El MP licita nueva compra de nueve vehículos blindados para su Departamento de Seguridad

La adquisición de nuevos picops se suma al gasto de Q1.5 millones ejecutado en diciembre de 2025 por dos vehículos con protección de alto nivel. La institución justifica la medida por el aumento de amenazas.

Sandy Pineda

31 de marzo de 2026

|

06:00h

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El MP busca adquirir nueve picops blindados para reforzar la seguridad de su personal ante el aumento de amenazas. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

El Ministerio Público (MP) busca la adquisición de nueve vehículos tipo picops blindados para su Departamento de Seguridad, según una licitación vigente hasta el 31 de marzo del 2026.

La nueva adquisición, bajo el número de orden en Guatecompras (NOG 29929539), se suma a una compra realizada en noviembre del 2025, cuando el MP adjudicó a Continental Motores S. A. la compra de dos picops blindados por un total de Q1 millón 560 mil.

De acuerdo con la nueva licitación pública MP-L-21-2025, los vehículos deberán ser modelo 2026 como mínimo y 2027 como máximo, con tracción 4×4, transmisión automática y motor diésel de 3 mil a 4 mil 500 cc. También deberán contar con capacidad para cinco pasajeros, doble cabina y sistemas reforzados de frenos y suspensión para soportar el peso del blindaje.

Uno de los principales requisitos es el blindaje nivel 7 o equivalente, considerado entre los más altos disponibles, con capacidad de resistir impactos de armas de fuego de calibres 7.62×51 mm y 5.56×45 mm.

La protección incluye vidrios polarizados oscuros, traslape balístico en puertas y neumáticos con sistema que permita continuar la marcha incluso tras un ataque. En el concurso, la institución justifica la compra por la “urgencia de dotar a la institución de nuevos vehículos blindados” para garantizar la protección del personal, de acuerdo con el “nivel de riesgo de sus funciones y amenazas” en relación con los casos que gestionan.

Compra reciente y antecedentes

En la licitación anterior, cada vehículo, marca Volkswagen, línea Amarok V6, modelo 2025, tuvo un costo de Q780 mil y contaba también con blindaje nivel 7.

Esa compra fue autorizada mediante la resolución RE DFG 0125-2025, firmada por la fiscal general, Consuelo Porras, y el secretario general en funciones, Erick Eduardo Schaeffer. Según el expediente, la adquisición se realizó por “urgencia” para fortalecer la logística de protección del personal del ente investigador.

En esa ocasión, el blindaje incluyó protección en techo, puertas, área frontal, tanque de combustible y piso con material antiesquirlas, diseñado para mitigar el impacto de metralla.

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Señalan amenazas por estructuras

La justificación, firmada entonces por el subjefe de seguridad, Antonio Englenton Peña, señala que el personal del MP enfrenta un aumento de amenazas relacionadas con el narcotráfico, maras, pandillas y estructuras del crimen organizado.

Además, indica que el parque vehicular actual es insuficiente para cubrir las necesidades operativas y de traslado.

El documento también advierte que los vehículos blindados requieren mantenimiento constante debido al peso adicional del blindaje, el estado de las carreteras y las largas distancias que recorren, factores que reducen su vida útil.

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Procesos previos y limitaciones

No es la primera vez que el MP intenta ampliar su flota blindada. En el 2022 y el 2023, procesos similares para la compra de una camioneta blindada quedaron desiertos por falta de oferentes.

La última compra antes del 2025 se registró en el 2020, también con Continental Motores S. A., por un monto de Q1 millón 127 mil por dos unidades blindadas. A la empresa también se le adjudicó el contrato para la compra de las patrullas de la Policía Nacional Civil (PNC), en seis concursos distintos que en suma alcanzaron un total de Q5.1 millones.

En tanto, el proceso más reciente para la compra de picops se inició en agosto del año pasado, pero tampoco se recibieron ofertas inicialmente, lo que obligó a prorrogar el concurso hasta octubre. Fue hasta noviembre cuando finalmente se adjudicó a un único proveedor.

Como antecedente, Antonio Englenton Peña fue capturado el 17 de octubre del 2025, señalado por el delito de abuso de autoridad, el mismo día en que se desarrollaban operativos por la fuga de reos en la cárcel de Fraijanes II.

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Defensa compró cubiertos y tazas a Israel bajo acuerdo militar de US$4 millones

El acuerdo, firmado en el 2023 habilita la compra de equipo militar, equipo especial y equipo especial de ayuda humanitaria.

Luis Ángel Sas

29 de noviembre de 2025

|

00:08h

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La unidad Cecat del Ejército de Guatemala opera en tierra, aire, mar y ciberespacio contra el crimen transnacional. (Foto: Hemeroteca PL)

El 3 de abril del 2023, los ministerios de Defensa de Guatemala e Israel firmaron un acuerdo para la adquisición de equipo militar, especial y de ayuda humanitaria por US$4 millones 258 mil 852 (unos Q33.2 millones). El documento fue suscrito por el entonces ministro de la Defensa, Henry Reyes Chigua, y el director general del Ministerio de Defensa de Israel, Eyal Zam.

Según el acuerdo, las compras al Ejército de Israel se realizarían a través de la empresa Marom Dolphin Ltd., de ese país.

El documento autoriza la adquisición de cascos balísticos de última generación, chalecos tácticos con certificación internacional y otros implementos estratégicos que, supuestamente, no estaban disponibles en el mercado local para combatir el narcotráfico y otros delitos vinculados a la delincuencia organizada.

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De cascos blindados a tenedores

Al revisar los listados de suministro anexos al contrato, se constató que únicamente se incluyeron tres artículos estrictamente militares. El resto podría conseguirse en el mercado nacional.

En el mismo documento donde se detallan los cascos balísticos L3A-MICH con protección nivel IIIA, chalecos blindados con paneles delanteros y traseros, y mochilas Atlas 75 para condiciones extremas, figuran también pocillos de campaña, bandejas de acero inoxidable, cubiertos, cantimploras, tazas tipo bola, mosquiteros, ponchos e incluso sombreros con protección contra insectos.

Todos estos artículos, según proveedores consultados por este medio, están disponibles en el comercio guatemalteco sin necesidad de trámites internacionales. No obstante, bajo este convenio, se adquirieron mediante un esquema de gobierno a gobierno, sin licitaciones públicas y con cláusulas que liberan a las partes de cualquier responsabilidad futura.

Por ejemplo, se compraron 1,386 cascos a US$311 cada uno (Q2,425), por un total de US$431,046 (Q3.3 millones). Se trata de un casco balístico nivel IIIA, que resiste impactos de armas cortas, desde calibre 9 mm hasta .44 magnum. También protege contra esquirlas de granadas o explosiones.

Se adquirieron, además, 1,386 chalecos blindados a US$451 cada uno (Q3,517), por un total de US$625,086 (Q4.8 millones). Estos chalecos cuentan con paneles delanteros y traseros de kevlar que resisten disparos de armas cortas, y con paneles duros que elevan la protección al nivel NIJ III, capaz de detener disparos de fusiles tipo AK-47.

Asimismo, se adquirieron 2,352 mochilas tácticas por US$785,568 (Q6.2 millones), y 947 chalecos tácticos sin protección balística por US$304,934 (Q2.3 millones).

Otros productos no son especializados. Por ejemplo, se compraron 1,530 pocillos de acero inoxidable a US$34 cada uno (Q265), por un total de US$52,020 (Q405 mil), y 1,530 juegos de cubiertos (cuchara, cuchillo y abridor de latas) a US$12 cada uno (Q93), por un total de US$18,360 (Q143 mil).

También se adquirieron 1,287 tazas tipo bola por US$18,018 (Q140 mil), y 1,287 bandejas de acero inoxidable por US$48,906 (Q381 mil).

Entre otros artículos figuran mosquiteros, ponchos de lana, suéteres pixelados, ponchos para lluvia, sombreros con protección, cantimploras y bolsas para dormir.

Las condiciones

El acuerdo establece que Israel se encarga del envío y la fabricación, mientras que Guatemala debe gestionar los permisos de importación y el pago de impuestos locales. Se fija un plazo de 12 meses para la entrega total del equipo, y se establece la obligación de realizar pruebas de aceptación en territorio guatemalteco.

Si Guatemala no asiste a dichas pruebas en un plazo máximo de 14 días tras la llegada del equipo, este se considerará automáticamente aprobado y en perfectas condiciones, liberando a Israel y a Marom Dolphin de cualquier reclamo.

Toda la información relativa al contrato está clasificada como “no para uso público”, con cláusulas de confidencialidad que limitan la divulgación a lo estrictamente necesario. Incluso contempla eventos de fuerza mayor —como pandemias, guerras o desastres naturales— para justificar retrasos en la entrega, sin sanciones.

Se consultó a Defensa sobre las compras pero al cierre de la edición no se obtuvo respuesta.

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Compras especializadas

Marvin Flores, analista independiente en temas de transparencia, explicó que los acuerdos entre países, en este caso entre ejércitos, deben utilizarse para obtener artículos especializados que un país pueda proveer, pero no para adquirir productos comunes. “Con Israel tendría sentido si se compraran fusiles o servicios de reparación de esos armamentos, pero no artículos que pueden encontrarse en el mercado nacional”, comentó Flores.

Agregó que productos como cubiertos, tazas y otros similares están disponibles en el país, y que estas compras evaden la Ley de Contrataciones del Estado. Además, resaltó que no tiene sentido importar desde tan lejos, ya que se generan costos adicionales por importación.

Se consultó al Ejército sobre estas compras. El equipo de prensa confirmó la recepción de la solicitud de información, pero no respondió las preguntas enviadas.

Junta Monetaria emite opinión favorable a préstamo de US$50 millones para digitalización del Minfin

Los integrantes de la Junta Monetaria (JM) emitieron opinión favorable a un préstamo por US$50 millones (unos Q383 millones) destinado a la inversión en digitalización del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).

Urias Gamarro

22 de noviembre de 2025

|

05:00h

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El Ministerio de Finanzas podría recibir un préstamo para continuar con la digitalización de procesos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Durante la sesión de la Junta Monetaria (JM) se emitió opinión favorable a un préstamo por US$50 millones (equivalentes a Q383 millones) para el proceso de digitalización en el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).

La operación será con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Birf), del Banco Mundial (BM), y tiene como objetivo mejorar la eficiencia, eficacia y rendición de cuentas en el gasto público, así como en los procesos y metodologías de presupuesto, deuda pública, tesorería y contabilidad del Estado.

José Alfredo Blanco Valdés, vicepresidente de la JM y del Banco de Guatemala (Banguat), indicó que la opinión favorable fue emitida por unanimidad durante la sesión del pasado miércoles 19 de noviembre.

El préstamo 9869-GT, otorgado por el Birf, financiará el proyecto “Finanzas Públicas: Gestión del Gasto Público Basada en Datos para una Mayor Eficiencia”.

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La tasa de interés será la tasa de referencia SOFR (Tasa de Financiamiento Garantizado a un Día) a seis meses, más un margen variable. El plazo del crédito es de 29 años, con siete años de gracia.

Ahora el expediente con la opinión favorable regresa al Minfin, que lo enviará a la Secretaría General de la Presidencia. Esta, a su vez, lo remitirá al Congreso de la República para su análisis en la Comisión de Finanzas y eventual aprobación en el Pleno.

Por tratarse de deuda pública soberana, el Legislativo debe conocerlo.

El pasado miércoles 12 de noviembre, la JM también emitió opinión favorable a dos préstamos con el BM y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto total de US$750 millones (Q5 mil 737 millones), destinados a infraestructura.

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Ley de Compras y Contrataciones: reforma enfrenta varios obstáculos, según analistas

Trazar una reforma del sistema de adquisiciones estatales es complejo y requiere un proceso técnico extenso. Así lo señalan las observaciones a la propuesta que regularía las compras del Minfin.

Urias Gamarro

11 de noviembre de 2025

|

00:10h

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El Ejecutivo prepara una ley que reformará el sistema de adquisiciones del Estado. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Aunque se reconoce la importancia de modernizar la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto 57-95) y la necesidad de introducir cambios a la norma, analistas consultados anticipan que se trata de un proceso especializado y prolongado que el Minfin no estaría contemplando en la discusión actual en el Congreso de la República.

La celeridad con que el Gobierno Central impulsa la reforma y los tiempos políticos que se avecinan —sobre todo por el proceso de elección de segundo grado previsto para el próximo año— podrían representar obstáculos para lograr los objetivos que se persiguen con este cambio en la política fiscal.

Reforma de compras requiere alta especialización

Prensa Libre consultó a los analistas Erick Coyoy, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), y Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), ambos con experiencia en el tema, ya que fueron viceministros de Finanzas. Ambos ofrecieron su perspectiva sobre la intención de las actuales autoridades de modificar el sistema de adquisiciones estatales.

Coyoy señaló que se trata de una iniciativa ambiciosa, que implica una redefinición del modelo actual. Recordó que la ley vigente tiene 30 años, lo que hace necesaria su renovación; sin embargo, advirtió que se trata de un proceso muy técnico que requiere amplia discusión e involucramiento de los tomadores de decisiones, así como explicar con claridad los alcances del nuevo esquema propuesto, que calificó de “muy amplio”.

Además, afirmó que habrá que observar la postura que adopte el Congreso de la República, ya que se trata de un año preelectoral en el que también debe elegirse a los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, del Tribunal Supremo Electoral, a la fiscal general y al contralor general. “La agenda nacional va a estar muy cargada por las elecciones de estos órganos de control”, explicó, y agregó que será complicado abrir espacios de trabajo para conocer esta propuesta.

A su juicio, no es el momento más adecuado para presentar esta normativa, pues su discusión es “más técnica que política”, y por lo tanto se requiere “una amplia especialización para abrir esos espacios”.

Sugieren más tiempo para evaluar reforma de compras

Barrientos aclaró que la propuesta aún no está concluida y aunque hay un espacio de propuestas y discusión el proceso está un poco corrido, porque hay plazos bastantes cortos y se ha aconsejado que una iniciativa tan compleja se necesita un tiempo suficiente para ser evaluada y analizada.   

Una de las recomendaciones es incluir en Guatemala la figura del Convenio Marco que eventualmente puede remplazar la figura actual de Contrato Abierto, que puede significar algunas ventajas.

También se han identificado las causas del porque no está funcionando el mecanismo de Subasta Inversa y en la propuesta habrá cambios a la ley como en el reglamento, para activar esta modalidad que se creó en 2015 pero que en la realidad no se ha utilizado pero que tiene grandes ventajas en términos de eficiencia.

Sobre los límites de lo que hoy es compra directa, se estaría proponiendo un límite de Q200 mil a Q300 mil pero que habría que esperar como queda la versión final.

Una de las preocupaciones, es que pueda incorporarse alguna de las exigencias de los alcaldes y no ceder sobre las presiones políticas, y que se mantengan dentro del ámbito técnico cuando ingreso a la discusión al Legislativo.

“La discusión es técnica, pero hay una preocupación de que pueda haber una influencia política para satisfacer intereses de alcaldes”, consideró Barrientos.

Urge redefinir modalidades de compra

Sobre los cambios que deben introducirse a la normativa vigente, Coyoy insistió en que deben modificarse las modalidades de compra, ya que actualmente están definidas por montos y no por productos. Por ello, planteó que deberían establecerse estándares aplicables a todos los bienes en función de los montos.

Esta situación ha favorecido el uso extendido de la compra directa y la compra de baja cuantía, mediante las cuales las entidades públicas evaden los procesos de licitación y cotización, por lo que son pocas las instituciones que utilizan estas últimas modalidades.

“Las entidades prefieren acudir al fraccionamiento para eludir los procedimientos más completos, porque todo se hace en función de los montos, cuando debería existir un abanico más amplio de métodos de compra basados en los productos y servicios que se adquieren”, enfatizó.

Recordó que la nueva ley debe garantizar eficiencia y transparencia, para que las adquisiciones se hagan con calidad y precios adecuados, lo cual exige procedimientos diferenciados según el tipo de bien o servicio.

Otro de los puntos que deben reformarse, agregó, es el funcionamiento de las licitaciones y cotizaciones. Señaló que actualmente muchos servidores públicos evitan integrar las juntas de licitación, ya que con frecuencia terminan involucrados en procesos penales.

“Se requiere definir con claridad cómo debe involucrarse el personal del sector público, sin trasladar la responsabilidad a personal operativo sin capacidad suficiente, lo que termina en adquisiciones ineficientes, sobre todo en proyectos de inversión pública”, añadió.

PNC comienza la búsqueda de nuevas autopatrullas; conozca los modelos y precios

Cinco automóviles sedán serán los primeros en incorporarse a la nueva flota de la PNC, como parte de un plan de modernización que contempla la adquisición de diversos vehículos y motocicletas.

Carlos Gómez

4 de noviembre de 2025

|

12:05h

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La PNC realizará la compra de vehículos sedán para patrullajes en la capital y áreas urbanas del país, que sustituirán a las patrullas tipo pickup que serán destinadas al interior del país. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

La Policía Nacional Civil (PNC) realizará la compra de los primeros cinco automóviles sedán —de un total de 100— destinados a la renovación de su flota vehicular. La adquisición contempla la implementación de estos vehículos para patrullajes en la capital y en zonas urbanas con alto tránsito vehicular en el interior del país.

El pasado 31 de octubre, en el portal Guatecompras se publicó el evento para la compra directa de las cinco unidades a la empresa Autos Suzuki de Centro América, S. A., por un monto de Q899 mil 500, con un costo unitario de Q179 mil 990.

Según lo publicado, los vehículos adquiridos por la institución policial serán de cuatro puertas, motor de cuatro cilindros, 1 mil 496 centímetros cúbicos, 106 caballos de fuerza, sistema de frenos ABS, transmisión mecánica de cinco velocidades más retroceso, y combustión a gasolina.

El 1 de agosto del presente año se publicó el evento de cotización en Guatecompras para recibir ofertas. Sin embargo, solo la empresa mencionada presentó una propuesta. Por ello, la Dirección General de la PNC evaluó la oferta y declaró que esta “es favorable a los intereses del Estado y es razonable con relación a los precios existentes en el mercado y especificaciones técnicas indicadas en el evento de Cotización Pública”, según la resolución DGPNC-2025-441, emitida el 28 de octubre. Mediante esta se resolvió favorablemente la adquisición de los vehículos.

El 31 de octubre se publicó el concurso bajo la modalidad de adquisición directa por ausencia de oferta, conforme lo establece la ley, para que la empresa provea los automóviles a la PNC.

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Renovación de la flota

El director de la PNC, David Custodio Boteo, anunció en octubre —durante una citación con diputados del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS)— que está prevista la renovación total de la flota de autopatrullas. Para ello se contempla la adquisición de distintos tipos de vehículos, tanto para la capital como para los departamentos.

El funcionario informó que se prevé una inversión de Q365 millones para modernizar y optimizar la operatividad institucional. El plan contempla la compra de 300 pickups, 100 automóviles sedán, 50 camionetas para traslado de personal, 60 microbuses para subcomisarías, 35 buses tipo coaster para núcleos de reserva, 30 automóviles tipo van, 10 autobuses de parrilla, 30 grúas y dos vehículos blindados para operativos de alto impacto. También se incorporará un lote de mil motocicletas.

Además de la compra, también se están reparando otras unidades, tanto automóviles como motocicletas, afirmó el director de la PNC.
Indicó que las unidades de 2018 y 2019 aún pueden ser reparadas. En cambio, las que datan de 2007 a 2014 ya no son recuperables, debido a que su reparación requiere una inversión alta que no sería viable. Agregó que ya se han reparado unas 150 motocicletas que están en circulación, mientras se gestiona la adquisición de nuevas unidades.

Según declaraciones brindadas por Custodio Boteo a Prensa Libre, el objetivo es realizar patrullajes en zonas urbanas con automóviles sedán y motocicletas, a fin de mejorar la capacidad de respuesta y movilidad, mientras que los automóviles tipo pickup serán distribuidos en el interior del país.

“Ahorita se tiene una nueva idea de comprar automóviles y motos para la ciudad capital y los departamentos que tienen más tráfico vehicular. Estamos hablando de pickups para Huehuetenango, Quetzaltenango, Chiquimula, Zacapa, San Marcos y algunos otros departamentos que tienen municipios muy extensos y que definitivamente el área rural es muy complicada para llegar a esos lugares. Entonces son dos tipos de vehículos los que estamos contemplando, pickups para los departamentos y automóviles —sedán— y motos para la capital y para las cabeceras departamentales que tienen alto tráfico vehicular”, afirmó el director de la PNC.

La renovación busca dotar a la PNC de los recursos necesarios para “mejorar su movilidad y capacidad de respuesta en todo el territorio nacional, y que va de la mano con el aumento de los agentes de la institución”, aseguró Boteo.

El director explicó que la compra de vehículos es necesaria ante el incremento previsto en el número de elementos de la institución. En septiembre se graduaron 3 mil 726 nuevos elementos, entre ellos 3 mil 223 nuevos agentes, 336 mandos y 167 agentes que concluyeron cursos de formación, ascenso y especialización.
Actualmente, la PNC cuenta con más de 46 mil elementos, por lo que es importante dotarlos, además de armas y equipo, de medios para su movilización, afirmó Custodio Boteo.

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Analizarán nuevas opciones

A inicios de septiembre, la PNC canceló la compra de mil patrullas tipo pickup de la marca Isuzu, debido a inconsistencias en el número de Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) de la empresa Changhe Motors, inicialmente elegida para proveer las unidades por Q365 millones. Ante ello, se evaluarán nuevas opciones, afirmó el director David Custodio Boteo.

“Uno de los aspectos favorables que tenía esta compra de vehículos pickup que se suspendió de Isuzu D-Max es que ellos ofrecían una primera entrega para finales de octubre de 250 patrullas y ninguna otra empresa ofrecía lo mismo, ofrecían entregar hasta el mes de marzo (2026) y nosotros la seguridad la podemos visualizar que es para ahora, y por lo tanto son opciones que nosotros estamos viendo que nos entreguen rápido el producto y que sea de buena calidad y a buen precio”, aseguró Boteo, quien además agregó: “De nada serviría tener muchos policía, si no tenemos patrullas, radios de comunicación y tecnología. Nos daría lo mismo”.

Así deberán ser las características y la antigüedad de los buses para las 17 nuevas rutas del transporte de pasajeros en la capital de Guatemala

Además de definir 17 rutas para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros, el concurso público lanzado por la Municipalidad de Guatemala establece las características que deben tener los buses como la antigüedad y la forma de operar (diésel o eléctrico).

Rosa María Bolaños

22 de septiembre de 2025

|

10:00h

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El sistema de transporte público de pasajeros Tu Bus ya cuenta con varias rutas y ahora la Municipalidad de Guatemala lanzó un evento para 17 rutas más. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

El evento para operar 17 rutas corresponde a la operación del sistema integrado de transporte público colectivo urbano del municipio de Guatemala con el servicio de Tu Bus.

Según los plazos divulgados en Guatecompras, el 4 de noviembre del 2025 es la fecha para la presentación de ofertas, las cuales deberán entregarse en papel.

Antigüedad

En cuanto a los buses, se establecen la antigüedad máxima de 10 años y las características mínimas de las unidades.

Se explica que, para este concurso público, las unidades constituyen el elemento central de la operación de las rutas, por lo que se definieron criterios y parámetros técnicos para garantizar la participación de potenciales operadores nacionales e internacionales.

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Se admite la participación de ofertas con unidades nuevas o usadas, propias o arrendadas.

Las unidades usadas no podrán superar los 10 años de antigüedad al momento de su incorporación (modelo mínimo 2015). Si exceden ese límite, deberán ser sustituidas por otras que cumplan con el requisito o por unidades nuevas.

Durante la vigencia del contrato, las unidades deberán cumplir con una vida útil máxima de 15 años o un recorrido de hasta un millón de kilómetros, lo que ocurra primero, y deberán ser reemplazadas al alcanzarse cualquiera de estos límites.

Características mínimas de las unidades

La Empresa Municipal de Transporte de la Ciudad de Guatemala y sus Áreas de Influencia Urbana (EMT) definió dos tipos de unidades con distintas capacidades, diferenciadas principalmente por la longitud del vehículo, y en consecuencia, por la capacidad de pasajeros.

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Según las bases del concurso:

• La capacidad debe ser de entre 40 y 80 pasajeros, de acuerdo con las fichas técnicas de las rutas.
• Las unidades deben tener dos puertas para ascenso y descenso de usuarios.
• El largo de la carrocería debe ser de entre 8.50 y 12.50 metros.
• El ancho, de entre 2.25 y 2.60 metros (sin incluir retrovisores).
• La altura total, de entre 2.80 y 3.50 metros.

La carrocería debe soportar cargas estáticas (peso del bus más pasajeros) y dinámicas (frenado, aceleración, giros, irregularidades de la vía). También se requieren rigidez torsional y flexional, espacio de supervivencia, seguridad para el pasajero y materiales resistentes en caso de colisiones.

En cuanto a durabilidad, se exige una estructura diseñada para años de operación intensiva.

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Componentes exteriores e interiores:

• Neumáticos y aros nuevos al inicio de operaciones, con repuesto nuevo.
• Limpiaparabrisas con cambio de plumillas cada invierno.
• Dos retrovisores y soporte para barra de remolque.
• Pasamanos central adosado al techo.
• Asientos de polietileno o polipropileno moldeado, con forma anatómica.
• Iluminación interna y externa.
• Buses de 80 pasajeros deberán tener escotillas de ventilación en el techo.

Sistema de operación y tecnología

Los autobuses pueden funcionar con diésel o electricidad. En la evaluación de requisitos se otorgará mayor puntaje a los buses eléctricos.

En ambos casos, nuevos o usados, deberán contar con mantenimiento preventivo y correctivo.

También deberán incorporar sistemas tecnológicos embarcados, como ductos, cableados y dispositivos compatibles con sistemas de 12 a 24 voltios, para permitir la instalación de gestión de flota, pago automatizado (con tarjeta), información al usuario y cámaras.

Aunque no es obligatorio, se considera deseable que las unidades cuenten con wifi y otros sistemas de comunicación.

El color de la carrocería deberá corresponder al sistema Tu Bus: verde con azul, según las especificaciones técnicas.

Plazos para empezar a operar

• Si las unidades son usadas, deberán estar operando en un plazo no mayor de 26 semanas.
• Si son nuevas, el plazo máximo es de 40 semanas.

En ambos casos, se dará mayor ponderación a las unidades nuevas.

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Licencias de operación y sus plazos

El contrato de licencias de operación se establecerá según el tipo de energía propuesta:

• Si el 100% de la flota es eléctrica: contrato por 20 años.
• Si el 51% de la flota es eléctrica: contrato por 18 años.
• Si el 51% o más es diésel Euro 6, 5 o 3: contrato por 15 años.

Para iniciar operaciones, el operador deberá adquirir las unidades, construir o adaptar predios, instalar los sistemas requeridos (GPS, cámaras, sistema de recaudo, y otros.), registrar al personal y contratar seguros y servicios.

Si la propuesta incluye unidades nuevas que aún no están en el país, se podrá comenzar operaciones antes de finalizar la semana 40 con buses usados de hasta 10 años, los cuales deberán registrarse según el Acuerdo Municipal COM-25-2025 y sus reformas, y ser sustituidos por los nuevos en un plazo no mayor de 365 días.

Esta opción solo será válida si se presenta, antes del contrato, copia certificada y traducción jurada (si es proveedor extranjero) de la orden de compra de las nuevas unidades.

Modelo de negocio

• Se estima un flujo de usuarios diario, con mayor afluencia entre las 6 y 9 horas y entre las 16 y 21 horas.
• Tomando en consideración lo establecido en el a artículo 42 del Acuerdo Municipal COM-25-2025 y sus reformas la tarifa propuesta por el oferente no podrá ser mayor a la tarifa base máxima, lo que representa que para este concurso no podrá ser superior a Q8 por pasaje.
• La flota deberá estar estandarizada entre 40 y 80 pasajeros.
• Contar con sistema de pago electrónico mediante tarjeta ciudadana.
• Los canales de atención incluyen validadores en las unidades, puntos de recarga, comunicación por WhatsApp y redes sociales, e información en las paradas.
• Los buses pueden ser propios o arrendados, y se deberá contar con personal (conductores, supervisores, administrativos, etc.) y predios (propios o arrendados).
• También se exige respaldo financiero para la adquisición de flota y estructura de costos.

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Sandy Pineda

19 de septiembre de 2025

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14:25h

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Una de las camionetas Volkswagen Nivus 2025 adquiridas por la Subdirección General de Estudios y Doctrina de la PNC, captada en la vía pública y en videos que circulan en TikTok. (Foto Prensa Libre: captura de video por René Jiménez)

El Ministerio de Gobernación (Mingob) adquirió una flotilla de vehículos para la Policía Nacional Civil (PNC), incluidas camionetas Volkswagen Nivus, un tipo de vehículo que hasta ahora no se había utilizado en la institución, lo que llamó la atención por su diseño. En total, las adquisiciones suman más de Q2.6 millones, distribuidas entre tres procesos realizados en agosto del 2025.

El 12 de agosto del 2025 se adjudicó la compra de cuatro camionetas Suzuki Fronx modelo 2026 para la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC), por un valor unitario de Q219 mil 385, lo que suma Q877 mil 540.

Estas SUV compactas fueron adaptadas como patrullas y cuentan con barras luminosas LED con 20 patrones de destello, sirenas electrónicas de 200 vatios, radios digitales de doble modo (analógico y digital) y bocinas de alta potencia.

El esquema azul y blanco, junto con la rotulación oficial con escudos y valores institucionales, facilita su identificación inmediata y visibilidad en operativos, según se menciona en el portal Guatecompras. La operación está registrada bajo el Número de Operación Guatecompras (NOG) 27144186, adjudicada a Autos Suzuki de Centro América, S. A.

Patrullas equipadas

El 5 de agosto del 2025 se adquirieron cuatro camionetas Volkswagen Nivus modelo 2025, por un total de Q899 mil 600, destinadas a la Subdirección General de Estudios y Doctrina, que administra la Academia Policial en la zona 6 de la capital.

Esta adquisición se identifica con el NOG 27089266, y fue adjudicada a Continental Motores, S. A.

Estas unidades combinan estructura de aluminio y bases de hierro liviano, paneles de policarbonato resistentes a rayos UV y sistemas de iluminación LED de alta eficiencia.

Además, cuentan con módulos de luces callejoneras blancas, circuitos eléctricos optimizados, panel central de control y espacios de rotulación reflectiva para placas y señalización, lo que garantiza visibilidad y seguridad durante traslados.

En videos que circulan en redes sociales, especialmente en TikTok, se observan las nuevas camionetas Nivus, adaptadas como autopatrullas de la PNC, mientras circulan por distintas calles de la capital.

@juankchaclan Están estrenando carro los muchachos @PNCdeGuatemala mejor denle mantenimiento a las unidades que tienen tiradas #pnc #wolswagen #guatemala #2025 ♬ sonido original – Plymouth _Band

La compra se justificó como un registro logístico esencial para trasladar de forma segura y eficiente al personal en actividades académicas, administrativas y operativas, con el fin de optimizar tiempos, reducir costos de transporte externo y asegurar la puntualidad en los procesos formativos de la PNC.

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@ren.jimenez72 #lapolizia #pncdeguatemala nuevas patrullas #guatemalaviral ♬ sonido original – @23es

Nuevas camionetas

El 13 de agosto del 2025 se adquirieron otras cuatro camionetas por Q899 mil 604, destinadas a la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica.

La operación fue registrada con el NOG 27091430, también adjudicada a Continental Motores, S. A.

El fin de estas camionetas, según los oficios, son garantizar la movilidad del personal y equipo en operativos antinarcóticos, tanto en los perímetros de las sedes policiales como en intervenciones en distintos departamentos del país.

Cada unidad cuenta con características similares a las de la SGIC, como iluminación LED y rotulación oficial.

En conjunto, las tres licitaciones suman Q2 millones 676 mil 744.

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Cancelan compra de patrullas

La PNC canceló recientemente la adjudicación por Q365 millones para la compra de mil patrullas a Changhe Motors, luego de detectar una inconsistencia en el número del Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) consignado en la documentación presentada por la empresa.

La cancelación que se informó el 5 de septiembre último, indicaba que originalmente, la oferta de Changhe Motors había sido adjudicada tras desestimar una inconformidad de otra compañía. Sin embargo, la Junta de Licitación determinó que la discrepancia entre el número consignado en la oferta y el documento físico era “insubsanable”, por lo que se declaró la “no adjudicación” del proceso.

La situación también generó conflicto con Isuzu, que aseguró que únicamente sus distribuidores autorizados en Guatemala —Autocom y Canella— pueden comercializar los modelos D-Max y mu-X. Changhe Motors sostiene que su autorización es exclusiva para compras del gobierno y que la documentación que presentó es válida para este fin.

De haberse concretado el contrato, las primeras 220 unidades se habrían entregado en 60 días, y 150 adicionales en enero de 2026, según la empresa.

Actualmente, la PNC cuenta con 6 mil 199 patrullas en circulación, mientras que otras 2 mil 650 están fuera de servicio por daños irreparables.

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Cartera sigue licitando

El Ministerio de Gobernación lanzó la licitación para la compra de mil motocicletas destinadas a reforzar los patrullajes de la Policía Nacional Civil (PNC), con un presupuesto de Q58 millones, según el Plan Anual de Compras.

El proceso, publicado en Guatecompras el 5 de agosto de 2025 (NOG 26065843), permitirá la presentación de ofertas hasta el 17 de septiembre en la Subdirección General de Apoyo y Logística de la PNC, en zona 6 de la capital.

La entrega de las motocicletas se realizará en tres fases: 300 unidades en los primeros tres meses, 350 al cabo de seis meses y 350 restantes en nueve meses, garantizando así la incorporación gradual al parque vehicular de la institución.

Lea también: Se frena compra de armas para la PNC por denuncia de la Contraloría y reclamos de proveedores

Piden a la CC agilizar fallo sobre norma que obliga a identificar a verdaderos dueños de proveedores del Estado

Cinco organizaciones de la sociedad civil y personas individuales solicitaron a la Corte de Constitucionalidad (CC) que “resuelva con prontitud” la acción de inconstitucionalidad que suspendió provisionalmente la obligación de que los proveedores del Estado reporten ante el RGAE a sus accionistas y beneficiarios finales.

Rosa María Bolaños

5 de septiembre de 2025

|

05:00h

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El Minfin informó en junio del 2025 que los proveedores del Estado inscritos con personería jurídica deben ampliar su información en el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) y reportar a sus accionistas, pero en junio la CC suspendió la medida. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

La medida se denomina Acuerdo Gubernativo de Proveedores Transparentes y está contenida en el Acuerdo Gubernativo 133-2024, reformado por el 208-2024, que establece requisitos, trámites y procedimientos de inscripción y otras anotaciones registrales ante el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE).

El artículo 9 obligaba a las empresas proveedoras del Estado a declarar, antes de junio del 2025, a sus accionistas y a las personas físicas que poseen o controlan efectivamente la entidad, ya sea de forma directa o indirecta. Sin embargo, la CC, con resolución divulgada el 11 de julio del 2025, suspendió provisionalmente el numeral ii de la literal d del artículo 9, que contiene dicha obligación.

La acción de inconstitucionalidad de ley de carácter general, parcial, fue presentada por Raúl Enrique Ramírez Ceballos, y la suspensión provisional fue emitida por la CC el 10 de julio del 2025.

Por medio de un boletín, se informó que las cinco organizaciones de sociedad civil —Acción Ciudadana (AC), Asociación Civil Diálogos, Consejo Nacional Empresarial (CNE), Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH) e Involúcrate Guatemala ONG—, así como “ciudadanos que se suscriben a título personal y que inciden en diferentes espacios como la instancia de Consejeros Delegados de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC)”, presentaron el miércoles 3 de septiembre un amicus curiae en defensa del Acuerdo Gubernativo 133-2024 del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).

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Con esta herramienta se busca ofrecer a los magistrados argumentos técnicos y legales para tomar una decisión informada, justa y responsable. Los ponentes consideran que resolver con prontitud esta acción de inconstitucionalidad es vital para la transparencia, la competitividad del país y el cumplimiento de compromisos internacionales, se añadió. Se expuso que las medidas implementadas por el Gobierno buscan fortalecer la transparencia, prevenir la evasión fiscal y los delitos financieros, y combatir la corrupción en las contrataciones públicas.

El objetivo es identificar a los beneficiarios finales, conocidos como BOT (Beneficial Ownership Transparency), lo cual representa un avance en el cumplimiento de los compromisos internacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, conforme a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

También argumentan que el incumplimiento de estas normas podría afectar la calificación de riesgo país y generar sanciones o restricciones en mercados internacionales.

“La organización Open Contracting Partnership ha señalado que la opacidad en la estructura de propiedad permite a personas obtener contratos de forma indebida y beneficia a empresas con intereses ocultos”, añadieron las entidades.

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“Desde la sociedad civil presentamos ante la CC un amicus curiae, con argumentos y recomendaciones de expertos nacionales e internacionales sobre cómo resolver este amparo y fortalecer las acciones de transparencia”, expresó César Vega, coordinador de Acción Ciudadana.

“Los beneficiarios finales son los verdaderos propietarios de las empresas que participan en contrataciones del Estado. Un beneficiario final es quien económicamente se beneficia de estas contrataciones, más allá de su representante legal”, explicó en el boletín María del Carmen Pelaéz, investigadora anticorrupción de Diálogos, quien considera fundamental fortalecer la transparencia y generar confianza pública en las contrataciones estatales.

Yara Tobar, presidenta de la junta directiva del Consejo Nacional Empresarial (CNE), dijo que exigen a la CC resolver conforme a la ley, ya que un marco sólido de transparencia financiera puede mejorar la calificación de riesgo país, reducir los costos de financiamiento público y privado, y generar mayores oportunidades de inversión y desarrollo.

También se pronunció Carlos Fernández, del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), quien comentó que mientras menos transparencia hay, más oportunidades existen de usar empresas fachadas, prestanombres o testaferros “para disfrazar a los verdaderos beneficiarios de contratos millonarios del Estado”.

Contexto:

• La acción de inconstitucionalidad de ley de carácter general, parcial, fue presentada por Raúl Enrique Ramírez Ceballos. La resolución, correspondiente al expediente 4255-2025, fue emitida por la CC el 10 de julio del 2025 y publicada el viernes 11 en el Diario de Centro América, según consta en dicho documento.
• La medida suspendida establecía que los proveedores con personería jurídica debían presentar, mediante una certificación, los datos de quiénes son los accionistas y las personas físicas que poseen o controlan efectivamente las decisiones de la persona jurídica, de forma directa o indirecta. La certificación debía estar firmada y sellada por el órgano de administración de la sociedad mercantil.
• Las entidades obligadas a realizar esa actualización eran sociedades mercantiles, asociaciones, cooperativas, fundaciones, sociedades civiles, organizaciones no gubernamentales y otras entidades jurídicas inscritas y actualizadas en el RGAE, según informó el Minfin. El plazo para cumplir con dicha obligación vencía el 30 de junio del 2025.
• A partir del 1 de julio del 2025, los proveedores que no reportaran esa información perderían su estatus de actualizados en el sistema RGAE y no podrían participar en ningún evento, adjudicación o contratación en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Guatecompras). Sin embargo, el 11 de julio fue suspendida provisionalmente.

Ministerio de la Defensa invirtió Q159 millones en nuevas aeronaves destinadas para emergencias y vigilancia

El ministro de la Defensa, Henry Saenz, afirmo que se prevé incorporar, antes de finalizar el 2025, dos aeronaves adquiridas bajo el convenio militar con Estados Unidos, parte del fortalecimiento de sus capacidades operativas.

Carlos Gómez

25 de agosto de 2025

|

00:09h

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Con la adquisición de dos nuevas aeronaves se espera expandir la capacidad de ayuda y respuesta del ejercito afirmo el Ministro de la Defensa, Henry Saenz. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca, Ejército de Guatemala)

El Ministerio de la Defensa (Mindef) espera recibir en diciembre dos aeronaves adquiridas al Gobierno de Estados Unidos, que estarán destinadas a operaciones de reconocimiento, vigilancia y atención de emergencias en el país.

De acuerdo con el dictamen presupuestario y financiero de la Comandancia de la Fuerza Aérea, emitido en octubre del 2024, la compra se efectuó mediante el programa FMS, respaldado por el Convenio de Asistencia Militar vigente desde 1955 entre Guatemala y Estados Unidos.

“Es una aeronave de ala fija, Twin Otter, que esperamos para la segunda quincena de diciembre. Y una aeronave de ala rotativa, un helicóptero 407 Bell, también esperamos en la misma fecha poder recibirlo”, afirmó el titular de la cartera de Defensa, Henry Saenz.

Las aeronaves son un avión Viking Twin Otter DHC-6 y un helicóptero Bell 407 GXi. Según la información publicada en Guatecompras, el avión tendrá un costo de Q99 millones 990 mil 178, y el helicóptero, de Q59 millones 389 mil 762.59, para un total de Q159 millones 379 mil 940.59. La adjudicación de ambas aeronaves se realizó en octubre y noviembre del 2024.

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Saenz aseguró que el valor total fue contemplado dentro del presupuesto de Q4 mil 260 millones asignado al Mindef para el 2025. También afirmó que estas adquisiciones forman parte del proceso de modernización de las fuerzas armadas del país, contemplado en el Plan Operativo Anual del Ministerio de la Defensa para el presente año.

El acuerdo de compra que se encuentra en Guatecompras indica que la adquisición incluye la prestación de servicios y repuestos para ambas aeronaves. Los pagos, agrega, iniciarán en febrero del 2025, y la entrega está prevista, como plazo máximo, para el 31 de diciembre del mismo año.

El ministro indicó que el principal objetivo de estas aeronaves será la atención de emergencias, especialmente en el interior del país, y en áreas que encuentran alejadas en distintos puntos.

“Solo este año llevamos 40 transportes aéreos médicos, salvando vidas de niños y población en general, en donde los hospitales en el interior llegan al límite de su capacidad. Y nosotros, como Ministerio de la Defensa Nacional, a través de Fuerza Aérea, utilizamos esas aeronaves para trasladarlos a la ciudad capital con mejores medios para poder hacer todas las operaciones que se necesitan. Así hemos salvado vidas”, afirma Saenz.

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Según datos de la cartera de la Defensa, actualmente, la Fuerza Aérea Guatemalteca posee dos aviones Twin Otter DHC-6, tres helicópteros Bell 206B3, dos Bell 412EPX (adquiridos en el 2022) y un Bell 429, donado en el 2024 por Estados Unidos.

El titular castrense explico que la adquisición de las aeronaves se pudo concretar debido al incremento en el presupuesto del Mindef durante el presente año y que, por medio de los convenios adquiridos se ha tenido la facilidad para realizar la compra.

En cuanto a la continuidad del proceso de modernización del Ejercito, Saenz, explicó que para el 2026 ya se está llevando a cabo la planificación para la creación del Comando Naval del Caribe y para el 2027 se tiene prevista la implementación del Comando Aéreo, para lo cual ya se realizan las gestiones correspondientes para llevar a cabo las adquisiciones de equipo y vehículos que se requieren, esto a través de los convenios que se tienen con Estados Unidos e Israel.

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Características de las aeronaves adquiridas:

Viking DHC-6 Twin Otter

Según el fabricante, es un avión bimotor turbohélice versátil, conocido por su capacidad de despegue y aterrizaje cortos (STOL). Puede operar en pistas reducidas y terrenos no preparados, lo que lo hace útil en regiones remotas o con infraestructura limitada.

Dimensiones y peso:

• Envergadura: 19.80 m
• Longitud: 15.77 m
• Altura: 5.90 m
• Peso máximo al despegue: 5 mil 670 kg

Rendimiento:

• Velocidad de crucero: 315 km/h
• Velocidad máxima: 297 km/h
• Techo de servicio: 7 mil 620 m
• Alcance máximo: 1,427 km

Motores:

• Dos Pratt & Whitney Canada PT6A-27 o PT6A-34
• Hélices de tres palas, paso reversible y abanderables

Capacidades:

• Hasta 19 pasajeros
• Configurable con flotadores, esquís o trenes especiales para operar en agua, nieve o terrenos irregulares
• Empleado en transporte, carga, evacuaciones médicas, búsqueda y rescate, vigilancia y mapeo aéreo

Helicóptero Bell 407GXi

Es una versión modernizada del helicóptero Bell 407, con mejoras tecnológicas y motor optimizado.

Rendimiento y capacidad:

• Un piloto y hasta seis pasajeros
• Velocidad de crucero: 246 km/h
• Alcance: 624 km
• Autonomía: hasta 4 horas
• Carga útil interna: 1,043 kg; externa: 1,406 kg
• Techo de servicio: 7,620 m

Motor y aviónica:

• Rolls-Royce 250-C47E/4 con FADEC
• Aviónica Garmin G1000H NXi: navegación, parámetros de motor y comunicaciones integradas

Diseño y usos:

• Rotor principal de cuatro palas, cola de dos
• Fuselaje de aluminio, fibra de carbono y vidrio
• Usos en distintas partes del mundo: transporte corporativo, ambulancia aérea, misiones policiales, rescate, carga externa

Empresas de Guatemala y México compiten por ampliar autopista entre El Rancho y Teculután

Las empresas presentaron sus propuestas para la ampliación de la autopista entre El Rancho y Teculután, cuya construcción se prevé comience en enero del 2026.

Carlos Gómez

4 de agosto de 2025

|

14:59h

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El periodo de recepción de ofertas para las empresas interesadas en ampliar el tramo entre El Rancho y Teculután concluyó el pasado 14 de julio. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Cuatro empresas mostraron interés en participar en el proceso de licitación para ejecutar el proyecto de ampliación a cuatro carriles de la ruta al Atlántico que comprende el tramo de El Rancho hacia Teculután, Zacapa. Esta licitación internacional fue lanzada en mayo por el Ministerio de Comunicaciones.

La recepción de ofertas concluyó el 14 de julio. Se recibieron propuestas de precalifcación de cuatro constructoras: dos mexicanas, una guatemalteca y un consorcio con participación de Guatemala y México.

Según el portal Guatecompras, las empresas oferentes son:

• Consorcio Vías Terrestres del Atlántico (Constructora Codico, S. A. e ICA Constructora, S. A. de C. V.), Guatemala/México
• ICA Constructora, S. A. de C. V., México
• Supra Construcciones, S. A. de C. V., México
• Grupo Muratori, S. A., Guatemala

A finales de mayo, la cartera de comunicaciones informó que 29 empresas habían manifestado interés en participar en el evento. Sin embargo, solo las cuatro mencionadas presentaron ofertas.

Ahora, la cartera de Comunicaciones deberá analizar las propuestas y determinar cuál es la más viable para adjudicar la obra, cuya construcción se prevé que comience en enero del 2026.

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Contratistas del Estado

La Constructora Codico, S. A. ha prestado servicios al Estado desde el 2005. Desde entonces ha recibido más de Q1 mil 838 millones 489 mil en adjudicaciones. En el 2024 percibió más de Q25 millones por arrendamiento de maquinaria a la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla y a la Municipalidad de Puerto Barrios, Izabal, entre otras.

Grupo Muratori, S. A. también ha sido contratista estatal desde el 2005 hasta el 2022, y ha recibido más de Q2 mil 583 millones 685 mil. En el 2022 se le adjudicó el diseño y construcción del puente Belice II por Q1 mil 785 millones. En julio pasado, el viceministro administrativo y financiero, Josué Ricart, indicó que antes de retomar la obra se deberá saldar una deuda pendiente con la empresa.

“La cartera adeuda Q127 millones por trabajos efectuados en 2023, antes del cambio de gobierno y la suspensión del proyecto; sin embargo, actualmente no se cuenta con disponibilidad financiera para efectuar el pago”, afirmó el funcionario.

Trayectoria en México

ICA Constructora, S. A., fundada en 1947, ha participado en diversos proyectos de infraestructura financiados por el Gobierno de México. En el 2020 se le adjudicó la construcción del cuarto tramo del Tren Maya, entre Izamal, Yucatán, y Cancún, Quintana Roo. Además, posee el derecho de vía de la autopista de Kantunil a Cancún y ha ejecutado proyectos en varios países de América Latina.

Supra Construcciones, S. A. participó en la licitación de uno de los tres primeros tramos del Tren Maya en México, aunque no fue seleccionada. También ha desarrollado obras en diferentes estados del país.

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Financiamiento para la Construcción de la autopista El Rancho, Teculután

El proyecto que contempla la rehabilitación y ampliación del tramo de 31 kilómetros de la ruta CA-9 Norte, será financiado mediante un préstamo de US$75 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y un convenio con el Instituto de Crédito Oficial de España por US$100 millones, que en su totalidad suman US$175 millones, que equivalen a más de Q1 mil 350 millones, fondos que fueron aprobados por el Congreso en octubre del año pasado.

Según las proyecciones de la cartera de comunicaciones, los trabajos tendrán una duración estimada de 36 meses y cubrirán desde el kilómetro 85.3 en El Rancho hasta el kilómetro 120.3, en el ingreso a Teculután.

En esta primera fase no contempla el libramiento que había sido anunciado en etapas previas, ya que su construcción requiere primero la habilitación de los cuatro carriles, de acuerdo con los estudios técnicos del CIV.

Plan de modernización

La ampliación del tramo El Rancho-Teculután, es parte del proceso de modernización de la ruta al Atlántico, que comenzó en el 2006 con financiamiento de Taiwán. Desde entonces, se realizaron mejoras en la capa asfáltica y señalización entre otros arreglos.

En el 2015 dio inicio la ampliación a cuatro carriles entre la ciudad capital y El Rancho, obras que concluyeron en 2020 tras numerosos atrasos provocados por 46 litigios por derecho de vía, situación que podría darse nuevamente cuando se lleve a cabo la construcción de este nuevo tramo.

¿Qué procede tras suspensión de la CC sobre obligación a proveedores de reportar accionistas?

Aunque el 65% de los proveedores del Estado ya había reportado al Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) la información requerida sobre sus accionistas, el Minfin dio a conocer qué procede ahora que la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió de forma provisional esa obligación.

Rosa María Bolaños

14 de julio de 2025

|

15:48h

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Las disposiciones que obligaban a los proveedores del Estado a reportar al registro a sus accionistas, fue suspendido de forma provisional por la CC, el 11 de julio. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Según el Ministerio de Finanzas (Minfin), el día en que se publicó la resolución de la CC, más del 65% de los proveedores obligados ya había presentado la información requerida de sus accionistas en el Acuerdo Gubernativo número 133-2024, reformado posteriormente por el Acuerdo Gubernativo número 208-2024.

Dicha disposición establecía que, a más tardar el 30 de junio, los proveedores debían actualizar sus datos ante el RGAE.

De incumplir, a partir del 1 de julio del 2025 perderían su estatus de actualizados en ese registro y no podrían participar en eventos, adjudicaciones o contrataciones en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Guatecompras).

Sin embargo, el viernes 11 de julio del 2025 se publicó en el Diario de Centro América (DCA) la resolución de la CC sobre el expediente 4255-2025, con la cual se suspendió de forma provisional el numeral ii de la literal d) del artículo 9, relativo a los reportes de las sociedades mercantiles.

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El Minfin indicó que, con el objetivo de garantizar la certeza jurídica, la debida observancia normativa y la transparencia en los procedimientos registrales, el RGAE explicó los pasos a seguir:

• Las sociedades mercantiles que no habían cumplido con la disposición suspendida ya no están obligadas a presentar dicho requisito.
• Quienes no realizaron su actualización bajo el esquema de “proveedores transparentes” y cuyo estatus cambió a “No Actualizado” a partir del 1 de julio deberán efectuar una nueva actualización. No será necesario presentar el requisito suspendido.
• Las solicitudes en trámite ya no deberán cumplir con el requisito ahora suspendido.

“La disposición ahora suspendida forma parte de los esfuerzos del Gobierno para promover la transparencia, probidad, eficiencia y eficacia en la contratación pública, velar por el interés público que debe predominar en este ámbito y afianzar la lucha contra la corrupción”, argumentó el Minfin. Añadió que esta medida se emitió para conocer a detalle con quiénes se establecerán relaciones contractuales.

Asimismo, la institución afirmó que este tipo de disposiciones también buscan identificar a las personas que realmente se benefician de los contratos con el Estado. Esto ayuda a prevenir que se hagan negocios con individuos vinculados a delitos relacionados con corrupción o lavado de dinero, y facilita la verificación de posibles conflictos de interés que constituyan impedimentos legales para contratar con entidades públicas.

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Respecto de su legalidad, el Minfin sostuvo que la disposición se ajusta a la normativa nacional vigente y a los compromisos internacionales asumidos por Guatemala en la lucha contra la corrupción. Además, aseguró que la medida concuerda con criterios emitidos por la misma CC en fallos relacionados con la materia.

Para resolver dudas, el ministerio pone a disposición los teléfonos (502) 2374-2822 y los correos electrónicos gestionesrgae@minfin.gob.gt y consultasrgae@minfin.gob.gt.

Los proveedores del Estado inscritos con personería jurídica deben reportar información de sus accionistas y socios

El requerimiento para estos proveedores del Estado se debe cumplir a más tardar el 30 de junio y es una normativa diferente a la suspendida por la Corte de Constitucionalidad.

Rosa María Bolaños

26 de junio de 2025

|

19:00h

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El Minfin informó que los proveedores del Estado inscritos con personería jurídica deben ampliar su información en el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) y reportar a sus accionistas, entre otros. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Aunque las reformas al artículo 120 del Código Tributario que establecen la obligación de reportar los nombres y apellidos de socios o accionistas de personas jurídicas en el Registro Tributario Unificado (RTU) de la SAT fueron suspendidas de forma provisional por la Corte de Constitucionalidad (CC), hay otras normativas que requieren esa información, pero para quienes son proveedores del Estado y tienen personería jurídica.

El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) informó que los proveedores del Estado inscritos con personería jurídica deben ampliar su información en el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) y reportar a sus accionistas, entre otros.

El requerimiento es basado en el artículo 6 del Acuerdo Gubernativo número 208-2024, que reforma el Acuerdo Gubernativo 133-2024, el cual contiene los requisitos, trámites y procedimientos de inscripción, precalificación y otras anotaciones registrales. La institución refirió en sus redes sociales que la información será recibida bajo garantía de confidencialidad.

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El plazo vence el 30 de junio próximo, indicó la institución, la cual explica que deben presentar la siguiente información mediante una certificación que detalle:

• El nombre de los integrantes del órgano de administración de la empresa o entidad.
• Quiénes son los accionistas, socios y asociados, y las personas físicas que finalmente poseen o controlan las decisiones de las entidades en forma directa.
• O quiénes indirectamente ejercen control efectivo final sobre la empresa o entidad.
• El documento debe estar firmado y sellado por el órgano de administración de la entidad.

Según el Minfin, se habilitó la ampliación de Proveedores Transparentes en el sistema del RGAE e informa de los plazos y requerimientos:

• La fecha límite es el 30 de junio.
• Las entidades que no cumplan con este requisito, a partir del 1 de julio de 2025, perderán su estatus de actualizadas en el sistema RGAE.
• Al perder el estatus, no podrán participar en ningún tipo de evento, adjudicación o contratación en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Guatecompras).
• Sin embargo, podrán cambiar su estatus una vez cumplan con los requisitos.

¿Qué proveedores deben actualizar?

Los entes que deben actualizar son las sociedades mercantiles, asociaciones, cooperativas, fundaciones, sociedades civiles, organizaciones no gubernamentales y otras entidades jurídicas inscritas y actualizadas en el RGAE, según el Ministerio de Finanzas.

La medida busca fortalecer la transparencia en las contrataciones públicas, permitiendo al Estado acceder a información esencial sobre quienes participan en estos procesos.

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Cuál es la diferencia entre las dos normativas

El auditor Óscar Chile Monroy, de la firma MGI Chile Monroy y Asociados, S. C., explica que este requerimiento no es general, sino para las empresas o entidades que le venden al Estado, por lo que no aplica para todos los contribuyentes, sino solamente para los proveedores interesados.

Además, el ejecutivo señala la diferencia entre ambas disposiciones:

En el artículo 120 del Código Tributario, ese requisito era específico para el RTU, referente a las actualizaciones, y aplicaba a todos los contribuyentes como sociedades mercantiles. Sin embargo, con la suspensión provisional de la CC respecto al reporte de nombres de accionistas, por el momento no aplica para efectos del RTU.

En cambio, advierte que el contenido en el Acuerdo 133-2024 no ha sido impugnado y tiene un campo de aplicación diferente ya que la información se debe reportar por los proveedores al RGAE. Por tanto, si una empresa proveedora del Estado no presenta la información de sus accionistas, la SAT podría excluirla como proveedor, no inscribirla o no actualizarla. Como consecuencia, no podrá ser proveedor del Estado hasta cumplir con los requisitos.

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Los pasos para registrar la actualización

Este trámite no tiene costo y puede efectuarse en el módulo Mis Solicitudes del sistema RGAE (https://www.rgae.gob.gt).

Luego de presentar la información y verificar el cumplimiento de los requisitos, se notificará por correo electrónico la finalización de la gestión en un plazo máximo de 15 días hábiles.

1. Ingrese al portal www.rgae.gob.gt y haga clic en “Ingresar al sistema”.
2. Ingrese su usuario (NIT) y contraseña. Haga clic en “Ingresar”. Luego, haga clic en “RGAE”.
3. Ingrese al módulo Solicitudes. Haga clic en “Mis solicitudes” y luego en “Nueva solicitud”.
4. Seleccione la opción “Ampliación de Proveedores Transparentes”. Haga clic en “Aceptar”, según el artículo 6 del Acuerdo Gubernativo 208-2024.
5. Ingrese a la gestión haciendo clic en el “número de gestión” (en azul) o en el botón “Editar”.
6. En la sección “Órgano de Administración”, seleccione el tipo de órgano correspondiente haciendo clic en alguna de las opciones disponibles. Haga clic en “Agregar miembro”.
7. Seleccione “Nacional o Extranjero con NIT” o bien “Extranjero sin NIT”, según sea el caso, e ingrese la información que corresponda.
8. Repita los pasos 6 y 7 por cada miembro del órgano de administración.
9. Haga clic en “Descargar archivo” en “Formato certificación del Órgano de Administración” e imprima la certificación (tomando en cuenta los aspectos que se indican en el instructivo adjunto). Luego, haga clic en “Guardar”.
10. En la sección “Certificación de accionistas, socios y personas físicas que directa o indirectamente ejerzan control final de la entidad”, deberá ingresar la información solicitada de forma masiva y/o individual.
11. Para realizar esta acción de forma masiva, haga clic en “Carga masiva”.
12. Descargue los archivos “Catálogos” y “Formato de listado de carga masiva”.
13. Cargue el archivo “Listado de carga masiva” (Excel) en la opción “Listado de carga masiva” con la información solicitada. Haga clic en “Guardar”.
14. Los catálogos le indicarán los códigos que deberá utilizar para completar la información en el archivo de “Formato de listado de carga masiva”. Recuerde que solamente debe colocar el código que corresponda para cada uno de los datos.
15. Si realiza el procedimiento de forma individual, haga clic en “Agregar”.
16. Ingrese la información solicitada. Haga clic en “Guardar”.
17. Descargue la certificación haciendo clic en “Descargar archivo” e imprímala, tomando en cuenta las instrucciones que contiene el mismo archivo. Haga clic en “Guardar”.
18. Cuando finalice su solicitud, haga clic en “Enviar solicitud”. Se le notificará cuando esta esté finalizada. Si recibe una notificación previa, deberá subsanar según las indicaciones.

Gobierno lanza licitación internacional para ampliar carretera entre El Rancho y Teculután

El proyecto por 31 kilómetros se financiará con dos préstamos por US$175 millones. El libramiento necesario en esa ruta se contratará después.

Carlos Gómez

16 de mayo de 2025

|

00:06h

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El Ministerio de Comunicaciones licita un nuevo evento internacional para la ampliación de la ruta al Atlántico.

El Ministerio de Comunicaciones lanzó la licitación internacional para la ampliación a cuatro carriles de la carretera que conecta El Rancho, en el departamento de El Progreso, con el municipio de Teculután, en Zacapa.

El proyecto contempla la rehabilitación y ampliación de un tramo de 31 kilómetros de la ruta CA-9 Norte. Será financiado mediante un préstamo de US$75 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y un convenio con el Instituto de Crédito Oficial de España por US$100 millones, que en su totalidad equivalen a más de Q1,350 millones, fondos que fueron aprobados por el Congreso en octubre del año pasado.

El Ministerio de Comunicaciones informó que los trabajos iniciarán a principios de 2026 y tendrán una duración estimada de 36 meses. Las obras cubrirán desde el kilómetro 85.3 en El Rancho hasta el kilómetro 120.3, en el ingreso a Teculután. Esta primera fase no contempla el libramiento anunciado en etapas previas, ya que su construcción requiere primero la habilitación de los cuatro carriles, de acuerdo con los estudios técnicos del CIV.

Guatemala prepara licitación internacional para trabajos de ampliación de tramo El Rancho-Teculután

Trabajos de ampliación de tramo El Rancho-Teculután comenzarían hasta en el 2026

Esta iniciativa forma parte del proceso de modernización de la ruta al Atlántico, que comenzó en 2006 con financiamiento de Taiwán. Desde entonces, se realizaron mejoras en la capa asfáltica, señalización y otros aspectos. No fue sino hasta 2015 que comenzó la ampliación a cuatro carriles entre la ciudad capital y El Rancho, obras que concluyeron en 2020 tras numerosos atrasos provocados por 46 litigios por derecho de vía. Esta experiencia podría repetirse en el nuevo tramo. La licitación fue publicada en Guatecompras el 8 de mayo y se presentó ayer.

Era un tramo más extenso

Según el exministro de Comunicaciones, Aldo García, la ampliación de esta carretera ha sido una necesidad urgente desde hace años. Aseguró que, durante su gestión en 2017, el gobierno de Taiwán ofreció una donación para financiar el proyecto. “Estaba programado desde hace muchos años. De hecho, Taiwán había ofrecido una donación, pero lamentablemente no se concretó. Posteriormente, en el gobierno anterior el presidente (Alejandro Giammattei) decidió reorientar ese aporte hacia hospitales, entre ellos el de Chimaltenango”, señaló.

García agregó que, durante su administración, los estudios para esta obra estaban avanzados en un 80% y solo faltaban algunos detalles relacionados con la construcción de pequeños puentes. También precisó que esos estudios abarcaban un tramo más extenso, desde el kilómetro 85 en El Rancho hasta Mayuelas, en Gualán, Zacapa (kilómetro 166), lo que representa una ampliación de 81 kilómetros, es decir, 46 kilómetros más que los incluidos en el proyecto actual.

Impacto en el desarrollo y la competitividad

“La reposición de carreteras contribuye a reducir el riesgo de accidentes al mejorar la calidad de las vías y facilitar la circulación vehicular. Además, disminuye los tiempos de viaje y mejora la conectividad”, señala Jorge Benavides, investigador asociado de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) y director ejecutivo del Consejo Privado de Competitividad.

El experto también subraya que una infraestructura vial en buen estado facilita el transporte de bienes y servicios, lo que fortalece la economía y mejora la calidad de vida en distintas regiones del país.

Licitación internacional y empresas calificadas

El exministro Aldo García considera que es fundamental que la licitación se abra a nivel internacional, de manera que empresas con experiencia en este tipo de proyectos puedan presentar sus propuestas.

No obstante, el exministro destacó que también hay otras empresas, tanto nacionales como extranjeras, que cumplen con los estándares técnicos requeridos y podrían ejecutar el proyecto con eficiencia.

Por su parte, Benavides explicó que, según estimaciones de Fundesa, cada punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) invertido en infraestructura genera una rentabilidad del 20%. “Esto significa que la inversión se paga sola en aproximadamente cinco años, lo cual evidencia el alto retorno social y económico de este tipo de proyectos”, concluyó.

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Nuevos tramos por salir a concurso

El 8 de mayo, el Ministerio de Comunicaciones publicó un comunicado en el que informó sobre el inicio del proceso de licitación de diez proyectos de infraestructura vial a cargo de la Dirección General de Caminos.

En total, son 260 kilómetros en diferentes departamentos, como Quetzaltenango, Santa Rosa, San Marcos y Huehuetenango, de acuerdo con el comunicado, que fue eliminado de la red social X. Hasta ayer no se había publicado ningún concurso en Guatecompras. El ministerio indicó que las licitaciones se publicarán gradualmente.

Municipalidades gastaron más de Q3 millones en celebraciones del Día de la Madre

Desde comida, cacerolas y sombrillas, hasta un espectáculo con alcalde en tarima: así celebraron y gastaron distintas municipalidades por el Día de la Madre.

Sandy Pineda

13 de mayo de 2025

|

00:01h

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Vecinos de Parramos, Chimaltenango, asistieron a la celebración del Día de la Madre organizada por la municipalidad, que incluyó una amplia tarima decorada, una presentación musical y entrega de comida. (Foto Prensa Libre: Municipalidad de Parramos)

En Villa Nueva, el Día de la Madre no se celebró con serenatas ni discursos largos. El baile reemplazó a los poemas y recitales. Hubo música, comida y un concurso poco habitual.

El alcalde Mynor Morales Zurita estuvo en el centro del espectáculo. Una a una, las participantes bailaron frente a él. El momento fue captado en video y se compartió ampliamente en redes sociales.

La actividad marcó así una diferencia con las celebraciones más tradicionales que se realizaron en otros municipios.

Villa Nueva no fue la única comuna que decidió celebrar en grande. De acuerdo con registros públicos, más de Q3 millones 66 mil fueron invertidos por municipalidades para conmemorar el día en este 2025, a través de contratos que incluyeron desde alimentos y regalos, hasta mobiliario, adornos y presentaciones musicales.

En algunos casos, como en Escuintla, las compras fueron fraccionadas: siete contratos distintos por tortas dulces, cada uno cercano a los Q90 mil.

En Palín, Guanagazapa y Santa Lucía Cotzumalguapa se optó por entregar porciones de pan, chocolate y tazas, donde las autoridades municipales repartieron los obsequios directamente a las vecinas, según muestran videos publicados en sus redes sociales.

En Parramos, Chimaltenango, la municipalidad destinó Q200 mil para tres contratos que cubrieron el alquiler de mobiliario, decoración, marimba en vivo y la preparación de 3 mil 500 platos típicos.

Las adquisiciones más costosas fueron las de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, con la compra de 5 mil cacerolas por Q252 mil —alrededor de Q50 cada una—, y El Progreso, Jutiapa, que adquirió 5 mil sombrillas por Q150 mil (Q30 cada una).

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En tanto, Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez, entregó mil 500 ollas arroceras por un monto de Q87 mil, lo que equivale a un precio unitario aproximado de Q58.

En contraste, el evento en Villa Nueva fue uno de los más comentados por su dinámica inusual —que incluyó música, comida y concursos—, y registró gastos por Q25 mil por la presentación del animador en el evento dedicado a la mamás.

En San Pedro Pinula, Jalapa, también se apostó por lo poco convencional.

La comuna organizó concursos de baile y modelaje con premios que incluyeron electrodomésticos, botes plásticos e incluso colchones.

Aunque el gasto general del contrato fue de Q90 mil, según el portal de Guatecompras, las imágenes del evento de San Pedro Pinula reflejan una inversión considerable en incentivos para las participantes.

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Este tipo de actividades no son nuevas. Muchos alcaldes las usan para mantener cercanía con sus electores. En este caso, en mayo, con las madres de familia.

Lea también: Municipalidades recibirán más fondos en 2025 debido a que aumentó del situado constitucional un 42%

Ministro de Comunicaciones aprobó la adjudicación del aire acondicionado para el Aeropuerto La Aurora por Q38.9 millones

En diciembre del 2024, la Junta Licitadora no adjudicó el contrato y rechazó las dos ofertas recibidas argumentando incumplimientos, pero el ministro, como máxima autoridad del CIV, improbó esa decisión y le solicitó resolver las observaciones acerca de los requisitos pendientes. Luego de esa revisión la Junta lo adjudicó en enero.

Rosa María Bolaños

31 de enero de 2025

|

20:28h

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La licitación ahora adjudicada es el segundo evento que se realiza entre 2024 y 2025 para instalación y mantenimiento del sistema de aire acondicionado en el Aeropuerto La Aurora. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Según el documento fechado el 30 de enero del 2025 y agregado en el sistema Guatecompras, este viernes 31, el ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz Bobadilla aprobó la adjudicación para contratar el sistema de aire acondicionado del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA).

La adjudicada es la empresa Grupo Expertos Centroamericanos en Electromecánica, S. A., (que se identifica como Grupo ECA) la cual hizo una oferta por Q38 millones 996 mil 547, en esta segunda licitación.

Además el funcionario, delegó en la Directora General Interina de la DGAC para que bajo su responsabilidad se suscriba el contrato.

Se trata del proceso de adquisición de un sistema de aire acondicionado, servicio de mantenimiento y automatización para la mejora de los sistemas de aire acondicionado del AILA identificado con el NOG 2431 9767.

Inicialmente, en diciembre del 2024 la Junta Licitadora decidió no adjudicar el contrato y rechazó las dos ofertas recibidas explicando diversos incumplimientos.

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La empresa Grupo Expertos Centroamericanos en Electromecánica, S. A., (que se identifica como Grupo ECA) presentó una inconformidad, presentando cuatro puntos, de los cuales la Junta no aceptó dos que consistían en el certificado bancario y los documentos para probar la experiencia de la compañía.

Sin embargo, el ministro como máxima autoridad del CIV improbó lo actuado por la Junta, y pidió revisar de nuevo los temas.

Posteriormente a esa revisión, la Junta Licitadora adjudicó el 28 de enero a la empresa mencionada, decisión que ahora es aprobada por Díaz.

“La máxima autoridad ministerial ha aprobado lo actuado por la Junta de Licitación, por lo que el proceso ha sido adjudicado en firme a la entidad oferente denominada Grupo Expertos Centroamericanos en Electromecánica, Sociedad Anónima”, dio a conocer la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

A partir de ahora, se agotarán los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, hasta formalizar el respectivo contrato, añade la dirección en un comunicado.

Camino de la contratación

La compañía había participado en el primer evento durante el 2024, y aunque fue único oferente, con  Q35 millones 938 mil 761.11, no fue adjudicado ya que incumplió con la presentación de la constancia de inscripción y precalificación que emite el Registro General de Adquisiciones del Estado (adscrito al Ministerio de Finanzas Públicas), según las autoridades del CIV en septiembre del año pasado cuando ocupaba el cargo de ministro Félix Alvarado.

Para el segundo evento participaron dos oferentes:

El ahora adjudicado, Grupo Expertos Centroamericanos en Electromecánica, S. A., que tiene registrado el nombre comercial Grupo ECA Electromecánica.

A esta compañía le aparecen entre el 2020 y el 2024 dos adjudicaciones en el sistema Guatecompras por compra directa por Q12 mil 960. En el 2020 por el Ministerio de Salud por compra de baja cuantía de Compra de Baja Cuantía para reparación de un equipo de aire acondicionado por Q2 mil 960.00, mientras que, en el 2024 por compra directa del Ministerio Público para mantenimiento correctivo de instalaciones eléctricas de tableros del circuito cerrado de agua helada del Edificio Gerona, por Q10 mil.

Grupo ECA trasladó en diciembre del 2024, por correo electrónico, su experiencia en el campo.

La empresa refirió poseer 50 años de trayectoria, pero que por primera vez está participando en licitaciones pública por lo cual no tiene historial con el Estado de Guatemala en el sistema Guatecompras.

Agregó la compañía que durante ese plazo el enfoque ha sido la prestación de servicios al sector de empresas privadas, pero refirió que tienen la capacidad y experiencia, el respaldo técnico y de talleres para prestar el servicio y además del equipo que están ofertando que ya poseen en el país.

Como parte de su historial expone que no solo ha brindado su servicio en Guatemala, sino en 14 países de Latinoamérica y El Caribe, además de dos proyectos en Disney World en Orlando, y otros clientes en Bélgica, Holanda y recientemente finalizaron otro en Francia.

En Guatemala asegura que ha realizado la mayoría de los proyectos de gran tamaño en la especialidad de aire acondicionado, ventilación y sistemas de automatización y control como torres bancarias y edificios de complejos empresariales, así como hoteles, centros comerciales en la capital y departamentos del interior del país e industrias. Añadió que prestaron el servicio en el edificio del Ministerio Público.

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Al presentar su inconformidad ante la Junta Licitadora, la empresa expuso que su oferta contiene documentos que respaldan la experiencia del oferente, como 49 facturas que acreditan negociaciones similares en varios proyectos  y que al sumarlas son superiores a lo ofertado en esta licitación, ya que ascienden más de Q40 millones, por lo que argumentó que al haber presentado facturas han cumplido con lo requerido porque en la licitación de piden actas de recepción final, o requisitos o facturas.

También agrega en el documento que entregó constancia emitida por uno de sus clientes a los que ha brindado servicios en varios proyectos tanto en Guatemala como en el exterior por montos superiores a US$60 millones (unos Q468 millones), y que en conjunto suman Q508 millones y expuso su experiencia en diversos proyectos, incluyendo instalación de equipo en un complejo de edificios que equivalen a tres veces la  capacidad del  AILA, agrega, pero que inicialmente la Junta no la tomó en cuenta porque solo acepta documentación de los últimos cinco años y ese fue en años anteriores.  

El otro oferente fue Servicios Garantizados de Construcción Eléctrica de Guatemala, S. A., por Q75 millones, según Guatecompras, registra tres nombres comerciales como Gacor, S. A., Gacor Technology y Multiservicios Gacor.

Del 2020 al 2024 ha sido adjudicado por Q7.6 millones, de los cuales el monto más grande fue en el 2022 por el Organismo Judicial, por Q4.5 millones, por 77 plantas generadoras de electricidad para diferentes edificios de ese organismo. Además, ha sido adjudicado por el CIV, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), Empresa Portuaria Santo Tomás y las municipalidades de Esquipulas y de Cabañas.

Sin embargo, esta empresa ya no presentó complemento de información solicitada, según la Junta licitadora, por lo que solo se consideró como válida para el resto del proceso del evento la oferta de la primera empresa en mención, según los documentos de Guatecompras.

Junta Licitadora adjudica contrato de aire acondicionado para el Aeropuerto La Aurora por Q38.9 millones

La Junta Licitadora para contratar el sistema de aire acondicionado para el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) decidió adjudicar a la empresa, Grupo Expertos Centroamericanos en Electromecánica, S. A., el contrato para la instalación y mantenimiento.

Rosa María Bolaños

28 de enero de 2025

|

13:10h

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El segundo evento para el sistema de aire condicionado para el aeropuerto La Aurora fue adjudicado el martes 28 de enero por la Junta Licitadora, luego de revisar su primera decisión donde había rechazado las ofertas. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

La decisión, aprobada por unanimidad, fue divulgada este martes 28 de enero del 2025 con la documentación en el sistema Guatecompras por medio del acta emitida este mismo día.

Se trata del segundo evento de licitación lanzado en la actual administración para la adquisición de un sistema de aire acondicionado, servicio de mantenimiento y automatización para la mejora de los sistemas de aire acondicionado del AILA.

Este contó con dos oferentes: Servicios Garantizados de Construcción Eléctrica de Guatemala, S. A., por Q75 millones y el Grupo Expertos Centroamericanos en Electromecánica, S. A., (que se identifica como Grupo ECA) por Q38 millones 996 mil 547.

Sin embargo, el 27 de diciembre del 2024, la junta resolvió rechazar ambas ofertas, según información divulgada el 2 de enero del 2025 y se argumentó que se había pedido complementar información y documentos. Se agregó en esa oportunidad que la primera compañía mencionada no presentó complemento de información y que la segunda oferente presentó más documentos pero que cuatro no llenaban los requisitos por lo que se mantuvo la decisión.

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Luego de que Grupo Eca presentó una inconformidad explicando cuatro puntos, la Junta determinó aceptar la inconformidad de manera parcial, conforme a los criterios establecidos, pero a su criterio no cumplió con dos requisitos por lo que mantuvo su decisión de rechazo a ambas ofertas.

Sin embargo, el ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz Bobadilla, decidió el 20 de enero pasado, improbar lo actuado por la Junta y les solicitó resolver las observaciones revisando los dos requisitos pendientes, por lo que el expediente regresó a dicha instancia, la cual tomó la decisión este 28 de enero.

Según la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), en el marco de la ley de contrataciones corresponde enviar de nuevo el expediente a la Autoridad Superior, en este caso el ministro del CIV, el cual tendrá un plazo de 5 días para resolver aprobando o improbando lo actuado por la Junta de Licitación.

La empresa ahora adjudicada por la Junta fue la única oferente en el primer evento del 2024 con Q35 millones 938 mil 761.11, sin embargo en ese evento el contrato no fue adjudicado por incumplir con la presentación de la constancia de inscripción y precalificación que emite el Registro General de Adquisiciones del Estado (adscrito al Ministerio de Finanzas Públicas), según las autoridades del CIV de ese entonces cuando ocupaba el cargo de ministro Félix Alvarado.

Los oferentes

Grupo Expertos Centroamericanos en Electromecánica, S. A tiene registrado el nombre comercial Grupo ECA Electromecánica, y según el sistema Guatecompras aparece precalificado por el RGAE.

Entre el 2020 y el 2024 tiene dos adjudicaciones por compra directa por Q12 mil 960. En el 2020 por el Ministerio de Salud por compra de baja cuantía de Compra de Baja Cuantía para reparación de un equipo de aire acondicionado por Q2 mil 960.00, mientras que, en el 2024 por compra directa del Ministerio Público para mantenimiento correctivo de instalaciones eléctricas de tableros del circuito cerrado de agua helada del Edificio Gerona, por Q10 mil.

Grupo ECA trasladó en diciembre del 2024, por correo electrónico, su experiencia en el campo.

La empresa refirió poseer 50 años de trayectoria, pero que por primera vez está participando en licitaciones pública por lo cual no tiene historial con el Estado de Guatemala en el sistema Guatecompras.

Agregó la compañía que durante ese plazo el enfoque ha sido, y seguirá siendo la prestación de servicios al sector de empresas privadas, pero refirió que tienen la capacidad y experiencia, el respaldo técnico y de talleres para prestar el servicio y además del equipo que están ofertando que ya poseen en el país.

Como parte de su historial expone que no solo ha brindado su servicio en Guatemala, sino en 14 países de Latinoamérica y El Caribe, además de dos proyectos en Disney World en Orlando, y otros clientes en Bélgica, Holanda y recientemente finalizaron otro en Francia.

En Guatemala asegura que ha realizado la mayoría de los proyectos de gran tamaño en la especialidad de aire acondicionado, ventilación y sistemas de automatización y control como torres bancarias y edificios de complejos empresariales, así como hoteles, centros comerciales en la capital y departamentos del interior del país e industrias. Añadió que prestaron el servicio en el edificio del Ministerio Público.

El otro oferente fue Servicios Garantizados de Construcción Eléctrica de Guatemala, S. A., según Guatecompras, registra tres nombres comerciales como Gacor, S. A., Gacor Technology y Multiservicios Gacor. Aparece que el estado del proveedor según el RGAE es precalificado.

Del 2020 al 2024 ha sido adjudicado por Q7.6 millones, de los cuales el monto más grande fue en el 2022 por el Organismo Judicial, por Q4.5 millones, por 77 plantas generadoras de electricidad para diferentes edificios de ese organismo. Además, ha sido adjudicado por el CIV, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), Empresa Portuaria Santo Tomás y las municipalidades de Esquipulas y de Cabañas.

Sin embargo, esta empresa ya no presentó complemento de información solicitada, según la Junta licitadora, por lo que solo se consideró como válida para el resto del proceso del evento la oferta de la primera empresa en mención, según los documentos de Guatecompras.

Presentaron documentos

Cuando Grupo ECA presentó su inconformidad ante la Junta Licitadora, la empresa expuso que su oferta contiene documentos que respaldan la experiencia del oferente, como 49 facturas que acreditan negociaciones similares en varios proyectos  y que al sumarlas son superiores a lo ofertado en esta licitación, ya que ascienden más de Q40 millones, por lo que argumentó que al haber presentado facturas han cumplido con lo requerido porque en la licitación de piden actas de recepción final, o requisitos o facturas.

En el documento que se entregó constancia emitida por uno de sus clientes a los que ha brindado servicios en varios proyectos tanto en Guatemala como en el exterior por montos superiores a US$60 millones (unos Q468 millones), y que en conjunto suman Q508 millones y expuso su experiencia en diversos proyectos, incluyendo instalación de equipo en un complejo de edificios que equivalen a tres veces la  capacidad del AILA, agrega, pero que inicialmente la Junta no la tomó en cuenta porque solo acepta documentación de los últimos cinco años y ese fue en años anteriores.  

Agrega, que aunque en el primer evento de licitación se les descalificó indicando que no contaban con la precalificación del RGAE, sí lo presentaron en esta segunda licitación precalificados para realizar proyectos de esta especialidad hasta por Q72.2 millones, pero en la inconformidad señaló que en el segundo evento lo habían rechazado supuestamente por no tener la experiencia necesaria.

IGSS adjudica Q46 millones a empresa de yerno de Sandra Torres

La entidad contrató servicios de seguridad en 24 instalaciones del seguro social.

Fátima Najarro

10 de enero de 2025

|

03:30h

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La empresa prestará seguridad en las instalaciones durante dos años. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) adjudicó Q46.3 millones por el servicio de vigilancia en 15 sedes del departamento de Guatemala. El contrato fue dado a la empresa VIP Security que pertenece al excandidato presidencial, Rudy Guzmán, esposo de la diputada Nadia Torres, hija de Sandra Torres.

Según los documentos de Guatecompras se requieren 283 agentes con turnos de 12 y 24 horas, según sea necesario, repartidos entre las sedes del Hospital General de Enfermedades, Camip, Camip 2, Hospital de Rehabilitación, Hospital General de Accidentes, entre otros. El proyecto de contrato contiene que el servicio se prestará durante dos años.

En el concurso participaron tres empresas, VIP Security presentó la oferta más barata, los otros oferentes fueron Vigilancia y Seguridad Empresarial de Guatemala que ofreció el servicio por Q48 millones y Security Professional Systems por Q49 millones.

En los documentos de requisición se lee que el servicio “tiene la finalidad de brindar vigilancia a los afiliados, trabajadores y bienes institucionales de las Oficinas Centrales” en las diferentes unidades y ubicaciones en las que se brindará la seguridad.

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Consejo directivo del Inde adjudicó contrato millonario a yerno de Sandra Torres

En el portal aún no figura el contrato, pero si fue adjudicado el concurso con el acta firmada por los integrantes de la junta licitadora y fue aprobado por medio de un oficio firmado por el gerente, Edson Rivera. El IGGS respondió que a todos los procesos de adquisiciones se hacen basados en ley y buscando satisfacer las necesidades de los afiliados.

“La junta (…) resolvió adjudicar con base en el cumplimiento de los requisitos fundamentales y no fundamentales establecidos en las bases del evento, referentes a la proposición más conveniente a los intereses del instituto”, se respondió por medio de Comunicación Social.

Aunque en Guatecompras actualmente los representantes legales son Erick Morales, Rolando Sagui y Sonia Sigüenza, Guzmán fue nombrado el administrador único y representante legal en el 2015, según los documentos del Registro Mercantil.

El concurso recibió seis inconformidades, las otras dos empresas las presentaron en contra de la adjudicación. Una de ellas por considerar que existe una prohibición debido a que Guzmán es esposo de la diputada De León basándose en el artículo 80 de la Ley de Contrataciones. Fue rechazada justificando que VIP Security cumplió con todos los requisitos de ley. Se estableció contacto con Rudy Guzmán, pero no respondió al cierre de esta edición.

El Vocero de Guzmán, Luis Miranda comentó que la prohibición indicada en la inconformidad no se aplica en este caso basándose en el artículo 14 del Código de Comercio, en el que se especifica que los representantes legales son a los que les afecta dicha prohibición, en este caso Guzmán no es representante legal.

“El señor Rudy Guzmán no es representante legal de la empresa mencionada y, por ende, a la sociedad VIP Security no le afectan las prohibiciones descritas en la ley de compras y contrataciones del Estado. Hay algunas inconformidades presentadas por las empresas perdedoras del proceso de licitación mencionado en esta nota, toda vez que malintencionadamente se pretende vincular a mi persona con la representación legal de esta empresa”, respondió Guzmán por medio de Luis Miranda, su comunicador.

El otro comprador

La misma empresa obtuvo también el año pasado más de Q46 millones en un contrato de seguridad de los bienes e instalaciones del Instituto Nacional de Electrificación (Inde). Dicha adjudicación es para dar seguridad a 10 plantas generadoras, 71 subestaciones y 32 centros de trabajo durante un año.

Además, la empresa vendió Q70 millones en total en 2024, siendo este su mejor año. El 2019 también logró contratos millonarios con diferentes instituciones que sumaron Q59 millones en total. Según Guatecompras, diferentes entidades del Ejecutivo requieren sus servicios de seguridad, pero el más recurrente es el Inde.

Ministerio de Ambiente compra equipo por Q1.5 millones para medir la calidad del aire y parámetros de ruido

Viceministro de ambiente afirma que aparatos son necesarios porque no tienen capacidad para efectuar análisis, aunque reconoce que no existe una regulación completa para emitir sanciones.

José Manuel Patzán

17 de octubre de 2024

|

05:00h

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Guatemala figura dentro de los países con más contaminación en el aire, según informes internacionales.(Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), autorizó cinco adjudicaciones este año por un total de Q1.5 millones para la compra de estaciones meteorológicas destinadas a monitorear el ruido y la calidad del aire. Sin embargo, se desconoce en qué se emplean específicamente los resultados obtenidos.

De acuerdo con el portal Guatecompras, se adjudicaron Q235 mil 680 para la adquisición de dos estaciones meteorológicas que, según se indica, serán utilizadas en el Laboratorio de Análisis y Calidad Atmosférica y Audial del Marn, con el fin de monitorear el ruido. Además, se destinarán Q235 mil para la compra de un muestreador de partículas de aire ambiental.

El 14 de agosto, el Marn adjudicó Q89 mil 980 por una consultoría en la gestión de la calidad del aire, solicitado por el Laboratorio de Análisis y Calidad Atmosférica y Audial de esa dependencia. Además, se firmó un contrato para obtener tres anemómetros —instrumento utilizado para medir la velocidad y dirección del viento— por un total de Q59 mil 250.

Aunque son concursos competitivos, la empresa beneficiada con los cinco contratos es Seguridad, Medio Ambiente y Tecnología, la que más le ha vendido este año al Marn. En 2023, solo obtuvo un contrato con esa dependencia por Q89 mil 750 por la venta de una estación meteorológica y un selector de frecuencia para el monitoreo del ruido.

Según los expertos, estos equipos permiten obtener controles y conocer los puntos en los que se concentra la mayor cantidad de contaminantes en el aire, con la finalidad de crear estrategias y disminuir las emisiones dañinas.

Postura

Edwin Castellanos, viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático reconoce que dicha unidad para analizar la calidad del aire y el ruido no tiene la capacidad técnica para generar resultados, debido a que no cuenta con los equipos necesarios, y espera que con los equipos adquiridos se puedan desarrollar mejores estudios para que se puedan tomar decisiones y evitar más daño al entorno.

A pesar de que se contará los equipos necesarios, el funcionario recalcó que no se cuenta con una regulación para saber cuales son los niveles permitidos, tanto de calidad de aire como de ruido, por lo que trabajan en un proyecto para proponer una legislación, principalmente para emitir sanciones a quién no respete las normativas.

“El ministerio ha tenido poca capacidad tecnica y legal para accionar. Los apartos que se compraron están en proceso de venir, para que en la epoca seca donde se originan los incendios forestales se puedan hacer mediciones”, refirió.

En el tema de la consultoría dijo que reciben asesoría de dos expertos mexicanos, puesto que ellos han manejado sistemas avanzados y saben donde instalar los aparatos. Castellanos afirmó que estas estaciones metereológicas son las primeras de varias que se adquirirán.

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Préstamo

En febrero de 2022, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala donó un sensor para la medición de la calidad del aire.

Las anteriores autoridades del Marn dijeron que con el sensor otorgado por el gobierno estadounidense se facilitaría la forma para identificar partículas en el ambiente, y fortalecer el trabajo de los técnicos del Laboratorio de Análisis de Calidad Atmosférica y Audial del Marn.

Se indicó en esa oportunidad que el dispositivo es un préstamo por tiempo indefinido de la empresa 2B Technologies, industria dedicada al desarrollo de instrumentos analíticos para mediciones atmosféricas y ambientales. Sin embargo, el viceministro Castellanos dijo que el aparato tuvo fallas y está en proceso de reparación.

Según información del Marn, el Laboratorio de Análisis y Calidad Atmosférica y Audial es una unidad que se estableció para poder desarrollar líneas de investigación referentes al comportamiento y situación actual de la calidad de aire y ruido en Guatemala.

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Guatemala se encuentra ante un panorama alarmante debido a la contaminación por el aire. Actualmente, la calidad del aire de la ciudad de Guatemala posee concentraciones de partículas contaminantes 24.2 veces superiores a lo que se considera aceptable por la Organización Mundial para la Salud (OMS), lo cual indica que se encuentra en categoría perjudicial.

Guatemala es el país con el aire más contaminado de Centroamérica y el décimo sexto del mundo (16), según un informe que recoge estudios nacionales e internacionales, publicado por el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac), en junio último.

De acuerdo al informe, en 2023, la empresa IQAir, junto con Greenpeace, elaboraron un ranking y determinaron que Perú, Chile, México, Guatemala y Colombia eran los países más contaminados de Latinoamérica debido a que la concentración de contaminación en el aire supera entre tres y cinco veces las directrices aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“La contaminación atmosférica por partículas finas (PM2.5) acorta la esperanza de vida del guatemalteco medio en 2.4 años”, refiere el estudio.

Municipio más contaminado

Por la misma contaminación, según el informe, se acorta la esperanza de vida en 4.4 años en Mixco, “el municipio con mayor contaminación en Guatemala, debido a que respiran un aire 10 veces más contaminado de lo que recomienda la OMS”.

La IQAir determinó que las emisiones de los vehículos son las principales causas de la mala calidad el aire en Guatemala, Bolivia y Perú, y el aire que se respira es similar al de otros grandes focos de contaminación del mundo como Pune, la séptima ciudad más poblada de la India y Harbin, una ciudad industrial en China.

El impacto de la contaminación en el aire, según cita en el documento, es igual al del tabaquismo, al consumo de alcohol o del agua contaminada. La IQAir determinó que los países latinoamericanos carecen de información totalmente abierta sobre la calidad de aire y es uno de los factores que influyen en que la población desconozca del problema.

Consejo directivo del Inde adjudicó contrato millonario a yerno de Sandra Torres

La empresa dará seguridad a 113 instalaciones del Inde en los próximos 12 meses.

Enrique García

11 de octubre de 2024

|

05:00h

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Fachada del Instituto Nacional de Electrificación,(INDE) ubicado a un costado de la Torre del Reformador, sobre la 7ma avenida. Foto: Edwin Bercián

El Instituto Nacional de Electrificación (Inde) informó ayer, en un comunicado, que su consejo directivo aprobó adjudicar por Q46.8 millones la contratación de los servicios de seguridad de los bienes e instalaciones a la empresa V.I.P. Security, propiedad de Rudy Guzmán, excandidato presidencial y yerno de la también excandidata por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) del 2023, Sandra Torres.

“La oferta que presentó cumplió con las disposiciones del Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones del Inde, cumpliendo, además, los requisitos establecidos en los Términos de Referencia de la Invitación a Ofertar”, se lee en el comunicado.

La dependencia aclaró que, además de la empresa adjudicada, participaron: Vigilancia y Seguridad Empresarial de Guatemala, S.A.; Arana Carrillo, Servicios de Vigilancia Profesional, S.A.; y Black Warrios Security, S.A.

El proveedor será el encargado de brindar seguridad a 10 plantas generadoras, 71 subestaciones y 32 centros de trabajo. El servicio de vigilancia durará   12 meses.

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El evento recibió una inconformidad por parte Vigilancia y Seguridad Empresarial de Guatemala, S.A., al señalar que la junta que aprobó el contrato incurrió en varias inconsistencias, entre estas: que la empresa adjudicada contaba hasta agosto recién pasado con 495 agentes acreditados, y no los 650 con los que ofertó; que no se verificó la autenticidad de los documentos presentados; y que, además, no se verificó si V.I.P. Security, S.A. cuenta con solvencia de trabajo y previsión social.

Otros Contratos

Este año, la empresa del expresidenciable del partido Nosotros, que logró la diputación de su esposa, Nadia de León, ha ganado este año Q21.3 millones en contratos.

Además de trabajar ya para el Inde, también le proporciona seguridad a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico, a la Federación Nacional de Gimnasia y a los ministerios de Economía, Relaciones Exteriores, Educación y Salud.

En el 2020, la compañía de Guzmán se benefició con un total de Q23 millones, gracias a contratos con varias dependencias del Ejecutivo, mientras que en el 2019 alcanzó Q59 millones. Según los informes de Guatecompras, el Inde es el principal cliente de V.I.P. Security.

En el 2020, le adjudicó Q12 millones por medio de una adquisición directa, y Q42 millones en el 2019, mediante una adquisición competitiva.

La empresa en mención es representada legalmente por Érick Samuel Morales, Rolando Sagui Yat y Sonia Aracely Sigüenza Arenales, y desde el 2004 hasta esta fecha ha ganado en contratos con el Estado un total de Q294.6 millones.

Política

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Tres empresas del caso B410 vuelven a habilitarse para prestar servicios al Estado

El Rgae asegura que actualiza sus procesos y los analiza en conjunto con la Comisión Nacional contra la Corrupción.

Fátima Najarro

5 de octubre de 2024

|

05:00h

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El Rgae inició a funcionar en el 2018 y pertenece al Ministerio de Finanzas Públicas. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Recientemente se presentó el caso B410 que involucra a una estructura que prestan servicios al Estado y lograron defraudar al fisco, la mayoría de las empresas sin estar inscritas en el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE). A las empresas se les inhabilitó el Número de Identificación Tributaria (NIT) y del Registro aunque a tres se les levantó la sanción.

Cuando el caso fue presentado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), se señaló que la estructura se dedicaba a proveer de servicios al Estado sin tener la capacidad en infraestructura y de personal para realizarlo, se calcula que la defraudación tributaria asciende los Q300 millones.

Se conoció que se han inhabilitaron los y del Rgae de las empresas de la estructura, aunque desde que se hizo público por lo menos 26 contribuyentes se acercaron a la SAT a solventar la deuda. Según las autoridades, hasta el 20 de septiembre tres rectificaron y el monto ascendió a los Q10 millones.

Las que nuevamente fueron habilitadas son onstructora y Transporte J.P, Sociedad Anónima, PCS Constructores S.A., y Construcción Movimiento y Vivienda S.A. Las tres realizaron algunos cambios en la precalificación añadiendo y quitando algunos rubros. Se habían inhabilitado por lo menos 12 de las empresas de la estructura.

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En total son 66 las sociedades anónimas que el Rgae ha desabilitado este año hasta el 19 de septiembre, el año pasado fueron 22. En 2022 fueron 13, otras 21 en 2021 y sies en el 2020.

Actualización

El RGAE está en un proceso de revisión y evaluación que se trabaja junto con la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC). Esta la trasladó al Rgae un documento con una serie de acciones de prevención que buscan fortalecer el sistema de adquisiciones.

“Dicho documento se encuentra en revisión y evaluación por parte del RGAE y se espera el seguimiento con representantes de la Comisión”, afirmó el Rgae.

De acuerdo con el Registro, ya se aprobó el acuerdo gubernativo que responde a la actualización de los sistemas y procesos, aunque además de este se trabaja en mejorar los procesos de inscripción y precalificación de proveedores del Estado.

El RGAE reconoce que tiene diez puntos que necesitan revisarse como la inscripción y precalificación, convenios, la administración del sistema del RGAE, así como los datos para la toma de decisiones.

También la atención al usuario y comunicación, la normatividad, el desarrollo y aprobación de procedimientos de control, capacitaciones, administración y los sitemas de gestión antisoborno y de calidad.

“Se tiene contemplado el fortalecimiento del marco normativo y la metodología para la precalificación, así como el fortalecimiento de los convenios de interconexión con otras instituciones públicas”, reiteró la institución.

En citaciones en el Congreso, las autoridades del Registro han explicado que de las 400 empresas solo menos de diez estaban inscritas en el Rgae, mientras las otras prestaban servicios de baja cuantía -para lo que no es necesario el registro-.

El Rgae sostiene que parte del camino de su actualización está contenido en el acuerdo gubernativo 133-2024, publicado en el Diario Oficial el 29 de agosto. Se publicaron los requisitos para la inscripción, actualización y preclaificación. Dependiendo de si se trata de una persona individual o una empresa son los requisitos, pero todos requieren presentar formularios y la documentación que pruebe la capacidad y legalidad del prestador de serivicios.

Por el momento, el Rgae no puede estimar una cantidad de empresas y proveedores que podrían ser depuradas debido a estas actualizaciones.

El director de la Cámara de la Construcción, Fernando Orellana, mencionó que la actualización y fortalecimiento del Rgae es necesario debido a que en el pasado ha sido utilizado para bloquear a algunas empresas para que en ciertos eventos no haya competencia.

“El RGAE sí es necesario que exista, pero los procesos de precalificación tienen que ser automatizados con la menor intervención humana posible con tiempos bastante cortos”, puntualizó.

Añadió que respecto a la capacidad financiera el RGAE podría coordinar con la SAT para obtener el historial fiscal y corroborar si se tiene o no la suficiencia para prestar servicios.

Orellana recalcó que el fortalecimiento tiene que buscar agilizar los procesos y dar garantía que los proveedores cuentan con la capacidad física y financiera.

“Consideramos que deben hacerse reformas al RGAE, pero esas reformas no deben ser para sobre burocratizar el proceso, no deben ser para dar más discrecionalidad y arbitrariedad al servidor público que califica las solicitudes”, insistió.

En cifras

Entre el 2018 y el 2014, fue el 2019 el año en el que el Rgae incribió a más empresas porque la cifra subió a 70 mil. el promedio anual oscila en 26 mil. Asímismo el año con menos fue el 2018 que solo inscribió a 16 mil 900 empresas.

Asimismo, al analizar los datos de la empresas las cifras varían, pero el patrón es el mismo porque fue en 2019 el año con más inscripciones con 5 mil 400, seguido del 2020 en el que se incribieron 4 mil 330 empresas. A partir de ese año se mantiene la tendencia y el promedio se fija en 2 mil 400.

Seguían recibiendo pagos

En una citación en el Congreso, los diputados hicieron ver a las autoridades que al menos 16 empresas siguieron recibiendo fondos estatales esta año, hasta septiembre habrían recibido Q320 millones.

Las entidades que les pagaron fueron los ministerio de Salud, Comunicaciones, Defensa, Gobernación, y Cultura y Deportes tal y como dieron a conocer recientemente los dipitados de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) según reportes del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) del Ministerio de Finanzas.

Covial adjudica Q270 millones para bacheo y reconoce atrasos para concluir trabajos en el 2024

Los eventos son las primeras adjudicaciones millonarias que realiza la institución desde enero, la cartera asegura que se detuvo la recepción de ofertas por revisión de bases.

Fátima Najarro

26 de septiembre de 2024

|

05:00h

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La unidad iniciará el mantenimiento y limpieza de la red vial. (Foto Prensa Libre: Covial)

Fue hasta en agosto y septiembre que la Unidad de Conservación Vial (Covial) inició las adjudicaciones para el mantenimiento de la rutas viales del país. Los concursos adjudicados son para bacheo de carreteras y preservación de las rutas terciarias.

Estos son los primeros eventos de esta índole que adjudica la institución, la cual refiere que se realizaron hasta la fecha debido a procesos de revisión y modificaciones en las bases de los concursos.

Son 50 eventos los que la unidad ya concedió, el monto total se eleva hasta Q269 millones. Con esto se espera que se le dé mantenimiento al 35 por ciento de todos los caminos terciarios que le corresponden. En estos se incluyen dos modalidades distintas de caminos terciarios que serán intervenidos, los tradicionales y los que tienen una capa de cemento, cal y selecto.

Covial tiene bajo su responsabilidad unos 4 mil 900 kilómetros de caminos de terracería, de los que se les dará mantenimiento a mil 700 kilómetros, según los concursos que ya han sido adjudicados.

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Cinco empresas acaparan contratos millonarios con el Ministerio de Gobernación

Se espera que en los próximos meses se ejecuten los concursos recién adjudicados, aunque para octubre se prevén entre 17 y 24 tormentas y huracanes, de acuerdo con el Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático (ICC).

El viceministro de Infraestructura, Max Alejandro García, explicó que están programados para iniciar a ejecutarse los trabajos en la segunda quincena de octubre, cuando prevén que la temporada lluviosa ya habrá terminado.

“A partir del 15 de octubre las lluvias ya se reducen considerablemente hasta el final de año, los contratos se están dejando para seis meses para que tengamos contratos vigentes —en 2025—”, argumentó el viceministro.

Respecto al bacheo y limpieza de rutas, hay nueve concursos adjudicados en el portal de Guatecompras por un monto de Q2 millones 409 mil. Hay otros 30 eventos en evaluación, por lo que serán cerca de Q36 millones lo que se destinará para bacheo para atender aproximadamente el 30 por ciento de las carreteras pavimentadas.

A Covial le corresponden más de 6 mil kilómetros de carreteras pavimentadas y con los eventos que se adjudiquen de bacheo las autoridades prevén que se atiendan 1 mil 900 kilómetros. Los datos fueron compartidos por las autoridades de la entidad en una citación en el Congreso.

“Vamos a ejecutar lo mayor posible a final de año y que continúen vigentes para poder atender mantenimiento de la red vial durante los primeros tres meses del 2025”, señaló García.

Sin mantenimiento

La adjudicación tardía de los proyectos fue criticada por el diputado Orlando Blanco, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), que consideró que la ejecución avanza lento en la institución.

“Al día de hoy no se ha hecho ningún programa de recapeo ni de bacheos”, comentó el diputado.

De acuerdo con los datos del  Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), la entidad hasta agosto ha ejecutado Q389 millones entre inversión pública como gastos de funcionamiento. García aseguró que la ejecución de Covial va en un 34 por ciento, la de la Dirección de Caminos es de 54 por ciento y el Fondo Social de Solidaridad de 60 por ciento. El atraso en Covial se debe a que cuando asumió el vicedespacho no había concursos que adjudicar.

Blanco añadió que la ejecución corresponde al pago de obras de arrastre y adjudicaciones realizadas por el gobierno anterior, según les fue informado en la citación con las autoridades. Además, criticó que este año no será posible que Covial de mantenimeinto a todas las rutas pavimentadas y de terracería que les corresponden.

“Nos va a dejar una red sin mantenimiento correspondiente”, aseguró.

Modificación

En una citación reciente también se cuestionó que las autoridades realizaron modificaciones en los montos y cantidad de proyectos proyectados para este año. En total se habían proyectado 505 proyectos, pero se modificó y se redujo a 437 los que se realizarán en el año. Los titulares de la entidad sostienen que se realizó porque no podrían terminar a tiempo las obras programadas.

Además, tanto el ministro, Félix Alvarado, como el viceministro comentaron que se detuvo la recepción de ofertas del plan vial debido a que las bases solicitaban hasta 23 requisitos fundamentales que provocaban que todos los oferentes fueran descartados.

“Revisamos que es lo que estaba sucediendo y nos damos cuenta de que aun cuando entraban a participar los 5, 10 o hasta 17 oferentes en un proceso, se les descalificaba porque habían criterios previos estblecidos como fundamentales se descalificaba la mayoría”, añadió García.

Las autoridades afirmaron que se decidió poner en pausa los eventos, modificar las bases y los requisitos a cuatro y cambiar las juntas licitadoras. Según los datos compartidos tienen 134 concursos pendientes de recibir ofertas y 228 elevados pendientes de recepción.

Cinco empresas acaparan contratos millonarios con el Ministerio de Gobernación

Ministerio de Gobernación (Mingob) gasta millones en uniformes,colchones,literas y equipos de seguridad. Quejas por carencias prevalecen entre los agentes.

José Manuel Patzán

20 de septiembre de 2024

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05:00h

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En el 2023 el Mingob gastó Q39 millones en la compra de 80 mil uniformes para la PNC. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Agua purificada, jugos dietéticos, colchones ortopédicos, literas, uniformes y municiones son algunas de las compras que el Ministerio de Gobernación (Mingob) ha hecho este año a través de seis empresas por un valor total de Q171 millones 273 mil 305.

Uno de los principales reclamos de los agentes de la PNC es el mal estado de las instalaciones policiales y la escasez de equipo de seguridad, como municiones y equipos tácticos. No obstante, las adquisiciones millonarias realizadas este año por el Mingob sugieren un panorama diferente.

Por la venta de chalecos antibalas, cascos blindados y gas lacrimógeno, la entidad Tactical Group recibirá Q65 millones 865 mil 400.

Un desembolso millonario es por la adquisición de 80 mil camisas y 80 mil pantalones para los agentes policiales, a un costo de Q40 millones 479 mil, que se adjudicaron a la empresa Cars & More. Las empresas Tactical Group y Grupo Centroamericano Geb presentaron ofertas más bajas por Q39 millones, según el portal Guatecompras.

En los alrededores del edificio de la dirección general de la PNC funcionan varios negocios donde se elaboran uniformes de esa dependencia sin que exista una autorización para hacerlo de parte de la Policía o el Ministerio de Gobernación o cualquier otra entidad estatal. Según los agentes, solicitar uniformes nuevos es un trámite burocrático y no siempre los obtienen, por lo que prefieren pagar para que se los fabriquen más rápido en un lugar no autorizado.

A la misma entidad, Cars & More se le compró agua purificada, jugos dietéticos y galletas integrales, así como 370 chalecos tácticos, todo por Q479 mil 154. Estos chalecos se fabrican con materiales resistentes y son útiles para portar municiones, radios y otros dispositivos de comunicación y control.

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Entre las quejas recurrentes de los policías está la falta de “condiciones dignas” para pernoctar en las sedes policiales ante la falta de camas. La distribuidora comercial, Tecnología, Médica y de Servicios Generales recibió una adjudicación por Q32 millones 600 mil por la venta de 40 mil colchones ortopédicos —equivalente a Q815 por unidad— y Q78 mil 750 por la venta de 45 literas imperiales de metal para equipar las sedes de la PNC, a un costo estimado de Q1 mil 750 cada una.

Granadas y balas

La distribuidora AMG se benefició con Q19 millones por la venta de 40 mil botas tácticas. La empresa Tactical Group recibió una adjudicación de Q16 millones 965 mil por la venta de 16 mil proyectiles de humo, granadas de gas lacrimógeno de triple acción, granadas de humo y 2 mil 500 cascos blindados.

Las granadas de triple acción provocan irritación en los ojos y vías respiratorias, generan una nube densa de humo que dificulta la visibilidad, algunas incluyen partículas para causar molestias físicas leves.

Agentes que integran la Policía de Mercados (Polimerc), han manifestado a los vendedores que deben comprar sus propias municiones cada cierto tiempo, debido a que estas cumplen con el tiempo de vida util y no se las remplazan en la PNC. Sin embargo, la compra de 5 millones de municiones calibre 9 milímetros le han significado Q13 millones 250 mil al Mingob, las cuales se adquirieron con el almacén El Bisonte.

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En declaraciones anteriores, el director de la PNC, David Custodio Boteo, ha reconocido las carencias que tiene la PNC, y asegura que se hacen las gestiones para mejorar las condiciones de las sedes policiales. También indicó que las balas de los agentes serán remplazadas cada cierto tiempo para evitar que estas no funcionen al momento de utilizarlas. De esta manera se justifica la cantidad de insumos que han adquirido en el último año.

Compras millonarias del Mingob este año:

Tactical Group: Q65 millones 865 mil 400.

• 10 mil chalecos antibalas, Q48 mil 900.
• 16 mil 600 proyectiles de humo 37/38 mm, granadas de gas lacrimógeno de triple acción hyper y granada de humo color blanco, Q9 millones 965 mil 400.
• 2 mil 500 cascos blindados, Q7 millones.

Cars & More: Q40 millones 479 mil 155

• 370 chalecos tácticos para uso de la PNC, Q88 mil 800.
• 57 mil 600 botellas de agua purificada, Q70 mil 848.
• 160 mil uniformes azul tipo comando, Q40 millones.
• 1 mil 200 basureros para instalaciones Q75 mil 840.
• 16 mil 666 jugos dietéticos, Q84 mil 496.
• 9 mil 473 jugos naturales, Q80 mil 520.
• 3 mil 146 galletas integrales Q78 mil 650.

Distribuidora Comercial, Tecnología, Medica y de Servicios Generales S.A. : Q32 millones 678 mil 750.

• 40 mil colchones ortopédicos, Q32 millones 600 mil.
• 45 literas de metal tamaño imperial, Q78 mil 750.

Distribuidora AMG: un contrato por Q19 millones.

• 40 mil botas tácticas, Q19 millones.

Almacén el Bisonte: un contrato por Q13 millones 250 mil.

• 5 millones de municiones calibre 9 milímetros, Q13 millones 250 mil.

Bolsas de nueces y semillas y tala de árboles, figuran en los gastos del Ministerio de Gobernación

Tala de árboles, uniformes de gala, servicios de atención y protocolo, fabricación de playeras entre otros gastos similares suman Q648 mil 827.

José Manuel Patzán

24 de mayo de 2024

|

05:00h

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Analistas recomiendan verificar determinadas compras de baja cuantilla que se hacen para la PNC.(Foto: Prensa Libre)

Si bien, este año el ministerio de Gobernación (Mingob) ha efectuado compras de botas y chalecos tácticos para los agentes de la PNC, también reporta gastos de baja cuantilla que para expertos, deberían someterse a análisis y determinar si son necesarios.

El Mingob reporta la compra de chalecos tácticos o tipo comando a Q618 mil y Botas tácticas a Q2 millones, pero también la compra de 6 mil 569 bolsas de “boquitas”, como se describe en el portal Guatecompras y que consiste en bolsas de nueces y semillas de 80 gramos, a un costo de Q80 mil 470.

En el portal electrónico se justifica que lo descrito es requerido para las diferentes dependencias de la PNC, “con la finalidad de brindar insumos y suministros de consumo para el personal policial durante los diferentes operativos”.

En servicios de “atención y protocolo” para diferentes actividades de la PNC se reportan Q348 mil 157; entre estas adjudicaciones figura una de Q89 mil 150, por un “servicio de atención y protocolo” para el acto de inauguración de la semana de Seguridad Vial y Foro Internacional sobre Seguridad Vial, el cual se desarrolló el 20 de mayo en un salón de eventos de la zona 16, en horario de 8 a 16 horas.

En el departamento de Tránsito de la PNC se informó que por lo general los gastos en este tipo de eventos tienen que ver con la compra de alimentos que se proporciona a los asistentes, puesto que la responsabilidad de dar la bienvenida a los asistentes, colocar banderas en los salones y los identificadores de los exponentes, corresponde al personal de cada unidad.

Además, se reporta la compra de un mil 200 playeras a un costo de Q76 mil 200 para ser distribuidas durante la actividad del Día de la Policía Municipal de Tránsito de la Dirección General de la PNC , y la adquisición tres mil playeras “unisex” para los participantes de la XII edición internacional 2024 5K de la PNC.

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Tala

En los reportes del portal electrónico figura la adquisición de un servicio para talar 13 árboles ubicados en la subdirección General de Estudios y Doctrina de la PNC, en la zona 6, a un costo de Q87 mil.

En las especificaciones se justifica que la tala de esos árboles y el retiro de raíces es “necesario y de mucha importancia, ya que puede dañar a personas que transitan en el lugar de la Subdirección General de estudios y Doctrina de la PNC”.

También se justifica la compra de 23 uniformes de gala fabricados con gabardina, para el personal de la Dirección General de la PNC a un costo de Q57 mil y una compra de mil 200 playeras para ser distribuidas durante la actividad del día del Policía Municipal de Tránsito de la PNC a un costo de Q76 mil.

Análisis

Mario Mérida, exviceministro de Gobernación, opina que ese tipo de gastos son cuestionables pero deberían someterse a análisis para determinar qué tan necesarios son, puesto que algunos pueden cubrirse con el apoyo de otras instituciones.

“Si bien no son gastos altos, en el caso de los árboles que se van a talar se puede pedir apoyo a la municipalidad capitalina, no veo necesario contratar un servicio. Habría que analizar si los otros gastos son de beneficio en temas de seguridad ciudadana”, afirmó.

En cuanto a las actividades y contratación de servicios para protocolo en actividades, Mérida recomienda utilizar esos fondos para organizar reuniones con los comités de seguridad de las comunidades en la provincia, para trabajar planes de seguridad y escuchar las demandas.

“Sí se va utilizar el dinero para reuniones o celebraciones internas no valen la pena, porque no se orienta a algo trascendental y en seguridad”, agregó.

También descartó que la compra de playeras sea algo que beneficie al tema de seguridad. Con la compra de semillas y nueces, el analista espera que se utilicen como complemento a las raciones de alimentos que obtienen los agentes, pero no como ración o como “producto que se ofrece en las tiendas de la institución”.

“En cuatro a los uniformes, los que son para los agentes los debería costear la institución, pero los uniformes de gala los deben costear quienes los van a recibir”, puntualizó.

Siempre se harán

Para el analista en temas de seguridad Ronaldo Leiva, si bien son gastos que parecieran innecesarios, “siempre se hacen y ser harán en cada gobierno”, aunque habría que analizarse si son indispensables.

“Tampoco se va entrar en un plan de no gastar, pero sí se debería analizar y determinar si son necesarias esas compras, si contribuyen a la seguridad, principalmente en el tema de capacitaciones, determinar qué se logra con ellas”, enfatizó.

Gastos necesarios

Respecto a los gastos en mención, autoridades policiales en otras administraciones han argumentado que son necesarios para la capacitación y dignificación del agente policial,así como para el fortalecimiento de las instalaciones policiales.

Este año, el Mingob ha pagado Q72 millones en el arrendamiento de viviendas y edificios para las diferentes unidades de la PNC.

Autoridades policiales han reconocido que el movimiento de sedes es constante debido a que se terminan los contratos hechos con los propietarios de los inmuebles, y por lo tanto deben buscar otros edificios, lo que también afecta de alguna manera el despliegue policial debido a las ubicaciones de los recintos.

Usuarios de redes sociales denunciaron que Guatecompras y Sicoin estaban caídos la mañana de este 25 de enero.

Luego de las consultas hechas al Minfin, este publicó un comunicado en donde daba las explicaciones de la caída del sistema.

Según el comunicado, el Minfin afronta fallas en el sistema eléctrico, razón por la cual todos los servicios que brinda la institución han sido afectados temporalmente.

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Agregan que ya están trabajando, para que todos los sistemas y servicios sean reestablecidos en el transcurso de este jueves 25 de enero.

“Lamentamos los inconvenientes y reiteramos nuestro compromiso de solventarlo a la brevedad posible, así como de mantenerles informados conforme se estén reestableciendo los servicios”, se lee en el comunicado.

“En el MINFIN reafirmamos nuestro deber de informarles transparentemente, así como el manejo de una gestión responsable, garantizando la certeza, seguridad jurídica y transparencia en todos los procesos”, cierra el comunicado.

Caída anterior de Guatecompras y Sicoin

Los portales digitales del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado conocido como Guatecompras y del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) dejaron de funcionar también el pasado lunes 26 de noviembre de 2023, por un supuesto ataque cibernético, afirmaron las anteriores autoridades del Ministerio de Finanzas.

El Sicoin es una herramienta informática creada para los gobiernos locales que busca tener un mejor control y transparencia en la ejecución del presupuesto de cada entidad que lo utiliza.

En tanto, Guatecompras es el sistema utilizado por el Estado para hacer contrataciones y adquisiciones, es decir, es un mercado electrónico operado en la red y que al igual que el Sicoin, su objetivo es garantizar la transparencia del gasto público.

La cartera de Finanzas, señalaba que la Dirección de Tecnologías detectó un ataque cibernético y decidieron restringir los accesos a los portales “por seguridad”.

Edwin Martínez Cameros, que en esas fechas era el ministro de Finanzas, explicó a Prensa Libre que posiblemente el objetivo del ataque era evitar que se pagara salarios, y todo aquello que el gobierno pagaba y traslada al sector público.

Actualización

Después del mediodía de este jueves, el Ministerio de Finanzas informó que se ha restablecido el 60% de los sistemas que administra y que continuarán trabajando para solucionar el problema en las plataformas.

La Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas ha asumido la investigación, sugiriendo que el móvil del ataque podría haber sido un intento de robo, ya que suponen que Clara del Cid se habría resistido a entregar su teléfono móvil.

El día del ataque se reportó que el trabajador del Minfin fue atacado a balazos cuando se desplazaba en su vehículo, acompañado de otra persona. Ambos resultaron heridos, por lo que fueron llevados por paramédicos al Hospital Roosevelt.

Desde ese momento, la Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que se inició con la investigación del caso y que se verificarían cámaras de vigilancia ubicadas en el sector para rastrear a los atacantes y observar qué dirección tomaron al abandonar el lugar del ataque.

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La investigación comenzó su curso, pero no se tenía una hipótesis establecida, ni si se trató de un asalto o fue un ataque directo contra Clara del Cid.

El extrabajador desempeñó el cargo de subdirector de Tecnologías de la Información por mes y medio, pues asumió el 27 de noviembre de 2023.

El ataque en el que perdió la vida ha ocurrido en un contexto marcado por la persistente inestabilidad de los portales electrónicos del Ministerio de Finanzas.

Ataque cibernético

Desde finales de noviembre del año pasado, precisamente el 26 de noviembre, se dio a conocer el ataque cibernético a los portales que componen el Sistema Integrado de Administración Financiera (Siaf).

Las plataformas como Guatecompras, Guatenóminas y el Siaf han registrado operaciones, pero han enfrentado problemas técnicos, han operado de manera intermitente y otras como el Portal de Transparencia del Ministerio de Finanzas está completamente inactiva.

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Sugieren auditoría especializada

El ataque cibernético al Siaf, reportado el 26 de noviembre, llevó a la implementación de restricciones internas para salvaguardar la información contable del Gobierno de Guatemala.

Exfuncionarios del Ministerio de Finanzas sugieren que las medidas internas fueron tomadas para preservar la integridad de la información, que es la base para el trabajo de fiscalización que debe realizar la Contraloría General de Cuentas (CGC).

La falta de estabilidad en estos portales genera preocupaciones sobre la transparencia en las operaciones gubernamentales y les plantea preguntas sobre la integridad de la información fiscal.

El exministro de Finanzas, Alfredo del Cid Pinillos, sugirió que, en este contexto, se debería realizar una auditoría especializada para identificar las causas detrás de la caída del Siaf.

Esta auditoría permitiría reconocer el estatus de los procesos que se dieron cuando el sistema estuvo inactivo y si se ejecutaron con normalidad y apegados en ley, lo que a su criterio daría un clima de certeza al nuevo gobierno.

A su criterio, cualquier intención oculta detrás del ataque cibernético que fue reportado, debería quedar revelado en la auditoría, y cobra relevancia tomando en cuenta el coincidente deceso del subdirector de Tecnologías de la Información. “Llama poderosamente la atención que un período tan corto haya pasado eso. Lo importante es ser objetivos y no levantar falsas expectativas”, declaró.

El exviceministro, Érick Coyoy, también estima importante que el nuevo gobierno esclarezca lo que ha sucedido con el sistema del Siaf. Incluso considera importante que la administración entrante busque apoyo internacional de entidades como el Banco Mundial (BM) para determinar las causas reales de la suspensión de los servicios.

¿Qué información se maneja en el Siaf?

El Sistema Integrado de Administración Financiera (Siaf) está compuesto por módulos para la gestión financiera del gobierno.

Cada una de estas plataformas desempeñan un papel distinto, desde el control contable hasta las operaciones de municipales y la transparencia de transferencias presupuestarias.

• Sicoín: Contiene la información contable del gobierno.
• Siaf GL: Registra las operaciones del Sistema Integrado de Administración Financiera (Siaf) y tienen una versión propia para las municipalidades.
• Guatenóminas: Registra la nómina del personal de las entidades públicas.
• Guatecompras: Sistema de adquisición de bienes y servicios del Estado.
• Portal de Transparencia Fiscal: Expone toda la información de las transferencias presupuestarias que realiza el Ejecutivo, como las de una entidad hacia a otra.

Desde el pasado 26 de noviembre se dio a conocer un ataque cibernético al Siaf, por lo que según exfuncionarios del ministerio de Finanzas, se decidió implementar restricciones a nivel interno, pues se trata de la plataforma que contiene la información contable del Gobierno de Guatemala, que a su vez es la base para la fiscalización que debe realizar la Contraloría General de Cuentas.

De acuerdo con una verificación realizada ayer, el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), está funcionando y sin ningún inconveniente. Pero el sistema Guatecompras, Guatenóminas, y el Siaf GL -gobiernos locales- operan y registran las operaciones, pero luego se deshabilitan las páginas web o quedan inoperantes.

En cuanto al Portal de Transparencia del Ministerio de Finanzas, que registra las transferencias internas o las de un ministerio hacia otro, no está en operación, y hasta el momento se desconoce cuáles y cuántas operaciones se han realizado en lo que va del año.

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Prensa Libre requirió información a la unidad de comunicación de la cartera del Tesoro, sobre las operaciones y estatus de las plataformas, pero hasta el cierre de nuestra edición, no había una posición oficial al respecto.

Por lo tanto, se espera el nombramiento de las nuevas autoridades que asumirán en ese ministerio, ya que asumirán el control de la política fiscal, así como la información contable.

Piden intervención

El exministro de Finanzas, Alfredo del Cid Pinillos y el exviceministro, Érick Coyoy, coincidieron en que los nuevos funcionarios deben esclarecer lo que ha sucedido con el Siaf, comenzando con una auditoría especializada.

“Hay que investigar los procesos que se dieron y los que se han levantado cuando el sistema estuvo caído, pues eso denota alguna falencia o actividad no correcta que debe ser penada; pero si en todo caso se encuentra que toda la información fue subida como tiene que ser, como corresponde y dice la ley, se estaría dando certeza al nuevo gobierno”, declaró del Cid Pinillos.

A su juicio, se debe trabajar de una manera objetiva, ya que si hubo alguna intención oculta en el ataque cibernético reportado, se debería revelar en la auditoría, considerando el coincidente deceso del subdirector de la Dirección de Tecnologías de la Información, Juan Carlos Clara, el viernes 12 de enero. “Llama poderosamente la atención que un período tan corto haya pasado eso. Lo importante es ser objetivos y no levantar falsas expectativas”.

Para Coyoy, es prioridad que el nuevo gobierno busque asistencia técnica especializada, como con el Banco Mundial (BM), organismo al que le interesa apoyar esos temas, como lo hizo hace algunos años, y determinar las causas reales de la suspensión de los servicios.

Recordó que desde que se implementaron los servicios en internet, no se había tenido una interrupción tan prolongada, por lo que se deben impulsar las acciones necesarias para  reestablecerlos.

A se entender, esta prolongación, puede ser una mezcla de situaciones:

• Durante las últimas semanas del gobierno anterior, se pudo aprovechar la realización de operaciones que pudieran quedar inadvertidas o que no fueran visibles, lo que denotaría un interés de opacidad.
• Falta de capacidad técnica del personal que está a cargo de los sistemas informáticos del ministerio.
• Obsolescencia del sistema, pues opera desde el 2004.

Por otro lado, manifestó que debe involucrarse la Contraloría General de Cuentas, como órgano fiscalizador, para asegurar que toda la información contable está correctamente registrada.

¿Qué información se maneja en el Siaf?

Todos los sistemas son auxiliares y tienen como propósito que toda la información financiera esté registrada:

• Sicoín: Contiene la información contable del gobierno.
• Siaf GL: Registra las operaciones del Siaf y tienen una versión propia para las municipalidades.
• Guatenóminas: Registra la nómina del personal de las entidades públicas.
• Guatecompras: Sistema de adquisición de bienes y servicios del Estado.
• Portal de Transparencia Fiscal: Expone toda la información de las transferencias presupuestarias que realiza el Ejecutivo, como las de una entidad hacia a otra.

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El trabajador del Minfin se desplazaba en su vehículo junto a otra persona cuando fueron atacados a balazos por lo que fueron llevados al hospital Roosevelt.

“Cuando llegaron los paramédicos se percataron que ambos estaban con vida, pero al ingreso del hospital falleció Clara del Cid”, afirmó Carlos Hernández, vocero de los Bomberos Municipales.

Investigadores de la PNC indicaron que verifican imágenes de cámaras de seguridad del área para determinar cómo ocurrió el ataque y el rumbo que tomaron los sicarios, además, afirmaron que por el momento desconocen si se trató de un asalto o fue un ataque directo relacionado a las funciones que la víctima tenía dentro del ministerio.

Según las pesquisas, Clara del Cid asumió en dicho puesto el 27 de noviembre. Sin embargo, en el Ministerio de Finanzas no se proporcionó información al respecto.

“Por el momento no se tiene mayor información sobre el tema. En cuanto se tenga la haremos llegar. Espero tu comprensión”, se indicó en esa unidad de Comunicación Social.

El vocero del ministerio de Gobernación, Jorge Aguilar, afirma que ya hay una investigación en curso, pero no se tiene una hipótesis sobre las causas del crimen.

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Hackeo

El día en que Clara del Cid asumió en el puesto, el gobierno de Guatemala por medio del Minfin aseguró que los portales de Guatecompras y Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) quedaron fuera de la red por un ataque cibernético. El portal de Guatecompras  permaneció con fallas por al menos dos semanas y no permitió observar los procesos de compras del Estado.

Por parte del Minfin se informó que derivado de los ataques cibernéticos en su infraestructura informática interna, les conllevó al aislamiento de los sistemas Guatecompras, y que los “trabajos exhaustivos” estaban a cargo de la Dirección de Tecnologías de la Información-unidad a la que recientemente había ingresado Clara del Cid- y que administra los recursos tecnológicos del Minfin para restablecer dichos portales.

Qué se maneja en los portales electrónicos

Sicoin es una herramienta creada para un mejor control y transparencia en la ejecución del presupuesto para entidades estatales y municipales fue creado en el 2004.

El portal de Guatecompras fue creado en el mismo año y su función es garantizar la transparencia en el gasto público. Su salida de la red generó reacciones que exigen una explicación al Minfin, cartera que tiene a cargo la administración de ambos portales.

El 4 de diciembre en el Diario de Centro América publicaron la resolución 23-2023, que autorizó a las unidades ejecutoras no computar entre el martes 28 de noviembre y el martes 05 de diciembre, “únicamente para el registro y la publicación de documentos que debieron efectuarse en el periodo indicado”.

El investigador asociado de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), Jorge Benavides, afirma que no hay claridad por parte del Minfin sobre si solo hubo un hackeo a los portales o si hubo pérdida o alteración de la información”.

“Es muy importante conocer si habrá o no una auditoría de sistemas, lo cual permita conocer la severidad del problema, los protocolos que se siguieron y deducir responsables”, argumentó.

Según Guatecompras el paso a desnivel de la Roosevelt deberá estar concluido el 1 de mayo de 2024, obra que tiene un costo de Q44 millones 956 mil 501.84.

Los documentos publicados en el portal detallan que la empresa CEBCO inició nuevamente con los trabajos de construcción el 1 de diciembre tras seis meses de suspensión.

El acta publicada el 13 de octubre de 2023 señaló que desde el 1 de junio de ese año cesaron la construcción del distribuidor vial, obra que quedó suspendida temporalmente, “debido a que se detectó una tubería de hierro fundido que trasporta agua potable en las zonas 3 y 7 de la capital.

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Se mencionaba que se estaban evaluando alternativas y diseños estructurales para evitar daños a futuro sobre la tubería, según expuso la empresa en el acta.

El Ministerio de Comunicaciones indicó en octubre de 2023 que en la pila 7 “se encontró un colector que pasa bajo la ubicación de la misma, por lo que se estaba realizando un diseño estructural por parte de la empresa ejecutora para mover la pila sin dañar la estructura”, adicional se realizaría una caja de concreto para proteger la tubería por parte de la Empresa Municipal de Agua (Empagua).

En el portal de Guatecompras, el Fondo Social de Solidaridad adjudicó el proyecto a la empresa CEBCO por Q44 millones 956 mil 501.84 y según la cartera, la obra de 350 metros de longitud que beneficiará directamente a los usuarios del sector proporcionando ahorro en tiempo de circulación y gastos en combustible.

De los Q44.9 millones que costará la obra, el Estado ha pagado Q22.2 millones, según Guatecompras.

Los trabajos

Según Empagua, a finales del año 2023 se finalizaron los trabajos que impedían continuar con la construcción del paso a desnivel.

Se menciona que la empresa dio un acompañamiento técnico pero la ejecución de la obra y los ajustes necesarios fueron realizados por la misma empresa constructora del paso a desnivel.

Los trabajos consistieron en reubicación de las tuberías, se informó.

Álvaro Hugo Rodas, gerente de Operaciones de la Municipalidad de Guatemala señaló que fueron movidos todos los drenajes que había alrededor de la obra y que el único que tenía problemas era la pila cinco, pues queda al centro de la Roosevelt.

Recordó que cuando comenzaron la excavación del proyecto en la pila cinco encontraron que ahí había un colector, entonces hubo que hacer un bypass, el cual ya fue finalizado.

Señaló que ya no hay obstáculo para que se pueda reiniciar el proyecto.

Qué dice el CIV

En un comunicado que publicó el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), se menciona que recientemente se levantó la suspensión de los proyectos de construcción del paso a desnivel Calzada Roosevelt y 9 avenida, zona 11 y también el paso a desnivel avenida Petapa y 53 calle, zona 12.

Asegura que:  “Actualmente se están realizando las gestiones administrativas para que se reinicien los trabajos físicos en obra de los proyectos, también se coordinó una evaluación conjunta de los proyectos con los contratistas para determinar el estado de los materiales y de ser necesario reparar o remplazar los que no cumplan con los parámetros establecidos en bases y especificaciones de los proyectos”.

Se afirma en el comunicado que los gastos que en los que se incurran con estos cambios se realizarán por cuenta propia de los contratistas, por lo que no se generará un costo extra al monto contratado.

La organización no gubernamental está vinculada directamente con el diputado de la bancada Vamos por una Guatemala Diferente Carlos Roberto Calderón, reelecto para un segundo período.

Dos días antes de que finalizara el 2023, el 29 de diciembre, Conguate le compró a Grupo Construya, S.A., sillas, inodoros, pisos, azulejos, estanterías de metal y armarios, entre otros productos para la construcción y equipamiento de escuelas, por Q1.7 millones.

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Qué se sabe del incidente entre el diputado Carlos Roberto Calderón, comerciantes y supuestos tramitadores afuera de un consulado en EE. UU.

La empresa, representada legalmente por Yalibat Mishell Aznaila Pineda Castellanos durante los primeros 11 meses de 2023, no participó en ningún concurso con la Fundación. Fue del 20 al 29 de diciembre que ganó 24 contratos y con ello superó en un cien por ciento lo adjudicado desde que se constituyó como proveedora del Estado en 2020.

Construya, S.A., ganó durante el 2023 un total de Q6.5 millones. La mitad de estos eventos fueron adjudicados a Conguate y la otra mitad al Ministerio de Salud. Además fue proveedor directo del Plan de Prestaciones Municipales.

Inconformidades

Sobre las adjudicaciones que se dirigieron al único proveedor de Conguate se presentaron inconformidades por parte de los demás oferentes que participaron en los eventos. Los cuestionamientos van desde las notas otorgadas por las juntas calificadoras hasta los precios altos con el que ofertó la empresa que ganó todos los contratos.

Entre las objeciones planteadas está que en las tiendas de materiales de construcción que venden láminas los precios oscilan entre los Q185 y Q255, mientras que Conguate adjudicó cada una a Q642.

“Grupo Construya ofertó con un sobreprecio del 321 por ciento”, refirió Regeplast, una de las empresas que participó en las licitaciones.

También el grupo DCER, en la compra de estufas de gas y eléctricas, identificado con el número de operación Guatecompras (NOG) 21819459, solicitó que se tomara en cuenta a la empresa, ya que cumplió con toda la documentación requerida. Lo mismo sucedió en el NOG 21820759, en el que Juan Fernando Radford mostró inconformidad por la puntuación recibida.

Prensa Libre se comunicó al número telefónico de Grupo Construya registrado en el portal de Guatecompras, pero la persona que respondió dijo que se había marcado número equivocado, y al preguntarle si era la representante legal de la empresa, de inmediato cortó la llamada.

También se buscó comunicación con el diputado Calderón, pero no respondió las llamadas ni mensajes.

La Fundación Conguate es dirigida por Suhelen Carolina Hurtarte Rivas.

Diputado polémico

Calderón fue electo en noviembre de 2013 como presidente de la Coalición Nacional de Inmigrantes Guatemaltecos, conocida hoy como Conguate, en sustitución de Marcos Yax, quien fue diputado de la banca Frente de Convergencia Nacional.

Al dejar Conguate, Calderón ganó en el proceso electoral del 2019 una curul legislativa y se convirtió en el principal defensor de la ministra de Educación.

El congresista también tuvo como asesor a Armando Rosales Izás, quien fue directivo de la mencionada fundación.

Durante los cuatro años de la legislatura que está por terminar, Calderón integró comisiones como Educación, Relaciones Exteriores, Migrantes y Cultura.

Dicho legislador tiene una carrera política cuestionada.

En abril del 2020, durante la pandemia, el Ministerio de Educación firmó el primer convenio por Q1 millón con esa asociación para instalar el taller de panadería y dibujo en el Centro de Usos Múltiples (CUM), en el instituto experimental de la colonia Nueva Montserrat, Mixco.

Un convenio similar, por la misma cantidad, se firmó en 2021, para acondicionar talleres en el Instituto Enrique Gómez Carrillo, zona 6 capitalina.

Los convenios establecen que la Fundación hará mejoras en centros educativos del departamento de Guatemala.

Calderón, además, es una figura polémica en el hemiciclo: protagonizó un incidente en las afueras del consulado de Los Ángeles, Estados Unidos, cuando señaló a un comerciante de vender citas para dicha sede diplomática y este le respondió que su hermana —del congresista— también vende citas.

En otra oportunidad se le involucró con la muerte de Maryori Noemí Yumán, de 21 años, quien cayó de un quinto piso durante una fiesta de Halloween, en octubre de 2022. Personas que estuvieron en la fiesta informaron que el inmueble era propiedad del diputado. En respuesta, Calderón lamentó el fallecimiento de la joven y rechazó las declaraciones que lo vinculaban con el suceso.
en declive

La Fundación Conguate tomó su nombre de la Coalición Nacional de Inmigrantes Guatemaltecos en EE. UU. (Conguate), un grupo de proyección social capitalizado por guatemaltecos en Estados Unidos. Sin embargo, la entidad se formó en el 2019 y desde entonces ha captado recursos de la cartera educativa, alejada del trabajo de atención al migrante.

Exmiembros de Conguate afirmaron a este medio que dicha fundación fue iniciativa del diputado Calderón y que el hecho de que comenzara a recibir recursos del presupuesto nacional causó su declive.

Después de que había logrado tener más de cien organizaciones afiliadas, Conguate conserva ahora menos de 10.

En la actualidad la Fundación no cuenta con un sistema de información y trabajo que realiza. “La páginas y las redes sociales están desactualizadas” indicó un trabajador de la oenegé.

Debido a esos inconvenientes, el pasado 4 de diciembre la Dirección General de Adquisiciones del Estado, como órgano rector del sistema Guatecompras, publicó en el diario oficial la resolución 023-2023, que autoriza a las unidades ejecutoras no computar el período del 28 de noviembre al 05 de diciembre, únicamente para el registro y la publicación de documentos que debieron efectuarse en el periodo indicado.

Ahora la Contraloría General de Cuentas por medio de una circular SCGP-02-2023 informa que “las entidades sujetas a fiscalización deben cumplir con los procedimientos y los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento”, conforme lo establece cada modalidad de compra, exceptuando los plazos de publicación de Guatecompras.

Se agrega que deben implementar un control, que permita identificar la documentación pendiente de publicación en los procesos de adquisición en la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado.

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Además del monitoreo de transacciones presupuestarias y extrapresupuestarias, detalle de préstamos internos y externos, avance de inversión pública, informe de requisitos de desembolsos de crédito público, de los movimientos de caja consolidada y caja de movimiento diario, publicaciones en Guatecompras (adquisiciones realizadas durante el período afectado), información de la gestión presupuestaria por resultados, detalle de los pagos a proveedores, servicios básicos, nóminas de salarios, horarios y otros.

De lo anterior indica que se debe “procurar” que el Auditor Interno y Director Financiero o encargado de la Dirección Financiera, den cumplimiento a esta disposición, y para ello utilizar el formato más conveniente.

También se afirmó que además de que se presentaron 3 denuncias ante el Ministerio Público y se solicitó una auditoria especial a la Contraloría General de Cuentas, luego del ataque cibernético contra dichos sistemas, registrado a finales de noviembre, el cual duró al menos 12 días.

En conferencia de prensa, el ministro Edwin Martínez y el viceministro Héctor González manifestaron que el restablecimiento de los sistemas en mención se realizó el miércoles 6 de diciembre por la noche por lo que las entidades ya están registrando sus operaciones, aunque se podría experimentar alguna lentitud debido a la gran cantidad de transacciones que se están llevando a cabo en el portal de Guatecompras y otros.

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“Guatecompras está funcionando, no de una forma normal, pero es por la saturación que existe; empezó a trabajar el miércoles por la noche y hubo más de 800 operaciones alrededor de las 8 de la noche”, expresó. Debido a la saturación, al retomar el uso de la plataforma por parte de las instituciones se recomendó probar en varias ocasiones, hasta que el sistema responda.

Los funcionarios también explicaron el alcance de las resoluciones 022 y 023 del 2023, asegurando que no se autorizó dejar de registrar las adquisiciones en el sistema Guatecompras, sino que se autorizó a las unidades ejecutoras no computar el período comprendido entre el lunes 27 de noviembre al martes 05 de diciembre de 2023, únicamente para el registro y la publicación de documentos que debieron realizarse en el lapso indicado.

“Dicha autorización tenía como objeto no computar los plazos para la realización de los registros y publicaciones que establece la normativa vigente, lo que no exime de responsabilidad a las unidades ejecutoras de registrar todas las adquisiciones realizadas en ese período, cuando el sistema estuviera restablecido, en cumplimiento de lo que mandata la normativa en Adquisiciones Públicas”, enfatizaron

Las resoluciones se aplican y se extienden a todos los procesos de adquisición pública tanto a compras de baja cuantía, como a las compras directas con oferta electrónica, cotizaciones, licitaciones y compras por contrato abierto, entre otras, ampliaron.

“El Sistema Guatecompras ya se encuentra restablecido y por lo tanto, todas las entidades, a partir del día 06 de diciembre, debieron reanudar los registros y publicaciones de los eventos que estaban en proceso antes de la afectación del sistema, así como efectuar todos los registros y publicaciones de las compras que hicieron durante los días en los que el sistema estuvo fuera de funcionamiento”, enfatizó el ministro.

Presentan denuncias y piden auditoría

Martínez también dio a conocer que la semana pasada se presentaron tres denuncias ante el Ministerio Público para que dicho ente investigue el origen del ataque cibernético mencionado, aunque refirió que no se ha perdido información ni ha sido borrada, ya que se posee un backup.

También se solicitó a la Contraloría General de Cuentas que efectúe una auditoría especial de la información en los sistemas para validar la integridad de los datos y registros en los sistemas afectados por el ataque informático y que verifique y garanticen de que no hubo pérdida de información.

Consultado sobre el posible secuestro de información, el ministro respondió que no han recibido exigencias de rescate, como se ha experimentado en otros países como Costa Rica, “pero con la auditoría se completará la verificación.

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Pagos y operaciones

Por último, aseguró que a finales de noviembre se operaron pagos a proveedores por Q1,500 millones, además de pagar la nómina de personal de esa quincena, y se trabaja para pagar el 50% del aguinaldo el 14 de diciembre, por alrededor de Q2 mil 400 millones: unos Q1 mil 600 millones para personal gubernamental y el resto para otros entes, y luego se realizaría el pago de salarios correspondiente a diciembre.

Martínez indicó que también se les está ofreciendo apoyo a entidades con los equipos técnicos de y se está trabajando con el IGSS para apoyar las operaciones de pagos a proveedores y según se tiene conocimiento, esa entidad pudo pagar su planilla de noviembre.

Respecto al presupuesto explicó que la ejecución de los gastos tanto del gobierno, como de las entidades descentralizadas ya se registra una ejecución 87.7% y se prevé que a fin de año alcance alrededor del 96.5%.

“El Ministerio de Finanzas a través de la Tesorería va trasladando el dinero a las entidades por medio de los bancos del sistema en función de los requerimientos de las instituciones y también se ha tenido reuniones con el sistema bancario para informarles sobre la situación de los sistemas informáticos. El ataque cibernético causó que se atrasaran los pagos, pero en ningún momento se va a dejar de pagar a los proveedores”, expuso Martínez.

El ministro aseguró que el restablecimiento de los sistemas se efectuó luego que el equipo de la Dirección de Tecnologías de la Información, como administrador de los recursos tecnológico del Ministerio de Finanzas (Minfin), validó la consistencia e integridad de la información.

Además, agregó que los sistemas del Minfin podrían experimentar lentitud debido a la gran cantidad de transacciones que se efectuarán en el portal luego de su restablecimiento.

En la conferencia, el ministro Martínez Cameros afirmó que se ha solicitado a la Contraloría General de Cuentas un auditoría especial “para validar la integridad de la información y registros en los sistemas afectados por el ataque cibernético”.

EN AMBOS MEDIOS

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También la Cartera del Tesoro velará por el acreditamiento oportuno de recursos a las diferentes instituciones para garantizar el pago de nóminas del sector público, así como el traslado de fondos correspondientes.

El 5 de diciembre recién pasado, el Minfin informó que las referidas plataformas aún estaban deshabilitadas y que efectuaban “trabajos exhaustivos” por parte de la Dirección de Tecnologías de la Información con el objetivo de restablecer su funcionamiento.

También, la Dirección General de Adquisiciones del Estado, como órgano rector del sistema Guatecompras, publicó el lunes 4 de diciembre en el Diario de Centro América la resolución número 023-2023, mediante la cual autorizaba a las unidades ejecutoras no computar el periodo comprendido entre el martes 28 de noviembre al martes 05 de diciembre, únicamente para el registro y la publicación de documentos que debieron efectuarse en el periodo indicado.

Lea también: Ministro de Finanzas sobre ataque a Guatecompras: “lo que se buscaba era que no se pudiera pagar salarios al sector público”

#GestiónMinfin | En conferencia de prensa, el ministro de Finanzas Públicas, Edwin Martínez Cameros, confirma que ya están restablecidas las plataformas del Sistema Integrado de Administración Financiera #SIAF, que incluyen los portales #Guatecompras, #SICOIN, entre otros. pic.twitter.com/4VnLJXTN2Q

— Ministerio de Finanzas Públicas (@MinfinGT) December 8, 2023

El funcionario comentó los alcances de este problema y cómo se han superado, sobre todo en el portal web de Guatecompras, por medio del cual se registran las adquisiciones públicas, y que aún esta en proceso de recuperarse.

¿Cuál es la posición oficial del Ministerio de Finanzas con respecto a la suspensión de los sistemas de información financiera?

El primer ataque en el sistema Siaf (Sistema Integrado de Administración Financiera) fue el domingo 26 de noviembre a la media noche entre las 23:30 horas. Ahí se atacó Siaf y se reaccionó al ciberataque, pero esto nunca se había dado en la magnitud que se dio en esta ocasión. El personal de Dirección Informática estuvo trabajando y se recuperó el sistema el lunes 27, a las 20 horas, porque había que habilitarlo para todas las instituciones que componen el sector público, para completar el pago de nómina, ya que se había avanzado.

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Ese fue el primer ataque, luego tuvimos otro el martes 28 y miércoles 29 de noviembre, pero el del martes fue el más dañino, que afectó el sistema Guatecompras.

En Guatecompras están vinculados muchos de los procesos para el devengado y pago, y los procesos de pago para las instituciones del sector público, y al dañar ese sistema se hizo establecer mecanismos para evitar que no se siguiera atacando. El jueves 30 de noviembre se recuperó el sistema, se logró pagar todas las nóminas de los empleados públicos y pagos a proveedores, con lo cual se concluyó noviembre.

¿Cuál es el recuento de los daños?

El daño más severo fue para Guatecompras, se sigue trabajando para recuperar la información con los “backups” y se está trabajando con la Dirección de Tecnología; se espera concluirlo hoy -ayer-.

¿Hasta este momento cuáles son los inconvenientes en el sistema financiero público?

Tal vez el inconveniente mayor es con Guatecompras y ahora se está trabajando en ello y no está habilitado, no se pueden hacer procesos de adquisiciones, pero eso no implica que se esté sacando dinero, que se esté perdiendo dinero o se esté pagando sin respaldo.

Se ha liquidado todo lo que ha permitido el sistema, en función de la validación legales y técnicas que el mismo tiene -sistema Guatecompras- y la afectación mayor es ahí, y en noviembre las instituciones tuvieron que llegar a medianoche para concluir con los procesos de pago.

Tal vez el fin del ataque, era evitar que se pagara salarios, y todo aquello que el gobierno paga y traslada al sector público, pero eso se logró superar y se pagaron los sueldos.

Ahora el inconveniente mayor es en Guatecompras, y al tener esto se continuará pagando las estimaciones y hacer las adquisiciones.

El lunes emitimos la resolución 23-2023, esto lo que indica es que no se debe computar los días del 26 de noviembre al 5 de diciembre, pero esto no es que no se registre, porque ha habido una mala interpretación de muchas personas de que se están haciendo pagos o compras sin hacer registros, y eso no se puede hacer. En el sector público no se puede pagar pagar  Q1, un Q1 millón o Q100 millones, si no se cumple con todos los procedimientos, y hasta el momento no hay perdida de información que exista algún robo de información, o que no se estén haciendo registros o no se esté pagando u otro montón de aspectos que no pueden darse, porque el sistema tiene muchas validaciones para garantizar que todo se realice con transparencia; sobre todo en Guatecompras, para mantener la competitividad que se busca.

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En estos ciberataques, ¿hay alguna exigencia monetaria o chantaje y de donde pudo venir?

No hay ninguna exigencia de dinero, ni nada; de dónde viene, y lo que me han informado, que es un ataque desde Polonia. Como ministerio se han puesto las denuncias para la investigación al ente que le corresponde, poder aclarar esto, y si hay un implicado, que se le aplique la ley.

Se puso la denuncia, porque sí se está dañando mucho el que hacer del sector público, sobre todo en la parte financiera que le corresponde.    

¿Es un caso muy similar al del Ministerio de Hacienda de Costa Rica en 2022?

Ahí fue mucho más dañino, porque dejaron paralizado el Estado por una buena cantidad de días, y en Guatemala, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Electrificación, la Superintendencia de Administración Tributaria, en la cual no se podía pagar los impuestos y fue un daño de casi una semana.

Estos ataques que son cibernéticos se dan en cualquier momento y en el caso del Siaf no hubo una exigencia dineraria, y lo que se buscaba era desestabilizar al gobierno al no pagar los salarios al sector público que es un daño muy grave, y eso se logró superar.

¿Cuáles son las medidas que se están adoptando?

Se han implementado acciones para seguir ejecutando y a esto me refiero a devengar y también pagar, porque estamos en el cierre del ejercicio fiscal, y hay que trasladar el aguinaldo, salarios a las personas y hay que pagar a los proveedores por los compromisos de cada institución, y se tiene que acreditar a donde instruyan las instituciones.

Hay que dejar claro, que, como Ministerio de Finanzas, no se paga nada -autoriza- sino hay una solicitud y todo aquello que se paga tiene que estar registrado y cumplir con todos los requisitos.

En conclusión, ¿cuál es el mensaje a los agentes económicos?  

Qué se tenga la certeza que todo se está realizando de la mejor manera y que no hay una pérdida de recursos por estos ataques que se dieron.

Hasta este 5 de diciembre aseguran que derivado de los ataques cibernéticos en su infraestructura informática interna, les conllevó al aislamiento de los sistemas Guatecompras,  que todavía está bajo “trabajos exhaustivos” de la Dirección de Tecnologías de la Información como administrador de los recursos tecnológicos del Minfin para restablecerlo.

El Sicoin es una herramienta creada para los gobiernos municipales que busca un mejor control y transparencia en la ejecución del presupuesto para entidades estatales y municipales.

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Qué es Guatecompras

Guatecompras, por su parte, lo usa el Estado para contratar y adquirir en un mercado electrónico operado en la red. Al igual que el Sicoin, su objetivo es garantizar la transparencia en el gasto público.

Su salida de la red generó reacciones que exigen una explicación al Minfin, cartera que tiene a cargo la administración de ambos portales.

¿Por qué son importantes estos sistemas?

El Sicoin contribuye con la transparencia en la ejecución y la calidad del gasto público. Nace en 2004.

Mientras que Guatecompras, en ese mismo año, sale a luz como el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y es administrado por el Minfin.

Lo crean para “brindar mayor transparencia a las compras públicas”. Pero también sirve para conocer la forma en que las entidades estatales gastan el dinero público.

Guatecompras sirve para “comprar y contratar bienes y servicios y dar cumplimiento a las disposiciones del Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento”.

“Debe haber una auditoría de los sistemas”

El investigador asociado de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), Jorge Benavides, explica que desde el 2003, el Gobierno de Guatemala ha “invertido en plataformas electrónicas que facilitan no sólo tener acceso a la información por parte de los ciudadanos, sino que sistematiza la forma en la que las unidades ejecutoras llevan control de la ejecución del presupuesto y la adjudicación de contratos”.

Agrega que tanto Guatecompras como Sicoin tienen almacenada información histórica de alrededor de 20 años. “Por ejemplo, en Sicoin está el detalle de la ejecución por ítem y renglón presupuestario de cada entidad del Gobierno central, descentralizadas y municipalidades, con actualización semanal”.

Benavides añade que “para el caso de Guatecompras está el registro de todas las contrataciones que hacen las unidades ejecutoras, ya sean por licitación, compra directa y cotización, etc”.

“A esto se suma el detalle de los aplicantes, las características de los bienes y servicios contratados, los datos de los dueños de las empresas adjudicadas, el récord histórico de otras contrataciones, los nombres y códigos de los proyectos (Número de Orden Guatecompras -NOG-), etc”, explica.

Benavides comenta que “al día de hoy no hay claridad por parte del Minfin sobre si solo hubo un hackeo a los portales o si hubo pérdida y/o alteración de la información”.

“Es muy importante conocer si habrá o no una auditoría de sistemas, lo cual permita conocer la severidad del problema, los protocolos que se siguieron, y deducir responsables”, argumenta.

Afirma que “se esperaría que haya respaldo de toda esta información, pero también hace falta conocer cuál es la política que maneja el Minfin al respecto”.

Benavides informa que, finalmente, “la incertidumbre sobre la ejecución de los recursos durante el período en el que no están disponibles los portales es una fuente de desconfianza hacia las autoridades”.

“No obstante, esto sólo es una parte del problema, ya que habrá que cotejar si existió alteración o pérdida de registros históricos sobre los cuales todavía existe responsabilidad por parte de los funcionarios”, asevera.

Comunicación deficiente

El economista Ricardo Barrientos, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), explica que estos portales no solo son de transparencia, sino que son transaccionales.

“En el Sicoin se registra la contabilidad del Estado, y en Guatecompras, las operaciones y transacciones estatales”, opina.

“La Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público, por ejemplo, si quisieran deducir responsabilidades, no irían a papeles, sino a estos registros, que son públicos. Esto es la función principal”, indica.

Barrientos comenta como segundo punto que los módulos no transaccionales, sino de información, ponen a Guatemala a la vanguardia, cuyo gobierno publica más datos de la ejecución presupuestaria y las adjudicaciones.

Ahora bien, agrega, el hecho de que “hayan sido victimas de ataque cibernético los sistemas quedan suspendidos, y se hace difícil fiscalizar la ejecución presupuestaria”.

“Haría dos críticas. La primera, que nada tiene que ver con que haya sido intencional, ni que tengan la culpa, y que haya sido perpetrado a propósito. Se hace necesario que cuando se establezca la naturaleza, la profundidad y la gravedad, se analice si se tomaron las acciones pertinentes”, indica.

Barrientos expresa que habrá que estar atentos a lo que dice la Dirección de Tecnología del Minfin, si hubo negligencia y descuido y deducir responsabilidades.

Sobre todo, añade, ver qué tipo de ataque fue, y cómo estaba la protección del Minfin ante esta situación.

“Se tardaron mucho en informar”

Lo segundo, informa el analista, es que la Dirección de Comunicación Social del Minfin falló prque “se tardaron mucho en ofrecer una información de qué estaba ocurriendo”.

“Más allá de un post en las redes sociales, desde el primer día el ministro, y otros funcionarios, debieron dar información concreta, comparecer ante los medios, y dar actualizaciones regulares”, relata.

Barrientos considera que la comunicación ha sido tardía y eso ha generado sospechas, suspicacias, que incluso, le imputan al Minfin una acción deliberada”.

“Se debío explicar más rápido, y mejor. Ante ausencias de explicaciones, ahora con ambiente tan polarizado, cuenta convencer”, externa.

En el pasado se han dado incicentes como el actual, pero Barrientos asegura que conforme avanzan los años estos se hacen más sofisticados y complicado.

Lo más importante ahora, dice Barrientos, es elaborar una auditoría, que establezca qué ocurrió, y sus alcances. “Debe hacerse pública”, comenta.

Datos históricos

¿Cuando fue creado Guatecompras?

La resolución número 572-2003, de la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, determina que todas las entidades públicas deben utilizar el sistema desde el 30 de octubre de 2003.

¿Cuando fue creado Sicoin?

De 1998 al 2003 se utilizó como sistema informático el Sicoin en su primera versión. En 2004 se crea una nueva y se incorporan innovaciones informáticas, que promovieron una reforma integral que contempló un nuevo marco legal que se regula en el Acuerdo Ministerial 42-2004, emitido por el Minfin el 25 de mayo 2004.

Además, la Dirección General de Adquisiciones del Estado, como órgano rector del sistema Guatecompras, publicó el lunes 4 de diciembre en el Diario de Centro América la resolución número 023-2023, mediante la cual autoriza a las unidades ejecutoras no computar el periodo comprendido entre el martes 28 de noviembre al martes 05 de diciembre, únicamente para el registro y la publicación de documentos que debieron efectuarse en el periodo indicado.

“Es importante resaltar que, dicha autorización únicamente tiene como objeto no computar los plazos para la realización de los registros que establece la normativa vigente, y no exime de responsabilidad a las unidades ejecutoras de realizar el registro y la publicación de documentos de todas las adquisiciones realizadas en ese periodo cuando el sistema esté reestablecido, lo que permitirá la consulta de información en forma pública, irrestricta y gratuita en cumplimiento de lo que mandata la Ley de Contrataciones del Estado”, afirmó Finanzas.

Finanzas aseguró que está “comprometido con la gestión responsable y transparente de los recursos públicos” y trabaja de “manera diligente para poner en marcha los diferentes sistemas, garantizando la certeza, seguridad jurídica y transparencia en los procesos de adquisición pública”.

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Agregó que “velará por el acreditamiento oportuno de recursos a las diferentes instituciones para garantizar el pago de las nóminas del sector público, así como el traslado de fondos correspondiente”.

“Agradecemos a la ciudadanía su comprensión y reiteramos nuestro compromiso de informar oportunamente sobre el restablecimiento de los sistemas”, según Finanzas.

Desde hace nueve días, Finanzas informó que los portales web de Guatecompras y Sicoin estaban fuera de la red, en un hecho que el Gobierno atribuyó a un ataque cibernético.

Guatecompras es el sistema utilizado por el Estado para hacer contrataciones y adquisiciones, es decir, es un mercado electrónico operado en la red y que al igual que el Socin, su objetivo es garantizar la transparencia del gasto público.

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Además, encriptaron los sistemas de esa cartera, lo que hizo prácticamente imposible que el gobierno procesara pagos o recaudara impuestos; y por si fuera poco congelaron la agencia de aduanas. Escenarios similares han pasado en los servicios estatales en Panamá, Colombia y Chile en este año.

Guatemala no es ajena a esta problemática y ya cayó el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el más reciente fue el ciberataque a la cartera de Finanzas, por el que los portales digitales del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado conocido como Guatecompras y del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) dejaron de funcionar, desde este lunes 27 de noviembre al cierre de esta nota, generando reacciones en las redes sociales, donde algunos usuarios lo veían como algo anormal; no obstante, las autoridades competentes se lo atribuyeron a un ataque cibernético.

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“Eso quiere decir que no vimos el ejemplo de Costa Rica y no tomamos acciones y allí están las consecuencias”, comentó ante este contexto Pablo Barrera, experto en ciberseguridad en ES Consulting.

“Sin protección regulada y sin planes de recuperación”

Para Barrera, en Guatemala hay varios problemas, uno de ellos es que no existe una ley de privacidad de datos que podría llevar a la protección de estos. Sin embargo, mencionó que, aunque no haya una ley, esto se traduce a buenas prácticas internacionales que se pueden seguir e implementar.

El entrevistado criticó que la inversión en ciberseguridad que se hace en las instituciones de gobierno, no precisamente es la más inteligente y adecuada.

Además, tocó el punto de que en Guatemala no hay protección regulada ante incidentes cibernéticos, pero tampoco hay planes de continuidad de negocio, recuperación ante estos ataques que permitan a las instituciones seguir operando después de una situación de este tipo.

El entrevistado llamó a la conciencia de que esto es algo prioritario no solo en el Estado, sino también en empresas y bancos que obligatoriamente deberían tener un oficial de seguridad de la información dedicado y experto a ver este tema, así como un equipo experimentado en ciberseguridad.

“En las instituciones de gobierno no existe ese puesto. Si alguna entidad es atacada cibernéticamente y los encargados no puedan hacer mayor cosa es negligencia”, concluyó Barrera, indicando que las entidades de gobierno deben cumplir con estándares internacionales de ciberseguridad y seguridad de la información, pues los riesgos de ciberseguridad son para cualquiera.

Tipos de ciberataques

En tanto Eli Faskha, CEO de Soluciones Seguras, los ataques se dividen entre ataques exitosos y denegaciones de servicio:

• Un ataque exitoso incluye virus, ransomware, spyware, gusanos y otros tipos de código malicioso. El malware se puede instalar en ordenadores sin el conocimiento o consentimiento de los usuarios y se puede utilizar para robar información confidencial, interrumpir las operaciones y dañar los datos.
• Mientras que una denegación de servicio suspende el uso de la página afectada y muy pocas veces hay impacto en los datos. Un ataque de denegación de servicio no afecta tanto como perder los datos

Para Faskha, este tipo de delincuencia cada vez crece más y es parte de lo que sucede en Internet hoy en día y evoluciona constantemente. Instituciones como la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y los Ministerios de Economía y Finanzas, son los blancos más comunes porque hay información económica muy valiosa.

Recomendaciones

• La mejor opción para protegerse además de tener las medidas contra los ataques es tener una copia de respaldo completa, probada de que funciona al restaurarla y que pueda reparase en poco tiempo.
• Esta copia de seguridad debe actualizarse cada hora, día o semana de acuerdo a lo cambiante de los datos. De manera que si se sufre un ataque se tiene la opción de restaurar los datos y que no se ponga en peligro la información de los ciudadanos y finanzas.Priorizar la protección de aplicaciones web o Web Aplication and API Protection (WAAP) que funciona como capas de protección que tienen la capacidad de resistir ataques de gran impacto y permiten que bajo un ataque se pueda acceder al sitio

Cifras

De acuerdo con datos del Reporte de Inteligencia de Amenazas de Check Point Research, presentado en conjunto con Soluciones Seguras en el marco del Día Internacional de la Seguridad de la Información, en los últimos seis meses en Guatemala se contabilizan:

• 3 mil 681 ataques cibernéticos en el Gobierno
• 2 mil 635 ataques cibernéticos en el sector de la banca y finanzas

Los principales países de origen de las amenazas son:

• 76% Estados Unidos
• 6% Guatemala
• 3% China
• 1% Alemania, México, Rusia, cada uno
• 13% Otros

El Sicoin es una herramienta informática creada para los gobiernos locales que busca tener un mejor control y transparencia en la ejecución del presupuesto de cada entidad que lo utiliza.

En tanto, Guatecompras es el sistema utilizado por el Estado para hacer contrataciones y adquisiciones, es decir, es un mercado electrónico operado en la red y que al igual que el Socin, su objetivo es garantizar la transparencia del gasto público.

De esa cuenta que su salida de la red generó reacciones de internautas que exigen una explicación al Ministerio de Finanzas (Minfin), cartera que tiene a cargo la administración de ambos portales.

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Se consultó al Minfin respecto a las fallas en los portales y sobre las reacciones de los internautas y señalaron que la caída de los sitios se debe a un ataque cibernético, sin profundizar si este fue neutralizado o sigue en curso.

De acuerdo con la cartera de Finanzas, la Dirección de Tecnologías detectó un ataque cibernético y decidieron restringir los accesos a los portales “por seguridad”.

Además, solicitan a los usuarios que, para estar actualizados respecto a la situación de los portales web afectados se debe “estar atento” de las redes sociales oficiales.

“Estimado usuario, te informamos que la Dirección de Tecnologías identificó un ataque cibernético a nuestra infraestructura informática”, señala una publicación del Minfin en su cuenta de X, antes Twitter.

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La publicación añade que “por seguridad se restringió temporalmente el acceso a los mismos (sitios) para mitigar riesgos”.

Añade que trabajan para solventar los inconvenientes “lo antes posible”.

En total, la comuna ha destinado Q9.46 millones en dos estadios de futbol, y por las características del concurso vigente, el tercer proyecto podría tener un precio similar a los anteriores.

Los proyectos, detallados en Guatecompras, ponen en duda el costo de los trabajos. Se remoza el estadio Victoriano López Coco, zona 1 de la aldea Boca del Monte, y el estadio El Tulujá, zona 1 de la cabecera municipal.

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En el mejoramiento, por ejemplo, cada una de las dos bancas para el equipo local y visitante está valorada en Q24 mil 255. Son de cemento y block, con pines fundidos de hierro.

El marcador de resultados del estadio Victoriano López Coco será electrónico, de 1 metro de altura por 2 de ancho, por el cual la comuna pagará Q106 mil 160.

Las porterías del campo son dos, con medidas reglamentarias de 7.31 por 2.44 metros, de postes de acero de 33 mm, que costarán Q22 mil 239.

Analistas con experiencia en fiscalización de la gestión pública reconocen que existen detalles que permiten suponer que las obras podrían tener un sobre costo, además que se adjudicaron los contratos a un único oferente, cuando lo recomendable es declarar desierto el evento e iniciar uno nuevo, para que haya más ofertas y se pueda comparar precio y calidad de las obras.

Necesidades

Marroquín ganó la alcaldía de Villa Canales en el 2012 y fue reelecto en el 2019. En ambas ocasiones participó con el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

En los últimos comicios generales, el 25 de junio, el jefe edil compitió por un escaño en el Congreso por el departamento de Guatemala, por la misma agrupación.

En torno a estos proyectos, el alcalde reconoció que las necesidades del municipio pasan primero por el acceso a agua entubada y pavimentación de calles; no obstante, hizo ver que el remozamiento de los estadios se incluyó para ofrecer espacios de recreación a los vecinos.

“No solo son calles y agua, también están las necesidades de los jóvenes, que necesitan recreación y ahora van a tener una instalación digna donde van a hacer ejercicio. Son parte de las necesidades del desarrollo integral que necesitamos”, puntualizó Marroquín.

Por su parte, vecinos consultados por Prensa Libre sobre la construcción de los complejos deportivos y las carencias de servicios que enfrentan, respondieron que es más urgente la reparación de calles y la instalación de drenajes, que en la temporada lluviosa se vuelven problemas mayúsculos para transitar en vehículo y a pie.

Iduvina Pérez, quien reside en Boca del Monte, cuestionó las prioridades de los trabajos ediles y expuso que se debería priorizar el bacheo de calles, porque “cuando es temporada de lluvias se forman muchas pozas y el gasto sería mejor invertirlo allí”.

Otro vecino, Luis Ramírez, considera que en “la aldea Boca del Monte hay muchas necesidades, como iluminación”, y que “hubiera sido mejor que sese dinero se invierta en otros proyectos”.

Feliciano Vázquez, quien vive en la misma comunidad, coincide en que la reparación de las vías vehiculares debería ser una prioridad.

“Hay otras necesidades, en especial las calles que están abandonadas desde hace años. El alcalde cumplió ocho años de estar ahí”, se quejó Vázquez.

A criterio del jefe edil, hay que invertir en recreación para los niños y jóvenes, además de las obras de infraestructura estratégica, y mejorar los servicios básicos.

“Yo quisiera decirle a la población, mire, no solo son calles, no solo es agua, no estamos pensando solo en la necesidad que tienen los adultos. La juventud también tiene sus necesidades y parte de ello es tener instalaciones deportivas donde poder recrearse y que también sirva para los adultos, porque hay muchos adultos que por salud van a correr en el campo de Boca del Monte”, expresó Marroquín.

Ramiro Rivera, alcalde electo de Villa Canales por el partido Valor, consultado sobre el tema y la continuidad de estos proyectos durante su gestión, indicó que cuando asuma el cargo “averiguará” la adjudicación de los contratos del mejoramiento de los campos de fútbol y otros temas, y si existen irregularidades, accionará donde corresponde.

Falta de fiscalización

De acuerdo con el analista Marvin Flores, de Acción Ciudadana, debido a la coyuntura nacional que se ha enfocado en el Ministerio Público y el proceso de transición del nuevo gobierno, no se está dando tanta relevancia a ese tipo de negocios sobrevalorados u obras de infraestructura de mala calidad.

“La opinión pública está centrada en el tema de la transición, por lo que estos negocios continúan”, destacó.

Asimismo, dijo que las comunas no priorizan la resolución de problemas que podrían ser de más beneficio para la comunidad, como la atención de los servicios básicos, y destinan sus recursos a otros proyectos con un interés particular.

“En lo que respecta obra pública, pienso que no es la prioridad en el municipio, con todos los problemas que hay como rutas municipales, carreteras, drenajes y el sistema de tratamiento de aguas”, añadió.

En cuanto a que se desarrollan procesos con un único oferente, como los dos adjudicados por Villa Canales a la misma empresa, estima que en este caso no se busca ofertas que compitan, sino que más bien son concursos en los cuales se beneficia a empresas preseleccionadas y muchas otras pierden el interés, por el mismo motivo.

“Siempre privilegian este tipo de obras, porque en la obra gris es más fácil para ellos adjudicar un proveedor o un constructor seleccionado en procesos que no son abiertos ni competitivos, por lo que muchas empresas deciden no ofertar a las comunas por cuestiones de pago, sobornos o coimas”, concluyó Flores.

Para el evento se presentaron dos ofertas, una por Q57 millones 375 mil, de la empresa Formularios Standard, Sociedad Anónima, y la otra por Q60 millones 495 mil, de la empresa Exanet, Sociedad Anónima.

El IGM solicitó en las bases del concurso que las libretas fueran de material fabricado a base de celulosa de alta calidad, resistente al calor, con recubrimiento acrílico y respetuoso con el medio ambiente, de color azul marino de 32 páginas.

Fue adjudicado el 28 de junio a Formularios Standard, empresa que es contratista del Estado desde 2004, según los registros del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Guatecompras.

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Inconformidades

Desde semanas antes de la adjudicación de la compra, en la plataforma se ingresaron inconformidades, la mayoría de Luis Fernando Yocuté Hernández.

El ciudadano critica aspectos técnicos y administrativos del proceso de adjudicación, como que las bases de licitación fueron firmadas por el subdirector general del IGM y no por el director, también que el director no aprobó las bases de licitación, ni las especificaciones generales y técnicas.

Las inconformidades presentadas abarcan también certificaciones de la empresa oferente, que la compra no se justifica en la requisición. “Se ha demostrado una opaca y muy cuestionada gestión con indicios de corrupción”, se lee en uno de los alegatos.

Yocuté Hernández añade que se presentó al respecto una denuncia en la Contraloría General de Cuentas y Ministerio Público para que el director del IGM, Stuart Campo, destituya a las personas responsables de orientar el evento.

En las últimas inconformidades que presentó Yocuté Hernández señala que en marzo el concurso con NOG 18911935 el IGM buscaba también adquirir el mismo lote de libretas de pasaportes, la oferta presentada también fue de la empresa Formularios Standard, pero por Q56 millones. En ese concurso, que fe declarado desierto, se presentaron también una serie de inconformidades de Yocuté Hernández, Elizandro López Flores, Katerin Esmeralda Pineda Cermeño y la empresa Icards Solutions, S.A. de C.V.

La última objeción alegaba que la empresa Formularios Standard ni el fabricante contaban con la certificación ISO 14298 Nivel Banco Central. La inconformidad fue aceptada debido a que el fabricante no contaba con la certificación.

La misma certificación fue solicitada en el último concurso ya adjudicado a Formularios Standard, pero en esta ocasión las bases del concurso solicitaban que se cumpliera con dos de las cinco certificaciones, las que ahora sí cumplió.

Las objeciones fueron interpuestas como “ciudadano afectado”, ya que Yocuté Hernández no es representante legal ni parte de la empresa que no fue beneficiada por el contrato.

En el evento que sí se adjudicó aparece una inconformidad presentada por el otro oferente, Exanet, quien presentó la oferta en conjunto con la empresa Pangea, la cual según el portal es una empresa extranjera.

El alegato señaló que Formularios Standard no posee la experiencia necesaria, que en el evento anterior se presentaron certificaciones falsas, que no se tiene el giro comercial específico entre otros aspectos. El reclamo fue declarado improcedente y el evento finalmente fue adjudicado.

Se trató de obtener una respuesta por parte de Formularios Standard respecto a los argumentos del alegato, sin embargo al momento de la comunicación se indicó que no se encontraba la persona encargada y que la llamada sería devuelta.

Adjudicación se dio en ley, dice IGM

El IGM asegura que se atendieron en el tiempo establecido y se analizaron las inconformidades antes de adjudicar a la empresa, que sí cumplía con todos los requisitos.

“Luego de atender el proceso en los tiempos establecidos y analizar minuciosamente las inconformidades presentadas, el mismo se adjudicó al oferente que cumplió con todos los requisitos, siendo el monto más bajo de las dos ofertas recibidas”, afirmó la entidad, que aseguró que se siguieron los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En la resolución de la adjudicación, el Instituto refiere que se le solicitó a Exanet que acreditara la representación legal de Pangea. Esta última es la que contenía el giro comercial específico que se solicitaba.

Además, que en el formulario de experiencia se presentan las dos empresas como oferentes, cuando de acuerdo con la ley, solo se puede presentar una oferta por empresa. Por tales motivos, el IGM rechazó la oferta de Exanet por Q60 millones.

Empresa contratista desde 2004

El mejor año de Formularios Standard es el 2023, hasta ahora se les ha adjudicado Q67 millones en 298 concursos. El promedio en años anteriores es de entre Q1 y Q12 millones, teniendo un aumento considerable este año.

Entre las entidades que más le han adjudicado compras está el IGM, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss), el Organismo Judicial, la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás De Castilla (Empornac) y la Universidad De San Carlos De Guatemala (Usac).

De acuerdo con los datos del  Registro General de Adquisiciones del Estado (Regae), la empresa está calificada para prestar servicios y suministros con especialización en impresión.

Cobros irregulares

Mientras el IGM adquiere más cartillas, la demanda de pasaportes sigue sin satisfacerse. La delincuencia organizada ha permeado también la emisión de pasaportes y la Policía Nacional Civil (PNC) continúa realizando operativos en los Centros de Emisión de Pasaportes recurrentemente para tratar de controlar las estafas o venta ilegal de turnos de atención.

Los despliegues policiales buscan identificar tramitadores que operan realizando cobros no autorizados y elevados a las personas que acuden para tramitan su pasaporte.

Algunas denuncias cobros de hasta Q1 mil para obtener una cita. De acuerdo con el protocolo legal del IGM, para primer pasaporte o renovación con vigencia de cinco años el costo a pagar es de US$50. Luego del pago, se debe de hacer la cita en la página web de migración.

Si bien la compra de vehículos es necesaria para que las entidades puedan desempeñar sus actividades, expertos en fiscalización y administración pública mantienen sus reservas por la elevada cantidad de vehículos en el último año de gobierno.

El Ministerio de la Defensa (Mindef) adquirió 4 vehículos tácticos pesados por un total de Q24 millones para transporte del personal del ejército, el Organismo Judicial (OJ) ha conferido la compra de 64 autos tipo picop y camioneta por un total de Q18 millones para uso de la institución. Como se verificó en el portal Guatecompras se solicitaba que en su mayoría fueran modelo 2023 o superior, la justificación es que los que posee el Organismo no tienen las condiciones necesarias para el traslado de las personas a nivel nacional.

El Ministerio de Educación (Mineduc) posee adjudicadas las compras de 57 automotores entre los cuales se encuentran camiones tipo furgón, microbuses, tipo panel, picop y hasta un motor marino para diversas direcciones departamentales y direcciones generales por Q 14 millones. El requerimiento se hizo para garantizar la integridad del personal que se traslade y de los materiales, como se constató en los requerimientos de compra.

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El Ministerio de Gobernación (Mingob) otorgó en diversos concursos por Q11 millones la adquisición de 90 vehículos entre los que figuran de tipo camioneta, picops, sedán, hatchback, panel, camiones y motocicletas distribuidos entre la Administración Central de la cartera, la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), la Unidad del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria y la Dirección de Inteligencia Civil (Digici). El gasto fue argumentado como necesario para cumplir las comisiones a nivel nacional.

De la misma manera, la empresa Portuaria Quetzal (EPQ) adquirió 29 autos de tipo picop, panel y camionetas por Q9 millones para el cumplimiento de las operaciones administrativas y operativas.

Le sigue el Banco de Guatemala con 35 unidades por Q8 millones. En un mismo lote se adquirieron 32 picops, entre las especificaciones se solicitaba que fueran modelo 2023 o superior. La entidad bancaria sin mayor justificación indicó que son de uso exclusivo en el documento de requerimiento.

También el Ministerio de salud y Asistencia Social (MSPAS) ha conferido la compra de 23 vehículos entre los que se encuentran de tipo picop y ambulancias para diferentes hospitales y direcciones por Q6 millones y se justificaron para el traslado del personal en las comunidades.

Con Q4 millones figuran en el portal la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) con 17 vehículos entre camionetas, picops y sedán con el objetivo del traslado de funcionarios y empleados a las comisiones en las delegaciones departamentales y comunidades ya que los que posee la secretaría no se encuentran en óptimas condiciones; y la Oficina nacional de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes con 11 unidades de automotores entre de tipo picop y camioneta.

Entidades como el Instituto Nacional de Electrificación, la Contraloría General de Cuentas, el Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada, el Ministerio de Finanzas Públicas, el Consejo de Atención el Migrante, el Registro Nacional de las Personas y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda poseen también adjudicaciones por vehículos de Q1 millón o menos.

Apelan por calidad de gasto

Irene Flores consultora e investigadora de Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) refirió que las entidades debieran de priorizar sus presupuestos en cuanto a la calidad del gasto y que las compras deben de estar justificadas.

“Ese tipo de compras no abona a la percepción que tiene el ciudadano en cuanto a la calidad de gasto de las instituciones públicas”, aportó la consultora. Asimismo, hizo énfasis en que en los resultados que se buscan con cada compra es donde suelen surgir dudas cuando no están cimentadas en resultados de planificación.

Flores añadió: “desde el punto de vista de la planificación y la calidad del gasto que representa la erogación en compras de vehículos los funcionarios debieran de abstenerse de comprar vehículos nuevos y buscar formas más costo efectiva de trasladarse si sus necesidades de movilizarse no son tan recurrentes “.

En ese orden de ideas, Carlos Melgar del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) comentó que en los últimos años de gobierno es común que las autoridades cambien de vehículos.

Además, agregó que “desde la perspectiva de calidad de gasto la clave es que tan bien fundamentadas están las compras” y resaltó que las compras cobran sentido con la utilidad de fondo y el rol de la CGC en cuanto al reto de verificar que las finalidades de las compras que no sean solamente por motivo de comodidad de autoridades.

La publicación la hicieron en el Diario de Centro América y en ella se menciona que la licitación está subida al portal de Guatecompras con NOG 18821294.

El evento fue publicado en Guatecompras el 17 de febrero pasado y se detalla que la recepción de ofertas será el 30 de marzo de 2023 a las 10 horas en la sala de reuniones de Unesa, ubicado en km 24.5 de carretera a El Salvador, en la aldea El Durazno, Villa Canales, Guatemala.

Presupuesto

Según el Plan Anual de Compras del 2022 que la Unesa tiene subido en Guatecompras, el presupuesto para la compra de la aeronave es de Q16 millones.

Especificaciones

En las bases del concurso que se publicaron en Guatecompras, el Mingob establece las características que debe tener la nave que va a comprar y establece que la oferta de los interesados debe apegarse a estas especificaciones o superarlas.

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El helicóptero debe contar con una turbina con 500 SHP de fuerza como mínimo (SHP= caballos de fuerza al eje).

La nave debe tener una autonomía de vuelo como mínimo de 3.5 horas y un techo de vuelo operativo de 12 mil pies, como mínimo.

Además, debe alcanzar una velocidad de crucero de 115 nudos, como mínimo y un alcance de 300 millas náuticas.

La carga útil externa debe de ser de 2 mil libras como mínimo y con una carga útil interna de 1 mil 500 libras y un tanque de combustible estándar.

En el interior

Las bases agregan que como mínimo la nave debe tener cinco plazas, con asientos estándar de uso corporativo, según el fabricante.

Además, el helicóptero debe tener espacio de equipaje, asientos removibles, piso plano y capacidad de adaptarse a diversidad de tareas (utilitario).

La cabina de la nave debe contar con 2 pantallas LCD de entre 10 y 12 pulgadas, las cuales deben tener las funciones de aviónica estándar.

Además, debe contar con instrumentos de emergencia en caso de falla de sistema de navegación principal.

El helicóptero debe usar combustible Jet A-1, debe tener tren de aterrizaje tubular fijo, tipo skid y debe tener un rotor principal semirrígido de dos palas y un rotor de cola semirrígido de dos palas.

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El color de la nave será a convenir y deberá contar con equipo de remolque, audífonos de comunicación interna y externa (headset) de marca reconocida.

Controles de vuelo dobles (Dual pilots control) y sistema de aire acondicionado.

Según las bases, la adquisición de la aeronave debe incluir también el manual de operación de vuelo  y mantenimiento del fabricante y acceso a boletines por un plazo de 12 meses.

También debe incluir capacitación para la operación de cuatro pilotos y capacitación de mantenimiento general de la aeronave para cuatro mecánicos.

También se debe incluir el mantenimiento programado para las 600 horas de vuelo y el contratista deberá permitir en ellas la participación del personal designado del Mingob.

En total, se compraron cinco, pero solo dos serán utilizados en el hundimiento de Villa Nueva.

Se espera que el primero de estos sea entregado por la empresa Class Equipos y Construcciones de Guatemala, S.A. en la última semana de julio de 2022, cuando el hundimiento esté cerca de cumplir 50 días.

Estas imágenes animadas son con el fin de ilustrar cómo podrían ser los puentes y cómo quedarían instalados, basados en las especificaciones de las bases de licitación publicadas por el Ministerio de la Defensa en Guatecompras:

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El vocero del Ejército de Guatemala, coronel Rubén Téllez, informó este lunes 18 de julio que a finales del la semana pasada se adjudicó el evento de Guatecompras y se adjudicó la compra de cinco puentes tipo Warren para que puedan ser instalados en el hundimiento del km 15 ruta al Pacífico. Las estructuras tienen características militares para fácil instalación y desinstalación.

Según el detalle del concurso 7655641 de Guatecompras, este fue publicado el 9 de julio pasado, la presentación de ofertas se hizo el 11 de julio de ese mismo año y la adjudicación fue el 15 de julio.

Según el Número de Operación Guatecompras (NOG), para la licitación de estos puentes se presentaron dos ofertas, una de Proyectos Generales y Construcciones Sociedad Anónima, y la segunda Class Equipos y Construcciones de Guatemala Sociedad Anónima.

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La primera empresa había ofertado los cinco puentes a un costo de Q150 millones, pero finalmente la junta calificadora adjudicó el proyecto a Class Equipos y Construcciones de Guatemala Sociedad Anónima por un monto de Q139 millones 250 mil. Cada puente tendrá un costo de Q27 millones 850 mil.

Según Téllez, lo que se cotizó o lo que se pidió en la licitación fueron puentes temporales de emergencia con características militares.

Aclaró que lo que hace que un puente tenga dichas características es que sean fácil de armar, fácil de transportar de un punto al otro y que sea recuperable, es decir un puente que se pueda instalar en poco tiempo, que después de su vida útil se pueda recuperar, se le de mantenimiento y se pueda instalar en otro punto.

Recordó que el Ministerio de la Defensa tenía contemplado dentro de su Plan Anual de Compras la adquisición de cinco puentes de este tipo; sin embargo, se presentó la necesidad de instalar puentes en Villa Nueva por el hundimiento y se aprovechó entonces la oportunidad para hacer la compra.

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Según el portal Guatecompras, la compra de los puentes se hizo al amparo del Decreto Gubernativo 3-2022 emitido por el Consejo de Ministros en el cual se declaró estado de Calamidad Pública en los departamentos de Guatemala, Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa, Chiquimula, El Progreso, Sacatepéquez, y Zacapa, debido a las lluvias.

Téllez señaló que si hubieran ido por la vía normal de licitación en Guatecompras, es decir sin el proceso sin contar con el estado de Calamidad, los puentes hubieran estado disponibles a finales de noviembre o mediados de diciembre.

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Fechas de entrega

El vocero del Ejército comentó que dentro de las bases del concurso de licitación se establecieron fechas de entrega de los puentes, y por eso el primero debe ser entregado 8 días después de la firma del contrato con la empresa ganadora, la cual podría ocurrir esta semana.

Los otros dos puentes deberán ser entregados 30 días después de dicha firma de contrato y los otros dos a los 60 días de la aludida firma.

“En el momento en que se firme el contrato con la compañía a la que se adjudicó este evento entonces empiezan a correr los ocho días para la entrega de los primeros puentes, eso debería estar sucediendo ya en los próximos días de esta semana”, comentó Téllez.

Características

Afirmó que son cinco puentes tipo Warren los que se adquirieron, los cuales deberán soportar como mínimo 56 toneladas de capacidad.

Las estructuras serán de doble carril y serán utilizados no solo en Villa Nueva, donde se emplearían dos, sino que también están para utilizarse en San José La Arada, en Escuintla y en Suchitepéquez.

Confirmó que las estructuras pueden ser utilizadas en distintos lugares y que, por ejemplo, si en Villa Nueva al final se determinara que ya no se necesitan instalar, porque ya se está rellenado el agujero, los puentes estarían disponibles para colocarse en otros lugares.

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Téllez puntualizó que cada puente tiene una longitud de 60 metros, son doble carril y 9.70 el ancho total, ya incluyendo la estructura. El espacio de rodada para los vehículos es de 8 metros.

Según Téllez, los puentes que se adquirieron tienen capacidad para soportar el peso de dos camiones pasando al mismo tiempo.

¿Y los puentes Acrow?

El 24 de junio de 2022, el presidente Alejandro Giammattei había anunciado que en el hundimiento de Villa Nueva no habría más carretera en el área, sino que se colocarían puentes temporales y luego ya de definiría la construcción de permanentes.

En esa oportunidad el mandatario afirmó que se utilizarán puentes Acrow. También autoridades mencionaron que ingenieros del Ejército de Estados Unidos habían recomendado ese tipo de puentes para el área, pues llegaron a inspeccionar qué se estaba haciendo en el lugar.

Una de las posibilidades que se tenía para agilizar la compra de los puentes para Villa Nueva era que el Ejército de Estados Unidos adquiriera las estructuras, pues eso facilitaría el proceso, y luego de instalados el Gobierno de Guatemala pagaría por las estructuras; sin embargo, esta opción se descartó.

Téllez confirmó que cuando ingenieros del Ejército de los Estados Unidos fueron a inspeccionar el hundimiento en el km 15, vieron el terreno y dieron una recomendación sobre el tipo de puente que se podría utilizar.

Destacó que ellos mencionaron un tipo de puente similar a los puentes Acrow, pero eso no quería decir que fuera obligatorio instalar esos.

Comentó que el puente Acrow también tiene características militares y que son muy similares a las que se pidieron en el evento que ya fue adjudicado.

“No es que no se necesite el apoyo del Ejército de los Estados Unidos, hay un convenio que permitiría haber hecho esa adquisición a través del Gobierno de los Estados Unidos; sin embargo, el problema de tomar ese curso de acción que ellos estaban recomendando es que no había disponibilidad inmediata de los puentes tipo Acrow que ellos recomendaban en su informe y eso obligó, dada la necesidad, de que se contara con los puentes casi de forma inmediata, que se hiciera una licitación entonces de compraron de manera local”, concluyó Téllez.

A quién comprarán los puentes

La empresa Class Equipos y Construcciones, a la que se le adjudicó el evento, ha sido proveedora del Ministerio de la Defensa desde el 2010. Sus representantes legales son los hermanos Gerson Steven y Marco Antonio Recinos Méndez, hijos de Marco Antonio Recinos Sandoval, sindicado en el 2016 en el caso Cooptación del Estado, en el que la Feci señaló de financiar irregularmente al Partido Patriota, años en los que según el portal de Guatecompras, la empresa obtuvo la mayoría de las adjudicaciones desde que ha sido proveedor del Estado.

En 2020 la empresa también estuvo señalada por supuestas anomalías en la compra de maquinaria pesada por parte de Caminos, por lo que el Ministerio Público (MP) anunció comenzar con una investigación, debido a que se había beneficiado a la empresa con el costo más alto de los 6 oferentes.

La propuesta fue de Q88 millones 640 mil 167.83, pero por la investigación del MP, el 21 de octubre de ese año Caminos dio marcha atrás a la adjudicación.

La unidad compradora es el Fondo Social de Solidaridad y el evento se publicó en el portal Guatecompras el 28 de marzo de 2022 a las 19.44 horas.  

El cierre para la recepción de ofertas es el 12 de mayo de 2022 a las 11.30 horas. 

Según las bases, el proyecto consistirá en la construcción de un paso a desnivel elevado de aproximadamente 303.14 metros de longitud sobre la avenida Petapa que permita la maniobra de intersección con la 53 calle, por debajo de la estructura. 

Además de la inclusión de un retorno, pavimentación, señalización, alumbrado eléctrico y urbanización para el correcto funcionamiento del paso a desnivel.  

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Los documentos añaden que el puente elevado sobre la avenida Petapa está diseñado en nueve tramos, de los cuales ocho tramos tienen luces individuales de 20 a 30 metros y un tramo con una luz de 50 metros que se encuentra sobre la intersección de la Petapa y 53 Calle, zona 12.  

Añade que se contará con rampas de entrada y salida, estribos, muros de tierra mecánicamente estabilizada, con un ancho de rodadura de 7.20 metros distribuidos en dos carriles de 3.60 metros más banquetas en ambos lados de 1.20 metros para un ancho total de 9.60 metros para la sección típica del puente.   

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Los oferentes deberán presentar su oferta de acuerdo con las condiciones que se indican en las bases, especificaciones, disposiciones, planos y la publicación.  

Tiempo de ejecución 

Según las bases, el tiempo de ejecución de la obra será de 8 meses calendario a partir de la suscripción de la orden y el acta de inicio de trabajos. 

Dentro de los documentos también se menciona que el proyecto debe contar con una matriz de riesgo durante la construcción y hasta el momento de entrega el cual es por sismicidad, vulcanismo, huracanes o depresiones tropicales. 

Esta práctica, conocida como “fraccionamiento”, la prohíbe la ley, pero las autoridades del hospital justifican que es la única forma para abastecerse en momentos apremiantes.

Destacan algunos casos como el del Meropenem en concentración de 500 mg que fue adquirido a Servicio de Comercio Internacional Sociedad Anónima mediante 41 compras directas que suman Q1 millón 092 mil.

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Lo mismo sucedió con la inmunoglobulina humana en concentración de 5g, la cual se adquirió en 20 compras directas a Coprofa Sociedad Anónima por Q1 millón 774 mil.

El director del hospital dice que han tenido que fraccionar por compras ante la urgencia de abastecimiento.

La Ley de Contrataciones del Estado (LCE) establece que las compras directas no pueden superar los Q90 mil. Si el monto total es mayor, debe realizarse un proceso de cotización o licitación.

Cuando una dependencia estatal realiza varias compras directas con el propósito de evadir la cotización y licitación, se incurre en fraccionamiento. El funcionario público responsable de autorizarlas puede ser sancionado con una multa del cinco por ciento del total de la negociación, establece la LCE.

“Se incurrirá en fraccionamiento cuando una misma unidad ejecutora realice compras directas de baja cuantía o compras directas del mismo bien o servicio, durante un mismo cuatrimestre del ejercicio fiscal, cuya suma exceda el monto a partir del cual la cotización pública es obligatoria”, regula el artículo 81 de la LCE.

Gerardo Hernández, director del HGSJD, reconoce que las compras directas antes mencionadas podrían catalogarse como un fraccionamiento, pero asegura que ante la crisis de desabastecimiento ha sido la modalidad más inmediata para comprar medicinas y garantizar el derecho a la salud.

Afirma que están trabajando en 85 eventos de cotización y licitación que podrían concretarse entre octubre y noviembre para abastecerse para el próximo año y así evitar recurrir a compras directas.

Al cuestionarlo por qué no adquieren medicinas en modalidades como la del contrato abierto, que es conocida porque se logran mejores precios, explicó que muchas empresas no han tenido la capacidad para entregarles lo que solicitan, lo cual implica un problema administrativo.

“Con el meropenem, por ejemplo, solicitamos a la empresa 60 mil viales para que no pasara lo que está pasando ahora, pero dilataron la entrega. Nos entregaron mil viales y esperaron salir del contrato abierto. Nos quedaron debiendo 59 viales. Eso no significa que lo hayamos pagado porque pagamos contra entrega”, justificó el director del hospital.

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Otros medicamentos que se han obtenido mediante fraccionamiento son acetaminofén, metilprednisolona, anfotericina b liposomal, tigeciclina, piperacilina, caspofungina, cepefima, albúmina humana, anidulagungina y vancomicina clorhidrato. Para todos se han hecho entre dos hasta 15 compras directas que superan los Q90 mil, por lo cual debía hacerse una cotización.

El problema

Karin Slowing, experta en salud pública, comenta que la compra directa es la modalidad que se utiliza para suplir carencias pese a que termina encareciendo los productos. El problema, en parte, se debe a que con frecuencia los procesos de licitación tienen fallas y las unidades ejecutoras deben anularlos.

Pero una segunda arista, dice, es que a veces los proveedores boicotean los procesos de cotización y licitación para obligar a las instituciones a realizar compras directas, lo cual les resulta ventajoso porque pueden vender más caro.

“La compra directa o de baja cuantía les gusta a las empresas porque les permite vender por poquitos y les da la posibilidad de poner precios altos”, dice Slowing.

Carmen Salguero, analista de salud de Fundesa, explica que la compra directa debe ser la excepción, no la regla. Si hay una falla con el contrato abierto, como menciona el director del HGSJD, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en conjunto con el Ministerio de Finanzas deberían ver cómo lo solucionan.

Pero, independientemente de ello, Salguero enfatiza que la LCE debe ser reformada por el Congreso de la República e incluir un capítulo para el sector salud, puesto que la urgencia de comprar medicamentos es alta, a diferencia como sucede con otros insumos.

“Urge una reforma a la ley para incluir capítulo dedicado a compra de medicamentos porque es evidente que no es adecuada. Los hospitales se abastecen de compras directas, que resulta ser mucho más caro, pero la red de servicios de salud no se puede abastecer solo con compras directas”, dice Salguero.

Los diputados oficialistas, con el visto bueno del gobierno, dispusieron otorgar una ampliación de más de Q3 mil millones para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Civ), de los cuales Q1 mil 748 millones 670 mil 146 se asignarán a Covial.

En el papel quedó plasmado que este dinero se utilizará para “recuperar infraestructura estratégica”, pero en la práctica gran parte de estos recursos podrían despilfarrarse y ser objeto de corrupción, advierten expertos consultados.

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Una alta proporción de los fondos, según se menciona en la ley, serán para la rehabilitación, recapeos menores y mayores, señalización y mejoramientos en rutas centroamericanas, nacionales y departamentales.

Sin embargo, las garantías de que el presupuesto se invierta de forma eficiente y transparente parecen ser nulas, según diversos sectores que van desde centros empresariales hasta tanques de pensamiento.

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Una unidad incapacitada y opaca

Uno de los principales problemas, advierte Julio Héctor Estrada, exministro de finanzas, es que Covial no tiene la capacidad técnica para ejecutar proyectos de gran envergadura, como puede ser la reconstrucción de una carretera.

“Generalmente Covial realiza bacheos, limpieza y otras tareas superficiales con costos menores. Pero para hacer una reconstrucción de una carretera o una reposición, por ejemplo, se necesita estudio de factibilidad. Hacer asfaltos nuevos y reconstruir carreteras son trabajos para los que no está preparado técnicamente”, advierte el exministro.

En años anteriores, este tipo de proyectos de mayor envergadura se asignaban a la Dirección General de Caminos, que cuenta con mejores capacidades. Sin embargo, la estrategia fue asignárselos a Covial porque esta entidad puede ejecutar dinero sin mayores controles y de forma discrecional.

En principio, esto se debe a que Covial no suele utilizar el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), a diferencia de la Dirección General de Caminos que sí lo usa, dice el exministro. Con esto, los proyectos a cargo de Covial logran evadir estudios técnicos que garanticen su viabilidad. Además, al esquivar el SNIP, tampoco se puede monitorear el curso de la obra, dice Estrada.

Un subterfugio

Irene Flores, analista del Centro de Investigaciones Nacionales (CIEN), comenta que la ley contiene un error ya que el dinero que se le asigna a Covial es clasificado como recursos de “funcionamiento” y no de “inversión”.

Sin embargo, el Manual de Clasificaciones Presupuestarias del Ministerio de Finanzas (Minfin) establece que cualquier recurso destinado a mejorar infraestructura existente debe ser catalogado como “inversión”.

Pero este error pareciera ser premeditado, advierte Estrada, exministro de Finanzas, puesto que, al clasificarlo como funcionamiento, los diputados y el gobierno evaden la obligación de ingresar los proyectos en el SNIP, lo cual debilita la transparencia en la erogación de estos recursos millonarios.

“Es un error es un intencional. Si es recuperación, recapeo o reposición se necesita realizar bajo el SNIP y lo tiene que hacer la Dirección de Caminos, no Covial”, afirma Estrada.

Prensa Libre intentó contactar al director de Covial, Mario Aguilar, para consultarle qué garantías de transparencia hay en torno a estos proyectos, pero no respondió al cierre de esta edición. Tampoco Segeplan, por medio de su oficina de comunicación social, brindó respuestas al respecto.

Competencia legal

El artículo 2 del acuerdo gubernativo 736-98 establece que la función de Covial es darle mantenimiento a la red vial del país para que esté en condiciones aptas para su “transitabilidad”, para lo cual debe realizar trabajos de mantenimiento rutinario y preventivo. Asimismo, excluye de sus funciones trabajos que impliquen construcción de carreteras nuevas o que sean competencia de la Dirección General de Caminos.

Eddy Cux, de Acción Ciudadana, considera que gran parte de las obras contenidas en la ley, como los recapeos, mejoramientos señalización, contienen un alto riesgo de corrupción porque es difícil fiscalizarlas y monitorear su ejecución.

Además, duda si Covial no tiene las competencias y capacidades para hacerse cargo de estos proyectos. “Tendría que ser Caminos (quien se haga cargo de estas obras), pero al dirigirlos a Covial específicamente tratan de evadir todos los controles, no solo del SNIP y Guatecompras, también los controles de fiscalización que realiza la Contraloría General de Cuentas”, dice Cux.

Cux explica que se debe analizar esta ley, puesto que si asigna proyectos que están fuera de las competencias legales de Covial podrían ser objeto de una inconstitucionalidad por violentar el principio de legalidad.

“Testigo A” se le identifica a un exhombre de confianza del presidente Giammattei que, según una publicación periodística del medio salvadoreño El Faro, reveló ante un juzgado cómo el exministro de comunicaciones, José Luis Benito, pactó un aporte de 2.6 millones de dólares -unos Q20 millones- a la campaña de Giammattei en la segunda vuelta que disputó con Sandra Torres en 2019.

El trato era que Giammattei conservaría a Benito a cargo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda durante un año más y así prolongar un esquema de corrupción en contratos de obra pública.

El dinero provendría, según el allegado de Giammattei, de 12 proyectos de construcción de carreteras adjudicados a empresas afines a Benito que suman más de Q1 mil 471 millones. Estas son: Coamco, Supervisión, Construcción y Mantenimiento (SCM), J.J.R.M. y Prourba.

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El gobierno reaccionó beligerante y calificó de “pseudonota” la publicación periodística, pero una verdad irrebatible es que, desde que Benito asumió el cargo en abril de 2018, hasta los primeros dos años del gobierno de Giammattei, las cuatro entidades aumentaron de forma exponencial los montos adjudicados en contratos de obra pública con relación a años anteriores, tal como consta en el portal de Guatecompras.

Prensa Libre consultó al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Civ) bajo qué criterios aumentó las contrataciones con las cuatro constructoras, pero al cierre de esta nota no se brindó una respuesta.

También se intentó contactar a las empresas, pero ninguna accedió a dar explicaciones sobre estos contratos.

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Otros contratos cuestionados son el de la autopista Escuintla–Puerto Quetzal con cobro de peaje, otorgado al Consorcio Guatemala, S. A., así como el del aerometro en la capital, que iría de la Plaza España hacia El Trébol. Además, señaló las compras directas del Ministerio de Salud.

Entre los nueve casos mencionados como parte del resultado del monitoreo de compras y contrataciones del año pasado, el primero es la adquisición de la vacuna Sputnik V por Q614.5 millones, con el cual, según el analista de Acción Ciudadana, Marvin Flores, se ha violado la Ley de Contrataciones del Estado, porque no se quiere dar a conocer ni entregar el documento que contiene el contrato.

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A eso se añade el gasto de transporte de las vacunas por Q9.4 millones, expuso.

La contratación del servicio de pasaportes también fue cuestionada. En agosto del año pasado el Instituto Guatemalteco de Migración firmó el contrato con Icard Solutions, S. A. para la compra de 500 mil cartillas de pasaporte por Q17 millones 925 mil.

El evento fue cuestionado ya que la adjudicación se hizo mediante la modalidad de proveedor único y entre las bases estaba el requisito de que las empresas interesadas debían contar con capital 100 por ciento estatal durante los últimos 20 años, lo que impidió que otros proveedores con experiencia en el mercado participaran.

En la construcción del viaducto del área en la Calzada José Milla y Vidaurre, conocida como La Cuchilla, zona 6 de la capital, por Q21.1 millones, se cuestionó que la Municipalidad de Guatemala lanzó un diseño pero se cambió y se construyó otro que, según Flores, no es funcional para la fluidez vehicular.  Agregó en sus comentarios que han notado en los eventos para viaductos cambios en los diseños iniciales, suspensión de concursos e inconformidades, como ha sucedido en los de San Lucas Sacatepéquez, Cuatro Caminos, Calzada Roosevelt y Santa Catarina Pinula.

Solo los nueve casos expuestos superan los Q1 mil millones de contratación “dudosa”, explicó el experto, al mencionar otros casos como la compra de maquinaria de construcción por parte del Ministerio de la Defensa Nacional, además del proceso del Ministerio de Gobernación con el que se adjudicó la compra de motocicletas para la Policía Nacional Civil (PNC) por Q29 millones, aparte de otros para la compra de uniformes y armamento. También brazaletes electrónicos para las personas presas. Gobernación anunció que revisará el proceso de las motocicletas, pues surgieron dudas por el monto y proceso de la compra.

Se agregaron eventos del 2020, como una adjudicación por Q14.6 millones para compra de galletas fortificadas por parte del Ministerio de Desarrollo Social, pues se señaló que la adjudicación se hizo horas después de que terminara el estado de Calamidad por la pandemia. Este proceso se logró revertir y ya no se concretó.

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Flores dijo que por el momento no tiene previsto presentar denuncias al Ministerio Público porque deberán hacer un análisis detallado de cada caso.

A esos cuestionamientos, Flores añadió que de los gastos efectuados por el Ministerio de Salud, por Q2 mil 652.3 millones para proveerse, Q1 mil 169 fueron compras directas, además de otras adquisiciones de baja cuantía, en las cuales se puede dar discrecionalidad y disminuye la transparencia.

Acción Ciudadana identificó 16 factores de riesgo en los diferentes procesos de concursos de compras y contrataciones del Estado (que abarcan las licitaciones, cotizaciones y compras directa, así como contrato abierto), los cuales traen efectos negativos para los recursos y bienes del Estado.

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Estos van desde una falta o una mala planificación, estudios, límites difusos en la facultad de realizar contrataciones con excepción, errores de procedimiento, falta de estudios o que estos sean sesgados, concursos con candados o a puerta cerrada, plazos irrazonables para presentación de propuestas, entre otros.

Esta semana Guatecompras registraba 453 procesos de compra prescindidos por el Ministerio de Salud, muchos de ellos, porque los precios ofertados superaban los de referencia, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los servidores públicos, por el temor de ser sancionados por la Contraloría General de Cuentas, desisten de realizar las compras, aunque sean necesarias porque muchos precios superan los de referencia.

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De esta cuenta, en Guatecompras han quedado los registros de cientos de eventos, entre los cuales hay desde ibuprofeno, jeringas y material médico quirúrgico que hospitales y áreas de salud necesitan, pero, hasta ahora, no pueden comprar.

La fluctuación de los precios podría tener varias razones, sin embargo, una constante identificada es que el INE establece precios de referencia de los medicamentos en base a los precios a través de compras por modalidad de contrato abierto, y ahí, el volumen de compra es alto y por consecuencia los precios son más bajos.

En cambio, si un hospital necesita 10 cajas de guantes de latex, los precios no serán igual que si se cotizara por 10 mil.

“La principal debilidad es la comprensión del precio de referencia, el mismo nombre ha generado esa incertidumbre de no poder comprar más allá de ese precio, y genera temor y ha frenado muchos procesos de compra”, explica Édgar Miranda, el jefe del departamento de Compras y Adquisiciones del Ministerio de Salud.

Durante las semanas que ha estado en vigor la Ley de Emergencia los precios han sido diversos “y no se ajustan a los precios de referencia del INE”, reconoce Miranda. “Al momento de ofertar, todas las ofertas están por arriba de ese precio”, agrega.

Esta variable en los precios hace difícil que se concreten las compras de material necesario para funcionar y abastecer a los hospitales y centros de salud en materiales para la atención del covid-19.

“Muchos servidores públicos buscan la manera de no ser convocados para decidir sobre una oferta, y cuando son convocados se basan en el temor de lo que establece la Contraloría para no adjudicar”, reconoce Miranda.

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¿Contratos abiertos?

El diputado Carlos Barreda, del Grupo Parlamentario de Oposición fue uno de los impulsores de incluir los precios de referencia en la Ley de Emergencia, aprobada el 13 de septiembre último.

Ahora, aunque reconoce que la fluctuación de precios de referencia y los precios en el mercado minorista podría existir, el espíritu de la ley era facilitar las compras a través de contratos abiertos y no en compras menores.

“La práctica de comprar por unidades ejecutoras se presta a comprar sobrevalorado, se presta a la corrupción. La idea es hacer compras masivas”, dice Barreda.

El diputado recuerda que al aprobar la Ley de Emergencia el Congreso facilito que se comprara fuera de la Ley de Contrataciones, con la única obligación de publicar los eventos, y el no aprovecharlo pasa por la capacidad de gestión y voluntad del Ministerio.

Según el Ministerio de Salud, ahora hay un proceso de contrato abierto “en camino”, que no ha sido finalizado, el resto se sigue comprando a través de cada unidad ejecutora.

“Hay algunos que, por la necesidad, adjudican a pesar de esas variantes de precios”, señala Miranda.

Mientras tanto el tiempo avanza y el 31 de diciembre queda sin efecto la Ley de Emergencia y con ella se cierra el salvoconducto para compras exprés en el Ministerio de Salud. El jefe de Compras y Adquisiciones del Ministerio evita responder sobre la posibilidad de que el tiempo no les alcance.

El diputado Barreda, en cambio, reconoce que existe la posibilidad de prorrogar la ley, sin embargo, las autoridades de Salud en las próximas semanas “lo que tienen que hacer es levantar eventos de compras al por mayor y comprar a buenos precios, porque la idea de precios de referencia es obtener precios más competitivos”, dijo.

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Calidad versus precio

El incluir el listado de precios de referencia buscaría, de acuerdo con la norma, evitar sobreprecios en la compra de medicinas.

Martin Maldonado Bode, médico y cirujano; gerente médico de la empresa Valpamed, considera que sí era necesario establecer precios de referencia para tener un parámetro de los precios “y en base a ello considerar el mejor precio de compra”, aunque también se debe considerar en cada caso la calidad del producto.

El listado de precios de referencia explica Maldonado Bode, “da el rubro de referencia al momento de hacer la negociación con el proveedor porque se conocerán los precios reales del mercado, y no dar la pauta a que se eleven costos sin fundamento”.

Sin embargo, el médico también advierte que existe la posibilidad de que “los precios de referencia utilizados no han sido actualizados o se han verificado precios en otros mercados donde tienen una mejor economía que la nuestra” y esto pueda significar que los listados no tengan precios reales y pueda dificultar la comparación lineal y las consecuentes compras.

En cuanto a la calidad de los productos, el profesional también señala que “a nivel salud siempre se buscará la buena calidad del producto, ya que son vidas las que se tratan; y la salud no puede estar regida a un precio, porque es invaluable”.

En caso de considerar el precio sobre la calidad, agrega Miranda Bode, “no están considerando que la compra de productos de mala calidad se vuelve un doble y triple gasto, porque las personas van a necesitar más dosis de los medicamentos o cambio a medicamentos de mayor costo o, sencillamente, no se van a recuperar”.

Procesos de adquisición

Hasta el pasado viernes, Guatecompras registraba 672 concursos al amparo de la Ley de Emergencia, para un total de 1 mil 161 adjudicaciones que suman Q540 millones 860 mil 933.11.

El Ministerio de Salud encabeza las compras, con Q528 millones 951 mil 644.51, le sigue la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, con Q8 millones 329 mil 488.6 en contratación de publicidad y campañas de sensibilización y al final está el Seguro Social con compras de combustible y pruebas covid con Q3 millones 579 mil 800.

Vigentes hay 125 eventos, 122 del Ministerio de Salud, dos de la Secretaría de Comunicación y un contrato abierto de parte del Ministerio de Finanzas Públicas.

Este último se trata del contrato abierto con 25 productos, entre los que se incluye morfina, dexametasona, diazepam, Propofol, ambroxol, ibuprofeno y acetaminofen, algunos de los medicamentos más demandados para la atención de las infecciones por covid-19.

Sin embargo, el Ministerio de Finanzas Públicas decidió prescindir de los eventos de compra, por lo que, al igual que con los procesos ya iniciados durante la vigencia del anterior estado de Calamidad, estas compras ya no se efectuarán.

Perla Zepeda, jefa del Departamento de Adquisiciones y Mantenimiento del Ministerio de Salud, sostiene que la necesidad existe y el mecanismo de excepción venía a facilitar las compras y abastecer de insumos urgentes a los hospitales. En los procesos de compra bajo el estado de Calamidad anterior, afectó el abastecimiento, reconoce.

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“Se recomendó a las unidades ejecutoras que se dieran de baja los eventos. Realmente es un tema que ha circulado en las redes sociales sobre la poca transparencia; y nosotros, como servidores públicos, hemos tomado la decisión de apoyar todo aquello que apoye a la población, pero no perjudique el tema, más que todo comunicacional, es por eso que se decidió dar de baja los eventos, pero puedo decir que tenemos una necesidad bastante grande en los insumos”, explicó Zepeda.

Hasta el lunes, que todavía estaba en vigor el estado de Calamidad, el Ministerio de Salud había publicado en el sistema Guatecompras, a través de las unidades ejecutoras correspondientes, 473 eventos. Pruebas para detectar covid, mascarillas y medicamentos para combatir la infección, eran parte de los requerimientos de hospitales que atienden pacientes con covid.

De acuerdo con la ultraactividad de la ley y la interpretación de la Dirección de Adquisiciones del Estado, “la sola derogatoria de un cuerpo normativo no extingue sus efectos, ya que los mismos pueden continuar surtiéndose en el curso del tiempo (…) en la aplicación de la ley que se encontraba vigente al momento en que se dieron los hechos, aunque la norma haya sido derogada después”.

Sin embargo, esta consideración de la ley no la comparte el Viceministerio Administrativo de Salud, quien habría decidido ayer suspender las compras.

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Ninguna adjudicación

Durante los cuatro días que estuvo en vigor el estado de Calamidad, y hasta ayer, no se había adjudicado ningún evento de compra amparados en la excepción.

“Como estos son eventos competitivos y se necesita cierto plazo establecido en el decreto, no menor de 24 horas entre la publicación y recepción, la mayor parte de unidades ejecutoras, hoy —ayer— comenzarían a recibir las ofertas de los posibles proveedores, así que adjudicaciones al momento no hay”, explicó Zepeda.

En total, hasta ayer había 201 eventos de compra en evaluación, es decir, ya con ofertas recibidas y pendientes de adjudicar; y 267 eventos más vigentes, procesos que estaban abiertos a la espera de recibir ofertas de proveedores.

Alternativas de compra

Para el Departamento de Adquisición y Mantenimiento del Ministerio de Salud, las alternativas para comprar de manera ágil y responder así a la necesidad actual son pocas.

Por ahora seguirán con los procesos de cotización normal, pero “lastimosamente tendríamos que recaer en el fraccionamiento”, explicó Zepeda.

Esta forma de comprar, que contempla la actual Ley de Contrataciones del Estado, consiste en hacer compras del mismo producto por cantidades menores al monto máximo de Q90 mil.

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Por ahora, el Viceministerio Administrativo de Salud ya cuenta con una propuesta de reforma a la actual Ley de Contrataciones del Estado, con argumentos técnicos que responden a las necesidades de cubrir la demanda. Hasta ahora no hay ninguna respuesta del Ministerio respecto a esta sugerencia.

“Lo que nos urge son los insumos médicos: medicamentos, escafandras, equipo para respiración; porque muchas de nuestras autoridades lo han mencionado, nada nos sirve más espacios de camas, más hospitales, si no tenemos los insumos y no tenemos el personal”, insistió Zepeda.

Necesidad continúa

Más allá de los obstáculos para realizar las compras en un corto tiempo, también hay quejas de hospitales que no pueden abastecerse por falta de disponibilidad del producto en el mercado nacional.

Gerardo Hernández, director del Hospital San Juan de Dios, reconoció este problema la semana pasada, durante una citación en el Congreso.

“Hacemos todo tipo de compras, de baja cuantía, compra directa, cotización y licitación, y terminamos el proceso y muchas empresas no tienen producto para entregarnos”, expuso Hernández.

En procesos de licitación, muchas veces han sido declarados desiertos porque las empresas no cuentan con productos para entrega.

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“Todos tratamos de abastecernos y no hay suficiente en el mercado, porque a nivel mundial la demanda sobrepasa la producción y por eso, a través de un estado de Calamidad se permitía compras amplías, tal vez no sea suficiente”, decía el director del Hospital Roosevelt, Marco Antonio Barrientos en la misma sesión de trabajo.

Por estas razones, un estado de Calamidad no era la solución definitiva a los problemas de desabastecimiento hospitalario, pero sí hacía más fácil la compra de algunos insumos, sobre todo los de uso rápido por la exigencia de las emergencias.

“La Ley de Contrataciones no nos es favorable, porque la velocidad que se consumía en seis meses un medicamento, ahora se consume en dos. Estamos perdiendo la batalla contra el tiempo y no logramos un abastecimiento óptimo, por la velocidad de consumo”, dijo Hernández.

El monto más elevado tiene que ver con la construcción del Parque Bicentenario en la colonia Bello Horizonte, zona 21 de la capital, que contrató el Ministerio de Cultura y Deportes. En dicho concurso hubo tres oferentes y se eligió a la empresa Construcciones Efraín E. Boburg C., S. A., cuya oferta fue de Q29.9 millones, y que construirá la obra en siete meses.

Este parque deberá contar con instalaciones deportivas y recreativas y es uno de los anunciados por el gobierno, aunque por el momento no figuran otros eventos similares.

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La junta calificadora analizó criterios de experiencia, precio y plazo de ejecución del proyecto. La Dirección de Comunicación del Ministerio confirmó la adjudicación, y aunque se le consultó de si el procedimiento requiere de la aprobación de las autoridades máximas de la cartera, hasta la hora de cierre no había respondido.

De las 35 contrataciones efectuadas por entidades gubernamentales, 29 fueron por compra directa, una por cotización y otra por licitación, la del parque de la zona 21.

Aparte del Ministerio de Cultura, también registran compras relacionadas al bicentenario los ministerios de la Defensa Nacional, Economía, el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), el Comité Olímpico Guatemalteco, así como las municipalidades de Guatemala y Palencia.

Algunos de los concursos se declararon desiertos o no hubo oferentes, por lo cual se optó por la compra directa.

Aparte del parque, a lo largo del año, las instituciones han adjudicado, por ejemplo, servicios para eventos, compras de playeras, suvenires, astas y banderas. Entre estos, 18 eventos del Ministerio de Cultura, por Q803 mil 985, que incluye el lanzamiento de las actividades del bicentenario efectuado en Iximché en febrero pasado.

También se han comprado artículos para actividades culturales y recreativas como gorras, pachones, toallas, pines, llaveros y plaquetas, entre otros.

En el caso del Ministerio de la Defensa Nacional destinó Q125 mil para contratación del servicio de fundición de concreto premezclado para la Plaza Conmemorativa al Bicentenario de la Independencia Patria 1821-2021, por Q36 mil 735, y la fabricación e instalación de una asta para la bandera por Q88 mil 267.

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La Municipalidad de Guatemala ha destinado Q487 mil para servicios y materiales relacionados al Monumento al Bicentenario, aunque las convocatorias refieren que se instalará en la Plaza de la Constitución, la obra en realidad se construye en el Parque Centenario. Del monto en mención, Q395 mil fueron adjudicados en el 2021 y el resto el año pasado.

En tanto, la Municipalidad de Palencia ha adjudicado Q176 mil 950 para la construcción de una estructura metálica en la Plaza en honor al bicentenario, Q89 mi 450 en materiales y Q87 mil 450 por la instalación.

El Inguat ha adjudicado compras por Q339 mil 954, que incluye antorchas, astas y banderas para impulsar en diversos municipios festivales del bicentenario para la reactivación del turismo, mientras que el Comité Olímpico Guatemalteco adquirió seis mil pines por Q89 mil 940.

Edie Cux, director Jurídico de Acción Ciudadana, dijo que llama la atención que la mayoría de las compras hayan sido por la modalidad de compra directa, por lo cual se debería revisar si las instituciones no incurrieron en fraccionamientos, lo cual iría en detrimento de la transparencia en el gasto público.

Respecto a los gastos para diversas actividades por el bicentenario dijo que el Gobierno “ha mostrado contradicción en sus prioridades”, ya que el país atraviesa una pandemia en la cual se han manifestado quejas del sector médico por falta de medicamentos y por la necesidad de dotar de más capacidad a los hospitales.

Ese presupuesto, añadió, pudo haber servicio para apoyar el sistema de Salud u otros servicios básicos.

Reuniones de no más de 10

Algunos de los concursos sugieren que las autoridades de Gobierno podrían organizar actividades que concentren a muchas personas, por ejemplo, artículos e insumos para marchas, torneos deportivos o la adquisición de 600 camisas para la celebración el bicentenario.

Al respecto del riesgo de contagio ante eventuales eventos de alta concurrencia, el viceministro de Hospitales, Francisco Coma, refirió que hay preocupación por cualquier actividad en general, incluyendo las que puedan llevarse a cabo por ese motivo, ya que existe un alto riesgo de contagio.

Dijo que todos los que están involucrados en el sector salud, recomiendas evitar ciertas actividades en general.

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Usualmente, dependiendo de la característica del evento se necesita una autorización del Comité Operativo de Salud, dijo Coma, e indicó que todas las actividades se regulan por el semáforo epidemiológico al cual los organizadores tienen que apegarse, y que incluye las regulaciones por aforos.

Por ejemplo, si un municipio está en rojo no debieran hacerse actividades públicas.

Dijo que, por parte del Ministerio de Salud, la recomendación es que se eviten actividades que excedan de 10 personas.

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Y al referirse al bicentenario, añadió que por la coyuntura será una celebración atípica, en comparación de cómo se ha celebrado la independencia en años anteriores.

Insistió en que la población debe guardar las medidas de prevención y, en la medida de lo posible, permanecer su casa, “y si nos toca salir, que luego del trabajo volvamos a casa a nuestra burbuja”, agregó.

“La preocupación que yo mantengo no solo en relación a las actividades del bicentenario, sino es el hecho de que existe un alto nivel de contagios y que cualquier actividad pública o que congregue a mucha gente significa un riesgo importante de contagios”, dijo el viceministro de Hospitales.

La dirección de Comunicación Social del Ministerio de Cultura y Deportes respondió que el martes 31 de agosto se darán a conocer las actividades que se llevarán por parte del Gobierno por el bicentenario y que estas serán en su mayoría virtuales.

“Las actividades del bicentenario se van a dar a conocer el 31 de agosto, no van a ser igual que otros 15 de septiembre, por la pandemia hay cambios, estamos más pensando en actividades virtuales”, se agregó por parte de esa oficina.

La Ley de Contrataciones del Estado (LCE), en su artículo 44, señala los casos de excepción donde no es obligatoria la licitación o cotización para las contrataciones en dependencias y entidades públicas conforme lo dicte la excepción declarada conforme la Ley de Orden Público.

De esta cuenta, el decreto 6-2021 y la posterior ampliación 7-2021, señalaba que el Ministerio de Salud podía hacer uso de la excepción del artículo 44 de la LCE para abastecerse de insumos relacionados con la pandemia.

Hasta este 24 de agosto el portal gubernamental Guatecompras registraba bajo esta modalidad de compra 198 eventos, de los cuales 23 habían sido prescindidos y el resto se mantenían vigentes, a la espera de recibir las ofertas y poder adjudicar las compras.

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Por el momento se desconocen los montos de las compras porque están vigentes, pendientes de adjudicación.

Además, aunque los decretos ya fueron improbados, por procesos administrativos puede que algunas unidades compradoras aún no hayan actualizado sus eventos y no aparecen reflejados en Guatecompras.

¿Quiénes compran?

El Ministerio de Salud no centraliza las compras. Cuenta con dependencias que se constituyen como unidades compradoras y funcionan de manera independiente. De tal cuenta, el Hospital General San Juan de Dios, como unidad compradora subió hasta el mediodía del 24 de agosto 115 eventos de compra bajo el procedimiento regulado en el artículo 44 de la LCE, amparado en los decretos 6-2021 y 7-2021.

El Hospital Roosevelt es la segunda unidad compradora que más eventos tiene vigentes en Guatecompras amparados en el estado de excepción que ayer fue improbado en el Congreso, con 32 eventos.

Completa la lista el Hospital de San Benito, Petén, con 25; el Hospital Regional de Barillas y el Área de Salud Petén Sur Oriente, con 2 y 1 evento respectivamente.

Además, figura en Guatecompras 23 compras prescindidas del Hospital Regional de El Quiché.

¿Qué compran?

Son 198 eventos, incluidos los 23 prescindidos. Todos, siguiendo la orden del estado de Calamidad, están relacionados con compras de insumos para la atención de la pandemia de covid-19.

En todas las unidades compradoras que tienen concursos vigentes figuran pruebas para la detección del coronavirus, tanto del tipo antígeno como moleculares, mascarillas N95, guantes de latex quirúrgicos y trajes de bioseguridad.

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Entre los fármacos que están comprando amparados en la modalidad de excepción está en fentanilo, enoxaparina, dexmedetomidina, tocilizumab, dexametasona, morfina, remdesivir y diazepam. Todos son medicamentos y sedantes que se utilizan para tratar casos moderados y graves de la infección de coronavirus.

El hospital de San Benito, además, está comprando una planta generadora de electricidad y camillas. En el Hospital Regional de Barillas, una de sus compras es un ventilador pulmonar.

En primer lugar, se informó que las presentes reformas tienen vigencia hasta el 11 de septiembre de 2021, “salvo modificaciones o reformas”.

De acuerdo con lo dispuesto por el Ejecutivo, las modificaciones están enfocadas a las compras y contrataciones para hacer frente a la contingencia del alza de casos del covid-19 en el país, por lo que se debe usar para ello, la plataforma de Guatecompras.

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“El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, así como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en aplicación del Decreto Gubernativo Número 6-2021, están autorizados para realizar las compras o contrataciones de bienes, obras, servicios y suministros exclusivamente para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la emergencia sanitaria originada por el virus identificado como SARS-Cov-2 y sus variantes que origina la enfermedad covid-19″, dice la modificación.

La contratación está enfocada en los aspectos como la contratación de recurso humano, medicamentos, equipo hospitalario, insumos de laboratorio, servicios hospitalarios, adquisición de oxígeno, equipo médico quirúrgico, fórmulas, equipo de protección personal, así como lo referente a la publicidad.

Las nuevas disposiciones también enfatizan en la vigencia del toque de queda: “Es importante recordar a la población que estas reformas se suman a las ya dictadas el 13 de agosto en el Decreto 6-2021 y que el toque de queda sigue vigente en el horario ya establecido de 22 horas de un día, a las 4 horas del día siguiente”, dice la disposición.

La Presidencia anunció este sábado que el mandatario Alejandro Giammattei se reuniría con sus ministros ante la falta de aprobación del Congreso de la República al estado de Calamidad.

La suspensión de la sesión en el Congreso este viernes creó posturas encontradas entre los diputados: en tanto la oposición aseguraba que el estado de Calamidad había vencido en los tres días posteriores al decreto del Ejecutivo, el oficialismo y la Presidencia sostenían que el estado de Calamidad continuaba vigente. 

En el transcurso de la tarde de este sábado, la Corte de Constitucionalidad comunicó que habían decido respaldar el acuerdo gubernativo, por lo que el estado de Calamidad seguía vigente. 

“Censura a la vista”

En las nuevas disposiciones se enfatiza en que los “medios de comunicación y difusión están obligados a evitar las publicaciones que puedan causar confusión o pánico o agraven la situación”.

Ante esta situación, los medios deben “asumir las responsabilidades que de ello deriven”, dice el texto.

Este apartado es visto por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) como una “censura a la vista”.

“Limitar la libertad de prensa y de expresión de los medios de comunicación excusándose en un estado de Calamidad que no ha sido aprobado violenta la Constitución, conlleva censura y promueve una dictadura”, dijo la entidad en un comunicado.

“El artículo 35 de la Constitución debe prevalecer”, agrega la PDH.

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Este viernes 4 de junio el Ejército publicó en el Diario de Centro América que licita la compra de fusiles calibre 5.56mm NATO para las brigadas y comandos de esa institución.

La licitación, a cargo del Comando de Apoyo Logístico, está activa desde el 1 de junio pasado y se recibirán ofertas hasta el 12 de julio próximo a las 11.30 horas.

La justificación para la compra, según los documentos de Guatecompras, es que los fusiles serán utilizados por las brigadas y comandos militares, con el fin de mantener la operatividad, desempeño, el orden público y la seguridad interna y externa de Guatemala, así como dar cumplimiento a la misión constitucional encomendada al Ejército de Guatemala.

Según documentos de Guatecompras, se busca comparar 1 mil 700 fusiles de asalto y en el Plan de Compras de la entidad se detalla que el monto máximo con que cuentan para dicha adquisición es de Q80 millones.

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Características

Los fusiles que quiere comprar el Ejército deben cumplir con los siguientes requisitos.

• Calibre: 5.56X45 NATO
• Munición: 5.56 mm SS 109 y M193
• Rango de peso sin cargador: Desde 2.5 kg a 3.5kg
• Largo total del fusil: Desde 620 mm hasta 920mm
• Velocidad de la ojiva en boca de cañón: No menos de 745 m/s
• Tipo de cañón: Forjado en frío
• Tipo de culata: Plegable y/o retráctil
• Tipo de alimentación: Cargador de 30 cartuchos
• Cantidad de cargadores incluidos por fusil: Cinco cargadores
• Sistema de disparo: Semiautomático, automático y/o burts
• Alcance máximo: de 3000 mts a 3600 mts
• Medios de puntería: Miras abiertas con aplicación diurna y nocturna desmontables
• Adaptación de accesorios: Rieles picatinny para colocación de sistemas láser y de iluminación e integración de lanzagranadas 40mm sin herramientas
• Certificación del fabricante y específica del fusil: NATO/OTAN AQAP2110
• Accesorios estándar: kit de limpieza, correa portafusil, protector de cubrellamas, manual de usuario en español, cartucho de seguridad.
• Estructura: Aluminio, acero, polímero

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La compra en 2019

En septiembre de 2019 se informó que el Ejército de Guatemala compró ocho mil fusiles Galil SAR Córdova 13, calibre 5.56×45 a la Industria Militar de Colombia (Indumil) por más de US$10 millones.

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En esa oportunidad el Ejército mencionó que además de los fusiles la compra incluyó portafusil, cartuchos de seguridad, tolvas y kits de mantenimiento.

Cada arma costó Q9 mil 956 y el precio de mercado es de Q14 mil 14 o US$1 mil 820, de acuerdo a lo que informó en su oportunidad el Ejército de Guatemala.

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La licitación que busca ejecutar el Ejército en este 2021 sería la segunda compra de armas de este tipo desde 1978. La primera fue la que se hizo a Indumil Colombia en 2019.

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El evento tiene el Número de Operación Guatecompras (NOG), 14472783, y está activo en el portal desde el 19 de mayo pasado y la fecha de cierre de recepción de ofertas es el 29 de junio de 2021, a las 9.30 horas.

Según el Plan de Compras de la FAG en Guatecompras, tienen destinado un monto de Q4 millones para la compra.

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¿Para qué la usarán?

Según los documentos subidos en Guatecompras, la FAG justifica la compra de la aeronave pues le permitirá garantizar capacidades aéreas en apoyo de la sociedad guatemalteca.

Explica que la aeronave podrá realizar reconocimiento, monitoreo, y control de áreas que por el tipo de geografía del terreno sean de difícil acceso para los cuerpos de socorro en la búsqueda de sobrevivientes y personas que requieren primeros auxilios en situaciones de calamidad.

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La nave también brindará información sobre rutas de acceso y localización, en tiempo real, de damnificados.

Agrega que una de las misiones de la FAG, a través de sus medios aéreos, es realizar operaciones conjuntas de búsqueda, rescate y salvamento por aire, mar y tierra, con el objeto de disminuir pérdidas humanas y materiales.

Además, mantener el control de fronteras, localización de incendios forestales, líneas de adyacencia, protección de reservas naturales, áreas protegidas, biosfera maya, bosques y búsqueda y rescate de accidentes aéreos, marítimos y terrestres.

Las características

• La aeronave no tripulada que busca adquirir la FAG tiene las siguientes características.
• Debe tener una autonomía de 5 horas o más de vuelo.
• Radio operación desde 80km a más
• Capacidad de operación diurna/nocturna persistente 24/7 con sistema de relevo en punto.
• Velocidad de ascenso de 50 nudos/hora o más
• Velocidad de descenso de 65 nudos/hora o más
• Velocidad máxima de 65 nudos/hora o más
• Envergadura de 3 metros o más
• Su construcción debe ser de materiales compuestos (fibra de carbono, S-Glass, Kevlar, Titanio etc).
• Armable y desarmable en 2 piezas o más
• Debe tener una propulsión de 80cc o más y debe funcionar con gasolina
• Tanque de combustible de 12 litros o más
• Sistema inercial de navegación y estabilización
• Luces de posición y aterrizaje
• Sistema transponder
• Sistema de localización a distancia direccional
• Piloto automático programable, puntos predefinidos, patrones de espera, regreso a base automático.
• Telemetría visual y digital, posición, dirección, altitud, velocidad, altura, voltajes, amperajes, combustible.
• Peso máximo de la nave 40 kg o más
• Requerimiento de aterrizaje en pista asfaltada o terracería aplanada
• Viento de despegue hasta 20 kts
• Techo operativo, 10 mil pies sobre el nivel del mar o más
• Velocidad máxima/mínima 85kts/50-55 kts
• Altura operativa recomendada 2 mil pies sobre el terreno
• Sistema de almacenamiento y transporte
• Debe tener cámara con límites de rotación 360 grados, continuous pan +45/85 tilt, velocidad angular 150/s, estabilización de 2 ejes, resolución EO de 10X de zoom.
• Para el transporte debe tener maleta de uso rudo, pantallas LCD de alta luminosidad, video de 12” o más, consola de vuelo de 12” o más, panel de vuelo de 7” o más, capacidad de almacenamiento de video de 1TB o más, juego portátil de mástil con antenas, sistema de recepción de video telemetría.

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Capacitación

La licitación también incluye adiestramiento de tripulación que incluye el personal de vuelo, operaciones de cámaras de misión, personal de apoyo, mecánicos de UAV en sistemas de motores y electrónica en aeronaves y centro de mando terrestre.

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Según el Plan de compras de la entidad que está publicado en Guatecompras, el monto disponible para la adquisición de este equipó es de Q3 millones 500 mil.

El evento está identificado con Número de Operación Guatecompras (NOG), 14311143 y está activo desde el pasado 7 de mayo y el cierre de recepción de ofertas será el 21 de junio de 2021 a las 10.30 horas.

El tipo de proceso que se tendrá con esta compra es por adquisición competitiva.

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El Ministerio de la Defensa busca comprar:

• Un Sistema de Información y Gestión de Eventos
• Consola kvm
• Gabinete (rack) de piso
• 4 Servidores de rack
• Unidad de poder ininterrumpido (UPS)
• Curso de analista de centro de operaciones de seguridad
• Curso sobre gestión y seguridad de información

La justificación en Guatecompras, para la adquisición de este equipo detalla que permitirá identificar incidentes de seguridad a los activos de información del Ministerio de la Defensa Nacional, para posteriormente conducir una respuesta con el objetivo de minimizar los riesgos a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de información.

En las bases se menciona que el sistema que están licitando deberá ser entregado en un plazo que no exceda 30 días hábiles, a partir del día siguiente de la notificación de la resolución de aprobación de las cláusulas del contrato a través del portal Guatecompras o por escrito.

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Características del sistema

El Sistema de gestión de información y eventos de seguridad para operaciones de ciberdefensa tiene estas características:

No debe tener limitante de eventos por segundo (EPS) ni flujos por minuto (FPM) en su licenciamiento.

Debe tener capacidad de integración nativa con la plataforma IBM Resillient SOAR, con la que ya cuenta el Ministerio de la Defensa, para que todos los incidentes identificados sean enviados hacia esta plataforma para su correspondiente gestión.

El sistema debe incluir un servicio de protección DNS para 112 enlaces.

También debe poder contener amenazas sobre cualquier puerto y protocolo, usando DNS como base de inteligencia. Debe evitar el software malicioso o intentos de phishing de sitios web maliciosos o fraudulentos.

El sistema también debe localizar los sistemas comprometidos utilizando la actividad de seguridad en tiempo real, luego debe identificar los ataques dirigidos usando el contexto global.

El agente deberá soportar por lo menos sistemas operativos de Windows y Mac OSX.

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Deberá permitir a la solución identificar tráfico sospechoso por lP y poderlo enviar a la nube para análisis y prevenir la conexión maliciosa.

Además, el sistema debe tener la capacidad de identificar en el protocolo HTTP, al menos los siguientes dominios (sitios web):

1. AOL (Accessible, Basic, Standard)
2. Charter
3. Comcast (Zimbra)
4. Facebook (Mobile, Desktop)
5. Gmail (Classic, Standard)
6. Hotmail
7. Linkedln
8. MailCom
9. MailRu
10. Maktoob
11. Myspace
12. QQMail
13. Twitter
14. YouTube

Capacitación

En la licitación también se incluye capacitación sobre gestión y seguridad de la información y otra de Técnicas del curso de analista de Centro de Operaciones de Seguridad, ambas para 28 analistas de seguridad.

La capacitación debe ser virtual con laboratorios incluidos, en idioma español y deberá impartirse en sesiones de cuatro horas por día, para un total de 24 horas.

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Algunos de los temas en los que serán capacitados son:

• Introducción a SIEM (Security Information and Event Management)
• Arquitectura de componentes y flujos de datos SIEM
• Uso de la interfaz de usuario de SIEM
• Investigación de una ofensa provocada por eventos SIEM
• Investigación de los hechos de un delito
• Uso de perfiles de activos para investigar delitos
• Gestión y operaciones de seguridad
• Comprensión de las amenazas cibernéticas, loc (indicadores de compromiso)
• Incidentes, eventos y registro
• Detección de incidentes mejorada con inteligencia de amenazas
• Respuesta a incidentes

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La compra de las armas está incluida en la licitación pública que está identificada con el Número de Operación Guatecompras (NOG) 14293021  y está activa desde el 19 de abril pasado hasta el 27 de abril de 2021 a las 10.30 horas. La licitación está bajo la modalidad de adquisiciones con proveedor único.

Según la justificación del evento en Guatecompras, se hace necesaria la adquisición de las 5 mil armas de fuego para proveer del equipo necesario a los agentes de recién formación e ingreso a la institución policial.

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Agrega la compra es de gran importancia y es para minimizar el déficit de armas de fuego que actualmente la institución tiene, así como sustituir las armas de fuego que se encuentren deterioradas por haber cumplido con el tiempo de vida útil.

El documento agrega que el uso de armas tipo pistola, permite entre otras condiciones, mejorar y homogenizar los procesos de capacitación, adiestramiento, maniobra, mantenimiento y limpieza y que los nuevos agentes se familiaricen con el uso de un arma tipo pistola, calibre nueve (9) milímetros, la cual utilizarán ante cualquier acción operativa que requiera.

Características de las armas

1. Calibre: 9X19 milímetros.
2. Sistema de disparo: Simple acción/doble acción (SA/DA)
3. Largo Total: 217 milímetros
4. Alto Total: 137 milímetros
5. Ancho: 38 milímetros.
6. Largo de cañón: 125 milímetros
7. Miras: Fijas
8. Color: Negro anti reflexiva (PAVON)
9. Peso: 945 gramos
10. Corredera de acero y de una sola pieza.
11. Armadura: Aluminio reforzado ultraliviano
12. Con número de registro correlativo en la caja de mecanismo, corredera y cañón.
13. Con sistema de seguridad estándar, de botado de martillo y bloqueo del percutor con rotación ambidiestro en la corredera o sobre la corredera y seguro automático del percutor.
14. Con tres cargadores estándar con capacidad de 15 cartuchos.
15. Debe de incluir kit de limpieza por cada arma de fuego.
16. Grabado en la corredera PNC-GUATEMALA

Los oferentes interesados deben presentar las licencias de importación de armas y licencia de importación de repuestos para armas. Además, deberá capacitar y certificar a cinco elementos de la PNC en el manejo, reparación y mantenimiento del arma (sin costo alguno), los cuales serán nombrados por la institución.

El oferente debe incluir el costo de la tenencia y deberá incluir manual de usuario por cada arma de fuego ofertada. También debe entregar 5 juegos de herramientas de taller, específicas para la reparación de las armas.

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Las pistolas deben ser nuevas de fábrica y no repotenciadas.

Se han programados dos entregas para del armamento: 2 mil 500 deberán ser entregadas en un plazo de 30 días calendario y las otras 2 mil 500 60 días calendario luego de la publicar la resolución de aprobación del contrato y de emitida la orden de compra.

Plan de compras de la entidad que está en Guatecompras revela que para la compra de estas armas, la PNC tiene disponible Q30 millones.

Equipo antidisturbios

En ese portal también se publicó la adquisición de equipo de defensa para uso de la PNC, que está identificada con el Número de Operación Guatecompras (NOG) 14383675 y está activa desde el 19 de abril pasado hasta el 1 de junio de 2021 a las 10.30 horas. El evento está bajo la modalidad de licitación pública.

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La PNC justifica esta compra para que el personal policial pueda obtener el equipamiento necesario que le permita brindar el servicio de seguridad en toda la república. Además, responder con efectividad a los operativos de prevención y combate a la criminalidad, garantizando la protección y resguardo de la integridad física de las personas, así como de los bienes de las mismas, atendiendo de manera inmediata los estados de excepción declarados conforme a la Ley de orden público y operativos de alto impacto que llevan a cabo en todo el país.

Equipo que comprará:

• 500 lanzadores tácticos de cartuchos calibre 37/38 mm
• 17 mil cartuchos de gas lacrimógeno de largo alcance calibre 37/38 mm
• 5 mil 800 cartuchos de humo color blanco calibre 37/38 mm
• 5 mil granadas de gas lacrimógeno de triple acción para lanzamiento a mano o bocacha

La entrega del equipo se hará 60 días calendario luego de la publicar la resolución de aprobación del contrato y de emitida la orden de compra.

En el Plan de compras de la entidad que está en Guatecompras se detalla que para la compra de este equipo, la PNC tiene disponible 19 millones 947 mil 790.

El Ejército de Guatemala, a través del Comando de Apoyo Logístico, publicó tres eventos Guatecompras para compra de 34 vehículos, 3 mil 642 chalecos de protección y equipo de radiocomunicación con costo estimado de Q29 millones 200 mil.

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La compra de vehículos está incluida en la licitación pública identificada con el Número de Operación Guatecompras (NOG) 14048353 y está activa desde el 15 de abril pasado hasta el 27 de mayo de 2021 a las 9.30 horas.

Según los documentos de Guatecompras, la adquisición de vehículos para el Ejército es fundamental para contar con una mejor movilidad y transporte del personal, para desempeñar misiones de seguridad, reconocimiento y reacción a sobrevuelos del crimen transnacional, coadyuvar en el apoyo ante desastres naturales y eventos de calamidad pública, asimismo apoyar las operaciones de logística en terreno urbano y selvático.

En Guatecompras se detalla que se busca comprar:

• 7 picops de cabina simple, de entre 2 mil 200 y 2 mil 600 CC, turbo diesel intercooler, 4X4, transmisión mecánica, dos puertas, de entre 130 y 160 caballos de fuerza, timón hidráulico, bolsas de aire para piloto y copiloto, aire acondicionado, cerradura central, vidrios eléctricos, radios AM/FM CD, MP3, USB, con pantalla, bluetooth y bocinas y con servicio de mantenimiento a los 1 mil km y a los 3 mil km, color verde olivo.

• 5 picops doble cabina de entre 2 mil 200 y 2 mil 600 CC, turbo diesel intercooler, 4X4, transmisión mecánica, 4 puertas, de entre 130 y 160 caballos de fuerza, timón hidráulico, bolsas de aire para piloto y copiloto, aire acondicionado, cerradura central, vidrios eléctricos, radio AM/FM CD, MP3, USB, con pantalla, bluetooth y bocinas y con servicio de mantenimiento a los 1 mil km y a los 3 mil km, color verde olivo.

• 14 camiones de 12 toneladas de entre 7 mil 200 y 8 mil CC, diesel intercooler, con carrocería de 22 a 24 pies, transmisión mecánica, inyección directa, frenos de aire de doble circuito, aire acondicionado, vidrios eléctricos, radio AM/FM CD, MP3, USB, con pantalla, bluetooth y bocinas, bolsas de aire piloto y copiloto, color verde olivo, carrocería de madera y lona del mismo color, escalera de metal bancas laterales y con servicio de mantenimiento a los 1 mil km y a los 5 mil km.

• 5 camiones de 5.25 toneladas de 4 mil a 4 mil 600 CC, diesel intercooler, con carrocería de entre 15 y 17 pies, transmisión mecánica,  inyección directa, frenos hidráulicos de doble circuito, aire acondicionado, vidrios eléctricos, radio AM/FM CD, MP3, USB, con pantalla, bluetooth y bocinas, bolsas de aire piloto y copiloto, color verde olivo, carrocería de madera y lona del mismo color, escalera de metal bancas laterales y con servicio de mantenimiento a los 1 mil km y a los 5 mil km.

• 2 montacargasde 3 toneladas, motor diesel, altura de elevación 4-5 metros, transmisión automática, tipo de mástil de 3 etapas,  con servicio de mantenimiento a 500 horas de trabajo y a las mil horas de trabajo.

• 1 microbús de entre 2 mil 700 y 3 mil CC, diesel intercooler, de transmisión mecánica, con capacidad para de entre 14 y 16 pasajeros, timón hidráulico ajustable, frenos de disco ABS, aire acondicionado, radio AM/FM CD, MP3, USB, con pantalla, bluetooth y bocinas, vidrio eléctricos, y bolsas de aire para piloto y copiloto y además servicio de mantenimiento a los mil km y a los 3 mil km.

Según el Plan de Compras del Ministerio de la Defensa que está en Guatecompras, el monto estimado para esta compra es de Q20 millones.

Chalecos de protección

Otra licitación que hizo el Ejército a través del Comando de Apoyo Logístico, es el evento que publicó en Guatecompras para la adquisición 3 mil 642 chalecos de protección (catalogado como Equipo de combate).

La compra está identificada con el Número de Operación Guatecompras (NOG) 14044056 y está activa desde el 15 de abril pasado hasta el 27 de mayo de 2021 a las 11.30 horas.

Los documentos que están en el portal Guatecompras detallan que el Ejército busca comprar los 3 mil 642 chalecos de protección con las siguientes características.

• Capacidad para 5 tolvas de 35 cartuchos calibre 5.56mm, material de alta calidad resistente a la fricción, la humedad y debe ser liviano. Además, debe tener un Camelback de tres litros de capacidad.
• La superficie del chaleco debe ser liso, con textura dura, color verde olivo, talla única, consistencia sólida, tela de nailon de alta resistencia, termo protector (resistente al sudor), costura de alta resistencia, sistema de correas molle, resistente a las llamas, correas al hombro y cintura ajustable con velcro de nailon con un certificado de garantía mínimo de 1 año.

La justificación del Ejército para esta compra es que es indispensable la adquisición de equipo de combate para poder cubrir las necesidades del personal militar, mismas que contribuirán al buen desempeño de las operaciones en las diferentes áreas de misión que ejecuta esa institución.

Según el Plan de Compras del Ministerio de la Defensa que está en Guatecompras, el monto estimado para esta compra es de Q3 millones 500 mil.

Equipo de radiocomunicación

La compra de equipo de radiocomunicación para el Ejército de Guatemala está incluida en la licitación pública identificada con el Número de Operación Guatecompras (NOG) 14223724 y está activa desde el 15 de abril pasado hasta el 27 de mayo de 2021 a las 14.30 horas.

La justificación del Ministerio de la Defensa es que se necesitan ampliar las redes de comunicación táctica y estratégica para mantener el control de las diferentes unidades en operaciones militares y en situaciones de emergencia en beneficio de la población civil.

Lo que el Ejército busca adquirir:

• 35 radiotransmisores con capacidad para 1 mil canales con rangos de frecuencia de 136-147 Mhz VHF, con conectividad GPS integrado, bluethooth integrado de datos y audio, 45 w de salida, que incluyan kit de montaje, accesorios, antena, micrófono de palma y cable de alimentación, además accesorios para su conexión a corriente AC 110V.
• 1 analizador de espectro profesional para sistemas de radiocomunicación desde 250 Khz hasta 1 Ghz y generador/controlador de señal y de audio frecuencia, medidor de intensidad de señal de alta sensibilidad y de error de frecuencia, medidor de Sinad y distorsión/analizador de modulación, osciloscopio, medidor de modulación AM y desviación FM, antena telescópica y adaptador BNC de ángulo recto, micrófono, punta de osciloscopio, cable de alimentación y adaptador de CA, kit para la localización de falla en cable, batería interna de Litio-Ion.
• 30 radios de frecuencia 1.6 a 30.00 MHz con micrófono de mano y fuente de poder de 12VCC 35A, antena de banda ancha, cable de bajada de antena con conectores, mástil de 3 mts, kit para instalación fija y cable de alimentación. Capacidad y memoria con potencia de 125 watts de salida, memora para 500 canales, resistentes a caídas, polvo, temperatura, golpes y vibraciones y que sean modalidad ALE.
• 1 puerta de enlace de radio sobre IP (gatewayroip, pasarela roip) con fuente de alimentación rango de temperatura de funcionamiento de 0 a +40 grados centígrados, entre otras características.
• 15 radio tranceptores portables de frecuencias de 1.6 a 30.00 MHz con micrófono de manos, accesorios de alimentación DC vehicular, antena de banda compatible tipo vehicular, cable de bajada de antena con conectores, montaje del radio y de la antena para vehículo, kit para instalación vehicular, potencia de 125 watts de salida, memoria para 500 canales, resistentes a caídas, polvo, temperatura, golpes y vibraciones, modalidad ALE.
• 3 torres arriostradas (con soporte de sostén) de 50 X 50 centímetros, 50 mts de alto, con todos sus accesorios para protección de descargas atmosféricas, pintura anticorrosiva.
• 2 mástiles telescópicos de 15 mts de altura, cinco secciones, kit para instalación en vehículo, color verde olivo.
• 40 radiotransmisores móviles de frecuencia de entre 136 y 174 MHz, conectividad de audio y datos vía bluetooth, indicador de potencia de señal, antena magnética y accesorios para colocarlo en unidades móviles.
• 4 repetidoras compatibles con sistema o equipo VHF con rango de frecuencia de 136.0000 a 174.0000 MHz, capacidad para 64 canales programables, potencia de salida de 50 watts o más, voltaje de entrada de 110/240 VAC y 12 VDC, conectividad análoga y digital, IP site connect, antena omnidireccional de rango completo, polyphaser (protector de descargas atmosféricas), sistema de energía autosostenible el cual debe incluir como mínimo 4 páneles solares, banco de seis acumuladores de ciclo profundo, un regulador de voltaje.
• 85 radio transmisores con conectividad de audio y datos vía bluetooth, GPS integrado, frecuencia 136-174 MHz, con batería extra, cargador individual y antena flexible, potencia de salida de 5W.

Según el Plan de Compras del Ministerio de la Defensa que está en Guatecompras, el monto estimado para esta compra es de Q5 millones 700 mil.

Otras licitaciones

Durante los últimos meses el Ejército de Guatemala ha publicado varias licitaciones para compra de embarcaciones y aviones para distintas dependencias de esa institución.

El pasado 8 de abril Ejército de Guatemala, a través de la Marina de la Defensa Nacional, publicó un evento en Guatecompras para la adquisición de 41 embarcaciones militares y tres remolques que estarán al servicio en las instalaciones militares de Puerto Barrios, Izabal, en el Atlántico, y Puerto Quetzal, Escuintla, en el Pacífico, con un costo estimado de Q8 millones 100 mil.

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• Se trata de 4 embarcaciones interceptadoras de 36 pies, con remolque de 3 ejes
• 6 embarcaciones de 27 pies con mando central
• 6 embarcaciones de 27 pies con maneral
• 16 embarcaciones de aluminio, de 16 pies con maneral
• 9 embarcaciones inflables con suelo de fibra de vidrio de 13 pies con maneral
• 3 remolques de 2 ejes para embarcaciones de 27 pies

Compra de aviones

El 12 de marzo pasado, el Ejército también publicó en Guatecompras un evento para la adquisición de cuatro aeronaves de entrenamiento con capacidad de vuelo invertido que serán para la Escuela Militar de Aviación.

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El proveedor tendrá que tomar en cuenta que las naves deben ser modelo 2020 o el más reciente al momento de la adjudicación, deben ser monomotor con capacidad para dos personas (piloto y copiloto) y también con garantía de agencia mínima de 24 meses.

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Durante el actual mandato, los eventos de los cuales se prescinde o quedan desiertos representan el 30 por ciento.

El hecho de que las adjudicaciones no se efectúen retrasa el gasto y afecta directamente la calidad de los servicios públicos.

Las estadísticas oficiales muestran que los insumos que más compran las instituciones del Estado son los que se clasifican como “salud e insumos hospitalarios”.

Hasta el 16 de abril se habían hecho 18 mil 931 adjudicaciones en esta categoría. En el 2020 fue de 75 mil 187.

Las instituciones del Estado también suelen hacer compras de salud, que se clasifican junto a artículos de limpieza, alimentos y semillas, electricidad y aire acondicionado, entre otras.

Enrique Maldonado, economista de la organización Diálogos, considera que las consecuencias pueden ser más o menos graves, dependiendo del insumo de que se trate.

Por ejemplo, si se retrasa una adjudicación de antirretrovirales en el Ministerio de Salud, podría repercutir en la muerte de pacientes.

“En casos menos graves se va a retrasar la implementación de actividades y no se cumplirá con el plan operativo anual, porque se retrasará el gasto”, agregó.

El profesional dice que hay varias causas por las cuales las compras se retrasan. En el caso de los insumos necesarios para atender a pacientes de covid hubo una escasez en el mercado, lo que dificultó agilizar las adjudicaciones. Otras veces se cometen errores en la formulación de las bases del concurso.

Asimismo, como resultado de los casos de corrupción investigados por el Ministerio Público en los últimos años, se generó temor en quienes integran las unidades ejecutoras, por lo que muchas juntas de recepción han anulado recursos aduciendo arbitrariedades por temor a ser procesados.

“Si de cada diez concursos se caen tres, estamos mal porque eso significa que se desperdició tiempo de trabajo de las personas que montaron las bases del proceso. Ese indicador debería ser menor a uno. Lo que muestra es que las bases a menudo se elaboran mal, ya que si estuvieran bien diseñadas las instituciones no buscarían comprar cosas que no existen en el mercado”, prosigue Maldonado.

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Instituciones

Los registros también muestran que, de las instituciones del Estado, las que se clasifican como entidades descentralizadas, autónomas y de seguridad social están entre las que reportan un mayor número de eventos anulados o desiertos, con 37 por ciento.

De igual forma, las oenegés, patronatos, comités, asociaciones y fundaciones registran un 34 por ciento de eventos caídos, y las entidades del gobierno central, 30.3 por ciento.

Irene Flores, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), señala que entre las principales causas que retrasan la ejecución está la mala calidad de los procesos de compra.

“Se hacen eventos donde las especificaciones técnicas de lo que se quiere comprar son pobres y los proveedores no logran comprender ni qué necesitan para formular ofertas. Entonces, los concursos se declaran desiertos porque no hay quien oferte”, remarca Flores.

Otra razón consiste en que las instituciones clasifican los concursos en categorías que no corresponden.

“Es común encontrar proyectos de infraestructura clasificados en alimentos, o proyectos de alimento clasificados en cualquier otro tipo, por lo cual los proveedores del bien o servicio no ubican el concurso”, añade.

Flores señala que muchas veces se amañan los procesos para que permanezcan desiertos y así la entidad pueda efectuar compras directas con la excusa que en el proceso competitivo no se logró adjudicar porque ningún oferente se presentó.

Pedro Prado, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), considera que es necesario indagar si las unidades ejecutoras cuentan con la suficiente información y capacitación para elaborar procesos de compra.

“En cualquier proceso siempre hay algo que falla; a veces en estos casos no se llenan todos los requisitos y los eventos no se concretan. Se deben evaluar las razones por las que se caen las ofertas y determinar si del lado del Estado hay alguna información que no se está transmitiendo de manera clara para que no se caigan las ofertas y reducir esos porcentajes”, puntualizó Prado.

Para esta nota se intentó contactar a autoridades del Ministerio de Finanzas, pero al cierre de la edición no hubo respuesta.

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La licitación pública está identificada con el Número de Operación Guatecompras (NOG) 14348659 y está activa desde el 7 de abril pasado hasta el 18 de mayo de 2021 a las 10.30 horas.

Según el Ejército, la adquisición de las embarcaciones es con el fin de realizar operaciones de intercepción, búsqueda y rescate, salvaguarda naval y apoyo humanitario.

Además, para traslado tropas en diferentes áreas de operaciones logísticas y sus remolques para llevar las naves a cualquier área del país.

Aunque en la licitación no se mencionan cantidad de embarcaciones que se desean comprar, en los anexos de las bases, en el formulario de ejemplo de oferta, el Ejército buscaría adquirir:

• 4 embarcaciones interceptadoras de 36 pies, con remolque de 3 ejes
• 6 embarcaciones de 27 pies con mando central
• 6 embarcaciones de 27 pies con maneral
• 16 embarcaciones de aluminio, de 16 pies con maneral
• 9 embarcaciones inflables con suelo de fibra de vidrio de 13 pies con maneral
• 3 remolques de 2 ejes para embarcaciones de 27 pies

El coronel Rubén Téllez Cabrera, vocero del Ejército, confirmó que la licitación es para la compra de 41 embarcaciones y tres remolques y que está incluido en el Plan Anual de Compras del Ministerio de la Defensa, y que los fondos que se utilizarán son del presupuesto de esa cartera.

En el portal Guatecompras se detalla que la cantidad estimada que tiene el Ejército para esta compra es de Q8 millones 100 mil.

El ganador de la licitación deberá entregar las embarcaciones y remolques a más tardar el 15 de noviembre de 2021 en Puerto Quetzal, Escuintla y Puerto Barrios Izabal.

La licitación de Guatecompras establece que el Ejército cancelará las embarcaciones en cuatro pagos. El primero será del 22% del costo total de la adquisición; el segundo será de 41%; el tercero de 25% y el último de 12%.

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Algunas características

Las especificaciones técnicas de las embarcaciones que busca comprar el Ejército están incluidas en un anexo de la licitación de Guatecompras.

Las embarcaciones interceptoras de 36 pies deben tener capacidad de 4 mil 500 libras, 2 motores fuera de borda de 4 tiempos, sistema de luces de navegación apegadas al Reglamento Internacional para prevenir abordajes en mar, luz de búsqueda, GPS con accesorios, brújula, radios VHF y HF, torreta de luz led con sirena y altoparlante. Además, ganchos para asegurar armamento, 10 en cada lado.

Las naves de 27 pies de mando central deben tener capacidad para transportar a 12 pasajeros y 2 tripulantes o un mínimo de 4 mil libras, tener un motor fuera de borda de 115 caballos de fuerza y ganchos para asegurar armamento, 8 en cada lado.

Las embarcaciones de 27 pies con maneral deben tener capacidad para 12 pasajeros y 2 tripulantes o un mínimo de 4 mil libras, ganchos para asegurar armamento, 8 en cada lado y tener un motor fuera de borda de 115 caballos de fuerza.

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Las naves de 16 pies de aluminio debe tener capacidad para transportar 6 personas, peso máximo de 775 libras cuando transporte personas, ganchos para asegurar armamento, 4 en cada lado, un motor monocilíndrico de 30 caballos de fuerza como potencia mínima.

Las lanchas de 13 pies inflables deben tener 2 asientos de aluminio, dos remos de aluminio y un motor de 15 caballos de fuerza.

El buque Quetzal

El 12 de noviembre de 2019, durante el gobierno de Jimmy Morales, el Comando Naval del Pacífico recibió el buque  BL-1601 Quetzal de ayuda humanitaria que le costó al Estado de Guatemala Q93 millones y fue adquirido por las fuerzas armadas para que pueda patrullar la costas del Pacífico.

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La adquisición se hizo al gobierno de Colombia y la compra fue confirmada el 3 de julio de ese año.

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El Quetzal es un buque logístico que puede permanecer entre tres y cuatro meses en el mar y funciona como nave nodriza desde donde pueden salir entre cuatro a cinco lanchas rápidas para patrullar; además, tiene capacidad para que aterricen helicópteros.

Licitan compra de aviones

El 10 de marzo de 2021 el Ejército también licitó en Guatecompras la adquisición de cuatro aviones de entrenamiento para formar oficiales de aviación.

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Las aeronaves serán asignadas a la Escuela Militar de Aviación, pues esta no cuenta con aeronaves con la capacidad de realizar vuelo invertido y maniobras acrobáticas, lo cual es importante para la fase de vuelo avanzada en la formación de pilotos aviadores militares.

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El objetivo de estas aeronaves es que el estudiante pueda desarrollar al máximo sus destrezas y capacidades fisiológicas, pues una aeronave con estas características es necesaria para la transición de la instrucción de vuelo primario a militar, según las bases de Guatecompras.

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La solicitud fue enviada esta semana y las autoridades esperan respuesta de la portuaria, explicó Walfred Rodríguez Tortola, jefe de la dirección de auditoria para atención de denuncias de la CGC.

“Nosotros ya notificamos y vamos a la esperar que responden”, dijo el funcionario, al manifestar que la notificación se sugiere que la licitación sea suspendida, en definitiva.

Precisó que la comisión de evaluación de la Contraloría sugirió el 24 de febrero una suspensión temporal del evento, antes de la adjudicación, pero luego de tener nuevos hallazgos, se está sugiriendo una suspensión definitiva luego de la adjudicación.

Más hallazgos

La comisión de evaluación actúa de manera preventiva, y su objetivo es determinar si existen dudas sobre algunas situaciones que hubieran pasado de levantar documentaciones, y tiene un alcance de ponerlo de conocimiento a otras autoridades competentes.

En una entrevista con el noticiero Guatevisión, el pasado miércoles, Rodríguez Tortola detalló que la junta de licitación de la EPQ requirió el 2 de febrero a la empresa Supervisión, Construcción y Mantenimiento, S.A., la constancia ante el Registro Mercantil y el 3 de marzo esa misma junta notifica en acta que recibió la documentación conforme lo solicitado.

Sin embargo, dijo que la Contraloría detectó que la empresa solicitó la inscripción ante el Registro sino hasta el día 2 de marzo, con lo cual calificó que allí hay un acto de poca transparencia. Incluso mencionó que hubo otra empresa interesada en el proyecto que no aparece en el Registro Mercantil.

Otra irregularidad tiene que ver con que la EPQ permitió que las empresas interesadas en el proyecto pudieran hacer visita de campo al puerto para conocer el área para el rompeolas, pero, según Rodríguez Tortola, hubo algunas compañías a las que se le requirieron documentos fuera de las bases de licitación que imposibilitaron hacer esa gestión.

Mencionó que también se está a la espera de la información que requiera el Ministerio Público (MP), ya que de ofició actuarán en este proceso, y algunos aspectos específicos que se requieran.

Nuevo evento

Rodríguez Tortola dijo que en la comunicación enviada a la EPQ, se sugiere realizar un nuevo evento del concurso del “Mejoramiento Infraestructura Portuaria Rompeolas Este y Oeste”.

“El requerimiento de la Controlaría es que se haga un nuevo proceso, aunque la autoridad tiene la facultad de acatarla o de continuar con su procedimiento”, aseveró.

Recordó que siempre hay discusiones entre los auditores y auditados, y cuenta con el derecho de defensa de hacer ver e interponer las inconsistencias que la Contraloría detectó, y las tendrán que justificar.

Aunque la normativa no establece plazos de contestación, en este caso se requiere que sea lo más inmediato, y se entiende que la EPQ están trabajando sobre ello porque cuentan con facultad para ampliar información.

El siguiente paso, es que, con la respuesta de la portuaria, se analiza y se define qué acciones se procede a ejecutar, que pueden ser las mismas que se generan en una auditoria normal administrativas, juicio de cuentas, y en otras hasta penales.

En todo caso, comentó que se encuentra en la fase administrativa, y la institución que determinará si existe o no delito es el MP.

Aclaró que en este momento no hay ninguna erogación de gasto a la empresa constructora que salió favorecida, por lo que no hay ejecución de fianza, y la acción fue preventiva.

Esta semana representante de Acción Ciudadana y del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua), expusieron que, con los hallazgos y la posición de la Contraloría, sobre el proyecto, lo recomendable es que la junta directiva de la portuaria no apruebe el proceso y acatar lo dicho por el órgano fiscalizador para que sea transparente.

La EPQ es el principal puerto del país por el volumen en el movimiento de carga del sistema y en 2020 movilizó 12.4 millones de toneladas, -7.8% menor con respecto al 2019 cuando movilizó 13.4 millones.

Por aparte, el miércoles en la noche fue removida del cargo Aura Verónica Cabrera como gerente general de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla en Izabal, y de manera interina asumió Érick de León Lobos.

EPQ: “Si no se hace mantenimiento, el presupuesto será mayor”

El ingeniero Wilmer Quirán, jefe de la unidad ejecutora de proyectos de la EPQ brindó una visión del proyecto desde el punto de vista técnico y la necesidad de hacer mantenimiento en el rompeolas y en la dársena.

¿Cuál es la evaluación del rompeolas?

Una parte de las obras importantes en los 35 años de operación del puerto es el rompeolas Este y Oeste, así como el muelle comercial y, desgraciadamente, en este período no se le ha dado prioridad en el mantenimiento a esta infraestructura, entiéndase el rompeolas, así como todo el material de azolve que se ha ido acumulando en los márgenes del litoral Pacífico específicamente al lado de la playa de San José.

Un dato importante es que el aporte de material volcánico trasladado por el río Achiguate, asciende a 200 mil metros cúbicos por año y esta arena se ha ido depositando en todo el litoral del lado de la playa de San José.

Actualmente, esta acumulación de arena ha llegado a los márgenes del rompeolas mayor, y el peligro que se corre es que este material puede ingresar a la dársena de maniobras y comenzar a azolvar el canal de acceso, el canal de aproximación y la dársena interna.

En la infraestructura, ¿qué detectaron?   

En lo que corresponde al rompeolas mayor y con entendido anterior, está compuesto por bloques de diferentes volúmenes, y dadas las circunstancias climáticas, los fuertes oleajes, algunos de estos bloques han sido desubicados.

Actualmente se han creado algunas cavernas, y se dan por el azote del oleaje, que muchos bloques se han ido corriendo y ha permitido que se estén reubicando, pero si no se hace el mantenimiento en esta época, a futuro se podrá hablar de un presupuesto mayor, y por eso en este momento es importante realizarlo.

¿Hay peligro en la dársena?

Hay azolves dentro de la dársena y con los cambios de marea en el Pacífico son muy variables, por alguna razón ha empezado a ingresar, pero lo que más nos preocupa es la acumulación en el lado de la playa de San José, y de 35 años para acá la playa creció 400 metros, y si eso continúa tanto por el aporte del río Achiguate, el arrastre de sedimentos tendríamos consecuencias a futuro.

Por eso prevenimos en este momento lo más adecuado y no esperar de hacer una reparación mayor.

¿Por qué es millonario este proyecto?

El proyecto contempla dos fases: una de infraestructura y una de dragado. La draga para utilizar este trabajo es un buque y no se encuentra disponible.

Las fases de este proyecto, en la parte de infraestructura podría ser poco lo que se realizará, pero si nos vamos a la draga que es lo que tiene la mayor parte del presupuesto, estamos hablando de un promedio aproximado de más de Q250 millones, por los volúmenes a extraer que son bastante elevados.

Solo en las fosas uno y dos, estamos hablando de remover un millón 190 mil metros cúbicos, sumado a otros 600 mil metros cúbicos cuando se realizó la batimetría inicial del estudio que dio origen que le estoy hablando solo de las fosas, y habría que sumarle al canal de acceso y el canal de aproximación.

¿Qué alternativas hay?

Está el estudio que se realizó para levantar este proyecto y hay recomendaciones específicas.

Por ejemplo, la fase de dragado debe realizarse de noviembre a marzo, que las condiciones son más óptimas para poderlo hacer; la fase de infraestructura que se pueda adjudicar de aquí a noviembre una parte, sin embargo, como EPQ, vemos la factibilidad de poderlo hacer en los tiempos más adecuados acoplándonos a lo que dice el estudio.

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Los análisis de Acción Ciudadana (AC), señalan que estos tres casos recientes tienen una misma tendencia de estar mal elaborados y estructurados, culminan el proceso de adjudicación, pero luego son suspendidos.

Se informó que la CGC envió los oficios que reiteran la suspensión temporal del contrato al haber encontrado tres hallazgos a la portuaria que fueron: requisitos fundamentales de la emisión de la constancia de visita de la obra; deficiencias de la base de licitación al cronograma del proceso y el incumplimiento de la normativa legal en la apertura de las plicas -ofertas-.

Proceso viciado

Marvin Flores, analista de AC, declaró que el proceso del rompeolas que fue adjudicado a una constructora por Q477.9 millones el pasado 3 de marzo, fue un proceso viciado, poco transparente, y que, si la CGC realizó observaciones de manera anticipada, la EPQ no adoptó las medidas correctivas en el momento oportuno, deberá de suspenderse.

Reiteró que, por no hacerse bien los procesos que indica la ley, corresponde anular los contratos, aunque en este expediente de la EPQ aún no ha sido aprobado por la autoridad máxima de la portuaria que es la junta directiva.

Estas situaciones implican dos aspectos: costos adicionales para el Estado y retrasos en los procesos de inversión en este proyecto que es una obra estratégica para el comercio exterior del país y que afecta la competitividad, consideró Flores.

“Es lamentable que por no hacer las cosas bien, aún cuando se advirtió en su momento, se acarreen consecuencias graves para la economía, la transparencia pública y la imagen de Gobierno que se verá afectada”, puntualizó el representante de AC.

Evento no es salvable

Flores remarcó que, con los hallazgos de la Contraloría, el evento “Mejoramiento Infraestructura Portuaria Rompeolas Este y Oeste”, ya no tiene salvación, y lo ideal hubiera sido que cuando la EPQ recibió las sugerencias y observaciones, ellos hubieran ampliado los plazos para la recepción de ofertas y se hubiera realizado las correcciones a las bases.

Citó, por ejemplo, que al no haber permitido que un oferente realizara la visita de campo en el rompeolas –un requisito fundamental para ofertar–, refleja que es un proceso poco competitivo y cerrado.

En este momento, dijo, que lo recomendable es que la junta directiva de la portuaria no apruebe el proceso, con lo que lamentablemente tendrán que empezar desde cero con las bases corregidas.

“Es un evento de licitación no salvable porque los errores ya se cometieron, se dejaron de recibir ofertas y no se atendieron las sugerencias de la Contraloría y no pueden recibir más ofertas”, dijo el analista, al confirmar que también los oferentes saben las características del proceso que no es competitiva, ni transparente.

Principio de transparencia

Juan Suárez, presidente del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua), reaccionó luego de haber conocido la posición de la CGC con respecto a la suspensión temporal, y manifestó que, como sector privado, el proceso tiene que desarrollarse a la normativa, el principio de transparencia y la recomendación es que se cumpla con la opinión que marca la autoridad.

Mencionó que un tema que preocupa a futuro es que, si el contrato estaba adjudicado, y la empresa a la cual se le adjudicó considera que esos hallazgos no son causales de suspensión del proyecto, puede reclamar la fianza que existe, y es un tema que todos tienen que monitorear.

“Si este proceso tiene que empezar desde cero quisiéramos conocer el plan de inversión de la EPQ, revisemos y después ejecutemos y seguimos a la espera de conocer las inversiones para tener una idea más calificada”, expresó el presidente de Cutrigua.

Aclaró que sin haber tenido a la vista el reporte de la Contraloría, la opinión del sector es que se acate las observaciones que plantea esa institución.

El contrato debe ser conocido por la junta directiva de la EPQ que se reunirá esta semana.

En el expediente subido al sistema Guatecompras se plantearon 10 inconformidades.

Línea de tiempo

El rompeolas es un dique se interna en el mar desde la orilla para proteger la bahía o la dársena, y el actual data desde hace 30 años.

• El 28 de diciembre del 2020 el presidente Alejandro Giammattei realiza una visita a la EPQ a la inauguración del sistema no intrusivo (rayos X) y anuncia el proyecto del rompeolas.
• El evento fue publicado el 31 de diciembre del 2020, y como fecha límite para la recepción de ofertas el 17 de febrero de 2021 por la EPQ.
• La EPQ recibe tres oferentes. La firma Tecuntrac, S.A., ofertó Q461.5 millones; Supervisión, Construcción y Mantenimiento, S.A, Q477.9 millones y Construcciones Integrales Avanzadas, S.A, Q479.8 millones.
• El expediente registra 10 inconformidades planteadas por Tecuntrac, S.A., Constructora Ortiz y la firma Rega.
• El 3 de marzo la junta calificadora comunica que el proyecto fue adjudicado a la empresa Supervisión, Construcción y Mantenimiento, S.A, Q477.9 millones.
• El 8 de marzo la Contraloría General informa que se enviaron notificaciones a la portuaria para suspender temporalmente el evento por hallazgos.

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En el acta, se informó que se rechazó las ofertas presentadas por las empresas Tecuntrac, S.A., que ofertó Q461.5 millones y Construcciones Integrales Avanzadas, S.A., por Q479.8 millones.

El evento fue publicado el 31 de diciembre del 2020, y el cierre de recepción de ofertas fue el 17 de febrero.

En su oferta la empresa Supervisión, Construcción y Mantenimiento, S.A., indicó como tiempo de entrega final, 547 días calendario, cuyo representante legal, según Guatecompras, es Alejandro Matheu Escamilla.

La EPQ es el principal puerto de Guatemala por su movimiento de carga anual.

En 2020 EPQ tuvo una caída en el movimiento de carga marítima de -7.8%, y transportó 12.4 millones de toneladas, menor a las 13.4 millones del 2019, según las estadísticas.

El sistema portuario nacional movilizó 27 millones 228 mil toneladas métricas, menor a los 27 millones 984.9 toneladas del 2019, lo que representó -2.7% en 2020.

Qué es un rompeolas

Se define como un muro fuerte o dique que se interna en el mar desde la orilla para proteger una bahía o un puerto del embate de las olas.

El rompeolas es un muro fuerte o dique que se interna en el mar desde la orilla para proteger una bahía o un puerto del embate de las olas. En el expediente del proyecto que se pretenden hacer en EPQ se presentaron 10 inconformidades.

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Las adjudicaciones que se realizan al amparo del estado de calamidad, decreto 5-2020, tienen la finalidad de atender la pandemia. Por ello las compras más frecuentes suelen ser de insumos médicos, de protección personal, limpieza o alimentos.

Al consultar a la municipalidad de Mixco por qué el pago mensual de honorarios para su equipo de futbol se clasificó como compras por calamidad, respondieron que fue un error de digitación.

“Fue un error del digitador porque esos esos campos (los del estado de calamidad) son nuevos.  Cuando el compañero comenzó a ingresar los datos no vio el campo que decía “compras por estado de calamidad” y llenó esos campos. Ahí fue el error”, justificó Erik Maldonado, trabajador del departamento financiero de la municipalidad.

En una consulta hecha a las 14:00 horas del 21 de septiembre, se verificó en el historial de acciones de cada evento que ya se había suprimido el apartado que clasificaba los honorarios como parte de las compras por el Estado de calamidad.

Los pagos corresponden a contratos suscritos entre julio 2020 y mayo de 2021 y algunos se han venido prorrogando desde 2018. Por la pandemia, los entrenamientos se realizan vía Zoom, según consta en los informes de actividades de los jugadores.

La comuna publica la cancelación mensual de los honorarios en Guatecompras en atención a lo que establece el artículo 54 de la Ley de Contrataciones del Estado, según el cual las organizaciones no gubernamentales, asociaciones, fundaciones, patronatos, cooperativas, comités, organismos regionales e internacionales, fideicomisos y toda entidad privada o mixta, nacional o extranjera, que reciba o administre fondos públicos debe publicar en dicho portal las adquisiciones que realice.

Falta de capacitación

Marvin Flores, de Acción Ciudadana, explicó que este tipo de errores suelen confundir a la ciudadanía que realiza auditoría social. Para prevenirlo, las municipalidades deben invertir en la capacitación de sus trabajadores y evitar rotar al personal cada cambio de administración.

“A veces cuando llega un nuevo alcalde prescinde de personal con conocimiento de tema. El Ministerio de Finanzas también debe aumentar su oferta de capacitaciones al recurso humano de todas las unidades ejecutoras”, explica Flores.

A esto se añade el hecho que el portal de Guatecompras se ha vuelto más complejo para las unidades ejecutores, comenta Flores. “El Ministerio de Finanzas debiera hacer un estudio a profundidad de cómo ser más amigable el sistema para el uso de todas las unidades ejecutoras del Estado”, opina Flores.

Sofía Montenegro, investigadora de Diálogos, explica que este tipo de errores son comunes en administración pública. Recordó la crisis que se desencadenó durante las elecciones 2019 porque no había claridad del registro de votos en el sistema informático. “Aunque este tipo de crisis son recurrentes, lo importante es que no sea de manera continuada, que no sea un error frecuente de la municipalidad”, afirma la entrevistada.

Por su parte, Ricardo Barrientos, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y exviceministro de Finanzas, afirma que hay un consenso en que el servicio civil presenta deficiencias, entre estas la nula capacitación de los servidores públicos en temas especializados, como la forma en cómo realizar adquisiciones públicas.

Respecto al error de la comuna de Mixco, Barrientos dice que es la Contraloría General de Cuentas (CGC) la que debe determinar cómo procede. Sin embargo, de pronto la comuna podría publicar una nota aclaratoria en su portal informando que se cometió un error en el registro de las compras por emergencia para evitar confusiones.

“Se han dado capacitaciones”

José Ramírez Crespín, subcontralor del gasto público de la CGC, dijo que este año que hubo cambio de administraciones en los gobiernos locales, se prevén más errores de tipo administrativo en las comunas.

En enero, dijo, se impartieron junto con la Embajada de Estados Unidos capacitaciones a los alcaldes y concejos municipales para evitar equivocaciones en el ámbito financiero.

“Hemos determinado que hace falta capacitación al os concejos, inclusive cuando estos ya tienen tiempo de experiencia”, afirma el funcionario.

Pagos para Deportivo Mixco

La municipalidad de Mixco clasificó el pago de honorarios de jugadores, masajistas y un médico del Deportivo Mixco como compras de emergencia. La información se corrigió ayer a las 14:00 horas, aproximadamente, luego de una consulta hecha por Prensa Libre a la comuna.

NPG	Nombre	Descripción del servicio	Monto
E476396247	Diego Armando Franco Orellana	Por servicios prestados como jugador	Q13,000
E476394821	Rony Alexánder Álvarez Quevedo	Por servicios prestados como jugador	Q17,000
E476396484	Luis Alberto Cos Villatoro	Por servicios prestados como jugador	Q18,000
E476399858	Diego Juan Pablo Estrada López	Por servicios prestados como jugador	Q3,650
E476397235	Diego Orlando Méndez Vásquez	Por servicios prestados como jugador	Q2,500
E476395550	Yonatan José Pozuelos Morales	Por servicios prestados como jugador	Q17,000
E476395135	Bryan Alexander Ordóñez	Por servicios prestados como jugador	Q24,000
E476398584	Douglas Estuardo Mazariegos Sarti	Por servicios prestados como jugador	Q1,500
E476395976	José Manuel Milla Baten	Por servicios prestados como jugador	Q15,000
E476398118	Miguel Alejandro Nicolau Cordón	Por servicios prestados como jugador	Q5,000
E476396956	Kelvin Bertony Marroquín Secaida	Por servicios prestados como jugador	Q12,000
E476399572	Joaquín Rosales Monterroso	Por servicios prestados como médico del Deportivo Mixco	Q8,400
E476399734	Manuel de Jesús Monroy Viato	Por servicios prestados como gerente del Deportivo Mixco	Q10,000
E476399386	Mynor Fernando Santana Estrada	Por servicios prestados como masajista del Deportivo Mixco	Q7,500
E476398983	Erik Francisco Monroy Hernández	Por servicios prestados como masajista del Deportivo Mixco	Q6,000

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La legislación actual exige que previo a la adjudicación de proyectos, el CIV tiene que hacer los estudios de ingeniera adecuados que respalden las obras que quiere construir.

En ese sentido, en los últimos tres gobiernos el CIV a través de la Dirección General de Caminos (DGC) ha adjudicado por lo menos 36 contratos para la elaboración de estudios de factibilidad por los cuales ha erogado al menos Q123 millones 345 mil, según el sitio Guatecompras.

Durante la administración de Álvaro Colom (2008-2012) se gastó Q64.9 millones. El gobierno del Partido Patriota —(2012-2016) aunque el mandato presidencial lo finalizó Alejandro Maldonado—, fue el que menos estudios adjudicó, casi Q3 millones, mientras que en el periodo de Jimmy Morales (2016-2020) se efectuaron diversidad de estudios que le costaron a la DGC más de Q55.5 millones.

Dentro de los estudios que se han pagado están de ingeniería, de factibilidad técnica y económica; además, de riesgo y hasta ambientales.

Ahorro de tiempo

La nueva unidad permitiría un ahorro significativo de recursos; sin embargo, lo que las autoridades más destacan es que esta permitiría agilizar la construcción de obras, posiblemente hasta un 50% de lo que ahora se tardan.

En su oportunidad, anteriores funcionarios del CIV se han quejado de lo tardado que es echar a andar un proyecto nuevo ya que, solo para que esté concluido el estudio suelen pasar de seis meses hasta un año.

El actual titular del CIV, Josué Edmundo Lemus, aseveró que estos estudios son “onerosos” y requieren casi un año de planificación, desde que se selecciona la empresa y adjudica el concurso, luego el periodo de impugnaciones para que finalmente se puedan hacer los estudios.

Un ejemplo es el proceso para la elaboración de estudios de diversa índole cuyo fin es analizar la viabilidad de la ampliación a cuatro carriles de la ruta al Atlántico, desde El Rancho hasta Mayuelas, Zacapa.

Las bases de licitación se publicaron el 23 de enero del 2018 y la convocatoria se hizo hasta el 26 de marzo, dos meses después. Luego se amplió en dos ocasiones la fecha para la recepción de ofertas y apertura de plicas, lo que finalmente ocurrió el 31 de mayo.

Después de varias revisiones y procesos que incluyeron una inconformidad de una de las compañías oferentes que fue descartada, el contrato se firmó el 17 de agosto de ese año.

Sin recursos

La administración pasada del CIV había dejado avanzadas los procesos de licitación de dos estudios de grandes proyectos. El primero la construcción del anillo regional que comenzaría en San Juan Sacatepéquez y finalizaría en Sanarate, El Progreso.

Las bases de dicho concurso se publicaron en junio del 2019 y se adjudicó hasta en abril de este año por un monto de Q9.5 millones; sin embargo, las actuales autoridades optaron por anular el proceso por falta de recursos.

Similar situación pasó con la licitación de los estudios para la ampliación a cuatro carriles de la carretera CA-2 Oriente, desde Escuintla a Ciudad Pedro de Alvarado, frontera con El Salvador.

Este concurso también comenzó a licitarse en junio del 2019, pero ni siquiera llegó a fase de adjudicación. En mayo pasado se anuló por no contar con presupuesto.

En otros procedimientos también se suman no solo inconformidades sino hasta acciones legales y administrativas que buscan repetir los proceso lo cual duplica la tardanza.

Todo eso explica en parte lo tardado que resultar iniciar un proyecto de infraestructura puesto que, además de agotar todas las fases de los estudios de factibilidad comienza la licitación de la obra como tal que no está exenta de más impugnaciones y retrasos.

¿Cómo avanza?

El ministro de Comunicaciones explicó que desde hace unos meses comenzó el proceso de reclutamiento de unos 25 ingenieros de distintas disciplinas, así como de 10 equipos de topografía. La unidad estaría lista en septiembre.

“Este equipo multidisciplinario reúne a profesionales con distintas especialidades en temas carreteros los cuales podrán responder de manera efectiva a las necesidades que se identifiquen”, precisó Lemus.

Aunque la intención era implementar la Unidad de Planificación de Caminos en el primer semestre del año, Lemus indicó que se pospuso debido a la pandemia puesto que tenían prohibido hacer contrataciones.

Lemus aseguró que esta unidad permitirá al CIV ahorrar hasta el 40% de los recursos financieros que serían reorientados para más proyectos de infraestructura.

“Esta unidad nos permitirá iniciar de manera inmediata el proceso de planificación estratégica de proyectos carreteros para el país y tendremos capacidad instalada para reaccionar de manera inmediata”, ante cualquier emergencia, añadió.

Beneficio de la duda

Para Janio Rosales, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC), es positivo que el gobierno busque agilizar la construcción de proyectos de infraestructura a través de esta nueva instancia “siempre y cuando se tenga a las personas más calificadas, con la experiencia debida y con el conocimiento necesario”.

Respecto a que la unidad representará la creación de más burocracia, Rosales apuntó que esta debe tener como objetivo lograr que las políticas públicas sean más efectivas y no se conviertan en mecanismos que compliquen los tiempos, procesos y la transparencia de los proyectos.

No obstante la aprobación de esta unidad, el presidente de la CGC expuso que, si bien es cierto es necesario que los procesos de estudios de prefactibilidad sean expeditos no se debe sacrificar la profundidad de los análisis técnicos, puesto que al final de cuentas las constructoras trabajan con base a los requerimientos técnicos que estos concluyen.

“El tiempo es clave, pero como estamos hablando de bienes públicos lo que más importa al ciudadano es que las obras sean de calidad y que sean sostenibles en el tiempo”, enfatizó Rosales.

“Consideramos oportuno la evaluación de que los perfiles cumplan con las escalas de Onsec (Oficina Nacional del Servicio Civil), que exista cuentadancia si tendrá a su carga ejecución de presupuesto” y que tengan indicadores de éxito, concluyó.

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Hasta el pasado 17 de junio, las autoridades habían adjudicado compras de medicamentos, la desinfección total del Preventivo para Varones, zona 18, entre otros; y además evaluaban la adquisición de medicamentos, trajes de bioseguridad, caretas, guantes y demás equipo para protección del personal, ya que, la DGSP está obligada por ley a garantizar el derecho a la salud  física y mental a los privados de libertad.

Desde el 13 de marzo, día en que se confirmó el primer caso del nuevo coronavirus en Guatemala, dos directores han estado a cargo de las cárceles. Luis Rodolfo Escobar asumió el cargo el pasado 1 de abril, luego que fue removido Jorge Flores sin motivos aún claros.

Escobar el pasado 16 de junio confirmó durante una citación con la banca Unión del Cambio Nacional (UNC) en el Congreso que, ocho reos han muerto por la covid-19 y 91 más están infectados por la nueva enfermedad. Las cárceles del país están rebasadas en más del 300 por ciento de su capacidad.

Durante la citación, el director también confirmó que 14 agentes penitenciarios, cinco trabajadores administrativos y tres enfermeros estaban positivos.

Las prisiones estaban en crisis antes de la pandemia, mantener la distancia social entre los reclusos y lavarse las manos para prevenir el contagio son casi imposibles, porque no hay suficiente espacio y tampoco suficiente acceso al agua potable.

Una de las medidas que adoptó la DGSP para evitar que el virus entrará a las cárceles fue suspender las visitas en marzo. Los reos solo pueden recibir encomiendas y en junio, mientras se confirman muertes de privados de libertad por covid-19, las autoridades iniciaron a adjudicar compras.

Compra de medicamentos        

Según el portal de Guatecompras, la DGSP adquirió 200 mil tabletas de amoxicilina de 500 mg. cada una, el pasado 16 de junio a la empresa Profon, S.A. por Q38 mil.

Tres proveedores presentaron ofertas para la adquisición: Biológicos y Farmaceuticos, S.A. ofertó Q186 mil; mientras que, Nuevos Éticos Neoethicals, S.A. y Profon, S.A. Q38 mil cada uno. La requisición de compra tiene fecha de 22 de abril y donde se indica que no hay en existencia el medicamento en la institución.

Asimismo, la institución adjudicó el 16 de junio la compra de 5 mil ampollas inyectables de dexametasona fosfato sódico de 8 ml., le fue adjudicada al único oferente: Alvaro Ernesto Aceituno Rubio por Q37 mil 450.

La entidad también realizó el 12 de junio la compra de 5 mil ampollas inyectables de dexametasona fosfato sódico de 8 ml., y 50 mil ampollas inyectables de diclofenaco sódico de 3 ml. cada una a la empresa Importadora Médica, S.A. por Q57 mil.

Tres empresas presentaron sus ofertas: Alvaro Ernesto Aceituno Rubio por Q. 39 mil 900; Biológicos y Farmaceuticos, S.A. por Q154 mil 500; y fue dada a Importadora Médica, S.A. por Q57 mil.

Asimismo, adjudicó la compra de 200 mil tabletas de amoxicilina y 10 mil cápsulas de azitromicina de 500 mg. cada una a la empresa Profón, S.A. por Q13 mil 800. En total, seis oferentes participaron y presentaron ofertas que oscilaron entre Q13 mil 800 hasta Q187 mil 900.

La DGSP justificó todas las compras anteriores para dar atención médica en las 21 cárceles del país, la Escuela de Estudios Penitenciarios y la clínica sede. Carlos Morales, vocero de la institución, explicó que antes de junio no “se habían visto en la necesidad” de hacer compras para contener el virus, porque habían implementado protocolos.

“A finales de mayo o inicios de junio nos autorizaron como Q8 millones para hacer compras”, afirmó Morales, aunque no indicó que institución les dio ese presupuesto, ya que, quedó de enviar la información, pero no lo hizo hasta el cierre de esta edición.

Agregó que la DGSP busca contratar entre cinco y ocho médicos para que atiendan las cárceles, porque ahora solo cuentan con 11 de 16 médicos, porque cinco de ellos son personas vulnerables al virus.

Desinfección en el Preventivo

Asimismo, La DGSP realizó la adjudicación el pasado 15 de junio del servicio para desinfectar por completo el Preventivo para Hombres de la zona 18 capitalina por Q76 mil a la empresa Servicios Ambientales Universales, S.A.

Cuatro empresas presentaron ofertas a la adquisición: AF Fumigación Guatemala, S.A. por Q 13 mil 440; Industrias y Servicios Múltiples de Guatemala, S.A. por Q 16 mil; Angie Denice Álvarez Reyes por Q51 mil 651 y Servicios Ambientales Universales, S.A. por Q76 mil.

Carlos Morales, portavoz de la institución, informó que la desinfección fue realizada el pasado 17 de junio. En esta prisión, según el Ministerio de Gobernación y la DGSP el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) realizó 150 pruebas a reos y personal administrativo. Aunque no se sabe con exactitud cuántos privados de libertad y trabajadores dieron positivo.

Además, el pasado 11 de junio, el Sistema Penitenciario adquirió dos mil galones de jabón gel desinfectante para prevenir el contagio de la covid-19 en todos los centros carcelarios. La adjudicación fue dada a la Distribuidora La República, Sociedad Anónima por Q40 mil y en total 13 compañías presentaron ofertas que iban desde Q27 mil hasta Q59 mil 600.

El SP también adjudicó la compra de 355 alfombras para desinfección y secado de calzado con características de 75 centímetros de ancho, 1 metro de largo y compuesta de algodón y microfibra a la empresa Gedulah, S.A., por Q53 mil 250.  Lo cual significa que cada alfombra costó Q150 cada una. Justo Rufino Pérez Luz también presentó su oferta por Q71 mil.

Según el portavoz, en los próximos días serán trasladados 61 reos de Fraijanes II –lugar preparado para privados de libertad infectados de covid-19—a la cárcel Pavoncito, porque ya superaron 13 días sin presentar mayores síntomas como: fiebre o tos.

Morales dijo también que los reclusos no pueden ser reingresados a la prisión en la que estaban antes de llegar a Fraijanes, porque serán rechazados por sus compañeros, pero serán reenviados de nuevo luego que pasen más de una semana sin síntomas en este lugar. Mientras, los otros 30 reclusos aún están pasando su cuarentena en Fraijanes II.

Compras en evaluación

La DGSP tiene en evaluación la adquisición de 3 mil 500 lentes de bioseguridad; 930 cajas de 100 guantes cada una; 5 mil 230 zapatones de polipropileno para evitar la propagación del virus en los centros carcelarios y las oficinas administrativas de la institución.

Además, tiene en evaluación la compra de 300 trajes de bioseguridad descartables, 100 por cada talla: S, M y L para el personal operativo asignado a las diligencias en los Tribunales del país. La institución también evalúa la adquisición de 3 mil caretas para protección del rostro y así evitar el contagio de la covid-19 en las prisiones y en las oficinas administrativas.

Asimismo, examina la compra de 5 mil tabletas de ivermectina, las cuales están destinadas para dar atención médica en las 21 prisiones del país, en la Escuela de Estudios de Penitenciaros y en la clínica sede. J.J. Cohen presentó su oferta por Q33 mil y Resco, S.A. por Q.29 mil.

El Sistema Penitenciario recibió ayer ofertas para adquirir 1 mil galones de amonio cuaternario con una concentración del 5 por ciento, para evitar la propagación del nuevo coronavirus en las cárceles y las oficinas administrativas de la entidad.  No obstante, el pasado 9 de junio, la institución también publicó el evento 12758701 para adquirir 1 mil galones de dicha solución, pero no especificó el grado de concentración que licitaba. El evento fue declarado desierto.

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De acuerdo con el comunicado, los servicios hoteleros interesados en albergar a infectados pueden obtener los términos de referencia en Guatecompras y tienen hasta este martes 12 de mayo, a las 10 horas para presentar sus ofertas.

El Departamento de Relaciones Públicas del IGSS informó a Prensa Libre y Guatevisión que el objetivo de la adquisición de esos servicios es brindar una mejor atención a los afiliados, en momentos en que Guatemala está entrando en una fase más delicada de la pandemia.

“Debido al repunte crítico de la enfermedad COVID-19, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social amplía la capacidad del recurso humano, materiales y espacios físicos adicionales, como hoteles, por ejemplo, en el área metropolitana y departamental para continuar brindando los servicios médicos y de aislamiento de pacientes leves, como lo estipula la Fase III de los Procedimientos para la Preparación y Respuesta frente al nuevo coronavirus, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ente rector del país”, explicó.

La oficina informó que, a raíz de las disposiciones presidenciales de que se atienda a pacientes de covid-19 en centros sanitarios, incluidas las sedes del IGSS, el Seguro Social está atendiendo a afiliados y no afiliados, lo que demanda la búsqueda de estrategias para una mejor cobertura.

“El IGSS ha sido respetuoso de la directrices del ente rector de la salud, y ha consolidado esfuerzos e intensificado las acciones que permitan atender los requerimientos para atender a los pacientes positivos”, agregó más tarde en un comunicado, en el que enfatizó que ha trabajado de la mano con el Ministerio de Salud, “desde 13 de marzo que se conoció del primer caso de COVID-19 en el país”.

Enfocado en eso, el IGSS habilitó seis hospitales llamados “centinela” para el tema del coronavirus, que cuentan con 53 camas para internar a los pacientes que den positivo, y donde las áreas ya han sido desinfectadas y abastecidas.

Cómo debe ser el servicio

De acuerdo con los lineamientos para la contratación del servicio de hotelería, el IGSS demanda de las instalaciones entre otros servicios:

• Acceso a wifi para para dispositivos móviles
• Sin alfombras ni suministro de bar
• Habitaciones simples y dobles con buena iluminación, ventilación natural, agua caliente y de preferencia servicio de cable
• Alimentación los tres tiempos y que no sobrepase los Q100 por día por paciente
• De preferencia con ascensores y rampas
• Seguridad perimetral y parqueos

La idea de utilizar hoteles para pacientes asintomáticos o en recuperación de coronavirus ya fue implementada en otras ciudades como Madrid, España, o Tokio, Japón, que se han visto desbordadas por lo contagios.

Ayer el presidente Alejandro Giammattei dio a conocer que el país vive el periodo con más contagios por coronavirus desde que empezó la emergencia, al registrar un pico de 85 nuevos casos.

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Este domingo 12 de abril, el Ministerio prescindió del evento que lanzó el Viernes Santo 10 de abril para adquirir 15 millones de mascarillas de algodón y lo dio por anulado y finalizado.

El concurso fue convocado el viernes por la noche para presentar ofertas el sábado 11 de abril, pero esa fase se aplazó por 24 horas.

Horas antes de que venciera dicho plazo, esa entidad dio por anulado el evento en el sistema Guatecompras, argumentando que es un día inhábil, lo cual limita la participación de los oferentes en dicho proceso.

El documento donde se prescinde del evento está firmado por el viceministro de Salud, Héctor Marroquín.

Sin embargo, Sandoval explicó a Prensa Libre que “el concurso fue mal redactado porque en el evento se estaban solicitando 15 millones de mascarillas cuando en realidad buscamos adquirir tres millones”.

Agregó que un millón de mascarillas, para completar los tres millones que ofreció el presidente para brindar a la población serán donados por la iniciativa privada.

Para ese tipo de artículos tienen disponibles Q500 millones, añadió el vocero presidencial.

Se buscó la versión de la cartera de Salud acerca de la diferencia de las razones de la cancelación del evento, sin embargo la relacionista pública de la institución, Ana Lucía Gudiel, no ha respondido a la solicitud.

Interés y dudas

Al menos siete personas y empresas habían mostrado interés en el evento ya que lanzaron varias preguntas acerca de las fechas en que se debía entregar el producto, si se podían hacer entregas parciales, y cómo son los dos logotipos que deben llevar las mascarillas requeridos, según establecían las bases del concurso.

Antes de la anulación, ese ministerio respondió que no se permiten ofertas parciales sino debía ser por el total del producto requerido, es decir una misma empresa debía ofertar y entregar los 15 millones de mascarillas.

Además, que la forma y fecha de entrega se estipularía en el contrato a la empresa que fuera adjudicada y que los logotipos serían entregados al oferente adjudicado.

El presidente Alejandro Giammattei informó el jueves 8 de abril que a partir del lunes 13 de este mes la mascarilla será de uso obligatorio para las personas que salgan a la calle. En esa ocasión anunció que el Gobierno adquiriría tres millones de mascarillas para repartirlas a la población que no posee ese insumo.

Por aparte, el Gobierno ya había anulado un primer concurso lanzado el 1 de abril por el mismo ministerio para adquirir un millón de mascarillas N95. El concurso, según el sistema Guatecompras, fue adjudicado a la empresa Wensur, Sociedad Anónima, pero la adjudicación y el evento fueron anulados el 9 de abril.

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Las modificaciones fueron aprobadas por el viceministro de Salud, Héctor Marroquín, bajo los procedimientos establecidos en la cartera y en el estado de Calamidad para evitar la propagación del coronavirus en el país, según los documentos en el sistema de compras.

Las mascarillas o tapabocas requeridas son domésticas y no de grado médico quirúrgico, según la convocatoria.

En los documentos establecen las características del producto, incluso se requiere serigrafía con dos logotipos.

Se añade que el o los oferentes que ganen el concurso deberán hacer entregas parciales de las mascarillas en las bodegas del Ministerio de Salud “de conformidad con lo establecido en el contrato respectivo”.

Sin embargo, ni los logotipos que deberán agregar a las mascarillas ni el contrato (donde se establece cómo efectuar las entregas) están en los documentos publicados en Guatecompras.

Esas mascarillas son para uso de la población, respondió Carlos Sandoval, secretario de Comunicación Social de la Presidencia a consultas efectuadas por periodistas.

El presidente Alejandro Giammattei informó el jueves 8 de abril que a partir del lunes 13 de este mes la mascarilla será de uso obligatorio para las personas que salgan a la calle.

#CoronavirusGT

El @MinSaludGuate busca comprar 15 millones de mascarillas reutilizables según detalla el portal electrónico guatecompras. El cierre de ofertas es este sábado a las 10:30 am.@prensa_libre @Guatevision_tv pic.twitter.com/hxDxi4cAfh

— Douglas Cuevas (@dcuevas_gtv) April 11, 2020

Además, anunció que el gobierno adquiriría tres millones de mascarillas para repartirlas a la población que no posee.

El 1 de abril el Ministerio de Salud convocó a ofertar para adquirir un millón de mascarillas N95. El concurso, según el sistema Guatecompras fue adjudicado a la empresa Wensur, Sociedad Anónima.

Tanto esta empresa como otra participante ofrecieron el producto en Q20 millones, pero la primera, y la cual fue adjudicada, ofreció un menor tiempo de entrega. El precio del tercer participante era de Q28 millones.

Sin embargo, el concurso fue anulado el jueves 9 de abril. En un documento firmado por el viceministro se indica que no se logró firmar contrato por causas imputables al oferente, ya que se intentó contactar a la empresa en reiteradas ocasiones y que en una comunicación que logró con la representante legal de la empresa por medio de un sistema de mensajería instantáneo dijo que la empresa cerró operaciones por Semana Santa.

Ese aspecto no responde a la necesidad urgente de contar con las mascarillas que tiene el Estado, se agregó.

El medio digital Plaza Pública dio a conocer el 8 de abril que la empresa ganadora del primer concurso por 1 millón de mascarillas N95 es propiedad de Wendy Roxana Ruano Fernández, quien fuera directora de Comunicación de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) durante el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), entre 2008 y 2011.

Agrega que por teléfono Ruano les aseguró que en su empresa no existe la disponibilidad del millón de mascarillas, pero “ya solicitó a su proveedor chino para que la abastezca del producto”.  También se añadió que la empresaria mencionó que los procesos de importación están más lentos por lo que no sabe cuándo tendrá las mascarillas, aunque en su oferta decía que en tres días hábiles.

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Sin embargo, los productos fueron adquiridos a empresas individuales que su giro comercial es diferente que el de vender granos básicos.

La Municipalidad de Quezada, Jutiapa, adquirió cinco mil bolsas de víveres, las cuales que incluyen cuatro libras de arroz, cuatro de frijol negro, dos libras de azúcar, dos bolsas de harina de maíz y una libra de sal, por Q290 mil.

La comuna de El Progreso, Jutiapa, compró cuatro mil 800 bolsas con cuatro libras de arroz, cinco de frijol negro, dos libras de azúcar, cinco libras de maíz blanco, una botella de aceite de 430 ml y una libra de sal, por Q299 mil 40. El producto debe estar empacado en bolsa de nailon.

La empresa Aragosand, S.A., fue la que le vendió los productos para ambas municipalidades. Está fue inscrita en el 2017 y su representante legal es Martha Nataly Aragón Sandoval, un mes después de inscrita en Guatecompras recibió su primer contrato por Q1.5 millones, además de otros 56 concursos con la comuna de El Progreso, en total son 63 concursos por Q14 millones 226 mil 428.

La Municipalidad de El Jícaro adquirió 200 quintales de frijol, 500 quintales de maíz y 60 quintales de arroz por Q221 mil 600.

La comuna le compró el producto a José Alejandro Ramírez Mansilla, quien tiene una empresa individual con dos nombres comerciales, Multiservicios Ramírez y Transportes de Oriente. Del 2015 a la fecha le han adjudicado 125 concursos por Q20 millones 88 mil 713.40.

Los concursos otorgados por otras instituciones fueron para el mejoramiento de techo de escuelas y mejoramiento de caminos rurales, así como arrendamiento de un camión cisterna para trasladar agua.

La Municipalidad de San Martín Zapotitlán, Retalhuleu, adquirió por Q179 mil 880 en 11 mil 320 unidades de harina de maíz, 12 mil sopas instantáneas en sobre, ocho mil sobres de fideos, ocho mil libras de arroz, cuatro mil unidades de aceite de medio litro y cuatro mil kilos -ocho mil 800 libras- de azúcar.

La empresa individual beneficiada aparece en Guatecompras a nombre de Mayra Judith Najarro Vásquez, a quien le aparecen  empresas individuales llamadas Multi precios y restaurante Boom Boom. Del 2011 a la fecha le han adjudicado 55 concursos por Q542 mil 116.10.

En Guanagazapa, Escuintla, la comuna busca beneficiar a dos mil 800 familias con básicos. En Guatecompras no aparecen las cantidades ni qué productos compraron, pero lo otorgaron por Q249 mil 998.

El producto lo adquirieron a Cristy Judith Girón Martínez, quien tiene una empresa individual llamada Zenitram, aunque fue inscrita en Guatecompras en el 2006, fue hasta el año pasado cuando empezó a venderle al Estado. Ha recibido 11 licitaciones y 52 compras directas por Q2 millones 391 mil 624.25.

Entre las comunas a las que les ha trabajado están las de Puerto San José, Tiquisate, Palín, Nueva Concepción, Santa Lucía Cotzumalguapa y Sipacate, por contratos por arrendamiento de retroexcavadora, mejoramiento de escuela y tanque elevado para distribución de agua entubada, así como limpieza en mercado de la terminal de buses.

La comuna del Asintal, Retalhuleu, adjudicó cinco mil bolsas de víveres por Q375 mil, las cuales serán entregadas a familias en extrema pobreza.

La adjudicación se otorgó a Carlos Edmundo Bonilla, a pesar de tener empresa individual esta tiene tres nombres comerciales: Distribuidora Mundo, Multiservicios Bec y Tecnología en Sistemas, Tecnosis. Esta empresa ha recibido en total, desde el 2009 a la fecha, 115 concursos por Q2 millones 461 mil 17.64.

La Municipalidad de El Chal, Petén, le adjudicó a Maita Adanilo Carrera Pineda de Constructora Marianela, los productos de canasta básica que serán distribuidos a personas de escasos recursos, esta empresa fue inscrita en Guatecompras en noviembre del 2016, pero fue hasta ahora que le vende al Estado, dos concursos a esta comuna por Q168 mil 160, aparte de los víveres, uno de estos es la conservación de un camino rural de terracería.

Comunas 

• Quezada, Jutiapa, Q290 mil
• San Jorge, Zacapa, Q144 mil 900
• El Jícaro, El Progreso, Q221 mil 600
• El Progreso, Jutiapa, Q299 mil 90
• El Asintal, Retalhuleu, Q375 mil
• San Andrés, Petén, Q418 mil 500
• El Chal, Petén, Q92 mil 125
• Guanagazapa, Escuintla, Q249 mil 998
• San Martín Zapotitlán, Retalhuleu, Q179 mil 880

Insumos sanitarios

Las comunas también buscan proteger a sus colaboradores por lo que han adquirido alcohol en gel y mascarillas. Sin embargo, los precios varían, ya que el precio del galón oscila entre Q150 y Q200. Las mascarillas N95 se adquirieron a Q50 cada una.

El estado de Calamidad Pública permite a las comunas adquirir insumos durante la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus.

La Municipalidad de San Jerónimo, Baja Verapaz, adquirió 33 galones de alcohol en gel a Q4 mil 950, cada uno salió a Q150, la compra se adjundicó al Laboratorios Químicos e Higiénicos, S.A.

Esta empresa ha obtenido de parte del estado 553 concursos por un valor de Q5 millones 807 mil 912.30.

Entre tanto, la Municipalidad de Guatemala adquirió 45 galones de gel en alcohol por un monto de Q9 mil. Cada galón salió a Q200. La empresa beneficiada está a nombre de Nader Youssef Nasser Sanabria, que tiene dos nombres comerciales, Discogua e Inversiones Nasa; del 2004 a 2020 ha obtenido mil 326 concursos por Q171 millones 804 mil 943.41.

Un tonel de gel de base de alcohol fue adquirido por la comuna de la cabecera de Jutiapa por un monto de Q9 mil 500. El producto fue adquirido a la empresa Suminispro a nombre de Óscar David Cano Pineda, ha obtenido 47 contratos por Q629 mil 442.92.

Por aparte, 25 galones del mismo producto fueron comprados por la comuna de Chuarrancho por Q4 mil, cada una salió a Q160. El producto fue adquirido a Persy Marleny Bonilla Guerra que es dueña de la empresa Accesorio, Suministro y Equipo Médico, Asemed, que ha obtenido 698 concursos desde el 2008 a la fecha por Q13 millones 392 mil 164.75.

La comuna de Ipala, Chiquimula, que dirige Esduin Javier Javier, compró mil 380 mascarillas N95 para entregar a los trabajadores municipales. El concurso fue otorgado al Hospital Centro Médico Santa Ariadna, S. A., por un monto de Q69 mil, cada una tuvo un valor de Q50.

El precio es importante

El socioeconomista Carlos Martínez manifestó que por el momento, dada las circunstancias que atraviesa el país por la emergencia del coronavirus, la urgencia de comprar es importante; sin embargo, el precio es lo que se tiene que valorizar, ya que no debe ser mayor al del mercado.

“La crisis sanitaria demuestra que hay urgencia que no puede esperar semanas para la adjudicación, sino que el hecho de que haya un paro en la economía y que estén faltando los ingresos de las familias que viven el día hace que la urgencia sea inmediata a la que hay que dar respuesta, el punto está más en el orden de que los precios sean los razonables, y no tanto quién los está vendiendo y los productos obedecen a la necesidad efectiva”, detalló el profesional.

“Si esa compra o los precios de esa compra están mucho más allá de los precios promedio del mercado, ahí sí hay un cuestionamiento, el problema es que las autoridades no pueden esperar mucho tiempo para responder a las necesidades inmediatas, el paro de la economía es severo a nivel nacional”, agregó.

Martínez manifestó que algunas personas del área rural están resintiendo ese paro en la economía, se tiene que ver la razonabilidad de lo que se necesita y a razonabilidad de los precios, por ser una situación atípica no puede haber un concurso abierto con el tiempo suficiente y por eso la necesidad es inmediata.

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El proceso de adjudicación de un contrato abierto tarda entre seis y ocho meses por lo que estos 11 ya deberían estar en marcha o en análisis de prórroga; sin embargo, solo cuatro están en proceso de elaboración de bases o a la espera de publicar la convocatoria para participar.

Además, de los ocho que pueden ser prorrogados, siete todavía requieren que el ministerio que los utiliza haga la solicitud a Finanzas, según la información de esa cartera.

El contrato abierto más urgente de atender es el que vence el 30 de enero próximo, solo 16 días después del cambio de gobierno, y con el que se adquieren implementos deportivos, recreativos y prendas de vestir de parte de los ministerios de Cultura y Educación.

En febrero vence otro contrato abierto que abastece al ministerio de Salud en plaguicidas,  utilizados para el combate del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya.

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Otros dos contratos vencen en marzo y también afectarían el abastecimiento en la cartera de Salud, pues se trata de material odontológico, relajantes musculares, laxantes, hormonas, antirreumáticos, analgésicos, anticoagulante, coagulante, medicamentos dermatológicos, productos de oftalmología y de cardiología.

En abril finalizan otros dos contratos abiertos que también abastecen a salud, uno es también de plaguicidas y el segundo, de medicamentos.

Papelería y útiles escolares, alimentos para personas e insumos utilizados por la Superintendencia de Administración Tributaria y el Ministerio de Finanzas están entre los productos que no se podrán adquirir por el vencimiento de los contratos en mayo y junio.

Entre los 11 está el contrato que utiliza la cartera de Salud para el abastecimiento de oxígeno en hospitales, cuya prórroga se amplió por seis meses más para poder comenzar el proceso del nuevo contrato abierto, el cual ya está en elaboracióndde las bases.

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Contradicciones

Según el Ministerio de Finanzas, de acuerdocon la Ley, las entidades ejecutoras son las responsables de comenzar un proceso en el caso de los contratos abiertos, por eso, aún esperan a que se solicite la prórroga de algunos que están por vencer.

Sin embargo, el viceministro administrativo de la cartera de Salud, Gustavo Arévalo, afirma que es Finanzas la que debe dar el aviso y comenzar el proceso, en el caso de los contratos abierto.

Arévalo dijo a Prensa Libre que no hay riesgo de desabastecimiento; pero, informó, que será trabajo de las próximas autoridades solicitar las prórrogas o comenzar nuevos procesos de adjudicación.

El viceministro de Salud también estima que no se requerirá de mucho tiempo para adjudicar nuevos contratos abiertos porque son los mismos productos los que se necesitan, por lo que ya se tienen las bases de licitación y características de los insumos que se requieren.

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Arévalo agregó que cuando llegó la actual administración a la cartera encontraron varios contratos abiertos que se prorrogaron muchas veces, lo que no favorece el costo de los productos, por lo que se adjudicaron nuevos.

Por su parte, el ministro de Finanzas designado, Álvaro Gonzáles Ricci, asegura que la nueva administración tiene monitoreado el cien por ciento de los contratos abiertos, porque esto es parte de la transición, pero aseguró que el gobierno saliente “no pueden dejar que los contratos abiertos se venzan porque nos quedamos nosotros –el nuevo gobierno- sin poder suministrar cualquier tipo de producto que se compre a través de estos”.

El próximo ministro también dijo que, a veces, hay mal uso de estos contratos, porque las empresas que los proveen no tienen inventario y es necesario hacer compras directas, por lo que se desvirtúa la razón de ser de un contrato abierto.

Sin embargo, la próxima administración continuará con los procesos actuales para adjudicar nuevos contratos o hacer sus prórrogas.

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Negligencia

Karin Slowing, exsecretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, calificó como negligencia de parte de la actual administración el hecho de que, aunque se requieren entre seis y ocho meses para adjudicar un nuevo contrato abierto, no hay avances en estos casos.

“El custodio de las finanzas del Estado es -el Ministerio de – Finanzas y si una entidad ejecutora no ha hecho lo que se requiere, está obligado a presionar”, afirmó.

La exfuncionaria asegura que el Estado debe tener un sistema de alerta temprana para detectar los contratos abiertos que vencerán y agilizar los procesos. En estos casos, los 11 contratos abiertos debieron comenzarse a trabajar desde el año pasado.

“La complejidad de esas compras es grande, un contrato abierto no se puede hacer a la ligera y en poco tiempo, todo tiene que pasar por distintas áreas y son procesos normados”, reitera la exfuncionaria.

Además, Slowing resalta que, debido a esa falta de control, las empresas pueden aprovecharse y los precios no ser los adecuados, o peor aún, que haya desabastecimiento de los productos y en este caso también será la población la más perjudicada.

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El equipo médico fue arrendado luego que el hospital reabrió la sala de intensivo para recién nacidos.

El 13 de septiembre en el portal Guatecompras el Hospital de Retalhuleu creó el concurso para alquilar el equipo médico mediante una compra directa que según los términos de referencia la oferta no debía superar los Q90 mil.

La única empresa que ofertó fue Oxi-Rent Sociedad Anónima, y su oferta para alquilar los equipos fue de Q89 mil 999.

Este año Oxi-Rent ganó mil 50 adjudicaciones en Guatecompras por un monto de Q48 millones 453 mil 19.53, la mayoría de contratos fueron con el Ministerio Salud y e Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

Óscar Soto, director del centro asistencial, comentó que el hospital no cuenta con el equipo para un intensivo, pero se gestionó para tener un presupuesto de arrendamiento para los ventiladores y por esa razón se habilitó el área que estuvo abandonada desde hace 24 años.

“Anteriormente los niños que necesitaban cuidado intensivo había que darles respiración artificial manualmente o enviarlos a otros hospitales de la región, en ocasiones los recién nacidos fallecieron durante el traslado”, dijo Soto.

“El Ministerio de Salud tiene la capacidad de invertir en equipo, pero realmente desconocemos porque no lo hacen, no me opongo al proyecto, pero creo que sería mejor comprara el equipo y no arrendarlo”, expresó Valencia.

Para Nely García, otra vecina de Retalhuleu, opinó que las madres que llevan a sus niños al centro asistencial ansían que el enfermo recupere su salud por lo que es necesario que el hospital de este departamento esté equipado. “Pasan gobiernos y cada vez es peor la atención en los hospitales por falta de medicamentos y equipo médico”, recalcó García.

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La herramienta fue lanzada por las autoridades del Ministerio de Finanzas (Minfin) para permitir una mayor competitividad y desarrollar a ese sector de la economía.

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La aplicación permitirá realizar adquisiciones hasta un monto de Q90 mil, afirmó el ministro Víctor Manuel Martínez y la innovación permitirá el desarrollo de las pymes que ofertan al Estado.

Los pasos para poder participar son presentar la oferta económica, la constancia de inscripción, declaración jurada, consultar las bases y cumplir con los requisitos de inscripción como proveedor del Estado.

El primer evento que se celebró con esta aplicación es la compra de un lote de cuatro computadoras para una institución en Santa Rosa.

El embajador de Estados Unidos en el país, Luis Arreaga, expuso que la inversión pública inyecta recursos a la economía y la dinamiza y estos sistemas son beneficiosos y transparentes.

Los registros señalan que en Guatecompras se realizaron transacciones por Q41 mil millones cada año, con 60 mil visitas y en 2018, se realizaron 1.2 millones.

Guatecompras fue creado en el 2003.

Descarga la nueva APP de #Guatecompras y ofrece tus servicios y productos en el mercado electrónico más grande de la región
@GuatemalaGob @AGN_noticias @DiariodeCA pic.twitter.com/um6eikpkpY

— Minfin Guatemala (@MinfinGT) November 21, 2019

Caja fiscal

Por aparte el ministro Martínez, confirmó que se dejará en la caja fiscal Q1 mil 800 millones para el nuevo gobierno.

La apertura del presupuesto 2020 empezará el 1 de enero y este monto será para cumplir con los compromisos.

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Martínez indicó que al menos Q700 millones serán para cubrir al Ministerio de Educación, y el resto para el pago de aguinaldo y el pago del servicio de la deuda.

Entre las implementaciones está el asistente virtual, el rediseño de la página de Guatecompras y ahora crearon una fanpage llamada Guatecomprasgt.

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En 2018 el superintendente Abel Cruz Calderón, informó que la proyección era hacer el cambio de las matrículas en el primer semestre del 2020, luego de concluir con el proceso administrativo de licitación y adjudicación.

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El primer proceso para la adquisición de las placas fue impugnado y el viernes 18 de octubre, la SAT publicó las bases y convocatoria para realizar una nueva adjudicación. Sin embargo, todo apunta que el proceso podría retrasarse por los tiempos de adjudicación, fabricación y distribución.

El evento está identificado con el número de NOG 11294345, licitación SAT-LI-19-2019 para la adquisición de placas y las ofertas se conocerán en 40 días, según el portal Guatecompras.

La SAT dijo que no se hará un cambio generalizado de las placas, sino únicamente se suplirá la necesidad de eliminar las placas de cartón y para la emisión de primeras placas.

Oferta

Según el reporte, la SAT adquirirá un millón 645 mil juegos de placas.

Del total, 835 mil serían pares de placas metálicas para vehículos y 810 mil para vehículos que utilizan una placa.

Además, se contará con inventario de los juegos de placas.

El Registro Fiscal de Vehículos, da cuenta que el país circulan:

•  1.4 millones de motocicletas
• 781 mil automóviles
• 612 mil picops
• 483 mil camionetas o camionetillas
• 158 mil camiones
• 113 mil buses
• 27 mil plataformas o furgones

Cambio histórico

En Guatemala, el último cambio generalizado de placas de vehículos terrestres se realizó en 2004 y previó en 1988.

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Cruz Calderón explicó que las normas internacionales indican que se recomiendan que cada 10 años se realice el cambio generalizado de placas.

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El proceso tardó 10 minutos desde que se publicó el concurso hasta la adjudicación, 10. 46: 22 a las 10. 55: 18 del mismo día, según el registro de Guatecompras. Las ofertas para el inmueble se recibieron en papel.

Amarini Villatoro tiene contrato con la Fedefut hasta el 31 de diciembre y es muy común que tanto equipos como federaciones alquilen inmuebles para sus directores técnicos, todo depende del trato al que lleguen entre ambas partes.

Jorge Mario Véliz, asesor del comité ejecutivo de la Fedefut, asegura que el proceso se hizo el 26 de agosto del 2019 (documento adjunto), y que no se explican por qué se publicó en el sitio Guatecompras bajo estado de Sitio y en esa fecha.

El hallazgo del alquiler del inmueble se hizo al efectuar una búsqueda en Guatecompras de los eventos que se han publicado bajo el estado de Sitio.

El estado de Sitio se decretó el 4 de septiembre, después de que una tropa del Ejército fuera emboscada y murieran tres de sus integrantes en la comunidad Semuy 2, El Estor, Izabal: Carlos Steven Mayen Cabrera, Isaías Beleu Caal y Leonel Seb Tun.

La restricción de garantías constitucionales es por 30 días en 22 municipios de Izabal, Petén, El Progreso, Zacapa, Alta Verapaz y Baja Verapaz.

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