penitenciarios serán de 8 a 16 horas, agregó.

Ayer por la tarde ,y,  hoy a primera hora fueron entregados doce detectores de metales de mano para evitar el ingreso de ilícitos a las cárceles.

Prohibiciones en Mariscal Zavala
Restricciones y nuevos horarios de visita entraron en vigor el 19 de diciembre en la  Brigada Mariscal Zavala, una de las cárceles consideradas como   de mayores privilegios.

Entre la lista de objetos de ingreso restringido —a la prisión donde se encuentra la mayoría de exfuncionarios del gobierno del Partido Patriota— se cuentan computadoras y televisores, pero también cartas de juego, dados, imágenes, estatuas, loterías y disfraces.

Al listado se suma un largo listado de alimentos incluidos tamales y paches.

Abogados defensores consultados confirmaron que los controles fueron endurecidos y que las visitas para hombres a ese penal se dividieron en hombres de 8 a 12 horas y mujeres de 8 a 16 horas.

El director de la DGSP Nicolás García Fuentes, reveló que el plan de seguridad por las festividades de fin de año contempla regular el registro de visitas en el ingreso y egresos.

Además del desarrollo de requisas internas y externas, así como controles que por razones de seguridad no revelaron.

“El protocolo de seguridad comienza desde este viernes y desde el lunes hay un nuevo calendario de visitas”, informó el funcionario.

Hay nuevo protocolo de seguridad, a partir de hoy ,en Mariscal Zavala, informa Sistema Penitenciario @prensa_libre pic.twitter.com/efUq1rrkSt

— Claudia Palma (@ClaudiaPalma_PL) December 16, 2016

Los nuevos horarios fueron modificados para que los internos en los sectores uno y dos y quienes están en aislamiento tengan visita libre de lunes a jueves de 8 a 12 horas. Mientras que la visita conyugal para las mismas áreas será de 13 a 15 horas.

En el caso de los recluidos en el sector tres, cuatro y cinco, las visitas son de martes a viernes de 8 a 12 horas libre para toda la familia y de 13 a 15 en visita conyugal.

Los domingos en horario de 8 a 12 horas, pueden ser recibidas todas las encomiendas para los reclusos.

En esta prisión se encuentra recluidos el expresidente Otto Pérez Molina, su yerno, Gustavo Martínez, exsecretario general de la Presidencia; Juan de Dios Rodríguez, expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social; Omar Franco, exsuperintendente de Administración Tributaria, y otros exfuncionarios del gobierno del Partido Patriota.

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El SP dice que en esa prisión hay 89 personas detenidas considerados de alta vulnerabilidad.

El juez que instruyó la causa decretó falta de mérito para los cuatro agentes, pero el Sistema Penitenciario ha decidido iniciar un “proceso administrativo”  para retirar a los implicados de sus puestos, confirmó el ministro de Gobernación, Francisco Rivas.

Los cuatro guardias del SP fueron capturados el sábado cuando acudieron a su puesto de trabajo bajo los efectos del licor al celebrar un convivio navideño.

Los señalados son Eleazar García, alcaide; Juan Hernández, jefe de seguridad, y los guardias Venedyn Picón y Fresy Hernández Méndez.

De acuerdo con Esquivel, Nicolás García Fuentes, director del SP, había recomendado que los agentes sean removidos de sus cargos por haber cometido una falta que atenta contra la seguridad del centro carcelario.

Los agentes fueron descubiertos en estado de ebriedad cuando como parte de un plan de prevención durante la época de fin de año la Inspectoría General del SP efectuó un operativo en ese centro carcelario para supervisar tanto a los privados de libertad como a los guardias.

A las 5 horas del sábado último las autoridades se percataron del comportamiento errático de los guardias, por lo que empezaron a hacerles preguntas hasta que determinaron que se encontraban bajo efectos del alcohol.

El Centro de Detención para Hombres y Mujeres de la zona 17 – Mariscal Zavala-  alberga a 211 privados de libertad cuando su capacidad máxima es de 135.

Fuentes del Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público revelaron a Prensa Libre las razones del movimiento en la madrugada de ayer, horas después de que el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, alertara de que hay grupos de poder político que amenazan el avance en contra de la  impunidad.

El Juzgado Primero de Alto Riesgo D, ordenó el traslado  de nueve privados de libertad de la cárcel Mariscal Zavala, zona 17, hacia otros centros de detención.

La distribución

Con ese traslado, según la fuente de Prensa Libre, se rompe  la estructura de poder que mantenían Otto Pérez Molina y Gustavo Alejos desde la prisión,  donde giraban órdenes vía telefónica a sus allegados.

En una interceptación  se descubrió que los exministros de la Defensa Ulises Anzueto y Manuel López Ambrosio sostenían comunicaciones  telefónicas que alertaron a las autoridades, por lo que solicitaron su traslado al sector 15 de Pavoncito en Fraijanes, donde hay un sistema de bloqueo de telefonía celular.

• El traslado fue en la madrugada

La Policía Nacional Civil apoyó el cambio de los detenidos a los diferentes centros de detención.
La orden judicial dice que los reos trasladados no podrán ser reubicados en otros sectores de la cárcel a donde fueron llevados, por lo que quedarán aislados, para evitar que se comuniquen.

El vocero del Sistema Penitenciario (SP), Rudy Esquivel, informó que Presidios cumplió con  la  orden que emitió el viernes por la noche el Juzgado.

Trascendió que el  exgobernante Otto Pérez Molina y el expresidente de la Junta Directiva del  Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) Juan de Dios Rodríguez, también iban a ser trasladados. Esquivel negó que exista esa petición.

• La Policía Nacional Civil apoyó el cambio de los detenidos

Otro cambio

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Douglas Charchal, implicado en el caso TCQ;  Julio César Aldana Franco, intermediario financiero,  implicado en el caso Cooptación del Estado; y Wálter Obdulio Mendoza Matta, señalado por el  robo de propiedades en Petén, desde ayer guardan prisión en el  cuartel Matamoros, zona 1. 

Al Preventivo de la zona 18 fue enviado Jonathan Harry Chévez.  Para trasladar a los detenidos, el SP montó un operativo, y pidió apoyo a la Policía Nacional Civil. El cambio se hizo ayer por la madrugada, como medida de prevención.

Los presos  reubicados están implicados en casos  que la Cicig y el Ministerio Público (MP) investigaron, como Cooptación del Estado, la Cooperacha, Negociantes de la salud,  TCQ y el despojo de tierras a campesinos en Petén.

Aparte, Jonathan Chévez fue el único trasladado al Preventivo de la zona 18, refirió el SP.

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La intención era trasladar a 10 personas pero Rudy Esquivel vocero de dicho ente confirmó que la de Juan de Dios Rodríguez, expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) no se efectuó. Se indicó que había errores en el nombre que se consignó en la orden de traslado.

A  Alejos se le señala en el caso que se conoce como negociantes de la salud, y según el MP y la CICIG es una estructura  en la cual participaba junto a 10 personas y tenía como objetivo favorecer a determinados proveedores de medicamentos a cambio de “comisiones” y se negociaba con funcionarios del IGSS con el objetivo de manipular la forma de adquisición de productos y servicios médicos.

En el caso de Manuel López Ambrosio y Ulises Anzueto, ministros de la Defensa Nacional durante el gobierno de Pérez Molina, fueron detenidos corrupción denominado “la cooperacha” en el cual colaboraban con fondos públicos para compras de regalos a Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Sistema Penitenciario confirmó que Gustavo Alejos, Manuel López, Ulises Anzueto y Mario Ruano fueron llevados a Pavoncito 1/3@prensa_libre pic.twitter.com/Yctj4xJlGk

— Claudia Palma (@ClaudiaPalma_PL) November 26, 2016

Los casos en los cuales se le señalan 

Al caso al cual se le señala a Alejos se le conoce como negociantes de la salud, y según el MP y la CICIG es una estructura  en la cual participaba junto a 10 personas y tenía como objetivo favorecer a determinados proveedores de medicamentos a cambio de “comisiones” y se negociaba con funcionarios del IGSS con el objetivo de manipular la forma de adquisición de productos y servicios médicos.

En el caso de Manuel López Ambrosio y Ulises Anzueto, ministros de la Defensa Nacional durante el gobierno de Pérez Molina, fueron detenidos corrupción denominado “la cooperacha” en el cual colaboraban con fondos públicos para compras de regalos a Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Mario Ruano San José, era el secretario de Charchal quien fue  magistrado de la CSJ. A Ruano se le señala de haber presionado en un juzgado de Escuintla, a petición del entonces magistrado para que denegará el amparo que planteó el alcalde del municipio de Puerto San José, José Alberto Rizzo Morán, quien exigía que TCQ pagara una licencia para operar por Q24 millones.

Douglas Charchal, Julio Aldana,Gustavo Martínez y Walter Mendoza fueron llevados a Matamoros según Sistema Penitenciario 2/3@prensa_libre pic.twitter.com/97aAAN6jA9

— Claudia Palma (@ClaudiaPalma_PL) November 26, 2016

Gustavo Martínez, quien fue secretario del expresidente Pérez Molina y su yerno, se le señala de los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias ya que se presume que integraba una red que intercambiaba favores entre el Ministerio de Energía y Minas a través de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), entre otros casos.

A Walter Mendoza se le relaciona a una organización que efectuaba despojos de tierras en Petén, y en la que presuntamente participaban sus tres hijos, según autoridades del MP y el Ministerio de Gobernación.

En el caso de Julio Aldana las autoridades lo vinculan al caso de llamado cooptación del Estado de Guatemala, era gestor de la cartera VIP de Banrural y se le señala que habría asesorado a la exvicepresidenta Roxana Baldetti sobre cómo lavar su fortuna.

Y Jonathan Chévez, según el MP y la Cicig lavó el dinero ilícito de Pérez Molina y Baldetti, se encuentran en prisión preventiva y ligado a proceso por los casos TCQ y Cooptación del Estado y El Bodegón (caso de compra de granos básicos). 

A Juan de Dios Rodríguez, expresidente del IGSS relacionado al caso Pisa, por la contratación y es señalado junto a otros exdirectivos de ese ente, funcionarios y empresarios pretender quedarse con 15% o 16% del total del monto del contrato, que asciende a Q116 millones. La semana pasada se le relacionó  a otros casos. 

Jonathan Chévez fue el único trasladado al Preventivo de la zona 18 según el Sistema Penitenciario @prensa_libre pic.twitter.com/szcm2Tkxt9

— Claudia Palma (@ClaudiaPalma_PL) November 26, 2016

Chévez es procesado por los casos La Línea y Cooptación del Estado; Mendoza, de despojar fincas en Petén, y Ruano San José, por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

El abogado indicó que también había un “exdirectivo de Banrural”, sin mencionar de quién se trataría.

El traslado se daría hacia la prisión militar de Matamoros, en la zona 1, y a Pavoncito, Fraijanes.

Otros nombres que se mencionaban, pero nadie confirmó, es el de Gustavo Alejos, Gustavo Martínez, Juan de Dios Rodríguez e incluso Otto Pérez Molina.

César Calderón, abogado del expresidente, negó el traslado de su cliente y de Rodríguez. Presidios no confirmó ni negó los cambios.

El vocero del Sistema Penitenciario, Rudy Esquivel, comentó que el traslado de reos de cualquier penal no se hace público sino hasta después de ejecutado, por lo que no pudo confirmar el movimiento.

Entre las compañeras de de León están Joam María Ponce Sánchez, representante legal de Carnes y Ensaladas (restaurante Fulanos y Menganos) al que el Registro General de la Propiedad pagó Q90 mil por un desayuno ficticio, según la acusación del Ministerio Público.

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Samantha Mejía, exdirectora de recursos humanos y conviviente del abogado Vernon González que enfrenta proceso judicial por tráfico de influencias en otra carpeta judicial, también es compañera de De León.

En esa cárcel de León se reencontró con la exdirectora del registro catastral Emilia Ayuso y Daniela Beltranena, la exasistente de Roxana Baldetti, en contra de quien arremetió el viernes durante la audiencia de primera declaración, confirmó su abogado Jorge Pinto.

El abogado defensor de Beltranena deploró que este grupo de privadas de libertad apenas tenga derecho a recibir una hora de sol diaria. “Las condiciones en que se encuentran son bastante inhumanas”, dijo.

La exregistradora y 15 personas más, detenidas hasta ahora,  enfrentan proceso por autorizar y gozar de plazas fantasma y pagos anómalos en el Registro General de la Propiedad.

• Trasladan al Mariscal Zavala a Anabella de León 

Arremetió contra Beltranena

Durante la audiencia de primera declaración , el viernes pasado, de León  arremetió contra Beltranena y cuestionó ante la jueza sexta penal, Silvya de León, las razones por las que se envió a la exasistente a la cárcel Mariscal Zavala y a ella no.

La defensa agregó que Beltranena era “solo una asistente” que nunca ostentó la calidad de funcionaria pública como de León. 

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“¡Soy doctora y filósofa en derechos humanos!”,esgrimió la exregistradora ante la jueza para convencerla de obtener su traslado de la cárcel de Santa Teresa. Agregó que su vida corría peligro pues muchas de las personas que ella denunció por robo de propiedades se encontraban en la prisión a donde había sido enviada.

Ayer después de un confuso incidente y casi un día de espera, de León fue trasladada. 

Según el reporte, se incautó:

• 5 celulares
• 4 cargadores de teléfono
• 5 botellas de licor
• 1 Tablet
• 1 Navaja

Además, se consignó a la Torre de Tribunales a Marlon Francesco Monroy Meoño, alias el fantasma, y Alex Ricardo Cifuentes González, por la tenencia de dichos artículos.

A Meoño, reclamado por Estados Unidos, se le acusa de tráfico ilegal de drogas y, recientemente se le sañaló de planificar un atentado contra la fiscal general Thelma Aldana.  A Cifuentes se le sindica de participar en el bombazo ocurrido en San José Pinula el 6 de marzo último.

En un anterior operativo realizado en el mismo centro carcelario, el 18 de agosto último, se decomisó electrodomésticos, licores y armas punzocortantes.

En la cárcel para hombres y mujeres de la zona 17, conocida como Mariscal Zavala, guarda prisión preventiva la mayoría de acusados por corrupción, como el expresidente Otto Pérez Molina y sus exministros de Gobernación y Defensa, Mauricio López Bonilla y Manuel López Ambrosio.

“No se localizaron ilícitos de riesgo, es decir armas o drogas. En cambio se localizó cuatro cargadores de celular y dos cables USB fueron reportados en la verificación”, explicó el portavoz.

Además del registro se hizo una inspección externa e interna del complejo, para localizar algún debilitamiento estructural o aspectos técnicos que ayuden a mejorar los protocolos.

Esquivel aseveró que se busca mejorar los protocolos que ya no son funcionales no solo en escenarios penales sino en otras circunstancias.

149 Operativos Penitenciarios se han desarrollado el presente año incluyendo el de hoy en Zona 17. Mariscal Zavala. pic.twitter.com/UI95bwO2f6

— S. Penitenciario (@DGSPG) July 16, 2016

La cárcel de la base militar Mariscal Zavala tiene en este momento 200 reclusos que son catalogadas como vulnerables por una autoridad judicial.

Según el SP, la capacidad de este centro de reclusión es de 135 internos por lo que en este momento la cárcel alberga un 48 por ciento más de reos para lo que fue habilitada.

El vocero precisó que para el operativo participaron 130 agentes del Grupo Específico de Requisas y Traslados del SP.

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Debido a la cantidad de reos y al no ser un operativo interinstitucional no fue necesario el apoyo de la Policía Nacional Civil.

La prisión de Mariscal Zavala permanece hacinada debido a la cantidad de exfuncionarios, políticos, empresarios y particulares que permanecen en prisión provisional por casos de corrupción de alto impacto como La Línea, Cooptación del Estado y TCQ.

Entre ellos están el expresidente Otto Pérez Molina, los exministros de la Defensa, Ulises Anzueto y Manuel López Ambrosio, así como el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla.

También se encuentran el expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Juan de Dios Rodríguez, y el exsecretario Privado de la Presidencia, Gustavo Martínez.

Debido a que la prisión está rebasada en su capacidad, los propios reos reunieron el dinero para comprar carpas, donde duermen y reciben a sus familias. Incluso hay un comedor atendido por el exjefe de la SAT, Omar Franco. En total cohabitan 195 reos.

El Sistema Penitenciario y Gobernación apuraban los trabajos para descongestionar ese penal y trasladar a 18 detenidos hacia la cárcel de Matamoros, pero la orden judicial no está firmada porque aún faltan trabajos en las bartolinas para que quede habilitada.

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En una visita, Prensa Libre constató la falta de controles. Nunca se solicitó el Documento Personal de Identificación, no hubo revisión física —cualquier cosa pudo ingresarse en los bolsillos—, y ni siquiera se preguntó a quién se  visitaría.

Tres puertas debieron atravesarse. En la primera se ingresó el vehículo y soldados revisaron el baúl. En la siguiente entrada, un guardia penitenciario estaba sentado en una garita. Al final del camino, cuatro más esperaban y superficialmente hurgaron la bolsa de mano. Se observó a familias completas entrar con hieleras, maletas de viaje y mochilas, sin pasar ningún registro.

Se ingresó al área que resguarda a 177 sindicados, la mayoría empresarios, contratistas y banqueros. Los guardias se limitaron a abrir la puerta. Al ingresar, parecía un parque recreacional: churrasqueras encendidas con leña y familias  compartiendo, cobijadas en carpas individuales. Aunque el hacinamiento era evidente.

Al entrar a una segunda área que  resguarda a 22 sindicados; entre ellos, el expresidente Otto Pérez Molina y los exministros de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y de Cultura, Dwight Pezzarossi, las condiciones de seguridad no variaron, pero sí las comodidades. Las carpas de visita son más holgadas, un jardín con flores adorna el lugar, y  está instalada una cama elástica para distracción de los menores que acompañan a sus familias.

Las mesas y sillas son plásticas, y cuentan con una alacena y un congelador surtidos con los alimentos que les llevan las visitas. Tienen un televisor de 32 pulgadas que les ha servido para informarse, y también  distraerse con los partidos de la Eurocopa,  con la que armaron una quiniela que tienen pegada en la pared.

El único día que no se puede visitar es el viernes, aunque los horarios son flexibles. Se sabe de sindicados a quienes les llevan desayuno, almuerzo y cena. Aunque a Pérez Molina no se le vio, se supo que comparte habitación con el magnate de la medicina Gustavo Alejos.

Crítica

Gustavo García, investigador de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, criticó la falta de controles, que pone en riesgo hasta a los mismos sindicados.

Según el portavoz del Sistema Penitenciario Rudy Esquivel, los protocolos  de seguridad varían según el centro, aunque existen algunos irrenunciables como la identificación de los  visitantes y el registro de lo que se ingresa.

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, no se sorprendió y explicó que en un estudio comprobaron las condiciones precarias en seguridad en varias prisiones.

Gálvez consideró que, por el momento, no se pueden hacer los traslados porque los protocolos no están listos, es decir, los acuerdos finales acerca de los horarios de ingreso de abogados, de visitas –regulares y conyugales–, salida a las áreas verdes, entre otros.

La próxima semana recibirá el juez un informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PD) para determinar si los protocolos son los adecuados y si él considera que son los correctos, con lo que autorizaría los traslados.

Estimó que en aproximadamente dos semanas podrían concretarse. Además del titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, recorrieron la prisión Matamoros personal de la PDH, Sistema Penitenciario, Ministerio Público, y defensores.

Gálvez anunció durante la audiencia de Cooptación del Estado que 18 reos serán trasladados a las nuevas instalaciones, en la zona 1, por el hacinamiento en la cárcel Mariscal Zavala, en la zona 17.

Esa medida fue decidida al constatarse que el penal de Mariscal Zavala rebasó su capacidad, con 60 internos más de su  cupo normal. El 7 de junio último, Prensa Libre comprobó que por el hacinamiento buena parte de los detenidos en la denomina “cárcel de los políticos” duermen en carpas.

La capacidad del penal Mariscal Zavala es de 135 reos, y en la actualidad hay recluidos en 195 privados de libertad.

Momento en que ingresa a Matamoros el director de Presidios, Carlos de León Zea. pic.twitter.com/Rv4R6lYugv

— Bvasquez_pl (@Bvasquez_pl) June 24, 2016

Recuperan cárcel

El 13 de junio último el Ministerio de Gobernación (Mingob) habilitó la cárcel del cuartel militar Matamoros, en la zona 1.

El nuevo caso de corrupción Cooptación del Estado, obligó a las autoridades a garantizar seguridad y comodidad a los privados de libertad vinculados a casos de corrupción.

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La cárcel de Matamoros tiene capacidad  para recluir a 32 privados de libertad y el Mingob, a través del Sistema Penitenciario, permite el acceso al penal de familiares y personas vinculadas al proceso penal que enfrenten los privados de libertad.

Traslados

1. Daniel Estuardo Calderón Ángel
2. Marvin Estuardo Díaz Sagastume
3. Juan Abner Fonseca Galicia
4. Max Roberto Burgos Faillace
5. Walter de Jesús López Acevedo
6. Daniel Juan Pablo Pellecer Siliézar
7. Alberto de León Escobar
8. Denis Leonel Linares Juárez
9. Rudy Gallardo Rosales
10. Óscar Ludwin Osorio Ovalle
11. Julio René Barrios Centeno
12. Julián Muñoz Jiménez
13. Juan Carlos Salguero Barrientos
14. Denis Leonardo Lam
15. Alex Ricardo Girón Martínez
16. Boris Alberto Linares Juárez
17. Boris Orlando Navas Aguilar
18. Julio César Aldana

Álvaro Mayorga, expresidente de la Cámara de la Construcción; Julio Aldana Franco, el otrora asesor financiero del Banco de Desarrollo Rural, y el constructor Juan Luis Ortiz esperaban ayer a ser fichados por el Sistema Penitenciario (SP) y unirse al último grupo de 25 reos que llegó el viernes.

Los detenidos por el caso Cooptación del Estado, los últimos en ingresar, son quienes duermen en carpas y muchos debieron comprar sus propias literas, pero aun así afirman estar “agradecidos” con las autoridades.

Según el SP, había en ese centro    de detención 195 reos —60 más de su máxima capacidad—.

El rincón de Omar

“El rincón típico de Omar”  o “La cocina de Lupita” es el comedor que distribuye para algunos de los detenidos almuerzos de martes a domingo, pues los lunes se descansa.

El dueño es el exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) Omar Franco, quien vende almuerzos a Q25, con ayuda de su esposa Guadalupe.

Franco es además el vocero de uno de los tres sectores en los que, en teoría, se divide el centro de detención. La distribución vista así excluye el área en donde se encuentra el expresidente Otto Pérez; su yerno, Gustavo Martínez; Gustavo Alejos, así como   militares de baja que se encuentran en otro lugar.

En la demarcación en donde se encuentra la mayoría de los detenidos no hay agua. Ellos pagan una pipa para garantizarse el abastecimiento.

En cada una de las tres “cuadras” un promedio de 23 detenidos comparte dos duchas y dos sanitarios.

Los integrantes de la familia Mendoza, por ejemplo, duermen apilados en uno de los sanitarios. Hay 24 reos que ni siquiera tienen una cama.

En las  seis habitaciones que de día  sirven para las visitas conyugales, por la noche se colocan colchonetas en el suelo, que a la mañana siguiente son retiradas.

Son los mismos detenidos que duermen en las cuadras quienes abogaron para que quienes pernoctan en las carpas tengan acceso a un sanitario por la noche.

En un programa radial el comisionado Iván Velásquez sostuvo que los sindicados de corrupción deben guardar prisión.

“La prisión preventiva es una medida cautelar que debiera proceder únicamente cuando las demás medidas sustitutivas fueren insuficientes para asegurar la presencia del imputado en el proceso penal”, explicó el abogado Wilve Salazar.

“Existe un uso desmedido de la medida de prisión preventiva, al punto que ha pasado a ser la regla y no la excepción”, agregó el profesional.

Zoel Franco, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, resaltó que el SP está triplicado en su capacidad. Para  garantizar la integridad de los reos y por ende los resultados de los procesos debiera haber un control más directo, dijo.

“El problema es que tampoco el Sistema Penitenciario está fortalecido”, afirmó.

“Estamos haciendo una evaluación del centro de detención para determinar si se recluyen en otros en donde no corran riesgo. Estamos reforzando el tema de la seguridad en favor de todos”, indicó el ministro de Gobernación, Francisco Manuel Rivas.

“¿En carpas? Ellos están en bartolinas. Es la información que tengo hasta ahora”, subrayó acerca de las condiciones actuales.

El alcaide es señalado de actos de corrupción, detalla el Sistema Penitenciario en su cuenta de Twitter. https://twitter.com/DGSPG/status/711237992531173376

Los operativos sorpresa se desarrollan a nivel nacional para garantizar que los trabajadores cumplan con los protocolos establecidos y no incurran en delitos, agrega la institución.

A esta detención se suma la de dos guardias del Sistema Penitenciario que aún no han sido identificados.

Centro de detención se habilitó en noviembre pasado

El centro de detención fue habilitado en noviembre pasado, cuenta con capacidad para 135 privados de libertad, áreas al aire libre y galeras con sillas plásticas para las visitas.

Un total de 114 celdas son para reos que enfrentan prisión preventiva y el resto se habilitó tanto para hombres y mujeres, que estén pendientes de ser escuchados en primera declaración ante el juez.

También se habilitó un nuevo ingreso por la colonia Acatán, zona 16, que desemboca al parqueo de visitas.
En la puerta de ingreso al recinto militar, un rótulo advierte tanto a reos, visitantes, funcionarios y empleados públicos, que no pueden utilizar teléfonos celulares y quien sea sorprendido con estos aparatos dentro del cuartel, puede enfrentar de seis a 12 años de cárcel.

Reos VIP

En el centro de detención se encuentran recluidos el expresidente Otto Pérez Molina, implicado en el caso de defraudación aduanera La Línea, su exsecretario privado, Juan de Dios Rodríguez, y su exsecretario general, Gustavo Martínez.

Las tres propiedades restantes están situadas en Sololá. Los caballos, de raza española, se encuentran en la escuela de equitación del Ejército de Guatemala.

Las autoridades dieron a conocer que una propiedad y cuatro vehículos están a nombre de Lima Oliva. El resto de bienes embargados aparecen a nombre de familiares y terceros. 

Después de la solicitud hecha por el MP, el Juzgado de Primera Instancia de Extinción de Dominio autorizó el embargo de los bienes.

La investigación de la Unidad de Extinción de Dominio permitió la medida cautelar. La fiscalía indicó que de esta forma se empieza el proceso de extinción de esos bienes.

Ligado a proceso

El 24 de septiembre 2014,  el juez Miguel Ángel Gálvez ligó a proceso al ex subdirector del Sistema Penitenciario (SP),  Edy Fisher Arbizú, y al reo Byron Lima Oliva señalados de pertenecer a una estructura criminal que lucraba con la corrupción en presidios.

Lima Oliva fue sindicado de asociación ilícita, lavado de dinero, tráfico de Influencias y uso de terminales móviles en centros penitenciarios.

Según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Lima Oliva era el cabecilla de la organización.

También afirmó que los reos recurrían a él para solicitar y pagar traslados a centros penitenciarios, favores y privilegios.

El presidente asegura que son Q23 millones en medicinas los que se donaron este sábado, mientras que la organizacion Amigos por la Salud y la Vida, expuso que son alrededor de Q50 millones.

Aseguraron que este tipo de donaciones se realizarán mensualmente para mantener abastecida la red hospitalaria.

La organización añadió que la donación proviene de Estados Unidos y todo se hace dentro del marco legal, debido a que no se les ha exonerado de impuestos.

Durante la conferencia de Prensa efectuada en el cuartel representantes de  dicha organización  dijeron que esta es la primera vez en tres gobiernos que les aceptan una donación de medicinas para sistema de Salud. 

Morales precisó que el 80 por ciento de los medicamentos será distribuido a los centros asistenciales sobre todo de oriente el resto se enviará a los hospitales nacionales.

Autoridades de salud se comprometieron a llevar un estricto control de los medicamentos que se utilizan en los hospitales nacionales para evitar el ” robo hormiga”, que se ha dato en otras administraciones.

Polémica 

El Gobierno se ha visto en aprietos ante una denuncia de que hay insumos a punto de caducar en la donación que organizaciones y laboratorios hicieron al Ministerio de Salud, lo cual acepta, pero hubo un desliz en la comunicación a los medios que aludió a “medicamentos vencidos” que avivó la polémica en redes sociales.

El asunto de los insumos vencidos se hizo público por una auditoría que la Produraduría de Derechos Humanos hizo a la donación, la cual concluyó en la existencia de artículos cuya vida útil ya caducó. Algunos medios de comunicación publicaron a raíz de eso que había medicamentos en este estado, lo que comenzó a polemizarse como “medicinas vencidas en la donación”, explicaron.

La cuenta de Twitter del presidente Jimmy Morales respondió al respecto que los medicamentos no están vencidos y que fueron revisados por una comisión específica. La PDH aclaró anoche que no se verificaron medicamentos en la auditoría, sino solo insumos y equipo.

Luego de los cuestionamientos surgidos en los últimos días, Mendizábal indicó que ninguna prisión puede ser considerada como una casa de descanso.

Añadió que Pérez Molina comparte “habitación” con otras tres personas, tiene servicios básicos y está en condiciones más dignas que como permanecía en el cuartel Matamoros. Sin embargo, “bajo ningún concepto puede considerarse como un privilegio”.

Dignificación de reos

La titular de la cartera agregó que el primer día que fueron llevados a Mariscal Zavala, los privados de libertad durmieron en colchonetas porque el Sistema Penitenciario (SP) no tenía recursos para cubrir las necesidades básicas.

“Se busca dignificar a las personas porque aunque hayan perdido su libertad, no quiere decir que hayan perdido sus derechos mínimos”, expresó.

También mencionó que para mejorar las condiciones del SP solicitó al Consejo Nacional de Administración de Bienes de Extinción de Dominio (Conabed), el listado de bienes para verificar si existen algunos que puedan permitir construir más cárceles en el país.

Desde el interior

Noventa reos implicados en casos de alto impacto, entre ellos el expresidente Otto Pérez, ya cohabitan en el centro de detención en la brigada militar Mariscal Zavala, que cuenta con áreas al aire libre y parqueos para visitas.

Los módulos están hechos de block y barrotes, y cuentan con amplios espacios alrededor. También hay galeras con sillas plásticas para las visitas, quienes contarán con espacio para parqueos.

En la visita que periodistas hicieron el sábado recién pasado, se pudo apreciar que en el estacionamiento habían vehículos de lujo que pertenecen a familiares de los privados de libertad.

Un total de 114 celdas son para reos que enfrentan prisión preventiva y el resto se habilitó tanto para hombres y mujeres, que estén pendientes de ser escuchados en primera declaración ante el juez.

En la puerta de ingreso al recinto militar, un rótulo advierte tanto a reos, visitantes, funcionarios y empleados públicos, que no pueden utilizar teléfonos celulares y quien sea sorprendido con estos aparatos dentro del cuartel puede enfrentar de seis a 12 años de cárcel.

También se habilitó un nuevo ingreso por la colonia Acatán, zona 16, que desemboca al parqueo de visitas.

Guardias del SP resguardan los ingresos a los módulos, mientras que otros se pasean tranquilamente por las instalaciones rodeadas por una delgada malla.

Los módulos están hechos de block y barrotes, y cuentan con amplios espacios alrededor. También hay galeras con sillas plásticas para las visitas, quienes contarán con espacio para parqueos. En la visita de hoy se pudo apreciar vehículos de lujo de familiares.

Un total de 114 celdas son para reos que enfrentan prisión preventiva y el resto se habilitó tanto para hombres y mujeres, que estén pendientes de ser escuchados en primera declaración ante el juez.

En la puerta de ingreso al recinto militar, un rótulo advierte tanto a reos, visitantes, funcionarios y empleados públicos, que no pueden utilizar teléfonos celulares y quien sea sorprendido con estos aparatos dentro del cuartel, puede enfrentar de seis a 12 años de cárcel.

También se habilitó un nuevo ingreso por la colonia Acatán, zona 16, que desemboca al parqueo de visitas.

Guardias del sistema penitenciario resguardan los ingresos a los módulos, mientras que otros se pasean tranquilamente por las instalaciones rodeadas por una delgada malla.

Argumentan nuevo centro carcelario

El viceministro de Gobernación, Elmer Sosa, dijo que los nuevos módulos de la cárcel se hicieron con el fin de no poner en riesgo su integridad de las personas en las carceletas de la Torre de Tribunales, donde han ocurrido enfrentamientos de pandilleros.

Los módulos podrán albergar a personas en prisión provisional y preventiva.