Ejecutivo publica distribución de ampliación por Q9 mil 236 millones para sumar Q167 mil 109 millones de Presupuesto 2026

La distribución analítica de la ampliación presupuestaria que aprobó el Congreso de la República por Q9 mil 236 millones a finales de enero fue publicada este lunes, por lo que el Ejecutivo recupera un presupuesto por encima de Q167 mil millones para ejecutar en este ejercicio fiscal.

Urias Gamarro

2 de marzo de 2026

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El Ministerio de Finanzas Públicas publicó la distribución analítica de la ampliación presupuestaria por Q9 mil 236 millones, con lo cual modifica el presupuesto general de ingresos y egresos.. (Foto Prensa Libre: Cortesía Caminos)

El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) publicó la distribución analítica de la ampliación presupuestaria por Q9 mil 236 millones que aprobaron los diputados el pasado 28 de enero.

Esto significa que el Minfin contará con un presupuesto de Q167 mil 109 millones para ejecutar en este ejercicio fiscal, luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendiera el 30 de diciembre del 2025 la apertura del presupuesto por Q163 mil 469.3 millones.

Con la publicación del acuerdo gubernativo 19-2026, el Minfin modifica el presupuesto general de ingresos y egresos.

Por ejemplo, el acuerdo gubernativo establece créditos y débitos presupuestarios para los ministerios de Gobernación, Educación, Salud Pública, Comunicaciones, Defensa Nacional, Relaciones Exteriores, Agricultura y Economía, así como para Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro. Los rubros se cargarán en los registros de aprobación del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin).

Es decir, el presupuesto no puede ejecutarse con la ampliación aprobada sin que antes se efectúe la distribución analítica en el Sicoin, tal como lo establece la ley.

El acuerdo gubernativo también define la asignación presupuestaria a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes). Según el documento, deberán actualizar los proyectos en el Sistema de Información de Inversión Pública y obtener, al menos, el estado “pendiente” para gestionar la modificación presupuestaria ante la cartera del Tesoro, a fin de que se entreguen los recursos.

Para ello también se definieron varios pasos a seguir.

Ampliación eleva recursos a ministerios clave

Con la ampliación aprobada por el Legislativo en enero y tras continuar los diferentes procesos administrativos, se recupera la estructura presupuestaria que el Congreso de la República aprobó en noviembre del 2025.

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Los ministerios con mayor asignación presupuestaria en la ampliación corresponden a los sectores social y de seguridad.

En la ampliación, el Ministerio de Educación recibirá Q1 mil 61 millones; el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Q1 mil 337 millones, y el Ministerio de Gobernación, Q1 mil 481 millones, que son las carteras con más recursos asignados. También se destinan Q1 mil 374 millones para Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro; Q223 millones para secretarías y otras dependencias, y Q1 mil 206 millones para servicios de la deuda.

Por otro lado, los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) recibirán una ampliación de Q1 mil 300 millones. Además, se incluye un aporte de Q500 millones al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para las elecciones generales del 2027; Q600 millones para modernizar el sistema metropolitano de transporte, puertos, aeropuertos y Ferrovías; Q437 millones para el Instituto Nacional de Electrificación; Q500 millones para la construcción de una cárcel de máxima seguridad, y Q25 millones para la Superintendencia de Competencia, entre otros rubros.

En diciembre del 2025, el Minfin declaró que la suspensión del presupuesto del 2026 no impedía la gestión del Gobierno, pero sí limitaba la creación y ampliación de programas e inversiones.

¿Quiénes ganan con la ampliación del presupuesto 2026? El Ejecutivo retoma techo por Q163 mil millones

El Ejecutivo recuperó el monto del presupuesto aprobado en noviembre del 2026, por Q163 mil 469.3 millones, con la ampliación de Q9 mil 236 millones que aprobó el Congreso de la República la madrugada del 28 de enero del 2026.

Urias Gamarro

29 de enero de 2026

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El Gobierno contará con un nuevo presupuesto de Q164 mil millones para ejecutar en el ejercicio fiscal del 2026, tras la aprobación avalada por el Congreso de la República en la sesión celebrada el martes pasado. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

El Gobierno contará con un nuevo presupuesto de Q164 mil millones para ejecutar en el ejercicio fiscal del 2026, tras la aprobación avalada por el Congreso de la República en la sesión celebrada el martes pasado, que se extendió hasta la madrugada. La solicitud fue presentada el lunes 26 de enero.

A casi un mes de que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendieron la apertura del presupuesto por Q163 mil 469.3 millones —resolución emitida el 30 de diciembre del 2025 sobre el plan aprobado en noviembre—, con la ampliación se regresa al monto original.

Con la suspensión temporal decretada por la CC, cobró vigencia el presupuesto del 2025, de Q154 mil 836 millones, pero ahora deberá incluirse la ampliación de Q9 mil 236 millones.

Ahora el Ministerio de Finanzas (Minfin) deberá elaborar el presupuesto analítico, es decir, actualizar la distribución de las diferentes asignaciones de ingresos y gastos en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), una vez se publique la ampliación en el Diario de Centro América.

Educación, Salud y Gobernación recuperan fondos

Con la ampliación aprobada por el Legislativo, se recupera la estructura presupuestaria de noviembre del 2025, especialmente para los ministerios de Educación (Q1 mil 61 millones), Salud (Q1 mil 337 millones) y Gobernación (Q1 mil 481 millones), que son los que más recursos recibirán, así como para Obligaciones a Cargo del Tesoro (Q1 mil 374 millones), secretarías y otras dependencias (Q223 millones), y servicios de la deuda (Q1 mil 206 millones).

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También se restituyen los fondos destinados a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) y se aprueba una nueva ampliación de Q1 mil 300 millones.

Además, se incluye un aporte de Q500 millones al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para las elecciones generales del 2027; Q600 millones para modernizar el sistema metropolitano de transporte, puertos, aeropuertos y Ferrovías; y Q437 millones para el Instituto Nacional de Electrificación; Q500 millones para la construcción de una cárcel de máxima seguridad y Q25 millones para la Superintendencia de Competencia, entre otros rubros.

En diciembre del 2025, el Ministerio de Finanzas (Minfin) indicó que la suspensión del presupuesto del 2026 no impedía la gestión del Gobierno, pero sí limitaba la creación y ampliación de programas e inversiones.

En cuanto a los ingresos tributarios, el monto actualizado fue de Q10 mil 460 millones, por lo que la recaudación a cargo de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) se ajusta a Q119 mil millones.

El Congreso autorizó la emisión de Q24 mil millones en bonos del Tesoro y aprobó la incorporación de Guatemala al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), con una asignación de US$40 millones. También avaló Q52 millones para organizar la Asamblea Anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), prevista para el 2027.

Presupuesto sube a Q168 mil millones

Para Érick Coyoy, exviceministro de Finanzas y analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), el presupuesto del 2026, con la ampliación, alcanza los Q164 mil millones, por lo que se restituyen los techos a los ministerios más importantes del Gobierno Central.

Estos ministerios son los que más incrementos reciben y los que habrían resultado más afectados con la vigencia del gasto del 2025, al haber quedado suspendida la apertura del nuevo presupuesto.

El analista explicó que, en el rubro de Obligaciones a Cargo del Tesoro, específicamente para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), se recuperan fondos del aporte extraordinario y, con el decreto 7-2025, se igualarán los saldos no ejecutados el año pasado.

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En el ejercicio fiscal del 2025, los Consejos dejaron de ejecutar Q4 mil 600 millones. Por lo tanto, el Ministerio de Finanzas (Minfin) otorgará esa ampliación presupuestaria para incorporarla en el presente año fiscal.

Esto significará que el presupuesto total alcanzará los Q168 mil millones al incluir ese saldo correspondiente a los Codedes.

Icefi critica aprobación apresurada

Al ser consultado, Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), declaró que se estuvo a punto de un nuevo “madrugón” en el Congreso de la República, en el cual se aprobó la ampliación presupuestaria, y que esta tiene dos lecturas: una en los procedimientos de forma y otra en los aspectos técnicos de fondo.

En cuanto al primer punto, señaló que es lamentable, porque prevaleció la negociación política sobre los análisis técnicos responsables y serios, ya que no se discutieron de forma adecuada los 48 artículos. Tampoco hubo un periodo en el que la ciudadanía y los agentes económicos pudieran comprender lo propuesto y lo finalmente aprobado por el Legislativo, así como la solicitud presentada por el Ministerio de Finanzas (Minfin).

“Salta a la vista que los elementos centrales de la negociación política vuelven a ser las asignaciones de los aportes extraordinarios de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), ahora otra vez devueltos con Q6 mil 312 millones. El principio no es malo —dar recursos a los gobiernos locales— si se ejecutara de manera técnica, correcta y honesta”, recalcó.

Barrientos recordó que uno de los aspectos más importantes es la distribución geográfica —por municipio— de ese aporte extraordinario, que una vez más queda impuesta, carente de justificación y sin criterios técnicos.

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Codedes reciben Q15 mil millones

El presupuesto asignado para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) en el 2026 aumentará un 25% en comparación con el 2025, según análisis de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).

En total, recibirán Q15 mil 450 millones, que incluyen el aporte ordinario, el aporte extraordinario y el traslado de los saldos no ejecutados del año pasado, que en conjunto suman esa cantidad.

El total asignado en el 2025 fue de Q12 mil 270 millones, disponibles para la ejecución de obras a cargo de los Codedes.

“El gran sector ganador en esta ampliación presupuestaria son los Consejos Departamentales de Desarrollo, lo cual ocurre en un año preelectoral”, agregó Érick Coyoy.

Metro Riel para Guatemala podría atrasarse por reducción a la mitad de presupuesto asignado

El Congreso aprobó el ajuste al Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Nación con una reducción del 50% de los fondos destinados a la construcción del Metro. Para analistas, el proyecto podría retrasarse.

Mauricio Álvarez

29 de enero de 2026

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La construcción del Metro Riel podría atrasarse por la reducción presupuestaria aprobada por el Congreso. (Foto Prensa Libre: MuniGuate)

Durante una jornada maratónica, que duró más de nueve horas y se extendió hasta la madrugada del miércoles 28 de enero, el Congreso de la República aprobó la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo para modificar el presupuesto en ejecución, luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendiera el Decreto 27-2025. Como parte de ese ajuste, el monto destinado al proyecto del Metro Riel se redujo de Q1,200 millones a Q600 millones, decisión que ha generado reacciones.

El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, al salir de un evento de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham), explicó que la iniciativa retoma “todos los techos presupuestarios que estaban contenidos en el Decreto 27-2025” y que los Q600 millones aprobados constituyen “la base para poder contar con recursos específicos destinados tanto a la mejora de puertos y aeropuertos, la mejora del sistema ferroviario y el apoyo a la construcción del sistema de transporte metro metropolitano”, comentó.

De acuerdo con el jefe de la cartera, este nuevo monto obedece a los cálculos que han hecho las personas que coordinan los esfuerzos. “En este momento se están realizando las inversiones vinculadas al puerto y al aeropuerto, y todavía estamos en la construcción de estudios que permitan contar con un plan marco de mejora del sistema de transporte, por lo tanto también del Metro”, añadió.

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Al ser consultado si el Ejecutivo planea aumentar el techo presupuestario para el Metro, señaló que los recursos que se tienen que asignar son el resultado de contar con un plan maestro para la construcción, que permita saber las inversiones que se deben hacer. “El monto que tenemos permite avanzar hacia esos estudios, y si este año avanzamos tanto, ya podemos hacer una mayor inversión”, dijo.

“Infortunadamente han pasado más de 60 años desde que se tuvo la idea de construir un metro, y ninguna administración ni municipal ni gubernamental ha hecho los estudios respectivos para poder tener certeza de en dónde, cómo y qué tipo de inversiones hay que hacer”, argumentó.

Aunque afirmó que la construcción de la primera línea del Metro es una prioridad del Gobierno, el ministro recalcó que sería “poco sensato destinar recursos o hacer inversiones en puentes o viaductos” sin claridad técnica. “No contamos con un plan maestro, y por lo tanto sería poco sensato destinar recursos o hacer inversiones en puentes o viaductos, si no tenemos claridad de que esa es la inversión que efectivamente necesita la construcción del metro”, mencionó.

Sobre el destino de los fondos que originalmente estaban asignados al Metro, Menkos afirmó que no existe una reorientación puntual. “Cada presupuesto tiene sus prioridades y tiene sus montos. No hay una explicación específica de hacia dónde fueron los recursos, porque el presupuesto es presupuesto”, explicó.

Retos pendientes

Desde la Municipalidad de Guatemala, el alcalde Ricardo Quiñónez calificó la reducción del presupuesto del Metro Riel como un retroceso frente a una crisis vial que ya fue declarada emergencia nacional. “El metro no es solo un proyecto urbano, es un proyecto de país”, afirmó.

Para Cecilia Pivaral, directora del Fondo Revolvente para la Preinversión en Infraestructura Estratégica, la reducción presupuestaria para el sistema de metro no solo implica menos recursos, sino “un mensaje de que no hay compromiso hacia un proyecto que requerimos los guatemaltecos”.

A su juicio, aunque los estudios principales datan de el 2016 y deben actualizarse, sirven de base para trabajar, por lo menos, en el acondicionamiento del área donde estará el proyecto, especialmente porque el alineamiento general del metro ya está definido. “Siempre se ha pensado que vaya de Cenma hacia Central Norte; ese no es un proyecto que hoy esté cambiando de dónde va”, subrayó.

Quiñónez advirtió que la ciudad capital ya no se da abasto ante el crecimiento acelerado del parque vehicular, que en menos de una década pasó de cerca de 3 millones a 6.5 millones de vehículos a nivel nacional. “Por esa razón, un grupo importante de alcaldes del área metropolitana hemos declarado la emergencia del tráfico. Es un momento que exige responsabilidad, no para buscar culpables, sino para reconocer una realidad estructural que supera la competencia local y municipal”, subrayó.

En ese contexto, sostuvo que el siguiente salto de desarrollo del país requiere decisiones de alcance nacional ya contempladas en la agenda de nación, como la construcción del Metro sobre la antigua línea férrea, concebido como la columna vertebral del sistema de transporte público metropolitano. El proyecto, explicó, conectaría el extremo sur y el extremo norte de la ciudad y permitiría ordenar la movilidad en toda el área metropolitana.

Para el jefe edil, debilitar el financiamiento del Metro impacta directamente la vida cotidiana de millones de guatemaltecos, al afectar la economía, el empleo, la productividad y la calidad de vida de miles de familias. “El metro no es un proyecto político ni municipal; es infraestructura estratégica del país. Debilitar su financiamiento es retrasar una solución estructural que Guatemala necesita con urgencia”, afirmó.

De acuerdo con Carlos Soberanis, síndico I de la comuna, el Metro está en manos del gobierno central. “Está dentro de sus responsabilidades; en las nuestras, el aerómetro, que moverá en una sola línea una cantidad similar de personas que hoy mueve siete líneas de transporte”, expuso.

Lo que se podría alcanzar

Pivaral considera que, incluso con recursos limitados, el Estado podría avanzar en una primera fase concreta del proyecto. “Desde la 53 calle hacia la estación central, donde ya está bastante limpio el derecho de vía, se pudiera trabajar una porción del metro”, explicó.

Esto implicaría trabajos técnicos básicos como el balasto y la base para colocar rieles, así como la intervención en infraestructura clave. “Hay tres puentes que sí o sí hay que reforzar para que pase el tren: el puente Pamplona, La Liberación y los puentes de la sexta y séptima avenidas en el Centro Cívico. Son puentes patrimoniales y es necesario reforzarlos”, detalló.

Otro aspecto que, según Pivaral, no debería postergarse es la preparación institucional y operativa del proyecto. “Es realista empezar a trabajar la unidad ejecutora con personal capacitado para desarrollar la parte del tren”, señaló.

También advirtió que la compra de trenes no es inmediata. “Las empresas fabricantes tardan entre 24 y 30 meses en entregar los trenes una vez se coloca la orden de compra. Es bastante penoso no tener recursos ni siquiera para poner esa orden y pensar en recibir trenes en tres años”, afirmó.

Además, comentó que se puede avanzar en la estructuración del modelo de operación y mantenimiento: “El Estado debe fortalecer su equipo y trabajar de la mano con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para una relación público-privada, porque es un proyecto grande y complejo, y hay que empezar ya”, explicó.

Con información de Andrea Domínguez

¿Cómo queda la distribución de las asignaciones por ministerio, según la ampliación presupuestaria 2026?

El Ejecutivo presentó una iniciativa para ampliar el presupuesto vigente en Q9 mil 326 millones, por lo que los diputados del Congreso conocerán la propuesta. Con dicha ampliación, el techo alcanzaría los Q164 mil 163 millones, monto que fue suspendido temporalmente por la CC.

Urias Gamarro

27 de enero de 2026

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05:00h

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En la ampliación presupuestaria 2026 que se presentó al Congreso el Ministerio de Gobernación se le asignó Q1 mil 481 millones. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La iniciativa de ley que amplía el presupuesto de ingresos y egresos para el presente ejercicio fiscal en Q9 mil 326 millones fue enviada al Congreso de la República por el Ejecutivo, casi un mes después de que la CC suspendiera el gasto aprobado para este año.

El presupuesto del 2026 se abrió con el monto vigente de Q154 mil 836 millones, y con la ampliación se pretende llevarlo a Q164 mil 163 millones, según la iniciativa 6701, que propone modificar el presupuesto general de ingresos y egresos contenido en el Decreto 36-2024, correspondiente al ejercicio fiscal 2026.

La iniciativa consta de 62 artículos, que en términos generales buscan restablecer la propuesta original presentada por el Ministerio de Finanzas, así como las modificaciones realizadas durante su aprobación por el pleno, según explicaron las autoridades del Tesoro.

“Se busca una ampliación presupuestaria y, para ese efecto, se está proponiendo un monto en la parte de ingresos como en la de egresos, de Q9 mil 326 millones. Esto nos permite aproximarnos a lo que se había decretado en el Congreso de la República en la ley del presupuesto anual para este ejercicio fiscal y que está suspendida por una decisión de la CC, y alcanzar los techos presupuestarios que allí se establecían”, declaró Walter Figueroa Chávez, viceministro de Finanzas encargado del área de Administración Financiera, durante una citación con la bancada VOS, en la mañana del lunes 26 de enero.

Previo a la entrega de la iniciativa, y durante enero, integrantes de la junta directiva del Congreso y representantes del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) sostuvieron reuniones en las que manifestaron la necesidad de incluir en el proyecto de ampliación presupuestaria el financiamiento de rubros como las elecciones generales del 2027 a cargo del Tribunal Supremo Electoral, la ampliación y modernización de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (Usace), así como la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad.

El martes 30 de diciembre del 2025, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad emitieron una sentencia mediante la cual resolvieron suspender la entrada en vigencia del presupuesto el 1 de enero del 2026, por lo que quedó vigente el monto aprobado en el 2024 por el Legislativo.

Finanzas pide restituir gasto suspendido por la CC

En la iniciativa se plantea la justificación para la ampliación, en la que se desglosan las asignaciones destinadas a cada una de las instituciones que recibirán fondos adicionales.

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En la exposición de motivos, el presidente Bernardo Arévalo de León indica que la modificación del presupuesto del 2026 será financiada con recursos provenientes de ingresos tributarios (recaudación), ingresos no tributarios y fuentes financieras.

Entre las asignaciones más relevantes a cubrir en esta ampliación se incluyen: Ministerio de Gobernación, Q1 mil 481 millones; Obligaciones a Cargo del Tesoro, Q1 mil 374 millones; Ministerio de Salud, Q1 mil 337 millones; Ministerio de Desarrollo Social, Q1 mil 320 millones; y servicios de la deuda pública, Q1 mil 206 millones. En conjunto, estos cinco destinos representan Q6 mil 718 millones, equivalentes al 72% del total.

En cuanto a los ingresos tributarios, el viceministro Walter Figueroa Chávez explicó que se mantendrá la meta de Q119 mil 762 millones para la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). También se contempla el uso de caja fiscal por Q1 mil 500 millones, la incorporación de préstamos y la colocación de deuda bonificable (bonos del Tesoro) por Q24 mil 98 millones.

El endeudamiento público externo quedaría en Q5 mil 601 millones.

Caja fiscal subutilizada

El déficit presupuestario previsto en la ampliación es de 3.2%.

Durante la citación, el diputado Orlando Blanco, de la bancada VOS, cuestionó al viceministro Walter Figueroa Chávez por el bajo nivel en el uso de la caja fiscal contemplado en esta ampliación, al señalar que existen unos Q9 mil millones disponibles en las cuentas del Banco de Guatemala (Banguat), los cuales podrían utilizarse para reducir el monto de la deuda bonificable.

“Se deben identificar los destinos hacia dónde irán los recursos. En esta ampliación solo se modificarán los techos de algunas entidades. Quedan asignaciones prioritarias y justificables, como las de la EPQ, la cárcel de máxima seguridad y las elecciones generales, pero hay aspectos cuestionables, como los fondos asignados a los Codedes y a algunas organizaciones no gubernamentales”, afirmó.

En la ampliación se incluye un listado de proyectos de infraestructura a desarrollar, así como asignaciones a varias oenegés.

Normativa complementa decreto suspendido

El viceministro aclaró que existe una parte normativa que establece cómo, cuándo y dónde deben ejecutarse los recursos, como complemento al Decreto 27-2025, cuya aplicación fue suspendida por la Corte de Constitucionalidad (CC).

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Por ejemplo, se mantiene el artículo que permite la incorporación de Guatemala al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), con una asignación de US$40 millones, así como la identificación de espacios presupuestarios asignados a las Obligaciones a Cargo del Tesoro, es decir, que el Ministerio de Finanzas deberá buscar la forma de financiamiento.

En el Decreto 27-2025, aprobado en noviembre, se incluyó el artículo 85 del presupuesto, y los congresistas avalaron la “Participación financiera de Guatemala al CAF”. Para ello, el Ejecutivo, por medio del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), debía gestionar ante el Banco de Guatemala (Banguat) el uso de las Reservas Monetarias Internacionales (RIN), con el fin de efectuar la incorporación.

Esa situación generó que la Junta Monetaria llevara a cabo un proceso de impugnación parcial de dicho artículo; sin embargo, este no cobró materia al suspenderse la vigencia del plan de gasto.

También se contempla la creación de un fondo emergente por Q120 millones, y otro por Q52 millones para la organización de la asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el 2027.

Pleno podría dispensar dictamen

El diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas, declaró que se espera llevar a cabo una discusión y análisis para emitir un dictamen sobre la ampliación presupuestaria. No obstante, también existe la posibilidad de que el pleno del Congreso dispense el dictamen y conozca la iniciativa como asunto de urgencia nacional.

En cuanto a los montos de los techos presupuestarios, Estrada reiteró que se están respetando los acuerdos políticos alcanzados en noviembre, y que todas las instituciones retoman exactamente las asignaciones pactadas.

Ejecutivo propone ampliar presupuesto en Q9 mil 326 millones y busca restablecer monto suspendido por la CC

El Ejecutivo envió al Congreso una propuesta para aumentar el presupuesto vigente, con lo que el techo llegaría a Q164 mil 163 millones. La ampliación responde a la suspensión del gasto original por parte de la CC.

Urias Gamarro

26 de enero de 2026

|

15:56h

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Funcionarios del Ministerio de Finanzas asisten a una citación a la bancada VOS y comparten detalles de la ampliación presupuestaria que se podría aprobar en el Congreso. (Foto Prensa Libre: Bancada VOS).

El Ejecutivo presentó una iniciativa para ampliar el presupuesto vigente en Q9 mil 326 millones, por lo que los diputados del Congreso conocerán la propuesta. Con dicha ampliación, el techo alcanzaría los Q164 mil 163 millones, monto que fue suspendido temporalmente por la CC.

La iniciativa de ley que amplía el presupuesto de ingresos y egresos para el presente ejercicio fiscal en Q9 mil 326 millones fue enviada al Congreso de la República por el Ejecutivo, casi un mes después de que la CC suspendiera el gasto aprobado para este año.

El presupuesto del 2026 se abrió con el monto vigente de Q154 mil 836 millones, y con la ampliación se pretende llevarlo a Q164 mil 163 millones, según la iniciativa 6701, que propone modificar el presupuesto general de ingresos y egresos contenido en el Decreto 36-2024, correspondiente al ejercicio fiscal 2026.

La iniciativa consta de 62 artículos, que en términos generales buscan restablecer la propuesta original presentada por el Ministerio de Finanzas, así como las modificaciones realizadas durante su aprobación por el pleno, según explicaron las autoridades del Tesoro.

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Previo a la entrega de la iniciativa, y durante enero, integrantes de la junta directiva del Congreso y representantes del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) sostuvieron reuniones en las que manifestaron la necesidad de incluir en el proyecto de ampliación presupuestaria el financiamiento de rubros como las elecciones generales del 2027 a cargo del Tribunal Supremo Electoral, la ampliación y modernización de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (Usace), así como la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad.

El martes 30 de diciembre del 2025, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad emitieron una sentencia mediante la cual resolvieron suspender la entrada en vigencia del presupuesto el 1 de enero del 2026, por lo que quedó vigente el monto aprobado en el 2024 por el Legislativo.

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Las tres prioridades que el Ejecutivo incluirá en la ampliación presupuestaria 2026, y que presentará al Congreso

Fondos para financiar las elecciones del 2027, la construcción de una cárcel de máxima seguridad y la modernización portuaria son algunos de los rubros prioritarios para el Ejecutivo y que podría incluir en la ampliación presupuestaria que presentará al Congreso, con acercamientos previos para lograr consensos.

Urias Gamarro

21 de enero de 2026

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La ampliación presupuestaria del 2026 incluirá el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral para preparar las elecciones del 2027. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El financiamiento para el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con miras a preparar las elecciones generales del 2027; la construcción de una cárcel de máxima seguridad y la ampliación y modernización de los muelles comerciales de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), en Escuintla, son algunos de los principales rubros del Ejecutivo que incluirá en la iniciativa de readecuación presupuestaria que presentará al Congreso de la República.

En tanto que integrantes de la junta directiva del Legislativo y representantes del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) han sostenido reuniones en las que se ha manifestado la necesidad de cubrir esos rubros y la importancia de avanzar en el proyecto de readecuación presupuestaria.

Avanza diálogo sobre ampliación

El primer encuentro se realizó el viernes 16 de enero y, durante esta semana, ha habido intercambio de información sobre la preparación del proyecto, según explicó el diputado Orlando Blanco, miembro de la junta directiva e integrante de la Comisión de Finanzas.

Aclaró que, por ahora, no hay un monto definido, ya que se están elaborando distintos escenarios numéricos. Sí confirmó que han existido acercamientos para exponer los planteamientos sobre la ampliación, así como consultas y criterios entre los miembros de la junta directiva.

Propuesta respetará acuerdos de noviembre

El diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas, informó que la readecuación presupuestaria está siendo elaborada por medio de la Dirección Técnica del Presupuesto (DTP) del Minfin, y que, en principio, se trabaja con los mismos parámetros establecidos en la ley del presupuesto aprobada mediante el decreto 27-2025 —suspendido temporalmente el 30 de diciembre—, por lo que se busca mantener techos y asignaciones similares, así como las fuentes de financiamiento, que serán revisadas.

Estrada reiteró que la mayoría de los artículos relacionados con asignaciones y ejecución, como los dirigidos al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Superintendencia de Competencia, entre otros, serán replicados, y que, una vez esté lista la propuesta, esta será conocida en el pleno.

En dicha propuesta, indicó, se deberá aumentar la estimación de ingresos y el uso de caja fiscal, que será mayor, además de ajustar asignaciones. Sin embargo, explicó que, por reglas presupuestarias, no todo puede hacerse de manera exacta, aunque la intención es respetar los acuerdos políticos alcanzados desde noviembre.

Gobierno justifica ampliación con prioridades

Blanco agregó que, tras lo ocurrido en la sesión del lunes pasado —con la aprobación del estado de Sitio— y la coyuntura en los centros penales, el Gobierno está justificando la ampliación presupuestaria con base en proyectos que considera prioritarios: la edificación de una nueva cárcel de máxima seguridad —inicialmente presupuestada para el 2026—, el presupuesto del TSE y el de la EPQ.

Sin embargo, precisó que aún no se ha definido el monto total de la solicitud ni las fuentes de financiamiento, es decir, de dónde se obtendrán los recursos.

Recordó que, en el 2025, la recaudación fiscal superó la meta establecida de Q109 mil millones, por lo que una opción para financiar la ampliación sería utilizar el saldo de caja, en lugar de recurrir al endeudamiento.

“Somos del criterio de que, al haber más recaudación, se debería financiar con saldo de caja en vez de endeudamiento. Estamos a la expectativa de cuál será el lineamiento y luego identificar otros rubros, si se mantienen los planteamientos del presupuesto aprobado, lo que implicaría incrementos a los ministerios, los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) y las oenegés”, subrayó.

Congreso avalaría readecuación sin dictamen

Los diputados oficialistas Samuel Pérez Álvarez y Román Castellanos coincidieron en que el Minfin está trabajando actualmente en la propuesta de readecuación presupuestaria, la cual sería enviada al Congreso lo antes posible. También mencionaron que ya se mantienen conversaciones con distintos bloques legislativos.

Castellanos afirmó que la postura de la mayoría de los congresistas es favorable al apoyo de dicha readecuación.

Por su parte, Pérez Álvarez manifestó que la intención es trasladar la propuesta esta misma semana, con el objetivo de que sea conocida durante la sesión plenaria ordinaria programada para el martes 27 de enero.

En tanto, el diputado Orlando Blanco añadió que las discusiones giran en torno al monto que presentará el Ejecutivo y a la forma en que será financiado. Explicó que se prevé exonerar la iniciativa de dictamen, para que sea aprobada de urgencia nacional con el respaldo de al menos 107 votos.

Ingresos tributarios sostendrían ampliación

Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), consideró necesaria una ampliación en las proyecciones de ingresos y gastos que el Minfin manejará durante el presente ejercicio fiscal.

Por el lado de los ingresos, explicó que debe corregirse el monto estimado en el decreto 27-2025 —contenido en el presupuesto aprobado por Q119 mil millones—, que a su juicio es una cifra conservadora, pero técnicamente correcta.

En el presupuesto vigente, la meta de recaudación era de Q109 mil millones; sin embargo, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) logró captar cerca de Q112 mil millones.

Es decir, según Barrientos, el primer ajuste debería consistir en actualizar la proyección de ingresos tributarios y sumarle aproximadamente Q10 mil millones, como reflejo del crecimiento vegetativo en la recaudación fiscal. Esa base permitiría sustentar técnicamente la readecuación.

Además, añadió que deben actualizarse los saldos de caja disponibles y los usos reales de los préstamos ya aprobados. Estos elementos, por sí solos, justifican una actualización técnica del lado de los ingresos que respaldarán la ampliación presupuestaria.

Inversión y Codedes, bajo observación

En cuanto a los gastos, Barrientos señaló que ese aspecto aún no está claramente definido. Consideró que el Ejecutivo debe sumar esos Q10 mil millones al presupuesto y ajustar las asignaciones: recortar las que no se utilizarán en el 2026 y reforzar las que sí se ejecutarán.

Advirtió que, por su naturaleza, el gasto público es inercial, en especial el relacionado con salarios, que no sufrirá grandes modificaciones. Sin embargo, apuntó que deberá observarse cómo quedará la inversión pública y las asignaciones a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), una vez se conozca la propuesta oficial.

“Es recomendable que el Ejecutivo revise y plantee al Congreso una propuesta mejor estudiada y técnicamente respaldada”, apuntó Barrientos.

Ejecutivo afina ampliación y readecuación del presupuesto 2026 y el Congreso espera conocer pronto la propuesta

El Ejecutivo afina la propuesta de ampliación y readecuación presupuestaria luego de la suspensión decretada por la Corte de Constitucionalidad (CC), mientras el Congreso urgió la iniciativa para comenzar su análisis.

Urias Gamarro

8 de enero de 2026

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05:00h

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El Minfin actualizó que los equipos técnicos hacen los análisis sobre una ampliación presupuestaria que se presentará al Congreso de la República para este ejercicio fiscal. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Diez días después de que la CC suspendiera la vigencia del presupuesto de ingresos y egresos del 2026 —que no entró en vigor con la apertura del ejercicio fiscal—, el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) brindó una actualización sobre los mecanismos que se propondrán.

Durante una conferencia de prensa, Walter Figueroa Chávez, viceministro de Finanzas encargado del área de Administración Financiera, declaró que se trabaja sobre el presupuesto vigente, que asciende a Q154 mil 836 millones, incluyendo las ampliaciones.

El funcionario anticipó que se acercarán al Congreso de la República para presentar una ampliación presupuestaria y proponer la normativa que quedó suspendida en el Decreto 27-2025, que contenía la Ley del Presupuesto.

La tarde del martes 30 de diciembre, la CC resolvió la suspensión temporal del plan de gasto para este ejercicio, que ascendía a Q163 mil 469 millones.

“Se planteará un nuevo presupuesto en términos cuantitativos, más el diferencial de Q8 mil 632 millones”, declaró Figueroa Chávez, al argumentar que hay varios rubros de gasto no cubiertos con el presupuesto vigente.

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Agregó que los equipos técnicos del Minfin —específicamente la Dirección Técnica del Presupuesto (DTP)— están realizando los análisis y ajustes necesarios, ya que se deben considerar fuentes de gasto constitucional y asignaciones con destino específico, para que se respete la planificación y programación de las entidades.

Finanzas deberá justificar aumentos

Por su parte, Orlando Blanco, integrante de la Comisión de Finanzas del Congreso —que deberá analizar la solicitud que presente el Minfin en su momento—, declaró que, a partir de la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC), lo que procede es que la apertura del presupuesto 2026 se realice con el monto de las ampliaciones autorizadas durante el ejercicio 2025, que ascienden a Q154 mil 836 millones.

Enfatizó que están a la espera de la propuesta del Minfin, tal como se indicó en un comunicado oficial, por lo que el tema deberá discutirse en la sala de trabajo del Legislativo.

“Hay temas relacionados con incrementos en diferentes instituciones. Casi todos los ministerios tuvieron un aumento, entonces la propuesta tendría que ir por ese lado”, adelantó.

Aseguró que también se revisarán los aportes cuestionados y citó como ejemplo a las oenegés.

“Lo ideal de esta propuesta sería que llegue lo más pronto posible para que haya posibilidad de ejecutarla durante todo el año”, remarcó Blanco.

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Gobierno arranca con Q24 mil millones en la caja fiscal, ¿por qué ayudaría a la readecuación del presupuesto 2026?

El Gobierno Central dispone de Q24 mil millones en depósitos para comenzar el año, cifra superior en Q4 mil 759 millones respecto del 2024, mientras avanza en la preparación de la readecuación presupuestaria.

Urias Gamarro

7 de enero de 2026

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00:10h

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En enero se espera la propuesta de readecuación y ampliación al presupuesto del 2026, luego de que la Corte de Constitucionalidad suspendió el vigente. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

En el tercer año de la administración de Bernardo Arévalo de León, el Ejecutivo arranca con una posición favorable en la política fiscal y cuenta con Q24 mil 82 millones como saldo total de los depósitos en el Banco de Guatemala (Banguat), según los registros del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (Sicoin) al 31 de diciembre del 2025.

Ese monto corresponde al saldo total de caja fiscal, sustentado por un excedente en la recaudación tributaria, la colocación de bonos del Tesoro y préstamos, recursos disponibles para el Gobierno Central. En el ejercicio fiscal del 2026, el saldo de arranque muestra un crecimiento del 24% respecto del 2025, cuando se reportaron Q19 mil 323.12 millones; es decir, la cuenta aumentó en Q4 mil 759.81 millones.

En tanto, la ejecución presupuestaria del 2025 alcanzó el 90.6%, con un gasto total de Q140 mil 342 millones, de un presupuesto vigente de Q154 mil 836 millones, lo que evidencia que no se prestaron bienes ni servicios en su totalidad a la población, al no ejecutarse todo el gasto previsto.

Según los analistas Érick Coyoy, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), y Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), ese saldo de caja debe ser uno de los puntos de partida para la futura propuesta de readecuación y ampliación presupuestaria del 2026, que el Ministerio de Finanzas (Minfin) elabora tras la suspensión del gasto público ordenada por la Corte de Constitucionalidad (CC) el pasado martes 30 de diciembre.

Por medio de un comunicado de prensa del Minfin, el pasado 31 de diciembre se informó que se trabaja en un reajuste presupuestario, y que en enero se enviará al Congreso de la República una iniciativa de ley para modificar el presupuesto vigente (es decir, del 2025).

El Congreso se encuentra en receso parlamentario y retomará sus actividades después del 14 de enero.

Saldo de caja fiscal marca récord

Coyoy explicó que este saldo de caja corresponde a recursos depositados en el Banguat al finalizar el 2025, en las distintas cuentas habilitadas por la Tesorería Nacional.

La mitad del monto total (Q24 mil millones), es decir, unos Q12 mil millones, proviene de recursos dinerarios provenientes de la recaudación no ejecutada; otra parte corresponde a bonos del Tesoro y préstamos con organismos financieros internacionales que no se ejecutaron; y el resto, a ingresos propios de algunas entidades públicas.

Ese saldo, al cierre del 2025, es el más alto en la serie reciente: en el 2024 fueron Q19 mil 323.12 millones; en el 2023, Q16 mil 446.51 millones; en el 2022, Q18 mil 625.61 millones; y en el 2021, Q21 mil 886.99 millones.

“Esto refleja la disponibilidad de fondos que tiene el Gobierno Central, lo cual, por un lado, es positiva, a diferencia de otras administraciones que apenas lograban cerrar con saldos de caja mínimos para comenzar el siguiente año. Pero también evidencia la no ejecución de algunos rubros de gasto, sobre todo aquellos con fuente de financiamiento en bonos del Tesoro, de los cuales quedaron Q3 mil millones”, añadió.

Esos recursos ya tenían un destino en el presupuesto del año pasado, pero no fueron ejecutados y permanecen ociosos en la banca central.

“Esta posición tiene dos expresiones: la buena disponibilidad de fondos por parte del Gobierno Central, pero también la falta de ejecución de algunos programas de gasto”, agregó el analista de Asíes.

Barrientos precisó que ya se están pagando intereses por la colocación de bonos realizada por el Minfin, cuyo producto no fue utilizado en el presupuesto anterior.

Crece caja fiscal por baja ejecución

Para el director ejecutivo del Icefi, Ricardo Barrientos, el abultado monto de la caja fiscal en el 2025 obedece a varias razones. La primera es que la proyección de ingresos tributarios —recaudados por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)— estaba subestimada y, aunque aún no se conoce el cierre del ejercicio fiscal, se calcula que podría superarse la cifra de Q111 mil millones, lo que implicaría entre Q2 mil y Q3 mil millones adicionales no presupuestados.

Otro factor fue la autorización del Congreso para la colocación “muy voluminosa” de bonos del Tesoro, al haberse colocado la totalidad del cupo —unos Q25 mil millones—. “Aunque se contrató la deuda, no todo ese dinero financió el gasto público, ya que no se ejecutó la totalidad del presupuesto. Ahí se evidencia el problema de la subejecución, sobre todo en los proyectos de inversión pública en infraestructura”, aclaró Barrientos.

El analista reiteró que la deuda pública contratada el año pasado para financiar el presupuesto, y que no fue utilizada, ya genera el pago de intereses. Esa es una de las críticas formuladas, ya que las autoridades del Minfin habían asegurado que la ejecución alcanzaría el 92%.

Recomiendan usar caja fiscal y reducir bonos

Con el dato de cierre del saldo total de caja y la futura iniciativa de ley para la ampliación presupuestaria, Barrientos recomendó algunos ajustes. El primero es corregir la proyección de ingresos que financiarán el nuevo presupuesto, ya que sigue vigente la del 2025, de Q109 mil millones, cuando debería ser de Q119 mil millones, según una estimación técnicamente fundamentada.

En segundo lugar, indicó que el uso de los recursos de la caja fiscal en el presupuesto es mucho más bajo que lo que indica la realidad, por lo que debe corregirse esa fuente de financiamiento y ajustarse a los depósitos reales del Gobierno Central en el Banco de Guatemala (Banguat).

Por último, recomendó compensar ambos ajustes con una reducción en la deuda bonificada. “Los bonos no son gratis, es deuda y se pagan intereses; hay que llevar la deuda a la realidad de las cuentas”, afirmó.

Barrientos enfatizó que el Minfin deberá actualizar en la iniciativa que presentará el desglose de datos como el saldo total de caja, los ingresos tributarios y no tributarios, así como la variable de ajuste: los bonos del Tesoro.

Asíes expresa preocupación por uso de reservas monetarias internacionales para incorporar a Guatemala al CAF

La decisión de que Guatemala se incorpore al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), por medio de un cupo de acciones de US$40 millones aprobado por el Congreso, sigue generando reacciones entre centros de investigación económica.

Urias Gamarro

5 de diciembre de 2025

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18:07h

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El uso de administrar las Reservas Monetarias Internacionales es una atribución que la Constitución confiere exclusivamente a la Junta Monetaria y al propio banco central, indica comunicado de Asíes. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Este viernes 5 de diciembre, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) fijó su postura sobre la incorporación de Guatemala al CAF, con la adquisición de un tramo de acciones por US$40 millones, aprobado en el artículo 85 del Presupuesto de Ingresos y Egresos del 2026, utilizando las Reservas Monetarias Internacionales (RMI) que administra el Banco de Guatemala (Banguat).

En un comunicado, Asíes expresó “su preocupación por la redacción y los alcances del artículo 85 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 2026, relativo al proceso para que Guatemala se convierta en miembro del CAF”.

“Se reconoce plenamente la facultad de las autoridades políticas para decidir la adhesión del país a organismos financieros internacionales. Esa es, sin duda, una atribución legítima del Gobierno y del Congreso. No obstante, dicha decisión debe ejecutarse mediante procedimientos jurídicos claros y técnicamente correctos, especialmente cuando involucra recursos financieros y funciones atribuidas constitucionalmente al Banco de Guatemala”, indica el comunicado de prensa.

Asíes pide reformar artículo

El comunicado subraya que el artículo 85, tal como fue aprobado, presenta ambigüedades contrarias a una buena técnica legislativa, lo que genera incertidumbre sobre la operación prevista.

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“Su redacción podría interpretarse como una instrucción del Congreso al Banco de Guatemala respecto de cómo administrar las Reservas Monetarias Internacionales —atribución que la Constitución confiere exclusivamente a la Junta Monetaria y al propio banco central—, lo cual constituye un precedente inadecuado de interferencia política en las funciones técnicas de un ente autónomo”, remarca.

Por otro lado, la formulación del artículo permite interpretaciones que podrían acercarse a una eventual contravención de la prohibición constitucional de otorgar financiamiento directo del Banco de Guatemala al Gobierno Central. Dicha restricción se estableció para preservar la estabilidad macroeconómica, evitar presiones inflacionarias y proteger la autonomía del banco central, pilares esenciales para la confianza en la moneda y el clima de inversión del país.

“Asíes recuerda que el procedimiento correcto debió haber iniciado con una consulta formal a la Junta Monetaria, órgano que, por mandato constitucional, determina el uso de las reservas internacionales y evalúa las implicaciones financieras y patrimoniales de operaciones de esta naturaleza. Solo con esa opinión técnica se debía trasladar la propuesta al Congreso para su autorización final”, indica el comunicado.

Así, la falta de ese proceso previo, sumada a la redacción confusa del artículo 85, abre espacio a interpretaciones que ponen en riesgo la institucionalidad económica, generan incertidumbre en los mercados y pueden deteriorar la credibilidad de Guatemala ante inversionistas y organismos internacionales.

El comunicado cita que, en virtud de lo anterior, Asíes hace un respetuoso llamado al Congreso de la República para que, con la prontitud que amerita, corrija mediante una reforma legal la redacción del artículo 85, a fin de eliminar ambigüedades, resguardar la autonomía del Banco de Guatemala y garantizar que la adhesión del país al CAF se realice bajo estrictos estándares de legalidad, transparencia y responsabilidad financiera.

¿Qué es?

• En el presupuesto del 2026, Guatemala se incorporará como accionista al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), con una participación de US$40 millones.
• En el artículo 85 del presupuesto, los congresistas aprobaron la “Participación financiera de Guatemala al CAF”. Para ello, el Ejecutivo, por medio del Minfin, deberá gestionar ante el Banco de Guatemala (Banguat) el uso de las Reservas Monetarias Internacionales (RMI), con el fin de efectuar la incorporación.
• La gestión del Minfin deberá ser conocida por la Junta Monetaria (JM). No obstante, ya se advierte que la medida podría ser inconstitucional y objeto de impugnaciones legales.
• La sede central del CAF está en Caracas, Venezuela. Esta institución de fomento fue constituida en 1970 y cuenta con 24 países accionistas, entre ellos 22 de América Latina, además de España y Portugal, así como 13 instituciones privadas de la región.
• El organismo multilateral tiene presencia en El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá.
• El Banco de Guatemala rechaza la orden de usar las reservas monetarias internacionales.

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Junta Monetaria pide dictámenes jurídicos al Banguat y Minfin por uso de reservas monetarias para adhesión al CAF

Los miembros de la Junta Monetaria (JM) discutieron la adhesión de Guatemala como accionista al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), utilizando las Reservas Monetarias Internacionales (RMI), y ordenaron en consenso la elaboración de dictámenes jurídicos.

Urias Gamarro

5 de diciembre de 2025

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00:10h

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Durante la reunión del miércoles 3 de diciembre, los miembros de la Junta Monetaria acordaron elaborar una hoja de ruta entre los equipos jurídicos del Banguat y del Minfin por el uso de las reservas monetarias internacionales. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Durante la sesión del pasado miércoles, los integrantes de la Junta Monetaria (JM) analizaron el aporte de US$40 millones (unos Q306 millones) de las reservas monetarias internacionales (RMI) para la adhesión de Guatemala como accionista al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), lo cual fue aprobado en el artículo 85 del presupuesto de ingresos y egresos del 2026.

El asunto fue ampliamente discutido en la reunión celebrada el miércoles 3 de diciembre, y se acordó elaborar una hoja de ruta entre los equipos jurídicos del Banco de Guatemala (Banguat) y del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).

Los dictámenes, elaborados de forma coordinada por ambos equipos técnicos, serán conocidos en la sesión del próximo miércoles 10 de diciembre.

“Efectivamente, se discutió el contenido del artículo 85 del presupuesto aprobado por el Congreso de la República, relativo a la participación de Guatemala en la CAF. Al respecto, hubo consenso en la JM de que el artículo 85 podría tener viso de inconstitucionalidad, por tergiversar el artículo 133 de la Constitución de la República y contradecir también lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala”, indicaron fuentes oficiales.

Se reiteró que ambos artículos prohíben al banco central otorgar crédito al Gobierno.

Ante esta postura, los integrantes de la JM ordenaron que los cuerpos técnicos del Banguat y del Minfin, de manera coordinada, presenten una hoja de ruta para determinar las acciones que proceda realizar ante la vigencia del artículo 85.

“La JM está de acuerdo en que, eventualmente, la participación de Guatemala en la CAF podría ser conveniente, pero la forma prevista en el artículo 85 no es la adecuada. También coincidió en que debe buscarse una solución que proteja la institucionalidad del país”, agregaron.

Uno de los objetivos es encontrar soluciones alternativas antes de acudir a otras instancias.

Entre los posibles escenarios analizados por la JM figuran dos: eliminar el artículo 85 del presupuesto o modificar su redacción, pero serán analizados en los resultados requeridos los cuerpos técnicos.

El Minfin declaró que ya había realizado consultas ante la Corte de Constitucionalidad.

Uso de reservas sería inconstitucional

Al ser consultado, José Estuardo Córdova, director ejecutivo de la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG), declaró que las reservas monetarias internacionales no pueden utilizarse con ese propósito, ya que su función es estrictamente monetaria. Explicó que estas respaldan la estabilidad cambiaria, la inflación y la liquidez externa del país.

Agregó que la normativa vigente no contempla su uso para capitalizar organismos multilaterales, y cualquier decisión sobre estas corresponde exclusivamente a la Junta Monetaria.

“Más allá del objetivo de adhesión, el diseño institucional guatemalteco separa con claridad las funciones monetarias de las fiscales, por lo que las reservas no son un instrumento para financiar obligaciones del Estado”, recalcó.

Uso fiscal de reservas rompería autonomía

El director de la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG) añadió que no es posible utilizar las reservas monetarias internacionales (RMI), ya que son activos del banco central sujetos a un régimen legal especial y no forman parte del presupuesto público.

“El Banco de Guatemala está obligado constitucionalmente a preservar estas reservas para sostener el tipo de cambio y la estabilidad macroeconómica, y solo puede disponer de ellas conforme decisiones de la Junta Monetaria”, manifestó.

Sobre los riesgos que implicaría utilizar las RMI para este u otros fines del Gobierno Central, el director de la CFG afirmó: “El principal riesgo sería debilitar el instrumento que sostiene la estabilidad cambiaria, la inflación y la capacidad del país para enfrentar choques externos. Las reservas se mueven según la balanza comercial y la balanza de pagos, y utilizarlas para gasto público podría reducir su nivel sin responder a criterios monetarios, afectando la confianza macroeconómica”, puntualizó.

Agregó que eso sentaría un precedente que diluye la separación entre política fiscal y monetaria, compromete la autonomía del banco central y genera incertidumbre sobre la capacidad del país para administrar su respaldo externo.

“Permitir que las reservas se utilicen para estos fines abriría la puerta para que las RMI sean empleadas en otros propósitos ajenos a la estabilidad monetaria, desnaturalizando su función técnica. Esto convertiría un instrumento de respaldo macroeconómico en una fuente discrecional de financiamiento, con riesgos acumulativos para la estabilidad del país”, insistió Córdova.

Junta Monetaria debe autorizar transacción

Sobre el uso de las reservas, el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) informó que, aunque en el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo se proponía el pago con fondos públicos, el Congreso aprobó que el Banco de Guatemala cambie un activo en dólares estadounidenses —las reservas monetarias internacionales (RMI)— por otro activo en la misma moneda: acciones del CAF, un banco de fomento regional.

Se explicó que el Congreso de la República tiene la potestad legislativa para facultar al Organismo Ejecutivo y al Banco de Guatemala a realizar esta acción.

En ese sentido, el artículo 85 del presupuesto aprobado para el 2026 faculta al Minfin a gestionar ante el Banco de Guatemala el uso de las RMI para el pago de las acciones, pero también ordena que la Junta Monetaria autorice la transacción, lo que permite contar con opiniones técnicas y legales previas que le den viabilidad.

Si los dictámenes técnicos y legales del Banco de Guatemala advierten visos de inconstitucionalidad, el Organismo Ejecutivo puede solicitar una opinión a la Corte de Constitucionalidad sobre dicho artículo.

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En términos generales, se explicó que uno de los criterios para que Guatemala se adhiera al CAF como accionista en el 2026 es que la institución ofrece líneas de crédito al sector público y privado, cooperación no reembolsable y asesoría técnica en áreas clave para el desarrollo.

“Si bien todavía no se ha iniciado ninguna conversación sobre líneas de financiamiento, se avanza en el desarrollo de cooperación para la ejecución de proyectos ferroviarios, así como en iniciativas de turismo”, expusieron.

Respecto de los posibles beneficios, la cartera del Tesoro destacó que el país contará con otro banco de desarrollo, con capacidad de brindar apoyo financiero y técnico tanto al sector público como al privado.

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El Banguat y Finanzas buscarán mecanismos legales por el uso de las Reservas Monetarias (RIM)

La postura del Banco de Guatemala de rechazar el uso de las Reservas Monetarias Internacionales (RIM) para financiar el ingreso del país a la CAF sigue generando debate técnico sobre la importancia de esos recursos, mientras se preparan acciones legales, tanto desde el lado del Banguat como del Ministerio de Finanzas.

Urias Gamarro

4 de diciembre de 2025

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00:10h

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El banco central confirmó que en los próximos días presentará acciones legales contra el artículo 85 del presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el Congreso, por el uso de las reservas monetarias. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Con la postura del Banco de Guatemala (Banguat) de rechazar el uso de las reservas monetarias internacionales (RMI) para financiar la adhesión como accionista al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), incluida en el presupuesto de ingresos y egresos del 2026 aprobado por el Congreso de la República, persiste un debate técnico sobre la importancia de esas reservas en dólares.

Edwin Matul, exgerente general del Banguat, y Ramón Parellada Cuadrado, del Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES), expusieron que las reservas monetarias juegan un papel clave en la economía y coincidieron en que no es recomendable su uso para financiar otros programas, además de que su empleo está prohibido por la Constitución.

Los diputados de esta legislatura, a petición del Ministerio de Finanzas (Minfin), aprobaron en la madrugada el artículo 85, “Participación financiera de Guatemala al CAF”. Para ello, el Ejecutivo, por medio del Minfin, deberá gestionar ante el Banguat el uso de las RMI con el fin de efectuar la incorporación.

El banco central confirmó que en los próximos días presentará acciones legales contra el artículo 85.

Reservan monetarias respaldan emisión de quetzales

Aunque el asunto ahora está en el plano legal, Edwin Matul explicó el papel que tienen las reservas monetarias internacionales (RMI).

Aclaró que se les atribuye al Banco de Guatemala (Banguat) porque, para adquirirlas, la entidad tuvo que haber emitido quetzales. Así, el Banguat compra dólares al Gobierno Central cuando este se endeuda, o a los bancos cuando participa en el mercado cambiario. Por cada dólar registrado en el balance del banco central, se ha emitido una cantidad equivalente en quetzales.

Explicó que, por lo tanto, cada dólar que se utilice de las reservas debe tener una contrapartida, ya sea la reducción de los depósitos del Gobierno, del encaje bancario u otra operación de carácter desmonetizante.

En esos términos, trasladar recursos o hacer pagos en nombre del Gobierno Central, sin una contrapartida en quetzales, “automáticamente se debe considerar un crédito del Banco de Guatemala al Gobierno, lo cual está prohibido por la Constitución de la República”, afirmó.

Ramón Parellada Cuadrado coincide con ese planteamiento y reitera que no se pueden usar las RMI para financiar al Gobierno ni para otorgarle préstamos desde el banco central.

Recordó que el artículo 132 de la Constitución Política de la República “está clarísimo”.

También explicó que, tal como están constituidos hoy los bancos centrales, las reservas monetarias internacionales respaldan la emisión de quetzales. Por ello, en caso de una eventualidad, esos dólares deben estar invertidos en activos líquidos, que generan poco interés, pero pueden convertirse en efectivo rápidamente para enfrentar una corrida de quetzales u otro evento financiero.

Acudirán a la Corte de Constitucionalidad

El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), respondió a Prensa Libre, que consultará a la Corte de Constitucionalidad (CC) acerca de la legalidad del artículo aprobado por el Congreso de la República que autoriza el uso de las Reservas Monetarias Internacionales (RMI) para financiar la compra de acciones del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). La institución informó que actuará con estricto apego al marco jurídico y a los dictámenes técnicos correspondientes.

La institución recordó que este tipo de aportes no constituyen un gasto para el Banco de Guatemala, ya que el pago registrado en dólares únicamente representa un cambio en la composición de los activos. Actualmente, el banco central mantiene aportaciones de capital similares en organismos como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El Minfin indicó que aún no ha elaborado un análisis propio sobre el impacto del uso de las RMI para esta compra, pero solicitará al Banco de Guatemala un estudio completo. No obstante, adelantó que el monto de las acciones del CAF —US$40 millones— representa solo el 0.127% del total de reservas internacionales, que ascienden a US$31 mil 526.1 millones.

Uso de reservas afectaría imagen ante calificadoras

Enrique Font, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), aseguró que disponer arbitrariamente de los fondos de las reservas monetarias internacionales (RMI) pone en riesgo la estabilidad macroeconómica del país.

Añadió que este tipo de decisiones, poco justificadas, podría afectar la reputación de Guatemala ante las principales agencias calificadoras de riesgo, que recientemente le otorgaron una nota cercana al grado de inversión.

“Derivado de eso, como sector industrial, no estamos a favor de este tipo de acciones”, afirmó.

Reservas son respaldo, no inversión

Parellada Cuadrado reiteró que las reservas representan una protección, ya que por cada quetzal emitido se recogen dólares posteriormente.

Agregó que la forma en que opera el banco central con los bancos del sistema impide utilizar esas reservas en activos menos líquidos.

Como ejemplo, explicó que, si el Gobierno quiere usar reservas para construir una carretera u otra obra, ese tipo de activo no sería líquido, es decir, no se podría convertir de inmediato en efectivo, y “creo que ahí hay un problema”, advirtió.

“Por eso existen restricciones bien claras, y creo que ahí debe parar, a menos que se adopte otro sistema monetario distinto al de banco central, como una banca libre, por ejemplo. En ese caso, ya no habría problema con las reservas monetarias internacionales”, añadió.

Uso político de reservas pondría en riesgo el quetzal

Los consultados coincidieron en que existen riesgos en el uso de las RMI para financiar al Gobierno Central u otros fines, como lo planteó el Congreso a petición del Ministerio de Finanzas (Minfin). Por ello, advirtieron que los riesgos son considerables.

Edwin Matul recordó que la prohibición de usar las reservas se elevó a rango constitucional precisamente para evitar que decisiones políticas pongan en riesgo la estabilidad macroeconómica. “Se puede creer en el espejismo de que las reservas pueden ser utilizadas para otros fines ilimitadamente”, advirtió.

Añadió que esto ocurre porque no se comprende la lógica técnica detrás del funcionamiento de las RMI.

Para Ramón Parellada Cuadrado, del Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES), sería una irresponsabilidad total que alguien intentara modificar el uso de las reservas monetarias internacionales en forma distinta a la prevista por los principios que rigen a los bancos centrales. “Así se corre el riesgo de destruir el valor de la moneda y del quetzal si no se controla a tiempo. Puede causar pérdidas enormes al banco central, y definitivamente no podemos tener ese riesgo”, aseveró.

Industriales advierte riesgos por uso de reservas

El presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), Enrique Font, también identificó al menos tres riesgos asociados al uso de las reservas monetarias internacionales (RMI).

• En primer lugar, los riesgos macroeconómicos. Guatemala se ha caracterizado por su estabilidad macroeconómica, la cual depende en gran medida de la correcta ejecución de la política monetaria, administrada con criterios técnicos por el Banco de Guatemala. Actualmente, el país cuenta con US$35 mil millones en RMI, que contribuyen a mantener la estabilidad económica y financiera. Estas reservas funcionan como respaldo de divisas para enfrentar crisis, garantizar el comercio internacional y permitir intervenciones en el mercado cambiario.
• En segundo lugar, los riesgos reputacionales. Guatemala se encuentra cerca de ser catalogada como un país con grado de inversión, lo que significa que las agencias calificadoras consideran que, hasta ahora, la política monetaria ha sido adecuada. Disponer arbitrariamente de las reservas podría modificar negativamente esa percepción.
• En tercer lugar, los riesgos legales. En este momento, se debería declarar inconstitucional el artículo 85 del Decreto 27-2025, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Gastos del Estado, ya que su ejecución está explícitamente prohibida por la Constitución y por la Ley Orgánica del Banco de Guatemala.

Presupuesto 2026 asigna fondos a Superintendencia de Competencia, pero son insuficientes para operar

Un presupuesto de Q25 millones para la Superintendencia de Competencia (Sicom) aprobó el Congreso de la República para el 2026; sin embargo, el monto está por debajo de lo que la entidad estima necesario para operar ese año.

Rosa María Bolaños

29 de noviembre de 2025

|

06:00h

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Funcionarios de la Superintendencia de Competencia participaron en el Foro “Competencia y Estado de Derecho: Pilares para fortalecer la institucionalidad y la inversión”, organizado por AmCham Guatemala. (Foto, Prensa Libre: Rosa María Bolaños).

Además, sigue pendiente que el Ministerio de Finanzas (Minfin) concrete la asignación de Q20 millones para la Superintendencia de Competencia, establecida en la Ley de Competencia para el primer año de vigencia, que corresponde al 2025.

El presidente del directorio de la Sicom, Javier Bauer, informó que, dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el 2026, el Organismo Legislativo aprobó Q25 millones para dicha entidad.

En tanto el director, Edgar Guzmán, explicó que también se valora que en el mismo artículo se deja establecido que el Ministerio de Economía apoye a la institución.

Consultado sobre si ese monto es suficiente para operar, Jorge Miguel Castillo, superintendente de Competencia, explicó que se realizó un análisis derivado de las intendencias que se buscan crear, las capacidades necesarias, los salarios competitivos que deberían pagarse y el equipo de cómputo y software que, como en todas las autoridades de competencia del mundo, requiere alta inversión. Al estimar esos gastos, se determinó que el presupuesto es limitado, pero se trabajará con los recursos asignados, priorizando los gastos y buscando eficiencia en su asignación, agregó.

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Castillo expuso que se estimó —con apoyo de expertos internacionales— que Q35 millones o Q40 millones es el presupuesto que tienen entidades similares, como las autoridades de competencia de Ecuador, Colombia y otros países.

En tanto Guzmán dijo que ese recurso no es suficiente para los grandes desafíos que tiene la entidad en el mediano y largo plazo, por lo que esperan poder brindar el resultado de ejecución adecuado, hacer proyección adecuado para tener presencia en todo el territorio y de esta manera poder acudir a distintas estancias y el Congreso para que pueda ser considerada una ampliación en caso de que fuera necesario.

Los rubros que se priorizarán con el presupuesto del 2026 serán capacitación, jornadas nacionales de divulgación, fomento y promoción de la competencia, detalló Castillo. Además, la entidad realizará estudios sobre leyes, regulaciones y el Código Municipal para determinar si alguna disposición contraviene la Ley de Competencia. También se incluye la capacitación del personal.

El superintendente explicó que los fondos no ejecutados del presupuesto inicial del 2025 podrán seguir utilizándose por parte de la Sicom, conforme lo regulan la Ley de Competencia y la Ley Orgánica del Presupuesto, dado que se trata de una autoridad autónoma e independiente.

Esto puede incluir la sede y lo necesario para estructurar la entidad, como computadoras, vehículos y otros recursos.

Aparte del presupuesto, la entidad trabaja en propuestas de reglamentos y guías por actividades.

Respecto del 2025, ya se avanzó en los trámites del proceso de asignación. La entidad ya cuenta con la estructura presupuestaria y con los roles asignados en el Sistema Informático de Gestión (Siges) y el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), así como con un centro de costo. Se trata de diseños operativos y técnicos que permiten que una entidad tenga vida presupuestaria, explicó Castillo.

Los funcionarios de Sicom participaron en el foro “Competencia y Estado de Derecho: Pilares para fortalecer la institucionalidad y la inversión”, organizado por AmCham Guatemala.

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Consultado en el foro, Guzmán expuso que el monto es insuficiente para constituir una institución técnica disruptiva, pero con una política de competencia, la Superintendencia también puede aprovechar otros recursos y espacios disponibles dentro del Estado.

En dicho foro también se les preguntó si la cantidad asignada de presupuesto es suficiente para mantener cuadros técnicos independientes y garantizar la imparcialidad, así como un órgano técnico con los mejores perfiles.

Al respecto, el director Jorge Mario González expuso que se ve cuesta arriba y calificó como lamentable la decisión de asignar un presupuesto tan por debajo de los estándares básicos para la creación de una institución.

Explicó que una parte importante será contar con personal idóneo, cuadros técnicos especializados y poder retener al personal calificado, lo cual será complicado si no se pueden ofrecer salarios competitivos frente al sector privado, donde podrían duplicarse o triplicarse los salarios que la Superintendencia puede ofrecer.

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Derivado de ello, agregó González, será difícil que alguien opte por dicha entidad y comentó tres aspectos a enfrentar: no hay personal capacitado en esta nueva materia en el país; se tendrá que invertir en esa formación, pero no se podrá retener el personal, porque “teniendo un presupuesto tan paupérrimo no vamos a tener cómo asignarle, y vamos a crear una institución tan pequeña que no va a tener las capacidades de atender a todo el país. Porque en Guatemala, en Centroamérica, somos la economía más grande y no podemos crear una institución tan pequeña. Nos dieron un presupuesto pensando en pequeño”, a pesar de la importancia de la función de la Superintendencia, como crear eficiencias económicas, buscar apertura de mercado y generar estudios relevantes.

Se reestructurará el Mineco

Al respecto del presupuesto para la Sicom y la reestructuración del Ministerio de Economía, ahora que fue creada dicha entidad, la viceministra Valeria Prado explicó algunos factores.

Recordó que la ley establece que se le debe asignar un mínimo del 4% del presupuesto del Ministerio de Economía.

En este caso, al revisar el decreto del Presupuesto estatal para el 2026, el Mineco tiene asignados Q640.7 millones, por lo que el mínimo sería de Q25 millones, que finalmente le aprobó el Congreso.

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Respecto de la estructura, la funcionaria explicó que a la Superintendencia le fueron asignadas todas las funciones de promoción de la competencia como entidad rectora del asunto, entre otras que antes correspondían al Mineco.

Derivado de la nueva ley, a ese ministerio le queda la parte de elaboración de la política de competencia y a la Superintendencia, la implementación de dicha política y la promoción de la competencia.

Prado explicó que ya se han tenido reuniones y acercamientos entre autoridades de ambas entidades para conversar sobre el asunto y establecer vínculos, y que con los directores se trabaja en sentar las bases para crear una política de competencia.

La estructura del Mineco cambiará, ya que la Ley de Competencia suprime varias de las funciones que originalmente tenía ese ministerio, como la promoción de la competencia, lo que implica la supresión de la dirección que se encargaba del tema, al quedar sin materia.

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Artículo 159 del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el 2026, Decreto 27-2025:

• Establece el aporte del Estado a la Sicom, basado en la Ley de Competencia, por Q25 millones, como parte de las Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro.
• Estos deberán ser trasladados en un solo desembolso a dicha institución para facilitar su operación y el cumplimiento de sus fines.
• Las gestiones presupuestarias y de programación financiera se harán directamente de la Superintendencia de Competencia al Ministerio de Finanzas Públicas, sin intermediación alguna.
• El Congreso estableció que, antes del último día hábil de febrero del 2026, el superintendente deberá emitir y poner en vigencia, con el aval del directorio, las normas mínimas de organización y funciones, reglamento interno de trabajo, puestos y escalada salarial, observando criterios de racionalidad económica y manejo responsable del presupuesto asignado.
• Aclara que esto es sin detrimento de lo que establecen los artículos 116 de la Ley de Competencia, que refiere que en el plazo de un año a partir de la toma de posesión, el superintendente debe organizar, evaluar, establecer e implementar los procedimientos y sistemas necesarios para operar, así como para la difusión, formación y aplicación de la ley. Castillo asumió el cargo el 13 de octubre del 2026. También se menciona el artículo 121, que establece la vigencia escalonada de la ley en mención.
• El decreto de presupuesto estatal también establece que el Ministerio de Economía delegará de forma temporal, y por un plazo no mayor a seis meses, al personal administrativo y financiero que la Superintendencia de Competencia requiera para iniciar operaciones y emitir sus disposiciones de organización interna. También facilitará equipo de cómputo y transporte que sea requerido, igualmente de forma temporal.

Reglamento

El reglamento para la Ley de Competencia aún se está trabajando, y el superintendente presentará el borrador al directorio, dijo Bauer.

Castillo expuso que se trata de reglamentos y manuales de protocolos, entre ellos el reglamento orgánico interno, el cual ya fue presentado y está en proceso de discusión.

El otro reglamento es el que debe desarrollarse para implementar la ley, según el artículo 117 del Decreto 32-2024. Este debe entrar en vigencia el 1 de enero del 2026. Para ello, se abrió un espacio para la recepción de opiniones y observaciones, y se encuentra en desarrollo.

crédito público

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Presupuesto 2026: Congreso autoriza proceso de deuda para ampliar muelle en portuaria Quetzal

El Congreso autorizó el inicio del proceso para financiar la ampliación y modernización de los muelles comerciales de la EPQ, a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, mediante deuda pública.

Urias Gamarro

29 de noviembre de 2025

|

00:10h

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Los diputados avalaron esta semana el presupuesto de ingresos y egresos del 2026 y se incluyó la preparación de una operación de crédito público destinada a la ampliación de la infraestructura crítica en la EPQ, en Escuintla. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Los diputados avalaron esta semana el presupuesto de ingresos y egresos por Q163 mil 469 millones para el 2026, en el cual también se incluyó la preparación de una operación de crédito público destinada a la ampliación de la infraestructura crítica en la EPQ, en Escuintla.

El artículo 109 del decreto 27-2025 establece la “Preparación de operación de crédito público para el Proyecto de Ampliación Portuaria de la EPQ”, por lo que deberá formularse, estructurarse y someterse a la opinión de la Junta Monetaria a más tardar el 31 de julio del 2026.

Esto implica que, en el presupuesto del 2027, el Ministerio de Finanzas deberá incluir una fuente de financiamiento para el proyecto, ya sea mediante un préstamo con organismos o agencias internacionales, o mediante la emisión especial de bonos del Tesoro.

La operación de crédito público deberá basarse en los estudios técnicos, diseños y recomendaciones elaborados por el Usace, que en el 2025 comenzó con el análisis para ampliar y modernizar los muelles 5, 6, 7 y 8, con el fin de incrementar la capacidad del recinto portuario.

El documento oficial con los resultados del Usace será considerado como “el marco técnico de referencia para la ejecución del proyecto”.

Además, la EPQ, en coordinación con los ministerios de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; de Relaciones Exteriores, y de Finanzas, deberá gestionar, suscribir y supervisar los acuerdos de cooperación para la ampliación portuaria, y asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad establecidos por el Cuerpo de Ingenieros.

El Ministerio de Finanzas será responsable de formular las gestiones presupuestarias, financieras y de cooperación internacional, y deberá incorporar esta operación de crédito al programa de gasto del 2027, con miras a su ejecución ese mismo año.

Es decir, el Legislativo se compromete a aprobar y financiar las obras durante ese ejercicio fiscal.

Ampliación de muelles comenzaría en el 2027

El viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Fernando Suriano Buezo, explicó a Prensa Libre que el contrato suscrito contempla la ampliación de los muelles comerciales 5, 6, 7 y 8 en la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), ya que la Ley del Presupuesto del 2026, aprobada por el Congreso, dejó establecido que pueden prepararse las negociaciones financieras para ejecutar el proyecto.

Se brinda un horizonte adecuado, porque en esta primera fase deben sentarse las bases del proyecto, que incluyen condiciones, estudios y otros requerimientos; la segunda fase será la construcción, financiada con préstamos”, afirmó.

El funcionario agregó que los equipos técnicos ya están trabajando en coordinación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (Usace), la EPQ y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, “para ejecutar la ruta prevista, de modo que en el 2027 comience la ampliación de los muelles”.

Gobierno busca financistas para EPQ

Sobre el costo que representará la fase de construcción en la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), el viceministro Suriano Buezo indicó que aún no se tiene una cifra oficial, ya que los estudios técnicos están en desarrollo por parte del Usace, los cuales permitirán establecer una proyección.

Sin embargo, estimó que el monto podría alcanzar los Q4 mil millones, aunque advirtió que no se trata de una cifra definitiva.

“Los estudios son los que realmente van a establecer el dato”, aclaró el funcionario.

El viceministro adelantó que se presentarán solicitudes de interés ante organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) o el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con el fin de definir el alcance de la operación y realizar los requerimientos respectivos a sus directorios. Aclaró que, por ahora, no hay nada oficial.

En todo caso, remarcó que para septiembre del 2026 ya se contará con la información oficial.

Guatemala

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Criterios políticos habrían incidido en la distribución de fondos para los Codedes

El presidente de la Comisión de Finanzas sostiene que hubo una negociación entre jefes de bancadas para asignar los recursos a los territorios, premiando o castigando a algunos.

Fátima Najarro

28 de noviembre de 2025

|

00:05h

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En el 2026 los Codedes tendrán un bolsón de alrededor de Q18 mil millones para obras locales. (foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Criterios políticos e intereses electorales habrían dirigido la negociación de los fondos extraordinarios para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede), llevando a más de Q18 mil millones los recursos para el 2026.

Horas antes de que el Congreso conociera la aprobación del presupuesto 2026, la Comisión de Finanzas presentó un dictamen favorable donde se incluía un aporte extraordinario de Q6.3 mil millones para los Codedes. El presidente de la Comisión, Julio Héctor Estrada, explicó que se trataba de un cambio de último momento que obedecía a consensos entre bancadas.

La tabla con montos específicos fue incluida en el artículo 163 del Presupuesto General 2026, y, al revisarla, resalta un aporte mayor a algunos municipios, pero otros han sido castigados con menos recursos.

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Por ejemplo, al menos nueve municipios recibieron más de Q60 millones de fondos adicionales para proyectos de agua y saneamiento, y otros solo tendrán Q500 mil para proyectos en todo el año.

Los cinco más beneficiados son la cabecera departamental de Jalapa, donde la alcaldía es del partido Valor; La Gomera, Escuintla donde el alcalde llegó por Vamos; Cobán, Alta Verapaz con la jefatura edil de Victoria; Sayaxché, Petén, de un comité cívico; y Morales, Izabal, con la alcaldía de Vamos.

De este grupo, Sayaxché y La Gomera sí forman parte de los municipios que mantienen la ejecución más alta del presupuesto para obras a lo largo del presente año.

Los 18 municipios con menos aportes tienen en común que sus alcaldes llegaron por el partido Vamos o Cabal, o los diputados distritales son de las bancadas opositoras.

Modificaciones

La cabecera de Jalapa recibió el aporte extraordinario más alto para el 2025 y repite para el próximo año. Pero hay casos como Sayaxché, que incrementó su asignación en Q71 millones respecto al 2025, es decir, aumentó un 3 mil por ciento sus recursos.

Negociaciones

El presidente de la Comisión de Finanzas, Julio Héctor Estrada, explicó que el artículo 163 con los aportes fue un consenso entre la mayoría de las bancadas que integran la sala de trabajo, avalado por los diputados representantes del Ejecutivo. Dos días después de presentar el dictamen favorable, Estrada sostiene que los acuerdos son una muestra de gobernabilidad entre sectores, aunque reconoce que las cifras, según criterios técnicos, son elevadas.

“Es una distribución de prioridades políticas, de representación, donde cada uno tiene su base electoral. El proceso electoral comenzó ya, y cada uno tiene sus bases electorales en diferentes municipalidades”, reconoció Estrada.

El también exministro de Finanzas detalló que en el caso de Jalapa hay mucho interés de dos o tres grupos grandes, que llegaron a acuerdos para fijar la cifra. También advirtió que se debió establecer una restricción o reorganización para que los montos no fueran tan elevados.

“Esta vez yo no tuve nada que ver directamente con ese acuerdo (…) Mi gusto es que podría ser una cantidad menor, pero yo soy parte de un bloque que también participó en la negociación, allí fueron los diputados distritales y el jefe de bancada”, explicó Estrada.

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Añadió que las asignaciones extraordinarias para los Codedes complicaron que se pudiera reducir el techo total del presupuesto, y también dejaron fuera algunos programas como el Fondo para la Primera Vivienda, bolsones de devolución de impuesto, un subsidio que el Instituto de Electrificación y un bolsón para trenes y puertos.

“Ese proceso sí resulta en un monto importante en inversión y en la capacidad del Estado de invertir en pequeño, y eso se va a ver en el 2026. Pero hemos perdido la capacidad de hacer inversión a gran escala y a mediana escala”, puntualizó el diputado.

Estrada añadió que se respaldó la ejecución de los fondos para que pueda ser más ágil con algunos artículos, y considera que además las obras llevarán dinamismo económico a las localidades.

“El país falla más en la capacidad de ejecutar cosas que en mala ejecución o endeudamiento. Hay problemas de corrupción también, pero el país se está cayendo más por no hacer nada que por hacer mal las cosas”, agregó el diputado de Cabal.

También advirtió que, como respuesta a la falta de inversión nacional, se recurrió a inversiones locales, pero en algunos años habrá que priorizar alguna, porque un proyecto grande nacional y fondos para obras municipales no caben en un mismo presupuesto por términos fiscales y financieros.

“El pasarlo a lo local no es tanto el daño que le hace a la capacidad fiscal, pero sí pienso que en dos o tres años habrá una competencia importante, porque no cabe una apuesta de inversión a través de las municipalidades y al mismo tiempo una propuesta grande a nivel nacional”, concluyó.

Niega negociación

Se intentó entrevistar a la oficialista Victoria Godoy Palala, quién finalmente accedió a través de un mensaje de voz a dar un comentario sobre la supuesta negociación alrededor de la distribución de fondos a los Codedes.

La diputada resaltó que la asignación de fondos responde a la necesidad de proyectos de agua y saneamiento, asimismo que la descentralización de las obras ha ayudado al remozamiento de escuelas, reparación de calles y permite que se lleve a los territorios de una forma más ágil.

“No hay una negociación transaccional, no la hacemos y nunca la hemos hecho. Como oficialistas y desde el Ejecutivo se ha girado la normativa de priorizar proyectos de agua y saneamiento que tanta falta hace al país”, aseguró.

¿Puede el Estado usar mejor el dinero? Proponen que exija más a los trabajadores públicos

Durante la víspera de aprobación del presupuesto, expertos coinciden en que la ejecución presupuestaria no mejora sin una evaluación técnica del personal público y un cambio profundo en las reglas qu del servicio civil.

Ximena Fernández

27 de noviembre de 2025

|

06:00h

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Jonathan Menkos, Ministro de Finanzas, Mario García Lara, director ejecutivo de Fundación 2020, Erick Coyoy  analista de Asíes y Sigfrido Lee, director de la Unidad Económica del Cacif durante el Foro de Guatemala No Se Detiene. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González). 

Un presupuesto altamente comprometido y una ejecución de gasto que funciona por inercia serían vicios que se deben corregir en los ejercicios del gasto público. Esta fue una de las conclusiones durante el foro convocado por Guatemala No Se Detiene, el 24 de noviembre y transmitido por Guatevisión.

Jonathan Menkos, ministro de Finanzas Públicas; Mario A. García Lara, director ejecutivo de la Fundación 2020; Érick Coyoy, investigador de Asíes y Sigfrido Lée, director de la Unidad Económica de Cacif, discutieron sobre cómo mejorar el gasto público de cara a los próximos años. Los expertos coincidieron en que las normas que rigen al servidor público deben modificarse, para que haya consecuencias sobre todo cuando no se cumplen las metas de ejecución en un ejercicio fiscal.

Para la correcta ejecución del presupuesto, el servidor público debe ser evaluado, externó Coyoy, quien afirmó que estas evaluaciones no se realizan en Guatemala, a pesar de los mandatos legales. Lograrlo requiere cambios dentro del servicio civil. Según García Lara, quien además es secretario ejecutivo de Atal, se necesita modificar la forma en que la Contraloría controla el gasto público y en la que las entidades hacen sus planificaciones.

Por su parte, Menkos coincidió en que se necesita un servicio civil que conozca y esté empapado de una cultura basada en resultados. Esto, para crear condiciones que permitan que el presupuesto se amolde con mayor rapidez a los grandes desafíos de la sociedad.

También se indicó que se debe reconsiderar la relación patronal-sindical que existe en el Estado: “Mientras los sindicatos existan y tengan ese poder paralelo que han tenido dentro de toda la gestión pública, vamos a seguir teniendo un sistema paralelo de pequeñas ‘leyes’ que, al final de cuentas, crean disrupción en la gestión pública”, destacó Lée.

Noventa y dos centavos de cada quetzal de ingresos corrientes del presupuesto ya tienen destino de gasto, según Menkos, quien señaló que es necesario transformar ese destino en ejecución.

“Parte del problema que tiene el Estado es que arrastra una inercia que no hemos sido capaces de detener. Simplemente se le siguen agregando compromisos a esa inercia”, destacó Lee. La inercia, sumada a la mala planificación y a la mala gestión, ha desembocado en una deficiente ejecución, argumentó el director.

Deterioro del servicio civil

A lo largo del año, las instituciones carecen de una vinculación entre lo que se planifica y lo que se presupuesta, lo que desemboca en una falta de resultados que la sociedad espera, según Menkos.

Para Coyoy, esto se debe a las limitadas capacidades técnicas del personal, las cuales —según el analista— se han debilitado: “Se ha deteriorado un sistema de servicio civil que funcionaba hasta hace unos años, y cada vez el deterioro es mayor”. Coyoy afirmó que la habilidad de los servidores públicos para cumplir funciones básicas es cada vez menor, ya que no conocen la normativa y no tienen experiencia en gestión pública.

La rotación de personal es inevitable, pues cada cuatro años los políticos llegan con nuevos equipos. No obstante, Coyoy insistió en que estos cambios no serían un problema si, en realidad, se tratara de equipos técnicos, capacitados y conocedores de la gestión pública.

“La naturaleza del prestador de servicio, por sí misma, no va a garantizar la calidad, sino el control que apliquemos a cómo se da ese servicio a la población”, adujo. Sobre este punto, Lee añadió que es necesario incorporar una evaluación, pues ese es el objetivo: obtener resultados, sin importar quién los entregue ni cómo lo haga.

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Ejecución de fondos y planificación

Cualquier gobierno enfrenta estructuras del sector público caracterizadas por su lentitud, posibles focos de corrupción y procedimientos engorrosos, argumentó García Lara. Además, deben responder con la ejecución, al entregar a la población los bienes y servicios que el Estado está obligado a proveer.

El país tiene un poder público mal acostumbrado a la improvisación, destacó Menkos, quien señaló que en el Estado hay poca planificación y menos profundidad de la que requieren los proyectos de gran envergadura. A partir de ello, Menkos criticó la creencia de que un presupuesto es bueno solo si se ejecuta por completo: “Nosotros tenemos que entender que es mejor no ejecutar si no se va a conseguir el resultado”.

Ante esto, Lara planteó la necesidad de mantener el equilibrio y aplicar medidas ingeniosas en la ejecución: “¿Qué se hace primero? ¿Ejecutamos aunque el aparato funcione mal, o arreglamos el aparato y por eso dejamos de ejecutar?”, se preguntó.

Coyoy, por su parte, afirmó que es necesario ejecutar, ya que para eso se asignan los recursos. No obstante, subrayó que la planificación del presupuesto debe partir de una discusión ordenada sobre las prioridades.

Para Coyoy, planificar un presupuesto implica definir qué prioridades tendrán recursos asignados. Además, indicó que la planificación debe incluir un conjunto de opciones ejecutables, en caso de que las prioridades principales no puedan realizarse.

“Al final del día, lo que la población necesita es algún tipo de respuesta del Estado, en cualquiera de las áreas, y en todas las áreas, la población vive en total precariedad”, sostuvo.

Por otro lado, Lée advirtió que uno de los problemas de planificación es la presupuestación de ideas, no de proyectos. Explicó que muchas veces se presupuesta de forma general, sin analizar qué proyectos específicos se ejecutarán, qué beneficios traerán, dónde se ubicarán ni cuál será su impacto. Para Lee, es necesario ordenar el proceso presupuestario para que responda a las necesidades previamente identificadas.

Cómo agilizar el presupuesto

Para mejorar la ejecución del presupuesto nacional García Lara destacó que podrían buscarse mecanismos de ejecución extragubernamentales. “Un ejemplo es la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria que aprobó el Congreso el año pasado, que tiene una forma de ejecutar paralela, anexa dentro del Estado, pero con mecanismos más ágiles y con controles diferentes”, aseguró.

Lara añadió que este tipo de esquemas puede replicarse en otras áreas del gasto público, con el fin de blindar los recursos existentes.

En esa misma línea, Coyoy sostuvo que cualquier servicio público puede ser tercerizado y prestado por un privado, siempre que el Estado retribuya el servicio. Para el analista, lo esencial es garantizar un buen servicio al usuario: “Si se lo presta un agente público o un agente privado, realmente eso es un accesorio”.

Al referirse a la tercerización de servicios u obras, Lée indicó que se trata de un espectro amplio de modelos. Según el director, es necesario evaluar cuál es el apetito de riesgo y la retribución que se negocia entre el Estado y los privados. También señaló que debe definirse qué proyectos se realizarán mediante estos mecanismos, qué resultados se esperan, y cómo se fiscalizará y evaluará su cumplimiento.

Además, Lée subrayó que debe respetarse el marco legal: “Las distintas legislaciones, incluso la Constitución, nos definen un marco para elaborar ese presupuesto. Y cuando el Congreso se salta ese marco y empieza a inventarse cosas, a inventarse excepciones, se suma todo eso”.

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Mejoras al marco legal

Para agilizar y mejorar la inversión pública, García Lara afirmó que existe una amplia gama de posibles modelos de ejecución. Entre estos, mencionó la Ley de Alianzas Público-Privadas, cuyas reformas fueron aprobadas el 25 de noviembre. También incluyó los fideicomisos, los cuales —según dijo— pueden apartar la inferencia de ejecución de las entidades públicas y crear mecanismos propios, transparentes y eficientes.

Menkos, por su parte, subrayó que es necesario buscar mecanismos legales adecuados. En ese sentido, señaló que uno de los pasos más importantes es contar con una nueva Ley de Contrataciones del Estado, ya que la normativa actual fue aprobada en 1992 y —según el ministro— ha recibido múltiples parches a lo largo del tiempo. Hoy, evidencia limitaciones para resolver con eficiencia los procesos de contratación pública.

Además, Lara consideró necesario fortalecer el Sistema Nacional de Inversión Pública, que —afirmó— es un mecanismo capaz de aportar orden, control y eficiencia en la definición de qué obras financiará el Estado.

A corto plazo, Coyoy propuso avanzar en la digitalización de los servicios públicos, con el fin de reducir procedimientos manuales y operativos que otorgan discrecionalidad al funcionario.

“Creo que es muy importante para combatir la corrupción y mejorar la transparencia del sector público, además de los beneficios de gestión y agilidad en la ejecución”, concluyó Lée.

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Presupuesto 2026: Cien cuestiona aumento del gasto y deuda aprobada por el Congreso

El techo mayor al monto vigente, la contratación de deuda pública y la asignación de recursos a los Codedes, son las principales observaciones del Centro de Investigación Económica (Cien) al presupuesto del 2026 aprobado por el Congreso.

Urias Gamarro

27 de noviembre de 2025

|

05:00h

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El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), planteó varias objeciones al contenido del presupuesto aprobado por el Congreso durante la madrugada del miércoles 26 de noviembre. (Foto Prensa Libre: José Sánchez)

Un día después, de haberse aprobado el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal del 2026 —la propuesta y con el aval del Ministerio de Finanzas Públicas—, Hugo Maul, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), planteó varias observaciones al contenido.

El monto aprobado, con vigencia a partir del 1 de enero del 2026, asciende a Q163 mil 469 millones. De ese total, se destinan Q108 mil 22 millones para funcionamiento; Q34 mil 78 millones, para inversión, y Q21 mil 368 millones, para el pago del servicio de la deuda.

Las fuentes de financiamiento incluyen deuda interna y externa por un total de Q36 mil 617 millones, según lo aprobado por los diputados.

¿Cuál es su lectura sobre la aprobación del presupuesto?

Hay una inercia muy fuerte; se siguen dedicando los recursos hacia programas que no han sido necesariamente bien evaluados, que no han dado resultados, y sobre todo nos preocupa mucho toda la parte relacionada al endeudamiento.

La carga que significa servicio de la deuda, pagar los intereses, dentro del esquema de ingresos, porque cada vez más el pago de la deuda, que representan en el rubro de las obligaciones a cargo del Tesoro, que se va comiendo al presupuesto.

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La parte que queda flexible es cada vez más baja, y ahí lo que estamos hablando es que, al final, es la inversión la que termina sacrificándose.

¿Qué implicaciones puede tener a futuro?

Las recomendaciones desde el Cien no son necesariamente implementables en el corto plazo, pero sí marcan hacia futuro los grandes riesgos que tiene el país.

Primero, dedicar tanto dinero a funcionamiento, que no necesariamente es gasto en funcionamiento que esté asociado a un resultado de desarrollo. Lo segundo, es que está la rigidez presupuestaria que va dejando al Ministerio de Finanzas básicamente con las manos atadas.

Hay una tendencia que sigue existiendo, y es que nuevos programas, nuevos proyectos o nuevas leyes traen de una vez “el pan bajo el brazo”, comprometiendo recursos que ya el Gobierno no puede dedicarlos a otra cosa, sino que tiene que dedicarlos a estos productos (proyectos).

En términos generales, nuestra duda respecto al presupuesto es el monto, es la deuda, pero sobre todo el impacto que realmente puede tener en mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos, porque hay muchos programas, hay muchos proyectos que realmente no tienen una sustentación técnica, ni una evaluación bien hecha.

¿Cómo cuáles?

Por ejemplo, tenemos el caso de los Cocodes y la famosa Ley 7-2025, en la cual se garantiza la facilidad del dinero, pero no garantiza que el proyecto sea bueno.

Al igual que otros centros de investigación, nos opusimos a esa normativa y, al final de cuentas, ya es una ley vigente, pero hay que tener claro que los alcaldes lo que estaban peleando era no devolver el dinero (a la caja fiscal).

No estaban peleando no cumplir con las obligaciones del Sistema Nacional de Inversión Pública, porque cumplir con lo que hace Segeplán y las exigencias es importante para dar una mayor certeza de que el proyecto es bueno, pero sobre todo también para que todos los que ejecutan obra pública tengan un aval de que instituciones como Conred, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, y como Segeplán dijeron que el proyecto está bueno.

Entonces, ahora que tienen la posibilidad de “brincarse eso”, dada la forma en que quedó esa ley, los responsables van a ser ellos (los alcaldes). Si construyen en lugares riesgosos o pasa cualquier cuestión, son los alcaldes finalmente los que tendrán que responder.

Esa parte, ¿cómo se va a operativizar en un esquema presupuestal?

No está claro cómo se va a hacer eso. Ahora tienen la posibilidad de quedarse con los fondos a los Codedes asignados para el 2026, pero pueda ser que el otro año no los consuman por completo, que se junten con los propios, y lo mismo va a ocurrir con el 2027, que va a ser el mismo problema.

Eso no es algo que esté claro, sino que es un “tamal que se cocinó”, pero que habrá que resolverlo porque la ley decía que era por esta única vez.

A su juicio, ¿cómo se puede atender esa situación?

Me parece que quizás la oportunidad que hay es para que las instituciones rectoras, sobre todo Segeplán, puedan marcar su territorio en la que realmente se pueda hacer una reforma del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), para garantizar que los proyectos pasan por Segeplán.

Ahí se tiene que actuar más rápido, para que todo se pueda automatizar, pero si estos fondos vuelven a ocurrir, que se les da la multianualidad, por lo menos garantizar que sean buenos proyectos.

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¿No se ve esa certeza, esa capacidad, dado la cantidad de fondos?

No, por de pronto no, pero reitero, ahí Segeplán sí hay una toma de conciencia de que hace falta trabajar más para hacer más ágil el SNIP, y que eso permita entonces poder hacer evaluaciones más rápidas, dar más acompañamiento a las municipalidades y, sobre todo, una que las municipalidades empiecen a pensar en los proyectos ahora que van a ser dentro de dos años, para realmente poner ese componente de planificación que hoy no existe, hoy es reactivo.

¿Puede funcionar la multianualidad de los proyectos?

Es que el problema de la multianualidad es que, si uno hace una buena planificación, entonces no hay un problema de multianualidad, porque uno sabe que los fondos duran un año y que al siguiente año se dan los siguientes.

El problema de multianualidad es cuando no se tiene una planificación de una obra de varios años, sabiendo bien en qué momento hay que pagar, en qué momento debe acelerarse la construcción. Entonces por eso es por lo que ocurren estas cosas.

¿Cuáles son los principales hallazgos del presupuesto aprobado para el 2026?

En términos generales, el monto, porque hubo varias llamadas para reducir el monto y no se hizo caso con eso. También se reiteró para priorizar el gasto, y tampoco se hizo.

Y entidades clave que necesitan recursos para poder hacer su trabajo, digamos el Instituto Nacional de Estadística, que viene en un proceso de transformación y que se han logrado ya estabilizar encuestas continuas en materia de empleo, de condiciones de vida, de la encuesta de ingresos y gastos, y sobre todo el censo, porque ya se vienen los tiempos de hacer de nuevo el censo. Según se sabe, va a sufrir un recorte de recursos. Entonces es realmente difícil que, cuando hay ciertas instituciones claves, se les recorte el ingreso cuando tienen proyectos que son a mediano y largo plazo.

En términos generales, es la no priorización nuestra mayor preocupación, es decir, un presupuesto que va caminando ahí.

En el tema estrictamente político, ¿qué riesgos visualiza en un año preelectoral?

El problema que hemos visto, que no es de este Congreso, sino es de la vida entera, es que utilizan estos presupuestos ya con puros fines electorales, para ir moviendo los recursos hacia donde se necesita tener impacto territorial y tener contentas a las bases, por decirlo así.

Aunque los programas van dirigidos a la población, sabemos que la política es territorial, el presupuesto es territorial, y al final se conjuga el dinero público con los intereses políticos.

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Presupuesto 2026 crecerá vía deuda y reprogramaciones, subirá hasta Q170 mil millones

Aunque el Congreso aprobó un presupuesto estatal por Q163 mil 469 millones para ejecutarse en el 2026, este se incrementará hasta Q170 mil millones por ampliaciones preaprobadas.

Urias Gamarro

27 de noviembre de 2025

|

00:10h

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Los diputados de diferentes bancadas del Congreso de la República avalaron un presupuesto de ingresos y egresos por Q163 mil 469 millones para el Ejecutivo. (Foto Prensa Libre: Cortesía Covial)

Los diputados de diferentes bancadas del Congreso de la República avalaron un presupuesto de ingresos y egresos por Q163 mil 469 millones para el Ejecutivo, como propuesta que envió el Ministerio de Finanzas (Minfin) el pasado 1 de septiembre, para ejecutarse el siguiente año. Sin embargo, ya tiene una ampliación cargada en el sistema.

Aunque la cifra brinda la percepción de que se mantuvo y se respetó la asignación inicial enviada por el Ejecutivo, en enero del 2026 el presupuesto público tendrá una ampliación de unos Q6 mil millones, correspondiente a la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, aprobada el martes 2 de septiembre por el Legislativo.

Esta norma dispone que los saldos anuales no ejecutados en un ejercicio fiscal por los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), asignados por el Minfin, se trasladen de forma automática al siguiente año. Esto aumenta el gasto para el nuevo ejercicio fiscal y distorsiona las finanzas públicas.

Para el tercer año de la administración del gobernante Bernardo Arévalo de León, este contará, a partir del 1 de enero del 2026, con un programa de gasto legalizado por los diputados en el Congreso de la República.

Gasto sube Q8 mil millones frente al vigente

El gasto estatal aprobado por los congresistas incrementará 10% con respecto al presupuesto inicial del 2025, que fue de Q148 mil 526 millones, y 8% en comparación con el vigente, de Q154 mil 836 millones, que incluye las ampliaciones autorizadas.

Es decir, pasa de Q154 mil 836 millones —que es el vigente— a Q163 mil 469 millones, lo que representa un aumento de Q8 mil 633 millones.

Para funcionamiento se destinarán Q108 mil 22 millones; para inversión, Q34 mil millones; y para el pago del servicio de la deuda, Q21 mil 368 millones, según la composición del gasto.

Del programa de gasto, 66% se destinará a funcionamiento, 21% a inversión y 13% al pago del servicio de la deuda.

Los ministerios de Educación, Salud, Gobernación, Comunicaciones, Defensa y Desarrollo absorberán en conjunto el 42.1% del total del presupuesto para el siguiente año, con Q68 mil 919 millones, y son las carteras que recibirán los mayores montos.

Deuda financiará brecha de gasto

En la parte de ingresos, que incluye los tributarios y no tributarios que financiarán la prestación de bienes y servicios públicos a los ciudadanos, se programaron Q126 mil 800 millones. De ese total, Q119 mil 762 millones corresponderán a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en concepto de recaudación a los contribuyentes.

En cuanto a las fuentes financieras —la deuda interna (bonos del Tesoro) más la deuda externa (préstamos)—, se prevé que asciendan a Q36 mil 617 millones.

Por bonos, los diputados de esta legislatura, con el respaldo de las autoridades del Minfin, aprobaron un cupo de endeudamiento por Q25 mil 598 millones. Por préstamos, se suman Q5 mil 601 millones.

Se estima que el saldo de la deuda alcance Q287 mil 348 millones para diciembre del 2026. El 2026 podría cerrar con una deuda pública que se aproximaría al 33% o 34% del PIB, que tiene una lectura de un nivel aún manejable, aunque en crecimiento.

Eso implica que el Ejecutivo tendrá una alta dependencia del endeudamiento para cerrar la brecha entre los ingresos y los gastos, conocida como déficit fiscal, lo cual refleja una “estructura fiscal frágil”.

Por ingresos de capital, se estiman Q51 millones.

Puntos críticos

Una de las fortalezas en la financiación del plan de gasto es que se prevé un crecimiento moderado de la recaudación, y que la administración tributaria tiene ahora obligaciones más estrictas. Sin embargo, uno de los riesgos es la volatilidad y posible sobreestimación de los ingresos tributarios.

También se dependerá del IVA a la importación, que suele ser sensible a la variación del tipo de cambio del dólar y al comportamiento del comercio internacional, especialmente con los principales socios comerciales. Si la recaudación cae en un parámetro de entre 3% y 5%, la brecha fiscal podría aumentar entre Q3 mil millones y Q6 mil millones.

En cuanto a los riesgos del gasto de funcionamiento, Guatemala sigue arrastrando rezagos en infraestructura, persiste la rigidez presupuestaria y se observa un crecimiento continuo en el pago de sueldos y salarios a los trabajadores estatales, conocido como masa salarial.

Estas condiciones pueden generar escasas posibilidades de maniobra presupuestaria para reasignaciones en caso de emergencias.

Respecto del rubro de inversión, el monto asignado es adecuado para generar condiciones de crecimiento e impulso económico desde el sector público. No obstante, el Ministerio de Comunicaciones, la Dirección General de Caminos, la Unidad de Conservación Vial y los Codedes mantienen un promedio histórico de ejecución bajo, que no supera el 65%. Además, la operación de la Dirección de Proyectos de Infraestructura Vial (Dipp) podría provocar un estancamiento transitorio.

Industria rechaza presupuesto por excesivo e insostenible

Por medio de un comunicado de prensa, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) fijó su postura de rechazo al presupuesto general del Estado para el 2026. “El proyecto es excesivo, insostenible y ajeno a las prioridades reales del país, profundizando una ruta de endeudamiento que castiga directamente a los ciudadanos”, expusieron.

Indicaron que, a pesar de las leves modificaciones realizadas por la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República —que preside el diputado Julio Héctor Estrada Domínguez—, como la reducción del techo presupuestario y la disminución de bonos y préstamos, entre otros, el problema de fondo sigue intacto, con un monto final que supera los Q163 mil millones.

El sector industrial reiteró que es inaceptable que, mientras el país enfrenta problemas urgentes de seguridad, movilidad, salud y un costo de vida en aumento, el Estado insista en recetar un presupuesto desfinanciado.

Anam cuestiona endeudamiento

El presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Sebastián Siero, expresó su preocupación por la cantidad de préstamos aprobados en el presupuesto para el 2026, con los cuales se endeuda al país por más de Q10 mil millones. A su criterio, esto no es válido, dado el alto nivel de liquidez en la caja fiscal.

Respecto de los fondos destinados a los Codedes, indicó que estos permitirán que las unidades ejecutoras de las municipalidades trabajen y ejecuten obra.

“Al momento en que los ministerios no están trabajando ni llevando obra, los Codedes han sido la forma más ágil de hacerlo, porque representan 340 unidades ejecutoras activas”, señaló Siero. Agregó que a los alcaldes les corresponderá salir a ejecutar para reparar carreteras y construir escuelas o centros de salud que necesita el país.

El directivo de la Anam añadió que los alcaldes enfrentarán un reto el próximo año. Considera que, a partir de la entrada en vigor del Decreto 7-2025, que agiliza la gestión de avales de proyectos, estas obras podrán comenzar a ejecutarse en el corto plazo en los territorios municipales.

“Una vez que entre en vigencia el presupuesto, los alcaldes buscaremos los convenios con los gobernadores, ya que se debe firmar un convenio entre la gobernación departamental y la municipalidad. Con eso, podremos iniciar los procesos de licitación”, añadió el directivo edil.

Explicó que existen dos tipos de fondos: unos que se distribuyen mediante una fórmula y otros asignados a través del Congreso. Sobre estos últimos, afirmó que su ejecución podría complicarse debido a “la corrupción que ha llegado al Congreso para la compra de voluntades, lo cual es innegable”.

Fundesa pide fiscalizar fondos viales

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), consideró que es muy probable que muchos diputados no habían terminado de leer el dictamen al momento de aprobar el presupuesto, el cual circuló el martes durante el día.

Además, señaló: “Será muy importante lo que se logre ejecutar todavía este año, porque la ejecución es muy baja, especialmente en el Ministerio de Comunicaciones”.

Con el decreto del nuevo presupuesto se permite al Ministerio de Finanzas hacer readecuaciones presupuestarias de los fondos asignados a la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (Dipp), que se trasladan a Covial, por lo que será necesario seguir fiscalizando el uso de los fondos para asegurar el mantenimiento de las carreteras, añadió.

“Este gobierno tendrá mucho presupuesto, así que esperamos que la inversión y las oportunidades que necesita el país puedan seguir impulsándose”, expresó Zapata.

Congreso extiende sesión y aprueba en la madrugada el presupuesto 2026

El bloque oficialista consiguió retrasar la aprobación del presupuesto hasta la madrugada de este miércoles 26 de noviembre y consigue aprobarlo de urgencia nacional.

Douglas Cuevas

25 de noviembre de 2025

|

23:32h

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Los diputados aprobaron el presupuesto para el tercer año de gobierno de Bernardo Arévalo. Fotografía: Prensa Libre

El Congreso aprobó de urgencia nacional el presupuesto nacional para el 2026 por un monto de Q163 mil 469 millones 328 mil 657, llevando su validación del articulado final a altas horas de la noche, ignorando las alertas de sectores sociales.

No es la primera vez que el Congreso autoriza un presupuesto nacional de urgencia nacional, en la madrugada. Esto ha sido recurrente desde que el bloque Vamos, de Alejandro Giammattei, dominó el Congreso en la legislatura pasada.

Ahora, los diputados oficialistas del presidente Bernardo Arévalo replicaron la práctica, y sin discusión se avaló el plan de gastos para el 2026.

La instancia de Jefes de Bloques convocó al pleno de diputados para el martes 25 de noviembre a las 14 horas, pero fue hasta las 15:08 horas que comenzó la sesión plenaria.

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Incluso antes de comenzar la extensa jornada legislativa, algunos diputados, que mantenían en lista de espera a ministros de Arévalo para ser interpelados, optaron por desistir de los juicios políticos.

Entre ellos, Miguel Ovalle, que había pedido una interpelación a Patricia Orantes, ministra de Ambiente; también se sumó Marleni Matías, quien tenía una interpelación contra Miguel Ángel Díaz Bobadilla, de Comunicaciones.

Poco tiempo después, el oficialista José Carlos Sanabria, de la facción de Movimiento Semilla, uno de los hombres más cercanos al presidente Arévalo, presentó una moción para alterar el orden del día.

El @CongresoGuate alteró el orden del día, sugerido por el oficialista José Carlos Sanabria y antes del presupuesto 2026 aprobará la ley de Anadie; convertirá la comisión contra la corrupción a una secretaría; y aprobaran 5 préstamos qué ascienden a 1 mil 350 millones de dólares. pic.twitter.com/3d06YYisCN

— Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) November 26, 2025

Sanabria propuso retomar el articulado final de las reformas a la ley de las alianzas público-privadas y un paquete de préstamos por US$1 mil 350 millones, lo que llevo que el presupuesto nacional se discutiera tiempo después.   

Similar a Vamos

El oficialismo presentó una nueva moción, al rededor de las 23:43 horas, para que el presupuesto nacional del 2026 se aprobara en una sola sesión, de urgencia nacional. Con esta estrategia legislativa se evita la aprobación ordinaria en tres lecturas, y también el espacio para discusión y fiscalización de los montos propuestos y avalados por la Comisión de Finanzas.

La propuesta oficialista recibió apoyo de los diputados, reuniendo 135 votos a favor, y oficialistas y algunos opositores apoyaron en un único debate el plan financiero del año entrante.

Días anteriores, analistas advirtieron la necesidad de discutir, y eventualmente, aprobar el presupuesto, de una manera ordinaria. Es decir, en tres lecturas en tres días diferentes.

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La demanda propuesta buscaba evitar una aprobación a las espaldas de la población, durante la madrugada, lo que habría impedido un debate ante la opinión pública sobre la distribución de recursos públicos.

La práctica legislativa fue calcada de la sesión del 2020. En ese momento, el Congreso, dominado por el bloque Vamos, del entonces presidente Alejandro Giammattei, aprobó el presupuesto del 2021 de urgencia, al final de la noche, extendiendo el articulado final hasta la madrugada.

Dudas

La Comisión de Finanzas del Congreso duró más de dos meses en emitir el dictamen favorable del presupuesto nacional del 2026; incluso, aplazó la firma del documento en al menos tres oportunidades.

Fue hasta apenas unas horas antes de la sesión plenaria del martes que la Comisión de Finanzas consiguió las firmas para entregar el documento a Dirección Legislativa.

Pero hubo algunas modificaciones de último minuto. Entre ellas, una asignación adicional de Q6 mil 312 millones 100 mil destinado para los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes).

Asignación que no aparecía en un borrador de dictamen que fue socializado a los diputados la noche del lunes 24 de noviembre, pero según Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas, se recibió una solicitud por escrito para incluir este aporte a los Codedes.

El parlamentario refirió que congresistas de la mesa legislativa enviaron la carta, sin identificar quienes, llegando a un nuevo acuerdo para esta asignación, que será adicional a los fondos de arrastre que ya tienen los Codedes para el año preelectoral, por la aprobación del decreto 7-2025.

En el artículo 106 del dictamen también se autoriza que durante el 2026 el gobierno de Guatemala pueda hacer negociaciones y contratos de manera directa, así como con empresas públicas de otros países, que a criterio del diputado Héctor Aldana, de Vamos, estaría violando la Ley de Compras y Contrataciones del Estado.  

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El diputado de oposición también expuso que en el artículo 147 existen disposiciones que podría interferir con resoluciones judiciales. Ya que se le permite al Ministerio de Comunicaciones continuar con proyectos, pese a existir posibles resoluciones judiciales que impidan las obras, indicó.

“Las disposiciones contenidas en el presente artículo tienen carácter excepcional para el ejercicio fiscal 2026 y prevalecen sobre cualquier norma que la contravenga, sin prejuicio del cumplimiento de las órdenes judiciales que se emitan en cada caso concreto”, refiere el artículo.

Ahora, corresponde que el pleno apruebe el articulado final del presupuesto, en donde se podrían incluir cambios de último minuto. El dictamen tiene en total 165 artículos.

Aprobado de urgencia nacional y sin dictamen, el proyecto de presupuesto 2026 continuó su aprobación por artículos y redacción final, rebasada la medianoche de este miércoles.

Congreso aprueba préstamos por US$1 mil 350 millones para el tercer año de Bernardo Arévalo

La oposición advirtió que la nueva deuda era riesgosa para la estabilidad del Estado, ya que la mayor cantidad de dinero será para funcionamiento y no para inversión.

Douglas Cuevas

25 de noviembre de 2025

|

21:55h

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El paquete de préstamos fue promovida por la facción oficialista de Movimiento Semilla. Fotografía: Prensa Libre (María René Barrientos).

La jornada parlamentaria de este martes 25 de noviembre consiguió acuerdos para incluir y someter a votación un paquete de cinco préstamos por un monto total de  US$1 mil 350 millones; la mayoría de ellos para financiar proyectos de infraestructura.

Uno de los préstamos en el interés fue suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$250 millones,  será destinado al financiamiento del Programa de Acceso a la Electrificación Rural.

El segundo, también con el BID, será para el Programa de Desarrollo del Corredor CA-9 Norte, para el subtramo Teculután-Mayuelas, por US$350 millones.

Otro crédito, firmado con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Birf), está dirigido al Programa de Infraestructura Rural y Movilidad para el Buen Vivir. Este asciende a US$400 millones, para la construcción de caminos rurales y carreteras en áreas rezagadas del altiplano, las Verapaces y el Corredor Seco, detalla el documento.

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Se incluye un crédito por más de US$50 millones, con el Birf, para que el Ministerio de Finanzas pueda modernizar el Sistema Integrado de Administración Financiera.

El último préstamo de US$300 millones, con el BID, para el Programa de Apoyo a la Mejora de la Calidad del Gasto Social. Con este crédito se busca sustituir  el financiamiento del presupuesto del 2023, con una tasa de interés más baja.

Algunos diputados de bancadas como Vamos y Comunidad Elefante, trataron de justificar riesgos en la emisión del paquete de préstamos, asegurando que la mayor cantidad de ese dinero será utilizado para “gasto de salarios y lujos”, más no para inversión social.

Los razonamientos no hicieron eco en el pleno y por mayoría, uno a uno, el paquete de cinco préstamos fue aprobado por el pleno del Organismo Legislativo.

El @CongresoGuate alteró el orden del día, sugerido por el oficialista José Carlos Sanabria y antes del presupuesto 2026 aprobará la ley de Anadie; convertirá la comisión contra la corrupción a una secretaría; y aprobaran 5 préstamos qué ascienden a 1 mil 350 millones de dólares. pic.twitter.com/3d06YYisCN

— Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) November 26, 2025

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Presupuesto 2026: Comisión de Finanzas plantea cambios leves y reasigna fondos entre ministerios

Los integrantes de la Comisión de Finanzas plantearían leves cambios a la iniciativa del gasto, que quedaría en Q163 mil 469.3 millones, con reducciones para algunos ministerios y un incremento para Obligaciones a Cargo del Tesoro.

Urias Gamarro

25 de noviembre de 2025

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00:10h

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La estructura presupuestaria que propondría la CFPM sería de Q163 mil 469.3 millones, lo que representa una reducción de Q314 millones respecto del proyecto del Minfin. (Foto Presa Libre: Hemeroteca PL)

La propuesta de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) del Congreso, que discute el programa de gasto para el siguiente año, implementará modificaciones menores al monto presentado por el Ministerio de Finanzas (Minfin) el pasado 1 de septiembre. El plazo para su aprobación vence el domingo 30 de noviembre.

El dictamen es favorable, pero con enmienda, se conoció.

La estructura presupuestaria que propondría la CFPM sería de Q163 mil 469.3 millones, lo que representa una reducción de Q314 millones respecto del proyecto del Minfin, que ascendía a Q163 mil 783.4 millones. En términos generales, el monto se mantendría, aunque habría ajustes en algunas asignaciones ministeriales, la creación de un fideicomiso de energía para el desarrollo y cobertura eléctrica nacional por Q5 mil 500 millones, así como una disminución en la contratación de deuda bonificable por Q25 mil 598 millones.

Al igual que el año pasado, cuando se discutió el presupuesto vigente, el presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, Julio Héctor Estrada Domínguez, se ha mostrado hermético en cuanto a la información del dictamen, y todo apunta a que será conocido de urgencia nacional este martes.

¿Qué cambia?

Según la información disponible, se contemplan reducciones para los siguientes ministerios: Economía: Q42 millones, para quedar en Q640 millones; Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda: Q79 millones, para ubicarse en Q7 mil 61 millones; Agricultura, Ganadería y Alimentación: Q510 millones, quedando en Q2 mil 130.8 millones.

También para las Secretarías y otras dependencias del Estado: Q307 millones, para situarse en Q2 mil 163 millones y para Servicio de la deuda: Q481 millones, para quedar en Q21 mil 368 millones.

Por el contrario, se prevé un incremento de Q1 mil 58 millones en los rubros de Obligaciones a Cargo del Tesoro, que alcanzarían Q62 mil 167 millones.

“En el dictamen se introduce un aumento relevante en Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, incluso mayor al propuesto en la iniciativa, principalmente para continuar con el apoyo a la reactivación económica mediante la creación del Fideicomiso Energía para el Desarrollo y Cobertura Eléctrica Nacional”, se justifica.

Además, este comportamiento confirma que la CFPM busca asegurar el financiamiento de compromisos constitucionales y legales, como aportes estatales, transferencias y otros componentes estructurales del presupuesto que no pueden diferirse ni reducirse sin generar riesgos jurídicos o de ejecución. Asimismo, se reduce parcialmente el crecimiento del rubro de Servicios de la Deuda, lo que evidencia un esfuerzo por moderar el impacto financiero de la estrategia de endeudamiento y ajustar los cálculos a escenarios más prudentes, se agrega en la propuesta.

Se deja intacto el presupuesto para los ministerios de Educación con Q26 mil 941 millones que es más grandes, Salud Q16 mil 537 millones, Gobernación Q9 mil 560 millones y Desarrollo Social Q4 mil 100 millones se mantendría. Este último tendría un incremento de Q1 mil 321 millones (47.5%) respecto del vigente, que es de Q2 mil 779 millones.

Para el analista y politólogo independiente Douglas González, en el presupuesto del 2026 el Gobierno declara intenciones, con miras a incrementar el gasto público en áreas que podrían ser estratégicas de cara a las elecciones del 2027.

Ejemplificó con los programas sociales que serían ejecutados a través del Mides y los programas de ayuda a la economía campesina y desarrollo rural, a cargo del Maga. “Tienen un claro tinte de clientelismo político y se entendería que con estos programas el Gobierno buscaría ampliar su base electoral”, subrayó.

Ajusta deuda bonificable y fija ingresos en Q119 mil 762 millones

La CFPM reducirá en Q2 mil millones el cupo de la deuda bonificable, que quedará en Q25 mil 598 millones, monto similar al aprobado este año, que fue de Q25 mil 104 millones. El argumento es que se destinará a atender la infraestructura vial.

La propuesta presentada por el Minfin en la formulación del presupuesto fue de Q27 mil 598 millones.

En cuanto a los préstamos, se autorizará la contratación de Q5 mil 587 millones con organismos e instituciones financieras internacionales.

Los ingresos tributarios se estiman en Q119 mil 762 millones para financiar el plan de gasto.

Los ingresos corrientes alcanzarían Q126 mil 800 millones; las fuentes financieras, Q36 mil 617 millones; y los ingresos de capital, Q51 millones.

Comisión ignora saldos de Codedes

Para Erick Coyoy, exviceministro de Finanzas y analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), la propuesta de la CFPM es muy similar a la del Ejecutivo. Presenta algunos cambios mínimos en los montos asignados a ministerios, un recorte al servicio de la deuda, entre otros, para hacer incrementos en Obligaciones a Cargo del Tesoro; sin embargo, aún no se detallan los rubros a los que se asignan esos incrementos ni se muestran con claridad.

Por otro lado, se ignora el saldo de los recursos no ejecutados por los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), derivados del Decreto 7-2025, el cual está vigente y establece que, de manera automática, se debe hacer el ajuste por ley. Esa disposición fue omitida.

“Queda duda sobre esas cifras y es una omisión tan profunda que no incorpora los saldos de caja no ejecutados en los Codedes, los cuales se deben incluir conforme al Decreto 7-2025, y la CFPM deberá revisarlo”, apuntó.

Recordó que, lamentablemente, esta es una de las prácticas que se han venido adoptando y replicando, al no cumplir con el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), el cual exige que todo proyecto incorporado al presupuesto sea previamente evaluado, así como la asignación de los fondos, lo que el Congreso de la República ha venido omitiendo.

En la propuesta se plantea una asignación ordinaria para los Codedes por Q4 mil 491 millones como aporte IVA-Paz.

Impulsa cárcel de máxima seguridad y adhesión al CAF

En el apartado normativo, la CFPM plantea un cupo de Q500 millones para pequeños inversionistas, la adhesión de Guatemala al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) mediante la adquisición de acciones, la continuidad estratégica del Plan de Atención y Viabilización de Proyectos, y la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad, por Q500 millones, con recursos del Ministerio de Gobernación.

Además, se autoriza una operación de crédito público (emisión de deuda) para financiar la primera fase de ampliación y modernización de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), y se asignan más de 50 obras de infraestructura a cargo de la Dirección General de Caminos, el Fondo Social de Solidaridad, la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, el Fondo de Desarrollo Social y la construcción del hospital de la Policía Nacional Civil (PNC).

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Presupuesto 2026: dictamen sobre gasto incluiría más aportes extraordinarios, pese a recomendaciones técnicas

El Cacif y el Cien han lanzado advertencias acerca de la propuesta del presupuesto para el próximo año, y el dictamen contempla entre Q2 mil 500 millones y Q3 mil millones adicionales para los Codedes.

Urias Gamarro

10 de noviembre de 2025

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00:01h

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Esta semana, los miembros de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República entregarán el dictamen sobre la propuesta presentada por el Ministerio de Finanzas (Minfin), por Q163 mil 783.4 millones. (Foto Prensa Libre: Urías Gamarro)

Esta semana, los miembros de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República —encargada de analizar la formulación del presupuesto de ingresos y egresos del 2026— entregarán el dictamen sobre la propuesta presentada por el Ministerio de Finanzas (Minfin) el pasado 1 de septiembre, por Q163 mil 783.4 millones.

La iniciativa fue discutida entre el presidente de la referida comisión, Julio Héctor Estrada Domínguez, y el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, quien acudió al Legislativo en el contexto de la confirmación de la nueva junta directiva de ese organismo, respaldada por el partido oficial, explicó el diputado Orlando Blanco, de la bancada VOS.

Además, la Junta Monetaria (JM) emitió una opinión favorable el pasado miércoles 5 de noviembre para la emisión de deuda bonificable por Q27 mil 598 millones. En esa resolución se opusieron los representantes de las asociaciones empresariales y de los bancos privados, lo cual era el trámite que aún estaba pendiente.

Sumarían hasta Q3 mil millones más

El diputado Orlando Blanco comentó a Prensa Libre que se anticipa un incremento al techo del gasto, de entre Q2 mil 500 millones y Q3 mil millones, cuando, a su juicio, debería registrarse una disminución, sobre todo por los saldos de caja que actualmente mantiene el Gobierno Central. En ese sentido, consideró que el monto del endeudamiento debería reducirse de forma sustantiva.

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Al 30 de octubre pasado, el saldo de caja —es decir, los recursos disponibles del Gobierno que no han sido utilizados— ascendía a Q21 mil 881 millones.

“Por lo visto, habrá pocas readecuaciones, pero orientadas a incrementos, en función de las nuevas expectativas en torno a la subida del techo presupuestario, entre Q2 mil 500 millones y Q3 mil millones”, afirmó el legislador.

De concretarse ese ajuste, la iniciativa de presupuesto podría rondar entre Q165 mil millones y Q166 mil millones.

Blanco recordó que, durante las audiencias públicas del presupuesto organizadas por la Comisión de Finanzas, se identificaron aproximadamente Q2 mil millones sin una “direccionalidad sustentable”.

“Estamos a seis sesiones de concluir el período legislativo para la aprobación del presupuesto. Se entendería que, en vez de tres lecturas, se conocerá en una única lectura para declararlo de urgencia nacional”, aseveró.

Adelantó que las asignaciones extraordinarias estarían dirigidas a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes).

Congreso daría luz verde al gasto del 2026

El politólogo independiente Douglas González brindó una lectura sobre el camino que podría seguir el presupuesto 2026, tras la elección de la junta directiva del Congreso, el pasado 4 de noviembre, y remarcó que el Gobierno Central declara intenciones de incrementar el gasto público en áreas que podrían ser estratégicas de cara a las elecciones del 2027.

Citó, por ejemplo, los programas sociales que serían ejecutados a través del Ministerio de Desarrollo, así como las iniciativas de apoyo a la economía campesina y de desarrollo rural a cargo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

“Tienen un claro tinte de clientelismo político y se entendería que, con estos programas, el gobierno buscaría ampliar su base electoral”, apuntó.

Por otro lado, agregó que la elección de la junta directiva muestra ciertas garantías de que el presupuesto del próximo año será aprobado. “Lo que aún está por verse es si los diputados mantendrán el mismo techo que el Ministerio de Finanzas asignó a los fondos extraordinarios para los Codedes, o bien si, en una lectura de año preelectoral, deciden incrementar esos fondos”, enfatizó.

Bloques ganadores controlarían asignaciones

Al igual que Blanco, González considera que podrían esperarse modificaciones al programa de gasto estatal.

“Lo que se podría esperar es que los bloques que resultaron victoriosos en la elección de la nueva junta directiva sean los que estén en mejores condiciones para asignar los recursos, tanto los provenientes de los programas sociales que promueve el gobierno como los fondos extraordinarios dirigidos a los Consejos de Desarrollo”, puntualizó.

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Agregó que el partido oficial carece de autoridades locales y de diputados distritales en la mayoría de los departamentos del país, por lo que se entendería que quienes mejor podrían capitalizar esos recursos en un año preelectoral son los legisladores cuyos bloques ganaron la elección de la junta directiva para el siguiente año.

Alerta sobre uso de deuda para gasto

Un análisis del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) sobre el presupuesto advirtió sobre el uso de deuda para financiar gasto de funcionamiento y la existencia de bolsones preaprobados por Q4 mil millones.

El estudio resalta que utilizar recursos provenientes del endeudamiento para financiar operaciones y gastos ya autorizados elevaría el techo del presupuesto del 2026. El cupo de endeudamiento mediante bonos del Tesoro, por Q27 mil 598.88 millones, destinaría el 54.10% al gasto de funcionamiento, y no a inversión.

Cacif ve riesgos en techo y estructura del gasto

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) también presentó un análisis del presupuesto del 2026 —divulgado el pasado 29 de octubre— en el cual realizó observaciones sobre el monto propuesto, la posibilidad de que se incremente el techo mediante autorizaciones preaprobadas, así como el déficit fiscal, que podría elevarse hasta el 4% en el 2026, con riesgo de traducirse en inflación.

El análisis identificó riesgos macroeconómicos y normativos en la propuesta del presupuesto.

Se advierte de que existen ampliaciones preaprobadas que podrían elevar el techo hasta Q173 mil millones, lo que implicaría un aumento significativo del gasto.

En cuanto a la estructura de financiamiento y destino de los fondos, la mayor asignación sería para funcionamiento, y no para inversión.

Junta Monetaria emite opinión favorable para bonos del Tesoro por Q27 mil millones

Los miembros de la Junta Monetaria (JM) dieron opinión favorable para la emisión de Q27 mil 598 millones en bonos del Tesoro, que financiarán el presupuesto del 2026, en medio de posturas diferentes.

Urias Gamarro

5 de noviembre de 2025

|

23:00h

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Los integrantes de la Junta Monetaria (JM) dieron opinión favorable para la emisión de Q27 mil 598 millones en bonos del Tesoro, que financiarán el presupuesto del 2026, en medio de diferencias. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La decisión de los integrantes de la Junta Monetaria (JM) se tomó durante la sesión celebrada la noche del 5 de noviembre del 2025, en las instalaciones del Banco de Guatemala (Banguat). Los representantes de las asociaciones empresariales y de los bancos privados, votaron en contra.

Las autoridades del Ministerio de Finanzas (Minfin) presentaron a los miembros de la JM la solicitud de opinión sobre el requerimiento de deuda bonificable planteado en la iniciativa del presupuesto 2026, que financiará distintos rubros de gasto con esa fuente de financiamiento.

Por tratarse de endeudamiento público interno, el Congreso de la República deberá aprobarlo, junto con los dictámenes respectivos de la JM y de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán), cuando lo conozca los diputados de Comisión de Finanzas que están por emitir el dictamen.

Guatemala acumulará un incremento en el saldo de la deuda pública hasta alcanzar unos Q287 mil millones en el 2026, como se plantea en el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos presentado por el Minfin.

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En el 2024, hubo diferencias en la opinión emitida por la JM sobre el programa de deuda bonificable por Q25 mil 104 millones, especialmente por la postura del representante del sector privado organizado, quien votó en contra.

Cuestionan aval a endeudamiento estatal

Sergio de la Torre, coordinador de la Comisión Económica del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), indicó que no existe una instrucción dirigida a los representantes titular y suplente que integran ese cuerpo colegiado sobre esta opinión.

“Esperamos que, en el ámbito de su competencia —en este caso, mi análisis particular—, debe emitirse una opinión desfavorable ante este endeudamiento”, aseguró el directivo al ser consultado.

CIG: ¿por qué más deuda si hay fondos?

Enrique Font, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), declaró que existe un saldo de caja favorable para el Estado. Aunque no está disponible en su totalidad, estimó que podrían quedar alrededor de Q10 mil millones disponibles.

Añadió que, tras contratar eurobonos por US$1,500 millones, es pertinente cuestionar: “¿Para qué se están pagando intereses si hay saldo disponible?”.

“Es una alerta que hemos dado: ¿por qué incrementar la deuda si hay saldo de caja? Además, se necesita un enfoque en un gasto responsable y presupuestario, destinado a inversión, ya que este rubro mantiene un nivel deficitario”, aseguró el presidente de la CIG.

Al 23 de octubre pasado, el saldo de caja —recursos públicos sin ejecutar— ascendía a Q24 mil 146.7 millones, cifra superior en Q12 mil 102 millones respecto del cierre de 2024, cuando fue de Q12 mil 44 millones.

dictamen

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Presupuesto 2026: deuda, Codedes y recortes marcan discusión final

Las posiciones sobre el dictamen del presupuesto entran en su fase final, y el Congreso tiene cuatro semanas para hacer modificaciones a la iniciativa enviada por el Ministerio de Finanzas Públicas.

Urias Gamarro

1 de noviembre de 2025

|

00:10h

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El dictamen del presupuesto entran en su fase final, y el Congreso tiene cuatro semanas para hacer modificaciones a la iniciativa enviada por el Minfin. (Foto Prensa Libre: Urías Gamarro)

Todo apunta a que habrá cambios en la iniciativa del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el 2026, que asciende a Q163 mil 783.4 millones, presentada por el Ministerio de Finanzas (Minfin) y que debe ser dictaminada por los integrantes de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República.

El proceso de dictamen por parte de los diputados miembros de dicha sala de trabajo se ha aplazado, y se programaron sesiones ordinarias para la próxima semana, en las cuales se conocerán los lineamientos de la propuesta. Esto coincide con la elección de la próxima junta directiva del Congreso.

Por otro lado, aún falta la opinión que debe emitir la Junta Monetaria (JM) sobre la contratación de deuda bonificable por Q27 mil 598.88 millones, la cual ha generado cuestionamientos. Esta semana, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) expresó preocupaciones por el déficit fiscal proyectado, que se estima en 3.3% así como las ampliaciones preautorizadas.

Advierten rezago en dictamen

El diputado Orlando Blanco, integrante de la Comisión de Finanzas, advirtió que se agota el tiempo para emitir el dictamen y aprobar la propuesta del programa de gasto para el 2026.

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Blanco indicó que noviembre es el mes clave para avanzar con el dictamen y, posteriormente, con la aprobación, que podría realizarse en tres lecturas o bien aprobarse de urgencia nacional.

Explicó que las autoridades del Minfin, junto con el presidente de la Comisión de Finanzas, Julio Héctor Estrada, están elaborando la propuesta del dictamen. Se espera la convocatoria para someterla a votación, aunque el diputado cuestionó que no se ha dado una discusión transparente que permita a la ciudadanía conocer los contenidos.

Reiteró que el análisis del presupuesto 2026 se da en un momento en el que los bloques legislativos también negocian la elección de la próxima junta directiva del Congreso, a la cual seguirá la discusión del programa de gasto.

Evalúan recortes y aumentos al techo presupuestario

El legislador adelantó que la mayoría de los integrantes de la Comisión de Finanzas está de acuerdo con aprobar un dictamen al presupuesto del 2026, aunque con algunas modificaciones.

Mencionó, por ejemplo, que en la estructura presentada por el Ministerio de Finanzas (Minfin) podrían reducirse los techos presupuestarios de entidades como el programa de becas de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán), el Ministerio de Agricultura y el Instituto Nacional de Electrificación (Inde).

Tampoco descartó la posibilidad de aumentar el techo global hasta Q165 mil millones, en caso de revisarse al alza las metas de recaudación.

Además, señaló que podría plantearse una asignación extraordinaria para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), dado que es un año preelectoral “y hay mucha ansiedad por colocar recursos extraordinarios en esos rubros”.

Alerta por sesgo político en dictamen

Para Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), hay gran expectativa sobre el resultado del dictamen del presupuesto para el 2026, especialmente en lo relativo a las normas y a los Codedes establecidos en el Decreto 7-2025, por lo que reiteró que esa parte debe suprimirse.

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También recomendó revisar las asignaciones en el apartado de Obligaciones a Cargo del Tesoro, ya que ahí podría incluirse la cuota extraordinaria a los Codedes y, a la vez, una reducción a otros ministerios “que los vuelve a canibalizar”.

Respecto de la deuda bonificada por Q27 mil 598.88 millones, recordó que durante las audiencias públicas se solicitó una revisión.

“Creemos que el dictamen pueda tener un sesgo político, como lo ha sido en años anteriores. El temor es que el dictamen vuelva a recoger intereses ligados a las referencias políticas”, reiteró el analista del Icefi.

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En la antesala de la presentación del primer borrador de la iniciativa del presupuesto, por Q163 mil 783.4 millones, el Cacif presentó un análisis en el que hace una serie de observaciones.

Urias Gamarro

30 de octubre de 2025

|

05:00h

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Un análisis sobre de la estructura y posibles impactos macroeconómicos del presupuesto de ingresos y egresos del 2026 presenta el Cacif. (Foto Prensa Libre: Cortesía Cacif)

Un análisis sobre de la estructura y posibles impactos macroeconómicos del presupuesto de ingresos y egresos del 2026 por un monto de Q163 mil 783.4 millones, presentó el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y en la cual hace una serie de observaciones y recomendaciones.

El estudio del sector privado organizado surge a pocos días para que los diputados integrantes de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República hagan el dictamen de la iniciativa que presentó el Ministerio de Finanzas (Minfin) con algunas modificaciones y cambios, para que la discusión se traslade al Pleno.

Cacif pide revisar monto y déficit

Sergio de la Torre, coordinador de la Comisión Económica del Cacif, declaró que, a pesar de los hallazgos encontrados en la iniciativa, es necesario contar con un instrumento de gasto para el siguiente año, a fin de mantener las finanzas públicas.

Sin embargo, expresó preocupación por el monto planteado y por el déficit fiscal, así como por las ampliaciones preautorizadas que podrían elevar el déficit hasta 4 %, lo cual podría traducirse en inflación y un alto costo de vida.

“Esperamos que exista una discusión muy seria en la Comisión de Finanzas, en términos del tamaño, del destino, de la flexibilidad en la utilización de los recursos; que se definan objetivos claros, medibles y que respondan a las necesidades de la población”, enfatizó.

Alertan por alza desmedida

Sigfrido Lee, director de la Unidad Económica del Cacif, explicó que los montos de los presupuestos han aumentado desde el 2007, tanto en lo asignado como en lo vigente, en relación con el planteamiento formulado por la administración del gobernante Bernardo Arévalo de León y el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).

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En esta ocasión, afirmó que hay riesgos macroeconómicos en la propuesta de gasto. Indicó que, durante el gobierno de Óscar Berger, en el 2007, se entregó un techo presupuestario de Q40 mil millones, y ahora la propuesta asciende a Q163 mil millones.

Recalcó que, en la iniciativa, hay ampliaciones preaprobadas que podrían elevarla hasta Q173 mil millones.

Citó que, durante la administración de Álvaro Colom, el programa de gasto estatal creció 35 %; con Otto Pérez Molina, 18 %; Jimmy Morales, 24 %, y con Alejandro Giammattei, 10 %, al momento de entregar el gobierno.

Para el tercer año de gestión actual, el plan aumenta 41 %: “y ahí es cuando se comienza a hablar de un crecimiento desmedido y considerable”, justificó Lee.

Alerta por déficit fiscal  

Una de las preocupaciones del Cacif es el aumento del techo del gasto, la estructura del financiamiento y su destino. Entre los hallazgos destaca que ahora hay una mayor asignación a los rubros de funcionamiento, mientras que la inversión se ha reducido.

Durante la presentación, se dio a conocer que el 18% del presupuesto se destina a inversión y que, para el 2025, la Dirección General de Caminos asignará entre Q2 mil y Q2 mil 500 millones, “pero no habrá ninguna carretera nueva y se está pagando deuda. Se gasta dinero, pero no necesariamente se convierte en inversión”, agregó Lee.

Entonces, dijo: “¿Ese crecimiento desmedido del presupuesto hacia dónde se está yendo? A gastos de funcionamiento”.

En cuanto al financiamiento, indicó que se detectó que el 20 % del programa total se cubrirá con deuda y que no se está cumpliendo con el pacto fiscal. “Esa es una señal más de que esto no es lo correcto”, expresó.

Recordó que se enfrenta uno de los déficits más altos, del 3.3 %, como lo planteó el Minfin para el siguiente año, y que solo durante la pandemia este indicador fue mayor.

“Hace 20 años se propuso preservar la estabilidad, y aunque el FMI dice que puede haber un aumento del déficit por un par de años, este debe cumplir ciertas condiciones: estar orientado a la inversión, ser temporal y transparente. Lo que estamos viendo ahora es que ninguna de esas condiciones se cumple”, remarcó el director.

En sus observaciones de corto plazo, el Cacif considera que el déficit fiscal generará presiones inflacionarias y alzas en las tasas de interés, lo cual afectará el costo de la canasta básica y del crédito.

A mediano plazo, prevé posibles aumentos de impuestos, lo cual perjudicará a las familias más pobres. Y a largo plazo, advierte que la falta de inversión en capital físico y humano limitará el crecimiento económico y la creación de empleo, y que el alto endeudamiento afectará la sostenibilidad fiscal.

Funcionamiento absorbe deuda

La deuda planteada en la iniciativa asciende a Q33 mil 514 millones, lo que representa un déficit fiscal del 3.3 % respecto del presupuesto de Q163 mil 783.4 millones.

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Se criticó que solo el 16 % de esa nueva contratación de deuda se destinaría a inversión, mientras que el 49 %, entre bonos y préstamos, se utilizaría para gasto de funcionamiento.

“Este es uno de los aspectos más preocupantes, sobre todo para la población joven, porque serán ellos quienes tendrán que pagar. Pero estamos viendo que la deuda es para cubrir sueldos y salarios, pensiones, incluso gastos de la generación pasada, y eso no es sostenible”, apuntó.

Excepciones ponen en riesgo control

El análisis también incluyó el apartado normativo, que impacta en la implementación del presupuesto y en el cual se identificaron hallazgos puntuales.

En cuanto a las excepciones a la Ley del Presupuesto y la Ley de Contrataciones del Estado, se detectó un articulado que establece excepciones tanto a la Ley Orgánica del Presupuesto como a la Ley de Contrataciones.

Asimismo, se permite la contratación y adquisición de bienes y servicios a través de organismos internacionales, lo cual exonera del cumplimiento de procesos competitivos e impuestos.

Por ejemplo, se autoriza la contratación directa de medicamentos y equipo médico por parte del Ministerio de Salud; la compra de alimentos e insumos agropecuarios mediante organismos internacionales, ya sea en especie o con contribución monetaria, por ministerios de Estado, municipalidades y otras instituciones; y la firma de convenios para intervenciones estratégicas, como en los ministerios de Salud, Educación, Gobernación, Comunicaciones y Cultura, así como en la Empresa Portuaria Quetzal, Ferrocarriles de Guatemala y programas sociales.

Gasto se eleva con ampliaciones

Durante la presentación del análisis se informó que se contabilizó una suma cercana a Q1 mil millones en la creación de fondos especiales. En ese apartado se identificaron al menos 11 asignaciones de fideicomisos para distintos programas.

También se alertó sobre ampliaciones preautorizadas que podrían superar el techo de Q163 mil 783.4 millones. “Fácilmente pueden superar los Q10 mil millones y llegar a Q173 mil millones”, subrayó el directivo. Eso, añadió, podría implicar un aumento del déficit del 3.3 % al 4.3 %.

Infraestructura recibe solo 1% del PIB

Jorge Benavides, investigador de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), se refirió durante el foro al tema de infraestructura. Indicó que el Ministerio de Comunicaciones lleva una ejecución del 41 % respecto de la asignación presupuestaria de Q7 mil millones para esa cartera.

“Hablar de infraestructura es hablar de dinero que se necesita, y el Estado debiera estar invirtiendo el 24 % del PIB cada año, para darle mantenimiento a la red existente y crecer a un ritmo sostenible”, apuntó.

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Explicó que el Estado debería invertir el 6 % del PIB en infraestructura, pero solo destina el 1 %; y que el sector privado debería invertir el 18 %, aunque actualmente cubre entre el 14 % y el 15 % del PIB.

“No hay inversión privada si antes no hay inversión pública. ¿Qué pasa con el presupuesto para inversión? En los últimos 22 años, el gasto en funcionamiento creció cinco veces, y la inversión real en infraestructura, apenas 1.2 veces”, precisó.

Reiteró que se tiene un presupuesto en el cual el gasto de funcionamiento absorbe la mayor parte, lo que impide destinar recursos a inversión. “Por kilómetro de red existente, se debería estar invirtiendo US$50 mil al año en mantenimiento, y eso nunca se ha alcanzado”, aseveró.

Piden retomar el Pacto Fiscal

Abel Cruz, vicerrector de la Universidad Mesoamérica, declaró que el presupuesto es una herramienta de la política fiscal, sin contar con una política económica, por lo que una de las implicaciones es no contar con indicadores.

Por otro lado, no se tiene claro, que es lo que se quiere mejorar, por lo que en ese contexto es necesario regresar a los principios del Pacto Fiscal, que plantea que el Estado no debe gastar más de lo que recibe, y permitir un déficit fiscal que no supere el 1%, pero en el último año de gobierno, mantener un déficit cero.

Ingresos fiscales

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Tipo de cambio estable e inflación controlada elevan recaudación y alcanzaría los Q111 mil millones

La recaudación tributaria en Guatemala alcanzaría los Q111 mil millones al cierre del año, según lo observado hasta septiembre, que muestra un crecimiento de 9.2%, según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

Urias Gamarro

25 de octubre de 2025

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00:10h

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Los impuestos sobre el comercio exterior, se observa un mayor dinamismo y las cifras muestran un crecimiento interanual de 7.1% a septiembre, según la SAT. (Foto Prensa Libre: Cortesía SAT)

Este monto proyectado de Q111 mil millones por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) superaría la meta oficial de Q109 mil 302 millones establecida por el Gobierno Central, así como los Q108 mil 737 millones propuestos por el administrador tributario para el 2025, según el acta de la Comisión Técnica de Finanzas Públicas (CTFP) de mayo pasado.

Esto significa que, pese a la incertidumbre y el contexto internacional, la recaudación de impuestos —que financia el programa de gastos— se mantendría sólida, lo que permite prever resultados fiscales positivos.

De enero a septiembre, el monto recaudado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) fue de Q82 mil 92.3 millones, lo que representa un incremento de 9.2% respecto del mismo periodo del año anterior, según las cifras oficiales.

El resultado de octubre ya perfila el cierre del ejercicio fiscal. La CTFP la integran el Banco de Guatemala (Banguat), el Ministerio de Finanzas (Minfin), la SAT y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán).

Recaudación superaría lo previsto

Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), indicó que mantienen la estimación de Q111 mil millones en recaudación para el 2025, lo que representaría entre Q2 mil y Q3 mil millones más de lo proyectado por la CTFP en mayo último.

Entre los factores que estarían impulsando este crecimiento, explicó el directivo, figuran las variables macroeconómicas, el aumento del comercio exterior, la variación de precios en la economía y la estabilidad en el tipo de cambio; todos ellos indicadores que han mostrado un desempeño estable y positivo.

Agregó que, con esos factores, los Q109 mil millones establecidos en el presupuesto de ingresos y egresos de este año quedaron por debajo del monto observado al cierre del 2024. Sin embargo, “técnicamente vemos que podría alcanzarse la cifra de Q111 mil millones”.

Inflación y tipo de cambio impulsan recaudación

El especialista indicó que, según la estimación del Icefi, los factores usuales para determinar la recaudación son las variables macroeconómicas. Ejemplificó que el tipo de cambio se mantiene estable, con un promedio de Q7.65 por US$1, y que la inflación está controlada, con un ritmo de 1.47% a septiembre, así como la inflación importada.

Añadió que las exportaciones e importaciones se desarrollan conforme a los rendimientos previstos, y destacó especialmente la tasa de crecimiento económico, que apunta a cerrar “poco más o menos” en la cifra anticipada por el Banco de Guatemala (Banguat).

En conjunto, estos factores respaldan que la meta de recaudación alcance los Q111 mil millones, como se había previsto. “No está tan subestimada como en años anteriores, pero sí creemos que le faltaban entre Q2 mil o Q3 mil millones más”, reiteró el analista del Icefi.

“Por eso es que como Icefi mantenemos la estimación de los Q111 mil millones”, remarcó.

ISR e IVA impulsan ingresos tributarios

Al ser consultado sobre los resultados de los tributos administrados por la SAT hasta septiembre, Werner Ovalle, jefe de esa entidad, declaró que, en forma agregada, la recaudación alcanzó Q82 mil 92.3 millones, lo que implicó un crecimiento interanual de 9.2%; es decir, un incremento de Q6 mil 894.1 millones respecto de lo registrado en el mismo periodo del 2024.

Estos resultados, explicó, fueron influenciados principalmente por el desempeño del impuesto sobre la renta (ISR) y del impuesto al valor agregado (IVA) en operaciones locales, que muestran crecimientos interanuales de 10.3% y 12%, respectivamente.

Los incrementos nominales en la recaudación de ambos tributos fueron de Q2 mil 316 millones y Q2 mil 43.6 millones, en comparación con el mismo periodo del 2024.

Ovalle afirmó que, en los impuestos sobre el comercio exterior, también se observa un mayor dinamismo: las cifras muestran un crecimiento interanual de 7.1%, superior al 5.8% registrado en la recaudación acumulada hasta agosto.

En cuanto al impuesto a la primera matrícula, muestra un comportamiento positivo, con una recaudación adicional de Q94.5 millones respecto del mismo periodo del 2024, lo que representa un aumento interanual de 7.1%. En el impuesto sobre circulación de vehículos, el crecimiento interanual fue de 16.4%, con un incremento nominal de Q189.6 millones a septiembre.

Proyección fiscal para 2026 presenta inconsistencias

Barrientos considera que la situación geopolítica internacional y la política arancelaria y migratoria de Estados Unidos, en lo que resta del 2025, no tendrá mayor impacto en el sistema recaudatorio local, especialmente en el comercio exterior.

“Los aranceles y otros vaivenes en el comercio internacional pueden estar afectando para el 2026”, advirtió el analista del Icefi, por lo que sugiere revisar la proyección.

La Comisión Técnica de Finanzas Públicas (CTFP) estableció una meta de recaudación de Q119 mil 762.8 millones para el próximo año, cifra presentada por el Minfinen la iniciativa del presupuesto de ingresos y egresos, actualmente en discusión en la Comisión de Finanzas.

El escenario económico utilizado para esa proyección fue el medio; sin embargo, según el Icefi, la distribución por tipo de impuesto es cuestionable, ya que se identificaron alteraciones en al menos cuatro rubros de otros impuestos directos e indirectos.

Elección de junta directiva presiona debate presupuestario en la Comisión de Finanzas

 La discusión técnica quedó marcada por cálculos políticos en la Comisión de Finanzas; diputados condicionan apoyo.

Urias Gamarro

9 de octubre de 2025

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05:00h

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Las autoridades del Ministerio de Comunicaciones exponen ante la Comisión de Finanzas el presupuesto del 2026 en el Congreso de la República. (Foto Prensa Libre: Esbín García)

En el debate de las audiencias públicas convocadas por la Comisión de Finanzas para discutir la iniciativa del presupuesto de ingresos y egresos del 2026, por Q163 mil 783.4 millones, se sumó ahora un componente político asociado a la elección de la próxima junta directiva del Congreso de la República.

Todo parece indicar que la elección de los diputados que integrarán la nueva directiva estaría asociada a un dictamen favorable y a una eventual aprobación del programa de gasto para el siguiente año, presentado el 2 de septiembre por el Ministerio de Finanzas (Minfin), así como a las modificaciones que hagan los miembros de la mencionada sala de trabajo.

El martes último, un grupo de diputados no afines al oficialismo, que integran dicha sala y participan de forma activa en las audiencias públicas, brindó una conferencia de prensa para anunciar que “apoyarán la aprobación del presupuesto”.

Este grupo —14 de los 21 miembros de la Comisión— hizo ver “su compromiso unánime de analizar y aprobar el presupuesto del 2026 con criterios técnicos”. Este bloque asume multipartidario forma la coalición de mayoría calificada en las votaciones de esa sala.

Cuestiona maniobra de diputados

El diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas, reaccionó al conocer esta posición y recalcó que, aunque este grupo ya había manifestado su posición de trabajar en un dictamen, le tomó por sorpresa que hayan salido “por su cuenta”.

Aseguró que están tratando de enviar un mensaje al Ejecutivo y de mostrar voluntad “de hacer un dictamen técnico, estructurado y bien negociado”.

Reconoció que, si bien existen algunas diferencias partidarias entre los grupos políticos que representa cada uno, “todavía tenemos que ponernos de acuerdo” y reiteró que todos los consensos deben surgir en la discusión de la comisión, que es el mecanismo institucional.

“No me gustó que salieran a dar ese tipo de comentarios, sobre todo sin que yo lo supiera. Pero creo que es su misma expresión política de resistencia y de aplicar, de buscar, meter presión a la negociación dentro de la comisión”, remarcó.

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Estrada interpretó esta movida mediática como un mensaje al Ejecutivo “de hacer un dictamen técnico, estructurado y bien negociado”.

El presidente de la Comisión reconoció que el trabajo de los miembros de la Sala es ponerse de acuerdo con criterios técnicos y no políticos; además, que todas las negociaciones deben surgir de la discusión de la comisión, que es el mecanismo institucional.

Esa postura, dijo, se interpreta como “nosotros tenemos los votos y somos los que decidimos”, un mensaje errático, a juicio de Estrada, porque tienen votos, pero el presidente de la comisión es quien los cabildea con los distintos miembros.

Modificaciones al presupuesto son parte del proceso político

El diputado Inés Castillo, del bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) e integrante de la Comisión de Finanzas del grupo no oficialista, declaró que no existe ninguna diferencia entre los miembros que discute la propuesta del presupuesto, que es un instrumento de desarrollo del país y se están dando los aportes.

Aclaró que si se realizarán modificaciones al presupuesto en su momento de hacer el dictamen que es algo normal en este tipo de procesos de negociación política y ejemplificó los saldos de caja que cuenta el Gobierno en la actualidad, y que no hay una capacidad de ejecución.

Castillo adelantó que, una vez concluida las sesiones de presupuesto abierto la próxima semana, se entrará a conocer el dictamen y hay un lineamiento generalizado de que a mediados de noviembre se pueda aprobarlo “porque se necesita un presupuesto nuevo, siempre”.

Descoordinación del oficialismo en el Congreso

La división que se percibe adentro de la Comisión de Finanzas podría obedecer a la ausencia de un interlocutor directo del Gobierno central y a las diferencias surgidas este año en el partido oficial.

El diputado Julio Héctor Estrada sobre el tema dijo que aunque el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, llega a las audiencias, notan una “ausencia, como el año pasado, de un gestor político para todo el tema presupuestario”.

Según Estrada, el no tener una figura activa y políticamente fuerte, hace que sea más difícil para el Ejecutivo defender el plan de gastos.

 “De los dos diputados que tenían representación, solo queda uno —Román Castellanos—, y es del grupo Raíces, que actualmente está distanciado del Gobierno. Tengo interlocución con el ministro Menkos, y con José Carlos Sanabria, pero ellos no están en el día a día, en la operación aquí adentro. Eso hace más difícil esa interlocución”, dijo el presidente de la Comisión.

Parte de las dificultades observadas en las discusiones presupuestarias, según Estrada, es que “es un trabajo complicado y es notoria esa ausencia”.

Citó, por ejemplo, que esa falta de operador político se traduce en la ausencia de apoyo técnico: “Yo no puedo defender a los ministros; yo tengo que cuestionarlos. Y debería haber aquí gente del Ejecutivo”, añadió.

Estrada recordó que la experiencia del año pasado no fue tan diferente, pero sí había más coordinación.

El oficialista Castellanos, quien el año pasado figuró como interlocutor con el Ejecutivo, explicó que ahora que se entra en la fase de análisis y discusión del dictamen y habrá   mayor participación del bloque oficial, así como las debidas consultas al Ejecutivo, a fin de conseguir el dictamen favorable.

Comisión entra a etapa política del presupuesto

Estrada enfatizó que el año pasado se logró una coordinación con la Dirección Técnica del Presupuesto (DTP) del Minfin, para darle viabilidad técnica al momento de emitir el dictamen, y que en esta ocasión no fue posible.

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Afirmó que se ha entrado a la etapa política, sobre todo por “la elección de la junta directiva, que estaba presionando desde las políticas del presupuesto, por todo lo que implican las negociaciones del año entrante”.

En sus consideraciones, la elección de la junta directiva del Congreso podría realizarse el próximo 21 de octubre, pero para entonces no se tendrá el dictamen de la Comisión.

CIV enfrenta reclamos por baja ejecución y red vial

Una agitada sesión entre los miembros de la Comisión de Finanzas del Congreso se vivió este miércoles 8 de octubre con el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Miguel Ángel Díaz Bobadilla, en la cual el principal enfoque de cuestionamiento fue la situación actual de la red de carreteras, la baja ejecución en mantenimiento e inversión.

Los reclamos al funcionario por parte de los diputados miembros de esa comisión se alargaron en una sesión que comenzó a las 10 horas y concluyó a las 14.20, siendo una de las más acaloradas observadas en el Legislativo.

El CIV requirió una asignación de Q7 mil 140 millones, de los cuales Q3 mil 254 millones se destinarían a inversión —el 46 %— y Q3 mil 886 millones, es decir, el 54 %, a funcionamiento.

Para la Dirección General de Caminos (DGC) se programaron Q2 mil 488 millones, y para la Unidad de Conservación Vial (Covial), Q1 mil 699 millones.

Entre las obras más destacadas que serán financiadas con recursos externos figura la construcción de la autopista de El Rancho a Teculután, por Q213.9 millones, así como el tramo de Teculután a Mayuelas, por Q109 millones.

El Programa de Desarrollo de la Infraestructura Vial fue presupuestado en Q117 millones.

En la sesión se explicó que el CIV contará con un presupuesto menor en el 2026, respecto del vigente, que asciende a Q7 mil 859 millones.

TSE pide Q502 millones para gastos preelectorales en el 2026

En medio de la discusión legislativa del plan de gastos del próximo año, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), ha pedido más del doble de recursos.

Alex Fernando Rojas

7 de octubre de 2025

|

12:46h

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Un guatemalteco deposita su voto en un centro de votación de la capital, el 20 de agosto del 2023, durante el balotaje presidencial. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), ha pedido al Congreso un incremento de Q502 millones para el presupuesto del próximo año.

Según el proyecto de presupuesto presentado por el Ministerio de Finanzas Públicas, documento con el cual parte la discusión del plan de gastos, se ha solicitado Q833 millones 912 mil. Esto significaría un déficit, según la proyección del TSE, de Q129 millones 813 mil 320.

Según la propuesta de la entidad electoral, el 2026 es un año preelectoral y se necesita realizar actividades particulares de cara a la convocatoria de elecciones generales que sucederá en enero del 2027.

En el plan del TSE, durante el 2026 se necesitará incrementar los puestos y jornadas de empadronamiento, como parte de las actividades preelectorales.

Con los Q502 millones también se busca adquirir equipo y licencias informáticas y fortalecer las delegaciones y subdelegaciones a nivel nacional.

Entre los gastos que según el TSE deben realizar en el 2026 también está agilizar inscripción de candidatos a través de una plataforma electrónica y planes de comunicación, divulgación, formación y capacitación de temas cívicos políticos y electorales.

Esos Q502 millones adicionales al presupuesto, según expuso el TSE, son para gastos exclusivos de preparación del próximo evento electoral y los saldos de caja remanentes podrían incorporarse al presupuesto del 2027, en el proceso de elecciones generales.

El TSE también ha solicitado que en el Presupuesto 2026 se pueda permitir la vía legal para realizar adquisiciones con cargo a la asignación presupuestaria para las elecciones del 2027.

Qué pide el TSE

• Gastos de funcionamiento: Q441 millones 725 mil 320
• Financiamiento público a partidos políticos: Q20 millones
• Actividades preelectorales: Q502 millones
• Total para el 2026: Q963 millones 725 mil 320

Poder Judicial solicita fondos para obras

Las autoridades del Organismo Judicial (OJ) solicitaron una asignación presupuestaria de Q3 mil 846 millones para el próximo año, con énfasis en la ampliación de la cobertura del sistema de justicia.

El magistrado presidente del OJ, Teódulo Ildefonso Cifuentes Maldonado, acudió a la Comisión de Finanzas del Congreso para exponer el requerimiento presupuestario previsto para el 2026.

Explicó que el monto solicitado al Ministerio de Finanzas contempla una partida considerable para el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y la ampliación de cobertura establecida en el programa quinquenal del organismo.

“Estamos cerca de los Q4 mil millones, lo cual nos permitiría cubrir, al menos, las necesidades mínimas del poder judicial”, enfatizó Cifuentes.

Entre los proyectos de inversión pública, se destacaron obras de infraestructura como la construcción del complejo judicial de Jutiapa, con un costo estimado de Q203 millones, y el centro de justicia de San Benito, Petén, con un valor proyectado de Q162 millones. Ambos proyectos están previstos para ser entregados en el 2029.

También se incluyó una asignación de Q475 millones para la edificación del centro de justicia especializado en femicidio y familia, en la zona 12 de la ciudad de Guatemala, así como la construcción de seis Juzgados de Paz por un monto de Q32 millones.

En total, el programa de inversión del OJ contempla Q1 mil 820 millones.

*Con información de Urías Gamarro

Presupuesto 2026: Ministerios justifican aumentos sin pedir más ingresos y diputados critican falta de propuestas

El 35% del total de las asignaciones ministeriales planteadas en la iniciativa de presupuesto fue discutido en la Comisión de Finanzas, por un monto de Q57 mil 132 millones. Diputados ya adelantan posibles modificaciones.

Urias Gamarro

25 de septiembre de 2025

|

05:00h

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Los ministros de Desarrollo, Educación, Salud y Gobernación participaron en la sesión de audiencias públicas de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Los ministros de Desarrollo, Educación, Salud y Gobernación participaron en la sesión de audiencias públicas de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, en la que defendieron el techo asignado en el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del 2026.

Los montos de estas carteras, en su conjunto, representan el 35 %, es decir, Q57 mil 132 millones del total requerido por el Ministerio de Finanzas (Minfin), que asciende a Q163 mil 783.4 millones, estructurado para la ejecución del tercer año de mandato del presidente Bernardo Arévalo.

En cada uno de estos ministerios hay un incremento sustancial programado para el siguiente año, que deberá ser dictaminado en octubre por los integrantes de la sala legislativa, quienes realizaron las consultas.

Los rubros de inversión, funcionamiento y ampliación de cobertura para el 2026, así como el indicador de ejecución hasta la fecha, fueron justificados por los titulares de cada cartera.

Transferencias condicionadas impulsan aumento en presupuesto social

Abelardo Pinto Moscoso, ministro de Desarrollo, justificó el incremento de Q1 mil 320 millones programado para el siguiente año, destinado principalmente a cubrir la política social. El monto vigente para este año es de Q2 mil 779 millones, y subirá a Q4 mil 100 millones.

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“No es un presupuesto improvisado, sino que está enmarcado en la política de gobierno y se ha venido trabajando con base en evidencia de datos, a través del Registro Social de Hogares. Este se ampliará a 80 de los 114 municipios el próximo año, y por ello obedece el incremento de beneficiarios, principalmente de las transferencias monetarias condicionadas”, remarcó el funcionario.

Se programó construir cien mil pisos con la iniciativa Mano a Mano, con el objetivo de liberar de la estructura de pobreza a igual número de familias.

En el contexto preelectoral, Pinto Moscoso afirmó que, desde el inicio de la actual administración, se está garantizando romper con el clientelismo y la discrecionalidad.

“El Registro Social de Hogares hace un barrido en cada uno de los municipios e identifica a cada persona en situación de pobreza y pobreza extrema. Ni el alcalde, ni el diputado, ni el ministro meten las manos en ese registro de beneficiarios, que son los que se quieren incorporar en los programas”, declaró.

Mineduc pide Q26 mil millones y planea abrir 504 centros

Ministerio de Educación (Mineduc) justificó ante los diputados de la Comisión de Finanzas los Q26 mil 934.9 millones solicitados para el 2026. Esta cartera, entre las del Gobierno Central, es la que más fondos recibe cada año debido a la cantidad de personal bajo su cargo, principalmente maestros.

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Del total, se programaron Q26 mil 682.30 millones para funcionamiento y Q252.69 millones para inversión.

Los principales rubros presentados por el Mineduc incluyen la ampliación de cobertura en el nivel secundario, con la creación de 504 centros educativos y la contratación de cuatro mil 253 puestos entre docentes y personal administrativo. También se contempla la construcción de Institutos Regionales; el Programa de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos; el Programa de Transformación Digital; y la Supervisión Educativa, que prevé la contratación de cuatro mil 668 personas.

La ministra Anabella Giracca explicó que el aumento para el siguiente año es de Q1 mil 405 millones, y uno de los objetivos es ampliar la cobertura de la educación básica y diversificada mediante la construcción de nuevos institutos.

“Es importante que el sistema educativo dé ese salto de primaria a secundaria. Invertir en secundaria es parte de la estrategia que se tiene planificada”, reiteró la ministra.

Salud justifica Q16 mil millones

El ministro de Salud, Joaquín Barnoya Pérez, explicó que se programó un presupuesto de Q16 mil 499 millones para el 2026, lo que representa un incremento de Q1 mil 299 millones con respecto al gasto vigente, que es de Q15 mil 199 millones. Para funcionamiento se destinarán Q15 mil millones y para inversión, Q1 mil 497 millones.

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Barnoya justificó que los rubros que elevan el presupuesto responden al cumplimiento del incremento salarial, que tendrá una asignación de Q812 millones; la compra de medicamentos a bajo costo por Q137 millones; el funcionamiento y equipamiento del Hospital de Joyabaj, Quiché, por Q20 millones; y el fortalecimiento e implementación de las redes integradas de servicios de salud, con Q243 millones.

“Los objetivos son claros: hay un plan basado en evidencias, que fortalece la red integral de servicios de salud, dignifica al servidor público, impulsa más construcciones y mejora el acceso a medicamentos de bajo costo”, recalcó el funcionario.

Oficialismo ve condiciones para aprobar el presupuesto

El diputado oficialista Román Castellanos, integrante de la sala de trabajo, explicó que, según las conversaciones sostenidas, se prevé un panorama positivo para la aprobación de un nuevo presupuesto para el siguiente año.

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En los diálogos adelantados con los miembros de la Comisión, indicó, siempre hay debate en torno al techo presupuestario, la asignación a cada ministerio y las posibles modificaciones, y en eso se enfocará la discusión.

También habrá análisis sobre la propuesta de endeudamiento y el déficit fiscal programado, y se espera que a mediados de octubre ya se cuente con el dictamen de la Comisión.

“En principio, se espera que se apruebe el presupuesto del 2026. Lo que ocurre en el Congreso son vaivenes políticos. Si eventualmente no se aprueba, habrá que esperar al próximo año para ver qué ajustes se hacen al presupuesto vigente, de modo que responda a las necesidades. Hay instrumentos legislativos para lograrlo”, concluyó.

Ministerios justifican aumentos sin pedir más presupuesto

diputado Orlando Blanco, integrante de la Comisión de Finanzas, explicó que durante la jornada de este miércoles se observó una defensa oficiosa por parte de los ministerios en torno a sus techos presupuestarios, particularmente aquellos que reciben incrementos sustantivos, como el Mides. Una buena parte de esos recursos estaría siendo ejecutada a través de convenios internacionales.

Para el Mineduc, el incremento es del 5% y, para Salud, del 8%.

“Vienen en una defensa oficiosa. Pensaría que vendrían a demandar más presupuestos para fortalecer sus áreas, sobre todo Salud, Educación y Gobernación; sin embargo, vienen a defender lo que se les asignó”, criticó el legislador.

Desde la Comisión de Finanzas, la discusión se quedó “corta”, con una visión “muy pueblerina sobre los problemas muy locales”, y no como una discusión macro de país.

Presupuesto 2026: Comisión de Finanzas cuestiona al Ministerio de Finanzas por endeudamiento y metas poco claras

Los primeros cuestionamientos a la formulación del presupuesto de ingresos y egresos por Q163 mil 783.4 millones, presentado el 2 de septiembre, fueron expuestos por miembros de la Comisión de Finanzas a las autoridades de la cartera del Tesoro.

Urias Gamarro

17 de septiembre de 2025

|

17:18h

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El ministro de Finanzas, Jonathán Menkos acudió a la Comisión de Finanzas del Congreso a presentar el presupuesto de ingresos y egresos 2026. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)

El incremento del gasto, las asignaciones a los ministerios, el aumento del déficit fiscal y la contratación de nueva deuda pública, así como la baja ejecución del gasto y un saldo de disponibilidad de Q34 mil millones que no ha sido utilizado, fueron los principales señalamientos que los integrantes de la Comisión de Finanzas del Congreso plantearon a las autoridades del Ministerio de Finanzas (Minfin), durante la presentación del programa de gasto del 2026.

Esta fue la primera ocasión en que el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, acudió a una reunión plenaria de dicha sala de trabajo legislativa, luego de reiteradas inasistencias a citaciones, lo que ya había generado tensiones.

El proyecto de presupuesto de ingresos y egresos por Q163 mil 783.4 millones para el próximo año fue presentado por el Ejecutivo el 1 de septiembre y contempla aumentos en varias asignaciones de gasto e ingresos que llamaron la atención de los diputados presentes.

Los integrantes de la Comisión esperan dictaminar la iniciativa a finales de octubre, luego de realizar distintos análisis técnicos y celebrar audiencias públicas —que comenzarán el próximo lunes 22 de septiembre— para escuchar a funcionarios de distintas carteras y entidades que reciben fondos estatales.

Por ley, el Congreso tiene hasta el 30 de noviembre para conocer la iniciativa de gasto para el 2026.

Cuestionan falta de metas concretas en el presupuesto

Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas, declaró que existen varios puntos encontrados respecto de la presentación del ministro Jonathán Menkos, quien acudió acompañado por sus viceministros. Aseguró que se realizarán diferentes evaluaciones que luego pasarán a análisis.

Reconoció que hubo una recepción importante, considerando el tiempo que Menkos había estado ausente en las sesiones anteriores de la Comisión.

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Las principales preguntas se enfocaron en el crecimiento del monto del presupuesto, especialmente al compararse con los bajos niveles de ejecución; el endeudamiento propuesto por Q33 mil millones; el cálculo de los ingresos tributarios que financiarán el programa; las asignaciones específicas, y la ausencia de medidas de eficiencia.

Explicó que la formulación del presupuesto crecerá en casi Q50 mil millones en un período de tres años, y señaló que hubo cuestionamientos “alrededor de los verdaderos resultados detrás de la propuesta de presupuesto”.

Estrada indicó que durante la sesión se abordaron temas como las asignaciones macroeconómicas, el porcentaje del gasto respecto del PIB y el nivel de endeudamiento. Sin embargo, criticó que no se detallaron acciones concretas, como la recuperación de 500 kilómetros de carreteras nuevas o el aumento del estándar de servicio de medicamentos, del 90 al 95% de las existencias en hospitales.

Agregó que también hizo falta exponer inversiones en el sistema carcelario y en el incremento de la fuerza pública civil, aspectos que —afirmó— son demandas de la población y del Congreso, y que deberían traducirse en beneficios reales para la ciudadanía.

Proponen usar saldos y reducir bonos del 2026

Estrada Domínguez, al igual que el diputado Orlando Blanco, cuestionaron el endeudamiento permanente, una de las principales preocupaciones de los miembros de la Comisión, así como el alcance de las metas de recaudación tributaria para el 2026 y el saldo de caja que quedará este año.

Ambos explicaron que esos aspectos se abordarán en una sesión específica, debido a que hay una colocación de bonos que consideraron innecesaria. Por ello, se deberá validar la proyección de saldos, es decir, los recursos que no se ejecutarán pero que podrían utilizarse en el siguiente ejercicio fiscal.

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Cuestionaron al ministro Menkos por haber decidido colocar en este ejercicio la totalidad del cupo autorizado —Q27 mil millones—, a pesar de la baja ejecución y la acumulación de recursos depositados sin uso.

Ambos diputados coincidieron en que se analizará la posibilidad de sustituir parte de la deuda bonificable —planteada en Q27 mil 598 millones— por saldo de caja, con el fin de reducir la emisión de bonos.

También alertaron sobre la eficiencia del gasto público, especialmente en el rubro de inversión que ejecuta el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), lo que —advirtieron— podría derivar en una caída de la inversión del gobierno.

Minfin justifica presupuesto con inversión y sociales

El ministro Jonathan Menkos ofreció a los diputados distintas explicaciones para justificar la iniciativa del presupuesto y aseguró que el planteamiento está enfocado en aumentar la inversión pública, así como en ejecutar los programas sociales. Afirmó que el enfoque principal es la seguridad, la protección social y la inversión.

Señaló que el presupuesto crece debido a que el Congreso ha aprobado diversas iniciativas con cargo al Tesoro, como el régimen de pensiones, los escalonamientos y la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, que requieren asignaciones específicas.

Advirtió que cada ministerio deberá presentar su estructura presupuestaria ante los integrantes de la Comisión de Finanzas, a fin de justificar el cumplimiento de sus metas. Mencionó que, en el caso del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), están programados recursos tanto para inversión como para el funcionamiento de la Dirección de Proyectos de Infraestructura Vial (Dipp).

En cuanto a la deuda, aseguró que Guatemala mantiene uno de los menores porcentajes con relación al PIB, que hay equilibrio fiscal y que se adaptarán las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), orientadas a reducir el déficit fiscal al 2%.

La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda volverá a reunirse el próximo lunes 22 de septiembre, para dar inicio al cronograma de audiencias públicas y analizar a detalle el presupuesto para su eventual dictamen.

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“No es tanto el monto, sino el destino y la preparación detrás de la iniciativa del Presupuesto”: Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas

La Comisión de Finanzas del Congreso comenzará el próximo lunes 22 de septiembre la celebración de reuniones y audiencias públicas para debatir el proyecto de presupuesto por Q163 mil 783.4 millones presentada por el Ejecutivo para el siguiente año.

Urias Gamarro

16 de septiembre de 2025

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00:10h

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La Comisión de Finanzas del Congreso iniciarálas sesiones para discutir el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del 2026. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Los miembros de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República iniciarán el próximo 22 de septiembre las sesiones para discutir el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del 2026 por Q163 mil 783.4 millones, que contempla un aumento de Q8 mil 947 millones respecto del vigente.

Aunque evita adelantar criterio sobre posibles modificaciones al programa de gasto, por encontrarse en fase de análisis, el presidente de la sala, Julio Héctor Estrada Domínguez, brindó un panorama sobre lo que podría convertirse en una de las más intensas discusiones legislativas del año.

Los diputados tienen como fecha límite el 30 de noviembre para conocer el proyecto de presupuesto estatal, pero el debate se da en medio de un ambiente tenso con el Ejecutivo, principalmente por la reciente aprobación del Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, así como por el llamado al veto que diversos sectores han dirigido al presidente Bernardo Arévalo de León.

El 10 de octubre concluirá el ciclo de audiencias públicas convocado por la Comisión, tras lo cual se esperaría la emisión del dictamen de la iniciativa. Estrada Domínguez ofrece el siguiente balance a Prensa Libre.

En la Comisión, ¿Cómo reciben el monto en el proyecto del presupuesto del 2026?

Hemos dicho que no es tanto el monto, sino el destino y la preparación detrás de la iniciativa; ya reaccionamos enviando por lo menos 15 cartas preguntando sobre temas específicos.

Por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura, estamos consultando sobre un programa de préstamos; a Segeplán, con su programa de becas; al Ministerio de Desarrollo, con el programa de transferencias condicionadas; y al Ministerio de Finanzas, por las estimaciones de ingresos y su presupuesto de gasto, que es importante.

Lo que, en general, hemos encontrado al comparar con el Listado Geográfico es que no hay obras, y se comienza a detectar esas cosas cuando se colocan Q2 mil 500 millones asignados en las cosas que se me ocurran

Esto se entiende en un primer año de gobierno, pero en un segundo año es más difícil de justificar, porque es una cantidad importante de recursos.

¿Qué otros aspectos han identificado?

Está el análisis de las proyecciones de la deuda pública y el pago del servicio, en el sentido de cómo están formuladas, y estamos en la fase de recabar más información. No queremos adelantar posición —que es mucho, poco, malo o bueno—, solo que estamos validando las cifras de la recaudación por medio de los principales impuestos y los detalles de los aumentos más sobresalientes en la propuesta del presupuesto.

En el cupo de deuda pública se estarían contratando en dos años unos Q52 mil millones, ¿qué piensan?

Tiene que haber (por el Ministerio de Finanzas) una muy buena justificación del programa y de sostenibilidad de deuda. Hay cosas que el país puede hacer, y en otras no se puede dar el lujo de hacer por lo que es la discusión política, porque también es un mensaje para el resto de los diputados con las propuestas de gasto que hay en diferentes sectores.

Cada gasto adicional que hay no es un gasto de impuestos, sino un poco más de deuda, que es lo que termina haciendo, por lo que se revisará en dónde estarán asignados esos recursos, cuánto de la deuda se destinará para la creación de infraestructura, obras, y si se justifica el uso del endeudamiento para los programas sociales, que no está en la ley. Se pueden hacer excepciones, pero que realmente tenga impacto.

Se sigue usando deuda para gasto corriente…

Esa regla creo que es para formación de capital humano, que podría justificarse, pero no para uso clientelar, que es lo que no funciona bien, por lo que hay que ver por dónde se están dirigiendo los recursos.

El FMI recomienda comenzar a revertir los déficits fiscales, pero se proyecta 3.3% en la iniciativa. ¿Cuál es su posición?

Se tendrá que encaminar al regreso al 2% del déficit fiscal, pero se tendría que ver el marco presupuestal multianual, revisar esa parte. También el saldo de caja, porque el año pasado quedó una buena parte sin utilizar, y llevamos ahora casi Q34 mil millones sin utilizar entre caja, bonos del Tesoro e impuestos.

Entonces, se podrá financiar un poco más el presupuesto con saldos de caja, pero eso se tendrá que analizar a profundidad.

A nivel político, ¿cómo está el ambiente en la Comisión y en el Pleno?

El compromiso y la meta de la Comisión de Finanzas siempre es emitir un dictamen para que exista un presupuesto, porque es importante. En la Comisión hay poca comunicación con las autoridades del Ejecutivo, y hay fricción con los temas de ejecución del gasto, en los cuales hay claras dudas -respecto a- los montos de gasto y la velocidad en que se lleva hasta ahora.

Esto puede afectar la disposición de aprobar el presupuesto a ciertos montos, y en el Pleno existe la misma inquietud, pero veremos cómo se estará desarrollando.

Entonces, la ejecución de gasto sería un parámetro para aprobar las asignaciones…

Sí, pero también es un tema contraindicativo y llama la atención la baja asignación en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Q7 mil 140 millones), en la cual no se gasta, pero quiere decir que acumuló más gastos, más carreteras pendientes que reparar, al igual que su mantenimiento.

Pero también hay una asignación para la Dirección de Proyectos de Infraestructura Vial (Q2 mil 102.2 millones), pero el arranque de esa institución es muy lento, y al final quedó como una entidad dentro del CIV, por lo que creo que, desde la perspectiva operativa, lo va a hacer muy complejo de funcionar. Pero habría que analizarlo de manera holística; no solo la ejecución hay que tomar en cuenta, sino que la calidad de los proyectos que los respalda en las asignaciones, por lo que eso queremos que nos expliquen las instituciones.

En un año preelectoral, ¿cómo se puede influir en la aprobación o no de un plan de gasto?

Sí. El proceso de la elección se ha adelantado. Entonces, por un lado, están los que dicen que es políticamente más razonable no dar más recursos al gobierno central porque no ejecuta y cómo quedan con su electorado.

Pero también están aquellos que dicen que se van a dar los programas, los recursos extraordinarios o fondos para las municipalidades, por lo que hay una tensión ahí que, desde la perspectiva electoral, funciona en ambas direcciones. Vamos a ver ahí por dónde cae la pelota.

En la coyuntura, ¿cómo describe esa tensión?

Hay una tensión con ese tema (decreto 7-2025), porque son ofertas y demandas políticas locales que no han avanzado al ritmo que hay, que se pueden perder y generar desgaste con la gobernabilidad local, que es lo que ha generado la fricción, y vamos a ver en qué para este decreto.

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Ley que permite traslado de fondos a Codedes pone en riesgo las finanzas públicas

El sistema de finanzas públicas en Guatemala se pone en riesgo con la ley aprobada por los diputados en el Congreso en forma exprés, la cual permite a los Codedes manejar fondos de manera indefinida, fuera del esquema presupuestario anual.

Urias Gamarro

4 de septiembre de 2025

|

00:15h

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Con el decreto 7-2025 ya se garantizan fondos a los Codedes para el siguiente año, por lo que el gobierno no podrá disponer de esos saldos de caja para otros usos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La aprobación, realizada sin mayor discusión técnica, de la “Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural” el pasado martes 2 de septiembre pondrá en riesgo el sistema de finanzas públicas, advierten cámaras empresariales y centros de investigación económica, por lo que instan al gobernante Bernardo Arévalo de León a vetar la normativa.

La ley permitirá que los saldos anuales no ejecutados en un ejercicio fiscal por los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), asignados por el Ministerio de Finanzas (Minfin), se trasladen de manera automática al siguiente año, lo que incrementa el riesgo de acumulación de recursos sin utilizar en poco tiempo de vigencia de la normativa.

Además, se interfieren funciones que competen al Ejecutivo, al imponer plazos perentorios para emitir resoluciones sobre expedientes de obras programadas.

La aprobación se produjo un día después de que el Minfin presentó el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos 2026, el lunes 1 de septiembre, en el cual se incluyó únicamente una asignación presupuestaria por Q4 mil 491 millones y no ingresos extraordinarios a los Consejos de Desarrollo.

Con el decreto 7-2025 ya se garantizan fondos para el siguiente año, por lo que el gobierno no podrá disponer de esos saldos de caja, pues la Ley Orgánica del Presupuesto establece que los recursos no gastados deben regresar al fondo común.

Riesgo sistémico en finanzas públicas

Para Érick Coyoy, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), y para el diputado Orlando Blanco, miembro de la Comisión de Finanzas, la normativa representa un riesgo sistémico en la rectoría de las finanzas públicas, porque se aparta del esquema presupuestario anual establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, que aplica para todas las entidades públicas.

Coyoy, quien también fue viceministro de Finanzas, recordó que la Constitución establece que el presupuesto del Estado es anual. Sin embargo, en el decreto 7-2025 se rompe con ese principio, ya que los recursos se asignan cada año, pero la ejecución del gasto no se limita al período fiscal correspondiente. Entonces, “prácticamente se deja de una manera permanente como una ejecución ininterrumpida, sin importar en qué momento del tiempo se utilicen esos recursos”.

El Congreso, el año pasado, aprobó la norma que permitía a los Codedes seguir utilizando sus saldos no ejecutados en el ejercicio fiscal en curso, pero únicamente durante 2025.

Ahora, en cambio, la aprobación se extiende a los años sucesivos, sin un plazo definido para el uso de los recursos. “Esto sí cambia sustancialmente el esquema presupuestario y creo que es un tema que debe analizarse más a fondo, porque pueden surgir intereses de otras entidades en mantener esquemas similares, lo que rompe y contraviene lo que dice la Constitución: que el presupuesto del Estado es anual”, resaltó.

Advierten ruptura del equilibrio institucional por decreto

Blanco agregó que “se queda abierto el chorro”, pero advirtió que tendrá implicaciones financieras, sobre todo en una ejecución desordenada para este ejercicio, ya que, a la fecha, los Codedes llevan un 29% de ejecución.

Con esta aprobación, señaló que existe un rompimiento del equilibrio, porque el Congreso obliga a la institucionalidad del Ejecutivo a responder en la forma y en los tiempos que se requieren, lo que podría derivar en una intromisión de funciones y poderes entre los organismos del Estado.

En su lectura política, afirmó que ahora los diputados ya no están condicionados por la elección de la junta directiva, en especial en la aprobación del plan de gasto 2026, por lo que se adelantaron.

Incluso advirtió sobre un escenario de no aprobación del presupuesto para el próximo año, “ya que muchos de los diputados estaban molestos porque no venía la asignación extraordinaria para los Codedes en la propuesta de presupuesto 2026”.

Explicó que, si no se aprueba el plan de gasto antes del 30 de noviembre, en febrero de 2026 el Minfin tendría que solicitar una ampliación.

“Se pone en riesgo la aprobación del presupuesto 2026, pero ya se garantizan los fondos para los Codedes”, concluyó.

Icefi alerta por silencio administrativo

Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), aseguró que existen varios inconvenientes en la normativa, pero que, a su juicio, lo más grave es el silencio administrativo respecto de los avales y el plazo de cinco días hábiles para que las entidades emitan las resoluciones de los expedientes.

El investigador considera que esta situación puede debilitar los controles de transparencia y sacrificar la calidad de las obras.

“Esta ley sitúa justamente en la tensión entre agilidad y fiscalidad, porque prácticamente neutraliza la acción del ente rector en materia de inversión pública, que es la Segeplán”, aseguró.

Extender modelo de Codedes podría afectar control presupuestario

Coyoy señaló que, si se generalizara, uno de los riesgos en el manejo de las finanzas públicas sería la apertura de un nuevo esquema para los poderes; es decir, una práctica que en el futuro podría ser adoptada por esta Legislatura o por otras para extenderla a diferentes entidades.

Ejemplificó que, en el caso de las entidades autónomas, el gobierno central traslada fondos que estas pueden ejecutar en el momento que lo consideren, gracias a su autonomía. No necesariamente deben gastarlos en el mismo año en que los reciben, pero esa facultad deriva de su carácter autónomo.

En cambio, los Codedes no son figuras autónomas. “Prácticamente se crea un esquema distinto, en el que los recursos funcionan como un traslado indirecto de fondos a las municipalidades, y se rompe el esquema de ejecución actual de los Codedes, que reciben los fondos y, si no los utilizan, tienen la obligación de devolverlos al fondo común”.

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Presupuesto 2026: Gobierno planea financiamiento estatal con más deuda bonificable y préstamos

Guatemala acumulará un incremento en el saldo de la deuda pública hasta unos Q287 mil millones para el 2026, como se plantea en el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos presentado por el Ministerio de Finanzas.

Urias Gamarro

3 de septiembre de 2025

|

06:20h

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La deuda pública total del país llegaría a Q287 mil 348 millones en el 2026, si los diputados del Congreso de la República aprueban la iniciativa de ley presentada por el Ministerio de Finanzas, (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

La deuda pública total del país llegaría a Q287 mil 348 millones en el 2026, si los diputados del Congreso de la República aprueban la iniciativa de ley presentada por el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, el lunes 1 de septiembre en el marco del ciclo presupuestario.

El proyecto del gasto estatal contempla la contratación de deuda bonificable o bonos del Tesoro por Q27 mil 598 millones para el próximo año, cifra superior a los Q25 mil 100 millones aprobados para financiar el presupuesto vigente; es decir, el Ministerio de Finanzas continuará por segundo año consecutivo con un nuevo “fuerte” cupo de endeudamiento.

El techo del presupuesto, de Q163 mil 783.4 millones, el cual se financiará con Q33 mil 548 millones, lo que representa un déficit fiscal del 3.3% proyectado para el siguiente ejercicio fiscal. De esa cifra, se proponen los Q27 mil 598 millones como deuda bonificable y Q5 mil 915.9 millones en préstamos.

Por esta vía se espera financiar el 16.9% del gasto estatal, mientras que el 73.1% provendría de los ingresos tributarios recaudados por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), a los contribuyentes equivalentes a Q119 mil 762 millones.

Si el Congreso aprueba el programa de gastos, durante la administración del gobernante Bernardo Arévalo De León, la contratación de deuda bonificable sería de Q52 mil 698 millones entre los ejercicios 2025 y 2026.

El Gobierno central mantiene Q31 mil 997.7 millones como depósitos sin utilizar, en el Banco de Guatemala (Banguat) al 21 de agosto pasado; es decir, no se están empleando para la ejecución de los diferentes programas de gasto.  

Deuda pública subiría a Q287 mil millones

De acuerdo con la información oficial presentada en la iniciativa del presupuesto, el saldo total de la deuda pública llegaría a Q287 mil 348.5 millones, lo que representa un aumento del 13.3% en comparación con los Q253 mil 491.69 millones registrados al 31 de julio en el reporte de Operaciones de Crédito Público del Ministerio de Finanzas (Minfin).

Para la deuda interna, se proyecta que escalará a Q168 mil 294.9 millones, lo que representaría un aumento del 21.8% respecto de los Q138 mil 063.05 millones contabilizados hasta julio.

En el caso de la deuda externa, esta alcanzaría los Q119 mil 053.6 millones, con una variación al alza del 3.1%, ya que se situó en Q115 mil 428.6 millones.

Para el cierre del presente ejercicio fiscal, el Minfin proyecta un saldo de Q256 mil 242 millones en deuda total —interna y externa—, lo que representa una variación del 12.1%.

Deuda externa restará Q3 mil millones en pagos

La iniciativa del presupuesto, indica que el endeudamiento neto total sería de Q30 mil 130.9 millones, ya que se programó la amortización de Q3 mil 383.9 millones para la deuda externa, es decir, para los préstamos.

Bonos del Tesoro cubrirán gasto corriente

Jorge Lavarreda, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), indicó que, según los análisis realizados, de los Q113 mil 237 millones programados para gastos de funcionamiento del aparato público, una parte se financiará con la contratación de deuda pública, cuando lo ideal sería que ese cupo se destinará a inversión.

Es decir, que por medio de bonos del Tesoro se cubrirían rubros de gasto de funcionamiento, lo cual constituye una mala práctica que se ha venido utilizando para financiar ese tipo de erogaciones, aunque hay una parte que por ley ya está definida, como el Programa del Adulto Mayor, aclaró.

Para el 2026, se destinarían alrededor de Q16 mil millones al gasto de funcionamiento que provendrían de la colocación de bonos del Tesoro por parte del Minfin; es decir, ya se estaría comprometiendo el 58% del cupo de los Q27 mil 598 millones.

“Es una decisión de la administración actual de seguir usando esta mala práctica de financiar funcionamiento con deuda pública”, apuntó el analista.

Comisión revisará deuda bonificable  

Para el diputado Orlando Blanco, miembro de la Comisión de Finanzas, la propuesta presentada por el ministro Jonathan Menkos al Congreso el pasado lunes —respecto del monto de la deuda bonificable— ya es una “alarma” que será objeto de análisis profundo.

Explicó que, con este planteamiento, entre el 2025 y el 2026 la deuda bonificable alcanzaría los Q52 mil millones, por lo que lo consideró “preocupante” y afirmó que será una herencia de la actual administración de gobierno.

“Es muy seguro que el monto de deuda bonificable planteado será revisado minuciosamente, porque mantienen una baja ejecución y cuentan con recursos en saldo de caja”, remarcó Blanco.

Menkos defiende deuda de Q27 mil millones

Al consultarle sobre la deuda bonificable de Q27 mil 598 millones, durante la presentación del programa de gasto en el Congreso, el ministro Jonathan Menkos afirmó: “Es importante anotar que nuestra obligación, al tener un presupuesto aprobado, es disponer de todas las fuentes de financiamiento que este presupuesto, convertido en ley, nos demanda como ministerio, así como el esfuerzo de encontrar las mejores condiciones para la emisión de estos bonos”.  

Presupuesto 2026: Ejecutivo sube gasto social y deuda pública

Un aumento sustancial al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y Q52 mil millones en déficit fiscal forman parte de la propuesta entregada al Legislativo.

Urias Gamarro

2 de septiembre de 2025

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06:00h

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El Mides registra un incremento de 187% entre 2024 y 2026, siempre que el Legislativo apruebe el plan de gasto. (Foto Prensa Libre: Mides)

El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) propuso un aumento en el gasto público para 2026, al establecer un presupuesto de Q163 mil 783.4 millones, estructurado para la ejecución del tercer año de mandato del presidente Bernardo Arévalo.

La propuesta fue presentada ayer por el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, al presidente del Congreso, Nery Ramos, y a los miembros de la Junta Directiva, quienes tienen 90 días para su discusión, pues el plazo para conocerlo vence el 30 de noviembre.

El contenido del proyecto incluye la distribución de las asignaciones financieras para los ministerios, los rubros destinados al pago de la deuda pública y las instituciones incluidas en Obligaciones a Cargo del Estado, así como las secretarías, en las cuales también se propone un incremento.

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Primeros hallazgos

Un aumento de 187% al presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la contratación de Q52 mil millones en deuda pública forman parte de la Propuesta de ingresos y egresos para el 2026, presentada por el Ejecutivo.

En el tercer año de mandato de Arévalo, la iniciativa de Presupuesto incluye un incremento sustancial para el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), así como un aumento en la contratación de deuda pública.

El plan de gasto entrará en análisis en los próximos días, con los miembros de la Comisión de Finanzas del Congreso.

Llama la atención la asignación al Mides, que en tres años alcanzará un incremento acumulado de 187%, junto con la contratación de Q52 mil 702 millones en deuda pública.

En el 2024, esta última cartera inició con un presupuesto de Q1 mil 428 millones, que luego fue modificado con Q1 mil 104 millones, por lo que cerró con una ejecución de Q2 mil 538 millones. Para el 2025, el Congreso le asignó Q2 mil 779 millones, y para el 2026 se propone un aumento hasta Q4 mil cien millones.

De esa manera, durante la actual gestión de gobierno, el Mides registra un incremento de 187% entre 2024 y 2026, siempre que el Legislativo apruebe el plan de gasto.

En la parte de ingresos, otro hallazgo es el déficit fiscal de 3.3%, equivalente a Q33 mil 548 millones. De ese monto, se prevé cubrir Q27 mil 598 millones con bonos del Tesoro. En el 2025 se aprobaron y colocaron Q25 mil 104 millones.

Proponen aumento

El plan de gasto representa un incremento de 10.3% respecto del monto aprobado por el Congreso vigente para este ejercicio, que fue de Q148 mil 526 millones; sin embargo, el Presupuesto vigente es de Q154 mil 836 millones con las ampliaciones autorizadas.

La presentación del proyecto se efectuó un día antes de que expirase el plazo de entrega al Legislativo. Durante el fin de semana último, y en la conferencia semanal, el gobernante Arévalo salió a defender la propuesta luego de haberlo conocido en el pleno del Gabinete.

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Prioridades

En el Presupuesto de egresos, el Ministerio de Educación (Mineduc) contará con una asignación de Q26 mil 935 millones, monto superior en Q1 mil 406 millones al gasto vigente, que es de Q25 mil 529 millones, lo que representa un aumento de 5.5%. Parte de este incremento podría estar  asociado al ajuste salarial que recibirán los maestros en el 2026. Es la cartera con la mayor asignación presupuestaria entre las  del Estado.

Al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se le asignaron Q16 mil 537 millones, para el próximo año, Q1 mil 338 millones más que el Presupuesto vigente, que es de Q15 mil 199 millones; es decir, un alza de 8.8%.

La misma tendencia se observa en el Ministerio de Gobernación (Mingob), que tendrá Q9 mil 560 millones para el 2026, frente a los Q8 mil millones del Presupuesto actual. La variación es de Q1 mil 560 millones, equivalente a un incremento de 19.5%.

Para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) se destinaron Q7 mil 140 millones, Q508 millones menos que los Q7 mil 648 millones del Presupuesto vigente. No obstante, se asignaron Q2 mil 102.2 millones adicionales a la Dirección de Proyectos de Infraestructura Vial (Dipp).

Defiende proyecto

 Durante la presentación a los miembros de la Junta Directiva del Congreso, el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, indicó que el Presupuesto 2026 se incrementa en 5.8% respecto del gasto vigente, y que este aumento está asociado a las mejoras en la recaudación tributaria.

“El Congreso tiene en sus manos la deliberación de esta iniciativa y estaremos listos para participar en las conversaciones que la Comisión de Finanzas y otras comisiones puedan tener, para abordar este importante tema”, destacó. Según el funcionario, el proyecto contribuye a la sostenibilidad de las finanzas públicas, al crecimiento económico y a un mayor bienestar social.

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Presupuesto 2026: enfrenta tensiones políticas y clima preelectoral

Año preelectoral, elección de junta directiva, designación de magistraturas, además de una relación tensa entre los diputados de la Comisión de Finanzas y el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, marcan el ambiente de discusión del proyecto financiero estatal.

Urias Gamarro y Rosa María Bolaños

2 de septiembre de 2025

|

00:10h

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La discusión del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del 2026, por Q163 mil 783.4 millones, comienza con el pulso de varios acontecimientos políticos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La discusión del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del 2026, por Q163 mil 783.4 millones, comienza con el pulso de varios acontecimientos políticos en los que se navegará.

Se trata del tercer año de gobierno de la administración del presidente Bernardo Arévalo, así como de la preparación de los comicios generales del 2027. El presupuesto, aunque es un instrumento técnico-financiero formulado para atender las necesidades de la población, también tiene un componente político.

Junta directiva del Congreso definirá rumbo del presupuesto

Para el analista político independiente Douglas González, el gran desafío para que sea aprobado el plan de gasto son los resultados en obra física que puedan mostrarse antes de noviembre, al consultarle sobre la posible aprobación por parte de los diputados.

Además, explicó que en el Congreso de la República se observa una dinámica de estancamiento y de escasos consensos. “Del lado del Congreso, se percibe poco interés en renovar la confianza al Gobierno y se observa más una apuesta por fortalecer a las municipalidades, que son la base de apoyo electoral para los diputados distritales en un año preelectoral”, remarcó.

El 2026 también es un año con carga electoral, y según el analista, los movimientos en el Congreso deben leerse más allá del presupuesto.

A su juicio, la coalición política que logre el consenso para la junta directiva será la que imponga su criterio tanto en el proyecto de presupuesto 2026 como en su posible rechazo.

Además, vienen las elecciones de segundo grado el próximo año, como las de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Corte de Constitucionalidad y Contraloría General de Cuentas, así como designaciones en el Banco de Guatemala, la Superintendencia de Bancos y, de manera indirecta, en el Ministerio Público.

“Una lectura política más amplia del Gobierno es que los invitaría a generar consensos más amplios y evitar que se perciba este presupuesto como una plataforma electoral y clientelar para las elecciones del 2027”, puntualizó.

Comisión tendrá debate áspero por presupuesto

El diputado Orlando Blanco, miembro de la Comisión de Finanzas del Congreso, aseguró que existen tres condiciones que anticipan un ambiente de discusión amplio y sin armonía, en comparación con debates anteriores.

Explicó que en la Comisión prevalece un ambiente de resistencia, tanto por factores subjetivos como objetivos. Entre los primeros, señaló el disgusto e inconformidad por la ausencia del ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, en las últimas citaciones. Entre los segundos, mencionó la baja ejecución presupuestaria.

Blanco precisó que, hasta ayer, la ejecución del presupuesto era de 57% y que, tras ocho meses, en algunas entidades apenas superaba el 50%. También indicó que había fuerte subejecución en ministerios como Cultura, Agricultura, Comunicaciones y en los Consejos de Desarrollo Departamental (Codedes).

“A pesar de que el Gobierno, en el primer año, tuvo un presupuesto de más de Q134 mil millones, y este año tiene uno de más de Q154 mil millones, eso no se ha traducido en mejor educación, mejor salud, mejor seguridad ni mejor infraestructura”, apuntó.

Anticipó que habrá un clima muy áspero y rígido en la Comisión cuando se discuta el presupuesto.

Otra variable de debate será la de los ingresos y egresos. En los ingresos, subrayó, hay un déficit de más de Q33 mil millones, que será cubierto con deuda. “La estimación que tenemos es que, si se aprueba el presupuesto con el incremento de endeudamiento planteado, en los primeros tres años la herencia del Gobierno sería de más de Q68 mil millones”, dijo.

El legislador también resaltó el incremento en el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), cuando uno de los precandidatos presidenciales del partido oficial es el actual ministro Abelardo Pinto.

CIG cuestiona aumento del presupuesto del 2026

Enrique Font, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), expresó su preocupación por el incremento del presupuesto presentado para el 2026.

El monto de la propuesta, presentado este lunes por el Organismo Ejecutivo, asciende a Q163 mil 783 millones.

“Nos preocupa porque hemos visto el nivel de ejecución en inversión e infraestructura que tanto necesita el país, y vemos con inquietud que se incremente el gasto de funcionamiento y no el gasto en inversión en nueva infraestructura, que es lo que traerá mayor desarrollo al país”, expuso.

Respecto a los controles del gasto y la transparencia, así como de los Codedes, Font indicó que se busca establecer un observatorio que permita evaluar con mayor precisión la ejecución y la calidad del gasto público.

Consultado sobre si este observatorio debería ser estatal, privado o mixto, el presidente de la CIG consideró que valdría la pena impulsarlo en conjunto con el Cacif, para establecer un control privado del gasto, ya que el Gobierno cuenta con sus propios mecanismos de fiscalización.

Alertan que presupuesto 2026 podría subir a Q165 mil millones

El analista Jorge Lavarreda, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), declaró que la propuesta del 2026 es un monto importante y que, al igual que el gasto del 2025, incluye en su articulado una ampliación presupuestaria.

Citó que en el artículo 127 de la iniciativa se agregan Q2 mil millones adicionales al monto, y en el artículo 128 también se deja la posibilidad de una ampliación, pero no queda claro el monto, porque es solo para los préstamos en gestión y no se sabe cuánto se ampliará.

Eso puede significar que el monto total podría alcanzar hasta Q165 mil millones.

La otra parte es que hay un incremento significativo del déficit fiscal.

Presupuesto 2026: Educación, Salud y Gobernación concentran prioridad

El Gobierno planteó un presupuesto de ingresos y gastos por Q163 mil 783.4 millones, lo que representa un incremento de Q8 mil 947 millones con respecto al presupuesto vigente para el próximo año. La iniciativa entrará en discusión en el Congreso.

Urias Gamarro

1 de septiembre de 2025

|

16:53h

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El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos hace entrega del proyecto de Presupuesto 2026 al presidente del Congreso, Nery Ramos, junto a miembros de la Junta Directiva del Organismo Legislativo. (Foto Prensa Libre: Congreso de Guatemala)

El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) propuso un aumento en el gasto público para 2026, al establecer un presupuesto de Q163 mil 783.4 millones, estructurado para la ejecución del tercer año de mandato del presidente Bernardo Arévalo.

La propuesta fue presentada este 1 de septiembre, por el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, al presidente del Congreso, Nery Ramos, y a los miembros de la junta directiva, quienes tienen 90 días para su discusión, ya que el plazo para conocerlo vence el 30 de noviembre.

El contenido del proyecto incluye la distribución de las asignaciones financieras para los ministerios, los rubros destinados al pago de la deuda pública y las instituciones incluidas en Obligaciones a Cargo del Estado, así como las secretarías, en las cuales también se registra un incremento.

Para gastos de funcionamiento se programan Q113 mil 237.4 millones; para inversión, Q28 mil 716.1 millones; y para deuda pública, Q21 mil 829.1 millones.

Asimismo, se detalla cómo se financiará el proyecto estatal para su ejecución: se contempla la contratación de deuda interna y externa, así como el uso del saldo de caja. Por ello, se plantea un déficit fiscal de 3.3% para el 2026, según la versión final.

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¿Qué propone el gobierno?

El plan de gasto representa un incremento del 10.3% con respecto al monto aprobado por el Congreso vigente para este ejercicio que fue de Q148 mil 526 millones, sin embargo, el presupuesto vigente es de Q154 mil 836 millones con las ampliaciones autorizadas.

La presentación del proyecto se hizo un día antes que venciera el plazo de entrega al Legislativo y durante el pasado fin de semana y en la conferencia semanal el gobernante Arévalo salió a defender la propuesta luego de haberlo conocido en el pleno del Gabinete.

Educación lidera alza presupuestaria

En el presupuesto de egresos, el Ministerio de Educación (Mineduc) contará con una asignación de Q26 mil 935 millones, monto superior en Q1 mil 406 millones al gasto vigente, que es de Q25 mil 529 millones, lo que representa un aumento de 5.5%. Parte de este incremento estaría asociado al ajuste salarial que recibirán los maestros en el 2026. Es el ministerio con la mayor asignación presupuestaria entre las carteras del Estado.

Al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se le asignaron Q16 mil 537 millones para el próximo año, Q1 mil 338 millones más que el presupuesto vigente, que es de Q15 mil 199 millones; es decir, un alza de 8.8%.

La misma tendencia se observa en el Ministerio de Gobernación, que tendrá Q9 mil 560 millones para el 2026, frente a los Q8 mil millones del presupuesto actual. La variación es de Q1 mil 560 millones, equivalente a un incremento de 19.5%.

Para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) se destinaron Q7 mil 140 millones, Q508 millones menos que los Q7 mil 648 millones del presupuesto vigente. Sin embargo, se asignaron Q2 mil 102.2 millones adicionales a la Dirección de Proyectos de Infraestructura Vial (Dipp).

En el caso del Ministerio de la Defensa, se proyecta un presupuesto de Q4 mil 720 millones para el 2026, una cifra muy similar a los Q4 mil 863 millones actuales.

Una asignación que llama la atención es la del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), al que se le destinarán Q4 mil 100 millones, lo que implica un incremento de Q1 mil 321 millones sobre el monto vigente de Q2 mil 779 millones. El aumento equivale a 47.5%.

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Gobierno financiará gasto con bonos y préstamos

En la parte de ingresos, o sea de las fuentes financieras que contribuirán al gasto estatal, se proponen ingresos totales Q126 mil 851 millones y de los cuales los ingresos tributarios que recauda la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) a los contribuyentes de Q19 mil 762 millones.

El déficit fiscal será de 3.3% del producto interno bruto, por un monto de Q33 mil 548 millones, y de los cuales Q27 mil 598 millones bonos del Tesoro, unos Q2 mil 532 millones en préstamos y Q3 mil 417 millones en saldo de caja.  

Presupuesto 2026: Ministerio de Finanzas presentará proyecto por unos Q163 mil millones

El Ministerio de Finanzas presentará esta semana la propuesta final del presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el 2026, por un monto preliminar de Q163 mil millones.

Urias Gamarro

31 de agosto de 2025

|

06:00h

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El Ministerio de Finanzas presentará el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos 2026 esta semana. (Foto Prensa Libre: Cortesía CIV)

El Ministerio de Finanzas (Minfin) tiene plazo hasta el martes 2 de septiembre para entregar al Congreso de la República la iniciativa presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2026.

El monto preliminar del gasto público para el tercer año de gestión del presidente Bernardo Arévalo ronda los Q163 mil millones, según dio a conocer Walter Figueroa Chávez, viceministro de Finanzas encargado del área de Administración Financiera, luego de asistir a una citación en el Legislativo recientemente.

La versión final de la iniciativa y el desglose de cada asignación presupuestaria para el próximo ejercicio fiscal se darán a conocer esta semana, junto con la entrega del documento elaborado por la Dirección Técnica del Presupuesto (DTP).

El funcionario anticipó que aún se afinan los techos de las prioridades que los ministerios definieron para el uso de los recursos, pero adelantó que se está enfocando en sectores como salud, educación, seguridad, justicia, inversión social, entre otros.

El Congreso tiene hasta el domingo 30 de noviembre para conocer la iniciativa.

Gasto aumentaría

Según lo informado por el viceministro, la iniciativa contempla un aumento del 5.8% respecto del presupuesto vigente, que asciende a Q154 mil millones; es decir, serían Q9 mil millones más para el 2026, si el Congreso la aprueba.

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Entre los indicadores adelantados por Figueroa Chávez, se incluye una recaudación tributaria prevista de Q119 mil millones, conforme a lo planteado en la Comisión Técnica de Finanzas Públicas que lo conoció en mayo. También se prevé una solicitud de deuda bonificable por Q27 mil millones y la adquisición de préstamos con organismos internacionales por Q4 mil millones.

Esto significa que el Minfin continuará, por segundo año consecutivo, con una política sostenida de endeudamiento público a través de bonos, para cubrir el presupuesto.

En el 2025, el Congreso aprobó un tramo de deuda por Q25 mil millones, argumentando que se destinaría a inversión pública, especialmente en infraestructura vial.

Congreso alista análisis de presupuesto 2026

El diputado Julio Héctor Estrada Domínguez, presidente de la Comisión de Finanzas y Moneda —que tendrá a su cargo el análisis y posterior dictamen de la iniciativa de presupuesto— dio a conocer los procedimientos a seguir en la búsqueda de consensos.

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Iniciativa oficialista genera críticas por opacidad y riesgos en el gasto público

El legislador indicó que el proyecto generará debate con los distintos sectores, así como la celebración de audiencias públicas y la construcción de consensos dentro de la Comisión.

Por otro lado, durante una sesión celebrada el pasado 14 de agosto, los miembros de la Comisión cuestionaron la inasistencia del ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, lo que ha generado fricciones abiertas con el funcionario.

En esa ocasión, el diputado Orlando Blanco, de la bancada VOS, confirmó que la inasistencia reiterada del ministro Menkos genera un ambiente de “animadversión con la Comisión, y eso es peligroso”.

Presupuesto 2025: CC suspende cuatro artículos impugnados por el Cacif

Entre los artículos que quedaron suspendidos de manera provisional, por decisión unánime de la CC, se encuentra uno vinculado a la ampliación de fondos asignados a los Codedes.

Douglas Cuevas

30 de enero de 2025

|

11:28h

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La CC aceptó la inconstitucionalidad parcial al presupuesto nacional 2025. Fotografía: Prensa Libre: Hemeroteca

El presupuesto nacional para el 2025 deberá tener algunas modificaciones luego que la Corte de Constitucionalidad (CC) resolviera este jueves 30 de enero a favor una de las inconstitucionalidades que suspende, por ahora de manera provisional, cuatro artículos del proyecto de gastos del Estado.

La acción dada con lugar fue presentada por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), sector patronal que consideraba negativo para las finanzas del Estado la ejecución de algunos artículos relacionados al presupuesto aprobado por el Congreso.

En un primer momento la CC no declaró la suspensión provisional de una serie de inconstitucionalidades que atacaban la totalidad del presupuesto, pero en la acción legal del Cacif sí encontraron elementos que, a juicio de la Corte, ameritaban una suspensión provisional.

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La decisión fue tomada por los magistrados de la CC y la resolución deberá de ser enviada a las autoridades del Ejecutivo, incluido el Ministerio de Finanzas, para evitar alguna vulneración tras la suspensión de cuatro artículos del presupuesto.

Los artículos que ahora quedan suspendidos de manera provisional hasta que se tenga una resolución definitiva por la CC son los números 118, 130, 135 y 137 del Decreto 36-2024 del Congreso de la República.

Los detalles

Los cuatro artículos en cuestión fueron explicados por el Cacif al momento que formularon el escrito. Argumentos que fueron aceptados por la Corte al momento que discutió la suspensión provisional parcial al presupuesto nacional del 2025.

El artículo 118. “Ampliación al presupuesto general de ingresos y egresos”, por Q2 mil millones para ejecutar fondos provenientes de donaciones, prestamos, extinción de dominio e incluso para casos de calamidades que se decrete alguno de los supuestos de la ley de orden público.

1. El artículo 130. “Asignación para cubrir desfinanciamientos del Régimen de Clases Pasivas y Civiles del Estado” por los aumentos hechos en los decretos 17-2024 y 18-2024. Esto además de ser ilegal (porque no puede el ministerio ampliar por acuerdo gubernativo el presupuesto) es antitécnico, porque, esto ya debió contemplarse como gasto ordinario del Estado para este año y no como ampliación presupuestaria.
2. El artículo 135. “Ampliación a los Consejos Departamentales de Desarrollo”, establece que se podrá ampliar el Presupuesto 2025 hasta por los saldos por devengar de las asignaciones extraordinarias a favor de los Consejos Departamentales de Desarrollo, aprobadas mediante el artículo 12 del Decreto Número 17-2024 del Congreso de la República de Guatemala (ampliación del año pasado) y mediante el Artículo 130, “Asignación presupuestaria para apoyo de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición en el Decreto Número 54-2022. Nuevamente esto es ilegal porque no se puede hacer por acuerdo gubernativo y en este caso, la ampliación del 2024, si no se ejecutó así debe quedar; y si se comprometió algo, debió quedar provisionado y no ponerse como una ampliación para cubrir la ampliación anterior, según el Cacif.
3. El artículo 137. “Ampliación a la Ley Temporal de Desarrollo Integral”. Se amplía hasta por el monto de Q300 millones el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal vigente a favor del Ministerio de Desarrollo Social hasta por el monto necesario para cubrir los compromisos de los beneficiarios del Decreto Número 51-2022 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Temporal de Desarrollo Integral y sus reformas.

Además de esta inconstitucionalidad parcial, también está pendiente una acción similar que ingresó la semana pasada por la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam). Ellos cuestionan la asignación de fondos a las entidades ediles por medio de otra inconstitucionalidad parcial que no se ha discutido.

Quiénes son los 87 diputados que votaron a favor de tener un aumento de salario y quiénes se opusieron

Durante la jornada que se extendió hasta la madrugada del miércoles 27 de noviembre, los diputados incluyeron una enmienda a última hora para recetarse un aumento salarial.

Douglas Cuevas y Juan Manuel Fernández C.

27 de noviembre de 2024

|

11:48h

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Los diputados aprobaron el presupuesto del Organismo Legislativo, pero se recetaron un aumento salarial. (Foto Prensa Libre: Óscar Vásquez Mijangos)

Cerca de la medianoche del martes 26 de noviembre, el Congreso aprobó su presupuesto general para 2025, por Q1 mil 464 millones 605 mil 960. En la misma sesión, se presentó una enmienda para facultar a la Junta Directiva a readecuar recursos y aumentar los salarios de los diputados. Uno de los argumentos fue que estos no deben ser menores a los Q46 mil 700 mensuales que gana un magistrado de Sala, según algunos legisladores.

Actualmente, los diputados perciben Q29,150 mensuales antes de descuentos. La propuesta, presentada sin mayor discusión, fue aprobada por 87 votos y será implementada con base en la “distribución analítica” del presupuesto.

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Este es el orden de la votación, según el documento oficial del Congreso de la República, del 26 de noviembre de 2024 a las 23:31 horas:

Diputados que votaron a favor del aumento

1. Luis Fernando Aguirre Estrada, CABAL
2. Hellen Magaly Alexandrá Ajcip Canel, COMUNIDAD ELEFANTE
3. Manuel Geovany Alvarado Vásquez, VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
4. Manuel de Jesús Archila Cordón, CABAL
5. Jorge Estuardo Ayala Marroquín, PARTIDO VALOR
6. Gerson Geovanny Barragán Morales, PARTIDO POLÍTICO VISIÓN CON VALORES
7. León Felipe Barrera Villanueva, UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
8. Victor Vicente Bonilla González, PARTIDO POLÍTICO VISIÓN CON VALORES
9. Ernesto Bran Colindres, PARTIDO VALOR
10. Jorge Mario Cabrera Ordóñez, VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
11. Carlos Roberto Calderon Galvez, VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
12. Karla Betzaida Cardona Arreaga, UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
13. Obbed Ediberto Castañasa Mendizábal, PARTIDO POLÍTICO VISIÓN CON VALORES
14. José Inés Castillo Martínez, UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
15. Maynor Estuardo Castillo y Castillo, VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
16. Jorge Romeo Castro Delgado, PARTIDO POLÍTICO VISIÓN CON VALORES
17. Dámaris Carolina Cerna Acevedo, UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
18. Victor Hugo Cifuentes Delgado, UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
19. Gustavo Adolfo Cifuentes Navarro, TODOS
20. Randy Araely Coc Figueroa, VICTORIA
21. Luis Alberto Contreras Colíndres, COMPROMISO, RENOVACIÓN Y ORDEN
22. Gustavo Adolfo Crúz Montoya, PARTIDO POLÍTICO VISIÓN CON VALORES
23. César Roberto Dávila Córdova, BIENESTAR NACIONAL
24. Mynor Alfonso De la Rosa Palacios, VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
25. Greicy Domenica De León De León, VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
26. Nadia Lorena De León Torres, PARTIDO POLÍTICO NOSOTROS
27. Gerardín Ariel Díaz Mazariegos, PARTIDO VALOR
28. Jeovanni Omar Domínguez Orozco, PARTIDO POLÍTICO VISIÓN CON VALORES
29. Herman Otoniel Echeverría Casado, VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
30. Sergio Guillermo Enriquez Garzaro, UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
31. Kevyn Luis Carlo Escobar Castillo, CABAL
32. César Augusto Fión Morales, UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
33. José Luis Galindo de León, PARTIDO VALOR
34. Manrique Obel Gálvez De León, UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
35. José Arnulfo García Barrios, VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
36. Sofía Jeanetth Hernández Herrera, VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
37. Benjamin Ipiña Leiva, UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
38. Esduín Jerson Javier Javier, CAMBIO
39. Francisco Vitelio Lam Ruano, UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
40. Candido Fernando Leal Gómez, VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
41. Josué Edmundo Lemus Cifuentes, VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
42. Fidencio Lima Pop, PARTIDO POLÍTICO VISIÓN CON VALORES
43. Luis Javier López Bolaños, UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
44. Julio César López Escobar, CABAL
45. Carlos Enrique López Girón, PARTIDO VALOR
46. Carlos Enrique López Maldonado, CABAL
47. Darwin Alberto Lucas Paz, UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
48. Danilo Madrazo Mazariegos, TODOS
49. Vasny Adiel Maldonado Alonzo, UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
50. Ervin Adim Maldonado Molina, UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
51. Julio Daniel Marroquín Ordoñez, UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
52. Ricardo Leonel Martínez Alarcón, VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
53. Erick Geovany Martínez Hernández, VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
54. Joél Rubén Martínez Herrera, VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
55. Christian Joél Martínez Juárez, VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
56. Marco Aurelio Mejía Alfaro, UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
57. Maynor Gabriel Mejía Popol, VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
58. José Pablo Mendoza Franco, COMPROMISO, RENOVACIÓN Y ORDEN
59. Sandra Yanet Milian Gomez, VICTORIA
60. Martín Nicolás Segundo, UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
61. Sandra Carolina Orellana Cruz, VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
62. Rolando Miguel Ovalle Barrios, UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
63. Rodrigo Antonio Pellecer Rodríguez, COMUNIDAD ELEFANTE
64. Marco Alejandro Pérez Toribio, VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
65. Julio César Portillo Paz, CABAL
66. Vivian Beatriz Preciado Navarijo, INDEPENDIENTES
67. José Adolfo Quezada Valdéz, UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
68. Juán Ignacio Quijada Heredia, UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
69. Guillermo Antonio Ralda Conde, CABAL
70. Darwin Edgardo Ramírez Cameros, UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
71. Thelma Elizabeth Ramírez Retana, VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
72. Fidel Reyes Lee, BIENESTAR NACIONAL
73. Edgar Raúl Reyes Lee, VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
74. Juan Ramon Rivas García, VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
75. César Augusto Rodas Cardona, VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
76. Byron Bladimiro Rodríguez Palacios, TODOS
77. Carlos Napoleon Rojas Alarcón, VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
78. Oswaldo Rosales Polanco, VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
79. Faver Emilio Salazar Cordero, PARTIDO VALOR
80. Lucrecia Carola Samayoa Reyes, BIENESTAR NACIONAL
81. José Carlo Solano, VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
82. Marcos Eduardo Tebelán Pantzay, CABAL
83. Byron Leonidas Tejeda Marroquín, CABAL
84. Sabino Sebastián Velásquez Bámaca, BIENESTAR NACIONAL
85. Mario Velásquez Pérez, CABAL
86. Jorge Mario Villagrán Alvarez, PARTIDO AZUL
87. Marvin Adrián Zepeda Zepeda, TODOS

Diputados que votaron en contra del aumento de salario

1. Felipe Alejos Lorenzana, TODOS
2. Cristian Rodolfo Álvarez y Álvarez, COMPROMISO, RENOVACIÓN Y ORDEN
3. Sherol Ivanisse Arévalo Ávila, PARTIDO VALOR
4. Álvaro Enrique Arzú Escobar, PARTIDO UNIONISTA
5. Raúl Amílcar Barrera Robles, INDEPENDIENTES
6. Orlando Joaquín Blanco Lapola, VOLUNTAD, OPORTUNIDAD Y SOLIDARIDAD
7. Luis Antonio Cáceres Gamarro, INDEPENDIENTES
8. Manfredo Duvalier Castañón González, INDEPENDIENTES
9. Román Wilfredo Castellanos Caal, INDEPENDIENTES
10. Sergio Leonel Celis Navas, CABAL
11. José Alberto Chic Cardona, VOLUNTAD, OPORTUNIDAD Y SOLIDARIDAD
12. Bequer Neftalí Chocooj de la Cruz, CABAL
13. Gladis Carolina Cifuentes Barragán, VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
14. Guillermo Alberto Cifuentes Barragán, VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
15. Pablo Leonel Cifuentes Ovalle, CABAL
16. Oscar Rolando Corleto Rivera, UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
17. Raúl Arnulfo Cuá Tumin, INDEPENDIENTES
18. Edín Alexander De Jesús Mejía, PARTIDO POLÍTICO VISIÓN CON VALORES
19. Alberto Eduardo De León Benítez, CABAL
20. Lourdes Teresita De León Torres, UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
21. Julio Héctor Estrada Domínguez, CABAL
22. Jairo Joaquín Flores Divas, VOLUNTAD, OPORTUNIDAD Y SOLIDARIDAD
23. Mario Ernesto Gálvez Muñoz, UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
24. Cornelio Gonzalo García García, TODOS
25. Mirna Victoria Godoy Palala, INDEPENDIENTES
26. Julio Pedro Gómez Gómez, UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
27. Mercedes Cristabel Guardado Linares de Nájera, PARTIDO VALOR
28. Alma Luz Guerrero de la Cruz, INDEPENDIENTES
29. Sonia Marina Gutiérrez Raguay, COALICIÓN MOVIMIENTO POLÍTICO WINAQ – UNIDAD REVOLUCIONARIA NACIONAL GUATEMALTECA
30. Rolando Guzmán Figueroa, CABAL
31. David Mauricio Illescas Sandoval, INDEPENDIENTES
32. Sandra Erica Jovel Polanco, PARTIDO VALOR
33. Jaime Octavio Augusto Lucero Vásquez, VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
34. Ivanna María Luján Padilla, INDEPENDIENTES
35. Laura Fabiola Marroquín Cordón, INDEPENDIENTES
36. Ana Lucrecia Marroquín Godoy de Palomo, PARTIDO UNIONISTA
37. Duay Antoni Martínez Salazar, VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
38. Marleni Lineth Matías Santiago, UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
39. Brenda Marleny Mejía López, INDEPENDIENTES
40. Mercedes del Rosario Monzón Escobedo, INDEPENDIENTES
41. Evelyn Oddeth Morataya Marroquín, PARTIDO POLÍTICO VISIÓN CON VALORES
42. Elena Sofía Motta Kolleff, INDEPENDIENTES
43. Byron Alesky Obregón Castañeda, INDEPENDIENTES
44. Ronalth Ivan Ochaeta Aguilar, INDEPENDIENTES
45. Jairo Danilo Orellana Sandoval, CABAL
46. Elmer Josué Palencia Reyes, PARTIDO VALOR
47. Rudy Berner Pereira Delgado, INDEPENDIENTES
48. Samuel Andrés Pérez Álvarez, INDEPENDIENTES
49. José Orlando Pérez Marroquín, INDEPENDIENTES
50. Nery Abilio Ramos y Ramos, PARTIDO AZUL
51. Andrea María Reyes Zeceña, INDEPENDIENTES
52. Juan Carlos Rivera Estévez, VICTORIA
53. Mynor Francisco Rivera Salazar, UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
54. Nery Mamfredo Rodas Méndez, CABAL
55. Allan Estuardo Rodríguez Reyes, VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
56. Leopoldo Salazar Samayoa, VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
57. José Carlos Sanabria Arias, INDEPENDIENTES
58. Raúl Antonio Solórzano Quevedo, UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
59. José Diego Toledo Cruz, INDEPENDIENTES
60. Erick José Mario Tzún De León, VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
61. Luis Enrique Ventura Urbina, INDEPENDIENTES
62. Andrea Beatríz Villagrán Antón de Pantoja, INDEPENDIENTES
63. Olga Isabel Villalta Pereira, INDEPENDIENTES

Diputados ausentes

1. Sergio David Arana Roca, VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
2. Boris Roberto España Cáceres, VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
3. Nery René Mazariegos López, PARTIDO POLÍTICO VISIÓN CON VALORES
4. Ronald Yomelfy Portillo Cordón, VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE

Diputados con licencia

1. Héctor Adolfo Aldana Reyes, VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
2. César Augusto Amézquita Del Valle, PARTIDO POLÍTICO VISIÓN CON VALORES
3. Karina Alexandra Paz Rosales, VOLUNTAD, OPORTUNIDAD Y SOLIDARIDAD
4. Shirley Joanna Rivera Zaldaña, VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
5. Luis Alberto Rodríguez Reyes, VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
6. Victor Alfredo Valenzuela Argueta, VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE

Instituciones del sector justicia se quejan del presupuesto del 2025 y piden más recursos

El Ministerio Público, Organismo Judicial, Instituto Nacional de Ciencias Forenses e Instituto de la Defensa Pública Penal piden aumentar su presupuesto a los diputados al Congreso.

Rubén Lacán

22 de octubre de 2024

|

17:42h

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María Consuelo Porras, fiscal general del Ministerio Público, pide aumentar el presupuesto de la institución a Q4 mil 891 millones para el 2025. Fotografía: Prensa Libre (Esbin García)

La Comisión de Finanzas ayer escuchó a cuatro instituciones del sector justicia, en el marco de las audiencias públicas antes de dictaminar el presupuesto para el 2025.

El Ministerio Público, el Organismo Judicial, la Defensa Pública Penal y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), comparecieron ante los diputados. Todas pidieron más dinero del asignado en la propuesta del Ministerio de Finanzas.

“En el Organismo Judicial estamos preocupados”, expuso a los legisladores René Girón, magistrado titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), refiriéndose a la reducción del presupuesto de Q471 millones en el 2025. 

“El objetivo de Organismo Judicial (OJ) no es prestar un servicio es impartir justicia, eso no se puede encajonar, en un concepto administrativo”, recalcó el magistrado.  

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Las autoridades del OJ afirmaron que para mejorar la institución necesitan Q5 mil 150 millones. 

Para el MP

“Sin ánimos de pedirles mucho, solo dos laminas para el presupuesto”, dijo Consuelo Porras, jefa del Ministerio Público (MP), para solicitarle a los congresistas aumentar Q1 mil 91 millones al presupuesto planteado por la cartera de Finanzas.  

“Está orientado a cubrir gastos de funcionamiento e inversión institucional en las áreas fiscal, técnica y administrativa”, detalló Porras.

“El MP ha crecido tres veces de cómo se recibió en el año 2018, de ahí que se encuentra posicionado en el primer lugar de eficiencia a nivel del Sector Justicia”, argumentó la jefa del ente investigador. 

Quejas

Ingrid Romero Escribá, directora del Inacif, dijo que la justicia ha ido en una exigencia constante,  pero el dinero que intenta asignarle Finanzas no es suficiente.

En la propuesta de presupuesto se le asigna Q305 millones y Escribá se queja que no podrían abrir nuevas oficinas.

Según la funcionaria, se necesita por lo menos Q350 millones para operar con regularidad en el 2025.

“El dinero es para crear más especialidades, ampliar laboratorios y acercar el servicio a la población”, detalló la funcionaria.  

El Instituto de la Defensa Pública Penal dijo que necesitan Q500 millones para el próximo año, sin embargo, no profundizó en sus asignaciones porque se agotó el tiempo de la audiencia.

Finanzas les asignó para el próximo año Q325.4 millones.

Reacciones

Integrantes de la comisión criticaron al gobierno de proponer presupuestos más bajos que los requerimientos de las instituciones.

“Hoy vemos un ataque económico contra el sector justicia”, dijo el diputado Duay Martínez, durante la audiencia pública.

El diputado Álvaro Arzú Escobar, enfatizó que la bancada Unionista no aprueba el proyecto de presupuesto del Ejecutivo, ya que es improbable, poco técnico e irresponsable, porque permite el crecimiento de la deuda y déficit fiscal.

*Con información de Henry Montenegro*.

Concejales de Mixco y Villa Nueva reciben más de un salario mínimo por cada sesión

En dos alcaldías, de las más grandes del país, el gasto en dietas rebasa los Q4 millones en los primeros nueve meses de cada administración.

Fátima Najarro

19 de octubre de 2024

|

05:00h

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Las alcaldías de Neto Bran y Mynor Morales Zurita devengan más de Q3 mil por cada sesión de Concejo. (Foto Prensa Libre: redes sociales)

Los concejales y alcaldes devengan un monto por concepto de dietas por cada sesión en la que participan. En el caso de las municipalidades de Villa Nueva y Mixco, juntas han pagado más de Q10 millones en nueve meses de gestión en concepto de reuniones del Concejo, mientras sus municipios mantiene quejas recurrentes por falta de acceso al agua, infraestructura vial y ordenamiento del tránsito.

En el caso de Villa Nueva se han pagado Q6 millones 396 mil en dietas del Concejo, que está integrado por el alcalde, tres síndicos, 10 concejales y dos secretarios municipales. Por cada sesión cobran Q4 mil, jornadas que suelen durar entre una y dos horas. Cada mes, el Concejo sesiona hasta 11 veces.

Es decir que el alcalde, Mynor Morales Zurita, los concejales y síndicos reciben más del salario mínimo por una hora de sesión. De acuerdo con los reportes de información pública, la comuna villanovense desembolsa Q660 mil al mes en la remuneración para el Concejo.

La excepción fue en enero, cuando la municipalidad pagó Q1 millón 140 mil en dietas porque se pagó sesiones de la administración anterior. El grupo que acompañó la gestión de Javier Gramajo (2020-2024), cobró por los últimos 15 días de su gestión Q52 mil en concepto de dietas por sesiones de concejo.

En ese sentido, según los reportes públicos de la comuna, en el periodo de Gramajo las dietas variaban entre los Q52 mil hasta los Q980 mil mensuales, un tercio más de lo que ahora está desembolsando la nueva administración.

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El actual alcalde, Morales Zurita, defiende que la reducción de dietas se debe a que con el exalcalde Gramajo el concejo se reunía 22 veces al mes y una de los primeros cambios fue reducir el número de reuniones.

“Las sesiones del concejo se programan de acuerdo a la necesidad de los vecinos, ya que por orden jerárquico, el Concejo es la máxima autoridad para dar solución a muchos temas de vecinos”, comenta el jefe edil.

Además, señaló que los temas que se abordan son de infraestructura, educación y se recibe a vecinos quiénes elevan sus casos de deudas laborales por “malas decisiones” de las administraciones pasadas.

Es preciso resaltar que los concejales y síndicos no reciben salario, únicamente perciben las dietas por las sesiones. Además, en este caso, los secretarios municipales, reciben menos por las sesiones que los demás integrantes, aunque estos últimos sí reciben un salario nominal.

En Mixco

En la comuna de Mixco, hasta septiembre, se ha pagado Q4 millones 450 mil por dietas. Es el tercer periodo de Neto Bran y cada concejal recibe Q3 mil por sesión, la cual suele durar una hora.

Desde hace dos años las dietas aumentaron, confirmó un trabajador de la comuna. Antes, agregó, se pagaba Q1 mil 500 por cada sesión. Se trató de verificar el dato en los reportes de información pública, sin embargo la Municipalidad de Mixco no presentó los informes requeridos y tampoco están disponibles en la página web.

Según reconocieron algunos actuales concejales, se sesiona todos los días a las 17 horas, con excepción de los viernes que la sesión es a las 7 de la mañana. Muchas de las sesiones duran 15 minutos, aunque algunos concejales proponen algunos otros temas para extender la discusión al menos a media hora.

Las sesiones de los lunes, miércoles y viernes son ordinarias, mientras las de martes y jueves son extraordinarias y en estas sí se extienden un poco más de tiempo. El concejo lo integran el alcalde, 10 concejales, tres síndicos y el secretario municipal.

“Se reúnen tres veces por semana. Si es necesario y si son convocados, se hacen sesiones extraordinarias o extraoficiales. No obstante, también las sesiones podrían durar entre tres,  cuatro horas, dependiendo los temas a tratar de suma importancia en beneficio del municipio, sobre todo para beneficiar a nuestros vecinos mixqueños”, explicó el departamento de Comunicación Social de la comuna.

Agregaron que se conocen temas de ordenamiento territorial, control, fiscalización, reglamentos y solicitudes varias realizadas por los vecinos.

Abuso

Luis Linares, coordinador de asuntos laborales y municipales de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), dice que el cobro excesivo de dietas siempre ha existido en todas las municipalidades y es un “abuso y una ofensa” para la población.

“Es una ofensa, porque el 70 por ciento de los asalariados ganan el salario mínimo o menos, y los concejales con dos sesiones sacan el equivalente a un salario mínimo, y solo asisten dos horas o menos”, señala.

Por eso, dice Linares, “ocultan las actas de las sesiones, cuando uno las pide dicen que no se pueden mostrar porque hay cosas sensibles de los concejales, pero realmente es porque se evidencia que solo llegan a levantar la mano por asuntos sin trascendencia, solo es para justificar el pago de la dieta”, agregó Linares.

El analista dice que en otras ocasiones se han presentado iniciativas en el Congreso para reformar el código municipal y regular el pago de dietas, como ha sucedido en otros países, sin embargo, estás no avanzan en la Comisión de Asuntos Municipales por la misma influencia que tienen los jefes ediles.

“El abuso se comete en todas las municipalidades, hasta en las más pequeñas. Las municipalidades que tiene más fondos son las que más abusan de ese pago”, puntualizó.

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Viceministro de ambiente afirma que aparatos son necesarios porque no tienen capacidad para efectuar análisis, aunque reconoce que no existe una regulación completa para emitir sanciones.

José Manuel Patzán

17 de octubre de 2024

|

05:00h

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Guatemala figura dentro de los países con más contaminación en el aire, según informes internacionales.(Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), autorizó cinco adjudicaciones este año por un total de Q1.5 millones para la compra de estaciones meteorológicas destinadas a monitorear el ruido y la calidad del aire. Sin embargo, se desconoce en qué se emplean específicamente los resultados obtenidos.

De acuerdo con el portal Guatecompras, se adjudicaron Q235 mil 680 para la adquisición de dos estaciones meteorológicas que, según se indica, serán utilizadas en el Laboratorio de Análisis y Calidad Atmosférica y Audial del Marn, con el fin de monitorear el ruido. Además, se destinarán Q235 mil para la compra de un muestreador de partículas de aire ambiental.

El 14 de agosto, el Marn adjudicó Q89 mil 980 por una consultoría en la gestión de la calidad del aire, solicitado por el Laboratorio de Análisis y Calidad Atmosférica y Audial de esa dependencia. Además, se firmó un contrato para obtener tres anemómetros —instrumento utilizado para medir la velocidad y dirección del viento— por un total de Q59 mil 250.

Aunque son concursos competitivos, la empresa beneficiada con los cinco contratos es Seguridad, Medio Ambiente y Tecnología, la que más le ha vendido este año al Marn. En 2023, solo obtuvo un contrato con esa dependencia por Q89 mil 750 por la venta de una estación meteorológica y un selector de frecuencia para el monitoreo del ruido.

Según los expertos, estos equipos permiten obtener controles y conocer los puntos en los que se concentra la mayor cantidad de contaminantes en el aire, con la finalidad de crear estrategias y disminuir las emisiones dañinas.

Postura

Edwin Castellanos, viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático reconoce que dicha unidad para analizar la calidad del aire y el ruido no tiene la capacidad técnica para generar resultados, debido a que no cuenta con los equipos necesarios, y espera que con los equipos adquiridos se puedan desarrollar mejores estudios para que se puedan tomar decisiones y evitar más daño al entorno.

A pesar de que se contará los equipos necesarios, el funcionario recalcó que no se cuenta con una regulación para saber cuales son los niveles permitidos, tanto de calidad de aire como de ruido, por lo que trabajan en un proyecto para proponer una legislación, principalmente para emitir sanciones a quién no respete las normativas.

“El ministerio ha tenido poca capacidad tecnica y legal para accionar. Los apartos que se compraron están en proceso de venir, para que en la epoca seca donde se originan los incendios forestales se puedan hacer mediciones”, refirió.

En el tema de la consultoría dijo que reciben asesoría de dos expertos mexicanos, puesto que ellos han manejado sistemas avanzados y saben donde instalar los aparatos. Castellanos afirmó que estas estaciones metereológicas son las primeras de varias que se adquirirán.

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Préstamo

En febrero de 2022, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala donó un sensor para la medición de la calidad del aire.

Las anteriores autoridades del Marn dijeron que con el sensor otorgado por el gobierno estadounidense se facilitaría la forma para identificar partículas en el ambiente, y fortalecer el trabajo de los técnicos del Laboratorio de Análisis de Calidad Atmosférica y Audial del Marn.

Se indicó en esa oportunidad que el dispositivo es un préstamo por tiempo indefinido de la empresa 2B Technologies, industria dedicada al desarrollo de instrumentos analíticos para mediciones atmosféricas y ambientales. Sin embargo, el viceministro Castellanos dijo que el aparato tuvo fallas y está en proceso de reparación.

Según información del Marn, el Laboratorio de Análisis y Calidad Atmosférica y Audial es una unidad que se estableció para poder desarrollar líneas de investigación referentes al comportamiento y situación actual de la calidad de aire y ruido en Guatemala.

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Guatemala se encuentra ante un panorama alarmante debido a la contaminación por el aire. Actualmente, la calidad del aire de la ciudad de Guatemala posee concentraciones de partículas contaminantes 24.2 veces superiores a lo que se considera aceptable por la Organización Mundial para la Salud (OMS), lo cual indica que se encuentra en categoría perjudicial.

Guatemala es el país con el aire más contaminado de Centroamérica y el décimo sexto del mundo (16), según un informe que recoge estudios nacionales e internacionales, publicado por el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac), en junio último.

De acuerdo al informe, en 2023, la empresa IQAir, junto con Greenpeace, elaboraron un ranking y determinaron que Perú, Chile, México, Guatemala y Colombia eran los países más contaminados de Latinoamérica debido a que la concentración de contaminación en el aire supera entre tres y cinco veces las directrices aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“La contaminación atmosférica por partículas finas (PM2.5) acorta la esperanza de vida del guatemalteco medio en 2.4 años”, refiere el estudio.

Municipio más contaminado

Por la misma contaminación, según el informe, se acorta la esperanza de vida en 4.4 años en Mixco, “el municipio con mayor contaminación en Guatemala, debido a que respiran un aire 10 veces más contaminado de lo que recomienda la OMS”.

La IQAir determinó que las emisiones de los vehículos son las principales causas de la mala calidad el aire en Guatemala, Bolivia y Perú, y el aire que se respira es similar al de otros grandes focos de contaminación del mundo como Pune, la séptima ciudad más poblada de la India y Harbin, una ciudad industrial en China.

El impacto de la contaminación en el aire, según cita en el documento, es igual al del tabaquismo, al consumo de alcohol o del agua contaminada. La IQAir determinó que los países latinoamericanos carecen de información totalmente abierta sobre la calidad de aire y es uno de los factores que influyen en que la población desconozca del problema.

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Autoridades anuncian que en los próximos días reubicarán a los reos en una cárcel con mayores controles de seguridad y tecnología avanzada para combatir las extorsiones.

José Manuel Patzán

16 de octubre de 2024

|

05:00h

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La madruga del 2 de junio fue desocupada la cárcel de El Infiernito, ubicada en Escuintla.(Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Ministerio de Gobernación (Mingob), ha destinado Q590 mil 380 para el remozamiento de la granja penal Canadá, conocida como el Infiernito, en Escuintla. Este penal albergará a reos que, desde junio último fueron reubicados temporalmente en diferentes cárceles, con la promesa de las autoridades de reforzar los controles de ese centro penitenciario y retomar el control.

El 2 de junio la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público desocuparon dicha cárcel donde permanecían 225 pandilleros del Barrio 18 y los trasladaron a las cárceles de la Granja de Rehabilitación Penal, Pavón y Pavoncito, ambas en Fraijanes, y al Preventivo para Hombres de la zona 18. Este movimiento buscó frenar las extorsiones que se hacían desde ese penal, así como localizar armas y drogas.

De acuerdo con el portal electrónico Guatecompras, el Mingob ha invertido Q590 mil 380 en las remodelaciones de esa cárcel. La adjudicación más reciente se hizo el 10 de octubre pasado por Q64 mil, con la cual se benefició a la empresa Médicos, Vida y Cirugía, S.A., por la compra de ocho camas hospitalarias destinadas a la atención médica de los reos. Para los trabajos de readecuación también se adquirieron 266 planchas de fibrocemento por Q60 mil, así como pisos y azulejos por Q180 mil 224.

El lunes último, al concluir una citación con diputados en el Congreso, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, dijo que este martes 15 de septiembre se tenía estipulada la entrega de el Infiernito con los trabajos concluidos de remodelación, aunque evitó dar detalles sobre qué tipo de reos serán trasladados a ese centro por motivos de seguridad.

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El operativo

Durante las requisas en el Infiernito se encontraron varios animales exóticos, como caimanes, mapaches y cabras, los cuales fueron entregados al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap). Además se confiscaron Q184 mil 500 en efectivo, 70 teléfonos móviles, armas de fuego y punzocortantes, todo estaba oculto en el doble fondo de paredes. Para detectar estos objetos se utilizaron escáneres de rayos X.

Los fiscales comprobaron que la cárcel tenía servicio de internet a través de fibra óptica, por lo que no funcionaban los bloqueadores de señal de celular.

Con la remodelación de la cárcel se busca eliminar el acceso de los reos a la energía eléctrica para evitar que ingresen aparatos de entretenimiento. También se evalúa si todos los reos que estaban en esa cárcel serán retornados o si se incluirán otros de perfil peligroso que actualmente permanecen en otros centros penitenciarios.

El proyecto de remodelación incluye reforzar las paredes, demoler una piscina —anteriormente usada como granja para animales— y desmantelar una bartolina empleada por los mismos reos para castigar a sus compañeros.

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Compras por remozamiento de el Infiernito

• 8 camas hospitalarias, Q64 mil .
• 50 detectores de metales,Q37 mil 500.
• 800 bolsas de 50 Kgs. de concreto premezclado,Q64 mil.
• Planchas de fibrocemento para ser instaladas,Q60 mil 116.
• 177 cajas de azulejos, Q56 mil 640.
• 266 cajas de azulejos de 60×120 cms,Q59 mil 584.
• Electromalla para colocar en perímetro, Q60 mil 750.
• 500 aislantes térmicos para tuberías de cobre, Q63 mil 900.
• 3,200 pisos antideslizante, Q64 mil.
• 113 rollos de 100 metros de cable paralelo, Q59 mil 890.

Carreteras, empleo y salud: Cómo le puede afectar que el país tenga cifras desactualizadas

Analistas ven con preocupación que los datos de diversas instituciones en Guatemala, además de que están desactualizados, se centran en medir cobertura antes que el impacto de la gestión pública, lo que podría resultar en proyectos ineficaces para los próximos años.

Ximena Fernández

4 de octubre de 2024

|

06:00h

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Tener al día los datos de la red vial de Guatemala influye sobre la construcción de nuevas vías y el mantenimiento. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Cuando se hizo público el dato 2023 sobre la Red Vial del país en agosto, ya se había elaborado el presupuesto. “Lo más preocupante es que no se tiene una medición anual y recurrente sobre la condición del pavimento (PCI: Índice de Condición del Pavimento), lo cual complica el saber dónde hay que hacer mantenimiento y la dimensión de las intervenciones que hay que realizar” menciona Jorge Benavides, analista económico de Fundesa, donde da un primer ejemplo de indicadores cuya periodicidad pueden afectar la vida de la población.

Aunque existen algunos datos estadísticos actualizados para temas como salud, educación y seguridad, estos solo muestran resultados de la gestión, pero analistas de tanques de pensamiento señalan preocupación de que el estado carezca de medidas a largo plazo sobre el impacto que se ha tenido a partir de esta gestión.

“Para tener datos como pobreza y desigualdad pasaron 10 años antes de ser actualizados. Y, aunque fueron presentados los nuevos resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2023, estos dos puntos no fueron tomados en cuenta para el presupuesto”, continúa Benavides. Asimismo, Paul Boteo, director ejecutivo de la fundación Libertad y Desarrollo, expresa que en Guatemala nunca ha habido medidores de impacto.

“Seamos honestos, en Guatemala no hay evaluaciones de impacto”, criticó Abelardo Pinto, ministro del Ministerio de Desarrollo (Mides), quien explicó que desde el Mides no cuentan con estudios que les permitan ver las fallas de sus programas. Pinto aseguró que los datos específicos para realizar las proyecciones del presupuesto 2025 sí se encuentran actualizados, más estarán en un rediseño de información para obtener los datos, por lo cual, se comenzarán a recopilar durante los próximos años.

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Datos actualizados, pero sin impacto

Para la elaboración del presupuesto, se necesitan datos actualizados de cada ministerio que nutran las proyecciones financieras de este. Según Cristian Cabrera, subgerente técnico del INE, los datos dentro de su sistema —los cuales son recopilados desde los diversos ministerios— se encuentran actualizados hasta el 2023. No obstante, según indicó Benavides, los datos que debe proporcionar cada institución no miden el impacto de la gestión pública de las diversas entidades, lo cual podría generar proyectos poco exitosos para los próximos años. 

Boteo explicó que no son necesarios solo datos estadísticos. Según el director ejecutivo, es necesario contar con un parámetro de medición que indique si los programas sociales están mejorando los puntos clave del país. “Estamos manejando a ciegas”, aseguró Boteo, quien agregó que es necesario una evaluación constante lo cual, según Boteo, a ningún gobierno le ha interesado en desarrollar uno.

Cada unidad ejecutora, explicó, debe preparar sus presupuestos a partir del mes de marzo de cada año. Estos se trabajan a partir de supuestos e indicadores que deben corresponder al año anterior al que se está ejecutando, por lo cual, para el presupuesto 2025, son necesarios los datos de 2023.

Benavides enlistó datos de pobreza y desigualdad, para los cuales, aseguró, pasaron 10 años antes de ser actualizados. Y, aunque fueron presentados los nuevos resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2023, estos dos puntos no fueron tomados en cuenta para el presupuesto. “Lo más importante, es incierto cuándo habrá una actualización para saber si las acciones del Gobierno impactarán o no en reducir la pobreza y la desigualdad”, expresó Benavides.

Añade que desde 2015 no se tiene una actualización de la Tasa de Desnutrición Crónica en niños y niñas menores de 5 años. “Es necesario realizar una versión actualizada de la Encuesta de Salud Materno-Infantil. Este instrumento debe levantarse al menos cada 5 años, lo que permite evaluar la efectividad de las políticas públicas en la cohorte de niños entre 0 y 5 años, quienes son el grupo efectivo para evitar la desnutrición” sugiere.

“En este gobierno, uno esperaría que se pueda desarrollar un sistema de evaluación”, argumentó Boteo, quien indicó que el reto sería comenzar de cero. La elaboración de los programas sería de uno a dos años, según el director ejecutivo, y ponerlos en marcha, sería al final de este periodo de gobierno.

Medición de desnutrición 

Benavides advirtió de que la última medición de Desnutrición Crónica se realizó hace aproximadamente 9 años. Lo cual, según el analista de Fundesa, es necesario realizarse al menos cada cinco años y de esta manera, facilitar la evaluación de efectividad de las políticas públicas de salud.

Según Marlon Figueroa, asistente técnico de administración de la dirección de redes integradas del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), para el Programa de Prevención de Desnutrición Crónica se necesitan actualizados los datos de población de nativos vivos.

Figueroa indicó que para temas de desnutrición sí se utilizan datos de la jornada del 2015, no obstante, esta se utiliza para levantar los objetivos del gobierno. Figueroa enfatizó que para el programa de desnutrición crónica no se necesitan datos actualizados, puesto que es solamente la prevención de este problema. 

Cabrera señaló que para el tema de desnutrición, se utilizan también los datos de morbilidad extendidos por los centros de salud. “Si un caso de desnutrición nunca llega a un puesto de salud, nunca va a ser registrado”, detalló Cabrera, quien argumentó que ese es uno de los problemas al recopilar los datos de esa manera.  

En el caso de mortalidad, Cabrera indicó que se obtienen los datos de desnutrición a partir de un certificado de defunción emitido por cada médico, para los cuales, se tienen datos hasta el 2022 y será en octubre de este año que saldrán los datos correspondientes del 2023. Estos certificados, expresó Cabrera, son registrados por el Renap y luego enviados al INE para determinar los datos por cada causa de muerte.

Cobertura de educación

Dentro del ámbito educativo, Cabrera indicó que se han recopilado los datos de educación formal, los cuales son conformados por la cantidad de personas inscritas y cantidad de personas graduadas de cada nivel. A partir de esto, el subdirector técnico del INE señaló que se realizan las tasas netas y brutas de la escolaridad.

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Donaldo Carías, viceministro Administrativo del Ministerio de Educación (Mineduc), expresó que se buscan Q25 mil 649 millones para el presupuesto del presente año fiscal, y que, de este monto, el 68% se destina a los salarios de los docentes y empleados administrativos. Además de esto, cuentan con cinco programas de apoyo para los estudiantes para los cuales también se requieren fondos.

Estos cinco programas se basan en los datos de cantidad de matriculados en escuelas públicas durante el año, los cuales están actualizados hasta el 2024. Asimismo, Carías aseguró que sí cuentan con niveles de medición para evaluar el impacto de estos programas de apoyo, los cuales denominó como índices de eficiencia interna. El viceministro del Mineduc mencionó que las tasas de cobertura miden si los programas están funcionando como deberían.

Impacto para el empleo

Según el subgerente técnico del INE, en materia de trabajo, se publicaron los indicadores de comportamiento de ocupación, para los cuales se tiene datos hasta el 2023. Además de esto, Caberera mencionó la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), la cual, según Cabrera, se mantiene con datos estables en el tiempo.  Del mismo modo, Cabrera advirtió que el Ministerio de Trabajo (Mintrab), a través de sus registros, emitió los reportes del empleador, los cuales determinan las características de las empresas formales y cuántas personas se contratan por cada una de estas empresas. 

A esto, Benavides indicó que, si bien se incluyó un módulo de la Encovi, es necesario que se tengan entre tres a cuatro versiones anuales de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos, puesto que esta es la base para el impacto en la inserción laboral y salarios. Benavides explicó que, aunque en abril del 2023 se anunció el lanzamiento de esta encuesta, de manera continua, todavía no existe información publicada

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Cabrera argumentó que, a partir de octubre, se realizarán encuestas de empleo cada tres meses, por lo que los indicadores dejarán de ser anuales y comenzarán a ser trimestrales.

¿Resultados poco exitosos?

Según el subgerente técnico del INE, desde la institución no saben cuáles son los datos exactos que se recopilan desde sus bases de datos para realizar las proyecciones del presupuesto del siguiente año. Esto debido a que todos los datos que ellos trabajan se encuentran en la web. “Vienen solicitudes específicas”, expresó Cabrera, quien recalcó que dentro de estas peticiones, no se especifica para qué se necesitan los datos solicitados. A pesar de esto, Cabrera puntualizó que los datos se encuentran al día, y que estos no suelen cambiar significativamente con el tiempo.

Benavides expresó que, al planificar el presupuesto con datos desactualizados, no se obtendrán los resultados que se esperan a partir de las acciones que se plantean, puesto que no se puede validar si estas han sido efectivas en el pasado. “En caso de no haber sido efectivas esas acciones, al no tener mediciones de impacto actualizadas, se incrementa la probabilidad de no hacer correcciones a tiempo”, enfatizó Benavides, quien agregó que, debido a esto, la ejecución de proyectos y programas podría no ser exitosa al no realizar las mejoras necesarias. 

“Seamos honestos, en Guatemala no hay evaluaciones de impacto”, criticó Abelardo Pinto, ministro del Ministerio de Desarrollo (Mides), quien explicó que desde el Mides no cuentan con estudios que les permitan ver las fallas de sus programas. Pinto aseguró que los datos específicos para realizar las proyecciones del presupuesto 2025 sí se encuentran actualizadas, más estarán en un rediseño de información para obtener los datos, por lo cual, se comenzarán a recopilar durante los próximos años.

Siete programas nuevos destacan en el proyecto de presupuesto 2025

El primer proyecto de presupuesto se eleva hasta los Q148 mil millones.

Fátima Najarro

27 de septiembre de 2024

|

05:00h

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Bernardo Arevalo, presidente de Guatemala, en conferencia de prensa donde hacen presentaci—n del presupuesto 2025 en las formas como se dividir‡ tanto en salud como educaci—n Fotograf’a Erick Avila 02/09/2024

El pasado 2 de septiembre el Gobierno entregó al Congreso de la República su primer proyecto de presupuesto, por un monto de Q148 mil 500 millones. En el documento se prioriza al menos siete programas, que van de la mano del plan de gobierno de Bernardo Arévalo.

El monto que recomienda para las instituciones que ejecutarán estos rubros superan los Q4 mil millones. Los programas, subprogramas y proyectos están divididos en cuatro áreas: infraestructura, economía, salud y bienestar social.

Infraestructura

Dentro de los nuevos rubros incluidos en el presupuesto están los proyectos de infraestructura y movilidad. Son Q1 mil 700 millones que estarán a cargo de Obligaciones a cargo del Tesoro para previsión del circuito metropolitano del Metro.

En el artículo 120 del proyecto de presupuesto se establece que los fondos podrán ser usados para las actividades necesarias que se requieran, ya sea de pre-inversión o inversión en el circuito metropolitano.

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Serán ejecutados por las entidades responsables que se determinarán en el acuerdo gubernativo respectivo. Aunque el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), indicó que será la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura (Anadie) quien lo administrará.

El Metro es uno de los puntos de mayor interés del presidente Arévalo desde que asumió. La construcción se desarrollará por fases; la primera consiste en 11.2 kilómetros con 11 estaciones que recorrerá desde Villa Nueva hasta el Centro Cívico, en la zona 1.

Este proyecto se trabaja en cooperación con la Municipalidad de Guatemala, porque implica diferentes pasos a desnivel y puentes en su ruta.

También se ejecutará un Fondo para la Vivienda, a través del Crédito Hipotecario Nacional. La accesibilidad es otro de los temas que ha resaltado el mandatario.

En esta área también se incluyen proyectos para el Desarrollo de la Infraestructura Vial Terciaria, con un incremento de Q210 millones, congruente con las prioridades que menciona Arévalo en el plan de gobierno de Movimiento Semilla.

La cartera del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), contempla el rubro de Dotaciones, Servicios e Infraestructura para el Desarrollo Social, y sugiere un incremento de Q698 millones. En este se contemplan aspectos como la concesión de materiales de construcción para escuelas, mobiliario, servicio de mantenimiento, ampliaciones y mejoramiento de los establecimientos.

Además en ese rubro se encuentra la asignación para sistemas de agua potable y saneamiento, construcción de pozos, plantas de tratamiento. Así como los materiales para la construcción de viviendas.

En general, se incluyen los servicios e infraestructura para el desarrollo comunitario y productivo. Cabe resaltar que los proyectos de obras viales dentro de este programa se les redujo el presupuesto.

Económico

Otro rubro que se crea es el Fondo de Innovación Tecnológica, en el artículo 118, que será administrado por el viceministerio de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme) de la cartera de Economía. El monto es de Q300 millones y tendrá el objetivo de financiar proyectos productivos que permitan el fomento, la innovación y transición tecnológica.

Se deberá elaborar un reglamento específico para su implementación, y los fondos se otorgarán por medio del CHN a tasas preferenciales.

Además, en el subprograma Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa se solicitan Q425 millones —un incremento de Q395 millones con respecto al presupuesto del año en curso—. Se solicitó una postura a la cartera sobre este tema, pero no respondieron.

Salud

El presupuesto incluye Q6.1 millones que corresponden a la atención de enfermedades crónicas no transmisibles y cáncer. Los cuales se reparten entre la promoción, diagnóstico prevención y tratamiento oncológico; y de las enfermedades crónicas degenerativas. Este año se aprobó la Ley para la Atención Integral de Cáncer que, entre otras cosas, contempla la creación de un hospital especializado para tratar a las personas con el padecimiento.

El ministro de Salud, Joaquín Barnoya, explicó que se trabajará en la detección temprana de la enfermedad, vacunas, pruebas de tamizaje, capacitación de personal e incluso la creación del registro poblacional de cáncer. Dijo que se quiere reforzar los niveles de atención con un modelo más horizontal.

“Al ministerio se le ha visto tradicionalmente solo como un proveedor de salud, y ahora queremos reenfocar para que también se mire enfocado en la salud de la población”, señaló.

Para el programa de Salud Escolar, que ahora es administrado por la cartera de Salud, se solicitan Q82 millones, que es para la atención de servicios de salud para la población estudiantil del sector público.

“El programa de salud escolar es básicamente atención primaria (…) se les da prioridad a los niños y que la escuela sea el lugar donde el niño pueda acceder al programa. Y ahí incluye también inmunizaciones, desparasitación, control de dengue, etcétera”, detalló.

Social

El artículo 121 hace referencia a la Ley Temporal de Desarrollo Integral y amplía el presupuesto “hasta por el monto necesario para cubrir los compromisos de los beneficiarios”. Los recursos se obtendrán con las fuentes de financiamiento que se ubiquen en función de disponibilidad.

Sin embargo, dentro del subprograma respectivo que va dirigido al pago de los exmilitares, el Mides sugiere Q812 millones para dichas transferencias.

Por otro lado, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) recomienda duplicar el presupuesto del programa Acceso y Disponibilidad Alimentaria, para el año que viene solicitan Q1 mil 200 millones para la existencia, dotación del bien, promoción de la agricultura, fomento de huertos y agricultura familiar para el fomento de la economía campesina.

Se considera un Fondo Nacional para el Cambio Climático de Q50 millones para planes y proyectos de gestión de riesgo, reducción de la vulnerabilidad, adaptación forzosa y mitigación obligada. Las acciones deben ser aprobadas por el Consejo Nacional y el monto se asigna al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de manera temporal. Es decir que, si los recursos no se requieren, no pueden ser reasignados.

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José Manuel Patzán

25 de septiembre de 2024

|

05:00h

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