Codedes

10 de abril de 2026

00:22h

La mayoría de los avales que han sido otorgados por distintas entidades para la ejecución de obras a cargo de los Codedes en el interior del país, se centran principalmente en proyectos de infraestructura básica cómo caminos rurales, calles y escuelas según datos de al SCEP. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

De 872 solicitudes para la construcción de proyectos a cargo de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), 308 cuentan con el aval para su ejecución por parte de las entidades encargadas del proceso, según datos proporcionados por la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), que da seguimiento a estos proyectos.

El número de solicitudes aprobadas en lo que va del 2026 contrasta con las cifras del mismo período del 2025. En el mismo periodo del año pasado se habían registrado 1 mil 42 solicitudes, de las cuales 1 mil 12 fueron aprobadas. La mayoría de las obras avaladas a los Codedes en el país durante el presente año son caminos rurales, calles y escuelas.

Según el titular de la SCEP, Víctor Hugo Godoy, se han comenzado a implementar controles que fueron acordados a finales del año pasado entre el Ejecutivo y alcaldes de distintas localidades, ante la ausencia de medidas adecuadas para la ejecución de proyectos conforme al Decreto 7-2025, que contiene la Ley para el Fortalecimiento Financiero y Continuidad de los Proyectos de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, conocida como la ley de gasto “exprés” para los Codedes.

“Es para evitar que las obras carezcan de supervisión, estudios y avales al momento en que sean ejecutadas. Esto permite reducir riesgos o eventualidades que puedan evitar que las obras puedan presentar algún inconveniente”, indicó.

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Hasta lo que va de abril, hay un total de 872 solicitudes para la construcción de 760 proyectos a cargo de los Codedes, según información de la SCEP que también es verificable en el Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejos de Desarrollo (Siprocode) de la entidad. Del total, 308 han recibido el aval de las entidades correspondientes; 83 se encuentran en análisis; 86 están en fase de corrección; 260 están registradas; 127 están sin recepcionar y 8 han sido rechazadas.

Obras con mayor demanda

De las 872 solicitudes de proyectos presentadas hasta el momento por parte de los Codedes, cinco tipos de proyectos tienen mayor demanda: caminos rurales (252), construcción de escuelas primarias (136), calles en áreas rurales (184), sistemas de agua potable (89) y sistemas de alcantarillado sanitario (59).

En cuanto a las 308 obras que han recibido avales, 93 corresponden a caminos rurales; 113, a calles en áreas rurales; 30, a sistemas de agua potable; 26, a escuelas primarias; 17, a sistemas de alcantarillado; 9, a puentes vehiculares; 2, a institutos básicos; 2, a sistemas de aguas pluviales; 2, a sistemas de tratamiento de aguas residuales; 1, a escuela primaria bilingüe; 1, a infraestructura para bibliotecas escolares; 1, a sistema aislado de fuente de abastecimiento de energía solar; 3, a tanques de almacenamiento o captación de agua, y 1, a infraestructura para recolección, clasificación, tratamiento y disposición final de desechos sólidos.

La información proporcionada indica que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) ha brindado el mayor número de avales hasta abril, con 178. De estos, 87 corresponden a caminos rurales; 85, a calles en área rural, y 6, a puentes vehiculares.

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) ha avalado 62 proyectos: 23 de calles en área rural; 8 sistemas de agua potable; 8 escuelas primarias; 6 sistemas de alcantarillado sanitario; 5 caminos rurales; 2 puentes vehiculares; 2 para escuelas preprimarias y un aval para sistemas de aguas pluviales, sistemas de tratamiento de aguas, escuela primaria bilingüe, infraestructura para bibliotecas escolares, instituto básico, sistemas aislados de fuentes de abastecimiento de energía solar, edificios de usos múltiples y tanque de captación de agua.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) ha avalado 39 proyectos: 19 sistemas de agua potable; 11 sistemas de alcantarillado sanitario; 2 escuelas primarias e igual número para tanques de almacenamiento y captación de agua. Además de sistemas de aguas pluviales, sistemas de tratamiento de aguas residuales, escuela de preprimaria y estructura para recolección y disposición final de desechos sólidos, con un aval por cada proyecto.

El Ministerio de Educación ha avalado 18 proyectos: 15 escuelas primarias, 1 escuela preprimaria,1 instituto básico y 1 instituto de telesecundaria. Los restantes 11 avales Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap): 5 para calles en área rural; 3 para sistemas de agua potable; y 1 para escuela primaria, caminos rurales y puente vehicular, respectivamente.

Menos proyectos que en el 2025

El número de proyectos avalados en el 2026 por entidades estatales contrasta con los avales emitidos en el mismo período del 2025, cuando se aprobaron 1 mil 12 de un total de 1 mil 42 solicitudes para obras a cargo de los Codedes.

Esto se debe a que actualmente los expedientes de cada proyecto son revisados detalladamente con el apoyo de la SCEP, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) y el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), antes de ser enviados para su aval. Con ello se realiza una evaluación adecuada y se evita el vencimiento del plazo de cinco días, así como la aprobación automática de los proyectos mediante el denominado “silencio administrativo”, como lo estipula la ley de Codedes, lo que también previene irregularidades o formulaciones incorrectas, indicó la SCEP.

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Calidad de proyectos y falta de sostenibilidad

A criterio de Delfino Mendoza, experto en infraestructura de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), uno de los aspectos más preocupantes de los proyectos desarrollados en el interior del país por los Codedes es la falta de mantenimiento, lo que diluye rápidamente el impacto de las obras y su inversión.

“No hay una planificación del mantenimiento de la operación de los proyectos y entonces vemos como al cabo de dos, tres años los proyectos están prácticamente destruidos si no les dan el mantenimiento en el siguiente invierno se deterioran porque son caminos con bajas especificaciones”, afirma.

También indica que la tendencia a ejecutar proyectos de pequeña escala responde más a demandas puntuales de los pobladores que a una planificación integral con impacto en el desarrollo.

“Vemos proyectos de adoquinamiento de 600 metros, de un kilómetro. O sea, son proyectos micro que muchas veces es más para atender un requerimiento, digamos, muy puntual de una comunidad y para tenerlos contentos, pero no es algo que vaya a cambiarle la vida a las poblaciones”, puntualiza.

Mendoza también considera un riesgo el aumento de recursos asignados a los Codedes este año y advierte que “si antes no se podía ejecutar un presupuesto menor, ahora el riesgo de acumular recursos no ejecutados es mayor”.

Cambian reglas para distribuir fondos del IVA Paz en Guatemala: así afectará a los municipios

Tue, 31 Mar 2026 18:52:50 +0000

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Cambian reglas para distribuir fondos del IVA Paz en Guatemala: así afectará a los municipios

El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) aprobó este martes la metodología para distribuir Q192 millones 250 mil entre los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), con base en datos actualizados de población y pobreza.

31 de marzo de 2026

12:52h

En el Palacio Nacional de la Cultura de realizó la reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) este martes 31 de marzo. (Foto Prensa Libre: Cortesía SCEP).

El presidente Bernardo Arévalo presidió la reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), que se llevó a cabo durante la mañana de este martes 31 de marzo en el Palacio Nacional de la Cultura, en la que se abordó la distribución de la ampliación presupuestaria 2026 y el anteproyecto del presupuesto 2027 para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes).

En la reunión se llevó a cabo la revisión y aprobación de la metodología que será implementada para la distribución de los recursos públicos para los Codedes por un monto de Q192 millones 250 mil, provenientes del IVA Paz y que se encuentran contenidos dentro de la ampliación presupuestaria aprobada para este año.

Según indicó el mandatario, la manera en que serán distribuidos estos recursos estará basada en la actualización de los datos demográficos y de pobreza extrema en el país, por lo que la distribución se llevará a cabo de manera equitativa y proporcional, de acuerdo con las necesidades de cada región, en donde se estarán priorizando aquellas localidades que necesiten mayor apoyo.

Actualización del criterio de distribución

En la reunión también se aprobó el punto resolutivo en el que se establece la fórmula que será implementada para la distribución de dichos recursos. Según se establece, de manera excepcional, se llevará a cabo la actualización del índice demográfico y de pobreza extrema en cada municipio, actualizado a febrero del 2025, esto como único criterio para la distribución de dichos recursos contenidos dentro de la ampliación presupuestaria del 2026 y la propuesta de inversión para el 2027. Con esta decisión se deja atrás la fórmula que se había venido implementando hasta el 2025, con datos que consideraron como “obsoletos” del censo del 2002, que se habían utilizado para llevar a cabo la distribución.

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“Si ha habido polémica y debate es porque cualquier modificación en este tipo de criterios genera cambios que van a beneficiar a algunos y no van a beneficiar a otros. Algunos van a empezar a percibir algo más, otros van a empezar a percibir algo menos, pero lo importante es que esta variación sea el resultado de criterios técnicos, no de criterios arbitrarios o políticos, número uno, y número dos, de que tengamos consenso alrededor de esos criterios técnicos”, afirmó el mandatario.

Bajo este criterio, Arévalo indicó que aquellas localidades que reciban menos fondos es porque, probablemente, sus indicadores de desarrollo han mejorado, lo que, a su criterio, representa un balance positivo para estos municipios.

“Quienes empiecen a recibir menos fondos como resultado de la aplicación de este criterio es porque en sus municipios o sus departamentos se vive mejor”, aseguró.

Punto resolutivo

El cambio en la metodología para la distribución de los fondos se encuentra contenido dentro del punto resolutivo que se dio a conocer durante la reunión, el cual consta de cuatro artículos y que se fundamenta en el artículo 255 de la Constitución Política de la República, régimen económico y social basado en justicia social y distribución equitativa de los ingresos.

El decreto 11-2002, Ley de los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural, principalmente en el artículo 6, literal G, que otorga al Conadur la facultad de conocer los montos máximos de preinversión e inversión pública por región y departamento.

El acuerdo gubernativo 461-2002, reglamento de la Ley de Consejos de Desarrollo, y el decreto 3-2026 del Congreso, que contiene las reformas al presupuesto 2026, que incrementó en Q192 millones 250 mil el aporte del IVA Paz para los Codedes.

Según datos de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), con base en estos criterios, la distribución del monto total de Q192 millones 250 mil provenientes del IVA Paz se realizará de la siguiente manera en las diferentes regiones del país:

Región metropolitana: Q23 millones 619 mil 396
Región norte: Q19 millones 251 mil 888
Región nororiente: Q23 millones 511 mil 625
Región suroriente: Q21 millones 772 mil 770
Región central: Q21 millones 672 mil 449
Región suroccidente: Q49 millones 436 mil 405
Región noroccidente: Q25 millones 453 mil 878
Petén: Q7 millones 531 mil 589

Según se ha indicado por parte de la SCEP, así como por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), con esta modificación en la distribución de los recursos se permitirá la incorporación de proyectos de seguridad alimentaria y nutricional en las regiones que más lo necesiten.

En cuanto a los montos máximos de preinversión e inversión pública para el 2027, estos se estiman en Q4 mil 509 millones 329 mil, y se prevé que la distribución se realice de la siguiente manera:

Región metropolitana: Q552 millones 637 mil 527
Región norte: Q450 millones 478 mil 629
Región nororiente: Q549 millones 605 mil 471
Región suroriente: Q508 millones 992 mil 720
Región central: Q506 millones 782 mil 844
Región suroccidente: Q1 mil 155 millones 911 mil 508
Región noroccidente: Q595 millones 263 mil 36
Petén: Q189 millones 657 mil 265

Cabe resaltar que dichos montos son una proyección preliminar, ya que los montos definitivos serán establecidos dentro del proceso de formulación del presupuesto para el 2027, que comenzará en los próximos meses.

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Solicitan aprobación de fondos

La mayoría de los alcaldes que estuvieron presentes en la reunión manifestaron su aprobación de la manera en que se llevará a cabo la distribución de los fondos, ya que consideran que es justo que se haga la entrega de acuerdo con las necesidades de cada región.

Asimismo, hicieron una solicitud al presidente Arévalo para que, por parte del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), se agilice la entrega de los fondos para los proyectos que ya cuentan con todos los procedimientos legales aprobados para su ejecución, tomando en cuenta que se acerca el invierno, lo que dificultaría su implementación, según indicó el alcalde de San Juan Sacatepéquez, Juan Carlos Pellecer, representante de la región metropolitana.

“Se viene mayo y levantar una escuela, una planta de tratamiento, un centro de salud levantar los cimientos entre el lodo y el agua es un tormento. Lo que nosotros pedimos concretamente es que gire instrucciones a su ministro – de finanzas – para que le pueda dar la facultad a los directores para que los proyectos que ya están aprobados firmen convenio. No entendemos por qué ese proyecto no puede firmar convenio, recibir su anticipo e iniciar su trabajo”, indicó Pellecer.

La petición del jefe edil también fue respaldada por Estaban Castillo, alcalde de San José Acatempa, Jutiapa, representante de la región suroccidente, quien además solicitó que se les apoye con los pagos y aprobaciones de los proyectos de arrastre a cargo de los Codedes.

“Nos gustaría que nos pudieran apoyar con el pago o la aprobación individual de los proyectos de arrastre que tenemos en Codedes, tuvimos una plática afuera con personeros de finanzas, pero nos dicen que el pago no se da porque Finanzas pública no ha hecho la resolución para que se haga el desembolso primario”, afirmó Castillo.

Segeplán impulsa cambios en el Snip para agilizar la ejecución de obras públicas

Thu, 19 Mar 2026 06:05:00 +0000

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Segeplán impulsa cambios en el Snip para agilizar la ejecución de obras públicas

La nueva normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública (Snip), publicada por Segeplán, introduce cambios en la formulación y ejecución de proyectos estatales para el 2027, con el fin de reducir retrasos y mejorar la planificación.

19 de marzo de 2026

00:05h

Con las modificaciones a la normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública, (Snip), se busca agilizar los trámites para la ejecución de obras en todo el país según indica Segeplan. (Foto Prensa Libre: CIV)

Con la finalidad de mejorar los procesos de ejecución de las obras que serán ejecutadas durante el ejercicio fiscal 2027, la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) publicó la nueva normativa que regirá el Sistema Nacional de Inversión Pública, conocido como Snip

Dentro del documento que contiene las nuevas disposiciones se introducen cambios importantes en la manera en que los ministerios, municipalidades y otras entidades deberán presentar, registrar y ejecutar los proyectos que buscan obtener financiamiento del Estado para ser implementados.

La actualización de la normativa, que entró en proceso de socialización a finales de febrero pasado, busca corregir varios vacíos dentro de la planificación pública, como la lentitud en las aprobaciones, la falta de claridad territorial y los vacíos legales para intervenir en tierras comunitarias.

El objetivo principal es que los recursos destinados a escuelas, carreteras y sistemas de agua, entre otros, se traduzcan en beneficios reales y medibles para la población y, al mismo tiempo, evitar el mal uso de los recursos destinados a estos proyectos, han explicado funcionarios de esta entidad.

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Requisitos acordes al tipo de obra

Uno de los cambios más notables dentro de la nueva normativa es la incorporación del principio de proporcionalidad. En la práctica, esto significa que ya no se pedirá el mismo nivel de estudio a la construcción de una escuela rural que a un megaproyecto de infraestructura.

“De acuerdo con la complejidad que estos tengan van a haber proyectos que, en efecto, van a presentar un perfil y van a haber proyectos que cuando corresponda van a presentar un estudio de prefactibilidad o de factibilidad. Y también se fortalecen los mecanismos de control para la modalidad de diseño y construcción para que los proyectos se puedan llegar a ejecutar y podamos tener más bienes públicos”, afirmo Enrique Maldonado de la subsecretaria de Inversión Pública para el Desarrollo, de Segeplán.

La nueva directriz establece categorías, ya que los proyectos de menor complejidad podrán formularse a nivel de “perfil”, con datos específicos relacionados con su construcción y diseño, mientras que aquellos de mayor envergadura y costo deberán presentar obligatoriamente estudios de prefactibilidad y factibilidad.

Con esta diferenciación también se podrá agilizar considerablemente el tiempo de respuesta de Segeplán y reducir los cuellos de botella que tradicionalmente afectan a las iniciativas municipales o de menor escala, indicó el funcionario.

Las normas para el 2027 exigen que el presupuesto de cada proyecto contemple, de manera explícita, el costo de las medidas de mitigación de riesgos, por medio del Análisis de Gestión de Riesgo en Proyectos de Inversión Pública (Agrip) y el cumplimiento de las normas de seguridad estructural emitidas por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred): NRD-1, NRD-2 y NRD-3, que son fundamentales debido a la alta vulnerabilidad sísmica y climática en el país.

Información de los lugares precisos

La nueva normativa incorpora la obligación de presentar un archivo “geoespacial” en formato Kmz, que es utilizado para almacenar ubicaciones geográficas, rutas, polígonos e imágenes, así como información contenida dentro de mapas en 3D. Esto es obligatorio para todos los proyectos de infraestructura. Según se establece, ya no bastará con indicar en un formulario el nombre de la aldea o las coordenadas aproximadas, ya que de esta manera se busca tener la ubicación precisa del proyecto.

Todas las entidades del sector público deberán subir al sistema SNIP una delimitación precisa del área de intervención o el trazado lineal de la obra, tal como se visualiza en plataformas como Google Earth. Esta medida, aparentemente técnica, tiene implicaciones profundas en la lucha contra la corrupción y la mala planificación, ya que permitirá a los auditores y a la ciudadanía verificar, sin necesidad de una visita de campo, si la obra se ejecuta donde debía y con la celeridad apropiada.

Terrenos comunales

Uno de los aspectos más significativos, y que aborda uno de los temas más complejos en el país, es la regulación de los proyectos en tierras de gobernanza comunal o de pueblos indígenas.

Históricamente, la falta de títulos de propiedad individuales en estas áreas paralizaba la inversión pública, ya que la ley exige que la infraestructura estatal esté asentada sobre propiedades a nombre del Estado o de un particular con cesión de derechos. Las nuevas normas, que van de la mano con la Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto 13-2025), establecen que será título suficiente un acta de asamblea comunitaria que autorice el uso del bien.

Dicha acta deberá especificar un plazo de uso no menor de 20 años (renovable). También deberá detallar quién será el responsable del proyecto y las obligaciones de las partes. Según se indica, con esta disposición las comunidades que durante décadas han administrado sus territorios de forma colectiva podrán acceder a fondos para construir proyectos de beneficio para sus comunidades, como centros de salud, escuelas o sistemas de agua potable, sin necesidad de violentar sus formas de organización.

Con estas nuevas disposiciones se busca evitar la improvisación en la planificación y ejecución de los proyectos, al tiempo que se agilizan los trámites administrativos para que las obras puedan ser autorizadas y ejecutadas en los tiempos establecidos.

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Comunas carecen de planificación adecuada

Aunque Segeplán a impulsado la implementación de estas nuevas normas con el objetivo de agilizar la inversión a nivel nacional existen algunas limitantes principalmente en el interior del país, en donde las municipalidades carecen de medidas para llevar a cabo una planificación adecuada en la ejecución de los proyectos.

Según indica Delfino Mendoza, experto en infraestructura de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), mientras las municipalidades han argumentado que la ejecución de obras se retrasa por situaciones relacionadas con la aprobación de las obras en el Sistema Nacional de Inversión Pública (Snip), Segeplán argumenta que el problema se debe a deficiencias en la formulación de los proyectos.

No obstante, también asegura que una de las limitaciones que tienen varias municipalidades en todo el país es que carecen de oficinas de planificación para el desarrollo adecuado de los proyectos en sus respectivas localidades.

“Hay muchas municipalidades, sobre todo las del interior, que tienen debilidades institucionales en sus oficinas de planificación. Ahí vemos falta de personal calificado para la formulación de los proyectos. Estudios técnicos de ingeniería para la ejecución de proyectos también con deficiencias, y debemos considerar además que ellos ejecutan una variedad de proyectos. Agua potable, calles, adoquinamiento, pequeños puentes, en fin, una serie de proyectos que requieren de diferentes especialidades en materia de ingeniería”, afirma el experto.

Mendoza considera que se requieren diversos especialistas para el diseño de los proyectos, ya que “no es lo mismo una calle que un proyecto para introducción de agua potable”.

También indica que normalmente en las municipalidades del interior del país no se tiene una oficina municipal que atienda diversas especialidades en proyectos, ya que únicamente en municipalidades como la de Guatemala y en algunos los municipios del departamento central se cuenta con este tipo de oficinas, lo que también representa problemas al momento de ejecutar obras en el interior del país.

¿Qué efecto pueden tener las modificaciones?

A criterio de Selvin García, expresidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), es importante definir cómo las modificaciones podrán impactar a las municipalidades en la ejecución de obras públicas. También indica que es necesario conocer si los nuevos requisitos pueden tener un efecto “contrario” al deseado, ya que esto podría generar mayores atrasos en la construcción de obras, principalmente en el contexto de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) y en proyectos municipales.

“Si la modificación es para facilitar, mejorar y agilizar la construcción de la preinversión que se presenta creo que es importante. Ahora si van a cambiar las reglas del juego creo que eso puede generar más mora en todo el sistema. Cuando digo cambiar las reglas del juego, es decir que va a incorporar nuevos requisitos o más requisitos y si estos vienen a ser un poco más dilatorios, lo que va a pasar es que puede haber mucha más obra que no se va a lograr construir “, asegura García.

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También indica que, si los proyectos pequeños van a estar exentos de estudios de factibilidad y prefactibilidad, existe el riesgo de que, para agilizar los recursos, la inversión municipal se concentre en proyectos de baja cuantía.

“Los proyectos grandes, mercados, polideportivos, drenajes salones, plantas de tratamiento… van a ser menos prioridad porque son los más complejos en requisitos y es donde Segeplán se ha quedado rezagado. Esta es una analogía: No es lo mismo meterte a una licitación que a una compra de baja cuantía. Me explico”, asegura García.

Por último, considera que, para que las modificaciones al Snip sean viables, Segeplán también deberá poner atención a la falta de personal que tiene para hacer efectivas las revisiones y tener el control a nivel nacional de que se cumpla con la normativa.

“Yo creo que el problema de Segeplán es realmente la falta de equipos técnicos y facilitadores a nivel departamental y a nivel nacional que puedan facilitar y que puedan agilar la evaluación del Snip, porque subió el presupuesto casi al 100% – de los Codedes – entonces no van a tener la capacidad de avanzar en la evaluación de cada expediente”, puntualiza García.

Codedes cuentan con más de Q13 mil millones para el 2026

Para el 2026 los Consejos Departamentales de Desarrollo, (Codedes), cuentan con un presupuesto vigente que asciende a Q13 mil 767 millones 119 mil 462.67. Este presupuesto vigente es el total de la suma del presupuesto asignado a los consejos para el presente año que es de Q7 mil 257 millones 617 mil 728.74 más el saldo de Q6 mil 509 millones 501 mil 733.93 proveniente de los fondos no ejecutados del año anterior y que fueron autorizados por medio del decreto 7-2025 aprobado por el Congreso que contiene la Ley de los Codedes.

Del presupuesto vigente se han ejecutado hasta la fecha Q14 millones 967 mil equivalentes al 0.11% del presupuesto que los Codedes tienen para el presente año.

Baja ejecución marca primeros tres meses del presupuesto de Codedes en el 2026

Sat, 14 Mar 2026 06:01:00 +0000

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Baja ejecución marca primeros tres meses del presupuesto de Codedes en el 2026

Aunque los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) cuentan con un presupuesto vigente de Q13 mil 767 millones 119 mil 462.67 para el 2026, hasta el 13 de marzo solo han ejecutado Q14 millones 967 mil 41.61, equivalente al 0.11% del total, según información del Ministerio de Finanzas Públicas.

Lea también: Codedes priorizaron caminos y carreteras en 2025 con Q3 mil 600 millones

14 de marzo de 2026

00:01h

Para el 2026 los Codedes cuentan con un presupuesto vigente por más de Q13 mil millones de quetzales de los cuales se han ejecutado poco más de Q14 millones equivalentes al 0.11% del presupuesto vigente. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Proyectos viales, de educación, así como proyectos de agua y tratamiento de aguas residuales son algunos de los principales que han sido priorizados en los primeros tres meses del 2026 por parte de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), según datos contenidos en el portal de Transparencia Presupuestaria del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).

Los datos indican que hasta el 13 de marzo se han ejecutado un total de Q14 millones 967 mil 41.61 en transferencias para los Codedes, equivalente al 0.11% del presupuesto vigente que asciende a Q13 mil 767 millones 119 mil 462.67. Este vigente es el total de la suma del presupuesto asignado para el presente año, que asciende a Q7 mil 257 millones 617 mil 728.74, más el saldo de Q6 mil 509 millones 501 mil 733.93 proveniente de los fondos no ejecutados del año anterior y autorizados por medio del decreto 7-2025 aprobado por el Congreso, que contiene la Ley de los Codedes.

Según los datos, los Q14 millones 967 mil que han sido ejecutados hasta el momento han sido destinados principalmente a cinco rubros: proyectos relacionados con transporte por carretera por un total de Q10 millones 154 mil 823. Luego se encuentran proyectos de educación diversificada por un monto de Q1 millón 673 mil 383. También hay proyectos para la ordenación y tratamiento de aguas residuales por Q1 millón 330 mil 412; proyectos para abastecimiento de agua por Q1 millón 250 mil y proyectos para educación primaria por Q467 mil 325.

Departamentos con mayor gasto

En cuanto a los departamentos con mayor ejecución, Guatemala encabeza la lista, ya que del presupuesto vigente para Codedes, que asciende a Q759 millones 970 mil, ha gastado Q10 millones 125 mil 969.21. De los cinco rubros mencionados anteriormente, el departamento central ha invertido en cuatro, que son proyectos de transporte por carretera por Q6 millones 731 mil; proyectos de educación diversificada por Q1 millón 673 mil 383; proyectos para abastecimiento de agua por Q1 millón 250 mil y proyectos para educación primaria por Q467 mil 325.

En estos últimos tres rubros, que se encuentran dentro de los cinco con más ejecución, según el Ministerio de Finanzas, el departamento de Guatemala ha realizado la inversión total en lo que va del año.

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Escuintla, con un presupuesto vigente de Q264 millones 278 mil para los Codedes, es el segundo departamento con mayor ejecución, con Q3 millones 424 mil 779.10 y ha invertido la mayor parte en proyectos de transporte por carretera con Q3 millones 423 mil 815.

Sacatepéquez es el tercer departamento con mayor ejecución. Del presupuesto vigente de Q240 millones 141 mil, ha utilizado Q1 millón 330 mil 890.64. De este monto, ha destinado Q1 millón 330 mil 412 a proyectos de ordenación y tratamiento de aguas residuales. Dicho monto es el que suma la totalidad de ese rubro, que es uno de los cinco principales en ejecución reportados por la cartera del tesoro.

Petén reporta que del presupuesto vigente -Q323 millones 709 mil-, ha ejecutado Q69 mil 847.97, equivalente a 0.02%. Según la información del Minfin, el rubro al que se ha destinado el monto ejecutado, es el Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación que es el encargado de administrar los ingresos por regalías petroleras, destinadas a proyectos de desarrollo, infraestructura y energías renovables en zonas de actividad petrolera, esto a pesar de que desde el 2025 se suspendieron las actividades petroleras en el campo Xan, que se encontraba en el Parque Nacional Laguna del Tigre, y que estaba a cargo de la empresa Perenco.

Pero, así como estos departamentos han ejecutado ya una parte mínima de los fondos que les han sido asignados para proyectos de Codedes, hay otros que presentan hasta el momento un cero por ciento de ejecución, como Huehuetenango, con presupuesto vigente 633 millones 834 mil; El Progreso, que tiene un presupuesto vigente de Q573 millones 283 mil; Jalapa, con un vigente de Q275 millones 309 mil; Retalhuleu, con plan de gastos vigente de Q221 millones 716 mil; y Zacapa, que tiene un presupuesto vigente de Q197 millones 96 mil.

Baja inversión

Según indica Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), el país tiene una de las inversiones públicas más bajas de América Latina, con solo un 1.6% del Producto Interno Bruto (PIB). En este marco, indica que los fondos que se canalizan por medio de los Codedes son demasiado altos, incluso superando los presupuestos de algunos ministerios.

También asegura que, a pesar de la gran cantidad de recursos con los que cuentan, la ejecución del gasto es deficiente, ya que en el 2024 solo se ejecutó un 52% y en el 2025 el 62% de los fondos asignados.

“Hay una caída muy fuerte en la ejecución en 2024 donde apenas se ejecutó 52% y en el 2025 donde la ejecución fue del 62% donde vemos también que los montos superan de hecho a los presupuestos de muchos ministerios a través de los Codedes. Por ejemplo, se ejecutan más fondos que el presupuesto de la defensa o que el presupuesto de desarrollo social o incluso el presupuesto de agricultura. Definitivamente, los recursos que se asignan a través de los consejos departamentales de desarrollo deben revisarse y la metodología y la forma en que se ha venido trabajando”, asegura.

También indica que la distribución de los recursos no sigue un criterio técnico que esté basado en las necesidades de cada localidad, sino que responde a un enfoque político.

“Lo que uno ve es que todavía en esa priorización de los recursos, pues no necesariamente hay un ejercicio técnico de cómo se distribuyen esos recursos y luego, pues obviamente, hay un enfoque muy político. Hay que replantear la composición de la integración de los consejos nacionales de desarrollo porque definitivamente hay mucha representación de organizaciones que no necesariamente representan a nadie”, indica Zapata.

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Fondos en año electoral

Zapata también advierte de que los Codedes han asumido responsabilidades que deben ser solventadas por el Organismo Ejecutivo, lo que desarticula la capacidad de los ministerios de ejecutar grandes proyectos. Además, indica que al ser el 2026 un año preelectoral también el riesgo de malos manejos aumenta con menos control y transparencia.

“Este es un año preelectoral. El 2026 se presta mucho también a la mala ejecución de fondos el tema de los Codedes, porque hay poco control y la fiscalización se vuelve menos transparente”, indica.

Se solicitó la postura de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (Scep), para conocer más detalles sobre el avance de la ejecución del presupuesto destinado a los Codedes, así como de los departamentos que no han mostrado alguna ejecución, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

Departamentos con mayor ejecución de fondos de los Codedes:

Guatemala, presupuesto vigente Q759 millones 970 mil . Ejecutado Q10 millones 125 mil 969.21
Escuintla, presupuesto vigente Q264 millones 278 mil . Ejecutado Q3 millones 424 mil 779.10
Sacatepéquez, presupuesto vigente de Q240 millones 141 mil. Ejecutado Q1 millón 330 mil 890.64
Petén, presupuesto vigente Q323 millones 709 mil. Ejecutado Q69 mil 847.97

Departamentos que 0% de ejecución de fondos de los Codedes:

Huehuetenango, presupuesto vigente 633 millones 834 mil . Ejecutado 0%
El Progreso, presupuesto vigente Q573 millones 283 mil. Ejecutado 0%
Jalapa, presupuesto vigente Q275 millones 309 mil. Ejecutado 0%
Retalhuleu, presupuesto vigente Q221 millones 716 mil. Ejecutado 0%
Zacapa, presupuesto vigente Q197 millones 96 mil. Ejecutado 0%

Q192 millones para los Codedes: Conadur avala distribución para el 2027

Fri, 27 Feb 2026 23:27:34 +0000

Guatemala

Q192 millones para los Codedes: Conadur avala distribución para el 2027

El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) aprobó la distribución de Q192 millones para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) correspondientes al ejercicio fiscal 2027, durante su primera sesión de 2026.

Paula Carranza

27 de febrero de 2026

17:27h

Integrantes del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) aprobaron la distribución de Q192 millones a los Codedes este viernes 27 de febrero, durante la primera sesión del organismo en 2026. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, presentó al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) los montos por distribuir a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), así como los techos máximos de preinversión e inversión pública para el ejercicio fiscal del 2027.

En primer término, informó sobre la distribución de la fuente 21, por Q192.25 millones.

Para la región metropolitana —Guatemala— se asignaron Q23.6 millones. En la región norte, Baja Verapaz recibirá Q6.4 millones y Alta Verapaz Q12.7 millones. En la región nororiente, los montos se distribuyen entre El Progreso, Izabal, Zacapa y Chiquimula, sumando Q23.5 millones.

La región suroriente —Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa— totalizó Q21.7 millones; la región central —Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla—, Q21.6 millones; la región suroccidente —Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Retalhuleu y San Marcos—, Q49.4 millones; la región noroccidente —Huehuetenango y Quiché—, Q25.4 millones. y Petén, Q7.5 millones.

EN ESTE MOMENTO

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Posteriormente, se dieron a conocer los montos máximos de preinversión e inversión pública para el 2027, financiados principalmente con el IVA-Paz y el impuesto sobre la distribución de petróleo y sus derivados. Ambas presentaciones fueron sometidas a votación y aprobadas por mayoría.

Bertha Zapeta, viceministra de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), durante su intervención en la sesión del Conadur. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Plan K’atun al 2052

Además, con el fin de adaptar las metas nacionales a nuevos desafíos, durante la sesión del Conadur se presentó la propuesta de actualización del Plan Nacional de Desarrollo K’atun, ampliando su horizonte estratégico al 2052. Se prevé tener una primera versión en octubre.

Entre los nuevos desafíos ante los cuales se busca adaptar dichas metas se encuentra el cambio climático, los efectos de la pandemia y los rezagos en varios indicadores.

Lea también: ¿En qué consiste el estudio del Gobierno para verificar al personal del Estado?

Codedes reciben más fondos sin justificación técnica ni equidad en año preelectoral

Mon, 09 Feb 2026 11:00:00 +0000

presupuesto 2026

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Codedes reciben más fondos sin justificación técnica ni equidad en año preelectoral

Con la reciente aprobación del decreto 3-2026, los Codedes recibirán un aporte extraordinario de Q6 mil 312 millones, que se suma al presupuesto ordinario y a fondos no ejecutados, acumulando más de Q15 mil millones para este año.

9 de febrero de 2026

05:00h

La reparación de caminos de terracería son de los proyectos que más figuran en las ejecuciones reportadas por los Codedes en todo el país. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Luego de la aprobación por parte del Congreso del decreto 3-2026, que contiene la ampliación presupuestaria por más de Q9 mil 326 millones, el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) puede llevar a cabo la distribución del aporte extraordinario a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), el cual, según lo establecido en dicho decreto, asciende a Q6 mil 312 millones.

Según lo estipulado en la ley, estos recursos destinados a los Codedes serán utilizados “prioritariamente” para el financiamiento de proyectos de desarrollo y ejecución de obras de infraestructura, como la construcción de sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario, tratamiento de desechos sólidos y saneamiento, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y el bienestar de los habitantes de áreas rurales y urbanas.

También se indica que todos los proyectos que se ejecuten con cargo a estos fondos extraordinarios deben cumplir y completar, sin excepción, todos los procesos de programación y planificación correspondientes, y deben ser publicados por medio del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Guatecompras), con la finalidad de cumplir con los procesos de “transparencia” para su ejecución.

Uno de los aspectos que llama la atención dentro del decreto 3-2026 es que, para la ejecución del aporte extraordinario destinado a los Codedes para el presente año, se faculta la contratación de obras que puedan exceder el ejercicio fiscal vigente. Para ello, según se indica, se deben “provisionar adecuadamente las asignaciones presupuestarias”. Además, se establece la prohibición para la reprogramación y el reordenamiento de las asignaciones presupuestarias para la ejecución del aporte extraordinario.

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Más de Q15 mil millones en 2026

Aunado a este aporte extraordinario de Q6 mil 312 millones aprobado dentro de la ampliación presupuestaria, los Codedes podrán contar en 2026 con otros fondos: el aporte ordinario de Q4 mil 509.3 millones y el saldo sin ejecutar del 2025, por un monto de Q4 mil 640 millones.

En total, dispondrán de Q15 mil 461 millones, superando así los presupuestos de varios ministerios como el de Gobernación (Q9 mil 754 millones), Comunicaciones (Q7 mil 411 millones) y Defensa (Q5 mil 220 millones).

Variaciones entre ampliación y presupuesto aprobado

Al comparar los montos extraordinarios asignados a los Codedes en el decreto 3-2026 y en el decreto 27-2025, que contiene el presupuesto 2026 que fue suspendido por la Corte de Constitucionalidad, (CC), se observan diferencias significativas en las asignaciones de cada departamento y, por ende, en cada municipio.

Por ejemplo, en el presupuesto 2026 que fue suspendido, el aporte extraordinario para el municipio de Guatemala era de Q350 millones 800 mil. En la ampliación presupuestaria tuvo un incremento de Q11 millones, con lo que ahora suma Q361 millones 800 mil. Huehuetenango tenía Q546 millones 900 mil; se le incrementaron Q6 millones 500 mil, llegando ahora a Q553 millones 400 mil. San Marcos tenía Q664 millones y subió a Q665 millones 500 mil, con un aumento de Q1 millón 500 mil. Jutiapa tenía asignados Q451 millones; la ampliación incrementó Q11 millones, sumando ahora Q462 millones.

Pero no solo se dieron aumentos, otros departamentos sufrieron disminuciones significativas. Zacapa, en el presupuesto suspendido, tenía un aporte extraordinario de Q229 millones 300 mil; con la ampliación, este monto disminuyó en Q31 millones y ahora tiene Q198 millones 300 mil. El Progreso pasó de Q187 millones 500 mil a Q157 millones, con una reducción de Q30 millones 500 mil. Chiquimula tenía Q206 millones, ahora tiene Q187 millones, Q19 millones menos.

Jalapa es el único departamento que no sufrió disminución en su asignación extraordinaria para los Codedes, ya que tanto en el presupuesto 2026 como en la ampliación presupuestaria mantuvo los Q257 millones asignados.

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Asignaciones discrecionales y sin fundamentos técnicos

A criterio de Carlos Barrera, diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen), las asignaciones extraordinarias para los Codedes establecidas en el decreto 3-2026 no están fundamentadas en la fórmula aprobada por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), que regula estos aportes.

Según indica, esta situación genera “serias dudas” sobre el destino de los fondos, principalmente en un año preelectoral, lo que podría prestarse al mal manejo de los recursos asignados a cada municipio.

“Estas asignaciones se realizaron de manera discrecional y sin ningún tipo de fundamento por parte del Ministerio de Finanzas. Es preocupante porque en un año preelectoral, estos fondos pueden convertirse en un bolsón de malos manejos y de corrupción”, asegura el parlamentario.

Barrera explica que los criterios para asignar fondos a los Codedes deben basarse en tres factores establecidos por el Conadur: número de población, índice de desarrollo humano, recaudación fiscal e índice de pobreza extrema.

Por ello, afirma que los departamentos con municipios de mayores índices de pobreza y bajo desarrollo deberían recibir más fondos extraordinarios, para ampliar la cobertura hacia quienes más lo necesitan.

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A criterio de Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), no existe una priorización del Ejecutivo para la distribución de fondos para los Codedes, ya que “existen departamentos como Sololá, Totonicapán y Quiché, que presentan altas tasas de vulnerabilidad y que ocupan posiciones intermedias o bajas en la asignación”.

También considera que, al no haber control, estas asignaciones pueden prestarse al “despilfarro y corrupción”.

“Hay mucha corrupción, mucha ineficiencia, mucho despilfarro y es, digamos, un gran bolsón que se presta a malos manejos, a ineficiencias y, en algunos casos, hasta corrupción. Lo que vemos también es que hay, en los departamentos de mayor pobreza, poca inversión por departamento. Cuando vemos, por ejemplo, Alta Verapaz, que es el departamento con el mayor índice de pobreza, especialmente pobreza extrema, la inversión ejecutada es todavía bastante baja”, asegura.

Recientemente, Fundesa presentó su informe sobre la inversión a cargo de los Codedes en el período 2024-2025. El documento indica que, en ese período, los Codedes ejecutaron Q10 mil 976.8 millones. No obstante, también revela una “falta de correlación” entre la inversión y los índices de pobreza extrema a nivel departamental, lo que ha generado “inquietud” sobre la efectividad de la política de desarrollo territorial en el país.

Codedes comienzan el 2026 con menor número de proyectos aprobados

Sat, 07 Feb 2026 06:02:00 +0000

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Codedes comienzan el 2026 con menor número de proyectos aprobados

Mientras en el 2025 se avalaron más de 600 proyectos en dos meses, en lo que va del 2026 apenas se han autorizado 41, de acuerdo con información oficial de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia.

7 de febrero de 2026

00:02h

Un total de 41 proyectos a cargo de los Codedes en distintos municipios han sido avalados en los que va del 2026, según información de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, (SCEP). (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Un total de 41 solicitudes para la construcción de igual número de proyectos en distintos puntos del país han recibido el aval de diferentes entidades encargadas, según información proporcionada por la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP).

De acuerdo con los datos, que también pueden consultarse en el Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejos de Desarrollo (Siprocode), a cargo de la SCEP, de los 41 proyectos, 34 fueron avalados en enero, mientras que los siete restantes lo han sido en lo que va de febrero.

La información también revela que, durante el presente año, se han recibido 202 solicitudes para la implementación de 175 proyectos de diversos tipos en diferentes localidades del país.

De estas solicitudes, 97 están registradas, 41 han sido aprobadas, 15 se encuentran en fase de corrección; 12, en análisis, en 35 aún no se han recibido los formularios y dos han sido rechazadas.

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Proyectos en distintos puntos del país

Los proyectos que han sido aprobados para su ejecución se desarrollarán en los siguientes departamentos: 10 en Petén, ocho en Jalapa, seis en Chimaltenango, cinco en Jutiapa, tres en Sololá, dos en Totonicapán, dos en Zacapa, dos en Izabal, uno en Guatemala, uno en Alta Verapaz y uno en Sacatepéquez.

En cuanto a las entidades que han autorizado los proyectos, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) ha avalado 20; el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), cinco; y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), 15 y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), uno.

Entre las obras avaladas para los Codedes en el 2026 figuran proyectos para la introducción de sistemas de drenaje, mejoramiento de calles y caminos rurales, un puente vehicular, instalación de tanques de almacenamiento y captación de agua, así como la instalación de servicios de agua potable.

Menos proyectos que en el 2025

El número de proyectos avalados hasta el momento por entidades estatales en el 2026 contrasta con los avalados en el mismo período del 2025. Solo en enero del año pasado se aprobaron 297 obras, es decir, 263 más que en el presente año. En febrero del 2025 fueron avalados 379 proyectos.

Obras sin mayor planificación

A criterio de Delfino Mendoza, experto en infraestructura de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), muchos de los proyectos impulsados por los Codedes carecen de planificación y de los estudios técnicos necesarios para su adecuada ejecución, lo que impide su aprobación inmediata por parte de las autoridades.

“Por parte de Segeplan, se argumenta que hay muchos proyectos que tienen deficiencias en su formulación o que les falta información que no cumple con las normas establecidas en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). La verdad es que son muy pocas las municipalidades que tienen una oficina de planificación municipal que esté bien conformada. Hay muchas municipalidades, sobre todo en el interior, que tienen debilidades institucionales o carecen de oficinas de planificación”, asegura.

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También señala que, debido a esta situación, muchos proyectos no cumplen con los requisitos establecidos y, por ello, se deterioran o presentan deficiencias tras su ejecución.

“Ahí vemos falta de estudios técnicos para la formulación de los proyectos, estudios técnicos de ingeniería para la ejecución. Ellos —los Codedes— ejecutan una variedad de proyectos como agua potable, calles, adoquinamiento, pequeños puentes, en fin, una serie de proyectos que requieren de diferentes especialidades en materia de ingeniería”, afirma.

Además, Mendoza considera que el retraso en las adjudicaciones es otro factor que incide en la ejecución de las obras municipales.

“El proceso de contratación se lleva entre cuatro y seis meses; se vuelve lento. Entonces, un proyecto que fue planificado para un año es contratado con suerte a mediados del año, y generalmente ya no les da tiempo de terminarlo en seis meses, dependiendo del tipo de obra”, indica el experto.

Revisiones previas antes de ser avalados

Según explicó el secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, Víctor Hugo Godoy, se acordó con varios jefes ediles que se reunieron en diciembre del 2025 con el presidente Bernardo Arévalo mantener controles y lineamientos necesarios “para evitar que las obras carezcan de supervisión, así como de estudios y avales al momento de ejecutarlas, con el propósito de reducir riesgos o eventualidades”.

“Lo que hicimos fue llegar a un acuerdo con los alcaldes para que haya disposición en el territorio de Segeplan, del Ministerio de Finanzas y de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva, para tratar de dar asesoría a todas las alcaldías. De manera que los proyectos, cuando vengan, ya tengan la mayor cantidad de requisitos cumplidos para garantizar la calidad de las obras”, expresó Godoy.

Aseguró que al revisar y completar los expedientes antes de enviarlos a las entidades correspondientes para la emisión de permisos y avales, se lleva a cabo una evaluación, principalmente para evitar el vencimiento del plazo de cinco días establecido en la Ley de los Codedes, lo cual evitaría la aprobación automática por “silencio administrativo”. También se prevé evitar irregularidades, estudios incompletos o mal elaborados.

Se acordó, además, brindar asesoría a las municipalidades por parte de la SCEP, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) y el Ministerio de Finanzas, encargados de la asignación y control de fondos, así como de constatar que los proyectos cumplan con los requisitos establecidos, afirmó el funcionario.

Ejecutivo acuerda con alcaldes mantener controles para ejecución de obras a cargo de los Codedes

Sat, 24 Jan 2026 06:59:00 +0000

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Ejecutivo acuerda con alcaldes mantener controles para ejecución de obras a cargo de los Codedes

Para reducir los riesgos de aplicación del decreto 7-2025, el Ejecutivo y alcaldes de los 22 departamentos acordaron mantener controles técnicos y legales sobre los proyectos que ejecuten los Consejos de Desarrollo.

24 de enero de 2026

00:59h

Durante las reuniones que el presidente Bernardo Arévalo sostuvo en diciembre del año anterior con alcaldes, se acordó la implementación de controles para que las obras de los Codedes cuenten con todos los parámetros para su ejecución, afirmo el titular de la Scep, Víctor Hugo Godoy. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

En diciembre del año anterior, los alcaldes de distintas localidades de los 22 departamentos sostuvieron una serie de reuniones con el presidente Bernardo Arévalo para conversar sobre las implicaciones que podría tener la aplicación sin ningún tipo de control del decreto 7-2025, que contiene la Ley para el Fortalecimiento Financiero y Continuidad de los Proyectos de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, conocida como la ley de gasto “exprés” para los Codedes.

A criterio de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (Scep), la aplicación de esta norma, tal como fue aprobada por el Congreso, implica una serie de riesgos técnicos, legales y financieros que podrían comprometer la ejecución de las distintas obras a cargo de los Codedes en el interior del país.

Según indicó a Prensa Libre el titular de la Scep, Víctor Hugo Godoy, ante los riesgos que implica la aplicación de dicho decreto, el Ejecutivo llegó a un acuerdo con los alcaldes que participaron en estas reuniones con el presidente para mantener los controles y lineamientos necesarios que eviten que las obras carezcan de supervisión, así como de estudios y avales al momento de ejecutarlas, con el propósito de reducir riesgos o eventualidades.

“Lo que hicimos fue llegar a un acuerdo entre el Ejecutivo y los alcaldes, de manera que conjuntamente vamos a distribuir en el territorio –nacional– para tratar de dar asesoría, porque lo que hace el 7-2025 es violentar algunos procesos y los propios alcaldes se dieron cuenta de que eso no es conveniente porque pueden salir mal las obras”, afirmó Godoy.

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Revisarán expedientes de proyectos

El funcionario explicó que la asesoría que se brindará a los alcaldes se realizará a través de las entidades encargadas de asignar y velar por los fondos destinados a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), como la Secretaría de Coordinación Ejecutiva, la Secretaría General de Planificación y Programación del a Presidencia, (Segeplán) y el Ministerio de Finanzas Públicas, (Minfin).

“Lo que hicimos fue llegar a un acuerdo con los alcaldes para que haya disposición en el territorio de Segeplán, del Ministerio de Finanzas y de la Scep, para tratar de dar asesoría a todas las alcaldías. De manera que los proyectos, cuando vengan, ya tengan la mayor cantidad de requisitos cumplidos para garantizar la calidad de las obras”, indicó el secretario.

Según la Secretaría de Coordinación Ejecutiva, el Gobierno propuso a los alcaldes una medida importante, la revisión previa de los expedientes de los proyectos.

El objetivo de esta medida es que dichos expedientes estén completos antes de su respectiva aprobación por el Consejo Departamental de Desarrollo, evitando así el plazo de cinco días estipulado en la ley de Codedes, que habilitaría el uso del llamado “silencio administrativo positivo”, establecido en el último párrafo de la citada norma.

Al revisar y completar los expedientes antes de enviarlos a las entidades correspondientes para la emisión de permisos y avales, se permite una evaluación adecuada, se evita el vencimiento del plazo de cinco días y se previene la aprobación automática por este “silencio administrativo”. Así, también se evita que los proyectos presenten posibles irregularidades o que estén mal elaborados, se indicó.

De acuerdo con el titular de la Scep, todos los alcaldes que participaron en las reuniones con el mandatario estuvieron de acuerdo con estos procesos. El presidente Arévalo, además, sostuvo cuatro reuniones en el Palacio Nacional de la Cultura en diciembre, en las que participaron más de 250 jefes ediles de los 22 departamentos.

Aún no se aprueban proyectos bajo Ley de Codedes

Hasta el momento, la Segeplán no reporta aprobación alguna de proyectos para los Codedes bajo el decreto 7-2025.

Dicha secretaría reiteró que la ley de gasto exprés de los Codedes aplica a las solicitudes de proyectos que ingresaron después del 17 de octubre del año anterior —cuando entró en vigor—. En ese sentido, aseguró que aún no se ha emitido ninguna opinión técnica bajo el criterio del “silencio administrativo positivo” para avalar proyectos.

Según lo establecido en el decreto 7-2025, se da un plazo máximo de cinco días para que tanto Segeplán como las entidades encargadas de autorizar las obras emitan una respuesta positiva o negativa. También se indica que, si no hay respuesta en ese plazo, las comunas podrán continuar con los procesos de ejecución sin necesidad de una opinión técnica.

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Llamado para verificar a los Comudes

La Scep hizo un llamado a las municipalidades que están rezagadas para completar la verificación de los Consejos Municipales de Desarrollo (Comudes), ya que el plazo obligatorio para efectuar este proceso finaliza el próximo viernes 30, último día hábil de enero.

Según explicó el titular de la entidad, Víctor Hugo Godoy, las comunas “que no verifiquen a su Comude no podrán acceder a los recursos de inversión pública que son gestionados a través del Sistema de Consejos de Desarrollo (Siscode)”.

También indicó que 190 de las 340 municipalidades del país ya completaron de forma exitosa el proceso de verificación de sus Comudes. La Scep también indicó que las comunas de Santa Rosa, Quetzaltenango y Jutiapa tienen un avance del 100% en la verificación. Las de Petén y de la región suroriente muestran avances del 95% y 79%, respectivamente. Las regiones que presentan mayor rezago son la metropolitana y la central.

Godoy indicó que la verificación de los Comudes por parte de las municipalidades es una “obligación legal” que fortalece la participación ciudadana, garantiza la priorización de proyectos y asegura una asignación transparente de los fondos públicos. Los fondos distribuidos a las comunas provienen del Iva Paz y ascienden a más de Q6 mil millones.

Fundesa advierte que la inversión de Codedes tiene poco impacto en combatir la pobreza extrema

Fri, 23 Jan 2026 06:02:00 +0000

Comunitario

Fundesa advierte que la inversión de Codedes tiene poco impacto en combatir la pobreza extrema

El informe de Fundesa revela que la inversión pública gestionada por los Consejos Departamentales de Desarrollo, (Codedes), entre el 2024 y 2025 fue baja, desigual y sin criterios técnicos claros.

23 de enero de 2026

00:02h

El informe elaborado por Fundesa sobre la ejecución de los Codedes 2024-2025 revela que durante este período se realizaron más de 4 mil proyectos viales en distintos municipios, pero ninguno con algún impacto significativo. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) elaboró su primer informe del 2026 sobre la “Inversión a cargo de los Consejos Departamentales de Desarrollo – CODEDEs–, 2024-2025”, en el que se abordan los principales aspectos relacionados con la ejecución de los fondos asignados durante los últimos dos años a dichos consejos.

El informe indica que los Codedes ejecutaron Q10 mil 976.8 millones en distintos proyectos entre el 2024 y 2025, según datos del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), citados en el documento.

El análisis de Fundesa revela que existe “una falta de correlación clara” entre la inversión y los índices de pobreza extrema a nivel departamental, lo que genera inquietud sobre la efectividad de la política de desarrollo territorial.

Distribución desigual de los recursos

Los datos del informe muestran que, en este período, el departamento de Guatemala recibió Q1 mil 17.8 millones, la mayor asignación de recursos para los Codedes, seguido de San Marcos (Q962.5 millones) y Huehuetenango (Q938.6 millones). En conjunto, estos tres departamentos concentran el 26.7% del total invertido.

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No obstante, al contrastar estas cifras con el mapa de pobreza extrema del 2023 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se observa una brecha preocupante frente a otras localidades, según indica el informe.

Departamentos como Sololá, Totonicapán y Quiché, que presentan alta vulnerabilidad, ocupan posiciones intermedias o bajas en la asignación. Por ejemplo, Sololá recibió apenas Q324.6 millones, pese a ser una de las regiones con mayor pobreza histórica, indicó Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa.

“Lo que vemos es que hay departamentos con mayores índices de pobreza que deberían tener mayor inversión, especialmente en saneamiento, infraestructura, fortalecimiento de centros de salud, que les ayude también a mejorar sus condiciones de desarrollo. Lo que uno ve es que no hay una priorización de esos recursos”, indicó Zapata.

Según explicó, la inversión pública en Guatemala “es de las más bajas del mundo y en América Latina”, ya que se encuentra dentro de los países con la menor tasa de inversión pública.

“La inversión pública es apenas del 1.6% del PIB –Producto Interno Bruto– y esto refleja una descentralización que realmente no tiene una gobernanza clara. Cuando se ve la ejecución de los Consejos Departamentales de Desarrollo, hay una caída muy fuerte en el 2024, donde apenas se ejecutó un 52%, y en el 2025 la ejecución fue del 62%”, afirmó.

Cuatro municipios concentraron el 44% de los recursos

El informe también señala que cuatro municipios del departamento de Guatemala absorbieron el 44% de los recursos (aproximadamente Q428 millones): San Juan Sacatepéquez con Q171.4 millones, Palencia con Q92 millones, Chuarrancho con Q82.5 millones y Amatitlán con Q82.1 millones.

Estos montos contrastan con los de otros municipios con necesidades urgentes, como Santa Catarina Palopó (Sololá), que recibió solo Q6.7 millones, y San Mateo (Quetzaltenango), Q7.1 millones.

Fundesa también indica que cinco municipios de Sololá y tres de Quetzaltenango figuran entre los diez con menor inversión, lo que evidencia una priorización que no responde a criterios de equidad territorial.

En Sololá son: Santa Lucía Utatlán (Q10 millones), Panajachel (Q9.6 millones), San Pedro La Laguna (Q8.4 millones), San Pablo La Laguna (Q8.4 millones) y Santa Catarina Palopó (Q6.7 millones).

En Quetzaltenango, los menos beneficiados fueron: Sibilia (Q10.3 millones), Almolonga (Q8 millones) y San Mateo (Q7.1 millones). Los otros dos municipios con menor inversión son San Lucas (Q10.1 millones) y San Bartolomé Milpas Altas (Q9.5 millones), ambos en Sacatepéquez.

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Proyectos viales sin impacto

El informe destaca que casi la mitad de los recursos (Q5 mil 263.35 millones) se destinaron a infraestructura vial, principalmente al mejoramiento de caminos rurales y calles existentes.

En el 2025 se ejecutaron 4 mil 60 proyectos viales, el 97% de ellos de mejoramiento. Ninguno corresponde a la construcción de carreteras nuevas. El 47.9% del presupuesto fue para infraestructura vial y movilización por carretera. No obstante, más del 90% de los proyectos no superan los cinco kilómetros, asegura Zapata.

“Realmente no tienen impacto en desarrollo porque los proyectos de más de cinco kilómetros no llegan ni a diez. Entonces uno ve cómo a través de los Codedes hay mucha corrupción, ineficiencia y despilfarro, y es un gran bolsón que se presta a malos manejos”, aseguró.

Aunque la vialidad es crucial para la conectividad, este enfoque “desproporcionado” estaría dejando de lado inversiones urgentes en agua potable, salud y educación, que en conjunto recibieron menos del 35% del presupuesto, indicó Zapata.

Estudios técnicos frágiles y desfase presupuestario

Fundesa también identifica debilidades en la gestión de la inversión. Se señala una “debilidad en la formulación de los estudios técnicos”, especialmente en el análisis de alternativas, diseño y evaluación financiera.

También se detectó un “desfase entre el ciclo de formulación y ejecución de los proyectos y el ciclo presupuestario anual”, lo que explicaría el bajo porcentaje de ejecución (58.9% en promedio, con solo 43% al 30 de noviembre del 2025), indicó Zapata.

Transparencia y priorización técnica

Fundesa plantea la necesidad de “evaluar el impacto real” de la inversión. Recomienda establecer criterios técnicos de focalización basados en el índice de pobreza y brechas como infraestructura y vulnerabilidad. También fortalecer el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), sincronizar los ciclos de proyectos con el año fiscal y diversificar la cartera hacia sectores sociales críticos. Además, sugiere implementar un sistema de monitoreo público y transparente.

A criterio de Zapata, es urgente reformar la Ley de Consejos de Desarrollo para mejorar la representatividad.

“Hay un enfoque muy político cuando esto llega al Congreso. El esfuerzo por cambiar la ley de los Consejos de Desarrollo es clave. Hay que replantear la integración del consejo nacional de desarrollo urbano y de los consejos regionales, porque hay mucha representación de organizaciones que no representan a ningún sector”, afirmó.

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Fondos para el 2026

Sobre los fondos destinados a los Codedes en el 2026, Zapata advirtió que se debe tener mucho cuidado y control, ya que, al ser un año preelectoral, el uso de los recursos podría prestarse a “fines clientelares o partidistas”.

“Es preocupante porque por medio de los fondos de Consejos de Desarrollo se compran voluntades políticas. Hay poco control, poco seguimiento y la fiscalización es menos transparente. La inversión pública debería ser prioridad”, afirmó.

También hizo énfasis en que los Codedes reciben en muchas ocasiones “más fondos que algunos ministerios”, lo que en muchas ocasiones impide al Ejecutivo, “destinar recursos a proyectos u obras prioritarias” a cargo de las distintas carteras.

Recomendaciones urgentes

Fundesa plantea la necesidad de evaluar el impacto real de la inversión que realizan los Codedes, con el objetivo de llevar a cabo una mejor distribución de los fondos. De esa cuenta hace las siguientes recomendaciones:

Establecer criterios técnicos de focalización basados en pobreza, brechas de infraestructura y vulnerabilidad
Fortalecer el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)
Sincronizar los ciclos de proyectos con el año fiscal
Diversificar la cartera hacia sectores sociales críticos
Implementar un sistema de monitoreo público y transparente de la ejecución y resultados

Codedes priorizaron caminos y carreteras en 2025 con Q3 mil 600 millones

Sat, 03 Jan 2026 06:14:00 +0000

Guatemala

Suscriptores

Codedes priorizaron caminos y carreteras en 2025 con Q3 mil 600 millones

Para el 2026, la sociedad civil de Conadur prevé cuellos de botella en procesos administrativos y mala calidad en las obras.

3 de enero de 2026

00:14h

La construcción de caminos ocupa una porción importante de los fondos de los Codedes. (Foto Prensa Libre: Caminos)

Con los Q12 mil millones que las municipalidades tuvieron a disposición mediante los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) durante el 2025, se desarrollaron más de 8 mil proyectos a nivel nacional. De acuerdo con los datos de los portales públicos, la mayor inversión se concentró en carreteras, abastecimiento de agua y educación primaria.

El 56% del presupuesto disponible se destinó a carreteras o caminos terciarios; el 15%, a abastecimiento de agua; y el 10%, a infraestructura para educación primaria, según el cruce de datos con el Sistema de Contabilidad Integrado (Sicoin) y el portal de Control de Desembolsos y Transferencias (Codet).

En total, se ejecutaron Q3 mil 600 millones en proyectos relacionados con carreteras y caminos terciarios. Todos los departamentos programaron y ejecutaron obras de esta índole. Organizaciones civiles y centros de análisis han señalado dificultades de fiscalización en este tipo de proyectos debido a su dispersión territorial y al alto costo por kilómetro, además de la escasa relación directa con el combate al hambre y la reducción de la pobreza.

La revisión realizada destaca que Quiché, Huehuetenango y Alta Verapaz asignaron más del 55% del fondo de Codedes a obras viales durante el 2025.

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Proyecciones para el 2026

Con el nuevo presupuesto y el aumento que supera los Q17 mil millones para los Codedes, se espera un incremento en la cantidad de obras. Sin embargo, en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, el sector de mujeres advierte que estas podrían carecer de calidad debido a procesos abreviados, lo que abre la puerta al uso político para generar votos a favor de diputados distritales.

“El 2026 será un año atípico y de alto riesgo por varios factores, como el presupuesto de arrastre aprobado y la ley de agilización de obras. Es un arma de doble filo, porque técnicamente se acumula el trabajo”, comentó Claudia Leppe, representante titular en el Conadur.

Agregó que observan con cautela la gestión administrativa, ya que, a nivel nacional, solo 20 alcaldías tienen la capacidad de ejecutar y administrar los fondos ordinarios, según datos del Ejecutivo.

Leppe aseguró que dudan de la calidad de las obras que se finalizarán en el 2026 por la rapidez de los procesos. Añadió que fortalecerán los mecanismos de fiscalización desde los Codedes para las auditorías, aunque reconoció que no se “darán abasto”.

“Veremos más diputados inaugurando obras grises, donde la calidad estará en riesgo porque se sacrificarán procesos por la foto política”, añadió Leppe.

Proyectos más costosos

A nivel nacional, los tres proyectos más caros superan los Q25 millones cada uno y corresponden al mantenimiento de calles en cabeceras municipales o a caminos terciarios en aldeas.

Chiantla, Huehuetenango, encabeza la lista con un proyecto valorado en Q31 millones para la construcción de un camino rural de 3.75 kilómetros, desde La Alfalfa hasta el cantón La Zeta, según datos de la alcaldía de Chiantla. El proyecto está a cargo de Caín Aliel Cruz López, quien ha obtenido 40 contratos este año con distintas alcaldías de Huehuetenango.

Durante el 2025, Cruz López vendió Q133 millones a alcaldías, siendo este su mejor año. Se ha consolidado como uno de los contratistas más relevantes de la región huehueteca, con seis años de experiencia en contratos exclusivamente con municipalidades de Huehuetenango y San Marcos.

Según documentos oficiales, el proyecto inició en noviembre del 2025 y concluirá en un año, es decir, algunos meses antes del inicio de la campaña electoral del 2027.

En San Francisco, Petén, se ejecuta otra obra valorada en Q30 millones para el mejoramiento de las calles de la cabecera municipal, con una extensión aproximada de 8 kilómetros. Se espera que esta obra también finalice en los últimos meses del 2026.

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El contrato fue adjudicado a Consolidado de Obra Civil, empresa que trabajó en el kilómetro 39 de la autopista Palín-Escuintla en el 2024. Esta compañía pasó de vender menos de un millón a superar los Q20 millones en el 2024, y alcanzó los Q106 millones en el 2025. La mayoría de sus contratos son con municipalidades de Petén, aunque también recibió adjudicaciones por más de Q40 millones del Ministerio de Comunicaciones.

Finalmente, en Los Izotes, Jalapa, se lleva a cabo una obra por Q30 millones para el mejoramiento del camino rural de la aldea. La construcción, de 5 kilómetros, fue adjudicada a José Antonio Vásquez López y finalizará en agosto del 2026.

Este contratista vendió menos de un millón durante nueve años seguidos; sin embargo, en el 2022 y 2023 superó los Q20 millones. En el 2024 volvió a vender menos de un millón, pero en el 2025 alcanzó los Q108 millones, consolidando su mejor año con alcaldías de Jalapa, Chiquimula, Santa Rosa y Alta Verapaz.

Presentan acción de inconstitucionalidad en contra de la ley que permite gasto exprés para los Codedes

Fri, 02 Jan 2026 19:25:47 +0000

Guatemala

Presentan acción de inconstitucionalidad en contra de la ley que permite gasto exprés para los Codedes

Si el decreto 7-2025 sigue vigente, los Codedes podrían manejar recursos sin control en el 2027, año electoral. Por ello, fue impugnado ante la Corte de Constitucionalidad por un grupo de abogados.

2 de enero de 2026

13:25h

Los abogados Luis Fernando Bermejo, Edgar Ortiz y Gregorio Saavedra presentan una acción de inconstitucionalidad en la Corte de Constitucionalidad en contra del decreto 7-2025, que contiene la Ley de Gasto Exprés para los Codedes que fue aprobada por el Congreso. (Foto Prensa Libre: José Sánchez).

Una acción de inconstitucionalidad contra el decreto 7-2025, que contiene la Ley de gasto exprés para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), aprobada por el Congreso en octubre del 2025, fue presentada ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por los abogados Edgar Ortiz, Gregorio Saavedra y Luis Fernando Bermejo, quienes consideran que el decreto viola abiertamente la Constitución.

La acción legal fue presentada luego de que el tribunal constitucional suspendiera provisionalmente la entrada en vigencia del Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el presente año.

El abogado Edgar Ortiz aseguró que, aunque la decisión de la CC de suspender el presupuesto del 2026 es “positiva”, resulta insuficiente si el decreto 7-2025 permanece vigente, ya que este otorgaría autonomía presupuestaria a los Consejos de Desarrollo sin control alguno.

Ortiz indicó que la Constitución establece que el presupuesto del Estado es anual y debe ser aprobado cada año por el Congreso. En ese sentido, la ley de gasto de los Codedes permitiría prorrogar automáticamente los saldos no ejecutados hacia el 2026 y el 2027, lo que eliminaría el control político y presupuestario del Legislativo. “Esto representa un riesgo, tomando en cuenta que el 2027 será electoral”, afirmó el jurista.

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“Para darles un ejemplo, si este decreto quedara vigente, se apruebe o no el presupuesto en 2027 —¡oh, sorpresa!—, año electoral, significa que los Consejos de Desarrollo tendrían no solo el saldo aprobado por el presupuesto, independientemente de que en el 2026 se apruebe o no, sino que además los fondos no gastados”, indicó Ortiz.

También aseguró que esta situación podría tener mayores repercusiones debido a que el “bolsón histórico de fondos” disponible en el 2027, año electoral, podría superar incluso el presupuesto de varios ministerios del Ejecutivo.

Ortiz subrayó que, además de romper con la anualidad del presupuesto, el decreto 7-2025 viola otras disposiciones en detrimento de la calidad del gasto.

“La ley de Codedes rompe con la anualidad del presupuesto, pero también viola otras disposiciones porque el artículo tercero de este decreto prevé que todos aquellos trámites que ejecuten los Codedes frente a Segeplan, Conred y otras dependencias se aprueban automáticamente al transcurso de cinco días. O sea, no solo es un bolsón de gasto excesivo en violación de la Constitución, sino que además estamos hablando de cero calidad del gasto”, indicó.

Ortiz añadió que, junto a sus colegas, ya habían analizado el proyecto de presupuesto 2026, identificando varios artículos potencialmente inconstitucionales, y tenían previsto presentar impugnaciones una vez entrara en vigencia. Sin embargo, la suspensión provisional decretada por la CC cambió “la estrategia” y por ello se tomó la medida de presentar la acción contra el decreto 7-2025.

“Es una victoria parcial. El Congreso y los poderes locales no necesitarían aprobar otro presupuesto más si este decreto queda aprobado, pues los fondos se prorrogarían automáticamente. Por esa razón hoy atacamos únicamente el 7-2025, bajo el entendido de que el presupuesto ha quedado en suspenso”, afirmó Ortiz.

El jurista también considera que es sumamente riesgoso otorgar una gran cantidad de fondos a los Codedes, de quienes no se conocen sus autoridades y que tampoco fueron electos por la ciudadanía.

“Es un atentando contra nuestra Constitución concederles un presupuesto ilimitado, sin control del Congreso a entidades – Codedes – que nadie conoce y que no fueron elegidas por nadie”, puntualizó.

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Segeplan aún no aprueba proyectos bajo ley de Codedes

Hasta finales de noviembre del 2025, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) reportó que no se tenía aprobado ningún proyecto bajo esa normativa.

El decreto 7-2025 establece plazos límite para que las instituciones emitan los avales de las obras que financiarán los Codedes. La ley también indica que, si no hay respuesta en los términos establecidos, se dará vía libre para que el proyecto avance.

En su momento, Segeplan indicó que la Ley de gasto exprés de los Codedes se aplica a las solicitudes ingresadas después del 17 de octubre —cuando entró en vigor—. En ese sentido, aseguró que no se ha emitido ninguna opinión técnica bajo el criterio del silencio administrativo positivo para avalar proyectos.

“Aquellas solicitudes que ya estaban en trámite hasta el 16 de octubre se regirán por los plazos ordinarios que se venían aplicando. Esto quiere decir que el decreto regirá únicamente para los proyectos ordinarios que se ejecutarán en el 2027 y para los extraordinarios o de otra fuente que ingresen al Sistema Informático Nacional de Inversión Pública (Sinip) después del 17 de octubre del presente año”, se indicó por parte de Segeplan.

Según lo establecido en el decreto 7-2025, se da un plazo máximo de cinco días para que tanto Segeplan como las entidades encargadas de autorizar las obras emitan una respuesta positiva o negativa. También se indica que, si no hay respuesta después de ese plazo, las municipalidades podrán continuar con los procesos de ejecución sin necesidad de opinión técnica.

Los ministerios encargados de dar los avales para obras y proyectos de los Codedes son los de Comunicaciones, Educación, Salud, Agricultura, Ambiente y Cultura, así como la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Presidente de la Anam afirma que el Gobierno usa “Ley de Codedes” para convocar a reuniones con alcaldes

Tue, 16 Dec 2025 11:30:00 +0000

Comunitario

Presidente de la Anam afirma que el Gobierno usa “Ley de Codedes” para convocar a reuniones con alcaldes

Sebastián Siero advirtió que el Ejecutivo presiona a los alcaldes con una nueva ley de gasto, tras vetar el decreto 7-2025, con el objetivo de tomar control de la Anam antes de sus elecciones internas.

16 de diciembre de 2025

05:30h

El presidente de la Anam, Sebastián Siero, respaldado por más de 300 alcaldes solicitó en septiembre al Ejecutivo la sanción del Decreto 7-2025 que contiene la Ley de los Codedes. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

El presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Sebastián Siero, afirmó que el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo utiliza la discusión sobre el decreto 7-2025 — que contiene la ley de gasto exprés para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) — como justificación para promover una nueva ley enfocada en la distribución del gasto para las municipalidades. Sin embargo, aseguró que, en realidad, lo que se busca es debilitar su liderazgo y ganar influencia de cara a las elecciones de la asociación, programadas para el 31 de enero, que se realizarán en la Anam.

Según Siero, en las reuniones convocadas por el mandatario con alcaldes en el Palacio Nacional de la Cultura — que se desarrollan a puerta cerrada y de las que, aseguró, ha sido excluido — se estaría planteando sustituir el decreto que el propio presidente Arévalo vetó, bajo argumentos que el también jefe edil de Santa Catarina Pinula considera inadecuados.

“El presidente les dice que no está de acuerdo con el decreto 7-2025, que va a proponer una ley nueva y les meten un montón de falacias de que hay un montón de riesgos legales y demás”, afirmó Siero, basado en testimonios de ediles que sí asistieron.

Siero aseguró que la normativa vetada era una solución a ese problema crónico, y que la promesa de una nueva ley es, en realidad, una “cortina de humo” para desviar la atención y presionar políticamente a los alcaldes.

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“Muchos alcaldes en las reuniones del presidente han manifestado su malestar con la retención de estos fondos de parte de los gobernadores, que es el problema real y que este decreto 7-2025 viene a arreglar ese problema”, explicó.

Frente a lo que considera una estrategia del Ejecutivo para controlar la Anam, Siero aseguró que, por el momento, “no ha pensado” en su reelección como presidente de la entidad, pero afirmó que cuenta con el respaldo de 288 jefes ediles.

El alcalde también confirmó la presentación de un amparo contra el presidente Arévalo y el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, por la asignación presupuestaria destinada a las municipalidades para el ejercicio fiscal del 2026. Denunció que, en la propuesta aprobada por el Congreso, se asigna menos del 6% del presupuesto nacional a los municipios, lo que aseguró, viola el mandato constitucional que establece un mínimo del 10%.

“El amparo va exclusivamente destinado a la asignación del 10% constitucional, ya que el ministro de Finanzas —Jonathan Menkos— con el presidente —Arévalo— asignaron menos del 6%, lo cual es inconstitucional”, precisó Siero, con el fin de desmentir algunas versiones que aseguran que dicha acción busca bloquear todo el presupuesto aprobado por el Congreso para el 2026.

El recorte, según el presidente de la Anam, afecta directamente el pago de obligaciones laborales municipales como el aguinaldo y el bono 14, ya que, asegura, “el Gobierno descuenta indebidamente esos montos de las transferencias municipales para cubrir sus propios compromisos en ministerios”.

“Desde la Anam vamos a seguir haciendo la lucha legal, porque presentamos este amparo y vamos a tomar todas las acciones necesarias para ver que se respete el 10% constitucional”, puntualizó el jefe edil.

Sobre las declaraciones del presidente de la Anam, Sebastián Siero, se solicitó la postura del Ejecutivo a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, (SCSP), pero al cierre de la presente nota no se obtuvo respuesta.

Q5 mil millones sin ejecutar podrían sumarse al presupuesto de los Codedes para el 2026

Sat, 13 Dec 2025 06:02:00 +0000

Comunitario

Q5 mil millones sin ejecutar podrían sumarse al presupuesto de los Codedes para el 2026

La construcción de proyectos financiados por los Codedes avanza con lentitud a pocos días de finalizar el 2025, el promedio de ejecución presupuestaria nacional es del 51.21%, con varios departamentos por debajo del 40%.

13 de diciembre de 2025

00:02h

Para el año 2026 los Codedes podrían contar con más de Q16 mil millones para la ejecución de obras a pesar de la baja ejecución que se ha dado en este año 2025.(Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Faltan poco más de dos semanas para que finalice el 2025 y la ejecución presupuestaria de los 22 Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) apenas ha superado el 50% de los fondos asignados para la construcción de obras en sus respectivas localidades durante el año.

Según datos del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), al 8 de diciembre los Codedes habían ejecutado un 51.21% del presupuesto, con un saldo pendiente de más de Q5 mil 986 millones.

Para este 2025, los Codedes contaron con un presupuesto superior a Q12 mil millones, que incluye asignaciones y aportes extraordinarios.

Hasta esa fecha, los Codedes habían ejecutado más de Q6 mil 200 millones del presupuesto de obras asignado para el presente año.

Los datos también indican que el departamento con mayor porcentaje de ejecución es Escuintla, con un 72.41%, equivalente a Q440.9 millones, y un saldo por ejecutar de poco más de Q168 millones. Jutiapa ocupa el segundo lugar, con un 71.21% de ejecución, que equivale a Q468.38 millones, y un saldo pendiente de Q189 millones 369 mil. El Progreso está en la tercera posición, con una ejecución de Q180 millones, equivalente al 67.45%, y un saldo de Q86 millones 946 mil.

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A mitad de la tabla se ubican Sololá, con una ejecución del 50.8%, equivalente a Q163 millones 771 mil y un saldo pendiente de Q158 millones; y Suchitepéquez, con una ejecución del 50.75%, que equivale a Q260 millones 444 mil y un monto pendiente de Q253 millones.

Cuatro departamentos no superaban el 40% de ejecución al 8 de diciembre: Izabal, con un 39.77% (Q140 millones 401 mil) y un saldo pendiente de Q212 millones; Alta Verapaz, con 39.62% (Q350 millones 721 mil) y un saldo de Q535 millones; Chiquimula, con 39.28% (más de Q136 millones) y un monto pendiente de Q210 millones 382 mil; y Quetzaltenango, al final de la lista, con una ejecución del 33.32%, que equivale a Q226 millones 158 mil y un saldo de Q451 millones 968 mil.

Incremento presupuestario para el 2026

Para el 2026, los Codedes recibirán un aumento considerable en su presupuesto. El Congreso aprobó un aporte extraordinario de Q6 mil 312 millones 100 mil, además del aporte constitucional del Iva Paz, por Q4 mil 491 millones 416 mil, y del Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación (Fonpetrol), por Q17 millones 913 mil. En total, la asignación para los Codedes será de Q10 mil millones 821 mil 429, a los que se sumará el saldo no ejecutado del 2025.

Si al cerrar el 2025 permanece sin ejecutar un saldo de más de Q5 mil 998 millones, los Codedes contarían con más de Q16 mil millones para el próximo año.

Se requiere fiscalización

Con el incremento de fondos, también será necesaria una mayor fiscalización del gasto público, afirma Pedro Prado, experto en temas económicos de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).

“Con estos aportes, que podrían llegar hasta los 16 mil millones para el otro año o un poco más, se requiere mejorar la fiscalización de los recursos públicos en el presupuesto general, pero con especial énfasis en el seguimiento al gasto en los Consejos de Desarrollo. En eso se reconoce la importancia de esas figuras en el desarrollo local, pero por la historia reciente hemos visto también que han sido focos de corrupción”, afirma Prado.

También considera que, con la aprobación del decreto 7-2025, que contiene la ley de Codedes y que permite retener los fondos no ejecutados de este año, se requerirá una mayor fiscalización.

“Debe haber una demanda mayor de fiscalización de este dinero público y, por supuesto, que sea materia de auditoría social. También es importante que todos los actores de la sociedad guatemalteca estén atentos: quién compra, a quién se le compra, a quiénes beneficia, etcétera”, asegura el experto.

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Elevarán porcentaje de ejecución

Sobre la ejecución presupuestaria de los Codedes, la gobernadora de Suchitepéquez, Aura Mariana Enríquez, afirmó que los datos reportados por el Sicoin corresponden a lo pagado hasta noviembre, y aseguró que su departamento aún está pendiente de recibir la cuota de diciembre. Indicó que se espera cerrar el 2025 con un 90% de ejecución de los fondos ordinarios asignados.

“Lo que refleja el Sicoin es lo pagado hasta el día de hoy. Nosotros todavía estamos pagando lo que corresponde a noviembre porque debe hacerse en función de avances y según la cuota solicitada. Ya entregamos al Ministerio de Finanzas la solicitud de cuota de diciembre, y con esto vamos a cerrar el año con ejecución del noventa por ciento en los fondos ordinarios del 2025”, aseguró.

La gobernadora también recalcó que todos los proyectos ejecutados en Suchitepéquez cuentan con el aval correspondiente de las entidades respectivas, para garantizar que las obras cumplan con los parámetros requeridos.

Además, señaló que se ha instruido a los alcaldes para que los proyectos de infraestructura, como escuelas o plantas de tratamiento, programados para el próximo año, cuenten con los avales necesarios. En el caso de proyectos menores, como caminamientos u obras similares, indicó que este requisito no es obligatorio. Respecto de los proyectos programados para el 2026, indicó que hay 12 ya aprobados y que cumplen con todos los requisitos para iniciar su ejecución en los primeros meses del próximo año. En total, se espera ejecutar 109 proyectos en el departamento durante el año, aseguró la gobernadora Aura Mariana Enríquez.

Silencio administrativo: Segeplán aún no aprueba proyectos bajo nueva ley de Codedes

Wed, 03 Dec 2025 06:12:00 +0000

Guatemala

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Silencio administrativo: Segeplán aún no aprueba proyectos bajo nueva ley de Codedes

Segeplán asegura que no se ha activado la ley de gasto exprés de Codedes, después de más de un mes de vigencia.

3 de diciembre de 2025

00:12h

Los proyectos que se financian con fondos de los Codedes avanzan bajo distintos ritmos. (Fotografía Prensa Libre: María Reneé Barrientos Gaytan).

El ritmo de los proyectos municipales anticipa que el silencio administrativo de la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural se aplicarán en contextos electorales, hasta el 2026 y el 2027. Después de más de un mes de vigencia de la ley de gasto exprés, la Segeplán no reporta aprobaciones de proyectos bajo esa normativa.

La nueva normativa establece plazos límite para que las instituciones emitan los avales de las obras financiadas por los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes). Si no hay respuesta en los términos establecidos, se da vía libre para que el proyecto avance.

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) asegura que la normativa se aplica a las solicitudes que ingresaron después del 17 de octubre —cuando la ley entró en vigor— y sostiene que, hasta el momento, ninguna opinión técnica se ha emitido aplicando el criterio del silencio administrativo positivo.

“Aquellas solicitudes que ya estaban en trámite hasta el 16 de octubre se regirán por los plazos ordinarios que se venían aplicando. Esto quiere decir que el decreto regirá únicamente para los proyectos ordinarios que se ejecutarán en el 2027 y para los proyectos extraordinarios o de otra fuente que ingresen al Sistema Informático Nacional de Inversión Pública (Sinip) después del 17 de octubre del presente año”, respondió la Segeplán.

Los Codedes tienen dos fuentes de financiamiento: los fondos ordinarios, que provienen del IVA-Paz y del Fonpetrol, por Q4 mil 500 millones, y los extraordinarios, por Q6 mil 312 millones; ambas cifras fueron aprobadas en el presupuesto para el 2026.

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Según la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), hasta el 1 de diciembre hay cerca de 114 solicitudes para proyectos nuevos y otras 185 en proceso. Aunque la Segeplán asegura que la normativa aplicará para obras del 2027, las nuevas que se ejecutarán el próximo año aún no están aprobadas. En muchos casos, se encuentran en conformación de expedientes y serán enviadas a las entidades en los primeros meses del año, como ocurre históricamente.

La Segeplán añadió que se dará por recibido un expediente solo si contiene los doce requisitos establecidos en la normativa del Sistema de Inversión Pública. También explicó que, en los casos en los que no se emita un dictamen pero se cumpla el plazo para responder, se incluirá una redacción de descargo aclarando que la entidad no realizó la evaluación técnica.

La Ley de Codedes fijó como máximo un plazo de cinco días para que tanto la Segeplán como las entidades que otorgan permisos para la ejecución de obras den respuesta positiva o negativa. De no haber respuesta alguna, las alcaldías pueden continuar el proceso y llevar a cabo el proyecto sin esa opinión técnica. Algunas de las entidades obligadas son los ministerios de Comunicaciones, Salud, Agricultura, Educación, Cultura y Ambiente, así como la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.

Apuntalan a la Segeplán

La ley fue aprobada de urgencia por el Congreso, pese al rechazo del Ejecutivo y de centros de pensamiento. Entre los argumentos en contra se planteó que las instituciones, especialmente la Segeplán, no son lo suficientemente robustas para cumplir con los plazos que fija la ley ante el volumen de obras por ejecutar, tanto nuevas como de arrastre.

La entidad asegura que se está reforzando y que “se encuentra analizando las capacidades técnicas de cada delegación”. Actualmente, se habilitó personal que antes estaba asignado a otras áreas y que tiene la capacidad de evaluar proyectos, según la Segeplán.

Por otro lado, la diputada oficialista Victoria Godoy Palala refirió que se incluyó en el presupuesto del 2026 un incremento de Q30 millones para la Secretaría —Q215 millones en total— con el fin de fortalecer sus capacidades para afrontar la gestión de proyectos de los Codedes, que podrían alcanzar los Q18 mil millones en el 2026.

“El Decreto 7-2025 es un problema que tenemos no solo como Ejecutivo. Desde las alcaldías hay mucha preocupación sobre cómo manejarlo. Creo que sí es un asunto que debemos abordar en el Congreso y, si no podemos derogarlo, pues reformarlo para que sea más operativo. La Segeplán está reforzándose junto con la SCEP”, comentó la diputada.

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Con alcaldes

Las autoridades de la Segeplán y de la SCEP mantienen una serie de reuniones con el presidente Bernardo Arévalo. Hasta el momento, se han desarrollado cinco y aún quedan cuatro pendientes. El objetivo es emitir nuevas directrices para los procesos, según confirmó una fuente que prefirió el anonimato.

La Segeplán señaló que en dichas reuniones se ha acordado que las resoluciones o licencias otorgadas bajo el silencio administrativo incluyan una redacción que lo aclare.

Además, se conoció —según la misma fuente— que el presidente ya se reunió con representantes ediles de cada departamento para acordar que no hagan uso del silencio administrativo positivo. La Segeplán añadió que algunas alcaldías han comunicado que prefieren esperar los permisos.

El alcalde Pedro Solís, de Santa Cruz la Laguna y miembro de la Junta Directiva de la Anam, comentó que en su departamento no se ha realizado ningún acercamiento por parte del Ejecutivo ni de ninguna instancia. Además, añadió que se encuentran en proceso de conformación de expedientes para las obras del 2026, en las que ya se puede aplicar la nueva normativa.

“Va a depender de cómo cada alcalde quiera priorizar sus proyectos y avanzar. En mi caso, se cita a representantes de las entidades para verificar si es viable un proyecto de una planta de tratamiento antes de pedir los avales”, indicó Solís.

Criterios políticos habrían incidido en la distribución de fondos para los Codedes

Fri, 28 Nov 2025 06:05:00 +0000

Guatemala

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Criterios políticos habrían incidido en la distribución de fondos para los Codedes

El presidente de la Comisión de Finanzas sostiene que hubo una negociación entre jefes de bancadas para asignar los recursos a los territorios, premiando o castigando a algunos.

28 de noviembre de 2025

00:05h

En el 2026 los Codedes tendrán un bolsón de alrededor de Q18 mil millones para obras locales. (foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Criterios políticos e intereses electorales habrían dirigido la negociación de los fondos extraordinarios para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede), llevando a más de Q18 mil millones los recursos para el 2026.

Horas antes de que el Congreso conociera la aprobación del presupuesto 2026, la Comisión de Finanzas presentó un dictamen favorable donde se incluía un aporte extraordinario de Q6.3 mil millones para los Codedes. El presidente de la Comisión, Julio Héctor Estrada, explicó que se trataba de un cambio de último momento que obedecía a consensos entre bancadas.

La tabla con montos específicos fue incluida en el artículo 163 del Presupuesto General 2026, y, al revisarla, resalta un aporte mayor a algunos municipios, pero otros han sido castigados con menos recursos.

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Por ejemplo, al menos nueve municipios recibieron más de Q60 millones de fondos adicionales para proyectos de agua y saneamiento, y otros solo tendrán Q500 mil para proyectos en todo el año.

Los cinco más beneficiados son la cabecera departamental de Jalapa, donde la alcaldía es del partido Valor; La Gomera, Escuintla donde el alcalde llegó por Vamos; Cobán, Alta Verapaz con la jefatura edil de Victoria; Sayaxché, Petén, de un comité cívico; y Morales, Izabal, con la alcaldía de Vamos.

De este grupo, Sayaxché y La Gomera sí forman parte de los municipios que mantienen la ejecución más alta del presupuesto para obras a lo largo del presente año.

Los 18 municipios con menos aportes tienen en común que sus alcaldes llegaron por el partido Vamos o Cabal, o los diputados distritales son de las bancadas opositoras.

Modificaciones

La cabecera de Jalapa recibió el aporte extraordinario más alto para el 2025 y repite para el próximo año. Pero hay casos como Sayaxché, que incrementó su asignación en Q71 millones respecto al 2025, es decir, aumentó un 3 mil por ciento sus recursos.

Negociaciones

El presidente de la Comisión de Finanzas, Julio Héctor Estrada, explicó que el artículo 163 con los aportes fue un consenso entre la mayoría de las bancadas que integran la sala de trabajo, avalado por los diputados representantes del Ejecutivo. Dos días después de presentar el dictamen favorable, Estrada sostiene que los acuerdos son una muestra de gobernabilidad entre sectores, aunque reconoce que las cifras, según criterios técnicos, son elevadas.

“Es una distribución de prioridades políticas, de representación, donde cada uno tiene su base electoral. El proceso electoral comenzó ya, y cada uno tiene sus bases electorales en diferentes municipalidades”, reconoció Estrada.

El también exministro de Finanzas detalló que en el caso de Jalapa hay mucho interés de dos o tres grupos grandes, que llegaron a acuerdos para fijar la cifra. También advirtió que se debió establecer una restricción o reorganización para que los montos no fueran tan elevados.

“Esta vez yo no tuve nada que ver directamente con ese acuerdo (…) Mi gusto es que podría ser una cantidad menor, pero yo soy parte de un bloque que también participó en la negociación, allí fueron los diputados distritales y el jefe de bancada”, explicó Estrada.

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Añadió que las asignaciones extraordinarias para los Codedes complicaron que se pudiera reducir el techo total del presupuesto, y también dejaron fuera algunos programas como el Fondo para la Primera Vivienda, bolsones de devolución de impuesto, un subsidio que el Instituto de Electrificación y un bolsón para trenes y puertos.

“Ese proceso sí resulta en un monto importante en inversión y en la capacidad del Estado de invertir en pequeño, y eso se va a ver en el 2026. Pero hemos perdido la capacidad de hacer inversión a gran escala y a mediana escala”, puntualizó el diputado.

Estrada añadió que se respaldó la ejecución de los fondos para que pueda ser más ágil con algunos artículos, y considera que además las obras llevarán dinamismo económico a las localidades.

“El país falla más en la capacidad de ejecutar cosas que en mala ejecución o endeudamiento. Hay problemas de corrupción también, pero el país se está cayendo más por no hacer nada que por hacer mal las cosas”, agregó el diputado de Cabal.

También advirtió que, como respuesta a la falta de inversión nacional, se recurrió a inversiones locales, pero en algunos años habrá que priorizar alguna, porque un proyecto grande nacional y fondos para obras municipales no caben en un mismo presupuesto por términos fiscales y financieros.

“El pasarlo a lo local no es tanto el daño que le hace a la capacidad fiscal, pero sí pienso que en dos o tres años habrá una competencia importante, porque no cabe una apuesta de inversión a través de las municipalidades y al mismo tiempo una propuesta grande a nivel nacional”, concluyó.

Niega negociación

Se intentó entrevistar a la oficialista Victoria Godoy Palala, quién finalmente accedió a través de un mensaje de voz a dar un comentario sobre la supuesta negociación alrededor de la distribución de fondos a los Codedes.

La diputada resaltó que la asignación de fondos responde a la necesidad de proyectos de agua y saneamiento, asimismo que la descentralización de las obras ha ayudado al remozamiento de escuelas, reparación de calles y permite que se lleve a los territorios de una forma más ágil.

“No hay una negociación transaccional, no la hacemos y nunca la hemos hecho. Como oficialistas y desde el Ejecutivo se ha girado la normativa de priorizar proyectos de agua y saneamiento que tanta falta hace al país”, aseguró.

Presupuesto 2026: Cien cuestiona aumento del gasto y deuda aprobada por el Congreso

Thu, 27 Nov 2025 11:00:00 +0000

Análisis

Presupuesto 2026: Cien cuestiona aumento del gasto y deuda aprobada por el Congreso

El techo mayor al monto vigente, la contratación de deuda pública y la asignación de recursos a los Codedes, son las principales observaciones del Centro de Investigación Económica (Cien) al presupuesto del 2026 aprobado por el Congreso.

27 de noviembre de 2025

05:00h

El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), planteó varias objeciones al contenido del presupuesto aprobado por el Congreso durante la madrugada del miércoles 26 de noviembre. (Foto Prensa Libre: José Sánchez)

Un día después, de haberse aprobado el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal del 2026 —la propuesta y con el aval del Ministerio de Finanzas Públicas—, Hugo Maul, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), planteó varias observaciones al contenido.

El monto aprobado, con vigencia a partir del 1 de enero del 2026, asciende a Q163 mil 469 millones. De ese total, se destinan Q108 mil 22 millones para funcionamiento; Q34 mil 78 millones, para inversión, y Q21 mil 368 millones, para el pago del servicio de la deuda.

Las fuentes de financiamiento incluyen deuda interna y externa por un total de Q36 mil 617 millones, según lo aprobado por los diputados.

¿Cuál es su lectura sobre la aprobación del presupuesto?

Hay una inercia muy fuerte; se siguen dedicando los recursos hacia programas que no han sido necesariamente bien evaluados, que no han dado resultados, y sobre todo nos preocupa mucho toda la parte relacionada al endeudamiento.

La carga que significa servicio de la deuda, pagar los intereses, dentro del esquema de ingresos, porque cada vez más el pago de la deuda, que representan en el rubro de las obligaciones a cargo del Tesoro, que se va comiendo al presupuesto.

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La parte que queda flexible es cada vez más baja, y ahí lo que estamos hablando es que, al final, es la inversión la que termina sacrificándose.

¿Qué implicaciones puede tener a futuro?

Las recomendaciones desde el Cien no son necesariamente implementables en el corto plazo, pero sí marcan hacia futuro los grandes riesgos que tiene el país.

Primero, dedicar tanto dinero a funcionamiento, que no necesariamente es gasto en funcionamiento que esté asociado a un resultado de desarrollo. Lo segundo, es que está la rigidez presupuestaria que va dejando al Ministerio de Finanzas básicamente con las manos atadas.

Hay una tendencia que sigue existiendo, y es que nuevos programas, nuevos proyectos o nuevas leyes traen de una vez “el pan bajo el brazo”, comprometiendo recursos que ya el Gobierno no puede dedicarlos a otra cosa, sino que tiene que dedicarlos a estos productos (proyectos).

En términos generales, nuestra duda respecto al presupuesto es el monto, es la deuda, pero sobre todo el impacto que realmente puede tener en mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos, porque hay muchos programas, hay muchos proyectos que realmente no tienen una sustentación técnica, ni una evaluación bien hecha.

¿Cómo cuáles?

Por ejemplo, tenemos el caso de los Cocodes y la famosa Ley 7-2025, en la cual se garantiza la facilidad del dinero, pero no garantiza que el proyecto sea bueno.

Al igual que otros centros de investigación, nos opusimos a esa normativa y, al final de cuentas, ya es una ley vigente, pero hay que tener claro que los alcaldes lo que estaban peleando era no devolver el dinero (a la caja fiscal).

No estaban peleando no cumplir con las obligaciones del Sistema Nacional de Inversión Pública, porque cumplir con lo que hace Segeplán y las exigencias es importante para dar una mayor certeza de que el proyecto es bueno, pero sobre todo también para que todos los que ejecutan obra pública tengan un aval de que instituciones como Conred, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, y como Segeplán dijeron que el proyecto está bueno.

Entonces, ahora que tienen la posibilidad de “brincarse eso”, dada la forma en que quedó esa ley, los responsables van a ser ellos (los alcaldes). Si construyen en lugares riesgosos o pasa cualquier cuestión, son los alcaldes finalmente los que tendrán que responder.

Esa parte, ¿cómo se va a operativizar en un esquema presupuestal?

No está claro cómo se va a hacer eso. Ahora tienen la posibilidad de quedarse con los fondos a los Codedes asignados para el 2026, pero pueda ser que el otro año no los consuman por completo, que se junten con los propios, y lo mismo va a ocurrir con el 2027, que va a ser el mismo problema.

Hay una tendencia que sigue existiendo, y es que nuevos programas, nuevos proyectos o nuevas leyes traen de una vez “el pan bajo el brazo”, comprometiendo recursos que ya el Gobierno no puede dedicarlos a otra cosa, sino que tiene que dedicarlos a estos productos (proyectos).

Eso no es algo que esté claro, sino que es un “tamal que se cocinó”, pero que habrá que resolverlo porque la ley decía que era por esta única vez.

A su juicio, ¿cómo se puede atender esa situación?

Me parece que quizás la oportunidad que hay es para que las instituciones rectoras, sobre todo Segeplán, puedan marcar su territorio en la que realmente se pueda hacer una reforma del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), para garantizar que los proyectos pasan por Segeplán.

Ahí se tiene que actuar más rápido, para que todo se pueda automatizar, pero si estos fondos vuelven a ocurrir, que se les da la multianualidad, por lo menos garantizar que sean buenos proyectos.

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¿No se ve esa certeza, esa capacidad, dado la cantidad de fondos?

No, por de pronto no, pero reitero, ahí Segeplán sí hay una toma de conciencia de que hace falta trabajar más para hacer más ágil el SNIP, y que eso permita entonces poder hacer evaluaciones más rápidas, dar más acompañamiento a las municipalidades y, sobre todo, una que las municipalidades empiecen a pensar en los proyectos ahora que van a ser dentro de dos años, para realmente poner ese componente de planificación que hoy no existe, hoy es reactivo.

¿Puede funcionar la multianualidad de los proyectos?

Es que el problema de la multianualidad es que, si uno hace una buena planificación, entonces no hay un problema de multianualidad, porque uno sabe que los fondos duran un año y que al siguiente año se dan los siguientes.

El problema de multianualidad es cuando no se tiene una planificación de una obra de varios años, sabiendo bien en qué momento hay que pagar, en qué momento debe acelerarse la construcción. Entonces por eso es por lo que ocurren estas cosas.

¿Cuáles son los principales hallazgos del presupuesto aprobado para el 2026?

En términos generales, el monto, porque hubo varias llamadas para reducir el monto y no se hizo caso con eso. También se reiteró para priorizar el gasto, y tampoco se hizo.

Y entidades clave que necesitan recursos para poder hacer su trabajo, digamos el Instituto Nacional de Estadística, que viene en un proceso de transformación y que se han logrado ya estabilizar encuestas continuas en materia de empleo, de condiciones de vida, de la encuesta de ingresos y gastos, y sobre todo el censo, porque ya se vienen los tiempos de hacer de nuevo el censo. Según se sabe, va a sufrir un recorte de recursos. Entonces es realmente difícil que, cuando hay ciertas instituciones claves, se les recorte el ingreso cuando tienen proyectos que son a mediano y largo plazo.

En términos generales, es la no priorización nuestra mayor preocupación, es decir, un presupuesto que va caminando ahí.

En el tema estrictamente político, ¿qué riesgos visualiza en un año preelectoral?

El problema que hemos visto, que no es de este Congreso, sino es de la vida entera, es que utilizan estos presupuestos ya con puros fines electorales, para ir moviendo los recursos hacia donde se necesita tener impacto territorial y tener contentas a las bases, por decirlo así.

Aunque los programas van dirigidos a la población, sabemos que la política es territorial, el presupuesto es territorial, y al final se conjuga el dinero público con los intereses políticos.

Codedes recibirán Q18 mil millones en 2026, más que varios ministerios

Thu, 27 Nov 2025 06:13:00 +0000

Guatemala

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Codedes recibirán Q18 mil millones en 2026, más que varios ministerios

Las alcaldías dispondrán de los fondos millonarios en un año preelectoral y sin los candados, como lo permite la ley para agilizar la ejecución de los Codedes.

27 de noviembre de 2025

00:13h

Los fondos de los Codedes se destinan para caminos rurales, construcción de escuelas, saneamiento y agua, entre otros proyectos . (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Con el presupuesto y otras normas aprobadas recientemente por el Congreso, los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) arrancarán el 2026 con un bolsón de Q18 mil 44 millones.

La disposición de los recursos ocurrirá en año preelectoral y con menos candados, como lo establece la ley para la agilización del gasto de los Codedes.

El monto del que dispondrán las alcaldías, vía los Codedes, corresponde a una décima parte del presupuesto general de la Nación y es superior al de varios ministerios, incluyendo algunas de las carteras más robustas, como la de Salud Pública y Asistencia Social, a la que se le asignaron Q15 mil millones.

Otra forma de dimensionar el bolsón es que suma los presupuestos asignados a las carteras de Gobernación, Defensa y Comunicaciones.

La cifra se incrementa debido a que los diputados incluyeron, por tercer año consecutivo, una asignación para proyectos de agua y saneamiento, con cantidades específicas por municipio. Así, el aporte extraordinario a nivel nacional asciende a Q6 mil 312 millones.

El aporte ordinario aprobado es de Q4 mil 491 millones, correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, más Q17 millones del Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación (Fonpetrol).

Como consecuencia de la aprobación del Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, para agilizar el gasto de los Codedes, durante el próximo año se podrán ejecutar los saldos no comprometidos durante este año. Según el último reporte del Sistema de Contabilidad Integrado (Sicoin), ese monto asciende a Q7 mil 222 millones.

Ejecución exprés

Dicha ley, además de permitir el traslado del saldo no ejecutado, faculta a las alcaldías a ejecutar el presupuesto con menos controles, mediante el silencio administrativo positivo, que obliga a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) a responder en cinco días. De lo contrario, se tomará como autorizado el proyecto y podrá continuar su proceso de ejecución.

Esa medida también se aplicará a las entidades del Ejecutivo obligadas a emitir los permisos necesarios para ejecutar obras. Datos oficiales muestran que algunas carteras tardan hasta cuatro meses en emitir dichos permisos. Segeplán puntualizó que la entrada en vigor de la ley les afectaría, al no tener capacidad para responder dentro del plazo estipulado.

Por tercera vez

La asignación con criterios políticos se repite desde el primer semestre de la Décima Legislatura, lo que ha provocado un aumento de hasta el doble en el fondo de los Codedes. Sin embargo, esta decisión no se ha traducido en una mayor ejecución ni en más inversión en los municipios.

En 2024, durante la aprobación de la ampliación presupuestaria, se incluyó por primera vez un artículo con montos específicos por municipio. En esa ocasión, ni los diputados ni las entidades del Ejecutivo que respaldaron la medida pudieron explicar los criterios técnicos usados. Al revisar los montos, se evidenció una relación entre el presupuesto asignado y los votos de las bancadas cuyas alcaldías resultaron beneficiadas.

Ese año, la ejecución apenas superó el 60%, y el Ejecutivo lo atribuyó al cambio de gobernadores.

Para el presupuesto del 2025, los diputados nuevamente realizaron una asignación por municipio y autorizaron el traslado de fondos no ejecutados a los Codedes, con el fin de no perder los proyectos de inversión. Sin embargo, la ejecución no mejoró.

Los reportes oficiales muestran una ejecución de apenas 40%, lo que equivale a Q5 mil millones. Un informe reciente de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) revela que, en la última década, el presupuesto asignado a los Codedes se triplicó, pero la ejecución anual ronda los Q3 mil millones.

Críticas

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) se pronunció sobre el presupuesto y señaló que los fondos de los Codedes “no siguen criterios técnicos y podrían obedecer a intereses político-partidarios”.

Reiteran que se repite un nivel de ejecución “excesivamente bajo, especialmente en las asignaciones presupuestarias extraordinarias, consecuencia de carecer de sustento técnico y planificación previa, a diferencia de los aportes ordinarios”.

Agregan que continuar con asignaciones extraordinarias sin respaldo técnico desvirtúa el sistema jerárquico de consulta comunitaria y debilita a las entidades responsables.

El experto de Asíes, Érick Coyoy, mencionó que, entre la asignación por municipio y la Ley de Codedes, el papel de los gobernadores resulta irrelevante, al estar ya definida la distribución de fondos y recaer la ejecución en las municipalidades.

“El Ejecutivo, si realmente busca transparencia, deberá movilizar rápidamente sus sistemas y agilizar los procesos para tener capacidad real de respuesta”, afirmó Coyoy.

Añadió que ello repercute en obras con menor calidad técnica, además del riesgo de que el bolsón se utilice para ganar adeptos con fines electorales por parte de las autoridades locales.

Presupuesto 2026 crecerá vía deuda y reprogramaciones, subirá hasta Q170 mil millones

Thu, 27 Nov 2025 06:10:00 +0000

análisis

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Presupuesto 2026 crecerá vía deuda y reprogramaciones, subirá hasta Q170 mil millones

Aunque el Congreso aprobó un presupuesto estatal por Q163 mil 469 millones para ejecutarse en el 2026, este se incrementará hasta Q170 mil millones por ampliaciones preaprobadas.

27 de noviembre de 2025

00:10h

Los diputados de diferentes bancadas del Congreso de la República avalaron un presupuesto de ingresos y egresos por Q163 mil 469 millones para el Ejecutivo. (Foto Prensa Libre: Cortesía Covial)

Los diputados de diferentes bancadas del Congreso de la República avalaron un presupuesto de ingresos y egresos por Q163 mil 469 millones para el Ejecutivo, como propuesta que envió el Ministerio de Finanzas (Minfin) el pasado 1 de septiembre, para ejecutarse el siguiente año. Sin embargo, ya tiene una ampliación cargada en el sistema.

Aunque la cifra brinda la percepción de que se mantuvo y se respetó la asignación inicial enviada por el Ejecutivo, en enero del 2026 el presupuesto público tendrá una ampliación de unos Q6 mil millones, correspondiente a la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, aprobada el martes 2 de septiembre por el Legislativo.

Esta norma dispone que los saldos anuales no ejecutados en un ejercicio fiscal por los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), asignados por el Minfin, se trasladen de forma automática al siguiente año. Esto aumenta el gasto para el nuevo ejercicio fiscal y distorsiona las finanzas públicas.

Para el tercer año de la administración del gobernante Bernardo Arévalo de León, este contará, a partir del 1 de enero del 2026, con un programa de gasto legalizado por los diputados en el Congreso de la República.

Gasto sube Q8 mil millones frente al vigente

El gasto estatal aprobado por los congresistas incrementará 10% con respecto al presupuesto inicial del 2025, que fue de Q148 mil 526 millones, y 8% en comparación con el vigente, de Q154 mil 836 millones, que incluye las ampliaciones autorizadas.

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Es decir, pasa de Q154 mil 836 millones —que es el vigente— a Q163 mil 469 millones, lo que representa un aumento de Q8 mil 633 millones.

Para funcionamiento se destinarán Q108 mil 22 millones; para inversión, Q34 mil millones; y para el pago del servicio de la deuda, Q21 mil 368 millones, según la composición del gasto.

Del programa de gasto, 66% se destinará a funcionamiento, 21% a inversión y 13% al pago del servicio de la deuda.

Los ministerios de Educación, Salud, Gobernación, Comunicaciones, Defensa y Desarrollo absorberán en conjunto el 42.1% del total del presupuesto para el siguiente año, con Q68 mil 919 millones, y son las carteras que recibirán los mayores montos.

Durante la madrugada del 26 de noviembre de 2025, los diputados del Congreso aprobaron el presupuesto 2026. (Foto Prensa Libre: José Sánchez)

Deuda financiará brecha de gasto

En la parte de ingresos, que incluye los tributarios y no tributarios que financiarán la prestación de bienes y servicios públicos a los ciudadanos, se programaron Q126 mil 800 millones. De ese total, Q119 mil 762 millones corresponderán a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en concepto de recaudación a los contribuyentes.

En cuanto a las fuentes financieras —la deuda interna (bonos del Tesoro) más la deuda externa (préstamos)—, se prevé que asciendan a Q36 mil 617 millones.

Por bonos, los diputados de esta legislatura, con el respaldo de las autoridades del Minfin, aprobaron un cupo de endeudamiento por Q25 mil 598 millones. Por préstamos, se suman Q5 mil 601 millones.

Se estima que el saldo de la deuda alcance Q287 mil 348 millones para diciembre del 2026. El 2026 podría cerrar con una deuda pública que se aproximaría al 33% o 34% del PIB, que tiene una lectura de un nivel aún manejable, aunque en crecimiento.

Eso implica que el Ejecutivo tendrá una alta dependencia del endeudamiento para cerrar la brecha entre los ingresos y los gastos, conocida como déficit fiscal, lo cual refleja una “estructura fiscal frágil”.

Por ingresos de capital, se estiman Q51 millones.

Puntos críticos

Una de las fortalezas en la financiación del plan de gasto es que se prevé un crecimiento moderado de la recaudación, y que la administración tributaria tiene ahora obligaciones más estrictas. Sin embargo, uno de los riesgos es la volatilidad y posible sobreestimación de los ingresos tributarios.

También se dependerá del IVA a la importación, que suele ser sensible a la variación del tipo de cambio del dólar y al comportamiento del comercio internacional, especialmente con los principales socios comerciales. Si la recaudación cae en un parámetro de entre 3% y 5%, la brecha fiscal podría aumentar entre Q3 mil millones y Q6 mil millones.

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En cuanto a los riesgos del gasto de funcionamiento, Guatemala sigue arrastrando rezagos en infraestructura, persiste la rigidez presupuestaria y se observa un crecimiento continuo en el pago de sueldos y salarios a los trabajadores estatales, conocido como masa salarial.

Estas condiciones pueden generar escasas posibilidades de maniobra presupuestaria para reasignaciones en caso de emergencias.

Respecto del rubro de inversión, el monto asignado es adecuado para generar condiciones de crecimiento e impulso económico desde el sector público. No obstante, el Ministerio de Comunicaciones, la Dirección General de Caminos, la Unidad de Conservación Vial y los Codedes mantienen un promedio histórico de ejecución bajo, que no supera el 65%. Además, la operación de la Dirección de Proyectos de Infraestructura Vial (Dipp) podría provocar un estancamiento transitorio.

Industria rechaza presupuesto por excesivo e insostenible

Por medio de un comunicado de prensa, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) fijó su postura de rechazo al presupuesto general del Estado para el 2026. “El proyecto es excesivo, insostenible y ajeno a las prioridades reales del país, profundizando una ruta de endeudamiento que castiga directamente a los ciudadanos”, expusieron.

Indicaron que, a pesar de las leves modificaciones realizadas por la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República —que preside el diputado Julio Héctor Estrada Domínguez—, como la reducción del techo presupuestario y la disminución de bonos y préstamos, entre otros, el problema de fondo sigue intacto, con un monto final que supera los Q163 mil millones.

El gasto estatal aprobado por los congresistas incrementará 10% con respecto al presupuesto inicial del 2025, que fue de Q148 mil 526 millones, y 8% en comparación con el vigente, de Q154 mil 836 millones.

El sector industrial reiteró que es inaceptable que, mientras el país enfrenta problemas urgentes de seguridad, movilidad, salud y un costo de vida en aumento, el Estado insista en recetar un presupuesto desfinanciado.

Anam cuestiona endeudamiento

El presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Sebastián Siero, expresó su preocupación por la cantidad de préstamos aprobados en el presupuesto para el 2026, con los cuales se endeuda al país por más de Q10 mil millones. A su criterio, esto no es válido, dado el alto nivel de liquidez en la caja fiscal.

Respecto de los fondos destinados a los Codedes, indicó que estos permitirán que las unidades ejecutoras de las municipalidades trabajen y ejecuten obra.

“Al momento en que los ministerios no están trabajando ni llevando obra, los Codedes han sido la forma más ágil de hacerlo, porque representan 340 unidades ejecutoras activas”, señaló Siero. Agregó que a los alcaldes les corresponderá salir a ejecutar para reparar carreteras y construir escuelas o centros de salud que necesita el país.

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El directivo de la Anam añadió que los alcaldes enfrentarán un reto el próximo año. Considera que, a partir de la entrada en vigor del Decreto 7-2025, que agiliza la gestión de avales de proyectos, estas obras podrán comenzar a ejecutarse en el corto plazo en los territorios municipales.

“Una vez que entre en vigencia el presupuesto, los alcaldes buscaremos los convenios con los gobernadores, ya que se debe firmar un convenio entre la gobernación departamental y la municipalidad. Con eso, podremos iniciar los procesos de licitación”, añadió el directivo edil.

Explicó que existen dos tipos de fondos: unos que se distribuyen mediante una fórmula y otros asignados a través del Congreso. Sobre estos últimos, afirmó que su ejecución podría complicarse debido a “la corrupción que ha llegado al Congreso para la compra de voluntades, lo cual es innegable”.

Fundesa pide fiscalizar fondos viales

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), consideró que es muy probable que muchos diputados no habían terminado de leer el dictamen al momento de aprobar el presupuesto, el cual circuló el martes durante el día.

Además, señaló: “Será muy importante lo que se logre ejecutar todavía este año, porque la ejecución es muy baja, especialmente en el Ministerio de Comunicaciones”.

Con el decreto del nuevo presupuesto se permite al Ministerio de Finanzas hacer readecuaciones presupuestarias de los fondos asignados a la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (Dipp), que se trasladan a Covial, por lo que será necesario seguir fiscalizando el uso de los fondos para asegurar el mantenimiento de las carreteras, añadió.

“Este gobierno tendrá mucho presupuesto, así que esperamos que la inversión y las oportunidades que necesita el país puedan seguir impulsándose”, expresó Zapata.

Dictamen del presupuesto 2026 fue modificado a última hora para asignar Q6.3 mil millones a los Codedes

Tue, 25 Nov 2025 19:24:42 +0000

Guatemala

Dictamen del presupuesto 2026 fue modificado a última hora para asignar Q6.3 mil millones a los Codedes

El dictamen del presupuesto que entrarán a conocer en el pleno hace reajustes a las asignaciones por ministerios, reduciendo recursos a Comunicaciones, Defensa y Agricultura.

25 de noviembre de 2025

13:24h

El dictamen favorable del presupuesto nacional del 2026 no fue aprobado de manera unánime. (Foto Prensa Libre: Urías Gamarro)

El dictamen favorable para el presupuesto nacional del 2026 fue alterado a último minuto, haciendo que los diputados beneficien, una vez más, a los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes).

La recomendación para que el pleno del Congreso apoye el presupuesto nacional para el tercer año de gobierno de Bernardo Arévalo, asciende a Q163 mil 469 millones 328 mil 657.

Una asignación de recursos que recibió el apoyo de la mayoría de diputados, incluyendo a los que integran el bloque de oposición Vamos, pese a las declaraciones que dio la semana pasada su jefe de bancada, Allan Rodríguez.

Pero el dictamen favorable que fue presentado a la Dirección Legislativa no era igual al borrador que se socializó con algunos diputados, la noche del lunes 24 de noviembre.

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Algunos congresistas han destacado que el principal cambio se encuentra en el artículo 163 de la iniciativa. En el borrador se asignaban Q5 mil 500 millones para un fideicomiso para el servicio de energía eléctrica, pero el dictamen que fue presentado para firmar ya no incluía esa distribución, por el contrario, el nuevo artículo 163 contempla un monto mayor de Q6 mil 312 millones 100 mil destinados para los Codedes.

“Si hay un debate, hay una asignación a los Consejos de Desarrollo, este año es de Q6 mil 200 millones, con la prioridad de invertir en agua, saneamiento y drenajes, pero con la flexibilidad de invertir en otros proyectos”, explicó Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas, en conferencia de prensa al presentar el dictamen, tan solo tres horas antes de la sesión plenaria para aprobar el plan de gastos.

#EnVivo: Comisión de Finanzas Públicas y Moneda emite dictamen favorable al #Presupuesto2026 https://t.co/j4thrWBDCa
— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) November 25, 2025

El presidente de la mesa legislativa reconoció que se hizo una modificación de último minuto, luego de que un grupo de diputados, sin especificar quienes, sugirieron por medio de una nota que en vez del fideicomiso para la energía se enfocaran los recursos a los Codedes para proyectos de desarrollo rural.

“Ese fideicomiso fue una propuesta que hizo la comisión técnica, recibimos una nota, con el requerimiento de varios actores de la comisión, y se sustituyó el fideicomiso, fue sacrificado para poder financiar el aporte a los consejos departamentales”, insistió Estrada. Otro aporte que se vio sacrificado para dar este monto a los Codedes fue un fondo para la vivienda.

“Se argumentó que el Instituto Nacional de Electrificación tenía recursos. Yo creo que era importante, pero el consenso, tanto de diputados como del Ejecutivo, fue dirigirlo a los consejos departamentales”, señaló Estrada.

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Pero además de esta asignación de recursos para los consejos de desarrollo, en el 2026 también van a seguir manejado los recursos que no fueron gastos este año, todo por estar vigente la ley de gasto exprés para los Codedes, eel decreto legislativo 7-2025.

“Eso no está calculado todavía, y recordemos que el 7-2025 hace que se vaya a la cuenta del ejecutor. Se queda sin ejecutar pero se queda en las municipalidades y las cuentas de los consejos, yo estimo que podría ser unos Q3 mil millones adicionales”, dijo el presidente de la Comisión de Finanzas y exministro de Finanzas Públicas durante el gobierno de Jimmy Morales.

Hay dudas

Algunos diputados que prefirieron no ser citados, aseguraron que ya pudieron leer el dictamen entregado a Dirección Legislativa, teniendo algunas dudas en la forma en que la Comisión de Finanzas distribuyó los recursos públicos.

La forma en que fue sustituido el fideicomiso de la energía para los Codedes ya era un acuerdo no escrito, indicó una fuente legislativa, señalando que se había incluido ese artículo para solo apartar los recursos y evitar críticas ante la opinión pública.

Incluso, al evaluar la iniciativa original con el dictamen entregado, se observa que en algunos ministerios existen reducciones en los montos finales, entre ellos en la cartera de Comunicaciones, a quien se le redujo 587 millones.

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Pero Estrada, asegura, por el contrario, que hubo una buena distribución de fondos para este ministerio, pese a que su trabajo este año no fue el mejor de todos.

“Se continúa con la mesa para poner orden en todo el tema del ministerio de Comunicaciones, qué proyectos hay, cuáles hay que liquidar, suspender. Este año hizo un trabajo mediano el ministerio, por no decir qué mediocre, pero de aquí en adelante hay un seguimiento”, indicó.

Otros ministerios que recibieron menos fondos, al comparar la iniciativa con el dictamen, es el ministerio de la Defensa con Q142 millones menos; y el ministerio de Agricultura con una reducción de Q68 millones.

También el dictamen incluye una asignación de Q500 millones para la construcción de una cárcel de máxima seguridad, que a criterio de Estrada, podrá ser una realidad, en caso se ejecuten los fondos de manera adecuada.

“Se asignan Q500 millones para la construcción de una cárcel de máxima seguridad con herramientas y mandatos para que lo haga el Cuerpo de Ingenieros, el ministerio de la Defensa involucrado, con reglas especiales de contrataciones. Si el gobierno ejecuta nos permitiría contar con esa infraestructura carcelaria de forma inmediata”, señaló.

Pero algunos diputados consideran que para la construcción de esta cárcel ya se contaba con recursos en el ministerio de Gobernación, además de existir un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que podría ayudar a hacer esa infraestructura.

Los acuerdos legislativos apuntan que la aprobación del presupuesto se dará de urgencia nacional, es decir, en una sola sesión; pero Estrada indica que va a sugerir días adicionales de sesiones al pleno, para poder debatir y aprobar el plan financiero en tres días.

Municipios más pobres no reciben más fondos: Asíes cuestiona eficacia de los Codedes

Mon, 03 Nov 2025 11:00:00 +0000

Fiscalización

Municipios más pobres no reciben más fondos: Asíes cuestiona eficacia de los Codedes

El análisis de una década de ejecución de los fondos de los Codedes no identifica crecimiento ni desarrollo en las localidades que reciben mayores asignaciones.

3 de noviembre de 2025

05:00h

Una mayor asignación de los fondos de los Codedes no representa desarrollo ni reducción de la pobreza, de acuerdo con un análisis de Asíes. (Foto Prensa Libre: EFE/ Juan Diego López)

Un estudio de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) establece que los municipios que han recibido las asignaciones más voluminosas de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) no coinciden con los que concentran los índices de pobreza más críticos. Además, el análisis de una década de ejecución tampoco permite identificar crecimiento ni desarrollo en esas localidades.

Érick Coyoy, analista del centro de pensamiento, explicó que entidades como la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) y la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (Scep) no cuentan con mecanismos adecuados para evaluar y garantizar que, en los lugares con más asignaciones presupuestarias, se haya reducido la brecha de pobreza.

“Actualmente no hay información que permita vincular los proyectos ejecutados con las condiciones sociales de los territorios. Hace falta información de evaluación”, indicó Coyoy.

Los criterios de distribución utilizan el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el cual no se actualiza desde el 2015. Por ello, Asíes recomienda reemplazarlo por el porcentaje de pobreza general, con el fin de establecer una mejor relación entre los criterios y los proyectos ejecutados.

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“La pobreza extrema mide solamente la falta de recursos para las necesidades alimentarias, y ninguna de las inversiones de los Codedes se orienta directamente a este propósito”, se lee en el estudio.

Desde el 2016, el municipio que más recursos ha ejecutado es San Juan Sacatepéquez, Guatemala, con Q382 millones. Le siguen Chuarrancho, Guatemala, con Q270 millones, y otros tres municipios más del mismo departamento.

Por otro lado, Zunil, Quetzaltenango, es el que menos inversión ha captado en estos diez años, con Q22 millones. Le superan San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, con Q24 millones, y Concepción Las Minas, Chiquimula, con Q26 millones.

Impacto limitado

El estudio concluye que es casi nula la relación entre el desarrollo o mejora de condiciones en un municipio y el monto o proyectos ejecutados. Esto se debe, sobre todo, a que las asignaciones se basan en datos relacionados con necesidades alimentarias, mientras que la mayoría de obras se enfocan en carreteras y abastecimiento de agua.

“Es casi nulo el efecto de los criterios del índice de desarrollo humano y de pobreza extrema. Esto se refleja en el hecho de que Alta Verapaz, con el mayor nivel de pobreza y pobreza extrema en el país, ha recibido un porcentaje de la inversión total menor que San Marcos, debido a que este cuenta con más municipios”, afirma el informe.

Según el IDH del 2014, Alta Verapaz tiene 0.37 y Quetzaltenango, 0.54. Sin embargo, de acuerdo con el índice de pobreza general del Instituto Nacional de Estadística, del 2023, Alta Verapaz registra un 90% de población en pobreza y Quetzaltenango, un 44%.

El titular de la Scep, Víctor Hugo Godoy, reconoció que los criterios de asignación han sido modificados a lo largo de los años, lo cual ha provocado que no respondan al objetivo de reducir la brecha de pobreza.

“La Scep, Segeplán y el Ministerio de Finanzas deberíamos discutir la tipología de los proyectos, la normativa de distribución y administración, y modificar los criterios de asignación”, opinó Godoy. Añadió que en estos procesos no deberían participar la sociedad civil ni los gobiernos locales, con el fin de que se mantenga un carácter técnico y no producto de negociaciones.

La asignación basada en criterios técnicos también se ve comprometida cuando “el Congreso aprueba aportes extraordinarios y fija montos para cada municipio sin que estén previamente formulados y evaluados los proyectos a ejecutar con estos recursos”, señala Asíes.

El subsecretario para la Inversión de Segeplán, Enrique Maldonado, indicó que se busca modificar la matriz para la formulación de obras y dar mayor relevancia a la demanda del proyecto, a fin de que responda a una necesidad local.

“Estamos en un proceso para cambiar la matriz de evaluación. La que encontramos no evalúa proyectos. Intentamos hacerlo el año pasado, pero nos presentaron una denuncia por abuso de autoridad y eso bloqueó el proceso. Lo vamos a concluir este año o a inicios del próximo. Actualmente, la demanda de la obra solo aporta tres puntos, pero no voy a llevar un proyecto donde no hay demanda”, puntualizó Maldonado.

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Obras multimunicipales

El estudio agrega que, aunque ha aumentado la disponibilidad de recursos para proyectos municipales, las necesidades regionales o departamentales no se atienden por falta de voluntad política.

“Si al alcalde no le interesa ese proyecto multimunicipal, no le presta atención, no lo ejecuta o lo abandona una vez concluido. Eso debe corregirse: el trabajo debe ser más técnico que participativo”, añadió Godoy.

Asíes recomienda que se dé prioridad a las obras multimunicipales, otorgando un mayor porcentaje del presupuesto departamental. Según la normativa vigente, ese porcentaje es del 5%, pero no se cumple.

La ejecución multimunicipal asciende a Q9 millones 852 mil, equivalente a poco más del 55% del presupuesto vigente para ese rubro. Mientras tanto, la ejecución multidepartamental es nula, de acuerdo con el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin).

El dato general indica que, al 30 de septiembre, la ejecución nacional alcanzaba un 41%, equivalente a Q5 mil 44 millones.

Al observar los últimos diez años, el monto ejecutado en 2025 es el más alto; sin embargo, presenta el porcentaje de ejecución más bajo. Esto se debe a que este año se asignaron casi 400% más fondos que en los nueve años anteriores. En cifras, la ejecución anual se mantiene en el mismo promedio de los últimos años.

Secretario General de la Presidencia anuncia una batalla legal para frenar la ley de gasto exprés para los Codedes

Wed, 08 Oct 2025 20:11:07 +0000

Guatemala

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Secretario General de la Presidencia anuncia una batalla legal para frenar la ley de gasto exprés para los Codedes

La Presidencia documenta 50 vetos del 1994 al 2022, y todos carecen de un artículo de vigencia, por lo que rechazan la decisión del Congreso de desconocer el veto del Decreto 7-2025.

Lea también: Viajes del presidente Arévalo coinciden con emergencias y decisiones clave en el país

8 de octubre de 2025

14:11h

Juan Gerardo Guerrero, Secretario General de la Presidencia, asegura que no hubo error en el veto y que tampoco se presentó fuera de los plazos de ley. Fotografía: Prensa Libre.

La presidencia de Guatemala se prepara para una batalla legal contra el Congreso, luego que este poder del Estado desconociera el veto presidencial a la ley de gasto exprés para los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes).

Juan Gerardo Guerrero, secretario general de la Presidencia, anunció que un equipo de abogados ya está preparando las acciones legales y que están próximos a presentar ante la Corte de Constitucionalidad.

El alto funcionario del Organismo Ejecutivo rechazó los argumentos de algunos diputados de oposición que calificaron como un “error” en la emisión del veto no incluir un artículo de vigencia.

Al no contar con este artículo, el pleno del Congreso acordó desconocer el veto enviado por el presidente Bernardo Arévalo y enviar a su publicación y consecuente vigencia la ley que le permite a los Codedes agilizar el gasto de los próximos años.

Guerrero, en exclusiva para Prensa Libre, explica los pasos a seguir desde el Ejecutivo para evitar que el Decreto 7-2025 cobre vigor.

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¿Cómo analizan legalmente la decisión que tomó el Congreso en la sesión del pasado 7 de octubre?

Nosotros hemos estado en un proceso de análisis con respecto a la decisión que tomó el Congreso; específicamente, 84 diputados derivado de una moción privilegiada en la que deciden utilizar una argumentación, según ellos legal.

Sin embargo, -la decisión del Congreso- carece de sustento legal, y -está- fuera del marco constitucional, porque ellos aducen que el veto que emitió el presidente de la República de Guatemala se encuentra fuera del plazo establecido legalmente.

Los diputados se basaron en el decreto número 1816, del año 1968, que entró en vigencia hasta el 1969.

El Secretario General asegura que no hay antecedentes de 20 vetos que no incluyeron un artículo de vigencia como expuso la oposición. Fotografía: Prensa Libre.

Entonces, aquí la primera pregunta que debieron de haber analizado los diputados ponentes de la moción privilegiada es si un acuerdo de veto es de observancia general o contiene disposiciones reglamentarias.

Sin embargo, ellos no llegaron a hacer ese análisis técnico jurídico. Aunado a ello, nosotros tenemos, por el momento, el análisis de 50 vetos realizados de 1994 a 2022, todos exactamente bajo la misma línea.

Es decir, al no ser acuerdos de observancia general del Ejecutivo, sino que es un acuerdo de comunicación entre organismos de Estado, no requería de un artículo que especificara cuál era la fecha de entrada en vigencia, e inclusive ni enviarlo al Diario de Centro América.

Para ponerle algunos ejemplos, el Congreso en el periodo anterior recibió tres vetos. En estos casos, el Ejecutivo, es decir, el anterior presidente (Alejandro Giammattei), devolvió los decretos vetados a los 13 días previos a la fecha de los 15 días que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, e, inclusive, no mandaron a publicar al Diario de Centro América, que ese es el otro argumento que ellos estaban utilizando, que a partir de tres días después de publicado en el Diario de Centro América entraba en vigencia el acuerdo gubernativo, lo cual es totalmente falso.

Veto llegó a tiempo

¿Ya le pudieron comunicar al presidente Arévalo lo que sucedió en el Congreso, y si sí, cuál fue su postura?

El presidente está muy claro, muy tranquilo, ¿Por qué razón? El presidente de la república fue diputado al Congreso de la república de Guatemala, él conoció los tres vetos que mencioné anteriormente, y sabe perfectamente cuál es el procedimiento legal, el procedimiento constitucional, y el procedimiento legislativo del veto. Por eso él está bastante tranquilo de que las acciones legales que emprendamos tienen que llevar el cauce constitucional.

Actualmente el presidente se encuentra fuera del país atendiendo una gira diplomática en Europa. Fotografía: Prensa Libre.

Allan Rodríguez reconoció que mandaron en el Gobierno pasado un veto sin artículo de vigencia, pero que lo hicieron antes de los 15 días constitucionales. ¿Por qué ahora se presenta el veto al último día?

Creo que es importante que aclaremos algunos temas, porque esa es parte de la desinformación que hay. Hay algunas personas que dicen que presentamos el veto el día 15 -del plazo constitucional-, pero es totalmente falso.

Para que tengamos claro la línea de tiempo, el Congreso de la República aprobó el decreto 7-2025, el 2 de septiembre 2025; fue remitido al Organismo Ejecutivo el 12 de septiembre de 2025.

Fue vetado a través del acuerdo gubernativo número 182-2025 el 2 de octubre de 2025; y nosotros, de conformidad con el artículo 178 de la Constitución, al igual que el 100% de todos los vetos, los devolvimos al Congreso antes de los 15 días, el 3 de octubre del 2025. Si nosotros vemos los días hábiles, lo devolvimos en el día catorce.

El veto lo devolvimos en el día 13, no lo devolvimos en el día 15 como aducen algunas personas. Nosotros por un principio de máxima publicidad y porque consideramos de que es importante que todo lo actuado en el Ejecutivo sea transparente, decidimos publicar en el Diario de Centro América, pero recalco, en el periodo anterior, fueron tres vetos y no fueron publicados en el Diario de Centro América, y no incluía un artículo de vigencia.

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Irónicamente, ¿Quién era el presidente del Congreso de la República en 2020, 2021 y 2022? Allan Rodríguez; al parecer, se le olvidaron dos vetos, y no solamente eso, el veto que sí se recuerda él, nunca se discutió sobre el fondo del asunto que ellos argumentan, que es de que debía de haberse publicado en el Diario de Centro América, y que entraba en vigencia tres días después, lo que hace totalmente inválido los argumentos que él está realizando.

Las acciones

¿Qué acciones legales va a presentar el Ejecutivo para tratar de revertir la decisión del Congreso?

La ventaja es que la propia Constitución estableció los mecanismos y los procedimientos legales para defender el mismo cuerpo constitucional.

Aquí estamos hablando de que se vulneró un derecho constitucional del presidente de la República de Guatemala al ejercer el derecho de veto, porque no se discutió a fondo los argumentos del veto, que son delicados.

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Aquí lo que hicieron 84 diputados, que no tenían 107 votos, fue evadir entrar a analizar si efectivamente el decreto que ellos habían aprobado, adolecía de los vicios de inconstitucionalidad o no.

Nosotros ya estamos redactando los instrumentos legales desde ayer en la noche, estamos trabajando con los procedimientos constitucionales que se nos permite por mandato constitucional para poder presentarlos ante el órgano competente que sería la Corte de Constitucionalidad.

¿Sería un amparo o una acción de inconstitucionalidad?

Amparo, en este momento amparo, en un segundo momento estaríamos hablando ya de analizar la vía de la inconstitucionalidad, en dado caso, entrase en vigencia el Decreto 7-2025.

Muchos analistas consideran que hubo errores desde el Ejecutivo, al señalar que no se incluyó un artículo de vigencia para blindar la decisión del presidente. ¿Cuántos asesores y abogados participaron, además de su persona, para la redacción de ese veto?

La decisión del veto fue analizado por más de 10 abogados, pero lo más importante que tenemos que saber acá, es que también se respetan las opiniones que puedan emitir cualquier ciudadano, se respetan.

Sin embargo, creo que es importante también tener claridad de que lo que se está argumentando es válido o han analizado previamente si efectivamente lo dicho por algunos diputados fue correcto o no.

El @CongresoGuate desconoció el veto a la ley de gasto exprés para los Codedes, se argumentó un error de la Secretaría General de la Presidencia de @BArevalodeLeon para hacerlo.

En total 86 diputados defendieron la ley vetada, 51 se opusieron y 23 no llegaron. pic.twitter.com/e9FOKeLzwp
— Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) October 8, 2025

Como mencioné al principio de la entrevista, nosotros ahorita tenemos 50 vetos analizados y en el 100% estos vetos no requieren de un artículo que establezca plazo para entrada en vigencia. ¿Por qué razón? Vuelvo a recalcar, el acuerdo gubernativo que el presidente de la República, en Consejo de Ministros, devuelve al Congreso de la República, no es de observancia general como argumentaron los diputados.

¿Cuál fue el problema acá? El problema fue que el día anterior a conocerse el veto apareció una publicación en la red social X, una publicación que tergiversa totalmente el contenido del decreto1816 del año 1968, donde indicaba que el veto tenía que tener fecha de publicación, y que tenía que correr tres días después de su publicación en el diario de Centro América.

Lo interesante es que la persona que publica dicho mensaje en la red social X, es una persona que fue asesor de la Secretaría General de la Presidencia, y también fue subsecretario general de la presidencia.

Entonces, él tiene que tener exactamente la misma información que yo tengo, donde el 100%, la totalidad de los acuerdos gubernativos de veto, al no ser de observancia general, sino de comunicación entre los poderes de Estado, no requieren de fecha de publicación.

Acuerdos políticos

¿Cuándo el equipo de más de 10 abogados analizó el veto, no consideraron para blindar la decisión del presidente, incluir un artículo de vigencia?

No, definitivamente no, porque estaríamos nosotros tomando en cuenta un argumento inválido. Estaríamos ponderando un acuerdo de 1968 por encima de la Constitución Política de la República de Guatemala, y por ende estaríamos vulnerando el principio de supremacía constitucional, y también, si lo queremos ver de forma más extensa, estaríamos vulnerando también una regla cuando existen normas que se contradicen, ley posterior deroga ley anterior, pero principalmente estaríamos vulnerando el principio de supremacía constitucional.

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La Constitución Política de la República de Guatemala prevalece sobre leyes de carácter ordinario, y en este caso, principalmente una ley que es anterior a la vigencia de la Constitución Política de la República de Guatemala. Por eso, definitivamente no lo consideramos, y recalco 50 vetos del 1994 al 2022 donde no se contempló un artículo de vigencia porque no era necesario.

Ustedes tuvieron bastante tiempo para analizar el decreto 7-2025. ¿En ese periodo hubo acercamientos con diputados o alcaldes?

El presidente de la República, como lo indicó en la ronda de lunes, tuvo comunicación con alcaldes en las distintas giras que él estuvo realizando, y también hay una parte del Organismo Ejecutivo que realiza toda la parte política.

En Secretaría General de la Presidencia, nosotros únicamente observamos las partes de las disposiciones técnico-legales, es decir, no podría ahondar más en la pregunta que me realiza, porque nosotros únicamente vemos la parte legal.

La siguiente pregunta va encaminada a un borrador de iniciativa que diputados oficialistas planteaban presentar y que era muy similar a la ley vetada. ¿Desde la Presidencia se ofreció una iniciativa de ley similar a la que se vetó?

Ojo, el espíritu de la iniciativa que se está vetando, creo que tal vez no era malo. El problema es que al momento que redactaron los artículos del decreto vetado, sí contiene pasajes que adolecen de vicio de inconstitucionalidad.

Para ponerle un ejemplo, porque ahorita no tengo presente, recuerdo que se vulnera el artículo 2 de la Constitución Política, donde encontramos un deber del Estado, que es el de garantizar la seguridad, y de esto surge el principio de seguridad jurídica, porque todas las acciones, tanto el Organismo Ejecutivo Judicial como el Legislativo, en este caso el Legislativo, deben de ser para emitir leyes y disposiciones de carácter general que sean confiables, estables, predecibles, inteligibles, y coherentes.

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Sin embargo, en uno de los pasajes del decreto que nosotros vetamos, ellos mencionaban las razones ampliamente justificables, o justificadas, prácticamente en el texto no existía un sujeto normativo, ni condiciones objetivas para esa frase, razones ampliamente justificadas. ¿Quién establecía cuáles son esas razones ampliamente justificadas?

Otro de los pasajes que recuerdo, por la cual nosotros decidimos vetar, fue porque el Congreso de la República de Guatemala tiene una atribución fundamental en el artículo 171, inciso B de la Constitución, el cual es aprobar, modificar, o improbar el presupuesto de ingresos y egresos del Estado.

Sin embargo, en uno de los pasajes del artículo 2, que agregaba el artículo 45Ter del decreto 7-2025, señalan que el ministro de Finanzas es el que modificaría el presupuesto general, contradiciendo así el artículo 171 de la Constitución Política. Son aspectos que nosotros tomamos para poder vetar este decreto legislativo.

Niega errores

Hay muchas críticas por la forma en que se redactó el vetó. ¿Usted cree que cometió un error al momento de decirle al presidente ‘ya está el veto y se pude publicar’?

No, definitivamente. Bueno, como le dije en el en un principio, se respetan las opiniones que puedan emitir todos los ciudadanos, cualquier analista puede emitir opinión, puede considerar que fue un error de Secretaría General, pero la estadística no miente. Tengo el 100% de los decretos vetados, donde se respetó exactamente el mismo procedimiento.

La redacción de los vetos va variando un poco, señala por qué se devuelve, pero no se agrega fecha de entrada en vigencia, recalco, porque no estamos ante una un acuerdo que contiene disposiciones de carácter general, sino que es un acuerdo donde se establecen los motivos de una acción constitucional, la cual es el veto, por qué razón el presidente considera que hay inconstitucionalidades en la misma, y fue una comunicación conforme al artículo 178 de la Constitución, que el presidente tiene el derecho de ejercer el derecho de veto.

Oficialistas trataron de defender el veto en la sesión plenaria de este martes 7 de octubre, pero no tuvieron éxito. Fotografía: Prensa Libre.

Por lo tanto, nosotros estamos en el plazo, en dado caso, ese es el argumento, estaríamos hablando que tanto las presidencias pasadas se equivocaron, incluido el Congreso y el mismo Allan Rodríguez, que presidió el Congreso.

¿Cuándo estarán presentando el amparo?

Esto dependerá de los tiempos, dependerá del acuerdo legislativo que emita el Congreso de la República de Guatemala, mandando a publicar el decreto que nosotros decidimos vetar.

Usted lo mencionaba y dice que le estadística no miente, pero la Corte de Constitucionalidad en muchas ocasiones no ha respondido favorable a las acciones del Ejecutivo. ¿Consideran que esta vez el escenario será diferente?

Yo esperaría que con la documentación que tenemos, y con la certeza jurídica del equipo legal, el presidente de la República de Guatemala sea amparado.

Vuelvo a indicar, acá está la estadística, tenemos el 100% de los casos exactamente igual al veto que nosotros presentamos, se realizaba en el día 13 o 14, nunca se esperó a un día 15, como maliciosamente un diputado lo mencionó el día de ayer en el Congreso de la República de Guatemala.

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Por lo tanto, estoy seguro de que el equipo técnico que está revisando las acciones legales, tienen los suficientes argumentos legales, y constitucionales para defender esta postura.

Qué mensaje da a la población tras los mensajes de errores de asesoría legal al presidente, incluso algunos recomiendan al presidente hacer cambios en su círculo cercano. ¿Cómo responden como Ejecutivo a todos esos comentarios?

Sí, lo primero es recalcar que debemos de respetar todas las opiniones, ya sea de ciudadanos, sea de analistas políticos, personas que escriben en redes sociales, como también las de los diputados al Congreso de la República de Guatemala.

Juan Guerardo Guerrero ocupa la Secretaría General desde que Arévalo llegó a la presidencia. Fotografía: Prensa Libre.

Por el lado del Ejecutivo, nosotros estamos claros y conscientes de que se actuó dentro de los plazos constitucionalmente establecidos en el artículo 178, y también estamos conscientes de que todos los cargos designados por el presidente de la República de Guatemala están en constante análisis.

El presidente de la República puede tomar cualquier decisión sobre continuar o no con los servicios de un funcionario público, y todos los que hemos decidido formar parte del Organismo Ejecutivo del presidente Bernardo Arevalo, estamos conscientes desde el día uno que tomamos posesión del cargo, que estamos a plena disposición de la decisión que él decía tomar.

Decreto 7-2025: quiénes son los 86 diputados que aprobaron la publicación de la ‘ley de gasto exprés’ para los Codedes

Wed, 08 Oct 2025 17:19:37 +0000

Guatemala

Decreto 7-2025: quiénes son los 86 diputados que aprobaron la publicación de la ‘ley de gasto exprés’ para los Codedes

El Congreso aprobó que los Codedes puedan retener fondos no ejecutados durante 2025, pese al veto presidencial. Conozca quiénes votaron a favor y cómo se definió la decisión en el pleno.

Sandy Pineda y Douglas Cuevas

8 de octubre de 2025

11:19h

Diputados en el pleno del Congreso durante la votación del Decreto 7-2025, pese al veto presidencial del Ejecutivo. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Con 86 votos a favor, los diputados del Congreso de la República aprobaron el Acuerdo Legislativo 6-2025, que permite a los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes) retener los fondos no ejecutados durante 2025.

La decisión se tomó a pesar de que el presidente Bernardo Arévalo había vetado el decreto la semana pasada, al argumentar que presentaba vicios al contravenir varios artículos de la Constitución relacionados con el gasto público y la distribución de competencias entre los poderes del Estado.

Según los legisladores, el Acuerdo Gubernativo mediante el cual se intentó vetar la ley carecía de un artículo de vigencia, lo que impidió que el veto entrara en vigor dentro del plazo constitucional de 15 días.

Por esta razón, los legisladores de oposición argumentaron un error técnico y el Congreso procedió a aprobar el acuerdo que deja en firme la norma.

¿Qué implica el decreto aprobado?

El decreto aprobado permite a los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes) retener los fondos que no se ejecuten durante el año 2025.

Esta medida ha generado preocupación en diversos sectores, que señalan la falta de mecanismos de control y el riesgo de un manejo discrecional de los recursos.

En respuesta, el gobierno anunció que evaluará acciones legales contra la decisión del Congreso.

Quiénes votaron

A continuación, se presenta la lista completa de la votación:

Votos a favor

Luis Fernando Aguirre Estrada — CABAL
Hellen Magaly Alexándra Ajcip Canel — COMUNIDAD ELEFANTE
Héctor Adolfo Aldana Reyes — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Felipe Alejos Lorenzana — TODOS
Manuel Geovany Alvarado Vásquez — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Sergio David Arana Roca — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Manuel de Jesús Archila Cordón — CABAL
Sherol Ivanisse Arévalo Avila — PARTIDO VALOR
Alvaro Enrique Arzú Escobar — PARTIDO UNIONISTA
Jorge Estuardo Ayala Marroquín — PARTIDO VALOR
Gerson Geovanny Barragán Morales — PARTIDO POLÍTICO VISIÓN CON VALORES
Ernesto Bran Colindres — PARTIDO VALOR
Carlos Roberto Calderón Galvez — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Obbed Ediberto Castañasa Mendizábal — PARTIDO POLÍTICO VISIÓN CON VALORES
José Inés Castillo Martínez — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
Maynor Estuardo Castillo y Castillo — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Sergio Leonel Celis Navas — CABAL
Dámaris Carolina Cerna Acevedo — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
Bequer Neftali Chocooj de la Cruz — CABAL
Gladis Carolina Cifuentes Barragán — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Guillermo Alberto Cifuentes Barragán — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Victor Hugo Cifuentes Delgado — INDEPENDIENTES
Gustavo Adolfo Cifuentes Navarro — TODOS
Pablo Leonel Cifuentes Ovalle — CABAL
Randy Araely Coc Figueroa — VICTORIA
Oscar Rolando Corleto Rivera — INDEPENDIENTES
Edin Alexander De Jesús Mejía — PARTIDO POLÍTICO VISIÓN CON VALORES
Mynor Alfonso De la Rosa Palacios — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Alberto Eduardo De León Benítez — CABAL
Greicy Domenica De León De León — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Nadia Lorena De León Torres — PARTIDO POLÍTICO NOSOTROS
Lourdes Teresita De León Torres — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
Gerardín Ariel Díaz Mazariegos — PARTIDO VALOR
Herman Otoniel Echeverría Casado — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Sergio Guillermo Enriquez Garzaro — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
Kevyn Luis Carlo Escobar Castillo — CABAL
José Luis Galindo de León — PARTIDO VALOR
Manrique Obel Gálvez De León — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
Mario Ernesto Gálvez Muñóz — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
José Arnulfo García Barrios — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Cornelio Gonzalo García García — TODOS
Mercedes Cristabel Guardado Linares de Nájera — PARTIDO VALOR
Sofía Jeanetth Hernández Herrera — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Benjamin Ipiña Leiva — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
Esduín Jerson Javier Javier — CAMBIO
Sandra Erica Jovel Polanco — PARTIDO VALOR
Candido Fernando Leal Gómez — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Josué Edmundo Lemus Cifuentes — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Fidencio Lima Pop — PARTIDO POLÍTICO VISIÓN CON VALORES
Julio César López Escobar — CABAL
Carlos Enrique López Girón — PARTIDO VALOR
Carlos Enrique López Maldonado — CABAL
Jaime Octavio Augusto Lucero Vásquez — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Danilo Madrazo Mazariegos — TODOS
Ana Lucrecia Marroquín Godoy de Palomo — PARTIDO UNIONISTA
Julio Daniel Marroquín Ordoñez — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
Ricardo Leonel Martínez Alarcón — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Erick Geovany Martínez Hernández — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Duay Antoni Martinez Salazar — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Marleni Lineth Matías Santiago — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
Nery René Mazariegos López — PARTIDO POLÍTICO VISIÓN CON VALORES
Marco Aurelio Mejía Alfaro — INDEPENDIENTES
Maynor Gabriel Mejía Popol — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Martín Nicolás Segundo — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
Rolando Miguel Ovalle Barrios — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
Elmer Josué Palencia Reyes — PARTIDO VALOR
Rodrigo Antonio Pellecer Rodriguez — COMUNIDAD ELEFANTE
Marco Alejandro Pérez Toribio — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Julio César Portillo Paz — CABAL
Guillermo Antonio Ralda Conde — CABAL
Darwin Edgardo Ramírez Cameros — INDEPENDIENTES
Edgar Raúl Reyes Lee — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Shirley Joanna Rivera Zaldaña — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
César Augusto Rodas Cardona — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Byron Bladimiro Rodríguez Palacios — TODOS
Luis Alberto Rodríguez Reyes — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Allan Estuardo Rodríguez Reyes — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Carlos Napoleon Rojas Alarcón — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Faver Emilio Salazar Cordero — PARTIDO VALOR
Leopoldo Salazar Samayoa — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
José Carlo Solano — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Byron Leonidas Tejeda Marroquín — CABAL
Erick José Mario Tzún De León — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Victor Alfredo Valenzuela Argueta — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Mario Velásquez Pérez — CABAL
Marvin Adrián Zepeda Zepeda — TODOS

Votos a favor por bloque

Vamos por una Guatemala Diferente – 30 votos
Cabal – 13 votos
Unidad Nacional de la Esperanza – 11 votos
Valor – 10 votos
Todos – 6 votos
Visión con Valores – 5 votos
Independientes – 4 votos
Elefante – 2 votos
Unionista – 2 votos
Cambio – 1 voto
Nosotros – 1 voto
Victoria – 1 voto

Total: 86 votos

Votos en contra

Cristian Rodolfo Alvarez y Alvarez — COMPROMISO, RENOVACIÓN Y ORDEN
César Augusto Amézquita Del Valle — PARTIDO POLÍTICO VISIÓN CON VALORES
Raúl Amilcar Barrera Robles — INDEPENDIENTES
León Felipe Barrera Villanueva — INDEPENDIENTES
Orlando Joaquín Blanco Lapola — VOLUNTAD, OPORTUNIDAD Y SOLIDARIDAD
Luis Antonio Cáceres Gamarro — INDEPENDIENTES
Karla Betzaida Cardona Arreaga — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
Manfredo Duvalier Castañón González — INDEPENDIENTES
Román Wilfredo Castellanos Caal — INDEPENDIENTES
Jorge Romeo Castro Delgado — PARTIDO POLÍTICO VISIÓN CON VALORES
José Alberto Chic Cardona — VOLUNTAD, OPORTUNIDAD Y SOLIDARIDAD
Luis Alberto Contreras Colíndres — COMPROMISO, RENOVACIÓN Y ORDEN
Gustavo Adolfo Crúz Montoya — INDEPENDIENTES
Raúl Arnulfo Cuá Tumín — INDEPENDIENTES
Julio Héctor Estrada Domínguez — CABAL
César Augusto Fión Morales — INDEPENDIENTES
Jairo Joaquín Flores Divas — VOLUNTAD, OPORTUNIDAD Y SOLIDARIDAD
Mirna Victoria Godoy Palala — INDEPENDIENTES
Julio Pedro Gómez Gómez — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
Sonia Marina Gutierrez Raguay — COALICIÓN MOVIMIENTO POLÍTICO WINAQ – UNIDAD REVOLUCIONARIA NACIONAL GUATEMALTECA
David Mauricio Illescas Sandoval — INDEPENDIENTES
Luis Javier López Bolaños — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
Darwin Alberto Lucas Paz — INDEPENDIENTES
Vasny Adiel Maldonado Alonzo — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
Ervin Adim Maldonado Molina — INDEPENDIENTES
Laura Fabiola Marroquín Cordón — INDEPENDIENTES
Brenda Marleny Mejía López — INDEPENDIENTES
José Pablo Mendoza Franco — COMPROMISO, RENOVACIÓN Y ORDEN
Sandra Yanet Milian Gomez — VICTORIA
Mercedes del Rosario Monzón Escobedo — INDEPENDIENTES
Evelyn Oddeth Morataya Marroquín — INDEPENDIENTES
Elena Sofia Motta Kolleff — INDEPENDIENTES
Byron Alesky Obregón Castañeda — INDEPENDIENTES
Sandra Carolina Orellana Cruz — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE

Ausentes

Víctor Vicente Bonilla González — PARTIDO POLÍTICO VISIÓN CON VALORES
César Roberto Dávila Córdova — BIENESTAR NACIONAL
Jeovanni Omar Domínguez Orozco — PARTIDO POLÍTICO VISIÓN CON VALORES
Boris Roberto España Cáceres — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Rolando Guzmán Figueroa — CABAL
Francisco Vitelio Lam Ruano — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
Ivanna María Luján Padilla — INDEPENDIENTES
Joél Rubén Martínez Herrera — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Christian Joél Martínez Juárez — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Jairo Danilo Orellana Sandoval — CABAL
Rudy Berner Pereira Delgado — INDEPENDIENTES
Vivian Beatriz Preciado Navarijo — INDEPENDIENTES
Thelma Elizabeth Ramírez Retana — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Juan Ramón Rivas García — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Lucrecia Carola Samayoa Reyes — BIENESTAR NACIONAL
Marcos Eduardo Tebelán Pantzay — CABAL
Sabino Sebastián Velásquez Bámaca — BIENESTAR NACIONAL

Con licencia

Jorge Mario Cabrera Ordóñez — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Alma Luz Guerrero de la Cruz — INDEPENDIENTES
Ronalth Ivan Ochaeta Aguilar — INDEPENDIENTES
Karina Alexandra Paz Rosales — INDEPENDIENTES
Ronald Yomelfy Portillo Cordón — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Jorge Mario Villagrán Alvarez — PARTIDO AZUL

Con información de Evelyn Boche.

Congreso no acepta el veto presidencial y publicará la ley de gasto exprés para Codedes

Wed, 08 Oct 2025 00:07:06 +0000

Guatemala

Congreso no acepta el veto presidencial y publicará la ley de gasto exprés para Codedes

Un supuesto error de la Secretaría General de la Presidencia abrió un debate en el Congreso que terminó ganando la oposición al ratificar la polémica ley.

7 de octubre de 2025

18:07h

Por mayoría, el Congreso decidió que el veto presidencial no tiene validez legal por estar emitido fuera de tiempo, por lo que se se enviará a publicar el Decreto 7-2025 para que cobre vigor. (Foto Prensa Libre: Esbin Gacía)

El Congreso le ganó el pulso a la presidencia de Bernardo Arévalo. La ley que le permite a los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes) retener los fondos que no ejecuten en el año, será una realidad.

Los diputados aprobaron el acuerdo legislativo 6-2025 en el que desconocieron el veto presidencial a la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.

Ordenando la publicación inmediata de la ley que había sido vetada por el presidente Bernardo Arévalo, que argumentó aparentes inconstitucionalidades al decreto 7-2025.

La decisión del presidente Arévalo ni siquiera se conoció en el pleno del Congreso. Los diputados de oposición argumentaron un error técnico en el veto, lo que generó un debate que terminó ganando la oposición con 86 votos.

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El acuerdo de la presidencia al emitir el veto no incluía un artículo de vigencia, que según el diputado Álvaro Arzú Escobar, del Partido Unionista, hizo que el Ejecutivo no tomará una decisión que tuviera respaldo legal entre los 15 días que marca la Constitución y, en consecuencia, el veto no fue reconocido.

“Dicho acuerdo no ha entrado en vigencia, entonces, como Congreso no podemos entrar a conocer un acuerdo que no está vigente, y segundo, no podemos entrar a conocer un veto del que ya pasó su plazo constitucional para ser vetado”, explicó Arzú.

El tema fue apoyado por el diputado Allan Rodríguez, del bloque Vamos: “No puede someter a consideración del pleno algo que no ha cobrado vigencia, el veto entra a la vida el jueves, pero el plazo ya venció ayer”, dijo.

El acuerdo legislativo que ordena publicar la ley a favor de los Codedes. Fotografía: Congreso.

Los diputados de oposición atribuyeron el error a la Secretaría General de la Presidencia, al haber omitido un artículo que, aseguran, era vital para cualquier documento legal de este tipo.

“No debería de ser llamada la Secretaría General, debería de ser llamada la Secretaría Copy/Paste. Hasta han citado artículos que no existen en la ley… no es la primera vez”, criticó el diputado Elmer Palencia, jefe del bloque Valor.

Defendieron el veto

Ante esta serie de argumentos, diputados oficialistas explicaron que el artículo 178 de la Constitución explica que el veto debía de ser devuelto al Congreso, sin explicar la vigencia o no de esa decisión presidencial.

“El veto no es una norma jurídica, es un mecanismo de control político constitucional. En este sentido el veto que se deja sin efecto desde la presidencia podría no ser publicado, porque lo que da valides es remitirlo al Congreso quien lo da por devuelto”, justificó el oficialista Raúl Barrera.

Incluso el presidente del Congreso, Nery Ramos, trato de respaldar este mismo punto ante los constantes argumentos de la oposición. “En vigencia o no vigencia se recibió, porque la Constitución establece el término devolverlo”, dijo Ramos, sin que sus argumentos tuvieran eco en el pleno.

¿Error intencional?

Los argumentos del oficialismo no convencieron a la mayoría parlamentaria. Tan solo 51 congresistas votaron en contra de la propuesta de la oposición y 23 diputados estuvieron ausentes.

Para Orlando Blanco, de Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), la decisión que tomó este martes el Congreso tiene vacíos legales, al igual que el veto emitido por la presidencia de Arévalo.

“Dos cosas quedan claras, una es la torpeza del secretario general de la Presidencia, y la otra es que no se tenían los votos para rechazar el veto. Pero esa güisachada nos impide pronunciarnos sobre la pertinencia de la ley en cuestión”, advirtió Blanco.

El diputado José Chic, del mismo bloque, incluso puso en duda del veto del Ejecutivo, al considerar que se pudo tratar de un error intencional para no desgastar la imagen pública del presidente, al mismo tiempo de quedar bien con diputados y alcaldes.

“Parece un error intencional, con esas falencias para decir que no fue el Ejecutivo sino el Legislativo”, dijo Chic. Añadió que ahora sería oportuno que el Ejecutivo siga rechazando la ley por medio de acciones legales ante la Corte de Constitucionalidad (CC), el único camino que les queda.

Qué dice la ley

El camino que recorre una norma antes de convertirse en ley en Guatemala se desarrolla en varias etapas:

Aprobación en el Congreso: El Organismo Legislativo debate, modifica y aprueba el proyecto de ley.
Envío al Ejecutivo: El documento es remitido al Presidente de la República para su revisión.
Sanción o veto presidencial: En un plazo de 15 días, el mandatario puede sancionar el proyecto, lo que implica su aceptación, o vetarlo si considera que no debe entrar en vigor.
Promulgación y Publicación: Si la ley es sancionada, se promulga y se publica en el Diario Oficial, momento en el que adquiere carácter obligatorio.

Oposición busca anular veto presidencial y mantener ley de gasto exprés para los Codedes

Tue, 07 Oct 2025 06:06:00 +0000

Guatemala

Oposición busca anular veto presidencial y mantener ley de gasto exprés para los Codedes

Los bloques Cabal, Vamos y Valor rechazan el veto y aseguran contar con los votos necesarios para mantener la ley, pese al rechazo del Ejecutivo.

“No entendemos por qué vetan algo que ellos mismos propusieron. Pero estamos convencidos de que esto es necesario para el país. Si han sido incapaces de ejecutar, que las municipalidades y los Codedes utilicen los saldos de caja”, afirmó.

7 de octubre de 2025

00:06h

Diputados de Vamos celebraron la aprobación del decreto 7-2025 el pasado 2 de septiembre. Fotografía: Prensa Libre.

El Congreso sostendrá un pulso político contra el presidente y buscará anular el veto a la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.

El presidente Bernardo Arévalo anunció la decisión el viernes último y la justificó por encontrar una serie de inconstitucionalidades en el decreto 7-2025, según lo informó mediante un comunicado.

Los diputados no comparten el criterio de Arévalo y desde ya buscan los 107 votos necesarios para mantener vigente la ley, pese al rechazo del Ejecutivo.

La Ley Orgánica del Organismo Legislativo (LOOL) establece, en su artículo 132, que los diputados pueden ratificar un decreto vetado, siempre que cuenten con el voto favorable de las dos terceras partes del total de legisladores.

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El asunto será discutido este 7 de octubre, durante la sesión plenaria. La Instancia de Jefes de Bloques acordó incluir la discusión del tema entre los primeros puntos de la agenda.

Durante la discusión de las propuestas de agenda, ningún diputado adelantó opinión sobre el veto a la ley aprobada de urgencia nacional, con 108 votos, el pasado 2 de septiembre.

Rechazan el veto

Durante la aprobación del decreto, fuentes legislativas señalaron como principales operadores del tema a los diputados Luis Aguirre, de Cabal, y Allan Rodríguez, de Vamos.

Aguirre, jefe del bloque Cabal, aseguró que no comparten la decisión del Ejecutivo y adelantó que para la sesión de este martes buscarán mantener el decreto y rechazar el veto.

Diputados se acercaban a Luis Aguirre durante las votaciones del decreto 7-2025. Fotografía: Prensa Libre.

“Lo que ellos están planteando es una ampliación presupuestaria para el próximo año, y el asunto de los avales sigue sin resolverse. El decreto 7-2025 no tiene inconstitucionalidades”, indicó el legislador.

Por parte del partido Vamos, el diputado Héctor Aldana, sostuvo que tampoco observan vicios de inconstitucionalidad en la norma. Añadió que defenderán la ley, ya que busca atender necesidades de inversión.

Héctor Adolfo Aldana, diputado del partido Vamos, estima que se podrá rechazar el veto. Fotografía: Prensa Libre.

Para Aldana, es contradictorio que el Ejecutivo vete una propuesta que también recogió aportes del oficialismo. “El Congreso solo le dio forma a la iniciativa”, añadió.

Aldana prevé que contarán con el respaldo suficiente para rechazar el veto. “En el Congreso vamos a rechazarlo. Hemos hablado con distintas bancadas, y hay consenso en que se necesitan esos 107 votos”, dijo.

Valor tampoco comparte el veto

El bloque Valor, clave en varias decisiones de la décima legislatura, también respaldará el decreto y se opondrá al veto.

Elmer Palencia, jefe de la bancada, afirmó que, aunque respeta la decisión presidencial, no observa fundamentos jurídicos claros para justificarla.

Elmer Palencia, afirma que no encuentra los vicios que señala el presidente en el veto. Fotografía: Prensa Libre.

“Respetamos la postura del presidente, pero afirmar que hay inconstitucionalidades es una presunción. Solo la Corte de Constitucionalidad puede definirlo”, afirmó.

Sin embargo, a diferencia de Aldana, Palencia no garantizó contar con los votos suficientes. “Sería atrevido decirlo. En su momento logramos 108 votos y, por lo que he conversado, casi todos repetirían su voto, respetando la supremacía legislativa”.

Contrapropuesta

Antes de oficializarse el veto, fuentes legislativas adelantaron que el Ejecutivo buscaría presentar una nueva ley, similar al decreto 7-2025.

El borrador de dicha propuesta se filtró el viernes y fue confirmado durante el fin de semana por diputados oficialistas, quienes planean presentarla este martes.

Victoria Palala, del grupo afín al Movimiento Semilla, señaló que están recogiendo comentarios de distintos legisladores para presentar una iniciativa consensuada.

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El diputado José Carlos Sanabria, actual operador político del presidente, indicó que se busca alcanzar consensos, aunque los bloques mayoritarios ya adelantaron que no están dispuestos a apoyar.

Cabal, Vamos y Valor apuestan por defender el decreto vetado. Aldana y Palencia incluso señalaron que el borrador de la nueva propuesta coincide ampliamente con el decreto 7-2025.

Piden subsidio

Tras aprobar la agenda de la semana, la Instancia de Jefes de Bloque recibió este lunes a un grupo de transportistas que manifestó en el Centro Histórico.

Se trató de pilotos de transporte público, quienes pidieron apoyo económico para continuar brindando servicio a adultos mayores. La propuesta será analizada por los diputados.

Walter Montiel, representante del gremio, indicó que necesitan un subsidio anual de Q35 millones para mantener el servicio, pero no supo sustentar esa cifra ante los legisladores.

Los transportistas también solicitaron una ley de “chatarrización” que les permita acceder a créditos para renovar sus flotillas.

La caravana partió desde Mixco hasta el Centro Histórico de la ciudad de Guatemala.

Oficialismo busca nuevos acuerdos para retener fondos de Codedes en el 2026 por Q9 mil millones

Mon, 06 Oct 2025 11:00:00 +0000

Política

Oficialismo busca nuevos acuerdos para retener fondos de Codedes en el 2026 por Q9 mil millones

El Ejecutivo alista una nueva iniciativa de ley para asegurar que los Codedes conserven en 2026 los fondos no ejecutados este año. La propuesta busca corregir los vicios de inconstitucionalidad señalados en el Decreto 7-2025.

Edwin Pitán

6 de octubre de 2025

05:00h

Los diputados oficialistas están negociando con otras bancadas para obtener votos y conseguir aprobar un nuevo decreto que garantice fondos a los Cocodes. ( Foto Prensa Libre. Hemeroteca PL)

Mientras se confirmaba el veto del presidente Bernardo Arévalo al Decreto 7-2025 el oficialismo negociaba con bancadas de oposición el respaldo a un nuevo proyecto que tendría el mismo espíritu, que los Codedes mantengan los fondos financieros que no gasten este año.

El diputado oficialista José Carlos Sanabria confirmó que tienen una nueva propuesta de ley que será presentada en los próximos días, aunque evitó precisar la fecha. Añadió que han conversado con diputados de otras bancadas para que respalden el nuevo proyecto.

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Los votos

“Lo que se busca en este momento es consensos y acuerdos con diferentes bloques para poder corregir algunas de las inconstitucionalidades del Decreto 7-2025. Se comparten objetivos y se busca que la inversión en los territorios sea un instrumento de desarrollo comunitario y local”, detalló Sanabria.

El diputado confirmó que siguen negociando y aseguró que esperan “alcanzar pronto los acuerdos”. Añadió que impulsar una nueva iniciativa busca dar certeza a los alcaldes de que los recursos estarán disponibles el próximo año.

“Hemos hablado con diputados desde la semana pasada para comentarles nuestra posición. No se trata de un veto —al Decreto 7-2025—, sino de un veto para hacerlo bien. Esperamos tener consensos en el pleno para aprobar una ley que sea operativa y que no viole la Constitución, pero que conserve el espíritu del Decreto 7-2025”, explicó la diputada oficialista Victoria Palala.

Palala detalló que esperan obtener respaldos porque “en cada votación hay que buscar consensos”. Aclaró que la iniciativa aún no ha sido presentada, pero que se deben buscar los votos para garantizar a las municipalidades que los fondos no se perderán.

Más plazas

El diputado de la bancada Vos, José Chic, tiene una visión distinta sobre la propuesta. Advirtió que “ahora se crean más plazas, porque cada institución podrá instaurarlas, en teoría, para agilizar los trámites de los proyectos que promueven los Cocodes”. Según Chic, se mantiene el espíritu del Decreto 7-2025, que permite trasladar los fondos de 2025 al 2026.

En cuanto al apoyo que busca el oficialismo para su nueva propuesta, Chic percibe dos escenarios: “Hay una correlación de fuerzas, porque la elección de la junta directiva de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) está fragmentando a los alcaldes. Enrique Arredondo y Juan Carlos Pellecer están coqueteando con el Ejecutivo para lograr el respaldo necesario, mientras pierde fuerza la facción de Sebastián Siero, presidente de la Anam, y se diluye la posibilidad de movilización de los alcaldes”.

Para Chic, también está en juego la discusión del Presupuesto General de la Nación. Concluyó que “hay diputados que se sienten en desventaja y no quieren pelear con el gobierno central cuando se discute el presupuesto del 2026”.

Consultado por la nueva propuesta, el alcalde de Santa Catarina Pinula y presidente de la Anam, Sebastián Siero, dijo que aún no la conoce y no brindó más detalles.

Alcaldes junto a Sebastián Siero, acudieron al Ejecutivo y pidieron la sanción para el Decreto, pero la disputa por la Anam podría mermar el movimiento. (Foto Prensa Libre: Esbin Garcia)

Discrepancias del Decreto

La diputada Palala expuso las irregularidades del Decreto 7-2025, que, según el oficialismo y el presidente Arévalo, incurría en inconstitucionalidades.

“El decreto le daba potestad al Ministerio de Finanzas para ampliar el presupuesto, lo cual es competencia del Congreso. También permitía trasladar montos de un año a otro sin firmas ni convenios, y establecía el traslado de fondos ordinarios y extraordinarios sin verificar cada año qué se conserva y qué no”, enumeró.

Presidente Arévalo veta ley de Codedes por vicios de inconstitucionalidad

Fri, 03 Oct 2025 18:59:53 +0000

Guatemala

Presidente Arévalo veta ley de Codedes por vicios de inconstitucionalidad

El Decreto 07-2025 que plantea agilizar la ejecución de fondos de los Consejos Departamentales de Desarrollo enfrenta objeciones del Minfin y la Scep, que desaconsejaron la sanción del Ejecutivo.

3 de octubre de 2025

12:59h

La Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), solicitó al presidente de la República, Bernardo Arévalo, sancionar el decreto 07-2025 que permitiría a los Codedes mantener los fondos no ejecutados en la construcción de obras. (Foto Prensa Libre Esbin García)

El presidente, en consejo de ministros, decidió vetar el Decreto 07-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, bajo el criterio de que la normativa choca con cinco artículos (2, 119, 154, 171 b y 238) de la Constitución.

Mediante un comunicado, el Gobierno de Guatemala “reconoce la necesidad de garantizar la ejecución de obra pública para dar respuesta a las necesidades municipales, por lo que explora alternativas” a la ley y asegura que “trabajará con el Congreso para poder alcanzar acuerdos que persigan el desarrollo local, sin sacrificar los esfuerzos por la transparencia y calidad del gasto público”.

La nota de prensa señala que el gobierno tiene “un enorme compromiso con el desarrollo local y comunitario” y añade que la “administración trabaja en defensa de la transparencia, la estabilidad fiscal y el Estado de Derecho, así como en la construcción de una Guatemala que garantice la dignidad de cada persona, con más y mejores servicios públicos”.

El decreto establece el arrastre para el 2026 de los fondos no ejecutados este año. También fija un plazo de cinco días para la autorización de los avales institucionales para la ejecución de proyectos; ante el incumplimiento la solicitud quedaría aprobada automáticamente.

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Decisión inminente

Según una fuente consultada por Prensa Libre, que pidió no ser citada, el decreto no sería sancionado por el mandatario, conforme a la recomendación del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (Scep) y los equipos legales, luego de los análisis efectuados sobre posibles inconstitucionalidades contenidas en la normativa.

De acuerdo con la información, el Minfin y la Scep consideran que la ley aprobada por el Congreso el 2 de septiembre contradice lo estipulado en el artículo 55 del proyecto de presupuesto para el 2026, en el que se establece la disponibilidad de asignaciones para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) con el fin de garantizar la continuidad de la inversión.

Ese artículo faculta al Minfin para ampliar, de manera excepcional, el presupuesto del próximo año, no mediante fondos nuevos, sino incorporando los “saldos por devengar” del 2025, es decir, recursos ya asignados y comprometidos para obras de los Codedes, pero que no fueron ejecutados antes del cierre del ejercicio fiscal.

El mecanismo también establece que los Codedes tendrán hasta el 31 de enero de 2026 para presentar directamente al Minfin una solicitud en la que detallen los proyectos prioritarios que requieren continuidad. La cartera de Finanzas se encargará de incorporar estas partidas en el sistema y emitir las normas para su ejecución.

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En septiembre, el titular de la Scep, Víctor Hugo Godoy, envió cartas a varios alcaldes para explicar que la mejor vía para agilizar los fondos destinados a los proyectos de los Codedes es la contemplada en dicho artículo del presupuesto. También afirmó que:

“el camino tomado por el Congreso de la República en el Decreto 07-2025 es un camino equivocado y que puede acarrear más problemas que soluciones a las Corporaciones Municipales”.

En las últimas semanas, el presidente Arévalo fue cauteloso al abordar el asunto.

El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, fue enfático en rechazar la sanción de dicho decreto y anticipó posibles inconstitucionalidades.

“Este decreto contiene elementos que podrían ser inconstitucionales, así es que mi opinión sigue siendo la misma que he expresado: que, en realidad, no es un decreto que pueda sancionarse, sino más bien en el cual va a tocar hacer recomendaciones y, por supuesto, no se puede aceptar tal y como ha sido aprobado”, puntualizó Menkos.

Alcaldes ejercen presión

Un total de 305 alcaldes, encabezados por Sebastián Siero, alcalde de Santa Catarina Pinula y presidente de la Anam, exigieron en septiembre al presidente Arévalo la sanción del Decreto 07-2025. Cada jefe edil entregó una carta en la Secretaría General de la Presidencia, en la que exponían sus razones para considerar necesaria la aprobación de la ley.

Respecto de un posible veto presidencial a la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Siero señaló, el pasado 17 de septiembre, que volverían a acudir al Congreso para respaldar su aprobación.

“El día que en el Congreso se vuelva a conocer, vamos a respaldar a los diputados para que se apruebe otra vez con más de 107 votos. Si en la primera votación que se gestionó en una tarde se consiguieron 108 votos, estoy seguro de que, en la próxima, con la presencia de todos los alcaldes, se conseguirán más de 130 votos”, afirmó.

Según el artículo 178 de la Constitución Política de la República, si el presidente decide vetar un decreto, debe remitirlo nuevamente al Congreso dentro de los 15 días hábiles de haberlo recibido con las observaciones que considere pertinentes.

FOTOGALERÍA

Alcaldes caminan por el Centro Histórico para pedir que el presidente Bernardo Arévalo sancione el Decreto 7-2025

Demandaron el veto

Desde el 2 de septiembre, cuando fue aprobado el Decreto 07-2025, varios sectores solicitaron el veto presidencial porque al promover el gasto exprés se promovía la opacidad y politización en el uso de recursos.

Entre los sectores que pidieron el veto figuran la Cámara de Comercio de Guatemala (CGC), la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).

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Decisión de Arévalo sobre ley de Codedes agita carrera por la Anam

Mon, 29 Sep 2025 06:07:00 +0000

Guatemala

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Decisión de Arévalo sobre ley de Codedes agita carrera por la Anam

La sanción o veto del presidente Bernardo Arévalo sobre el Decreto 7-2025 podría redefinir las alianzas entre alcaldes y marcar el rumbo de la elección en la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam).

29 de septiembre de 2025

00:07h

Luego de una caminata, el 17 de septiembre, alcaldes entregan más de 300 cartas para pedir la sanción de la ley de Codedes. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Una presidencia necesitada de alianzas se enfrenta a la decisión de sancionar o vetar el Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Ambas opciones incidirán en la gobernanza local, la relación con los partidos y la elección de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), según analistas.

Los interesados en la presidencia de la Asociación han marcado sus posturas respecto de la ley, y la decisión de Bernardo Arévalo influirá en cuáles alcaldes ganan favoritismo para la próxima elección.

El actual presidente de la Anam, Sebastián Siero, lideró la acción para reunir más de 300 cartas dirigidas al presidente, en las que se solicita la sanción del decreto. También anunció manifestaciones en caso de veto. De tal forma que, si el presidente Bernardo Arévalo sanciona la ley, Siero capitalizaría un importante logro en su ruta a la reelección.

Enrique Arredondo, alcalde de Nueva Santa Rosa, publicó un video en sus redes sociales explicando que, como alcalde, respalda a Arévalo en el veto, pero que, como municipalidad, se firmó la carta enviada a la Anam pidiendo la sanción. Justificó que dicha decisión fue aprobada por mayoría del Concejo, y que, al ser la autoridad superior, le correspondía firmarla. El video circuló un día después de que Arévalo visitara el departamento y se reuniera con alcaldes.

Su postura también le valió el distanciamiento del diputado Luis Aguirre, del partido Cabal. Aguirre señaló que Arredondo no pidió apoyo del partido para plantear su postura; además, afirmó que el jefe edil está buscando respaldo del Ejecutivo. “Él creo que tiene el apoyo del presidente de la República”, indicó Aguirre.

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Juan Carlos Pellecer, alcalde de San Juan Sacatepéquez, también se ha pronunciado al respecto; sin embargo, evita tomar una postura frontal sobre la decisión. Sus declaraciones se limitan a afirmar que el presidente tiene derecho a decidir y a criticar a Siero. Su jefatura edil fue una de las que no envió carta pidiendo la sanción del decreto.

La investigadora de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), Virginia Pinto, comentó que la decisión podría no incidir directamente en la Anam, pero los interesados pueden aprovechar el momento político e influir en la relación con el Ejecutivo.

“Se da en un contexto de un gobierno necesitado de negociaciones, que requiere una buena relación con los actores”, puntualizó Pinto.

Agregó que el presidente se encuentra en una encrucijada, pues cualquier decisión fortalecerá su relación con algunos actores, pero perjudicará a otros.

Decisión compleja

A criterio del politólogo Ricardo Barreno, la elección de la Anam es un factor que presiona la decisión de Arévalo, ya que ocurre en un año preelectoral y puede ser determinante para fortalecer o debilitar a algunos de los candidatos.

“Tener a actores locales afines no solo les asegura a ellos su reelección, sino que también les da respaldo político a nivel legislativo y presidencial. Pero, al final, el interés parece no ser general —en la Anam—, sino uno de reelección”, indicó Barreno.

Señaló que, en este momento político, es prudente que los alcaldes mantengan una postura neutral, mientras se evidencia la intención del Ejecutivo de acompañar o frenar a los jefes ediles.

Gobernabilidad

Describió que el equipo de Arévalo debe poner especial atención en ese análisis político y no enfocarse exclusivamente en la parte técnica, debido a las implicaciones que tiene la ley en la fuerza edil.

“Muy pocas veces hemos visto en este gobierno esa capacidad de análisis político que implica una decisión técnica. El peligro es que no lo estén haciendo, y en este caso, la decisión afecta a un cuerpo municipal que puede llegar a ser determinante para la gobernabilidad local”, añadió el politólogo.

Comentó que uno de los riesgos podría ser que la gobernabilidad local se vea comprometida, limitando la presencia del Ejecutivo en los municipios. También conlleva el riesgo de desgaste o pérdida de credibilidad a nivel municipal, especialmente si entra en conflicto con el Congreso al vetar la ley.

“Lo preocupante es el tiempo que se está tardando en tomar una decisión, lo cual genera una expectativa que, en este momento político, provoca desgaste. No es una incertidumbre por entusiasmo, sino por rechazo”, advirtió.

Pinto sostuvo que no necesariamente se generará una ingobernabilidad local, pero sí se definirá cómo y para qué se relaciona el Ejecutivo con las fuerzas ediles y, por ende, con los partidos representados en el Congreso.

“La participación ciudadana en niveles inferiores a los Codedes es muy baja. Por eso, se cuestiona la finalidad de los recursos. También hay que prestar atención a lo que suceda después de la decisión del presidente, quien está siendo presionado por este asunto y por la necesidad de establecer conexiones”, agregó.

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Reelección

El alcance de la decisión de Arévalo llega hasta los alcaldes interesados en una reelección. Al tratarse de un año preelectoral, algunos podrían alinearse con determinados partidos, dependiendo de su postura y apoyo a la decisión presidencial.

“Este es un momento coyuntural marcado por un componente político, electoral, partidario, organizativo e individual”, expresó Barreno.

Añadió que, muchas veces, lo que asegura la reelección edil es la obra gris, lo cual sería posible con la ejecución inmediata que permitiría la aprobación del decreto.

Presidente Arévalo y el decreto 7-2025: qué escenario tiene para sancionar o vetar la ley de gastos exprés para los Codedes

Sat, 27 Sep 2025 21:05:00 +0000

Guatemala

Presidente Arévalo y el decreto 7-2025: qué escenario tiene para sancionar o vetar la ley de gastos exprés para los Codedes

El presidente tiene hasta el 6 de octubre para tomar una decisión alrededor de la ley y le corresponde vetar o sancionar la norma.

Sin embargo, organizaciones sociales, tanques de pensamiento y cámaras empresariales advierten que la norma representa un riesgo para la transparencia, la fiscalización y el buen uso de los recursos públicos.

27 de septiembre de 2025

15:05h

El presidente sigue sin tomar una postura alrededor de la ley que rechazan organizaciones sociales y que apoyan diputados junto a los alcaldes. Fotografía: Prensa Libre.

La Presidencia mantiene desde el 12 de septiembre la ley que permite a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) retener los fondos públicos no invertidos en el año. Hasta ahora, el presidente Bernardo Arévalo no ha tomado una decisión.

El decreto 7-2025 plantea que los Codedes continúen administrando los recursos destinados a obras regionales, con el fin de ejecutar proyectos coordinados y planificados por las autoridades locales.

Además de que los fondos no ejecutados quedarán en manos de los Codedes en un año preelectoral, la ley reduce trámites para la aprobación de proyectos.

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Si bien la agilización es necesaria, los críticos señalan que la amplia reducción de controles podría abrir espacio a la corrupción mediante la aprobación de proyectos discrecionales sin criterios técnicos.

La decisión

El presidente Arévalo tiene dos opciones ante el decreto 7-2025: sancionar la ley, lo que validaría la decisión del Congreso, o vetarla, con lo cual impediría su entrada en vigencia. No obstante, en este escenario ya enfrenta presiones políticas.

La Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), pide al presidente de la República, Bernardo Arévalo, sancionar el decreto que permitiría a Codedes retener fondos no ejecutados. (Foto Prensa Libre: Esbin Garcia)

La Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) advirtió que, ante un veto, podrían darse manifestaciones de alcaldes. Varios jefes ediles ya enviaron cartas al Ejecutivo en las que destacan los supuestos beneficios de la nueva ley.

Constitucionalmente, el mandatario tiene hasta el 6 de octubre para decidir, ya que los 15 días que marca la ley son hábiles, lo que extiende el plazo para que se pronuncie a favor o en contra.

¿Nueva alianza?

El decreto 7-2025 obtuvo 107 votos a favor y, según fuentes legislativas, fue promovido por dos diputados.

Uno es Allan Rodríguez, jefe del bloque Vamos y expresidente del Congreso durante los primeros dos años de gobierno de Alejandro Giammattei.

El diputado Allan Rodríguez durante una intervención en el pleno del Congreso. (Foto Prensa Libre: Esbin García).

El otro es Luis Aguirre, jefe del bloque Cabal, quien ha incidido en la mayoría de aprobaciones durante la actual legislatura.

El diputado Luis Aguirre lanzó una llanta durante una citación en el Congreso al ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz. (Foto Prensa Libre: captura de pantalla)

Rodríguez y Aguirre manifestaron públicamente tener enemistad, pero la aprobación del decreto los unió. Con esa cantidad significativa de votos, si mantienen la alianza podrían revertir un eventual veto presidencial.

Caminos rurales abarcan el 50% del presupuesto municipal

Tue, 23 Sep 2025 06:10:00 +0000

Guatemala

Suscriptores

Caminos rurales abarcan el 50% del presupuesto municipal

Carreteras rurales absorben la mitad de los fondos de desarrollo, con contratos que alcanzan hasta Q31 millones en municipios de Huehuetenango y Alta Verapaz.

23 de septiembre de 2025

00:10h

Las obras rurales absorben el 50% del presupuesto municipal que se financia con fondos de los Codedes. (Foto Prensa Libre: Archivo)

Las inversiones en caminos rurales y de terracería son prioridad para las alcaldías durante este año. Algunos contratistas han visto cómo las adjudicaciones se multiplican.

Las asignaciones para proyectos relacionados con transporte, caminos rurales y carreteras que se financian con fondos de Consejos de Desarrollo (Codedes) superan los Q6 mil 307 millones de los cuales se ha ejecutado el 30.7 por ciento.

Es la categoría que tiene más fondos asignados de acuerdo con los datos del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin).

En años anteriores se fijaron techos para la inversión en cierto tipo de obras. El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) estableció un límite de 35% para proyectos de infraestructura vial, aplicable a los fondos ordinarios, una de las fuentes de los Codedes.

El año pasado el monto se mantuvo, pero buena parte del presupuesto extraordinario se está destinando para ese fin.

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En los fondos extraordinarios no aplica la restricción de inversión por tipología; es decir, los alcaldes pueden decidir con libertad la asignación de esos recursos sin responder a las metas del Conadur.

Entre los municipios con mayor asignación en este rubro se encuentran Morales, Izabal, con Q98 millones, equivalentes al 78% de su presupuesto. El segundo es la cabecera de Jalapa, que destinó Q94 millones (97%).

También Melchor de Mencos, Petén, asignó Q85 millones, que representan el 71% del presupuesto de los Codedes para este año.

Adjudicaciones

Entre las adjudicaciones de las municipalidades en el transcurso del año sobresalen contratos millonarios por reparación o mejoramiento de caminos rurales.

La particularidad de los contratos es que han sido adjudicados a empresas que experimentan su mejor año como proveedoras de las municipalidades. De acuerdo con el portal Guatecompras, las adjudicaciones van desde Q12 millones hasta Q31 millones.

A Q5.6 millones el kilómetro de terracería

La adjudicación más alta de este año para el mantenimiento de un camino de terracería es por Q30 millones 999 mil de la alcaldía de Chiantla, Huehuetenango. Se contrató al comerciante individual Caín Aliel Cruz para la construcción del camino rural de La Alfalfa al cantón La Zeta.

Según los documentos oficiales, el tramo es de 5.5 kilómetros y se hará un tratamiento superficial o empedrado que incluye banquetas, cunetas y drenajes. Será para el paso de mil 500 vehículos al año, según los estudios de la municipalidad.

El proveedor es contratista del Estado desde 2020 y sus compradores son diferentes municipalidades de Huehuetenango. Este es su mejor año: ha logrado 30 adjudicaciones con alcaldías del departamento, con un monto que asciende a Q106 millones.

Aumento exponencial

El segundo municipio con mayor volumen de contratos de caminos rurales es Purulhá, Baja Verapaz, con Q20 millones 989 mil por 3.7 kilómetros de mejoramiento del camino rural de la aldea Eben Ezer a Purulhá.

El concurso lo obtuvo la Constructora Codima, con experiencia en proveeduría pública desde 2015. En años anteriores reportaba menos de un millón anual, pero en 2025 ya suma Q24 millones, según los registros de Guatecompras. Sus compradores son las alcaldías de Purulhá y Senahú, Alta Verapaz.

En la tercera categoría son dos municipios de Baja Verapaz, que adjudicaron dos contratos a la Constructora A&C, por Q19 millones cada uno, para mejoramiento de un camino rural en la aldea Setzi, Chisec, y en el caserío Chiimix, Tactic. También tiene un contrato por Q14 millones con la alcaldía de San Juan Chamelco.

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En conjunto, la constructora este año suma Q84 millones. Según los registros, es su mejor desempeño, pues sus otras compras datan de 2016. Sus compradores son, además de las alcaldías ya mencionadas, San Cristóbal Verapaz, Raxruhá y Fray Bartolomé de las Casas, en Alta Verapaz.

Asimismo, la municipalidad de San Juan Chamelco adjudicó Q13 millones a Elio Everaldo Barrera. Este proveedor fue contratado el año pasado por el Ministerio de Comunicaciones para la reparación del kilómetro 39 de la autopista Palín-Escuintla.

Este también es su mejor año, con adjudicaciones que alcanzan Q70 millones. Presta servicios desde 2015. Sus principales compradores son Senahú, Alta Verapaz; San José La Arada; Taxisco; San Jacinto; Pueblo Nuevo Viñas y municipios de Santa Rosa.

Ley de Codedes: presidente anuncia que continúa su análisis por posibles inconstitucionalidades

Mon, 22 Sep 2025 19:54:44 +0000

Guatemala

Ley de Codedes: presidente anuncia que continúa su análisis por posibles inconstitucionalidades

Mientras el presidente Arévalo analiza el Decreto 07-2025 por presunta inconstitucionalidad, alcaldes insisten en que su contenido es coherente con propuestas del propio Ejecutivo.

22 de septiembre de 2025

13:54h

El presidente Bernardo Arévalo afirmó durante la conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura que continúa con el análisis del decreto 07-2025 y aseguró que el plazo para remitirlo al Congreso expira en los primeros días de octubre. (Foto Prensa Libre: Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia).

El Decreto 07-2025, que contiene la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, continúa en análisis, dijo el presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa realizada este lunes en el Palacio Nacional de la Cultura.

El decreto fue remitido por el Congreso a la Presidencia el pasado 12 de septiembre, para que se realice el análisis correspondiente, previo a su eventual sanción o veto.

En ese sentido, Arévalo indicó que el análisis del documento sigue en curso y aseguró que el plazo para remitir nuevamente el decreto al Organismo Legislativo vence en los primeros días de octubre.

“El plazo vence el 6 de octubre y estamos en la fase de análisis precisamente, con un énfasis en los temas de posible inconstitucionalidad del decreto”, afirmó Arévalo.

El mandatario explicó que se trata de un análisis exhaustivo, con el propósito de verificar si pudiera existir algún tipo de inconstitucionalidad, por lo que se espera que la evaluación continúe en los próximos días.

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Sobre el plazo para devolverlo al Congreso

De acuerdo con el artículo 178 de la Constitución Política de la República, si el presidente decide vetar un decreto, deberá remitirlo nuevamente al Legislativo dentro de los quince días de recibido, y previo acuerdo tomado en Consejo de Ministros, con las observaciones que estime pertinentes, en ejercicio de su derecho de veto.

Sobre ese punto, Roberto Alejos, exconstituyente y expresidente del Congreso, explicó que el artículo 178 de la Carta Magna se refiere a quince días hábiles para que el Ejecutivo analice el decreto.

“Bueno, en este caso este decreto se aprobó por urgencia nacional y entonces el Congreso de la República tiene menos días que un decreto que se aprueba por la vía ordinaria, para enviarlo al Organismo Ejecutivo para su sanción y promulgación, pero el Organismo Ejecutivo tiene los quince días hábiles, digamos, aunque la Constitución no pone la palabra, pero cuando habla de quince días, son días hábiles, de tal manera que el plazo no cambia, aunque haya sido aprobada de urgencia nacional”, puntualizó Alejos.

Alejos también señaló que los plazos de quince días calendario o corridos se aplican en el ámbito judicial, donde todos los días del año son hábiles.

“Cuando se usa la palabra plazos es cuando se confunde con los temas de amparos y judiciales, en donde todos los días son hábiles. Sí, es correcto, el Ejecutivo tiene hasta el 6 de octubre para poder aceptarlo o vetarlo”, afirmó Alejos.

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“No contraviene con la Constitución”, según alcalde

A criterio del alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, quien también preside la Anam, el decreto aprobado por el Congreso “no contraviene la Constitución”, ya que su contenido coincide con dos propuestas que fueron presentadas por el Ejecutivo. Por esa razón, considera que no debería haber objeción para su sanción por parte del presidente Arévalo.

“Cuando usted lee el Decreto 07-2025, contiene exactamente lo mismo que el Ejecutivo propuso en dos leyes diferentes. En la iniciativa 6576 de –José Carlos– Sanabria, en el artículo 6 se habla de que los avales deben ser de cinco días; y en el artículo 55 de la propuesta de presupuesto del 2026 de –Jonathan– Menkos –ministro de Finanzas– se dice que los fondos se mantendrán hacia el siguiente año. Entonces, la pregunta es: ¿por qué cuando lo propone Semilla está bien, pero cuando lo propone alguien más, está mal?”, cuestionó Siero.

También aseguró que el Decreto 07-2025 se enfoca en combatir la burocracia, así como la corrupción y las coimas que, según denuncias de alcaldes, provienen de algunas gobernaciones, ministerios e incluso diputados, quienes condicionan la autorización de obras.

“Si el presidente en realidad tiene un compromiso contra la corrupción, lo correcto es sancionar la ley, porque va a resolver tres problemas: vamos a quitar la corrupción en los avales, el chantaje en el Congreso y la corrupción en las gobernaciones”, aseguró.

Q1 mil millones de Codedes siguen sin proyectos en municipalidades

Mon, 22 Sep 2025 06:05:00 +0000

Guatemala

Suscriptores

Q1 mil millones de Codedes siguen sin proyectos en municipalidades

El dinero destinado a obras comunitarias no se registra en el SNIP por expedientes incompletos y demoras administrativas.

22 de septiembre de 2025

00:05h

Actualmente, luego de siete meses de haber iniciado los trabajos en la autopista, se está trabajando en el kilómetro 62 (Puente Limoncillo), en el kilómetro 84 con los drenajes transversales y en el kilómetro 90 se prepara la colocación de asfalto. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Un informe de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) advierte que en los portales de finanzas y seguimiento de los proyectos no figuran cerca de Q1 mil millones del presupuesto de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes). La entidad argumentó que no se trata de una falla, sino de una carencia de capacidad de planificación en los municipios.

El informe, elaborado por la Dirección de Análisis y Seguimiento de la Inversión para el Desarrollo y fechado el 31 de julio —el más reciente hasta el cierre de esta nota—, indica que en los sistemas de contabilidad e inversión pública se registraban solo Q11 mil 86 millones tanto en proyectos en ejecución como en proceso de aprobación.

Esto deja Q1 mil 183 millones fuera del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) y del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Esos fondos no están registrados debido a que hay un déficit de obras frente a los recursos. Según el procedimiento, el identificativo en el SNIP con el presupuesto previsto se asigna y se refleja en los portales.

Segeplán sostiene que es habitual que los montos no coincidan, y que ese atraso en el registro obedece a la debilidad de planificación y gestión de los gobiernos locales.

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“El atraso de la gestión de los Codedes para la asignación de los fondos radica en la débil institucionalidad de las entidades, lo cual se expresa en la falta de planificación, la debilidad técnica de los expedientes —que impide su aprobación para ser financiados—, los retrasos en el cumplimiento de los requisitos exigidos por las entidades para emitir autorizaciones y avales, así como las diversas prórrogas para las entregas, entre otros factores”, indicó la Segeplán.

Cada prórroga para completar los trámites administrativos de aprobación de obras se aprueba por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur). La última solicitud fue planteada por la Segeplán con apoyo de alcaldes y de algunos miembros de la sociedad civil.

Este año existen dos propuestas para que los fondos de los Codedes sean multianuales, es decir, que los recursos no ejecutados se trasladen a próximos periodos. La situación, objeto de crítica por parte de diversos centros de análisis y sectores, se incluye tanto en el proyecto de presupuesto del 2026 como en el Decreto 7-2025, aprobado por el Congreso y pendiente de sanción o veto por parte del Ejecutivo.

En ambos casos, lo más discutido es la falta de capacidades técnicas en todas las fases del proceso.

Pendientes de aprobación

Otro informe de la Segeplán que analiza los factores más frecuentes que retrasan la aprobación de proyectos establece que, en el 85% de los casos no aprobados, el expediente no se ajusta a la guía correspondiente; en el 80% falta el aval del ente rector sectorial.

En un 70% de los casos no se incluye la resolución ambiental que debe emitir la cartera de Ambiente; en un 65%, hay inconsistencias entre la información digital y los documentos físicos. Asimismo, en otro 65% de los expedientes falta documentación técnica como planos, firmas profesionales o estudios técnicos mal formulados.

El informe de la consultoría también señala una práctica detectada en algunas delegaciones, donde se emite la opinión técnica el mismo día de la recepción del expediente, lo cual “puede comprometer la calidad del análisis técnico”, según el documento.

La consultoría hizo esas observaciones con base en los más de 1 mil 820 proyectos pendientes de aprobación hasta junio de este año.

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Revisar el modelo de gestión

Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), señaló que tanto la Segeplán como la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) debieron diseñar un modelo de gestión de los recursos y evaluar el beneficio real de los proyectos de los Codedes para las comunidades, ya que en 20 años de existencia del sistema nunca se ha hecho.

“Deben diseñar un modelo de gestión de esos recursos, pero comenzando por evaluar la pertinencia del uso de esos recursos”, comentó Linares.

Según el Sicoin, solo en obras de transporte se han ejecutado más de Q1 mil 900 millones, principalmente en reparación de caminos rurales, lo que representa el rubro con mayor ejecución.

Agregó que no hay una participación real de los miembros de los consejos, quienes solo aprueban lo propuesto por los alcaldes.

“No hay forma de corroborar que los trabajos se hicieron, y, por otro lado, no se cumple con las normas del Conadur sobre el tipo de proyectos elegibles, porque hace unos años se excluyeron las vías urbanas”, recordó el analista.

Concluyó que los mismos integrantes reconocen no tener los recursos, el tiempo ni el conocimiento técnico para fiscalizar la ejecución física de las obras.

¿Cuándo debe el presidente responder sobre el veto o sanción del Decreto 7-2025?

Sun, 21 Sep 2025 14:01:00 +0000

Guatemala

¿Cuándo debe el presidente responder sobre el veto o sanción del Decreto 7-2025?

El presidente Bernardo Arévalo mantiene en análisis el Decreto 07-2025, pese a la entrega de 305 cartas firmadas por alcaldes que solicitan su pronta sanción.

21 de septiembre de 2025

08:01h

Sebastián Siero, presidente de la Anam, respaldado por varios alcaldes, señaló que si el Presidente de la República no sanciona la ley, acudirán al Congreso y pedirle a los diputados que anulen el veto presidencial. (Foto Prensa Libre: Esbin Garcia)

El Organismo Ejecutivo aún no define el futuro del Decreto 07-2025, que contiene la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.

Con este decreto, aprobado por mayoría calificada en el Congreso, se busca que los alcaldes pueden ejecutar los recursos asignados a los Consejos de Desarrollo de una manera más ágil; y el dinero que no se gaste en un año pueda reprogramarse en el siguiente.

El decreto llegó al Organismo Ejecutivo para cumplir con el trámite y el presidente, Bernardo Arévalo, lo debe vetar o sancionar.

El asunto cobró notoriedad a mediados de la semana, cuando alrededor de 200 alcaldes, representados por el jefe edil de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero —quien también preside la Anam— recorrieron parte de la Sexta Avenida de la zona 1, en el Centro Histórico, hasta la sede de la Secretaría General de la Presidencia, donde entregaron 305 cartas firmadas por igual número de jefes ediles del país. En ellas solicitan al presidente Bernardo Arévalo la sanción del citado decreto.

Según indicó el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, el mandatario continúa el análisis del decreto con el objetivo de sancionarlo o vetarlo, según corresponda.

“Lo hemos dicho desde el Gobierno, todo ciudadano, toda organización tiene el derecho de formular peticiones que son consideradas oportunamente. El presidente y su equipo jurídico aún está analizando el decreto que fue remitido por el Congreso de la República. Aún no se ha tomado una decisión, tengan certeza de que cuando esa decisión se tome se la haremos saber”, afirmó Palomo.

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El decreto fue remitido por el Congreso de la República al Ejecutivo el viernes 12 de septiembre, para que el presidente lo analice y decida si procede su sanción o veto.

¿Cuánto tiempo tiene el presidente para sancionar o vetar un decreto?

Los plazos que el Ejecutivo tiene para sancionar o vetar un decreto, así como los que el Congreso dispone para remitirlo, están contenidos en la Constitución Política de la República, en los artículos del 177 al 180.

Según el artículo 177, una vez aprobado un proyecto de ley, la Junta Directiva del Legislativo cuenta con un máximo de diez días para remitirlo al Ejecutivo para su sanción, promulgación o publicación.
El artículo 178 establece que el presidente puede vetar un decreto del Congreso dentro de los 15 días siguientes a su recepción, mediante acuerdo en Consejo de Ministros. El veto debe ser total, no parcial. Si el Ejecutivo no devuelve el decreto en ese plazo, se considera sancionado y el Congreso debe promulgarlo en los ocho días siguientes. En caso de que el Legislativo clausure sesiones antes de vencer el plazo, el Ejecutivo dispone de ocho días del siguiente periodo ordinario para ejercer el veto.
El artículo 179 indica que, si el presidente veta un decreto y lo devuelve al Congreso, este debe someterlo al pleno en la siguiente sesión. El Legislativo tiene hasta 30 días para reconsiderar o rechazar el veto. Si lo rechaza con el voto de las dos terceras partes de los diputados, el Ejecutivo está obligado a sancionar y promulgar el decreto en un máximo de ocho días. Si no lo hace, la Junta Directiva del Congreso ordenará su publicación en un plazo de tres días, para que entre en vigor como ley.
En cuanto a la vigencia de una nueva ley, el artículo 180 establece que comenzará a regir ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, salvo que la misma norma amplíe o restrinja ese plazo o su ámbito territorial de aplicación.

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¿Qué sucederá si el presidente veta la ley?

El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, afirmó en el Congreso que el Decreto 07-2025 contiene elementos que podrían ser inconstitucionales, por lo que no recomienda su sanción por parte del presidente.

Sobre la posibilidad de que el presidente vete el Decreto 07-2025 y lo devuelva al Congreso, Sebastián Siero, presidente de la Anam, indicó que estarían acudiendo a la sede del Legislativo para apoyar nuevamente su aprobación.

“El día que en el Congreso se vuelva a conocer, vamos a respaldar a los diputados para que se apruebe otra vez con más de 107 votos. Si en la primera votación que se gestionó una tarde se consiguieron 108 votos, estoy seguro de que, en la próxima, con la presencia de todos los alcaldes, se conseguirán más de 130 votos”, afirmó Siero.

El lunes 22 de septiembre se cumplen diez días desde que el Congreso remitió el Decreto 07-2025 al Ejecutivo, por lo que se espera que en la conferencia de ese mismo día en el Palacio Nacional de la Cultura se conozca alguna respuesta del presidente Bernardo Arévalo sobre si sancionará o vetará la norma.

Para el martes 23 de septiembre está previsto su viaje hacia la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos, donde participará el miércoles en la 80.ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Ley de gasto para los Codedes mantiene confrontados al Ejecutivo con más de 300 alcaldes

Thu, 18 Sep 2025 06:02:00 +0000

Guatemala

Ley de gasto para los Codedes mantiene confrontados al Ejecutivo con más de 300 alcaldes

Más de 300 alcaldes exigen a Bernardo Arévalo que sancione la ley que permite la continuidad de obras municipales, mientras la Presidencia cuestiona la legitimidad de la exigencia.

Óscar García y Andrea Domínguez

18 de septiembre de 2025

00:02h

El presidente de la Anam, Sebastián Siero, en compañía de unos 200 alcaldes de todo el país entrego en la Secretaría General de la Presidencia las cartas por medio de las cuales 305 jefes ediles le solicitan al presidente Bernardo Arévalo que sancione el decreto 07-2025. (Foto Prensa Libre: Carlos Gómez)

El Decreto 7-2025, que contiene la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, ha ocasionado un pulso entre el Organismo Ejecutivo y alcaldes que integran la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), quienes han solicitado que el presidente Bernardo Arévalo sancione de manera inmediata dicha disposición, aprobada el 2 de septiembre último por el Congreso de la República.

Cerca de 180 alcaldes de todo el país se reunieron este miércoles 17 de septiembre en el Centro Histórico de la capital para acompañar al presidente de la Anam, Sebastián Siero, en la entrega de las últimas 34 cartas, de un total de 305 presentadas desde el viernes 12 de septiembre en la sede de la Secretaría General de la Presidencia. El objetivo fue solicitar al gobernante la sanción de dicho decreto, que busca asegurar la continuidad de las obras de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) en el interior del país. Esta acción pretende resolver los problemas que, según los alcaldes, han provocado retrasos en la ejecución de proyectos en sus localidades.

“Hoy –ayer– llevamos una nota donde, como alcaldes, le pedimos al presidente una reunión para que escuche el sentir de los 305 alcaldes. Lo que estamos indicando es que si 305 alcaldes y 108 diputados estamos señalando que hay algo que no está funcionando bien en los Consejos de Desarrollo, es algo que el gobierno tiene que reconocer y que esperamos que tenga la madurez para poderlo resolver de la mano con nosotros. No estamos buscando pelear ni estar en contra de nada, sino una solución para que haya más obras a nivel nacional”, afirmó Siero, en apoyo al decreto aprobado por el Congreso.

Durante la reunión previa que sostuvieron los alcaldes antes de entregar las últimas cartas en la Secretaría General de la Presidencia, revisaron y discutieron el contenido del decreto 7-2025 para aclarar dudas. Según Siero, las obras de los Codedes se ven paralizadas debido a la burocracia, ya que la obtención de avales puede tardar entre cuatro y cinco meses, y el proceso de licitación y contratación puede extenderse hasta nueve meses, lo que hace inviable ejecutar proyectos en el tiempo restante del año.

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También aseguró que el decreto busca solucionar ese problema permitiendo que los fondos sean interanuales, con una vigencia de hasta dos años, siempre que la obra avance. Se destaca que este mecanismo reduciría las “coimas” solicitadas en algunas entidades para la emisión de avales y el desembolso de fondos en los ministerios y en el Congreso. Siero enfatizó que no se trata de un problema exclusivo de la actual administración, sino que se arrastra desde hace varios gobiernos, por lo que el decreto 7-2025 ofrece una solución “de fondo” que beneficiaría a los próximos mandatos.

“Cuando usted lee el decreto 7-2025, contiene exactamente lo mismo que el Ejecutivo propuso en dos leyes diferentes. En la iniciativa 6576 de –José Carlos– Sanabria, en el artículo 6 se habla de que los avales deben ser de cinco días; y en el artículo 55 de la propuesta de presupuesto del 2026 de –Jonathan– Menkos –ministro de Finanzas– se dice que los fondos se mantendrán hacia el siguiente año. Entonces, la pregunta es: ¿por qué cuando lo propone Semilla está bien, pero cuando lo proponemos alguien más, está mal?”, cuestionó Siero.

El también alcalde de Santa Catarina Pinula denunció que, a pesar de los esfuerzos por centralizar la emisión de avales para evitar la corrupción, estas prácticas han sido denunciadas por alcaldes de distintas localidades, principalmente en ministerios como el de Educación y el de Comunicaciones. Si bien en instituciones como la Conred y Segeplán han encontrado apoyo, en otras no han obtenido ninguna solución, lo que subraya la importancia de la regulación que el decreto propone.

Señala coacciones por parte del Ejecutivo

El presidente de la Anam expresó su preocupación por presiones del Ejecutivo hacia los alcaldes. Según indicó, los gobernadores de Izabal, Chiquimula y San Marcos han llamado a los jefes ediles para amenazarlos y disuadirlos de expresar su apoyo a la mencionada disposición.

“Les dijeron que se atuvieran a las consecuencias si se hacían presentes el día de hoy, porque si salían en las fotos, iban a haber repercusiones en temas de sus fondos de Consejos de Desarrollo. Y exactamente por eso es que queremos esta ley, porque viene a solucionar esos problemas de corrupción y chantajes que se dan desde gobiernos anteriores, en este y en los próximos. Tenemos quejas de alcaldes de San Marcos, de Chiquimula y de Izabal. Aquí han sido varios departamentos en donde se ha dado, y los alcaldes no nos vamos a dejar intimidar”, puntualizó. También hizo un llamado al presidente Bernardo Arévalo para que sancione el decreto.

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Siero comentó que, si el mandatario veta el decreto, este regresaría al Congreso, por lo que aseguró que, junto con los 305 alcaldes que han expresado su apoyo y que representan a más del 90% del total, acudirán a la sede del Legislativo el día que se conozca nuevamente en el pleno, para respaldar a los diputados y asegurar que la ley sea ratificada con más de 107 votos.

“La primera vez se lograron 108 votos, y estoy seguro de que con la presencia de los alcaldes se superará esa cifra, alcanzando posiblemente los 130”, indicó.

Siero reiteró que, pese a los esfuerzos por centralizar los avales, las prácticas de extorsión persisten en ministerios como el de Educación y el de Comunicaciones. En contraste, en entidades como la Conred y Segeplán han encontrado respaldo, lo que refuerza, según él, la necesidad de regulación.

Alcaldes se pronuncian

El alcalde de Comitancillo, San Marcos, Werner Orozco, indicó que la entrega de cartas busca exigir el apoyo del Ejecutivo.

“Nuestra petición es exigir al gobierno que nos apoye, porque nosotros como representantes del pueblo queremos que se ejecuten los presupuestos y que no se queden en arrastre, porque el presupuesto ha sido designado y no se puede quitar”, indicó.

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Rigoberto Corleto, alcalde de Raxruhá, Alta Verapaz, agregó que el objetivo es “respaldar la petición para resguardar los fondos designados a exigencias de los Cocodes de sus respectivas aldeas, quienes pueden salir perjudicados si en dado caso no se sanciona la ley”.

En contraste, por medio de un comunicado, el alcalde de San Juan Sacatepéquez, Juan Carlos Pellecer, expresó su desacuerdo con las acciones de Siero, las cuales calificó como “presión” hacia el presidente Arévalo.

“El alcalde Juan Carlos Pellecer expresó su rechazo a la presión ejercida por el presidente de la Anam hacia el presidente de la República para sancionar la Ley de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes). Afirmó que los tiempos y procesos establecidos en la ley deben respetarse y recordó que, independientemente de que el mandatario decida sancionar o vetar la iniciativa, se trata de un derecho constitucional que debe ejercerse con total independencia y sin presiones”, concluye el comunicado.

Cabe recordar que Pellecer accionó ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por la elección de Siero como presidente de la Anam en enero del 2024, a través de una planilla única.

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Declaraciones “irresponsables”

Sobre las supuestas amenazas de gobernadores denunciadas por Siero, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia indicó: “Lastimosamente, el alcalde de Santa Catarina Pinula se ha caracterizado por instrumentalizar la política municipal en el país. Rechazamos categóricamente y lamentamos las irresponsables e infundadas declaraciones del alcalde”.

A su vez, sobre esta opinión, Siero respondió: “Es una inmadurez. Nosotros hacemos el llamado al Ejecutivo. Si más de 305 alcaldes están diciendo que hay algo que está mal y que hay que arreglarlo, lo correcto es reconocer el error y buscar una solución en consenso. No estamos queriendo pelear”, concluyó.

En enero del 2024, un día antes de que Siero fuera electo presidente de la Anam, el presidente Bernardo Arévalo indicó:

“Identificamos la importancia estratégica de trabajar en conjunto con su organización, con su asociación, la Anam, y para ello consideramos y nos alegra ver que existe una persona que está ejerciendo un liderazgo constructivo con visión, el alcalde Siero”, lo que evidenció el apoyo del mandatario hacia Siero.

No obstante, en los últimos meses se ha evidenciado el distanciamiento y las pugnas entre ambos, acentuadas después de la aprobación del decreto 7-2025 por el Congreso.

El presidente de la Anam, Sebastián Siero, junto a unos 200 alcaldes de distintas localidades recorrió parte de la Sexta Avenida en la zona 1 del Centro Histórico, hasta la Secretaría General de la Presidencia a un costado del Palacio Nacional de la Cultura, para hacer entrega de las últimas cartas de los alcaldes que solicitan al Ejecutivo la aprobación del decreto 07-2025. (Foto Prensa Libre: Carlos Gómez.

Cámaras y tanques de pensamiento piden veto

Varios sectores han manifestado su rechazo a la disposición que favorece a los Codedes, por distintas razones, desde poca transparencia en el uso de los recursos, o su politización, así como violación al principio de anualidad del presupuesto.

Entre otras entidades, han pedido al presidente Arévalo vetar el decreto 7-2005 la Cámara de Comercio de Guatemala, la Cámara de Industria de Guatemala, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras.

ANAM pide a Arévalo sancionar decreto que permitiría a Codedes retener fondos no ejecutados

Wed, 17 Sep 2025 19:33:58 +0000

Política

ANAM pide a Arévalo sancionar decreto que permitiría a Codedes retener fondos no ejecutados

Alcaldes entregan cartas en la Secretaría General de la Presidencia para pedir que el presidente Bernardo Arévalo sancione el Decreto 7-2025.

17 de septiembre de 2025

13:33h

Sebastián Siero, presidente de la Anam, y alcaldes entregan carta para que Arévalo sancione del Decreto 7-2025. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Sebastián Siero, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) y alcalde de Santa Catarina Pinula, llegó este miércoles 17 de septiembre, junto a un grupo de alcaldes, a entregar al menos 305 cartas a la Secretaría General de la Presidencia para solicitar la sanción del Decreto 7-2025.

Los diputados aprobaron, de urgencia nacional, una ley que faculta a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) a retener, en 2026, los fondos no ejecutados este año.

El Decreto 7-2025 no tuvo dictamen, pero autoriza a los Codedes a conservar los recursos públicos que no se ejecuten durante el año fiscal.

Durante la entrega de los documentos, Siero denunció que gobernadores departamentales habrían amenazado a alcaldes para evitar que acudieran a la capital a entregar las cartas.

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Al consultarse al Ejecutivo sobre las declaraciones de Siero, se respondió: “Lastimosamente, el alcalde de Santa Catarina Pinula se ha caracterizado por instrumentalizar la política municipal en el país. Rechazamos categóricamente y lamentamos las irresponsables e infundadas declaraciones del alcalde”.

En la misiva dirigida al presidente Bernardo Arévalo, se solicita: “Solicitamos a usted, en su calidad de presidente constitucional de la República, que, en fiel cumplimiento de sus atribuciones, emita la sanción, promulgación y publicación del Decreto Número 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, aprobado por el Congreso de la República el pasado 2 de septiembre”.

Según los alcaldes, este decreto busca garantizar la continuidad de los proyectos de desarrollo local que constituyen “la única esperanza” de las comunidades para contar con obras físicas, especialmente en temas de agua y saneamiento, salud, educación e infraestructura vial, priorizadas por vecinos organizados en instancias como los Consejos Comunitarios de Desarrollo.

“Es importante, señor presidente, reconocer que 108 diputados y más de 300 alcaldes hemos identificado dificultades derivadas del retraso en la ejecución de obras solicitadas por nuestros vecinos”, subraya la misiva.

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Añade: “Dichos retrasos, originados en instancias del Ejecutivo, no solo afectan su gestión, sino que dañan principalmente la calidad de vida de los guatemaltecos. Por ello, retomando propuestas formuladas incluso por integrantes de su propio equipo de trabajo, construimos una iniciativa que logró los consensos necesarios y fue aprobada por el Organismo Legislativo con mayoría calificada”.

“Nuestro objetivo, señor presidente, es llevar obras a nuestro pueblo, y estamos seguros de que ese también es el suyo”, se indica en el documento.

Los alcaldes aclaran que el decreto no modifica los requisitos de la Ley de Contrataciones del Estado ni elimina los controles de fiscalización de la Contraloría General de Cuentas. Tampoco permite cambiar el destino de los fondos de un año a otro, ya que el proceso participativo garantiza que sean los vecinos quienes definan las prioridades.

“No obstante, el decreto sí frena los retrasos maliciosos que, desde algunas dependencias del Ejecutivo, obstaculizan la entrega de avales y que, en muchos casos, se han convertido en fuente de chantaje político y corrupción. Por ello, señor presidente, le pedimos que demuestre su compromiso con esta lucha sancionando el Decreto 7-2025”, concluyen.

“En nosotros no encontrará puños enemigos, sino manos dispuestas a colaborar. Por ello, me permito solicitarle, respetuosamente, que podamos tener una reunión para establecer una agenda de trabajo y cooperación mutua”.

En la carta, Siero indica que queda atento a la respuesta del presidente, a fin de definir día, hora y lugar para “un encuentro cordial, colaborativo y franco”.

Para leer más: “Si el presidente veta la ley (7-2025) va a tener manifestaciones públicas”: Sebastián Siero, presidente de la Anam

Entregan carta

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Ejecutivo tiene en sus manos ley de gasto para Codedes, luego del rechazo de objeciones en el Congreso

Wed, 10 Sep 2025 06:05:00 +0000

Guatemala

Ejecutivo tiene en sus manos ley de gasto para Codedes, luego del rechazo de objeciones en el Congreso

Los oficialistas y sus aliados sumaron 36 votos para anular el decreto 7-2025 por alertas de posible corrupción en la ejecución de proyectos regionales, pero no fue suficiente.

10 de septiembre de 2025

00:05h

El presidente asegura que siguen analizando los escenarios alrededor del decreto 7-2025. Fotografía: Prensa Libre (Erick Avila).

El presidente Bernardo Arévalo deberá respaldar o vetar la ley que permite el gasto exprés en los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), ahora que el pleno del Congreso rechazó las objeciones que buscaban engavetar el decreto.

El Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, recibió nueve objeciones, todas presentadas por diputados oficialistas.

Las alertas por posible corrupción en la ejecución de proyectos, expuestas por los congresistas, solo resonaron en 36 diputados. En contraste, 91 votaron en contra, permitiendo que la ley siguiera su curso.

Ahora, el decreto pasará por corrección y estilo en el Organismo Legislativo, para luego ser enviado al Ejecutivo, en donde el presidente, Bernardo Arévalo, decidirá si lo sanciona o lo veta.

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Hasta el pasado lunes, al ser consultado en conferencia de prensa, el mandatario no tenía una postura definida sobre la nueva ley, y se limitó a informar que se encontraba bajo análisis.

En la sesión de este martes 9 de septiembre, los diputados oficialistas intentaron —sin éxito— frenar el trámite de la ley mediante una serie de objeciones. Estas señalaban vulneraciones a las funciones del Congreso al modificarse asuntos presupuestarios.

Las objeciones también advertían sobre el riesgo de aprobar proyectos en apenas cinco días, sin respaldo técnico, lo cual, a criterio de los oficialistas, podría implicar peligros para la transparencia.

#Ahora

El @CongresoGuate mantiene la ley de gasto exprés para los Codedes. Solo 36 diputados apoyaron objeciones contra el decreto 7-2025.

Entre ellos diputados de Movimiento Semilla, Creo, VOS, UNE, Winaq y Vamos, de un grupo que ya no responde a Allan Rodríguez. pic.twitter.com/1nowUYN4mJ
— Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) September 9, 2025

Entre los votos a favor de las objeciones —además de los oficialistas—, se contaron algunos diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), Compromiso, Renovación y Orden (Creo), Winaq, Victoria, Bienestar Nacional (Bien) y un pequeño grupo de legisladores de Vamos que ya no responde a su jefe de bancada, Allan Rodríguez.

Decreto irresponsable

Para el diputado oficialista José Carlos Sanabria, nuevo operador político del Ejecutivo en el Congreso, la ley aprobada la semana pasada presenta errores que la hacen peligrosa.

Junto a otros oficialistas, Sanabria presentó nueve objeciones ante un pleno dominado por la nueva alianza opositora. Las objeciones advertían sobre eventuales riesgos para la administración pública y el buen manejo de los recursos.

“Legislar de esta manera es muy irresponsable. Por otro lado, reducir los plazos para los avales sí tiene sentido, y nosotros, como gobierno, para tener una ejecución más eficaz y responsable, estamos de acuerdo. Pero reducirlos sin mecanismos de control ni transparencia es contraproducente”, afirmó Sanabria.

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El bloque oficial había presentado meses atrás una iniciativa para agilizar la inversión pública. Uno de sus artículos fue incluido en el nuevo decreto; sin embargo, al hacerlo sin el resto de disposiciones, se sacó de contexto, señalaron durante la sesión.

“Las objeciones buscaban demostrar las diferencias entre el Decreto 7 y cualquier iniciativa presentada por el oficialismo. Solo contenía un artículo de la propuesta de Movimiento Semilla, pensado en la transparencia y el compromiso anticorrupción”, criticó la congresista Brenda Mejía, quien también apoyó las objeciones.

Como un detalle, durante la votación para aceptar o rechazar las objeciones, un diputado dejó abierto su micrófono, permitiendo que se escuchara cómo llamaba a otros congresistas: “Esas no las voten, porque son las objeciones”, lo que dejó en evidencia la coordinación de los opositores.

Justifican desarrollo

En la otra acera se ubican los argumentos de 91 diputados que el martes 9 de septiembre respaldaron el Decreto 7-2025, argumentando que es necesario para la ejecución de proyectos en todo el país. Algunos diputados del bloque opositor Vamos, explicaron que no apoyaron las posturas del oficialismo porque la ley responde a necesidades regionales.

“Probablemente, este será el decreto que salvará lo poco que este gobierno dejará al pueblo. Mal hacen ellos -el oficialismo- al oponerse a esta inversión que necesitan los Codedes, pues nace de las necesidades de las comunidades”, expresó el diputado Mynor de la Rosa.

Por su parte, el diputado Miguel Ovalle, de la UNE —quien fue alcalde y presidió la Asociación Nacional de Municipalidades—, también defendió el decreto de gasto exprés para los Codedes.

Miguel Ovalle, cuando era alcalde de Salcajá, Quetzaltenango, y presidente de la Anam. en el 2020 (Foto Prensa Libre: tomada de Facebook-Municipalidad de Salcajá)

“No estamos pidiendo más dinero, simplemente estamos facilitando que lo que se ejecutó con mucha responsabilidad este año pueda repetirse, y qué mejor que de manos de los alcaldes”, indicó Ovalle.

Fuentes legislativas confirmaron que la aprobación del decreto fue posible gracias a una nueva alianza política entre Luis Aguirre, de Cabal, y Allan Rodríguez, de Vamos.

Ambos diputados, que hasta hace unos meses mantenían una aparente enemistad, ahora se han unido para promover el decreto que permitirá a los Codedes manejar, en año preelectoral, cerca de Q9 mil millones que no serán ejecutados en el 2025.

Del lado de Cabal, el diputado Sergio Celis también defendió el decreto y explicó por qué votó en contra de las objeciones. “Votar a favor de estas objeciones de la bancada oficialista es votar en contra del pueblo de Guatemala. Hay personas que esperan su drenaje y su proyecto de agua. Mi voto fue en contra, porque estamos a favor del pueblo de Guatemala y del desarrollo del país”, expresó el congresista.

En lo que va del año, el Congreso ha emitido solo siete decretos. La mayor parte del 2025 ha transcurrido con inactividad, luego del aumento de sueldo aprobado por la Junta Directiva para los 160 diputados.

¿Transparencia o gobernabilidad? el reto de Arévalo frente a la ley que reduce controles a Q9 mil millones

Tue, 09 Sep 2025 06:04:00 +0000

Guatemala

¿Transparencia o gobernabilidad? el reto de Arévalo frente a la ley que reduce controles a Q9 mil millones

El Congreso recibió nueve objeciones contra el Decreto 7-2025 que permite el arrastre de fondos de los Codedes y facilita el gasto exprés.

Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), afirmó que al revisar el presupuesto del 2026 y el decreto 7-2025, se evidencia que hay aportes tanto oficialistas como de oposición.

9 de septiembre de 2025

00:04h

El presidente asegura que siguen analizando los escenarios alrededor del decreto 7-2025. Fotografía: Prensa Libre (Erick Avila).

El presidente Bernardo Arévalo todavía no tiene una postura clara sobre la ley de gastos a favor de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), pero cualquier decisión que tome podría complicar lo que resta de su mandato.

Así lo advierten analistas, quienes consideran que una sanción o veto al decreto 7-2025 generará un escenario complejo para el mandatario, que necesitará una robusta estrategia política para mitigar las repercusiones.

La semana pasada, el pleno del Congreso aprobó de urgencia nacional una ley que permite a los Codedes invertir sin mayores controles y mantener los fondos no ejecutados al finalizar el ejercicio fiscal.

La normativa fue promovida mediante una moción aprobada por 108 diputados, cuya gestión —según fuentes legislativas— fue impulsada por Luis Aguirre, de Cabal, y Allan Rodríguez, del bloque Vamos.

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Sin embargo, una semana después de la aprobación, el Organismo Ejecutivo aún no ha recibido el decreto. El presidente deberá sancionar la ley o bien rechazarla mediante el veto presidencial.

“La población necesita que las instituciones de gobierno comiencen a dar respuesta”, declaró Arévalo en rueda de prensa. Añadió: “Lo que no podemos es permitir que haya mecanismos que, en aras de generar más obras, sacrifiquen transparencia”.

Durante su campaña, el presidente mantuvo un discurso firme contra la corrupción, postura que —ha dicho— mantiene durante sus casi 20 meses de gestión. Por ello, hay gran expectativa sobre la decisión que tomará.

Organizaciones, tanques de pensamiento y cámaras empresariales han solicitado públicamente el veto, al considerar que la ley no fomenta la transparencia y abre las puertas a la corrupción.

Objeciones al decreto

El decreto 7-2025 fue aprobado el martes 2 de septiembre por más de un centenar de diputados. Aunque algunos de los congresistas electos por el cancelado Movimiento Semilla votaron en contra, en el pleno no se manifestaron rechazos explícitos.

No obstante, la Dirección Legislativa del Congreso reporta que nueve diputados presentaron objeciones formales, todas provenientes de integrantes leales a Movimiento Semilla.

Las acciones fueron promovidas por Olga Villalta, Luis Ventura, Alma Luz Guerrero, Brenda Mejía, Ivanna Luján, Manfredo Duvalier Castañón, Victoria Palala, Raúl Barrera y José Carlos Sanabria.

Según el procedimiento legislativo, las objeciones al decreto forman parte de los primeros puntos de la agenda propuesta para la sesión plenaria de este martes 9 de septiembre.

Entre la espada y la pared

De acuerdo con analistas, la decisión que tome el presidente conllevará un desgaste político. Si atiende el llamado social y veta la ley, podría enfrentarse a un Congreso del cual aún depende.

El Ejecutivo necesita el respaldo del pleno si desea la aprobación del presupuesto para el 2026 y contar con espacio político en las elecciones de segundo grado previstas para ese año.

Entre los cargos a renovar figuran el nuevo pleno del Tribunal Supremo Electoral (TSE), un magistrado titular y uno suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC), así como el cambio de titular en la Contraloría General de Cuentas (CGC).

En cambio, si sanciona la ley y permite su entrada en vigencia, enfrentará críticas de sectores sociales y empresariales que han advertido sobre los riesgos de la normativa, especialmente por considerar que favorece la corrupción, una bandera central en el discurso de Arévalo.

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“El presidente debe pensar en el legado de su gestión de gobierno”, afirmó Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep).

“No tiene más movimientos; con esta jugada puede perder el apoyo de las bancadas. Pero el respaldo político, hoy en día, no se condiciona a propuestas sino a caprichos ligados al dinero”, añadió Hidalgo.

“El presidente desatendió las alertas rojas del año pasado. Si lo vuelve a hacer, se estaría saltando dos semáforos en rojo. Debe poner sus barbas en remojo. Si busca mejorar la ejecución, este no es el camino, pues vulnera los presupuestos”, indicó Quezada.

Según el experto, las opciones del mandatario —sanción o veto— lo colocan en una situación delicada. “Está acorralado —el presidente—, y tendrá que revelar sus cartas: si participó y apoyó la ley o si se la juega con un veto que podría llegar hasta la CC”.

La Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) expresó que la leyno genera opacidad, sino que permite agilizar la inversión, y calificó de “chantaje” las objeciones planteadas desde el oficialismo.

Arévalo afirma que analiza decreto que permitiría que los Codedes retengan fondos no ejecutados

Mon, 08 Sep 2025 17:43:59 +0000

Política

Arévalo afirma que analiza decreto que permitiría que los Codedes retengan fondos no ejecutados

Arévalo afirmó que el Decreto 7-2025 no ha llegado al Ejecutivo y que el Congreso espera terminar los procesos de ley.

Óscar García y Luisa Laguardia

8 de septiembre de 2025

11:43h

El presidente Bernardo Arévalo se refiere al Decreto 7-2025 respecto de los Codedes. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

Los diputados aprobaron, de urgencia nacional, una ley para que los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) retengan, en el 2026, los fondos no ejecutados en el 2025.

Se trata del Decreto 7-2025, que no tuvo dictamen y faculta a los Codedes a retener los recursos públicos que no se ejecuten durante el año fiscal.

Este lunes 8 de septiembre, el presidente Bernardo Arévalo fue cuestionado al respecto, durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura.

Afirmó que el referido decreto no ha llegado al Ejecutivo y que el Congreso espera concluir con los procesos de ley.

EN ESTE MOMENTO

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“Nosotros ya lo estamos estudiando; tenemos las mismas preocupaciones que el conjunto de la población, alrededor de que no podemos permitir que haya mecanismos que, por la razón que sea, abran la puerta a estos mecanismos de corrupción. Así que estaremos atentos a revisarlo en cuanto nos lo envíe el Congreso. Por el momento, estamos analizándolo”, aseguró Arévalo.

También se le consultó por el pronunciamiento del alcalde de Santa Catarina Pinula y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Sebastián Siero, quien llamó a manifestar si se veta el Decreto 7-2025.

Arévalo respondió: “Es el mismo alcalde que no le gusta la lucha contra la contaminación, ¿verdad? ¿Qué quiere que le diga? Creo que le gustan las causas perdidas y, pues, evidentemente, a él no le preocupa la lucha contra la corrupción, que sí nos preocupa a nosotros”.

Agregó: “Nosotros tenemos un conducto abierto con los alcaldes, estamos hablando con ellos y, la verdad, hemos encontrado disposición al diálogo, porque también entienden que hay problemas. Hay que preguntarle a él por qué la necesidad de actuar siempre con amenazas, como que no tiene mucha confianza en la solidez de sus propios argumentos”.

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Ampliación sobre la función de los Codedes

Arévalo también indicó que el país necesita que la inversión pública se refleje en obra construida.

Añadió que cuando un Codede decide construir un instituto de educación básica, por ejemplo, puede hacerlo, pero es el Gobierno el responsable de proporcionar el equipamiento; lo mismo ocurre con los puestos de salud.

Para leer más: Ley que permite traslado de fondos a Codedes pone en riesgo las finanzas públicas

Indicó que la Ley del Presupuesto establece que los Codedes deben tener preparados y planificados los proyectos desde dos años antes. Sin embargo, lo que ha sucedido es que las obras se planificaban y ejecutaban en el mismo año, por lo que hay proyectos que se terminaron de planificar a mediados del 2025 y, ya aprobados, solo quedan seis meses para su implementación.

Explicó que se ha discutido en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, y con los alcaldes, que harán dos cosas: una, trabajar para que los proyectos que se ejecutarán en el 2027 estén aprobados al 31 de diciembre del 2026.

Según Arévalo, esto permite un año para la ejecución de la obra, algo que no ocurre actualmente debido al rezago.

Agregó que hay proyectos para los cuales no alcanzará el tiempo, y según él, ese dinero no conviene que regrese a la cuenta general del Estado, sino que continúe traduciéndose en obras identificadas por el Codede.

Afirmó que se ha acordado permitir que los proyectos no concluidos al 31 de diciembre puedan continuar el año siguiente, para que las obras sean entregadas.

Mencionó que, en ese sentido, en la Ley del Presupuesto se ha incluido un artículo que permite comenzar con esa práctica desde el 2025. No obstante, para ello deben agilizarse los avales.

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“Si el presidente veta la ley (7-2025) va a tener manifestaciones públicas”: Sebastián Siero, presidente de la Anam

Sat, 06 Sep 2025 06:05:00 +0000

Guatemala

Suscriptores

“Si el presidente veta la ley (7-2025) va a tener manifestaciones públicas”: Sebastián Siero, presidente de la Anam

Sebastián Siero, presidente de la Anam, explicó la visión municipal y el contexto en que se aprobó la ley que permite a los Codedes retener fondos públicos.

6 de septiembre de 2025

00:05h

El presidente de Anam y algnos alcaldes durante la sesión legislativa en que fue aprobo el presupuesto 2025. Fotografía: Prensa Libre (Esvin García).

Los alcaldes buscaron el apoyo político que esta semana se concretó con la aprobación de la ley que faculta a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) para retener los fondos que no se ejecuten durante el año, según confirmó Sebastián Siero, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam).

El representante de los alcaldes explicó, en una entrevista, que desde mayo gestionaron el respaldo de algunos diputados para impulsar la normativa, que —según su perspectiva— se aparta del discurso oficialista, el cual la tacha de corrupto y opaco.

Siero afirmó que la ley busca ejecutar los proyectos ciudadanos promovidos desde los Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural (Cocodes), en los cuales el ente municipal solo actúa como ejecutor, pero no decide.

Durante la entrevista, el presidente de la Anam dijo que diputados oficialistas habrían intentado sin éxito, mediante ofrecimientos económicos, que algunos legisladores no respaldaran la aprobación de la ley, que finalmente se convirtió en el Decreto 7-2025.

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¿Cómo evalúa la aprobación del decreto 7-2025?

Es curioso cómo el Ejecutivo opera en contra de esta ley cuando ellos mismos han propuesto artículos en leyes diferentes que generan los mismos resultados. Ellos presentaron la ley de agilización de trámites y la presentaron en el Presupuesto del 2026, en el artículo 55, y busca exactamente lo mismo que esta ley que se aprobó. Entonces, cuando ellos lo proponen sí está bien, pero cuando nosotros lo proponemos no está bien, y el objetivo final es el mismo.

La diferencia entre una y la otra es que, en lugar de que se apruebe como una ley independiente como esta, ellos la quieren condicionar en el presupuesto para usarlo como un chantaje para que se logre aprobar el presupuesto, cuando nosotros creemos que deben de ser discusiones totalmente separadas.

Hay voces que piden que se vete la ley. ¿El decreto tiene aspectos buenos?

Han salido algunas voces de algunos gremios o cámaras que nosotros también ya habíamos hablado con ellos, y lo que pasa es que el Ejecutivo les fue a hablar y los fue a malinformar. Lamentablemente, algunos de estos tanques de pensamiento o alguna de estas cámaras se dejaron engañar en lugar de escuchar a ambas partes antes de emitir una opinión.

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Nosotros dentro de poco vamos a salir con un pronunciamiento demostrando que, así como pueda haber estos pequeños grupos diciendo que no están de acuerdo, hay muchos grupos diciendo que estamos de acuerdo y la matemática lo dice por sí sola.

En consejos de desarrollo hay más de 2 mil proyectos ahorita, esos tienen detrás de ellos 2 mil Cocodes. Hay que resaltar que los proyectos de Codede no son municipales ni del Ejecutivo, vienen de una participación ciudadana, y estás afectando a 2 mil Cocodes, 340 alcaldes y súmale a los diputados.

Cuando se aprueba una ley con más de 108 votos, tenés que reconocer que hay algo que está pasando, que hay algo que está mal y que se está tratando de arreglar, porque lograr consensos en el Congreso, particularmente en esta legislatura, para lograr 108 votos es algo sumamente complejo, y se logra con temas que realmente generan un problema a todas las partes, como fue esto.

El @CongresoGuate aprueba ley para que los Codedes puedan retener el dinero no utilizado en el año. Diputados de oposición proyectan un fondo de Q9 mil millones. 108 diputados votaron a favor de omitir el dictamen y aprobar la ley de urgencia y 32 votaron en contra. pic.twitter.com/VFM7RxNQoS
— Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) September 2, 2025

¿Qué es lo bueno o lo mejor que tiene esta ley?

Que elimina el chantaje del Ejecutivo hacia el Legislativo y hacia las alcaldías, principalmente. O sea, que aquí hay un chantaje donde no te entregan los fondos, donde no te dan los avales si uno no está con ellos políticamente.

El mejor chantaje que se puede ver es que lo meten en la ley del presupuesto, en el artículo 55; es una forma de chantajear y condicionar que se vote por el presupuesto del 2026. Ese artículo genera los mismos fines que la ley que se aprobó en el Congreso.

No lo quieren como una ley aparte, es una forma de chantajear políticamente. No estamos en contra del presupuesto, eso se debe de analizar y verlo. Pero estamos en contra de que siga ese chantaje, que es un mecanismo no solo de este gobierno, viene de todos, y la ley da una solución a eso.

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Muchos dicen que la ley va a causar corrupción o mecanismos oscuros, pero al contrario, la ley no toca nada de eso. Siguen todos los procesos de contratos, licitaciones, controles y más, siguen bajo las mismas leyes actuales.

Lo único que hace esta ley es quitarle el chantaje al Ejecutivo, hacia los alcaldes y hacia los diputados, y, aparte de quitar el chantaje, le pone tiempos, porque el tema de los avales lo van a entender como que si se van a dar reforma automática y no, lo que le estamos poniendo al Ejecutivo son tiempos.

Yo como alcalde envío mi aval y el Ejecutivo tiene dos días para presentarme previos, y si en dos días no me presenta previos, después de cinco días queda aprobada.
Pero el procedimiento y el mecanismo de los avales sigue siendo el mismo, con la única diferencia que ahora hay tiempos. Entonces eso es lo que hace, obligar al Ejecutivo a que se ponga a trabajar y que sea ágil, a este Ejecutivo y a los próximos que vengan, porque no es algo enfocado en este gobierno específico, sino es algo que es un problema que nosotros venimos señalando que se viene dando desde hace muchos gobiernos, que ahorita fue que logramos los consensos políticos para que se aprobara.

Decarta riesgos

Gente de Cien y del Incep, por citar solo a dos organizaciones, dice que habrá muchos fondos mal empleados en año preelectoral. ¿Cree que ese riesgo sea real?

No. O sea, el tema de los muchos fondos disponibles mal empleados es culpa del Ministerio de Finanzas. El mayor ejemplo es la cantidad de dinero que destinaron en aportes extraordinarios en el 2025.

Mientras el Ministerio de Finanzas siga con esa mala práctica, eso es lo que te da ese riesgo, porque tenés esos fondos. Igual, el riesgo lo diluís cuando justamente lo entregás a los Codedes, porque son a través de una participación ciudadana. Si no se los das, ese dinero se lo va a quedar el Ejecutivo y sí lo va a utilizar en año preelectoral.

Por ejemplo, si esos fondos se los queda el Ministerio de Desarrollo Social, el partido que desee apoyar el gobierno de turno va a tener esa ventaja. Al entregar los fondos disminuís los riesgos, porque los repartís a nivel nacional en vez de centralizarlos en el Ejecutivo.

#COMUNICADO | Invitamos al Organismo Ejecutivo a que revise detenidamente las implicaciones de dicha ley y pueda evaluar el veto de la misma.@ASIES_GT @CACIFGuatemala @cjggt @FundacionLD @guatevisible @jovenesporguate @organismonaleb @1eroGuate @U_Landivar pic.twitter.com/GRhNGc0L5W
— Foro Guatemala (@foro_gt) September 4, 2025

¿La ley tiene algo mal redactado o que se pudo plantear mejor?

Creo que lo de los avales debió no ser cinco días sino 30, pero reducirlo es una forma de mandar un mensaje político al Ejecutivo, que es hora de que despierten, que entiendan que ya no son oposición, sino un gobierno que tiene que trabajar porque el Estado está parado.

De esta ley había cuatro propuestas diferentes en el Congreso y se tuvo que unificar las cuatro propuestas para llegar a un consenso, y por eso es que se lograron los 108 votos. Es más, la primera vez que se trató de pasar esta ley fue el año pasado y se aprobó, solo que los fondos de consejos de desarrollo del 2024 se pasaban para el 2025, y el resto de artículos no se aprobaron. O sea, no lo metimos en la ley porque la bancada del Ejecutivo nos pidió tiempo.

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Nos dijo: “Miren, señores, es nuestro primer año, dennos tiempo, vamos a arreglar el problema de los retrasos de los avales, vamos a arreglar el problema que el Ministerio de Finanzas no entrega los fondos a tiempo. Denos chance, que es nuestro primer año”, y por eso fue que el año pasado en el Congreso igual estaba el consenso para pasar todo y, por darle ese beneficio de la duda al Ejecutivo, solo se pasó el tema de que los fondos se mantenían para el siguiente año. Pero después de un año, los tiempos en lugar de disminuir y acortarse, los duplicaron o triplicaron. O sea, te pongo un ejemplo: una licencia del medioambiente hoy te tarda en salir el tríplice o lo que te tardaba en salir antes.

Señala al oficialismo

¿Qué papel jugó la Anam en la aprobación?

Esto no es solo tema de la Anam o solo mío, es un esfuerzo de muchos alcaldes para socializar y hablar de esto para buscar consensos con los diputados distritales, principalmente.

Nosotros venimos hablando desde mayo de este año. Se intentó pasar –aprobar– las semanas anteriores, pero el Ejecutivo ofreció a diestra y siniestra cosas para que no se aprobara.

¿Cómo qué cosas?

El martes les fueron a ofrecer a los diputados Q50 millones a cambio de que no votaran a favor de esto. Lo hicieron los diputados de la bancada oficial, que si no votaban por esto, a la hora del presupuesto les iban a dar Q50 millones en extraordinarios.

Cuando ellos hacen esa mala práctica de ofrecer dinero bajo la mesa es cuando nos dan la razón a nosotros y nos terminan de empoderar políticamente para que la ley se apruebe.

El presidente Bernardo Arévalo no ha fijado postura, se desconoce si va a vetar o sancionar. ¿Qué haría la Anam y el Congreso ante un posible veto?

Yo creería que la quiere vetar, porque el ministro de Finanzas salió diciendo que hay que vetarla, porque no les salió la jugada de los Q50 millones por diputado que estuvo ofreciendo en el Congreso.

Si pasa esto, regresa al Congreso y el pleno tiene la potestad de aprobarla y publicarla en el Diario Oficial.

No lo puedo garantizar, pero mi percepción, porque yo he hablado con alcaldes y con varios Cocodes esta semana a nivel nacional, es que si el presidente la veta va a tener manifestaciones públicas. No digo bochinches, pero muchos Cocodes y alcaldías se van a manifestar; me imagino que mandando cartas o con algún tipo de caminata.

Esto hará una molestia grande y no a nivel de las alcaldías, sino de los Cocodes. Hay 2 mil proyectos que representan a 2 mil Cocodes, que es una estructura de participación ciudadana que espera estos proyectos, y al momento que no se apruebe habrá un rechazo y malestar.

Están queriendo darle un tinte a estos proyectos como municipales, y no. Estos proyectos de los Codedes vienen de una participación ciudadana, pero la ley nos mete a ser la unidad ejecutora. Pero yo como alcalde no decido. Yo no elijo los proyectos como alcalde; lo eligen los Cocodes.

Rechazan señalamientos

Al ser consultado el diputado oficialista José Carlos Sanabria, el operador político del presidente Arévalo en el Congreso, este rechazó la versión de un supuesto soborno de Q50 millones en obras para que los diputados votaran en contra de la ley.

“Eso es rotundamente falso, eso es mentira lo que dice el presidente de la Anam. No hubo ofrecimientos, lamentablemente es triste que él este tratando de desacreditarnos utilizando mentiras”, enfatizó Sanabria.

El oficialista también rechazó la supuesta estrategia de chantaje político para conseguir la aprobación del presupuesto 2026. “Nosotros nunca buscamos chantajear, y si, efectivamente viene en el proyecto de presupuesto un artículo pero viene en otras condiciones”.

Sanabria añadió: “Nosotros estamos conscientes de que es necesario generar mecanismos que nos permitan asegurar la inversión pública en el territorio, pero en ningún momento con el objeto de intentar chantajear. Entiendo que hay gobierno que han utilizado ese tipo de cosas pero nosotros no”.

El congresista destaca que la posición oficial fue estar en contra del decreto 7-2025, pero al ser consultado si presentaron algún tipo de objeción volvió a explicar que siguen analizando una estrategia, pese a que el último día para cuestionar la ley desde el Legislativo, fue ayer.

Codedes con fondos de arrastre automático: Riesgo de poca ejecución y poco control

Fri, 05 Sep 2025 06:10:00 +0000

Análisis

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Codedes con fondos de arrastre automático: Riesgo de poca ejecución y poco control

La nueva aprobación del Congreso abre dos escenarios para los fondos de desarrollo departamental: obras cuestionadas o nula inversión, advierten analistas.

5 de septiembre de 2025

00:10h

De acuerdo con el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), 15 municipios registran menos del 10% de ejecución, y el monto multidepartamental registra cero. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Por segundo año consecutivo, los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) recibirán los fondos no ejecutados del año anterior, a pesar de no demostrar agilización en la inversión. Con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos, podrían generarse pocos resultados por baja ejecución o bien, pagos cuestionados debido a los escasos controles de fiscalización, según los tanques de pensamiento.

Además, los entrevistados señalan que las fallas técnicas en la ejecución van a maximizarse en gran medida debido al silencio administrativo, lo cual pondría en riesgo a la población y a la calidad del gasto público.

El año pasado, ante la lenta inversión en los departamentos y un bolsón millonario destinado para dicha finalidad, se trasladó el dinero de arrastre. Nueve meses después, la ejecución sigue siendo lenta. De acuerdo con el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), 15 municipios registran menos del 10% de ejecución, y el monto multidepartamental registra cero.

Para la misma fecha, el año pasado, eran 31 municipios los que presentaban menos del 10% de ejecución, lo cual causó que se trasladaran más de Q3 mil millones, es decir, cerca del 48%.

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Ejecutivo analiza decreto

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) señaló que los equipos técnicos y financieros del presidente, Bernardo Arévalo, analizan el decreto, aunque aún no ha sido recibido formalmente.

“El Ejecutivo aún no ha recibido el decreto aprobado por el Congreso. Sin embargo, su equipo de trabajo lo está analizando. Una vez sea recibido formalmente, el Presidente tomará una decisión en apego a la Constitución y velando por los intereses del país”, refirió la Secretaría.

En esa línea, el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, indicó que si el decreto 7-2025 no es modificado, le propondrá al mandatario que no lo apruebe.

“Si el decreto 7-2025 no sufre cambios, mi recomendación al presidente Arévalo será vetarlo”, expresó el funcionario en declaraciones a Prensa Libre.

Asimismo, dijo que, en este momento, el equipo jurídico prepara un análisis para el gobernante, con los argumentos para el veto. Sin embargo, explicó que el decreto aún debe cumplir algunas fases en el Congreso, por lo cual podría tener variaciones, y hasta que ese proceso concluya no será posible contar con un análisis completo de la ley.

Al ser consultado sobre qué efectos se tendrían en las finanzas públicas si el contenido del decreto no se modifica respecto del aprobado, el ministro indicó que consideran que los artículos del decreto 7-2025 contravienen normas constitucionales y que la próxima semana darán a conocer su opinión con mayor detalle.

Baja inversión o mala calidad del gasto

El coordinador de investigaciones de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Jorge Ruano —quien brindó declaraciones a título personal—, opinó que la baja inversión también es intencional por parte de distintos actores.

“También la sociedad tiene que señalar a aquellos actores que no permiten que se ejecute el gasto público”, comentó.

A criterio de Daniel Haering, analista de Diálogos, los Codedes son un mecanismo que debe reformarse porque, desde su creación, no han logrado funcionar. Considera que es complicado y lento, además de estar sujeto a discrecionalidades.

“Ha sido un fracaso. Los Codedes son mecanismos malísimos de inversión pública, y lo demuestran una y otra vez: son lentos, ineficientes y con riesgos de corrupción”, aseveró.

Con dicha ley persistirá la baja inversión o, en algunos casos, esta se elevará; pero, por los pocos controles, se destinará dinero a pagos cuestionados o con fines político, resaltó el analista.

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Evitar el silencio administrativo

La ley establece que, si la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) o las instituciones encargadas de otorgar los avales no responden en cinco días, la obra se considerará aprobada. Este aspecto ha suscitado preocupación y críticas por ser poco transparente.

En ese sentido, la posición de Diálogos considera que, de sancionarse la ley, el Ejecutivo debería reforzar presupuestariamente a la Segeplán, para incrementar su capacidad instalada y evitar el silencio administrativo.

Si bien Ruano recomienda al presidente vetarla, reconoce que Segeplán históricamente ha enfrentado grandes obstáculos, pues se asignan grandes presupuestos para inversión, pero no para planificación.

“Segeplán está atrapada y sin salida. Es un órgano técnico fundamental, y el ejercicio público estatal es político. ¿Qué tan fuerte políticamente es Segeplán para resistir los embates de la política?”, añadió Ruano.

En la ejecución, algunos proyectos a cargo de los Codedes enfrentan dificultades técnicas que impiden su finalización y quedan inconclusos. “Por lo tanto, el silencio administrativo podría agravar ese extremo, concluyó Ruano.

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Ley que permite traslado de fondos a Codedes pone en riesgo las finanzas públicas

Thu, 04 Sep 2025 06:15:00 +0000

análisis

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Ley que permite traslado de fondos a Codedes pone en riesgo las finanzas públicas

El sistema de finanzas públicas en Guatemala se pone en riesgo con la ley aprobada por los diputados en el Congreso en forma exprés, la cual permite a los Codedes manejar fondos de manera indefinida, fuera del esquema presupuestario anual.

4 de septiembre de 2025

00:15h

Con el decreto 7-2025 ya se garantizan fondos a los Codedes para el siguiente año, por lo que el gobierno no podrá disponer de esos saldos de caja para otros usos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La aprobación, realizada sin mayor discusión técnica, de la “Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural” el pasado martes 2 de septiembre pondrá en riesgo el sistema de finanzas públicas, advierten cámaras empresariales y centros de investigación económica, por lo que instan al gobernante Bernardo Arévalo de León a vetar la normativa.

La ley permitirá que los saldos anuales no ejecutados en un ejercicio fiscal por los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), asignados por el Ministerio de Finanzas (Minfin), se trasladen de manera automática al siguiente año, lo que incrementa el riesgo de acumulación de recursos sin utilizar en poco tiempo de vigencia de la normativa.

Además, se interfieren funciones que competen al Ejecutivo, al imponer plazos perentorios para emitir resoluciones sobre expedientes de obras programadas.

La aprobación se produjo un día después de que el Minfin presentó el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos 2026, el lunes 1 de septiembre, en el cual se incluyó únicamente una asignación presupuestaria por Q4 mil 491 millones y no ingresos extraordinarios a los Consejos de Desarrollo.

Con el decreto 7-2025 ya se garantizan fondos para el siguiente año, por lo que el gobierno no podrá disponer de esos saldos de caja, pues la Ley Orgánica del Presupuesto establece que los recursos no gastados deben regresar al fondo común.

Riesgo sistémico en finanzas públicas

Para Érick Coyoy, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), y para el diputado Orlando Blanco, miembro de la Comisión de Finanzas, la normativa representa un riesgo sistémico en la rectoría de las finanzas públicas, porque se aparta del esquema presupuestario anual establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, que aplica para todas las entidades públicas.

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Coyoy, quien también fue viceministro de Finanzas, recordó que la Constitución establece que el presupuesto del Estado es anual. Sin embargo, en el decreto 7-2025 se rompe con ese principio, ya que los recursos se asignan cada año, pero la ejecución del gasto no se limita al período fiscal correspondiente. Entonces, “prácticamente se deja de una manera permanente como una ejecución ininterrumpida, sin importar en qué momento del tiempo se utilicen esos recursos”.

El Congreso, el año pasado, aprobó la norma que permitía a los Codedes seguir utilizando sus saldos no ejecutados en el ejercicio fiscal en curso, pero únicamente durante 2025.

“Prácticamente se deja de una manera permanente como una ejecución ininterrumpida, sin importar en qué momento del tiempo se utilicen esos recursos”

Erick Coyoy, analista Asíes

Ahora, en cambio, la aprobación se extiende a los años sucesivos, sin un plazo definido para el uso de los recursos. “Esto sí cambia sustancialmente el esquema presupuestario y creo que es un tema que debe analizarse más a fondo, porque pueden surgir intereses de otras entidades en mantener esquemas similares, lo que rompe y contraviene lo que dice la Constitución: que el presupuesto del Estado es anual”, resaltó.

Advierten ruptura del equilibrio institucional por decreto

Blanco agregó que “se queda abierto el chorro”, pero advirtió que tendrá implicaciones financieras, sobre todo en una ejecución desordenada para este ejercicio, ya que, a la fecha, los Codedes llevan un 29% de ejecución.

Con esta aprobación, señaló que existe un rompimiento del equilibrio, porque el Congreso obliga a la institucionalidad del Ejecutivo a responder en la forma y en los tiempos que se requieren, lo que podría derivar en una intromisión de funciones y poderes entre los organismos del Estado.

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En su lectura política, afirmó que ahora los diputados ya no están condicionados por la elección de la junta directiva, en especial en la aprobación del plan de gasto 2026, por lo que se adelantaron.

Incluso advirtió sobre un escenario de no aprobación del presupuesto para el próximo año, “ya que muchos de los diputados estaban molestos porque no venía la asignación extraordinaria para los Codedes en la propuesta de presupuesto 2026”.

Explicó que, si no se aprueba el plan de gasto antes del 30 de noviembre, en febrero de 2026 el Minfin tendría que solicitar una ampliación.

“Se pone en riesgo la aprobación del presupuesto 2026, pero ya se garantizan los fondos para los Codedes”, concluyó.

Icefi alerta por silencio administrativo

Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), aseguró que existen varios inconvenientes en la normativa, pero que, a su juicio, lo más grave es el silencio administrativo respecto de los avales y el plazo de cinco días hábiles para que las entidades emitan las resoluciones de los expedientes.

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El investigador considera que esta situación puede debilitar los controles de transparencia y sacrificar la calidad de las obras.

“Esta ley sitúa justamente en la tensión entre agilidad y fiscalidad, porque prácticamente neutraliza la acción del ente rector en materia de inversión pública, que es la Segeplán”, aseguró.

Extender modelo de Codedes podría afectar control presupuestario

Coyoy señaló que, si se generalizara, uno de los riesgos en el manejo de las finanzas públicas sería la apertura de un nuevo esquema para los poderes; es decir, una práctica que en el futuro podría ser adoptada por esta Legislatura o por otras para extenderla a diferentes entidades.

Ejemplificó que, en el caso de las entidades autónomas, el gobierno central traslada fondos que estas pueden ejecutar en el momento que lo consideren, gracias a su autonomía. No necesariamente deben gastarlos en el mismo año en que los reciben, pero esa facultad deriva de su carácter autónomo.

En cambio, los Codedes no son figuras autónomas. “Prácticamente se crea un esquema distinto, en el que los recursos funcionan como un traslado indirecto de fondos a las municipalidades, y se rompe el esquema de ejecución actual de los Codedes, que reciben los fondos y, si no los utilizan, tienen la obligación de devolverlos al fondo común”.

Alianza Aguirre–Rodríguez se enfila como el grupo dominante para el cambio de directiva y las elecciones del 2026

Thu, 04 Sep 2025 06:05:00 +0000

Guatemala

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Alianza Aguirre–Rodríguez se enfila como el grupo dominante para el cambio de directiva y las elecciones del 2026

La nueva ley para los Codedes, aprobada el pasado martes 2 de septiembre, es un mensaje de la alianza opositora para demostrarle al Ejecutivo quién controla el Congreso, según analistas consultados.

Para analistas, la aprobación de la nueva ley fue un mensaje para el Organismo Ejecutivo. Para demostrar que los operadores o enlaces enviados por Arévalo no son los que fijan la agenda legislativa.

4 de septiembre de 2025

00:05h

Allan Rodríguez, jefe del bloque Vamos, celebra la aprobación de la polémica ley. Fotografía: Prensa Libre.

El nuevo pulso político en el Congreso lo está ganando la oposición, con una alianza encabezada por los diputados Luis Aguirre y Allan Rodríguez, quienes, según analistas consultados, dieron muestra de su poder con la aprobación de la nueva ley a favor de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes).

Los expertos en política le dan la ventaja a la oposición por encima del oficialismo en el control del Congreso por el marcado silencio que acompañó a los últimos durante la aprobación de la nueva ley, que pasó de manera exprés y sin dictamen.

Algunos diputados aseguran que mientras se discutía la aprobación de la ley, algunos diputados recibían llamadas de los secretarios generales de sus partidos para que apoyaran el decreto.

En la sesión la alianza demostró tener 108 votos a favor, entre ellos destacan diputados que habían manifestado su apoyo al oficialismo o, al menos, habían guardado distancia de la oposición, como el bloque Azul y sus dos diputados, incluido el presidente del Legislativo, Nery Ramos.

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Las grandes fuerzas, por número de diputados, que figuraron en la sesión del martes y podrían ser los nuevos dirigentes de la dinámica parlamentaria son Vamos, con 32 diputados que el martes apoyaron la ley, 16 de la Unidad Nacional de la Esperanza y 16 del bloque Cabal; así como el bloque Valor que sumó 10 diputados y un grupo de 12 independientes.

Los efectos

El Decreto 7-2025 ya ha sido calificado por organizaciones y cámaras empresariales como una norma corrupta y peligrosa. Hasta ayer, los oficialistas no se habían pronunciado en redes sociales o en algún otro canal, a diferencia de otras bancadas y entidades que sí fijaron postura respecto a lo lesivo que será la nueva ley.

La normativa permite a los Codedes a retener los fondos no ejecutados este año y conservarlos para el 2026, un año preelectoral. Esto enciende las alarmas sobre un posible uso clientelar de miles de millones de quetzales de cara a las elecciones generales del 2027.

Diputados opositores a la ley estiman que este fondo que permite la nueva ley podría ascender a Q9 mil millones, lo que permitiría a la nueva alianza y sus bancadas disponer de recursos públicos para eventuales fines políticos o personales.

El decreto fue compartido el miércoles 3 de septiembre con los jefes de bloque, para que lo distribuyeran entre sus diputados, habilitando así el periodo para la presentación de objeciones a las que tienen derecho si no están de acuerdo con lo aprobado.

Los 160 diputados tienen hasta este viernes 5 de septiembre para entregar sus objeciones. De no presentarse ninguna, se considera listo y se mandará al Ejecutivo y la decisión quedará en manos del presidente Bernardo Arévalo, quien podrá sancionar o vetar el decreto.

Directiva, TSE y CC

El Ejecutivo ha enviado al Congreso al menos 15 iniciativas al Congreso sin que consigan un apoyo de los legisladores.

Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), sostiene que la aprobación ocurrió en un momento crucial, cuando el presidente necesita el respaldo del Congreso para lograr un presupuesto nacional para el 2026.

“La decisión asumida ayer por el Congreso debe leerse como una muestra de poder político por encima del Ejecutivo. Anticipa la necesidad de la Presidencia de acercarse para negociar, no solo el presupuesto, sino otras decisiones relevantes del 2026”, señaló.

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Fuentes legislativas también han confiada a este medio que las negociaciones políticas que ahora amarran a diputados de Vamos y Cabal también buscaban asegurar cuotas de poder de cara al futuro cambio de la Junta Directiva del Congreso, que los últimos dos años ha estado en manos de Nery Ramos, de la bancada Azul, aliada del oficialismo hasta ahora.

En contexto, quien controle el Congreso en el 2026 tendrá mayor capacidad de incidir en otras elecciones clave, como la de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y dos representantes en la próxima Corte de Constitucionalidad (CC).

“Es un pulso de poder. Hoy se envía un mensaje contundente: estas bancadas y estos personajes controlan el Congreso. Los une el manejo de recursos financieros y las relaciones de poder”, añadió Hidalgo.

Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), coincide con Hidalgo y tiene una lectura similar sobre lo ocurrido en la sesión del pasado martes. La alianza encabezada por Aguirre y Rodríguez buscaría dominar las próximas elecciones políticas y judiciales.

“El Ejecutivo no jugó su carta con el presupuesto. Ahora todo quedó servido, nadie se acercará al Ejecutivo, y en estas votaciones probablemente veremos que la oposición tendrá la última palabra”, dijo Quezada.

En manos de Arévalo

Si el decreto 7-2025 no recibe objeciones, la decisión final quedará en manos del presidente Arévalo. Hasta el momento, se desconoce su postura oficial.

Victoria Godoy Palala, diputada oficialista y una de las operadoras de ese bloque en el Congreso, señaló que ya informaron al mandatario sobre lo ocurrido en la sesión, aunque dijo desconocer si el mandatario comparte el criterio del bloque y decida vetar la ley.

“No quiero fijar una postura porque la decisión es del Presidente. Él está al tanto de esto, y nosotros ya enviamos nuestras opiniones. Será una decisión que él tome”, expresó la legisladora.

Godoy Palala y los otros 22 diputados oficialistas hace un mes habían impulsado una iniciativa de ley para acelerar el gasto de los Codedes. Una propuesta que se presentó consensuada con el Ejecutivo y que entre su articulado proponía agilizar los trámites a través del silencio administrativo, algo que se materializó en el Decreto 7-2025 del pasado martes.

“Sacaron este artículo que, dentro del contexto de nuestra iniciativa, tenía un sentido”, justificó Godoy Palala.

La diputada oficialista también afirmó que la aprobación del Decreto 7-2025 se dio bajo presión, pues algunos secretarios generales de partidos políticos llamaron para intimidar a sus diputados.

Según la congresista, quienes se opusieran a votar a favor corrían el riesgo de enfrentar procesos internos que podrían terminar en su expulsión, dejándolos como diputados independientes y dificultando su reelección en el 2027.

Crece oposición a decreto que permite traslado de fondos a Codedes, empresarios piden al presidente vetar la ley

Wed, 03 Sep 2025 19:34:49 +0000

finanzas públicas

Crece oposición a decreto que permite traslado de fondos a Codedes, empresarios piden al presidente vetar la ley

Representantes de gremios empresariales y centros de investigación económica se pronunciaron en contra del decreto 7-2025, que permite a los Codedes disponer de los recursos financieros no ejecutados en este ejercicio fiscal para el 2026.

Douglas Cuevas y Henry Montenegro

3 de septiembre de 2025

13:34h

La ejecución de los Codedes tienen una asignación de Q4 mil 491 millones para 2026 como aportes ordinarios en el proyecto de presupuesto. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Diversas reacciones contrarias al decreto 7-2025 —aprobado por los diputados del Congreso de la República— expresaron cámaras empresariales y centros de investigación económica, que ven con preocupación el debilitamiento del control del gasto y advierten que esta medida no resolverá los actuales problemas de baja ejecución en inversión pública.

El decreto avala que a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) puedan utilizar en el siguiente ejercicio fiscal los fondos asignados en el 2025, lo cual podría sumar alrededor de Q6 mil millones adicionales para el 2026, aparte del monto previsto en el proyecto de gasto.

La coincidencia en la aprobación por parte de los legisladores se produjo un día después de que el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) presentara la versión final del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos, por un total de Q163 mil 237.4 millones. En dicho proyecto se programaron asignaciones ordinarias para los Codedes por Q4 mil 491 millones, correspondientes al aporte IVA-Paz.

Los diputados aprobaron la normativa, que será publicada en el Diario de Centro América, como un instrumento que —según alegan— agilizará el gasto público.

Gremios empresariales piden vetar ley de fondos sin control

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) y el Consejo Nacional Empresarial (CNE) fijaron posiciones gremiales en contra de la ley aprobada el pasado martes e instaron al gobernante Bernardo Arévalo de León a vetar el decreto 7-2025, “Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural”.

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El Cacif, por medio de un comunicado, expuso que “el decreto permite trasladar automáticamente recursos no ejecutados de un año a otro, lo cual viola el principio de anualidad del presupuesto y delega al Ministerio de Finanzas atribuciones que son exclusivas del Congreso, según lo establecido en la Constitución Política de la República”.

“De entrar en vigencia, esta ley abriría la puerta a una bolsa paralela de fondos públicos sin el control político que garantiza la Constitución. Por ello, pedimos al presidente ejercer el control del veto y resguardar el orden jurídico y la transparencia en el manejo de las finanzas públicas”, agrega el comunicado.

En los mismos términos coincidió la CCG, y añadió que “esta normativa abriría la puerta a la conformación de fondos públicos paralelos, sin el debido control político que garantiza la Constitución, debilitando la transparencia y el manejo responsable de los recursos del Estado”.

“De entrar en vigencia, esta ley abriría la puerta a una bolsa paralela de fondos públicos sin el control político que garantiza la Constitución. Por ello, pedimos al presidente ejercer el control del veto y resguardar el orden jurídico y la transparencia en el manejo de las finanzas públicas”

Comunicado Cacif

En tanto que el CNE señala que “la falta de discusión parlamentaria para la incorporación de criterios técnicos y programáticos, la hace contraria a las mejores prácticas y estándares internacionales en materia de proyectos de inversión pública”.

“Su aprobación representa un profundo retroceso y una clara contradicción a la lucha frontal contra la corrupción, la cuál ha sido el principal compromiso de la actual administración de gobierno”, reiteran.

“Es comprensible la urgencia por encontrar mecanismos que permitan agilizar la contratación y ejecución de obra pública, pero esto no puede ser a través de medidas que comprometan la transparencia y que reactiven las complejas redes de corrupción que han cooptado al Estado”, concluye el comunicado.

El ministro de Finanzas Jonathan Menkos junto al presidente Bernardo Arévalo, durante la entrega del proyecto de Presupuesto 2026. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila).

Cien advierte que decreto rompe con principios clave del presupuesto

Los centros de investigación económica también han reaccionado a lo actuado por los diputados, y ya se han identificado los primeros hallazgos sobre el decreto 7-2025, en el cual —según advierten— se vulnera la anualidad presupuestaria y se relajan controles clave.

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Por medio de un comunicado, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) expuso que, tras analizar el marco legal vigente, evaluaciones internacionales y evidencia reciente de ejecución, se concluye que la norma no es procedente: rompe con el principio de anualidad y unidad del presupuesto, debilita el control del gasto y no resuelve la baja ejecución de inversión pública.

Entre los hallazgos principales del Cien sobre el decreto, destacan los siguientes:

Quebranta la anualidad y el cierre presupuestario: La Ley Orgánica del Presupuesto exige cerrar el ejercicio fiscal el 31 de diciembre, prohíbe asumir compromisos con cargo al ejercicio vencido y ordena reintegrar a la Tesorería los saldos de efectivo que no correspondan a obligaciones pendientes. El arrastre automático de saldos a los Codedes contradice estas disposiciones.
Afecta la unidad del presupuesto y el rol del Congreso de la República: Todos los ingresos deben concentrarse y pagarse vía Fondo Común o Cuenta Única del Tesoro. Retener saldos fuera del ciclo anual y ampliarlos en el presupuesto siguiente, sin debate parlamentario, debilita ese principio y el control democrático.
Relaja controles ex ante en un entorno de riesgo: El informe del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas (Pefa 2018), elaborado por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para Guatemala, documenta debilidades persistentes en el control interno y altos riesgos en la aprobación, segregación de funciones y monitoreo. Otorgar “vía rápida” o aprobaciones tácitas agrava ese escenario.
No aborda la causa de la subejecución: La experiencia internacional, incluida la del FMI, es clara: antes de ampliar flexibilidad, es necesario fortalecer el control interno, la auditoría y los sistemas de información. De lo contrario, se multiplican errores e irregularidades.

Icefi advierte que decreto debilita controles

Por su parte, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) reiteró que no se justifica alterar la Ley Orgánica del Presupuesto ni otras normas de vigencia permanente para resolver problemas de tipo temporal o coyuntural.

Sobre el decreto 7-2025, el Icefi señaló que “las disposiciones aprobadas aseguran de manera forzada la disponibilidad de recursos financieros para las municipalidades, pero no abonan a garantizar la calidad de las obras a ejecutar”.

“Esta normativa abriría la puerta a la conformación de fondos públicos paralelos, sin el debido control político que garantiza la Constitución, debilitando la transparencia y el manejo responsable de los recursos del Estado”.

Comunicado Cámara de Comercio de Guatemala

“Prácticamente suprime la supervisión del avance físico y financiero de las obras a cargo de los Codedes, cuyo rol quedaría relegado a ser un simple puente para el traslado de recursos financieros a las municipalidades”, subraya el comunicado.

Además, advierten que “al imponer de manera inconsulta, sin fundamento técnico y posiblemente inconstitucional, el plazo máximo de cinco días para la emisión de resoluciones y avales, esta ley atenta contra el mandato y las facultades legales de las entidades responsables de emitirlos, constituyendo una forma de coerción ilegítima, toda vez que no establece recursos financieros y humanos adicionales, ni un período perentorio para que esas entidades amplíen sus capacidades y cumplan con el nuevo requerimiento. En conjunto, estas disposiciones abren espacios para el abuso y la corrupción, que históricamente han plagado a los Codedes”.

En el comunicado, el Icefi recomienda al Ejecutivo y al Legislativo iniciar un proceso abierto e inclusivo de consulta y discusión exhaustiva con cada entidad involucrada, a fin de encontrar las mejores soluciones para lograr que los Consejos de Desarrollo agilicen la ejecución de sus presupuestos, con la debida transparencia y con los controles adecuados para garantizar la calidad de las obras.

Congreso aprueba de urgencia nacional una ley para que los Codedes retengan en el 2026 los fondos no ejecutados en el 2025

Wed, 03 Sep 2025 00:27:12 +0000

Guatemala

Congreso aprueba de urgencia nacional una ley para que los Codedes retengan en el 2026 los fondos no ejecutados en el 2025

Los diputados proyectan un fondo de Q9 mil millones de recursos no ejecutados. La aprobación rompe con semanas de inactividad legislativa y ocurre de cara a la discusión del Presupuesto 2026.

2 de septiembre de 2025

18:27h

Diputados de Vamos celebran la aprobación de la ley. Fotografía: Prensa Libre.

El Congreso demostró que puede llegar a consensos para aprobar leyes en una sola sesión. Ejemplo de ello es el decreto 7-2025, que nunca tuvo dictamen y que faculta a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) a retener los recursos públicos que no ejecuten en el año fiscal.

La aprobación generó alertas entre algunos diputados, quienes advierten que los fondos podrían usarse en actividades corruptas o en prácticas clientelares de cara al 2026, año preelectoral.

De acuerdo con proyecciones de legisladores opositores, los Codedes dispondrán el próximo año de hasta Q9 mil millones que no podrán ejecutar este año, cifra que califican de contraria a la transparencia y al buen manejo de los recursos públicos.

Todo ocurrió en la sesión que fue convocada para este martes 2 de septiembre a las 14 horas. Minutos después de la hora indicada se inició la plenaria con normalidad, aunque conforme avanzaba el tablero electrónico, algunos diputados comenzaron a agruparse en busca de apoyos.

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Luis Aguirre, jefe del bloque Cabal, y Nadia de León, del bloque Nosotros, impulsaron la moción para alterar la agenda y permitir la aprobación de la iniciativa, sin dictamen y de urgencia nacional.

Hubo dos intentos de votación, pero fue en el segundo cuando lograron el objetivo: 108 votos a favor, 32 en contra, 12 ausentes y 8 diputados estaban ausentes con licencia o excusa.

Contenido de la ley

La nueva norma consta de solo cuatro artículos y, aunque se presenta como una vía para agilizar el gasto público, opositores sostienen que carece de controles de fiscalización.

Artículo 1: establece la vigencia del decreto un día después de su publicación en el diario oficial y hasta el 31 de diciembre de 2026. Permite que los Codedes gasten en 2026 los recursos no ejecutados en 2025.
Artículo 2: reforma la Ley del Presupuesto para que los Codedes ya no devuelvan los fondos que no utilicen en el año.
Artículo 3: agiliza los trámites de inversión. Cualquier solicitud que no reciba respuesta en cinco días se dará por aprobada. Esta propuesta recuerda a la planteada meses atrás por diputados afines al cancelado Movimiento Semilla, entre ellos José Carlos Sanabria.
Artículo 4: señala que el decreto fue aprobado de urgencia nacional.

Diputados de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), por ejemplo, criticaron la ley en sus redes sociales y estimaron que el fondo de los Codedes podría alcanzar Q9 mil millones.

Argumentos y reacciones

A diferencia de otras sesiones, en las que los diputados suelen razonar sus votos, en esta ocasión la mayoría abandonó el hemiciclo una vez aprobado el decreto.

Por falta de quorum, el presidente del Congreso, Nery Ramos, levantó la plenaria. Ninguno de los más de 100 diputados que respaldaron la ley explicó su voto.

Fuera del hemiciclo, Allan Rodríguez, jefe del bloque Vamos y expresidente del Congreso en el gobierno de Alejandro Giammattei, defendió la aprobación.

“Lo que se ha logrado es sumamente importante, porque el desarrollo llegará a las comunidades. No podrán chantajear más diputados ni alcaldes. Ya quedó establecido en la ley y esperamos que esta aprobación sea trascendental”, afirmó.

Rodríguez también criticó al Ejecutivo: “Todo el año evitaron que los entes rectores aprobaran los avales, porque no quieren que el país avance. Ya no es solo ineptitud, es un interés perverso”.

#Ahora | Con 107 votos los diputados dispensan de dictamen la iniciativa para darle a los CODEDES la facultad de seguir utilizando los recursos no ejecutados este año. La propuesta se discute en medio de las críticas por la baja ejecución de los CODEDES. pic.twitter.com/ljlU0z05LA
— Henry Montenegro (@hmontenegro_GTV) September 2, 2025

Aunque Rodríguez y Aguirre han mostrado diferencias, ambos apoyaron la misma propuesta. “Logramos los votos y es un mensaje de que, contracorriente, mantenemos acuerdos que hoy se traducen en una ley importante”, añadió Rodríguez.

Por su parte, el oficialista Raúl Barrera, rechazó la norma, aunque reconoció que incluye elementos que también figuraban en una propuesta impulsada por su bancada.

“Es útil agilizar los mecanismos para que los Codedes dispongan de recursos con aval del Ministerio de Finanzas. Sin embargo, lo aprobado tiene vacíos importantes”, dijo.

El diputado agregó que evalúan las acciones a seguir: “En el proyecto de presupuesto ya estaba considerada esta posibilidad, por lo que revisamos alternativas legales”.

La normativa deberá enviarse al Organismo Ejecutivo y será el presidente, Bernardo Arévalo, quien podrá ejercer su derecho de vetarla o sancionarla.

Codedes arrastran ejecución inferior al 23%, analistas atribuyen rezago a factores técnicos y políticos

Fri, 29 Aug 2025 00:08:29 +0000

Presupuesto

Codedes arrastran ejecución inferior al 23%, analistas atribuyen rezago a factores técnicos y políticos

Con apenas el 22.68% del presupuesto ejecutado hasta agosto, los Consejos Departamentales de Desarrollo arrastran un bajo nivel de inversión en obras comunitarias durante el 2025, según información del Ministerio de Finanzas.

28 de agosto de 2025

18:08h

Solamente un 22% del presupuesto que se encuentra vigente para los Codedes ha sido ejecutado durante el año 2025, según datos del Ministerio de Finanzas Públicas. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Está por iniciar el noveno mes del año y, del presupuesto vigente de más de Q12 mil 246 millones asignado para 2025 a la ejecución de obras por parte de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), únicamente se han ejecutado, hasta el 28 de agosto, más de Q2 mil 777 millones, equivalentes al 22.68%, lo cual representa menos de la cuarta parte del presupuesto total.

La baja ejecución del presupuesto destinado a obras ha provocado atrasos en la realización de distintos proyectos de beneficio para comunidades del interior del país, muchas de las cuales, hasta la fecha, no han visto avance alguno en la construcción de dichas obras.

A criterio del ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, pese a la baja ejecución, se ha observado una mejora con respecto a años anteriores. Sin embargo, reconoció que, entre 2024 y 2025, los Consejos de Desarrollo duplicaron los montos de las asignaciones que debían ejecutar. En ese sentido, Menkos indicó que se están analizando medidas para aumentar la ejecución de los fondos asignados a los Codedes en lo que resta del año.

“Estamos trabajando en la agilización –de los fondos– y hay una discusión que permitirá mantener los procesos de ejecución a lo largo del próximo año, mientras todas las entidades que ejecutan inversión pública se ajustan a estos incrementos. Como lo mencionaba, la ejecución, el tamaño de la inversión pública pasó de 2.2% del PIB en 2023 a 3.8% del PIB –en 2025–. Eso significa un salto muy importante en la inversión pública que necesita mejoras institucionales para llevar a buen término”, afirmó el funcionario.

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En ese marco, la cartera de Finanzas realiza la revisión de los fondos asignados a los Codedes con el objetivo de que estos definan cuáles proyectos requieren atención inmediata y pueden ejecutarse en lo que resta del año, aunque aún no se definen con claridad las medidas para agilizar su ejecución.

Sobre las proyecciones de ejecución presupuestaria, Menkos afirmó que se espera que, de los Q12 mil 246 millones asignados a los Codedes, se ejecuten alrededor de Q8 mil millones al cierre del 2025.

“Tomando en cuenta que el ciclo de inversión pública es más lento a lo largo del primer semestre, porque se están haciendo todos los ajustes, las revisiones, los avales del caso, ya en el segundo semestre estamos esperando que se acelere la inversión pública en Consejos de Desarrollo, y nuestra estimación es que de los Q12 mil millones probablemente se lleguen a ejecutar alrededor de 8 mil millones de quetzales. Esto es superior a toda la inversión pública de Consejos de Desarrollo estimada en 2024”, puntualizó.

Originalmente, el presupuesto para los Codedes en 2025 era de Q4 mil 299 millones 166 mil. Mediante modificaciones y disposiciones legales, este fue incrementado por el Ministerio de Finanzas en Q7 mil 947 millones 557 mil 728.74, para totalizar Q12 mil 246 millones 723 mil 728.74. De esa suma, hasta el 28 de agosto, únicamente se han ejecutado Q2 mil 777 millones 50 mil 496.80, equivalentes al 22.68%.

Del total asignado, Q11 mil 343 millones 499 mil 266.68 están destinados a la ejecución de 7 mil 372 proyectos planificados para 2025. Según el avance, solo 1 mil 672 proyectos se han ejecutado o están en curso a nivel nacional.

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Falta de conocimiento y factores políticos

A criterio de Lilian Roxana Sierra, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), la baja ejecución responde a la carencia de personal calificado en muchas municipalidades del país, lo cual ha afectado la gestión de los proyectos comunitarios.

“Fíjese que dentro de las capacitaciones hemos tenido también a algunos gobernadores, algunos funcionarios de diversas municipalidades, y lo primero es porque desconocen las herramientas. Tienen a veces, lamentablemente, las municipalidades a personal que no tiene las capacidades técnicas como para hacerlo”, asegura la experta.

Sierra añadió que, además del desconocimiento, existen factores políticos en la asignación y distribución de los fondos, según le han manifestado integrantes de los Codedes.

“La otra es, digamos, temas políticos también. Porque hemos visto nosotros y nos ha surgido en algunos talleres donde nos dicen: mire, es que aquí el señor diputado dice que estos Q5 millones, por poner un ejemplo, él va a decidir cómo lo va a utilizar”, afirma.

Ante ese panorama, considera necesario que los integrantes de los Codedes reciban capacitaciones y herramientas que les permitan dar seguimiento adecuado a los fondos asignados y garantizar que las obras se lleven a cabo.

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Minfin habilita tablero de seguimiento a fondos de los Codedes

El Ministerio de Finanzas (Minfin) presentó el Tablero de Ejecución del Presupuesto de las Transferencias a los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes).

Según el titular de la cartera, esta herramienta corresponde a la segunda fase del proceso de fiscalización. La primera se implementó en febrero con el Tablero de Seguimiento de Inversión de los Codedes.

Este nuevo tablero permitirá a la ciudadanía acceder a información financiera sobre las transferencias que realiza la Administración Central a las cuentas del Banco de Guatemala destinadas a los Codedes en todo el país. Asimismo, se podrán visualizar montos de transferencia, ubicación geográfica de los proyectos, nivel de ejecución, costos y fuentes de financiamiento.

Menkos adelantó que, en los próximos meses, el Minfin presentará la tercera y última fase del proceso de fiscalización y rendición de cuentas, al cual podrá acceder cualquier ciudadano para supervisar la inversión pública.

El 1 de septiembre se presentará el presupuesto 2026

El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, informó que el 1 de septiembre presentará al Congreso de la República el proyecto de presupuesto para 2026. Aseguró que se brindarán todos los detalles sobre el gasto previsto, su financiamiento y las asignaciones para cada ministerio durante una conferencia de prensa.

En cuanto a los datos proporcionados por el viceministro Walter Figueroa —quien indicó que el proyecto de presupuesto rondaría los Q163 mil millones y que la recaudación prevista sería de Q119 mil millones—, Menkos dijo que son correctos, pero evitó ampliar detalles, y reitero que esta información será dada a conocer en la respectiva conferencia de prensa para la presentación del Proyecto de Gasto para el 2026.

Fallas técnicas en construcción de pozos de agua cuestan Q12 millones de los Codedes

Mon, 25 Aug 2025 06:05:00 +0000

Comunitario

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Fallas técnicas en construcción de pozos de agua cuestan Q12 millones de los Codedes

Proyectos en Jutiapa, Chiquimula, Santa Rosa y Quetzaltenango evidencian deficiencias de planificación y problemas en la extracción de agua para uso domiciliar.

25 de agosto de 2025

00:05h

Un cisterna abastece de agua a los vecinos de Moyuta, en Jutiapa. (Foto Prensa Libre: Municipalidad de Moyuta)

Algunos proyectos de inversión local quedan inconclusos por errores en los estudios previos o dificultades técnicas. Esto se refleja en la cancelación de obras por falta de los resultados esperados, según las supervisiones efectuadas por el Ejecutivo.

Informes de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) indican que, durante la ejecución de obras financiadas con fondos de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede), surgen obstáculos que impiden la finalización de ciertos proyectos.

A nivel nacional, al menos cinco obras de perforación o mejoramiento de pozos mecánicos no concluyeron porque no se encontró agua, hubo fallas técnicas o se presentó oposición comunitaria, de acuerdo con los reportes oficiales.

En las obras fallidas se invirtieron Q12 millones 327 mil. Las supervisiones se realizaron entre enero y mayo del presente año, aunque las obras pertenecen a distintos ejercicios fiscales.

Sin agua

El pozo excavado en San Jerónimo, Jalpatagua, en Jutiapa, no cumplió con los resultados esperados al momento de la supervisión. El aforo de agua fue “escaso y cesó el flujo”, según el informe oficial. De la obra, valorada en Q1 millón 520 mil, se pagó el 32 %, según los registros de Guatecompras.

En junio se aprobó el acta para rescindir el contrato. Según el auditor municipal, en el fondo del pozo había suelo lodoso, lo que imposibilita el bombeo adecuado del agua.

En el caserío Agua Buena, Esquipulas, Chiquimula, se analiza la cancelación del contrato por Q3 millones 200 mil. Tras perforar 800 pies, se extrajo agua, pero no se alcanzó el volumen esperado ni se logró la recuperación del pozo. La fianza fue ejecutada y la obra está suspendida.

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En Génova, Quetzaltenango, se contrató la perforación de un pozo por Q2 millones 335 mil. Se excavaron los 700 pies contratados, sin obtener retorno de agua. Luego se ampliaron 300 pies más, también sin éxito. La obra fue suspendida y se ejecutó la fianza. Documentos de Guatecompras indican que el estudio de factibilidad cumplió con los requisitos, motivo por el cual el Consejo Municipal aprobó el proyecto.

Fallas técnicas

En la aldea El Cuje, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, se perforó otro pozo con un presupuesto de Q1 millón 386 mil, pero no presentó suficiente agua. Según la empresa contratista, en los primeros aforos el agua salía a altas temperaturas y dañaba la maquinaria; en el tercero, el nivel descendió hasta vaciarse y el pozo lanzó vapor. El contrato fue rescindido, aunque la alcaldía ya había pagado un anticipo de Q277 mil.

Oposición comunitaria

En El Palmar, una aldea en Quezaltepeque, Chiquimula, el pozo valorado en Q3 millones 886 mil fue cancelado debido a la oposición comunitaria, según la SCEP. El proyecto fue aprobado en 2023, pero tras reuniones entre el Codede, la alcaldía, la gobernación y representantes comunitarios, se optó por suspenderlo. El informe sugiere continuar con las negociaciones para reanudar el proyecto en el siguiente ejercicio fiscal. Hasta ahora, se han pagado Q1 millón 360 mil.

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Blindaje contractual

Las municipalidades deben incluir cláusulas que protejan los intereses del Estado y obliguen a las empresas a perforar hasta hallar agua o a asumir el margen de error de los estudios hidrogeológicos, según César Elías, exsubcontralor de Calidad del Gasto.

“Existe un margen de error que debe contemplarse, pero los contratos deben establecer que la empresa se compromete a seguir perforando hasta encontrar la vena de agua”, explicó.

Elías también subrayó la importancia de la fiscalización ciudadana para garantizar que las obras respondan a necesidades reales y que las empresas contratadas no estén vinculadas con autoridades locales.

“Puede ocurrir que algunas municipalidades acuerden con empresas proyectos sabiendo que no se hallará agua, pero igual pagan un porcentaje. Es necesario investigar y verificar que las cláusulas contractuales protejan verdaderamente los fondos públicos”, advirtió.

Alertan por errores y discrecionalidad en ley de inversión pública

Wed, 13 Aug 2025 11:00:00 +0000

iniciativa

Alertan por errores y discrecionalidad en ley de inversión pública

Contradicciones, errores técnicos y una dudosa efectividad en los posibles resultados son los principales hallazgos que centros de investigación económica han identificado en la iniciativa de ley que busca agilizar el gasto público y que fue remitida a la Comisión de Finanzas del Congreso.

Respecto de los Codedes, indicó que no se contaban con proyectos precalificados ni con respaldo técnico, por lo que los recursos extraordinarios asignados no se han traducido en ejecución.

13 de agosto de 2025

05:00h

La Comisión de Finanzas del Congreso conoce una iniciativa que busca agilizar la inversión pública. (Foto Prensa Libre: Cortesía Caminos)

La propuesta de ley 6576, denominada Ley de agilización de la inversión pública, impulsada por diputados oficialistas para acelerar la ejecución de los presupuestos asignados a gastos de capital —especialmente en proyectos de inversión—, contiene múltiples errores técnicos.

Así lo señala un análisis del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). Por su parte, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) advierte que se trata de un “parche” cuando lo que se necesita es una reforma integral y estructural de la Ley de Contrataciones del Estado (LCE).

El Gobierno Central, por medio del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), defiende la iniciativa y asegura que esta busca “más agilidad en la ejecución de la inversión pública, reforzando la eficiencia, transparencia y control social”, según una presentación realizada el lunes 11 de agosto.

La Comisión de Finanzas del Congreso, presidida por el diputado Julio Héctor Estrada Domínguez, comentó que existen varias observaciones sobre la iniciativa, la cual será discutida este miércoles. “La propuesta combina herramientas ya existentes y vigentes en la legislación guatemalteca, con otras de alcance tan amplio y laxo que, de aprobarse, comprometerían seriamente la transparencia y el control del gasto público”, afirmó el legislador.

Contradicciones y advertencias

El Icefi presentó un documento de análisis en el cual identifica errores técnicos en varios artículos, así como medidas de dudosa efectividad y disposiciones contrarias a la transparencia fiscal, que podrían facilitar abusos o actos de corrupción.

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La entidad advierte que, de aprobarse en sus términos actuales, la propuesta no alcanzará el objetivo de agilizar la inversión pública, y en cambio generará obstáculos en la ejecución presupuestaria y afectará los esfuerzos anticorrupción.

El documento —elaborado por Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Icefi— recomienda al presidente Bernardo Arévalo que la iniciativa sea cuidadosamente analizada por todas las instituciones del Ejecutivo involucradas, en particular por el Minfin y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán), por ser responsables de la política fiscal y de inversión pública.

Entre los errores técnicos identificados están:

El artículo 14 propone reducir de 40 a 20 días el período de preparación de ofertas, lo cual contraviene el artículo 9.5 del Capítulo 9 del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, que establece un mínimo de 40 días entre la publicación del aviso y la fecha límite para presentar ofertas.
El artículo 15 modifica los montos para la modalidad de cotización pública, pero no establece a partir de qué cifra aplica dicha modalidad.
En el artículo 16 se proponen cambios para permitir compras directas con oferta electrónica por montos de entre Q100 mil y Q200 mil. Sin embargo, no se ajustan los parámetros para las compras de baja cuantía —que se mantienen hasta Q25 mil—, dejando sin regulación adquisiciones entre Q25 mil y Q100 mil.
El artículo 17 plantea reformar el artículo 62 de la LCE, con propuestas que, según el Icefi, atentan contra la transparencia y podrían facilitar irregularidades.

Una de las disposiciones permitiría declarar de urgencia nacional las fases de proyectos del Gobierno Central, entidades descentralizadas y autónomas, Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) y municipalidades. Con ello, se otorgaría discrecionalidad absoluta a las autoridades superiores, lo cual eliminaría en la práctica los controles establecidos en la LCE y en la Ley Orgánica del Presupuesto.

No se definen criterios ni lineamientos para determinar qué proyectos se ejecutarán al amparo de esta ley, y se traslada a las autoridades superiores la facultad de emitir normas para contrataciones, lo cual implicaría una posible inconstitucionalidad, ya que el Congreso estaría cediendo su función legislativa.

“El Icefi sugiere la instalación de una mesa interinstitucional para formular recomendaciones que permitan corregir los errores identificados”

Documento Icefi

También se advierte que la propuesta contradice las mejores prácticas internacionales, pues permitiría a más de 350 entidades —incluidos ocho ministerios, Ferrocarriles de Guatemala, la Empresa Portuaria Quetzal, la SAT y las 340 municipalidades— implementar procedimientos propios, lo que dificultaría el control y la supervisión.

Además, se cuestiona que se otorgue un plazo de tres años para aplicar estas disposiciones, por considerarse excesivo ante la amplitud de los regímenes propuestos.

Como alternativa, el Icefi sugiere la instalación de una mesa interinstitucional para formular recomendaciones que permitan corregir los errores identificados.

Cien: “Es un parche”

Jorge Lavarreda, analista del Cien, señaló que es necesaria una reforma integral de la LCE: “A estas alturas, lo vemos como un parche más a la ley”.

A su criterio, es preferible una reforma estructural. Además, recordó que el Minfin ha anunciado una nueva propuesta de reforma, por lo que esta iniciativa perdería sentido.

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Aunque reconoció que la decisión es política, el consultor subrayó que en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) la ejecución está paralizada debido a que hay una cartera de proyectos con pagos pendientes que superan lo presupuestado. Por ello, se busca ordenar ese aspecto antes de avanzar con el gasto.

Minfin: “Se promueve mayor agilidad”

Jonathan Menkos, ministro de Finanzas, afirmó en conferencia de prensa que la iniciativa busca promover mayor agilidad en la inversión pública y reforzar la eficiencia del gasto.

Según Menkos, la propuesta respeta los principios de transparencia y control social, y define qué inversiones serán estratégicas: puertos, aeropuertos, carreteras, así como obras en salud, educación, agua y saneamiento.

“Se respeta el marco legal vigente, incluida la Ley de Contrataciones del Estado, y se crean elementos para facilitar contrataciones con entidades como el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos”, concluyó.

Sololá dispone de Q322 millones de los Codedes, entre los departamentos con menor asignación

Mon, 11 Aug 2025 06:06:00 +0000

Guatemala

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Sololá dispone de Q322 millones de los Codedes, entre los departamentos con menor asignación

Mientras en algunos municipios se tienen planificados hasta 40 proyectos, en varios de los 19 que conforman Sololá solo se podrán ejecutar dos obras.

11 de agosto de 2025

00:06h

Santa Catarina Palopó, es uno de los municipios de Sololá que han recibido menos asignaciones de los Codedes entre 2024 y 2025. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Sololá es uno de los departamentos con menor asignación de fondos provenientes de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede). Mientras en algunos municipios se tienen planificados hasta 40 proyectos, en varios de los 19 que conforman Sololá solo se podrán ejecutar dos obras.

Alcaldes del departamento expresan preocupación por las limitaciones de fondos en sus municipios, en contraste con un panorama distinto en otros departamentos, mientras el Ejecutivo no les da una respuesta clara ni logran concretar apoyo por medio del Congreso.

En junio del 2024 se aprobó un incremento extraordinario para todos los Codede. Hasta ahora, el Ejecutivo no explica plenamente cuáles fueron los criterios para la asignación ni para la correspondiente a este año.

Actores políticos y analistas que fiscalizan el gasto público cuestionan la asignación de más de Q12 mil millones a los Codede para este año, así como la capacidad para ejecutarlos.

En el 2024 se ha ejecutado el 17% de los fondos a escala nacional, y la asignación para el 2026, año preelectoral, podría llegar hasta Q23 mil millones, según ha confirmado el Ejecutivo.

Sololá inició este año con Q322 millones, provenientes de tres fuentes: la asignación ordinaria, fondos extraordinarios y recursos no ejecutados del 2024.

En el 2024 el Congreso otorgó asignaciones extraordinarias de Q50 mil a cada uno de los municipios de este departamento. Fueron los únicos en recibir esa cantidad, mientras que en otros departamentos los montos oscilaron entre Q120 mil y Q30 millones.

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Diferentes alcaldes explican que se requieren como mínimo Q100 mil para realizar una obra.

“Aproximadamente se necesitan Q100 mil para un mejoramiento de un sistema de agua potable por bombeo, por ejemplo”, indicó Pedro Solís, alcalde de Santa Cruz La Laguna. Esta misma cifra ha sido mencionada por distintos actores y expertos en ocasiones anteriores.

Para el 2025, aunque Sololá no aparece como el más afectado en el total global, al analizar únicamente los fondos extraordinarios incluidos en el decreto del Presupuesto General, la desventaja frente a los otros 21 departamentos es clara.

A los 19 municipios de Sololá se les asignaron Q84.7 millones como aporte extraordinario. A pesar del aumento respecto del año anterior, sigue siendo el departamento con menor asignación. Esta vez, la diferencia con el promedio nacional es del 97%.

Menos obras
Los alcaldes de la localidad dicen estar preocupados ante la demanda de más obras, pero aseguran que este año, en algunos municipios, tuvieron que detener proyectos ya planificados, debido a que los fondos obtenidos no fueron suficientes para cubrir las obras pendientes de ejecución y otras nuevas.

“En mi municipio se nos hizo una reducción de Q50 mil —respecto de la planificación—; eso todavía es aceptable, pero en otros, con más población, como Nahualá y Santa María Ixtahuacán, fue de medio millón. No sabemos cuál es el criterio que usaron para bajarnos el presupuesto cuando las necesidades en el Codede son muchas”, explicó Gaspar Ixcayá, alcalde de San Pablo La Laguna.

Indicó que, en su alcaldía, la reducción representó el recorte de una obra solicitada por un sector de la sociedad civil, y aseguró que el impacto en los municipios más grandes fue mayor.

Él, al igual que Solís, comentó que el reclamo se planteó frente a Arévalo en una reunión reciente, pero la respuesta obtenida no resolvió sus interrogantes.

“Solo se comprometió a que iba a resolver ese problema, pero hasta el 2027, porque los presupuestos se manejan con tiempo y ya está todo aprobado para el año entrante”, comentó Ixcayá.

En las próximas semanas, los jefes ediles se reunirán con los diputados de su distrito para actualizarles la información sobre este asunto y buscar su apoyo.

Se trató de entrevistar al gobernador Edgar Tuy en distintas ocasiones; respondió las llamadas, pero, al escuchar sobre qué se trataba, posponía la entrevista y colgaba. Las interrogantes fueron enviadas por mensaje, pero tampoco se obtuvo respuesta.

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Sobre Sololá
Sololá se encuentra a 139 kilómetros de la capital, tiene más de 420 mil habitantes y más de la mitad son mujeres. Más del 95% se identifica como maya, el 61% vive en área urbana y el alfabetismo alcanza un 70%, según datos del último censo.

En lo político, trece de los 19 alcaldes fueron elegidos por Vamos, otros dos con Cabal y los restantes con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), Visión con Valores (Viva) y un comité cívico.

En el Congreso lo representan tres diputados: Allan Rodríguez y su hermano Rodríguez, de la bancada Vamos, y Becquer Chocooj, de Cabal.

Rodríguez fue presidente de la Junta Directiva del Congreso durante dos años en la administración de Alejandro Giammattei y fue uno de los más influyentes de la bancada oficialista en ese momento. También está sancionado por Estados Unidos por señalamientos de corrupción. Fue uno de los congresistas que buscaron desconocer a la actual directiva, presidida por Nery Ramos.

En cuanto a Chocooj, fue quien trató de entregarle una carta de renuncia al presidente Arévalo para que la firmara y dejara el cargo, lo que terminó en un altercado con Samuel Pérez.

Población sin planificación
La asignación de fondos ordinarios regulada en ley se basa en fórmulas que toman en cuenta la población, el índice de pobreza y el ranking de las municipalidades elaborado por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).

El último censo es del 2018, y alcaldes de toda la región se quejan de que, al no estar actualizados, no se consideran comunidades que han crecido en estos siete años.

“Aunque nosotros, como alcaldes, actualicemos nuestros datos —de población— y digamos que esta comunidad ya no es caserío, sino aldea, el Instituto Nacional de Estadística (INE) no puede realizar esa actualización porque siempre se basa en el censo”, indicó Solís.

Las autoridades ediles de Sololá sostuvieron una reunión reciente con el INE para abordar el asunto y expusieron que, por ejemplo, en San Antonio Palopó hay una aldea de dos mil personas, pero en el Instituto no está reconocida como tal, sino como caserío. Desde que se realizó el conteo, esa comunidad ha crecido en mil personas, según detalló Solís.

Todos los años, el 31 de julio, los 340 alcaldes del país deben enviar información actualizada sobre el acta de división territorial del municipio, que incluye el nombre del lugar y la categoría con la que lo tiene reconocido el Concejo Municipal.

Sin obligación legal, 56 municipios planifican plantas para tratamiento de aguas residuales y desechos

Thu, 07 Aug 2025 06:03:00 +0000

Comunitario

Sin obligación legal, 56 municipios planifican plantas para tratamiento de aguas residuales y desechos

El manejo de residuos no suele ser prioridad para las comunas, porque no suman capital político, apunta analista.

7 de agosto de 2025

00:03h

Santa Cruz La Laguna, en Sololá, inauguró en 2023 una planta de tratamiento de aguas residuales con la que se asegura que las descargas al lago de Atitlán cumple con los parámetros permitidos, informó el Gobierno. (Foto Prensa Libre: AGN)

Las plantas para el tratamiento de desechos sólidos y aguas residuales siguen siendo una tarea pendiente para el país. Un reglamento aprobado en el 2006 fijó mayo del 2025 como el límite para que las municipalidades construyan, operen y mantengan plantas para el tratamiento adecuado de las aguas que generan.

Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad ordenó en el 2024 la suspensión provisional de la medida, en atención a una solicitud de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam).

Sin fuerza legal que las obligue, algunas alcaldías destinan parte de los recursos de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) para la construcción de plantas de tratamiento.

De acuerdo con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), se planifican 46 plantas de tratamiento de aguas residuales y 17 para manejo de desechos. Los proyectos se ubican en 56 municipios de 17 departamentos.

Sololá es el departamento con más proyectos de aguas residuales y manejo de desechos aprobados por Segeplan. En el primer rubro le sigue el departamento de Guatemala.

La vigencia del reglamento del 2006 se postergó por peticiones de los alcaldes, bajo el argumento de que no cuentan con fondos ni capacidad para cumplirlo.

Oportunidad

La construcción de este tipo de obras suele requerir más tiempo y presupuesto que otras. Por ello, Christians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), valora positivamente el esfuerzo.

“Se debe saludar el esfuerzo, porque eso se ha venido postergando desde hace por lo menos dos décadas. Siempre los alcaldes han buscado postergar la inversión en aquellos proyectos que no generan votos o que no se miran. Si bien contribuyen al bienestar de la población de los municipios, no necesariamente son obras visibles y eso no les genera tanto rédito político a los alcaldes”, apuntó.

Castillo detalló que, más allá de las críticas por la asignación de Q12 mil millones a los Codede este año y la posible reprogramación de obras para el 2026, algo positivo es que, al tener más de un ejercicio fiscal y mayor presupuesto, se abre la puerta a ejecutar este tipo de obras.

“Ante la gran cantidad de recursos, por fin están destinando fondos a cosas que son estratégicas, pero menos visibles”, comentó el analista.

Los municipios más pequeños suelen ser los más limitados en recursos, es decir, los que tienen menos probabilidades de impulsar este tipo de infraestructura. Por ello, Castillo recomendó que una posible solución podría surgir de las mancomunidades.

“Hay posibilidades también de articular inversiones mediante economías de escala, es decir, que las mancomunidades puedan establecer consorcios para crear este tipo de proyectos en beneficio de varios municipios”, indicó.

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Mantenimiento

Otro aspecto a considerar es que, por la naturaleza de estas obras, al entrar en funcionamiento también representan un gasto de recursos humanos y financieros para las alcaldías. Sobre esto, Castillo advirtió que los jefes ediles deben ser conscientes de que todos los proyectos requieren mantenimiento preventivo.

“El problema de los proyectos sociales grandes y de infraestructura, en general, es que los alcaldes los inauguran con mucha pompa, y tradicionalmente vemos que, en la gestión pública municipal guatemalteca, todos los proyectos entran en una fase de deterioro sostenido y sistemático, que solo es intervenido hasta que requiere acciones remediales”, subrayó.

Añadió que existe una falta de planificación a largo plazo, debido a que pocos ediles logran reelegirse de forma continua. Esto provoca que no se destinen recursos para remozamiento y mantenimiento; incluso, en varias ocasiones se opta por nuevas construcciones debido al nivel de deterioro alcanzado.

“Sigue siendo un reto de cultura política y de modelo de gestión pública, porque es sistemático. La mayoría de las obras —a nivel nacional— están en una situación realmente compleja o se convierten en una amenaza”, puntualizó.

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Desechos sólidos

El reglamento sobre manejo de desechos sólidos cobró vigencia en febrero del presente año. La clasificación de los residuos se postergó días después, debido a que los recolectores —quienes separan los desechos valorizables— manifestaron su desacuerdo con la medida.

Hace algunas semanas, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) anunció que se llegó a acuerdos con los sectores interesados. Ahora, las municipalidades podrán reducir la clasificación de tres tipos de desechos a solo dos. Además, los recolectores deberán registrarse ante las municipalidades.

Segeplán aún no define si podrá agilizar trámites de los Codedes como lo propone el oficialismo

Fri, 01 Aug 2025 06:05:00 +0000

Guatemala

Segeplán aún no define si podrá agilizar trámites de los Codedes como lo propone el oficialismo

La institución analiza posible incremento de personal y presupuesto que necesitaría para dar cumplimiento a los plazos que establece la iniciativa 6576 que el Movimiento Semilla promueve en el Congreso.

1 de agosto de 2025

00:05h

El mejoramiento de caminos es uno de los principales proyectos que se contrata con fondos de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Foto Prensa Libre).

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) no tiene proyectado el impacto que tendrá en la institución la iniciativa 6576, Ley de Agilización de la Inversión Pública que el oficialismo presentó recientemente en el Congreso.

“De cara a la ley, hay un equipo que está apoyando la evaluación sobre qué impacto tendría sobre la Segeplán y qué tendríamos que hacer para poder apoyarlo”, afirmó el secretario en funciones, Hugo Allan García.

El funcionario comentó que la Secretaría está evaluando junto a la cartera del Tesoro un posible incremento en el presupuesto para ampliar el personal que está involucrado en los procesos de las obras con fondos de Consejos de Desarrollo y poder cumplir con los plazos que establece la propuesta para la Ley de agilización de la inversión pública.

“No hemos todavía revisado el detalle de los plazos; es un trabajo que ahorita, justamente estamos viendo con el Ministerio de Finanzas y probablemente de la inyección de fondos adicionales para poder mejorar la atención sobre todo en las delegaciones departamentales para poder atender a las municipalidades que son el canal”, detalló.

La iniciativa que presentaron los diputados oficialistas Juan Carlos Sanabria y Victoria Godoy Palala busca reducir los plazos para la aprobación de los proyectos que las alcaldías buscan ejecutar y que se financian con fondos de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede).

La presentación de la iniciativa ante el pleno se incluyó en la agenda de la sesión que el Congreso convocó para el lunes pasado y que se levantó por falta de quorum. El proyecto de ley ha sido criticado por actores del sector privado y asociaciones civiles por opacidad y riesgos en la calidad del gasto.

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Los cambios

El artículo 6 de la iniciativa contempla que la Segeplán debe aprobar los expedientes de cada proyecto en un máximo 5 días hábiles; si hay objeciones se deben informar en los primeros dos días del trámite. Si a los cinco días, Segeplán no tiene una cumplir el plazo este se da como aprobado. Este procedimiento actualmente se desarrolla en varias semanas.

También en el artículo 7 obligaría a la Segeplán a emitir opinión técnica sobre los proyectos que lo requieran -excluyendo los de Codedes- en un plazo de 20 días en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). De no cumplirlo, también se declarará como favorable.

Si bien el proyecto cuenta con la venia del presidente Bernardo Arévalo, según uno de los ponentes, en Segeplan no pueden asegurar si la institución formó parte del proceso de elaboración.

Añadió que no han revisado el detalle de la iniciativa de agilización de obras y desconoce si el personal técnico fue tomado en cuenta para la construcción de la propuesta.

“No tengo la información ahora a la mano si nuestros técnicos estuvieron involucrados, así que no le no le podría dar una respuesta”, aclaró García.

La iniciativa surgió como una alternativa para acelerar la ejecución de los fondos de los Codedes. Este año se les asignó un total de Q12 mil millones y la ejecución se encuentra en cifras rojas.

Además, la iniciativa contempla una vigencia de tres años, mientras el Ejecutivo promete a los alcaldes volver a solicitar que los fondos no usados sean reprogramados en 2026, lo cual crearía un presupuesto cercano a los Q23 mil millones.

Iniciativa oficialista genera críticas por opacidad y riesgos en el gasto público

Thu, 31 Jul 2025 11:00:00 +0000

análisis

Iniciativa oficialista genera críticas por opacidad y riesgos en el gasto público

Proyecto oficialista para agilizar la ejecución presupuestaria enfrenta cuestionamientos por falta de controles, riesgos de corrupción y uso ineficiente de los recursos.

31 de julio de 2025

05:00h

La ejecución en inversión pública ha sido baja en el primer semestres según los datos del Observatorio del Presupuesto. (Foto Prensa Libre: Cortesía DGC)

Las primeras críticas a la iniciativa de ley presentada por el bloque oficialista, que busca agilizar el gasto público, provinieron del sector privado organizado y de centros de investigación económica, que advierten opacidad en la propuesta.

El proyecto de ley, impulsado por diputados del Movimiento Semilla, pretende agilizar la inversión pública y acelerar los desembolsos en salud, educación, red vial y programas de desarrollo. Sin embargo, ha generado preocupación por la posible relajación de controles.

La iniciativa, presentada el lunes 28 de julio, busca facilitar la ejecución estatal, que avanza con lentitud pese a la alta disponibilidad de fondos. Al 17 de julio, los depósitos del Gobierno central en el Banco de Guatemala (Banguat) sumaban Q31 mil 837.3 millones.

Entre las disposiciones, se plantea autorizar contratos de hasta Q2 millones sin visto bueno superior, ampliar las compras directas y crear el Fondo para la Ejecución de Inversiones Estratégicas (Foinves), a cinco meses de concluir el ejercicio fiscal.

Durante la presentación del informe semestral del Observatorio del Presupuesto 2025 del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), se cuestionó la colocación de US$1 mil 500 millones en bonos del Tesoro el 7 de julio, los saldos de caja de Q22 mil 915 millones al 3 de julio, y el uso de deuda sin una ejecución efectiva ni evaluación del endeudamiento.

“Hay opacidad”

Sergio de la Torre, coordinador de la Comisión Económica del Cacif, alertó sobre deficiencias en los controles del proyecto. También advirtió sobre la debilidad institucional y la opacidad en los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes).

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“Una agilización es importante, pero debe hacerse con controles adecuados para garantizar transparencia”, remarcó.

De la Torre insistió en que los recursos destinados a los Codedes no responden a una planificación clara y podrían usarse sin transparencia. Estimó que estos manejarían el 17% del presupuesto vigente, lo que los convertiría en un “superministerio”. El Ministerio de Finanzas (Minfin) informó que la asignación vigente es de Q12 mil 269.61 millones, pero la ejecución promedio en julio fue del 18%.

El directivo advirtió sobre la posibilidad de un remanente de gasto que se traslade a 2026, como ocurrió en 2024.

Evasión de controles

Edwin Matul, analista de la Fundación 2020, expresó preocupación por una eventual evasión de controles y debilitamiento de la rendición de cuentas si se aprueba la iniciativa.

“Se aumentan los riesgos que se han tratado de mitigar en procesos anteriores”, advirtió.

“Los recursos destinados a los Codedes no responden a una planificación clara y podrían usarse sin transparencia. Estimó que estos manejarían el 17% del presupuesto vigente, lo que los convertiría en un superministerio”

Sergio de la Torre, coordinador de la comisión económica Cacif

Pedro Prado y Érick Coyoy, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), señalaron que el proyecto elimina controles establecidos con el objetivo de aumentar la ejecución presupuestaria. “¿Para qué se quiere que el gobierno actual gaste y en qué se está gastando?”, cuestionaron. Agregaron que, aunque aumente la ejecución, podría hacerse con contratos pagados por anticipado y sin obras concluidas, como ha ocurrido en años anteriores.

Sin fundamento

Jorge Lavarreda, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), afirmó que no basta con ejecutar más recursos si las obras no son útiles. “Se pueden gastar los Q12 mil millones de los Codedes, inaugurar obras y que no sirvan para nada”, concluyó.

Diputados oficialistas impulsan iniciativa para acelerar el gasto de los Codedes

Tue, 29 Jul 2025 02:00:00 +0000

Guatemala

Diputados oficialistas impulsan iniciativa para acelerar el gasto de los Codedes

La propuesta lleva la firma de dos de los 23 diputados oficialistas, y uno de los ponentes asegura contar con el aval y respaldo del Organismo Ejecutivo.

Urias Gamarro y Leslie Sánchez

28 de julio de 2025

20:00h

José Carlos Sanabria representa a uno de los grupos del oficialismo que se separó del grupo liderado por Samuel Pérez. Fotografía: Prensa Libre.

Diputados electos por el Movimiento Semilla impulsan desde el Congreso la iniciativa para la agilización de la inversión pública, con la cual se busca permitir al Estado gastar con mayor rapidez los recursos destinados a proyectos enfocados en salud, educación, carreteras y desarrollo.

La propuesta genera dudas entre analistas porque podría abrir la puerta a grupos vinculados con la corrupción, al aprovechar posibles vacíos legales.

La iniciativa fue presentada el 11 de julio y tiene el número de registro 6576. Actualmente, se encuentra entre los proyectos que podrían ser leídos durante la sesión de este martes, para posteriormente ser analizada y dictaminada por la comisión de trabajo correspondiente.

Los firmantes son los diputados oficialistas Victoria Palala y José Carlos Sanabria. Este último afirmó que la propuesta surge “escuchando las preocupaciones de los ejecutores de inversión pública”.

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Destacó que, con esta herramienta legal, el presidente Bernardo Arévalo y el resto de funcionarios podrán poner en marcha varios de los proyectos presentados en el plan de gobierno del Movimiento Semilla.

“Crea un fondo de inversión estratégica que genera certeza sobre los recursos de las entidades más importantes que se desarrollarán en el gobierno, tales como caminos rurales, institutos, ciudades deportivas, metro, aeropuerto y sistema ferroviario. Esto constituye los principales compromisos de inversión pública que están contenidos en nuestro plan de gobierno”, señaló.

Sanabria aseguró que “la iniciativa sí cuenta con el respaldo del Ejecutivo” y resaltó que el proyecto no modifica ningún artículo que contravenga los principios de transparencia o fiscalización.

Algunos elementos

El artículo 5 de la propuesta legal contempla la creación del Fondo para la Ejecución de Inversiones Estratégicas (Foinves), que permitirá a cualquier institución con proyectos de inversión estratégica contratar de forma directa.

Esto implica que se dejarían de lado los procesos de licitación que garantizan transparencia mediante la exposición pública de las ofertas recibidas por el Estado para adquirir bienes o servicios.

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El Foinves estará a cargo del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), entidad que podrá suscribir los convenios que considere necesarios para los proyectos.
Entre las entidades mencionadas figuran la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos.

El artículo 6 busca agilizar los trámites de inversión mediante los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), cuyas solicitudes podrán ser autorizadas en un plazo de cinco días.

Si en ese plazo no se emite respuesta, se dará por aceptada la solicitud. La vigencia de la propuesta de ley sería de tres años, es decir, hasta el final del periodo del presidente Arévalo.

Los riesgos

Para Renzo Rosal, analista político independiente, la iniciativa puede tener buenas intenciones, pero deja abiertos espacios que podrían ser perjudiciales para la transparencia y la fiscalización.

“Creo que los diputados la presentan quizá para respaldar al Ejecutivo. Si el objetivo es aumentar la eficiencia, aumentemos el gasto público, pero no solo es ejecutar más, sino ejecutar bien, con transparencia, para el beneficio de los ciudadanos. Ahí creo que está el talón de Aquiles de la iniciativa”, indicó.

A criterio del analista, uno de los principales riesgos es acortar los tiempos para los proyectos ejecutados desde los Codedes.

“Van a existir redes de corrupción, clientelares, que rondan alrededor de los diputados distritales, contratistas, proveedores y un montón más que se beneficiarán con una ley de esta naturaleza”.

En respuesta, Sanabria defendió su propuesta indicando que cuenta con mecanismos de control: “Nuestra iniciativa no busca permitir ni darle rienda suelta a la corrupción. No modifica nada de lo que ya está regulado y, por otro lado, tampoco se excluyen requisitos. No busca promover la creación de proyectos sin respaldo técnico”.

Rosal sostiene que hay solo dos soluciones posibles: retirar la iniciativa por los riesgos que implica o reforzarla para evitar que grupos corruptos se aprovechen de ella.
“Me parece preocupante que los diputados que la impulsan no tengan una mínima visión estratégica de preguntarse a quién realmente beneficia una ley de este tipo”.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de retirar la propuesta, Sanabria respondió: “Nosotros, como bancada oficial y Ejecutivo, estamos siempre en disposición de explicar las dudas de diferentes actores sobre esta iniciativa”.

Actualmente, el oficialismo encabezado por Sanabria asegura que busca apoyo con otras bancadas para el momento en que la propuesta sea discutida por el pleno.

Codedes podrían acumular Q23 mil millones si el Congreso aprueba traslado de fondos

Fri, 25 Jul 2025 06:10:00 +0000

análisis

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Codedes podrían acumular Q23 mil millones si el Congreso aprueba traslado de fondos

Los Codedes podrían acumular un presupuesto de Q23 mil millones en dos años, si el Congreso autoriza trasladar al 2026 unos Q6 mil millones no ejecutados en el 2025. Analistas advierten que esta acumulación responde a intereses clientelares, especialmente de diputados distritales.

25 de julio de 2025

00:10h

Los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) podrían tener un presupuesto aprobado en dos años de Q23 mil millones para ejecución de obras. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) podrían tener un presupuesto aprobado en dos años de Q23 mil millones, si los diputados del Congreso autorizan trasladar para el 2026 el saldo no ejecutado de este año, que alcanzaría unos Q6 mil millones.

A cinco meses de que concluya el ejercicio fiscal y a 40 días para que el Ministerio de Finanzas (Minfin) presente el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el próximo año, comienza a materializarse la posibilidad de trasladar los recursos no ejecutados por los Codedes para el 2026, los cuales podrían llegar a unos Q6 mil millones, de los Q12 mil millones aprobados.

Si el Congreso de la República aprueba ese traslado, los Codedes tendrían un presupuesto acumulado de Q23 mil millones en dos años: lo aprobado para el 2025, más los Q10 mil millones del 2026, que incluirían el remanente (estimados en Q6 mil millones) y el aporte ordinario de Q4 mil 299 millones, que es lo que se plantea en la propuesta inicial presentada en junio pasado.

La cifra coincide con los depósitos que mantiene el Gobierno Central en el Banco de Guatemala (Banguat), que al 10 de julio sumaban Q22 mil 126 millones. Ese monto podría aumentar con la reciente colocación de un eurobono por US$1 mil 500 millones, efectuada el lunes 7 de julio. Es decir, son recursos que el Minfin tiene disponibles, pero aún sin destino específico, y podrían utilizarse en el siguiente ejercicio.

Además, coincide con el año preelectoral de cara a las elecciones generales del 2027. La Dirección Técnica del Presupuesto (DTP) del Minfin está elaborando el presupuesto analítico del 2026, el cual deberá presentarse al Congreso el próximo 2 de septiembre. El techo preliminar es de Q161 mil 779 millones. Si la iniciativa no se aprueba, continuará vigente el presupuesto actual (Q154 mil 836 millones), según lo establece la ley.

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“Implica otorgar recursos abiertamente; no por casualidad, sino por prediseño, con una orientación absolutamente clientelar. Y por clientelar no me refiero solo al Gobierno, sino también a actores como los diputados distritales, quienes son los más interesados y beneficiados con una decisión de esta naturaleza”, comentó Renzo Rosal, analista político independiente.

Con base en la información disponible del Minfin, los Codedes tienen asignados Q12 mil 269.61 millones, de los cuales han ejecutado Q2 mil 99 millones, equivalente al 17.11%.

Según el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), el aporte extraordinario de Q5 mil 012 millones presenta una ejecución del 2%. Los saldos extraordinarios de los Codedes, por Q1 mil 541 millones, registran un avance del 49%, correspondiente a obras y proyectos heredados del 2024. En cuanto al aporte ordinario, por Q4 mil 322 millones, se ha ejecutado el 14.69%.

“Implica otorgar recursos abiertamente; no por casualidad, sino por prediseño, con una orientación absolutamente clientelar”

Renzo Rosal, analista político independiente

El exviceministro de Finanzas y analista de Asíes, Érick Coyoy, explicó que los Q12 mil millones asignados este año se distribuyen en el aporte ordinario del IVA-Paz, un aporte extraordinario aprobado por el Congreso y unos Q2 mil 500 millones en saldos de caja de obras inconclusas del ejercicio anterior.

Coyoy aclaró que el ritmo del gasto no ha sido uniforme. Los proyectos financiados con saldos de caja del 2024 son los que muestran mejor ejecución, con un avance cercano al 50%, por lo que es factible alcanzar lo programado. En cambio, el aporte extraordinario apenas alcanza el 2%, y no es factible que mejore significativamente en lo que resta del año, por lo que se estima que solo se llegará al 20% o 25%, a través de algunos desembolsos y pagos iniciales, lo que dejaría un remanente de al menos Q4 mil millones.

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En el caso del aporte ordinario del IVA-Paz, con una ejecución actual del 12%, se podría alcanzar hasta un 50% de gasto, lo que dejaría un saldo de aproximadamente Q2 mil millones. Así, el remanente total rondaría los Q6 mil millones.

“Es seguro que los gobernadores y diputados distritales buscarán trasladar esos recursos al próximo año. En total, de los Q12 mil millones, los Codedes ejecutarían la mitad, y la otra parte estaría disponible para trasladarse al 2026. Pero eso dependerá de la aprobación del Congreso”, puntualizó Coyoy.

Agregó que será el Legislativo quien decida si se autoriza el uso de los recursos no ejecutados este año como saldos de caja en el 2026.

Traslado de fondos

Walter del Cid, subsecretario de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, informó que se han sostenido encuentros con alcaldes de diversas regiones del país. Durante estas reuniones, los jefes ediles han manifestado su inconformidad por los retrasos en la emisión de licencias y avales para obras y proyectos, por lo que se ha reiterado el compromiso de intervenir para simplificar los procesos a futuro.

Del Cid explicó que, cuando se habla del futuro, se hace referencia al 2026, pues ya no habrá tiempo suficiente para ejecutar nuevos proyectos ese año.

“Es seguro que los gobernadores y diputados distritales buscarán trasladar esos recursos al próximo año. En total, de los Q12 mil millones, los Codedes ejecutarían la mitad, y la otra parte estaría disponible para trasladarse al 2026″

Érick Coyoy, analista de Asíes

Asimismo, indicó que el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, contempla incorporar en el anteproyecto de presupuesto del 2026 un artículo que permita la utilización de los recursos no ejecutados en el 2025 para continuar con los proyectos en el 2026.

“Esperamos contar para entonces con mayor capacidad instalada en las unidades ejecutoras, así como con procesos más simplificados en los requisitos negociables”, puntualizó.

Reconoció que ya se ha identificado el punto de fragilidad institucional en la baja ejecución de los recursos.

Serie de atrasos

Sobre la baja ejecución de los Codedes y los acercamientos entre el presidente Bernardo Arévalo y los alcaldes, Sebastián Siero, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), señaló que la situación es similar a la del 2024, pues los atrasos no dependen de las corporaciones municipales, sino de los avales pendientes de diversas instituciones del Gobierno Central.

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Siero citó como responsables al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) y al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, cuyos retrasos han creado un “embudo” administrativo al no emitir los avales necesarios.

Recordó que desde junio del 2024 se advertía de estos problemas, lo que ha derivado en que el Ejecutivo no entregue los avales y los Codedes no ejecuten sus recursos. Así, ese saldo queda como remanente para el siguiente año, una práctica que calificó como negativa y proveniente del Minfin.

“Esos saldos de caja se dirigen a los proyectos que el Ejecutivo quiere impulsar mediante ampliaciones presupuestarias. Necesitan esos fondos para poder negociar voluntades”

Sebastián Siero, presdiente Anam

“Esos saldos de caja se dirigen a los proyectos que el Ejecutivo quiere impulsar mediante ampliaciones presupuestarias. Necesitan esos fondos para poder negociar voluntades”, afirmó Siero.

Lamentó que los recursos asignados este año no se hayan traducido en obras para la población, como demandan los Codedes, y que el embudo institucional impida la ejecución, aunque sí sirva como herramienta de negociación en el Congreso.

En 2024 el Congreso aprobó una ampliación presupuestaria. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Interés político generalizado

El analista independiente Renzo Rosal añadió que existen grupos de diputados distritales y redes clientelares, integradas por actores de diversas fuerzas políticas, interesados en incrementar los fondos destinados a los Codedes.

Estas redes —afirmó— están conformadas por constructores, contratistas y proveedores locales, quienes mantienen vínculos estrechos con los alcaldes.

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“El Gobierno presenta como algo simple y transparente el diálogo con los alcaldes para mejorar la ejecución de los Codedes, pero el problema no es de comunicación, sino de capacidades técnicas. Muchos no saben formular proyectos, y ahí es donde intervienen las redes clientelares”, afirmó Rosal.

Detalló que esas redes operan desde la fase de formulación de proyectos, con el fin de adjudicarlos a determinadas constructoras o allegados, lo que revela la conexión entre diputados distritales y alcaldes, en un esquema donde todos ganan, mientras el Ejecutivo aporta los recursos y amplía la ‘piñata’”.

Rosal concluyó que preocupa que, por primera vez, los Codedes puedan contar con un presupuesto extraordinario aprobado, aunque persisten las dudas sobre su adecuada ejecución.

Reunión con el mandatario

Armando Vásquez, alcalde de Jalpatagua, Jutiapa, manifestó que sí existe respaldo del Gobierno Central hacia los Codedes. No obstante, señaló que los plazos han sido muy cortos para ejecutar los fondos, lo que podría convertir algunas obras en proyectos multianuales. Por ello, solicitó que se permita continuar en el 2026 con los trabajos que no concluyan este año.

Omar Camposeco, alcalde de Jalapa (cabecera), señaló que, con los aportes extraordinarios asignados, se elaboró un plan para garantizar la continuidad de los proyectos. Reconoció que varias municipalidades no estaban preparadas para recibir dichos fondos. También denunció atrasos en la entrega de avales por parte de diversas instituciones públicas.

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Fredy García Galiano, alcalde de San Carlos Alzatate, Jalapa, expresó que su postura es que los proyectos sean multianuales y que tanto los aportes ordinarios como extraordinarios asignados a los Codedes puedan ejecutarse también en el 2026.

Gobierno busca evitar devolución de fondos no ejecutados

Al consultar a Jonathan Menkos, ministro de Finanzas, afirmó que el Gobierno es consciente de lo que ha representado para las municipalidades asumir un aumento significativo en los recursos destinados a inversión pública, así como del esfuerzo realizado por las instituciones involucradas en la gestión de proyectos.

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Sin embargo, advirtió que es previsible que algunos fondos no se ejecuten, lo que impediría concretar proyectos ofrecidos a la población. Por ello, el Ejecutivo busca evitar que estos recursos regresen al fondo común y afecten las metas de inversión pública.

“Nuestro trabajo es encontrar soluciones ante los fenómenos que estamos observando y mantener niveles de inversión que impulsen el crecimiento económico y el bienestar social”, explicó.

Durante las reuniones, los alcaldes han agradecido el incremento en los recursos provenientes del aporte constitucional, los cuales han mejorado gracias al aumento en la recaudación. También reconocen que los aportes ordinarios y extraordinarios de los Consejos de Desarrollo han permitido alcanzar niveles de inversión en los territorios sin precedentes.

En reuniones con alcaldes, presidente acuerda solicitar que fondos de Codedes vuelvan a ser multianuales

Sat, 19 Jul 2025 06:01:00 +0000

CALIDAD DEL GASTO

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En reuniones con alcaldes, presidente acuerda solicitar que fondos de Codedes vuelvan a ser multianuales

En las discusiones se mencionó disminuir los plazos administrativos, incluyendo una reducción casi a la mitad en los procesos de adjudicación.

19 de julio de 2025

00:01h

El presidente Bernardo Arévalo se ha reunido con alcaldes de varias regiones, con quienes se ha discutido la baja ejecución de los Codedes. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL)

Esta semana continuaron las reuniones que el Ejecutivo realiza junto a los alcaldes. Durante las que ya se han efectuado, el presidente Bernardo Arévalo ha anunciado a los jefes ediles que se pedirá que los fondos para obras de los Consejos de Desarrollo nuevamente sean multianuales.

Si bien este no ha sido el tema central con el que se está convocando tales encuentros, es de los que constituyen un mayor impacto para el techo presupuestario del 2026.

En el último Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), el mandatario anunció dichas reuniones con el objetivo de coordinar entre los ministerios y las jefaturas ediles para agilizar la ejecución de los proyectos de desarrollo.

Alcaldes de las regiones en las que ya se realizaron los encuentros confirmaron a Prensa Libre que Arévalo prometió que se solicitaría que el dinero no usado este año, incluyendo el proveniente del 2024, se pueda ejecutar el año entrante de manera extraordinaria.

Para este 2025 a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) se les asignó más de Q12 mil millones, porque se aprobó la misma medida, a pesar de señalamientos de diferentes sectores sociales y políticos que señalaron poca capacidad de ejecución y transparencia en dicha acción.

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Acuerdos

Después de la primera reunión, autoridades de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) y la Comisión Presidencial de Asuntos Municipales comentaron en conferencia de prensa que el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, presentará una iniciativa en la que se reduzcan los plazos para aprobar el otorgar avales, corregir previos e incluso modificaría los tiempos de adjudicación, reduciéndolo a 25 días.

“El ministro de Finanzas informó que se está gestionando en el Congreso una ley de agilización de la inversión pública especialmente para el tema de Codedes, de manera que se acorten plazos y formas, y los fondos se puedan todavía utilizar durante el presente año”, informó el titular de la SCEP, Víctor Hugo Godoy.

Según sus declaraciones, esa reducción en los plazos no afectaría la probidad, sino que activaría la ejecución de los fondos.

Por otra parte, los alcaldes entrevistados aseguraron que los mayores acuerdos alcanzados fueron coordinar mejor los procesos institucionales para agilizar los avales y la petición de que los fondos sean multianuales.

“Lo otro que acordó el presidente es que va a luchar para que los recursos vuelvan a ampararse en el decreto de ley 6388, donde nos permite utilizar los recursos 2025 en el 2026, o sea que no se vayan al fondo común (…) y los del 2024 también”, explicó Abraham Chiquín, alcalde de Santa María Cahabón.

Lo mismo fue confirmado por José Pinto, de la cabecera departamental de Chiquimula, aunque en esa reunión la solicitud fue por parte de los alcaldes al mandatario y la respuesta obtenida fue que se realizaría la petición en Conadur.

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Quejas

El inconveniente generalizado por parte de los alcaldes son los atrasos en los avales que las instituciones del ejecutivo deben darles antes de aprobar un proyecto, sin embargo, en algunos casos los ediles comentaron que no se están trasladando los fondos y las empresas detuvieron los trabajos.

Según Chiquín, en su municipio son entre 11 y 15 los proyectos en los que las transferencias de fondos no están al día y agregó que lo mismo sucede en otros lugares de Alta Verapaz.

En el caso de Chiquimula, Pinto expuso que también se dio a conocer sobre atrasos en pagos y que hay casos en los que las entidades requieren más papelería de la que está normada, lo cual retrasa los procesos.

Encuentros

De acuerdo con la calendarización, hasta el momento se han llevado a cabo tres reuniones con las regiones Nororiente, Norte, Petén y Suroccidente.

Para esta semana se espera el encuentro con la región Suroccidente y el resto del mes con la Noroccidente, Suroriente, Central, para finalizar con la Metropolitana. Las convocatorias a dichas reuniones aún no se han realizado, según alcaldes de los departamentos de Sololá y de Guatemala.

A pesar de eso, comentan tener interés en dialogar con el presidente, debido a que los municipios de Sololá recibieron una baja en los fondos asignados para obras a comparación del año pasado.

“Hay varios municipios que tuvieron un recorte un poco fuerte y, de hecho, algunos tuvieron que cancelar algunos proyectos”, puntualizó Pedro Solís, alcalde de Santa Cruz la Laguna.

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Fondos multianuales

Se aprobó en el presupuesto del 2025 la misma medida, de que el presidente pedirá que los fondos de Codedes no se vayan al fondo común, como una solución a la baja ejecución, que sigue estando en números rojos.

Para la primera quincena de julio, el promedio nacional está en 17%, de acuerdo con los datos de los portales de transparencia del Ministerio de Finanzas y se calcula que habrá un remanente cercano a los Q6 mil millones.

En la Comisión de Finanzas del Congreso también se analiza una iniciativa de ley para que el monto no se vaya al fondo común.

Diputados analizan que Codedes usen en 2026 fondos no ejecutados este año

Thu, 03 Jul 2025 10:00:00 +0000

Ejecución

Diputados analizan que Codedes usen en 2026 fondos no ejecutados este año

La posibilidad de que el remanente que no ejecuten los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) durante el presente ejercicio fiscal pueda utilizarse el próximo año es una de las propuestas que empieza a debatir la Comisión de Finanzas del Congreso de la República.

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3 de julio de 2025

04:00h

Los integrantes de la Comisión de Finanzas conocieron la ejecución de los Codedes durante el primer semestre del año. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos)

La baja ejecución de gasto reportada hasta junio por los Codedes en diferentes obras hace prever que se dejará un saldo. Por ello, los integrantes de la Comisión de Finanzas ya analizan la opción de continuar con los proyectos en el siguiente ejercicio fiscal.

Durante una sesión celebrada ayer, la comisión conoció los niveles de ejecución presupuestaria de los Codedes, que para este año tienen una asignación global de Q12 mil 246.7 millones distribuidos en tres líneas presupuestarias. Sin embargo, la ejecución es baja y ya se manejan diversos escenarios.

Personal de la Dirección Técnica del Presupuesto (DTP) expuso que los Codedes registran una ejecución del 17.11%, equivalente a Q2 mil 99 millones. Se prevé acelerar el gasto en los próximos meses para cerrar el año con unos Q6 mil 600 millones ejecutados, lo que representaría un 56% del total.

Esto implica que quedará un remanente de aproximadamente Q5 mil 900 millones. Al no utilizarse, ese saldo deberá regresar al fondo común del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).

El diputado Orlando Blanco, de la bancada VOS, indicó que se prepara una iniciativa de ley para que esos recursos no ejecutados puedan seguir utilizándose en 2026.

Aún sin propuesta formal

Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas, explicó que el asunto se está abordando, aunque reconoció que es una situación “difícil y compleja”.

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Detalló que, en años anteriores, los traslados de saldos dependieron de acuerdos gubernativos. Sin embargo, algunos de esos acuerdos fueron objeto de amparos por acciones de inconstitucionalidad, lo que impide repetir la misma fórmula. Por ello, los recursos deben ejecutarse conforme al marco legal vigente.

Otra opción sería elevar los techos presupuestarios “proyectando que quedará una cantidad determinada” que sirva para financiar a los Codedes.

“Sí se puede, pero hay que hacerlo de forma ordenada y bien pensada, para evitar que se declare inconstitucional o que se entrabe la ejecución”, declaró.

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Desde la perspectiva técnica, el saldo debería incluirse en el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos 2026, en lugar de crearse una ley específica.

En la propuesta de gasto para el próximo año que presente el Minfin, se debería declarar el aporte a los Codedes como recursos extraordinarios, y otro monto como recursos ordinarios. En la Comisión de Finanzas se podría incorporar una norma que disponga cómo se utilizará el remanente, lo que sería el escenario ideal.

Estrada advirtió que podrían presentarse desequilibrios financieros en las asignaciones a los Codedes, lo que podría generar problemas.

En la propuesta para el 2026 presentada en los talleres de Presupuesto Abierto, los Codedes tendrían una asignación de Q4 mil 300 millones.

Arévalo convoca a alcaldes para diagnosticar y revisar ejecución insatisfactoria de proyectos

Wed, 02 Jul 2025 11:01:00 +0000

Guatemala

Arévalo convoca a alcaldes para diagnosticar y revisar ejecución insatisfactoria de proyectos

El presidente pide a alcaldes revisar la ejecución de proyectos. Consultado sobre la baja ejecución de los Codedes, menciona el caso de Totonicapán, donde ya buscan identificar los “cuellos de botella” que retrasan las obras.

Sandy Pineda

2 de julio de 2025

05:01h

El presidente Bernardo Arévalo anunció la próxima ronda de reuniones con alcaldes para revisar la ejecución de proyectos municipales y analizar obstáculos en distintas regiones del país. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

El presidente Bernardo Arévalo confirmó este lunes 1 de julio que a partir de la próxima semana comenzará una ronda de reuniones con alcaldes de distintas partes del país. El propósito será acompañar la gestión municipal para mejorar la ejecución de los fondos asignados a proyectos de desarrollo.

“En los próximos días estaremos iniciando una ronda con los alcaldes de las distintas regiones del país para acercar posiciones, poder identificar proyectos y necesidades vinculadas a la obra pública municipal, y apoyar en la ejecución presupuestaria”, expresó el mandatario durante una conferencia en el Palacio Nacional de la Cultura.

También señaló que estas reuniones se realizarán por regiones y comenzarán en el Palacio Nacional durante la segunda semana de julio.

“Buscamos acompañar a la gestión municipal para asegurarnos de que los fondos son asignados y ejecutados de manera transparente”, añadió.

Al ser consultado, explicó que se revisarán casos con baja ejecución, como Totonicapán, donde ya trabajan la Secretaría de Planificación y la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia para identificar cuellos de botella y resolverlos.

Más de la mitad no supera el 15% de ejecución

Los datos oficiales de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) revelan que, a nivel nacional, los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) han ejecutado apenas un 12.19% del presupuesto vigente, equivalente a más de Q1 mil 273 millones de un total de Q10 mil 443 millones destinados a proyectos.

Sin embargo, el análisis por departamento muestra que 14 de los 22 departamentos (63.64%) se encuentran por debajo del 15% de ejecución. De estos, siete están incluso por debajo del 8%, con los peores registros en:

Izabal: 6.02%
Chiquimula: 5.80%
Alta Verapaz: 5.46%

La ejecución de obras también enfrenta un problema estructural, pues conllevan más de 220 pasos burocráticos, que pueden tardar hasta un año desde la planificación comunitaria hasta la firma de convenios necesarios para empezar los proyectos.

Además, la falta de coordinación entre municipalidades, gobernadores y entidades del Ejecutivo impide avanzar, pues sin convenios firmados no pueden adjudicarse contratos.

A esto se suma que, en muchos casos, se da prioridad a caminos vecinales, mientras que proyectos de agua potable, salud o educación siguen siendo limitados.

Se advierte falta de planificación

Para el economista Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), los datos actuales reflejan una alarmante falta de planificación técnica, en especial en los aportes extraordinarios incluidos en el presupuesto.

“De lo que han transferido los Codedes, que en realidad se traslada a las municipalidades, solo han ejecutado el 12%”, explicó. Esta baja ejecución se debe, según él, a que esos fondos no tienen respaldo en una planificación comunitaria, como sí ocurre con los aportes ordinarios.

“Nos oponíamos a los aportes extraordinarios en la ampliación presupuestaria porque no tenían proyectos identificados”, recordó.

De hecho, hasta la fecha, solo se ha ejecutado el 2.1% del aporte extraordinario del 2025, lo que confirma que el sistema requiere alrededor de 10 meses para alcanzar una ejecución del 50%, según Barrientos.

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También indicó que, después de la ampliación aprobada el segundo semestre del 2024, se ha ejecutado apenas el 49.3% de los Q1 mil 541.4 millones asignados en ese entonces.

Finalmente, advirtió sobre las consecuencias de acelerar la ejecución en lo que resta del año. “Estamos hablando de la calidad de las obras. No vaya a ser que, por presionar resultados, se terminen cometiendo los mismos actos de corrupción que ya hemos visto en municipalidades”, advirtió.

Según el economista, las decisiones políticas se han impuesto al criterio técnico, debilitando aún más la efectividad de los consejos de desarrollo.

Postura de Anam

El alcalde de Santa Catarina Pinula y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Sebastián Siero, aseguró que el principal obstáculo para ejecutar proyectos municipales financiados por los consejos departamentales de desarrollo (Codedes) son los ministerios, en especial los de Ambiente y Comunicaciones. “Hoy por hoy una licencia ambiental tarda cuatro veces más de lo que tardaba antes, y los avales del Ministerio de Comunicaciones ni siquiera salen”, afirmó, al señalar que el problema no es nuevo, pero se ha agravado.

Según Siero, los atrasos en los avales no son casuales. “Los ministerios, a propósito, no los otorgan, porque, al no darse y esos fondos no ejecutarse, eso le permite al Ministerio de Finanzas tener un bolsón más grande en saldos de caja, para después ser utilizados en una ampliación presupuestaria y poder, con ese dinero, comprar voluntades en el Congreso”, declaró.

El jefe edil también reclamó que el actual gobierno excluyó a la Anam del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), pese a que históricamente se le había otorgado una silla con voz, aunque sin voto. “Este es el primer gobierno en la historia que deja a la Anam fuera del Conadur”, subrayó, y lamentó que esa decisión les impida tener acceso directo a información clave sobre los proyectos del sistema de consejos de desarrollo.

A pesar de los obstáculos, indicó que desde la Anam se gestionan apoyos puntuales para los alcaldes, en especial cuando enfrentan rechazos de avales. En ese sentido, destacó la buena relación con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred). “Conred le rechaza de forma muy frecuente los avales a los alcaldes, pero mantiene con la Anam una vía de comunicación muy buena. Nos dicen por qué se rechazó, y nosotros ayudamos al alcalde para que lo sustente y le den su aval lo antes posible”.

Siero explicó que, debido a los constantes retrasos y a los plazos limitados, muchos alcaldes optan por proyectos más fáciles de ejecutar, como calles y pavimentos, en lugar de obras más complejas. “Empavimentar una calle se tarda dos meses, pero hacer un drenaje puede tardar 18 meses. Entonces, por eso se van por los pavimentos: porque los tiempos que quedan del año son muy cortos”, afirmó.

Además, alertó sobre el riesgo financiero que implica para las municipalidades no ejecutar los fondos a tiempo. “Ese contrato está vigente y la municipalidad tiene la responsabilidad financiera. Le toca reponer ese dinero que no se ejecutó con Codede”, señaló. Por ello, aseguró que los alcaldes reelectos han aprendido a enfocarse en proyectos de rápida ejecución para no arriesgar sus recursos propios.

Finalmente, apuntó que estos problemas no dependen solo de las municipalidades, sino del funcionamiento del Ejecutivo. “Si el presidente quiere levantar la ejecución, en eso se tiene que enfocar. No es necesario hacer un recorrido por el país para saber cuál es la respuesta a los atrasos: está en los avales que no salen”, sentenció.

Ejecución de obras se rezaga en 34 municipios

Mon, 26 May 2025 11:00:00 +0000

Fiscalización

Ejecución de obras se rezaga en 34 municipios

Los proyectos que se financian con fondos de los Codedes están a cero en el 10% de las localidades.

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26 de mayo de 2025

05:00h

El gasto para los proyectos de desarrollo en decenas de municipios continúa rezagado.(Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La ejecución de los fondos de los consejos departamentales de Desarrollo (Codedes) ha sido un cuestionamiento frecuente durante el gobierno del presidente Bernardo Arévalo.

A principios de su gestión, en el 2024, se señalaba que la demora en la elección de gobernadores había retrasado el uso de los fondos. Sin embargo, en el resto de los meses el patrón fue el mismo y continúa de la misma manera este año.

Hasta el 15 de mayo último, la ejecución de los más de Q12 mil millones para proyectos de desarrollo en los municipios no alcanza el 10%, de acuerdo con los datos del sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).

El fondo alcanzó esa suma debido a que, en el 2024, cuando fue aprobada la ampliación presupuestaria, se autorizó un aumento que duplicó la cantidad disponible.

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Luego, cuando el Congreso aprobó el presupuesto para este año, se adicionó dinero para los consejos, pero también que los fondos no ejecutados se trasladaran para los proyectos de arrastre y obras nuevas.

La ejecución sigue un ritmo lento y 34 de los 340 municipios a escala nacional reportan ejecución a cero y otros 122 no superan el 1%.

El departamento donde hay más municipios sin ejecución es San Marcos, seguido de Quiché y Alta Verapaz. También forman ese grupo municipios más cercanos a la capital, como Antigua Guatemala, Villa Canales y Mixco.

Algunas bancadas han dado seguimiento al tema, como los diputados de Vamos y Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (Vos). El jefe del bloque, Jairo Flores, indicó que preocupa el nivel de ejecución actual, porque no se ve reflejado el beneficio a la población.

En una de las citaciones más recientes, las autoridades del Minfin aseguraron que, en promedio, la ejecución debería de ir entre el 35% y el 40% para que puedan completarse todos los proyectos.

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Los municipios que llevan un mejor desempeño de la inversión de los fondos se acercan a esos niveles.

En ese rango se encuentra San Martín Zapotitlán, Retalhuleu, con 42%; La Gomera, Escuintla, y Santa Catarina Pinula, Guatemala, con 37%; Pasaco, Jutiapa, 33, y Sayaxché, Petén, 32%.

El diputado Mynor de la Rosa, de la bancada Vamos, añadió que el uso de los fondos también incentiva la economía, porque se convierten en fuentes de empleo para las localidades en las áreas técnicas y profesionales.

Rezago

La asignación de fondos para los Codedes ha sido criticada durante varios períodos de gobierno por ser poco transparente, estar sujeta a voluntades políticas y por poca efectividad en el uso de los recursos del Estado.

El diputado Flores insistió en que el Ejecutivo no debió trasladar tantos fondos a la instancia por intencionalidad política, considerando también los obstáculos en el uso de esos recursos.

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“Señalamos que por eso no era una buena idea trasladar fondos a los Codedes y que había una intencionalidad política”, comentó el diputado.

En los últimos 10 años, la ejecución no ha alcanzado ni siquiera el 85%, sin importar el monto total asignado. Aunque el año pasado fue el más bajo, con el 42%.

En mayo pasado, cuando se aprobó la ampliación presupuestaria, se cuestionó la inclusión de montos específicos por cada municipio.

Voces políticas y de la sociedad civil señalaron criterios políticos y no técnicos para esa repartición y el fondo de desarrollo se duplicó para el segundo semestre.

Para la distribución de los fondos a los consejos existe una fórmula que toma en cuenta criterios como la población urbana y rural, índice de desarrollo humano, recaudación fiscal e índice de pobreza extrema.

Sin embargo, en el gobierno de Alejandro Giammattei se asignaron fondos extraordinarios y esa práctica continuó en esta administración. Dicho dinero adicional no se rige estrictamente a esa fórmula, que se encuentra en ley.

“No fue una distribución donde se tomarán en cuenta criterios objetivos, como indicadores de pobreza, pobreza extrema, el Corredor Seco, desnutrición. No se tomaron en cuenta, fue producto de sus acuerdos políticos con diferentes bancadas”, criticó Flores.

Es por eso que al llegar el momento de aprobar el presupuesto para este año, los diputados oficialistas nuevamente propusieron un artículo con cantidades inamovibles por cada municipio, haciendo caso omiso a la lenta ejecución y a las críticas por aparentes negociaciones de dichos fondos a cambio de votos.

Además, aprobaron en el presupuesto que los fondos no ejecutados, que correspondían a más de la mitad, se utilizarán este año, poniendo un reto en las capacidades técnicas de los consejos, alcaldías, gobernaciones e incluso en las diferentes instituciones del Ejecutivo.

La Corte de Constitucionalidad (CC) frenó cuatro artículos de ese presupuesto, incluido el aporte a los Codedes. Por medio del Minfin, el Ejecutivo presentó una ampliación presupuestaria para cubrir los compromisos adquiridos, que fue aprobada en menos de 24 horas.

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Burocracia

El proceso de planificación de las obras de Codedes es largo y dura meses. Según la información del diputado Flores, es un procedimiento de más de 220 pasos.

La ejecución de las obras es responsabilidad de las alcaldías, para que los fondos sean trasladados es necesario suscribir convenios con los Consejos a través del gobernador departamental.

Antes de esto, se requiere que los proyectos se planifiquen con base en las necesidades que los consejos comunitarios elevan a los consejos municipales.

Se inicia el proceso de conformación de expediente por parte de las alcaldías, los estudios técnicos correspondientes, dictámenes jurídicos, avales de las instituciones según el tipo de proyecto y aprobaciones necesarias. Varios alcaldes consideran que la duración del proceso para obtener fondos para una obra es de un año.

De acuerdo con el portal de Control y Desembolsos a los Consejos de Desarrollo (Codet), al menos dos mil 370 proyectos están con algún trámite pendiente y uno rechazado, solo de los proyectos que deben ejecutarse este año.

En ese sentido, Zacapa, Retalhuleu y Totonicapán son los departamentos que tienen más porcentaje de obras pendientes de aprobación. Estos mismos departamentos no son ni los que tienen más presupuesto asignado ni más obras.

En una citación de Vamos, la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) aseguró que el avance es responsabilidad de los jefes ediles, aunque De la Rosa considera que la responsabilidad es compartida entre todas las entidades.

“Los convenios le dan vida a la gestión, sin esos no pueden suscribir los contratos de las obras para ejecutar”, refirió el diputado.

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Desarrollo

Los fondos deben gestionarse para proyectos de desarrollo para las comunidades como agua, saneamiento, educación, salud e infraestructura. Los reglamentos vigentes fijan porcentajes por cada tipología para que respondan a las necesidades reales y no políticas de los municipios.

Aunque estas pueden ser modificadas, el año pasado se incluyeron también proyectos de infraestructura turística.

Sin embargo, ese candado solo es aplicable a los fondos ordinarios, no a los que se asignan de manera extraordinaria.

De acuerdo con los datos de SCEP para noviembre del año pasado se había otorgado cinco mil solicitudes para proyectos de educación, cuatro mil para infraestructura vial, mil 500 para agua potable y 900 para drenajes.

El diputado Flores comentó que la mayor parte de proyectos son carreteras, según la información que como bancada han tenido a la vista, lo cual es otro tema que preocupa.

“La mayoría de obras son caminos vecinales, rurales, los que les gustan a los alcaldes, pero nos preocupa no ver proyectos de educación y de agua y saneamiento, que son los dos componentes más importantes en los que debería de estar priorizando el Gobierno”, cuestionó Flores.

Programas sin apoyo

Integrantes del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) indicaron que para este año uno de los proyectos sacrificados fueron los Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia (Caimus).

Únicamente se logró incluir uno en Quetzaltenango.

“No es de interés directamente de los alcaldes, y siempre hay trabas con los avales en el Ministerio de Gobernación, porque no le dan seguimiento”, expresó Patricia Lopez, representante de las organizaciones de mujeres ante el Conadur.

Conozca las obras por las que el alcalde de La Unión, Zacapa, señala al diputado Julio Portillo de exigirle comisión

Wed, 09 Apr 2025 02:30:00 +0000

Guatemala

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Conozca las obras por las que el alcalde de La Unión, Zacapa, señala al diputado Julio Portillo de exigirle comisión

Los contratos que suman más de Q17.5 millones en fondos del Codede desataron señalamientos y denuncias entre el alcalde de La Unión y un diputado de Zacapa.

Sandy Pineda

8 de abril de 2025

20:30h

Conflicto entre alcalde de La Unión, Zacapa, Edvin Gustavo Galván y el diputado Julio César Portillo Paz, escaló a denuncias. (Foto Prensa Libre: FB)

Una controversia se generó el pasado 31 de marzo, cuando el diputado Julio Portillo visitó La Unión, Zacapa, para fiscalizar obras municipales. Luego de eso, el alcalde Edvin Gustavo Galván publicó en sus redes sociales que se sintió amenazado y denunció haber sido extorsionado, al igual que contratistas que trabajan para la comuna.

Añadió que lo sucedido el 31 de marzo del 2025 fue un acto de abuso de autoridad por parte de Portillo. “Pero eso no es nada comparado con todas las extorsiones que hemos recibido, tanto mi persona como las empresas que trabajan en La Unión”, expresó el jefe edil, quien agregó que no han accedido a las exigencias del congresista.

Galván señala al legislador de solicitar presuntamente el 20% de comisión por proyectos vinculados con la Gran Cruzada por la Nutrición, y el 10% para acceder a los fondos del Codede.

La serie de proyectos financiados con recursos del Consejo Departamental de Desarrollo (Codede) en La Unión, Zacapa, está en el centro de una controversia, debido a denuncias por presuntos cobros ilegales y al cruce de señalamientos entre los dos funcionarios.

Se trata de al menos 15 contratos de obras de infraestructura que, en conjunto, suman Q17 millones 565 mil 277. Los proyectos incluyen el mejoramiento de calles rurales, el remozamiento o construcción de centros educativos y la edificación de un centro comunitario.

Necesidades comunitarias

Taguayní, una aldea en La Unión, Zacapa es un municipio con necesidad de 58 aulas para atender a más de 1 mil 700 estudiantes del nivel básico, según el último reporte oficial.

La aldea espera desde 2023 la ampliación del Instituto de Educación Básica que fue construido “con material de poca calidad” y que se ha quedado pequeña para atender el aumento de alumnos de los últimos años.

Ante la necesidad, la comunidad se acercó a las autoridades y lograron que en el presupuesto de 2025 se incluyera el proyecto para la ampliación del instituto con Q2.6 millones de fondos del Consejo Departamental de Desarrollo (Codede).

Tres meses después, la obra no ha arrancado al igual que otros 15 proyectos por Q17 millones que son el foco del supuesto cobro de sobornos por parte del diputado Julio Portillo.

Todas las intervenciones están localizadas en comunidades del municipio de La Unión, y no reportan ningún avance de ejecución. Entre los proyectos destacan:

Ampliación del Instituto Básico de la aldea Taguayní, por Q2.5 millones
Construcción de la Escuela Primaria en la aldea Joconal, por Q2.6 millones
Centro Comunitario de Salud en la aldea Timushán, por más de Q1.8 millones
Mejoramiento escolar en la aldea Pacayalito, por Q895 mil
Ampliación Escuela Primaria de la aldea La Laguna Abajo, por Q1.6 millones.
Mejoramiento Escuela Primaria de la aldea La Jigua, por Q1.5 millones.
Mejoramiento de calles rurales en varias aldeas, por Q895 mil
Mejoramiento de accesos a Capucalito y Roblarcito, por Q850 mil.

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Partido inicia proceso de expulsión

Ante el cruce de señalamientos, el Comité Ejecutivo del partido político Cabal inició de forma inmediata el proceso de expulsión del diputado Julio César Portillo Paz, a quien el alcalde de La Unión, Zacapa, Edvin Gustavo Galván, acusa de exigir comisiones a cambio de proyectos.

“Ante los hechos que son de conocimiento público, señalados en contra del diputado Julio César Portillo Paz, se tomó la decisión de iniciar el proceso de su expulsión a través del Tribunal de Honor”, informó el partido Cabal en un comunicado.

Se defiende

Portillo, por su parte, indicó que presentó una denuncia contra el acalde Galván por los delitos de difamación y abuso de autoridad.

Según el congresista, lo publicado por Galván es falso, por lo que instó al alcalde a presentar las pruebas ante el Ministerio Público, en lugar de hacerlo por redes sociales.

“Las denuncias se hacen en el MP y no en Facebook, porque para denunciar uno tiene que tener pruebas. Que me quiten el antejuicio, para eso estamos”, dijo el legislador.

En cuanto al proceso de expulsión, Portillo afirmó que fue el Comité Ejecutivo y Edmond Mulet quienes firmaron la solicitud. Defendió su derecho de antejuicio y sostuvo que mantiene la presunción de inocencia.

“No he cometido ningún delito. Tengo derechos, como derecho de antejuicio”, aseguró, y afirmó que no existen pruebas en su contra.

Ejecución de codedes desata señalamientos y denuncias entre alcalde y diputado de Zacapa

Tue, 01 Apr 2025 19:54:19 +0000

Guatemala

Ejecución de codedes desata señalamientos y denuncias entre alcalde y diputado de Zacapa

El 31 de marzo, el diputado Julio Portillo visitó La Unión, Zacapa, para fiscalizar obras municipales. Sin embargo, después de su visita, el alcalde Edvin Gustavo Galván publicó en sus redes sociales que se sintió amenazado y denunció haber sido extorsionado, al igual que contratistas que trabajan para la comuna.

Rubén Lacán

1 de abril de 2025

13:54h

Alcalde de La Unión, Zacapa denuncia en redes sociales que el diputado Julio Portillo le exigía dinero de obras públicas, pero el congresista dice que los señalamientos son falsos. (Foto Prensa Libre)

El 31 de marzo, el diputado Julio Portillo visitó La Unión, Zacapa, para fiscalizar obras municipales. Sin embargo, después de su visita, el alcalde Edvin Gustavo Galván publicó en sus redes sociales que se sintió amenazado y denunció haber sido extorsionado, al igual que contratistas que trabajan para la comuna.

El alcalde Galván publicó en sus redes sociales que lo sucedido el 31 de marzo fue un abuso de autoridad por parte del diputado Julio Portillo.

“Pero eso no es nada comparado con todas las extorsiones que hemos recibido, tanto mi persona como las empresas que trabajan en La Unión”, afirmó el jefe edil.

Agregó que no han accedido a las exigencias del congresista, quien presuntamente solicita el 20% de comisión a cambio de los proyectos de la Gran Cruzada por la Nutrición y el 10% para acceder a los fondos del Consejo Departamental de Desarrollo (Codede).

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“Por temor a que algo me ocurriera no había presentado la denuncia, pero esto se salió de control al invadir la autonomía municipal”, escribió Galván.

También señaló que el diputado Portillo iba acompañado por dos personas que identificó como futuros aspirantes a la alcaldía de La Unión, quienes intervinieron en la actividad repartiendo bolsas con arroz a los niños.

“Eso no va a solucionar la problemática del municipio”, advirtió el alcalde.

Asimismo, responsabilizó al legislador de cualquier atentado contra su integridad física y la de su familia.

“Ya me encerró una vez donde venden cemento, adelante de Valle Dorado”, denunció Galván.

Los señalamientos los hizo el alcalde Galván a través de Facebook. Para esta nota se intentó contactar directamente al jefe edil, pero no atendió las llamadas, ni los mensajes.

Diputado rechaza señalamientos

El diputado Portillo, sobre los señalamientos que hizo el alcalde de La Unión luego de su visita, afirmó que decidió presentar una denuncia en contra del jefe edil por los delitos de difamación y abuso de autoridad.

Según el congresista, lo publicado por Galván es falso, por lo que invitó al alcalde a presentar las pruebas ante el Ministerio Público, en lugar de hacerlo a través de las redes sociales.

“Las denuncias se hacen en el MP y no en Facebook, porque para denunciar uno tiene que tener pruebas. Que me quiten el antejuicio, para eso estamos”, dijo el legislador.

Portillo, que ganó su curul por el partido Cabal, también acusó al alcalde de utilizar a los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocode) para desinformar sobre los hallazgos efectuados durante la fiscalización.

Afirmó haber evidenciado posibles anomalías en seis construcciones que realiza la comuna de La Unión, Zacapa, y señaló que existe nepotismo, ya que familiares del alcalde trabajan en la municipalidad.

Recordó que en agosto de 2021 Fredy Cordón Galván, hermano del jefe edil, fue asesinado presuntamente por vínculos con el narcotráfico.

El diputado expresó su temor de ser involucrado si algo le ocurriera al alcalde, por parte de “sus enemigos”.

Codedes 2025: baja ejecución y alta opacidad en el gasto público

Mon, 31 Mar 2025 06:01:00 +0000

Guatemala

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Codedes 2025: baja ejecución y alta opacidad en el gasto público

El presupuesto vigente asignado para este año duplicó la asignación del cierre de 2024 y llega a Q12 mil 269.6 millones.

Lorena Álvarez

31 de marzo de 2025

00:01h

Los Codedes, con una asignación total por Q12 mil 269 millones, muestran una ejecución del 0.98%. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

No causa sorpresa que, en la última semana para cerrar el primer trimestre de 2025, la ejecución de los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes) corresponda al 0.98 % del voluminoso techo de gasto que el Congreso de la República y el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) consensuaron por Q12 mil 269.6 millones.

Las alertas se hicieron previo a la aprobación del proyecto de presupuesto del Estado en noviembre del 2024, que en el dictamen de la Comisión de Finanzas y Moneda y en el pleno del Congreso se modificó para asegurar más recursos a los Codedes, a partir de negociaciones políticas y amparado en el Decreto 27-2024, Ley para la Agilización en la Ejecución de Obras de los Consejos.

De esa manera, el monto inicial de Q4 mil 322 millones para el sistema de Consejos de Desarrollo, incluyendo cerca de Q23 millones del Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación (Fonpetrol) y Q4 mil 299.1 millones de la asignación del IVA-Paz, ha llegado a la cifra más elevada desde su creación, a pesar de la baja ejecución en obras, la corrupción y la politización en el uso de los recursos.

En agosto del año pasado, el Congreso avaló una ampliación extraordinaria de Q1 mil 875 millones para los Consejos, que habían arrancado con más de Q4 mil millones asignados y finalizaron el ejercicio fiscal con un presupuesto de Q6 mil 412 millones. Según el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), al cierre de 2024 la ejecución fue del 52 %, dejando más de Q3 mil millones de arrastre para 2025.

En febrero de este año, el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, llevó al Legislativo una iniciativa para ampliar el presupuesto en Q4 mil 176 millones y salir al paso de la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) de suspender provisionalmente cuatro artículos —entre ellos, un aporte a los Codedes—, luego de una acción legal que presentó el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).

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La propuesta fue aprobada de urgencia nacional por el pleno un día después de recibirla, y entre otros rubros, se restituyeron Q1 mil 891 millones para los Codedes. Hasta el cierre de esta nota, la asignación está en el gasto de Obligaciones a Cargo del Tesoro y tiene como destino inversión multirregional de los Consejos, según el Sicoin.

Trimestre sin resultados

Carlos Gossmann, coordinador del área de Presupuestos Públicos y Derechos Humanos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), atribuyó la baja ejecución que muestran los Codedes a que “no estaban preparados”.

“Además de que se trata de una asignación espuria, hecha sin tener los proyectos o las obras que se iban a ejecutar, este es un tema complejo porque no se puede preparar en un par de semanas un proyecto, sino que les llevará al menos un mes o hasta seis meses”, explicó.

Gossmann refiere que el portal de Control de Desembolsos y Transferencias a los Codedes (Codet) refleja principalmente lo asignado del presupuesto ordinario (1 punto porcentual del IVA-Paz), y aún no está completa la información de las transferencias extraordinarias, debido a que no se cuenta con la planificación ni los avales.

En este portal, a cargo de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) y del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), el monto vigente para los Consejos es de Q5 mil 503.9 millones, mientras que en Sicoin la cifra asciende a Q12 mil 269 millones.

EN ESTE MOMENTO

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El riesgo, a decir de Gossmann, de dejar asignaciones extraordinarias sin planificación previa es lo tardío de la aprobación, a diferencia de los proyectos considerados en el aporte ordinario, que ya cuentan con los avales y estudios que solicita Segeplan para incluirlos en el presupuesto. Pero con los fondos extras “están viendo cómo se gasta”.

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), afirmó: “La ejecución del presupuesto a través de los Codedes es un mecanismo que genera muchas dudas por la poca eficiencia y transparencia en la calidad del gasto público”.

Este tipo de inversión debería comenzar a pensarse en realizarse mediante otros mecanismos que fomenten más eficiencia, dijo Zapata, al recordar que Segeplan tiene poca capacidad para fiscalizar dichos recursos.

Se consultó al Minfin acerca del bajo nivel ejecutado por los Consejos y las nuevas asignaciones, pero respondió que únicamente hace el traslado de recursos, por lo que el tema debe consultarse directamente con los responsables de la ejecución, es decir, los Codedes.

Gasto politizado

En el 2024 y 2025 se hicieron asignaciones por decisión política, entre ellas los Q1 mil 870 millones para los Codedes, además de la disposición de mantener los saldos no ejecutados en lugar de trasladarlos al Fondo Común, como se establece en la Ley Orgánica del Presupuesto, indicó Gossmann.

El modelo de los Consejos, en un escenario de gestión municipal eficiente —que atienda las necesidades de la población, cumpla con la Ley de Contrataciones, tenga transparencia en el gasto, y evite la corrupción y los sobreprecios—, podría funcionar bien, aseguró el economista del Icefi.

Pero añadió que el problema, en muchos casos, es que los Codedes se prestan a entrar en mecanismos y redes de corrupción coludidas con partidos políticos, diputados y otros actores, lo que genera desconfianza en el manejo de los recursos y los proyectos.

A la fecha, según la información del tablero de ejecución de los Codedes, se han ejecutado Q119.7 millones, siendo los rubros de aguas residuales, transporte por carretera y abastecimiento de agua los tres destinos principales. El portal también muestra un mapa por departamento con montos de ejecución e indica que, hasta completar la reprogramación de obras, se tendrá información a nivel municipal.

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Se solicitó información sobre la reprogramación y ejecución presupuestaria de los Codedes a la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, pero remitieron a la información publicada en los portales y a Segeplan. Al cierre, no se obtuvo respuesta.

Carlos Barreda, diputado al Parlacen por el partido Voluntad, Oportunidad y Desarrollo (VOS), cuestionó la falta de destino claro de los recursos para los Codedes: “Falta conocer qué tipo de obra es la que se incluye. En su mayoría lo van a destinar a caminos rurales, porque solo llevan maquinaria para compactar la tierra y echar una capa de balastro”, agregó.

Otros inconvenientes que señaló son la aprobación de obras por debajo de Q1 millón para evitar las cotizaciones, así como la asignación de Q400 millones al Ministerio de la Defensa, que se utilizarán con la misma finalidad, es decir, para el mejoramiento de caminos rurales.

El CIV y los Codedes no logran arrancar como apuesta para dinamizar la economía

Mon, 17 Mar 2025 06:10:00 +0000

ejecución presupuestaria

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El CIV y los Codedes no logran arrancar como apuesta para dinamizar la economía

Una baja ejecución presupuestaria en el rubro de inversión pública se reporta en el primer trimestre del 2025, sobre todo en el CIV y Codedes, que es la apuesta para este ejercicio del gobierno para lograr un mejor crecimiento económico.

Lea también: Oficialismo se receta ampliación por Q4 mil 166 millones tras suspensión de artículos del presupuesto 2025

17 de marzo de 2025

00:10h

La asignación presupuestaria para Desarrollo de Infraestructura Vial del Micivi, lleva una ejecución del gasto 2.38%. (Foto Prensa Libre: Emilio Chang)

La ejecución presupuestaria en los rubros que tienen un alto componente de inversión pública como carreteras o la construcción de obra gris, reportan una débil erogación.

En un primer trimestre aún es prematuro decir si ralentizará la economía y habría que esperar el comportamiento de un segundo trimestre para tener más claro una perspectiva, pero hay un contexto de incertidumbre internacional por la vía de las remesas familiares y en las exportaciones.

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En una citación en el Congreso, las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) aclararon que solo el 8% de la red vial recibe mantenimiento. De parte de la Dirección General de Caminos, no hay un tramo u obra que “arranque” la inversión pública y la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) mantiene activos 44 eventos que en su mayoría son de mantenimiento, entre limpiezas y bacheos de los tramos.

Se le conoce como inversión pública a los recursos destinados a proyectos de infraestructura de todo tipo, como la vial, de salud, educativa y en general todas las necesidades de infraestructura que hay en el país.

Los principales brazos de ejecución de inversión pública es el Micivi, por el lado de la red vial y los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) que reciben un aporte del impuesto al valor agregado recaudado (IVA paz) pero que en este presupuesto que aprobó el Congreso de la República en noviembre pasado recibieron un aporte extraordinario de Q5 mil millones.

¿Qué reflejan las cifras?

En el rubro de Desarrollo de Infraestructura Vial del Micivi, la ejecución del gasto (al 13 de marzo) es de apenas 2.38% que es lo que incluye para Caminos o sea de proyectos nuevos, por un monto de Q73.3 millones. Lo asignado para este año es de Q4 mil 842 millones.

Esta es la asignación más significativa que puede mover la inversión pública.

“Los Codedes están manejando un presupuesto mayor a los Q10 mil millones para este ejercicio y es preocupante observar un “muy bajo ritmo de ejecución en la inversión del 2% en el aporte ordinario y cero por ciento en el aporte extraordinario”

Érick Coyoy, analista Asíes

En los aportes a los Codedes se registra una ejecución del 1.55% con Q66.8 millones y una asignación de Q4 mil 322 millones. En ese mismo esquema, los aportes de saldo a los Codedes decreto 24-2024 cero ejecuciones al igual que el aporte extraordinario decreto 36-2024 que aprobó el Congreso de la República por Q5 mil 12 millones.

Es decir que en su conjunto las asignaciones para el Micivi y Codedes para inversión pública es de Q14 mil 176 millones para este ejercicio.

Para las Municipalidades se registra una ejecución del 24.58% por un monto de Q3 mil 290 millones.

¿Qué significa?

Julio Héctor Estrada Domínguez, presidente de la comisión de Finanzas del Congreso y Érick Coyoy analista de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes) brindaron una explicación sobre la baja ejecución observada en el primer trimestre y que envían ciertas señales en al sistema productivo.

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Estrada Domínguez, expuso que es un factor importante en la dinamización de la economía guatemalteca y el crecimiento económico también se presenta por una demanda agregada por los servicios del sector público, sobre todo en inversión en infraestructura, pero ahí la ejecución es particularmente baja a nivel de los Codedes, del Micivi y toda la parte de inversión del Ejecutivo.

“Siempre se toma un poco arrancar (la inversión pública) pero ahora esta arrancando más lento de lo normal y lo más importante es que dinamice de aquí en adelante, porque hay una parte importante de presupuesto para inversión local que puede dinamizar la economía a nivel nacional, que es la parte de la razón de la aprobación del plan de gasto”, apuntó.

Recordó que este año se presenta un “ruido” en la economía sobre todo en la parte de Estados Unidos, “con sus altibajos”.

“Un factor importante en la dinamización de la economía guatemalteca y el crecimiento económico también se presenta por una demanda agregada por los servicios del sector público, sobre todo en inversión en infraestructura”

Julio Héctor Estrada Domínguez, presidente de la Comisión de Finanzas

Para Coyoy, los Codedes están manejando un presupuesto mayor a los Q10 mil millones para este ejercicio y es preocupante observar un “muy bajo ritmo de ejecución en la inversión del 2% en el aporte ordinario y cero por ciento en el aporte extraordinario, por lo que es lamentable ya que en mayo comienza el régimen de lluvias y lo ideal es aprovechar al máximo posible la época seca para que los proyectos avancen con mayor rapidez”.

“Estamos a mitad de marzo y la ejecución va muy lenta y ojalá que se pueda aprovechar el verano porque en mayo con las lluvias se ha difícil avanzar en la red vial”, agregó.

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Estrada Domínguez, reiteró que lo más preocupante es que no se está observando la no ejecución de un mantenimiento preventivo de carreteras, que se tiene que hacer antes del invierno, porque al no hacer limpieza provoca filtraciones, drenajes tapados provocan problemas en los cruces de agua y se anticipan que no habrá trabajos antes que comiencen las lluvias. “No se ha visto ningún programa de contingencia de parte del Ejecutivo, nada en especificó”, aseguró.

Riesgo para crecimiento económico

Uno de los argumentos que el Ministerio de Finanzas presentó para la solicitud del presupuesto 2025, es el componente de inversión pública y las autoridades de la banca central, han proyectado un crecimiento del PIB para 2025 del 4% como valor central.

Entonces, una de las explicaciones dadas a conocer para lograr esa senda de crecimiento del 4% que es positivo para este año, se explica por la ejecución del gasto estatal para que invierta en infraestructura y que aumente la productividad; que la ejecución del gasto público surja en los tiempos programados, para lograr una ejecución del 91% para el cierre del año. Las condiciones pueden mejorar si se logra el cien por ciento del gasto.

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Para Estrada Domínguez, este primer trimestre no puede ser tan critico en cuanto a la inversión pública, pero el clave será el segundo trimestre, y hubo continuación en proyectos de Codedes porque se permitió que arrastraran los fondos no ejecutados el año pasado.

“El siguiente trimestre, que, si no se empiezan las obras y avanzan con mucho de infraestructura vial, se van a entrampar, se va a subejecutar, no va a haber inversión y eso debilitará el crecimiento del PIB que es el gasto expansivo”, resaltó el presidente de la Comisión de Finanzas.

El analista de Asíes es de la idea que sin duda si no hay ejecución del gasto público para el siguiente trimestre, si afectará el crecimiento económico este año que es de 4% que sería mejora al del 2024, que está vinculado a que se mantenga el dinamismo de las remesas familiares y de la inversión pública se agilice y que tenga un mejor desempeño que el año pasado.

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“Si el desempeño de la ejecución en inversión no mejora, definitivamente será difícil lograr ese mejor ritmo de crecimiento, y se estaría más bien a cifras similares al año pasado”, afirmó.

Aseguró que en ese contexto aún todavía no se tiene claridad las medidas del nuevo gobierno de Estados Unidos, y las exportaciones de vestuario en enero pasado ya tuvieron una disminución del 20%, que es producto de la incertidumbre, por lo que el Gobierno y el Minfin deberían de hacer más agiles en la ejecución para compensar cualquier efecto negativo en la economía por caída de las exportaciones o por las transferencias familiares.

Medidas contra cíclicas

Las medidas contra cíclicas son aquellas, que cuando la tendencia internacional de la economía es hacia la baja, que, para el caso de Guatemala, sigue un comportamiento negativo de las exportaciones o que si la tendencia de las remesas fuera a la desaceleración o caída, la inversión pública sería el mecanismo de compensar esa pérdida del dinamismo.

Está sería el mecanismo para contribuir al crecimiento económico, pero que eso implica, en que se debe mejorar la capacidad de ejecución del Gobierno, pero ahora no se observa un cambio notable y habría que esperar que iniciativas se están pensando.

Cámaras empresariales critican ampliación del presupuesto 2025 y la califican de “irresponsable”

Fri, 14 Feb 2025 11:00:00 +0000

Gasto Público

Cámaras empresariales critican ampliación del presupuesto 2025 y la califican de “irresponsable”

La Cámara de Industria de Guatemala califica de “irresponsable” la ampliación al presupuesto del Estado aprobada por el Congreso y considera que afectará la estabilidad macroeconómica del país, Camagro señala tres factores, y Cacif que se debe fiscalizar el destino de los fondos.

Rosa María Bolaños

14 de febrero de 2025

05:00h

Frente al Congreso personas de varias organizaciones, entre ellas personas jubiladas, se han manifestado pidiendo que se aprueben recursos o más apoyo para su sector. (Fotos, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

El presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), Raúl Bouscayrol se pronunció en contra de la ampliación al presupuesto del 2025 por Q4 mil 166.7 millones.

“Como sector industrial, expresamos un gran rechazo por la ampliación presupuestaria presentada por el Ministerio de Finanzas y aprobada por el Congreso de la República”, añadió.

Dicha ampliación fue presentada por el Organismo Ejecutivo el lunes 10 de febrero mientras que el 11 fue aprobada de urgencia nacional con el decreto 1-2025 del Congreso.

La ampliación es la medida tomada por esos organismos luego de que a finales de enero la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió de forma provisional cuatro artículos por la acción de inconstitucionalidad presentada por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).

“Esta ampliación de Q4 mil 166 millones es una decisión irresponsable. La asignación de Q1 mil 900 millones a los Consejos Departamentales de Desarrollo, cuando estos han demostrado poca capacidad de ejecución y cuyos resultados no reflejan atender las prioridades de la población, es una decisión desacertada”, indicó el directivo del sector industrial.

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También señaló que generar más endeudamiento para cubrir rubros como pagos a las clases pasivas civiles tendrá consecuencias en el mediano y largo plazo en la estabilidad macroeconómica que se le reconoce al país. “Como sectores y sobre todo, como guatemaltecos, no debemos permitir que por decisiones políticas de corto plazo se ponga en riesgo el futuro de la nación”, insistió.

Tres preocupaciones de Camagro

En tanto, Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro de Guatemala (Camagro), mencionó tres aristas: el alto nivel de endeudamiento, poca capacidad para usar el dinero, y que se le otorgue más dinero a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), sin los controles adecuados.

En el primer punto, expuso que el presupuesto del 2025 ya tiene más gastos que ingresos, y que esta ampliación solo aumenta ese problema, por lo que considera que el Estado debería enfocarse en gastar e invertir mejor los recursos y reducir las deudas para no poner en riesgo la economía del país.

Además, que en el 2024 se evidenció la poca ejecución, es decir, las entidades del Ejecutivo no logran gastar bien y a tiempo el presupuesto. Mientras que en lo que va del 2025 observa que “va por el mismo camino”.

La ejecutiva refirió, que esta tendencia suele llevar a gastar de prisa al final del año, con compras mal planificadas o proyectos de mala calidad mientras que otros proyectos se quedan a medias o se atrasan, lo que termina costando más dinero después.

Por lo anterior, menciona que es más importante aumentar la capacidad de ejecución, calidad y transparencia en el gasto, que aumentar el monto. “Ampliar sin resolver estos problemas de ejecución y transparencia no son la mejor ruta”, expresó.

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En el tercer punto, señala que gran parte de la ampliación va dirigida a los Codedes, los cuales “han sido criticados por usar el dinero de forma política o clientelar la y sin transparencia”, por lo que considera que se aumenta el riesgo de mal uso de los recursos y no lleguen a reflejarse en los servicios o infraestructura necesarios en los departamentos.

Cacif: Se cumplió con el proceso, pero se debe ejecutar bien y fiscalizar

Consultada respecto de la ampliación presupuestaria, Carmen María Torrebiarte, presidenta del Cacif, dijo que esta fue aprobada siguiendo los pasos del procedimiento que debía de seguir, ya que fue presentada como iniciativa de ley por el Ministerio de Finanzas y aprobada por el Congreso.

Seguir el procedimiento correspondiente por cada entidad es parte de lo que pidió Cacif a la CC en su acción de inconstitucionalidad, recordó la directiva.

La organización empresarial presentó en enero dicha acción en contra de los artículos 118, 130, 135 y 137 del presupuesto 2025, argumentando que se dejaba al Organismo Ejecutivo la facultad de ampliar el presupuesto sin necesidad de pasar por la aprobación del Congreso. Estos estaban dirigidos a los Codedes, clases pasivas del Estado, ampliación para ejecutar fondos provenientes de donaciones y cubrir los compromisos con los veteranos militares.

Con el decreto aprobado esta semana para la ampliación presupuestaria se derogan dichos artículos.

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“Si vamos a lo general se siguió con el procedimiento”, sin embargo, hay temas en los que se tienen que trabajar como una buena ejecución por parte de las entidades, que se use para lo que debe de ser, y que se fiscalice tanto por parte del Estado como por parte de los diferentes sectores el destino de los fondos, explicó la directiva.

Torrebiarte criticó que el gobierno está pidiendo ampliaciones cuando ni siquiera está terminando de ejecutar lo que ya tiene.

“Al final del día es parte del trabajo de las auditorias de los sectores acerca de que haya un uso adecuado de los fondos”, añadió.

El decreto 1-2025

El decreto del Congreso aprobó los siguientes rubros:

Q1 mil 891.7 millones para los Codedes, producto de los recursos no ejecutados en la Gran Cruzada por la Nutrición de 2022, que son Q350 millones y los saldos no ejecutados de los recursos extraordinarios no usados el año pasado, equivalentes a Q1 mil 541 millones. Los Codedes ya tienen Q12 mil 370 millones asignados para este año.
Q1 mil 625 millones para cubrir los desembolsos para las Clases Pasivas del Estado. En total se necesitaban Q2 mil 125 millones; sin embargo, semanas atrás, el Ministerio de Finanzas publicó una ampliación de saldos de caja para este rubro por Q800 millones, aunque para los diputados existían dudas sobre si tenían vigencia, debido a que se publicó después de la suspensión de la CC.
Q56.5 millones de espacio presupuestario para el Seguro Paramétrico, que serviría para disponer de recursos en casos de emergencia.
Q393.5 millones de espacio presupuestario para el Programa de Reducción de Emisiones (ERPA), conocidos como Bonos de Carbono.
Q200 millones para Servicios de la Deuda Pública.

Sin embargo, hubo otros artículos aprobados y otro grupo que no fue aprobado, según se detalla en la nota: Oficialismo se receta ampliación por Q4 mil 166 millones tras suspensión de artículos del presupuesto 2025.

Presupuesto 2025: Finanzas modificó plazos de apertura del gasto y así será la integración de las asignaciones

Sat, 18 Jan 2025 11:00:00 +0000

plan de gasto

Presupuesto 2025: Finanzas modificó plazos de apertura del gasto y así será la integración de las asignaciones

El Ministerio de Finanzas hizo una modificación al acuerdo gubernativo con el cual se abrió el gasto para el presente ejercicio fiscal y se espera la integración de las asignaciones que aprobó el Congreso de la República.

Miguel Barrientos, Urias Gamarro y Henry Montenegro

18 de enero de 2025

05:00h

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda tendrá una reducción en su presupuesto durante 2025. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La modificación de los artículos 21 y 22 con el cual el Ministerio de Finanzas (Minfin) hizo la apertura del presupuesto 2025 que alargaba los plazos para incluir las modificaciones de incrementos y disminuciones que se aprobaron en la “Ley del presupuesto general de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2025”, fue publicada ayer en el Diario de Centro América y corrige una fricción generada esta semana entre varios diputados y funcionarios del Minfin.

Ahora las entidades de la Administración Central deberán de gestionar los expedientes y comprobantes el martes 22 de enero; y las entidades Descentralizadas tienen hasta el 14 de febrero, según el acuerdo gubernativo 7-2025 del Minfin que a su vez modifica el acuerdo gubernativo 271-2024 que es la “Distribución Analítica del Presupuesto” publicado el pasado 27 de diciembre y que daba otros plazos.

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Es decir, a las entidades a las cuales se les disminuirá su presupuesto tendrán que presentar los expedientes y comprobantes para hacer los débitos la próxima semana, al igual de preparar las asignaciones para las entidades que van a recibirlos como crédito, para cargar los programas al Sistema de Integración de Contabilidad Integrada (Sicoin).

Ahora el Minfin hace la modificación con fundamento para el cumplimiento del artículo 129 de la Ley del Presupuesto, en la cual se incluye la asignación extraordinaria de Q5 mil 12 millones para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes).

Esta situación generó un reclamo por diputados de oposición y jefes de bancada al ministro de Finanzas el ministro de Finanzas Jonathan Menkos Zeissig, durante la mañana del pasado martes 14 previó a la toma de posesión de la nueva junta directiva en el Congreso, así como la presentación del informe del primer año de gestión del presidente Bernardo Arévalo, porque no estaba “cargado” en el Sicoin las ampliaciones y disminuciones.

La normativa indica que todo gasto aprobado que no esté registrado ni respaldado en el Sicoin, no podrá ejecutarse.

Esperan ejecución

Consultado Julio Héctor Estrada Domínguez, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, declaró que ahora se modifica el acuerdo de apertura del presupuesto 2025 al colocarse plazos más cortos para completar los expedientes y los procesos de integración de art 129 para completar el proceso de apertura.

A su consideración, el diputado mencionó que a finales de enero debería estar cargado todo en el Sicoin para empezar a ejecutar. “Ya se ve en el sistema que están trabajando a las entidades a las cuales hay que reducir sus asignaciones, las fuentes de financiamiento y luego a las entidades a las cuales se les subirá las asignaciones”, declaró.

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Remarcó que este es un avance en el proceso que debe completar de manera administrativa el Minfin para la apertura del presupuesto 2025 y a todas las entidades a las cuales se les incrementa sus gastos como Organismo Judicial, ministerio de la Defensa, Registro Nacional de Personas; Contraloría General, entre otras instituciones que están en ese articulado y que deben incluirse.

“Hay confianza con el ministerio de Finanzas actuando sobre sus procedimientos y cuando se complemente los procesos se procederá a la ejecución que es lo importante y que no se pierda tiempo”, concluyó.

Procedimiento

Una vez se complete el proceso administrativo para “cargar” al Sicoin, en reunión del consejo de ministros, el presidente Arévalo deberá firmar un nuevo acuerdo gubernativo con las asignaciones y cumplir con el proceso de los aportes para la ejecución, según la fuente de financiamiento.

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Un proceso administrativo para hacer los comprobantes de incrementos o disminuciones en las instituciones públicas puede tener una demora de hasta 60 días en el Ministerio de Finanzas, sin embargo, las circunstancias políticas actuales, han ameritado que en un periodo de 15 a 20 días se culmine en hacer los expedientes.

Reformas a reglamento de Clases Pasivas

A partir de enero se realizará efectivo el incremento de Q1 mil mensuales al publicarse las modificaciones al reglamento a la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado por medio del acuerdo gubernativo 8-2025 del Minfin.

El monto mínimo para las pensiones será de Q3 mil 384.59, que equivale al salario mínimo vigente del 2024 que equivale a la circunscripción económica (CE1) no agrícola.

Además, que el monto general de Q1 mil se realizará efectivo en enero y para aquellas personas que lleguen a los Q3 mil 384.59 recibirán un ajuste adicional para poder llegar a ese monto, según expone el reglamento.

Finanzas reforma plazos para gestionar modificaciones presupuestarias luego de presiones de diputados

Fri, 17 Jan 2025 14:22:12 +0000

Economía

Finanzas reforma plazos para gestionar modificaciones presupuestarias luego de presiones de diputados

El plazo para gestionar las modificaciones presupuestarias fue reformado luego de presiones de diputados a las autoridades de Finanzas.

17 de enero de 2025

08:22h

Con las modificaciones a los plazos para gestionar reasignaciones presupuestarias, autoridades locales prevén ejecutar obras. (Foto de referencia. Prensa Libre: CIV)

El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) publicó este 17 de enero en el Diario de Centro América el Acuerdo 7 – 2025 con el que se reforman artículos del Acuerdo 271 – 2024 que estableció la Distribución Analítica del Presupuesto 2025.

El acuerdo indica que, para procurar el avance de la ejecución de programas y proyectos que conforman el presupuesto general es necesario reformar dos artículos de la referida distribución.

La reforma al Artículo 21, sobre el presupuesto de las entidades de la Administración Central, faculta a Finanzas para realizar la apertura del Presupuesto 2025 y requerirá a las entidades afectadas sus modificaciones presupuestarias con fecha límite del 22 de enero del año en curso.

En cuanto al Artículo 22, sobre el presupuesto de las entidades descentralizadas, los ajustes tendrán que presentarse a más tardar el 14 de febrero de 2025, para tener consistencia con el aporte de la administración central.

EN ESTE MOMENTO

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MEM autoriza inscripción de tres productoras locales de etanol como proveedoras para mezcla con gasolinas

La modificación se da luego de peticiones de diputados para que se agilicen las asignaciones que benefician a los Consejos Departamentales de Desarrollo, que recibieron una ampliación extraordinaria de Q5 mil 12 millones.

El pedido de los congresistas se registró el 14 de enero, antes del comienzo del nuevo periodo legislativo. Las autoridades de Finanzas acordaron hacer modificaciones internas para “agilizar y facilitar la ejecución”.

En la apertura del presupuesto 2025 el pasado 2 de enero, el Minfin se basó en el acuerdo gubernativo 271-2024 que es la “Distribución Analítica del Presupuesto” que se publicó en el Diario de Centro América el pasado 27 de diciembre. En este acuerdo, en los artículos 21 y 22, el Minfin asumió que para las entidades de la Administración Central y Descentralizadas tendrían que gestionar las modificaciones presupuestarias a más tardar el 14 de febrero y para la segunda dispondrán todo el mes de febrero.

Lo extenso de los plazos podría retrasar las ejecuciones hasta seis meses y no se podrían ejecutar obras, señalaron diputados.

Reformas al Reglamento de la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado

El Ministerio de Finanzas Públicas también publicó reformas al Acuerdo 1220 – 88, Reglamento de la Ley de Clases Pasivas del Estado.

En la modificación se adiciona el artículo 4 Bis, que establece que la cantidad de “salario mínimo no agrícola de la circunscripción económica uno (CEI) vigente durante 2024 corresponde a Q3 mil 384.59”.

También adiciona el artículo 50 Bis, que establece el aumento general por Q1 mil se aplicará a partir del mes de enero de 2025, a las pensiones cuya vigencia sean anterior al uno de octubre de 2024.

Indica que las pensiones que no lleguen con el aumento a Q3 mil 384.59, equivalente al salario mínimo no agrícola de la circunscripción económica uno (CEI) vigente durante 2024, recibirán un ajuste adicional para llegar al monto.

Presupuesto 2025: Finanzas hará ajustes por más de Q7 mil millones por presiones de diputados

Wed, 15 Jan 2025 23:29:35 +0000

Economía

Presupuesto 2025: Finanzas hará ajustes por más de Q7 mil millones por presiones de diputados

El Ministerio de Finanzas realizó la apertura del presupuesto 2025 con la distribución analítica del Acuerdo Gubernativo 271-2024, pero generó desacuerdos entre varias bancadas del Congreso sobre los tiempos de su ejecución y acordaron modificarlos para agilizar el gasto.

Henry Montenegro

15 de enero de 2025

17:29h

El presidente Bernardo Arévalo rendió su informe de resultados de gobierno en el Congreso de la República, pero el retraso de dos horas se debió al reclamo que hicieron los diputados al ministro de Finanzas sobre los montos de la apertura del presupuesto 2025. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

El Ministerio de Finanzas abrió el presupuesto de este año basado en la distribución analítica del artículo 6 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2025 por Q148 mil 526 mil 047.69; sin embargo, en el presupuesto se aprobó el artículo 129 que contempla una serie de modificaciones, con aumentos y reducciones a distintas dependencias por Q7 mil 135 millones.

Entre el ajuste hay Q5 mil 012 millones de aporte extraordinario para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), que ha sido uno de los temas por los que más han presionado algunos bloques, principalmente por reclamos de alcaldes.

La distribución sin los aumentos aprobados llevó a que varias bancadas se reunieran el martes con el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, en el Congreso para exponer su malestar, lo cual hizo que la Sesión Solemne para la rendición del primer informe del presidente Bernardo Arévalo, se retrasara por cerca de dos horas.

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“Unos 80 diputados no querían entrar al hemiciclo, porque estaban con que Semilla se los había baboseado, que no les había cumplido”, expuso durante una citación este miércoles el diputado de la bancada Vos, Orlando Blanco.

Walter Figueroa, viceministro Administrativo del Ministerio de Finanzas, quien acudió en representación de Menkos a la citación, expuso que ya se está trabajando en los ajustes al presupuesto.

“No se puede modificar algo que no existe. Teníamos que abrir con el artículo 6 para posteriormente hacer las modificaciones que ya se están trabajando, por supuesto que esto sucede como en la ampliación, siempre hay que aperturar algo para que exista una base sobre la cual modificar, no podíamos entrar a hacer de una vez la apertura, considerando las ampliaciones y disminuciones de ese artículo 129”, expuso Figueroa.

Para los diputados existe una antinomia, ya que en el mismo cuerpo legal aprobado hay dos artículos con montos del presupuesto, pero con una distribución diferente, lo cual genera contradicciones, pero que abre la puerta a inconstitucionalidades y amparos. Esto pondría en riesgo el presupuesto, alertaron los parlamentarios de Vos.

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Lucrecia Martínez, directora técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas expuso que se enviaron oficios a las dependencias a las que se les restarán fondos, para que pongan a disposición los montos. Se les fijó como fecha límite para responder este miércoles, y agregó que el ajuste se hará mediante un acuerdo gubernativo.

Los diputados también cuestionaron que se busque restar Q400 millones a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), ya que se incumpliría con la obligación de otorgarles un 2% de los recursos presupuestarios. Según Figueroa es posible hacerlo porque la disminución se estableció en un decreto.

En el Congreso se ha hablado que incluso las presiones han llegado al punto de advertir que podrían revocar el permiso temporal del que gozan los ministros de Finanzas, Jonathan Menkos, y de Ambiente, Patricia Orantes, quienes fueron electos como diputados, pero tienen licencia autorizada por el Pleno del Congreso para asumir como ministros.

Walter Figueroa, viceministro Administrativo del Ministerio de Finanzas, acudió en representación de Menkos a la citación de la bancada Vos. (Foto Prensa Libre: Bancada Vos)

Ministerios que recibirán más recursos:

Ministerio de la Defensa – Q400 millones
Ministerio de Energía y Minas – Q10 millones
Secretaría General de la Presidencia – Q5 millones
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia – Q25 millones
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia – Q25 millones
AMSA – Q20 millones
Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente – Q25 millones
AMSCLAE – Q15 millones

Obligaciones a Cargo del Tesoro:

Bomberos Municipales Departamentales – Q20 millones
Bomberos Voluntarios – Q40 millones
Comité Pro Mejoramiento del Cuerpo de Bomberos Municipales de Guatemala – Q12 millones
Congreso de la República Q137 millones
Consejos Departamentales de Desarrollo Q5 mil 012 millones
Contraloría General de Cuentas Q110 millones
Crédito Hipotecario Nacional Q50 millones
Cuerpo de Bomberos Municipales Q10 millones
Fondo Nacional de Becas Q250 millones
Instituto de Fomento Municipal Q19 millones
Instituto de la Defensa Pública Penal Q90 millones
Instituto Nacional de Ciencias Forenses Q75 millones
Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima de Delito – Q20 millones
Ministerio Público Q40 millones
Oficina nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes Q15 millones
Organismo Judicial Q500 millones
Registro Nacional de las Personas Q150 millones
Tribunal Supremo Electoral Q50 millones
Universidad de San Carlos Q10 millones

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Ministerios a los que se les restará:

Ministerio de Educación – Q120 millones
Ministerio de Trabajo – Q500 millones
Ministerio de Economía: Q400 millones
Ministerio de Agricultura – Q400 millones
Ministerio de Comunicaciones – Q2 mil 070 millones
Ministerio de Cultura – Q25 millones
Consejo Nacional de Areas Protegidas – Q46 millones 100 mil
Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos – Q170 millones
Ministerio de Ambiente – Q10 millones
Ministerio de Desarrollo Social – Q100 millones
Conred – Q27 millones
IGSS – Q643 millones
Inde – Q950 millones 400 mil
Otros aportes para contingencias: Q280 millones
Previsión para el Circuito Metropolitano del Metro – Q500 millones
Programa de Reducción de Emisiones de Dióxido de Carbono – Q393 millones 500 mil
SAT Q400 millones

Tres micro bolsones suman Q8 mil 700 millones dentro del presupuesto 2025 por un articulado que en automático permitiría esa ampliación

Fri, 29 Nov 2024 11:00:00 +0000

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Tres micro bolsones suman Q8 mil 700 millones dentro del presupuesto 2025 por un articulado que en automático permitiría esa ampliación

El Ejecutivo podrá ampliar el techo de gasto por medio de micro bolsones que le permiten contar con asignaciones adicionales en la Ley de Presupuesto 2025 que aprobó el Congreso esta semana.

Urias Gamarro y Fátima Najarro

29 de noviembre de 2024

05:00h

El Micivi contará con un asignación de Q3 mil 500 millones para Plan extraordinario para el mantenimiento y la rehabilitación de puentes y carreteras en 2025. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Si bien el Congreso autorizó un programa de gastos por Q148 mil 526 millones para ejecutar en un segundo año de mandato del presidente Bernardo Arévalo la madrugada del pasado miércoles 27 de noviembre, hay un articulado que permite la creación “en automático” de la ampliación presupuestaria de por lo menos Q8 mil 700 millones, así como puede recurrir a la emisión de un cupo de bonos del Tesoro, si fuera necesario sin autorización previa.

La manera de la redacción del articulado del Decreto 36-2024, sugiere la ampliación del gasto en tres grandes rubros, que por tratarse de una Ley ya están autorizados. Además, se logró identificar otros rubros de gasto que cuentan con “ciertos vacíos” al no encontrarse una fuente de financiación a los programas, que contraviene la normativa al no establecer como será financiada.

Los “micro bolsones”

Hay tres consignaciones presupuestarias aprobadas en el presupuesto de ingresos y egresos 2025, que facultan al Ministerio de Finanzas (Minfin) ampliar el techo del presupuesto de Q148 mil 526 millones y que lo puede llevar hasta los Q157 mil 226 millones, sin recurrir a una previa autorización al Legislativo.

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Estos mecanismos se convierten en una especie de “micro bolsones” presupuestaria, y que tiene que ver con las asignaciones a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes); en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) en el denominado “Plan extraordinario para el mantenimiento y la rehabilitación de puentes y carreteras” y en la ampliación del presupuesto para incluir donaciones, ejecución de préstamos externos, la Ley de Extinción de Dominio o la emisión de bonos de carbono.

Al sumar estos tres rubros alcanzan Q8 mil 700 millones, pero el monto puede ser mayor, ya que en el articulado hay rubros en los cuales no se identifica la fuente de financiación a los determinados programas.

Un superministerio

El primer “micro bolsón” está en los Codedes, ya que tienen autorizado que el monto que no logren ejecutar en 2024, el Congreso autorizó utilizar los recursos para 2025 y disponer de ellos. En 2024, los Consejos de Desarrollo, tienen una asignación presupuestaria de Q6 mil 411 millones, según el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), que incluye la ampliación de Q2 mil 367 millones de agosto.

De ese monto, hasta ayer se había ejecutado el 31 por ciento, por un monto de Q2 mil 18 millones, y solo tendrán un mes para poder ejecutar su gasto, por lo que es muy difícil que puedan alcanzar hasta un 50 por ciento en este año. Eso sugiere, que les quedaría otro 50 por ciento como “remanente” que se trasladará para el 2025, que pueden ser un estimado de Q3 mil 200 millones como “bolsón” presupuestario.

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Eso significa que el Minfin está facultado para ampliar el gasto a favor de los Codedes.

Los Consejos de Desarrollo Departamentales, tendrá un aporte extraordinario de Q5 mil 12 millones para el denominado “Plan de inversión para el desarrollo en la infraestructura local”, más otros Q4 mil 299 millones que corresponden al aporte IVA Paz, por lo que se comprometen Q9 mil 311 millones.

Al agregarle el remanente que no se ejecutará en lo queda del ejercicio (Q3 mil 200 millones) los Codedes tendría un monto de unos Q12 mil 511 millones y se convierte en un “superministerio”.

Para el analista Érick Coyoy, eso significa que los Codedes, tendrá el próximo año una gran disponibilidad cantidad de recursos, pero con una limitada capacidad de ejecución, así como una falta capacidad de transparencia que permita conocer hacia donde van dirigido los recursos, y no hay un sistema que permita conocer con certeza en que proyectos se invierten.

Para el Micivi

El segundo “micro bolsón” está en el Micivi por Q3 mil 500 millones, pero uno de los riesgos encontrados, es que, si el Minfin no encuentra recursos disponibles en la caja fiscal para cumplir con esta asignación, puede hacer la emisión de un cupo de bonos del Tesoro, o recurrir a préstamos externos, lo que implica deuda.

También hay un artículo que se ha utilizado en años anteriores, y ahora en 2025 se faculta al Minfin en hacer una ampliación presupuestaria por Q2 mil millones e incluir recursos que pueda captar durante el año que puedan provenir de fuentes que no están disponibles al momento de aprobarse el plan de gasto.

“Las ampliaciones adicionales que puede hacer el Ejecutivo en 2025 pueden superar los Q8 mil millones extras a los Q148 mil 526 millones que ya fueron aprobados por el Congreso”,

Érick Coyoy, analista Asíes

Aquí se incluyen las donaciones, recursos de préstamos externos, aquellos que genera la Ley de Extinción de Dominio, que son asignaciones que deben ser incorporadas al programa de gasto, y para poder utilizarlos, se faculta en este articulo para ampliar el presupuesto, y se tendría la disponibilidad de ampliarlo por ese monto adicional.

“Las ampliaciones adicionales que puede hacer el Ejecutivo en 2025 pueden superar los Q8 mil millones extras a los Q148 mil 526 millones que ya fueron aprobados por el Congreso”, remarcó Coyoy.

En tanto que, Jorge Lavarreda, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) declaró que, en este programa de gasto, se expresa decisiones de coyuntura, de una negociación de concesiones para lograr votos que no llevará a una calidad de bienestar a la población.

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“No hay una claridad sobre algunos bolsones en el uso de los recursos, sobre todo en la parte de inversión en la cual se asignan recursos que no se sabe en definitiva que se va a financiar con eso”, apuntó.

Gobierno defiende gasto

En una posición defensiva, el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos ofreció una conferencia de prensa en el Palacio Nacional exponiendo el alcance que tendrá la ejecución del presupuesto 2025, y en la cual abordó la relacionado a los ingresos, gasto y destino de inversión, deuda pública y los lineamientos de transparencia.

Remarcó que este presupuesto aprobado por el Congreso tendrá “impacto potencial en la economía y la sociedad”.

En su exposición, afirmó que habrá impulso fiscal derivado de un mayor gasto en inversión pública dinamizará la economía y permitirá aumentar el empleo, el ingreso de las familias y el crecimiento económico; un gasto público inclusivo, que permitirá reducir las brechas de pobreza y desigualdad; transparencia y la lucha contra corrupción brindarán mayor credibilidad hacia las públicas y a la gobernabilidad; el financiamiento a inversiones estratégicas; y que el incremento de la inversión pública y privada dinamizará la producción nacional.

Presupuesto 2025: Incluye tres bolsones de riesgo como un elevado endeudamiento, asignaciones cuestionadas y el aumento del déficit fiscal

Thu, 28 Nov 2024 11:00:00 +0000

plan de gastos

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Presupuesto 2025: Incluye tres bolsones de riesgo como un elevado endeudamiento, asignaciones cuestionadas y el aumento del déficit fiscal

Los primeros hallazgos al presupuesto de ingresos y egresos que el Congreso aprobó por un monto de Q152 mil 26 millones, han encendido las primeras alertas, y llamados de atención por representantes de diferentes centros de investigación económica, y son varias las inconsistencias detectadas.

28 de noviembre de 2024

05:00h

El Congreso aprobó el presupuesto 2025 con un incremento en la deuda bonificada de Q25 mil 104 millones. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Los diputados de diferentes bancadas avalaron la madrugada del miércoles 27 de noviembre un programa de gasto estructurado para un segundo año de gestión del presidente Bernardo Arévalo, el cual se ejecutará en 2025, y que presentó el Ministerio de Finanzas (Minfin) el pasado 2 de septiembre a la Comisión de Finanzas del Congreso, en donde se realizaron algunas modificaciones al dictamen.

Con la legalización del plan de gasto -Decreto 36-2024- que se ejecutará para el siguiente ejercicio fiscal, la Dirección Técnica el Presupuesto (DTP) comenzará a realizar las asignaciones analíticas, que entrará en vigor el 1 de enero del 2025, tanto para el Gobierno Central como para las entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas que reciben fondos estatales por la vía presupuestaria.

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Un aumento sorpresivo del endeudamiento por la vía bonificable, mayores asignaciones a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) y municipalidades; la creación de un “bolsón” por Q3 mil 500 millones al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) sin contar con un programa específico; el destino de la contratación de deuda bonificable para gasto de funcionamiento y un déficit estimado en 3.4 % que comprometen las finanzas públicas, son algunas de las alertas.

¿Cómo queda?

El programa de ingresos y gastos es de Q148 mil 526 millones, pero en el artículo 142 “Plan extraordinario para la rehabilitación de puentes y carreteras” de la Ley se avala Q3 mil 500 millones, por lo que queda en Q152 mil 26 millones. Este monto aumentaría el déficit fiscal en alrededor del 3.4 por ciento, o sea mayor al 3.1 por ciento que inicialmente se presentó.

Los principales gastos estarán concentrados para los ministerios de Educación con Q25 mil 649 millones; Salud, Q15 mil 199 millones; Comunicaciones, Q9 mil 929 millones; Gobernación, Q8 mil 272 millones; Defensa, Q3 mil 859 millones; Agricultura, Q2 mil 592 millones; Desarrollo, Q2 mil 579 millones y Trabajo, Q2 mil 414 millones. En su conjunto, estas asignaciones suman Q71 mil 494 millones o sea consumirán el 47 por ciento del total (Q152 mil 26 millones) autorizado.

Para Obligaciones a Cargo del Estado en la cual se incluye las asignaciones para los Codedes y municipalidades, Universidad de San Carlos de Guatemala, Organismo Judicial, Ministerio Público, entre otras instituciones el monto es de Q51 mil 666 millones, según la ley.

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Para funcionamiento se destinan Q98 mil 910 millones; para inversión Q29 mil 653 millones y para el pago del servicio de la deuda pública Q19 mil 962 millones.

El presupuesto se estaría financiando por ingresos corrientes en Q115 mil 391 millones; fuentes financieras Q33 mil 95 millones de los cuales Q25 mil 104 millones es por la colación de bonos y Q2 mil 406 millones por la vía de préstamos.

El saldo de la deuda pública que incluye la interna y la externa se estaría ubicando en Q262 mil 127 millones.

Entre los cambios al presupuesto también se incluye un incremento salarial e incentivo económico para todo el personal de Salud, la reclasificación y continuidad del proceso de incorporación de personal temporal al renglón 011.

Hallazgos

Mario Alberto García Lara, director ejecutivo de la Fundación 2020 y Ricardo Barrientos, director El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) coinciden en una lista de primeros hallazgos que generan alertas, desde el punto de vista macroeconómico y fiscal, así como las normas presupuestarias.

“Es peligroso, decepcionante y preocupante”, reaccionó García Lara, al declarar que hay estudios y análisis sobre la sostenibilidad fiscal del país, y “que tanto aguantar la economía, sin perder la estabilidad un déficit fiscal de ese tamaño (3.4 por ciento)”.Recordó que por el comportamiento histórico del país un déficit equivalente al dos por ciento con respecto al producto interno bruto (PIB) es tolerable, que no pone en riesgo la estabilidad macroeconómica, ni desvía la senda fiscal en un contexto de “sendero de sostenibilidad”, y en los últimos 20 años rara vez el déficit fiscal supera el dos por ciento, solo a excepción de la pandemia en 2020 que se justificó en que el estado entrará a gastar en muchos rubros para mantener el gasto en la sociedad y la producción en general.

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“Este presupuesto que envió el ejecutivo si tenía un déficit del 3.1 por ciento, y eso manda señales de alerta a los mercados financieros tanto nacionales como internacionales, por qué esta en un nivel, que, si no se corrige pronto, va a hacer que se pierda esa sostenibilidad fiscal y a poner en riesgo la estabilidad macroeconómica. Lo peor, es que el Congreso en vez de reducir ese nivel de déficit que envío el Ejecutivo lo ampliaron más”, apuntó.

Reiteró que esa situación es un peligro para el país, y un peligro para la buena reputación que se tiene en los mercados financieros internacionales en ser una economía que se maneja con prudencia.

Asignación a Codedes

“Se observó que se retomó la dinámica de los anteriores gobiernos en donde se conseguían los acuerdos por medio de prebendas”, declaró Barrientos, quien cuestionó la manera en la que los diputados oficialistas consiguieron el presupuesto y la ley de Competencia, aprobada hace algunas semanas.

A su juicio quedó “muy claro” que la aprobación del presupuesto fue a cambio de estas prebendas -reforma a la PNC y del propio presupuesto del Congreso- y “eso sí es un esquema muy preocupante que cae en las prácticas del pasado”.

En cuanto a los fondos otorgados a los Consejos Departamentales de Desarrollo, reiteró que se han venido cuestionando por diversos actores por ser muy vulnerables al abuso y a la corrupción estas asignaciones. Además, que se requiere calidad del gasto, pero también en este periodo el Congreso levantó algunos controles y restricciones.

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“La posición es que este tipo de explicaciones que en gobiernos anteriores lo hayan hecho, a nuestro parecer, no es un argumento válido. Para poder justificar este tipo de excepciones, es muy importante que el gobierno explique y demuestre cuáles son los retornos, los impactos beneficiosos en términos sociales y económicos”, insistió.

“Se agudiza la preocupación porque el oficialismo esté retornando a las prácticas legislativas del pasado, lo que se supone que ya no debía pasar, y me refiero a la negociación sucia en el Legislativo en el sentido de hacer intercambios de piezas de legislación legítimas y necesarias por piezas de legislación espurias y dañinas”, concluyó.

En alianzas

Para Jahir Dabroy de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) en las últimas semanas se ha dado un cambio en las alianzas en el Legislativo que podría derivarse en una reconfiguración de los poderes. Y sugiere que “hay un aprendizaje” por parte de los diputados oficialistas, quienes lograron que negociar con opositores.

“Parte del paquete de leyes que se negociaron con diputados que hasta hace unas semanas eran férreos rivales del oficialismo, ahora va a tener discrecionalidad sobre manejos significativos de recursos a través del sistema de Codedes que desde mi particular punto de vista es parte de los espacios de negociación que permite el Congreso, pero habrá que estar muy atentos a la fiscalización”, detalló.

“Este presupuesto que envió el ejecutivo si tenía un déficit del 3.1 por ciento, y eso manda señales de alerta a los mercados financieros tanto nacionales como internacionales, por qué esta en un nivel, que, si no se corrige pronto, va a hacer que se pierda esa sostenibilidad fiscal y a poner en riesgo la estabilidad macroeconómica”

Mario Alberto García Lara, director ejecutivo Fundación 2020

Advirtió que la modificación a la Ley Contra la Delincuencia Organizada fortalecerá a la bancada y a la relación Ejecutivo-Legislativo de manera que, en los próximos meses, la agenda pueda tener más temas prioritarios para a Presidencia, como la reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP).

“Hay una reconfiguración de poderes, si la bancada oficialista no aprovecha ese mecanismo de péndulo que tiene en la política, en este momento, se están convirtiendo en actores protagónicos y están capitalizando poder. En otro momento, bajo otras circunstancias, si ellos no avanzan en todas las disposiciones que consideran importantes, incluso para para su propia sobrevivencia gubernamental, pues el otro actor no va a dudar en hacerlo cuando tenga la chance y la oportunidad”, concluyó Dabroy.

Posiciones gremiales

Antes de la aprobación del presupuesto, cámaras empresariales se pronunciaron respecto a la preocupación por el déficit fiscal y la falta de mecanismos de transparencia y la calidad del gasto público. Pidieron que se refuercen los mecanismos de supervisión y monitoreo del gasto, además que se limiten los gastos de funcionamiento.

Cuestionaron el incremento del 28 %en gasto anual que no refleja las necesidades del país en materia de inversión. También que costearán los servicios de la deuda pública con gasto corriente y con el 80 % del presupuesto.

Recomendaciones

Entre algunas sugerencias, Barrientos hizo el llamado al gobernante Arévalo para que vete las leyes aprobadas recientemente que son cuestionadas como la ejecución multianual de los Codedes y la ley ganadera que crea un régimen a este sector.

En tanto que García Lara, instó al Minfin en tener mucho cuidado en el manejo del déficit fiscal, ya que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sido de la opinión que un dos por ciento del déficit fiscal como porcentaje del PIB es tolerable.

Este año fue bondadoso en que Guatemala pueda tenerlo, pero con tres condiciones: que sea temporal, es decir que solo este año se pueda subir y que en el 2026 en adelante se vaya reduciendo; lo segundo que sea focalizado para infraestructura, que no se vaya a otros rubros de gasto y no se observen rendimientos sociales a largo plazo y lo último que sea trasparente.

“Esas recomendaciones que brindo el FMI hace algunos meses son las más importantes. ¿Ya se aprobó?, entonces, que sea solo por esta única vez, que se destine para infraestructura e inversión y que sea transparente”, concluyó García Lara.

Dirección Técnica del Presupuesto no avala propuestas de ejecución multianual de fondos de los Codedes

Mon, 04 Nov 2024 18:55:13 +0000

Política

Dirección Técnica del Presupuesto no avala propuestas de ejecución multianual de fondos de los Codedes

La Dirección Técnica del Presupuesto reconoce que la aprobación de la iniciativa 6388, agendada para este martes en su aprobación por redacción final, comprometería el presupuesto del 2025.

4 de noviembre de 2024

12:55h

La iniciativa de ley permitiría que los Codedes puedan ejecutar los fondos de este año, el año entrante para pago de las obras de arrastre. (Foto Prensa Libre: Caminos)

Durante una citación del partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), las autoridades del Ministerio de Finanzas dieron a conocer que no se les solicitó ninguna opinión técnica, ni tuvieron relación con ciertos artículos del proyecto de presupuesto 2025, así como con la iniciativa de ley 6388, que busca que los fondos ordinarios de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) se puedan ejecutar en otros años fiscales.

Los diputados Orlando Blanco y José Chic cuestionaron a las autoridades de la Dirección Técnica del Presupuesto (DTP) de la cartera respecto a la opinión técnica de la iniciativa 6388, la cual es el primer punto de agenda de la sesión del pleno del Congreso para su aprobación por artículos y redacción final este martes 5 de noviembre. La directora, Astrid Villacorta, respondió que no se les solicitó ni emitieron ninguna opinión técnica al respecto.

“Es que eso afectaría demasiado las finanzas, afectaría la disponibilidad para financiar otros programas e instituciones”, comentó la directora durante la citación.

La iniciativa de ley es para reformar la Ley Orgánica del Presupuesto del Estado para que los fondos ordinarios correspondientes a este año no regresen al fondo común —como se establece hasta ahora— sino que sean trasladados a las cuentas de los Codedes para ser ejecutado en obras de arrastre de este año.

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El jueves pasado, en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) dio a conocer que les fue solicitada una opinión técnica desde el Congreso, sin embargo no se dieron más detalles. Además que el presidente, Bernardo Arévalo, detalló que se analiza el presentar enmiendas para que la iniciativa 6388 pueda ser viable.

En la citación de este lunes 4 de noviembre, Blanco y Chic preguntaron la opinión a la Secretaría de Coordinación Ejecutiva (SCEP), encargada de la supervisión a las gobernaciones y los Codede, pero el subsecretario Óscar Juárez, declaró que no se emitió ninguna opinión al respecto.

“Por el momento no hemos emitido ninguna opinión”, indicó Juárez. Los diputados le solicitaron una opinión como subsecretario, pero se limitó a responder que la estaban analizando.

Son Q481 millones los que se aprobaron de forma ordinaria en la ampliación presupuestaria, estos son los que podrían reprogramarse para el 2025 de ser aprobada la iniciativa. De acuerdo con lo explicado en el Conadur, es el 2 por ciento de los fondos los únicos que no están proyectados en ninguna obra. Sin embargo, respecto a esas obras aún se realizan los procedimiento de autorización de avales, es decir, aún no están siendo ejecutados.

“Nosotros estamos advirtiendo esta situación, y estamos solicitando al Ministerio de Finanzas que nos dé la documentación correspondiente donde se avale técnica y legalmente la situación que el Minfin está haciendo”, indicó Blanco.

Proyecto de presupuesto

En el proyecto de presupuesto para 2025 se incluyó un artículo que también está relacionado con la ejecución multianual de los fondos de los Consejos de Desarrollo. El artículo 119 del documento se refiere a una ampliación del presupuesto para el 2025 de los Codedes de los fondos extraordinarios aprobados en la ampliación presupuestaria pendientes de desembolso. El artículo faculta al Minfin a realizar las transferencias y a gestionar las solicitudes realizadas por los Codedes.

Los diputados cuestionaron a la directora Villacorta respecto a la inclusión de dicho artículo en el proyecto de presupuesto, sobre todo porque no especifica un monto. La directora dijo que no fue incluido bajo su recomendación y defendió que son varias direcciones las que trabajan el tema.

“No lo ingresé yo (…) En este caso son varias las direcciones que se reúnen para trabajarlo (…) no hubo un delegado, simplemente son varias direcciones las que trabajan”, sostuvo Villacorta.

Otro tema abordado fue la distribución extraordinaria aprobada en la ampliación presupuestaria. Se asignaron a los municipios casi Q1 mil 800 para los Consejos de forma extraordinaria por medio de una enmienda, esta contó con la opinión técnica favorable por parte de la DTP. En ese momento, fue criticada por diputados y analistas debido a que ninguna de las instituciones del Ejecutivo relacionadas a los Codede aceptó públicamente haber hecho o enviado una base técnica para la distribución.

Nuevamente fue cuestionada sobre esa enmienda que aprobó tal distribución, la cual dijo no fue elaborada por la Dirección que preside. “No es información que ha generado la DTP (…) ingresó una distribución por municipio —a la DTP— ya reportada con una previsión para la ejecución”, detalló.

Además, argumentó que la opinión técnica que se presentó se basó en la que se trabajó en mayo para la aprobación de la primera ampliación que fue puesta en pausa por la Corte de Constitucionalidad.

“Usted básicamente acaba de reconocer un fraude de ley, directora. Cuidado con lo que están haciendo y diciendo. Ahí está grabado donde usted dice que tomaron una cuestión que está suspendida por la Corte de Constitucionalidad”, hizo ver Chic.

Analizan denuncia

Además, los diputados de la bancada VOS declararon a la prensa que se analizará presentar denuncias en contra de las autoridades del Minfin por la manera en la que han accionado respecto a las opiniones técnicas.

“No hubiéramos querido llegar a estos extremos, pero posiblemente sean los primeros ministros que sean denunciados penalmente, al menos por la bancada, porque la DTP haya firmado un dictamen avalando una opinión sin que ella la hubiera redactado, sin que ella la hubiera conocido, sino que simple y sencillamente se la llevaron, ella la firmó y así se vino la opinión técnica”, comentó.

Ejecutivo pedirá enmiendas de iniciativa que busca ampliar plazo de ejecución de los fondos de Codede

Fri, 01 Nov 2024 11:00:00 +0000

Política

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La sociedad civil y los ediles pidieron al presidente que se apoye el proyecto de ley que ya pasó tercera lectura en el Congreso.

1 de noviembre de 2024

05:00h

El presidente Bernardo Arévalo participó en el último Conadur del año. (Foto Prensa Libre: SCSP)

El presidente Bernardo Arévalo condujo ayer el último Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), y se refirió a la iniciativa de ley que se discute en el Congreso —6388—, pendiente de aprobarse por artículos y redacción final. El mandatario anunció que se presentarán algunas enmiendas debido a una serie de peticiones formuladas durante el evento por los alcaldes y representantes de las organizaciones civiles.

La iniciativa busca reformar la Ley Orgánica del Presupuesto del Estado, para que los fondos ordinarios destinados a obras, que son otorgados en el año, puedan ejecutarse en el siguiente. Los integrantes de los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano (Codede) y los alcaldes están a favor de la aprobación, mientras el Ejecutivo afirma analizar medidas técnicas.

En su aprobación en el Congreso, esta semana, los diputados independientes, elegidos por el Movimiento Semilla, no votaron a favor.

“Nosotros estamos viendo la posibilidad de que, mediante algunas modificaciones y algunas enmiendas, pueda apoyarse la iniciativa para poder darle viabilidad, pero siempre con la necesidad de tener el marco constitucional. Hay opiniones alrededor de la inconstitucionalidad que tiene, y nada sería peor que aprobar una ley en el Congreso que después fuera botada por la Corte de Constitucionalidad”, explicó Arévalo.

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Estudiar propuesta

El presidente se comprometió a volver a analizar la iniciativa desde la transparencia y el marco legal porque, aseguró, toda la población y el Gobierno se benefician con más ejecución.

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) presentó una opinión técnica al Congreso, según dijo el jefe de la entidad, Carlos Mendoza, pero no profundizó. “El tema es relevante, pero hay algunas dudas que corresponden al ámbito del Ministerio de Finanzas Públicas, sobre la posible inconstitucionalidad por la forma en la que se está planteando”, declaró el secretario.

El proyecto de ley establece que los fondos correspondientes al aporte constitucional del IVA-Paz, aprobados por Codede, se trasladen en su totalidad, al finalizar el año, a las cuentas de los consejos para que puedan seguir ejecutándolos el año siguiente; además, que puedan presentar al Minfín una solicitud de ampliación presupuestaria para incorporar en su presupuesto los saldos pendientes de las obras del año anterior.

Víctor Hugo Godoy, de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), expuso que el funcionamiento de los fondos del IVA-Paz no sigue la lógica de identificar una necesidad y asignar presupuesto para resolverla, sino que es al revés, lo cual ocasiona que se creen candados en el gasto.

“Esos candados hacen engorroso —el proceso—; eso hay que cambiar, más que la modificación que se quiere hacer”, comentó Godoy.

Se solicitó una declaración al ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, quien remitió a Comunicación Social, pero no se obtuvo respuesta.

En marcha

En la ampliación presupuestaria, aprobada en agosto último, se autorizaron fondos ordinarios y extraordinarios para los Codede. Con los recursos extraordinarios se permitió que sean ejecutados en forma multianual, pero con los ordinarios, no. De no aprobarse la iniciativa, más de Q481 millones regresarían a las arcas del Estado.

Debido a que esos fondos fueron aprobados en el octavo mes, Segeplán habilitó un nuevo período para entrega de expedientes, trámite de avales y firma de convenios, a fin de completar el procedimiento respectivo y poder ejecutar ese presupuesto. La fecha límite para firmar el convenio es el 15 de diciembre.

Respaldan proyecto

Seis alcaldes de los que integran Conadur se presentaron a la reunión y pidieron al mandatario apoyar la iniciativa ya que es de beneficio para la población, también fueron respaldados por la sociedad civil.

“Se han dado iniciativas donde creo que se ha tergiversado el fin del proyecto, por ejemplo, citando, que esto va a desencadenar temas de corrupción en los distintos municipios, pero yo quiero decir de verdad, yo creo que es clara, lo que se quiere es que no se afecte la planificación 2025 con las obras de arrastre”, afirmó el alcalde Ricardo Sandoval, de San Manuel Chaparrón, Jalapa.

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