El Ministerio Público (MP) solicitó nuevas órdenes de captura contra la exfiscal general, Thelma Aldana; el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Juan Francisco Sandoval; y la primera contra la exjueza Érika Aifán.

Las órdenes de detención se autorizaron por el Juzgado Séptimo Penal, a petición de la fiscalía que los señala por sus acciones en torno al caso Fénix, una antigua investigación de un desfalco en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) que se reabrió en abril de 2019 por tema de lavado de dinero.

Los tres exfiscales, que abandonaron Guatemala y se exiliaron en los Estados Unidos, previo a su salida denunciaron que estaban siendo señalados y procesados judicialmente sin garantías de una legítima defensa.

La última en dejar el país, es la exjueza Erika Aifán, galardonada en 2021 por Estados Unidos por su lucha contra la corrupción y la impunidad; además, de haber sido condecorada por las embajadas de Alemania y  Francia con la entrega del premio Derechos Humanos y del Estado de Derecho ese mismo año.

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No obstante, pese al respaldo internacional, Aifán, quien estuvo a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo “D” durante seis años, suma diversos procesos judiciales y, ahora, una orden de captura que reclama la fiscalía guatemalteca.

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El papel que tuvo la exjueza Erika Aifán

Entre los casos que pasaron por el Juzgado de Mayor Riesgo D, existían carpetas que contenían serias acusaciones contra jueces y magistrados para la supuesta manipulación de la elección de las cortes, que finalmente suma años sin renovarse.

Aifán también procesó a diversos empresarios señalados en el caso Construcción y Corrupción, acusados de pagar sobornos al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi. La lista se extiende a casos como Asalto al Ministerio de Salud, Odebrecht, Red de Poder, Lavado y Política, entre otros.

El último que resaltó y tenía en sus manos, fue la declaración de un testigo que acusó al presidente Alejandro Giammattei de haber financiado su campaña con fondos obtenidos por sobornos.

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Un mes después, Aifán anunciaría su renuncia y exilio, el 21 de marzo de 2022. Aifán aseguró que estaba siendo objeto de “presiones y amenazas” contra su desempeño al impartir justicia en casos de crimen organizado y estructuras de corrupción que conocía.

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Postura del Ministerio Público

El MP rechazó la postura de la exjueza y otros exfuncionarios y sostiene que los tres, Aldana, Aifán y Sandoval, han sido objeto de múltiples denuncias por delitos graves.

Además, la fiscalía a cargo de Consuelo Porras sostiene que hay indicios probatorios e incluso ha señalado que “no descartan la existencia de un macro caso” que vincule distintos hechos.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos  mostró entonces su preocupación y alertó sobre amenazas, hostigamientos y riesgo de detenciones arbitrarias tanto en el caso de Aifán, así como otros jueces y fiscales que también se vieron forzados a exiliarse.

En el caso de la exjueza Aifán se detalló que desde 2018 hasta su salida a principios de 2022, había sido criminalizada en más de 100 procesos penales, tenía 75 denuncias ante la Junta de Disciplina Judicial y acumulaba 30 antejuicios promovidos por el MP con el fin de retirarle la inmunidad.

Denuncian persecución

Su caso es similar al del exfiscal Juan Francisco Sandoval, también premiado entre los Campeones Internacionales Anticorrupción por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Sandoval, también acusado por el MP por su actuaciones como jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Guatemala, estima que los señalamientos “confirma el patrón de criminalización para estigmatizar”.

El exfiscal tiene cuatro órdenes de captura y una solicitud de extradición aprobadas por un juez de Guatemala. Además de ser señalado de obstaculización a la acción penal e incumplimiento de deberes, se le señaló de tráfico de influencias cuando ejercía como fiscal.

El blanqueo de Q350 millones saqueados a afiliados del IGSS queda en impunidad, mientras el MP persigue a quienes descubrimos esos actos corruptos. pic.twitter.com/enWW1CoodK

— Juan Francisco Sandoval (@JSandoval1982) May 3, 2023

Desde la salida de Sandoval se activaron las alertas entre la comunidad internacional sobre lo que aseguran representa un “retroceso” en el estado de derecho en Guatemala.

El fiscal Rafael Curruchiche informó este jueves 29 de septiembre que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) fue notificada de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones que declaró con lugar el recurso de apelación en contra de la resolución del Juzgado de Mayor Riesgo D, lo cual deja sin efecto dicha resolución y anula todo lo actuado dentro del proceso denominado Asesoría Legal y Red de Lavado de Activos, conocido también como la Multicausa.

Lo anterior se deriva   porque según la resolución de la Sala, se advierte que se violentó el debido proceso y hay falta de competencia y de autorización de la Cámara Penal para conocer el caso.

Además, de incidencias anómalas de cómo se llevó a cabo dicha investigación.

“Según lo establece la resolución de la Sala,  el actuar de la antigua Feci se convirtió en un atentado jurídico al retorcer el debido proceso, ya que existen fases e incidencias que se desarrollan en el proceso penal, los cuales no se pueden alterar, tal y como sucedió en este caso en el que se mezclan un proceso con personas diferentes, hechos, actos y fechas a otro proceso de investigación, avalando en ese entonces la jueza Erika Aifán las ilegalidades del actuar de Juan francisco Sandoval Alfaro y Sara Leticia Sandoval Guerra”, aseguró Curruchiche.

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Indicó que en la resolución la Sala afirmó de “manera fehaciente” que dicho actuar “convirtió la justicia en un atentado judicial al avalar actos ilegales y arbitrarios, los cuales quedaron plenamente evidenciados y es procedente certificar lo conducente en contra de las personas que pudieran resultar responsables”.

Enfatizó que la resolución deja sin efecto y anula todo lo actuado dentro del proceso “al admitir un sinnúmero de irregularidades”.

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Añadió que por lo anterior, la Feci en “cumplimiento de su mandato” presentará las denuncias correspondientes, ya que nuevamente están ante este “patrón sistematizado en donde los jueces advierten múltiples anomalías e ilegalidades en las investigaciones desarrolladas por la antigua Feci”.

Según el fiscal Curruchiche, este jueves 29 de septiembre presentarán la denuncia en contra de Erika Aifán.

El caso al que se refiere Curruchiche es un expediente que dio origen a varios casos y estaban en el Juzgado de Mayor Riesgo D. Entre los casos están Construcción-Comisiones-Odebrecht y Red de Poder.

Exfiscal Sandoval se pronuncia 

El exfiscal Juan Francisco Sandoval por medio de un video se pronunció por lo informado por la Feci. Dijo que “la intención del Ministerio no es hacer justicia, sino dañar mi nombre, mi trabajo y sobre todo complacer intereses de actores corruptos”.

Añadió que la resolución tiene problemas en su integración porque al inicio de la misma solo comparece un magistrado y que la referida Sala no tiene competencia para conocer asuntos de mayor riesgo.

La exjueza guatemalteca Erika Aifán informó en sus redes sociales que fue galardonada con el Premio a la Independencia Judicial otorgado por la asociación que reúne a todos los jueces del mundo.

La premiación se registró el 18 de septiembre en Tel Aviv, Israel, donde otros juzgadores también fueron galardonados.

Aifán, quien fungió como jueza de Mayor Riesgo D, renunció a su cargo en marzo de 2022, luego de manifestar que había sido víctima de “presiones, amenazas y hostigamiento” por su ejercer judicial.

Desde el 7 de julio de 2016, Aifán ocupaba el cargo de jueza de Mayor Riesgo D y laboró en la Corte Suprema de Justicia durante 19 años.

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Aifán señaló que había sido criminalizada “injustificadamente” con más de cien procesos penales, 75 denuncias ante la Junta de Disciplina Judicial y que se plantearon unos 30 procesos de antejuicio en su contra.

En 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares a Aifán; sin embargo, indicó que los “hostigamientos continuaron”.

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La jueza conoció varios casos de corrupción en los que estuvieron involucrados reconocidos exfuncionarios de gobiernos anteriores.

Entre los casos que conoció, sobresalen: Corrupción y Construcción, Comisiones Paralelas, Asalto al Ministerio de Salud, Odebrecht, Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero.

“Tras varios casos emblemáticos de corrupción, las redes políticas y criminales que se vieron afectadas por los avances de la justicia decidieron cooptar nuevamente las instituciones y perseguir a quienes nos atrevimos a combatir a la impunidad”, comentó la jueza Aifán en una publicación con la que dio a conocer su dimisión.

Que emoción recibir el Premio a la Independencia Judicial otorgado por la Asociación que reúne a todos los jueces y juezas a nivel mundial, muchas gracias!!!! pic.twitter.com/LJMLuk5dsH

— Erika Aifan (@AifanErika) September 21, 2022

La Corte de Constitucionalidad (CC) declaró sin lugar una apelación que promovió la defensa del exministro de Economía de Guatemala, Acisclo Valladares Urruela, y confirmó la orden de captura  por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita en el caso “Red de Poder, Corrupción y Lavado”.

En la resolución también se mantiene la declaración de rebeldía y el arraigo decretado por la jueza contra el exfuncionario del gobierno de Jimmy Morales.

La defensa del exministro buscaba anular la resolución dictada por la extitular del Juzgado de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán, en febrero del 2020.

La resolución se dio el 16 de junio pasado en el expediente 209-2022, en la que la CC examinó la sentencia del 28 de junio de 2021, dictada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio, constituida en Tribunal de Amparo, en la que la defensa de Valladares Urruela, promovió una acción de inconstitucionalidad contra la jueza de mayor riesgo D.

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La defensa reclamaba que el 13 de febrero de 2020 el juzgado de Mayor Riesgo D reiteró la orden de aprehensión, declaró la rebeldía y ordenó el arraigo de Acisclo Valladares Urruela, dentro del proceso penal que se sigue en su contra y de otros procesados por la posible comisión de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos en el caso “Red de Poder, Corrupción y Lavado”

Según la acción de inconstitucionalidad, las violaciones que denunciaba la defensa de Valladares Urruela era al derecho de defensa y al principio jurídico constitucional del debido proceso.

En el documento se menciona que la defensa explicó que, ante la Jueza Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente por Procesos de Mayor Riesgo, grupo D, se tramitaba la causa penal C-01073-2016-00359 contra Valladares Urruela, y otros procesados.

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Añadía que Valladares Urruela, a través de una conferencia de prensa se enteró que se encontraba vinculado a dicho proceso, razón por la cual se puso a disposición de la fiscalía.

También menciona que se apersonó en varias ocasiones ante dicho juzgado e hizo su presentación espontánea,  pero la jueza en resolución de 15 de enero de 2020 señaló el 13 de febrero de ese mismo año para la audiencia de primera declaración de Valladares.

En rebeldía y con arraigo

Según el documento de la CC, ese 13 de febrero, Oscar Orlando Colindres Ortiz, actuando en su calidad de abogado defensor de Valladares Urruela, recusó a la jueza señalada, pero en la referida audiencia, la citada autoridad reiteró la orden de aprehensión, declaró la rebeldía y ordenó el arraigo de Acisclo Valladares Urruela a través de la resolución que constituye el acto reclamado.

Agregaba la defensa que según el informe remitido por la autoridad increpada, contra la referida resolución se interpuso actividad procesal defectuosa.

La defensa de Acisclo Valladares Urruela consideró vulnerados los derechos de su patrocinado, porque se violentó su calidad de sujeto procesal y no se notificaron las actuaciones previas a la audiencia en donde se emitió la resolución que señala como agraviante.

El abogado de Valladares también señalaba que la notificación de la resolución a través de la cual se fijó audiencia para su primera declaración se efectuó en un lugar diferente al que señalaron oportunamente. Y que si bien se les comunicó vía correo electrónico, la misma se practicó con menos de 24 horas de anticipación, por lo que no tenía la obligación legal de comparecer.

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En el informe circunstanciado que presentó el juzgado a la CC se menciona que el 1 de octubre de 2019 se recibió en el juzgado a su cargo un escrito de Acisclo Valladares Urruela, a través del cual se apersonó al proceso y promovió su presentación espontánea, que se declaró sin lugar en resolución de 21 de noviembre de ese año porque el solicitante no figuraba como sujeto procesal dentro de la causa penal número 01073-2016- 00359.

Agregaba que el 14 de enero de 2020, Acisclo Valladares Urruela presentó otro escrito de apersonamiento y presentación espontánea al a la referida carpeta judicial y el 15 de enero de ese mismo año, a solicitud del Ministerio Público, se giró orden de aprehensión en su contra, por la posible comisión de los delitos de Asociación ilícita y Lavado de dinero u otros activos.

También mencionaba que en esa misma fecha se resolvió la solicitud de Acisclo Valladares Urruela, señalándose audiencia para su primera declaración el 13 de febrero de 2020.

Explicaba que contra la resolución a través de la cual se decretó la orden de aprehensión, Acisclo Valladares Urruela interpuso recurso de reposición, que se declaró sin lugar.

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Ese 13 de febrero se llevó a cabo la audiencia para recibir la primera declaración de Acisclo Valladares Urruela, quien no compareció, por lo que a solicitud del Ministerio Público, se decretó su rebeldía.

En esa misma fecha, el procesado recusó a ese órgano jurisdiccional y presentó escrito de actividad procesal defectuosa y el 10 de marzo resolvió los memoriales, en el sentido de que previo a resolver, en virtud de haberse declarado la rebeldía del sindicado Acisclo Valladares Urruela, debía comparecer personalmente o ser puesto a disposición del juzgado a su cargo.

La Sala Primera de la Corte de Apelaciones del ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio, constituida en Tribunal de Amparo, consideró en la resolución de la petición que hizo la defensa de anular el proceso, que el abogado de Valladares Urruela no pudo acreditar motivo de la ausencia de su patrocinado en la audiencia de primera declaración y por eso se resolvió que se mantuviera la orden de captura, la rebeldía y el arraigo que decretó el Juzgado de Mayor riesgo D.

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Resolución de la CC

Según la CC, en el audio de la audiencia respectiva consta que la jueza cuestionada hizo saber al abogado del sindicado que le concedía el uso de la palabra únicamente para que se pronunciara en torno a la inasistencia de su patrocinado, a fin de resguardar el derecho de defensa de éste; sin embargo, debido a que el derecho penal es personalísimo y, por lo tanto, no permite el juzgamiento de la persona en ausencia, lo que implicaba que el imputado no podía ser representado por su abogado defensor en una audiencia de primera declaración, no era atendible su requerimiento.

Añade que en este sentido la CC ya se ha pronunciado al respecto, al decir que “los derechos del acusado no pueden ser ejercidos en su ausencia al ser procesado por la posible comisión de un ilícito penal, por lo que se requiere que quienes enfrentan un proceso de esa naturaleza, asuman su responsabilidad en forma individual, y ello, porque una de las características del derecho penal es que la responsabilidad es personal y no puede ser delegada…”, según sentencia del 14 de noviembre de 2018 emitida en el expediente 1845-2018.

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Es por esa razón que la CC concluye que no es atendible el agravio referido, por cuanto no existe una violación de rango constitucional que afecte los derechos del postulante que ameriten ser protegidos en esta vía.

La resolución de la CC menciona que “por las razones consideradas, el amparo solicitado deberá denegarse, dada su notoria improcedencia”.

Valladares se entregó en EE. UU.

Autoridades de Estados Unidos confirmaron que Acisclo Valladares Urruela, señalado de lavado de dinero, se entregó a la justicia de ese país, pero permanecen libre bajo fianza luego de pagar US$500 mil.

El exministro se presentó a la Corte del Distrito Sur de Florida el 22 de octubre de 2020, que lo señala de lavado de dinero.

Según la acusación de Estados Unidos, Valladares Urruela ayudó a lavar cerca de  US$10 millones (Q77 millones) de ganancias de drogas ilegales y otro dinero ilegal.

La información de documentos oficiales públicos detalla que Valladares Urruela se presentó ese día al décimo nivel del Atkins Building Courthouse, a las 11 horas, para ver estar frente a la jueza Alicia M. Otazo Reyes, de la Corte del Distrito Sur de Florida, para comparecer en su primera aparición en la corte.

Según se detalló, Valladares habría pagado US$500 mil de fianza y quedó libre, pero debe permanecer en su domicilio. El exfuncionario se declaró inocente de los cargos que se le imputan.

El Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) envió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la nómina de jueces que se postularon para ocupar el cargo que dejó vacante Erika Aifán en el Juzgado de Mayor Riesgo D.

Según la información oficial, solo los tres juzgadores mostraron interés en dirigir el juzgado que dejó Aifán luego de su renuncia el 21 de marzo de 2021, según ella a la persecución que sufría por su labor y las amenazas a su integridad y exiliarse en Estados Unidos.

Los aspirantes son Mario Efraín Najarro Quinteros, Abelina Cruz Tozcano y Juan José Jiménez Texaj, este último es hermano del magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Walter Paulino Jiménez Texaj.

La desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), informó en julio de 2010 que había interpuesto ante el Ministerio Público una denuncia penal en contra de Mario Efraín Najaro Quinteros, mientras era juez Quinto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, por los delitos de prevaricato, resoluciones violatorias a la Constitución y obstrucción de justicia.

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Esto, según afirmaba la Cicig, por haber decretado la libertad de Napoleón Rojas Méndez, cuando le debió dictar prisión preventiva pues esta persona estuvo prófuga de la justicia por más de un año, favoreciéndolo con la medida improcedente de arresto domiciliario.

Rojas era señalado por el traslado de Q30 millones al Crédito Hipotecario Nacional de un desfalco millonario al Ministerio de la Defensa cuando era presidente Alfonso Portillo.

Entretanto, Abelina Cruz Tozcano, como juez suplente, habría beneficiado a la magistrada Blanca Stalling con arresto domiciliario, pese a que había intentado escapar de las autoridades usando un disfraz y una peluca.

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Renuncia de Aifán

La Cortes Suprema de Justicia (CSJ) nombró este martes 5 de abril al juez Julio César Vásquez Xol como suplente temporal en el Juzgado de Mayor Riesgo “D”, que era dirigido por Erika Aifán, pese a que el juzgador tiene un proceso de antejuicio por supuestamente haber beneficiado a los integrantes de una banda dedicada al narcotráfico.

El nombramiento Vásquez Xol fue confirmado por el Organismo Judicial (OJ); sin embargo, se informó que este solo fue por un lapso de 24 horas, mientras se confirmaba la continuidad del juez Edwin Ramírez, quien estuvo a cargo del juzgado del 8 de marzo al 4 de abril, tiempo que fue solicitado por Aifán antes de su renuncia, según el vocero del OJ, Fredi Calderón.

“El juez Edwin Ramírez se encontraba cubriendo vacaciones que solicitó la jueza Erika Lorena Aifán del 8 de marzo al 4 de abril, entonces la Corte Suprema de Justicia designó al juez Vázquez Xol para cubrir exclusivamente el día de hoy 5 de abril la judicatura, para que la misma no se quedará sin juez y ya notificaron al juez Edwin Ramírez para que sea él quien siga cubriendo dicha judicatura hasta que el Consejo de la Carrera Judicial realice la convocatoria y traslade una nómina de candidatos a la Corte Suprema de Justicia”, dijo Calderón.

Agregó que para este martes no había programada ninguna audiencia en el juzgado; además, reconoció que si hay un proceso de antejuicio en contra de Vázquez Xol y que el expediente ya está en poder del juez pesquisidor.

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Vásquez Xol enfrentó una solicitud de retiro de inmunidad en el marco del Caso Onix, donde fue señalado de prevaricato y cohecho pasivo, por supuestamente haber beneficiado a los detenidos en el operativo denominado Río Escondido, en septiembre de 2021, a quienes habría ligado a proceso penal por un delito menor, a pesar de que fueron capturados en flagrancia con varios paquetes con droga, según la Fiscalía.

En su momento, el MP detalló que dos de los aprehendidos fueron enviados a un hospital sin haber sido diagnosticados con algún padecimiento, esto para evitar la prisión preventiva.

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Convocarán esta semana

De acuerdo con Calderón, el Consejo de la Carrera Judicial convocará esta semana para que los aspirantes a ocupar la vacante que dejó la exjueza Erika Aifán presenten su documentación.

Luego de eso se procederá a seleccionar la nómina de candidatos para que la CSJ designe a la persona que ocupará el cargo de manera permanente, refirió Calderón.

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El embajador de los Estados Unidos en Guatemala, William W. Popp, se refirió este jueves 24 de marzo sobre la salida de Erika Aifán del Juzgado de Mayor Riesgo D y la situación en general con los jueces del país, y afirmó que están preocupados.

El embajador Popp acudió al lanzamiento oficial del Pago en Línea de Aranceles, que es un sistema  para gestión de trámites del Departamento de Regulación de Productos Farmacéuticos y Afines.

Este proyecto de modernización digital fue gracias al apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y según las autoridades de Salud, “favorece significativamente” al sector farmacéutico, pues agiliza el comercio en Guatemala.

Luego del evento, el embajador Popp fue abordo por La Red, y se le consultó sobre la renuncia y salida del país de Erika Aifán, quien se exilió en Estados Unidos y el lunes 21 de marzo presentó su renuncia como jueza primera de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mayor Riesgo “D”, por presiones y amenazas que ponían en riesgo su vida.

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“Bueno, estamos preocupados por lo que ha pasado con el caso de ella -Erika Aifán- y con algunos otros. Esperamos que haya un fortalecimiento del estado de derecho aquí en Guatemala…Es muy importante para la inversión, la justicia y muy importante para el futuro de los guatemaltecos”, dijo el embajador Popp en unas breves declaraciones.

El pasado 9 de marzo, la jueza Erika Aifán presentó pruebas de descargo por una solicitud de retiro de antejuicio en su contra; mientas, el embajador William W. Popp le mostró respaldo.

William W. Popp, embajador de los Estados Unidos en Guatemala, se presentó ese día a la Torre de Tribunales para mostrar apoyo a Aifán, quien enfrenta un nuevo proceso de retiro de antejuicio.

Aifán era señalada por integrantes del Instituto de Magistrados del Organismo Judicial de haber autorizado diligencias de investigación en el caso Comisiones Paralelas 2020.

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Más respaldo a Aifán

El Observatorio Internacional sobre los Derechos Humanos en Guatemala, integrado por varias organizaciones, emitió un pronunciamiento en las redes sociales de las mencionadas entidades, en las que respaldan a Erika Aifán, quien permanece en el exilio desde el pasado 9 de marzo.

“Desde el Observatorio Internacional sobre los Derechos Humanos en Guatemala respaldamos a la jueza Erika Aifán, hoy en el exilio a consecuencia de los ataques en contra de su persona y su labor, en la lucha por una justicia independiente en Guatemala. Su valentía en la tramitación de los más graves casos de corrupción es un ejemplo para toda la judicatura independiente en la región”, dice el pronunciamiento.

La Unión Europea

Peter Stano, portavoz principal de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, emitió un comunicado el miércoles 23 de marzo, desde Bruselas, Bélgica, en el que se refiere al “deterioro del estado de derecho” en Guatemala.

El comunicado menciona que “la proliferación de procesos judiciales emprendidos por las autoridades de Guatemala contra varios jueces, fiscales y abogados independientes que han estado involucrados en la investigación de casos anticorrupción, sigue un patrón profundamente preocupante”.

Agrega que más de 20 jueces, abogados y fiscales guatemaltecos ya abandonaron el país por temor a su seguridad.

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“En el transcurso de esta semana hemos visto la renuncia y exilio de la jueza Erika Aifán y la decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender de su función al juez Pablo Xitumul”, se lee en la declaración atribuida a Stano

También se menciona que los procedimientos judiciales no deben utilizarse como medio de hostigamiento e intimidación.

“La UE reitera su llamamiento a las autoridades guatemaltecas para que garanticen la seguridad e integridad de los jueces, fiscales y abogados implicados, que también se han enfrentado a amenazas de violencia”, agrega el documento.

“Estos acontecimientos sirven para debilitar aún más el estado de derecho y la independencia de la justicia en Guatemala, erosionando la base sobre la que se fundamenta la democracia”, concluye la declaración.

Salida de jueces

Durante esta semana dos jueces de mayor riesgo han enfrentado persecución por el trabajo anticorrupción que han realizado.

Pablo Xitumul de Paz, Juez de Primera Instancia del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente con competencia para conocer procesos de Mayor Riesgo, Grupo C, fue separado del cargo, con goce de salario, según una resolvió la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el pasado 22 de marzo.

La suspensión del cargo es debido a que el juez Xitumul ya no goza de derecho de antejuicio, pues se lo retiraron el 9 de febrero de 2022, por una investigación en curso por una denuncia interpuesta por el inspector de la Policía Nacional Civil (PNC), José Cuxaj, quien lo señaló de no haberle permitido la inspección del automóvil en el que se transportaba el juzgador en febrero de 2019.

Un día antes, el 21 de marzo, Erika Aifán titular del Juzgado de Mayor Riesgo D presentó su renuncia al cargo en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia aduciendo que ha sido víctima de amenazas y que no tiene garantías suficientes de protección a su vida e integridad física y por eso se fue al exilio a Washington, D.C., Estados Unidos.

Peter Stano, portavoz principal de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, emitió un comunicado miércoles 23 de marzo, desde Bruselas, Bélgica, en el que se refiere al “deterioro del estado de derecho” en Guatemala.

El comunicado menciona que “la proliferación de procesos judiciales emprendidos por las autoridades de Guatemala contra varios jueces, fiscales y abogados independientes que han estado involucrados en la investigación de casos anticorrupción, sigue un patrón profundamente preocupante”.

Agrega que más de 20 jueces, abogados y fiscales guatemaltecos ya abandonaron el país por temor a su seguridad.

“En el transcurso de esta semana hemos visto la renuncia y exilio de la jueza Erika Aifán y la decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender de su función al juez Pablo Xitumul”, se lee en la declaración atribuida a Stano.

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“La UE reitera su llamamiento a las autoridades guatemaltecas para que garanticen la seguridad e integridad de los jueces, fiscales y abogados implicados, que también se han enfrentado a amenazas de violencia”, agrega el documento.

“Estos acontecimientos sirven para debilitar aún más el estado de derecho y la independencia de la justicia en Guatemala, erosionando la base sobre la que se fundamenta la democracia”, concluye la declaración.

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Persecución a jueces

Esta declaración de la Unión Europea se da en una semana en la que dos jueces de mayor riesgo han enfrentado persecución por el trabajo anticorrupción que han realizado.

Pablo Xitumul de Paz, Juez de Primera Instancia del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente con competencia para conocer procesos de Mayor Riesgo, Grupo C, fue separado del cargo, con goce de salario, según una resolvió la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el pasado 22 de marzo.

La suspensión del cargo es debido a que el juez Xitumul ya no goza de derecho de antejuicio, pues se lo retiraron el 9 de febrero de 2022, por una investigación en curso por una denuncia interpuesta por el inspector de la Policía Nacional Civil (PNC), José Cuxaj, quien lo señaló de no haberle permitido la inspección del automóvil en el que se transportaba el juzgador en febrero de 2019.

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Jueza sale al exilio

Un día antes, el 21 de marzo, Erika Aifán titular del Juzgado de Mayor Riesgo D presentó su renuncia al cargo en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia aduciendo que ha sido víctima de amenazas y que no tiene garantías suficientes de protección a su vida e integridad física y por eso se fue al exilio a Washington, D.C., Estados Unidos.

Erika Aifán, quien presentó este lunes 21 de marzo su renuncia como jueza primera de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mayor Riesgo “D”, concedió una entrevista al medio digital salvadoreño El Faro, en la que aseguró que está exiliada en Estados Unidos por el hostigamiento y las amenazas que sufría las cuales asegura provienen del Estado de Guatemala.

En la entrevista con El Faro, ofrecida desde Washington, Estados Unidos, Aifán también habló sobre la persecución en su contra, las amenazas a su integridad y también asegura que el presidente Alejandro Giammattei le pidió, por medio de una carta, la declaración del Testigo A, que señala al mandatario de haber recibido sobornos de constructoras.

Según El Faro, la noche del pasado miércoles 9 de marzo Aifán, sin avisar a su equipo de guardaespaldas, salió de Guatemala y cruzó la frontera con El Salvador, por la vía terrestre.

Luego de eso, voló hacia Costa Rica y luego hacia Estados Unidos, en donde está exiliada.

Aifán revela que decidió exiliarse porque no vio otra opción para garantizar su integridad física y que la protección que el Estado y el Organismo Judicial debieron darle, tuvo que buscarla en otro país.

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Añade que en un principio no había pensado en el exilio sino que en enfrentar el proceso en su contra en Guatemala, que incluso se vio en la cárcel y que preparó un plan por si eso sucedía, pero luego se dio cuenta que no se enfrentaría al debido proceso ni a un sistema de justicia democrático, con garantías

“En Guatemala estaban en riesgo mi vida y mi integridad física, así que, tras evaluarlo junto a mi familia y los abogados que me han estado asesorando, consideramos que debía buscar otros espacios para poder defenderme y protegerme”, dijo Aifán a El Faro.

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Añadió que al momento en que ingresara a la cárcel los esquemas de seguridad que tenía no la iban a poder proteger más y que en ninguna cárcel del país hubiera sido segura para ella, porque durante su trabajo en el juzgado enfrentó a personas de alto perfil de los tres poderes del Estado y también ha conocido casos contra estructuras criminales con gran poder operativo y bélico a nivel nacional y transnacional.

Fue consultada si las amenazas o posibles atentados dentro de una hipotética encarcelación en Guatemala podrían venir del propio presidente Alejandro Giammattei y ella respondió que no quería individualizar y señalar nombres, pero que podrían venir de cualquier persona señaladas dentro de los procesos que conoció y que uno de ellos tenía señalamientos en contra del presidente.

Giammattei y el Testigo A

A Aifán le consultaron si era cierto si el presidente Giammattei le había pedido en las últimas semanas una copia de la declaración del Testigo A, que señala que cuando el mandatario era candidato presidencial en 2019, llegó a un acuerdo con el entonces ministro de Comunicaciones de Jimmy Morales, José Luis Benito, para recibir US$2.6 millones (unos Q20 millones) para la campaña presidencial a cambio de que Benito se mantuviera en su cargo.  Estos fondos habrían sido un aporte de constructoras.

En la entrevista con El Faro, Aifán afirmó que Giammattei había solicitado una copia de la grabación de la declaración del Testigo A, pues tenía conocimiento que hacía referencia a su persona.

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“Rechacé su solicitud porque él no es parte procesal dentro del expediente; no es parte acusadora, sujeto adhesivo ni sindicado. Y quiero ser enfática en aclarar que el proceso está bajo reserva, pero la solicitud que hizo el presidente no lo está precisamente porque él no es parte en la investigación. Por eso puedo hablar de ella”, se lee en la entrevista.

Procesos de antejuicio contra Aifán

La exjueza también fue consultada sobre la forma en la que defendió su postura frente al juez pesquisidor que tenía que decidir si procedía quitarle la inmunidad.

En este caso señaló que se le acusa de haber ordenado la investigación de hechos en agravio de magistrados y jueces que gozan de inmunidad, pero en la audiencia nunca presentaron alguna resolución que ella haya firmado en ese sentido.

Refirió que el juez, en la segunda audiencia quiso cambiar lo que se había consignado en el acta de la audiencia anterior, y por eso Aifán pidió que esta fuera abierta al público, pero no se realizó así y aparentemente eso se hizo para tratar de alterar actas.

“Si esta audiencia hubiera sido pública los guatemaltecos hubieran podido percibir que dentro del expediente del caso no existe ninguna resolución firmada o emitida por mí que significara una investigación contra jueces o magistrados que tienen derecho de antejuicio. Y hubiesen podido escuchar cada uno de los argumentos y ver las pruebas que desvanecen la denuncia que el Instituto de Magistrados presentó en mi contra. En privado es más fácil para él generar impunidad y corrupción”, dijo Aifán en la entrevista con El Faro.

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También afirmó que el denunciante pidió que fueran escuchados testigos, y ella preguntó, porque le interesa escuchar esos testimonios para poder defenderse, pero el juez pesquisidor fue enfático en señalar que no le iba a permitir estar presente en las declaraciones de los testigos si decide hacerlas.

“Eso restringe mi derecho de defensa. Por todas estas razones pienso que el pesquisidor ya tenía tomada una decisión en mi contra antes de las audiencias, y no es lógico esperar que después de todo este esfuerzo por vulnerar el debido proceso resuelva a favor mío”, señala Aifán.

Dijo que ella ya había decidido salir al exilio, pero como se programó la segunda audiencia decidió esperar y dar sus argumentos, y si le hubieran programado otra, también la hubiera realizado en este país.

La CSJ tiene tomada su decisión

Según la exjueza Aifán, desde la CSJ también hay una decisión en su contra, ella respondió que sí.

“Solicité que varios magistrados se recusaran por conflictos de interés, pero lo que han hecho es abstenerse de responder y van a resolver mi caso con mi solicitud en trámite, a pesar de que la ley prohíbe a los jueces suspender la tramitación de los procesos. Están vedando mi derecho a tener un juez imparcial, independiente. Eso lo dice todo” afirmó Aifán en la entrevista.

El caso Comisiones Paralelas

“La gente conoce esa investigación como Comisiones Paralelas 2020, e indaga la posible cooptación del proceso de selección de cortes. Por lo menos 7 de los 13 magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia están señalados en el caso. Fueron diez en principio, pero tres están ahora en otros organismos. También están señalados algunos magistrados de salas de apelaciones, que en ausencia temporal de alguno de los magistrados de pleno ocuparían su lugar. La denuncia en mi contra es además por supuesto abuso de poder en mi instrucción del caso Comisiones Paralelas. Es evidente que esos magistrados tienen un interés directo en que yo siga o no siendo la jueza a cargo del caso” señaló.

Aseguró que hay otros conflictos con la Corte, puesto que la CSJ, que debía resolver a favor o en contra de retirarle la inmunidad ha tenido conversaciones con el Instituto de Magistrados, que es quien la denuncia.

“Han tenido conversaciones en privado, lo que está prohibido por la ley de la carrera judicial. La presidenta de la Corte Suprema ha dado, según información del departamento financiero contable, al menos un pago de Q20 mil al Instituto. Tienen relaciones económicas. Y además de todo esto, quien me denuncia es el presidente del Instituto, el magistrado pesquisidor, que es quien me escuchó y recibió mis pruebas de descargo, es el secretario del Instituto, y el tesorero del Instituto forma parte del pleno de la Corte Suprema. En resumen: denunciante, investigador y juzgador son parte de la junta directiva del Instituto que me denuncia. Es ilógico pensar que el resultado va a ser a mi favor. No puedo pensar que la corte está haciendo todo esto para favorecerme”, dijo Aifán.

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Juan Francisco Sandoval probablemente estaría muerto

También fue consultada que habría pasado si el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del MP, Juan Francisco Sandoval, no hubiera salido exiliado del país y ella respondió que probablemente este estaría muerto, pues hay un componente de odio muy fuerte hacia Sandoval y hacia ella.

“El riesgo no solo de una detención, sino de muerte, es muy fácil de acreditar en el caso del licenciado Sandoval, por los hechos que le hizo saber la Embajada de Estados Unidos acerca de un atentado estructurado contra su vida”.

Estado cooptado

Según Aifán, Guatemala llegó hasta este punto expresó: “El Estado ha sido cooptado por miembros de estructuras criminales. Lo venimos señalando desde hace mucho, en diversas sentencias judiciales. Se ha socavado el estado democrático y las estructuras criminales han hecho un esfuerzo muy importante por obtener impunidad y para ello cooptar el sistema de justicia. Cuando vemos que en Guatemala ya no se cumplen las formas del debido proceso ni aun en las más altas cortes, nos damos cuenta de que el sistema de justicia ha sido socavado”.

La exjueza también afirma que tiene la esperanza de que Guatemala pueda algún día recuperar el estado de Derecho y fortalecer el sistema de justicia.

Señaló que una oportunidad importante para eso habría sido la elección de fiscal general, pero considera que también allí ve algunos vicios.

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“No estoy segura de que la persona que sea designada para estar los próximos años al frente de la Fiscalía General pueda devolver esa confianza y credibilidad a la institución”, citó Aifán.

Finalmente, al consultarle sobre cuál será su futuro, señaló que en este momento solo puede partir de la decisión que ya tomó, que fue dejar de ser jueza en Guatemala y que va buscar otros espacios para defender la justicia y el estado de derecho, pues es algo en lo que sigue creyendo.

La renuncia de Erika Aifán fue presentada este lunes 21 de marzo de 2021 a las 9.21 horas en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia y luego en redes sociales, la hasta entonces jueza publicó un video en el que afirma que la persecución que sufría amenazaba su integridad.

Aifán ocupaba el cargo desde el 7 de julio de 2016 y laboró como jueza durante 19 años.

La carta de renuncia está dirigida al pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

En el documento la jueza Aifán colocó 3 numerales con los motivos por los cuales renunció al cargo.

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“1) Las presiones, amenazas y hostigamientos en mi contra, me hacen imposible continuar desempeñando este cargo sin poner en riesgo inminente mi vida, libertad e integridad, así como las de mi familia, situaciones que se han agravado en los dos últimos meses por tener a mi cargo entre otros, el único proceso penal en la historia del país en el que se realiza una investigación en contra de funcionarios de los tres poderes del Estado, y se han sumado múltiples violaciones al debido proceso que me obstaculizan el acceso a la justicia y el derecho de defensa”. Se lee en la carta.

“2) He sido víctima de múltiples amenazas, vigilancias y seguimientos con vehículos sin placas de identificación, espionaje, filtración de información y sustracción de documentos de mi despacho”, agrega el documento.

“3) He sido criminalizada injustificadamente con más de 100 procesos penales, cerca de 75 denuncias ante la Junta de Disciplina Judicial, aproximadamente 30 Antejuicios y otras denuncias ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, la Procuraduría de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia. A esto se suman campañas mediáticas de desprestigio y odio hacia mi persona, mi cargo como jueza y a mi condición de mujer, buscando con ello obstaculizar mi trabajo, el que he realizado con independencia judicial en la búsqueda de una justicia pronta y cumplida”, menciona la carta.

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La jueza Aifán, también menciona en el documento, que por esas intimidaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos me otorgó medidas cautelares en 2019, pero que el hostigamiento continúa, “como son las acciones más recientes provenientes del Ministerio Público que atentan contra la independencia de la judicatura”, se lee.

“A pesar de verme en la necesidad de no poder continuar mi carrera como jueza, vocación a la que he dedicado mi vida, me siento satisfecha de haber desempeñado una labor por más de 19 años, habiendo sido evaluada con calificaciones sobresalientes, de haber tenido el honor de ser reconocida a nivel nacional e internacional, incluyendo el premio Mujer Destacada del Organismo Judicial, así como el prestigiado reconocimiento “Mujer de Coraje 2021” que otorga el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica y el premio Franco-Alemán de los Derechos Humanos”.

“Hoy he decidido presentar mi renuncia al cargo, porque no cuento con garantías suficientes de protección a mi vida y a mi integridad, ni a la posibilidad de defenderme con el debido proceso”, dijo Aifán en su video.

“Tras varios casos emblemáticos de corrupción, las redes políticas y criminales que se vieron afectadas por los avances de la justicia decidieron cooptar nuevamente las instituciones y perseguir a quienes nos atrevimos a combatir a la impunidad”, comentó la jueza Aifán.

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Aifán también señaló que en su trabajo conoció grandes casos de crimen organizado y estructuras de corrupción en todos los niveles del Estado, y es de allí de donde surgen el mayor número de presiones y amenazas en contra de su independencia e integridad.

#AHORA | Erika Aifán renunció al cargo de jueza de Mayor Riesgo "D" en el que conocía casos de corrupción. Aifán argumenta que su dimisión es por "presiones y amenazas" en su contra. pic.twitter.com/uLGawXS38v

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) March 21, 2022

Sale al exilio

Según el medio digital El Faro, de El Salvador, Aifán salió al exilio la noche del pasado miércoles 9 de marzo sin avisar a su equipo de guardaespaldas.

Aifán cruzó por tierra la frontera con El Salvador para después volar a Costa Rica y de allí a Estados Unidos.

Tras una vida de servicio a la justicia guatemalteca hoy debo anunciar que seguiré trabajando por mis ideales desde otros espacios. No perdamos la esperanza y comprometámonos, el futuro de nuestra gente puede ser mejor. pic.twitter.com/eyyJcFQRsD

— Erika Aifan (@aifan_erika) March 21, 2022

Tres solicitudes de retiro de inmunidad

La jueza Aifán sumaba tres solicitudes de retiro de derecho de antejuicio por los casos que seguía.

El más reciente fue el de La Fundación contra el Terrorismo, que presentó el lunes 24 de enero, porque, según argumentan, Aifán había conocido, sin autorización de la Cámara Penal, procesos que no han sido elevados a Mayor Riesgo.

De esa cuenta se le señalaba de haber cometido los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y prevaricato.

Además, el Ministerio Público (MP) solicitó el martes 18 de enero, por segunda vez en una semana, el retiro de inmunidad para la jueza Aifán.

Dicha solicitud de antejuicio obedecía a la “posible” participación de la jueza en los delitos de “abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y prevaricato”, según detalló el Ministerio Público en un comunicado de prensa.

La primera solicitud de retiro de inmunidad contra la jueza, la del 13 de enero, se originó por un caso sobre los amaños en la elección de la Corte Suprema de Justicia entre 2019 y 2020, mientras que el del martes 18 de enero tiene como base un caso contra el periodista Juan Luis Font por la trama Odebrecht.

Los casos

La jueza Aifán tenía a su cargo varios casos de impacto en Guatemala, como el caso Corrupción y Construcción, Comisiones Paralelas, caso Asalto al Ministerio de Salud, Odebrecht y también en el caso Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero.

Además, en el juzgado a cargo de Aifán también se conocía la denuncia del Testigo A, que revela que en el 2019, cuando Alejandro Giammattei aspiraba a la presidencia de Guatemala, negoció con el entonces ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, un aporte de US$2.6 millones de dólares para su campaña electoral, a cambio de dejar al funcionario en su puesto. 

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El presidente Alejandro Giammattei nuevamente se vio involucrado en un escándalo luego de que un testigo revelara cómo el exministro de comunicaciones, José Luis Benito, gestionó sobornos para su campaña electoral. El mandatario asegura que goza de un certificado que lo exime de los señalamientos en su contra, pero esto no es del todo cierto.

Giammattei y su equipo han intentado a toda costa durante las últimas semanas defenderse  de una declaración testimonial publicada por El Faro, la cual revela cómo en 2019 el mandatario presuntamente negoció un aporte de 2.6 millones de dólares con el exministro Benito a cambio de continuar operando una estructura de corrupción en obras públicas.

Para ello, el presidente y su equipo han vertido diversas declaraciones, desde señalar una conspiración internacional en su contra, hasta asegurar que goza de una certificación judicial que garantiza que él, personalmente, no tiene ningún tipo de involucramiento en la investigación.

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Actualmente, el exministro Benito se encuentra ligado a proceso penal luego de permanecer prófugo 450 días luego de que se girara la primera orden de captura en su contra.

En el caso que atañe a Giammattei, Benito fue procesado por el delito de lavado de dinero u otros activos, luego de que en una residencia vinculada a él en Antigua Guatemala se localizaran más de Q122 millones, los cuales se sospecha provenían de coimas. Además, también está ligado a proceso penal por el delito de fraude.

El primer caso lo lleva la Fiscalía Especial contra la Impunidad, ahora bajo la jefatura del fiscal Rafael Curruchiche, y el segundo la Fiscalía contra la Corrupción.

William W. Popp, embajador de los Estados Unidos en Guatemala, se presentó este miércoles 9 de marzo a la Torre de Tribunales para mostrar apoyo a la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, quien enfrenta un nuevo proceso de retiro de antejuicio.

La jueza Aifán llegó a la Sala Segunda de Apelaciones con el pesquisidor Roaldo Chávez, para entregar pruebas de descargo por la petición de retiro de derecho de antejuicio planteada por el Instituto de Magistrados.

Aifán es señalada por integrantes del Instituto de Magistrados del Organismo Judicial de haber autorizado diligencias de investigación en el caso Comisiones Paralelas 2020.

Anteriormente, los magistrados fueron señalados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

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El caso, revelado por la administración anterior del Ministerio Público, señala que existió una red de tráfico de influencias para la designación de las comisiones de postulación para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y cortes de Apelaciones.

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Por esa razón, la jueza Aifán ha señalado que existe conflicto de intereses. “Mi denunciante y mi juzgador en este caso tienen asuntos de muto interés”, aseguró.

La jueza ha indicado que la magistrada Silvia Valdés ha otorgado fondos del Organismo Judicial al Instituto de Magistrados, una entidad privada.

La presencia del embajador Popp se da luego de pronunciamientos de diplomáticos estadounidenses que señalan acciones que el Ministerio Público ha tomado contra administradores de justicia e investigadores anticorrupción.

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El martes 8 de marzo, se conoció un comunicado de Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de EE. UU.

“Estados Unidos está profundamente preocupado por los continuos y descarados ataques de la procuradora -Fiscal- general de Guatemala, Consuelo Porras, contra el sistema de justicia de Guatemala a través de arrestos y detenciones por motivos políticos de servidores públicos actuales y anteriores que luchan contra la corrupción”, señaló Price.

El comunicado agrega que “los informes de retrasos repetidos y poco comunes en las audiencias de lectura de cargos, la retención de información a los abogados defensores, la negativa a celebrar audiencias públicas y la filtración de detalles de casos sellados a entidades en línea plantean serias preocupaciones con respecto a la imparcialidad de estos procedimientos”.

Agrega que, “además del arresto de al menos seis fiscales anticorrupción anteriores y actuales, otros fiscales se han visto obligados a huir del país y continúan los esfuerzos para eliminar la inmunidad de jueces y fiscales anticorrupción adicionales”.

“Estados Unidos hace un llamado al Gobierno de Guatemala para que respete los derechos humanos de todas las personas, incluso garantizando juicios justos y asegurando la seguridad personal y el trato justo y transparente de todos los actores del sector de la justicia”, enfatiza el comunicado del Departamento de Estado.

El documento concluye que “los esfuerzos de la fiscal general -Consuelo Porras- para atacar a los fiscales anticorrupción y otros fiscales siguen una tendencia preocupante de corrupción y el debilitamiento de las instituciones y los procesos democráticos en Guatemala”.

.@WHAAsstSecty:
6 fiscales anticorrupción antiguos y actuales detenidos.
Otros fiscales forzados a huir del país.
Esfuerzos p/retirar inmunidad de jueces y fiscales anticorrupción.
Cruzada de Fiscal General de #GUA contra jueces y fiscales independientes debe parar. https://t.co/N6cMoP0QVN

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) March 9, 2022

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Abogadas Santizo y Sosa recuperan libertad

Luego de haber quedado ligadas a proceso por el delito de colusión, en un caso que se encuentra bajo reserva, las abogadas Leily Santizo y Siomara Sosa recuperaron su libertad este 9 de marzo.

El Ministerio Público continuará con las investigaciones en el caso, donde señala a las extrabajadoras de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y Fiscalía Especial contra la Impundiad (Feci) de haber efectuado prácticas irregulares durante el desarrollo de sus actividades investigativas.

Minutos antes que culminara el #8M las abogadas Leily Santizo y Siomara Sosa recobraron su libertad. Aunque siguen ligadas a proceso por el delito de colusión el MP sabe que el caso no tiene sustento y se caerá. La justicia prevalecerá a pesar del #PactoDeCorruptos pic.twitter.com/2ab2849BX9

— Ricigt (@Ricigt1) March 9, 2022

Cacif y CIG se pronuncian

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) expresaron en un comunicado su desacuerdo con la presencia de diplomáticos en la sala del tribunal, lo que, a su criterio, puede interpretarse como una coacción al juez.

El Comité dijo que las actuaciones del cuerpo diplomático deben regirse con lo que establecen las convenciones internacionales respecto del respeto a las instituciones locales.

En tanto, la CIG dijo que dicho apoyo “pone en riesgo el ejercicio de la independencia y la objetividad de los órganos jurisdiccionales”.

También exigieron el respeto a las convenciones internacionales.

La jueza Erika Aifán se presentó este viernes 4 de marzo en la Sala Segunda de Apelaciones con el pesquisidor Roaldo Chávez para presentar pruebas de descargo ante la petición del retiro de su inmunidad que presentó el Instituto de Magistrados.

Carlos Ruano, juez y vicepresidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, indicó que no les sorprende que hubiera denuncias e inconformidad con las decisiones judiciales, porque según él, “siempre hay personas que no salen contentas por las decisiones de los jueces”.

Señaló que les preocupa que se busque “venganza” y se “criminalice” y se busque apartar a los jueces de los procesos que conocen con el fin de procurar impunidad.

Dijo que “como lo dicen públicamente ciertos actores” que no descasarán hasta ver a determinados funcionarios judiciales en la cárcel y “entonces dónde está la garantía de inamovilidad del cargo, de protección a la independencia judicial, al funcionario que hace bien su trabajo, ¿Quién lo protege ante esas denuncias?”.

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Dijo que continuará el respaldo a jueces y juezas que con su trabajo han demostrado ser independientes, que es la principal responsabilidad que tienen los juzgadores.

Afirmó que no deben depender de nadie al momento de hacer su trabajo y eso incomoda a “ciertas personas”, cuando hay un juez independiente que no cede a las presiones, por lo que desde la Asociación les corresponde apoyarse y respaldar a los jueces que demuestran que se puede administrar justicia.

Indicó que los ataque a los jueces son retrocesos en el sistema y se afecta a la democracia al no haber protección para la independencia judicial.

Manifestó que si el juez que hace bien su trabajo es apartado, criminalizado y perseguido, dónde queda la ciudadanía, ya que no habrá jueces imparciales.

¿Qué dijo Aifán?

La jueza Aifán indicó que tres integrantes de la junta directiva de la entidad que la denuncia son lo que conocen y tendrán que resolver si le retiran o no la inmunidad.

Dijo que han cuestionado también la imparcialidad de algunos magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) porque el Ministerio Público los ha señalado como posibles sindicados dentro del proceso que subyace a la denuncia.

Añadió que la CSJ en el acta del pleno 49-2021 señaló que tiene asuntos de mutuo interés con el Instituto de Magistrados.

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“Mi denunciante y mi juzgador en este caso tienen asuntos de mutuo interés”, manifestó.

Según Aifán, la magistrada Silvia Valdés ha entregado fondos del Organismo Judicial al Instituto de Magistrados que es una entidad privada y según una constancia, les ha entregado Q20 mil, “entonces hay una relación económica entre mis denunciantes y quien integra resolver en este caso si me retiran la inmunidad o no”.

Señaló que ve “graves conflictos de interés”; además, ni la Corte ni el magistrado pesquisidor han querido dar trámite a las recusaciones.

En la próxima audiencia del miércoles 9 de marzo espera avanzar en la presentación de sus argumentos y establecer si el magistrado pesquisidor a realizado algún otro elemento de investigación.

Afián dijo que se han incrementado los ataques en su contra, tanto en las redes sociales, las vigilancias, seguimientos y grabaciones.

También mencionó las denuncias y antejuicios que han promovido en su contra y que han notado incremento en “todas estas acciones de amenazas, hostigamientos e intimidaciones  y el incumplimiento de las medidas cautelares que le han sido otorgadas”. Dijo que la CSJ no ha hecho ningún cambio en su esquema de seguridad.

Judge Ericka Aifán is a hero. She is being persecuted in retaliation for her work combating corruption in #Guatemala . 7 of the 13 Supreme Court judges deciding her case have been implicated in corruption cases she judged. I am proud to stand with her. #YoApoyoALaJuezaAifan pic.twitter.com/lir1SzUnwA

— Kerry Kennedy (@KerryKennedyRFK) March 4, 2022

La presidenta del Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy de Estados Unidos, Kerry Kennedy, expresó su apoyo este viernes en Guatemala a la jueza local de alto riesgo Érika Aifán Dávila, quien enfrenta un proceso legal para retirarle su inmunidad, informó EFE.

Indicó que el caso de la jueza Aifán es como representativo de la persecución contra operadores de justicia independientes y que han luchado contra la corrupción.

Dijo que les preocupa “muchísimo” esta persecución contra jueces, fiscales y otros operadores de justicia.

Afirmó que en el caso de Aifán es evidente el conflicto de interés que existe.

Kennedy, abogada y activista, se encuentra en Guatemala y acompañó a Aifán en la Torre de Tribunales de la ciudad de Guatemala antes de ingresar a la corte donde se determinará si se le remueve o no su inmunidad como jueza.

“Estamos aquí porque una de las mejores jueces de este país está siendo falsamente acusada, y está siendo perseguida con revanchismo por su trabajo en combatir la corrupción”, explicó a periodistas la presidenta de la organización no gubernamental estadounidense.

Aifán Dávila, ampliamente reconocida a nivel internacional por su labor, tiene a su cargo el Juzgado de Alto Riesgo “D” del Organismo Judicial guatemalteco, añadió EFE.

#AHORA | La jueza de Mayor Riesgo, Erika Aifán, este viernes empezó a exponer su defensa ante el pesquisidor Roaldo Chávez en una sesión de seis horas. Al salir de la reunión Aifán aclaró "no hemos terminado" y explicó que continúa el miércoles próximo.

Foto: Carlos Hernández pic.twitter.com/WANZSdwnjI

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) March 4, 2022

Ratificaron petición

El 25 de febrero recién pasado, integrantes del Instituto de Magistrados del Organismo Judicial acudieron a la Sala Segunda de Apelaciones para ratificar una petición de retirar la inmunidad de la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán.

Los magistrados, quienes fueron señalados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), la denunciaron por haber autorizado diligencias de investigación en el caso Comisiones Paralelas 2020.

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El caso Comisiones Paralelas 2020 surgió cuando la Feci reveló la existencia de una supuesta red de tráfico de influencias para las designaciones de las comisiones de postulación para la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y cortes de Apelaciones.

El cardenal Álvaro Ramazzini visitó este miércoles 2 de marzo a la jueza Erika Aifán para manifestarle su apoyo en sus labores de administración de justicia. 

Ramazzini dijo que llegó a darle a la jueza Aifán, lo que los obispos saben hacer, es rezar por ella.  

“Sabemos que en este país en estas circunstancias quienes tienen cargos importantes como es en el contexto de la administración de la justicia, muchas afirmaciones o consideraciones no siempre corresponden a la verdad y creo que eso para cualquier persona es muy dañino”, dijo el cardenal Ramazzini.  

“Yo decidí venir para para decirle a la jueza que cuenta con nuestra oración, que cuenta con mi oración, porque ella ha tenido una presencia importante en el contexto de la administración de la justicia de este país y entiendo que administrar la justicia siempre es una gran tarea que exige mucha sabiduría, mucho discernimiento, mucha fortaleza de espíritu y en el contexto guatemalteco exige también mucha valentía”, comentó Ramazzini. 

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Añadió que las oraciones son para que “el Señor le dé la sabiduría que ella necesita, que le dé la fortaleza también que necesita para poder enfrentar este momento de su vida como funcionaria en la administración de la justicia”. 

Al ser consultado sobre si creía que había una persecución contra jueces, Ramazzini respondió: “según las informaciones y según lo que hemos hablado esta es la impresión que uno puede formarse. Indudablemente que no es el campo en el que yo estoy fuertemente involucrado, entonces yo me informo, platico, por eso he venido a platicar ahora con ella –la jueza Aifán- para poder tener también información de primera mano”. 

Ramazzini agregó que acá en Guatemala cuando hay personas que buscan realmente aplicar a ley justa y equitativamente habrá sectores o personas que no estarán de acuerdo y tendrán reacciones que no siempre van a ser positivas. 

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Procesos de antejuicio contra Jueza Aifán 

La Fundación contra el Terrorismo presentó el 24 de enero una solicitud de antejuicio en contra la jueza de Mayor Riesgo Erika Aifán, con la que la juzgadora, que ha sido elogiada por Estados Unidos, acumula tres procesos de ese tipo. 

La solicitud fue planteada por dicha fundación porque, según argumentan, Aifán ha conocido, sin autorización de la Cámara Penal, procesos que no han sido elevados a Mayor Riesgo. 

De esa cuenta se le señala de haber cometido los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y prevaricato. 

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Además, el Ministerio Público (MP) solicitó el martes 18 de enero, por segunda vez en una semana, el retiro de inmunidad para la jueza Aifán. 

Dicha solicitud de antejuicio (retiro de inmunidad) obedece a la “posible” participación de la jueza en los delitos de “abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y prevaricato”, según detalló el Ministerio Público en un comunicado de prensa. 

Hace unos días, Estados Unidos acusó al Gobierno de Guatemala de “debilitar” el sistema judicial del país e intentar “obstruir las investigaciones sobre corrupción” después de que el Ministerio Público emitiera el 13 de enero la primera solicitud de retiro de antejuicio para Aifán. 

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Esta primera petición se originó por un caso sobre los amaños en la elección de la Corte Suprema de Justicia entre 2019 y 2020. 

La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, reapareció este miércoles 16 de febrero en las redes sociales de la Fiscalía para hablar de varios temas de coyuntura nacional, entre ellos la publicación de una investigación periodística de “El Faro”, en la que se vincula al presidente Alejandro Giammattei en actos de corrupción supuestamente orquestados por el exministro de Comunicaciones José Luis Benito, preso bajo cargos de lavado de dinero.

“El Faro”, un medio digital con sede en El Salvador reveló el lunes último un supuesto acuerdo entre Giammattei y Benito para recibir Q20 millones para su campaña electoral que provenían de sobornos a constructoras beneficiadas con contratos en el Gobierno. El supuesto pacto incluía la permanencia de Benito en el puesto durante el primer año del gobierno de Giammattei.

“El Faro” basa su nota en el audio de la declaración del Testigo A, a quien definen como un exhombre de confianza de Giammattei, pero que testificó en su contra al afirmar que el ahora presidente negoció la entrega de US$2.6 millones (unos Q20 millones) para financiar la campaña en 2019.

Por lo anterior, Porras señaló que el caso de Benito, quien está ligado a proceso y en prisión preventiva, está bajo reserva total y dijo que la filtración de información es preocupante, pues pone en riesgo el avance de las pesquisas.

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“Este caso tiene reserva total y es preocupante que se vulnere la investigación mediante la difusión de información que es únicamente del conocimiento de las partes del proceso, en ese sentido, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad ha presentado denuncia penal por la filtración de dicha información y la misma ha sido remitida a la Fiscalía de Delitos Administrativos”, señaló Porras.

Además, la fiscal dijo que el Testigo A del cual hace mención la nota de “El Faro” interpuso una denuncia por supuestamente haber sido obligado a declarar información inexistente.

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“En dicho caso también es importante mencionar que la persona a quien se menciona en la publicación como Testigo A presentó denuncia en el Ministerio Público indicando haber sido objeto de coacción y presiones para prestar declaraciones de hechos que no le constaban”, refirió Porras.

Niega criminalización

Además, la fiscal general negó que se esté criminalizando a operadores de justicia como se ha dicho “en redes sociales y algunos medios de comunicación”, y aseguró que lo que se hace es cumplir con lo que establece la ley.

En torno a ese tema, Porras sacó a colación la solicitud de retiro de inmunidad del juez de mayor riego Pablo Xitumul, quien, según la fiscal, valiéndose de su cargo en 2019 evitó que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) revisaran el vehículo de una persona que al parecer es su hijo y quien se cree estaba en estado de ebriedad, con lo que obstaculizó la labor policial, lo que fue objeto de denuncia y “se procede conforme a la ley”.

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También mencionó el caso de las abogadas Leily Santizo, exmandataria de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y Eva Sosa, exfical de la Feci, quienes fueron detenidas como parte de una investigación sobre sus actuaciones en esos organismos, aunque el caso ha sido señalado por defensores de derechos humanos y la comunidad internacional de persecución contra quienes lucharon contra la corrupción y la impunidad.

“Respecto al Caso Cooptación y Corrupción Judicial debo de manifestar que el mismo se encuentra bajo reserva judicial, razón por la cual no es posible ahondar en detalles respecto del mismo, pero sí puedo indicar que las órdenes de aprehensión solicitadas se basaron en indicios suficientes que el juez analizó para autorizarlas”, afirmó Porras.

Agregó que “en ese sentido también se estará solicitando el retiro de inmunidad de la juez -Erika Aifán, quien conoció el caso por el cual fueron detenidas- por su posible participación en dicha acción ilegal no constituyendo todo lo anterior en criminalización ni venganza, sino por el contrario implica el estricto cumplimiento de la ley”.

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“De conformidad con las múltiples denuncias recibidas en el Ministerio Público por posibles ilegalidades y violaciones de Derechos Humanos de las personas a través de una transgresión de la ley por parte de algunos trabajadores de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad se iniciaron diversas investigaciones, entre ellas por coacción y amenaza de elaborar casos o revocar medidas a una persona con el fin de declarar hechos falsos en contra de otras personas por coacción a personas para que renunciaran a sus derechos básicos fundamentales como el derecho a la defensa y el acceso al expediente”, refirió.

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Las capturas y denuncias en contra de operadores de justicia ha llamado la atención de la comunidad internacional, quien han emitido pronunciamientos solicitando el respeto del debido proceso y mantener la democracia en el país; sin embargo, Porras pidió a varios funcionario que han sido críticos del actuar de la Fiscalía a que se acerquen a conocer el trabajo que desempañan.

“Hago pública la invitación al relator especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados señor Diego García-Sayán, a la señora Samantha Power, administradora de USAID, y al subsecretario de Estado de Estados Unidos señor Brian Nichols a que se acerquen al Ministerio Público para poder conocer la veracidad de las investigaciones que se están realizando”, señaló Porras.

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Agregó: “No se dejen sorprender por un pequeño grupo de personas que tiene interés particular de desestabilizar al país. No es correcto emitir comunicados ni declaraciones sin conocimiento de la totalidad de los hechos y menos aún dejarse influenciar por un grupo de personas que desean que exista impunidad para su grupo de personas a quienes señalan sus aliados que es justicia selectiva para sus opositores políticos enfocada a sus intereses”.

La Fundación contra el Terrorismo presentó este lunes 24 de enero una solicitud de antejuicio en contra la jueza de Mayor Riesgo Erika Aifán, con la que la juzgadora, que ha sido ampliamente elogiada por Estados Unidos, acumula tres procesos de ese tipo.

La solicitud fue planteada por dicha fundación porque, según argumentan, Aifán ha conocido, sin autorización de la Cámara Penal, procesos que no han sido elevados a Mayor Riesgo.

De esa cuenta se le señala de haber cometido los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y prevaricato.

Además, el Ministerio Público (MP) solicitó el martes 18 de enero, por segunda vez en una semana, el retiro de inmunidad para la jueza Aifán.

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Dicha solicitud de antejuicio (retiro de inmunidad) obedece a la “posible” participación de la jueza en los delitos de “abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y prevaricato”, según detalló el Ministerio Público en un comunicado de prensa.

Hace unos días, Estados Unidos acusó al Gobierno de Guatemala de “debilitar” el sistema judicial del país e intentar “obstruir las investigaciones sobre corrupción” después de que el Ministerio Público emitiera el 13 de enero la primera solicitud de retiro de antejuicio para Aifán.

Dicha solicitud contra Aifán “es un intento flagrante de obstruir las investigaciones sobre corrupción y una afrenta a la integridad de los tribunales de mayor rango en Guatemala”, dijo en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price.

La primera solicitud de retiro de inmunidad contra la jueza, la del 13 de enero, se originó por un caso sobre los amaños en la elección de la Corte Suprema de Justicia entre 2019 y 2020, mientras que el del martes 18 de enero tiene como base un caso contra el periodista Juan Luis Font por la trama Odebrecht.

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El portavoz del departamento de Estado recordó el domingo que el año pasado Aifán fue galardonada con el premio internacional Mujer de Coraje, otorgado por el Departamento de Estado estadounidense, “por sus esfuerzos para fortalecer el Estado de derecho en Guatemala”.

Aifán es titular del Juzgado de Mayor Riesgo “D” del Organismo Judicial guatemalteco y maneja varios casos de alto impacto, incluido el de los amaños en 2020 para la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia, un proceso que debió realizarse en 2019 y permanece detenido.

La mencionada elección, que incluye también la designación de otros 200 jueces, es clave para la lucha anticorrupción de Guatemala durante los próximos años, en opinión de expertos.

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El Ministerio Público aseguró de igual forma ese martes, en la nota de prensa, que Aifán “posiblemente abusó de su cargo” al “arrogarse una competencia” que no la había sido otorgada por la Corte Suprema de Justicia en el caso contra Font, que se “encuentra bajo reserva judicial”.

Las relaciones entre Estados Unidos y Guatemala se enfriaron en septiembre pasado, cuando Washington sancionó a la fiscal general guatemalteca y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, al acusarla de obstruir la Justicia en casos de alto impacto.

De igual forma, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no invitó al presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, ni a los líderes de Honduras y El Salvador a una cumbre virtual sobre la democracia que organizó en diciembre.

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Recientemente, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, llamó por teléfono a Giammattei y le pidió garantizar “que los actores corruptos rindan cuentas, al subrayar que la corrupción erosiona la confianza del público y socava la capacidad de gobernar de forma efectiva y responsable”, según la Casa Blanca.

Harris fue designada por Biden para solucionar la crisis migratoria de la región, ya que cada año más de 500 mil hondureños, guatemaltecos y salvadoreños intentan emigrar de manera irregular a EE. UU. en busca de mejores condiciones de vida, alejados de la pobreza en Centroamérica.

El lunes por la noche, el Gobierno de Giammattei informó que promoverá sus “intereses” en Estados Unidos mediante un contrato de servicios de “lobby” en la nación norteamericana, con el apoyo de la cooperación de Taiwán.

Con información de EFE

Los argumentos de la juzgadora se basan en que el 24 de junio del 2019 ella ordenó una investigación contra José Curruchiche y Pedro Hernández González, agentes de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

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Las acciones que motivaron la decisión de Aifán fueron que los dos investigadores no presentaron un acto conclusivo, con lo que a su criterio se podría buscar favorecer a implicados en un caso de corrupción.

Ahora, al momento que la juzgadora analizó los dos antejuicios que le presentó el Ministerio Público (MP) se percató que los agentes fiscales a cargo son los mismos que ella ordenó investigar, por lo que estima existe un “evidente conflicto de intereses”.

Curruchiche asumió la jefatura de la Feci tras la destitución de Juan Francisco Sandoval, quien ha indicado que desde que asumió la unidad “ya no existen investigaciones sesgadas o con fines ideológicos”.

Mientras el agente fiscal Hernández González es relacionado con la propia fiscal general, quien sería su madrina.

Los antejuicios

El pasado 13 de enero la Feci señaló a Aifán de los cargos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes por el Caso Comisiones Paralelas 2020, por haber emitido resoluciones pese a que el caso no había sido remitido, presuntamente, a un juzgado de alto impacto.

La segunda denuncia se presenta el 18 de enero por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y prevaricato; la tesis de los fiscales apunta que Aifán tomó decisiones que le competen exclusivamente a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La jueza supuestamente conexó un expediente que detalla señalamientos contra el periodista Juan Luis Font, vinculado un proceso que estaba en un juzgado ordinario con la pieza judicial a su cargo en el juzgado de mayor riesgo grupo “D”.

El Ministerio Público informó este martes 18 de enero que, mediante la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) ha presentado una solicitud para la tramitación de antejuicio contra la jueza Erika Lorena Aifán Dávila.

Según el comunicado, la acción fue presentada por la “posible responsabilidad en la comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y prevaricato”.

La acción legal, según el Ministerio Público, se presentó “en virtud de que existen indicios racionales de los cuales se puede establecer que la jueza Aifán estando en funciones propias del cargo posiblemente abusó de su cargo al arrogarse una competencia que los Magistrados del a Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia no le han otorgado”.

Aifán “conexó la causa 01081-2021-00543, que era tramitada por el Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia Penal, a la causa penal 01073-2016-00353, la cual corresponde al caso Odebrecht“.

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Añade que “la causa penal 01801-2021-00543 se refiere a una investigación relacionada con el señor Juan Luis Font Monzón, la cual se encuentra bajo reserva judicial”.

Esta es la segunda acción legal que el Ministerio Público presenta contra la jueza Aifán para retirarle la inmunidad.

#ComunicadoDePrensa
Ministerio Público informa: pic.twitter.com/x6K26QXucY

— MP de Guatemala (@MPguatemala) January 18, 2022

El 13 de enero de 2022, la Feci solicitó el retiro del derecho de antejuicio de Aifán al señalara de posible abuso de autoridad e incumplimiento de deberes al conocer el caso Comisiones Paralelas 2020.

Según indicó entonces la Feci, la solicitud de retiro de antejuicio la presentó el MP en virtud de que afirma existen indicios con los cuales se puede establecer que Aifán Dávila estando en funciones propias del cargo, de forma continuada y teniendo pleno conocimiento de la ley, posiblemente ha abusado de su cargo y ha incumplido con sus deberes en perjuicio de la administración de justicia.

Además, la señaló de arrogarse la competencia sobre los hechos de la investigación del caso “Comisiones Paralelas 2020”, toda vez que la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó que no existe solicitud de competencia ampliada para el expediente en mención.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) interpuso este jueves 6 de diciembre un amparo en contra de la jueza de mayor riesgo Erika Aifán, porque conexó el caso de supuestos sobornos al periodista Juan Luis Font por parte del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi con el “Caso Construcción y Corrupción”, en el que también está vinculado el exfuncionario.

“Me informan de la Fiscalía -Feci- que efectivamente se presentó el amparo contra la resolución del 21 de diciembre donde se conexa el caso, -porque- de acuerdo con la Fiscalía se trata de hechos totalmente distintos. El caso está bajo reserva judicial”, informó el MP.

Sin embargo, se sabe que los abogados de Font buscan que el caso se incluya en el de “Construcción y Corrupción”, lo que implicaría que este sea conocido por la jueza Aifán.

El amparo lo conocerá la Sala Primera de Mayor Riesgo.

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Aifán declaró la reserva en una audiencia penal en donde Font y Sinibaldi comparecieron por señalamientos de corrupción.

El exfuncionario declaró ante los agentes fiscales que Font habría recibido un soborno para no criticarlo durante el ejercicio periodístico, dinero que habría sido pagado con parte de las supuestas ganancias ilícitas de Sinibaldi.

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Font ha denunciado en declaraciones y en sus redes sociales que “el MP monta un caso” en su contra “con la complicidad de Alejandro Sinibaldi”.

“Yo me considero a mi mismo objeto de una persecución política y objeto de una venganza específica”, dijo Font en declaraciones a Prensa Libre, el pasado 6 de diciembre de 2021.

Añadió: “Como periodista, como director y como editor de medios, las redacciones en las que yo he trabajado han cubierto con amplitud, por ejemplo, el fenómeno de la corrupción en la obra pública”.

Recordó que el exministro Alejandro Sinibaldi fue objeto de por lo menos de seis notas de gran relevancia en los medios que Font dirigía.

Indicó que en esas notas periodísticas se explicaba que favorecía los concursos simulados, la falta de uso del registro de precalificados y además, se señalaba una engañosa supervisión para garantizar siempre que la corrupción “pudiera pasara adelante en esas contrataciones”.

Señaló que la red vial que los guatemaltecos tenemos pone en evidencia cuánta corrupción gira en torno a la obra pública.

“Es evidente que lo que hay aquí es un esfuerzo por mandarnos un mensaje a los periodista que combatimos la corrupción, nos están diciendo vamos a perseguirlo a ustedes por hacerlo”, señaló.

Debido a que Sinibaldi figura en más de una sola carpeta judicial la juzgadora considero prudente, tras la solicitud del Ministerio Público (MP), decretar la reserva del caso para evitar que detalles de otros casos salgan a luz y afecten las investigaciones en curso.

Criticaron arraigo

Los señalamientos contra Font generaron pronunciamientos que también critican a una medida cautelar que tiene desde el pasado seis de diciembre, se trata de una orden de arraigo, lo que le impide salir del país hasta que evolucione el proceso de investigación.

Algunas gremiales a favor del periodista calificaron de injusta la medida cautelar en su contra por ser emitida antes de ser ligado a proceso, pero este tipo de resoluciones legales son frecuentes en torre de tribunales.

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Se trata de una medida de prevención para evitar que una persona sospecha pueda abandonar el país mientras avanza el proceso de pesquisas, son estrategias que han sido aplicadas contra exfuncionarios, políticos y empresarios.

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) y la organización Red Rompe El Miedo advierten que en los próximos días se podrían ver otro tipo de medidas contra Font, donde incluso mencionan que se estaría contemplando la solicitud de una orden de aprehensión.

La jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán, solicitó al jefe de la Fiscalía de Asuntos Internos, del Ministerio Público (MP), Juan José Mendizábal, que comience una investigación contra la fiscal María José Reynoso, quien se habría negado a trasladar información a la juzgadora del caso de supuesta filtración de información del despacho de la fiscal general, Consuelo Porras.

Según se informó, la jueza Aifán considera que la fiscal Reynoso pudo incurrir en los delitos de desobediencia, asociación ilícita y obstrucción a la justicia al no haber querido responder al requerimiento que hizo con un plazo de tres días.

En un documento enviado por Aifán al fiscal Mendizábal, se menciona que la fiscal Reynoso tiene resistencia a cumplir con resoluciones judiciales que la jueza ha dictado en el marco de sus facultades y ha ocultado información a la judicatura.

Aifán añade que la fiscal también pudo haberse concertado con funcionarios o empleados de la Supervisión Auxiliar de Tribunales para que procedieran en su contra sin seguir el procedimiento establecido en la Ley.

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Aclara que no quedó documentada la supuesta denuncia, quién la formuló o cómo se originó el supuesto proceso disciplinario en su contra, la comparecencia de la fiscal con el supervisor auxiliar de tribunales al juzgado que Aifán dirige, lo hechos denunciados en su contra ni el resultado de la supuestas investigación a la que la juzgadora se refiere y por eso considera que estos hechos están al margen de la ley y constituyen intimidación, acoso laboral y hostigamiento para obstaculizar el proceso.

En el documento Aifán también pide que se tomen las acciones necesarias para evitar el ocultamiento de información y garantizar la independencia judicial en ese caso.

Además, el cese de las acciones intimidantes y amenazantes generadas con la comparecencia conjunta de empleados del MP con el supervisor auxiliar de Tribunales, para ejercer acciones en contra de la juzgadora, sin que exista registro de un procedimiento disciplinario y por ende con vulneración del debido proceso en contra de Aifán.

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También se pide que se tomen acciones necesarias para cumplir con lo ordenado en la resolución de fecha cuatro de noviembre de 2021, emitida dentro del proceso penal 01073-2016-00359 a cargo de ese juzgado de Mayor Riesgo D.

También que se tomen acciones necesarias para cumplir con las medidas cautelares que le fueron otorgadas a Aifán por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se garantice el respeto y observancia de la independencia judicial.

Finalmente, Aifán pide que se informe de las acciones tomadas a efecto de comunicarlas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El caso

En julio de 2021, el MP informó, mediante un comunicado, que haría una investigación respecto de una nota publicada en un diario nacional sobre supuestas filtraciones de información que se dieron dentro del MP sobre casos relevantes llevados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

La nota, publicada en un medio guatemalteco, se basa en la supuesta declaración otorgada a la Feci por el abogado Marco Aurelio Alveño Hernández, en calidad de sindicado, el 13 de julio de ese año.

En el supuesto testimonio, en el que también se adjuntan otras pruebas como la impresión de correos electrónicos, imágenes y conversaciones, Alveño delata el papel de Claudia Paola Mansilla Figueroa dentro del MP.

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Alveño revela que Mansilla fue su compañera de estudios en la Universidad de San Carlos, le comentó en junio del 2020 que laboraba como asesora de Héctor Aníbal de León Velasco, que a la vez era asesor de la fiscal General, Consuelo Porras, y quien tenía a su cargo los proyectos de apartamiento de fiscales en el Despacho Superior del MP.

En la presunta declaración testimonial, Alveño cuenta que Édgar Barquín, expresidente del Banco de Guatemala, de quien era abogado, le dijo el 15 de mayo de 2020 que estaba preocupado porque policías se encontraban haciendo preguntas en su domicilio en la zona 16 capitalina, y que luego tuvieron información de que se trataba de una investigación sobre el caso Bancafé.

Alveño dijo que por ese caso, Barquín había tenido “un acercamiento” con la fiscal General “por instancias del Presidente de la República” a través de Ángel Pineda.

EL abogado dijo que, entre otras acciones, se le instruyó que “se solicitara el apartamiento de los fiscales a cargo del caso”.

Barquín también le pidió que fuera con el juez Miguel Ángel Gálvez, a cargo del caso, para obtener más información sobre la orden de aprehensión, quien le confirmó que no podía emitir una orden de aprehensión sin fundamento.

“Plan elaborado”

De acuerdo con la supuesta declaración testimonial de Alveño, en agosto de 2020 se reunió con Claudia Mansilla y el exjuez Mynor Moto, donde le revelaron un plan para señalar que la jueza Érika Aifán “era incompetente de conocer el caso Comisiones Paralelas”, pero que dicho plan, elaborado junto con Dennis Billy Herrera, iba a ser rechazado, por lo que pidieron asesoría, ampliaron la solicitud y fue así como el 29 de octubre de 2020 fue declarado con lugar el planteamiento.

Alveño asegura que, aparte de las reuniones personales, todas las comunicaciones se dieron a través de Telegram, pero con mensajes “autodestruibles”.

Relata que después de que el caso fue trasladado a la Fiscalía de Delitos Transnacionales, tal y como Mansilla se los había adelantado, ella llegó a su despacho para exigirle Q50 mil por el “apartamiento del Lic. Édgar Barquín, y que, además, le pidió que se reuniera con Maynor Moto para apoyarlo en la campaña para su elección como magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Casos de la Feci

Alveño asegura que el 11 de noviembre del 2020, Mansilla lo visitó en su apartamento para recibir un adelanto de  Q30 mil del pago requerido, quedando pendientes 20 mil.

Asegura que ese día, Mansilla llevó un informe con todos los casos que se llevaban en la Feci y le ofreció una copia; sin embargo él se negó a recibirla, pero anotó los números de casos y personas en un documento que le fue incautado después por las autoridades durante un allanamiento.

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El abogado continúa diciendo que el 18 de noviembre de 2020 se reunió personalmente con Moto y Mansilla, en donde le volvieron a pedir su apoyo para la elección a la CC.

“Me señaló Mynor Moto que la Licda. Éricka Aifán había comenzado con sus berrinches respecto de la discrepancia planteada; Paola Mansilla agregó que el Lic. Juan Francisco Sandoval estaba necio con operativizar el caso, pero que la Fiscal General no lo había dejado, según ella había escuchado en el Despacho Superior”, relata el abogado en la supuesta declaración testimonial.

Alveño también declaró que en una ocasión Francisco García Gudiel le contó que estaba siendo investigado por la Feci y que un agente del Deic le confirmó la investigación, por lo que le pidió que se reunieran para ver si le podía ayudar.

Cuenta que en la reunión llamaron a Mansilla y esta les confirmó que el caso en el que estaba involucrado García Gudiel era del Construcción y Corrupción. Mansilla también les habría pedido US$9 mil, la mitad por adelantado, por el apartamiento del caso, de lo que pagaron US$4 mil 500 el 23 de enero de 2020.

Además, el 26 de febrero de 2021, Alveño se enteró de que la Feci estaba efectuando allanamientos por una filtración de información que se le hizo llegar al sindicado Gustavo Alejos, exsecretario presidencial.

Alveño cuenta que, preocupado llamó a Mansilla, y esta le dijo que él estaba “clean” (limpio).

La jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán, recibió este viernes 10 de diciembre el premio Derechos Humanos y del Estado de Derecho 2021.

La condecoración es otorgada por las embajadas de Alemania y Francia en conjunto, y se entrega en el Día Internacional de los Derechos Humanos.

Por medio de un comunicado, ambos países habían indicado que el premio sería otorgado a Aifán en esta ocasión por su defensa a los derechos humanos en el país y por su lucha contra los obstáculos y ataques que afronta día con día para cumplir con su labor.

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Este premio fue creado en el 2016 como un homenaje a las personas que juegan un papel determinante en los derechos humanos y el estado de derecho del país.

En el comunicado, las embajadas resaltan la perseverancia y dedicación que han caracterizado a la jueza, a pesar de la férrea oposición que ha afrontado para cumplir con su labor y compromiso con la independencia y transparencia judicial.

Además, indicó el comunicado, el premio es una invitación para continuar con la lucha por el respeto de los derechos humanos en Guatemala. 

Al recibir el reconocimiento, la jueza dijo que ese es un premio para todos los jueces y juezas que trabajan con independencia en Guatemala y que a diario luchan por defender los derechos humanos.

Aifán ha denunciado los constantes esfuerzos de poderes ocultos y corruptos para obstaculizar su labor en casos de alto impacto, así como amenazas y presiones en su contra.

En marzo de 2021, EE. UU. reconoció la valentía de la jueza guatemalteca, a la que consideró un “icono” de la justicia en su país y quien actualmente está a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo D del Organismo Judicial guatemalteco, por lo que preside en casos de alto nivel de corrupción y violencia.

En esa ocasión le fue otorgado el premio “Mujer Coraje”.

La jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán, envió un nuevo oficio al Ministerio Público (MP), que dirige la fiscal general, Consuelo Porras.

El objetivo es que la Fiscalía de Asuntos Internos comience una investigación contra fiscales o funcionarios que puedan estar filtrando información del caso Odebrecht.

La togada ordenó que la pesquisa fuera remitida a esa Fiscalía y se comience a indagar quiénes pueden estar filtrando información a cuentas de “netcenters”, cuando ese proceso penal, que está asignado a su judicatura, se encuentra bajo reserva.

El caso Odebrecht es uno de los casos de corrupción más grande de las últimas décadas al alcanzar a presidentes, vicepresidentes y demás funcionarios de gobierno de al menos 12 países, incluido Guatemala.

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Odebrecht es una empresa constructora de Brasil, se dedicó a emitir sobornos a toda Latinoamérica a cambio de ser beneficiada con contratos gubernamentales.

Los hechos quedaron expuestos por una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en la que además participaron agencias fiscales de al menos 10 países.

Para el caso de Guatemala, durante el Gobierno del extinto Partido Patriota (PP) el Congreso autorizó la construcción de una carretera de cuatro carriles entre los departamentos de Suchitepéquez y San Marcos.

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El Gobierno destinó el pago de US$384 millones para el ambicioso proyecto de más de 100 kilómetros, pero las pesquisas por corrupción ocasionaron que se incumpliera con la obra que Guatemala ya había pagado.

La Corte de Constitucionalidad (CC) nuevamente decidió no  amparar provisionalmente a la jueza Erika Aifán y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) podrá continuar con el trámite de la solicitud de retiro de inmunidad contra la togada por autorizar diligencias de investigación en el caso Comisiones Paralelas 2020.

Aifán interpuso la acción legal porque consideró que el magistrado Jaime Amílcar González, de la Sala Tercera de Apelaciones, no podía haber conocido en el pleno la solicitud de retiro de inmunidad que promovió el Instituto de Magistrados en su contra.

Según la togada, al igual que ocurrió con la magistrada Beyla Estrada, dicho magistrado debió apartarse de conocer su expediente por existir una enemistad entre ellos. Sin embargo, no se excusó y continúo conociendo.

El 4 de octubre recién pasado, la CC ratificó su decisión de reactivar el antejuicio contra la jueza de mayor riesgo D, Erika Aifán.

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Los magistrados resolvieron declarar sin lugar un recurso de aclaración y ampliación que planteó la juzgadora por el fallo que le revocó el amparo provisional.

Específicamente, el procedimiento ocurrió por considerar que posiblemente autorizó diligencias de investigación “ilegales” contra magistrados señalados en el caso “Comisiones Paralelas 2020”.

El 9 de octubre, el pleno de magistrados de CSJ volvió a conocer el antejuicio contra la jueza de mayor riesgo D, Erika Aifán y designó a un nuevo juez pesquisidor.

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El antejuicio contra Aifán fue presentado por el Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial por emitir resoluciones que ellos consideran como ilegales cuando estuvo a su cargo el caso de Comisiones Paralelas 2020.

Este jueves 28 de octubre se llevó a cabo de forma virtual la audiencia pública situación de derechos humanos de operadores de justicia e independencia judicial en Guatemala.

La actividad estuvo organizada por la Comisión Interamericana de Derechos de Humanos (CIDH) y participaron funcionarios de esa institución, funcionarios en el tema de justicia de Guatemala y representantes del Estado guatemalteco.

La CIDH manifestó que le preocupa el contexto de los operadores de justicia y la independencia judicial en Guatemala. También resaltó la estrategia de antejuicios contra jueces como una forma de persecución.

La relatora Esmeralda Arosemena de Troitiño manifestó que el Estado ha señalado que hay efectividad en las medidas cautelares para jueces y magistrados, pero la otra parte dice lo contrario.

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“51 antejuicios, el solo hecho de presentar tal cantidad de peticiones de antejuicios nos indica una situación de conflicto, de realidad de conflicto en el sistema judicial y en la labor que realizan los jueces”, agregó.

Mostró el interés en buscar el diálogo que construya una situación de confianza en el sistema de justicia para la independencia judicial.

El comisionado Joel Hernández expresó que le preocupa el alto número de antejuicios. También señaló que resulta inusitado que un operador de justicia tenga que estar litigando en su defensa en contra de acusaciones que son en función por su trabajo.

La jueza Erika Aifán en su intervención manifestó su preocupación por los jueces de mayor riesgo Pablo Xitumul, Miguel Ángel Gálvez y Yassmin Barrios, quienes cuentan con medidas cautelares de parte de la CIDH.

“Diariamente enfrentamos ataques sistemáticos por parte de grupos que se consideran agraviados por nuestra labor de impartir justicia, recibimos constantes amenazas contra nuestra vida e integridad física y la de nuestras familias”, manifestó Aifán.

Añadió que también son víctimas de mensajes de odio y hostigamiento; además, son sujetos de vigilancia y seguimiento “con vehículos sin placas, atacan nuestra condición de juezas y de mujeres”.

A decir de Aifán, también se ven sometidos a procesos de criminalización sin fundamento alguno, como ataques por medio de redes sociales transmitidos desde cuenta de netcenters “a fines al gobierno que usan referencias a épocas del conflicto armado interno en el que las desapariciones forzadas, secuestro, tortura y muerte eran realizadas impunemente”.

Afirmó que en los mensajes se les tilda de guerrilleros y amenazan con venganza por la lucha contra la corrupción.

Señaló que es usual que los netcenters cuenten con información reservada y se anuncien actos que luego son ejecutados por parte del Estado, como la emisión de órdenes de aprehensión, el despojo de inmunidad o condenas al exilio.

Infiltración de personal

Aifán afirmó que otra forma de atacarlos es por medio de la infiltración de personal en los juzgados para que filtren información, espían, graban y sustraen actuaciones y expedientes.

Señaló que también son objeto de denuncias penales y administrativas infundadas.

Más de 40 denuncias penales

Dijo que actualmente hay más de 40 denuncias penales en contra de cuatro jueces de mayor riesgo, algunas datan del 2021. Indicó que junto a otros tres jueces, han acudido a la fiscal general para solicitar la resolución definitiva de estos casos sin fundamento, pero han pasado más de tres meses y siguen sin respuesta.

Estrategias de antejuicios

La juzgadora señaló que la estrategia de presentación de antejuicios “es la más utilizada” para intentar despojarlos de su inmunidad y dictarles prisión preventiva o para obligarlos al exilio.

Afirmó que en este tema de antejuicios se conforma la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sin seguir el procedimiento establecido en la ley, “integrándose con magistrados con interés directo en el asunto, quienes dan trámite sin que existan pruebas en contra nuestra”.

Afirmó que el Ministerio Público (MP) y las altas Cortes han sido ineficaces para garantizarles la vida, integridad física y emocional, como el respeto a la independencia judicial.

Dijo que las denuncias interpuestas por violaciones a sus derechos han sido desestimadas y archivadas. Recordó que después de varios años no se ha individualizado a los actores de los delitos cometidos en contra de jueces.

Enfatizó que las denuncias no son investigadas. Indicó que las acciones que promueven ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para garantizar sus derechos, están siendo manipuladas para revisar su competencia ordinaria en los casos de alto impacto.

Externó que el patrón de criminalización se ha convertido en un ciclo sin fin con denuncias con apariencia de legalidad. Dijo que estas acciones vulneran el derechos de las personas a una justicia independiente.

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“Manifiesto mi profunda preocupación y les solicito que hagan un llamado contundente al Estado de Guatemala a que cese la criminalización en contra de los jueces y juezas para que podamos cumplir con nuestra labor de impartir justicia”, expresó.

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, señaló cooptación del Estado y según él, se quiere seguir igual o peor. Añadió que el sistema de justicia en Guatemala atraviesa una crisis preocupante porque los grupos de poder han coaptado el sistema de justicia y hay ataque sistemático a funcionarios independientes.

Enfatizó que el sistema de justicia está en crisis con el objeto de obstaculizar la investigación y las sanciones en casos de corrupción.

Mencionó la no elección de las Cortes, lo que debilita más el sistema de justicia y se ha desatado una persecución contra funcionarios de este sector.

El exfiscal Juan Francisco Sandoval señaló que desde la llegada de la actual fiscal Consuelo Porras al MP, se han implementado estrategias para obstaculizar las labores de investigación, sobre todo de los casos a cargo de la Feci.

Añadió que ejemplo de esto es la orden de la fiscal sujetando el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) a una autorización directa de ella.

Indicó que el movimiento y traslado de personal y la incorporación de fiscales con impedimentos legales para liderar investigaciones, “es utilizado por la fiscal general para entorpecer las labores de investigación, una de las acciones más graves es el traslado conveniente de investigaciones de la Feci hacia otras fiscalías cuando el investigado podría ser el presidente de la República o personas allegadas a él”.

Sandoval documentó 24 ocasiones en las que la fiscal general buscaba agilizar alguna investigación para procesar a sus adversarios y detener investigaciones que se vincularan con los organismos del Estado, actos por lo que en su momento hará las acciones correspondientes.

Al menos 10 en el exilio

Señaló que por su trabajo lo forzaron al exilio y suman en esta condición ocho fiscales y dos magistrados.

Afirmó que las denuncias que pone personal de la Feci por acciones en su contra son ignoradas por el MP. Informó que una Fundación tiene acceso a información confidencial del MP lo que evidencia una estrategia articulada.

Añadió que preocupa la desprotección del personal activo de la Feci en casos de alto impacto y la seguridad les ha sido retirada.

Jorge Santos, defensor de los Derechos Humanos, señaló que la situación se agrava en Guatemala y la escalada de agresiones contra personas defensora es más visible.

Dijo que el registro de la Unidad de Protección a Defensores de Derechos Humanos en Guatemala reporta 755 casos de agresiones en 2021, de las cuales 189 fueron contra operadores de justicia, entre las que se incluye hostigamiento y amenazas en redes sociales.

Entre los grupos más agredidos son los funcionarios de justicia, defensores de acceso a la justicia y periodistas.

Peticiones al Estado

Claudia Paz y Paz, exfiscal general de Guatemala, solicitó a la CIDH dar seguimiento a la alarmante situación de riesgo en la que están jueces, magistrados y fiscales. Que el Estado cese el hostigamiento y acoso judicial.

“Solicitamos que inste al MP a cesar la criminalización contra funcionarios de justicia, incluyendo quienes están en el exilio, asegurando una revisión imparcial y desestimando todos los procesos infundados”, manifestó.

Pidió que el Estado reitere a la fiscal general su deber de no usar maliciosamente el sistema penal para limitar la actuación e imparcialidad judicial.

También que la CIDH inste al Estado a dejar de utilizar los procesos de antejuicio como una herramienta de hostigamiento para levantar inmunidad de los funcionarios de justicia, como en los casos de Aifán y Pablo Xitumul.

También pidieron se inste al Congreso a la elección de las altas Cortes.  Solicitaron termine la represión contra las comunidades indígenas y campesinas.

El Estado responde

Por parte del Estado participó una delegación presidida por la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos. También la Procuraduría General de la Nación, y representantes del Ministerio de Gobernación, Ministerio de Relaciones Exteriores y la CSJ.

En respuesta, funcionarios respondieron que el Estado está organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y sus libertades.

En el tema de la lucha conta la corrupción, recordaron que la Cicig era temporal y luego se generó un traslado de capacidad al MP de Guatemala.

Resaltaron que la Feci fue introducida a la estructura general del MP y la han fortalecido. Afirmaron que el trabajo de esta ha dado como resultado condenas y estructuras criminales desarticuladas.

Aseguraron que posee esquema para mantener la seguridad del personal que integra la Feci.

Añadieron que actualmente Sandoval, aunque no se encuentra en Guatemala, tiene a sus disposición agentes de seguridad y vehículos institucionales y un chaleco de protección balística. También les dan seguridad a los padres del exfiscal.

Indicaron que el Estado realiza las acciones pertinentes para dar cumplimiento a las medidas cautelares para operadores de justicia.

Resaltaron la creación de la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas para conocer los delitos contra este sector. También el Ministerio de Gobernación implementa estudios de análisis de riesgo contra magistrados y jueces.

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De enero a octubre 2021, se reportan 54 análisis de riesgo, de estos para 11 se recomendó medidas de seguridad personalizadas y 43 medidas de seguridad perimetral.

Dijeron que algunos funcionarios con medidas cautelares no asisten a las reuniones para el seguimiento de las medidas.

Informaron que entre 2016 y 2021 la CSJ conoció 51 solicitudes de retiro de antejuicio contra magistrados de la CC y 41 fueron rechazados.

Afirmaron que el Estado afirma su compromiso de mantener el diálogo y lo que pueden negociar es trasgredir los procesos que nos rigen.

Dijeron que en materia de antejuicio se constituye como garantía a personas a servicio del Estado y garantizar la función pública.

Señalaron que anteponer o limitar la posibilidad de que un ciudadano pueda manifestar su inconformidad con acciones judiciales, no es negociable de ninguna forma, pues el Estado se debe al ciudadano.

Vea aquí la audiencia

El pleno de magistrados de Corte Suprema de Justicia volvió a conocer el antejuicio contra la jueza de mayor riesgo D, Erika Aifán y designó a un nuevo juez pesquisidor.

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Según informaron, el magistrado integrante de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, Roaldo Isaias Chávez Pérez, será quien esté a cargo de resolver si existen las medios de prueba suficientes para investigar a Aifán .

Chávez Pérez es hermano del exdiputado por el partido extinto Libertad Democrática Renovada (Lider), Luis Adolfo Chávez Pérez, condenado a tres años de prisión  por tráfico de influencias en un caso que llevó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

El antejuicio contra Aifán fue presentado por el Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial por emitir resoluciones que ellos consideran como ilegales cuando estuvo a su cargo el caso de Comisiones Paralelas 2020.

La Corte de Constitucionalidad (CC) ratificó este lunes 4 de octubre su decisión de reactivar el antejuicio contra la jueza de mayor riesgo D, Erika Aifán.

Los magistrados resolvieron declarar sin lugar un recurso de aclaración y ampliación que planteó la juzgadora por el fallo que le revocó el amparo provisional.

Este antejuicio fue interpuesto por el Instituto de Magistrados de Salas de Apelaciones del Organismo Judicial a raíz de la vinculación de diferentes togados que habrían manipulado la conformación de listados finales de aspirantes a una magistratura en las altas cortes de Justicia.

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Específicamente, el procedimiento ocurrió por considerar que posiblemente autorizó diligencias de investigación “ilegales” contra magistrados señalados en el caso “Comisiones Paralelas 2020”.

El expediente será enviado a la Corte Suprema de Justicia para que continúen las diligencias de antejuicio contra Aifán.

Aifán demandó recientemente al Estado de Guatemala debido a “fuertes amenazas a su independencia judicial y seguridad personal por parte de círculos poderosos en Guatemala, incluso dentro del poder judicial”, según un comunicado difundido el martes 7 de septiembre.

La petición fue presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su equipo legal probono de King & Spalding y el Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional (Vance Center), quien emitió un comunicado con la información.

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) denegaron este martes 21 de septiembre las tres recusaciones interpuestas por la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, en contra de los togados Vitalina Orellana y Orellana, Sergio Amadeo Pineda Castañeda y Nery Osvaldo Medina Méndez.

Los tres magistrados fueron confirmados para conocer la solicitud de antejuicio presentada por el exjuez Mynor Moto, quien busca que Aifán sea investigada por el Ministerio Público (MP), por considerar que incurrió en un delito al autorizar su orden de detención.

Además, la CSJ volvió a imponer una multa de Q500 a la jueza y al abogado que planteó los recursos legales contra los magistrados en mención.

El pasado 5 de agosto, la CSJ dio trámite a las recusaciones promovidas por Aifán, pero fueron resueltas por el pleno hasta este martes.

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El 2 de febrero, Mynor Moto fue declarado en rebeldía y bajo arraigo por Erika Aifán, que ordenó su captura por el delito de conspiración para la obstrucción a la justicia.

Aifán firmó la orden de captura a solicitud de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), que vincula a Moto en el caso “Comisiones paralelas 2020” y a quien consideró no idóneo para el cargo de magistrado.

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El 10 de febrero 2021, Aifán también pidió a la CSJ que los magistrados Silvia Valdés y Manuel Duarte no conocieran el antejuicio promovido en su contra por Moto. La juzgadora argumentó en esa ocasión de que ambos opinaron y pidieron informe por allanamiento a Juzgado Tercero, que estuvo a cargo de Moto.

Demanda al Estado de Guatemala

Aifán demandó recientemente al Estado de Guatemala debido a “fuertes amenazas a su independencia judicial y seguridad personal por parte de círculos poderosos en Guatemala, incluso dentro del poder judicial”, según un comunicado difundido el martes 7 de septiembre.

La petición fue presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su equipo legal probono de King & Spalding y el Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional (Vance Center), quien emitió un comunicado con la información.

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Recuerda que la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Aifán en 2019, pero que recientemente han surgido nuevas amenazas en procesos judiciales ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala que buscan retirar su inmunidad judicial mediante antejuicios.

La petición presentada por Aifán contra el Estado de Guatemala es por denuncias de violaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Erika Aifán, jueza de mayor riesgo D, demandó al Estado de Guatemala, debido a “fuertes amenazas a su independencia judicial y seguridad personal por parte de círculos poderosos en Guatemala, incluso dentro del poder judicial”, según un comunicado difundido este martes 7 de septiembre.

La petición fue presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este mismo 7 de septiembre por su equipo legal probono de King & Spalding y el Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional (Vance Center), quien emitió un comunicado con la información.

Según el comunicado, la jueza Aifán tiene a su cargo casos de corrupción de alto nivel y crimen organizado. Añade que en marzo de 2021 ella fue descrita como un “ícono de la lucha contra la corrupción en Guatemala”, recibió el Premio Internacional Mujeres de Coraje 2021 del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América y es integrante de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, apoyada por el Vance Center.

Recuerda que la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Aifán en 2019, pero que recientemente han surgido nuevas amenazas en procesos judiciales ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala que buscan retirar su inmunidad judicial mediante antejuicios.

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“Esto permitiría procesarla penalmente por supuestos excesos en sus actuaciones judiciales en casos llevados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Hace un mes, el jefe de la FECI Juan Francisco Sandoval fue destituido por la fiscal general María Consuelo Porras y obligado a abandonar el país, por temor a su vida”, se lee en el comunicado.

La petición presentada por Aifán contra el Estado de Guatemala es por denuncias de violaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Esta busca “no solo reivindicar los derechos individuales a la independencia judicial, la vida, la integridad personal, el debido proceso legal, y la protección judicial de
una jueza que lucha contra la corrupción en Guatemala, la Jueza Erika Aifán, sino también apoyar al Estado de Derecho en ese país, en el contexto de ataques fuertes en contra del
mismo por círculos poderosos, públicos y privados, que favorecen la continuidad de la corrupción y de la impunidad, incluso dentro de la misma administración de justicia”, se lee en la petición presentada.

Además, que la jueza Aifán goza de Medida cautelar No. 682-18, solicitada por la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala y por CEJIL, otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“la Comisión”) el 23 de octubre de 2019 por Resolución 55/2019.

Violaciones contra Aifán

El documento refiere que la petición tiene el objetivo de “señalar las múltiples violaciones de los derechos humanos en el fondo del mismo asunto tratado por las medidas cautelares, así como subrayar el cumplimiento meramente parcial por parte del Estado con las medidas cautelares, y el grave empeoramiento reciente, a pesar de las medidas, de la situación de independencia judicial de la Peticionaria y del Estado de Derecho en Guatemala”.

Añade que luego que se le otorgaron las medidas cautelares a Aifán, los ataques a la independencia judicial de ella y al Estado de Derecho en Guatemala incluyen:

• a) Procesos infundados y parcializados de antejuicio, el rechazo arbitrario del amparo, y una multa infundada por una Recusación indebidamente rechazada, violando a los artículos 8 y 25.1 en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención.

• b) Denuncias penales en contra de la Jueza, o bien infundadas o fundadas en sus labores jurisdiccionales, y no administrativas, violando al artículo 8 en relación con el artículo 1.1 y 2 de la Convención.

• c) Amenazas en contra de la vida y la integridad física y moral de la Jueza, violando a los artículos 4 y 5 en relación con el artículo 1.1 de la Convención.

• d) Actos de hostigamiento, intimidación y agresión, violando a los artículos 4, 5, y 8 en relación con el artículo 1.1 de la Convención.

• e) La falta de responder y procesar oportunamente y con apego al debido proceso legal los hechos denunciados por la Jueza Aifán, violando a los artículos 8 y 25.1 en relación con el artículo 1.1 de la Convención.

• f) La designación al juzgado de personal de apoyo incompetente y corrupto, sin sanciones correspondientes a sus infracciones graves, y la falta de asignación de recursos humanos adecuados, violando al artículo 8 en relación con el artículo 1.1 de la Convención.

• g) Dos procesos disciplinarios infundados ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, violando a los artículos 8 y 25.1 en relación con el artículo 1.1 de la Convención.

• h) La omisión legislativa para tipificar como delito el atentar contra la independencia judicial, tal como dispone textualmente el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala: “A quienes atentaren contra la independencia del Organismo Judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público.” violando el artículo 8 en relación con el artículo 2 de la Convención.

Incumplimiento de medidas cautelares

El documento también refiere que Guatemala es responsable por la falta de cumplimiento pleno con la Medida Cautelar resuelta por la Comisión, en particular la falta de cumplimiento pleno con las medidas precisadas en la Resolución:

• a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad
  personal de la señora Érika Lorena Aifán.

• b) adopte las medidas necesarias para garantizar que la beneficiaria pueda llevar a cabo sus labores como juez sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o amedrentamientos en el ejercicio de sus funciones.

• c) concierte las medidas a implementarse con la beneficiaria y sus representantes.

Petición completa de la jueza Erika Aifán

El plan para apartar a la jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán, en el caso Comisiones Paralelas 2020 se habría concretado en un salón privado de un restaurante el 6 de agosto de 2020, según una declaración que obtuvo la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público.

Mynor Moto, cuando era juez Tercero Penal; Claudia Paola Mansilla Figueroa, asistente de un asesor de la fiscal general; el abogado Dennis Billy Herrera Arita y Marco Aurelio Alveño Hernández habrían definido la estrategia, según la declaración que leyó la jueza Aifán este martes 24 de agosto en una audiencia en la que Herrera Arita pidió modificación al delito por el que está procesado.

Estos detalles no se habían conocido debido a que la audiencia de primera declaración de Herrera Arita estaba bajo reserva.

La declaración que obtuvo la Feci es de Alveño Hernández y fue en julio pasado.

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“Recuerdo que el 6 de agosto de 2020 nos reunimos con Claudia Paola Mansilla Figueroa y el juez Mynor Mauricio Moto Morataya con el objeto de abordar varios temas, entre ellos sobre apartamientos. Mynor Moto ya estaba viendo lo de su candidatura a la Corte de Constitucionalidad. En esa ocasión Mynor Moto llegó en forma apresurada, pero me pidió que nos volviéramos a reunir y salió a relucir el plan que estaba gestando entre Paola, Moto y Dennis Billy Herrera Arita a efecto de señalar que la jueza Erika Aifán era incompetente de conocer en el caso Comisiones Paralelas”, refiere la declaración.

Agrega: “El fundamento para señalar que la jueza Aifán era incompetente era que cualquier hallazgo que se diera dentro del proceso principal debería ser puesto en conocimiento de la Oficina de Atención Permanente del Ministerio Público y solicitar control judicial de la causa”.

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El testigo detalló: “En esa reunión Paola -Claudia Paola Mansilla Figueroa- presume que a ella se le había ocurrido la estrategia de la discrepancia, pero Dennis Herrera y su hermano -Douglas Herrera Arita- con quienes son grandes amigos comentó, que no lo habían plasmado correctamente”.

En la audiencia la jueza Aifán no aceptó reformar el delito a Herrra Arita quien continúa ligado a proceso por conspiración para la obstrucción de la justicia. La defensa del abogado pidió modificar la figura delictiva a obstaculización a la acción penal.

Análisis de veracidad

El 25 de julio pasado, un medio nacional publicó una nota sobre supuestas filtraciones en del Ministerio Público de información de casos relevantes llevados por la Feci y la Fiscalía ofreció hacer un análisis para determinar la veracidad de los señalamientos.

La nota se basa en la supuesta declaración otorgada a la Feci por Alveño Hernández en calidad de sindicado, el pasado 13 de julio.

En el supuesto testimonio, en el que también se adjuntan otras pruebas como la impresión de correos electrónicos, imágenes y conversaciones, Alveño delata el papel de Claudia Paola Mansilla Figueroa dentro del Ministerio Público (MP).

Revela que Mansilla, que fue su compañera de estudios en la Universidad de San Carlos, le contó en junio del 2020 que laboraba como asesora de Héctor Aníbal de León Velasco, que a la vez era asesor de la fiscal General, María Consuelo Porras, y quien tenía a su cargo los proyectos de apartamiento de fiscales en el Despacho Superior del MP.

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En la declaración testimonial, Alveño cuenta que Édgar Barquín, expresidente del Banco de Guatemala, de quien era abogado, le dijo el 15 de mayo de 2020 que estaba preocupado porque policías se encontraban haciendo preguntas en su domicilio en la zona 16 capitalina, y que luego tuvieron información de que se trataba de una investigación sobre el caso Bancafé.

Alveño dijo que, por ese caso, Barquín había tenido “un acercamiento” con la fiscal General “por instancias del Presidente de la República” a través de Ángel Pineda.

EL abogado dijo que, entre otras acciones, se le instruyó que “se solicitara el apartamiento de los fiscales a cargo del caso”.

Barquín también le pidió que fuera con el juez Miguel Ángel Gálvez, a cargo del caso, para obtener más información sobre la orden de aprehensión, quien le confirmó que no podía emitir una orden de aprehensión sin fundamento.

“Plan elaborado”

De acuerdo con la declaración testimonial de Alveño, en agosto de 2020 se reunió con Claudia Mansilla y el exjuez Mynor Moto, donde le revelaron un plan para señalar que la jueza Érika Aifán “era incompetente de conocer el caso Comisiones Paralelas”, pero que dicho plan, elaborado junto con Dennis Billy Herrera, iba a ser rechazado, por lo que pidieron asesoría, ampliaron la solicitud y fue así como el 29 de octubre de 2020 fue declarado con lugar el planteamiento.

Alveño asegura que, aparte de las reuniones personales, todas las comunicaciones se dieron a través de Telegram, pero con mensajes “autodestruibles”..

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Relata que después de que el caso fue trasladado a la Fiscalía de Delitos Transnacionales, tal y como Mansilla se los había adelantado, ella llegó a su despacho para exigirle Q50 mil por el “apartamiento del Lic. Édgar Barquín, y que, además, le pidió que se reuniera con Maynor Moto para apoyarlo en la campaña para su elección como magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Casos de la Feci

Alveño asegura que el 11 de noviembre del 2020, Mansilla lo visitó en su apartamento para recibir un adelanto de Q30 mil del pago requerido, quedando pendientes 20 mil.

Asegura que ese día, Mansilla llevó un informe con todos los casos que se llevaban en la Feci y le ofreció una copia; sin embargo, él se negó a recibirla, pero anotó los números de casos y personas en un documento que le fue incautado después por las autoridades durante un allanamiento.

El abogado continúa diciendo que el 18 de noviembre de 2020 se reunió personalmente con Moto y Mansilla, en donde le volvieron a pedir su apoyo para la elección a la CC.

“Me señaló Mynor Moto que la Licda. Éricka Aifán había comenzado con sus berrinches respecto de la discrepancia planteada; Paola Mansilla agregó que el Lic. Juan Francisco Sandoval estaba necio con operativizar el caso, pero que la Fiscal General no lo había dejado, según ella había escuchado en el Despacho Superior”, relata el abogado en la supuesta declaración testimonial.

Alveño también declaró que en una ocasión Francisco García Gudiel le contó que estaba siendo investigado por la Feci y que un agente del Deic le confirmó la investigación, por lo que le pidió que se reunieran para ver si le podía ayudar.

Cuenta que en la reunión llamaron a Mansilla y esta les confirmó que el caso en el que estaba involucrado García Gudiel era del Construcción y Corrupción. Mansilla también les habría pedido US$9 mil, la mitad por adelantado, por el apartamiento del caso, de lo que pagaron US$4 mil 500 el 23 de enero de 2020.

Además, el 26 de febrero de 2021, Alveño se enteró de que la Feci estaba efectuando allanamientos por una filtración de información que se le hizo llegar al sindicado Gustavo Alejos, exsecretario presidencial.

Alveño cuenta que, preocupado llamó a Mansilla, y esta le dijo que él estaba “clean” (limpio).

La audiencia de reparación digna para dos personas que eran colaboradores eficaces del Ministerio Público en caso Construcción y Corrupción deberá repetirse luego que la Corte de Constitucionalidad (CC) le otorgó una apelación a la Procuraduría General de la Nación (PGN).

La PGN se opuso a esa parte del proceso ya que consideró que se había dejado al Estado en indefensión al no haber sido tomados en cuenta y por eso presentó una apelación a la CC, que finalmente le fue otorgada.

La CC le ordena a la jueza Érika Aifán que repita la audiencia de reparación digna y deberá llevar a cabo una nueva diligencia en la que se discutirá el resarcimiento que deben pagar Jesús María Ordóñez Jop y Julio Carlos Porras Zadik por el daño causado al estar vinculados al caso Construcción y Corrupción.

El 29 junio de 2017, Ordóñez Jo y Porras Zadik fueron condenados, mediante procedimiento abreviado, por lavado de dinero y otros activos y financiamiento electoral ilícito.

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Porras Zadik, exgerente de una empresa de telefonía, fue condenado a tres años de cárcel por el delito de financiamiento electoral ilícito, pero goza de la suspensión de la ejecución de la condena.

Además, se le impuso una multa de Q500 mil y como reparación digna debía pagar la construcción de dos salas de videoconferencia en el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ).

Porras, quien era colaborador eficaz del MP en el Caso Construcción y Corrupción, admitió a investigadores la entrega de Q15 millones a través de 12 cheques a seis empresas vinculadas a Alejandro Sinibaldi, ex ministro de Comunicaciones del Partido Patriota (PP).

El dinero llegó a Impresos Urbanos, Arqco Outsourcing, Inversiones ASA y Seguridad ASA.

Esos pagos fueron parte del acuerdo en 2011 al que Porras, en nombre de la empresa, llegó con Julio Ligorría, exembajador de Guatemala en Estados Unidos y exasesor del gobierno del PP, que ideó la estrategia para que esa empresa telefónica llegara a un acuerdo con la compañía rival quien tenía a su favor resoluciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) en el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y que significaban el pago de US$400 millones.

Actualización

El 18 de agosto de 2025 la jueza Abelina Cruz cerró el proceso penal contra el exembajador Ligorría por los delitos de lavado de dinero u otros activos y financiamiento electoral ilícito, en el caso denominado Construcción y Corrupción.

La CC solicitó documentación dentro de un proceso para “mejorar fallar” en un plazo de tres días, luego de ser notificado el presente auto para que el Consejo de la Carrera Judicial informe a esa Corte la situación actual de Mynor Mauricio Moto Morataya -postulante-, en el sentido de si ostenta o no la calidad de juez.

También al Juez Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Procesos de Mayor Riesgo, Grupo “D”  -autoridad denunciada-, para que informe a la CC en qué estado se encuentra el proceso penal subyacente a la presente acción, identificado con el número 1073-2016-359.

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Los requerimientos anteriores se realizan bajo los apercibimientos contenidos en la ley de la materia, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en que se pueda incurrir por incumplimiento. Articulo 265, 268, 272 literal i) de la Constitución Política de la República de Guatemala.

El caso Mynor Moto

En febrero de 2020, la Feci presentó una investigación denominada “Comisiones Paralelas 2020”, en la que se expuso un conjunto de actores que se habrían reunido con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara (sindicado en varios casos de corrupción).

Según el MP, la finalidad de las reuniones fue manipular las actuaciones y votaciones en las Comisiones de Postulación para la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, así como del propio Congreso de la República.

El ente investigador explicó que en el marco del proceso de investigación se ha documento distintos eventos, entre estos, reuniones del hermano de quien fungió como comisionado postulador Dennis Billy Herrera Arita, Douglas Herrera, comisionado de postulación), con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara (operador externo) y el juez Geisler Smaille Pérez Domínguez (aspirante a magistratura de la Sala de Apelaciones).

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Señala que se demostró que Dennis Billy Herrera Arita, tenía comunicación telefónica y/o en redes de mensajería instantánea con Alejos Cámbara.

El MP comprobó que Douglas Eduardo Herrera Arita participó en un evento de apoyo al juez Mynor Moto en sus aspiraciones por convertirse en magistrado de la CC nominado por el Colegio de Abogados y Notarios.

Señala que “es de conocimiento que Mynor Moto pretende asumir arbitrariamente el control de la investigación del caso Comisiones Paralelas 2020, a petición de Dennis Billy Herrera Arita”.

Añade que el juez Moto Morataya fue documentado unos días antes de su lanzamiento como candidato a magistrado de la CC (11 de diciembre de 2020), en reunión con el juez Geisler Smaille Pérez Domínguez y con el abogado Juan Carlos Borrayo Carbajal, quien funge como abogado director de Gustavo Adolfo Alejos Cámbara en el caso Negociantes de la Salud y que a su vez auxilió en gestiones al diputado Jorge Estuardo Vargas Morales en el caso Financiamiento ilícito UNE (este último también se reunió con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, en febrero de 2020), según el MP.

El 4 de enero del 2021 el MP informó que en el marco del caso Comisiones Paralelas 2020, la Feci solicitó el retiro de la inmunidad en contra del juez tercero de primera instancia penal, Mynor Mauricio Moto Morataya por los delitos de conspiración para la obstrucción de justicia y prevaricato.

Electo magistrado de la CC

El 18 de enero de 2021 Mynor Moto fue electo como magistrado titular del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), para concluir el período 2016-2021 en la Corte de Constitucionalidad.

El juez Moto, al ganar la elección del Colegio de Abogados y Notarios para tomar posesión de la vacante de Mejía solicitó al CCJ que le otorgara la excedencia para atender su designación como magistrado de la CC, la que concluía el 13 de abril del 2021 y esta fue autorizada.

El 26 de enero pasado, el Congreso de la República juramentó a Moto a pesar de que había pendientes varios recursos legales.

Por estas acciones, La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del MP, citó a declarar a los integrantes del CCJ para que aclaren sobre el retiro voluntario autorizado – excedencia- a Moto y con el que dejó de ejercer funciones como juez.

Orden de captura

El 1 de febrero de 2021, Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D, firmó la orden de captura contra Moto por el caso Comisiones Paralelas 2020. y está activada la difusión roja de Interpol para arrestarlo.

El 4 de febrero, la CC dejó en suspenso la juramentación de Mynor Moto, para ocupar una magistratura titular en ese tribunal.

La Corte informó que otorgó el amparo porque Moto fue juramentado cuando había seis impugnaciones pendientes de resolución en el tribunal electoral del Cang .

El 15 de febrero, la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo no otorgó amparo provisional a Mynor Moto y confirmó la orden de captura por el caso Comisiones Paralelas 2020.

El 12 de abril pasado Moto sumo su segunda orden de captura, esta vez por el caso Libramiento Chimaltenango.

Según el MP,  Moto, a quien identifica como exjuez tercero penal, “habría recibido un soborno en efectivo presuntamente pagado por personas vinculadas a la referida investigación para favorecerles en la resolución que tendría que emitir en los días siguientes”.

Se trata de la resolución del 16 de octubre de 2020 donde Moto dictó falta de mérito contra 16 personas detenidas y de dar medida sustitutiva a Jorge Alfredo Tejada Argueta, vicepresidente de Constructora Nacional, SA (Conasa), y Carlos Enrique Figueroa Ravanales, administrador único y representante de Renova Ingenieros, SA, constructoras implicadas en el caso.

Pero no solo fue un soborno. El Ministerio Público sostiene que Moto autorizó parcialmente acceso a información bancaria dentro del mismo caso, pero retrasó por 40 días la entrega de los oficios, “lo cual ocasionó un serio perjuicio a las actividades investigativas de la Fiscalía y la administración de justicia”.

Acciona contra jueza Aifán

Mynor Moto, por medio de un abogado, presentó el martes 13 de abril un amparo con el que busca retomar su cargo como juez Tercero Penal luego que venciera la excedencia (permiso) que le había otorgado el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ), luego que fue electo como magistrado de la Corte de Constitucionalidad, para concluir el período el período 2016-2021, luego del fallecimiento de Bonerge Amilcar Mejía Orellana.

Mynor Moto no podrá volver a ser juez

El 8 de julio pasado, el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) resolvió excluir a Mynor Mauricio Moto Morataya, extitular del Juzgado Tercero Penal, de la Carrera Judicial, luego de que no se presentó a la judicatura a tomar posesión del cargo por tener vigentes dos órdenes de captura.

Con dicha resolución se confirma que Moto no podrá volver a ejercer como juez.

Las recusaciones fueron contra los magistrados Vitalina Orellana, Nery Medina y Sergio Pineda, para que no conozcan el antejuicio presentado por Mynor Moto en su contra. Las mismas serán resueltas en pleno.

El 2 de febrero, Mynor Moto fue declarado en rebeldía y bajo arraigo por Erika Aifán, que ordenó su captura por el delito de conspiración para la obstrucción a la justicia.

Aifán firmó la orden de captura a solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), que vincula a Moto en el caso Comisiones paralelas 2020 y quien consideró no idóneo para el cargo de magistrado.

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El 10 de febrero 2021, la  jueza Aifán también pidió a la CSJ que los magistrados Silvia Valdés y Manuel Duarte no conocieran el antejuicio promovido en su contra por Mynor Moto.

La juzgadora argumentó en esa ocasión de que ambos opinaron y pidieron informe por allanamiento a Juzgado Tercero, que estuvo a cargo de Moto.

Para la resuelto se aceptó la denuncia de la jueza Érika Aifán contra Guzmán por el retraso en el traslado de expedientes.

Se señala que los atrasos en los que incurrió la denunciada en el trámite del expediente se acreditaron con los memoriales mediante los cuales se presentan recursos de apelación.

En cuanto a lo solicitado por Aifán de declarar rebelde a Guzmán, se hará la declaración respectiva por lo antes considerado en esta resolución.

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El 4 de febrero 2021, Silvia Patricia Valdés, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, anuló la sanción impuesta por el Régimen Disciplinario contra Tatiana Elizabeth Guzmán Figueroa, exoficial del Juzgado de Mayor Riesgo D que fue denunciada por Aifán de haber filtrado información.

El 6 de octubre de 2019, un juez de Paz Penal y Faltas de turno dio falta de mérito a Guzmán, señalada de supuestamente sustraer documentos de casos judiciales.

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El 5 del mismo mes, Guzmán fue capturada y tenía activada la alerta de desaparición Isabel-Claudina.

La jueza Aifán reveló en esa ocasión que a pesar de que la capturada tenía pocos meses de trabajar en el juzgado, se habían registrado varios incidentes, la mayoría por llegadas tarde de hasta tres horas.

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Los jueces que solicitan eso a la fiscal Porras son Erika Aifán, Miguel Ángel Gálvez, Yassmin Barrios y Pablo Xitumul, quienes tienen a cargo judicaturas de Mayor Riesgo, quienes afirman que hay unas 30 denuncias en su contra.

La jueza Aifán, expresó que hay denuncias contra ellos que son espurias e infundadas y algunas datan de hace muchos años. Recordó que la más antigua es del 2012, es decir más de 9 años.

Detalló que la Ley da un plazo de 20 días para que el MP pueda iniciar acciones si se determina que hay algún elemento que se pudiera investigar, puesto que los jueces tienen inmunidad, pero como ya excedió el plazo razonable al que hace referencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han pedido a los fiscales que llevan los casos que desestimen las denuncias, pero no han obtenido respuesta.

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Fuer por eso que decidieron hacer una petición conjunta para que la fiscal Porras revise personalmente estas denuncias y las desestime.

“Este montón de denuncias que se encuentran en el Ministerio Público sin ningún trámite y que son de muchos años vienen a constituirse en una forma de hostigamiento y precisamente lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho. Precisamente los cuatro jueces gozamos de medidas cautelares y también estamos pidiendo a la fiscal el cumplimiento de esas medidas”, afirmó Aifán.

Recordó que a lo largo de su carrera ella ha tenido cerca de 70 denuncias, unas han sido desestimadas y en otras se ha rechazado la petición de retiro de inmunidad, pero hay un número considerable que están pendientes.

Jueza Érika Aifán habla sobre la petición que hicieron al MP de desestimar denuncias en su contra. (Video Prensa Libre: La Red)

Atenta contra independencia del OJ

El juez Miguel Ángel Gálvez dijo que con esas acciones en contra de los jueces se atenta contra la independencia del Organismo Judicial. Dijo que no es posible que haya denuncias de hace años y no se haya decidió qué se va hacer con ellas. Reconoció que hay denuncias que no tienen sentido y no saben por qué no se desestiman.

También estuvo de acuerdo que las denuncias penales en su contra son un hostigamiento y que este ha llegado hasta tener persecuciones hacia él por parte de personas armadas.

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Por su parte, el juez Xitumul, señaló que estas denuncias además de poner en zozobra a los jueces y a la población, porque la independencia judicial no es exclusiva de los jueces, porque si se trabaja apegado a derecho la población está tranquila.

Afirmó que él ha puesto algunas denuncias y varias han sido desestimadas entonces, eso demuestra que el MP sí está resolviendo este tipo de acciones, pero no las que son contra jueces.

La jueza Barrios dijo que las denuncias en contra de los jueces de mayor riesgo deben ser desestimadas y que no se debe atacar a jueces sino a personas que delinquen.

Posturas

De acuerdo con la fiscal general, María Consuelo Porras, ellos (el MP) tienen la obligación de investigar cualquier denuncia que les llegue y en el caso de los jueces, serán las pesquisas las que determinen si estas son espurias como ellos afirman y si hay un hecho que perseguir.

“Son dos situaciones totalmente diferentes. Una es la petición de que se conozcan las denuncias interpuestas en contra, ellos estiman que son espurias; sin embargo, a mí lo que me da la señal de si es espurio político o no un caso es la investigación y consecuentemente las fiscalías están conociendo las diferentes denuncias en contra de cualquier ciudadano guatemalteco, es la investigación la que nos va a generar si hay o no hay un hecho que perseguir. En segundo lugar, en cuanto a la denuncia es nuestra obligación investigar cualquier denuncia que se presente ante el Ministerio Público”, dijo la fiscal general María Consuelo Porras.

En tanto, el ministro de Gobernación, Gendri Reyes, señaló que entablará comunicación con los jueces afectados para conocer más sobre las denuncias; además, dijo que es importante que ellos comuniquen cualquier eventualidad para actuar con apoyo de la PNC.

“Invito a los señores jueces para que tengamos una relación articulada, también los invito a que podamos tener esa comunicación directa y si tienen algún inconveniente que me puedan llamar y poder desplegar la fuerza policial y verificar si tienen algún tipo de hostigamiento nosotros vamos a actuar conforme la ley”, dijo Reyes.

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Según dicho Instituto, Aifán autorizó diligencias “ilegales” contra abogados candidatos a magistrados de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia (CSJ) que posteriormente figuran en el caso Comisiones paralelas 2020.

La CC hizo publica la resolución este jueves 17 de junio y con ella continúa el trámite del retiro de la inmunidad contra la Aifán, jueza de Mayor Riesgo “D” y el juez pesquisidor podrá seguir indagando sobre la denuncia, recibir a los denunciantes para que ratifiquen los hechos y citar a la denunciada para presentar pruebas de descargo.

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Luego de eso, el pesquisidor emitirá una recomendación si amerita retirar la inmunidad a Aifán o si debe mantenerla.

El informe se entrega a los magistrados de la CSJ y ellos decidirán si la jueza pierde su derecho de antejuicio.

El 1 de julio de 2020, la CSJ dio trámite al antejuicio presentado contra la jueza Érika Aifán luego de una solicitud del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones en el que señalaban que ella autorizó diligencias “ilegales” contra abogados candidatos a magistrados.

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La CSJ decidió que la magistrada Beyla Estrada de Brito fuera quien conociera las pesquisas; sin embargo, Estrada planteó una excusa y un impedimento para cumplir con la designación que se le hizo.

El 14 de julio, la CC otorgó un amparo provisional a la jueza Aifán contra la CSJ, por la resolución en la que admitió para trámite la solicitud de antejuicio y dejó en suspenso la resolución del 1 de julio de 2020 que está incluida en el antejuicio 42-2020.

Los procedimientos que Aifán le autorizó a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), del MP, fueron para efectuar pesquisas en contra del exsecretario privado de la presidencia Gustavo Alejos, quien permanecía con medidas en un hospital privado de la zona 2 por el caso Poder, corrupción y lavado.

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Sin embargo, los investigadores del MP descubrieron que Alejos evadía las restricciones de prisión preventiva para reunirse con políticos, diputados y otros funcionarios.

La evasión de Alejos del sanatorio privado causó el comienzo del caso Comisiones Paralelas 2020.

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La Feci reveló entonces una red de negociaciones en la que estaría vinculado Gustavo Alejos Cámbara, políticos y operadores de justicia que procuraron impunidad para colocar a personas afines en los procesos de elección de magistrados de Salas de Apelaciones y de la CSJ.

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“Se impone a la recusante una multa de Q500 por la improcedencia de la recusación”, señala el fallo judicial.

Tanto Valdés como Duarte tienen vía libre para conocer la solicitud de retiro de inmunidad planteada por Moto contra Aifán por haber autorizado la orden de captura en el caso Comisiones Paralelas 2020.

La solicitud del retiro del derecho de antejuicio contra Aifán por petición de Moto, es por haber autorizado su orden de captura en el caso Comisiones Paralelas 2020.

El 2 de febrero, Mynor Moto fue declarado en rebeldía y bajo arraigo por Erika Aifán, que ordenó su captura por el delito de conspiración para la obstrucción a la justicia.

El 10 de febrero pasado, la jueza Aifán pidió a la CSJ que los magistrados Silvia Valdés y Manuel Duarte no conozcan el antejuicio promovido en su contra por Mynor Moto.

En esa ocasión, la juzgadora argumentó que ambos opinaron y pidieron informe por allanamiento a Juzgado Tercero, que estuvo a cargo de Moto.

Cabe resaltar que el 25 de marzo  recién pasado, en sesión el pleno de la CSJ aceptó la excusa de la magistrada Silvia Patricia Valdés para no conocer la solicitud de antejuicio presentada por Mynor Moto contra la jueza Erika Aifán.

El 11 del mismo mes, Valdés se excusó de conocer la solicitud de retiro de antejuicio contra Aifán y también argumentó en esa ocasión que duda de la imparcialidad de la juzgadora.

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En febrero de 2020, la Feci presentó una investigación denominada “Comisiones Paralelas 2020”, en la que se expuso un conjunto de actores que se habrían reunido con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara (sindicado en varios casos de corrupción y a quien recientemente Estados Unidos sancionó con la Ley Magnitsky ).

Según el Ministerio Público, la finalidad de las reuniones fue manipular las actuaciones y votaciones en las Comisiones de Postulación para la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, así como del propio Congreso de la República.

Los hechos por los que se solicitó la captura se relacionan con la concentración de personas “para defender sus propios intereses o de terceros en el proceso de postulación para magistraturas de altas cortes, según la investigación.

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También le ordenaron enviar al Juzgado Noveno una parte del proceso. Esta decisión la tomaron pese a que la Cámara Penal confirmó a Aifán.

El 15 de enero pasado, la Cámara de Amparos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió que Aifán continúe presidiendo el caso Construcción y Corrupción Fase 2 contra el exdiputado Armando Escribá.

Ese fallo, respuesta a una duda de competencia de Aifán, es un revés de la CSJ a la Sala Segunda de Apelaciones, de la cual se hizo oficial el 31 de diciembre de 2020 que favoreció al exdiputado con la anulación de su proceso penal por posibles actos de corrupción.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) investiga Escribá por los delitos de concusión y fraude porque mantuvo vínculos con  empresas  que obtuvieron contrataciones con el Ministerio de Comunicaciones, por Q194.3 millones, cuando  era director de la Unidad de Conservación Vial (Covial), durante los gobiernos de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el Partido Patriota (PP).

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El 13 de enero recién pasado, Escribá se presentó voluntariamente ante la justicia luego que el Ministerio Público ejecutara varios allanamientos donde no fue localizado.

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Biden garantizó que la nueva Administración estará del lado de las niñas y mujeres de todo el mundo para defenderlas, en contraste con la política del Gobierno de Donald Trump (2017-2021), en el que, dijo, los derechos humanos pasaron a un segundo plano a favor de intereses políticos.

“Hoy -aseguró la primera dama-, volvemos a comprometernos con ustedes para ser merecedores de su valor y sabemos que nuestras vidas están ligadas de una forma poderosa. Eligiendo cada día honrar esa conexión, estaremos con ustedes mientras construimos un futuro más brillante para todos”.

Sus palabras desataron aplausos en un auditorio del Departamento de Estado casi vacío por las restricciones del coronavirus y en el que cada año se celebra la entrega de estos premios.

Normalmente suelen acudir las mujeres homenajeadas, pero esta vez algunas intervinieron en unos breves videos.

Un ícono de la justicia en Guatemala

EE.UU. reconoció la valentía de la jueza guatemalteca Erika Aifán, a la que consideró un “icono” de la justicia en su país y quien actualmente está a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo D del Organismo Judicial guatemalteco, por lo que preside en casos de alto nivel de corrupción y violencia.

Su alto perfil le ha convertido en objeto de difamaciones y amenazas de violencia.

En un video, Aifán reconoció que el sistema de justicia guatemalteco sigue presentando “retos”, pero reiteró su compromiso.

“A pesar de las fuerzas de oposición que he enfrentado a lo largo de mi carrera, he procurado la lucha contra la corrupción y, junto con otros jueces, nos hemos esforzado para incrementar la transparencia en el sistema de justicia guatemalteco”, aseguró.

La memoria de las mujeres de Colombia

En uno de esos videos, la activista colombiana Mayerlis Angarita habló de la “satisfacción” que siente al liderar la ONG Narrar para Vivir, fundada hace dos décadas para ayudar a mujeres víctimas de la violencia en los Montes de María, en el Caribe colombiano.

La propia Angarita tiene en su piel cicatrices del conflicto: su madre desapareció cuando era niña y ella ha recibido amenazas de muerte por su labor social.

Actualmente, su ONG agrupa a más de 840 mujeres y su objetivo es recuperar la memoria histórica de las supervivientes del conflicto.

Una voz por mejores hospitales en Venezuela

Otra de las premiadas es la venezolana Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, que impulsó las protestas sociales en su país de 2018 y a la que EE.UU. reconoció por estar en “la primera línea” de la lucha por los derechos de los trabajadores de la salud, sus pacientes y sindicatos.

“A pesar del hostigamiento, la enfermera venezolana sigue en la calle y seguimos en la calle porque estamos convencidos de que el coraje, la valentía y el compromiso son elementos esenciales para devolver al país la libertad y la democracia”, aseveró Contreras en uno de los videos mostrados en la ceremonia.

Contreras ha sido una de las principales voces del sector de la salud que ha denunciado la grave crisis de los hospitales públicos en Venezuela.

Una vida convertida en una misión de socorro

Asimismo, Washington homenajeó a la religiosa española Alicia Vacas, responsable de las Misioneras Combonianas para Oriente Medio y Asia y quien ha convertido su vida en una misión de socorro.

Durante ocho años regentó una clínica en Egipto que atendía a 150 pacientes de bajos ingresos cada día y, luego, en Cisjordania, ha trabajado con la empobrecida población beduina.

En concreto, Vacas ha diseñado programas de formación para mujeres beduinas y ha creado jardines de infancia para los más pequeños, un mérito que mencionó hoy el Departamento de Estado al otorgarle el premio.

Siete afganas premiadas a título póstumo

Por último, el Departamento de Estado premió a siete mujeres afganas asesinadas en 2020 y entre las que figura Fátima Khalil, quien trabajaba para la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán y que sufrió un atentado cuando iba a trabajar, ataque en el que también murió su chófer.

En total, además de las siete mujeres afganas, hoy resultaron premiadas otras 14 mujeres originarias de Bielorrusia, Irán, China y Somalia, entre otros países.

Desde la creación de este galardón en 2007, el Departamento de Estado ha reconocido a más de 155 mujeres de 75 países.

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Ese fallo, respuesta a una duda de competencia de Aifán, es un revés de la CSJ a la Sala Segunda de Apelaciones, de la cual se hizo oficial el 31 de diciembre de 2020 que favoreció al exdiputado con la anulación de su proceso penal por posibles actos de corrupción.

A través de una apelación, los magistrados suplentes de esa Sala separaron del caso a la jueza de Mayor Riesgo D Erika Aifán y trasladaron el expediente al Juzgado Noveno Penal.

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La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) investiga Escribá por los delitos de concusión y fraude porque mantuvo vínculos con las empresas Montañas Nacionales, S.A. y Señalamiento Vial de Centroamérica, S.A., que obtuvieron contrataciones con el Ministerio de Comunicaciones, por Q194.3 millones, cuando el excongresista era director de la Unidad de Conservación Vial (Covial), durante los gobiernos de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el Partido Patriota (PP).

El exdiputado retrasó en varias ocasiones el retiro de inmunidad con múltiples recursos legales.

Fue hasta el pasado 13 de enero que Escribá se presentó voluntariamente ante la justicia luego que el Ministerio Público ejecutara varios allanamientos donde no fue localizado.

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Aifán denunció a Guzmán por filtrar información a las partes, por grabar sus conversaciones y por pérdida de documentación que se tramitan en el juzgado.

Para el Régimen Disciplinario, las actuaciones de Guzmán fueron “graves” y la suspendió de labores sin goce de salario.

Aifán la denunció penalmente por ocho delitos, pero el Juzgado Segundo de Paz Penal no la aceptó como parte del proceso.

Ante los señalamientos de Aifán y de negarse a que ella fuera parte de su equipo de trabajo, el Organismo Judicial a Guzmán a un juzgado de Villa Nueva.

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El fallo de ese órgano considera que “no hay ilegalidades que investigar” en la conducta de Aifán, algo que ya había recomendado previamente la Supervisión General de Tribunales.

Aifán preside el caso Red de poder, corrupción y lavado, donde Alejos está procesado por asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos, cohecho pasivo y defraudación tributaria. Aparte, tiene otro proceso en ese juzgado por evasión, al haber salido del hospital privado donde estaba internado, para supuestamente influir en la elección de cortes que no avanza en el Congreso.

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La jueza explicó que las diversas unidades del Organismo Judicial, desde recursos, humanos, la Cámara Penal y la Presidencia de la Suprema de Justicia no ha nombrado personal idóneo para el juzgado que ella preside.

En ese sentido Aifán pide a la PDH si lo anterior es provocado para obstaculizar sus actos y vulnerar la independencia judicial.

En octubre de 2019 se hizo público que Aifán tenía diferencias con una oficial y un notificador, contra quienes planteó denuncias que no prosperaron, pero el personal fue trasladado a otras instancias del Organismo Judicial.

Según Aifán, no tenía confianza en el personal. Contra una de ellas, la Tatiana Guzmán Figueroa, la jueza descubrió que ella grababa conversaciones en su despacho y que sustraía documentos.

Aparte, el notificador Luis Pedro Hernández fue denunciado por notificar de forma extraoficial, mediante fotos por WhatsApp, a los abogados que tenían casos en ese juzgado.

Por su parte, los trabajadores aludidos denunciaron malos tratos de Aifán durante horas de trabajo.

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El antejuicio fue tramitado a partir de una solicitud del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones en el que señala que la jueza autorizó diligencias “ilegales” contra abogados candidatos a magistrados de Apelaciones y CSJ que posteriormente figuran en el caso “Comisiones paralelas 2020”, donde el Ministerio Público (MP) determina que comisionados, diputados y aspirantes buscan manipular la elección de cortes.

El 3 de julio, CSJ dio trámite al antejuicio presentado contra la jueza de Mayor Riesgo “D”, Érika Aifán y decidió que la magistrada Beyla Estrada de Brito sea quien conozca las pesquisas; sin embargo, Estrada planteó una excusa y un impedimento para cumplir con la designación que se le hizo.

Los procedimientos de investigación autorizados por la jueza Aifán a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) fueron para efectuar pesquisas en contra del exsecretario privado de la presidencia Gustavo Alejos, quien permanecía con medidas en un hospital privado de la zona 2 por el caso  de poder, corrupción y lavado.

Sin embargo,  los investigadores del Ministerio Público (MP) descubrieron que evadía las restricciones de prisión preventiva para reunirse con políticos, diputados y otros funcionarios.

La evasión de Alejos del sanatorio privado causó el comienzo del caso Comisiones Paralelas 2020. la Feci reveló una red de negociaciones en la que estaría vinculado Gustavo Alejos Cámbara, políticos y operadores de justicia.

COMUNICADO
Amparo provisional
Antejuicio Jueza Aifán pic.twitter.com/3nCWw4TbOT

— CC Guatemala (@CC_Guatemala) July 14, 2020

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Estrada, vocal primera de la Sala Tercera de Apelaciones designada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para este proceso, expuso un impedimento y una excusa para apartarse del caso.

El antejuicio fue tramitado a partir una solicitud del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones en el que señala que Aifán autorizó diligencias “ilegales” contra abogados candidatos a magistrados de Apelaciones y CSJ que posteriormente figuran en el caso “Comisiones paralelas 2020”, donde el Ministerio Público (MP) determina que comisionados, diputados y aspirantes buscan manipular la elección de cortes.

Sobre el impedimento, la jueza dijo que es miembro del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones, que presentó denuncia en esta causa y ante lo considera que podría ponerse en duda su imparcialidad o que exista algún interés indirecto.

Además, expone una excusa referente a que la Sala que integra ha tenido desavenencias y diferencias con Aifán con el amparo
010119-2017-00017, relacionado con el caso Bitkov.

En un memorial, Estrada recuerda que en ese caso la Sala Tercera multó con Q1 mil a Aifán y certificó lo conducente al Ministerio Público (MP) por incumplimiento en la debida ejecución del amparo.

Esa controversia desató entre mayo y junio de 2018 una solicitud de amparo y una denuncia de Aifán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra la Sala Tercera, además de señalar enemistad con los magistrados de esa instancia, lo cual incluye a Estrada.

Lo anterior ocurre en el contexto de que la Corte de Constitucionalidad (CC) dio trámite a un amparo solicitado por Aifán contra el antejuicio en su contra.

La jueza se reunió este 6 de julio con embajadores. “Apoyamos jueces comprometidos con la independencia judicial que forjan un sistema de justicia confiable, transparente y autónomo, que responde eficientemente a los derechos de los guatemaltecos”, tuiteó la embajada de Estados Unidos.

Fue un honor reunirme con la jueza #ErikaAifan y escuchar acerca de su trabajo y sus retos. Un sistema judicial robusto e independiente es pilar de las democracias y contribuye a generar prosperidad para todos. pic.twitter.com/AZUkxujq0m

— Nick Whittingham (@NWhittinghamFCO) July 7, 2020

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La desaparición de ese documento mantiene estancado el proceso. El memorial es una apelación de prisión preventiva que presentó el abogado defensor de Alejos en el Juzgado de Mayor Riesgo D que dirige Erika Aifán.

La jueza informó a la Cámara Penal que la notificadora Paula Friné Villar Cifuentes tenía a su cargo ese expediente que se extravió.

En el oficio que entregó Aifán a la CSJ se señala que Villar Fuentes ha incurrido en otras faltas en el juzgado, entre las que están el no haber notificado a partes procesales para celebrar audiencias.

Por la desaparición del memorial la defensa de Alejos presentó un amparo y su abogado defensor, Ranferi Díaz expuso que “cinco meses en primera declaración, después tres meses para que se admita la apelación y ahora se extravía en el juzgado, entonces, de parte del señor Gustavo ya hay bastante duda acerca de lo que está ocurriendo en la judicatura, porque no es algo normal”.

El memorial extraviado es una apelación de prisión preventiva por evasión del que es señalado Alejos por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público al evadir las medidas de coerción gracias a las cuales estaba internado en el sanatorio privado Ciudad Nueva, zona 2 capitalina.

Alejos fue recapturado el 18 de febrero pasado por evadir las medidas, el MP le sañala de negociar con políticos y funcionarios la elección de magistraturas.

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Aifán ordenó la inmediata libertad del exfuncionario al indicar que no hay indicios suficientes para establecer que pudo pertenecer a una estructura criminal.

Por otro lado, Aifán ligó a proceso a Edna Carolina Prera Guinther, quien ocupaba un puesto administrativo en dicha cartera y es señalada de peculado por sustracción en forma continuada, falsedad ideológica y asociación ilícita.

Caso Asalto al Ministerio de Salud |Juzgado de Mayor Riesgo D dicta "falta de mérito" por asociación ilícita a William Edgardo Sandoval Pinto -exviceministro Administrativo del Ministerio de Salud Pública- y ordena su libertad.

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) December 12, 2019

La jueza continuará con esta audiencia el próximo luns 16 de diciembre, donde aún queda resolver la situación jurídica de 18 implicados más.

Entre ellos se encuentra el exministro de Salud durante el gobierno del Partido Patriota (PP), Jorge Villavicencio Álvarez, y su hija, Cándida Saraí Villavicencio Delgado.

Padre e hija son acusados de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos, entre otros delitos contra la administración pública. Los Villavicencio estuvieron prófugo durante casi cinco meses, hasta que el 2 de diciembre se presentaron al Juzgado de Primera Instancia.

El MP investiga hechos ocurridos entre 2012 y 2014, en el cual estiman cobros de sobornos por Q53.9 millones, a través de empresas contratistas coludidas con los funcionarios.

Los fiscales señalan a Villavicencio y su hija como los presuntos cabecillas de esta estructura de cobros ilícitos por proyectos de remoción y reparación de hospitales, durante el estado de Calamidad por el terremoto de San Marcos, así como por otros eventos de construcción de hospitales, compra de bienes en el ministerio y adjudicación de plazas en la institución a personas recomendadas por diputados del Congreso de la República.

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Aifán empezó a conocer casos de alto impacto en 2016 y desde entonces ha denunciado públicamente ser objeto de amenazas en su labor como jueza y su vida personal.

El 23 de octubre último la CIDH resolvió otorgar medidas cautelares en favor de Aifán con “urgencia”.

La resolución 55/2019 de la CIDH contiene la medida cautelar para Aifán y detalla que su resguardo tiene algunas carencias por vehículos con algunos desperfectos en el blindaje. Además, el documento expone una “campaña de desprestigio” en redes sociales; implementada para dañar a la jueza.

En el informe de la CIDH se expuso que en ocasiones el vehículo asignado para el transporte de Aifán es trasladado con frecuencia a un taller mecánico para su reparación.

Aifán ha denunciado públicamente que en el Juzgado de Mayor Riesgo D ha habido filtración de información en los casos de alto impacto Fénix y Caja de Pandora. Además, desconfía de probable espionaje en sus cuentas de redes sociales.

Asímismo, el documento contiene quejas porque el automóvil que usa Aifán se ha mantenido con un vidrio dañado por un balazo que causó la perforación, el deterioro es de un ataque a quien antecedió en el uso del vehículo a la jueza.

La jueza, por sus resoluciones, ha sumado gran cantidad de recursos legales en su contra y muchos tienen como finalidad separarla de algún caso.

Según la resolución de la CIDH, de 2000 al 2018 se interpusieron 53 quejas en el sistema judicial contra Aifán y 47 de ellas fueron desestimadas.

La resolución de la CIDH pide al estado guatemalteco que “adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de la señora Erika Lorena Aifán”.

Además, la Comisión solicita que se “adopten medidas para garantizar que la beneficiaria -Aifán- pueda llevar a cabo sus labores como juez sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o amedrentamientos en el ejercicio de sus funciones”.

El estado de Guatemala deberá informar a la CIDH la implementación de la protección a la jueza en un plazo de 15 días.

Aifán ha tenido a su cargo varios casos de alto impacto entre ellos: Construcción y Corrupción fase 1 y 2, Odebrecht, Los Huista, Caja de Pandora, caso Mesoamérica (tráfico de migrantes) y financiamiento electoral ilícito al Partido Unionista en la Municipalidad de Guatemala.

Fuga de información

La Sala Segunda de Apelaciones resolvió que no hubo “retención” en el caso de Tatiana Guzmán, quien fue oficial del Juzgado de Mayor Riesgo D, que preside Aifán, y el 4 de octubre último fue detenida en ese juzgado, señalada de haber filtrado información del caso de alto impacto Fénix.

Guzmán fue denunciada ante las autoridades del Organismo Judicial por AIfán: se señaló que extravió la pieza 39 del caso Fénix.

Además, el notificador de ese juzgado Luis Pedro Hernández fue trasladado a un juzgado civil y también fue denunciado por la jueza por filtrar información de casos. Por las denunciadas interpuestas contra el personal, Aifán también fue denunciada por supuestamente violentar derechos laborales.

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Aifán había desconfiado de ambos trabajadores del Juzgado de Mayor Riesgo D y por tanto planteó las denuncias.

Tatiana Elizabeth Guzmán Figueroa, oficial, quien fue detenida el 5 de octubre pero se le dictó falta de mérito por un juzgado, había sido señalada por Aifán de haber filtrado información.

De esa cuenta, Guzmán fue trasladada al Juzgado de Villa Nueva.

Asimismo la Junta rechazó la denuncia de la oficial contra Aifán por supuestos malos tratos en el desempeño de sus funciones, puesto que no se pudieron probar los hechos.

Guzmán fue señalado por Aifán de sustracción de documentos, por llegar tarde a trabajar y por entrar a su despacho con un celular, lo que levantó sospechas en la jueza de que estaba siendo espiada. Además, en su bolsa le encontraron documentos judiciales.

La sindicada dijo en su momento que todo se debía a un conflicto laboral con Aifán, supuestamente por haber defendido a un compañero por un problema con la jueza.

En el caso de Luis Pedro Hernández, notificador, la Junta de Disciplina Judicial ordenó el traslado a un juzgado civil.

En un caso anterior, la jueza denunció que él enviaba por WhatsApp imágenes de resoluciones judiciales a los abogados antes de que fueran oficialmente notificados. Sin embargo, el Régimen Disciplinario del Organismo Judicial desestimó el caso.

En un programa de televisión por cable, Hernández señaló que Aifán siempre amenaza a su personal con denuncias o quejas y recordó que ella no le dio licencia para el nacimiento de su hijo ni para que lo registrara en el Registro Nacional de las Personas (Renap).

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La pieza 39, según Aifán, tiene unos 200 folios y estuvo bajo responsabilidad de la oficial Tatiana Guzmán, quien ha denunciado a la jueza por “malos tratos” en la relación laboral, queja a la que se han sumado otros cuatro empleados de ese juzgado a la queja.

Esta semana el juzgado ha suspendido siete audiencias debido a inasistencia del personal a laborar durante la semana. El lunes pasado faltaron cinco personas y desde el martes hay ausencia de una oficial y del notificador.

La Corte Suprema de Justicia no se ha pronunciado por lo que ocurre en el juzgado y el Régimen Disciplinario analiza las denuncias.

Aifán ve una demora en el avance de los casos de alto impacto y ha considerado la posibilidad de que otras judicaturas le cedan personal temporalmente y continuar con el trabajo.

Caso Fénix

El caso Fénix fue reabierto por la Fiscalía Especial contra la Impunidad el 12 de abril pasado con la captura de 10 implicados, entre ellos Sergio Alfredo Herrera Acevedo, hijo del operador político Gustavo Herrera Castillo, prófugo actualmente.

Este caso es la continuación del desfalco por Q350 millones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de 2003, donde particulares y empresas utilizaron sociedades anónimas, limitadas y entidades fuera de plaza para lavar dinero obtenido de manera ilícita.

Ahora son señalados por lavado de dinero Gustavo Herrera, cerebro del desfalco y asilado en Nicaragua; también están señaladas 31 personas más, de las cuales 12 están en prisión preventiva, otras 12 citadas a audiencia de primera declaración y cinco prófugos.

La investigación conjunta entre la Feci y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) concluyó en que personas individuales y representantes de 20 firmas comerciales que, supuestamente, conformaron una organización criminal que utilizó diferentes tipos de empresas para lavar dinero obtenido de manera ilícita.

Los fondos que se habrían lavado fueron sustraídos de un fideicomiso llamado de Protección y Desarrollo Social, que se había formalizado entre el IGSS, el Grupo Empresarial Univserv, S.A. y Banco Uno S.A.

El MP sindicó a Herrera Castillo de ser el propietario de dos entidades financieras, Helensburg Inc. y Escabel Management Group Ltd., que habría utilizado para la estafa al Seguro Social.

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Este martes dos audiencias del caso Fénix fueron suspendidas, en una se conocería la modificación de medidas cautelares de dos detenidos quienes buscan retirar el embargo de sus cuentas bancarias y en otra diligencia se escucharía la defensa de cuatro implicados.

Ayer la jueza Erika Aifán explicó en su oficina que las audiencias fueron suspendidas porque la oficial que se ausentó lunes y martes no notificó a los implicados, pero no es la única acción que incide en el proceso según la jueza. Guzmán fue señalada por la jueza de perder el expediente 39 de ese caso.

“Las audiencias que programamos llevan un trabajo previo, cuando tenemos audiencias con personas detenida, como el caso de las audiencias de hoy – martes-, hay que hacer el llamado de presos o las citaciones al Sistema Penitenciario, en este caso lo teníamos que hacer ayer – el lunes, pero no contábamos con los expedientes y las audiencias se suspendieron porque no fue posible avisarles a las partes con antelación porque no teníamos números de teléfono, correo o fax”, expuso Aifán.

Mientras la jueza brindó declaraciones a la prensa, otras tres empleadas de ese juzgado que se ausentaron el lunes último cuando denunciaron públicamente “malos tratos” por Aifán en televisión, laboraban con normalidad. Antes hubo una reunión del personal y la juzgadora en la que se planificó lo que se haría en la jornada.

El ambiente en el juzgado es hermético debido a que Aifán perdió confianza en algunos oficiales, comisario y notificador. El lunes último señaló: “me preocupa un poco y es donde veo la unidad de hechos. La información que se filtró es del caso Fénix”.

Cinco empleados del juzgado han señalado que Aifán los amedrenta en sus labores y llega hasta amenazarlos con “denuncia” cuando no le parece algún trabajo. La jueza se argumentó el lunes último que lo que ha hecho es “girar instrucciones”.

Los empelados que se han expuesto contra Aifán argumentando violaciones laborales son Guzmán, oficial; Sulma Ajú, oficial; Ingrid Cuquej, oficial; Loida Lux, comisario y Pedro Hernández, notificador. Aunque solo Guzmán y Hernánez han denunciado a la jueza.

En la audiencia del sábado pasado cuando Guzmán quedó en libertad por falta de mérito el juzgado de turno “certificó lo conducente” -denuncia que pasará al Ministerio Público- contra Aifán por los señalamientos de violaciones laborales, aunque una investigación.

Verificación

El subdirector de Mediación de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Geovani Guzmán, se presentó al juzgado por una “denuncia anónima” que se hizo de un trabajador vía telefónica señalando que supuestamente Aifán estaba coaccionando al personal a declarar ante medios de comunicación en su favor.

Ante esta situación la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad se pronunció en favor de Aifán y pidió a la Corte Suprema de Justicia “actúe con base a las denuncias interpuestas en su momento por la jueza, inicialmente trasladando al personal que fue señalado de entorpecer el desenvolvimiento”.

La Dirección de Comunicación Social del Organismo Judicial aclaró que el personal asignado a los juzgados los selecciona Recursos Humanos y que será el Régimen Disciplinario la que resolverá las denuncias.

Caso Fénix

El caso Fénix fue reabierto por la Feci el 12 de abril pasado con la captura de 10 implicados, entre ellos Sergio Alfredo Herrera Acevedo hijo del operado político Gustavo Herrera Castillo.

Este caso es la continuación del desfalco por Q350 millones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de 2003, donde particulares y empresas utilizaron sociedades anónimas, limitadas y offshore para lavar dinero obtenido de manera ilícita.

Ahora son señalados por lavado de dinero Gustavo Herrera, cerebro del desfalco asilado en Nicaragua, y 31 personas, de las cuales 12 están en prisión preventiva, otras 12 citadas a audiencia de primera declaración y cinco prófugos.

La investigación conjunta entre la Feci y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) concluyó en que personas individuales y representantes de 20 firmas comerciales, que supuestamente conformaron una organización criminal que utilizó diferentes tipos de empresas para lavar dinero obtenido de manera ilícita.

Las empresas de esta red, según las primeras pesquisas, son sociedades anónimas y limitadas, así como compañías offshore (fuera de plaza) y estarían vinculadas con Herrera Castillo, conocido no solo por su mediación para influir en la elección de magistrados de las cortes, sino también porque fue uno de los sindicados del desfalco de Q350 millones contra el Seguro Social, entre 2002 y 2004, caso por el que fue acusado y perseguido, pero nunca capturado.

Las investigaciones por ese caso fueron reabiertas, ahora por lavado de dinero. Herrera Castillo se encuentra asilado en Nicaragua desde agosto del 2018, donde aseguró ser víctima de persecusión política por parte de la Cicig, por lo cual la orden de captura en su contra es internacional.

Los fondos que se habrían lavado fueron sustraídos de un fideicomiso llamado de Protección y Desarrollo Social, que se había formalizado entre el IGSS, el Grupo Empresarial Univserv, S.A. y Banco Uno S.A.

El MP sindicó a Herrera Castillo de ser el propietario de dos financieras offshore —fuera de plaza—, Helensburg Inc. y Escabel Management Group Ltd., que habría utilizado para la estafa al Seguro Social.

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Entre los empleados ausentes están Tatiana Elizabeth Guzmán, oficial, y Luis Pedro Hernández, notificador. La juzgadora anunció que pedirá la destitución de ambos de la judicatura a su cargo.

Los incidentes en este juzgado comenzaron el pasado fin de semana cuando Aifán denunció a Guzmán por supuestamente extraer información de casos penales y grabarla con su celular en su despacho.

Sin embargo, la trabajadora quedó libre por falta de mérito.

Inicialmente la empleada había reportada como desaparecida, pero luego se conoció que estaba detenida en la carceleta de la Torre de Tribunales.

Este 7 de octubre Aifán dio una conferencia de prensa en la que señaló que personal del Juzgado de Mayor Riesgo D “al parecer realiza trabajos para otros abogados, lo cual está prohibido”.

La jueza argumentó que los señalamientos de maltrato que hizo personal del juzgado no son ciertos. “No es así, nunca los he maltratado, solo he girado instrucciones”, afirmó.

“Hay riesgo de la seguridad informática”, dijo Aifán respecto al sistema donde se guarda la información de los casos que conoce el juzgado.

Guzmán ha sido respaldad por el Sindicato de Trabajadores del OJ, argumentando que la oficial ha sido víctima y se han vulnerado sus derechos laborales por la jueza.

Según Aifán, en la judicatura Hernández y Guzmán cometieron irregularidades que fueron expuestas a supervisión y al Régimen Disciplinario del Organismo Judicial (OJ).

El 25 de junio pasado la juzgadora denunció ante el Ministerio Público (MP), el Régimen Disciplinario del OJ y la Cámara Penal por supuestamente haber descubierto que Hernández enviaba vía WhatsApp imágenes de algunas resoluciones a celulares de abogados antes de que fueran notificadas oficialmente.

En el Régimen Disciplinario del OJ desestimó la denuncia en contra de Hernández.

“Violentados”

En un canal de televisión por cable Hernández denunció públicamente malos tratos por la jueza y expuso que no le autorizaba permisos.

Hernández señaló que Aifán no le otorgó “licencia” cuando nació su hijo y tampoco permitió que acudiera durante tres meses al Registro Nacional de las Personas a efectuar el trámite de reconocimiento.

“Estamos siendo violentados todos, no solo mi compañera -Guzmán- y yo, se dieron cuenta que lo que la señora juez dice son mentiras y habla falsedades, dice mentiras.  Si hay algo que a ella no le parece amenaza con presentar denunciar o presentar una queja”, denunció Hernández.

En la entrevista televisiva Guzmán criticó: “Uno tiene miedo porque si no está como a ella le gusta -a Aifán- entonces amenaza con la denuncia”:

Loida Lux, comisario, relató que “no es la primera vez” que Aifán es rígida con el personal de la judicatura, “hay muchas personas previo a esos puestos que fueron víctimas” y aseguró ser testigo de cómo la jueza dio mal trato a Hernández y Guzmán.

“No estamos de acuerdo con esa situación, nosotros tratamos de ayudarla -a la jueza-. Nosotros vamos a exigir medidas de seguridad porque nos estamos enfrentando a una persona que tiene poder“, aseguró Lux.

Complot

“Me preocupa un poco y es donde veo la unidad de hechos. La información que se filtró por el notificador -Hernández- había información del caso Fénix, luego la oficial -Guzmán- con retraso para enviar la comparecencia provocó la suspensión de la audiencia, luego vuelve a provocar la suspensión de la audiencia porque se va al Igss y no deja el expediente. Además, me reportó que se ha perdido una pieza -expediente 39-, recuerden que en el caso Fénix se perdió una pieza en el juzgado de su procedencia”, expuso Aifán.

En este caso no solo en el Juzgado de Mayor Riesgo D hay sospechas de irregularidades, el Ministerio Público (MP) también denunció extravío de expedientes por un fiscal.

El 29 de mayo pasado fue detenido Jeowan Stuardo Vásquez Cervantes quien laboraba en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del MP y fue señalado de haber recibido tres piezas originales del caso Fénix, de las cuales entregó a un juzgado solo una y las otras dos en copias, pese a que desde hacía meses ya no era fiscal a cargo y las conservó a pesar de que había sido trasladado a otra fiscalía.

En otro hecho, agrega la pesquisa, Vásquez Cervantes acudió a una audiencia judicial de cuyo expediente no estaba asignado, ni siquiera pertenecía a la fiscalía asignada para ese caso. “En esta accedió a la devolución de unos documentos originales sin tener legitimación para hacerlo”, informó el MP el 29 de mayo pasado.

Vásquez Cervantes fue ligado a proceso por obstaculización a la acción penal y abuso de autoridad.

La jueza Érica Aifán ha tenido a su cargo varios casos de alto impacto, entre ellos: Construcción y Corrupción fase 1 y 2, Odebrecht, Los Huista, Caja de Pandora, caso Mesoamérica (tráfico de migrantes) y el reciente caso de financiamiento electoral ilícito al Partido Unionista en la Municipalidad de Guatemala.

Caso Fénix

El caso Fénix fue reabierto por la Feci el 12 de abril pasado con la captura de 10 implicados, entre ellos Sergio Alfredo Herrera Acevedo hijo del operado político Gustavo Herrera Castillo.

Este caso es la continuación del desfalco por Q350 millones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de 2003, donde particulares y empresas utilizaron sociedades anónimas, limitadas y offshore para lavar dinero obtenido de manera ilícita.

Ahora son señalados por lavado de dinero Gustavo Herrera, cerebro del desfalco asilado en Nicaragua, y 31 personas, de las cuales 12 están en prisión preventiva, otras 12 citadas a audiencia de primera declaración y cinco prófugos.

La investigación conjunta entre la Feci y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) concluyó en que personas individuales y representantes de 20 firmas comerciales, que supuestamente conformaron una organización criminal que utilizó diferentes tipos de empresas para lavar dinero obtenido de manera ilícita.

Las empresas de esta red, según las primeras pesquisas, son sociedades anónimas y limitadas, así como compañías offshore (fuera de plaza) y estarían vinculadas con Herrera Castillo, conocido no solo por su mediación para influir en la elección de magistrados de las cortes, sino también porque fue uno de los sindicados del desfalco de Q350 millones contra el Seguro Social, entre 2002 y 2004, caso por el que fue acusado y perseguido, pero nunca capturado.

Las investigaciones por ese caso fueron reabiertas, ahora por lavado de dinero. Herrera Castillo se encuentra asilado en Nicaragua desde agosto del 2018, donde aseguró ser víctima de persecusión política por parte de la Cicig, por lo cual la orden de captura en su contra es internacional.

Los fondos que se habrían lavado fueron sustraídos de un fideicomiso llamado de Protección y Desarrollo Social, que se había formalizado entre el IGSS, el Grupo Empresarial Univserv, S.A. y Banco Uno S.A.

El MP sindicó a Herrera Castillo de ser el propietario de dos financieras offshore —fuera de plaza—, Helensburg Inc. y Escabel Management Group Ltd., que habría utilizado para la estafa al Seguro Social.

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Aifán supuestamente descubrió que el trabajador enviaba vía WhatsApp imágenes de algunas resoluciones a celulares de abogados antes de que fueran notificadas oficialmente.

En la denuncia la jueza Aifán explicó que la acción de Debroy “quebranta el principio de lealtad procesal”. Recordó que los hechos sucedieron el 4 de junio pasado cuando la juzgadora escuchó una conversación del notificador y la secretaria Jesica Morales.

La queja ante el Régimen está centrada en que Debroy sea sancionado y en la Cámara para que sea separado de la judicatura hasta que avance el proceso.

El notificador fue consultado aunque evitó pronunciarse debido a que desconocía los hechos de la denuncia.

Esta no es la primera oportunidad en que sucede un incidente entre la juzgadora y un empleado de la judicatura a su cargo.

En marzo de este año Aifán señaló al técnico de sonido, Lázaro Ramírez Rivera, por haber incurrido en una falta al haber dejado de grabar toda la audiencia donde compareció José Maynor Palacios Guerra el 21 de diciembre del 2018. Este caso está en la Fiscalía de Delitos Administrativos en etapa de investigación.

Los casos que conoce la jueza

Entre los casos que conoce el Juzgado de Mayor Riesgo D están Construcción y Corrupción fase 1 y 2, Odebrecht, Los Huista, Caja de Pandora, caso Mesoamérica (tráfico de migrantes) y el reciente caso de financiamiento electoral ilícito al Partido Unionista en la Municipalidad de Guatemala.

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Caso Comisiones Paralelas | El Rey de Tenis influyó en la elección de cortes en el 2014

El recurso busca que ese caso, sobre influencias alrededor de la integración de cortes de Apelaciones y de la CSJ en 2014, continúe en un juzgado de Mayor Riesgo.

De esta forma busca revertir lo decidido por la Sala a cargo de Anabella Cardona para que el caso pase a un juzgado penal ordinario.

La decisión de la Sala fue en respuesta a un recurso de excepción contra Aifán que plantearon los tres procesados del caso, Sergio Roberto López Villatoro, el Rey del Tenis; su hermana Clara Guadalupe y Eddy Giovanni Orellana Donis, magistrado de Sala de Apelaciones del ramo civil separado del cargo.

Cardona y los demás magistrados, Mynor Oxom y Marvin Reyes, resolvieron a favor de los implicados porque los juzgados de Mayor Riesgo carecen de competencia por los delitos de cohecho activo, pasivo e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial, por los cuales ellos están siendo indagados, sino que corresponden a los juzgados penales ordinarios.

La notificación de ese fallo se supo el 2 de abril.

Los procesados accionaron contra Aifán el 30 de octubre del 2018.

El caso ya se promovió a debate. La jueza resolvió el 4 de diciembre de ese año enviar a los tres a juicio y designó al Tribunal de Mayor Riesgo D para que sean juzgados.

El MP sostiene que cuando el MP solicitó ante la Cámara Penal que el caso pasara a una instancia de Mayor Riesgo fue porque el caso perseguía delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos, que sí están en la carpeta que puede conocer una judicatura de ese tipo.

Sala hermética

La Sala que preside Cardona evita desde febrero del 2018 informar acerca de sus resoluciones.

La magistrada fue la pesquisidora que recomendó mantener la inmunidad a Roberto Villate, diputado de la extinta agrupación Libertad Democrática Renovada (Líder). Fue el año pasado, después de que el congresistas se excusara por diez ocasiones, por un señalamiento de financiamiento electoral ilícito.

Los señalados

El Rey del tenis, junto con su hermana, Clara Guadalupe, fueron procesados por cohecho activo, en tanto que Orellana Donis está procesado por cohecho pasivo e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial.

El MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) señalan al Rey del Tenis de haberle obsequiado a Orellana Donis un apartamento en el edificio Condominio Torreón, zona 14, a cambio de influir en la elección de magistrados de la CSJ de 2014.

El caso se conoció el 27 de febrero del 2018. La investigación detalló que mediante reuniones, festejos, pago de dinero, alojamiento en hoteles, restaurantes y visitas, López Villatoro habría conformado un andamiaje para influir en las decisiones de las comisiones de postulación del período 2014-2019, tanto para la elección de magistrados de la CSJ y la Corte de Apelaciones.

Para lograr su objetivo presumiblemente gastó una gran cantidad de dinero para tener el control de los procesos de elección.

Orellana Donis fue comisionado en el proceso de postulación de candidatos a magistrados en la CSJ en el 2014 y en junio del 2017 perdió el derecho de antejuicio del cual gozaba como magistrado, por la investigación efectuada por el MP y la Cicig.

Mientras transcurre el caso en su contra, Orellana Donis perdió el apartamento que supuestamente le dio López Villatoro. El 9 de mayo de 2018, el inmueble quedó inmovilizado.  Lo que sigue ahora es que el MP plantee la acción de extinción de dominio y la jueza de ese ramo, Rosa López, fije fecha para el debate.

La propiedad tiene dos parqueos.

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La juzgadora Aifán informó a las partes al comienzo de la audiencia que la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo, que preside Anabella Cardona, había otorgado una excepción a los procesados y le ordenó que el caso fuera remitido a un juzgado penal ordinario con el argumento de que los delitos contra los implicados -cohecho activo, cohecho pasivo e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial- no corresponden para que se conozcan en un juzgado de Mayor Riesgo.

Los representantes del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) solicitaron que la audiencia de ofrecimiento de las pruebas debía celebrarse debido a que no estaban notificados de la resolución de la Sala.

Incluso, recordaron que la notificación debía recibirse en las sedes del MP en la zona 1 capitalina y de la Cicig, en la zona 14. “Eso no ha sido notificado”, dijo Claudia González, mandataria de la Cicig.

En cambio, los abogados defensores Sergio López, Mirna Caballeros y Héctor Sarmiento, así como los sindicados, se negaron a la continuación de la audiencia, fundamentados e que toda resolución de un órgano superior debía cumplirse.

“Me doy por notificado”, comentó Orellana Donis al escuchar a Aifán, a pesar de que en la sala de audiencias estaba una notificadora con los documentos de la Sala que ordenaron separar a Aifán del caso.

La defensa advirtió a la jueza que incumplir con una decisión de un órgano jurisdiccional superior es motivo hasta para una destitución.

“La resolución de la Sala es un milagro. Resolvió que estábamos ante un juez incompetente. A la juzgadora solo le compete acatar la resolución de un órgano superior. Si no se cumple es motivo hasta para su destitución”, dijo Orellana Donis.

En la audiencia de este 3 de abril también sería para que los tres procesados pidieran reforma en la medida de coerción para salir de prisión y quedar bajo arresto domiciliario.

Habla Aifán

Antes de suspender la audiencia, la jueza se refirió al fallo de la Sala, con lo cual deberá dejar de conocer el caso.

Explicó que “no existe constancia de que tenga firmeza” la resolución, pero en especial señaló que esta no detalla que tenga efectos suspensivos.

Lo anterior quiere decir que, aunque el caso cambia de juzgado, el proceso debe continuar en la misma fase en la que se encuentra, es decir en el ofrecimiento de pruebas y posteriormente designar un tribunal de Sentencia para que presida el juicio.

Precisó que, mientras no tenga la ejecutoria, es decir el expediente con la certificación de la Sala y que el fallo esté firme, lo cual no tiene un tiempo determinado, suspenderá la audiencia de ofrecimiento de prueba y los tres procesados, en consecuencia, deberán continuar en prisión.

Después que las partes sean notificadas, el ente investigador, a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), tienen la opción de plantear un amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), algo que ya adelantó Juan Francisco Sandoval, jefe de esa fiscalía.

Cuando la Cámara Penal ordenó que el caso fuera remitido a un juzgado de Mayor Riesgo, se basó en la petición del MP por una investigación relacionada con asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos, delitos que sí están en la carpeta que puede conocer una judicatura de ese tipo.

Esa etapa de la investigación aún está en reserva en la judicatura a cargo de Aifán, por lo que se siguen las pesquisas de verificación y ampliación de indicios previo a determinar si es viable citar o solicitar órdenes de captura y hasta allanamientos.

El caso

El Rey del Tenis, junto con su hermana Clara Guadalupe, fueron procesados por cohecho activo, en tanto que Orellana Donis está procesado por cohecho pasivo e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial.

El MP y la Cicig señalaron al Rey del Tenis de haberle obsequiado a Orellana Donis un apartamento en el edificio Torreón, zona 14, a cambio de influir en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de 2014.

El caso se conoció el 27 de febrero del 2018. La investigación detalló que, mediante reuniones, festejos, pago de dinero, alojamiento en hoteles, restaurantes y visitas el abogado, López Villatoro habría conformado un andamiaje para influir en las decisiones de las comisiones de postulación del período 2014-2019, tanto para la elección de magistrados de la CSJ y la Corte de Apelaciones. Para lograr su objetivo presumiblemente gastó una gran cantidad de dinero para tener el control de los procesos de elección.

Orellana Donis fue comisionado en el proceso de postulación de candidatos a magistrados en la CSJ en el 2014 y en junio del 2017 perdió el derecho de antejuicio del cual gozaba como magistrado, por la investigación efectuada por el MP y la Cicig.

El 9 de mayo pasado el Juzgado de Extinción de Dominio inmovilizó el apartamento, con dos parqueos, ubicados en el edificio Condominio El Torreón, con miras a que se plantee la acción de extinción y la jueza Rosa López fije fecha para el debate de extinción de dominio a favor del Estado.

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Cardona y los demás magistrados, Mynor Oxom y Marvin Reyes, resolvieron, por unanimidad, otorgar la acción fundamentada en que los juzgados de Mayor Riesgo carecen de competencia por los delitos de cohecho activo, pasivo e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial, sino que corresponden a los juzgados penales ordinarios.

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La notificación se conoció a las 13 horas de este 2 de abril.

Los procesados accionaron contra Aifán el 30 de octubre del 2018. La jueza resolvió el 4 de diciembre de ese año enviarlos a debate y fijó el Tribunal de Mayor Riesgo D, que preside Sara Yoc, para que sean juzgados.

La resolución de la Sala detalló que al ser notificadas todas las partes el expediente sea remitido a la Dirección de Gestión Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en donde, por sorteo, será designado una judicatura ordinaria.

Cuando se designe nuevo juez, el proceso seguirá donde ha avanzado, es decir, que se fijará una fecha para el ofrecimiento de las pruebas y que se designe nuevo tribunal para que los tres procesados sean juzgados debido a que la etapa preparatoria no puede retrotraerse.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), anunció que presentará un amparo contra la resolución de la Sala.

Además, el fiscal recordó que cuando el MP solicitó ante la Cámara Penal que el caso pasara a mayor riesgo se argumentó que estaba en investigación una etapa por asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos, ambos delitos sí están en la carpeta que puede conocer una judicatura de alto impacto.

Esa etapa de la investigación aún está en reserva en la judicatura a cargo de Aifán por lo que se siguen las pesquisas de verificación y ampliación de indicios previo a determinar si es viable citar o solicitar órdenes de captura y hasta allanamientos. En el Juzgado de Mayor Riesgo D informaron que esta parte del caso aún sigue en reserva.

Postura

Sergio López, hijo de López Villatoro, manifestó vía telefónica que lo que impugnó fue la competencia de mayor riesgo en general.

“En realidad lo que se peleó fue la competencia de todos los juzgados de mayor riesgo. La ley de procesos penales en competencia de mayor riesgo establece un catálogo de delios que son los que se pueden conocer. La investigación del MP ya lleva cinco años y fruto de eso presentaron una acusación por cohecho y ese delito no está en el catálogo de mayor riesgo, así lo establece la ley. No lo puede conocer solo Aifán, tiene que remitirse a un juzgado ordinario”, dijo López.

En relación a lo que adelantó el fiscal Sandoval de interponer un amparo, López criticó la acción que hará el fiscal. “Qué delicado es que el fiscal Sandoval manifieste que va a interponer un amparo y ni siquiera ha sido notificado. La Feci no tiene como objetivo actuar en relación a los hechos y resoluciones sino contra personas que tiene procesadas en este caso. Es preocupante la declaración de Sandoval”.

Carece de legitimidad

Gustavo García Fong, del área jurídica de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) explicó que la decisión de la Sala carece de legitimidad.

“De momento se puede apreciar poca legitimidad en la resolución dado que esa parte que aún se encuentra en reserva todavía conecta los hechos cometidos con la lista de delitos que corresponde conocer a los juzgados de mayor riesgo, por lo tanto, no pude admitirse que un caso de la relevancia que tiene como es el caso Comisiones Paralelas cambie de judicatura pretendiendo cumplir con un formalismo legal el cual no ha terminado de configurarse por los otros delitos que aún se encuentran en reserva, entonces es una resolución que carece de legitimidad y corresponderá presentar las impugnaciones que correspondan”.

El analista y abogado García Fong también se refirió al proceso y a la importancia del caso.

“La trascendencia que tiene para la vida jurídica y el Estado de derecho elegir funcionarios judiciales, precisamente se puso en entredicho al señalar la comisión de estos delitos, entonces, la democracia guatemalteca debe considerar que juzgar a personas involucradas en sobornos o de comportamientos contrarios a la ley y la selección de importantes funcionarios es algo que para el Estado debe ser una prioridad. Con resoluciones como esta no solo se ve afectado el proceso de selección de funcionarios judiciales sino la democracia”, mencionó García Fong.

Fallos de la magistrada

La Sala que preside Cardona evita desde febrero del 2018 informar acerca de sus resoluciones.

La magistrada fue la pesquisidora que recomendó mantener la inmunidad a Roberto Villate, diputado y exsecretario general de la cancelada agrupación política Libertad Democrática Renovada (Líder), el año pasado, después de diez excusas, por el delito de financiamiento electoral ilícito.

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Audiencia sigue mañana

Aifán informó que desde la semana pasada citó a los implicados, sus abogados y a las demás partes procesales para este miércoles a las 9 horas y realizar el ofrecimiento de las pruebas, lo cual se prevé que se suspenda debido a la resolución de la Sala.

Los señalados

El Rey del tenis, junto con su hermana, Clara Guadalupe, fueron procesados por cohecho activo, en tanto que Orellana Donis está procesado por cohecho pasivo e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial.

Comisiones de postulación

El MP y la Cicig señalaron al Rey del Tenis de haberle obsequiado a Orellana Donis un apartamento en el edificio Torreón, zona 14, a cambio de influir en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de 2014.

El caso se conoció el 27 de febrero del 2018. La investigación detalló que mediante reuniones, festejos, pago de dinero, alojamiento en hoteles, restaurantes y visitas el abogado, López Villatoro habría conformado un andamiaje para influir en las decisiones de las comisiones de postulación del período 2014-2019, tanto para la elección de magistrados de la CSJ y la Corte de Apelaciones. Para lograr su objetivo presumiblemente gastó una gran cantidad de dinero para tener el control de los procesos de elección.

Orellana Donis fue comisionado en el proceso de postulación de candidatos a magistrados en la CSJ en el 2014 y en junio del 2017 perdió el derecho de antejuicio del cual gozaba como magistrado, por la investigación efectuada por el MP y la Cicig.

Apartamento está inmovilizado

El 9 de mayo pasado el Juzgado de Extinción de Dominio inmovilizó el apartamento, con dos parqueos, ubicados en el edificio Condominio El Torreón.

Se espera que el MP plantee la acción de extinción y la jueza Rosa López fije fecha para el debate de extinción de dominio.

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Cinco abogados acompañaron a los sindicados, quienes escucharon el análisis que hizo la juzgadora en relación con la acusación por el delito de financiamiento electoral no registrado que hizo el fiscal José Curruchiche y Leopoldo Zeissig, mandatario de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Las primeras tres horas la jueza las ocupó para explicar su decisión en cuanto a las excepciones planteadas por la defensa que se centraban en que el caso debía estar en otra judicatura y no en una de Mayor Riesgo.

Aifán recordó que en su judicatura existen cuatro fases de un mismo proceso, los casos Construcción y Corrupción fase uno y dos, el caso Odebrecht y financiamiento electoral para FCN Nación.

“Todas las fases están dentro de un mismo proceso”, dijo Aifán y como sustento recordó que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) solicitó el 31 de julio del 2017 realizar varios allanamientos, entre ellos, la sede del Movimiento Cívico Nacional (MCN), vinculada a Arenas.

“Es la misma carpeta de investigación que la tienen dos fiscalías”, dijo Aifán y recordó que el señalamiento contra Arenas y Botrán la hizo la Fiscalía de Delitos Electorales.

Argumentación

“A criterio de esta judicatura, existieron indicios de financiamiento electoral ilícito y fueron procesados. Después, sucedió el cambio de la ley y el Ministerio Público pidió el criterio de oportunidad, aunque ninguno de los dos procesados estuvo de acuerdo y, por eso, el señalamiento fue distinto, por financiamiento electoral no registrado. Esta modificación de la ley fue posterior a que -los empresarios- fueran procesados”, dijo Aifán.

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La jueza dijo que “persistía la conducta delictiva, pero había modificación a la pena”.

“La aportación a los partidos políticos persiste en el transcurso del tiempo. El hecho del anonimato también se contempla. Así también que no se contemplen los aportes ante el ente electoral -TSE- es constitutivo de elementos y la conducta delictiva en el tiempo”, sostuvo Aifán.

Aifán mencionó: “En cada acusación hay elementos de la plataforma fáctica, es decir, el tiempo, modo y lugar. Esto debe ser analizado en concreto”.

En el caso de Botrán recordó el elemento de la intencionalidad. “En el presente caso los elementos fundamentales están plasmados en la acusación, aunque esto, aclaro, no significa su culpabilidad. El MP tendría que probar ese delito”, dijo.

Sobre Arenas, la jueza especificó que, aunque él no aportó algún dinero a la campaña, pero en la acusación del MP está la intermediación, y esa acción pudiese ser el enlace o el intermediario para el pago de fiscales de la agrupación política el día de las elecciones.

En los elementos de investigación la juzgadora se refirió a la declaración, como anticipo de prueba, de Paulina Paiz, a quien Arenas solicitó un careo. “Si ella mintió, la ley no me da esa facultad para valorar. El careo que pidió el señor Arenas no está permitido en esta etapa debido a que no puede hacerse esa valoración”.

Confía en su inocencia

“Estoy tranquilo con mi inocencia. Las pruebas que presentamos fueron sólidas, pero la jueza no las valoró y simplemente nos envía a juicio. Salgo tranquilo porque soy inocente y en debate tendremos la oportunidad de demostrarlo”, dijo Arenas en rueda de prensa al final de la audiencia.

Prensa Libre buscó la reacción de Giovanni Castro, abogado de Andrés Botrán, pero declinó hacer declaraciones.

Señalamiento

El caso del MP y la Cicig se refiere a que un grupo de siete empresarios que fue sindicado de haber presuntamente aportado fondos a FCN-Nación en la campaña de 2015 y que este partido no reportó al TSE.

La investigación determinó un mecanismo alterno ilegal para gestionar el pago de fiscales a través de la empresa Novaservicios, S. A. El aporte fue de Q7 millones 119 mil 300, el cual no fue reportado al Tribunal Supremo Electoral (TSE), como lo establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

En ese contexto, y luego de que rechazó el retiro de inmunidad al presidente Morales, el Congreso creó el 18 de octubre de 2018 dos delitos en torno al financiamiento electoral. Así, nacieron los delitos de financiamiento electoral no reportado y financiamiento electoral anónimo; el delito de financiamiento electoral ilícito sigue vigente.

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Sindicato del OJ señala que nuevo jefe de seguridad vigila a jueces y personal

Vásquez relató que durante la reunión con el presidente del OJ le expusieron las deficiencias, consideraciones negativas, el vacío que perciben  y las cuestiones que los hacen sentir “afectados”, y Vásquez Pimentel escuchó sus temores.

“Más que protegidos nos hemos sentido vulnerables. Entonces le hemos dejado en claro al presidente -Nester Vásquez Pimentel- que estamos requiriendo la remoción de las persona que ocupa el cargo de director de Seguridad, nos sumamos al llamado que ha hecho el sindicato, aunque las razones pueden ser distintas”, argumentó Vásquez.

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Asimismo agregó: “En los estándares internacionales hablar de la seguridad de un juez es hablar de la condición de independencia judicial y cuando se afecta la independencia judicial se afecta el estado de Derecho, y si seguimos en esta línea se afecta a la democracia. Entonces tener a alguien que no goza de la credibilidad y de la confianza de los jueces no es lo más adecuado”.

El nombramiento de Motta Bonilla generó desconfianza en algunos jueces que conocen casos de alto impacto por el historial laboral y la vinculación que tuvo al trabajar en la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) durante la actual gestión de Jimmy Morales.

La jueza Aifán explicó que el presidente del OJ les indicó que es “preocupación y personalmente se va a encargar de los problemas de seguridad”.

Los jueces Ericka Aifán, Miguel Ángel Gálvez, Carlos Ruano y Haroldo Vásquez pidieron al presidente del @OJGuatemala, Nester Vásquez Pimentel, remover del cargo de director de Seguridad a Roberto Motta Bonilla. | pic.twitter.com/cJPLalojc3

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) February 19, 2019

Vásquez Pimentel no dio declaraciones a la prensa luego de la reunión.

Investigarán a Motta

Mario Siekavizza, portavoz del OJ, explicó: “La Presidencia (de la Corte Suprema de Justicia) toma la determinación de que solicitará a Auditoría Interna la investigación pertinente sobre los requerimientos mencionados por los dichos jueces. Se dará el derecho de defensa a la persona -a Motta Bonilla- y posteriormente se determinará el resultado”.

El vocero del @OJGuatemala, Mario Siekavizza, anunció investigación del director de Seguridad de ese organismo. | pic.twitter.com/xOj74enmZd

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) February 20, 2019

Los jueces que han expuesto públicamente dudas y temores por el trabajo de Motta Bonilla son Aifán, Gálvez y Pablo Xitumul.

Aifán, jueza de Mayor Riesgo D, señaló en días recientes que tuvo un inconveniente con Motta Bonilla cuando él se negó a proporcionarle una grabación de la audiencia donde se discutió la primera declaración de los implicados en el caso denominado Los Huistas.

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Aparte, Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, no ha sido escuchado por Motta en torno a peticiones de seguridad, sobre todo las que necesitan resolverse de forma inmediata.

Además, Xitumul, presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C, cree que la falta de comunicación de Motta Bonilla con los jueces de casos de alto impacto es un problema.

A propósito, el juez contó que un día ingresó un hombre en la sede del Tribunal y llegó a ofrecer pulseras a una de las oficiales. El juez le preguntó al vendedor cómo había ingresado y el desconocido solo dijo que era vendedor y se retiró.

A los reclamos de los jueces se suma el propio personal de seguridad, que habla bajo condición de anonimato, y el Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial (STOJ).

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Agentes de seguridad del OJ relataron que han visto a nuevo personal que no usa uniforme y tampoco porta identificación, pero se les informó que son nuevos jefes de seguridad que “supervisan” sus labores.

“Esa situación de tener agentes de particular y encubiertos no la hemos tenido en el sistema de seguridad del Organismo Judicial, todos nuestros compañeros portan el uniforme durante sus labores y hacer vigilancia de particular no es parte de nuestra labor”, dijo un agente.

Fabricio Regnier, secretario del STOJ, denunció en la mañana que desde que comenzó el trabajo de Motta “hay vigilancia de agentes de particular” y que incluso los jueces y el personal son vigilados.

Comparten preocupación

La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) expresó en un comunicado su preocupación por la falta de protección en la que jueces y juezas se encuentran en la actualidad, derivado de “omisiones asumidas por el doctor Roberto Motta Bonilla”, titular de la Dirección de Seguridad Institucional.

En la misiva replican la petición de remoción de Motta Bonilla, el pronto reforzamiento de la seguridad de los jueces, y una pronta respuesta de la Corte Suprema de Justicia en este tema.

La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, en el marco de la reunión sostenida, el día de hoy, con el Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial, referente a la seguridad judicial… pic.twitter.com/oTYoipJ0fy

— Asociación Guatemalteca Jueces por la Integridad (@asoc_juecesAGJI) February 20, 2019

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Congreso podría generar impunidad con esta ley

La fiscalía presentó sesiones de interceptaciones telefónicas del celular de Obden Montejo, alias Fox, uno de los coordinadores de los Huistas, como indicios de una actividad criminal.

En dichas llamadas, Montejo hace referencia a que el dinero que le fue encontrado a Rozotto estaba en quetzales llamándolo National Geographic o pañales nacionales.

“Eso fue puro National Geographic, sino no te sirve decir”, dijo en relación a que sería más complicado justificar el origen de sumas fuerte de dinero en dólares, según la interpretación de la Fiscalía.

Capturado en audiencia

El abogado fue capturado el pasado 5 de Noviembre mientras esperaba a que iniciara la audiencia de primera declaración en contra de los otros seis miembros de la estructura que buscaban impunidad para Rozotto López.

El abogado aseguró el día 18 de octubre tramitó sus antecedentes policiacos  y no le aparecía orden de captura vigente, a pesar que el documento de la Policía Nacional Civil (PNC) indicaba que la orden se giró el 15 de octubre.

El caso

La captura sucedió el 8 de septiembre del 2013 en una gasolinera en Santa Ana Huista, Huehuetenango, cuando trasladaba Q600 mil en efectivo. El informe de la Policía Nacional Civil (PNC) detalló que estaban ocultos bajo el compartimento en un automóvil.

En el juzgado de la localidad fue procesado Rozotto López por lavado de dinero y otros activos. Después, el caso fue cerrado debido a las acciones ilegales de la estructura criminal que presentó prueba falsa de descargo.

“La investigación permitió la identificar las acciones para garantizar la liberación de Juan Bautista Rozotto López, a través de la presentación de documentos que permitiera acreditar falsamente la legalidad del dinero”, informó el MP y la Cicig.

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El último grupo de 18 acusados de integrar la estructura criminal fue enviado a juicio el pasado 24 de agosto.

La audiencia de ofrecimiento de pruebas, programada para este viernes, al final fue suspendida por incomparecencia de abogados defensores.

La banda

Las primeras capturas para desarticular a los Sierra Ovando se registraron durante marzo 2014, cuando fueron detenidos seis exagentes de la PNC que laboraron en la Comisaría 15, la cual presta seguridad a cinco municipios, entre ellos Amatitlán.

Los expolicías fueron señalados de ejecuciones extrajudiciales en Amatitlán,  Villa Nueva, Baja Verapaz y El Progreso. No obstante, la investigación del MP reveló que aunque posiblemente algunas víctimas de la banda eran delincuentes que cometían extorsiones y robos, eran los Sierra Ovando contratados como sicarios.

Los investigadores refirieron que los exgentes se hacían pasar por elementos activos de la policía. Utilizaban insignias falsas de la institución. Después de identificar a sus víctimas les interceptaban el paso y se las llevaban a otro lugar donde las asesinaban.

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Jueza Erika Aifán denuncia presiones a su judicatura

“La jueza Erika Lorena Aifán Dávila ha asumido una actitud encaminada a destruir la confianza, honra y dignidad de los suscritos magistrados, al ventilar el proceso constitucional a través de los medios de comunicación social, con lo que busca crear en el público la idea de que en la resolución emitida por la Sala Tercera de Apelaciones privan motivos contrarios a la Ley”, señala la denuncia.

Los magistrados consideran que es importante resaltar que debe prevalecer siempre un equilibrio entre el “derecho a la información”, “libertad de expresión” y las “garantías procesales” especialmente en materia penal, ya que la jueza habría cometido una falta grave al externar opinión sobre casos judiciales.

“La juzgadora, al tener conocimiento del amparo, la misma debió ser obedecida por la autoridad reprochada, no pudiendo la juzgadora pretender desconocer ese fallo judicial con el argumento infundado de que presuntamente hay una injerencia en su independencia judicial”, señala el documento.

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Aifán accionó en contra de la Sala Tercera al considerar que el amparo otorgado a Igor Bitkov, implicado en aquel caso, no establece que lo debe dejar en libertad y suspender la persecución penal en su contra, lo mismo para su esposa Irina Bitkova y su hija Anastasia.

La jueza que es titular del Juzgado de Mayor Riesgo D, ya había presentado varias acciones para frenar la resolución como un ocurso de queja en la Corte de Constitucionalidad (CC).

Por aparte, los magistrados señalan que: “la jueza, al tener la resolución asumida por ellos, ya era vinculante, por lo que la misma debió ser obedecida por la autoridad reprochada, no pudiendo la juzgadora pretender desconocer ese fallo judicial con el argumento infundado de que presuntamente hay una injerencia en su independencia judicial”.

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Esto es lo que se sabe sobre el antejuicio contra la jueza Aifán

“Desde la semana pasada algunas personas se acercaron a mí y me dijeron que ya habían externado la situación, de que habían admitido a trámite el antejuicio en mi contra”, aseguró Aifán.

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La jueza contó que suma varias acciones presentadas en su contra, entre las que destacan que:

• El exmagistrado Eddy Giovanni Orellana impulsó cinco exhibiciones personales, dos quejas al Sistema Disciplinario del Organismo Judicial, y la solicitud de antejuicio en su contra.
• El ciudadano ruso Igor Bitkov impulsó el proceso que conoce la Corte de Constitucionalidad, con el que consiguió la anulación del juicio y la etapa intermedia, además de una denuncia administrativa y una penal.
• Los involucrados en el Caso Caja de Pandora han presentado seis denuncias administrativas, una de honor, antejuicios, una denuncia penal, y la solicitud de supervisiones preventivas.

Aifán considera que estas acciones tienen por objeto acechar a su juzgado.

“Percibo, al momento de analizar en el tiempo, la presentación y la evolución de todos estos sucesos, se genera un tipo de presión a la judicatura”, enfatizó Aifán.

Sin apoyo

Aifán dijo que no cuenta con el respaldo de la mayoría de juzgadores, incluyendo a la Asociación de Jueces y Magistrados, sumado a las carencias que le limitan ejercer su función.

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“Sin insumos, sin sala de audiencias, sin personal, temporadas que he trabajado solo con el apoyo de la secretaria, las jornadas a veces han iniciado a las 5.30 horas y terminado a altas horas de la madrugada”, expuso Aifán.

“Sabemos que estamos expuestos, que puede haber amenazas externas e internas, pero consideramos que debería existir mayor apoyo institucional”, reiteró.

“En cuanto a la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial, no he encontrado respaldo. Tengo entendido que uno de los abogados defensores de uno de los casos de alto impacto, les dirigió una nota —a la asociación— haciéndoles ver que la judicatura tiene dificultades para asignación de sala, les pidió su intervención hace un mes y nunca se tuvo respuesta”, contó Aifán.

Antejuicio

Aifán enfrenta un antejuicio a solicitud del magistrado suspendido del cargo Giovanni Orellana, quien es sindicado en un caso de Corrupción denominado Comisiones Paralelas. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió darle trámite y designó a Aura Marina Mancilla Solares jueza pesquisidora del caso.

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Orellana la acusa por haber autorizado un allanamiento en su propiedad, argumentando que aunque a él le habían quitado el derecho de antejuicio, su esposa, que también es magistrada, vivía en la misma propiedad, por tal motivo no debía efectuarse la diligencia porque ella tiene inmunidad.

Acciona por su cuenta

La CSJ amparó a Aifán y ordenó a la Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal que en un plazo de 48 horas para que rinda informe sobre el fallo en el que anuló la resolución de la juzgadora en la que envió a juicio a Igor Bitkov.

Apoyo ciudadano

El Frente Ciudadano contra la Corrupción rechazó las presiones contra la jueza Aifán y que repudiará cualquier acto ejercido para que ella cambie sus resoluciones judiciales y que pretendan dar un golpe a la lucha contra la corrupción.

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¿Por qué expulsó la jueza Erika Aifán a Igor Bitkov durante una audiencia?

Según el sindicado, Aifán no podía autorizar un cateo en su casa porque allí se encontraba su esposa, quien también es magistrada y por lo tanto goza de imunidad.

La CSJ nombró jueza pesquisidora del expediente de Aifán a Aura Marina Mancilla Solares, vocal I de la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal.

La decisión de los magistrados se dio durante el pleno celebrado el pasado 23 de mayo, pero la Corte lo informó hasta este jueves. La votación para dar trámite al antejuicio fue unánime.

La magistrada Mancilla deberá investigar el caso y emitir su recomendación en torno a si la Corte debe o no retirarle la inmunidad a Aifán.

El pasado 17 de mayo miembros de la Supervisión General de Tribunales visitaron el despacho de la jueza Aifán en seguimiento a la denuncia interpuesta por el magistrado.

Orellana Donis está sujeto a proceso penal y en prisión preventiva, señalado de haber recibido un apartamento y pagos ilegales para influir en la postuladora que eligió a los magistrados de la CSJ y de la Corte de Apelaciones para el periodo 2014-2019.

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Por el caso también están siendo procesados la hermana de Orellana Donis, Clara Guadalupe, y el abogado Sergio Roberto López Villatoro, más conocido como el Rey del Tenis, quien le habría regalado al magistrado un lujoso apartamento en el edificio Torreón, ubicado en la zona 14 capitalina.

Los tres guardan prisión preventiva en Mariscal Zavala.

La jueza Aifán y el caso Bitkov

La jueza Aifán está envuelta en una controversia debido a que se niega a cumplir una resolución dictada por la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal, que le ordenó cerrar el proceso penal contra la familia rusa Bitkov procesada en Guatemala.

La juzgadora argumenta que la resolución de la Sala es ilegal y no debe acatarla, por lo que presentó un ocurso de queja que está en trámite en la Corte de Constitucionalidad (CC). 

El tema ha generado reacciones a favor de la juzgadora, aduciendo que se vulnera su independencia judicial, y en contra por parte de quienes consideran que la familia Bitkov es víctima de persecución política.

Este caso está siendo utilizado para emprender un ataque contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la cual fue señalada de ser instrumentalizada por Rusia para una persecución política contra los Bitkov. No obstante, esta nación aclaró que estas personas están señaladas de un fraude millonario en su país.

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Denuncias en la Junta de Disciplina Judicial, en el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, y en la Comisión contra la Tortura y Antejuicios, enfrenta desde hace mes y medio la jueza Aifán.

Estos hechos, a consideración de organizaciones vinculadas con el sector justicia, no solo vulneran la independencia judicial, sino que son parte de una “conspiración” para sacar a la jueza Aifán de casos emblemáticos, como Comisiones Paralelas, Financiamiento Electoral Ilícito de FCN-Nación —donde se podría vincular al presidente Jimmy Morales—,  Migración, Construcción y Corrupción, y Odebrecht.

Otros antejuicios

En la misma sesión los magistrados dieron trámite a la solicitud de antejuicio que interpuso Rolando Peña Vásquez contra el diputado oficialista José Domingo Trejo de la Roca. El Organismo Judicial (OJ) no dio más detalles del caso.

El juez pesquisidor para el expediente del parlamentario es Harold Estuardo Ortíz Pérez, presidente de la recién creada Sala Segunda del Ramo Penal de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio.

La CSJ retiró la inmunidad al legislador Augusto César Sandino Reyes Rosales, diputado independiente, sindicado de supuestos actos de corrupción a través de un contrato millonario en la municipalidad de Samayac cuando era representante legal de una oenegé.

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La jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, presentó el pasado lunes un amparo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra los tres magistrados de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones.

La juzgadora expuso en la acción legal que la Sala le causa agravio y vulnera sus garantías constitucionales de independencia judicial y debido proceso, ya que pretende inducirla a dictar resoluciones contrarias a derecho.

La acción pretende que se anule la orden y sanción emitida por dicha sala en contra de Aifán.

Mientras se agotan los recursos legales, la resolución de la Sala Tercera de cerrar el proceso de la familia Bitkov no cobrará vigencia y la jueza no ejecutará la orden.

Visita del PDH

Por lo anterior, Aifán envió una carta al procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien se presentó este martes en la oficina de la jueza para conversar sobre el tema.

Rodas dijo a la togada que así como ella denunció cuando sintió amenazada su independencia judicial, “ojalá todos los demás jueces lo hagan”.

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El magistrado de conciencia agregó que se comunicará con el Relator de Independencia Judicial de Naciones Unidas, quien próximamente visitará el país y poder así plantear el caso de la jueza.

Rodas aclaró que no es la primera vez que se conoce un caso similar, dado que existen antecedentes que “preocupan”.

Por lo tanto, el procurador de Derechos Humanos comentó que requerirá información a la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones para determinar si hubo o no una vulneración hacia la juzgadora. Si fuera así, el PDH podrá emitir una condena moral, “que aunque las resoluciones no son vinculantes, tienen un peso moral”, remarcó Rodas.

Por su parte, la Alianza por las Reformas, que aglutina a 40 organizaciones civiles, calificó como inaceptable la resolución de la Sala Tercera, en la cual anulan el fallo de Aifán, que a su consideración “ha demostrado ser una jueza capaz, imparcial, íntegra e independiente”. 

En la actualidad la jueza conoce un caso de corrupción en Migración en la que están siendo procesados, entre otros, el ruso Igor Vladimirovich Bitkov.

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitó al Ministerio Público (MP) iniciar un proceso de antejuicio contra la jueza por haber enviado a juicio al ruso y desobedecer una resolución judicial.

Además, le impuso una multa de Q1mil (US$133.68).

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Esta fue la resolución de la CC en relación a los Bitkov

El fallo menciona varios artículos de la Constitución Política de la República, Código Procesal Penal, Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Ley del Organismo Judicial.

“Este juzgado con base en lo considerado y leyes citadas resuelve admitir la acusación y solicitud de apertura a juicio en contra del señor Igor Bitkov (…) por los delitos de usurpación del estado civil, supresión y alteración del estado civil, y uso de documentos falsificados”, según lo leído.

El juzgado también designó al Tribunal Primero de Mayor Riesgo A, para llevar a cabo el juicio oral y público. La audiencia se programó para el 16 de mayo a las 14 horas.

Además, declaró sin lugar al sobreseimiento del proceso.

“Esto lo que demuestra es el incumplimiento notorio al fallo constitucional que dictó la honorable Corte de Constitucional. Solo había un camino y era el de la libertad”, refutó Alvarado Lemus, quien además dijo que la resolución era ilegal y que iniciarían las acciones para que se cumpla la resolución de la CC.

El abogado también criticó que nuevamente se haya incluido a la Cicig como querellante en el caso.

“Cuántos millones de dólares pagó el estado criminal ruso a esa gente, ustedes pueden investigar y averiguar, pero eso es otra historia. Nunca debería pasar eso en un Estado de Derecho, pero aquí no hay Derecho, aquí hay una completa grabación de derechos humanos, de las leyes de Guatemala y de las leyes internacionales”, dijo Bitkov al conocer la resolución.

Juicio

El 5 de enero de este año el proceso contra la familia había llegado a su final, estando aún pendiente la resolución en definitiva de la CC.

El Tribunal de Mayor riesgo A impuso ese día condenas para los tres integrantes de la familia, con penas de entre 14 y 19 años.

Anastasia Bitkov fue condenada a 14 años de prisión. Por Alteración y supresión del estado civil, 8 años de prisión y multa de Q100 mil; por uso de documentos falsificados, 6 años inconmutables.

Igor Bitkov Alteración y supresión del estado civil, 8 años de prisión y multa de Q100 mil; uso de documentos falsificados 6 años inconmutables. Usurpación de estado civil 5 años de prisión conmutables a Q100 diarios.

Irina Bitkov sentenciada por Alteración y supresión del estado civil a 8 años de prisión y multa de Q100 mil; uso de documentos falsificados, 6 años inconmutables.

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