Según la investigación, Menéndez Martínez fue contratado en 2013 por los Huistas, cuando Juan Bautista Rozotto López, alias Juancho, fue interceptado por la policía con Q600 mil en efectivo.

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La fiscalía presentó sesiones de interceptaciones telefónicas del celular de Obden Montejo, alias Fox, uno de los coordinadores de los Huistas, como indicios de una actividad criminal.

En dichas llamadas, Montejo hace referencia a que el dinero que le fue encontrado a Rozotto estaba en quetzales llamándolo National Geographic o pañales nacionales.

“Eso fue puro National Geographic, sino no te sirve decir”, dijo en relación a que sería más complicado justificar el origen de sumas fuerte de dinero en dólares, según la interpretación de la Fiscalía.

Capturado en audiencia

El abogado fue capturado el pasado 5 de Noviembre mientras esperaba a que iniciara la audiencia de primera declaración en contra de los otros seis miembros de la estructura que buscaban impunidad para Rozotto López.

El abogado aseguró el día 18 de octubre tramitó sus antecedentes policiacos  y no le aparecía orden de captura vigente, a pesar que el documento de la Policía Nacional Civil (PNC) indicaba que la orden se giró el 15 de octubre.

El caso

La captura sucedió el 8 de septiembre del 2013 en una gasolinera en Santa Ana Huista, Huehuetenango, cuando trasladaba Q600 mil en efectivo. El informe de la Policía Nacional Civil (PNC) detalló que estaban ocultos bajo el compartimento en un automóvil.

En el juzgado de la localidad fue procesado Rozotto López por lavado de dinero y otros activos. Después, el caso fue cerrado debido a las acciones ilegales de la estructura criminal que presentó prueba falsa de descargo.

“La investigación permitió la identificar las acciones para garantizar la liberación de Juan Bautista Rozotto López, a través de la presentación de documentos que permitiera acreditar falsamente la legalidad del dinero”, informó el MP y la Cicig.

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Durante la segunda jornada de audiencia de primera declaración en contra del empresario de la construcción detenido por el caso Cooptación del Estado, la Fiscalía reprodujo la declaración en anticipo de prueba de Monzón, colaborador eficaz y quien goza de libertad.

Monzón señaló que, durante la campaña electoral de 2011, el empresario le dio a Baldetti un listado de “negocios” en los que estaba interesado.

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Según la investigación Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), Topsa, empresa vinculadas con Osoy, facturó Q11 millones 565 mil 970 en servicios que nunca se prestaron, pero sirvieron para pagos y gastos de campaña.

La fiscalía señaló que la empresa luego fue beneficiada con obras de infraestructura durante el gobierno de Otto Pérez (2012-2015). Recibió contratos por más de Q324 millones, según Guatecompras.

Además, Osoy utilizó varias entidades para emitir facturas por servicios ilegales o inexistentes por un valor de Q5.2 millones a la Terminal de Contenedores Quetzal, S. A., (TCQ) pero que, según la pesquisa, sobornó a sindicalistas a fin de que TCQ consiguiera el contrato de usufructo.

Seguridad de Baldetti

Juan Carlos Monzón contó que convenció a Osoy para que proveyera seguridad durante la campaña electoral de 2011 a Roxana Baldetti. El empresario había cumplido por un tiempo, pero le dijo a Monzón que los gastos ascendían a Q75 mil al mes.

“Él -Osoy- me dijo que los costos eran muy elevados y que ya no lo podía pagar, por lo que me propuso que Miguel Ángel Martínez Solís –exsubsecretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS)– y yo pagáramos Q25 mil cada uno y el completaba el resto. Nos dijo que nos iba a devolver todo cuando ya se le diera algún contrato del Estado”, dijo Monzón.
 
Raúl Osoy Penados fue imputado por la Fiscalía por los delitos de financiamiento ilícito y lavado de dinero ante Israel Zelada, juez suplente de Mayor Riesgo B, quien tiene pendiente la resolución de primera declaración.

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Los magistrados sentenciaron a López a 30 años por delitos contra deberes de humanidad y a 30 años por cada una de las 171 personas asesinadas en el parcelamiento Dos Erres, La Libertad, Petén, en 1982. En total el exmilitar deberá purgar 5 mil 160 años de prisión.

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El caso

El tribunal comprobó que el operativo militar desarrollado en Dos Erres consistía en la recuperación de armamento robado por guerrilleros al Ejército durante un enfrentamiento.

Los kaibiles ingresaron al lugar durante la noche del 6 de diciembre. Testimonios de sobrevivientes señalan que los elementos castrenses irrumpieron en las viviendas y sacaron a los hombres para reunirlos en el centro de la comunidad.

Las mujeres, niños y niñas también fueron sacados de sus viviendas, después los separaron y llevaron a distintos lugares.
Varias mujeres y niñas sufrieron violaciones sexuales, señala la acusación. Algunos de los menores fueron asesinados.
Otro hecho que se señaló en contra del acusado es haber extraído de la comunidad a Ramiro Osorio Cristales, quien tenía 5 años cuando ocurrió la matanza.

López Alonzo llevó al menor a su casa y le cambió el nombre por Ramiro Fernando López García, y lo hizo pasar por su hijo.

En agosto del 2016 López Alonso fue extraditado de Estados Unidos, donde estuvo detenido por seis años por problemas migratorios.

Otros vinculados al caso y  condenados en EE. UU. son Gilberto Jordán y Jorge Sosa Orantes, declarados culpables de fraude migratorio, pues negaron haber tenido relación con la masacre cuando ingresaron a ese país. 

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Desde el 25 de enero la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) solicitó un proceso de antejuicio en contra del parlamentario y actual primer vicepresidente del Congreso, sin embargo, fue hasta el 6 de noviembre que el juez pesquisidor presentó ante el pleno de magistrados su informe, recomendando no retirar la inmunidad del parlamentario.

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El informe pesquisidor protegía la inmunidad del vicepresidente del Congreso, pese a que el congresista intentó, sin éxito, en 15 ocasiones separar a Valladares del proceso y fue multado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por promover recusaciones “malintencionadas y frívolas”.

El legislador se había ausentado a citaciones de la Sala en cuatro oportunidades. Finalmente presentó sus pruebas de descargo por escrito, a pesar de ser citado bajo apercibimiento.

“Es político”

En varias ocasiones el diputado y secretario general del partido Todos fue cuestionado respecto al proceso penal y los señalamientos del MP y la Cicig en su contra; siempre respondió que había un interés político atrás de la acusación. 

Alejos dijo: “No voy litigar en los medios de comunicación como lo ha hecho Thelma Aldana -exfiscal General- e Iván Velásquez -director de la Cicig- para buscar una condena mediática a falta de pruebas. Estoy ejerciendo mi derecho de la legítima defensa, consagrado como una garantía constitucional”.

“He ejercitado mi derecho de defensa porque el proceso está viciado, manipulado y politizado. Todo esto se trata de un antejuicio político y espurio interpuesto por la ahora candidata a la presidencia, Thelma Aldana,  quien aún maneja una estructura politizada dentro del MP”, agregó.

El caso

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) presentaron el antejuicio en contra de Alejos el pasado 25 de enero. La CSJ lo aceptó para su trámite el 25 de abril y fue ratificado el 17 de agosto. No obstante, el diputado se había resistido a comparecer ante el juez pesquisidor.

El MP acusa al diputado de Todos y primer vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso, en el caso Traficantes de Influencias, una red que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para agilizar los trámites de expedientes de devolución de crédito fiscal a cambio de comisiones ilícitas.

Según la investigación, Alejos era uno de los intermediarios de la estructura y su función era captar clientes, es decir, empresas que estuvieran dispuestas a pagar por el trámite irregular de devolución de crédito fiscal.

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Los abogados habían pedido que a Guerra Villeda y González-Campo se les declarara la falta de mérito con el argumento de la entrada en vigor de las reformas al artículo 407 N del Código Penal, que regulan el delito de financiamiento electoral ilícito, con lo cual señalaban que ya era improcedente la imputación del MP.

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González-Campo Hinojosa fue señalado de haber otorgado un aporte de Q558 mil destinados a financiar la campaña electoral del prófugo Alejandro Sinibaldi.

Por su parte, Guerra Villeda habría aportado Q143 mil 200 a la empresa Impresos Urbanos, S. A., de Sinibaldi.

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Otros ligados

Otras 11 personas, empresarios, abogados y particulares fueron ligados a proceso penal por su presunta participación en una estructura dirigida por el exministro de Comunicaciones del extinto Partido Patriota.

Aifán resolvió que existen indicios suficientes para que el Ministerio Público investigue la participación de ellos en una supuesta red que habría participado en actividades de lavado de dinero, sobornos, financiamiento electoral, plazas fantasmas y la manipulación de testigos.

De esta cuenta, Delfo Juan Carlos Cepollina Cabrera fue ligado a proceso penal por el delito de lavado de dinero. Es acusado de haber blanqueado para Sinibaldi US$6 millones 116 mil 986 por medio de una off shore en Panamá.

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María José Pepió Pensabene y Erick Armando Soto Herrera serán investigados por el delito de peculado por sustracción. La mujer es señalada de haber cobrado entre 2013 a 2015 un salario de Q18 mil mensuales en la Dirección General de Correos y Telégrafos y no presentarse a trabajar, mientras que Soto Herrera fue acusado de otorgar el contrato irregular a Pepió.

Claudia Carolina Ruano López de Vásquez fue ligada a proceso penal por lavado de dinero. La fiscalía la señala de haber ocultado US$1 millón 150 mil.

Jorge Rodolfo Ortiz Asturias será investigado por asociación ilícita, lavado de dinero y peculado, señalado de haber recibido US$2 millones 600 mil que habría pagado la constructora brasileña Odebrecht.

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Carlos René Micheo Fernández, Otto Emilio Santano Cintora y Lindsay Sabrina Rivadeneyra también enfrentarán proceso penal por lavado de dinero.

Finalmente, William René Méndez, Mario Roberto Méndez Álvarez y Gustavo Adolfo Estrada Ramírez fueron ligados a proceso penal por el delito de obstaculización a la acción penal. Los tres habrían conspirado para intentado influir en varios testigos del caso, incluyendo la exasistente de Sinibaldi, Aneliese Herrera, con el fin de que brindara una declaración distinta, sin señalalar a Sinibaldi.

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El Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial (STOJ), el Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones (IMCA) y la Asociación de Jueces y Magistrados (AJM) solicitaron en conjunto a la Presidencia del OJ que se les otorgue un bono de apoyo económico por única vez.

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La solicitud fue entregada el pasado 19 de noviembre.

El presidente de la AJM, Marlon López, recalcó que el bono responde al incremento de los precios de la canasta básica durante el mes de diciembre. Explicó que se está haciendo una petición en base a la disponibilidad financiera del OJ y de no ser viable no se seguirá insistiendo.

“Estamos sujetos a la buena voluntad y la capacidad presupuestaria para que pueda accederse. Quizás no al monto que se ha solicitado, pero sí a un monto que ayude a nuestros trabajadores en esta época” señaló López.

Los trabajadores del OJ han recibido por dos años consecutivos –2016 y 2017– un bono de fin de año por un monto de Q4 mil.

Incremento salarial

El pasado 3 de septiembre las autoridades del OJ firmaron un pacto colectivo de condiciones de trabajo con el STOJ que tendría vigencia por los próximos dos años.

Se trata de un incremento salarial de Q800 al salario base y uno de Q200 al bono mensual que reciben los trabajadores. Asimismo se incrementa en Q500 la prima vacacional que reciben los trabajadores, quedando en Q1 mil 500 para el 2019 y 2020. El aumento se pagará de forma retroactiva a partir de julio.

Dicho pacto tendría un costo de Q90 millones adicionales este año.

Otros beneficios

Entre los beneficios que se contemplan en el pacto colectivo se pueden enumerar:

1. Los trabajadores reciben un bono de Semana Santa de Q3 mil.
2. Un bono anual del 5% sobre su salario –que se recibe en septiembre–.
3. En bono de Q300 si cursan la universidad y uno de Q2 mil para la impresión de la tesis.
4. Tiene derecho a solicitar una licencia con goce de salario de hasta dos meses por cuestiones médicas.
5. Un bono de un auxilio post mortem, que en el caso de fallecimiento del empleado, el OJ otorga Q100 mil a la familia.

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El abogado pidió que se le dicte falta de mérito al exfuncionario. Su solicitud la basa en que Vielmann ya ha sido juzgado y absuelto en España por el plan para recapturar a los reclusos fugados de la Cárcel de Alta Seguridad de Escuintla, en un supuesto plan denominado Pavo Real y plan Gavilán. 

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“Consideramos que es cosa juzgada cualquier acusación que se haga en contra de Vielmann de participar en un grupo paraestatal”, afirmó Morales Velásquez.

Además, criticó que el MP no presentó nuevos indicios y que incluso los testimonios utilizados en la imputación actual fueron recogidos años atrás. Cuestionó las razones por los que estos elementos no fueron utilizados en el juicio de España.

“Una nueva prueba no es una que ya existía, que se investigó y se sabía que existía, pero no se diligenció -presentó-”, aseguró el abogado.

El próximo 26 de noviembre, la jueza Domínguez resolverá si liga a proceso penal a los cinco sindicados.

Evidencias diferenciadas

El vocero de la Cicig, Matías Ponce, aseguró que ningún reo que ha aportado su testimonio en este caso será beneficiado con medidas de reducción de pena, además, asegura que un audio donde se ofrece algún trato con un reo es una conversación grabada en 2013 y no están siendo utilizados en el actual proceso. 

Ponce también asegura que existen indicios de pruebas que corresponden al 2011 y 2012, lo que aseguran la fortaleza de la investigación.

En un comunicado difundido por la Cicig el pasado 12 de diciembre, explica que los delitos imputados ahora al exministro de Gobernación son distintos a los presentados en España, por lo que se descarta una doble persecución penal.

“Los ilícitos que están siendo señalados a partir de la audiencia celebrada el día 9 de noviembre de 2018 corresponden a hechos nuevos y  distintos a los presentados en casos anteriores; por lo tanto, no hay violación al principio procesal que refiere que nadie debe ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho”, señala el documento público.

El utilizar en algunos casos testimonios de reos, según explica la Cicig, se justifica porque ellos habrían sido víctimas en algunos casos y en otros testigos presenciales de los hechos, más allá de los cargos que ahora pudieran estar enfrentando penalmente. 

“Cada uno de estos ciudadanos ha dado su testimonio con valentía y con el único propósito de colaborar con la verdad y la justicia”, agregan.

El caso

El pasado 29 de octubre, Carlos Vielmann, exministro de Gobernación durante el gobierno de Óscar Berger; Stu Velasco, exsubdirector de Investigación Criminal en la actual administración de Jimmy Morales; Víctor Ruiz, exjefe de la extinta División de Investigación Criminal (Dinc), y Francisco Guarcax de Paz, fueron detenidos acusados de participar en ejecuciones extrajudiciales en 2015.

El exviceministro de Gobernación Kamilo Rivera fue declarado en rebeldía y se activó una alerta en la interpol para su captura internacional. 

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Aifán rechazó la petición del MP de otorgar un criterio de oportunidad a Botrán y a Arenas debido a que no fue planteada de forma adecuada y no existió un acuerdo entre los sindicados, la fiscalía o ningún de los querellantes. “La petición del MP fue irresponsable pues está claro que no se hizo un análisis serio de la propuesta”, dijo.  

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Rechazan acuerdo

Arenas y Botrán rechazaron el acuerdo de criterio de oportunidad ofrecido por la fiscalía debido a que el delito por el que fueron ligados a proceso penal ya no está vigente, pues entraron en vigor las reformas al artículo 407 N del Código Penal que regula el financiamiento electoral ilícito.

“Usted me ligó a proceso penal por el segundo párrafo del artículo 407 N, un párrafo en el que yo no entraba porque yo no tenía por qué registrar (aportes) y definitivamente no había recibido un solo centavo, pero ese delito hoy ya no existe”, le dijo Arenas a la jueza.

Los abogados defensores de ambos sindicados coincidieron en señalar que la ley que se le debe aplicar al sindicado es la que más lo beneficie y que actualmente no existe ley que regule una actitud delictiva de sus patrocinados. Por esta razón, solicitaron que se les declare el sobreseimiento.

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Concluye investigación

El fiscal Curruchiche indicó que la investigación concluyó que la participación de los sindicados fue “mínima”.
En el caso de Botrán, la investigación encontró que fue totalmente ajeno al mecanismo de financiamiento electoral que permitió que un grupo de empresarios aportaran anónimamente a FCN-Nación en 2015. No obstante, aportó un total de Q250 mil para cubrir gastos de campaña.

Por su parte, el MP aseguró que Arenas participó y coordinó las actividades que permitieron la creación del mecanismo de financiamiento. Debido a esta actividad, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) estimó que la aportación no dineraria tuvo un valor de Q94 mil 500.

La fiscalía solicitó que los sindicados, ligados a proceso penal por financiamiento electoral ilícito, pagaran en concepto de resarcimiento al TSE los montos que aportaron a FCN-Nación.

El caso

Un grupo de siete empresarios fue ligado a proceso penal por presuntamente aportar a la campaña electoral de 2015 del partido FCN-Nación, que llevó a la presidencia a Jimmy Morales, de forma anónima. Arenas y Botrán fueron ligados a proceso penal por Financiamiento Electoral Ilícito.

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La investigación del Ministerio Publico (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) señaló que supuestamente se otorgó al partido, a través de un grupo de grandes empresarios, más de un millón de dólares de forma irregular.

Dichos gastos habrían sido utilizados para el pago de fiscales de mesa electoral de FCN-Nación.

Las reformas al Código Penal

El pasado 18 de octubre, el pleno del Congreso aprobó las reformas al artículo 407 N del Código Penal que habla sobre el financiamiento electoral ilícito y además creó un nuevo delito en el artículo 407 O, con el cual se regulará el financiamiento electoral no registrado, hasta ahora considerado como anónimo. 

Los principales cambios están en quitarle la responsabilidad directa al secretario general de un partido político sobre los aportes, tanto ilícitos o no reportados, y ahora sería quien autorice o reciba los aportes quien enfrente los procesos penales.

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El exministro de Gobernación, Carlos Vielmann, calificó de irresponsable la actitud de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) en relación al audio filtrado en donde se escucha a dos agentes fiscales negociar con convicto.

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“Realmente no he visto una actitud tan irresponsable como el de estas dos instituciones”, aseguró. “Los fiscales que hicieron esto, que hoy sus jefes les están zafando la alfombra como diríamos popularmente, deben recordarse que tienen 20 años de responsabilidad penal por estos actos”, agregó.

Recalcó que reconocer la legitimidad del audio y utilizar el testimonio del privado de libertad es una “contradicción absurda”.

Respalda a exministro

El exvicepresidente durante el Gobierno de Oscar Berger, Eduardo Stein, manifestó su apoyo a Vielmann y dijo sentirse extrañado por la imputación que se le hace ahora. “Yo volvería a trabajar con el señor Vielmann”, dijo.

“Es un caso con muchos indicios de manipulación de testimonios y ojala prevalezca la justicia”, aseguró.

Además, opinó que el exministro está enfrentando una doble persecución penal, pues ya fue absuelto en España.

“No soy abogado ni jurista, pero la información que uno recoge de lo que está pasando es un procedimiento donde han revivido una cosa ya juzgada, y juzgada al detalle y plenitud, cuyo resultado fue un fallo absolutorio. Entonces ¿qué es lo que está detrás de haber revivido este procedimiento?, eso es lo que no sabemos”, dijo Stein.

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Durante la quinta jornada de audiencia de primera declaración en el caso Gavilán, Martínez Arreaza ofreció su declaración.

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En su relato, el convicto contó que la fiscalía intentó “aprovecharse de la difícil situación familiar que atravesaba”, con el fallecimiento de su madre, su padre y su hijo para ofrecerle un acuerdo.

“'Te estás quedando solo, ya nadie se preocupa por ti', me dijeron. Ofrecieron apoyarme con la pena, me dijeron que me podían proteger, que ellos sabían que mi familia no era de Guatemala y que podíamos salir del país todos”, dijo Martínez Arreaza.

El expolicía dijo que rechazó todas las ofertas.

En este sentido, explicó que los nuevos señalamientos por los que fue capturado son un intento de la fiscalía de vengarse por no haber colaborado con ellos. “Qué raro que luego que dije que no, ahora todos los testigos me señalan a mí solo porque tengo el pelo largo”, comentó.

“Yo no tengo una mente criminal, yo inicié mi carrera como salvavidas del IGSS y los fines de semana trabajaba de guardacostas. No tiene sentido que yo ejecutara personas, porque me dedicaba a rescatarlas”, dijo.

El expolicía fue sentenciado en 2013 a 25 años de prisión por su participación en la ejecución extrajudicial del reo Edwin Estuardo Santacruz. Actualmente, espera que se resuelva un recurso de casación.

Sindicado debió pedir colaboración

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), explicó que bajo ninguna circunstancia el Ministerio Público (MP) ofrecería un acuerdo de colaboración eficaz a una persona. El sindicado es quien debe primero manifestar a la fiscalía su deseo de colaborar, manifestó Sandoval.

Además, aseguró que lo hechos que se le imputan a Martínez Arreaza en este caso son anteriores a la entrada en vigencia de la Ley Contra la Delincuencias Organizada, por lo que sería inviable ofrecerle un acuerdo de colaboración eficaz.

Piden ligarlos a proceso

Carlos De León, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), solicitó a la jueza Domínguez que cinco exfuncionarios sean ligados a proceso penal por los delitos de ejecución extrajudicial y tortura.

Según la fiscalía, los cinco conformaron una estructura que se dedicó a ejecutar a los reos que se habían fugado de la cárcel de Alta seguridad de Escuintla en 2005.  

Pidió que Carlos Vielmann, exministro de Gobernación durante el gobierno de Óscar Berger, sea ligado a proceso penal por el delito de ejecución extrajudicial y tortura; a Stu Velasco, exsubdirector de Investigación Criminal durante esta gestión, por el delito de ejecución extrajudicial; a Víctor Ruiz, exjefe de la extinta División de Investigación Criminal (Dinc), por el delito de ejecución extrajudicial; Axel Martínez Arreaza, expolicia, por ejecución extrajudicial; y Francisco Guarcax de Paz, por el delito de ejecución extrajudicial.

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Vielmann inició su declaración relatando la forma en la que se enteró de la orden de captura en su contra, e hizo un resumen del proceso penal que enfrentó en España por ejecuciones extrajudiciales.

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Aseguró que fue absuelto en España, luego de seis años de proceso penal y que en ese tiempo el Ministerio Público no pudo recabar más evidencias en su contra por su presunta participación en ejecuciones extrajudiciales.

Stu Velasco, exsubdirector de Investigación Criminal de la PNC, ofrece su declaración en el #CasoGavilán. pic.twitter.com/CuMgejiMb0

— Javier Lainfiesta (@jlainfiesta_) November 17, 2018

Además, manifestó su admiración a los policías que en su momento conformaron la Fuerza de Tarea Antisecuestro –formada por el asesor de gobernación Víctor Rivera–. “Ahora pareciera que quisiéramos pintarlos como unos delincuentes, estamos criminalizando a una de las fuerza de tarea más efectivas”, le dijo a la jueza.

“De haber sabido que existía alguna actuación ilegal, la hubiera denunciado”, dijo el exministro.

Actuó en ley

El exsubdirector de Investigación Criminal de la PNC, Stu Velasco, también ofreció su declaración ante la jueza Domínguez. Se declaró inocente y dijo que siempre ha actuado en ley.

“Nunca recibimos instrucciones directas del señor Carlos Vielmann. Nuestro trabajo era asistir a las víctimas de secuestro. Todas nuestras actuaciones fueron informadas al MP”, aseguró.

Reos testifican sobre presuntas torturas

El Ministerio Público (MP) reprodujo este viernes las declaraciones en anticipo de prueba de cuatro privados de libertad durante una nueva jornada de audiencia de primera declaración del caso de ejecuciones extrajudiciales y tortura, denominado Caso Gavilán.

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Según el relato de los reclusos, los golpearon, recibieron descargas eléctricas y fueron amenazados de muerte. Dos de los privados de libertad refirieron que los agentes de policía que los torturaron recibieron órdenes de “darles una calentadita”.
“Nos golpeaban, me dieron descargas en los dedos, nos preguntaban cosas como quienes éramos, porque nos habíamos escapado y eso cualquiera lo puede entender. Nos querían matar” dijo el convicto Luis Humberto Arana.

Hugo García Palacios, alias “El gato”, contó que logró llamar a su abogado momentos antes de capturado en una colonia llamada Vista Hermosa. “Me dijeron que era una personas muy picara y que ahora ya nadie me podía tocar. Me subieron a una patrulla y me dijeron que era una lástima porque para mí tenían reservada una muerte muy especial”, se escuchar en la declaración.

#CasoGavilán | El exministro de Gobernación, Carlos Vielmann, aseguró que presentará su declaración a la jueza Claudette Domínguez. "No me arrepiento [de haber sido ministro]. Yo cumplí con mis obligaciones, nunca hice nada indebido. Soy un secuestrado político", dijo. pic.twitter.com/wIDfUe8lO1

— Javier Lainfiesta (@jlainfiesta_) November 16, 2018

Los convictos en sus relatos señalaron la participación de Carlos Vielmann, exministro de Gobernación; Erwin Sperisen, exdirector de la PNC; Javier Figueroa, el exsubdirector de la PNC; y Víctor Soto Diéguez, exjefe de la Dinc, en las presuntas torturas.

Incoherencias

Vielmann aseguró que el relato de los convictos está lleno de contradicciones. Además, comentó que los hechos que narran no son consistentes en cuanto a las horas en las que presuntamente sucedieron las tortura y su presencia en el lugar.

“Nunca he mentido, nunca he actuado fuera de la ley”, dijo y añadió “uno de los reos dice que Sperisen le salta en la espalda varias veces, con 280 libras que el tenia le parte la espalda, le parte la columna y lo matan”.

Sobre su presencia en lugares en los que presuntamente se llevaron a cabo torturas, el exministro asegura que en algunos momentos se apersonó en su calidad de máxima autoridad, “Yo bajé al infiernito –Cárcel de Alta Seguridad de Escuintla– como correspondía, así quedó establecido en España, no estaba fuera de la ley, fuera de lo normal, era el ministro de gobernación”, dijo,

El caso

El pasado 29 de octubre, Carlos Vielmann, exministro de Gobernación durante el gobierno de Óscar Berger; Stu Velasco, exsubdirector de Investigación Criminal durante esta gestión; Víctor Ruiz, exjefe de la extinta División de Investigación Criminal (Dinc), y Francisco Guarcax de Paz, fueron detenidos acusados de participar en ejecuciones extrajudiciales en 2005.

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Para el próximo 20 de noviembre se programó la audiencia en la que la jueza resolverá sobre la petición de la fiscalía y podría poner fin al proceso penal en contra los dos empresarios.

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“Derivado a las reformas del delito de financiamiento electoral ilícito, se realizó el análisis del expediente. Bajo esta perspectiva, ya con la entrada en vigencia de la reforma y la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, que se refiere a ese mismo delito, el Ministerio Público realizó un planteamiento en base a lo que jurídicamente se estableció que era lo que procedía”, aseguró el fiscal.

“Siempre hemos sido respetuosos de la Ley y seguiremos trabajando, ahora en base a las reformas vigentes”, dijo.

Al criterio de solicitud se agrega que el MP pidió que los sindicados hagan una reparación al Estado.

El caso

Un grupo de siete empresarios fue ligado a proceso penal por presuntamente haber aportado a la campaña electoral del partido FCN-Nación de 2015. Arenas y Botrán fueron ligados a proceso penal por financiamiento electoral ilícito.

La investigación del Ministerio Publico (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), señaló que supuestamente se otorgó al partido, a través de un grupo de empresarios, más de Q8 millonesde forma anónima.

Las reformas al Código Penal

El pasado 18 de Octubre de 2018, el pleno del Congreso aprobó las reformas al artículo 407 N del Código Penal que habla sobre el financiamiento electoral ilícito y además creó un nuevo delito en el artículo 407 O, con el cual se regulará el financiamiento electoral no registrado, hasta ahora considerado como anónimo. 

Los principales cambios están en quitarle la responsabilidad directa al secretario general de un partido político sobre los aportes, tanto ilícitos o no reportados, y ahora sería quien autorice o reciba los aportes quien enfrente los procesos penales.

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En su declaración, la exvicepresidenta dijo que envió una circular a todas las dependencias de la Vicepresidencia y la Presidencia para aclarar que Omar Nájera –señalado por la fiscalía de tomar el control del RIC junto con Monzón– no era su empoderado y no tenía ninguna autoridad para autorizar contrataciones. “El señor Nájera era un empleado de Juan Carlos Monzón y dejé claro que no quería que tuviera que ver con la gestión”, aseguró.

– "¿Recuerda ante que autoridad denunció al señor Monzón luego de enterarse de la existencia de plazas fantasmas?"
– pic.twitter.com/5oH9XXinhW

— Javier Lainfiesta (@jlainfiesta_) November 14, 2018

No obstante, la exvicepresidenta evadió responder a la fiscalía si recordaba haber interpuesto una denuncia al tener conocimiento de las plazas fantasmas en el RIC.    

El caso

El Ministerio Publico (MP) imputó delitos a 15 sindicados en el proceso penal por plazas fantasma en el RIC. A la exvicepresidenta Baldetti se le señaló que cometer los delitos de asociación ilícita y peculado por sustracción, y a la exdiputada del desaparecido Partido Patriota, Daniela Beltranena, se le imputó el delito de peculado por sustracción.

De acuerdo con la acusación del MP, durante 2012 a 2015 una estructura ilícita operó a lo interno del RIC para crear plazas fantasmas para pagar favores políticos o sufragar gastos varios.

La Fiscalía señala que, durante el 2013 y 2015, el gobierno del PP nombró a Emilia Ayuso, cercana a Baldetti, como directora interina, quien designó a Carlos Humberto Santos Olivares como gerente financiero del RIC.

La investigación arrojó que por instrucción directa de Baldetti y Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la vicepresidencia y colaborador eficaz de la fiscalía, Ayuso contrató a personas en el RIC en base a una lista específica.

En libertad

Juan Carlos Monzón es colaborador eficaz del MP en los casos de Cooptación del Estado y La Línea y está libre desde el 15 de junio de este año.

La libertad le fue conferida a Monzón con el fin de resguardar su seguridad, dijo Juan Francisco Sandoval, fiscal Especial contra la Impunidad (Feci), a pesar de que se le ofreció seguridad por parte del programa de protección a testigos, pero rechazó la oferta.

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Durante la etapa de conclusiones del juicio del caso conocido como Colaboradores, la fiscalía pidió una pena condenatoria en contra de los abogados José Alejandro Vielman Rosales, exencargado del área procesal del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), Luis Gustavo Morataya García y José Gerardo Martínez Búcaro.

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Habrían intentado ofrecerle US$100 mil -unos Q750 mil- para que no hablara frente al juez sobre el reaseguro del Aeropuerto Internacional La Aurora, por el que la supuestamente la empresa de seguros FRS le pagó al gobierno del Partido Patriota alrededor de US$1 millón de sobornos en 2014.

“Está claro que ellos intentaron impedir que Juan Carlos Monzón ofreciera su declaración en un proceso penal, incurriendo así en el delito de obstrucción de la justicia”, aseguró la Fiscalía.

Vielman Rosales, según la Fiscalía, visitó en la cárcel Pavoncito a Monzón, donde le habría ofrecido el dinero. El colaborador eficaz grabó la conversación y presentó la denuncia al MP.

La fiscalía utilizó la grabación de la conversación con Monzón, el registro de visitas de la prisión y una excusa presentada por Vielman para ausentarse a su trabajo en el CHN para acreditar la existencia de la reunión en dónde se habría llevado a cabo el intento de soborno.

Además, el mismo Monzón testificó en este caso. “El dinero lo llevaron a la prisión donde yo estaba señor juez, a Pavoncito, lo ingresaron en un vehículo que no fue registrado por los guardias. Vielman junto a sus abogados llegaron para negociar conmigo”, dijo el exsecretario privado de Roxana Baldetti en una audiencia de anticipo de prueba por este mismo caso.

En libertad

Juan Carlos Monzón fue colaborador eficaz del MP en los casos de Cooptación del Estado y La Línea y está libre desde el 15 de junio de este año.
 
La libertad le fue conferida a Monzón con el fin de resguardar su seguridad, dijo Juan Francisco Sandoval, fiscal Especial contra la Impunidad (Feci), a pesar de que se le ofreció seguridad por parte del programa de protección a testigos, pero rechazó la oferta.

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La exvicepresidenta hizo la solicitud por medio de videoconferencias desde la Cárcel de Santa Teresa,  donde está presa. Se trata del caso de plazas fantasma en el Registro Información Catastral (RIC).

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Luego, aseguró que ella ya es procesada por plazas fantasmas en el RIC en el caso Cooptación del Estado. “Lo tengo en el Caso TCQ, que luego le pusieron el nombre de Cooperacha y luego yo qué sé… Pero no puedo ser juzgada dos veces y entonces no tiene sentido. Yo le pido que me excluya de este caso”, aseguró.

#Ahora | Roxana Baldetti pide que se le asigne un abogado de la defensa pública penal porque "no tiene dinero para pagar los honorarios". Además, solicita ser separada del proceso porque ya fue acusada por los mismos cargos en otro caso. #CasoRIC pic.twitter.com/MwWFLR3Ldw

— Javier Lainfiesta (@jlainfiesta_) November 14, 2018

El juez aseguró que resolverá las peticiones de Baldetti al finalizar la intervención del Ministerio Público y el resto de querellantes adhesivos.

Problemas de salud

A Baldetti se le permitió participar en la audiencia por videoconferencia y no ser trasladada a la Torres de Tribunales debido a que padece problemas en la espalda y recibe un tratamiento ambulatorio en la cárcel.

El caso

El Ministerio Publico (MP) imputó delitos a 15 sindicados en el proceso penal por plazas fantasma en el RIC. A la exvicepresidenta se le señala que haber cometido los delitos de asociación ilícita y peculado por sustracción.

A la exdiputada del desaparecido Partido Patriota, Daniela Beltranena, se le imputó el delito de peculado por sustracción.

De acuerdo con la acusación del MP, durante 2012 a 2015, una estructura ilícita operó al interno del RIC para crear plazas fantasma para pagar favores políticos o sufragar gastos varios.

La Fiscalía señala que, durante el 2013 y 2015, el gobierno del PP nombró a Emilia Ayuso, cercana a Baldetti, como directora interina, quien designó a Carlos Humberto Santos Olivares como gerente Financiero del RIC.

La investigación arrojó que por instrucción directa de Baldetti y Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la vicepresidencia y colaborador eficaz de la fiscalía, Ayuso contrató a personas en el RIC en base a una lista específica.

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De León concluirá su argumentación y resolución sobre los restantes nueve señalados en el proceso este miércoles.  

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Durante su argumentación,  De León explicó que el “cuarto de reflexión”, dónde fueron encerradas las adolecentes el día del asesinato de la menor Patricia Yuceli Morales, ocurrido en 2013, no era ilegal, pues las adolescentes necesitaban un espacio para pensar sobre su comportamiento. No obstante, argumentó que la habitación no cumplía las condiciones para lograr su cometido.

“El cuarto de reflexión era un cuarto muy pequeño para 10 niñas inquietas, con mucha vitalidad, con muchos problemas”, dijo. Añadió, “ellas no eran niñas en conflicto con la ley penal, eran niñas en situación de abrigo, esas niñas necesitaban cuidados. Venían de situación de calle o de hogares en donde fueron abusadas físicas, psicológica o sexualmente. Esas niñas traen un daño severo, que necesitaban un tratamiento”.

“Ese no era sitio para reflexionar, pues no había ni espacio para sentarse”, aseguró. “No se va a lograr que superen todo eso con violencia”, finalizó.

La juzgadora añadió el delito de omisión de denuncia, no obstante, la togada no encontró indicios de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes o homicidio culposo, como señaló el Ministerio Público.  

Los señalados en el proceso penal son:

1. Irma López Gómez de Álvarez
2. Janeth Agustín Vides
3. Brenda Julissa Chaman Pacay
4. Helen Johana Canahui Xitumul
5. Diana Esmeralda Mena Cuellar
6. Irma del Carmen Alonzo Delgado
7. Aura Elvira Teni Ramos
8. Alejandra Trujillo Ventura
9. Miriam Estefany Rosito Cullin
10. Lesvia Judith Soberani de Paz
11. Sonia Elizabeth Álvarez Guevara
12. Byron Orlando Ruiz de la Rosa
13. Mirna Magaly Contreras Sayes
14. Ada Celeste Morales Hernández
15. Irma Irene Soto Enríquez
16. Maritza Esperanza López Andrino
17. Rita Maria Villalta Galindo
18. Lidia Roxana Carrera Barcarcel
19. Maria Elizabeth Juárez
20. Wilson Aníbal Hernandez

La acusación

Según la Fiscalía, un total de 20 empleados, entre personal de seguridad, monitoras, psicólogas y directoras de las distintas áreas del Hogar Seguro autorizaron o consintieron el uso del “Cuarto de Reflexión”, un espacio de dos metros por tres en donde las adolescentes eran encerradas cuando presentaban un mal comportamiento.

La utilización de dicha habitación como medida de corrección era “arbitrario e ilegal y causaba daños físicos y psicológicos a las niñas”, señaló el MP.

Las niñas eran ingresadas mojadas y podían pasar días en el cuarto, detalló la Fiscalía. Además, no se les permitía ir al baño y se les limitaba el acceso de alimentos.

Asimismo, las adolescentes encerradas se lastimaban entre ellas sin intervención de las autoridades.

Según el MP, esta situación fue la que desencadenó el asesinato Morales el 17 de octubre de 2013.

Ese día, 10 adolescentes internadas en el Hogar Seguro se encontraban en el “Cuarto de Reflexión”. En esa habitación, Patricia Yuceli Morales murió estrangulada con una bufanda a manos de dos de sus compañeras –las responsables fueron juzgadas y sancionadas a seis años de prisión–. Las autoridades no auxiliaron a la menor a pesar de los gritos de auxilio.

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En una nueva jornada de audiencia de primera declaración del caso Gavilán, en el que se señala a cinco exfuncionarios de ejecuciones extrajudiciales y tortura, se reprodujo el testimonio en anticipo de prueba del exagente de la PNC, Jesús Orlando Toc Sandoval.

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¿Quiénes son los testigos del caso de ejecuciones extrajudiciales?

Según la declaración del testigo, se realizó una reunión en el Palacio de la Policía donde participaron: Carlos Vielmann, exministro de Gobernación; Erwin Sperisen, exdirector de la PNC; Javier Figueroa, el exsubdirector de la PNC; Víctor Soto Diéguez, exjefe de la Dinc; y el exasesor del despacho de Gobernación, Víctor Rivera.

El expolicia Toc Sandoval asegura que recibió la instrucción de recapturar a los reos fugados "vivos o muertos". #CasoGavilán pic.twitter.com/nvb9PvMN8B

— Javier Lainfiesta (@jlainfiesta_) November 13, 2018

“El ministro de Gobernación -Vielmann- nos dijo que había que recapturarlos vivos o muertos”, le aseguró el juez el testigo.

La recaptura

Toc Sandoval narró que su equipo de trabajo logró localizar en una colonia llamada Villa Hermosa I a el Gato. Un informante les muestra la ubicación del fugado a cambio de protección y una recompensa de Q50 mil ofrecida por las autoridades. No obstante, él no realizó la captura porque salió de descanso.

En el caso de el Nica, el expolicía contó que un vendedor de carnitas y chicharrones les ofrece información de su paradero. Finalmente,  una mujer que era cercana al recluso les avisa que habían pactado la entrega de un medicamento.
“Pensando uno que iban a hacer las cosas de forma legal, luego que llaman de emergencia que le van a dejar medicina a cierto prófugo, doy aviso a mis superiores”.

Un vehículo recoge Toc Sandoval, en el que iba Stu Velasco, exsubdirector de la PNC, y otros agentes, y los llevan al lugar de la entrega. Ahí interceptan a un joven hondureño, lo esposan y suben al vehículo. “Lo presionan para que nos lleve al lugar donde está el Nica, aseguró.

Junto con ellos, el testigo describe que un grupo armado con fusiles, que no se identificó y que cargaban pasamontañas, llegó en otro vehículo al sitio donde estaba el reo fugado. “Nos ordenaron que nos pusiéramos el pasamontañas y uno temeroso por su vida lo hace”, aseguró.

El grupo de encapuchados logra la captura de Ariel Arrauz y lo suben a una camioneta. El testigo narró que el convicto es llevado a otro sitio. “Lo hincan, solo logro oír las palabras que dice: “perdónenme la vida, yo ya no soy secuestrador, ya soy un pastor evangélico” se arrodilla, pero no se la perdonan, lo ejecutan”, dijo.

Luego contó que al joven hondureño también es ejecutado en otro sitio.

“Yo estaba temblando, temeroso de que el siguiente en ser ejecutado iba a ser yo, pensé que me iban a ir a traer a mí”, dijo.

Testigos no idóneos

El exministro Vielmann cuestionó la idoneidad de los testigos utilizados por la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig).

“Revisen la hoja de vida del agente y se van a dar cuenta que no es una carrera recta y honrada. Nuevamente, le estamos creyendo a los delincuentes”, aseguró el exfuncionario.

Además, criticó que el MP vuelva a victimizar a las familias guatemaltecas que sufrieron por las bandas de secuestradores. “Hacerle recordar el dolor que le provocaron las bandas de secuestradores, que torturaron y mataron personas”, aseguró.    

El caso

El pasado 29 de octubre, Carlos Vielmann, exministro de Gobernación durante el gobierno de Óscar Berger; Stu Velasco, exsubdirector de Investigación Criminal durante esta gestión; Víctor Ruiz, exjefe de la extinta División de Investigación Criminal (Dinc), y Francisco Guarcax de Paz, fueron detenidos acusados de participar en ejecuciones extrajudiciales en 2005.

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Según Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), la investigación cuenta además con indicios de pruebas documentales, tales como los oficios gubernativos del “Plan Gavilán”, peritajes balísticos y forenses, autopsias de los reos, entre otros.

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El fiscal confirmó que los testimonios de cuatro convictos, que cumplen sentencia por secuestro, son parte de la investigación. “Es normal y lógico que, si se trata de una situación que involucra una cárcel, haya privados de libertad entre los testigos. Los hechos se dieron en una prisión”, dijo el jefe de la fiscalía.

Además, la fiscalía garantiza que ninguno de los testigos recibió beneficios por colaborar con la investigación.

Hechos distintos

Ante los señalamientos de la familia del exministro Vielmann sobre una doble persecución penal, la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) aseguró en un comunicado que los hechos imputados en esta acusación de ejecuciones extrajudiciales son nuevos y distintos a los presentados en procesos penales anteriores.

 
La investigación anterior correspondía a nueve ejecuciones ocurridas durante el operativo denominado Pavo Real, en la Cárcel de Pavón, y el Plan Gavilán, entre noviembre de 2015 y septiembre de 2006. Actualmente, se señala de la ejecución extrajudicial de tres reclusos y la tortura de otros cuatros entre noviembre de 2005 y noviembre de 2006.

Además, la Cicig explica que los cuatro convictos que son parte de la investigación testificaron  en calidad de víctimas  de tortura.

“Los privados de libertad que han brindado su testimonio han hablado únicamente sobre los hechos de torturas de las que fueron víctimas directas. Esas cuatro personas siguen cumpliendo su condena en calidad de detenidos”, se lee en el comunicado.

Cuestionan idoneidad

El exministro cuestionó que la Fiscalía utilice el testimonio de convictos sentenciados por asesinato y secuestro en la investigación.  “Ahora tienen delincuentes de bandas como Agosto Negro y Los Pasaco”, dijo durante la audiencia de primera declaración que inició el pasado viernes 9 de noviembre.

A través de un comunicado, la familia de Vielmann respaldó las declaraciones del sindicado y aseguró que se trata de un “secuestrado político”.

El caso

El pasado 29 de octubre, Carlos Vielmann, exministro de Gobernación durante el gobierno de Óscar Berger; Stu Velasco, exsubdirector de Investigación Criminal durante esta gestión; Víctor Ruiz, exjefe de la extinta División de Investigación Criminal (Dinc), y Francisco Guarcax de Paz, fueron detenidos acusados de participar en ejecuciones extrajudiciales en 2005.

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El Juzgado de Extinción de Dominio falló a favor del Ministerio Público y ordenó que los recursos utilizados para pagar parte de la propiedad pasen para beneficio del Estado. El MP contó con colaboración de la Fiscalía de Honduras.

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El fiscal Carlos de León, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), señaló que Vielmann utilizó el plan Gavilán para dar apariencia de legalidad a una estrategia que tenía por objetivo real asesinar a los reos fugados de la cárcel de alta seguridad de Escuintla, conocida como El Infierno, en 2005.

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La Cicig tiene en la mira a las redes sociales.

“La Cicig ya no es un ente de investigación, puede ser como era la SS en la Segunda Guerra Mundial. Arma los casos, no respeta el derecho de defensa y lo secuestra a uno políticamente. Si quiere salir libre hay que volverse colaborador eficaz”, dijo.

Declaraciones de Carlos Vielmann luego de escuchar la imputación del @MPguatemala. pic.twitter.com/1nvucEMKs4

— Javier Lainfiesta (@jlainfiesta_) November 9, 2018

Además, Vielmann cuestionó que la Fiscalía utiliza el testimonio de convictos sentenciados por asesinato y secuestro para sustentar la acusación en contra de los seis sindicados.  “Ahora tienen delincuentes de bandas como Agosto Negro y Los Pasaco”, dijo.   

Según Vielmann, fue drástico con los delincuentes durante su gestión en Gobernación, pero lo hizo con la ley en la mano.

Apoyo 

A través de un comunicado, la familia de Vielmann respaldó las declaraciones del sindicado y aseguró que se trata de un “secuestrado político”. 

En el comunicado difundido se consigna opiniones de personas cercanas al exministro, uno de ellos es Víctor Suárez, presidente de la Asociación Amigos del País, quien afirma que “la Cicig y el MP han fabricado, nuevamente, el caso con testigos protegidos y  falsos, de bandas  criminales  a cambio de darles su libertad”.

“Hacemos un llamado a la población para  que estén atentos, porque aquí lo que se está viendo es una persecución política a un funcionario de otro gobierno, que nos dio paz y tranquilidad a las personas por un tiempo”, agregó Víctor Suárez.

Maite Vielmann, hija de Carlos Vielmann, expresó: “Nosotros ya lidiamos esta batalla legal en España, durante siete años, mi papá fue absuelto por los hechos que hoy se le acusan, al final, los hechos son los que marcan la acusación (…) confiamos de que en un Estado de Derecho se van a respetar las leyes internacionales.  Pedimos que en Guatemala prevalezca la ley y se apegue al derecho, y que esto no sea una justicia política sino estrictamente legal”. 

El empresario Juan José Gutiérrez, amigo de Carlos Vielmann, calificó la situación como un “montaje” y aseguró que al exministro “lo secuestraron, no lo capturaron”.

El caso  

El pasado 29 de octubre, Carlos Vielmann, exministro de Gobernación durante el gobierno de Óscar Berger; Stu Velasco, exsubdirector de Investigación Criminal durante esta gestión; Víctor Ruiz, exjefe de la extinta División de Investigación Criminal (Dinc), y Francisco Guarcax de Paz, fueron detenidos acusados de participar en ejecuciones extrajudiciales en 2005.

El exviceministro de Gobernación, Kamilo Rivera, fue declarado en rebeldía y se activó una alerta en la interpol para su captura internacional.  El MP cree que pudo haber salido del país.

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En la audiencia de primera declaración de este viernes ante Claudette Domínguez, jueza de Mayor Riesgo A, el MP dijo que Rivera salió a las 4 horas de su casa en San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, junto con sus escoltas, cuando aun tenía el cargo de viceministro de Gobernación.

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Por esta razón, no fue localizado cuando se allanó su vivienda ese mismo día.

El historial de movimientos migratorios del exviceministro reveló una alta probabilidad de que haya salido del país, aseguró el MP.

Domínguez declaró en rebeldía al exviceministro, por solicitud del Ministerio Público (MP).

En su resolución, la jueza aseguró: “Llama la atención de la juzgadora las acciones posteriores del señor Rivera, el renuncia a su cargo como viceministro lo que es un indicio de que probablemente conocía que existía una orden de captura en su contra”, dijo la jueza.

Se presenta abogado de exviceministro

Antes de que el MP pudiera iniciar su imputación en el caso de presuntas ejecuciones extrajudiciales, denominado Caso El Infiernito, el abogado Camilo de Jesús Rivera Pérez se presentó a la sala de audiencia y pidió ser incluido dentro del proceso como defensor de Kamilo Rivera.

#Urgente | Abogado defensor del exviceministro de Gobernación, Kamilo Rivera, se presenta a la audiencia de primera declaración y pide ser aceptado dentro del proceso. El @MPguatemala asegura que el exfuncionario salió del país. pic.twitter.com/VRgri7qw92

— Javier Lainfiesta (@jlainfiesta_) November 9, 2018

El exfuncionario se encuentra prófugo de la justicia y según el Ministerio Público (MP) hay una alta posibilidad que haya logrado salir del país.

La solicitud de Rivera Pérez fue rechazada por la jueza debido a que no acreditó de ninguna forma que la voluntad del exviceministro es ser representado. “El Código Penal establece que la juzgadora debe preguntarle al sindicado quien será su abogado de confianza y el señor Kamilo Rivera se encuentra evadiendo el proceso penal”, aseguró la jueza.

Rivera Pérez insistió y presentó un recurso de reposición, que también fue rechazado.

El ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, afirmó que la cartera no tiene información nueva sobre el paradero de Rivera.

“El proceso de investigación está en desarrollo, es un procedimiento igual a otras órdenes de captura en proceso de ser ejecutadas”, declaró.

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Los sindicados están acusados de cometer los delitos de asesinato; asesinato en grado de tentativa; ejecución extrajudicial; plagio o secuestro; robo agravado; asociación ilícita; tenencia ilegal de armas de fuego o de uso exclusivo del ejército y uso ilegal de uniformes o insignias.

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El Tribunal de Mayor Riesgo A sentenció a siete personas por corrupción en presidios

El último grupo de 18 acusados de integrar la estructura criminal fue enviado a juicio el pasado 24 de agosto.

La audiencia de ofrecimiento de pruebas, programada para este viernes, al final fue suspendida por incomparecencia de abogados defensores.

La banda

Las primeras capturas para desarticular a los Sierra Ovando se registraron durante marzo 2014, cuando fueron detenidos seis exagentes de la PNC que laboraron en la Comisaría 15, la cual presta seguridad a cinco municipios, entre ellos Amatitlán.

Los expolicías fueron señalados de ejecuciones extrajudiciales en Amatitlán,  Villa Nueva, Baja Verapaz y El Progreso. No obstante, la investigación del MP reveló que aunque posiblemente algunas víctimas de la banda eran delincuentes que cometían extorsiones y robos, eran los Sierra Ovando contratados como sicarios.

Los investigadores refirieron que los exgentes se hacían pasar por elementos activos de la policía. Utilizaban insignias falsas de la institución. Después de identificar a sus víctimas les interceptaban el paso y se las llevaban a otro lugar donde las asesinaban.

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Asimismo, Edy Fisher Arbizú, exsubdirector del Sistema Penitenciario, y otros cinco particulares fueron condenados por gestionar la venta de beneficios a privados de libertad, entre lo que se incluye  permitir el ingreso de bebidas alcohólicas y electrodomésticos, así como autorizar el traslado a otras prisiones.

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El Tribunal sentenció a los sindicados a las siguientes penas:

1. Édgar Josué Camargo Liere, exdirector del Sistema Penitenciario, a siete años con seis meses por el delito de asociación ilícita; por el delito de por cohecho pasivo a una pena de siete años y seis meses y multa de Q100 mil; y siete años y seis meses por lavado de dinero.
2. Edy Fisher Arbizú, exsubdirector del Sistema Penitenciario, por incumplimiento de deberes a cinco años inconmutables e inhabilitación especial
3. Juan Fernando de León Amézquita, por cohecho activo a 5 años inconmutables y multa Q50 mil.
4. Wiliam Estuardo Salguero Tobar, excuñado de Byron Lima Oliva, por Asociación ilícita 6 años; lavado de dinero, siete años y multa de US$220 mil.
5. Christian René Picón Cifuentes por lavado de dinero, siete años.
6. Martín Arévalo Godoy, por lavado de dinero, seis años y multa de US$220 mil
7. José René Ávila Mazariegos por asociación ilícita, seis años.

Los sindicados serán enviados a la cárcel de Mariscal Zavala mientras queda en firme la sentencia.

Defiende su inocencia

Édgar Josué Camargo Liere, exdirector del Sistema Penitenciario, aseguró que su condena y el proceso penal en su contra es político. “Mi inocencia fue demostrada durante el proceso”, comentó.

“Recordemos que mi caso lo revelaron cuando la Comisión Internacional Contra la Impunidad necesitaba un proceso para justificar su permanencia en el país”, dijo el exfuncionario.

Aseguró que realizará una huelga de hambre hasta que se expulse a la Cicig del país.

La investigación

La investigación del Ministerio Púbico (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) señaló que la Cooperativa Torre Fuerte, fundada por el recluso Lima Oliva, era una fachada para ocultar recursos provenientes de actividades ilícitas.

En este sentido, las pesquisas indicaron que el Salón y Spa B-Fashion, en zona 10, propiedad de la pareja de Lima, Alejandra Reyes Ochoa, era utilizado como centro de operaciones para coordinar los pagos. Ahí se gestionaban los vehículos de la presunta red, salían a visitar las propiedades que la red y recibían las coimas.

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Ahora el proceso de antejuicio en contra del legislador está en manos del pleno de Magistrados. El antejuicio será analizado por la CSJ, no obstante, en el informe de Valladares se señala que no hay indicios de actividades ilegales, por tanto, recomendó que no pierda su inmunidad.

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La CSJ debe conocer el informe pesquisidor, sin embargo, no está obligada a atender la recomendación del juez, es decir, si los magistrados consideran que existen suficientes indicios que ameriten despojar al diputado de su inmunidad, podrían votar de esa manera.

El informe pesquisidor protege la inmunidad del vicepresidente del Congreso, pese a que el congresista intentó, sin éxito, en 15 ocasiones separar a Valladares del proceso y fue multado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por promover recusaciones “malintencionadas y frívolas”.

El legislador se había ausentado a citaciones de la Sala en cuatro oportunidades. Finalmente presentó sus pruebas de descargo por escrito, a pesar de ser citado bajo apercibimiento.

La investigación

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) presentaron el antejuicio en contra de Alejos el pasado 25 de enero. La CSJ lo aceptó para su trámite el 25 de abril y fue ratificado el 17 de agosto. No obstante, el diputado se había resistido a comparecer ante el juez pesquisidor.

El MP acusa al diputado de Todos y primer vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso, en el caso Traficantes de Influencias, una red que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para agilizar los trámites de expedientes de devolución de crédito fiscal a cambio de comisiones ilícitas.

Según la investigación, Alejos era uno de los intermediarios de la estructura y su función era captar clientes, es decir, empresas que estuvieran dispuestas a pagar por el trámite irregular de devolución de crédito fiscal.

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La Fiscalía solicitó para Édgar Josué Camargo Liere, exdirector del Sistema Penitenciario, una condenada de siete años con seis meses por asociación ilícita, ocho años por cohecho pasivo y diez años por lavado de dinero. Para un total de 25 años con seis meses.

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En este mismo sentido, para Wiliam Estuardo Salguero Tobar, excuñado del reo Byron Lima Oliva, se solicitaron condenas por asociación ilícita, 6 años; tráfico de influencias, 2 años; y lavado de dinero, 8 años. Haciendo un total de 16 años de cárcel.

Se pidieron penas de seis y ocho años respectivamente para Martín Arévalo Godoy y Christian René Picón Cifuentes, por lavado de dinero.

Finalmente para Fernando de León Amézquita, por cohecho activo, se pidieron cinco años conmutables a Q30 por día.

El caso

El recluso Byron Lima Oliva realizaba cobros ilegales en las cárceles para permitir que los reclusos ingresaran objetos ilícitos como bebidas alcohólicas o electrodomésticos, según la acusación del MP y la Cicig.

En complicidad con Lima Oliva, Édgar Josué Camargo Liere, exdirector del Sistema Penitenciario, y Edy Fisher Arbizú, exsubdirector del Sistema Penitenciario, coordinaban el traslado de reos a diferentes centros cancelarios si se pagaba una determinada suma de dinero. El exfuncionario habría favorecido por lo menos a cuatro personas, dijo la Fiscalía.

Los operativos para desarticular la red fueron realizados en septiembre de 2014.

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La exlegisladora será juzgada por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita.

Asimismo, Ana Patricia Mazariegos Sánchez y Fernando José Siliézar Mena, madre y pareja de Emilenne, también serán enjuiciados por los delitos de asociación ilícita, fraude y lavado de dinero u otros activos.

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Roberto Candelario Gamarro Alvarado, exalcalde de Chicamán, también irá a debate por asociación ilícita, fraude y lavado de dinero u otros activos.

Estos son otros sindicados y los delitos por los que irán a juicio:

1. Sergio Guillermo Enríquez Garzaro, por lavado de dinero.
2. Víctor Hugo Enríquez Morales, por lavado de dinero.
3. Erick Antonio Siliezar Mena, por asociación ilícita y lavado de dinero.
4. Ángel Francisco García Javier, por asociación ilícita y lavado de dinero.
5. Walter Aníbal Gamarro Girón, por lavado de dinero.
6. Joaquín Romeo Gamarro Alvarado, por lavado de dinero.
7. Osman Noel Gamarro Alvarado, por lavado de dinero.
8. Axel Reginaldo Gamarro Alvarado, por lavado de dinero.

Fraude millonario

La investigación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) señala que por lo menos Q14 millones fueron pagados para proyectos de infraestructura que quedaron inconclusos.

Los fondos provenientes de la Municipalidad de Chicamán fueron destinados para beneficio de integrantes de la estructura criminal, entre ellos Emilenne Aquino Mazariegos, su progenitora Patricia Mazariegos, su conviviente José Fernando Siliézar Mena, y familiares del exalcalde de Chicamán, Roberto Candelario Gamarro, entre otros.

Candelario Gamarro se concertó con el resto de la red para darle apariencia de legalidad a varios proyectos, cuya ejecución fue convenida con una oenegé que no cumplía con las regulaciones establecidas en la ley, ni contaba con la capacidad técnica para la ejecución de los mismos.

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Velasco fue citado para declarar como testigo del Ministerio Público (MP) en el juicio en contra de Nelson Noé Rodríguez, miembro de una banda de secuestradores denominada “los Cascabel”, que se ventila en el Tribunal de Mayor Riesgo A. 

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Un abogado fue capturado mientras esperaba a que iniciara la audiencia

Los secuestradores, según explicó Velasco, tenían su centro de operaciones en una finca a campo abierto. Ahí mantenían a sus víctimas cautivas y se movilizaban  dentro del perímetro para evitar ser capturados.

Relató dos casos en particular, uno en el que la familia pagó Q26 mil y un segundo caso en el que los secuestradores exigieron Q150 mil.

Las autoridades han capturado desde año 2011 a otros nueve miembros de los Cascabel, que posteriormente han sido sentenciados en procesos de mayor riesgo.

Penas de 93 y 133 años de prisión fueron impuestas en contra de Álvaro Rodríguez Cazún, Nery Mayén y los hermanos Ermilo, Áxel Ventura y Rony Rodríguez Ortiz por los delitos de asesinato, secuestro y asociación ilícita en 2013.

Señalado

A la salida de la sala de audiencia el exsubdirector afirmó que está comprometido con la justicia y que tiene la solvencia ética para declarar en un proceso de Mayor Riesgo. “Vamos a enfrentar la justicia, porque, en verdad, el que no es delincuente no puede huir”, aseguró.

“Si creemos en la justicia, si siempre hemos servido a la justicia, hoy no puedo yo negarme servir a mi país por mis circunstancias”, dijo.

Cuestionado sobre la situación de Kamilo Rivera, exviceministro de Gobernación y prófugo desde hace más de ocho días por el mismo caso por el que fue capturado Velasco, el exsubdirector dijo que no podía hablar las decisiones que él tomó.
“No estoy para hablar de la posición que él (Rivera) tiene, cada persona tiene sus responsabilidad”, dijo.

Stu Velasco, exsubdirector de Investigación Criminal, habla sobre la situación del exviceministro de Gobernación y prófugo, Kamilo Rivera. pic.twitter.com/HtmpQ8mkgr

— Javier Lainfiesta (@jlainfiesta_) November 6, 2018

Velasco guarda prisión provisional en la Cárcel de Mariscal Zavala desde el pasado 29 de octubre por el delito de ejecuciones extrajudiciales, hechos ocurridos en 2005.

El Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de Claudette Domínguez, para el próximo 9 de noviembre.

El caso

Exfuncionarios de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio de Gobernación (Mingob) fueron detenidos señalados de ejecuciones extrajudiciales y tortura por el Ministerio Público (MP) con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Los hechos ocurrieron después de la fuga de 19 reos de la cárcel de alta seguridad El infiernito, el 22 octubre de 2005, donde, según la investigación, el Ministerio de Gobernación, entonces dirigido por Carlos Vielmann, implementó el plan Gavilán, el cual habría consistido en recapturar a los reos fugados para luego ejecutarlos.

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El juez décimo penal, Víctor Cruz, aceptó la excusa de la abogada defensora de Stalling, Delmi Castañeda, de no comparecer a la diligencia y programó nuevamente la audiencia para el 6 de febrero. Según argumentó Castañeda, debía presentarse a representar a otro cliente al Tribunal de Mayor Riesgo D.

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“Si yo no he nombrado a otro abogado, es porque no tengo dinero. Hay situaciones muy difíciles. No creo que haya una persona en este mundo que quiera permanecer un año y medio en prisión, como estuve yo, y ande suspendiendo audiencias porque se le da la gana. Estar en prisión no es andar en Disneyworld”, le dijo al togado.

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) se opusieron a que se retrasara el proceso y argumentaron que en anteriores ocasiones se han suspendido diferentes audiencias por excusas presentadas por la defensa de Stalling. Cuestionaron el interés de la defensa por llevar el caso de la magistrada.

Durante su argumentación, Stalling negó que este diluyendo el proceso en su contra. “No me parece justo ni correcto que se diga que maliciosamente se han suspendido audiencias, ¿Cuántas veces han llegado diferentes fiscales y representantes de la Cicig a las audiencias?”, comentó.

#Ahora | Blanca Stalling, magistrada separada del cargo, comparece ante el Juzgado Décimo. Solicita que la audiencia sea suspendida porque su abogada defensora no se presentó a la audiencia. pic.twitter.com/dWOT7tG39u

— Javier Lainfiesta (@jlainfiesta_) November 6, 2018

Es la tercera vez que se suspende la etapa intermedia en el Juzgado Décimo, pero la novena ocasión en todo el proceso.

El viaje del expediente

El proceso de tráfico de influencias que enfrenta Stalling ha avanzado poco, porque en cuatro ocasiones distintas, cuatro jueces se han resistido a conocer el caso, argumentando varias razones, entre ellas amistad con la sindicada.

Stalling es señalada de haber presuntamente presionado al juez Carlos Ruano para que beneficiara con una medida sustitutiva a su hijo Otto Molina Stalling, sindicado en el caso de estafa al seguro social conocido como Igss-Pisa.

Inicialmente el caso fue designado al Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, a cargo de Adrián Rodríguez, pero Stalling lo recusó por dudar de su imparcialidad y esto llevó al juez a inhibirse.

Luego, el caso pasó al Juzgado Octavo, a cargo del juez suplente José Alvarado. No obstante, Stalling logró separarlo del caso alegando que mantiene una amistad con él y que había fotografías de ambos juntos.

El expediente pasó a manos de la jueza Silvia Morales, titular del Juzgado Noveno. Sin embargo, ella se inhibió aduciendo que dudaban de su imparcialidad.

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Fue capturado mientras esperaba a que iniciara la audiencia

No obstante, interceptaciones telefónicas revelarían conversaciones de Montejo con otros miembros de la estructura a partir del 9 de noviembre. Montejo llama para confirmar el nombre de la empresa a la que supuestamente le compraron la maquinaria: Jarepsa, S.A.

Montejo hace referencia a que el dinero que le fue encontrado a Rozotto estaba en quetzales llamándolo National Geographic o pañales nacionales.

“Eso fue puro National Geographic, sino no te sirve decir”, dijo en relación a que sería más complicado justificar el origen de sumas fuerte de dinero en dólares, según la interpretación de la Fiscalía.

Montejo además habla de los nombres a los que debían estar dirigidas las cotizaciones falsas de la maquinaria.
La fiscalía tiene más de cien interceptaciones telefónicas para probar la tesis acusatoria.

El caso

Según la investigación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que cuenta con intervenciones telefónicas de los integrantes de este grupo, abogados y particulares conspiraron para liberar a Juan Bautista Rozotto López, alias Juancho, detenido en 2013.

La captura sucedió el 8 de septiembre del 2013 en una gasolinera en Santa Ana Huista, Huehuetenango, cuando trasladaba Q600 mil en efectivo. El informe de la Policía Nacional Civil (PNC) detalló que estaban ocultos bajo el compartimento en un automóvil.

En el juzgado de la localidad fue procesado Rozotto López por lavado de dinero y otros activos. Después, el caso fue cerrado debido a las acciones ilegales de la estructura criminal que presentó prueba falsa de descargo.

“Permitieron identificar las acciones para garantizar la liberación de Juan Bautista Rozotto López, a través de la presentación de documentos que permitiera acreditar falsamente la legalidad del dinero”, informó el MP y la Cicig.

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Aunque nadie lo confirma, la modificación al Código Penal podría beneficiar en forma retroactiva a los sindicados en delitos de financiamiento electoral. La Fiscalía sostiene que se hace un análisis de cada uno de los procesos, sin embargo, algunos abogados aseguran que corresponde la retroactividad porque, en este caso, los cambios favorecen al reo y así lo establece la ley. 

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Schaad agregó que “procesalmente en su momento se deberá hacer los pronunciamientos ante las judicaturas que llevan el control de los mismos”.

En análisis

La continuación de la indagatoria a 14 implicados en la fase 2 del caso Construcción y Corrupción tiene a dos implicados por financiamiento electoral ilícito. Sus abogados dicen tener claro que los recientes cambios al Código Penal significarían beneficios para sus clientes y podrían solicitarlos en los próximos días.

Oscar Augusto Guerra Villeda, -acusado de haber aportado Q143 mil 200 el 2 de julio de 2011 a la empresa Impresos Urbanos, S. A., del prófugo Alejandro Sinibaldi- y José René González-Campo Hinojosa, expresidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), -señalado Q558 mil destinados a financiar la campaña electoral de Sinibaldi, son los dos sindicados por financiamiento electoral ilícito, pero ahora tipificados como no registrados en la reforma.

Será el 9 de noviembre próximo cuando se conozcan las acciones de los abogados de los sindicados.

“El problema es la interpretación. El haber cambiado, a juicio mío, la forma en que se reformó este delito tiene efectos derogatorios, por lo tanto, el delito anterior ya no puede ser aplicado. La ley del Organismo Judicial es clara, se deroga una norma porque hay una nueva. La ley no es retroactiva salvo en cuanto beneficia al reo y acá lo que se dejó son las reglas claras para las elecciones, que se castigará al que aporte dinero a los partidos políticos de forma anónima”, explicó el penalista Juan Rodolfo Pérez, quien defiende a Guerra Villeda.
 
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Otros abogados litigantes consultados declinaron hacer comentarios sobre la reforma al Código Penal o la forma en la que afectaría a sus patrocinados, ligados a proceso penal por el delito de financiamiento electoral ilícito.  

En el caso de Francisco Gallardo, abogado defensor de Rodrigo Arenas, quien está involucrado en el caso de financiamiento electoral ilícito al partido FCN-Nación, dijo que “están en análisis” de las reformas para determinar si afectaría en algo la petición que realizarían a la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, durante la audiencia de reforma del auto de procesamiento que tienen programada para el próximo 13 de noviembre.

Posturas

Los beneficios también podrían alcanzar a diputados señalados del delito de financiamiento electoral ilícito. Orlando Blanco, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza es uno de ellos.

El legislador ya perdió la inmunidad por un proceso de financiamiento electoral ilícito, sin embargo, hasta este lunes desconocía que la reforma aprobada por el Congreso ya hubiera sido sancionada por el Ejecutivo y entrara en vigencia. 
 
“He acudido al MP y ante el juez correspondiente para solicitar, mucho antes de que se diera la aprobación, una clarificación de la sindicación porque ni siquiera acusado estoy. Ha existido una actitud pasiva de la fiscalía en ese marco que llama la atención”, afirmó el congresista.
 
Opinó que en este momento las autoridades deberán hacer una reformulación para determinar si se amerita seguir con algunos casos en función de la reforma que entra en vigencia.
 
“Mi posición es siempre estar dispuesto a aclarar las situaciones donde sea correspondiente, como lo he hecho. Soy el único acusado que siempre ha ido a decir que se avance con el proceso cuando otros tratan de dilatarlo”, indicó Blanco.

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El legislador señaló que lo que corresponde a quienes son señaladas es ponerse a disposición de los entes jurisdiccionales y esclarecer la situación.

Nineth Montenegro, diputada y secretaria general de Encuentro por Guatemala, tiene un proceso de antejuicio en su contra, señalada del mismo delito que el diputado de la UNE. Ella también aseguró desconocer que las reformas al Código Penal ya habían sido publicadas en el Diario de Centro América.
 
“Escuché declaraciones de los fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y de Delitos Electorales y ellos dijeron que el financiamiento anónimo seguía y ahora se llama no registrado y tiene pena, y fueron muy claros en decir que el financiamiento ilícito no se modificó en nada”, afirmó la parlamentaria.
 
Montenegro aseguró que el partido EG no tiene un solo hecho de financiamiento ilícito o anónimo.
 
“Todo fue registrado en el libro mayor, desde el cheque que mencionó la señora Paulina Paiz -colaboradora eficaz- y fue un error del contador. Desconocemos de dónde vino el supuesto apoyo que dijo el señor Salvador Paiz en torno a siete pasarelas y el aporte de Q1 millón 800 mil eran de varias personas que no era para el partido sino para sus campañas y lo que faltó es la declaración jurada que ya fue entregada”, afirmó la diputada.

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En el caso de Francisco Gallardo, abogado defensor de Rodrigo Arenas, quien está involucrado en el caso de financiamiento electoral ilícito al partido FCN-Nación, dijo que “están en análisis” de las reformas para determinar si afectaría en algo la petición que realizarían a la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, durante la audiencia de reforma del auto de procesamiento que tienen programada para el próximo 13 de noviembre.

Menéndez Martínez estaba citado para declarar en la audiencia en el Juzgado de Mayor Riesgo D, presidida por Erika Aifán, explicó su abogado defensor.

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¿Qué hará el MP ante la desaparición del delito de financiamiento electoral ilícito?

El abogado aseguró el día 18 de octubre tramitó sus antecedentes policiacos  y no le aparecía orden de captura vigente, a pesar que el documento de la Policía Nacional Civil (PNC) indicaba que la orden se giró el 15 de octubre.

Menéndez Martínez fue capturado por los delitos de obstaculización de la acción penal y falsedad ideológica.

Mario Alfredo Menéndez Martínez, citado a la audiencia de primera declaración del #CasoLosHuistas, es capturado en la sala de audiencia por la @PNCdeGuatemala. Se hizo efectiva la orden de captura por su presunta participación en la organización de los Huistas. pic.twitter.com/CSypgljGGu

— Javier Lainfiesta (@jlainfiesta_) November 5, 2018

El caso

Según la investigación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que cuenta con intervenciones telefónicas de los integrantes de este grupo, abogados y particulares conspiraron para liberar a Juan Bautista Rozotto López, alias Juancho, detenido en 2013.

La captura sucedió el 8 de septiembre del 2013 en una gasolinera en Santa Ana Huista, Huehuetenango, cuando trasladaba Q600 mil en efectivo. El informe de la Policía Nacional Civil (PNC) detalló que estaban ocultos bajo el compartimento en un automóvil.

En el juzgado de la localidad fue procesado Rozotto López por lavado de dinero y otros activos. Después, el caso fue cerrado debido a las acciones ilegales de la estructura criminal que presentó prueba falsa de descargo.

“Permitieron identificar las acciones para garantizar la liberación de Juan Bautista Rozotto López, a través de la presentación de documentos que permitiera acreditar falsamente la legalidad del dinero”, informó el MP y la Cicig.

Detenidos

1. Juan Bautista Rozotto López, alias Juancho: asociación ilícita, obstaculización de la acción penal y falsedad ideológica.
2. Raúl Antonio Salazar Pérez, Seco: asociación ilícita.
3. Alfredo Antonio Salazar Pérez, Gordo: asociación ilícita.
4. José Manuel Solórzano Pérez, Tosho: asociación ilícita.
5. Rudy Nery Martínez Xutuc, abogado: obstaculización de la acción penal y falsedad ideológica, detenido en la cabecera departamental.
6. Celvin Donado Jerónimo Tobar, abogado: obstaculización de la acción penal, detenido en la cabecera departamental.
7. Mario Alfredo Menéndez Martínez, abogado: obstaculización de la acción penal y falsedad ideológica.

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Según el presidente del Consejo de la Carrera, Carlos Guerra, el juez Cuarto, Pedro Laínez, cerró el caso en contra de Duarte el pasado 22 de enero de este año.

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El caso

Según el MP, Duarte habría tomado posesión de una magistratura en la Corte de Constitucionalidad, no obstante, no cesó en sus funciones de encargado del Despacho de la Subdirección de Asuntos Jurídicos del Congreso para ocupar la vacante del magistrado Alejandro Maldonado Aguirre, cuando fue nombrado vicepresidente en 2015.

A raíz de este situación, Duarte fue separado del cargo de magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) de manera definitiva, en una decisión tomada por el pleno.

La votación fue 3 a 2. Los magistrados Gloria Porras, Mauro Chacón y María de los Ángeles Araujo estuvieron de acuerdo con la separación.

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Según el investigador Walter Lozano, los vehículos utilizados por la supuesta red dirigida por Byron Lima Oliva eran coordinados desde el Salón y Spa B-Fashion, zona 10, propiedad de Alejandra Reyes Ochoa, pareja de Lima.

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Según el relato del investigador, que observó por seis meses la actividad de los vehículos vinculados con Lima Oliva y su familia, uno de los vehículos que entraba y salía todos los días de la Granja Penal Pavón llegaba también al spa.

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El caso

Lima Oliva realizaba cobros ilegales en las cárceles para permitir que los reclusos ingresaran objetos ilícitos como bebidas alcohólicas o electrodomésticos, según la acusación del MP y la Cicig.

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En complicidad con Lima Oliva, Édgar Josué Camargo Liere, exdirector del Sistema Penitenciario, y Edy Fisher Arbizú, exsubdirector del Sistema Penitenciario, coordinaban el traslado de reos a diferentes centros cancelarios si se pagaba una determinada suma de dinero. El exfuncionario habría favorecido por lo menos a cuatro personas, dijo la Fiscalía.

La investigación concluyó que se conformaron poderes paralelos que utilizan como intermediarios o gestores a las propias autoridades del Sistema Penitenciario. En este sentido, el grupo de personas se concertaban con el objeto de ejercer control e influencia en el Sistema Penitenciario.

Los operativos para desarticular la red fueron realizados en septiembre de 2014.

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Durante la audiencia de etapa intermedia, el MP solicitó que los tres implicados en el caso de manipulación de las elecciones de magistrados, conocido como Comisiones Paralelas, enfrenten juicio por los elitos de cohecho activo, cohecho pasivo e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial.

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Antes y durante el proceso de las comisiones de postulación para la selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones en 2014, López Villatoro, por medio de sus empresas, patrocinó desayunos y almuerzos a abogados para asegurar que votaran de una forma determinada en la postuladora.

Según el @MPguatemala, Roberto López Villatoro pagó a tres miembros de la Comisión de Postulación para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia varias cenas y días de hospedaje en diferentes hoteles con el fin de influir en las elecciones. pic.twitter.com/EgJDp2TSJk

— Javier Lainfiesta (@jlainfiesta_) October 30, 2018

La acusación dice que López apoyó financieramente a un grupos de profesionales para que fueran elegidos en las elecciones del Colegio de Abogados y llegó a pagar estadías de hotel a comisionados para poder trabajar en los expedientes de los aspirantes a magistrados.

Asimismo, en la oficina López Villatoro, el Bufete Lovi y Asociados, fueron localizados expedientes y reportes de las reiteradas reuniones con aspirantes a magistraturas, comisionados y diputados.

Según el @MPguatemala, Roberto López Villatoro habría otorgado más de Q340 mil en beneficios al exmagistrado Eddy Giovanni Orellana. pic.twitter.com/UxOqdsc5Ww

— Javier Lainfiesta (@jlainfiesta_) October 30, 2018

López Villatoro habría permitido que Orellana Donis viviera en el apartamento por más de nueve meses sin pagar ningún tipo de renta. Sumando este y otros beneficios, López Villatoro  entregó Q340 mil al exmagistrado.

El MP pidió que el exmagistrado Eddy Orellana, Roberto López Villatoro, conocido como El Rey del Tenis, y Clara Guadalupe López Villatoro sean enviados a juicio.

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El Juzgado Segundo Penal, que dirige Virginia de León, escuchó en audiencia de primera declaración la imputación del MP.

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Asimismo, las adolescentes encerradas se lastimaban entre ellas sin intervención de las autoridades.

La utilización de dicha habitación como medida de corrección era “arbitrario e ilegal y causaba daños físicos y psicológicos a las niñas”, señaló el MP.

Estas condiciones, según el MP, fue la que desencadenó el asesinato de  Patricia Yuceli Morales, ocurrida el 17 de octubre de 2013.

El asesinato

Ese día, diez adolescentes, internadas en el Hogar Seguro, se encontraban en el “Cuarto de Reflexión”. En esa habitación, Patricia Yuceli Morales murió estrangulada con una bufanda.

Según la reconstrucción de los hechos, dos de las menores, con antecedentes de comportamientos violentos y que habían amenazado en el pasado con dar muerte a alguna de sus compañeras, amenazaron en reiteradas ocasiones con asesinar a Morales. No obstante, las monitoras y profesoras a cargo no atendieron durante horas a la menor ni le brindaron atención emocional.

“A pesar de los gritos de auxilio, las encargadas del lugar no hicieron nada. De tal cuenta, permitieron el asesinato de la joven Patricia Yuceli Morales”, señaló la Fiscalía.

Otros menores presenciaron el hecho y quedaron con secuelas psicológicas, señaló el MP.

Las menores responsables de la muerte de Morales fueron halladas culpables y sancionadas a seis años por un juez de Menores en Conflicto con la Ley Penal.

Entre las irregularidades encontradas por la investigación, se destacó que no existía regulación sobre el uso del “Cuarto de Reflexión”, que no existía registro sobre dicha actividad y que más bien era un cuarto de privación de libertad, pues el cuarto estaba reforzado con barrotes.

Los sindicados en este proceso penal son:

1. Irma López Gómez de Álvarez
2. Janeth Agustín Vides
3. Brenda Julissa Chaman Pacay
4. Helen Johana Canahui Xitumul
5. Diana Esmeralda Mena Cuellar
6. Irma del Carmen Alonzo Delgado
7. Aura Elvira Teni Ramos
8. Alejandra Trujillo Ventura
9. Miriam Estefany Rosito Cullin
10. Lesvia Judith Soberani de Paz
11. Sonia Elizabeth Álvarez Guevara
12. Byron Orlando Ruiz de la Rosa
13. Mirna Magaly Contreras Sayes
14. Ada Celeste Morales Hernández
15. Irma Irene Soto Enríquez
16. Maritza Esperanza López Andrino
17. Rita Maria Villalta Galindo
18. Lidia Roxana Carrera Barcarcel
19. Maria Elizabeth Juárez
20. Wilson Aníbal Hernandez

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Vielmann manifestó sentirse tranquilo a su salida de la audiencia donde se le notificó que fue capturado por el delito de ejecución extrajudicial. Se declaró inocente y dijo que la Feci realizó un montaje. “Van ver el reality show de la Feci, socializando, acusándonos y condenados públicamente”, aseguró.

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Recordó que él fue absuelto en el España por el caso de ejecución extrajudicial del caso Infiernito, donde se le encontró inocente de la acusación de haber ordenado la muerte de privados de libertad que se fugaron de esa cárcel en 2005. “De ser el mismo caso sería una doble persecución, algo ilegal”, comentó.

Afirmó que demandará a la Cicig por los abusos a los derechos humanos de los que es víctima.

“Es una persecución política y hago responsable de mi integridad personal a Iván Velásquez, a la Cicig, y la Feci. Ellos mismos, en el argumento cuando fue el juicio en España, dijeron no juzgarme en Guatemala porque ponían en riesgo y no podían dar garantías a mi vida. Yo fui absuelto en el caso Pavón e Infiernito en los tribunales españoles. Es una manipulación de la Cicig y la Feci”, declaró.

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En este sentido, Stu Velasco, exsubdirector de Investigación Criminal durante el actual gobierno, aseguró que su captura se debe a ser crítico de la Cicig. “Hago responsable a la Cicig, a -comisionado- Iván Velásquez y la Feci de lo que me pueda ocurrir”, dijo.

“Por no haber ido con ellos a Naciones Unidas a decir lo que ellos querían, si este es el costo, no me importa. Soy una persona objetiva, una persona veraz. Critico lo que debo criticar y aplaudo lo que debo aplaudir, no estoy en ningún bando”, comentó sin ofrecer detalles.

Tanto Vielmann como Stu Velasco, y otros detenidos hoy, Francisco Guarcax de Paz y Víctor Ruiz, quedaron en prisión provisional en Mariscal Zavala y la audiencia de primera declaración será el 9 de noviembre.

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Los detenidos son Carlos Vielmann, exministro de Gobernación durante el gobierno de Óscar Berger; Stu Velasco, exsubdirector de Investigación Criminal durante esta gestión; Víctor Ruiz, exjefe de la extinta División de Investigación Criminal (Dinc), y Francisco Guarcax de Paz.

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Las órdenes de captura fueron giradas por el Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de Claudette Domínguez.

La jueza los envió a prisión provisional en Mariscal Zavala y programó la audiencia de primera declaración para el 9 de noviembre.

María Consuelo Porras, fiscal General, adelantó a periodistas que se trata de una investigación relacionada con el caso Infiernito y que la institución dará una conferencia de prensa a las 15.30 horas.

Vielmann dijo a su llegada a los tribunales que desconoce por qué fue arrestado.

“He estado en mis actividades personales. No he estado participando en política. Desconozco el caso”, dijo.

Vielmann vive en Guatemala luego de que fue absuelto en España por un caso de ejecución de reos durante su gestión en la cartera del Interior en el gobierno de Óscar Berger (2004-2008).

“Si se trata del caso Pavón o Infiernito es una violación más”, señaló Vielmann, quien insistió en que fue absuelto en Guatemala y España por estos casos, de los que, dijo, tuvieron inconsistencias.

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Agregó que habría comparecido ante juez si hubiera sido citado, pero hasta el momento desconoce por qué lo señalan el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en  Guatemala (Cicig), a quienes reprochó que las acusaciones en su contra han sido sin fundamento.

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A su llegada a tribunales, Velasco dijo que en su profesión de policía ha trabajado por el país. Responsabilizó del proceso en su contra al comisionado Iván Velásquez, a la Cicig y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y lo atribuyó a que no accedió a ir a Naciones Unidas “a decir lo que ellos querían”.

“Si este es el costo, no me importa”. declaró.

El MP y la Cicig, por su parte, solo han confirmado operativos pero sin precisar sobre qué caso.

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Durante esta jornada también fue arrestado Víctor Ruiz, quien fue jefe de la disuelta División de Investigación Criminal (DINC) de la PNC.

Desconoce paradero

Luego de la reunión de Gabinete, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, dijo desconocer el paradero de su viceministro Kamilo Rivera, sin embargo, aseguró que continúa en su cargo. 

De acuerdo a Degenhart, Rivera tiene tres días para presentarse a sus labores, pues así lo establece la Ley de Servicio Civil. Según el funcionario, la noticia sobre la orden de captura en contra del todavía viceministro le causó sorpresa, pero aseguró que el ministerio colabora con las diligencias, sin importar de quién se trate.

Degenhart dijo que la última vez que conversó con Rivera fue el sábado y hasta este lunes, desconoce si presentó alguna excusa para no presentarse a sus labores. 

El caso

El caso Infiernito se trató de una estructura que ejecutó extrajudicialmente a tres reos que se fugaron de la cárcel de ese nombre el 22 de octubre de 2005.

Según la investigación de MP y Cicig, esa estructura mató a Edwin Stuardo Santacruz Rodríguez, el 3 de noviembre de 2005 en Río Hondo, Zacapa; Julián Morales Blanco y José María Maldonado Sosa, el 1 de diciembre de 2005 en la Cueva, río Los Amates, Santa Rosa.

La operación dentro de esa estructura se llamó Plan Gavilán, que utilizó la maquinaria del Estado.

El 8 de agosto de 2013, el Tribunal Primero condenó a cuatro personas por este caso y por el caso Pavo Real:

1. Víctor Soto, exjefe de la Dinc, a 33 años.
2. Víctor Ramos Molina, 25 años.
3. Axel Martínez Arreaza, 25 años.
4. Aldo Stefano Figueroa Díaz, 15 años.

Empresarios se pronuncian

https://twitter.com/industriaguate/status/1056933821197754369

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Noticia en desarrollo.

Este viernes Gálvez conoció las solicitudes planteadas por Juan Carlos Salguero Barrientos, Mario Contreras Díaz y Judith del Rosario Ruiz Lau, todos sindicados en el caso Cooptación del Estado, para que se les permitiera permanecer en arresto domiciliario.

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Asimismo, le concedió a Contreras, señalado de asociación ilícita y lavado de dinero, una caución económica de Q100 mil para poder dejar la prisión.

El togado rechazó la solicitud de Ruiz Lau, bajo el argumento que existe peligro de obstaculización para la averiguación de la verdad en este caso.

La exasistente de Baldetti enfrenta proceso penal por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero y fue enviada a prisión preventiva en agosto de 2016.

El Caso

Luego de que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) desvelaran en 2015 el caso de la Línea, una investigación posterior encontró un esquema financiero que incluía nombres, empresas, cheques, bienes y movimientos financieros, el cual reportaba operaciones incluso desde el año 2008, 4 años antes que el Partido Patriota asumiera el poder.

Los nombres y empresas de la red aparecían en casos presentados por el MP y la CICIG como La Línea, la Terminal de Contenedores y el Caso del Lago de Amatitlán, y se tenía suficiente evidencia de participación en otras investigaciones en curso.

Derivado del trabajo de investigadores financieros se develó un complejo esquema que detallaba toda una maquinaria de lavado de activos meticulosamente diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del Partido Patriota del año 2011, que lleva a la Presidencia de la República a Otto Pérez Molina y a la Vicepresidencia a Roxana Baldetti Elías.

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Urrutia Guzmán, ligado a proceso penal por narcotráfico en otro proceso, fue imputado por el Ministerio Público (MP) por los delitos de violación, trata de personas y actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad.

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El presunto narcotraficante consiguió que seis guardias del Sistema Penitenciario, que resguardaban el centro asistencial, le permitieran el ingreso de bebidas alcohólicas y drogas, las cuales fueron suministradas a la menor de edad, señaló en su imputación el MP.

La víctima recibió un ofrecimiento de Q300 por prestar servicios sexuales a Urrutia Guzmán, señaló el MP.
La investigación permitió establecer que dicha actividad ilícita se repitió cinco veces más en el mismo mes.

Los nueve sindicados en el proceso fueron capturados en diferente el pasado 9 octubre de 2018. Estos son los involucrados:

• Sergio Oliverio Urrutia Guzmán, alias el Patron. Acusado de violación, trata de personas y actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad.
• Roberto Hilcías Ordoñez Fuentes y Aura Yesenia Rojas Hernández, dos particulares que colaboraron con Urrutia Guzmán, que son acusado por el delito de Trata de Personas.
• Milton Alexander Amador, Carlos Estuardo Suc Ventura, Victor Geovanny Alvarado, Jaime Pérez Toj, Lorenzo Daniel Caal Macz y Wilfredo Román Hernández, son los exagentes de presidios que fueron acusados del delito de incumplimiento de deberes.

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Jegerlehner fue encontrado culpable por Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D, del delito de lavado de dinero, a través de un proceso abreviado, siendo sentenciado a tres años de prisión y una multa de US$100 mil. Sin embargo, la jueza decidió suspender la pena de prisión del empresario, por lo que solo deberá hacer efectiva la multa.

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La fiscalía solicitaba  una pena de seis años de prisión y una multa de US$200 mil, no obstante, debido a que Jegerlehner firmó un convenio de colaboración eficaz y aportó información en contra de otros miembros de la estructura criminal, la pena fue reducida a la mitad.

El condenado seguirá procesado en otras etapas del proceso del Caso Odebrecht.

Durante su breve intervención, el empresario se limitó a decir: “Si, aceptó los hechos”.  

El Caso

La investigación del MP y Cicig señala que Sinibaldi gestionó y concertó el pago de sobornos con directivos de la empresa constructora brasileña Norberto Odebrecht S.A, a cambio de la adjudicación de contratos de  carreteras que también beneficiaron al excandidato presidencial del extinto Libertad Democrática Renovda (Líder), Manuel Baldizón, y al empresario Carlos Arturo Batres Gil. Los tres se están prófugos de la justicia.

Baldizón, en coordinación con Sinibaldi, recibió en total US$1 millón 360 mil y Batres Gil otros US$4.9 millones en concepto de comisiones ilegales por parte de directivos de Odrebrecht. El exministro de Comunicaciones repartió en total US$19.7 millones, refiere la investigación.

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Los jueces concluyeron que el grupo conspiró para atacar a agentes del Sistema Penitenciario con una granada, provocándoles la muerte a cuatro personas e hiriendo a otras 21.

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En total los acusados  recibieron una pena de 518 años de prisión.

Los sentenciados son:

• Marlon Alexander Ochoa Mejía
• Wilder Rodríguez Aguilar
• Gerardo Vinicio Sanchez Carrillo
• Carlos Antulio Barrios Alvarado
• Luis Enrique Contreras Vargas
• Félix Fernando Monroy Sipaque
• Maria Torres Morales
• Valery Aras Chacón

La única excepción fue Ada Lorena Siliezar Sista, que fue condenada a 7 años de prisión inconmutables por el delito de asociación ilícita.

El ataque

El 10 de marzo de 2015 se produjo un ataque con granada y disparos en la consulta externa del Hospital General San Juan de Dios que causó pánico y la muerte de cuatro personas.

El día del ataque murió María Romero Saravia, un día después Domingo Ical Alvarado, de 35, una semana después Modesto Ambrocio Esteban Gonzáles, 50.

Kimberly Ruano, una joven trabajadora del hospital General se convirtió en la cuarta víctima. Falleció el 3 de mayo del 2015. Era trabajadora del Departamento de Investigación Materno Infantil y participaba activamente en el programa Fábrica de Sonrisas.

Los pandilleros iniciaron el sangriento ataque para rescatar al reo Marlon Alexander Ochoa Mejía, alías el Bloqui, quien es hermano de uno de los máximos dirigentes de la Mara 18, Aldo Dupié, apodado el Lobo.

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Durante el juicio en contra 11 exfuncionarios, privados de libertad y particulares que habrían instalado en el Sistema Penitenciario una estructura dedicada a la venta de privilegios a privados de libertad, denominado caso Botellas, la Fiscalía presentó un análisis financiero de las cuentas Byron Lima Oliva, su esposa Alejandra Reyes y la Cooperativa Torre Fuerte.

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“Se han detectado anomalías en los estados financieros de los involucrados que son propias del lavado de dinero”, aseveró en el análisis.  

Uno de los mecanismo descritos al Tribunal de Mayor Riesgo “A” involucra bienes que fueron subastados por el Organismo Judicial. De acuerdo con las pesquisas, la estructura adquiría vehículos o caballos finos que habían sido extinguidos y los vendía.

El caso

Lima Oliva realizaba cobros ilegales en las cárceles para permitir que los reclusos ingresaran objetos ilícitos como bebidas alcohólicas o electrodomésticos, según la acusación del MP y la Cicig.

En complicidad con Lima Oliva, Édgar Josué Camargo Liere, exdirector del Sistema Penitenciario, y Edy Fisher Arbizú, exsubdirector del Sistema Penitenciario, coordinaban el traslado de reos a diferentes centros cancelarios si se pagaba una determinada suma de dinero. El exfuncionario habría favorecido por lo menos a cuatro personas, dice la fiscalía.

La investigación concluyó que se conformaron poderes paralelos que utilizan como intermediarios o gestores a las propias autoridades del Sistema Penitenciario. En este sentido, el grupo de personas se concertaban con el objeto de ejercer control e influencia en el Sistema Penitenciario.

Los operativos para desarticular la red fueron realizados en septiembre de 2014.

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Galvéz declaró la reserva parcial del caso y la diligencia se realizó a puerta cerrada. “Debido a que se van a tocar temas de salud, que son muy personales, consideró prudente declarar la reserva parcial”, argumentó el togado.

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La exdiputada Daniela Beltranena comparece ante el Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez. Se realiza audiencia de revisión de medida. #CasoCooptaciónDeEstado pic.twitter.com/bSWQ56JC1o

— Javier Lainfiesta (@jlainfiesta_) October 24, 2018

La audiencia era para determinar si los padecimientos de Beltranena ameritaban continuar guardando prisión domiciliar o podía regresar a la cárcel. Estuvo en prisión dos años, dos meses y 28 días.

El caso

Beltranena se entregó el 15 de junio del 2016 cuando ya transcurría una semana de audiencia de primera declaración del caso Cooptación del Estado de Guatemala.

Beltranena está procesada por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero.

“Le pido, suplico, imploro señor juez, que si es su voluntad me otorgue una medida sustitutiva (…) no me deje los años que me quedan de juventud en un centro de detención”, dijo sollozando Beltranena cuando solicitó por primera vez ser liberada de la cárcel militar Mariscal Zavala.

La investigación revela que Beltranena supuestamente recibía dinero en efectivo para pagar viajes, mantenimiento, hangares y los pilotos de las naves y aeronaves propiedad del expresidente Otto Pérez Molina.

Según el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala  (Cicig), en el desarrollo de la investigación por los casos La Línea, TCQ y Agua Mágica, así como del análisis de la documentación incautada, se descubrió un esquema financiero, que incluía nombres, empresas, cheques, bienes y movimientos financieros desde 2008, cuatro años antes de la toma del poder del PP.

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El juzgado les programó audiencia de reforma del auto de procesamiento para el próximo 13 de noviembre, confirmó el Ministerio Público. Asimismo, los otros cinco empresarios involucrados en los aportes anónimos a FCN Nación no reportados al Tribunal Supremo Electoral, podrán adherirse a la petición.

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Petición es anterior

Cuestionado sobre la solicitud realizada al juzgado, Arenas  comentó que esta fue planteada antes de que el Congreso de la Republica aprobara las reformas al Artículo 407 N del  Código Penal, que sanciona el financierito electoral ilícito.

“Nosotros solicitamos hace un par de semanas las audiencias, porque desde un principio no hemos estado de acuerdo con el delito que se nos imputa”, aseguró. Además, confirmó que presentaron una apelación en contra del testimonio prestado por la colaboradora eficaz de la fiscalía, Paulina Paiz.

En este sentido, Francisco Gallardo, abogado defensor de Arenas, matizó que está en análisis el delito que se va a solicitar, pero que podría ser encubrimiento. “Todo esto está sujeto a análisis, debido a que no consideramos las reformas aprobadas por el Congreso, pues aún falta la aprobación del presidente”, explicó.

Por su parte, Botrán  declinó hacer comentarios sobre la petición y refirió que sería su abogado defensor quien daría declaraciones.

El caso

Un grupo de siete empresarios fue ligado a proceso penal por presuntamente aportar a la campaña electoral de 2015 del Partido FCN-Nación, que llevó a la presidencia a Jimmy Morales, de forma anónima.

La investigación del Ministerio Publico (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), señaló que supuestamente se otorgó al partido, a través de un grupo de grandes empresarios, más de un millón de dólares de forma irregular.

Las reformas al Código Penal

El pasado 18 de Octubre de 2018, el pleno del Congreso aprobó las reformas al artículo 407 N del Código Penal que habla sobre el financiamiento electoral ilícito y además creó un nuevo delito en el artículo 407 O, con el cual se regulará el financiamiento electoral no registrado, hasta ahora considerado como anónimo. 

Los principales cambios están en quitarle la responsabilidad directa al secretario general de un partido político sobre los aportes, tanto ilícitos o no reportados, y ahora sería quien autorice o reciba los aportes quien enfrente los procesos penales.

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Al final del juicio, los jueces del Tribunal Tercero de Sentencia declararon inocente al exfuncionario de los delitos de concusión, abuso de autoridad, conspiración y lavado de dinero. El exfuncionario era acusado de malversar millones de quetzales destinados a la adquisición de gasolina para las patrullas de la Policía Nacional Civil (PNC).

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“El MP acusó al sindicado de beneficiarse económicamente de un contrato con la empresa Proyectos Maskana, S.A., no obstante, no aportó pruebas suficientes de que Velásquez Ramos haga actuado fuera de sus atribuciones como ministro de Gobernación”, concluyó el Tribunal.

Asimismo, comentaron que el colaborador eficaz propuesto por la Fiscalía no otorgó información útil para probar la participación en los hechos delictivos señalados por la fiscalía.

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Finalmente, el Tribunal encontró a Edwin Molina culpable por el delito de lavado de dinero y lo condenó a seis años de prisión y multa de US$208 mil. Lo absolvió del delito de cohecho activo.

La Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) actuó como querellante adhesivo en este proceso penal.

Velásquez dijo que está contento porque nada en lo que fue acusado se pudo comprobar. Estuvo preso seis años y dos meses en prisión.

El juicio por este caso comenzó el 13 de julio último.

Esta es la segunda absolución para Velásquez. El Tribunal Octavo falló a favor de él, pero una apelación retrotrajo el caso hasta la fase de juicio, lo cual concluyó hoy.

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El Caso

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), el 18 de septiembre del 2009, la Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC) y la empresa Proyectos Maskana firmaron el contrato administrativo 113-2009 para la compra de cupones canjeables en gasolina, por un monto de Q40 millones.
Sin embargo, los recursos fueron desviados a empresas de Panamá, Brasil y Estados Unidos. y se utilizaron para otras actividades ilícitas y beneficiar a particulares.

Velásquez es sindicado de los delitos de abuso de autoridad, concusión y lavado de dinero por este caso de corrupción dentro de la PNC en 2009.

Velásquez permaneció prófugo más de diez meses antes de entregarse a la justicia  en enero de 2011. El exfuncionario ingresó a prisión el 4 de octubre de 2012, por orden del Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal.

En total nueve personas fueron involucradas en la malversación, de las cuales tres han sido sentenciadas: José Aníbal Hernández Nova, exasesor de Velásquez, fue condenado a 10 años de prisión y a pagar una multa de Q205 mil por los delitos de concusión y lavado de dinero. Baltazar Gómez Barrios, exdirector de la PNC, a cinco años y multa de Q10 mil, por los delitos de incumplimiento de deberes y concusión, y Héctor Israel Lapoyeu López, a dos años, por incumplimiento de deberes.

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El pasado 18 de julio de 2016 fue asesinado Byron Lima Oliva, supuestamente, durante un enfrentamiento por el control de la cárcel Pavón, no obstante, los procesos penales en los que presuntamente estaba involucrado el reo continuaron y este martes el Tribunal  de Mayor Riesgo A, presidido por Jazmín Barrios, escuchó la declaración de los sindicados en el caso de corrupción.

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Según la investigación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), Lima Oliva realizaba cobros ilegales en las cárceles para permitir que los reclusos ingresaran objetos ilícitos, como bebidas alcohólicas o electrodomésticos.

Además, Camargo Liere, en complicidad con Lima Oliva, coordinaba el traslado de reos a diferentes centros cancelarios si se pagaba una determinada suma de dinero. El exfuncionario habría favorecido a cuatro personas.

Los operativos para desarticular la red fueron realizados en septiembre de 2014. En total 11 personas enfrentan la justicia entre funcionarios públicos, reclusos y particulares. Se les persigue por los delitos de cohecho pasivo, cohecho activo, asociación ilícito y lavado de dinero.

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El abogado defensor de Mendoza Tally, Juan Alberto Guevara, solicitó al Tribunal una medida sustitutiva para su cliente, con el argumento que el hombre presenta problemas de salud mental y emocional.

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Hasta entonces, Mendoza Tally residirá en el Hospital Federico Mora bajo custodia.

Mendoza Tally es hijo de Walter Obdulio Mendoza Matta, líder de una presunta estructura dedicada al despojo de tierras en el área de Peten.

Las pesquisas señalan que funcionarios del Fondo Nacional de Tierras (Fontierras) habrían participado y facilitaron que Mendoza Matta y su familia se apropiaran ilegítimamente de las fincas.

En total, 11 personas enfrentan juicio en el Tribunal por el Caso Génesis.

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La Sala Cuarta de Apelaciones confirmó que aceptó las pruebas por escrito, pese a que el diputado había sido citado bajo apercibimiento este martes por Jorge Valladares y no se presentó.

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El legislador se había ausentado a citaciones de la Sala en cuatro oportunidades.

Los abogados defensores del congresista, Fernando José Porras Peñate y Jorge Alexander Caal Mejía, declinaron dar declaraciones sobre el fondo y la forma de los documentos presentados a la Sala.

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La investigación

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) presentaron el antejuicio en contra de Alejos el pasado 25 de enero. La CSJ lo aceptó para su trámite el 25 de abril y fue ratificado el 17 de agosto. No obstante, el diputado se había resistido a comparecer ante el juez pesquisidor.

El MP acusa al diputado de Todos y primer vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso, en el caso Traficantes de Influencias, una red que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para agilizar los trámites de expedientes de devolución de crédito fiscal a cambio de comisiones ilícitas.

Según la investigación, Alejos era uno de los intermediarios de la estructura y su función era captar clientes, es decir, empresas que estuvieran dispuestas a pagar por el trámite irregular de devolución de crédito fiscal.

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El la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) en Guatemala y la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) de Honduras implementan un plan para que los miles de migrantes hondureños desistan de seguir el viaje hacia Estados Unidos  a partir de este sábado.

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El plan, según un comunicado emitido por la Conred, surge de la necesidad manifiesta de muchos migrantes de querer regresar a Honduras, luego que se impidiera el ingreso de la Caravana a territorio mexicano en la frontera Guatemala-México, en Tecún Umán, Ayutla, San Marcos.

El plan consiste en otorgarle a los migrantes alivio humanitario y luego trasladarlos a en buses gratuitos desde Ayutla hasta Puerto Barrios. Una ruta que atraviesa el país, similar a la que los migrantes tomaron cuando salieron de San Pedro Sula.

La Conred activó sus protocolos de respuesta y aseguró que los migrantes recibirán atención en salud, derechos humanos y atención prehospitalaria. Además, de resguardo de la Seguridad y orden público por medio de la Policía Nacional Civil.
“El Ministerio de la Defensa Nacional estableció tres centros de abastecimiento, ubicados en la Cuarta Brigada de Cuyotenango en Suchitepéquez; la Brigada Militar Mariscal Zavala en Ciudad de Guatemala; y la Segunda Brigada de Infantería en Zacapa, Zacapa”, se especifica en el comunicado.  

Las instituciones que participaran activamente en el plan durante los próximos días son: la PNC, el Ministerio de la Defensa, la Cruz Roja Guatemalteca, Cuerpos de socorro, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, Ministerio de Relaciones Exteriores, Procuraduría de los Derechos Humanos, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Gobernaciones departamentales y municipalidades en donde se transporten las personas, Superintendencia de Administración Tributaria, el Instituto Guatemalteco de Migración del Ministerio de Gobernación, entre otros.

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El hombre tenía vigente una orden de captura por el delito de asesinato, informó la Policía Nacional Civil.
Según el vocero de la PNC, Pablo Castillo, Pablo García es un peligroso pandillero de la Mara Salvatrucha sindicado de participar en al menos 21 asesinatos, entre ellos los de dos policías.

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Perfil criminal

Anderson Cabrera, alias “Liro Boy”, fue condenado en 2013 a 162 años de prisión por asesinato, conspiración para asesinato, asociación ilícita y exacciones intimidatorias. Según se comprobó, fue quien coordinó desde la cárcel El Boquerón la muerte de cinco comerciantes a quienes su grupo extorsionaba, en la colonia 4 de Febrero, zona 7. Sentencia que cumplía cuando fue rescatado.
La Fiscalía determinó que Cabrera Cifuentes ordenaba el cobro a cada comercio que operaba en el área bajo su dominio, y quien no pagaba era asesinado.
La información de las autoridades precisa que el grupo Vatos Locos tenía control total y cobraba Q200 de extorsión a tortillerías, panaderías, carnicerías y farmacias.
A través de escuchas telefónicas los investigadores supieron que Anderson Cabrera mantenía el control de su grupo aun estando preso en El Boquerón. Otros miembros y colaboradores de la pandilla le llevaban chicharrones, carne, leche en caja y otros productos.
El Little Boy organizaba churrascos dentro del penal de máxima seguridad. Incluso, en una ocasión hubo una llamada que él hizo a alguien de su grupo para agradecer las 15 libras de carne que le llevó, y para presumir detalles de la actividad que hizo ese día en la cárcel.

Suicidio

Cabrera estuvo prófugo de la justicia por poco más de un año, hasta que fue copado por las autoridades en un operativo el pasado 4 de Octubre de 2018, en la manzana 33, lote 13 y sector 3 de la colonia Mirador de la Cruz, zona 18 capitalina. Al verse rodeado por la policía el pandillero se suicidó, según la versión oficial.

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La Intendencia de Verificación Especial presentó una denuncia ante la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos luego de detectar una serie de transacciones sospechosas. Según la investigación del MP, en total 2 millones 220 mil 816 dólares habrían sido blanqueados a favor de 26 personas radicadas en Guatemala.

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Los ahora capturados habrían efectuado 861 transferencias, por medios de las cuales cobraban el dinero para darle una apariencia de legalidad y justificar su origen, según la tesis de la fiscalía. Se presume que el principal beneficiario es una persona de origen asiático, informó el MP.

La fiscalía coordinó cuatro allanamientos en el departamento de Guatemala y uno más en el municipio de Sanarate, del departamento de El Progreso.

Los capturados:

1. Carlos Alexander Velásquez
2. Carmen Martínez
3. Bayron Alexander Velásquez Martínez
4. Moisés David Lutín Tobar
5. Sandra Elizabeth Reyes Gómez
6. Bertila Aguirre Gutiérrez
7. Vilma Noely Salguero Samayoa

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De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el exfuncionario desvió fondos de la SAT a cuentas de empresas vinculadas a él y sus hijos.

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 “Hubo una triangulación de cuentas bancarias por parte del exfuncionario de la SAT, de su hijo, Junior Vinicio Abadío Carrillo, y de la empresa de nombre Litografía Free Hands, propiedad de éste último, y Construcciones Nueva Era, Sociedad Anónima”, se lee en el comunicado.

En libertad

Abadío Molina fue capturado en julio de 2004 por el saqueo de Q53 millones de la institución que dirigió en tiempos del gobierno del Frente Republicano Guatemalteco (FRG).

En el 2007, el Tribunal Quinto de Sentencia, condeno  a Abadío a 30 años y seis meses de cárcel, el pago de Q24 millones 158 mil –que fueron cancelados–, por responsabilidades civiles, y una multa de Q90 mil, por los delitos de concusión, fraude y lavado de dinero.

En la sentencia quedó establecido que Abadío autorizó la adquisición de productos publicitarios y servicios sobrevalorados a empresas afines. Algunas no existían, pero cobraron a la SAT.

Por su parte, Junior Vinicio Abadío Carrillo fue sentenciado por los delitos de caso especial de estafa y lavado de dinero a 15 años de prisión. Aún se encuentra cumpliendo condena.

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Según reportes generados por el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), para el mes de agosto el gobierno central había devengado un total Q46 mil 13 millones del presupuesto total aprobado para este año que asciende a Q77 mil 921 millones.

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Guatemala será sede de este importante encuentro de juristas

Solamente los ministerios de Energía y Minas, Trabajo, Defensa y Educación cumplen con el nivel de ejecución esperada.

En consideración del Abelardo Medina, economista encargado del área de análisis macrofiscal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), la baja ejecución denota incapacidad de las carteras de realizar compras, no obstante, señala que el problema real es que los recursos que son ejecutados no se traducen a resultados tangibles en infraestructura y programas de beneficio social.

“Está bien que se gasten los recursos, pero que se vean reflejados los resultados sino ¿en qué se están gastando el dinero?”, dijo y añadió, “No es posible que tres años después de entrada en vigencia de las reformas a la ley de Compras y Contrataciones, sigan diciendo que es la ley, ya deberían haber aprendido a usarla”.

En este sentido, Irene Flores, consultora del Área Administrativa del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), comentó  que la no aprobación del presupuesto 2018 obligó a las carteras a trabajar con el que estaba vigente en 2017 y fue necesario realizar un reacomodo a lo interno de cada ministerio antes de proceder a realizar licitaciones y cotizaciones.

“Además, existe temor entre los funcionarios de públicos de firmar y autorizar compras y contrataciones debido a los casos destapados en la lucha contra la corrupción. Ahora son mucho más cuidadosos para no terminar involucrados en el uso anómalo de recursos”, aseveró.

Asimismo, resaltó la ineficiencia en los procesos internos del gobierno y sus procesos engorrosos para ejecutar recursos. “El Estado es bueno para pagar planillas y compras directas, que son tramites simples, pero, es malo para adquirir insumos”, dijo.

En este sentido, en los últimos 15 años la ejecución presupuestaria a nivel general ha cerrado en un 90%, recordó Flores.

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Se unirán a este sistema de información los ministerios de Educación, Finanzas, Salud y Trabajo; la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, la Contraloría General de Cuentas, los institutos Guatemalteco de Seguridad Social, Guatemalteco de Turismo y el Nacional de Ciencias Forenses; los registros de Información Catastral, el General de la Propiedad y el Mercantil General, así como la Superintendencia de Administración Tributaria.

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“El MP se compromete a resguardar la información, por lo que los documentos serán tratados con altas medidas de seguridad”, explicó.

#Ahora | Maria Consuelo Porras, Fiscal General del @MPguatemala, firma convenio de colaboración con 13 instituciones estatales para agilizar el intercambio de información. pic.twitter.com/2bneknWnLH

— Javier Lainfiesta (@jlainfiesta_) September 27, 2018

Los documentos solamente podrán ser solicitados por personal autorizado por el MP y solamente se indagará el caso específico que se esté trabajando. Los servicios de información estarán disponibles las 24 horas.

Porras comentó que las notificaciones electrónicas agilizarán las diligencias  de los casos y optimizarán el tiempo de los agentes fiscales. Esto representará un ahorro de Q2.4 millones en papel y mensajería al mes.  

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Los departamentos de Guatemala, Escuintla y Chiquimula, son los que han experimentado los descensos más significativos en la frecuencia de homicidios, reportando durante agosto una reducción en comparación con el año pasado de 21%, el 20% y el 39%, respectivamente.

La tasa de homicidios mantiene su tendencia a la baja durante el mes de agosto. Alcanzó una tasa de 22.8 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. pic.twitter.com/oabuZgjrm9

— Javier Lainfiesta (@jlainfiesta_) September 26, 2018

Por otro lado, Jalapa y El Progreso reportaron un incremento de un 32% y 33% en el número de muertes violentas en relación con 2017, respectivamente.

Preocupan extorsiones

A pesar de este panorama prometedor, los datos muestran que el fenómeno de la extorsión se ha incrementado y continua con una tendencia hacia la alza a nivel nacional, como se ha observado en los registros del 2018.

En enero de 2017 se estimó que la tasa de denuncias de extorsión era de 43.5 por cada 100 mil habitantes, no obstante, hasta agostó experimentó un incremento del 15.4%.

Las denuncias por extorsiones sigue al alza y ya alcanza una tasa interanual de 50 por cada 100 mil habitantes. pic.twitter.com/EzsF5lMltO

— Javier Lainfiesta (@jlainfiesta_) September 26, 2018

De acuerdo con el investigador del CIEN, Walter Menchú, la reducción en la tasa de homicidios es positiva y puede ser atribuida a los operativos de seguridad preventiva impulsados por la PNC en unidades de transporte público y vías principales. “Los informes de inteligencia realizados por investigadores de la policía también han demostrado efectividad al momento de evitar ataques armados e interceptar sujetos que trasportan ilícitos”, comentó.

Sin embargo, señala que la tasa de extorsiones evidencia que las autoridades no han sido capaces de mitigar este fenómeno criminal. “Sabemos que existe una estadística gris, pues muchas personas sufren de extorsiones, pero no denuncian, por eso es muy importante que las personas denuncien para recibir apoyo de las fuerzas del orden público”, explicó Menchú.

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La pena es menor a lo que la Fiscalía había pedido, 10 años de cárcel, por el mismo delito.

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La audiencia de reparación será el 26 de septiembre próximo a las 14 horas.

“Serví tres años y medio a mi país. La esperaba -la condena- porque es un tema político. La justicia está politizada y no podía esperar otra cosa. Pero sentencia en firme es hasta que agotemos todos los recursos”, declaró Bonilla luego de la sentencia.

El funcionario enfrenta otros procesos judiciales, como Cooptación del Estado y Patrullas, así como una solicitud de extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.

Argumentos

Ruano consideró que haber arrendado vehículos blindados por medio un procedimiento de excepción –sin cotizar– no era legalmente procedente debido a que no se cumplían con las condiciones reguladas por el Ley de Compras y Contrataciones del Estado y no era coherente con el Manual de Clasificaciones Presupuestarias.

“Debió haberse realizado una licitación como procedimiento para la contratación”, dijo el juez.

Además, señaló que se pudo demostrar que los exfuncionarios tenían pleno conocimiento del contenido de los contratos administrativos.

Defiende inocencia

Antes de la sentencia, López Bonilla señaló que el proceso penal en su contra ha “dejado más dudas que respuestas” y defendió su inocencia al asegurar que no autorizó, mientras estaba el frente de Gobernación, ninguna acción ilegal.

“Seguiré defendiendo mi inocencia con dignidad, porque hasta para llevar grilletes hay que tener dignidad”, le dijo al juez.

Aseguró que su trabajo como ministro está respaldado por la mejora en indicadores claves de seguridad. “Ni antes, ni después de Mauricio López Bonilla, estoy seguro, se va poder hacer todo lo que nosotros hicimos. Nuestros logros para fortalecer la institucionalidad están más que claros”, dijo.

Otro sentenciado

El ex viceministro de Gobernación, Manfredo Vinicio Pacheco Consuegra, también fue hallado culpable de fraude y deberá cumplir condena de ocho años y seis meses.

El exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), Walter René Vásquez Cerón, fue absuelto del delito de abuso de autoridad y se ordenó su libertad.

El caso

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público (MP), los tres exfuncionarios estuvieron involucrados en la suscripción de forma anómala de cinco contratos de arrendamiento de 47 vehículos, por un monto total de Q32 millones 700 mil 491.09, entre 2014 y 2015.

La Fiscalía contra la Corrupción sostuvo que López Bonilla cometió un acto ilegal al aprobar por medio de resoluciones ministeriales los términos de referencia de contratación, ofertas y los cinco contratos administrativos de arrendamiento de los vehículos blindados para el uso de funcionarios.

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El Ministerio Público (MP) y habia solicitado al Tribunal de Mayor Riesgo C, presidido por Pablo Xitumul, 20 años de cárcel para Mario Baldetti, hermano de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, por los mismos delitos que cometió la exfuncionaria.

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Asimismo, el MP solicitó una pena de 14 años para Edvin Francisco Ramos Soberanis, exdirector de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (Amsa), por los delitos de fraude e incumplimiento de deberes.

En el caso del empresario vinculado a  M. Tarcic Engineering Limited, Hugo Rodolfo Roitman, el ente investigador solicitó una pena de 22 años por los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y fraude.

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Para Jorge Mario de Jesús Cajas Córdova se pidió una pena de 14 años por asociación Ilícita y fraude.

La fiscalía solicitó siete años de prisión para Marilyn Anabella Sosa Azurdia y Rubén Estuardo Torres Anleu por el delito de cohecho pasivo.

Para Juan Eddy Díaz Sandoval, se pidió una pena de 23 años por asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.
Así también, se solicitó siete años de cárcel para Sergio Alejandro Marroquín Vivar, por cohecho activo.

La fiscalía pidió para Allan Franco de León, Lizbeth María Alonzo Azurdia y Sandra Ninet García España penas de entre 14 y 16 años por los delitos de asociación ilícita y fraude.

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Quiso bloquear a la Cicig

Un abogado defensor, Gustavo González, pidió al Tribunal no atender las conclusiones de Luis Gaitán Arana, representante de la Cicig en el juicio, con el argumento de que Guatemala no renovará el mandato de la comisión, el comisionado Iván Velásquez está fuera del territorio y su retorno es incierto, pero los jueces lo rechazaron.

El caso

De acuerdo con la acusación del MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), una organización criminal operó dentro de instituciones estatales claves, así como en empresas creadas con el objetivo de obtener de forma ilícita la concesión del proyecto de limpieza y saneamiento del Lago de Amatitlán, y de esta manera agenciarse de un beneficio económico.

Dicho proyecto estaba a cargo de AMSA, por lo cual el Estado debía pagar a M. Tarcic Engineering Limited Q137.8 millones. De estos, solamente se pagaron Los Q20.7 millones, los cuales terminaron en las cuentas bancarias de un conglomerado de empresas y personas particulares, de acuerdo con el Ministerio Público (MP).

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A pesar de la resistencia de los abogados defensores, que asentaron propuestas para evitar que el audio fuere reproducido, Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D, autorizó al Ministerio Público (MP) presentar la evidencia.

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Durante la campaña presidencial del 2011, que ganó el Partido Patriota (PP), Sinibaldi utilizó los recursos de su agencia de publicidad para imprimir impulsar la campaña electoral y también para realizar campaña negra “más profesional” en contra de figuras políticas, incluida la secretaria del Partido Unidad Nacional de la Esperanza (Une), Sandra Torres. “La empresa recibía $30 mil dólares al mes por este trabajo”, aseguró la exasistente.  

Luego de ganar las elecciones y se nombrado ministro de Comunicaciones, de acuerdo con el relato de Herrera, Sinibaldi instituyó las “jornadas de pagos” para organizar la entrega de las coimas exigidas a los constructores para pagarles  deudas o adjudicarles proyectos.

 “Los empresarios llegaban a la oficina de zona 10 para dejar el pago, siempre se manejaba en efectivo. Cuando era temporada de pagos, como lo llamaba Sinibaldi, llegaban”, comentó. Explicó que se adquirió una caja fuerte –de la que ella tenía la clave– para guardar todo el dinero en efectivo.

Sinibaldi les ordenó que escondieran más Q39 millones en efectivo que guardaba en sus dos apartamento que funcionaban como bóvedas, luego que se enteró que el apartamento de Roxana Baldetti fue allanado.

“El dinero que se sacó de ahí se cargó en mi carro, eran maletas y maletines, que le pidió a Juan Pablo y a Pedro que consiguieran y maletines que estaban en la oficina, ya todo se llevó ese mismo día. En la noche se cargó todo a la camioneta y se llevó a la oficina de la zona 10, en la oficina de la zona 10 estuvo durante toda la noche y al siguiente día vino el señor Sinibaldi y dijo que tampoco me podía quedar con este dinero acá, de este primer apartamento en Margaritas se sacan 39 millones de quetzales en efectivo”, comentó.

El dinero se repartió entre diferentes conocidos y hombres de confianza de Sinibaldi que lo escondieron en diferentes lugares.

Según declaró Herrera, Sinibaldi renunció al Partido Patriota tan solo una semana antes de que se destapara el Caso de La Línea, por el cual se precipitó la renuncia del expresidente Otto Pérez Molina y la de la exvicepresidenta Roxana Baldetti en 2015.

“Desde entonces su vida cambió, su ritmo de trabajar se disminuyó y las reuniones bajaron”, comentó.

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Se solicitó que Mario Baldetti sea condenado a seis años por asociación ilícita, ocho años por fraude y seis por tráfico de influencias.

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El MP pidió que Jorge Mario Cajas purgue seis años por asociación ilícita 6 años y otros ocho por fraude. Y para Marilyn Soza, siete años por cohecho pasivo.

El Tribunal suspendió la audiencia y quedaron por solicitarse las penas de nueve implicados.

Intenta separa a juez

La exvicepresidenta Roxana Baldetti fracaso en su intento por separar a Pablo Xitumul, presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C, del caso Lago de Amatitlán.

Baldetti promovió una recusación en contra de Xitumul y aseguró que el togado no ha llevado el proceso en su contra de forma imparcial. Explicó que se ha podido apreciar la preferencia del juez al Ministerio Público (MP) y la parte acusadora.

Específicamente se refirió al testimonio que presentó en el juicio de su exasesora Karen Cardona, realizado por videoconferencia, aduciendo que sus palabras habían sido malinterpretadas por el presidente del Tribunal de forma que Baldetti terminara perjudicada.

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“Yo estoy segura que voy a ser condenada si el juez Xitumul sigue siendo presidente del Tribunal, por eso pido justicia”, exclamó.

Mauricio Alamilla, abogado de la exvicemandataria, señaló que Xitumul había demostrado su parcialidad y le pidió a la sala que separe al juez del proceso penal.

Finalmente, la la Segunda de Mayor Riesgo resolvió que el Juez del Tribunal C, Pablo Xitumul no externó opinión dentro del proceso al dar lectura a un artículo y rechazó la recusación presentada por Baldetti.

El juez Xitumul denunció en días recientes que fue insultado por un desconocido y ser fotografiado de forma arbitraria por policías, así también acusó públicamente al presidente del Consejo de la Carrera Judicial (CCJ), Carlos Guerra, por interferir en su labor como juez.

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Juicio llega a recta final

Baldetti enfrenta a un juicio en el Tribunal de Mayor Riesgo C por los delitos de tráfico de influencias y fraude por presuntamente haber encabezado una estructura criminal que defraudó al Estado de Guatemala con un proyecto de limpieza del Lago de Amatitlán.

Este miércoles el juicio llegó a la etapa de conclusiones y le concedió la palabra al MP para que realice sus argumentaciones finales previo a la sentencia del Tribunal.

De acuerdo con la acusación del MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), una organización criminal operó dentro de instituciones estatales claves, así como en empresas creadas con el objetivo de obtener de forma ilícita la concesión del proyecto de limpieza y saneamiento del Lago de Amatitlán, y de esta manera agenciarse de un beneficio económico.

Dicho proyecto estaba a cargo de AMSA, por lo cual el Estado debía pagar a M. Tarcic Engineering Limited Q137.8 millones.

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La Sala Cuarta de Apelaciones Penal confirmó que recibió el recurso y que nuevamente el proceso en contra del congresista por el caso Traficantes de influencias se detuvo.

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CSJ benefició a este funcionario del gobierno de Jimmy Morales

El MP y la Cicig presentaron el antejuicio en contra de Alejos el pasado 25 de enero. La CSJ lo aceptó para su trámite el 25 de abril, que fue ratificado el 17 de agosto. No obstante, el diputado se ha resistido a comparecer ante el juez pesquisidor y ha promovido recursos para detener el proceso.

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En reiteradas ocasiones el congresista ha justificado su resistencia afirmando que el proceso es ilegítimo y espurio. “No voy litigar en los medios de comunicación como lo ha hecho Thelma Aldana -exfiscal General- e Iván Velásquez -director de la Cicig- para buscar una condena mediática a falta de pruebas. Estoy ejerciendo mi derecho de la legítima defensa, consagrado como una garantía constitucional”,  afirmó el diputado cuando el MP ratificó la solicitud de antejuicio.

El MP acusa al diputado, primer vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso, en el caso Traficantes de Influencias, una red que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para agilizar los trámites de expedientes de devolución de crédito fiscal a cambio de comisiones il��citas.

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Según la investigación, Alejos era uno de los intermediarios de la estructura y su función era captar clientes, es decir, empresas que estuvieran dispuestas a pagar por el trámite irregular de devolución de crédito fiscal.

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La Corte de España denegó la solicitud basándose en la ciudadanía española del acusado. No obstante, los magistrados dieron mérito a la imputación realizada por el MP, asegurando que “los hechos aparecen descritos con suficiente detalle y precisión como para analizar si son constitutivos de delito en España”.

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Manuel Baldizón es capturado por el FBI mientras estaba recluido en una prisión para migrantes en EE. UU.

La magistrada Ángela Murillo, presidenta de la Sala, añadió que “sería fácil proceder a su enjuiciamiento en nuestro país (España) por el delito de cohecho a instancias de las autoridades de Guatemala”.

El 15 de abril de 2016, el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig)  revelaron un nuevo caso de corrupción que implicaba al expresidente Otto Pérez Molina y la exvicegobernante Roxana Baldetti, el Caso TCQ. El exbinomio presidencial habría recibido sobornos por US$4.2 millones cada uno, negociados con directivos de Group Maritim-Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB) y su filial en Guatemala, Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

El grupo habría negociado sobornos por US$24.4 millones para dejar operar a la compañía, aunque al final solo recibió US$12 millones. Otros US$5.5 millones fueron entregados a otros grupos, para un total de US$30 millones, según detalla el MP.

Pérez-Maura, quien era vicepresidente de TCB, habría sido el gestor de los sobornos, señala la investigación.

*con información de Europa Press

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Jegerlehner dijo que recibió dinero de la firma de construcción brasileña Odebrecht para su concuño, el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi.

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Denis Asencio, abogado defensor de Jegerlehner, aseguró que su patrocinado admitió su culpabilidad de los hechos imputados por el MP y que se está discutiendo una reparación digna con la Procuraduría General de la Nación (PGN). Sin ofrecer detalles, comentó que esta sería de carácter económico en beneficio del Estado de Guatemala.

En este sentido, Asencio confirmó que Jegerlehner es colaborador eficaz del MP y presentó su declaración en anticipo de prueba.

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El concuño de Sinibaldi está acusado de lavado de dinero en este caso, pero enfrenta otro, el de Construcción y Corrupción, por los delitos de asociación ilícita y bbstaculización a la acción penal. El acusado goza de medida sustitutiva.

Aifán programó la audiencia de proceso abreviado para el 25 de septiembre.

Caso Odebrecht

La investigación del MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) señala que Sinibaldi gestionó y concertó el pago de sobornos con directivos de la empresa constructora brasileña Norberto Odebrecht S.A, a cambio de adjudicación de contratos de  carreteras, que también beneficiaron al excandidato presidencial de Líder, Manuel Baldizón, y al empresario Carlos Arturo Batres Gil. Los tres se están prófugos de la justicia.

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A finales de 2012 se adjudicó y firmó con Odrebrecht el contrato para la rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de la Ruta CA-2 Occidente, en los tramos Cocales -El Zarco- Coatepeque -Tecún Umán.

Baldizón, en coordinación con Sinibaldi, recibió en total US$1 millón 360 mil y Batres Gil otros US$4.9 millones en concepto de comisiones ilegales por parte de directivos de Odrebrecht. El exministro de Comunicaciones repartió en total US$19.7 millones, refiere la investigación.

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En un pleno extraordinario celebrado este lunes, los magistrados casi eligen a Vásquez como su presidente para el último período de la Corte. El magistrado Josué Felipe Baquiax fue quien propuso a Vásquez como candidato para presidir el Organismo Judicial y la CSJ, siendo esta la única nominación.

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Vásquez se ha desempeñado como magistrado en la sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Quetzaltenango y fue presidente de la Asociación de Abogados y Notarios de San Marcos.

También fue abogado litigante y trabajó como agente fiscal del Ministerio Público. 

Una nueva ronda de elección se realizará este martes a las 15 horas.

Corte incompleta

Se celebró la elección pese a que la Corte no estaba plenamente integrada –con 11 de los 13 miembros que debería tener–, pues el Congreso aún no ha nombrado remplazo para las vacantes que dejaron Blanca Aída Stalling Dávila y Elizabeth Mercedes García Escobar.

En el primer caso, Stalling fue despojada del cargo, de manera provisional, y procesada por haber presionado al juez Carlos Ruano para que le otorgara arresto domiciliario a su hijo Otto Fernando Molina Stalling, que espera la sentencia del caso IGSS-Pisa-Chiquimula, un fraude en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Por su parte, la muerte de García, el 4 de agosto recién pasado restó un puesto más a la CSJ.

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En la audiencia de primera declaración, el Ministerio Publico (MP) imputó delitos a 15 sindicados en el proceso penal por plazas fantasma en el RIC. A Baldetti se le señaló que cometer los delitos de asociación ilícita y peculado por sustracción y a Beltranena el de peculado por sustracción.

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Investigan a la supuesta agente que fotografió a manifestantes y periodistas

De acuerdo con la acusación del MP, durante 2012 a 2015, una estructura ilícita operó al interno del RIC para crear plazas fantasma para pagar favores políticos o sufragar gastos varios.

La Fiscalía señala que, durante el 2013 y 2015, el gobierno del PP nombró a Emilia Ayuso, cercana a Baldetti, como directora interina, quien designó a Carlos Humberto Santos Olivares como gerente Financiero del RIC.

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La investigación arrojó que por instrucción directa de Baldetti y Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la vicepresidencia y colaborador eficaz de la fiscalía, Ayuso contrató a personas en el RIC en base a una lista específica.

1. Plazas referidas en las que el “contratado” se queda con un porcentaje del sueldo, siendo que no cumplían con el objeto del contrato y que el resto se daba a la persona que los refirió.
2. Plazas referidas en las que “el contratado” se queda con el dinero del sueldo de personas contratadas por la institución sin que cumplan el objeto del contrato.
3. Plazas pagadas por RIC en las que el contratado realiza otras actividades que no correspondían a las asignadas por la institución, pero sí trabajaban para la persona que los refirió.

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La estructura que operó en el RIC vulneró los fines de la institución y le causó una pérdida financiera calculada hasta este momento en Q4 mil 893 millones, según la investigación.

Baldetti permanece en prisión por los casos Cooptación del Estado, Agua Mágica y La Línea, en tanto que Beltranena, procesada en Cooptación del Estado, fue excarcelada en días recientes.

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El Ministerio Publico (MP) recibió una denuncia formal por presuntos actos de intimidación por parte de la mujer, cuya identidad se desconoce, quien se hizo pasar por periodista y fotografió a los asistentes a la conferencia de prensa en la Corte de Constitucionalidad (CC) del domingo.

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En este sentido, la portavoz aseguró que el ente investigador ya tiene en su poder el celular que la denunciada habría dejado en la escena al escapar y se extraerá todos los datos que se encuentren almacenados en la memoria del dispositivo.

El MP revisará las grabaciones de las cámaras de seguridad de la CC para lograr establecer la identidad de la supuesta agente.

Pablo Castillo, portavoz de la Policía Nacional Civi (PNC), dijo que la mujer no fue consignada ante un juzgado, a pesar de que el arresto, cerca de la Corte, quedó documentado por periodistas.

Según testigos, la mujer se identificó como agente de la PNC ante  sus captores, para evitar el arresto.

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Responsabilizan a Gobernación

Aldo Dávila, manifestante miembro de la organización Colectivos Urbanos, aseguró que, en compañía de delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), se presentó la denuncia forma al MP y se entregó la evidencia.

Dávila denunció la noche del domingo que él y sus compañeros fueron fotografiados por esta supuesta agente mientras participaban en una manifestación de apoyo a Iván Velázquez, jefe de la Cicig. “Al pedirle que se identificara, huyó”, señaló el manifestante. De acuerdo con su relato, la mujer escapó en una motocicleta sin placas que ya la esperaba a las afueras de la CC.

“Desde este momento responsabilizamos al ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, de cualquier acción que se pueda llevar a cabo en contra de las personas que fueron fotografiadas”, dijo el activista.

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Periodistas también denunciaron que fueron fotografiados por la supuesta agente.

Hasta el momento ni la PNC, ni el Ministerio de Gobernación se han pronunciado por el hecho.

El domingo, los cinco magistrados de la CC otorgaron un amparo provisional a favor del abogado Alfonso Carrillo y ordenaron a las autoridades migratorias que permitan el ingreso de Velázquez al país, luego que el presidente Jimmy Morales ordenara prohibirle el ingreso por considerar que atenta contra la paz y la seguridad nacional.
 

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Dina Ochoa, presidenta del máximo tribunal y magistrada que fue designada por el presidente Jimmy Morales, encabezó  la conferencia de prensa en la que afirmó que por decisión unánime  se otorgó el amparo al recurso promovido por el abogado Alfonso Carrillo Marroquín, basados en que se deben resolver los conflictos con la Organización de Naciones Unidas agotando los recursos establecidos en el convenio del Estado.

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Agregó que se declara la orden incumplida en el momento que no se permita el ingreso al territorio guatemalteco del comisionado. “El incumplimiento de las órdenes dispuestas en el presente autor, y rogará a los funcionarios responsables la sanciones que corresponda de conformidad con la ley de la materia”, concluye la resolución.

El 31 de agosto, el presidente Jimmy Morales anunció que no prorrogará el mandato de la Cicig, y el 5 de septiembre, con el argumento de “orden y seguridad pública”, el Gobierno también había tomado la decisión de prohibir la entrada al país del jefe de la comisión internacional. Según la magistrada, las controversias deberán ser resueltas por medio de una negociación entre las partes, lo cual está establecido en el artículo 12 del acuerdo de creación de la comisión.

Por otra parte, la CC no otorgó los amparos interpuestos que tienen como objeto detener la decisión del mandatario de no prorrogar la continuidad de la Comisión. El fallo de la CC fue enfático al subrayar el carácter supremo de sus resoluciones, pues por disposición de la Asamblea Nacional Constituyente le corresponde ser garante del cumplimiento de los principios legales y constitucionales del país.

Reacciones

Consultado sobre el fallo, Alfredo Brito, secretario de Comunicación de la Presidencia, aseguró que no emitirían pronunciamiento hasta ser notificados. Matías Ponce, vocero de la Cicig, dijo que son respetuosos de las decisiones judiciales dictadas y que la Cicig sigue trabajando con normalidad en el marco de su acuerdo.

Según Roberto Molina Barreto, exmagistrado de la CC, lo que llama la atención de la resolución es que evita mencionar el nombre del comisionado. “Por la prudencia con la que emitió la resolución, lo que indica es que si bien continúa la Cicig por un año más, es lógico que es al comisionado al que debe dejarse entrar al país”.

Sin embargo, agregó que es posible que se haya negociado o se esté negociando un cambio de comisionado, lo cual explicaría la razón por la cual emitieron la resolución de manera unánime. Respecto del cumplimiento de la orden, recordó que de no acatarse el fallo de la CC se puede llegar a la destitución de funcionarios, pero en cuanto al Presidente lo que procedería sería un proceso de antejuicio.

El abogado Raúl Falla criticó el fallo: “Es lamentable, porque la Corte de Constitucionalidad una vez más se está arrogando una competencia que no tiene, porque la Constitución claramente establece como facultad del presidente de la República el poder realizar todo tipo de actividades internacionales que correspondan para Guatemala”.

Agregó que ningún funcionario público civil o militar está obligado a acatar una orden ilegal. “La Procuraduría General de la Nación debe iniciar acciones penales y civiles en contra de estos cinco magistrados que nos han demostrado que la Constitución para ellos no representa garantía de tranquilidad y paz social; la han violentado”, añadió.

Prensa Libre buscó la opinión de la canciller, Sandra Jovel, y de Emilio Morales, director del Instituto de Migraciónm sin embargo, no respondieron a las llamadas y mensajes. El jefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que calificó como una “excelente noticia” el amparo brindado por la CC.

Excelente noticia para la justicia guatemalteca, bienvenido comisionado @Ivan_Velasquez_ a seguir desde Guatemala la lucha contra la corrupción y la impunidad. No podía ser de otra manera la honorable @CC_Guatemala restablece una vez más el orden jurídico.

— Jordán Rodas Andrade (@JordanRodas) September 17, 2018

Antecedentes

El 4 de septiembre, el presidente Morales hizo oficial que ordenó a la Dirección General de Migración que no se le dejara entrar al país a Velásquez por ningún puesto fronterizo. El Gobierno emitió un comunicado en el que detalló que el Consejo de Seguridad Nacional “recomendó” al presidente prohibir el ingreso de Velásquez a territorio nacional.

Además, en la publicación, se solicitó al secretario de la ONU que se designara un sustituto de Iván Velásquez, para el año restante en el que la Cicig permanecerá en el país.

El Gobierno de la República de Guatemala, a la opinión pública informa: pic.twitter.com/OnpN7nIn9G

— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) September 4, 2018

El presidente Morales ya había anunciado, el 31 de agosto, que no se renovará el mandato de la Cicig, que termina el 3 de septiembre del 2019.

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Teleguario envió un mensaje por su cuenta de Twitter confirmando su salida de la cartera: “Con sentimientos encontrados decidí renunciar al cargo de Ministra de Trabajo, por razones personales. La situación del país no me permite seguir aportando en las políticas originales priorizadas”.

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El presidente Jimmy Morales no aceptó la dimisión de ninguno de los tres de forma inmediata, no obstante, las carteras del interior y del tesoro fueron relevadas posteriormente.

Consultado sobre el mensaje de Teleguario en redes sociales, el secretario de Comunicación de la Presidencia José Alfredo Brito dijo que “la secretaria general no ha recibido ninguna renuncia, pero seguramente la presentará y la misma sin duda será aceptada”.

Además, recordó que todo el gabinete al inicio de año presentó sus renuncias, de ser así, también él presidente tiene la autoridad para aceptarla.

Cambios en el gabinete

En poco más de 2 años y 8 meses de gobierno del presidente Jimmy Morales, 27 personas han ocupado un puesto al frente de alguno de los 13 ministerios, lo que quiere decir que se han registrado 15 relevos en el gabinete. Morales solo conserva a tres de los ministros que tomaron posesión junto a él, en 2016.

El ministerio de Desarrollo es el que más cambios ha experimentado, con un total de cuatro titulares. Por el contrario, las carteras de Educación, Cultura y Agricultura no han visto ningún cambio.
Así han evolucionado las carteras:

Ministerio de Desarrollo

• José Moreno
• Enio Galicia
• Alcides Obregón

• Carlos Velázquez Monge (actual)

Ministerio de Comunicaciones

• Sherry Ordoñez
• Aldo García
• José Luis Benito (actual)

Ministerio de Salud

• José Alfonso Cabrera
• Lucrecia Hernández Mack

• Carlos Soto (actual)

Ministerio de Economía

• José Rubén Morales
• Víctor Asturias

• Acisclo Valladares Urruela (actual)

Ministerio de Energía y Minas

• José Pelayo
• Luis Chang (actual)

Ministerio de la Defensa

• Williams Mansilla

• Luis Miguel Ralda (actual)

Ministerio de Ambiente

• Sidney Samuels

• Alfonso Alonzo (actual)

Ministerio de  Relaciones Exteriores

• Carlos Raúl Morales

• Sandra Jovel (actual)

Ministerio de Finanzas

• Julio Héctor Estrada

• Víctor Asturias (actual)

Ministerio de Cultura

• José Luis Chea Urruela (actual)

Ministerio de Educación

• Oscar Hugo López (actual)

Ministerio de Agricultura

• Mario Méndez Montenegro (actual)

Ministerio de Trabajo

• Aura Leticia Teleguario

• Pendiente nuevo nombramiento (actual)

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Los Bomberos Municipales trasladaron a Cruz Abigail Marto González, de 36 años, piloto de la unidad, Ingrid Anabely Vicente Cali, 22, con una herida en el hombro izquierdo, José Miguel Bancho, 32 y Marco Antonio Pernillo Ruiz, 73, todos con lesiones de bala.

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La fiscal General, María Consuelo Porras, se pronunció sobre la crisis política

Los socorristas también prestaron auxilio a la pasajera María Angélica Biscol, madre de Bancho,quien sufrió una crisis nerviosa luego del ataque. 

La unidad atacada fue un bus de la ruta que sale de la Ciudad de Guatemala hacia el municipio de San Pedro la Laguna, Sololá.

#CBMRRPPinforma | #AtaqueArmado

Calzada #Roosevelt y 22 avenida #zona7#Ampliación 4 personas heridas por proyectil de arma de fuego @bomberosmuni los trasladan en estado delicado a la emergencia del #HR #CBMguate pic.twitter.com/e3gMiKTN3d

— Bomberos Municipales (@bomberosmuni) September 12, 2018

Según el testimonio de testigos, algunos pasajeros y otros peatones que presenciaron el hecho, dos personas desde una motocicleta fueron los responsables del tiroteo. Los delincuentes habrían aprovechado que el bus estaba esperando pasaje en el lugar para tomar por sorpresa al piloto.

La empresa de transporte evitó emitir opinión sobre el motivo del ataque, aunque investigadores de la Policía informaron que podría tratarse de una extorsión, por la forma en que se perpetró el ataque. 

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Además, en los alrededores del Palacio Legislativo hubo efectivos del Ejército portando armas de asalto. La institución castrense no precisó el número de uniformados que se sumaron a la vigilancia afuera del Palacio Legislativo.

Ante ese escenario, algunos de los invitados a la sesión solemne prefirieron ausentarse.

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El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, dijo que no acudió a la sesión en rechazo a la “innecesaria e intimidatoria” presencia de los soldados.

En este mismo sentido, Carlos Barreda, diputado de la UNE, también dijo que no asistió a los actos en el Congreso por el despliegue militar.

Resguardar orden

Rivera dijo que no era un exceso la presencia policías y militares, pues era una medida de prevención ante las manifestaciones de organizaciones campesinas que desde El Obelisco, Anillo Periférico, Trébol y la ruta al Atlántico llegaron al centro capitalino.

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“Estamos para resguardar el orden público y la seguridad de los manifestantes y personas que van a acudir al Congreso, de los tres organismos del Estado”, declaró Rivera.

El funcionario afirmó que hubo coordinación con el Ejército, encargado del tercer anillo de seguridad debido a la presencia de altos funcionarios.

El viceministro descartó que el despliegue policial tuvo la intención de intimidar a los manifestantes.

Por su parte, el Ministerio de Defensa afirmó que la presencia de soldados era “normal” y correspondía al resguardo del presidente y el vicepresidente que participaron en la sesión solemne.

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La jornada se desarrolló sin incidentes.

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La primera movilización de uniformados en esta coyuntura política ocurrió el 31 de agosto cuando, horas antes de que el presidente Jimmy Morales anunciara que no renovará el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Ese día se movilizaron vehículos artillados frente a la sede de la Cicig, en la zona 14, y el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, lo atribuyó a operativos normales.

La Corte de Constitucionalidad dio trámite a una solicitud de amparo del procurador Rodas en este sentido y requirió información al Ejecutivo sobre la movilización de estos recursos.

Mensaje intimidatorio

A criterio de Verónica Godoy, coordinadora de la Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública, el despliegue de fuerzas policiales y militares armados envía un mensaje de intimidación para la población. 

Respecto del comunicado del Ejército justificando el despliegue de efectivos, la experta dijo que es verdad que la seguridad del presidente debe tomarse en cuenta, pero en este caso se notó un exceso en esos despliegues, lo que también tiene un efecto en el desperdicio de recursos del país. 

En cuanto a las armas de alto calibre que portaban los militares, Godoy enfatizó que las fuerzas de seguridad están para proteger a la población, no para ponerla en riesgo. 

“¿Se imagina lo que hubiese pasado si hubiera habido disparos? Poner gente armada para la población desarmada es como si usted quisiera matar un zancudo con una escopeta; es innecesario”, dijo la coordinadora.

A criterio de Godoy, independientemente de los recursos y herramientas legales que puedan haber por esas acciones, Jimmy Morales “debería de reflexionar sobre la forma en que está actuando”, puntualizó. 

Riesgo innecesario

Walter Menchú, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, dijo que era innecesario, dada la situación que se vive en el país, que Morales acudiera al Congreso a un acto de independencia, porque puso en riesgo a la población con el despliegue masivo de fuerzas policiales. 

De acuerdo con Menchú, el mensaje que deja con esos despliegues es que “se protegerá a los políticos a toda costa”, aunque quizá los momentos tensos que vive el país los pudieron haber motivado a movilizar a tantos agentes. 

“Aunque a las visitas del presidente siempre van dos, cuatro o seis agentes armados, se vio que en esta ocasión el despliegue fue mucho mayor, quizá por el riesgo que se tenía; sin embargo, las cosas pueden salirse de control y eso es arriesgar a la gente”, enfatizó el analista. 

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Desde que Morales anunció el fin de la Cicig y posteriormente prohibió el ingreso de su Comisionado, Iván Velázquez, a territorio Guatemalteco, cinco senadores –Cámara Alta– y ocho miembros de la cámara de representantes –Cámara Baja– han fijado una postura sobre la agencia de Naciones Unidas.

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Patrick Leahy

El demócrata Patrick Leahy es Senador Sénior por el Estado de Vermont. Es actual vicepresidente del Comité de Asignaciones del Senado de EE. UU., entidad encargada de asignar los gastos de los programas del gobierno.

Dijo en un comunicado que “la decisión, anunciada el viernes pasado por el presidente de Guatemala de no renovar la Cicig después de que expire su mandato actual en septiembre próximo, fue un profundo error”.

Norma Torres

Norma Torres, Demócrata, es miembro de la Cámara de Representantes para el distrito número 35 de California y es de origen guatemalteco. Como miembro del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja del Congreso, manifestó su rechazó a la decisión del presidente.

“Es simplemente ridículo que el presidente Jimmy Morales, un hombre que hizo campaña con promesas de transparencia, haya expulsado a Iván del país, en un evidente intento de protegerse a sí mismo y a sus compinches de cualquier investigación”, resaltó la representante en su comunicado.

Bob Corker, Edward Royce, Bob Menéndez y Eliot Engel

Los senadores Bob Corker, de Tennessee, y Bob Menendez, de Nueva Jersey y los representantes Edward Royce, de California, y Eliot Engel, de Nueva York, se pronunciaron conjuntamente rechazando la decisión del mandatario Morales. El pronunciamiento es bipartidista y bicameral, entre los cuatro están repartidos los puestos de presidente y vicepresidente del Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta y la Baja.

En el comunicado conjunto recordaron que “el 50 por ciento de la cooperación de EE. UU. destinada a Guatemala requiere que el estado guatemalteco apoye la lucha contra la corrupción y la impunidad, por lo que la decisión de Morales contraviene esas condiciones”.

Ben Cardin

El senador demócrata es Miembro de Alto Rango del Comité de Asuntos Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Aseguró que la no renovación del mandato de la Cicig “es un revés peligroso para la transparencia anticorrupción”.

En su pronunciamiento pidió que el gobierno de Donald Trump “aumente la presión diplomática” contra el gobierno de Guatemala tras su rechazo a la Cicig.

Albio Sires

El demócrata Albio Sires, miembro de mayor rango de la Subcomisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes en el Hemisferio Occidental, fijo una postura en contra de la no renovación del mandato de la Cicig.

“Condenamos enérgicamente la decisión del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, de no renovar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala cuando su mandato expire el próximo año. El anuncio de hoy es un importante retroceso para Guatemala en su lucha contra la corrupción y la impunidad”, se lee en el pronunciamiento.

Steve King

Steve King es republicano y miembro de Cámara de Representantes por el cuarto distrito de Iowa. Se pronunció a favor de no renovar el mandato de la Cicig. Es Miembro del Comité de Agricultura, del Comité Sobre el poder judicial y Comité de Pequeñas Empresas de la Cámara de Representantes de EE.UU.

“En pocas palabras, las acciones politizadas de la CICIG hasta la fecha la han dejado comprometida y sin una posición moral para continuar su misión reclamada dentro de Guatemala como defensora del Estado de derecho imparcial. Poner fin a la presencia en su país de una entidad desacreditada como la CICIG es un buen paso ” se lee en el comunicado.

Vicente González, Filemón Vela y Henry Cuéllar 

Los tres congresistas demócratas, miembros de la Cámara de Representantes para Texas, emitieron un comunicado conjunto.

“Si bien es un gran experimento en teoría, la CICIG parece haber fallado recientemente en adherirse a sus principios básicos y ejecutar su misión central de fortalecer el estado de derecho en el país”, expresaron en la misiva.

Rand Paul

El senador republicano es miembro del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE.UU. Aseguró que  “todos los estadounidenses deberían oponerse a la financiación de los programas de Naciones Unidas por parte de los EE.UU. que infrinjan los derechos de las naciones soberanas”, en relación a la no renovación de la Cicig.

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Asimismo, autoridades reportaron el hallazgo de un cadáver en la 18 calle y 26 avenida de la zona 12, Colonia 3 de Julio, informó la Policía Municipal de Tránsito. El cuerpo no fue identificado. Se realizó el cierre de algunas calles y se resguardó la escena a la espera del Ministerio Público.

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Así también un taxi fue atacado con arma de fuego en la Calle Martí y 8 avenidas de la zona 2. No se reportan heridos, pero se cerró en su totalidad el paso para el levantamiento de indicios.

#NoMásViolencia | Hecho armado en zona 17 deja un muerto y un herido. La víctima mortal es identificada como Víctor Gudiel García García, de 16 años; el herido es Germán Aníbal García. #TráficoGT pic.twitter.com/qiUTmDfxbS

— Prensa Libre (@prensa_libre) September 11, 2018

Un ataque armado se registró en la Calzada La Paz, zona 17, donde un menor de edad, identificado como Víctor Gudiel García de 16 años, perdió la vida. El joven iba en una motocicleta conducida por German Aníbal García, quien también resultó herido, cuando fueron atacados por sujetos desconocidos con una escopeta.

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El pleno rechazó el último recurso presentado por el congresista, el quinto en su intento por evitar que Valladares Arévalo conozca el caso en el que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) buscan que sea despojado de su inmunidad para ser investigado por la posible comisión de los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo.

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En reiteradas ocasiones el congresista ha justificado su resistencia afirmando que el proceso es ilegítimo y espurio. “No voy litigar en los medios de comunicación como lo ha hecho Thelma Aldana -exfiscal General- e Iván Velásquez -director de la Cicig- para buscar una condena mediática a falta de pruebas. Estoy ejerciendo mi derecho de la legítima defensa, consagrado como una garantía constitucional”,  afirmó el diputado cuando el MP ratificó la solicitud de antejuicio.

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El MP acusa al diputado, primer vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso, en el caso Traficantes de Influencias, una red que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para agilizar los trámites de expedientes de devolución de crédito fiscal a cambio de comisiones ilícitas.

Según la investigación, Alejos era uno de los intermediarios de la estructura y su función era captar clientes, es decir, empresas que estuvieran dispuestas a pagar por el trámite irregular de devolución de crédito fiscal.

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La congresista comentó, previo a entrar a la audiencia, que tuvo conocimiento de la solicitud del retiro de su inmunidad a través de los medios de comunicación. En este sentido, dijo, fue ella quien se acercó al Juzgado para que se le entregara una copia de la acusación.

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“El comisionado decía que la diputada Nineth Montenegro hizo esto, y yo le quiero decir es que hay órganos -en el partido-: órgano financiero, órgano de organización, órgano de fiscalización; se me mencionó sistemáticamente” dijo Montenegro.

La diputada presentó las evidencias con las que busca desvanecer las acusación frente a la Vocal II de la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal, Zonia de la Paz Santizo, quien fue designada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para determinar si hay indicios suficientes de la comisión de un delito por parte de Montenegro, extremo que tendrá que rendir a través de un informe ante la CSJ.

Acusación es ilegitima

A la salida de la citación, la diputada ofreció una improvisada conferencia de prensa. Aseguró que la acusación del Ministerio Público (MP) y la Cicig señala en realidad errores administrativos cometidos de forma involuntaria y desorden en los procesos, que fueron sancionados por el TSE y rectificados.

“Yo enfrento a la justicia, con toda la fe y la convicción de que las cosas se tienen que aclarar. Pero, quiero decir que por cuestiones tan mal analizadas estamos aquí”, dijo.

Además cuestionó que su caso fuese presentado en una conferencia de prensa junto con el caso del presidente Jimmy Morales. “Parece que se buscaba un balance, un balance que me ha dañado mucho a mi moralmente”, afirmó la diputada.
“Esta acusación es espuria, ilegitima y política. Desde el tiempo de desaparición de mi esposo yo he tenido que fiscalizar y denunciar a las autoridades que han violado la ley, por lo que me he ganado muchos enemigos”, finalizó.

El Caso

La diputada de EG fue señalada en una investigación porque el partido incumplió con el plazo para entregar a la Inspección General del Tribunal Supremo Electoral los estados financieros del último semestre de 2015.

El caso fue investigado por la Cicig y fue planteado el 10 de agosto pasado. Una semana después, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le dio trámite a la pesquisa.

La denuncia la interpuso el propio TSE el 13 de diciembre de 2016. Debido a que la información no llegó puntual, no fue posible establecer el origen de Q1 millón 748 mil 232.54 que el partido recibió en aquel año.

La empresa Maximum Financial and Investments Services aportó, a través de la entidad Yeyo, S.A., el arrendamiento de seis pasarelas digitales para la campaña, por Q76 mil 784.30 (o su equivalente a US$10 mil) y no fue reportado ante el TSE, de acuerdo con la investigación.

Además, en la campaña de 2011, EG no reportó al ente electoral Q197 mil 500 que provinieron de Publicidad Avance, S.A., y pagó con un cheque.

Respecto a un cheque por Q197 mil en la campaña de 2011, Montenegro comentó que, si acaso hubo un error administrativo, fue al momento de registrar en la contabilidad un nombre que no correspondía, pero el monto era el correcto, el cheque estaba endosado e ingresó a la cuenta de las donaciones.

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La maquinaria, que incluye aparatos especializados para aplicar tratamientos anti edad, adelgazantes y camillas de masajes, estaría relacionada con Baldetti por medio de las entidades Inversiones y Desarrollo Q, S.A. y Servicios Estéticos S.A., empresas de las que el médico German Vargas Florido es representante legal.

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La exfuncionaria logró ocultar las transacciones gracias a la intervención de la entidad Transacciones Monetarias Unidas Sociedad Anónima, propiedad de Jonathan Harry Chévez, así también realizó el pago de una parte de una deuda que el doctor Vargas tenía por un monto de US$100 mil.

Según la investigación, los aparatos fueron adquiridos  con fondos provenientes de actividades ilícitas y la corrupción administrativa. El costo aproximado de la maquinaria es de Q3 millones 19 mil 621.78.

Los bienes se encuentran en posesión de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio. A continuación se detalla cada uno de ellos:

1. Cámara de colágeno, marca rejuvemax, serie 1133467, color gris con blanco, compuesto de 6 piezas.
2. Cámara hiperbárica marca leader life, hyperbaric chambers, modelo panoramica acr60-72, serie p095, fecha de fabricación 01/08/11, presión prueba hidrostática 44.2psi  registro de patente 46-4, fabricada por colaminas, mejía ururita s en c.s. Calle 15 no. 11-132 cali, cali – colombia, color blanco.
3. Cámara de aislamiento bacteriológico, marca nuaire, modelo nu-pr797-600, series 11, serial no. 159174093013, year of mfg 2013, color gris y una parte de vidrio.
4. Aparato ultrasonido, marca questlight.net, color blanco,con item no. Im-9106 electric parameter: ac110v 60hz, producto no. 1307119, produce date july.23.2013, reference code ym-09106-942.
5. Aparato ultrasonido, marca questlight.net, color blanco, item no. Im-9106, electric parameter: ac110v 60hz, producto no. 1307119, produce date july.23.2013, reference code ym-09106-937.
6. Esterilizador de luz ultra violeta de mesa, color blanco, al frente del mismo en la puerta parte superior se lee sterilizer y parte inferior ymt-208.
7. Camilla estética, marca stetika, color blanco, con base de madera.
8. Cavitador, marca sk stetika, numero de serie 98000168, color gris con blanco, en la parte frontal tiene una etiqueta de plástico color negro con la leyenda explosive speed grease.
9. Cavitador, marca  trioishape, body sculpting sistem, model trioishape, model number 306100, sn vm12091012, color blanco, en la parte frontal tiene la leyenda ismart synergy software, con cabezales de transmisión con su base.
10. Camilla quirúrgica, model mt1004, multi purpose operating table lote 250202130199, color negro con soportes de metal color gris y plástico gris.
11. Equipo laser, marca cynosure, serial number rm3b0506, modelo slt ii, ref m094e1, color gris con anaranjado.
12. Cavitador, marca lipomax rf, numero de serial 05130048, model lipomax rf, color gris y blanco.
13. Laser, marca laseroptek, model helios ii, s/n lo-1-ond-14036, ref helios ii, color corinto y gris metálico, con cabezales y un pedal.
14. Criolypolisis, color blanco con morado, (con pedestal quebrado) no. Serial 000123.
15. Vaporizador sin marca, model dmx-707a, color blanco con pedestal metalico.
16. Lámpara con lupa, sin número de serie ni número de serie o registro, con la leyenda qualified certificate qc:9
17. Lámpara con lupa, sin número de serie ni número de serie o registro, con la leyenda qualified certificate qc:9, date: 2012 7 15, 127463.
18. Impresora con escaner, marca epson l555, modelo c463b, no. Serie s4vy081023.
19. Scarlet, ref scarlet, serie sn slnc005381, lot sl140210, feb-10-2014, viol co., ltd, color gris con un boton anaranjado y una pieza azul claro con amarillo.
20. Cavitador, marca troishape body sculpting sistem, model trioishape, model number 306101, sn vm2014051910, color blanco, en la parte frontal tiene la leyenda ismart, synergy software, acompañado de cabezales de trasmision con su base.
21. Cavitador, marca lipomax rf, model lipomax rf, serial 05130049, model lipomax rf, color blanco y morado.
22. Equipo marca dermamax rf, model dermamax rf, serial 10130190, color blanco.
23. Bolsa térmica thermobag ultra m, color azul.
24. Bolsa térmica thermobag ultra m, color azul.
25. Silla para lavado de cabello, tapiceria color negro, con base de plástico color blanco y lavador de cerámica color blanco.
26. Camilla para masajes, con una etiqueta en la que se lee sk stetika, tapiceria color blanco y base de madera.
27. Camilla para masajes, sin número de serie, sin modelo, con tapiceria color negro y base de madera.
28. Laser con CO2, marca bison, model: more-xel scanning, s/n msad02003, color blanco con negro, con transformador.
29. Máquina de anestesia, marca acm, modelo acm606, s n 10-606-co-070, color blanco con azul.
30. Ultrasonido de liposucción, marca sk stetika, sin número de serie, sin número de modelo, color blanco con negro y celeste.
31. Centrifuga, marca premiere, color blanco con negro.
32. Ultrasonido industrial, marca hielscher up200s, serie 351011716/1, sin modelo, color gris y metalico.
33. Ultrasonido rös’s, mod ultra set, sn 00155c, color blanco, beige y celeste, sin modelo con mesa de trabajo, grabadora, pedal y cables de transmisión.
34. Mesoterapia, modelo mod. Tmt. Sistem, nr be10.1198, color gris metálico y plástico gris, (le faltan mangueras cables o cabezales).

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Stuardo Campo, jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, pidió una sentencia de 10 años de prisión por fraude para el viceministro de Gobernación, Manfredo Vinicio Pacheco Consuegra, y 3 años de cárcel por abuso de autoridad para el exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), Walter René Vásquez Cerón.  

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“La parte controversial no es la utilización de los autos blindados para sus autoridades, que son necesarios para su protección, sino que se hayan contratado estos servicios por medios de concursos de excepción”, aseguró el fiscal.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público (MP), los tres exfuncionarios estarían involucrados en la suscripción de forma anómala de cinco contratos de arrendamiento de 47 vehículos por un monto total de Q32 millones, 700 mil, 491.09, entre 2014 y 2015.

La Fiscalía contra la Corrupción sostiene que López Bonilla cometió un acto ilegal al aprobar por medio de resoluciones ministeriales los términos de referencia de contratación, ofertas y los cinco contratos administrativos de arrendamiento los vehículos blindados para el uso de funcionarios.

El @MPguatemala pide 10 años de prisión para el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla por el delito de fraude. #CasoBlindados pic.twitter.com/gKyIItIwmq

— Javier Lainfiesta (@jlainfiesta_) September 5, 2018

En este caso le retiraron la inmunidad al juez de Paz de San Marcos, Anthoni Giovanni Pivaral de León, quien fue director del Sistema Penitenciario.

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El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, escuchó este miércoles a varios sindicados del caso y condenó a uno de ellos, José Daniel Luna Argueta, exsecretario de un juzgado de Escuintla.

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En detalle, la Cicig cuestiona que Charchal pueda ser sobreseido por tráfico de influencias porque este delito tiene seis años de condena, lo cual escapa de los procedimientos abreviados porque solo se establecen delitos menores de cinco años.

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Asimismo, la PGN señaló que aún no se había acordado una reparación digna al Estado de Guatemala por las actuaciones ilegales en las habría incurrido Charchal.

Charchal es sindicado de haber intervenido para que un juzgado de Escuintla emitiera una resolución que beneficiaba a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

Es señalado por los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias.

La intención de la empresa era eliminar una multa que le había impuesto la municipalidad de Puerto San José, por construir una ampliación a la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) sin autorización.

El terreno donde se desarrolló la construcción fue entregado a TCQ como parte de un usufructo oneroso por el cual la entidad habría entregado un soborno de US$30 millones. Según las pesquisas, una parte fue a parar a las cuentas de los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

Condena

José Daniel Luna Argueta, exsecretario de un juzgado de Escuintla, acusado de cohecho pasivo, fue sentenciado a cinco años al reconocer que había recibido Q50 mil en sobornos. Como ya pasó dos años y medio en prisión preventiva, Gálvez suspendió la condena, pero deberá pagar una multa de Q50 mil y desembolsar otros Q50 mil de reparación digna al Estado de Guatemala.

Luna fue quien finalmente manipuló la resolución a favor de TCQ en la que Charchal estaba interveniendo.

El español Juan José Suárez, exdirector general de Terminal de Contenedores de Quetzal (TCQ), filial en Guatemala del grupo español TCB, también está sometido al procedimiento abrevido y está señalado de los delitos de estafa y cohecho activo.

https://twitter.com/jlainfiesta_pl/status/1037413496709890048

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Durante la audiencia de revisión de medida, Aifán consideró que no hay peligro de fuga y tomó en consideración la disposición del empresario por resolver su situación legal.

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Asimismo, deberá solicitar autorización judicial para salir del país, la cual será autorizada solamente si se trata de motivos de trabajo.

El empresario, al finalizar la audiencia, dijo que su interés es solventar su situación jurídica y ahora que saldrá de prisión se concentrará en su familia.

Proceso abreviado

Juan Guevara, abogado defensor de Aparicio, explicó que solicitó al Ministerio Público (MP) que su cliente sea sometido a un proceso abreviado, pues ha admitido los hechos que se le imputan. Dijo que están negociando con el ente investigador para la reparación digna para el Estado de Guatemala.

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En este sentido, el defensor explicó que han propuesto que su cliente done la construcción de una carretera de entre 2.3 o 2.8 kilómetros en el municipio de San Agustín Acasaguastlán, El Progreso,que tendría un costo de aproximadamente Q7 millones.

Admite hechos

Aparicio fue ligado a proceso por cohecho activo en noviembre de 2017, luego de que reconoció haber dado sobornos al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, prófugo, para que le pagara deuda de arrastre de su empresa.

En la audiencia, Aparicio recordó que se reunió con Sinibaldi en una casa de la zona 10 capitalina y él le dijo que para pagarle a su empresa debía dar “una ayuda económica” y que, si no accedía, se olvidara de que durante su gestión recibiera pagos.

Según la Fiscalía, como parte del entramado de corrupción, la empresa de cartón Benelli emitió 27 facturas a Jireh, S.A., la empresa de Aparicio, entre febrero y julio de 2013, por un total de Q9 millones.

El abogado defensor de Jaime Aparicio, Juan Guevara, explica que han pedido al @MPguatemala que su patrocinado se someta a un proceso abreviado. Como reparación digna propone la construcción de una carretera en San Agustín Acasaguastlán. pic.twitter.com/YefGufL2Zm

— Javier Lainfiesta (@jlainfiesta_) September 5, 2018

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Se tenía previsto escuchar la declaración de los colaboradores eficaces Juan Arturo Jegerlehner Morales y Anelisse Herrera Monterroso, el concuño y la exasistente del exministro de Comunicaciones, no obstante, las excusas de los abogados defensores no lo permitieron.

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Varios abogados defensores solicitaron suspender la audiencia aduciendo que no había recibido copia de todos los medios de prueba a tiempo para analizarlos. Nuevamente, la togada rechazó sus argumentos y prosiguió con la audiencia.
La última respuesta de la barra defensora fue presentar recursos de reposición ante las negativas de Aifán.

Aunque la juzgadora resolvió negativamente los recursos, la defensa logró que la audiencia se alargara. Debido a la hora se suspendió la diligencia y se reprogramó para el 14 de septiembre.

La Jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, accedió a la solicitud del Ministerio Público (MP) de declarar en rebeldía a ocho señalados en el caso de corrupción al no poderse hace efectivas las ordenes de capturas. En este sentido permitirá a la Policía Nacional Civil (PNC) difundir imágenes de los acusados y activar protocolos de captura internacional.

Los declarados en rebeldía son: Víctor Enrique Corado Valdez, José Maynor Palacios Guerra, Yoseph Ahimas, Ariel Aharon Saharabani, Gabriel Adrián Gluschancoff, Rodrigo Sampaio Mattos, Azayira Levy, Álvaro Alfonso Sinibaldi y Alejandro Jorge Sinibaldi. De esta forma, el exministro de comunicaciones suma su cuarta orden de captura desde que se encuentra prófugo.

Asimismo, Aifán aceptó la excusa que presentó la defensa Víctor Valention Giordani Estevez, señalado de financiamiento electoral ilícito, para no acudir a la citación del juzgado. Según argumentó la defensa, el señalado fue operado en Estados Unidos por problemas cardíacos y tiene programada otra intervención quirúrgica a finales de este mes en territorio norteamericano.

Al constatar el cuadro médico, la jueza resolvió que la audiencia de primera declaración de Giordani Estevez fuese reprogramada hasta que estuviera en capacidad de presentarse al juzgado, aproximadamente dentro de seis semanas, señaló la defensa.

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Silvia de León, jueza de Mayor Riesgo C, escuchó resolvió de esa forma este martes, un día después ee que escuchó los argumentos del Ministerio Publico (MP) y de la defensa de Soto Osorio.

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El Concejo le adjudicó a la red de empresas obras que no fueron realizadas. Además, según las pesquisas, las entidades no tenían la capacidad de ejecutar los proyectos que se les habían otorgado.

Una muestra de siete contratos evidencia que se adjudicaron obras de infraestructura por Q25.7 millones a sociedades anónimas vinculadas con los Medrano-Osorio, detalla la investigación.

La empresas que eran utilizadas por la red para extraer los fondos de la municipalidad fueron: Grupo Dinámica S.A., Constructora Aguirre Hermanos S.A., Servicios Bauca, S.A., Constructora Lagunilla S.A., Multitel S.A., Santa Cruz Construcciones S.A., Constructora Escala S.A., Construcciones Equité S.A., Muralles Pérez, Construcciones S,A., Chomo S.A. y Escalante Vásquez Construcciones S.A. Seis de esas empresas fueron creadas en un período de 15 días (del 13 al 30 de octubre de 2008).

El contador estuvo prófugo desde el 20 de julio del año 2017, fecha que se destapó el Caso Municipalidad de Chinautla: Un Negocio de Familia. Fue finalmente capturado 3 de febrero de 2018 en una parada de buses.

Hasta la fecha se han capturado 19 personas, entre las que se incluye el exalcalde Medrano.

Denuncia

El caso se inició por una denuncia presentada en 2011, por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), sobre el reporte de transacciones sospechosas presentado por Banrural S.A, referente a constructoras que recibían fondos de dicha comuna y que constituyeron certificados de depósito a plazo fijo.

La  investigación se realizó sobre siete proyectos, los cuales fueron ejecutados de manera anómala.
 
El 24 de abril de 2009, Medrano expuso al Concejo la necesidad de crear el fideicomiso Chinautla/Banrural. El listado incluía proyectos de vivienda mínima, pavimentación de calles y construcción de un sistema de alcantarillado, entre otros.

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El Presidente del Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia, José Antonio Pineda Barales, comentó que “las pretensiones del sindicato eran sumamente altas”.

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Este año el OJ va a desembolsar un total de Q90 millones para sufragar el gasto adicional y se contempla un monto similar para el próximo año.

Pineda Barales aseguró que el bono de Semana Santa no fue incrementado, por lo que actualmente se mantiene en Q3 mil, y el bono de fin de año –que se ha sido entregado en dos ocasiones por un monto de Q4 mil– no quedó contemplado dentro del nuevo pacto.

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Otros beneficios que no sufrieron modificaciones son: un bono anual del 5% sobre su salario –que se recibe en septiembre–, un bono de Q300 si cursan la universidad y uno de Q2 mil para la impresión de la tesis.

Así también los trabajadores del OJ mantendrán el derecho a solicitar una licencia con goce de salario de hasta dos meses por cuestiones médicas, una jornada laboral que no se extiende a más de 7 horas y media, chequeos médicos de forma periódica y asistir a jornadas de vacunación y facilitar el financiamiento de vivienda.

Asimismo, el pacto contempla la inamovilidad para los nueve miembros del Comité Ejecutivo del sindicato y los tres del Consejo Consultivo, por lo que no pueden ser despedidos.

Los trabajadores preservan el beneficio de un auxilio post mortem. En el caso de fallecimiento del empleado, el OJ otorga Q100 mil a la familia.

En total, 11 mil 500 trabajadores del OJ, entre los que se incluyen personal de mantenimiento, de seguridad, operativo, entre otros, serán beneficiados con el pacto colectivo.  

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La Embajada de los Estados Unidos, a través de un comunicado, aseguró que continuará apoyando la lucha de Guatemala contra la corrupción y que “considera esta lucha como parte integral de la relación entre los Estados Unidos y Guatemala”.

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También, a través de su cuenta de Twitter, el exvicepresidente de EE. UU. Joe Biden, afirmó: “La decisión del presidente de Guatemala representa un duro golpe para los esfuerzos contra la corrupción en el hemisferio… La administración estadounidense debería condicionar la asistencia con la continuidad de la operación de CICIG”

WOLA

En este sentido, Adriana Beltrán, Directora de Seguridad Ciudadana de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, en inglés), dijo que la no renovación del mandato de la Cicig representa un ataque amplio contra los esfuerzos de crear sistemas de justicia capaz, transparente y en funcionamiento dentro de Centroamérica.

#Guatemala's anti-corruption commission @CICIGgt plays a fundamental role in fighting the organized crime that drives so many to flee Central America.

It’s essential that the U.S. Congress make clear that this move will bring about serious consequences: https://t.co/9izlJceNAc

— WOLA (@WOLA_org) August 31, 2018

“Es esencial que el Congreso de los Estados Unidos deje en claro que esta medida traerá consecuencias graves. La lucha contra la corrupción y la impunidad es fundamental para combatir la violencia, la inseguridad y la pobreza que obligan a muchos a migrar de Centroamérica a los Estados Unidos”, se lee en el pronunciamiento.

Congresistas estadunidenses

El miembro de la Cámara de Representantes, Eliot L. Engel, difundió un comunicado en el que “condena enérgicamente la decisión del presidente Morales de no renovar el mandato de la Cicig”.

“La CICIG ha sido transformadora al llevar la justicia de los guatemaltecos comunes e instamos al presidente Morales a reconsiderar esta desafortunada decisión. Tomamos nota de nuestra grave preocupación por las provocaciones del Presidente Morales a la CICIG por medio de la presencia militar y policial innecesaria” se lee.

Por su parte, la congresista estadunidense de origen guatemalteco Norma Torres, manifestó sentirse consternada por la decisión de no renovar el mandato ni la visa de los personeros de la Cicig.

Mi mensaje al pueblo guatemalteco: no debemos permitir que el progreso retroceda. pic.twitter.com/f6nA0R0ol9

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) August 31, 2018

“Pido al pueblo guatemalteco que se ponga de pie para que se escuche su voz, y que no permita que el presidente Morales retrase el importante progreso que se ha logrado. El pueblo guatemalteco merece un gobierno que responda a sus demandas. Por mi parte, prometo hacer todo lo que esté a mi alcance para garantizar que el presidente Morales y su gobierno rindan cuentas”, se lee en su pronunciamiento.

El senador Patrick Leahy aseguró en un pronunciamiento que la Cicig sigue siendo tan necesaria como hace 11 años cuando se estableció y rechazó la no renovación del mandato. “Le corresponde al pueblo guatemalteco, a la judicatura y al Fiscal General asegurar que este intento de perpetuar la impunidad no tenga éxito”, se lee en el comunicado.

Leahy REAX To The Decision Of Guatemalan President Morales To Oppose The Renewal Of The International Commission Against Impunity https://t.co/gAJNnP12zm pic.twitter.com/1q73qvwgOU

— Sen. Patrick Leahy (@SenatorLeahy) August 31, 2018

“El Congreso de los Estados Unidos también volverá a evaluar la elegibilidad del gobierno guatemalteco y de los militares para cualquier otra ayuda bajo la Alianza para la Prosperidad”, finaliza.

MP

La fiscal general, Consuelo Porras, en un comunicado se refirió a la decisión presidencial. 

“Estoy vigilante ante los recientes acontecimientos y las consecuencias que para el sistema de justicia y el combate a la impunidad y la corrupción conllevaría la no renovación del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por lo que exhorto al Gobierno de la República y a la Organización de Naciones Unidas para que hagan sus mejores esfuerzos a fin de lograr acuerdos que beneficien a la población guatemalteca, en función de la paz, tranquilidad y armonía social”.

Agregó: “Garantizo que todo el personal del Ministerio Público, ante cualquier situación que dé lugar a la comisión de hechos delictivos, procederá en el marco de sus competencias, con el fin de preservar el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos”.

Congreso

El presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, en su cuenta de twitter difundió un mensaje a favor de la decisión del presidente Morales. 

https://twitter.com/AlvaroArzuE/status/1035632992553758721

Además, la Banca Frente de Convergencia Nacional (Fcn-Nación), que llevó a Morales a la presidencia, emitió un comunicado en el que respaldan la no renovación del mandato. “Reiteramos que a través de una elección popular hemos sido electos representantes del pueblo de Guatemala, por tanto, tenemos la responsabilidad de defender la soberanía”, se lee en el comunicado.

CACIF

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) llamó a la cordura y a la necesidad de reaccionar ante noticias no fundamentales o especulaciones de cualquier naturaleza. Aseguraron que son respetuosos de las decisiones que las instituciones tomen en el marco de su mandato.

“Es fundamental que se prosiga la lucha contra la corrupción y el continuado fortalecimiento del MP. La independencia del Organismo Judicial y la certeza jurídica deben imperar en el país”, se lee.

PDH

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, se presentó a la sede de la Cicig para verificar el estado del Comisionado Iván Velázquez. “Estoy aquí ‏manifestando mi solidaridad con la Cicig y al comisionado Iván Velázquez, porque estoy convencido que a más corrupción, menos derechos humanos”, dijo a su llegada a la sede en la zona 14.

#ComunicadoPDH | @PDHgt @JordanRodas ante la decisión equivocada del Presidente de la República @jimmymoralesgt de no renovar el mandato de la @CICIGgthttps://t.co/R7ZscC7YOc pic.twitter.com/jATF6mwsXo

— PDH Guatemala (@PDHgt) August 31, 2018

Human Rights Watch

“La decisión del presidente Jimmy Morales de poner fin al mandato de un organismo de investigación respaldado por la ONU es un duro golpe a los esfuerzos para combatir la corrupción, el abuso y la impunidad en Guatemala”, dijo en un pronunciamiento la organización internacional Human Rights Watch.

“El presidente Morales ha estado trabajando durante más de un año para protegerse a sí mismo y a su familia de la justicia”, aseguró Daniel Wilkinson, director administrativo de las Américas en Human Rights Watch. “Ahora está desconectando a la comisión patrocinada por la ONU responsable de las investigaciones”.

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Comisión Pesquisidora del antejuicio de Jimmy Morales tuvo su primera reunión

Edmond Mulet

El exjefe de Gabinete de la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas calificó como “innecesaria” la decisión tomada este viernes por el presidente Morales. 

“Fue una acción innecesaria y precipitada que traerá consecuencias negativas para la estabilidad política y para la economía de Guatemala. Mientras tanto, estos próximos doce meses deben ser una oportunidad para un análisis profundo, en consulta con todos los sectores de nuestra sociedad, sobre el futuro del país que deseamos los guatemaltecos”.  

Agregó: “La transferencia de capacidades debe tener un método de medición que determine con la mayor certeza posible que somos capaces de seguir adelante en la construcción de una Guatemala diferente por nuestros propios esfuerzos y convicciones”.

Frente ciudadano

El Frente Ciudadano Contra la Corrupción señaló que con esta acción el mandatario “vuelve a darle la espalda a la lucha contra la corrupción e impunidad”.

“Presidente, usted no solo tiene un conflicto de interés –en relación a la investigación que el MP y la Cicig tienen su contra por financiamiento electoral ilícito–, también está haciendo todo lo que está a su alcance para revertir los logros que hemos alcanzado en el desmantelamiento de estructuras que se incrustadas en el Estado”, se lee en el comunicado.

Icefi

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) rechazó las acciones del gobierno de Morales y reafirmó su decisión de no integrar la Mesa Técnica de Gobierno Abierto. “El Instituto recalca que la decisión de no renovar el mandato de la Cicig es contraria a la promoción de la trasparencia y la colaboración legitima entre Gobierno y sociedad civil, creando condiciones adversas para un gobierno verdaderamente abierto”, se puede observar en el comunicado.

Icefi se suma al clamor ciudadano que reitera la demanda justa por una #Guatemala libre de corrupción e impunidad, más democrática y justa. pic.twitter.com/8g9WBkqW1f

— Icefi (@ICEFI) September 1, 2018

Critica a Morales

El politólogo Phillip Chicola calificó al gobierno de Morales como “de la impunidad”. “Las decisiones de Estado se toman para ayudar a los amigos presos, para evitar que más amigos vayan presos, pero sobre todo, para evitar que quienes están en el poder enfrenten a la justicia”, dijo el politólogo en su cuenta de twitter.

El Gobierno de la Impunidad.

Las decisiones de Estado se toman para ayudar a los amigos presos, para evitar que más amigos vayan presos, pero sobre todo, para evitar que quienes están en el poder enfrenten a la justicia…

— Phillip Chicola (@pchicola) August 31, 2018

Pro Justicia

En este sentido, Carmen Aída Ibarra, miembro de Movimiento Pro Justicia, también rechazó la decisión comentó que era innecesario el despliegue del ejército que se observó. “Tanto despliegue y demostración de fuerza para lo que ya se sabe: no renovará mandato, hay persecución selectiva y sesgada”, dijo en su cuenta de twitter.

La Defensora de Derechos Humanos, Iduvina Hernandez, hizo alusión a la disolución del Congreso que impulsó 25 de mayo de 1993 el expresidente Jorge Antonio Serrano Elías. “De actor a dictador un nuevo serranazo por Jimmy Morales que solo busca impunidad”, se lee en el tuit.

Sí. Lo que viene ahora es el asunto de las visas. El presidente hará todo lo que pueda, que no es poco, para sabotear la lucha contra la corrupción. Días

— Carmen Aída Ibarra (@CAidaIbarra) August 31, 2018

Cámara de Industria

Por su parte, el presidente de la Cámara de Industria de Guatemala, Javier Zepeda, dijo que respetan la decisión del presidente. “Hay que recordar que aún tendrá un año para que exista una transferencia de capacidades al Ministerio Publico, por lo que aún se puede beneficiar el país”, comentó.

Felicitaciones

El presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, por medio de un video difundido en redes sociales, felicitó al presidente Morales. “Quiero recordarle al presidente que él no está obligado a seguir ordenes ilegales, especialmente de magistrados que son delincuentes”, dijo.

Preocupación desde el extranjero

Luis von Ahn, empresario guatemalteco fundador de duolingo e inventor de reCAPTCHA, expresó su preocupación ente la decisión del presidente Morales, aseguró que es la entidad que ha encabezado la lucha contra la corrupción. “Suplico al presidente que actúe con el mejor interés del pueblo en mente y que no regrese a los tiempos de golpes de estado”, se lee en su tuit.

Desde el extranjero estoy muy preocupado por mi Guatemala. En mi opinión @CICIGgt ha encabezado la lucha contra la corrupción. Suplico al presidente @jimmymoralesgt que actúe con el mejor interés del pueblo en mente y que no regrese a los tiempos de golpes de estado.

— Luis von Ahn (@LuisvonAhn) August 31, 2018

Manifestaciones

Al terminar la conferencia, por medio de redes sociales empezaron a convocarse manifestaciones en rechazo de Morales. La organización Justicia Ya convocó a una protesta en contra del mandatario en la sede de la Cicig. Asimismo, la Asociación de Estudiantes Universitarios “Oliverio Castañeda de León” anunció un plantón pacifico en la Plaza Central de la Zona 1.

Estamos en la plaza, nuestra lucha es en contra de la corrupción y la defensa de los Derechos Humanos. #FueraJimmy pic.twitter.com/ZZW9gcKYJV

— AEU (@AEU_OliverioCDL) August 31, 2018

Ahí la secretaria estudiantil, Lenina García, dijo que no apoyarán la decisión del presidente y exigen que se rectifique y garantice la continuidad de la Cicig por tiempo indefinido.

Universidad Rafael Landívar

La comunidad estudiantil de la Universidad Rafael Landívar, identificados como Landivarianos, rechazaron la decisión del presidente Morales, al tiempo que convocan a una manifestación ciudadana.

“Consideramos necesario ejercer el derecho de manifestación ciudadana e invitamos a nuestros compañeros Landivarianos a ejercerlo. Consideramos que defender la familia, es defender la vida digna de las personas y reprobamos que se utilice como justificación para defender la impunidad y corrupción”.

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El 70 por ciento de los casos criminales del  2017 quedaron atrapados dentro de la nebulosa de instituciones que forman el Sector Justicia, conformado por la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Publico (MP), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el Instituto de la Defensa Publico Penal (IDPP), Organismo Judicial (OJ) y Sistema Penitenciario (SP).

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El análisis incluyó desde que una persona es denunciada o capturada en flagrancia hasta que existe una resolución judicial.
Encontraron que existe numerosas relaciones entre cada uno de los actores. Por ejemplo, el MP debe trabajar en conjunto con la PNC para realizar capturas e investigaciones; y con el INACIF para realizar las autopsias. Por su parte, el OJ se apoya en el SP para enviar a las persona a prisión preventiva y el IDPP para la defensa técnica de los sindicados, según explicó David Casasola, investigador del CIEN.

La principal conclusión de la investigación es que las actuaciones de cada entidad afectan a otras y a todo el sistema de justicia en su conjunto.

Eficiencias

Aunque las seis entidades contribuyen a mejorar o empeorar la eficiencia de la justicia, se puede observar que cada institución posee dinámicas diferentes.

Se pudo observar en el informe del Cien que la eficiencia de la investigación de la PNC –que es requerida por el MP– mejoró en 0.7%  en relación al 2016 y se colocó este año en 10.7%. No obstante, reportó 180 mil 253 casos pendientes aún por aclarar.  

Por su parte, el MP registró una eficiencia del 29.8%, en lo que respecta a denuncias que ingresaron y que fueron desestimadas, desjudicializadas o remitidas al OJ. Así pues, se reportó una mora acumulada de 1 millón 79 mil denuncias aún no resueltas.

En lo que respecta al Inacif y al IDPP, ambos tienen los índices más altos de eficiencia. Lograron atender respectivamente el 89.2% y el 86.6% de las solicitudes que les realizaron las demás entidades del sistema de justicia.

El Inacif debía atender 11 mil  817 solicitudes acumuladas y el IDPP debía seguir atendiendo los procesos penales de 23 mil 807 casos aún no conclusos.

Así pues, el Cien calculó que el OJ tuvo una eficiencia en Juzgados de Primera Instancia Penal del 18%. Teniendo una mora judicial acumulada de 147 mil 429 casos ingresados a Órganos Jurisdiccionales Penales y 291 mil 927 casos ingresados en Juzgados de Paz.

¿Cómo mejorar?

De acuerdo con David Casasola, investigador del Cien, el OJ y el MP es dónde se presentan la mayoría de interacciones y congestionamientos. No obstante, mientras que el MP paso de una eficiencia del 23.3% en 2016 al 26.6% en 2017, el OJ disminuyó la propia de 21.2% en 2016 a 17.8% en 2017.

La razón es que el MP ha logrado mejorar la atención a las denuncias que se le han presentado. Desde el año 2015 el número de casos egresados del ente investigador ha superado el de casos ingresados, lo que ha llevado a una disminución de la mora.

Se le puede atribuir este logró a la creación de una fiscalía liquidadora, encargada de desestimar denuncias improcedentes o que ya se han quedado sin sustento.

Según la portavoz del MP, Julia Barrera, el ente investigador ha buscado unir casos, así como la implementación de la persecución penal estratégica en las investigaciones a cargo de las fiscalías. “Esto ha permitido que los casos no se investiguen aisladamente, sino, analizar los hechos que podrían estar vinculados a los mismos grupos criminales, lo que permite mejorar la eficiencia en cuanto a la resolución de casos”, aseguró.

Añadió que las salidas alternas también han permitido resolver aquellos hechos donde la misma ley establece esos procedimientos de ciertos delitos.

Son parte de las políticas adoptadas en los últimos años del MP que se reflejan en este resultado de eficiencia al alza.

Por su parte, la cantidad de casos que ingresan al OJ supera por mucho al número de egresados. Esto genera una reducción en la eficiencia.

¿Por qué?

Las razones son muy complejas, no obstante, un análisis comparativo del presupuesto de cada entidad del sector justicia sugiere que la mejora se relaciona a la asignación de recursos.

Mientras que la mayoría de entidades del sector justician han devengado un presupuesto similar los últimos 7 años, el MP ha visto un incremento significativo. El 21.5% del presupuesto total destinado a Seguridad y Justicia en Guatemala fue asignado al MP.

Además, varias fuentes consultadas para el reportaje publicado con anterioridad en Prensa Libre, Procesos que se vuelven laberintos, coinciden en que la aplicación de diferentes recursos por parte de implicados, abogados y entes de justicia causa retrasos en un sistema ya de por sí sobrecargado.

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Llamó la atención la ausencia del secretario del sindicato, Joviel Acevedo, durante la marcha que salió de la Plaza de El Obelisco con dirección al Palacio Legislativo.

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Dirigentes del magisterio señalaron que Acevedo se incorporaría más adelante a la manifestación, sin ofrecer más detalles. Asimismo, ninguno de los líderes de la marcha accedió a ofrecer declaraciones.

A Acevedo lo capturaron el lunes último en  Sacsuhá, La Tinta, Alta Verapaz, luego de que arrollara a un ciclista, según un informe de la Policía Nacional Civil (PNC).

La marcha se detuvo frente a la sede del Ministerio de Educación, donde los maestros exigieron que una autoridad saliera a recibir un petitorio. No obstante, los ministros y viceministro de la cartera no se encontraban, por lo que sólo se le dio lectura a las exigencias del Steg.

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El Ministerio de Educación ha solicitado una ampliación presupuestaria de más de Q961 millones para poder darle viabilidad financiera a un pacto colectivo que incluye un incremento salarial de forma escalonada del 15% en tres años, un bono navideño y uno por obtener títulos universitarios.

Reunión en el Congreso

A su llegada al Congreso de la Republica, los inconformes rodearon el Palacio Legislativo. Diputados miembros de la Junta Directiva y de la Comisión de Educación recibieron a una delegación del Steg para escuchar sus exigencias.

Los miembros del Steg le reclamaron a los diputados la falta de voluntad por aprobar la ampliación del presupuesto y señalaron que el Estado si tiene la capacidad para pagar el incremento. Amenazaron mantener retenidos a los diputados hasta que accedan a sus peticiones.

Por su parte, los diputados explicaron que el compromiso de firmar un nuevo pacto colectivo lo hizo el presidente Jimmy Morales y el Ministerio de Educación, Óscar Hugo López, y no fue un ofrecimiento del Congreso. Asimismo, dijeron que no pueden obligar a la Comisión de Finanzas a otorgarle un dictamen favorable a una ampliación presupuestaria, pues eso se basa en un criterio técnico.

La manifestación, además, coincide con la llegada al Congreso de la solicitud de antejuicio del presidente Jimmy Morales.

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Las personas ya pueden tramitar su carencia de antecedentes penales a través de un sitio web para evitar las colas de las oficinas del Organismo Judicial (OJ).

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Desde que se implementó, se espera que el 80 por ciento de las personas que se acercan constantemente a una de las 27 sedes del OJ, para obtener su constancia, lo hagan en línea.

El procedimiento consiste en cinco pasos:

Paso 1

Deberá pagar Q30 en uno de los bancos autorizados (Banco Industrial, Banrural o GyT Continental).

Paso 2

Ingrese al portal del Organismo Judicial. 

Paso 3

Haga clic en “ingresar” en el apartado “Solicitud sin registro de antecedentes penales”.

Paso 4

Ingrese los datos que se soliciten, entre ellos el número de boleta del banco.

Paso 5

Dar clic en “solicitud de carencia”

En el caso de que al interesado le aparezcan antecedentes penales, la solicitud será enviada a la Unidad de Archivo, donde se establece información específica del interesado. Se identificará a la persona y se generará una ficha con el detalle de los antecedentes. Esta será entregada de manera personal en las oficinas de la Unidad de Antecedentes Penales del OJ.

El portal es accesible después cualquier dispositivo que tenga internet.

El OJ estima que los trámites realizados en línea representaría un ahorro del 35% en papel.

En este sentido, las autoridades dijeron que las oficinas seguirán funcionando y se espera que el trámite también sea más rápido porque la demanda de antecedentes por esa vía descenderá.

José Antonio Pineda Barales, presidente OJ, explicó que el portal fue desarrollado por el departamento informático, por lo que se aprovecharon los recursos con los que ya contaba la institución y los gastos fueron mínimos.

Para garantizar la seguridad de la información se coordinó con el Registro Nacional de las Personas (Renap) y el Archivo del Organismo Judicial. Además, se establecieron controles para que los registros sean únicos y fehacientes.

Durante el preámbulo de la audiencia, un cordial saludo entre Rodas y Jovel escaló en una discusión que pareció tener un tono de reclamo. El intercambio de palabras se alargó por lo menos 10 minutos. Ambos conversaron de pie, frente a las cámaras, pero no fue posible oír el diálogo.

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El intercambio de palabras entre el procurador y la canciller subió de tono

El procurador ocupó menos de cinco minutos para mostrar su punto. Reclamó que solicitar la salida de Kompass al gobierno de Suecia fue una decisión unilateral que no consta que haya sido ordenada por el presidente y que no responde a ningún plan o política exterior. Además, señaló que en la carta donde se pide el retiro del embajador de Suecia no se cita ninguna ley.

“Después cualquier persona va a poder expulsar embajadores que no les agraden”, dijo Rodas.
  
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Por parte del Ejecutivo intervino la ministra Sandra Jovel, el abogado Luis Antonio Lam Padilla, y el abogado de la Procuraduría General de la Nación, Pedro Paz Pérez.

La canciller aseguró al pleno de magistrados que su comparecencia buscaba defender la Constitución y el orden jurídico. Dijo que el Minex tiene la potestad de llevar la política exterior y de actuar de la forma en la que lo hizo.

“Esta acción de amparo es una intromisión de la Procuraduría de los Derechos Humanos, es una violación a nuestro sistema republicano”, dijo la canciller.

Hace 15 días, la canciller se presentó a la Corte de Constitucionalidad junto a todo el Gabinete de Gobierno a una vista pública para conocer otro amparo relacionado con el retiro del embajador Kompass.

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El Ejecutivo guatemalteco pidió la retirada de Kompass y de su homóloga venezolana, Elena Alicia Salcedo, por injerencia en asuntos internos.

Por ahora, el proceso de retiro está detenido por un amparo de la Corte de Constitucionalidad, que ordenó al Ejecutivo buscar una “solución amigable” con Suecia.

Según Jovel, las actuaciones del embajador afectan las relaciones entre ambos países.

“Guatemala ve con preocupación las actuaciones que ha realizado el embajador Kompass durante el breve tiempo de su estadía en el país, las cuales continúan afectando las excelentes relaciones político-diplomáticas entre Guatemala y Suecia”, redactó Jovel en una carta a su homóloga Margot Wallstrom el 2 de mayo.

La canciller hacía referencia a un comentario de Kompass que realizó el pasado 11 de enero, cuando anunció una donación de Suecia a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de US$9 millones para el período 2017-2019, en la que hizo referencia a la corrupción arraigada en el sistema.

Mientras la representante sudamericana ya no se encuentra en el país, según la Cancillería, Kompass aún no ha sido retirado por el gobierno sueco.

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Jovel y Rodas empezaron a discutir luego de un breve saludo. El intercambio de palabras se alargó por lo menos 10 minutos. Ambos conversaron de pie, frente a las cámaras, pero no fue posible oír el diálogo.

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La conversación entre ambos en inaudible, pero se puede percibir que ha subido de tono. Parece que @sandrajovel6 le reclama a @JordanRodas. pic.twitter.com/4xKmdG3rIW

— Javier Lainfiesta (@jlainfiesta_) August 27, 2018

Para nadie es un secreto que el procurador de los Derechos Humanos no es del agrado del Ejecutivo y del Congreso, lo que quedó manifestado en la expresión y lenguaje corporal de la canciller.  

Rodas ha sido el responsable de detener la expulsión de Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), hace justo un año cuando el presidente Jimmy Morales lo declaró persona no grata, y ahora, de impedir con un amparo la salida de Kompass.

A propósito de Kompass, este lunes se celebró una vista pública en la Corte Suprema de Justicia, donde Rodas y Jovel dieron a conocer sus posturas en torno a la intención oficial de retirar al diplomático sueco.

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 “Tiene su temperamento”

Al finalizar la audiencia, Rodas explicó que habló con Jovel sobre temas relacionados a los migrantes, los jóvenes guatemaltecos que se sujetan a la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), el embajador Kompass y la Cicig.

“Fue una conversación madura, cada quien con su temperamento”, afirmó el procurador. En este sentido, detalló que en algunos momentos de la conversación la ministra “se alteró, pero cada quien tiene su temperamento”.

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 “Conversación civilizada”

Por su parte, Jovel aseguró que no fue una discusión sino una conversación lo que sostuvo con Rodas y que giró alrededor del tema de los migrantes y la apertura de consulados en Estados Unidos.

“Tuvimos una conversación civilizada entre dos personas civilizadas”, se limitó a asegurar la canciller.

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Este viernes, Baldetti se presentó al Tribunal de Mayor Riesgo C por el juicio del caso Agua Mágica, donde se le acusa de haber orquestado un fraude millonario por el proyecto de saneamiento del lago.

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“Yo voy a romper los papeles”, le dijo Baldetti entre murmullos a Cardona. Visiblemente molesta, la exvicemandataria se negó a aceptar los resultados del estudio socioeconómico.

A su salida de la sala de audiencias, Cruz y Cardona se negaron a dar declaraciones.

Mariela González, subdirectora de la división de coordinaciones técnico profesionales del IDPP, explicó en conferencia de prensa que a Baldetti se le mostró un proyecto de compromiso de pago, por lo que no era necesario que firmara ningún documento.

Cuestionada sobre el contenido del compromiso, González aseguró que aún no se ha concluido el análisis y el proyecto que se le presentó a la exvicepresidenta es parte del proceso para determinar cuánto se le va a cobrar.

“Todas las acciones que hace el instituto en favor de ella (Roxana Baldetti) se van a cobrar, siempre y cuando se determine que el estudio socioeconómico es procedente”, afirmó González.

En este sentido, explicó que el IDPP tiene autorizada una serie de aranceles de honorarios de defensores públicos de oficio. Las tarifas autorizadas para este año que serían aplicables, tomando en cuenta que Baldetti empezó a ser representada por un defensor público en la etapa de ofrecimiento de prueba, son los siguientes:


Los servicios de asistencia serían cobrados cuando finalice el proceso penal de Baldetti en el caso La Línea, donde está sindicada por los delitos de cohecho pasivo, incumplimiento de deberes y asociación ilícita.

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El estudio socioeconómico que se le practicó a la exvicepresidente fue ordenado por el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, en el caso de defraudación aduanera La Línea.

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Antecedentes

No es la primera vez que la exvicepresidenta tiene problemas en pagar su representación legal. El abogado Mario Cano, el primer abogado que representó a Baldetti en La Línea, devolvió un edificio que le habían entregado como parte del pago de sus honorarios, pues este había sido adquirido de forma anómala.

Cano abandonó la defensa de la exvicepresidenta luego de que fue detenido por sospechas de participación en el caso Cooptación de Estado.

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Pérez Molina, que actualmente se encuentra internado en el Hospital Militar, será trasladado a un hospital privado en la zona 13, según explicó Calderón. “Hemos pedido que sea trasladado a un hospital que tiene la capacidad para realizarle la operación”, dijo el defensor.

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Al expresidente le será implantado un dispositivo denominado cardiodesfibrilador, que puede llegar a tener un valor de Q270 mil, según estimó Calderón. Ofrece a los pacientes la posibilidad de llevar un estilo de vida normal.

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Antecedentes

Desde el 8 de agosto el expresidente fue trasladado al Centro Médico Militar debido a una complicación cardiaca que padeció mientras guardaba prisión preventiva en la cárcel Mariscal Zavala.

Pérez Molina sufre de problemas del corazón desde hace varios años, sin embargo, recibió un golpe en el pecho cuando practicaba deporte, el cual le causó una complicación y fue evaluado por médicos del centro de detención que ordenaron su traslado.

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En aquella ocasión Calderón indicó que el exmandatario tiene un cardiodesfibrilador que le habían colocado en el 2004, cuando padeció el primer incidente.

Según el abogado, el dispositivo tiene capacidad para efectuar seis descargas, de las cuales se registraron cuatro, cuando llegó al máximo de potencia. Por esta razón se hizo necesario implantarle un nuevo aparato al expresidente.

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La información a la que tuvo acceso Prensa Libre señala que la colaboradora eficaz en el caso, Paulina Paiz, reconoce a Hernández Azmitia como un mediador entre un grupo de empresarios y Encuentro por Guatemala, para hacerle llegar un aporte económico para la campaña electoral de 2011.

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En poder de la fiscalía hay varias copias de conversaciones electrónicas que habría sostenido Paiz y Hernández Azmitia, en agosto de. 2011. Allí la fiscalía sospecha que se acordó facilitar el aporte económico para Encuentro por Guatemala. 

El diputado del MR reconoció haber recibido el cheque, sin embargo, explicó que se lo entregó al actual diputado de EG, Leonel Lira. 

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Hernández Azmitia reconoce a Paulina Paiz como uno de los tantos donantes que ofrecieron aportes económicos al partido, luego de presentarles el proyecto político.

Fui un mensajero

Según el diputado, el encargado de recibir y gestionar los aportes y donaciones a Encuentro por Guatemala fue Alfonso Carrillo. 

“Era mi primera experiencia en el ruedo político y quien me lleva con la diputada Nineth Montenegro fue el licenciado Alfonso Carrillo, a una cena en su casa, en La Cañada, zona 14”, dijo Hernández Azmitia. 

Agregó: “Veo que se puede aportar algo interesante para Guatemala, empiezo a trabajar en la campaña pero fue el licenciado Carrillo quien lo coordina, yo solo fui el mensajero, fuí, lo recibí y lo entregué al secretario de finanzas, que era el diputado Leonel Lira”. 

El diputado Hernández Azmitia sobre su incorporación a Encuentro por Guatemala, en 2011, recuerda que fue el 26 de enero de ese año, por la coalición que existía con el partido Visión con Valores. “Yo era un patojo chispudo”, dijo Hernández Azmitia respecto a su rol en la organización de Nineth Montenegro.

Alfonso Carrillo sobre lo señaldo por el diputado, dijo que no emitirá ninguna opinión por el momento, ya que no tiene en la memoria los datos precisos y fechas a las que se refiere Hernández Azmitia.  

No formó parte del partido

Nineth Montenegro, secretaria general de Encuentro por Guatemala, confirmó que el ahora diputado Luis Hernández Azmitia sí estuvo activo dentro de la organización, pero sin formar parte de la misma.

“Hubo una propuesta que se incorporara, no al partido, sino como agente externo. Como alguien que estaba afuera que podía apoyar al partido en temas de campaña de los cuales nosotros teníamos mucho desconocimiento”, señaló Montenegro.

La diputada señaló que Hernández Azmitia estuvo con ellos durante entre abril a diciembre del 2011, en parte de la campaña, pero posteriormente se desvinculó totalmente de la organización política para ser viceministro en el Ministerio de Desarrollo Social en el Gobierno de Otto Pérez Molina.

“Su estancia fue muy temporal y efectivamente estuvo allí. Quiero aclarar que el cheque sí fue depositado a la cuenta de Encuentro por Guatemala, el cual era no negociable y tenía el nombre del partido y se depositó a la cuenta de donaciones de campaña”, aseveró la congresista.

Montengro insistió que no hay ningún tipo de financiamiento anónimo porque los fondos si ingresaron y que “el error fue administrativo, que no puede ser sancionado como delito, es haber puesto el número de cheque con otro nombre de empresa, pero fue un error de la contabilidad”.

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Como miembro de la Sala Tercera de Apelaciones, Santizo ha conocido casos de mucha relevancia, como el de Igor Bitkov, en el Caso Migración; el del exministro de la Defensa, Williams Mansilla, por el caso Bono Militar; el hijo y hermano del Presidente, Samuel y José Manuel Morales, por el caso Botín Registro de la Propiedad; entre otros.

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Así también, el 25 julio, la Sala Tercera confirmó el cierre provisional del proceso penal contra de Mansilla, quien era señalado por el Ministerio Público (MP) de abuso de autoridad y peculado por sustracción por autorizar un bono militar al presidente Jimmy Morales y a la cúpula militar.

Santizo votó para liberar de la prisión Mariscal Zavala a Sammy Morales y José Manuel Morales, hermano e hijo del presidente respectivamente, ambos acusados de fraude.

En lo individual, cabe destacar que fue la pesquisidora que recomendó retirarle la inmunidad al diputado Luis Rabbé, quien estuvo prófugo más de un año y recientemente detenido en México. Está señalado en el caso Plazas Fantasma.

No obstante, se le recuerda más recientemente como la magistrada que razonó su voto para que le retiraran la inmunidad al difunto alcalde capitalino Álvaro Arzú y estuvo a favor de retirarle su inmunidad. Pero el exalcalde, por mayoría, continuó con su inmunidad en el caso Caja de Pandora.

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Este jueves se publicó en el Diario Oficial el Acuerdo 182-018 de la Presidencia del Organismo Judicial, el cual modifica el artículo 1 y se añaden dos artículos al acuerdo de creación del  Programa de Protección del Organismo Judicial.

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Según Alejandro Marroquín Ariza, gerente general del Organismo Judicial, esto responde a dar protección a todos los operadores de justicia del país. “La situación de criminalidad y el riesgo al que están expuestos por su posición y cargo nos hace aprobar esta ampliación”, dijo.

Sin embargo, al ser cuestionado en qué consistía el programa, Marroquín Ariza explicó que se realizó un análisis de riesgo general para el organismo y que aún están pendientes por definirse las acciones particulares para reforzar la seguridad de los jueces.

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No descartó que estas acciones puedan incluir contratar más agentes de seguridad del OJ, así como incrementar el presupuesto de la Dirección de Seguridad Institucional, que de acuerdo con el acuerdo será la dependencia encargada del programa de seguridad.

“Este acuerdo viene a reforzar el programa de seguridad, de acuerdo con los protocolos que ya se han establecido. Se realizarán las ampliaciones que sean necesarias”, dijo el gerente.

En este sentido, afirmó que los jueces y magistrados que ya cuentan con un esquema de seguridad no serán afectados y que el programa no interrumpirá la colaboración que presta la Policía Nacional Civil (PNC).

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“Se va a continuar con la alianza con el Ministerio de Gobernación y se van a reforzar”, comentó.

Más de 900 jueces y magistrados en todo el país podrán pedir seguridad a la Dirección de Protección Institucional del OJ, según mencionó Marroquín Ariza. “Las solicitudes –de seguridad– son constantes”, dijo.

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Valladares Urruela impugnó al Juzgado de Diligencias Urgentes por haber autorizado la diligencia en su casa, por solicitud de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la impunidad (CICIG).

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No obstante, la Sala rechazó en definitiva los reclamos de Valladares Urruela y resolvió no devolverle sus objetos.

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El MP confirmó que esta diligencia fue parte de la investigación del Caso Corrupción y Contracción, pero no puede ofrecer más detalles al respecto.

El secuestro de evidencia en su vivienda ocurrió cuando era comisionado Nacional de Competitividad y no contaba con derecho de antejuicio.

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Martínez declaró en calidad de testigo, propuesto de la defensa de Mario Baldetti, hermano de la exvicepresidente, y el Ministerio Público (MP), en el juicio que se sigue por el caso Lago de Amatitlán.

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No obstante, la mujer, que estuvo al frente de MARN entre enero de 2014 y mayo 2015, confirmó que autorizó que su cartera transfiriera más de Q2 millones de espacio presupuestario para la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA).

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“Rina Sanchinell –exasesora de Roxana Baldetti– me dijo que debía localizar los espacios presupuestarios que ya no serían utilizados por la cartera para ponerlos a disposición. Era un procedimiento usual que se nos expresara oralmente que debían hacer transferencias”, dijo. “No supe para que era la transferencia a AMSA, solo me dijeron que era para algo del lago”, añadió.

Además, la exministra comentó que el proyecto de limpieza no contaba con un instrumento ambiental ni aval de su cartera. “Cuando me entere de la existencia del proyecto –en marzo de 2015– hice la consulta y se me indicó que no tenía uno. Más adelante se me informó que ingreso uno, pero al poco tiempo este fue descartado”, aseguró.

Martínez fue cuestionada sobre su destitución. Sin ofrecer muchos detalles, la mujer comentó que el expresidente Otto Pérez Molina le expuso que se habían dado inconvenientes con la gestión del Lago de Amatitlán. “Me dijo que identificaba cierta afinidad con la vicepresidenta y por lo mismo debía prescindir de mis servicios”, señaló,

El caso

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, la exvicepresidenta Roxana Baldetti lideró una estructura criminal, que operaba desde instituciones estatales claves para el tema ambiental y en empresas privadas, con el objetivo de conseguir de forma ilícita la licencia de un proyecto de limpieza y saneamiento del Lago de Amatitlán con el cual se beneficiaría económicamente.

De esta forma habrían logrado que el 28 de noviembre de 2014, de forma fraudulenta, se adjudicara un contrato de saneamiento y limpieza del Lago de Amatitlán a la empresa M. Tarcic Engineering Limited por Q137.8 millones.

Del total, el Estado de Guatemala desembolsó a M. Tarcic un monto de Q20.7 millones antes de que fuera rescindido el contrato. Estos recursos terminaron en las cuentas bancarias de un conglomerado de empresas y personas particulares, de acuerdo con el MP.

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Los abogados José Alejandro Vielman Rosales, exencargado del área procesal del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), Luis Gustavo Morataya García y José Gerardo Martínez Búcaro, que enfrentan juicio por el Caso Colaboradores, son señalados por obstrucción a la justicia.

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En concreto, le pedían que no hablara sobre el reaseguro del Aeropuerto Internacional La Aurora, por el que la empresa de seguros FRS le pagó al gobierno US$1 millón de sobornos en 2014.

Vielman Rosales, según la Fiscalía, visitó en la cárcel Pavoncito a Monzón, donde le habría ofrecido el dinero. El colaborador eficaz grabó la conversación y presentó la denuncia al MP.

“El dinero lo llevaron a la prisión donde yo estaba señor juez, a Pavoncito, lo ingresaron en un vehículo que no fue registrado por los guardias. Vielman junto a sus abogados llegaron para negociar conmigo”, dijo el exsecretario privado de Roxana Baldetti en una audiencia de anticipo de prueba por este mismo caso.

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En libertad

Juan Francisco Sandoval, fiscal Especial contra la Impunidad (Feci), dijo que Juan Carlos Monzón está libre desde el 15 de junio, luego de cumplir con los convenios de colaboración eficaz en los casos La Línea y Cooptación del Estado.

La libertad le fue conferida a Monzón para procurar su seguridad, dijo el jefe fiscal, a pesar de que se le ofreció seguridad por parte del programa de protección a testigos, pero rechazó la oferta.

Según Sandoval, el colaborador eficaz quedó condicionado para comparecer en cualquier diligencia siempre que sea requerido o ya sea para ampliar declaraciones.

Monzón fue clave en los procesos penales en contra de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, del expresidente Otto Pérez Molina y sus exministros.

Monzón Rojas luego de permanecer prófugo de la justicia, se entregó el 5 de octubre del 2015, permaneció dos años y ocho meses en prisión. El 5 de abril último cumplió la mitad de la pena y a partir del 15 de junio salió del país, con destino desconocido, pero sería donde está su familia.

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A partir de ahora, los procesos de antejuicio toman caminos diferentes.

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En el caso de Montenegro, el expediente debe ser conocido por un juez pesquisidor, quien, de igual forma, deberá escuchar al MP, Cicig y a la propia legisladora a fin de elaborar un informe que recomiende o no el retiro de inmunidad. 

La magistrada Zonia de la Paz Santizo, Vocal II de la Sala Tercera de Apelaciones del ramo Penal, fue designada como pesquisidora.

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De qué los acusan

De acuerdo con la investigación, Morales, cuando en 2015 era candidato presidencial y secretario general del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), recibió aportes que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE), lo que, según la pesquisa, constituye el ilícito de financiamiento electoral ilícito.

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Este es el segundo proceso de antejuicio del MP y Cicig contra Morales. El primero de la gestión de María Consuelo Porras, fiscal General.

El 25 de agosto de 2017 Morales fue denunciado por el mismo delito, financiamiento electoral ilícito. El caso llegó hasta el Congreso, donde la solicitud del retiro de la inmunidad fue rechazada y archivada por 104 votos de diputados en contra y solo 25 a favor, el 12 de septiembre de 2017.

La denuncia fue hecha el 26 de febrero de 2018 por Paulina Paiz Riera, colaboradora eficaz de la Fiscalía. Paz, junto con Olga Méndez López, eran representantes legales de Novaservicios, S.A., empresa que recibió los aportes de campaña electoral de Morales.

En total fueron Q7 millones 920 mil 375.70, de los cuales Q7 millones 560 mil 476.70 se gastaron en el pago de fiscales de mesa del partido para la primera y segunda vuelta electoral, el 6 de septiembre y el 25 de octubre de 2015, así como material publicitario -volantes y calendarios de bolsillo- y capacitaciones para el binomio presidencial -Morales y Jafeth Cabrera- por la Fundación G, por un monto de Q359 mil 899.

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Alfredo Brito, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, indicó que el Ejecutivo es respetuoso de las decisiones judiciales y de la independencia judicial, por lo que estarán a la espera de la decisión que tome el Congreso sobre la inmunidad del gobernante.

El funcionario dijo que las actividades del Ejecutivo siguen sus actividades de forma normal.

El caso de Montenegro

Montenegro, diputada y secretaria general de Encuentro por Guatemala (EG), es señalada en una investigación porque el partido incumplió con el plazo para entregar a la Inspección General del TSE los estados financieros del último semestre de 2015.

La denuncia la interpuso el propio TSE el 13 de diciembre de 2016. Debido a que la información no llegó puntual, no fue posible establecer el origen de Q1 millón 748 mil 232.54 que el partido recibió en aquel año.

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La empresa Maximum Financial and Investments Services aportó, a través de la entidad Yeyo, S.A., el arrendamiento de seis pasarelas digitales para la campaña, por Q76 mil 784.30 (o su equivalente a US$10 mil) y no fue reportado ante el TSE, de acuerdo con la investigación.

Además, en la campaña de 2011, EG no reportó al ente electoral Q197 mil 500 que provinieron de Publicidad Avance, S.A., y pagó con un cheque.

Montenegro dijo a Prensa Libre que, según el Tribunal Electoral Supremo (TSE), su partido cumplió con la contabilidad en el tiempo estipulado, tarea que el correspondía al órgano financiero de la organización y no a la Secretaría General. Agregó que no hay financiamiento electoral ilícito porque el dinero se bancarizó.

Respecto a un cheque por Q197 mil en la campaña de 2011, comentó que, si acaso hubo un error administrativo, fue al momento de registrar en la contabilidad un nombre que no correspondía, pero el monto era el correcto, el cheque estaba endosado e ingresó a la cuenta de las donaciones.

Sobre el señalamiento de arrendamiento de seis pasarelas digitales durante la campaña de 2015, Montenegro dijo que quien lo denunció deberá explicar el tiempo, modo y lugar con que alguien, a espaldas del partido, pudo haber recibido ese financiamiento, que no ingresó al partido.

“Si hay justicia, me siento tranquila”, dijo la legisladora.

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Óscar Schaad, fiscal contra Delitos Electorales, dijo que, con base en los hallazgos de la investigación, el tribunal pedirá la cancelación del partido, tal como lo ha hecho con FCN Nación, el partido de gobierno.

Ayer lunes, EG declaró que podrá desvanecer los señalamientos del MP y Cicig porque se enviaron a tiempo los estados financieros en 2015 y que no hubo aportaciones anónimos, como establece la investigación.

Así se integró la CSJ

El aval a los trámites de antejuicio por medio de votaciones se decidió por unanimidad en ambos casos. 

Durante el pleno en el que se conocieron los procesos, la magistrada Silvia Patricia Valdez se reportó enferma, y su lugar lo ocupó Marvin Eduardo Herrera Solares, de la sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil. 

El lugar de Blanca Stalling, actualmente procesada por tráfico de influencias y otros delitos, lo integró Freddy Fernández, de la sala Primera de Apelación Penal. 

Y por Rafael Rojas, quien actualmente se encuentra en Costa Rica, fue llamada la magistrada Sonia Dora Bea, de la sala de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia, quien es eposa de Bonerge Mejía, actual magistrado de la Corte de Constitucionalidad.

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Durante una nueva jornada del juicio en contra de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, su hermano, Mario Baldetti, y otros 11 exfuncionarios y particulares por presuntamente estar involucrados en una estructura que estafó al Estado con un proyecto de limpieza del Lago de Amatitlán, la barra defensora presentó una serie de recursos que interrumpieron por momentos el desarrollo de la audiencia.  

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El Tribunal rechazó los señalamientos, pero dio trámite al recurso y elevó las actuaciones. No obstante resolvió que la audiencia continuaría.  

Luego, el abogado defensor de Pablo Roberto Gonzales Barrios, el exsecretario de Agua y Saneamiento durante el gobierno del Partido Patriota, presentó una acción de excusa. Esta fue rechazada por ser considerada por los jueces como “frívola e improcedente”.  

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El abogado de Gonzales Barrios insistió que no se realizara la audiencia teniendo en cuenta que el juez había sido recusado, no obstante, esto no cambió la opinión del Tribunal. Luego, el mismo abogado volvió a tomar la palabra para pedir que se suspendiera la audiencia pues no había preparado el interrogatorio para los testigos, pero la diligencia continuo.

En otro intento de retrasar la audiencia, Roxana Baldetti pidió la palabra al Tribunal, pero no se la concedieron debido a que ella había rechazado con anterioridad  pronunciarse en relación al recurso que presentó su abogado. “Esto es un nuevo atropello, señor juez”, dijo Baldetti.

La declaración

Finalmente la defensa comenzó a llamar a sus testigos, la primera: Karen Cardona, la vocera de la Vicepresidencia durante la gestión de Baldetti.  Durante poco más de 20 minutos, Cardona habló de su participación en la Vicepresidencia como asesora de comunicación.

Se le cuestionó concretamente sobre la conferencia que organizó Baldetti para socializar con la prensa el proyecto de limpieza del lago, extremo que fue confirmada por la excolaboradora.  “Yo únicamente recibía instrucciones de quien en ese entonces era la vicepresidenta, entonces fue ella quien me dio la instrucción de llevar a cabo una conferencia de prensa”, señaló.

La testigo indicó que no recordaba con certeza los detalles de la organización del evento con los medios, por lo que no pudo especificar quién cubrió los costos de la misma, aunque sí reconoció que la empresa M. Tarcic Engineering se ofreció a cubrir algunos gastos.

El caso

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, la exvicepresidenta Roxana Baldetti lideró una estructura criminal, que operaba desde instituciones estatales claves para el tema ambiental y en empresas privadas, con el objetivo de conseguir de forma ilícita la licencia de un proyecto de limpieza y saneamiento del Lago de Amatitlán con el cual se beneficiaría económicamente.

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De esta forma habrían logrado que el 28 de noviembre de 2014, de forma fraudulenta, se adjudicara un contrato de saneamiento y limpieza del Lago de Amatitlán a la empresa M. Tarcic Engineering Limited por Q137.8 millones.

Del total, el Estado de Guatemala desembolsó a M. Tarcic un monto de Q20.7 millones antes de que fuera rescindido el contrato.  

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El perito Lusbia Contreras realizó un análisis de las cuentas del RGP durante el 2013 y el 2014. Según sus conclusiones, durante el primer año los gastos de la entidad superaron en Q9 millones los ingresos que generó y en el segundo la pérdida fue de poco más de Q15 millones.

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Roxana Baldetti tenía un especial interés en el proyecto de limpieza del lago tuviera financiamiento

Según el fiscal Carlos de León, la exregistradora incrementó sustancialmente los gastos en salarios el entregar por lo menos 16 plazas fantasma, es decir, puestos a empresas que no cumplían con su horario laboral pero sí devengaban un sueldo.  

El RPG financia sus operaciones por medio a los cobros que realiza por los servicios que ofrece y no recibe aportes provenientes de impuestos, a estos se le llaman fondos privativos. No obstante, según el fiscal, estos recursos son propiedad del Estado de Guatemala y su mala gestión implica por tanto un detrimento al Estado.

Defensa se opuso

Cuatro abogados defensores se opusieron a que el Tribunal Décimo Tercero aceptara el peritaje y la declaración de Contreras, aduciendo que el correlativo que identificaba el informe que se puso a la vista no coincidía con el descrito en el expediente.

Los defensores presentaron un recurso de reposición, no obstante, este fue declarado sin lugar por el Tribunal y se pudo continuar con la declaración.

En total hay 25 personas sindicadas en el juicio, entre las que destaca la exdirectora del Registro, Anabella De León, el hermano e hijo del presidente de la República Jimmy Morales, Samuel Everardo Morales Cabrera y José Manuel Morales Marroquín, respectivamente.

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De acuerdo con la investigación, desde la dirección del Registro General de la Propiedad (RGP), a cargo de Anabella De León, se autorizaron almenos 15 plazas fantasmas que significaron un desembolso de Q3 millones por parte de dicha institución.

También durante las pesquisas se hallaron indicios sobre pagos por servicios realizados de banquetes de alimentos durante actividades del RGP, lo cual significó el pago aproximado de Q150 mil.

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De acuerdo con la testigo propuesta por la defensa, su trabajo en 2015 para la Vicepresidencia consistió en monitorear y recopilar información publicada en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) y otras fuentes para reportarle directamente a la exvicepresidenta qué dependencias del Ejecutivo podía ceder espacio presupuestario.

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“Ella (Roxana Baldetti) me insistía, me preguntaba todos los días y se notaba que era un proyecto que tenía prisa por hacer, sin embargo, un día recibí una llamada del expresidente Otto Pérez Molina para preguntarme del tema. Había muchísima presión”, señaló la testigo.  

Según la testigo, Baldetti se contactaba con ella por teléfono, por mensajes y correos electrónicos.

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En un principio, se acordó que la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA), por instrucciones de Pérez Molina, cedería Q15 millones para la limpieza. Luego, se intentó gestionar un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), no obstante, la negociación no fue fructífera. Más adelante, se le dijo a Sanchinelli que sería gestionado un préstamo con el Gobierno de España de nuevo, no obstante, este tampoco se concretó.

Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos, a Sanchinelli le ordenaran conseguir un espacio presupuestario de entre Q20 y Q22 millones, que finalmente fue utilizado para comprar la fórmula que proveería M. Tarcic Engineering. El espacio salió del extinto Fondo para la Paz en liquidación y el Ministerio de Ambiente.

“Mentalidad ecológica”

Sanchinelli comentó que Mario Baldetti, hermano de la exvicepresidenta y también acusado en el proceso por presuntamente ser el coordinador de la estafa, se presentó a la primera reunión para ver el tema del proyecto de limpieza con autoridades de AMSA, la Vicepresidencia, M. Tarcic Engineering, entre otros.

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Según su relato, Verónica Taracena, entonces Secretaria de Trasparencia nombrada por la Vicepresidencia, le dijo que Mario Baldetti estaba asesorando a AMSA y que él tenía una “mentalidad ecológica”.

Mario Baldetti participó en cuatro ocasiones en las reuniones de seguimiento del proyecto de limpieza, según la testigo, pese a que él no era un funcionario público y no tenía relación laboral con AMSA.

En estas reuniones se le dijo a Sanchinelli que la razón por la cual la fórmula de M. Tarcic Engineering no tenía registro sanitario era que había sido especialmente hecho para el Lago de Amatitlán.

“Me dijeron que habían llevado el agua del Lago de Amatitlán a Israel para realizarle pruebas y determinar qué tipo de contaminación tenia. Que la formula no serviría para limpiar otro lago, como, por ejemplo, el de Atitlán”, señaló la testigo.

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El caso

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, la exvicepresidenta lideró una estructura criminal, que operaba desde instituciones estatales claves para el tema ambiental y en empresas privadas, con el objetivo de conseguir de forma ilícita la licencia de un proyecto de limpieza y saneamiento del Lago de Amatitlán con el cual se beneficiaría económicamente.

De esta forma habrían logrado que el 28 de noviembre de 2014, de forma fraudulenta, se adjudicara un contrato de saneamiento y limpieza del Lago de Amatitlán a la empresa M. Tarcic Engineering Limited por Q137.8 millones.

Del total, el Estado de Guatemala desembolsó a M. Tarcic un monto de Q20.7 millones antes de que fuera rescindido el contrato. Estos recursos terminaron en las cuentas bancarias de un conglomerado de empresas y personas particulares, de acuerdo con el MP.

Además, una serie de correos electrónicos evidenciarían el control que tenía Mario Baldetti, hermano de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, en la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlan (AMSA), pese a que no era un funcionario público. 

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A pesar de que De León Pérez fue capturado el fin de semana en flagrancia en ese país, en Guatemala aún no se toman acciones administrativas sobre su puesto.

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La fiscalía hondureña acusa a De León Pérez por lavado de dinero, luego que fueran interceptados por el paso fronterizo El Corinto, entre Guatemala y Honduras, con una suma de dinero que superaba los US$10 mil.

Presuntamente, el togado pretendía salir de Honduras con Q72 mil 695 en efectivo. El hombre no pudo demostrar satisfactoriamente el origen del dinero que no reportó en la aduana.

Antes de ser asignado al Juzgado de Delitos de Femicidio en Izabal, De León Pérez fue juez de Primera Instancia Penal de Santa Cruz del Quiché.

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Piden investigación

Carmen Aida Ibarra, miembro del Movimiento ProJusticia, señaló que el Ministerio Público (MP) debe investigar al juez para determinar cuál es el origen del dinero que pretendía ingresar al país.

“Su captura en Honduras tiene relación con lo que sucede en Guatemala. Él es una persona que imparte justicia y se debe investigar si el dinero es producto de actividades ilícitas o lícitas”, comentó Ibarra.

En este sentido, explicó que es importante que se esclarezca la situación del togado en territorio extranjero porque la suma de dinero no es coherente con el sueldo de un juez de Primera Instancia. “Esta podría deberse a la venta de resoluciones o a su participación con actividades ilegales que actúan en el interior del país”, comentó.

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No es la primera vez que un juez se ve involucrado en un caso de blanqueo de activos. En el 2015, la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) y el MP acusó a la jueza Jisela Reinoso por lavado de dinero.

Reinoso no pudo explicar cómo adquirió una vivienda valorada en más de Q3 millones y varios vehículos durante el tiempo que estuvo al frente del Juzgado Cuarto de Sentencia Penal y fue condenada a 11 años de prisión por dicho delito y enriquecimiento ilícito.

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