Porras, Curruchiche, Vásquez y Moto responden sobre si tienen aspiraciones a cargos públicos tras votar en el Cang

Tras emitir su voto en el Cang, funcionarios se refieren sobre si tienen o no aspiraciones para ocupar cargos públicos.

Óscar García y Paula Carranza

13 de enero de 2026

|

12:48h

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El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala lleva a cabo la segunda vuelta de votación para integrar la postuladora del TSE. (Foto Prensa Libre. Byron Baiza)

Este martes 13 de enero se lleva a cabo la segunda vuelta de la elección del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) para integrar la postuladora del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Las votaciones comenzaron a las 8 horas en los centros ubicados en el Parque de la Industria y en Fórum Majadas, en la capital, donde han llegado funcionarios que han sido cuestionados o se han referido a distintos asuntos.

Una de las funcionarias que ya emitió su voto es la fiscal general, Consuelo Porras, quien fue abordada por periodistas.

En un video compartido por La Red, Porras indicó que su “pasión” es servir al pueblo de Guatemala desde el Ministerio Público (MP), y que su ocupación siempre será “trabajar en favor del pueblo de Guatemala”.

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Mientras caminaba escoltada por guardaespaldas, Porras afirmó que el MP tiene una función constitucional: “investigar y perseguir a los delincuentes”, y, según ella, se ha trabajado “objetivamente”.

La fiscal fue consultada sobre su futuro tras concluir su periodo al frente del MP, pero no respondió. Luego se le preguntó si se postularía para un cargo como, por ejemplo, magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC), a lo que respondió: “no se ha pensado nada”.

Para leer más: Rectores y decanos eligen en privado a sus representantes para la Postuladora del TSE

También se le consultó si ha tenido acercamientos con algún grupo que impulse su eventual candidatura. Respondió: “Mi ocupación ustedes la conocen: servir al pueblo de Guatemala en el Ministerio Público, y en eso ocupo mi tiempo”.

#LaRedInforma | Avanza la segunda vuelta del CANG. Este martes, Consuelo Porras se presentó en uno de los centros habilitados para la votación. pic.twitter.com/OToklOiQqJ

— La Red (@Lared1061) January 13, 2026

El magistrado de la CC, Nester Vásquez, también emitió su voto en el Parque de la Industria, durante la segunda vuelta para elegir a los representantes del Cang ante la postuladora del TSE, y dio declaraciones a la prensa.

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Afirmó que actualmente es magistrado de la CC designado por la asamblea del Cang, y que, de participar en el nuevo proceso de elección para magistratura, lo haría por esa misma entidad.

Dijo que no tiene intención de participar por otro órgano que designe candidatos.

Según él, la elección de este martes queda en la voluntad de cada votante.

#LaRedInforma | En el marco de la segunda vuelta del CANG, Nester Vásquez se pronunció sobre el proceso electoral y dejó abierta la posibilidad de buscar su continuidad en la CC. pic.twitter.com/4Wbkbw8Gsn

— La Red (@Lared1061) January 13, 2026

También acudió a votar Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, quien afirmó que aún no ha tomado una decisión sobre una eventual candidatura y reconoció que necesitaría entre dos y tres años más para optar a la CC.

Además, mencionó que siguen en investigación varios casos, entre estos el de las vacunas Sputnik. Indicó que también hay avances en los procesos que involucran al Ministerio de Desarrollo Social y al Ministerio de Agricultura.

#LaRedInforma | Curruchiche señaló que no ha tomado una decisión sobre una eventual candidatura y reconoció que necesitaría entre dos y tres años más para poder optar a la Corte de Constitucionalidad. pic.twitter.com/40o59ATF3n

— La Red (@Lared1061) January 13, 2026

Tras emitir su voto, el juez Mynor Moto, del Juzgado Tercero Penal, confirmó su intención de participar para el cargo de magistrado de la CC.

Añadió que hay agrupaciones gremiales que tienen interés en apoyarlo para optar al cargo de magistrado; además, ha tenido acercamientos y acuerdos para trabajar un proyecto transparente y de compromiso para mantener la credibilidad de la CC.

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Con información de La Red

Rumbo a la CC 2026: Moto, Gálvez, Vásquez y Ajín oficializan aspiraciones

Los aspirantes buscan representar al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) en la elección de magistrados de la CC, prevista para abril del 2026.

Sandy Pineda

5 de enero de 2026

|

19:16h

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Estuardo Gálvez, Mynor Moto y Armand Bajín confirmaron sus candidaturas para integrar la nueva Corte de Constitucionalidad que deberá tomar posesión el 14 de abril de 2026. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL / última cortesía de Guatemala Visible)

Tres aspirantes y una posible reelección se perfilan en el proceso para integrar la Corte de Constitucionalidad (CC) desde el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) hasta el 13 de enero del 2026.

El juez Mynor Moto confirmó su interés en postularse y aseguró que se encuentra en la fase final previa a la inscripción del próximo 15 de enero. Indicó que evalúa si competirá como magistrado titular o suplente, en función de alianzas gremiales.

Su proyecto, denominado Brújula Gremial, reúne a profesionales de distintas áreas con el objetivo de impulsar cambios desde la CC, declaró a Guatemala Visible, organización que da seguimiento a los procesos de elección de magistrados,

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El exrector de la Universidad de San Carlos, Estuardo Gálvez, también manifestó que analiza seriamente presentar su candidatura como magistrado titular. Señaló que su decisión es estrictamente profesional y busca aportar experiencia y sensatez al sistema de justicia.

Gálvez integra la Plataforma de Profesionales por la Justicia y cuenta con el respaldo de cuatro agrupaciones, que impulsarían a Melvin Portillo como magistrado suplente.

Lea también: ¿Cuáles son los tres grandes temas en los que se concentrarían los diputados durante el 2026?

A estas postulaciones se suma Armando Ajín Pérez, quien confirmó su participación como candidato a magistrado suplente con el respaldo de la Unidad Gremial de Abogados y Profesionales Afines (UGAP).

Indicó que su candidatura fue una decisión colectiva y que aún no se ha definido quién sería el magistrado titular que lo acompañaría. Aseguró que su eventual desempeño estaría enfocado en la defensa del orden constitucional.

Finalmente, indicó que UGAP respaldaba a la Planilla 5 —la cual, junto a la Planilla 4 pasaron a segunda vuelta de votaciones para la elección de representantes ante la Comisión para Magistrados del Tribunal Supremo Electoral el 5 de enero del 2026—.

Como cuarto actor, el actual magistrado de la CC, Néstor Vásquez, confirmó que buscará su reelección por el CANG.

Durante la segunda jornada de votación gremial, indicó que de concretarse su participación, será exclusivamente a través del Colegio de Abogados, y que el 15 de enero se conocerá formalmente si presenta su expediente.

Datos relevantes sobre la elección de magistrados de la CC

La Corte de Constitucionalidad se integra mediante designaciones de cinco instituciones, tanto de titular como suplente:

• Corte Suprema de Justicia
• Congreso de la República
• Presidencia de la República en Consejo de Ministros
• Consejo Superior Universitario de la Usac
• Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang)

Fechas clave de la elección

• 15 de enero del 2026 – Inscripción oficial de candidatos ante el Cang.
• 4 de febrero del 2026 – Elección de magistrado titular y suplente por parte del Colegio de Abogados.
• 14 de abril del 2026 – Nueva integración de la Corte de Constitucionalidad.

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La reunión estaba prevista para las 8.30 de la mañana de este martes 5 de diciembre; sin embargo, en un salón contiguo a donde se tenía prevista la votación para las ternas, varios diputados se encontraban reunidos para llegar a consensos.

“Pues efectivamente yo creo que ustedes saben que este tipo de elecciones son netamente políticas, el Congreso es un órgano político y requiere de mucho consenso para poder llegar a finalizar los procesos; sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos es representativa ya que está integrada por un miembro de cada bancada, es una comisión constitucional entonces hay que darle la importancia que se merece, a eso se debe el tiempo y gracias a Dios pudimos terminar con el proceso”, expuso el presidente de la Comisión, Herbert Figueroa.

A las 11 de la mañana los diputados comenzaron la sesión y votaron por los 19 aspirantes, quedando las ternas de la siguiente manera.

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Terna 1

1.  Evelyn Morales Vidal
2. Gilma Valladares Orellana
3. Jonathan Josué Mayorga

Terna 2

1. Mynor Moto Morataya
2. Evelin Morales Chavez
3. Franck Ríos Ríos

El pleno del Congreso debe votar para elegir a dos relatores titulares y dos suplentes.

En la reunión del lunes pasado, los diputados de la Vomisión votaron para desechar una tacha en contra de Moto, a quien hace semanas la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó su reinstalación como juez tercero.

La tacha eran recortes de periódicos sobre los señalamientos que han existido en contra de Moto, así como las órdenes de captura que en su momento estuvieron vigentes en su contra.

En el 2021, Moto fue excluido del Consejo de la Carrera Judicial por no presentarse a su judicatura. El proceso en separación de su puesto inició el 23 de abril de 2021 por no haber tomado posesión del cargo en el Juzgado Tercero Penal el 14 de abril pasado.

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En esa fecha, Moto tenía dos órdenes de captura en su contra. Estas eran por el supuesto delito de obstrucción a la justicia por el caso Comisiones Paralelas 2020 y por un supuesto acto de cobro de sobornos en el caso Libramiento de Chimaltenango.

Actualmente, las órdenes de captura ya fueron revocadas. La que respondía al caso Comisiones Paralelas 2020 fue anulada el 2 de diciembre de 2021 por el juez B Décimo Penal Jimi Brener.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) apeló esta resolución, pero fue confirmada por la Corte de Constitucionalidad en enero de 2022, por lo que el arraigo e incluso la alerta roja de la Interpol en su contra quedó sin efecto.

La orden de captura por el caso Libramiento de Chimaltenango fue revocada en febrero de 2023 por el Juzgado Tercero Penal.

De esta manera, Moto podrá retomar su cargo como juez al finalizar el proceso administrativo.

Previo a los punteos, el secretario de la Comisión, el diputado Julio César López, propuso cambiar el orden de la agenda para escuchar a un aspirante que faltaba, pero también para desechar una tacha en contra de Moto.

“La tacha consistía en recortes de prensa, recortes de diarios de circulación del país, no era una petición para dejarlo fuera del proceso, sino que era una recopilación de recortes de prensa, donde lo sindican de algunos delitos; sin embargo, la Comisión no tiene la potestad de ser juez en esta instancia, entonces entramos a conocer los recortes de prensa, consideramos que no son suficientes como para vedar la participación del candidato”, expuso el presidente de la sala legislativa, Herbert Figueroa.

La mayoría de los diputados votó a favor y se procedió a hacer la puntuación de cada uno de los 19 aspirantes: uno de los de mayor punteo fue Moto (85 puntos), junto con la actual relatora Gloria Margarita López Rodas (86 puntos) y la diputada Lorena de León Teo (85 puntos), quien no logró la reelección como parlamentaria.

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Punteo

1. Otto José Paz Kroell  79 puntos
2. Mynor Moto 85 puntos
3. Franklim Tereso Azurdia Marroquín 70 puntos
4. Gloria Margarita López Rodas 86 puntos
5. Evelyn Patricia Morales Vidal 80 puntos
6. Silvia Lucrecia Villalta 76 puntos
7. Sandra Lorena de León Teo 85 puntos
8. Franck Steven Ríos 79 puntos
9. Evelyn Fabiola Morales Chávez 81 puntos
10. Gilma Esperanza Valladares 86 puntos
11. Marlon Arnoldo López 76 puntos
12. Jonathan Josué Mayorga Urrutia 80 puntos
13. José Conrado García 75 puntos
14. Jennifer Marcelina Guerra 75 puntos
15. Juan José Bolaños 70 puntos
16. Érick Estuardo Cárdenas 71 puntos
17. Cecilia Ilusión Barrios Ortega 79 puntos
18. Carlos Enrique Quino Pérez 78 puntos
19. José Fernando Roca 77 puntos

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Algunos diputados cuestionaron que haya sido el equipo de asesores de la Comisión quien hiciera la evaluación y determinara cuántos puntos se le brindaba a cada aspirante, pero por mayoría se aprobaron los punteos.

“Fíjese que tenemos un equipo de asesores de la Comisión y de cada diputado que se reúnen previo a las reuniones que tenemos y en ese caso, con base en la documentación presentada y los expedientes, hicieron una recomendación de punteo; sin embargo, no era vinculante, era para tomarla en cuenta a consideración de los diputados, hubo algunas calificaciones que no coincidían con la de otro diputado”, expuso Figueroa.

Sin embargo, cuando se procedería a votar para formar las dos ternas algunos diputados abandonaron la sesión, entre ellos el secretario Julio César López, así como los diputados José Alejandro de León Maldonado, entre otros, quienes permanecieron reunidos a puerta cerrada en un salón contiguo a la Comisión.

Estaba previsto que la Comisión nuevamente convocara para las 4 de la tarde de este lunes, pero se decidió que sea hasta este martes a las 8 de la mañana cuando se busque retomar la votación para integrar las ternas.

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Moto había solicitado que se emitieran las disposiciones administrativas necesarias para que pudiera reincorporarse y tomar posesión de su cargo.

Este martes 7 de noviembre, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvieron por unanimidad que “pase al Consejo de la Carrera Judicial para que se cumpla con lo ordenado en el amparo” que había sido otorgado el pasado 10 de octubre.

En el 2021, Moto fue excluido del Consejo de la Carrera Judicial por no presentarse a su judicatura. El proceso en separación de su puesto inició el 23 de abril de 2021 por no haber tomado posesión del cargo en el Juzgado Tercero Penal el 14 de abril pasado.

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En esa fecha, Moto tenía dos órdenes de captura en su contra. Estas eran por el supuesto delito de obstrucción a la justicia por el caso Comisiones Paralelas 2020 y por un supuesto acto de cobro de sobornos en el caso Libramiento de Chimaltenango.

Actualmente, las órdenes de captura ya fueron revocadas. La que respondía al caso Comisiones Paralelas 2020 fue anulada el 2 de diciembre de 2021 por el juez B Décimo Penal Jimi Brener. La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) apeló esta resolución pero fue confirmada por la Corte de Constitucionalidad en enero de 2022, por lo que el arraigo e incluso la alerta roja de la Interpol en su contra quedó sin efecto.

La orden de captura por el caso Libramiento de Chimaltenango fue revocada en febrero de 2023 por el Juzgado Tercero Penal.

De esta manera, Moto podrá retomar su cargo como juez al finalizar el proceso administrativo.

Bremer fue quien lo benefició con retirar el caso del Juzgado de Mayor Riesgo D y le revocó la orden de captura.

Además, es el mismo juez que avaló investigar a periodistas de elPeriódico y ligó a proceso penal a Jose Rubén Zamora por las boletas de Migración.

En julio 2022, Mynor Moto, extitular del Juzgado Tercero Penal, logró que el expediente de su proceso por el caso Comisiones Paralelas 2020 pasara a un juzgado ordinario y ya no lo lleve el Juzgado de Mayor Riesgo D.

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Según se informó en esa ocasión, los abogados de Moto plantearon una acción legal en el Juzgado Décimo Penal B, que dirige Jimi Bremer, para que resolviera un incidente de inhibitoria.

El juez Bremer se declaró competente para conocer el proceso del exjuez Mynor Moto y ordenó que el expediente fuera retirado del Juzgado de Mayor Riesgo D.

En febrero de 2020, la Fiscalía Especial contra La Impunidad (Feci) presentó una investigación denominada “Comisiones Paralelas 2020”, en la que se expuso un conjunto de actores que se habrían reunido con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara (sindicado en varios casos de corrupción).

Según el MP, la finalidad de las reuniones fue manipular las actuaciones y votaciones en las Comisiones de Postulación para la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, así como del propio Congreso de la República.

Moto tenía órdenes de captura por el delito de obstrucción a la justicia por el caso Comisiones Paralelas 2020 y por un supuesto acto de cobro de soborno en el caso Libramiento de Chimaltenango.

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Juez Jimi Bremer

El 28 de febrero 2023, el juez Jimi Bremer, a solicitud de la fiscal del Ministerio Público (MP), Cinthya Monterroso, ordenó investigar a periodistas y columnistas de elPeriódico, así como a otros medios de comunicación, como parte del proceso en contra de Jose Rubén Zamora Marroquín, quién el 14 de junio 2023 fue condenado a seis años prisión inconmutables por lavado de dinero.

La solicitud se hizo durante la audiencia en la que Zamora también fue ligado a proceso penal por conspiración para la obstrucción de la justicia, en un segundo caso que el MP le imputa al periodista.

El 15 de junio recién pasado, el juez Jimi Bremer ligó a proceso penal a Zamora por el delito de uso de documentos falsificados de manera continuada.

El juez rechazó el recurso de actividad procesal defectuosa que interpuso la defensa de Jose Rubén Zamora.

Mientras que la abogada de Zamora recordó que las boletas aduaneras estuvieron guardadas seis años (son documentos de 2015 a 2017) y no hubo ningún reporte de anomalías.

Hace apenas seis días trascendió que la segunda orden de captura en contra de Moto había sido revocada y, aunque la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) impugnó el falló, la presencia del exjuzgador en las elecciones del CANG confirman que las órdenes de aprehensión en su contra ya no tienen efecto.

Pese a que Moto se ha mantenido prófugo de la justicia, gestionó por medio de sus abogados sus casos y también logró anular las órdenes de captura que había en su contra.

Rafael Curruchiche, jefe de la Feci, señaló que “en el caso Comisiones Paralelas el señor Mynor Moto a través de una actividad procesal defectuosa logró que el juez décimo de Instancia Penal le revocara la orden de aprehensión, contra esa resolución la Feci presentó un recurso de reposición el cual está pendiente que se resuelva si se revoca la orden de aprehensión o se accede a otorgar nuevamente dicha orden de aprehensión”.

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“Este recurso se presentó en noviembre del 2022 y el juez no ha resuelto”, agregó Curruchiche.

En el caso Libramiento de Chimaltenango el Juzgado Tercero Penal revocó la orden de aprehensión en contra de Moto; sin embargo, la Feci presentó un amparo que está pendiente de ser resuelto, por lo que dicha revocatoria no está en firme, pero a pesar de eso se presentó a las elecciones del CANG.

Moto estaba prófugo por el caso Libramiento de Chimaltenango desde el 12 de abril de 2021.

En este caso, según el MP, Moto “habría recibido un soborno en efectivo presuntamente pagado por personas vinculadas a la referida investigación para favorecerles en la resolución que tendría que emitir en los días siguientes”.

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Se trata de la resolución del 16 de octubre de 2020, donde Moto dictó falta de mérito contra 16 personas detenidas y de dar medida sustitutiva a Jorge Alfredo Tejada Argueta, vicepresidente de Constructora Nacional, S. A. (Conasa), y Carlos Enrique Figueroa Ravanales, administrador único y representante de Renova Ingenieros, S. A., constructoras implicadas en el caso.

Además, el MP asegura que Moto autorizó parcialmente acceso a información bancaria dentro del mismo caso, pero retrasó por 40 días la entrega de los oficios, “lo cual ocasionó un serio perjuicio a las actividades investigativas de la Fiscalía y la administración de justicia”.

La Fiscalía señala que Moto habría cometido los delitos de cohecho pasivo, incumplimiento de deberes y retardo de justicia. Este caso ha sido conocido por el juez Tercero Penal, Geisler Pérez Domínguez.

Además, por el caso Comisiones Paralelas, Moto estaba prófugo desde el 1 de febrero de 2021, cuando Erika Aifán, exjueza de Mayor Riesgo D, firmó la orden de captura, porque era señalado del delito de obstrucción a la justicia.

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El juez B Décimo Penal, Jimi Bremer, titular del Juzgado Décimo de Instancia Penal, favoreció el 2 de diciembre de 2022 a Moto al haber anulado una orden de captura que pesaba en su contra por estar vinculado al caso Comisiones Paralelas 2020.

Desde que se giró la orden de captura contra Moto por el caso Comisiones Paralelas 2020, el exjuzgdor, quien dejó su cargo de juez para ocupar una magistratura ante la Corte de Constitucionalidad (CC), pero que no pudo asumir, se encontraba prófugo.

Tras esa resolución, Bremer ordenó que se notificara a la Policía Internacional (Interpol) que ya no debía buscar a Moto.

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Moto ha logrado que se le anule la orden de captura en el caso Libramiento de Chimaltenango.

Lea acá > https://t.co/Lol8gxW7xG

Foto : @guatevisible pic.twitter.com/y3IkqzvXwB

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) February 23, 2023

#𝙀𝙡𝙚𝙘𝙘𝙞𝙤𝙣𝙚𝙨𝘾𝘼𝙉𝙂

El exjuez Mynor Moto participó nuevamente en las elecciones del @CangGuatemala. pic.twitter.com/Oq5vncdZm5

— Guatemala Visible (@guatevisible) February 23, 2023

Moto está prófugo por el caso Libramiento de Chimaltenango desde el 12 de abril de 2021 -hace 21 meses-.

En este caso, según el MP, Moto “habría recibido un soborno en efectivo presuntamente pagado por personas vinculadas a la referida investigación para favorecerles en la resolución que tendría que emitir en los días siguientes”.

Se trata de la resolución del 16 de octubre de 2020, donde Moto dictó falta de mérito contra 16 personas detenidas y de dar medida sustitutiva a Jorge Alfredo Tejada Argueta, vicepresidente de Constructora Nacional, S. A. (Conasa), y Carlos Enrique Figueroa Ravanales, administrador único y representante de Renova Ingenieros, S. A., constructoras implicadas en el caso.

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Además, el MP dice que Moto autorizó parcialmente acceso a información bancaria dentro del mismo caso, pero retrasó por 40 días la entrega de los oficios, “lo cual ocasionó un serio perjuicio a las actividades investigativas de la Fiscalía y la administración de justicia”.

La Fiscalía señala que Moto habría cometido los delitos de cohecho pasivo, incumplimiento de deberes y retardo de justicia. Este caso ha sido conocido por el juez Tercero Penal, Geisler Pérez Domínguez.

Beneficio

No es la primera ocasión en que Moto es beneficiado con la anulación de la orden de aprehensión. El 2 de diciembre pasado el juez B Décimo Penal, Jimi Bremer, fue quien favoreció al exjuez al haber anulado una orden de captura que pesaba en su contra por estar vinculado al caso Comisiones Paralelas 2020.

Según el MP, en el este proceso se señaló la concentración de personas “para defender sus propios intereses o de terceros en el proceso de postulación para magistraturas de altas cortes, quienes al ser descubiertos por el MP utilizaron la función jurisdiccional del juez Mynor Mauricio Moto Morataya para intentar obstaculizar la obtención de pruebas para el proceso y así proteger a quienes aparezcan involucrados en la investigación de la Fiscalía”.

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Además, confirma el numeral IV) de la resolución apelada, en cuanto deniega el amparo provisional solicitado por la Feci, se lee en el documento fechado el 19 de diciembre de 2022, bajo el expediente 4565-2022.

En dicho documento se lee que se examinó la resolución del 5 de agosto de 2022 dictada por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, constituida en  Tribunal de Amparo, en cuyo numeral IV) denegó la protección interina solicitada, en la acción constitucional de amparo que promovió el MP, por medio del agente fiscal Pedro Otto Hernández González, contra el Juez Décimo Pluripersonal “B” de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala.

El 6 de diciembre pasado, fuentes judiciales confirmaron que el 2 de ese mes el juez B Décimo Penal, Jimi Bremer, titular del Juzgado Décimo de Instancia Penal, favoreció al exjuez Moto al haber anulado una orden de captura que pesaba en su contra por estar vinculado al caso Comisiones Paralelas 2020.

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Dicho juez revocó también el arraigo que se había decretado contra Moto cuando se le declaró en rebeldía y ordenó que se notificara a la Policía Internacional (Interpol) que no buscara más a Moto.

El MP había dicho que en dicha diligencia, el MP manifestó que esa no debía desarrollarse en virtud que no le habían entregado copia del escrito de petición del incidentante, no se encontraba presente en la audiencia Mynor Mauricio Moto Morataya, ni el representante de la Procuraduría General de la Nación, pero el juez dijo que sí era viable desarrollarla.

Fue por ello que el MP interpuso una actividad procesal defectuosa, argumentando que se estaban variando las formas del proceso y que para subsanar la actuación se debía dejar sin efecto la audiencia, pero el juez declaró sin lugar la actividad procesal defectuosa y ordenó la continuidad de la diligencia para que se siguiera conociendo el incidente en cuestión.

Fue por esa razón que el MP interpuso el amparo ante la CC señalando al juez por dicha resolución, pero ahora la máxima corte de Guatemala les negó dicho amparo.

Otra orden de captura vigente

Aunque Moto se libró de una orden de captura, el exjuez tiene una orden de aprehensión vigente, aunque esta es por el caso Libramiento de Chimaltenango.

El juez Tercero Penal, Geilser Pérez, de momento tiene el expediente por el cual se solicitó orden de captura en contra de Moto en abril de 2021 por el Caso Libramiento de Chimaltenango, la cual está vigente, pero en este proceso Pérez se ha excusado de conocer el caso y no se ha resuelto su intención de apartarse.

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En este caso, la Fiscalía contra la Corrupción la requirió por un supuesto soborno dentro de dicho proceso, mismo que implica al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito.

Según el Ministerio Público (MP), Moto a quien identifica como exjuez tercero penal, “habría recibido un soborno en efectivo presuntamente pagado por personas vinculadas a la referida investigación para favorecerles en la resolución que tendría que emitir en los días siguientes”.

Se trata de la resolución del 16 de octubre de 2020, cuando Moto dictó falta de mérito a favor de 16 personas detenidas y de dar medida sustitutiva a Jorge Alfredo Tejada Argueta, vicepresidente de Constructora Nacional, S.A (Conasa), y Carlos Enrique Figueroa Ravanales, administrador único y representante de Renova Ingenieros, S. A, constructoras implicadas en el caso.

Pero no solo fue un soborno, ya que el MP sostiene que Moto autorizó parcialmente acceso a información bancaria dentro del mismo caso, pero retrasó por 40 días la entrega de los oficios, “lo cual ocasionó un serio perjuicio a las actividades investigativas de la Fiscalía y la administración de justicia”.

El 8 de julio de 2021, el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) resolvió excluir a Mynor Moto, extitular del Juzgado Tercero Penal, luego de que no se presentara a la judicatura a tomar posesión del cargo por tener vigentes dos órdenes de captura.

En febrero de 2020, la Feci presentó una investigación denominada Comisiones Paralelas 2020, “en la que se expuso un conjunto de actores que se habrían reunido con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara con la finalidad de manipular las actuaciones y votaciones en las Comisiones de Postulación para la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, así como del propio Congreso de la República”, señaló el MP en esa oportunidad.

Desde que se giró la orden de captura contra Moto por el caso Comisiones Paralelas 2020, el exjuzgdor, quien dejó su cargo de juez para ocupar una magistratura ante la Corte de Constitucionalidad (CC), pero que no pudo asumir, se encuentra prófugo.

Se informó que fue el viernes 2 de diciembre pasado cuando Bremer favoreció a Moto con la revocatoria de la orden de captura y el arraigo que se había decretado cuando se le declaró en rebeldía.

Tras esa resolución, Bremer ordenó que se notificara a la Policía Internacional (Interpol) que ya no debía buscar a Moto.

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Además, esa resolución también beneficia al abogado Dennis Billy Herrera Arita, vinculado al mismo caso.

Orden de captura vigente

Aunque Moto se libró de una orden de captura, el exjuez tiene una orden de aprehensión vigente, aunque esta es por el caso Libramiento de Chimaltenango.

El juez Tercero Penal, Geilser Pérez, de momento tiene el expediente por el cual se solicitó orden de captura en contra de Moto en abril de 2021 por el Caso Libramiento de Chimaltenango, la cual está vigente, pero en este proceso Pérez se ha excusado de conocer el caso y no se ha resuelto su intención de apartarse.

En este caso, la Fiscalía contra la Corrupción la requirió por un supuesto soborno dentro de dicho proceso, mismo que implica al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito.

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Según el Ministerio Público (MP), Moto a quien identifica como exjuez tercero penal, “habría recibido un soborno en efectivo presuntamente pagado por personas vinculadas a la referida investigación para favorecerles en la resolución que tendría que emitir en los días siguientes”.

Se trata de la resolución del 16 de octubre de 2020, cuando Moto dictó falta de mérito a favor de 16 personas detenidas y de dar medida sustitutiva a Jorge Alfredo Tejada Argueta, vicepresidente de Constructora Nacional, S.A (Conasa), y Carlos Enrique Figueroa Ravanales, administrador único y representante de Renova Ingenieros, S. A, constructoras implicadas en el caso.

Pero no solo fue un soborno, ya que el MP sostiene que Moto autorizó parcialmente acceso a información bancaria dentro del mismo caso, pero retrasó por 40 días la entrega de los oficios, “lo cual ocasionó un serio perjuicio a las actividades investigativas de la Fiscalía y la administración de justicia”.

El 8 de julio de 2021, el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) resolvió excluir a Mynor Moto, extitular del Juzgado Tercero Penal, luego de que no se presentara a la judicatura a tomar posesión del cargo por tener vigentes dos órdenes de captura.

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Conflicto de interés

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) en febrero de 2020 presentó la investigación denominada “Comisiones Paralelas 2020” en la que se expuso un mecanismo en el que participaban políticos, jueces, magistrados, diputados y el operador político Gustavo Adolfo Alejos Cámbara con la finalidad de manipular las votaciones para elegir las cortes nacionales.

Entre las reuniones que logró documentar la Fiscalía está un acercamiento de Alejos Cámbara, Dennis Billy Herrera Arita y el juez Geisler Smaille Pérez Domínguez (aspirante a magistrado).

Asimismo, los fiscales evidenciaron que Moto días antes del lanzamiento de su candidatura a magistrado de la Corte de Constitucionalidad -11 de diciembre de 2020-, se reunió con el juez Geisler Pérez y con el abogado Juan Carlos Borrayo Carbajal, quien fungía como abogado director de Gustavo Adolfo Alejos Cámbara en el caso Negociantes de la Salud.

Antecedentes

En febrero de 2020, la Feci presentó una investigación denominada Comisiones Paralelas 2020, “en la que se expuso un conjunto de actores que se habrían reunido con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara con la finalidad de manipular las actuaciones y votaciones en las Comisiones de Postulación para la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, así como del propio Congreso de la República”, señaló el MP en esa oportunidad.

Según se informó, los abogados de Moto, quien está prófugo de la justicia, plantearon una acción legar en el Juzgado Décimo Penal B, que dirige Jimi Bremer, para que resolviera un incidente de inhibitoria.

El juez Bremer se declaró competente para conocer el proceso del exjuez Mynor Moto y ordenó que el expediente fuera retirado del Juzgado de Mayor Riesgo D.

El juez Bremer realizó la audiencia sin que el implicado estuviera presente y resolvió a su favor el incidente de inhibitoria, con lo cual ahora el caso pasa a ese juzgado.

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Por su parte, el Ministerio Público (MP), señaló que la fiscalía se opuso a que se desarrollara la audiencia ya que no estaba presente Mynor Moto; sin embargo, el juez la llevó cabo y por esa razón se planteó actividad procesal defectuosa.

Agregó que dicha fiscalía va presentar las acciones como legalmente le corresponda.

El caso Moto

Moto tiene órdenes de captura por el delito de obstrucción a la justicia por el caso Comisiones Paralelas 2020 y por un supuesto acto de cobro de soborno en el caso Libramiento de Chimaltenango.

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El abogado es prófugo de la justicia desde el 1 de febrero, cuando Erika Aifán, quien en ese tiempo dirigía el Juzgado de Mayor Riesgo D, firmó la orden de captura por el caso Comisiones Paralelas 2020. Está señalado del delito de obstrucción a la justicia.

En febrero de 2020, la Fiscalía Especial contra La Impunidad (Feci) presentó una investigación denominada “Comisiones Paralelas 2020”, en la que se expuso un conjunto de actores que se habrían reunido con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara (sindicado en varios casos de corrupción).

Según el MP, la finalidad de las reuniones fue manipular las actuaciones y votaciones en las Comisiones de Postulación para la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, así como del propio Congreso de la República.

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Esto originó la continuidad de la investigación, el otorgamiento por la Corte de Constitucionalidad (CC) de un amparo a la fiscal general Consuelo Porras, y el planteamiento de antejuicio contra 16 funcionarios judiciales involucrados en la pesquisa.

El MP explicó en su oportunidad que en el marco del proceso de investigación se ha documento distintos eventos, entre estos, reuniones del hermano de quien fungió como comisionado postulador Dennis Billy Herrera Arita, Douglas Herrera, comisionado de postulación), con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara (operador externo) y el juez Geisler Smaille Pérez Domínguez (aspirante a magistratura de la Sala de Apelaciones).

Señala que se demostró que Dennis Billy Herrera Arita, tenía comunicación telefónica y/o en redes de mensajería instantánea con Alejos Cámbara y también que Douglas Eduardo Herrera Arita participó en un evento de apoyo al juez Mynor Moto en sus aspiraciones por convertirse en magistrado de la CC nominado por el Colegio de Abogados y Notarios.

Ya no podrá ser juez

El Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) resolvió excluir a Mynor Mauricio Moto Morataya, extitular del Juzgado Tercero Penal, de la Carrera Judicial, luego de que no se presentó a la judicatura a tomar posesión del cargo por tener vigentes dos órdenes de captura, el 8 de julio de 2021.

Con dicha resolución se confirma que Moto no podrá volver a ejercer como juez.

Desde febrero del presente año Moto es buscado por las autoridades y no se resolvía la situación del exfuncionario.

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El CCJ había resuelto no extender un permiso que tenía el exjuzgador para ausentarse de sus labores, lo que dio vía libre para iniciar un proceso de separación del cargo.

Moto presentó recusación en contra de la jueza del Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Virginia de León, al asegurar que existe enemistad entre ellos.

La jueza conoce de momento el expediente por el cual se solicitó orden de captura en contra de Moto en abril de 2021 por el Caso Libramiento de Chimaltenango.

En este caso, la Fiscalía contra la Corrupción la requirió por un soborno dentro del referido caso, mismo que implica al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito.

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Según el Ministerio Público (MP), Moto a quien identifica como exjuez tercero penal, “habría recibido un soborno en efectivo presuntamente pagado por personas vinculadas a la referida investigación para favorecerles en la resolución que tendría que emitir en los días siguientes”.

Se trata de la resolución del 16 de octubre de 2020 cuando moto dictó falta de mérito contra 16 personas detenidas y de dar medida sustitutiva a Jorge Alfredo Tejada Argueta, vicepresidente de Constructora Nacional, S.A (Conasa), y Carlos Enrique Figueroa Ravanales, administrador único y representante de Renova Ingenieros, S. A, constructoras implicadas en el caso.

Pero no solo fue un soborno, ya que el MP sostiene que Moto autorizó parcialmente acceso a información bancaria dentro del mismo caso, pero retrasó por 40 días la entrega de los oficios, “lo cual ocasionó un serio perjuicio a las actividades investigativas de la fiscalía y la administración de justicia”.

El 8 de julio 2021, el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) resolvió excluir a Mynor Moto, extitular del Juzgado Tercero Penal, de la Carrera Judicial, luego de que no se presentó a la judicatura a tomar posesión del cargo por tener vigentes dos órdenes de captura.

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Con dicha resolución se confirmó que Moto no podrá volver a ejercer como juez.

Moto tiene órdenes de captura por el delito de obstrucción a la justicia por el caso Comisiones Paralelas 2020 y por un supuesto acto de cobro de soborno en el caso Libramiento de Chimaltenango.

Moto buscaba que la jueza de mayor riesgo “D” fuera investigada por autorizar una orden de captura en su contra en el caso Comisiones Paralelas 2020.

El exjuez argumentaba que Aifán había cometido una ilegalidad al autorizar su orden de captura pues gozaba de inmunidad por haber sido juramentado como magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC).

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Moto tiene orden de captura desde el 26 de enero último, firmada por Aifán. Ese mismo día el exjuez había acudido a la CC para asumir el cargo de magistrado titular designado mediante elección por el Colegio de Abogados y posteriormente juramentado por el Congreso mediante un amparo provisional porque el proceso estaba detenido ante varias impugnaciones en el tribunal electoral del colegio.

El 2 de febrero, Mynor Moto fue declarado en rebeldía y bajo arraigo por Aifán, que ordenó su captura por el delito de conspiración para la obstrucción a la justicia.

Este martes, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia denegaron las tres recusaciones interpuestas por Aifán contra de los togados Vitalina Orellana y Orellana, Sergio Amadeo Pineda Castañeda y Nery Osvaldo Medina Méndez, que conocerían la solicitud de antejuicio que interpuso Moto. 

Aifán demandó recientemente al Estado de Guatemala debido a “fuertes amenazas a su independencia judicial y seguridad personal por parte de círculos poderosos en Guatemala, incluso dentro del poder judicial”, según un comunicado difundido el martes 7 de septiembre.

Los tres magistrados fueron confirmados para conocer la solicitud de antejuicio presentada por el exjuez Mynor Moto, quien busca que Aifán sea investigada por el Ministerio Público (MP), por considerar que incurrió en un delito al autorizar su orden de detención.

Además, la CSJ volvió a imponer una multa de Q500 a la jueza y al abogado que planteó los recursos legales contra los magistrados en mención.

El pasado 5 de agosto, la CSJ dio trámite a las recusaciones promovidas por Aifán, pero fueron resueltas por el pleno hasta este martes.

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El 2 de febrero, Mynor Moto fue declarado en rebeldía y bajo arraigo por Erika Aifán, que ordenó su captura por el delito de conspiración para la obstrucción a la justicia.

Aifán firmó la orden de captura a solicitud de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), que vincula a Moto en el caso “Comisiones paralelas 2020” y a quien consideró no idóneo para el cargo de magistrado.

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El 10 de febrero 2021, Aifán también pidió a la CSJ que los magistrados Silvia Valdés y Manuel Duarte no conocieran el antejuicio promovido en su contra por Moto. La juzgadora argumentó en esa ocasión de que ambos opinaron y pidieron informe por allanamiento a Juzgado Tercero, que estuvo a cargo de Moto.

Demanda al Estado de Guatemala

Aifán demandó recientemente al Estado de Guatemala debido a “fuertes amenazas a su independencia judicial y seguridad personal por parte de círculos poderosos en Guatemala, incluso dentro del poder judicial”, según un comunicado difundido el martes 7 de septiembre.

La petición fue presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su equipo legal probono de King & Spalding y el Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional (Vance Center), quien emitió un comunicado con la información.

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Recuerda que la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Aifán en 2019, pero que recientemente han surgido nuevas amenazas en procesos judiciales ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala que buscan retirar su inmunidad judicial mediante antejuicios.

La petición presentada por Aifán contra el Estado de Guatemala es por denuncias de violaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La citación es por un nuevo caso en el que se le juzgará por el abandono de cargo.

La pesquisa se originó por una denuncia que interpuso Juan Francisco Sandoval antes de ser despedido de la Fiscalía Especial contra la Impunidad por Consuelo Porras.

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Se informó que la diligencia fue agendada para el próximo 9 de septiembre.

El exjuez Moto tiene vigentes dos órdenes de captura y permanece prófugo de la justicia, ya que está vinculado con los casos Comisiones Paralelas 2020 y Libramiento de Chimaltenango.

El Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) resolvió el 8 de julio último excluir a Moto Morataya, extitular del Juzgado Tercero Penal, de la Carrera Judicial, luego de que no se presentó a la judicatura a tomar posesión del cargo por tener vigentes dos órdenes de captura.

Con dicha resolución se confirmó que Moto, no podrá volver a ejercer como juez.

En febrero de 2020, la Feci presentó una investigación denominada “Comisiones Paralelas 2020”, en la que se expuso un conjunto de actores que se habrían reunido con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara (sindicado en varios casos de corrupción).

Según el MP, la finalidad de las reuniones fue manipular las actuaciones y votaciones en las Comisiones de Postulación para la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, así como del propio Congreso de la República.

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El 12 de abril de 2021 Moto sumó su segunda orden de captura, esta vez por el caso Libramiento Chimaltenango.

Según el MP, Moto, a quien identifica como exjuez tercero penal, “habría recibido un soborno en efectivo presuntamente pagado por personas vinculadas a la referida investigación para favorecerles en la resolución que tendría que emitir en los días siguientes”.

Mynor Moto, cuando era juez Tercero Penal; Claudia Paola Mansilla Figueroa, asistente de un asesor de la fiscal general; el abogado Dennis Billy Herrera Arita y Marco Aurelio Alveño Hernández habrían definido la estrategia, según la declaración que leyó la jueza Aifán este martes 24 de agosto en una audiencia en la que Herrera Arita pidió modificación al delito por el que está procesado.

Estos detalles no se habían conocido debido a que la audiencia de primera declaración de Herrera Arita estaba bajo reserva.

La declaración que obtuvo la Feci es de Alveño Hernández y fue en julio pasado.

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“Recuerdo que el 6 de agosto de 2020 nos reunimos con Claudia Paola Mansilla Figueroa y el juez Mynor Mauricio Moto Morataya con el objeto de abordar varios temas, entre ellos sobre apartamientos. Mynor Moto ya estaba viendo lo de su candidatura a la Corte de Constitucionalidad. En esa ocasión Mynor Moto llegó en forma apresurada, pero me pidió que nos volviéramos a reunir y salió a relucir el plan que estaba gestando entre Paola, Moto y Dennis Billy Herrera Arita a efecto de señalar que la jueza Erika Aifán era incompetente de conocer en el caso Comisiones Paralelas”, refiere la declaración.

Agrega: “El fundamento para señalar que la jueza Aifán era incompetente era que cualquier hallazgo que se diera dentro del proceso principal debería ser puesto en conocimiento de la Oficina de Atención Permanente del Ministerio Público y solicitar control judicial de la causa”.

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El testigo detalló: “En esa reunión Paola -Claudia Paola Mansilla Figueroa- presume que a ella se le había ocurrido la estrategia de la discrepancia, pero Dennis Herrera y su hermano -Douglas Herrera Arita- con quienes son grandes amigos comentó, que no lo habían plasmado correctamente”.

En la audiencia la jueza Aifán no aceptó reformar el delito a Herrra Arita quien continúa ligado a proceso por conspiración para la obstrucción de la justicia. La defensa del abogado pidió modificar la figura delictiva a obstaculización a la acción penal.

Análisis de veracidad

El 25 de julio pasado, un medio nacional publicó una nota sobre supuestas filtraciones en del Ministerio Público de información de casos relevantes llevados por la Feci y la Fiscalía ofreció hacer un análisis para determinar la veracidad de los señalamientos.

La nota se basa en la supuesta declaración otorgada a la Feci por Alveño Hernández en calidad de sindicado, el pasado 13 de julio.

En el supuesto testimonio, en el que también se adjuntan otras pruebas como la impresión de correos electrónicos, imágenes y conversaciones, Alveño delata el papel de Claudia Paola Mansilla Figueroa dentro del Ministerio Público (MP).

Revela que Mansilla, que fue su compañera de estudios en la Universidad de San Carlos, le contó en junio del 2020 que laboraba como asesora de Héctor Aníbal de León Velasco, que a la vez era asesor de la fiscal General, María Consuelo Porras, y quien tenía a su cargo los proyectos de apartamiento de fiscales en el Despacho Superior del MP.

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En la declaración testimonial, Alveño cuenta que Édgar Barquín, expresidente del Banco de Guatemala, de quien era abogado, le dijo el 15 de mayo de 2020 que estaba preocupado porque policías se encontraban haciendo preguntas en su domicilio en la zona 16 capitalina, y que luego tuvieron información de que se trataba de una investigación sobre el caso Bancafé.

Alveño dijo que, por ese caso, Barquín había tenido “un acercamiento” con la fiscal General “por instancias del Presidente de la República” a través de Ángel Pineda.

EL abogado dijo que, entre otras acciones, se le instruyó que “se solicitara el apartamiento de los fiscales a cargo del caso”.

Barquín también le pidió que fuera con el juez Miguel Ángel Gálvez, a cargo del caso, para obtener más información sobre la orden de aprehensión, quien le confirmó que no podía emitir una orden de aprehensión sin fundamento.

“Plan elaborado”

De acuerdo con la declaración testimonial de Alveño, en agosto de 2020 se reunió con Claudia Mansilla y el exjuez Mynor Moto, donde le revelaron un plan para señalar que la jueza Érika Aifán “era incompetente de conocer el caso Comisiones Paralelas”, pero que dicho plan, elaborado junto con Dennis Billy Herrera, iba a ser rechazado, por lo que pidieron asesoría, ampliaron la solicitud y fue así como el 29 de octubre de 2020 fue declarado con lugar el planteamiento.

Alveño asegura que, aparte de las reuniones personales, todas las comunicaciones se dieron a través de Telegram, pero con mensajes “autodestruibles”..

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Relata que después de que el caso fue trasladado a la Fiscalía de Delitos Transnacionales, tal y como Mansilla se los había adelantado, ella llegó a su despacho para exigirle Q50 mil por el “apartamiento del Lic. Édgar Barquín, y que, además, le pidió que se reuniera con Maynor Moto para apoyarlo en la campaña para su elección como magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Casos de la Feci

Alveño asegura que el 11 de noviembre del 2020, Mansilla lo visitó en su apartamento para recibir un adelanto de Q30 mil del pago requerido, quedando pendientes 20 mil.

Asegura que ese día, Mansilla llevó un informe con todos los casos que se llevaban en la Feci y le ofreció una copia; sin embargo, él se negó a recibirla, pero anotó los números de casos y personas en un documento que le fue incautado después por las autoridades durante un allanamiento.

El abogado continúa diciendo que el 18 de noviembre de 2020 se reunió personalmente con Moto y Mansilla, en donde le volvieron a pedir su apoyo para la elección a la CC.

“Me señaló Mynor Moto que la Licda. Éricka Aifán había comenzado con sus berrinches respecto de la discrepancia planteada; Paola Mansilla agregó que el Lic. Juan Francisco Sandoval estaba necio con operativizar el caso, pero que la Fiscal General no lo había dejado, según ella había escuchado en el Despacho Superior”, relata el abogado en la supuesta declaración testimonial.

Alveño también declaró que en una ocasión Francisco García Gudiel le contó que estaba siendo investigado por la Feci y que un agente del Deic le confirmó la investigación, por lo que le pidió que se reunieran para ver si le podía ayudar.

Cuenta que en la reunión llamaron a Mansilla y esta les confirmó que el caso en el que estaba involucrado García Gudiel era del Construcción y Corrupción. Mansilla también les habría pedido US$9 mil, la mitad por adelantado, por el apartamiento del caso, de lo que pagaron US$4 mil 500 el 23 de enero de 2020.

Además, el 26 de febrero de 2021, Alveño se enteró de que la Feci estaba efectuando allanamientos por una filtración de información que se le hizo llegar al sindicado Gustavo Alejos, exsecretario presidencial.

Alveño cuenta que, preocupado llamó a Mansilla, y esta le dijo que él estaba “clean” (limpio).

La CC solicitó documentación dentro de un proceso para “mejorar fallar” en un plazo de tres días, luego de ser notificado el presente auto para que el Consejo de la Carrera Judicial informe a esa Corte la situación actual de Mynor Mauricio Moto Morataya -postulante-, en el sentido de si ostenta o no la calidad de juez.

También al Juez Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Procesos de Mayor Riesgo, Grupo “D”  -autoridad denunciada-, para que informe a la CC en qué estado se encuentra el proceso penal subyacente a la presente acción, identificado con el número 1073-2016-359.

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Los requerimientos anteriores se realizan bajo los apercibimientos contenidos en la ley de la materia, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en que se pueda incurrir por incumplimiento. Articulo 265, 268, 272 literal i) de la Constitución Política de la República de Guatemala.

El caso Mynor Moto

En febrero de 2020, la Feci presentó una investigación denominada “Comisiones Paralelas 2020”, en la que se expuso un conjunto de actores que se habrían reunido con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara (sindicado en varios casos de corrupción).

Según el MP, la finalidad de las reuniones fue manipular las actuaciones y votaciones en las Comisiones de Postulación para la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, así como del propio Congreso de la República.

El ente investigador explicó que en el marco del proceso de investigación se ha documento distintos eventos, entre estos, reuniones del hermano de quien fungió como comisionado postulador Dennis Billy Herrera Arita, Douglas Herrera, comisionado de postulación), con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara (operador externo) y el juez Geisler Smaille Pérez Domínguez (aspirante a magistratura de la Sala de Apelaciones).

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Señala que se demostró que Dennis Billy Herrera Arita, tenía comunicación telefónica y/o en redes de mensajería instantánea con Alejos Cámbara.

El MP comprobó que Douglas Eduardo Herrera Arita participó en un evento de apoyo al juez Mynor Moto en sus aspiraciones por convertirse en magistrado de la CC nominado por el Colegio de Abogados y Notarios.

Señala que “es de conocimiento que Mynor Moto pretende asumir arbitrariamente el control de la investigación del caso Comisiones Paralelas 2020, a petición de Dennis Billy Herrera Arita”.

Añade que el juez Moto Morataya fue documentado unos días antes de su lanzamiento como candidato a magistrado de la CC (11 de diciembre de 2020), en reunión con el juez Geisler Smaille Pérez Domínguez y con el abogado Juan Carlos Borrayo Carbajal, quien funge como abogado director de Gustavo Adolfo Alejos Cámbara en el caso Negociantes de la Salud y que a su vez auxilió en gestiones al diputado Jorge Estuardo Vargas Morales en el caso Financiamiento ilícito UNE (este último también se reunió con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, en febrero de 2020), según el MP.

El 4 de enero del 2021 el MP informó que en el marco del caso Comisiones Paralelas 2020, la Feci solicitó el retiro de la inmunidad en contra del juez tercero de primera instancia penal, Mynor Mauricio Moto Morataya por los delitos de conspiración para la obstrucción de justicia y prevaricato.

Electo magistrado de la CC

El 18 de enero de 2021 Mynor Moto fue electo como magistrado titular del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), para concluir el período 2016-2021 en la Corte de Constitucionalidad.

El juez Moto, al ganar la elección del Colegio de Abogados y Notarios para tomar posesión de la vacante de Mejía solicitó al CCJ que le otorgara la excedencia para atender su designación como magistrado de la CC, la que concluía el 13 de abril del 2021 y esta fue autorizada.

El 26 de enero pasado, el Congreso de la República juramentó a Moto a pesar de que había pendientes varios recursos legales.

Por estas acciones, La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del MP, citó a declarar a los integrantes del CCJ para que aclaren sobre el retiro voluntario autorizado – excedencia- a Moto y con el que dejó de ejercer funciones como juez.

Orden de captura

El 1 de febrero de 2021, Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D, firmó la orden de captura contra Moto por el caso Comisiones Paralelas 2020. y está activada la difusión roja de Interpol para arrestarlo.

El 4 de febrero, la CC dejó en suspenso la juramentación de Mynor Moto, para ocupar una magistratura titular en ese tribunal.

La Corte informó que otorgó el amparo porque Moto fue juramentado cuando había seis impugnaciones pendientes de resolución en el tribunal electoral del Cang .

El 15 de febrero, la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo no otorgó amparo provisional a Mynor Moto y confirmó la orden de captura por el caso Comisiones Paralelas 2020.

El 12 de abril pasado Moto sumo su segunda orden de captura, esta vez por el caso Libramiento Chimaltenango.

Según el MP,  Moto, a quien identifica como exjuez tercero penal, “habría recibido un soborno en efectivo presuntamente pagado por personas vinculadas a la referida investigación para favorecerles en la resolución que tendría que emitir en los días siguientes”.

Se trata de la resolución del 16 de octubre de 2020 donde Moto dictó falta de mérito contra 16 personas detenidas y de dar medida sustitutiva a Jorge Alfredo Tejada Argueta, vicepresidente de Constructora Nacional, SA (Conasa), y Carlos Enrique Figueroa Ravanales, administrador único y representante de Renova Ingenieros, SA, constructoras implicadas en el caso.

Pero no solo fue un soborno. El Ministerio Público sostiene que Moto autorizó parcialmente acceso a información bancaria dentro del mismo caso, pero retrasó por 40 días la entrega de los oficios, “lo cual ocasionó un serio perjuicio a las actividades investigativas de la Fiscalía y la administración de justicia”.

Acciona contra jueza Aifán

Mynor Moto, por medio de un abogado, presentó el martes 13 de abril un amparo con el que busca retomar su cargo como juez Tercero Penal luego que venciera la excedencia (permiso) que le había otorgado el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ), luego que fue electo como magistrado de la Corte de Constitucionalidad, para concluir el período el período 2016-2021, luego del fallecimiento de Bonerge Amilcar Mejía Orellana.

Mynor Moto no podrá volver a ser juez

El 8 de julio pasado, el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) resolvió excluir a Mynor Mauricio Moto Morataya, extitular del Juzgado Tercero Penal, de la Carrera Judicial, luego de que no se presentó a la judicatura a tomar posesión del cargo por tener vigentes dos órdenes de captura.

Con dicha resolución se confirma que Moto no podrá volver a ejercer como juez.

Las recusaciones fueron contra los magistrados Vitalina Orellana, Nery Medina y Sergio Pineda, para que no conozcan el antejuicio presentado por Mynor Moto en su contra. Las mismas serán resueltas en pleno.

El 2 de febrero, Mynor Moto fue declarado en rebeldía y bajo arraigo por Erika Aifán, que ordenó su captura por el delito de conspiración para la obstrucción a la justicia.

Aifán firmó la orden de captura a solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), que vincula a Moto en el caso Comisiones paralelas 2020 y quien consideró no idóneo para el cargo de magistrado.

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La Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo no otorgó amparo provisional a Mynor Moto y confirmó la orden de captura por el caso Comisiones Paralelas 2020.

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El 10 de febrero 2021, la  jueza Aifán también pidió a la CSJ que los magistrados Silvia Valdés y Manuel Duarte no conocieran el antejuicio promovido en su contra por Mynor Moto.

La juzgadora argumentó en esa ocasión de que ambos opinaron y pidieron informe por allanamiento a Juzgado Tercero, que estuvo a cargo de Moto.

Con dicha resolución se confirma que Moto no podrá volver a ejercer como juez.

Desde febrero del presente año Moto es buscado por las autoridades y no se resolvía la situación del exfuncionario.

El CCJ había resuelto no extender un permiso que tenía el exjuzgador para ausentarse de sus labores, lo que dio vía libre para iniciar un proceso de separación del cargo.

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El proceso de separación de Moto como juez había iniciado el viernes 23 de abril de 2021 por no haber tomado posesión del cargo en el Juzgado Tercero Penal el 14 de abril pasado.

Moto tiene órdenes de captura por el delito de obstrucción a la justicia por el caso Comisiones Paralelas 2020 y por un supuesto acto de cobro de soborno en el caso Libramiento de Chimaltenango.

El abogado es prófugo de la justicia desde el 1 de febrero, cuando Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D, firmó la orden de captura por el caso Comisiones paralelas 2020. Está señalado del delito de obstrucción a la justicia.

El caso de Mynor Moto

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Los 14.5 kilómetros de cuatro carriles que se planificaron para aliviar el paso de la carretera, denominada “Libramiento de Chimaltenango”, fueron presumidos en abril de 2019 por Morales como una “megaobra” e “hito histórico” para beneficiar a más de seis millones de guatemaltecos.

Pero dos años después, la carretera sufre seriamente en invierno y es prácticamente alérgica a las lluvias, además, el costo de la inversión creció una cuarta parte de su presupuesto original y la obra aún no ha sido recibida de manera oficial por el Gobierno.

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La primera lluvia del año en que Morales inauguró el tramo fue el prólogo de una novela sin final, con inundaciones continuas y deslizamientos de tierra que han desnudado una polémica carretera de taludes con revestimientos de un concreto que se desmorona en varios sectores con cada acumulación importante de agua.

La semana pasada, un nuevo abatimiento de tierra en la autopista, en los kilómetros 60 y 61 rumbo a la Ciudad de Guatemala, provocó nuevos dolores de cabeza a los usuarios del tramo y también ha puesto en riesgo su seguridad.

A decir del ingeniero encargado de la obra, Jonathan Orellana, el movimiento de tierra no fue propiamente un deslizamiento de tierra o un derrumbe, a pesar de que dos carriles quedaron completamente cubiertos por el material rocoso.

“Estamos haciendo un abatimiento, arreglando uno de los taludes. Nosotros estábamos arreglando, pero la tormenta del martes fue extraordinaria y, sin embargo, lo solucionamos en dos días. Limpiamos y ahorita está normal”, enfatizó.

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“El estado del tramo es bueno, en general la viabilidad es increíble. Pasan unos dos mil carros por hora. No se ha interrumpido la viabilidad del proyecto, ni con el evento del martes 8 de junio”, aseguró Orellana.

El ingeniero sostiene que en los próximos días se volverá a entregar la “megaobra” al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) para que dé trámite a la recepción final del proyecto.

“La megaobra lo es. Otra carretera de estas no hay en Latinoamérica, por sus dimensiones y cantidades de trabajo. Se movieron casi 5 millones de metros cúbicos de tierra, se pusieron bóvedas que no encontrábamos. El proyecto tiene mucha ingeniería. Yo viajo mucho y otro libramiento similar en Centroamérica no hay”, apuntó.

Un megafraude

En julio de 2020, fueron capturadas 17 personas por las anomalías técnicas, financieras y administrativas alrededor de la construcción de la autopista, pero tres meses después, en octubre, el juez a cargo del proceso, Mynor Moto, dictó falta de mérito en contra de los acusados y los liberó.

Moto, quien estuvo a punto de ser juez del máximo tribunal del país este mismo año, en la Corte de Constitucionalidad, se encuentra fugado de las autoridades, acusado de retardar la justicia y de incumplimiento de deberes por el caso.

El proceso judicial fue reactivado en febrero y se vinculó a la supuesta trama de corrupción al exministro de Comunicaciones de la Administración de Jimmy Morales, José Luis Benito, cuyo paradero es desconocido.

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Benito también está acusado por la aparición en 2020 de US$15.7 millones en efectivo en maletas dentro de una residencia bajo su supuesta supervisión.

Con la reactivación del caso en febrero pasado se realizaron seis capturas a empresarios e ingenieros, cinco de los cuales habían sido beneficiados por Moto.

Todos están acusados de fraude en una construcción inicialmente adjudicada a la empresa Constructora Nacional, Sociedad Anónima (Conasa) y que, tras su inhabilitación por otros casos de corrupción con el Gobierno, pasó a su subsidiaria Renova.

Recomendación de cierre

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomendó a finales de 2019 “que se realizaran los trabajos de mitigación para que se evitara este tipo de problemas y en su momento se sugirió que se diera el cierre del paso en ese lugar.

“Ese extremo se cumplió durante la noche en buena parte del 2020”, narró el portavoz de la entidad de protección civil, David de León.

El informe de evaluación de la Conred de 2019, emitido semanas después de los primeros derrumbes, sostuvo que “las características litológicas de las rocas de la zona están conformadas por intercalaciones de bloques de basalto, tefra y paleosuelos residuales -suelo tipo volcánico-“.

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Estos materiales “poseen baja cohesión y son altamente susceptibles a erosión desprendimientos al contacto con el agua” añade.

La Administración actual del Ministerio de Comunicaciones prefiere no hacer comentarios oficiales al respecto de la “megaobra”, aunque la dirección de comunicación social subrayó que la actual entidad “jamás ha tenido un comentario similar ni se ha calificado como tal, pues los calificativos quedaron con las autoridades anteriores”.

Por el momento, la autopista continuará en funcionamiento mientras las autoridades investigan los supuestos desfalcos en la construcción del tramo, en uno de los países más corruptos del continente, según índices de organismos internacionales.

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Esta resolución es distinta a la separación del cargo que aún el Consejo de la Carrera Judicial no finaliza.

La Dirección de Comunicación del Organismo Judicial explicó: “Es oportuno hacer mención que el Órgano rector para lo concerniente a jueces y magistrados es el Consejo de la Carrera Judicial, quien a su vez hace las peticiones que estime pertinentes a la Corte Suprema de Justicia”.

Asimismo, el Organismo Judicial aclaró: “El referido Consejo solicitó a la Corte Suprema de Justicia, la renovación del período constitucional para varios jueces, en dicha solicitud se incluyó a Mynor Moto, la Corte Suprema de Justicia sobre tal extremo excluyó del listado a Mynor Moto, por encontrarse inactivo en el servicio”.

Moto el 14 de abril pasado tuvo que presentarse al Juzgado Tercero Penal a retomar el cargo del cual estaba ausente con una excedencia que se le autorizó para participar en la elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad.

El 18 de enero pasado Moto gana las elecciones en el Colegio de Abogados para terminar de completar magistratura en el Tribunal Constitucional del periodo 2016-2021. Ocho días después fue juramentado en el Congreso.

El 1 de febrero la jueza de Mayor Riesgo D dictó orden de captura contra Moto por su implicación en el caso Comisiones Paralelas.

El 4 de febrero la Corte de Constitucionalidad dejó en suspenso la juramentación y la resolución fue por un amparo provisional para Alfonso Carrillo, Manfredo Marroquín y Edie Cux, y María Eugenia Mijangos contra el Congreso de la República.

Los magistrados Dina Ochoa y Roberto Molina Barreto votaron en contra del amparo y razonaron su voto.

El pleno se integró con Gloria Porras, Roberto Molina, Francisco de Mata Vela, Dina Ochoa y María Cristina Fernández García.

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La Corte argumentó que otorgó el amparo porque Moto fue juramentado cuando había seis impugnaciones pendientes de resolución en el tribunal electoral del Colegio de Abogados.

En la actualidad el Consejo de la Carrera Judicial ordenó una investigación al órgano disciplinario y la Corte Suprema de Justicia estaría a la espera de que el Consejo le haga saber el resultado y así resolver.

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“Se impone a la recusante una multa de Q500 por la improcedencia de la recusación”, señala el fallo judicial.

Tanto Valdés como Duarte tienen vía libre para conocer la solicitud de retiro de inmunidad planteada por Moto contra Aifán por haber autorizado la orden de captura en el caso Comisiones Paralelas 2020.

La solicitud del retiro del derecho de antejuicio contra Aifán por petición de Moto, es por haber autorizado su orden de captura en el caso Comisiones Paralelas 2020.

El 2 de febrero, Mynor Moto fue declarado en rebeldía y bajo arraigo por Erika Aifán, que ordenó su captura por el delito de conspiración para la obstrucción a la justicia.

El 10 de febrero pasado, la jueza Aifán pidió a la CSJ que los magistrados Silvia Valdés y Manuel Duarte no conozcan el antejuicio promovido en su contra por Mynor Moto.

En esa ocasión, la juzgadora argumentó que ambos opinaron y pidieron informe por allanamiento a Juzgado Tercero, que estuvo a cargo de Moto.

Cabe resaltar que el 25 de marzo  recién pasado, en sesión el pleno de la CSJ aceptó la excusa de la magistrada Silvia Patricia Valdés para no conocer la solicitud de antejuicio presentada por Mynor Moto contra la jueza Erika Aifán.

El 11 del mismo mes, Valdés se excusó de conocer la solicitud de retiro de antejuicio contra Aifán y también argumentó en esa ocasión que duda de la imparcialidad de la juzgadora.

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En febrero de 2020, la Feci presentó una investigación denominada “Comisiones Paralelas 2020”, en la que se expuso un conjunto de actores que se habrían reunido con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara (sindicado en varios casos de corrupción y a quien recientemente Estados Unidos sancionó con la Ley Magnitsky ).

Según el Ministerio Público, la finalidad de las reuniones fue manipular las actuaciones y votaciones en las Comisiones de Postulación para la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, así como del propio Congreso de la República.

Los hechos por los que se solicitó la captura se relacionan con la concentración de personas “para defender sus propios intereses o de terceros en el proceso de postulación para magistraturas de altas cortes, según la investigación.

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Según el MP a Herrera Arita se le programó audiencia de primera declaración para este miércoles en el Juzgado de Mayor Riesgo D y se presentó a la misma, por lo que se realizó la detención, pues estaba vigente la orden de captura en su contra.

El abogado Dennis Billy Herrera Arita tenía orden de captura desde el pasado 1 de febrero, cuando el Juzgado de Mayor Riesgo D, presidido por Ericka Aifán, ordenó la detención por el delito de conspiración para la obstrucción de justicia.

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Ese día también se ordenó que se capturara al abogado Mynor Mauricio Moto Morataya, quien era juez Tercero y quien está prófugo de la justicia por los casos Comisiones Paralelas 2020 y Libramiento Chimaltenango.

El pasado 12 de abril, la defensa de Herrera Arita, informó que este se pondría a disposición de las autoridades para solventar su situación, cosa que ocurrió este miércoles 28 de abril.

Ligado a proceso

La tarde de este mismo miércoles, el juzgado de Mayor Riesgo D ligó a proceso a Herrera Arita, por el delito de conspiración para la obstrucción de la justicia.

El la Fiscalía informó que la decisión se había tomado “con fundamento en los medios de investigación presentados por el Ministerio Público y la Feci”.

Sin embargo, el abogado fue beneficiado con medidas sustitutivas, entre ellas el arresto domiciliario.

El caso

En febrero de 2020, la Feci presentó una investigación denominada “Comisiones Paralelas 2020”, en la que se expuso un conjunto de actores que se habrían reunido con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara (sindicado en varios casos de corrupción y a quien recientemente Estados Unidos sancionó con la Ley Magnitsky ).

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Según el MP, la finalidad de las reuniones fue manipular las actuaciones y votaciones en las Comisiones de Postulación para la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, así como del propio Congreso de la República.

Esto originó la continuidad de la investigación, el otorgamiento por la Corte de Constitucionalidad (CC) de un amparo a la fiscal general Consuelo Porras, y el planteamiento de antejuicio contra 16 funcionarios judiciales involucrados en la pesquisa.

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El ente investigador explica que en el marco del proceso de investigación se ha documento distintos eventos, entre estos, reuniones del hermano de quien fungió como comisionado postulador Dennis Billy Herrera Arita, Douglas Herrera, comisionado de postulación), con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara (operador externo) y el juez Geisler Smaille Pérez Domínguez (aspirante a magistratura de la Sala de Apelaciones).

Señala que se demostró que Dennis Billy Herrera Arita, tenía comunicación telefónica y/o en redes de mensajería instantánea con Alejos Cámbara.

El MP comprobó que Douglas Eduardo Herrera Arita participó en un evento de apoyo al juez Mynor Moto en sus aspiraciones por convertirse en magistrado de la CC nominado por el Colegio de Abogados y Notarios.

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Señala que “es de conocimiento que Mynor Moto pretende asumir arbitrariamente el control de la investigación del caso Comisiones Paralelas 2020, a petición de Dennis Billy Herrera Arita”.

Añade que el juez Moto Morataya fue documentado unos días antes de su lanzamiento como candidato a magistrado de la CC (11 de diciembre de 2020), en reunión con el juez Geisler Smaille Pérez Domínguez y con el abogado Juan Carlos Borrayo Carbajal, quien funge como abogado director de Gustavo Adolfo Alejos Cámbara en el caso Negociantes de la Salud y que a su vez auxilió en gestiones al diputado Jorge Estuardo Vargas Morales en el caso Financiamiento ilícito UNE (este último también se reunió con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, en febrero de 2020), según el MP.

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Además, se informó que el CCJ rechazó la solicitud de  Moto para que se le otorgara una nueva excedencia (permiso) para ausentarse de sus labores como juez tercero penal.

Moto tiene órdenes de captura por el delito de obstrucción a la justicia por el caso Comisiones Paralelas 2020 y por un supuesto acto de cobro de soborno en el caso Libramiento de Chimaltenango.

El abogado es prófugo de la justicia desde el 1 de febrero, cuando Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D, firmó la orden de captura por el caso Comisiones paralelas 2020. Está señalado del delito de obstrucción a la justicia.

Mynor Moto, por medio de un abogado, presentó el martes 13 de abril un amparo con el que buscaba retomar su cargo como juez Tercero Penal luego que venciera la excedencia (permiso) que le había otorgado el CCJ), luego que fue electo como magistrado de la Corte de Constitucionalidad, para concluir el período el período 2016-2021, luego del fallecimiento de Bonerge Amilcar Mejía Orellana.

La excedencia vencía ese 13 de abril y el CCJ le había notificado días antes a Moto que podía volver a su judicatura el 14 de abril, pero como el abogado tiene dos órdenes de captura vigentes no se presentó a tomar el cargo.

El caso de Mynor Moto

En febrero de 2020, la Feci presentó una investigación denominada “Comisiones Paralelas 2020”, en la que se expuso un conjunto de actores que se habrían reunido con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara (sindicado en varios casos de corrupción).

Según el MP, la finalidad de las reuniones fue manipular las actuaciones y votaciones en las Comisiones de Postulación para la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, así como del propio Congreso de la República.

Esto originó la continuidad de la investigación, el otorgamiento por la Corte de Constitucionalidad (CC) de un amparo a la fiscal general Consuelo Porras, y el planteamiento de antejuicio contra 16 funcionarios judiciales involucrados en la pesquisa.

El ente investigador explicó que en el marco del proceso de investigación se ha documento distintos eventos, entre estos, reuniones del hermano de quien fungió como comisionado postulador Dennis Billy Herrera Arita, Douglas Herrera, comisionado de postulación), con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara (operador externo) y el juez Geisler Smaille Pérez Domínguez (aspirante a magistratura de la Sala de Apelaciones).

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Señala que se demostró que Dennis Billy Herrera Arita, tenía comunicación telefónica y/o en redes de mensajería instantánea con Alejos Cámbara.

El MP comprobó que Douglas Eduardo Herrera Arita participó en un evento de apoyo al juez Mynor Moto en sus aspiraciones por convertirse en magistrado de la CC nominado por el Colegio de Abogados y Notarios.

Señala que “es de conocimiento que Mynor Moto pretende asumir arbitrariamente el control de la investigación del caso Comisiones Paralelas 2020, a petición de Dennis Billy Herrera Arita”.

Añade que el juez Moto Morataya fue documentado unos días antes de su lanzamiento como candidato a magistrado de la CC (11 de diciembre de 2020), en reunión con el juez Geisler Smaille Pérez Domínguez y con el abogado Juan Carlos Borrayo Carbajal, quien funge como abogado director de Gustavo Adolfo Alejos Cámbara en el caso Negociantes de la Salud y que a su vez auxilió en gestiones al diputado Jorge Estuardo Vargas Morales en el caso Financiamiento ilícito UNE (este último también se reunió con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, en febrero de 2020), según el MP.

El 4 de enero del 2021 el MP informó que en el marco del caso Comisiones Paralelas 2020, la Feci solicitó el retiro de la inmunidad en contra del juez tercero de primera instancia penal, Mynor Mauricio Moto Morataya por los delitos de conspiración para la obstrucción de justicia y prevaricato.

El 18 de enero de 2021 Mynor Moto fue electo como magistrado titular del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), para concluir el período 2016-2021 en la Corte de Constitucionalidad (CC).

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El juez Moto, al ganar la elección del Colegio de Abogados y Notarios para tomar posesión de la vacante de Mejía solicitó al CCJ que le otorgara la excedencia para atender su designación como magistrado de la CC, la que concluía el 13 de abril del 2021 y esta fue autorizada.

El 26 de enero pasado, el Congreso de la República juramentó a Moto a pesar de que había pendientes varios recursos legales.

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Por estas acciones, La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del MP, citó a declarar a los integrantes del CCJ para que aclaren sobre el retiro voluntario autorizado – excedencia- a Moto y con el que dejó de ejercer funciones como juez.

El 1 de febrero de 2021, Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D, firmó la orden de captura contra Moto por el caso Comisiones Paralelas 2020. y está activada la difusión roja de Interpol para arrestarlo.

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El 5 de febrero pasado, Moto, quien envió una carta a los miembros del CCJ en la que solicita que se le revoque la excedencia (permiso) que le habían otorgado para asumir la magistratura de dicha corte.

El 4 de febrero, la CC dejó en suspenso la juramentación de Mynor Moto, para ocupar una magistratura titular en ese tribunal.

La Corte informó que otorgó el amparo porque Moto fue juramentado cuando había seis impugnaciones pendientes de resolución en el tribunal electoral del Cang .

El 15 de febrero, la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo no otorgó amparo provisional a Mynor Moto y confirmó la orden de captura por el caso Comisiones Paralelas 2020.

El 12 de abril pasado Moto sumo su segunda orden de captura, esta vez por el caso Libramiento Chimaltenango.

Lea también: Mynor Moto suma segunda orden de captura, ahora por soborno en caso Libramiento de Chimaltenango

Según el MP,  Moto, a quien identifica como exjuez tercero penal, “habría recibido un soborno en efectivo presuntamente pagado por personas vinculadas a la referida investigación para favorecerles en la resolución que tendría que emitir en los días siguientes”.

Se trata de la resolución del 16 de octubre de 2020 donde Moto dictó falta de mérito contra 16 personas detenidas y de dar medida sustitutiva a Jorge Alfredo Tejada Argueta, vicepresidente de Constructora Nacional, SA (Conasa), y Carlos Enrique Figueroa Ravanales, administrador único y representante de Renova Ingenieros, SA, constructoras implicadas en el caso.

Pero no solo fue un soborno. El Ministerio Público sostiene que Moto autorizó parcialmente acceso a información bancaria dentro del mismo caso, pero retrasó por 40 días la entrega de los oficios, “lo cual ocasionó un serio perjuicio a las actividades investigativas de la Fiscalía y la administración de justicia”.

Y algo más. A solicitud del sindicado Tejada Argueta, Moto “pretendió obligar al MP a realizar actos que no corresponden a su mandato” y posteriormente habría cometido el delito de incumplimiento de deberes al no resolver un recurso de reposición de fecha 18 de noviembre de 2020.

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Casi paralelamente, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) envió oficios a diversas oficinas de la justicia para que tomen nota que Moto ya no es juez.

Los oficios remitidos a la Presidencia y el pleno de la Corte Suprema de Justicia, oficina de recursos humanos y Consejo de la Carrera Judicial señalan que Moto no tomó posesión del cargo ayer 14 de abril, por lo que perdió la calidad de juez, asignado al Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal.

Ayer había expectativa en torno a Moto pues, por un lado, debía presentarse de nuevo al cargo al vencer la excedencia (permiso) que había solicitado, y por otra la posibilidad de ser capturado en virtud de dos órdenes de captura en su contra. Sin embargo, no hizo ninguna comparecencia, pero al Consejo de la Carrera Judicial llegó una solicitud suya para que se ampliara la excedencia hasta que pudiera asumir la magistratura suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ganó por elección del Colegio de Abogados para el periodo 2016-2021, pero que considera que le corresponde en tanto ese colegio conoce impugnaciones contra el proceso del que resultaron elegidos Nester Vásquez, magistrado titular, y Claudia Paniagua, magistrada suplente. No obstante, la CC dejó en suspenso esa toma de posesión.

Moto tiene órdenes de captura por el delito de obstrucción a la justicia por el caso Comisiones Paralelas 2020 y por un supuesto acto de cobro de soborno en el caso Libramiento de Chimaltenango.

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Moto está acusado de los delitos de cohecho pasivo, incumplimiento de deberes y retardo de justicia en el caso denominado Libramiento de Chimaltenango.

Esta es la segunda orden de captura que tiene el abogado Moto, quien era juez Tercero Penal, pues la primera la giró Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D, el 1 de febrero pasado por el caso Comisiones paralelas 2020, en donde se lo señala de obstrucción a la justicia.

Según la información del MP, este miércoles 14 de abril se han implementado puestos de registro en diferentes puntos, así como de presencia fiscal y policial en las diferentes sedes del Organismo Judicial.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad también requirió apoyo a Policía Nacional Civil desplazó personal fiscal en sedes del Organismo Judicial buscando ejecutar la orden de captura contra Moto por caso Comisiones Paralelas 2020.

El despliegue policial para capturar a Mynor Moto es en todo el edificio del Organismo Judicial y en el pasillo que conecta al Juzgado Tercero Penal. pic.twitter.com/QaF3iPDoBe

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) April 14, 2021

Personal ingresa al Juzgado Tercero Penal al que debería presentarse Mynor Moto debido a que ayer se le venció permiso para dejar de prestar servicio como juez. pic.twitter.com/AbaSHHHLr6

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) April 14, 2021

Moto acciona contra orden de captura

La Sala Primera de Mayor Riesgo dio trámite a dos amparos presentados por la defensa de Mynor Moto contra orden de captura y pidió a la jueza de mayor riesgo riesgo D, Erika Aifán, un informe circunstanciado de lo resuelto al ordenar detención de Moto.

A los dos amparos interpuestos por la defensa de Moto les dio trámite y la sala dio plazo de 48 horas para que la jueza Aifán remita un informe.

Además, Moto presentó al Consejo de la Carrera Judicial una nueva solicitud excedencia (permiso para dejar de prestar servicio de juez). Esta vez la solicitó hasta que pueda asumir como magistrado de la CC, (por tiempo indefinido).

La CC está parcialmente integrada y todavía no se define que Nester Vásquez y Claudia Paniagua puedan asumir el cargo.

Mynor Moto ha solicitado una nueva excedencia y el Consejo de la Carrera Judicial debe resolver la petición y esto es lo que dice la Ley: pic.twitter.com/oCGhu7V5pw

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) April 14, 2021

Busca volver a ocupar su cargo como juez

Mynor Moto, por medio de un abogado, presentó el martes 13 de abril un amparo con el que busca retomar su cargo como juez Tercero Penal luego que venciera la excedencia (permiso) que le había otorgado el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ).

Moto fue electo como magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC) el 18 de enero del 2021, por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), para concluir el período el período 2016-2021, luego del fallecimiento de Bonerge Amilcar Mejía Orellana y por eso solicitó el permiso para ausentarse de su labores como juez y cumplir con la magistratura de la CC y esta le fue otorgada.

El 26 de enero pasado, el Congreso de la República juramentó a Moto a pesar de que había pendientes varios recursos legales.

Moto intentó tomar posesión de su cargo como magistrado tres veces, pero ese trámite no se cumplió y el 29 de enero, la jueza Aifán firmó la orden de captura a solicitud de la Feci que vincula a Moto en el caso Comisiones paralelas 2020 y quien consideró no idóneo para el cargo de magistrado.

El 2 de febrero la jueza Aifán declaró a Moto en rebeldía y bajo arraigo, pues se le giró orden de captura por conspiración para la obstrucción de la justicia.

El 4 de febrero, la CC dejó en suspenso la juramentación de Mynor Moto, para ocupar una magistratura titular en ese tribunal, pues había seis impugnaciones pendientes de resolver en el Tribunal Electoral del CANG.

Ese mismo día, Moto envió una carta al CCJ en el que notificaba que la CC suspendió el acto de juramentación que le había hecho el Congreso y por eso solicitaba que se dejara sin efecto la excedencia que había solicitado.

La excedencia vencía este 13 de abril de 2021 pues esa era la fecha en la que vencía el período de la CC 2016-2021. El pasado 7 de abril la CCJ notificó que Moto podía volver a su judicatura el 14 de abril, pero este tiene dos órdenes de captura vigentes, la más reciente por el caso Libramiento Chimaltenango y otra por Comisiones Paralelas 2020.

Los señalamientos

En el caso Comisiones Paralelas 2020, la Feci señala a Moto de ser parte de una concentración de personas “para defender sus propios intereses o de terceros en el proceso de postulación para magistraturas de altas cortes, quienes al ser descubiertos por el MP utilizaron la función jurisdiccional del juez Mynor Mauricio Moto Morataya para intentar obstaculizar la obtención de pruebas para el proceso y así proteger a quienes aparezcan involucrados en la investigación de la Fiscalía”.

En el caso Libramiento de Chimaltenango, el MP se refiera a Moto como exjuez tercero penal que “habría recibido un soborno en efectivo presuntamente pagado por personas vinculadas a la referida investigación para favorecerles en la resolución que tendría que emitir en los días siguientes”.

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La excedencia vencía este 13 de abril y el pasado 7 de abril, la CCJ, notificó que Moto podía volver a su judicatura el 14 de abril, pero este tiene dos órdenes de captura vigentes, la más reciente por el caso Libramiento Chimaltenango y otra por Comisiones Paralelas 2020.

El pasado lunes 12 de abril Moto sumó su segunda orden de captura. Esta vez, la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) la requirió por un soborno dentro del caso Libramiento de Chimaltenango, mismo que implica al exministro José Luis Benito.

Según el MP, Moto, a quien identifica como exjuez tercero penal, “habría recibido un soborno en efectivo presuntamente pagado por personas vinculadas a la referida investigación para favorecerles en la resolución que tendría que emitir en los días siguientes”.

Se trata de la resolución del 16 de octubre de 2020 donde Moto dictó falta de mérito contra 16 personas detenidas y de dar medida sustitutiva a Jorge Alfredo Tejada Argueta, vicepresidente de Constructora Nacional, SA (Conasa), y Carlos Enrique Figueroa Ravanales, administrador único y representante de Renova Ingenieros, SA, constructoras implicadas en el caso.

Además, el MP dice que Moto autorizó parcialmente acceso a información bancaria dentro del mismo caso, pero retrasó por 40 días la entrega de los oficios, “lo cual ocasionó un serio perjuicio a las actividades investigativas de la Fiscalía y la administración de justicia”.

La Fiscalía señala que Moto habría los delitos de cohecho pasivo, incumplimiento de deberes y retardo de justicia.

Dentro de este mismo caso cabe recordar que Moto no autorizó la captura de José Luis Benito, exministro de Comunicaciones, lo cual había solicitado la Fiscalía.

Moto es prófugo desde el 1 de febrero, cuando Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D, firmó la orden de captura por el caso Comisiones paralelas 2020. Está señalado del delito de obstrucción a la justicia.

El caso de Mynor Moto

El 18 de enero de 2021 Mynor Moto fue electo como magistrado titular del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), para concluir el período 2016-2021 en la Corte de Constitucionalidad (CC).

El juez Moto, al ganar la elección del Colegio de Abogados y Notarios para tomar posesión de la vacante de Mejía solicitó al CCJ que le otorgara la excedencia para atender su designación como magistrado de la CC, la que concluye el 13 de abril del 2021 y esta fue autorizada.

El 26 de enero pasado, el Congreso de la República juramentó a Moto a pesar de que había pendientes varios recursos legales.

Por estas acciones, La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del MP, citó a declarar a los integrantes del (CCJ) para que aclaren sobre el retiro voluntario autorizado – excedencia- a Moto y con el que dejó de ejercer funciones como juez.

El 5 de febrero pasado, Moto, quien envió una carta a los miembros del CCJ en la que solicita que se le revoque la excedencia (permiso) que le habían otorgado para asumir la magistratura de dicha corte.

El 4 de febrero, la CC dejó en suspenso la juramentación de Mynor Moto, para ocupar una magistratura titular en ese tribunal.

La Corte informó que otorgó el amparo porque Moto fue juramentado cuando había seis impugnaciones pendientes de resolución en el tribunal electoral del Colegio de Abogados.

El 15 de febrero, la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo no otorgó amparo provisional a Mynor Moto y confirmó la orden de captura por el caso Comisiones Paralelas 2020.

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Según el Ministerio Público (MP), Moto, a quien identifica como exjuez tercero penal, “habría recibido un soborno en efectivo presuntamente pagado por personas vinculadas a la referida investigación para favorecerles en la resolución que tendría que emitir en los días siguientes”.

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Se trata de la resolución del 16 de octubre de 2020 donde Moto dictó falta de mérito contra 16 personas detenidas y de dar medida sustitutiva a Jorge Alfredo Tejada Argueta, vicepresidente de Constructora Nacional, SA (Conasa), y Carlos Enrique Figueroa Ravanales, administrador único y representante de Renova Ingenieros, SA, constructoras implicadas en el caso.

Pero no solo fue un soborno. El Ministerio Público sostiene que Moto autorizó parcialmente acceso a información bancaria dentro del mismo caso, pero retrasó por 40 días la entrega de los oficios, “lo cual ocasionó un serio perjuicio a las actividades investigativas de la Fiscalía y la administración de justicia”.

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Y algo más. A solicitud del sindicado Tejada Argueta, Moto “pretendió obligar al MP a realizar actos que no corresponden a su mandato” y posteriormente habría cometido el delito de incumplimiento de deberes al no resolver un recurso de reposición de fecha 18 de noviembre de 2020.

En vista de que lo considera un exjuez, el MP pidió a la Corte Suprema de Justicia que las diligencia de antejuicio contra Moto por este caso fueran declaradas sin materia y trasladara las actuaciones hacia el Centro de Servicios Auxiliares de Justicia Penal.

Con esas actuaciones la Fiscalía señala que Moto habría los delitos de cohecho pasivo, incumplimiento de deberes y retardo de justicia.

Dentro de este mismo caso cabe recordar que Moto no autorizó la captura de José Luis Benito, exministro de Comunicaciones, lo cual había solicitado la Fiscalía.

En vista de que lo considera un exjuez, el MP pidió a la Corte Suprema de Justicia que las diligencias de antejuicio contra Moto por este caso fueran declaradas sin materia y trasladara las actuaciones hacia el Centro de Servicios Auxiliares de Justicia Penal.

Con esas actuaciones la Fiscalía señala que Moto habría los delitos de cohecho pasivo, incumplimiento de deberes y retardo de justicia.

Dentro de este mismo caso cabe recordar que Moto no autorizó la captura de José Luis Benito, exministro de Comunicaciones, lo cual había solicitado la Fiscalía.

Primer orden
Moto es prófugo desde el 1 de febrero, cuando Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D, firmó la orden de captura por el caso Comisiones paralelas 2020. Está señalado del delito de obstrucción a la justicia.

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Según el CCJ, Moto puede volver a su judicatura el 14 de abril -día que tomará posesión la próxima CC-, un día después del plazo que el mencionado pidió como excedencia para aspirar al cargo de magistrado titular de la Corte designado por el Colegio de Abogados, el cual ganó en asamblea general y fue juramentado por el Congreso, pero no pudo tomar posesión del cargo.

Al respecto, Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), expresó que la orden de captura en contra de Moto “sigue vigente” y que “nadie la ha revocado”.

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Acción Ciudadana, que presentó una denuncia por encubrimiento contra el CCJ, calificó de desafiante y alevosa la resolución de ese consejo para reintegrar a Moto, por lo que demandó que la fiscal general María Consuelo Porras y la Fiscalía contra la Corrupción rindan cuenta sobre el estado de la denuncia y cumplan con su responsabilidad de ejercer la acción penal.

Moto tiene orden de captura desde el 1 de febrero de 2021 y está activada la difusión roja de Interpol para arrestarlo.

La orden fue firmada por Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D, por el caso Comisiones Paralelas 2020.

El 2 de febrero, Mynor Moto fue declarado en rebeldía y bajo arraigo por Aifán, en virtud del delito de conspiración para la obstrucción a la justicia.

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Ese mismo día la Feci desarrolló un allanamiento en busca de Moto en un apartamento de la zona 14, del cual la fiscalía informó que recolectó indicios para la investigación.

Junto a Moto también fue declarado rebelde y bajo arraigo Dennis Billy Herrera Arita, exintegrante de la comisión de postulación para sala de Apelaciones.

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Añade que este persona tiene orden de captura, emitida por la juez de mayor riesgo D, con sustento en los medios de investigación presentados por la Fiscalía.

Juan Francisco Sandoval, de la Feci, indicó que la Interpol les informó que ha sido publicada la difusión roja relacionada con Moto.

Moto tiene orden de captura desde el 26 de enero pasado, firmada por Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D, por el caso Comisiones Paralelas 2020.

Ese mismo día Moto había acudido a la Corte de Constitucionalidad (CC) para asumir el cargo de magistrado titular designado mediante elección por el Colegio de Abogados y posteriormente juramentado por el Congreso mediante un amparo provisional porque el proceso estaba detenido ante varias impugnaciones en el tribunal electoral del colegio.

El 2 de febrero, Mynor Moto fue declarado en rebeldía y bajo arraigo por Aifán, que ordenó su captura por el delito de conspiración para la obstrucción a la justicia.

Ese mismo día la Feci desarrolló un allanamiento en busca de Moto, con orden de captura.

El cateo tuvo lugar en un inmueble de la zona 14, dijo el Ministerio Público sin precisar la dirección.

El operativo, añadió la fiscalía, fue para recolectar indicios para la investigación y determinar si allí se podría localizar a Moto.

Junto a Moto también fue declarado rebelde y bajo arraigo Dennis Billy Herrera Arita, exintegrante de la comisión de postulación para sala de Apelaciones.

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El 11 de marzo pasado, Valdés se excusó de conocer la solicitud de retiro de antejuicio contra Aifán y también argumentó en esa ocasión que duda de la imparcialidad de la juzgadora.

El 10 de febrero pasado, la jueza Aifán pidió a la CSJ que los magistrados Silvia Valdés y Manuel Duarte no conozcan el antejuicio promovido en su contra por Mynor Moto.

En esa ocasión, la juzgadora argumentó que ambos opinaron y pidieron informe por allanamiento a Juzgado Tercero, que estuvo a cargo de Moto.

La solicitud del retiro del derecho de antejuicio contra Aifán por petición de Moto, es por haber autorizado su orden de captura en el caso Comisiones Paralelas 2020.

El 2 de febrero, Mynor Moto fue declarado en rebeldía y bajo arraigo por Erika Aifán, que ordenó su captura por el delito de conspiración para la obstrucción a la justicia.

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El MP informó que el Juzgado Quinto Penal suspendió el trámite de un amparo que había presentado Moto contra el fiscal Juan Francisco Sandoval, jefe de la Feci, que buscaba que no se continuara con la persecución penal en su contra.

Con esta resolución la Feci tiene vía libre para seguir el proceso de investigación en el caso Comisiones Paralelas, por el que Moto tiene orden de captura.

El 4 de enero del 2021 el MP informó que en el marco del caso Comisiones Paralelas 2020, la Feci solicitó el retiro de la inmunidad en contra del juez tercero de primera instancia penal, Mynor Mauricio Moto Morataya por los delitos de conspiración para la obstrucción de justicia y prevaricato.

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El 19 de enero del 2021, el Juzgado Octavo Penal trasladó a la CSJ la petición de retiro del derecho de antejuicio del que gozaba el juez Mynor Moto.

El Juzgado de Mayor Riesgo D, presidido por Erika Aifán, ordenó el lunes 1 de febrero la detención de Moto y de Dennis Billy Herrera Arita por el delito de conspiración para la obstrucción de justicia, por su vinculación en el caso.

Un días después, la misma jueza declaró a Moto y a Herrera en rebeldía y bajo arraigo y desde entonces están prófugos de la justicia.

El caso

En febrero de 2020, la Feci presentó una investigación denominada “Comisiones Paralelas 2020”, en la que se expuso un conjunto de actores que se habrían reunido con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara (sindicado en varios casos de corrupción).

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Según el MP, la finalidad de las reuniones fue manipular las actuaciones y votaciones en las Comisiones de Postulación para la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, así como del propio Congreso de la República.

Esto originó la continuidad de la investigación, el otorgamiento por la Corte de Constitucionalidad (CC) de un amparo a la fiscal general Consuelo Porras, y el planteamiento de antejuicio contra 16 funcionarios judiciales involucrados en la pesquisa.

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El ente investigador explica que en el marco del proceso de investigación se ha documento distintos eventos, entre estos, reuniones del hermano de quien fungió como comisionado postulador Dennis Billy Herrera Arita, Douglas Herrera, comisionado de postulación), con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara (operador externo) y el juez Geisler Smaille Pérez Domínguez (aspirante a magistratura de la Sala de Apelaciones).

Señala que se demostró que Dennis Billy Herrera Arita, tenía comunicación telefónica y/o en redes de mensajería instantánea con Alejos Cámbara.

El MP comprobó que Douglas Eduardo Herrera Arita participó en un evento de apoyo al juez Mynor Moto en sus aspiraciones por convertirse en magistrado de la CC nominado por el Colegio de Abogados y Notarios.

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Señala que “es de conocimiento que Mynor Moto pretende asumir arbitrariamente el control de la investigación del caso Comisiones Paralelas 2020, a petición de Dennis Billy Herrera Arita”.

Añade que el juez Moto Morataya fue documentado unos días antes de su lanzamiento como candidato a magistrado de la CC (11 de diciembre de 2020), en reunión con el juez Geisler Smaille Pérez Domínguez y con el abogado Juan Carlos Borrayo Carbajal, quien funge como abogado director de Gustavo Adolfo Alejos Cámbara en el caso Negociantes de la Salud y que a su vez auxilió en gestiones al diputado Jorge Estuardo Vargas Morales en el caso Financiamiento ilícito UNE (este último también se reunió con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, en febrero de 2020), según el MP.

Mynor Moto fue electo el 18 de enero como magistrado titular del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), para concluir el período 2016-2021 en la Corte de Constitucionalidad (CC), fue juramentado por el Congreso de la República, pero no tomó posesión del cargo.

El juez Moto, al ganar la elección del CANG solicitó al CCJ que le otorgara la excedencia para atender su designación como magistrado de la CC, la que concluye el 13 de abril del 2021 y esta fue autorizada.

El 26 de enero último, el Congreso de la República juramentó a Moto, pese a que había varios recursos legales pendientes y él intentó en varias oportunidades que le dieran posesión en el cargo, pero no pudo.

El Juzgado de Mayor Riesgo D, presidido por Erika Aifán, ordenó el lunes 1 de febrero la detención de Moto y de Dennis Billy Herrera Arita por el delito de conspiración para la obstrucción de justicia, por su vinculación en el caso Comisiones Paralelas 2020.

Un días después, la misma jueza declaró a Moto y a Herrera en rebeldía y bajo arraigo y desde entonces están prófugos de la justicia.

El 4 febrero pasado la CC suspendió el acto de juramentación de Moto en el Congreso de la República y por eso no tomó posesión como magistrado titular de esa corte.

Ese mismo día Moto envió una carta a los miembros del Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) en donde solicita que se le revoque la excedencia (permiso) que le habían otorgado para asumir la magistratura en la CC.

El Consejo de la Carrera Judicial acordó, por mayoría, dar las cinco constancias de excedencia -permisos- que Mynor Moto solicitó para conservar sus condiciones legales de juez, pues levantaron el acta 21-2021, en la que detallan que Moto pertenece a la carrera judicial y sigue como juez.

El presidente de CCJ, Rolando Barrera Florián, fue el único con voto razonado disidente y considera que Moto dejó el cargo de juez el 26 de enero cuando fue juramentado por el Congreso para magistrado de la CC y que no ejerce ningún cargo en la actualidad.

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Valdés también argumentó que duda de la imparcialidad de Aifán.

El 10 de febrero pasado, la jueza Aifán pidió a la CSJ que los magistrados Silvia Valdés y Manuel Duarte no conozcan el antejuicio promovido en su contra por Mynor Moto.

En esa ocasión, la juzgadora argumentó que ambos opinaron y pidieron informe por allanamiento a Juzgado Tercero, que estuvo a cargo de Moto.

La solicitud del retiro del derecho de antejuicio contra Aifán por petición de Moto, es por haber autorizado su orden de captura en el caso Comisiones Paralelas 2020.

El 2 de febrero, Mynor Moto fue declarado en rebeldía y bajo arraigo por Erika Aifán, que ordenó su captura por el delito de conspiración para la obstrucción a la justicia.

Junto a Moto también fue declarado rebelde y bajo arraigo Dennis Billy Herrera Arita, exintegrante de la comisión de postulación para sala de Apelaciones.

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Ambos son señalados por el Ministerio Público (MP) de ser parte de una concentración de personas para defender sus propios intereses o de terceros en el proceso de postulación para magistraturas de altas cortes, quienes al ser descubiertos por el MP utilizaron la función jurisdiccional del juez Mynor Moto para intentar obstaculizar la obtención de pruebas para el proceso.

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La resolución de dicha Sala se da luego que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), resolviera que Moto ya no goza de inmunidad porque no está ejerciendo funciones como juez de Primera Instancia con funciones jurisdiccionales en el Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la Ciudad de Guatemala.

La Fiscalía contra la Corrupción confirmó la resolución de la CSJ sobre la inmunidad de Moto y por eso hay vía libre para investigarlo por el caso Libramiento Chimaltenango.

La resolución de la CSJ fue envidada el pasado 5 de marzo y por eso ya se gestiona que se asigne un juzgado para que conozca el proceso.

El pasado 16 de octubre de 2020 el Juez Mynor Mauricio Moto Morataya, quien era titular del Juzgado Tercero de Instancia Penal que llevaba el caso Libramiento Chimaltenango, benefició a 15 de 28 sindicados con falta de mérito.

Moto también dio medidas sustitutivas a exfuncionarios y exmiembros de la Junta de Calificación del Ministerio de Comunicaciones quienes estuvieron relacionados con la última fase del proyecto.

Además, el juez rechazó girar orden de captura en contra del exministro de Comunicaciones, José Benito, quien está prófugo por estar vinculado a los más de Q122 millones en diferentes monedas que fueron encontrados en varias maletas en una propiedad en Antigua Guatemala.

Moto cuestionó la auditoría de la Contraloría practicada en la obra. “Es necesario fortalecer y ampliar el trabajo de la Contraloría, las investigaciones correctamente con los elementos de soporte para que el juez no venga con la imaginación sino a discutir concretamente con el informe técnico”, reprochó.

En diciembre de 2020, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó que Moto, entonces titular del Juzgado Tercero de Instancia Penal, ya no conociera el caso del Libramiento y que fuera resuelto por el Juzgado C de Mayor Riesgo, cargo de la juzgadora Silvia de León.

Moto también había rechazado girar orden de captura contra Benito, quien ya se encontraba prófugo por estar vinculado con los más de Q122 millones en diferentes monedas que fueron encontrados en varias maletas en una propiedad en la ciudad colonial.

El caso

La investigación del Ministerio Público establece que para adjudicar el proyecto fueron utilizados documentos falsos, se compraron terrenos inexistentes. Además, existen anomalías técnicas en su construcción y también sobrevaloración de costos. El costo total del proyecto fue de Q387 millones 203 mil 159.35, después que se modificó 17 veces.

El 6 de febrero de 2021 el MP y la Policía Nacional Civil (PNC), realizó varios allanamientos y capturó a varias personas que en su momento fueron beneficiados por el juez Moto.

Moto en las Comisiones Paralelas

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público (MP) informó el miércoles 10 de febrero que considera que el antejuicio solicitado en contra de Mynor Moto ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) quedó sin materia y desistió del mismo debido a que este ya tiene orden de captura vigente.

El 4 de enero del 2021 el MP informó que en el marco del caso Comisiones Paralelas 2020, la Feci solicitó el retiro de la inmunidad en contra del juez tercero de primera instancia penal, Mynor Mauricio Moto Morataya por los delitos de conspiración para la obstrucción de justicia y prevaricato.

El 19 de enero del 2021, el Juzgado Octavo Penal trasladó a la CSJ la petición de retiro del derecho de antejuicio del que gozaba el juez Mynor Moto, vinculado a ese caso.

En febrero de 2020 la Feci presentó una investigación que denominó Comisiones Paralelas 2020, en la que expuso un conjunto de actores que se habrían reunido con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara (sindicado en varios casos de corrupción) con el fin de manipular las actuaciones y votaciones en las Comisiones de Postulación para la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, así como del propio Congreso de la República.

Según la Feci, los señalamientos contra Moto son por haberse reunido con personas señaladas en el caso Comisiones Paralelas 2020 y haber intentado tener el control de ese procedimiento para favorecerlas.

Mynor Moto fue electo el 18 de enero como magistrado titular del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), para concluir el período 2016-2021 en la Corte de Constitucionalidad (CC), fue juramentado por el Congreso de la República, pero no tomó posesión del cargo.

El juez Moto, al ganar la elección del CANG solicitó al CCJ que le otorgara la excedencia para atender su designación como magistrado de la CC, la que concluye el 13 de abril del 2021 y esta fue autorizada.

El 26 de enero último, el Congreso de la República juramentó a Moto, pese a que había varios recursos legales pendientes y él intentó en varias oportunidades que le dieran posesión en el cargo, pero no pudo.

El Juzgado de Mayor Riesgo D, presidido por Erika Aifán, ordenó el lunes 1 de febrero la detención de Moto y de Dennis Billy Herrera Arita por el delito de conspiración para la obstrucción de justicia, por su vinculación en el caso Comisiones Paralelas 2020.

Un días después, la misma jueza declaró a Moto y a Herrera en rebeldía y bajo arraigo y desde entonces están prófugos de la justicia.

El 4 febrero pasado la CC suspendió el acto de juramentación de Moto en el Congreso de la República y por eso no tomó posesión como magistrado titular de esa corte.

Ese mismo día Moto envió una carta a los miembros del Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) en donde solicita que se le revoque la excedencia (permiso) que le habían otorgado para asumir la magistratura en la CC.

El Consejo de la Carrera Judicial acordó, por mayoría, dar las cinco constancias de excedencia -permisos- que Mynor Moto solicitó para conservar sus condiciones legales de juez, pues levantaron el acta 21-2021, en la que detallan que Moto pertenece a la carrera judicial y sigue como juez.

El presidente de CCJ, Rolando Barrera Florián, fue el único con voto razonado disidente y considera que Moto dejó el cargo de juez el 26 de enero cuando fue juramentado por el Congreso para magistrado de la CC y que no ejerce ningún cargo en la actualidad.

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El pasado 16 de octubre de 2020 el Juez Mynor Mauricio Moto Morataya, quien era titular del Juzgado Tercero de Instancia Penal que llevaba el caso Libramiento Chimaltenango, benefició a 15 de 28 sindicados con falta de mérito.

Moto también dio medidas sustitutivas a exfuncionarios y exmiembros de la Junta de Calificación del Ministerio de Comunicaciones quienes estuvieron relacionados con la última fase del proyecto.

Además, el juez rechazó girar orden de captura en contra del exministro de Comunicaciones, José Benito, quien está prófugo por estar vinculado a los más de Q122 millones en diferentes monedas que fueron encontrados en varias maletas en una propiedad en Antigua Guatemala.

Moto cuestionó la auditoría de la Contraloría practicada en la obra. “Es necesario fortalecer y ampliar el trabajo de la Contraloría, las investigaciones correctamente con los elementos de soporte para que el juez no venga con la imaginación sino a discutir concretamente con el informe técnico”, reprochó.

En diciembre de 2020, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó que Moto, entonces titular del Juzgado Tercero de Instancia Penal, ya no conociera el caso del Libramiento y que fuera resuelto por el Juzgado C de Mayor Riesgo, cargo de la juzgadora Silvia de León.

Moto también había rechazado girar orden de captura contra Benito, quien ya se encontraba prófugo por estar vinculado con los más de Q122 millones en diferentes monedas que fueron encontrados en varias maletas en una propiedad en la ciudad colonial.

El caso

La investigación del Ministerio Público establece que para adjudicar el proyecto fueron utilizados documentos falsos, se compraron terrenos inexistentes. Además, existen anomalías técnicas en su construcción y también sobrevaloración de costos. El costo total del proyecto fue de Q387 millones 203 mil 159.35, después que se modificó 17 veces.

El 6 de febrero de 2021 el MP y la Policía Nacional Civil (PNC), realizó varios allanamientos y capturó a varias personas que en su momento fueron beneficiados por el juez Moto.

Entre las órdenes emitidas está la captura del exministro de Comunicaciones José Luis Benito Ruiz, quien fue titular de esa cartera durante el gobierno de Jimmy Morales.

“Se giró orden de captura en contra del exministro, así como en contra de siete personas que en su momento fueron beneficiadas por el Juez Mynor Mauricio Moto Morataya, al decretar auto de falta de mérito, el pasado 16 de octubre de 2020″, informó la Fiscalía ese 6 de febrero.

Se indicó que las órdenes de aprehensión fueron giradas por la juez Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente con Competencia para Conocer Procesos de Mayor Riesgo Grupo C, Silvia Violeta De León Santos, a requerimiento de la Fiscalía contra la Corrupción.

Los capturados ese sábado fueron:

• Mayra Alejandra Gordillo Mendoza
• Mario Alberto Rojas Alvarado
• Gustavo Alejandro Fong
• Álvaro Castillo Valdez
• Yorik Alexander Campos Morales

El MP también dijo que se emitió una orden contra otro exfuncionario del antiguo registro de Precalificados de Obra.

La Fiscalía lleva un proceso de investigación por varias irregularidades que presentó la Contraloría sobre la megaobra del Libramiento.

En el Libramiento a cada poco se registran nuevos derrumbes e inundaciones, en octubre pasado un grupo de jóvenes manifestó en la ruta de la obra con salvavidas y pelotas de playas debido a estas situaciones.

Segundo proceso contra Moto

Mynor Moto está prófugo de la justicia desde el pasado 1 de febrero de 2021, sindicado de conspiración para la obstrucción de la justicia en el caso Comisiones Paralelas 2020.

El 4 de enero del 2021 el MP informó que en el marco del caso Comisiones Paralelas 2020, la Feci solicitó el retiro de la inmunidad en contra del juez tercero de primera instancia penal, Mynor Mauricio Moto Morataya por los delitos de conspiración para la obstrucción de justicia y prevaricato.

El 19 de enero del 2021, el Juzgado Octavo Penal trasladó a la CSJ la petición de retiro del derecho de antejuicio del que gozaba el juez Mynor Moto, vinculado a ese caso.

En febrero de 2020 la Feci presentó una investigación que denominó Comisiones Paralelas 2020, en la que expuso un conjunto de actores que se habrían reunido con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara (sindicado en varios casos de corrupción) con el fin de manipular las actuaciones y votaciones en las Comisiones de Postulación para la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, así como del propio Congreso de la República.

Según la Feci, los señalamientos contra Moto son por haberse reunido con personas señaladas en el caso Comisiones Paralelas 2020 y haber intentado tener el control de ese procedimiento para favorecerlas.

Mynor Moto fue electo el 18 de enero como magistrado titular del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), para concluir el período 2016-2021 en la Corte de Constitucionalidad (CC), fue juramentado por el Congreso de la República, pero no tomó posesión del cargo.

El juez Moto, al ganar la elección del CANG solicitó al CCJ que le otorgara la excedencia para atender su designación como magistrado de la CC, la que concluye el 13 de abril del 2021 y esta fue autorizada.

El 26 de enero último, el Congreso de la República juramentó a Moto, pese a que había varios recursos legales pendientes y él intentó en varias oportunidades que le dieran posesión en el cargo, pero no pudo.

El Juzgado de Mayor Riesgo D, presidido por Erika Aifán, ordenó el lunes 1 de febrero la detención de Moto y de Dennis Billy Herrera Arita por el delito de conspiración para la obstrucción de justicia, por su vinculación en el caso Comisiones Paralelas 2020.

Un día después, la misma jueza declaró a Moto y a Herrera en rebeldía y bajo arraigo y desde entonces están prófugos de la justicia.

El 4 febrero pasado la CC suspendió el acto de juramentación de Moto en el Congreso de la República y por eso no tomó posesión como magistrado titular de esa corte.

Ese mismo día Moto envió una carta a los miembros del Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) en donde solicita que se le revoque la excedencia (permiso) que le habían otorgado para asumir la magistratura en la CC.

El Consejo de la Carrera Judicial acordó, por mayoría, dar las cinco constancias de excedencia -permisos- que Mynor Moto solicitó para conservar sus condiciones legales de juez, pues levantaron el acta 21-2021, en la que detallan que Moto pertenece a la carrera judicial y sigue como juez.

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El 2 de febrero pasado, Moto fue declarado en rebeldía y bajo arraigo por Erika Aifán, quien ordenó su captura por el delito de conspiración para la obstrucción a la justicia.

Aifán firmó la orden de captura a solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), que vincula a Moto en el caso Comisiones paralelas 2020 y quien consideró no idóneo para el cargo de magistrado.

Junto a Moto también fue declarado rebelde y bajo arraigo Dennis Billy Herrera Arita, exintegrante de la comisión de postulación para sala de Apelaciones.

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Moto, magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC) elegido por el Colegio de Abogados, pero cuya toma de posesión fue suspendida por ese mismo tribunal, reclamaba derecho de antejuicio ante la orden de arresto que firmó Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D.

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Mynor Moto fue electo como magistrado titular del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), para concluir el período 2016-2021 en la Corte de Constitucionalidad (CC).

El juez Moto, al ganar la elección del CANG solicitó al CCJ que le otorgara la excedencia para atender su designación como magistrado de la CC, la que concluye el 13 de abril del 2021 y esta fue autorizada.

El 26 de enero pasado, el Congreso de la República juramentó a Moto a pesar de que había pendientes varios recursos legales.

Por estas acciones, La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del MP, citó a declarar a los integrantes del (CCJ) para que aclaren sobre el retiro voluntario autorizado – excedencia- a Moto y con el que dejó de ejercer funciones como juez.

El 5 de febrero pasado, Moto, quien envió una carta a los miembros del CCJ en la que solicita que se le revoque la excedencia (permiso) que le habían otorgado para asumir la magistratura de dicha corte.

El 4 de febrero, la CC dejó en suspenso la juramentación de Mynor Moto, elegido por el Colegio de Abogados para ocupar una magistratura titular en ese tribunal.

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El 15 de febrero, la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo no otorgó amparo provisional a Mynor Moto y confirmó la orden de captura por el caso Comisiones Paralelas 2020.

La orden de captura solicitada por la Feci es por el delito de conspiración para la obstrucción de la justicia.

Junto a Moto, Dennis Billy Herrera Arita también tiene orden de captura por el mismo delito.

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Moto, magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC) elegido por el Colegio de Abogados, pero cuya toma de posesión fue suspendida por ese mismo tribunal, reclamaba derecho de antejuicio ante la orden de arresto que firmó Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D.

La orden de captura solicitada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) por el delito de conspiración para la obstrucción de la justicia.

Junto a Moto, Dennis Billy Herrera Arita también tiene orden de captura por el mismo delito.

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El 4 de enero del 2021 el MP informó que en el marco del caso Comisiones Paralelas 2020, la Feci solicitó el retiro de la inmunidad en contra del juez tercero de primera instancia penal, Mynor Mauricio Moto Morataya por los delitos de conspiración para la obstrucción de justicia y prevaricato.

El 19 de enero del 2021, el Juzgado Octavo Penal trasladó a la CSJ la petición de retiro del derecho de antejuicio del que gozaba el juez Mynor Moto, vinculado a ese caso.

En febrero de 2020 la Feci presentó una investigación que denominó Comisiones Paralelas 2020, en la que expuso un conjunto de actores que se habrían reunido con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara (sindicado en varios casos de corrupción) con el fin de manipular las actuaciones y votaciones en las Comisiones de Postulación para la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, así como del propio Congreso de la República.

Según la Feci, los señalamientos contra Moto son por haberse reunido con personas señaladas en el caso Comisiones Paralelas 2020 y haber intentado tener el control de ese procedimiento para favorecerlas.

Mynor Moto fue electo el 18 de enero como magistrado titular del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), para concluir el período 2016-2021 en la Corte de Constitucionalidad (CC), fue juramentado por el Congreso de la República, pero no tomó posesión del cargo.

El juez Moto, al ganar la elección del CANG solicitó al CCJ que le otorgara la excedencia para atender su designación como magistrado de la CC, la que concluye el 13 de abril del 2021 y esta fue autorizada.

El 26 de enero último, el Congreso de la República juramentó a Moto, pese a que había varios recursos legales pendientes y él intentó en varias oportunidades que le dieran posesión en el cargo, pero no pudo.

El Juzgado de Mayor Riesgo D, presidido por Erika Aifán, ordenó el lunes 1 de febrero la detención de Moto y de Dennis Billy Herrera Arita por el delito de conspiración para la obstrucción de justicia, por su vinculación en el caso Comisiones Paralelas 2020.

Un días después, la misma jueza declaró a Moto y a Herrera en rebeldía y bajo arraigo y desde entonces están prófugos de la justicia.

El 4 febrero pasado la CC suspendió el acto de juramentación de Moto en el Congreso de la República y por eso no tomó posesión como magistrado titular de esa corte.

Ese mismo día Moto envió una carta a los miembros del Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) en donde solicita que se le revoque la excedencia (permiso) que le habían otorgado para asumir la magistratura en la CC.

El Consejo de la Carrera Judicial acordó, por mayoría, dar las cinco constancias de excedencia -permisos- que Mynor Moto solicitó para conservar sus condiciones legales de juez, pues levantaron el acta 21-2021, en la que detallan que Moto pertenece a la carrera judicial y sigue como juez.

El presidente de CCJ, Rolando Barrera Florián, fue el único con voto razonado disidente y considera que Moto dejó el cargo de juez el 26 de enero cuando fue juramentado por el Congreso para magistrado de la CC y que no ejerce ningún cargo en la actualidad.

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La juzgadora argumenta que ambos opinaron y pidieron informe por allanamiento a Juzgado Tercero, que estuvo a cargo de Moto.

El 5 de febrero, se presentó la solicitud del retiro del derecho de antejuicio contra Aifán por petición de Moto, esto por haber autorizado su orden de captura en el caso Comisiones Paralelas 2020.

La solicitud del retiro del derecho de antejuicio fue enviada al Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal y el juzgado al Inhibirse traslada el expediente a la CSJ.

El 2 de febrero, Mynor Moto fue declarado en rebeldía y bajo arraigo por Erika Aifán, que ordenó su captura por el delito de conspiración para la obstrucción a la justicia.

Junto a Moto también fue declarado rebelde y bajo arraigo Dennis Billy Herrera Arita, exintegrante de la comisión de postulación para sala de Apelaciones.

Ambos son señalados por el Ministerio Público (MP) de ser parte de una concentración de personas “para defender sus propios intereses o de terceros en el proceso de postulación para magistraturas de altas cortes, quienes al ser descubiertos por el MP utilizaron la función jurisdiccional del juez Mynor Mauricio Moto Morataya para intentar obstaculizar la obtención de pruebas para el proceso y así proteger a quienes aparezcan involucrados en la investigación de la Fiscalía”.

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El 1 de febrero,  la Feci llevó a cabo cinco diligencias en el departamento de Guatemala en busca de los señalados y de evidencias que puedan contribuir en la investigación.

En suspenso juramentación

El 4 de febrero, la Corte de Constitucionalidad (CC) dejó en suspenso la juramentación de Mynor Moto, elegido por el Colegio de Abogados para ocupar una magistratura titular en ese tribunal.

La Corte informó que otorgó el amparo porque Moto fue juramentado cuando había seis impugnaciones pendientes de resolución en el tribunal electoral del Colegio de Abogados.

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Mynor Moto fue electo como magistrado titular del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), para concluir el período 2016-2021 en la Corte de Constitucionalidad (CC).

El juez Moto, al ganar la elección del CANG solicitó al CCJ que le otorgara la excedencia para atender su designación como magistrado de la CC, la que concluye el 13 de abril del 2021 y esta fue autorizada.

El 26 de enero pasado, el Congreso de la República juramentó a Moto a pesar de que había pendientes varios recursos legales, entre amparos, apelaciones y ocursos, contra la elección del juez como magistrado.

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Moto intentó en tres oportunidades que el pleno de magistrados de la CC le diera posesión del Cargo, pero no lo logró.

El Juzgado de Mayor Riesgo D, presidido por Erika Aifán, ordenó el lunes 1 de febrero la detención de Moto y de Dennis Billy Herrera Arita por el delito de conspiración para la obstrucción de justicia, pues la Feci los vincula en el caso Comisiones Paralelas 2020.

Según la investigación del MP, los hechos por los que se solicitó la captura se relacionan con la concentración de personas “para defender sus propios intereses o de terceros en el proceso de postulación para magistraturas de altas cortes, quienes al ser descubiertos por el MP utilizaron la función jurisdiccional del juez Mynor Mauricio Moto Morataya para intentar obstaculizar la obtención de pruebas para el proceso y así proteger a quienes aparezcan involucrados en la investigación de la Fiscalía”.

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La Feci y la Policía efectuaron varios allanamientos para dar con Moto, pero no lo localizaron y el 2 de febrero la jueza Ericka Aifán lo declaró a él y a Herrera Arita en rebeldía y bajo arraigo.

La declaración judicial de rebeldía permite la publicación de afiches con fotografía de los prófugos Moto y Herrera para su ubicación y captura.

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Pide que lo reinstalen como juez

El 4 febrero pasado la CC suspendió el acto de juramentación que le hizo el Congreso de la República a Moto y por eso no tomó posesión de su cargo como magistrado de ese tribunal.

Ese mismo día, Moto envió una carta a los miembros del Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) en donde solicita que se le revoque la excedencia (permiso) que le habían otorgado para asumir la magistratura en la CC.

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En la carta, Moto dice que como la CC suspendió su juramentación, pide que quede sin efecto el permiso que le habían otorgado y pide que sea reinstalado en su cargo como Juez de Primera Instancia con funciones jurisdiccionales en el Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la Ciudad de Guatemala.

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El 5 de febrero, Douglas Morataya, abogado de Mynor Moto, presentó en Gestión Penal del Organismo Judicial una solicitud de retiro de inmunidad contra la jueza Erika Aifán, por haber autorizado la orden de captura de su defendido, señalado por el Ministerio Público en el caso Comisiones Paralelas 2020.

El Consejo de la Carrera Judicial acordó, por mayoría, dar las cinco constancias de excedencia -permisos- que Mynor Moto solicitó para conservar sus condiciones legales de juez, pues levantaron el acta 21-2021, en la que detallan que Moto pertenece a la carrera judicial y sigue como juez.

El presidente de CCJ, Rolando Barrera Florián, fue el único con voto razonado disidente y considera que Moto dejó el cargo de juez el 26 de enero cuando fue juramentado por el Congreso para magistrado de la CC y que no ejerce ningún cargo en la actualidad.

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Los nuevos indicios presentados por la Fiscalía contra la Corrupción dan cuenta cómo Benito habría beneficiado a la empresa Renova Ingenieros S.A. que sirvió como fachada para que la constructora Conasa, S.A. siguiera a cargo de la construcción de la carretera del libramiento de Chimaltenango a pesar de tener impedimentos de ley por sus vínculos en otros casos de corrupción.

A decir del MP, en el contrato celebrado el 30 de julio de 2014, Conasa no solo incrementó en 17 oportunidades el valor inicial de la obra que llegó a una cifra de Q451 millones 737 mil 014, sobrepasando el 40 por ciento del valor original, sino que creó otra sociedad anónima para seguir beneficiándose de este proyecto a pesar de tener impedimentos.

Esta sociedad es Renova Ingenieros y se utilizó para poder concursar en la ampliación de la carretera a pesar de no estar inscrita en el Registro de Precalificados de Obras, ni tener referencias de construcción de carreteras.

Para aparentar que Renova tenía la capacidad técnica y logística para la ejecución de grandes proyectos carreteros en el país, Conasa habría emitido 45 facturas a nombre de Renova donde se simuló la compra-venta de maquinaria y vehículos a precios simbólicos.

Además, según el MP, el capital autorizado de la sociedad se estableció inicialmente con Q2 millones y siete meses después se modificó la estructura social de la entidad para poder participar en las licitaciones y amplió su capital a Q27 millones.

La Fiscalía contra la Corrupción explicó que, a sabiendas de esto, el exministro nombrado por el expresidente Jimmy Morales, intervino dentro del proceso de contratación de la obra y en el nombramiento de los integrantes de la junta de licitación para asegurar que la obra se otorgar a Renova Ingenieros S.A.

No estaría en el país

La Fiscalía contra la Corrupción recordó cómo el juez Mynor Moto que estaba a cargo del caso en el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal benefició a 16 personas con falta de mérito. Este día, la Policía Nacional Civil (PNC) logró capturar a siete de ellas.

Cuando Moto decretó la falta de mérito, el MP apeló la resolución, sin embargo, el juez no tramitó este expediente de forma intencional por lo que provocó el retraso del mismo.

Al momento, la fiscalía desconoce el paradero de Moto y el del exministro de Comunicaciones. Según mencionan, no hay registro de la salida del país de Benito de manera legal, por lo que continúan los allanamientos en diferentes residencias para lograr con su paradero. Aún así, no descartan que éste habría salido del país, por lo que la alerta de búsqueda en la Interpol sigue activa.

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La carta tiene fecha del 4 de febrero del 2021, y en ella Moto señala que por ese medio informa que quedó electo como magistrado titular de la CC en representación del CANG para ocupar la vacante que quedó por el fallecimiento de Bonerge Amilcar Mejía Orellana.

Recuerda que al ganar la elección del CANG solicitó al Consejo de la Carrera Judicial que le otorgara la excedencia para atender su designación como magistrado de la CC, la que concluye el 13 de abril del 2021.

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Moto agrega que ese miso 4 de febrero la CC suspendió el acto de juramentación que le hizo el Congreso de la República el 26 de enero pasado por lo cual solicita que quede sin efecto el permiso que había pedido.

“Solicito que sea dejada sin efecto la LICENCIA POR EXCEDENCIA OTORGADA a ml persona, toda vez que se encuentra suspendida constitucionalmente la condición que la originó, para lo cual de forma inmediata requiero se me incorpore al servicio activo como miembro de la Carrera Judicial al cargo que ostentó como Juez do Primera Instancia con funciones jurisdiccionales en el Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la Ciudad de Guatemala”, se lee en la carta.

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Añade que debiendo emitirse la resolución que corresponda en ese sentido, para lo cual se faccionara en su momento el acta administrativa para cumplir con los reglamentos disposiciones que rigen las circunstancias presupuestarias.

Mynor Moto pidió ayer al Consejo de la Carrera Judicial que se le revoque la excelencia (permiso) y pueda regresar al Juzgado Tercero, y recuperar su calidad de juez de Instancia Penal. pic.twitter.com/TrSPC0YqHp

— Alex Rojas (@alexr_pl) February 5, 2021

Antejuicio a Aifán

Douglas Marlon Eduardo Morataya Salguero presentó una solicitud de retiro de inmunidad para Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D, por haber ordenado la captura de Moto en el caso Comisiones Paralelas 2020.

Además, presentó un amparo contra Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), unidad que pidió la captura de Moto.

Los recursos legales fueron presentados en Gestión Penal del Organismo Judicial, que los remitió al Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia, que por competencia se inhibirá y enviará a la Corte Suprema de Justicia. Allí, podría darle rechazarlo sin entrar a conocer o bien darle trámite y nombrar un juez pesquisidor para que en 60 días cite a las partes y elabore un informe que recomiende si da con lugar o no el retiro de la inmunidad, decisión que corresponderá a los jueces supremos.

Feci pide alerta roja a Interpol

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público, informó que ante el riesgo que puedan salir del país, se hizo la solicitud formal a la Interpol para que active alerta roja internacional contra Mynor Moto y Dennis Billy Herrera Arita, ambos prófugos de la justicia por el caso Comisiones Paralelas 2020.

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Moto tiene orden de captura desde el 29 de enero por el delito de conspiración para la obstrucción de la justicia, pero a través de una carta enviada al Congreso denunció que sus derechos han sido violados.

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La resolución es un amparo provisional para Alfonso Carrillo, Manfredo Marroquín y Edie Cux, y María Eugenia Mijangos contra el Congreso de la República.

Los magistrados Dina Ochoa y Roberto Molina Barreto votaron en contra del amparo y razonaron su voto.

El pleno se integró con Gloria Porras, Roberto Molina, Francisco de Mata Vela, Dina Ochoa y María Cristina Fernández García.

***COMUNICADO DE PRENSA*** pic.twitter.com/8rwWWfXppu

— CC Guatemala (@CC_Guatemala) February 4, 2021

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La Corte informó que otorgó el amparo porque Moto fue juramentado cuando había seis impugnaciones pendientes de resolución en el tribunal electoral del Colegio de Abogados.

Al respecto cita el artículo 156 de la Ley de amparo: “La designación de magistrados del Colegio de Abogados podrá ser impugnada conforme a la ley, pero mientras se resuelvan las impugnaciones continuarán actuando los magistrados titulares y suplentes que dan ser sustituidos”.

El amparo establece que la designación de Moto no debió avanzar a fases posteriores, como la juramentación y toma de posesión, y por tanto el Congreso actuó de forma prematura.

Moto tiene orden de captura desde el 29 de enero por el delito de conspiración para la obstrucción de la justicia, pero a través de una carta enviada al Congreso denunció que sus derechos han sido violados.

Argumento de Molina Barreto

Molina Barreto planteó en su voto disidente que los magistrados de la CC que dieron el amparo invaden la competencia del Congreso, que actuó dentro de su marco.Los puntos de su razonamiento fueron:

• Si bien no corresponde dar posesión del cargo hasta que se resolvieran las impugnaciones, la Corte debió proveer soluciones para procurar que se decidieran en un tiempo prudencial.
• Por respeto a las competencias de los poderes del Estado, no era procedente suspender el acto de juramentación, pues ello es competencia del Congreso, cuyo actuar no se aprecia notoriamente inconstitucional ni que exceda sus competencias. Al suspenderlo, la mayoría de los magistrados sí invaden aquella competencia.
• Se pretende dejar sin efecto todo acto previo a la juramentación, lo que va en detrimento del propio gremio de abogados de Guatemala como órgano elector.
• La Corte entra a conocer actos de amenaza que en su propia jurisprudencia ha sostenido que no pueden ser abordados como tales.
• Concede al amparo provisional efectos definitivos, lo que no es propio de una resolución interlocutoria. Otorgar amparos provisionales con esa connotación ha sido práctica –indebida- de la actual magistratura, la cual reprocho y, ahora, en mi
  calidad de magistrado, disiento.
• En suma, aprecio que, paradójicamente, el Tribunal llamado a respetar la Constitución, ha emitido esta decisión contrario a sus postulados y principios.

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El juzgado penal ordenó a la secretaría de comunicación del Organismo Judicial para que comunique vía correo electrónico a los juzgados de Paz sobre el oficio en mención, dijo Mario Siekavizza, portavoz de ese organismo.

Los juzgados deberán remitir al de Mixco las actuaciones sobre el recurso a favor de Moto.

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Qué es

El artículo 263 de la Constitución establece el derecho a la exhibición personal. “Quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo del goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella, o sufriere vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuere fundada en ley, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se le restituya o garantice su libertad, se hagan cesar los vejámenes o termine la coacción a que estuviere sujeto”.

A continuación, agrega: “Si el tribunal decretare la libertad de la persona ilegalmente recluida, ésta quedará libre en el mismo acto y lugar. Cuando así se solicite o el juez o tribunal lo juzgue pertinente, la exhibición reclamada se practicará en el lugar donde se encuentre el detenido, sin previo aviso ni notificación. Es ineludible la exhibición personal del detenido en cuyo favor se hubiere solicitado”.

Según la Ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, los jueces, en nombre de la República de Guatemala, deberán sin demora hacer auto de exhibición y ordenar a funcionarios, empleados o personas presuntamente responsable para que presente al ofendido y deberá rendir informe sobre los hechos, detallando por lo menos quién lo detuvo, qué vejación sufrió, si el detenido ha estado bajo custodia del informante o si la ha transferido a otro, en cuyo caso expresará el nombre de éste, así como el lugar, tiempo y motivo de la transferencia, y la orden que motivó la detención.

El plazo máximo para hacer la presentación del agraviado nunca debe exceder 24 horas después de la petición o de la denuncia.

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Rebeldía

Moto fue declarado en rebeldía por Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D, por el caso Comisiones paralelas 2020, del cual tiene una orden de captura desde el 29 de enero por conspiración para la obstrucción de la justicia.

No obstante, Moto, el mismo día 29, envió al Congreso una carta donde manifiesta que sus derechos han sido vulnerados porque la Corte de Constitucionalidad (CC) no le ha dado posesión del cargo, a pesar de que fue elegido por el Colegio de Abogados y juramentado por el Congreso.

Revés a Moto

La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó a Aifán en el caso Comisiones paralelas 2020 al resolver sin lugar una duda de competencia interpuesta por Moto cuando todavía era juez tercero penal, a quien la Fiscalía Especial contra la Impunidad señala que de intentar apropiarse del caso.

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El cateo tuvo lugar en un inmueble de la zona 14, dijo el Ministerio Público sin precisar la dirección.

El operativo, añadió la fiscalía, fue para recolectar indicios para la investigación y determinar si allí se podría localizar a Moto.

Ayer, las autoridades catearon el Juzgado Tercero Penal, que estuvo a cargo de Moto, y domicilios e inmuebles en las zonas 1, 7 9 y 11 de la capital y 1 en la zona 11 de Mixco.

Moto tiene orden de captura desde el 26 de enero, firmada por Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D. Ese mismo día Moto había acudido a la Corte de Constitucionalidad (CC) para asumir el cargo de magistrado titular designado mediante elección por el Colegio de Abogados y posteriormente juramentado por el Congreso mediante un amparo provisional porque el proceso estaba detenido ante varias impugnaciones en el tribunal electoral del colegio.

Por ahora, Moto fue declarado en rebeldía y está arraigado.

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El exjuez Tercero Penal y magistrado a la Corte de Constitucionalidad (CC) juramentado por el Congreso no ha figurado en la escena pública desde el viernes 29 de enero, cuando acudió por tercera vez a la CC para que le dieran posesión del cargo, aunque no tuvo éxito.

Ese mismo día Aifán firmó la orden de captura a solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), que vincula a Moto en el caso Comisiones paralelas 2020 y quien consideró no idóneo para el cargo de magistrado.

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Junto a Moto también fue declarado rebelde y bajo arraigo Dennis Billy Herrera Arita, exintegrante de la comisión de postulación para sala de Apelaciones.

La declaración judicial de rebeldía permite la publicación de afiches con fotografía de los prófugos Moto y Herrera para su ubicación y captura.

Ambos son señalados por la Feci de ser parte de una concentración de personas “para defender sus propios intereses o de terceros en el proceso de postulación para magistraturas de altas cortes, quienes al ser descubiertos por el MP utilizaron la función jurisdiccional del juez Mynor Mauricio Moto Morataya para intentar obstaculizar la obtención de pruebas para el proceso y así proteger a quienes aparezcan involucrados en la investigación de la Fiscalía”.

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¿Tiene o no inmunidad Mynor Moto, el magistrado juramentado a la CC y con orden de captura?

Este martes 2 de febrero, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso tuvo su primera reunión en el que conocieron varios temas, entre ellos la carta que envió Mynor Moto, quien desde el 1 de febrero tiene orden de captura por el delito de conspiración para la obstrucción de justicia en el caso Comisiones Paralelas 2020.

En la carta, con fecha 29 de enero del 2021, el magistrado electo detalla que fue electo democráticamente mediante Asamblea General Extraordinaria del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala para ocupar la vacante de magistrado titular de la CC para culminar el período 2016-2021.

Señala que el 26 de enero del año 2021 prestó juramento ante el Pleno del Congreso de la República, con lo que se cumplió el requisito establecido por el artículo 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala para la toma de posesión de un cargo público.

Agregó que a la fecha, la presidenta de la CC, Gloria Patricia Porras Escobar y el secretario de esa corte, Rubén Gabriel Rivera Herrera, han incumplido con sus obligaciones administrativas y se han negado a levantar el acta de toma posesión.

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“Siendo que la conducta de los funcionarios citados obstruye la integración en el marco de la legalidad de la Corte de Constitucionalidad impidiendo el buen funcionamiento y la agilización del sistema de justicia lo que constituye un comportamiento lesivo no solo para mi persona sino para el sistema de justicia en su conjunto, la población y el gremio que me ha electo democráticamente y que también es violatorio se mis derechos humanos”, se lee en la carta de Moto.

Agrega que el 28 de enero denunció esta situación ante el procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, a quien pidió acompañamiento a la CC par que investigara las violaciones que denunció.

Moto asegura que Rodas ha omitido presentarse a la CC para dar cumplimiento a sus obligaciones legales y atender la denuncia que le presentó.

Dijo que la negativa de Rodas ocasionó que al presentarse a al CC a pedir que le den posesión, un grupo de personas le hicieron vejámenes verbales y agresiones físicas sin que la CC hay tomado alguna medida, pese a que los incidentes ocurrieron allí.

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“Es preciso apuntar que el Procurador de los Derechos Humanos en su calidad de funcionario público y Comisionado del Congreso no puede procurar un trato discriminativo a las personas, como en este caso en donde los demoras y omisiones incurridas contrastan con la diligencia y celeridad con la que ha empeñado su actuar en los casos de personas con las que personalmente siente identificación o comparte intereses políticos”, agrega la carta.

Moto solicita que el Congreso investigue el actuar de Jordán Rodas y si es procedente que este sea cesado del cargo de Procurador de los Derechos Humanos basado en las literales a y b del Artículo 12 de la Ley de esa comisión del Congreso, “ya que las mismas corrompen y constituyen graves violaciones al debido cumplimiento del mandato constitucional asignado a la institución del Procurador de los Derechos Humanos”.

Reunión de la comisión de DDHH

En la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de este martes 2 de febrero, hubo posturas encontradas sobre la denuncia de Moto contra el procurador Rodas.

El diputado Samuel Pérez, de la bancada Semilla, dijo que es un descaro que Mynor Moto solicite ayuda y dijo que es vergonzoso que el Congreso siga defendiendo a esta persona.

Agregó que, si Moto argumenta que se violentó su integridad física y su dignidad, él no debería pedir la destitución del procurador de Derechos Humanos, sino la de Gendri Reyes, Ministro de Gobernación.

Wálter Félix, diputado de URNG que integra esa comisión, dijo que no le parece correcto que dicha comisión tuviera esa responsabilidad de conocer el caso del abogado Moto, porque sería seguir desgastándose. “Esperemos mejor a ver qué pasa, este señor tiene orden de captura y ojalá se presente ante la justicia y que allí resuelva su situación legal y no que nosotros salgamos a tenderle tablas de salvación para ver si de alguna manera aplacamos los delitos de los que está siendo señalado”.

Sugirió que la Comisión solamente de por recibida la carta que envió Moto y así no se someta a ese desgaste, pues hay otro trabajo que hacer.

Maynor Mejía, congresista del partido oficial Vamos, dijo que hubo una violación a un derecho de un guatemalteco -en referencia a la denuncia que hizo Moto- y que todos los guatemaltecos todos son iguales.

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Criticó a Rodas y dijo durante su gestión él está donde le conviene, donde quiere se sube a una tarima, o convoca a la población a manifestar y eso no debe ser su actuar como procurador.

Dijo que en este momento se están violando los derechos de un guatemalteco que fue legalmente electo y por eso la comisión debería pedirle Jordán Rodas que se pronuncie al respecto.

Manuel Conde Orellana, dijo que Moto fue electo por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y que el hecho de que una persona esté siendo investigada no quiere decir que no tenga derechos humanos.

Informe en 24 horas

El diputado Arzú, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que luego de conocer la carta de Moto, se decidió que el procurador Jordán Rodas remita un informe de la situación en 24 horas.

Aclaró que este mismo trato se le dará a cualquier guatemalteco, sin importar cuál es su situación jurídica o ideología, pues todos son bienvenidos a hacer sus denuncias de violaciones a los derechos humanos.

“Que se presente a la justicia”

Entre tanto, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, dijo que el abogado Mynor Moto lo mejor que puede hacer es presentarse a la justicia y dilucidar su situación jurídica.

Añadió que cuando la comisión de Derechos Humanos del Congreso le notifique de la decisión, él enviará el informe correspondiente.

Mynor Moto pide que se me cese en el cargo, yo le recomiendo que se presente a la justicia a solventar su situación jurídica

— Jordán Rodas Andrade (@JordanRodas) February 2, 2021

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¿Perdió la inmunidad Mynor Moto?

Maldonado: La excedencia es una figura que se solicita en el ámbito público y privado para dejar de ejercer el cargo y a él no se le ha dado posesión en su nueva función. Ha perdido la inmunidad porque es inherente al cargo y no a la persona.

Linares: Sí tiene inmunidad porque fue juramentado. La juramentación es lo que sella la calidad de magistrado. La toma de posesión debe ser un trámite administrativo y no formal.

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¿Es posible que Moto pueda accionar, con el ánimo de recuperar la inmunidad?

Maldonado: El artículo 156 de la Ley de amparo establece que la designación de magistrados nombrados por el Consejo Superior Universitario y el Colegio de Abogados podrán ser impugnados y mientras tanto continuarán los suplentes hasta que se resuelvan todos los recursos. Hay 11 recursos penales y que deberán ser resueltos previo a la toma de posesión. Es cierto que hay ver el fondo, pero también la forma. Todos vimos cómo el Congreso rápidamente fue juramentado Moto.

¿La forma en la que fue juramentado Mynor Moto fue correcta?

Linares: la forma fue correcta porque debe haber certeza jurídica. Fue elegido y hubo impugnaciones, pero muchas son maliciosas. Aquí el trasfondo es quién va a controlar la CC, la izquierda o la derecha. La izquierda lo ha tenido como botín político desde que el exembajador de Estados Unidos, Todd Robinson, a través de su consejero político, nos amenazó en el Congreso con remoción de visa si no votábamos por Gloria Porras.

Gloria Porras quedó de forma fraudulenta y con corrupción. Moto fue elegido y fue juramentado. Puede haber impugnaciones, pero si ya se concretó y se juramentó ya es magistrado. Solo correspondía que le dieran las llaves a lo que se le negó la CC para ganar tiempo para que los embajadores G13, el embajador americano para que el fiscal Juan Francisco Sandoval pidiera la orden de captura y la jueza de la impunidad, Erika Aifán, para que cumpla con sus deseos políticos.

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¿Cómo quedan las altas magistraturas, independientemente de lo que llegue a suceder?

Maldonado: Tenemos crisis institucionales. El Colegio de Abogados ha perdido la credibilidad. Se ha perdido la confianza en las instituciones. La sociedad debe acompañar estas acciones porque somos parte de una democracia y una república y el poder es delegado. Las autoridades deben rendir cuentas, acompañada de la confianza y transparencia. Eso se ha perdido. Debemos buscar que las instituciones cumplan con los requisitos legales y las expectativas de la ciudadana. No se trata solo de cumplir con cuestiones legales o políticas sino debe verse los intereses de la ciudadanía.

¿Afecta la credibilidad de la ciudadanía hacia el sistema de justicia?

Linares: la justicia tiene una mala imagen ante la población. Gloria Porras, Francisco de Mata Vela y Bonerge Mejía insistieron en entrometerse. En el Congreso nos prohibieron discutir una ley, contra nuestra labor como legisladores. Los jueces y magistrados están incurriendo el delito de prolongación de funciones -los nuevos funcionarios debieron asumir en octubre de 2019 pero el Congreso no los ha elegido- porque la CC cometió un capricho al retrasar las elecciones para ver cómo manipulaban y llegaba su gente favorita de izquierda. En el fondo, esto es político. Desgraciadamente, la ley se convirtió en un instrumento para blandir y obtener los logros políticos. Moto no es de los suyos. La consigna era buscar todas las consignas contra el aspirante de derecha.

Mejor que haya transparencia para que se pongan sobre la mesa las metas políticas que busca cada grupo para que se pueda elegir y no se busquen artimañas tratando de eliminar a los rivales.

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A solicitud de la Fiscalía Contra la Impunidad (Feci), el Juzgado de Mayor Riesgo D, presidido por Erika Aifán, ordenó este lunes 1 de febrero la detención de Moto por el delito de conspiración para la obstrucción de justicia, por lo que fiscales intentan ejecutarla.

De acuerdo con el MP, “en el caso Comisiones Paralelas 2020 a petición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el viernes 29 de enero del 2021, la juez del Juzgado de Primera Instancia Penal para procesos de mayor riego D ordenó la detención de Mynor Mauricio Moto Morataya y Dennis Billy Herrera Arita por el delito de conspiración para la obstrucción de la justicia”.

Agrega que los hechos por los que se solicitó la captura se realacionan con la concentración de personas “para defender sus propios intereses o de terceros en el proceso de postulación para magistraturas de altas cortes, quienes al ser descubiertos por el MP utilizaron la función jurisdiccional del juez Mynor Mauricio Moto Morataya para intentar obstaculizar la obtención de pruebas para el proceso y así proteger a quienes aparezcan involucrados en la investigación de la Fiscalía”.

Este día la Feci lleva a cabo cinco diligencias en el departamento de Guatemala en busca de los señalados y de evidencias que puedan contribuir en la investigación.

“Las redes político económico ilícitas persisten en la cooptación del sistema de justicia para favorecer sus intereses, como lo demuestran las constantes acciones para ocupar posiciones relevantes en el sistema de justicia que favorezcan a criminales vinculados en múltiples casos que están siendo adelantados por el MP. El avance en la lucha contra la impunidad requiere de freno total de todas las acciones que buscan cooptar el sistema de justicia”, refirió en un comunicado la Fiscalía.

#ComunicadoDePrensa #CasoComisionesParalelas2020
MP/FECI solicitó orden de detención contra Mynor Mauricio Moto Morataya y Dennis Billy Herrera Arita, por el delito de conspiración para la obstrucción de justicia. pic.twitter.com/fZ5Qa1u2Sn

— MP de Guatemala (@MPguatemala) February 1, 2021

Moto dijo anteriormente que no ha recibido apoyo de la CC para agilizar la toma de posesión a pesar de que lo que corresponde es un trámite que no necesita ser agendado.

El funcionario también ha dicho que los recursos presentados en contra del proceso de elección en el que fue designado para ocupar la vacante del magistrado fallecido Bonerge Mejía son infundados, y que quienes los presentan no tienen la facultada legal para hacerlo.

Lo actuado el martes recién pasado por el Congreso podría rozar la ilegalidad, opinan constitucionalistas, pero, debido a que ninguna acción ha sido resuelta, aún existe una delgada línea que separa al pleno de la ilegalidad en sus actos.

Entre las resoluciones de Moto como juez que han sido cuestionadas están, por ejemplo, que no autorizó una orden de captura contra José Luis Benito, exministro de Comunicaciones, cuando tenía a su cargo el caso Libramiento de Chimaltenango; fue reacio a revocar medidas sustitutivas a la magistrada separada del cargo Blanca Stalling y también aceptó acciones legales que retrasaron el antejuicio contra Felipe Alejos, entre otras.

El pulso, por ahora, lo ganó el Congreso y reconoció a Moto como magistrado constitucional, pero antes de que tome posesión se debe esperar a que se resuelvan las acciones legales que se han acumulado.

“Los diputados están abriendo la puerta para que haya mayor criminalidad en el país, están jugando con fuego porque lo hacen con la justicia del país”, criticó Edie Cux, director de Acción Ciudadana (AC) y uno de los que impugnaron la elección de Moto.

“No somos jueces”

Allan Rodríguez, presidente del Congreso, dijo que se informó por los medios sobre la captura de Moto y al respecto comentó que serán los órganos jurisdiccionales y a la persona acusada -Moto- hacer la defensa para esclarecer el caso.

En respuesta a la vinculación entre el caso y la juramentación de Moto la semana pasada, Rodríguez dijo: “no somos jueces, somos diputados y debemos cumplir con nuestro deber. Recibimos la documentación del Colegio de Abogados -que incluía la certificación de Moto-, entiendo que por una Sala de Apelaciones -amparo provisional- y ellos -el Colegio- enviaron la resolución para que se actuara. Correspondió dar juramentación a la persona electa, en cumplimiento dimos juramentación cumpliendo con lo que establece la Constitución”.

Excedencia sin cambios

El Consejo de la Carrera Judicial (CCJ), del Organismo Judicial, se pronunció este 1 de febrero sobre el caso de Mynor Moto, magistrado juramentado a la Corte de Constitucionalidad (CC) con orden de captura.

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Según el Consejo, la excedencia de Moto ante el Juzgado Tercero Penal autorizada el 26 de enero último no ha tenido una solicitud nueva para que quede sin efecto.

Asimismo, informó que a las 13.34 horas de hoy llegó al Consejo un oficio firmado por Amy Mayra Lissette Girón Díaz, fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) que hace de su conocimiento que Moto tiene orden de captura desde el 29 de enero.

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Por último, indicó que la sesión celebrada hoy se desarrolló conforme a la agenda, sin ahondar en detalles.

Moto es reclamado por el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de Erika Aifán, por el delito de conspiración para obstrucción a la justicia dentro del caso Comisiones paralelas 2020.

Qué es la excedencia
Según el artículo 31 de la Ley de la carrera judicial, la excedencia es una de las cuatro situaciones de servicio en las que puede estar un juez o magistrado; las otras son el servicio activo, la licencia y la suspensión.

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“La situación de excedencia tiene lugar cuando un miembro de la Carrera Judicial, sin renunciar a tal condición, solicita dejar de prestar servicio activo en la misma, después de haberlo prestado en forma satisfactoria por lo menos durante dos años. El tiempo de duración de la excedencia no puede ser mayor de tres años, transcurridos los cuales se entenderá perdida la condición de miembro de la carrera. El tiempo de duración de la excedencia no se acreditará al tiempo de servicio para efectos de determinar antigüedad”, dice el artículo 31.

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Con este serían tres los intentos de Moto por tomar posesión en el cargo, pero los recursos legales en contra del proceso de elección y dos antejuicios contra el profesional han frenado el procedimiento.

Moto dijo anteriormente que no ha recibido apoyo de la CC para agilizar la toma de posesión a pesar de que lo que corresponde es un trámite que no necesita ser agendado.

El funcionario también ha dicho que los recursos presentados en contra del proceso de elección en el que fue designado para ocupar la vacante del magistrado fallecido Bonerge Mejía son infundados, y que quienes los presentan no tienen la facultada legal para hacerlo.

Lo actuado el martes recién pasado por el Congreso podría rozar la ilegalidad, opinan constitucionalistas, pero, debido a que ninguna acción ha sido resuelta, aún existe una delgada línea que separa al pleno de la ilegalidad en sus actos.

Aún no hay fecha para la llegada de Moto a la CC, y la oposición a su elección inicia con los señalamientos de la propia Fiscalía y de la sociedad civil, que cuestionan los criterios legales del Juzgado Tercero de Instancia Penal, del cual era juez el ahora magistrado electo.

Entre las resoluciones de Moto como juez que han sido cuestionadas están, por ejemplo, que no autorizó una orden de captura contra José Luis Benito, exministro de Comunicaciones, cuando tenía a su cargo el caso Libramiento de Chimaltenango; fue reacio a revocar medidas sustitutivas a la magistrada separada del cargo Blanca Stalling y también aceptó acciones legales que retrasaron el antejuicio contra Felipe Alejos, entre otras.

El pulso, por ahora, lo ganó el Congreso y reconoció a Moto como magistrado constitucional, pero antes de que tome posesión se debe esperar a que se resuelvan las acciones legales que se han acumulado.

“Los diputados están abriendo la puerta para que haya mayor criminalidad en el país, están jugando con fuego porque lo hacen con la justicia del país”, criticó Edie Cux, director de Acción Ciudadana (AC) y uno de los que impugnaron la elección de Moto.

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“Nombramiento del Congreso cuestiona la integridad de la CC”: Estados Unidos critica de nuevo designación de Mynor Moto

La corte informó este 28 de enero que ya está en manos de los magistrados la documentación y los informes que remitieron el Ministerio Público, el Congreso, el Colegio de Abogados y el propio Moto.

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El Ministerio Público, organizaciones sociales, abogados y el Colegio de Abogados interpusieron diversos recursos, entre ocursos de queja, apelaciones y amparos, contra el procedimiento que derivó del amparo provisional de la Sala Primera Civil y Mercantil a favor de Moto, que fue juramentado el 26 de enero.

Por ahora, Moto no ha tomado posesión del cargo.

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“Confío en que respeten la soberanía de Guatemala”: Mynor Moto en su intento por tomar posesión en la CC

Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, emitió una declaración y divulgada en Twitter, un día después de que hiciera lo propio Julie Chung, secretaria adjunta de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, ambos sobre Moto y la integración de la Corte.

The fair and transparent selection of Guatemala's Constitutional Court justices is critical for democracy. We value the U.S.-Guatemala partnership and support the fight against endemic corruption and impunity to help build a future Guatemalans deserve. https://t.co/wmMBtGSK2m

— Ned Price (@statedeptspox) January 28, 2021

“Seguimos de cerca el intento del Congreso de Guatemala de nombrar magistrado de la Corte de Constitucionalidad a una persona con serias acusaciones en su contra. Esto incluye acusaciones de conspiración para obstruir la justicia y evidencia de compromisos pasados ​​con Gustavo Alejos, a quien el Departamento previamente designó públicamente por actos corruptos que socavaron el estado de Derecho en Guatemala”, asevera Price.

Efectivamente, el 8 de junio de 2020, Estados Unidos prohibió el ingreso a su territorio a Alejos y su familia. El exsecretario privado de la gestión presidencial de Álvaro Colom (2008-2012) está preso y procesado en por lo menos cinco casos de corrupción.

Price también se expresó sobre los efectos de la juramentación de Moto. “Este nombramiento por parte del Congreso de Guatemala pone en duda la integridad del tribunal más alto de Guatemala, lo que debilita el estado de derecho y socava una prioridad clave de Estados Unidos”.

Y finalizó la declaración con un compromiso por ayudar a Guatemala en la lucha contra la corrupción y la impunidad: ” El Departamento de Estado valora nuestra asociación con el presidente Giammattei y nuestros lazos de larga data con Guatemala, y está comprometido a apoyar la lucha de Guatemala contra la corrupción endémica y la impunidad, un paso necesario hacia el futuro próspero y seguro que merece el pueblo de Guatemala”.

Moto y Alejos

El vínculo que señala Washington entre Moto y Alejos apunta al supuesto interés del magistrado constitucional juramentado por hacerse del control del caso Comisiones paralelas 2020, donde el Ministerio Público (MP) identifica una red en la que participa Alejos y que busca influir en la elección de cortes Suprema de Justicia y de Apelaciones que está varada en el Congreso.

Allí, según la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Moto habría intentado tomar el control del caso a petición de un particular, Dennis Billy Herrera Arita, hermano de Douglas Herrera, un exintegrante de la comisión de postulación de cortes de Apelaciones. Según el MP, Dennis Herrera Arita ha tenido comunicación directa con Alejos a través de mensajería de celular.

Aunado a eso, y en el cargo de su aspiración a ser magistrado de la CC por el Colegio de Abogados, Moto se reunió el 11 de diciembre de 2020 con el juez Geisler Smaille Pérez Domínguez y Juan Carlos Borrayo Carbajal, abogado de Alejos en el caso Negociantes de la Salud.

Por estos hechos la Feci pidió el retiro del antejuicio de Moto. También planteó otro proceso contra Moto por el caso Libramiento de Chimaltenango.

Piden transparencia

El Grupo de Donantes G-13 instó en un comunicado a que la próxima elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad sea “transparente” y con “candidatos idóneos” para ocupar esos puestos.

En la misiva, el grupo explicó que se había reunido con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Colegio de Abogados y Notarios y el rector de la Universidad de San Carlos, quienes les explicaron el proceso de selección y nombramiento de los candidatos.

Agrega que “diversos sectores de la sociedad guatemalteca han destacado la importancia del proceso y se han unido a esa solicitud de transparencia”.

El texto está firmado por las embajadas en Guatemala de España, Alemania, Canadá, EE. UU., Francia, Italia, Suecia, Suiza, Reuno Unido, delegados de la Unión Europea, Organización de Estados Americanos, Naciones Unidas y miembros del Grupo de Donantes.

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Moto se presentó este jueves 29 de enero a la CC en busca de que el pleno de magistrados le diera posesión en el cargo; sin embargo, eso no fue posible, lo que también fue criticado por el profesional, quien asegura que no ha recibido ningún respaldo del alto tribunal. Moto consiguió por medio de un amparo provisional que el Congreso lo juramente magistrado titular de la CC el pasado 26 de enero.

¿Qué opina sobre las impugnaciones que se han presentado en contra de su elección como magistrado?

“El Tribunal Electoral ya rindió un informe a la junta directiva -del CANG- en donde le están diciendo no las admita, no son procedentes.  Ya motivaron, explicaron y fundamentaron las razones del porque no, y entre ellas está que no tienen el derecho o la legitimación de ser parte del proceso de elección de magistrado titular de la CC. Solo pueden impugnar los candidatos, un agremiado y los fiscales”.

En su caso ¿tiene que renunciar al cargo de juez?

No, se llama excedencia y está aprobado por el Consejo de la Carrera Judicial y por lo tanto ya entregué el cargo previo a mi juramentación.

¿Con esa excedencia aún tiene inmunidad?

Inmunidad sí, y a partir de la juramentación soy magistrado y la inmunidad que ahora tengo es de magistrado de la CC.

Ante la oposición para que asuma el cargo ¿qué accione podría emprender?

Esa pregunta se le podrían hacer al fiscal -de la Feci- que está a cargo de la investigación, por qué ellos están en el Consejo de la Carrera Judicial y en mi judicatura pidiendo información con respecto a una circunstancia de elegir y ser electo que todo ha sido legal, eso es lo que me preocupa, ¿por qué están haciendo esto, qué ven en un procedimiento que es normal?. Hay tantos casos que lloran sangre por los cuales se creó esa fiscalía, así se le preguntaría a las asociaciones civiles sabiendo de que no tienen ninguna vinculación legal con la elección de cortes y que están diciendo tantas circunstancias que solo son apreciaciones y no tienen ningún elemento de prueba, solo están afectando mi dignidad y socavando la institucionalidad. Nos guste o no nos guste el imperio de la ley, a una persona que eligen debe estar en el cargo y los otros deben aceptarlo, eso se llama democracia, se llama vivir en una república.

¿Qué respuesta ha recibido de la CC?

Ninguna. Yo lamento la postura, vine ayer, vine hoy y están los documentos de que el Congreso remitió la información. Hoy hay una sesión administrativa, no necesitan incorporar el punto y modificar agenda, esto es urgente porque el magistrado ya se presentó, solo deben indicarme den donde está el despacho y darme posesión en el cargo.

¿Cómo se garantizaría su independencia si como magistrado conociera un caso de la Feci, tomando en cuenta que tiene dos antejuicios pendientes?

“Eso ya estará por resolverse y como todo ser humano debo tener la capacidad de poder mantener la imparcialidad. No es problema de Feci, no es problema del MP, las instituciones son buenas y por eso fueron creadas”.

¿Qué opina de que EE. UU. se manifestó preocupado por sus antecedentes?

Qué opina usted de la soberanía. Ellos tendrán las razones del porqué se han de pronunciar, no se si es en mi caso, no veo mi nombre ahí. Este es un procedimiento interno del Estado de Guatemala que ha cumplido la ley y en ese contexto si ellos tienen algún interés o están realizando algún acto para manifestarse sobre si están de acuerdo o no con mi elección sería bueno que se los pregunten a ellos. Yo respeto a los demás países, su orden jurídico, su constitución y sus autoridades y lo mismo esperaría de ellos, se llama diplomacia.

¿Cree que haya incidencia política de EE. UU. en alguna faceta judicial del país?

Por el momento lo ignoro, no tengo conocimiento de que se refieran a mi o que estén interesados en este proceso, pero esperaría que no y estimo que no hay ningún interés del proceso porque confío en que respeten la soberanía de Guatemala.

Acciones legales

1. Amparo solicitado por el abogado Alfonso Carrillo contra el Congreso ante la posibilidad -en ese momento- de que juramentara a Mynor Moto sin que el Colegio de Abogados haya resuelto apelaciones al proceso electoral para nominar al magistrado titular de ese organismo ante la CC para el periodo 2016-2021 -a este recurso ya se le dio trámite-.
2. Apelación del mismo abogado contra la directiva del Colegio de Abogados (Cang).
3. Ocurso de queja contra la Sala Primera de Apelaciones Civil y Mercantil.
4. Carrillo presentó otro amparo contra el Congreso por haber juramentado a Moto y con eso busca que la CC no dé posesión del cargo a Moto.
5. Acción Ciudadana (AC) presentó amparo contra el Congreso ante la juramentación de Moto.
6. AC también apeló el amparo provisional de la Sala Primera Civil y Mercantil a favor de Moto.
7. Abogado Walter Emilio Cuc Sajquiy presentó apelación contra el amparo de la Sala Primera de Apelaciones Civil y Mercantil.
8. Abogada Edna Marisol Flores Mejicanos presentó apelación contra el amparo de la Sala Primera de Apelaciones Civil y Mercantil.
9. Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), presentó recurso de apelación en contra del amparo provisional.
10.  Fiscalía de Asuntos Constitucionales presentó también apelación contra el amparo provisional.
11. El Colegio de Abogados apeló la resolución de la Sala Primera de Apelaciones.
12. Abogada María Eugenia Mijangos busca amparo contra el Congreso.

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Aún no hay fecha para la llegada de Moto a la CC, y la oposición a su elección inicia con los señalamientos de la propia Fiscalía y de la sociedad civil, que cuestionan los criterios legales del Juzgado Tercero de Instancia Penal, del cual era juez el ahora magistrado electo.

Entre las resoluciones de Moto como juez que han sido cuestionadas están, por ejemplo, que no autorizó una orden de captura contra José Luis Benito, exministro de Comunicaciones, cuando tenía a su cargo el caso Libramiento de Chimaltenango; fue reacio a revocar medidas sustitutivas a la magistrada separada del cargo Blanca Stalling y también aceptó acciones legales que retrasaron el antejuicio contra Felipe Alejos, entre otras.

El pulso, por ahora, lo ganó el Congreso y reconoció a Moto como magistrado constitucional, pero antes de que tome posesión se debe esperar a que se resuelvan las acciones legales que se han acumulado.

“Los diputados están abriendo la puerta para que haya mayor criminalidad en el país, están jugando con fuego porque lo hacen con la justicia del país”, criticó Edie Cux, director de Acción Ciudadana (AC) y uno de los que impugnaron la elección de Moto.

“Ya están cooptadas las Cortes”

Los intereses que tienen los diputados de la alianza oficialista para que Moto integre la CC es apenas un paso de una carrera por el control total del sistema judicial en Guatemala, según la visión del abogado constitucionalista Gabriel Orellana.

Orellana considera que siempre que los oficialistas tengan mayoría en la CC harán lo imposible por mantener ese balance para el próximo período constitucional, lo que les garantizaría ignorar las antiguas resoluciones del máximo tribunal que impiden, hasta ahora, elegir a ciertos candidatos para la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Lo que está sucediendo ya era una jugada cantada y que obviamente tiene modelos que nosotros conocemos; se han realizado en algunos países de América Latina, pero que no nos extrañe que Guatemala vaya por ese camino y el problema serio y grave es cuándo y cómo nos podríamos quitar de encima una dictadura como la que se nos avecina”, advirtió Orellana.

Comentó que el espectáculo que dieron los diputados de la alianza oficialista el pasado martes deja claro cómo los que juraron proteger la Constitución son los primeros en violentar las leyes.

“El respeto a la ley no es más que una quimera, y, por lo tanto, ellos van a hacer cuanto esté a su alcance para lograr los fines que se han propuesto, al haber juramentado a un magistrado cuya candidatura está siendo cuestionada con tantas acciones de amparo, ya no es solo un problema político, se va a generar una incertidumbre muy grande en las sentencias que él pueda firmar”, argumentó.

Para Roberto Alejos, exconstituyente, no llegaremos a una dictadura como Venezuela o Nicaragua, pues más que existir intereses ideológicos en Guatemala, lo que realmente pesa es el control que grupos criminales ya ejercen sobre el sistema judicial.

“El país está cayendo en una anarquía, y la anarquía nos va llevando a un desgobierno y a convertirnos en el famoso Estado fallido del que tanto se ha hablado en una realidad, un Estado que no funciona, que está cooptado… para mí ya están cooptadas las cortes”, afirmó.

Alejos coincide con Orellana en cómo personajes con problemas judiciales están buscando el camino perfecto para librarse de las acusaciones.

“El Estado fallido es en aquellos que están en guerra o que han caído en manos del crimen organizado, del narcotráfico o de los grandes poderes paralelos, sin importar la ideología, porque no está en manos de un presidente tirano, como es el caso de Venezuela, sino que aquí está en manos de grupos paralelos que están tratando de defenderse de acusaciones, de evitar que los acusen o salir de los problemas en que están metidos”, añadió.

Alejos considera que, por ahora, es el presidente de la República quien debe dar el primer paso para calmar la tensión que existe alrededor de las cortes, incluso convocar a un diálogo nacional que permita priorizar reformas en el sector de justicia, que premie la carrera judicial y evitar que actores convenencieros sean utilizados por grupos oscuros de poder.

Respalda al Congreso

No todas las voces se oponen a la alianza oficialista. Fernando Linares Beltranena, exconstituyente y exdiputado, asegura que no existen violaciones a la ley, como tanto se ha criticado, por haber juramentado a un nuevo magistrado de la CC.

“Yo considero que fue correcto lo que hizo el Congreso ayer de apurar. Estamos en un país donde la justicia tarda años y ahorita que lo hacen de una forma rápida hay críticas. Todo lo contrario, deberíamos estar orgullosos con la celeridad con que llevaron a cabo el tema. Solo se suspende algo si hay un amparo provisional”, explicó.

Linares asegura que todo el conflicto obedece a una disputa ideológica entre la izquierda y la derecha.

“Ahorita están temerosos —la izquierda— porque quieren manejar el país desde la CC; esa es la verdad, pero lo que pasa es que no lo dicen abiertamente y lo esconden con toda esta cantidad de recursos y con palabritas bonitas como independencia judicial y dignidad, pero lo que quieren ellos es tener el control”, señaló.

Mientras se resuelven las acciones legales, Moto no podría tomar posesión del cargo, según los profesionales del Derecho consultados. Hasta ayer ninguna acción había sido resuelta ni se supo si la CC convocó a pleno para conocer en profundidad los amparos.

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Para esa fiscalía, hay “diversos aspectos que debe advertir” la CC, los cuales “impedirían dar posesión” a Moto. En su explicación plantea:

El Congreso juramentó a Moto con base en el amparo provisional de la Sala Primera de Apelaciones Civil y Mercantil, que tiene como anomalías que el asunto discutido es de naturaleza administrativa y la sala conoce asuntos de índole civil y mercantil, lo que contradice el acuerdo 1-2013 de la CC; aparte, Feci señala que existe “falta de definitividad”, en referencia a los por lo menos siete recursos pendientes de resolución en el tribunal electoral del Cang.

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En otro punto, la fiscalía sostiene que Moto continúa siendo juez y el punto segundo del acta 10-2021 del Consejo de la Carrera Judicial acordó autorizar la excedencia solicitada por Moto, pero indica que se materializaría hasta en cuanto asuma como magistrado titular de la CC. “Esa disposición contraviene el contenido del artículo 207 de la Constitución que establece que la función de juez o magistrado es incompatible con otro empleo”, resalta.

Adicional a ese punto la Feci enfatiza que Moto incumplió el artículo 160 de la Ley de Amparo, que lo obligaba a renunciar al cargo de juez. En cambio, agrega, Moto entregó el cargo ante un secretario el 26 de enero de 2021 y no ante otro juez designado, de conformidad con la Ley del Consejo de la Carrera Judicial.

Al menos 12 recursos legales han sido presentados en la Corte en contra del amparo y la juramentación de Moto, los cuales están pendientes de resolución al mismo tiempo que los magistrados constitucionales deberán dar posesión al cargo de Moto.

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En un comunicado, el Legislativo esgrime que únicamente juramentó a Moto cuando el Colegio de Abogados le remitió la certificación, con base en el amparo provisional de la Sala Primera de Apelaciones Civil y Mercantil.

“Estamos conscientes que cualquier acción realizada por el Congreso generará descontentos en algunos sectores y el no hacerlo también, no obstante, es en estricto cumplimiento a la ley y el mandato constitucional el cual debe cumplirse”.

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En ese contexto, ya remitió a la CC informes requeridos para resolver por lo menos 12 recursos legales en torno a Moto y su llegada a ese tribunal.

Por último, los diputados dicen que “confían en un Estado libre, independiente y soberano” para garantizar que sus habitantes gocen los derechos y libertades de un gobierno republicano, democrático y representativo. Cabe mencionar que horas antes Julie Chung, nueva subsecretaria adjunta de Estado para Asuntos del hemisferio occidental, publicó esta declaración en Twitter: “Estamos profundamente preocupados por el intento del Congreso de Guatemala de colocar como magistrado de la Corte Constitucional a una persona con recursos legales pendientes en su contra”. Y añadió: “Esto amenaza el estado de derecho en Guatemala al debilitar la integridad de su más alta corte”.

COMUNICADO DE PRENSA

El Congreso de la República de Guatemala informa:

#IXLegislatura pic.twitter.com/FGJYsWUnVB

— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) January 28, 2021

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Julie Chung, nueva subsecretaria adjunta de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, publicó esta declaración en Twitter: “Estamos profundamente preocupados por el intento del Congreso de Guatemala de colocar como magistrado de la Corte Constitucional a una persona con recursos legales pendientes en su contra”. Y añadió:  “Esto amenaza el estado de derecho en Guatemala al debilitar la integridad de su más alta corte”.

We are deeply concerned by the Guatemalan Congress' attempt to place an individual with pending legal injunctions against him as constitutional court magistrate.

This threatens the rule of law in Guatemala by weakening the integrity of its highest court.

— Julie Chung (@WHAAsstSecty) January 27, 2021

Se trata de Moto y los dos pedidos de retiro de inmunidad que planteó el Ministerio Público (MP) por sus actuaciones en el caso Libramiento de Chimaltenango y por intentar hacerse del caso Comisiones Paralelas 2020, sobre una red para influir en la elección de magistrados de las cortes Suprema de Justicia y Apelaciones que debieron asumir desde 2019.

A través de un amparo provisional de la Sala Primera de Apelaciones Civil y Mercantil, Moto consiguió el 26 de enero que el Colegio de Abogados enviara al Congreso la certificación que lo acredita como magistrado electo por ese organismo, trámite que había frenado porque el tribunal electoral no ha resuelto varias apelaciones contra el proceso electoral en ese gremio. En cuestión de horas, el oficialismo en el Congreso lo juramentó ese mismo día, a pesar de que la oposición criticó que el punto no estaba en agenda. Más de diez recursos legales contra las actuaciones del Congreso y la Sala Primera están en manos de la CC, que, por otra parte, debe darle posesión del cargo al nuevo magistrado.

Sucesora de Michael Kozak, Chung es la principal funcionaria del Departamento de Estado para el continente americano, incluido el Caribe. Según un apartado en la página web, esta oficina tiene como temas principales la protección de ciudadanos estadounidenses, el fomento del crecimiento inclusivo y la defensa de la libertad.

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La juramentación finalmente ocurrió a toda prisa la noche de este 26 de enero en el Congreso, pero hay al menos 12 recursos legales que deben resueltos y podrían dar un giro.

1. Amparo solicitado por el abogado Alfonso Carrillo contra el Congreso ante la posibilidad -en ese momento- de que juramentara a Mynor Moto sin que el Colegio de Abogados haya resuelto apelaciones al proceso electoral para nominar al magistrado titular de ese organismo ante la CC para el periodo 2016-2021 -a este recurso ya se le dio trámite-.
2. Apelación del mismo abogado contra la directiva del Colegio de Abogados (Cang).
3. Ocurso de queja contra la Sala Primera de Apelaciones Civil y Mercantil.
4. Carrillo presentó otro amparo contra el Congreso por haber juramentado a Moto y con eso busca que la CC no dé posesión del cargo a Moto.
5. Acción Ciudadana (AC) presentó amparo contra el Congreso ante la juramentación de Moto.
6. AC también apeló el amparo provisional de la Sala Primera Civil y Mercantil a favor de Moto.
7. Abogado Walter Emilio Cuc Sajquiy presentó apelación contra el amparo de la Sala Primera de Apelaciones Civil y Mercantil.
8. Abogada Edna Marisol Flores Mejicanos presentó apelación contra el amparo de la Sala Primera de Apelaciones Civil y Mercantil.
9. Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), presentó recurso de apelación en contra del amparo provisional.
10.  Fiscalía de Asuntos Constitucionales presentó también apelación contra el amparo provisional.
11. El Colegio de Abogados apeló la resolución de la Sala Primera de Apelaciones.
12. Abogada María Eugenia Mijangos busca amparo contra el Congreso.

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El tribunal informó la noche del 26 de enero que dio trámite al amparo solicitado por Carrillo y dio seis horas al Congreso, que corrieron a partir aproximadamente desde las 19 horas, para que entregue un informe circunstanciado sobre las actuaciones para juramentar a Moto.

La CC aglutinó varios de esos recursos, en tanto pidió informes a los interponentes para emitir fallos.

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Reacciones a la juramentación

Fundaciones y organizaciones sociales se expresaron en torno a la forma apresada con la que el Legislativo juramentó a Moto a pesar de que hay recursos legales pendientes relacionados con la elección del Colegio de Abogados.

La Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) manifestó indignación, rechazo y preocupación por los procedimientos anómalos por la juramentación de Moto sin la resolución previa de las impugnaciones y alertó para que actos como ese no sean un antecedente para la nominación de magistrados constitucionales para el periodo 2021-2026.

Manifestamos nuestra indignación, rechazo y profunda preocupación porque procedimientos anómalos no se conviertan en antecedentes para la próxima integración de la Corte de Constitucionalidad. pic.twitter.com/7RegGrXI1I

— ASIES Guatemala. (@ASIES_GT) January 27, 2021

Para la Fundación Libertad y Desarrollo, los diputados del Pacto de Corruptos actuó a espaldas del pueblo y juramentaron a un juez cuestionado asestando un golpe a la ley y la Constitución.

#Guatemala I Comunicado de Fundación Libertad y Desarrollo. pic.twitter.com/8wzvfOdY3P

— Fundación Libertad y Desarrollo (@FundacionLD) January 27, 2021

El Movimiento Projusticia consideró que la CC debe resolver el entuerto creado por el Congreso, pero dejó la duda sobre si los magistrados constitucionales se sumarán al Pacto de Corruptos o si velará por la constitucionalidad.

82 diputados y aliados en otros sectores, que ayer juramentaron a Mynor Moto como magistrado de la CC, crearon una situación caótica que afecta al régimen democrático y sus instituciones.
La CC debe resolver el entuerto.
¿Se sumará al pacto o velará la constitucionalidad?

— ProJusticiaGuatemala (@ProJusticiaGuat) January 27, 2021

La embajada de Estados Unidos en Guatemala aseveró, previo a la juramentación de Moto, que los procesos de designación de magistrados de la CC deben ser legítimos, abiertos, transparentes y de acuerdo con la Constitución. Es imprescindible proteger la justicia en Guatemala y asegurar que los magistrados de la corte más alta cumplen con los requisitos más altos.

Los procesos de designación de magistrados de la @CC_Guatemala deben ser legítimos, abiertos, transparentes y de acuerdo con la constitución. Es imprescindible proteger la #Justicia en #GUA y asegurar que los magistrados de la corte más alta, cumplen con los requisitos más altos.

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) January 27, 2021

“El respeto al debido proceso es responsabilidad y obligación de todos los individuos, organizaciones y por supuesto de los organismos del Estado. A nuestro criterio hoy lo violentaron algunos diputados del Congreso de la República”, dijo por su parte el Frente Ciudadano contra Corrupción.

Aparte, la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) consideró: una vez más el Congreso muestra su rápida acción en asuntos lesivos para la institucionalidad.

A pesar de impugnaciones pendientes y amparos, diputadas/os de la alianza legislativa aprueban el acuerdo para juramentar a Mynor Moto como magistrado titular a la @CC_Guatemala

Una vez mas el @CongresoGuate muestra su rápida acción en asuntos lesivos para la institucionalidad. pic.twitter.com/bf9Ao5wqgJ

— AEU (@AEU_OliverioCDL) January 27, 2021

La Cámara de Industria de Guatemala también emitió un pronunciamiento respecto a la elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad.

Guatemala necesita respeto al debido proceso, certeza jurídica e independencia judicial pic.twitter.com/2Xc10okF1Q

— Cámara de Industria de Guatemala (@industriaguate) January 29, 2021

Aparte, la Cámara del Agro se pronunció respecto a la situación en la Alta Corte.

¡IMPORTANTE!

"Respetar la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes vigentes, es una condición básica para un clima de inversión y empleo en el país".

Comunicado de prensa: https://t.co/OhVk9hDUpR pic.twitter.com/lGFbGCgioX

— Cámara del Agro (@CamagroGuate) January 29, 2021

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“El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad acorde a su mandato constitucional de velar por estricto cumplimiento de la ley, presentó ante la Corte de Constitucionalidad recurso de apelación contra el auto de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Ramo Civil y Mercantil constituida en tribunal de amparo que otorgó amparo provisional que permitió la juramentación de Mynor Mauricio Moto Morataya como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad”, escribió la Fiscalía.

De acuerdo con el MP, con la juramentación de Moto “se vulneró el debido proceso, irrespetando el contenido del artículo 156 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, al existir impugnaciones pendientes, entre ellas la planteada por la Fiscalía el pasado 20 de enero.

Pese a los recursos legales pendientes, Moto fue juramentado como magistrado de la CC elegido por el Colegio de Abogados para concluir el periodo 2016-2021.

El Congreso lo juramentó horas después de que la Sala Primera de Apelaciones Civil y Mercantil emitiera un amparo provisional. El proceso de certificación de Moto estaba detenido por la junta directiva del Colegio de Abogados para que el tribunal electoral resolviera varias apelaciones al proceso de elección en ese organismo, pero el amparo provisional ordenó que el Colegio enviara al Congreso la certificación.

La juramentación se llevó a cabo en medio de señalamientos hacia Moto por parte de diputados de oposición, quienes no se explicaban el por qué de la urgencia de conocer ese tema cuando “no era de urgencia nacional”.

Al menos cuatro amparos intentaban detener la juramentación de Moto y la CC informó que ya dio trámite a uno de ellos, del cual el Congreso, autoridad impugnada, deberá emitir un informe para el fallo de los magistrados constitucionales.

#ComunicadoDePrensa
El Ministerio Público informa: pic.twitter.com/zOEf5wyzLt

— MP de Guatemala (@MPguatemala) January 27, 2021

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Mynor Moto: Estos son los recursos legales planteados contra el Congreso y la sala de Apelaciones que otorgó el amparo

El Congreso hizo la juramentación horas después de que la Sala Primera de Apelaciones Civil y Mercantil emitiera un amparo provisional que pavimentó el camino.

El proceso de certificación de Moto estaba detenido por la junta directiva del Colegio de Abogados para que el tribunal electoral resolviera varias apelaciones al proceso de elección en ese organismo.

Sin embargo, el amparo provisional ordenó que el Colegio enviara al Congreso la certificación de Moto. La juramentación ocurrió pasadas las 19.30 horas.

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Al menos cuatro amparos intentan detener la juramentación de Moto y la CC informó que ya dio trámite a uno de ellos, del cual el Congreso, autoridad impugnada, deberá emitir un informe para el fallo de los magistrados constitucionales.

Diputados de oposición criticaron que la juramentación fuera apurada cuando no estaba agendada y el trámite del amparo de la CC podría, según su apreciación, hacer que el organismo cayera en ilegalidad. Finalmente, no pudieron con sus votos bloquear la sesión y prefirieron salir del hemiciclo antes de la juramentación.

En rueda de prensa posterior a salir del hemiciclo parlamentario, Mynor Moto dijo, ante las apelaciones pendientes en torno a su elección, que espera los resultados para cumplirlos o para hacer una defensa integral.

“El pueblo es el juez de jueces. Vamos a hacer un trabajo transparente, de puertas abiertas, resolver conforme a Derecho, con mucho respeto, bajo los principios constitucionales”, declaró Moto.

Una misión

Edgar Ortiz, director del área jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo, considera que la prisa del Congreso por la juramentación obedece a que Moto, que el 14 de abril deberá terminar el periodo, será quien incline la balanza a favor de la llegada de magistrados cuestionables a la CC para el periodo 2021-2026, proceso sobre el cual Estados Unidos ha presionado por magistrados legítimos y transparentes.

También aseveró que lo ocurrido hoy fue una operación cuestionable ya que el magistrado Castellanos, uno de los magistrados que dio el amparo provisional, debió inhibirse porque meses atrás se expresó en redes sociales a favor de Moto. Otro hecho cuestionable es que hay seis apelaciones en el tribunal electoral del Colegio de Abogados contra el proceso de elección, y a pesar de eso el Legislativo agilizó la juramentación.

#Guatemala I Comunicado de Fundación Libertad y Desarrollo. pic.twitter.com/8wzvfOdY3P

— Fundación Libertad y Desarrollo (@FundacionLD) January 27, 2021

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Mynor Moto: Cang devuelve a tribunal la certificación por inconsistencias

La Sala Primera de Apelaciones Civil y Mercantil, constituida en tribunal de amparo, ordenó al Colegio notificar al Congreso y la Corte de Constitucionalidad (CC) sobre la elección de Moto, juez tercero penal con dos solicitudes de retiro de inmunidad y considerado no idóneo al cargo por el Ministerio Público.

A lo interno, el Colegio detuvo el proceso al devolver al tribunal electoral de ese organismo la certificación de victoria de Moto porque había apelaciones pendientes al proceso electoral de magistrado titular planteadas por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), organizaciones civiles y abogados particulares, sobre las cuales el tribunal había remitido la certificación sin haberles dado respuesta.

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***COMUNICADO DE PRENSA*** pic.twitter.com/TzkkYEZt2t

— CC Guatemala (@CC_Guatemala) January 27, 2021

Entre amparos y hemiciclo

El abogado Alfonso Carrillo y Acción Ciudadana (AC) presentaron esta tarde amparos en la CC ante la amenaza de que el Congreso juramente a Moto sin que se hayan resuelto las impugnaciones al proceso electoral del Colegio de Abogados, de las cuales ambos plantearon uno cada uno. El tribunal informó que ya le dio trámite al de Carrillo y dio un plazo de seis horas al Legislativo, después de ser notificado, para que entregue un informe circunstanciado.

Pasadas las 18 horas, el pleno del Congreso comenzó a conocer el amparo provisional a fin de llegar a la certificación del Colegio de Abogados y finalmente juramentar a Moto; había quórum de 113 diputados.

Manuel Conde, del PAN, dijo que el Congreso debe acatar la orden judicial y respetar la decisión del Colegio de Abogados, y criticó que “pajarracos” pretenden detener la juramentación mediante amparos.

Ligia Hernández Gómez, del Movimiento Semilla, expuso que ya es de conocimiento público que hay un amparo en trámite y expresó extrañeza por qué el Congreso apresura la juramentación cuando no estaba agendada hoy y no debe anteponerse a la interpelación del ministro de Gobernación, Gendri Reyes, que tiene carácter constitucional.

La diputada Andrea Villagrán dijo que un notificador de la CC intentó desde las 18 horas entregar la notificación, pero el Congreso se negó a recibirla -la notificación fue recibida a eso de las 19 horas-. “¿Qué informe quiere enviar el Congreso -a la CC- si quiere juramentarlo -a Moto-. Sería una ilegalidad”, cuestionó.

Walter Felix, de URNG, señaló que lo de hoy es un proceso “arrebatado e irresponsable” con interés ocultos y criticó que el Congreso no actúa con esa celeridad para la vida política, económica y social. “Estamos ante un proceso seriamente cuestionado y viciado, plagado de anomalías”, lamentó Félix, al enumerar que hay impugnaciones pendientes contra la elección de Moto.

Para Sonia Gutiérrez, de Winaq, sería “un acto repudiable, opaco, oscuro e ilegal” que el Congreso juramente a Moto de forma precipitada cuando ha postergado la elección de cortes.

Mensaje
Durante la sesión plenaria del Congreso, la embajada de Estados Unidos en Guatemala se pronunció así: “Los procesos de designación de magistrados de la CC deben ser legítimos, abiertos, transparentes y de acuerdo con la Constitución. Es imprescindible proteger la justicia en Guatemala y asegurar que los magistrados de la corte más alta, cumplen con los requisitos más altos”.

Los procesos de designación de magistrados de la @CC_Guatemala deben ser legítimos, abiertos, transparentes y de acuerdo con la constitución. Es imprescindible proteger la #Justicia en #GUA y asegurar que los magistrados de la corte más alta, cumplen con los requisitos más altos.

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) January 27, 2021

Quiénes dieron el amparo

Wilber Estuardo Castellanos Venegas es uno de los magistrados que dio el amparo provisional a Moto. Tiene un proceso de solicitud de retiro de inmunidad planteado por el Ministerio Público (MP) por haberse reunido con Gustavo Alejos, procesado en varios casos de corrupción y operador para influir en la elección de cortes. También es aspirante a magistrado de Apelaciones.

También firmó el amparo Elvia Esther Vásquez Sagastume, finalista para ser magistrada de Apelaciones, así como César Najarro.

2021 y más

Moto fue elegido por el voto del gremio de abogados durante la segunda vuelta del 18 de enero. El juez tercero penal ganó por 3 mil 610 votos -52%-, sobre los 3 mil 265 -47%- del otro aspirante, Estuardo Gálvez, exrector de la Universidad de San Carlos.

Ocupará el cargo de Bonerge Mejía, magistrado titular elegido en 2016 para la magistratura 2016-2021, es decir que estará en la CC hasta el 14 de abril de 2021. Si bien serían 78 días, Moto ya manifestó interés por competir para el periodo 2021-2026, siempre por el Colegio de Abogados.

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Por mayoría, la directiva acordó devolver la documentación en vista de que hay impugnaciones contra el proceso que están pendientes de resolución y por lo tanto no está en firme. Además, le endilgó al tribunal que la certificación tiene inexactitudes de redacción.

Ante eso, el Cang no aún enviará al Congreso la certificación para que Moto sea juramentado magitrado titular para terminar el periodo 2016-2021.

Las impugnaciones son los abogados Alfonso Carrillo, Edna Marisol Flores, Acción Ciudadana, Alianzas por las Reformas y la Fiscalía Especial contra la Impunidad, básicamente con dos argumentos: irregularidades en la inscripción de candidatos porque no se revisó el requisito constitucional de idoneidad, honorabilidad y capacidad, en particular con Moto.

Junta Directiva del CANG, a sus agremiados y opinión pública hacer saber: @lahoragt @Noti7Guatemala @CanalAntigua @EmisorasUnidas pic.twitter.com/cleMlrbq6h

— CANG GUATEMALA (@CangGuatemala) January 10, 2021

Moto ha estado en medio de la polémica por varias de sus decisiones como juez, que incluso han motivado que el Ministerio Público solicite tres antejuicios en su contra señalándolo de varios delitos.

Pero, ¿quién es Mynor Moto y por qué causa controversia su elección?

En este gráfico interactivo, elaborado especialmente para nuestros lectores más fieles que forman la comunidad de PL+, se puede hacer un repaso de su experiencia y sus fallos más discutidos.

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Mientras eso sucede, al menos cinco amparos han sido presentados por diversas organizaciones y por la Fiscalía contra la Impunidad del Ministerio Público, para que Moto no sea designado como magistrado titular de la CC.

En ese sentido, la organización Alianza por las Reformas hizo un análisis del artículo 156 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad y refieren que este contiene la Impugnación de las designaciones de Magistrados.

Agrega que en este se establece en el segundo párrafo. “La designación de Magistrados por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y por la Asamblea del Colegio de Abogados de Guatemala podrán ser impugnadas conforme a la ley, pero mientras se resuelven las impugnaciones continuarán actuando los Magistrados titulares y suplentes que deben ser sustituidos”.

Según la organización, al no haberse agotado el trámite de las impugnaciones y demás acciones legales que se puedan interponer en contra de la designación realizada por el Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios el 18 de enero de 2021, “NO es posible comunicar los resultados al Congreso de la República ni tampoco se puede proceder a la juramentación establecida en el artículo 157 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad”.

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Antecedente

La organización detalla en su análisis que hay un antecedente en febrero del 2006, cuando el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) designó como Magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad a Mario Ramiro Pérez Guerra.

Explica que esa decisión fue impugnada de conformidad con el recurso de revisión que establece la normativa interna de la Universidad, siendo declarada con lugar, lo que provocó una nueva convocatoria de la elección.

Pérez Guerra interpuso un amparo contra la resolución de dicho órgano y se le dio el amparo provisional y con eso evitó que se llevara a cabo la elección nuevamente.

En esa ocasión los interesados en el caso apelaron el amparo provisional ante la CC y esta lo declaró sin lugar y confirmó la designación de Mario Ramiro Pérez Guerra como magistrado titular y ordenó el rector de la Usac que comunicara lo resuelto al Congreso y se procediera a la juramentación.

Posteriormente, la Comisión Extraordinaria de Reformas al Sector Justicia del Congreso emitió dictamen favorable a la iniciativa de ley 3511. En su exposición de motivos expusieron lo siguiente: “En su oportunidad, el Congreso de la República cumplió con las obligaciones que contempla la ley para declarar la integración de la Corte de Constitucionalidad, habiendo quedado pendiente de formar parte de la misma el Magistrado Titular electo por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, debido a que el proceso interno de esa casa de estudios debió someterse a conocimiento de otras instancias legales con motivo de la interposición de un recurso de amparo”.

El análisis añade que no fue hasta la aprobación del decreto 22-2006 con fecha 25 de julio de 2006. (cuando el cambio de magistraturas está regulado para el 14 de abril) que el Congreso decreta completar la integración de la CC para el período 2006-2011

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El argumento

Alianza por las Reformas argumenta en su análisis que “resulta relevante el análisis del antecedente mencionado, pues demuestra con claridad que el objeto del párrafo segundo del artículo 156 es el de asegurar que la integración de la CC pueda darse una vez se hayan resuelto las acciones legales que sobre el procedimiento de elección pudieran surgir”.

Menciona que como puede notarse en el expediente 1207-2006, es hasta en el momento de la resolución de la apelación que la CC ordena que se proceda a comunicar el resultado de la elección al Congreso de la Republica y su posterior juramentación. Por tanto, el abogado Mario Ramiro Pérez Guerra tomó posesión del cargo hasta julio, tras haberse resuelto en definitiva los cuestionamientos producidos sobre el proceso que lo designó en el cargo.

Concluye que de no hacerse de esa forma “puede producirse una situación donde una persona asuma tan alta investidura y que posteriormente, debido a las acciones legales interpuestas, se pueda anular el proceso y ordenar su repetición. Eso anularía todo lo que esa persona pudo haber conocido durante su tiempo en el cargo, lo que representa un riesgo a la seguridad y certeza jurídica en las resoluciones que emanen de tan importante órgano constitucional”.

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Cang inquiere sobre la certificación de Mynor Moto

La junta directiva del Colegio de Abogados (Cang) interrogó al tribunal electoral de ese órgano si, a pesar de que hay recursos pendientes de resolución, debió entregarle la certificación de elección de Mynor Moto para que la envíe al Congreso.

La duda de la directiva ronda en torno a que, si bien ya tiene la certificación que le remitió el tribunal electoral, hay apelaciones pendientes de resolución

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Se trata de la certificación donde Moto, juez tercero penal, fue elegido magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2016-2021.

La duda de la directiva ronda en torno a que, si bien ya tiene la certificación que le remitió el tribunal electoral, hay apelaciones pendientes de resolución.

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Ovidio Orellana, presidente del Cang, dijo que, hasta la tarde de este 21 de enero, el tribunal no había respondido el requerimiento.

Entre quienes presentaron impugnación están los abogados Alfonso Carrillo, Edna Marisol Flores, Acción Ciudadana, Alianzas por las Reformas y la Fiscalía Especial contra la Impunidad, básicamente con dos argumentos: irregularidades en la inscripción de candidatos porque no se revisó el requisito constitucional de idoneidad, honorabilidad y capacidad, en particular con Moto.

Si los recursos de apelación no prosperan, Moto ocupará el cargo de magistrado titular hasta que termine el periodo 2016-2021, aproximadamente el 14 de abril, pero ya anunció intención de aspirar a la magistratura 2021-2026.

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De acuerdo con el Ministerio Público (MP), el recurso fue planteado porque el Tribunal Electoral del CANG incumplió los plazos establecidos para efectuar la elección.

“Por instrucciones de la Fiscal General, MP/FECI planteó recurso de apelación contra el Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, por la designación del abogado Mynor Mauricio Moto Morataya como magistrado titular, para cubrir el período faltante por el fallecimiento del magistrado Bonerge Amílcar Mejía Orellana”, escribió el MP.

Agrega: “según el planteamiento, se incumplió con el plazo estipulado en la reglamentación respectiva para celebrar la asamblea en la que se desarrolló la elección, además de que la autoridad impugnada incumplió con la verificación de méritos de capacidad, idoneidad y honradez de los participantes.

Otras apelaciones

Tres apelaciones presentadas este 19 de enero al Colegio de Abogados (Cang) buscan que quede sin efecto la elección de Mynor Moto para magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) y terminar el periodo 2016-2021.

La primera acción legal fue presentada por el abogado Alfonso Carrillo, que pide que el nombramiento de Moto sea anulado, así como la inscripción de los candidatos al cargo porque el Tribunal Electoral del Cang no cumplió con en examinar y calificar los requisitos sobre los años de ejercicio profesional de los candidatos, ni tampoco el artículo 113 constitucional, sobre la honorabilidad, capacidad e idoneidad para el cargo.

Aparte, la organización Acción Ciudadana también planteó una apelación para que el Colegio deje sin efecto la designación de Moto en vista de que no cumple con la idoneidad, capacidad y honradez.

Según Ovidio Orellana, presidente del Cang, Edna Marisol Flores Mejicanos presentó una apelación contra el procedimiento electoral del 18 de enero.

Aparte, la agrupación Alianza por las Reformas informó que presentó apelación contra la elección de Moto porque el Tribunal Electoral del Cang no revisó la honorabilidad y el cumplimiento de todos los requisitos del juez y el resto de candidatos.

Moto fue declarado ganador en segunda vuelta por 3 mil 610 votos -52%-, sobre los 3 mil 265 -47%- del otro aspirante, Estuardo Gálvez, exrector de la Universidad de San Carlos.

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Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva del Movimiento ProJusticia, presume que los magistrados estarán divididos en dos grupos. Uno estará integrado por los magistrados: Gloria Porras, José Francisco de Mata Vela, José Mynor Par Usen y María Cristina Fernández García. Mientras que el otro grupo estaría armado por: Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa, Mynor Moto, María de los Ángeles Araujo Bohr, José Rosales Mirón y Henry Philip Comte.

“Tendríamos un grupo de seis y otro de cuatro. Eso es lo que se percibe que ocurrirá en la correlación de fuerzas a lo interno de la CC, por lo menos para completar este período. ¿Qué significa esto? Ellos de todas maneras ya tenían una ventaja sobre el otro grupo antes de que fuera electo Moto. En cuanto se concrete la incorporación del juez a la CC, tendrán una mayor ventaja”, opinó Ibarra.

Agregó que dependerá como se integre el pleno para conocer las acciones presentadas ante el máximo tribunal habrá distintas mediciones de fuerzas, porque también se debe tomar en cuenta los días y el tema que se conozca hasta el próximo 14 de abril, fecha en la que asumirá la nueva Corte de Constitucionalidad.

Para Edgar Ortiz, director de la Fundación Libertad y Desarrollo, los temas tributarios, justicia ordinaria y el día a día en la CC no habrá un cambio muy notable al momento de resolver las acciones; sin embargo, afirmó que, en las acciones inconstitucionales, casos de alto impacto o amparos políticos habrá un cambio más visible.

“Creo que la mayoría –de magistrados—que había hasta ahora era contrapoder político. Teníamos una mayoría de Gloria Porras, María Cristina Fernández y Francisco de Mata Vela. Mientras que Mynor Moto representa una línea más progobierno y, creo que los amparos y todas las acciones políticas que conozca la CC se verá que la mayoría probablemente se volteé. Esa es la apreciación que tengo a partir de los fallos que ha dado el juez Moto de alto impacto en su judicatura”, concluyó Ortiz.

Pero para que Moto tome posesión de su cargo en la CC se deben resolver las impugnaciones presentadas contra su designación como magistrado por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). Ortiz expresó que mientras estas acciones estén pendientes de resolverse, por lo que es probable que pasen días o semanas para pueda asumir.

Además, cuestionó por qué hay tanto interés para un cargo que durará por lo menos tres meses, y dijo que podría explicarse en que se quiere alterar las mayorías en el Tribunal Constitucional por la nueva magistratura, previendo que presenten impugnaciones por ese proceso y de alguna forma Moto resuelva en otro sentido.

Preocupación

Denis Martínez, encargado de la oficina de Impunity Watch en Guatemala, expresó que en los últimos cuatro años la CC mantuvo una fuerte lucha contra la corrupción e impunidad, y los magistrados que han llegado en los últimos meses muestran una posición contraria y de protección hacia personas que son señaladas en actos de corrupción y que han debilitar las instituciones que están relacionadas con la independencia judicial.

“Con la llegada de los nuevos magistrados vemos que puedan tener un impacto negativo en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Nos preocupa mucho la llegada del juez –Mynor—Moto, porque sabemos que tiene señalamientos muy fuertes de actos de corrupción o de dar protección a personas señaladas en corrupción. Nos preocupa que esta tendencia se pueda marcar en las resoluciones en las que él pueda participar durante estos tres meses”, opinó Martínez.

La preocupación porque los fallos de la CC hasta abril próximo favorezcan a personas señaladas en corrupción o vinculadas con el crimen organizado también es compartida por la exmagistrada de la Corte de Apelaciones, Yolanda Pérez Ruiz, quien tiene la percepción que, en este breve plazo, no se conocerán las acciones interpuestas que a la ciudadanía le interesa, porque se podrán ver “saboteadas” y podrían salir con fallos que afectan a los ciudadanos.

“Vamos a ver mayores desestimaciones en materia penal o como la prensa suele llamar de “alto impacto” y como se desmorona el aparato que se había montado para combatir la impunidad se vendrá abajo. Sigo pensando, al igual que muchísimos guatemaltecos que, la lucha contra la corrupción perderá la fuerza que venía adquiriendo”, advirtió.

Pérez Ruiz cree que las fuerzas que buscan que la impunidad siga en el país se han fortalecido y han colocado en todos los ámbitos a personas que son afines con sus intereses; mientras que los aliados en el combate contra la corrupción se debilitan.

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La primera acción legal fue presentada por el abogado Alfonso Carrillo, que pide que el nombramiento de Moto sea anulado, así como la inscripción de los candidatos al cargo porque el Tribunal Electoral del Cang no cumplió con en examinar y calificar los requisitos sobre los años de ejercicio profesional de los candidatos, ni tampoco el artículo 113 constitucional, sobre la honorabilidad, capacidad e idoneidad para el cargo.

Aparte, la organización Acción Ciudadana (CC) también planteó una apelación para que el Colegio deje sin efecto la designación de Moto en vista de no cumple con la idoneidad, capacidad y honradez.

Según Ovidio Orellana, presidente del Cang, Edna Marisol Flores Mejicanos presentó una apelación contra el procedimiento electoral del 18 de enero.

Aparte, la agrupación Alianza por las Reformas informó que presentó apelación contra la elección de Moto porque el Tribunal Electoral del Cang no revisó la honorabilidad y el cumplimiento de todos los requisitos del juez y el resto de candidatos.

“Es importante señalar que a las magistraturas de la CC deben llegar los mejores abogados y abogadas y no quienes han sido sistemáticamente señalados de favorecer a acusados de corrupción y redes de impunidad”, aseveró la Alianza.

Orellana informó al respecto que hasta las 19.45 horas de este 19 de enero, esa apelación no había ingresado al sistema del Cang.

Moto fue declarado ganador en segunda vuelta por 3 mil 610 votos -52%-, sobre los 3 mil 265 -47%- del otro aspirante, Estuardo Gálvez, exrector de la Universidad de San Carlos.

Si no hay recursos legales que lo impidan, Moto asumiría el cargo titular hasta aproximadamente mediados de abril, cuando finalice el periodo, pero ya anunció intención de aspirar al cargo para la próxima magistratura, de 2021-2026.

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La petición de retiro de inmunidad contra el juez Moto, elegido ahora como magistrado de la Corte de Constitucionalidad, fue realizada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), quien lo señala de obstrucción de la justicia y prevaricato.

Según la Feci, los señalamientos contra Moto son por haberse reunido con personas señaladas en el caso Comisiones Paralelas 2020 y haber intentado tener el control de ese procedimiento.

El caso

El 4 de enero del 2021 el Ministerio Público (MP) informó que en el marco del caso Comisiones Paralelas 2020, la Feci solicitó el retiro de la inmunidad en contra del juez tercero de primera instancia penal, Mynor Mauricio Moto Morataya por los delitos de conspiración para la obstrucción de justicia y prevaricato.

En febrero de 2020 la Feci presentó una investigación que denominó Comisiones Paralelas 2020, en la que expuso un conjunto de actores que se habrían reunido con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara (sindicado en varios casos de corrupción) con el fin de manipular las actuaciones y votaciones en las Comisiones de Postulación para la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, así como del propio Congreso de la República.

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La investigación que se originó del caso dio como resultado que la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo a la fiscal general Consuelo Porras y el planteamiento de antejuicio contra 16 funcionarios judiciales involucrados en la pesquisa.

la Feci documentó distintos eventos, entre estos, reuniones del hermano de quien fungió como comisionado postulador Dennis Billy Herrera Arita, Douglas Herrera, comisionado de postulación), con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara (operador externo) y el juez Geisler Smaille Pérez Domínguez (aspirante a magistratura de la Sala de Apelaciones, con antejuicio en trámite).

Señala que se demostró que Dennis Billy Herrera Arita, tenía comunicación telefónica y/o en redes de mensajería instantánea con Alejos Cámbara.

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Apoyo al juez Moto

El MP comprobó que Douglas Eduardo Herrera Arita participó en un evento reciente de apoyo al juez Mynor Moto en sus aspiraciones por convertirse en magistrado de la CC nominado por el Colegio de Abogados y Notarios.

La investigación añade que “es de conocimiento que Mynor Moto pretende asumir arbitrariamente el control de la investigación del caso Comisiones Paralelas 2020, a petición de Dennis Billy Herrera Arita”.

Estos eventos, evidencian que un grupo de personas se concertaron, no solo con el objeto de defender sus propios intereses o de terceros en el proceso de postulación para magistraturas de altas cortes, sino al verse descubiertos, ellos mismos están utilizando a figuras, como la del juez Moto Morataya con el propósito de intimidar a los fiscales y juez a cargo de la investigación y obstaculizar la obtención de pruebas para el proceso, según el MP.

El MP señala que de esa forma, la búsqueda de la impunidad, es impulsada por poderes ocultos, que tratan de distorsionar el sistema de justicia, para mantener la intrincada red de mecanismos de control de comisiones de postulación, y que los hechos en los que se materializan, al ser detectados, no sean sometidos al sistema de justicia.

Indica que este esquema de intento permanente de cooptación de la justicia impacta particularmente un sistema afectado por la corrupción y la falta de independencia judicial.

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Juez Moto se pronuncia

Ese día en que se solicitó el retiro de inmunidad contra el juez Moto, este recordó que “supuestamente” presentaron retiro de inmunidad en su contra la semana pasada y que lamenta que el MP en algunas fiscalías precisamente tomen esa postura cuando alguien está en búsqueda de cargos de elección popular a gremial.

Añadió que confía en el sistema de justicia de Guatemala. Dijo que desconoce el preámbulo y “no tengo nada que ver con Comisiones Paralelas” y eso lo puede asegurar.

Agregó que espera tengan evidencia suficiente y “no sea como siempre lo han hecho”, a base de injerencias o intereses sin fundamento o indicios racionales.

Señaló que todos somos responsables ante la ley y tarde o temprano la ley le llega a cualquier persona que la retuerce o tergiversa.

Dijo que desconoce el objeto del antejuicio solicitado por la Feci este lunes 4 de enero  y espera que los fiscales sean responsables de lo que están haciendo.

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El juez tercero penal ganó la segunda vuelta del Cang por 3 mil 610 votos -52%-, sobre los 3 mil 265 -47%- del otro aspirante, Estuardo Gálvez, exrector de la Universidad de San Carlos.

El Cang celebró este 18 de enero la votación de sus agremiados, tres días después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) le diera luz verde al revocar un amparo provisional que detuvo el proceso. Además, en otro proceso, una sala de apelaciones constituida en tribunal de amparo autorizó la votación al dar con lugar una asistencia de debida ejecución de un amparo.

Moto llegará a ocupar la magistratura titular de Bonerge Mejía, quien falleció por covid-19, por lo tanto, si tomara posesión mañana, ejercerá el cargo por 85 días.

Para el MP, Moto no es idóneo para el cargo. Durante las últimas semanas planteó dos antejuicios contra Moto por dos casos, Libramiento de Chimaltenango, el cual preside, y Comisiones paralelas 2020, una estructura que busca influir en la elección de cortes de Apelaciones y Suprema de Justicia que aguarda en el Congreso, aunque los magistrados debieron asumir cargos en octubre de 2019.

Moto afirmó que el Colegio de Abogados hizo un “examen de idoneidad” por el cual le dio los votos y será magistrado constitucional, de lo cual “se siente más fuerte y con mayor compromiso con una independencia constitucional que no va a admitir injerencia, intromisión ni cualquier circunstancia que atente contra el orden constitucional ni el Estado de Derecho”.

Señaló que a la CC “no llegará a hacer política” sino a trabajar por una Corte “objetiva, imparcial y sin sesgos”, así como trabajar para defender el contexto político, jurídico y cultural” en beneficio del pacto social y de la sociedad.

Y desde ya confirmó sus aspiraciones para seguir en la magistratura titular para el periodo 2021-2016 porque, aseguró, colegiados que financiaron su campaña ya se lo pidieron. “¡Claro que sí!, ¿por qué no? si todos tenemos derecho a una proyección profesional y si hay respaldo del gremio vamos a hacer un buen trabajo en las próximas elecciones”.

Presentan recurso de apelación

El licenciado Alfonso Carrillo informó que este martes 19 de enero presentó recurso de apelación en contra de la designación del Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, en la que declaró electo al licenciado Mynor Mauricio Moto Morataya, magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad para completar el periodo de dos mil dieciséis a dos mil veintiuno (2016-2021).

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La convocatoria se hace atendiendo la resolución de la CC con la cual revocó un amparo que suspendía la segunda vuelta, y ordena al Cang llevarla a cabo y finalizar el proceso de elección de magistrado, expone el Colegio en un comunicado brindado por el presidente de este ente Ovidio Orellana.

Se indica que se acordó, por mayoría, acatar lo resuelto por dicho órgano jurisdiccional y la convocatoria se hace en la forma ordenada por ese tribunal constitucional.

La segunda vuelta se realizará a partir de las ocho de la mañana del lunes 18 de enero, en el salón 30 de Junio del Club La Aurora, ubicado en la 9ª. avenida y 15 calle A, zona 13 de la capital. Así como en las sedes del Tribunal Supremo Electoral indicadas en la convocatoria al proceso.

El amparo para suspender dicha votación había sido otorgado por el juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo o Civil del departamento de Guatemala, ante la solicitud formulada por varios abogados que accionaron contra el evento electoral por no estar de acuerdo con los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta.

Al ser consultado el presidente del Colegio si aún hay alguna resolución de órganos legales pendiente de resolver, mencionó que hay acciones constitucionales que están en trámite, además de que de los órganos jurisdiccionales esperan cualquier resolución en cualquier momento.

Orellana dijo que, respecto a las acciones legales que se han promovido, al Colegio no le queda más que cumplir con las resoluciones que se emitan, pero se impugnarían si fuere procedente.

Además, con relación a las críticas por falta de idoneidad de los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta, respondió: “Ello no basta para lograr un resultado diferente, dado que lo que se tiene que hacer es acudir a las instancias correspondientes a plantear con fundamento y soporte esas objeciones y serán estas las que definan si a los reclamantes les asiste o no la razón que, de ser así, es probable que se impida la partición de algún candidato”.

Agregó que si alguna autoridad competente no actuó conforme la Constitución y la ley para ponderar extremos que exige la Constitución, de igual forma ese proceder abre el espacio para ser impugnado como corresponde.

La elección

Tanto Moto como Gálvez buscan ocupar la magistratura titular que quedó vacante por el fallecimiento de Bonerge Mejía sucedida el año pasado.

Por aparte, el 14 de abril de 2021 debe tomar posesión una nueva magistratura de la CC para el período de cinco años 2021-2026, por lo que a partir de enero estará abierto el proceso de convocatoria para cinco grupos de electores. Estos son el Congreso de la República, el Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y el Cang.

La CC debe estar integrada por 5 magistrados titulares y 5 suplentes.

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Esa sala resolvió con lugar una asistencia para la debida ejecutoria de un amparo provisional del 17 de noviembre de 2020 y en consecuencia dio esa orden al Colegio.

Ovidio Orellana, presidente del CANG, confirmó que el colegio ya fue notificado, pero se está analizando el contenido del fallo.

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La segunda vuelta de la elección estaba detenida por un amparo del Juzgado Sexto Civil, pero posteriormente llegó una apelación a la CC, cuyos magistrados han sesionado esta semana pero no se ha informado que haya sido resuelta.

Los dos competidores a la CC son el juez Mynor Moto y el exrector de la Universidad de San Carlos, Estuardo Gálvez, de quienes el Ministerio Público (MP) cuestiona su idoneidad para el cargo.

De acuerdo con la resolución de la Sala, el CANG debe convocar a la asamblea general para el 18 de enero, celebrar y finalizar la segunda vuelta de la elección del magistrado titular para el periodo 2016-2021. Además, debe guardar las medidas de bioseguridad para la prevención del covid-19 y le advierte que tomará las acciones legales si no cumple con lo mandado en la resolución.

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La Corte había programado este hoy una sesión para conocer una apelación de los abogados Helmer Rolando Reyes y Soazig Amanda Santizo que buscan que se revoque el amparo del Juzgado Sexto Civil y con esto se reanude la elección en segunda vuelta.

No obstante, la plenaria no se celebró -el magistrado Francisco de Mata se inhibió- sino sea posiblemente hasta mañana que haya resolución al respecto.

El Juzgado Sexto dio el amparo el viernes 8 de enero a un grupo de abogados y suspendió la votación.

Del fallo de la CC dependerá qué deberá hacer el gremio de abogados que busca por la vía electoral al reemplazo de Bonerge Mejía, magistrado titular de la CC que falleció por covid-19 el 5 de septiembre de 2020 para el periodo 2016-2021 que termina el 14 de abril próximo, es decir solo 93 días.

Quien sea nombrado magistrado de la CC por el CANG ocupará el cargo hasta el 14 de abril de 2020.

Escenarios

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Según Gustavo García Fong, el sistema de elección debe cambiar porque el actual permite que grupos puedan colocar en cortes a personas que defienden sus intereses. Despolitizar y rediseñar el proceso, añadió García, permitirá que en esos puestos haya funcionarios que cumplan con la idoneidad, capacidad y honorabilidad.

Oswaldo Samayoa, también abogado y analista, consideró que la CC debería confirmar el amparo que suspende la votación porque va en el mismo sentido del mayo de 2020 cuando ordenó al Congreso elegir cortes judiciales con base en los requisitos constitucionales de idoneidad, honorabilidad y capacidad.

César García, abogado y exviceministro de Trabajo, sostuvo que, si bien el fallo de la CC puede tener repercusiones, debe ser con base en el marco constitucional y señaló que la institución del amparo no debe utilizarse con fines ideológicos porque ese uso no permite el avance del sistema democrático y representativo del Estado.

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El Juzgado Sexto Civil, constituido en tribunal de amparo, atendió la solicitud que formularon varios abogados que accionaron contra el evento electoral.

El amparo provisional va contra el tribunal electoral del Cang, que debe suspender la votación programada para el lunes 11 de enero que tendría en la contienda a los abogados Mynor Moto, juez tercero penal, y Estuardo Gálvez, exrector de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

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Los abogados amparistas argumentaron que Moto y Gálvez no cumplían con los requisitos de idoneidad, capacidad y honorabilidad que demanda la Constitución, algo que días antes había planteado también el Ministerio Público (MP).

La elección en primera vuelta ocurrió el 4 de enero último, pero en la víspera el MP planteó dos antejuicios contra Moto por dos casos, Libramiento de Chimaltenango, el cual preside, y Comisiones paralelas 2020, una estructura que busca influir en la elección de cortes de Apelaciones y Suprema de Justicia que aguarda en el Congreso, aunque los magistrados debieron asumir cargos en octubre de 2019.

Tanto Moto como Gálvez buscan ocupar la magistratura titular que quedó vacante por el fallecimiento de Bonerge Mejía. Y el periodo sería breve pues la nueva magistratura 2021-2026 asumirá el 14 de abril de 2021.

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Moto se graduó como abogado y notario, tiene un doctorado en Ciencias Penales por la Universidad San Carlos de Guatemala y una maestría en Derecho Constitucional en la misma casa de estudios superiores. Además, ha sido docente en varias universidades del país y también es juez de primera instancia penal.

Se le ha visto junto a figuras políticas ligadas al oficialismo. ¿Se considera un candidato que representa a este grupo?

No, para nada. Me considero un candidato independiente y soy un funcionario judicial de carrera que por más de diez años ha resuelto, y con una trayectoria profesional. He sido no solo imparcial, sino que también desapegado a grupos de interés. Ni siquiera pertenezco a grupos políticos por prohibición de ley. No me siento vinculado y no estoy vinculado a ningún sector público o privado, más que a mi familia y a lo que yo represento que es un función pública totalmente independiente de carácter jurisdiccional.

¿Qué opina sobre las solicitudes de antejuicio en su contra?

Lamento la postura de algunos fiscales que, precisamente cuando llevo un proceso para candidato a magistrado, presentan comunicados o informes de que mi persona fue sujeta de investigación a través de diligencias de antejuicio en el 2016. Y solo para aclararle eso, fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia y lo rechazo in límine. Aparte, el Ministerio Público presentó amparo y la CC lo rechazó, y confirmó la resolución de la CSJ. Es un caso que está archivado. No obstante, lo publicitan y lo hacen en perjuicio de mi persona, de mi dignidad, del derecho de elegir y ser electo. En relación a las otras dos solicitudes de antejuicio, se me presentó una el día de las elecciones, en la cual se me señala de estar involucrado en el caso Comisiones Paralelas. Si yo realmente tuviera vínculos con el sector público o el privado que tienen la responsabilidad de integrar las comisiones de postulación, con supuestos operadores de ese entorno o con grupos de interés con este proceso, hubiera entrado de candidato a Corte de Apelaciones o de la CSJ, porque aspire a las dos. Pero no estoy en ninguna de las dos; es más, a mí ni se me menciona en todo este andamiaje del caso por la supuesta manipulación de cortes. Ahora se me trata de vincular, porque supuestamente me ando reuniendo con abogados vinculados a ciertas personas en investigación o que yo pertenezco o tengo interés. Yo estoy en mi legitimo derecho de elegir y ser electo. Me han investigado, a pesar de que gozo de inmunidad y se me debe respetar.

¿Presentará alguna acción legal contra los antejuicios?

Creo en la institucionalidad, y con el respaldo de más de 2 mil 250 agremiados que me permitieron ingresar a la segunda vuelta, creo en el sistema de justicia, y me voy a someter a lo que se resuelva por parte de los órganos jurisdiccionales. Desde luego y sobre todas las cosas, haré vale mi derecho de defensa y mis garantías procesales frente a la persecución penal para demostrar que todos los señalamientos carecen de objetividad y que evidentemente llevan cuestiones políticas y espurias y de afectación de dignidad hacia mi persona. ¿Después de esto cómo voy a revertir a la opinión pública? La percepción que tienen de mí con base a la confianza que se tiene a las instituciones del Estado.

¿Cuánto le ha costado su campaña?

Se habla de campaña millonaria, pero no hay tales millones, no hay tales patrocinadores. He estado pensado seriamente en invitar a medios de comunicación a un seguimiento para que vayan a sufrir igual que yo lo que es levantarse temprano, pedirle a Dios y agradecerle por la vida, y en la noche terminar cansado. Muchas veces aguantarse el hambre, para que se den cuenta del gasto real. Fueron cinco días de actividad en los cuales me transporte por mis propios medios; la mayoría de las actividades fueron programados por asociaciones, porque ahorita estamos de cara a elegir a la Junta Directiva del Cang, Tribunal de Honor, Decano de Derecho de la Usac, es decir hay varias asambleas y elecciones en donde grupos a nivel nacional se están reuniendo para convencer a los profesionales por cuál grupo ir. En las reuniones me dan un espacio en sus organizaciones para que en 15 minutos me manifieste. ¿En que he gastado? Cero, porque los absorben las asociaciones gremiales que están a cara de otras elecciones. Los desayunos, que no han sido más de tres, no superan los Q1 mil 350. Hay refacciones de Q800, almuerzos de Q1 mil 400. Si no ha salido de las asociaciones, ha salido de los abogados que han participado en el evento. Dicen: “Como nos conocemos, colegas, yo pago”. “Vamos a ayudar al juez”. Porque evidentemente las capacidades económicas no solo son dignas, pero también no lo puedo invertir solo en la campaña por que con qué alimentaré a mi familia. En el evento –elecciones– nos fuimos a regalar anónimamente, porque lo encontramos ahí, bolsas con agua pura; pero no le puedo agradecer a nadie, porque fue anónimo. También fueron a dejar una caja de lapiceros para que cada profesional lo llevara, si no lo tenía. Pregúnteme quién es. No sé porque fue anónimo. ¿Cuánto ha sido el gasto? Le estoy hablando en promedio unos Q15 mil a Q18 mil, y prácticamente ha salido de mi bolsa y lo otro por parte de las actividades de las asociaciones.

¿Cómo se ha financiado el uso de aeronaves? 

Dicen que tenía una avioneta a mi disposición. Le seré honesto y transparente, yo me he transportado en mi vehículo, porque es mi medio y mi combustible. Nadie ha acreditado que he utilizado aeronaves todo el tiempo, porque sería imposible de mi parte. En donde he tenido necesidad de un viaje aéreo no ha superado los Q1 mil en costos y solo ha sido una necesidad en una ocasión.

¿Quiénes han sido sus financistas?

Mi actividad de Cobán fue la de asociación de notarios y abogados de Izabal quienes hicieron el evento, pero no fue solo conmigo. Tengo entendido que al otro día recibieron otros candidatos. Ellos me invitaron, están bien organizado, el lugar no lo cobran, porque es para consumo y se paga muchas veces solo el desayuno.

¿Cuáles son los proyectos de carácter administrativo que realizará como magistrado?

En ese contexto es la presidencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) la que ve el área administrativa y desde luego el aspecto que me corresponde sería la magistratura que ocuparía en el período de culminación 2016 – 2021. Como parte del Cuerpo Colegiado de la CC, lo que buscaría prácticamente es que la Corte tenga presencia en cada uno de los departamentos y que su función sea acercar al agremiado y no el agremiado a la Corte para fortalecer el acceso a la justicia.

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El abogado Alfonso Carrillo presentó una apelación contra el acta de la primera vuelta de elecciones disputada el 4 de enero con el argumento de que los contendientes Moto y Gálvez no gozan de idoneidad, capacidad y honradez que establece la Constitución.

Aparte, un grupo de juristas planteó un amparo contra la junta directiva del Colegio de Abogados y su supuesta inobservancia de los requisitos de idoneidad, honorabilidad y capacidad para la elección de magistrado titular, ante lo cual pide que sea suspendida la segunda vuelta electoral programada para el 11 de enero y la inscripción de Moto y Gálvez.

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Alrededor de la segunda vuelta electoral, el Colegio de Abogados dijo este 7 de enero que profesionales agremiados han informado que recibieron llamadas que afirman hablar “de parte del Colegio de Abogados” para pedir el voto por uno de los dos aspirantes, cuyo nombre no revela.

Además, informó que personas no identificadas intentaron ingresar a las oficinas del Colegio, lo cual se les fue permitido porque no hay atención al público hasta nuevo aviso. De eso el colegio analiza interponer denuncias.

En la antesala de la primera vuelta, el Ministerio Público (MP) interpuso dos solicitudes de retiro de inmunidad para que fuera investigado, por retrasar actividades del caso Libramiento de Chimaltenango y pretender hacerse del control del caso Comisiones Paralelas 2020, del cual lo vincula mediante personas cercanas a Gustavo Alejos, exfuncionario y empresario preso por cinco casos de corrupción y señalado de ser operador para influir en la elección de cortes.

Por si fuera poco, la fiscalía hizo una declaración pública donde consideraba que Moto, así como Gálvez, no eran idóneos para ocupar la magistratura del alto tribunal.

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Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo en Twitter que “solamente magistrados honestos e independientes deben ser electos para integrar la CC”. Y agregó: “la prosperidad y seguridad de Guatemala requieren un sistema de justicia transparente y libre de influencias corruptas”.

Solamente magistrados honestos e independientes deben ser electos para integrar la @CC_Guatemala. La #Prosperidad y #Seguridad de #GUA requieren un sistema de justicia transparente y libre de influencias corruptas. https://t.co/7Z5tmRr3mL

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) January 5, 2021

El colegio celebró votaciones el 4 de enero para elegir al magistrado titular que reemplace a Bonerge Mejía, fallecido por covid-19, para el periodo 2016-2021, que vence el 14 de abril.

Así, Moto, juez tercero penal, y Estuardo Gálvez, exrector de la Universidad de San Carlos, pasaron a segunda vuelta a celebrarse el 11 de enero.

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La votación ocurrió con recientes antecedentes contra Moto: el Ministerio Público (MP) interpuso dos solicitudes de retiro de inmunidad para que fuera investigado, por retrasar actividades del caso Libramiento de Chimaltenango y pretender hacerse del control del caso Comisiones Paralelas 2020, del cual lo vincula mediante personas cercanas a Gustavo Alejos, exfuncionario y empresario preso por cinco casos de corrupción y señalado de ser operador para influir en la elección de cortes.

Por si fuera poco, la fiscalía hizo una declaración pública donde consideraba que Moto, así como Gálvez, no eran idóneos para ocupar la magistratura del alto tribunal.

Durante la campaña, Moto promovió como plan de trabajo la consolidación del estado de Derecho, el fortalecimiento judicial y el respeto a la autonomía funcional y división de poderes. Cabe señalar que el periodo por el cual fue elegido no dura más de cien días.

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Moto, juez tercero penal, obtuvo 2 mil 256 votos, mientras que Gálvez, exrector de la Universidad de San Carlos, sumó 2 mil 142.
Los otros competidores fueron Walter Brenes -551-, Erick Castillo -520- y Ronal Miranda Bautista -682-.

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La segunda vuelta será el lunes 11 de enero.

La votación ocurrió con recientes antecedentes contra Moto: el Ministerio Público (MP) interpuso dos solicitudes de retiro de inmunidad para que fuera investigado, por retrasar actividades del caso Libramiento de Chimaltenango y pretender hacerse del control del caso Comisiones Paralelas 2020, del cual lo vincula mediante personas cercanas a Gustavo Alejos, exfuncionario y empresario preso por cinco casos de corrupción y señalado de ser operador para influir en la elección de cortes.

Por si fuera poco, la fiscalía hizo una declaración pública donde consideraba que Moto, así como Gálvez, no eran idóneos para ocupar la magistratura del alto tribunal.

Durante la campaña, Moto promovió como plan de trabajo la consolidación del estado de Derecho, el fortalecimiento judicial y el respeto a la autonomía funcional y división de poderes. Cabe señalar que el periodo por el cual fue elegido no dura más de cien días.
Sea quien sea, el ganador ocupará la silla por la que fue elegido Bonerge Mejía, quien falleció por covid-19.

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De acuerdo con la fiscalía, el juez Moto, titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, retardó la entrega de documentación solicitada por la fiscalía durante 40 días.

Los documentos correspondían a autorizaciones judiciales solicitados por los fiscales a cargo de la investigación.

El juez Moto fue designado por la Unidad de Gestión Penal del Organismo Judicial para tramitar el caso en contra de 29 personas a quienes el Ministerio Público (MP) sindica de cometer un fraude en la construcción de la carretera conocida como Libramiento de Chimaltenango.

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El juez Moto, durante la audiencia de primera declaración de los implicados, favoreció con la falta de mérito a 16, incluido un asesor del Congreso y un exviceministro de Comunicaciones.

Además, rechazó ordenar la captura del exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, como lo solicitó en su momento la fiscalía.

El MP resaltó que independientemente de dichas acciones legales, el 28 de diciembre la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió trasladar el caso a un juzgado de mayor riesgo a petición del MP por considerar que es de alto impacto social.

El @MPguatemala solicitará el retiro de antejuicio en contra del juez Mynor Moto https://t.co/mgWNlHPSmv

— Prensa Libre (@prensa_libre) December 29, 2020

Apenas horas este 29 de diciembre, el MP hizo pública su posición sobre Moto y sus aspiraciones a magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC) nombrado por el Colegio de Abogados, de lo cual en enero habrá elecciones en ese gremio. La fiscalía sostiene que no es idóneo para la magistratura y recordó actuaciones del juez en el caso Bufete de la impunidad, en el cual dos salas de Apelaciones revirtieron sus fallos porque iban contra la investigación y el proceso mismo. A esos señalamientos también incluyó a Estuardo Gálvez, exrector de la Universidad de San Carlos, quien también aspira a la magistratura.

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Esto con el fin de cubrir la vacante dejada por el fallecimiento del magistrado Bonerge Amílcar Mejía Orellana para completar el periodo 2016-2021 electo por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

El MP añade que en el informe se indica que, de los cinco aspirantes para magistratura de la CC por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, tres candidatos no registran denuncias que se gestionen en esa Fiscalía y señala lo siguiente respecto de dos candidatos.

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Bufete de la impunidad

En ese sentido, la Feci presentó solicitud de retiro de antejuicio en contra del aspirante Mynor Mauricio Moto Morataya, dentro del caso denominado Bufete de la impunidad.

Esto derivado de dos órdenes de distintas Salas de la Corte de Apelaciones dirigidas al juzgador, para que este revocara resoluciones que fueron emitidas en perjuicio a una investigación penal o un proceso judicial, teniendo el deber de darles pronto cumplimiento, vulnerando la normal consecución de la investigación y del proceso.

Así mismo se indica que el juez Moto Morataya mediante la petición de una persona particular, ha asumido el control jurisdiccional del caso conocido como Comisiones Paralelas 2020, independientemente de que en el ámbito privado ha sostenido reuniones con personas vinculadas con dicha investigación.

El ente investigador resalta que el Código Procesal Penal indica que los jueces de primera instancia son los contralores de la investigación del MP y no de peticiones aisladas de particulares

De la misma manera, el informe establece que, se ha beneficiado a sindicados de procesos de alto impacto a cargo de dicha fiscalía.

Añade que tal como la Feci lo ha manifestado públicamente, en el marco del caso Comisiones Paralelas 2020 y derivado de investigaciones realizadas contra Gustavo Adolfo Alejos Cambara, mientras se encontraba en prisión preventiva en un sanatorio de la zona 2 de la capital, Alejos Cambara recibió visitas de diversos funcionarios, actores políticos y personas individuales entre ellos la visita del señor Carlos Estuardo Gálvez Barrios, lo cual es objeto de investigación.

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Ex rector de la Usac

El informe señala que de los hechos investigados preliminarmente en esa Fiscalía derivado de las denuncias presentadas por la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala, mientras Gálvez Barrios fungía como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, autorizo y gestionó ante el Consejo Superior Universitario varios proyectos de obra gris y compra de terrenos.

“El hecho de que a una persona le presenten una denuncia no significa que una persona no sea idónea tampoco, porque si eso se aceptara en Guatemala, entonces, de aquí en adelante ninguna persona podría ser electo a ningún cargo público”. Estuardo Gálvez, exrector de la Usac y aspirante a magistrado CC.

Se identificó cinco proyectos de obra en los que se pudieron haber adjudicado a entidades con la oferta menos favorable, presumibles sobrevaloraciones del costo de las obras, y ejecución parcial de proyectos no terminados.

Es importante recordar que, derivado de la investigación en el caso Comisiones Paralelas 2020 y ante la amenaza real e inminente de la existencia de vicios en el proceso de elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Magistrados de Corte de Apelaciones y Tribunales de igual categoría para el periodo 2019-2024, la fiscal general Consuelo Porras presentó acción constitucional de amparo y para el efecto, la CC ya ha emitido resolución definitiva.

Gálvez opinó que tiene más de seis años de no ser funcionario público y tampoco ha sido candidato para ocupar cargos públicos, por lo que visitar a una persona procesada en una cárcel u hospital no significa que no sea idóneo para ocupar el cargo al que se postula.

“El hecho de que a una persona le presenten una denuncia no significa que una persona no sea idónea tampoco, porque si eso se aceptara en Guatemala, entonces, de aquí en adelante ninguna persona podría ser electo a ningún cargo público”, cuestionó.

Además, afirmó que presentó que no tiene constancia de que no tiene sanciones por parte del Tribunal de Honor, así como la constancia de estar en ejercicio de sus derechos políticos, presentó su finiquito de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Galvez agregó que las denuncias de supuestas irregularidades en obras grises que se desarrollaron durante su gestión como rector en la Usac fueron presentadas hace cinco años y se resolvieron por la vía civil.

Deslegitimación del poder judicial

El MP señala que en base con la investigación de la Feci, se establece que la participación de ambos candidatos a magistrado titular de la CC, Mynor Mauricio Moto Morataya y Carlos Estuardo Gálvez Barrios, podría coincidir en lo expuesto por la CC respecto de la deslegitimación del poder judicial, la posible manipulación desde fuentes externas y la influencia de vínculos profesionales, gremiales, académicos, de amistad e incluso personales durante el posible ejercicio de la posible magistratura.

Esto transgrede la capacidad, idoneidad y honradez, incumpliendo en consecuencia con el artículo 113 constitucional y de acuerdo con lo expresado por la propia CC que señala que redundaría en la ausencia de un sistema de justicia confiable e imparcial que resguarde los intereses de la población.

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La Fiscalía Contra la Corrupción apeló la resolución de Moto, quien benefició a 15 de 28 sindicados con falta de mérito. Así como también dio medidas sustitutivas a exfuncionarios y exmiembros de la Junta de Calificación del Ministerio de Comunicaciones quienes estuvieron relacionados con la última fase del proyecto.

Además, el juez rechazó girar orden de captura en contra del exministro de Comunicaciones, José Benito, quien está prófugo por estar vinculado a los más de Q122 millones en diferentes monedas que fueron encontrados en varias maletas en una propiedad en Antigua Guatemala.

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Moto busca ser designado por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) para ocupar la magistratura titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) y así sustituir al exmagistrado Bonerge Mejía Orellana, quien falleció a causa de covid-19. El período que debe terminar el profesional electo es hasta el 14 de abril de 2021.

La investigación del Ministerio Público establece que para adjudicar el proyecto fueron utilizados documentos falsos, se compraron terrenos inexistentes. Además, existen anomalías técnicas en su construcción y también sobrevaloración de costos. El costo total del proyecto fue de Q387 millones 203 mil 159.35, después que se modificó 17 veces.

En el Libramiento a cada poco se registran nuevos derrumbes e inundaciones, en octubre pasado un grupo de jóvenes manifestó en la ruta de la obra con salvavidas y pelotas de playas debido a estas situaciones.

Jueza

La jueza De León ha conocido casos emblemáticos como el del Botín Registro de la Propiedad, en donde envió a juicio a 25 personas, entre ellas el hijo, José Manuel Morales y hermano, Samuel Morales, del expresidente Jimmy Morales, quien a su vez nombró como ministro de Comunicaciones a José Benito.

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Las fotografías de este nuevo evento empezaron a circular en las redes sociales. El derrumbe alcanzó a bloquear todos los carriles que conducen hacia el occidente del país, por lo que el paso quedó bloqueado.

Personal de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) llegó al lugar para habilitar un doble carril y así permitir el paso de los vehículos que desean dirigirse a occidente.

El pasado 11 de octubre jóvenes se manifestaron en la ruta del libramiento con salvavidas y pelotas de playa debido a las constantes inundaciones que se registran en el sector debido a los trabajos mal hechos realizados durante la gestión del exministro de Comunicaciones, Jose Luis Benito Ruiz.

Actualmente, Benito Ruiz se encuentra prófugo de la justicia luego que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) giró una orden de detención por lavado de dinero luego de encontrar maletas con Q122 millones en una casa que rentaba el exfuncionario en Antigua Guatemala, una de las maletas llevaba el nombre de Benito.

Por fraude, lavado de dinero, falsedad ideológica y abuso de autoridad el Ministerio Público abrió una investigación para esclarecer si hubo actos de corrupción en la construcción de este libramiento que fue calificado por el expresidente Jimmy Morales como una “mega obra”,

Sin embargo, este 16 de octubre el juez Tercero de Primera Instancia Penal, Mynor Moto, dictó falta de mérito a 15 de las 28 personas detenidas por este caso.

Ministerio Público verifica el derrumbe

Por la tarde de este mismo sábado, la Fiscalía contra la Corrupción llegó al lugar del derrumbe para documentar la forma en que se dio como parte del seguimiento al caso que existe por posible fraude al momento del proceso de construcción.

El MP lamentó que el juez Moto haya favorecido a los ingenieros a cargo de la Dirección General de Caminos “a pesar de las evidentes deficiencias constructivas de la obra”, indicaron

*Con información de Víctor Chamalé

*Actualizada a las 16:15 horas

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El juez exoneró a exfuncionarios y exmiembros de la junta de calificación del Ministerio de Comunicaciones que estuvieron relacionados con la última fase del controversial proyecto. Aparte, sí procesó a dos ejecutivos de Conasa y Renova Ingenieros, las constructoras implicadas en el caso. Sobre esto último, el MP apeló la fianza de Q150 mil para Jorge Alfredo Tejada Argueta, vicepresidente del Consejo de Administración de Conasa, y Carlos Enrique Figueroa Ravanales, representante legal de Renova Ingenieros.

Cabe resaltar que semanas atrás Moto no accedió a girar la orden de captura contra José Benito, exministro de Comunicaciones de la gestión de Jimmy Morales, quien está relacionado con este caso y con el hallazgo de más de Q122 millones en diferentes monedas en varias maletas en una casa en Antigua Guatemala.

En su fallo Moto coincidió con el Ministerio Público (MP) en cuanto a que hay esclarecer la razón por la que Renova Ingenieros usó maquinaria, personal y tuvo soporte económico de la constructora Conasa para la obra. Según el MP, Renova Ingenieros, adjudicaria de la construcción de 2.2 kilómetros de muros de concreto, habría sido solo una fachada para que Conasa ejecutara la obra. La pesquisa detalla que el 98% de los de inicialmente Q77 millones de costo más un sobrecosto posterior de Q15 millones, pasaron de Renova a Conasa y que el personal y maquinaria de esta segunda empresa fue la empleada en la obra.

Según Moto, es “evidente que se presentaron 12 expedientes falsos” que simularon a propietarios de terrenos aledaños a la obra y hay indicios de que se fraguó ese robo “desde la sección de Derecho de Vía de la Dirección Caminos y Conasa”. Ante eso, ordenó a la Fiscalía contra la Corrupción, a cargo de Stuardo Campo, hacer un análisis más profundo para determinar a los responsables de la “sustracción”.

Aparte, Moto cuestionó nuevamente la auditoría de la Contraloría practicada en la obra. “Es necesario fortalecer y ampliar el trabajo de la Contraloría, las investigaciones correctamente con los elementos de soporte para que el juez no venga con la imaginación sino a discutir concretamente con el informe técnico”, reprochó hoy Moto.

Días atrás, en la misma audiencia de primera declaración, demandó pruebas de que fuera inservible el proyecto, más allá de que se formó un piscina, la cual fue criticada por la opinión pública. Entre comentarios, el juez dijo que la “mega obra”, como la llamó la administración de Jimmy Morales, sea criticada por parte de la sociedad, que a pesar de eso la usa.

Falta de mérito

1. Mario Rojas
2. Mayra Lucía Mendoza
3. Gustavo Aruajo
4. Armando Fuentes Roca
5. Edgar Amilcar Quiñonez Berganza
6. Álvaro Castillo
7. José Mario Muñoz Estrada
8. Jorge Rogelio Gálvez Cruz
9. Delfino Mendoza
10. Byron Castro Martínez
11. Juan José Hansel Pérez
12. Claudia López
13. Marcia Salazar
14. Selvin Eduardo Giron López
15. Edgar Anibal Gómez Escobar

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El juez exoneró a exfuncionarios y exmiembros de la junta de calificación del Ministerio de Comunicaciones que estuvieron relacionados con la última fase del controversial proyecto. Aparte, sí procesó a dos ejecutivos de Conasa y Renova Ingenieros, las constructoras implicadas en el caso.

En su fallo Moto coincidió con el Ministerio Público (MP) en cuanto a que hay esclarecer la razón por la que Renova Ingenieros usó maquinaria, personal y tuvo soporte económico de la constructora Conasa para la obra. Según el MP, Renova Ingenieros, adjudicaria de la construcción de 2.2 kilómetros de muros de concreto, habría sido solo una fachada para que Conasa ejecutara la obra. La pesquisa detalla que el 98% de los de inicialmente Q77 millones de costo más un sobrecosto posterior de Q15 millones, pasaron de Renova a Conasa y que el personal y maquinaria de esta segunda empresa fue la empleada en la obra.

Según Moto, es “evidente que se presentaron 12 expedientes falsos” que simularon a propietarios de terrenos aledaños a la obra y hay indicios de que se fraguó ese robo “desde la sección de Derecho de Vía de la Dirección Caminos y Conasa”. Ante eso, ordenó a la Fiscalía contra la Corrupción, a cargo de Stuardo Campo, hacer un análisis más profundo para determinar a los responsables de la “sustracción”.

Aparte, Moto cuestionó nuevamente la auditoría de la Contraloría practicada en la obra. “Es necesario fortalecer y ampliar el trabajo de la Contraloría, las investigaciones correctamente con los elementos de soporte para que el juez no venga con la imaginación sino a discutir concretamente con el informe técnico”, reprochó hoy Moto.

Días atrás, en la misma audiencia de primera declaración, demandó pruebas de que fuera inservible el proyecto, más allá de que se formó un piscina, la cual fue criticada por la opinión pública. Entre comentarios, el juez dijo que la “mega obra”, como la llamó la administración de Jimmy Morales, sea criticada por parte de la sociedad, que a pesar de eso la usa.

Falta de mérito

1. Mario Rojas
2. Mayra Lucía Mendoza
3. Gustavo Aruajo
4. Armando Fuentes Roca
5. Edgar Amilcar Quiñonez Berganza
6. Álvaro Castillo
7. José Mario Muñoz Estrada
8. Jorge Rogelio Gálvez Cruz
9. Delfino Mendoza
10. Byron Castro Martínez
11. Juan José Hansel Pérez
12. Claudia López
13. Marcia Salazar
14. Selvin Eduardo Giron López
15. Edgar Anibal Gómez Escobar

Por fraude

1. Jorge Alfredo Tejada Argueta, vicepresidente del Consejo de Administración de Conasa
2. Carlos Enrique Figueroa Ravanales, representante legal de Renova

Ambos deberán pagar Q150 mil de finaza y quedarán bajo arresto domiciliario, firmas un libro de asistencia al MP cada 15 días, arraigo y prohibición de comunicarse con otras personas vinculadas al caso.

Por falsedad ideológica y abuso de autoridad

1. Vilma Patricia Duque Estrada, secretaria de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Caminos.

Por lavado

1. Rosa Isabel Caal
2. Herber Geovanni Cahuec Velásquez
3. Reina Maribel López Tuluc de Álvarez
4. Cristian Steven Martínez Yos
5. Francisco Monzón Cute
6. Joel Olcot Burrión
7. Josue Venancio Orellana Sabán
8. Wilson Ottoniel Puac Joj
9. Rafael Sajbochol Sisimit
10. Carlos Alfredo Sicay

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Moto, juez tercero penal, continuó este miércoles 14 con la lectura de su fallo de primera declaración. En cierto momento criticó que Stuardo Campo, jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, haya dicho que la resolución será posiblemente falta de mérito a favor de los sindicados.

“No es cómodo que yo vea que se hay pronunciamientos de resoluciones que ni siquiera he terminado. ‘Falta de mérito’ vengo escuchando yo desde antes que iniciara el proceso”, criticó.

También se refirió sobre su cuestionamiento ayer a los ciudadanos que critican la obra. Si bien consideró que las críticas deben son un derecho que no se puede coartar, las anomalías en el proyecto deben probarse en audiencia.

“Que venga a mí un profesional a decirme que esa obra no sirve porque allí hay una piscina le digo ‘momento’, aquí estamos en un proceso, no en una circunstancia de opinión pública que no va a trascender de forma jurídica. Eso quise decir. Acá sí trasciende porque para decirme que allí hay una piscina debe probarse”.

El juez Tercero Penal Mynor Moto, acepta que la crítica d la ciudadanía al Libramiento de Chimaltenango no se puede coartar y aclara que en audiencia las imputaciones "tienen que probarse" pic.twitter.com/NJcT8ac5iP

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) October 14, 2020

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Uso de documentos falsos, compra de terrenos inexistentes y otras anomalías que el MP encontró en el caso Libramiento de Chimaltenango

Moto centró sus cuestionamientos en el informe de la Contraloría sobre hallazgos durante la construcción de la última fase de la ruta Libramiento de Chimaltenango.

Observó que la Contraloría señale sobrecostos por Q1 millón, cuando hay facturas de gastos adicionales que lo justifican. “Hay documentos que permitieron arribar ese sobrecosto. Cómo es que un hierro que cuesta Q9 en la ferretería vale Q29 en obra, y cómo dice la gente: ‘se robaron Q20’. Yo también creía que así era”, ironizó.

“No tengo hoy cuánto es el porcentaje de la obra que presenta fallas estructurales y que diga ‘¡esto es inservible!’, porque de ahí todos grabando videos criticando la mega obra, pero pasando por la mega obra, ¿va?. Entonces uno dice, ‘bueno, ¿se puede usar o no se puede usar?”. Juez Mynor Moto.

En otra parte de su fallo Moto señaló que no se logra establecer el porcentaje de fallas estructurales en la ruta y criticó a los usuarios de la carretera: “porque ahí todos grabando videos, criticando la mega obra, pero pasando por la negra obra”.

También consideró que hay procedimientos que debieron resolverse entre el Ministerio de Comunicaciones y las empresas Conasa y Renova Ingenieros por la vía administrativa antes de llegar a discutirse al juzgado, incluso mencionó que no hay que quejarse luego de la “dictadura judicial”.

El juez Tercero Penal Mynor Moto cuestiona que aún no se haya podido determinar el porcentaje de daños y expone que pese a derrumbes se sigue usando la vía. pic.twitter.com/9caidzkr0C

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) October 13, 2020

Ya lo espera
Durante un receso, Stuardo Campo, jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, dijo que le preocupaba la forma en que Moto estaba esgrimiendo fundamentos . “Vemos que se va declarar la falta de mérito”, señaló.

El fiscal cuestionó que Moto se basara en un informe de la Contraloría, pero el Ministerio Público cuenta abundantes indicios, análisis financieros y recorrió la obra, ante lo cual está “tranquilo y satisfecho con el trabajo”.

“Sí anticipamos que vamos a presentar todos los medios de impugnación para procurar la vinculación procesal de los sindicados”, comentó.

Diálogo y soluciones
El ministro de Comunicaciones Josué Edmundo Lemus informó en el Congreso que vecinos de los alrededores de la carretera taparon con concreto drenajes de la obra en reclamo por incumplimiento de acuerdos con la administración anterior, pero actualmente hay un diálogo con ellos para encontrar una solución que permita, por un lado, el desfogue del agua de lluvia para que no afecte los cultivos de los campesinos, y por otra, no se inunde la carretera.

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A esto se suma los atrasos de hasta tres meses para que notifiquen al diputado sobre una nueva acción penal en su contra y después que el juez Moto aún no resuelve un recurso que presentó el diputado.

Alejos y el secretario de actas del partido Todos, Emerson García fueron denunciados el pasado 5 de diciembre por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica ambos con agravación electoral, abuso de autoridad con propósito electoral, acusación y denuncias falsas, perjurio, falso testimonio, encubrimiento propio y simulación de delito, sin que el juez traslade el expediente donde corresponde.

Al igual como lo hizo con la solicitud de retiro de inmunidad que presentó el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala contra Alejos en el caso conocido como Traficantes de Influencias, en enero del 2018, Moto ha decidido esconder en su escritorio este proceso.

El juez Moto aceptó varias actividades procesales defectuosas presentadas por Alejos lo que atrasó el traslado del expediente a la Corte Suprema de Justicia. Luego, Alejos atrasó el proceso con 17 recusaciones tanto al juez pesquisidor como a los magistrados de la CSJ.

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Al ser consultado el juez Mynor Moto indicó que en efecto la querella se presentó el 5 de diciembre de 2018 a servicios auxiliares de la administración de justicia, asignando a dicho juzgado el expediente, el 6 de diciembre fue notificado y el 7 de diciembre el togado se inhibió debido a que Alejos tiene inmunidad.

Moto explicó que Alejos fue notificado el 5 de marzo de este año y al siguiente día el diputado presentó una actividad procesal defectuosa, la misma acción que presentó en la solicitud de retiro de inmunidad del MP y Cicig en el 2018 y que luego que fueron notificadas las parte se resolverá en esta semana.

“Acá tenemos ocho oficiales y un notificador, él es quien sube las resoluciones de los procesos que lleva cada oficial, después que se cargan al sistema es la unidad de notificaciones del Organismo Judicial quien se encarga de hacer las notificaciones, esa unidad recibe información de todos los juzgados, tribunales y salas, el atraso se deben por la carga de trabajo que hay”, explicó Moto.

El abogado también indicó que el atraso se pudo haber dado porque la querella se conoció cuando los juzgados están de vacaciones y él aparte de cubrir el juzgado tercero también cubría el juzgado segundo.

En el caso de García, el juez dijo que el expediente se envió al MP para su investigación debido a que no tenia inmunidad. Sin embargo, ya que el posee el MP debe suspender la investigación, notificar para que el expediente se eleve a la CSJ, pero ese derecho lo tiene que hacer valer él.

La querella contra Alejos y García a la que tuvo acceso Prensa Libre señala que ambos mintieron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para obtener nuevos libros y así asentar la asamblea de proclamación de Neto Bran como candidato a alcalde de Mixco y la proclamación de candidatos a diputados por los municipios de Guatemala, al denunciar en el MP que los libros estaban extraviados, cuando en realidad estaban en poder del TSE.

Una petición similar ocurrió en enero del 2017 cuando también solicitaron nuevos libros al Registro de Ciudadanos de los municipios de San José del Golfo, Chinautla, Mixco, Amatitlán y Villa Canales, y para hacerlo presentaron copia de una denuncia que habían presentado en el MP, sin embargo, los libros estaban en poder de los secretarios municipales.

Pero en febrero de ese año ambos presentaron un oficio ante el TSE aduciendo un error o falta de comunicación por lo que pidieron la anulación de los libros que ya habían solicitado. No obstante, el secretario departamental de Guatemala ya había hecho la denuncia correspondiente en el MP.

Los libros en poder del TSE

El libro municipal de Mixco y de San José del Golfo estaban en poder del Tribunal Supremo Electoral desde mayo del 2017. Luego que las asambleas de esos municipios realizadas en enero de ese año no fueron inscritas en el Registro de Ciudadanos por inconsistencias en lo transcrito en el acta entregado a esa dependencia.

En apelación, la organización departamental de Todos entregó a los magistrados como medios de prueba ambos libros. No obstante, las apelaciones fueron denegadas y los libros quedaron en custodia de ellos hasta el 5 de febrero del 2019 cuando fueron devueltos como lo evidencia la resolución identificada como 720-2017 de fecha 27 de julio del 2017 en el segundo considerando.

La anomalía de que los libros no estaban extraviados, sino que estaban custodia de los magistrados del TSE, fue de conocimiento de Leopoldo Guerra y Winston Carillo director del Registro de Ciudadanos y delegado departamental de Guatemala del TSE.

La asamblea del 7 de octubre del 2018, en la que fue proclamado Neto Bran, no sé asentó en el libro de actas debido a que no estaban autorizados aún, por lo que la misma se hizo bajo declaración jurada.

El 4 de diciembre del 2018 el presidente del TSE, Mario Aguilar Elizardi en un oficio indica que el libro de actas de San José del Golfo está vigente, pero el libro de Mixco fue cancelado a requerimiento del secretario general, Felipe Alejos, por extravió del mismo extremo que conoció el MP por lo que solicitó y se aprobó la autorización de un nuevo libro, según Jorge Mario Grajeda jefe del departamento de organizaciones políticas.

“Los referidos libros fueron ofrecidos como medios de prueba en la acción identificada al acápite, quedando para el efecto certificados en autos”, finaliza el oficio.

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Al ser consultado Aguilar Elizardi dijo que ellos justificaron con una denuncia el extravió del libro, y que los magistrados no autorizan libros a los partidos políticos y quien lo hace es el departamento de organizaciones políticas.

Leopoldo Guerra director del Registro de Ciudadanos fue consultado vía mensaje a su teléfono celular, pero no contestó la consulta.

Mientras que Emerson García dijo que no tenía conocimiento de la querella, pero cree que ya no continuó porque el juez determinó que el ya tiene inmunidad.

“Según tengo conocimiento de lo poco que se es que esa denuncia la presentó Christián Bousinot quien está procesado por extorsión y me imaginó que lo hizo al salir de prisión. Me imagino que cuando él estuvo guardando prisión el se quedo con los libros”, señaló García.

Añadió: “Esos libros no les pertenecen a las personas, sino que al partido y entonces lo que se hizo fue solicitar que nos autorizaran más libros y él obviamente por mantener el control del libro eso dijo”.

“Nosotros desconocíamos que los libros estaban en poder del TSE, según nosotros él los tenía y como estaba guardando prisión no teníamos contacto con él”, aseguró García.

Se intentó tener la postura del diputado Alejos, pero no respondió las llamadas y no contestó el mensaje enviado a su celular.

Luego de saber que los libros no estaban perdidos, sino que, en el TSE, se desconoce si lo actuado por el partido en relación a Neto Bran y candidaturas a diputados del municipio de Guatemala quedarían anuladas.

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Por aparte, Bousinot presentó un memorial el cual no ha sido resuelto por los magistrados para que revoquen la candidatura de Alejos y de García por falta de idoneidad al tener denuncias en su contra.

Corte favorecen a  Felipe Alejos

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió el lunes pasado que le mantiene la inmunidad a Alejos, al conocer de nuevo la solicitud de retiro de inmunidad luego que la Corte de Constitucionalidad le diera un amparo al MP y CIcig para que sustente de nuevo su decisión.

La Corte de Constitucionalidad resolvió con lugar el amparo promovido por el MP y la Cicig para que la CSJ vuelva a decidir si le retira o no la inmunidad al diputado.

La resolución establece que se ordenó a la Corte Suprema de Justicia que, en el plazo de cinco días, emita nueva resolución, la cual se conoció el lunes pasado en la determinó que mantiene la inmunidad al parlamentario.

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En esa diligencia, el legislador y los abogados Emilio Dávila y Eduardo Velásquez solicitaron que se suspendiera el arraigo, aunque el juez Moto denegó la petición.

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La resolución del juez Moto se realizó una semana después que el legislador Blanco acudió a la Torre de Tribunales y pidió agilizar la investigación en su contra.

“Es increíble, es el colmo, que después de siete meses que se retiró la inmunidad el Ministerio Público todavía no haya hecho el análisis correspondiente a mi caso”, dijo Blanco al salir de la audiencia.

Apelarán

Curruchiche explicó que sí existe un proceso en el Juzgado Sexto Penal y hace falta solicitar la conexión del caso.

“Aún estamos en la fase de investigación, las pesquisas avanzan. Esta resolución se va a impugnar”, adelantó Curruchiche.

El diputado de la UNE está señalado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) desde el 24 de agosto del 2017.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) le retiró la inmunidad a Blanco el 7 de marzo pasado.

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Señalamiento

La acusación se centra a que la agrupación política usó horas de vuelo con Helicópteros de Guatemala, S.A., pero la investigación determinó que las empresas Maariv, S.A. -Q583 mil 730.01- y Bienno, S.A. -1 millón 332 mil 875.05- no pagaron por ese servicio, como hizo ver ese partido político por concepto de donaciones.

De hecho Bienno devolvió las facturas a Helicópteros de Guatemala y Maariv no tuvo actividad comercial entre mayo y octubre de 2015, cuando se hicieron los vuelos y la UNE reportó las contribuciones.

En cambio, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) determinó que quienes pagaron el dinero a Helicópteros de Guatemala fueron Jack David y Estuardo Vargas Nuñez, pero no fueron reportados como aportes de financistas sino que recayó en el rubro de aportes anónimos, según la acusación.

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Los helicópteros fueron utilizados por Sandra Torres, presidenciable, y Carlos Barreda y Orlando Blanco, candidatos a diputados, entre otros, detalla la investigación del MP y la Cicig.

El antejuicio que fue planteado señala que la UNE hizo pagos por Q1 millón 130 mil 725 en su mayoría en efectivo, que incurró en ilegalidad debido a que el dinero usado en campaña debe tener trazabilidad por el sistema bancario.

Feci señaló al juez

La Fiscalía solicitó el antejuicio contra Moto el 28 de noviembre de 2017 debido al retraso, durante más de un año, para que cumpliera con una orden de Sala de Apelaciones para enviar a la cárcel a la jueza separada Marta Sierra, quien está procesada en el caso Bufete de la Impunidad.

Según la Cicig, ese bufete era una “proveedora de impunidad” que contactaba clientes y ofrecía abogados con contactos con el Organismo Judicial para fallos a su favor.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó el antejuicio de la Feci en contra de Moto y el caso aún se conoce en apelación.

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El juez expresó que no conoció la acción legal ya que no está facultado para analizar  incidencias relacionadas al antejuicio, y únicamente dio cumplimento al derecho de petición el sindicado.

Alejos en la acción que presentó, señalaba que supuestamente existen errores en el planteamiento del MP y la Cicig.

En tanto el juzgado confirmó que esta tarde se podría enviar a la CSJ el expediente de antejuicio del legislador.
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Mientras avanza el antejuicio de Alejos, el juez Décimo de Instancia  Penal,  Walter  Villatoro continúa  con la audiencia de primera declaración con los demás implicados en el caso. 

Según el MP la red que integró Alejos funcionaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y se benefició con el cobro de comisiones ilícitas que sumaron más de Q19 millones para agilizar a empresas la tramitación de expedientes de devolución de crédito fiscal.

En dicha estructura supuestamente participaron varios exjefes del ente recaudador, en complicidad con funcionarios y particulares.

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Los argumentos del recurso son por supuestos errores en el planteamiento de la solicitud, errores formales y también discute cuestiones de fondo, detalló Sandoval.

“No corresponde ni siquiera correr audiencia con respecto de ello, ya que una ley específica regula lo relativo al trámite de la secuencia, sin embargo, le está dando trámite -Moto- a un remedio procesal del proceso penal”, explicó Sandoval.

A criterio de la Feci, el juez Mynor Moto debió inhibirse de conocer el recurso planteado por Alejos porque debía trasladarlo a la Corte Suprema de Justicia.

“Nos llama mucho la atención de que el juzgador le haya dado trámite a la actividad procesal defectuosa pues lo que procedía es que él se inhibiera de conocer, porque el artículo 16 de la Ley en materia de Antejuicios regula que el juez debe inhibir de conocer y elevar el expediente a la Corte Suprema de Justicia”, dijo Sandoval.

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El artículo 16 de la Ley en materia de Antejuicio Establece que:

• Cuando un juez competente tenga conocimiento de una denuncia o querella presentada contra un dignatario o funcionario que goce del derecho de antejuicio, según lo estipulado por la ley, se inhibirá de continuar instruyendo y en un plazo no mayor de tres días hábiles, elevará el expediente a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia para que ésta, dentro de los tres días hábiles siguientes a su recepción, lo traslade al órgano que deba conocer el mismo, salvo que ella misma le corresponda conocer. El juez no podrá emitir en la nota de remesa juicios de valor, ni tipificar el delito.

Consultado por Prensa Libre, Moto se limitó a decir que, no es que no se haya inhibido para conocer el caso, como plantea el MP, sino que la otra parte presentó el recurso y ahora le corresponde revisar y de confirmarse la actividad procesal defectuosa, devolverá el expediente al MP para que lo corrija, de lo contrario lo mandará a la Cámara de Amparos.

Agregó que el expediente no lo ve de fondo, sino de forma, de donde viene el planteamiento de Alejos.

En caso contrario, el expediente del juez Adrián Rodríguez, sindicado en el mismo caso, ya se elevó a la Cámara de Amparos de la Corte Suprema de Justicia, se elevó rápido porque el juzgador no presentó ninguna acción, aseguró Moto.

Señalamientos a juez

En agosto del año pasado, Moto fue acusado de beneficiar a nueve de los sindicados en el caso Bufete de la Impunidad, entre ellos la juez Martha Sierra de Stalling y su hijo Roberto Stalling Sierra, quienes eran sospechosos de haber pedido beneficios a los cabecillas de la estructura de defraudación aduanera La Línea.

En esa ocasión Moto justificó la decisión al considerar que no existían indicios que relacionen los cargos que el Ministerio Público (MP) hacía en contra de los procesados con los hechos que fueron descritos en la acusación que se planteó, por lo cual consideró que no era posible que los sindicados afrontaran un debate ante un tribunal de sentencia.

Moto ordenó al órgano investigador que se archivaran los cargos por asociación ilícita en contra de los nueve procesados, entre quienes se incluye la jueza Marta Sierra de Stalling.

Además, se mandó al MP profundizar en las investigaciones por cargos de cohecho pasivo, cohecho activo (recibir y dar soborno, respectivamente), y tráfico de influencia.

El 28 de noviembre de ese mismo año, el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), presentaron una solicitud de antejuicio en contra de Moto por los delitos de prevaricato y retardo de la justicia.

En esa ocasión Sandoval dijo que la acción correspondía a lo actuado por el juzgador en el caso Bufete de la Impunidad.

El 8 de diciembre del año pasado la CSJ rechazó la solicitud de antejuicio y trasladaron el caso al Consejo de la Carrera Judicial para que realizase una investigación administrativa.

En el caso Chinautla, el juez también causó polémica cuando benefició al exalcalde de Chinautla Arnoldo Medrano, quitándole cinco delitos, le otorgó una medida sustitutiva y a pagar una fianza de Q75 mil.

Supervisión lo beneficia

El jueves de la semana pasada, la Supervisión de Tribunales entregó el informe al Consejo de la Carrera Judicial sobre los resultados de la evaluación al juez Moto y aseguró que no le encontraron faltas administrativas.

“No hay anomalías en la tramitación del expediente (Bufete de la Impunidad). La suspensión de las audiencias es ajena debido a constantes inasistencias y excusas”, decía el informe. 

Ahora le corresponderá al nuevo Consejo determinar qué pasará con Moto y las acusaciones que le hace el MP y la Cicig.

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Según la Fiscalía, Moto ha tenido “un interés en beneficio de los sindicados”.

La resolución controversial de este caso fue cuando Moto resolvió no enviar a juicio a nueve implicados, entre ellos la exjueza Martha Sierra de Stalling.

Moto basó su decisión entonces en que no existían indicios que relacionaran los cargos que el Ministerio Público (MP) hace en contra de los procesados con los hechos que fueron descritos en la acusación que se planteó, por lo cual consideró que no era posible que los sindicados afrontaran un debate ante un tribunal de sentencia.

Moto ordenó al órgano investigador que se archivaran los cargos por asociación ilícita en contra de los nueve procesados, entre quienes se incluye la jueza Martha Sierra de Stalling.

Al servicio de corruptos

El Bufete de la Impunidad, como lo calificó el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), era una estructura que iba a facilitar medidas sustitutivas a tres líderes acusados de corrupción. 

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Según Iván Velásquez, jefe de la Cicig, la estructura “proveedora de impunidad”, era dirigida por José Arturo Morales Rodríguez, alias Chepito, y junto a Emilza Higueros, contactaban a sus clientes, ofrecían abogados defensores con  “contactos” en el Organismo Judicial. 

Moto también estuvo en el centro de polémica, cuando en enero último quitó al exalcalde de Chinautla Arnoldo Medrano cinco delitos y lo benefició con una medida sustitutiva y a pagar una fianza de Q75 mil.