Entre junio y diciembre de este año, la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) pagó Q528 mil 245.31 por boletos aéreos para viajes que efectuaron el presidente y su esposa, así como el vicepresidente.

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Los eventos de adjudicación de estos viajes son públicos en la página de Guatecompras, donde todavía no se incluye el viaje a EE. UU., de esta semana donde Morales se reunió con el presidente Donald Trump, y tampoco la visita del mandatario a República Dominicana, para ser orador en un seminario sobre liderazgo.

De los 12 viajes de los que se tiene información en Guatecompras, efectuados por los funcionarios o por De Morales, cinco fueron a EE. UU.; además visitaron Ecuador, Taiwán, Italia, Japón, Costa Rica, Cuba y los Emiratos Árabes.

Los boletos más caros son los que se pagaron para los países asiáticos: Q149 mil, Q120 mil 440 y Q78 mil 327, para Emiratos Árabes, Japón y Taiwán, respectivamente.

El detalle de las visitas demuestra que el mandatario, su esposa y su compañero en la presidencia viajaron para “fortalecer las relaciones políticas y diplomáticas”, en el caso de Ecuador; “para la ceremonia de entronización del príncipe Naruhito como nuevo emperador de Japón” y para “conocer los diferentes programas sociales y los avances que han tenido en materia de medicina”, en el caso de Cuba.

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Entre la información se indica el pago de Q46 mil 796 para el viaje de Morales a Washington D.C., para la firma del acuerdo migratorio entre los dos países, pero este no se efectuó debido a que la Corte de Constitucionalidad emitió un amparo provisional para evitarlo.

Falta de criterio

Los viajes efectuados por Morales, su esposa y Cabrera demuestran el poco criterio que tienen los servidores públicos en cuanto a la calidad del gasto, señala Jorge Mario Andrino, experto en gestión pública.

Según el analista, Guatemala es un país con muchas necesidades como la atención a la seguridad alimentaria, mejorar la educación y la salud o la atención en los consulados móviles para ayuda de migrantes guatemaltecos, por lo que este tipo de viajes solo representan “un gasto superfluo e innecesario”.

Para Eddie Cux, experto de Acción Ciudadana, es necesario que la Contraloría evalúe los viajes y sus propósitos y que abra un expediente de oficio para determinar que no se trató de gastos superfluos.

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Además, el experto considera que tanto los funcionarios como la esposa del presidente, deben rendir un informe sobre los resultados de esos viajes.

“Es parte de la gestión pública, el presidente como representante de la nación debe viajar, pero durante este gobierno es recurrente que viajen para aprovechar porque no tienen una agenda planteada sobre política exterior”, dice Cux.

Por su parte, el excanciller Edgar Gutiérrez afirma que se trata de viajes inútiles porque no trajeron ningún beneficio para el país y, tomando en cuenta que Guatemala está en un proceso de transición, Morales debió acompañarse en esas visitas del presidente electo, Alejandro Giammattei, o el canciller designado.

“Acompañarse del presidente electo o del canciller designados sería para dar continuidad a los acuerdos o compromisos que se adquieran en esas reuniones, de lo contrario no tienen ningún sentido”, refiere Gutiérrez.

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El exfuncionario también dice que, aunque se reciba una invitación a actos protocolarios, el mandatario no está obligado a acudir a esa cita, pues puede designar al vicepresidente, al ministro de Relaciones Exteriores o al embajador o representante del país.

Prensa Libre no pudo tener comunicación con el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, para consultar sobre los logros obtenidos durante estos viajes.

También se consultó a la subsecretaría de Comunicación Social, pero al cierre de la nota no se había recibido ninguna respuesta.

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El secretario de Comunicación Social de la Presidencia Alfredo Brito, informó que Morales asumirá su curul en el Parlacén “al finalizar su mandato presidencial, tal y como lo establece el Tratado Constitutivo de dicho organismo regional”.

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En cuanto a la fecha en que será juramentado, Brito indicó que “el presidente Morales es respetuoso de la calendarización interna del Parlacén y que acudirá a tomar posesión del cargo que le corresponde cuando este ente le notifique oficialmente la fecha” de la juramentación.

El organismo regional anunció el 30 de noviembre que celebrará sus asambleas de bloques y plenarias en Guatemala entre el 13 y 17 de enero del 2020, lapso durante el cual juramentará a los 20 parlamentarios electos el 16 de junio del 2019, así como también a Morales y el vicepresidente Jafeth Cabrera.

La cita de los parlamentarios centroamericanos ha desatado críticas por se cree que el objetivo es mantener a los actuales gobernantes el menor tiempo posible sin derecho a antejuicio. Sus antecesores lo hicieron en fechas más alejadas a la entrega del cargo. Alejandro Maldonado fue juramentado un 27 de enero, Álvaro Colom 20 de enero, Alfonso Portillo 22 de enero y Óscar Berger no aceptó el cargo.

¿Se tiene la calidad de diputado?

El Protocolo de Reformas al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas, aprobado el 20 de febrero del 2008 por los jefes de Estado y Gobiernos de los países que forman el Sistema de Integración Centroamericana (Sica), dice que el Parlacén será integrado por 20 diputados de cada uno de los estados parte.

El mismo artículo 2 refiere que también lo integrarán los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados Parte… Los vicepresidentes o designados a la Presidencia de la República al concluir su mandato.

En el artículo 3 el mismo Protocolo cita que para ser diputado al Parlacén deben cumplirse con los mismos requisitos que se exigen para ser diputados ante los congresos o asambleas nacionales de los respectivos estados parte.

Estos puntos son rechazados por algunos expertos, quienes aseguran que los exmandatarios y vicemandatarios no gozan de la misma calidad de los demás diputados porque no fueron electos por la población, y que por lo mismo no tienen los mismos derechos y específicamente a la inmunidad y el derecho a antejuicio.

Al respecto, el abogado constitucionalistas Mario Fuentes Destarac expone que esta situación siempre ha sido discutible, pero que  el Tratado Constitutivo del Parlacén establece que los expresidentes y exvicepresidentes, sin necesidad de ser electos, consecuentemente gozan del derecho de  antejuicio.

No obstante, opina que estos beneficios legales fueron establecidos por los promotores del Tratado a finales de la década de 1980 -entre ellos Vinicio Cerezo Arévalo- “con el ánimo de preservar a los exgobernantes y de manera evidente para protegerlos con inmunidad”.

El expresidente del Congreso de la República, Roberto Alejos, afirma que los exmandatarios cuando se integran al ente regional no gozan de las mismas prerrogativas de los que fueron electos, “de  manera que tanto Morales como Jafeth Cabrera no tendrán derecho a inmunidad después del 14 de enero”

Alejos, quien formó parte de la Asamblea Nacional Constituyente de 1985, enfatiza que el Tratado Constitutivo del Parlacén reza que los diputados gozarán de inmunidad, pero se refiere a los “electos” mediante los procesos electorales, lo cual no ocurre, en este caso con Morales y Cabrera.

Sin embargo, “en este país tan anárquico, donde todo mundo interpreta la ley a su antojo, se le puede dar la interpretación de que cuando se les eligió para la Presidencia también se hizo para diputados al Parlacén, pero eso es muy jalado -ambigüo_”, afirmó Alejos.

El también constituyente Aquiles Faillace (1984-1985) considera que cuando se elige presidente también incluye el cargo de diputado al Parlacén, por lo que el derecho de antejuicio resulta inherente al cargo de parlamentario centroamericano. “Es automático”.

A criterio de Faillace la duda que se encuentra en el aire es si el derecho a la inmunidad es a partir de que es electo como presidente o si termina con la entrega de la Presidencia y se retoma al ser juramentado como diputado al Parlamento.

Es una aberración

El abogado constitucionalista Gabriel Orellana, afirma que catalogar como diputados a los exmandatarios es muy discutible porque los nombramientos son muy sui generis (de su propio género o especie) y los estudiosos del derecho parlamentario y comunitario han llegado a la conclusión de que es absolutamente contrario a las normas del parlamentarismo.

“Un diputado o senador es una persona que ocupa un cargo como resultado de una elección, especialmente popular, entonces la figura de los expresidentes formando parte de un grupo que legal y democráticamente fueron electos es una aberración”, asegura el constitucionalista.

Tanto Orellana como otros expertos, señalan que esta “aberración” solo se explica con la motivación que tuvieron los presidentes centroamericanos que lo firmaron y que vieron en este organismo regional una oportunidad para guarecerse de cualquier persecución penal. “La inmunidad fue el atractivo para los presidentes de ese momento lo suscribieran”, dice Orellana.

El Parlacén está integrado por diputados permanentes de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, así como observadores de México, Puerto Rico, Taiwán y Venezuela.

Costa Rica, aunque forma parte del proceso de integración centroamericana, nunca ha firmado el tratado constitutivo del Parlamento.

El récord de Martinelli

El expresidente de Panamá, Ricardo Matinelli criticó y atacó al Parlacén cuando ejerció su mandato, incluso propuso retirarse de este organismo regional; sin embargo, cuando entregó la presidencia, ese mismo día viajó a Guatemala para ser juramentado, por temor a enfrentar a la justicia de su país por delitos de corrupción.

El 1 de julio del 2014 Martinelli entregó la presidencia de Panamá a su sucesor Juan Carlos Varela, y después de la ceremonia viajó a Guatemala para ser juramentado y luego de comprometerse ante Dios a ser fiel y leal al Tratado Constitutivo, el panameño expresó su deseo de incorporarse a la Comisión de Integración, Comercio y Desarrollo Económico del grupo centroamericano.

Martinelli fue juramentado durante una sesión de “emergencia” de la Junta Directiva encabezada por la guatemalteca Paula Rodríguez, quien ocupaba la Presidencia. El acto fue considerado como anómalo porque la ceremonia debió ser efectuada en una Sesión Plenaria.

La llegada de Martinelli a suelo guatemalteco causó mucho ruido, pues cuando fue candidato y ya como presidente electo cuestionó duramente al Parlacén llamándolo “cueva de ladrones” a la que los expresidentes llegan a buscar inmunidad.

Incluso, aprobó en diciembre de 2009 una ley que retiró a Panamá del organismo y en su gobierno se dejó de pagar los U$$2 millones de la cuota anual.

En esas fechas el diputado panameño Dorindo Cortez, comentó que el expresidente Martinelli rompió récord de juramentación. “Ningún expresidente ha asumido a tan pocas horas de dejar su cargo”, dijo.

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La junta directiva del Parlamento Centroamericano (Parlacén) definirá el próximo mes el calendario de asambleas ordinarias a celebrarse en el 2020, en las cuales, en la primera de estas podrían asumir como diputados de ese foro el presidente Jimmy Morales y el vicepresidente Jafeth Cabrera.

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En contadas excepciones la primera asamblea del año se ha adelantado. Por ejemplo, la del 2019 se efectuó el 17 de enero a solicitud de Panamá por la visita que efectuó a ese país el papa Francisco.

Pero a decir del exvicepresidente Alfonso Fuentes Soria, presidente electo de la Junta Directiva del Parlacén que tendrá que definir la fecha de esa asamblea, no existe ningún motivo o solicitud para adelantarla.

El próximo 14 de enero Morales y Cabrera perderán la inmunidad, la que recuperarán en el momento en que asuman su curul en el Parlacén. De ahí el interés por conocer si la asamblea se adelantará, puesto que el mandatario guatemalteco es señalado por el Ministerio Público (MP) por financiamiento electoral no registrado.

En ese sentido Morales podría ser investigado e incluso, si un juzgado lo ordena, detenido durante los días en los que quedará sin derecho a antejuicio. El proceso penal que involucraría al mandatario, según el MP, tiene que ver con el financiamiento no registrado del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), partido que lo llevó a la presidencia en el 2015 y del cual era secretario general.

Su inmunidad como funcionario obligó al MP a solicitar el retiro del antejuicio, pero los procesos no han prosperado. Morales evitó pronunciarse si asumirá la diputación en el Parlacén, luego de participar en una actividad pública este viernes.

Sandra Torres Casanova fue perseguida y detenida por un caso similar. En principio no podía ser investigada por su inmunidad como candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), pero una vez perdió las elecciones fue capturada y enviada a prisión.

A finales de enero

De acuerdo con Fuentes Soria, quien este viernes fue elegido presidente de la Junta Directiva de Transición del Parlacén, y ejercerá el cargo del 28 de octubre hasta el próximo 14 de enero, “lo usual” es que la primera asamblea se efectúe en los últimos días del primer mes del año; sin embargo, el establecimiento de la fecha será una decisión que deberá discutir la directiva y aprobarla el pleno.

“Yo no veo que haya que alterar la fecha que el organismo decida. Si hay algún planteamiento de algún país habrá que atenderlo y resolverlo. Que yo sepa, no hay ninguna gestión en ese sentido”, precisó Fuentes Soria.

Pablo Ceto, parlamentario por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y quien también formará parte de la directiva de transición, coincidió en que no hay motivos para adelantar la primera reunión plenaria.

Perdería inmunidad

De acuerdo con el abogado constitucionalista Alejandro Balsells y el exvicepresidente y exdiputado del Paralcén, Rafael Espada, Morales y Cabrera perderían los fueros ya que los gobernantes al dejar el cargo no asumen de manera automática, aunque para otros, como para el también abogado constitucionalista, Mario Fuentes Destarac, es algo debatible.

El artículo 21 del Reglamento Interno de ese organismo cita que los expresidentes y exvicepresidentes “deben ser juramentados como diputadas o diputados centroamericanos ante la Asamblea Plenaria…” y que a partir de su juramentación pueden “tomar posesión del cargo en calidad de diputada o diputado centroamericano, adquiriendo todos los derechos y obligaciones inherentes”.

No todos los exgobernantes han asumido el Parlacén al dejar el cargo. Oscar Berger y Eduardo Stein, presidente y vicepresidente del 2004 al 2008, optaron por no hacerlo, mientras que otros como Jorge Serrano Elías y Gustavo Espina Salguero, así como Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, no culminaron el periodo para el que fueron electos.

Proyectos

Después de resultar electo, Fuentes Soria habló sobre el resto de las prioridades que tendrá la Junta Directiva Transitoria, entre estas continuar con el proceso de construcción de la nueva sede del Parlacén en la zona 15 de la ciudad de Guatemala, proyecto que costará Q6 millones, de los cuales ya se cuenta con Q3 millones.

Además, Soria añadió que en la reunión del Sistema de Integración Centroamericana (Sica) a celebrarse en diciembre próximo se propondrán iniciativas para que las resoluciones del Parlacén sean vinculantes.

Otro de los objetivos, comentó, será impulsar y propiciar el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica “el primer acuerdo que se firmaría región a región”.

La Junta Directiva Transitoria quedó integrada con un presidente, cinco vicepresidentes y seis secretarios:

• Alfonso Fuentes Soria, presidente, por Guatemala
• Pablo Ceto, secretario, por Guatemala
• Donald Calderón y Eugenio Chicas, vicepresidente y secretario, por El Salvador
• Bill O’neill Santos y Matilde Bonilla, vicepresidente y secretaria, por Honduras
• Julio Blandón y Francisco Ramos, vicepresidente y secretario por, Nicaragua
• Gilberto Succari y Cirilo Salas vicepresidente y secretario por, Panamá
• Claudio Marte y María Elena Pérez, vicepresidente y secretaria, por República Dominicana

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Tanto diputados del Congreso de la República como el vicepresidente Jafeth Cabrera discreparon este miércoles con Mauricio Claver-Carone, consejero del presidente estadounidense Donald Trump, en cuanto a si el acuerdo migratorio firmado entre EE. UU. y Guatemala debe o no se conocido y aprobado por el poder Legislativo.

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En la víspera, el funcionario estadounidense expuso que después de un análisis cauteloso que hicieron abogados de la Embajada de EE. UU. en Guatemala acerca de la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC), esta permitió la implementación del acuerdo y que este debe pasar por el Congreso solo si se utilizarán recursos nacionales, algo que no sucederá.

Pero a pesar de que las palabras de Claver-Carone coincidieron con las del presidente Jimmy Morales, quien a inicios de octubre dijo que el acuerdo se podría implementar sin que pase por el Legislativo, el vicepresidente Jafeth Cabrera advirtió de que esa será una decisión soberana del país.

“Cada país tiene independencia y reglas y procesos jurídicos. La Constitución es clara de en qué momento un acuerdo debe llegar al Congreso, está bien establecido y se ha hablado a la saciedad esta situación así que de momento nosotros seguimos con la misma hoja de ruta”, señaló el vicegobernante.

Según Claver-Carone, con su resolución la CC “sí permitió la implementación —del convenio— bajo ciertos requisitos” relacionados al financiamiento de este, y que toda vez el Gobierno de Guatemala no incurra en gastos no es necesario que lo apruebe el Congreso.

En ese sentido EE. UU. ya autorizó el desembolso de US$47 millones para la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para la implementación.

Debemos aprobarlo

Por el contrario, diputados consultados refieren que un acuerdo de esta naturaleza debe contar con el aval del Legislativo.

Oliverio García Rodas diputado independiente, considera que el acuerdo debe de llegar al Congreso si se firmó como Estado porque “así lo dice la Constitución, las leyes y un tribunal constitucional”, no obstante, estimó que será la próxima legislatura la que lo conocerá.

El diputado de Fuerza y ministro designado de Desarrollo Social, Raúl Romero, indicó que primero se deben conocer los detalles del convenio para saber si este debe ir al Congreso o si basta con la firma del Ejecutivo para echarlo a andar.

Sin embargo, considera que por lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad, el acuerdo “debe de venir al Congreso”, y que “las resoluciones de la Corte nos gusten o no hay que acatarlas si se quiere vivir en un estado de Derecho”.

Juan José Porras, diputado de Viva señaló que actualmente hay una “nebulosa” que impide que se defina cuál es el camino que debe de seguir el acuerdo migratorio; sin embargo, afirma, este “debe de venir al Congreso”.

Al igual que García Rodas, Porras señaló que será la próxima legislatura quien conozca el convenio, y el próximo gobierno el encargado de implementarlo.

Reanuda ayuda

Mientras tanto el secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, dio a conocer este miércoles que avaló la reanudación de entrega de fondos para Guatemala, El Salvador y Honduras, suspendida desde marzo de este año por orden del presidente Donald Trump, ante las pocas acciones de estos gobiernos para contener la migración irregular.

“Gracias a la política del presidente y a la respuesta de estos países, estamos observando grandes avances. Un ejemplo de esto son los Acuerdos de Cooperación de Asilo que se firmaron recientemente”, precisó Pompeo en un comunicado de prensa.

Reclaman información

Por su parte Pedro Bolo, canciller designado por el presidente electo Alejandro Giammattei, señaló que a la fecha no han recibido el acuerdo oficial firmado entre ambos países ni han sido invitados a alguna reunión para conocer el tratado.

“Como gobierno electo nuestra posición es que el gobierno actual nos incluya como invitados, que ha sido una solicitud reiterada, que ha desoído, de esta forma conoceríamos los avances y alcances de estos acuerdos para tener mayor claridad y aportar nuestras ideas”, indicó Brolo.

En cuanto a si el acuerdo debe o no se conocido por el Congreso, subrayó que se deben respetar las resoluciones de la Corte, aunque insistió en que para tener una postura más clara deben conocer el tratado firmado.

Acuerdo polémico

El acuerdo de asilo firmado el pasado 26 de julio entre el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, y el secretario de Seguridad Interna de EE. UU., Kevin McAleenan, mediante el cual Guatemala acepta la recepción de hondureños y salvadoreños solicitantes de asilo se ha enfrentado a una serie de críticas.

Entre los señalamientos que se hace al convenio es que Guatemala no tiene la capacidad de albergar a miles de demandantes de ese alivio migratorio y prueba de ello es que a la fecha apenas ha recibido cerca de 400  de las cuales hasta hace poco no había aprobado ninguna.

También el hecho de que el Gobierno de Guatemala fue incapaz de negociar beneficios para sus migrantes. Por ejemplo, a menos de 15 días de que se concretara la firma del convenio se produjo una gran redada en Misisipi donde 390 guatemaltecos fueron capturados, muchos ya fueron deportados y otros están en ese proceso.

Además, se firmó un convenio de visas temporales que otorgará apenas 24 mil de estas para trabajadores solo del sector agrícola cuando Honduras fue capaz de negociar que también se incluyera a trabajadores de la construcción.

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Previo a asumir la curul, Morales y Cabrera, deberán dejar la Presidencia el 14 de enero y con este acto perderían el derecho a antejuicio y lo recuperarían al ser juramentados, en una fecha aún no definida durante la plenaria del Parlacén. Situación contraria a los 20 diputados electos quienes mantienen este derecho desde su inscripción como candidatos.

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El presidente Morales tiene un proceso penal por financiamiento ilícito del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), sin embargo, su inmunidad como funcionario obligó a que se abriera un proceso de antejuicio que se encuentra engavetado en el Congreso, por lo que las investigaciones en su contra no han podido avanzar.

Por el mismo delito está siendo procesada actualmente Sandra Torres Casanova. Su proceso penal se estancó mientras ella gozaba de la inmunidad que le otorgó ser candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza, pero fue capturada y enviada a prisión provisional luego que perdiera las elecciones y se quedara sin protección penal.

Morales perdería su inmunidad como presidente de la República el 14 de enero y la recuperaría hasta que asuma su lugar en el Parlacén, esto según el Reglamento y el Tratado Constitutivo de ese organismo.

Fernando Calvillo director de Comunicación del Parlacén explica que los diputados de la Bancada Nacional Guatemala serán juramentados en la Asamblea Plenaria de enero, “en la fecha que se establezca en el calendario de sesiones, el cual será aprobado en la Asamblea Plenaria de noviembre del 2019”.

El artículo 21 del Reglamento Interno de ese organismo cita que los expresidentes y exvicepresidentes “deben ser juramentados como diputadas o diputados centroamericanos ante la Asamblea Plenaria… y que a partir de su juramentación pueden tomar posesión del cargo en calidad de diputada o diputado centroamericano, adquiriendo todos los derechos y obligaciones inherentes”.

Los últimos exmandatarios guatemaltecos que se incorporaron a este organismo a través de este procedimiento fueron Alejandro Maldonado Aguirre y Alfonso Fuentes Soria, quienes entregaron la Presidencia a Morales y Cabrera, el 14 de enero del 2016 y fueron juramentados 14 días después, el 27, en una plenaria que se llevó a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura.

Con relación a la incorporación de Morales y Cabrera al Parlacén, el vocero presidencial Alfredo Brito asevera que “al finalizar el mandato presidencial, el presidente y el vicepresidente pasarán a formar parte del Parlamento Centroamericano, tal como está previsto”.

Dos puntos de vista

El abogado constitucionalista Alejandro Balsells asegura que los mandatarios pierden la inmunidad en el momento en que entregan el cargo y que la recuperan cuando asumen como diputados en el Parlacén. “En un país respetuoso de las leyes este lapso podría acarrear problemas a Morales o Cabrera, pero como están funcionando el Ministerio Público y las Cortes, no creo que pase nada”, afirma.

El exvicepresidente y exdiputado al Parlacén Rafael Espada, de manera contundente dice que durante este lapso -al entregar el cargo presidencial y antes de recibir la curul centroamericana-  los exmandatarios no gozan de inmunidad porque oficialmente no son miembros del Parlamento. “Nosotros -junto con Álvaro Colom- dejamos la presidencia el 14 y asumimos en el foro centroamericano hasta febrero, tiempo durante el cual no gozamos de inmunidad”, recuerda Espada.

El también abogado constitucionalista Mario Fuentes Destarac, considera que es un tema discutible porque hay algunos expertos que consideran que los exmandatarios “se convierten en diputados al Parlacén de manera automática desde el momento en que cesan en su función de presidente y vicepresidente, mientras que otros consideran que hasta el momento de la juramentación. Ahí está la discusión”, afirma.

Fuentes Destarac explica que los 20 electos viven una situación distinta porque gozan de derecho de antejuicio desde el momento en que son inscritos, pero los exmandatarios no son electos, “son diputados natos que contempla el Tratado Constitutivo del Parlacén. “El punto es que: ¿En qué momento se adquiere la inmunidad, desde el momento en que cesa la función presidencial o cuando son juramentados?, esas son las dos tesis… y ambas son defendibles”.

El expresidente Roberto Carpio Nicolle, fundador del Parlacén, dice que esta es una institución comunitaria que tiene sus debilidades como cualquier congreso del mundo. “Hay que pensar que no es un refugio, sino un ente que debe luchar por la integración, pero que en la actualidad no está cumpliendo este papel”.

Varios no disfrutaron los privilegios

La incorporación de los expresidentes y vicepresidentes guatemaltecos al Parlacén a partir del periodo (1991-1996) ha sido particular, pues no todos los mandatarios electos han asumido el cargo, algunos por decisión propia, otros por problemas con la justicia durante su gobierno. Los primeros en ocupar sin ningún problema este periodo fueron Vinicio Cerezo Arévalo y Roberto Carpio Nicolle.

Las curules para el periodo 1996-2000 estaban destinadas para el presidente electo Jorge Serrano Elías y Gustavo Espina; sin embargo, no llegaron a ocuparlas, porque en mayo de 1992 el mandatario dio golpe de Estado y luego huyo a Panamá, donde reside desde entonces, por  lo que fueron nombrados por el Congreso de la República Ramiro de León Carpio y Jorge Herbruger, quienes fueron juramentados para ese periodo.

Para el periodo 2000-2004 fueron juramentados los expresidentes Álvaro Arzú Irigoyen y Luis Flores Asturias, tal como estaba previsto; no obstante, según fuentes del Partido de Avanzada Nacional, a quien pertenecían ambos, cuentan que Arzú Irigoyen tuvo poca participación, porque los cuatro años los ocupó en formar su partido Unionista, con el cual ganó posteriormente la municipalidad de Guatemala.

Uno de los casos más polémicos fue el periodo 2004-2008, pues luego de ser juramentados Alfonso Portillo y Juan Francisco Reyes López fueron perseguidos por hechos de corrupción relacionados con Taiwán y con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Estas sindicaciones motivaron a Portillo a huir a México y López Reyes fue sometido a un juicio.

El siguiente periodo (2008-2012) marcó la concepción crítica hacia el Parlacén, pues tanto Óscar Berger Perdomo, como Eduardo Stein Barillas, decidieron no aceptar el cargo, por lo que no fueron juramentados. “No aceptamos porque nos dimos cuenta de que el organismo no tiene capacidad vinculante, es una carga financiera para los países miembros y se fue convirtiendo en un parnaso o jardín de los poetas”, comenta Stein.

El periodo 2012-2016 transcendió sin pena ni gloria ya que sin ningún problema fueron juramentados Álvaro Colom y Rafael Espada. Durante su gobierno (2008-2012) Colom limpió su camino al Parlacén, pues en el 2006 la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional que los exmandatarios tuvieran derecho a antejuicio debido a que no habían sido electos. Este hecho fue el que motivo la persecución de Portillo; sin embargo, Colom consensuó una enmienda al Tratado.

Para el actual periodo estaban destinados Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, pero la caída de la pareja presidencial por hechos de corrupción en el 2015, motivo al Congreso de la República a nombrar a Alejandro Maldonado Aguirre y Alfonso Fuentes Soria, quienes deberán dejar el cargo a principios del 2020 y en teoría su relevo sería Jimmy Morales y Jafeth Cabrera.

Otros casos célebres

En Guatemala el caso más sonado fue el de Alfonso Portillo, quien se mantuvo prófugo durante varios años y luego fue capturado y extraditado a Estados Unidos donde fue condenado a una pena de cinco años de cárcel por lavado de dinero por unos cheques que le entregó el gobierno de Taiwán.

El expresidente panameño Ricardo Martinelli criticó con dureza al Parlacén desde el comienzo de su mandato, en el 2009, cuando dijo que ese organismo regional era una “cueva de ladrones” y posteriormente, anunció que Panamá se saldría del Parlacén, pues lo consideraba un  organismo inoperante que servía para proteger legalmente a políticos cuestionados.

Su periodo de gobierno concluyó y debió tragarse sus palabras, pues el 2 de julio del 2014 debió entregar la banda presidencial a Juan Carlos Varela y en medio de la celebración viajó a Guatemala para que fuera juramentado como miembro del Parlacén debido a en su país enfrentaba acusaciones de corrupción.

El exvicepresidente Rafael Espada cuenta que formaba parte de la junta directiva del organismo y que ese día recibió una llamada telefónica de Martinelli en la cual solicitó que se le diera posesión, pero él le respondió que no se podía y que debería esperar cuando hubiera una reunión del pleno, pero no le hizo caso y viajó al país, y en la noche, “de manera ilegal la presidenta Paola Castellanos le dio posesión en secreto y sin pleno”.

Otro caso peculiar es el del expresidente salvadoreño Mauricio Funes quien intentó ser juramentado por el Parlacén en junio del 2014 para adquirir inmunidad pues es acusado de corrupción por más de US$300 millones, situación por la cual huyó a Nicaragua, donde después de unos meses de manera exprés adquirió la nacionalidad de ese país y así evitar ser extraditado a su país.

Para evitar ser capturado, Funes envió una nota al Parlacén el 18 de mayo en la cual pedía que fuera incorporado el 2 de junio del 2014, un día después de entregar el mando a Salvador Sánchez Cerén, pero el Parlamento Centroamericano no admitió su solicitud, con lo que recobraría el fuero que perdería al dejar la Presidencia.

La solicitud de incorporación es un requisito del reglamento interno del Parlamento, pues tratándose de un funcionario que no ha sido elegido en las urnas para convertirse en diputado centroamericano, un presidente que termina su mandato debe expresar su interés en ocupar el cargo en la asamblea regional.

Además, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de ese país congeló su paso “automático” al Parlacén al admitir una demanda de inconstitucionalidad contra el mecanismo que permite eso a los presidentes salientes, algo similar a lo que le sucedió a Alfonso Portillo.

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El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) podría incluirse en la Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos Contra el Lavado de Dinero u otros Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en Guatemala (Copreclaft), según se sugirió este 2 de octubre en la reunión ordinaria de esta entidad.

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La necesidad de incluir a esta entidad se debe a que los delitos relacionados con el patrimonio de la Nación, el tráfico ilegal de flora y fauna y la utilización de áreas protegidas fueron catalogados como una amenaza media alta para permitir el lavado de dinero, según los integrantes de la comisión.

Para lograr esta integración ya se comenzaron reuniones entre autoridades del Conap y otros funcionarios, pues la presencia del consejo permitiría recolectar datos y trazar una ruta de acciones para evitar el hecho ilícito, indicó Óscar Calvillo, de la Secretaría Técnica de la Copreclaft, quien además presentó el quinto informe de actividades de esa entidad.

La inclusión del Conap a las actividades de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo es parte del primer eje de trabajo de la comisión que se refiere a la táctica y fortalecimiento de las entidades.

En ese eje se deben efectuar 39 actividades, pero aún hay 26 sin iniciar, seis están en proceso, dos ya fueron finalizadas y otras cinco están con retraso, se indicó.

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En el segundo eje estratégico, donde se deben cumplir 18 actividades, hay cuatro en proceso y 14 sin iniciar. Este se refiere a la capacitación y concienciación de la ciudadanía.

Según Calvillo, se procura el diseño de una malla curricular que incluya, además de los aspectos teóricos, la práctica y los temas de la capacitación se dividieron en niveles básico, intermedio y avanzado.

Además, personal de las instituciones que conforman la Copreclaft son capacitados en temas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

En cuanto a la concienciación de la ciudadanía se planeó una estrategia en redes sociales y afiches informativos.

También se conmemorará el Día de la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo el próximo 29 de octubre.

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Plantearán reforma

Luego de una identificación de brechas de la Ley contra el Lavado de Dinero u otros Activos se presentará a las instituciones que conforman la comisión una propuesta para hacer reformas y presentarlas oficialmente después de una discusión.

Esta propuesta forma parte del tercer eje de trabajo para prevenir este hecho ilícito y consta de 16 actividades, de las cuales dos todavía están sin comenzar.

En cuanto a las estadísticas, la Secretaría Ejecutiva de la comisión hizo una revisión a la plataforma y los datos que esta brindan, también se hizo una identificación de las mejoras que requiere y se tienen reuniones con instituciones que pueden generar datos para estadísticas e indicadores como el Ministerio Público (MP) y el Ministerio de Gobernación, agregó Calvillo.

Hasta el 30 de septiembre, en el MP se habían interpuesto o ratificado 126 denuncias por lavado de dinero. El año pasado el órgano investigador recibió 79 y en el 2017, la cifra llegó a 102, se informó durante la reunión de este miércoles.

En total, el monto que se presume lavado este año asciende a Q1 mil 780 millones y estarían involucradas 996 personas.

Acciones implementadas por la Copreclaft de las 87 actividades programadas

• 51 sin iniciar                            59%
• 23 en proceso                         33%
• 2 actividades finalizadas       2 %
• 5 actividades con atraso       6 %

Al 31 de agosto la efectividad de ejecución es del 92.26%, informó Calvillo.

La reunión fue presidida por el vicepresidente Jafeth Cabrera.

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En Q115 millones 764 mil 829 quedó el presupuesto del Instituto de Previsión Militar (IPM) tras una ampliación aprobada por el Ministerio de Finanzas bajo el Acuerdo Gubernativo 108-2019 y firmado por el vicepresidente Jafeth Cabrera.

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A decir de este acuerdo, la ampliación presupuestaria es para “el pago de prestaciones a oficiales, especialistas y beneficiarios del régimen militar”,

El acuerdo fue firmado el pasado 5 de julio cuando Cabrera era presidente en funciones y se publicó en el diario oficial este 15 de julio.

Cabrera estuvo al frente del Ejecutivo mientras Jimmy Morales se encontraba en Argentina con el presidente de aquel país, Mauricio Macri, conociendo los aviones militares Pampa III que adquirió por 28 millones de dólares.

Ese mismo día también se conoció que el gobierno compró un buque militar por Q90 millones a través de un acuerdo entre el gobierno de Guatemala y Colombia.

La argumentación de Jafeth Cabrera, presidente en funciones, se contradice con lo afirmado por el gobierno argentino, que dio por hecho la venta de las dos aeronaves.

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Al terminar la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasán), Cabrera insistió en que “no se han comprado” los aviones Pampa III a la estatal Fábrica Argentina de Aviones (Fadea).

“Es un proceso y al finiquitar se trasladará -la propuesta de compra- al Ministerio de Finanzas para la compra correspondiente, pero no se ha comprado y no hay ninguna consecuencia presupuestaria por el momento “, justificó Cabrera.

El mandatario en funciones expuso que la compra de aviones es un “proceso” y será el Ministerio de Finanzas el que evaluará si hay o no recursos financieros para hacer la adquisición.

“La información que tengo es que está en proceso la compra, no se han comprado porque no se ha entregado ningún cheque, una vez se da todo el proceso jurídico tiene que trasladarse al Ministerio de Finanzas”, argumentó Cabrera.

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Contradicción

La postura de Cabrera contradice a la del presidente Jimmy Morales, quien el miércoles pasado concretó la compra de las dos aeronaves por US428 millones -unos Q215.8 millones-.

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El mandatario afirmó “Estamos muy emocionados por este proyecto. No solo es hablar de llevar dos aviones al país, sino que es llevar todo un sistema en donde tenemos la asistencia en cuanto a toda la capacitación que se va a necesitar para los pilotos, todo un concepto de intercepciones aéreas en la lucha contra el narcotráfico”.

Morales fue acompañado a la visita en Argentina por el ministro de la Defensa Nacional, Luis Ralda, y la canciller Sandra Jovel.

Según Ralda, la compra de los aviones está “basada en un convenio que existe desde 1981 con la República de Argentina en cuanto a cooperación bilateral” y argumentó que los sistemas adquiridos “van a permitir a Guatemala poder proteger su espacio aéreo, poder velar por la soberanía y poder hacer frente al narcotráfico” debido a que no se tiene capacidad aérea para poder afrontar el ingreso de aeronaves no autorizadas.

El presiente de Argentina, Mauricio Macri, expuso: “Hoy recibimos al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y cerramos la venta de dos aviones Pampa III. Es la primera vez que Fadea exporta aviones producidos en sus instalaciones. Un hito”.

Dudas

La compra de los dos aviones no ha sido impulsada por medio de una licitación internacional, el gobierno guatemalteco justifica el negocio directo con el de Argentina a través de un convenio de cooperación suscrito en 1980.

Además, la Fadea en Argentina ha sido señalada de corrupción de 2010 al 2014, en ese período se señalan pérdidas millonarias.

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“Es una expectación que se está haciendo, no pienso que se están comprando los aviones”, expuso el presidente en funciones, Jafeth Cabrera, luego de participar luego de participar en el gabinete Económico y ser consultado por la posible compra de aeronaves.

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La compra de los dos aviones a la estatal Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) sería por Q215.8 millones, cada aeronave está valorada en US$14 millones, aunque hay reportes de prensa que exponen el precio unitario de US$12 millones.

“De momento no se ha dicho nada de la compra, tendrá que verse en el transcurso cuando el presidente regrese que, fue lo que finalmente decidieron en torno a la situación que como prioridad para evitar los ilícitos que a diario suceden en Guatemala y de alguna manera van afectando la economía del país”, argumentó Cabrera.

Cabrera indicó que hablarán con Morales cuando regrese de Argentina y justificó “no tengo ahorita lo que ellos han platicado -en Argentina- ahorita están las reuniones y cuando él regrese vamos a tener ya un informe oficial”.

El ministro de la Defensa Nacional Luis Ralda se encuentra en Argentina y se reunió con su homólogo argentino Óscar Aguad para continuar la negociación para la compra de los aviones, según el diario El Clarín.

El mandatario Jimmy Morales también visita Argentina y su estadía en ese país coincide con las negociaciones para comprar dos aviones Pampa III.

Cabrera dijo: “Hay unas visitas oficiales del señor presidente como todos los países desarrollados lo hacen para fortalecer vínculos comerciales y de toda naturaleza que viene a fortalecer “.

Sin presupuesto para aviones

El vocero del Ejército, coronel Óscar Pérez, argumentó que no se compraron los aviones porque “apenas se están dando los primeros pasos para recuperar capacidades aéreas” y cuando Ralda regrese de Argentina expondrá información técnica y legal que será sometida a análisis de la comisión técnica del presupuesto, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y las comisiones de Defensa y Finanzas del Congreso de la República “para ver si evalúan, si lo van a dar o no -el dinero-“.

En el presupuesto del Ministerio de la Defensa Nacional para este año no tiene previsto  la compra de aviones y Pérez aclaró que “para este año no está contemplado -la compra de aviones- toda vez que el presupuesto fiscal sea sincronizado con asignaciones coherente con la aprobado en el presupuesto”.

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Ello a pesar de que, este miércoles, el ministro del Interior, Enrique Degenhart, confirmó que su país había aceptado seguir discutiendo el tema con EE. UU. para contener el flujo migratorio irregular que busca llegar a suelo norteamericano.

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“Guatemala no tiene ni la economía ni las posibilidades de poder mantener a una cantidades de migrantes de esa naturaleza”, dijo el vicepresidente durante una entrevista con Efe en Quito, a donde llegó este miércoles para reuniones de trabajo con miembros del Gobierno ecuatoriano.

Preguntado por las conversaciones con EE. UU. y la posibilidad de convertirse en un “tercer país seguro”, Cabrera aseguró: “no hemos ofrecido eso”.

“Lo que estamos haciendo nosotros es proponiendo una comisión que analice todos los problemas migratorios y que permitan la facilidad del retorno de los migrantes a través de procesos jurídicos sin apresar gente”, afirmó.

Lo anunció acompañado de sus homólogos de El Salvador y Honduras, así como del secretario de Seguridad Nacional en funciones de EE. UU., Kevin McAleenan, el concluir la VII Reunión de Ministros y Secretarios del Triángulo Norte de Centroamérica con el secretario de Seguridad Nacional de los EE. UU.

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Degenhart admitió que aún no ha concluido la discusión del convenio, pero detalló que existe “una contraparte de la oferta” del Gobierno estadounidense que será “sumamente beneficiosa para Guatemala”.

Hoy, Cabrera afirmó que “no se ha hablado de eso (de quedarse los migrantes en Guatemala) y que “han tergiversado los procesos que se plantearon”.

“Guatemala no está haciendo ninguna oferta. EE. UU. está pidiendo una cooperación de los países del Triángulo Norte”, refirió el segundo mandatario guatemalteco al contextualizar el papel de su país como “país intermedio entre Salvador Honduras y el resto de Latinoamérica”.

Destacó que los ciudadanos de países centroamericanos “no tienen problema porque Guatemala tiene un convenio con Centroamérica que no exige mayores trámites para trasladarse”, pero que “dentro de estas grandes migraciones han llegado individuos de otros continentes que ellos sí tienen que cumplir ciertos requisitos”.

“Lo que estamos haciendo, de inicio, es una relación de compromisos para ver cómo una comisión de alto nivel puede establecer esos vínculos, sin que Guatemala haya ofrecido lo que en algún momento se tergiversó”, insistió.

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Agregó que “probablemente, alguno de los funcionarios de Guatemala estableció alguna palabra que no es la responsabilidad de gobierno”, y que “si algún funcionario dice que nosotros queremos ser un país de apoyo de esta naturaleza, no es lo que se ha decidido a nivel de Gobierno central”.

“Es una comisión que establecerá los vínculos con los países del Triángulo Norte y del país del norte (EE. UU.), con México también, que al principio fue un país que abrió sus fronteras, dijo que se podían quedar los que quisieran y ahora ya cambió su política”.

La comisión, a juicio del vicepresidente, debe analizar la situación para “poder establecer mecanismos que permitan regular esta situación” porque “Guatemala no tiene ni la economía ni las posibilidades de poder mantener a una cantidad de migrantes de esa naturaleza”.

El acuerdo de la posibilidad de que Guatemala se constituya como un país que brinde asilo a los migrantes es una “asociación” que, según dijo el funcionario estadounidense este miércoles, se está buscando no solo con Guatemala “sino con México, algo que ya ha hecho público el presidente Donald Trump”.

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La desnutrición crónica, que afecta a la mitad de los niños guatemaltecos se incrementó en siete municipios de Baja Verapaz y Chiquimula, departamentos que conforman el corredor seco y cuya tendencia se puede estar repitiendo en el resto de esa zona, según la medición de la oficina en Guatemala de Oxfam.

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Los resultados se obtuvieron a través de un monitoreo durante los últimos cuatro años, evaluando a 20 mil 119 niños menores de 5 años, unos cuatro mil niños por año, y los resultados indican que entre el 2016 y el 2019 la desnutrición crónica incrementó en 6.9% en esos siete municipios.

Oxfam hizo la evaluación en Cubulco, Rabinal y San Miguel Chicaj, Baja Verapaz, y en Camotán, Jocotán, Olopa y San Juan Ermita, Chiquimula.

“Es una cantidad importante para un periodo tan corto, y los datos preocupan”, afirmó Iván Aguilar, jefe del Programa Humanitario de Oxfam Guatemala, quien cuestionó que las metas que se habían propuesto varios gobiernos es reducir el 10 por ciento en su mandato gubernamental, pero lo que estamos viendo es que al menos en el corredor seco esa desnutrición se está incrementando.

En todo el país, la desnutrición crónica afecta al 46.5% por ciento de los niños menores de 5 años, según la más reciente encuesta de Salud Materno Infantil (2014-2015); pero para esos departamentos las mediciones indican que en Baja Verapaz están afectados 48.3% de los niños y en Chiquimula es el 45.2%.

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Además, los municipios evaluados tienen un problema mucho más severo, pues la medición de Oxfam en el 2016 indicó que los afectados por la desnutrición crónica eran el 60.9% de los niños menores de 5 años, con la medición al 2019 la cifra se incrementó a 67.8%.

Aguilar asegura que ese incremento puede estar ocurriendo en el resto de los departamentos que conforman el corredor seco: parte de Quiché, Baja Verapaz, El Progreso, Guatemala, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y Jutiapa.

“Las inversiones que se hace de parte de las instituciones del Estado no son efectivas y tampoco las cantidades de esa inversión son las adecuadas porque la intervención crónica sigue incrementando”, reiteró Aguilar.

Plan mal planteado

Chiquimula es uno de los departamentos priorizados en la Estrategia Nacional para la Reducción de la Desnutrición Crónica, impulsado por el actual gobierno como un plan para atender el problema entre el 2016 y el 2020.

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Dicha estrategia; sin embargo, tiene varias deficiencias según la evaluación del Instituto Nacional de Salud Pública de México. Esos resultados fueron presentados este 21 de junio, en la reunión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasán).

Anabelle Bonvecchio, directora de Investigación en Políticas y Programas de Nutrición, presentó un resumen del análisis a la estrategia, en donde resaltó:

• No se consideró la estructura operativa de los ministerios al momento de diseñar la estrategia
• La ausencia de matrices de marco lógico con todos los indicadores claramente planteados
• La ausencia de metas de coberturas de las intervenciones y de indicadores de resultados
• No existen manuales de la implementación de la estrategia
• No hay diferenciación entre población potencial y población objetivo
• No está cuantificada la población objetiva por lo que no se sabe dónde está
• Inconsistencia en la definición de la población objetivo
• La información está fragmentada entre los ministerios por lo que no se puede conocer el número de intervenciones que recibe cada beneficiario
• Hay ausencia de un registro único
• La propuesta de reducir en 10% la reducción crónica no está sustentada

Bonvecchio afirmó que durante el Consán se presentó un resumen de los hallazgos y que estos se harán públicos la próxima semana, luego de hacer una presentación oficial.

El estudio fue solicitado por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan), por lo que se efectuó en apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

Durante la presentación de los resultados de la evaluación de la estrategia, los funcionarios de gobierno se mostraron incómodos, incluso el ministro de Agricultura, Mario Méndez-Montenegro, afirmó que el combate de la desnutrición es una responsabilidad de todos los sectores del país y no únicamente del gobierno.

Méndez-Montenegro afirmó que la situación de la desnutrición crónica no es responsabilidad del gobierno de Jimmy Morales, pues recibió el país con esas cifras.

El ministro de @MagaGuatemala asegura que la reducción de la desnutrición crónica no es exclusiva del gobierno y que la administración de Jimmy Morales no es responsable de las cifras que se tienen, pues "así se recibió". pic.twitter.com/AH7fwtmHZD

— Andrea Orozco (@AOrozco_PL) June 21, 2019

El secretario de Sesan, Juan Carlos Carías, afirmó que se tomarán en cuenta las recomendaciones que se hicieron de parte de los evaluadores e indicó que, como secretaría, le apuestan a la mejora del entorno de los afectados para poder resolver el problema de la desnutrición.

Mientras, el vicepresidente Jafeth Cabrera, quien preside el Conasán, indicó que la información se trasladaría a las instituciones involucradas para procurar la integración y seguir trabajando.

“La desnutrición es un problema multifactorial y si no nos integramos, ya ven ustedes las cifras tan limitadas que tienen los estudios en el avance del problema”, afirmó.

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Las promesas de campaña

La atención a la desnutrición crónica es uno de los ejes contemplados en los planes de gobierno de los dos candidatos presidenciales que pasarían a la segunda vuelta electoral, una vez oficializado por el Tribunal Supremo Electoral.

Alejandro Giammattei, candidato por el partido Vamos, se guía por el Plan Nacional de Innovación y Desarrollo que enlista una serie de acciones para combatir la desnutrición crónica.

Entre sus planes está la provisión de alimentos de manera oportuna con productos de calidad y cantidad, proveer información y educación alimentaria y nutricional, asegurar el acceso al agua potable y al saneamiento básico. Además, impulsar la lactancia materna y educación sobre la seguridad alimentaria y nutricional.

Sequía causa migración en corredor seco | Prensa Libre

Sandra Torres, por su parte apuesta a los programas sociales para la reducción de la desnutrición crónica y ayudar a la población en pobreza y pobreza extrema para bajar los indicadores.

Esos programas sociales se entregarían por no más de 10 años a la población objetivo que serían niños menores de 2 años, para que al finalizar el programa este tenga entre 10 y 12 años.

La protección social que ofrece la UNE está basada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, según el vicepresidenciable, Carlos Raúl Morales.

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Cabrera aseguró que desconoce que se evalúe modificar el acuerdo CA-4, que permite a los ciudadanos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua moverse libremente por toda la región.

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“No hay ninguna propuesta”, sostuvo el funcionario. Sin embargo, días atrás el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, confirmó que entre las medidas que analizan en conjunto con Estados Unidos están cambiar dicho acuerdo, que, según él, ha facilitado el desplazamiento de las caravanas migrantes por dichos países en su camino hacia el país del norte.

“No hemos tenido comunicación con el ministro de Gobernación, si él externó alguna situación de esa, porque no le hemos escuchado de su voz, puede ser que se tergiverse las cosas como muchas veces sucede”, dijo Cabrera.

El vicepresidente afirmó que hasta el momento no hay ninguna propuesta en el Instituto de Migración para modificar el acuerdo CA-4. “A cualquier funcionario se le puede ocurrir ir a decir cualquier cosa, pero no hemos escuchado de él (Degenhart) la propuesta concreta”, aseveró.

Adelantó que el próximo lunes se reunirá con Degenhart durante el Gabinete de gobierno.

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Sobre la medida de que México enviará 6 mil soldados a la frontera con Guatemala para frenar el paso de migrantes, Cabrera indicó que “son respetuosos”.

El vicemandatario sostiene que las medidas que México implementa para no permitir el paso de migrantes centroamericanos obedece a las presiones del gobierno de Donald Trump de imponer aranceles a productos mexicanos si no endurece sus acciones antimigrantes.

“México abrió las puertas y ahora la está cerrando porque al principio dijo que iba a acceder a todas las peticiones de albergue que ellos (los migrantes) solicitaran y a tenerlos como posibles trabajadores del Estado de México”, señaló.

Un derecho humano

Cabrera defendió que migrar es un derecho humano y que “todo centroamericano que venga tiene derecho a pasar sin mayores trámites”. “Algunos otros extranjeros que vengan de otros países tendrán que cumplir con lo que establece la ley migratoria”, expresó.

Apuntó que si México quiere que Guatemala cierre sus fronteras a la migración tiene que dialogar con el ministerio guatemalteco de Relaciones Exteriores para analizar las medidas a tomar.

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Ambos aspiraban a ser diputados del Congreso por el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), sin embargo, tienen prohibición institucional de optar a esos cargos, por ser familiares del presidente y vicepresidente.

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Además, Samuel Morales tendría prohibición por enfrentar un proceso legal en el caso Botín en el Registro de la Propiedad, que está en la etapa final del debate.

En este proceso, el hermano del presidente es acusado por los delitos de fraude y lavado de dinero, por haber tenido participación en tres adjudicaciones públicas en el Registro en 2013 por un valor de más de Q200 mil, mismas que no se llevaron a cabo.

Pese a estar en juicio, Morales obtuvo un tratamiento exprés de la Policía Nacional Civil (PNC) que le permitió borrar sus antecedentes policíacos.

En el caso de Cabrera Cortez, el TSE aplicó el artículo 164, sobre las prohibiciones y compatibilidades a cargos de diputados, que en el inciso C establece: “Los parientes del Presidente de la República y los del Vicepresidente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”.

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Los magistrados que conocieron el caso fueron Bonerge Mejía, Dina Ochoa, José de Mata Vela, Gloria Porras, Henry Comte y Cristina Fernández.

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Cabrera Cortez pretendía competir como candidato a diputado por el distrito central por la agrupación política Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

La apelación fue presentada debido a que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le dijo no a Cabrera Cortéz en un amparo provisional para que fuera inscrito en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Antes, el pasado 12 de marzo, el director del Registro de Ciudadanos del TSE, Leopoldo Guerra, confirmó que Cabrera Cortez no iba a ser inscrito porque pesa sobre él la prohibición expresa de la Constitución por ser hijo del vicemandatario.

La prohibición

El artículo 164 constitucional, Prohibiciones y compatibilidades, en el inciso c, dice: “Los parientes del Presidente de la República y los del Vicepresidente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”.

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El vicemandatario, quien está a cargo del Ejecutivo mientras el presidente Jimmy Morales está de visita en Taiwán, afirmó este 30 de abril que “ni el presidente ni ningún miembro del gobierno está atacando a ningún candidato y a ningún ciudadano”.

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Cabrera agregó que el mandatario y el Ejecutivo respetan la Constitución “para dar seguridad a la ciudadanía”.

Aldana dijo en una entrevista con Prensa Libre, el 24 de abril, que Morales es “el jefe del Pacto de Corruptos” y aseguró que “él es el prófugo” y aseguró que la reunión que el mandatario tuvo con Mario Estrada en la finca de Jalapa “muestran al sistema político-corrupto”.

Sobre las investigaciones que la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) hace sobre el excandidato presidencial Mario Estrada y los señalamientos en contra del candidato Roberto Arzú, el vicepresidente también afirmó que “cualquier individuo guatemalteco está en disposición de que lo investiguen si tiene algún ilícito”.

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El mandatario volvió a señalar a Aldana al decir que “ha habido tergiversación y mentiras” y agregó que “Thelma Aldana salió diciendo que no tenía seguridad cuando sabemos que tenía vehículos blindados. Uno tiene que hablar con la verdad y si tiene algo que lo investiguen”.

El vicepresidente aseguró que “si la DEA ha hecho estas denuncias contra candidatos, es porque tienen alguna prueba de que han hecho algo ilegal”.

Entre otros temas el vicemandatario también fijó la postura de Guatemala ante la crisis venezolana, e indicó que esta se fijó hace varios meses. “Esperamos que no haya derramamiento de sangre, que se resuelvan los problemas por la vía del diálogo y que si la población venezolana quiere un relevo que se haga”, indicó.

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Además, Cabrera dijo que no se ha indicado alguna postura sobre Nicaragua y que “si hay alguna convocatoria de parte de los países centroamericanos, que es el primer grupo que tiene que actuar, Guatemala participará”.

El funcionario también se refirió a los migrantes y reiteró que el Ejecutivo actúa “en pro de que los pobladores guatemaltecos no se vayan a EE. UU”, aunque indicó que “algunos toman una decisión personal, otros por necesidad”.

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Mediante un comunicado, el Departamento de Estado  se expresó “profundamente preocupado” por la enmienda propuesta a la Ley de Reconciliación Nacional en Guatemala que daría amnistía por crímenes durante el conflicto armado interno.

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“Lo único que les podría decir es que nosotros los guatemaltecos deberíamos resolver nuestros problemas. Lo internacional que quede fuera, ellos que resuelvan los problemas que tiene cada quién”, respondió el vicemandatario.

Agregó que personalmente cree que “hay responsabilidad” de todos los guatemaltecos y se deberían unificar criterio para “ver qué es lo mejor”.

Se le consultó además si reformar dicha ley podría traer alguna repercusión para el país a nivel internacional y señaló que lo ve poco probable.

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“No lo creo, mi opinión es que nosotros debemos resolver nuestros problemas internos. Los países a nivel mundial tienen sus propios problemas, yo no creo que lo que aquí en Guatemala se discuta tenga incidencia y que con todos los procesos que debemos establecer”, aseveró Cabrera Franco.

Pese a esta postura el vicepresidente evitó contestar puntualmente la pregunta si él cree que es correcto que los diputados enmienden la Ley de Reconciliación para otorgar una amnistía total a los culpables de delitos de lesa humanidad. “No sé ni en qué lectura está, no tengo información al respecto”, fue su respuesta.

Postura

“La enmienda otorgaría una amplia amnistía para los perpetradores de violaciones graves de derechos humanos y abusos, así como para los delincuentes condenados”, declaró ayer Robert Palladino, portavoz adjunto del Departamento de Estado.

Añadió: “Los juicios llevados a cabo en Guatemala por delitos relacionados con violaciones de derechos humanos y abusos han devuelto la dignidad a las familias sobrevivientes de las víctimas, inspiraron una mayor confianza en las instituciones estatales y sirvieron de ejemplo positivo para otras naciones que buscan abordar un legado de conflicto”.

“Estados Unidos mantiene su compromiso de apoyar a las instituciones guatemaltecas y al pueblo guatemalteco en su lucha en curso contra la corrupción y la impunidad”, apuntó Palladino.

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Las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional van dirigidas a extender la amnistía a delitos que no fueron incluidos en el texto original, tales como genocidio, desaparición forzada y tortura. Además de absolver a condenados por estos hechos, aplicando la retroactividad de la ley.

Niega interés partidario

La postura del Departamento de Estado de EE.UU. se suma a la de otras instituciones y organismos internacionales que están en esa línea, entre ellas  Impunity Watch y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos.

A nivel nacional varias organizaciones de Derechos Humanos han criticado el proyecto de ley y señalado que el partido oficial Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación)  tiene interés particular en reformar la ley para beneficiar a un miembro fundador.

Se trata de Edgar Justino Ovalle Maldonado, quien era diputado al Congreso por el partido oficial, pero en febrero de 2017 se giró una orden de captura en su contra por el caso de desapariciones forzadas Creompaz.

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Actualmente Ovalle Maldonado se encuentra prófugo, pero si la ley es aprobada podría regresar y retomar su curul en el Congreso.

Al respecto de ese extremo se contactó a la diputada Iliana Calles, subjefa del FCN-Nación, quien negó que esa sea una razón para querer aprobar la ley, pero reconoció que puede ser que se vea de esa forma desde fuera del Congreso.

“La realidad es que no es para favorecerlo realmente ­–a Ovalle Maldonado–, talvés lo miran así, pero yo no lo miro así”, respondió la legisladora al consultarla al respecto.

Calles  agregó que el objetivo de la bancada oficial al aprobar la iniciativa es “llevar un orden y ver que posibilidades existan para la reconciliación”.

Calles reconoció que se reunirán como bancada para analizar qué estrategia se tomará para impulsar la iniciativa y la forma en que se cabildeará con otras bancadas.

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El funcionario afirmó este jueves que al gobierno le queda muy poco para poder reducir de 47% a 37% la cantidad de niños que padecen desnutrición crónica en el país, por lo que a menos de un año de acabar el mandato replanteó una de sus promesas de campaña y dijo que se reducirá 5%.

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Según Cabrera, en algunas regiones del país, como en la Chortí, se ha logrado reducir hasta 6% la desnutrición crónica, sin embargo, otras regiones no alcanzan ni siquiera el 1%.

“Estamos viendo cómo seguimos fortaleciendo las medidas y seguimos trabajando”, afirmó Cabrera.

El vicepresidente dijo que uno de los problemas para no alcanzar la meta es el presupuesto asignado, y citó como ejemplo que en el 2018 el Ministerio de Agricultura “no pudo atender ciertas cosas” porque se dio prioridad al Corredor Seco.

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Otra muestra de cómo los recursos financieros para combatir la desnutrición crónica son insuficientes es un proyecto propuesto por la municipalidad de Jacaltenango, Huehuetenango, en donde se requieren Q134 millones para infraestructura de alcantarillado y saneamiento del agua, pero en el presupuesto nacional solo se asignó para ese rubro Q67 millones para atender a todo el país, agregó Cabrera.

“Nosotros nos planteamos una meta del 10%, que es muy complicado por todo lo que sufrimos como gobierno, pero tampoco es una justificación, vamos a seguir trabajando y seguiremos haciendo”, afirmó el funcionario.

Aunque el vicepresidente se refirió al 10%, la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica señala que el objetivo es reducir 10 puntos porcentuales.

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Cabrera también hizo un llamado a las autoridades locales para combatir la desnutrición crónica. “Los presupuestos no alcanzan para las necesidades básicas -de la población- y ahí es donde el poder local tiene que trabar con proyectos”, aseguró.

Además, afirmó que programas de apoyo como el Ejercicio Profesional Supervisado de la Universidad de San Carlos y otras iniciativas ayudan a contrarrestar el problema.

Sobre la posibilidad de que el Congreso no apruebe el préstamo Crecer Sano, del Banco Interamericano de Desarrollo, Cabrera indicó que es necesario en el país y que se buscarán otras formas de apoyo internacional para poder incrementar las intervenciones en las regiones afectadas.

Vulnerables

Cabrera preside el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, cuya última reunión del 2018 presentó datos reveladores respecto a la desnutrición crónica en el país.

Una evaluación de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el 2018 indica que los hijos menores de 5 años de agricultores de infra y subsistencia padecen 53.2% de desnutrición crónica, eso significa 6.7% más que la media nacional que es de 46.5% según la Encuesta de Salud Materno Infantil 2014-2015.

En cuanto a la desnutrición aguda, la padecen dos de cada 10 niños de estas familias afectadas y los niños de entre 12 y 23 meses son los más perjudicados, es decir quienes deben ser atendidos por la Ventana de los Mil Días.

Esto significa que el problema en estos niños vulnerables es casi tres veces más elevado que el promedio nacional.

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Con el argumento de que Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), guardó “18 meses de silencio”, el vicepresidente Jafeth Cabrera rechazó la posibilidad de que Guatemala permita que la comisión termine su mandato en septiembre próximo y a cambio el comisionado renunciaría.

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“Después de 18 meses de silencio, el comisionado presenta una situación que es extemporánea. Hasta ahorita viene a pronunciarse”, respondió Cabrera a preguntas de periodistas después de la reunión del Gabinete Económico este miércoles.

El funcionario dijo que cualquier propuesta debe hacerse a través de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero que “ellos nunca han tenido comunicación -con el Gobierno de Guatemala- “.

El martes, en una entrevista con el diario colombiano El País, Velásquez aseguró que “no tendría ningún problema en renunciar” a cambio de que el gobierno guatemalteco garantice que la Cicig continuará sus labores hasta finalizar su mandato, el 3 de septiembre de este año.

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El comisionado, sin embargo, también aseguró que la situación actual no se debe a su presencia en la comisión sino a que buscan “garantizarse impunidad a como dé lugar y para ello requieren recuperar el control absoluto de la Fiscalía y del organismo judicial”.

En Ley

“Estamos cumpliendo con la Ley”, dijo vicepresidente para responder si el Ejecutivo acatará el amparo de la Corte de Constitucionalidad (CC) que suspendió la anulación unilateral del convenio de Cicig que el Gobierno hizo el 7 de enero último.

Cabrera agregó que existe un proceso jurídico que se está ventilando en el Congreso, aunque no aclaró de qué proceso se trata. “Estamos cumpliendo con la Ley”, reiteró.

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El Congreso recibió el martes el expediente de antejuicio en contra de tres magistrados de la CC, que fue tramitado por la Corte Suprema de Justicia.

La Comisión Pesquisidora podría ser integrada este miércoles durante la sesión plenaria.

El antejuicio fue promovido por la Asociación Dignatarios de la Nación en contra de los magistrados de la CC Bonerge Mejía, Gloria Porras y José de Mata Vela, quienes son señalados de prevaricato, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad, por extralimitarse en temas de política exterior.

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El miércoles el presidente Jimmy Morales y el vicepresidente Jafeth Cabrera asistieron a un acto, esta vez privado, a diferencia de otros años cuando convocan a la prensa, ahí se ascendió a 243 oficiales del Ejército. Durante la ceremonia, el vicemandatario afirmó que las decisiones que se toman desde el Ejecutivo “dejarán un legado en el país”.

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El vicepresidente comenzó exaltando al Ejército, pues aseguró que se trata de una institución que “guarda el reconocimiento de la identidad que debemos tener los guatemaltecos”.

Durante su intervención, Cabrera aludió a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y afirmó que el país atraviesa por un momento difícil.

“Estamos viviendo momentos difíciles para Guatemala, pero con la consciencia tranquila que lo que estamos haciendo con el señor presidente va a dejar un legado en la historia de este país”, aseguró.

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El vicepresidente agregó: “No podemos permitir que personal extranjero quiera venir a pisotear nuestras insignias patrias, que las debemos de defender y esa es parte del proceso que el Ejército tiene encomendado”.

Las declaraciones del funcionario fueron divulgadas la tarde de este jueves, luego de reiteradas solicitudes de Prensa Libre y Guatevisión para obtener el material y después que la Secretaría de Comunicación de la Presidencia negó que se hubiera documentado la actividad.

Postura

El miércoles la Procuraduría General de la Nación (PGN) presentó una denuncia en contra de tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad, específicamente en contra de quienes aclararon que el Ejecutivo debe permitir el ingreso al jefe de la Cicig, Iván Velásquez y emitir las visas a los investigadores de la entidad internacional.

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La denuncia es en contra de Gloria Porras, Bonerge Amílcar Mejía Orellana y José Francisco de Mata Vela.

La Dirección Penal de la PGN cree que los magistrados cometieron los delitos de violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución, prevaricato y abuso de autoridad.   

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Velásquez fue entrevistado en Ginebra, Suiza, donde recibió el galardón Right Livelihood Award, conocido como un Premio Nobel Alternativo en el tema de Derechos Humanos.

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Velásquez espera que en enero “haya una mayor racionalidad y que pueda normalizarse la situación, que se respete la decisión de la Corte y no haya ninguna situación complicada” para regresar al país.

Según el comisionado, será en enero cuando regrese al país, pues durante las próximas semanas la Cicig entrará a un periodo de vacaciones colectivas.

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En la entrevista, Velásquez también menciona que el reconocimiento que recibió en Ginebra hace que el mundo ponga su mirada en Guatemala, “hacia lo que constituye la lucha del pueblo guatemalteco por superar todas estas décadas de sufrimiento, de exclusión, de falta de libertades; va a contribuir para alentar a ese pueblo y para expresarle desde el mundo que la suya es una lucha justa y que no debe ceder en su propósito de construcción de un Estado de derecho democrático”.

Agregó: “ese pueblo que en abril de 2015 se volcó a las calles, y sin cuyo entusiasmo y respaldo seguramente no hubiéramos podido avanzar, porque ese poder que han mantenido las élites y las redes corruptas en el país nos hubieran frenado fácilmente”.

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Decisión firme

Mientras tanto, el vicepresidente Jafeth Cabrera afirmó este martes que el ingreso al país de Velásquez “es un tema que ya está más que dicho lo que hay que hacer”. El vicemandatario aseguró que no están desobedeciendo la orden de la CC, sin fundamentar su argumento.

“Que llegue, pero no creo que vaya a venir”, dijo Cabrera sobre la posibilidad de que Velásquez regrese en enero.

El vicepresidente Cabrera dijo que el gobierno continúa en conversaciones con la Organización de las Naciones Unidas y que es a través de los tratados internacionales que se va a tratar el tema.

“Se pidió la renovación del comisionado y en eso se está trabajando”, reiteró el funcionario.

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El gremio espera que se asignen Q601 millones al ministerio de Salud para cubrir el incremento salarial que solicitan para los más de 7 mil facultativos de todo el país que laboran en la cartera. 

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Según la médica Carmen Henry, del comité ad hoc, frente al Congreso se atenderán especialidades como pediatría, ginecología, traumatología, entre otras, y medicina general. Estarán alrededor de 30 médicos y cuatro trabajadores sociales, que se estarán turnando para dar el servicio. 

Los facultativos llevan cinco días de pernoctar frente al Legislativo. “Es un poco difícil dormir en carpas, pero hay que hacerlo, es la manera que tenemos de llegarle a presidente Jimmy Morales”, dijo la médica Carmen Henry, del comité ad hoc. Ellos le han solicitado al mandatario su apoyo para que su petición sea escuchada, pero no han recibido respuesta. 

A quien sí atendió Morales fue al ministro de Salud, Carlos Soto, quien contó con su aprobación para otorgar una mejora salarial a los más 57 mil trabajadores de la cartera, un acuerdo efectuado con el sindicato mayoritario, para lo que se requiere un desembolso Q460 millones a partir del 2019. 

“Los médicos deben sentarse con la mente abierta, porque este es el inicio de un cambio en la cartera de Salud que tiene tantas deficiencias”, expresó el vicepresidente Jafeth Cabrera, durante la inauguración de la 1ra. Feria Nacional de Educación.

Con este incremento, el funcionario refirió que se establece una hoja de ruta que permitirá a los profesionales de la salud ir mejorando sus condiciones salariales.

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Como un asunto en el que “no hay marcha atrás”, calificó el vicepresidente Jafeth Cabrera la decisión del Ejecutivo de no permitir el ingreso al país al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez.

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Según el vicepresidente, en la Corte de Constitucionalidad (CC), todavía hay acciones pendientes de resolver por lo que el Ejecutivo está “amparado desde el punto de vista jurídico”.

Esta fue una respuesta a la declaración de la fiscal general, Consuelo Porras, quien aseguró el martes que el comisionado no tiene “ningún inconveniente” para ingresar al país.

La fiscal recordó que la CC emitió una resolución en la que se indica que “se debe regir por el ordenamiento internacional”. Se trata de un amparo provisional otorgado en contra de la decisión de no permitir el ingreso de Velásquez.

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Porras dijo que “en ese sentido no habría ningún inconveniente -para el comisionado-, por su calidad, de poder venir a Guatemala cuando él lo considere necesario”.

Se le negó la visa

El 30 de octubre la Cancillería rechazó los documentos que personal de la Cicig llevó para solicitar la renovación de la visa de cortesía del comisionado.

Según la información de la comisión, hecha pública un día después, cuando se acudió a Subdirección de Privilegios e Inmunidades del Ministerio de Relaciones Exteriores “la persona responsable de esa oficina, tras consultar a sus superiores, indicó que no podía recibir la solicitud sin dar razón o justificación alguna”.

Sin embargo, se explicó, la Cicig “continúa sus labores bajo el liderazgo del comisionado Iván Velásquez”.

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El Ejecutivo ya había negado y revocado visas de cortesía a expertos de la Cicig. Se trata de 11 documentos a investigadores de la comisión y familiares.

La explicación que dio en ese momento el presidente Jimmy Morales es que no se otorgaron por motivos de seguridad pública, pues se trata de personas “señaladas en otros países por haber puesto bombas en instituciones y edificios del Estado”.

Se impidió su ingreso

La negativa del gobierno guatemalteco para que el comisionado ingrese al país se hizo pública el 4 de septiembre, un día después de que el presidente ordenara a la Dirección General de Migración a impedir su ingreso, aduciendo motivos de seguridad pública.

Según el Ejecutivo, se siguió la recomendación del Consejo Nacional de Seguridad, integrado por el presidente Jimmy Morales, quien lo preside; el vicepresidente Jafeth Cabrera, los ministros de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel; de Gobernación, Enrique Degenhart, y de la Defensa Nacional, Luis Ralda.

Además, conforman ese consejo el secretario de Inteligencia Estratégica del Estado, Mario Andrés Duarte, y el procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado.

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Se trata de una visa de 30 días sin derecho a renovación, pues es únicamente para que los hondureños no tengan el estatus de indocumentado, mientras resuelven su retorno a su país, informó la Dirección General de Migración.

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Cabrera dijo que en Guatemala se buscan las mejores condiciones para que los hondureños se pueden quedar temporalmente y buscar las alternativas para su retorno.

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Apoyo

El funcionario afirmó que a través de redes sociales se evidenció que a los migrantes hondureños les están dando dinero. “Si es un engaño es una equivocación de cualquier líder que quiera componer una sociedad de esa manera”.

“Nosotros como país le estamos dando todo el apoyo y los medios para proteger a los niños, a los ancianos y a las mujeres embarazadas”, indicó.

El vicepresidente ofreció sus declaraciones al finalizar la inauguración del Emprendefest, una actividad que busca mejorar las capacidades de los emprendedores guatemaltecos.

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Continúa marcha

La caravana de migrantes hondureños salió de su país el sábado pasado, en busca de atravesar Guatemala y México para llegar a EE. UU., donde las autoridades advirtieron que reforzaran las fronteras.

Este viernes, los migrantes llegaron a Tecún Umán, San Marcos, a la espera de cruzar la frontera con México. Autoridades de Honduras dijeron que unos 200 ya retornaron a su país de manera voluntaria.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, advirtió que retiraría la ayuda económica a Honduras y Guatemala si no detenían el paso de los hondureños.

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Cabrera respondió así a las interrogantes sobre el recorrido que efectuaron los Jeeps J8 el 31 de agosto, cuando el presidente Jimmy Morales anunció que no se renovaría el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

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Ese día, los vehículos para uso militar transitaron frente a la Cicig y la embajada de Estados Unidos y según documentos oficiales fueron trasladados desde Zacapa específicamente para hacer este recorrido.

“Es una cuestión mediática que se maneja, nosotros no estamos haciendo nada indebido, lo que hacemos es procurar la seguridad del pueblo de Guatemala”, afirmó Cabrera este miércoles.

El funcionario insistió en que “no estamos amedrentando a nadie (…) lo que hacemos es brindar seguridad a la población guatemalteca, si se quiere entender que es para otra situación es cuestión suya”, en referencia a los periodistas que lo cuestionaron.

El vicepresidente afirmó que “como pueblo soberano, podemos tomar las decisiones sobre la vigilancia interna”.

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Cabrera insistió en que, gracias a la autonomía del país, “podemos decidir a dónde mandamos a vigilar y la situación del país (…) hay conflictividad y delincuencia común y eso fue lo que se hizo”.

Orden de Gobernación

Documentos oficiales revelaron que autoridades de Gobernación ordenaron trasladar los vehículos para vigilar las embajadas de México, EE. UU. y la sede de la Cicig.

Según los escritos, fueron las fuerzas de Tarea Chortí y Xinca las que se movilizaron a la capital el 31 de agosto y se pusieron a disposición de la Policía Nacional Civil.

Los documentos, fechados el 5 de septiembre, indican que fue a través de un mensaje en WhatsApp que se recibió la orden para el traslado desde Zacapa y Jutiapa y que esta fue girada por el quinto viceministro de Gobernación, José Alfredo Olazabal Mendizábal, a través de Héctor Mejía Secaida, asesor de la Unidad Especial Antinarcóticos.

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Petición

Ayer, los congresistas Eliot Engel, miembro del comité de Asuntos Exteriores y Seth Moulton, miembro del comité de Servicios Armados, enviaron una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en la que piden que se suspendan donaciones de equipo militar a Guatemala hasta que se aclare por qué los vehículos circularon frente a estas dos entidades.

“Estos vehículos donados por los Estados Unidos están destinados a fines antinarcóticos y normalmente están estacionados a 90 millas de la Ciudad de Guatemala”, indica la carta.

Además, los congresistas indicaron que “nuestro acuerdo con el gobierno guatemalteco solicita que los Estados Unidos sea notificado con anticipación de cualquier intento de usar estos vehículos para un propósito diferente al que fueron donados.

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“Don Iván ya está secretando mucha adrenalina y está diciendo cosas que no le competen como jurista, creo que es una situación que no debiera plantearse de esa manera”, dijo el vicemandatario este martes, al finalizar una reunión sobre industrias extractivas.

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“Aprovecharse de la necesidad de la gente para engañarla y humillarla con la ilusión de un empleo, muestra la calidad moral de los promotores de este acto vil. Miserables.”, decía el mensaje del comisionado.

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La respuesta de Cabrera es que “de parte del Gobierno no se engañó a nadie, no sé si ellos, en los procesos que han efectuado. Recuerden el caso de los hermanos Valdés Paiz en donde un testigo dijo que lo habían obligado a decir cosas que no eran, así que el pueblo de Guatemala juzgue la situación que estamos atravesando”.

El vicemandatario afirmó que el comentario de Velásquez “es una declaración que verdaderamente deja mucho que lamentar de parte de un comisionado”.

Rechaza resolución

El vicepresidente también dijo que, por considerar que los magistrados actuaron fuera de Ley, el Ejecutivo se mantiene en la postura de no permitir el ingreso de Velásquez y que la Presidencia presentó un recurso de revocatoria a la ampliación de la CC, que ordena permitir el ingreso del jefe de la Cicig.

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Cabrera mencionó que se presentó una “recusación”, término legal que se le da a la impugnación de las resoluciones de un juez, cuando una parte considera que no es apto porque su imparcialidad está en duda.

Sin embargo, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, negó que se trate de esta acción y dijo que se pidió una revocatoria, que se refiere a la anulación de un decreto o sentencia.

El vicepresidente dijo que esta acción se presentó porque se considera que los magistrados “actuaron fuera de Ley”, debido a que el amparo provisional fue resuelto por unanimidad, pero la ampliación no fue así. La resolución estuvo divida por los votos razonados de la magistrada presidenta de la CC, Dina Ochoa y Neftaly Aldana.

Reunión esperada

El presidente Jimmy Morales se reunirá este martes por la noche con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Aunque no se ha dicho publicamente el tema que abordará, se espera que se trate sobre la Cicig y la negativa al ingreso de Velásquez.

Morales se encuentra en Nueva York, EE. UU., para participar en el 73 periodo de sesiones de la ONU. A las 13 horas de hoy emitirá su discurso ante los jefes de Estado presentes en la reunión. Según medios oficiales, se centrará en la lucha contra la corrupción y la soberanía.

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El vicepresidente Cabrera aseguró este jueves que no es verdad que los estudiantes de la Universidad de San Carlos (Usac) salgan caros, como lo aseguró el presidente Jimmy Morales el martes pasado durante una reunión del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural.

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El vicemandatario aseguró que, por ejemplo, el sistema de atención en salud “no podría ejecutar lo que ejecuta si no existiera la Universidad de San Carlos”.

Debido a las declaraciones de Morales, el miércoles el Consejo Superior Universitario (CSU), declaró al mandatario y al vicepresidente como personas no gratas, y en el caso de Cabrera, quien fue rector de la Usac, su fotografía fue cubierta con una bolsa de plástico en el salón de sesiones del Consejo.

El vicepresidente aseguró este jueves que se enteró “de forma extraoficial” sobre la decisión del CSU, la cual consideró que está fuera de las funciones de ese órgano.

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El funcionario también difundió un comunicado de prensa en el que asegura que, como vicepresidente, ha velado porque a la Usac se le asigne puntualmente el 5% de presupuesto que le corresponde.

Además, según el documento, el Gobierno también firmó un convenio de cooperación para fortalecer el Ejercicio Profesional Supervisado (EPS),  y se asignó un fondo extraordinario a la Usac de Q10 millones, el cual se incrementó este año.

“Durante 50 años de mi vida universitaria siempre he estado comprometido con mi Alma Mater, en mi calidad de estudiante, catedrático universitario, en el ejercicio profesional, decano y rector. Por consiguiente, le manifiesto al pueblo de Guatemala que seguiré luchando por mejorar la educación superior que beneficie el desarrollo social y económica de nuestra nación”, es parte de lo que menciona el comunicado difundido por la Vicepresidencia..

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Decisión en firme

El Consejo Superior Universitario es la máxima autoridad de la Usac y tiene la potestad de tomar las decisiones que considere, tanto en el ámbito académico, económico y político, afirmó el secretario general de esa casa de estudios, Carlos Valladares Cerezo, en respuesta a la declaración del vicemandatario sobre que este órgano no tiene la potestad de nombrarlo persona No Grata.

El secretario indicó que la posición de la Usac va conforme a la coyuntura y que se trata de una decisión de carácter moral y agregó que tampoco era necesario hacer una notificación oficial al vicepresidente.
 

Respaldo

Respecto a la decisión de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Cabrera indicó que respalda al presidente y que también considera que esta entidad “se extralimitó en sus funciones”.

Según el funcionario, el Ministerio Público, a través de la fiscal general Consuelo Porras, ha confirmado que tiene las capacidades para desarrollar las tareas que la Cicig hizo durante los 11 años que ha estado en el país.

El vicepresidente también descartó que haya una militarización de las calles, debido a la presencia de personal del Ejército, ayer afuera del Congreso durante la Sesión Solemne por el aniversario de la Independencia. Según Cabrera, son los medios de comunicación los que insisten en querer “ver una situación”.

“Si ustedes quieren que haya situaciones sangrientas en Guatemala, pues que no se prevenga, pero aquí está claro que los círculos de seguridad que se montaron era precisamente porque era un acto cívico que querían trastocar algunos elementos de nuestra sociedad”, indicó el funcionario.

Pide que no haya división

Este jueves, el presidente Jimmy Morales asistió a la entrega de un tramo carretero en Guanagazapa, Escuintla, en donde pidió que todos los guatemaltecos se unan, “lo que le importa a Guatemala es que todos trabajemos de la mano”, afirmó.

El mandatario también recordó el tiempo que le falta para finalizar con su mandato, “a mí, bendito sea Dios, me queda un año y tres meses de Gobierno, y los voy a trabajar durísimo, como he trabajado desde el primer día que tomé posesión”, aseguró.

Morales también insistió en que no haya división en el país: “Guatemala continúa, después de mi Gobierno y Guatemala va a continuar después de 10 gobiernos, por eso lo que tenemos que hacer es tener mucho cuidado y no pelearnos entre nosotros mismos sino darnos la mano”, dijo.

La Asociación de Estudiantes de Medicina declaró persona No Grata al ministro de Salud, Carlos Soto, por considerar que debido a su “pésima administración”, hay un “estado de calamidad” en el sistema de salud nacional.

Según el documento hecho público en redes sociales, los estudiantes de medicina consideran que Soto no garantiza las condiciones dignas para que la población reciba servicios de salud dignos.

La asociación también expresó su apoyo a la demanda de los médicos que trabajan en el sector público para incrementar sus salarios y respaldó la decisión del Consejo Superior Universitario de declarar como No Gratos al presidente Jimmy Morales y al vicepresidente Jafeth Cabrera.

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La declaración de no grato para Jafeth Cabrera implicó, además, que se cubriera su fotografía del salón del CSU. Dos estudiantes cubrieron con una bolsa negra la imagen luego de la resolución del Consejo. 

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Protesta contra decisiones del presidente

El grupo de estudiantes encapuchados también exige que desde el CSU se convoque a una manifestación en contra del gobierno de Morales.

Las críticas contra el exrector, ahora vicepresidente de Guatemala, no son nuevas. Cabrera, en su primer año de Gobierno, durante la Huelga de Dolores, hizo señas obscenas con las manos a los estudiantes que lo criticaban durante el desfile bufo. Él había salido junto al mandatario a observar el desfile en uno de los balcones del Palacio Nacional de la Cultura.

Críticas a la Usac

La decisión del CSU se da un día después que el presidente Jimmy Morales señaló, en la reunión del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), que la Universidad de San Carlos es de las más caras del país. También cuestionó el tipo de enseñanza.

Morales aseguró que la Usac representa un gasto alto para el Estado y que los estudiantes de esa casa de estudios se deben “al pueblo de Guatemala”.

“Cada estudiante -de la San Carlos- le sale carísimo al país”, afirmó el mandatario, quien le pidió al rector de esa casa de estudios, Murphy Paiz, que hay que poner atención hacia lo que se enseña.

El mandatario se refirió al cinco por ciento del presupuesto nacional que se le asigna a la universidad estatal, y dijo que él, como estudiante de la Usac, se siente obligado con el pueblo de Guatemala. “Estudié cinco años, por lo menos no le robé un año más al pueblo, no le causé un gasto más”, dijo.

Por mayoría el #CSU aprobó declarar no grato al presidente Jimmy Morales y al vicepresidente Jafeth Cabrera por sus declaraciones en contra de la #Usac pic.twitter.com/oBvvwTUEhU

— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) September 12, 2018

“No es gratis, el estudiante solo paga Q5 al mes y por eso los estudiantes de la San Carlos nos debemos al país. Desde los abogados, los doctores, los ingenieros”, indicó.

Según la Usac, Morales se inscribió en 1988 en la Facultad de Ciencias Económicas y se graduó en 2002 como administrador de empresas, con la tesis “Creación y Administración de Programas de Televisión en Guatemala”.

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El funcionario fue consultado este martes sobre la posibilidad de que Aeronáutica sea intervenida como una medida para agilizar el reingreso del país al listado de la FAA, de donde fue retirada el 17 de agosto pasado,  a lo que respondió que eso no ocurrirá.

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El director de la DGAC, Francis Argueta,  dijo el 20 de agosto que una de las medidas para ingresar de nuevo al listado es la intervención pues la entidad debe estar en comunicación directa con la Presidencia y no con la cartera de Comunicaciones.

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“El jefe del director – de la DGAC- debe ser el presidente y la única forma de hacerlo es que el director sea nombrado interventor”, dijo en esa oportunidad Argueta.

Ese día, el ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, aseguró que la medida no se implementaría, pero una semana después miembros del Aeroclub Guatemala indicaron que la intervención de la DGAC favorecería el retorno del país a ese listado.

El vicemandatario ha reiterado en varias ocasiones que no se ha reunido con Argueta para analizar la medida, pero este martes la descartó por completo.

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Cabrera dijo que tampoco se piensa en concesionar el Aeropuerto Internacional La Aurora.

A finales de octubre se tendrán los resultados de un estudio de factibilidad que se hace a la terminal aérea, con la cual se tendrán tres posibilidades para su manejo: que siga bajo la administración del Estado, que sea concesionado o que haya una alianza público privada.

El retiro de la DGAC de la lista de la FAA se debe a que Guatemala no tiene una aerolínea que viaje a Estados Unidos con bandera nacional; además, desde hace más de seis años la entidad norteamericana no efectúa auditorías a Aeronáutica.

Argueta afirmó que salir de la lista no afecta en nada las operaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora, y que los vuelos internacionales de y hacia Estados Unidos continúan de forma normal.

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Cabrera cuestionó así el convenio que establece el apoyo de la comisión para la fiscalización de los partidos políticos durante el proceso electoral de 2019.

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“No sabemos cuáles son los motivos que se están aduciendo o si se sienten débiles para pedir apoyo internacional para poder sacar un proceso eleccionario”, dijo Cabrera durante una conferencia de prensa ofrecida después de una reunión para hablar sobre la industria extractiva.

El convenio entre el TSE y la Cicig se concretó el 16 de agosto y tiene como propósito fortalecer las unidades de Control y Fiscalización de Finanzas de los Partidos Políticos y la de Medios del tribunal electoral.

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Cabrera reiteró que “como guatemalteco creo que tenemos que salir adelante por nosotros mismos, ellos –los magistrados del TSE-, son abogados con mucha experiencia que deberían sacar adelante el próximo proceso electoral en el país”.

El funcionario afirmó que la Constitución establece que son los magistrados del TSE los responsables de las elecciones y que esta función no se debe delegar a una entidad internacional.

“La Constitución misma limita que son ellos – el TSE- los responsables, no tienen que buscar apoyo de otras instancias, menos de una instancia internacional”, indicó.

“No afecta”

El TSE declaró que no comparte, pero respeta, las declaraciones del vicepresidente Jafeth Cabrera al indicar que era innecesario que el ente electoral firmara un convenio con la Cicig.

“El Tribunal Supremo Electoral tiene la capacidad de llevar a cabo el proceso electoral. Como en este proceso que se avecina, así como en procesos anteriores, se han firmado cartas de entendimiento con diferentes organismos académicos y de cooperación, esto en cumplimiento a la Ley Electoral”, dijo el órgano electoral.

Añadió que en otros procesos se han firmado cartas de entendimiento con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), la Contraloría General de Cuentas, Fundación Konrad Adenauer, el Instituto Holandés para la Democracia Mutipartidaria y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID).

Además, que la carta de entendimiento no afecta la independencia y funcionamiento del TSE.

Abogado denuncia

El abogado Otto Gómez, se presentó este martes a la Torre de Tribunales para presentar una denuncia penal en contra de los magistrados, con el propósito de que el Ministerio Público los investigue por delegar a una entidad extranjera para que funcione dentro de la administración electoral.

El abogado dijo que con la firma del convenio los magistrados cometieron los delitos de usurpación de funciones, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, traición propia, intrusión y violación a la Constitución.

Desde el Congreso

El convenio entre las dos instituciones también causó molestias en el Congreso. El lunes, durante la reunión de jefes de bloques, el diputado Estuardo Galdámez aseguró que los magistrados del TSE son “traidores de la patria”.

Diputado Estuardo Galdames de @fcnnacion asegura que los magistrados del @TSEGuatemala pusieron en riesgo al país al permitir que una entidad extranjera, la @CICIGgt conozca datos sensible de su población y pide al @MPguatemala que investigue. pic.twitter.com/DbpDewJZLn

— Andrea Orozco (@AOrozco_PL) August 20, 2018

Según el diputado, el tribunal electoral “pone en riesgo la seguridad del país” al exponer a una entidad extranjera datos sensibles de su población.

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Durante la firma del convenio entre la entidad internacional y el TSE, el comisionado Iván Velásquez aseguró que el financiamiento electoral ilícito ha sido el “germen” de una parte de la “corrupción” que afecta al país.

El TSE tiene inscritas a 25 organizaciones políticas, pero dos están suspendidas y una está en proceso de cancelación. Además, se reportan nueve comités proformación de partido políticos, de los cuales cinco ya están por tener el estatus de partido.

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De acuerdo con la información de la Fiscalía, presentada este viernes, la Fundación G pagó capacitaciones al Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), específicamente para los candidatos Jimmy Morales y Jafeth Cabrera.

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Según la Fiscalía, fue la Fundación para el Desarrollo Institucional de Centroamérica quién cubrió los costos de la capacitación, a través de transferencias bancarias realizadas entre el 28 de septiembre del 2015 y el 21 de octubre del mismo año.

La información en poder de la Fiscalía detalla que Morales y Cabrera participaron en un simulacro de la capacitación, para lo cual la Fundación G pagó Q118 mil 796.16, mientras que la empresa The Lemond Ad, Sociedad Anónima pagó Q20 mil por la logística del evento de capacitación.

El informe que fundamenta la solicitud de antejuicio contra Morales también menciona que el vicepresidente Cabrera recibió una capacitación de la empresa Communication Consulting Group, Sociedad Anónima, por la cual la Fundación G pagó Q47 mil 270.

En total, la Fiscalía señala que se tiene información de unos Q359 mil 889 que fueron pagados por la Fundación G, para Morales y Cabrera, sin que nadie registrara estos aportes al partido, lo que se constituye en financiamiento ilícito.

Esta es la segunda oportunidad en que el MP y la Cicig plantean un antejuicio en contra del gobernante. El 25 de agosto de 2017 Morales fue denunciado por financiamiento electoral ilícito. El caso llegó hasta el Congreso, donde la solicitud del retiro de la inmunidad fue rechazada y archivada por 104 votos de diputados en contra y solo 25 a favor, el 12 de septiembre de 2017.

“Nosotros hemos cumplido”, se refirió Porras, al ser consultada por la seguna vez en que es denunciado el mandatario por financiamiento dudoso. “Estamos cumpliendo con hacer los planteamientos correspondientes y de conformidad con la ley”, dijo la fiscal general.

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Este jueves, el vicepresidente Jafeth Cabrera se refirió en su discurso a una intención de golpe de Estado, pero al ser abordado por periodistas sobre mayor información al respecto, afirmó que no existe una intención real, pero que se trata de algo que “se ha mencionado desde que nosotros comenzamos –en el Gobierno-. Quisieron abortar el proceso democrático”.

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Cabrera indicó que “Guatemala no se va a dejar engañar; aquellos que quieran pretender acceder al poder a través de un golpe de Estado es lo peor que pueden hacer por la democracia de este país”, indicó en su discurso.

“De la forma como algunos sectores de la sociedad están actuando no vamos a llegar a nada”, aseguró el vicemandatario.

El vicemandatario confirmó que “hay gentes que han dicho que quieren botar al gobierno, romper el orden constitucional y de esa manera creo que Guatemala va a retroceder, hay que esperar los procesos, han dicho que no tenemos una ruta y la ruta está bien trazada”.

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Unidad

Cabrera pronunció su discurso durante un evento con cafetaleros, en donde también cuestionó la aplicación de la justicia en el país.

“Lo que ha sucedido con el poder judicial: dos médicos muertos en prisión sin apertura de juicio, la Ley dice que en tres meses se deben presentar las pruebas del Ministerio Público para iniciar un juicio de alguien que supuestamente cometió la culpa, pero no, aquí está sucediendo lo contrario; primero los apresan y después de cinco o seis años se dan cuenta de que no tenían ninguna culpabilidad y los dejan libres, algunos y muertos otros, como lo que acaba de suceder con un exdiputado del Congreso”, indicó el vicemandatario.

El funcionario también hizo mención a que es necesario que los tres poderes del Estado trabajen unidos para cambiar el rumbo del país.

“Verdaderamente Guatemala está atravesando por una problemática de identidad nacional”, aseguró el vicemandatario.

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Derechos humanos como negocio

En la misma actividad, el presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, pronunció un discurso en el que resaltó que “la Guatemala de hoy es infinitamente más compleja que la de ayer. Todo comenzó cuando se permitió que la Ley internacional prevaleciera de hecho sobre la Ley constitutiva de nuestro país”, dijo.

Así, Arzú Escobar indicó que en Guatemala existe un enfrentamiento ideológico y una división interna provocada por esta intromisión.

“El negocio de los Derechos Humanos, la mentira de una lucha contra la corrupción que comenzó con buenas intenciones, de pronto unos grupos la utilizaron como una herramienta de persecución política y económica”, reiteró el diputado en su discurso.

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Arzú Escobar también afirmó que “cuando los enemigos internos de Guatemala hablan de que somos una sociedad colapsada, no es porque realmente hayamos colapsado, sino porque ellos hacen todo lo posible porque este discurso se haga realidad”.

Por ello, el diputado hizo un llamado a la unidad nacional asegurando que “es un momento para unir esfuerzos, para perder el miedo y no dejarnos engañar por los cantos de sirena de las ideologías de colonización”.

Cuestionan declaraciones

Sobre las declaraciones del presidente del Congreso, el abogado constitucionalista Hugo Maúl Figueroa aseguró que no es verdad que las leyes internacionales estén sobre la Constitución, pues cada país tiene su soberanía.

Sobre la posibilidad de injerencia extranjera en el país, Maúl Figueroa dijo que, en el caso de algunas disposiciones de EE.UU. se trata de temas condicionados a aspectos de cooperación pero no a una intervención a la soberanía.

“Puede considerarse que se está condicionando a ciertos aspectos para recibir cierto tipo de ayuda, pero eso no es injerencia, son condiciones del cooperante, pero que no atentan contra la soberanía del país”, explicó el abogado constitucionalista.

Maúl Figueroa agregó que hay convenios internacionales que fueron aprobados por el Congreso, por lo que tienen calidad de leyes guatemaltecas, y “tienen la validez porque son ratificados, de tal manera que están con las mismas características de una ley guatemalteca y le dan el mismo nivel de obligatoriedad”, indicó.

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El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, indicó que las declaraciones de Arzú Escobar demuestran el desconocimiento respecto a los derechos humanos.

“Guatemala no necesita más mensajes de odio, menos viniendo de personas con la más alta investidura”, dijo el jefe de la PDH.

Rodas indicó que hay indicios de regreso al pasado, con una represión en contra de los activistas de derechos humanos, y que las declaraciones de Arzú Escobar, en lugar de armonía social, “viene a confrontar, lo cual es lamentable”.

“Existe el derecho de libertad de expresión, pero es recomendable que antes de reaccionar hepáticamente ante la situación del país, lo haga –el presidente del Congreso-, en el contexto real y no desde una actitud evidentemente visceral”, agregó.

Desacuerdo

La fiscal General, Consuelo Porras, y Delia Dávila, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, declararon que no comparten las declaraciones del vicepresidente.

Porras afirmó que la lentitud a la que se refiere el vicemandatario es atribuible a varios factores, entre ellos “el presupuesto que no alcanza”.

“En la Corte Suprema de Justicia deberíamos tener el triple de jueces, para dar una respuesta inmediata a los procesos penales, pero esto no se ha podido hacer porque hay muy poco personal y muy pocos jueces”, explicó la fiscal.

Porras afirmó que, además, se debe tomar en cuenta que hay casos en los que son 30, 40, 90 y hasta 100 sindicados, lo que merma los esfuerzos de cualquier juez.

“No podemos hablar de lentitud, sino de circunstancias actuales”, dijo la fiscal.

Dávila, por su parte, coincidió con que no se cuenta con suficientes jueces y que se han tomado medidas para solventar la situación, como ampliar la competencia de los jueces encargados de juzgar los delitos menos graves.

“Hacemos un esfuerzo institucional y estamos tratando de mejorar con los pocos recursos que tenemos”, afirmó la magistrada.

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Junto a Monroy también trascendió la sentencia de su esposa, Cynthia Jeannette Cardona Sandoval, a 11 años y  dos meses de prisión, según una publicación difundida por el medio digital Plaza Pública.

Justicia

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Durante la captura de Monroy, en abril del 2016, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez,  autoridades de Gobernación lo vincularon con el cartel de Sinaloa.

Su detención se produjo a pedido de la Fiscalía del Distrito Sur de Miami. El Fantasma es clasificado como un supuesto narcotraficante con mucho poder, acceso a dinero y armamento.

denuncias

En septiembre del 2016  trascendió en los medios de comunicación que Monroy Meoño habría testificado ante oficiales de la  Administración para el Control de Drogas (DEA) que había entregado US$500 mil  a Jafeth Cabrera Cortez, hijo del vicepresidente Jafeth Cabrera como aporte a la campaña del Frente de Convergencia Nacional FCN-Nación.

El vicemandatario  negó   cualquier contacto con Monroy Meoño, luego de difundirse la información.

Para David Martínez-Amador, especialista en crimen organizado, una sentencia de 21 años no es del todo sorpresiva en este caso y podría reducirse fácilmente en una década.

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“Si toda la información que ha provisto, que se espera pueda provocar un terremoto político, es cierta y ayuda en otros casos, no sería raro que la pena se reduzca hasta por 10 años”,  señala el experto, que  toma en cuenta el sistema judicial estadounidense.

Perfil criminal

El Fantasma es originario de Morales, Izabal, y tiene 44 años.  Estudió en el Instituto Adolfo V. Hall de Zacapa y en 1991 ingresó a la Escuela Politécnica.  

Tras graduarse se incorporó al Ejército y dejó la institución en el 2004 con el grado de teniente. Según testimonios de colaboradores ante la fiscalía salvadoreña, en otro proceso por narcotráfico, era conocido como el teniente Fantasma o M3. Gobernación señaló a Monroy Meoño como uno de los  tres operadores emergentes nacionales, en la Costa Sur del país que conecta a  México con Sudamérica.

Historial

Captura de esposa

En diciembre del 2015 detuvieron a la esposa de el Fantasma con US$997 mil en efectivo.

Detención

Marlon Monroy   fue capturado el 30 de abril del 2016, en Antigua Guatemala vinculado con el cartel de Sinaloa.

Extradicción

El 2 de noviembre del 2016, Monroy y su esposa fueron extraditados a Estados Unidos por narcotráfico.

“Un diálogo para solucionar problemas coyunturales no va a funcionar”, aseguró el mandatario, lo que apunta a que, si se concreta esa iniciativa de diálogo, abarcaría varias áreas, más que la de partidos políticos y justicia, mientras varios grupos se niegan a participar por desconfianza a sus promotores.

Corrupción

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Sin embargo, las reuniones que ha tenido las últimas semanas denotan otra cosa, que solo ha aceptado hablar con sectores que, le informan sus servicios de inteligencia, le manifestarán respaldo.

Agregó que “definitivamente no podemos sentar a mil gentes a una mesa”, por lo que se buscarán las instituciones que tengan una “representatividad”, y se pueda determinar “a quién representan”.

En cuanto al diálogo, el jefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, abogó por que no se trate de otro “pacto de élites”, sino que debe ser inclusivo y que no solo prevalezcan los intereses de algunos.

Varias organizaciones se han opuesto al diálogo, con el argumento de que el Ejecutivo y los diputados no tienen legitimidad y mucho menos credibilidad, después de varias acciones de esos organismos en favor de la impunidad o en contra de quienes luchan contra la corrupción.

No ha aceptado renuncias

El gobernante guatemalteco reconoció que da una “lectura complicada” la renuncia de los ministros de Gobernación, Francisco Rivas; Finanzas, Julio Héctor Estrada, y Trabajo, Leticia Teleguario, pero hizo ver que aún no ha aceptado las dimisiones.

“No podemos pensar que cualquier persona puede decir ‘bueno, renuncio y mañana me voy’, no. Todo tiene que tener un proceso, tenemos que verificar las personas idóneas y adecuadas”, aseguró.

Esto no se produjo, por ejemplo, en el caso de la exministra de Salud Lucrecia Hernández Mack, cuyo sustituto, Carlos Soto, fue nombrado rápidamente.

Agregó que cuando nombró a sus ministros se tomó su tiempo, y que ninguno era su amigo.

Además, el presidente no descartó más cambios. “Se conocen algunas renuncias, tenemos que analizarlas y poder tomar la decisión cuando sea oportuno y, si es necesario hacer algún cambio más, pues también se hará”, indicó Morales.

El procurador de los Derechos Humanos comentó que, por la coyuntura, se imagina que al mandatario le podría ser difícil reconformar su Gabinete, especialmente con ministros que han sido “muy bien valorados” no solo a lo interno, sino también en la comunidad internacional, e incluyó a Hernández Mack.

A propósito de la exministra de Salud y los señalamientos que Morales le hizo por un posible desabastecimiento de medicamentos e insumos, Rodas consideró: “Él -presidente- fue su superior jerárquico, y hay procesos para, si él no estaba conforme, pues hacerle ver sus observaciones de acuerdo a lo que es el Estado, hubiera sido el tiempo pertinente tomar las medidas correspondientes y no a posteriori”.

Poco qué decir

Acerca del escándalo que involucra al ministro de Finanzas, debido a unos audios difundidos por el medio digital Nómada, en donde se le escucha hablar sobre unas reformas al delito de financiamiento ilícito, tanto Morales como el vicepresidente Jafeth Cabrera tuvieron poco qué decir.

El gobernante calificó el tema como especulaciones, y pidió que se le preguntara del asunto al ministro.

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En tanto, Cabrera dijo: “Estar conociendo que a través de estos audios que se difunden, uno llega a enterarse de cosas que indudablemente no están en una agenda prevista”.

Agregó que respeta las actuaciones de los ministros y espera que la situación “no tenga mayor trascendencia” para la administración.

Alejado de la prensa

La última vez que el mandatario accedió a responder preguntas de la prensa en un acto público fue el 18 de agosto, cuando visitó la Comisaría 14, en la zona 7. Después, hubo un par de ocasiones en donde brevemente fue abordado por corresponsales en otros puntos del país, pero habló solo de carreteras.

Ayer, en Escuintla, finalmente accedió, aunque por poco más de cuatro minutos, a contestar preguntas de otros temas, pero a medias, porque cuando se le cuestionó sobre la situación del ministro Estrada y los audios, solo dijo que se le preguntara al aludido y se despidió.

De hecho, periodistas de varios medios de comunicación publicaron en redes sociales que el mandatario ya lleva 40 días sin responder preguntas pendientes de varios temas.

Asimismo, el vicegobernante también atendió varios cuestionamientos este miércoles.

“Yo he estado con ustedes. La última vez fue en Antigua, donde hablé de la migración y cambiaron totalmente lo que yo dije. Si ustedes van a poner lo que ustedes consideren, para qué me preguntan”, reclamó.

El 7 de septiembre último, en la ciudad colonial, Cabrera aseguró: “La gente que se ha ido, se ha ido porque ha querido irse, buscando alternativas de vida, como ha sido la migración desde que inició la humanidad”.

El vicemandatario afirmó que, por la forma en que se manejaron los medios de comunicación al reportar esas palabras, tuvo repercusiones en Estados Unidos, al punto que varios migrantes le mandaron notas para maltratarlo.

“Si ustedes cambian lo que uno les dice, para qué me voy a dar una conferencia. De lo contrario, si ustedes dicen lo que yo digo, todos los días podemos platicar”, dijo Cabrera a periodistas.

“El país está preparado para tener a sus guatemaltecos. La gente que se ha ido, se ha ido porque ha querido, buscando alternativas de vida como es la migración, como sucede desde que inició la humanidad”, dijo el vicemandatario al ser interrogado sobre las acciones que se tomarán si un gran número de guatemaltecos en ese país es expulsado.

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Cabrera aseguró que desde que empezó el periodo del Gobierno actual, se tomaron acciones para que el programa DACA continuara.

“Desde que ingresamos al Gobierno hemos estado pidiendo apoyo para los migrantes, pero esta es una decisión que el presidente Trump tomó, y nosotros somos respetuosos de los gobiernos”, aseguró el vicemandatario.

“Nuestro embajador está tratando de ver si se revierte esa situación, pero las declaraciones del presidente Trump han sido muy claras de que está en contra de la migración”, añadió.

Audio

Medidas

Al ser cuestionado sobre las medidas puntuales que el Gobierno tomarían si un gran número de guatemaltecos tuvieran que regresar al país, Cabrera dijo que hay que esperar a que esa situación ocurra y no adelantarse.

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“Primero esperemos que los regresen. En este momento no sabemos si van a venir 20 mil gentes. En el momento que vengan, nosotros tenemos programas para ver cómo los reinstalamos en el país”, aseguró Cabrera.

“Guatemala ha tenido, desde hace muchos años, una situación de falta de desarrollo en la sociedad. No es una cuestión de los dos años que vamos a cumplir en el Gobierno”, dijo el vicemandatario, quien añadió que el problema de la migración se debe a múltiples factores.

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“En tanto los empresarios, Gobierno y todos los guatemaltecos tomemos consciencia de lo que hay que hacer por el país, las cosas no van a cambiar”, señaló.

Motivos para partir

Existen varios factores que inciden en los jóvenes para migrar.

• Un estudio efectuado por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia entre  2015 y 2017 muestra  que el 68.38 por ciento de las personas migran porque no encuentran una oportunidad de trabajo en el país.
• Los datos sugieren que el 20 por ciento de los jóvenes deciden viajar en busca de la reunificación familiar.
• La investigación precisa que el 5 por ciento de los jóvenes salen de país por turismo y el 4 por ciento, para buscar educación. El 2.62 por ciento restante lo hace por diferentes razones.

Al ser consultado sobre si el Ejecutivo insistirá en sacar del país a Iván Velásquez, Cabrera respondió: “De momento estamos esperando todo el proceso que ya se dio, hay una situación ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y esperaremos las resoluciones que allá se tome”.

El vicegobernante no mencionó detalles sobre lo que la ONU debe responder. El viernes último, Jimmy Morales se reunió con Guterres y, según fuentes oficiales, sí hubo una queja contra Iván Velásquez, pero el Gobierno no solicitó la remoción. Además, solicitó que Cicig se limite a su mandato.

Aparte dijo que no se ha tenido ninguna comunicación con el secretario general de la ONU, António Guterres. “No, de momento no ha existido ninguna comunicación con él, nuestra comunicación es a través de nuestro embajador Jorge Skinner-Klée”, explicó.

No afecta

Según el vicepresidente, la acción fallida de expulsar a Velásquez del país ha traido consecuencias negativas para Guatemala a nivel internacional.

“Creemos que no se afectó al país, los afectados son somos los guatemaltecos, nosotros somos los que venimos sintiendo una serie de dificultades en los procesos económicos, jurídicos y judiciales que no caminan, en muchas de las instancias que tienen que ver con la administración del país”, respondió el vicepresidente.

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Cabrera participó con el mandatario Jimmy Morales en la celebración del 144 aniversario de la Escuela Politécnica y después de los actos protocolarios atendió brevemente a la Prensa.

La SVET presentó el Informe de Estado sobre la trata de personas resaltando que este delito es un problema que le compete contrarrestar a los tres organismos del Estado.

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Mujer vendía a sus hijas para servicios sexuales

De los 48 menores rescatados por la Procuraduría General de la Nación (PGN), 33 son víctimas de explotación laboral y 12 de explotación sexual.

Según el informe de SVET —presentado en el marco de que el próximo 30 de julio se celebra el Día Mundial contra la Trata y el que participó el vicepresidente Jafeth— se muestra de las victimas atendidas, 138 son mujeres. Además que la mayoría de personas agraviadas se ubicaron en el departamento de Guatemala.

Danissa Ramírez, director contra la trata de personas, indicó que entre las principales modalidades se encuentra explotación sexual con 87, explotación laboral con 27, prostitución agena con 21 y trabajo forzado con tres.

En el primer semestre de este año, el Ministerio Público (MP) ha recibido 68 denuncias, de estas  77 son de Guatemala y 17 de Escuintla,  además tienen 154 casos en investigaciones, 21 aprehensiones  y 21 sanciones, de las cuales 17 fueron condenatorias.
 
Alex Colop, jefe de la Fiscalía contra la Trata de Personas, señaló que este año han realizado 129 allanamientos, en los cuales reconoce que varias instituciones aportan sus esfuerzos para combatir este  flagelo y atender a las víctimas.

Refirió que aunque existen debilidades, también hay avances, ya que ha cambiado la forma de hacer investigación. “Hemos tenido el cambio de mentalidad se investigar para detener y no se detener para investigar, creo que  hoy podemos decir que en los casos que llega a la fiscalía se encentra métodos tecnológicos”, indicó.
 
Añadió que este año se llevan 17 sentencias, lo cual es digno de aplaudir ya que no solo en Guatemala sino en otros países, porque para emitir una condena se toman muchas circunstancias, como por ejemplo hay desconocimiento de que el consentimiento de la victima de trata no se toma en cuenta, entre otros.

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El Vicepresidente Jafeth Cabrera acudió a la presentación del informe y señaló que el fenómeno de la trata de personas es complejo. “Se ha avanzado, pero hay mucho que hacer todavía”, dijo Cabrera.

Además el vicemandatario recordó el caso de una madre que vendía a su hija y destacó el daño psicológico, que no era solo para la víctima, sino que incidía en toda la familia. 

Ana Lucía Peláez, defensora de las víctimas de trata de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), señaló que sin ánimos de criticar, sino más de recomendar por la vulneración que sufren las víctimas de este flagelo, han observado y expresado que la atención a hacia las personas adultas por parte del estado es débil.

Agregó que el hecho que personas adultas no quieran ir a un albergue por diversas razones, no quita la responsabilidad de que existan espacios para ellos. De las víctimas de trata atendidas en este primer semestre se reportan 13.

El vicepresidente Jafeth Cabrera se refirió al tema al consultarle sobre la intervención que tendrá el Ejecutivo en la Secretaría de Bienestar Social (SBS), luego de los últimos amotinamientos en el Centro Juvenil de Detención Provisional (Cejudep) Las Gaviotas.

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Cabrera afirmó que la SBS no debería estar a cargo de los menores en conflicto con la ley penal por las características de los internos, ya que muchos de ellos son señalados de asesinato.

Sin embargo, el funcionario admite que se trata de “un problema de términos judiciales” para que Presidios pueda tomar el control de estos privados de libertad.

“Muchos son delincuentes por asesinatos y muchas causas. Tienen serios problemas de participación en la sociedad guatemalteca y hay quienes tienen enfermedades psicológicas”, Señaló Cabrera.

El vicemandatario anunció la conformación de una mesa técnica para que lo analice y diseñe un proyecto para el resguardo y rehabilitación adecuada de los adolescentes.

Espera que en octubre próximo ya se tenga una propuesta.

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En las cárceles

“Puede surgir un proyecto que establezca mecanismos que dén certeza que estos jóvenes estarán bajo el resguardo de una entidad que tenga las capacidades adecuadas para su rehabilitación”, indicó.

Cabrera manifestó que no buscarán eliminar la Secretaría de Bienestar Social, pero sí quitarle la responsabilidad de los menores en conflicto con la ley penal.

“Esa responsabilidad de delincuentes menores de edad debería estar en Gobernación, donde están las cárceles”.

Cabrera abordó la situación de las correccionales de menores al finalizar una reunión del Gabinete Específico de Desarrollo Social en el Palacio Nacional.

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Bomba de tiempo

El vicepresidente reconoció que las correcionales de menores son una bomba de tiempo porque pareciera que los internos tienen la capacidad de programar cuándo hacen los motines.

“Ellos hacen amotinamiento bajo argumentos que no lo ameritan. Lo que hacen es buscar licor, no hay justificación”, expresó Cabrera.

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Todos los internos de Las Gaviotas fueron trasladados a otros centros, debido a los destrozos que ellos mismos ocasionaron en el inmueble durante el último motín el pasado lunes.

Las cifras del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (Sicoin) son claras. El presupuesto vigente del 2016 para el renglón de Divulgación e Información quedó en Q11 millones 2 mil 951, de los cuales se ha ejecutado el 39.15 por ciento; es decir, existe una deuda de más de Q6.6 millones.

Para este año, el presupuesto vigente es de Q31 millones 287 mil 251, de los que se ha ejecutado el 6.38 por ciento, que equivale a Q1.99 millones, hasta el 6 de julio, mientras que el año anterior, al terminar julio, se había erogado Q1.27 millones.

 Los totales son de la Presidencia, Vicepresidencia, ministerios, secretarías y otras dependencias de la administración central.

Más fondos

Los de Gobernación, Salud y Educación, en ese orden, son los ministerios con más asignación para divulgación e información, con Q5 millones, Q4.8 millones y Q4.2 millones.

Asimismo, las secretarías y otras dependencias del Ejecutivo —como Sicoin engloba a las entidades que incluyen a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia—, tienen Q5.3 millones.

Si bien gobiernos anteriores han gastado más en propaganda y publicidad gubernamental, las razones que dan tienden a ser las mismas, como  que la población tiene derecho a informarse de lo que hacen los gobernantes y funcionarios en general.

El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, explicó que en el 2016 la dependencia a su cargo tuvo un presupuesto de Q2.6 millones en el renglón divulgación e información, de los cuales únicamente se utilizaron Q397 mil.

Para el año 2017, el presupuesto aprobado, que no significa que ya lo tengan  ejecutado, en ese renglón es de Q4.4 millones, de los cuales se han ejecutado Q75 mil.

“Cuando  digo que no lo hemos ejecutado, me refiero a que si nosotros hiciéramos publicidad, tendríamos ese techo disponible. Hay que recordar que  ha sido política del señor presidente no invertir demasiados recursos en publicidad, hasta que no estén resueltos los problemas que más aquejan a la población”, comentó.

En cuanto a la deuda de la Secretaría, Brito indicó que es un compromiso de Estado, pero que la Contraloría General de Cuentas le envió una nota en la que se le indica que, en este momento, no es conveniente efectuar gestiones administrativas a ese respecto.

“Tenemos la disposición y obligación de cumplir los compromisos contractuales adquiridos por las pasadas autoridades, pero como te darás cuenta en la nota de la Contraloría, no podemos actuar infringiendo esa disposición”, añadió el funcionario, quien envió dicha nota del órgano contralor.

Vice y revistas

La segunda publicación de la Vicepresidencia de la República, titulada “La Revista”, ya fue distribuida a varias instituciones, y corresponde al bimestre de marzo y abril.

Contrario a la primera revista, correspondiente a enero y febrero, la segunda no aparece en  concurso en Guatecompras.
En el primer ejemplar se gastaron Q27 mil, para la impresión de 10 mil números de la revista de 32 páginas, “tamaño carta, interior en papel bond de 80 gramos a full color, tiro y retiro, con pastas en couché gloss/100 full color”.

Las características para la segunda revista son exactamente las mismas, al revisar el impreso.

El trabajo fue adjudicado a la Dirección General del Diario de Centro América y Tipografía Nacional, que fue la única oferente.

Si la Vicepresidencia quiso replicar lo de la primera publicación, supondría un gasto igual de Q27 mil, pero no consta en Guatecompras.

Emilio Gracias, jefe de comunicación de la Vicepresidencia, no respondió las llamadas que se le hicieron para hablar al respecto.

En la portada del segundo número de la revista, aparece el titular “Ixchiguán y Tajumulco inician proceso de paz” y muestra en grande el abrazo entre  los alcaldes de esos municipios de San Marcos.

El editorial, firmado por el vicemandatario Jafeth Cabrera, se titula: “El Gobierno sí actúa con transparencia”.

Destaca una entrevista con el director del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco (Fodigua), y un reportaje acerca de la descontaminación del Lago de Amatitlán.

Impresiones

Otras publicaciones

En febrero último, la Vicepresidencia distribuyó mil copias de una memoria de labores en la que gastó Q39 mil 940, ya que se trató de un documento de 200 páginas a todo color, también impreso en la Tipografía Nacional.

Otras instituciones también han gastado para imprimir revistas, como el ministerio de Finanzas, que erogó Q50 mil 400 para “mil impresiones mensuales de las ediciones de la 15 a la 22, pasta couché base 100, brillante a dos caras, páginas interiores en papel couché base 80, brillante a dos caras, tamaño carta. Economía y el Instituto de Previsión Militar también erogaron en revistas.

Como parte de la celebración del día del maestro, cada 25 de junio el Gobierno otorga esa distinción a varios profesores.

Este año son galardonados Jorge Luis Zamora Prado, Mario Rolando Cú Cab, Carlos Enrique Fuentes Sánchez y  Vinicio Odilio Pazos España.

Además, Luis Javier Crisóstomo y Crisóstomo, Ingrid Nohemí Morales Estrada, Gilberto Joel Rodas Mazariegos y Hugo Leonel Tecum Sierra.

El acto se lleva a cabo en Salón de Banquetes Palacio Nacional, donde ya se encuentran presidente Jimmy Morales, el vicepresidente Jafeth Cabrera  y el ministro de Educación Óscar Hugo López, así como los viceministros y otras autoridades.

“Hoy se recuerda a los hombres y mujeres que se dedican a la docencia” dice el ministro de Educación. “El buen maestro no se olvida y sus enseñanzas perduran”, añade el funcionario.

Este 25 de junio se celebra en Guatemala el día del maestro. Dicha orden nacional fue creada en 1963 para reconocer a educadores guatemaltecos que se han destacado en el ejercicio del magisterio.
 
Presidente Morales dijo en ese acto que se ha invertido más recursos en la Educación. “Dinero del pueblo debe regresar al pueblo” y destaca la inversión planificada en infraestructura para el sector educativo para los siguientes 30 meses.

Morales, sus 4 hijos y los maestros

Morales cuenta en tono jocoso que tiene cuatro hijos y que no los aguanta, pero el maestro sí tiene paciencia.

“Me siento honrado en poner la medalla a ustedes los galardonados”, afirma Morales, quien también felicita a los familiares.

Recuerda al asumir presidencia hubo un ahorro de Q57 millones en la impresión de libros de texto monto con el cual se logró pagar deuda.

El tema de la administración no es fácil y es complejo,  pero con la ayuda de ustedes podríamos tener mejores resultados, agrega el mandatario.

“Que mejor que lanzar este mensaje a la crema y nata del magisterio”,  concluye su discurso Morales.

Cabrera dio a entender que no tiene nada que ver con las polémicas decisiones tomadas tanto por el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y el gobernante, Jimmy Morales.

El vicepresidente participó en la reunión de  la Comisión Contra la Adicción y el Tráfico Ilícito de Droga (CCATID) y luego ofreció una conferencia de Prensa.

En principio Cabrera Franco fue consultado sobre qué opinaba de la ley que impulsa la bancada de FCN-Nación que pretende brindar amnistía  a legisladores que pudieran estar implicados en casos de corrupción en el Congreso.

“No fui compañero de partido del señor diputado —Javier Hernández Franco— porque a mí me llamaron para acompañar al presidente, Jimmy Morales”, respondió el vicepresidente.

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Agregó que “esa ley está siendo analizada para saber si finalmente la proponen, es lo que me enterado por los medios de comunicación”.

El vicemandatario también fue consultado sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de retirarle la inmunidad al diputado Édgar Ovalle por delitos contra la humanidad y si tenía acercamientos con él.

“Es parte del proceso de la justicia de Guatemala, quieren investigar un caso que viene desde hace mucho años. Creo que será en los tribunales donde se dilucidará  su situación”, respondió Cabrera Franco.

Los periodistas insistieron y cuestionado si estas situaciones aunado a los otros señalamientos en contra de diputados oficialistas restaban credibilidad al trabajo de la Presidencia.

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“Estamos abiertos a que se respete la justicia, si se le está imputando un cargo se debe dilucidar. No solo el FCN tiene estos problemas también hay otras bancadas, nosotros como ejecutivo debemos seguir trabajando”, aseveró el funcionario.

Los gobernadores

El vicepresidente también fue consultado sobre cuál fue el proceso para elegir gobernadores ya que sociedad civil y los mismos diputados oficialistas señalan que los candidatos no son idóneo y que hasta pudo existir pago de favores.

“Ese tema lo maneja la Secretaria Privada y el presidente, al vicepresidencia no tuvo ninguna participación en la elección de Gobernadores”, se limitó a responder Cabrera Franco.

Quien no respaldó la decisión del presidente que a principios de la semana fue cuestionado pero evitó dar declaraciones al decir que el momento —conferencia sobre Hogar Seguro Virgen de la Asunción— no era el adecuado y aunque ofreció información esta no ha trascendido.

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Critica diferencias

El vicepresidente también fue consultado sobre las diferencias de criterios que tienen la Procuraduría de Derechos Humanos y el Ministerio Público (MP) con relación al tema del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

“Fundamentalmente ese es un problema que tenemos los guatemaltecos, que cada quien quiere plantear sus propios pensamientos y no trabajamos en conjuntos. Si todos cambiarnos tendríamos una mejor alternativa  de desarrollo para el país”, respondió  el funcionario.

Agregó que sería saludable poder plantear y no decir cosas que muchas veces que no mejorar las condiciones del país.

Cabrera Franco resaltó que “el tema lo lidera la Presidencia y estamos abiertos a dialogar no solo con la fiscal y el procurador sino con todo aquel que quiera hacer algo positivo por Guatemala”. 

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Por último, a Cabrera se le consultó si con la fiscal general, Thelma Aldana, había discrepancias en este momento.

La pregunta surgió porque en ocasiones anteriores ha dicho que falta apoyo presupuestario al MP y ayer no estuvo de acuerdo con la idea del Ejecutivo de que los apoye el FBI en las investigaciones de Hogar Seguro.

El vicemandatario negó que existan discrepancias y argumentó que esa pregunta habría que hacérsela a ella —fiscal general— porque “el Ejecutivo no tiene ninguna” diferencia con la Fiscalía.

El vicepresidente @drjafethcabrera dirige la primera reunión del 2017 de la Comisión Contra la Adiccion y el Tráfico Ilícito de Droga. pic.twitter.com/wjKPMogHnG

— Carlos Álvarez (@calvarez_pl) March 16, 2017

De acuerdo al portal Guatecompras, los Q39 mil 940 fueron para la Tipografía Nacional, que imprimió los mil ejemplares.

Se trata de 200 páginas full color distribuidas en 744 instituciones, entre ministerios, secretarías, Congreso, cuerpo diplomático, rectores de universidades, directores de medios de comunicación, y organizaciones de la sociedad civil.

“La ley nos pedía que el 10 de febrero estuviera ya en el Congreso, el ministerio de Finanzas y Contraloría, lo que se cumplió”, indicó Emilio Gracias, director de Comunicación de la Vicepresidencia.

Los restantes 256 ejemplares, añadió, se repartieron entre directores, asesores y otro personal de 21 comisiones, consejos y gabinetes específicos adscritos a la Vicepresidencia.

El documento, que forma parte del primer informe de Gobierno, incluye las acciones e intervenciones de cada dependencia, como las autoridades para el manejo sustentable de las cuencas de los lagos Atitlán y Amatitlán.

También cuenta con decenas de fotos que destacan al vicepresidente Jafeth Cabrera.

El Plan Trifinio, la Secretaría de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, y el recién creado Gabinete Tren del Desarrollo, son parte de las entidades que detallan lo efectuado durante el 2016.

Distribución:

• 14 ministerios
• 17 secretarías
• 37 otras instituciones
• 157 a diputados del Congreso
• 9 instituciones autónomas
• 22 gobernaciones
• 340 alcaldes municipales
• 39 embajadas acreditadas en Guatemala
• 15 directores de medios de comunicación
• 12 rectores de universidades
• 22 organizaciones de la sociedad civil
• 57 organizaciones internacionales
• 3 a la Biblioteca Nacional
• 256 a entidades adscritas a la Vicepresidencia

Esa fue la estimación  del secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional, German González, en el marco de la última sesión del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasán), desarrollada ayer.

Se informó que durante el 2016 salieron de las estadísticas de desnutrición crónica  50 mil niños  menores de 5 años.
El funcionario detalló que el nivel de este tipo de desnutrición en la niñez, en todo el país, es de 46.5 por ciento, lo cual representa un millón de infantes de esa edad, aseguró González.

Aclaró que cuando comenzó la gestión del actual gobierno  ya se había estimado que la reducción  no sería alta, debido al cambio de mandato.

El funcionario agregó que en lo que va del año se tiene el registro de 124 decesos de niños a causa de desnutrición aguda, lo cual representa una disminución de 14 casos respecto del 2015.

González manifestó que se espera que en el 2017 la desnutrición infantil se reduzca en 2.5 por ciento, para cumplir con una disminución del 10 por ciento en el 2020.

“Fuimos a cuatro departamentos y coordinamos con 82 alcaldes, los cuales establecieron como política municipal de gestión la disminución de la desnutrición crónica en sus territorios”, afirmó.

Es irreal

Luis Hernández, de la Asociación Grupo de Análisis Estadístico para el Desarrollo, calificó de irreales esas cifras.
“Es inmoral que presenten esas cifras, como si se tuviera una cobertura universal. Nosotros hicimos un estudio del programa Impacto Hambre Cero, con datos de la Secretaría, y encontramos evidencia estadística de que hubo un deterioro en el avance contra la desnutrición”, señaló.

Hernández aseguró que los esfuerzos contra la desnutrición disminuyeron desde 2008, con lo cual crecieron las estadísticas negativas. Respecto de la muerte de niños por desnutrición aguda, indicó que no todos los casos llegan porque existe un subregistro que sería alto.

Desarrollo social

El vicepresidente Jafeth Cabrera afirmó que durante el 2016 se trató de priorizar la problemática relacionada con el desarrollo social, y que se hicieron los mayores esfuerzos, derivado de la crisis presupuestaria.

“Vamos a arrancar el 2017 con una planificación con todos los sectores”, afirmó.

Falta de cobertura

Luis Hernández, de la Asociación Grupo de Análisis Estadístico para el Desarrollo, dice que uno de los problemas que se afrontan y por los cuales es difícil combatir la desnutrición infantil se debe a la poca cobertura del sistema de Salud.

“Existe deterioro en el sistema”, manifestó el experto.

Mapa de crisis

• En el 2015, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional elaboró un mapa de crisis por desnutrición crónica y se estableció que los departamentos más vulnerables son San Marcos, Quiché, Huehuetenango, Totonicapán, Sololá y Alta Verapaz.

• En esos departamentos la desnutrición representa índices mayores al 48 por ciento en la población.

• Los departamentos con índices menores al 22 por ciento son Guatemala, Escuintla, Santa Rosa y Jutiapa.

“El señor Presidente era el secretario (general) del partido (mayo de 2015) y si en el momento en el que él fue secretario del partido hay un reparo de alguna factura, él tendrá que comparecer para entregar esas facturaciones”, dijo hoy el vicepresidente Jafeth Cabrera en una rueda de prensa tras una reunión de trabajo oficial.
 
El caso fue elevado a la investigación penal por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), mediante una denuncia planteada ante el Ministerio Público (MP) el 30 de noviembre.
 
Esto después que el actual secretario general del oficialista partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), el diputado Edgar Ovalle, no atendiera los llamados de auditoría del TSE.
 
Cabrera defendió que “desde el momento que el Tribunal Supremo Electoral pidió que se aclarara la situación del financiamiento, se inició un proceso y el encargado es el (actual) secretario (general) del partido, el señor Edgar Ovalle”.
 
Destacó que el presidente “le dio instrucciones (a Ovalle) para que se evacuara esa solicitud del TSE”.
 
El pleno de magistrados del TSE resolvió remitir el caso ante la Fiscalía (MP), después del informe de auditoría según el cual Ovalle no atendió el requerimiento para aclarar la situación en dos ocasiones.
 
“En virtud de las situaciones expuestas, se recomienda que se presente la denuncia, para que mediante una investigación se logre establecer si existe la comisión de algún delito por parte de la organización política”, consigna el informe que originó la acción legal.
 
El tema viene a comprometer a Morales, quien prometió “cero tolerancia a la corrupción” tras los sucesos de 2015 que provocaron la dimisión de su antecesor Otto Pérez (2012-2015), actualmente en prisión por diversas causas relacionadas a este flagelo.
 
Morales, quien en enero cumple un año de haber asumido la Presidencia de Guatemala, fue favorecido por el voto de los guatemaltecos en el proceso electoral de 2015, pese a que unos meses antes ni siquiera aparecía en las encuestas.
 
Su sorprendente triunfo fue considerado por los analistas como el rechazo de los electores a la “clase política tradicional”.
 
En un reciente informe, el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad para Guatemala (Cicig), el colombiano Iván Velásquez, definió como “perverso” el sistema de partidos políticos de Guatemala.

Desconfían del oficialismo

La agrupación política que llevó a Jimmy Morales a la presidencia fue denunciada por el TSE ante el MP por incumplir con informes de financiamiento político, como lo manda la Ley Electoral.

Además de las acciones penales, según la Ley, el TSE deberá analizar una sanción administrativa en contra de la agrupación política, entre estas puede estar una multa, una suspensión o la cancelación definitiva.

La decisión sobre qué medida administrativa se imponga a FCN-Nación se discutirá en enero, según magistrados del TSE.

Con información de Carlos Álvarez y Henry Pocasangre.

Después de cuestionamientos al mandatario por reunirse el sábado y la noche del lunes con diputados para hablar de la Junta Directiva del Legislativo, y señalamientos de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de interferencia de poderes, Cabrera arremetió contra los críticos.

“El Gobierno depende de actividades como el Legislativo”, dijo Cabrera este martes, durante un discurso en el Tercer Encuentro Nacional de Operadores de Diálogo 2016: “Por una Cultura de Paz y Diálogo en Guatemala”.

El mandatario se reunió en privado con parlamentarios el lunes en la noche, a horas de la elección de la directiva del Congreso.

“Ahora todo es destrozo, una crítica destructiva. El señor presiente —Jimmy Morales—, con el derecho que le da la Constitución, se puede reunir con los grupos de pobladores y con los que él considere que es necesario”, añadió.

"Se ha criticado mucho a nuestro Gobierno, pero estamos trabajando", asevera el vicepresidente Cabrera. pic.twitter.com/SAvkTrdM1T

— Carlos Álvarez (@calvarez_pl) November 8, 2016

El vicegobernante ha recurrido a discursos para quejarse de que “no se ven las cosas buenas” y que “no se puede arreglar todo” en diez meses de gestión.

Cabrera resaltó que a Morales “se le critica enormemente, se hacen especulaciones y no se habla con la verdad”.

Sin embargo, al vicepresidente no se le pudo cuestionar más acerca del límite entre reunirse con cualquier sector, en este caso, diputados, e intervenir en decisiones de otro organismo de Estado, debido a que la Vicepresidencia no comunicó a los periodistas que cubren la fuente de la presencia de Cabrera en dicho evento, como se hace en otras ocasiones aunque la actividad sea organizada por terceros.

Cabrera participó, después, en un acto de ampliación de la vigencia de la Alianza por la Transparencia, instancia donde convergen la Vicepresidencia, la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría de los Derechos Humanos, y la organización Acción Ciudadana

“Se ha criticado mucho a nuestro Gobierno, pero estamos trabajando”, expresó el vicepresidente durante su intervención en esta segunda actividad.

La acción fue presentada por el Centro para la Acción Legal, Ambiental y Social (Calas), por un estado de Prevención que emitió el gobierno en septiembre último.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyos magistrados se reunieron la tarde de este lunes, rechazó la solicitud de antejuicio en contra de los gobernantes, 13 ministros y una viceministra.

El rechazo del antejuicio se concretó con el voto de 12 de los 13 magistrados. La magistrada María Eugenia Morales Aceña fue la única que votó para que se le diera trámite al antejuicio.

La nueva presidenta de la CSJ, Silvia Valdés, se inhibió de conocer el antejuicio, después de tener señalamientos de simpatía hacia el gobernante.

Abogados de Calas argumentaron que, aunque la acción ya había sido anulada, existió la limitación de garantías constitucionales ordenadas por los funcionarios.

El decreto gubernativo 5-2016 fue duramente cuestionado por constitucionalistas, medios de comunicación, internautas, y el Procurador de los Derechos Humanos, al señalar que se violentaban derechos que la Constitución reconoce.

La exigencia para órganos de difusión a evitar publicaciones que “a juicio de la autoridad” incitaran a la alteración del orden, fue de lo más criticado porque era ambiguo acerca de qué se considera “incitación” y esa opinión era discrecional.

También se cuestionó que varias restricciones no tenían nada que ver con los trabajos en áreas de riesgo, y que poblaciones debieran desocuparlas.

Al día siguiente de su publicación en el diario oficial, el gobierno se vio obligado a dar marcha atrás en el decreto gubernativo, pero sin reconocer los señalamientos de distintos sectores.

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“Por esta situación que se ha planteado, que se cree que se está dando un golpe de Estado, que se cree que estamos actuando en contra de los medios de comunicación, y de muchas cosas que se han dicho, hemos tomado la decisión de dejar sin efecto el acuerdo —decreto— gubernativo”, anunció el vicepresidente Cabrera.

La polémica y la acción de dar marcha atrás se dio mientras el gobernante Morales se encontraba en Nueva York.

La Corte también rechazó una solicitud de antejuicio contra el presidente del Congreso, Mario Taracena.

El diputado tenía una solicitud presentada por trabajadores, quienes lo señalan de supuestos abusos y despido de personal.

También tenía otra petición de antejuicio por violencia contra la mujer, la cual fue presentada por sindicalistas del Congreso.

La semana recién pasada se cumplió un año de  que los candidatos presidenciales del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) ganaron la segunda vuelta electoral, gracias a un contexto de escándalos de corrupción, cambios de gobernante y caída del opositor partido Libertad Democrática Renovada (Líder).

Ante un panorama en el que pocos o ningún candidato era de la simpatía popular, una parte de la población decidió confiar en Jimmy Morales, cuyo eslogan era “ni corrupto ni ladrón” y prometía representar la nueva forma de hacer política y dejar atrás, junto a Jafeth Cabrera, “la vieja política”.

Promesas como no aceptar a diputados tránsfugas en la bancada oficial y apertura total ante los medios de comunicación ganaron la confianza de más de 2.7 millones de votantes.

Sin embargo, las prácticas de la vieja política, según algunos generadores de opinión, están vigentes en el gobierno de Jimmy Morales.

Algunas señales

Lo primero que mencionan los analistas es  el transfuguismo. “Eso tienen que preguntárselo a las personas del Congreso. A mí pregúnteme del Ejecutivo”, respondió el gobernante el martes último al preguntarle al respecto, pese a que fue él quien  ofreció no aceptar a ese tipo de personas al ganar las elecciones.

“Observamos que FCN cuenta con 26 diputados que fueron electos por Líder, el Partido Patriota, etc. El presidente también ha perpetuado el nepotismo y la vieja manera de hacer política, situando a aliados que no tienen la preparación o mérito para ocupar puestos como funcionarios públicos”, expresó Constanza Alarcón, de Guatemala Visible.

Respecto del cambio de diputados de una bancada a otra, el vocero presidencial, Heinz Hiemman, afirmó: “El Ejecutivo está satisfecho que en las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos se haya castigado el transfuguismo, que ningún diputado pueda cambiarse de camiseta o de bando, sino todos procurar o buscar el interés nacional”.

Tanto el mandatario como Cabrera han sido señalados detener a  familiares o allegados trabajando en instituciones gubernamentales o como diplomáticos.

En los últimos dos meses, el presidente se ha   alejado cada vez más del escrutinio público a través de los medios de comunicación, al pasar periodos largos sin querer ofrecer una conferencia de prensa.

En cuanto al lapso sin comparecer ante los medios, el mandatario ha llegado a niveles de Alfonso Portillo, quien pasaba varias semanas sin querer recibir preguntas de los periodistas, especialmente acerca de problemas en su gestión o señalamientos en contra de sus funcionarios.

Gabriel Wer, de la agrupación #JusticiaYA, reconoce que en 10 meses no se puede hacer mucho, pero que las oportunidades que este gobierno ha tenido para hacer las cosas distintas no han sido aprovechadas. Resalta el hecho de que los hijos de Morales y Cabrera han sido objeto de señalamientos.

El vicepresidente Cabrera subrayó en un discurso, el miércoles último: “Nos exigen que resolvamos todo en 10 meses” y que hay “solo críticas destructivas”.

Dar marcha atrás en algunas decisiones y la baja ejecución en los Consejos de Desarrollo son otras señales.

“Hay no solamente opiniones de analistas, sino también de algunos políticos tradicionales que hacían este análisis. Sería interesante que estas personas presentaran un decálogo de cuál es la vieja política y cuál debe ser la nueva política”, respondió Hiemann.

“Nos exigen que en 10 meses compongamos lo de 80 años atrás, pero estamos haciendo el esfuerzo (…) La crítica destructiva es lo que predomina”, Jafeth Cabrera, vicepresidente.

Cómo llegó al poder

• El contexto del 2015 ayudó a que la candidatura de Jimmy Morales  se disparara en popularidad

• En la primera vuelta, el binomio de Jimmy Morales y Jafeth Cabrera obtuvo un millón 167 mil 30 votos, lo que equivale al 15.4 por ciento de los votantes inscritos —siete millones 556 mil 873—.

• Según el Registro Nacional de las Personas (Renap), al 31 de diciembre de 2015 había 17 millones de habitantes en Guatemala.

• Es decir, los votos obtenidos por FCN-Nación en la primera vuelta equivaldría al 6.9 por ciento de la población total.

• En la segunda vuelta,  ganaron con dos millones 750 mil 847 votos, el 36.4 por ciento de los votantes inscritos.

• El resultado  equivale al 16.2 por ciento de la población total de Guatemala.

Se ve en los allegados

“Ha dominado la vieja forma de hacer política. Hemos observado al presidente mantener los aliados, recursos y estrategias de la vieja política”, opina Constanza Alarcón, de la organización Guatemala Visible.

Alarcón afirmó que los aliados que mantiene el gobernante son parte de la vieja política. “Observamos al presidente teniendo acercamientos y respaldando a personajes como Joviel Acevedo, que también, en gran parte, representa a la vieja política”, agregó.

También resaltó la práctica del nepotismo por el binomio gobernante.

El vicemandatario dijo no sentirse sorprendido por la apatía de la población hacia el trabajo del Ejecutivo y la crítica hacia su desempeño “es una cosa normal”.

Los grupos sindicales y populares que manifestaron en conmemoración de la gesta de la Revolución de 1944, externaron su inconformidad por las promesas incumplidas por el gobierno y pocas soluciones encaminadas a resolver la crisis hospitalaria y mejorar las condiciones de seguridad.

Cabrera respondió a estas críticas señalando que están “tratando” de cumplir las promesas hechas y recordó que la gestión de Morales está encaminada a cinco ejes que presentaron durante su campaña.

“Ustedes comprenderán que llevamos 10 meses en el gobierno”, justificó Cabrera.

Retrasos en donaciones

Una de las primeras acciones del gobierno de Jimmy Morales fue la donación de medicamentos a hospitales y la invitación a otros sectores a “colaborar” con la crisis hospitalaria.

A 10 meses de su gestión, el abastecimiento de los hospitales aún es un problema por resolver y, según el vicepresidente, existe un atraso en algunas donaciones hospitalarias.

Cabrera reconoció que han tenido muchos ofrecimientos de donaciones “pero hay atrasos y lamentablemente este tema ha sido muy atrasado”.

Aunque no precisó qué tipo de donaciones son las que esperan, Cabrera reconoció que existe un atraso considerable y una ejecución baja de préstamos.

El vicepresidente Jafeth Cabrera evitó de nuevo este miércoles aclarar las dudas sobre la casa en la que actualmente reside, y aunque aseguró que el dueño del inmueble, Hugo Leonel García López, daría declaraciones para esclarecer la incertidumbre, al final de la tarde los encargados de Comunicación de la Vicepresidencia se limitaron a enviar una carta que supuestamente  firma García López.

Luego de participar en una reunión de la Comisión Presidencial de Coordinación de Esfuerzos contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, el vicemandatario fue cuestionado acerca de la casa que habita.

“Finalmente el dueño de la propiedad va a dar las declaraciones, más temprano que tarde hoy —ayer— espero que lo haga, y va a aclarar dudas”, aseveró.

Cabrera enfatizó que esta es “una situación privada” donde “no podía exponer al propietario de esa vivienda”.  “Me parece que dará unas declaraciones y pueden comunicarse con el señor —Emilio— Gracias —encargado de Comunicación de la Vicepresidencia—, en cuanto tenga la información le diré que se comunique con ustedes”, aseveró el funcionario.

Misiva

Pese a que afirmó en dos ocasiones que García López brindaría información al respecto, esta nunca llegó.

Por varias horas periodistas insistieron a los encargados de Comunicación de la Vicepresidencia que brindaran una conferencia o entregaran documentos para aclarar las dudas.

A las 16 horas, la Vicepresidencia compartió una misiva que supuestamente está firmada por García López en la que se lee que arrienda la propiedad a Cabrera desde marzo pasado por Q30 mil mensuales.

Menciona que está dispuesto a entregar documentación para respaldar su afirmación, pero no precisa ningún medio para ponerse en contacto con él.

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) podría haber beneficiado a una empresa de Rudy Gutiérrez Díaz, amigo cercano del vicepresidente Jafeth Cabrera, con compras de hasta Q2.5 millones.

El IGSS ha otorgado durante el 2016 un total de 685 concursos a la empresa Imágenes Diagnósticas Oculares, S. A., por un monto de Q2 millones 496 mil 38.52. De esas adjudicaciones, 637 se hicieron por compra directa y 48 llevaron un proceso de oferta abierta.

En el 2015, el Seguro Social solo adjudicó seis contratos, por Q47 mil 820.93; todos en proceso abierto.

Antes de haber ganado la elección junto a Jimmy Morales, Cabrera trabajaba como director médico en el Instituto Panamericano contra la Ceguera, entidad que fue fundada por Gutiérrez Díaz, según el portal de la Unidad Nacional de Oftalmología, también constituida por este último.

Crean empresa

El 8 de enero del 2010 fue formada la empresa Imágenes Diagnósticas Oculares, S. A., por medio del abogado Winston Francklin Asturias, y entre los socios fundadores se encuentran Rudy Óliver Gutiérrez Díaz, su esposa Ana María Paz Franco, Mario Augusto Gutiérrez Paz y Rudy Óliver Gutiérrez Paz, con un capital autorizado de Q5 mil, y cada uno aportó Q1 mil 250.

El 21 de febrero del 2011, el mismo abogado redactó la escritura pública número 2, en la que se hace constar que se modifica la escritura constitutiva de la sociedad mercantil y se señala que la empresa podrá llamarse Eyescan.

Con misma fecha de constitución y el mismo abogado, se fundó la empresa Importadora, Exportadora y Laboratorio Óptico Amro, S. A.

Como socios fundadores aparecen los mismos cuatro parientes, y cada uno aportó Q1 mil 250.

Esa firma solo ha obtenido cinco contratos por Q3 mil 26 por parte del IGSS, mientras que
Q1 millón 783 mil 712 corresponden a tres contratos obtenidos de la Unidad Nacional de Oftalmología.

Las tres empresas —Imágenes Diagnósticas Oculares, Importadora, Exportadora y Laboratorio Óptico Amro, y el Instituto Panamericano contra la Ceguera— se ubican en la misma dirección:   10a. calle 3-01, zona 14, edificio Artes Médicas.
El presidente de la Comisión de Probidad del Congreso, Amílcar Pop, considera que pudo haberse dado tráfico de influencias.

“Creo que es un tema que debe investigarse y la autoridad del Seguro Social demostrar imparcialidad, objetividad y publicidad de las decisiones que tomaron; de lo contrario, estaríamos en un grado de riesgo de delitos como tráfico de influencias”, expresó.

Edie Cux, miembro de de Acción Ciudadana, señaló que surge la duda acerca de las contrataciones. Es una práctica común que quienes llegan al poder tengan compromisos con personas que les ayudaron durante la campaña.

“Las contrataciones se dan durante el gobierno, porque existe esa obligación. En este caso sí llama la atención que se infle de tal manera que una entidad haya sido beneficiada en ocho meses sobre lo que ha sido beneficiada el año pasado”, indicó.

Son conocidos

A pesar de haberle enviado el lunes pasado a Emilio Gracias, jefe de Comunicación de la Vicepresidencia, las preguntas sobre el asunto, fue ayer cuando el vicepresidente respondió a varias inquietudes.

Cabrera indicó que la relación con Gutiérrez Díaz se debe a que fue su compañero de estudios universitarios, una o dos promociones posteriores a la suya.

“Como en la medicina uno le va enseñando a los que vienen atrás, esa fue la primera relación. En el momento en que yo trabajé en el Instituto de la Prevención, la Universidad Galileo y el doctor Gutiérrez Díaz me contrataron para dirigir el posgrado de Oftalmología, un posgrado internacional donde vienen alumnos de Colombia, México y toda Centroamérica”, explicó Cabrera.

Agregó el funcionario público que dirigió ese posgrado, aunque no recuerda las fechas; pero se retiró cuando se dio la apertura de la campaña electoral.

“Ahí terminé mi función, y fue como coordinador de posgrado de Oftalmología”, puntualizó el vicemandatario.

Calidad de servicio

• Rudy Gutiérrez Díaz manifestó que él se retiró del Instituto Panamericano contra la Ceguera poco después de que había sido contratado Cabrera, que  fue hecha por la gerente general de la institución.
• Considera que el hecho que le hayan dado contratos a la empresa de sus hijos por parte del IGSS se debe a la calidad de servicio que presta esa firma a los pacientes.
• Confirmó que es amigo del vicepresidente y que se graduaron con un año de diferencia, pero negó que se utilice esa amistad para que le otorguen contratos a la citada empresa.
• Gutiérrez Díaz señaló que él se oponía a participar en concursos con el Estado.

Niega favoritismo

• Rudy Gutiérrez Paz, representante legal de Imágenes Diagnósticas Oculares, S. A., negó que haya habido una amistad con el ahora vicepresidente y que se limitaban a que él dirigiera el Instituto Panamericano contra la Ceguera.
• Gutiérrez Paz manifestó que la contratación de Cabrera la hizo su padre y su madre, pero fue porque llenó el perfil que se  necesitaba.
• Glendy Martínez, coordinadora de la empresa, dijo que han participado desde el 2014 y fue en el 2015 cuando obtuvieron contratos, y por los precios bajos han tenido más concursos este año, con lo que niega que por el vicepresidente tengan preferencia.

Rechaza vínculo

• Comunicación Social del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) manifestó que cada unidad ejecutora, según la Ley de Contrataciones, es responsable de los procesos de compra que realicen.
• “Derivado de los requisitos nuevos contemplados en la Ley de Contrataciones se han tenido que modificar los procesos de cotización y licitación para diferentes eventos y servicios”, dice ese departamento.
• Además desconocían que los dueños de la citada empresa fueran amigos del vicepresidente Jafeth Cabrera.
• También negaron que Cabrera haya presionado para que se le otorgaran contratos a la empresa Eyescan.

El vicepresidente Jafeth Cabrera  evitó  de nuevo ayer aclarar las dudas sobre la casa en la que actualmente reside, y aunque aseguró que el dueño del inmueble, Hugo Leonel García López, daría declaraciones para esclarecer la incertidumbre, al final de la tarde los encargados de Comunicación de la Vicepresidencia se limitaron a enviar una carta que supuestamente  firma García López.

Luego de participar en una reunión de la Comisión Presidencial de Coordinación de Esfuerzos contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, el vicemandatario fue cuestionado acerca de la casa que habita.

“Finalmente el dueño de la propiedad va a dar las declaraciones, más temprano que tarde hoy —ayer— espero que lo haga, y va a aclarar dudas”, aseveró.

Cabrera enfatizó que esta es “una situación privada” donde “no podía exponer al propietario de esa vivienda”.  “Me parece que dará unas declaraciones y pueden comunicarse con el señor —Emilio— Gracias —encargado de Comunicación de la Vicepresidencia—, en cuanto tenga la información le diré que se comunique con ustedes”, aseveró el funcionario.

Al preguntarle sobre la forma en que conoció al propietario del inmueble respondió: “Mi hijo es compañero de universidad de él, se graduaron juntos y sé que tienen una amistad desde hace muchos años”.

Misiva

Pese a que afirmó en dos ocasiones que García López brindaría información al respecto, esta nunca llegó.

Por varias horas periodistas insistieron a los encargados de Comunicación de la Vicepresidencia que brindaran una conferencia o entregaran documentos para aclarar las dudas.

A las 16 horas, la Vicepresidencia compartió una misiva que supuestamente está firmada por García López en la que se lee que arrienda la propiedad a Cabrera desde marzo pasado por Q30 mil mensuales.

Menciona que está dispuesto a entregar documentación para respaldar su afirmación, pero no precisa ningún medio para ponerse en contacto con él.

En las últimas semanas el vicepresidente ha sido cuestionado por ocupar una lujosa residencia que perteneció a Harold Caballeros, en el exclusivo sector La Cañada, en la zona 14. 

Cabrera que no ocultó su molestia al ser cuestionado por la vivienda, tampoco respondió a las críticas que se hicieron por la renta; fue hasta este miércoles que, a través de una carta difundida por la Vicepresidencia, que se explica el contrato de arrendamiento de la vivienda.

“En marzo de 2016 arrendé en escritura pública al Dr. Jafeth Cabrera el inmueble antes descrito y en él consta el plazo, condiciones y valor de Q30 mil mensuales que paga de forma personal a la empresa inmobiliaria que yo represento”, según la carta firmada por Hugo Leonel García López, quién se identifica como el arrendatario.

Alrededor del tema se había dicho que Cabrera pagaba hasta Q90 mil por la vivienda, sin embargo cuando fue cuestionado, el vicepresidente negó tal extremo pero no amplió más detalles. 

Dudas por vivienda de vicepresidente

La residencia se ubica en la 7a. avenida 20-80 de la citada zona, y tiene una extensión de  mil 942.77 metros cuadrados.

Su exdueño Harold Caballeros confirmó que el inmueble lo vendió en febrero último por un monto aproximado a Q1 millón.

La vivienda se la vendió a Hugo Leonel García López, a quien dice que tiene bastante tiempo de conocer.

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El inmueble estuvo hipotecado por un monto de US$2 millones; sin embargo, en  abril del 2013 la deuda fue cancelada.

Caballeros fue dueño del inmueble por medio de la empresa Belmopan, S. A., de la que su hijo Harold Caballeros Arimany es gerente general.

Cabrera indicó el 21 de septiembre último que había decidido dejar su vivienda de carretera a El Salvador y  trasladarse a La Cañada, zona 14, un exclusivo sector residencial con la mayor plusvalía de la  capital, por las críticas de sus vecinos.

“Busqué una casa aquí, y la estoy rentando; es tercera vez que digo que la alquilo, que es falso y lamento la irresponsabilidad de algunos periodistas que no dicen la verdad; de esa manera no saldremos adelante”, explicó Cabrera hace unos días.

Negar todo

La semana pasada el vicepresidente se mostró disgustado ante preguntas de periodistas sobre el arrendamiento de su vivienda.

“Lamento que ustedes insistan en algo y que mientan los medios de comunicación. Yo tengo una renta y la pago con mi salario. En cualquier momento, si ustedes quieren, nos podemos juntar en un tribunal y vamos a demostrarle a los medios que han dicho esa cantidad de dinero, que es casi lo que yo gano, no es esa cantidad”, expuso el vicepresidente.

Insistió: “Pero tengo también el derecho, si quieren ustedes, acudimos a donde ustedes consideren, de demostrarles la situación de lo que yo estoy pagando y el contrato administrativo que existe.

Ante la insistencia de los medios de comunicación, Cabrera respondió molesto: “Es que han tergiversado. Primero me hubieran consultado, antes de decir que son Q90 mil. Ya le di explicaciones. ¿De interés público? ¿A usted le interesa? ¿Usted me va a ayudar a pagar la renta?”, concluyó.

El vicepresidente de Guatemala, Jafeth Cabrera, aseguró este miércoles que el Gobierno está realizando todos los esfuerzos necesarios para “transparentar” las ayudas a agricultores ante un eventual estado de Calamidad, después de que se destapara un caso de corrupción que involucra al exministro de Agricultura Elmer López.

En caso de que el Congreso apruebe la declaración de este estado de Calamidad, las operaciones de compra contarán además con la supervisión de la Contraloría General de Cuentas y serán coordinadas por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), dijo Cabrera, luego de una reunión de la Comisión Presidencial contra el Lavado u Otros Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Copreclaft). 

De esta manera, el Gobierno pretende tranquilizar a la población después de que el pasado martes se destapase otro escándalo de corrupción durante la compra, en 2014, de provisiones de maíz y fríjol para abastecer a la población durante un estado de Calamidad por una sequía que puso en riesgo la seguridad alimentaria en el corredor seco.

El gobierno del Partido Patriota decretó la Calamidad y el fin era la adquisición de 1.5 millones de cupones canjeables por raciones de alimentos,  valoradas en Q495 millones, para repartirlos entre familias de escasos recursos dentro del plan Pacto Hambre Cero.

Las investigaciones, iniciadas en 2014, permitieron establecer que el producto de la empresa Empacadora el Bodegón ingresó a Guatemala proveniente de México evadiendo el pago de impuestos.

Por estos hechos fue detenido y enviado a prisión provisional a la cárcel Matamoros el exministro de Agricultura Elmer López Rodríguez junto con otras siete personas acusadas de integrar la red Los Maiceros, que comercializaba con productos no aptos para el consumo humano. 

El vicemandatario aún no esclarece cuánto paga de renta mensual; se habla de Q90 mil, aunque su sueldo es de Q136 mil.
La residencia se ubica en la 7a. avenida 20-80 de la citada zona, y tiene una extensión de  mil 942.77 metros cuadrados.

Su exdueño Harold Caballeros confirmó que el inmueble lo vendió en febrero último por un monto aproximado a Q1 millón.

La vivienda se la vendió a Hugo Leonel García López, a quien dice que tiene bastante tiempo de conocer.

El inmueble estuvo hipotecado por un monto de US$2 millones; sin embargo, en  abril del 2013 la deuda fue cancelada.

Caballeros fue dueño del inmueble por medio de la empresa Belmopan, S. A., de la que su hijo Harold Caballeros Arimany es gerente general.

Cabrera indicó el 21 de septiembre último que había decidido dejar su vivienda de carretera a El Salvador y  trasladarse a La Cañada, zona 14, un exclusivo sector residencial con la mayor plusvalía de la  capital, por las críticas de sus vecinos.

“Busqué una casa aquí, y la estoy rentando; es tercera vez que digo que la alquilo, que es falso y lamento la irresponsabilidad de algunos periodistas que no dicen la verdad; de esa manera no saldremos adelante”, explicó Cabrera.

Negar todo

La semana pasada el vicepresidente se mostró disgustado ante preguntas de periodistas sobre el arrendamiento de su vivienda.

“Lamento que ustedes insistan en algo y que mientan los medios de comunicación. Yo tengo una renta y la pago con mi salario. En cualquier momento, si ustedes quieren, nos podemos juntar en un tribunal y vamos a demostrarle a los medios que han dicho esa cantidad de dinero, que es casi lo que yo gano, no es esa cantidad”, expuso el vicepresidente.

Insistió: “Pero tengo también el derecho, si quieren ustedes, acudimos a donde ustedes consideren, de demostrarles la situación de lo que yo estoy pagando y el contrato administrativo que existe.

Ante la insistencia de los medios de comunicación, Cabrera respondió molesto: “Es que han tergiversado. Primero me hubieran consultado, antes de decir que son Q90 mil. Ya le di explicaciones. ¿De interés público? ¿A usted le interesa? ¿Usted me va a ayudar a pagar la renta?”, concluyó.

Luego del polémico estado de Prevención que el  gobierno de Jimmy Morales decretó y revirtió esta misma semana, analistas coinciden en que es una “excelente oportunidad” para el mandatario de asumir el papel de líder que le corresponde, recomponer a su equipo y lanzar un nuevo plan de gobierno, antes de que la situación y la coyuntura lo rebasen.

Fueron invitados al programa Diálogo Libre, transmitido en Prensalibre.com, Ileana Alamilla, presidenta de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), y el analista Estuardo Zapeta.  

¿Qué lectura les deja esta semana, empezando con un estado de Prevención y terminando con un estado de Calamidad Pública?

Alamilla: Comienza con el exabrupto del presidente en el cual se refiere a los periodistas y a los medios, y se refiere a dos conceptos que son absolutamente distintos.  

Se refiere a la fafa, que es un hecho ilícito, y la compara con la publicidad, que es un hecho lícito y que tiene otros objetivos; la comparación no es válida. Si el presidente dice que se acabó la fafa, ¿se acabó desde cuándo? ¿Su gobierno la había dado, o no? ¿Desde cuándo se acabó? Pensamos que el presidente nos debe una explicación sobre eso.

Nos preocupa, porque esto es perjudicial para todos, para el país, la población, etcétera.

Zapeta: En eso del  estado de Prevención, no necesitaban de ninguna manera limitar el derecho a la libre expresión,  a la libre locomoción y a la reunión; no hay correlación entre la lluvia y lo otro.  

Precisamente por ese acto el presidente, el vicepresidente y el Consejo de Ministros van a ser demandados y se les va a pedir que, habiendo quebrado la Constitución, ellos tienen responsabilidad penal, entrando en un proceso de antejuicio.   

¿Qué mensaje conlleva que esto ocurra  cuando  el presidente está fuera del país?

Alamilla: Debemos analizar el contexto. El presidente es un no político, electo para un cargo esencialmente político; el mandatario no tiene experiencia.

Estamos en una crisis permanente con un gobierno que no tiene rumbo. Ese es el problema principal.

Con un decreto no se puede decir: Ahorita voy a resolver toda la problemática que hay.

Zapeta: La lucha contra la corrupción no es de Jimmy Morales, ni de este gobierno, es de un MP —Ministerio Público— fortalecido a partir del apoyo que le da la Comisión Internacional  contra la Impunidad en Guatemala.

La desventaja profunda del gobierno de Jimmy Morales y Jafeth Cabrera, aparte de que tienen líos personales, es que no tienen nada en contraposición, y a eso se le suma un estado de Calamidad que declararon.

Es un gobierno muy solitario, debilitado y al mismo tiempo que no tiene un plan y que cada vez va aumentando la cantidad de presiones que tiene.

¿Es demasiado pronto el desgaste que ha sufrido el gobierno de  Jimmy Morales en comparación con otros?

Alamilla: Ha sido un desgaste aceleradísimo en ocho meses, y espero que el mandatario y su equipo logren recomponer esta situación por el bien del país.  A nadie le interesa ni le conviene que siga esta inestabilidad política en Guatemala; tenemos demasiados problemas por atender.

Zapeta: Ocho meses es  larguísimo tiempo para un gobierno. En política, 24 horas es largo plazo.  Ese es el nivel donde empieza a desesperar. Siempre votamos contra algo, no votamos por algo, y eso se vuelve contra nosotros.  

¿Creen que proceden las querellas contra el presidente y su Gabinete interpuestas por UNE y Calas?

Alamilla: Si ya fueron presentadas, obviamente tienen que ser conocidas. La cuestión es que van a tener que ser denunciados todos los que firmaron, no solo el presidente y el vicepresidente.

Zapeta: Voy por la idea “piensa mal y acertarás”.  Al final, lo que se mide es un resultado,  un decreto gubernativo, el 5-2016, que limita nuestra libertad. Yo no creo que haya inocencia, creo que sí hay un acto deliberado en eso.

Independientemente del curso que tomen las acciones contra todo el Gabinete, el presidente tiene que hacer un retiro “espiritual” con su gente, y decir: Tenemos que reagruparnos, repensarnos. Pero tiene que hacerlo rápido, y luego relanzarse.  

El presidente tiene que repensar su liderazgo, esa capacidad de establecer una visión y llevar gente que lo apoye en esa visión.

Decisiones polémicas

• Estado de Prevención autorizado y derogado esta semana luego de presiones de sectores políticos y sociales.  
• Reforma tributaria que contemplaba el incremento a impuestos. Trece días después, el Ejecutivo pide devolución de la iniciativa. 
• El cambio de agente de seguros  fue suspendido para dar oportunidad  a otras compañías.  

• El desfile militar no se efectuó en la Avenida de La Reforma, como inicialmente  se había ordenado.

El gobierno de Guatemala instaló este viernes la denominada Comisión Presidencial del Diálogo, que atenderá los conflictos sociales que se registren en el país.

La instancia está conformada por los ministerios de Gobernación, Energía y Minas, Finanzas, Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Además por las secretarías de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), de Asuntos Agrarios (SAA), de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) y la de Derechos Humanos (COPREDEH).

El presidente en funciones de Guatemala, Jafeth Cabrera, instaló la Comisión Presidencial durante un taller en el que se discutió la elaboración de una política de protocolos para atender la conflictividad social y ambiental.

Cabrera dijo en su discurso que “el diálogo es tan necesario” para buscar la solución de los conflictos y que el gobierno “no puede cerrarse” a este mecanismo.

Según el director ejecutivo de la instancia instalada este viernes, Rocael Cardona, en la actualidad se atienen 20 conflictos sociales y ambientales en Guatemala, en cuyas mesas de diálogo participan autoridades locales y líderes comunitarios. 

A las 9.15 horas de este miércoles, luego de haber participado en la reunión del Gabinete Económico, Jafeth Cabrera atendió a los periodistas que lo consultaron sobre el estado de Prevención.

“Yo creo que ha habido malinterpretación, y si entre los guatemaltecos no podemos lograr una interpretación clara de una situación de calamidad del país como ustedes la están viendo, realmente no sé qué esperamos”, respondió el presidente en funciones.

Al recordarle que académicos hicieron críticas al estado de Prevención, Cabrera preguntó: “¿Me puede dar el nombre de los académicos?”.

Se le indicó que también la Procuraduría de los Derechos Humanos  lo había adversado, y dijo: “Es la interpretación del señor procurador, no es cuestión de un académico. Son opiniones que  respetamos”.

Insistió en que el decreto tenía puntos específicos y leyó el documento.

11 horas

Menos de  dos horas después de que el presidente en funciones defendiera el estado de Prevención, ofreció una conferencia junto a integrantes del Consejo de la Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres, en la que confirmó que se derogaría el decreto gubernativo con que se había autorizado esa medida.

“Hemos tomado la decisión de dejar sin efecto el acuerdo (sic) gubernativo. Lo hice en consulta con el señor presidente”, afirmó.

“He servido a la academia, sé dar proyectos de investigación, y si hay necesidad de dar ese paso atrás, así lo hemos hecho”, agregó.

Al ser consultado sobre por qué se revirtió la medida, aseveró: “Hay que entender que somos humanos y nos podemos equivocar”, pero insistió en que estaban claros con lo que querían hacer.

“Si bien es un deber del Estado garantizar la seguridad y proteger la vida de sus ciudadanos, es preocupante que con ese argumento se limite la libertad de expresión”, dijo el presidente de la SIP, Pierre Manigault.

Desde Miami, la SIP se pronunció por el caso de Guatemala, luego de las múltiples críticas al decreto presidencial que limitaba tres garantías constitucionales: la libre locomoción, la libertad de expresión y el derecho de manifestación.

Según la SIP, algunas de las acciones decretadas por el Ejecutivo en el estado de Prevención eran “innecesarias y representan un potencial riesgo para la libertad de expresión”.

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“Un innnecesario y potencial riesgo para la libertad de expresión, sobre todo en un momento en que la población necesita estar continua y debidamente informada”, dijo el presidente de la SIP.

El titular de la SIP llamó al Estado de Guatemala a examinar el decreto y corregir aquellas partes que podrían afectar el derecho de los ciudadanos a recibir información.

El estado de Prevención fue derogada, según anunció el presidente en funciones, Jafeth Cabrera, y se someterá a un análisis la medida para corregir algunos aspectos que fueron criticados.

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El estado de Prevención y la limitación de tres garantías constitucionales había provocado en la población un rechazo generalizado y, pese a la manifiesta prohibición, se había convocado a protestas en la Plaza de la Constitución para el próximo sábado.

Sin reconocer ni validar los señalamientos de distintos sectores de que el estado de Prevención decretado el martes último lesionaba derechos constitucionales, el Ejecutivo decidió dejar sin efecto esa acción, después del vendaval de críticas de diversos sectores que  desató.

“Por esta situación que se ha planteado, que se cree que se está dando un golpe de Estado, que se cree que estamos actuando en contra de los medios de comunicación, y de muchas cosas que se han dicho, hemos tomado la decisión de dejar sin efecto el acuerdo —decreto— gubernativo”, anunció este miércoles el vicepresidente Jafeth Cabrera, en las instalaciones de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Cabrera aseguró que la decisión se tomó en consulta con el presidente Jimmy Morales, quien se encuentra en Nueva York.

“En este momento todo el sistema que compone Conred se va a sentar a ver los ocho mil puntos vulnerables del país, y se sentarán a ver cuáles son los inminentes a un desastre, donde pueda haber pérdidas de vidas humanas”, agregó.

Medios de comunicación, constitucionalistas, el Procurador de los Derechos Humanos y cientos de internautas fueron algunos sectores que desde el martes cuestionaron el decreto gubernativo 5-2016, el cual fue firmado por los gobernantes, 13 ministros, una viceministra y un secretario.

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Entre lo más fuerte que se criticó figura la “exigencia” para órganos de difusión a evitar publicaciones que “a juicio de la autoridad” incitaran a la alteración del orden, porque era ambiguo acerca de qué se considera “incitación” y esa opinión era discrecional. Así también la limitación a la libertad de acción figuraba dentro de las medidas cuestionadas. Sin embargo,  nadie mencionó que se buscara un “golpe de Estado”, como sí lo dijo Cabrera en su explicación de por qué daban marcha atrás.

“Está bien que no existan restricciones de ninguna naturaleza, pero tenemos que analizar cuáles son los puntos fundamentales que tenemos que retomar y se va a hacer en detalle a lo que Conred determine”, agregó.
Cabrera ofreció que hoy saldría publicada la derogatoria del decreto en el Diario de Centro América.

No a “cosas técnicas”

El secretario ejecutivo de la Conred, Sergio Cabañas, quien también participó en la conferencia de prensa, intentó explicar cuál era la intención de la exigencia a medios de comunicación.

“No era limitar a la Prensa de que haga todo su trabajo. Lo que se limitaba era que no hablaran cosas técnicas o que dijeran algo que la población tomara como algo delicado”, dijo.

Agregó: “Por ejemplo, de los ocho mil puntos —de riesgo— me preguntaron varios periodistas cuáles se iban a caer, y no lo sabemos. Si la Prensa empieza a decir ‘se va a caer Mazatenango o Huehuetenango’ y no sabemos; entonces, que nosotros diéramos las declaraciones técnicas y la Prensa, como siempre, que hiciera su trabajo informando cosas técnicas y verídicas”, con lo cual tácitamente señalaba a los medios.

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En todo caso, el decreto gubernativo no detallaba nada de eso y fue publicado con   restricciones de forma general.

El secretario ejecutivo de la Conred se declaró preocupado por la marcha atrás al estado de Prevención, al asegurar que era la “primera vez” que actuaban “de buena fe” y no reactivamente.

“Desafortunadamente se le va a dar marcha atrás a este acuerdo —decreto— y nosotros no contamos con ningún tipo de recurso”, expresó Cabañas.

El vicepresidente continuó con que el estado de Prevención, en la parte de disolver por la fuerza cualquier grupo, reunión o manifestación pública en la que se hiciere uso de armas o se recurriere a actos violentos, se refería a “evitar manifestaciones de ese tipo en zonas de riesgo”.

“Recuerden lo que pasó en el puente: hubo una manifestación, ofrecieron linchamientos a Conred, se paralizó todo un sistema que pone en riesgo el puente y las carreteras”, expuso.

Se pueden equivocar

Si se toman en cuenta otras decisiones de alto nivel, como el anunciar el retorno a las calles del desfile militar y después mantenerlo en instalaciones militares, pedir a entidades cambiar a su corredor de seguros para después retractarse, y retirar la iniciativa de ley de reforma tributaria, esta sería la cuarta vez que el Gobierno da marcha atrás luego de críticas.

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Al vicepresidente se le preguntó de que lo de dar marcha atrás ya había pasado con el presupuesto —pero fue con la reforma tributaria—, a lo que respondió: “Son dos cosas diferentes, el presupuesto y esto; hay que entender que somos humanos y nos podemos equivocar”.

Al principio de la conferencia, Cabrera expresó: “Dije en la mañana que la Plaza está al servicio de cualquier guatemalteco que quiera ir a protestar”.

Cabrera se refería a que por la mañana, en otra conferencia de prensa, dio explicaciones sobre la Prevención. De hecho, recurrió a tácticas de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y del mismo gobernante Morales al verse acorralados por las preguntas, y comenzó a hacer preguntas a una periodista de Guatevisión. También acusó a reporteros de querer tergiversar la información.

• Cabrera pasa de la airada defensa a la justificación

Críticas más fuertes

• Los hashtags protagonistas

Desde el martes último, los usuarios de Twitter comenzaron a criticar la parte de que el Gobierno podía hacer compras sin licitar, y se volvió tendencia #EstadoPrevenciónGT. Para el miércoles, la etiqueta principal era #LaMordazaDeJimmyMe, por las restricciones a la libertad de expresión. #GobiernoDePacotillaFueraDeLaSilla fue otra de las frases fuertes, según una herramienta  analítica de redes sociales.

• Medios de comunicación

Varios medios de comunicación reportaron, desde el martes, que había excesos y ambigüedades en el estado de Prevención. La prensa escrita, digital, radial y televisiva cuestionó para qué se necesitaba, en una medida supuestamente destinada a prevenir más desastres por la lluvia, “exigir” a los órganos de difusión evitar publicaciones que “a juicio de la autoridad” contribuyan o inciten a la alteración del orden, por la discrecionalidad que establecía.

• Improvisación y no a la censura

En Facebook, ayer, al menos 16 frases y palabras claves destacaron durante todo el día.

Entre otras, “hacer gobierno no es improvisar”, “Gobierno improvisado”, “SuspensiónDeGarantías”, “Carta de renuncia”,
“No nos callarán”, y “No nos limitarán”. También “No a las compras libres”, “El gobierno quiere callar las mil y unas voces del pueblo”, “#RechazoEstadoDePrevención”, “NoALaCensura” y “Grave error”.

• SIP expresa preocupación

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó preocupación porque la libertad de expresión se comprometía con la disposición gubernamental.

“Si bien es un deber del Estado garantizar la seguridad y proteger la vida de sus ciudadanos, es preocupante que con ese argumento se limite la libertad de expresión. Un innecesario y potencial riesgo para la libertad de expresión, sobre todo en un momento en que la población necesita estar debidamente informada”, comunicó la SIP.

• PDH estaba por accionar

El procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, advirtió el martes último de que accionaría contra el decreto gubernativo y ayer acudió al Congreso para hablar al respecto con diputados.

“Se entiende que en algún lugar específico se tome alguna medida y se limiten ciertas garantías, pero el tema de las manifestaciones políticas no tienen ningún sentido”, dijo De León. Además, calificó la publicación de la medida como un “error”.

• Critican forma y fondo de decreto

Expertos en leyes y abogados constitucionalistas coincidieron en que para prevenir desastres no se requiere limitar derechos de la Carta Magna.

“Pareciera que no hubiera una racionalidad en cuanto a los motivos del estado de Prevención con los derechos que se pretenden restringir”, explicó Roberto Molina Barreto, expresidente de la Corte de Constitucionalidad.

Luis Fernández, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, calificó la acción de exagerada.

Por las quejas de los vecinos de carretera a El Salvador, el vicepresidente Jafeth Cabrera habría decidido dejar su vivienda  y trasladarse a La Cañada zona 14, un exclusivo sector residencial con la mayor plusvalía de la  capital, donde alquila dos residencias por las que estaría pagando hasta Q90 mil mensuales, según se mencionó en publicaciones.

“Al pueblo de Guatemala le digo con toda claridad que me pasé allí por la crítica, cuando yo vivía en mi casa en carretera a El Salvador me criticaban por la cantidad de seguridad que uno carga, y entonces busqué una casa aquí y la estoy rentando, es tercera vez que digo que la alquilo, que es falso y lamento la irresponsabilidad de algunos periodistas que no dicen la verdad, de esa manera no saldremos adelante”, se defendió el vicepresidente.

Cabrera insistió en que está dispuesto a ser investigado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, al igual que el presidente Jimmy Morales, ya que “no tenemos nada que ocultar”, enfatizó.

En secreto

En enero pasado se supo que Cabrera arrendó dos viviendas en La Cañada, luego del excesivo tráfico que hay hacia el kilómetro 21, Condominio Arrazola, donde está su residencia. Las casas que renta se unen en la parte trasera y una de ellas es de tres pisos. Según se dijo  en el primer trimestre del año, el inmueble fue acondicionado a gusto del vicemandatario y su esposa y acomodaron un lugar para el descanso de los agentes de seguridad que lo acompañan.

La vivienda sería propiedad del empresario Hugo García López.

Los recursos

Cabrera recordó que han mencionado que una persona —un supuesto narcotraficante— les dio una cantidad de dinero “exagerada” durante la campaña, y aclaró que “nadie les dio nada”.

“No sé por qué dicen que nos dieron tanto dinero, si gastamos Q1 millón 700 mil en la primera vuelta; el Tribunal Supremo Electoral mandó una  información donde hay que cancelar Q4 millones más y se redondean unos Q5 millones de gastos, que se queda por debajo de lo que hicieron otros partidos”, dijo.

También señaló que se puede tratar de una cortina de humo, y pidió que se investigue porque estarían quitando la oportunidad de “ayudar a Guatemala”.

Las autoridades se reunieron este jueves en las instalaciones del ministerio de la Defensa para presentar la estructura del próximo gabinete especializado.

El vicepresidente Jafeth Cabrera, quien preside la iniciativa, aseguró que elevarla a gabinete permitirá mejor y mayor atención a la población en pobreza extrema.

Debido a otras instancias parecidas, como el Gabinete de Desarrollo Social y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, causó duda si las funciones de la nueva instancia se cruzarían con las existentes en los otros gabinetes.

“No. Cada gabinete tiene sus funciones específicas, en el de Desarrollo Urbano y Rural participan los alcaldes y Consejos de Desarrollo, en donde se toman decisiones de política para ver cómo se mejoran las comunidades”, explicó Cabrera.

Se buscará que la instancia Tren de Desarrollo se convierta en gabinete específico, informa vicepresidente Cabrera. pic.twitter.com/hc3Ut0jZy8

— Geovanni Contreras (@contrerasGEO_PL) August 25, 2016

Mientras que el de Tren del Desarrollo atendería necesidades emergentes para evitar la conflictividad en lugares donde ha prevalecido la ausencia del Estado.

“Este gabinete del Tren es una medida emergente ante las situaciones que estamos viviendo en los municipios donde hay algún tipo de conflictividad, y de donde de inmediato se llega para proponerles un desarrollo en las áreas que, indudablemente, pueden estar en el desarrollo urbano y rural, pero que son emergentes”, agregó el vicegobernante.

“El concepto del Tren del Desarrollo es que va un tren hacia determinado lugar donde se suben a ese tren la acción pública e institucionalidad para llevar servicios a aquellas comunidades donde el Estado ha estado ausente, con los recursos de las mismas instituciones, pero optimizándolos”, precisó el jefe de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Miguel Ángel Moir.

Las instituciones involucradas, además de la Vicepresidencia, están los ministerios de Agricultura, Educación, Desarrollo Social, Salud y Defensa, las secretarías de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y Segeplan, y la Comisión Presidencial de Diálogo.

Cada institución desarrolla proyectos según su competencia, por ejemplo, el de la Defensa trabaja en abrir caminos de tercera categoría –terracería–.

La obesidad, aseguró este miércoles el vicepresidente del país, Jafeth Cabrera, va en aumento y sus enfermedades derivadas, como infartos o hipertensión, “están ocupando” ya los “primeros puntos del problema de salud”.

Estas enfermedades, cuyo tratamiento es muy costoso, son a menudo “prevenibles”, remarcó Cabrera, por lo que apostó por programas como el presentado este día para luchar contra esta problemática.

“Bienestar Integral”, que pretende beneficiar a 5 mil 100 personas, promoverá la atención personalizada con controles periódicos de peso y consejos nutricionales.

“Hoy es el día que tenemos que cambiar, estoy ayudará a mejorar las condiciones de salud de Guatemala”, dijo Cabrera durante la exposición del programa.

El programa está enfocado en reducir la prevalencia e incidencia de enfermedades crónicas, a través del deporte y la recreación, se explicó.

El evento se realizó en el Patio de la Paz, del Palacio Nacional de la Cultura, con la participación de autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes.

Contraste

Guatemala también lucha contra la desnutrición crónica, que afecta a cuatro de cada 10 niños menores de 5 años, es decir el 43.4 por ciento de esa población.

Según el Fondo de las Naciones Unidas contra la infancia, esta condición provoca menos retención escolar, menos productividad, hace a los niños más propensos a adquirir enfermedades y provoca pérdida del coeficiente intelectual.

Los efectos, irreversibles, son permanentes en la población afectada durante toda la vida.

Un dato más impactante se registra en la población indígena, en donde la desnutrición crónica afecta a ocho de cada 10 menores de 5 años, es decir el 80 por ciento de los niños indígenas.

El vicemandatario expresó que no tiene “ningún inconveniente” en que se conocieran a los aspirantes para sustituir a María Eugenia Villagrán como procuradora general de la Nación, quien dejará el cargo el 31 de mayo.

“Yo no tendría ningún inconveniente en mostrarles porque esto va a ser público y como se han dado cuenta, a veces especulamos y al final de cuentas todo es transparente. No he tenido oportunidad de platicar con el p para tratar el tema y ver quiénes presentaron expediente y de qué manera lo va a manejar él”, afirmó Cabrera.

El gobernante, por el contrario, ha manifestado en dos ocasiones su reserva en ese tema, y ha reconocido que ha tratado de no decir ningún nombre, por cuidar la imagen de los candidatos.

“Hay algunas personas mal intencionadas y empiezan a decir muchas cosas de tal persona y a veces estas personas no están con la disposición de que se puedan levantar algún tipo de mentiras y falsos en su contra”, aseguró Morales el martes.

No hay problema en hacer públicos los candidatos a la PGN, dice Vice Cabrera. El presidente se inclina por que no.

— Geovanni Contreras (@contrerasGEO_PL) May 26, 2016

Agregó que garantizaba que se trataba de profesionales “probas, de mucha trayectoria y de mucha trascendencia”.

La Secretaría General de la Presidencia ha recibido 15 expedientes, mientas que al Despacho Presidencial dejaron su papelería otras cinco personas, las cuales ya fueron entrevistadas por el mandatario.

Esta es la segunda vez que Cabrera y Morales discrepan en algo similar. La vez anterior fue con los candidatos a magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) por parte del Ejecutivo, de los cuales el vice abogó por que se conocieran, pero esto no ocurrió sino hasta después de haber sido designados por el presidente.

Durante la presentación del plan, el vicepresidente Jafeth Cabrera, explicó que la idea es que los pacientes sean atendidos en los puestos y centros de salud de sus comunidades en lugar de buscar los hospitales de la capital.

“Tenemos toda la capacidad para transformar la salud primaria, lo que se busca es regionalizar la atención para que los pacientes ya no vengan a la capital”, añadió.

Cabrera comentó que este modelo, que será integral, “es el inicio de un proceso en el que también se tienen que estudiar las necesidades básicas de la población”.

En el plan se da prioridad a las acciones de prevención de la enfermedad, vigilancia epidemiológica comunitaria y la reducción de daños a la población materno-infantil.

Con este proceso se pretende fortalecer la participación comunitaria y conducción del personal de los puestos y centros de salud para beneficiar a los diversos grupos de población y cumplir con la entrega de servicios integrales con pertinencia cultural y enfoque de género.

El objetivo es llevar la atención integral a la familia, a la comunidad, para prevenir las enfermedades a nivel local e impulsar una red de servicios integrados partiendo del primer nivel de atención para fortalecer el acceso y la universalidad de la salud.

A corto plazo

El viceministro de Atención Primaria de Salud, Rodolfo Zea, dijo que esperan que los resultados se den a corto y mediano plazo.

El vicepresidente recordó que este miércoles el mandatario Jimmy Morales anunció la asignación de Q1,266 millones al Ministerio de Salud para el trimestre de mayo a julio con el fin de fortalecer la atención sanitaria, en crisis desde hace varios meses por falta de medicamentos.

Morales dijo en marzo pasado que al fortalecer la atención primaria se podrá evitar el hacinamiento en los dos hospitales más grandes del país, el hospital Roosevelt y el San Juan de Dios.

El ministro de Salud, Alfonso Cabrera, aseguró que con este modelo se fortalecerá la atención de todos los habitantes de las comunidades más alejadas y desprotegidas del país.

Las autoridades no especificaron cuánto le costará al Estado este modelo ni las fuentes de financiación.

El martes, el primer ministro de Belice, Dean Barrow, dijo: “Todo el mundo ahora sabe de la respuesta injustificada, desproporcionada e incendiaria de la burocracia guatemalteca a la muerte desafortunada de su ciudadano. Aquella respuesta precipitó la crisis en la que parecía una violación fundamental de la paz entre Guatemala y Belice, era una posibilidad inminente”.

Belice explica que, dada la tensión con Guatemala, recibió el apoyo del Grupo de Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP, en inglés), de la Comunidad del Caribe (Caricom), del Reino Unido, también de la Baronesa de Escocia, quienes, según Belice, piden que Guatemala respete la frontera beliceña delimitada desde 1859. 

La Fuerza de Defensa de Belice (BDF, en inglés) “sigue librando una lucha heróica para proteger y preservar el patromonio de Belice”, dice el documento, que menciona el trabajo de su diplomacia continuará “buscando todos los medios para disipar cualquier amenaza de Guatemala y para asegurar un escudo diplomático internacional por la soberanía de Belice y la integridad territorial”.

El Gobierno de Guatemala también emitió un comunicado en respuesta a las declaraciones de Barrow.

“Es una situación que se está manipulando de parte del gobierno de Belice, el tratar de victimizarse cuando la realidad es otra. Ellos de una manera impune mataron al joven, al otro niño que quedó herido y al padre”, expresó Cabrera.

La declaración del vicemandatario se refiere a la muerte del niño Julio René Alvarado, de 13 años, quien pereció a manos de soldados beliceños el 20 de abril recién pasado en la comunidad San José Las Flores, Melchor de Mencos, Petén.

En el ataque también resultaron heridos de bala un hermano y el padre del menor. El gobierno de Belice dijo que se trató de un fuego cruzado, pues los soldados respondieron a un ataque previo.

“Estamos insistiendo en que el proceso de acompañamiento de la ONU (se refería a la OEA) sea imprescindible, -igual que- la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y el resarcimiento que también se está pidiendo”, enfatizó Cabrera.

Rechazo

“El Gobierno de Guatemala expresa en forma categórica que este es un fallido intento del Primer Ministro Barrow para justificar ante los medios de comunicación social y la comunidad internacional, el inexcusable acto de violencia perpetrado por elementos de las Fuerzas de Defensa de Belice en contra del niño Julio René”, indica un documento de la Cancillería.

Agrega que el niño pereció a causa de la irresponsabilidad y falta de profesionalismo –de los soldados- luego de haber sido impactado por ocho disparos provenientes de un fusil de alto poder, de exclusivo uso militar.

“Es inconcebible que ahora, a la luz de los hechos, Belice exprese que son más graves las declaraciones del presidente de Guatemala –Jimmy Morales- quien reacción por la injusta muerte del niño, que el mismo hecho cobarde en el que los militares beliceños le dieron muerte haciendo uso desproporcionado de la fuerza y violando sus derechos humanos”, afirma el comunicado.

De no hacerlo, “los equipos se van a arruinar y el Estado deja de obtener ingresos”, remarcó Cabrera en declaraciones a los periodistas.

El Gobierno, a través de la Procuraduría General de la Nación, emprendió el pasado jueves el proceso judicial para solicitar la anulación del contrato con Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), una empresa que gestionaba la ampliación de la mayor portuaria del país, la terminal de Puerto Quetzal.

Paralelamente, solicitó también la intervención de las cuentas de la compañía para garantizar el respeto a los intereses del Estado.

La empresa TCQ está en el eje de una red de corrupción presuntamente liderada por el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti para cobrar un soborno millonario a cambio de un usufructo en la mayor portuaria del país.

La intervención de la entidad, reiteró Cabrera, tiene como objetivo un “control efectivo” de la misma sin que cese su actividad mientras se determina la nulidad del contrato.

En un proceso penal que se celebra estos días en el Juzgado “B” de Mayor Riesgo de la capital se realiza la audiencia de primera declaración contra los 12 acusados de participar en este caso de corrupción.

Aunque mencionó que cien días no son suficientes para evaluar el trabajo del gobierno, el vicepresidente calificó de satisfactorio el desempeño que han tenido al frente del Organismo Ejecutivo.

“Para hacer una evaluación hay que tener en cuenta cómo se encontraba el país”, expresó Cabrera este viernes después de sostener una reunión de trabajo en el Palacio Nacional.

El funcionario destacó que en el sistema de Salud los gobernantes hablaron de abastecer con medicamentos a la mayoría de hospitales y lo han conseguido.

En Educación mencionó que están tratando de cumplir con la refacción escolar. Además, describió el tema de seguridad como complicado.

“Los homicidios y ataques armados siguen teniendo impacto, pero han disminuido. Se sobre dimensiona lo que se ve”, declaró.

Problemáticas

Cabrera señaló que los problemas existentes en el país no tienen que ver con los cien días de gobierno, pues son una muestra de la falta de educación y condiciones de vida.

El vicepresidente anunció que el próximo lunes el presidente Jimmy Morales llevará a cabo un gabinete abierto y presentará un informe de sus primeros cien días al frente del Ejecutivo.

El presidente en funciones @drjafethcabrera dice que evaluar #100DiasDeGobierno es más que una encuesta pic.twitter.com/rdqfNhfmyd

— Henry Pocasangre (@PocasangreHenry) April 22, 2016

“Hay algunos medios de comunicación que desafortunadamente no han comprendido que Guatemala se va a cambiar cuando todos participemos positivamente en el desarrollo de este país (…). Ustedes saben que las críticas son a veces verdaderamente desastrosas”, dijo Cabrera a la población.
Durante su discurso, el vicepresidente aseguró que hasta “han hablado mal de nuestro señor presidente” , en alusión, aunque sin mención explícita, a las críticas suscitadas por diversos sectores después de que Morales, en una entrevista con The New York Times, bromeara ofreciendo “mano barata”  para el muro que propone construir en la frontera entre EE.UU. y México el magnate Donald Trump.
“Hay un montón de cosas que hemos realizado en estos tres meses pero que desafortunadamente, como no hemos tenido dinero para publicidad, no se logra llegar a toda la población de Guatemala” , explicó Cabrera a los que se acercaron a la inauguración de una feria en la Unión, en Zacapa, una “bella tierra”  de la que “no dan ganas de irse”  por “las bellas mujeres”.
Al hacer un repaso por la escasez de recursos en el Estado y la necesidad de priorizar en las necesidades de la población, Cabrera dijo que ese “esfuerzo de no invertir en publicidad es para hacerlo en educación y sanidad”, dos de los sectores con los que el Ejecutivo está comprometido para cubrir las “necesidades de la población”  poco a poco, porque no hay “una varita mágica” .
Reconoció que la labor no es sencilla y que las cosas en Guatemala “son difíciles de cambiar”, sobre todo porque hay errores que se repiten, como que una diputada solicite un antejuicio al ministro de Salud, Alfonso Cabrera, por omisión de denuncia.
En este mismo sentido señaló que sería mejor que el Congreso buscar una “alianza estratégica” para realizar una hoja de ruta, porque el cambio depende de todos.
A pesar de “la cantidad”  de críticas recibidas hacia su persona y hacia Morales, Cabrera dijo que no le “van a quitar” su “manera de ser”, “humilde”  y sencilla”.

Las declaraciones del vicepresidente resaltan horas después que el Congreso decidiera, por mayoría, rechazar el veto presidencial al Decreto 13-2016 y dejar vigente la obligación a funcionarios y particulares que administren fondos estatales, a acudir sin falta a las citaciones.

“No puede ser que se juzgue a alguien sin haberlo vencido en juicio”, dijo Cabrera, respecto a la pena de cárcel por inasistencia.

El vicepresidente dijo este miércoles, luego de una capacitación a gobernadores, que “hablará” con el presidente Jimmy Morales, porque considera que es la Corte de Constitucionalidad la instancia que debe conocer el caso, ya que considera que hay una violación  a la Carta Magna en lo dispuesto y aprobado por el Congreso. 

Rechazo de veto presidencial

Entre gritos, chiflidos y aplausos, el Congreso rechazó con 106 votos el veto del presidente Jimmy Morales al decreto 13-2016, que obliga a los ministros, funcionarios y particulares que administren recursos del Estado a acudir sin falta a las citaciones convocados por los diputados.

Antes de comenzar la sesión, el pasado martes, no se tenía mucha esperanza de lograr los 105 votos que se requerían para darle vuelta a la decisión de Morales de defender a sus ministros y funcionarios. De hecho, la sesión se inició con retraso, pues no se lograban los votos.

Varias veces se vio al presidente del Congreso, Mario Taracena, dejar su silla en la Directiva para hablar con legisladores de diferentes bloques. Durante la conversación con los congresistas de Compromiso, Renovación y Orden (Creo), se le escuchó decir: “Si veo que no logro los votos; paro la votación, para no perder”. Esa misma posición manifestó el lunes en la reunión de la instancia de jefes de bloques.

Con los 107 votos, los diputados lograron revertir la decisión del Ejecutivo de vetar las reformas al Código Penal, mediante la cual se crea el delito de incumplimiento de funcionarios y empleados públicos de acudir a citaciones legislativas, que contempla penas que van de dos a tres años de cárcel. El Ejecutivo tendrá ocho días, después de recibir el acuerdo 13-2016, para publicarlo en el Diario de Centro América.

Cuando aún no se termina de salir de la crisis en los hospitales, por falta de insumos, los cambios al Sistema de Salud implican darles más responsabilidad a los directores de esas instituciones y a jefes de área, explicó el vicepresidente Jafeth Cabrera.

“Se trabaja en una regionalización y descentralización para que realmente haya un impacto en el poder local y, desde ese punto de vista, se maneje la salud en los departamentos”, resaltó el vicegobernante.

Una de las motivaciones es que no existen registros estadísticos concretos sobre la morbimortalidad en la provincia, debido a que en muchas poblaciones quien asienta la partida de defunción es el alcalde, y por lo general desconoce el desarrollo de la enfermedad que causó la muerte de un paciente.

“Que los directores de los hospitales asuman la responsabilidad de vigilar el proceso epidemiológico, para que los pacientes que llegan al Roosevelt y al General San Juan de Dios, viniendo de San Marcos y Huehuetenango, no tengan que sufrir esa inclemencia de venir desde allá, sino que exista el control real en cada jefatura de área”, añadió Cabrera.

Atención primaria

El ministro de Salud, Alfonso Cabrera, afirmó que el plan de reformas contempla acciones inmediatas, a mediano y largo plazos, y comenzará con el fortalecimiento de la atención primaria en salud y la calidad de los servicios.

“Tendríamos que pasar por lo menos un año o un año y medio”, afirmó, en cuanto al tiempo en que se piensa alcanzar la cobertura total.

Los detalles en profundidad sobre qué otras acciones son parte del plan no se dieron a conocer.

Uno de los momentos que sorprendió la edición 118 del Desfile Bufo de la Huelga de Todos los Dolores fue la presencia de los gobernantes en el balcón del Palacio Nacional. Cabrera se contagió de la jocosidad del momento y saludó a los estudiantes.

El saludo sancarlista quedó documentado en el video en directo que transmitió el equipo de comunicación de la Presidencia. Los estudiantes de Agronomía, que se concentraban al mediodía frente al Palacio, aprovecharon que los fucionarios estaban en el balcón del palacio para criticar la gestión del actual gobierno.

“El sentir del pueblo es la de los estudiantes sancarlistas, porque son la voz del pueblo”, vociferaron los encapuchados, quienes recordaron el eslogan de campaña electoral: ni corrupto, ni ladrón. “Estás empezando a ser corrupto y parece que comenzás a ser ladrón”, reclamaron.

Micrófono en mano, y bajo el sol del mediodía, los estudiantes criticaron las supuestas ventas de plazas y los nombramientos dudosos en las carteras de Gobierno. Pero la crítica no fue solo para Jimmy Morales. “Vos (…) cabeza de frijol con crema, no te olvidés”, gritaron en alusión a Jafeth Cabrera.

Cabrera tomó con humor la crítica y devolvió el saludo recordando sus tiempos como egresado de esa casa de estudios.

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Pena de muerte

Los estudiantes reclamaron más acciones al gobierno y dieron “un plazo” para manifestar y reclamar resultados. Además, para contrarrestar la ola de violencia, pidieron que se aplique la pena de muerte.

 A través de un memorándum firmado por el secretario general de la Vicepresidencia David Sente Luna, se prohibía a las mujeres el uso de faldas cortas y escotes pronunciados, norma que fue criticada y denunciada por los colaboradores de la Vicepresidencia.

La disposición cobraba vigencia este viernes, sin embargo otro memorándum del despacho del secretario Luna, explicaba que se dejaba sin efecto la prohibición, sin explicar los motivos.

“Queda sin efecto ni valor alguno”, decía de manera escueta el memorándum fechado el 17 de marzo y girado desde la Secretaría General de la Vicepresidencia.

Luna había girado la instrucción donde señalaba que toda pieza debería lucir limpia y planchada, además no permitía el uso de jeans y hacía énfasis en la higiene personal de los empleados de la Vicepresidencia.

También mencionaba el largo de los pantalones con el estilo de zapato, que los calcetines combinaran con el color del pantalón y el cincho con los zapatos.

“Los puños y cuello de la camisa deben estar siempre limpios. Es obligatorio el uso de corbata, pantalón y saco de vestir. Estos siempre de colores adecuados”, resaltaba.

En cuanto a la presentación de las mujeres, la nota señalaba que las faldas o vestidos jamás deben quedar a más de un palmo por encima de las rodillas. “Si estas tienen escote, este debe quedar a una altura prudente”, señala.

Agrega que la ropa muy ceñida al cuerpo, escotes, blusas con tiritas –que muestren los hombros- o informales, no serán aceptadas.
“Queda totalmente prohibida la falda más corta de la medida mencionada”, explica.

Por medio de un memo enviado a todos los empleados, la Vicepresidencia instruyó las reglas de vestuario y aseo personal a partir de mañana.

El documento menciona que toda pieza de vestir debe lucir limpia y planchada. Prohíbe el uso de pantalones jeans y pide cuidar la higiene personal.

“La ropa del hombre debe tener igual cuidado que la de la mujer en el planchado, ya que una camisa o pantalón arrugado denota una mala presentación”, indica.

También menciona que se debe cuidar el largo de los pantalones con el estilo de zapato, que los calcetines combinen con el color del pantalón y que el cincho combine con los zapatos.

“Los puños y cuello de la camisa deben estar siempre limpios. Es obligatorio el uso de corbata, pantalón y saco de vestir. Estos siempre de colores adecuados”, refiere.

Escotes y faldas cortas

En cuanto a la presentación de las mujeres, el memo señala que las faldas o vestidos jamás deben quedar a más de un palmo por encima de las rodillas. “Si estas tienen escote, este debe quedar a una altura prudente”, señala.

Agrega que la ropa muy ceñida al cuerpo, escotes, blusas con tiritas –que muestren los hombros- o informales, no serán aceptadas.

“Queda totalmente prohibida la falda más corta de la medida mencionada”, explica.

Otras normas para mujeres

• No se recomiendan blusas que se transparenten a menos que se lleve una ropa tipo camisilla para ser usada por debajo.
• Las zapatillas sin tacón están prohibidas, excepto que sea por asuntos médicos.          
• Los zapatos abiertos sí serán aceptados. Los pies de quien los use deben estar en la mejor condición estética para lucirlos.
• La elegancia y sobriedad de las uñas es de suma importancia.
• Las uñas deben tener un largo prudente. Se deben evitar las decoraciones recargadas y los colores llamativos.
• Queda prohibido el cabello sin arreglar.
• Las mujeres que tengan el pelo largo o rizado deben llevarlo siempre muy bien arreglado.
• El maquillaje debe ser discreto y profesional.
• Queda prohibido el delineado muy notorio y oscuro.

Otros requerimientos para hombres

• Los zapatos de los caballeros deben ser formales, siempre bien lustrados y en las mejores condiciones.
• Deben tener las uñas a la altura de los dedos y limpias.
• El cabello debe estar siempre corto.
• Las patillas del cabello deben quedar sobre el rango de la oreja.
• Siempre deben estar bien rasurados.
• Quienes tengan barba o bigote, deben recortarlo periódicamente.

El vicepresidente expresó que la gira de trabajo es para conocer de primera mano las falencias del sistema de salud, y que el apoyo de los donantes ha sido fundamental para paliar la crisis.
“Sabemos que las donaciones no resuelven la problemática en salud, pero contribuyen a mitigar las carencias”, reconoció Cabrera, quien recordó que hace muchos años trabajó en el hospital de Puerto Barrios, Izabal, donde practicó varias cirugías.       
En el Hospital Nacional de la Amistad Japón Guatemala constató que desde hace más de siete meses el equipo de rayos X no funciona, por lo que se gestiona que un aparato similar del antiguo hospital del IGSS de la localidad se traslade en calidad de préstamo mientras se adquiere uno nuevo.
La sindicalista Sonia Negreros manifestó que es preocupante que los pacientes deban acudir a clínicas privadas para sus radiografías.Informó que a Cabrera le entregaron un pliego de otras carencias. 
En el Hospital Infantil Eliza Martínez verificó varias carencias, entre ellas la falta de incubadoras para recién nacidos; el mal estado de muchas de camas y cunas; falta de insumos, y que las madres pernoctan en los pasillos del hospital por la falta de mobiliario. 
El director del hospital Mynor De León Hernández expresó que por varios meses han padecido la falta de recursos y que con el apoyo de los vecinos han paliado la crisis.
 
RECIBEN DONATIVO  
El vicepresidente recibió un donativo de la empresa Fersa que consistió en 50 mil raciones de alimentos, las cuales abastecerán durante 4 meses los dos hospitales del departamento. 
Eduardo Pimentel personero de Fersa indicó que uno de los problemas de los hospitales de Izabal son los cortes constantes del fluido eléctrico debido a que el nivel del voltaje es muy bajo, lo que daña los equipos médicos, por lo que efectúan estudios para instalar una subestación energética en la región y con esto elevar los niveles de la electricidad.
   

Luego de una reunión de la Alianza Nacional por la Transparencia en la Contraloría General de Cuentas, el vicemandatario reconoció que existen inconformidades de sectores por la elección de los 22 representantes.

“En torno a los gobernadores indudablemente habrá insatisfacción de los sectores que proponían a sus candidatos. Nosotros hicimos una situación transparente”, mencionó el vicepresidente; también manifestó que el presidente Jimmy Morales ha insistido en que no recibieron “ningún centavo” para favorecer a algún candidato.

El vicemandatario reveló: “Sabíamos que muchos de los candidatos que estaban, se corría el rumor que estaban entregando cantidades de dinero para que fueran nombrados”.

En enero el vicepresidente declaró que le ofrecieron dinero a cambio de puestos en el Instituto Guatemaltecos de Seguridad Social, sin embargo aseguró que no denunciaría porque no tenía pruebas.

Protestas

Cientos de pobladores de Retalhuleu, San Marcos, Escuintla, Izabal, Sololá y Quetzaltenango, manifestaron el lunes su inconformidad por la designación de gobernadores por parte del presidente.

Con pancartas y consignas, vecinos de esos departamentos realizaron bloqueos de carreteras y plantones frente a las sedes de las gobernaciones para exigir una nueva elección.

En San Marcos fueron unas 200 personas las que interrumpieron el paso de vehículos en el kilómetro 240 de la ruta al suroccidente.

Un presidente con iniciativa pero tenso ante las preguntas de la Prensa, propositivo pero con secretos y dilaciones, con buenas intenciones pero que se ven en entredicho por las acciones de la bancada legislativa de FCN-Nación. El primer mes de Jimmy Morales se ha caracterizado por señales de alerta sobre viejas prácticas políticas, según advierten sectores consultados.

Los claroscuros de los primeros 31 días de la gestión presidencial de Morales van desde asumir un liderazgo para frenar la crisis en salud, pero opacado por la polémica de medicamentos vencidos, la marcha atrás en el nombramiento de la ministra de Comunicaciones Sherry Ordóñez por ser contratista del Estado y, en estos momentos, el hermetismo con que se maneja el análisis de perfiles para designar magistrados, titular y suplente, para la Corte de Constitucionalidad.

Otro factor de desgaste ha sido la ruptura de la promesa de no tolerar el transfuguismo en el Congreso, con la excusa de la independencia de poderes, aunque los mismos diputados oficialistas se encargaron de decir que Morales ya no era el secretario general del partido y no decidía.

Los aciertos

Uno de los dirigentes del movimiento #JusticiaYa, Gabriel Wer, señala como buena acción el que “aparentemente” haya buscado que las personas que asumen en los ministerios lleven un procedimiento “cuidadoso” en materia de transparencia.

Coincidió en ello el analista político Daniel Haering, al mencionar, por ejemplo, el nombramiento como ministro en Gobernación de Francisco Rivas, por tratarse de un técnico.

Jorge Luis Alvarado, catedrático universitario, señala como acciones acertadas el haber viajado en clase económica a una cumbre en Ecuador el mes pasado, pasarse a vivir a la Casa Presidencial y hacer pública su declaración patrimonial, como indicios de probidad.

El portavoz presidencial, Heinz Hiemann, enumeró como actos positivos la asignación de recursos oportunos para el restablecimiento de servicios, la reducción de homicidios en 6 por ciento en enero, en relación con el mismo mes del 2015 —aunque su gestión empezó a la mitad— y denuncias por hallazgos de gobiernos anteriores.

También el comienzo de un censo gubernamental para determinar el número de funcionarios y detectar si hay personas con dobles cargos, el cual finalizará en septiembre.

“Está la maximización de los recursos del Estado para alcanzar las metas, se dieron instrucciones para el mejoramiento de caminos rurales y se busca una readecuación del presupuesto”, explicó Hiemann.

Desaciertos

“La lista de desaciertos del presidente y su equipo es más que evidente. Los nombramientos de personas que tienen razones para no ser designadas, y no me refiero únicamente a la exministra de Comunicaciones Sherry Ordóñez, sino a otros”, dijo Lucía Mendizábal, del primer grupo de personas que, como #RenunciaYa, hicieron la primera convocatoria para manifestar contra el gobierno del Partido Patriota.

Mendizábal agregó: “La situación con los tránsfugas es de lo peor. Si creemos que el partido aceptó a los tránsfugas sin consultarle al presidente, quiere decir que es un presidente sin respaldo alguno ni partido que lo apoye y, si no es cierto, significa que es un mentiroso”.

Poca claridad

Wer lamentó que el gobernante, a diferencia de su discurso de toma de posesión, no ha presentado nada en concreto en cuanto a políticas y planes para hacer notar el cambio que ofreció. “Vemos que en algunos de sus funcionarios, en el tema de transfuguismo y en la forma en que maneja la crítica, rasgos que nos recuerdan la vieja política”, señaló el dirigente ciudadano.

Además de haber nombrado a Ordóñez como ministra, Alvarado precisó: “Tiene problemas de comunicación severos, porque no logra trasladar efectivamente los mensajes sobre los avances de su gestión. Esto le está generando cierta frustración y un carácter volátil con la Prensa”.

El experto considera prematuro hablar de regreso a la vieja política, y en relación con la bancada oficialista, considera que hay competencia de liderazgos, y eso lo convierte en un bloque que no es “consistente ni disciplinado”.
Además, señalaron que es el único que falta en hacer público el proceso de elección de los representantes del Ejecutivo ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

Como desaciertos, Hiemann reconoció que el gobierno ha sido más reactivo que preventivo en cuanto a conflictos.
Asimismo, el vocero del mandatario ofreció “fortalecer mecanismos” con los medios de comunicación.

No se improvisa

Para Haering, Morales heredó fuertes problemas, y la población lo sabe; pero ello no significa que no esté atenta.
“En nuestras redes sociales recibimos diariamente denuncias o peticiones de que se fiscalice algo en el Ejecutivo o quejándose de eso. La ciudadanía permanece alerta”, comentó Wer.

Finalmente, hay algunas declaraciones desafortunadas que causan mala impresión y desgaste innecesario. Un ejemplo es la promocionada donación de medicinas, dentro de la cual había fármacos vencidos. El afán de negarlo causó descrédito, pero más aún cuando se restó seriedad al asunto, como cuando el vicepresidente Jafeth Cabrera afirmó que, como médico, había consumido medicinas caducas.

La permanencia de Carlos Contreras en la presidencia de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) se encuentra bajo escrutinio, en vista de que el Gobierno Central analiza las circunstancias bajo las cuales fue designado.
Desde que asumió Jimmy Morales como jefe de Estado, se ha planteado la duda acerca de si uno de los últimos hombres de confianza del expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicemandataria Roxana Baldetti continuará en dicho cargo.

Cercano a exmandatario

Contreras es de los pocos sobrevivientes de la cúpula del Partido Patriota (PP), cuyo gobierno se terminó de derrumbar el 2 de septiembre, con la renuncia de Pérez Molina.
El vicepresidente Jafeth Cabrera informó ayer que el gobernante Morales lo delegó, por su experiencia y por haber trabajado en el IGSS, para revisar los procesos a implementar y   si se cambia a Contreras. Al preguntarle si Contreras será destituido, Cabrera respondió: “Lo estoy analizando en este momento”. Después titubeó, y aclaró: “No; quitarlo del cargo, no. Estamos haciendo el análisis jurídico que esto representa, cuál es el tiempo para el cual fue contratado y, ustedes saben, si alguien no cumple con sus deberes, puede ser eliminado de cualquier posición dentro del Gobierno”.
El funcionario añadió que revisan “las condiciones de su contratación”.
Pérez Molina designó a Contreras en el IGSS porque Juan de Dios Rodríguez, el anterior presidente de la Directiva, fue detenido por supuesto fraude en el caso del contrato del Seguro Social con la Droguería Pisa.
Ese nombramiento causó dudas por su cercanía con el entonces gobernante.

Escándalo reciente

El problema más reciente registrado en el IGSS se dio el jueves pasado, con la prórroga de dos contratos provocó controversia en la Directiva, pues la mayoría se opuso; pero entre dos personas, de seis con voto lo aprobaron gracias al voto doble de Contreras.
La disputa se originó entre los directivos porque la solicitud de prórroga se conoció a pocas horas de que venciera, así que no hubo ni ocho horas para evaluar mil 458 páginas que sustentaban el contrato, pese a que según el gerente administrativo de la Clínica Médica Emanuel, una de las empresas beneficiadas, la ampliación se pidió a mediados de noviembre de 2015.
Esa no sería la primera prórroga. La última se habría autorizado en el 2014, cuando se ampliaron los contratos debido a que la licitación se declaró desierta, luego de que varios de los participantes accionaron legalmente por no estar de acuerdo con quién había ganado el concurso.

Diálisis

El IGSS decidirá hoy si firma los contratos de prórroga por dos años con las empresas Medicina Corporativa de Diálisis y Clínica Médica Emanuel, hasta por Q221.1 millones, pese al rechazo de la mayoría de integrantes de la Directiva, como lo dio a conocer Prensa Libre el 30 de enero pasado.
Medicina Corporativa de Diálisis, sucursal de la empresa Baxter, ha estado vinculada de manera indirecta con el caso IGSS-Pisa y en otro contra una empresa que habría sobornado para ser beneficiada, porque compitió cuando se desataron los escándalos.
Con el contrato prorrogado, Baxter atiende a 643 pacientes y la Clínica Médica Emanuel lo hace con otros 211.
Vinicio Lemus, de esta última entidad, dijo que se enteró por Prensa Libre de la prórroga, y que aún no han tenido confirmación oficial, mientras que hoy la Directiva del IGSS podría avalar el acta que da vida al contrato.
Por Jessica Gramajo

Perfil de Carlos Contreras

• Ministro de Trabajo durante el gobierno de Otto Pérez Molina
• Viceministro de Trabajo en la gestión de Jorge Serrano Elías.
• Fue directivo del Comité Ejecutivo Nacional del PP.
• Abogado de Roxana Baldetti en el caso contra Sandra Torres.
• Propuesto por Pérez Molina en la terna para vicepresidente.

Los integrantes de la Conabed, presididos por el vicepresidente Jafeth Cabrera, aprobaron la distribución de Q3 millones 385 mil 999.43 y US$993 mil -Q7.5 millones- que concluyeron el proceso de extinción, indicó el secretario del ramo, Luis Coronado.

El funcionario explicó que, de acuerdo con la ley, lo extinguido se debe distribuir entre los fondos privativos de los ministerios de Gobernación y Defensa, Organismo Judicial, Ministerio Público, y Procuraduría General de la Nación.

Desde el año pasado, la cartera de Gobernación solicitó a la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) que terrenos incautados al narcotráfico puedan utilizarse para la construcción de cárceles.

“Este es un estudio verdaderamente amplio que se tiene que hacer por las dificultades donde esté el bien inmueble. Dificultades de cercanía o de alguna comunidad o población que pueda estar en riesgo. Ustedes saben que las cárceles deben estar en lugares apropiados y para ello hay equipos técnicos que deben establecerlo, pero si hay un bien que pueda ser utilizado, se va a utilizar”, dijo el vicegobernante Cabrera.

Asimismo, Coronado explicó: “La Senabed administra tanto bienes inmuebles como muebles. Entre los bienes inmuebles tratamos de obtener una monetización y recursos para todas las instituciones, donde se pueden arrendar o dar en subasta pública, vender directamente o dar en donación”.

La cita estaba programada para el próximo 28 de enero, pero las autoridades la postergaron.

Según la Ley de Extinción de Dominio, aprobada en 2011, se faculta a las autoridades para confiscar a los delincuentes los bienes adquiridos en actividades ilícitas y a su utilización por parte del Estado.

Es la Senabed la que administra estos bienes, de acuerdo con lo establecido en el decreto número 55-2010 del Congreso, y su objetivo es mirar por su conservación, mantenimiento e inversión, atendiendo a los principios de interés económico, rentabilidad y transparencia.

Cabrera habló del tema luego de participar en una reunión de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio efectuada en el Palacio Nacional de la Cultura, mencionó que han estado pendientes de que las donaciones que se hagan cumplan con los requisitos de Salud.

“Hubo una auditoría médica para establecer que los medicamentos tuvieran fecha de vencimiento, y los que estaban vencidos no se iban a entregar. La última información que tuvimos, antes de ir a entregar estos donativos, fue que había un plazo de vencimiento que se acercaba –pero- que se podían utilizar, y por eso los fuimos a entregar”, detalló.

El vicegobernante agregó: “Yo como médico, incluso de forma personal, he consumido medicamentos que están vencidos. Por supuesto que nosotros debemos de cuidar por la salud y vimos que no hubiese ningún medicamento entregado que estuviese vencido. O sea que si algún medicamento se pasó, habrá que revisar”.

Habló que le pidió al ministro de Salud, Alfonso Cabrera, que revisen bien porque no puede ser que entreguen un medicamento vencido.

Polémica

El Gobierno se ha visto en aprietos ante una denuncia de que hay insumos con fecha de caducidad cercana en la donación que organizaciones y laboratorios hicieron al Ministerio de Salud, lo cual acepta, pero hubo un desliz en la comunicación a los medios que aludió a “medicamentos vencidos” que avivó la polémica en redes sociales.

El asunto de los insumos vencidos se hizo público por una auditoría que la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) hizo a la donación, la cual concluyó en la existencia de artículos cuya vida útil ya caducó. Algunos medios de comunicación publicaron a raíz de eso que había medicamentos en este estado, lo que comenzó a polemizarse como “medicinas vencidas en la donación”.

Patrimonio

El vicepresidente aseguró hoy que esta misma semana presentará su declaración patrimonial, siguiendo el ejemplo del presidente, Jimmy Morales, quien hizo público su patrimonio de Q8 millones 464 mil 490 quetzales  (más de 1,1 millones de dólares) .

Cabrera explicó, en declaraciones a los periodistas, que ha estado “muy ocupado”  estos días, pero que ya está “terminando”  su declaración, que remitirá a la Contraloría General de Cuentas  (CGC) en las próximas horas: “hoy o (a) más tardar mañana”.

Con información de Acan-Efe

Ante el cierre de la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (Copret), seis entidades integran la Alianza Nacional por la Transparencia, que se encargará de desarrollar y ejecutar acciones que generen buenas prácticas.

El presidente en funciones, Jafeth Cabrera, explicó que se reunirán cada 15 días y que en la primera cita fueron planteadas acciones desde el Gobierno central, como formular una política de transparencia. También se habló de fortalecer la justicia e investigación  y la preparación de un seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Cabrera dijo que esperan que con la Alianza se retome la confianza en el Estado, pero ante el cierre de la Copret y la no recontratación, empleados denunciaron que los hacen llegar sin pagarles.

“Nos obligan a firmar  actas con fecha 30 de diciembre, para no pagarnos enero. No hay ningún acuerdo que establezca que se cierra”, se quejó un trabajador.

En tanto, el Índice de Percepción de la Corrupción reveló que Guatemala está en el puesto 123 de 168 países evaluados, al obtener una calificación de 28 puntos y descender ocho puestos.
 
Por la transparencia
Seis  entidades integran el grupo creado para fiscalizar:

1. La vicepresidencia dirige la alianza, por ser la que tenía a su cargo la Copret.
2. El Ministerio Público, con la fiscal general, Thelma Aldana.
3. La Procuraduría  de los Derechos Humanos, con Jorge de León.
4. La Procuraduría General de la Nación, con María Eugenia Villagrán.
5. La Contraloría General de Cuentas, con Carlos Mencos.
6. Acción Ciudadana, con Manfredo Marroquín.
7.  Al frente  de  Copret, mientras se completa el cierre,  está  Marlon Barahona.

La historia de hace cuatro años se repetirá porque el Gobierno declarará estado de Calamidad en el sistema de Salud como medida de emergencia para enfrentar la crisis, adicional a la donación de medicamentos que comenzó el domingo recién pasado.

El anuncio lo hizo el vicepresidente Jafeth Cabrera, después de haber recibido, ayer, un informe sobre la situación del área.

“Con el presidente, el ministro nos ha pedido que se decrete un estado de Calamidad en el área de Salud, pero no es para pretender hacer compras fuera de ley”, indicó.

Cabrera afirmó que solicitarán que el acuerdo se emita lo antes posible.

Luego de que el expresidente Otto Pérez Molina declaró emergencia en el sector cuando asumió, pero no dio resultados, el actual vicemandatario dijo que este gobierno buscará hacer “las cosas diferentes”.

Donaciones

El anuncio coincide con las donaciones de medicamentos y equipo médico que recibe el sistema de Salud, pero aún se desconoce a todos los cooperantes.

El presidente Jimmy Morales dijo que además de la Fundación Esperanza de Vida y la Embajada de Taiwán, una empresa mexicana donará otra parte, así como fabricantes de medicina guatemaltecos, por gestiones de Luis Velásquez —integrante del equipo del mandatario—.

Morales dijo que el ministro de Salud, Alfonso Cabrera, tiene el listado de donantes y valoraciones. Sin embargo, al consultar en esa dependencia, solo se informó sobre Fundación Esperanza de Vida y la Gremial de Farmacéuticos.

Expertos en moda e imagen analizan la vestimenta que el mandatario de la Repúbica Jimmy Morales y el vicepresidente Jafeth Cabrera lucieron este jueves, día en que asumieron los puestos para los cuales fueron elegidos por votación popular en noviembre pasado. 

De acuerdo con el diseñador Juan Carlos Gordillo, durante su campaña Morales se inclinó por prendas cómodas, mientras que en sus apariciones más formales vistió trajes confeccionados por un sastre “de confianza”, ya que tenían el mismo corte.

Gordillo comentó que Morales es muy clásico al momento de vestir, pero arriesga en la selección de corbatas con distintas tonalidades, al igual que los calcetines con diseños modernos. “Él se atreve a darle un toque de diferencia con las corbatas”, mencionó. 

El experto señaló que Morales tiene la libertad de adoptar un estilo moderno y elegante con algún detalle típico. “Él se puede dar ese lujo porque no viene de una vieja política, sino de un ámbito artístico”.

Primer atuendo

Sobre el atuendo que Morales eligió para presentarse ante los presidentes de El Salvador, Honduras y el Vicepresidente de EE.UU. que arribaron al país para estar en la toma de posesión, Gordillo indicó: “Apostó por lo seguro, un atuendo  muy formal pero elegante. El  detalle lo dio  la  corbata, como haciendo honra a los colores de su partido. Este outfit no lleva el pañuelo en el bolsillo, pero si un pin de la bandera de Guatemala”.

Con relación al diseño del traje, Gordillo señaló que esta “confeccionado por un sastre personal, lo que es bueno  porque  apostó  por mano de obra local”.   

Brenda Sanchinelli, asesora de imagen, aseguró que la elección del color negro no fue la más apropiada para esta ocasión especial. “Puede pasar en un artista o cantante, pero no en un político. Lo mejor y de máxima elegancia hubiera sido un gris medianamente oscuro”, refirió. 

Por lo contrario, la camisa que utilizó es la apropiada. “Por ser su rostro ligeramente redondo, luce mejor con este tipo de cuello italiano, que es más abierto y da cierta amplitud para hacer un nudo doble a la corbata”, mencionó la experta.

Acerca de la corbata habló que “las líneas diagonales son de extrema elegancia, aunque podría haber elegido una corbata lisa que es más elegante”.

El look del vicepresidente Jafeth Cabrera también fue analizado por los expertos. Para Sanchinelli el color negro del traje sigue siendo inapropiado para un evento como este, pero utilizó la camisa adecuada. En cuanto a la corbata aseguró que: “luce informal por los colores, que tampoco le favorecen mucho a quien la porta”.

A criterio de Gordillo el desacierto del vicemandatario fue la corbata, pues los colores atrevidos no van con su personalidad. “Le roba la atención dando paso que la mirada se concentre en ella”, dijo. 

Toma de posesión

En el acto que se llevó a cabo en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, la dupla presidencial cambio su atuendo.

Morales apostó nuevamente por un traje de corte clásico negro, tono que Sanchinelli reitera no es el más apropiado. La corbata azul con líneas diagonales sutiles fue un detalle de distinción y adecuada para la ocasión. El atuendo no lucía ostentoso, lo que refleja austeridad, señaló la experta.

La primera dama Gilda Patricia Marroquín Argueta llegó con una chaqueta de tweed color gris con ribetes negros en los bolsillos, y por debajo un vestido negro. El cabello suelto, accesorios pequeños y discretos, así como el maquillaje discreto, la hicieron lucir elegante, sencilla y sobria, y envía el mensaje de ser una mujer con sensibilidad social, según Sanchinelli.

Cabrera por su parte, apareció con un traje gris Oxford, tono apropiado para la ocasión, que combinó con camisa blanca y una corbata gris en dos tonos con líneas diagonales. Mientras que su esposa, Elizabeth Cortez, prefirió un traje sastre azul satinado de buen corte, peinado de media cola, no muy elaborado, maquillaje sutil y accesorios pequeños. La pareja se vio elegante y con un look adecuado para la ocasión.

Los hijos del presidente también asistieron a la ceremonia. Los niños llegaron de traje pero a criterio de Sanchinelli las corbatas típicas desentonan. “Aunque están de moda, no proceden en este acto solemne”.

Morales dijo este lunes, después de una reunión con el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jorge de León, que en enero dirá cómo estará conformado su gabinete de Gobierno, pues continúa en la investigación de las personas que serán nombrados.

La semana pasada el vicepresidente electo, Jafeth Cabrera, dijo ya habían elegido a los 14 futuros ministros; pero el presidente electo dijo que existe una mesa de trabajo de reclutamiento y selección que todavía revisaba los perfiles de los candidatos.

Según Morales, se solicitó apoyo al Ministerio Público y a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, para que investigarán a las personas elegidas para los cargos.

Después de casi dos semanas, Jimmy Morales reaparece ante los medios de comunicación. pic.twitter.com/BUTul1R1Lo

— Geovanni Contreras (@contrerasGEO_PL) December 14, 2015

El mandatario electo dijo: “porque la Ley lo dice”, el nombramiento de los ministros y funcionarios se hará el 14 de enero.

Los designados participarán en el proceso de transición de los ministros salientes y encargados de cada entidad del Gobierno, comentó Morales a la prensa.

En la reunión con el PDH, Morales conversó sobre la conflictividad, el sistema de protección de periodistas y la desnutrición. Según De León, fueron “muchos temas, porque a donde se volteé a ver, cualquier problema tiene que ver con Derechos Humanos”.

Morales argumenta que es necesaria la readecuación del presupuesto 2016, aprobado por el Congreso el 30 de noviembre pasado, y dijo que para mejorar la recaudación tributaria se debe trabajar con la Superintendencia de Administración Tributaria y con la cooperación internacional.

En rueda de prensa, Cabrera afirmó que “sí supimos trascender  en un proceso político histórico donde gastamos poco dinero, podemos pensar en refundar un Presupuesto con muchas dificultades y falencias para el área de Salud y Educación”.

Cabrera aseguró que ya se tienen equipos conformados que analizan el Presupuesto y se dividen en varios temas, se limitó a indicar que esperan que “el 14 —de enero de 2016— se pueda tener la apertura de cómo trabajar”.

Al ser consultado cuándo podrían presentar a los integrantes de su Gabinete de Gobierno, el vicepresidente electo dijo que: “en la ley no está cuándo se debe presentar al Gabinete”.

"Hay insistencia de los nombres pero nosotros creemos que eso no es lo fundamental. Tenemos equipos que están trabajando", aseguró Cabrera.

— Carlos Álvarez (@calvarez_pl) December 10, 2015

Reconoció que hay una insistencia de parte de muchos sectores de que se den a conocer los nombres, pero afirmó que ellos creen que “eso no es lo fundamental, los responsables de llevar al Gobierno son el Presidente y Vicepresidente”.

Cuando se le insistió por cuándo se darán a conocer los nombres, afirmó que: “si es factible se puede dar a finales de este mes o a principios del año que entra”.

Cabrero finalizó al decir que no presentar a los titulares de las carteras y dependencias del Gobierno no afectará el proceso de transición, porque tienen una comisión que recibe toda la información.

Las declaraciones del vicemandatario electo fueron vertidas en su visita al Hospital de Amatitlán, donde realizó un recorrido, e hizo la entrega de un donativo de medicamentos y material quirúrgico que gestionó, y fue dado por la empresa Laboratorio Técnico S.A.

Shirley Pérez, gerente de la empresa donante, informó que el aporte tiene un valor de Q25 mil, y que se  entregará otro en Huehuetenango, aunque aún no se tiene la fecha para esa entrega.

Cabrera dijo que está consciente de que está acción no solucionará la problemática y que trabajan para refundar el presupuesto de Salud.

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Hospital en crisis

Sergio Alvarado, director del Hospital de Amatitlán, afirmó que hace tres semanas la crisis en ese centro asistencial fue tal que incluso no se tenía comida para los pacientes, pero gracias al apoyo del pueblo amatitlaneco, la situación se ha superado.

El médico informó que vecinos e iglesias del lugar han hecho donativos de comida y materiales, con lo cual han podido atender a los pacientes, que tienen insumos para funcionar tres o cuatro semanas, pero hacen faltan insumos trazadores como antibióticos y anestesia, razón por la cual aún no pueden atender la demanda de cirugías como cesáreas.

Afirmó que hasta este jueves hay 180 pacientes en cama y atienden a unos 250 en la consulta externa a diario, indicó que el hospital tiene una deuda de Q3 millones, pero que esto ha mejorado ya que hace unas semanas esta era de Q9 millones.

El director del Hospital agradeció el donativo e hizo un llamado a la población para que, sí esta dentro de sus posibilidades, apoyen al sector Salud.

Cabrera informó este lunes que recibió la propuesta de unos 200 mil voluntarios de iglesias evangélicas y que se estaría invitando a quienes pertenecen a la católica, para ejecutar un programa permanente de alfabetización.

Dicho programa sería nacional, integral y que no responda solo a una campaña de alfabetización sino que cuente con objetivos globales, según las proyecciones del próximo vicemandatario.

Cabrera explicó que esta enseñanza no sería religiosa pues la educación continuaría siendo laica como lo establece la Constitución y tendría un sentido técnico y programático, de forma sistémica y coordinada con el Comité Nacional de Educación, entre otros sectores.

Por otro lado, el vicepresidente electo aseguró que “se busca establecer un diálogo directo para facilitar los procesos de cooperación internacional”  con el objetivo de “fortalecer la educación en cuanto a la infraestructura, construir escuelas y remozar las que están en malas condiciones”.

Más ayuda

El vicepresidente electo se reunió con representantes de países cooperantes para hablar del proceso educativo en Guatemala.

“Se busca establecer un diálogo directo para facilitar los procesos de cooperación internacional, con el objetivo de fortalecer la educación en cuanto a la infraestructura, construir  escuelas y remozar las que están en malas condiciones”, aseguró el político. 

Los cooperantes informaron que los proyectos que impulsan en el país contemplan áreas de educación para la paz, Derechos Humanos, prevención de la violencia y otros como ayuda educativa desde la primera infancia hasta la universidad.

La cooperación es canalizada a través de la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional y se espera continuar con el apoyo para reforzar infraestructura educativa en varios departamentos.

Cabrera dijo que después de obtener el triunfo electoral, el pasado 25 de octubre,  “unas personas” le ofrecieron una cantidad “millonaria” para que otorgara puestos en la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), incluyendo la presidencia.

Las declaraciones las dio este viernes, durante una actividad organizada por la Vicepresidencia y la Contraloría General de Cuentas sobre gestión transparente en el ámbito público.

“No tengo los nombres, por eso no voy a denunciarlo, tampoco tengo ningún papel o grabación que haga constar el intento de soborno”, detalló Cabrera. “Todo se dio en una reunión que no era formal”, aclaró al concluir su participación.

El vicepresidente electo mencionó este hecho durante su pronunciamiento en la inauguración del taller ante otros funcionarios electos, el vicepresidente Alfonso Fuentes y el Contralor General de Cuentas, Carlos Mencos.

Eligen gabinete

El vicepresidente electo afirmó que ya tienen los 14 nombres de los ministros designado para asumir el cargo el próximo 14 de enero. Sin embargo no dirán quiénes son sino hasta la segunda quincena de este mes.

Además indicó que el presidente electo Jimmy Morales está en una gira por Estados Unidos para agradecer el apoyo de los migrantes. “No ha aparecido públicamente porque después de su gira por Centroamérica y México solo estuvo dos días en el país”, puntualizó.

Seminario

La actividad llamada Gestión Transparente de Rendición Eficaz de Cuentas, pretendía capacitar e informar a los funcionarios y alcaldes electos acerca de prácticas de transparencia de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, la  Ley de Servicio Civil y la Constitución.

Entre los expositores figuran personas de Acción Ciudadana, de la Contraloría General de Cuentas, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Oficina Nacional de Servicio Civil y del Ministerio de Finanzas.

El vicepresidente asistió para hacer oficial el evento e instó a efectuar más actividades similares; además, aconsejó a los nuevos funcionarios a actuar de manera correcta en su gestión.

Por su parte, Mencos afirmó que es una conferencia para que los futuros funcionarios “aprendan desde el principio” a hacer la gestión pública correcta y evitar reparos y compras por excepción.

“Estamos totalmente abiertos a que este gabinete se conozca. No tenemos nada que esconder. Estamos buscando las mejores alternativas”, afirmó Cabrera en declaraciones a los periodistas.

La previsión es que el nuevo equipo de gobierno de Guatemala se conozca públicamente en la segunda quince de este mes.

“Estamos en esa posición, pero tampoco tenemos por qué correr”, señaló al respecto el viciepresidente electo, de Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

Su equipo, insistió, está trabajando con “la tranquilidad debida” para formar el nuevo gabinete, para el cual no hay todavía “ningún nombramiento oficial”.

“Tenemos muchos nombres de profesionales de alta valía en cada uno de los ministerios”, afirmó.

Por otro lado, el futuro vicepresidente del Ejecutivo, liderado por Jimmy Morales, se mostró favorable a la aprobación en el próximo año de un sistema nacional de protección a periodistas.

“Estamos muy claros a que hay que apoyar una propuesta como esta”, sentenció.

Jimmy Morales tomará posesión de la Presidencia el 14 de enero de 2016 para un período de cuatro años, en sustitución de Alejandro Maldonado, quien está en el cargo desde el pasado 3 de septiembre, tras la renuncia de Otto Pérez Molina, en prisión preventiva, acusado de liderar la red de corrupción “La Línea”.

Esperan a Gabinete

La última fase de la transición entre gobiernos no puede comenzar mientras el presidente electo, Jimmy Morales, no designe a sus ministros, secretarios, y directores.

Los equipos de transición se reunieron el pasado lunes para revisar los avances y los pendientes, y la segunda de tresfases está por concluir, al entregar un informe administrativo de cada institución del Ejecutivo al equipo del gobierno entrante.

Ekaterina Parrilla, secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, y coordinadora de la transición de la administración saliente, explicó que se entregó la información de las finanzas y recurso humanos de los ministerios y secretarías.

El equipo de Morales también recibió informes de jurídica, de fiscalización y control, imagen institucional, planificación, ejecución presupuestaria, inventarios y deudas, entre otros aspectos.

“Solo estamos a la espera de que ellos –gobierno entrante– terminen de conformar el equipo y entrar a los detalles institución por institución”, informó la funcionaria.

El reparto se realizó este miércoles durante una reunión del Conabed efectuada en el Palacio Nacional de la Cultura, encabezada por el vicepresidente Juan Alfonso Fuentes y en la que participó el vicepresidente electo, Jafeth Cabrera.

El Ministro de la Defesa, Williams Mancilla, informó que se autorizó la donación de la finca La Cuya, de dos manzanas de terreno, ubicada a 450 metros de donde estará la urbanización Mi Querida Familia.

Ese terreno servirá para la construcción de una escuela, puesto de salud, subestación de la policía e iglesia para complementar la urbanización y así ayudar a los damnificados por el alud que sepultó El Cambray 2.

Mancilla indicó que el dinero para la escuela ya fue aprobado y es producto de una donación. También afirmó que ya tienen vía libre para la construcción de las viviendas y que los edificios para el nuevo terreno se harán luego de hacer los trámites de licencia.

En tanto, una finca incautada al narcotráfico en Izabal fue entregada al Ministerio de Gobernación para la construcción de una sede para la Fuerza de Tarea Chortí. 

A la cartera de Defensa se le entregó otra finca ubicada en Escuintla, al Ministerio Público (MP), cinco inmuebles para oficinas, y al Organismo Judicial (OJ), cinco vehículos.

https://twitter.com/jfuentessoria/status/669506264259362816

El Conabed también repartió Q5 millones 712 mil 338 quetzales (unos US$749 mil 650 dólares), y otros US$264.257 dólares en efectivo entre las instituciones de seguridad y justicia.

Distribución

Según la Ley de Extinción de Dominio, al OJ le correspondió el 25 por ciento, al MP 20 por ciento, al Ministerio de Gobernación 18 por ciento, a la secretaria de la Conabed 15 por ciento y a la Procuraduría General de la Nación 2 por ciento.

Mientras que el otro 20 por ciento se entregó en partes iguales para las unidades de métodos especiales de investigación del MP y los ministerios de Gobernación y de Defensa, respectivamente.

El vicepresidente electo, Jafeth Cabrera, comentó al término de la reunión que está de acuerdo en la forma de repartir los bienes incautados al crimen organizado.

“Es un tema bastante importante, estoy conociendo la Ley porque no la conocía”, admitió.

La participación de Cabrera en esta reunión forma parte del proceso de transición de mando del actual gobierno que encabeza el presidente Alejandro Maldonado hacia las nuevas autoridades que asumirán el poder el 14 de enero de 2016 para un periodo de cuatro años.

Fuentes Soria y Cabrera fueron designados para dirigir los grupos que trabajarán en el proceso de transición y se reunieron este jueves en la Casa Vicepresidencial para determinar, durante una reunión privada, cómo se efectuará ese intercambio de información.

Los vicepresidentes acordaron tener dos reuniones semanales y mientras Cabrera dijo que la prioridad está en el Congreso, por el tema de presupuesto, Fuentes Soria aseguró que la actual administración agilizará resolver los asuntos que tienen plazos, para que no los tome el nuevo gobierno.

Según el vicemandatario, durante el primer acercamiento con el equipo de los gobernantes electos, se abordaron temas sobre la atención del medio ambiente, medidas de trasparencia que se implementan en el Ejecutivo y la baja recaudación tributaria, entre otros.

Prioridades

La coordinadora técnica del proceso de transición y la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, Ekaterina Parilla, informó que la entidad recibió 144 informes de entidades directas del Ejecutivo, de los Consejos Departamentales de Desarrollo y de los gobernadores departamentales.

Según Parrilla, de la información obtenida se detectaron 68 prioridades, de las cuales 25 se consideran urgentes pues se trata de situaciones que tienen algún plazo o deben tener continuidad inmediata, como los programas de seguridad alimentaria, compromisos con cooperantes y préstamos.

Las otras 43 prioridades, consideradas como no urgentes, son programas de largo plazo.

Parrilla dijo que lo ideal para el proceso de transición sería que el nuevo gobierno envíe a los jefes de los principales ministerios para que reciban de forma directa la información y que esta no sea enviada a través de una comisión.

Cabrera ha dicho en declaraciones previas que el equipo designado para la transición es capaz de llevarla a cabo y no es necesario el nombramiento de los ministros para que lleven a cabo las tareas.

Analizan continuidad

Ambos equipos decidirán sobre la continuidad o modificación de la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico y de la Secretaría Específica de la Presidencia. Además, se informó que el Presidente Alejandro Maldonado trasladó el programa de Diálogo Nacional, que estaba a cargo de la Secretaría Privada de la Presidencia, al Ministerio de Trabajo.

Entre otras modificaciones efectuadas por Maldonado, también se rescindieron 150 contratos en distintas dependencias del Ejecutivo, pues se afirmó que estas no son necesarias para la labor del Gobierno.