Kamala Harris, Norma Torres y otros políticos critican redadas contra migrantes y despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles, ordenados por Trump

Varios políticos estadounidenses critican las decisiones de Donald Trump en su guerra contra los migrantes y el despliegue militar para frenar las protestas.

Ana Lucía Ola

8 de junio de 2025

|

19:45h

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Oficiales de la Patrulla de Carreteras de California (CHP) desalojan a los manifestantes que bloqueaban la autopista 101 en Los Ángeles, California. (Foto Prensa Libre: AFP)

Las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en otras ciudades estadounidenses han desencadenado protestas en los últimos meses, pero los disturbios en Los Ángeles son los más grandes y prolongados contra las políticas de la administración Trump hasta la fecha.

Para controlar las protestas contra las redadas de inmigrantes, el presidente Donald Trump firmó una orden para enviar 2 mil efectivos de la Guardia Nacional a Los Ángeles, quienes comenzaron a llegar a la ciudad angelina este domingo.

La decisión de Trump ha sido criticada por políticos. La expresidenta Kamala Harris escribió en la red social X un mensaje en el que desaprueba estas medidas.

“Desplegar la Guardia Nacional es una escalada peligrosa destinada a provocar caos. Además de las recientes redadas de ICE en el sur de California y en todo nuestro país, es parte de la cruel y calculada agenda de la administración Trump para sembrar pánico y división”, publicó Harris.

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Agregó: “Las acciones de esta administración no se tratan de seguridad pública, sino de alimentar el miedo. Miedo de una comunidad que exige dignidad y debido proceso”.

My statement on what's unfolding in Los Angeles. pic.twitter.com/rujs8mrVPK

— Kamala Harris (@KamalaHarris) June 8, 2025

La guatemalteca y congresista demócrata por California, Norma Torres, también condenó los operativos contra los migrantes.

“No pueden entrar a la comunidad y aterrorizar a los ciudadanos como lo hicieron. No pueden seguir entrando y hacer un perfilado racial a la gente sin saber si están deteniendo a ciudadanos estadounidenses, no tenemos ni idea de a quién han secuestrado. Es hora de rendir cuentas”, dijo Torres a la prensa local, y también se pronunció en las redes sociales.

They yell “invasion” at the border—but this is the real one: Trump is seizing control of California’s National Guard and forcing 2,000 troops into our streets.

Every official swears an oath to protect and uphold the Constitution. @PeteHegseth, we follow the law, not Trump’s… https://t.co/UvBaChWQ2X

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) June 8, 2025

Mientras tanto, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó de “pose” el despliegue de la Guardia Nacional.

“Esto es una pose (…) Esto es completamente perturbador para una ciudad que ya ha sufrido tanto en los primeros seis meses del año (asolada por graves incendios)”, sostuvo la regidora en declaraciones al periódico Los Angeles Times.

Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, escribió en su cuenta de X que solicitó formalmente a la administración Trump rescindir el “despliegue ilegal” de tropas en el condado de Los Ángeles y devolverlas a su mando.

“No teníamos ningún problema hasta que Trump intervino. Esto constituye una grave violación de la soberanía estatal: exacerba las tensiones y desvía recursos de donde realmente se necesitan. Rescindir la orden. Devolver el control a California”, dijo.

I have formally requested the Trump Administration rescind their unlawful deployment of troops in Los Angeles county and return them to my command.

We didn’t have a problem until Trump got involved. This is a serious breach of state sovereignty — inflaming tensions while… pic.twitter.com/tOtA5dcfxc

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 8, 2025

La congresista demócrata californiana Nanette Barragán declaró a CNN: “Estamos de acuerdo en que, si alguien es violento, debería ser arrestado. (…) Pero no es esto lo que está sucediendo. Tenemos una administración que ataca las protestas pacíficas”.

El senador por Vermont, Bernie Sanders, escribió en X: “El autoritarismo de Trump en tiempo real: dirige redadas ilegales masivas, provoca una contrarespuesta, declara un estado de emergencia, llama a las tropas. Inaceptable”.

Trump’s authoritarianism in real time:

Conduct massive illegal raids.
Provoke a counter-response.
Declare a state of emergency.
Call in the troops.

Unacceptable.

— Bernie Sanders (@BernieSanders) June 8, 2025

¿Qué resultados obtuvieron las guatemaltecas Norma Torres y Delia Ramírez en las elecciones de EE. UU.?

Dos guatemaltecas destacaron en la búsqueda de un escaño en la Cámara de Representantes de EE. UU., mientras un tercer connacional no alcanzó los votos necesarios para integrar la Cámara Baja.

César Pérez Marroquín

6 de noviembre de 2024

|

04:07h

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Norma Torres y Delia Ramírez, ambas de origen guatemalteco, participaron en las elecciones de EE. UU. en busca de conservar un escaño en la Cámara de Representantes. (Foto Prensa Libre: Tomadas de las páginas de Facebook de la campaña de los candidatas)

Dos de los tres guatemaltecos que participaron en las elecciones de Estados Unidos 2024 destacaron en la búsqueda de un escaño en la Cámara de Representantes o Cámara Baja, según datos oficiales proyectados por medios estadounidenses la madrugada de este miércoles 6 de noviembre.

Las demócrata de origen guatemalteco Delia Ramírez logró la reelección en la Cámara de Representantes en las elecciones de Estados Unidos 2024, en las que los estadounidenses también eligieron a su presidente a miles de cargos de elección popular.

En tanto, Norma Torres, también demócrata, puenteaba en los resultados en busca de su permanencia en la Cámara de Representantes, pues con el 37 por ciento de los votos escrutados, alcanzaba el 59 % sobre su rival, el demócrata Mike Cargile.

Sin embargo, el candidato de origen guatemalteco, M.V. “Vinny” Mendoza, del Partido Republicano, no logró el escaño que buscaba en la Cámara de Representantes, revelan datos oficiales.

Perfiles

Delia Ramírez representa al tercer distrito del Congreso de Illinois. Es de origen guatemalteco, pero nació y vive en Chicago, Illinois, donde obtuvo una licenciatura en estudios de justicia de la Universidad Northeastern Illinois.

Su experiencia profesional incluye trabajar como administradora de servicios sociales, organizadora comunitaria y defensora de políticas.

Norma Torres

Norma Torres representa al Distrito Congresional 35 de California. Torres emigró a los Estados Unidos desde Guatemala y trabajó como despachador del 911 con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) durante 17 años.

Torres fue miembro del Local #3090 de la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, del Condado y Municipales, y fue voluntario de la Organización Estadounidense de Futbol Juvenil, el Programa Big Sisters, los Boy Scouts y el Centro de Prevención del Suicidio.

El Republicano M.V. “Vinny” Mendoza se postuló para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para representar al quinto distrito del Congreso de Luisiana, pero no logró los votos necesarios para hacer de un escaño.

M. V. “Vinny” Mendoza nació en Guatemala y sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de 1978 a 1998.

Republicanos avanzan

Los demócratas perdieron el martes el control del Senado, que cayó en manos de los republicanos tras alcanzar los 51 votos necesarios para la mayoría, y se desinflan en su intento por ganar el poder de la Cámara Baja, donde cosechan 186 de los 218 que precisan para su control.

Con los dos escaños de Virginia Occidental y Ohio, hasta ahora en manos demócratas, los republicanos han logrado darle la vuelta al control del Senado tras cuatro años de oposición, según las proyecciones de Associated Press (AP) y Fox News.

La batalla se centra cada vez más en el control de la Cámara Baja, una carrera que lideran los republicanos, que aspiran a retener su poder en este organismo.

Con 181 escaños hasta el momento, el partido del expresidente Donald Trump le ha dado la vuelta a tres escaños demócratas, mientras que los demócratas han ganado dos.

El avance del escrutinio pone a los republicanos solo ligeramente más cerca de los 218 representantes necesarios para atesorar la mayoría frente a los 152 en manos del Partido Demócrata, según las proyecciones de Fox y CNN.

El Congreso estadounidense se divide en la Cámara de Representantes, donde están en juego los 435 escaños, y un Senado de 100 miembros, con 34 bancas en disputa este año.

El monitor no partidista de financiación política OpenSecrets informa que durante este ciclo se han gastado US$10 mil millones en las campañas de los aspirantes al Congreso, un poco menos que en 2020 pero casi el doble que los US$5 mil 500 millones de la carrera por la Casa Blanca de 2024.

Con información de EFE y AFP

¿Qué guatemaltecos compiten en las otras elecciones en Estados Unidos 2024 este 5 de noviembre?

El martes 5 de noviembre los estadounidenses deben elegir, además de su presidente, a los representantes del Congreso, en donde tres guatemaltecos buscan unos de esos cargos.

César Pérez Marroquín

4 de noviembre de 2024

|

22:39h

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Delia Ramírez, Norma Torres y M. V. "Vinny" Mendoza son los guatemaltecos que buscan un escaño en la Cámara de Representantes de EE. UU. (Foto Prensa Libre: Tomadas de las páginas de Facebook de la campaña de los candidatos)

Los votantes estadounidenses decidirán el martes 5 de noviembre quién tomará el control de la Casa Blanca, pero también están en juego un nuevo Congreso, donde compiten tres guatemaltecos por un espacio en la Cámara de Representantes con el partido Demócrata de la vicepresidenta Kamala Harris y el Republicano del expresidente Donal Trump.

Además de elegir al presidente, millones de electores estadounidenses decidirán la suerte de una parte de los legisladores de las dos cámaras del Congreso: la Cámara de Representantes y el Senado.

Cámara de Representantes: los 435 escaños se renovarán, por un mandato de dos años, por distrito electoral. Los republicanos dominan la Cámara Baja por un estrecho margen, pero tras la retirada de Joe Biden de la carrera por la Casa Blanca en favor de Harris, los demócratas esperan una reactivación del entusiasmo sinónimo de reconquista.

Es allí donde dos guatemaltecas buscan reelegirse en el cargo y un guatemalteco participa para optar a un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Se trata de las demócratas Delia Ramírez, representante al tercer distrito del Congreso de Illinois, y Norma Torres, quien representa al Distrito Congresional 35 de California, así mismo, participa el republicano MV Mendoza como representante de quinto distrito del Congreso de Luisiana, según publica el sitio ballotpedia.

Perfiles

Delia Ramírez

Delia Ramírez, integrante del Partido Demócrata, es miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y representa al tercer distrito del Congreso de Illinois.

Asumió el cargo el 3 de enero de 2023 y su mandato finaliza el 3 de enero de 2025.

Ramírez se postula para la reelección a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y está en la boleta electoral de las elecciones generales del 5 de noviembre de 2024.

Avanzó desde las primarias demócratas del 19 de marzo de 2024.

Delia Ramírez, de origen guatemalteco, nació y vive en Chicago, Illinois. Obtuvo una licenciatura en estudios de justicia de la Universidad Northeastern Illinois.

Su experiencia profesional incluye trabajar como administradora de servicios sociales, organizadora comunitaria y defensora de políticas.

Ramírez cofundó Justice for Our Neighbors (JFON) y se desempeñó como directora ejecutiva del Center for Changing Lives y presidenta de la junta directiva de la Latin United Community Housing Association (LUCHA) y la Logan Square Neighborhood Association (LSNA).

Norma Torres

Norma Torres, integrante del Partido Demócrata, es miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, representando al Distrito Congresional 35 de California.

Asumió el cargo el 3 de enero de 2015. Su mandato actual finaliza el 3 de enero de 2025.

Torres se postula para la reelección a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para representar al Distrito Congresional 35 de California. Está en la boleta electoral en las elecciones generales del 5 de noviembre de 2024. Avanzó desde las primarias del 5 de marzo de 2024.

Torres emigró a los Estados Unidos desde Guatemala y trabajó como despachador del 911 con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) durante 17 años.

Torres fue miembro del Local #3090 de la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, del Condado y Municipales, y fue voluntario de la Organización Estadounidense de Futbol Juvenil, el Programa Big Sisters, los Boy Scouts y el Centro de Prevención del Suicidio.

• 2015-Presente: Representante de los Estados Unidos por el Distrito 35 del Congreso de California
• 2013-2014: Senado del estado de California
• 2008-2013: Asamblea del Estado de California
• 2012: Se graduó del Colegio Nacional del Trabajo con una licenciatura.
• 2006-2008: Alcaldesa de Pomona, California
• 2000-2006: Concejo Municipal de Pomona, California

M.V. “Vinny” Mendoza

M.V. “Vinny” Mendoza, integrante del Partido Republicano, también es conocido como Vinny, se postula para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para representar al quinto distrito del Congreso de Luisiana . Está en la boleta electoral para las primarias del 5 de noviembre de 2024.

M. V. “Vinny” Mendoza nació en Guatemala y sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de 1978 a 1998.

Obtuvo un diploma de escuela secundaria de Bladensburg Senior High School, un título asociado del Community College of the Air Force en 1996, una licenciatura de la Saint Leo University en 1989 y una maestría y doctorado de la La Salle University en 1998.

Mendoza comenzó a trabajar como agricultor orgánico certificado por el USDA en 2008. Su experiencia profesional incluye trabajar con el Departamento de Ciencias de los Alimentos de la Universidad Estatal de Luisiana en relación con plantas comestibles antivirales.

También fue profesor adjunto en el Campus del Lejano Oriente de la Central Texas University en Tokio, Japón, donde implementó el programa de gestión de hoteles y restaurantes.

Con información de AFP

Durante la conferencia de prensa en la que el MP dio a conocer nuevas acciones judiciales contra el presidente electo, Bernardo Arévalo, e integrantes del partido Movimiento Semilla y pidió que las elecciones generales sean anuladas por supuestas irregularidades, Curruchiche mencionó al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y a funcionarios de otros países, a quienes señaló de querer interferir en el trabajo de la Fiscalía.

“Me hubiera gustado que estuviera acá el día de hoy el señor Luis Almagro, secretario general de la OEA, no sé si todavía está en Guatemala, pero lo invito a que venga -al MP- y personalmente lo puedo atender y le puedo explicar lo que ustedes van a ver más adelante -en la conferencia de prensa-. También a todos aquellos diplomáticos, embajadores, senadores de países extranjeros, que tengo entendido están en este momento en Guatemala, que de forma abusiva quieren interferir en que el Ministerio Público no investigue”, dijo Curruchiche.

En la conferencia, el MP habló de la anulación de la elección del binomio presidencial, las 160 diputaciones, diputados al Parlacén y las 340 corporaciones municipales

Ante esas declaraciones, la delegación bicameral fue consultada durante una conferencia de prensa y señalaron que su objetivo es contribuir con los guatemaltecos para que se respete la voluntad popular y cumpla con el cambio de gobierno.

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El senador Tim Kaine, quien preside el subcomité de Relaciones Exteriores del Senado para el Hemisferio Occidental y quien encabeza la delegación, señaló que harán “cualquier cosa para apoyar la voluntad del pueblo guatemalteco” y agregó que espera que el presidente Alejandro Giammattei apoye el proceso democrático.

Detalló que “no queremos tener ninguna consecuencia negativa porque estamos a favor de la democracia, nuestro deseo es el desarrollo de la economía y el bienestar de todos”.

Respecto a lo que dijo Curruchiche sobre la visita de la comitiva refirió que llegaron a Guatemala a apoyar la voluntad del pueblo y no a interrumpir.

Por su parte, la congresista de origen guatemalteco, Delia Ramírez, dijo que el objetivo de su visita es garantizar el respeto a la democracia y que es “abusivo” no honrar el voto de los guatemaltecos.

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“Para nosotros en EE. UU. el bienestar de Guatemala es importante porque está conectado el bienestar de nosotros, y por eso estamos aquí, pidiendo al Gobierno y al Ministerio Público que demuestren el respeto a la democracia. El pueblo habló directo en las elecciones y las cosas que están pasando aquí tienen un impacto muy grande y el pueblo guatemalteco quiere ver estabilidad, quiere ver un país seguro y un país que pueda tener la economía necesaria para que nuestra gente no sea forzada, como mis papás, a tener que cruzar la frontera”, comentó Ramírez.

Respecto a lo dicho por Curruchiche señaló: “Cuando escucho que el Ministerio Público dice que es abusivo que representantes de otro país vengan aquí a tratar de meterse en los asuntos de las elecciones, creo que lo abusivo es negarle al pueblo guatemalteco la democracia y no honrar el voto (…) para nosotros el bienestar de Guatemala es nuestra prioridad y proteger la democracia es lo más urgente”.

En tanto, la congresista Norma Torres, también de origen guatemalteco, dijo que la relación de EE. UU. y Guatemala es relevante porque son países con países con problemas en común, como la migración, por lo que asegura que se debe trabajar en ese aspecto, algo que ve complicado sin el país no supera la crisis política por la que atraviesa.

Torres dijo que lo más valioso que tiene Guatemala son los jóvenes, quienes son una economía que puede sostener la nación y las autoridades deben enfocarse en ese sector, al cual se le ha robado la posibilidad de tener un futuro en Guatemala, así como el de ella fue robado durante el conflicto armado interno.

Añadió que no conoce personalmente al presidente Giammattei y que este día no se pudo concretar un encuentro con él.

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“Este choque a la democracia tan fuerte que han dado, que realmente estoy sorprendida, porque hemos hablado de corrupción y del grupo de corruptos, pero estar aquí y observar lo que está pasando para mí es una pesadilla”, dijo Torres.

“Los votos de todos los guatemaltecos son los votos que el presidente y estos corruptos quieren cancelar hoy, eso es lo que están haciendo, cancelado sus votos, cancelando su democracia, cancelando su Estado de derecho y cancelando el futuro de ustedes y sus hijos y nietos”. El recado para el presidente -Giammattei- es que todavía hay tiempo, no es muy tarde, puede retroceder estas acciones y esperamos que lo pueda hacer, que este desastre que se ha hecho con este pacto de corruptos tiene que finalizar”, dijo la congresista Torres.

Fuel 7 de noviembre que Arévalo en otro mensaje dijo que desde ese día y hasta el 10 de noviembre viajaría al país norteamericano para sostener una serie de reuniones con distintos actores para “continuar y desarrollar las relaciones de Guatemala con los Estados Unidos”.

Durante esta gira de cuatro días, el presidente electo informó que se reunió con el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, y con otros funcionarios de Estado, así como del consejo Nacional de Seguridad. Además, participó en entrevistas con miembros del Senado y en rondas de prensa.

Calificó de “importante” la reunión que tuvo con líderes de la comunidad migrante guatemalteca que se encuentran en el noreste de los Estados Unidos.

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En Washington D.C. también conversó con los congresistas demócratas Norma Torres, Joaquín Castro y Alexandria Ocasio-Cortez y republicanos como Marco Rubio, sobre los retos que el país debe afrontar en temas de migración, seguridad, transparencia y desarrollo.

Arévalo mencionó en el video colgado este domingo en su cuenta oficial de la red social X, que con esta gira avanza en el fortalecimiento de las relaciones de Guatemala con Estados Unidos.

La gira que tuve en Washington D.C. fue sumamente fructífera.

Compartí con migrantes guatemaltecos, funcionarios del ejecutivo, congresistas, senadores, periodistas y actores importantes de la región.

Todo con miras a tender puentes para la #NuevaPrimavera.… pic.twitter.com/0MMei5mfG7

— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) November 12, 2023

Esta semana estaré de gira en Washington D.C., Estados Unidos, donde me invitaron a ser el orador principal en la Gala del Diálogo Interamericano.

También sostendré una serie de reuniones para discutir sobre los retos para el desarrollo del país con actores importantes.

Pronto… pic.twitter.com/4sbmXnPE7Y

— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) November 7, 2023

La resolución está encabezada por Norma Torres y Albio Sires, integrantes demócratas de la Cámara de Representantes y de origen guatemalteco y cubano, respectivamente.

“Guatemala está en una encrucijada peligrosa. Mientras su gobierno continúa atacando la libertad de prensa, un poder judicial independiente, a las comunidades marginadas y otros derechos humanos básicos, Estados Unidos debe ofrecer su apoyo inequívoco a quienes trabajan para reforzar su frágil democracia y defender el estado de derecho”, dijo Torres en un comunicado.

Su resolución solicita al Departamento de Estado y al del Tesoro que se aseguren de que no se utilizan recursos estadounidenses para apoyar a actores corruptos mediante una investigación a oficiales guatemaltecos, legisladores o empresarios, entre otros, que hayan participado en “actos destacados de corrupción o abusos de los derechos humanos”.

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En caso necesario, reclama que se congelen sus activos en Estados Unidos.

El texto también insta a garantizar que no se concedan préstamos o ayudas a personas o entidades responsables de corrupción, financiación ilícita de campañas políticas o violaciones de los derechos humanos, y promueve revisar lo ya concedido para tener claro que no pone en riesgo a defensores de los derechos humanos.

Ese reclamo conjunto urge igualmente al Departamento de Estado y al de Defensa a que revise y de ser necesario postergue la asistencia y el entrenamiento a las fuerzas del orden guatemaltecas hasta tener claro que el Ejecutivo de ese país da pasos efectivos para investigar y llevar ante la Justicia a agentes implicados en corrupción y abusos.

Su revisión de las relaciones bilaterales reclama además que se compruebe hasta qué punto Guatemala cumple el Acuerdo de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y EE. UU., que entre sus cláusulas incluye la de no contar con suministradores implicados en actividades ilegales o fraudulentas.

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“El deterioro de la situación en Guatemala tiene un impacto directo en Estados Unidos, con miles de solicitantes de asilo huyendo del miedo constante a la violencia y embarcándose en el peligroso viaje por nuestra frontera sur”, sostuvo Torres.

Con esta resolución, según añadió Sires en esa nota, se llama la atención sobre la situación en el país apoyando “a quienes lo han arriesgado todo para mejorar las condiciones para la siguiente generación”.

Su texto recuerda a modo de ejemplo que “al menos” seis fiscales anticorrupción han sido detenidos por las autoridades guatemaltecas con cargos “frívolos” o que en 2021 se registraron “al menos” 179 ataques contra líderes indígenas y agrícolas que defendían su territorio.

Celebraron la resolución

En tanto, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, en inglés) señaló en su página web y redes sociales que organizaciones de la sociedad civil celebraron la resolución de la Cámara de Representantes de EE. UU. “para restaurar el Estado de derecho en Guatemala”.

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“Organizaciones de la sociedad civil en los Estados Unidos celebran la resolución sobre Guatemala presentada el 16 de noviembre por los congresistas Norma Torres, Albio Sires, Chuy García, Jim McGovern y Joaquín Castro en la Cámara de Representantes de Estados Unidos”, refiere la publicación de WOLA.

Añade que “Nos preocupa profundamente la captura del sistema judicial de Guatemala por parte de actores corruptos y que ha obligado a numerosos jueces y fiscales honestos a huir del país. Nos preocupa igualmente el grave cierre del espacio cívico que afecta a las personas líderes indígenas, defensoras de los derechos humanos y a periodistas en Guatemala que se enfrentan a amenazas, ataques y acusaciones falsas que a menudo les obligan a exiliarse”.

Se solicitó una postura al Gobierno de Guatemala, pero al cierre de esta edición la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia no había respondida la consulta.

Con la Resolución sobre #Guatemala, el gobierno de EEUU tomó medidas para defender el estado de derecho

@WOLA_org y nuestros socios apoyamos la resolución y a las personas que trabajan por la justicia y el futuro de su país

Declaración: https://t.co/yjjNRZRQVa https://t.co/VDHZrGerth

— WOLA (@WOLA_org) November 16, 2022

La carta de la congresista también sigue a un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los EE. UU. (GAO, por sus siglas en inglés) que encontró que el gobierno de Guatemala usó Jeeps militares provenientes de los EE. UU. “para intimidar a los funcionarios de la embajada estadounidense en 2018”.

La misiva señala: “En ninguna circunstancia se debe utilizar el equipo militar donado por Estados Unidos para socavar la democracia y la libertad de expresión. Tampoco debe usarse este equipo para intimidar a nuestro propio gobierno y ciudadanos. Nuestro gobierno necesita políticas firmes para evitar que estos actos atroces sucedan. Esta es una cuestión de buena política, seguridad nacional y sentido común”.

Desde 2021, Torres ha presionado  para que se restrinjan las transferencias de equipos militares a países con un historial de abusos contra su propio pueblo, incluida Guatemala.

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La congresista también ha pedido al gobierno guatemalteco que retorne los Jeeps en respuesta al incidente de 2018. Para su petición ha usado la etiqueta #ReturntheJeeps.

Señaló que si bien la transferencia actual utiliza fondos anteriores a estas restricciones, los Departamentos de Defensa y de Estado aún no se han comprometido a limitar la transferencia de equipo militar a Guatemala y, como lo indica el informe reciente de la GAO, no han implementado ninguna política para registrar y responder al mal uso del equipo militar provisto por los EE. UU.

Como integrante del Comité de Asignaciones, la Congresista Torres aseguró la inclusión de $61.5 millones para esfuerzos anticorrupción y estado de derecho en América Central en un proyecto de ley de financiación del gobierno a principios de este año.

La misiva de la congresista dice la siguiente manera. Estimado secretario Blinken y secretario Austin:
Escribo para expresar mi profunda decepción y oposición a la transferencia de equipo militar adicional al gobierno de Guatemala por parte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos sin tener en cuenta el impacto en el pueblo de Guatemala, y sin que los Departamentos de Defensa y de Estado realicen los cambios necesarios en sus sistemas de monitoreo de uso final para equipo militar. Sin reforma, los planes y esfuerzos actuales están socavando la democracia y el estado de derecho en Centroamérica.

Indicó que el 13 de octubre, el Departamento de Estado anunció la transferencia de 95 vehículos, entre camiones y motocicletas, al Ejército de Guatemala por parte del Departamento de Defensa.

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El valor total de estos artículos fue de unos 4.4 millones de dólares. “Me preocupa que, sin salvaguardas adicionales, este equipo esté listo para un uso indebido adicional por parte de los militares”, señala.

Recordó que en 2018, “el ejército guatemalteco hizo mal uso de los jeeps militares provistos bajo este programa para hostigar e intimidar a los manifestantes, activistas de derechos humanos e incluso al personal del Departamento de Estado de los EE. UU. Estos problemas no se investigaron a fondo hasta que recibieron la atención tanto de la prensa como de mi oficina”.

Agregó: “El resultado fue que ninguno de estos jeeps ha sido confiscado, aunque los jeeps que se dirigían a Guatemala han sido retenidos en una instalación estadounidense en lugar de ser transferidos al gobierno guatemalteco. Según tengo entendido, todos estos jeeps permanecen en Guatemala. Y lamentablemente, en los años transcurridos desde entonces, sigue habiendo informes sobre el uso indebido de estos vehículos contra manifestantes y comunidades indígenas para aplastar la disidencia y robar tierras de comunidades vulnerables”.

Torres afirmó que estos eventos revelaron una preocupante falta de transparencia, rendición de cuentas y supervisión del equipo militar transferido a otros países.

“Es por eso que incluí lenguaje en la Ley de Autorización de Defensa Nacional del año fiscal 2022 que exige un estudio de la GAO sobre el monitoreo del uso final de equipos militares por parte del Departamento de Defensa y Estado en el Triángulo Norte. El informe, titulado “El DOD y el estado necesitan políticas mejoradas para abordar el uso indebido de equipos”, se publicó el 2 de noviembre de 2022”.

Se mostró consternada al ver lo que el informe descubrió. La GAO concluyó que los Departamentos de Defensa y de Estado no tienen políticas establecidas para registrar las denuncias de uso indebido, ni el Departamento de Defensa tiene políticas establecidas para investigar el uso indebido en absoluto para ciertos tipos de equipos.

Además, en el caso de Guatemala, aunque los Departamentos estaban al tanto del uso indebido por parte del gobierno guatemalteco de los jeeps militares que se les proporcionaron, ninguno de los Departamentos registró con precisión esa información y no tenía políticas para guiar futuras investigaciones.

El informe indicó que el Departamento de Defensa no implementó un monitoreo de uso final mejorado en equipos sensibles porque no mantiene una fecha precisa en la que los equipos entran en esa categoría.

“Estos son problemas serios. Bajo ninguna circunstancia se debe utilizar el equipo militar donado por los Estados Unidos para socavar la democracia y la libertad de expresión. Tampoco debe usarse este equipo para intimidar a nuestro propio gobierno y ciudadanos. Nuestro gobierno necesita políticas firmes para evitar que estos actos atroces sucedan. Esta es una cuestión de buena política, seguridad nacional y sentido común”, enfatizó Torres.

Añadió la carta: Se han impuesto restricciones adicionales a la transferencia de equipo militar desde 2021. “Si bien entiendo que los fondos utilizados para la transferencia actual son anteriores a estas políticas, dadas las noticias que han surgido en los años posteriores, creo firmemente que una supervisión y la regulación debe ocurrir en todos los fondos apropiados para las transferencias militares a Guatemala y otras naciones con un historial de abuso contra su propio pueblo”.

Para leer más: Homicidios, corrupción y uso de jeeps J8 figuran en informe de EE. UU. sobre Guatemala

“Insto a los Departamentos de Defensa y de Estado a que se comprometan a limitar la transferencia de equipo militar a Guatemala, así como a otros gobiernos centroamericanos que hagan mal uso de equipo militar contra sus pueblos, hasta que se establezcan mecanismos de supervisión adicionales para todos los fondos asignados, independientemente de la año en que fueron apropiados”, reiteró Torres.

La congresista cree que el Departamento de Defensa debería implementar inmediatamente todas las recomendaciones hechas por la GAO en su informe.

“No entiendo las objeciones del Departamento a estas recomendaciones y creo que el Departamento de Defensa debería estar sujeto a un estándar de conducta más alto que el que está ocurriendo actualmente con respecto al monitoreo del uso final”, sugirió.

Se consultó a Presidencia respecto de lo indicado por la congresista Norma Torres, pero indicaron que trasladarían la consulta y aún se espera respuesta.

Además, criticaron la decisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de no asistir a la Cumbre en señal de rechazo ante la postura de Washington de ni invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

La congresista estadounidense de origen guatemalteco, Norma Torres, dijo este miércoles 8 de junio que los mandatarios que no asistieron a la Cumbre de las Américas, que se celebra en Los Ángeles, California, se niegan a combatir la corrupción y que lejos de haber despreciado a EE. UU. están abandonando a su propio pueblo”.

En el caso de Guatemala, la participación del presidente Alejandro Giammattei era incierta desde un principio, cuando el mandatario advirtió que “no me van a invitar a la cumbre. De todos modos yo mandé a decir que no voy a ir”; sin embargo, Washington sí lo convocó, pero en representación del país asistió el canciller Mario Búcaro.

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“El Gobierno de Guatemala, en seguimiento a la invitación recibida por el presidente de los Estados Unidos de América Joe Biden, directamente dirigida al presidente Giammattei para dicha reunión de carácter diplomático y multilateral ha delegado, conforme la ley, su participación como representante diplomático del Estado al señor canciller Mario Búcaro”, dijo  Kevin López Oliva, secretario de Comunicación Social de la Presidencia.

Sin embargo, Torres en un comunicado que publicó en sus redes sociales señaló que “la Novena Cumbre de las Américas es una importante ocasión para planificar y abordar juntos los desafíos que enfrenta nuestra región. Desde la migración hasta el desarrollo económico y el cambio climático, las naciones de nuestra región están interconectadas entre sí, en la mayoría de los casos de manera bastante literal, y nuestras respuestas deben desarrollarse en cooperación”.

Agregó que “por eso estoy profundamente preocupada y decepcionada por aquellos líderes que han optado -no- venir a la Cumbre de las Américas. Esta reunión es una oportunidad real para establecer un plan en acción y hacer un cambio real para mejorar las condiciones en la región, en particular los problemas que impulsan la crisis migratoria”.

La congresista agregó que “debemos unirnos para combatir la corrupción y promover la democracia, la rendición de cuentas y el estado de derecho, pero aquellos que se negaron a asistir optaron por renunciar a estos objetivos”.

Refirió que juntos se tiene la oportunidad de promover la supervisión, la transparencia y la rendición de cuentas, y “los Estados Unidos, junto con los que están en Los Ángeles esta semana, seguirán trabajando para lograr estos fines”.

Torres destacó que es importante que la Cumbre se celebre en Los Ángeles, donde viven grandes cantidades de inmigrantes; además, dijo que “las remesas constituyen una parte sustancial de algunas de las economías de estas naciones, pero se niegan a tomar en consideración las necesidades y los problemas de estas comunidades que continúan contribuyendo tanto, incluso después de que abandonan el país”.

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“Los valores democráticos son un componente crítico para abordar nuestros desafíos regionales, y uno que está cada vez más bajo ataque. Aquellos países que no llegaron a la mesa deben tener en cuenta el hecho de que han decidido poner los puntos políticos a corto plazo por encima del bienestar de sus ciudadanos. Han elegido un argumento sobre invitaciones sobre el valor de la discusión y el debate. Los países que no participaron en la cumbre no están despreciando a Estados Unidos, están abandonando a su propio pueblo”, reiteró la congresista.

Agregó que “para avanzar y permitir el progreso, debemos trabajar todos juntos para defender el estado de derecho, la democracia y los derechos humanos. Imploro a las naciones que no participaron que analicen detenidamente sus prioridades y tomen medidas concretas para demostrar su compromiso de trabajar juntos hacia una región más segura y próspera”.

Países que “exportan gente” están ausentes

La congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, criticó la agenda de la Cumbre de las Américas y señaló de preocupante la ausencia de presidentes de países que “exportan gente”, al hacer referencia de la importancia de tratar el tema de la migración irregular.

Salazar calificó de “posición insultante” la decisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de no asistir a la Cumbre como muestra de rechazo porque Washington no invitara a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

De acuerdo con Salazar, en la Cumbre no se incluye temas para frenar la migración; sin embargo, el martes pasado, la vicepresidenta Kamala Harris anunció US$1.9 mil millones de inversiones del sector privado en Centroamérica para crear oportunidades que aportarían a la reducción de la migración ilegal.

Salazar también subrayó que la ausencia de los presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, que describió como “países que exportan gente”, imposibilita un diálogo sobre el flujo de migrantes de esas naciones hacia EE. UU.

El representante republicano por Florida, Byron Donalds, también fue crítico de la actitud de López Obrador y dijo que no tiene respeto por EE. UU. y la administración de Joe Biden que, según dijo, ni siquiera respeta su propia frontera a través de sus políticas.

Además, el representante republicano por Florida, Mario Díaz-Balart, acusó a la administración Biden de “hacer todo lo posible por legitimizar” a los enemigos de la libertad y dio como ejemplo los recientes cambios anunciados por Washington en su política hacia Cuba.

“La Casa Blanca está optando por suavizar sus políticas hacia estos regímenes comunistas”, dijo por su parte el representante republicano por Tenesí, Tim Burchette.

Por su parte el senador demócrata, Bob Menéndez, dijo en un comunicado que le complace ver que el presidente Joe Biden esté preservando el estándar de que “la Cumbre de las Américas siga siendo una reunión para las democracias”, y que no haya invitado a países como Cuba.

Menéndez añadió que se une a los que están cada vez más preocupados por la decisión del presidente López Obrador de apoyar a dictadores en vez de los intereses del pueblo.

Marco Rubio critica a López Obrador

El cruce de declaraciones entre el senador republicano por Florida, Marco Rubio, y López Obrador continúa con un nuevo episodio, y es que el senador ha asegurado que la postura de no ir a la Cumbre de las Américas es un claro apoyo a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua; además, Rubio señaló que AMLO cedió territorio al crimen organizado.

La polémica se dio luego de que Rubio celebró la ausencia de AMLO en la Cumbre de las Américas, y tras la acusación de un supuesto pacto entre gobierno -mexicano- y grupos delictivos, a los que les ha “entregado secciones de su país a los carteles de droga”.

A las críticas también se ha sumado el senador por Texas, Ted Cruz. Ambos actores políticos con ascendencia cubana.

Con exclusiones, bajas y un grito pro democracia

La IX Cumbre de las Américas arrancó el lunes último en Los Ángeles dando voz a la sociedad civil, que denunció los retrocesos democráticos y medioambientales que vive la región, en una primera jornada en la que se confirmó la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua por parte de Estados Unidos.

La apertura del IX Foro de la Sociedad Civil marcó el pistoletazo de salida de esta cita continental, que se celebrará hasta el próximo viernes y que ha iniciado enfrascada aún sobre el debate de la lista de invitados, mientras se acumulan las bajas de cara a la reunión de líderes.

La Administración de Joe Biden confirmaba a primera hora las sospechas de los últimos días: los Gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua están fuera.

El principal encargado del Departamento de Estado de EE. UU. para Latinoamérica, Brian Nichols, explicaba en declaraciones a los periodistas esa decisión, que ha disgustado a varios gobiernos de países latinoamericanos.

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En Venezuela “hay falta de libertad” y “presos políticos”, situación que es contraria a los “documentos fundamentales de la Cumbre de las Américas”, destacó Nichols sobre la nación caribeña, instantes antes de inaugurarse el Foro de la Sociedad Civil.

“Entendemos que hay otras opiniones y pasamos mucho tiempo hablando con los demás, pensando en avanzar en esos temas, pero al final eso es lo que más pesó en nuestra decisión”, completó para afirmar después que están preparando una nueva ronda de sanciones contra el Gobierno nicaragüense de Daniel Ortega.

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Casi en paralelo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ya había avisado de que no iría a la cumbre en caso de que hubiera exclusiones, se bajaba del barco, como ya había hecho antes su homólogo boliviano, Luis Arce.

También el mandatario de Guatemala, Alejandro Giammattei, confirmaba su baja este lunes por problemas de agenda, mientras que su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, tampoco estará, pero por un positivo por covid-19.

Con información de EFE

Torres, quien integra el Comité de Asignaciones del Congreso de EE. UU., incluyó esas disposiciones para garantizar que la política de EE. UU. logre que “Centroamérica se centre en proteger los derechos humanos y defender las instituciones democráticas y el estado de derecho en la región”, según se lee en una publicación en el sitio web de la congresista.

“Estados Unidos tiene la responsabilidad de defender los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho en el Triángulo Norte, y esto ha sido una prioridad para mí durante mucho tiempo”, dijo Torres.

Agregó que “me complace haber obtenido estas disposiciones para garantizar que nuestra política en Centroamérica se centre en ayudar a la gente de Centroamérica y que no estemos financiando gobiernos corruptos responsables de abusos contra los derechos humanos. Continuaré trabajando para garantizar que los dólares de los contribuyentes no se envíen al extranjero a líderes que se llenan los bolsillos a expensas de su gente”.

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Las disposiciones que Torres incluyó en el paquete de financiamiento del Gobierno de EE. UU. incluyen: US$61.5 millones para esfuerzos anticorrupción en Guatemala, El Salvador y Honduras, incluido apoyo a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) de Guatemala y la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) de Honduras.

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Además, incluyó la eliminación de todo financiamiento militar extranjero para Guatemala, El Salvador y Honduras, también US$70 millones para programas para reducir la violencia contra las mujeres y las niñas, incluidos US$15 millones “que pueden usarse para pactos bilaterales para proteger a las mujeres y los niños” en dichos países.

Además, Torres incluyó condicionar el 50% de la asistencia extranjera a los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras y al cumplimiento del estado de derecho y estándares anticorrupción.

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También agregó ordenar al Departamento de Estado que consulte con el Congreso sobre el uso planificado del entrenamiento militar y educativo internacional para Guatemala, El Salvador y Honduras.

Por último, se incluyó una supervisión adicional de la asistencia militar del Departamento de Defensa a Guatemala.

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El mensaje de Torres fue difundido en un video que publicó en Twitter Acción Ciudadana, en el que resalta el retroceso democrático que hubo en Guatemala con la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Lo mismo dijo de Honduras y El Salvador, donde los entes que luchan contra la corrupción perdieron continuidad.

“Quiero felicitar a la Fundación Internacional de Seattle y a sus importantes aliados por lanzar el Centro Contra la Corrupción y la Impunidad esta semana. Todos vimos el retroceso democrático cuando vimos a los gobiernos de Guatemala y Honduras dejar que la Cicig y la MACCIH fallaran, y la semana pasada lamentablemente vimos al CICIES en El Salvador correr con la misma suerte, pero la sociedad civil se mantiene firme donde estos tres gobiernos están fallando”, dijo Torres.

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Torres, de origen guatemalteco, dijo que el Ccinoc es un esfuerzo del pueblo para recuperar sus países. “Están cansados de que lo más valioso, sus hijos, se vayan cuando sus gobiernos les niegan la oportunidad de una buena vida”, agregó.

Además, dijo que no se puede confiar solo en las acciones de esos tres gobiernos para luchar contra la corrupción, y que lo que se debe hacer es fortalecer las instituciones anticorrupción y las organizaciones civiles locales.

Una decena de organizaciones de la sociedad civil lanzó el jueves 3 de junio el primer centro para luchar mediante un esfuerzo conjunto contra la corrupción y la impunidad en los países del Triángulo Norte de Centroamérica -El Salvador, Honduras y Guatemala.

El Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el Norte de Centroamérica (Ccinoc) fue presentado en un evento virtual en el que participaron representantes de las organizaciones civiles y el enviado especial del Gobierno de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, entre otros.

La iniciativa busca fortalecer la lucha desde la ciudadanía contra la corrupción y la impunidad, dos de los “grandes obstáculos para el desarrollo, la justicia, el respeto a los derechos humanos y la igualdad en la región”, según las organizaciones civiles.

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Zúñiga aplaudió la creación del Ccinoc y destacó que las organizaciones fundadoras tienen “capacidades y compromisos esenciales para nuestro esfuerzo común: para promover la transparencia y mejores condiciones en Centroamérica”.

El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, dijo que la corrupción le cuesta a Centroamérica US$13 mil millones, según Zúñiga.

Ese dinero podría utilizarse “para mejorar la educación, la salud y la seguridad de los centroamericanos”, subrayó el enviado especial de EE. UU., quien indicó que cuando los ciudadanos no tienen “buenas condiciones” en sus países, las buscan en el exterior.

“Estamos al lado de las víctimas de la corrupción en Centroamérica, sentimos los efectos de esa corrupción aquí en Estados Unidos. Por eso hemos trabajado de cerca con socios valientes que están trabajando contra el flagelo”, subrayó Zúñiga.

Iniciativa regional, esfuerzo de ciudadanía

El centro es “un esfuerzo” de organizaciones centroamericanas vinculadas a la otrora Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), dijo el director del Foro Social de la Deuda externa y Desarrollo (Fosdeh, privado), Mauricio Díaz.

El centro es “el resultado de una actualización que de lado de sociedad civil estamos realizando después de que fueron obstruidas y desarraigadas todas las acciones de combate a la corrupción en el Norte de Centroamérica”, explicó.

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Díaz indicó que este flagelo tiene “un peso económico y social muy poderoso” en la región y afirmó que en los tres países centroamericanos hay “una absoluta falta de credibilidad en la institucionalidad pública”.

Ante ello, la sociedad civil “no nos podemos quedar de brazos cruzados, por lo que tenemos una oportunidad de actualizar nuestra estrategia y ponerla en vigencia de manera conjunta”, agregó.

El centro regional trabajará en la investigación de “casos emblemáticos de corrupción” en el Triángulo Norte de Centroamérica, donde además realizará prevención del flagelo y trabajos de veeduría, subrayó el director del Fosdeh.

Las organizaciones civiles buscarán el apoyo de la comunidad internacional e incluir a otros sectores a la lucha contra la corrupción y la impunidad en el Norte de Centroamérica, añadió Díaz, quien lamentó la no continuidad de la Maccih y la Cicig en Honduras y Guatemala, respectivamente.

El responsable de la organización no gubernamental Acción Ciudadana en Guatemala, Manfredo Marroquín, Manfredo Marroquín, dijo que la iniciativa regional surgió frente al contraataque que sufren jueces y fiscales independientes que “dieron la cara, procesaron y juzgaron casos de corrupción que involucraron peces grandes, políticos de primera línea y empresarios”.

La contraofensiva en los tres países se traduce en “el desmantelamiento de los mecanismos anticorrupción, incluso en leyes que están favoreciendo la impunidad”, subrayó Marroquín, quien afirmó que el Ccinoc buscará hacer frente “a quienes son aliados de la impunidad y la corrupción”.

@NormaJTorres brinda un mensaje de apoyo a #CCINOC y a las organizaciones de sociedad civil que combaten la corrupción y la impunidad en el norte de Centroamérica, ante los cierres de #CICIG, MACCIH y #CICIES y los retrocesos democráticos en la región.#JuntosContralaCorrupción pic.twitter.com/Ds2tNcg56W

— Accion Ciudadana TI Guatemala (@AcGuatemala) June 11, 2021

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“Las amenazas en mi contra para acabar con la corrupción en el triángulo norte son muy reales”, escribió la congresista en su cuenta de Twitter.

“Pero eso no significa que dejaré de luchar para apoyar a la gente de estos países. Se merecen gobiernos a favor de la democracia”, agregó Torres.

En una entrevista concedida a la cadena MSNBC, la congresista dijo que las amenazas e intimidaciones provenían principalmente del gobierno de El Salvador, miembros del Congreso de ese país, “incluso del embajador salvadoreño en Whashington DC”.

Explicó que una cosa eran las amenazas contra ella y su equipo vía telefónica, pero otra muy diferente poderse encontrar físicamente con personas por la calle que podrían obedecer al llamado de actuar con violencia.

En ese sentido, la congresista dijo que creía que la estaban espiando por medio de vehículos y que estarían averiguando sobre la ubicación de su vivienda, por lo que temía por su vida y por la de su familia.

Torres ha afirmado que la intimidación se debe a que ha denunciado a políticos implicados en casos de corrupción en los países de la región, como las listas que ha proporcionado sobre personas que deben ser sancionadas por Estados Unidos.

A principios de abril último, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pidió a los latinoamericanos en Estados Unidos no votar por la congresista Norma Torres tras un intercambio de mensajes en la red social Twitter después de que la congresista publicó un mensaje relacionado con el caso de dos niñas arrojadas en la frontera entre Estados Unidos y México por un traficante de personas.

“Esto es una gran vergüenza para los gobiernos de #Guatemala #Honduras #ElSalvador, sus compatriotas merecen gobiernos que realmente están comprometidos a combatir la corrupción y el narco!”, escribió Torres.

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Torres es una las voces más críticas con los gobiernos del llamado Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) y una de las promotoras de la denominada “lista Engel”.

Los Angeles Times, incluso, escribió un amplio artículo en el que asegura que la congresista “duerme con un arma cerca” y enumera las veces que Torres ha confrontado directamente a políticos de la región.

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Este martes 18 de mayo en su cuenta de Twitter hizo publico el listado en indicó: “En el informe que solicité, que ahora es público, el gobierno de Estados Unidos reconoce la corrupción que los autoritarios centroamericanos y sus aliados niegan y tratan de ocultar”.

Añadió que el Triángulo Norte no puede prosperar mientras sus funcionarios estén más centrados en el enriquecimiento personal que en el servicio al público.

En abril recién pasado, la congresista de origen guatemalteco informó en un comunicado que solicitó datos de actores políticos de la región central de América que son relacionados a prácticas de impunidad.

En su página web la congresista estadounidense resalta que el informe proporciona nombres de funcionarios de los que existe información creíble sobre la comisión de actos de corrupción, incluido el tráfico de estupefacientes y la recepción o desembolso de financiación política vinculada al tráfico de estupefacientes.

Este es el segundo informe al Congreso sobre funcionarios corruptos de Centroamérica que llega a solicitud del Representante Torres.

En un comunicado la funcionaria indicó: “En el informe que solicité, que ahora es público, el gobierno de Estados Unidos reconoce la corrupción que los autoritarios centroamericanos y sus secuaces niegan y tratan de ocultar”.  

Añadió_ “La verdad es que ya sabemos que los gobiernos centroamericanos están plagados de corrupción: funcionarios corruptos de la región cerraron mecanismos anticorrupción exitosos como la CICIG y MACCIH y debilitaron el papel de la CICIES; continúan interfiriendo con las investigaciones independientes y bloqueando los órganos de supervisión; Las élites guatemaltecas llenaron los tribunales de compinches para cubrir sus intereses; y el presidente de El Salvador hizo campaña contra la corrupción mientras se rodeaba de actores corruptos”.

Importancia de la lista

“Esa es exactamente la razón por la que esta lista es tan importante: después de cuatro años de negligencia bajo la administración anterior, públicamente avisa a estos actores y promueve la perspectiva de la rendición de cuentas”, continuó Torres. 

“El apoyo de Estados Unidos solo debe ir a instituciones y funcionarios que estén verdaderamente comprometidos con el estado de derecho; cualquiera que intente enriquecerse debería pensarlo dos veces si espera asociarse con nosotros. Seré implacable en exigir la rendición de cuentas de nuestro gobierno: si sabemos que alguien es corrupto, espero que nuestro gobierno use todas las palancas a nuestra disposición, incluidas las sanciones, las restricciones de visa, la retención de apoyo para disuadir futuros actos de corrupción y el desmantelamiento de los sistemas que permitir que ocurra la corrupción”, enfatizó.

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“No podemos esperar que la gente de El Salvador, Guatemala y Honduras prospere en casa mientras sus funcionarios electos están más enfocados en el enriquecimiento personal que en el servicio al público”, agregó Torres. 

“Es solo el primer paso”

“Esta lista es un paso importante, pero es solo el primer paso para hacer que esos funcionarios rindan cuentas. He tenido amplias conversaciones con la Administración de Biden sobre cómo centrar nuestra política y apoyo a la región en torno a la importancia de la lucha contra la corrupción y el estado de derecho. Espero trabajar con el Estado y el Tesoro para asegurar que aprovechemos estas herramientas para acciones sólidas. Seguiré luchando por la gente de la región hasta que podamos decir con orgullo que el estado de derecho se mantiene en el Triángulo del Norte y la corrupción no”.

Espera lista ampliada

“Seguiré trabajando con la Administración para lidiar con otros actores corruptos evidentes, como el presidente de Honduras. Espero una lista ampliada en junio “.

Listado

• Acisclo Valladares, exministro de Economía guatemalteco, lavó alrededor de 10 millones de dólares en ganancias de cocaína para traficantes mientras pagaba sobornos a políticos corruptos y se embolsaba algo de dinero que pasó por las cuentas bancarias estadounidenses de empresas de Miami. Fue acusado en los Estados Unidos en 2020 de conspirar para cometer lavado de dinero, pero sigue prófugo.
• Carlos Danilo Preciado Navarijo, alcalde de Ocós, San Marcos, fue detenido en 2021 y está acusado de narcotráfico y su posible relación con cárteles en México y Colombia. Su captura fue en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, por autoridades panameñas a solicitud de Estados Unidos.
• Boris Roberto España Cáceres, miembro del Congreso de Guatemala desde 2012, se desempeñó como primer secretario del Congreso de Guatemala para el período 2017-2018 y se desempeñó como gobernador de Chiquimula de 2005 a 2017.Informes de noticias creíbles indican que España fue un intermediario clave en una red de tráfico de influencias y corrupción activa de sobornos.
• Felipe Alejos Lorenzana, ex primer secretario del Congreso de Guatemala, fue designado bajo la Sección 7031 (c) en 2020 debido a su participación en una corrupción significativa. Mientras actuaba en su capacidad oficial, Alejos estuvo involucrado en actos corruptos para enriquecerse, al mismo tiempo que perjudicó gravemente las actividades económicas internacionales de las empresas estadounidenses.
• Gustavo Adolfo Alejos Cambara, exjefe de gabinete presidencial de Guatemala, fue designado bajo la Sección 7031 (e) en 2020 debido a su participación en una corrupción significativa.
• Mario Amílcar Estrada Orellana, un candidato presidencial y excongresista de 2019, fue acusado en los tribunales de Estados Unidos de solicitar entre 10 y 12 millones de dólares al Cartel de Sinaloa de México para financiar un plan corrupto para elegir a Estrada como presidente de Guatemala a cambio de transportar cocaína a los Estados Unidos.

In the report I requested, which is now public, the US govt acknowledges the corruption that Central American authoritarians and their allies deny & try to hide.

The #NorthernTriangle cannot thrive while its officials are more focused on self-enrichment than serving the public. pic.twitter.com/OFr2ZJxYle

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) May 18, 2021

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El legislador señaló que en las últimas semanas “los funcionarios del Gobierno salvadoreño han intentado desacreditar a miembros individuales del Congreso de los Estados Unidos o utilizar la desinformación para tergiversar los puntos de vista de los miembros individuales”.

Indicó que “esta campaña para manipular la percepción pública ha sido respaldada por millones de dólares en pagos a cabilderos estadounidenses” y que miembros del Congreso “están recibiendo amenazas de muerte y hostigamiento como resultado”, sin precisar la forma en que han sido amenazados.

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“Recientemente, se intensificó hasta el punto de que el jefe de estado de El Salvador instó a los electores de un miembro del Congreso a votar para sacarla de su cargo y difundió teorías de conspiración apoyadas por sus oponentes políticos”, indicó Sires.

El pasado 1 de abril, tras intercambiar mensajes públicos en Twitter con la congresistas Norma Torres, Bukele pidió a los latinoamericanos en Estados Unidos no votar por ella.

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“Espero que todos mis hermanos salvadoreños, mexicanos, hondureños, guatemaltecos, dominicanos, venezolanos y todos los latinoamericanos del Distrito 35 de California NO VOTEN por @NormaJTorres (Norma Torres)”, publicó el mandatario salvadoreño.

Espero que todos mis hermanos salvadoreños, mexicanos, hondureños, guatemaltecos, dominicanos, venezolanos y todos los latinoamericanos del Distrito 35 de California NO VOTEN por @NormaJTorres.

No trabaja para ustedes, sino para mantener a nuestros países en el subdesarrollo.

— Nayib Bukele (@nayibbukele) April 2, 2021

El actual período de Torres concluirá en enero de 2023 en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que se vota cada 2 años y cuyos miembros serán renovados en noviembre de 2022.

Esta no es la primera vez que el mandatario salvadoreño tiene una confrontación en las redes sociales con congresistas de Estados Unidos.

“Esta es una interferencia electoral extranjera. Si continúa, lo enfrentaremos como una amenaza a la seguridad nacional para Estados Unidos”, advirtió Sires.

En noviembre de 2020, el mandatario acusó a 12 congresistas estadounidenses, sin aportar pruebas, de seguir órdenes del filántropo George Soros, después de que uno de ellos respaldara los allanamientos realizados por la Fiscalía en diferentes oficinas gubernamentales.

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De acuerdo con analistas consultados por Efe, El Salvador y Estados Unidos se encuentran en una etapa de reajuste de sus relaciones tras la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca.

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“En los próximos días, espero con ansias una nueva etapa en este trabajo a medida que se entregue al Congreso un informe que solicité sobre funcionarios corruptos en Centroamérica”, refirió en la comunicación.

Al mismo tiempo criticó el actuar de los gobiernos del Triángulo Norte, asegurando que los niños centroamericanos merecen una vida digna y gobiernos que trabajen para hacerlo realidad.

“Soy responsable ante mis electores de asegurarme de que el dinero de los contribuyentes que trabajan duro y que envían en ayuda exterior llegue realmente a las personas que están sufriendo, no a los gobiernos corruptos que prefieren llenarse los bolsillos. Y nunca dudaré en arrojar luz sobre la corrupción que es la base de tanto sufrimiento”, agregó el comunicado.

Los comentarios de la congresista Norma Torres generaron una disputa virtual con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien pidió, el jueves pasado, a los latinoamericanos a no votar por la congresista Torres. 

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“Nuestra asistencia extranjera debe ir a la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, instituciones multilaterales y otras instituciones creíbles que tengan un historial probado de ayudar a personas y comunidades vulnerables”, apuntó.

No es la primera vez que Torres, integrante del Subcomité de Asignaciones Estatales y Operaciones Extranjeras de la Cámara de Representantes, busca que la ayuda estadounidense beneficie a quienes lo necesitan en Guatemala, El Salvador y Honduras, origen de la mayoría de los migrantes indocumentados que llegan crecientemente a la frontera sur de Estados Unidos.

En el proyecto de ley de financiación omnibus del 2020, Torres aseguró financiamiento para la lucha anticorrupción en esos tres países, así como la identificación de funcionarios corruptos y la eliminación de la financiación militar.

Torres, del Partido Demócrata, cuestionó la gestión del expresidente republicano Donald Trump, por permitir una corrupción “desenfrenada” en el llamado llamado Triángulo Norte centroamericano.

En su misiva, señaló que en Guatemala, los militares utilizaron la asistencia de seguridad estadounidense para intimidar a la propia embajada de Estados Unidos.

Además, citó procedimientos judiciales en tribunales federales en Nueva York, según los cuales presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, “protegió a narcotraficantes mientras se jactaba de traer drogas a Estados Unidos”.

También dijo que en El Salvador, “el presidente Nayib Bukele usa su influencia para desacreditar procesos e instituciones democráticas legítimas”.

El gobierno de Biden, que asumió el 20 de enero con la promesa de una política migratoria “justa y humana”, dijo que está decidido a atacar las “causas fundamentales de la migración”.

Recientemente Torres viajó a la frontera Sur de Estados Unidos en donde habló con migrantes que huyen de Guatemala, Honduras y El Salvador, según ella “para tener la oportunidad de vivir otro día.

Afirmó que los migrantes escapan de los “narcogobiernos” de Alejandro Giammattei, en Guatemala; Juan Orlando Hernández, Honduras y Nayib Bukele en El Salvador.

Visité la #FronteraSur para hablar con migrantes que huían de sus países para tener la oportunidad de vivir otro día. Muchos están escapando de #narcogobiernos liderados por @nayibbukele, @JuanOrlandoH y @DrGiammattei. Estas familias merecen un verdadero liderazgo y compasión. pic.twitter.com/OClxaNW9my

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) March 24, 2021

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Tras las explosivas acusaciones del fiscal Jacob Gutwilling a un jurado en Manhattan surgieron otras voces de Washington contra el gobernante que lleva su segundo mandato y que dice ser un combatiente del narcotráfico y las maras en ese territorio.

Norma Torres, congresista de origen guatemalteco y que ha mantenido especial observación sobre el Triángulo Norte Centroamericano en torno a la corrupción e impunidad como causantes de la pobreza y la migración indocumentada, hizo una feroz publicación en Twitter contra Hernández.

“Hernández, mantenga su cocaína y mentiras sobre su lucha contra la corrupción en la que usted entra para alguien tonto que lo crea. Por esta razón he recortado la asistencia y equipo militar para el narco estado hondureño y su jefe de carteles durante dos años”, escribió.

.@JuanOrlandoH: Keep your cocaine & lies about fighting the corruption you wallow in for someone dumb enough to believe them.

THIS is why I’ve cut assistance & military eqpt. for the Honduran narco state and its cartel-boss-in-chief for 2 years in a row.https://t.co/u9V5sxkoyA

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) March 9, 2021

Y desde el Ejecutivo, Ned Price, el portavoz del Departamento de Estado, sostuvo que “cualquier líder (…) que no esté preparado para combatir la corrupción no estará en posición de tener una alianza estrecha con Estados Unidos”.

En consonancia con la investigación de la fiscalía, Price dijo sobre las acusaciones contra Hernández: “Apoyamos fuertemente el estado de Derecho y la lucha contra la impunidad. Eso es verdad en Honduras, en todos los niveles en Honduras”.

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Acusación sin precedentes

“Toneladas de cocaína, armas, violencia, asesinatos brutales, sobornos y corrupción”: así comenzó el 9 de marzo el alegato inicial de los fiscales estadounidenses que acusan al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, de ayudar a traficar droga a Estados Unidos.

Las explosivas declaraciones fueron realizadas en el marco del juicio a Geovanny Fuentes en la corte federal de Manhattan, en Nueva York, un presunto narcotraficante hondureño que según los fiscales fue socio de Hernández en el millonario negocio de la droga.

El mandatario aseguró el lunes en Twitter que exnarcos prestarán “falsos testimonios” en el juicio para vengarse por su lucha contra el narcotráfico y reducir sus penas de cárcel, y amenazó con dejar de cooperar con Washington si la justicia estadounidense les otorga beneficios a cambio.

El fiscal Jacob Gutwillig dijo al jurado que el presidente hondureño y Fuentes “planificaron enviar tanta cocaína a Estados Unidos como pudieran”.

El negocio “floreció” debido a los sobornos pagados por Fuentes a políticos, militares y policías, e “incluso al presidente de Honduras” a cambio de protección y de ayuda en el transporte de la cocaína, indicó.

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La asociación de Fuentes con Hernández le tornó “intocable”, aseguró la acusación en el segundo día de un juicio que durará unas dos semanas. “El acusado era parte del narco Estado hondureño”.

Hernández, un abogado que asumió el cargo en 2014 y está en su segundo mandato, niega todas las acusaciones y se presenta como un adalid del combate contra el narcotráfico y las pandillas que aterrorizan la empobrecida Honduras.

Los fiscales a cargo del caso le consideran un “co-conspirador” de Fuentes, pero no ha sido inculpado ante la justicia.

En 2013 y 2014, Fuentes pagó sobornos por “US$25 mil en efectivo del dinero de la droga” al actual presidente, a cambio de protección, “y algo más valioso: acceso al laboratorio de droga del acusado” en las montañas de Honduras, dijo Gutwillig al jurado.

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A cambio, y pese a sus numerosos crímenes, incluidos asesinatos, Hernández lo protegió de la justicia hondureña y le ayudó a transportar la droga, aseveró.

“El presidente lo blindó a prueba de balas”, indicó el fiscal tras contar que Fuentes secuestró, torturó y apuñaló hasta la muerte a un policía que se puso en su camino.

Según Gutwillig, un contador identificado como José Sánchez que trabajaba para una empresa arrocera a través de la cual Fuentes lavaba dinero y que presenció reuniones suyas con Hernández, contará al jurado “el shock, el miedo que sintió cuando vio al acusado sentarse con el presidente”.

Y relatará que el presidente dijo a Fuentes “que transportaría tanta cocaína a Estados Unidos que ‘meterían las drogas por las narices de los gringos'”.

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Defensa

El abogado de la defensa, Eylan Schulman, intentó desacreditar el eventual testimonio del contador en sus alegatos iniciales.

“Supuestamente US$25 mil es todo lo que lleva sobornar a un presidente”, afirmó. El contador “tiene mucho que ganar y poco que perder” con su testimonio porque espera recibir asilo en Estados Unidos a cambio, señaló.

Un contador de nombre José Sánchez relatará que el presidente Hernández dijo a Fuentes que transportaría tanta cocaína a Estados Unidos que ‘meterían las drogas por las narices de los gringos’.

La defensa también dijo al jurado que no debe creer el testimonio que prestará próximamente “uno de los peores asesinos en la faz de la Tierra”, Leonel Rivera, exlíder del cartel hondureño Los Cachiros, que mató a 78 personas, intentó matar a otras 15 y está preso en Estados Unidos.

“El gobierno (estadounidense) acordó hacer un trato con este diablo (…) Nunca se le debe creer”, dijo Schulman.

El hermano del presidente, Tony Hernández, de 42 años, fue hallado culpable de narcotráfico “a gran escala” en Nueva York en octubre de 2019, y su sentencia, aplazada varias veces, está prevista para el 23 de marzo. Los fiscales aseguran que Tony era el intermediario entre Fuentes y el presidente.

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Armas automáticas

El primer testigo del juicio fue el agente de la agencia antidroga estadounidense (DEA), Brian Fairbanks, que confirmó al jurado que en el teléfono celular del acusado halló el email de Hernández y su número de móvil.

La acusación mostró al jurado fotos del hermano y de hijos de Fuentes con el presidente encontradas en el teléfono del acusado, así como fotos de varias armas de grueso calibre y contactos con policías y militares.

Fuentes fue arrestado por el agente Fairbanks en Miami, Florida, el 1 de marzo de 2020 y está acusado de tres delitos de narcotráfico y posesión de armas de fuego.

El mandatario aseguró el lunes en Twitter que exnarcos prestarán “falsos testimonios” en el juicio para vengarse por su lucha contra el narcotráfico y reducir sus penas de cárcel, y amenazó con dejar de cooperar con Washington si la justicia estadounidense les otorga beneficios a cambio.

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A través de Twitter, Torres, representante de California, dijo que hoy “fue un día terrible para el Capitolio”, en referencia a los miles de seguidores del presidente saliente Donald Trump que entraron por la fuerza a ese recinto.

“Ninguna turba sediciosa va a detener esta democracia”, sostuvo Torres, que compareció esta noche para la acreditación de la victoria electoral de Joe Biden, un acto meramente protocolario a las puertas de la toma de posesión el 20 de enero.

Today was a terrible day on Capitol Hill, but we will fulfill our Constitutional duty to certify the American people's choice for our next president.

I'm back in the House Chamber now. No seditious mob is going to stop this democracy. pic.twitter.com/VRIRiU4hCG

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) January 7, 2021

“Cumpliremos con nuestro deber constitucional de certificar la elección del pueblo estadounidense para nuestro próximo presidente”, agregó.

Horas antes, en otro tuit, Torres sostuvo que Trump “está muy por debajo de la dignidad de la Oficina Oval” y calificó de “despreciable”, la actitud del gobernante saliente de “poner en peligro innumerables vidas para hacer un berrinche por unas elecciones libres y justas”.

Aparte, Torres narró un aspecto particular durante la sesión de esta noche en la Cámara de Representantes. Los congresistas fueron alertados de no tocar los asientos porque aún podría haber gas lacrimógeno allí. “Puedes olerlo en el aire. Casi puedes saborearlo. Esto no nos detendrá de certificar la elección esta noche”.

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Torres, de origen guatemalteco y quien migró a EE. UU. cuando apenas tenían 5 años, compite por el distrito 35 de California, su rival es el republicano Mike Cargile.

Hasta cerca de a la media noche, la congresista contabilizaba poco más de 20 mil 300 votos contra seis mil 700 de su contrincante. Aunque apenas se habían contado el 7% de los sufragios, la diferencia es de más del 50% y al competir en un estado predominantemente demócrata se estima que será reelecta.

Los estados del oeste de EE. UU., como California, fueron los que más tarde cerraron sus centros de votación, por lo tanto, sus resultados se conocen de último.

Torres es candidata por el distrito 35 que representa a las ciudades de Bloomington, Chino, Fontana, Montclair, Ontario, Pomona y Rialto.

Dentro de su experiencia política, antes de ser congresista, Torres fue senadora estatal y alcaldesa de Pomona.

Más latinos

En varios estados comienza a destacar la elección o reelección de congresistas de apellidos hispanos, quienes han competido principalmente por el Partido Demócrata. Según proyecciones de algunos medios de comunicación cerca de la media noche se contaba medio centenar de ellos, lo que aumentaría en 14 el número de la actual legislatura.

Entre algunos nombres, por ejemplo, destaca el de la congresista demócrata de origen puertorriqueño, Alexandria Ocasio-Cortez, quien obtuvo más de 17 millones de votos en Nueva York.

Mientras que en Florida el alcalde de Miami-Dade, el republicano Carlos Giménez, ganó este martes un escaño en el Congreso de EE. UU. así como la periodista de origen cubano y también republicana María Elvira Salazar.

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Esta fue una de las principales conclusiones de la conferencia “Ley Global Magnitsky: Riesgos, consecuencias y el alcance extraterritorial de la Justicia Americana”, que organizó la Cámara de Comercio Guatemalteco-americano (AmCham) el pasado miércoles 9 de septiembre.

“Hay evaluación”

Durante el foro, se explicó que el nuevo embajador de Estados Unidos, William W. Popp, expuso su intención de aplicar esa sanción. El diplomático asumirá en octubre.

El abogado estadounidense Emil Infante, uno de los expositores en la conferencia, dijo que la ley de sanción ya se aplicó a ciudadanos del Triángulo Norte de Centroamérica.

“Viendo hacia adelante, sabemos que hay personas en Guatemala que el gobierno americano está en estos momentos evaluando bajo un proceso de designación”, declaró el especialista.

Juan Pablo Carrasco, presidente de AmCham, recalcó que hay “suficientes razones” del porqué se piensa que va a haber más casos hacia personajes de Guatemala.

La primera razón es que algunos congresistas de los Estados Unidos ya enviaron una carta al presidente Donald Trump solicitando que se incluyan y designen personas de Guatemala dentro de la Ley Magnitsky

Por aparte, dijo Carrasco, el nuevo embajador Popp ya anunció en su audiencia de confirmación como embajador que piensa dar seguimiento a la política de la lucha contra la corrupción de EE. UU. y de aplicar esa norma en el país.

“Anticipamos que con la llegada del nuevo embajador y los anuncios que han realizado algunos senadores vengan más casos de personas guatemaltecas que se incluyan en esta lista. Tenemos señales claras de por qué lo está anunciando el embajador Popp y lo están manifestando congresistas de los Estados Unidos”, remarcó el presidente de AmCham.

Carrasco reiteró que con estas señales que se están dando se piensa ampliar este listado “e implementarlo severamente”.

Lista de guatemaltecos

De momento, los únicos guatemaltecos sancionados en la Ley Magnitsky –y que ya se ha aplicado por varias autoridades de EE. UU.– son el exdiputado Julio Artemio Juárez Ramírez y Gustavo Adolfo Alejos Cambara.

Lo que implica ser incluido en la ley es la muerte financiera, en el sentido de que no pueden hacer ningún tipo de operación o intercambio con empresas estadounidenses, ni sus familiares ni personas que tenga relación, así como el decomiso de bienes –si cuentan con estos– en Estados Unidos.

“En palabras simples: si una persona designada bajo la Ley Magnitsky en EE. UU. tiene un interés del 50% o más dentro de una empresa, negocio, un individuo o entidad que esté realizando negocios con esta persona designada también cae, y todos están sujetos”, dijo el abogado Infante, al reiterar que la aplicabilidad es muy política.

Citó como ejemplo que en el caso de Alejos Cambara, el gobierno de EE. UU., también designó a sus hijos, su esposa y “sabemos que también está mirando de cerca a personas que tenían negocios con él para también designarlos en la ley”, describió el experto en la actividad.

Infante recordó que en la lista latinoamericana hay personas de Brasil, México, Bolivia, Nicaragua, Guatemala y El Salvador, con un historial de corrupción en el sistema político y financiero global relacionadas al narcotráfico. “Son países con un escrutinio elevado dentro del programa de Estados Unidos” dijo.

En el caso de Brasil, el especialista mencionó el caso de la constructora Odebrecht y de la empresa Petrobras. En México, de la compañía Pemex, en Bolivia, del expresidente Evo Morales, y precisó que Guatemala es uno de los países que ha tenido personas incluidas.

Las personas sancionadas pueden estar sujetas a encarcelamientos o pago de multas significativas.

Muerte financiera

Tanto Infante como Carrasco expusieron que la aplicación de la Ley Magnitsky implica también el retiro de la visa.

“Ninguna entidad en Estados Unidos puede hacer negocios con estas personas, todas las tarjetas de crédito y bancos guatemaltecos hacen negocios con bancos estadounidenses, no podrán tener ningún producto financiero porque serían sancionados”, recordó Carrasco.

Infante recomendó a las empresas, compañías y personas que deben prevenir y ejercer control con programas estrictos de cumplimiento, basados en riesgos y basados en cada operación comercial.

Precisó que hay ciertos sectores productivos que podrían verse perjudicados, –si hay una designación contra una persona– por lo que deben preparase y “ya no es como antes que había una lista y que se aplicaba a todo el mundo”. Ahora todo es individualizado a las empresas con las que se esté tratando.

El abogado mencionó que hay empresas que verifican antecedentes y auditorías de terceros para prevenir a las empresas un problema relacionado con esta legislación.

“Los empresarios deben estar seguros de la contratación de su personal en los puestos altos de que no tenga problemas con la ley con corrupción, violaciones a los derechos humanos, lavado de dinero o narcotráfico”, señaló Infante.

El abogado indicó que para que una persona sea designada a esta sanción implica que es parte de un caso “bien fundamentado”.

Registros por la IVE

El reporte de análisis de transacciones financieras de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) indica que del 1 de enero hasta el 4 de septiembre el monto denunciado por lavado de dinero en Guatemala es de Q1 mil 163 millones, y es menor a los Q3 mil 299 millones del año pasado, lo que equivale a una caída del 64%.

Mientras que los Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS) son de 2 mil 923 y menor a los 4 mil 510, es decir, un 35% menos.

Las denuncias y ampliaciones de denuncias se mantienen en 214, y el número de personas involucradas es de 2 mil 28, según las estadísticas.

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“Le instamos a rechazar esta legislación. Es esencial garantizar que no se tomen medidas para interrumpir a las ONG que trabajan para fortalecer las instituciones democráticas”, señala la misiva.

Los congresistas añaden que “las democracias florecen cuando permiten espacios abiertos para que la sociedad civil opere sin temor a represalias. Guatemala tiene una sociedad civil vibrante que contribuye a su democracia”.

“Nos preocupa especialmente que la ley se parezca a una medida rusa que regula a las ONG que fue aprobada por Vladimir Putin en 2012 y leyes similares implementadas en Venezuela y Nicaragua”, manifiestan los congresistas en la carta.

Los funcionarios estadounidenses reiteraron su compromiso en trabajar de la mano con Giammattei para abordar las principales causas de la migración desde el Triángulo Norte de Centroamérica.

“Mejorar la gobernabilidad democrática y aumentar la confianza pública en el gobierno ayudará a reducir la migración. Creemos que la aprobación de esta ley podría tener el efecto contrario”, enfatizaron.

Los firmantes de la carta enviada a Giammattei son:

• Eliot Engel, representante demócrata y presidente del Comité de Asuntos Exteriores
• Michael McCaul, representante republicano y miembro de alto rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara
• Albio Sires, representante demócrata y presidente del Subcomité de Hemisferio Occidental, Seguridad Civil y Comercio
• Francis Rooney, representante republicano y miembro de alto rango del Subcomité de Hemisferio Occidental, Seguridad Civil y Comercio
• Norma Torres, representante demócrata y copresidenta del Caucus de América Central del Congreso
• Ann Wagner, representante republicana y copresidenta del Caucus de América Central del Congreso

Otras posturas en contra

El 15 de febrero de 2020, Michael Kozak, subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, también manifestó su rechazo a la reforma a la Ley de Organizaciones no Gubernamentales (ONG).

El funcionario estadounidense señaló que el proyecto de ley 5257 impone requisitos onerosos a las ONG, las cuales juegan un papel clave en el funcionamiento de las democracias.

Además, instó al país a “revisar la legislación de conformidad con las mejores prácticas internacionales”.

Bill 5257 puts onerous requirements on NGOs in #Guatemala, which play a key role in functioning democracies and help to strengthen democratic institutions. We urge Guatemala to revise this legislation consistent with international best practices. -MK

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) February 15, 2020

Un día después de que el Congreso aprobó a ley, los representantes de las ONG que trabajan en Huehuetenango dieron una conferencia de prensa en la que afirmaron que no están en contra de la fiscalización sino porque la reforma legal “viola nuestros derechos a la libertad de asociación, libertad de expresión y el derecho de petición”.

Las ONG esperan que el decreto sea vetado por el presidente Alejandro Giammattei.

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En un video publicado en sus redes sociales, la política de origen guatemalteco, dijo que busca opciones para solucionar este “grave problema”.

El objetivo de la reunión es verificar las condiciones y preparar planes para trabajar en conjunto en temas migratorios.

“Tengo un mensaje para el nuevo presidente de Guatemala… Lo invito para que usted mismo mire cómo están sufriendo estas familias”, dijo la congresista.

Una nueva caravana de migrantes hondureños llegó esta semana a Guatemala y pone a las autoridades recién nombradas a prueba para poder reaccionar con acciones.

De manera oficial aún no hay una respuesta por parte de Cancillería y el Ejecutivo.

Presidente @DrGiammattei, lo invito que venga conmigo a visitar las familias migrantes en Matamoros, MX este viernes para mirar cómo podemos trabajar juntos para solucionar este grave problema. pic.twitter.com/tnViOr34FS

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) January 16, 2020

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“La Cámara aprobó la enmienda 2 de @NormaJTorres en una votación de 419-2”, informó en Twitter la Cámara de Representantes.

La representante propuso una reforma a la Ley de la Agencia de Finanzas de Exportación de Estados Unidos de 2019.

Hear that @jimmymoralesgt https://t.co/fkXxBGL2yp

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) November 15, 2019

“La Cámara vota sobre la enmienda #2 de @NormaJTorres: Asegura que el banco no otorgará crédito a ninguna persona que esté sujeta a sanciones relacionadas con violaciones graves de los derechos humanos o la libertad de expresión, incluso en China y Birmania”, anunció la Cámara de Representantes.

The House is voting on the @NormaJTorres amendment #2 – Ensures that the Bank will not provide credit to any individual who is subject to sanctions related to serious violations of human rights or free speech, including in China and Burma.

— House Press Gallery (@HouseDailyPress) November 15, 2019

Lista de corruptos

Torres también promovió una enmienda para elaborar una lista de funcionarios corruptos en el Triángulo Norte de Centroamérica y que esta sea de conocimiento de Estados Unidos.

Expertos consideran que con la aprobación de la enmienda tanto el Congreso como el Senado de EE. UU. busca blindar al país de la llegada de actores corruptos que le puedan generar desgaste político.

En agosto de 2018 el presidente Donald Trump firmó la iniciativa.

“A ellos también les conviene que en estos países haya paz, tranquilidad y gobernanza para poder hacer negocios más tranquilos y que no haya problemas como el que está pasando en Nicaragua”, afirmó Jorge Wong, politólogo con estudios en Relaciones Internacionales, en una entrevista con Prensa Libre en julio de 2018 cuando el Senado avaló la enmienda.

Indicó que con la enmienda EE. UU. pretende “evitarse heredar problemas que no son de ellos” con la llegada de actores señalados por corrupción, porque esto podría generar desgaste político de cara a futuras elecciones y que la comunidad internacional los catalogue como “protectores de gente corrupta”.

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El reconocimiento fue en Washington y fueron invitadas Thelma Aldana, exfiscal General de mayo de 2014 a mayo de 2018 y que actualmente tiene una orden de captura en Guatemala; Claudia Paz y Paz, fiscal General de diciembre de 2010 a mayo de 2014; Claudia Escobar, exmagistrada de Apelaciones, e Iván Velásquez, exdirector de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig)

Pero el momento estelar de la noche fue el tuit que envió Torres en compañía de Aldana y Paz, y que le dedicó al presidente Jimmy Morales.

Con mucho @jimmymoralesgt pic.twitter.com/EeApYd8wbA

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) September 13, 2019

El tuit se viralizó inmediatamente.

Morales reaccionó al tuit de Torres y señaló que “los mismos que hablan de ‘discursos confrontativos’ salen ahora a aplaudir una clara provocación”.

Aldana señaló a Morales de ser el líder del Pacto de Corruptos contra la Cicig y la lucha contra la corrupción y Torres ha sido crítica de la actual administración desde las acciones para no renovar y luego dar por finalizado unilateralmente el mandato de la Cicig.

También desde Twitter, Velásquez agradeció a Torres su apoyo a la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala. “Su compromiso nos inspira. Felicitaciones por su merecido premio WOLA de derechos humanos 2019!”, escribió.

Nuestra inmensa gratitud a @NormaJTorres por su apoyo a la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala. Su compromiso nos inspira. Felicitaciones por su merecido premio WOLA de derechos humanos 2019! pic.twitter.com/xaGj8Ui8MC

— Iván Velásquez Gómez (@Ivan_Velasquez_) September 13, 2019

Traducida como la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, Wola es un centro de estudios y promotor de los derechos humanos en América.

Según ha expresado Torres, el interés del viaje es para abordar las causas fundamentales de la migración. El viaje que realiza la delegación de congresistas abarca visitas a El Salvador, Honduras y McAllen, Texas para sostener discursos con representantes del gobierno, el poder judicial, la sociedad civil, grupos comunitarios y religiosos, el sector privado, y organizaciones de derechos humanos.

Aunque al momento no hay ninguna reunión programadas con las autoridades del gobierno de Jimmy Morales, Torres indicó que le interesa fortalecer las alianzas con los países del Triángulo Norte.

“La delegación espera fortalecer la asociación entre nuestras naciones para mejorar el estado de derecho, la seguridad y las oportunidades económicas” dijo Torres. Según sus declaraciones, Nancy Pelosi ha sido quien lidera las conversaciones para abordar la migración.

“Estamos aquí para demostrarle a la gente del Triángulo Norte que los Estados Unidos sigue comprometido a ser un agente honesto en la región. El Congreso se enfoca en abordar la corrupción, la violencia y la pobreza que alimentan la migración”, dijo Torres.

Torres también mencionó la importancia de conocer el albergue ubicado en McAllen, Texas para ver las condiciones de detención de los migrantes centroamericanos y para reunirse con líderes religiosos y comunitarios, así como con familias solicitantes de asilo.

Norma Torres es la única centroamericana que es congresista en Estados Unidos y miembro de los comités de Asignaciones y Reglas de la Cámara.

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La carta es firmada por Torres y otros 15 congresistas que expresan que el acuerdo del “tercer país seguro” ignora “descaradamente” las condiciones que impulsan la migración de Guatemala a Estados Unidos y que, incluso, esta medida impulsada por Donald Trump podría alentar más la migración y sus condiciones de riesgo.

De esta forma, los congresistas estadounidenses piden a McAleenan que de forma inmediata rescinda del acuerdo y que centren sus esfuerzos en fortalecer las medidas de protección para los refugiados centroamericanos.

“Guatemala no es un lugar seguro para quienes piden asilo. Guatemala sigue siendo uno de los países más violentos de América Latina. De hecho, el Departamento de Estado de los Estados Unidos mantiene una alerta de viaje para Guatemala, señalando que el crimen violento, como el robo a mano armada y el asesinato, es común”, dice la carta como argumento para no calificar al país centroamericano como un “tercer país seguro”.

Torres es congresista del Partido Demócrata Americano y representa al distrito de California. A su petición se unieron los representantes demócratas de Virginia, Nueva Jersey, Nueva York, Massachusetts, Mryland, Washington, Arizona y Chicago.

Esta carta se entregó el mismo día que McAleenan viajó hacia Guatemala para darle seguimiento al acuerdo migratorio firmado por el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart.

El secretario de Estado arribó al país este miércoles por la mañana y de inmediato se reunió con los candidatos a la presidencia Sandra Torres y Alejandro Giammattei. McAleena también agendó citas con varios empresarios y espera reunirse este jueves con el presidente Jimmy Morales.

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Pero sí lo hizo en Twitter, inmediatamente después de que se difundiera la información sobre la supuesta intención de Trump contra Guatemala.

“Oye, Donald Trump, en lugar de eso ¿qué tal una prohibición de viajar para los funcionarios corruptos electos? No castiguen a las familias inocentes”, dijo Torres.

“La larga lucha del pueblo guatemalteco ha llevado a un país más seguro y más justo. Los problemas del país están lejos de resolverse, pero se han logrado avances. Hoy, Guatemala se encuentra en una encrucijada. Cicig ha sido expulsada”, inició su discurso Torres en la Cámara.

Continuó: “El país está en medio de una temporada de elecciones, pero muchos guatemaltecos temen que el Gobierno actual sea reemplazado por un nuevo Gobierno que sea tan corrupto, o incluso más”.

La congresista dijo que “muchos guatemaltecos se sienten solos. Algunos están perdiendo la esperanza”, por lo que les envió un mensaje de aliento: “No están solos. No pueden perder la esperanza”.

Estas fueron otras frases de Norma Torres hacia sus compatriotas:

• «Muchos de nosotros aquí en el Congreso de los Estados Unidos entendemos los desafíos que enfrentan. Muchos de nosotros nos negamos a creer las mentiras que promueven la clase política corrupta y sus cabilderos. Y muchos de nosotros seguiremos estando con ustedes.
• »Seguiremos luchando por su causa, porque sabemos que también es nuestra causa. Sabemos que una Guatemala más justa y democrática no solo es lo mejor para ustedes. Lo es para nosotros también.
• »Sabemos que quieren para sus hijos las mismas cosas que nosotros queremos para los nuestros. Confío en que algún día, Guatemala tendrá un gobierno que sea digno de su gente. Un gobierno que trabaje para promover la justicia, no para socavarla.
• »Un día, el gobierno de los Estados Unidos apoyará una vez más la lucha contra la corrupción en Guatemala. Y juntos, como aliados, trabajaremos hacia un futuro más brillante, más próspero y más democrático».

Torres, la única centroamericana miembro del Congreso estadounidense, es integrante de los comités de Asignaciones y Reglas en la Cámara de Representantes.

En marzo de 2019, presentó el Guatemala Rule of Law Accountability Act para autorizar sanciones contra los funcionarios guatemaltecos que hayan cometido actos de corrupción, obstruido la justicia, utilizado mal el equipo proporcionado por los Estados Unidos, desobedecido los fallos de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala o interferido en los esfuerzos del Gobierno de los Estados Unidos.

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Torres, consultada por Prensa Libre, calificó como “una vergüenza” la visita del presidente Jimmy Morales a Washington, EE. UU., quien estará en la Casa Blanca el lunes 15 de julio en un acto oficial con el presidente de ese país, Donald Trump.

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La congresista afirmó que “tanto el gobierno de Morales como el gobierno de Trump saben que Guatemala no es segura, ni para los guatemaltecos y mucho menos para los refugiados de otros países”.

El nombrar a Guatemala como tercer país seguro para los migrantes implica que quienes soliciten asilo en EE. UU. pueden ser rechazados en aquel país, pero enviados a la nación centroamericana, donde el Estado debe brindarles, como mínimo, derechos a vivienda, seguridad social, servicios médicos, empleo, educación, garantizar el derecho de no devolución y de reunificación familiar.

En una dura crítica, Torres agregó que el posible acuerdo “se trata de un trato sucio entre dos gobiernos corruptos que no valoran los derechos humanos de los refugiados.”

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Por su parte, el documento público de la Casa Blanca señala que “el presidente Trump y el presidente Morales discutirán maneras de crear una relación más robusta centrada en encarar las prioridades en materia de migración y seguridad”.

Añade: “Ambos líderes conversarán además sobre cómo Guatemala puede construir una relación más firme con sus socios centroamericanos para expandir el crecimiento económico, generar empleo y promover oportunidades para sus ciudadanos”.

Morales viajará a EE. UU. durante el fin de semana, acompañado por la canciller, Sandra Jovel. Se desconoce que otros funcionarios le acompañan.

En Guatecompras figura el concurso para la compra de cuatro boletos aéreos para el personal “autorizado de la Presidencia y la movilización de los edecanes”, que acompañan al funcionario en su visita Washington. La oferta de la única empresa que se presentó es por Q46 mil 796.

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La visita del presidente Morales ocurre en medio de una oleada de redadas que se practican en varias ciudades estadounidenses con el propósito de detener y deportar a la mayor cantidad posible de migrantes indocumentados.

Ante esta situación, el canciller de México, Marcelo Ebrard, informó que los 50 consulados mexicanos en EE. UU. evalúan “todos los medios legales” para poder proteger a sus connacionales ante las deportaciones.

De ser necesario, dijo Ebrard, viajará a aquel país. “Estamos listos para defender de forma eficaz a los mexicanos en todo el territorio de Estados Unidos”, indicó durante una rueda de prensa.

Al contrario, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala no ha emitido ninguna postura al respecto, ni ha informado sobre la situación de los guatemaltecos migrantes en EE. UU.

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“Podemos culpar a cualquier otro país, pero ¿qué hay de nuestra culpa? ¿A qué país huyeron? ¿Huyeron de EE. UU.? Huyeron de El Salvador, huyeron de nuestro país. Es culpa nuestra”, dijo el presidente salvadoreño a la BBC, citado por el Diario de Yucatán. 

“Tengo un mensaje para el presidente de El Salvador, Nayib Bukele (…) Quiero agradecerle por haber reconocido lo que otros quieren negar, que los líderes del Triángulo Norte tienen una responsabilidad por las condiciones que impulsan la migración”, dijo este miércoles la congresista Torres.

“Por lo tanto, también tienen una responsabilidad por las muertes en la frontera”, agregó.

“Bukele consideró que el gobierno que encabeza buscará la manera de solucionar los problemas que obligan a los salvadoreños a emigrar y se comprometió a trabajar para que El Salvador sea un país mejor y más seguro”, consigna el Diario de Yucatán, a lo que la congresista también se comprometió en su mensaje dirigido a Bukele, que es muy popular en las redes sociales.

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“Espero que podamos trabajar juntos para impulsar reformas verdaderas para que todos los salvadoreños puedan ver un futuro en su propio país”, dijo Torres.

El lunes último, la congresista culpó al presidente guatemalteco, Jimmy Morales, y al hondureño, Juan Orlando Hernánadez, por las condiciones en que se encuentran los migrantes hacinados en los centros de detención de EE. UU. y les increpó su tibieza al ni siquiera indagar por las condiciones de los indocumentados.

“La razón por la que muchas familias siguen huyendo del Triángulo Norte es por ustedes, ustedes son culpables por las muertes de estos niños… ustedes”, recalcó Torres, indignada, señalando a los mandatarios.

Señor Presidente @nayibbukele, quiero agradecerle por haber reconocido lo que otros quieren negar—que los líderes del Triángulo Norte tienen una responsabilidad por las condiciones que impulsan la migración. @USEmbassySV @EmbajadaSVEUA pic.twitter.com/Ft8mpvSfVK

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) July 3, 2019

Voy en camino a El Paso y Clint, Texas para investigar las condiciones en se que se encuentran los niños en los centros de detención. Pero tengo una simple pregunta: ¿Donde están los responsables del Triángulo Norte? pic.twitter.com/7OwlydStcW

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) June 30, 2019

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“La corrupción y la impunidad contribuyen a la inmigración ilegal a los Estados Unidos a socavar el crecimiento económico y el desarrollo, debilitar el estado de Derecho y facilitar la delincuencia organizada transnacional”, precisa el documento.

Agrega que la corrupción hace que la población de los países del Triángulo del Norte “no confíe en sus instituciones, líderes y pierda la esperanza de un futuro próspero en sus países”.

Previo a presentar el listado de funcionarios, el informe hace referencia a la situación que vive actualmente cada uno de los tres países del Triángulo Norte.

En el caso de Guatemala precisa que con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) desde 2007 se ha tomado medidas para erradicar las redes clandestinas de actores corruptos.

Recalca el descubrimiento “de un plan de corrupción masiva en 2015 dirigido por el expresidente —Otto— Pérez Molina y la exvicepresidente —Roxana— Baldetti”.

Destaca que “desde que se anunció en 2018 que no se renovaría el mandato de la Comisión, el Gobierno guatemalteco ha impedido los esfuerzos contra la corrupción, ha atacado la independencia judicial y ha utilizado indebidamente el equipo donado por los Estados Unidos”.

Hace referencia además a las propuestas que han surgido en el Congreso, particularmente a las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional la cual considera que “otorgarían amnistía a los criminales de guerra y funcionarios corruptos” con una modificarían al Código Penal con lo cual estas personas acusados ​​de corrupción y crímenes atroces saldrían en libertad.

También hace referencia a las reformas a la Ley de Oenegés que según los EE.UU. “amenazan la libertad de expresión y asociación en Guatemala para la sociedad civil”.

La lista

• Erick Archila, exministro de Energía y Minas, fue acusado en 2016 de asociación ilícita y lavado de dinero. Actualmente es prófugo.
• Manuel Baldizón, excongresista, fue acusado de asociación ilícita y lavado de dinero. Fue arrestado en Miami en 2018.
• Edgar Barquín, expresidente del Banco de Guatemala, fue condenado en 2016 a más de cinco años de prisión por asociación ilícita e tráfico de influencias.
• Jorge Rolando Barrientos Pellecer, exalcalde de Quetzaltenango, fue acusado de lavado de dinero después de aceptar US$3 millones en sobornos de contratistas municipales.
• José Antonio Coro García, exalcalde de Santa Catalina Pinula, fue procesado en 2018 por fraude después de recibir US$461 mil en compensación indebida de fondos municipales.
• Arístides Crespo, expresidente del Congreso, fue acusado en 2018 de malversación y abuso de autoridad.
• Edgar Romeo Cristiani Calderón, exdiputado, fue acusado en 2016 de corrupción en un esquema de contrato gubernamental que involucraba al expresidente del Congreso Luis Rabbé (caso Plazas fantasma).
• Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), fue condenado a más de seis años de prisión en 2018 por otorgar un contrato a una compañía no calificada a cambio de sobornos, resultando en al menos 13 muertes (caso IGSS-Pisa).
• Mario Estrada, excandidato a la Presidencia y excongresista, está acusado en los tribunales de Estados Unidos de obtener US$10 a US$12 millones del Cartel de Sinaloa de México para financiar un plan corrupto para su campaña a cambio de permitir el paso de cocaína hacia Estados Unidos.
• Selvin Boanerges García Velásquez, excongresista, fue acusado en 2017 de abuso de autoridad y malversación por su participación en nombramientos irregulares, incluida la falsificación de la existencia de puestos en el gobierno para enriquecerse.
• Beatriz Ofelia de León de Barreda, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, fue acusada de tráfico de influencias en un caso de 2011 en el que su hijo -Roberto Barreda- fue acusado de asesinar a su esposa -Cristina Siekavizza-.
• Baudillo Hichos López, exdirector Adjunto de la Policía Aduanera y excongresista, fue acusado en 2015 de fraude por su participación en un contrato ilícito con el Instituto de Seguridad Social de Guatemala. Hichos es actualmente un prófugo.
• Jaime Martínez Loaiza, excongresista, fue acusado en 2017 de asociación ilícita, tráfico de influencias y financiamiento electoral ilícito por su papel en una organización de origen que lavaba dinero en colaboración con las autoridades locales y nacionales.
• Carlos López Girón, excongresista, fue acusado de asociación ilícita y soborno en 2017. Actualmente es un prófugo.
• Mauricio López Bonilla, exministro de Gobernación, fue condenado a ocho años de prisión en 2018 por asociación ilícita, lavado de dinero, y el narcotráfico.
• Julio César López Villatoro, exmiembro del Congreso, fue acusado de asociación ilícita y soborno en 2017. Actualmente es un prófugo.
• Carlos Giovanni Mejía Giron, coronel y exagregado Militar, fue acusado formalmente de cargos de malversación y soborno en 2018.
• Otto Pérez Molina, expresidente de Guatemala, fue arrestado en 2015 en una red de aduanas junto con la exvicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti). Pérez está a la espera de juicio en la ciudad de Guatemala (caso La Línea). Baldetti fue condenada en 2018 a más de 15 años de prisión por corrupción en un contrato gubernamental (caso Agua Mágica) y también ha sido acusado en un caso separado de fraude aduanero (La Línea).
• Pedro Muadi Menéndez, expresidente del Congreso, fue acusado en 2017 de malversación, asociación ilícita y lavado de dinero, mientras que su asistente, Ximena Toriellom fue acusada de malversación y asociación ilícita.
• Luis Armando Rabbé, expresidente del Congreso, fue acusado en 2016 de abuso de poder, mal uso del dinero del estado y designación ilegal de personas para cargos en el gobierno en un escándalo que involucró a un grupo de siete diputados del Congreso de Guatemala.
• Gudy Rivera Estrada, expresidente del Congreso, fue condenado a más de 13 años de prisión en febrero de 2018 por tráfico de influencias y soborno.
• Ariel Salvador de León, coronel y director de Logística del Jefe de Estado Mayor del Ministerio de Defensa, fue acusado formalmente en 2018 por lavado de dinero y colaboración con la pandilla MS-13 en operaciones de extorsión, con más de 81.8 millones en su cuenta en el momento del arresto.
• Augusto César Sandino Reyes Rosales, congresista, fue acusado de fraude y lavado de dinero en 2017. Su inmunidad de enjuiciamiento fue eliminada.
• Erick Gustavo Santiago de León, exmagistrado y presidente del Tribunal Civil de Apelaciones Regionales, fue condenado en 2018 a cinco años de prisión.
• Alejandro Sinlbaldi, exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, fue acusado en 2016 de asociación ilícita, soborno, lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito. Sinibaldi es actualmente un prófugo.
• Blanca Aida Stalling Davila, magistrada de la Corte Suprema de Guatemala separada del cargo, fue designada bajo la Sección 7031 (c) el 25 de marzo de 2019 debido a su participación en una corrupción significativa.
• José Armando Ubico Aguilar, diputado, fue condenado en 2003 a 46 meses de prisión en los Estados Unidos por tráfico de heroína y se alega creíblemente que también ha participado en lavado de dinero de ganancias de tráfico ilícito. Después de su liberación anticipada en libertad condicional en 2005 y posterior deportación, Ubico fue elegido para el Congreso.

Buscarán imponer sanciones

El reporte también señala que el Departamento de Estado, en cooperación con el Departamento del Tesoro, trabajan “vigorosamente para investigar e imponer sanciones de conformidad con la Orden Ejecutiva que se basa en la Ley Global de Responsabilidad de los Derechos Humanos de Magnitsky, incluso con respecto a los Oficiales en el Triángulo del Norte y en todo el mundo”.

Agrega que se “continúa utilizando activamente a todas las demás autoridades correspondientes para garantizar que a los funcionarios corruptos se les niegue el refugio en los Estados Unidos”.

“Entre enero y abril de 2019, el Departamento revocó las visas de 85 personas de El Salvador, Guatemala y Honduras sospechosas de actos de corrupción”, concluye el informe.

Congresista se congratula

El informe se dio a conocer gracias a una publicación de la congresista estadounidense de origen guatemalteco Norma Torres, quien a través de su oficio oficial informó que “el informe fue requerido por una disposición en la Ley de Apropiaciones de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Año Fiscal 2019”.

“Este nuevo informe es un paso en la dirección correcta. La Administración Trump finalmente está comenzando a reconocer el grado de corrupción de alto nivel en el Triángulo del Norte, especialmente en Guatemala”, declaró la congresista.

Torres afirmó que continuará haciendo todo lo que esté a su alcance “para garantizar que aquellos que contribuyen a la violencia y la pobreza en el Triángulo del Norte sean responsables”.

“Si no tomamos acciones enérgicas ahora, los problemas de la región serán aún más graves. Ya estamos viendo las consecuencias en nuestra frontera, con un número récord de migrantes que buscan asilo y la muerte, bajo la custodia del CBP, de cuatro niños migrantes desde diciembre”, precisa la congresista.

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Esta lista fue cuestionada por la congresista estadounidense de origen guatemalteco, Norma Torres, quien afirmó que se trata de una “farsa” por no incluir a funcionarios actuales; sin embargo, para Francisco Villagrán de León y Nicholás Virzi, la ausencia de estos nombres no significa que no haya alguna investigación.

Villagrán de León, exembajador de Guatemala en Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas, opina que EE. UU. no quiere comprometer o suspender su comunicación con esas personas, sino hasta que termine el periodo de este gobierno.

“Podría tratarse de altos funcionarios, ministros, viceministros, diputados o personas a cargo de instituciones del Estado, con quienes la Embajada de ese país mantiene comunicación o recibe información”, estima el exfuncionario.

Según el diplomático, esto le permite a las agencias e instituciones de aquel país, hacerse una idea de las relaciones y del “modus operandi de los funcionarios corruptos, de las redes que conforman y de quienes las dirigen”.

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Villagrán de León no descarta que el Congreso de EE. UU., haya pedido información más precisa y la lista completa de los funcionarios corruptos, y que posiblemente recibirá en privado las razones por las que esa información se mantiene en reserva.

By willfully concealing the names of corrupt government officials in Central America, in defiance of Congress’ intent, the Trump administration is engaging in a cover-up. https://t.co/qlzakSyhVD pic.twitter.com/XGXMc3yKVT

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) April 4, 2019

Por su parte, Virzi, director ejecutivo del Centro de Estudios Económico-Sociales (Cees), cree que en la integración del listado influyeron las prioridades de la política exterior de EE. UU.

“Estados Unidos necesita la cooperación de países aliados para implementar su política exterior, como en los temas de Israel y Venezuela, es natural que la administración otorgue el beneficio de la duda a gobiernos que cooperan con sus prioridades”, refiere el experto.

Para Virzi, esta decisión no quiere decir que EE. UU. abandonó la lucha contra la corrupción, pero en aquel país se prioriza la presunción de inocencia y no es común o normal que se extienda una lista con nombres de corruptos o criminales cuando estos no han sido vencidos en Ley. “Eso tampoco quiere decir que funcionarios actuales no serán o están siendo investigados”, indica.

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Además, según el director del Cees, esto también es reflejo de una lucha bipartidista en aquel país, debido a que los demócratas se declararon en resistencia en todas las acciones del presidente Donald Trump, como en el tema de migración, por lo cual es lógico que los republicanos no cumplirán las exigencias de su contraparte.

Diferente es la opinión de Jorge Wong, politólogo con estudios en Relaciones Internacionales, quien estima que es delicado que la congresista Torres deja entrever que el gobierno de EE. UU. está en componenda con los países que conforman el Triángulo Norte.

El analista señala que hay una contradicción entre entregar este listado, que no revela a los funcionarios corruptos y retirar la ayuda a los tres países debido a que no han podido frenar las migraciones.

“Si no se atiende el tema de la corrupción, cualquier ayuda se irá a un barril sin fondos. Combatir la corrupción es importante para comenzar a sanear los aparatos en los tres países, lo que genera pocas oportunidades para la población y obligan a la migración”, señala Wong.

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El listado debía entregarse en febrero, 180 días después de que se aprobó una enmienda en la NDAA (Ley de Autorización de Defensa Nacional), que requería que el Departamento de Estado proporcionara al Congreso un informe que incluye la lista de funcionarios corruptos.

El Departamento de Estado de EE. UU. sin embargo tardó 226 días en entregar dicho listado.

Además de solicitar la lista, la congresista presentó una iniciativa de ley que pretende sancionar a aquellos ciudadanos que “han socavado el estado de Derecho en Guatemala”.

Dicha propuesta, llamada “ley de responsabilidad del estado de Derecho de Guatemala”, y se basa en el listado que el Departamento de Estado de EE. UU. entregó.

Este proyecto de ley impondrá sanciones financieras y de viaje a las personas que han socavado el sistema de justicia de Guatemala. También se asegurará de que cualquier equipo de defensa futuro transferido pueda ser reclamado por el gobierno de EE. UU. si se usa incorrectamente, según Torres.

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La congresista denunció que el gobierno de EE. UU. tiene conocimiento de muchas otras personas que forman parte del grupo de corruptos de Centroamérica que no fueron incluidos en la lista.

“Al ocultar intencionalmente los funcionarios corruptos en Centroamérica así desafiando la intención del Congreso, la administración de Trump se está involucrando en un encubrimiento”, expresó Torres, quien denunció que “esta no es la primera vez que este gobierno ha sido cómplice de la corrupción en Centroamérica”.

De la mano con expulsión de la Cicig

Norma Torres dijo en su comunicado que, después de todo, el gobierno de Trump es quien había dado “luz verde” para que Jimmy Morales expulsara a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, “que investigaba al mismo presidente”.

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“Es el mismo gobierno que miró hacia otro lado mientras el hermano presidente de Honduras y su asociados presuntamente se dedicaban al narcotráfico”, dijo la congresista.

También apuntó que el mismo gobierno de Trump fue quien cortó los programas de asistencia extranjera “para los valientes activistas y periodistas investigativos” cuya misión es indagar sobre los hechos de corrupción en los países del Istmo.

“Debido a la complicidad de este gobierno, Honduras y Guatemala están en camino de convertirse en narcoestados”, advirtió.

Torres ofreció hacer todo lo que esté a su alcance “para que el Departamento de Estado sea honesto con lo que sabe”. 

“Si el Congreso quisiera una lista de funcionarios que fueron sentenciados o sancionados, lo hubiéramos buscado en Google”, satirizó la congresista.

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Nominados

Por Guatemala, el listado entregado por tres departamentos del Gobierno, y según información proporcionada por Torres, incluye a:

• Juan de Dios de la Cruz, exdirectivo del IGSS, condenado por el caso de corrupción IGSS/ PISA.
• Ingrid Roxana Baldetti, exvicepresidenta, condenada a 15 años de prisión por el caso Lago de Amatitlán.
• Mauricio López Bonilla, exministro de Gobernación, condenado a ocho años y seis meses de cárcel por delito de fraude, por el caso Blindados.

• José Armando Ubico Aguilar, diputado, condenado por narcotráfico en Estados Unidos en el 2003.
• Gudy Rivera, exdiputado y expresidente del Congreso, condenado a 13 años de prisión por tráfico de influencias y cohecho activo.
• Édgar Baltazar Barquín Durán, expresidente del Banco de Guatemala, condenado por tráfico de influencias por el caso Lavado y Política.
• Erick Santiago de León, exmagistrado, condenando por el delito de cohecho pasivo.

El listado está conformado por un total de 23 personas de Guatemala, El Salvador y Honduras, incluidos los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes y Antonio Saca. 

Corrupción enraizada

Los departamentos de Defensa, de Estado y de Justicia expusieron al Congreso y el Senado que el reporte no intenta identificar la profundidad y amplitud de los funcionarios corruptos de los tres países.

La corrupción, subraya, es un mal endémico y sistemático en el Triángulo Norte, y socava el crecimiento económico y el desarrollo, debilita el estado de Derecho y facilita el crimen organizado que conduce a la migración indocumentada a los Estados Unidos.

Señala asimismo que los funcionarios enlistados han socavado la seguridad, la prosperidad y la gobernanza de sus países al involucrarse o facilitado actos de corrupción o narcotráfico.

Por último, precisa que no se encontró ningún individuo en el Triángulo Norte que en los últimos dos años haya utilizado fondos para campaña política que provengan del narcotráfico u otras actividades ilegales.

La lista

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Torres preguntó a Pompeo sobre el avance en las investigaciones y la elaboración de la lista de corruptos de los países que integran el Triángulo Norte.

La congresista afirmó que el año pasado “aprobamos una enmienda en la NDAA (Ley de Autorización de Defensa Nacional), que requería que el Departamento de Estado proporcionara al Congreso un informe, un informe que incluye una lista de funcionarios corruptos”.

Recordó que dicho listado debía tenerse listo 180 días después de la aprobación de la NDAA, pero que y van 226 días.

Pompeo solo respondió que dará una respuesta cuando considere que se puede finalizar con el listado.

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“Me preocupa que sigamos trabajando con gente e invitándolos a ceremonias de inauguración de edificios de nuestra embajada, cuando no deberíamos hacer negocios con esta gente”, increpó Torres al secretario.

La congresista se refería a la inauguración de una nueva sede diplomática de EE. UU. en Tegucigalpa, Honduras.

Durante la conversación, Torres afirmó que se necesita “ser serios” con los tres gobiernos centroamericanos pues están “obligando a los niños pequeños y mujeres a salir de sus países”.

I support holding the Central American governments accountable, but the Trump administration wants to punish the people of this region for the failures of their governments. https://t.co/VSduWAeaok

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) March 31, 2019

“Yo fui uno de esos niños. Mis padres no miraban un futuro para mí en Guatemala. Me enviaron a los Estados Unidos a vivir con el hermano mayor de mi padre. Ningún padre debería tomar ese tipo de decisiones. No se debe robar el futuro de ningún niño del lugar donde nacieron para que puedan tener una vida exitosa y creo que podemos estar de acuerdo con eso”, señalo la representante.

La congresista también hizo alusión a “los ataques”, en contra de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig): “Usted -Pompeo- y yo sabemos que la Cicig es un organismo de inversión, su cargo es investigar la corrupción, y esperamos que tal vez, algún día, estos gobiernos harán sus propias investigaciones”, afirmó.

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¿Qué es la lista de funcionarios corruptos?

Aquí se incluirán los nombres de funcionarios centroamericanos que han cometido actos de corrupción y crimen organizado.

“El listado va a poner en claro a estas personas, que están muy activas con el narcotráfico, y que realmente no están comprometidos con un sistema de justicia fuerte e independiente en Guatemala, y espero que pueda ayudar. Este es el primer paso, con este podemos imponer la Ley Magnitsky y cualquier cuenta de banco que ellos tengan nosotros la podemos congelar”, afirmó Torres en una entrevista con Prensa Libre el 20 de noviembre de 2018.

La congresista, además, presentó una iniciativa de ley que pretende sancionar a aquellos ciudadanos que “han socavado el estado de Derecho en Guatemala”. Dicha propuesta, llamada “ley de responsabilidad del estado de Derecho de Guatemala”, se basa en el listado que el Departamento de Estado de EE. UU. debe elaborar y entregaría en febrero pasado.

Este proyecto de ley impondrá sanciones financieras y de viaje a las personas que han socavado el sistema de justicia de Guatemala. También se asegurará de que cualquier equipo de defensa futuro transferido pueda ser reclamado por el gobierno de EE. UU. si se usa incorrectamente, según Torres.

Con información de Radio America

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“Por ahora, el Departamento de Defensa ha cesado la transferencia de equipos y la capacitación a las Fuerzas de Tarea. El Departamento de Defensa también está evaluando las transferencias al Ministerio de la Defensa de Guatemala caso por caso, en el contexto de nuestra larga relación y nuestros esfuerzos de fortalecimiento institucional”, precisó el portavoz.

“El gobierno de Guatemala es un aliado y un socio en los esfuerzos de seguridad de los Estados Unidos en la región, pero el repetido uso incorrecto de los vehículos militares proporcionados por los Estados Unidos ha requerido una revisión del apoyo a los programas de cooperación en seguridad”, agregó.

Una medida de este tipo ya fue impuesta por Washington a Guatemala. La administración de Jimmy Carter la aplicó el 3 de noviembre de 1977 por violaciones a los derechos humanos.

El Gobierno ordenó el 31 de agosto del año pasado que los vehículos artillados donados por EE. UU. hicieran un recorrido por las calles de la capital, que entre otros sectores incluyó la sede de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en la zona 14, y la Embajada de aquel país, en al Avenida Reforma.

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Ese día el presidente Jimmy Morales anunció, rodeado de militares, que no renovaría el mandato de la Cicig que vence el 3 de septiembre próximo, posteriormente dio por finalizado el acuerdo de manera unilateral e impidió el ingreso de los investigadores.

El anuncio de la Embajada se produce un día después de que el Departamento de Estado de EE. UU. destacara dentro de su Reporte Anual sobre Derechos Humanos el uso de esos vehículos que fueron donados para ser utilizados en operaciones antinarcóticas.

El informe cita informes de oenegés locales, según las cuales el enviar a esos vehículos a hacer patrullajes constituyó una demostración de fuerza, intimidación y un intento de reprimir a la sociedad civil.

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Respuesta oficial

El Gobierno de Guatemala respondió a EE. UU. con un comunicado en el que asegura que se mantendrá a disposición de fortalecer los lazos de cooperación en materia de seguridad con los países aliados.

Sin embargo obvia referirse acerca de si devolverá los vehículos artillados o qué hará con ellos.

En el comunicado, el Gobierno destaca que ha sido recíproco con el gobierno estadounidense en la relación bilateral y apoyo en términos de relación de la seguridad y amenazas transnacionales.

Agrega que las instituciones guatemaltecas a cargo de la seguridad ciudadana “harán uso de toda su infraestructura y recursos para enfrentar todas y a cualquiera estructura criminal que opere en el país.

Se los dejamos “ahí enfrente”

El pasado 31 de enero el uso de los jeeps se tornó más polémico cuando el secretario de Inteligencia Estratégica del Estado, Mario Duarte, dijo durante una entrevista radial que si la Embajada de EE. UU. lo hubiera requerido la devolución de los vehículos se los habrían ido a dejar “enfrente”.

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“Si tanto es el problema sobre cómo utilizamos algo que ustedes —Estados Unidos— nos donaron, se los vamos a dejar ahí enfrente, no se preocupen, de alguna forma conseguimos nosotros los recursos para seguir dando los buenos logros que estamos dando”, indicó en esa oportunidad.

“Se los vamos a devolver, se los hubiéramos ido a devolver si lo piden de regreso, por supuesto, pero el trabajo lo seguimos haciendo”, agregó.

Según Duarte por tratarse de una donación el Gobierno de Guatemala puede utilizar los vehículos de la forma como considere necesaria.

El funcionario es uno de los miembros del Gobierno más cercanos al presidente Jimmy Morales y durante el 2018 fue el que más veces se reunión con el mandatario, de acuerdo con una investigación que hizo Prensa Libre.

Advertencia

Ya el 15 de octubre del 2018, la Embajada había advertido del “mal uso” de esos vehículos porque fueron donados específicamente para el patrullaje de fronteras y el combate al narcotráfico.

Según explicación de la Embajada el gobierno estadounidense nunca recibió notificación de que los vehículos de servicio militar serían utilizados para un tipo de patrullaje distinto a los fines para los que fueron asignados.

Los acuerdos de donación de los vehículos especifican el tipo de misión y los lugares en los que se espera sean utilizados, expuso la sede diplomática de EE. UU.

Tema llega al Congreso

Congresistas estadounidenses no han sido ajenos a este “mal uso” que se le dio a estos vehículos el día que circularon en la Ciudad de Guatemala y pidieron al gobierno de EE. UU. que suspendiera la entrega de ayuda militar a Guatemala.

Los congresistas Eliot Engel, del comité de Asuntos Exteriores y Seth Moulton, del comité de Servicios Armados, enviaron una misiva al secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, el 8 de octubre del 2018, en la cual le sugieren “que ponga en espera la transferencia adicional de cualquier equipo militar a Guatemala, incluidos los cuatro helicópteros INL que se encuentran actualmente en los Estados Unidos para su mantenimiento, hasta que el Congreso reciba un informe completo de lo que ocurrió el 31 de agosto”.

Ese día, se conoció, según documentos oficiales filtrados a la prensa, que el Ministerio de Gobernación ordenó usar Jeeps J8 para patrullar las embajadas de México, EE. UU. así como a la sede de la Cicig, esto aunque previamente el Gobierno había asegurado que el despliegue de los automóviles obedecía a patrullajes de rutina.

For months, we've demanded a response to the Guatemalan authorities' flagrant misuse of US-donated Jeeps. @DeptofDefense has taken the first step by suspending assistance & training. My Guatemala Rule of Law Accountability Act must be passed to make sure this never happens again. https://t.co/OQGz8YzUx5

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) March 14, 2019

Después, el 7 de diciembre pasado, un grupo de congresistas encabezados por los demócratas Norma Torres y Engel enviaron otra carta a Pompeo, en donde solicitaba una explicación por el uso de los vehículos militares.

“La acción amenazadora del gobierno de Guatemala el 31 de agosto requiere una respuesta sólida por parte de los Estados Unidos. Antes de que ocurra una resolución aceptable de este problema, le pedimos que haga una consulta con el Comité sobre todas las transferencias de defensa a Guatemala antes de que ocurran”, se leía en la carta.

El 1 de febrero útlimo, otra vez Torres y otro congresista demócrata, James McGovern, pidieron mediante otra carta al embajador de Guatemala en EE. UU. Manuel Espina, que se coordinara la devolución de los vehículos.

En la carta, los congresistas recuerdan que los Jeeps J8 que fueron donados por EE. UU. para la lucha contra el narcotráfico y que “fueron mal utilizados por el gobierno de Guatemala el 31 de agosto del 2018”.

Torre y McGovern calificaron esa acción como un “intento flagrante” de intimidar a los Estados Unidos y a la comunidad internacional”, y daban por hecho la devolución de los vehículos, puesto que pedían que se les informara de la “transferencia futura”.

Sin embargo, el vicepresidente Jafeth Cabrera había afirmado meses antes, el 10 de octubre del 2018, el gobierno no pretendió amedrentar a nadie. “Lo que hacemos es brindar seguridad a la población guatemalteca, si se quiere entender que es para otra situación es cuestión suya”, precisó.

Cabrera precisó en aquella oportunidad que el país es autónomo y puede decidir en qué lugar circulan los vehículos que fueron donados por Estados Unidos y que son de uso militar; además, que el envío de los vehículos respondió a la delincuencia común.

Línea del tiempo

Estos hechos han acaecido en torno al uso de los jeeps J8

• 31/08/2018
  Los vehículos rondan las sedes de al Cicig y de las embajadas de EE. UU. y de México
• 03/09/2018
  El Ministerio Público requiere informes a ministerios por uso de los jeeps para verificar si se incurrió en abuso de autoridad.
• 06/09/2018
  El ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, asegura que el despliegue fue “normal” y no por decisiones del gobierno en torno a la Cicig.
• 15/10/2018
  La embajada de EE. UU. señala por primeva vez que se hizo un mal uso de los vehículos ya que deberían ser utilizados en labores antinarcóticas.
• 09/10/2018
  Se conoce por documentos filtrados a la prensa de que el Ministerio de Gobernación ordenó el despliegue y no obedeció a operativos normales, como lo había dicho el titular de la cartera. Ese mismo día congresista estadounidenses piden suspender la entrega de equipo militar a Guatemala.
• 10/10/2018
  El vicepresidente Jafeth Cabrera sostiene que los operativos son normales y que el movimiento de los vehículos artillados no era una amenaza o intimidación.
• 08/11/2018
  Los congresistas, Eliot Engel y Norma Torres, insiste en obtener explicaciones sobre el uso de los jeeps mediante una carta enviada al Departamento de Estado de EE. UU.
• 31/01/2019
  El secretario de Inteligencia estratégica ofrece devolver los vehículos a EE. UU. y dejarlos enfrente de la embajada. Ese mismo día dos congresistas de ese país dicen que el gobierno debería aceptar la devolución.
• 01/02/2019
  De nuevo, congresistas piden a la Embajada de EE. UU. en Guatemala que acepte los vehículos de regreso.
• 13/03/2019
  El uso de los jeeps J8 es incluido dentro del Reporte Anual de Derechos Humanos de EE. UU.

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Según Torres, con esto se podrá “trabajar juntos para garantizar la rendición de cuentas” en esos países.

El Departamento de Hacienda es una agencia ejecutiva, responsable de promover la prosperidad económica y garantizar la seguridad financiera de los EE. UU.

En la reunión con Torres, Hacienda informó que la lista global de funcionarios corruptos es de 500, pero no todos corresponden a la aplicación de la Ley Magnitsky, sino también a otras órdenes ejecutivas.

La congresista solicitó reunirse con los oficiales responsables de la lista de corruptos específicamente para el Triángulo Norte Centroamericano para verificar el avance de dicho listado.

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This week, I asked @USTreasury about applying Magnitsky Act sanctions to the @StateDept list of corrupt officials in the Northern Triangle. Looking forward to working together to ensure accountability. pic.twitter.com/oBs2GchdgK

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) March 13, 2019

La Ley Magnitsky permite castigar a cualquier persona u organización que sea responsable de apropiación indebida de activos, privados o estatales. A quien resulte sancionado se le podrán congelar bienes y tampoco puede hacer transacciones comerciales. Esto aplica a funcionarios señalados de corrupción o de cometer graves violaciones a los Derechos Humanos.

Torres impulsa de forma muy activa la aprobación de la Ley Magnistky y también es ponente de una iniciativa de ley denominada de rendición de cuentas de Guatemala, parecida a la que EE. UU. impuso a Nicaragua, para castigar el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Dicha iniciativa incluye entre quienes deben ser sancionados a políticos que hayan obstaculizado a la justicia o que hayan hecho mal uso de los recursos donados por el gobierno estadounidense.

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En Nicaragua

El 27 de julio de 2017 el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara aprobó la Nicaraguan Investment Conditionality Act, más conocida como Nica Act, que fue presentada por la entonces congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen y por el congresista demócrata Albio Sires en septiembre de 2016.

Esta iniciativa fue enviada después al Senado, que le agregó unas enmiendas y lo aprobó el 27 de noviembre del mismo año.

En la plenaria del Congreso la Nica Act quedó aprobada el 21 de diciembre del 2018 y el presidente Donald Trump la promulgó ese mismo año.

Por su parte, la Ley Magnitsky, fue aprobada en EE. UU. en el 2012, y tenía como fin sancionar a ciudadanos rusos, específicamente a funcionarios del gobierno de Vladimir Putin acusados de estar involucrados en la muerte del contable fiscal ruso Sergei Magnitsky, quien falleció en una prisión de Moscú en 2009 tras investigar un supuesto fraude fiscal perpetrado por el Gobierno de Rusia.

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“Ante las acusaciones de corrupción, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, se ha aliado con actores criminales y corruptos que están decididos a frustrar la justicia a toda costa. Ordenó la destitución de una comisión anticorrupción (Cicig), financiada por los Estados Unidos, diezmó el liderazgo de la Policía Nacional Civil, atacó la independencia del poder judicial y usó descaradamente a Estados Unidos para intimidar al personal diplomático estadounidense”, dijo Torres, una de las firmantes de la propuesta.

De manera concreta, la ley de rendición de cuentas de Guatemala aplicaría sanciones financieras, incluyendo el bloqueo de activos y la denegación de visados, a funcionarios actuales corruptos de Guatemala. También garantizaría que Estados Unidos pueda recuperar cualquier equipo de seguridad que sea mal utilizado por el gobierno de Guatemala.

Estos son los cuatro políticos que presentaron la iniciativa.

Norma Torres

Representante demócrata por el 35 distrito de California, nacida en Escuintla, Guatemala. Vive en EE. UU. desde los 5 años. Destacada política estadounidense, cuyo paso más importante para comenzar su carrera lo tuvo en 2006 cuando fue electa alcaldesa por el ayuntamiento de Pormona.

Miembro actual de la Cámara de Representante de EE. UU., Torres tiene una carrera política caracterizada por estar vigilante de los acontecimientos en el Istmo, principalmente de su país, Guatemala.

Ha fungido como miembro de Asuntos Exteriores, sobre el Hemisferio Occidental, Recursos Naturales y Tierras Federales, entre otros. Fue reelecta a finales del año pasado como representante de California por tercera vez consecutiva.

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Torres ha estado pendiente del acontecer político de Guatemala. Hizo historia en noviembre del 2014 al convertirse en la primera centroamericana en ser electa congresista de los EE. UU., cuando venció a la también candidata demócrata Christina Gagnier, 60 a 40 por ciento. Entonces declaró que sería una voz incansable en favor de los migrantes. Además, se ha convertido en un referente sobre las denuncias contra la corrupción en la región.

Impulsó una enmienda a la Ley de Autorización de Defensa la cual ordena la creación de un listado de políticos corruptos de Guatemala, El Salvador y Honduras, que debe ser del conocimiento del Congreso de aquel país, así como un informe sobre narcóticos, corrupción y financiamiento de campañas ilícitas.

La normativa fue avalada por el Congreso de EE. UU. en mayo del 2018, según el sitio InSight Crime.

Torres ha cuestionado la posición del gobierno de Jimmy Morales en cuanto a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y ha mostrado públicamente su respaldo al comisionado Iván Velásquez.

En febrero último, junto al congresista James McGovern, pidió al embajador de Guatemala en EE. UU., Manuel Espina, que se coordine la devolución de los vehículos J8 donados por ese país, al considerar que fueron mal utilizados por el gobierno de Morales, “para infundir terror” en medio de las protestas populares para repudiar el cierre de la Cicig.

Su última visita al país la hizo en octubre último junto a los congresistas Bradley Byrne y Madeleine Bordallo, acompañados del embajador Luis Arreaga, quienes se reunieron con funcionarios guatemaltecos.

James McGovern

Representante demócrata por el 2do. distrito de Massachusetts, del que ha sido reelegido cada dos años desde 1996. Es considerado uno de los políticos referentes del Partido Demócrata.

Ha sido uno de los oponentes a las acciones bélicas de EE. UU., como los ataques con bombas.  Prueba de ello es la protesta que hizo en 2013 al enviarle una carta a Barack Obama para que no bombardea siria, según el sitio wbsm.com.

Pero uno de sus aportes más importantes se han tenido en las reformas económicas que ha apoyado e impulsado en momentos en que se avizoran crisis en ese país.

Fiel a los principios de su mentor político George McGovern (con quien no tenía parentesco), ha abogado por expandir los programas de alimentos encaminados a paliar la hambruna en los niños a escala internacional, obteniendo varios fondos del Congreso destinados al Programa Mundial de Alimentos.

“La comida debería ser un derecho fundamental”, es la frase dicha en julio del 2018 que resume su forma de pensar, según el sitio masslive.com.

McGovern ha mostrado también su descontento con la administración de Jimmy Morales y su decisión de terminar el mandato de la Cicig. Es uno de los políticos que se opone a la mala utilización de los recursos donados al Istmo por Estados Unidos, por lo que ha pedido que el gobierno guatemalteco devuelva a EE. UU. los vehículos J8.

Ben Cardin

Senador por Maryland afiliado al Partido Demócrata, reelecto en el 2018 para un tercer período.

Uno de sus aportes más grandes se tiene en las legislaciones en favor de los servicios médicos para los estadounidenses, especialmente a los pacientes con enfermedades terminales.

Ha abogado también por los programas de asistencia social, así como la educación como un derecho fundamental para la niñez, y la aprobación de créditos fiscales en favor de los niños.

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Además, ha encabezado comisiones sobre temas de ética, tanto para el Senado, como para otras instituciones, como lo muestra el sitio isakson.senate.gov.

Cardin también es un férreo defensor de la reglamentación y control de armas. Entre sus logros están el haber frenado en 2016 la venta de 26 mil rifles de asalto a la policía de Filipinas.

El senador por Maryland también es un fuerte simpatizante de la lucha contra la corrupción en el Istmo, por lo que siempre ha expresado su apoyo a la Cicig.

El Senador Cardin manifestó su apoyo al Comisionado y Fiscal General, en sus esfuerzos por combatir la impunidad y corrupción en el país. pic.twitter.com/p4yNs7TZI2

— CICIG Guatemala (@CICIGgt) March 1, 2017

Patrick Leahy

Senador demócrata por Vermont desde 1975.

Defensor del control y una mejor legislación para las armas. Durante su carrera política ha sido promotor de bloquear la ayuda a gobiernos que utilicen esos fondos para atentar contra los derechos humanos.

Ha sido también un defensor de los derechos de los inmigrantes, especialmente de quienes llegaron niños a los Estados Unidos (DACA).

En junio del 2018, junto a otros prominentes legisladores y senadores, Leahy escribió una carta al ministerio de Defensa estadounidense expresando su preocupación por el envío de tropas a las fronteras de Estados Unidos para contener la ola migratoria, señalando la acción como un desperdicio de los recursos militares, y más tarde afirmó que la estrategia buscaba desviar la atención de los votantes como una maniobra de Donald Trump, según el sitio vtdigger.org.

En agosto del 2018, el senador también firmó junto a otros políticos una carta dirigida al Departamento de Estado para exigir la inmediata reunificación de más de 500 niños migrantes separados por sus familias en la frontera.

En enero último, Leahy fue uno de los 20 senadores que se opusieron a que el gobierno pudiera transferir datos de los llamados soñadores al Departamento de Justicia o a cualquier agencia que tuviera como fin perseguirlos.

También es un férreo opositor a que se transfieran fondos del presupuesto nacional para reforzar la seguridad fronteriza, como pretexto para contener la migración.

En enero último, Leahy, uno de los más veteranos y respetados demócratas, hizo eco de su postura contra las políticas del gobierno guatemalteco contra la Cicig: “Presidente Jimmy Morales, usted no es bienvenido aquí”.

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En específico, la ley buscaría castigar a los funcionarios que hayan participado en actos de corrupción, obstaculizado la justicia y mal uso de equipos proporcionados por el gobierno de Estados Unidos. Además, que hayan desobedecido las sentencias de la Corte de Constitucionalidad (CC) e interferido con la labor del gobierno de Estados Unidos.

“Ante las acusaciones de corrupción, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, se ha aliado con actores criminales y corruptos que están decididos a frustrar la justicia a toda costa. Ordenó la destitución de una comisión anticorrupción (Cicig), financiada por los Estados Unidos, diezmó el liderazgo de la Policía Nacional Civil, atacó la independencia del poder judicial y usó descaradamente a Estados Unidos para intimidar al personal diplomático estadounidense”, dijo Torres.

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“Los líderes guatemaltecos — incluido el presidente Jimmy Morales — deberían saber que la comunidad internacional está observando. No permaneceremos en silencio mientras se enriquecen, socavan el estado de Derecho e ir tras los defensores de los derechos humanos”, dijo el representante McGovern.

El congresista agregó que con “las sanciones específicas incluidas en este proyecto de ley aclararían que los Estados Unidos no se sentarán de brazos cruzados mientras los funcionarios corruptos de alto rango engañan al pueblo guatemalteco”.

Por su parte el senador Cardin, autor de la ley de rendición de cuentas de derechos humanos global Magnitsky, aseguró que “este proyecto de ley afirma nuestro apoyo a las iniciativas contra la corrupción, la justicia y la rendición de cuentas en Guatemala”.

Dicha ley permite al Gobierno sancionar a personas con el retiro de la visa y la prohibición de ingresar a ese territorio. Además, la persona sancionada será incluida en la lista de criminales especialmente designados, de la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero. En esta lista ya figuran personas señaladas como narcotraficantes, lavadores de dinero, terroristas y pandillas en todo el mundo.

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Leahy afirmó que expulsando al comisionado de la Cicig -Iván Velásquez-, tratando de derrocar a los magistrados de la CC, amenazando a candidatos políticos, la corrupción y el abuso de poder están impulsando esta alarmante y atrasada tendencia, por lo que este proyecto de ley “deja claro que los funcionarios públicos y sus asociados que se dedican a actos corruptos, y que trabajan para socavar la independencia del poder judicial, pagarán un precio muy real”.

Concretamente, la ley de rendición de cuentas aplicaría sanciones financieras, incluyendo el bloqueo de activos y la denegación de visados, a funcionarios actuales corruptos de Guatemala. También garantizaría que Estados Unidos pueda recuperar cualquier equipo de seguridad que sea mal utilizado por el Gobierno de Guatemala.

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Según el proyecto de Ley, esta surtiría efectos a más tardar 90 días después de la fecha de su promulgación y sería a partir de entonces cuando el presidente Donald Trump impondría “las sanciones a los ex funcionario del Gobierno de Guatemala, o cualquier persona extranjera que actúe en nombre dé o en la operación con un funcionario de dicho Gobierno”.

Es bien vista por el Gobierno

El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, dijo que toda acción que beneficie la transparencia, la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas, es bien vista por él Gobierno de Guatemala; “Sin embargo se hace necesario un análisis de su contenido”, indicó.

Esta es la iniciativa de ley

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Esta petición surge después de que el secretario de Inteligencia Estratégica de Guatemala, Mario Duarte, afirmara que esos Jeeps pueden ser utilizados de la forma en que el país lo considere y que si es necesario se pueden devolver.

“Si tanto es el problema sobre cómo utilizamos algo que ustedes -Estados Unidos- nos donaron, se los vamos a dejar ahí enfrente -de la embajada-, no se preocupen, de alguna forma conseguimos nosotros los recursos para seguir dando los buenos logros que estamos dando”, fue la frase utilizada por Duarte.

En la carta, los congresistas recuerdan que los Jeeps J8 que fueron donados por EE. UU. para la lucha contra el narcotráfico y que “fueron mal utilizados por el gobierno de Guatemala el 31 de agosto del 2018”.

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Los congresistas estadounidenses se refieren al día en que el presidente Jimmy Morales anunció que no renovaría el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y que minutos antes de este anuncio los vehículos circularon frente a la sede de esa comisión y de la Embajada de EE. UU. en Guatemala.

Joined with @RepMcGovern to formally demand that @GuatemalaGob #ReturntheJeeps. pic.twitter.com/W3zVUiMM3U

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) February 1, 2019

Por esa situación, según los congresistas, “hemos manifestado repetida y públicamente nuestro rechazo a este intento flagrante de intimidar a los Estados Unidos y la comunidad internacional. También hemos solicitado que nuestro gobierno nos informe antes de cualquier transferencia futura”.

“Tenga en cuenta que agradeceríamos el regreso de Guatemala de estos jeeps”, reitera la carta de los políticos.

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Todavía no se conoce la respuesta que Espina brindó a la solicitud de Torres y McGovern.

El jueves, Torres y el congresista Eliot Engel solicitaron públicamente que el gobierno de EE. UU. acepte “la oferta” de Duarte y pida de vuelta los vehículos.

Además, la congresista de origen guatemalteco afirmó que el país “ya no es un socio confiable en la lucha contra el narcotráfico”.

Medida de presión

La carta de Torres y McGovern se trata de presión política y no tendrá un efecto inmediato en Guatemala, asegura el exviceministro de Gobernación, Carlos Menocal.

“Son acciones políticas que solo tendrán efecto si el gobierno de EE. UU. decide retirar la ayuda a Guatemala”, señala el exfuncionario.

Según Menocal, EE. UU. apoya a Guatemala con varios proyectos además de los jeeps J8, como en la erradicación de la amapola, la fuerza canina, la unidad antinarcóticos y la antipandillas.

“La carta no tendrá un efecto inmediato, pero sí se trata de una acción política que busca hacer presión en el gobierno estadounidense”, señala el exfuncionario.

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El ofrecimiento fue hecho la mañana de este jueves 31 de enero por el secretario de Inteligencia Estratégica, Mario Duarte, durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.

“Si tanto es el problema sobre cómo utilizamos algo que ustedes nos donaron se los vamos a dejar ahí enfrente, no se preocupen, de alguna forma conseguimos nosotros los recursos para seguir dando los buenos logros que estamos dando”, fue la declaración de Duarte luego de ser cuestionado otra vez por el uso de esos vehículos que fueron donados para vigilancia en las fronteras y lucha contra el narcotráfico.

Engel, integrante del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso de EE. UU. y Torres miembro de la Cámara de Representantes por el distrito 35, reaccionaron a esas declaraciones y coincidieron en que la adminstración de Donald Trump debe aceptar los vehículos de vuelta.

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En su respuesta a Duarte, Engel afirma que el secretario de Estado de EE. UU. Mike Pompeo y el presidente de ese país deben aceptar la oferta y resaltó que Duarte ofreció que “si tenemos un problema con el mal uso de los jeeps donados por Estados Unidos para intimidar a la Embajada de Estados Unidos, él los devolverá”.

Chairman @RepEliotEngel: #Guatemala Intel Chief says that if we have a problem with misuse of US donated jeeps to intimidate US embassy, he will return them. Time for @SecPompeo and Pres Trump to take him up on his offer. #ReturnTheJeeps https://t.co/8zJC2WeRtK

— House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) January 31, 2019

No es un socio confiable

En su postura, hecha pública a través de la cuenta de Twitter, Torres, la congresista de origen guatemalteco, afirmó que los Jeeps J8 fueron mal utilizados el 31 de agosto, por lo que se debe aceptar de vuelta esos vehículos. Además, Torres dijo que “Guatemala ya no es un socio confiable en la lucha contra el narcotráfico”.

Horas antes, durante la entrevista radial, Duarte aseguró que la administración de Jimmy Morales ha registrado incautaciones históricas de droga y cuestionó los números oficiales de la Oficina para el Control Internacional de Narcóticos de los EE.UU. hechos públicos por Prensa Libre entre el 21 y 23 de enero.

En la infomrmación se indica que el trasiego de cocaína por Guatemala se estimaba en 300 toneladas al año en 2009 pero el Reporte Internacional de Estrategia para el Control de Narcóticos, del Departamento de Estado de los EE.UU., publicado en marzo de 2018, indica que la estimación del trasiego anual para Guatemala aumentó a 1,400 toneladas en 2017.

If @GuatemalaGob is offering to return the equipment that was misused on August 31, 2018, the United States should accept that offer. The government of Guatemala is no longer a reliable partner on counter-narcotics. #ReturnTheJeeps https://t.co/wV0Xr3c5kX

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) January 31, 2019

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Los representantes afirman que los Estados Unidos ha tendido una “fuerte acción” ante los hechos en Venezuela y Nicaragua, por lo que piden que se haga lo mismo para Guatemala y se aplique las sanciones de la Ley Magnitsky y se suspenda la asistencia al gobierno central del país.

En el texto, los congresistas señalan que, durante los últimos meses, el Gobierno guatemalteco ha tomado varias acciones que “han socavado el estado de derecho en ese país”. Se refieren a la decisión de finalizar el convenio de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), entidad que consideran “un cuerpo altamente exitoso que combate la corrupción y las redes criminales organizadas”.

La preocupación de Torres y el resto de los firmantes de la misiva es porque dichas acciones arriesgan el trabajo de la “Estrategia de Participación de los Estados Unidos en América Central, una inversión de varios años para mejorar la gobernabilidad, la seguridad y la prosperidad, financiada con un fuerte apoyo bipartidista”.

“Estamos profundamente preocupados de que, en ausencia de una fuerte respuesta de los EE. UU., el patrón de comportamiento antidemocrático del gobierno actual continuará aumentando y que Guatemala descenderá a la anarquía”, escribieron.

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En su comunicación, los congresistas recuerdan el uso, de parte del Gobierno guatemalteco, de los Jeep J8 que fueron donados por EE. UU. y que patrullaron frente a la sede de la embajada de ese país y de la Cicig cuando el presidente Jimmy Morales anunció que no renovaría el mandato de la Comisión.

“Después de este descarado intento de intimidar a los Estados Unidos y la comunidad internacional, y aunque nuestro propio equipo se volvió contra nuestros diplomáticos, la única respuesta de la administración -de Donald Trump- fue un tweet del secretario -Mike- Pompeo que decía: “Nuestra relación con Guatemala es importante. Apreciamos enormemente los esfuerzos de Guatemala en materia de antinarcóticos y seguridad”, fue parte del reproche.

“La débil respuesta del gobierno -de EE. UU., a esta provocación ha envalentonado al Gobierno -guatemalteco- y sus aliados, quienes enfrentan múltiples investigaciones de corrupción tanto de la Cicig como de los fiscales guatemaltecos”, señalan.

En la carta, también se hace referencia a los sucesos ocurridos desde el anuncio de Morales sobre no renovar a la Cicig y cómo el Gobierno “desobedeció flagrantemente un fallo judicial”, en referencia a la retención que se hizo el 5 de enero al investigador Yilen Osorio en el Aeropuerto Internacional La Aurora, pese a que la Corte de Constitucionalidad ordenó que se permitiera el trabajo de los integrantes de la Comisión.

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En concreto, las peticiones de los 45 congresistas al presidente de EE. UU. son:

• Condenar públicamente el “descarado desprecio” del gobierno guatemalteco por el estado de Derecho e instar al gobierno a cambiar de rumbo.
• Suspender la asistencia y las transferencias de equipo al gobierno central de Guatemala. La asistencia suspendida debe ser redirigida a programas no gubernamentales que beneficien directamente al pueblo guatemalteco.
• Utilizar la autoridad provista en la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos y la Corrupción de Magnitsky para responsabilizar a los funcionarios corruptos del gobierno guatemalteco a través de sanciones de viaje y financieras.
• Apoyar de manera firme y pública a los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil en todo el país en su ejercicio de los derechos fundamentales.

La carta finaliza pidiendo que EE. UU. “aplique los mismos estándares” en la relación con Guatemala, que ha tomado con Venezuela y Nicaragua, “por el bien del pueblo guatemalteco y los intereses de los Estados Unidos”.

La respuesta del Ejecutivo

Ante la solicitud de los congresistas, el gobierno guatemalteco respondió que “respetamos las opiniones y posiciones políticas de los representantes electos de otros países; sin embargo, es una cuestión de opiniones. Este gobierno ha respetado y protegido la independencia de poderes, el estado de Derecho y las libertades civiles y ciudadanas”.

La respuesta, ofrecida a través del secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, señala que “los esfuerzos y logros históricos del gobierno de Guatemala en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo internacional, así como un sano balance comercial muestra que Guatemala es un país aliado y buen socio de EE. UU., por lo que esperamos que no se den tales condenas al Estado guatemalteco”.

¿Qué es la Ley Magnitsky?

La Ley Magnitsky es una norma de EE. UU. que tiene carácter global y establece que las personas que sean sancionadas con ella tendrán restricciones en ese país, como el retiro de la visa y la prohibición de ingresar a ese territorio.

Además, la persona sancionada será incluida en la lista de criminales especialmente designados, de la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero. En esta lista ya figuran personas señaladas como narcotraficantes, lavadores de dinero, terroristas y pandillas en todo el mundo.

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Diputado sancionado y otras peticiones

En diciembre del 2017, el entonces diputado Julio Juárez fue sancionado con la Ley Magnitsky. El político fue incluido por su vinculación a violaciones de derechos humanos.

Juárez es señalado de ser el autor intelectual en el crimen cometido en contra de los periodistas Danilo Sapón López y Federico Salazar, hecho ocurrido en marzo del 2015 en Suchitepéquez.

El crimen, según la Fiscalía, fue ordenado debido a diferencias entre Juárez, entonces alcalde de Santo Tomás La Unión, Suchitepéquez, y Sapón López.

El ataque armado en contra del comunicador ocurrió en el parque central de Mazatenango y las balas alcanzaron a Salazar, quien también murió.

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Además, en agosto del año pasado los congresistas Eliot Engel e Ileana Ros-Lehtinen enviaron una carta a Trump para pedirle que el Departamento de Estado de EE. UU. evaluara incluir en la lista a los guatemaltecos Gustavo Alejos Cámbara y Luis Alberto Mendizábal, así como al mexicano Ángel González.

En los anexos de la carta, se explica que Alejos Cámbara “es un hombre de negocios que ha usado conexiones políticas para ganar millones de dólares en contratos con el gobierno. Ha estado implicado en múltiples casos emblemáticos de corrupción en Guatemala. En 2015, la Fiscalía General de Guatemala implicó a Alejos en una red de corrupción que opera dentro del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y que favorecía a ciertos proveedores farmacéuticos a cambio de sobornos”.

Sobre Mendizábal se indica que: “es un experto en operaciones de inteligencia. Mendizábal estuvo involucrado en el intento de golpe de estado de 1988-89 contra el entonces presidente Vinicio Cerezo Arévalo (…) En 2015, el Ministerio Público implico a Mendizábal en la red de fraude aduanero conocida como “la Línea”. Las investigaciones también revelaron que Mendizábal estaba detrás de los sobornos pagados a la jueza Marta Sierra de Stalling a cambio de medidas sustitutivas para algunos de los acusados involucrados en el caso de La Línea”.

En cuanto al mexicano Ángel González, la carta menciona que “es el jefe del conglomerado de medios, Albavision. La Sociedad Interamericana de Prensa registró que Ángel González está presente en 11 países de la región de América Latina (…). En Guatemala, las propiedades están a nombre de su esposa, Alba Elvira Lorenzana Cardona, de nacionalidad guatemalteca. En 2016, la Fiscalía guatemalteca implicó a Alba Elvira Lorenzana en el esquema de corrupción establecido para financiar ilegalmente la campaña presidencial de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti conocida como la “Cooptación del Estado”.

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“En este nuevo Comité, tendré la posibilidad de atender a las importantes necesidades de mi distrito, y además influir en la política exterior de los Estados Unidos a través de la ayuda en materia de seguridad, el desarrollo económico y el Estado de Derecho”, expuso la congresista, quien añadió que trabajar en ese comité será un “honor”.

El año pasado Torres promovió una legislación con la cual el Departamento de Estado debe crear y entregar al Congreso una lista de funcionarios y ciudadanos señalados por actos de corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica. El listado debe ser entregado en febrero próximo.

Además, se ha pronunciado regularmente por la situación política de Guatemala y ha sido crítica de la gestión del presidente Jimmy Morales.

En ese sentido Torres advirtió después de haber sido nombrada al Comité de Asignaciones, que los recursos al país podrían ser recortados debido a las políticas del gobierno.

“En algunos casos, como es el caso de Guatemala, puede ser necesario recortar el presupuesto de ayuda a los gobiernos, como consecuencia para los gobernantes que pisotean al estado de Derecho y no respetan a la voluntad de su pueblo”, precisó Torres, según su página web.

Recientemente en declaraciones a El País, la congresista de origen guatemalteco indicó que está pendiente de lo que ocurre en Guatemala. “No vamos a permitir que siga la corrupción. No podemos seguir apoyando a una Administración de un presidente que no apoya el Estado de derecho, la Constitución y no obedece a los jueces”, subrayó.

Antecedentes

En el 2014, debido a advertencias del Comité de Asignaciones Presupuestarias de EE. UU.,, el Gobierno de Guatemala tuvo que trabajar en un plan para resarcir a las víctimas por la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy en la década de los 80.

El plan, que contempla planes de resarcimiento por Q1 mil 200 millones aún no culmina, aunque a la gran mayoría de los afectados ya se les entregó la ayuda económica.

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“Este proyecto de ley impondrá sanciones financieras y de viaje a las personas que han socavado el sistema de justicia de Guatemala. También se asegurará de que cualquier equipo de defensa futuro transferido pueda ser reclamado por el gobierno de EE. UU. si se usa incorrectamente”, expuso Torres, de acuerdo con el comunicado.

La legisladora añadió que, si el Gobierno estadounidense se niega tomar acciones respecto a la corrupción en los países del Triángulo Norte, el Congreso debe asegurarse de que haya consecuencias para quien hayan “pisoteado” el estado de derecho.

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Criticó que la administración del presidente Donald Trump ha escondido “la cabeza en la arena” ante actuaciones de ciertos actores de Guatemala lo cual consideró “un grave error”. 

Torres señaló, por ejemplo, que estos actores han desmantelado el liderazgo de la Policía Nacional Civil, desobedecieron fallos de la Corte de Constitucionalidad y buscaron eliminar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig); además, utilizaron vehículos proporcionados por EE. UU. para “intimidar” a la embajada de ese país en Guatemala.

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La petición del congresista recuerda la utilización de los jeeps J8 donados por Estados Unidos que circularon el 31 de agosto pasado frente a la Embajada de Estados Unidos cuando el presidente Jimmy Morales, junto con la cúpula militar y policial anunciaron en el Palacio Nacional de la Cultura el final de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) al manifestar que no iba a solicitar una prórroga.

Los jeeps J8 fueron dejados estacionados frente a la sede de la Cicig, que dirige el abogado colombiano Iván Velásquez. Tres días después el comisionado viajó a Nueva York y el presidente Morales ordenó que se impidiera el retorno.

Con más congresistas

El documento fue firmado también por los congresistas Albio Sires, miembro del Subcomité de la casa en el hemisferio occidental; Gregory Meeks, de la Subcomisión de la Cámara de Representantes de Europa; Joaquin Castro, del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara; Adriano Espaillat; del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara; Robin L. Kelly, del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara; y Seth Moulton, del Comité de servicios armados de la casa.

Seguimiento

El congresista Engel recuerda la carta del 9 de octubre pasado cuando solicitó información por el “incidente” del “mal uso” de los jeeps J8.

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“Esto es para dar seguimiento a una carta fechada el 9 de octubre con respecto a un incidente del 31 de agosto en el que elementos del gobierno de Guatemala hicieron un mal uso de siete jeeps J8 de estilo militar donados por los Estados Unidos, armados con armas, para intentar intimidar a la Embajada de los Estados Unidos y al personal de las Naciones Unidas. Continuamos instando al Departamento a tomar medidas efectivas para garantizar que esta situación se rectifique”, se lee en la carta.

Molestia

Los congresistas manifestaron su molestia debido a que fueron transferidos los títulos de propiedad de los 38 jeeps.

“Es difícil entender cómo se haría esa transferencia sin una resolución de la acción amenazadora del gobierno de Guatemala contra el personal de los EE. UU”, según la petición.

“El gobierno de los EE. UU. Debería haber suspendido la transferencia del título hasta que haya una resolución diplomática satisfactoria del incidente del 31 de agosto. Solicitamos una explicación completa de por qué se realizó la transferencia del título”, finaliza la carta de los congresistas.

Por Gobernación

Los documentos oficiales confirmaron el 9 de octubre pasado que los jeeps J8 fueron movilizados para vigilar las embajadas de México, EE. UU. y la sede de la Cicig.

El vicepresidente Jafeth Cabrera manifestó el 10 de octubre pasdo que el país es autónomo y puede decidir en qué lugar circulan los vehículos que fueron donados por Estados Unidos y que son de uso militar.

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¿Qué pueden esperar los guatemaltecos con los resultados de las elecciones de medio término en EE. UU. y de que el Partido Demócrata recuperó la mayoría en el Congreso?
Aquí en Estados Unidos la comunidad dio un mensaje muy fuerte de que quiere que el gobierno trabaje con más transparencia, y lo que pueden esperar  en Guatemala es que, aunque no tenemos el —control del— Senado, podemos hacer mucho; por ejemplo, bloquear los esfuerzos que los republicanos hacen contra inmigrantes. Segundo, podemos tener muchas audiencias para saber cómo se están gastando el dinero y cómo se está trabajando el plan en el Triángulo Norte, llamar a testigos (funcionarios) y muchas cosas más se pueden hacer por el poder que tenemos en el Congreso.

¿Cómo está esto de citar testigos?
Podemos citar aquí en el Congreso americano a diferentes testigos acerca de la situación en el Triángulo Norte (que expliquen) o de cualquier tema es que, por ejemplo, el anterior Comité de Asuntos Exteriores (encabezado por republicanos) no ha hecho en el pasado.

Hablando del tema de corrupción ¿Cuándo podría estar la lista de funcionarios o particulares ligados a casos de corrupción, que fue una iniciativa suya?

La lista la está trabajando el Departamento de Estado (de EE. UU.) y debe salir la segunda semana de febrero, aproximadamente el 9. Para mí el pueblo merece un sistema de justicia que funcione para todos y no solo para una parte de la comunidad, necesitamos que la Cicig (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) pueda seguir trabajando en las investigaciones que hace, y que el Congreso de Guatemala trabaje y comience con —aprobar— las leyes que deberían mejorar el sistema de justicia, por ejemplo.

Por mi parte esta lista va a ayudar a exponer a estas personas que están trabajando en contra del pueblo guatemalteco.

El listado ha causado revuelo en nuestro país…
Es que les encanta venir a Disneylandia, y venir de compras a Miami y no creo que personas que han robado tanto de los guatemaltecos deben de tener esa opción.

Al respecto de esta lista ¿Qué se le puede decir a los guatemaltecos?
Lo que va a hacer el listado es poner en claro a estas personas que están muy activos con el narcotráfico y que realmente no están comprometidos con un sistema de justicia fuerte e independiente en Guatemala, y espero que pueda ayudar. Este es el primer paso, con este podemos imponer la Ley Magnitsky y cualquier cuenta de banco que ellos tengan podría ser nosotros la podemos congelar.

Usted estuvo de visite recientemente a nuestro país y ahí se habló de reformas a la Cicig; sin embargo, a esta instancia le queda menos de un año en Guatemala. ¿Es necesario ampliar el mandato?
Yo creo que el pueblo guatemalteco tiene que involucrarse más en eso, desafortunadamente la administración de Jimmy Morales no le ha dado la prioridad a un sistema de justicia independiente. Espero que los guatemaltecos —ahora— que vienen elecciones puedan elegir no solo a un presidente sino a un congreso que realmente esté comprometido con reforzar el sistema de justicia en Guatemala.
Por el momento no creo que con el sistema de justicia que tienen en Guatemala sea suficiente para tomar los casos que Cicig ha investigado y algunos que están pendientes. Necesitan Cicig por un tiempo más y ojalá que si no es este presidente el próximo pueda tomar una decisión diferente.

¿Podría el Congreso de EE. UU. impulsar bloqueos a la ayuda financiera hacia Guatemala con tal de que haya un mayor compromiso en luchar contra la corrupción?
El presidente —Donald Trump— ha llamado para un bloqueo de asistencia para el Triángulo Norte, pero realmente la responsabilidad del presupuesto y la ayuda que se le da a estos países le pertenece al Congreso. Por el momento hay colegas que están llamando para frenar esa ayuda porque ven los retrasos que Guatemala, por ejemplo, ha tenido. Yo por mi parte estoy pendiente de cómo usan el equipo. Acabo de estar en Escuintla, y ahí la militaría naval tiene una gran necesidad de equipo nuevo y barcos más rápidos, pero desafortunadamente yo creo que las acciones del presidente Jimmy Morales están exponiendo todo ese esfuerzo y trabajo que estamos haciendo juntos.

El Plan Alianza para la Prosperidad no ha funcionado, según las estadísticas de migración ¿Qué piensa de ello?
El Plan estaba funcionado. En los 10 años que ha estado Cicig bajó el número de crímenes violentos en Guatemala algo que no se vio en Honduras o en El Salvador. El problema es reciente y parte de ello es el enfoque de la administración actual de Estados Unidos, que no ha sido tan grande como el enfoque con el que trabajó la administración del presidente —Barack— Obama.

Reelegida dos veces

Norma Torres fue reelegida el pasado 6 de noviembre por tercer periodo consecutivo para representar al distrito 35 de California ante el Congreso de los EE. UU., también llamado Cámara de Representantes. Torres venció a su oponente republicano Christian Valiente.

Torres hizo historia en noviembre del 2014 al convertirse en la primera centroamericana en ser electa congresista de los EE. UU. Previamente, la congresista fue alcaldesa de  la ciudad de Pomona y luego senadora de la Asamblea Estatal de California.

La congresista, originaria de un área rural de Escuintla y migró a EE. UU. cuando tenía 5 años, ha sido una de las más activas en el Congreso en cuanto a los temas que conciernen a Guatemala y al Triángulo Norte de Centroamérica.

Fue la principal impulsora de la enmienda a la Ley de Autorización de Defensa la cual ordena la creación de un listado de políticos corruptos de Guatemala, El Salvador y Honduras.

¿Qué es la Ley Magnitsky?

La Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos es una norma que permite al Gobierno de Estados Unidos imponer sanciones económicas a ciudadanos de todo el mundo que hubieran cometido abusos a los derechos humanos y actos de corrupción en sus países de origen.

Con esta medida, Estados Unidos puede revocar la visa a los individuos sancionados e impedir que viajen a ese territorio.

A los individuos sujetos a esta ley también se les pueden congelar sus bienes, mientras que a personas individuales y empresas estadounidenses se les prohíbe, en general, efectuar transacciones con los señalados.

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“Estas medidas van encaminadas al fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas de la Comisión y del trabajo que Cicig viene realizando para el fortalecimiento del Ministerio Público, una prioridad compartida”, dijo Ponce.

En concreto las tres medidas acordadas incluyen:

• Nombramiento de Comisionado Adjunto, proceso que ya está en marcha desde que el Secretario General de Naciones Unidas solicitó al Comisionado Iván Velásquez su nombramiento.
• Se prevé así mismo fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas a la Secretaría de NNUU en Nueva York mediante auditorías periódicas.
• Se contemplan reportes narrativos trimestrales a los donantes sobre los avances en el trabajo de fortalecimiento al Ministerio Público que CICIG viene realizando.

Además, se confirma el financiamiento de EE. UU. para que la comisión continúe con su trabajo en Guatemala.

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Visita de congresista

El acuedo también fue hecho público a través de un comunicado de la congresista de origen guatemalteco, Norma Torres, quien visitó el país y sostuvo reuniones con los trabajadores de la Cicig.

“Me complace que, gracias al trabajo bipartidista en el Congreso de los Estados Unidos, la Comisión ahora cuente con los recursos que necesita. Esta es una muestra importante del apoyo bipartidista, en un momento crucial para la Cicig. Llega junto con un acuerdo sobre tres reformas de la Cicig: el nombramiento de un Comisionado Adjunto, un mecanismo de revisión externa y nuevos lineamientos internos”, señala.

En el documento, Torres reafirma el importante papel de la comisión en el país e instó al presidente Jimmy Morales a reconsiderar su anuncio de la no renovación del mandato de esta entidad.

La congresista @NormaJTorres, acompañada por el #EmbArreaga, se reunió con representantes de @CICIGgt para discutir sobre la lucha contra la #Corrupción e #Impunidad en #GUA pic.twitter.com/2qfAXDfKwi

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) October 24, 2018

Petición a Morales

“Insto al presidente Morales a que reconsidere su decisión de permitir que el mandato de la CICIG expire. También insto a las Naciones Unidas y al Gobierno de Guatemala a comenzar un diálogo nuevo y serio sobre el futuro de la CICIG. La Comisión ha logrado importantes avances, pero su trabajo no está completo. Rendirnos ahora tendría serias consecuencias, tanto para Guatemala como para los Estados Unidos”, señala.

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Además, la congresista recuerda la importancia del trabajo que hacen los expertos de la Comisión. “El personal de la Cicig, tanto guatemaltecos como internacionales, ha hecho contribuciones muy importantes a Guatemala, lo que ha llevado a importantes reducciones de los delitos violentos y la profesionalización de la policía y los fiscales de Guatemala”, indica.

Torres integra la Comisión de Asuntos Exteriores y el Comité de Reglas y a principios de este año presentó un proyecto en el que solicita al Secretario de Estado de EE. UU. que envíe al Congreso una lista de funcionarios de Guatemala, Honduras y El Salvador, que estén señalados de corrupción.

Durante la reunión, funcionarios de la Cicig presentaron a la delegación norteamericana las actividades que llevan adelante en investigación y litigio, así como en la promoción de reformas legales y fortalecimiento de instituciones del sector justicia.

La Congresista Torres señaló que el nuevo aporte de US$6 millones otorgado en los últimos días a la CICIG es una clara señal del apoyo de los Estados Unidos a la misión que se lleva adelante en Guatemala.

Señal de apoyo

Lorena Escobar, analista del área jurídica y de seguridad de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, afirma que el acuerdo es una señal de que la ONU tiene interés de apoyar a la comisión y estas medidas son coherentes con el anuncio de compromiso con la transparencia.

La analista, estima que con esto se ratifica también el compromiso de la lucha contra la corrupción e impunidad en el país.

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También tuvieron un acercamiento con el ministro de la Defensa, Luis Ralda, con quien abordaron las opciones de trabajar juntos en programas de protección para las fronteras y “fortalecer un ejército profesional y con mayor rendición de cuentas”. 

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“Desde la creación de la Fiscalía contra la Extorsión en 2017, Estados Unidos ha apoyado las numerosas investigaciones y procesos contra bandas de extorsión que operan en Guatemala y en todo el triángulo norte”, publicó la embajada estadounidense. 

Interesada en el acontecer nacional

Norma Torres ha seguido muy de cerca el acontecer nacional, principalmente las problemáticas que afronta el país referentes a la política y las condiciones de vida de los guatemaltecos. 

En septiembre del 2017, hizo una visita similar al país, junto a una comitiva de unas 25 personas, para reunirse con diputados y tratar temas de buena gobernanza. 

Norma Judith Torres, congresista demócrata y miembro de la Cámara de Representantes estadounidense, nació en Escuintla el 4 de abril de 1965. 

Fue reelegida en el 2016 y ha impulsado programas sociales. Fue presidenta de la Comisión de Vivienda y Desarrollo de la Comunidad, además de encabezar el grupo de Asuntos Centroamericanos en el Congreso de Estados Unidos.

Los congresistas @RepByrne #Bordallo y @NormaJTorres y el #EmbArreaga visitaron la Fiscalía Contra la #Extorsión y se reunieron con la #FiscalGeneral #ConsueloPorras en el @MPguatemala pic.twitter.com/Cv96ziQ2sR

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) October 2, 2018

Madeleine Bordallo, en tanto, es la primera mujer demócrata elegida para la legislatura de Guam, y ha dirigido varios programas en favor de la mujer. 

El congresista Bradley Byrne ha encabezado varias pesquisas contra la corrupción en EE. UU., de la mano del fiscal general de Alabama.

Cooperación y seguridad

Este es el comunicado íntegro de la congresista Norma Torres respecto de su visita a Guatemala:

Entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, la congresista estadounidense Norma J. Torres (D-CA) viajó como parte de una delegación del Congreso de los Estados Unidos enfocada en la cooperación de seguridad con Guatemala. La visita se produjo después de un incidente ocurrido el 31 de agosto de 2018, donde el gobierno de Guatemala utilizó vehículos Jeep J8 donados por los Estados Unidos para patrullar cerca de la Embajada de los Estados Unidos y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG).

“El uso indebido intencional del equipo donado por los Estados Unidos es inaceptable y podría poner en peligro la futura cooperación de seguridad. Necesitamos saber quién ordenó las patrullas cerca de la CICIG y la Embajada de los Estados Unidos, y con qué propósito. Durante esta visita, tuvimos conversaciones francas con los oficiales militares guatemaltecos y la Embajada de los Estados Unidos para llegar al fondo de este incidente preocupante, y continuaremos aplicando presión para obtener respuestas.

“También tuvimos la oportunidad de reunirnos con María Consuelo Porras Argueta, la Fiscal General de Guatemala. Me animó escuchar sus planes para fortalecer aún más al Ministerio Público, así como su compromiso de continuar colaborando con la CICIG en sus importantes investigaciones de corrupción. El pueblo guatemalteco merece un sistema de justicia eficaz. Para alcanzar ese objetivo, hace falta reafirmar nuestro apoyo para estos esfuerzos y fortalecer el progreso que se ha logrado, y en ningún momento intentar retroceder”.

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Torres pidió a la administración de Donald Trump que responda enérgicamente a este reciente ataque contra la democracia y el estado de Derecho en el hemisferio.

I call on the Trump administration to deliver a strong response to this latest attack on democracy and the rule of law in our hemisphere. #Guatemala

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) September 18, 2018

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REAX of Appropriations Vice Chair Patrick Leahy To Guatemalan Govt’s Request That UN SecGen Propose A Replacement For The CICIG Commissioner https://t.co/43uEp7pMhL pic.twitter.com/isFIDsbNYS

— Sen. Patrick Leahy (@SenatorLeahy) September 18, 2018

“En ausencia de una muestra de mala conducta, dicha interferencia socavaría la oficina del comisionado y disuadiría a los futuros fiscales de llevar a cabo sus responsabilidades de manera independiente”, aseveró.

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También reflexionó en cuanto a que si Guatemala tiene propuestas para mejorar la Cicig, deben ser consideradas seriamente, pero si su objetivo real es eliminar al comisionado sin causa justificada y limitar el mandato de la comisión eso debería ser rechazado.

“Este no es el momento de debilitar a una institución clave contra la corrupción y la impunidad en Guatemala”, concluyó.

Misivas a Guterres

El Frente Ciudadano contra la Corrupción (FCCC) envió una misiva al secretario general de la ONU, António Guterres, para agradecerle por el apoyo brindado a la Cicig y por el acompañamiento a Guatemala a favor de la lucha contra la corrupción, así como para expresar su descontento por las últimas acciones del presidente Jimmy Morales. 

“El presidente de la República está actuando en el marco de un evidente conflicto de intereses porque su hijo, su hermano y ahora él, están siendo señalados, y temen que la continuidad de la Cicig y del comisionado Velásquez los lleve a prisión ahora al concluir el ejercicio del poder en enero del año 2019″, dice el texto. 

El FCCC pide a la ONU que siga con ese acompañamiento y que “no nos abandone al permitir que los intereses de un grupo que pretende eludir los delitos que hayan podido cometer nos desvíe del camino que llevamos varios años construyendo”. 

Guterres: No permita que los intereses de un grupo que pretende eludir los delitos que hayan podido cometer nos desvíe del camino que venimos construyendo, no deje de apoyar al pueblo que ha sido víctima de la corrupción, la impunidad, y la violación de derechos fundamentales pic.twitter.com/pz44F52ovm

— Frente Ciudadano Contra la Corrupción (@fccc_gt) September 18, 2018

En ese mismo sentido se pronunció la Alianza por las Reformas, que aglutina a unas 38 organizaciones y colectivos sociales, en una carta enviada este martes a Guterres en la que manifiestan su respaldo a la Cicig.  

“Consideramos una arbitrariedad y una insolencia que el Gobierno desconozca al comisionado Velásquez y que le exija al secretario general que remita una terna de nuevos candidatos para ocupar el cargo de comisionado en una plazo de 48 horas”, dice el texto, en el que se solicita “rechazar categóricamente estas exigencias del Gobierno que únicamente buscan acabar con el trabajo de la Cicig para que deje de investigar a los funcionarios corruptos y las redes criminales insertas en el estado”.

Carta de la Alianza por las Reformas al Secretario General @antonioguterres para respaldar el liderazgo del Comisionado @Ivan_Velasquez_ al frente de la @CICIGgt pic.twitter.com/aVmkvC9iKt

— Alianza por Reformas (@AlianzaRgt) September 19, 2018

En tanto, el movimiento Usac es Pueblo también publicó en las redes sociales una carta enviada al secretario de la ONU, donde destacan el papel que la Cicig ha tenido en la investigación de las estructuras criminales, por lo que expresan su total respaldo a su comisionado Iván Velásquez y aseguran que “no claudicarán hasta que estas estructuras enfrenten a la justicia”. 

Carta de #UsacEsPueblo a Antonio Guterres respecto a la Comision Internacional Contra la Impunidad en Guatemala: pic.twitter.com/AEPdmtZGbc

— #UsacEsPueblo (@UsacEsPueblo) September 19, 2018

Expresan “vergüenza”

Un grupo de excancilleres, exembajadores y exrepresentantes diplomáticos guatemaltecos de los últimos 30 años, enviaron una carta al secretario de la ONU en el que le agradecen por los “invaluables aportes” que la ONU ha hecho en el respeto a los derechos humanos, la paz y a en la lucha sin precedentes contra la Cicig. 

El grupo se refirió específicamente a la respuesta que el Gobierno le dio al amparo de la Corte de Constitucionalidad en el que ordena que se permita el ingreso del comisionado de la Cicig al país, y al que, no obstante, el Ejecutivo ha puesto reparos. 

“Nos avergüenzan estas manifestaciones y acciones unilaterales del Gobierno que preside el señor Jimmy Morales, que violan el Acuerdo de la Cicig y además resultan inadmisibles en las prácticas y comunicaciones diplomáticas”, dice la carta. 

Porque la vergüenza que nos hace pasar este Gobierno es inaceptable, ExCancilleres y ExEmbajadores volvemos a dar la cara para mostrar el verdadero rostro de Guatemala. Dignidad y respeto frente a la falta de decoro y la bajeza moral. pic.twitter.com/r2Uhz388WN

— Fernando Carrera (@fcarrera1904) September 19, 2018

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Torres sostuvo un encuentro con Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) después de que el presidente Morales anunció que no renovaría el mandato de esa comisión y que además no permitiría el ingreso de su titular al país, que cumple con una gira en EE. UU. 

“Iván Velásquez está haciendo un excelente trabajo como comisionado de la Cicig, y ha sido un socio importante en la lucha contra la corrupción. Aprecié la oportunidad de hablar con él sobre los desafíos actuales que enfrentan Guatemala y la Cicig, así como la importancia de preservar la independencia judicial y la separación de poderes en el país”, escribió la congresista. 

Torres, que es miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores y del Comité de Reglas en EE. UU., ha sido una fuerte crítica de las redes de corrupción e impunidad que aquejan a Guatemala y ha expresado su apoyo a la lucha contra esas mafias. 

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Promovió el proyecto que requiere que el secretario de Estados envíe al Congreso una lista de funcionarios corruptos de los países que conforman el triángulo norte (Guatemala, Honduras y El Salvador). 

Durante la implementación del plan tolerancia cero de Donald Trump, que separó a cientos de niños de sus padres en la frontera, Torres fue una de las primeras funcionarias que criticó públicamente la pasividad del gobierno de Jimmy Morales al no pronunciarse de inmediato sobre esa crisis. 

“La negativa del gobierno de Guatemala a defender a los niños es inexcusable. Su primera responsabilidad es proteger a sus ciudadanos, especialmente a sus hijos. Honduras y El Salvador se unieron contra la separación familiar. ¿A qué le teme este gobierno?”, tuiteó Torres en junio último. 

“La resolución establece que los esfuerzos para combatir la corrupción deben permanecer en el centro de la política de EE. UU. en Centroamérica, que la Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) y la CICIG son contribuciones importantes a estos esfuerzos, y que los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador deberían cooperar con MACCIH, la CICIG y los procuradores generales de la región”, puntualizó Torres en el texto. 

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“Anuncio causa miedo e indignación”

El veterano senador demócrata Ben Cardin, el líder de la minoría demócrata en el Subcomité de Asuntos para Latinoamérica del Senado de EE. UU., pidió este miércoles al gobierno estadounidense que “aumente la presión diplomática” contra el Gobierno de Guatemala tras su rechazo a la Cicig.

“La negativa del presidente (guatemalteco, Jimmy) Morales a renovar el mandato de la Cicig es un revés peligroso para la transparencia anticorrupción y los esfuerzos de rendición de cuentas en Guatemala”, aseguró Cardin, con una larga trayectoria en asuntos latinoamericanos.

Cardin insistió en que “el pueblo de Guatemala merece un Gobierno abierto y transparente que rinda cuentas ante ellos, y la Cicig ha sido una herramienta necesaria y efectiva para alcanzar ese objetivo”.

“Estoy profundamente preocupado por lo que viene después, ya que el anuncio ha causado miedo e indignación en Guatemala y dentro de la comunidad global”, reiteró el senador.

“Incluso si no le gusta el proceso o el posible resultado de las investigaciones de la Cicig, el presidente Morales no debería usar su oficina para obstaculizar la transparencia y la rendición de cuentas”, insistió.

Otros dos congresistas demócratas instaron este martes a reducir la asistencia financiera que aprueba el Congreso para Guatemala si el Ejecutivo de Morales no revierte su decisión.

* Con información de agencia EFE

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En el documento el Gobierno guatemalteco afirmó que continuará firme en la lucha contra el narcotráfico y la búsqueda de una región más segura y pacífica.

Señaló que EE.UU. es “un socio y aliado incondicional, razón por la cual el Gobierno prioriza la relación bilateral con este país”.

Pero, horas después, Norma Torres, congresista estadounidense de origen guatemalteco, respondió al mensaje de Pompeo que EE.UU. lideró con autoridad moral la lucha contra la corrupción.

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La congresista demócrata señaló en su mensaje que ahora “Trump ha abandonado esa autoridad moral y le está diciendo al mundo que está bien ser corrupto”.

Luego de la publicación del mensaje, Pompeo no respondió a lo dicho por la congresista.

Canadá se pronuncia

Aparte, Chrystia Freeland, ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, expresó que su país está decepcionado por la no renovación del mandato de Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), de la cual es donante.

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“Canadá se muestra preocupado ante la decisión del Gobierno de Guatemala de no renovar el mandato de la Cicig más allá de septiembre de 2019”, señaló a través de un comunicado.

En el documento señala que Canadá mantiene su compromiso de apoyar el estado de Derecho y la gobernabilidad responsable en el país porque “el pueblo de Guatemala no merece menos”.

Freeland también aseveró que la comisión y la Fiscalía han contribuido a asegurar que nadie esté por encima de la ley.

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La sección 1287 de la NDAA indica que el reporte que se debe enviar al Congreso de EE. UU. incluirá los nombres de los altos funcionarios de gobierno de los tres países que hayan cometido o facilitado actos de corrupción o narcotráfico.

También el de los funcionarios electos cuya campaña haya sido financiada con dinero proveniente del narcotráfico u otras actividades ilícitas en los últimos dos años, y el de los particulares que las hayan financiado.

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Mensaje contundente

La página del Congreso divulgó unas declaraciones de Torres en las cuales afirma que, con la sanción de la ley por parte del presidente Trump, “nuestra legislación envía un mensaje claro de que los Estados Unidos habla en serio sobre la lucha contra la corrupción en América Central”.

Torres añadió que “debemos estar dispuestos a dar nombres”. El secretario de Estado ahora, tiene 180 días para proporcionar al Congreso una lista de dichos nombres.

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Por su parte el senador Ben Cardin expuso que los abusos contra los derechos humanos y la corrupción se ha arraigado en Centroamérica y que eso impacta en la seguridad nacional de EE. UU., por lo cual la ley es una herramienta “para nombrar y avergonzar” a funcionarios corruptos, así como negarles su ingreso al país norteamericano.

Orgullosa de anunciar que la provisión bicameral que presenté con @SenatorCardin para responsabilizar a los funcionarios corruptos en Centroamérica ha sido firmada en ley por el Presidente. ¡Es hora de ponernos a trabajar contra la corrupción!

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) August 14, 2018

“Me complace que esta disposición sea ahora ley y le agradezco a la congresista Torres y a nuestros colegas por sus esfuerzos”, añadió Cardin. 

Las personas nombradas en la lista requerida por la legislación podrían estar sujetas a la congelación de activos y la denegación de visas, en virtud de la Ley Magnitsky de Responsabilidad Global de Derechos Humanos.

Norma Torres integra el subcomité sobre el hemisferio occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

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En mayo último, denunció que enemigos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) han pagado hasta US$80 mil al mes por intentar socavar el apoyo de los EE. UU., a la Comisión.

“Sería un grave error ceder a esfuerzos de políticos corruptos y criminales en el país”, expuso Torres en aquella ocasión en un comunicado.

Cardin integra el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y es el demócrata de más alto rango en el Subcomité del Hemisferio Occidental, es coautor de la Ley Magnitsky. 

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El 24 de mayo pasado, por unanimidad, la Cámara de Representantes aprobó la enmienda que exige que los nombres de los funcionarios del Triángulo Norte sean de conocimiento del Congreso.

La enmienda es parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA).

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Buscan blindarse

Jorge Wong, politólogo con estudios en Relaciones Internacionales, considera que, con la aprobación de la enmienda, tanto el Congreso como el Senado de EE. UU. busca blindar al país de la llegada de actores corruptos que le puedan generar desgaste político.

“A ellos también les conviene que en estos países haya paz, tranquilidad y gobernanza para poder hacer negocios más tranquilos y que no haya problemas como el que está pasando en Nicaragua”, afirmó Wong.

Wong indicó que con la enmienda EE. UU. pretende “evitarse heredar problemas que no son de ellos” con la llegada de actores señalados por corrupción, porque esto podría generar desgaste político de cara a futuras elecciones y que la comunidad internacional los catalogue como “protectores de gente corrupta”.

El experto añadió que la enmienda se suma a la elección de Todd Robinson como consejero de Asuntos para América Central del Departamento de Estado, “lo que nos dice que EE. UU. está dispuesto a apoyar a la región en la lucha contra la corrupción”.

Mensaje claro

El analista político José Andrés Ardón precisó que la aprobación de la enmienda es parte de la política que ha adoptado EE. UU. sobre el Triángulo Norte en la lucha conta la corrupción ya que considera a este factor como uno de los responsables de la migración ilegal.

Me complace informar que mi enmienda que requiere una lista de corruptos fue incluida en la versión final de la ley de defensa. El Congreso de EEUU sigue apoyando la lucha contra la corrupción en Centroamérica. https://t.co/zdBrn5HHIX

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) July 24, 2018

Añadió que EE. UU. considera que con la elaboración de la lista de funcionarios ligados a la corrupción y hechos ilícitos “piensan que esta medida va a tratar de limitar que los funcionarios públicos abusen” del poder en Guatemala porque serán sancionados en aquel país.

“Es un claro mensaje a nuestros funcionarios guatemaltecos de que Estados Unidos va a tener una política cero tolerancia a los que incurran en casos de corrupción”, subrayó el politólogo.

Torres, en mayo cuando se aprobó por la Cámara de Representantes la enmienda, explicó que el objetivo de impulsar ese cambio en la legislación estadounidense era que tanto en Guatemala, Honduras y El Salvador se han aprobado leyes dirigidas a debilitar las penas por corrupción, a la vez que fiscales, jueces y líderes de organizaciones internacionales contra la corrupción se han enfrentado a campañas de difamación y amenazas contra sus propias vidas.

“No debería sorprendernos que los funcionarios corruptos de Centroamérica intenten socavar la lucha contra la corrupción”, agregó Torres en esa oportunidad.

Norma Torres integra el subcomité sobre el hemisferio occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

En mayo último, Torres denunció que enemigos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) han pagado hasta US$80 mil al mes por intentar socavar el apoyo de los EE. UU., a la Comisión. Sería un grave error ceder a esfuerzos de políticos corruptos y criminales en el país, expuso Torres en un comunicado.

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La misiva, firmada el 11 de julio, señala que la decisión del presidente Jimmy Morales de seleccionar a Porras como cabeza del ente investigador cobra especial importancia en el actual contexto que se encuentra el país. “La justicia se ha deteriorado”, apuntan.

En este sentido, señalan que el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) ha “liderado el cambio de exponer y perseguir la corrupción que ha sido encontrada en el gobierno de Guatemala”. “Los logros de la Cicig son prominentes, pero seríamos remisos si descuidáramos todo el trabajo que queda por hacer”, se lee.

De acuerdo con la carta, la corrupción también ha jugado un papel prominente en temas de tierra y administración de
justicia, pues se registran más de 1 mil 424 disputas por tierras en el país.

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Los representantes evocaron en la carta el asesinato de tres activistas de derechos humanos: Luis Arturo Marroquín, José Can Xol y Mateo Chaman Paau, cuyos victimarios no han sido identificados.

Esos crímenes ocurrieron después de la visita en mayo a Guatemala de Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de la ONU sobre Pueblos Indígenas, quien observó “procedimientos contra indígenas que buscan defender sus tierras” y hay una criminalización para quienes buscan por vías legales la resolución de conflictos de tierra.

Investigación está en curso

Julia Barrera, vocera de la Fiscalía, confirmó que hay una investigación en curso a cargo de la Fiscalía de Derechos Humanos que para esclarecer las agresiones en contra de los líderes campesinos y para encontrar a los autores materiales e intelectuales de los hechos.

Visita comunidades indígenas

El embajador Luis Arreaga estuvo tres días en el Quiché, donde dijo en entrevista con Prensa Libre que su país tiene tres líneas de trabajo en Guatemala: la prosperidad, la gobernanza y la seguridad.

“En base a este orden decidí visitar el departamento para conocer de primera mano el trabajo que nosotros estamos haciendo en esta región”, señaló.

“Era importante hablar con los jóvenes, con las autoridades ancestrales, con las autoridades estatales y con nuestros trabajadores para conocer si los proyectos están funcionando o no”, agregó el diplomático. 

Arreaga manifestó que visito Chichicastenango, Sacapulas y Santa Cruz del Quiché, donde reconoció que existe una gran diferencia entre la capital y la pronvicia, y resaltó que “es importante reconocer la falta de oportunidades que se viven en esta región”.

En cuanto a la corrupción, dijo que esta “es una guerra que tiene diferentes frentes: está la investigación, concientización de la población y la transparencia; en unos ha habido avances y en otros retrocesos, depende de en qué momento en que se tome la fotografía, pero tendría que verse toda la secuencia para hablar de resultados”, expresó.

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— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) June 19, 2018

Unos dos mil 800 menores de edad que han llegado a EE. UU. desde octubre de 2017 han sido separados de sus padres al llegar a la frontera, según la cadena BBC, citando datos de las autoridades estadounidenses.

Las medidas responden a la política de Donald Trump de “Tolerancia cero” en las fronteras, bajo la cual se comenzó a separar a los padres de los niños, una medida que ha sido catalogada como  “cruel e inhumama” por líderes mundiales. 

En una parte de la grabación se escucha cuando un agente les pregunta a unas niñas de dónde son. Una responde entre lágrimas que es de El Salvador, mientras que a otra apenas el llanto le permite decir que es de Guatemala. 

Escuche aquí el desgarrador audio

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Tibieza

México dijo que la política migratoria de Estados Unidos de separar a hijos de inmigrantes de sus padres es una “política cruel e inhumana”, según el canciller de ese país, Luis Videgaray.

El gobierno de El Salvador expresó en un sendo comunicado este lunes su preocupación y condena por la aplicación de la política migratoria de “Tolerancia cero” en Estados Unidos.

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También Honduras expresó su honda preocupación por las medidas migratorias, “con lo que aumenta la condición de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes que son separados de sus padres”.

Pero este martes, el vocero presidencial de Guatemala, Heinz Hiemann, causó polémica e indignación al declarar que el Ejecutivo “respeta” las políticas de “Tolerancia cero” de Estados Unidos, una postura que después tuvo que ser matizada por la Cancillería, que tampoco emitió condena y se dedicó a enumerar las “acciones” que los consulados estaban haciendo. 

Se pronuncia

Finalmente, tras una ola de críticas y condenas, el Gobierno emitió un comunicado este martes por la tarde en el que condenaba y rechazaba la política estadounidense de separación de padres e hijos migrantes en la frontera sur de Estados Unidos y pedía a ese pasí que reconsiderara sus medidas migratorias. 

Esta vez Norma Torres se congratuló por la publicación y respondió en Twitter. “Muy bien. Ahora los pueblos indígenas se tienen que activar”, escribió.  

Muy bien. ¡Ahora los pueblos indígenas se tienen que activar! https://t.co/XGFLTUSBj1

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) June 20, 2018

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El señalamiento que Cicig le hizo a Jimmy Morales

La enmienda está incluida en la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA), impulsada por la representante por California, de origen guatemalteco, Norma Torres.

“Hoy -jueves-, el Congreso ha dado un paso importante para fortalecer el estado de derecho en América Central. Durante varios años, los demócratas y los republicanos en el Congreso de Estados Unidos se han unido para apoyar a los valientes fiscales, jueces e investigadores policiales que trabajan para erradicar la corrupción y el crimen organizado”, dijo Torres.

Congresistas estadounidenses reiteran apoyo a la Cicig

“La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras han jugado un papel esencial en este proceso”, agregó la congresista.

Qué sigue

La legislación tiene que ser aprobada aún por el Senado para que finalmente sea rubricada por el presidente Donald Trump y entre en vigor.

Según recordó Torres, en Honduras, El Salvador y Guatemala las legislaturas han aprobado leyes dirigidas a debilitar las penas por corrupción, a la vez que los fiscales, jueces y líderes de las organizaciones internacionales contra la corrupción se han enfrentado a campañas de difamación y amenazas contra sus vidas. 

ONU pone de ejemplo a la Cicig en los esfuerzos anticorrupción

Torres alertó que, incluso, se han documentado casos de personas provenientes de esos países que han contratado firmas de cabildeo en Washington para influir en la política que Estados Unidos ejerce en Centroamérica, pagando hasta US$80 mil al mes para revertir la lucha anticorrupción.

“No debería sorprendernos que los funcionarios corruptos en Centroamérica intenten socavar la lucha contra la corrupción,” dijo Torres.

“Pero eso no significa que debamos aceptarlo. Es hora de que nos pongamos hombro con hombro con nuestros verdaderos aliados de la región para perseguir directamente a algunos de estos malos actores”, reiteró.

Torres es miembro del subcomité sobre el Hemisferio Occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

Cicig suma apoyo

Este jueves, la embajada de EE. UU. en el país tuiteó un mensaje del Subsecretario Adjunto interino Departamento de Estado, Richard Glenn, quien expresó que los ataques contra la Cicig, señalan que “la lucha contra la corrupción y extorsión en la región –Guatemala– es exitosa”.

En el mensaje, Glenn rechaza la aprobación de leyes en Centroamérica a favor de políticos corruptos para evitar que sean llevados a los tribunales.

*Con información de EFE

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El equipo  trabaja con criterios técnicos previamente establecidos y  espera presentar   el informe al mandatario antes del 17 de mayo; sin embargo, la procuradora, quien termina su período en esa fecha, hizo ver que el proceso era innecesario porque el marco jurídico que creó a la Cicig ya establece la ruta por seguir cuando surgen discrepancias.

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“Lo importante en este caso indudablemente será, anticipando una opinión, una recomendación que en la aplicación del artículo 12 —del acuerdo de creación de la Cicig— se adopte un procedimiento, porque eso es a lo que se obligó al Estado de Guatemala (…) No puede obviarse el cumplimiento de un tratado que se ha celebrado en base a principios de buena fe”, puntualizó la procuradora general.

Ofensiva presidencial

El presidente Jimmy Morales pidió a la PGN, el pasado 20 de abril, durante una actividad militar,  que revisara el acuerdo de constitución de la Cicig, luego de difundir un video en el que un abogado de la comisión, durante una audiencia del proceso Botín Registro de la Propiedad -en el que figuran como señalados el hijo y hermano del Presidente- asegura que el mandato de la Comisión estaría “casi” por encima de la Constitución Política de la República.

“Públicamente le pido a la Procuraduría General de la Nación que inicie una investigación —del acuerdo—”, dijo el mandatario durante un discurso, durante un acto del Ejército.

Morales también solicitó, en caso de que la PGN lo considerara necesario, “hacer todos los trámites nacionales e internacionales” porque “ningún acuerdo puede estar por encima de la Constitución”.

Según explicó Morfín ayer, ya se  estableció una ruta de trabajo, la cual consiste en seleccionar los documentos que serán analizados y los criterios que  aplicarán.

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Agregó que una de las últimas fases del análisis del mandato de la Cicig consistirá en hacer el consolidado de la información, a fin de poder entregarle el documento a  Morales antes del 17 de mayo.

“El estudio permite tener elementos para poder discutir ese acuerdo”, explicó la funcionaria, quien lamentó que no se haya hecho antes la consulta a la PGN para poder dirigir la queja contra la Comisión por “la vía que obliga el propio acuerdo de  creación”.

Desde el 27 de agosto último, cuando Morales anunció la expulsión del país de Iván Velásquez, la PGN advirtió de que esa era una decisión equivocada.

Sin embargo, la canciller Sandra Jovel viajó a Estados Unidos para manifestar la  preocupación del Ejecutivo ante el  desempeño de la Cicig en el país, y en una citación en el Congreso aceptó que el Gobierno tiene un problema con el trabajo que actualmente desempeña el jefe de esa instancia internacional.

Según Jovel, el Gobierno está “negociando” con la Organización de las Naciones Unidas  que no se mediaticen los casos que presenta la Cicig y supuestamente se vulnera la presunción de inocencia.

Prepara su salida

Anabella Morfín se prepara para dejar el cargo el próximo 17 de mayo y hasta ayer dijo desconocer quién sería su sucesor.

Morfín negó que tenga intenciones de continuar en la PGN. “Yo creo que todo tiene un principio y un fin, y mi periodo termina el 17 de mayo.  Lo importante es que haya una nueva visión. Aquí hay mucho que hacer, y en ocasiones la variedad de puntos de vista permite fortalecer  las instituciones”, dijo.

La funcionaria dio esas declaraciones al presentar el reglamento del modelo de gestión para la Atención Integral de la Niñez y Adolescencia, para fortalecer los protocolos para los menores    que han sido  vulnerados.

El portavoz del Ejecutivo,  Heinz Hiemann, dijo que  Morales anunciará al nuevo procurador general a más tardar el 21 de mayo, cuando regrese de Israel.

• Artículo 11

Retiro de cooperación

La ONU se reserva el derecho de terminar la cooperación con el Estado:
a) Si el Estado deja de cooperar con la Cicig
b) No adopta medidas legislativas para erradicar aparatos clandestinos y cuerpos ilegales
c) Por falta de apoyo financiero de la comunidad internacional

• Artículo 12 

Solución de controversias

Toda controversia entre las partes relacionada con la interpretación o con la aplicación del presente Acuerdo se resolverá por negociación entre las partes o por cualquier otro medio de solución mutuamente convenido.

ONU respalda

El secretario general de la  ONU, António Guterres, reiteró ayer su respaldo a la Cicig y a Iván Velásquez, luego de las críticas vertidas por el presidente guatemalteco, Jimmy Morales. Guterres, por medio de su portavoz, Stéphane Dujarric, destacó el “importante trabajo” de la Comisión y subrayó la necesidad de luchar contra la impunidad.

En conferencia de prensa, Dujarric recordó que la Cicig es un órgano independiente establecido a través de un acuerdo entre Guatemala y la ONU y que su financiamiento depende de las contribuciones voluntarias de varios países.

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Política

Jimmy Morales recuerda que puede expulsar a la Cicig

• ? #VocesDeLaJusticia en Guatemala relatan los cambios que se han dado en la coordinación inter-institucional y el trabajo en equipo.?? pic.twitter.com/rcOhWqlmG3

  — CICIG Guatemala (@CICIGgt) 8 de mayo de 2018

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En ese sentido Torres expresa: “No podemos darnos el lujo de dar marcha atrás al progreso real que se ha logrado en Guatemala. ¿A quién le ocurre como una buena idea socavar la mejor historia de éxito de Centroamérica y arriesgarse a que Guatemala caiga en la inestabilidad y la anarquía? Si eso sucede, podríamos ver una nueva ola de migración guatemalteca a los Estados Unidos.”

• En agosto del 2017, el presidente Jimmy Morales declaró no grato al jefe de la Cicig

El presidente @jimmymoralesgt al pueblo de Guatemala informa: pic.twitter.com/1GkUtxy3li

— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) 27 de agosto de 2017

Los resultados de la Cicig en Guatemala, expone Torres, son medibles y señala que tales resultados son reales, en particular, la reducción constante de la tasa de homicidios en los últimos años, lo cual contrasta con la tasa de homicidios que ocurren en los vecinos Honduras y El Salvador.

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Torres subraya que otro logro de la Comisión que dirige el colombiano Iván Velásquez  es haber entrenado a una generación de fiscales e investigadores policiales es la lucha contra la corrupción e impunidad.

• https://twitter.com/usembassyguate/status/994022925069176832

La enmienda

Torres, quien también es miembro del Comité de Asuntos Exteriores y del Comité de Reglas, el año pasado, presentó junto a John R. Moolenaar, miembro de la Cámara de Representantes, una enmienda bipartidista para reafirmar el compromiso del Congreso de los Estados Unidos para combatir la corrupción en Centroamérica, la cual fue aprobada por unanimidad por la Cámara de Representantes.
La resolución establece que los esfuerzos para combatir la corrupción deben permanecer en el centro de la política de EE. UU., que la Misión de Apoyo a la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Cicig son contribuciones importantes a estos esfuerzos, y que los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador.

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Torres también presentó la iniciativa con el objetivo de que haya una mejora en los esfuerzos anticorrupción de los países el Triángulo Norte.

El comunicado destaca los esfuerzos y el aporte de EE. UU.  a través de la Iniciativa de Seguridad Regional de América Central para abordar la violencia, el crimen organizado y el narcotráfico, a donde han destinado los US$1 mil millones.

Sobresale que en el informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos del Departamento de Estado de 2017 se citó la persistencia de la corrupción dentro de las instituciones políticas de la región, como un obstáculo clave para alcanzar estos objetivos.

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“Estados Unidos debe seguir comprometido con la lucha contra la corrupción en el Triángulo Norte. Tenemos que apoyar a nuestros socios como Cicig, MACCIH y los actuales fiscales Generales, y tenemos que hacer frente a los funcionarios corruptos que se interponen en el camino del progreso “, dijo Torres.

La iniciativa H. R. 5501 propuesta por Torres pretende “Acabar con la corrupción en el Triángulo Norte, como una acción que requeriría que el secretario de Estado presente al Congreso un informe que incluya nombres de personas, incluidos funcionarios del gobierno, de quienes han cometido actos de corrupción y tráfico de drogas en el Triángulo Norte. El proyecto de ley también ordenaría al secretario de Estado desarrollar una estrategia para desmantelar la corrupción en la región”.

Además, requeriría que el Secretario de Estado ponga a disposición en el sitio web del Departamento de Estado las cantidades totales de asistencia, bajo la Iniciativa de Seguridad Regional de América Central que se han proporcionado a cada país dentro de Centroamérica desde el año fiscal 2008.

El proyecto de ley se produce cuando los líderes del Hemisferio Occidental se preparan para reunirse en Lima, Perú, para la Cumbre de las Américas. La representante Torres se unirá a una delegación del Congreso en la Cumbre. El tema de la Cumbre de este año es “Gobernabilidad Democrática contra la Corrupción”.

Torres es la presidenta de la Comisión Especial del Congreso Hispano para el Caucus y la Fuerza de América Latina. El año pasado, la Cámara de Representantes aprobó la H. Res 145, la resolución de Torres reafirmando el apoyo del Congreso para la lucha contra la corrupción en América Central.

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Contar con fiscales Generales con capacidad e independencia es parte importante de la política de Estados Unidos porque serán claves para desmantelar el crimen organizado trasnacional que atraviesan las fronteras de Estados Unidos, reducir la violencia que obliga a las personas a abandonar sus comunidades y a erradicar la corrupción e impunidad, menciona la carta.

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Los congresistas refirieron que los actuales jefes de las fiscalías demostraron compromiso con el estado de Derecho, trabajaron en cooperación con el gobierno de Estados Unidos, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).

Sobre el proceso de selección de fiscales, los representantes dijeron que se debe llevar a cabo de forma transparente, exhaustiva y objetiva, con participación de la sociedad civil y que permita la imparcial evaluación de candidatos.

Por último alentaron a Sullivan a transmitir a las autoridades estadounidenses el fuerte interés de su país con este proceso.

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La carta está firmada por David G. Valadao, Norma Torres, Michael T. McCaul, Eliot L. Engel, Paul Cook, Albio Sires, Ileana Ros-Lehtinen, Kay Granger, John R. Moolenaar, Francis Rooney, Ruben Gallego, James P. McGovern, Robin L. Kelly y Joaquin Castro.

En Guatemala, el proceso de fiscal General está en la fase de recepción de tachas de candidatos ante la comisión que postulará seis nombres al presidente de la República, quien elige al sucesor de Thelma Aldana.

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Así usan las redes sociales para manipular infomación

Su discurso fue con motivo de la audiencia titulada “Diplomacia cibernética de Estados Unidos, en una era de amenazas cada vez mayores”.

La congresista citó el reporte de la Libertad en la Web 2017, de Freedom House, en el que se indica que los gobiernos alrededor del mundo han incrementado dramáticamente los esfuerzos para manipular información en las redes sociales.

“Lo hemos visto en nuestro propio hemisferio, en Guatemala, por ejemplo, hay ejércitos de trolls -críticos- pagados que de hecho están trabajando para desacreditar la lucha contra la corrupción en el país.”, enfatizó.

Torres aclaró que desconoce si estos trolls están ligados con el gobierno, y aclaró que son llamados net centers.

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“Están trabajando para minar el trabajo que estamos haciendo en ese país, y tenemos una asistencia significativa estadounidense en ese país, en el Triángulo Norte de Centroamérica”, añadió.

La congresista cuestionó a los integrantes del Comité sobre la manera en que se puede obtener información acerca de los net centers, “y otros pagados”. “¿Cómo averiguamos quiénes les pagan y cómo contrarrestamos esos esfuerzos?.

Agencias de inteligencia

La respuesta de los miembros del Comité a Torres, fue que EE. UU. tiene alrededor el mundo una serie de “subvenciones” para promover la libertad en internet y proteger la seguridad cibernética.

“Hay un acuerdo de libertad, que los EE. UU. fue un miembro fundador y muchos Estados alrededor del mundo que valoran la libertad y hacen frente a estos problemas y llegan a muy buenas políticas sobre estos temas”, respondieron.

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Momentos difíciles

La intervención de Torres se dio el mismo día en que se reveló un documento de la Cancillería en el que se evidencian las “preocupaciones” que Guatemala le planteó a la ONU sobre la comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el comisionado Iván Velásquez.

El escrito registra declaraciones de la ministra del exterior, Sandra Jovel, quien solicitó el cambio de Velásquez y apeló por “compensaciones a las víctimas” de supuesta violación a los procesos.

Entre las quejas estuvo la presunción de inocencia y el “uso excesivo de la prisión preventiva”.

El presidente Jimmy Morales ordenó la expulsión de Velásquez en agosto de 2017, pero no tuvo efecto por un amparo de la Corte de Constitucionalidad. Días después, Morales se pronunció en la Asamblea General de la ONU y pidió una revisión del mandato de la Cicig.

“Desafortunadamente, muchos de los representantes electos del pueblo guatemalteco han optado por actuar en base de sus intereses particulares, a costo del Estado de Derecho”, cita el comunicado emitido por la oficina de la Congresista en Washington.

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La oficina de Torres asegura que la congresista manifestó su firme apoyo a la lucha contra la corrupción y la necesidad de que la Cicig y el MP pueden trabajar sin interferencias. También instó al presidente Morales a encontrar una forma de colaborar con los entes investigadores.

“Estoy convencida de que una Guatemala próspera y segura es posible. Sin embargo, avances reales y sostenidos requerirán de un compromiso renovado por parte de todas las instituciones, sobre todo el Congreso y el poder Ejecutivo”, dijo Torres.

Para concluir la agenda de la visita, la delegación norteamericana sostuvo reuniones con el presidente Jimmy Morales, la fiscal General Thelma Aldana, Iván Velásquez, comisionado de la Cicig y representantes de la sociedad civil.

Ayer, los congresistas sostuvieron reuniones con representantes del Congreso de Guatemala.  “Tuve la oportunidad de expresar mi profunda preocupación por la falta de cumplimiento del deber que tienen para servir al pueblo”, dijo Torres.

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Perciben apoyo

La canciller Sandra Jovel dijo a la agencia AFP que la delegación bipartidista mostró su “rotundo apoyo” al presidente Jimmy Morales, en medio de las protestas ciudadanas que exigen su renuncia por señalamientos de corrupción electoral.

“Se habló de la coyuntura y de acuerdo a eso pues los congresistas decidieron dar el rotundo apoyo al señor presidente”, agregó la ministra.

Esto dijo la canciller Sandra Jovel sobre la reunión de los congresistas con el presidente Jimmy Morales. Video: Esbin García. pic.twitter.com/QtXAwzAP12

— Roni Pocón (@rpocon_pl) 22 de septiembre de 2017

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Trayectoria política

Norma Torres nació en Escuintla, es miembro del Partido Demócrata y miembro de la Cámara de Representantes del 35 distrito de California.

Torres ha impulsado programas sociales y fue presidenta de la Comisión de Vivienda y Desarrollo de la Comunidad, además de encabezar el grupo de Asuntos Centroamericanos en el Congreso de Estados Unidos.

Fue reelegida en el Congreso de Estados Unidos en noviembre de 2016.

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Se ha expresado preocupada por la ofensiva presidencial contra Iván Velásquez, director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Luego de que el presidente Jimmy Morales declarara non grato a Velásquez, la congresista manifestó estar en contra de la decisión y pidió que el jurista colombiano pudiera seguir con sus funciones. 

Además, pidió al presidente Morales que respetara el estado de Derecho y la decisión de la Corte de Constitucionalidad, que suspendió la expulsión de Velásquez.

• Tom Rice: Congresista, distrito de Carolina del Sur

Ha propuesto un plan de inmigración “Ley Competitiva de América”, con la que se pretende reducir a la mitad el número de visas familiares asignadas a cada año y aumentar las visas basadas en el empleo en un 80 por ciento, es decir, otorgar a los migrantes ingresos basados en habilidades y educación en vez de relaciones familiares.

Además de promover la inmigración basada en habilidades, la iniciativa requeriría el registro de verificación electrónica para los empleadores, negaría ciertos créditos impositivos para las personas que trabajan sin documentos en los Estados Unidos y redirigiría la ayuda externa de los Estados Unidos a Honduras, Guatemala y El Salvador para usar en la frontera proteccion.

Hugh Thompson Rice III, hijo, le acompaña.

• Congresista Steve Knight:

Colaboró con el Congreso de Guatemala en mayo de 2017, con asistencia e ideas sobre cómo abordar reformas democráticas en el país a causa de la tensa situación política en Guatemala, junto con la House Democracy Parternship (HDP), una comisión bipartidista del Congreso de los Estados Unidos que brinda asistencia técnica a 20 organismos parlamentarios de todo el mundo.

Knight no estuvo personalmente en Guatemala durante dicho intercambio de ideas con la asociación de democracia de la cámara, sí lo hizo su asistente legislativa Courtney Kum.

Esta iniciativa fue apoyada por Mark Epley, jefe de la Oficina del Presidente de la Cámara de Representantes, quien también llegó este miércoles a Guatemala con los demás congresistas.

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• Susan Davis: Miembro de la Cámara de Representantes, Distrito de California, partido demócrata Steven Davis: Doctor y esposo.

• David Price: Miembro de la Cámara de Representantes del cuarto distrito de Carolina del Norte. Miembro del partido democrático. Lisa Price: Esposa.

• Dina Tinus: Miembro de la Cámara de Representantes del primer distrito de Nevada:

Ha apoyado a la comunidad hispana en Las Vegas con una reforma migratoria comprensiva que brinde un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes que viven en la sombra y que a la vez refleje nuestra historia de ser un país de inmigrantes, según su página web.

Ha visitado Guatemala como motivos turísticos, mas no por asuntos políticos.

• Bill Flores: Miembro de la Cámara de Representantes del 17 distrito de Texas; Gina Flores: esposa.

• Lucille Roybal-Allard: Miembro de la Cámara de Representantes del 40 distrito de California:

Ha intervenido en situaciones de deportaciones de guatemaltecos desde Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama, enfocándose en resguardar la integridad de niños y mujeres. 

Incluso, en un comunicado escrito junto con los congresistas Zoe Lofgren y Luis Gutiérrez, afirmó que “llevar a cabo este tipo de acciones contra mujeres y niños que han huido de la violencia y que se enfrentarán a la violencia si vuelven, no solo es hipócrita, sino que es claramente cruel”.

Edward Allard: Esposo.

• Edith Houston: Asesora Regional para Centroamérica y México del Buró de USAID para América Latina y el Caribe:

Ha colaborado en programas sociales y de educación que ayuden a mitigar factores que colocan a la juventud centroamericana en riesgo de fracaso escolar, desempleo y marginalidad.

El programa es financiado por la iniciativa CARSE de USAID.

• David Robinson: general jubilado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, también es médico.
• Escoltas: Comandante Eric Skoczenski, capitán Mia Hencinski y el sargento Cristian Cepedabedoya.

Entrevista

Todd Robinson: Decisión de Jimmy Morales contra Iván Velásquez podría afectar cooperación de EE. UU.

Torres dijo que “al aprobar esta enmienda, la Cámara de Representantes ha demostrado su plena con?anza” en ambas misiones internacionales que luchan contra las prácticas corruptas en ambos países centroamericanos.

“El Congreso de los Estados Unidos ha hablado unánimemente: la Cicig y la Maccih son esenciales en la lucha contra la corrupción en Centroamérica. Estas organizaciones han desempeñado un papel importante en apoyar los esfuerzos para fortalecer el estado de derecho en Guatemala y Honduras”, refiere el texto publicado por la congresista.

El respaldo del Congreso estadounidense a la comisión liderada por Iván Velásquez se da en medio de la crisis política originada con la decisión del presidente Jimmy Morales de declarar non grato al comisionado y ordenar su expulsión del país.

“El Congreso de los Estados Unidos continuará apoyando a estas instituciones, y mi enmienda asegurará que nuestro apoyo no esté sujeto a condiciones o demoras”, afirma Torres.

Llamado al diálogo

Además, en la enmienda aprobada por la Cámara la congresista Norma Torres exhorta al presidente Jimmy Morales, la fiscal general Thelma Aldana y al jefe de la Cicig, Iván Velásquez, “a que avancen con un diálogo para restaurar la confianza y la cooperación para que la Cicig y el Ministerio Público (MP) puedan continuar sus investigaciones sin interferencias”.

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“Lamentablemente, los acontecimientos recientes en Guatemala han generado dudas sobre si el Gobierno de Guatemala está cumpliendo su compromiso de cooperar con la Cicig”, agrega.

Torres también felicitó al mandatario Morales por sus recientes declaraciones en las que afirma que defenderá el estado de derecho y acatará la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que anuló su declaración contra el comisionado Velásquez.

Ayuda podría disminuir

El pasado miércoles los senadores Ben Cardin, Tim Kaine y James Lankford urgieron a investigar la corrupción en Guatemala, y recordaron que la asistencia estadounidense puede reducirse si el gobierno guatemalteco no colabora en la lucha contra la impunidad.

Los senadores pidieron al secretario de Estado, Rex Tillerson, y a la embajadora ante la ONU, Nikki Hailey, tener en cuenta que la ley estadounidense requiere que el Departamento de Estado retenga el 50% de la ayuda a Guatemala si el gobierno no toma medidas efectivas de “cooperación con comisiones contra la corrupción y la impunidad”.

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Recorte de ayuda

En el plan de presupuesto aprobado por el Congreso en mayo pasado y ratificado por el presidente Donald Trump, el Gobierno estadounidense recortó la ayuda para Guatemala en un 39 por ciento comparado con la cooperación que otorgó en el 2016.

El proyecto contemplaba un aporte de US$80.7 millones para el país, US$50.5 millones menos de los US$131.2 millones que recibió el año pasado.

El Congreso de EE.UU. aprobó la propuesta HR145 que lanzar un fuerte mensaje de apoyo del Congreso de EE.UU. a la lucha contra la corrupción en Guatemala, específicamente a la labor de la fiscal Thelma Aldana y el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad, Iván Velásquez, libres de cualquier interferencia política o sectorial, como una de las vías para promover el desarrollo de la región.
 
Con este pronunciamiento, la Casa de Representantes expresa su decidido respaldo a todos los esfuerzos e iniciativas que fortalezcan la Justicia en los países del Triángulo Norte como un asunto de seguridad que afecta directamente a EE.UU y ello incluye toda interferencia política a la lucha contra la corrupción, según los discursos pronunciados

El representante de la Cámara de Representantes, Eliot Engel, en su discurso, agradeció a la congresista de California Norma Torres, por su liderazgo en el  comité de asuntos exteriores y resaltó la necesidad de acabar con la corrupción en todas sus formas.

La política de origen guatemalteco es licenciada en Trabajo Social en la Universidad Silver Springs, Maryland.

Torres logró en las elecciones de este martes renovar su cargo como representante del Distrito 35, con un resultado preliminar de 71.2% que representa más de 75 mil votos, frente a su rival Republicano Tyler Fischella.

El Distrito 35 de California incluye Bloomington, Chino, Fontana, Montclair, Ontario, Pomona y Rialto, con una población hasta 2010 de más de 700 mil habitantes, en una extensión que supera los 268 kilómetros cuadrados.

Torres se desempeñó anteriormente como senadora de Estado, miembro de la Asamblea e integrante del Concejo municipal de la ciudad de Pomona.

Fue presidenta de la Comisión de Vivienda y Desarrollo de la Comunidad y encabezó el grupo de Asuntos Centroamericanos en el Congreso de EE. UU.

Torres quien manifestó que desea trabajar por los migrantes concedió este viernes una entrevista a Prensa Libre donde informó sobre un proyecto que impulsa en el Congreso estadounidense que busca concientizar a los ciudadanos de aquel país sobre la situación que vive Centroamérica.

Norma Torres asegura que se vigila la inversión de los primeros US$750 millones (más de Q5 mil 800 millones) que el Congreso de EE.UU. destinó para el Triángulo Norte, se trabaja en proyectos que frenen la migración hacia ese país, y programas en Guatemala para el desarrollo local.

¿Qué acciones se pueden esperar del Grupo de Asuntos Centroamericanos en la Cámara de Representantes, creado esta semana?

Este grupo es bipartidista y por esa razón el enfoque es despertar la conciencia sobre Centroamérica y ofrecerles a los 33 miembros que lo integran una oportunidad de conocer Centroamérica y las cosas que están pasando allí, y cómo podemos enfocar la política de los Estados Unidos en la región.

¿Por qué es importante crear conciencia en EEUU sobre la situación de Centroamérica?

Porque en estos 10 años pasados el enfoque a las américas se ha perdido, el enfoque ha sido al medio oriente y entonces creo que falta esa atención en Centroamérica; sino recordemos lo de 2014 cuando 64 mil niños quisieron entrar al país pidiendo ayuda.

Eso para mí no fue una sorpresa porque he estado trabajando en traer ayuda y a Guatemala específicamente, pero para muchos de mis colegas fue algo muy sorprendente, entonces quiero darle una oportunidad de aprender de Centroamérica.

¿Cómo y por qué surge el grupo de congresistas demócratas y republicanos que usted liderará?

Hace un año llegué al Congreso Nacional y comenzamos a tener pláticas y vimos miembros que estaban interesados.

En noviembre último empleé a una persona cuyo enfoque es solo Centroamérica, entonces me dije: ¿tengo algún personal dedicado solo a este trabajo?

Gracias a su trabajo y el mío hemos platicado con los colegas y su personal, así fue como comenzamos a organizarnos y ahora somos 33.

• La guatemalteca Norma Torres asumió en enero de 2015 un escaño en el Congreso estadounidense, fue postulada por el Partido Demócrata y se convirtió en la primera centroamericana en legislar en aquel país.

¿Por qué es importante que el Congreso de Estados Unidos supervise la ayuda que va a la región con el Plan Alianza para la Prosperidad?

Es importante, los miembros del Congreso en el Senado Estadounidense necesitan saber cómo se utilizan los primeros US$750 millones que hemos invertido este año, aunque reconozco que no va a ser una inversión de un año  y habrá que seguir invirtiendo, principalmente ayudando a estos tres países —Guatemala, Honduras y El Salvador— a crear el Plan de Alianza para la Prosperidad; es importante tener un apoyo acá.

¿Se crearán instancias para velar por el uso adecuado de los fondos que se asignarán a Centroamérica?

Estos fondos van con muchas restricciones, quiero informar que hemos tenido muchas llamadas de guatemaltecos y organizaciones que dicen que tienen un programa; por ahora yo no puedo escuchar esos programas porque todo se va a trabajar con la Embajada —de Estados Unidos en Guatemala—.

Si hay alguien que realmente, y quiero repetir, que realmente tenga un programa que sí de resultados, se lo deben presentar al embajador.

¿Cree que el Plan Alianza para la Prosperidad va a frenar la migración de centroamericanos a Estados Unidos?

Creo que si los jóvenes miran que realmente se está creando una oportunidad para ellos, para educarlos, para tener un futuro positivo en Guatemala, sí va a parar la inmigración.

¿Qué opina de la migración de niños y de los que están  varados en la frontera de Estados Unidos?

Trabajo en esos temas con mis colegas en una alianza bipartidista del Congreso, también trabajo con otros grupos de latinos miembros de la cámara hispana para atender a esos niños que están aquí o en la frontera. Son dos diferentes caminos los que estoy tomando.

¿Qué consejo le daría a los guatemaltecos que aun piensan migrar ilegalmente a Estados Unidos?

El consejo que les doy es que este camino es muy turbulento, muy peligroso y nosotros estamos trabajando y queremos que ellos confíen en nosotros, en el gobierno guatemalteco y trabajar juntos para mejorar las cosas en Centroamérica.

No hay razón para que ellos dejen su hogar, dejen su patria y vengan a un lugar extraño, donde deben aprender a hablar inglés; además la cultura y la comida son muy diferentes.

También esperamos que haya voluntad política para hacer cambios en Centroamérica, este no es un plan de los Estados Unidos, este un plan guatemalteco, hondureño y salvadoreño, eso es importante que conozcan.