Beca Mi Primer Empleo: Solo 118 de 723 becados ya trabajan en empresas

Pese al aumento en la demanda, el Ministerio de Trabajo mantiene en Q6.5 millones el presupuesto del programa para este 2026. La mayoría de becas se otorgaron en el departamento de Guatemala, mientras que en el interior del país se busca mayor participación empresarial.

Ximena Fernández

7 de enero de 2026

|

06:00h

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Becas Mi Primer Empleo no tendrán una aplicación de presupuesto para el 2026. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Al 1 de diciembre de 2025, 118 de los 723 beneficiarios de la beca Mi Primer Empleo ya fueron contratados en los lugares donde realizaron sus prácticas laborales. Estos datos corresponden a las tres primeras fases del programa, aunque algunas becas aún están en ejecución. La información fue presentada por Mónica Concohá, coordinadora del Programa Beca Mi Primer Empleo.

Sobre estas cifras, Ligia Chinchilla, jefa de la mesa de capital humano de la iniciativa Guatemala No Se Detiene, destacó que la evaluación es positiva y que el programa cumple su objetivo de fomentar el empleo juvenil: “Mi Primer Empleo funciona como una medida que ayuda muchísimo a facilitar la inserción laboral de los jóvenes”.

La beca Mi Primer Empleo es una iniciativa que busca la inclusión laboral de jóvenes de entre 18 y 24 años sin experiencia laboral formal. Tiene una duración de cuatro meses, durante los cuales el joven desempeña un puesto en una empresa que ofrece la oportunidad. El salario mínimo es financiado en un 51% por el Ministerio de Trabajo y en un 49% por la empresa privada.

En el 2025 se registraron 723 becados que se incorporaron entre febrero y agosto, con el objetivo de que los últimos participantes concluyan en diciembre, cuando se realiza el cierre presupuestario, según Concohá.

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¿Más presupuesto?

Durante el 2025, el programa contó con un presupuesto de Q6.5 millones, con los que se cubrieron 630 becas. Debido al aumento de beneficiarios y a la participación empresarial, Mónica Concohá destacó que fue necesario realizar ajustes internos dentro del Ministerio de Trabajo para cubrir la diferencia.

A pesar de ello, para el 2026 se prevé mantener el mismo monto asignado, externó la encargada del programa, quien señaló que se busca un compromiso institucional para encontrar mecanismos que permitan superar la meta, si la demanda lo permite.

Para Ligia Chinchilla, el principal problema del programa es que es “pequeño”, por lo que pocas personas pueden acceder a él. Señaló que, dentro del presupuesto del Ministerio de Trabajo, este es uno de los programas con menor asignación de recursos: “Necesita crecer mucho más, porque ya demostró que funciona y que les da a los jóvenes lo que les hace falta para optar a empleos formales”.

Con el objetivo de aumentar el número de beneficiarios, Chinchilla mencionó los match funds o apoyo de cooperantes interesados en programas de inserción laboral. Según la coordinadora de la mesa de capital humano, es clave promover alianzas no solo con organismos internacionales, sino también con empresas que ya implementan programas similares, y propuso activar ese tipo de palancas de financiamiento.

“Esto tiene que ser una alianza estratégica. Los jóvenes necesitan la experiencia que pide el sector privado, pero también se requiere que cada sector defina hacia dónde va, qué perfiles necesitará en el futuro”, afirmó Chinchilla, quien añadió que, si la capacitación se orienta a esas demandas y se vincula con Mi Primer Empleo, se generaría una presión positiva para el crecimiento del programa y para que sea apoyado por más actores.

Avances en el programa

De febrero a agosto del año pasado, el programa se organizó en ocho fases, de las cuales cuatro aún se encuentran en ejecución, explicó Mónica Concohá, quien agregó que hay cobertura nacional, con beneficiarios en los 22 departamentos. “La distribución depende del tejido empresarial y de la apertura de las empresas”, afirmó la encargada del programa.

Las empresas, según Concohá, seleccionan los perfiles que el programa les presenta o pueden proponer directamente a un joven para que sea beneficiario. A partir de esto, los departamentos con mayor número de becas fueron: Guatemala, con 313; Quetzaltenango, 65; Santa Rosa, 60; Escuintla, 53; y Chimaltenango, 40.

Para aumentar la presencia del programa en otros departamentos fuera de la capital, Ligia Chinchilla aseguró que el sector privado del interior debe conocerlo mejor. Señaló que el Ministerio de Trabajo cuenta con dos ejes: como ente regulador y como promotor de empleo, siendo este último el que suele pasar desapercibido por parte de los empresarios.

“Es lógico que la mayoría de becas se concentren en la capital, porque aquí hay más empresas. Pero si se amplía la comunicación y se fortalece ese rol promotor del Ministerio, se puede llegar a más empresas y más jóvenes en el interior del país”, afirmó Chinchilla.

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Continuidad de los becados

Durante el desarrollo del programa, se registraron 94 jóvenes que no finalizaron la beca, externó Mónica Concohá, quien señaló que las bajas representan aproximadamente el 10% del total de beneficiarios.

Para evitar este tipo de deserciones, Concohá explicó que cada mes se gestionaron corresponsabilidades, documentos que forman parte del expediente del becado y que incluían un canal de contacto directo con los jóvenes, a través de analistas que se comunicaban por medio de WhatsApp y correo electrónico.

Además, afirmó que durante los cuatro meses se elaboran listados de asistencia mensuales, se aplican dos evaluaciones de desempeño, se gestiona el finiquito y se emite un certificado de aprendizaje por parte de la empresa. A partir de estos procesos, Concohá destacó que las bajas se deben a la obtención de una mejor oportunidad laboral, decisiones personales o evaluaciones de desempeño inferiores a los 70 puntos.

Crece desafío por insertar a migrantes retornados en el mercado laboral en Guatemala

Certificaciones en soldadura, cocina, transporte y jardinería son algunas de las áreas más solicitadas. Aun así, el desafío está en lograr un impacto masivo frente a las miles de personas retornadas cada año.

Ximena Fernández

26 de diciembre de 2025

|

05:10h

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Programa de certificaciones no ha logrado abarcar más retornados de Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: Esteban Biba/EFE)

De 283 personas que se han certificado para validar los conocimientos adquiridos en Estados Unidos, el 42% ha logrado una colocación en empleo formal o ha creado un emprendimiento, según datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo (Mintrab).

Para Pedro Solares, analista en temas de migración, es positivo que las instituciones implementen el programa. No obstante, señala que los números reflejan un reto: “Si se comparan los resultados con la cantidad total de personas retornadas, los avances siguen siendo muy limitados”.

El programa, llamado Certifícate, fue lanzado como respuesta al aumento significativo de migrantes retornados, detalló Alejandra Aguilar, coordinadora de la Sección de Formación y Capacitación para el Empleo (Secafor), quien señaló que busca el reconocimiento de conocimientos y habilidades adquiridas a través de procesos no formales. Aguilar adujo que el programa no está dirigido exclusivamente a migrantes, pues está disponible para la población en general.

Durante años se insistió en la necesidad de reconocer la experiencia laboral que muchos guatemaltecos adquieren en Estados Unidos y México, según Solares, quien destacó que, en las cifras más recientes, se reportan aproximadamente 52 mil 600 personas retornadas hasta septiembre.

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Certificaciones

El proceso de certificación se realiza mediante alianzas con el Intecap y se ofrece de forma gratuita, según destacó Alejandra Aguilar, quien indicó que el Ministerio de Trabajo cubre tanto la formación como los insumos y materiales necesarios para obtener la certificación.

De acuerdo con Aguilar, el programa ha atendido principalmente a personas retornadas con experiencia en construcción, transporte y gastronomía.

Los tipos de certificación otorgados en el programa, según datos del Mintrab, son los siguientes:

• Soldadura industrial: 20 personas certificadas
• Masaje con orientación para spa: 15 personas certificadas
• Instalador de sistemas fotovoltaicos: 40 personas certificadas
• Técnicas de manejo en simulador para la conducción de cabezal con plataforma multifuncional: 68 personas certificadas
• Técnicas de manejo para la conducción de microbús, pick-up o camión de hasta 3.5 toneladas: 10 personas certificadas
• Albañilería: 30 personas certificadas
• Cocinero gourmet: 25 personas certificadas
• Jardinería: 75 personas certificadas

“Una parte importante de esas personas retornadas formó parte de la fuerza laboral en Estados Unidos. Es cierto que no todas cuentan con el tiempo o la experiencia necesaria para acceder a una certificación formal, pero, aun así, la brecha entre el universo de retornados y los beneficios del programa es enorme”, afirmó Solares.

Retos para continuar

Uno de los objetivos del Mintrab, según Alejandra Aguilar, es mejorar y ampliar la cobertura: “El programa ya tiene alcance nacional, pero para el próximo año se busca ampliar tanto el servicio de certificación como el de capacitación”.

Para que esto ocurra, Pedro Solares afirmó que es necesario dar a conocer el programa. Indicó que las personas retornadas deben saber que está disponible y comprender para qué sirve. Además, destacó que los mecanismos institucionales deben generar confianza para que los retornados deseen compartir su información y crean que el proceso tendrá una utilidad real.

Según Solares, es fundamental fortalecer el vínculo con las empresas que generan empleo en Guatemala, principalmente del sector privado. Para estas empresas también es clave contar con mano de obra calificada, añadió.

“Aquí hay un desafío adicional: muchas de las personas que migraron lo hicieron precisamente porque no encontraron en Guatemala oportunidades suficientes para construir una vida digna. Regresar al mismo país genera desconfianza en el sistema, en el mercado laboral y en la posibilidad de obtener una remuneración adecuada. Mientras no se atienda ese fondo del problema, será difícil que los programas de certificación logren un impacto masivo”, concluyó Solares.

Guacamole y chocolate: cómo exportar productos con valor agregado a nuevos países

El desarrollo de cadenas productivas integradas requiere de mayor inversión pública, participación empresarial y compromiso académico. Productores aún enfrentan falta de apoyo técnico y financiero.

Ximena Fernández

18 de diciembre de 2025

|

06:00h

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Proceso de empaquetado para enviar guacamole procesado a distintas partes del mundo. (Foto Prensa Libre: Erick Avila)

Desde hace 12 años, Highland exporta guacamole preparado a distintas partes del mundo: Chile, Estados Unidos, El Salvador y Costa Rica. El 80% de su producción es para exportación y destaca por ser un producto sometido a alta presión, lo que significa que, a pesar de no llevar conservantes, alcanza una vida útil de un año en congelación. “Aquí es donde se genera gran parte del valor agregado”, afirma Josué Soto, gerente de planta de Highland.

Para avanzar en esta cadena de valor, el primer paso es comprender que calidad e inocuidad son aspectos preventivos, no correctivos. Esto permite a las empresas hacer un análisis de peligros y, a partir de ello, impulsar las investigaciones necesarias para exportar a mercados competitivos, según Mynor Ordóñez, encargado del área de proyectos especiales de apoyo a la industria de alimentos en Guatemala y Centroamérica del laboratorio Inlasa.

Los productos transformados o procesados son aquellos que poseen valor agregado, un objetivo hacia el cual, según Ordóñez, debe orientarse el crecimiento del país.

Entre los productos en los que Guatemala podría fortalecerse mediante el agregado de valor se encuentran el cacao —a través de mejoras en calidad y clasificación—; la miel, debido a la variedad de microclimas que favorecen la producción de perfiles distintos; y el cardamomo, que ha experimentado un notable crecimiento en exportaciones y requiere mejoras en clasificación y aprovechamiento de subproductos. Todo esto, según Analicia Paz Pierri de Galindo, investigadora del Centro de Estudios Agrícolas y Alimentarios.

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Apertura a nuevos mercados

El aguacate guatemalteco se caracteriza por tener un alto contenido de aceite, lo que se traduce en mayor cremosidad, mejor textura y sabor. Estas cualidades hacen del aguacate de Guatemala un competidor con capacidad para ingresar a mercados internacionales. Al agregarle valor, aumenta su competitividad y se gana flexibilidad en toda la cadena, según Josué Soto.

“Si comparamos el aguacate con el guacamole procesado en planta, en el segundo se aporta un valor agregado clave, ya que es un producto sin conservantes que facilita el manejo logístico, la planificación de inventarios y la distribución internacional”, afirma Soto, quien añade que manejar fruta fresca implica una vida útil más corta y mayor sensibilidad a tiempos y temperaturas.

Además del guacamole procesado, otros productos con potencial para exportarse como bienes de alto valor agregado, según Analicia Paz Pierri de Galindo, son: bebidas, galletas y bocadillos, frutas y vegetales congelados, frutas y vegetales liofilizados, salsas, infusiones y chocolate premium de cacao guatemalteco.

Asimismo, se identifica actualmente una oportunidad para incrementar las exportaciones hacia Estados Unidos. Aunque ya se exporta a ese destino, es un mercado con ventajas, como la cercanía geográfica, señala Soto.

No obstante, dar el primer paso para desarrollar productos con valor agregado no es tarea sencilla. Soto explica que el desarrollo de un nuevo producto toma aproximadamente un año, desde la conceptualización hasta su comercialización en tiendas internacionales. En otros países, este proceso suele ser más ágil y los contratos se concretan en unos seis meses.

¿Qué hace falta?

Además del guacamole, los productos deshidratados constituyen una de las formas básicas de procesamiento que también otorgan valor agregado, según Ordóñez.

Para este tipo de productos es indispensable garantizar que, al transportarse sin refrigeración, no se contaminen. Según Ordóñez, esto se comprueba mediante evaluaciones de humedad, actividad de agua y, en el caso de productos vegetales, residuos de plaguicidas. Añade que es necesario tener claridad sobre el mercado de destino, ya que con base en ello deben revisarse las regulaciones y normas aplicables en cada región.

Josué Soto considera que, para mejorar las oportunidades del país, es clave un mayor impulso del Gobierno hacia los pequeños productores. “Ahí hay un potencial enorme para desarrollar más volumen”, asegura, e indica que un acompañamiento técnico permitiría mejorar las prácticas actuales y aumentar la competitividad en los mercados internacionales.

Hasta ahora, Guatemala ya ha enfrentado experiencias negativas debido a la exportación de productos regados con agua contaminada y otros con riesgos bacterianos y parasitarios, advierte Ordóñez, quien señala que no existe un método oficial de referencia para analizar parásitos en alimentos.

En ese contexto, Ordóñez destaca que recientemente, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), se ha capacitado a laboratorios guatemaltecos. No obstante, el experto aclara que no corresponde a los pequeños productores hacer todos los análisis, sino que estos deben recibir acompañamiento y apoyo técnico para comprender los requisitos y procesos.

Un aspecto clave es lograr una integración sólida entre las cadenas productivas y las de comercialización, algo que aún no se ha alcanzado, según Analicia Paz Pierri de Galindo. La investigadora resalta que, para responder a las exigencias del mercado internacional, se requieren cambios en la producción agrícola, el manejo de la postcosecha, el control de la inocuidad y la calidad del producto final.

“Cuando los esfuerzos son aislados, el reto es mucho mayor. Cuando se trabaja en cadenas integradas, es más fácil que todos avancen juntos”, concluye Paz.

Acceso y uso de nuevas tecnologías

Danta nació como una empresa de chocolate artesanal a pequeña escala en 2008, lo que diferencia su producto de uno simple como el cacao, según Carlos Eichenberger, fundador y fabricante de chocolate en Danta Chocolate. Destaca que, para un país como Guatemala, con baja producción, la solución es que el cacao salga transformado y con valor agregado, en lugar de como materia prima.

Según Eichenberger, esto permite que más divisas se queden en el país y que la logística sea más eficiente: “Si solo exportamos cacao crudo, nos pagan algo más por su origen, pero no ganamos nada por el procesamiento”.

A pesar del potencial, este tipo de productos tiene un limitante: la baja producción de cacao guatemalteco. Eichenberger afirma que el país no tiene capacidad industrial para inundar al mundo con chocolate, especialmente por la escasez de materia prima y para no desabastecer el mercado local. Por ello, plantea que la solución es mantener una producción artesanal de alta calidad, orientada a segmentos premium.

Para lograr este tipo de producciones, que requieren mayor especialización, Paz identifica barreras como la capacitación, el acceso al financiamiento y el enfoque empresarial, dentro del cual incluye la adopción de innovaciones.

Al hablar de nuevas tecnologías, Paz resalta la importancia del manejo del suelo y del agua, el acceso a información climática, la mejora genética y el uso de semillas que permitan mayores rendimientos, además de la mecanización para la preparación del suelo y la cosecha.

En la misma línea, Ordóñez sostiene que la capacitación debe ser prioritaria, no solo para los técnicos, sino también para operarios, mandos medios y supervisores. Según Ordóñez, todos deben tener claro hacia dónde se dirigen, qué significa el valor agregado y por qué es clave cumplir la ley y garantizar la inocuidad.

Desde el ámbito institucional, Paz subraya que los productores deben tener acceso a créditos que no sean penalizantes y que se acompañen de formación financiera.

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Liderazgo claro

En Guatemala, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) es la autoridad regulatoria en asuntos agrícolas y de algunos alimentos. Entre sus funciones se encuentra establecer requisitos mínimos y procurar que estén alineados con los estándares internacionales, explica Ordóñez, quien añade que el papel de la autoridad regulatoria no es castigar, sino contribuir al desarrollo del país apoyando el cumplimiento de la industria.

“Es cierto que los recursos son limitados. No se puede inspeccionar a todos los pequeños productores, pero se puede priorizar y trabajar a través de cooperativas, asociaciones y sectores estratégicos. Lo importante es que la vigilancia vaya de la mano del apoyo técnico, no solo de sanciones”, destaca Ordóñez.

Para Eichenberger, el país carece actualmente de un respaldo oficial. El empresario menciona ejemplos como Nicaragua y Perú, donde los gobiernos han invertido recursos e insumos en la producción de diversos cultivos. “Eso demuestra que la inversión oficial directa funciona, siempre que esté bien manejada”, afirma.

Por su parte, Paz considera que la responsabilidad debe ser compartida entre distintos sectores. La academia debe salir al campo, conocer las necesidades reales y enfocar su formación hacia los problemas concretos de los productores y las cadenas de valor. El gobierno debe facilitar la integración y propiciar espacios para la organización de los productores. El sector privado, por su parte, debe participar activamente, aportar recursos, información y visión de mercado.

“La innovación y el desarrollo científico suelen surgir desde la academia, pero si el gobierno no crea condiciones y el sector privado no se involucra, es muy difícil que el sistema funcione”, concluye Paz.

Se buscó la postura del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, no obstante, no se obtuvo respuesta para la publicación de este reportaje.

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VIDEO: “Urge que Guatemala trace una ruta de inversión para los productos procesados”

Expertos señalan en La Charla, de Guatemala No Se Detiene, que el modelo basado en materias primas ya no es suficiente y que el país requiere regulación moderna, capacidad técnica e información de mercado para competir.

Ximena Fernández

16 de diciembre de 2025

|

17:28h

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Guatemala cuenta con ventajas competitivas para la exportación de productos diferenciados que podrían perderse sin la inversión pública adecuada. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla)

El país requiere un plan de inversión pública enfocado en bienes comunes, como las carreteras, los puertos, las telecomunicaciones y la energía eléctrica, para poder enviar productos procesados al mercado internacional. Según Ramiro Pérez Zarco, exviceministro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), es necesario que actores clave definan la ruta para los próximos 25 años a partir de tres o cuatro objetivos y formulen un plan de nación.

Esto se dio a conocer durante el segmento La Charla, del programa Guatemala No Se Detiene, en el cual Pérez Zarco, junto a Freddy Hochstetter, presidente del Comité de Aguacate de Agexport; y Rocío Lazo, presentadora del programa, conversaron sobre los obstáculos y las oportunidades para que Guatemala exporte más productos del sector agro a mercados internacionales.

“No hemos dado ese paso hacia el valor agregado, que es más complejo, pero necesario. Esto requiere políticas públicas claras y un sector privado alineado con ellas. Esa es, probablemente, la gran tarea de los próximos diez años”, destacó Pérez Zarco.

Para seguir siendo competitivos en el mercado internacional, el sector privado ha tenido que buscar soluciones, según Pérez Zarco, quien señala que, a pesar de los esfuerzos, todavía se requiere más respaldo. Sobre esto, Hochstetter afirmó que los productores encuentran formas de producir, pero esto debe fomentarse con apoyo institucional, políticas claras y acceso a fondos.

Cómo avanzar

Actualmente, Guatemala es exportador de diferentes productos, como frutas frescas —aguacate, mango o arvejas—, a pesar de que estos no necesariamente requieren transformación, puesto que el consumo es en fresco; el reto se enfrenta con la vida útil, explicó Pérez Zarco.

“Ahí es donde entran los subproductos y la industrialización, como el guacamole, que puede tener una vida de anaquel de más de un año bajo cadena de frío”, afirmó el exviceministro, quien destacó que el valor sigue estando en la fruta fresca, pero con una monetización en mayor volumen debido a la industrialización.

Esto, según Pérez Zarco, otorga mayores opciones comerciales y permite que el productor reciba más valor por toda la producción.

Lo que se debe hacer, según Hochstetter, es seguir abriendo mercados, puesto que, explicó, mientras más salidas tenga el país, más oportunidades podrán aprovechar los productores. El presidente del Comité de Aguacate de Agexport afirmó que Estados Unidos podría ser una opción.

Para el exviceministro, la decisión sobre qué productos procesados comenzar a exportar debe partir del mercado: “Tradicionalmente, los productores hemos pensado primero en producir más y luego en dónde vender. Hoy el planteamiento debe ser al revés: qué quiere el mundo y a qué región queremos llegar, porque ese mercado define las condiciones que debemos cumplir”.

Sin contar con ese tipo de información de mercado, no es posible apostar correctamente por ninguna cadena en específico, destacó Pérez Zarco, quien mencionó que, a pesar de ello, se observa potencial en el cacao y los lácteos.

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Retos

Los alimentos procesados muestran un gran potencial, entre ellos los productos agropecuarios, aseguró el exviceministro. El problema, para Pérez Zarco, es que el país mantiene una visión enfocada en exportar materias primas sin transformarlas.

Parte de la complejidad actual del mercado es el cumplimiento de regulaciones, externó Hochstetter, quien destacó que, en estos momentos, se requiere cumplir con requisitos regulatorios, límites de residuos, pesticidas y estándares de los mercados de destino.

La primera brecha que enfrenta la producción de este tipo de bienes en el país es la educación del productor, continuó Hochstetter. “El productor debe entender que, si quiere llegar a un mercado específico, debe cumplir con requisitos específicos. Si voy a producir aguacate para Europa, hay productos que puedo usar y otros que no”, explicó el presidente del Comité de Aguacate de Agexport, quien agregó que las exigencias de los supermercados y de la seguridad del consumidor han aumentado.

A partir de ello, se desarrolla un segundo problema, según Hochstetter: tarde o temprano, regulaciones similares llegarán a Guatemala, y los productores van rezagados. Para superar este obstáculo, Pérez Zarco afirmó que es necesario que el Maga apoye al productor desde la base, así como al exportador, para impulsar la competitividad internacional.

“Todo productor, por pequeño que sea, es un empresario. Son versátiles y buscan soluciones, pero necesitan acceso a financiamiento. El agro es percibido como un riesgo por la banca, y eso limita el crecimiento”, destacó Hochstetter.

Pilares fundamentales

Para avanzar en la exportación de productos transformados, Pérez Zarco afirmó que se requieren cuatro pilares clave:

Regulación: La normativa nacional debe estar armonizada con la internacional. Según Pérez Zarco, no es viable seguir operando con un Código de Salud y leyes sanitarias que fueron presentadas en los años 90.

Capacidad institucional: El sector público debe certificar y el sector privado debe entender y aplicar la regulación. Esto significa que ambos deben contar con competencia técnica.

Gestión de información: El país no cuenta con una inteligencia nacional que integre datos del campo y del mercado internacional para diseñar estrategias productivas.

Metrología y laboratorios: Lo que no se mide no se puede mejorar. Guatemala tiene una grave deficiencia en infraestructura de laboratorios. Según Pérez Zarco, muchas cadenas deben enviar muestras a Europa porque en el país no se pueden realizar ciertos análisis.

Sobre este último punto, Pérez Zarco destacó que Guatemala no cuenta con un laboratorio nacional oficial de inocuidad alimentaria, lo que implica que el servicio se terceriza, y los resultados son aceptados en algunos países, pero no en todos. “Con esos cuatro pilares fortalecidos, el país tendría más posibilidades reales de aprovechar oportunidades”, aseguró.

Según el exviceministro, Guatemala cuenta con ventajas competitivas derivadas de los tratados comerciales, pero advirtió que, sin logística adecuada, esas oportunidades se pierden.

Cómo buscará Guatemala captar 200 bodas de lujo más el próximo año

El país espera atraer 200 bodas de destino adicionales gracias al Congreso de Bodas LAT, este aumento, podría aumentar US$44 millones 500 mil al impacto económico actual que se genera con este tipo de eventos. La estrategia apunta a diversificar los destinos más allá de Antigua y Atitlán.

Ximena Fernández

16 de diciembre de 2025

|

11:06h

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Se espera un aumento de 200 bodas para un mediano plazo. (Foto Prensa Libre: Daniel López)

Guatemala podría esperar 200 bodas de destino adicionales a las que ya se realizan actualmente, lo que podría generar US$44 millones 500 mil más al impacto económico anual estimado, según Claudia Coronado, jefa del Departamento de Operación y Comercialización de Mercados del Inguat.

Anualmente, las bodas de destino generan un impacto estimado de US$80 millones 905 mil, según datos presentados por el Inguat. En el 2015 se trabajaba con menos de 100 bodas al año. No obstante, actualmente Guatemala recibe en promedio 664 bodas de esta índole por año, lo que significa que en 10 años se triplicaron los resultados.

Además, por cada boda de 100 personas, se genera un impacto de US$222 mil, considerando rubros como hospedaje, alimentación, tours, transporte y otros gastos complementarios, según Coronado.

Debido a las ventajas competitivas del país, con una inversión estructurada de US$1 millón anuales, Guatemala podría triplicar los resultados actuales en menos de cuatro años, destacó Coronado.

Para Rosmery Ramsay, asociada a la Comisión de Turismo Sostenible de Agexport, en Guatemala sí existe capacidad para atender nuevas bodas; sin embargo, debe gestionarse desde un enfoque de planificación territorial y sostenibilidad. Además, señaló que debe evaluarse la infraestructura hotelera, los servicios especializados, la gestión de residuos, el consumo de agua y energía, así como la capacidad social y cultural.

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¿200 bodas más?

Sumar 200 bodas a las que actualmente se realizan es, para Coronado, una meta a mediano plazo, que se espera alcanzar a partir del Congreso de Bodas LAT, planeado por la organización internacional de bodas y cuya sede será Guatemala en julio del 2026.

Se prevé la visita de 400 wedding planners de alto nivel, quienes estarán tres días en el país para conocerlo y vivir la experiencia, indicó Coronado. “Al hacer el evento a mitad de año, los wedding planners pueden empezar a vender Guatemala como producto de bodas de lujo para el cierre de año”, afirmó la jefa del Departamento de Operación y Comercialización de Mercados del Inguat. Destacó que no lo ven como algo lejano, puesto que el destino ya está maduro para ofrecer este producto.

Además, Coronado señaló que son bodas que duran más de una semana, pues incluyen despedidas de soltero, cócteles previos, ensayos y la ceremonia principal.

Sobre el congreso, Ramsay lo calificó como “muy completo” y aseguró que lo importante es mostrar toda la oferta que tiene el país más allá de destinos como Antigua Guatemala y Atitlán. Afirmó que Guatemala cuenta con naturaleza, paisajes, oferta hotelera, diversidad de destinos y experiencias distintas —además de ruinas y lagos— con las cuales se podría promover al país como destino de bodas.

Una boda en Guatemala es aproximadamente 70% más económica que en Costa Rica, aseguró Coronado, quien añadió que también resulta más barata que en Estados Unidos, lo que hace del país un destino atractivo para bodas de lujo. “Muchos wedding planners que vendrán ya están interesados. La idea es que vivan la experiencia en Guatemala y luego la conviertan en producto para sus clientes”, afirmó.

Para atraer a potenciales clientes de bodas de destino, Ramsay destacó la necesidad de contar con una capacidad de carga turística definida, condiciones ambientales y culturales adecuadas, infraestructura básica, seguridad, accesos y un turismo suficiente. Agregó que es indispensable una estructura sólida de trabajo entre el sector privado y el gobierno. Para lograrlo, señaló, Guatemala debe monitorear el impacto, establecer estándares de sostenibilidad y fortalecer las capacidades locales.

Nuevas opciones para bodas de lujo

La mayoría de bodas de destino se realizan actualmente en Antigua Guatemala, donde se celebran alrededor de 504 bodas al año. El lago de Atitlán es el segundo destino más solicitado, con un promedio de 160 bodas anuales, indicó Coronado.

Uno de los principales riesgos del aumento en este tipo de bodas es la sobrecarga, es decir, la concentración de eventos en los mismos lugares, lo cual genera presión sobre los recursos naturales y fomenta la informalidad en la prestación de servicios.

No obstante, Coronado aseguró que el plan es ofrecer a los wedding planners otros destinos, además de los ya consolidados. Entre las opciones mencionó Tikal, que actualmente es utilizado como escenario para sesiones fotográficas, y Chichicastenango, debido a su riqueza cultural e infraestructuras como las iglesias.

“La idea que les transmitimos es que Guatemala tiene todos los escenarios perfectos para fotografías de boda: el lago de Atitlán, sitios arqueológicos, pueblos tradicionales y paisajes naturales para quienes buscan casarse en plena naturaleza”, afirmó Coronado.

El turismo de bodas tiene un efecto multiplicador que involucra a distintos actores, desde proveedores hasta fotógrafos, floristas y artesanos, según Rosemary Ramsay de Mendoza. Agregó que es necesario promover la inclusión de pymes, emprendimientos comunitarios y proveedores locales.

Asimismo, Coronado destacó como un punto a favor la conectividad aérea. Según indicó, han ingresado nuevas aerolíneas con tarifas atractivas y vuelos directos.

Los próximos corredores industriales: Ciudades que avanzan y otras que se estancan en Guatemala

Investigador Jorge Benavides, quien desarrolla índice de competitividad local, señala que mientras algunas áreas del país como Alta Verapaz y el eje CA-9 Norte logran avances, otros municipios con buen historial comienzan a perder competitividad.

Ximena Fernández

15 de diciembre de 2025

|

06:00h

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Municipios guatemaltecos muestran avances y retrocesos en competitividad para el 2025 (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Esto lo dio a conocer Jorge Benavides, investigador asociado a Fundesa, quien menciona en la entrevista los distintos municipios que avanzaron, se estancaron o retrocedieron en competitividad para el 2025, a partir de los datos expuestos en el Índice de Competitividad Local (ICL) 2025.

El ICL 2025 fue publicado a finales de noviembre por Fundesa. Esta herramienta evalúa la competitividad de cada municipio del país para identificar ventajas y brechas en doce pilares que contribuyen al aumento de la productividad nacional: instituciones, infraestructura, adopción de TIC, entorno económico, salud, habilidades, inversión productiva, mercado laboral, sistema financiero, tamaño del mercado, dinamismo de los negocios y capacidad de innovación.

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Es importante ver que hay dos tipos de municipios que mejoran. Primero, aquellos que ya estaban relativamente bien y logran construir sobre esa base. Yo le diría que hay cuatro municipios que vale la pena mencionar: Huehuetenango, cabecera departamental de Huehuetenango; Concepción, en Sololá; Fray Bartolomé de las Casas, en Alta Verapaz;y San Bartolomé Jocotenango.

No están entre los punteros en ninguno de los pilares ni indicadores que medimos, pero sí son de los que muestran mayores avances porque han venido construyendo capacidades poco a poco.

Luego tenemos una segunda categoría de municipios que avanzan mucho, aunque no tienen todavía bases sólidas que les permitan mantener ese avance hasta llegar a rangos de 70 u 80 puntos. Aun así, es importante mencionarlos. En Alta Verapaz, por ejemplo, destacaría Lanquín, La Tinta y Senahú: municipios con puntajes muy bajos, pero que después de la pandemia han crecido alrededor de nueve puntos en el índice completo, lo cual es lógico porque partían de una base muy baja.

También vale la pena mencionar algunos municipios de Petén, como La Libertad, Las Cruces y San Andrés, que muestran crecimientos significativos.

Y algo cada vez más interesante es lo que ocurre en el centro de Huehuetenango: alrededor de Huehuetenango y Chinautla tenemos varios municipios que están creciendo, como Ahuachapán, Petatán, San Pedro Necta, la misma cabecera departamental de Huehuetenango y Unión Cantinil, que está muy cerca.

Quisiera profundizar en los municipios que tienen mejoras notables, pero que siguen con puntajes globales bajos. ¿Qué otros ejemplos hay y cómo podrían estos municipios seguir subiendo sus puntajes?

Entre los cinco municipios que más han mejorado, tres están en Alta Verapaz. ¿Por qué mejoran? Porque están invirtiendo en dos pilares clave: instituciones y el sistema financiero.

¿Qué les limita seguir creciendo? Que para consolidar su competitividad deben invertir también en los otros tres pilares básicos del ambiente competitivo: infraestructura, entorno favorable a la inversión y adopción de tecnología para la producción.

Si no hay mejoras en esos tres pilares, lo que vemos es que los municipios tienden a llegar a un techo: alrededor de 45 puntos, y de ahí ya no se mueven. Eso lo hemos visto en otros casos que han llegado a ese nivel, pero que, al no trabajar en infraestructura, entorno económico y tecnología, dejan de avanzar.

¿Hay otros municipios que hayan presentado mejoras y qué tipo de inversiones podrían atraer a partir del aumento en su puntaje?

Hay una relación muy interesante entre mejora en competitividad y atracción de inversión, y funciona en ambas direcciones: municipios que mejoran su competitividad atraen inversión, y esa inversión, a su vez, genera más competitividad.

Normalmente hablamos del departamento de Guatemala y su conexión hacia el sur con Escuintla. Pero hay otros casos muy interesantes. Uno es el de los municipios sobre la CA-9 Norte, donde vemos mejor infraestructura y más inversión. Podemos mencionar a Guastatoya y Sanarate, en El Progreso; en el área de Zacapa está la cabecera de Zacapa, Teculután, Río Hondo y Estanzuela. Y, aunque no está directamente sobre la CA-9 Norte, pero sí muy cerca, el caso de Chiquimula.

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Estos municipios no solo están mejorando, sino que están atrayendo inversiones, y esa inversión también se refleja en una mejora de su competitividad.

El otro caso es la frontera de Tecún Umán, en el área de San Marcos. Ahí no solo tenemos Ayutla, sino también Pajapita, la cabecera de San Marcos y La Blanca. Vemos un cluster de servicios alrededor de las inversiones originadas por la planta de arneses de la empresa Yazaki. En los últimos tres años no solo recibieron esa inversión, sino que esta se tradujo en mejoras de competitividad.

¿Existen municipios que aparentemente mejoran en algunos pilares, pero siguen mostrando retrocesos o poco avance en otros?

Sí. Cuando vemos no solo el lado positivo de la competitividad, sino también el lado negativo, encontramos varios ejemplos. Hay municipios que tradicionalmente estaban en posiciones altas. Podemos mencionar a Salcajá, en Quetzaltenango; La Democracia, en Escuintla; y Villa Canales, en Guatemala.

Son municipios que incluso hoy tienen puntuaciones altas y figuran en los primeros lugares a nivel nacional. Sin embargo, han comenzado a retroceder de forma continua. ¿En qué aspectos retroceden? En instituciones, sobre todo en seguridad; en dinamismo de negocios, es decir, la facilidad para abrir empresas; y en habilidades, que es fundamental.

Cuando hablamos de habilidades, no es solo cobertura escolar, sino que incluye inversión en los estudiantes, capacitación técnica y resultados en las pruebas de matemática y lectura de los graduandos.

Estos municipios, que han tenido buenos puntajes y en años anteriores han destacado, hoy empiezan a retroceder porque esos pilares muestran deterioro.

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Con respecto a estas municipalidades que están retrocediendo, ¿cuál es el costo social y económico para las poblaciones? ¿Y qué pueden hacer estos municipios para no seguir perdiendo competitividad?

Aquí se mezclan dos conceptos importantes. Primero, cuando hablamos de competitividad no hablamos de coyuntura, sino de decisiones de largo plazo que buscan mejorar el desarrollo sostenible, incluir a la mayor parte de la población y generar mayores ingresos en el tiempo.

Cuando hay deterioros continuos en la competitividad, lo que nos preocupa no es solo la reducción en el puntaje, sino que las bases que permiten generar mejores ingresos y condiciones de desarrollo se ven amenazadas.

Segundo, cuando la competitividad disminuye, el municipio empieza a dejar de ser atractivo para permanecer en él. Una de las cosas más recientes que hemos analizado es cómo el deterioro en la competitividad acelera la migración hacia lugares más competitivos cercanos, sobre todo ciudades intermedias en Guatemala o, incluso, hacia fuera del país.

Eso implica una erosión de las condiciones sociales: se desintegra el tejido comunitario, se pierde talento y se debilitan las posibilidades de desarrollo local.

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¿Qué tan descentralizado está el desarrollo según el índice? Es decir, ¿cuántos municipios fuera del área metropolitana muestran mejoras reales y cuáles siguen estancados o retrocediendo?

Una de las lecciones más importantes después de tantos años de medir el índice es que, para que haya crecimiento y desarrollo, necesitamos escala. Esa escala se mide no solo en cuánta gente vive en un lugar, sino en el tamaño de la economía.

Llevamos nueve años midiendo y hemos visto que lo que hoy llamamos el sistema de ciudades intermedias —nueve ciudades intermedias más el área metropolitana— concentra ya el 63% de la producción nacional. Hace nueve años, esas ciudades intermedias concentraban solo el 45%.

Esto es clave porque indica que, en estas áreas donde hay servicios, donde la gente puede vivir y donde pueden llegar nuevas inversiones, se genera rápidamente un mejor mercado laboral y más oportunidades.

Si vemos no solo los niveles, sino también el crecimiento, el país crece en promedio entre 3.5% y 4% anual. Mientras tanto, las ciudades intermedias crecen alrededor del 8% anual. Ahí es donde se está apalancando el crecimiento del país. No solo en el área metropolitana, sino con señales de descentralización muy claras. Por ejemplo, hacia Escuintla, hacia el Oriente y en el corredor que va desde Mazatenango, pasando por Retalhuleu y conectando con Coatepeque. Además, cada vez se observan más noticias positivas en Huehuetenango y San Marcos.

Estancado el anillo para desfogar paso por capital: El viaje por los 8 tramos y cómo reactivarlos 

Para activar el proyecto, expertos proponen que la nueva oficina de proyectos prioritarios -la DIPP- asuma los tramos aún no adjudicados, mientras la DGC continúe con aquellos que ya cuentan con contrato.

Ximena Fernández

11 de diciembre de 2025

|

06:00h

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En el kilómetro 58.7 de la carretera CA 9 Norte inicia el trazo del primer tramo del anillo C-50,. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Después de dos años, el equipo de Guatemala no se detiene visitó nuevamente el proyecto del Anillo Regional C-50, una obra que busca rodear la capital atravesando los departamentos de El Progreso, Escuintla, Guatemala, Jalapa, Jutiapa, Sacatepéquez y Santa Rosa, así, aliviando el tráfico actual que significa pasar por Guatemala.

Mientras en el 2023 se cubrió el tramo 8, Guanagazapa, Escuintla, en esta ocasión, la visita se realizó en El Progreso, donde se construye el tramo 1 de ocho que son necesarios. A pesar del tiempo transcurrido, el proyecto permanece en las mismas condiciones que en el 2023: en sus fases iniciales.

El anillo regional es un proyecto que bordea parte del área metropolitana y busca ahorros en tiempos y costos en el transporte para evitar pasar por la capital en todos los recorridos..

Dentro del anillo C-50, el transporte podría movilizarse entre 40 y 50 km/h, según estimaciones de Herlindo Herrera, director de Comunicación de la Gremial Logística de Guatemala, adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala, quien señala que actualmente los vehículos se desplazan entre 15 y 20 km/h.

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Asimismo, este proyecto podría representar un ahorro de hasta tres o cuatro horas para conectar el puerto del Pacífico con los del Atlántico, expuso Héctor Fajardo, director general de la Cámara de Transportistas Centroamericanos (Catransca).

Actualmente, los ocho tramos que conforman el corredor que será parte del anillo regional deben ser ejecutados por la Dirección General de Caminos (DGC). No obstante, con la entrada en vigencia de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP), Delfino Mendoza, asesor de Fundesa en el plan Guatemala no se detiene, propone trabajar tramos en paralelo desde la DGC y la DIPP para presionar y agilizar los proyectos.

Quedan cinco años para que el país colapse en materia de movilidad, destaca Herrera, quien señala que, aunque crece el parque vehicular, el transporte y la actividad económica no van acordes con el desarrollo de infraestructura. “Estábamos optimistas de que esto pudiera avanzar: son ocho tramos y nos hemos quedado estancados”, declaró Mendoza.

¿Cuál es el estatus de los 8 tramos?

Desde el 2023, el Ministerio de Comunicaciones ha contratado tres de los ocho tramos necesarios para avanzar con el proyecto. Uno de los tramos, el 8, ya se había adjudicado desde el 2022, expone Mendoza. Esto significa que, de los ocho tramos, solo cuatro cuentan con contrato. Además, de estos, únicamente el octavo presenta ejecución.

“Estamos, en la práctica, en el mismo punto que en el 2023. No hemos avanzado gran cosa, salvo en el tramo 8, donde sí hay algunos trabajos”, aclara Mendoza, quien detalla el estado de cada tramo:

• Tramo 1: La conexión de este trazo incluye la bifurcación CA-09 Norte, que conectará con Sanarate  y conduce hacia el área de Sansare en El Progreso. Cuenta con contrato y recientemente se dio la orden de inicio; sin embargo, aún no hay trabajos efectivos.
• Tramo 2: Conectará Sansare, El Progreso, con La Laguna, y Sansayo, Jalapa. Tendrá una extensión de 28 km. Está pendiente de completar los estudios de ingeniería.
• Tramo 3: Con  44 kilómetros entre Jalapa y Mataquescuintla, Se licitó en el 2023, pero no se adjudicó, por lo que debe repetirse la licitación. A la fecha, no se ha hecho y el proceso está estancado.
• Tramo 4:  Conectará Mataquescuintla con El Salitre, Santa Rosa de Lima, Santa Rosa, y tendrá una extensión de 40 kilómetros. Aún falta concluir los estudios de ingeniería, necesarios para iniciar la licitación.
• Tramo 5: Tendrá 21 kilómetros y continuará el recorrido del tramo 4 desde El Salitre y la Laguna El Pino hasta la bifurcación con la CA-01 Oriente. Se encuentra en la misma situación que el tramo 4.
• Tramo 6:  Conectará desde la Bifurcación CA-01 Oriente con El Jocotillo hasta El Obrajuelo, Villa Canales, Guatemala, está dividido en dos subtramos que suman 22.43 kilómetros.  Ya están contratadas las empresas responsables, pero no se ha emitido la orden de inicio desde el 2023.
• Tramo 7: Tendrá una extensión de 18.7 kilómetros desde El Obrajuelo, Guatemala hasta Guanagazapa, Escuintla. Actualmente, se encuentra en las mismas condiciones que el tramo 6.
• Tramo 8: Iniciará en Guanagazapa y conecta con la bifurcación CA-02 Oriente hasta Escuintla, tendrá una extensión de 17.2 kilómetros. Está en ejecución, con un avance del 53.43%.

A pesar del progreso en el último tramo, Fajardo recuerda que el proyecto se inició hace cuatro años, con la promesa de finalizarlo en cinco. Esto implica que, para el 2026, ya debería estar concluido.

El costo estimado del proyecto asciende a Q12 mil 600 millones, sin considerar gastos como la liberación del derecho de vía. Mendoza recalca que algunos tramos deben empezar desde cero, lo que implica la adquisición completa del derecho de vía. También subraya la necesidad de ampliar los plazos contractuales.

Fajardo insiste en que este proyecto debe concretarse, ya que permitirá unir el Pacífico con el Atlántico y evitará el paso del transporte pesado por el área metropolitana. Actualmente, dicho transporte representa el 4.11% del total de vehículos en el país.

Para lograr un avance significativo, Mendoza enfatiza que es fundamental priorizar los tramos 6, 7 y 8, ya que estos conectarán la CA-1 Oriente con la CA-2 Oriente. “Para mí, lo ideal serían cuatro años. Pero creo que seis años es un tiempo realista para tener el corredor completo”, concluye.

Poco avance

El tramo número 1 —el cual fue visitado por el equipo de Guatemala no se detiene— es un proyecto que unirá la CA-9 Norte, en el kilómetro 58.7, y conduce hacia el área de Sansare. Son 14 kilómetros de ruta de cuatro carriles, explicó Josué Cano, delegado residente del tramo 1 del Anillo C-50.

A pesar de contar con los aspectos técnicos necesarios para continuar con el proyecto, Cano señala que han tenido dificultades para avanzar: “El mayor reto que hemos tenido es darle continuidad a la socialización del proyecto. Sin embargo, los propietarios han sido muy anuentes al progreso y al bien común”.

Hasta ahora se ha logrado la liberación de cinco kilómetros para la construcción del nuevo tramo, lo que representa, según Cano, alrededor del 25% del total. El contrato inicial contemplaba un plazo de dos años, comenta Cano, quien destaca que, debido a los retos y suspensiones, ha tomado más tiempo del previsto.

Sobre este punto, Mendoza subraya la necesidad de socializar los proyectos, ya que muchos son diseñados desde la capital, pero al llegar a los municipios enfrentan objeciones de las comunidades. Aunque el proyecto puede tener beneficios sociales, puede afectar puntualmente a ciertas localidades. No obstante, Mendoza asegura que estas contrariedades podrían evitarse mediante coordinación entre las municipalidades y las gobernaciones.

Además del derecho de vía y la socialización, otro obstáculo es la falta de financiamiento. Mendoza indica que en el presupuesto del 2026 solo se asignaron recursos a los tramos 1 y 8: “El tramo 8 sigue teniendo asignación y por eso está funcionando. Pero el tramo 1, que tenía una asignación importante de Q349 millones, quedó en cero debido a readecuaciones presupuestarias”, aclara Mendoza, quien señala que esta es la razón por la cual no se ha iniciado el proceso, ya que no hay fondos para pagar al contratista.

Para Mendoza, es necesaria una readecuación presupuestaria, dado que actualmente no todos los tramos están contemplados en el 2026.

El riesgo de no avanzar es alto, ya que el volumen económico de Guatemala crece cada año. “El riesgo que nosotros vemos es que podríamos perder la ventana competitiva que el país tiene actualmente frente a otras naciones centroamericanas. Los exportadores tienen fechas límite, tiempos y costos para enviar sus productos”, afirma Herrera, quien advierte que esto podría traducirse en menos pedidos y menos servicios.

Acciones para revertir el estancamiento

Para reactivar los proyectos, es necesario redefinir el enfoque desde la parte administrativa. Mendoza explica que, de acuerdo con la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, el proyecto fue asignado a la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP). Por ello, debe definirse cómo se abordarán los tramos a partir de ahora. Para Mendoza, los tramos ya contratados deberían concluirse bajo responsabilidad de la Dirección General de Caminos (DGC), mientras que los cuatro pendientes podrían ser asumidos por la DIPP una vez que esta entre en operación.

Herrera resalta que las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) son las llamadas a continuar con el proyecto. También señala la necesidad de que se sumen a este esfuerzo el Ejecutivo, el Congreso, los alcaldes y el sector privado.

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Además, Mendoza sostiene que existen recursos para avanzar con los tramos: “Una de las críticas al ministerio este año es la baja ejecución, a pesar de contar con una asignación importante de Q9 mil millones. Al final, se quedó con Q7 mil millones. De esos, se ha ejecutado la mitad hasta este momento”. A partir de esto, Mendoza señala que el problema es administrativo: se trata de ubicar correctamente los recursos en las partidas correspondientes.

Agrega que las readecuaciones presupuestarias deben realizarse desde enero, para aprovechar la época de verano, que es el mejor momento para la construcción de carreteras.

“El Anillo Regional C-50 no puede funcionar sin los tramos completos”, destaca Herrera, quien advierte que deben estar listos los ocho para que la obra funcione y la población perciba un verdadero impacto.

Retos de movilidad actuales

A partir de este proyecto se beneficiarán diversas comunidades y municipios; sin embargo, Jalapa, Santa Rosa y Escuintla serían los sectores más favorecidos, según Mendoza. Esto se debe a que el trazo planificado parte desde El Progreso, pasa por Santa Rosa y desciende hacia Escuintla.

Actualmente, el uso de algunos de los tramos existentes para el transporte pesado puede representar hasta un 20% de incremento en los costos, afirma Fajardo, quien explica que esto se debe a los daños en la red vial, a los tiempos adicionales por las restricciones y al deterioro de los vehículos ocasionado por el mal estado de las rutas.

A esta situación se suma la temporada de lluvias, que genera derrumbes, deslaves, cuencas tapadas, falta de limpieza en las vías y daños en puentes. Según Fajardo, en algunas rutas centroamericanas, el paso se vuelve cada vez más complicado.

Fajardo también señala que la capital cuenta con solo cuatro salidas aptas para el transporte pesado. Entre estas figuran la CA-9 Sur —que conecta con Villa Nueva, Amatitlán, Escuintla y Puerto Quetzal—, la CA-9 Norte —rumbo a los puertos del Atlántico, como Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios—, y la CA-1, que va hacia la frontera San Cristóbal, en El Salvador, así como hacia Huehuetenango.

“La ciudad es un embudo, porque todo fluye por ahí. En Guatemala, por nuestra situación geográfica, somos el punto de partida del comercio de toda Centroamérica. Lo que viene desde México, el transporte centroamericano, pasa por nuestro país”, afirma Herrera, quien subraya el peso de las importaciones y exportaciones que llegan desde Puerto Quetzal y Santo Tomás, además del aumento del turismo.

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Ximena Fernández

10 de diciembre de 2025

|

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Juan Carlos Tefel, director general de Fogel. Rocío Lazo, conductora de Guatemala No Se Detiene y José Orellana, subdirector General de Caminos, del CIV (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla).

Retomar el liderazgo del proyecto del Anillo Regional C-50 es tarea de la Casa Presidencial, según Juan Carlos Tefel, expresidente del Cacif y presidente de Fogel, quien asegura que en otras administraciones se ha visto que los presidentes sacan adelante proyectos estancados a partir de reunir a los actores de distintos sectores y destacar la prioridad. Para Tefel, el presidente cuenta con los mecanismos, como las aprobaciones de otros ministerios e instancias de gobierno.

“Un liderazgo activo desde la presidencia, cumpliendo la ley, podría acelerar mucho esos procesos”, destacó Tefel.

Esto se dio a conocer durante La Charla, el programa de Guatemala No Se Detiene, en el que se abordó la pregunta “¿Cuáles son los pasos necesarios para poder acelerar la construcción del Anillo Regional C-50?”, junto a José Rodrigo Orellana, subdirector de la Dirección General de Caminos; Tefel, y Rocío Lazo, presentadora del programa.

Desde el inicio del proyecto, que comenzó su ejecución con el plano 8 en el 2022, no se ha visto un empuje claro desde las cabezas, según Tefel, quien sostiene que un liderazgo fuerte enviaría el mensaje de que el proyecto es una prioridad, alinearía a los ministerios y pondría el asunto en la agenda nacional.

Este proyecto consta de ocho tramos, los cuales, si el financiamiento fuera constante, podrían completarse en nueve años, argumentó Orellana.

El principal cuello de botella

Para Tefel, la falta de avance en este proyecto obedece a la escasa coordinación y prioridad del gobierno central, al que atribuye el principal cuello de botella: “Si bien es cierto que hay avances, también vemos asuntos como partidas presupuestarias que se asignan y luego se quitan, licitaciones que fracasan y una sensación general de que el proyecto no tiene el empuje que amerita”.

Desde otra perspectiva, Orellana señaló que el principal cuello de botella es el financiamiento. El funcionario explicó que, dentro de las estructuras estatales, este es un proceso complejo, debido a la rigidez de los presupuestos, las partidas específicas y las normas que los regulan.

Los proyectos ya adjudicados han estado suspendidos desde el 2022 o el 2023 por falta de financiamiento, aseguró Orellana. Desde el punto de vista técnico, afirmó, se han logrado avances, pero reiteró que el financiamiento ha quedado rezagado.

“El financiamiento sí es una realidad y es un problema. Pero no es que no haya dinero. Dinero hay. Lo que no hay es voluntad para adjudicar y ejecutar los fondos”, sostuvo Tefel, quien recordó que recientemente se aprobó el Presupuesto General de la Nación, por más de Q160 millones, de los cuales el proyecto representaría alrededor del 7%.

Asimismo, el empresario calificó como “irresponsabilidad” del Ejecutivo, el Ministerio de Finanzas y el Congreso, no asignar presupuesto a un proyecto de esa magnitud. Para Tefel, lo ideal sería contar con el proyecto listo en tres o cuatro años, lo cual consideró posible, siempre que se cuente con la prioridad y los recursos necesarios.

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Acciones para destrabar

Otra de las opciones para destrabar el proyecto es asignar ciertos tramos a la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP). No obstante, Orellana destacó que la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria abarca únicamente las rutas centroamericanas, mientras que este proyecto contempla la apertura de rutas nuevas.

“Estimamos que alrededor del 40% es apertura de brecha, y el otro 60% aproximadamente busca rutas existentes para ampliarlas”, afirmó Orellana, quien añadió que, con base en esto, la DIPP podría hacerse cargo de las conexiones con la CA-9 Norte, la CA-1 Oriente y la CA-2 Occidente, únicamente en los puntos de entronque.

Por otro lado, el funcionario señaló que es necesario crear sistemas que se autorregulen frente al factor humano, es decir, que reduzcan la discrecionalidad y aseguren la adjudicación de proyectos a empresas serias. Orellana consideró como una ventaja el nuevo liderazgo proveniente del Ministerio de Comunicaciones, el cual, según el subdirector de la DGC, ha sostenido reuniones con Segeplán para formular y registrar proyectos.

Desde otra perspectiva, Tefel indicó que se ha propuesto una mesa de inversión liderada por el presidente de la República, con todas las instancias de gobierno clave, y que funcione como una especie de ventanilla única de inversiones. Esta, para Tefel, debería ser la primera gran acción para establecer prioridades y lograr que los ministerios se alineen.

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Ximena Fernández

8 de diciembre de 2025

|

06:00h

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Francisco González, presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA) de México, aseguró que Guatemala debería centrarse en el área de textiles para abastecer el cluster de autopartes y generar un encadenamiento con la industria mexicana.

Durante el Enade 2025, realizado el 10 de octubre del mismo año, González destacó que Guatemala cuenta con una ubicación estratégica para integrarse en cadenas globales de valor, especialmente en el sector automotriz. Además, mencionó que el país puede aprovechar las oportunidades que ofrece el nearshoring.

¿Cuáles son las oportunidades que tiene Guatemala para encadenarse con el sector de autopartes México?
Primero, es un sector, el de autopartes en México, que, junto con el automotriz, representa cerca del 5% del PIB mexicano. Genera, como autopartes nada más, US$106 mil millones en divisas, lo que significa el 20% de las divisas que entran a México. Tenemos cerca de 2 mil empresas y unos 880 mil empleados. Esto se traduce también en que somos el principal proveedor de Estados Unidos: alrededor del 44% de lo que compra Estados Unidos viene de México.

Aunque juntemos a los seis siguientes países, no alcanzan lo que México vende en Estados Unidos. Pero, por otro lado, la dependencia de México a Estados Unidos es muy grande: cerca del 87% de lo que vendemos en el mundo, en general, incluyendo México, se va a Estados Unidos.

Esta cadena de valor es muy buena, muy amplia, muy sólida, pero tenemos grandes huecos. Hoy podríamos decir que es una cadena de valor de tipo triangular: después de tres tier 1 vienen diez tier 2, veinte tier 3 y así en adelante; el tier entendiéndose como el eslabón de la siguiente cadena. En el caso de México, tenemos muchas oportunidades porque es un “diamante”: tenemos pocos tier 2, pocos tier 3, pocos tier 4.

Eso quiere decir que hay oportunidades para integrar: empresas textiles, empresas mineras y empresas de materiales. Empresas que se integren y cumplan con las certificaciones y con la capacitación necesaria para seguir vendiendo. Hoy en día importamos de muchos lados del mundo: por supuesto de Asia, también de Latinoamérica, pero las oportunidades, como he mencionado, están ahí.

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Me comentaba que hay pocos tier 2, 3 y 4, entre los que están mineras y textiles. Entre todos esos tiers, ¿cuál considera que es el punto exacto en el que podría centrarse Guatemala para involucrarse más en este cluster?

Definitivamente, en la parte textilera, donde Guatemala tiene una gran tradición. También en la parte de materiales especiales. Materiales especiales van desde productos maderables, otros productos que se pudieran empezar a producir en Guatemala, hasta algunos plásticos que hoy en día importamos de Asia. La parte electrónica es sólida en México.

La recomendación viene siendo hacer un mapa de ruta: investigar dónde están esas posibilidades de sustitución, dónde están esas posibilidades de integración a la cadena.

Actualmente, ¿cómo evalúa la vocación industrial de Guatemala y qué podría cambiar para centrarse en esos tiersen los que México necesita apoyo?

Precisamente, el camino es el mapa de ruta: definir exactamente qué textil es el que se requiere y qué otros materiales son los que se requieren. La vocación empresarial en Guatemala es amplia, sólida, y es cuestión de acercarse a México, de venir a eventos donde entendemos qué piezas se requieren, inclusive de metalmecánica, que no hay que descartar.

Guatemala tiene muchas posibilidades para integrarse en ese sentido a la cadena porque el mercado sigue creciendo, y esperamos que, con estas medidas de la administración Trump, crezca el mercado que se requiere para integrar, con la posibilidad de sustituir de Asia algunos productos.

¿Cuáles son esos desafíos principales y cómo podría Guatemala solucionarlos?

El más grande es la infraestructura. El más grande es poder poner el producto en la planta del comprador en el momento adecuado, con la cantidad y precio adecuados.

La calidad, supongo yo, que con las certificaciones y capacitaciones podría conseguirse. La infraestructura tarda un poco más. Infraestructura es tanto portuaria, carreteras y también la capacidad de hacer llegar por México el producto que estamos comprando o necesitando.

No es imposible; simplemente hay que enfocarse en la infraestructura: no nada más carreteras, también parques industriales, energía y, lo más importante de todo, talento, la capacitación.

Nosotros, en INA, estamos desarrollando una serie de microcredenciales. La idea es capacitar al siguiente colaborador en la empresa, que no tenga que estar cuatro o cinco años esperando en un instituto para que se le dé un certificado, sino que certifique capacidades importantes en la producción, de acuerdo con lo que se va necesitando y va cambiando.

Es un momento en la industria donde muchos más se pueden integrar, porque está cambiando radicalmente, no nada más de inyección de combustible o combustión interna a eléctrica, sino toda la parte de nuevos materiales: nuevos materiales en cabina, textiles, maderables y plásticos también.

Todo esto es nuevo, y vienen proveedores que nunca habían existido en la cadena tradicional y que se pueden integrar fácilmente a esta nueva industria.

¿En qué rutas o conexiones debería centrarse Guatemala para mejorar ese desafío logístico?

Es ver dónde están los centros de producción en México y los centros posibles en Guatemala, y ver cómo conectan. Mucho puede ser por barco, porque es bastante eficiente enviar la producción por barco, pero tiene que cruzar por carreteras para llegar al puerto, y para salir del puerto hay que desarrollar puertos, desarrollar carreteras y no olvidar la parte de trenes.

Sabemos que el Tren Maya puede tener conectividades importantes en el caso de Guatemala hacia México. Pero, mientras tanto, las carreteras y la posibilidad real de transitar en ellas de forma eficiente son fundamentales. Y sobre el puerto: la idea de tener cabotajes, movimientos más ágiles que los grandes barcos, que puedan moverse de puertos guatemaltecos a mexicanos, es fundamental.

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¿Se ha visto alguna exploración de empresas en Guatemala o probabilidad de nuevos negocios para conectar formalmente a Guatemala con México en este cluster?

Ha habido cercanías. La palabra “superficial” no pretende ser negativa: ha sido de primer contacto. Yo creo que es importante que sea de segundo y tercer impacto.

Aunque ya hay empresas que han evolucionado y se han movido a Guatemala, han invertido en Guatemala, creo que es muy importante que, aparte de esas que ya están entrando, más empresas de Guatemala vengan a México. Por eso esta parte de eventos con B2B es importante.

Estamos en la parte inicial, no hay algo que se pueda cerrar en los siguientes seis meses, pero yo creo que, con la capacitación y certificaciones, no estamos lejos de hacer buenos negocios.

Hablando sobre la coyuntura internacional y la administración Trump: ¿cómo podría beneficiar esto a México y Guatemala, o podría convertirse en un desafío para integrarse a este cluster?

Yo creo que, con los tratados que tenemos —México con Guatemala y Estados Unidos con Guatemala—, la integración está a la puerta, es muy posible. Hay que tener, definitivamente, algunas negociaciones con la administración Trump, con la administración Sheinbaum y, obviamente, también en Guatemala, para ver de qué forma queda en papel la posible integración.

Lo importante es ir trabajando hoy, porque, a final de cuentas, los aranceles a Guatemala han sido establecidos y, en México, se están revisando. Yo creo que esta integración puede darse de una forma muy rápida, muy ágil. Pero el punto empresarial es fundamental.

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Si usted fuera el encargado de construir este cluster en Guatemala, ¿cuáles serían los primeros tres pasos que haría?

Yo los vería así:

Primero, un mapa de ruta. Voy a poner un ejemplo que hicimos en México hace un par de años en la industria aeroespacial. México tenía seis empresas aeroespaciales. Se hizo este mapa de ruta y se vio qué se necesitaba para tener una diferencia mayor en el negocio de aviones y, en general, aeroespacial. Al llevar a cabo esta investigación profunda vía mapa de ruta, se definió: en qué podemos ser buenos, qué se necesita y quiénes son los que requieren algo.

Segundo, investigaciones de mercado. El mapa de ruta dice: “Somos buenos para esto, podemos ser buenos para lo otro y ellos son los que necesitan algo”. Entrando ya al detalle, la investigación de mercado permite aproximaciones más claras y acercar una oferta concreta.

Tercero, reuniones B2B. Teniendo ya este mapa, mi recomendación son las negociaciones B2B: acercamientos a las empresas que se dan frecuentemente. Acabo de venir de una de ellas: en la mañana tuvimos una reunión con cerca de 70 empresas que están viendo proveer a una de las tres grandes de Detroit. ¿Cómo hacen esto? Presentando calidad, productos y entendiendo qué necesita la armadora.

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Voy a hablar un poco de historia. Hace 15 años teníamos una participación en Estados Unidos del 20% y hoy tenemos 44%. Vendemos cada vez más. La parte de la producción en sí ha crecido 140%. Pocas industrias han crecido a esa velocidad.

Este año no es el año para presumir; este año es el año para sobrevivir a todos los cambios.

No va a caer la industria, por supuesto, pero tampoco es un año para decir: “Disparamos otro porcentaje como el de años anteriores”.

No. Este año es un año de mantenerse donde uno está. Está ocurriendo en todo el mundo, y mantenerse ya es muy bueno. Hay áreas completas en muchos países que han caído de forma impresionante. Nosotros nos estamos manteniendo; no buscamos este año un crecimiento grande, nos estamos consolidando y creemos que podemos seguir creciendo en los siguientes años.

¿Cómo podría Guatemala ayudarlos a potenciar y sobresalir en los próximos años en esta industria?

Proveyendo productos que estamos importando de Asia. Desde el punto de vista costo: nada más imaginar el cruce del Pacífico; desde el punto de vista calidad: seguramente se puede conseguir en Guatemala; desde el punto de vista de eficiencia: tener al proveedor cerca es mucho más fácil que pedir, a 15 días de distancia, algún cambio o alguna situación.

Definitivamente, la cercanía y la calidad de los productos que ya elabora Guatemala —que es bien conocida— son claves. Es cuestión de integrarse a lo que necesita la industria. Necesitamos un conocimiento mayor para que haya una potencialización.

“Es sorprendente que Petén no reciba vuelos internacionales”

Empresario hotelero destaca que la falta de vuelos internacionales y la limitada conectividad obstaculizan el desarrollo turístico del departamento, una mejora en la conectividad aérea impulsaría un desarrollo equilibrado y con beneficios para toda la comunidad.

Ximena Fernández

5 de diciembre de 2025

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Petén podría convertirse en un destino de alto nivel a partir de mejoras en la conectividad aérea en el aeropuerto Mundo Maya. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Hans Pfister, cofundador y presidente de Cayuga Collection —empresa que administra hoteles pequeños en Centroamérica, entre ellos el hotel Bolontiku, categorizado como “de lujo”, en Petén—, considera que el departamento no se está desarrollando a su máximo potencial.

Según el empresario, esto se debe a la falta de inversión en la conectividad aérea, necesaria para convertir el aeropuerto Mundo Maya en una terminal internacional. A su juicio, Petén no está atrayendo a suficientes turistas, ya que, en comparación con el total de visitantes que llegan a Guatemala, se observa una brecha significativa en aquellos cuyo destino final es ese departamento.

Este problema podría resolverse con la atracción de nuevas aerolíneas internacionales, tarea que corresponde al Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), de acuerdo con Pfister. Para lograrlo, sostiene que el Estado debe apoyar financieramente a las aerolíneas, con el objetivo de que se instalen en el país, y recuperar esa inversión a través del incremento en el ingreso de turistas a la región.

Este es un extracto de la conversación que tuvo con Prensa Libre.

¿Cuáles son esos desafíos que enfrenta Petén actualmente y cómo le afecta al área hotelera?

El desafío más grande en este momento es lo siguiente: a pesar de la promoción de Guatemala en el exterior, la cantidad de visitantes internacionales a Petén es muy pequeña en relación con la cantidad de visitas al país. Entonces la pregunta es: ¿por qué uno de los atractivos más grandes del país, que se usa para la promoción, no está recibiendo tantas visitas?

Y ahí entra el tema de la logística: logística de aeropuerto, de vuelos internacionales a esa zona y todo lo que tiene que ver con infraestructura.

Para mí es muy sorprendente que ese aeropuerto no reciba vuelos internacionales. Un destino turístico, aunque sea pequeño, se beneficia mucho de tener por lo menos dos aeropuertos internacionales.

Ahí utilizo el aprendizaje de Costa Rica de los últimos 30 años, porque está el aeropuerto de San José, en la capital, pero hace 25–20 años se empezó a desarrollar el aeropuerto de Liberia (Guanacaste), una zona más al norte, más cerca de atractivos turísticos. Con esto, el turismo recibió un boom increíble.

Entonces yo veo la experiencia en Costa Rica y la traduzco a lo que estoy viendo en Guatemala. Aquí, con un poco de visión y de inversión, se puede hacer algo espectacular también en esa zona. Falta infraestructura de aeropuerto, falta atraer aerolíneas internacionales. Siento que la zona no está desarrollándose a su máximo potencial. Eso lo veo como el desafío más grande.

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¿Qué tipo de inversiones podría recibir Petén?

Voy a utilizar el ejemplo del aeropuerto de Liberia, en Costa Rica, nuevamente. Esa región, Guanacaste, era de las más pobres y menos desarrolladas en Costa Rica. Con el desarrollo del aeropuerto, se empezó a fomentar infraestructura de inversión privada y también inversión pública.

La inversión normalmente sigue cuando hay cómo llegar. Si un hotelero ve que hay vuelos constantes o que se encuentran en la región los hubs de las aerolíneas grandes, puede comenzar con expansiones en sus hoteles, agregar otro edificio o crear más comercios.

Y, como hemos aprendido aquí, el turismo es un multiplicador de riqueza, porque no solo es el hotelero el que gana: la gente va a hacer tours, va a restaurantes, compra souvenirs. Son divisas frescas que se inyectan en la comunidad, de las cuales se beneficia casi todo el mundo.

Pero no estoy buscando un desarrollo masivo. Le deseo a Petén un desarrollo sostenible y no masivo.

Además, la infraestructura alrededor de las ruinas es un poco deficiente también. Yo creo que eso es algo que se podría mejorar mucho: para la comodidad de los turistas y también, a nivel de interpretación, se puede mejorar la experiencia.

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¿Qué tiene que resolver Petén antes de poder volver a su aeropuerto internacional?

Honestamente, creo que las bases están. Está todo listo para un desarrollo; lo que falta es el acceso. Porque, en este momento, llegar a Petén por tierra implica una conducción de muchas horas en carro, y normalmente un turista internacional de cierto nivel no va a hacer 10 horas en carretera.

En cuanto a vuelos, sí existen vuelos de Avianca y de TAG, pero los horarios no son los mejores y la logística de conexión entre el vuelo internacional y el vuelo local en el aeropuerto de Guatemala no es fluida. Con los vuelos, a veces hay restricciones de equipaje y horarios que no se cumplen o se cambian. En realidad, se puede complicar esa conexión. No es lo que un turista de cierto nivel está buscando.

Avianca tiene un vuelo en la pura madrugada y un vuelo en la pura noche. Eso está bien, pero si estás de vacaciones, no quieres levantarte a las 3.30 de la mañana para tomar ese vuelo ni regresar a las 22 horas, porque en el hotel tienes que salir a cierta hora. Entonces, con Avianca, los horarios no son los mejores.

Por su parte, TAG tiene mucha más frecuencia, eso sí, pero desafortunadamente ahí no hay estabilidad. Como turista, eso no es lo ideal. TAG tiene las frecuencias, pero tal vez no tiene la confiabilidad en el horario.

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¿Por dónde comenzaría a trabajar para poder volver a este aeropuerto internacional?

Le toca al Inguat atraer aerolíneas internacionales. Ese es uno de los trabajos principales del instituto. Entre más asientos internacionales atrae un país, más turismo recibe y más competitivo es.

Sé que han estado en ese proceso, pero a veces las aerolíneas piden un poquito de apoyo, más que todo financiero, para arrancar. Entonces, es importante tener visión en la administración y tomar la decisión de invertir en una aerolínea o ayudar a garantizar cierta cantidad de asientos para que llegue al país.

Otros países como Costa Rica, Panamá y Nicaragua han hecho esto. Y es una inversión, no un gasto, porque cada turista que llega después va a gastar dinero en el país. En algún momento hay que empezar con algo, y esta probablemente es la manera más comprobada de promocionar turismo: si usted apoya a la aerolínea, la aerolínea empieza a hacer publicidad del destino para llenar esos asientos, y la aerolínea también gana.

Me acuerdo, hace años, cuando empezó Iberia a volar a Costa Rica, el gobierno hizo exactamente esto: subsidios a Iberia. Pero Iberia empezó a promocionar Costa Rica como destino, y fue un ganar-ganar.

Y también, desde el Inguat, se dieron cuenta de que hay un mercado de guatemaltecos que viven en Estados Unidos, que son de la zona de Petén, y que tendrían interés en regresar a Petén sin conectar en Ciudad de Guatemala. Se les haría más fácil. Entonces, la aerolínea tendría cierta cantidad de asientos garantizados con gente local que vive en Estados Unidos, o gente de Petén en Estados Unidos que quiere visitar a sus familias.

Lo otro que creo que es una gran oportunidad es que el país vecino, Belice, ha tenido un boom de turismo bastante fuerte en los últimos años. Guatemala podría beneficiarse de esto, porque los vuelos internacionales desde Flores podrían crear un destino de dos países y se podría “compartir” un poco la abundancia de turistas de Belice.

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¿Qué tipo de turistas esperan atraer a partir de un aeropuerto internacional?

A un país le sirve tener turistas de cierto nivel adquisitivo. Para un destino es deseable atraer a turistas con cierto poder adquisitivo. No digo que tenga que ser ultra lujo, donde ya no hay espacio para la gente local; no se trata de eso.

Ser un hotel de lujo también significa dar una experiencia. El viajero de hoy busca más experiencias que solo dormir y comer. Ese es, un poquito, el viajero que estamos buscando.

Pero lo más importante es empezar. Ese primer paso. Porque, una vez que tienes la primera aerolínea, aunque vuele dos o tres veces por semana, si ve que hay demanda, ellos mismos van a aumentar su frecuencia. Y cuando ya vuela, por ejemplo, American Airlines, y United ve que les está yendo bien, dice: “yo también voy”, y ahí se va multiplicando.

Hay maneras creativas de hacer esto: tal vez un vuelo multidestino, conectar Guatemala y Petén con Miami, o hacer otra conexión con Belice.

Lo importante es ese primer paso. Aquí regreso al administrador del aeropuerto de Petén: claramente, el aeropuerto tiene que tener las condiciones para recibir vuelos internacionales. No creo que haya problema con la pista y aviones grandes, porque la pista es muy buena. Pero tal vez el área de migración, la logística de llegada y el área de espera necesitan ciertas inversiones. Eso es lo que tiene que preocuparse el administrador.

¿De qué se trata Cayuga Collection?

Mi empresa tiene ya casi 25 años con este modelo y, básicamente, nace de la necesidad de dueños de hoteles boutique, pequeños hoteles, tal vez en lugares un poco más lejanos, que necesitan que alguien más los administre.

Para todos los hoteles “normales”, por decirlo así, existen cadenas como Marriott, Four Seasons o Hyatt, pero a este tipo de empresas no les interesa manejar esos hoteles pequeños, boutique, lujosos, sostenibles, porque no son suficientemente rentables y, a veces, es muy duro porque estar en esas zonas es más difícil. De esa necesidad nace la idea de ayudar a esos dueños a administrar sus hoteles, dar una administración profesional, donde normalmente se hacen las cosas de forma un poco más empírica.

Empezamos en Costa Rica hace varios años, primero expandimos hacia Nicaragua, después Panamá y ahora Guatemala. El hotel que estamos administrando en Guatemala se llama Bolontiku y queda cerca de la isla de Flores, al borde del lago Petén Itzá. Hemos desarrollado esa experiencia de manejar hoteles pequeños. Bolontiku, por ejemplo, solo tiene 15 habitaciones, y ayudamos a los dueños a hacer esos hoteles exitosos.

Petén crece más rápido que su infraestructura eléctrica: ¿Cómo acelerar las inversiones?

Empresarios y autoridades alertan sobre los rezagos en energía e infraestructura vial. Proyectos claves están en marcha, pero la solución definitiva depende de construir nuevas líneas de transmisión y de permisos estatales.

Ximena Fernández

4 de diciembre de 2025

|

06:00h

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El Complejo Astronómico dentro del Parque Nacional Yaxhá , uno de los atractivos turísticos de Petén. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Entre la selva y la fauna de Petén se encuentra el Parque Arqueológico Nacional Yaxhá–Nakum–Naranjo, con más de 37 mil hectáreas de extensión y más de 282 sitios arqueológicos. Además de las ruinas y la biodiversidad, este parque ofrece al turismo nacional y extranjero un humedal de importancia internacional, según Jorge Mario Vázquez, director del Parque Nacional Yaxhá–Nakum–Naranjo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap).

Durante el 2025, hasta octubre, Petén recibió 457 mil 889 turistas no residentes y 655 mil 161 turistas residentes en el país. La época más fuerte fue durante la Semana Santa, cuando se contabilizaron más de 104 mil llegadas al departamento, según datos del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).

A pesar de ser un destino llamativo, Petén enfrenta dos problemas clave que impiden que sea considerado un destino de clase mundial: la infraestructura y la intermitencia del servicio de energía. Juan Carlos Sagastume, empresario petenero del sector turístico, sostiene que el acceso es de suma importancia, especialmente la calidad de los caminos hacia los sitios turísticos.

Por otro lado, Petén experimentó construcción de subestaciones alrededor del 2011, pero fue a partir del 2018 cuando comenzaron a notarse problemas en la regulación del voltaje en las líneas que abastecen al departamento, explica Juan Fernando Castro, viceministro de Energía del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

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Entre el 2023 y el 2024, la demanda energética en Petén creció aproximadamente 25%. Solo en el 2025, el crecimiento fue cercano al 8%, señala Óscar Iturra, gerente de Distribución de Energuate.

El riesgo de no resolver estos problemas es que el departamento quede rezagado frente a competidores clave, como Cartagena, Machu Picchu o Cancún, advierte Fernando Pineda, vicepresidente de la Comisión de Turismo Sostenible de Agexport.

Sin planta no hay operaciones

Para medir la calidad energética de un sector es necesario considerar tres aspectos, explicó Carlos Colom, expresidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE): primero, la existencia de suficiente generación eléctrica para satisfacer la demanda; segundo, contar con suficientes líneas de transmisión de alto voltaje, y tercero, disponer de subestaciones que permitan reducir el voltaje que viaja en las líneas de transmisión para su distribución en la región.

Sobre este punto, Iturra indica que Petén se abastece mediante líneas de 69 kV que transportan energía desde Modesto Méndez, en Izabal, y desde San Julián, en Cobán. “Son líneas muy extensas y cuando hay una falla, en Petén se comienzan a ver muchas oscilaciones”, afirma Iturra.

En cuanto a subestaciones, Petén cuenta con cinco para distribuir la energía en toda la región: Poptún, Ixpanpajul, Melchor de Mencos, La Libertad y Sayaxché. Entre todas, se supera una capacidad de 50 MW, señala el viceministro Castro, quien agrega que el departamento dispone, además, de un punto de generación de gas natural, denominado Ocultún, con el cual se producen 14 MW.

Castro resalta que una línea de 69 kV, por su longitud, no tiene la capacidad de mantener una regulación estable del voltaje. A pesar de este problema, Colom subraya que la principal dificultad radica en que no se pueden construir nuevas líneas de transmisión con la velocidad y el volumen necesarios, debido a que se requiere contar con derecho de vía, estudios de impacto ambiental y licencias municipales.

Como consecuencia, los cortes de electricidad se han vuelto frecuentes en el departamento, lo cual ha obligado a las empresas a buscar otras alternativas para seguir operando. “Ya no es un tema de incomodidad, sino de supervivencia para el negocio”, advierte Pineda.

Para operar un negocio en Petén, es indispensable que los empresarios cuenten con plantas eléctricas propias, cuyo precio más accesible ronda los Q15 mil, según Pineda, quien añade que también deben considerarse gastos de mantenimiento mensual, como el cambio de aceite, combustible y filtros.

Retos de operación al límite

Tanto los residentes de Petén como los empresarios que trabajan en la zona se han visto afectados por los problemas eléctricos, según Sagastume, quien advierte que, debido a la falta de constancia en el suministro, se dañan computadoras, refrigeradoras y otros equipos eléctricos, incluso si están protegidos.

“Por eso tenemos un generador. Hoy nos avisaron que no habría luz durante el día, por lo que debemos encenderlo, porque en turismo el visitante no acepta excusas. No puedo decirle a un europeo que no hay luz”, afirma Sagastume. Agrega que es necesario garantizar una buena experiencia a los visitantes, aunque ello implique asumir gastos personales.

Pineda expone que muchos hoteleros, restaurantes y empresas turísticas se quejan de las variaciones de voltaje y de los frecuentes cortes de energía, lo cual afecta directamente sus operaciones: se detiene el servicio, se pierden insumos y se dañan equipos.

Castro señala que el problema energético de Petén se manifiesta en dos vertientes: por un lado, existe una saturación de transformadores, y por otro, una deficiente regulación del voltaje, lo cual provoca las irregularidades en el sistema eléctrico del departamento.

Problemas de conectividad

Además de la energía eléctrica, otro punto clave a mejorar es la conectividad y el acceso al departamento. “El estado de las carreteras no siempre es el mejor, y eso dificulta llegar a ciertos sitios arqueológicos o turísticos. Limita mucho el acceso a destinos que podrían tener más potencial”, afirma Pineda.

No obstante, el vicepresidente de la Comisión de Turismo Sostenible de Agexport subraya que no se trata solo de construir carreteras, sino de hacerlo respetando la biósfera. Según Pineda, es necesario planificar la infraestructura de forma que no destruya el principal atractivo del destino.

Carlos Castellanos, director de hoteles de Petén, considera que el aislamiento del departamento —aunque puede resultar atractivo para ciertos visitantes— se convierte en un problema cuando provoca deficiencias en infraestructura. “Como está lejos, entonces no hemos planificado bien las carreteras, y ya no se puede venir por tierra porque se hacen 15 horas”, sostiene.

En cuanto a conectividad aérea, el Aeropuerto Internacional Mundo Maya ya tiene capacidad para recibir vuelos internacionales, según Edson Gerardo Barrón, administrador de dicha terminal, quien indica que actualmente operan solo con aerolíneas locales.

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Barrón explica que están en proceso de certificación para permitir que cualquier aerolínea del mundo pueda volar hacia Mundo Maya. Para ello, deben cumplir con todos los procedimientos y requisitos establecidos en las regulaciones de aviación civil y la OACI.

Además, el aeropuerto también sufre los efectos de la crisis eléctrica que afecta a todo el departamento. “En el área del aeropuerto estamos trabajando con generadores”, apunta Barrón, y añade que, como terminal aérea, es indispensable contar con suministro eléctrico constante.

Pineda insiste en que, más allá de resolver los problemas actuales, es fundamental aplicar un enfoque sostenible. Plantea que es necesario fomentar la cooperación público-privada para impulsar alternativas y garantizar la sostenibilidad en Petén. En esa línea, Vásquez afirma que no se busca promover un turismo masivo en el parque, sino un modelo que beneficie a las comunidades locales y fomente actividades sostenibles.

Soluciones

La solución para mejorar la calidad del servicio eléctrico en Petén es construir una línea de 230 kV que sustituya a la actual de 69 kV, según Iturra.

Uno de los proyectos incluidos en el Plan de Expansión de Transporte de Electricidad (Pet-3) busca reforzar el suministro eléctrico en Petén. No obstante, dicho plan no fue adjudicado a ninguna empresa, por lo que, según Castro, el Instituto Nacional de Electrificación (Inde) decidió ejecutarlo directamente.

El plan contempla la creación de tres subestaciones estratégicas en Petén: Ixbobo, punto donde ingresará la línea desde Modesto Méndez, en Izabal; El Chal, como nodo intermedio; y Tierra Blanca, que conectará la energía desde Cobán hasta Sayaxché. Según Castro, cada subestación tendrá un costo estimado de US$3 millones.

Como solución temporal, Castro indica que entrará en operación la planta Innova, un proyecto de generación a gas natural que aportará 35 MW. “Es suficiente para estabilizar el sistema por unos tres años, mientras crece la demanda y se completan las obras estructurales. Los motores ya están en el país, la subestación avanza y las pruebas están previstas para enero o febrero, por lo que su entrada en operación es prácticamente segura”, afirma.

La solución definitiva, reafirma el viceministro, es la construcción de la línea de 230 kV desde Modesto Méndez hasta la futura subestación de Santa Ana. El proyecto fue adjudicado al Inde por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), y actualmente se encuentra en etapa de estudio de impacto ambiental.

“El costo por kilómetro de línea ronda los US$300 mil. La longitud estimada entre Izabal y Petén está entre los 120 y 130 kilómetros”, detalla Castro.

El viceministro advierte que, si la construcción de esta línea se retrasa y la demanda continúa creciendo al ritmo actual, incluso los 35 MW de Innova resultarán insuficientes. Esto podría provocar problemas de regulación inestable, sobrecarga en los transformadores y más interrupciones.

Para que estos proyectos se concreten, Colom subraya que se requiere apoyo del Estado de Guatemala, especialmente del Organismo Ejecutivo, incluidos ministerios, secretarías y municipalidades, para gestionar licencias y permisos. También es clave la colaboración de los propietarios de tierras para facilitar el derecho de vía, así como la inversión y ejecución por parte de las empresas transportistas.

Además, Pineda plantea que el sector privado puede contribuir con energías renovables, como paneles solares, sistemas híbridos y otras soluciones que alivien la carga sobre la red actual.

Encuentre más de Guatemala No Se Detiene en nuestros canales de video de Prensa Libre y Guatevisión, un contenido en alianza enfocado en periodismo de soluciones.

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Ante las fallas constantes en el suministro de energía, autoridad y empresario se reunieron en La Charla, por Guatevisión. Presidente de la CNEE anticipa acciones e inversiones.

Ximena Fernández

3 de diciembre de 2025

|

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Sector hotelero y Comisión Nacional de Energía Eléctrica buscarán trabajar juntos para mejorar la electricidad en Petén. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla).

Debido a las fallas energéticas que experimentan los hoteles en Petén, las facturas de electricidad pueden aumentar hasta un tercio, ya que deben generar por su cuenta el suministro para garantizar una buena experiencia a los turistas, según Estuardo Cofiño, gerente general del hotel El Gringo Perdido, en Petén, quien agregó que las facturas de energía ascienden hasta los Q 26 mil, además de los gastos extra para generar energía por cuenta propia.

Estos datos se dieron a conocer durante “La Charla”, el segmento de Guatemala No Se Detiene, en el que Luis Ortiz, presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE); Cofiño, y Rocío Lazo, presentadora del programa, dialogaron sobre cómo convertir Petén en un destino de alto nivel, y resaltaron la necesidad de mejorar la conexión eléctrica.

La demanda de electricidad en el departamento ha aumentado más del 40% en los últimos tres años, externó Ortiz, quien señaló que ese incremento obliga a actuar con urgencia para resolver los problemas eléctricos en Petén.

Para solucionar la falta de conexión, Cofiño indicó que es necesario acercarse a los tomadores de decisiones: “Lo ideal sería crear una mesa donde nos sentemos no solo con delegados, sino con personas a quienes se les pueda explicar el problema de primera mano, que entiendan la urgencia y tengan la capacidad de empezar a ejecutar al día siguiente”.

Ortiz, por su parte, reafirmó su compromiso de dialogar de forma directa con los involucrados, para diseñar programas y proyectos que permitan implementar las medidas necesarias. “Vamos a mantener ese contacto”, aseguró el presidente de la CNEE.

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Turismo afectado por la falta de energía

Desde el sector turístico, los problemas con la energía eléctrica desembocan en un deficiente servicio para los visitantes de Petén, destacó Cofiño, quien explicó que un turista que se marcha con una mala experiencia del departamento suele regresar a su país a comentar sobre la intermitencia eléctrica, la falta de aire acondicionado y las altas temperaturas.

Para evitar esas malas experiencias, Cofiño señaló que la mayoría de hoteles deben adaptarse a los cortes de energía mediante el uso de generadores a diésel o gasolina. “Eso sube muchísimo los costos, porque la factura de la energía eléctrica de por sí es alta. Si le sumamos el costo del diésel, se incrementa más. Los márgenes de ganancia empiezan a ser un problema y realmente se resiente”.

La solución para estos problemas, según el empresario, es mejorar la infraestructura eléctrica. Durante años, señaló el empresario, no existió generación local, a pesar de tratarse del departamento más grande de la región. Agregó que una sola planta no es suficiente para abastecer todo Petén, por lo que se requiere mayor generación dentro del territorio y líneas de transmisión de mejor calidad.

Según Ortiz, ya se han planteado proyectos para estabilizar el servicio eléctrico en Petén. Entre estos mencionó nuevas líneas de transmisión de alta tensión, subestaciones eléctricas y centrales generadoras.

Proyectos para mejorar la competitividad

El modelo del sector eléctrico en Guatemala contempla las licitaciones como uno de los mecanismos para desarrollar infraestructura; no obstante, según Ortiz, no es el único. “Existe otro mecanismo importantísimo que está basado en uno de los primeros artículos de la ley: la libertad de empresa. A partir de eso, hay compañías que han impulsado proyectos por iniciativa propia”.

En el país se contabilizan más de 14 empresas de transmisión, externó Ortiz, quien destacó que la CNEE aprobó un proyecto de líneas eléctricas que conectarán la energía desde Modesto Méndez, en Izabal, hasta Santa Isabel, en Petén.

Además, el presidente de la CNEE indicó que se encuentran en cartera entre 15 y 17 proyectos pequeños de energía solar, previstos para instalarse en la zona central de Petén, San Francisco, San Luis y Melchor de Mencos.

Desde otro ángulo, Cofiño señaló que aún hay margen de mejora en el servicio al cliente: “Entendemos que es Petén, es selva y que es inevitable que se caigan árboles o ramas. Pero a veces se cae un árbol, tumba una línea, llamamos para reportarlo y pasan dos o tres días sin que lleguen a reparar”.

Sobre este punto, Ortiz indicó que recientemente se aprobó un proyecto de inversión que contempla programas para podar ramas y evitar esas interrupciones. Además, destacó iniciativas para sustituir los cables actuales por cables forrados, con el fin de reducir las fallas eléctricas.

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Esfuerzos colectivos 

A pesar de buscar la construcción de infraestructura eléctrica, el presidente de la CNEE destacó que existen inconvenientes como las limitaciones y permisos para cortar árboles, licencias municipales, permisos de propietarios cuyos terrenos quedaron atravesados por las líneas y que no permiten el acceso para dar el mantenimiento. 

“Toca generar diálogos constructivos a través de asociaciones gremiales, cámaras o comités locales, porque al final es un problema que nos compete a todos”, destacó Ortiz, quien argumentó que se requieren esfuerzos colectivos.

En la misma línea, Cofiño argumentó que la única forma en la que se lograrán los avances en la energía es a partir de las alianzas público-privadas. El empresario afirmó que más allá de señalar al sector público, es necesario analizar las formas en las que se pueden colaborar.

“Lo entiendo pero no lo hablo”: cómo alcanzar el nivel de inglés que piden los call center

Aunque el nivel B2 es el mínimo requerido del idioma, expertos subrayan que también se necesitan habilidades blandas, pensamiento crítico y manejo de herramientas digitales.

Ximena Fernández

1 de diciembre de 2025

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B2 es el nivel mínimo de inglés que solicitan los call centers para las plazas en inglés. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Entre lo aprendido en un libro educativo y la puesta en práctica del idioma inglés puede existir una brecha, según Jacqueline Pérez, gerente de Gestión de Talento de Agexport. Explicó que un estudiante puede trabajar con un libro que tiene nivel B2, pero hablar en un nivel A1. “No necesariamente tiene el nivel que dice el libro, porque no ha desarrollado todas las habilidades: hablar, escuchar, leer y escribir”.

Actualmente, los guatemaltecos en la industria de BPO y contact centers compiten por plazas globales. Según Estuardo Ligorría, vicepresidente regional de Operaciones para Telus Américas, un cliente puede solicitar su call center en cualquier país del mundo, desde Europa hasta México.

A pesar de esa competencia, la industria en Guatemala ha cumplido alrededor de 25 años y ha generado cerca de 60 mil empleos. Estos datos, según Ligorría, demuestran la capacidad del talento local.

Saber inglés es clave para optar a ciertas plazas en un call center: “es el idioma internacional con el que atendemos a la mayoría de nuestros clientes”, argumentó Ligorría. Por eso, para comenzar a trabajar en una cuenta en inglés, Pérez afirmó que el talento debe tener, como mínimo, un nivel B2.

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¿Cuáles son los niveles de inglés?

Cada año, se pierden 10 mil plazas en contact centers y BPO por falta de talento humano con el dominio requerido del idioma inglés. Así lo comentó en su momento Gustavo Mendoza, coordinador del Sector de Contact Center & BPO de Agexport, en una entrevista con Prensa Libre. Mendoza aseguró que cada una de estas plazas representa un ingreso mensual de entre Q5 mil 500 y Q6 mil.

Los diferentes call centers, en términos prácticos, pueden requerir distintas características, pero lo esencial es que las personas interesadas tengan expresión y comprensión tanto oral como escrita. “Es sencillo: alguien que pueda mantener una conversación fluida con una persona nativa del otro idioma”, argumentó Ligorría, quien expuso que la mayoría de sus clientes son norteamericanos, por lo que el nivel de naturalidad en el idioma se mide de forma conversacional, no solo en papel.

Para medir el nivel de inglés de una persona se utiliza el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), el cual define los niveles de expresión y comprensión oral y escrita para distintos idiomas, como el inglés. Según el British Council, existen seis niveles de referencia, divididos en tres bloques: A, B y C. Cada uno cuenta con dos subniveles:

• A1: Corresponde a usuarios básicos del idioma, es decir, personas capaces de comunicarse en situaciones cotidianas con expresiones de uso frecuente. Pueden utilizar frases sencillas para satisfacer necesidades inmediatas. Pueden presentarse y relacionarse con otros, siempre que estos hablen despacio y con claridad.
• A2: Comprenden frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con información personal, familia, lugares de interés y ocupaciones. Pueden realizar tareas simples que impliquen solo intercambios sencillos. Describen su pasado, entorno y necesidades inmediatas.
• B1: Este nivel corresponde a usuarios independientes del idioma. Tienen la fluidez necesaria para comunicarse sin esfuerzo con hablantes nativos. Comprenden los puntos principales de textos, se desenvuelven al utilizar el lenguaje y pueden redactar textos sencillos, además de describir experiencias, acontecimientos y opiniones.
• B2: Es el nivel más solicitado por los call centers para optar a una plaza en inglés. Califica a una persona con la fluidez necesaria para comunicarse sin esfuerzo con hablantes nativos.
  Quienes alcanzan este nivel comprenden ideas principales de textos complejos, incluso de carácter técnico. También pueden relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que la conversación fluye sin esfuerzo para ninguna de las partes. Además, son capaces de producir textos claros y detallados sobre diversos temas, y de defender su punto de vista sobre asuntos generales.
• C1: Usuarios con este nivel están capacitados para realizar tareas complejas de trabajo o estudio. Comprenden una amplia variedad de textos y se expresan con fluidez, espontaneidad y eficacia.
• C2: Corresponde a usuarios que comprenden con facilidad todo lo que oyen y leen. Son capaces de reconstruir información y argumentos procedentes de distintas fuentes. Se expresan de manera espontánea, precisa y fluida.

Otras características que se necesitan

Además del dominio del idioma inglés, quienes buscan una plaza en ese idioma dentro del sector de call centers deben desarrollar otras habilidades en paralelo, según Pérez. “Uno de los principales problemas en Guatemala es que el joven aprende lo básico del idioma, pero no desarrolla otras competencias necesarias para trabajar en un call center”, afirmó.

Pérez destacó el pensamiento crítico, la comprensión auditiva y la comprensión lectora como puntos clave que deben desarrollarse al mismo tiempo que el aprendizaje del idioma.

Al respecto, Ligorría aseguró que también es necesario que los jóvenes cuenten con habilidades interpersonales, como la orientación al servicio al cliente, la empatía, la responsabilidad y la adaptabilidad al cambio.

Asimismo, subrayó la importancia de la escucha activa, el manejo del estrés, la tolerancia a la frustración, la capacidad para trabajar en equipo y el dominio del multitasking (es decir, tomar notas, seguir guiones en pantalla, hablar y leer de manera simultánea).

Ser capaces de aprender herramientas digitales y procesos es otro aspecto fundamental. Ligorría explicó que es necesario conocer técnicas básicas de navegación, herramientas de oficina, sistemas internos y software específico. Desde el punto de vista técnico, algunos puestos pueden requerir conocimientos de lenguajes de programación como Java o Python.

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Seguir aprendiendo

Para hacer carrera y progresar dentro de esta industria, Ligorría subrayó la importancia de mantener un compromiso claro: seguir reforzando el inglés de forma continua. “Nosotros somos nativos en español, pero el inglés no lo practicamos en casa ni con amigos. Es buena práctica seguir mejorando el idioma”, expresó.

A pesar de las experiencias negativas con personas cuyo nivel de inglés no alcanza los estándares, Ligorría afirmó que en el país hay instituciones que han demostrado capacidad para formar talento con un buen dominio del segundo idioma.

Academias como el IGA, CIAV, Intecap y la Academia Europea fueron mencionadas por Pérez como escuelas que ofrecen una base sólida para alcanzar un buen nivel de inglés.

Asimismo, Ligorría resaltó las becas otorgadas por el Ministerio de Educación como un aporte clave en la formación de personas con alto nivel del idioma: “La aprobación de nuevas becas es buenísima para el país porque estamos generando empleo”.

Estas academias pueden establecer una base para el aprendizaje del idioma; sin embargo, Pérez destacó el Finishing School de Agexport y las academias internas de algunos call centers como espacios que trabajan sobre esa base para desarrollar las demás habilidades necesarias en la industria.

“Los programas especializados para call centers buscan desarrollar todas esas habilidades, es decir, el idioma más las habilidades blandas y la comprensión, para que, al llegar al filtro del call center, el candidato ya tenga gran parte del perfil formado y pueda ser contratado más rápido”, explicó Pérez.

Las 5 ciudades en la provincia que podrían recibir inversiones de servicios y comercio

Ciudades intermedias en Guatemala son susceptibles a recibir proyectos de inversión por alianzas público-privadas. Estos podrían abarcar desde plantas de tratamiento de desechos sólidos hasta centros de acopio, terminales de buses o de transporte pesado.

Ximena Fernández

28 de noviembre de 2025

|

06:00h

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Construcciones dentro Michatoya Pacífico, ubicado en Escuintla, una de las ciudades que podrían recibir inversión para mejorar la urbanización (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Escuintla, Quetzaltenango, Zacapa, Chiquimula —en su zona industrial— y Puerto Barrios son las ciudades, fuera del departamento de Guatemala, que cuentan con el potencial productivo para recibir inversión en proyectos de mediana envergadura, gracias a alianzas público-privadas a partir de las reformas a la Ley de Alianzas Público-Privadas (APP), según Rubén Morales, director general de Guayacán Trade & Investment y exministro de Economía.

Las reformas a la Ley de APP fueron aprobadas el martes 25 de noviembre, con 129 votos a favor. Estas nuevas disposiciones aún deben ser sancionadas por el presidente Bernardo Arévalo.

La oportunidad para las ciudades fuera del departamento de Guatemala fue presentada durante el foro “Retos y Oportunidades Normativas 2026, una mirada hacia los posibles cambios más importantes para el sector”, organizado por la Cámara de Construcción con el fin de analizar el panorama regulatorio y los cambios más relevantes que impactarán el sector el próximo año.

Durante el encuentro se abordaron tres normas: las reformas a la Ley de Alianzas Público-Privadas, la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria y la iniciativa de Ley de Aguas.

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En este tipo de ciudades, conocidas también como intermedias, pueden impulsarse proyectos de infraestructura bajo la figura de alianzas público-privadas. Estos podrían abarcar desde plantas de tratamiento de desechos sólidos hasta centros de acopio, terminales de buses o de transporte pesado, según Morales.

“Son proyectos de tamaño medio. No se trata de una gran carretera o una megaobra, porque las municipalidades no tienen la capacidad técnica para hacer los estudios ni el funcionamiento. Por eso aparece la oportunidad para una alianza público-privada”, explicó el exministro.

Ciudades con potencial

Para Rubén Morales, la decisión sobre dónde construir debe basarse en cuánto aporta la infraestructura a la productividad del país. A partir de ello, considera que es necesario tomar en cuenta dónde está la actividad productiva, cómo se pueden conectar esos nodos con los puertos y cómo establecer la conexión de frontera a frontera.

A raíz de lo anterior, el exministro argumentó que las ciudades intermedias, debido a su dinamismo productivo, podrían beneficiarse de alianzas público-privadas para avanzar en su urbanización. “La economía crece, las exportaciones crecen, pero la infraestructura no crece al mismo ritmo”, destacó.

Morales explicó que las ciudades intermedias fueron seleccionadas por su importancia económica hace aproximadamente diez años, y subrayó que, a pesar de ese peso, no necesariamente cuentan con el desarrollo urbano que deberían tener. Añadió que se requiere inversión pública, privada y municipal para su crecimiento urbano.

Tras identificar a Quetzaltenango, Chiquimula o Puerto Barrios como prioritarias, el exministro indicó que Huehuetenango, Cobán, Antigua Guatemala, Petén y Retalhuleu figuran como las siguientes en su lista para recibir inversión.

Leyes relevantes para el sector de construcción

Durante su exposición, Rubén Morales explicó que, para avanzar con las reformas a la Ley de Alianzas Público-Privadas (APP), es necesaria la elaboración o actualización de su reglamento, con el fin de incorporar las nuevas disposiciones.

Del mismo modo, indicó que el Ministerio de Finanzas debe garantizar que el presupuesto asignado se convierta en recursos disponibles en caja para su ejecución: “Sin recursos no se puede contratar personal ni financiar estudios de preinversión. Ese es el riesgo: que en la práctica no cambie nada”.

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Además de las reformas a la Ley de APP, Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, destacó la urgencia de implementar la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria. Señaló que la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios —entidad creada a partir de dicha ley— tiene bajo su responsabilidad proyectos incluidos en el Plan Maestro de Movilidad del Área Metropolitana, conocido también como Plan Koica.

Entre las novedades, Zapata mencionó que el directorio ya aprobó el uso de estándares internacionales como guía para fortalecer la construcción. Asimismo, precisó que el primer plan de Infraestructura Vial debe estar formulado 12 meses después de validarse la red vial del país, la cual debe estar lista seis meses después de la toma de posesión. Es decir, la evaluación deberá completarse el 23 de abril.

Finalmente, durante el foro se abordó la propuesta de Ley de Aguas, presentada por Daniel García, gerente ambiental de la Cámara de Industria de Guatemala, quien expresó que se requiere una gestión integrada del recurso hídrico. Sin embargo, advirtió que la iniciativa contempla la creación de un directorio reducido que definiría quién usa el agua, cuánto, cuándo y a qué precio.

Como alternativa, García propuso establecer un Consejo Nacional de Agua descentralizado, con comités de cuenca que incluyan representación de usuarios productivos, municipalidades y comunidades.

¿Puede el Estado usar mejor el dinero? Proponen que exija más a los trabajadores públicos

Durante la víspera de aprobación del presupuesto, expertos coinciden en que la ejecución presupuestaria no mejora sin una evaluación técnica del personal público y un cambio profundo en las reglas qu del servicio civil.

Ximena Fernández

27 de noviembre de 2025

|

06:00h

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Jonathan Menkos, Ministro de Finanzas, Mario García Lara, director ejecutivo de Fundación 2020, Erick Coyoy  analista de Asíes y Sigfrido Lee, director de la Unidad Económica del Cacif durante el Foro de Guatemala No Se Detiene. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González). 

Un presupuesto altamente comprometido y una ejecución de gasto que funciona por inercia serían vicios que se deben corregir en los ejercicios del gasto público. Esta fue una de las conclusiones durante el foro convocado por Guatemala No Se Detiene, el 24 de noviembre y transmitido por Guatevisión.

Jonathan Menkos, ministro de Finanzas Públicas; Mario A. García Lara, director ejecutivo de la Fundación 2020; Érick Coyoy, investigador de Asíes y Sigfrido Lée, director de la Unidad Económica de Cacif, discutieron sobre cómo mejorar el gasto público de cara a los próximos años. Los expertos coincidieron en que las normas que rigen al servidor público deben modificarse, para que haya consecuencias sobre todo cuando no se cumplen las metas de ejecución en un ejercicio fiscal.

Para la correcta ejecución del presupuesto, el servidor público debe ser evaluado, externó Coyoy, quien afirmó que estas evaluaciones no se realizan en Guatemala, a pesar de los mandatos legales. Lograrlo requiere cambios dentro del servicio civil. Según García Lara, quien además es secretario ejecutivo de Atal, se necesita modificar la forma en que la Contraloría controla el gasto público y en la que las entidades hacen sus planificaciones.

Por su parte, Menkos coincidió en que se necesita un servicio civil que conozca y esté empapado de una cultura basada en resultados. Esto, para crear condiciones que permitan que el presupuesto se amolde con mayor rapidez a los grandes desafíos de la sociedad.

También se indicó que se debe reconsiderar la relación patronal-sindical que existe en el Estado: “Mientras los sindicatos existan y tengan ese poder paralelo que han tenido dentro de toda la gestión pública, vamos a seguir teniendo un sistema paralelo de pequeñas ‘leyes’ que, al final de cuentas, crean disrupción en la gestión pública”, destacó Lée.

Noventa y dos centavos de cada quetzal de ingresos corrientes del presupuesto ya tienen destino de gasto, según Menkos, quien señaló que es necesario transformar ese destino en ejecución.

“Parte del problema que tiene el Estado es que arrastra una inercia que no hemos sido capaces de detener. Simplemente se le siguen agregando compromisos a esa inercia”, destacó Lee. La inercia, sumada a la mala planificación y a la mala gestión, ha desembocado en una deficiente ejecución, argumentó el director.

Deterioro del servicio civil

A lo largo del año, las instituciones carecen de una vinculación entre lo que se planifica y lo que se presupuesta, lo que desemboca en una falta de resultados que la sociedad espera, según Menkos.

Para Coyoy, esto se debe a las limitadas capacidades técnicas del personal, las cuales —según el analista— se han debilitado: “Se ha deteriorado un sistema de servicio civil que funcionaba hasta hace unos años, y cada vez el deterioro es mayor”. Coyoy afirmó que la habilidad de los servidores públicos para cumplir funciones básicas es cada vez menor, ya que no conocen la normativa y no tienen experiencia en gestión pública.

La rotación de personal es inevitable, pues cada cuatro años los políticos llegan con nuevos equipos. No obstante, Coyoy insistió en que estos cambios no serían un problema si, en realidad, se tratara de equipos técnicos, capacitados y conocedores de la gestión pública.

“La naturaleza del prestador de servicio, por sí misma, no va a garantizar la calidad, sino el control que apliquemos a cómo se da ese servicio a la población”, adujo. Sobre este punto, Lee añadió que es necesario incorporar una evaluación, pues ese es el objetivo: obtener resultados, sin importar quién los entregue ni cómo lo haga.

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Ejecución de fondos y planificación

Cualquier gobierno enfrenta estructuras del sector público caracterizadas por su lentitud, posibles focos de corrupción y procedimientos engorrosos, argumentó García Lara. Además, deben responder con la ejecución, al entregar a la población los bienes y servicios que el Estado está obligado a proveer.

El país tiene un poder público mal acostumbrado a la improvisación, destacó Menkos, quien señaló que en el Estado hay poca planificación y menos profundidad de la que requieren los proyectos de gran envergadura. A partir de ello, Menkos criticó la creencia de que un presupuesto es bueno solo si se ejecuta por completo: “Nosotros tenemos que entender que es mejor no ejecutar si no se va a conseguir el resultado”.

Ante esto, Lara planteó la necesidad de mantener el equilibrio y aplicar medidas ingeniosas en la ejecución: “¿Qué se hace primero? ¿Ejecutamos aunque el aparato funcione mal, o arreglamos el aparato y por eso dejamos de ejecutar?”, se preguntó.

Coyoy, por su parte, afirmó que es necesario ejecutar, ya que para eso se asignan los recursos. No obstante, subrayó que la planificación del presupuesto debe partir de una discusión ordenada sobre las prioridades.

Para Coyoy, planificar un presupuesto implica definir qué prioridades tendrán recursos asignados. Además, indicó que la planificación debe incluir un conjunto de opciones ejecutables, en caso de que las prioridades principales no puedan realizarse.

“Al final del día, lo que la población necesita es algún tipo de respuesta del Estado, en cualquiera de las áreas, y en todas las áreas, la población vive en total precariedad”, sostuvo.

Por otro lado, Lée advirtió que uno de los problemas de planificación es la presupuestación de ideas, no de proyectos. Explicó que muchas veces se presupuesta de forma general, sin analizar qué proyectos específicos se ejecutarán, qué beneficios traerán, dónde se ubicarán ni cuál será su impacto. Para Lee, es necesario ordenar el proceso presupuestario para que responda a las necesidades previamente identificadas.

Cómo agilizar el presupuesto

Para mejorar la ejecución del presupuesto nacional García Lara destacó que podrían buscarse mecanismos de ejecución extragubernamentales. “Un ejemplo es la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria que aprobó el Congreso el año pasado, que tiene una forma de ejecutar paralela, anexa dentro del Estado, pero con mecanismos más ágiles y con controles diferentes”, aseguró.

Lara añadió que este tipo de esquemas puede replicarse en otras áreas del gasto público, con el fin de blindar los recursos existentes.

En esa misma línea, Coyoy sostuvo que cualquier servicio público puede ser tercerizado y prestado por un privado, siempre que el Estado retribuya el servicio. Para el analista, lo esencial es garantizar un buen servicio al usuario: “Si se lo presta un agente público o un agente privado, realmente eso es un accesorio”.

Al referirse a la tercerización de servicios u obras, Lée indicó que se trata de un espectro amplio de modelos. Según el director, es necesario evaluar cuál es el apetito de riesgo y la retribución que se negocia entre el Estado y los privados. También señaló que debe definirse qué proyectos se realizarán mediante estos mecanismos, qué resultados se esperan, y cómo se fiscalizará y evaluará su cumplimiento.

Además, Lée subrayó que debe respetarse el marco legal: “Las distintas legislaciones, incluso la Constitución, nos definen un marco para elaborar ese presupuesto. Y cuando el Congreso se salta ese marco y empieza a inventarse cosas, a inventarse excepciones, se suma todo eso”.

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Mejoras al marco legal

Para agilizar y mejorar la inversión pública, García Lara afirmó que existe una amplia gama de posibles modelos de ejecución. Entre estos, mencionó la Ley de Alianzas Público-Privadas, cuyas reformas fueron aprobadas el 25 de noviembre. También incluyó los fideicomisos, los cuales —según dijo— pueden apartar la inferencia de ejecución de las entidades públicas y crear mecanismos propios, transparentes y eficientes.

Menkos, por su parte, subrayó que es necesario buscar mecanismos legales adecuados. En ese sentido, señaló que uno de los pasos más importantes es contar con una nueva Ley de Contrataciones del Estado, ya que la normativa actual fue aprobada en 1992 y —según el ministro— ha recibido múltiples parches a lo largo del tiempo. Hoy, evidencia limitaciones para resolver con eficiencia los procesos de contratación pública.

Además, Lara consideró necesario fortalecer el Sistema Nacional de Inversión Pública, que —afirmó— es un mecanismo capaz de aportar orden, control y eficiencia en la definición de qué obras financiará el Estado.

A corto plazo, Coyoy propuso avanzar en la digitalización de los servicios públicos, con el fin de reducir procedimientos manuales y operativos que otorgan discrecionalidad al funcionario.

“Creo que es muy importante para combatir la corrupción y mejorar la transparencia del sector público, además de los beneficios de gestión y agilidad en la ejecución”, concluyó Lée.

Encuentre más de Guatemala No Se Detiene en nuestros canales de video de Prensa Libre y Guatevisión, un contenido en alianza enfocado en periodismo de soluciones.

¿Competir en EE. UU.? Los servicios que más vende Guatemala (y cómo incluirán la I. A.)

Para 2026 se prevé un crecimiento de al menos 15% en las exportaciones tecnológicas, mientras se consolidan esfuerzos en inteligencia artificial y acuerdos internacionales que eliminen la doble tributación.

Ximena Fernández

26 de noviembre de 2025

|

06:00h

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Guatemala exporta servicios tecnológicos a sectores como la banca, finanzas y supermercados. (Foto Prensa Libre: Freepik).

Actualmente, desde el sector ITO, Guatemala exporta a tres principales sectores: banca y finanzas, sector farma y supermercados. En estas áreas se exportan, principalmente, servicios de desarrollo a medida, adaptaciones para la nube y producción de contenidos, según Devadit Barahona, director de la junta directiva de Agexport.

El crecimiento de las exportaciones del sector ITO se dio a conocer durante el evento ON Guatemala, realizado el 20 de noviembre, momento en el que se expusieron cuatro pilares esenciales: talento digital, sostenibilidad e innovación, tecnología aplicada e inversión.

En septiembre del 2025, el sector creció 2% en exportaciones, al alcanzar un total de US$155.7 millones en divisas, lo cual representa un aumento de 63% en comparación con el año pasado. Entre los países a los que se exportan estos servicios figuran Estados Unidos, Canadá, México, España, Alemania, Países Bajos y Suiza, según datos expuestos por Agexport.

Además, según la misma fuente, la industria ITO aporta más del 10% a las cifras de exportación de servicios.

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Servicios principales

Barahona destacó que el sector de servicios, en general, ha crecido este año, con una proyección de aumento anual de alrededor de 22%. Los componentes más fuertes, según explicó, son el sector de tecnología (IT) y el turismo.

El sector tecnológico mantiene un crecimiento constante, con un aumento de 58%, según Barahona, quien afirmó que casi 90% de estos servicios se exportan a Estados Unidos.

Los sectores que más demandan servicios tecnológicos son la banca y los servicios financieros, la industria farmacéutica y los supermercados. Estas tres áreas solicitan principalmente tres tipos de servicios, según Barahona: desarrollo a la medida —es decir, software específico para cada cliente—; servicios de adaptación y desarrollo para la nube; y producción de contenidos.

Para el 2026, Agexport prevé que las exportaciones del sector ITO crezcan al menos 15%. Para lograrlo, Barahona externó que se buscará seguir creciendo en los tres sectores mencionados: “Lo que hace falta es que la oferta guatemalteca logre abarcar más clientes dentro de esos mismos sectores”, detalló, y argumentó que también se apuntará a los servicios relacionados con la inteligencia artificial.

Retos para el sector

Para Barahona, son dos los principales retos que deben resolverse para aumentar las exportaciones. El primero es el de infraestructura: “Difícilmente los sectores más estables van a crecer al ritmo que traían si no hay inversión en infraestructura dirigida a esos sectores en específico”.

Como segundo reto, mencionó la necesidad de tratados para evitar la doble tributación. Actualmente, al exportar servicios a otro país, se debe pagar el impuesto sobre la renta donde se encuentra el cliente, y luego volver a pagarlo en Guatemala. Para la firma de estos convenios, Barahona destacó que el Mineco creó una mesa de servicios que impulsa la firma de tratados para evitar la doble tributación.

Sobre este punto, Héctor Marroquín, viceministro de Integración y Comercio Exterior, destacó durante el evento que avanzar requiere de una articulación constante entre el sector público y el sector privado. Para ello, impulsan la Mesa de Servicios Público-Privados, con el fin de fortalecer la promoción de servicios en el exterior, mejorar el entorno competitivo y ampliar las oportunidades de internacionalización.

Además, Marroquín argumentó que es necesario continuar la formación en tecnologías emergentes, atraer mayor inversión orientada a servicios, modernizar marcos regulatorios y fortalecer la visibilidad de la oferta. “Con estos esfuerzos, Guatemala podría duplicar el impacto del sector ITO en los próximos años”, afirmó el viceministro.

Por otro lado, en cuanto al talento humano, Arturo Marenco, director sénior de soluciones digitales de Telus, y Óscar González, cofundador de CodeZilla, señalaron durante el evento que se requiere que quienes deseen exportar este tipo de servicios tengan un buen nivel de inglés, no solo para leer códigos, sino para comunicarse con clientes y equipos internacionales.

El guatemalteco deja de ganar al menos Q1 mil 300 al mes por estar en el tráfico

El Observatorio para las Ciudades, lanzado este lunes por la Universidad del Istmo, responde a una de las recomendaciones para la construcción de nuevos anillos y rutas: generar información confiable para tomar decisiones sobre movilidad.

Ximena Fernández

25 de noviembre de 2025

|

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El nuevo observatorio busca generar datos para lograr soluciones institucionales. (Foto Prensa Libre: Erick Avila)

Al mes, una persona económicamente activa en el área metropolitana de la Ciudad de Guatemala pierde, desde la productividad, alrededor de Q1 mil 300 en el tráfico. Esto significa que se pierden cerca de Q1 mil 950 millones mensuales, lo que suma un total de Q23 mil millones al año. “Casi el doble del presupuesto del Ministerio de Comunicaciones”, destacó Luis Dávila, investigador de la Universidad del Istmo.

Este dato se dio a conocer este lunes, durante la presentación oficial del nuevo Observatorio para las Ciudades de la Universidad del Istmo, que busca ofrecer datos de este tipo y propiciar una mejor gestión, coordinación e inversión en proyectos, según Dávila.

Los cálculos se definieron a partir del Instituto Nacional de Estadística, el cual indica que en el área metropolitana viven 3.6 millones de habitantes, de los cuales, el 1.5 millones son población económicamente activa. Según el BID, los guatemaltecos dentro de esta área se tardan 90 minutos por trayecto, lo que se traduce a 3 horas al día o 60 horas al mes. Además, se utilizó la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 2024, el cual indica que el ingreso promedio mensual es de Q3 mil 554.

El tráfico ha sido declarado emergencia por los concejos municipales, mencionó durante el evento Ricardo Quiñónez, alcalde de la Municipalidad de Guatemala, quien señaló que el Plan Maestro de Movilidad del Área Metropolitana —conocido también como Plan Koica— presenta una propuesta integral, seria, realista y aplicable.

En 2016, había un total de 3.2 millones de vehículos circulando a nivel nacional. Para el 2025, se estima que serán 6.2 millones. “En 10 años prácticamente duplicamos la cantidad de vehículos circulando. Pero las calles son casi las mismas”, destacó Rodolfo Mendoza, director de Diestra.

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“Coincide con la propuesta del estudio del Plan Koica”, argumentó Dávila, quien señaló que dicho plan sugiere la creación de un observatorio que facilite la comprensión de las ciudades para acompañar la toma de decisiones y ejecutar la propuesta de construcción de nuevos anillos y rutas en el país.

La movilidad metropolitana

El Plan Maestro de Movilidad pretende crear dos circunvalaciones y tres radiales que conecten el área metropolitana para reducir el tráfico en las carreteras principales del país. Quiñónez argumentó que, actualmente, la CA-1 y la CA-9 son las vías que reflejan la magnitud del desafío que enfrenta el país.

Mendoza, por su parte, destacó que los cabecillas de opinión identifican como principales causas del tráfico en la región metropolitana la mala planificación, la insuficiencia del transporte público, la escasa infraestructura vial, la falta de coordinación interinstitucional y el crecimiento acelerado del parque vehicular.

El departamento de Guatemala representa aproximadamente el 2% del territorio nacional; no obstante, concentra el 21% de la población, el 53% de las empresas, el 45% del PIB y alrededor del 54% de la mano de obra formal del país, según Mendoza.

“Estamos claros en que la vida cotidiana, el trabajo, la educación, la economía y el tiempo de la gente dependen de que tomemos decisiones urgentes y responsables”, declaró Quiñónez, quien subrayó que la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria permite que proyectos como el Plan Maestro de Movilidad se ejecuten como emergencia nacional, acelerando procesos y respuestas.

En la práctica, Guatemala se está organizando en dos grandes bloques: el departamento de Guatemala y el resto del país, explicó Mendoza, quien subrayó que eso implica la necesidad de una inversión fuerte y sostenida en infraestructura en el departamento de Guatemala, aunque, según el analista, esta se ha concentrado en el interior de la república.

El nuevo observatorio

El Observatorio se centrará en cuatro áreas críticas: riesgo y vulnerabilidad; ambiente y cambio climático; movilidad y tránsito, y desarrollo inmobiliario y urbano, externó Dávila: “Muchas veces las municipalidades trabajan con limitaciones; las instituciones nacionales, con bases incompletas; el sector privado, con estimaciones, y la cooperación internacional, con datos que no siempre reflejan la realidad local”.

Dávila aseguró que el Observatorio se fundamenta en tres pilares. El primero son los datos, que incluyen el acceso, la generación y la actualización constante. En segundo lugar, el conocimiento y el diálogo, mediante los cuales se espera lograr análisis, capacitación y divulgación. Por último, la sostenibilidad.

Actualmente, el Observatorio se encuentra en una primera fase, centrada en el diseño del marco de gobernanza, con un comité directivo multisectorial. En la segunda fase se buscará el desarrollo organizacional, es decir, identificar sectores prioritarios, mapear actores y conformar el equipo técnico. Por último, según Dávila, la tercera fase consistirá en la consolidación de informes, indicadores, construcción de capacidades y sostenibilidad económica.

Otras soluciones

Para el 2050, el 80% de las personas vivirá en ciudades, destacó Manfredo Corado, especialista del Laboratorio de Soluciones Urbanas y Movilidad (Locus), quien señaló que una solución para el tránsito que ello conlleva requiere nueva infraestructura, como la propuesta en el Plan Maestro de Movilidad, así como la optimización de la red actual, es decir, mejorar la capacidad de las vías ya construidas.

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Corado destaca que, para mejorar la operatividad de una ciudad, deben identificarse los puntos críticos, analizarlos y comenzar con pruebas rápidas.

Por otro lado, Héctor Flores, gerente de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra), argumentó que es necesaria la implementación de tecnología, como la inteligencia artificial, además de otras metodologías a corto plazo, como los horarios escalonados.

Por último, Claudia Cáceres, gerente de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP), explicó que el primer paso es la evaluación de la red vial para luego definir los tramos a priorizar y comenzar con acciones concretas.

¿Resolver un conflicto en tribunales, con un árbitro o un mediador? Una ley busca crear norma

La propuesta de ley de mediación divide opiniones: una parte del sector jurídico plantea ajustar la legislación vigente, mientras otra promueve una ley nueva que centralice ciertos procesos en el Organismo Judicial.

Ximena Fernández

24 de noviembre de 2025

|

06:00h

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La ley de mediación busca registrar a todos los mediadores, sean privados o del sector público, pero esto podría estancar procesos de resolución de conflictos de privados. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Con la iniciativa de ley de Mediación, el Organismo Judicial pretende regular la mediación como método alternativo para resolver conflictos y aliviar la carga del sistema de justicia. No obstante, expertos perciben riesgos dentro de dicha regularización, como la burocracia o tiempos más largos dentro de las mediaciones privadas.

En el 2020, el Organismo Judicial presentó la Iniciativa de Ley 5808, conocida también como Ley de Mediación. Con esta, se busca asumir el control de dicho mecanismo, que actualmente se lleva a cabo principalmente en el ámbito privado, según María Isabel Carrascosa, asesora legal de la Fundación 2020. Esto buscaría descongestionar el sistema de justicia, según Héctor Aldana, diputado por la bancada Vamos y miembro de la Comisión de Reformas al Sector Justicia.

“En teoría, el Organismo Judicial está diseñado para resolver conflictos, pero ningún poder judicial del mundo es capaz de atender todos los conflictos sociales del país”, destacó Carrascosa, quien señaló que el país enfrenta altos niveles de conflictividad social y que, a partir de esto, se recurre a mecanismos alternativos, como el arbitraje y la mediación.

La iniciativa de ley fue dictaminada por la Comisión de Reformas al Sector Justicia, según Aldana, quien afirmó que se consultó a entidades como la Corte Suprema de Justicia, la Asociación de Jueces y la Procuraduría General de la Nación.

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¿Qué es la mediación?

La mediación es un método de resolución de conflictos que sirve para solucionar problemas entre diversas partes de manera pacífica y eficiente, explicó Carolina Diab, special counsel de BLP Abogados y directora integrante de la junta directiva de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria (Crecig). Esta forma de resolver disputas puede utilizarse en casos de carácter civil, agrario, mercantil, laboral, penal —en ciertas circunstancias— y familiar, según Diab.

A partir de esto, la figura del mediador consiste en una persona que interviene en la resolución de un conflicto, pero únicamente para conducir la conversación y facilitar una solución construida por las partes interesadas, expresó Julio Manzo, abogado sénior de EY.

Esto significa que el mediador no propone soluciones, no decide ni sugiere alternativas, agregó Manzo, quien destacó que la mediación es un proceso voluntario, sin una forma rígida, y se basa en un acuerdo construido por las partes.

Diab mencionó que, actualmente, la mediación está incluida únicamente en dos artículos del Decreto 67-96, conocido también como Ley de Arbitraje, lo que provoca que, a pesar de su utilidad, no se desarrolle de forma extensa. Por ello, los centros privados de arbitraje y mediación cuentan con reglamentos propios que detallan el proceso voluntario, indicó la integrante de Crecig.

Además de los centros privados, también existen espacios de mediación en municipalidades, instituciones públicas y el Organismo Judicial. Diab destacó que en los centros de Crecig, una mediación toma entre una y tres sesiones, lo cual equivale a aproximadamente dos meses.

La mediación, tal como está regulada, no produce efectos de cosa juzgada, mencionó María Isabel Carrascosa. Esto implica que las partes pueden llegar a un acuerdo que no tiene fuerza de sentencia, por lo que no puede exigirse su cumplimiento obligatorio.

“El vacío que teníamos es que, aunque todos los procesos legales están llamados a tener una etapa de conciliación, no estaba concretado como una verdadera alternativa para evitar llegar a juicio”, argumentó Héctor Aldana, quien señaló que acudir a un proceso judicial puede ser costoso y prolongado.

Beneficios de la regulación

Dentro de la iniciativa de ley se crea un marco legal uniforme, un registro nacional de mediadores y se amplían las materias que pueden someterse a la mediación, según Julio Manzo, quien agregó que también se regula la homologación de los acuerdos, lo que les otorga fuerza ejecutiva.

Asimismo, Manzo aseguró que, para las empresas, esto reduciría los costos judiciales, daría mayor previsibilidad del resultado y agilizaría la resolución de conflictos internos y comerciales. Además, para los ciudadanos, se podría esperar un mayor acceso a la justicia, menos costos y procesos más flexibles. Según el abogado sénior de EY, la ley permitiría establecer estándares uniformes para los mediadores y garantizar la transparencia.

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“La ley ayuda especialmente a la mediación en el sector público. Que exista una reglamentación fortalece las mediaciones intrajudiciales, las oficinas públicas y el propio centro de mediación del OJ”, destacó Carolina Diab, quien señaló que uno de los puntos con mayor respaldo es la posibilidad de homologar los acuerdos de mediación, lo cual les da fuerza para ser ejecutados, según la directora de Crecig.

Aldana, por su parte, aseguró que se busca modernizar el sistema de justicia, lo cual destacó a partir de la implementación de controles como el registro de mediadores, que busca ordenar y regular el proceso.

Desafíos

El Organismo Judicial ya cuenta con problema serios de mora judicial, de servicio civil y de capacidad para brindar servicios de calidad, según Carrascosa quien se cuestionó la viabilidad de aprobar esta iniciativa: “¿Es sensato que, en lugar de resolver eso, intente centralizar también la mediación dentro de su estructura?”. 

Además, Carrascosa destacó que lo que se espera es que los mecanismos alternativos ayuden a desfogar al sistema judicial, no que se vuelva un foco de centralización y burocracia. Para Carrascosa, la creación de un centro de Registro de Mediadores implica que todos los mediadores que actualmente operan desde el ámbito privado deben registrarse, que desarrolla más burocracia, más costos de cumplimiento y una dependencia directa al Organismo judicial. 

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“Hoy ya existen centros privados muy serios. Es decir, el servicio ya existe. La iniciativa, en lugar de fortalecerlos, agrega capas de registro y trámite que pueden volver el sistema menos ágil, menos eficiente”, afirmó Carrascosa, quien destacó que la iniciativa introduce una obligación de denuncia para los mediadores, lo que puede perder la confianza de las partes que esperan confidencialidad. 

Sobre esto, Diab afirmó que los centros privados evalúan y certifican a los mediadores con sus propios parámetros y sistemas de calidad. Someter a los mediadores privados a un registro público, según Diab, quiere decir que desnaturaliza el carácter alternativo del mecanismo, el cual funciona porque es independiente del orden judicial. 

“El registro podría retrasar la acreditación de mediadores y expertos, lo cual estancaría el servicio”, adujo Diab. 

Por otro lado, Manzo destacó que un exceso de supervisión podría volver rígido un mecanismo que por naturaleza debe ser flexible y argumentó que debe evitarse trasladar la burocracia del sector público a los centros privados de mediación.

Soluciones

Para mejorar las mediaciones que se realizan actualmente, María Isabel Carrascosa propuso reformar la Ley de Arbitraje. “La solución no es crear una ley nueva, sino darle fuerza ejecutiva al acuerdo de mediación, lo que quiere decir que, cuando dos partes, de forma voluntaria, acuden a un mediador, siguen un proceso conforme a la ley y alcanzan un acuerdo final que tenga por sí mismo la fuerza suficiente para ser exigible”.

Carrascosa señaló que, en lugar de inventar desde cero una Ley de Mediación, es necesario corregir los defectos de la Ley de Arbitraje y, con ello, fortalecer la figura de la mediación.

Desde otra perspectiva, Julio Manzo afirmó que en el país se requieren tres cambios clave para mejorar la figura del mediador: formación y certificación obligatorias, el Registro Nacional de Mediadores y lineamientos mínimos sobre procedimientos y ética.

Por su parte, Carolina Diab argumentó que es necesario otorgar fuerza legal directa a todos los acuerdos de mediación y adherir a Guatemala a la Convención de Singapur sobre la Mediación Internacional, lo cual —según Diab— es clave para la atracción de inversiones, ya que integra acuerdos de mediación internacional en el país.

Quién construirá los 38 puentes y 5 túneles nuevos del plan de movilidad de la capital

Autoridades y expertos afirman que Guatemala cuenta con el talento, los recursos y el plan necesario para ejecutar esta red vial, que incluye pasos por el subsuelo y estructuras clave. La gobernanza del proyecto y los especialistas son desafíos por enfrentar.

Ximena Fernández

20 de noviembre de 2025

|

05:00h

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Así se espera la construcción de uno de los puentes que estarán dentro del Anillo 1 y que pasará por el Estadio Doroteo Guamuch Flores. (Foto Prensa Libre: Screenshot).

En el futuro, los ciudadanos guatemaltecos podrán desplazarse desde el kilómetro 19 de la CA-1 hasta la avenida Hincapié, en zona 13, en aproximadamente 15 minutos, a una velocidad de 40 km/h. Actualmente, quienes transitan por esa ruta tardan cerca de 1 hora con 25 minutos.Estos cambios se concretarán con el “Plan maestro de movilidad para el área metropolitana”, un megaplán que requiere gobernanza y talento especializado para ejecutarse.

Actualmente, circulan por la ciudad unos 2.7 millones de vehículos diarios. De estos, el 38% procede del oriente —es decir, de carretera a El Salvador—; el 28%, del sur, como Villa Nueva y Escuintla; el 24%, del occidente, lo que implica que provienen de San Juan Sacatepéquez, San Lucas, Mixco y la calzada Roosevelt; mientras que el 11% llega desde el norte, desde Metro Norte y carretera al Atlántico. Estos datos fueron proporcionados por Cecilia Pivaral, directora del Fondo Revolvente para la Preinversión en Infraestructura Estratégica.

Además, cada día circulan por las vías principales de la capital alrededor de 800 mil vehículos, según Rafaela Gutiérrez, asesora de proyectos de movilidad de Anadie. Para aliviar el tránsito, el plan contempla la construcción de dos anillos y tres vías que darán fluidez interna, según Pivaral: “La propuesta es técnica: analiza flujos, hacia qué zonas se dirigen y crea trazos nuevos para que puedas moverte de un punto a otro dentro de esas zonas”.

Asimismo, el plan busca descongestionar tanto el área urbana de la capital como las zonas aledañas, departamentos y municipios, destaca Miguel Ángel Díaz, ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

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Para lograr ese objetivo, se plantean tres pasos, según Díaz: primero, establecer una mesa sectorial entre la Anadie, el CIV y las municipalidades; segundo, priorizar una mesa técnica que analice la factibilidad y proponga acciones a corto plazo; tercero, actualizar la Ley de Movilidad y sus reglamentos.

La construcción física del plan podría demorar unos 10 años, según Fernando Callejas, vicepresidente de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica, quien reparte ese tiempo entre licitaciones y construcción de los diferentes tramos y subtramos.

Gobernanza

Para asegurar la continuidad del proyecto, se requiere el compromiso de tres actores clave: el CIV, Anadie y las 17 municipalidades por donde pasarán los nuevos tramos.

Al respecto, Gutiérrez indicó que desde Anadie ya se ha convocado a las distintas municipalidades para iniciar la creación de mesas técnicas, priorizar proyectos y tramos, y desarrollar los estudios necesarios para las circunvalaciones y vías radiales: “Lo que queremos es que todos los municipios beneficiados puedan comprometerse para desarrollar este plan”.

Por otro lado, los tramos pueden trabajarse con base en la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, particularmente las circunvalaciones, según Pivaral, quien señala que la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios tiene a su cargo el desarrollo de los anillos. Esa ley proporciona una herramienta inicial para su ejecución.

En cuanto a las vías radiales, una alianza público-privado sería la opción ideal, según Foscolo Liano Quesada, gerente general del Grupo Muratori. Esto, asegura, permitirá obtener mejores resultados, contar con un presupuesto respaldado y asegurar la continuidad del proyecto.

Para Díaz, el rector no debe ser una persona en particular, sino una una unidad técnica independiente con criterio que permita desarrollar el plan en un marco de Gestión de Movilidad del Area Metropolitana.

Talento

Guatemala cuenta con el potencial humano para ejecutar cualquier obra de infraestructura que se plantee, afirma Liano. El gerente general del Grupo Muratori señala que es necesario involucrar a las empresas capacitadas para desarrollar la infraestructura requerida: “Un proyecto de esta naturaleza requiere la conjunción de ingenieros de diversas especialidades para poder llevarlo a cabo”.

Tanto Liano como Callejas destacaron que estas son las especializaciones necesarias para desarrollar la infraestructura:

• Especialistas en suelos y geotecnia. Según ScienceDirect, evalúan el suelo y la roca para definir cimentaciones seguras y garantizar la estabilidad en los proyectos de construcción.
• Especialistas en hidrología. Se encargan de estudiar el comportamiento del agua, calcular caudales, prevenir inundaciones y diseñar sistemas de drenaje, según el U.S. Bureau of Labor Statistics.
• Diseño geométrico. Define la funcionalidad, seguridad e integración de la obra con base en las condiciones existentes.
• Diseño de puentes. Calcula y diseña la estructura de los puentes para soportar cargas, cumplir normas y asegurar durabilidad y seguridad, según el U.S. Department of Transportation Federal Highway Administration.
• Diseño de túneles. Establece métodos de excavación y sostenimiento adecuados a la geología, lo que garantiza la seguridad y estabilidad del túnel, según la International Tunnelling and Underground Space Association.

Todos estos puestos deben ser coordinados por el project manager, responsable del alcance, costos, tiempos y riesgos, lo que garantiza la entrega completa de la obra, según Asana.

Retos

Uno de los principales desafíos del proyecto es el derecho de vía, especialmente en el caso de los túneles, señala Pivaral, quien indica que el desarrollo del subsuelo es un aspecto en el que el país no tiene experiencia. El subsuelo pertenece al Estado, según la Constitución; no obstante, existe la posibilidad de que se deba intervenir en áreas de uso privado, añade.

Según Lisardo Bolaños, los permisos del subsuelo para la construcción de los anillos deberán ser entregados a la DIPP, ya que esta dirección es la encargada de dar vida al proyecto. En cambio, para las radiales no existe una asignación específica, por lo que se requiere liderazgo por parte del Ejecutivo.

El derecho de vía es clave para determinar cuánto se gastará y cuánto tiempo requerirá el proyecto, según Liano. Sin embargo, es un proceso complejo, ya que la propuesta contempla intervenir en zonas actualmente en uso, destaca Pivaral.

El ministro del CIV recuerda que, constitucionalmente, el Estado de Guatemala tiene el monopolio del control del subsuelo. Además, señala que existen tres formas para aplicar el derecho de vía: por la vía legal, mediante acuerdos con los propietarios o por declaración de utilidad pública.

“Al tener el derecho de vía, yo puedo pasar por encima o por debajo. Entonces, no debería haber problema. El componente clave es el derecho de vía”, afirma Callejas, quien sostiene que deben avanzar en conjunto la exploración técnica y la gestión social, elementos que consolidan este derecho.

Esta gestión —o socialización— es necesaria para que la población conozca las ventajas del proyecto. “Yo pensaría que el proyecto debe socializarse de tal forma que toda la población conozca que es en pro del guatemalteco”.

Vale la pena destacar que el Grupo Muratori —del cual Liano es gerente general— está a cargo del proyecto Puente Belice II, obra que ha sufrido retrasos por disputas relacionadas con el derecho de vía en zonas donde se pretende construir los tramos.

Además, es necesario atraer a los actores clave. Según Callejas, debido al desgaste institucional, muchos expertos que podrían impulsar estos proyectos han decidido no participar. Esto significa que el proyecto debe convertirse en una vía para atraer talento.

Propuestas

Esta megaobra, pese a los retos, es viable, según Pivaral. Esto se debe a varios factores: primero, existe un plan formulado que responde a necesidades reales; segundo, cuenta con recursos financieros asignados por ley, lo que facilita su implementación. Pivaral sostiene que solo falta definir el momento de inicio, que dependerá del Plan de Infraestructura Vial Prioritaria, a cargo de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios.

Para ejecutar este plan, se requiere un compromiso a largo plazo por parte de las autoridades, reflejado en la existencia de una entidad que lo lidere, indica Pivaral. Asimismo, considera necesario fortalecer las capacidades de las instituciones públicas para planificar, socializar con las comunidades, estructurar la viabilidad financiera de los proyectos, contratar a largo plazo y gestionar dichos contratos de manera técnica y profesional que garantice la funcionalidad de los proyectos.

Sobre este punto, Gutiérrez subraya la necesidad de una mesa de alto nivel para la toma de decisiones vinculadas con la creación de una autoridad metropolitana de transporte —parte del “Plan maestro de movilidad para el área metropolitana”—. Además, será necesario establecer otra mesa técnica dedicada a la movilidad.

Por último, Pivaral destaca que se debe contar con los recursos financieros. “El país cuenta con recursos para proyectos que valen la pena, pero de nada sirve si no hay capacidad de ejecución”. Según explica, es posible utilizar fondos de la Ley de Infraestructura Vial, así como del presupuesto público, lo que requiere coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo.

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Contexto

Para la formulación de este proyecto se invirtieron US$9 millones. “Tienen que tener un resultado”, destaca Díaz.

El plan contempla las siguientes construcciones, que en conjunto buscarán levantar 38 puentes y 5 túneles en distintos sectores del área metropolitana:

• Radial 1. Comenzará en la CA-1 Occidente, hacia San Lucas, en el kilómetro 23; pasará por San Cristóbal hasta zona 11 y atravesará valles y zonas urbanas. Se prevé la construcción de nueve puentes y un túnel.
• Radial 2. Iniciará en Santa Catarina Pinula y conectará con la CA-1 Oriente para llegar a la avenida Petapa. Desde zona 13, se incorporará a la CA-1 en el kilómetro 19. Se proyecta la construcción de ocho puentes.
• Radial 3. Conectará Villa Nueva y San Miguel Petapa con la avenida Petapa, en el sur de la ciudad. Esta radial incluirá un puente y un túnel.
• Anillo 1. Se establecerá una conexión alrededor de la avenida Reforma hasta la calle Martí, atravesará parte del Periférico hacia la calzada Roosevelt, y enlazará la calzada Aguilar Batres con la avenida Petapa, así como la Atanasio Tzul con la Reforma. También se prevé un túnel para atravesar el aeropuerto. Este anillo contempla tres puentes y un túnel.
• Anillo 2. Conectará áreas como la avenida Las Américas, el Periférico, calle Martí, San Cristóbal, Villa Lobos y Cenma, hasta la calzada Atanasio Tzul. Se tomarán en cuenta las periferias de Ciudad de Guatemala, con la construcción de túneles en el Periférico y la avenida Las Américas, así como puentes en Cenma, la VAS, El Naranjo, Betania y Vista Hermosa. Se estima que este anillo incluirá 17 puentes y dos túneles.

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VIDEO: Llaman al gobierno a mostrar interés en plan de anillos metropolitanos

Expertos advierten de que el compromiso político y activar la DIPP son cruciales para ejecutar los anillos viales y asegurar que el plan de movilidad urbana trascienda gestiones de gobierno y de alcaldías.

Ximena Fernández

19 de noviembre de 2025

|

06:00h

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Gremial de transportistas solicita a gobierno que demuestren interés en el Plan Maestro de Movilidad del Área Metropolitana a partir de la activación de la DIPP. (Foto Prensa Libre:Captura de pantalla).

Para avanzar con el Plan Maestro de Movilidad del Área Metropolitana, conocido también como Plan Koica, es necesario que el gobierno demuestre interés en el proyecto, lo cual se evidenciaría al acelerar la puesta en marcha de la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria (DIPP). Esta, según María Teresa González, presidenta de la Gremial de Transportistas, se encuentra sin avances relevantes. Sin embargo, es la encargada de ejecutar obras como los anillos que se contemplan en dicho plan.

Esto se detalló el 17 de noviembre durante “La Charla”, espacio en el que González y Giovanni Aragón, director de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Guatemala, conversaron con Rocío Lazo, presentadora del programa, sobre cómo concretar la construcción del plan de movilidad que contempla tres anillos y cinco radiales dentro de la municipalidad de Guatemala.

“Lo que nos está haciendo falta como país es tener planes de largo plazo y que los ciudadanos vean que se cumplen”, afirmó González, quien destacó que desde hace tiempo el país no se propone proyectos a más de dos o tres años, lo cual, a nivel de infraestructura, no es funcional. González señaló que, en este ámbito, es necesario contar con planes de 10 a 30 años, como lo propone el Plan Koica.

Por su parte, Aragón argumentó que, para recuperar el liderazgo en proyectos de infraestructura desde el sector público, es indispensable avanzar con las obras actualmente en desarrollo. Entre estas, mencionó el distribuidor vial de la calzada Roosevelt y el distribuidor hacia la avenida Petapa.

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Compromiso de autoridades

Para Giovanni Aragón, un buen primer paso fue la aprobación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, lo que garantiza la ejecución de los anillos. Ante esto, María Teresa González argumentó que es clave que el Gobierno dé señales claras de querer desarrollar la infraestructura, y que estos proyectos sean los que se dejen iniciados para el siguiente gobierno.

“Tenemos claro que a ellos no les dará tiempo de hacer muchas cosas, pero si lo dejan iniciado, podemos tener a la DIPP funcionando; podemos comenzar con alianzas y convenios. Como ciudadanos, podremos darles seguimiento a los nuevos funcionarios. Creo que sin eso no estaríamos en un buen inicio”, afirmó González.

Aragón informó que ya se realizó la primera reunión entre las 17 municipalidades que abarca el plan, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y la Agencia Nacional para el Desarrollo de Alianzas Público-Privadas (Anadie). Según él, este encuentro servirá como punto de partida para crear las mesas necesarias y desarrollar los planes a corto y mediano plazo.

“Realmente, la clase política debe comprender que en sus manos hay decisiones muy importantes, que los impactan a ellos, a sus familias, a sus comunidades, a todos. Y que, en estos momentos, debe pensarse exclusivamente en el bienestar general”, destacó González, quien subrayó que los ciudadanos también deben comprometerse a respaldar a los políticos que impulsan estas iniciativas.

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Retos a superar

Entre las principales prioridades, Giovanni Aragón afirmó que es necesario definir aspectos relacionados con el subsuelo, el derecho de vía y el financiamiento. Además, consideró fundamental abordar la socialización del proyecto, para que los vecinos de distintas áreas lo reciban de manera positiva.

Aragón señaló que debe existir una ordenanza municipal, como los planes de ordenamiento territorial, con el objetivo de que cada territorio se organice y se desarrolle adecuadamente. También indicó que el Ministerio de Finanzas cuenta con el Departamento de Bienes del Estado, el cual podría coordinar la elaboración del catastro del subsuelo.

“Para las municipalidades, muchas veces el impacto del transporte es muy alto: la infraestructura es escasa e inadecuada y, por ende, ocupamos mucho espacio. Llegamos a generar mucho desorden, según lo indican”, mencionó María Teresa González, quien refutó esta percepción al expresar que los municipios que reciben más transporte pesado son los más prósperos, puesto que concentran mayor industria, comercio y centros logísticos.

Por esta razón, González consideró importante sensibilizar a los municipios sobre cómo esta infraestructura puede beneficiarlos. Además, advirtió que si no se realiza un buen trabajo en esa fase, podría surgir resistencia.

Contexto y beneficios

Entre las oportunidades que plantea el nuevo plan de movilidad está el cambio en las velocidades de circulación en tramos donde actualmente se transita entre 8 y 12 km/h, según explicó María Teresa González, quien destacó que, con la nueva infraestructura, se podría alcanzar una velocidad promedio de 40 km/h.

Desde un enfoque industrial, González mencionó que la productividad aumentaría, ya que se requerirían menos unidades para movilizar la carga, al poder atravesar la ciudad a mayor velocidad. Agregó que la mayor parte de la carga se moviliza de norte a sur por la CA-9, lo que convierte a las circunvalaciones o radiales que desfoguen esta área en las de mayor impacto.

Además, señaló que el tramo oriente-occidente podría considerarse como una segunda etapa del proyecto.

Becas de inglés: 6 de cada 10 egresados ya tiene un empleo bilingüe 

Expertos destacan el nivel de inserción laboral y proponen convertir el programa en una política pública permanente. Brecha de personal calificado se mantiene, pese a avances.

Ximena Fernández

18 de noviembre de 2025

|

06:00h

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El 77% de los beneficiados se mantiene en el programa de becas de inglés de educación extraescolar. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Del programa de becas de inglés de Educación Extraescolar del Ministerio de Educación, se han registrado 263 personas egresadas del curso intensivo de 8 horas, el cual busca preparar a los estudiantes para el empleo. De estas, 162 ya se encuentran empleadas en lugares donde el inglés es un requisito, lo que representa una inserción laboral del 62%. Esto, según Carlos Aldana, viceministro de Educación Extraescolar del Ministerio de Educación (Mineduc), quien aseguró que la mayoría trabaja en centros de llamadas.

El objetivo de estas becas es el aprendizaje del inglés con orientación al trabajo, lo que significa que tienen un enfoque técnico-laboral. Con un presupuesto total de Q50 millones, otorgado por el Congreso de la República, se realizaron tres convocatorias —en julio, agosto y septiembre—, según Aldana, quien informó que las clases son impartidas por el Intecap.

El 77% de los beneficiarios del programa se mantiene en formación, lo que equivale a que 8 de cada 10 becarios continúan sus estudios de inglés, informó Aldana.

Para Verónica Spross, directora ejecutiva de Empresarios por la Educación, los datos sobre los beneficiarios egresados indican que el programa cuenta con un buen nivel de inserción laboral, y destacó que el inglés es una destreza útil para obtener empleo: “Además de que suele ser un trabajo con mejores ingresos en comparación con otros del mismo nivel de formación”, aseguró Spross.

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¿Qué se requiere para cerrar la brecha?

Cada año, 10 mil plazas en contact centers y BPO se quedan sin llenar debido a la falta de personal con dominio del inglés. Así lo dio a conocer Gustavo Mendoza, coordinador del Sector de Contact Center & BPO de Agexport, en una entrevista con Prensa Libre. Mendoza aseguró que cada una de estas plazas representa un ingreso mensual de entre Q5 mil 500 y Q6 mil.

Esta brecha, según Spross, demuestra que el sector tiene capacidad de generar empleo, por lo que es importante que los jóvenes estén preparados para incorporarse. Para cerrarla, es necesario aumentar el número de becas: “Hay buenos resultados con las becas intensivas, sería positivo incrementar la cantidad de jóvenes atendidos”.

Mendoza señaló que resulta alentador observar a estudiantes incorporarse al mercado laboral, ya que representa la fase final del programa. No obstante, advirtió que se trata de una cifra baja en comparación con la cantidad de plazas que cada año quedan vacantes.

Por otro lado, afirmó que los egresados del curso intensivo cuentan con las características necesarias para responder a las demandas del mercado, debido a que el Mineduc estableció una alianza con Finishing School, programa de inglés desarrollado por Agexport y que cumple con los estándares requeridos por el sector.

Asimismo, Spross señaló que, además de medir la inserción laboral, es importante evaluar el nivel de inglés alcanzado por los estudiantes y su nivel de retención.

Ejecución del programa y fondos

Al inicio del programa, el Ministerio de Educación (Mineduc) proyectaba beneficiar a 5 mil 420 personas con estas becas. No obstante, actualmente se cuenta con un total de 8 mil 568 beneficiarios. “Esto representa un 158% más de lo proyectado originalmente”, aseguró el viceministro.

Estos 8 mil beneficiarios se distribuyen de la siguiente manera:

• Curso de 8 horas: 664 personas, centradas en incorporarse al mercado laboral a partir de alianzas con el sector privado.
• Curso de 2 horas: dirigido a personas con nivel básico de inglés; cuenta con 7 mil 681 participantes.
• Curso de 4 horas: cuenta con 223 beneficiarios, enfocado en quienes tienen un nivel intermedio.

Según Aldana, estos datos aún pueden variar, pues la atención educativa continuará hasta finales de noviembre.

Por otra parte, se han otorgado 19 mil 853 becas, ya que cada curso aprobado se considera una beca distinta, y los beneficiarios pueden recibir más de una. La meta, según Aldana, es llegar a las 22 mil: “De estas, 2 mil 232 becas corresponden a la modalidad de 8 horas, que son las más vinculadas con el mundo laboral”. Además, cada estudiante recibe un estipendio por curso aprobado, siempre que cumpla con al menos el 90% de asistencia.

Del presupuesto total de Q50 millones, Q49 millones se destinan al otorgamiento de becas, mientras que Q1 millón se utiliza para auditorías externas y los servicios del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), entidad que administra los pagos a los beneficiarios.

De los Q49 millones asignados a becas, Q32.2 millones ya están comprometidos, y se han ejecutado aproximadamente Q10 millones. “El resto se utilizará entre noviembre y mediados de diciembre”, afirmó el viceministro.

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Permanencia y continuidad

Para garantizar la permanencia esperada, Aldana explicó que desde su despacho se cuenta con una unidad de monitoreo activa, encargada de recibir los reportes del Intecap sobre asistencia y rendimiento de los beneficiarios. Además, existen centros de monitoreo departamentales: “Llaman a quienes faltan, orientan y verifican los motivos de las ausencias”, afirmó.

Más allá de la permanencia estudiantil, otro aspecto relevante es la continuidad del programa. Aldana confirmó que este continuará en el 2026. No obstante, indicó que actualmente se lleva a cabo un proceso de revisión con la Dirección Financiera del Ministerio, el Ministerio de Finanzas, el Congreso de la República y el Crédito Hipotecario Nacional (CHN), con el fin de asegurar la disponibilidad de fondos y garantizar que no se afecte la continuidad.

“La principal preocupación del equipo es que los estudiantes no pierdan la trayectoria de aprendizaje. Especialmente porque en idiomas, la falta de continuidad hace que se pierdan los avances”, argumentó el viceministro.

Según Mendoza, debido a cuestiones de ejecución presupuestaria, el Ministerio debe concluir la capacitación de los últimos alumnos el 15 de noviembre, con el objetivo de realizar el cierre administrativo durante la primera semana de diciembre. “Creo que este tipo de programas no debería tener interrupciones por asuntos administrativos”, expresó Mendoza, quien indicó que la formación debería continuar durante noviembre y diciembre.

En ese sentido, aseguró que la meta es que los cursos continúen con normalidad desde las primeras semanas de enero. Para Spross, lo ideal sería convertir el programa en una política pública permanente: “Es importante que el programa de becas de inglés tenga una asignación presupuestaria anual, que quede institucionalizado dentro del Ministerio de Educación”, adujo.

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Tres programas distintos 

Para 2025, se cuentan con tres distintos programas de becas. El de Educación Extraescolar, que fue creado a partir de la Ley de Presupuesto 2025 y están dirigidas especialmente a personas que buscan acceso al mercado laboral. 

Además, se cuenta con las becas “Nuestro Futuro”, a cargo de Segeplan y que cuentan con un presupuesto de  Q250 millones. Estas están enfocadas en ayudar a guatemaltecos que buscan realizar estudios de pregrado, posgrado y técnicos, universitarios o no universitarios. Dichas becas pueden ser completas o parciales.

Por otro lado, Q30 millones son administrados por el Ministerio de Educación (Mineduc) son administrados por el viceministerio de Educación Biligüe e Intercultural y es para los estudiantes dentro del sistema público de educación. 

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Ximena Fernández

17 de noviembre de 2025

|

06:00h

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Por dónde pasarán las circunvalaciones y vías radiales nuevas para desfogar tráfico metropolitano. (Foto Prensa Libre: Screenshot).

Anadie planteó una hoja de ruta para que, en el 2027, se inicien las contrataciones y el desarrollo de los estudios necesarios para comenzar con la implementación del Plan Koica, que tiene que ver con un portafolio de nuevos proyectos para la capital que incluyen vías, puentes y túneles. Además, siete alcaldes de distintas municipalidades del área metropolitana reiteraron su compromiso con dicho plan.

Esto se llevó a cabo durante la reunión de presentación de resultados del Plan Koica, el “Plan maestro de movilidad para el área metropolitana”, desarrollado por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica), junto con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie), que busca descongestionar el tráfico en los 17 municipios del departamento de Guatemala.

Se prevé la construcción de tres circunvalaciones y cinco vías radiales que aliviarán las arterias principales del departamento. Aunque una de las circunvalaciones y dos de las vías radiales aún no se han definido a totalidad. Además, se destacó la creación de una Autoridad Metropolitana de Transporte para el mejoramiento del sistema de transporte público y la instalación de cámaras de seguridad donadas por Koica.

Durante el nuevo evento, celebrado este viernes, participaron siete alcaldes, entre ellos los de Amatitlán, Chinautla, Palencia, San Raymundo, San Pedro Sacatepéquez y San Pedro Ayampuc. Según Brenda del Cid, alcaldesa de Chinautla, los jefes ediles firmaron este día un convenio de compromiso para dar mantenimiento a las cámaras donadas por Koica, además de reiterar su respaldo para continuar con el plan de movilidad.

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Ubicación de los futuros tramos

Según datos proporcionados por Anadie, los nuevos tramos estarán ubicados de la siguiente manera:

• Circunvalación 1: tendrá un total de 22.6 km y conectará sectores como el Periférico, zona 2, el Aeropuerto Internacional La Aurora, la Atanasio Tzul, la calzada Aguilar Batres y la avenida Bethania. Este proyecto estará a cargo de la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria (DIPP).

• Circunvalación 2: con un total de 38.2 km, atravesará El Naranjo, Vista Hermosa, Villalobos, el Cenma y San Cristóbal, además del Periférico, zona 13 y zona 21.

• Vía radial 1: tendrá un total de 8.1 km, contará con nueve puentes y un túnel. Conectará la CA-1 Occidente con la zona 11, pasando por San Cristóbal.

• Vía radial 2: con ocho puentes, tendrá un recorrido total de 10 km, y se extenderá desde el kilómetro 19 de la CA-1 hasta la Hincapié, en zona 13.

• Vía radial 3: contará con un puente y un túnel, y conectará la Atanasio Tzul con la calzada Petapa.

Kevyn Valencia, director en funciones de Anadie, destacó que para definir un monto para los proyectos será necesario establecer la prioridad de las vías junto con las nuevas mesas técnicas, además de los estudios respectivos. No obstante, afirmó que el proyecto no se plantea como autosostenible, por lo que requerirá apoyo del Ministerio de Finanzas Públicas. Asimismo, señaló que será necesario garantizar pagos futuros y el reconocimiento de deuda pública, lo cual involucra al Congreso.

Para las vías radiales, Valencia explicó que el modelo financiero podría desarrollarse a partir de una obra pública, concesión o una alianza público-privada. En el caso de las circunvalaciones, estarán bajo la responsabilidad de la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria.

Etapas proyectadas del plan de movilidad

Valencia dio a conocer, durante la reunión de presentación de resultados del Plan Koica, una posible hoja de ruta para dar continuidad a la implementación del plan de movilidad.

Como primer paso, entre noviembre y enero se deben crear dos mesas interinstitucionales: una de alto nivel y otra técnica. Durante el 2026 se buscará elaborar un plan vial, mejorar el transporte público e instalar cámaras de seguridad —algunas ya están colocadas en distintos municipios y fueron donadas por Koica—. Posteriormente, también en el 2026, se priorizarán las circunvalaciones y las vías radiales. Ese mismo año se establecerán las bases para los estudios técnicos y se definirá el modelo de financiamiento.

En el 2027 comenzará la contratación para el desarrollo de los estudios y la aprobación e implementación de la Autoridad Metropolitana de Transporte.

“Lo que queremos es tener la certeza de ver qué acciones son las que se pueden y deben hacer próximamente, cuáles son las que deben tener una visión de mediano plazo y cuáles son las que debemos dejar para largo plazo”, afirmó Roberto Bernard Alvarado, gobernador departamental de Guatemala.

Valencia destacó que se trata de un proyecto a largo plazo, lo que significa que se extenderá más allá del gobierno actual. Para que continúe, subrayó que debe abordarse desde una perspectiva técnica y no política, y que es fundamental una planificación adecuada que garantice su sostenibilidad a futuro.

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Creación de mesas sectoriales

Según Valencia, se deben conformar dos mesas sectoriales: una de alto nivel y otra técnica. La primera será responsable de tomar las decisiones para la implementación del Plan Maestro de Movilidad, mientras que la segunda evaluará, analizará y desarrollará sus distintos componentes.

Ambas mesas estarán presididas por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Anadie, la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria, el Ministerio de Finanzas Públicas, las municipalidades involucradas, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), la Gobernación Departamental y el Organismo Legislativo.

“Ahora tenemos el compromiso de seguir con las comunicaciones, de participar en todos los talleres que se van a realizar y en las mesas que se van a conformar para poder seguir avanzando”, afirmó del Cid.

Valencia indicó que, en un plazo de 15 días, se celebrará la primera reunión para dar seguimiento a los acuerdos iniciales y definir las próximas acciones del plan.

Permisos sanitarios se digitalizan: el atasco de 20 mil expedientes podría resolverse en 4 meses

La nueva plataforma Siamed Web permitirá reducir los tiempos de trámite para registros sanitarios, renovar licencias y emitir permisos de importación. Autoridades estiman que los expedientes atrasados podrían resolverse en menos de seis meses.

Ximena Fernández

17 de noviembre de 2025

|

05:00h

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Realizar trámites de forma digital permitirá el ingreso de nuevas medicinas al país. (Foto Prensa Libre: Freepik).

A partir de la digitalización de trámites de registros sanitarios de productos farmacéuticos, será posible que ingrese a Guatemala una amplia gama de medicamentos. Es decir, nuevos productos de medicinas y cosméticos, además de una mayor cantidad de los que ya se comercializan en el país.

La nueva plataforma para gestionar licencias sanitarias, registros sanitarios de productos farmacéuticos, autorizaciones de productos afines, así como permisos de importación del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), fue presentada el pasado 4 de noviembre con el nombre de “Siamed Web”, desarrollada gracias a una alianza con la Cámara de Industria de Guatemala (CIG).

Actualmente, el MSPAS registra una acumulación de aproximadamente 20 mil expedientes, entre los que se incluyen nuevos registros, renovaciones y otros procedimientos, según Edgar González, viceministro de Regulación de la Salud del MSPAS. Además, el ministerio recibe mensualmente unos tres mil expedientes nuevos, destacó Andrés Schellenberg, director de la Junta Directiva de la Cámara de Industria de Guatemala.

Para resolver esta acumulación, González afirmó que se elaboró un plan de gestión para atender el rezago, con el objetivo de procesar los expedientes pendientes en un plazo no mayor de seis meses. Por otro lado, estimaciones de la CIG indican que podría resolverse en un período de tres a cuatro meses.

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Beneficios para los usuarios y exportadores

Al reducir el tiempo de los procesos para registros y licencias sanitarias, aumentará la competitividad de cada producto e industria, lo que se traducirá en más opciones en el mercado, según Andrés Schellenberg, director de la Junta Directiva de la Cámara de Industria de Guatemala. Agregó que, si se acorta el tiempo para obtener nuevos registros, podrán lanzarse más cosméticos por temporada: “Más alternativas es igual a más competencia en precio y en calidad para la población”.

Desde el sector de alimentos y bebidas, Adriana de León, coordinadora de la Comisión de Alimentos y Bebidas de Agexport, indicó que la demora en los trámites impacta en el proceso para sacar los productos al mercado y hacerlos llegar al consumidor final. Es decir, gracias a la digitalización, las empresas podrán operar con mayor eficiencia, lo cual se reflejará en una mayor competitividad y reducción de costos.

Para los exportadores, Schellenberg señaló que contar con trámites más ágiles abrirá puertas en otros países. El directivo afirmó que eso permitirá responder con mayor rapidez y evitar riesgos por vencimientos de registros locales.

Además, Edgar González, viceministro de Regulación de la Salud del MSPAS, señaló que se eliminarán los tiempos muertos, ya que no habrá recepción en ventanillas ni traslados a evaluadores, entre otros pasos que provocaban pérdidas de tiempo para los usuarios.

¿Cómo se limpiará la presa?

Las mayores acumulaciones de expedientes, según Édgar González, viceministro de Regulación de la Salud del MSPAS, corresponden a registros de productos nuevos. También se reportan demoras en renovaciones de productos afines. “Hemos tenido acumulaciones de incluso 12 meses para poder responder”, afirmó, y añadió que esta situación se ha prolongado en los últimos dos años.

Respecto de los trámites ingresados de forma física, González explicó que continuarán siendo evaluados en ese formato, mientras que la nueva plataforma permitirá realizar los nuevos trámites de forma digital. Añadió que habrá una jerarquización: se avanzará primero con los productos afines y se dejarán al final los medicamentos de mayor complejidad.

Adriana de León, coordinadora de la Comisión de Alimentos y Bebidas de Agexport, subrayó que durante la fase inicial e implementación debe haber acompañamiento técnico para resolver cualquier inconveniente: “Realizar esto desde el inicio permitirá que las empresas tengan confianza en que la digitalización realmente mejora la eficiencia sin introducir nuevos obstáculos”.

“El mayor impacto que vamos a visualizar es la reducción de tiempos y el aumento en la transparencia”, señaló Andrés Schellenberg, quien añadió que los usuarios podrán seguir el proceso de su expediente y no se podrá escoger qué archivos analizar.

Según el directivo de la Cámara de Industria de Guatemala, a partir de este cambio los permisos de importación podrán gestionarse en cuestión de horas, lo cual impactará de forma positiva en los tiempos dentro de los puertos.

González añadió que contarán con estadísticas de funcionamiento del sistema, con las cuales podrán establecer el tiempo exacto que toma cada trámite realizado a través de la plataforma.

5 empleos con IA que la industria de alimentos ya contrata y un puesto con los días contados si no cambia

Aunque la automatización reconfigura los empleos dentro de la industria, expertos y autoridades coinciden en que las habilidades pueden aprenderse. Capacitación, alianzas con el sector privado y formación técnica son la base para cerrar la brecha digital en Guatemala.

Ximena Fernández

13 de noviembre de 2025

|

06:00h

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Trabajadores analizando datos dentro del centro de datos de Nestlé. A partir de esto, es posible llegar a 100 mil puntos de venta. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Desde que Nestlé instaló en Guatemala un centro de datos alimentado con IA, puede tener de forma transparente sus operaciones sobre ventas de productos en tiempo real, productos faltantes en puntos de venta y análisis para optimizar la carga de camiones. Según Patricio Astolfi,  Director General de Nestlé Guatemala el impacto operativo fue fuerte: “antes llegábamos a algunos 60 mil puntos de venta, ahora superamos los 100 mil”. 

Astolfi asegura que a partir de la implementación de la Inteligencia Artificial se generaron mayores recompensas para los vendedores y permitió que la empresa creciera en colaboradores y volumen. 

Guatemala tiene un alto potencial en manufactura en alimentos y bebidas. Esto lo comenta Ligia Chinchilla, coordinadora de la mesa de Capital Humano de la Iniciativa Guatemala No Se Detiene, quien argumenta que la industrialización agrega valor y puede generar oportunidades para los jóvenes. 

Dentro de las industrias, está creciendo la necesidad de puestos especializados en la inteligencia artificial. A partir de esto, Gerardo Pallais, presidente de la junta directiva de la Comisión de Alimentos y Bebidas en Agexport, destaca que se observa una transformación del impacto y valor que generan ciertos puestos. 

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A pesar de esto, la industria no ha logrado satisfacer totalmente los nuevos puestos que vienen con la automatización y uso de herramientas con la inteligencia artificial. El 70% de las empresas indican que no cuentan con el talento necesario, según Ricardo Gálvez, gerente general de Manpower. No obstante, desarrollar talento toma tiempo, lo que desemboca en que las organizaciones cierren brechas con talento internacional, destaca José David Restrepo gerente general de LHH Guatemala y Costa Rica.   

“Es una oportunidad”, señala el gerente de LHH, quien indica que quienes se actualizan, migran a roles de mayor contribución, con menos carga operativa y más innovación e impacto. 

Los cinco puestos clave

La inteligencia artificial, actualmente, se aplica en tres niveles distintos: con herramientas generativas, como ChatGPT, que los colaboradores utilizan en su trabajo; procesos analíticos para la toma de decisiones; y la automatización, que mejora la seguridad operativa y reduce riesgos en tareas pesadas, según Astolfi.

“Hoy la innovación está ligada a la inteligencia artificial. Muchas empresas requieren talento humano con conocimientos básicos en IA para fortalecer su desempeño dentro de los corporativos”, destaca Juana Sotz, directora general de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab).

A partir de lo anterior, entre los puestos más críticos que se requieren para llenar los vacíos de personal en la industria de alimentos están:

• Ingeniería en alimentos. Se requiere para la formulación, diseño y control de calidad, así como para procesos no manuales y funciones críticas del sector. “Estos puestos suelen estar por encima del promedio salarial: son pocos y muy valorados”, aseguró Chinchilla.
• Técnicos de maquinaria. Según Chinchilla, son necesarios para conectar todas las máquinas y programar la producción con apoyo de inteligencia artificial. Destaca que, por cada ingeniero, se necesitan ocho técnicos.
• Director de transformación digital. Encargado de liderar la transformación y automatización. Al respecto, Pallais expresa que “es más que automatizar la planta: se trata de manejar grandes bases de datos para analizar tendencias y patrones comerciales”.
• Técnicos en digitalización. Estos perfiles pueden ocuparse de servicios, logística o puestos administrativos. Según Sotz, deben conocer y manejar la inteligencia artificial para promover la innovación dentro de las empresas.
• Directores de experiencia del cliente. Son los responsables de medir, con ayuda de herramientas de IA, el “customer journey” y mejorar de manera continua la experiencia del consumidor.

Upskilling y nuevas capacidades

En el sector de alimentos y bebidas, el crecimiento se observa principalmente en las exportaciones, según Pallais: “El mercado nacional es finito, pero hay demanda global y muchas empresas guatemaltecas tienen productos innovadores que pueden atender tendencias internacionales”. Pallais indica que, para ello, la tecnología actúa como un facilitador que hace más eficientes los procesos y más inteligentes las decisiones.

A partir de esto, se identifican diversas brechas. Si bien hay profesionales suficientemente preparados, en las áreas digitales persisten falencias, según Restrepo, quien agrega que se requieren capacidades como analítica de datos, desarrollo de software y desarrolladores para inteligencia artificial.

Por otro lado, Chinchilla afirma que también se necesitan habilidades como liderazgo y toma de decisiones inmediatas. Además, señala que el talento desarrollado en el área digital debe adquirir nuevas competencias, adaptarse al cambio e innovar.

Gabriela Cabrera, senior de People Consulting en EY, afirma que el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la comunicación efectiva, la ética, la adaptabilidad y el aprendizaje continuo son habilidades que generan valor. “La automatización no reemplaza el talento, lo potencia”, destaca Cabrera.

Para lograr estas habilidades blandas y tecnológicas, una vía es el upskilling, que consiste en enseñar algo nuevo sobre una base ya existente: es mejorar, actualizar o elevar capacidades adquiridas, según Restrepo. Para alcanzarlo, Cabrera señala que es necesario realizar un diagnóstico de necesidades —midiendo destrezas y brechas—, diseñar un plan alineado a esos requerimientos y, por último, medir los resultados.

Las acciones para cerrar la brecha

“En Guatemala muchas manufactureras aún tienen brechas en su transformación digital. Me atrevo a decir que todavía no estamos en el punto de implementar agentes de IA directamente en el proceso productivo. Primero hay que cerrar la brecha de información y luego implementar la IA de manera eficiente”, destaca Solares, director general de Xetechs Group.

Actualmente, en el país se identifican tres tipos de brechas, según Chinchilla: de cantidad, de calidad y de relevancia. La de cantidad se refiere a cuántos perfiles se necesitan; la de calidad, a la especificidad adecuada; y la de relevancia, a la búsqueda de perfiles multitarea dentro de su especialidad. Para Chinchilla, el sector debe fijar una política de información del mercado laboral, pues sin esta, la brecha no se cerrará de forma eficiente.

Para generar talento humano acorde con la calidad y relevancia requeridas por el mercado, es necesario capacitar. Al respecto, Pallais asegura que existen múltiples vías: academia universitaria, lectura, recursos en internet, talleres, formación técnica y diplomados. Esto, señala, implica que la responsabilidad es compartida: quienes necesitan el talento deben fomentarlo e incentivarlo.

Asimismo, también puede abordarse desde el gobierno, incluyendo contenidos tecnológicos en el pénsum de las carreras e incentivando capacitaciones técnicas como las que realiza el Intecap. Además, Cabrera destaca que se debe prestar mayor atención al desarrollo de habilidades aplicadas al entorno digital y fomentar la exposición práctica por encima de la teoría.

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Por su parte, Gálvez indica que se requieren capacitaciones constantes y una vinculación activa con universidades y colegios: charlas, orientación y rutas claras que guíen a los jóvenes hacia las carreras en auge.

Desde el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), Sotz afirma que ya se cuenta con un programa de formación y capacitación desarrollado en conjunto con el Intecap. Añade que se ofrecen becas e incentivos a la población, especialmente en áreas de innovación, automatización y robótica.

Además, asegura que se encuentra en proceso de actualización dicho catálogo, para incluir módulos de robótica e inteligencia artificial. También se buscará, en coordinación con el Ministerio de Educación, certificar las competencias de aquellas personas que cuenten con las habilidades, aunque no tengan respaldo académico formal.

¿Qué será obsoleto?

Con la entrada de la inteligencia artificial, muchas personas temen que sus puestos sean reemplazados por herramientas especializadas. Sin embargo, según Solares, la IA viene a potenciar al equipo: libera tareas repetitivas y permite utilizar la experiencia humana en funciones de mayor impacto, como la toma de decisiones específicas y la generación de soluciones innovadoras.

“La diferencia estará en combinar tecnología con pensamiento crítico. La IA entrega datos; la persona valida, decide y genera valor estratégico con esa información”, asegura Cabrera.

Aun así, las tareas simples y repetitivas serán las primeras en desaparecer, según Chinchilla. Explica que el futuro de la industria estará estrechamente vinculado con la IA: será más mecánico, menos manual y contará con una coordinación precisa a partir de sistemas inteligentes. El aspecto positivo, señala, es que las habilidades necesarias para interactuar con la inteligencia artificial pueden aprenderse. Esto significa que un supervisor con funciones manuales puede entrenarse para llevar a cabo una supervisión computarizada.

Por su parte, Pallais afirma que en toda industria existe una combinación de perfiles, y que muchos puestos operativos no desaparecerán. “Más que eliminar puestos, se trata de transformarlos. Quienes operaban, pasarán a analizar resultados de los datos en la planta”, asegura. Agrega que se verá una evolución de muchos de los puestos ya existentes.

Encuentre más de Guatemala No Se Detiene en nuestros canales de video de Prensa Libre y Guatevisión, un contenido en alianza enfocado en periodismo de soluciones.

VIDEO: Industria propone volver a sentarse con la academia para alinear la IA con necesidades laborales

Dentro del conservatorio, sector privado propone alianzas estratégicas para responder a la demanda de perfiles vinculados con inteligencia artificial.

Ximena Fernández

12 de noviembre de 2025

|

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Sector privado llama a retomar mesas técnicas sectoriales para mejorar brechas de talento humano. (Foto Prensa Libre: Captura de Pantalla)

Para cerrar la brecha entre las nuevas necesidades que plantea la inteligencia artificial en la industria de alimentos, es necesario retomar mesas técnicas sectoriales, en las que tanto el sector público como el Intecap y las universidades conozcan las demandas de la industria, según Juan Pablo Mancilla, director ejecutivo de la Gremial de Alimentos y Bebidas, adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG). Agregó que la industria, además de generar empleo, utiliza de forma constante la inteligencia artificial.

Esto se dio a conocer durante “La Charla”, el nuevo segmento de Guatemala No Se Detiene, el pasado 10 de noviembre. En el conversatorio participaron Mancilla y Carlos de León, jefe del Departamento de Investigación e Innovación Tecnológica del Intecap, junto a Rocío Lazo. Compartieron propuestas para avanzar en la capacitación digital y abastecer el talento humano necesario para la industria.

Para Mancilla, es necesario que las capacitaciones se adapten a las necesidades de cada industria: “Es momento de dejar lo genérico atrás. La tecnología debe adaptarse y necesitamos más diálogo y convergencia entre los sectores. Eso permitirá integrar a la IA de forma adecuada y generar más empleos en Guatemala”.

Desde el Intecap se ha trabajado con mesas sectoriales para detectar necesidades y adaptar la tecnología disponible para la capacitación, según De León, quien señala que el acercamiento con el Intecap es fundamental.

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IA enfocada en sectores

Para lograr acoplar los estudios de los jóvenes guatemaltecos a las necesidades de la industria, Mancilla consideró que deben cumplirse tres pasos:

• Mesas técnicas sectoriales. Sirven para conocer de primera mano los intereses de la industria y su planificación a corto y mediano plazo. “Es urgente abordarlo, porque si no, perdemos competitividad”, afirmó Mancilla.

• Acercamiento a autoridades. Esto permitirá fomentar la colaboración y motivar a los estudiantes de carreras técnicas a visitar fábricas, conocer procesos y comprender la aplicación de la inteligencia artificial en la industria. Según Mancilla, esta experiencia inspira a los jóvenes a estudiar carreras con alta demanda.

• Capacitaciones técnicas mediante alianzas estratégicas. Estas deben proyectarse a mediano y largo plazo, dijo Mancilla, quien añadió que el Ministerio de Trabajo debe organizar ferias de empleo para complementar dichas capacitaciones.

Desde el Intecap, De León aseguró que constantemente se realizan estudios de detección de capacidades a través de un área técnica encargada de desarrollar y actualizar los currículos. Añadió que se entrevista a representantes del sector empresarial y jefes de recursos humanos para recomendar ajustes y mantener actualizada la oferta formativa.

“Nosotros acabamos de terminar un estudio relacionado con la demanda de capacitación en el área de inteligencia artificial”, destacó De León. Explicó que, con base en ese diagnóstico, se identificó que la mayoría de empresas requiere ingenieros en machine learning, científicos y analistas de datos, así como programadores y técnicos de producción.

No obstante, Mancilla advirtió que las capacitaciones deben adaptarse a cada sector. Señaló que estas herramientas suelen aplicarse de forma genérica, aunque no sea lo más adecuado.

“La inteligencia artificial no es genérica, debe adaptarse a las necesidades específicas de cada industria”, subrayó Mancilla. Añadió que, con ello, será posible generar más empleos y mejorar la competitividad para atraer inversiones.

Otras mejoras

Por otro lado, De León señaló otras barreras además de la falta de capacitación. La primera es la inversión en infraestructura. Explicó que en muchas regiones del país el servicio eléctrico es deficiente y, además, falta una buena conexión a internet. “Son temas que deben trabajarse paralelamente para poder aprovechar la inteligencia artificial”, aseguró De León.

Añadió que es necesario habilitar una política pública que facilite e incentive el uso de la inteligencia artificial para mejorar los procesos productivos y la productividad de las empresas.

Avanza propuesta de ley que busca crear un nuevo operador de aeropuertos

Autoridades impulsan una iniciativa para separar las funciones regulatorias y operativas del sistema aeroportuario. El cambio permitiría atraer aerolíneas, fortalecer la seguridad y activar vuelos directos hacia EE. UU. 

Ximena Fernández

10 de noviembre de 2025

|

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Iniciativa de ley buscará separar funciones operadoras y reguladoras del sistema aeroportuario nacional. (Foto Prensa Libre: DGAC)

Durante la segunda semana de diciembre se espera entregar a la Secretaría General de la Presidencia la iniciativa de ley que busca crear un nuevo operador del aeropuerto y deslindar a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), con el fin de mejorar la competitividad aeroportuaria del país.

La iniciativa para llevar a cabo esta separación comenzó a diseñarse en el 2024, al identificarse las brechas de cumplimiento respecto de las normas internacionales de aviación, explicó Fernando Suriano, viceministro de Transporte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

A partir de ello, se buscará constituir el “Operador Aeroportuario de Guatemala”, una entidad autónoma que estará a cargo no solo de los aeropuertos La Aurora y Mundo Maya, sino también de todos los aeródromos del país, expresó Ronny Rodríguez, director de Sostenibilidad y Desarrollo Corporativo de Volaris.

En el 2027 se proyecta contar con la auditoría de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), señaló Suriano, quien destacó que en auditorías anteriores ya se había advertido que el sistema aeroportuario nacional presenta brechas de cumplimiento de carácter jurídico. “Si no se aprueba esta legislación, será muy difícil superar la auditoría, lo que pone en riesgo la aviación y los aeropuertos del país”, sentenció el viceministro.

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Hoja de ruta

Para que esta iniciativa de ley llegue al Congreso, Suriano explicó que debe seguirse un proceso que inicia en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), entidad que ha trabajado el expediente y donde se llevaron a cabo los trabajos técnicos y la coordinación de redacción.

Este lunes 10 de noviembre se enviará el documento al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), donde se integrará el expediente ministerial. Según Suriano, después de ello se remitirá a las entidades correspondientes, entre las que figura la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Asimismo, deberá enviarse a instituciones como los ministerios de Economía, Gobernación, Finanzas, Relaciones Exteriores, y al Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), para que emitan su dictamen favorable. Una vez otorgados los dictámenes, el expediente regresará al CIV, que consolidará los documentos y los trasladará a la Secretaría General de la Presidencia.

Después del visto bueno de la Secretaría, la iniciativa será presentada al presidente, quien la remitirá al Congreso de la República para su discusión y aprobación final.

“Hoy se remitieron los tiempos con el nivel de urgencia que requiere el asunto, para que todas las instituciones conozcan los límites que tenemos”, afirmó Suriano, quien señaló que se estima que para la segunda semana de diciembre el expediente debe estar en la Secretaría General.

El regulador y el operador

A raíz de esta ley, se crean dos instituciones, según explicó Rodríguez:

• Autoridad de Aviación Civil de Guatemala: Actualmente, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) es únicamente una dirección; sin embargo, con esta ley se transforma en una institución reguladora independiente, a la que se le retira la responsabilidad sobre los aeropuertos.
  “Será una institución con funciones regulatorias claras y encargada de la vigilancia de operaciones aéreas”, argumentó Rodríguez, quien precisó que esto implica supervisar la capacidad técnica del personal, las certificaciones, el mantenimiento de aeronaves y el cumplimiento de estos procedimientos.
  Asimismo, la nueva autoridad establecerá el servicio civil aeronáutico, que —según Rodríguez— constituirá una carrera profesional dentro de la entidad, lo que permitirá mejores salarios, incentivos, estabilidad laboral y condiciones adecuadas para el personal técnico.

• Operador Aeroportuario de Guatemala: Será la entidad pública responsable de la operación de los aeropuertos. A partir de su creación, se establecerá una Zona de Tratamiento Especial Aeronáutico, lo cual significa que el aeropuerto funcionará como una zona franca. Esto, señaló Rodríguez, permitirá mayor agilidad.
  Además, esta entidad tendrá la facultad de otorgar en concesión uno o varios aeropuertos a empresas privadas, crear asociaciones público-privadas y delegar la operación de aeropuertos o aeródromos, o bien, mantener una administración directa. “Esto es importante, porque al Estado le cuesta administrar activos”, afirmó Rodríguez.
  Suriano agregó que esta figura permitirá atraer inversión privada de forma más eficiente y adaptará la administración según las particularidades de cada terminal aérea: “No es lo mismo administrar el aeródromo de Quetzaltenango o Cobán que el de La Aurora”.

Ambas instituciones contarán con juntas directivas. No obstante, Rodríguez planteó que debería considerarse la participación del sector empresarial privado en su integración. Además, las dos entidades recibirán ingresos propios provenientes de tarifas de aterrizaje y despegue, uso de puentes de abordaje y otros servicios, según dijo.

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Beneficios

La separación entre la entidad reguladora y la operadora traerá múltiples beneficios, según indicó Rodríguez.

En primer lugar, viajar a Guatemala será más seguro. Rodríguez explicó que la autoridad supervisará que las aeronaves cumplan con las especificaciones de mantenimiento y cuenten con tripulaciones certificadas. Esta mejora en seguridad podría traducirse en nuevas inversiones de aerolíneas interesadas en abrir rutas hacia el país, destacó.

En segundo lugar, los usuarios encontrarán un aeropuerto en mejores condiciones. Rodríguez afirmó que Guatemala, como país con mayor tamaño económico en la región, debe aspirar a contar con una terminal aérea competitiva, lo cual es posible mediante una administración adecuada.

En tercer lugar, la división de funciones podría acelerar la recuperación de la categoría 1 ante la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). “Si la autoridad se concentra en la seguridad operacional y la operadora en la infraestructura, se mejoran las condiciones para recuperar y mantener esa categoría, lo que habilitaría vuelos directos hacia Estados Unidos por parte de aerolíneas con bandera guatemalteca”, afirmó Rodríguez.

Por su parte, Suriano agregó que contar con una institucionalidad sólida permitirá invertir en infraestructura, maquinaria y equipo, además de aplicar sanciones cuando sea necesario, especialmente en aspectos vinculados con la seguridad operacional.

Avanzan 3 mini-ciudades en zonas 1, 9 y 11: ¿Qué debe ocurrir para que alivien el tráfico en la capital?

Municipalidad confirma avances en proyectos Tívoli, Siete11 y Centro Histórico, que contemplan arborización y recuperación de calles. Expertos advierten que la eficiencia depende de ampliar opciones como el aerometro.

Ximena Fernández

7 de noviembre de 2025

|

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Entre los proyectos, se busca la conexión entre el Centro Histórico y Centro Cívico. (Foto Prensa Libre: Oscar Vásquez Mijangos)

Para el 2026, se tiene planificada la ejecución de tres desarrollos urbanos que forman parte del programa Distritos de Oportunidad y que buscarán alivianar la movilidad urbana. Está prevista la renovación de la Primera Avenida de la zona 9, la Séptima Calle de la zona 11 y la prolongación de la Sexta Avenida del Centro Histórico hacia el Centro Cívico.

Los distritos de oportunidad son una herramienta de ordenamiento territorial que busca delimitar las regiones sur, central y norte, mediante la creación de seis distritos ubicados en las zonas 1, 6, 9, 7, 11, 12 y 18. Así lo explica Ronald Peláez, investigador del Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ceur): “El distrito es una unidad administrativa que busca el bienestar de la población y la estación de servicios públicos”.

Según Silvia García, gerente de Planificación de la Municipalidad de Guatemala, para los distintos distritos de oportunidad se cuenta con más de 90 proyectos en cartera, divididos entre públicos, privados y público-privados. De estos, se han priorizado seis proyectos públicos, entre los que figuran los tres mencionados anteriormente.

Cada distrito tiene un objetivo distinto, según Peláez. En el caso de las zonas donde se realizarán los proyectos, la zona 9 es un territorio de consolidación y cuenca laboral, al igual que la zona 11, distrito que responde a la misma lógica, de acuerdo con el experto. Por otro lado, la zona 1 busca fomentar la expansión peatonal, debido a su carácter histórico.

Esto implica que no todos los distritos deben tener el mismo tratamiento, pues dependen del contexto funcional. “Mi preocupación es que estos distritos se vuelvan exclusivos, se cierren y se conviertan en mini ciudades. Un distrito debería asegurar servicios públicos; sin embargo, en corredores similares vemos centros comerciales y edificios de apartamentos, pero pocas fuentes de trabajo directas”.

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Los tres proyectos

Según Emilio Vargas, director de Planificación Urbana de la Municipalidad de Guatemala, se destacan tres proyectos próximos a comenzar:

• Distrito Tívoli, zona 9. Se busca la recuperación del espacio público mediante el ensanchamiento de banquetas, arborización, mejora de la iluminación y puesta en valor del frente urbano. Esto, según Vargas, se ejecutará frente a la iglesia Tívoli.
• Distrito Siete11, zona 11. Se recuperará la Séptima Calle como espacio público, con el objetivo de conectar el vecindario de la colonia Roosevelt con el área comercial y de uso mixto proyectada en Miraflores. Esto incluirá el ensanche del espacio peatonal, áreas verdes y mejoras en la iluminación.
• Distrito Central, zona 1. El proyecto busca conectar el Centro Cívico con el Centro Histórico, mediante el ensanchamiento de banquetas, instalación de mobiliario urbano y dispositivos de seguridad preventiva, como botones de pánico. Vargas asegura que este proyecto es relevante, puesto que el Centro Cívico es una zona clave de empleo.
  Para Ronald Peláez, en los centros históricos debe limitarse la circulación vehicular para proteger el patrimonio y la cultura. “Aquí sí corresponde ampliar el porcentaje peatonal”, afirmó el experto.

En estos momentos, los tres proyectos se encuentran en etapa de planificación interna, la cual se espera finalizar durante el primer trimestre del 2026, para obtener los permisos necesarios en el primer semestre de ese mismo año, según Vargas, quien señaló que se prevé comenzar su ejecución en el segundo semestre.

Para cada uno de los proyectos se contempla un monto mínimo estimado de Q5 millones. La financiación, según Vargas, proviene del aporte urbanístico de desarrolladores que aplican el reglamento de incentivos. Actualmente, más de 14 proyectos privados están en proceso de aplicación para otorgar aportes que permitirán financiar las obras, afirmó el director de Planificación.

Desde otra perspectiva, Ronald Peláez recalcó que, aunque los distritos son pequeños, continúan dependiendo de las mismas vías del municipio. “Existe el riesgo de agregar unidades —particulares o de transporte— en las mismas carreteras, y que la supuesta eficiencia vehicular sea cuestionable”, advirtió el investigador, quien señaló que tanto el Distrito 9 como el 11 requieren del aerómetro para sostener la movilidad.

Asimismo, subrayó que, aunque estos distritos se promocionan como “ciudades de 15 minutos”, en la práctica concentran vivienda y comercio, pero no fuentes de empleo. Esto significa que, aunque se implementen ciclovías y se mejoren las calles peatonales para el uso interno, si los ciudadanos deben desplazarse diariamente, seguirán utilizando las mismas rutas, por lo tanto, la mejora en movilidad sigue siendo discutible.

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Otros avances

Además de los proyectos públicos, también se han registrado avances en los proyectos privados. Según Silvia García, algunos de estos han desarrollado su propio Plan de Ordenamiento Territorial, como el del proyecto Antigua Pedrera, en Nuseis. Asimismo, indicó que se encuentran en formación los distritos Villa Norte y Siete11.

García añadió que proyectos como Vistares, en Víadoce, ya cuentan con sus respectivas licencias. Por su parte, Antigua Pedrera ya dispone de licencia de urbanización y se prepara para gestionar las licencias de obra. En el caso del área de Miraflores, ubicada en Siete11, está en proceso de obtener los permisos necesarios. En la zona norte, según García, se dispone de 203 hectáreas aún aptas para urbanización.

Por otra parte, García resaltó que el reglamento de incentivos busca crear condiciones más competitivas en los distritos para atraer inversión. Indicó que los cambios se encuentran en evaluación y que serán anunciados oportunamente. Aunque no adelantó detalles, afirmó que permitirán condiciones más competitivas y favorables para los inversionistas.

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Ximena Fernández

6 de noviembre de 2025

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Planta Aliansa, ubicada en Masagua, Escuintla. Fabrica alimentos para mascotas y ganado. (Foto Prensa Libre: Luis Carlos Moreno).

Feed Solutions es una planta industrial de CMI que produce alimentos para mascotas y ganado. Esta planta encontró un lugar para expandirse en Masagua, Escuintla. Jorge Mario Ordoñez, jefe de Producción de la planta Aliansa Escuintla, afirma que en la producción se cuenta con maquinaria y tecnología de punta, con el objetivo de maximizar la capacidad y la calidad para los clientes.

Giancarlo Ioli, director comercial de Feed Solutions, destaca que es necesario contar con mano de obra tecnificada, así como con oportunidades logísticas, industriales y energéticas, para generar la cantidad de empleos que la industria requiere.

Escuintla ha sido un municipio competitivo, ya que mantuvo un desempeño sólido dentro del Índice de Competitividad Local como una de las ciudades intermedias del país. Su PIB per cápita aumentó de US$ 11,821.81 en 2023 a US$ 12,681.48 en 2024, por encima de otros polos urbanos como Puerto Barrios (US$ 7,984.54) y Antigua Guatemala (US$ 5,479.64) en el mismo período.

A pesar de oportundiades como esta, la mayoría de los servicios se concentran en la ciudad de Guatemala, aunque se han ido expandiendo gradualmente hacia los municipios vecinos. Esto genera una concentración, pues ciertos servicios atraen a otros. Así lo señala Rubén Morales, exministro de Economía, quien indica que en la capital se ubican los principales servicios, universidades, centros de capacitación y servicios básicos, lo cual provoca una migración interna.

Esta concentración de servicios causa congestión y eleva los costos, por lo que se vuelve necesario descentralizar el desarrollo. Según Jorge Benavides, investigador asociado en Fundesa, es posible desarrollar polos más asequibles mediante iniciativas que incentiven la contratación local.

Además de Escuintla, Antigua Guatemala, Petén, Puerto Barrios, Huehuetenango y Retalhuleu son municipios con potencial para albergar nuevos polos industriales, de acuerdo con Enrique Font, presidente de la Cámara de Industria.

Además, se identifican cuatro industrias con alto potencial de atracción de inversión: el sector farmacéutico y de medicamentos, los equipos médicos, los BPO y los equipos electrónicos. Así lo explica Font, quien resalta la necesidad de ampliar el desarrollo de zonas francas e industriales que garanticen acceso a energía eléctrica, fuentes de agua y telecomunicaciones confiables.

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Departamentos con potencial para atraer desarrollo

La creación de polos industriales fuera de la ciudad de Guatemala permite que las empresas se instalen, generen mercado, aumente la población y se dinamice la economía, según Morales. “Pero, para que esto ocurra, se deben llevar a los departamentos servicios básicos, infraestructura y energía eléctrica, para que las empresas vean atractivo trasladarse”, añade.

Alejandro Guillén, gerente del negocio industrial de Spectrum, identifica tres regiones estratégicas para lograr esta descentralización: el sur, cerca de Puerto Quetzal; el Atlántico, en proximidad a Puerto Barrios; y la frontera con México. También señala que otras zonas pueden emerger según su vocación productiva y el tipo de industria.

A raíz de esta tendencia, se observa interés en Escuintla, Puerto Barrios, San Marcos y Retalhuleu. Wendy Mena, gerente de estrategias de Invest Guatemala, afirma que estas regiones son más adecuadas para la inversión debido a la existencia de zonas económicas de desarrollo especial, que generan condiciones favorables para los inversionistas.

Un ejemplo es Escuintla. Morales destaca que el departamento cuenta con industria, agroindustria e infraestructura como Puerto Quetzal. “Tenemos muchas plantas que ya no operan dentro del área metropolitana y su base está localizada principalmente en la ciudad de Escuintla”, asegura Luis Mazariegos, director de proyectos de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB).

Especialmente en el sector de alimentos, Escuintla se ha convertido en un punto estratégico para el traslado de empresas, al ofrecer mejor acceso para transporte pesado, camiones de reparto y horarios de operación más accesibles. Según Mazariegos, esta región ha atraído a industrias de lácteos, dulces, aceites y grasas.

Al igual que Escuintla, Quetzaltenango resulta ideal para atraer al sector de frutas y verduras enlatadas. Por su parte, Retalhuleu podría consolidarse como polo para la industria del dulce y el chocolate, gracias a la disponibilidad de cacao.

Otros polos ya desarrollados se encuentran en Quetzaltenango, que cuenta con infraestructura, industria consolidada y un centro educativo de referencia para el occidente y suroccidente del país, según Morales. El exministro también menciona a Río Hondo y Teculután como zonas que han logrado atraer servicios y población.

“Vemos que la gran oportunidad está hacia el sur: vincular la producción de los nueve municipios conurbados del departamento de Guatemala, saliendo por Palín hacia Escuintla y conectando con puertos del Pacífico”, declara Benavides.

La Ley Promesa, una apuesta por la descentralización

Para fomentar polos de desarrollo regional, es necesario implementar nuevas políticas públicas. La iniciativa denominada Ley Promesa busca la descentralización y tiene como objetivo atraer inversiones al interior del país, explica Mena, quien indica que con ello se impulsa el desarrollo en todo el territorio.

Según Mena, la propuesta contiene dos ejes principales. El primero es un programa de subvenciones no reembolsables, destinado a que más empresas puedan construir fábricas, invertir en investigación y desarrollo, especializar capital humano y avanzar hacia procesos más sofisticados. El segundo es un esquema de incentivos para inversiones fuera del área metropolitana, similar al que ya existe para sectores estratégicos.

En cuanto a este último punto, Mena detalla que se incluirían exenciones del ISR, exoneraciones para importar materias primas y facilidades para exportar sin pagar impuestos. “Aunque el Código Tributario limita estos beneficios a 10 años, la novedad es ofrecer incentivos adicionales a las empresas que reinviertan más de US$5 millones o US$10 millones, o que generen más de 100 o 200 empleos en nuevas plantas”, afirma.

La iniciativa también contempla la agilización de trámites, la simplificación de permisos y licencias, así como el incentivo para construir parques industriales, ampliar la disponibilidad de naves industriales y facilitar la contratación de talento.

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Por otro lado, también se considera necesario descentralizar las operaciones de quienes ya invierten en Guatemala. Según Benavides, esto acerca el desarrollo a la población, reduce la migración hacia la capital o al extranjero, permite la contratación en escala, la vinculación con mercados internacionales y la inversión en otros sectores como la educación, la vivienda y la salud.

Qué se necesita para atraer inversión industrial

Además de la Ley Promesa, se deben generar condiciones suficientemente atractivas para que las industrias se instalen en otros departamentos del país. Para Font, esto implica fortalecer la gobernanza y aplicar políticas públicas que aceleren la creación de polos de desarrollo. Entre los factores clave, destaca la necesidad de ofrecer incentivos fiscales, certeza jurídica y retorno de inversión.

Uno de los aspectos prioritarios es la modernización de los puertos. Font señala que es necesario actualizar la Ley de Puertos o promover una nueva legislación que permita inversión privada en terminales portuarias y contribuya a reducir la congestión.

Otro elemento fundamental son los parques industriales. “Si no se cuenta con zonas francas donde haya infraestructura adecuada, no podremos competir con otros países”, advierte el presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG). Según Mena, para que un inversionista se interese en una región específica, esta debe contar con techo industrial disponible y adecuado para comenzar operaciones de inmediato.

Asimismo, estas zonas deben estar interconectadas. Guillén resalta que la ubicación es un factor clave: deben estar cerca de fuentes de mano de obra, empresas productoras y operadores logísticos. Considera que un parque industrial actúa como catalizador del desarrollo y propone otorgar beneficios que se renueven cada 10 años, a fin de mantener el interés empresarial en el país.

Estos parques también deben contar con servicios básicos como energía eléctrica. “Aunque el país tiene una cobertura superior al 90%, hay zonas como Alta Verapaz con menor acceso. Es un departamento con gran potencial, pero con condiciones geográficas complejas”, destaca Morales. A su juicio, un departamento con suficiente suministro eléctrico resulta más productivo y atractivo para las empresas.

Morales también argumenta que el concepto de ciudades intermedias debe retomarse y actualizarse, pues ya existen estudios de hace más de una década que identifican estas zonas como núcleos con alto potencial. Ante ello, Mazariegos considera necesario un plan maestro articulado entre el Gobierno, las municipalidades y el sector privado.

Mano de obra disponible

Para fomentar la creación de ciudades intermedias, es indispensable contar con mano de obra calificada. Según Mazariegos, esto representa un reto en el interior del país, ya que es difícil encontrar el nivel académico requerido para desempeñar funciones operativas. “Se necesitan competencias acreditables; ahí el Intecap puede ser la respuesta, certificando el manejo de maquinaria y vehículos”, afirma.

De acuerdo con Mena, la mano de obra debe estar disponible en un radio de entre 30 y 60 minutos, idealmente con habilidades técnicas desarrolladas.

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Mazariegos considera que la inversión en capital humano es esencial y puede abordarse desde dos frentes: por un lado, involucrar a migrantes retornados con conocimientos técnicos, para que el Intecap los certifique; y por otro, capacitar a jóvenes egresados del nivel diversificado en oficios demandados, como pilotos de transporte.

Morales añade que implementar programas específicos según el potencial de cada zona permitiría la especialización y la formación de clústeres productivos.

Desafíos para atraer inversión extranjera

Actualmente, la inversión en parques industriales o zonas logísticas proviene principalmente de empresarios nacionales, señala Mena. No obstante, hay interés por parte de inversionistas de El Salvador, Costa Rica, Colombia y Asia en desarrollar parques tecnológicos especializados. Aun así, muchos dudan de si Guatemala es el destino ideal, debido a diversos factores.

Uno de los principales desafíos, según Font, es la tramitología. “Guatemala tiene más de 5 mil trámites relacionados con el Estado, y un 37% de ellos requieren hasta tres procesos distintos para obtener un permiso”, afirma.

Mazariegos advierte que el acceso a los servicios estatales está centralizado en la ciudad de Guatemala. Aspectos clave como el registro sanitario de alimentos o la calificación de plantas de producción no cuentan con sedes departamentales, lo que obliga a las empresas a gestionar toda la tramitología en la capital.

Otro obstáculo, según Font, es la infraestructura, tanto terrestre como marítima y aeroportuaria. Mazariegos añade que la deficiencia portuaria ha contribuido al alza en los precios de los alimentos. “Guatemala aún no cuenta con rutas desarrolladas para atender con eficiencia”, subraya Mena.

Por su parte, Guillén identifica la falta de promoción internacional como uno de los retos más relevantes. “Muchas empresas extranjeras no conocen las ventajas de Guatemala y se sorprenden al descubrir su estabilidad”, indica. Considera que el país debe posicionarse mejor en los mercados globales.

Actores clave para impulsar la descentralización

La descentralización requiere la participación activa de actores estratégicos que refuercen y actualicen las políticas públicas. Entre ellos destaca el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), responsable de carreteras, puertos y aeropuertos, según Font.

Desde el Congreso de la República, Font plantea la necesidad de modernizar la Ley de Alianzas Público-Privadas y aprobar una Ley de Fomento a la Inversión que establezca beneficios e instrucciones claras para el desarrollo industrial regional.

A nivel municipal, es esencial impulsar la formación técnica. Morales sostiene: “El Intecap tiene presencia en todo el país, un amplio presupuesto y capacita a miles de personas cada año. Es importante que desarrolle programas en función de las necesidades de la industria”.

Morales también afirma que el Ministerio de Economía, como ente rector de la política industrial y del desarrollo económico, debe coordinar con las alcaldías y dar prioridad a las ciudades intermedias. Por su parte, los alcaldes deberían ofrecer incentivos desde el ámbito municipal, como reducción de tasas o beneficios en licencias de construcción, para competir entre municipios por atraer inversión.

Además, para que la vida de empleados e inversionistas sea sostenible, es necesario que entidades gubernamentales como el Renap, la SAT, el Igss y el Instituto Guatemalteco de Turismo se instalen en los territorios con potencial, indica Benavides. Añade que este debe ser un esfuerzo deliberado entre actores locales, autoridades nacionales, iniciativa privada y el Estado.

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VIDEO | “El Salvador tiene más incentivos”: Piden a Mineco liderazgo para atraer empresas al interior

Expertos coinciden en que el Ejecutivo puede liderar el proceso de crear nuevos incentivos para abrir fábricas en la provincia, ante alta competencia de países vecinos.

Ximena Fernández

4 de noviembre de 2025

|

13:00h

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Durante "La Charla" con Lisardo Bolaños y Flaver Salazar, se destacó la necesidad de un compromiso por parte del Mineco para la creación de nuevos incentivos. (Foto Prensa Libre: captura de pantalla)

Para atraer a nuevas industrias, como la de manufactura ligera de autopartes, en otros sectores fuera de la capital del país, es necesario que el Ejecutivo y el Ministerio de Economía (Mineco) lideren el proceso para acelerar la creación de incentivos fiscales.

Esa fue la conclusión a la que llegaron Faver Salazar, diputado jefe de la Comisión de Economía del Congreso de la República y Lisardo Bolaños, coordinador técnico de Guatemala No Se Detiene, durante “La Charla”, el nuevo segmento de Guatemala No Se Detiene, en el que se abordaron las acciones para atraer inversión al interior del país y, de esta manera, generar mayores oportunidades de empleo.

Actualmente, “El Salvador ofrece hasta cuatro veces más incentivos que Guatemala. Tenemos que actuar”, destacó Bolaños, quien señaló que en el país se han observado reformas. En 2016, los regímenes fiscales de zonas francas y maquilas sufrieron una reducción que afectó negativamente la creación de empleo.

En 2021, se modificó la Ley de Zonas Francas y se aprobó un nuevo reglamento para las Zonas de Desarrollo Económico Especial, lo que derivó en la recuperación de la inversión extranjera directa. Esto, según Bolaños, demuestra que los incentivos son vitales para atraer inversión. “Pronacom y el Mineco deben ver en estas leyes herramientas para llevar inversión al interior”, afirmó Salazar.

Capacitación

Bolaños externó que el potencial se encuentra en los territorios comprendidos dentro de la “cruz logística”, es decir, lo que va de frontera a frontera: de México a El Salvador, y todo lo que conecta el océano Pacífico con el Atlántico.

Para fomentar la creación de empleo en nuevas industrias en estas regiones, señaló que es necesario contar con capacitación especializada para satisfacer las necesidades del sector.

Fue gracias a la capacitación y al Intecap que se logró atraer inversiones en autopartes en San Marcos, según Bolaños, quien aseguró que es necesario replicar este modelo en otros departamentos.

“Necesitamos cientos de espacios de capacitación si queremos atraer industrias como autopartes, electrónicos, electrodomésticos o textiles. Guatemala necesita crear cuatro millones de empleos formales. El espacio de oportunidad es enorme” añade.

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Acciones

Para Bolaños, estos meses deberían servir para acompañar al Congreso en la creación de mejores instrumentos y para promover reglamentos municipales que atraigan inversión nacional y extranjera.

Por otro lado, destacó la iniciativa de ley Promesa, la cual aborda los incentivos fiscales y la falta de un sistema sólido de ciencia y tecnología. Sobre esta ley, Salazar aseguró que ya se están buscando consensos para poder dictaminarla.

Salazar hizo hincapié en que al Mineco le corresponde hacer un “compromiso” para que más industria llegue al interior del país.

Asimismo, Bolaños recalcó que el Mineco debe trabajar de la mano con el Intecap para atraer empresas y desarrollar programas de formación que preparen a la mano de obra en el interior del país.

Créditos Tob’anik: Estas 10 cooperativas pueden prestar dinero a pequeños y medianos productores

Con presencia en la mayoría de departamentos, las cooperativas ofrecen acceso al programa de financiamiento del CHN. El proceso puede realizarse en línea o de forma presencial, según la entidad.

Ximena Fernández

3 de noviembre de 2025

|

17:51h

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Créditos Tob'anik se encuentran disponibles en diez distintas cooperativas. (Foto Prensa Libre: AFP)

Actualmente, el crédito Tob’anik puede obtenerse a través de 10 cooperativas ubicadas en distintas regiones del país.

El programa Tob’anik dispone de Q500 millones del Fondo de Crédito para Pequeños y Medianos Productores Agrícolas, creado mediante el Decreto 17-2024, y es administrado por el CHN. Los préstamos van desde Q3 mil hasta Q150 mil para pequeños productores, y hasta Q300 mil para medianos.

Estas cooperativas ofrecen cobertura nacional, con excepción de Izabal y Zacapa. Canek explicó que se encuentran en proceso de identificar cooperativas en esas áreas.

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Las 10 cooperativas

Para acceder a estas cooperativas, es necesario ingresar al sitio oficial de Créditos Tob’anik, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), y hacer clic en el botón Consultar aquí, ubicado bajo el título “Consultar aquí las cooperativas autorizadas”.
Ese enlace conduce a una nueva página en la que se detallan las cooperativas autorizadas para otorgar créditos del programa. La solicitud en cada institución puede realizarse de la siguiente manera:

1. Cooperativa de Ahorro y Crédito La Internacional (Intercop)

Esta cooperativa cuenta con una asignación de Q70 millones para otorgar créditos a agricultores. Su agencia central está ubicada en Sololá, y también tiene sedes en Guatemala, Sacatepéquez, Chimaltenango, Quiché, Quetzaltenango y Totonicapán.

Pasos para solicitar el crédito:

• Hacer clic en el botón Solicita tu crédito.
• Aparecerá una ventana en blanco al entrar a la página oficial. A la derecha, se desplegará una ventana emergente con el mensaje: Haz clic y solicita un crédito para alcanzar tus metas; seleccionar.
• Completar los datos solicitados y, en el campo “Tipo de crédito”, seleccionar agrícola.
• Enviar la solicitud.

2. Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Parroquial Guadalupana

Esta institución tiene asignados Q70 millones y su agencia central se encuentra en la Ciudad de Guatemala. También posee sedes en el área metropolitana de Guatemala, Mixco, San Cristóbal, San Miguel Petapa, Villa Nueva, San Lucas Sacatepéquez, Chimaltenango y Huehuetenango.

Pasos para solicitar el crédito:

• Hacer clic en el botón Solicita tu crédito.
• Seleccionar Guadalupana en Línea, en la esquina superior derecha dentro de la página oficial.
• Ingresar los datos de su cuenta. En caso de no tener una, debe gestionarse de forma presencial con un depósito inicial de Q200, presentar DPI y recibo de energía eléctrica.
• Una vez abierta la cuenta, podrá solicitar el crédito deseado.

3. Cooperativa Santa María Asunción R.L. (Coopsama)

Esta cooperativa dispone de Q35 millones para otorgar créditos a pequeños y medianos productores agrícolas. Su sede central está ubicada en Tactic, Alta Verapaz, y tiene cobertura en Santa Cruz Verapaz, San Cristóbal Verapaz, Purulhá, Chisec, Ixcán (Playa Grande), San Pedro Carchá y Sayaxché, Petén.

Pasos para solicitar el crédito:

• Hacer clic en el botón Solicita tu crédito. Esto dirigirá al sitio oficial de la cooperativa.
• Seleccionar la opción Créditos dentro de la página web.
• En la sección Nuestros Créditos, elegir la opción Agricultura.
• Hacer clic en Solicitar crédito.
• Indicar el monto y el plazo deseado.
• Completar la información requerida y enviar la solicitud.
• Un mensaje llegará al número telefónico proporcionado, indicando que un asesor de créditos se pondrá en contacto.

4. Cooperativa Cosami

Cuenta con una asignación de Q70 millones y su agencia central se ubica en Totonicapán. También tiene presencia en Quetzaltenango, Quiché, Retalhuleu, Suchitepéquez, Sololá y Guatemala.

Pasos para solicitar el crédito:

• Hacer clic en el botón Solicita tu crédito, que redirigirá al sitio web de la cooperativa.
• Dentro del sitio, seleccionar la opción Préstamos.
• Luego, hacer clic en Solicita tu crédito dentro de esa sección.
• Esto llevará a la opción Preanálisis, la cual debe completarse como paso previo para acceder al crédito deseado.
• Llenar la información solicitada.

5. Cooperativa El Bienestar

Cuenta con una asignación de Q15 millones para otorgar créditos Tob’anik. Su agencia central está ubicada en Quetzaltenango, y también se pueden solicitar créditos en Mazatenango y Retalhuleu.

Pasos para solicitar el crédito:

• Hacer clic en el botón Solicita tu crédito, que redirige al sitio web de la cooperativa.
• Acceder a la sección Productos y servicios, y seleccionar la opción Créditos.
• Desplazarse hasta encontrar la opción Iniciar solicitud.
• Completar los datos requeridos, seleccionar la opción Crédito agrícola y comenzar el proceso.

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6. Cooperativa Buenabaj

Esta cooperativa tiene asignados Q15 millones para la entrega de créditos. Su sede central se encuentra en Totonicapán, y los créditos están disponibles para personas que residen en la costa sur del país.

Pasos para solicitar el crédito:

• Comunicarse al número telefónico publicado en el sitio de Facebook, ya que el trámite se realiza únicamente de manera presencial, en las zonas donde la cooperativa tiene cobertura.

7. Cooperativa de Ahorro y Crédito Sija

Su agencia central está ubicada en Santa María Tzejá, Ixcán, Quiché, y cuenta con Q950 mil para la entrega de créditos.

Pasos para solicitar el crédito:

• Hacer clic en el botón Solicita tu crédito, que dirige a la página oficial de la cooperativa en Facebook.
• Allí se indica que las solicitudes de crédito para pequeños y medianos productores agrícolas deben realizarse por vía telefónica.
• Llamar a los números disponibles en la página y seguir las instrucciones proporcionadas.

8. Cooperativa El Progreso Occidente

Cuenta con una asignación de Q6 millones, y su agencia central está ubicada en Totonicapán. También tiene cobertura en Quetzaltenango y Sololá.

Pasos para solicitar el crédito:

• Hacer clic en el botón Solicita tu crédito, que redirige al sitio oficial de la cooperativa.
• Dentro del sitio, seleccionar la opción Inicio.
• Desplazarse hasta encontrar el apartado Préstamos y hacer clic en Ver más.
• En la nueva ventana se mostrarán los requisitos para acceder al crédito, así como un número telefónico para iniciar el proceso de solicitud.

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9. Cooperativa Yaman Kutx

Esta cooperativa tiene asignados Q70 millones y su sede central se ubica en Jacaltenango, Huehuetenango. Además, opera con varias agencias en el departamento de Huehuetenango.

Pasos para solicitar el crédito:

• Hacer clic en el botón Solicita tu crédito, que redirige al sitio web de la cooperativa.
• En la página oficial, seleccionar la opción Créditos y luego el apartado Agrícola.
• Allí se desplegarán los requisitos y beneficios del crédito, junto con el formulario para realizar la solicitud.

10. Cooperativa Tonantel

Cuenta con una asignación total de Q70 millones destinada a pequeños y medianos productores. Su sede central se encuentra en Nueva Santa Rosa, departamento de Santa Rosa. No obstante, En el sitio web de esta cooperativa no se detalla el procedimiento para solicitar el crédito Tob’anik.

Empresas gastan más de 1000 horas al año para cumplir con trámites burocráticos en Guatemala

Abrir una empresa en el departamento de Guatemala tarda 2 mil 283 horas. País ocupa el puesto 15 entre 21 economías evaluadas en el Índice de Burocracia 2025. La falta de coordinación institucional y el rezago digital son parte de las causas.

Ximena Fernández

1 de noviembre de 2025

|

06:00h

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Burocracia en Guatemala genera que una empresa se tarde más de 2 mil horas en comenzar a operar. (Foto Prensa Libre: Freepik)

En Guatemala se requiere un promedio de 2 mil 283 horas para abrir una empresa en el mercado formal. Esto quiere decir que, para cumplir con todos los trámites exigidos por los doce organismos del Estado, son necesarios 95 días, según el Índice de Burocracia de este año, publicado por el Adam Smith Center for Economic Freedom.

Dicho estudio fue presentado el 31 de octubre del 2025 por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), que se encarga de medir el tiempo que las empresas en Guatemala deben dedicar cada año al cumplimiento de los trámites ante distintas entidades estatales.

De esas 2 mil 283 horas, 1 mil 337 se destinan a trámites generales, es decir, obligatorios independientemente de la actividad productiva. Por otro lado, 1 mil 70 horas se emplean en trámites específicos, dependiendo del tipo de actividad económica.

Esto significa que, en promedio, una mediana empresa en Guatemala dedica más de mil horas al año a cumplir con las exigencias burocráticas, lo que equivale a 42 días continuos o 127 jornadas laborales de ocho horas, según Sigfrido Lee, investigador asociado al Cien y responsable de la investigación.

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¿Por qué no se ha avanzado?

En el 2021, en el país se aprobó la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, con el objetivo de agilizar los procesos institucionales mediante la simplificación y digitalización de los trámites necesarios para operar formalmente.

A pesar de estos esfuerzos, Guatemala ocupa el puesto 15 entre 21 países evaluados dentro de dicho índice. Esto, según Lee, se debe a tres factores principales:

• Falta de continuidad. Se desarrollan mejoras en ciertos trámites, pero luego se abandonan, lo que provoca retrocesos o estancamientos en los procesos.
• Problemas de integralidad. “No basta con mejorar un trámite si los demás permanecen iguales”, señaló Lee, quien argumentó que el proceso de inscripción de una empresa es tan eficiente como su trámite más lento. Es decir, aunque algunos procedimientos tomen 24 horas, si otros duran hasta seis meses, la industria no puede comenzar a operar.
• Transformación digital. El investigador indicó que, aunque se solicitó digitalizar los procesos, en algunas instituciones solo se subieron formularios a una página web. Esto significa que no se eliminaron requisitos innecesarios ni se simplificaron los trámites. “En la mayoría de casos solo se digitalizó el mismo formulario en PDF; eso no es transformación digital”.

Si en los próximos meses se avanza en estos tres aspectos, Lee afirmó que podrían reducirse de forma sustancial los tiempos y la burocracia, siempre que exista liderazgo y una visión integral de todos los procesos.

Sectores evaluados

Para la elaboración de este índice, se centraron en el análisis de medianas empresas de tres sectores específicos: el sector primario, que abarca las actividades de agricultura, ganadería, caza y silvicultura; el sector secundario, representado por la industria manufacturera; y el sector terciario, que incluye el comercio al por mayor y al por menor, así como el mantenimiento y la reparación de vehículos automotores y motocicletas.

De estos tres sectores, Lee destacó que el primario requiere, en promedio, un total de 2 mil 687 horas para abrir una empresa, siendo el que más tiempo demanda para formalizar una operación.

En el caso del sector secundario, de industria manufacturera, el tiempo acumulado asciende a 2 mil 337 horas. Por su parte, el sector terciario requiere 2 mil 407 horas para la apertura de una empresa, según los datos presentados por Lee.

En los dos primeros sectores, los trámites más tardados son los específicos, es decir, aquellos que dependen de cada actividad económica. Para el sector terciario, el trámite más prolongado es la inscripción en entes nacionales, con un total de 1 mil 222 horas, detalló Lee.

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Acciones para mejorar

Para avanzar en el corto plazo, Lee señaló que es fundamental medir para tener una conciencia real del problema. También argumentó que se necesita recuperar una visión integral de competitividad, lo que implica retomar un programa nacional orientado a ese objetivo.

Además, destacó que es necesario realizar un trabajo transversal, es decir, que las distintas agencias del Gobierno se comuniquen entre sí y coordinen las acciones necesarias para progresar.

Desde una perspectiva regional, Jady Valladares, directora de Facilitación de Comercio de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca), señaló que es prioritario homologar los trámites a nivel centroamericano y eliminar duplicidades. “Cuando cada país tiene sus propios requisitos, eso se convierte en un obstáculo”, explicó.

Según Valladares, si se armonizan los requisitos para un producto entre los países de Centroamérica, se facilitarían la exportación, la importación y la integración en cadenas regionales de valor.

Agregó que, al homologar los trámites de forma regional —en el marco de la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana—, se proyecta un ahorro de más de US$200 millones anuales en costos logísticos, con beneficios directos para más de 1.5 millones de mipymes.

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Datos del año pasado

En el índice publicado en el 2024, se requerían en Guatemala 4 mil 872 horas para cumplir con los trámites, superando en ese momento solo a Venezuela, donde se exigían 7 mil 108 horas, y a España, para la que se estimaban 13 mil 837 horas.

No obstante, los datos presentados este año no son comparables con los del año pasado, según Lee, debido a que se empleó una metodología distinta para el estudio.

Además, Lee explicó que este año no se consideró el trámite de licencia de construcción para las empresas entrevistadas, lo cual, según el investigador, tiende a inflar los tiempos en el caso de las pequeñas empresas.

Proyectos frutales y hortalizas concentran la mayor parte de los créditos Tob’anik

Hasta el 30 de septiembre se han otorgado 154 créditos, principalmente para cultivos de frutales, hortalizas y granos básicos. Los préstamos del programa van desde Q3 mil hasta Q300 mil, con una tasa de interés máxima del 13.5% anual.

Ximena Fernández

31 de octubre de 2025

|

06:00h

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Créditos Tob'anik esperan beneficiar, al finalizar octubre, aproximadamente 250 agricultores. (Foto Prensa Libre: EFE)

Según Maritza Canek, gerente de Banca Mipyme en funciones y gerente de Banca Social del CHN, hasta el 30 de septiembre se había registrado un total de 154 créditos del programa Tob’anik, otorgados a pequeños y medianos productores. Las vocaciones agrícolas con mayor acceso al crédito son los frutales, con un desembolso de Q3.4 millones; las hortalizas, con Q3.6 millones; los cultivos industriales, con Q3 millones, y los granos básicos, con aproximadamente Q2 millones.

El programa de créditos Tob’anik es una iniciativa de financiamiento para pequeños y medianos agricultores guatemaltecos, con un fondo total de Q500 millones. Fue creado a partir del Decreto 17-2024 y es administrado por el CHN. Los créditos van de Q3 mil a Q150 mil para pequeños productores y hasta Q300 mil para medianos, con una tasa de interés máxima de 13.5% anual.

Según estimaciones del Ministerio de Economía, el 99% de las empresas formales en el país son micro y pequeñas. “Estamos hablando de un millón de unidades productivas”, destacó David Casasola, investigador asociado al Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

A partir de ese dato, el investigador consideró que 154 créditos resultan pocos, aunque aclaró que se deben tomar en cuenta los criterios definidos y la priorización para alcanzar al perfil objetivo del programa.

Hasta la fecha, se reportan 10 cooperativas autorizadas, con créditos aprobados por un total de Q421 millones 950 mil, lo cual, según Canek, representa el 84% de los fondos. Sin embargo, solo se han desembolsado Q117 millones 975 mil, lo que equivale al 28% del monto autorizado.

Al cierre de octubre, Canek manifestó que estiman beneficiar a alrededor de 250 agricultores a través de las distintas cooperativas distribuidas en varias regiones del país.

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Los beneficiados

De los 154 beneficiarios, Canek reconoció que el 39.35% corresponde a pequeños productores y el 60.65% a medianos agricultores.

Los créditos se han distribuido de la siguiente manera: 32 en Quiché; 30 en Suchitepéquez; 11 en Alta Verapaz, Sololá y Jutiapa, respectivamente; siete en Retalhuleu y Santa Rosa; seis en Petén; tres en Baja Verapaz; dos en Jalapa y Chiquimula, y uno en Escuintla y Guatemala, según Canek.

Para David Casasola, si el programa busca impactar en la economía y generar empleo, es necesario priorizar actividades con alto potencial de crecimiento, capacidad de exportación y creación de trabajo formal.

En ese contexto, el investigador destacó el caso de los mini vegetales como un sector relevante en Guatemala. Añadió que también se ha observado un avance hacia productos procesados y empacados al vacío, los cuales ofrecen mayor valor agregado y duración. “Son sectores con nichos de mercado internacionales y con potencial de escalar, por lo que los perfiles deberían estar priorizados”, afirmó.

Casasola también subrayó la necesidad de contar con una estrategia de capacitación y educación financiera, así como formación sobre el uso responsable del crédito, para que este represente un apoyo y no una carga. Además, consideró importante garantizar el seguimiento del proceso, con respaldo de instituciones que brinden servicios financieros en áreas rurales.

Lo que sigue

La prioridad actual del CHN es el monitoreo y seguimiento de los fondos comprometidos, con el objetivo de asegurar que los desembolsos se ejecuten correctamente. “Queremos garantizar que los productores beneficiados reporten sus resultados”, afirmó Canek.

Además, debido a que el fondo es de naturaleza revolvente, Canek indicó que, en la medida en que se recuperen los recursos, se prevé otorgar nuevos préstamos o refinanciar a las cooperativas actualmente autorizadas.

“Lo más importante es asegurar eficiencia y competitividad, tanto en la colocación como en la recuperación del crédito”, destacó David Casasola.
El investigador subrayó que el diseño del programa debe garantizar que quienes otorgan los créditos lo hagan con eficiencia en sus costos y que exista una adecuada gestión de cartera.

Tecnología y construcción: Cuánto ganan profesionales en los sectores que mejor pagan, según estudio

Brechas entre la formación académica de los jóvenes y las necesidades reales del mercado laboral desembocan en puestos vacantes con remuneración alta.

Ximena Fernández

29 de octubre de 2025

|

06:00h

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Existen puestos especializados vacantes en sectores construcción y tecnología, los cuales son de los mejores remunerados. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Sectores como ITO y construcción cuentan con puestos vacantes con altos salarios. En promedio, dentro del primer sector se puede ganar hasta Q14 mil 300 mensuales, mientras que en el segundo, Q12 mil 600 mensuales, según el estudio Exploratorio sobre la oferta laboral universitaria como complemento del estudio Brechas de Talento 2024, de Global Apprenticeship Network (GAN) Guatemala y Guatemala No Se Detiene.

A pesar de esto, dichos sectores, además de agroindustria y servicios globales, reportan dificultades para cubrir puestos especializados. El estudio indica que entre los jóvenes universitarios persiste una brecha entre las competencias adquiridas en la formación académica y las habilidades prácticas que demanda el mercado. Además, el 72% de las organizaciones en Guatemala considera que es más difícil retener al talento joven que atraerlo.

Esto se dio a conocer el 28 de octubre, durante la presentación oficial del estudio de GAN y Guatemala No Se Detiene, y del informe titulado Talento joven y empresas: oportunidades y desafíos 2024, elaborado por Junior Achievement Americas y Manpower Group. Ambos documentos buscan ofrecer información relevante a los tomadores de decisiones, para que diseñen productos que cierren la brecha entre educación y empleo.

“Queremos que esta inclusión no se quede en teoría, sino que empecemos con acciones concretas y pequeñas victorias, porque la educación y la inserción laboral son procesos de largo plazo, pero necesitamos resultados visibles a corto plazo”, destacó Ligia Chinchilla, coordinadora de la Mesa de Capital Humano de Guatemala No Se Detiene.

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Sectores que buscan talento joven

En el tercer trimestre del 2025 se observó un auge en los sectores de tecnología y energía, además de todo lo relacionado con inteligencia artificial, aseguró Ricardo Gálvez, gerente general de Manpower Group: “En su momento se pensó que la IA quitaría empleos. Pero sucede lo contrario: ahora necesitamos a personas que programen, supervisen y garanticen la seguridad de estas tecnologías”.

El 19% de las empresas en Guatemala cuenta con vacantes en el área de Ventas y Atención al Cliente; el 12%, en el área de Finanzas y Bienes Raíces; y el 10%, en el área de Tecnologías de la Información, según el estudio de Manpower Group.

Para satisfacer las nuevas necesidades del mercado laboral y cubrir estos puestos, Alan Palala, director general de Currículum del Ministerio de Educación (Mineduc), destaca que se encuentran en un proceso de revisión y análisis de toda la oferta del ciclo diversificado. A partir de ello, Palala afirmó que se evalúan 13 nuevas carreras técnicas con una orientación distinta, entre ellas construcción, manufactura, electricidad y turismo.

Actualmente, el Mineduc cuenta con programas orientados a turismo, servicios de alimentos, producción industrial de alimentos y mantenimiento de equipo, según Palala, quien agregó que cada carrera se diseña de acuerdo con la demanda laboral del área donde se imparte.

Realidad salarial

El estudio de GAN revela que los jóvenes, incluso aquellos que ya trabajan, proyectan salarios por encima del promedio del mercado. Elisa Monteros, coordinadora de GAN Guatemala, afirmó que los estudiantes que ya se encuentran dentro del mercado laboral esperan ganar entre Q15 mil y Q18 mil mensuales, mientras que quienes no trabajan proyectan ingresos de aproximadamente Q11 mil.

En la práctica, el nivel educativo mejor remunerado es el posgrado universitario, con un salario promedio de Q17 mil mensuales. Le sigue el pregrado universitario, con un ingreso aproximado de Q9 mil al mes, según el estudio de GAN.

A partir de estos hallazgos, se plantea la necesidad de establecer escalas salariales que permitan ofrecer remuneraciones competitivas, según el estudio de Manpower Group. Esto, debido a que el 37% de los jóvenes prioriza un salario competitivo al elegir un empleo, mientras que el 58% espera al menos percibir el salario mínimo.

Para Gálvez, es necesario que los jóvenes cuenten con una guía básica de economía durante sus últimos años de colegio, para aprender a elaborar un presupuesto personal.

“Cuando uno aprende a hacer un presupuesto, entiende lo que realmente necesita para vivir”, afirmó Gálvez, quien señaló que esta es una forma en que los estudiantes pueden aterrizar sus expectativas salariales y tomar decisiones realistas sobre su primer empleo y desarrollo profesional.

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Habilidades blandas: lo que se debe mejorar

En los últimos 12 meses, el 83% de las empresas que participaron en la encuesta de Manpower Group y Junior Achievement Americas contrató a jóvenes de entre 18 y 20 años, de las cuales el 50% eran grandes compañías con más de 250 empleados. Además, el 76% de las empresas guatemaltecas planea contratar a más jóvenes durante el próximo año.

A pesar de ello, las habilidades blandas fueron catalogadas como una debilidad. La negociación, la persuasión y la percepción social mostraron brechas entre las distintas carreras evaluadas en el estudio de GAN.

La negociación presentó una brecha de hasta 50% entre estudiantes de negocios, derecho, perfiles técnicos y del área de salud. Por su parte, la autopercepción mostró diferencias de hasta 40% en carreras como ciencias de la salud e ingeniería. Asimismo, la percepción social es considerada una fortaleza en psicología y derecho, pero una debilidad en ingeniería, según el estudio.

Por otro lado, el informe resalta que los universitarios cuentan con fortalezas en pensamiento crítico, gestión del tiempo, escucha activa y orientación al servicio. No obstante, la disparidad en habilidades como la negociación puede afectar aspectos clave como el liderazgo y el trabajo en equipo.

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Concentración en la capital

Guatemala cuenta con una de las poblaciones más jóvenes de América Latina. El estudio revela que más del 60% de la población tiene menos de 30 años, lo cual indica que el país posee un alto potencial para el desarrollo económico y social.

A pesar de ello, el 61% de los estudiantes universitarios encuestados reside en el departamento de Guatemala, según el estudio. Este dato permite identificar un problema en dos vertientes: la concentración de la población en dicho departamento y la concentración de instituciones de educación superior en la capital.

El informe señala que el bono demográfico joven no garantiza por sí solo el crecimiento, ya que este depende de la capacidad nacional para generar oportunidades educativas y laborales.

De acuerdo con el estudio, la falta de educación superior en el interior limita el acceso a formación profesional, lo que restringe la movilidad y diversificación del capital humano disponible. Para revertir esta situación, se deben promover políticas públicas y alianzas institucionales que amplíen la oferta académica fuera de la capital.

Monteros destacó la necesidad de mejorar el acceso a la educación pública en el interior del país. “Hay que fortalecer los centros educativos e institutos, no solo en calidad educativa, sino también en condiciones físicas”, argumentó.

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Cómo cerrar la brecha

Para cerrar las brechas detectadas en el ámbito laboral y educativo, el estudio de GAN recomienda establecer mecanismos de coordinación permanente entre universidades, cámaras empresariales y el sector productivo. El objetivo es adaptar los planes de estudio a las necesidades del mercado laboral y promover programas académicos orientados a la empleabilidad.

Monteros afirmó que es necesario fortalecer las pasantías y la educación dual: “Si empezamos ahora, aún podríamos aprovechar el bono demográfico a través del aprendizaje basado en el trabajo, donde las empresas abren sus puertas y los jóvenes adquieren experiencia real”.

Por su parte, Chinchilla argumentó que un buen programa universitario debe mostrar cómo funciona la realidad profesional, mediante prácticas constantes.

Asimismo, Chinchilla destacó la necesidad de mejorar la formación docente, ampliar el programa Mi Primer Empleo y establecer procesos de mejora que certifiquen los programas por su calidad.

Declararse insolvente en Guatemala: Qué harán los cargos claves que asistirán a los “jueces de quiebras”

El reglamento que permitirá aplicar la ley ya está en la última fase de revisión. Se prepara la designación de registrador, subregistrador y secretario para operativizar la ley y agilizar los procesos de insolvencia.

Ximena Fernández

27 de octubre de 2025

|

06:00h

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Registrador, subregistrador y secretario son puestos ya confirmados que se crearán para atender insolvencias. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Para atender los requerimientos de la Ley de Insolvencias, una vez sea aprobado su reglamento, se prevé la creación de tres puestos clave: registrador, subregistrador y secretario general. El registrador será responsable de inscribir a los administradores concursales, quienes actuarán como auxiliares de los jueces en los procesos de insolvencia y volverlos ágiles, según Lisardo Bolaños, coordinador técnico de la iniciativa Guatemala No Se Detiene.

Además, se pretende aprobar alrededor de dos docenas de nuevas plazas, según información del Ministerio de Economía (Mineco). Aunque aún no se conoce con certeza cuáles serán autorizadas, se contemplan cargos de directores, operadores y personal de apoyo.

La Ley de Insolvencias fue aprobada en el 2022; sin embargo, todavía no se ha logrado la validación del reglamento necesario para aplicar dicha ley en el país. Este reglamento abarca dos aspectos clave para su implementación adecuada: el registro y el tarifario de los administradores concursales. El registro operará dentro del Mineco.

Para lograr la creación de estos cargos, se deberá establecer el Registro de Procesos de Administradores Concursales. Esto se conseguirá mediante una reforma al reglamento orgánico interno del Mineco, lo cual, según Sara Larios, viceministra de Asuntos Registrales de esa cartera, se concretará antes de finalizar el año, con el apoyo de la Oficina Nacional de Servicio Civil.

Asimismo, se espera concretar y publicar el reglamento antes de que inicie el 2026, según Larios, quien agregó que esto dependerá de las verificaciones de la Secretaría General de la Presidencia.

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Qué hará cada cargo

Según el decreto 8-2022, de la ley de insolvencias, el registrador, subregistrador y secretarios tendrán las siguientes funciones: 

• Registrador de Procesos y Administradores Concursales: Será la máxima autoridad del Registro de Procesos y Administradores Concursales y tendrá fe pública registral.
  Deberá ser notario con al menos diez años de ejercicio profesional y será nombrado por el ministro de Economía por un periodo de seis años, prorrogable.
  Dado que la función principal del registrador será habilitar e inscribir al personal que participará en los procesos de insolvencia, un aspecto clave será definir los mecanismos para incentivar a abogados, economistas y administradores a convertirse en administradores concursales. “Ellos son clave para agilizar el proceso”, destacó Bolaños.

• Subregistrador de Procesos y Administradores Concursales: Este cargo asumirá las atribuciones que determine el reglamento de la Ley de Insolvencias y podrá sustituir al registrador en casos de falta o ausencia temporal que no excedan los dos meses.
  Al igual que el registrador, deberá contar con un mínimo de diez años de ejercicio profesional como notario y será designado por el ministro de Economía por un periodo de seis años.

• Secretario general del Registro y otros órganos: Su función principal será apoyar el correcto funcionamiento administrativo del registro. También velará porque los actos registrales, los asientos y los documentos electrónicos se realicen con integridad. Tendrá la facultad de emitir certificaciones y las demás atribuciones que se establezcan en el reglamento.
  El secretario será nombrado por el registrador y deberá haber ejercido como notario por lo menos ocho años, además de acreditar una experiencia mínima de cuatro años en entidades públicas.

Tanto el registrador como el subregistrador podrán ser removidos al finalizar su periodo o por ejercer otro empleo distinto al de su función, excepto la docencia. También podrán ser separados si se postulan a un cargo de elección popular, proporcionan información falsa o alterada, cometen actos ilícitos durante su gestión o incumplen las obligaciones establecidas en la ley o su reglamento.

Bolaños enfatizó que se trata de la creación de una nueva institución, lo que hace indispensable un proceso constante de capacitación. “Será necesario construir capacidades”, afirmó, y añadió que se requerirá personal con un perfil general, pero con conocimientos sólidos en derecho administrativo, ya que serán los responsables de desarrollar la entidad y dotarla de capacidad operativa durante sus primeros años.

Además, el registro debería implementarse con un enfoque digital, según Bolaños. A su criterio, en lugar de establecer una institución grande, se debería crear un registro ágil y moderno, en el que la digitalización sea un componente esencial.

Proceso del reglamento

El reglamento concluyó su paso por el Organismo Judicial (OJ), tras recibir dictamen favorable de esa institución. Con la aceptación del OJ, el Ministerio de Economía (Mineco) lo remitió a la Secretaría General de la Presidencia, entidad que también debe revisarlo antes de trasladarlo para su aprobación por parte del presidente Bernardo Arévalo.

Bolaños señaló que debe haber una coordinación directa con la Procuraduría General de la Nación (PGN) y con la Secretaría General de la Presidencia, así como la realización de reuniones conjuntas para resolver observaciones y aclarar dudas. “Si el proceso se deja fluir de forma tradicional, puede tardar de seis meses a un año”, advirtió.

Para agilizar el procedimiento, Sara Larios, viceministra de Asuntos Registrales, explicó que se conformó una mesa técnica conjunta con la Secretaría General, con el objetivo de abordar aspectos de forma en la redacción del reglamento. “Una vez finalizado ese proceso, el reglamento estará listo para presentarlo al presidente para su aprobación”, destacó la funcionaria.

Larios afirmó que existe la intención y conciencia sobre la importancia de este asunto para avanzar de manera ágil: “Hemos tenido cercanía con la Secretaría General de la Presidencia, que ha mostrado apoyo para avanzar lo antes posible”.

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Siguientes pasos

Una vez aprobado el reglamento, el Ministerio de Economía (Mineco) deberá emitir un acuerdo de aranceles, que funcionará como marco regulatorio para las tasas de servicio del nuevo registro, según explicó Sara Larios, viceministra de Asuntos Registrales. Agregó que este trabajo ya está en proceso.

Asimismo, deberá iniciarse el funcionamiento de nuevas salas o juzgados, lo cual corresponde al Organismo Judicial (OJ). Sobre este punto, Larios indicó que durante junio se capacitó —en alianza con la Escuela de Estudios Judiciales del OJ y con apoyo del Banco Mundial— a jueces y magistrados que ejercen jurisdicción en esta materia.

La viceministra añadió que se tiene previsto continuar con estos procesos de formación, no solo dirigidos a jueces y magistrados, sino también a abogados interesados en casos de insolvencia.

Bolaños recordó que, según el artículo 10 de la Ley de Simplificación de Trámites, debe haber un periodo de 30 días antes de oficializar el reglamento, durante el cual se debe recibir retroalimentación pública. Además, es necesario garantizar la transparencia respecto de dónde estará disponible el documento. “Esto permitirá que los interesados aporten observaciones antes de su aprobación final”, afirmó el experto.

Cómo podría Guatemala garantizar la energía para tener super ciudades inteligentes

El Summit de Energía Renovable abordará ciudades inteligentes e inversiones para atraer nuevas industrias con energía limpia.

Ximena Fernández

23 de octubre de 2025

|

06:00h

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Los territorios inteligentes son uno de los puntos que se tocará en SER 2026 (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Para que Guatemala pueda convertirse en un territorio inteligente, necesita energía. Durante el Summit de Energía Renovable 2026 (SER) se abordará cómo lograrlo de forma sostenible.

Actualmente, en Guatemala hay alrededor de siete municipios que buscan convertirse en territorios inteligentes, según comentó Julio Herrera, director ejecutivo de Red Ciudadana, durante una entrevista a Prensa Libre. Para alcanzar ese objetivo, los municipios necesitan datos y un punto que conecte todo el territorio, según comentó a Prensa Libre María Zaghi, comercializadora del CampusTec.

Para concretar este tipo de proyectos de conectividad, es necesario contar con energía. Así se expuso durante la presentación del SER, realizada el 22 de octubre, en la que se presentó el evento y los principales temas que se abordarán.

En el 2024, la matriz energética finalizó con 66% de generación renovable; sin embargo, la meta establecida en la política energética actual es alcanzar el 80%, externó Alfonso González, presidente de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager).

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No obstante, la demanda eléctrica ha crecido a pasos agigantados, el doble de lo que aumenta el Producto Interno Bruto (PIB). Por ello, González afirmó que se requieren capacidades de generación superiores a las actuales: “Tenemos un país lleno de recursos naturales que nos permitirían seguir instalando generación nueva”.

González argumentó que es necesario contar con inversiones y estrategias para atender dos industrias: la generación y la transmisión. El 23 de abril del presente año se dieron a conocer las licitaciones para la PEG-5 y PET-3, proyectos enfocados en proveer energía al país durante los próximos 15 años. “Esperamos que sea una licitación donde el 50% de la adjudicación de energía sea renovable”, adujo González.

Los cinco puntos clave

Para seguir satisfaciendo las necesidades energéticas de la población, es necesario continuar con la construcción de más plantas generadoras y proyectos de transmisión. Para Alfonso González, debería apostarse por la energía renovable, ya que el país tiene capacidad suficiente para reducir las emisiones de CO₂ y contribuir al combate del cambio climático.

A partir de ello, Astrid Perdomo, directora ejecutiva de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager), mencionó durante la presentación del SER que se identificaron cinco puntos clave para posicionar a Guatemala como un referente energético.

Además de las ciudades inteligentes, se enfocarán en la transición energética; las megatendencias —entre ellas, la atracción de inversiones de nuevas industrias como la inteligencia artificial y los centros de datos—; la adaptación del país a la nueva demanda energética, y una hoja de ruta para avanzar en la generación de energía renovable.

Según González, si no se impulsa una mayor generación renovable, existe el riesgo de que la matriz se torne más térmica que renovable.

Desafíos para la PEG-5 y PET-3

Ante el rechazo del único oferente para la PET-3, Alfonso González urgió un nuevo proceso de licitación para redes de transmisión. Asimismo, propuso que se comience a plantear la próxima PEG-6 como una licitación que promueva una alta participación de energías renovables.

Para González, este proceso debe estar respaldado por un compromiso de las autoridades, que acompañen a los inversionistas y faciliten la instalación de líneas de transmisión en el interior del país: “Si el gobierno acompañara de una manera formal y estratégica el desarrollo y ejecución de estas inversiones, habría mayor facilidad para conseguir los derechos de paso, por ejemplo, que es uno de los grandes retos de las líneas de transmisión”.

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En cuanto a la PEG-5, Astrid Perdomo, directora ejecutiva de la Ager, indicó que la participación empresarial conlleva un alto riesgo, especialmente desde el punto de conexión a las redes. Añadió que los supuestos de fuerza mayor actualmente solo consideran “desastres naturales”, por lo que, si un inversionista enfrenta un conflicto con una comunidad durante la construcción de una obra, este no aplicaría como causa de fuerza mayor.

“Por eso creemos que los inversionistas están evaluando muy cuidadosamente sus ofertas técnicas”, destacó Perdomo, quien indicó que estas se presentarán el 12 de febrero del próximo año.

Según González, se espera que durante este año se autoricen 60 proyectos solares de distintas escalas, y un número similar en el 2025.

El SER 2026

El Summit de Energía Renovable 2026 (SER) se celebrará el 5 de febrero de 2026, y en él se abordarán cinco temas centrales, entre los que se incluyen las ciudades inteligentes.

El evento tiene como objetivo posicionar a Guatemala como un referente energético en la región, fortalecer la confianza en el sector eléctrico, reafirmar la certeza jurídica y promover la generación de nueva energía.

Según Perdomo, se espera la participación de más de 500 asistentes, entre ellos funcionarios de gobierno, representantes de organismos internacionales, diplomáticos, empresarios, miembros de la banca, la academia y líderes de opinión.

“Eso es lo que queremos promover en el SER: dar a conocer hacia dónde va el mundo, porque el requerimiento de energía eléctrica no es solo en Guatemala, es mundial, y cada día la modernidad, la inteligencia artificial y la tecnología están requiriendo cantidades de energía mayores que antes”, afirmó Alfonso González.

Sin vuelos comerciales a Xela: Buscan reactivar mesa para subir categoría de aeródromo

El cierre de frecuencias de Tag Airlines dejó sin conexión aérea comercial a Quetzaltenango. Sectores piden reactivar mesa para concretar internacionalización del aeródromo con mejoras de seguridad y de equipo.

Ximena Fernández

22 de octubre de 2025

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06:00h

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Tag Airlines suspendió la ruta Quetzaltenango-Guatemala por tiempo indefinido. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

A partir del 1 de septiembre, Tag Airlines dejó de ofrecer vuelos de Guatemala a Quetzaltenango en el aeródromo de Los Altos, ubicado en Quetzaltenango. Según Jorge García, presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala, filial Quetzaltenango, esto podría deberse a la falta de equipo: “probablemente de aviones”, señaló García.

Fernando Suriano, viceministro de Transporte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, indicó que el cierre de la ruta no está vinculado a un problema de infraestructura, sino a una decisión de la empresa privada.

Tras la salida de Tag, las personas que requieran viajar por vía aérea deberán hacerlo mediante vuelos privados, lo cual podría afectar la economía de los usuarios. Según García, un vuelo de Tag podía costar alrededor de US$200 ida y vuelta —lo que se traduce aproximadamente en Q1 mil 600—, mientras que los vuelos privados cuestan cerca de Q2 mil 500 solo por trayecto.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) reconoció que Tag suspendió la ruta entre Guatemala y Quetzaltenango, aunque no se cerró de forma definitiva. No obstante, se desconoce cuánto tiempo estará suspendida la operación.

Por otro lado, Suriano aseguró que Tag no les comunicó una razón específica por la cual decidieron retirarse.

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¿Qué se debe mejorar?

Todas las aerolíneas evalúan la rentabilidad según el mercado, así como las condiciones y capacidades aeroportuarias para contar con operaciones seguras. Además, toman decisiones con base en estudios de mercado, evaluación de condiciones aeroportuarias y certeza legal y fiscal, según dio a conocer una fuente del sector a Prensa Libre.

A partir de ello, García mencionó que otras aerolíneas comerciales no se interesan por este mercado, ya que actualmente la pista permite una llegada limitada de 19 pasajeros por vuelo, aunque hay espacio para recibir aeronaves de hasta 60 pasajeros. “Está comprobado que el aeródromo podría recibir aviones de mayor capacidad. No obstante, tampoco contamos con el equipo adecuado”, argumentó García.

El equipo requerido para el aeródromo incluye una unidad de bomberos, que pueda cubrir emergencias o contingencias si fuera necesario.

Según Suriano, lo recomendable sería realizar reuniones con el sector privado. “Las mismas empresas nos han dicho que no hay suficiente demanda local”, afirmó el viceministro, quien recomendó generar una constancia de pasajeros entre el sector privado vinculado a los vuelos y el sector turístico.

Desde la perspectiva privada, para mejorar las condiciones del aeródromo, corresponde a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), al Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) y al empresariado quetzalteco integrar una comisión o mesa técnica. “Como empresarios, no lo podemos hacer solos”, destacó García.

Internacionalización

En febrero del 2025 se puso en marcha un plan para categorizar formalmente al aeropuerto de Los Altos como internacional. La inauguración, según estimaciones, podría realizarse el 15 de diciembre del 2026. No obstante, García señaló que la última reunión se llevó a cabo hace tres o cuatro meses, por lo que el asunto no se ha abordado recientemente.

Para atraer a más aerolíneas y abrir vuelos comerciales, García advirtió que es necesario que el aeródromo esté certificado como internacional y que cuente con todos los requisitos establecidos por las instituciones internacionales que regulan la aeronáutica.

Según Suriano, se requieren elementos fundamentales para lograr esa categoría: bomberos aeronáuticos con el equipo correspondiente, la adquisición de una torre de control, fortalecimiento del recurso humano, así como seguridad, iluminación y equipamiento técnico.

Durante el 2025, según la DGAC, en entrevista con Prensa Libre en marzo del 2025, se buscaría trabajar en la confección de los términos de referencia y en la elaboración de las bases para las licitaciones de ciertos insumos, como la adquisición de una torre de control remota y una motobomba para los bomberos aeronáuticos. También se deberían realizar las definiciones aeronáuticas necesarias para la integración de las comunicaciones del área.

Asimismo, durante la misma entrevista, se mencionó que, este año, se llevaría a cabo la contratación del diseño y desarrollo del aeropuerto, así como la planificación y ejecución de los drenajes pluviales, además del diseño, planificación y construcción del sistema eléctrico completo.

¿Volar a Cobán? Empresas podrían instalar vuelos comerciales a Alta Verapaz

La construcción de una terminal aérea, el remozamiento de la pista y un nuevo muro perimetral permitirán habilitar viajes económicos hacia la capital. TAG y Mundo Maya Volando han mostrado interés en operar rutas.

Ximena Fernández

17 de octubre de 2025

|

18:00h

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Rutas comerciales podrían operar en el aeródromo de Cobán al mejorar la infraestructura. (Foto Prensa Libre: Cortesía DGAC)

A partir de las mejoras que se buscan en el aeródromo de Cobán —como la construcción de una terminal aérea, el remozamiento de la pista y la construcción de un muro perimetral—, dos empresas estarían interesadas en ofrecer vuelos comerciales entre Cobán y la capital. Esto, según Diego Fernández, presidente de la Comisión de Turismo Sostenible de Agexport, quien reveló que las empresas serían Mundo Maya Volando y TAG.

“El potencial que un territorio como Alta Verapaz tiene para elevar su competitividad y desarrollarse en todo el ámbito de negocios es sumamente importante”, destacó Fernández. A pesar de ello, hay aerolíneas que no pueden operar directamente una ruta aérea, pues necesitan cumplir con regulaciones de seguridad y disponer de los espacios adecuados para aterrizaje y operación, según Fernández.

De enero a septiembre del 2025, se registraron 11 mil 849 pasajeros en el aeródromo, según datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Además, dicha terminal se encuentra en segundo o tercer lugar a nivel nacional en recepción de vuelos, según Fernández, quien asegura que, a partir de las mejoras, los pasajeros podrían aumentar entre 40% y 60%.

Estos trabajos son vitales para que nuevas aerolíneas vean en la terminal de Cobán una oportunidad para operar vuelos con más conexiones hacia el occidente, norte y altiplano del país, afirmó Eduardo Arriaza, planificador de proyectos del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).

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Nuevos vuelos comerciales

Uno de los retos que enfrenta Cobán actualmente es la ausencia de vuelos comerciales. En su lugar, operan vuelos privados con boletos de alto costo, valuados entre Q1 mil 200 y Q1 mil 800 por un viaje hacia la capital, y entre Q2 mil y Q2 mil 500 por el regreso a Cobán, según Diego Fernández.

Los sectores de salud, turismo y negocios son los que más requieren transporte aéreo, indicó Fernández, quien explicó que este medio permitiría ahorrar hasta cinco horas de trayecto, ya que el vuelo dura alrededor de media hora. Por esta razón, se plantea como primer paso establecer una ruta entre Cobán y la capital.

No obstante, Arriaza mencionó que el objetivo es captar el interés del sector privado para abrir nuevas rutas desde Cobán hacia distintos aeródromos del país.

“Al momento de tener una empresa con vuelos comerciales, definitivamente los precios serían más bajos”, afirmó Fernández, quien señaló que actualmente las tarifas turísticas aumentan si se suma el traslado aéreo.

Según Fernández, el comercio y las inversiones han crecido en la región, lo que ha llevado a varias empresas a enviar a sus gerentes o personal hasta ese lugar, incrementando así la cantidad de pasajeros.

Asimismo, el sector salud también se ha visto afectado por la situación actual, pues en casos de emergencias médicas se debe recurrir al traslado aéreo de pacientes. A esto se le conoce como “vuelos ambulancia”, explicó Mynor González, encargado de aeródromos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), quien añadió que el aeródromo podría utilizarse para llevar pacientes hacia la capital.

¿Por qué se debe mejorar?

El turismo podría beneficiarse del mejoramiento del aeródromo de Cobán. Fernández lo comparó con un producto de calidad que debe exhibirse a los visitantes o turistas.

“Yo, como empresario del sector turístico, tengo alianzas con empresas que ofrecen vuelos. Eso me permite ir a vender mi destino turístico a otro país y ofrecer conectividad aérea”, afirmó Fernández, quien añadió que los visitantes también se beneficiarían, ya que ahorrarían tiempo y podrían conocer más lugares.

En el ámbito de negocios, el uso de transporte aéreo resulta esencial para que los empresarios puedan ir y volver en el mismo día, destacó González. Explicó que, en la actualidad, se pierde un día completo solo en el trayecto, sin contar el tiempo que se requiere para realizar gestiones en la región y luego emprender el retorno.

“Estamos interesados en mejorar las condiciones del aeródromo para que los visitantes cuenten con instalaciones dignas: que haya servicios sanitarios y lugares para sentarse cómodamente”, afirmó Arriaza.

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Las tres áreas de mejora

Para elevar la competitividad en el sector de Alta Verapaz, Fernández informó que se ejecutarán tres proyectos, los cuales, según González, contribuirán a brindar un mejor servicio a los pasajeros y a cumplir con los estándares necesarios de seguridad operacional. Las obras serán desarrolladas en conjunto por el sector privado, la DGAC, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), el Inguat y con apoyo de la municipalidad de Cobán.

1. Construcción de un muro perimetral. Estará a cargo del sector privado y la municipalidad de Cobán, y tiene como objetivo cercar el área del aeródromo para garantizar seguridad perimetral y evitar el ingreso de personas, animales u objetos en zonas operativas. Esto permitirá mayor seguridad en las maniobras de aterrizaje y despegue. El presupuesto estimado es de Q850 mil solo en materiales de construcción.
   Fernández aseguró que la municipalidad colaborará con los permisos de obra y aportará la mano de obra, mientras que el sector privado donará los materiales.
2. Construcción de una terminal aérea. Este proyecto está bajo la responsabilidad del Inguat, que actualmente elabora los planos arquitectónicos. Dichos planos deberán ser aprobados por Segeplan para su incorporación al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), con el fin de contratar posteriormente a la empresa ejecutora, en cumplimiento con las normas aeronáuticas.
   González advirtió que será necesario demoler el espacio existente para levantar la nueva estructura. Según Eduardo Arriaza, los trabajos preliminares incluirán demolición, construcción de muros, cubierta, losas, e instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y especiales. Actualmente, el Inguat trabaja en la cuantificación y elaboración del presupuesto.
3. Remozamiento de la pista de aterrizaje. A cargo de la DGAC en coordinación con el CIV, este proyecto contempla la renovación de la cinta asfáltica y la señalización. Según González, continúan las gestiones con el CIV para definir los tiempos de ejecución y el presupuesto correspondiente.
   Por otro lado, Eduardo Arriaza comentó que el Inguat también se encargará de la remodelación del área de servicios para el personal operativo. “El personal operativo y administrativo debe contar con instalaciones dignas para poder hacer su trabajo”, afirmó. Añadió que se brinda apoyo en el remozamiento de espacios comunes, comedor, habitaciones y servicios sanitarios.

El proyecto, según Fernández, debería estar finalizado a finales del 2026, aunque esto dependerá de la construcción del muro perimetral, la adjudicación de la empresa que construirá la terminal aérea y la planificación relacionada con el remozamiento de la pista de aterrizaje y la señalización.

Además, Arriaza indicó que la nueva terminal podría estar terminada durante el primer cuatrimestre del 2027, tomando en cuenta los plazos de licitación y aprobación del equipo.

Guatemala podría tener nuevas rutas y una gran autoridad de transporte con el plan vial de KOICA

Las propuestas buscan ordenar el tránsito en 17 municipios con una autoridad única, nuevas rutas y un transporte integrado que conectaría más puntos en el área metropolitana.

Ximena Fernández

17 de octubre de 2025

|

06:00h

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El transporte público en Guatemala podría tener nueva autoridad metropolitana con tres opciones que propone el plan Koica, para conectar hasta a 17 municipios. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

El Plan Koica podría generar un transporte integrado, una nueva autoridad y nuevas rutas, según Karla de la Cruz, subdirectora de Estructuración y Contratación de la Anadie.

El 26 de septiembre se entregó oficialmente el “Plan maestro de movilidad para el área metropolitana” —conocido también como Plan Koica— al Organismo Ejecutivo. El proyecto fue desarrollado por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica), junto con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie).

Este plan buscará mitigar la congestión vehicular en los 17 municipios del área metropolitana, a partir de dos ejes: uno de infraestructura y otro de movilidad. En este último se plantean propuestas que buscarán crear una autoridad de transporte metropolitano para ordenar el tránsito en Guatemala.

Los 17 municipios son los siguientes: San Juan Sacatepéquez, San Raymundo, Chuarrancho, San Pedro Sacatepéquez, Mixco, Chinautla, San Pedro Ayampuc, San José del Golfo, Villa Nueva, Ciudad de Guatemala, Palencia, San Miguel Petapa, Santa Catarina Pinula, San José Pinula, Amatitlán, Villa Canales y Fraijanes.

Si se cumple de forma efectiva, el tráfico en el área metropolitana podría mejorar, según Héctor Flores, gerente general de Emetra, quien destacó que el crecimiento urbano que han tenido tanto el municipio de Guatemala como los municipios aledaños refuerza la necesidad de una autoridad que articule la movilidad mediante coordinación interinstitucional.

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4 puntos que podrían cambiar con el Plan Koica

1. Conectar a 17 municipios

Los ciudadanos podrían contar con un nuevo sistema de transporte integrado que recorrería los 17 municipios del departamento de Guatemala, con el objetivo de mitigar la congestión vehicular en el área metropolitana. Este sistema tendría una alta capacidad operativa.

2. Autoridad de Transporte Metropolitano

Se busca la creación de una autoridad encargada del transporte público masivo municipios involucrados, según Karla de la Cruz, subdirectora de Estructuración y Contratación de la Anadie.

Esta entidad definiría el diseño de nuevas rutas, así como los tiempos de llegada y salida del transporte público que conectará diversos sectores del área metropolitana.

“Es una de las piezas centrales de la construcción para un nuevo modelo de administración de la movilidad y el transporte. Estamos hablando de una necesidad urgente”, destacó Héctor Flores, gerente general de Emetra.

3. Rutas de metrobús y otros medios

Se establecerían nuevas rutas y estructuras para el transporte público, a partir de la autoridad propuesta. También se contempla ampliar las rutas existentes y desarrollar rutas alimentadoras, posiblemente mediante más unidades de Transmetro u otros vehículos similares, según De la Cruz. Añadió que la Anadie puede apoyar con la estructuración de proyectos, aunque enfatizó que este asunto es competencia municipal.

El plan Koica plantea algunas posibles rutas, como la extensión del Metrorriel hacia Palencia y Villa Nueva, y la conexión de líneas desde Mixco, el Obelisco y Santa Catarina Pinula con el Metrorriel. Estas rutas, sin embargo, son solo propuestas, aclaró la Anadie.

Actualmente, las líneas de transporte se organizan según las necesidades de cada municipio. Por ello, la nueva autoridad tendría la responsabilidad de proponer una visión integral que fomente la creación de rutas largas y cortas, con paradas estratégicas y conexiones con otros medios de transporte, explicó Flores.

4. Un mismo sistema de tarifas para todos los municipios

El plan contempla la implementación de un sistema tarifario unificado, que incluiría transbordos y centrales de transferencia. También se busca renovar la flota de transporte público mediante unidades eléctricas.

Flores considera que la autoridad propuesta debe encargarse de evaluar los recursos ya existentes en materia de transporte, con el fin de mejorar su eficiencia y lograr un funcionamiento efectivo del sistema, utilizando los insumos disponibles.

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¿Cómo debería ser la nueva autoridad de transporte?

La autoridad que rija el transporte público metropolitano debería contar con un alto grado de autonomía, tecnificación y con una planificación que trascienda los periodos de gobierno de cuatro años, según Fernándo Suriano, viceministro de Transporte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

Asimismo, debería establecer su propio régimen de servicio civil. “En Guatemala no tenemos una ley de servicio civil. La institucionalidad de este es demasiado débil, casi inexistente”, subrayó Suriano, quien añadió que es necesario incorporar elementos que obliguen a las municipalidades a vincularse al plan.

En cuanto a los recursos, Suriano enfatizó que la nueva autoridad debería tener autonomía financiera, de modo que el presupuesto se maneje de forma estable y constante, lo cual permitiría financiar obras, logística y personal técnico.

Para la creación de esta entidad, existen tres rutas legales posibles, según Karla de la Cruz, subdirectora de Estructuración y Contratación de la Anadie, quien explicó que la duración del proceso dependerá del camino jurídico que se elija. “Nosotros ya analizamos posibles rutas legales; hay algunas a corto plazo y otras a mediano plazo”, indicó.

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• Creación por decreto: Esta sería la opción con mayor sustento legal. La autoridad se conformaría por una junta directiva integrada por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y las municipalidades involucradas. Al establecerse mediante decreto, contaría con presupuesto propio y estructura organizativa.
  De acuerdo con Karla de la Cruz, subdirectora de Estructuración y Contratación de la Anadie, esta solución sería de mediano plazo, ya que debe pasar por el Congreso de la República.
  “En Guatemala hemos sido poco exitosos en crear instituciones sólidas”, señaló Fernándo Suriano, viceministro de Transporte del CIV, quien opinó que la institucionalidad debería establecerse por decreto y ser dirigida por una persona con amplio conocimiento de la Constitución Política de la República y del Código Municipal.
  Para Suriano, la entidad debería funcionar como una macroinstitución que abarque a todos los municipios involucrados en el plan de transporte.

• Coordinación por acuerdo gubernativo: Este mecanismo requiere el aval de las 17 municipalidades involucradas, del CIV y del Ministerio de Finanzas Públicas. Según De la Cruz, esta sería la vía más rápida, aunque no la más sólida en términos legales.
  Uno de los principales retos, según Suriano, radica en la regulación del uso del suelo. Por ello, considera necesario que la autoridad cuente con suficiente respaldo jurídico para declarar bienes privados como públicos, cuando sea necesario para el desarrollo del sistema.

• Nueva mancomunidad metropolitana: La tercera opción es la conformación de una mancomunidad del área metropolitana, a la cual el Congreso podría asignar presupuesto. Esta se enfocaría exclusivamente en la regulación del transporte dentro del departamento de Guatemala.
  Según Suriano, las mancomunidades pueden ser una vía operativa viable, aunque requieren de voluntad política por parte de todas las municipalidades. “Ahí creo que hay retos, porque hasta en temas de transporte y logística les ha costado ponerse de acuerdo”, señaló.

Esta autoridad tiene que superar una serie de obstáculos para poder llevarse a cabo, externó Suriano. En cuanto al marco jurídico, el viceministro destacó que debe crearse de manera sólida y que perdure en el tiempo. Por otro lado, mencionó el aspecto técnico, dentro del cual se debe buscar recurso humano especializado que trascienda un periodo de gobierno.

Como tercer punto, Suriano mencionó el reto financiero: cómo será financiada y cómo logrará la autonomía financiera necesaria. Además, el viceministro destacó el manejo político, y como último punto señaló el aspecto comunicacional, necesario para que la población comprenda qué es viable y qué debe cederse para alcanzar un bien común.

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La infraestructura

Anadie podría participar dentro del plan vial, afirmó De la Cruz.

Próximamente, se debería realizar una primera reunión a cargo del CIV para definir cómo se llevarán a cabo cada una de las obras —siendo estas dos circunvalaciones y tres vías radiales—. Estas últimas cuentan con el potencial para realizarse mediante alianzas público-privadas, destacó De la Cruz, quien externó que las circunvalaciones deberán ser implementadas por la nueva Dirección de Infraestructura Prioritaria (DIPP).

“Esos son los proyectos que nosotros podemos hacer —sobre los radiales—. Los tendríamos que llevar a factibilidad y visitarlos, pero este es un trabajo de todos, no solo de Anadie”, reafirmó De la Cruz.

Anadie depende de que el CIV solicite su participación en el proyecto. Al recibir la solicitud, se comenzaría con el análisis y el sometimiento al consejo para su priorización, según De la Cruz.

Si todo avanza a nivel nacional, De la Cruz afirmó que se podrían asignar los fondos y comenzar con las licitaciones en 2027: “Los estudios se licitarán el otro año, se priorizan los proyectos y, si el CIV los pide, se asignan los fondos”.

5 ciberdelitos cuya redacción podría dejar impune a estafadores digitales, según expertos 

Experta en temas penales ve mala redacción y ambigüedades legales sobre inteligencia artificial en la Ley de Ciberseguridadd que se discute, y que podrían dejar impunes a estafadores digitales.

Ximena Fernández

14 de octubre de 2025

|

06:00h

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Ley de ciberseguridad podría dejar de lado la prevención civil. Para enmendarlo, es necesario contar con diálogos entre diferentes actores. (Foto Prensa Libre: Freepik)

La apropiación de identidad ajena, la falsificación informática y el abuso de dispositivos son algunos de los ciberdelitos incluidos en la Ley de Ciberseguridad que no benefician del todo al usuario. Esta situación podría desembocar en la impunidad de ciertos delitos o generar confusión al momento de aplicar la norma, según Marta Paola de la Cruz Bianchi, directora legal de Novales Abogados.

La iniciativa 6347, conocida también como Ley de Ciberseguridad, recibió críticas después de haber superado la primera y segunda lectura en el pleno. Sin embargo, los expertos consideran que aún podría corregirse para mejorar la seguridad de todos.

Para lograr enmiendas y garantizar mayor protección a los usuarios guatemaltecos, es necesario que se promueva un diálogo entre el sector público, la academia y los actores privados. “Nadie va a pelear con la ciberseguridad. Pero es preocupante que, bajo su sombra, se estén creando una serie de instituciones nuevas y facultades cuestionables”, advirtió un especialista de un bufete que analizó la ley pero que prefirió no ser mencionado.

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Los cinco delitos mal tipificados

El principal problema en la tipificación de delitos contemplados en la iniciativa es la mala redacción y su desactualización frente a los avances tecnológicos actuales, según De la Cruz.

Para De la Cruz, los delitos incluidos en la ley fueron redactados de forma repetitiva, ambigua o sin considerar todos los casos posibles, lo que podría perjudicar a los ciudadanos que resulten vulnerados por delincuentes cibernéticos.

“Una cosa es que aparezca que esté vigente una norma y otra cosa es que pueda ser ejecutada de forma adecuada”, señala De la Cruz.

Entre los ciberdelitos contemplados en la ley, De la Cruz menciona cinco de especial importancia para la seguridad de los usuarios y cuya deficiente redacción podría generar perjuicios.

1. Apropiación de identidad ajena

Este delito sanciona la acción de suplantar la identidad de otra persona en internet. No obstante, no contempla las consecuencias jurídicas de los actos cometidos por el delincuente mientras usurpaba dicha identidad. Esto implica que, si una persona estafa a otra utilizando el nombre de alguien más, el único delito sancionable sería la suplantación, y no la estafa, ya que esta, al haberse cometido por medios digitales, no está tipificada en el Código Penal, según De la Cruz.

Para mejorar este artículo, es necesario ampliar su redacción e incluir las consecuencias derivadas de los delitos vinculados con la suplantación, como la estafa cibernética, destaca De la Cruz.

2. Falsificación informática

La redacción de este delito es limitada. De la Cruz señala que el artículo solo menciona los verbos “introducir, alterar, capturar, borrar o suprimir”, por lo que excluye nuevas formas de manipulación digital vinculadas con la evolución tecnológica, como el uso de inteligencia artificial.

“Si el delincuente realiza cualquier otro tipo de acción que no esté entre esos verbos, ya no podríamos incluirlo en el delito de falsificación informática”, argumenta De la Cruz. Esto significa que, si alguien es víctima de manipulación digital mediante otras formas, no podría denunciar formalmente el delito.

3. Ataque a la integridad de los sistemas informáticos

Este delito, según la iniciativa, solo contempla ciertas formas de acceso a sistemas de información, lo que excluye otros mecanismos posibles. En particular, no considera que estos ataques puedan ejecutarse mediante inteligencia artificial.

La abogada señala que este tipo de intrusión no necesariamente es cometido por personas físicas. Al no incluir a sistemas automatizados, el delito podría quedar impune.

4. Abuso de dispositivos

Este artículo repite en su mayor parte la redacción y los verbos del delito anterior, de fraude informático, lo que genera confusión al momento de aplicar la norma o investigar el caso, ya que no se distingue con claridad de qué delito se trata, señala De la Cruz.

Cada delito, según la experta, debería contar con verbos propios, redacción específica y formas claras de comisión, para evitar ambigüedades en su interpretación.

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5. Fraude informático

Este delito no está desarrollado ni adaptado a la realidad actual de las estafas digitales. Para la abogada, la normativa no ofrece una protección adecuada a las personas potencialmente afectadas, ya que necesita una actualización conforme a las necesidades de la población guatemalteca.

Asimismo, advierte que Guatemala carece de herramientas informáticas suficientes para llevar a cabo las investigaciones penales requeridas en este tipo de delitos.

Otros problemas

Por otra parte, la ley se enfoca principalmente en la seguridad nacional, lo que deja desprotegidos a los usuarios más vulnerables, como los niños, adultos mayores y pequeñas empresas. Sigfrido Lee, investigador asociado al CIEN, señala que las grandes compañías cuentan con recursos para contratar ciberseguridad privada, mientras que los sectores más frágiles necesitan una red de protección más amplia.

La seguridad nacional no equivale a la seguridad civil, explica Lee, quien advierte que, al asignar a una entidad militar la responsabilidad de dar seguimiento a los ciberdelitos, la protección no será abordada desde una perspectiva ciudadana.

Además, la ley no garantiza la protección de datos sensibles como la correspondencia, los documentos o cualquier comunicación digital. “Creo que es importantísimo que en cualquiera de estas dos situaciones, sea ciberseguridad o ciberdefensa, se respete esto”, subraya el especialista de una firma de abogados.

Este colaborador también advierte que los ataques cibernéticos, aunque puedan originarse fuera del país, pueden ejecutarse mediante infiltraciones en servidores locales. Esta situación podría ser utilizada como pretexto para acceder a dichos servidores con el fin de investigar, poniendo en riesgo información sensible.

Soluciones

Si estos problemas no se corrigen, los ciudadanos guatemaltecos tendrán una falsa sensación de protección. En su lugar, el analista advierte que el país contará únicamente con un ente investigador con amplias facultades, pero sin capacidad real de prevenir la comisión de delitos.

Un país inseguro implica la pérdida de inversiones que podrían traducirse en más y mejores empleos para la población. Lee señala que este será uno de los costos más altos, ya que los inversionistas no percibirán a Guatemala como un lugar con garantías mínimas de seguridad.

Autopartes, sector electrónico y semiconductores son la apuesta para atraer inversión a Guatemala

El país apuesta por fortalecer industrias existentes y atraer nuevos sectores, como alta tecnología y semiconductores.

Ximena Fernández

10 de octubre de 2025

|

06:00h

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Durante el panel participan funcionarios de gobierno y empresarios de la región, quienes comparten sus experiencias en atraer inversión. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos)

Guatemala tiene una ubicación estratégica para integrarse en cadenas globales de valor, especialmente en el sector automotriz, destacó Francisco González, presidente de la Industria Nacional de Autopartes de México, quien mencionó que el país puede aprovechar las oportunidades que ofrece el nearshoring. González indicó que el sector automotriz ha crecido 44% en cuatro años.

“Si se fortalece la infraestructura, la logística y la capacidad técnica, Guatemala puede convertirse en un socio regional clave dentro de la industria de autopartes”, afirmó González.

Esta conversación se llevó a cabo durante el Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (Enade), realizado el 9 de octubre del 2025 y organizado por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, en el que el panel conformado por Nery Ramos, presidente del Congreso de la República de Guatemala; Valeria Prado, viceministra de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía; Jessica Bedoya, fundadora de Lara Thon; Carlos Sánchez, director general de New World, y González, comentó sobre las oportunidades que tiene el país para atraer inversiones.

Durante el panel se mencionó que Yazaki demuestra que Guatemala es capaz de competir en dicho sector si existe una adecuada coordinación. Asimismo, se destacó que la disponibilidad de energía y la planificación industrial son claves para fortalecer la confianza de los inversionistas.

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Atraer mejores y mayores inversiones

Guatemala cuenta con un plan de atracción de inversiones, que contempla, a corto plazo, el fortalecimiento de industrias ya establecidas en el país, como la manufactura ligera, los alimentos procesados, los textiles y la industria de bebidas.

A mediano plazo, Valeria Prado, viceministra de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía, destacó que se priorizarán los sectores electrónicos, los centros de servicios y el área de salud. A largo plazo, el objetivo es atraer a la industria de alta tecnología, la manufactura avanzada y los semiconductores.

Prado indicó que desde el Ministerio se ha impulsado una agenda de simplificación y digitalización de trámites, en coordinación con los sectores público y privado. En este marco, la viceministra resaltó que se realizan esfuerzos para crear una ventanilla única de comercio e inversión que permita ejecutar procesos de forma ágil y con interoperabilidad.

“Queremos no solo atraer nueva inversión, sino promover la reinversión y el empleo formal de calidad”, destacó la funcionaria, quien señaló que se espera una inversión extranjera directa que este año podría superar los US$1,800 millones. El plan es atraer industrias con mayor nivel de sofisticación, según Prado.

Retos

“No podemos seguir atrayendo solo el 1.6% frente al 3% de países más pequeños que el nuestro”, argumentó Nery Ramos, presidente del Congreso de la República de Guatemala.

Ramos indicó que la inversión extranjera directa representa una oportunidad para fortalecer los recursos del país. No obstante, advirtió que sin certeza jurídica, estabilidad política e instituciones sólidas, Guatemala no podrá atraer inversión.

Carlos Sánchez, director general de New World, señaló que es necesario contar con coordinación institucional, incentivos específicos e infraestructura logística eficiente, especialmente en los puertos.

7 razones para invertir en Guatemala, según el sector privado

Guatemala se posiciona como un destino atractivo para la inversión extranjera, gracias a su entorno macroeconómico estable, fuerza laboral capacitada y matriz energética renovable, afirmó especialista.

Ximena Fernández

9 de octubre de 2025

|

16:48h

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Juan Esteban Sánchez, director de Invest Guatemala, aborda las siete claves para invertir en el país. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos)

Talento humano, energía diversa y zonas económicas especiales son algunas de las principales razones por las que vale la pena invertir en Guatemala.

Juan Esteban Sánchez, director de Invest Guatemala, señala que la inversión extranjera directa es el medio para transformar el país. “Debemos seguir insistiendo en que tenemos que trabajar juntos para posicionar a Guatemala como un país que aprovecha las oportunidades”, afirmó Sánchez.

Así se destacó en un video presentado durante el Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (Enade), realizado el 9 de octubre del 2025, y organizado por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala.

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Las 7 razones para invertir

1. Entorno macroeconómico favorable para la inversión: El producto interno bruto (PIB) del país supera los US$280 mil millones. Asimismo, con un tamaño de mercado accesible que multiplica por 120 el de la economía guatemalteca. El país cuenta con una inflación mesurada y controlada, un tipo de cambio estable y una recaudación tributaria en crecimiento.
   El país también ha mejorado en las tres calificadoras de riesgo más reconocidas, lo que significa que está a un peldaño de alcanzar el grado de inversión.
2. Fuerza laboral: Actualmente, 11 millones de guatemaltecos integran la fuerza laboral, lo que permite aprovechar el bono demográfico.
   En cuanto al nivel educativo, el 20% cursa formación técnica, el 17% maestrías o doctorados, y el 10% carreras de ingeniería. Asimismo, en el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap), se capacitan 466 mil personas al año, con mentores especializados y maquinaria de última tecnología.
3. Matriz energética diversificada y compromiso con la sostenibilidad: Guatemala cuenta con 3 mil 500 megavatios de capacidad instalada, y más del 65% de su matriz energética proviene de fuentes renovables.
   “Estamos trabajando en mantener las tarifas más competitivas de la región, para lo cual se lanzaron procesos de licitación abierta para ampliar la generación y la infraestructura de transmisión”, se indicó en el video, según el cual las inversiones en conjunto superarán los US$5 mil millones.
4. Corazón logístico de América: Guatemala cuenta con dos aeropuertos internacionales, ocho aeródromos y tres puertos —dos en el Atlántico y uno en el Pacífico—. Además, dispone de doce aduanas terrestres que colindan con México, El Salvador y Honduras.
   La cercanía con Estados Unidos permite vuelos directos de tres horas. También se destaca que el 30% de la población en ese país comparte el mismo huso horario que Guatemala.
5. Zonas y desarrollo industrial: El país ha invertido en la construcción de parques industriales en la zona centro-sur, a lo que se suman una docena de zonas francas que funcionan como plataforma de exportación con régimen preferencial.
   En el video se indica que se busca la creación de una nueva ley de inversiones, con el fin de estandarizar y fortalecer los incentivos para atraer capital extranjero. “El mercado interno de Guatemala crece con un dinamismo espectacular, gracias al sistema de ciudades en las cuales se concentra hoy el 36% de la población y el 65% del PIB”.
6. Reglas claras y favorables para la inversión: Guatemala es considerada la democracia más sólida de Centroamérica, lo que implica reglas claras que brindan certeza a los inversionistas.
   En el país se trabaja de forma coordinada entre los sectores público y privado para fortalecer la gobernabilidad. El video señala que existen instancias en las que empresarios y funcionarios impulsan una visión de largo plazo, orientada al desarrollo.
7. Guatemala es un buen lugar para vivir: “Tenemos una ciudad pujante que crece a pasos agigantados”, se afirma en el video. Esta condición convierte a la metrópoli en la más grande de Centroamérica.
   El país ofrece a los inversionistas opciones modernas de vivienda y acceso a servicios médicos de primer nivel.

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A pesar de estos puntos positivos, Juan Esteban Sánchez menciona que es necesario mejorar en aspectos como la certeza jurídica, la infraestructura, una energía confiable, la cobertura digital y la ampliación de redes de transmisión.

Sánchez afirmó que actualmente ya se atiende a todas las empresas instaladas en el país que buscan crecer. “Hoy estamos ante una oportunidad histórica y decisiva: convertir a Guatemala en uno de los vecinos más atractivos para la inversión en América”, concluyó.

“No es si habrá o no ciberataques, sino cómo nos vamos a recuperar cuando ocurran”

Experto del Cien Sigfrido Lee ve gobernanza débil en la ley de ciberseguridad que se discute en el Congreso, además de criticar la reserva total en adquisiciones que establece y la desproporción en las penas, que incluso superan las aplicadas a delitos contra la vida.

Ximena Fernández

1 de octubre de 2025

|

05:00h

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El énfasis punitivo desplaza la prevención y la coordinación interinstitucional, factores clave frente a ataques cibernéticos son claves, según analistas de la ley de ciberseguridad. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Cuatro grupos de expertos advirtieron que el dictamen de la Iniciativa 6347, Ley de Ciberseguridad, presenta riesgos por tener un modelo centrado en seguridad nacional, militarización y opacidad en la fiscalización. En este contexto, Sigfrido Lee, analista investigador de Alianza por un Congreso Eficiente —uno de los tanques que publicó su análisis— amplió a Prensa Libre puntos que preocupan desde la sociedad civil la regulación que se busca aprobar.

La iniciativa ya superó la primera y segunda lectura en el flujo legislativo en el Congreso de la República.

Otros organismos que se pronunciaron fueron la Mesa de Certeza Jurídica de la Iniciativa Guatemala No Se Detiene, la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL) y el bufete de abogados ALTA. Señalan que la gobernanza propuesta carece de coordinación clara entre instituciones y excluye a la sociedad civil, la academia y al sector privado, lo que debilita la legitimidad del ente rector y aleja la iniciativa de las buenas prácticas internacionales.

Este es un extracto de la conversación que Lee tuvo con Prensa Libre, en la que indica que uno de los temas que preocupa es la falta de protocolos en la estructura macro del texto.

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Ley de Ciberseguridad: Expertos alertan sobre control militar, opacidad y vacíos legales en dictamen

Ley de Ciberseguridad debería regresar a la Comisión

¿Qué implicaciones ven en que el Ministerio de Defensa tenga un rol permanente en la ciberdefensa por encima de una autoridad civil que se ha visto en otros sectores?

El problema es bastante complicado. No se trata solo de la injerencia de la parte militar sobre la civil, sino también del abandono completo de esta última, porque la ciberseguridad únicamente se está viendo como un problema de seguridad nacional.

No es únicamente la subordinación de la seguridad civil a la seguridad de fronteras o militar, sino también el descuido hacia la seguridad ciudadana al no considerarla debidamente.

Lo primero es hacer una revisión profunda de la gobernanza de la ciberseguridad. Actualmente está muy parcializada y no se encuentra explicada con claridad. Por eso sugerimos que este proyecto regrese a la comisión respectiva para ser discutido y que se aborde integralmente la gobernanza, tomando en cuenta los distintos matices que implica la ciberseguridad.

¿Y cuáles considera que podrían ser esos matices o esos puntos clave que podrían incluirse?

Todo lo que es la seguridad civil. Por ejemplo, cómo se va a proteger a las poblaciones civiles en la medida en que cada vez se incorporan más en la digitalización. Ese es un tema muy importante: la prevención y el seguimiento a situaciones civiles de vulnerabilidad en ciberseguridad.

Otra de las críticas que se ha visto en los últimos días es sobre las adquisiciones bajo reserva, ya que la ley lo permite. ¿Qué riesgos observa usted a partir de esta disposición?

Entendemos que en estos temas de ciberseguridad deben existir ciertas reservas en la implementación de muchos protocolos. Sin embargo, que todas las adquisiciones sean libres tampoco corresponde. Ahora resulta que hasta la compra de escritorios de estas instituciones está bajo reserva. Creo que ahí se excedieron en la cobertura de esas excepciones.

Aunque compartimos que debe haber ciertas excepciones para la divulgación de información sensible, estas tienen que estar mucho mejor reguladas de lo que están actualmente. Aquí simplemente se excedieron en el alcance de esas excepciones.

¿Qué tipo de controles de auditoría o supervisión considera usted necesarios para que estas compras puedan mantener esta transparencia?

No hay ninguna excepción; simplemente todas sus compras quedan exceptuadas. Muchas instituciones del gobierno ya mantienen bajo reserva buena parte de sus temas de ciberseguridad, pero aun así siguen siendo debidamente fiscalizadas.

La SAT y la Superintendencia de Bancos, por ejemplo, tienen fuertes medidas de ciberseguridad que afectan a muchos actores al mismo tiempo. Manejan con mucha reserva gran parte de esta información, pero esto no los hace exentos de una debida fiscalización.

¿Cuáles considera que pueden ser los controles de auditoría o supervisión que pueden utilizarse dentro de esta ley?

Lo que hay que aclarar bien es qué está exento y qué no lo está. No es que todo quede exento. No es que la compra de una computadora o de equipo, o la adquisición de software, quede fuera de fiscalización. Eso tampoco. Lo que sí corresponde es buscar mejores prácticas en cuanto a la reserva de información, sin dejarlo como si todo quedara totalmente exento. Existen buenas prácticas en este tema, no solo a nivel mundial, sino que incluso en Guatemala se pueden identificar muchas de ellas.

¿Cuáles considera que deberían ser estas obligaciones preventivas mínimas que debería asumir el Estado para garantizar una verdadera política de prevención en ciberseguridad?

Hay varios puntos. Estamos de acuerdo en que se aborde la tipificación de estos delitos, pero en esa tipificación ya se cometen varios errores. El primero es que muchos delitos todavía no quedan lo suficientemente bien definidos.

El segundo es un exceso de persecución penal que va contra principios reconocidos por la Constitución y por el derecho internacional en cuanto a la proporcionalidad de los castigos. Pensar que castigos más duros harán mejor la situación no es correcto; no se trata de eso.

En cuanto a prevención, es importante avanzar en el establecimiento de buenas prácticas y en contar con la institucionalidad que garantice su implementación en materia de ciberseguridad. Muchas veces esto depende más de una buena coordinación interinstitucional que de una persecución penal, lo cual requiere esquemas sólidos de gobernanza. Aquí vemos cómo todo se acumula hacia ese primer gran problema: la debilidad de gobernanza que se ha señalado.

¿Cuáles son esas buenas prácticas de las que se ha hablado?

Una de las mejores prácticas es compartir información. Cuando ocurre un ataque, generalmente las personas o instituciones se sienten avergonzadas. Lo que debe hacerse es compartir que eso está sucediendo, cómo sucede y desde dónde ocurre, para que los demás actores en el ecosistema puedan prepararse y defenderse de ataques que tienden a masificarse. Ese es un tema muy importante, que requiere compartir información y contar con una buena gobernanza.

Otra buena práctica son los protocolos de recuperación ante un ciberataque. La cuestión no es si habrá o no ataques, sino cómo nos vamos a recuperar cuando ocurran. Para ello se necesitan protocolos claros de resguardo de información, reinicio de operaciones y mecanismos para no interrumpir la continuidad. Y en la propuesta actual no se observa un espacio en el que esto se esté contemplando.

Además de establecer estos protocolos, ¿cómo recomienda que debe ser el seguimiento a esta implementación?

Hay distintos niveles de responsabilidad que deben aclararse: temas nacionales, locales y sectoriales. Es precisamente esa coordinación la que se necesita para atender todos estos aspectos. Mucho depende también del seguimiento y de las responsabilidades que se asuman en cada etapa. La pregunta clave es: ¿quién asume qué en cada etapa? Esto es muy importante.

Gran parte de ello debe trasladarse a los reglamentos, pero tiene que quedar definido en la estructura organizacional, la cual no vemos claramente identificada en este marco legal. Lo que buscamos es que se fortalezca, y por eso insistimos en revisar a fondo la estructura de gobernanza que plantea esta legislación.

En caso de que esta ley se regrese a comisión para una reevaluación, ¿cuáles serían las enmiendas prioritarias?

Realmente hay que hacer una revisión completa de la ley. La gobernanza es un tema muy importante y, además, deben revisarse las consecuencias penales que se están proponiendo. Ese marco penal tiene bastantes debilidades y es necesario evaluarlo.

¿Cuál sería una mejor forma de poder desarrollar las consecuencias penales?

El problema es que no todas las figuras penales que se tipifican están suficientemente desarrolladas y se incumple con el principio de proporcionalidad de las penas. Se trata de delitos patrimoniales, no de delitos contra la vida, y en muchos casos las sanciones incluso superan a las previstas para delitos contra la vida.

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Ley de ciberseguridad: “Es una ley penal en blanco que no clarifica lo que se quiere sancionar”

Según Ana Antillón, de Guatemala No Se Detiene, la Ley de Ciberseguridad que discute el Congreso no define cuál es la conducta que se sanciona en el Código Penal. Si un caso llega a tribunales, la justicia no podrá aplicarse correctamente por falta de precisión en los textos, explica.

Ximena Fernández

30 de septiembre de 2025

|

05:00h

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Según expertos como Ana Antillón. es necesario revisar las penas de la Ley de Ciberseguridad, ya que algunas podrían resultar "excesivamente altas". (Foto Prensa Libre: Freepik)

Cuatro grupos de expertos advirtieron que el dictamen de la Iniciativa 6347, Ley de Ciberseguridad, presenta riesgos por tener un modelo centrado en seguridad nacional, militarización y opacidad en la fiscalización. En este contexto, Ana Isabel Antillón, de la mesa de Certeza Jurídica de Guatemala No Se Detiene —uno de los centros que publicó su análisis— amplió a Prensa Libre puntos que preocupan desde la sociedad civil la regulación que se busca aprobar.

La iniciativa podría ser conocida en tercera lectura este martes 30 de septiembre en el pleno del Congreso de la República.

Otros organismos que se pronunciaron fueron la Alianza por un Congreso Eficiente, la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL) y el bufete de abogados ALTA. Señalan que la gobernanza propuesta carece de coordinación clara entre instituciones y excluye a la sociedad civil, la academia y al sector privado, lo que debilita la legitimidad del ente rector y aleja la iniciativa de las buenas prácticas internacionales.

Este es un extracto de la conversación que Antillón tuvo con Prensa Libre, quien aboga por revisar penas y conceptos de los ciberdelitos que tipifica el dictamen.

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¿Cuáles son los vacíos que ven a nivel de certeza jurídica en el texto de Ley de Ciberseguridad?

Hemos identificado algunos desafíos en el texto de la ley respecto a su concepción y estructura sobre cómo debe llevarse a cabo la ciberseguridad, partiendo del órgano de coordinación.

Encontramos que las entidades encargadas de coordinar acciones de prevención de ataques cibernéticos suelen ser de carácter civil o con gobernanza mixta, es decir, con participación del sector público, privado y de la sociedad civil, porque es un tema que involucra a todos. Muchas de las infraestructuras digitales relevantes para estos procesos pertenecen al sector privado.

Por otro lado, la normativa también incluye los denominados ciberdelitos, es decir, delitos cometidos en el ciberespacio. La forma en que están regulados actualmente amerita una revisión, pues deberían abordarse como reformas al Código Penal. Además de enfocar la redacción en ese sentido, es necesario revisar las penas, ya que algunas podrían resultar excesivamente altas y generar desproporción, como ya lo han señalado ciertos centros especializados.

Asimismo, la redacción hace referencia a otros delitos contemplados en el Código Penal que no concuerdan. Incluso, uno de los artículos mencionados ya fue declarado inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad.

¿Cuáles considera que deben ser los mecanismos de control ciudadano?

La efectiva rendición de cuentas, si se maneja desde un marco de seguridad nacional, no es viable, porque la información quedaría siempre como reservada, aun cuando cierta parte de ella es útil para las entidades de la sociedad civil. Esa información permite conocer de dónde provienen los ataques y preparar a instituciones, sector privado, empresas y organizaciones para responder, ya que también pueden ser víctimas. En consecuencia, el proceso de rendición de cuentas ante el Congreso de la República se dificultaría en cierto nivel. Claro está, hay asuntos que son de seguridad nacional y que la Constitución protege.

Sin embargo, sí existe un nivel de información que debería manejarse y al cual la población puede tener acceso. Otro aspecto preocupante es el de las compras públicas, que también se consideran de carácter reservado.

Para usted, ¿qué tipo de modelo de autoridad de ciberseguridad sería más adecuado para Guatemala, tomando en cuenta las experiencias de otros países?   

El tema de la gobernanza es, en general, una decisión política que debe asumir el país. Sin embargo, es una discusión en la que deben participar distintas entidades: la academia, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, las instituciones públicas.

Desde nuestra perspectiva, podría adoptarse un modelo que dependa, por ejemplo, de un Ministerio de Gobernación. No obstante, nos sentimos más cómodos con la creación de una nueva entidad autónoma que lleve este control. También podría ubicarse en otro ministerio, siempre que exista un consejo con participación de los actores mencionados. La academia, en particular, tiene hoy mucho que aportar: universidades con carreras, estudios y publicaciones sobre el tema. En Guatemala, la academia tiene un valor importante y debería ser parte de la toma de decisiones.

Otro aspecto que se ha criticado bastante en esta ley, y que usted misma mencionaba, es el de las compras públicas bajo reserva. ¿Cuáles son los problemas o los principales retos que podrían enfrentarse a partir de tener las compras públicas bajo reserva?  

Se puede conocer que se está adquiriendo cierto tipo de tecnología, pero las características específicas son las que se vuelven reservadas. No todo el proceso de compra, sino únicamente las especificaciones técnicas. De lo contrario, no habría manera de saber qué tipo de software o hardware se está comprando, ni tampoco a quién o a qué país se adquiere esa tecnología.

Las compras pueden ir desde computadoras hasta software muy sofisticado. En ese sentido, considero que deberían establecerse criterios claros para definir qué adquisiciones corresponden realmente a seguridad nacional.

Para efectos de las compras, la propia Ley de Contrataciones del Estado debería contemplar estas características. Actualmente, por ejemplo, el Ejército compra sin estar sujeto a reservas. Por ello, es necesario precisar en qué casos una compra puede catalogarse como de seguridad nacional y quién tiene la potestad de hacer esa clasificación.

¿Cómo considera que podrían redactarse de mejor manera estos tipos penales para que respeten la ley que se tenía con anterioridad?

Como país debemos fortalecer la asistencia técnica legislativa de calidad para los diputados, facilitándoles ejercicios de derecho comparado y mostrando cómo otros países aplican estas normas. Existen convenios internacionales que contemplan este tipo de delitos y sería útil reflexionar sobre su redacción, pensando en una verdadera política criminal. Guatemala cuenta con expertos en derecho penal que pueden ayudar a redactar tipos penales más precisos y evitar leyes penales en blanco, como sucede en la propuesta actual. En delitos como propiedad intelectual, abuso sexual o pornografía infantil, se hace referencia a otras normas, sin definir en el propio texto cuál es la conducta delictiva.

En cuanto a prevención, una de las críticas recurrentes es que la ley se centra en sancionar una vez cometido el delito, pero no establece un régimen preventivo. Para ello, es necesario invertir en formación y desarrollo de capital humano, así como fortalecer equipos técnicos en las instituciones. También deben realizarse ejercicios controlados que pongan a prueba los sistemas, identifiquen debilidades y permitan ajustes, además de establecer protocolos y estándares mínimos que las instituciones deben cumplir para mantenerse alertas ante posibles ataques.

La generación de boletines sobre tecnologías y orígenes de los ataques es fundamental. Asimismo, debería contemplarse la aplicación de sanciones administrativas si no se cumplen los protocolos establecidos. De esa manera, se cerrarían los espacios que facilitan la comisión de delitos cibernéticos. Y, si estos ocurren, entraría en vigor la parte sancionatoria ya prevista como reformas al Código Penal.

¿Cuáles son los delitos, o analizando la tipificación de ciberdelitos que se menciona en la ley que usted considera que tal vez podrían redactarse de una mejor manera?  

Todos los delitos necesitan una revisión de redacción para mejorarse e incorporarse con mayor claridad. Sin embargo, me preocupan especialmente dos artículos. El artículo 13, que se refiere a los delitos de propiedad intelectual, establece un aumento de las penas, pero remite directamente a la ley de propiedad intelectual. Por eso insisto en que es una ley penal en blanco: no define en el propio texto cuál es la conducta que se sanciona en el Código Penal. Este es muy específico, y necesitamos tipificar con claridad la conducta que se desea sancionar. De lo contrario, cuando llegue a tribunales, la justicia no podrá aplicarse correctamente por falta de precisión en los textos.

El otro es el artículo 14, sobre pornografía infantil. Señala que cuando se utilizan sistemas informáticos o tecnologías de la información para cometer delitos tipificados en ciertos artículos del Código Penal, se aplican sanciones. Sin embargo, hace referencia, por ejemplo, al artículo 196, que ya fue declarado inconstitucional dentro del expediente 1021-2002.

Ese tipo de situaciones se encuentran en el dictamen, por lo que se requiere una revisión completa de toda la normativa.

¿Considera necesario que se regrese esta propuesta de ley a comisión para su reevaluación y ajustes necesarios?

Creo que la mejor forma de hacer una discusión más detallada, como le mencionaba, tomando en cuenta los aportes de diversas entidades, sería facilitar el retorno del dictamen a la comisión.

De escala breve a destino principal: la apuesta por alargar la estadía en Ciudad de Guatemala

Proponen que la capital se convierta en un circuito turístico completo, conectado entre nodos, que prolongue la estancia más allá de dos o tres noches. Movilidad, seguridad y promoción son desafíos.

Ximena Fernández

4 de septiembre de 2025

|

06:00h

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Hacer turismo en atractivos como el Zoológico La Aurora puede conectarse en tours guiados con otros destinos como museos o el Mercado Central, según especialistas. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Aterrizar en el Aeropuerto La Aurora e irse en transporte público al Zoológico en la misma zona, con un shuttle que custodia el equipaje. Trasladarse al Centro Histórico y continuar el tour por el Palacio Nacional de la Cultura, el Museo del Ferrocarril y almorzar en el Mercado Central. Pasar la tarde en el corredor gastronómico de la zona 4 y la noche en la zona hotelera o una cena con maridaje de vinos y platillos guatemaltecos contemporáneos. Todo, dentro de un corredor turístico seguro y señalizado.

El ejemplo ilustra cómo la capital guatemalteca puede ser un hub de modernidad y negocios, historia y cultura, naturaleza urbana y gastronomía y vida nocturna, ofreciendo razones para pernoctar hasta una semana antes de conocer otros atractivos.

Según el Inguat, el país recibió en 2024 3,037,282 visitantes no residentes, de los cuales 825,727 se concentraron en el Departamento de Guatemala, equivalente al 27 % del total nacional. La estadía promedio fue de tres noches, con un gasto diario por persona de US$105.46.

El turismo interno también mostró fuerza: se registraron 24,458,983 viajes de residentes, de los cuales 2,261,285 tuvieron como destino el Departamento de Guatemala, lo que representa el 9.2 % del total. La estadía promedio fue de dos noches y el gasto diario por persona alcanzó Q549.36.

Ciudad multidestino

La Ciudad de Guatemala tiene la oportunidad de pasar de ser “un lugar de paso”, como la define Fernando Pineda, vicepresidente de la Comisión de Turismo Sostenible de Agexport, a un multidestino. “Los turistas entran al país por la capital —debido al aeropuerto—, se hospedan en un hotel y al día siguiente viajan a su siguiente destino dentro del país”, indica.

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Iván Azurdia, director de Desarrollo del Producto Turístico del Inguat, señala que para conocer la ciudad y los atractivos que reúne se necesitan desde dos noches  a  una semana.

César Aguilar, representante de Polochic Travel & Wellness, certifica que, en la actualidad, el turista se queda de dos a tres días máximo.

De hecho, según el Plan de desarrollo turístico de la Ciudad de Guatemala 2024-2028, solo en el 2019 la ciudad recibió 2.5 millones de visitantes, lo que representó alrededor del 30% del turismo que ingresó a Guatemala.

De cada 10 visitantes, seis vinieron del extranjero y cuatro eran de otras regiones del país.

La estadía promedio de los turistas en la ciudad fue de dos a tres noches —similar a lo que reportan los operadores turísticos hoy—.

Juan Pablo Nieto, consultor internacional en políticas públicas y mercadeo y coautor del plan en mención: “El problema central identificado: la ciudad tiene todos los atractivos y una oferta de vanguardia, pero no es conocida ni aprovechada. Falta unir lo que ya existe para ofrecer una oferta robusta que haga que la gente diga: ‘me quedo un día más”.

Su visión es que una política pública que integre aeropuerto, movilidad y seguridad, unida a una agresiva promoción de multidestino, podrían duplicar la estadía de visitantes en la ciudad.

Focos potenciales

Azurdia destaca que uno de los principales atractivos de la Ciudad de Guatemala es la diversidad de puntos desde los cuales se puede desarrollar el turismo: “Tenemos deporte, naturaleza, museos, iglesias, gastronomía y cultura”.

Guillermo Cuéllar, propietario y gerente de la agencia turoperadora Descubre Guatemala, menciona que los turistas interesados en historia encontrarán una oferta de museos, que pueden clasificarse según el perfil de cada visitante. Señala que dicho perfil es clave, ya que permite expandir la oferta turística: “Hemos tenido recorridos completos de hasta cuatro días solo en la Ciudad de Guatemala”. 

El operador ve necesario integrar una oferta turística conjunta entre las instituciones públicas —como el Inguat, el Intecap, el Ministerio de Cultura y Deportes, además de la Municipalidad de Guatemala— junto al sector privado.

Pineda coincide en que es importante crear productos turísticos que integren a la capital con otros destinos y que se desarrollen circuitos de tres a siete días.

Anayansy Rodríguez, asesora especializada en desarrollo de producto turístico de la Municipalidad de Guatemala, indica que, en materia de inversiones, trabajan en conjunto con cooperaciones. A partir de ese trabajo, han comenzado a desarrollar los seis distritos de oportunidad, los cuales cuentan con un eje turístico.

Rolando Schweikert, presidente de Camtur, explica que anteriormente los operadores turísticos utilizaban Antigua Guatemala para hospedar a los turistas la primera y la última noche. No obstante, debido al tráfico, ahora se recurre cada vez más a la capital”.

Vida nocturna

Cuéllar señala que otra oportunidad que ofrece la capital es la vida nocturna. Explica que, tras una jornada de negocios o conferencias, muchos turistas regresan a sus hoteles a las 17 horas, aunque aún hay lugares por conocer.

“Aquí hay una excelente oportunidad para que, entre instituciones públicas y privadas, en alianza con hoteles, se puedan crear paquetes turísticos”, comenta Cuéllar. Añade que esta iniciativa generaría una derrama económica para todo el sector turístico, al incluir transporte autorizado, guías y la apertura de espacios que no suelen visitarse durante el día.

Cuéllar menciona que, aunque durante la noche no se recibe a un gran número de turistas, sí se atrae a un perfil de mayor calidad, el tipo de visitante que la capital necesita. Para él, las actividades nocturnas representan una razón válida para extender la estadía.

Azurdia, por su parte, indica que es necesario mejorar la calidad de los centros de convenciones. Según explica, esa inversión debe provenir del sector privado o gestionarse mediante alianzas público-privadas.

Para Aguilar, el primer paso es coordinar con las autoridades —el Inguat y la municipalidad— para que cuenten con una oficina atendida por expertos en turismo y atención al visitante. Luego, comenzar con la promoción y vender a la capital como un destino turístico. Señala que es necesaria una oficina que permita desarrollar la ciudad como un punto de alta importancia para el turismo en el país.

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Cuna gastronómica

Aguilar destaca que la Ciudad de Guatemala cuenta con museos dedicados a la cultura maya y prehispánica, gastronomía internacional y espacios como cafés, bares y cervecerías que podrían aprovecharse para promocionar el turismo. Schweikert añade que la capital posee una cultura viva.

El presidente de Camtur señala que los ejecutivos que visitan la ciudad entre semana buscan restaurantes que les dejen una huella de calidad. “Zona 4, zona 10 o zona 14. Creo que hay que aprovechar muchísimo esa cultura que se está abriendo; en el tema de gastronomía, hay que darle mucha importancia”, afirma.

Cuéllar indica que la capital cuenta con una variada oferta gastronómica que puede experimentarse de distintas maneras: desde la comida ambulante, como los shucos, hasta restaurantes, comedores y establecimientos de comida rápida.

Movilidad

Schweikert considera que uno de los principales retos que enfrenta el turismo en la capital es el tráfico. Para aliviar ese problema, Aguilar resalta la necesidad de contar con un sistema de transporte eficiente que, además de descongestionar las calles, permita el desplazamiento turístico.

Cuéllar menciona que desde la Municipalidad de Guatemala se podría establecer una alianza para ofrecer transporte con bajo impacto ambiental, desde el aeropuerto hacia los sectores turísticos de la ciudad. Por su parte, Azurdia señala que es necesario desarrollar un sistema de transporte masivo basado en trenes.

Rodríguez asegura que se están planificando nuevas rutas para el Transmetro. “Hay una nueva ruta de TuBus desde la zona 13 hacia la parte más central de la ciudad, lo que ha permitido avanzar en un plan estratégico para conectar el aeropuerto y facilitar que los turistas se movilicen en transporte público”, explica.

En cuanto a las ciclovías, Rodríguez destaca que estas se encuentran en proceso de planificación, lo cual permitiría implementar recorridos turísticos en bicicleta.

Por otro lado, Cuéllar propone que el Inguat podría brindar apoyo a los alumnos en formación como guías turísticos, para que acompañen a los visitantes que no viajan con una agencia turoperadora. De esa forma,  se reforzaría la seguridad de los turistas y se daría oportunidad a los futuros guías de practicar su oficio.

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“Desarrollar una marca turística es más que hacer un logotipo”

Experto sugiere que la marca turística para la Ciudad de Guatemala debe convertirse en una idea compartida, con compromiso público-privado e inversión sostenidos en el tiempo.

Ximena Fernández

4 de septiembre de 2025

|

05:59h

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