Tabla de gradación excluye a candidatos jóvenes, dice Impunity Watch

Luego de concluir la revisión inicial de expedientes, la organización Impunity Watch advierte que los instrumentos de evaluación están favoreciendo a algunos aspirantes con cuestionada honorabilidad, que compiten para el cargo de fiscal general.

Alex Fernando Rojas

25 de febrero de 2026 | 10:03h

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Un informe de la organización Impunity Watch, publicado este miércoles 25 de febrero, advierte deficiencias en la tabla de gradación que se aprobó para evaluar los perfiles de los aspirantes a candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP).

De acuerdo con la organización, con sede en los Países Bajos, los criterios de ponderación de los expedientes son inconstitucionales y “se excluye prácticamente a los candidatos más jóvenes”, al establecer que a partir del año 11 se otorgarán 2 puntos adicionales por cada año.

“Esto deja fuera la evaluación de los primeros 10 años de ejercicio profesional”, advierte el informe, señalando que se está anulando un criterio fundamental que está consignado en la propia Constitución Política de la República, como requisito fundamental para ocupar el cargo de fiscal general.

“Aunque la experiencia profesional es un criterio legítimo, el diseño adoptado en la tabal de gradación genera una ventaja desproporcionada basada en la antigüedad del aspirante”, señala Impunity Watch; advierte, además, que no se está considerando la calidad del ejercicio profesional de los abogados aspirantes.

Según Impunity Watch, evaluar a los aspirantes a fiscal general con esta tabla de gradación “constituye una discriminación por razón de edad”, ya que el hecho de asignar una puntuación mayor, a partir de 11 años “representa una preferencia injustificable para personas de mayor edad.

Con este criterio, continúa el informe, “se favorece a candidatos con 35 o más años de ejercicio profesional, como la fiscal general Consuelo Porras o el exdiputado Fernando Linares Beltranena, con más de 40 años de ejercicio profesional“ pero que son fuertemente cuestionados por su parcialidad y falta de ética”.

El informe de Impunity Watch recomienda a la comisión de postulación, presidida por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Claudia Paredes, que se revise de nuevo la tabla de gradación y se realicen los ajustes para incluir los 10 años de experiencia profesional como criterio de evaluación.

También recomienda que la comisión investigue la ética y honorabilidad a través de las objeciones que se conozcan en esa instancia; así también se tomen en cuenta las sanciones internacionales y nacionales que se han impuesto a algunos de los aspirantes al puesto de jefe del MP.

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El informe también advierte que, de los 59 aspirantes al cargo de fiscal general, solo 15 sin mujeres, por lo que se debe evaluar los criterios de inclusión de mujeres y profesionales indígenas.

“La falta de instrumentos de evaluación representa una grave violación a las obligaciones internacionales de garantizar procesos objetivos para evaluar capacidad, idoneidad y honorabilidad”, cita el informe.

Lea también: “Ha colapsado el sistema de comisiones de postulación”, Nineth Montenegro

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Abogados acuden a las urnas para elegir a representantes del Cang en la comisión de postulación para el TSE

Este lunes 5 de enero de 2026 se llevarán a cabo las elecciones en las que se elegirán a los representantes titular y suplente del Colegio de Abogados y Notarios (Cang) en la Comisión de Postulación para el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Alex Fernando Rojas

5 de enero de 2026

|

05:00h

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Parque de la Industria de la capital será uno de los centros de votación habilitados para que los abogados voten. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL)

Cinco planillas se disputan este lunes 5 de enero la representación titular y suplente del Colegio de Abogados y Notarios (Cang) en la Comisión de Postulación para el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En un principio se habían postulado 12 candidatos en seis planillas para competir en esta elección; sin embargo, el Tribunal Electoral del Cang decidió no tomar en cuenta la postulación de Ramón Cadena y María Eugenia Mijangos, por no completar los requisitos mínimos establecidos para participar.

Los agremiados —tanto profesionales del derecho como politólogos, internacionalistas y otras carreras afínes— están convocados desde las 8 hasta las 16 horas de hoy para emitir su sufragio. Se han habilitado centros de votación en el Parque de la Industria y Fórum Majadas, en la capital, mientras que en la provincia se han abierto las delegaciones correspondientes al TSE.

En caso de ser necesario, se tiene prevista una segunda vuelta para el próximo 13 de enero.

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La importancia de esta elección, según han manifestado analistas y sectores que siguen de cerca el proceso de postulación del TSE, radica en que los cinco comisionados titulares deberán elegir los perfiles más idóneos para que dirijan las elecciones generales del próximo año.

Las planillas

La planilla 1 impulsa a César Fernando Díaz García y Ángel Antonio Rodríguez de León. Estos candidatos cuentan con el respaldo de una alianza gremial entre Plataforma de Profesionales por la Justicia —que encabeza Estuardo Gálvez, exrector de la Universidad de San Carlos de Guatemala—, Unidos por el Derecho y Avanza, donde esta última tiene como agremiados a fiscales y otras autoridades del Ministerio Público.

La planilla 2 promueve a Guillermo Alfonso Cifuentes y Érick Morales Román, mediante la Alianza Unida por el Gremio. De los dos aspirantes no existen mayores antecedentes públicos en otros procesos de comisiones de postulación.

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La planilla 3 la integran Julio José Aguilar Martínez y Linda Greta de los Ángeles Rivera Pérez, respaldados por Unión, Libertad y Justicia, una agrupación gremial que dirige Roberto López Villatoro, conocido como el Rey del Tenis.

La planilla 4 la integran Gregorio Saavedra y Édgar René Ortiz Romero, impulsados por Unidad x la Democracia, cuya estructura gremial apoyó a Unidad x la Justicia, que consiguió la presidencia de la directiva del Cang.

La planilla 5 promueve a María Alicia Ovalle Gramajo y José Pablo Pacheco, quienes declararon ser respaldados por una plataforma de 15 organizaciones gremiales, en las cuales tendrían incidencia el juez Mynor Moto y el magistrado constitucional Néster Vásquez, más un grupo afín al actual rector de la Usac, Walter Mazariegos.

IGSS tiene escasez de medicamentos para tratar algunos tipos de cáncer y esclerosis múltiple

Son varios los medicamentos que hacen falta para el tratamiento de distintas enfermedades. La explicación que dan a los pacientes es que no los han comprado.

Por redacción Actualidad

27 de abril de 2024

|

05:00h

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En la Unidad de Consulta Externa “Autonomía” del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social hacen falta medicamentos para atender padecimientos como cáncer y esclerosis múltiple. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

En la Unidad de Consulta Externa “Autonomía” del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), hay desabastecimiento de medicamentos para el tratamiento de enfermedades como lupus, esclerosis múltiple, gaucher y algunos tipos de cáncer.

No recibir el tratamiento representa un riesgo alto para los pacientes, pues faltan fármacos que son esenciales para detener la evolución de la enfermedad, y no aplicarlos en el tiempo establecido disminuye la calidad de vida de las personas.

Rituximab, bevacizumab, paclitaxel albúmina, imiglucerasa y natalizumab son algunos de los medicamentos que no hay. Estos se aplican vía intravenosa.

La explicación que han recibido los pacientes es que las órdenes de compra están en evaluación, luego de que sean autorizadas se debe esperar a que haya proveedor, pero esto puede llevar días o semanas.

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Escribir a un número de whatsaap para preguntar cómo va el proceso de compra y cuándo estará disponible el fármaco para que se los apliquen, es la directriz que han recibido los pacientes.

Una persona diagnosticada con la enfermedad de Gaucher tiene más de 15 días de enviar mensajes por la vía indicada para consultar sobre la disponibilidad de medicamentos de imiglucerasa, la respuesta constante ha sido: “No”. Además, le han dicho que escriba todos los días pues en algún momento llegará el medicamento para que se lo apliquen, pero en la lista hay varios pacientes en igual condición.

Dicha enfermedad provoca la acumulación de sustancias grasas en ciertos órganos del cuerpo, en especial el bazo y el hígado, y ocasiona que estos se agranden, lo que afecta su funcionamiento, tal como lo describe en su sitio web la Clínica Mayo de Estados Unidos.

“Esa medicina no me quita la enfermedad, sino que solo me mantiene”, dice un paciente que dio su testimonio bajo la condición del anonimato, e indicó que ese retraso en el tratamiento le ha provocado dolor constante en el hígado, y cualquier fuerza que haga le provoca malestar en todo el cuero, pues sus huesos se van deteriorando.

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“Lo que me dicen es que no me preocupe, pues no soy solo yo en esta situación. Para mí es urgente que el medicamento ingrese, sí o sí”, agregó el jueves último, minutos antes de salir rumbo al lugar donde trabaja, pues llegó al IGSS antes de las 6 de la mañana para hacer fila en el área de hematología esperanzado de que por fin recibiría el tratamiento, pero tendrá que esperar por tiempo indefinido hasta que lo compren.

Sin certeza de compra

En la misma situación están los pacientes con esclerosis múltiple que por falta de la solución natalizumab no han recibido el tratamiento que les permite tener una vida funcional.

Son más de 30 personas las que una vez al mes reciben el medicamento por vía intravenosa, procedimiento que dura aproximadamente una hora. Pero el jueves llegaron y recibieron la noticia que desde hace 15 días no tienen ese fármaco.

“Me afecta no recibirlo, tengo mucho dolor en la espalda baja, en las piernas, llego al punto de que me cuesta pronunciar las palabras. Ya no puedo hacer actividades con mis hijas, en mi casa. Cuando escuché que no había medicina me dieron ganas de llorar, porque sé las consecuencias que esto tiene para mi salud, para mi cuerpo el no recibirlo”, dijo una de las pacientes.

La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune y degenerativa que ataca el sistema nervioso central. El sistema inmune carcome la capa que recubre los nervios -mielina- por donde pasa la señal del cerebro al resto del cuerpo y la interrumpe.

Pérdida de visión, problemas de equilibrio y coordinación, malestar corporal, fatiga, dificultad para caminar, hormigueo en las extremidades, dolor de cabeza… la lista de síntomas es larga y no se manifiestan por igual en cada persona.

“Soy madre soltera y tengo una niña pequeña que requiere de mi cuidado. En mi caso, las piernas se me aguadan, me cuesta caminar, y eso me complica el atender a mi hija, y también en mi trabajo porque tengo que visitar clientes. Cuando no tengo el medicamento me ha pasado que no puedo moverme, he perdido la vista en un ojo. No puedo gestionar mis actividades diarias”, dice otra paciente.

En esa lista de quienes están a la espera del ingreso de natalizumab varias personas residen en departamentos, y viajar al hospital de Autonomía en la zona 9 capitalina para que les indiquen que no hay medicamento disponibilidad representa gasto en transporte, de alimentación y en ocasiones de hospedaje, pues deben trasladarse un día antes a la capital para estar en el lugar antes de las 6 de la mañana, pues la fila de pacientes es larga.

“El medicamento es algo que no se puede parar, la esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa que no se le puede dejar de atender. Esto está avanzando sin que le podamos poner un alto. El que no haya medicamento afecta la vida de quienes la padecemos y de quienes depende de nosotros”, agregan los entrevistados.

Se consultó al Seguro Social, a través de su oficina de comunicación, cuál es el atraso en la compra de este tipo de medicamentos y cuándo se tendrá la disponibilidad para regularizar los tratamientos, la respuesta fue que el “Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS se encuentra en proceso para adquisición y está agilizando las compras de dichos medicamentos, tan pronto se resuelva el abastecimiento, estaremos informando a los pacientes”.

El anuncio se da casi seis meses antes de la convocatoria a elecciones y un año antes de que se celebren los comicios generales en Guatemala —25 de junio de 2023— y adelanta que desde el próximo miércoles 22 de junio estará disponible una herramienta de transparencia que obligará a cualquier anunciante que desee publicar anuncios políticos o electorales en Facebook e Instagram a pasar por un proceso de autorización y agregar la etiqueta “Pagado por” en la publicidad.

En Centroamérica, la medida también se aplicará para Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Panamá. Incluye a Anguila, Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, Haití, Isla Bouvet, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves y Venezuela.

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Meta aseguró a Prensa Libre que la decisión es independiente a cualquier regulación interna de los países sobre la publicidad electoral, como el caso de Guatemala, donde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) es el que debe contratar la publicidad a nombre de los partidos políticos, a través de la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión, y de acuerdo con el plan de medios que cada organización política presente antes de la campaña electoral de 2023.

La herramienta

Según Meta, lo primero que debe hacer cualquier persona, empresa u organización que desee publicar anuncios con contenidos considerados políticos o electorales en Facebook o Instagram es confirmar su identidad por medio del documento personal de identificación (DPI) y demostrar que se encuentra en Guatemala. De lo contrario no sería posible contratar la publicidad.

Después de confirmar su identidad, los anunciantes tendrán distintas opciones para escribir la leyenda que aparece en el rótulo de “Pagado por”: pueden seleccionarse a sí mismos, a una página administrada por ellos o a la organización a la que estén vinculados.

En caso de que opten por usar el nombre de su organización o de una página, Meta podría solicitar datos adicionales como número de teléfono, dirección de correo electrónico y el vínculo hacia la página web. La medida incluirá a medios de comunicación o agencias de publicidad que sean contratados para campañas con contenido que se pueda categorizar con las especificaciones antes descritas.

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La información proporcionada estará disponible en la parte superior de cada anuncio —haciendo clic en el ícono “i”—, y según explica Meta, las publicaciones sobre candidatos, partidos, figuras políticas o acerca de temas electorales —sean a favor o en contra del voto, alguna ideología o candidato— se almacenarán durante siete años en la biblioteca de anuncios de Meta, donde estarán disponibles para consulta por investigadores, periodistas o personas interesadas de la sociedad civil. “En esta plataforma se podrá obtener más información sobre cada una de las piezas publicitarias, como el gasto aproximado y las audiencias a quienes fueron dirigidas”, afirma la compañía.

Los anunciantes pueden iniciar el proceso de autorización para anuncios políticos y electorales a partir del 22 de junio de 2022, en la configuración de su página, indica Meta.

En caso de que una persona, empresa o partido publique contenido en estas plataformas sin declarar que se trata de una publicación pagada y cumple con las normas fijadas por Meta, cualquier usuario podrá denunciar la publicación y el contenido será evaluado para determinar la infracción y, en caso de validarlo, suspenderla.

No incluye contenido orgánico

A consulta de Prensa Libre, Meta confirmó que la herramienta no incluye el control del contenido orgánico que pueda generarse con información política o electoral por perfiles personales.

Sobre el uso de netcenter o mensajes enviados de forma orquestada, ya sea con información legítima o falsa, Meta asegura que en Guatemala y otros países se apoya de tecnología y un equipo humano para detectar “coordinación inauténtica que busque imponer una narrativa”. La compañía explica que esto es visto como un asunto de seguridad global y que constantemente detectan y bloquean “redes inauténticas coordinadas”. Según comenta, existen casos recientes en El Salvador y México.

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Inversión en redes sociales

En el 2019, el TSE reglamentó que las empresas individuales o jurídicas que presten servicios de comunicación, tradicionales y alternativos tienen la obligación de inscribirse en el TSE. Oficialmente, el Tribunal dejó fuera la pauta a través de redes sociales porque no se inscribieron estas como empresas ante la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión.

Sin embargo, los políticos pautaron. Ese año el TSE multó a los partidos políticos por Q5.4 millones por propaganda en redes sociales, distribuida, sobre todo, en Facebook y Twitter.

De acuerdo con la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el TSE dispondrá durante el evento electoral de un presupuesto igual al 0.25% de los ingresos ordinarios del Estado. Por ejemplo, para 2019 se dispuso de Q78.1 millones para contratación de pauta electoral, distribuidos de manera igualitaria entre cada partido político, a razón de un 50% para los candidatos presidenciales, un 25% para alcaldes y otro 25% para diputados.

Estos manuales son producto de profesionales del periodismo que se acercan a las fuentes de información para constituirse en un canal de comunicación entre lectores y funcionarios.

Cada una de las piezas que aquí se presentan contienen información útil, cercana y funcional, desde cómo actuar en caso de ser retenido por la Policía hasta dónde presentar una denuncia, además de temas tan específicos como el trámite de matrícula de circulación. No hay límite para el conocimiento y, por lo tanto, no lo hay para la información.

El Manual Ciudadano es también un compendio de soluciones que, al ponerlas a su alcance, abren una nueva dinámica de comunicación entre los lectores y nuestro equipo de profesionales, de manera que el ejercicio periodístico vuelva a ocupar su principal razón de ser: servir a la población a través de información directa, veraz y objetiva.

En esta oportunidad, le ofrecemos un compendio de lo publicado en 2021 en esta sección. Confiamos en que le será de utilidad.

El proceso normal de adquisición de un medicamento puede llevar unos cinco meses, sin embargo, el tiempo que se reduciría a unos 11 días, señalan. Además que garantizan que las compras se harían en un evento competitivo, publicado en el portal Guatecompras, que permite transparencia en el proceso.

¿Cuáles son los desafíos del Ministerio de Salud en época de pandemia?

Perla Zepeda: Una de las grandes preocupaciones y limitantes son los tiempos que ordinariamente la Ley de Contrataciones del Estado (LCE) nos exige. Tenemos medicamentos tan urgentes que no podemos esperar dos o tres meses para adquirirlos, sino debemos tener compras eficientes e inmediatas para brindarles atención a nuestros pacientes. Una de nuestras deficiencias es el tema de los tiempos para poder formalizar nuestras adquisiciones.

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¿La LCE no cuenta con mecanismos más ágiles para compras de emergencia?

Perla Zepeda: Actualmente, con el período ordinario de adquisición, la ley solo permite utilizar regímenes como la cotización y licitación. En virtud de que en este momento estamos en un estado de Calamidad, la ley nos permite hacer contrataciones o compras directas y reducir los tiempos.

En un tiempo normal, sin calamidad, aproximadamente nos tardamos entre tres a cinco meses en hacer las adquisiciones, sin embargo, las unidades ejecutoras, todos los hospitales a nivel nacional, están haciendo uso de compras directas que permiten hasta Q90 mil. Resulta que estos Q90 mil, por poner un ejemplo, tenemos unidades ejecutoras que solo utilizan un medicamento en un día o dos días máximo por el alza, entonces, las unidades ejecutoras están cayendo, lastimosamente, en la figura de fraccionamiento, porque no podemos concluir con un evento de licitación porque el tiempo apremia y en cuestiones de salud no se puede esperar porque hablamos de vidas. Entonces, los directores de las unidades ejecutoras para proteger el bien jurídico tutelado, que es la vida, han realizado compras de manera fraccionada por Q90 mil.

¿Cuáles son los mecanismos que garantizan la calidad y competencia en los procesos de compra?

Perla Zepeda: Las compras se van a realizar a través de un evento competitivo, publicado en Guatecompras y pueden ser fiscalizadas por los ciudadanos y tenemos un procedimiento interno que contempla, incluso, la figura de la supervisión de las compras. Esta supervisión se realizará a nivel de unidades ejecutoras, que son 86 y se revisarán en calidad, precio, para verificar que el gasto público se haga con todos los mecanismos de transparencia.

No es un cheque en blanco, hay procesos transparentes donde publicamos toda la información en Guatecompras y tenemos servidores públicos que calificarán los productos para que se termine de formalizar la adjudicación.

¿Cómo garantizar esa calidad y precio competitivo?

Perla Zepeda: Estos eventos son públicos. Aquí la transparencia es 100%, no es que vayamos a comprar a cualquier proveedor, sino son eventos que se publican en Guatecompras y depende de características, calidad, preciso de entrega. También hemos tenido problemas con los proveedores y no todos los proveedores están abastecidos y estos retardos provocan, entonces, que tengamos que buscar otros mecanismos de solución para la adquisición de medicamentos, en otros casos, son los médicos que buscan otro tipo de medicamentos.

Jorge Luis García: Es importante y es una disposición de transparencia que se encuentra en el decreto del estado de Calamidad, donde establece que para la adjudicación de todo eso se deben observar ciertos criterios, es decir, ya están las reglas de cómo se va a comprar.

Esos criterios son: calidad, precio, tiempo de entrega y que el giro comercial del proveedor sea acorde a la naturaleza y objeto de la adquisición. Adicionalmente, las entidades, porque no solo es el Ministerio de Salud sino también el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y ya a lo interno, ellos en base a su estructura administrativa y esa agilidad de las compras, podrán establecer otros criterios adicionales, pero siempre respetando los que están fijados en la ley, que parte del cumplimiento de parámetros internacionales en compras públicas. El decreto tiene los criterios elementales.

Guatecompras está incluido y comprometido a agilizar en 24 horas las publicaciones de los concursos, ¿cómo se ha preparado el Ministerio de Finanzas para responder a esta obligación?

Jorge Luis García:  El equipo de la dirección trabajó a partir de ayer, cuando se conoció el estado de Calamidad. El sistema está ya parametrizado para que las compras al amparo de este decreto tengan un lugar específico para su publicación. El tema de las horas son las horas mínimas, importante porque las entidades según sus necesidades y lo que estén comprando, porque no precisamente lo deben dejar publicado 24 horas. Lo que se pretende acá, entendemos en la disposición, es que las compras sean competitivas y hay una oportunidad de manifestar ofertas y no sean compras a dedo o direccionadas que sea lo que castiga el trabajo de las instituciones en materia de sus compras.

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¿Cómo funciona el registro de NOG y NPG para cumplir parámetros de transparencia en las compras?

Jorge Luis García: El decreto autoriza que todas las compras inician como procesos competitivos y el evento se crea a través del Número de Operación Guatecompras (NOG). La otra modalidad, directa, la que no son competitivas se registran a través de un Número de Publicación Guatecompras (NPG).

¿Cómo van a operar las compras según las condiciones fijadas? El Ministerio de Salud y el IGSS van a tener que, en la compra de medicamentos, insumos, servicios hospitalarios, iniciar como evento competitivo. Pero hagamos de cuenta que, no obstante, se haya realizado la publicación del evento y no recibe ofertas, no se puede quedar esperando publicar otra vez el evento, entonces, una vez cumplido el requisito, y ante una posible ausencia de ofertas, se faculta para que estas instituciones, ya una vez intentado el evento competitivo, lo puedan realizar de forma directa que sí les provea y esto lo registrarían a través de una publicación NPG.

Hay tres excepciones para eventos competitivos: la primera es la contratación de recurso humano, es decir, no se va a ofertar que participen candidatos para suscribir contratos, eso no va a concurso y el Ministerio sacará manifestaciones públicas según su necesidad y establecerán los requisitos de los perfiles a contratar y formalizar un contrato y no van a lo competitivo.

Tampoco va a lo competitivo el arrendamiento de bienes inmuebles, y no solo por el decreto, desde la propia naturaleza de la Ley de Contrataciones del Estado no son eventos competitivos, lo que se refiere es que la justificación de este arrendamiento la entidad debe justificar la necesidad por su localización o por su tamaño, condiciones propias del bien inmueble que es el que se desea arrendar.

El tercer proceso lógico es que, si no hay ofertas en un proceso competitivo, se declara el evento desierto y se crea un evento de adquisición directa.

Hay un listado básico de compras por excepción y hay insumos que ya están en contrato abierto, ¿cómo se aplican los criterios para las adquisiciones?

Perla Zepeda: Es un tema eminentemente técnico. El listado nace en virtud de las necesidades hospitalarias y son los técnicos hospitalarios quienes han realizado el listado básico de los insumos que necesitan. Ahora, en el mismo decreto se establece que se debe verificar que este listado no esté en contrato abierto, porque es la limitante, que, si está en contrato abierto y es más barato que una compra directa, obviamente debemos hacerlo a través de contrato abierto. Asimismo, también tenemos en nuestra norma interna que todo el que solicite una adquisición debe verificar previamente que la compra no esté en contrato abierto.

Jorge: Después del listado básico que se publica en el decreto, hay un mandamiento que especifica que antes de comprar se verifique si hay bienes, suministros o servicios que estén en contrato abierto y no pueden comprar fuera del contrato abierto, por ejemplo, el oxígeno está en contrato abierto, pero ¿por qué se incluyó? Pues porque el nivel de exigencia de oxígeno no solo lo requiere Salud y el IGSS, también las municipalidades apoyan con temas de salud y compran oxígeno y lo que puede ocurrir es que el nivel de demanda sea tan alta y desabastezca los renglones del contrato abierto y se incluyó para que los proveedores si en algún momento indican que necesitan ciertos días para reabastecerse de productos o materia prima por atender la demanda, entonces, esa es una restricción que hace el decreto, pero es importante que las unidades ejecutoras entiendan cómo va a operar este tipo de adquisiciones.

¿Cuál es la estimación de los tiempos que se ahorrará para la compra bajo modalidad de excepción?

Perla Zepeda: Con el uso normal de la LCE, una licitación, que es el monto de Q90 mil, más o menos nos tardamos como unidades ejecutoras aproximadamente cinco meses para formalizar una negociación, más no para recibir los productos, que eso depende de la capacidad de los proveedores.

En el estado de Calamidad, con los lineamientos establecidos en este decreto y lineamientos propios, aproximadamente, de cinco meses vamos a poder reducir los tiempos de formalización de la negociación en aproximadamente 11 días, en un proceso transparente que llene todos los requisitos establecidos en el decreto presidencial.

Jorge: Sin el estado de Calamidad las entidades están sujetas a los plazos normales de la ley y la emergencia sanitaria da una anormalidad de compra que debe ser atendida, entonces, si quieren comprar medicamentos y, por ejemplo, comprar Q3 millones en anestésicos, y por disposiciones de la ley, una licitación tiene que quedar publicada en Guatecompras como mínimo 40 días calendario para pasar al proceso de recepción y calificación de ofertas. En esta emergencia, las condiciones que llegó el Ministerio de Salud, no puede esperar 40 días para comprar anestésicos porque lo necesitan de urgencia y ahí es donde se encuentra la respuesta de por qué la necesidad del estado de Excepción y la ley por eso contempla también esta figura.

¿Está contemplando el Ministerio de Salud modificaciones presupuestarias para garantizar los recursos financieros?

Perla Zepeda: Efectivamente se tiene contempladas ampliaciones presupuestarias, de hecho, se ha gestionado la ampliación para poder obtener los insumos.

El Ministerio de Finanzas también abre otros canales de transparencia para seguir las compras por excepción, ¿cómo funcionarán?

Jorge: Se establece un mandato al Ministerio de Finanzas para que a través de los portales se cree un programa en específico donde se van a registrar el detalle de los gastos que se están haciendo al amparo de este decreto. El portal estará listo desde la página oficial del Ministerio de Finanzas Públicas y también a través de un enlace en el sistema Guatecompras, para que todo el que quiera saber dónde está el gasto pueda acceder a la información.

Como dirección y ente rector de adquisiciones públicas, recomendamos a las entidades que tengan una muy buena justificación de las compras al amparo del decreto. Es un decreto muy claro que detalla qué es lo que se permite comprar y hay tres verbos muy importantes en el decreto: todo lo que se deba comprar debe estar vinculado a prevención, diagnóstico y tratamiento.

Los documentos también confirman que desde entonces había dudas sobre las garantías de Rusia para proveer las vacunas a Guatemala.

Durante una citación de la comisión de Previsión Social, presidida por la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), se tuvo acceso a comunicación por escrito entre la Cancillería y el Ministerio de Salud, sobre el interés que había desde noviembre del año pasado de comprarle vacunas a Rusia.

Cuáles eran los avances de los estudios clínicos para garantizar la eficacia y seguridad el fármaco, hasta el período de entrega que tenía capacidad Rusia, eran parte de los cuestionamientos que Salud planteó a Rusia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El viceministro de Relaciones Exteriores Carlos Ramiro Martínez, durante la cita legislativa, también reconoció que fue el canciller Pedro Brolo quien hizo el primer contacto con Rusia, como posible proveedor de vacunas.

Martínez dijo desconocer si el interés de negociar con Rusia la compra de Sputnik V venía de una orden presidencial o sugerencia del propio Ministerio de Salud.

Según Martínez, la Cancillería ha tenido “contacto permanente” como un canal de comunicación entre Salud y la Federación de Rusia, sin embargo “la negociación y otros detalles ha sido el Ministerio de Salud”.

Agregó: “No se trata de tirar la pelota para otro lado, sino simplemente de cuál es el rol y función que corresponde a cada institución”.

Durante la citación, el diputado Carlos Barreda cuestionó si la solicitud de negociar con Rusia fue una orden directa del presidente Alejandro Giammattei. “Hay preguntas que corresponden directamente al canciller. No puedo afirmarlo, no tengo el conocimiento”, respondió el vicecanciller Martínez.

Según la Cancillería, así como se giraron cartas de interés de compra a Rusia de su vacuna Sputnik V, también se girón entre agosto y septiembre otras manifestaciones de interés a otros países, aunque no precisó a quiénes.

Las preguntas de Salud a Rusia, en noviembre del 2020:

• ¿Avances en los estudios clínicos que garanticen la eficacia y seguridad?
• ¿La vacuna Sputnik V está precalificada por OPS/OMS?
• ¿Mecanismo para adquirir la vacuna?
• ¿Cuántas dosis de la vacuna por esquema se debe administrar?
• ¿Será parte del mecanismo Covax?
• ¿Se puede solicitar la cantidad de dosis que el país desee?
• ¿Cuánto sería el costo aproximado de la vacuna?
• ¿A partir de qué fecha estaría disponible en el país?
• ¿Período de tiempo que demorará para la entrega?

Mecanismo Covax

Pese a que la ministra de Salud, Amelia Flores, en ocasiones anteriores ha indicado que el mecanismo Covax ya no enviará vacuna de AstraZeneca, este lunes 19 de julio en citación con diputados, el jefe del Departamento Administrativo del Ministerio de Salud, Erick Belding, aseguró que el país recibirá más dosis de la referida marca a través de este mecanismo.

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Carlos Contreras llegó al Igss nombrado por el entonces presidente Otto Pérez Molina. Durante su gestión siempre hubo ataques, reconoce, sin embargo la llegada de Alejandro Giammattei al Ejecutivo significó una escalada de señalamientos y críticas directas hacia su gestión.

Finalmente se cumple con el mandato y Contreras deja la presidencia y será Giammattei quien nombre a su sustituto. En la siguiente entrevista, el todavía presidente del Igss hace un repaso por su gestión y reconoce el miedo que los ataques sigan incluso cuando deje el cargo.

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Si tuviera que priorizar las atribuciones del presidente de la JD del IGSS ¿cuáles serían las tres principales?  

Desde el punto de vista más general lo primero que tenemos que tomar a consideración es cuando se ejerce una función pública se hace bajo juramento

de respeto a la Constitución y a las leyes, de manera que la primera de las prioridades es que las actuaciones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, las acciones del presidente de la Junta Directiva y lo que tiene a su cargo que es coordinar la Junta Directiva es que se enmarque al cumplimiento de la misión para la que el IGSS fue concebido y la misión consagrada en la Constitución Política de la República de Guatemala. Esa es la primera prioridad, el presidente tiene que hacer que se cumpla la Constitución y la ley y eso implica el cumplimiento de la misión del IGSS para llevar seguridad social a todos los guatemaltecos.

La segunda cuidar que todos los recursos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que son invertidos por los guatemaltecos sean administrados, sean ejecutados de una manera totalmente honrada, quiere decir que sea transparente la gestión, que todo mundo pueda ver que es honrada y que cada gasto que se haga se haga en función del cumplimiento de esa misión sin desviar ningún centavo, ningún recurso para cumplir objetivos que no son los del IGSS, y esto lo digo porque una de las grandes tentaciones de mucha gente que ha estado en el IGSS es utilizar los recursos del IGSS para beneficio ya sea de algunas personas en particular o en mismos, ese es el segundo tema fundamental.

El tercer tema fundamental es dar un servicio de calidad, que la tercera prioridad qué tiene que ver un presidente de la Junta Directiva del IGSS es que todo trabajo que haga la Junta Directiva lo anime y aprovechen los planteamientos de la Junta Directiva para que las directrices que lleguen a la gerencia sean directrices que aseguren ir mejorando la calidad y la calidez del servicio de la seguridad social para los guatemaltecos, esas son las tres cosas fundamentales que tiene que hacer un presidente y no puede desviarse de ello.

¿Cuál fue el mayor problema que encontró en el IGSS cuando asumió el puesto? 

Bueno la primera que nosotros detectamos es que había una concentración en las adquisiciones en muy pocos proveedores, entonces nos dimos cuenta que la estructura del sistema de admisión del IGSS de alguna manera se inclinaba a favorecer a algunos sistemas de compras, lo que nosotros hicimos fue entre esas prácticas estaba por ejemplo la dispersión en las compras, es decir que todas las unidades compraban por su lado, como les convenía cuando les convenía,  entonces nosotros eso encontraste lo que promovimos fue la consolidación de las compras para poder permitir una economía a escala, en lugar de comprar en disperso o en poquitos lo que hicimos fue, para eso contratamos a UNOPS, hicimos el convenio y consolidamos todos los pedidos y los colocamos en una sola gran licitación, eso es un tema bien importante, la consolidación de las compras para generar economías de escala.

Segundo fue que nosotros revisamos que los que los términos de referencia de las compras fueran equitativos y fueran honorables, de manera que todos los proveedores que tuvieran interés de venderle al IGSS no tuvieran ninguna desconfianza, que cuando se acercaban al IGSS a vender algo no fuera haber un sesgo para que sólo unos productores o algunos se beneficiaran, entonces se generaron términos de referencia para que todos el que quisiera venderle al IGSS pudiera hacerlo sin problemas, esto generó la apertura de las compras y generó competencia , y esa competencia tuvo como resultado que el IGSS pudiera comprar calidad a precios competitivos,  a precios más baratos pero sin perder la calidad.

¿Cómo nació esa iniciativa de incluir a UNOPS?

UNOPS venía trabajando con el IGSS para la construcción de hospitales, pero nosotros ampliamos el margen de trabajo con UNOPS y suscribimos un nuevo convenio que tiene dos componentes; primero el componente que nos apoyara con las acciones pero al mismo tiempo con la transformación de los sistemas y la institucionalidad interna para las adquisiciones, nosotros en ese momento no solo atravesábamos un problema muy claro en el que el control sobre las adquisiciones no estaba dentro del IGSS, sino fuera del IGSS entonces retomamos el control sobre las adquisiciones. Nosotros decidíamos que se compra, cómo se compra, en qué momento, eso no sucedía totalmente, eso era un problema.

El otro problema  es que acaba de surgir la apertura de juicios en contra de Juntas de Licitación, entonces ninguna Junta de Licitación quería adjudicar, eso estaba generando desabastecimiento, pero por otra parte la Junta Directiva decidió que todos los eventos de adquisiciones de un periodo histórico determinado que estaba para  proceso de tramite no podían estar favoreciendo a algunos proveedores, entonces la Junta Directiva sobre la justa causa de defender los intereses de la hacienda del IGSS, de la haciendo publica, fue prescindiendo de esos de esas licitaciones.

Entonces eso generó un proceso en donde entra UNOPS para ser UNOPS quien compre en nombre de IGSS para que lo haga de manera transparente, para que lo haga de manera consolidada y bajo el control del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entonces ese proceso se fue acompañando de un proceso adicional de creación de institucionalidad que garantizara calidad y competitividad las adquisiciones.

Nosotros generamos tres instituciones  claves; la Dirección Terapéutica Central, para vigilar la calidad de los medicamentos y para que se determinará a través de procesos técnicos cuáles  son los medicamentos que le conviene a los afiliados, que enfermedades tienen que cubrir, cuáles son las calidades de los medicamentos, y la Dirección Terapéutica Central fue la encargada de conducir el proceso.

Con UNOPS se contrataron a la Universidad Javeriana de Colombia y después a la Universidad de la Plata, ese contrato lo facilitó OPS, lo que hicimos fue revisar todo el listado base de medicamentos para que el listado básico que es sobre los que el IGSS compra  fuera transparente, fuera él necesario y fuera competitivo.

El segundo gran elemento fue crear la Dirección Técnica de Logística porque no se sabía cuántos medicamentos había, en dónde y cómo estaban distribuidos, no había información sobre qué medicamentos había o insumo médico quirúrgico, entonces la Dirección Técnica Logística es una nueva institución, creada siempre bajo el apoyo de UNOPS para poder controlar toda la información sobre los abastecimientos, yo hoy se lo que hay de medicamentos en cualquiera de las unidades, cuales están necesarios de abastecer y en cuales hay abundancia, tampoco permite hacer sobre compras para que haya sobe abastecimiento.

Se creó la Unidad de Inteligencia de Mercados que evalúa por ejemplo la razonabilidad de los precios, nosotros con UNOPS generamos un sistema que consulta 14 países, entonces nosotros sabemos la razonabilidad de ese precio, en Junta Directiva hemos rechazado y prescindido de un evento que estaba al doble del precio que estaba en México y El Salvador, entonces nosotros no lo compramos porque tenemos una Unidad de Inteligencia de Mercados.

Esa institucionalidad  nueva del IGSS ha sido la que ha permitid que se generen como consecuencia economías muy interesantes y beneficiosas para el IGSS.

“Hubo presiones, pero las presiones se han generado de distintas maneras, porque a nosotros hay presiones que nos vienen contra UNOPS, eventualmente de algunos auditores de la Contraloría General de Cuentas, nos vienen presiones eventualmente fuertes de algunos órganos del Congreso de la República”.

¿En este tiempo hubo presiones directas, o difíciles de resolver para que UNOPS llegue a institucionalizar estas tres unidades?

Nosotros hemos ahorrado alrededor de Q1 mil millones anuales, hubo presiones pero las presiones se han generado de distintas maneras porque a nosotros hay presiones, por ejemplo que nos vienen contra UNOPS eventualmente de algunos auditores de la Contraloría General de Cuentas, nos vienen presiones eventualmente, fuertes, de algunos órganos del Congreso de la República.

Hemos recibido presiones básicamente de esos dos grandes núcleos y por supuesto eventualmente también se ha estado utilizando últimamente la judicialización de la compra de medicamentos, es decir que algunos supuestos interesados, o interesados de verdad acuden a las Cortes de amparo para obligarnos a comprar medicamentos que no están en el listado básico medicamentos, porque nuestras instancias técnicas evidencian que no forzosamente es necesario ese medicamento, que ese medicamento lo único que hace es alargar un poquito la vida de un paciente o medicamentos que igualmente podríamos comprar la marca no original, pero ya no son de patente protegida.

Algunos amparos nos obligan a comprar medicamentos de marca y eso va contra la ley, porque la ley dice que no se pueden comprar medicamentos de marca.

¿Las presiones vienen de proveedores, de farmacéuticas o también de otros sectores?

Es difusa. La presión la recibe el IGSS fuertísima pero está muy bien estructurada la presión para venir de distintos ámbitos, pero el proveedor que es excluidos de una compra porque no es competitivo no viene directo, sino que utiliza otros mecanismos para presionar que compremos su producto y eso nos hace a nosotros gastar hasta unos Q500 millones al año que podríamos ahorrarlo, y eso es lo que quita recursos para poder mejorar en el equipamiento de las instituciones.

“Esto puede incluso acarrear persecuciones personales con el objeto de descalificar los avances que hemos tenido en el IGSS”.

¿Esta gestión y los ahorros que hacen con UNOPS dependen del presidente del IGSS? Se aproxima el cambio de presidente de la Junta Directiva, es decir ¿Podría cambiar el sistema de compra que hace el IGSS?

No deberían cambiar las cosas porque un presidente tiene un voto de seis de la Junta Directiva, no deberían cambiar las cosas porque la Junta Directiva es la que ha orientado estos cambios, sin embargo como las presiones son difusas uno debe saber que la corrupción es básicamente una actividad delictiva y un delincuente se cuida de no ser atrapado, entonces manejas distintas instrumentaciones para poder lograr su objetivo.

Yo al día de hoy tengo la absoluta confianza en la Junta Directiva y en la Gerencia y en las instancias que hemos creado, solo un modelo de mucha presión, por ejemplo utilizando eventualmente señalamientos de  que hay ilegalidades en estas decisiones son las que podrían  botarlas; que vengan instancias ya sea de control o de justicia que digan que todo lo que hicimos es ilegal y que entonces hay que quitarlo, esto puede incluso acarrear persecuciones personales con el objeto de descalificar los avances que hemos tenido en el IGSS.

¿Hay algún temor directo en su persona por haber liderado estos cambios?

Por supuesto que hay un temor directo en mi persona que para cambiar todo lo que hicimos señalen que es delictivo, señalen que es ilegal y que como consecuencia hay que quitarlo y perseguir a quienes hicieron estos esfuerzos de transformación.

¿Cómo es la relación con el resto de representantes en la Junta Directiva para lograr esos consensos?

La Junta Directiva está integrada por personas muy competentes, muy honorables y comprometidas, de manera que lo que se ha logrado es de todos y yo lo que he hecho es armonizar debates, hay veces donde no estamos todos de acuerdo con lo mismo y hay votos en contra y favor, eso es normal; lo que sí es muy importante que la cabeza tiene que mantenerse limpia, en esta dirección fríamente porque si pierde el norte puede empezar a causar problemas, por eso se requiere a una persona competente y que entienda la responsabilidad social, que la quiera y la aprecie como una estrategia importante de la nación.

El puesto que usted debe de dejar porque termina su mandato lo debe elegir el Presidente, es de dominio público que ha habido diferencias ¿A qué obedecen esos distanciamientos y esa falta de trabajo entre el Ministerio de Salud y el IGSS en época de pandemia?

Yo no sabría decirle, no tengo respuesta sobre ese tema, yo no conozco al presidente, una vez lo he visto. Lo que sí es importante  que esta Junta Directiva, la presidencia y la gerencia del IGSS hemos sido muy celosos de la autonomía, es una autonomía constitucional orgánica que es imprescindible para poder manejar un órgano de la sociedad, del pueblo de Guatemala que tiene tantos recursos y tantas responsabilidades, nosotros hemos sido enfáticos en la defensa de la autonomía y creemos que esa es una de las misiones primordiales que va a tener el nuevo presidente de la Junta Directiva, mantener enarbolada la bandera de la autonomía del IGSS.

“La coordinación no implica la pérdida de autonomía, es decir nosotros en la coordinación tenemos que proteger los interés del seguro social y nuestro derecho habientes, la coordinación no implica un sometimiento que ponga en riesgo, digamos el cumplimiento de los grandes objetivos de la seguridad social”.

¿Qué tan importante es la coordinación del Igss con el gobierno?

De conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes tenemos que tener una coordinación que es necesaria y esa coordinación se ha revelado indispensable en la atención de la inmunización y de la vacunación porque nosotros no tenemos acceso a comprar vacunas porque los proveedores no nos venden, sólo al gobierno.

Se necesita una coordinación para que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social pueda tener acceso a los procesos de negociación y pueda tener acceso a las vacunas que de cualquier medio el gobierno logra, ya sea a título de compra o de donación, el IGSS atenderá sus responsabilidad y tendrá que pagar, eso está previsto pero la coordinación no implica la pérdida de autonomía, es decir nosotros en la coordinación tenemos que proteger los interés del seguro social y nuestro derecho habientes, la coordinación no implica un sometimiento que ponga en riesgo, digamos el cumplimiento de los grandes objetivos de la seguridad social.

¿Cuál fue el mayor reto para el IGSS hacerle frente al coronavirus?

El reto es que nosotros estábamos ante un fenómeno desconocido y que reclamaba una atención especializada con equipamiento especializado, nosotros no teníamos la suficiente infraestructura de intensivos, entonces teníamos limitaciones de carácter de información, equipamiento e infraestructura.

Nosotros actuamos muy rápidamente, la Junta Directiva impartió las instrucciones que tenía que impartir, la Gerencia puso a disposición de la estrategia los recursos, se fijó un presupuesto de Q500 millones, se aprobó la creación de 2 mil plazas y con esos recursos se generó una nueva infraestructura, transformamos tres unidades en hospitales para covid en área de última generación, cuatro con el de Quetzaltenango.

Transformamos  y mejoramos los intensivos de los hospitales centinelas que son el hospital de zona 9, el hospital el hospital de zona 6, el hospital de Mazatenango el hospital de Puerto Barrios y el de Escuintla, de manera pues que nosotros, y se generó también la inversión en equipamiento tanto inmediata a través de nuestros órganos de adquisiciones como de UNOPS, dimos la instrucción y se consiguieron por ejemplo ventiladores, monitores de la mayor calidad a precios muy competitivos, de manera que nosotros con esos Q500 millones de quetzales, Q540 millones aproximadamente, logramos salir adelante con la crisis y además logramos comprar dos hospitales modulares que se están armando en este momento en la zona 11 de la ciudad de Guatemala, para capacidad de 240 camas, como el hospital de Quetzaltenango con 240 camas, y uno de 164 camas en Escuintla.

El IGSS salió adelante con el equipamiento necesario, con la infraestructura necesaria y los insumos medico quirúrgico y con los medicamentos, con la suficiente protección a nuestros trabajadores.

¿Se pudo unir fuerzas y trabajar con Salud el problema de la pandemia y ahora el plan de vacunación?

La pandemia la trabajamos de manera diferenciada, cada uno cubriendo sus necesidades y en la vacunación nosotros estamos atenidos a lo que nos entregue.

El presidente dice ahora que el IGSS se va a encargar de la vacunación de maestros ¿Cómo se trabaja ese plan?

Nosotros ya teníamos un plan de vacunación bien elaborado y nosotros por supuesto dentro de nuestros afiliados están los maestros, tanto de la educación pública como de la educación privada, esta prioridad la vamos a atender con la mayor eficiencia posible pero tenemos que tener en mente no descuidar otros segmentos de la población vulnerable, con enfermedades catastróficas, gentes de edad mayor; de cuenta que si el gobierno nos da las vacunas que se necesitan vamos a cumplir con nuestra misión, si no tenemos las vacunas no podemos.

¿Alguna recomendación o consejo para al próximo presidente del IGSS?

Primero le deseo muchísimos éxitos, creo que él hereda una institución en marcha, pujante, con una muy buena Junta Directiva y excelente Gerencia, con programas muy importantes, está el convenio de infraestructura con UNOPS, que le llamamos INFRA IGSS, ya está en marcha diseñando los nuevos hospitales de alta especialidad, hospitales generales, también en el interior del país, de manera que en el año 2025 si no se interrumpen los procesos se estarían inaugurando estos hospitales; igualmente están los procesos de fortalecimiento institucional  que implica una nueva arquitectura organizacional que va en marcha, una inversión importante dentro de INFRA IGSS, todos los temas informáticos para poder abrir el IGSS con sus expedientes electrónicos, con su red de hospitales que va a ser necesaria, sobre todo para poder responder a las pensiones.

Dar respuesta a las pensiones en días, ahora no tardamos meses, muchos meses, entonces el nuevo presidente tiene servida la mesa para poder darle al pueblo de Guatemala una seguridad social con amplia cobertura, con mucha calidad y una racionalidad en los recursos financieros.

Otra cosa que tiene que seguir haciendo el presidente del IGSS es luchar porque el gobierno de la república disponga de los recursos para pagar con las obligaciones del Estado para con el IGSS, tanto como patrono, la atención de jubilados, la cuota que le corresponde como Estado porque es indispensable para seguir con la seguridad social y la sostenibilidad financiera que se busca hacer.

¿Cuál fue su peor experiencia en estos años de trabajo?

Todas las experiencias han sido satisfactorias porque han sido de construcción, de moderación, moderar nuestra Junta Directiva y de defensa de la autonomía, todos los días el presidente de la Junta Directiva del IGSS tiene alta satisfacción.

¿Cuáles son los planes para Carlos Contreras?

Me voy a la esfera privada, con mi familia, tengo un proyecto empresarial privado, primero Dios va a funcionar y a eso voy, alejado de toda la vida pública.

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Alejandro Giammattei: “No vamos a poder tener el país cerrado para siempre”

Entre otros temas, el mandatario también reconoció los atrasos en la ejecución del presupuesto y la necesidad de replantearse nuevas metas, alteradas por la pandemia.

En el plano de reactivación económica, Giammattei expuso que es necesario impulsarla y recordó la necesidad de inversión que vendrá, por ejemplo, de préstamos como el del Fondo Monetario Internacional (FMI), por US$594 millones, que llegará en las próximas semanas al Congreso para su autorización.

—Sobre el crecimiento económico, el cierre proyectado por el Banco de Guatemala este año oscila entre el -1.5% y -3.5%. Sin embargo, organismos como el FMI o el Banco Mundial prevén preliminarmente un -4%. ¿Por qué hay optimismo acerca del golpe económico por la pandemia?

—No es que digamos cosas distintas. Los organismos internacionales están utilizando un patrón mundial. Partimos de la premisa de que el decrecimiento del mundo va ser del 5.2%. Nos ubican entre el -3.5 y -4, por debajo de la media que ellos han estipulado que ha sido el impacto mundial.

Vemos signos alentadores en varias cosas. Tenemos que reconocer que el país nunca estuvo cerrado totalmente, la agricultura siguió funcionando, en los puertos, el retraso del comercio con China hizo que muchas de las importaciones quedaran rezagadas por meses, el IVA importación se ha caído, el IVA local (doméstico) está prácticamente igual que el año pasado. Si eso se mantiene así, el IVA de las exportaciones también disminuyó porque nuestros mayores consumidores disminuyeron.

Hay perspectivas de una reactivación. Ya el dinero está fluyendo un poco más. El dinero del Bono Familia está reactivando el comercio local, repotencia el consumo interno, y nuestra perspectiva es que al cierre del mes anterior, aunque nunca se puede ser preciso, será entre un -2.5% y un -3.5% (el crecimiento del PIB), con una perspectiva que, si seguimos a este ritmo, poderla disminuir. Nuestra perspectiva es más halagüeña que la que tienen otros.

El endeudamiento es del 31% de nuestro PIB, comparado con otros países del área centroamericana que ya superaron el 100% con déficits fiscales exageradamente altos. Para nosotros la situación todavía es controlable.

—La semana pasada, la Junta Monetaria dictaminó favorablemente el préstamo del FMI por US$594 millones, ¿hay algún interés concreto desde el Ejecutivo para que se apruebe este nuevo financiamiento en el Congreso y cuál podría ser el destino?

—Ese y otros préstamos más se pasaron a la Junta Monetaria para autorización del Congreso de la República. Estamos preparando un capítulo del presupuesto que lleva la reactivación económica. Uno de estos lleva la generación del empleo. La segunda prioridad es la salud, porque todo lo que hagamos en tema de reactivación económica va a traer, como consecuencia, un aumento de casos de coronavirus, eso es una lógica a pesar de que el departamento de Guatemala va aplanando su curva. Lógicamente va haber descuido de la gente y va haber un repunte (de casos).

Tenemos que reactivar la economía sin olvidarnos de que el tema de salud nos obliga a ser mucho más eficientes con la construcción de hospitales, la puesta en vigor de programas de detección del virus y cordones sanitarios que haya que implementar para detener los focos de epidemias y aumento de casos de la pandemia. Hay un tercer elemento, la reforma educativa.

Entonces, endeudamiento con fines productivos, no para gastos de funcionamiento y ese paquete va unido, sí o sí, a la aprobación de cuatro o cinco leyes que ya se están trabajando entre la Comisión de Reactivación Económica y el Congreso de la República.

Una de las leyes es la de Leasing, que se ha quedado entrampada, ya pasó las tres lecturas y nos permite la inversión de US$1,000 millones en edificios del Estado que actualmente estamos rentando y que nos podrían significar Q300 millones de ahorro pagando préstamos e intereses.

—Entre el 15 de marzo y el 7 de julio de este año el país ha perdido 103 mil 992 empleos y ventas por US$2 mil 101 millones (unos Q16 mil 281 millones en ventas), según cálculos del Cacif. ¿Cuál es la propuesta en el corto plazo para empezar a aliviar el empleo?

—Ya lo estamos haciendo con los préstamos que no se están otorgando. Está el de protección de capitales, que tiene Q2 mil millones que le hace falta ponerlo en el acelerador, el de Q400 millones de las micro, pequeñas y medianas empresas que el Legislativo ordena que se cree un fondo, un fideicomiso, encontramos Q200 millones de un fideicomiso olvidado en el Banco de los Trabajadores, apostamos por darle créditos ya hay más de Q250 millones que ya llenaron su requisito, nos permitiría llegar a partir de las cooperativas a mucha gente, tenemos que apostar a que haya más producción, poder recuperar los empleos perdidos en aquellas actividades que son rescatables, otras no dependen de nosotros, como el turismo.

—¿Alguna estimación de cuántos empleos?

—Le mentiría si le digo que vamos a agregar 200 mil empleos, pero si nos dan la autorización de la ley de Leasing y logramos conseguir el financiamiento que no distorsiona podríamos generar arriba de 75 mil empleos.

—La pandemia obligó a reenfocar esfuerzos, ¿cómo se vio afectado el Plan Nacional de Innovación y Desarrollo y qué cambios se han hecho?

—Tuvimos una reunión con los ministros la semana pasada y nos sentamos con los ministros a rehacer cuál es el plan general de gobierno, a hacer una medición de lo que se ha logrado y lo que nos hace falta por hacer, porque al final, nos hace falta un montón qué hacer, debido a que la pandemia que nos atrasó todo, la reforma educativa, por ejemplo, llevaba todo un empuje, que hasta este momento lo estamos principiando a retomar con las acciones que están previstas y lo que tuvo que hacerse en el primer semestre de este año lo vamos a parar haciendo a finales del segundo semestre de este año y principios del año entrante, porque las condiciones así nos obligaron.

Tuvimos una muy buena reunión y el día de hoy me escribía la secretaria de Segeplan que ya hay ocho ministerios que han hecho las adecuaciones, porque se les dio de plazo una semana para hacer las adecuaciones para poder meter el Plan Nacional de Innovación y Desarrollo acorde a nuestra nueva realidad, ocho de 14 ya presentaron las reformas, tres más están en el proceso de hacerlo esta semana y tres más que les voy a tener que jalar las orejas en la reunión general que tenemos el miércoles.

—¿Se puede trabajar la reactivación con un presupuesto de Q95 mil millones? ¿Y cómo corregir la lenta ejecución que han registrado algunos ministerios para justificar la solicitud de presupuesto?

—La ejecución en todos los primeros años de gobiernos siempre tiende a ser baja. Revisen. Siempre tiende a ser baja porque hay cambios, llegan nuevos funcionarios, nuevos equipos y con un presupuesto del cual uno no fue parte, y menos en el caso de nosotros, que hasta que llegamos se logran las ampliaciones presupuestarias por el tema del coronavirus, etcétera, porque nos habían dejado el mismo presupuesto del año pasado.

¿Hay lentitud en algunos ministerios? Sí los hay, lo reconocemos y eso ha generado cambios y seguirá generando cambios, pero también hay ministerios que definitivamente les impactó el tema del coronavirus, que dependen enormemente de, por ejemplo, le digo, el Ministerio de Cultura, y no es excusar a la ministra, pero, por ejemplo el Ministerio de Cultura hasta ahorita principia a retomar los proyectos porque nosotros le dijimos ‘no podemos estar sin hacer nada’, de hecho, ya nadie quería trabajar porque tenía miedo del coronavirus y no, todo el mundo a trabajar y estamos remodelando el Cerro de la Cruz, por ejemplo, con fondos del Ministerio de Cultura pero con la colaboración de la Municipalidad de Antigua Guatemala.

Si hay justificaciones, sí hay. Nos podemos sentar a justificar lo que quieran, y podemos encontrarle justificación, algunas me los podrán creer y otros no. Hemos encontrado problemas serios en el Ministerio de Salud, hemos encontrado una mafia entronizada de años y nos han entorpecido todo. Ahí hay factores internos y externos, y estamos tratando de corregirlos para poder reactivar las cosas lo más rápido posible, dentro de un esquema, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, que lleva ahorita un enfoque totalmente distinto a lo que ha sido tradicionalmente y hemos tenido que reenfocarnos en que apueste por la productividad y queremos, incluso, plantear al Congreso, no sé si nos alcanzará a finales de este año o principios del año entrante la reforma de la Ley del Organismo Ejecutivo en cuanto al Ministerio de Agricultura, que será enfocado también al Desarrollo Rural. Alimentación no es labor del Ministerio de Agricultura, hacer que se produzcan los alimentos sí, andar regalando bolsitas, ese no es problema del Ministerio, ese es el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

—Pero ese combustible para que todo avance sigue siendo el Presupuesto…

—Nosotros estamos pidiendo un presupuesto de Q96 mil millones y estamos por determinar, y eso lo haremos pasado mañana en una reunión general de gobierno donde estarán ministros y viceministros, se hará la definición del último número del presupuesto, que será definido en una encerrona del miércoles y vamos a salir de ahí con humo blanco, ya en lo que a los techos se refiere y con el paquete de lo que vaya a ser la reactivación económica, que, como le digo, ese paquete está íntimamente ligado a que el Congreso comprenda que la necesidad de sacar un presupuesto con un paquete de reactivación económica que forzosamente tiene que llevar algunas leyes.

—¿Cómo está la relación en el Congreso? Ya que van a depender de la voluntad política y las alianzas…

—Nosotros hemos logrado hacer entender a la mayoría, hemos tenido conversaciones, de hecho hay, ya no sé cuántas reuniones van, pero si no son cinco son seis reuniones de la Comisión del Gabinete Económico del Gobierno con la Comisión de Reactivación Económica del Congreso, de manera de irles explicando el por qué del planteamiento que vamos a hacer y el por qué hay la necesidad de cambiar la ley de zonas francas, por qué la necesidad de la ley de protección a la inversión, la ley de atracción a la inversión y la promoción del empleo, hay una serie de leyes que tenemos que facilitar para no solo recuperar los empleos que perdimos, que de hecho ya éramos un país deficitario en empleo y lo vemos reflejado en la migración, sino es aumentar la cantidad de empleos en Guatemala y para eso se requiere un paquete de leyes y estoy casi seguro que el Congreso ha entendido el mensaje, y por eso es tanta reunión que ha habido y se ha logrado aterrizar cuáles son las cuatro o cinco cosas principales. Yo sé que tenemos 50 mil necesidades, pero hay cuatro o cinco cosas que debemos hacer para impactar y lograr cambios fundamentales en el accionar del gobierno y que se mire en beneficio económico del país.

—¿Confía en esa relación y dinámica que tienen que trabajar juntos en el Congreso?

—Es difícil confiar entre políticos, pero tenemos, algún día, que principiar a confiar. Nosotros lo hemos hecho con la mayor intención, nunca se había sentado un gobierno con el Congreso a ponerse de acuerdo en cuál es la mentalidad, hacia dónde queremos enfocarnos, nunca se había hecho, siempre es a ver cómo se reparte el pastel.

No, hoy tenemos un problema de país, no es un problema de Alejandro Giammattei, no es un problema del gobierno, es un problema de país y tenemos que entender que las soluciones tienen que ser de país, tenemos que dejar atrás un poco los intereses personales y de grupo, hoy tenemos que plantear soluciones.

—En el Congreso también ocurre el tema importante, que es el tema de las cortes. El otro organismo del Estado, ¿es necesario algún tipo de mediación de manera que no comprometa la gobernabilidad?

—Separemos dos cosas: uno es el lío de cortes, de antejuicios y cortes, y ahí el Ejecutivo no se va a meter. No es mi chance, no soy juez, a mí no me eligieron para ser juez, no puedo decir quién es culpable o inocente, esa es labor de jueces y los líos de cortes los tienen que resolver las cortes. Que si estos antejuiciaron a aquellos, que si aquellos antejuiciaron a estos, eso es un tema en el cual el Ejecutivo nos hemos mantenido al margen y nos mantendremos al margen de ese tema.

Somos respetuosos de la Constitución Política de la República y es muy clara, habla de tres poderes del Estado que tienen independencia de poderes. No puedo llegar al Organismo Judicial y “miren, ahí les encargo que me juzguen a aquel”, no puedo. ¡Estaría cometiendo un delito! No puedo. No puedo llegar al Congreso de la República a decir “vos, me apoyás a estos que son mis candidatos a la Corte”.

¿Qué sí puedo hacer? Hago un llamado a que el Congreso bajo las condiciones que le impuso la Corte de Constitucionalidad, sean buenas o malas, pero hay una normativa que la Corte impuso, sea respetuoso y proceda de conformidad con lo establecido con la Corte y que se cuiden de no violar las disposiciones de la Corte.

Podemos no estar de acuerdo, pero hay que respetarla. Es algo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a respetar los fallos de las cortes, nos gusten o no nos gusten.

El Congreso, creo yo, después de su receso yo esperaría a que principien a elegir a los magistrados. Mi llamado al Congreso es que respeten la disposición de la corte y ya dejémonos de entuertos, pero yo no puedo dar opinión de quienes integran las nóminas, porque no soy juez.

—Un grupo de 53 diputados pidió al Congreso que se agende la elección de cortes y no había ningún diputado oficialista, ¿cuál es la posición desde el Ejecutivo?

—Mi recomendación es que arranquen con el procedimiento que la corte impuso. Habrá unos que están de acuerdo con ese procedimiento, habrá otros que no. Eso ya no es rebatible porque hay una sentencia que quedó firme. ¡Vámonos pues! Arranquen con eso. Llenen lo establecido por la corte y salgamos del barullo o nos metemos a otro, porque al final no sé qué pasará en el Congreso.

Si bien es cierto hay una bancada oficial de 17, también ellos tienen libertad de criterio, tampoco puedo agarrarlos de la cola, sacar el cincho y decirles que tienen que irse con mi pensamiento.

—Hablando del tema de puertos, han venido ocurriendo remociones sobre todo en Santo Tomás de Castilla, lo que pasó el fin de semana con la explosión de unas cisternas pueden ser indicios del crimen organizado…

—Se lo aclaro de una vez, no. Hay y habrá una sanción, de hecho, el Ministro de Ambiente y Recursos Naturales estuvo en fin de semana en el lugar, lo que ocurrió fue una violación a la seguridad en el trasiego de combustibles lo que ocasionó que una gasolinera que no está cerca del puerto está a 150 metros de Zolic (Zona libre de Industria y Comercio), no del puerto, es la que más en riesgo estaba, ellos violaron la ley y hubo un derrame de combustible, tuvimos que activar las alertas.

—Regresemos entonces al puerto. ¿Por qué remueven a Byron Francisco Pineda y qué espera de las nuevas autoridades que asuman la Empornac con estos dos pendientes que hay para que se garantice el comercio exterior que es una de las preocupaciones de los empresarios…

—Más es la mía. Imagínese qué hubiera pasado en la economía de este país si los puertos no estuvieran funcionando. Las puertas de México, Belice, Honduras, El Salvador… todo cerrado. ¿Qué hubiera pasado si los puertos no hubieran funcionado? Los puertos siguieron funcionando. Las razones del por qué no vienen al caso. Es mi privilegio, por ley, nombrar al presidente de la Junta Directiva de la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla. ¿Qué privilegios tengo? Lo puedo hacer cuando yo quiera acorde a los intereses de la nación y exactamente eso fue lo que hice, porque hay temas que no fueron llevados a la práctica y que ponen en riesgo ese comercio exterior.

—¿Cómo cuáles?

—Uno, el tema de los rayos x, que lo han estado chinchineando desde febrero y pese a que había órdenes estrictas de que se tenía que funcionar sí o sí, le pusieron una multa de US$7 millones por entregar tres meses tardíamente los equipos le pusieron equivalente al 100% de la inversión, ¡habrase visto! Cuando existe una ley que puede calcular el monto de las multas y la multa ¡oh, sorpresa! Bajó.

¿Por qué se estuvo el recurso de revocatoria chinchineando sin pasarse a la junta directiva desde febrero hasta agosto? Yo me pregunto y no tengo que estarme preguntado. Esa es una de las razones si lo quiere ver así, pero yo no podía poner en riesgo la relación comercial con un país que estaba a punto declararnos los puertos de Guatemala descertificados, con lo cual se nos cerraba el comercio.

¿Conviene todos los guatemaltecos que funcionen los rayos x en los puertos? ¡Por supuesto que sí!

—¿Influyó la presión (con una carta que envió) del secretario Wilbur Ross?

—¡Es que no hubo presión! De hecho, cuando el secretario Ross me envía la carta a través del embajador se sorprende que yo ya había hablado con el CEO de la empresa. Yo ya le había presentado las excusas del caso porque eran para mí la cosa más ridícula el monto de la multa, me parecía a mí ridículo y dije que iba a hacer lo que estuviera en mis manos cuando el señor embajador llega conmigo con la carta, nosotros ya teníamos resuelto el problema.

—¿Hay otra razón que influya en los cambios en el puerto?

—Hay un riesgo inminente de problemas en el muelle que va íntimamente ligado al tema de las grúas. ¿Sabe cuál es el tema? Tenemos que apostar por puertos eficientes y no podemos. Las grúas tipo pórtico que requiere el Puerto Santo Tomás de Castilla no las podemos comprar porque si las ponemos se cae el muelle porque el muelle está fracturado en tres tramos y hay un estudio que dice que lo primero que hay que hacer es recuperar urgentemente el muelle, eso nos va a llevar dos años a dos años y medio, la recuperación del muelle

¿Qué se piensa hacer? Ampliar el contrato si la empresa lo considera oportuno. Tienen que decidir entre ampliarlo o salir a conseguir o paralizar el puerto y conseguir un par de viejadas en México o algo que se parezca para traerlas aquí, pero lo cual significaría paralizar el puerto sí o sí durante días, porque el tema es que vencen ahorita en septiembre.

El problema de fondo es que no podemos ser eficientes.

—En la lucha contra la corrupción. ¿Qué resultados ha tenido la Comisión Presidencial?

—Vamos bien. Hay varias denuncias que se han hecho ya al Ministerio Público. Hay casos bien encaminados. Recuérdense que la comisión fue creada este año, pero, de nuevo… venía de un plan de trabajo que se nos trunca (por la pandemia) incluso varios de la comisión resultaron con coronavirus y tuvieron que hacer teletrabajo.

Hay investigaciones abiertas en varios ministerios, por lo menos en cuatro. No le entro a la interioridad de los casos porque sería entorpecer, no la investigación porque realmente la comisión no investiga, no hace las funciones del Ministerio Público. Lo que hace es recibir las denuncias, va y comprueba si las denuncias son reales o no y determina a quién se les deben entregar, al Ministerio Público y a la Contraloría o solo a la Contraloría.

Han hecho, creo yo, un buen trabajo, a pesar de que es una comisión que está actuando totalmente con fondos propios. Nos sale muy barata. No tenemos apoyo, no se ha pedido apoyo internacional y no creo necesario pedir, a no ser que sea para capacitaciones y podernos dotar de las herramientas que nos permitan concretar los casos más rápido.

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Parlacén adelanta período de sesiones y agilizaría toma de posesión de Jimmy Morales

Apenas hace tres semanas, el Parlacén había adelantado su período de sesiones para la segunda semana de enero, sin embargo, se programó para el 16 de enero la juramentación de Morales y Cabrera.

Ottmar Sánchez, actual diputado del Parlacén por el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), en los últimos días negoció a favor de Morales, su amigo personal, y logró que la diputada centroamericana Nadia De León Torres y sus cinco escaños como bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la más grande en ese organismo, accediera a abrir una sesión la tarde del 14 de enero, después que Jimmy Morales entregue la presidencia, y pueda asumir de una vez su curul.

Morales y Cabrera, según se confirmó en el Parlacén, ya presentaron su solicitud de adhesión a ese organismo, el único requisito que debían cumplir para ser admitidos, por asistirles el derecho de haber sido presidente y vicepresidente de la República.

El acuerdo lo habría logrado Sánchez con De León Torres, quien a su favor tiene competir por la presidencia del Parlacén, que le corresponde a Guatemala en 2020, con una planilla única y con el apoyo de los cuatro diputados de FCN-Nación. Aunque se intentó obtener la postura de De León Torres sobre su interés en presidir el Parlacén, quien respondió su teléfono celular explicó que ella no podía atender la llamada.

Con esta decisión Morales logra recuperar su inmunidad tan solo cuatro horas después de perderla junto a la presidencia de la República y evita enfrentar un caso penal por financiamiento electoral ilícito.

Cambio de agenda

Fue la Junta Directiva del Parlacén quien planteó el cambio en la agenda de la sesión plenaria del 14 de enero, el cual permitirá que el mandatario Jimmy Morales tomé posesión tan solo unas horas después de haber entregado la Presidencia.

Este cambio, que será ratificado este lunes 13 por la Junta de la Dirección Política del organismo Centroamericano, una figura similar a la instancia de Jefes de Bloques en el Congreso. Ahí se ampliará la agenda de este parlamento, que solo tenía prevista una sesión en la mañana del 14 de enero.

El Secretario de Asuntos Parlamentarios del Parlacén, el nicaragüense Arturo Bravo, informó que se presentó la modificación porque se dieron cuenta que “no tenía sentido juramentar solo a 15 diputados guatemaltecos -en la mañana- y repetir el acto pocas horas después con otros cinco parlamentarios que actualmente ocupan una curul en el Congreso de la República y que fueron electos para ocupar una en el Parlacén.

Los parlamentarios que se trasladarán del Congreso al Parlacén, el 14 de enero son: Amílcar Pop del movimiento Winaq,  Eva Bac Monte e Iliana Calles de FCN-Nación;  Ana Victoria Hernández, de Todos y Carlos Fión de Compromiso, Renovación y Orden (Creo).

Fuentes de ese organismo habían asegurado meses antes que los diputados del Congreso que ganaron una curul en el Parlacén renunciarían al Congreso el 13 de enero para ser juramentados durante la sesión plenaria que se llevaría a cabo en la mañana del 14, y en la que participarían los cerca de 123 diputados que actualmente conforman este organismo de los países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

Después de este acto, los parlamentarios se trasladarían al Centro Cultural Miguel Angel Asturias, para asistir a los actos del traspaso de mando de Morales a Alejandro Giammattei, y sería hasta el jueves 16 de enero que Morales y Cabrera serían juramentados como nuevos miembros del Parlacén.

“Entonces -en la mañana- se van a sesionar con los que todavía son diputados -la bancada de Guatemala saliente- y en la tarde se juramentaría a todos los diputados (nuevos)” refirió el directivo del Parlacén.

En cuanto a que, si con este cambio se abría una ventana para que el expresidente Morales y el exvicepresidente Cabrera tomaran posesión y con ello adquirir inmunidad, Bravo dijo que “en teoría era posible”, porque así tomarían posesión los 22 miembros de la bancada Guatemala.

Todo “eso depende de que la Junta de la Dirección Política del Parlacén ratifique y apruebe la agenda que se está proponiendo”, indicó el Secretario de Asuntos Parlamentarios del ente regional.

Pablo Ceto, miembro de la Junta Directiva del Parlacén, dijo que el cambio que se presentó tiene previsto que los parlamentarios se reúnan durante la mañana para tratar asuntos que efectúa el organismo y luego suspender la sesión para participar en la sesión protocolaria de la entrega de mando de Morales, para reanudarla a partir de las 18 horas y continuar con la asamblea y juramentar a los diputados de Guatemala.

Jimmy Morales será el único expresidente en el Parlacén

El Parlacén está integrado por 20 diputados electos de cada uno de los países que lo integran: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y la Republica Dominicana, a quienes se deben integrar los expresidentes y exvicepresidentes de cada uno los países citados.

Sin embargo, en la actualidad solo Guatemala tiene sus 22 parlamentarios, pues los demás países, por diferentes causas, no han integrado a sus exmandatarios. De esa cuenta el foro debería ser de 132 diputados, pero en estos momentos solo cuenta con 123.

El Salvador solo tiene sus 20 diputados porque el expresidente Salvador Sánchez Cerén y el exvicepresidente Óscar Ortiz decidieron no incorporarse al parlamento regional. “En el caso de estos funcionarios, es una decisión personal formar parte del organismo, no es algo automático” comentó el actual presidente del Parlacén, Alfonso Fuentes Soria.

Los exmandatarios de Panamá Juan Carlos Varela e Isabel Saint Malo tampoco forman parte del Parlacén porque decidieron ser coherentes con la intención de dejar de formar parte de este organismo. Varela fue canciller de Ricardo Martinelli, quien tomó posesión, pero luego fue enjuiciado por corrupción.

Bravo relató que Varela justificó su ausencia del Parlacén explicando que “no tenía la autoridad moral para irse a sentar al foro centroamericano cuando lo había criticado desde que era canciller y luego presidente de Panamá”.

Honduras tiene solo a la exvicepresidenta Ana Roxana Guevara Pinto, quien ocupó ese cargo de enero del 2014 al 2018, junto con Juan Orlando Hernández, quien logró reelegirse y comenzó un nuevo mandato en enero de 2018 con Ricardo Antonio Álvarez como vicepresidente. Por lo que solo cuenta con 21 diputados.

Nicaragua tiene únicamente a los 20 diputados electos, porque Daniel Ortega se mantiene en el poder desde 2007. República Dominicana también tiene solo 20 diputados porque el presidente Danilo Medina fue reelecto y su predecesor Leonel Fernández “está desempeñando en una Fundación de Europa y América Latina y además, participó en las elecciones contra Medina” relató Fuentes Soria.

Fuentes Soria, quien en enero dejará el cargo de presidente temporal del Parlacén, recalca sobre el hecho que la decisión de incorporarse al ente centroamericano es una decisión personal de los exmandatarios. “En Guatemala tenemos el caso del Óscar Berger y Eduardo Stein, no quisieron formar parte de este organismo. Estas decisiones son las que provocan que la mayoría de los países no tengan sus 22 diputados”.

Sin inmunidad

El presidente Jimmy Morales y su vicepresidente, Jafeth Cabrera pierden su inmunidad el próximo 14 de enero, pero de acuerdo con la anueva agenda planteada por el Parlacén, volverán a gozar del beneficio tres o cuatro horas, pues el Parlacén ha adelantado su período de sesiones y esto permitirá agilizar la toma de posesión de los nuevos congresistas regionales.

Previo a asumir la curul, Morales y Cabrera, deberán dejar la Presidencia y con este acto perderían el derecho a antejuicio y lo recuperarían al ser juramentados durante la plenaria del Parlacén. Situación contraria a los 20 diputados electos quienes mantienen este derecho desde su inscripción como candidatos.

El presidente Morales tiene un proceso penal por financiamiento ilícito del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), sin embargo, su inmunidad como funcionario obligó a que se abriera un proceso de antejuicio que se encuentra engavetado en el Congreso, por lo que las investigaciones en su contra no han podido avanzar.

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Esta semana, el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, junto a su canciller Marcelo Ebrard, presentaron un plan económico que incentivaría la agricultura en áreas de extrema pobreza de Guatemala, donde se registran los mayores índices de migración hacia Estados Unidos.

Estos programas, denominados Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, ya fueron aceptados por los gobiernos de El Salvador y Honduras, como parte de los esfuerzos del Triángulo Norte de Centroamérica para contener la migración.

“En el caso de Guatemala propondremos Malacatán, Guatemala, Tacaná, Coatepeque y Huehuetenango”, anunció el canciller mexicano. Estos son los cinco municipios de donde más migrantes salen hacia México y posteriormente a Estados Unidos, según información presentada.

Ebrard no dijo cuántos empleos ni la cantidad de dinero que recibirían los beneficiarios en Guatemala, ya que aún debe ser socializado y acordado por ambos gobiernos para determinar el número de personas que serán incluidas en los programas.

Tampoco se mencionó la posibilidad de presentarlo al gobierno de Jimmy Morales, sino se dirigió a Giammattei.

Beneficios

En el caso de El Salvador, el programa ya ha avanzado y los municipios de San Miguel, Santa Ana, Soyapango, San Salvador y Ahuachapán son los beneficiarios. En Honduras se incluye a San Pedro Sula, La Ceiba, El progreso y Choluteca.

El programa Sembrando Vida consiste en un aporte económico de US$250 —unos Q1 mil 937— al mes a 20 mil beneficiarios en El Salvador y a 13 mil en Honduras. La ayuda también incluirá la entrega de insumos agrícolas para incentivar la producción de alimentos.

Este programa, de acuerdo a la proyección del gobierno mexicano, generará 20 mil empleos para contrarrestar la cantidad de migrantes salvadoreños retornados desde territorio mexicano, que en lo que va del año suman 14 mil 184.

El segundo programa, Jóvenes Construyendo el Futuro, contempla un apoyo económico de US$180 mensuales —unos Q1,350— para siete mil beneficiarios.

La primera etapa del proyecto durará ocho meses, de agosto del 2019 a marzo del 2020, y su implementación está a cargo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid).

Luego las autoridades mexicanas harán una evaluación de los programas para medir su impacto en la reducción del flujo migratorio y decidirán su continuidad y ampliación.

La iniciativa de México para impulsar estos programas de desarrollo en Centroamérica cuenta con el apoyo económico de 35 países, cinco agencias de cooperación y ocho organismos internacionales.

Conocerá propuesta

El presidente electo, Alejandro Giammattei, en congruencia con las intenciones del gobierno mexicano, informó que se trabaja muy de cerca con ese país para obtener un impacto económico y social positivo.

Giammattei anunció que visitará México y sostendrá una reunión con el presidente López Obrador, donde podría conocer de primera mano los dos programas, además de otros proyectos, principalmente turísticos, que se negocian.

“Voy a visitar México para abordar el desarrollo de la zona fronteriza de Guatemala-México, donde entran esos programas que tan gentilmente el presidente López Obrador está anunciando ya para colaborar con nuestro gobierno”, dijo Giammattei.

El presidente electo explicó que se avanza con la construcción de la línea de tren rápido en Guatemala, que se debería unir con el tren maya de México, lo que significaría hasta 70 mil turistas más cada mes en Petén.

inversión

Proyectos en la Costa Sur

El presidente electo, Alejandro Giammattei, sostuvo varias reuniones ayer en un hotel capitalino, entre ellas destacó una con directivos de la Asociación de Exportadores de Guatemala (Agexport), con la que se planifica convertir el aeropuerto del Puerto San José, Escuintla, en el primero para productos perecederos que opere para el sur de México.

“Nuestra meta es duplicar la exportación de productos no tradicionales en cuatro años e incrementar nuestro producto interno bruto, y eso nos podría generar casi solo eso, un millón de empleos”, aseguró Giammattei.

Según el presidente electo, se debe ampliar unos 300 metros la pista y eso correspondería al Gobierno, mientras que el sector empresarial podría instalar los cuartos fríos y el sistema de carga.

Además, entre los proyectos empresariales también se podría considerar en el mismo aeropuerto, una central de carga de courier para Latinoamérica, para lo cual ya tuvo los primeros acercamientos con la empresa estadounidense United Parcel Service (UPS), dijo Giammattei.

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El 27 de abril del 2018 murió Álvaro Arzú Irigoyen, y significó la muerte del patriarca del caudal político de la familia Arzú.

El suceso abrió la incertidumbre de quién heredaría la fuerza y poder político del ex presidente de la República de Guatemala y cinco veces alcalde de la capital más grande de Centroamérica.

Álvaro Enrique, el mayor de los dos hijos del segundo matrimonio de Álvaro Arzú, ya había recibido más que un empujón en su carrera política, y ganó un escaño en el Congreso por el Partido Unionista en el 2015 y logró retener la presidencia de ese organismo por los últimos dos años, pero no sería el único en recibir la herencia política.

Más conocido mediáticamente por su incursión en el futbol nacional, pero sin rozarse directamente con las esferas políticas, de manera pública, Roberto Arzú García-Granados, el primogénito del primer matrimonio del exalcalde Arzú, se alzó a finales de 2018 como la cara visible del Partido de Avanzada Nacional (PAN), en una versión muy alejada de la que fundó su padre y donde el mismo Roberto participó en grupos de jóvenes en los años 90.

Su imagen en la campaña electoral, la cual empezó a gestar entre 2015 y 2016, descansa sobre la proyección de su padre, con la constante inclusión en su discurso del legado político del gobierno de Álvaro Arzú, cuyas decisiones vinculadas a los sectores económicos, son utilizados por Roberto como punto de apoyo de sus ofrecimientos.

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De hecho, su propuesta de generación de empleo —promete 1 millón de plazas—, una exoneración de impuestos a medicinas, entre otros, es vista por sectores académicos como promesas populistas, difíciles de concretar.

Para postularse a la Presidencia, Roberto Arzú se hizo aliado del partido Podemos, una organización nueva en su creación, pero que aglutina entre sus candidatos a diputados a personajes con vínculos estrechos con los partidos Patriota y Libertad Democrática Renovada (Líder), quienes previamente se habían agrupado en el Movimiento Reformador, un partido político creado por Alejandro Sinibaldi cuando aún aspiraba a competir por la Presidencia, en el 2015.

Al primogénito de Arzú Irigoyen por sí solo no es posible ubicarlo en una corriente política específica; en cambio, sí se logra un perfil del presidenciable si se analiza a cada partido que apoya su candidatura.

El legado de Sinibaldi

Podemos es el nombre más reciente para el Movimiento Reformador (MR), antes Partido Laboralista. En el 2003, el MR hizo alianza con el Partido Patriota y el Partido Solidaridad Nacional para llevar a la Presidencia a Óscar Berger. El empresario Jorge Briz, quien era parte del partido en ese entonces, se desempeñó como canciller de Berger hasta el 2006, cuando el MR formalizó su retiro de la alianza y su desaparición de la política hasta la llegada de Sinibaldi.

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En mayo del 2015, el MR pidió públicamente a Alejandro Sinibaldi ser su presidenciable, antes que el entonces ministro de Comunicaciones estuviera ligado al caso Construcción y Corrupción. Hasta ahí la organización política se decía independiente, sin embargo, la declaración de la ex secretaria privada de Sinibaldi, Anelisse Herrera, en calidad de colaboradora eficaz de la Fiscalía, confirman la compra del partido y de varios diputados que luego dieron su apoyo a diversas acciones adversas a la lucha anticorrupción que realizó el Ministerio Público y la Comisíón Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

“En esa época, a finales del 2014 y principios del 2015, es que empiezo a escuchar que él —Alejandro Sinibaldi— decide que va a comprar otro partido, que va a tener otro partido político como un plan B —en ese momento aún se perfilaba como el presidenciable del Partido Patriota—, y este partido político resultó que era el MR, y quien hace la negociación es el señor Alejandro Sinibaldi juntamente con Rubén Mejía”, relata a la fiscalía Anelisse Herrera.

El partido, según la colaboradora eficaz, participó con listados de diputados sin mucha importancia porque el objetivo era que, al asumir la octava legislatura, los parlamentarios del PP formaran parte del MR. Así, el 14 de enero del 2016 el diputado Boris España se presentó junto a otros diputados, la mayoría tránsfugas del Partido Patriota, Todos y el aún vigente Líder, como un nuevo bloque en el Congreso.

La colaboradora eficaz, en su testimonio, también señala al exdiputado patriotista José Fernández Chenal como el operador de Sinibaldi para comprar diputados, a quienes se les habría pagado hasta Q600 mil en efectivo para sumarse al proyecto de Sinibaldi.

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Entre los diputados del nuevo bloque parlamentario MR estaban Alicia Dolores Beltrán, Aracely Chavarría, Marco Antonio Orozco, Oswaldo Iván Arévalo, Ronald Sierra, Estuardo Galdámez —actualmente presidenciable de FCN-Nación—, Arístides Crespo y Manuel García Chutá, ambos en prisión por el caso Plazas Fantasma. También se sumaron Luis Hernández Azmitia, que fue viceministro de Desarrollo Social del PP y a quien el TSE prohibió su reelección por tránsfuga; José Alejandro de León, exlíder, y Alejandra Carrillo.

En febrero del 2019, el partido Podemos anunció la alianza con el PAN para impulsar la candidatura de Roberto Arzú. En el Listado Nacional para el Congreso de Podemos figura Valentín Gramajo, quien fue uno de los brazos fuertes en el Congreso durante el gobierno del Partido Patriota, del cual fue fundador junto a Otto Pérez Molina.

El nuevo PAN

Manuel Conde Orellana es el actual secretario del Partido de Avanzada Nacional (PAN), la organización política más longeva del país, por nombre, aunque desde su fundación en 1989 por un grupo encabezado por Arzú Irigoyen a la fecha ha cambiado de dirigentes.

El PAN logró tres escaños en el Congreso en el 2015. Además de Conde Orellana, también llegaron al Parlamento Fernando Linares-Beltranena y Eduardo Zachrisson, quienes no tuvieron más espacio en los listados para renovar sus curules en las presentes elecciones.

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Durante la legislatura actual, Conde Orellana y Linares-Beltranena han sido ligados al oficialismo, al menos en intereses particulares. En el 2018, Conde Orellana fue uno de los candidatos a dirigir el Congreso con el apoyo de FCN-Nación, sin que se llegara a concretar la planilla. Antes, el diputado y secretario del actual PAN apoyó desde la comisión específica para el análisis de la iniciativa 5311, Ley de Aceptación de Cargos, una reforma al Código Penal que fue presentada por la Corte Suprema de Justicia y sobre la cual se generó un temor de generar impunidad y beneficiar a exfuncionarios ligados a casos de corrupción.

Linares-Beltranena fue parte activa del movimiento desde el Congreso en contra de la Cicig. En febrero pasado, presentó una iniciativa de ley para anular el convenio de la Comisión.

Personas cercanas a la organización política aseguran que el PAN no tiene la fuerza económica para competir y, como hasta ahora, se conformará con algún espacio en el Congreso, por lo que precisaba de una alianza estratégica, la cual encontró en Podemos.

Nexos con Morales

Además de los partidos que lo apoyan, Roberto Arzú también ha sido cercano al gobierno de Jimmy Morales. Incluso ocupó un puesto en la actual administración.

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En agosto de 2017, tan solo dos días después de que Morales declarara non grato el jefe de la Cicig, Álvaro Arzú manifestó públicamente su apoyo al mandatario, lo cual, en el tiempo, significaría una alianza política que colocó a los dos hijos del entonces alcalde capitalino en una posición privilegiada de poder.

Tras meses si aparecer en la palestra pública, Roberto Arzú resurgió en el gobierno de Jimmy Morales y se reconoció como el promotor del comercio entre Guatemala y Sudamérica, en septiembre el 2017.

El nombramiento de Roberto Arzú como promotor comercial era “ad honorem”, pero fue interpretado por algunos sectores como un agradecimiento al alcalde Arzú, quien ya endosaba los favores políticos a beneficio de sus hijos. Ese cargo oficial le permitió a Arzú García-Granados acercarse a funcionarios de varios países, incluso con el presidente de Argentina Mauricio Macri.

El ahora presidenciable por PAN-Podemos explicó a través de sus redes sociales en el 2017 que sus negocios incluían abrir mercados para el país, entre estos una ruta aérea con Aerolíneas Argentinas, sin que se concretaran los resultados.

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Arzú García-Granados ya tenía relación con empresarios argentinos, específicamente la farmacéutica Distrifarma, que llegaron al país en enero del 2016 y a cuya ceremonia de presentación asistió el ahora candidato y su esposa.

Juan José Rendón, un estratega político que este año le ganó en Miami una demanda a Roberto Arzú por incumplimiento del pago de un contrato por asesoría política, en una entrevista concedida al medio No-Ficción, asegura que “él estaba recaudando el dinero de fuera. Y la complicación es de un señor que es dueño de una farmacéutica muy importante en Argentina”. El estratega, quien reclama una cantidad millonaria, también asegura que “Arzú no tiene nada a su nombre. No tiene ingresos de ningún tipo, no tiene salario, no tiene mesada, la familia no le da nada, él no tiene activos y no tiene depósitos a plazo fijo, ni acciones, ni nada”. Esto al referirse a las dificultades que podría tener para cobrar su reclamo.

Cerca de la TV

Las frecuencias de televisión abierta de Guatemala están en manos del empresario mexicano Ángel González, un personaje que ha sido cercano a varios gobiernos del país. Su esposa, Alba Lorenzana, incluso, está vinculada con el caso de financiamiento ilícito al Partido Patriota y se encuentra prófuga desde el 2016.

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Roberto Arzú se reconoce como amigo de Ángel González, y según ha dicho en entrevistas su relación comenzó “con la transmisión de los juegos de fútbol nacional”, cuando él era presidente del club Comunicaciones. “Trabajamos para darle una exposición al deporte, y lo considero alguien muy especial, quien me ha dado buenos consejos”, dice Arzú García-Granados.

Sin embargo, un informe publicado en abril por Mirador Electoral, realizado por Asociación Desarrollo, Organización, Servicios y Estudios Socioculturales (DOSES), da cuenta que Arzú es el segundo candidato que más infomerciales -noticias con más contenido propagandístico que periodístico— ha recibido en los canales de televisión abierta propiedad del consorcio Albavisión, cuyo dueño es González.

*Nota del editor: La versión original fue modificada y se le agregó el último informe de Mirador Electoral, donde se detalla la cantidad de infomerciales que ha recibido Roberto Arzú desde el 1 de enero al 30 de abril del 2019. El informe lo distribuye mensualmente Mirador Electoral, tomando como base el monitoreo de contenidos en los principales espacios noticiosos del país.

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Hace 33 años, el candidato presidencial del Partido Humanista incursionó directamente en la política partidaria. Pasó por la diplomacia nacional e internacional, y ahora fecunda la idea de dirigir al país desde el Organismo Ejecutivo.

Sobre su pasado, la sombra más intensa es un caso de adopciones ilegales en su entonces recién estrenada profesión: abogacía y notariado. Ahora, el candidato insiste en que fue un ataque político por sus ideas en oposición al régimen militar de Romeo Lucas García, un suceso que no le impidió asumir altos cargos en las Naciones Unidas décadas después.

Hace cuatro años, Mulet fue invitado a competir por la Presidencia por el partido Todos; sin embargo, aunque en ese entonces manifestó su interés en unirse a esa agrupación política fundada por Roberto Alejos Cámbara y ahora dirigida por el diputado Felipe Alejos, optó por una plataforma propia y comenzó la organización que ahora lo postula para la máxima magistratura: el Partido Humanista.

Alrededor de Mulet no hay nadie. No hay círculos políticos, “porque eso hace daño”, explica el candidato, quien, durante una entrevista a Prensa Libre, insiste en que sí hay equipos técnicos en el Partido Humanista, pero nadie es cercano a él.

En las últimas dos décadas, Mulet ha hecho su carrera fuera del país, en puestos oficiales, como diplomático en los gobiernos de Ramiro de León Carpio y Alfonso Portillo Cabrera, y luego ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

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Pero la cercanía de Mulet con Portillo no se limita al trabajo diplomático en su gobierno. El candidato del Partido Humanista visitó al expresidente en la cárcel federal de Denver, Colorado, EE. UU., cuando cumplía condena.

En una entrevista del 2015, Mulet reconoció que atendió una invitación de Portillo, de quien dijo “se rodeó de personas equivocadas”.

Equipo de trabajo

La ausencia de Mulet del país por su carrera profesional borra rastros en la última generación política, por lo que para entender sus alianzas estratégicas para llegar a la presidencia se revisa algunos nombres que resaltan como candidatos a diputados, que a su vez Mulet reconoce como personas cercanas a él, o al menos, conocidas desde hace mucho tiempo.

Uno de los nombres que destaca alrededor de Mulet y su propuesta es Rodolfo Dougherty Liekens, quien encabezó el equipo que diseñó el plan de gobierno del Partido Humanista.

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Dougherty es hermano de Julio Dougherty Liekens, que hasta este año presidió el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios.

Rodolfo Dougherty fue diputado al Parlamento Centroamericano y en el 2015 fue candidato a la Vicepresidencia por el Partido Republicano Institucional, junto a Fernando Pérez, el último diputado electo por el FRG, en el 2011, antes de la desaparición definitiva del partido en el 2013.

Al único que en esta coyuntura electoral Edmond Mulet reconoce como cercano y, hasta ahora, al que escucharía en el Ejecutivo, es a su compañero de fórmula, José Pérez Marroquín.

Pérez Marroquín tiene experiencia diplomática: fue vicecanciller en el gobierno de Alfonso Portillo, mientras Mulet se desempeñaba como embajador de Guatemala ante la Unión Europea, el Reino de Bélgica y el Ducado de Luxemburgo.

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El vicepresidenciable volvió al Ejecutivo durante la administración de la Unidad Nacional de la Esperanza y llegó a ser el secretario privado del vicepresidente Rafael Espada. Para la administración de Otto Pérez Molina, ofreció asesorías en la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh).

Estratega parlamentario

Uno de los hombres más cercanos a Mulet, al menos en esta etapa política, es el actual secretario general del Partido Humanista: Rudio Lecsan Mérida, quien encabeza la nómina del Listado Nacional para el Congreso de la República y de alcanzar un escaño sería quien lidere la bancada Humanista.

Lecsan Mérida es reconocido por el propio Mulet como un amigo y fundador también del Partido Humanista.

Sin embargo, Lecsan Mérida no es un desconocido en la política nacional: fue diputado al Congreso en 1994 por la Unión Democrática y en el 2000 por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG). En el 2011 también intentó llegar al Congreso, siempre nominado por el FRG, pero no lo consiguió.

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Lecsan Mérida dirigió la Policía Nacional Civil durante el gobierno de Alfonso Portillo Cabrera y, antes, asesoró a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, cuando la bancada de Efraín Ríos Montt controlaba con una aplanadora legislativa el Parlamento.

Con esos antecedentes, Lecsan no es novato en la política y Mulet lo reconoce, al mismo tiempo que reconoce la necesidad de tener “gente con experiencia” que pueda trabajar en el Congreso, en un eventual gobierno del Partido Humanista.

El FRG del 2000-2004 estaba fragmentado. Dos corrientes convivían en el seno del partido: una controlada por Efraín Ríos Montt y el brazo ultraderechista que él representaba y otra corriente afín al entonces presidente Alfonso Portillo, que lo acompañaba en la administración desde el Ejecutivo.

Mulet justifica la afiliación política de Lecsan Mérida al FRG y su participación en ese gobierno como una aspiración de servicio; sin embargo, al darse cuenta de la corrupción institucional, decidió renunciar a la dirección de la Policía.

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No obstante, Lecsán Mérida siguió cercano al FRG hasta el 2011, cuando fracasó en un nuevo intento de llegar al Congreso con esa bancada, que para entonces se había desgastado políticamente y en esas elecciones solo logró un escaño, el de Luis Fernando Pérez.

En el Partido Humanista, Lecsan Mérida tendría la misión, según el propio Mulet, de dirigir las negociaciones y cabildeos políticos necesarios con la actual legislatura después de ganar la presidencia, con el objeto de obtener el presupuesto necesario para el próximo año.

 ¿Cerca de González?

Otro candidato al Congreso de la República por el Partido Humanista con nexos a actores cuestionados es Ronald Virgilio Bollat Sandoval, hermano de Luis Bollat Sandoval, director del grupo Albavisión, el emporio de la televisión abierta, frecuencias radiales y cadena de cines en el país, propiedad del magnate mexicano Ángel González, cuya esposa Alba Lorenzana es prófuga, vinculada, en el caso de financiamiento electoral ilícito, al Partido Patriota en la campaña del 2012.

Otro Bollat, Alejandro Bollat Herrera, sobrino del candidato de Humanista e hijo del director de Albavisión, también busca un puesto de elección popular, propuesto como candidato a la alcaldía de Guatemala por el oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

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Albavisión no financia al Partido Humanista ni recibe ningún otro apoyo, asegura Mulet al cuestionarle la inclusión en sus filas de un Bollat.

Para Mulet, que un Bollat Sandoval esté entre las filas de candidatos nominados a un escaño en el Legislativo no obedece a ningún interés empresarial. En cambio, el candidato del Partido Humanista asegura que Ronald Virgilio ha sido “conocido de toda la vida” y, asegura, el vínculo familiar del candidato a diputado hasta ahora no le ha valido al Partido Humanista para tener un trato preferencial en los medios controlados por Albavisión.

Sin embargo, un informe publicado en abril por Mirador Electoral, realizado por Asociación Desarrollo, Organización, Servicios y Estudios Socioculturales (DOSES), da cuenta que Mulet es el tercer candidato que más infomerciales -noticias con más contenido propagandístico que periodístico— ha recibido en los canales de televisión abierta propiedad del consorcio Albavisión, que dirige Ángel González a través de Luis Bollat Sandoval.

¿Víctima o victimario?

El nombre Edmond Mulet inevitablemente está vinculado a una acusación que el candidato explica complacientemente sin importar la insistencia con la que se le menciona: una trama de adopciones ilegales que él operaba desde Guatemala en la década de los 80.

El jueves 26 de noviembre de 1981, Prensa Libre titulaba: “La captura es un show político, afirma Mulet”.

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Un día antes, el joven abogado había sido detenido y señalado de dirigir en Guatemala una estructura de trata de menores y Mulet habría facilitado la adopción de niños a familias en Canadá.

Mulet era joven, pero ya inclinado a la política. Apoyaba al Partido Nacional Renovador (PNR) y se declaraba opositor del gobierno de Romeo Lucas García.

El PNR y la Democracia Cristiana Guatemalteca se habían unido en una coalición presidencial que impulsaba la candidatura de Alejandro Maldonado Aguirre, y fue por la intermediación de ellos que Mulet recuperó su libertad al día siguiente.

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Casi cuatro décadas después, Mulet insiste en que los cargos que se le imputaban tenían un trasfondo político y, asegura, solo lamenta “no haber podido salvar a más niños”, calificando esos procesos por los que fue cuestionado como actos de buena intención para poder dar mejor vida a los niños.

Mulet se guarda otra carta bajo la manga al ser cuestionado sobre su pasado: haber sido subsecretario adjunto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Para poder trabajar en la ONU hay un proceso de investigación exhaustivo, y si hubiera habido algo malo en mi trayectoria nunca me hubieran contratado”, responde, al tiempo que asegura no ocultar nada en sus intenciones políticas.

*Nota del editor: La versión original fue modificada y se le agregó el último informe de Mirador Electoral, donde se detalla la cantidad de infomerciales que ha recibido Edmond Mulet desde el 1 de enero al 30 de abril del 2019. El informe lo distribuye mensualmente Mirador Electoral, tomando como base el monitoreo de contenidos en los principales espacios noticiosos del país.

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La acción de Migración y la términal La Aurora provocó horas de tensión que se liberaron, parcialmente, luego de las 18.30 horas de este domingo, cuando finalmente fue permitido el ingreso del colombiano, quien salió acompañado de personal del Ministerio Público, la Procuraduría de Derechos Humanos y la Policía Nacional Civil que escoltó el aeropuerto desde la noche del sábado. 

Afuera del aeropuerto el ambiente se dividía en grupos a favor de la Cicig y otros que piden que se retire a la comisión del país por “ser una injerencia extranjera”. Ambos grupos se apostaron afuera de la términal aérea, unos en el área de embarque y otros en el área de protocolo, donde permaneció el investigador de la Cicig desde la tarde del sábado. 

Orden constitucional

Según la Corte, el no permitir el ingreso del colombiano Osorio Zuluaga el pasado sábado 5 de enero “contraviene e incumple con los efectos positivos otorgados en el amparo provisional”.

La resolución la emitió la CC con cuatro votos a favor y el voto en contra de la magistrada presidenta Dina Ochoa. Ella explica que la resolución constitucional de diciembre pasado se dirigía al Director General de Protocolo y Ceremonial Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores, como autoridad cuestionada. 

“No obstante ello, la orden emitida en el auto del que me separo vincula directamente al Director General del Instituto Guatemalteco de Migración, autoridad pública que no ha sido vincualda al proceso de amparo de mérito y, como consecuencia, no tiene noticia de todo lo actuado en el proceso”, señala la magistrada presidenta al explicar su voto disidente.

Según la orden constitucional, “ordenó al Director General del Instituto Guatemalteco de Migración que deje sin efecto, en el plazo máximo de una hora, contado a partir del momento en que sea notificado el auto emitido, la decisión de los delegados de migración de no admitir el ingreso al territorio nacional del funcionario de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Yilen Osorio Zuluaga”.

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Además, la Corte también solicitó a la autoridad de Migración que presente un informe circunstanciado “en el que detalle las acciones ejecutadas para cumplir con lo dispuesto por la Corte”, informe que deberá presentar en un plazo máximo de tres horas luego de ser notificado.

Publicación Oficial

La Corte de Constitucionalidad, además, pide que, luego de los últimos acontecimientos alrededor de los trabajadores extranjeros de la Cicig, se publique en el Diario Oficial el auto de mérito, así como otros emitidos y que tengan relación, de manera que todas las autoridades, funcionarios y empleados conozcan la resolución.

“Tomen las medidas necesarias en el ámbito de sus competencias para cumplir con los compromisos establecidos en el Acuerdo entre la ONU y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en cuanto a que los funcionarios de la citada Comisión gozan de libertad de movimiento, sin restricción alguna, a través del territorio de Guatemala”. 

Migración cumple

En un comunicado difundido por el Instituto Guatemalteco de Migración la noche de este domingo, luego del ingreso del investigador de la Cicig, expresa que se cumplió con la orden constitucional luego de haber sido notificados.

“El Instituto Guatemalteco de Migracióin y ninguno de sus funcionarios desobedeció la resolución del máximo órgano constitucional, ya que la misma fue cumplida en el plazo establecido”, señala la entidad migratoria guatemalteca. 

Agrega: “El señor Yilen Osorio Zuluaga por orden judicial permaneció en las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora en condiciones que garantizaban sus derechos fundamentales”. 

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Pese a que la acción promovida por el abogado Passarelli es por la resolución del proyecto minero, la Mina San Rafael emitió un comunicado donde deja claro que la acción en contra de la CC no fue promovida por ellos ni la respaldan, por el contrario, están acatando la orden constitucional. 

La Corte de Constitucionalidad resolvió 425 días después de que la mina suspendió las operaciones, atraso que según la empresa habría representado el despido de unas 700 personas y pérdidas para el Estado de hasta Q467.5 millones por impuestos y regalías.

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Según la denuncia presentada por Passarelli y que por la que ya se inhibió el Juzgado Séptimo Penal, la CC habría incurrido en el delito de retraso malicioso de la justicia, al esperar más de un año para resolver. Sin embargo, el magistrado Bonerge Mejía, quien presidió la Corte ese 3 de septiembre por la ausencia por viaje de la magistrada Dina Ochoa, justificó en esa oportunidad el atraso en que habían más de ocho mil folios y otros documentos multimedia que debían ser analizados.

El Juzgado Séptimo ya se inhibió de conocer la denuncia por competencia, según lo ordena la Ley en Materia de Antejuicio, por lo que el expediente ya fue trasladado a la Corte Suprema de Justicia y está, junto a las otras dos acciones, en espera de ser agendado para conocerse en el pleno de magistrados y decidir si se remiten al Congreso. En este escenario, el Organismo Legislativo debería abrir un proceso de antejuicio por cada una de las denuncias que reciba, sin importar que sean contra el mismo magistrado.

El abogado Passarelli trabajó como asesor jurídico de la Dirección General de Aeronáutica Civil en 2015, y en el 2016 fue director de la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed). Hasta ahora no ha sido posible localizarlo para conocer más detalles sobre la acción presentada en contra de los siete magistrados.

CSJ acumula procesos

Hasta ahora son tres procesos de antejuicio que la CSJ debe conocer y decidir si ameritan ser enviados al Congreso para que los conozca. En caso los magistrados de la CSJ determinen que son denuncias espurias o políticas podría rechazarlas y cerrar ahí los procesos.

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Los magistrados Francisco de Mata Vela, Boenerge Mejía Orellana y Gloria Porras acumulan hasta ahora tres denuncias que podrían significar tres procesos distintos de antejuicio si así lo considera la CSJ.

Los tres magistrados fueron incluidos en acciones penales presentadas por la Procuraduría General de la Nación, la Asociación de Dignatarios de la Nación y la presentada por el abogado Passarelli.

Phillip Conte, María Cristina Fernández, María de los Ángeles Bor y José Mynor Par, figuran solo en la denuncia presentada por Passarelli.

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Pinto Espino también era buscado por la justicia hondureña por lavado de dinero, además, se le vincula en ese país con la estructura del narcotráfico dirigida por los hermanos Valle Valle.

Desde la iglesia

El ahora procesado se presentaba como pastor de una iglesia evangélica en Quiché, sin embargo, bajo esa actividad también habría traficado “grandes cantidades de droga”, sostiene el Ministerio Público.

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Según la investigación, a través de su trabajo religioso Pinto Espino se acercaba a las autoridades de la localidad y otras personas que lograba persuadir para convertirlos en sus aliados o para obtener información que le facilitara el transporte de los ilícitos.

Durante el allanamiento que permitió la captura, el Ministerio Público incautó Q632 mil 150, además de MX$22 mil. En la residencia también se localizaron 862 municiones para armas de fuego, siete armas automáticas, un vehículo tipo agrícola.

Más de dos años antes, el 9 de junio de 2016, el Ministerio Público ya había logrado coordinar la incautación de 92 kilogramos de cocaína, supuestamente del grupo que dirigía Pinto Espino, por lo que comenzó la investigación.  

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¿De dónde viene esa vocación?
 
Hay una cosa interesante: mi abuelo tenía tres hermanas religiosas y mi abuela, dos hermanos sacerdotes, de la orden de  San Vicente de Paúl. Ellos querían que yo fuera de esa congregación. Es una congregación muy buena, dedicada a los pobres, pero sentí que, al hacer el discernimiento, la misión de los scalabrinianos era una misión que se acoplaba más a mi deseo, viviendo directamente el llamado de Dios con personas.
 
¿Es decir que la vocación de servicio viene de familia? 
 
Siempre me motivó, porque mi abuelo nació en Italia, emigró a Brasil después de la Segunda Guerra Mundial. No lo conocí. Pero por la cercanía con los scalabrinianos en el pueblo, sentí que era lo mejor.
 
Y con los migrantes, ¿cómo fue ese contacto  durante su juventud? 
 
Fue una formación muy importante, porque nos dedicábamos —en el seminario— a estudiar, pero los fines de semana íbamos a hacer trabajo pastoral. Íbamos a las periferias, a las favelas.

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¿Cómo cambió su vida ese contacto?
 
El contacto nos humaniza, nos hace personas diferentes, más sensibles, más hospitalarias, más abiertas para comprender el drama humano.
 
Podemos tener muchas teorías, conocimiento, filosofía, teología; sin embargo, si uno pierde el contacto con la vida humana, no está cumpliendo con el mandato del sacerdocio: el llamado al servicio.

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En 1998, la congregación me pidió venir a América Central, Guatemala, y desde entonces estoy aquí. Son 20 años dedicando mi vida al servicio de los migrantes y refugiados. Últimamente me pidieron ampliar la misión con una Casa del Migrante en El Salvador.
 
Son 20 años coordinando una casa a la que le ha tocado albergar hasta 14 mil personas en solo 10 días. ¿Cómo definiría el ritmo de trabajo?
 
Es un trabajo intenso, porque mi vida se divide entre Guatemala y El Salvador. Dirijo dos casas del migrante. Aquí, de paso; allá, desplazados por la violencia, deportados; en fin, es una situación muy compleja, que   uno hace porque realmente asumió esta vida, pero prácticamente la vida de uno está bien marcada.
 
¿Ha pensado en el retiro?
 
25 años atrás, cuando salí de Brasil, que los celebro este año, era un joven que jugaba futbol y volaba las fronteras. Sin embargo, claro que los años van siendo parte de la vida de uno y también las energías. Las fuerzas poco a poco van disminuyendo. Gracias a Dios, no tengo ninguna enfermedad y sigo con dinamismo, pero llega un momento en el que ya es evidente y el cuerpo siente que quizás hay, en un futuro, no sé cuándo, no tengo idea, hacer un trabajo de menos intensidad. Pero no me hice sacerdote para estar acomodado.

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 ¿Ayuda regresar a Brasil para recargar energías?
 
Cuando regreso a mi casa, la primera cosa es ir y ver a mi mamá, que se preocupa para prepararme la polenta, el queso, el salami, que está ahí, la comida que me gusta. Pero a mí me gusta volver al campo,  visitar a los amigos, oficiar misa los fines de semana. Es una vida con  gente del campo que me anima a seguir adelante.

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Verzeletti y Barilli son reconocidos como Personajes del Año 2018 de Prensa Libre debido al impacto de sus acciones en esta coyuntura, las cuales son coherentes con su trabajo de dos décadas, en el cual dan testimonio de su fe, ejemplo de caridad y una lección de servicio generoso.   

Hay que reconocer que, aunque este año la migración de centroamericanos mostró su lado más dramático, la Casa del Migrante lleva 24 años de atender a miles de viajeros indocumentados, que pese a tener derechos  no los conocen o no quieren exigirlos, y quedan a merced  de tratantes de personas, agresiones policiales y redes delictivas que los despojan de su dinero, su dignidad y, a veces, hasta la vida.   

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Por su lado, Mauro Verzeletti resalta: “Esta huida masiva es un grito de los pobres y los excluidos que ya no soportan la violencia y la pobreza”.

La rutina en las casas del Migrante es muy parecida. Cada día se organizan las tareas de cocina y limpieza, y a las 6 de la mañana comienza la jornada: unos barren, otros lavan. A las 7, el desayuno se sirve en un comedor general y luego cada persona tiene derecho de salir, si así lo desea, aunque muchos de los viajeros optan por quedarse varios días en las instalaciones, porque es más seguro y hay tres tiempos de comida garantizados.

Hay restricciones en la atención, por supuesto. Nadie puede entrar a la Casa si ha ingerido alcohol; tampoco pueden llegar más allá de las 4 de la tarde y deben mostrar una conducta pacífica.

El tiempo que cada migrante permanece en la Casa depende de las circunstancias. Todos los admitidos deben someterse a una evaluación socioeconómica para determinar el grado de vulnerabilidad y qué servicios precisan.

Algunos van de paso; otros están esperando que se les otorgue asilo o refugio. En esos casos, se les acoge hasta por tres meses.

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La llegada

Fue el 10 de marzo de 1995 que a la ciudad de Tecún Umán llegó el padre Ademar Barilli y consiguió un terreno y el dinero para construir la primera de dos casas que funcionan en la actualidad. Son dos inmuebles a los que a diario acuden personas que van o vienen de México, algunas con más ganas de regresar; otras, derrotadas y resignadas a volver a la realidad de sus países.

Desastres naturales como la tormenta Stan, en el 2005, han sido detonantes que elevan la necesidad de migrar a un país que les dé una oportunidad. Ese año, según  Barilli, se atendió a unas 18 mil personas que viajaban a Estados Unidos.   

En julio de 2018, la caravana de migrantes fue coyuntural. Un parteaguas de las migraciones centroamericanas. Muchos citadinos, incluso, se sorprendieron al ver por las calles de Guatemala a  familias enteras o madres solas con sus hijos.

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Años de compromiso

Verzeletti y Barilli conocen muy bien la migración centroamericana, la han vivido y atestiguado las últimas dos décadas, pero también conocen la migración desde su propia familia. Vienen de familias italianas que llegaron a Brasil después de la Segunda Guerra Mundial y se establecieron en una campiña que todavía les provee todo lo que necesitan para vivir. Sin lujos, pero sin carencias.  

Ambos sacerdotes tienen una personalidad que pareciera estar alejada de la tradicional vida religiosa. Su imagen se acerca más a dos apóstoles con una causa  común: los migrantes.

En las casas que dirigen, una en la zona 1 y otra en Ciudad Tecún Umán,  Ayutla, San Marcos, no hay capillas.

Sí existe algún cuadro de San Carlos Scalabrini y, en  la oficina del padre Verzeletti, una fotografía de San Óscar Arnulfo Romero y otra en la que saluda, sonriente, al papa Francisco, durante una visita al Vaticano en 2016.

Aunque las Casas están separadas por  300 kilómetros, ambos coinciden en que no se trata de  albergues, sino de espacios donde se ofrece atención integral a los migrantes, sin importar religión, si van o vienen, incluso si los problemas son de salud y psicológicos, ya que se cuenta con atención en ambas áreas.

“Nosotros hemos denunciado, hemos escrito una revista, programas de radio. Aquí ha venido el Parlacén —Parlamento Centroamericano— y ya no los quiero ver, porque no hacen nada. La Comisión del Migrante del Congreso si viene aquí es a pasear y no podemos esperar mucho”, dice el padre Barilli mientras explica cuántas gestiones deben hacer todo el año para que se pueda garantizar la atención que por más de dos décadas han brindado.

Una vida, una causa

El carisma de la congregación de los misioneros scalabrinianos es la atención a los migrantes. Eso lo sabían ambos sacerdotes cuando decidieron entrar al seminario.

Al explicar cada detalle del trabajo de las casas que dirigen sonríen, muestra inequívoca de que la decisión fue correcta: hacen lo que les gusta por amor.

Aunque el diccionario define la migración como “el movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro”, para el padre Verzeletti es algo más.  

“Es, primero, un ser humano. Un ser humano que amerita respeto, atención, protección, y es una persona que tiene sueños y deseos. No es ningún delincuente, ningún criminal, son personas que sueñan con tener un futuro mejor, una vida más humana, más digna”, dice Verzeletti.

“Estoy haciendo lo que escogí, tienen derecho a regañarme si no lo hiciera; pero, lamentablemente, dentro de la misma orden hay quienes no quieren trabajar con migrantes”, reconoce Barilli.

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Creciendo juntos

Desde 1995, cuando comenzó a funcionar la primera Casa del Migrante, el flujo migratorio a EE. UU. ha crecido y la razón, según juzga el padre Barilli, es la política de ese país, por no permitir el ingreso.

Es decir, cada vez que endurece sus controles migratorios, pareciera darle un impulso a quienes quieren ingresar de manera ilegal. Además, los riesgos de conseguir el sueño americano se incrementan.

El padre Barilli, al menos, piensa que la política del presidente Donald Trump no acabará con la migración. Tampoco lo harán los programas del Plan Alianza para la Prosperidad, simplemente porque no llegan a la raíz del problema. La Casa del Migrante tampoco, dice. Ellos solo trabajan con las víctimas, pero no tendrían suficientes recursos para combatir pobreza, falta de empleo o inseguridad, razones que hacen que la gente se vaya a  EE. UU.

“No han cambiado las situaciones de Guatemala; por el contrario, son tres años que la violencia, extorsiones, amenazas, las maras, es un problema no resuelto. Se está invirtiendo en la seguridad, pero no la social, solo para algunos, pero no para el pueblo, porque la migración está subiendo cada año  y no vemos que tenga interés”, dice Barilli.

Solo de enero a noviembre de este año, el Instituto General de Migración (IGM) reporta 87 mil 699 guatemaltecos deportados de EE. UU. y México.

En el año 2017 fueron 67 mil 334 los guatemaltecos deportados de ambos países, por vía aérea y terrestre, lo que demuestra que el interés por llegar a EE. UU. es más grande que los peligros a los que se enfrentan los migrantes,  debido a que por la exclusión ya no tienen nada qué perder.

El padre Barilli va más allá en su visión de combate al tráfico humano, y es que  en lugar de endurecer los controles se eliminaran.

Agrega: “Cuando la frontera estaba abierta, el migrante no necesitaba coyote, y cada vez que se van levantando los muros, el precio va a ser más alto, va a empobrecer más a la gente, porque pierden dinero, la tierra (…) eso deben entender“, abren las fronteras y se acaba el tráfico humano y también va ligado porque los grupos organizados extorsionan, los involucran al narcotráfico como condición para ser llevados, aparte son explotados en Estados Unidos”.  

Poco dinero, mucha fe

La misión de los scalabrinianos era ayudar al migrante; sin embargo, desde su llegada han enfrentado un problema igual de grande que la migración: la política.

En 1998 llega el padre Verzeletti y se topa con una Ley de Migración que, a su  juicio, era una normativa “muy estricta” y contemplaba hasta cinco años de cárcel para las personas indocumentadas, las criminalizaba.

Esa barrera tuvo que superarse con roces políticos, recuerda el padre Verzeletti, lo que le valió, en ese momento, algunos conflictos con personajes políticos.

“Desde que se publicó la Ley —de Migración— trabajamos para cambiarla. Hoy el Código es mucho más humano, más cercano al deseo de las personas como el derecho a migrar, un derecho humano, y este es un paso significativo para la historia de Guatemala”, dice Verzeletti al recordar los logros más importantes en su trabajo en el país.

Ese roce político también ha significado, en algunos momentos, más ayuda gubernamental, y en otros casos, como ahora, un recorte financiero para el 2019 en la asignación presupuestaria.

Era el Ministerio de Salud el que ofrecía alrededor de Q1.5 millones para el trabajo de las casas del Migrante, recursos que permiten hasta ahora ofrecer atención médica y psicológica a los migrantes; algunos, incluso, obtienen servicios de laboratorio sin ningún costo.

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Sobre el recorte financiero del Estado para el próximo año, el padre Verzeletti reconoce que no le sorprende porque la fricción política en medio de la crisis de migración ha sido alta. “Piensan que me están haciendo daño a mí, pero no. El daño es para los miles de migrantes que podrían no ser atendidos, pero algo vamos a hacer”, dice el padre Verzeletti, a modo de consuelo.

“Algo vamos a tener que hacer, porque al médico, al abogado, le vamos a tener que pagar”, responde el padre Barilli sobre el mismo tema.

Agrega: “Aquí hay que pelear al Congreso por unas migajas. Yo soy brasileño, pero me siento chapín y vine a hacer el trabajo por amor a la camisa. Pero, ¿cuál es la institución: Conamigua? ¿Por qué la preocupación por los migrantes en Estados Unidos? Deben preocuparse por los que están en Guatemala”.  

Otras instituciones como la Comisión Nacional de Atención al Migrante en Guatemala (Conamigua), tampoco trabajan con la Casa del Migrante, aunque sea esta misión scalabriniana la única en el país que tiene un modelo, demostrado, para atender a los centroamericanos que van  a EE. UU.

“Hay una omisión muy grande, si hablamos de Conamigua. Han abierto ventanillas en Huehuetenango, pero no hacen nada. Dejar una computadora es muy fácil, pero no hacen el trabajo. Nos siguen buscando a nosotros —los migrantes—, la gente sabe que les resolvemos los problemas. Conamigua tenía una oficina en San Marcos ¿y qué hizo?”, cuestiona el padre Barilli.

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Ha liderado la Casa del Migrante con firmeza, al igual que lo hizo, alguna vez, al frente de hasta ocho mil estudiantes en la universidad y en el movimiento social que fue parte de la fundación del Partido de los Trabajadores, que llevó a Ignacio Lula da Silva al poder en el 2003.
 
Barilli es uno de los más autorizados para hablar de la crisis migratoria, pues las últimas dos décadas ha atestiguado el paso de hasta 18 mil migrantes al  año. 
 
Ha conocido la política de cerca. ¿Le interesó?
 
Cuando terminé   Filosofía querían que siguiera la carrera política, pero no quise, porque me di cuenta de que dentro de los partidos políticos hay mucho engaño, mentira e hipocresía (…) Continué mis estudios de Teología y fui a Sao Paulo, trabajé con la migración interna, terminé la Teología y pedí trabajar en México. Empezamos una misión con los braceros en 1989. Trabajé cuatro años. 

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¿Cuál es la principal motivación para trabajar con migrantes?
 
Ver el sufrimiento de nuestros padres y el que uno mismo vivió. Yo empecé a trabajar con 7 años. Antes tenía que recoger leche, llevarla a una fábrica de queso y luego iba a la escuela. Por la tarde, trabajo de campo. Mi papá decía: “Aquí el que no trabaja no come”.
 
¿Cómo descubrió  su vocación religiosa? 
 
En la misma iglesia había un grupo de la teología de la liberación, estaban involucrando mucho a la gente a la fe y a la política, pero no partidaria, sino de dar respuestas sociales a través de la fe, y me fue animando y me animé. Brasil fue muy abierto con los migrantes y es una forma de devolver lo que nos dio.  
 
A Guatemala llega el 10 de marzo de 1995. ¿El trabajo fue más fácil? 
 
Llego porque fui desterrado de México. En ese momento un compañero había comenzado en Catarina –San Marcos— y no se acopló. Luego me habló el obispo —Álvaro- Ramazzini— y me invitó.

Precisamente porque en 1993 inicia el muro —en la frontera de México y EE. UU.— y empiezan los problemas. Ya en 1995 la oficina atendía hasta 80 migrantes al día y no había con qué.
 
¿Cómo nació el proyecto de la Casa del Migrante?
 
Yo traía la experiencia del norte y les dije que no quedaba otra cosa que construir la casa. Pero no teníamos dinero. Tuve suerte porque hablé con el alcalde y ahí vi que Dios existía. En una semana conseguí el terreno y un amigo mío, alemán, que nació cerca de donde mi mamá, se fue a trabajar en Cáritas, en Alemania, y conocía mi trabajo y me ayudó con US$65 mil.
 
¿Hasta dónde llegan los servicios de la Casa del Migrante?
 
No es un albergue, me molesta que me digan que es un albergue. Sí damos albergue, pero aquí damos albergue todos los días del año. Recibimos el año del Stan —2005—, más de 18 mil migrantes.

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Llegamos por momentos a tener 140 migrantes por noche y se les dan servicios de salud, psicología y orientación legal.
 
Al ser dirigida por un sacerdote se piensa que la actividad de la Casa del Migrante es religiosa. 
 
Aquí no permito predicación, aquí el que quiera ayudar es con su servicio,  es el idioma que todos entienden. Venís a hablar de Dios aquí, habla mucho más de Dios el que actúa, el que tiende la mano a los demás, que estar hablando de Dios. Aquí no se permite esto. 

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El Gobierno ha recortado el presupuesto para el próximo año. ¿Cuánto le afectará?
 
Me da mucha pena que el Gobierno, por medio millón —de quetzales—, nos corte el dinero.
 
¿Cuántos millones se gastan en lo robado, por la corrupción? ¿Y por los migrantes?
 
La pregunta es ¿qué hace el Gobierno de Guatemala por los migrantes? Qué tipo de diputados son esos, porque si los diputados conocieran, vinieran.
 
Significa que si quieren   pueden. Ahora si quieren hacer mal las cosas también lo pueden hacer.

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“Coartan facultades constitucionales otorgadas directamente al Presidente de la República, o bien vulneran principios fundamentales tales como el de legalidad, derecho de defensa y debido proceso”, explicó la PGN a través de un comunicado difundido minutos después de presentar la denuncia en contra de los magistrados.

Según la PGN, la institución ha sido parte de varios procesos de amparo que “respaldan la presente acción, pues se estima que ciertas resoluciones de dicho tribunal constitucional transgreden el ordenamiento jurídico guatemalteco, afectando la institucionalidad del país y poniendo en riesgo el Estado de Derecho”.

Ruta del antejuicio:

• La denuncia se presenta ante un Juzgado de Instancia o de Turno, quien por falta de competencia se inhibe de conocer el proceso y en un plazo de tres días lo debe elevar a la Corte Suprema de Justicia.
• La Corte Suprema de Justicia, en un plazo no mayor a tres días hábiles después de recibida la denuncia, deberá remitirla al órgano que tenga la competencia; en este caso es el Congreso de la República, según la Ley en Materia de Antejuicio, quien tiene la facultad de conocer los procesos en contra de magistrados de la corte de Constitucionalidad.
• El Congreso recibe el expediente y debe hacer de conocimiento del Pleno que, en la próxima sesión ordinaria, no más de ocho días después, se iniciará el trámite del antejuicio con la integración de la Comisión Pesquisidora, conformada por cinco miembros por sorteo que se realizará entre todos los diputados, salvo el presidente de la Congreso.
• La Comisión Pesquisidora examinará el expediente y demás documentos que hubieren, oirá a los promotores del antejuicio, así como al funcionario contra quien esté enderezado el asunto y practicará las diligencias que soliciten las partes recabando toda información y documentación que cualquiera de los miembros de la Comisión considere pertinente, con el propósito de establecer la veracidad de los hechos denunciados y si éstos pueden o no suponer la existencia de un hecho que por su naturaleza deba ser conocido por un juez del ramo penal.
• El Pleno del Congreso conocerá del expediente instruido y del informe circunstanciado de la Comisión Pesquisidora en sesión ordinaria procediéndose a su discusión. A todos los diputados le serán entregadas copias de este informe.
• Agotada en el Pleno la discusión del informe de la Comisión Pesquisidora se procederá a votar. Para declarar con lugar o sin lugar un antejuicio es necesario el voto en uno u otro sentido de las dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso.
• Si dan con lugar el antejuicio el expediente regresa a la Corte Suprema de Justicia al fin que lo turne al tribunal del orden común que proceda, si no se completara el voto de las dos terceras partes del total de diputados para declarar con lugar o sin lugar el antejuicio, el expediente se guardará en la Dirección Legislativa a disposición del Pleno del Congreso, pero si el antejuicio es declarado sin lugar causará estado y no integrará cosa juzgada.

Acción inédita

Para el abogado constitucionalista Alejandro Balsells, la decisión de la PGN de denunciar a tres magistrados constitucionales no solo es inédito en la historia del país, sino que se está constituyendo en un golpe de Estado.

“La Corte de Constitucionalidad es la última corte. Sostener que existe prevaricato porque se pierde un proceso, es un intento de barnizar de legalidad (…) es lo típico de (presidentes como Daniel) Ortega y (Nicolás) Maduro”, agregó el abogado.

Según Balsells en la denuncia en contra de los tres magistrados no hay ninguna perspectiva técnica, por el contrario “solo hay abogados apoyando los argumentos de alguien que quiere nombrarse dictador”.

La acción de este miércoles en contra de los magistrados, según Balsells, solo “busca desaforar a la Corte de Constitucionalidad porque es la única que les ha puesto freno (al Ejecutivo). El que avale esto está en contra de los principios del poder y es un golpista”, acotó.

El presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, luego de trascender la denuncia presentada por la PGN y siendo el Congreso quien debería conocer el antejuicio si la Corte Suprema de Justicia le da el trámite, publicó un mensaje en su cuenta de twitter. 

Una República esta basada en la división de poderes y funciona a través de pesos y contrapesos. Cuando una institución actúa creyendo que no tiene contrapeso comienza a abusar de sus facultades hasta creerse celestial. Toda acción tiene consecuencias.

— Alvaro Arzú E (@AlvaroArzuE) December 27, 2018

También el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, se pronunció en la misma red social sobre las acciones de la PGN. 

Lamentable reacción del Gobierno utilizar al órgano asesor del Estado @PGNguatemala frente a decisión de @CC_Guatemala de otorgar amparos provisionales a favor de personal @CICIGgt. Pretender penalizar el accionar de los magistrados, un mal augurio para nuestra frágil democracia.

— Jordán Rodas Andrade (@JordanRodas) December 27, 2018

Resoluciones en discordia

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad otorgaron por unanimidad un amparo provisional que ordena al Ejecutivo a permitir el ingreso del comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad, Cicig. El jefe actual de la Cicig es Iván Velásquez, según última comunicación de la ONU.

El 31 de agosto, el presidente Jimmy Morales anunció que no prorrogará el mandato de la Cicig, y el 5 de septiembre, con el argumento de “orden y seguridad pública”, el Gobierno también había tomado la decisión de prohibir la entrada al país del jefe de la comisión internacional. Según la magistrada, las controversias deberán ser resueltas por medio de una negociación entre las partes, lo cual está establecido en el artículo 12 del acuerdo de creación de la comisión.

El pasado 21 de diciembre, la CC declaró con lugar tres apelaciones promovidas por el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas; la mandataria de la Cicig, y los diputados que integran el Frente Parlamentario por la Transparencia, por lo que otorga el amparo provisional que deja en suspenso unas notas diplomáticas del 11 de octubre último.

Este miércoles la Cancillería presento un recurso de aclaración y ampliación donde son al menos seis argumentos con los que reprochan la decisión del máximo tribunal constitucional. La acción aún está pendiente de resolver.

Mientras tanto, los investigadores de la Cicig permanecen de vacaciones fuera del país, se ha informado.

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Guterres también recordó que desde la ONU se trabaja una campaña global centrada en cómo la corrupción afecta la educación, la salud, la justicia, la democracia, la prosperidad y el desarrollo y centra la corrupción como uno de los mayores impedimentos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Iniciativa regional

Los Comités Nacionales de la Región de las Américas de la International Chamber of Commerce (Cámara de Comercio Internacional, en español),  con motivo del Día Internacional Contra la Corrupción acuerdan la creación del Comité Regional Anticorrupción de las Américas, que es un grupo regional para abordar los temas de integridad empresarial y anticorrupción a través de una campaña. 

La iniciativa la integran más de 13 países que compartirán buenas prácticas, intercambiarán perspectivas sobre la situación regional y mundial y generarán herramientas de interés para las compañías, con el objetivo de continuar y fortalecer el actuar íntegro dentro de la actividad empresarial.  

La iniciativa surgió de la XIV Reunión Regional de ICC Américas efectuada en noviembre pasado la ciudad de Antigua Guatemala, la cual es refrendada en la reunión mundial de Capítulos Nacionales de ICC celebrada del 3 al 5 de este mes en Paris, Francia. 

En esa ocasión se dieron a conocer las buenas prácticas de los distintos países, dentro de las cuales destaca la plataforma digital sobre profesionales de cumplimiento de ICC Bélgica y el estudio sobre integridad empresarial realizado por ICC Brasil, entre otros. 

“La lucha contra la corrupción es una labor de enormes proporciones y es por ello que estamos comprometidos a seguir impulsándola y creando una mayor alerta en el mundo corporativo en general; sin embargo, reconocemos que nuestros gobiernos, funcionarios públicos y actores de sociedad civil juegan también un rol fundamental para combatir este mal en nuestro país”, dijo Eduardo Girón, Presidente de ICC Guatemala.

Añadió que los esfuerzos que se hacen  desde el Comité Regional estarán enfocados en dar seguimiento a los procesos de formación para empresas utilizando las guías y lineamientos anticorrupción ICC, así como la organización de un Congreso Regional Anticorrupción para visibilizar la importancia del involucramiento de las empresas, en la construcción de una cultura de transparencia y cero tolerancia a la corrupción.

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En Guatemala, el Capítulo Nacional de ICC es representado por Cámara de Industria, que hace extensivos los beneficios de ICC para todas sus empresas socias, brindándoles acceso a información exclusiva y conocimientos sobre las tendencias en políticas públicas, lineamientos y nuevas reglamentaciones que se trabajan en el ambiente internacional y que afectan la forma de hacer negocios.
Actualmente se trabajan comisiones de trabajo en las áreas de propiedad intelectual, facilitación al comercio y sostenibilidad ambiental.

Este 2018, GuateÍntegra a través del programa de Formación en transparencia, cumplimiento y corrupción, capacitó a más de 45 empresas en temas de ética, prevención de soborno y prácticas anticorrupción.

Mensaje de la PDH

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, el procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, recordó que esta lacra “debilita el cumplimiento del Estado con los derechos humanos y limita su defensa y promoción”.
En este sentido, el funcionario agregó que los grupos criminales que se desarrollan y desenvuelven en Guatemala “tienen un nivel de influencia por medio de la corrupción, infiltración o cooptación en la toma de decisiones dentro del aparato del Estado”.

“La lucha anticorrupción y la defensa de los derechos humanos son agendas complementarias en las que se enfrentan desafíos cada vez más complejos”, enfatizó Rodas.

Añadió que en los últimos años se han promulgado leyes para combatirla que pondrían contribuir a esta lucha si se hace “un estricto cumplimiento” de las mismas.

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Además, recordó que el Gobierno de Guatemala suscribió con la Organización de las Naciones Unidas un acuerdo en el 2006 para la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente que junto con la
Fiscalía ha evidenciado “el complejo sistema de funcionamiento de las diferentes estructuras criminales, así como su extensión en las instituciones del Estado”.

El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, anunció el pasado 31 de agosto que no renovaría el mandato de ese organismo de las Naciones Unidas, que vence en septiembre de 2019, por entender que se ha convertido en una especie de estructura paralela similar a las que tiene que combatir en el país.

Días después, desconoció al abogado colombiano Iván Velásquez como su comisionado y aprovechando que se encontraba en una gira de trabajo en Washington, Estados Unidos, le prohibió el ingreso al país por considerarlo una amenaza para la seguridad nacional, aunque la ONU aseguró en reiteradas ocasiones que Velásquez sigue en el cargo.

Mensaje de la Fiscalía

La fiscal general María Consuelo Porras también se pronunció este domingo contra la corrupción y resaltó la importancia de erradicarla por el daño que hace al país. 

“Para ello debemos continuar trabajando de manera articulada con todas las instituciones del Estado, especialmente, las concernientes al Sector Seguridad y Justicia en colaboración con la sociedad civil”, dijo Porras a través de un comunicado difundido en twiter. 

Agregó: Lucharemos incansablemente por una Guatemala libre de corrupción y de impunidad, a través del fortalecimiento de la relación de trabajo con nuestros aliados y daremos seguimiento a los procesos en esta materia”. 

Asumir compromisos

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, también se pronunció en el Día contra la Corrupción e hizo un llamado para que se pueda implementar eficazmente sus compromisos internacionales contra la corrupción “mediante programas que permiten la recuperación y la restitución de fondos públicos robados”. 

Agregó: “Responsabilizamos a los actores corruptos mediante sanciones financieras individualizadas por corrupción y violaciones de derechos humanos, a través de la Ley Global Magnitsky sobre Rendición de Cuentas en Derechos Humanos”.

*Con información de Agencia EFE

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“Considero que los comisionados que han utilizado esa estrategia están cometiendo el delito de coacción directamente hacia mi persona y posiblemente para los demás comisionados que estamos votando conforme nuestro análisis”, dejó por escrito el comisionado Bautista Stewart al razonar su voto después de la décima votación.

Según el comisionado, los comisionados Luis Suárez, Ulises Navarro, Roberto Franco y Érick Hernández han propuesto que los tres candidatos con mayores punteos sean electos, sin embargo, estos candidatos no han tenido los votos mayoritarios porque se les han restado puntos en idoneidad y honradez.

“Refleja una estrategia utilizada para favorecer a ciertos candidatos y que viola o contraviene lo establecido en el artículo 113 de la Constitución Política”, expresa Bautista Stewart.

Razonamiento del votó del Comisionado del @marcobautista36 , por el entrampamiento de la votación por varios Comisionados de la Comisión de Postulación#ContralorIntachable #EleccionesVisibles pic.twitter.com/lSjNROAQPQ

— Guatemala Visible (@guatevisible) December 8, 2018

El comisionado reconoció que razonó su voto por la insistencia de otros de incluir en la nómina a candidatos que no reúnen las cualidades necesarias. No descarta que de seguir el proceso así se pueda presentar un amparo legal.

“Pareciera que estamos recibiendo una especie de presión para cambiar el voto de algunos comisionados, para candidatos que tienen demasiados votos en contra. Lamentablemente la ley tiene una laguna y un candidato que tiene demasiados votos en contra sumados con las abstenciones y que no logra reunir los 16 votos a favor no deberíamos estar siguiendo la votación hasta ver cuando nos cansamos. Entonces ya razoné el voto, si hoy seguimos con la misma insistencia estaremos trabajando con un grupo de abogados para hacer valer nuestro derecho y vamos a interponer un amparo en contra de este proceso de votación por lo que se está viviendo”, agregó Bautista Stewart.

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Como “caótico”, “sin objetividad” y “sin transparencia” fue calificado por el Movimiento Pro Justicia la forma en la que fueron evaluados los expedientes por la Comisión de Postulación para contralor general de Cuentas.

Por Justicia informó que hubo un “mal inicio” en la aplicación de la tabla de gradación. “Ese mal inicio sirvió de excusa a qui

Perfil de los candidatos

• Edwin Humberto Salazar Jerez

Cargos desempeñados:
Secretario de la Universidad de San Carlos.
Director de Auditoría de Entidades Especiales en la CGC.
Contralor General de La Reunión Antigua Golf y Resort
Gerente financiero en Dorada Managment Inc.
Estudios:
Contador Público y Auditor.
Magíster en Consultoría Tributaria.
Doctor en Administración Pública y Políticas Públicas.

• Carlos Humberto Echeverría Guzmán

Cargos desempeñados:
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Rural.
Gerente financiero y contralor en Industrias Tacaná, S.A.
Estudios:
Doctor en Derecho Tributario.
Doctor en Derecho Mercantil.
Magíster en Derecho de la Empresa.
Magíster en Administración Financiera.
Licenciado en Ciencias jurídicas y Sociales.
Contador Público y Auditor.

• César Elías Ajcá

Cargos desempeñados:
Director de Control y Verificación Interinstitucional en la CGC.
Auditor gubernamental.
Auditor tributario en la SAT.
Gerente Administrativo y Financiero en la empresa Construcción y Materiales.
Receptor pagador y subjefe de agencia en el Banco Reformador.
Estudios:
Contador Público y Auditor.
Magíster en Administración de Recursos Humanos.
Doctor en Derecho Constitucional.
Abogado y Notario.

• Alejandro González Portocarrero

Cargos desempeñados:
Intendente interino de Aduanas en la SAT.
Jefe del departamento de programación de la Fiscalización  en la SAT.
Jefe de la Gerencia de Contribuyentes Especiales.
Asesor del Despacho del superintendente de la SAT.
Estudios:
Contador público y Auditor.
Magíster en Administración de Empresas con especializad en Finanzas.
Magíster en Administración Tributaria y Tecnologías de Aseguramiento.

• Jorge Enrique Dávila Martínez

Cargos desempeñados:
Miembro del directorio de la SAT.
Subgerente regional central de la SAT.
Intendente de Recaudación y Gestión Interino en la Intendencia de Recaudación y Gestión, S.A.
Estudios:
Contador Público y Auditor.
Magíster en Administración Tributaria y Tecnología de Aseguramiento.
Magíster en Consultoría Tributaria.

• Vilma Xicará Tahay

Cargos desempeñados:
Segunda viceministra administrativa de Gobernación.
Directora de Auditoría de Entidades Autónomas y Descentralizadas en la CGC.
Directora de Apoyo Institucional y Cooperación Internacional en la CGC.
Auditor Tributario, Gerencia de Contribuyentes Especiales Grandes de la SAT.
Auditor Tributario, División de Operaciones Específicas en la SAT.
Delegado Fiscal en Cervecería Nacional, S.A.
Estudios:
Contadora Pública y auditora.
Magíster en Derecho y Administración Tributaria.
Maestría en Docencia Universitaria.
Maestría en Administración Financiera.

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Disertación

La diputada Nineth Montenegro, de la bancada Encuentro por Guatemala, fue una de las que tomó la palabra y durante su discurso señaló que a su criterio el presupuesto del próximo año no está diseñado de forma técnica y debe ser reevaluado.
 
Montenegro crítico el hecho de que el Ministerio de Desarrollo Social sea uno de los ministerio con peor ejecución y que actualmente se le están otorgando un aumento presupuestario, lo que a su juicio no debería ser procedente.
 
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Oliverio García Rodas, diputado independiente, también fue uno de los oradores y señaló que no apoyaría el plan de gastos porque le parecía un proyecto que debió tener más trabajo técnico.
 
García Rodas señaló que dentro del proyecto hay muchas reglas que a su criterio son “ridículas” y como ejemplo citó hay una prohibición de gastos superfluos.
 
“Vean que simpático, se prohíbe la compra de alimentos, combustibles y la telefonía móvil en exceso de Q600 para los despachos de ministros, viceministros, secretarios, subsecretarios y directores del Organismo Legislativos, pero no lo prohíbe para las secretarias, auxiliares y empleados ellos pueden hacer lo que le dé la gana”, explicó el legislador.
 
Amílcar Pop, diputado de Winaq, afirmó que se corre el riesgo de tener “un presupuesto, ilegal, inconstitucional y listos para delincuentes que asaltan el Estado y que financian sus campañas, que cooptan el Estado para generar corrupción en contratos”.

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“Quiero y debo aprobar el presupuesto, pero no lo haré y no daré mi voto sino resolvemos los problemas de educación, salud y generamos un equilibrio en el contenido del presupuesto”, afirmó el legislador.
 
Al finalizar la disertación de los diputados se abrió la votación del tercer debate y en poco más de tres minutos el tablero electrónico alcanzó los 113 votos.
 
Posteriormente algunos diputados razonaron su voto y al finalizar el presidente del Congreso Álvaro Arzú Escobar, levantó la sesión debido a que se conocieron todos los puntos de la agenda.

Buscarán acuerdos

Pese a que se logró su aprobación en tercer debate aún falta cabildeos para hacer reacomodos para atender los requerimientos de la Universidad de San Carlos, médicos y Sector Justicia.

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Debido a esto la discusión por artículos y redacción final fue programada que inicie el próximo jueves a las 10 horas para que la comisión encargada de buscar soluciones a las necesidades presupuestarias de las instituciones busque soluciones técnicas.
 
Este lunes se realizó una sesión de la comisión específica y se lograron acuerdos para que se trasladen Q351 millones exclusivamente para los médicos del Ministerio de Salud.
 
Los recortes se harán a los ministerios de Gobernación, de la Defensa, Agricultura, Comunicaciones, Desarrollo Social y el mismo Ministerio de Salud, que será una readecuación en construcción de hospitales.
 
Mientras eso pasó hubo manifestaciones que rodearon el Palacio Legislativo, pues miembros del Frente Nacional de  Lucha (FNL) estaban en la 8a. avenida y de los médicos hicieron su plantón en la 9a. avenida.

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Para mañana a las 10 horas se tiene proyectado recibir a autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas y la Universidad de San Carlos. Esta sería la última oportunidad para lograr consensos y que se apoye presupuestariamente a la Universidad.
 
Mientras que en la sesión de la Instancia de Jefes de Bloque se acordó que la misma comisión busque soluciones presupuestarias para el Organismo Judicial, que sufrió una reducción presupuestaria por parte de la Comisión de Finanzas por más de Q667 millones.

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El acuerdo literalmente dice: “El ingreso de cualquier extranjero en Estados Unidos a través de la frontera internacional entre Estados Unidos y México se suspende y limita por este medio, a reserva de lo establecido en la sección 2 de esta proclama. Dicha suspensión y limitación concluirá 90 días después de la fecha de esta proclama o la fecha en la cual un acuerdo permita que Estados Unidos expulse a extranjeros hacia México (…) lo que ocurra primero”.

De acuerdo a Trump, “La enorme cantidad de extranjeros que cruzan ilegalmente hacia Estados Unidos a través de la frontera sur consume numerosos recursos, a medida que el Gobierno procura vigilar, interceptar, evaluar, procesar y detener a estas personas”.

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Acuerdos previos

Para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur, en inglés), la decisión de EE. UU. es equivocada.

“Entre las personas que participan en desplazamiento en Centroamérica y México, muchas huyen de la violencia y la persecución que amenazan sus vidas, y tendrían necesidad de protección internacional”, asegura Acnur en un comunicado difundido este viernes.

Agrega: “Acnur espera que todos los países, incluyendo Estados Unidos, se aseguren de que cualquier persona necesitada de refugio y .asistencia humanitaria las reciba de forma oportunia y sin obstrucción alguna, de acuerdo con el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, del cual es parte Estados Unidos

Según Acnur, la solicitud formal de asilo solicitado en la frontera solo es posible en “un mundo ideal y predecible”, sin embargo, “la realidad de la huida de las personas refugiadas es compleja y requiere de una gestión estructurada con mecanismos de recepción de dignos”.

Según la oficina de Naciones Unidas, EE. UU, tiene una insuficiente capacidad de recepción de solicitudes de asilo en los puntos oficiales de la frontera Sur, lo que provoca “importantes retrasos en el Norte de México” y obliga a muchos solicitantes de asilo vulnerables a cruzar de manera ilegal la frontera.

“Muchas familias solicitantes de asilo se ven obligadas a tomar esta decisión desesperadas, no lo hacen por evadir a las autoridades fronterizas”, agrega el comunicado de Acnur.

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Golpe al debido proceso

Univisión Noticias ha consultado los alcances de la nueva disposición de Trump. Destaca la advertencia a que se estaría violentando el debido proceso al aplicar la disposición presidencial.

El nuevo reglamento de asilo es una “excusa” para dañar el debido proceso migratorio, dijo la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) en un comunicado a Univisión Noticias.

“El gobierno de Trump está utilizando la caravana de personas desesperadas que se encuentra cientos de millas de distancia como excusa para destruir las leyes de nuestra nación y evitar que los solicitantes de asilo obtengan una oportunidad justa de asilo”, dijo la entidad.

“La ley se asilo de Estados Unidos garantiza una oportunidad justa y significativa para solicitar asilo, incluso para quienes ingresan por lugares fuera de los puertos de entrada”, agrega.

El nuevo reglamento de asilo firmado por Trump dice que negará el derecho de asilo a las personas que ingresen ilegalmente al país, quienes serán detenidos y puestos en proceso de deportación de Estados Unidos.

AILA dice que, si bien “no todos son elegibles para el asilo, todas las personas que llegan a la frontera merecen que su reclamo de asilo sea escuchado. El intento del gobierno de poner fin a ese valor fundamental estadounidense del debido proceso es reprensible”.

“Forzar a los solicitantes de asilo a presentarse en los puertos de entrada significa que, incluso más personas serán rechazadas, algo que la administración ya está haciendo”, añade.

La nueva regla

De acuerdo con la nueva regla que norma el proceso de asilo en la frontera, esta será implementada conjuntamente por los departamentos de Justicia (DOJ) y Seguridad Nacional (DHS) y afecta directamente las solicitudes de asilo de extranjeros que solicitan la protección en la frontera.

El gobierno advierte que el reglamento está sujeto a lo señalado en la Sección 212 de la Ley de Inmigración (INA), que describe los motivos de inadmisibilidad al país de ciertos extranjeros. En este caso, quienes sean arrestados por ingresar al territorio estadounidense por lugares no autorizados. Estas personas, además de ser inelegibles para permanecer en Estados Unidos, se les negará el derecho de asilo.

“La regla advierte que se enviará a los extranjeros inadmisibles a los puertos de entrada, donde serían procesados de forma controlada y ordenada y de manera legal”, explica José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.

Caravana avanza

La principal caravana de migrantes centroamericanos que desafía al presidente Donald Trump con su caminata hacia Estados Unidos se fragmentó nuevamente en Ciudad de México, donde cientos reanudaron su camino este viernes mientras el grueso permanece en un albergue esperanzados de conseguir autobuses para llevarlos.

La noche anterior, en una asamblea se había decidido mayoritariamente que salían de la capital luego de fracasar en su pedido de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) los dotara de 150 autobuses para facilitar su camino.

Pero de los más de 5 mil 500 migrantes, en su mayoría hondureños, alojados en un albergue instalado por la alcaldía desde el fin de semana, sólo unos cientos reanudaron este viernes su marcha hacia la frontera norte de México.

“Le dijimos a (las agencias de) la ONU que no los queremos volver a ver en nuestra caravana, nos han engañado”, dijo Noé Martínez, un hondureño de 33 años que junto con otros migrantes que permanecen en el albergue dieron una rueda de prensa.

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Junto a su esposa, el mandatario participó de un acto simbólico donde entregó pasaportes a connacionales. Recordó Morales que antes se tardaban hasta seis meses en emitir un documento y ahora es cuestión de minutos la emisión y entrega de los pasaportes.

Según registros del consulado, más de 50 mil pasaportes se han emitido en ese centro desde que abrió la atención, en agosto.

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Gira centroamericana

La visita oficial que encabeza Morales se extenderá hasta el próximo martes.

Según la información de la Presidencia, Morales no tiene una agenda pública el domingo y será hasta el próximo lunes que, en Honduras, sostenga una reunión con el presidente de ese país, Juan Orlando Hernández.

El lunes por la tarde la cita es en El Salvador, con el vicepresidente Óscar Ortiz y el martes regresará a Guatemala.

Mientras el mandatario realiza esta gira, miles de centroamericanos, principalmente del Triángulo Norte, atraviesan el estado mexicano de Veracruz, en su viaje hacia la frontera Sur de EE. UU.

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La noche del viernes un grupo de la caravana se instaló en Sayula para pernoctar y esperar autobuses que les había prometido el gobernador de Veracruz, para trasladarlos a la Ciudad de México, sin embargo, los vehículos no llegaron a la hora indicada y muchos migrantes decidieron continuar el camino a pie.

A este primer grupo le siguen los pasos otros 2 mil migrantes que ingresaron después y todavía cruzan el estado de Chiapas. Un tercer grupo, de unas 500 personas, la mayoría salvadoreñas, entró apenas el viernes a territorio mexicano y comenzó 

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Sin embargo, aclara la comunicación oficial, “las actividades de investigación vinculadas al occidente del país seguirán con normalidad”, aunque será desde la sede central de la Cicig, en la capital que se coordine el trabajo.

“Después de las exitosas investigaciones adelantadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la Fiscalía Especial contra la Impunidad en la sede de Quetzaltenango”, dijo Iván Velásquez, antes de detallas algunas de las investigaciones que califican como exitosas durante el tiempo que lleva trabajando la Cicig en Xela.

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“La desarticulación de una red de corrupción que operaba en varias municipalidades del departamento de Huehuetenango, la captura del exalcalde de Quetzaltenango Jorge Barrientos y otros exfuncionarios y contratistas del mismo municipio y la captura de varias personas vinculadas con el cartel de los Huistas”, agrega Velásquez como parte del trabajo realizado por la Cicig.

El cierre transitorio de la sede de Quetzaltenango explicó el jefe de la Cicig, se decidió con el único objeto de fortalecer la investigación y adelantar procesos de litigio en la capital.

Sede en el altiplano

La sede de la Cicig en Quetzaltenango se inauguró el 28 de octubre del 2016. El presidente Jimmy Morales, el embajador de EE. UU. Todd Robinson y la fiscal general, Thelma Aldana, fueron parte de los invitados a participar en la ceremonia de inauguración.

El objetivo de una sede de la Cicig en Quetzaltenango se explicó en esa oportunidad, era parte del plan estratégico del MP para descentralizar las operaciones de la Fiscalía e incrementar los esfuerzos en conjunto con la Cicig para combatir la impunidad.

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Quetzaltenango, Huehuetenango, San Marcos y Totonicapán son los departamentos incluidos en la región de competencia de la sede de la Cicig.

“Celebramos la inauguración de esta nueva Fiscalía y ofrecemos todo el apoyo porque es necesario que nos unamos en la lucha contra la corrupción que inició en el 2015”, dijo el mandatario Jimmy Morales durante la inauguración de la sede. 

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Los cuatro amparos eran en contra del mandatario, la canciller Sandra Jovel y el director de protocolo de la Cancillería. Accionaron la Procuraduría de Derechos Humanos, la Fundación Myrna Mack y Alfonso Carrillo, a título personal.

Los amparos fueron recibidos por la Corte de Constitucionalidad (CC), sin embargo, este órgano se inhibió este lunes por competencia y será la CSJ quien deberá conocer las acciones.

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La información oficial señala que “por razón de competencia, dado que, los actos reclamados por los amparistas los emitió el director de Protocolo y Ceremonial del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Pleno de la Corte de Constitucionalidad se inhibió de conocer los amparos presentados”.

Los amparos presentados por abogado Carrillo, la Fundación Myrna Mack y el PDH fueron remitidos a la Corte Suprema de Justicia. Mientras que otra acción promovida por el PDH fue remitida a la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, debido a que es contra el Director de Protocolo y Ceremonial Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Una acción más de amparo, presentada por el Frente Parlamentario contra la Corrupción se conocerá por la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil, porque es contra el director de Protocolo y Ceremonial Diplomático, el resto de las acciones, por ser en contra del mandatario y la ministra de Relaciones Exteriores, deben ser conocidos por la Corte Suprema de Justicia debido a que es su competencia.

Las peticiones públicas para que se otorguen las visas de cortesía a los trabajadores de la Cicig también incluyen a la fiscal general Consuelo Porras, quien pidió durante una comparecencia pública que se facilite los documentos al personal de Cicig porque es necesario que los expertos extranjeros estén presentes en la Comisión para continuar con las investigaciones de varios casos.

Pesquisas podrían ser el motivo 

Aunque de manera oficial el Ejecutivo explicó por qué se revocaron las visas, información a la que tuvo acceso Prensa Libre detalla que el pretexto se debe a nuevas investigaciones que se desarrollan en la sede de la Comisión en Quetzaltenango y que involucraría a varios políticos.

Otro a quien se le revocó la visa es al investigador financieron, Vicenso Caruso, que es de nacionalidad italiana y que es un experto en rastreo de capitales y lavado de dinero.

Caruso es uno de los investigadores que dio seguimiento al caso de financiamiento electoral ilícito del partido oficial, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación). La revocatoria se dio luego de exponer ante la Comisión Pesquisidora del Congreso que conocía el antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, aunque finalmente el Congreso decidió no retirarle la inmunidad al mandatario.

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“Bajo apercibimiento que en caso de incomparecencia podría ser conducido por la fuerza pública y se procederá a rendir el informe circunstanciado al órgano que la comisionó”, resalta la última citación del juez pesquisidor.

El antejuicio en contra del parlamentario fue solicitado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

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Atrasos en el proceso

El proceso de antejuicio contra Felipe Alejos fue admitido para su trámite el 25 de abril. Aunque se fijó un plazo de 60 días para que el juez pesquisidor rindiera el informe correspondiente, este se atrasó por 14 recusaciones que los abogados del parlamentario han presentado.

Un último amparo frenó el proceso de antejuicio a inicios de octubre. El diputado Alejos, a través de uno de sus abogados, señaló al juez de no informar de los 60 días de plazo para rendir el informe. Finalmente, el amparo fue rechazado.

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La Fiscalía busca investigar al diputado de Todos por una trama de corrupción en las altas esferas de la Superintendencia de Administración Tributaria, donde se habrían pactado devoluciones de crédito fiscal que no correspondía a casi una veintena de empresas que, a cambio, habrían pagado coimas por unos Q19 millones a Giovanni Marroquín Navas y a tres intermediarios: Mario Leal Castillo -excandidato a vicepresidente de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el empresario mexicano Alfredo Muñoz Ledo-Carrillo y el diputado de Todos Felipe Alejos.

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Un oficio del 5 de septiembre de 2018, firmado por la Fuerza de Tarea Chortí, desde Zacapa, dirigido al Ministerio de Gobernación, señala que fue el quinto viceministro de Gobernación, José Alfredo Olazabal Mendizábal, a través de Héctor Mejía Secaida, asesor de la Unidad Especial Antinarcóticos quien solicitó la movilización del grupo, a través de un mensaje de whatsapp.
De acuerdo con el oficio, fueron 35 agentes de la PNC, el subteniente Sergio Valentín Chua Guevara y 28 soldados a bordo de 14 Jeep J8 se desplazaron a la capital, donde recibieron instrucciones precisas del comisario Gaspar De León, de la División de Operaciones Conjuntas de la PNC.

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“Le dio la orden verbal al Subinspector Edgar Leonel Estrada Bonilla que se hicieran dos grupos de trabajo y cubrir recorridos en la embajada de México, Estados Unidos y Cicig hasta nueva orden”, consigna el oficio.

La Fuerza de Tarea Xinca, por su parte, fue movilizada desde Jutiapa, según consigna el oficio del 3 de septiembre de 2018. Ahí se informa que 14 agentes de la PNC y 11 elementos del Ejército en cinco vehículos Jeep J8 viajaron a la capital el 31 de agosto a las 5 de la mañana.
“Nos desplazamos a la ciudad capital con el objeto de efectuar operativos para prevenir, combatir, desarticular y erradicar acciones criminales (…) apersonándonos a las instalaciones de la Academia de la PNC”, señala el documento.

La Fuerza de Tarea Xinca informó en el oficio que realizaron patrullajes entre las 7 y las 11.30 horas y de las 16 a las 23 horas del 31 de agosto en las colonias El Quintanal, Martinico 1 y 2, La Parroquia, San Martín, todas colonias de la zona 6.

Gobierno lo negó

El ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, en días posteriores al despliegue de los J8 en la capital, insistió en que se trató de recorridos normales que respondían a un programa de seguridad ciudadana y no estaban relacionados con la decisión del Gobierno de no renovar el mandato de Cicig.

El día de los recorridos de los J8 por las sedes diplomáticas y en la sede de la Cicig, el presidente salió acompañado de altos mandos de la PNC y del Ministerio de Defensa, para anunciar que no se renovaría más el mandato de la Comisión y que debería comenzar a trasladar sus capacidades a las instituciones nacionales.

Degenhart sobre el despliegue de los J8 sostuvo que eran parte de un plan de seguridad que llevaba más de cuatro meses, para combatir la criminalidad, afirmación que es contradictoria a lo que consignan los documentos ahora públicos, que señalan que fueron requeridos para una única vez desde Jutiapa y Zacapa, donde están ubicadas las Fuerzas de Tarea.

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Los vehículos son parte de una flotilla de 148 Jeeps donados por la Embajada de los Estados Unidos, específicamente para uso de las Fuerzas de Tarea Chortí y Tecún Umán, unidades especializadas de seguridad que desde 2013 se desplegaron principalmente en departamentos fronterizos del país y con presencia del narcotráfico.

El uso de los Jeeps en tareas para las que no fueron asignados motivo a los congresistas de EE. UU. Elior Engel y Seth Moulton, del comité de Asuntos Exteriores y de Servicios Armados, respectivamente, a solicitar al secretario de Estado, Mike Pompeo que exija al gobierno de Guatemala información sobre el uso de esos equipos.

Debido al uso que se le dio ese día al equipo donado, los congresistas sugieren a Pompeo “que ponga en espera la transferencia adicional de cualquier equipo militar a Guatemala, incluidos los cuatro helicópteros INL que se encuentran actualmente en los Estados Unidos para su mantenimiento, hasta que el Congreso reciba un informe completo de lo que ocurrió el 31 de agosto.

“No se puede tolerar el uso de vehículos comprados por el contribuyente estadounidense para intimidar a nuestro personal. Instamos a la Administración de Trump a que no le dé vueltas a este grave abuso”, señalan los congresistas.

Reacciona

Después de la publicación de los documentos, el Ministerio de Gobernación emitió un comunicado en el que sostiene que es el Quinto Viceministerio el que administra los jepp J8, y que, efectivamente, en conjunto con la Policía Nacional Civil efectúan patrullajes en “varias zonas de la capital y en otas zonas del territorio nacional”, por lo que en ese caso “no fue la excepción”. 

El Ministerio de Gobernación informa: pic.twitter.com/GuGV6dvLqw

— MinGob (@mingobguate) October 10, 2018

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Actualmente la CC conoce cinco recursos presentados algunos por el Gobierno, que buscan revertir la resolución que ordena a las autoridades a permitir el ingreso del jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicicg), Iván Velásquez, al país.

El presidente también señaló un “retardo malicioso”, del máximo Tribunal Constitucional, respecto a algunas decisiones judiciales. Citó, como ejemplo, la resolución sobre la Mina San Rafael.

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“El cierre de empresas, por ejemplo, el cierre de la Mina San Rafael nos ha representado casi el 1% del Producto Interno Bruto. Casi Q600 millones y hoy los necesitamos”, dijo Morales, quien calificó la decisión de la CC como un mal mensaje para los inversionistas.

La CC resolvió el pasado 3 de septiembre que la Mina San Rafael permanecerá sin operar hasta que no se cumpla con una consulta popular en las comunidades indígenas cercanas al proyecto. La consulta la debe coordinar el Ministerio de Energía y Minas.

La resolución de la CC se dio a conocer luego de 425 días del cierre de la mina, tiempo en el cual, según información de la empresa, se reportaron 700 personas despedidas y una pérdida al Estado de Q467.5 millones en impuestos y regalías.

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Señala impunidad

El presidente Jimmy Morales también criticó al Ministerio Público por, supuestamente, no investigar el robo de energía eléctrica.

“Le hago un llamado, además, al Ministerio Público, Codeca (Coordinadora de Organizaciones Campesinas del Altiplano) tiene más de 2 mil denuncias por robo de energía eléctrica… eso es impunidad”, dijo Morales.

“Todos los actos delincuenciales son impunidad y hace retroceder la economía y sin desarrollo económico no hay recursos y sin recursos no hay educación ni seguridad”, finalizó Morales.  

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Empresas constructoras de Armando Escribá han sido contratistas del Estado desde el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza y luego, durante el tiempo del Partido Patriota.

En un comunicado difundido por la Cicig, luego de la solicitud de antejuicio se expone: “La acción legal se presentó por existir indicios suficientes de que el legislador se encuentra estrechamente vinculado con las empresas Montañas Nacionales, S.A. y Señalamiento Vial de Centroamérica, S.A. y que éstas obtuvieron contrataciones con el Estado cuando el actual diputado era funcionario público en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, entidad que adjudicó dichos proyectos”.  

En abril fueron allanadas las oficinas de una empresa constructora que compartía el diputado Escribá con Jaime Aparicio -con orden de captura por el caso Construcción y Corrupción y actualmente prófugo-, en la zona 9, sin embargo, fue hasta este miércoles que se presentó la solicitud de antejuicio para ampliar la investigación. Extraoficialmente ha trascendido que Escribá pudo obtener beneficios económicos en la red de empresas constructoras que pagaban coimas con el CIV a cambio de proyectos de construcción.

Relación empresarial

• Jessica Roxana Romero Guzmán, es madre de los hijos de Escribá Morales. Desde el 2009 es gerente administrativa de Sevica, S.A.
• Luis Alberto Beltetón Carías fundó la sociedad Montañas Nacionales S.A. y a partir del 12 de octubre de 2009 fungió como presidente del consejo de administración. Beltetón Carías es conviviente de Brenda Izela Escribá Morales, hermana del actual diputado.  
• Existe relación documental y comunicacional entre Montañas Nacionales, S.A. y Sevica, S.A., lo cual fue documentado al reportar el hallazgo inevitable a través de los informes correspondientes.   
• Montañas Nacionales S.A. y Sevica S.A. durante los períodos de gestión del funcionario Armando Escribá, se otorgaron contratos a las entidades con él relacionadas, en particular dos contratos a Sevica S.A. y otros dos a Montañas Nacionales S.A., mismos que suman Q194 millones 391 mil 593.02. los contratos fueron consentidos, autorizados o aprobados -según el caso- por el actual diputado.  
• Se presumen violaciones a la Ley de probidad y responsabilidad de funcionarios y empleados públicos toda vez que, Armando Escribá tenía prohibido aprovechar el cargo para conseguir o procurar beneficios personales o en favor de familiares o terceros.   Así como tomar, participar o influir en la toma de decisiones en beneficio personal o de terceros. 

Construcción y Corrupción

Las pesquisas de la Fiscalía, en lo que denominaron fase 2 del caso Construcción y Corrupción, dan continuidad a la investigación que presentaron el 14 de julio del 2017, donde se estableció la existencia de una estructura corrupta en el ministerio de Comunicaciones durante el gobierno del Partido Patriota y coordinada por el entonces ministro Alejandro Sinibaldi, actualmente prófugo.

Parte de los sobornos dados por los constructores habría llegado a cuentas en entidades fuera de plaza a favor de Alejandro Sinibaldi, incluso, según declaraciones de testigos, el exministro de Comunicaciones habría amasado en efectivo unos Q100 millones.

Diputado a pesar de prohibición

Armando Escribá Morales fue electo en las elecciones generales del 2015 por el distrito de Jutiapa. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral en su resolución 489-2015 da validez a los cargos de elección y establece que no debe tomar posesión de la curul Escribá Morales.

“Se requirió información a los órganos jurisdiccionales competentes y se estableció que existe antejuicio en contra del ciudadano Oscar Armando Escriba Morales (…) en consecuencia, este Tribunal considera que no debe adjudicarse el cargo”, establece el considerando sexto de la resolución del Tribunal Supremo Electoral.

En diciembre de 2015, sin embargo, la Corte de Constitucionalidad resolvió entregar la curul a Escribá y revocar la exclusión hecha por el TSE, lo que permitió que el diputado por Jutiapa tomara posesión de su curul en enero de 2016.

Anteriormente Escribá había accionado ante la Corte Suprema de Justicia, quien le denegó el amparo que posteriormente corrigió el máximo Tribunal.

La hermana del diputado, Brenda Escribá Morales y su sobrina, Kateline Beltetón Morales fueron sindicadas en una estructura de personas que supuestamente lavaba dinero a través de la compra de vehículos de lujo. 

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Según las declaraciones de la canciller, hasta el miércoles no se tenía contemplada una reunión con el secretario general de la ONU, António Guterres.

El mandatario viajará rumbo a Nueva York el próximo domingo y se tiene prevista su intervención en la Asamblea General el próximo martes, 25 de septiembre. 

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El año pasado, el mandatario también participó en la Asamblea General de la ONU, donde promovió la revisión del convenio de creación de la Cicig, para que de esta forma se garantice el debido proceso, la presunción de inocencia y evitar la “persecución selectiva”.

Antes de participar en la asamblea de hace un año, Morales había declarado como persona no grata al comisionado; sin embargo, la Corte de Constitucionalidad ordenó dejar sin efecto esa decisión.

Dispuestos a reunirse

El secretario general de la ONU, por su parte, dijo este jueves que desconoce cuál será su agenda de reuniones durante el 73 periodo de sesiones, sin embargo, dijo estar a disposición de una reunión con el mandatario Morales.

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El tema para el Debate General del 73 periodo de sesiones de la Asamblea es “Conseguir que las Naciones Unidas sean pertinentes para todos: liderazgo mundial y responsabilidades compartidas para lograr sociedades pacíficas, equitativas y sostenibles”.

El Debate se extiende hasta el 1 de octubre y es durante este espacio que los Jefes de Estado tiene su intervención ante la Asamblea.

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En la resolución de la CC también “se ordena al presidente de la República, al ministro de Gobernación, Defensa Nacional, al director de la Policía Nacional Civil, al subdirector de control migratorio de la Dirección General de Migración y cualquier autoridad y jefes migratorios que se abstengan de obedecer órdenes o impidan el ingreso al territorio guatemalteco al jefe de la Cicig”.

Los abogados Alfonso Carrillo y Eddie Cux habían solicitado el martes que la CC ampliara y aclarara su resolución del domingo último, en la que ordena al Ejecutivo permitir el ingreso del comisionado.

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El ministro de Gobernación, Enrique Antonio Degenhart Asturias, había dicho que la resolución de la CC no personalizaba que era a Iván Velásquez a quien debería dejar ingresar al territorio nacional, sino únicamente al “comisionado de la Cicig”.  

Carrillo presentó entonces un memorial en el que centraba sus peticiones en que los magistrados constitucionales detallaran o aclararan la resolución que avalaba el retorno del colombiano Velásquez. 

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El 31 de agosto, Jimmy Morales, rodeado de funcionarios, policías y militares, anunció que no renovaría el mandato de la Cicig, cuyo periodo vence el 3 de septiembre de 2019. 

Posteriormente también comunicó que no renovaría la visa al colombiano Velásquez y prohibió la entrada de este al país por todas las fronteras y aduanas. 

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El Consejo Superior Universitario de la Usac resolvió que por la “crisis actual que atraviesa el país y debido al agravamiento de la situación social y política”, se convoca a respaldar la movilización de este jueves.

“Convoca y autoriza la participación de estudiantes, personal docente, administrativo y de servicios de la Universidad de San Carlos de Guatemala a nivel nacional”, señalan en la resolución aprobada este miércoles.

Más apoyo

Los estudiantes aglutinados en un colectivo de estudiantes y profesores que trabajan independiente a la Universidad Rafael Landívar, denominados Landivarianos, así como Acción UVG, de la Universidad Del Valle, en un comunicado conjunto anunciaron su adherencia a la convocatoria sancarlista para la manifestación.

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“Una postura de silencio asume una posición a favor de la impunidad y de los sectores corruptos del país”, destaca en el comunicado difundido por las universidades privadas.

La Universidad Rafael Landívar, sin embargo, no suspendera ninguna actividad académica ni administrativa. La participación es decisión exclusiva de la asociación de estudiantes, se informó.

El Colegio de Médicos también informó que se unirán a la manifestación de los estudiantes, por los descontentos del gremio con la administración de Morales. Se sumó, además, el Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala. 

Otras instituciones educativs, como el Liceo Javier, también han informado que se sumarán a la manifestación y suspenden actividades administrativas para que su comunidad educativa pueda participar. 

En Estados Unidos también se ha informado que se realizarán algunas manifestaciones frente a los consulados y embajadas de Guatemala en ese país, organizadas por comunidades de guatemaltecos. 

Recorrido

La primera columna de manifestación saldrá del campus central de la Usac, en la zona 12. Según los organizadores, se concentrarán a las 8 de la mañana para emprender el recorrido por la Avenida Petapa, Bolívar y la 6a. avenida de la zona 1 hasta la Plaza de la Constitución.

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Los estudiantes de la Universidad Del Valle y Rafael Landívar se unirán al grupo sancarlista en la 18 calle y 6a. avenida de la zona 1, para en un solo bloque llegar a la Plaza de la Constitución para la concentración.

Sedes departamentales de la Usac también preparan recorridos locales en rechazo al gobierno de Jimmy Morales, además, la renuncia de los 22 gobernadores y al Congreso, que se decline de aprobar la iniciativa 5300 que busca modificar la Ley de Antejuicio.

Declarada no grata

Los pasillos y la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Rafael Landívar amanecieron este miércoles con varios panfletos con la imagen de la canciller Sandra Jovel en la que se le declara no grata; más tarde, estudiantes de esa misma facultad emitieron un comunicado al respecto.

“Creemos que las acciones de la canciller Sandra Jovel le dan la espalda al ideal landivariano de nuestra facultad: 'Tener la pasión por hacer que el mundo cambie de verdad', y no reflejan los valores que esperamos de una egresada y una catedrática de nuestra universidad”, dice el comunicado emitido este miércoles por estudiantes de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de esa casa de estudiios.

El texto fue publicado después de que medios de comunicación hicieron eco de varios panfletos que fueron pegados en puertas, paredes y regados en los pasillo de esa universidad con la foto de la ministra de Relaciones Exteriores con el títilo de “No Grata”.

Según varios medios de comunicación, Jovel estudió política y relaciones internacionales en esa universidad, en la que presentó su tesis “La viabilidad de las Relaciones Comerciales entre República de Guatemala – República Popular de China” en el 2004, y en la que medios locales reslatan las faltas de ortografía y de redacción presentes en la misma. También fue catedrática de esa casa de estudios. 

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Agrega: “El comisionado o la comisionada deberá ser nombrado con el asentimiento del Estado de Guatemala, lo cual es consistente con las prácticas, reglas y principios de Derecho Internacional”.

Sin embargo, el mandato de la Cicig dice algo distinto en su artículo 5, donde se norma la composición y estructura orgánica de la Comisión.

En su inciso a señala: “El Comisionado/a, designado/a por el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, será el responsable general de las actividades de la Cicig.

El mandato, que consta de 15 artículos, no contempla una consulta a Guatemala desde la ONU antes de designar al jefe de la Comisión.

La canciller también advierte al secretario general de la ONU, António Guterres que debe cumplir con “su función de facilitador en la solución de los requerimientos de los Estados miembros, caso contrario le atribuirá la responsabilidad de cualquier consecuencia que surja de la falta de la designación de una nueva comisionada o comisionado, en los términos y plazos solicitados”.

Retiro de Cicig y controversias

El mandato, firmado en Nueva York el 12 de diciembre de 2006, contempla en sus artículos 11 y 12 posibles escenarios que podrían derivar en la salida de Cicig del país.

En el primer caso la ONU “se reserva el derecho de terminar su cooperación” si Guatemala deja de cooperar “plenamente”, con la Cicig, de una manera que obstaculice sus actividades.

Las otras dos razones contempladas son si no se adoptan medidas legislativas para erradicar los Aparatos Clandestinos de Seguridad y Cuerpos Ilegales de Seguridad y por falta de apoyo financiero de la comunidad internacional.

En el artículo 12 se establece que toda controversia entre las partes relacionada con la interpretación o con la aplicación del acuerdo “se resolverá por negociación entre las partes o por cualquier otro medio de solución mutuamente convenido”. 

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Las autoridades de tránsito de la municipalidad de Guatemala implementarán un plan de contingencia, de manera que los grupos con antorchas afecten lo menos posible la movilización de vehículos; así también, los automovilistas respeten a los grupos, principalmente de adolescentes y jóvenes que se desplazarán por todas las rutas de la capital y municipios aledaños.

A las 14.30 horas Usac es Pueblo convocó a una concentración en el Obelisco, desde donde iniciarán un recorrido hacia el Centro Histórico para manifestar en contra del mandatario, que se espera participe en las actividades oficiales a partir de las 17 horas.

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Según el cronograma de actividades del Comité Permanente de las Fiestas Patrias 2018, un acto oficial se realizará a las 17 horas en la Catedral Metropolitana. Ahí se celebrará el Te Deum, para luego, a las 18 horas, realizar la izada de la Bandera Nacional en la Plaza de la Constitución.

Por motivos de seguridad se han instalado cordones de seguridad alrededor de la Plaza de la Constitución. El año pasado, un grupo de manifestantes, contrarios a las decisiones del presidente Jimmy Morales, también coincidió en la Plaza de la Constitución con la Izada de la Bandera Nacional por cadetes de la Escuela Politécnica, en un evento que se tornó violento y los cadetes tuvieron que desistir de la actividad ante la presión ciudadana.

Sábado 15

Las actividades de la Independencia continúan el sábado. Desde las 8 horas comenzará un desfile cívico escolar por el Centro Histórico, que se concentrará en la Plaza de la Constitución. Ahí se espera que el presidente y su Gabinete estén presentes y observen el recorrido de más de 100 establecimientos educativos que confirmaron su participación. 

Existe la expectativa de que alguno de los establecimientos podría desfilar y manifestar su descontento con las decisiones del Ejecutivo, sin embargo, el ministro de Educación ha negado que se prohíba algún tipo de mensaje durante el desfile, aunque aclaró que esa disposición le correspondería a la Gobernación Departamental, que coordina la actividad. 

Por ahora, la cartera de Educación aguarda un informe de la Dirección Departamental de Quetzaltenango, sobre las circunstancias en las que en un desfile cívico varios estudiantes portaban mensajes en contra del presidente Jimmy Morales y a favor del trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). 

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A las 14 horas, en el mismo lugar, se tiene previsto un concierto de marimbas juveniles y a las 18 horas la arriada de la Bandera Nacional.

Ese día también se ha anunciado la Marcha por Guatemala, un movimiento que tiene como principal objetivo plantear su inconformidad contra la corrupción, el pacto de corruptos, y las decisiones de Jimmy Morales en relación con la Cicig y su continuidad.

La caminata es convocada por el colectivo Flores Contra la Corrupción, organización que ha solicitado el apoyo de la Procuraduría de los Derechos Humanos para realizarse.

La manifestación está prevista que inicie a las 10 horas frente a la Corte Suprema de Justicia, en el Centro Cívico, se enfile hacia el Congreso de la República, baje a la Corte de Constitucionalidad y termine en la Plaza de la Constitución alrededor del mediodía.

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“Aquí representamos la voluntad del pueblo. Fuimos electos por la voluntad ciudadana, la función representativa hace responsables de dar cumplimiento a esa voluntad (…) las amenazas a la independencia y la libertad son permanentes (…) las tenciones han desequilibrado la balanza en la búsqueda del bien común y la independencia de los pueblos”, fue parte del discurso inicial de Arzú Escobar.

La intervención del presidente del Congreso, interrumpida en momentos por aplausos del Pleno, subió de tono y temática al señalar que existe un ataque contra los valores, la familia, la tradición y el temor de Dios.

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“La Corrección Política introduce la ideología de género (…) el ataque sistemático a los valores, a la familia; el único espacio para transmitir las tradiciones de generación en generación (…) la ideología de moda -la Corrección Política-, anhela imponer el pensamiento único, destruir la familia y las tradiciones y manufacturar una consciencia que nos es ajena y no nos corresponde por cultura y convicción”, dijo el presidente del Congreso.

En su disertación, Arzú Escobar también incluyó el medio ambiente y el uso de los recursos naturales, temas que también sirvieron para lanzar una crítica a esa Corrección Política.

“La defensa del medio ambiente es una agenda de grupos que se han servido de la buena voluntad de los pueblos (…) Nadie puede negar que el medio ambiente hay que cuidarlo, pero el uso de los recursos es necesario, siempre y cuando sea con responsabilidad”, dijo Arzú Escobar.

La corrupción también tuvo una connotación en el discurso del presidente del Congreso. El tema fue calificado como “el más irónico eje ideológico de la Corrección Política”.

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“Nace unos años atrás, luego de superar la guerra fría. El único camino para generar indignación es promover escándalos de corrupción, que en muchos casos carece de fundamento. Nadie se opone a la lucha contra la corrupción, pero de ahí que esa lucha se utilice como arma política en contra de los adversarios ideológicos hay un abismo”, apuntaló Arzú Escobar.

Según el presidente del Congreso, el país actualmente vive “bajo el terror y la dictadura del miedo, el miedo a perder la familia y sus valores, la amenaza social y las leyes se han convertido en herramienta política”.

Al final de su discurso, el presidente del Congreso recordó que “estamos enfrentados por las noticias falsas y la calumnia”, temas que “han hecho nacer la duda en el corazón de muchos”.

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¿Cómo se debe entender la postura de EE. UU. con la no renovación de la Cicig?

La ambivalencia, ambigüedad de la administración Trump en los últimos días, de no permitir el ingreso de Iván Velásquez al país, es una muestra de que ha habido un tipo de coordinación o comunicación entre Guatemala y Washington con respecto a esta decisión. Es una decisión que no ha tomado por sorpresa a nadie en Washington, por lo menos dentro de la administración Trump, y me sorprendería mucho si esta decisión no fue consultada, incluso antes, por parte del gobierno guatemalteco.

¿Cómo logró Guatemala el beneplácito de EE. UU.?
Desde un principio el gobierno de Jimmy Morales ha tenido una posición casi de genuflexión a la política de Donald Trump. Recuerdo que, incluso, ofreció mano de obra para construir el muro fronterizo con México.
Con Israel, el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén es algo que cae bien en la administración Trump, vemos que la amenaza de hace un año de expulsar a Iván Velásquez ha sido distinta de Washington —ahora—, lo que da a entender que ha habido trabajo del gobierno guatemalteco para buscar apoyos dentro del gobierno estadounidense y lograr su cometido de librarse de la Cicig.

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¿Qué gana el gobierno de EE. UU. con apoyar a Jimmy Morales?
La política de la administración Trump es más transaccional. Principios básicos como la lucha por la democracia, la corrupción o la transparencia usualmente no son prioritarios. En este caso, pareciese que, efectivamente, EE. UU. ha hecho un cálculo, que está obteniendo algo más importante que la lucha contra la corrupción, por lo menos en el corto plazo.
Sabemos que la corrupción es un flagelo que afecta el desarrollo económico, y si una de las prioridades de la administración Trump es luchar para que disminuya la inmigración por parte de guatemaltecos hacia EE. UU. deberían saber que, en el mediano y largo plazo, la corrupción es uno de los factores que empobrece a Guatemala (…) pero parece que, en el corto plazo, el cálculo que ha hecho la administración Trump es otro. No sabemos cuál es, pero podemos especular que es el caso Israel que ha prevalecido a la hora de tener esa reacción a la decisión de Jimmy Morales.

¿Que EE. UU. sea crítico de la ONU pudo influir en apoyar la salida de Velásquez?
No creo que esto se pueda relacionar. Ciertamente dentro de la base del presidente Trump hay un sector que ve con suspicacia y hasta con hostilidad cualquier cosa que venga de las Naciones Unidas, pero yo creo que la posición de Nikky Haley y la administración Trump es un poco más sofisticada que eso. Ciertamente ha habido observaciones válidas detrás del trato de la administración Trump hacia las Naciones Unidas. En el caso de la Cicig no es el caso.

Se acercan elecciones en el Senado ¿Influye en el apoyo o no a la Cicig?
Es cierto que algunas figuras republicanas, particularmente pienso en Marco Rubio, han venido levantando la voz por supuestos abusos cometidos por la Cicig. ¿Cuál es la finalidad detrás de esto? no me queda claro.   (…) yo no creo que sea un factor importante dentro de la dinámica doméstica de la política de EE. UU. de cara a la elección de medio periodo.

De ganar la mayoría los Demócratas en el Senado ¿Cambiaría el apoyo a Guatemala?
Hay un gusto creciente por el uso de sanciones de esta naturaleza, como las contenidas en la Ley Magnitsky, no solo el —partido— Republicano, sino también el mismo partido Demócrata ve con buenos ojos la imposición de sanciones a individuos relacionados con corrupción. Ya hemos visto que han empezado a salir nombres de figuras en Centroamérica sugeridas para ser sujetos de estas sanciones, al final, en ambos partidos hay apetito por estas medidas, y lo más probable es que en corto plazo haya un acuerdo bipartidista sobre a qué tipo de personas se sanciona.

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¿Se ve comprometida la cooperación al país?
Depende de quién gane las elecciones de medio periodo. Parece que el Partido Demócrata está con una actitud más vigilante y un poco más agresiva por esta decisión. Entonces, si los Demócratas logran por lo menos el control de la Cámara Baja, es posible que se plantee por lo menos la revisión de los montos de ayuda, pero hay una dinámica propia de estas organizaciones que una vez que se empieza a dar ayuda es muy difícil -retirarla-. Hay intereses creados para que esos tipos de ayuda se mantengan y continúa la percepción que la mejor solución para la migración es darles dinero a los países. Entonces, puede ser que haya cierta instigación a que se revise la ayuda a Guatemala, pero al final no va a haber mayor impacto.

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El secretario de Comunicación de la Presidencia, Alfredo Brito, también negó este viernes que exista una lista de personas sobre las cuales se harían denuncias en los próximos días.

“No existe ningún listado y rechazamos categóricamente ese rumor sin fundamento”, dijo Brito al ser consultado sobre el tema.

Nunca se ha mencionado

El procurador general de la Nación, Jorge Luis Donado, en el programa radial Con Criterio, negó que en el Consejo Nacional de Seguridad (CNS), se haya tratado alguna vez el tema de sedición y mencionado el nombre de algún periodista.

“No conozco ningún listado ni he escuchado ninguna conversación que incluya a periodistas”, dijo Donado, quien agregó que a su criterio no existe ninguna persona que en este momento esté haciendo alguna actividad que pueda encuadrarse en ese delito.

Sedición

El Código Penal, en su artículo 387, tipifica a una persona que comete sedición:

“Cometen el delito de sedición quienes, sin desconocer la autoridad del Gobierno constituido, se alzaren pública y tumultuariamente para conseguir con violencia cualquiera de los objetos siguientes:

1. Deponer a alguno o algunos de los funcionarios o empleados públicos o impedir que tomen posesión de su cargo quienes hayan sido legítimamente nombrados o electos. 
2. Impedir, por actos directos, la promulgación o ejecución de las leyes o de resoluciones judiciales o administrativas.
3. Ejercer actos de odio o venganza en la persona o bienes de alguna autoridad o de sus agentes.
4. Ejercer, con fines políticos o sociales, algún acto de coacción contra los particulares, contra una clase social o contra las pertenencias del Estado o de alguna entidad pública.
5. Allanar los centros penales o lugares de detención o atacar a quienes conducen presos o detenidos de un lugar a otro, para liberarlos o maltratarlos.

Los instigadores, dirigentes o cabecillas del delito de sedición, serán sancionados con prisión de uno a cinco años y multa de cien a dos mil quetzales.

Los meros ejecutores de la sedición serán sancionados por prisión de seis meses a dos años.

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“Esta crisis que nos agobia, de un sector político que no es representativo, solo es el rostro de las élites políticas y las mafias del Estado”, dijo la dirigente estudiantil frente a la rectoría de la Usac la tarde de este viernes.

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Agregó: “Somos la única universidad pública del país y tenemos una vinculación directa con el pueblo guatemalteco. Lo que se está fraguando en el Ejecutivo y en el Congreso nos está afectando a nosotros”.

La asociación estudiantil también declaró no grato al vicepresidente Jafeth Cabrera, que fue rector de esa casa de estudios. Según García, él no ha defendido desde el Ejecutivo “los intereses de la mayoría”.

Otras asociaciones estudiantiles, como el de la Escuela de Historia, señaló que respaldarán los acuerdos alcanzados en la asamblea y apoyan la posibilidad de convocar a un paro nacional.

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“Son parte de un programa de seguridad ciudadana, un programa que tiene más de cuatro meses de funcionamiento. La PNC a través del uso y capacidades de todos los equipos pone a disposición para todos los programas y eso implica también las unidades J8”, dijo Degenhart.

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Los vehículos a los que hace referencia el ministro son parte de una flotilla de 148 Jeep donados por la Embajada de los Estados Unidos, específicamente para uso de las Fuerzas de Tarea Chortí y Tecún Umán, unidades especializadas de seguridad que desde 2013 se desplegaron principalmente en departamentos fronterizos del país y con presencia del narcotráfico.

“Es un patrullaje normal, de la misma forma ustedes han visto que en la zona 18, 12, 5, 14, 9, también se desarrollan dichos patrullajes porque la criminalidad no tiene una zona definida de operación”, amplió el ministro al justificar la presencia de los J8 en los alrededores de la sede de la Cicig el pasado viernes, cuando se anunció que no se prorrogaría el mandato de la Comisión.

Según Degenhart, no hay ningún operativo que incluya el trabajo combinado del Ejército de Guatemala orientado al control de la seguridad civil, sin embargo, explicó que los vehículos J8 sí son utilizados de manera combinada con las fuerzas castrenses.

“Desvirtuamos por completo el hecho que el ejército esté en las calles. Los J8 son unidades que operan en combinación, dirigidas al fortalecimiento de la lucha contra la criminalidad, local y transnacional”, agregó.

La Embajada de los EE. UU. distante de las declaraciones de Degenhart, el pasado viernes emitió un comunicado oficial donde subraya la donación de 148 vehículos J8 para las Fuerzas de Tarea Interinstitucionales, dirigidos al combate de la criminalidad y el narcotráfico en las fronteras de Guatemala.

“Varios de estos vehículos fueron observados recientemente en la Ciudad de Guatemala, incluso cerca de la sede de la Cicig y de la Embajada de los Estados Unidos. Estados Unidos está vigilando de cerca que todo el equipo donado para la aplicación de la ley en Guatemala sea usado de manera apropiada y según los acuerdos bajo los cuales fueron donados”, señaló la sede diplomática.

Otra versión

Kamilo Rivera, viceministro de Gobernación, explicó en una citación con diputados que el desplazamiento de unidades artilladas en la capital fue parte de un operativo para prevenir acciones preventivas.

“Específicamente el día 31 de agosto fue la finalización de un mes donde tuvimos una confrontación entre dos pandillas que operan en Guatemala, la Mara Salvatrucha y el Barrio  18”, señaló el funcionario.

Rivera señaló que estas pandillas se agreden entre sí y generan una situación de terrorismo urbano que amenaza la seguridad de los guatemaltecos.

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“En función de persuadir esos hechos delictivos la PNC optimiza todos los recursos con los que cuenta para poder ser eficiente en el servicio esencial de seguridad para los ciudadanos”, aseguró el viceministro.

“Son estrategias de seguridad ciudadana las que se manejan en este tipo de operatividad, no solo estaban en zona 10 y 14 sino en un recorrido que se hacía en principales lugares donde hay aglutinamiento de personas”, dijo el viceministro, al ser consultado por qué los vehículos estaban en la zona 14 y no en otras zonas donde se sabe que hay mayor índices de criminalidad por pandillas.

Rivera acotó que esto se hizo en función de generar confianza y una sensación de seguridad y fortaleza del Estado.
El viceministro aseguró que no se descuidaron las fronteras y al final “la PNC tiene como competencia territorial todo el país y puede operar en cualquier parte del país”.

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Suspenden permisos

El pasado miércoles circuló una orden de la Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se notifica al personal que se suspenden por tiempo indefinido los permisos, vacaciones y descansos.

La disposición policial, notificada a través de una circular firmada por la Subdirección General de Personal de la PNC, explica que se hace con la “finalidad de garantizar y resguardar el libre ejercicio de los derechos y libertades, preservando el orden y la seguridad pública”.

Según el vocero policial, Pablo Castillo, el repliegue de la Policía es una disposición rutinaria, que obedece a un plan de seguridad que incluirá en los próximos días más operativos para combatir la incidencia criminal. Estos operativos incluyen puestos de registro para vehículos y motocicletas. 

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El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, se encuentra fuera del país. Según la oficina de prensa de la Comisión, por una agenda de trabajo que sostiene en Washington, D.C., Estados Unidos.

La prohibición de dejar entrar al jefe de la Cicig al país amplía más el distanciamiento del Ejecutivo con la entidad de la Organización de Naciones Unidas, tan solo cuatro días después de que Morales anunciara que no renovará el mandato de la Comisión, que vence en septiembre de 2019.

El vocero de la Cicig, Matías Ponce, informó que Velásquez sigue en EE. UU. y aún no han sido notificados de ninguna prohibición migratoria.

“La Comisión no ha recibido ninguna información oficial al respecto. El comisionado continúa con su labor y agenda con total normalidad en Nueva York y Washington, en EE. UU. Mientras tanto, el trabajo de la Comisión continúa en función del acuerdo del Estado de Guatemala y las Naciones Unidas”. 

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Gobierno da explicaciones

A través de un comunicado divulgado en su cuenta de twitter, el Gobierno de Guatemala informó que fue el Consejo de Seguridad Nacional quien recomendó al presidente prohibir el ingreso al territorio nacional a Velásquez.

“…ante la pasividad que adoptó la Organización de Naciones Unidas, realizó un análisis profundo sobre dicha situación en el marco de la seguridad y el orden público, acordando, en consenso, recomendar lo referente al ingreso a territorio nacional del señor Iván Velásquez Gómez..”, cita el comunicado.

Agrega: “Se solicitó de la manera más atenta al Secretario General de la ONU, que se designe al sustituto del señor Iván Velásquez Gómez”.

El Gobierno de la República de Guatemala, a la opinión pública informa: pic.twitter.com/OnpN7nIn9G

— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) September 4, 2018

Se intentó obtener una versión más amplia sobre la decisión, sin embargo, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, no se iba a pronunciar nadie y sería la comunicación a través del comunicado divulgado.

Orden puede ser ilegal

Raquel Zelaya, presidenta de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asíes), dijo estar “sorprendida” por la decisión “preocupante” de no permitir el ingreso al titular de la Cicig, ya que eso iría en contra del acuerdo firmado entre el Estado de Guatemala y las Naciones Unidas que obliga al primero a dar todas las facilidades para que la comisión haga su trabajo.

La Dirección General de Migración, añadió Zelaya, debe explicar bajo qué marco legal cree que puede prohibir el ingreso de Velásquez; además, no descartó que la medida pueda ser ilegal. 

“Se podría revertir lo que dijo el presidente de que las órdenes ilegales no se cumplen”, expuso Zelaya, quien remarcó que el acuerdo de creación compromete al estado de Guatemala a dar facilidades de migración y de visa a los funcionarios de Cicig.

A la vez de considerar “preocupante” una decisión de esa magnitud, la analista añadió que pareciera que es ilegal.

“Intento de obstruir la justicia”

Las recientes acciones del presidente Jimmy Morales representan una “grave amenaza para la democracia y el estado de Derecho”, indicó el grupo de investigación e incidencia la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).

La directora para Seguridad Ciudadana de la institución, Adriana Beltrán, aseguró que “el comisionado Iván Velásquez y la Cicig han tenido un impacto real en la lucha por la justicia en Guatemala. Sus esfuerzos han sido fundamentales para exponer redes criminales que han cooptado al estado”.

“Morales no está actuando en el interés del pueblo de Guatemala, sino para obstruir la justicia y evitar que él y sus familiares sean responsabilizados en la investigación en curso”, reiteró Beltrán.

“Los ataques contra la Comisión y sus esfuerzos representan un serio riesgo para los intereses de seguridad de los EE. UU. y la seguridad regional de América Central”, dijo Beltrán. “Combatir la corrupción sistémica es fundamental para frenar la violencia, el crimen organizado y la pobreza que impulsa la migración irregular desde la región”, aseguró.

“Los ataques contra la CICIG representan una bofetada en la cara del gobierno estadounidense, el cual ha invertido millones de dólares en Centroamérica durante la última década para mejorar las condiciones en la región. Los Estados Unidos deberían suspender inmediatamente todo el financiamiento a Guatemala, hasta que haya un claro compromiso a combatir la corrupción. Los Estados Unidos deberían utilizar todas la herramientas disponibles contra aquellos que quieren socavar la lucha contra la corrupción”, dijo Beltrán.

Obsesión presidencial

Al respecto, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, afirmó que el artículo 60 del Código de Migración, al cual refiere la nota emitida por la DGM, no hace ninguna referencia al contenido de la misiva.

Agregó que, independientemente de la legalidad o no de la decisión, la medida gubernamental es una obsesión del presidente Jimmy Morales que “nos lleva a una crisis innecesaria por una vendetta personal” ya que se siente perjudicado por las investigaciones de la Cicig.

Rodas expuso que no permitir el ingreso de Velásquez “es parte de una estrategia perversamente planificada”.

“Están viendo las reacciones de la comunidad internacional, sectores sociales, academia, autoridades indígenas… ¡algo les debería de hacer!”, añadió el magistrado de conciencia.

Añadió que con la medida el gobierno “raya en resoluciones ilegales” algo que ya sería competencia del Ministerio Público.

“En lugar de resolver otros problemas, nos empantanan y la comunidad nos verá como un país que no tiene una cabeza lúcida ni un norte en búsqueda del bien común”, agregó.

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Se trabaja en riesgo

Juan Francisco Sandoval, titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), dice estar sorprendido ante la decisión del gobierno de no permitir el ingreso del comisionado Iván Velásquez al país. “Lamento la decisión”, dijo.

“En lo personal estoy a expensas de posibles acciones a tomar o a expensas de quién esté legitimado para plantear alguna acción si se considera la existencia de agravio”, dijo Sandoval.

Al ser consultado por las acciones a seguir, debido a que Velásquez está amparado por la Corte de Constitucionalidad, Sandoval mencionó: “Eso será parte del objeto de análisis y verificar si hay alguna conducta ilícita que perseguir”.

En tanto, María Consuelo Porras Argeta, fiscal General y jefa del MP, quien se encuentra en México, publicó un comunicado en el que expresa que “se mantendrá vigilante” ante la situación que vive el país. 

El texto dice que se “garantiza que todo el personal del MP procederá en el marco de sus competencias ante cualquier situación que dé lugar a la comisión de hechos ilícitos”, para preservar el estado de Derecho, así como el respeto a los derechos humanos. 

Ante la decisión del Organismo Ejecutivo de prohibir el ingreso al territorio nacional del Comisionado de la @CICIGgt, Iván Velásquez, el #MinisterioPúblico informa: pic.twitter.com/umSQoPdofj

— MP de Guatemala (@MPguatemala) September 5, 2018

Es un error

A través de un comunicado, el representante estadounidense Eliot L. Engel, miembro de rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, y el representante Albio Sires, del Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara en el Hemisferio Occidental, lamentaron la decisión de Morales de evitar el regreso de Velásquez al país. 

“La decisión del gobierno guatemalteco de declarar al Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, una amenaza a la seguridad pública y negarle el reingreso a Guatemala es otro golpe importante en la lucha del país contra la corrupción y la impunidad. La verdadera amenaza para la seguridad en el país es un gobierno guatemalteco que se niega a respetar el estado de Derecho y protege los intereses de los corruptos sobre los del pueblo guatemalteco. Instamos al presidente Morales a revertir su decisión desacertada. Si él no está dispuesto a hacerlo, el Congreso debe hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ajustar apropiadamente la asistencia de los Estados Unidos al gobierno de Guatemala “.

RM @RepEliotEngel and @RepSires on the Guatemalan government’s decision to deny International Commission against Impunity in Guatemala (CICIG) Commissioner Ivan Velasquez re-entry into the country: https://t.co/lZjFVe6MeX pic.twitter.com/BVdGVVUA4L

— House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) September 4, 2018

Al margen de la ley

El Frente Ciudadano contra la Corrupción emitió también un comunicado en el que advierte de que la decisión de Morales contraviene la resolución de amparo emitida por la Corte de Constitucionalidad. 

“El presidente Morales ha llevado la situación al límite y está llevando su administración al margen de la ley”, dijo el Frente en el texto. 

La agrupación expresó su confianza en los órganos de control “para que rectifiquen las ilegales medidas” tomadas por Morales, quien “debe abstenerse de romper el orden constitucional y el estado de Derecho”. 

El Presidente Morales ha llevado la situación al límite y está llevando su administración al margen de la ley. pic.twitter.com/PTrGGfrVpG

— Frente Ciudadano Contra la Corrupción (@fccc_gt) September 5, 2018

El mandato

El mandato de la Cicig contempla el retiro de la cooperación por tres causas puntuales, sin embargo, en el extremo que se prohíba el ingreso al país del jefe de la Comisión, aplicaría esta razón:

Si el Estado deja de cooperar plenamente con la Cicig de una manera que obstaculice sus actividades.

El jefe de la Cicig, según el acuerdo de creación de la Comisión, tiene los mismos privilegios e inmunidades y exenciones que goza el cuerpo diplomático acreditado en el país, además, inviolabilidad personal, con inmunidad de jurisdicción penal, civil y administrativa de conformidad de la Convención de Viena.

Velásquez también goza en el puesto de jefe de la Cicig, de exención de disposiciones que restrinjan la inmigración y otros registros extranjeros, las mismas inmunidades y facilidades respecto de su equipaje propio o personal que la Convención de Viena concede a los agentes diplomáticos.

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El magistrado de conciencia también señaló que el despliegue de fuerzas fue desmedido e intimidatorio.

El Ejecutivo elaboró y presentó a la CC un informe circunstanciado del cual se sirvieron los magistrados para rechazar la acción.

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Rechazan amparo

El magistrado presidente en funciones de la CC, también anunció el rechazo del amparo solicitado por el abogado Alfonso Carrillo, también en contra del mandatario Morales y la canciller, Sandra Jovel.

Carrillo había presentado la acción por “la amenaza de que no se otorgue o se demore la visa oficial de trabajo de Iván Velásquez”, comisionado de la Cicig.

Según el magistrado Mejía, la acción fue rechazada por “prematuridad”.

La visa de Velásquez expira el próximo 18 de septiembre, ante lo cual se debe solicitar su revalidación ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

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Morales justificó la decisión de no renovar el mandato de la Cicig porque ha existido una “persecución ilegal” que “viola los principios y prácticas constitucionales y el mandato de la Cicig”.

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“Agoté todos los procesos diplomáticos y actué de buena fe, pero no he visto esa buena fe del otro lado”, dijo Morales en alusión a la Cicig.

El presidente dijo que la Cicig deberá a partir de ahora comenzar un proceso de transición de capacidades con las entidades que colabora, de manera que para septiembre de 2019 suspenda por completo su trabajo en el país.

Visa próxima a vencer

La visa del comisionado Iván Velásquez y varios integrantes de su equipo jurídico y técnico se vence el próximo 18 de septiembre, lo que abre la posibilidad, y la duda, de si la Cancillería renovará los documentos que permiten a los extranjeros que trabajan en la Comisión estar en el país de manera legal. 

El año pasado, en fechas cercanas al vencimiento del documento migratorio de Velásquez, también se abrió un debate sobre la posible negación de la visa, de hecho, una primera solicitud de renovación fue rechazada y fue hasta un segundo intento que se validó de nuevo el visado de Velásquez. 

Finalmente la visa del comisionado fue renovada, sin embargo, trascendió una carta que se le hizo llegar a la sede de la Cicig, firmada por la vicecanciller Alicia Castillo Sosa, advertía a Velásquez que no debía inmiscuirse en ciertos temas. 

“Debo recordarle que los privilegios e inmunidades de que ha gozado en el país de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del referido Acuerdo -de la Cicig-, no le eximen de obligación de respetar la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes del Estado, así como abstenerse de inmiscuirse en asuntos internos mientras se encuentre en territorio guatemalteco”, citaba la misiva.

Termina relación

La decisión del presidente Morales, refrendada públicamente tan solo por tres de sus 14 ministros de Estado: la canciller Sandra Jovel, el ministro de Defensa Luis Ralda y el ministro de Gobernación Enrique Degenhart.

Morales anunciando que no renovará el mandato de la Comisión está muy lejos del Jimmy Morales que el 18 de abril de 2016 pedía dos años más de trabajo de la Cicig, en la sede de las Naciones Unidas.

En esa reunión se abordaba el problema de las drogas, sin embargo, el presidente Morales aprovechó para hablar del buen trabajo de la Cicig y la renovación, incluso, por cuatro años más.

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En ese viaje Morales fue acompañado por el jefe de la Cicig, Iván Velásquez, la entonces fiscal general Thelma Aldana, el presidente del Organismo Judicial, Ranulfo Rojas; el entonces ministro de Gobernación, Francisco Rivas Lara y la directora del Instituto de la Defensa Pública Penal, Nydia Arévalo.

“A lo largo de su existencia, la Comisión ha contribuido con la investigación de más de 200 casos, y a procesar a más de 160 funcionarios y exfuncionarios por diferentes delitos, desmantelando organizaciones y estructuras clandestinas”, declaró Morales.

Agregó: “He decidido solicitar desde ya al excelentísimo secretario general de la ONU otra prórroga por dos años más, a partir de septiembre de 2017”, declaró en esa oportunidad Morales.

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Sindicalitas también quieren aumento salarial

Los médicos del Hospital Roosevelt anunciaron el pasado miércoles el cierre de la consulta externa como una medida más de presión para negociar con la cartera de Salud un incremento de salario, petición que es respaldada por al menos 13 hospitales más en todo el país.

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El pasado miércoles, además, médicos del mencionado nosocomio fueron señalados de provocar destrozos en la sede ministerial, al querer ingresar por la fuerza a un salón donde se presentaba el informe de primer año de gestión del ministro Soto.

Los médicos este jueves realizaron un plantón frente a la consulta externa del Hospital Roosevelt y solicitaron al presidente Jimmy Morales que intervenga en las negociaciones con el Ministerio, de manera que se pueda alcanzar una solución.

La petición de los médicos fue secundada por la Procuraduría de Derechos Humanos, que, a través de un comunicado, pidió públicamente al presidente Morales que intervenga en el conflicto y facilite una solución.

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Los médicos insisten en que deben incrementarles el sueldo al menos al equivalente a ocho salarios mínimos, señalando que actualmente los sueldos no superan los Q4 mil por ocho horas de trabajo.

La respuesta del Ministerio de Salud hasta ahora ha sido negativa. Según Carlos Soto el Estado no tiene capacidad financiera de acceder a un incremento salarial bajo las condiciones de la demanda. 

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La última semana al Congreso llegaron instituciones gubernamentales a fijar su postura respecto a ambas iniciativas, el resultado: la destitución de la jefa de la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem), Ana Leticia Aguilar Theissen, quien se mostró a favor de ambas leyes, específicamente en la de Protección a la Violencia Sexual a las Niñas, que en su artículo 7 propone despenalizar el aborto en casos específicos de violencia sexual a niñas menores de 14 años.

Las organizaciones entre civiles y religiosas se enfrascaron en un diálogo que por momentos subió de tono debido a las posturas contrarias por el aborto.

De hecho, mientras algunos representantes de organizaciones deban sus puntos de visa otros levantaban panfletos con oraciones que hacían ver la problemática de las niñas abusadas sexualmente.

Incluso cuando alguien terminaba de dar su punto de vista fue común que quienes los apoyaban aplaudieran efusivamente. 

Según el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, la destitución no obedece a lo dicho por la ahora secretaria, aunque se le haya separado del cargo un día después de verter sus declaraciones en el acto público y la Seprem haya emitido un comunicado guardando distancia del artículo 7 de la ley, el que despenaliza el aborto.

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El vicepresidente, Jafeth Cabrera, fue más directo. Al ser consultado sobre la separación del cargo de Aguilar Theissen, solo recordó que el presidente tiene la facultad de hacerlo, y lo hizo.

Discusiones públicas

Otros que han dado su opinión favorable a las iniciativas de ley son el Registro Nacional de las Personas; en el caso de la ley de identidad de género, opinó que cumplirían con la ley y los registros, si así se los mandan.

Para la Procuraduría de Derechos Humanos, que también participó de las discusiones en el Congreso, aún se debe discutir si se puede despenalizar el aborto, sobre todo en el ámbito jurídico, ya que podría ser contrario al artículo 3 de la Constitución, que obliga al Estado a proteger la vida desde su concepción.

Más de 60 grupos de la sociedad civil también tuvieron su espacio en el Congreso, la pasada semana. Las posturas fueron divididas.

Para Gente Positiva y Mujeres Transformadoras del Mundo, un embarazo forzado puede significar una tortura para las niñas y la interrupción de este podría ser de mucha ayuda.

“Sí el pleito es la interrupción voluntaria del embarazo no hay ningún problema, se puede modificar, pero no se vale condenar toda una ley por un artículo, máximo cuando habla de la reparación digna a la niña y que se debe aprehender al violador”, afirmó Gabriela Dávila, de Gente Positiva.

En el otro extremo, el grupo Abogados por Guatemala y la Asociación por el Derecho a Vivir, se manifestaron en contra de dictaminar una ley que busca despenalizar el aborto, aunque sea en condiciones específicas.

La Pastoral Familia de la Conferencia Episcopal de Guatemala también se mostró en contra de la iniciativa de Protección a la Violencia Sexual a las Niñas, por el tema de la despenalización del aborto.

Señaló “con preocupación” que la iniciativa 5376 “pretende legalizar el aborto dentro de las 12 semanas de gestación y no plantea una solución real para la violencia, explotación sexual y la trata de personas sean erradicadas”.

En esta pide que se rechace “cualquier ideología que quiera ser implantada en nuestro país a través de una legislación que atenta contra la vida humana, especialmente la vida de los más indefensos, como pueden ser los bebés en el vientre de sus madres”.

“Tal como pasó en Argentina recientemente, que defendió las dos vidas, les pedimos que como iglesia nos unamos representando el cuerpo de Cristo, […] para participar en la Gran Marcha Nacional Guate por Vida donde se manifestará que estamos en favor de la vida y la familia”, señala el documento.

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En el Congreso

El apoyo legislativo también está dividido, en caso las iniciativas logren salir de la Comisión de la Mujer con un dictamen favorable.

Diputados con bastante protagonismo político, como Estuardo Galdámez y Felipe Alejos, ambos integrantes de la Junta Directiva, han sido abiertamente en contra de ambas propuestas, incluso, han reconocido públicamente que sería un error que lleguen a discusión al Pleno.

Sobre la propuesta de identidad de género, los comentarios del oficialista Galdámez, incluso, han generado una polémica puntual: Dios debe “regenerar” a los homosexuales.

“Yo le pido a Dios que ayude a esa gente que está confundida en su conducta y en su vida. Ojalá Dios, con su fuerza, pueda regenerarlos y vuelvan a confirmar sus convicciones y sus principios”, dijo Galdámez.

Yo pondré el nombre de Dios primero y en alto en todas las facetas que me toque afrontar mientras tenga vida. Y esto lo haré le guste o no a usted. Así que puede iniciar a brincar linchar y relinchar que no me va doblegar ni persuadir en nada
SI DIOS CONMIGO QUIEN O QUE CONTRA MI https://t.co/OYE9pAYtYj

— Estuardo Galdamez (@Galdamez_Kaibil) August 22, 2018

El primer presidente del Congreso, Felipe Alejos, ha dicho que no apoyará ninguna agenda que atente contra la vida: “No apoyaré ninguna agenda extranjera que viole nuestros principios. Defendamos la vida, defendamos a nuestra sociedad. Es abominable pensar que la muerte de un inocente puede solucionar algo”.

Agrega: “Rechazo cualquier intento de aprobación de iniciativas para legalizar el aborto”.

Sandra Morán, integrante de la bancada Convergencia y ponente de las leyes, asegura que, la de identidad de género solo busca darle derechos a la comunidad LGTBI, a través de una legislación que garantice su seguridad y derechos civiles.

Sobre la ley de Protección de la Violencia Sexual a las Niñas, asegura que solo se busca cuidarlas de los abusos a los que son sometidas y combatir los altos niveles de impunidad que hay sobre los agresores, la mayoría de las veces familiares.

El diputado Anibal Rojas, presidente de la Comisión de la Mujer, por el momento ha guardado su postura y sostiene que al finalizar las audiencias la discusión seguirá en la sala de trabajo, donde se buscarán los dictámenes, que pueden ser a favor o en contra. 

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Fueron cuatro artículos del reglamento los impugnados. El 88, 219, y las reformas de los artículos 220 y 223.

“Se está facultando al Tribunal Supremo Electoral para que sancione de forma arbitraria, pues no se precisa el margen de temporalidad dentro del cual las conductas mencionadas en el artículo 88 sean constitutivas de infracciones”, argumentó el Cacif.

Sobre el artículo 2019 agregó: “Preocupa que se delegue al TSE determinar los actos que sean constitutivos de delito, pues la Constitución contempla la exclusividad del Organismo Judicial para juzgar asuntos de materia ordinaria al igual que la garantía constitucional de amparo”.

El Cacif asegura que las reformas del artículo 220 y 222 “violan la libertad de acción al obligar a los medios de comunicación a aceptar una “tarifa política”, fijada a discreción por el Congreso de la República. En este sentido, el Legislativo faculta de forma ilegal al TSE para tener un control e injerencia absoluta en el funcionamiento de las empresas de publicidad y comunicación”.

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Cámara había advertido

En abril último, la Cámara de Medios de Comunicación ya habían presentado una inconstitucionalidad en contra de los mencionados artículos. En mayo la misma entidad se presentó a la Vista Pública en la CC, donde expuso sus argumentos.

“Entre lo que destacamos está una norma pesimamente redactada que sanciona por igual, simplemente el uso de bienes de dominio público, causen o no causen daños a los mismos, esto quiere decir que pone en peligro la industria de la radio y la televisión, porque la ley posterior deroga a la anterior”, declaró Gabriel Orellana, abogado constitucionalista representante de la Cámara de Medios de Comunicación.

Orellana, quien también actuó en representación de la Cámara de Radiodifusión de Guatemala, como otra entidad impugnante, aseveró que otro de los aspectos es que la ley impone una veda informativa para los estudios de opinión y las encuestas para sondear la intención del voto, fijándolas como límite 15 días antes de los comicios, sin que se haya presentado motivo o razón justificable para tal efecto,cuando anteriormente podían ser publicadas hasta 36 horas antes.

“Lo que hay es un gran abuso de parte del Congreso, hay una gran incapacidad de los diputados y una gran mala intención visible de los partidos políticos, todos por igual”, dijo Orellana.

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La postura de ambas organizaciones es resultado de unas 30 reuniones con representantes de la sociedad civil durante una visita a Nicaragua entre el 13 y el 15 de agosto, donde conocieron denuncias y reclamos de grupos que se sienten vulnerables ante las acciones del gobierno de Daniel Ortega.

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Fueron representantes de medios de comunicación, periodistas independientes y agrupaciones estudiantiles, campesinas y empresariales que forman la Alianza Cívica por la Justica y Democracia, quienes sostuvieron la reunión con los representantes de la SIP y RSF.

La SIP y RSF conocieron denuncias de “altos niveles de represión por parte de fuerzas policiales en contra de participantes de protestas sociales (…) ello incluye agresiones por parte de grupos paramilitares que emplean contra la población armas de alto calibre, lo que ha traído un escalamiento constante de víctimas mortales”.

Entre las conclusiones de las entidades de prensa, destacó la falta de espacios donde se puedan presentar denuncias y reclamos de las agresiones sufridas, esto por la falta de independencia del poder político.

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“Las prácticas de agresión en contra de periodistas independientes, se ha manifestado en amenazas, persecución, intimidación y campañas de difamación, en especial en casos que involucran a periodistas del interior del país, entre cuyos casos graves se destacan la explosión contra las instalaciones y trabajadores de Radio Darío en la ciudad de León y el asesinato del periodista Ángel Eduardo Gahona en la localidad de Bluefields”, resalta el comunicado.

Demandas de la SIP y RSF al gobierno nicaragüense:

• Cesar de inmediato toda acción de agresión física, intimidación y amenazas generada por grupos violentos, parapoliciales y paramilitares identificados con el gobierno, así como a través de cibermilitantes que actúan para difamar e insultar a los periodistas independientes en las redes sociales.
• Realizar investigaciones profundas de todos los actos violentos en contra de periodistas y medios de comunicación y la aplicación severa de la ley a todos los responsables, para evitar que la impunidad genere mayor violencia.
• Respetar y cumplir las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de periodistas y sus familiares que fueron agredidos y amenazados, proveyéndoles con mecanismos oficiales de seguridad, además de crear fiscalías especiales y un sistema de protección para periodistas como existe en otros países latinoamericanos.
• Reclamar – bajo el espíritu de la Declaración de Chapultepec, que cita que la libertad de prensa y la democracia constituyen un binomio indisoluble, así como de la Carta Democrática Interamericana – la necesidad de que el Gobierno y las institucionales nacionales e internacionales busquen el marco adecuado y definitivo para mantener un diálogo de respeto y tolerancia que permita una salida democrática a la grave crisis político social que se vive en el país.

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La iniciativa que busca aprobar de nuevo el transfuguismo fue dictaminada la semana pasada y está lista para ser presentada al pleno, sin embargo, acá se necesitan 105 votos para poder hacer los cambios, por ser un cambio a una ley de rango constitucional.

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Otra de las iniciativas de ley que acechan la agenda vacía en el Congreso es la reforma al Código Penal, específicamente al artículo 407 N, que tipifica el delito de financiamiento electoral ilícito, por el cual hay varios secretarios y exsecretarios generales de partidos cuestionados por el Ministerio Público, entre ellos, Jimmy Morales y Nineth Montenegro, los últimos en enfrentar un proceso de antejuicio.

De lograr los consensos necesarios, se podría separar el financiamiento anónimo del ilícito y de acuerdo con la propuesta de ley dictaminada, las penas serían mínimas para quienes se compruebe dieron, usaron, recibieron o autorizaron recibir financiamiento sin reportarlo al Tribunal Supremo Electoral.

El último tema que ha cobrado fuerza y podría ser de interés inmediato del Congreso es la elección del sustituto de Elizabeth Mercedes García Escobar, quien falleció recientemente. El Legislativo ya fue notificado y deberá elegir un sustituto.

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Cobra interés la integración de la Corte Suprema de Justicia, luego que el Ministerio Público presentó los antejuicios en contra del presidente Morales y la diputada Nineth Montenegro, ya que será esta Corte que conozca los procesos y decida si les da tramite.

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Según la Fiscalía, fue la Fundación para el Desarrollo Institucional de Centroamérica quién cubrió los costos de la capacitación, a través de transferencias bancarias realizadas entre el 28 de septiembre del 2015 y el 21 de octubre del mismo año.

La información en poder de la Fiscalía detalla que Morales y Cabrera participaron en un simulacro de la capacitación, para lo cual la Fundación G pagó Q118 mil 796.16, mientras que la empresa The Lemond Ad, Sociedad Anónima pagó Q20 mil por la logística del evento de capacitación.

El informe que fundamenta la solicitud de antejuicio contra Morales también menciona que el vicepresidente Cabrera recibió una capacitación de la empresa Communication Consulting Group, Sociedad Anónima, por la cual la Fundación G pagó Q47 mil 270.

En total, la Fiscalía señala que se tiene información de unos Q359 mil 889 que fueron pagados por la Fundación G, para Morales y Cabrera, sin que nadie registrara estos aportes al partido, lo que se constituye en financiamiento ilícito.

Esta es la segunda oportunidad en que el MP y la Cicig plantean un antejuicio en contra del gobernante. El 25 de agosto de 2017 Morales fue denunciado por financiamiento electoral ilícito. El caso llegó hasta el Congreso, donde la solicitud del retiro de la inmunidad fue rechazada y archivada por 104 votos de diputados en contra y solo 25 a favor, el 12 de septiembre de 2017.

“Nosotros hemos cumplido”, se refirió Porras, al ser consultada por la seguna vez en que es denunciado el mandatario por financiamiento dudoso. “Estamos cumpliendo con hacer los planteamientos correspondientes y de conformidad con la ley”, dijo la fiscal general.

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Baldetti nunca negó sus creencias, sin embargo, al juzgar por la lectura que la acompaña a la Sala de Audiencias, su fe se ha crecido. Acá un extracto de lo que la ex vicemandataria lee.

“Tal vez te sientas estancado, atrapado en la rutina. Luchas las mismas batallas y enfrentas las mismas tentaciones. Te preguntas, ¿Es esto lo mejor que la vida cristiana llega a ser? Hay buenas noticias. Fuiste hecho para mucho más. Fuiste hecho para Días de Gloría”, destaca en la contraportada del libro.

Mensajes de esperanza

El primer capítulo del libro recuerda cómo el pueblo escogido de Dios, los hebreos, fueron prósperos durante siete años.

“Fueron superados en número, pero no en poder. En armamento, pero no en victorias. Contra todas las probabilidades, vencieron a algunos de los ejércitos más bárbaros de la historia (…) la era resplandece entre los días difíciles del Éxodo y el periodo oscuro de los Jueces”

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Estudiantes han indicado que estaban manipulando cal y fibra de vidrio, cuando algunos compañeros comenzaron a quejarse de ardor en la piel, sin embargo, las molestias se agravaron al punto de necesitar atención médica. 

“Estabamos haciendo un rally y habían algunos retos, desconocemos qué sustancia les dió alergia y se les puso la piel roja a los muchachos y decidimos pedir atención médica”, indicó el director del Instituto, Henry Chuy. 

Según el director del Hospital Roosevelt, Marco Antonio Barrientos, fueron 35 jóvenes entre 16 y 19 años de edad, todos estudiantes del Instituto Fischmann, los atendidos. 

“Algunos de ellos refieren que era cal y al entrar en contacto con el agua les irritó la piel. De los 35 jóvenes, 31 tienen un poco de irritación en piel; están muy estables y tranquilos. Cuatro de los jóvenes desarrollaron ampollas en la espalda o gluteos por el contacto del agua y la cal, están siendo observados por las quemaduras de primer grado”, precisó el médico.

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“Había sentido que su cardiodesfibrilador había dado tres o cuatro descargas. La preocupación era que con seis descargas este aparato puede botar completamente su carga, y él entrar en un paro”, detalló Marco Antonio Barrientos, director del Hospital Roosevelt, en declaraciones a periodistas.

El vocero del Sistema Penitenciario, Rudy Esquivel, informó que un médico atendió al exmandatario y determinó que debía ser trasladado a un centro asistencial, por lo que a eso de las 21.30 horas fue llevado a la emergencia del Hospital Roosevelt.

“Confirmado que Otto Peréz Molina se encuentra en el hospital. Fue referido por un padecimiento cardíaco y será evaluado”, informó la oficina de Comunicación Social de ese nosocomio. 

Barrientos indicó que el exgobernante fue ingresado a la unidad de Coronarios para ser evaluado por cardiólogos y un electrofisiólogo “para ver cómo está su cardiodisfibrilador y ver si hay alguna recomendación, y qué procede hacer con él”.

El funcionario confirmó que la condición de salud de Pérez Molina es estable. “Él está tranquilo, consciente, hablando. Él mismo dio sus datos a los médicos en la evaluación final”, afirmó Barrientos.

El traslado de Pérez Molina de Mariscal Zavala hacia el Hospital Roosevelt duró alrededor de diez minutos. El exmandatario iba en una camilla y con oxígeno puesto “por seguridad”. Su hijo Otto Pérez Leal lo esperaba a su llegada a la emergencia.

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Ida y vuelta al hospital

El juez Miguel Ángel Gálvez ordenó el pasado 31 de julio que Otto Pérez Molina regresara a prisión preventiva en Mariscal Zavala, luego de que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) certificara que los padecimientos del corazón del expresidente podían ser tratados de forma ambulatoria.

Gálvez explicó que los exámenes médicos emitidos por el Inacif concluyeron que no es necesario que el expresidente permanezca en un centro asistencial, donde había permanecido los últimos dos meses.

Mientras tanto, el abogado César Calderón ha mantenido la misma posición: su cliente se encuentra con una condición de salud delicada derivado y que en cualquier momento podría tener una muerte súbita, debido a problemas con el marcapasos que utiliza.

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En la lista destacan seis nombres, entre ellos tres estrechamente ligados a Guatemala: Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, Luis Alberto Mendizábal y el mexicano Remigio Ángel González.

“A medida que Estados Unidos continúa apoyando los esfuerzos en la región del Triángulo Norte de América Central para luchar contra la corrupción y el crimen organizado, le pedimos que determine si las siguientes personas cumplen con los criterios para rendir cuentas (…) esperamos un diálogo continuo con la Administración para apoyar la implementación de la robusta ley global Magnitsky y los esfuerzos de los Estados Unidos para combatir la corrupción y los abusos contra los derechos humanos”, resaltan los congresistas en la misiva dirigida a Trump.

La carta también contiene, en sus anexos, algunas informaciones sobre las personas señaladas, en el caso de los vinculados a supuestos crímenes en Guatemala destaca:

Gustavo Adolfo Alejos Cambara

“Es un hombre de negocios que ha usado conexiones políticas para ganar millones de dólares en contratos con el gobierno. Ha estado implicado en múltiples casos emblemáticos de corrupción en Guatemala y fue acusado en 2015 y 2016 por la Fiscalía guatemalteca. En 2015, la Fiscalía General de Guatemala implicó a Alejos en una red de corrupción que opera dentro del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y que favorecía a ciertos proveedores farmacéuticos a cambio de sobornos. [14] Según la investigación, la red cooptó y corrompió a los funcionarios públicos para obtener información y manipular el sistema de adquisición médica para favorecer a ciertos distribuidores que luego obtuvieron millones en ganancias. Se descubrió que Alejos era el principal arquitecto de la red y se lo acusaba de asociación ilícita, soborno y tráfico de influencias”. 

Luis Alberto Mendizábal Barrutia

“Luis Alberto Mendizábal es un experto en operaciones de inteligencia. Mendizábal estuvo involucrado en el intento de golpe de estado de 1988-89 contra el entonces presidente Vinicio Cerezo Arévalo. Huyó a El Salvador cuando se descubrió la noticia de la trama. Mendizábal también participó en la creación de ” La Oficinita”, un aparato de seguridad oculto que coordinó acciones ilegales entre la inteligencia militar y la oficina del presidente en la década de 1990. También se cree que Mendizábal participó en el Comando Antisecuestros, establecido por el General Marco Tulio Espinoza, un grupo acusado de graves violaciones de los derechos humanos. 
En 2015, el Ministerio Público implico a Mendizábal en la red de fraude aduanero conocida como “la Línea”, que operaba dentro de la administración de aduana e impuestos entre 2011 y 2015. Las investigaciones también revelaron que Mendizábal estaba detrás de los sobornos pagados a la jueza Marta Sierra de Stalling a cambio de medidas sustitutivas para algunos de los acusados involucrados en el caso de La Línea”.

Remigio Ángel González

“Es el jefe del conglomerado de medios, Albavision. La Sociedad Interamericana de Prensa registró que Ángel González está presente en 11 países de la región de América Latina, y posee 35 canales de televisión, incluidos La Red (Chile), ATV (Perú), SNT (Paraguay) y Canal 9 (Argentina), 114 estaciones de radio, 2 compañías de periódicos y cines. Él ha vivido en Miami desde 1987. González ha sido capaz de eludir las leyes que prohíben los monopolios o restringir la propiedad extranjera de los medios nacionales mediante el uso de compañías fantasmas dirigidas por familiares locales, amigos y suplentes. En Guatemala, las propiedades están a nombre de su esposa, Alba Elvira Lorenzana Cardona, de nacionalidad guatemalteca. En 2016, la Fiscalía guatemalteca implicó a Alba Elvira Lorenzana en el esquema de corrupción establecido para financiar ilegalmente la campaña presidencial de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti conocida como la “Cooptación del Estado”.

Empresarios y políticos 

Los otros nombres que se incluyen en la petición de los congresistas son José Aquiles Rais López,  a quien se identifica como un prominente hombre de negocios salvadoreño. Fue designado como “objetivo prioritario de la DEA y sujeto de investigación internacional por sus vínculos con los grupos criminales organizados, compañías ficticias, cárteles y políticos corruptos identificados recientemente por el escándalo de los 'Papeles de Panamá'”, según un documento judicial de Florida.

El salvadoreño José Luis Merino, un alto miembro del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y actual viceministro de Relaciones Exteriores del gobierno de El Salvador. Él y Enrique Rais son copropietarios de la empresa de gestión de residuos, MIDES SA de CV, actualmente ocupada en una disputa multimillonaria. Se cree que Merino tiene vínculos con organizaciones criminales transnacionales. En 2008, funcionarios colombianos informaron que los correos electrónicos en la computadora portátil del comandante asesinado de las FARC, Raúl Reyes, vincularon a Merino a una red de tráfico de armas. 

Por último, se incluye al hondureño Óscar Ramón Nájera, un político hondureño y gran terrateniente en la región del Bajo Aguan. Ha servido en el Congreso de Honduras durante 27 años y actualmente representa el Partido Nacional de Colón. Devis Leonel Rivera Madariaga, líder del Cartel de Los Cachiros , implicó a Nájera como colaborador durante su testimonio ante el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York. Rivera colocó al congresista Nájera en una reunión de 2013 con los líderes del cártel en relación con una disputa sobre propiedades incautadas.

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“Se está violando el derecho a la dignidad, el debido proceso y a la libertad”, dijo la PDH a través de una sentencia firmada por el procurador, Jordán Rodas. La acción de amparo implica al procurador y a la procuradora adjunta, Miriam Roquel.

El amparo busca que la PDH cese la intromisión en procesos judiciales pendientes de resolver, ya que con ello está vulnerando la independencia judicial.

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#AHORA | Magistrados suplentes de la CSJ otorgan amparo en definitiva a presidente del OJ y suspende condena moral emitida en favor de exfiscal López. Además certifica lo conducente al @MPguatemala para determinar si @JordanRodas habría cometido algún delito. | Vía @mhernandez_pl pic.twitter.com/xuxbdXxCWt

— Prensa Libre (@prensa_libre) July 31, 2018

PDH interviene

El 24 de mayo la PDH denunció a través de una resolución que se violaba “la dignidad, el debido proceso y la libertad” del exfiscal Ronny López y Mynor Macario Rojas, detenidos el 17 de febrero y hasta esa fecha no habían sido escuchados en una audiencia de primera declaración.

La procuradora adjunta, Miriam Roquel, firmó la resolución y admitió que los detenidos solo fueron informados de los delitos, pero no habían sido presentados ante el juez para su primera declaración.

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La PDH señaló que el Estado de Guatemala debe ser el responsable de los abusos contra López y Rojas, por la inacción de la jueza A de Mayor Riesgo, Claudette Domínguez, así como el juez de primera instancia penal, Juan José Lemus Chacón por el uso excesivo de la prisión provisional de los afectados.

Golpe político

Carmen Aida Ibarra, directora del movimiento ProJusticia, afirma que esta resolución se trata más de un golpe político que de uno judicial, pues las resoluciones del PDH son morales; además, señala, la Ley del PDH es de rango constitucional y le faculta a hacer incursiones en oficinas públicas sin previo aviso.

“Esto es prácticamente una declaración de guerra, muchos lo han intentado desde el Congreso y ahora desde la CSJ, se trata de una confrontación de orden político”, señala Ibarra.

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La activista considera que en el caso por el que se pide investigar al PDH, “él ha considerado que hay violación a los derechos humanos, que ha retrasado diligencias en algunos casos judiciales y actúa en el ámbito de su competencia como lo han hecho otros procuradores”.

En este caso, según Ibarra, el MP tiene que analizar la situación, “hay fiscales competentes que van a ver el despropósito de esta acción de la CSJ”, indica. Además, hace referencia a que la fiscal general, Consuelo Porras, tiene conocimiento en temas constitucionales y puede determinar la forma en que encuadra la figura del PDH en la Constitución.

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Por su parte, el diputado Fernando Linares Beltranena, señala que al Congreso le corresponde, cuando sea el caso pertinente, analizar el retiro del derecho de antejuicio del PDH, para lo cual debe conformarse una comisión pesquisidora.

“Presuntamente es un delito, porque –el procurador-, intervino en la independencia del Organismo Judicial, ya que toca conocer la denuncia primero hay que escucharlo y luego emitir la decisión, “hay que determinar si es político, legítimo o espurio según la Constitución”, señala Linares Beltranena.

El congresista también indicó que en este caso la CSJ traslada al Congreso la decisión del antejuicio porque no puede ser juez y parte, pero debería hacerlo con todos los casos que señala la Constitución, “la corte ha usurpado funciones de diputados al conocer todas las denuncias presentadas durante los últimos años”, indica.

Postura

El procurador Jordán Rodas se pronunció sobre el amparo. 

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En los últimos dos años ha perdido dos veces su inmunidad para enfrentar cargos por estafa, y dos causas más están a las puertas. Se trata de unas demandas que incluyen a varias personas de una misma familia que señalan que el diputado habría extendido certificados de inversión falsos, con los que se habría apropiado de más de Q6 millones.

Por los señalamientos, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite a las dos solicitudes de antejuicio, ya que habría cometido los delitos de apropiación y retención indebida, asociación ilícita, estafa propia y caso especial de estafa.

Por ahora, el Ministerio Público espera que los pesquisidores Harold Estuardo Ortiz Pérez y Carlos Patricio Rodríguez Meza resuelvan si es conveniente retirar la inmunidad al diputado y pueda abrirse una investigación.

Laboró en banco

Hace 20 años, Trejo trabajaba para el extinto Banco Uno, en Escuintla. Ahí lo habría conocido Rolando Peña Vásquez, representante de la empresa Tornos y Servicios, S. A., quien llegó a la agencia bancaria interesado en invertir su capital y comenzar un fondo de retiro.

Según consta en la declaración testimonial del 4 de junio último, tomada en la Fiscalía Distrital Metropolitana, Trejo habría ofrecido un atractivo beneficio a Peña Vásquez a cambio de dejarlo administrar la inversión y darle un servicio preferencial, a domicilio.

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Hasta la casa de Adelaida Vásquez Peña, madre de Rolando, llegaba el ahora diputado a entregarle cada año la renovación de sus inversiones, además de vales de consumo en supermercado, beneficios adicionales que, según el denunciante, eran parte del trato preferencial del banco por sus inversiones.

La relación de Trejo con la familia Peña creció y se fortaleció, según los denunciantes, al punto que ya siendo diputado seguía de cerca con la familia y la gestión de las inversiones bancarias.

El dinero se esfumó

Durante 20 años, la supuesta relación con el banco habría sido solo a través de Trejo; sin embargo, en marzo pasado, las víctimas intentaron retirar sus inversiones debido al deterioro de la salud de varios miembros de la familia.

El Banco Uno desapareció; la cartera de clientes y operaciones fueron adquiridos por el Banco Promérica, a donde llegaron los interesados en busca de sus ahorros de toda la vida.

“Necesitamos utilizar el dinero para nuestra enfermedad e invertir en la empresa, por lo que me comuniqué vía telefónica con el señor José Domingo Trejo a su teléfono celular y le manifesté que quería hablar con él por lo de la inversión, por lo que me dijo que iba a llegar a mi casa, y como pasaron los días y no llegó, decidí presentarme a una agencia –del banco–”, relata en la denuncia Peña Vásquez, quien ahora tiene 63 años.

Según el denunciante, la información del banco fue clara: sí hubo una inversión, pero en julio del 2017 habían sido retirados casi Q6 millones.

“Yo jamás he realizado ninguna operación de esa magnitud, por lo que considero que falsificaron mi firma (…) Llamé a su teléfono celular a José Domingo Trejo y le dije: Estoy en la agencia bancaria en la capital (…) Él me dijo que no era en esa agencia, que era en la central, pero como ya eran las 6 de la tarde cuando lo llamé, me dijo que me presentara al día siguiente”, detalla la denuncia.

“Él llegaba a mi empresa para hacerme entrega de mi certificado de depósito, así fue como año con año me renovaba los documentos financieros”, señaló.

En el caso de doña Adelaida, la madre de Peña, también recibía un servicio personalizado de Trejo, según consta en la Fiscalía.

Ahora ella está enferma y habrían sido más de Q100 mil que invirtió en los certificados que le entregaba Trejo cada año, y en los que se le informaba que el dinero estaba en Panamá, en una cuenta fuera de plaza.

Procesos anteriores

En julio del 2016, los magistrados de la CSJ resolvieron retirarle la inmunidad al diputado Trejo por considerar que existían indicios de delito.

El parlamentario era denunciado por emitir cheques sin fondos. El diputado oficialista enfrentó un segundo proceso de antejuicio por una denuncia de un prestamista que reclamaba el pago de intereses de una deuda.

Rechaza señalamientos

El diputado José Domingo Trejo, vía telefónica, confirmó que sí trabajó en ese banco, pero dijo que no es responsable de la desaparición del dinero, por lo que la denuncia debería ser en contra de la institución financiera.

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Trejo negó que haya sostenido alguna reunión con los denunciantes; sin embargo, Prensa Libre tuvo acceso a una grabación en la que se escucha cuando ofrece a los denunciantes entregarles una finca si el banco “no acepta” devolverles el dinero. La condición es que se desestime la denuncia en su contra.

Ángel Mazariegos, gerente de Servicio al Cliente del Banco Promerica, declaró que esa institución está totalmente a disposición de atender los requerimientos que formulen los órganos de investigación para aclarar el caso.

“Nuestra intención y disposición es de colaborar y brindar toda la información que nos soliciten”, dijo Mazariegos.

El representante de Promérica aseguró que son totalmente ajenos a las acciones del diputado y se enteraron de la situación cuando fueron notificados de la denuncia por la Fiscalía.

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De acuerdo con Carlos Molina, subsecretario de Reinserción de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, fue un grupo de 43 mayores de edad que se amotinó y exigían a las autoridades que se les entregara a nueve menores que decidieron abandonar las pandillas. La intención del grupo era asesinarlos, dijo Molina.

“El motín fue controlado en una hora. Comenzó a las 14 horas. Ellos querían cuatro cosas: que el director les entregara a 9 privados que abandonaron la pandilla, no querían ningún monitor en el área de internamiento (donde están los dormitorios y las áreas de recreación), que se despidiera a los monitores que no acceden a sus exigencias y también querían nombrar ellos al jefe de monitores”, explicó el subsecretario a Prensa Libre.

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De acuerdo con la información de la Secretaría, la mayoría de las personas, que este lunes se amotinó en Etapa 2 integran alguna pandilla y están en el centro correccional por haber cometido un delito grave. El grupo oscila entre los 21 y 24 años.

Durante la hora que duró el motín los internos destrozaron un área de dormitorios, sin embargo, los daños solo serán cuantificables cuando el Ministerio Público termine las investigaciones y recolección de evidencias.

Según Molina, el motín es parte del “riesgo que se corre” por los perfiles de los jóvenes recluidos en los centros de privación de libertad.  “Tanto menores y mayores tienen perfiles delicados. El 27% de la población que está en Etapa 2 está por asesinato”, dijo Molina.

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El subsecretario también recordó que el grupo de 43 jóvenes que se amotinaron hace tres meses fue trasladado del Centro Preventivo para Hombres de la zona 18 a Etapa 2, por un criterio de oportunidad que otorgó un juez.

Los 43 privados de libertad habían sido trasladados al Preventivo luego de encabezar un motín a inicios del 2017 y por ser mayores de edad habían enfrentado un proceso de adultos, sin embargo, explicó Molina, solicitaron regresar a cumplir su condena a Etapa 2, con la condición de no reincidir.

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El expresidente del Congreso, de ser extraditado a Guatemala, enfrentará cargos por abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción, todo vinculado al caso Plazas Fantasma, por contrataciones irregulares durante su presidencia en el Organismo Legislativo.

En un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) de México informó que personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) capturó a Luis Armando “R”, quien tenía una notificación roja emitida por la sede central de Interpol con sede en Lyon, Francia, y solicitada por la Oficina Central Nacional de la organización internacional en Guatemala, misma que fue establecida noviembre del 2016, luego de haber sido requerido por el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo Grupo A de Guatemala, para ser procesado por la probable comisión de varios delitos.

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Por lo que el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, giró la orden de detención provisional. Policías federales ministeriales, adscritos a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, quienes luego de trabajos de gabinete y campo, ubicaron y aprehendieron al fugitivo.

Luis Armando “R” fue detenido sin uso de la violencia ni afectación a terceros, con respeto en todo momento a sus derechos humanos.

Prófugo desde 2016

El exfuncionario salió de Guatemala rumbo a la Ciudad de México el 16 de agosto de 2016, dos días antes de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le retirara la inmunidad.

Una semana después fue visto en un centro comercial en un sector exclusivo de la capital nicaragüense, donde compró bombillas y al ver que lo estaban fotografiando salió de prisa del negocio.

Desde entonces ya no se supo nada de él hasta que en 2017 fue localizado por autoridades mexicanas en Nuevo León, luego que la Interpol lo incluyera en su lista de los más buscados.

Proceso de extradición

El tratado de extradición entre Guatemala y los Estados Unidos Mexicanos fue firmado en México el 17 de marzo de 1997.

Cuando la parte requerida reciba la solicitud de detención provisional, realizará las gestiones necesarias para asegurar la detención del reclamado. Y una vez consumada la aprehensión la notificará a la parte requirente y le comunicará la fecha de la aprehensión del reclamado para el efecto del cómputo del plazo de 60 días calendario para la formalización de la solicitud de extradición.

Si dentro de un plazo de 60 días calendario, contados a partir de la notificación de la aprehensión del reclamado, la parte requerida no ha recibido la solicitud formal de extradición con los documentos legales establecidos para ello, se pondrá fin a la detención provisional, procediéndose a la liberación de la persona reclamada.

Si la persona reclamada acepta voluntariamente ser extraditada, la parte requerida deberá entregarla inmediatamente a la parte requirente, para ponerla a disposición de las autoridades judiciales competentes de esta.

Si se concede la extradición, la entrega del reclamado se hará dentro del plazo de 60 días calendario contados a partir del día siguiente en que la parte requerida comunique a la requirente la extradición decretada y le notifique que queda a su disposición el reclamado.

Cuando la parte requirente deje pasar el término de 60 días calendario antes mencionado sin hacerse cargo de él, este recobrará su libertad y no podrá volver a ser detenido ni entregado a la parte requirente por el mismo delito que motivó la solicitud de extradición.

Escándalos en la presidencia del Congreso

Rubén Darío Morales, Eduardo Meyer, Gudy Rivera, Pedro Muadi, Luis Rabbé y Arístides Crespo tienen algo en común, además de ser expresidentes del Congreso: enfrentan o enfrentaron cargos penales durante su gestión o luego de abandonar el cargo.

Rubén Darío Morales durante su presidencia del Congreso autorizó el depósito de Q16 millones de los ahorros del Congreso hacia la casa de bolsa Mercados de Futuro, supuestamente a cambio recibió una comisión de Q300 mil.

El caso de Meyer fue muy similar, él fue acusado del desvío de Q82.8 millones de los fondos del Congreso hacia la casa de bolsa Mercados de Futuro, luego esta entidad quedó en la quiebra y el Legislativo sin sus ahorros.

Meyer fue condenado a tres años de prisión y una multa de Q10 mil por haber realizado depósitos en cuentas de Raúl Girón, en el desaparecido Banco Uno.

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La séptima legislatura

La legislatura 2012-2016 es particular. En la historia democrática del país todos los presidentes de la séptima legislatura son vinculados en procesos penales. Tres de los cuatro expresidentes, excluido Rivera están en un mismo proceso: la contratación de plazas fantasma en el Legislativo, con lo cual habrían beneficiado a personas cercanas.

Gudi Rivera fue condenado por tráfico de influencias y cohecho activo, con una pena de 13 años y cuatro meses de prisión inconmutables. El caso se derivó de la denuncia de la entonces magistrada de Apelaciones Claudia Escobar, quien lo denunció por querer influir en una decisión judicial que beneficiaría a Roxana Baldetti, a cambio, él ofreció su continuidad en el cargo.

Pedro Muadi llegó al Congreso por el Partido Patriota y estuvo al frente del Congreso en el segundo año de ese gobierno, durante la séptima legislatura. Muadi entregó el cargo y fue dos años después que se conoció el desvío de Q4.7 millones del Congreso a cuentas asociadas a personas cercanas al exdiputado.

La red según la investigación del Ministerio Público, habría contratado a un grupo de guardias para seguridad personal de Muadi a una empresa privada, sin embargo el Congreso pagaba los sueldos que eran desviados a cuentas de la asistente del legislador y de allí se fraguó el desvío, pagando a cada guardia Q2 mil y cobrando al Congreso hasta Q8 mil.

Luis Rabbé y Arístides Crespo también se han sumado al mismo caso que dirige la FECI. Fue capturado el 23 de enero de este año, luego de abandonar una sesión del Congreso. Durante su gestión, Arístides Crespo Villegas entre 2014 y 2015 contrató a 17 personas bajo el renglón 022.

Trece personas estaban asignadas como asistentes en la Presidencia del Congreso, bajo la dirección de Congreso, y ganaban entre Q10 mil y Q15 mil. No todas las personas tenían estudios de nivel medio.

Arístides Crespo y Luis Rabbé ejecutaron Q1 mil 107.9 millones, entre ambos, cuando presidieron el Organismo Legislativo en pago de personal, rubro que ocupa el 73 por ciento de los recursos asignados al Congreso cada año.

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Patrulleros toman armas 

Según detallan las primeras informaciones, dos hombres asesinaron a un hombre, de unos 60 años, vecino del municipio y luego huyeron en una motocicleta.

La Policía Nacional Civil habría advertido del ataque y de inmediato montaron un operativo de control en el kilómetro 39 de la ruta al Pacífico, justo en la salida de San Vicente Pacaya, con la intención de interceptar a los criminales.

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De manera casi simultánea, un grupo de vecinos molestos por el ataque en contra del vecino, decidieron tomar la justicia por su propia cuenta y portando armas de fuego y con el rostro cubierto, también instalaron un operativo con la intención de detener antes que la policía a los responsables del ataque.

En ese momento el vehículo diplomático salía de San Vicente Pacaya. Los encapuchados habrían querido detener el vehículo pero el piloto no obedeció la órden ilegal, por lo que intentó continuar la marcha; en ese momento se escucharon varios disparos, uno de ellos en contra de la carrocería del vehíulo.

La PNC intervino, identificó a los tripulantes de la camioneta y prestó el auxilio y escolta a los pasajeros hasta sus residencias, mientras otro grupo de policías continúo en el lugar para recuperar el control. 

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La Agencia Europea de Medicamentos fue la primera en anunciar la detección del contaminante, según explica Salud en el comunicado. Rápidamente se sumó la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). Sin embargo, esta última entidad decidió que los pacientes que estén tomando el medicamento, y debido a lo imprescindible que es el fármaco para la condición de salud, se deberá continuar con el uso hasta que se tenga un producto de remplazo.

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Recomendaciones

El Ministerio de Salud, a través del Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines, emitió una serie de recomendaciones, dirigidas a los pacientes que actualmente estén utilizando algún medicamento con el componente Valsartán.

Entre las recomendaciones destaca que si se está utilizando algún medicamento con Valsartán no se debe interrumpir el tratamiento. Se debe acudir al médico quien deberá buscar el fármaco que lo remplazará.

También se recomienda a los importadores y laboratorios nacionales que fabrican medicamentos con el principio activo Valsartán, que se retire de manera voluntaria del mercado esos fármacos para someterlos a una investigación y se pueda descartar cualquier riesgo para la población que los consume.

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Los ejercicios militares que se desarrollan en el país durante esta semana son auspiciados por la Oficina de Cooperación y Seguridad del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

Consiste en “intercambios de entrenamiento en materia de seguridad fronteriza, lucha contra el crimen organizado y tráfico de ilícitos, entre el Comando Sur de Estados Unidos y el Grupo Especial de Interdicción y Reacción del Ejército de Guatemala”, agrega el comunicado oficial.

Comando Sur

El Comando Sur es uno de los nueve comandos de EE. UU. Tiene asignado como área de trabajo el Sur del continente americano, Centroamérica y el Caribe. Su sede está en Miami, Florida.

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Entre las atribuciones del Comando Sur está proporcionar la planificación de contingencia, operaciones y la cooperación de seguridad para Centroamérica y del Sur y el Caribe, así como la protección de los recursos militares de EE. UU. en estos lugares. También es el encargado de la defensa del Canal de Panamá.

En total son 31 países y 16 dependencias y áreas de soberanía especial.

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El hecho armado ocurrió en la avenida Bolívar y 40 calle de la zona 3 capitalina, según socorristas, que a su llegada encontraron a dos personas baleadas: Jaqueline Paola López Marroquín, de 36 años, quien ya había muerto, y su supuesto conviviente, que aún se encontraba con vida. 

Cifras alarmantes

En el 2017, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses registró 772 necropsias a mujeres, cuyas muertes estaban asociadas con hechos criminales. Durante este año, la misma fuente reporta 315 necropsias a mujeres por las mismas circunstancias.

Un caso similar ocurrió a principios de mayo en Jalapa, cuando Wendy Sucely Cordero Lemus, de 33 años, murió baleada el día de su cumpleaños a manos de su propio esposo, quien después se suicidó.

En Quetzaltenango, Magdiel López Rivera, de 24 años, fue condenado por la muerte de su esposa Silvia Molina, hecho que perpetró en el 2017 frente a su hijo de 5 años.  

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ENTÉRESE

¿Por qué el MP se opone al cierre del proceso penal contra Williams Mansilla?

Todos fueron ligados al proceso penal por obstrucción de la justicia. Gálvez, además, dictó falta de mérito por el delito de denegación de justicia, que también lo señalaba el MP.

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Gálvez decretó prision preventiva contra López, Bonilla Berger y Montúfar Trejo; y otorgó arresto domiciliario a Mynor Macario Rojas.

En el mismo caso están pendiente de dilucidar la situación legal del general Érick Melgar Padilla, que fue vinculado por la Fiscalía en la investigación.

El caso

Según la investigación del Ministerio Público y la Cicig, Érick Melgar Padilla gestionó una investigación paralela sobre el asesinato de su papá, José Armando Melgar Moreno. Ronny López habría dirigido la investigación y manipulado pruebas para incriminar a otra persona.

“Algunas declaraciones de los testigos ante el MP no se llevaron en las oficinas ministeriales, sino en el domicilio de la víctima”, según la investigación de Cicig.

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La manipulación de pruebas y testimonios, dirigidos por López, llevaron a la condena a 26 años de prisión a una persona, como responsable de matar a Melgar Moreno.

“El sentenciado fue visitado en reiteradas ocasiones por Érick Melgar Padilla, Lesbia Verónica Montúfas y Dora Elizabeth Bonilla Berger con el objeto de inducirlo en primer momento y posteriormente amenazarlo para que declarara que el autor intelectual del crimen había sido el hermano del fallecido, Óscar René Melgar Moreno”, señala la Cicig en un comunicado.

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De su interés

Cobraban hasta Q30 mil por falsificar pasaportes

Son las 9.20 horas y la fila avanza hasta el ingreso al viejo edificio que Migración alquila a una empresa vinculada con el Instituto de Previsión Militar. Únicamente se ve a un trabajador, pero por su vestuario  es difícil distinguir si se trata de  un tramitador más o de un empleado público.

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“Revisa” que los documentos estén completos, ejercicio que para algunos usuarios es tardío e inútil porque al no tener la papelería requerida no  le dieron  la cita y perdió 20 minutos  en una fila que no lo llevó a nada.

“No es acá, es por el otro lado”, explica el empleado al usuario notablemente molesto que  se incorpora a una  nueva línea de espera.

La asignación de la cita no tarda más de 30 segundos, pero que se acumulan a los 25 minutos que lleva llegar al mostrador y se agenda la cita a las 15 horas; es decir: ¡casi seis horas después!, algo que para las personas provenientes de la provincia significa matar  tiempo paseando en algún centro comercial.

A las 14.30 horas el desorden continúa. De nuevo nadie informa cómo se  llamará a  los usuarios con cita. A las 14.45, por fin, un empleado con atuendo también informal ordena la fila de acuerdo con el número asignado y 20 minutos después esta avanza.   

Antes de ingresar al centro de emisión del pasaporte el mismo empleado que ordena la fila revisa los documentos y decide quién recibe una calcomanía y quién una cartilla nueva, sin importarle que, para darle la cita en la mañana incluyen como requisito la boleta del banco por la cual se pagaron US$30 —unos Q230— para la cartilla.

¿Por qué hacen pagarlo entonces, si no lo van a emitir? —cuestiona un usuario—. La respuesta es mecánica: “No hay cartillas y usted tiene hojas sin usar; tiene un año de vigencia el pago efectuado, para que regrese por otra libreta”.  
Ya en la oficina el trámite no tarda más de 20 minutos: una fotografía, confirmación de datos y firmar unos papeles basta para, de nuevo, hacer la fila final para validar la información y esperar la cartilla revalidada.

A las 16.30 horas, siete horas y media después de iniciado el trámite, entregan un pasaporte viejo, pero reciclado con un calomanía por 18 meses.  Eso sí, la hora de salida de los empleados es puntual.  Se anunció un horario extendido, por la demanda, pero solo fue durante unos días.

Atención eficiente para algunos     

La eficiencia en el centro de emisión de pasaportes es directamente proporcional al cargo necesita el documento. El pasado miércoles, el ciudadano diputado José Alejandro de León llegó a renovar su cartilla y no necesitó hacer ni   cita ni largas colas para ser atendido.

 Después de algún tímido saludo o cruce de miradas con personas que creían reconocerlo, el legislador del Movimiento Reformador se acercó al mostrador antes de que la encargada lo llamara por el altoparlante y recibió su cartilla, y luego de revisar si sus datos habían sido consignados correctamente abandonó el lugar, ignorando las dificultades que el resto de  usuarios afrontan para hacer el mismo trámite.

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Entérese

"Mi madre no hacía más que fumar crack y mi padrastro llevaba violándome desde que tenía 6 años. Pero un día me harté y lo maté”.

El Abuelo, durante la declaración, aportó detalles del financiamiento de la pandilla, a través de las extorsiones, así como en qué invierten esos recursos.

“Tanto aquí adentro como allá afuera se recibía ese dinero –extorsiones-. Se invierte en armas, carros, casas, para lavar el dinero, incluso se paga a gente para que mate a otras personas, porque a veces ellos no quieren”, dijo.

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Las pandillas, según Contreras, están divididas en territorios que ellos llaman “puntos” y es entre ellos que se divide el dinero de las extorsiones.

“Póngale, se utiliza mucho a la gente que no es nada para distraer las cuentas y todo eso (…) cada punto tiene sus fondos y ahí no puede operar otra clica y todas las extorsiones de esos puntos las tiene quien pertenece a esas áreas (…)”, explicó Contreras, que también aclaró que es en estos “puntos” que se consiguen las armas, solo que estos negocios deben ser compartidos.

“A veces cada hommie, cada punto, tiene más de alguna venta. Póngale si usted es de cierta área y le cae una oferta, la propone en la Rueda del Barrio, todos ponen dinero y se reparten”.

El exlíder de la Rueda del Barrio también explicó cómo se organizan los Jales, nombre que en la pandilla se les da a los asesinatos que deben cometer.

“Un jale es una orden que se tiene que hacer de una u otra forma. Es como el trabajo. (…) póngale hay extorsiones, matar a gente que no paga la extorsión, a matar a pandilleros rivales y a las autoridades (…) se hacen por clicas y también hay jales de la Rueda del Barrio, que la Rueda los planifica, a parte están los personales, que son los que cada quién –hace-“.

“Yo la verdad ya estaba cansado de tanto que cambió la pandilla, antes no nos dedicábamos a eso, tal vez había una guerra pero era entre los mismos pandilleros, no era contra el pueblo de Guatemala”, dijo Contreras.

La Rueda de Barrio

Los 23 integrantes de la Rueda del Barrio, enfrentan un proceso por extorsión y asesinato, entre otros delitos. Según la Fiscalía, este consejo que dirige las operaciones del Barrio 18 hay cabecilla de clicas, convictos y autores materiales e intelectuales de varios crímenes.

Las víctimas del grupo eran miembros de pandillas rivales, víctimas que se negaron a pagar la extorsión, integrantes de la misma pandilla que desobedecieron órdenes del consejo y atentados contra agentes de la Policía Nacional Civil.

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La muerte del general Ríos Montt

“El golpe que llevó a Ríos Montt al poder el 23 de marzo nos brinda la oportunidad de romper el largo congelamiento en nuestras relaciones con Guatemala y para ayudar a prevenir una toma de poder extremista”, cita uno de los documentos desclasificados el pasado jueves.

El gobierno de Reagan también defendió la dictadura de Ríos Montt, según se consignó en los reportes de comunicación interna y en audiencias en el Congreso, donde destacaban los grandes avances en “reformas de derechos humanos”.

Las denuncias de masacres que se le atribuían al gobierno de Ríos Montt, y por las que fue condenado el 10 de mayo del 2013, según la información ahora pública, en EE. UU. se recibían con escepticismo en Washington en aquel momento.

“En algunos casos, el embajador de los Estados Unidos, Frederic Chapin, y sus oficiales políticos, funcionarios de la estación de la CIA en Guatemala y agregados de defensa en el país llamaron a las presuntas masacres inventos de desinformación y propaganda guerrillera.

En casi todos los demás casos, con algunas excepciones, los funcionarios de los EE. UU. culparon a las fuerzas de la guerrilla como los perpetradores de los asesinatos en masa”, destaca un artículo del Archivo de Seguridad Nacional.

Muere el general

José Efraín Ríos Montt, de 91 años, ex jefe de Estado y expresidente del Congreso, falleció el Domingo de Resurrección a causa de un infarto.

“Falleció en su hogar, con el amor de su familia, con su conciencia sana, limpia, rodeado de mucho amor, aquejado por las dolencias que sabemos”, indicó el abogado Luis Rosales.

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Se conoce que al presidente también lo acompañará su esposa, Patricia Marroquín y sus otros dos hijos.

Hasta ahora, la Presidencia ha remitido toda la información sobre el viaje del presidente Jimmy Morales al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), sin embargo, la Cancillería no ha publicado la lista de invitados que acompañarán al mandatario.

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La Cancillería sostiene que parte de los gastos de la visita oficial los hace el gobierno de Israel y los diputados, por ejemplo, pagan con sus recursos su viaje, sin embargo, en el portal gubernamental Guatecompras, comienzan a destacar algunas compras de boletos aéreos a Jerusalén pagados con fondos del Estado.

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, por ejemplo, compró con cargo a esa dependencia tres boletos apenas el pasado jueves 10 de mayo. Según el evento NOG 8080437, fueron Q33 mil 825 por los traslados, incluyendo los impuestos correspondientes. No se específica quiénes viajarán.

La Cancillería también compró el pasado 4 de mayo cinco boletos aéreos a Israel por Q57 mil 59.80. Según las bases del evento NOG 8022240, viajarán Carolina Calvillo y Marta Larra, ambas de la Dirección de Comunicación de la Cancillería y los diplomáticos Hugo Hun, Luis Carranza y María Castañeda.

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En el Congreso ha trascendido que son 22 los diputados que alistan su viaje este fin de semana, la mayoría del bloque oficial, sin embargo, ningún diputado hasta ahora ha reconocido sus intenciones de participar en el evento diplomático.  Por ahora solo se confirma el viaje del presidente del Legislativo, Álvaro Arzú Escobar.

Otros que sí han confirmado su participación en la inauguración de la Embajada de Guatemala en Israel son el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Pineda Barales.

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Enfrentan proceso

Samuel Morales, hermano del presidente Jimmy Morales, y el hijo del mandatario, José Manuel Morales, enfrentan un proceso en el cual el Ministerio Público los señala de adjudicaciones de eventos con el Registro General de la Propiedad por un valor de más de Q200 mil aunque ellos no se beneficiaron directamente.

En enero del 2017, el MP argumentó que ambos están relacionados con tres eventos públicos, dos de los cuales nunca se llevaron a cabo, en los que ayudaron al padre de la exnovia del hijo del mandatario, Mario Estuardo Orellana López, a lograr las adjudicaciones, haciendo un “favor ilícito” para que este, según la investigación preliminar, se beneficiase económicamente.

En la primera de las adjudicaciones, un desayuno para 564 personas por un valor de Q90 mil el hijo de Jimmy Morales presentó tres cotizaciones –dos de ellas falsas a nombre de las empresas JM3 y Eventos y Spectáculos, ambas inexistentes– y una a nombre de Fulanos y Menganos S.A. o Carnes y Ensalada, ganadora del evento público.

El pago por este servicio fue entregando a Mario Estuardo Orellana López, aunque el desayuno nunca se realizó.

En el segundo evento, en el que se solicitaba el suministro alimenticio para 40 personas durante tres días por la presentación del plan operativo anual del RGP, las empresas Plus Espectáculos y Promociones y Hotel Barceló, presentaron sus propuestas, resultando ganadora la primera, cuyo representante legal también es el hermano del mandatario guatemalteco.

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El valor de esta adjudicación, Q89 mil 975, también fue cobrado por Orellana López a pesar de que nunca se realizó, y la participación del hijo del mandatario fue haber presentado la propuesta de la empresa de su tío.

Por último, el Registro General de la Propiedad contrató a Plus Espectáculos y Promociones por Q89 mil 958 para realizar 564 canastas navideñas para los empleados, cantidad que fue cobrada por el padre de la exnovia de José Manuel Morales.

Aunque este evento sí se realizó, no fue la empresa contratada, sino que las hizo Abdy Sussely Estrada, mujer de Orellana y contra quien las autoridades pedirán una orden de captura por su participación en este caso, igual que a la hija de ambos, que supuestamente ayudó en los trámites.

Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) destacó que ni el hijo ni el hermano del presidente se beneficiaron directamente de estos actos, pero agregó que ambos hicieron “un favor”  que constituye un delito y que se descubrió en el marco de una trama en el Registro General de la Propiedad, por el que están procesadas ya más de 20 personas.

Por estos hechos, la fiscalía sindicó el delito de fraude para Sammy y José Manuel Morales, más el de lavado de dinero a Sammy Morales. 

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¿Quién organiza la marcha a favor del presidente Jimmy Morales?

Acevedo siempre salió a manifestar para conseguir sus objetivos, aunque algunas veces coincidió con crisis gubernamentales, como ahora, que sale un día después de que un grupo de vendedores de La Terminal dio su apoyo al presidente Jimmy Morales.

Las presiones del sindicato se han incrementado y su dirigente, Joviel Acevedo, logró reunir ayer, de nuevo, a un nutrido grupo de docentes que manifestaron en la capital,  a costa de la suspensión de clases.
Joviel, 20 años organizando manifestaciones

18 julio 1996 | señalan anomalías

Encabezados por el líder sindical, el comité ejecutivo del STEG denunció que el Partido de Avanzada Nacional (PAN) otorgó plazas de manera anómala.

• 3 febrero 2002 | Anuncian paros

Decenas de maestros, encabezados por Acevedo, pidieron la renuncia de la directora departamental de Petén y amenazaron con paro de clases.

• 7 febrero 2003 | Aceptan propuestas

Luego de 18 días de paro, el sindicato aceptó a cambio de un bono de Q100 levantar la medida. En esa oportunidad se dijo que también se conocería el Pacto.

• 8 marzo 2003 | Aumento

El Gobierno ofrece Q115 más de aumento al sindicato, luego de una negociación de ocho días. Joviel logra que se bajen de mil 200 a mil las horas de trabajo.

• 2 agosto 2004 | Rechazan alzas

El sindicato y maestros de Quiché amenazaron con tomar las instalaciones de EEGSA, Deorsa y Deocsa para rechazar los precios de la electricidad de las distribuidoras.

• 14 enero 2006 | Varias demandas

Unos 10 mil docentes pidieron revocar el mandato de Óscar Berger, la renuncia de la ministra María del Carmen Aceña y se oponían a la construcción de un muro con México.

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El proceso de elección de fiscal general podría estar en riesgo debido a una solicitud de amparo que considera que los parámetros de valoración en la tabla de gradación y los requisitos de la Comisión Postuladora están fuera de lo establecido en la Constitución. 

La acción fue puesta en la Corte de Constitucionalidad (CC) por el abogado Víctor Molina Franco, quien argumenta que  algunos de los requisitos establecidos por la Comisión son ilegales pues, según él, la Carta Magna solo establece cuatro re  quisitos de los incluidos en la convocatoria.

Aunque nadie lo admite oficialmente, algunos involucrados en el proceso de postulación aseguran que el amparo de Molina Franco podría ser admitido en la CC.

De ser así, representaría un riesgo directo para el proceso de selección del nuevo jefe del Ministerio Público, que debe tomar posesión el 17 de mayo.

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Algunos comisionados reconocieron que si se ordena una repetición del proceso de postulación renunciarían porque no están dispuestos a repetir el trabajo desde el inicio. 

Hasta ahora el amparo, que fue presentado el 8 de febrero último, no se ha admitido, pero tampoco ha sido rechazado, señaló la Corte.  

Al amparo de Molina Franco, como tercer interesado se sumó Acisclo Valladares Molina, actual embajador de Guatemala en el Reino Unido y  quien se postuló para el cargo pero no fue mencionado en la nómina final.

Durante el proceso de postulación para fiscal general se presentaron 11 acciones de amparo.

Ultima Sesión 

El 16 de abril se efectuó la última reunión de la Comisión de Postulación, la cual no será disuelta  sino hasta que el presidente elija al sustituto de Thelma Aldana, actual jefa del MP.

Según trascendió, integrantes de la Comisión estaban enfadados por una supuesta campaña negra en su contra proveniente de personas que aseguran que aceptaron dinero de grupos que se proponen desestabilizar al Gobierno

La reunión, a  la cual asistieron 11 de los 15 postuladores, tenía el objetivo de conocer las impugnaciones en contra de la nómina de seis candidatos, pero se informó que  no se presentó ninguna.

El presidente de la  Postuladora y presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Antonio Pineda Barales, agradeció a los comisionados por el trabajo efectuado, ya que “se hizo con transparencia y con una fiscalización fuerte”.

Busca no elegir fiscal 

Fuentes cercanas al Ejecutivo aseguran que asesores del presidente Jimmy Morales prepararían una salida legal para que él no elija al fiscal general de la nómina que envió la Comisión de Postulación.

Incluso se propondrían asegurarse de que el proceso no concluya, debido a los amparos que están en trámite.  

Los asesores le habrían propuesto al mandatario que devuelva la lista a los comisionados, aunque la Constitución Política señala, en el artículo 251, que el fiscal general será nombrado por el presidente de la República de una nómina de seis candidatos propuesta por una comisión de postulación.

Antecedentes

En mayo de 2010, la CC le ordenó a la Comisión elegir una nueva nómina de seis candidatos de entre los 29 aspirantes a fiscal general, y tenían que discutir a viva voz la honorabilidad de cada uno. La Postuladora seleccionó a la misma nómina, aunque repitió el procedimiento. De esta, el entonces presidente, Álvaro Colom, seleccionó a Conrado Reyes como fiscal general

En junio del 2010, la CC anuló la elección de Reyes y ordenó que se repitiera todo el proceso, luego de que fuera acusado por la Cicig de tener vínculos con  grupos criminales. Debido a esa situación, en diciembre de ese año Colom seleccionó a Claudia Paz y Paz.

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Iván Velásquez tocó el alma de estructuras criminales

“¿Cicig intenta violar la supremacía constitucional de Guatemala? ¿Para eso los invitamos?”, agregó Morales como comentario en la red social.  

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“El mandato suscrito entre el Estado de Guatemala y las Naciones Unidas, ya hace como unos 10 años, donde se faculta a la Comisión Internacional contra la Impunidad para apoyar en materia de aspectos técnicos y científicos al Ministerio Público, e incluso el mandato se aplica por su naturaleza, casi que con carácter superior a la propia Constitución de la República de Guatemala”, dijo Rincón durante la audiencia del 10 de agosto último.

Derecho reconocido

La Constitución, en su artículo 46, reconoce los tratados internacionales como superiores al derecho local.

Por lo anterior, Rincón no se habría excedido en ningún comentario, solo recordaba la facultad de la Cicig de acuerdo con el mandato y el convenio al que Guatemala se comprometió cuando, junto a  Naciones Unidas, creó la Comisión.
A criterio del abogado constitucionalista Alejandro Balsells, el artículo 46 de la Constitución es claro.

En la resolución 18-0595 del expediente No. 199-95, la Corte de Constitucionalidad resolvió: “A ese respecto, cabe afirmar que se reconoce en el artículo 46 de la Constitución el principio general de que en materia de Derechos Humanos los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Al respecto, esta Corte ha considerado que la Constitución debe interpretarse como un conjunto armónico, en el que cada parte se interpreta en forma acorde con las restantes, que ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y que debe preferirse la conclusión que armonice y no la que coloque en pugna a los distintos preceptos del texto constitucional”.

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Recordamos

Esta fue la carta con la que Jimmy Morales declaró no grato a Iván Velásquez en 2017

El mencionado estado de Sitio se argumentaría con el supuesto riesgo que representa la Cicig para la seguridad nacional, lo cual es analizado por el Consejo Nacional de Seguridad.

Además, esta semana el presidente Jimmy Morales emprendió una  afrenta directa desde sus redes sociales en contra de la labor de la Cicig.

El gobernante pidió a la Procuraduría General de la Nación que investigue al mandatario de la Cicig, César Rincón, abogado que encabeza el equipo que acompaña desde la Comisión el caso Botín Registro de la Propiedad, el cual involucra al hijo y al hermano de Morales, por haber hecho comentarios sobre que el mandato de la Cicig está por encima de la Constitución de Guatemala.

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El comunicado de la Anam, según su presidente, Edwin Escobar, responde a que actualmente existe una polarización que podría llevar al rompimiento del orden constitucional.

Sin embargo, el apoyo de los jefes ediles no es, según Escobar, al Ministerio Público ni a la Cicig, sino a mantener la institucionalidad, aunque afirma que la Fiscalía y la Comisión deben seguir trabajando contra la corrupción.

“Es importante recordar que los alcaldes de forma colegiada le manifestamos —al presidente—  en agosto del 2017 que si él se comprometía a seguir con la lucha contra la corrupción y la impunidad contaría con nuestro apoyo”, afirmó.

Un antecedente: Alcaldes respaldaron a Morales en 2017 cuando intentó expulsar a Iván Velásquez

Son rumores

Rodolfo Rohrmoser, exmagistrado de la CC, considera que solo se trata de rumores. “Las personas opinan lo que sea, pero es su derecho a la libre expresión”, enfatizó.

“Él —Jimmy Morales— debe estar debidamente asesorado y no creo que irrespete la resolución de la Corte”, añadió.
El exmagistrado enfatizó que cualquier diferencia de opiniones entre la Cicig y Morales tiene que ser resuelta por las Naciones  Unidas.

“Es otro tema que desmintió la Secretaría. Los procesos están encaminados en Naciones Unidas”, respondió,  sobre un nuevo intento de expulsar a Velásquez.

Sería un error

Según analistas, si se ordenara un estado de Sitio sería un error de Morales que podría tener repercusiones incluso penales, por el alcance ilegal de tal acción, ya que entrarían en juego las circunstancias que la motivan y que rodean al mandatario.

El presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), Ovidio Parra, afirmó que en este momento no es necesario  ningún estado de Excepción.

Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos, expuso: “No hay una crisis que amerite esos extremos. Evidentemente tendrían un fin perverso de coaccionar el derecho de manifestación de la población, ante una insistencia sin sentido del presidente”.

El procurador señaló que el país no necesita más crisis, “menos innecesarias”.

En cuanto a la posible expulsión de Velásquez, Rodas coincide con Parra en que la CC suspendió en definitiva esa acción presidencial, por lo que el presidente no puede transgredir lo resuelto.

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Normativa vieja

Luis Fernández Molina, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, dijo que  Ley de Orden Público faculta al Ejecutivo para decretar un estado de Sitio. “Es una normativa vieja. Recuerdo que de 1965 y ha sido modificada en varias ocasiones”, explicó.

Según Molina, el Ejecutivo puede tomar esa acción, siempre y cuando tenga indicios fiables de que habrá actos de sabotaje, ataques armados a particulares, o cuando haya amenazas al orden constitucional.

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Disputa de espacios

A  Acuña Jerónimo se le asignó  en el 2014 la elaboración de un censo, como una de las herramientas de la comuna para ordenar el mercado de la localidad.

Durante el censo se  estableció que algunos propietarios de  locales los rentaban a terceras personas, a un costo más elevado de lo que ellos pagaban a la Municipalidad.

A partir de esos hallazgos, la profesional comenzó a tener conflictos con los dueños de los locales, pues se dispuso que los espacios debían ser administrados de manera exclusiva por la alcaldía.
 

Una de las personas que subarrendaban locales en el mercado  era Sheyla Johana Wing López, presunta líder del grupo los Reyes de la Carne y prófuga. 
 

Wing López pagaba por dos espacios en los que tenía instalada una carnicería  unos Q1 mil 800 al mes al propietario legalmente registrado en la Municipalidad de Villa Nueva.

En febrero del año pasado, Wing López presentó un recurso de revocatoria al juzgado, en un intento por recuperar los dos locales,  pero  le fue rechazado. 

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Entérese

La información que podrían incriminar a Sandra Torres.

Coyoy también entregó a la Fiscalía copia de conversaciones electrónicas con el entonces ministro de Finanzas Juan Alberto Fuentes Knight, donde deja en evidencia que  Torres tenía incidencia sobre el tema de Transurbano.

 Las declaraciones del exfuncionario, según han dicho penalistas, podrían llevar a pensar que la Fiscalía busca contar con razones suficientes para abrir una investigación directa contra Torres.

Expertos en Derecho van más allá y sostienen que la Fiscalía podría analizar videos de actividades oficiales durante el gobierno de Colom donde participa Torres, lo que podría demostrar su injerencia en las decisiones gubernamentales.

De ocurrir así, Torres podría llegar a ser investigada por usurpación de funciones  e incluso asociación ilícita, según el criterio de los abogados.

Según la Fiscalía, en la investigación de Transurbano ya se han recuperado archivos digitales, hay evidencia recogida en oficinas de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) mediante allanamientos y se revisan los procesos administrativos que se incorporarán como prueba contra los exfuncionarios de la UNE ligados a proceso.

Dos meses para indagar

El Juzgado Undécimo Penal ligó a proceso a 13 personas, entre ellos el expresidente Álvaro Colom.

Diez de los exministros enfrentan cargos por fraude, mientras que Colom y el exministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes Knight, fueron ligados además por peculado.

El juez José Eduardo Cojulum otorgó arresto domiciliario y fianza de Q100 mil a siete exministros. Fuentes Knight recobró la libertad luego del pago de Q500 mil.

La Fiscalía tiene dos meses para investigar y presentar la acusación formal contra ese grupo, señalado de haber otorgado de manera fraudulenta US$35 millones para el servicio prepago del Transurbano.

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Desde la última vez que Sabina cantó en Guatemala, su público ha crecido. Quedó confirmado el jueves último, en la larga fila para ingresar a la explanada de Cayalá, donde enmarcado en tres pantallas gigantes, el español, acompañado de guitarra, hizo el necesario repaso por su vida, plasmada en canciones.

Su vínculo con Guatemala

El cantautor español agradeció el apoyo de sus seguidores locales y durante la velada, recordó al Premio Nobel de Literatura guatemalteca.

“Es un enorme placer volver a este país hermoso y complicado del que me enamoré hace muchos años sin conocerlo, cuando en las clases de Literatura de la Universidad me obligaron a leer a Miguel Ángel Asturias. Cuando lo hice no tenía la menor idea de que alguna vez estaría aquí en un escenario, compartiendo con un público tan cómplice como ustedes mis canciones. Muchas gracias”, dijo Sabina, y el público lo ovacionó.

Esta es la razón por la que #JoaquínSabina le tiene un cariño especial a #Guatemala https://t.co/Fb8CLwNPCJ @prensa_libre pic.twitter.com/S6YL2qf163

— Escenario de PL (@Escenario_pl) 2 de marzo de 2018

El repertorio

Los 69 años recién cumplidos hacen que Sabina no cante durante todo el show. Sin embargo, pasó la estafeta a otros dos genios, Panchito Varona y Antonio García de Diego, que en ningún momento consiguieron bajar la emoción de un público cautivado.

No faltó el homenaje a su gran amiga, Chavela Vargas, a quien saludó durante el tema Por el bulevar de los sueños rotos, como parte de sus más de 20 canciones que durante dos horas presentó.

El talento de su corista, Mara Barros, también destacó en la velada. En una canción en solitario Barros hizo gala de su talento e interpretó una canción de la autoría de Sabina: Hace tiempo que no. Sin embargo, el clímax de su poderosa voz lo alcanzó con la introducción de Y sin embargo.

El concierto finalizó con los aplausos del público que pidió más canciones al español, aunque en el repertorio lo dio casi todo. Pastillas para no soñar fue la última canción con la que Sabina cerró la velada sin prometer que regresa, aunque el público se fue con esa esperanza.

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 No obstante es una incógnita lo que  se negoció, además de las mejoras salariales a los maestros,  pues los acuerdos, que ocupan 28 páginas, aún no se pueden hacer públicos, explicó   López.

méritos deberían evaluarse

Para Empresarios por la Educación, el Pacto Colectivo solo se debería negociar cuando también el Estado tenga un beneficio, como un régimen de meritocracia y que los incrementos salariales se den cuando el docente compruebe la calidad de su trabajo.  

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Para esta entidad, el acuerdo solo debería cobrar vigencia en el 2019, contemplando ya una asignación presupuestaria y luego de un diálogo público sobre las obligaciones específicas que adquieren los docentes a cambio de más beneficios.

“Se puede considerar dar un aumento salarial de 3 a 5 por ciento  a los docentes que superen una evaluación diagnóstica con propósitos formativos.  Podría considerarse a quienes logren más de 75 puntos en los componentes que se evalúan: Comunicación y Lenguaje, Matemática, Conocimiento Pedagógico y Estrategias de Enseñanza”, propone Empresarios por la Educación.

Hasta ahora, esas pruebas se practican a maestros nuevos que optan a una plaza en el Mineduc y no a quienes ya trabajan en el sistema educativo público.

Los registros oficiales de esas pruebas más recientes son del 2014. En esa oportunidad solo cinco  de cada 10 maestros que buscaban una plaza en el sector público alcanzaron un nivel satisfactorio en Lectura y únicamente cuatro de cada 10 superaron la evaluación de Matemáticas.  

Empresarios por la Educación también propone una certificación para la mejora continua de la escuela; es decir  que los establecimientos educativos públicos deberían postularse para obtener ciertos beneficios, como más sueldo a sus maestros, más recursos para inversión en infraestructura y otras condiciones escolares, según la calidad educativa que se demuestre.

Se buscó “un beneficio”

Según el ministro de Educación, sí se buscó en la última negociación un beneficio para la comunidad educativa, y no solo para los docentes.

 Lopez dijo que se incluye en el nuevo Pacto un capítulo de obligaciones del trabajador, para corregir las negociaciones anteriores, cuando no se le pedía nada al maestro. “Ahora tienen compromisos”, explicó el ministro.

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 Según el funcionario, el docente  debe ahora cumplir incondicionalmente con los 180 días de clases y estar sujeto  a una evaluación de desempeño; sin embargo, y lejos de la propuesta de Empresarios por la Educación de condicionar la mejora salarial a las capacidades del docente, esta evaluación no sería vinculante con el incremento.

 López dijo que también se discutió un régimen disciplinario para los maestros, aunque aún no se definen las  sanciones por imponer.

 Entre otros beneficios, se eleva de 60 a 80 días el período de maternidad y un bono anual de Q1 mil 500.

• 15 por ciento de incremento salarial, de manera escalonada en 2018, 2019 y 2020
• Un bono anual a fin de año por Q2 mil 500 y Q500 más a los maestros que cuenten con título universitario, obtenido en el Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente (Padep).

El ministro de Educación, Óscar Hugo López, reconoció que, por el momento, se desconoce la fuente de financiamiento que permita cumplir con lo ofrecido por el mandatario, aunque no descartó que se haga un análisis para determinar si se hacen algunas transferencias internas. El resto deberá ser dirigido desde el Ministerio de Finanzas.

“Ese será un tema de los expertos financieros, que, en su momento, informarán de dónde saldrán los recursos”, dijo López en conferencia de prensa.

El ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, también desconoce de dónde saldrán los recursos para honrar lo ofrecido por Morales.

Durante una reunión en el Congreso, Estrada dijo no haber estado en la reunión del presidente con el dirigente sindical y desconocía los detalles del pacto colectivo. Sin embargo, el ministro reconoció que no hay recursos suficientes en este momento en Educación para cumplir con el aumento.

“Cualquier modificación se tendría que ir al Congreso” para aprobación, dijo Estrada.

Presión sindical

El Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (Steg), dirigido por Joviel Acevedo, había firmado el último pacto colectivo en 2013. En ese momento el presidente Otto Pérez Molina les concedió un incremento del 30 por ciento a los docentes del sector público.

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Entre otros beneficios del pacto colectivo están las licencias laborales. Los miembros de los comités ejecutivos del sindicato tienen licencia con goce de sueldo hasta por nueve días al mes para sus actividades sindicales.

También los dirigentes del Steg gozan de inamovilidad de los integrantes hasta 18 meses después de haber cesado en su cargo sindical.

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Acevedo llegó al Congreso, fue recibido por el entonces presidente del Legislativo, Luis Rabbé, hoy prófugo por autorizar plazas fantasma en ese organismo, salió a la calle y, micrófono en mano, atendió y saludó a los docentes. 

“No venimos apoyando a Otto Pérez ni a Roxana Baldetti, si ustedes -diputados- quieren aprobar la ley o quitarles la inmunidad, háganlo, pero incluyan en su agenda nuestras propuestas: aumentar el pago de la pensión, aprobar la Ley de Desarrollo Rural, nacionalizar la energía eléctrica y no modificar la Ley de servicio civil”, decía en ese momento Acevedo.

Más atrás, el 15 de abril del 2011, el expresidente Álvaro Colom firmó un acuerdo de reajuste salarial e infraestructura escolar que negoció Acevedo, luego de una marcha docente que acabó frente a la Casa Presidencial. Ahí Colom agradeció el liderazgo del sindicalista, Joviel Acevedo.

Hoy el partido oficial necesita apoyo para retener la Directiva del Congreso y el presidente Jimmy Morales enfrenta otra crisis: los lujosos gastos personales que le paga el Ejecutivo, además de una afrenta directa con los medios de comunicación y, otra vez, la incómoda relación de su gestión con el trabajo de la Comisión y la Fiscalía.

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Los docentes, seguidores de Acevedo, salen tan solo horas después que el diputado de Todos, Felipe Alejos, hiciera un llamado a “unirse” y “salir victoriosos”, luego que la Corte de Constitucionalidad ordenara repetir la elección de Junta Directiva, en la que él consiguió la primera vicepresidencia.

Alejos hace un llamado a los diputados para que vistan una corbata azul durante la plenaria, convocada a las 15 horas para elegir de nuevo la Directiva, y afirma que habrá una manifestación a su favor y “en contra del pacto de corruptos y de la tiranía”.

En el Congreso

Desde la mañana se incrementó la seguridad alrededor del Palacio Legislativo, aunque la sesión plenaria estaba convocada hasta las 15 horas.

Afuera, desde las 10 de la mañana llegó un grupo identificado como transportistas, de distintas partes del país, que piden una reforma a la Ley para el fortalecimiento y mejoramiento del transporte público de pasajeros.

Entérese

Eligen al nuevo presidente de la Anam

El estilo de Bran, claro, no era propio; el alcalde de Ipala, Chiquimula, Esduin Gerson Javier, conocido como Tres Quiebres, lució un atuendo similar, pero las similitudes no quedaron ahí: el alcalde de Mixco y el de Ipala, se sentaron frente a una mesa y midieron fuerzas en un pulso, aplaudidos y fotografiados por unos, otros se dedicaban a discutir cuál sería el voto para decidir la dirigencia de la Anam para los próximos dos años.

“Los ven como ladrones y corruptos”

Los dos alcaldes que buscan la presidencia de la Anam ofrecieron un último discurso para llamar al voto de los ediles.

Juárez llega al bloque oficialista luego de que fue cancelado el partido Líder y logró la aceptación tanto del jefe de la bancada, Javier Hernández, como del mismo presidente de la República, Jimmy Morales, quien rechazó pedir su renuncia al FCN-Nación cuando fue señalado de haber ordenado el asesinato del periodista de Prensa Libre Danilo  López.

Por el contrario, en actos públicos Morales ha felicitado efusivamente a Juárez Ramírez por su trabajo desde el Congreso y por el apoyo al partido oficial.

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Hasta ayer, la subjefa de la bancada oficial, Ileana Calles, dijo no tener ninguna opinión sobre la sanción al diputado.
El presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, afirmó que la situación de Juárez es particular y no afectará el trabajo en ese organismo. 

Contraloría advirtió

Las empresas de Juárez Ramírez figuran en algunas auditorías de la Contraloría General de Cuentas (CGC), por sobrevaloración de obras, fraccionamiento de contratos y no cumplir con especificaciones técnicas de los trabajos adjudicados.

El Grupo Corporativo del Sur, Sociedad Anónima, también ligado a Juárez, ha sido señalado por la SAT de deudores fiscales e incluso ha sido llevado a juicio. La entidad recaudadora también ha inhabilitado en tres ocasiones a la empresa del legislador, en el 2013, 2014 y 2015.

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Desde el palacio municipal

El 6 de marzo del 2015, una publicación del mismo Danilo López  señalaba a Juárez  de tener omisos ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

En efecto, ese año Juárez    estaba incluido en el expediente con adeudo tributario en fase judicial  en la  Unidad de lo Económico Coactivo, con una deuda de Q195 mil 892. Además, la Fiscalía lo había denunciado por desobediencia, por haberse negado a pagar el impuesto.

Sin relación financiera

Desde ayer, los bancos del sistema en los que el diputado y sus empresas  tienen  cuentas bancarias, depósitos, ahorros, préstamos e  inversiones deben cesar su relación, por ser una persona incluida en la lista de la  Oficina de Control de Activos en el Extranjero —Ofac, en inglés—, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Saulo de León, especialista en temas sobre lavado de dinero, explicó que las entidades bancarias  deberán  devolver las cuentas al diputado, para evitar una sanción, y comunicar a las autoridades sobre la cancelación de los servicios.

“El efecto en Guatemala es que los bancos no pueden tener relaciones financieras, porque si no las entidades  corresponsales internacionales cortarían la relación con sus socios locales, porque no se puede operar a una persona que está en la lista Ofac”, afirmó.

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Moisés Mora, tenía pocos días de laborar para Movistar y extorsionistas acabaron con sus sueños.

Luego de los ataques que dejaron cuatro trabajadores muertos, la empresa decidió cerrar operaciones el fin de semana y fue ayer cuando reanudaron las labores de atención al cliente.

Hoy vuelven a una normalidad relativa, ya que la empresa necesitó incrementar la seguridad privada, además del apoyo de la Policía Nacional Civil, a una amenaza que sigue vigente: Q100 mil de pago inicial y una extorsión de Q2 mil a la semana por cada uno de los 20 vehículos que operan en áreas rojas de la capital, a cambio de que cesen los ataques.

La empresa es la primera de las grandes compañías que habla abiertamente de las extorsiones.

Entrevista

Como empresa, ¿desde cuándo tenían contacto con los extorsionistas y analizaban la situación?

La situación para nosotros es muy difícil. Estamos bastante golpeados, pero estamos confiando en los procesos. Estos grupos nunca tuvieron comunicación con nosotros. De hecho, las grabaciones que se hicieron públicas no fue por nosotros sino, me imagino, por los muchachos que las recibieron. Nosotros nunca recibimos ninguna amenaza, ningún pedido hasta después de los hechos.

¿No estaban al tanto de las extorsiones?

Trabajamos con aliados comerciales, empresas independientes que están comercializando rutas. Nosotros en Telefónica nunca hemos dado ningún tipo de pago, ni extorsión, ni a otro tipo de personas.

De hecho, cuando presentamos licitaciones, somos transparentes y seguimos todas nuestras políticas internas, y cualquier negociación la repudiamos y prohibimos, y nos retiramos de cualquier licitación o negociación donde no se tengan todas las garantías de transparencia.

En ese sentido, tenemos áreas de cumplimiento que nos obliga a estar dentro de los parámetros de ética y moral en todos los países donde operamos.

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Pero las empresas usan los logos de Movistar. ¿Qué medidas están tomando ante la amenaza?

Así lo tomamos. Son personas, trabajadores, jóvenes que portan nuestra marca y son responsabilidad de nosotros. Lo tomamos con la seriedad que corresponde.

Hemos tomado ciertas medidas con las autoridades, que han colaborado. Nos han dado toda la ayuda de seguridad, consejo y acompañamiento que corresponde. Desde el primer momento, junto a nuestros aliados, se puso la denuncia, y las autoridades actúan bajo sus protocolos.

Como Movistar, vamos a responder ayudando a las familias damnificadas y ayudando a los que ya están en la calle ganando el sustento de su familia y tratando de salir adelante como jefes de familia. Son trabajadores que portan nuestra marca, y con esa responsabilidad lo tomamos.

¿A una empresa como Telefónica cómo le afecta este problema?

Es un acto terrorista, y como tal debe ser tomado en cuenta. Desde el sábado, el presidente de Telefónica —José María Álvarez-Pallete— estuvo con nosotros. El mismo viernes tomó un vuelo y se vino a Guatemala, y estuvo con nosotros.

Presidió el comité que trataba la ayuda a los heridos y a sus familias, y luego cómo salir adelante como empresa.

Nuestra primera decisión fue proteger a nuestra gente. Son más importantes las personas, y por eso decidimos cerrar operaciones hasta garantizar la seguridad mínima y que las autoridades también lo hicieran, y hacer la actividad normal. 

Por otro lado, en los medios internacionales fue una noticia muy sonada. Nunca en Telefónica hemos tenido un evento como este: un ataque terrorista coordinado en cinco ataques el mismo día.

Por eso el presidente de la compañía viene acá y viene a decirle a los empleados que vamos a seguir adelante, vamos a seguir invirtiendo en el país y confiando en que las autoridades hagan su trabajo y protejan a los trabajadores, no solo de Movistar sino de todas las empresas en Guatemala.

¿En ningún país donde tienen presencia han sufrido situaciones como esta?

Nunca habíamos tenido un ataque coordinado en cinco lugares distintos en un mismo día tratando de hacer una cosa como esta. Eso muy complicado que cuatro personas mueran en un mismo hecho y quedan varias heridas. Por supuesto, en el mundo nunca lo habíamos tenido.

No quiero decir que no hayan tenido extorsiones en otros lugares, pero un ataque de esta magnitud nunca se había tenido, por eso el presidente estuvo aquí el sábado.

Fuimos a una misa ofrecida por las almas de las personas fallecidas y sus familiares y las personas heridas y en general por todos los empleados de Telefónica.

Fuimos a hablar con las autoridades, a decir que estamos dispuestos a seguir invirtiendo. Necesitamos que actúen para proteger a los trabajadores, porque solo están haciendo su trabajo para su bien y el de su familia.

Cerraron operaciones durante todo el fin de semana. ¿Cómo estarán trabajando a partir de hoy?

Desde hoy —ayer— estamos abiertos operando en el 80 por ciento del país. Los únicos lugares donde no trabajamos son las zonas más difíciles de la capital, pero las autoridades han trabajado y están dispuestas a apoyarnos y ya estamos operando en el país.

Mañana —hoy—, de forma masiva, todos nuestros empleados de oficinas centrales y parte técnica estarán laborando al cien por ciento.

Una cosa importante es que Movistar está garantizando el servicio. Nunca hemos detenido el servicio, no se ha caído una sola radio base, la red funciona y atendemos a nuestros clientes, y para ello las autoridades nos han ofrecido seguridad.

Hemos tenido un par de eventos de reparación a nuestros clientes, sobre todo empresariales, y nos han acompañado a hacer las actuaciones en la red como correspondía.

Todas las redes de cajeros automáticos y empresas que confían en nosotros están arriba —en funcionamiento— y no han dejado de hacerlo.

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¿Han necesitado contratar seguridad privada para garantizarse su seguridad?

Nosotros estamos reforzando nuestros operativos de seguridad. Nosotros ya invertimos en seguridad, sobre todo en la parte técnica y radio base.  Desde el punto de vista comercial, nuestras empresas aliadas comercializadoras ya invierten en seguridad. Destinamos una cantidad muy importante en seguridad. Lo que estamos haciendo ahora es reforzando.

Por supuesto que las autoridades ya están trabajando con nosotros, pero somos muchos empleados, muchas rutas y, seguramente, como nosotros hay muchas empresas y no podrán abarcar todo, por eso nosotros hemos invertido y vamos a invertir más en seguridad.

¿Cuáles serán los efectos comerciales de esta crisis?

La situación de Guatemala no es la mejor. Entonces, hemos tenido que invertir en seguridad, y  seguiremos invirtiendo. Nos afecta, porque aumenta nuestros costos operativos y comercialmente nos afecta porque hemos bajado la actividad todo el fin de semana y el lunes parcialmente.

Se ven afectados nuestros resultados financieros, pero estamos en la obligación de primero resguardar la vida de nuestros trabajadores, y luego vendrá el tema comercial.

Somos una empresa honesta y comprometida, y seguiremos trabajando.

¿Esta situación condiciona las inversiones a futuro?

Siempre cuando Telefónica, a nivel mundial, hace inversiones, antes de asignarlas hace valoraciones y, por supuesto, un clima de violencia y extorsión como el que vivimos ahora se toma en cuenta para inversiones futuras.

Es posible que, de seguir así y no resolverse, es muy fácil:  tenemos en Centroamérica cinco operaciones y es más fácil invertir en otro lugar que facilite las inversiones para hacer negocios.

¿Qué se espera de las autoridades del país para detener este problema?

Lo que queremos es aportar nuestro grano de arena para que Guatemala tenga un servicio de telecomunicaciones de primer mundo, y así lo hemos hecho y queremos seguir haciendo.

Lo que pido a las autoridades es que sigan apoyándonos como ahora, y una vez den con los responsables se aplique todo el peso de la ley y se llegue a las últimas consecuencias.

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Qué más quisiéramos que los empleados vayan sin seguridad, que los que venden recargas vayan sin seguridad, que los técnicos hagan su trabajo sin un policía al lado y no tengamos que poner policías privados en nuestras torres para que no las vandalicen o nos roben las baterías o los cables.

Para nosotros es importante, nos están ayudando mucho y de verdad estamos muy agradecidos, porque le vemos una actitud de resolver las cosas, ayudar y apoyar a las autoridades, apoyar a la policía, apoyar a todas las entidades de gobierno y salir adelante con esto problema y en general con todo el ambiente de violencia que hay en el país que no contribuyen en nada para hacer una actividad comercial.

Se dice que las extorsiones vienen de las cárceles. ¿Cómo está esa situación actualmente?

Siempre hemos contribuido con las autoridades. Cuando nos pidieron que bajáramos las potencias del radio bases, las bajamos. De hecho, nosotros prácticamente llegamos a apagar las torres cercanas a los penales, a pesar de que eso nos afecta comercialmente y también afecta a todas las poblaciones que están alrededor.

Las autoridades nos solicitaron que nosotros compráramos bloqueadores de señales, y nosotros compramos los bloqueadores y en teoría esos están instalados en los penales. Entonces, cada vez que nos han pedido colaboración y ayuda, hemos estado ahí presentes y hemos apagado celdas, hemos bajado presencia de celdas y la última inversión millonaria que hicimos fue colocar bloqueadores de señal en las cárceles. Eso está colocado ahí.

Entonces, ¿de quién es responsabilidad que esos bloqueadores funcionen?

Están adentro de los penales. No sé quién es la autoridad responsable de los penales, pero están adentro de ellos. Lo que hay que hacer es que funcionen correctamente.

Adicionalmente, quiero hacerle una analogía: estos terroristas que nos atacaron iban en motocicleta. Por supuesto que, a la marca de la motocicleta, que puede ser cualquiera, las personas no dicen mejor que ya no vendan motos. El culpable es el terrorista, el delincuente que anda encima de las motos. Igualmente, cuando llaman haciendo extorsiones llaman por celulares.

Por supuesto que no le vamos a pedir cuentas a las marcas de celulares, no les vamos a decir a las marcas que dejen de cursar llamadas de esas personas.

Nosotros solo ponemos los medios de comunicación para que la gente se comunique, lo que hay que hacer es que a los delincuentes hay que ponerlos en la cárcel. Luego, en la cárcel, deben actuar como corresponda a un delincuente para que pueda rehabilitarse de la forma en que esté en la ley.

¿Han hablado con la gremial o con los otros proveedores de telefonía para tomar un papel conjunto?

Todo ha sido en conjunto, porque lo han pedido a todas las empresas y en conjunto hemos respondido. De hecho, cuando las autoridades nos entregan las especificaciones, en conjunto compramos los bloqueadores.

Como industria, nosotros estamos apoyando. Cada vez que las autoridades nos lo requieren, apoyamos para resolver los problemas.

El hospital Roosevelt permanecía cerrado en su consulta externa luego del ataque de liberación del reo Anderson Cifuentes, al que sus compañeros para liberarlo protagonizaron una balacera que dejó siete personas muertas y una docena más de heridos. 

“Fueron cinco minutos de terror”, narran testigos.

A partir de ese 16 de agosto, cuando se registró la masacre, el entonces director del hospital, Carlos Soto, ahora ministro de Salud, decidió cerrar la consulta externa y negó la atención médica a privados de libertad, hasta que se garantizara la seguridad del lugar. 

Los pacientes durante los últimos 22 días que permaneció cerrada la consulta han sido trasladados a centros de salud. Solo las emergencias siguieron atendiéndose con normalidad. 

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La analogía la cita Morales en medio de un juicio que se lleva a cabo en contra de su hermano, Samuel y su hijo José Manuel Morales, acusados por lavado de dinero y fraude en forma continuada, en el caso Botín Registro de la Propiedad.

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Defensa de la soberanía 

Morales insistió en su discurso ante el Congreso que la soberanía del país se debe defender y es cara. 

“Tener un país libre e independiente es caro”, dijo Morales, quien también reconoció que luego de ganar la presidencia advirtió a su familia “que los pondría en riesgo”.

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Morales de nuevo insistió en que ha sido respetuoso de la independencia de poderes, sin embargo agradeció a los diputados por haber votado a favor de proteger su inmunidad, ante la solicitud de antejuicio presentada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) por financiamiento electoral anónimo, durante la campaña electoral 2015 del Frente de Convergencia Nacional, donde el fungió como secretario general.

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Es legítimo

“En base a sus honestos conocimientos en la decencia y en la honorabilidad, se determina que los hechos manifestados en el expediente de antejuicio no se han promovido por razones espurias o ilegítimas”, dice el informe, lo que estaría validando hechos que ameritan una investigación más profunda al entonces secretario de FCN-Nación y ahora presidente de la República, Jimmy Morales.

Interés político

El informe reconoce que no hay razones espurias en la solicitud de antejuicio presentada por el MP, sin embargo, en una de sus conclusiones, detalla: “…antejuicio se pudo haber promovido por razones políticas en la forma, tiempo y modo en la que fue presentada, especialmente en lo relacionado al momento de la promoción de antejuicio cuando el señor presidente, en el marco de una reunión con el secretario de las Naciones Unidas para tratar temas relacionados a la Cicig, por lo que deja en consideración del pleno del Congreso de la República el evaluar si existen elementos políticos que hubieran podido condicionar la presentación de la solicitud de antejuicio”.

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Debe proceder

El informe circunstanciado recomienda retirar la inmunidad porque “existen elementos”.

Agrega: “el señor Jimmy Ernesto Morales Cabrera, en su calidad de Presidente de la República, debe ser puesto a disposición de la justicia común, en virtud de la probable participación en los hechos concernientes a la falta de presentación de informes y negativa a proporcionar información al órgano electoral, durante su gestión como secretario general de la organización política Frente de Convergencia Nacional”.

No hay indicios

El informe también incluye un párrafo donde niega que existan indicios que sugieran que el secretario general del FCN-Nación tenga alguna responsabilidad en los aportes y financiamiento de la organización.

“A los hechos relacionados a las contribuciones realizadas a la organización política FCN-Nación, no existen indicios para considerar que el secretario General tuvo intervención ni participación directa en los hechos planteados en el expediente de antejuicio”.

Entérese

Las razones de Jimmy Morales para declarar non grato a Iván Velásquez

La desconfianza en las palabras del presidente llegó, inclusive, a la comunidad internacional, la cual puso en duda la credibilidad del gobierno en la lucha contra la corrupción.

Abrir un frente con la comunidad internacional y países donantes significa, y ya lo han declarado sus representantes, condicionar la ayuda económica al país.

Como era de esperarse, el presidente acudió al refugio de una cámara, para evitar ser cuestionado y como lo ha hecho durante toda la semana última, evita ofrecer conferencias de prensa y responder a la población a través de los medios de comunicación.

La estrategia de comunicación de la Presidencia también se vale de cuentas falsas y de dudoso origen -por la fecha de creación, inactividad o tuits genéricos- que inundaron las redes sociales para intentar convertir la polémica en una lucha de ideologías.

La protección de la soberanía del país fue el principal argumento de Morales para justificar la decisión de expulsar a Velásquez. También acusó a los medios de comuicación de ejercer presión mediática en algunos temas sensibles y aseguró que es él el único que dirige la política internacional, sin que “ningún tribunal nacional tiene el respaldo constitucional para injerir en las decisiones del presidente, en dicha política”.

Contradicciones

Morales afirmó que Velásquez presionó a diputados para que que aprobaran las reformas constitucionales, cuando una de las quejas la hizo el diputado Fernando Linares Beltranena hace varios meses, y el gobernante no dijo nada, sino que lo hace a los dos días de que se presenta un antejuicio en su contra.

Morales abogó, en un principio, por las reformas constitucionales, incluso, la iniciativa tiene su nombre porque la presentó como jefe del Ejecutivo, junto a los presidentes de los otros dos organismos y participó en la presentación pública del documento, en el salón Pasos Perdidos del Congreso.

Varios diputados, principalmente Beltranena, se opusieron y poco a poco el Legislativo dejó las reformas segundo plano. Ahora el presidente tácitamente también las abandona.

En el Congreso, queda en manos de los diputados el futuro penal de Morales. Es en esa instancia donde se conocerá su proceso de antejuicio y, a la luz de las horas recientes, el Legislativo se ha dividido en criterios.

Asimismo, el mandatario, muchas veces a través de su vocero, Heinz Hiemann, siempre dijo acatar las resoluciones de la CC, pero esta vez todo apunta a que este no será el caso.

El argumento de que el comisionado supuestamente se salió de su mandato, por lo de las reformas constitucionales, es tardío, y coincide por la petición de antejuicio en su contra, coinciden expertos.

Morales también dice que no es por asuntos personales, pero cuando comenzó el proceso contra su hijo y hermano, fue notorio el distanciamiento de la CICIG al afirmar que no defendería a nadie, en referencia a los ataques contra Velásquez.

Renuncias

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En la tarde, el presidente llamó de urgencia a sus funcionarios, y aún en la noche trataba de convencer a varios de que no renunciaran.  Trascendió que una de las que se quería ir era la de Trabajo, Leticia Teleguario.

El canciller Carlos Raúl Morales fue removido desde la mañana, lo que apuntaría a que no estuvo de acuerdo con la decisión del presidente.

Siguió la renuncia de la viceministra de Relaciones Exteriores, Anamaría Diéguez; la ministra de Salud, Lucrecia
Hernández Mack, y sus tres viceministros.

Hernández fue enérgica en cuanto a sus razones, al expresar: “Se vuelve ética y políticamente inviable continuar con plan de salud, en un gobierno que termina favoreciendo impunidad y actores corruptos”.

También renunció Enrique Godoy, representante del presidente ante el Instituto de Fomento Municipal (Infom) y ante el Programa Nacional de Competitividad (Pronacom). “No me siento cómodo con la decisión del presidente”, expuso.

Otro resbalón en la jornada del presidente fue que nombró y juramentó de inmediato canciller a Sandra Jovel, quien tiene un proceso abierto por un caso de adopciones ilegales donde habría falsificado documentos y precisamente hoy debe presentarse a un Juzgado para saber si enfrentará juicio.

Morales comenzó a perder el apoyo de su Gobierno desde el jueves, cuando la procuradora General de la Nación, Annabella Morfin, hizo público su respaldo a Iván Velásquez. Ayer Morfin firmó un comunicado donde pide al presidente que reconsidere su decisión.

Sin la abogada del Estado, Morales habría buscado asesoría legal afuera, y ayer durante la tarde se pudo observar a abogados llegar al Palacio. Una fuente confió que buscaban la estrategia legal para no acatar la resolución de la CC, pero también para el explorar la posibilidad de decretar un estado de Sitio.

Amparos y protestas

La sombra de un estado de Sitio está en el ambiente, extremo que preocupa a varios sectores. Por eso diputados del bloque Convergencia buscan el amparo de la CC para evitar que se limiten las garantías constitucionales.

Grupos estudiantiles, civiles y líderes indígenas han anunciado que desde hoy comenzaran una oposición y manifestaciones públicas, incluso se espera bloqueos carreteros en espera que Morales  reconsidere su postura.

Varona habló en exclusiva con Prensa Libre, a propósito de sus Noches Sabineras, que llegan este miércoles 16 de agosto a Trovajazz, vía 6 3-55 zona 4, Guatemala. Además de lo que podemos esperar de una Noche Sabinera, Pancho cuenta qué sería su vida sin Joaquín, sus influencias musicales y el destino de la música de moda.

La influencia y arreglos que aportas a la música de Joaquín destaca, y se siente tu ausencia en Lo Niego Todo, musicalmente. ¿Cómo fue la experiencia de vivir el parto de un nuevo disco “del otro lado”, con la producción de Leiva?

Fue doloroso, pero un dolor que duró 24 horas, porque soy muy amigo de Leiva y lo quiero mucho. Entendí que Joaquín necesitaba un aire nuevo que no le estaba dando; por suerte se fue con un amigo mío, peor que se hubiera ido con un enemigo, y fue doloroso apenas, ha sido un trabajo muy bueno y felicito a Joaquín y a Leiva.

¿Crees que vamos a poder escuchar un nuevo disco de Joaquín con ese sonido más español al que estamos acostumbrados?

Es posible, no lo sé. Hay gente que dice que Lo Niego Todo es el último disco de Joaquín, yo no estoy seguro. De repente con Leiva –Joaquin Sabina- encontró una veta nueva que explorar, lo que no sé es si volverán a hacer un disco igual, es posible que Antonio –García de Diego—  y yo podamos llevarlo por ese camino, por el momento está muy metido en el mundo de Leiva.

El próximo disco de Joaquín no sé qué sonido tendrá, lo que sí sé es que quiero que lleve alguna influencia mía. Me sentiría muy honrado si Joaquín de repente volviera a incluir una canción mía en sus discos.

Con Joaquín he compuesto 100 canciones aproximadamente y en este disco me he sentido un poco raro de no tener ninguna, un poquito raro, por eso espero volver a hacer una cosa con él.

Vecinos de Guatemala, como alcalde vuestro que soy os debo una explicación! Y esa explicación que os debo, como alcalde vuestro que soy, os

— Pancho Varona (@Panchovarona) November 23, 2013

¿Qué tanto has aportado a la carrera de Sabina y qué tanto él a tu desarrollo como músico?

A mi Joaquín me ha enseñado a leer y escribir, a disfrutar, me ha enseñado a viajar, a todo; a producir discos y hemos aprendido juntos a hacer canciones, la enseñanza ha sido tan grande que no la puedo contar… cambié de gusto musical con Joaquín, antes era más roquero sinfónico y al lado de Joaquín me gustaron más los –The Rolling— Stones y Bob Dylan, a mí Joaquín me aportó muchísimo.

¿Qué tan diferente es Pancho Varona, el músico detrás de Joaquín Sabina, y el Pancho Varona que viaja por el mundo con un show propio?

Es la misma persona, sigo estando detrás de Joaquín, viaje solo o con él. Joaquín se ha significado tanto en mi vida que es inseparable, todo lo que hago tiene relación con él.

El encuentro con Sabina fue en La Mandragora, allá por los 80, pero ¿qué sería de Pancho Varona de no haber coincidido con Joaquín?

Estaría en un sitio mucho más feo, tenlo por seguro. Cuando conocí a Joaquín estaba haciendo la oposición para entrar a un ministerio. Imagina la posibilidad de un ministerio o irme de gira con Joaquín. Con suerte sería un triste funcionario, pero a lo mejor ni siquiera hubiera llegado a eso, menos mal que nos topamos en el camino y nos fuimos juntos.

¿Alguna vez intentaste  ser El Cantante de la orquesta?

No porque soy una persona sensata y yo sé que Dios no me llamó por el camino del canto. Tuve la suerte de hacer canciones y que la canten luego los que saben.

Son más de 100 canciones con Sabina, ¿alguna que te haya dejado marca?

Todas son hijas y todas hijas guapas, pero siempre hay predilección por algunas. En mi santoral tengo Y Sin Embargo, Ruido, Contigo, El Pirata Cojo, Esta Boca es Mía, canciones que me gustan mucho que si me ponen a contarlas no acabaría… yo me quedaría con Peces de Ciudad, Y Sin Embargo, Contigo, El Pirata Cojo, Ruido, El  Rocanrol de los Idiotas… me pongo nervioso solo de pensar… Esta Noche Contigo, Ahora Qué, Pastillas para no soñar, me gustan casi todas.

¿Cuáles han sido tus influencias y que podrías definir en la música que has producido, para Sabina y tantos otros cantantes?

Tengo una banda que juega en la primera división y todas las demás en la segunda división, esa banda son Los Beattles. Ahora mismo viajo con un libro que se llama John Lennon, sigo admirándoles más cada día que pasa. Me bajé 15 o 20 documentales ahorita que me voy de gira y los estoy viendo, es mi gran influencia. Hay otros grupos como –The Rolling— Stones, Police, -Bob— Dylan, pero los Beattles juegan en otra división, son los mejores. Cada día son más originales, cantan mejor, las armonías que hacen con las voces eran increíbles, eran de otro plantea, increíble lo que se inventaron.

Si has vivido varias décadas en el negocio de la música ¿cómo ves los nuevos géneros? Hablamos de las tantas plataformas de difusión y el tipo de producción musical que ahora gusta y se le considera éxito.

Siempre hablo con absoluto amor de la década de los 70 y 80, pero cada vez que lo hago parezco un viejo gruñón. Pienso que la música que se hacía antes era mucho mejor que lo que se hace ahora. En mi país hay una serie de grupos que hacen cosas interesantes, sobre todo con las bandas, a nivel solista no me gusta tanto, pero sobre la corriente de moda, el reguetón y eso a mí me interesa bastante poco, no he terminado de entenderlas y sigo anclado en mi música favorita, no entiendo lo que pasa ahora.

De acuerdo a tu experiencia ¿hacia dónde la música?

Va al carajo (risas)… no sé a dónde va, desde luego va a un sitio que no me gusta mucho. Qué bueno que tenemos memoria, tenemos amigos, como dice la canción de Joaquín, pues nos basamos en la memoria y en los amigos para poder seguir escuchando la música que nos gusta. En nuevas tecnologías tenemos aparatos que almacenan 20 mil canciones. Los que tenemos ya cierta edad, en vez de preguntarnos a dónde va la música, ojalá, no se pierda la memoria y sigan gustándome las mismas canciones de toda la vida.

No me interesa a dónde va la música, eso deben planteárselo los jóvenes que son el futuro de la música realmente.

¿Cómo puede vivir decentemente un productor musical, si ya no es la misma industria de los 80?

Decentemente no se puede vivir, hay que ser un poco indecente, es muy difícil. Ya ahora mismo la piratería y ventas digitales y tecnología ha hecho que la venta de discos caigan en picada y ahora mismo es muy difícil vivir de las regalías. Ha cambiado mucho si no tienes internet que te da un empujón para hacer conciertos y el negocio de los discos cayó y no ha sabido reinventarse, los conciertos en directo son los que mandan, no está mal, a mí me gustaba el disco en vinilo, portada grande, pero a nivel global me interesa el internet y lo que hemos perdido lo hemos ganado por otro.

¿Qué traes preparado para Guatemala con estas Noches Sabineras?

Intento hacer un repertorio muy sabinero en estos conciertos. Llevo con Joaquín 35 años y el 90 por ciento de mi vida y mi repertorio está basado en Joaquín Sabina, pero intento dar tres o cuatro pinceladas de otros artistas, he trabajado para Ana Torroja, Alejandra Guzmán, Hombres G, he tenido una vida más o menos intensa y he tenido la suerte de trabajar con más gente, así que habrá mucho Sabina y tres o cuatro de algo más que enseñarle a la gente de otras cosas que he hecho.

¿Qué esperas de Guatemala?

Se está formando un revuelo bonito alrededor del concierto. Nosotros quisiéramos viajar mucho más a Guatemala pero no hemos ido tantas veces, ojalá se llene la sala, ojalá me reciban como yo a ellos, tengo mucho amor por ese país. Esta emoción es compartida por mí, es mutua y ojalá disfrutemos tanto como parece que vamos a disfrutar.

Frustran plan

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Las armas ilegales también circulan por miles. Entre enero del 2014 y junio del 2017, la PNC reportó la incautación de 16 mil 491 armas de fuego, la mayoría pistolas y revólveres, aunque también se han localizado granadas de fragmentación, fusiles AK-47, AR15,  subametralladoras, entre otras armas de uso militar exclusivamente.
Balas a la venta

El exministro de Defensa Ronaldo Leiva explica que el tráfico de municiones es tan complicado como trasegar armas;  sin embargo, a través del mercado legal se pueden obtener municiones de una manera más fácil.

Según investigaciones del Ministerio Público, gran parte de la comercialización de las armas de fuego ilegales que se encuentran en el país pasan por armerías que facilitan el proceso de compra venta, tanto de armas y municiones.

“Alguien con licencia puede comprarla y compartirla, pues la munición no tiene un registro antes de ser disparada”, dice Leiva. “Lo único es que la cantidad está restringida”.

Las armas más comerciales en el país son las pistolas de calibre 9 milímetros, según el Ministerio Público, y las municiones para este tipo de armamento también son más fáciles de conseguir en el mercado legal porque son las más comunes para el uso civil.

La vigente Ley de Armas establece un límite de 200 municiones al mes a quien tenga permiso de tenencia y 250 para quien cuente con licencia de portación, no obstante,  en los polígonos de tiro  la ley deja libre la venta siempre que sean utilizadas ahí.

“Al salir del establecimiento el responsable de la munición es el que la compró y el problema es que la munición no está marcada”, dijo el coronel Carlos López, director de la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam), “Al final es el cliente el responsable de la munición, si la utiliza o vende”.

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Aunque la Digecam ha establecido un programa de control de venta de municiones en línea con las armerías autorizadas, no puede saber el destino final de las mismas.

“Nosotros no podemos corroborar con exactitud  que en realidad usó toda la munición que compró”, dice Álvaro Escobar, gerente general del polígono Hincapié. “Por eso le explicamos al cliente que no puede llevársela, en este caso habrá otras instancias que si lo encuentran en la calle puede tener algún tipo de problemas”.

La  Digecam efectúa una supervisión dos veces al año a los polígonos. Cada establecimiento cuenta con un libro en el que se registra cuántas municiones y a quién se las vendió;  sin embargo, no existe ningún mecanismo que compruebe cuántas balas disparó el usuario en sus instalaciones. “Es imposible controlar cuánta munición utilizan”, dice el coronel López.

Una alternativa para poder tener un mejor control de la munición es el marcaje individual de cada bala que se comercializa legalmente en el país y, al momento de ser comprada, que se tenga el registro de responsabilidad sobre quién la compró.

En República Dominicana se implementó el sistema de marcas a las municiones, dice López, aunque el proceso requiere, además de aspectos legales en la actual ley, un incremento en el costo de cada cartucho, por lo que la acción aún se ve lejos de ser implementada en Guatemala.

De México a la región

Son las 19.25 horas en la avenida Alta Verapaz, Jocotales, zona 6 de la capital, el área con más muertes violentas durante el 2016, con 114. Con suéter gris y capucha, César camina decidido a encontrarse con Kimberly; ninguno ha cumplido los 20 años, pero están a punto de enfrentar cargos por más de 10 años de cárcel inconmutables por portación ilegal de armas de fuego y municiones.

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La pistola va dirigida a Kimberly que ya tenía instrucciones precisas de qué hacer con ella. Se supone que el arma y 18 cartuchos serían entregados a una tercera persona para hacer “un trabajo”, quien después la entregaría  a otro contacto. De esta manera la pistola pasaría de mano en mano, bajo una consigna: la mejor forma de borrar huellas es dejar demasiadas, hasta que sea imposible definir el rastro.

Así  se mueven las armas en Guatemala. En el caso de César y Kimberly la PNC detectó el ilícito y los capturó, no obstante, las autoridades  reconocen que existe un movimiento de armas y municiones a diario que se sale del control. Se ha detectado armas desarmadas y municiones traficadas entre piñatas, pasteles, cajas de verduras o como paquetes en buses.

El tráfico de armas ilegales, casi en su totalidad, proviene de México, y Guatemala es un lugar de paso desde donde se suministra armamento en el Triángulo Norte.

El poderío bélico tiene un origen y un destino específico: el narcotráfico e incrementar el poder de las pandillas en el triángulo norte de Centroamérica.

“Son cárteles del crimen organizado que operan en México los que suministran armas de fuego a Honduras, El Salvador y Guatemala”, dice Francisco Rivas, ministro de Gobernación de Guatemala. “Definitivamente muchas armas se quedan aquí y otras van hacia El Salvador y Honduras”.

El Ministerio Público (MP)  ha identificado tres flujos de armas en el  país: el crimen organizado, cárteles de droga y los ex miembros del Ejército o la Policía, que han formado estructuras criminales, dice el fiscal de la Unidad Especializada en Pandillas del Ministerio Público, Aldo Chiapas.

La mayor capacidad de mover armas de alto poder, drogas y dinero la tiene la Mara Salvatrucha (MS), según  Gobernación, alcances que, por momentos, dejan en desventaja a la misma fuerza de seguridad pública.

“La MS tiene su vínculo más fuerte en EE. UU., con la mafia mexicana, que es un grupo delictivo de mayor organización con capacidades muy fuertes y desarrolladas en la región de California”, dice Rivas. “Adicionalmente tiene relación con grupos delictivos de México, y por eso, de alguna forma, con El Salvador y Honduras hemos podido notar el tráfico de armas de fuego que vienen”.

Para el exministro de Defensa  Ronaldo Leiva, las autoridades incautan muchas armas y municiones, sin embargo, la tarea es difícil por el escaso control fronterizo.

“La situación no es tan fácil porque las fronteras nuestras son muy porosas”, dice Leiva. “Las capacidades logísticas y de personal son limitadas”.

Para Chiapas es “casi imposible” tener el control sobre el ingreso de armas no registradas porque llegan desde las fronteras con México.

La relación de las pandillas con el narcotráfico ha sido fundamental para armar a estas últimas, que ofrecen al narcotráfico control para la venta al menudeo y algún tipo de seguridad.

“De Guatemala fluye el dinero de actividades criminales hacia el Norte —EE. UU. y México— y a vuelta vienen las armas”, dice Leiva. “Los intereses del narco han llevado a utilizar a las pandillas como narcomenudeo (…) ellos les han provisto las armas”.

A partir de agosto el Ministerio Público (MP) encabezará junto a la Policía Nacional Civil (PNC) un sistema de búsqueda de mujeres desaparecidas, en cumplimiento a las sentencias de la  Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por dos casos que expusieron el peligro de ser mujer en una sociedad inundada de estereotipos.

Alejandra González, jefa de la Secretaría de la Mujer del MP, explica que se trabaja con 11 instituciones y se dispondrá del teléfono 1792, y el 110 de la policía, para denunciar las desapariciones.

González explica que un boletín con fotografía, datos generales de la víctima y lugar donde fue vista por última vez, será difundido en las primeras horas para agilizar la búsqueda.

“Lo que está prevaleciendo es la reacción inmediata, hacer diligencias en las primeras seis horas, todas las instituciones”, dice González. “Esas primeras horas son vitales para proteger a la víctima”.

Condenada por estereotipos

María Isabel Veliz Franco murió a sus 15 años. Acababa de terminar tercero básico y trabajaba durante las vacaciones en un almacén en la 6ª. Avenida de la zona 1.

El 16 de diciembre de 2001 Isabel salió de su casa para no volver más. El día siguiente de su desaparición Elvira, su mamá, llegó al almacén pero no la encontró, solo fue informada que el día anterior un “muchacho de mal aspecto” la esperó y se fue con ella al salir del trabajo.

El cadáver de María Isabel fue localizado el 18 de diciembre en un terreno baldío en la zona 8 de Mixco. El informe forense confirmó que la niña fue violada y torturada.

Según familiares, la policía señalaba a María Isabel de ser pandillera o prostituta y por eso la habían matado. “Ellos tenían la obligación de investigar, cosa que jamás hicieron”, dijo a Prensa Libre doña Elvira, en 2015.

Funcionarios durante la investigación de los hechos “efectuaron declaraciones que denotan la existencia de prejuicios y estereotipos sobre el rol social de las mujeres”, cita la sentencia de la Corte.

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La indiferencia mata

La madrugada del 13 de agosto del 2005 quedo grabada en la memoria de la familia Velásquez Paíz. Una llamada a la casa familiar advertía que un amigo de Claudina, hablando por teléfono con ella, escuchó que gritó “¡no, no, no!”.

Claudina salió el 12 de agosto a las 8.30 de su casa rumbo a la universidad. Cursaba el cuarto semestre de Derecho, nunca regresó.

Jorge y Elsa, los padres de Claudina, comenzaron por notificar a la policía que su hija corría peligro. A las 3 de la madrugada de ese 13 de agosto dos agentes en una autopatrulla llegaron a la casa, en la zona 8 de Mixco, a conocer más detalles de Claudina y su desaparición.

A las 5 de la mañana los padres de Claudina llegaron a contar los escuetos detalles, otra vez, a la subestación policial, además aportaron una foto de su hija.

“No se preocupen, seguramente anda con su traido (novio)”. Fue la respuesta de la policía al conocer la denuncia, según declaró ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos José Velásquez, padre de Claudina. “O seguramente se emborrachó y está con una amiga pasando la borrachera”.

Claudina, según la necropsia, murió entre las la medianoche y las 4 de la madrugada de ese 13 de agosto. La Corte hizo responsable al Estado de violar el Drecho a la Vida y a la Integridad Personal.

*Con información de Glenda Sánchez

La cifra de guatemaltecos desaparecidos sube, mientras que las estadísticas oficiales de muertes violentas comenzaron un descenso a partir del 2012, una situación que llevó a analistas a sugerir que podría tratarse de un fenómeno relacionado con la forma en que las pandillas se deshacen de los cadáveres de las víctimas, una razón que se sumaría a factores como violencia intrafamiliar y trata de personas con fines de explotación sexual o laboral.

Los reportes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirman un incremento de cuerpos desmembrados en los últimos años, lo que refuerza la hipótesis de que muchos de los desaparecidos tendrían alguna relación con la violencia de  pandillas.

De esa cuenta entre el 2016 y 2017 se han identificado varios inmuebles donde pandilleros enterraron a sus víctimas; el caso más reciente es el de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, donde, el pasado 10 de mayo, se recuperaron al menos seis cuerpos enterrados en una fosa clandestina, la más grande localizada hasta ahora que no está ligada a masacres de la guerra.

Las muertes por heridas de arma de fuego han bajado a partir del 2011, según los datos del Inacif y en el mismo período se han duplicado los cuerpos desmembrados. El año pasado la cantidad de muertes violentas cerró en cuatro mil 11 personas, 17 por ciento menos que los muertos reportados en el 2011.

En San Bartolomé Milpas Altas, durante el allanamiento y excavación en la fosa, familiares de una de las víctimas identificaron una motocicleta que estaba en la vivienda como la del joven desaparecido tres meses antes; de inmediato se pusieron a disposición de las autoridades para reclamar el vehículo y tal vez recoger alguna pista del paradero de su familiar.

El Inacif tomó muestras de ADN de la familia y las comparó con la de los restos bajo análisis, uno de ellos correspondía al joven.

Un investigador de la Policía Nacional Civil confirmó que las pandillas han cambiado las formas en que matan, una de ellas es “mejorar” el método para deshacerse de los cadáveres, por un lado para destruir evidencia y como una forma de enviar mensajes sangrientos a los grupos rivales.

Wilber Alejandro Salán y Tomy Adolfo Dávila García, ambos de 17 años, desaparecieron el 10 de mayo del 2016, los familiares dieron aviso a la Policía y comenzaron la búsqueda.

Una semana después una llamada anónima dirigió a los familiares al fondo de un barranco en la colonia Ciudad Real, zona 12 de la capital, allí estaban los cuerpos desmembrados y semienterrados de los dos jóvenes.

“El desmembrar cuerpos es una práctica cada vez más común”, dice el investigador. “Los pandilleros así pueden deshacerse de los cadáveres sin dejar mayores rastros de quién dio la orden. Pareciera que las clicas compiten a ver quién es más sanguinaria”.

Walter Menchú, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales,  explica que el enterrar los cadáveres evidencia que los pandilleros han cambiado la estrategia “porque hay mayor miedo que los intercepten”.

En cuánto a los cuerpos desmembrados, aunque hay un incremento sostenido no es significativo para los niveles de violencia; sin embargo, esto “sí afecta la percepción de las seguridad”, dice Menchú.

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Proteger a la mujer

Al final del 2016 hubo 424 reportes más de mujeres desaparecidas que de hombres, en el primer trimestre de este año las víctimas mujeres superaban en 47 a los hombres en los registros del Ministerio Público.

El Inacif reportó entre enero del 2016 y marzo del 2017 un total de 76 personas desmembradas, 30 de ellas, mujeres. Sin embargo, en la cantidad de muertes violentas las mujeres  representan el 13 por ciento, lo que sugiere que  desaparecen por otras causas.

En el 2016, el Ministerio Público (MP) recibió mil 825 denuncias de desaparecidas, es decir, cinco casos al día, en promedio. Hasta junio de este año se han denunciado 741 desapariciones de mujeres, más de 200 casos por hechos delictivos.

“Un 40 por ciento sí aparecen y no están en situación de riesgo sino por  circunstancias personales”, dice Alejandra González, encargada de la Secretaría de la Mujer del Ministerio Público.

González encabeza, desde el MP, una alianza interinstitucional para crear el mecanismo de búsqueda de mujeres desaparecidas Isabel-Claudina.

El sistema podría entrar a funcionar a finales de julio y estará dedicado a coordinar y prevenir la desaparición por violencia de género así como cualquiera de las modalidades de trata.

“En un sistema patriarcal, con un machismo exacerbado expresado en violencia física, cualquier mujer puede estar en riesgo”, dice González.

La alerta Isabel-Claudina, al igual que la de menores Alba-Keneth, coordinará la búsqueda y divulgará boletines con fotografías de la mujer reportada como desaparecida.

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Niñez en peligro

En mayo pasado la Policía capturó a Gilda Nohemí Sicajá Juárez, de 42 años, conocida como doña Chiqui. Ella coordinaba un negocio de prostitución de menores en hoteles de Villa Nueva, Amatitlán y la capital.

Durante el operativo, la Policía logró rescatar a varias menores, entre ellas Lucía, de 17 años, que había desaparecido el 26 de diciembre del 2015, en la zona 8, según la denuncia presentada por familiares.

Las niñas y adolescentes superan  a los registros de desapariciones de personas adultas. Siete de cada 10 reportes de desapariciones son de mujeres entre 13 y 17 años, por lo que desde el 2010 se creó el sistema Alba Keneth.

En el caso de la desaparición de  mujeres adolescentes el estigma social hace su labor: “la víctima se fue con el novio”. Esto, aunque puede ser cierto, no sucede en todos los casos, y muchas veces la joven se fuga de su casa convencida de que tendrá una mejor vida y es engañada por estructuras de explotación sexual.

“Es porque hay una situación de maltrato, de rebeldía o decisión influenciada por alguna persona para una convivencia maridable”, dice Suilma Cano, jefa de la unidad Alba Keneth. “O se escapa coaccionada para integrar alguna pandilla; generalmente, eso pasa en zonas rojas”.
El problema del tráfico de personas, principalmente en la modalidad de prostitución, es un problema que persiste de acuerdo a informes de la Procuraduría de Derechos Humanos, aunque los registros del Ministerio Público reportaron una reducción en la identificación de víctimas, 596 en el  2016 en comparación a las 673 víctimas rescatadas en el 2015.

El último informe de la PDH  advirtió sobre la situación del país, donde la  explotación sexual encabeza el peligro para las mujeres, seguido de la explotación laboral.

El índice de restricción de visa  lo presenta cada año Henley and Partners, que trabaja desde 2015 con la Oficina del  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata). La firma coloca a Guatemala en el lugar 40 de los 199 países evaluados.

En la actualidad, los guatemaltecos solo pueden ingresar sin requerimiento de visa a 63 destinos; la mayoría en Europa.

“Las restricciones de visado se basan principalmente en la ciudadanía”, explica la firma internacional.

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En el puesto 40, Guatemala comparte espacios en calidad de ciudadanía con la isla caribeña Dominica y está por debajo de otras ciudades como Trinidad y Tobago, que ocupa el puesto 32; Venezuela, el 34, y los Emiratos Árabes Unidos, en el puesto 38.

En el 2007 Guatemala se encontraba en el lugar 30, el segundo de Centroamérica mejor calificado por Henley and Partners, después de Costa Rica. 10 años más tarde, El Salvador y Honduras han sumado más países a los que sus ciudadanos pueden entrar sin requerimiento de visa y con ello dejaron atrás a Guatemala en la escala. 

En la cabeza de la medición se encuentran Alemania, cuyos ciudadanos pueden entrar sin ninguna restricción a 176 países; Suecia, que tiene libre tránsito en 175.  Dinamarca, Finlandia, Italia, España y Estados Unidos empatan en el tercer lugar, con la libertad para sus ciudadanos de viajar sin visa a 174 de las 218 naciones posibles.

El excanciller y exvicepresidente Eduardo Stein explicó que el requisito de visa se trata más de un tema de reciprocidad entre países; es decir, aquel al que Guatemala no le pide visa tampoco la solicita  a los guatemaltecos, aunque el que un país ponga más restricciones para viajar afecta no solo al turismo, sino también puede tener efectos en la economía al dificultar el ingreso a posibles inversionistas.

Solo en el   2016, un millón 58 mil guatemaltecos viajaron con fines turísticos fuera del país; la mayoría a Estados Unidos, que exige visa, aunque   Guatemala no exija  más que el pasaporte a los estadounidenses que desean ingresar al territorio.

Guatemala recibió en el mismo año a un millón 917 mil visitantes, la mayoría de Estados Unidos y Canadá, México y en menor cantidad de centroamericanos. De Europa se recibió a 125 mil visitantes en 2016. 

Documento poco fiable

La certeza de que el pasaporte no es falso es una de las primeras condiciones para  ingresar sin visa  a otros países. En Guatemala, la última década ha estado marcada por escándalos en la Dirección General de Migración (DGM) que van desde corrupción, redes internas de falsificadores y  falta de libretas para ese documento.

Juan Alberto Donis Prado fue detenido en el Aeropuerto Internacional La Aurora, el pasado 23 de junio, señalado de liderar una banda que robaba vehículos de lujo bajo demanda. Cuando esta persona  intentó ingresar  al país, procedente de Colombia,  se detectó que su pasaporte  era falso y su verdadera identidad era la de Byron Estuardo Amezquita Galindo, de ese país sudamericano.

Para Stein, la vulnerabilidad del pasaporte y los riesgos de falsificación cada vez son menores. El tema compete exclusivamente a la Dirección General de Migración (DGM) y no tienen ninguna relación o consecuencia directa con las gestiones diplomáticas.

El 28 de noviembre del 2013, una investigación del Ministerio Público reveló una red de falsificación de pasaportes integrada por trabajadores de la DGM y que durante 10 años pudo haber emitido los documentos alterados con identidades falsas.

En enero del 2014 fueron detenidas 21 personas señaladas de integrar una estructura que cada mes falsificaba hasta 50 pasaportes. Los señalados trabajaban como delegados de Migración en el aeropuerto La Aurora y otros, en el Registro Nacional de las Personas (Renap).

Ciudadanos de China, Cuba, India, Colombia, Perú, Rumania, Jordania, Pakistán, Siria, Nepal y Ghana obtenían los documentos alterados por unos Q10 mil.

“Lamentablemente la vulnerabilidad es latente para Guatemala y cualquier país del mundo”, expuso Carolina Miranda, directora de Migración. “Nuestro país tiene altas medidas de seguridad, pero está latente la falsificación”, dijo.

Marcela Ortega, de nacionalidad colombiana, quería ir a trabajar a España y ese país le exigía visa, a diferencia de los guatemaltecos, que pueden ingresar únicamente con pasaporte y permanecer hasta tres meses en ese territorio. El esposo de Marcela ya se encontraba en ese país con  nacionalidad guatemalteca falsa, y ella pagó Q115 mil por la misma travesía.

Marcela fue capturada en el aeropuerto La Aurora. Su documento personal de identificación (DPI) y   pasaporte guatemaltecos no la delataron, fue su acento lo que  truncó los planes de reunirse con su esposo.

La vulnerabilidad  de los pasaportes, aunque se cuenta  con controles biométricos,   es  latente, aseguró Mérida, sin embargo existe la capacidad humana para identificar   alteraciones.

“Nuestro personal está capacitado. Derivado de ello  se han detectado varios casos y ya hay resoluciones condenatorias”, informó la directora de Migración.

Ovalle es acusado de crímenes de lesa humanidad durante la guerra civil, en un caso denominado Creompaz. Según la fiscalía, en el área del actual Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz de Naciones Unidas (Creompaz), antes base militar, se torturo y ejecutó extraoficialmente a más de 500 personas, entre 1981 y 1988.

La imputación también incluye a 14 militares en condición de retiro, entre ellos Manuel Benedicto Lucas García, exjfe del Estado Mayor del Ejército y hermano del expresidente Romeo Lucas García. Todos fueron enviados a juicio y guardan prisión desde el 6 de enero de 2016.

Las víctimas fueron Mario Sánchez y Manuel Sales, dos jóvenes acusados de asaltar a vecinos del lugar. Una turba de vecinos de Santa Bárbara sacó a Sánchez y Sales de su vivienda por la fuerza y los arrastró al cementerio de la comunidad. Ahí los golpearon con palos y piedras y, cuando se cansaron, los colgaron frente a la capilla.

Santa Bárbara no ha tenido policías ni jueces por 15 años. El destacamento de la Policía Nacional Civil (PNC), fue cerrado por orden del Ministerio de Gobernación en 2002, poco tiempo después también cerró el Juzgado de Paz, luego de varios conatos de linchamiento en contra de las autoridades por negarse a entregar a dos supuestos ladrones.

El de Santa Bárbara es uno de los 685 linchamientos registrados entre 2013 y 2014, el período más violento de los últimos 12 años, según los registros de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

En esos años, 94 personas –9 mujeres y 85 hombres— murieron a causa de las heridas provocadas por turbas en Guatemala, Huehuetenango, Alta Verapaz y Quiché. Otras 738 víctimas quedaron con lesiones.

No es justicia

Entre 2005 e inicios de 2017 hubo 2 mil 556 linchamientos denunciados en Guatemala. Fueron asesinadas 20 personas y 91 resultaron heridos, muchas de ellas de gravedad. Cuando los linchamientos registraron un pico, entre 2013 y 2014, algunos grupos liberales comenzaron a señalar a las comunidades indígenas como responsables de los crímenes.

Un año antes, en 2012, le llegada del primer militar a la presidencia en la era democrática de Guatemala también empoderó ciertos círculos del ejército y, estos a su vez, puntos de conflicto entre la población, otra vez, en el altiplano. Una protesta en octubre de 2012 en la Cumbre de Alaska, en Quetzaltenango, fue reprimida por el ejército que mató a seis campesinos que protestaban contra los precios de la energía eléctrica.

En el país de nuevo se retoma el discurso dividido de la derecha y la izquierda ideológica, en medio, los grupos indígenas del altiplano.

En 2016 se incluye un paquete de reformas constitucionales, ahí se incluye la jurisdicción indígena y esto crea grupos en oposición a que se reconozca la autoridad ancestral, por promover los linchamientos. Sectores empresariales se opusieron a los cambios y la discusión llevó a manifestaciones en las calles y el Congreso, señalando la supuesta violencia de las comunidades y su poca capacidad de juzgar un delito.

Tomar la justicia por cuenta propia en una población no es un hecho con relación directa a las costumbres ancestrales. Las poblaciones indígenas en el país, aunque reconocen los castigos públicos y aplicación de justicia ancestral, no practican la incineración y goles hasta la muerte del castigado.

Regiones con predominante población indígena, como Sololá, cuentan con autoridades ancestrales aunque no estén plenamente reconocidas por el Estado de Guatemala. En 2016 estos tribunales resolvieron 3 mil casos, ninguno con aplicación de ningún castigo físico. Las sentencias aplicadas van desde resarcimiento a las víctimas, trabajo comunitario, destierro y en caso extremo varios azotes, según la falta, aplicados por algún familiar del victimario.

El linchamiento, aunque se trata de una muestra de desconfianza en la justicia, es un crimen, y quienes participan en esa práctica cometen el delito de muchedumbre y homicidio en estado tumultuario, explica Javier Monterroso, asesor del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y exasesor del Ministerio Público.

Monterroso refirió que Guatemala es de los pocos países en donde todavía se registran linchamientos, y que eso ocurre por los altos índices de impunidad. En el país según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, existe un 97 por ciento de impunidad.

“La población debe entender que el linchamiento no es la respuesta. Eso nos convierte en un Estado donde no existe el debido proceso”, manifestó.

Monterroso señaló que el Estado debe ser más eficiente en la aplicación de la justicia, lo que involucra también al Ministerio Público, para evitar los linchamientos. Añadió que también se perseguir a quienes cometieron el crimen y eso sirva como  disuasivo.

Vivir con miedo

Cuilapa, Santa  Rosa, es junto a San Juan Sacatepéquez, el municipio donde más linchamientos se reportaron en 2016. Cuatro en ambos casos.

Rigoberto Escalante Pérez, tiene 36 años, 15 de los cuales ha servido como bombero voluntario en Cuilapa. El 20 de mayo de 2016 vivió uno de los episodios más frustrantes de su carrera como socorrista. Él, junto a dos compañeros bomberos, fue al rescate de dos hombres vapuleados por una turba afuera del mercado municipal. Los acusaban de ser extorsionadores de mototaxis.

“La gente estaba muy molesta”, dice. “Estuvimos varias horas dentro de la ambulancia con mucho miedo porque la unidad fue rociada con gasolina”.

Escalante Pérez encabezó el grupo de tres bomberos que rescató a los dos hombres, pero el grupo de pobladores le cerró el paso a la ambulancia cuando se dirigía al Hospital Regional de Cuilapa.

“Son momentos horribles”, dice el bombero. “Enfrentamos a veces la incomprensión a nuestro trabajo y también el riesgo de morir cumpliendo el deber”.

Mayén dice que “la violencia llama violencia” y justifica los linchamientos en el área porque “los vecinos están cansados de la violencia y no confían en el sistema de justicia”, por el retraso en los procesos penales en los juzgados. La mora judicial en el país, hasta diciembre de 2016, señala que solo 5 de cada 10 casos llega a una audiencia, las demás son suspendidas y reprogramadas por meses.

Mayén sostiene que el sistema de justicia “debe recuperar con hechos la confianza de la población”, agilizando los procesos y sentencias, de manera que la población vea una solución al denunciar los delitos de los cuáles son víctimas, de lo contrario las personas seguirán buscando otras formas de infringir castigo a quienes consideren delincuentes. 

En los últimos 13 años dos mil 612 personas fueron víctimas de linchamientos en toda Guatemala. Casi la mitad de ellos, en Guatemala, Quiché y Alta Verapaz. Que ocurran allí desnuda una lógica perversa: en esas áreas del país también se concentraron 9 de cada 10 masacres cometidas por el Ejército durante el período más sangriento de la guerra, en los años 80.

Quienes golpearon, azotaron, mataron y lincharon durante los últimos tiempos quizás ejercieron una práctica ancestral, pero la actualizaron con un método más nuevo: hacer justicia por mano propia es producto de la ausencia y deserción del Estado moderno.

El mantenimiento de la práctica del linchamiento, y en muchos casos su acentuación, revela la incapacidad o ausencia de voluntad de las autoridades de varias administraciones para detener la violencia en el país.

De alguna forma, el Estado mató durante las guerras, volvió a matar durante la recuperación democrática, cuando se ausentó para normar la vida y aplicar la ley, y vuelve a matar ahora, cuando en Guatemala continúan los linchamientos y la Justicia tarda y en sancionar.

Los datos recogidos por Prensa Libre, al cruzar el registro de riñas tumultuosas de la Procuraduría de Derechos Humanos, el informe de Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi) y publicaciones de la época, demuestran que donde hubo más presencia y organización militar persisten las prácticas violentas sin control del Estado. En el caso de San Juan Sacatepéquez, Guatemala, aunque no registra masacres durante el período de la guerra, su cercanía con Quiché fue aprovechada por grupos que migraron, huyendo de la guerra.

Las causas de la muerte

Alta Verapaz con 178 linchamientos y Huehuetenango con 191 son los departamentos con mayor cantidad de casos de linchamientos y muertos. Ambas, junto con Quiché fueron las áreas donde más represión hubo durante la guerra y luego de ella también se constituyeron en territorios de conflicto, fuerte organización comunitaria, pobreza y carencia de servicios básicos.

En estos territorios, el Ejército ejecutó las masacres de la base militar 21, Estrella Polar, y Quiquil, entre otras, donde alrededor de mil personas fueron asesinadas entre 1982 y 1984. Tanto en Alta Verapaz como en Huehuetenango, la guerrilla fue barrida con operaciones militares implementadas, según el Ministerio Público, bajo una política de tierra arrasada y la ejecución de planes como Sofía y Victoria 82, que iban dirigidos a eliminar a las comunidades que, supuestamente, ayudaban a la guerrilla.

No es coincidencia que el altiplano concentrase en estos años la mayor cantidad de linchamientos. Según Óscar Manuel Castellanos Martínez, sociólogo de lo urbano, los crímenes presentes en esos municipios tienen “fuertes vínculos” con grupos exparamilitares que “han resistido al tiempo y no fueron desarticulados en su totalidad”.

“Donde hubo presencia de paramilitares y ofensiva contrainsurgente y tierra arrasada reinó la ley del más fuerte, las ejecuciones extrajudiciales estaban a la orden del día” dice Castellanos Martínez. “Allí en dónde quedaron feudos, en esos municipios, los comisionados militares y exparamilitares continuaron actuando con impunidad”.

En 1988 Prensa Libre publicó el linchamiento de 2 personas a manos de un grupo, liderado por un comisionado militar. En 1980, el inicio del período más sangriento de la guerra, también se registró el linchamiento de varios dos personas en Huehuetenango, esta vez fueron pobladores que rechazaban el reclutamiento forzado, las víctimas eran comisionados militares.

El sociólogo Luis Mack, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y profesor de la Universidad de San Carlos, dice que, durante la guerra, las poblaciones del altiplano organizaron estructuras como las Patrullas de Autodefensa Civil que luego mutaron a comités de vecinos o de seguridad, con la misma lógica de organización, donde un grupo de no más de tres personas decide cómo resolver los problemas de la comunidad e imparte justicia, según su criterio.

De hecho, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala, el municipio con más linchamientos del departamento, un comité de vigilancia se convirtió poco a poco en un grupo de represión y autoridad paralela al Estado, obligando a las personas a prestar patrullajes “voluntarios” cada semana o pagar una cuota por el servicio. El comité además impuso reglas de convivencia y decidió qué tipo de justicia aplicaría a quien se señalase de algún ilícito.

El grupo, de acuerdo a publicaciones de Prensa Libre, restringe el horario para salir a la calle, así como quién entra y sale de su jurisdicción. El pasado 1 de marzo de 2017, un grupo de “seguridad ciudadana” de San Juan Sacatepéquez, incluso, vapuleó a tres oficiales del ejército que, en su día de descanso, ingerían bebidas alcohólicas en la vía pública. 

“Puede haber relación porque los lugares donde se estableció el conflicto era donde había más pobreza y eran los más olvidados por las instituciones del Estado”, dice Mack.

Los departamentos donde más linchamientos se reportan, con excepción de Guatemala, también concentran condiciones precarias de vida. En Huehuetenango, de acuerdo al último Índice de Desarrollo Humano, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 8 de cada 10 habitantes viven en pobreza y en promedio solo van cuatro años a la escuela, mientras que en Alta Verapaz, son 9 de cada 10 quienes están en pobreza y la escolaridad se limita a cuatro años.  

No es por cultura

La práctica de linchamientos ha sido reportada desde 1970. Registros de Prensa Libre desde 1970 hasta finales de 1980 muestran que en departamentos como Chimaltenango, Quiché y Alta Verapaz era común. Por años, se extendió la creencia de que los linchamientos eran prácticas propias de las culturas precolombinas, pero la investigación de Prensa Libre no ha hallado ninguna correlación directa entre los asesinatos y crímenes de las turbas y las etnias indígenas del país.

El departamento de Guatemala es la prueba definitiva de que los linchamientos no obedecen a cuestiones étnicas: con 338 casos, casi el mismo número que Huehuetenango y Alta Verapaz combinados, es la jurisdicción con más linchamientos totales entre 2005 y abril de 2017. De acuerdo a los datos cruzados por Prensa Libre, departamentos como Santa Rosa también registran hasta nueve muertos en el último año, un lugar con el 97 por ciento de población ladina.

Según los registros, 90 personas han sido asesinadas y otras 390 heridas en linchamientos, en su mayoría en San Juan Sacatepéquez, donde la población está organizada en un comité de seguridad fuera del control de la Policía Nacional Civil (PNC). Otros hechos, ocurridos en Villa Nueva, Mixco y las zonas 1, 2, 7, 9, 10, 12 y 18 de la capital son menos recurrentes y aislados.

El departamento de Guatemala, y específicamente San Juan Sacatepéquez, es un caso especial. El departamento de Guatemala tiene la menor proporción de población indígena per cápita del país y, con la capital como epicentro, es la región menos desvalida –la pobreza a indigencia alcanza a 30 por ciento de sus habitantes— , y tiene el mayor acceso a servicios de justicia y seguridad. Pero, excluida la capital, los indicadores asemejan al departamento a otras jurisdicciones. En San Juan Sacatepéquez 5 de cada 10 habitantes viven en la pobreza o pobreza extrema.

Según Mack, los linchamientos en San Juan Sacatepéquez se explican en la migración interna de los 80 y serían ejecutados por actores ajenos a las comunidades. El sociólogo dice que durante la guerra y después de ella, familias completas migraron a otros departamentos huyendo de la represión o en busca de nuevas oportunidades de vida. Muchos de ellos se radicaron en áreas específicas de la capital o municipios cercanos.

Villa Nueva y Mixco, los dos municipios más poblados de la jurisdicción, fueron poblados por víctimas de la guerra que migraron a la capital, en busca de trabajo. Actualmente ambos lugares enfrentan serios problemas de violencia y pobreza, con fuerte presencia de pandillas que coordinan extorsiones y sicariato.

En Mixco también hay presencia militar a través de un destacamento que ofrece seguridad civil, Villa Nueva tuvo un programa de seguridad militar similar, sustituido por patrullajes conjuntos con la Policía Nacional Civil.

Ausencia de Estado

La gravedad de la situación es tal que el propio Estado reconoce que los crímenes suceden por su incapacidad para actuar en beneficio de la población. A inicios de abril de 2017, el procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León, dijo a Prensa Libre que los linchamientos ocurren, precisamente, porque “hay ausencia del Estado, falta de justicia, desesperanza y frustración de la población, pero no se pueden considerar una práctica legítima”.

El Procurador coincide en que los linchamientos no son una acción ligada a razones culturales o exclusivas de poblaciones indígenas, las razones que motivan los linchamientos pueden ser las mismas pero van más allá de la etnia.

De León destaca como ejemplo a Totonicapán y su organización comunitaria en 48 cantones, un área en el altiplano del país que no registró masacres durante los años de la guerra.

“Grupos de pobladores hacen lo que el Estado no hace, imparten justicia, construyen carreteras, abastecen de agua”, dice. “Su organización es envidiable y da como resultado una comunidad armoniosa”.

En efecto, Totonicapán es el departamento con mayor población indígena del país –98 por ciento de sus habitantes pertenecen a las etnias k’iche’, pero, con 68 casos totales, registran menos linchamientos que cualquier otro departamento del país.

Otros departamentos con un bajo registro de casos de linchamientos son Zacapa, El Progreso y Jutiapa, áreas del oriente que, según la Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), no sufrieron ninguna masacre relacionada al conflicto armado.

“No es un fenómeno exclusivo de poblaciones indígenas”, dice De León. “Tiene que ver con falta de justicia, desesperanza y frustración porque la justicia no llega. Hay ausencia del Estado”. 

Como Jefry Vicente López Calderón, Denis Antonio Gómez Ramírez y Kevin Estuardo González Asencio, fueron identificados los tres capturados, supuestos pandilleros de una clica que opera en el área de San Miguel Petapa.

Los detenidos viajaban en un vehículo con reporte de robo. Portaban tres armas de fuego y más de 50 municiones útiles. Se investiga a quién o a quiénes iba dirigido el ataque.

Disparan a autopatrulla

Entre la noche del sábado y madrugada de domingo agentes de la PNC fueron tomados por sorpresa, a disparos, cuando viajaban en un autopatrulla por un área de la zona 9.

Dos personas comenzaron a disparar al vehículo oficial, sin embargo la pronta reacción de los uniformados dio origen a una persecución que finalizó con la detención de los dos agresores de la policía y la incautación de una motocicleta en la 3a. Calle y 5a. Avenida de la zona 9.

La PNC asegura que los dos detenidos tienen el perfil de pandilleros y se busca establecer a qué grupo pertenecen y por qué se ordenó el ataque.

Varios socorristas se dirigieron al lugar de manera inmediata, y la revisión del sector fue hecha por dos grupos, pues la extensión es demasiado amplia, se indicó.

En la Isla hay por lo menos 200 viviendas que han sido abandonadas por sus propietarios, pues allí las pandillas ejercen una extrema violencia, que va desde amenazas con armas de fuego, cobro de extorsión a comerciantes, transportistas y los mismos residentes, ataques armados y homicidio.

A eso de las 14.30 horas se reportó el hallazgo del bebé, que se encontraba en el interior de un inmueble donde también había sido abandonado el cadáver de una mujer de aproximadamente 27 años, quien se sospecha es familiar del menor. El lugar consta solo de paredes, techo y una puerta.

El inmueble se localiza en el lote 5, callejón 16, del referido sector.

El análisis de la escena del crimen fue efectuado por la Fiscalía Municipal de Villa Nueva y la Fiscalía contra el Femicidio. De manera preliminar se detalló que la víctima tiene varias señales de violencia, por lo cual se sospecha que habría sido torturada, pero no se estableció allí la causa de su muerte ni su identidad.

El cadáver fue trasladado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para que se determine cómo y cuándo murió la fémina.

Delegados de la Procuraduría General de la Nación (PGN) acudieron para verificar el estado del bebé, quien posteriormente fue trasladado al Juzgado de Menores, para que se decida si quedará al resguardo de algún familiar, si es reclamado, o si pasará al abrigo del Estado mientras aparece algún integrante de su familia.

Actualización​
Menor localizado en La Isla, Villa Lobos 1, zona 12 #VN es trasladado a pediatría del #HR en compañía de @PGNguatemala. pic.twitter.com/8U7919d5GV

— Bomberos Municipales (@bomberosmuni) April 8, 2017

Temor

Vecinos alertaron a los socorristas sobre el llanto del bebé, pues no había ninguna vivienda habitada en el sector, y el ruido despertó la atención de varios.

Los habitantes también conocen el lugar como la cevichería, pues es recurrente que allí los delincuentes vayan a dejar los cadáveres de sus víctimas.

De acuerdo con los paramédicos, el infante tendría por lo menos seis meses de edad, pero según la Fiscalía, sería de aproximadamente dos años.

Según la versión que recibieron los bomberos, también se escucharon gritos de una mujer. Se buscó en el sector durante media hora.

La víctima tenía atadas las manos y los pies, vestía blusa roja, pantalón café, chumpa negra y sandalias.

El niño estaba deshidratado por el llanto y las altas temperaturas. Posteriormente fue llevado al Hospital Roosevelt, para que recibiera atención médica. La PGN informó que el menor permanecerá en el edificio Lucky, 5ª avenida 5-66, zona 1, donde funcionan los juzgados de la niñez.

Los característicos ritmos de la popular música son acompañados con imágenes de mujeres en diminuta ropa, bajo un abrasador sol y Ale Mendoza, con gafas oscuras acompañando la música con un sugestivo baile.

El mensaje central del material que ya se publicó por la PNC, resalta el mensaje de Mendoza pidiendo a la población confianza en la institución de seguridad, todo en el marco del verano y el asueto de Semana Santa, que comienza el próximo miércoles.

En la cuenta oficial de Ale Mendoza se promociona como una campaña de expectativa, lo que supone que será una canción completa la que estará promocionando la Policía durante el asueto.

Disfruta esta Semana Santa, la PNC está alerta para proteger y servir. Dale pues!! pic.twitter.com/JBbMtXGry8

— PNC Guatemala (@PNCdeGuatemala) April 8, 2017

Ale Mendoza es un cantante guatemalteco de “música urbana”, explica en su página web, con una carrera desde 2012, cuando grabó su primer disco “Sueño=Realidad”.