Presupuesto 2026

3 de abril de 2026

05:50h

Al 28 de febrero de 2026, la recaudación neta de los impuestos administrados por la SAT ascendió a Q18 mil 467.2 millones. (Foto Prensa Libre: Cortesía SAT)

Durante los primeros dos meses del año, la recaudación mostró un crecimiento interanual de 6.4%. No obstante, tras los acontecimientos registrados en marzo que inciden en la geopolítica internacional, se evaluarán nuevos escenarios de cierre para este año y proyecciones hacia 2027.

El jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Werner Ovalle, informó que, al 28 de febrero de 2026, la recaudación neta de los impuestos administrados por esa institución ascendió a Q18 mil 467.2 millones, lo que representa un incremento interanual de 6.4%, equivalente a Q1 mil 108.4 millones adicionales respecto al mismo período de 2025.

El dato presentado aún no refleja los posibles efectos derivados del conflicto geopolítico internacional, que ha mantenido presiones sobre los precios de los productos energéticos refinados que Guatemala importa.

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“En cuanto al shock en los precios de los combustibles, su impacto dependerá de la respuesta de la actividad económica. Considerando que la recaudación presenta rezagos respecto a su comportamiento, será necesario observar su evolución al cierre del mes de marzo y de forma integral durante los próximos meses”, explicó Ovalle.

Werner Ovalle, jefe de la SAT. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Comisión evaluará recaudación ante incertidumbre global

En mayo, la Comisión Técnica de Finanzas Públicas (CTFP) tiene previsto elaborar los escenarios de recaudación para 2026, en función del contexto internacional, con el objetivo de confirmar las cifras vigentes o, en su caso, ajustarlas.

Para este ejercicio fiscal, se proyecta una recaudación de Q119 mil millones.

No obstante, la CTFP deberá evaluar si, pese a la incertidumbre y al entorno internacional, la recaudación de impuestos —que financia el programa de gastos— si se mantiene sólida, lo que permitiría prever resultados fiscales positivos.

El análisis partirá de la evaluación que realizará la Junta Monetaria sobre la política monetaria, cambiaria y crediticia, prevista para las próximas semanas, así como de la revisión de distintos indicadores de corto plazo.

En ese contexto, la CTFP —integrada por el Banco de Guatemala (Banguat), el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), la SAT y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán)— deberá perfilar el escenario de recaudación fiscal para este año, así como la estructura proyectada para 2027.

Ejecución presupuestaria del Organismo Ejecutivo alcanza el 18.62% en primer trimestre del 2026

Tue, 31 Mar 2026 06:14:00 +0000

Guatemala

Suscriptores

Ejecución presupuestaria del Organismo Ejecutivo alcanza el 18.62% en primer trimestre del 2026

Mientras Educación supera el 25% de ejecución presupuestaria, el Ministerio de Comunicaciones apenas rebasa el 6%, según datos oficiales del Ministerio de Finanzas Públicas.

31 de marzo de 2026

00:14h

A pocos días de finalizar febrero el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, (CIV), es el que presenta la menor ejecución en el 2026. (Foto Prensa Libre: Daniel Samayoa)

Al cierre del primer trimestre del 2026, las dependencias del Organismo Ejecutivo evidencian un ritmo moderado de ejecución para el presupuesto de Q167 mil 109 millones 19 mil 119.67, vigente para el 2026.

Según información del portal de Transparencia Presupuestaria del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), al 30 de marzo se han ejecutado Q31 mil 107 millones 703 mil 29.02, equivalentes a 18.62% del presupuesto. Este monto corresponde a lo ejecutado por los 14 ministerios, la Presidencia, la Procuraduría General de la Nación (PGN), secretarías y otras dependencias, así como otras obligaciones financieras.

Según la información, hasta la fecha han ejecutado más de Q21 mil 716 millones de quetzales en gastos de funcionamiento, Q5 mil 277 millones para inversión y más de Q3 mil 996 millones para deuda pública.

En cuanto a los gastos de funcionamiento un total de Q10 mil 159 millones han sido destinados a desarrollo humano, en este rubro se encuentra el pago de los salarios de todos los trabajadores que laboran en los diferentes ministerios y dependencias del Estado. Q9 mil 377 millones se han destinado a transferencias corrientes, es decir, recursos que el Estado entrega a otras instituciones, organizaciones o personas para cubrir gastos de funcionamiento, como salarios, subsidios o aportes, mientras que más de Q2 mil 179 millones se han dirigido hacia gastos de administración.

En cuanto a la inversión, más de Q5 mil 76 millones se han destinado a transferencias de capital, mientras que a inversión física se han destinado poco más de Q200 millones 860 mil.

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Hacia donde se han destinado los recursos

Según el portal, el presupuesto ejecutado por el Organismo Ejecutivo ha sido distribuido de la siguiente manera:

Educación: Q7 mil 630 millones
Transacciones de la deuda pública: Q4 mil 113 millones
Urbanización y servicios comunitarios: Q3 mil 724 millones
Protección social: Q3 mil 552 millones
Orden Público y Seguridad Ciudadana: Q3 mil 609 millones
Salud: Q2 mil 907 millones
Asuntos económicos: Q2 mil 427 millones; Salud, Q2 mil 893 millones
Servicios Públicos Generales: Q1 mil 814 millones
Actividades recreativas, deportivas, cultura y religión: Q375 millones
Defensa: Q563 millones 960 mil
Protección ambiental: Q274 millones 786 mil
Atención a desastres y gestión de riesgos: Q106 millones 967 mil

Porcentajes de ejecución por cartera

En el informe también se detalla cómo avanza la ejecución presupuestaria de cada uno de los ministerios y entidades gubernamentales.

De los 14 ministerios, el Ministerio de Educación (Mineduc) es el que presenta la mayor ejecución, ya que de su presupuesto vigente de Q26 mil 591 millones 500 mil ha ejecutado Q6 mil 692 millones 739 mil 888.78, equivalente a 25.17%. De este monto ha destinado Q6 mil 688 millones a gastos de funcionamiento y Q4 millones 561 mil 223.65 para inversión física.

En segundo lugar, se encuentra el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), que de se presupuesto vigente de Q16 mil 537 millones 678 mil ha ejecutado Q3 mil 9 millones 61 mil 866.29 que equivalen al 18.20%. La cartera ha ejecutado más de Q2 mil 968 millones en funcionamiento y Q40 millones 102 mil han sido destinados a inversión.

En tercer puesto se coloca el Ministerio de Gobernación (Mingob), que de su presupuesto de Q9 mil 754 millones 355 mil 600 ha ejecutado Q. 1 mil 726 millones 5 mil 597.89 equivalentes al 17.69%. La cartera del interior ha destinado poco más de Q1 mil 723 millones a funcionamiento y Q2 millones 656 para inversión.

En contraste, en el último puesto se encuentra el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), que del presupuesto vigente de Q. 8 mil 344 millones 667 mil 692 ha ejecutado únicamente 6.36%%, equivalente a Q. 530 millones 521 mil 310.05. La cartera ha destinado poco más de Q387 millones 290 mil a funcionamiento y Q143 millones 230 mil para inversión.

¿En qué ha gastado el CIV en el 2026?

En el 2025 el Ministerio de Comunicaciones fue el que tuvo la ejecución más baja al finalizar el año según reportes de la ejecución presupuestaria del Minfin del año anterior. Durante el 2026 ha realizado un gasto por más de Q384 millones para gastos de funcionamiento y poco más de Q143 millones para inversión.

La distribución del gasto de funcionamiento es la siguiente:

Transporte, Q433 millones 790 mil 924.39
Asuntos económicos n.c.d. (no clasificados detalladamente), Q24 millones 983 mil 967.91;
Comunicaciones, Q13 millones 969 mil 268.39.
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general, Q3 millones 419 mil 762.15
Urbanización y servicios comunitarios, Q14 millones 711 mil 901.92
Orden público y seguridad ciudadana, Q13 millones 973 mil
Protección social, Q8 millones 679 mil 347.55
Atención a desastres y gestión de riesgos, Q7 millones 192 mil 25.79.
Actividades deportivas, recreativas, cultura y religión, Q5 millones 746 mil 226.73

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Planificación, readecuación y coyuntura

A criterio de Delfino Mendoza, analista en temas de infraestructura de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), al inicio de cada año siempre se presenta una baja ejecución debido a trámites administrativos en los sistemas de control financiero. “Durante este periodo, los pagos se concentran en gastos de funcionamiento y salarios, siendo mínima la ejecución en el rubro de inversión”, asegura.

También indica que un aspecto que pudo haber afectado la ejecución al inicio del año fue la suspensión por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC) del presupuesto que había sido aprobado para el 2026, lo que dejó vigente el presupuesto del 2025 y provocó readecuaciones presupuestarias.

“A ello debe sumarse la decisión del Ejecutivo de gestionar una ampliación presupuestaria para ubicar al presupuesto del 2026 en el monto originalmente aprobado por el Congreso; esto nuevamente representa nuevas readecuaciones e incluso modificaciones al Plan Operativo Anual (POA) y al Plan Anual de Compras (PAC)”, afirma.

Sobre la ejecución de carteras como Educación, Gobernación, Defensa y Salud, Cristhians Castillo, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac), indica que esta ha presentado mayor dinamismo debido a la coyuntura del inicio del 2026, pero considera que todos los ministerios deberían estar “comprometidos” en apoyar a la ciudadanía en el ámbito que les corresponde.

“La gestión gubernamental y la ejecución del presupuesto no debe recaer en dos o tres ministerios, sino en todo el gabinete. Los 14 ministerios deben estar comprometidos con elevar la calidad de vida de la población”, afirma Castillo.

Sobre la baja ejecución del CIV

En cuanto a la baja ejecución mostrada hasta el momento por el Ministerio de Comunicaciones, Mendoza indica que representa un leve aumento con relación a enero, cuando cerró con 0.85% y febrero que cerró con 1.89%. No obstante, asegura que la mayor parte del presupuesto de la cartera se destina a inversión, un área que requiere más gestiones administrativas previas.

“La expectativa es que el CIV, a partir de tener certeza sobre su presupuesto, realice las gestiones necesarias para agilizar la ejecución física de proyectos, tratando de aprovechar la época de verano, que es la mejor para la ejecución de proyectos viales, y estas acciones deben reflejarse en su ejecución al finalizar el primer trimestre; de lo contrario, podría complicársele su situación”, afirma Mendoza.

En este mismo aspecto, Cristhians Castillo considera que ya en el tercer año del actual gobierno “no debería haber excusas” para justificar la baja ejecución de algunas carteras, como el Ministerio de Comunicaciones, que continúa “priorizando obras de arrastre, dejando de lado proyectos propios”, lo que estanca su presupuesto y ejecución.

“En el tercer año de gobierno ya no existen excusas. No solamente hay conocimiento de cómo funciona la administración pública, sino que se deberían implementar aspectos para mejorar la ejecución. Es intolerable que el Ministerio de Comunicaciones siga sin encontrar la ruta para una ejecución ágil de los recursos”, puntualizó.

Minfin publica reglamento para colocar Bonos del Tesoro en el 2026 por Q24 mil millones

Fri, 06 Mar 2026 18:46:08 +0000

Inversiones

Minfin publica reglamento para colocar Bonos del Tesoro en el 2026 por Q24 mil millones

El reglamento para la emisión, negociación y colocación de Bonos del Tesoro del ejercicio 2026 fue publicado por el Ministerio de Finanzas Públicas y entra en vigor este viernes 6 de marzo e incluye participación de pequeños inversionistas.

6 de marzo de 2026

12:46h

Luego de poner en vigor el reglamento para emisión y negociación de Bonos del Tesoro, el Minfin decidirá cuando inicia las colocaciones. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

El monto de Bonos del Tesoro aprobado para el ejercicio fiscal del 2026 es de Q24 mil 098.9 millones, los cuales pueden ser colocados durante el año por medio de diferentes modalidades.

El reglamento está contenido en el Acuerdo Gubernativo 26-2026 y establece la regulación para emitir, negociar, colocar y liquidar estos títulos, así como para operaciones de rescate y canje, además del servicio de pago de los bonos.

Contiene las reglas para inversionistas institucionales, así como los mecanismos para que también participen pequeños inversionistas.

El reglamento establece que se podrán emitir Bonos del Tesoro, certificados representativos globales y bonos estandarizados anotados en cuenta.

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Como mecanismos de colocación se mencionan subastas públicas, ventanilla, licitaciones, colocación directa, colocaciones especiales o negociaciones directas que pueden realizarse a través de la Bolsa de Valores, agentes financieros autorizados y sistemas electrónicos de negociación, según el documento.

Entre algunas características de los bonos se establece que tienen el respaldo del Estado de Guatemala, pago periódico de intereses y plazos definidos.

Además, si el inversionista necesita liquidez tiene la posibilidad de vender los bonos antes del vencimiento por medio del mercado secundario. Los títulos también pueden ser electrónicos y contar con custodia electrónica, por lo que no necesitan guardarse físicamente.

El reglamento también establece la facultad para la colocación de títulos valores conocidos como bonos temáticos, que demanda el mercado, y que pueden incluir Bonos Verdes, Bonos Azules y Bonos Sociales. Estos pueden emitirse para financiar proyectos específicos del Estado, así como negociarse y colocarse en moneda nacional o extranjera y a nivel nacional e internacional.

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Las convocatorias y los resultados de los eventos los da a conocer el Minfin, entre otros medios, a través del sitio https://www.minfin.gob.gt/.

Pequeños inversionistas

Se establecen condiciones para la colocación de títulos valores para pequeños inversionistas, que incluyen:

El monto mínimo de inversión inicial para cada pequeño inversionista es desde Q5 mil o US$650.
Deben ser personas individuales y podrán efectuar sus inversiones por medio de agentes de bolsa o bancos del sistema autorizados, y en las ventanillas que el Minfin decida habilitar para ello, según el reglamento.
Se establece que, acorde a su capacidad financiera, puede invertir hasta un monto máximo de Q1 millón o hasta US$125 mil en cada ejercicio fiscal.

Para financiar el presupuesto

Los Bonos del Tesoro son una de las herramientas del Estado para financiar el presupuesto, explicó Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

Sin embargo, indicó que las colocaciones no son inmediatas, ya que se analiza el mercado antes de lanzar las convocatorias.

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En el caso de los pequeños inversionistas, participarán cuando entidades como agentes de bolsa o bancos del sistema adopten esa herramienta.

Para el 2026 el monto máximo vigente es de Q24 mil 098.9 millones, añadió.

El monto originalmente aprobado para el presente año fiscal fue de Q25 mil 598.9 millones, pero al ser suspendido provisionalmente por la Corte de Constitucionalidad (CC) el decreto del Presupuesto de Ingresos y Egresos, se puso en vigencia el del 2025, que establecía Q25 mil 104.2 millones.

La cifra fue ajustada con la ampliación presupuestaria aprobada a finales de enero en el Congreso, y se disminuyó a Q24 mil 098.9 millones, porque se decidió usar más recursos de caja en lugar de este endeudamiento, explicó Barrientos.

Guatemala debe Q253 mil millones: cómo podría el aumento de la deuda pública afectar su bolsillo

Mon, 02 Mar 2026 21:41:27 +0000

economía

Guatemala debe Q253 mil millones: cómo podría el aumento de la deuda pública afectar su bolsillo

Guatemala debe Q253 mil millones y, aunque equivale al 26.8% del PIB, vale preguntarse cómo este endeudamiento puede impactar impuestos, crédito y oportunidades futuras.

Glenda Burrión

2 de marzo de 2026

15:41h

El aumento de la deuda pública implica que una mayor parte de los impuestos que pagan los guatemaltecos se destina al servicio de compromisos financieros del Estado. (Foto, Prensa Libre: Juan Diego González).

La deuda pública no es un dato lejano ni exclusivo para los economistas. Tal y como ocurre cuando usted solicita un crédito personal, desde el momento en que adquiere la deuda debe destinar cada mes una parte de su salario para pagar capital e intereses. Con el Estado sucede algo similar: cuando el Gobierno se endeuda, adquiere compromisos que deben cubrirse con recursos públicos, es decir, con los impuestos que aportan los ciudadanos.

Si la deuda pública continúa aumentando, cada vez más fondos del presupuesto se destinan a cumplir esas obligaciones, reduciendo el margen para invertir en servicios, infraestructura o programas sociales. Entender cómo funciona este proceso permite dimensionar de qué manera el crecimiento del endeudamiento puede terminar afectando su bolsillo.

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Guatemala debe en deuda pública Q253 mil millones

En 2025, Guatemala cerró con un saldo de Q253 mil 48 millones, equivalente al 26.8% del Producto Interno Bruto (PIB). Aunque el Ministerio de Finanzas (Minfin) sostiene que el nivel es manejable, el crecimiento sostenido del endeudamiento tiene implicaciones para cada guatemalteco.

En la última década, la deuda pública aumentó más del doble. En 2015 el saldo total ascendía a Q118 mil 625 millones y para 2025 alcanzó Q253 mil 48 millones, lo que representa un incremento de 113%, equivalente a Q134 mil 423 millones adicionales.

El aumento se registró tanto en la deuda interna, que pasó de Q65 mil 382 millones a Q138 mil 299 millones, como en la externa, que subió de Q60 mil 293 millones a Q114 mil 749 millones. Aunque la relación deuda/PIB se mantiene por debajo del 30%, el crecimiento nominal del saldo refleja una tendencia sostenida al alza.

Deuda pública en 26.8% del PIB: ¿nivel manejable o señal de alerta?

Un endeudamiento equivalente al 26.8% del PIB, es decir, por debajo del 30%, significa que el total de compromisos financieros del Estado es menor a una tercera parte de todo lo que produce la economía guatemalteca en un año.

El Producto Interno Bruto (PIB) representa el valor total de bienes y servicios generados en el país durante ese período, y en este caso la deuda equivale al 26.8% de ese total.

Este porcentaje se utiliza como referencia para medir la capacidad de pago del país y evaluar si el nivel de endeudamiento es sostenible en relación con el tamaño de su economía. Cuanto menor es el porcentaje, menor es la percepción de riesgo ante inversionistas y organismos internacionales.

Más recursos del presupuesto se destinan a pagar deuda

En 2025, el presupuesto destinó Q18 mil 499 millones para el servicio de la deuda (capital e intereses), un aumento del 81% en una década.

Esto significa que:

16.4% de los ingresos tributarios se destinan al pago de deuda.

Es dinero que ya no puede utilizarse en nuevos hospitales, carreteras o programas sociales.

Cuando el servicio de la deuda crece, reduce el margen del Estado para invertir en otras áreas prioritarias.

Impacto potencial en impuestos futuros

El saldo de la deuda debe pagarse. Si el crecimiento continúa, el Estado podría necesitar:

Aumentar la recaudación.

Crear nuevos impuestos.

Ajustar el gasto público.

En términos prácticos, el endeudamiento actual puede traducirse en mayores cargas fiscales para las próximas generaciones.

Influencia en tasas de interés y crédito interno

Cuando el Gobierno coloca deuda en el mercado interno, compite por recursos financieros con empresas y ciudadanos.

Si el Estado ofrece tasas atractivas para captar fondos:

Puede encarecer el crédito para empresas.

Puede elevar tasas para préstamos hipotecarios o personales.

Aunque en 2024 y 2025 se ha recurrido más a deuda externa —con tasa promedio menor (5.52%) que la interna (6.94%)—, el peso de la deuda sigue teniendo efectos en el sistema financiero.

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Riesgo y sostenibilidad a largo plazo

Aunque la relación deuda/PIB se mantiene por debajo de 30% —27.2% en 2023, 26.3% en 2024 y 26.8% en 2025—, el saldo nominal sigue creciendo.

El desafío no es solo cuánto se debe, sino:

Si los proyectos financiados generan beneficios económicos y sociales.

Si el crecimiento del PIB acompaña el aumento del saldo.

Si el pago de intereses no desplaza gasto prioritario.

¿Es alta la deuda para Guatemala?

En comparación regional, Guatemala mantiene uno de los niveles de deuda/PIB más bajos de Centroamérica. Sin embargo, también tiene uno de los niveles de gasto público más reducidos.

Para el ciudadano, la pregunta clave no es únicamente si la deuda es baja o alta, sino si el endeudamiento se traduce en:

Más oportunidades.

Mejor infraestructura.

Mayor cobertura social.

Crecimiento económico sostenible.

La deuda pública, en última instancia, se paga con recursos nacionales. Por ello, apunta el analista Fredy Arizmendy Gómez, su uso eficiente y transparente es determinante para que no se convierta en una carga futura sin retorno social.

Ejecutivo publica distribución de ampliación por Q9 mil 236 millones para sumar Q167 mil 109 millones de Presupuesto 2026

Mon, 02 Mar 2026 19:55:12 +0000

programa de gasto

Ejecutivo publica distribución de ampliación por Q9 mil 236 millones para sumar Q167 mil 109 millones de Presupuesto 2026

La distribución analítica de la ampliación presupuestaria que aprobó el Congreso de la República por Q9 mil 236 millones a finales de enero fue publicada este lunes, por lo que el Ejecutivo recupera un presupuesto por encima de Q167 mil millones para ejecutar en este ejercicio fiscal.

2 de marzo de 2026

13:55h

El Ministerio de Finanzas Públicas publicó la distribución analítica de la ampliación presupuestaria por Q9 mil 236 millones, con lo cual modifica el presupuesto general de ingresos y egresos.. (Foto Prensa Libre: Cortesía Caminos)

El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) publicó la distribución analítica de la ampliación presupuestaria por Q9 mil 236 millones que aprobaron los diputados el pasado 28 de enero.

Esto significa que el Minfin contará con un presupuesto de Q167 mil 109 millones para ejecutar en este ejercicio fiscal, luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendiera el 30 de diciembre del 2025 la apertura del presupuesto por Q163 mil 469.3 millones.

Con la publicación del acuerdo gubernativo 19-2026, el Minfin modifica el presupuesto general de ingresos y egresos.

Por ejemplo, el acuerdo gubernativo establece créditos y débitos presupuestarios para los ministerios de Gobernación, Educación, Salud Pública, Comunicaciones, Defensa Nacional, Relaciones Exteriores, Agricultura y Economía, así como para Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro. Los rubros se cargarán en los registros de aprobación del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin).

Es decir, el presupuesto no puede ejecutarse con la ampliación aprobada sin que antes se efectúe la distribución analítica en el Sicoin, tal como lo establece la ley.

El acuerdo gubernativo también define la asignación presupuestaria a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes). Según el documento, deberán actualizar los proyectos en el Sistema de Información de Inversión Pública y obtener, al menos, el estado “pendiente” para gestionar la modificación presupuestaria ante la cartera del Tesoro, a fin de que se entreguen los recursos.

Para ello también se definieron varios pasos a seguir.

Ampliación eleva recursos a ministerios clave

Con la ampliación aprobada por el Legislativo en enero y tras continuar los diferentes procesos administrativos, se recupera la estructura presupuestaria que el Congreso de la República aprobó en noviembre del 2025.

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Los ministerios con mayor asignación presupuestaria en la ampliación corresponden a los sectores social y de seguridad.

En la ampliación, el Ministerio de Educación recibirá Q1 mil 61 millones; el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Q1 mil 337 millones, y el Ministerio de Gobernación, Q1 mil 481 millones, que son las carteras con más recursos asignados. También se destinan Q1 mil 374 millones para Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro; Q223 millones para secretarías y otras dependencias, y Q1 mil 206 millones para servicios de la deuda.

Por otro lado, los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) recibirán una ampliación de Q1 mil 300 millones. Además, se incluye un aporte de Q500 millones al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para las elecciones generales del 2027; Q600 millones para modernizar el sistema metropolitano de transporte, puertos, aeropuertos y Ferrovías; Q437 millones para el Instituto Nacional de Electrificación; Q500 millones para la construcción de una cárcel de máxima seguridad, y Q25 millones para la Superintendencia de Competencia, entre otros rubros.

En diciembre del 2025, el Minfin declaró que la suspensión del presupuesto del 2026 no impedía la gestión del Gobierno, pero sí limitaba la creación y ampliación de programas e inversiones.

Deuda pública sube a 26.8% del PIB y tres factores impulsaron su crecimiento

Mon, 02 Mar 2026 06:10:00 +0000

crédito público

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Deuda pública sube a 26.8% del PIB y tres factores impulsaron su crecimiento

El endeudamiento público se situó en 26.8% del producto interno bruto (PIB) y alcanzó un monto de Q253 mil 48 millones, con lo cual mantiene una tendencia creciente, según un reporte oficial del Ministerio de Finanzas (Minfin).

2 de marzo de 2026

00:10h

El endeudamiento público se situó en 26.8% del producto interno bruto (PIB) y alcanzó Q253 mil 48 millones, con lo cual mantiene una tendencia creciente. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Guatemala incrementó su nivel de deuda pública —que incluye el endeudamiento interno y externo— durante el 2025 y alcanzó Q253 mil 48 millones, según el reporte de Operaciones de Crédito Público (OCP) que actualizó las cifras.

Los datos confirman una tendencia de crecimiento en los últimos años, tanto en la deuda interna —bonificable— como en la externa, correspondiente a préstamos. El reporte expone una perspectiva sobre bonos, préstamos, tasas de interés, tipo de moneda, diferentes instrumentos y otros indicadores.

A diciembre del 2025, la relación de endeudamiento respecto del PIB se situó en 26.8%, superior al 26.3% registrado en el 2024. Durante el 2020, el indicador fue de 31.5%; en el 2021, 30.6%, y en el 2022 alcanzó 29%, asociado a los efectos de la pandemia, cuando se recurrió al endeudamiento.

Para el 2026, el saldo de la deuda pública podría alcanzar Q280 mil millones, por el cupo aprobado por el Congreso de la República.

Deuda pública crece 113% en una década

En las cifras históricas del reporte, al cotejarlas con las del 2015, el indicador presenta un incremento del 113% en una década, es decir, Q134 mil 423 millones más.

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Por ejemplo, en el 2015 el saldo total era de Q118 mil 625 millones y cerró en Q253 mil 48 millones el año pasado.

En ese mismo período, la deuda interna creció 111%, al pasar de Q65 mil 382 millones a Q138 mil 299 millones, es decir, un aumento de Q72 mil 917 millones. En cuanto a la deuda externa, aumentó 90% en 10 años y pasó de Q60 mil 293 millones a Q114 mil 749 millones, según el informe oficial.

Deuda externa gana espacio en la estructura

El reporte clasifica las Operaciones de Crédito Público (OCP) por tipo. Del monto total registrado a diciembre del 2025, Q219 mil 504 millones corresponden a deuda bonificable y Q33 mil 543 millones, a préstamos.

De la deuda bonificable total, Q138 mil 299 millones son internos y Q81 mil 205 millones, externos.

Además, el 54.7% corresponde a deuda interna y el 45.3%, a externa el año pasado. En el 2024 fue 54.9% y 45.3%, respectivamente. La tendencia muestra que la deuda externa gana mayor peso en la estructura observada en el período 2024-2025.

Pide fortalecer mercado interno de deuda

Fredy Arizmendy Gómez, exanalista de las Operaciones de Crédito Público (OCP), explicó que, aunque el indicador total de deuda crece, sobresale la externa sobre la interna, cuyo peso, según él, se ha reducido.

En las cifras históricas del reporte, al cotejarlas con las del 2015, el indicador presenta un incremento del 113% en una década, es decir, Q134 mil 423 millones más.

A su juicio, el indicador ha continuado su tendencia de no dar mayor importancia al mercado interno, en el cual ya se consolidó un segmento de pequeños inversionistas que reciben ingresos por tasas de interés (retornos). Sin embargo, se continúa colocando deuda en el mercado externo (eurobonos), cuando técnicamente el mercado interno debería seguir desarrollándose, lo que puede implicar incrementar las posturas para pequeños inversionistas.

Consideró que se requiere mayor volumen y tasas de interés claras.

“No es un tema solo financiero, sino del desarrollo del mercado de valores, que es de muy alta importancia”, remarcó.

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El especialista aseguró que para el ciudadano existe un aspecto clave: el saldo de la deuda debe pagarse a los acreedores, y recordó que esta debe utilizarse para inversión, sobre todo aquella rentable a nivel social.

“El ciudadano debe cuestionar que la deuda pública sea para el país, porque se tendrá que pagar ahora o en las siguientes generaciones. Si es inversión social rentable, no hay problema, por ejemplo, para educación”, remarcó.

Gómez concluyó que siempre se dice que Guatemala cuenta con baja deuda al compararse con otros países de la región, pero también es un país con bajo gasto. No obstante, el tamaño del pago del servicio de la deuda ya representa un gasto significativo en el presupuesto.

“Claramente se tiene una política de incrementar la deuda sin aplicar criterios técnicos para aumentar la rentabilidad de las inversiones o pagar costos más altos, como tasas altas en bonos internos, cuando la autoridad monetaria las ha reducido”, aconsejó.

Servicio de la deuda sube 81% en una década

El reporte indica que, por el total del servicio del endeudamiento de préstamos externos y bonos, en el 2025 se pagaron Q18 mil 499 millones.

El servicio para préstamos fue de Q9 mil 190 millones y para bonos, de Q9 mil 309 millones.

En una década, el pago del servicio de la deuda creció 81%, al pasar de Q10 mil 225 millones en el 2015 a Q18 mil 499 millones el ejercicio pasado.

El reporte agrega que la relación entre la deuda pública y los ingresos tributarios se ubicó en 224.9% en el 2025, superior al 223.9% del 2024. Además, la relación de la deuda pública con los ingresos totales fue de 212.2%. Este indicador refleja la capacidad de pago para cumplir con los compromisos.

El servicio de la deuda respecto de los ingresos tributarios se situó en 16.4%, mientras que el servicio de la deuda en relación con los ingresos totales fue de 15.5%.

Relación deuda/PIB permanece por debajo de 30%

A solicitud de Prensa Libre, el Ministerio de Finanzas fijó postura respecto del reporte de Operaciones de Crédito Público 2025 y los indicadores que muestra el documento.

¿Qué explica el comportamiento observado en el reporte del saldo de la deuda pública en Guatemala?

El comportamiento del saldo de la deuda pública en Guatemala responde a tres factores principales.

Primero, el cierre de la brecha fiscal. Aunque los ingresos tributarios han aumentado —de Q95 mil 547 millones en el 2023 a más de Q109 mil millones proyectados para el 2025—, el crecimiento del gasto público necesario para atender salud, educación, infraestructura y seguridad social es mayor. El déficit presupuestario se financia con deuda para evitar recortes en servicios esenciales. Aun así, la deuda se mantiene en 26.8% del PIB, un nivel bajo y manejable en términos internacionales.

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Segundo, la decisión de priorizar la inversión pública sobre la austeridad. El saldo de la deuda se incrementó de Q222 mil 575.73 millones en el 2023 a Q253 mil 48.41 millones en el 2025, derivado de esa priorización.

Para que un país progrese es necesario invertir recursos en obras que el ahorro corriente no logra cubrir, lo cual se refleja en el aumento del gasto de capital, que pasó de Q20 mil 683.1 millones en el 2023 a Q32 mil 975.1 millones en el 2025. Este financiamiento se destina principalmente a la inversión real directa, que aumentó de Q4 mil 993.8 millones en el 2023 a Q8 mil 476.6 millones en el 2025. Estos recursos permiten construir la infraestructura necesaria para que la economía crezca y el país no se rezague frente a sus necesidades.

Tercero, el fortalecimiento del gasto social. Desde la gestión pública, el endeudamiento permite a las instituciones ampliar su cobertura y calidad de atención.

Al recurrir a fuentes de financiamiento interno y externo, el Estado garantiza que las instituciones de salud, educación y previsión social cuenten con recursos suficientes para atender las demandas crecientes de la población, sin que los proyectos sociales se detengan por falta de liquidez inmediata.

En el presupuesto del 2023, el monto asignado para las prestaciones de la seguridad social fue de Q6 mil 820.6 millones; en el 2025 se incrementó a Q11 mil 534.4 millones. Asimismo, las transferencias de capital hacia gobiernos locales y entidades descentralizadas ascendieron de Q15 mil 676.7 millones en el 2023 a Q23 mil 629.9 millones en el 2025.

En resumen, el aumento del saldo responde al financiamiento del déficit aprobado, mayor inversión pública y expansión del gasto social, manteniendo una relación deuda/PIB que sigue siendo una de las más bajas de la región.

Desde el punto de vista técnico, ¿cuál es la tendencia observada del saldo de la deuda en los últimos tres años y su porcentaje con relación al PIB?

La gestión de la deuda pública de Guatemala entre el 2023 y el 2025 muestra estabilidad en la política fiscal.

Durante este período, la relación deuda/PIB refleja sostenibilidad: tras situarse en 27.2% en el 2023, se redujo a 26.3% en el 2024 y registró un cierre preliminar de 26.8% en el 2025.

Al recurrir a fuentes de financiamiento interno y externo, el Estado garantiza que las instituciones de salud, educación y previsión social cuenten con recursos suficientes para atender las demandas crecientes de la población, sin que los proyectos sociales se detengan por falta de liquidez inmediata.

Este comportamiento evidencia fortaleza, ya que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) permitió absorber el incremento nominal del saldo de la deuda sin comprometer la solvencia del Estado.

Al mantener el indicador por debajo de 30%, Guatemala conserva una de las relaciones deuda/PIB más bajas de Centroamérica y garantiza condiciones favorables para financiar proyectos de desarrollo y bienestar social con un perfil de riesgo conservador.

¿Qué explica la reducción del peso de la deuda interna frente a la externa en el 2024 y el 2025?

La reducción marginal del peso de la deuda interna en el portafolio —de 54.9% en el 2024 a 54.7% en el 2025— responde a una estrategia de optimización de costos y diversificación de fuentes de financiamiento.

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Este ajuste busca reducir la carga financiera del Estado mediante una selección estratégica de financiamiento, dado que el crédito externo ofrece una tasa de interés promedio ponderada de 5.52%, inferior al 6.94% de la deuda interna.

Esta gestión mejora la eficiencia del gasto público y genera ahorro en el pago de intereses, en línea con la estrategia de deuda y la sostenibilidad fiscal de largo plazo.

Sin fondos de Salud, el INCAN advierte riesgo en atención a pacientes con cáncer

Mon, 23 Feb 2026 20:05:03 +0000

Comunitario

Sin fondos de Salud, el INCAN advierte riesgo en atención a pacientes con cáncer

Pese a que el presupuesto 2026 asignó Q170 millones para atención oncológica, el INCAN afirma que aún no recibe los recursos que está en riesgo la atención para las personas con cáncer.

Ana Lucía Ola

23 de febrero de 2026

14:05h

Salud no ha entregado al INCAN el presupuesto del 2026 para atender a pacientes referidos de hospitales nacionales con quimioterapia, radioterapia y otros tratamientos. (Foto Prensa Libre: shutterstock)

Cada mes, unas dos mil personas con cáncer llegan al Instituto de Cancerología y Hospital Dr. Bernardo del Valle S. (INCAN) para someterse a tratamientos de radioterapia, quimioterapia y otros procedimientos que no se ofrecen en los hospitales a cargo del Ministerio de Salud. La atención para los pacientes está en riesgo, pues la cartera aún no traslada los fondos a la institución.

En el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado (Decreto 3-2026) se asignaron Q170 millones a la Liga Nacional contra el Cáncer, que trabaja por medio del Instituto Nacional de Cancerología (INCAN). Estos recursos, financiados por el Ministerio de Salud, permitirán brindar atención integral a dos mil 660 personas mediante radioterapia, quimioterapia, braquiterapia, cirugías, tomografías y medicamentos, entre otros tratamientos.

De acuerdo con Amílcar Vinicio Brabatti Mejía, vicepresidente de la institución, los fondos no han sido entregados y la cartera aún no aprueba el plan de trabajo del que depende la firma del convenio para proseguir con la atención a los pacientes oncológicos referidos por el ministerio.

Este año son Q28 millones los que no han recibido, correspondientes a enero y febrero, para cubrir los servicios integrales ya realizados.

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“Estamos ante una necesidad urgente de que se apruebe el convenio para que nos otorguen los fondos y así poder atender a los pacientes de manera integral”, indicó Brabatti Mejía.

Solo con tratamiento de radioterapia, el año pasado atendieron mensualmente a 90 pacientes referidos del Hospital Roosevelt, 60 del General San Juan de Dios y 50 del resto de hospitales nacionales. Sin embargo, la cantidad de personas trasladadas desde servicios en la provincia aumentó y los fondos resultaron insuficientes.

El vicepresidente de la Liga señaló que en años anteriores, para esta fecha, el ministerio ya había aprobado el plan de trabajo, pero ahora han puesto “una serie de lineamientos de algo que se ha venido trabajando por años, y quieren cambiar las reglas”, lo que ha atrasado los procesos.

El pasado 20 de febrero, el diputado Bequer Chocooj, del bloque Cabal, sostuvo una reunión con el viceministro Administrativo y Financiero del Ministerio de Salud, Juan Carlos Oxom, y representantes de distintas entidades que prestan servicios a la cartera, entre ellas el INCAN. En esta se estableció que los convenios se firmarán en los próximos días.

Deuda del 2025

Además de los fondos correspondientes al 2026 que Salud no ha trasladado a la Liga Nacional contra el Cáncer, tampoco ha pagado Q23 millones por servicios prestados el año pasado.

Brabatti Mejía indicó que, en el 2025, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) presentó un amparo contra el Ministerio de Salud con el propósito de garantizar la cobertura de pacientes oncológicos por parte del INCAN, pues la institución carecía de fondos económicos para atender a los pacientes referidos.

El 10 de noviembre del 2025, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó el amparo provisional a la PDH y, en la resolución, ordenaba a la cartera ejecutar todas las gestiones administrativas, financieras y presupuestarias necesarias para garantizar el suministro inmediato y continuo de atención médica especializada a enfermos de cáncer.

Joaquín Barnoya, ministro de Salud, apeló la decisión de la CSJ, pero la acción fue rechazada.

El 10 de diciembre, la Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó que el Ministerio de Salud debe brindar atención a pacientes con cáncer, al ratificar un amparo otorgado por la CSJ.

Pese a la resolución de la Corte, el ministerio no ha cancelado los Q23 millones que adeuda a la Liga Nacional contra el Cáncer, según Brabatti Mejía. De esa cuenta, analizan solicitar la debida ejecutoria del amparo para la entrega de los fondos.

“Se han negado a darnos esos Q23 millones que nos adeudan, pese a que ya les enviamos todas las facturas y la documentación de soporte que sustenta la prestación del servicio”, indicó el vicepresidente de la institución.

Agregó: “Estamos ante la necesidad de solicitar al procurador que pida la debida ejecutoria del amparo; si no, lo requeriremos nosotros”.

Los Q23 millones que les adeudan son necesarios para la compra de equipo, materiales e insumos para continuar con la atención a los pacientes, señaló el entrevistado.

Con respecto a dicho pago, el Ministerio de Salud informó que se “dio cumplimiento al convenio suscrito, efectuando el desembolso de Q100 millones conforme a lo establecido en el Decreto 36-2024, en apego a las disposiciones legales y presupuestarias vigentes”.

Por otro lado, sobre el traslado de los Q170 millones que fue asignado este año a la Liga Nacional Contra el Cáncer, la cartera refiere que se hicieron observaciones al Plan de Trabajo 2026 presentado por la institución y que las mismas “no han sido subsanadas”, y que cuando se cumpla con los requerimientos técnicos y administrativos establecidos, entonces, se continuará con el proceso para la entrega de los fondos.

¿Quiénes ganan con la ampliación del presupuesto 2026? El Ejecutivo retoma techo por Q163 mil millones

Thu, 29 Jan 2026 11:00:00 +0000

ampliación

¿Quiénes ganan con la ampliación del presupuesto 2026? El Ejecutivo retoma techo por Q163 mil millones

El Ejecutivo recuperó el monto del presupuesto aprobado en noviembre del 2026, por Q163 mil 469.3 millones, con la ampliación de Q9 mil 236 millones que aprobó el Congreso de la República la madrugada del 28 de enero del 2026.

César Pérez Marroquín y Oscar Vásquez

29 de enero de 2026

05:00h

El Gobierno contará con un nuevo presupuesto de Q164 mil millones para ejecutar en el ejercicio fiscal del 2026, tras la aprobación avalada por el Congreso de la República en la sesión celebrada el martes pasado. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

El Gobierno contará con un nuevo presupuesto de Q164 mil millones para ejecutar en el ejercicio fiscal del 2026, tras la aprobación avalada por el Congreso de la República en la sesión celebrada el martes pasado, que se extendió hasta la madrugada. La solicitud fue presentada el lunes 26 de enero.

A casi un mes de que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendieron la apertura del presupuesto por Q163 mil 469.3 millones —resolución emitida el 30 de diciembre del 2025 sobre el plan aprobado en noviembre—, con la ampliación se regresa al monto original.

Con la suspensión temporal decretada por la CC, cobró vigencia el presupuesto del 2025, de Q154 mil 836 millones, pero ahora deberá incluirse la ampliación de Q9 mil 236 millones.

Ahora el Ministerio de Finanzas (Minfin) deberá elaborar el presupuesto analítico, es decir, actualizar la distribución de las diferentes asignaciones de ingresos y gastos en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), una vez se publique la ampliación en el Diario de Centro América.

Educación, Salud y Gobernación recuperan fondos

Con la ampliación aprobada por el Legislativo, se recupera la estructura presupuestaria de noviembre del 2025, especialmente para los ministerios de Educación (Q1 mil 61 millones), Salud (Q1 mil 337 millones) y Gobernación (Q1 mil 481 millones), que son los que más recursos recibirán, así como para Obligaciones a Cargo del Tesoro (Q1 mil 374 millones), secretarías y otras dependencias (Q223 millones), y servicios de la deuda (Q1 mil 206 millones).

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También se restituyen los fondos destinados a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) y se aprueba una nueva ampliación de Q1 mil 300 millones.

Además, se incluye un aporte de Q500 millones al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para las elecciones generales del 2027; Q600 millones para modernizar el sistema metropolitano de transporte, puertos, aeropuertos y Ferrovías; y Q437 millones para el Instituto Nacional de Electrificación; Q500 millones para la construcción de una cárcel de máxima seguridad y Q25 millones para la Superintendencia de Competencia, entre otros rubros.

En diciembre del 2025, el Ministerio de Finanzas (Minfin) indicó que la suspensión del presupuesto del 2026 no impedía la gestión del Gobierno, pero sí limitaba la creación y ampliación de programas e inversiones.

En cuanto a los ingresos tributarios, el monto actualizado fue de Q10 mil 460 millones, por lo que la recaudación a cargo de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) se ajusta a Q119 mil millones.

El Congreso autorizó la emisión de Q24 mil millones en bonos del Tesoro y aprobó la incorporación de Guatemala al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), con una asignación de US$40 millones. También avaló Q52 millones para organizar la Asamblea Anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), prevista para el 2027.

Presupuesto sube a Q168 mil millones

Para Érick Coyoy, exviceministro de Finanzas y analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), el presupuesto del 2026, con la ampliación, alcanza los Q164 mil millones, por lo que se restituyen los techos a los ministerios más importantes del Gobierno Central.

Con la ampliación aprobada por el Legislativo, se recupera la estructura presupuestaria de noviembre del 2025, especialmente para los ministerios de Educación (Q1 mil 61 millones), Salud (Q1 mil 337 millones) y Gobernación (Q1 mil 481 millones), que son los que más recursos recibirán.

Estos ministerios son los que más incrementos reciben y los que habrían resultado más afectados con la vigencia del gasto del 2025, al haber quedado suspendida la apertura del nuevo presupuesto.

El analista explicó que, en el rubro de Obligaciones a Cargo del Tesoro, específicamente para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), se recuperan fondos del aporte extraordinario y, con el decreto 7-2025, se igualarán los saldos no ejecutados el año pasado.

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En el ejercicio fiscal del 2025, los Consejos dejaron de ejecutar Q4 mil 600 millones. Por lo tanto, el Ministerio de Finanzas (Minfin) otorgará esa ampliación presupuestaria para incorporarla en el presente año fiscal.

Esto significará que el presupuesto total alcanzará los Q168 mil millones al incluir ese saldo correspondiente a los Codedes.

La ampliación incluye un aporte de Q500 millones al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para las elecciones generales del 2027. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Icefi critica aprobación apresurada

Al ser consultado, Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), declaró que se estuvo a punto de un nuevo “madrugón” en el Congreso de la República, en el cual se aprobó la ampliación presupuestaria, y que esta tiene dos lecturas: una en los procedimientos de forma y otra en los aspectos técnicos de fondo.

En cuanto al primer punto, señaló que es lamentable, porque prevaleció la negociación política sobre los análisis técnicos responsables y serios, ya que no se discutieron de forma adecuada los 48 artículos. Tampoco hubo un periodo en el que la ciudadanía y los agentes económicos pudieran comprender lo propuesto y lo finalmente aprobado por el Legislativo, así como la solicitud presentada por el Ministerio de Finanzas (Minfin).

“Salta a la vista que los elementos centrales de la negociación política vuelven a ser las asignaciones de los aportes extraordinarios de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), ahora otra vez devueltos con Q6 mil 312 millones. El principio no es malo —dar recursos a los gobiernos locales— si se ejecutara de manera técnica, correcta y honesta”, recalcó.

Barrientos recordó que uno de los aspectos más importantes es la distribución geográfica —por municipio— de ese aporte extraordinario, que una vez más queda impuesta, carente de justificación y sin criterios técnicos.

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El presupuesto asignado para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) en el 2026 aumentará un 25% en comparación con el 2025, según análisis de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).

En total, recibirán Q15 mil 450 millones, que incluyen el aporte ordinario, el aporte extraordinario y el traslado de los saldos no ejecutados del año pasado, que en conjunto suman esa cantidad.

El total asignado en el 2025 fue de Q12 mil 270 millones, disponibles para la ejecución de obras a cargo de los Codedes.

“El gran sector ganador en esta ampliación presupuestaria son los Consejos Departamentales de Desarrollo, lo cual ocurre en un año preelectoral”, agregó Érick Coyoy.

Congreso aprueba ampliación presupuestaria por Q9 mil 326 millones a solicitud del Ejecutivo

Wed, 28 Jan 2026 05:32:13 +0000

Política

Congreso aprueba ampliación presupuestaria por Q9 mil 326 millones a solicitud del Ejecutivo

El Congreso aprobó una ampliación presupuestaria por Q9 mil 326 millones, a solicitud del Ejecutivo, con lo que el gasto total para el 2026 asciende a Q164 mil 163 millones.

27 de enero de 2026 | 23:32h

El Congreso de la República aprobó la madrugada de este miércoles 28 de enero una ampliación al Presupuesto 2026 por Q9 mil 326 millones, a solicitud del Ejecutivo, con el objetivo de alcanzar los Q164 mil 163 millones originalmente planteados, monto que fue suspendido por la Corte de Constitucionalidad (CC).

En una jornada marcada por ajustes al gasto público y nuevas tensiones entre los poderes del Estado, los diputados también analizaron reformas legales que modifican el control de los fondos asignados a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) y facilitaron una mayor flexibilidad en su ejecución.

La ampliación presupuestaria responde a la resolución de la CC que, el 30 de diciembre del 2025, suspendió la entrada en vigencia del presupuesto aprobado en noviembre de ese mismo año. Desde entonces, quedó vigente el monto establecido para el 2024.

Con esta ampliación, el presupuesto general de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2026 pasa de Q154 mil 836 millones a Q164 mil 163 millones, conforme a lo establecido en la iniciativa 6701, que reforma el Decreto 36-2024.

De acuerdo con el dictamen aprobado, los recursos adicionales se distribuirán en distintos ministerios y entidades. El Ministerio de Educación recibirá una de las mayores asignaciones, enfocada en programas de alimentación escolar, pago de personal y mantenimiento de infraestructura educativa.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tendrá fondos adicionales para fortalecer la atención hospitalaria, adquirir insumos médicos y operar los servicios de primer nivel. En tanto, el Ministerio de Gobernación destinará los nuevos recursos al funcionamiento de la Policía Nacional Civil y a acciones de prevención del delito y control territorial.

La ampliación también contempla recursos para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, enfocados en obras viales, y para el rubro de Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, que cubre deuda pública, pensiones y otros compromisos legales.

Además, los diputados aprobaron reformas a la ley que flexibilizan la ejecución de fondos por parte de los Codedes, eliminan la obligación de transferir el 100% de sus recursos a las unidades ejecutoras y extienden hasta el último día hábil de marzo el plazo para reprogramar proyectos. También ampliaron de 5 a 30 días el periodo de silencio administrativo para evaluar iniciativas. Aunque los cambios buscan acelerar la ejecución de proyectos prioritarios, críticos advierten sobre una posible disminución en los mecanismos de supervisión.

¿Cómo queda la distribución de las asignaciones por ministerio, según la ampliación presupuestaria 2026?

Tue, 27 Jan 2026 11:00:00 +0000

propuesta

¿Cómo queda la distribución de las asignaciones por ministerio, según la ampliación presupuestaria 2026?

El Ejecutivo presentó una iniciativa para ampliar el presupuesto vigente en Q9 mil 326 millones, por lo que los diputados del Congreso conocerán la propuesta. Con dicha ampliación, el techo alcanzaría los Q164 mil 163 millones, monto que fue suspendido temporalmente por la CC.

27 de enero de 2026

05:00h

En la ampliación presupuestaria 2026 que se presentó al Congreso el Ministerio de Gobernación se le asignó Q1 mil 481 millones. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La iniciativa de ley que amplía el presupuesto de ingresos y egresos para el presente ejercicio fiscal en Q9 mil 326 millones fue enviada al Congreso de la República por el Ejecutivo, casi un mes después de que la CC suspendiera el gasto aprobado para este año.

El presupuesto del 2026 se abrió con el monto vigente de Q154 mil 836 millones, y con la ampliación se pretende llevarlo a Q164 mil 163 millones, según la iniciativa 6701, que propone modificar el presupuesto general de ingresos y egresos contenido en el Decreto 36-2024, correspondiente al ejercicio fiscal 2026.

La iniciativa consta de 62 artículos, que en términos generales buscan restablecer la propuesta original presentada por el Ministerio de Finanzas, así como las modificaciones realizadas durante su aprobación por el pleno, según explicaron las autoridades del Tesoro.

“Se busca una ampliación presupuestaria y, para ese efecto, se está proponiendo un monto en la parte de ingresos como en la de egresos, de Q9 mil 326 millones. Esto nos permite aproximarnos a lo que se había decretado en el Congreso de la República en la ley del presupuesto anual para este ejercicio fiscal y que está suspendida por una decisión de la CC, y alcanzar los techos presupuestarios que allí se establecían”, declaró Walter Figueroa Chávez, viceministro de Finanzas encargado del área de Administración Financiera, durante una citación con la bancada VOS, en la mañana del lunes 26 de enero.

Previo a la entrega de la iniciativa, y durante enero, integrantes de la junta directiva del Congreso y representantes del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) sostuvieron reuniones en las que manifestaron la necesidad de incluir en el proyecto de ampliación presupuestaria el financiamiento de rubros como las elecciones generales del 2027 a cargo del Tribunal Supremo Electoral, la ampliación y modernización de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (Usace), así como la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad.

El martes 30 de diciembre del 2025, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad emitieron una sentencia mediante la cual resolvieron suspender la entrada en vigencia del presupuesto el 1 de enero del 2026, por lo que quedó vigente el monto aprobado en el 2024 por el Legislativo.

Finanzas pide restituir gasto suspendido por la CC

En la iniciativa se plantea la justificación para la ampliación, en la que se desglosan las asignaciones destinadas a cada una de las instituciones que recibirán fondos adicionales.

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En la exposición de motivos, el presidente Bernardo Arévalo de León indica que la modificación del presupuesto del 2026 será financiada con recursos provenientes de ingresos tributarios (recaudación), ingresos no tributarios y fuentes financieras.

Entre las asignaciones más relevantes a cubrir en esta ampliación se incluyen: Ministerio de Gobernación, Q1 mil 481 millones; Obligaciones a Cargo del Tesoro, Q1 mil 374 millones; Ministerio de Salud, Q1 mil 337 millones; Ministerio de Desarrollo Social, Q1 mil 320 millones; y servicios de la deuda pública, Q1 mil 206 millones. En conjunto, estos cinco destinos representan Q6 mil 718 millones, equivalentes al 72% del total.

“Se busca una ampliación presupuestaria y, para ese efecto, se está proponiendo un monto en la parte de ingresos como en la de egresos, de Q9 mil 326 millones”

Walter Figueroa Chávez, viceministro de Finanzas

En cuanto a los ingresos tributarios, el viceministro Walter Figueroa Chávez explicó que se mantendrá la meta de Q119 mil 762 millones para la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). También se contempla el uso de caja fiscal por Q1 mil 500 millones, la incorporación de préstamos y la colocación de deuda bonificable (bonos del Tesoro) por Q24 mil 98 millones.

El endeudamiento público externo quedaría en Q5 mil 601 millones.

Funcionarios del ministerio de Finanzas durante citación con diputados de la bancada VOS. (Foto Prensa Libre: Congreso de la República)

Caja fiscal subutilizada

El déficit presupuestario previsto en la ampliación es de 3.2%.

Durante la citación, el diputado Orlando Blanco, de la bancada VOS, cuestionó al viceministro Walter Figueroa Chávez por el bajo nivel en el uso de la caja fiscal contemplado en esta ampliación, al señalar que existen unos Q9 mil millones disponibles en las cuentas del Banco de Guatemala (Banguat), los cuales podrían utilizarse para reducir el monto de la deuda bonificable.

“Se deben identificar los destinos hacia dónde irán los recursos. En esta ampliación solo se modificarán los techos de algunas entidades. Quedan asignaciones prioritarias y justificables, como las de la EPQ, la cárcel de máxima seguridad y las elecciones generales, pero hay aspectos cuestionables, como los fondos asignados a los Codedes y a algunas organizaciones no gubernamentales”, afirmó.

En la ampliación se incluye un listado de proyectos de infraestructura a desarrollar, así como asignaciones a varias oenegés.

Normativa complementa decreto suspendido

El viceministro aclaró que existe una parte normativa que establece cómo, cuándo y dónde deben ejecutarse los recursos, como complemento al Decreto 27-2025, cuya aplicación fue suspendida por la Corte de Constitucionalidad (CC).

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Por ejemplo, se mantiene el artículo que permite la incorporación de Guatemala al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), con una asignación de US$40 millones, así como la identificación de espacios presupuestarios asignados a las Obligaciones a Cargo del Tesoro, es decir, que el Ministerio de Finanzas deberá buscar la forma de financiamiento.

En el Decreto 27-2025, aprobado en noviembre, se incluyó el artículo 85 del presupuesto, y los congresistas avalaron la “Participación financiera de Guatemala al CAF”. Para ello, el Ejecutivo, por medio del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), debía gestionar ante el Banco de Guatemala (Banguat) el uso de las Reservas Monetarias Internacionales (RIN), con el fin de efectuar la incorporación.

Esa situación generó que la Junta Monetaria llevara a cabo un proceso de impugnación parcial de dicho artículo; sin embargo, este no cobró materia al suspenderse la vigencia del plan de gasto.

También se contempla la creación de un fondo emergente por Q120 millones, y otro por Q52 millones para la organización de la asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el 2027.

Pleno podría dispensar dictamen

El diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas, declaró que se espera llevar a cabo una discusión y análisis para emitir un dictamen sobre la ampliación presupuestaria. No obstante, también existe la posibilidad de que el pleno del Congreso dispense el dictamen y conozca la iniciativa como asunto de urgencia nacional.

En cuanto a los montos de los techos presupuestarios, Estrada reiteró que se están respetando los acuerdos políticos alcanzados en noviembre, y que todas las instituciones retoman exactamente las asignaciones pactadas.

Ejecutivo propone ampliar presupuesto en Q9 mil 326 millones y busca restablecer monto suspendido por la CC

Mon, 26 Jan 2026 21:56:16 +0000

pRESUPUESTO 2026

Ejecutivo propone ampliar presupuesto en Q9 mil 326 millones y busca restablecer monto suspendido por la CC

El Ejecutivo envió al Congreso una propuesta para aumentar el presupuesto vigente, con lo que el techo llegaría a Q164 mil 163 millones. La ampliación responde a la suspensión del gasto original por parte de la CC.

26 de enero de 2026

15:56h

Funcionarios del Ministerio de Finanzas asisten a una citación a la bancada VOS y comparten detalles de la ampliación presupuestaria que se podría aprobar en el Congreso. (Foto Prensa Libre: Bancada VOS).

El Ejecutivo presentó una iniciativa para ampliar el presupuesto vigente en Q9 mil 326 millones, por lo que los diputados del Congreso conocerán la propuesta. Con dicha ampliación, el techo alcanzaría los Q164 mil 163 millones, monto que fue suspendido temporalmente por la CC.

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Previo a la entrega de la iniciativa, y durante enero, integrantes de la junta directiva del Congreso y representantes del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) sostuvieron reuniones en las que manifestaron la necesidad de incluir en el proyecto de ampliación presupuestaria el financiamiento de rubros como las elecciones generales del 2027 a cargo del Tribunal Supremo Electoral, la ampliación y modernización de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (Usace), así como la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad.

La iniciativa de Ley de Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026 busca garantizar la provisión de bienes y servicios públicos, así como asegurar los recursos para la construcción de una cárcel de máxima seguridad y la dotación de… pic.twitter.com/NHRmXggT9D
— Ministerio de Finanzas Públicas (@MinfinGT) January 26, 2026

Las tres prioridades que el Ejecutivo incluirá en la ampliación presupuestaria 2026, y que presentará al Congreso

Wed, 21 Jan 2026 06:10:00 +0000

readecuación

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Fondos para financiar las elecciones del 2027, la construcción de una cárcel de máxima seguridad y la modernización portuaria son algunos de los rubros prioritarios para el Ejecutivo y que podría incluir en la ampliación presupuestaria que presentará al Congreso, con acercamientos previos para lograr consensos.

21 de enero de 2026

00:10h

La ampliación presupuestaria del 2026 incluirá el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral para preparar las elecciones del 2027. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El financiamiento para el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con miras a preparar las elecciones generales del 2027; la construcción de una cárcel de máxima seguridad y la ampliación y modernización de los muelles comerciales de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), en Escuintla, son algunos de los principales rubros del Ejecutivo que incluirá en la iniciativa de readecuación presupuestaria que presentará al Congreso de la República.

En tanto que integrantes de la junta directiva del Legislativo y representantes del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) han sostenido reuniones en las que se ha manifestado la necesidad de cubrir esos rubros y la importancia de avanzar en el proyecto de readecuación presupuestaria.

Avanza diálogo sobre ampliación

El primer encuentro se realizó el viernes 16 de enero y, durante esta semana, ha habido intercambio de información sobre la preparación del proyecto, según explicó el diputado Orlando Blanco, miembro de la junta directiva e integrante de la Comisión de Finanzas.

Aclaró que, por ahora, no hay un monto definido, ya que se están elaborando distintos escenarios numéricos. Sí confirmó que han existido acercamientos para exponer los planteamientos sobre la ampliación, así como consultas y criterios entre los miembros de la junta directiva.

Propuesta respetará acuerdos de noviembre

El diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas, informó que la readecuación presupuestaria está siendo elaborada por medio de la Dirección Técnica del Presupuesto (DTP) del Minfin, y que, en principio, se trabaja con los mismos parámetros establecidos en la ley del presupuesto aprobada mediante el decreto 27-2025 —suspendido temporalmente el 30 de diciembre—, por lo que se busca mantener techos y asignaciones similares, así como las fuentes de financiamiento, que serán revisadas.

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Estrada reiteró que la mayoría de los artículos relacionados con asignaciones y ejecución, como los dirigidos al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Superintendencia de Competencia, entre otros, serán replicados, y que, una vez esté lista la propuesta, esta será conocida en el pleno.

En dicha propuesta, indicó, se deberá aumentar la estimación de ingresos y el uso de caja fiscal, que será mayor, además de ajustar asignaciones. Sin embargo, explicó que, por reglas presupuestarias, no todo puede hacerse de manera exacta, aunque la intención es respetar los acuerdos políticos alcanzados desde noviembre.

El Congreso podría conocer la iniciativa sobre la ampliación presupuestaria 2026 en los próximos días. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Gobierno justifica ampliación con prioridades

Blanco agregó que, tras lo ocurrido en la sesión del lunes pasado —con la aprobación del estado de Sitio— y la coyuntura en los centros penales, el Gobierno está justificando la ampliación presupuestaria con base en proyectos que considera prioritarios: la edificación de una nueva cárcel de máxima seguridad —inicialmente presupuestada para el 2026—, el presupuesto del TSE y el de la EPQ.

Sin embargo, precisó que aún no se ha definido el monto total de la solicitud ni las fuentes de financiamiento, es decir, de dónde se obtendrán los recursos.

Recordó que, en el 2025, la recaudación fiscal superó la meta establecida de Q109 mil millones, por lo que una opción para financiar la ampliación sería utilizar el saldo de caja, en lugar de recurrir al endeudamiento.

“La readecuación presupuestaria está siendo elaborada por medio de la Dirección Técnica del Presupuesto (DTP) del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), y que, en principio, se trabaja con los mismos parámetros establecidos en la ley del presupuesto aprobada mediante el decreto 27-2025”

Julio Héctor Estrada, presidente Comisión de Finanzas

“Somos del criterio de que, al haber más recaudación, se debería financiar con saldo de caja en vez de endeudamiento. Estamos a la expectativa de cuál será el lineamiento y luego identificar otros rubros, si se mantienen los planteamientos del presupuesto aprobado, lo que implicaría incrementos a los ministerios, los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) y las oenegés”, subrayó.

Congreso avalaría readecuación sin dictamen

Los diputados oficialistas Samuel Pérez Álvarez y Román Castellanos coincidieron en que el Minfin está trabajando actualmente en la propuesta de readecuación presupuestaria, la cual sería enviada al Congreso lo antes posible. También mencionaron que ya se mantienen conversaciones con distintos bloques legislativos.

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Castellanos afirmó que la postura de la mayoría de los congresistas es favorable al apoyo de dicha readecuación.

Por su parte, Pérez Álvarez manifestó que la intención es trasladar la propuesta esta misma semana, con el objetivo de que sea conocida durante la sesión plenaria ordinaria programada para el martes 27 de enero.

En tanto, el diputado Orlando Blanco añadió que las discusiones giran en torno al monto que presentará el Ejecutivo y a la forma en que será financiado. Explicó que se prevé exonerar la iniciativa de dictamen, para que sea aprobada de urgencia nacional con el respaldo de al menos 107 votos.

Ingresos tributarios sostendrían ampliación

Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), consideró necesaria una ampliación en las proyecciones de ingresos y gastos que el Minfin manejará durante el presente ejercicio fiscal.

Por el lado de los ingresos, explicó que debe corregirse el monto estimado en el decreto 27-2025 —contenido en el presupuesto aprobado por Q119 mil millones—, que a su juicio es una cifra conservadora, pero técnicamente correcta.

En el presupuesto vigente, la meta de recaudación era de Q109 mil millones; sin embargo, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) logró captar cerca de Q112 mil millones.

Se prevé exonerar la iniciativa de dictamen, para que sea aprobada de urgencia nacional con el respaldo de al menos 107 votos

Es decir, según Barrientos, el primer ajuste debería consistir en actualizar la proyección de ingresos tributarios y sumarle aproximadamente Q10 mil millones, como reflejo del crecimiento vegetativo en la recaudación fiscal. Esa base permitiría sustentar técnicamente la readecuación.

Además, añadió que deben actualizarse los saldos de caja disponibles y los usos reales de los préstamos ya aprobados. Estos elementos, por sí solos, justifican una actualización técnica del lado de los ingresos que respaldarán la ampliación presupuestaria.

Inversión y Codedes, bajo observación

En cuanto a los gastos, Barrientos señaló que ese aspecto aún no está claramente definido. Consideró que el Ejecutivo debe sumar esos Q10 mil millones al presupuesto y ajustar las asignaciones: recortar las que no se utilizarán en el 2026 y reforzar las que sí se ejecutarán.

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Advirtió que, por su naturaleza, el gasto público es inercial, en especial el relacionado con salarios, que no sufrirá grandes modificaciones. Sin embargo, apuntó que deberá observarse cómo quedará la inversión pública y las asignaciones a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), una vez se conozca la propuesta oficial.

“Es recomendable que el Ejecutivo revise y plantee al Congreso una propuesta mejor estudiada y técnicamente respaldada”, apuntó Barrientos.

Oficialismo asegura que la ampliación presupuestaria será aprobada de urgencia y con respaldo mayoritario

Wed, 14 Jan 2026 06:15:00 +0000

Guatemala

Oficialismo asegura que la ampliación presupuestaria será aprobada de urgencia y con respaldo mayoritario

La ampliación presupuestaria que presentará el Ministerio de Finanzas al Congreso podría conocerse la próxima semana, adelantó el diputado oficialista Samuel Pérez, quien aseguró que existe respaldo legislativo para su aprobación.

14 de enero de 2026

00:15h

El Congreso de la República es el encargado de conocer y aprobar la propuesta de ampliación presupuestaria para este año 2026 y que esta´ siendo elaborada por el Ministerio de Finanzas.(Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) debe presentar la propuesta de ampliación presupuestaria al Congreso de la República para su aprobación, con la que se espera subsanar el déficit de recursos del Organismo Ejecutivo, como consecuencia de la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) de suspender la vigencia del presupuesto del 2026.

Según indicó el diputado Samuel Pérez, del bloque oficial, ya existen acuerdos, principalmente con las bancadas que apoyaron la aprobación del presupuesto del 2026, para avalar con mayoría y de “urgencia nacional” la ampliación presupuestaria que será presentada por la cartera de Finanzas.

“En realidad, yo creo que la ampliación presupuestaria más bien va a ser un mensaje político de respuesta a la Corte de Constitucionalidad. Se va a aprobar con una amplia mayoría, con urgencia nacional, similar a cómo se aprobó el presupuesto”, dijo Pérez. “La CC intenta torpedear el funcionamiento del Ejecutivo, pero sobre todo tratar de mandar un mensaje de intromisión hacia el Congreso de la República”, afirmó Pérez.

El diputado también indicó que, según lo previsto, en los próximos días el Ministerio de Finanzas remitirá al Legislativo la propuesta de ampliación presupuestaria, que se espera pueda ser conocida en la primera sesión ordinaria del periodo que iniciará el 14 de enero y que se realizará la próxima semana.

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“Se va a estar enviando en los próximos días, para intentar aprobarla en la sesión de la próxima semana aquí en el Congreso. Pero se tiene que tener por lo menos un par de días para poder leer los detalles finales que va a reajustar Finanzas”, indicó.

Pérez aseguró que los diputados opositores, encabezados por Allan Rodríguez, del bloque Vamos, no cuentan con el apoyo necesario para evitar que la ampliación presupuestaria sea aprobada. También señaló que los 23 diputados elegidos por el bloque Semilla votarán a favor de la propuesta que será enviada por el Ministerio de Finanzas.

Enfocarse en prioridades

A criterio de analistas expertos en materia financiera, la ampliación presupuestaria que será remitida por la cartera de Finanzas al Congreso debe enfocarse en aquellos aspectos prioritarios para la sociedad, dejando de lado negociaciones políticas que pudieran darse previo a su aprobación.

Según Jorge Lavarreda, experto en economía del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), hay aspectos que fueron incluidos en el presupuesto del 2026 —suspendido por la CC— que no deberían figurar en la propuesta de ampliación, como la asignación de Q6 mil millones para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), la cual carece de respaldo técnico.

“Dentro de este techo —presupuestario— el Congreso incluyó una asignación correspondiente a un aporte extraordinario de Q6 mil 312.1 millones de quetzales para los Consejos Departamentales de Desarrollo sin absolutamente ningún fundamento técnico. No es algo que se deba incluir porque no tiene respaldo técnico, o en este caso, un listado de obras que justifique ese aporte extraordinario”, afirma el experto.

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Pedro Prado, coordinador del Departamento de Investigación y Consultoría Económica de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), considera que la aprobación de esta ampliación dependerá en gran medida de las estrategias de negociación dentro del Congreso de la República.

“En la medida que se puedan coordinar estrategias de negociación, también eso va a incidir en que se pueda aprobar o no esa iniciativa de ampliación que estaría recibiendo el Congreso por parte del mismo Ejecutivo, que es la iniciativa que entendemos que trabaja el Ministerio de Finanzas Públicas”, afirma.

Prado considera que áreas como salud, educación, infraestructura productiva y seguridad alimentaria y nutricional deben estar por delante de cualquier otra negociación legislativa al momento de aprobar la ampliación presupuestaria que trabaja el Ministerio de Finanzas.

El viceministro de Finanzas, Walter Figueroa, afirmó en la última conferencia de prensa que el saldo de caja total asciende a más de Q24 mil millones, pero una parte de ese monto corresponde a depósitos de entidades descentralizadas y autónomas, que son parte de su patrimonio propio y no pueden ser utilizados, al igual que donaciones y préstamos.

De estos fondos, depositados en el Banco de Guatemala, hay Q11 mil millones disponibles para incorporarlos al presupuesto del presente año, y se contemplan dentro de la propuesta de ampliación presupuestaria que presentarán próximamente al Congreso, indicó el viceministro.

TSE espera que le sean asignados nuevamente Q500 millones para organización de las elecciones 2027

Tue, 13 Jan 2026 10:00:00 +0000

Guatemala

TSE espera que le sean asignados nuevamente Q500 millones para organización de las elecciones 2027

La decisión de la Corte de Constitucionalidad de dejar sin efecto el presupuesto del 2026 impactó directamente al TSE, que ahora busca ser incluido en la próxima ampliación para recuperar Q500 millones.

13 de enero de 2026

04:00h

Al TSE le habían sido asignados en el 2026 Q500 millones adicionales para la organización y planificación de las elecciones generales del 2027. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) también se encuentra en una situación difícil a consecuencia de la suspensión del presupuesto del 2026, según Gabriel Aguilera, presidente del ente electoral.

Aguilera indicó que, debido a la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC), el TSE también se ha visto perjudicado, ya que ahora no se cuenta con los Q500 millones adicionales que le fueron asignados por el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) para la planificación del evento electoral del 2027.

“Como ustedes saben se suspendió el decreto que habilitaba el presupuesto del 2026, entonces nosotros fuimos afectados porque el tribunal ya no va a recibir los Q500 millones que tenía el presupuesto preelectoral. Sin embargo, hemos ya solicitado a Finanzas que se nos pueda incluir –en la ampliación presupuestaria– para que el Tribunal tenga acceso a estos Q500 millones y sea parte de toda la preparación que tengamos del 2027”, afirmó Aguilera.

También aseguró que, al no contar con el monto que les había sido asignado para la preparación de las elecciones del próximo año, el TSE se vería afectado para llevar a cabo la contratación de personal temporal para apoyo logístico en diferentes direcciones, así como en la compra de software y hardware, entre otros aspectos.

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“Por ejemplo, también el tema de empadronamiento en el extranjero, se hacen diferentes comisiones, también se está analizando qué facilidades se pueden dar en el empadronamiento en el extranjero. Este tipo de inversiones, lógicamente, se verían complicadas. Ahora, acuérdense también que la ley, ya en el año electoral, permite al Tribunal Supremo Electoral acudir incluso al Banco de Guatemala a obtener esos fondos si no los tuviéramos del presupuesto”, puntualizó el presidente del TSE.

Dentro del presupuesto para el 2026 que fue suspendido por la CC el TSE contaba con una asignación de Q829 millones, dentro de los que se incluían Q309 millones para su funcionamiento, Q20 millones para el pago de deuda política y Q500 millones adicionales para la preparación de las elecciones generales.

No obstante, con el plan de gastos del 2025 que se mantiene vigente, el TSE ahora cuenta con un presupuesto de Q382 millones 91 mil para funcionamiento y Q20 millones para el pago de deuda política, que en total suman Q402 millones.

Aguilera afirmó que mantendrán la comunicación con la cartera de Finanzas para darles a conocer sus necesidades y que, dentro de la propuesta de ampliación presupuestaria que la cartera del Tesoro elabora para presentarla al Congreso de la República, se les incluya y se les autoricen los Q500 millones adicionales que les habían sido asignados dentro del presupuesto que fue suspendido.

Asignación y buena gestión

A criterio del exdiputado y exconstituyente Roberto Alejos, es de suma importancia que el TSE pueda contar con los fondos necesarios para llevar a cabo la planificación de las elecciones del 2027. También aseguró que la labor del ente electoral es muy distinta a la que realizan otras entidades que reciben recursos del Estado, por lo que es necesario que cuente con el presupuesto adecuado para su labor.

“En el caso del Tribunal Supremo Electoral, es sumamente grave, porque no es cualquier actividad, no es una actividad de crecimiento o de inversión, sino es la de cumplir con una obligación constitucional exageradamente importante que se convierte en el primer paso en un proceso democrático”, afirmó Alejos.

Según indica el excongresista, al momento en que el Legislativo reciba la ampliación presupuestaria por parte de la cartera de Finanzas, deberá llevar a cabo las correcciones correspondientes y también debe tomar en cuenta la asignación de los recursos necesarios para que el TSE lleve a cabo la planificación de los comicios del próximo año.

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Por su parte, Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana (AC), considera que, si bien es importante que el TSE cuente con los fondos necesarios para la organización de los comicios del 2027, son los nuevos magistrados, que serán elegidos en marzo del presente año, quienes deben realizar las contrataciones y las inversiones de los fondos destinados a la planificación de las próximas elecciones.

“Ahorita ellos –los magistrados del TSE– deberían tratar de ordenar la casa para entregar lo mejor posible a las nuevas autoridades, porque gran parte del problema presupuestario que tiene el TSE –actualmente– es que su nómina ha crecido exponencialmente”, afirma Marroquín.

También considera pertinente que los nuevos magistrados que serán elegidos evalúen la situación de la institución y que tomen las medidas pertinentes para optimizar los recursos que les serán asignados.

“Los nuevos magistrados creo que una de sus primeras tareas es limpiar la casa. Yo no creo que hagan falta tantos fondos, como los que se acostumbraron a gastar en esta magistratura. No hay un problema solo de recursos económicos, hay un problema de gestión, de una mala gestión”, puntualizó Marroquín.

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Por finalizar plazo para cambio de residencia electoral

Aguilera, en compañía de los magistrados titulares, indicó en la sede del ente electoral que el próximo 22 de enero finaliza el plazo para que todos los guatemaltecos hagan el proceso de cambio de residencia electoral con miras a las elecciones del 2027.

Según indicó el presidente del TSE, este procedimiento debe realizarlo toda persona mayor de edad que desee emitir su voto en las próximas elecciones, tanto en zonas de la capital como en los municipios del país donde reside actualmente.

“Es un trámite totalmente voluntario y gratuito. Vamos a contar con diferentes centros de empadronamiento, vamos a trabajar los fines de semana, vamos a trabajar fuera de horarios del Tribunal Supremo Electoral. En todos los departamentos del país se van a hacer jornadas en los diferentes municipios. Los invitamos a que se informen en la página del Tribunal Supremo Electoral”, afirmó Aguilera.

Añadió que, para los guatemaltecos que residen en el extranjero no aplica el plazo del 22 de enero, debido a una reforma del acuerdo 7-2022 que contiene el reglamento de voto en el extranjero, en el cual se retiraron dichos plazos.

Recorte de Q100 millones a Unaerc limita ampliación de cobertura para pacientes renales

Mon, 12 Jan 2026 11:15:00 +0000

Comunitario

Recorte de Q100 millones a Unaerc limita ampliación de cobertura para pacientes renales

La Unaerc atendió a 4,573 personas con hemodiálisis durante el 2025, y la cifra de pacientes va en aumento; pese a ello, deberá funcionar con el presupuesto del año pasado.

Ana Lucía Ola

12 de enero de 2026

05:15h

En el 2025 la Unaerc atendió a cuatro mil 573 personas con hemodiálisis. (Foto Prensa Libre: Ana Lucía Ola)

Christian tiene 25 años y, desde febrero del 2024, viaja a la capital desde Chiquimula para someterse a un proceso de hemodiálisis en la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico (Unaerc), en la zona 1. Dos veces por semana, a la medianoche, aborda el bus que lo lleva a la ciudad. Llega a las 6 de la mañana, pero aún así no es el primero en la fila: otros pacientes comenzaron a formarse desde horas antes para iniciar el tratamiento a las 7.

Hay que madrugar para conseguir máquina y salir temprano, pues la cantidad de enfermos renales que necesitan del tratamiento va en aumento. Debido al tráfico, en varias ocasiones el joven ha llegado tarde y no encuentra cupo, por lo que ha tenido que esperar varios días para poder realizarse el procedimiento. Cuando esto sucede, su cuerpo reacciona mal: vómitos, fatiga, hinchazón. La hemodiálisis le permite continuar con el día a día.

La Unaerc tiene ocho sedes en el país. En el 2025, atendieron a 4,573 personas con hemodiálisis y a 3,096 con diálisis peritoneal. Solo el año pasado se recibieron 3,500 pacientes nuevos.

César Martínez tiene 24 años de someterse a hemodiálisis en la sede central de la institución. Acude tres veces por semana y confirma que, cada día, se topa en la fila con 15 o 20 personas que por primera vez llegan al tratamiento.

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Este año, la Unaerc tendrá que funcionar con el mismo presupuesto del 2025: Q430 millones, según Rommel Noguera, director administrativo financiero, lo cual será insuficiente.

Para el 2026, el Congreso de la República había destinado Q100 millones adicionales para la institución; sin embargo, por la suspensión temporal del presupuesto por parte de la Corte de Constitucionalidad, no se logró el aumento.

Suben casos de enfermedad renal crónica

El informe Situación Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles Guatemala, del Ministerio de Salud, indica que, entre el 2024 y el 2025, hubo un incremento del 50% en los casos reportados de enfermedad renal crónica, mientras que la tasa de prevalencia es de 96 por cada 100 mil habitantes. Santa Rosa, San Marcos, Jutiapa, Petén y Jalapa son los departamentos en mayor riesgo.

Ante esta realidad, Noguera ve necesario ampliar la cobertura de los servicios de diálisis peritoneal y hemodiálisis, para lo cual se requiere un presupuesto que permita cubrir dicha brecha.

“No contar con esos Q100 millones nos limita mucho, porque continuamos con un presupuesto exiguo, que no permite incrementar la cobertura ni el acceso de la población que lo necesita”, agrega.

Con dichos recursos se esperaba abrir nuevas sedes y añadir líneas de acción que se tenían previstas para este año, como ampliar servicios y atender a pacientes transitorios que no pueden ser asignados a una máquina para hemodiálisis. Solo en la sede central, alrededor de 85 pacientes se someten al procedimiento en cada turno, son cuatro, durante seis días a la semana.

“Sin tratamiento podemos morir”, dice Martínez, quien asiste los martes, jueves y sábado desde las 5 horas para pasar por el procedimiento, por la falla renal que padece desde los 26 años. Al no tener la Unaerc fondos suficientes, teme que recorten los turnos a los pacientes o que falten insumos para atenderlos.

Recorte

Los Q100 millones que recibiría la institución permitirían adquirir más equipo de hemodiálisis y aumentar la capacidad para atender a más de 2,500 pacientes al año, según reportó el Congreso al momento de justificar el incremento al presupuesto de Unaerc. Esta fue una de las 22 organizaciones no gubernamentales del área de Salud que recibiría un aporte monetario mayor para funcionar en el 2026.

Noguera menciona que el mayor gasto del presupuesto está en medicamentos, material médico quirúrgico, oxígeno médico, agua para realizar los procedimientos de hemodiálisis, el mantenimiento de las máquinas y el pago del recurso humano que labora en la institución.

En los últimos años, pacientes de Unaerc han estado en riesgo de no recibir tratamiento por la falta de insumos y recursos monetarios. Se tenía una deuda millonaria que logró saldarse, y en el 2026 llegan sin déficit, según el director administrativo financiero. Pero sí necesitan más presupuesto para ampliar la cobertura.

“Siempre habrá escasez, pues los recursos son limitados”, añade, y en lugar de que cada año se ven en la necesidad de solicitar al Ministerio de Salud mayor presupuesto, debería considerarse un aumento anual, sin reducir las capacidades actuales que tiene la Unaerc.

Problema en crecimiento

En Guatemala se han identificado dos picos de nuevos pacientes renales: lo usual es entre los 60 y 70 años, pero también hay población entre los 20 y 30 años, lo que, a criterio de nefrólogos, reduce la posibilidad de productividad y desarrollo para el país, al haber más gente joven enferma.

Christian es un ejemplo de ello. Fue diagnosticado con enfermedad renal crónica a los 24 años. Se dedicaba a la albañilería y a la mecánica, pero debido al deterioro de su salud, dejó de trabajar. Actualmente, necesita hemodiálisis dos veces por semana, y el apoyo familiar para el traslado a la capital es fundamental; cada viaje representa alrededor de Q400, pues su hermano lo acompaña.

En febrero cumplirá dos años de estar en tratamiento y volverá a trabajar como mecánico, aunque deberá continuar con cuidados para no recaer. Está consciente de la importancia de prevenir la enfermedad, que es silenciosa y, en la mayoría de los casos, se detecta cuando el paciente ya está en estado grave y necesita procedimientos para reemplazar la función renal.

Ministerio de Comunicaciones enfrenta el 2026 con menos recursos y sin nuevos proyectos aprobados

Fri, 09 Jan 2026 06:01:00 +0000

Guatemala

Suscriptores

Ministerio de Comunicaciones enfrenta el 2026 con menos recursos y sin nuevos proyectos aprobados

El CIV arranca el año con menos recursos, sin nuevos proyectos aprobados y sin presupuesto para la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios, lo que complica su situación, según analistas.

9 de enero de 2026

00:01h

La falta de mantenimiento y la construcción de nuevas carreteras por parte del Ministerio de Comunicaciones han sido algunos de los aspectos que han sido criticados por distintos sectores durante los últimos dos años. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) comienza el 2026 con una serie de dificultades que podrían complicar aún más la ejecución de obras y proyectos a cargo de la cartera, principalmente en el aspecto presupuestario, luego de la suspensión por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC) del presupuesto aprobado para el presente año, lo que deja vigente el monto de gasto que se ejecutó el año anterior, afirman analistas.

Al anularse la vigencia del presupuesto del 2026, dicha cartera debe utilizar nuevamente el del año pasado, el cual también había sido reducido, recordó Delfino Mendoza, experto en infraestructura vial de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa).

“Al ministerio le rebajaron Q2 mil 600 millones –en 2025–. Eso implica que se quedó por el orden de los Q7 mil 500 millones. Esta cantidad no solo es insuficiente, sino que está pensada para las necesidades del 2025, no para las de ahora”, aseguró.

Según explicó, el primer gran trabajo será llevar a cabo un reajuste presupuestario, cuyo trámite podría tardar todo enero. Además, para destinar fondos a nuevos proyectos, estos deben tener luz verde dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). A esto se suma que para este año se tenía prevista la creación de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP), a la cual se le asignó un presupuesto de Q2 mil millones, y que ahora no existe.

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Según Mendoza, es muy probable que, para asignar presupuesto a la DIPP, “se lo estén quitando otra vez” al Ministerio de Comunicaciones, dejándolo con menos recursos.

“El ministerio –de Comunicaciones– tiene que resolver este rompecabezas legal y presupuestario rápido, porque si ellos no ejecutan este año, la verdad que se les habrá ido el pedido sin poder ejecutar mayor cosa”, comentó el experto.

Falta de personal capacitado y eliminación de controles

Además de la falta de recursos, persisten fallas estructurales que no han sido resueltas, a pesar del constante relevo de ministros en los últimos dos años, consideró Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), quien cree que el mayor desafío de la cartera es la carencia de personal “honesto y capacitado” en todos los niveles.

“Para tomar control del Ministerio de Comunicaciones, se necesitan por lo menos setenta profesionales altamente capacitados, honestos y experimentados. Un solo ministro, por bueno que sea, no puede solo”, asegura Barrientos.

También destaca otro problema que afecta seriamente el desempeño de la cartera, ya que según indica, prevalecen los temas y decisiones políticas sobre los aspectos técnicos.

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“Sigue prevaleciendo lo político sobre lo técnico. Las decisiones se toman más por negociaciones políticas que por lo que dicen los expertos, y eso da malos resultados. Por eso, es clave formar una mesa de trabajo multisectorial que valore más lo técnico que lo político y así resolver la situación”, indicó.

Barrientos también fue claro al señalar que uno de los principales errores cometidos por la cartera ha sido eliminar controles con la finalidad de agilizar las obras, lo que considera un error “grave”.

“Ese es un error conceptual y es un error grave. Levantar los controles es casi sinónimo de mala calidad de obras. Desregular no es la solución, es una receta para más corrupción y peores carreteras”, puntualizó.

Se solicitó al Departamento de Comunicación Social del Ministerio de Comunicaciones la postura sobre las medidas que implementan para ejecutar y priorizar los proyectos este año, así como sobre posibles readecuaciones presupuestarias o solicitudes de ampliación de recursos que se harían al Ministerio de Finanzas (Minfin). Sin embargo, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

Los seis efectos derivados de la suspensión del presupuesto 2026, según el Ejecutivo, y las acciones que siguen

Thu, 08 Jan 2026 11:30:00 +0000

Presupuesto

Los seis efectos derivados de la suspensión del presupuesto 2026, según el Ejecutivo, y las acciones que siguen

El Ministerio de Finanzas detectó al menos seis implicaciones derivadas de la suspensión del Decreto 27-2025, que contiene el Presupuesto del Estado para el Ejercicio Fiscal del 2026 y las acciones para lograr una ampliación presupuestaria.

El monto es Q8 mil 633 millones menor al aprobado para el presente año.

8 de enero de 2026

05:30h

Según el Minfin, la inversión pública se vería afectada por la suspensión del presupuesto del Estado para el 2026, y deberá hacer reajustes y ampliaciones al vigente del 2025. (Foto, Prensa Libre: Covial).

El Congreso aprobó, mediante el Decreto 27-2025, el presupuesto estatal por Q163 mil 469 millones para ejecutarse en el 2026, pero ese monto se incrementaría hasta Q170 mil millones por ampliaciones preaprobadas.

Sin embargo, luego de la suspensión temporal del decreto del presupuesto para el 2026, decidida por la Corte de Constitucionalidad (CC), el Gobierno debió habilitar el vigente al cierre del 2025, por Q154 mil 836.6 millones.

El viceministro de Finanzas, Walter Figueroa, expuso que se detectaron diversas implicaciones derivadas de la suspensión del plan de gastos para el ejercicio actual:

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La inversión pública se limitará temporalmente a los montos del 2025. Por tanto, las nuevas iniciativas de infraestructura, desarrollo social y fortalecimiento previstas para el 2026 se postergarán hasta que se apruebe un marco presupuestario actualizado que atienda las necesidades del país.
Se desfinancia el proyecto de la cárcel de máxima seguridad. Esta obra está contemplada en el Decreto 11-2025, Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas denominados Maras o Pandillas. (Aproximadamente Q500 millones).
Gastos asignados para las metas presidenciales. Estas metas no contarían con los recursos programados para actividades como la construcción y mejoramiento de puestos de salud, escuelas y servicios de extensión agrícola, entre otros.
Se desfinancian proyectos de puertos, aeropuertos y carreteras. Estas iniciativas, previstas para impulsar el desarrollo económico, quedan sin presupuesto hasta que sea reajustado o ampliado.
Nuevas entidades. Con la suspensión del decreto también se suprimen fondos para entidades recién creadas como la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria (DIPP) y la Superintendencia de Competencia (Sicom), que no están incluidas en el presupuesto que cobro vigencia.
Ejecución de préstamos. El Minfin recordó que el Congreso aprobó en el 2025 cinco préstamos (Decretos 22, 23, 24, 25 y 26) con el BID y el BIRF, por un total de US$1 mil 350 millones, destinados a programas de gasto social, electrificación rural (PAER), infraestructura vial (CA-9 Norte), movilidad rural y finanzas públicas inteligentes. Pero advirtió que, ante la falta de implementación del presupuesto para el 2026, hay “riesgo latente” de no poder ejecutarlos ni cubrir los compromisos adquiridos, según Finanzas.

Ampliación presupuestaria y financiamiento

El viceministro agregó que, entre otros efectos, se proyecta que Guatemala alcance un crecimiento del PIB de 4.1% en el 2025 y 4.0% en el 2026, pero operar con el presupuesto del año anterior “genera incertidumbre entre los agentes económicos”.

Por ello, una de las acciones que impulsará el Gobierno será buscar una ampliación presupuestaria que contribuya a la estabilidad financiera, al fortalecimiento institucional y a la continuidad de bienes y servicios públicos.

La suspensión temporal del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2026 compromete la continuidad y ampliación de la prestación de servicios públicos, añadió el ministerio. En tanto, el Gobierno debe cumplir con gastos ineludibles, como el pago de servicios personales (nómina), suministros e insumos estratégicos, además del pago oportuno de la deuda pública.

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Respecto a la Sicom, Figueroa explicó que el Decreto 36-2024, habilitado con la suspensión del decreto presupuestario 2026, no contenía a dicha entidad. Lo mismo ocurre con la DIPP, por lo que ninguna de las dos tiene asignaciones presupuestarias en el 2025.

Superintendencia de Competencia

Consultado Javier Bauer, presidente de la Superintendencia de Competencia, sobre cómo se financiará la entidad mientras se le asigna el presupuesto del 2026, explicó que el superintendente ya solicitó una reunión con el Ministro de Finanzas y con la Comisión de Finanzas del Congreso, para explicar que el 4% del presupuesto del Ministerio de Economía, asignado por ley, equivale a Q19.5 millones, pero no cubre las necesidades operativas anuales de la entidad. En el presupuesto suspendido se les habían asignado Q25 millones, aunque requerían Q30 millones.

Mientras se gestiona la ampliación, la Sicom operará con el presupuesto inicial de Q20 millones asignado el 30 de diciembre pasado. Al ser una entidad autónoma y descentralizada, los fondos se mantienen en caja y pueden ejecutarse durante el presente año. No obstante, Bauer advirtió que se requerirá el presupuesto completo para el 2026, ya que deben cumplir funciones como promoción de la competencia, educación, divulgación, estructuración interna, contratación de personal y adquisición de sistemas informáticos. En diciembre inicia la segunda fase de la ley, que incluye recepción de denuncias, investigación y sanciones para lo cual la entidad debe estar preparada.

Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria

Los fondos para financiar obras de la DIPP estarían disponibles en su totalidad hasta que se logre un reajuste o ampliación presupuestaria. Para el 2026 se habían asignado Q2 mil 102 millones al Fondo de Proyectos Viales Prioritarios (FOVIP), creado por la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria. Sin embargo, Q1 mil 700 millones de ese monto se reasignaron a la Dirección General de Caminos y al Fondo Social de Solidaridad (FSS), encargadas de ejecutar los proyectos.

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Entre las obras previstas están el Anillo Metropolitano, que abarcará los departamentos de Guatemala, Escuintla, Sacatepéquez y Santa Rosa, así como el libramiento de la Ciudad de Guatemala (interconexión CA-09 Norte y CA-01 Oriente), el Arco 18 y el Arco Norte Metropolitano.

La DIPP aún no ha informado cómo financiará esas obras mientras se concreta el reajuste o la ampliación presupuestaria.

Puerto Quetzal

El artículo 127 del presupuesto 2026 ordenaba preparar las negociaciones para ejecutar la ampliación de Puerto Quetzal mediante deuda pública. Este proyecto, a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU., debía ser formulado y sometido a la Junta Monetaria a más tardar el 31 de julio del 2026. El contrato contemplaba la ampliación de los muelles comerciales 5, 6, 7 y 8.

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Ejecutivo afina ampliación y readecuación del presupuesto 2026 y el Congreso espera conocer pronto la propuesta

Thu, 08 Jan 2026 11:00:00 +0000

presupuesto 2026

Ejecutivo afina ampliación y readecuación del presupuesto 2026 y el Congreso espera conocer pronto la propuesta

El Ejecutivo afina la propuesta de ampliación y readecuación presupuestaria luego de la suspensión decretada por la Corte de Constitucionalidad (CC), mientras el Congreso urgió la iniciativa para comenzar su análisis.

Urias Gamarro y Paula Carranza

8 de enero de 2026

05:00h

El Minfin actualizó que los equipos técnicos hacen los análisis sobre una ampliación presupuestaria que se presentará al Congreso de la República para este ejercicio fiscal. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Diez días después de que la CC suspendiera la vigencia del presupuesto de ingresos y egresos del 2026 —que no entró en vigor con la apertura del ejercicio fiscal—, el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) brindó una actualización sobre los mecanismos que se propondrán.

Durante una conferencia de prensa, Walter Figueroa Chávez, viceministro de Finanzas encargado del área de Administración Financiera, declaró que se trabaja sobre el presupuesto vigente, que asciende a Q154 mil 836 millones, incluyendo las ampliaciones.

El funcionario anticipó que se acercarán al Congreso de la República para presentar una ampliación presupuestaria y proponer la normativa que quedó suspendida en el Decreto 27-2025, que contenía la Ley del Presupuesto.

La tarde del martes 30 de diciembre, la CC resolvió la suspensión temporal del plan de gasto para este ejercicio, que ascendía a Q163 mil 469 millones.

“Se planteará un nuevo presupuesto en términos cuantitativos, más el diferencial de Q8 mil 632 millones”, declaró Figueroa Chávez, al argumentar que hay varios rubros de gasto no cubiertos con el presupuesto vigente.

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Agregó que los equipos técnicos del Minfin —específicamente la Dirección Técnica del Presupuesto (DTP)— están realizando los análisis y ajustes necesarios, ya que se deben considerar fuentes de gasto constitucional y asignaciones con destino específico, para que se respete la planificación y programación de las entidades.

Finanzas deberá justificar aumentos

Por su parte, Orlando Blanco, integrante de la Comisión de Finanzas del Congreso —que deberá analizar la solicitud que presente el Minfin en su momento—, declaró que, a partir de la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC), lo que procede es que la apertura del presupuesto 2026 se realice con el monto de las ampliaciones autorizadas durante el ejercicio 2025, que ascienden a Q154 mil 836 millones.

Enfatizó que están a la espera de la propuesta del Minfin, tal como se indicó en un comunicado oficial, por lo que el tema deberá discutirse en la sala de trabajo del Legislativo.

“Hay temas relacionados con incrementos en diferentes instituciones. Casi todos los ministerios tuvieron un aumento, entonces la propuesta tendría que ir por ese lado”, adelantó.

Aseguró que también se revisarán los aportes cuestionados y citó como ejemplo a las oenegés.

“Lo ideal de esta propuesta sería que llegue lo más pronto posible para que haya posibilidad de ejecutarla durante todo el año”, remarcó Blanco.

Ejecutivo refiere que hay Q11 mil millones del fondo común disponibles para la readecuación y ampliación presupuestaria

Wed, 07 Jan 2026 19:00:00 +0000

presupuesto 2026

Ejecutivo refiere que hay Q11 mil millones del fondo común disponibles para la readecuación y ampliación presupuestaria

Autoridades de Finanzas afirman que el saldo de caja total asciende a más de Q24 mil millones, pero una parte no se puede utilizar. Sin embargo, sí contemplan el uso de recursos, del fondo común, para la propuesta de la ampliación y readecuación presupuestaria 2026, que presentarán al Congreso.

7 de enero de 2026

13:00h

Walter Figueroa, viceministro de Finanzas, afirma que el saldo de caja disponible asciende a más de Q24 mil millones. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

El viceministro de Finanzas, Walter Figueroa, afirma que el saldo de caja total asciende a más de Q24 mil millones, pero una parte de ese total, corresponde a depósitos de entidades descentralizadas y autónomas, que son parte del patrimonio propio y no se pueden disponer de esos fondos, al igual que donaciones y préstamos.

Estos fondos están depositados en las cuentas del Banco de Guatemala y hay Q11 mil millones disponibles para poder incorporar en el presupuesto del 2026 y que se contemplan en la ampliación y readecuación presupuestaria que presentarán próximamente al Congreso, indicó el viceministro de Finanzas.

El presidente Bernardo Arévalo dijo que la ampliación presupuestaria la harán de forma que les permita mantener los objetivos que fueron fijados en cada una de las instituciones del Estado, “y ese es el trabajo que estamos haciendo”, expresó el mandatario.

Hay Q11 mil 851 millones en cuenta única

Según los registros del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (Sicoin), al 31 de diciembre del 2025 los recursos registrados en el fondo común, cuenta única nacional, ascendieron a Q11 mil 851 millones, monto inferior a los Q12 mil 189.29 millones del 2024.

En el 2023, el fondo común fue de Q9 mil 308.25 millones; en el 2022, de Q12 mil 146.03 millones; y en el 2021, de Q12 mil 885.50 millones, según los registros oficiales.

Saldo de caja disponible

Prensa Libre publicó que en el tercer año de la administración de Bernardo Arévalo de León, el Ejecutivo arranca con una posición favorable en la política fiscal y cuenta con Q24 mil 82 millones como saldo total de los depósitos en el Banco de Guatemala (Banguat), según los registros del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (Sicoin) al 31 de diciembre del 2025.

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Ese monto corresponde al saldo total de caja fiscal, sustentado por un excedente en la recaudación tributaria, la colocación de bonos del Tesoro y préstamos, recursos disponibles para el Gobierno Central. En el ejercicio fiscal del 2026, el saldo de arranque muestra un crecimiento del 24% respecto del 2025, cuando se reportaron Q19 mil 323.12 millones; es decir, la cuenta aumentó en Q4 mil 759.81 millones.

Para los analistas Érick Coyoy, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), y Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), el saldo de caja fiscal reportado debe ser uno de los puntos de partida para la futura propuesta de readecuación y ampliación presupuestaria del 2026, que el Ministerio de Finanzas (Minfin) elabora tras la suspensión del gasto público ordenada por la Corte de Constitucionalidad (CC) el pasado martes 30 de diciembre.

Al respecto se recomiendan algunos ajustes:

El primero es corregir la proyección de ingresos que financiarán el nuevo presupuesto, a Q119 mil millones.
El uso de los recursos de la caja fiscal en el presupuesto es mucho más bajo que lo que indica la realidad, por lo que debe corregirse esa fuente de financiamiento y ajustarse a los depósitos reales del Gobierno Central.
Ambos ajustes deben apuntar a una reducción en la deuda bonificada.

Suspensión del presupuesto aprobado del 2026

Según las autoridades de Finanzas, el presupuesto vigente es de Q154 mil 836.6 millones y se distribuye de la siguiente forma:

Funcionamiento: Q101 mil 699.4 millones
Inversión: Q32 mil 975 millones
Deuda pública: Q20 mil 162 millones

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Brechas tras la resolución de la CC

Sin embargo, las autoridades del Ejecutivo refieren que hay más de Q8 mil millones de diferencia entre los presupuestos del 2025 y 2026, por lo tanto, refieren que la inversión pública se limitará.

Algunas de las consecuencias son el desfinanciamiento del proyecto de la construcción de la cárcel de máxima seguridad, indican que no habrá recursos programados para la construcción y mejoramiento de puestos de salud, escuelas y servicios de extensión agrícola. También, aseguran que se desfinanciarán los proyectos de puertos y aeropuertos.

Además, se suprimen los fondos para la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP) y la Superintendencia de Competencia.

Sin embargo, ante ese escenario, se proyectó un crecimiento del producto interno bruto (PIB) del 4.0% en el 2026, afirmaron las autoridades del Ejecutivo.

Mineduc sostiene ampliación de cobertura en secundaria, pese a freno presupuestario

Wed, 07 Jan 2026 06:14:00 +0000

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Mineduc sostiene ampliación de cobertura en secundaria, pese a freno presupuestario

El Mineduc deberá realizar un reajuste presupuestario para abrir 504 nuevos institutos de educación media, en el que se comprometería la transformación digital de las escuelas.

Ana Lucía Ola

7 de enero de 2026

00:14h

El Ministerio de Educación busca ampliar la cobertura del nivel medio con 504 nuevos institutos para básicos y diversificado. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Con la suspensión temporal del presupuesto del 2026 por la Corte de Constitucionalidad (CC), el Ministerio de Educación (Mineduc) tendrá que readecuar sus recursos para obtener Q438 millones que tenía previsto para ampliar este año la cobertura en la secundaria. Los fondos saldrían de los Q26 mil 935 millones que esperaba recibir.

La cartera tendrá que funcionar con los Q25 mil 649 millones asignados en el ejercicio anterior y, para continuar con la estrategia de abrir 504 nuevos institutos de nivel medio, tendrá que sacrificar otros rubros, como la compra de equipo tecnológico para los centros educativos, parte de la transformación digital planteada en el 2025.

Dicho plan contempla dotar de equipo de cómputo a estudiantes de diversificado y ampliar la conectividad, además de incluir contenidos digitales para el aprendizaje y capacitación docente a nivel tecnológico. Sin embargo, la apuesta por llevar tecnología a las aulas tendrá que esperar.

También se verá comprometida la compra de libros para bibliotecas escolares y el subsidio de Q60 millones para los institutos por cooperativa —en el país hay mil 259 centros que atienden a más de 173 mil estudiantes—.

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Cómo funcionarán los 504 institutos de nivel medio que abrirá el Mineduc el próximo año

En el 2025 se realizaron varias convocatorias para la contratación de docentes en los renglones 021 y 011; sin embargo, es un proceso que podría no ocurrir este año al no contar el Mineduc con los fondos suficientes para el pago de más maestros.

“Las convocatorias son necesarias mientras el país tenga un déficit de cobertura, y aun cuando no lo tuviéramos, estas nos permiten completar los espacios que quedan vacantes cuando los maestros se jubilan, que son entre dos mil y tres mil al año”, mencionó Francisco Cabrera, viceministro Técnico.

Por el momento, el Mineduc analiza qué otros renglones se verán afectados al no tener el presupuesto solicitado para cubrir el 2026, y en los próximos días se definirá la distribución de los recursos.

Sigue en pie

“La estrategia estaba incluida en el presupuesto que se aprobó (para 2026) y que luego la Corte suspendió. Eso es un problema, pero no podemos detener el proceso, porque ya tenemos preinscritos, y muchos otros estudiantes se van a inscribir; ya tenemos maestros contratados. Hay procesos que no podemos echar atrás”, dijo el funcionario. Si se detuviera el funcionamiento de estos institutos, “sería un efecto terrible para cualquier esfuerzo posterior de ampliación de cobertura”.

Agregó que el funcionamiento de los 504 nuevos establecimientos de secundaria está “garantizado” y que atenderlos significará que otros renglones sean afectados.

“Los institutos están asegurados, no se van a detener, siguen su curso y van a funcionar. Las acciones indispensables tienen que garantizarse con los recursos que hay”, indicó.

El Ejecutivo ya anunció que trasladará al Congreso de la República una iniciativa de ley para modificar el presupuesto vigente y adaptarlo a los desafíos previstos para este año.

Al respecto, Cabrera indicó que el Mineduc solicitaría más recursos para poder atender los renglones que se verían afectados por la falta de fondos. Si bien es menos complejo detener procesos de compra de equipo de computación que interrumpir el funcionamiento de un centro educativo, esto no significa que no sean necesarios para mejorar la calidad educativa.

“Vamos a requerir una ampliación, porque si queremos que la educación avance, tenemos que asegurar la implementación de las acciones que han sido previstas con mucho tiempo. Por ejemplo, la tecnología de los centros educativos no es algo que surgió repentinamente; hay un plan de trabajo, destinos específicos, y no queremos darlos por perdidos”, refirió el viceministro.

A criterio de Verónica Spross, directora ejecutiva de Empresarios por la Educación, es riesgoso desatender estrategias como la digitalización de los establecimientos, la contratación de docentes y la compra de libros para bibliotecas, las cuales están encaminadas a mejorar la calidad educativa en el sistema público.

“Es necesario reconsiderar la meta de 504 institutos y quizá hacer un poco menos, readecuar ciertos rubros presupuestarios, pero sin demeritar otros asuntos igual de importantes”, indicó Spross.

La salida podría estar en abrir los institutos que el presupuesto realmente permita o bien acercarse a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), para que parte de los fondos que tienen asignados este año se inviertan en educación, y se destinen a sostener los nuevos establecimientos de educación media o a equiparlos con tecnología.

Nuevos institutos

De acuerdo con el registro del Mineduc, al 19 de diciembre pasado se habían preinscrito 12 mil 600 estudiantes de básico y diversificado en los nuevos institutos que están distribuidos en los 22 departamentos. El cupo previsto es de 25 mil jóvenes, que se espera completar durante enero.

Los institutos funcionarán en jornada vespertina, en edificios escolares de primaria que han sido remozados. Se ubicarán en lugares donde los estudiantes que egresan de sexto grado no tienen la facilidad de cursar el nivel básico en sus comunidades, o donde los que salen de tercero básico no pueden acceder al diversificado.

Los procesos administrativos para la conformación del equipo de docentes y selección de directores se desarrollaron durante noviembre y diciembre pasados, y algunas contrataciones seguirán en enero. Dicho personal se identificó del banco de datos de las convocatorias realizadas en el 2025.

La estrategia del Mineduc está diseñada para ampliar la cobertura en zonas rurales o semirrurales donde actualmente no hay oferta pública de educación media. Durante el 2026 se habilitará primero básico y cuarto de diversificado, y conforme los estudiantes avancen, se abrirán los siguientes grados en cada ciclo.

En tres años, la matrícula podría alcanzar los 100 mil estudiantes en los nuevos institutos.

Gobierno arranca con Q24 mil millones en la caja fiscal, ¿por qué ayudaría a la readecuación del presupuesto 2026?

Wed, 07 Jan 2026 06:10:00 +0000

política fiscal

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Gobierno arranca con Q24 mil millones en la caja fiscal, ¿por qué ayudaría a la readecuación del presupuesto 2026?

El Gobierno Central dispone de Q24 mil millones en depósitos para comenzar el año, cifra superior en Q4 mil 759 millones respecto del 2024, mientras avanza en la preparación de la readecuación presupuestaria.

7 de enero de 2026

00:10h

En enero se espera la propuesta de readecuación y ampliación al presupuesto del 2026, luego de que la Corte de Constitucionalidad suspendió el vigente. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

En el tercer año de la administración de Bernardo Arévalo de León, el Ejecutivo arranca con una posición favorable en la política fiscal y cuenta con Q24 mil 82 millones como saldo total de los depósitos en el Banco de Guatemala (Banguat), según los registros del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (Sicoin) al 31 de diciembre del 2025.

Ese monto corresponde al saldo total de caja fiscal, sustentado por un excedente en la recaudación tributaria, la colocación de bonos del Tesoro y préstamos, recursos disponibles para el Gobierno Central. En el ejercicio fiscal del 2026, el saldo de arranque muestra un crecimiento del 24% respecto del 2025, cuando se reportaron Q19 mil 323.12 millones; es decir, la cuenta aumentó en Q4 mil 759.81 millones.

En tanto, la ejecución presupuestaria del 2025 alcanzó el 90.6%, con un gasto total de Q140 mil 342 millones, de un presupuesto vigente de Q154 mil 836 millones, lo que evidencia que no se prestaron bienes ni servicios en su totalidad a la población, al no ejecutarse todo el gasto previsto.

Según los analistas Érick Coyoy, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), y Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), ese saldo de caja debe ser uno de los puntos de partida para la futura propuesta de readecuación y ampliación presupuestaria del 2026, que el Ministerio de Finanzas (Minfin) elabora tras la suspensión del gasto público ordenada por la Corte de Constitucionalidad (CC) el pasado martes 30 de diciembre.

Por medio de un comunicado de prensa del Minfin, el pasado 31 de diciembre se informó que se trabaja en un reajuste presupuestario, y que en enero se enviará al Congreso de la República una iniciativa de ley para modificar el presupuesto vigente (es decir, del 2025).

El Congreso se encuentra en receso parlamentario y retomará sus actividades después del 14 de enero.

Saldo de caja fiscal marca récord

Coyoy explicó que este saldo de caja corresponde a recursos depositados en el Banguat al finalizar el 2025, en las distintas cuentas habilitadas por la Tesorería Nacional.

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La mitad del monto total (Q24 mil millones), es decir, unos Q12 mil millones, proviene de recursos dinerarios provenientes de la recaudación no ejecutada; otra parte corresponde a bonos del Tesoro y préstamos con organismos financieros internacionales que no se ejecutaron; y el resto, a ingresos propios de algunas entidades públicas.

Ese saldo, al cierre del 2025, es el más alto en la serie reciente: en el 2024 fueron Q19 mil 323.12 millones; en el 2023, Q16 mil 446.51 millones; en el 2022, Q18 mil 625.61 millones; y en el 2021, Q21 mil 886.99 millones.

“Esto refleja la disponibilidad de fondos que tiene el Gobierno Central, lo cual, por un lado, es positiva, a diferencia de otras administraciones que apenas lograban cerrar con saldos de caja mínimos para comenzar el siguiente año. Pero también evidencia la no ejecución de algunos rubros de gasto, sobre todo aquellos con fuente de financiamiento en bonos del Tesoro, de los cuales quedaron Q3 mil millones”, añadió.

Esos recursos ya tenían un destino en el presupuesto del año pasado, pero no fueron ejecutados y permanecen ociosos en la banca central.

“Esta posición tiene dos expresiones: la buena disponibilidad de fondos por parte del Gobierno Central, pero también la falta de ejecución de algunos programas de gasto”, agregó el analista de Asíes.

Barrientos precisó que ya se están pagando intereses por la colocación de bonos realizada por el Minfin, cuyo producto no fue utilizado en el presupuesto anterior.

Crece caja fiscal por baja ejecución

Para el director ejecutivo del Icefi, Ricardo Barrientos, el abultado monto de la caja fiscal en el 2025 obedece a varias razones. La primera es que la proyección de ingresos tributarios —recaudados por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)— estaba subestimada y, aunque aún no se conoce el cierre del ejercicio fiscal, se calcula que podría superarse la cifra de Q111 mil millones, lo que implicaría entre Q2 mil y Q3 mil millones adicionales no presupuestados.

“l Ejecutivo arranca con una posición favorable en la política fiscal y cuenta con Q24 mil 82 millones como saldo total de los depósitos en el Banco de Guatemala.

Otro factor fue la autorización del Congreso para la colocación “muy voluminosa” de bonos del Tesoro, al haberse colocado la totalidad del cupo —unos Q25 mil millones—. “Aunque se contrató la deuda, no todo ese dinero financió el gasto público, ya que no se ejecutó la totalidad del presupuesto. Ahí se evidencia el problema de la subejecución, sobre todo en los proyectos de inversión pública en infraestructura”, aclaró Barrientos.

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El analista reiteró que la deuda pública contratada el año pasado para financiar el presupuesto, y que no fue utilizada, ya genera el pago de intereses. Esa es una de las críticas formuladas, ya que las autoridades del Minfin habían asegurado que la ejecución alcanzaría el 92%.

Recomiendan usar caja fiscal y reducir bonos

Con el dato de cierre del saldo total de caja y la futura iniciativa de ley para la ampliación presupuestaria, Barrientos recomendó algunos ajustes. El primero es corregir la proyección de ingresos que financiarán el nuevo presupuesto, ya que sigue vigente la del 2025, de Q109 mil millones, cuando debería ser de Q119 mil millones, según una estimación técnicamente fundamentada.

En segundo lugar, indicó que el uso de los recursos de la caja fiscal en el presupuesto es mucho más bajo que lo que indica la realidad, por lo que debe corregirse esa fuente de financiamiento y ajustarse a los depósitos reales del Gobierno Central en el Banco de Guatemala (Banguat).

Por último, recomendó compensar ambos ajustes con una reducción en la deuda bonificada. “Los bonos no son gratis, es deuda y se pagan intereses; hay que llevar la deuda a la realidad de las cuentas”, afirmó.

Barrientos enfatizó que el Minfin deberá actualizar en la iniciativa que presentará el desglose de datos como el saldo total de caja, los ingresos tributarios y no tributarios, así como la variable de ajuste: los bonos del Tesoro.

Suspensión del presupuesto 2026 reducirá situado constitucional para 178 municipalidades

Tue, 06 Jan 2026 20:06:24 +0000

Guatemala

Suspensión del presupuesto 2026 reducirá situado constitucional para 178 municipalidades

El cálculo del situado constitucional para el 2026 se ajustó con base en el plan de gastos del año anterior que continúa vigente, lo que reducirá los fondos para 178 comunas.

6 de enero de 2026

14:06h

Los integrantes de la Comisión del Cálculo Matemático se reunieron para definir el monto que será asignado a las municipalidades por concepto del situado constitucional a consecuencia de la suspensión del presupuesto 2026 por parte de la Corte de Constitucionalidad. (Foto Prensa Libre: Esbin García).

La suspensión del presupuesto del 2026 por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC) comienza a provocar consecuencias debido al reacomodo de los fondos contenidos en el presupuesto del 2025 —que continuará vigente— y que asciende a más de Q154 mil 836.6 millones.

Este martes 6 de enero se reunieron los representantes de la Comisión del Cálculo Matemático, integrada por la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas (Agaai), el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), la Contraloría General de Cuentas (CGC) y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán), que la preside.

Durante el encuentro se detalló cómo quedará el cálculo del situado constitucional para las municipalidades en el 2026, luego de la suspensión del presupuesto para este año por parte de la CC.

“Bajo el escenario originalmente previsto para el 2026 (antes de la suspensión), aproximadamente tres de cada cuatro municipios hubieran recibido un aumento en su asignación. Sin embargo, al aplicarse el techo presupuestario 2025, el resultado cambia de forma significativa y 178 municipios (52%) registran una disminución en su asignación”, indicó Segeplán mediante un comunicado.

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La suspensión del presupuesto para este año también provocará retrasos en la planificación y afectará las finanzas de las comunas del país, afirmó el titular de dicha secretaría, Carlos Mendoza, durante la reunión.

“La suspensión del presupuesto 2026 no solo retrasa la planificación fiscal del Estado, sino que afecta directamente las finanzas municipales, generando un impacto territorial inmediato”, afirmó Mendoza.

Según explicó, este efecto no es político ni administrativo, sino que se deriva “estrictamente” del marco legal vigente y de las condiciones jurídicas y técnicas que implica operar con el presupuesto 2025.

Montos del 2025 continúan vigentes

Con la continuidad del presupuesto del 2025, también se mantiene vigente el monto de Q6 mil 141 millones 821 mil asignado en el gasto del año anterior para las municipalidades, fondos que deberán distribuirse entre las 340 comunas de los 22 departamentos del país.

De acuerdo con representantes de la Comisión del Cálculo Matemático, la asignación municipal se rige por una fórmula legal que establece que el 35% de los recursos se reparte en partes iguales; el 30% de forma proporcional al total poblacional de cada municipio; el 25% según los ingresos per cápita de cada comuna; y el 10% restante, conforme al número de aldeas y caseríos.

Según Segeplán, las municipalidades deben destinar al menos el 90% de estos fondos asignados a programas y proyectos en educación, salud preventiva, infraestructura y servicios públicos. Mientras que el 10% restante puede destinarse a financiar gastos de funcionamiento.

“Esta distribución se realiza con base en el Código Municipal y con una fórmula ya establecida por la Dirección Técnica del Presupuesto”, explicó el titular de Segeplan.

En el 2025, cinco municipalidades recibieron las mayores asignaciones por situado constitucional:

Guatemala, Q162 millones
Mixco, Q76 millones
Villa Nueva, Q68 millones
San José Acatempa, Jutiapa, Q67 millones
Quetzaltenango, Q60 millones

Con el presupuesto anterior vigente, las asignaciones para las comunas no tendrán variación alguna.

En el 2025, 338 municipalidades aumentaron sus ingresos, y solo dos —San Pedro La Laguna y Concepción, ambas en Sololá— tuvieron una reducción del 5% y 3%, respectivamente, según la Comisión del Cálculo Matemático.

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Anam, en desacuerdo

Durante la reunión sostenida entre los representantes de la Comisión del Cálculo Matemático, el tercer vicepresidente de la Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala, (Anam), Pedro Juan Solís, alcalde de Santa Cruz La Laguna, Sololá, afirmó no estar de acuerdo con la medida y la forma en que serán distribuidos los fondos.

“Creo que en su momento lo hemos venido indicando, de que no hemos estado de acuerdo con respecto, en este caso, a los criterios técnicos que se han estado aplicando para poder asignarnos a nosotros –las municipalidades– los fondos” afirmo Solís.

El representante de la Anam también expresó que podrían implementar acciones legales para lograr que la distribución del situado constitucional se realice de la manera en que se tenía previsto para el 2026.

“Actualmente nosotros contamos todavía con acciones –legales– que existen para ver si todavía logramos obtener ese 10% que nosotros, las municipalidades, deberíamos tener”, puntualizó el jefe edil.

Solís aseguro que con anterioridad solicitó que se le diera una explicación relacionada con los criterios que se utilizan para llevar a cabo la distribución de los fondos para las municipalidades. Sin embargo, dijo que la información era “ambigua” y no dejó claros los criterios sobre este aspecto, por lo que reiteró estar en desacuerdo y que estarán a la espera de los resultados de posteriores discusiones.

Ejecución del presupuesto del 2025 rebasó el 90%, pero siguen retos en la inversión, según analistas

Tue, 06 Jan 2026 06:10:00 +0000

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Ejecución del presupuesto del 2025 rebasó el 90%, pero siguen retos en la inversión, según analistas

Persisten las críticas por el bajo nivel de obras, especialmente, en infraestructura vial desde el Ministerio de Comunicaciones y en los Codedes.

6 de enero de 2026

00:10h

La ejecución presupuestaria del CIV, que incluye infraestructura vial quedó entre las bajas en el ejercicio fiscal del 2025, según los datos del Sicoin. (Foto, Prensa Libre: Covial).

En el 2024, la ejecución del presupuesto del ejercicio fiscal fue de 91.9%. Ese año, el presupuesto final ascendió a Q131 mil 214.4 millones. Para el 2025, según datos del Sistema de Contabilidad de Contabilidad Integrada (Sicoin), la ejecución fue menor: 90.6%, con un presupuesto vigente de Q154 mil 836.6 millones.

Analistas coinciden en que el porcentaje de ejecución se mantiene en los rangos promedio de otros períodos, pero señalan que predominó el gasto de funcionamiento, mientras que el de inversión quedó rezagado.

Por institución, entre las de menor ejecución están el Ministerio de Cultura y Deportes, que gastó el 65.5% de Q952.44 millones; y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), con 68.19% de Q7 mil 526.74 millones.

Tres ministerios, así como las Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro —con Q61 mil 762 millones—, tuvieron ejecuciones de entre el 87% y 89%. Otras 11 entidades, incluidos ministerios, la Presidencia y la Procuraduría General de la Nación, reportaron ejecuciones de entre el 90% y 99%. Las secretarías y otras dependencias del Ejecutivo llegaron al 90.68% y el servicio de la deuda pública, al 98.2%.

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Analistas consultados por Prensa Libre coinciden en que las instituciones que superaron el 90% de ejecución están enfocadas en sueldos y gastos de funcionamiento.

Dificultades

Jorge Lavarreda, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), dijo que nuevamente se evidenció dificultad para erogar en inversión, mientras que los gastos de funcionamiento y de deuda pública fueron congruentes con el comportamiento histórico.

Érick Coyoy, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), aseveró que “la baja ejecución en el 2025 se dio principalmente en inversión, ya que el gasto de funcionamiento tiene alta ejecución porque corresponde, sobre todo, a sueldos y salarios”.

Añadió que en el 2026 se deben mejorar las capacidades de las entidades ejecutoras, tanto ministerios como municipalidades que administran fondos de los Codedes (Consejos Departamentales de Desarrollo).

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En el CIV, tanto la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) como la Dirección de Caminos enfrentaron dificultades por pérdida de capacidad de planificación y ejecución de proyectos, situación que, refirió, se repite en comunas con fondos de los Codedes, comentó Coyoy.

En el caso de Comunicaciones, Sigfrido Lee, director económico del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), dijo que, al observar más detalles del promedio ejecutado, se refleja que, de gastos corrientes —funcionamiento— se ejecutó el 81.96%, pero de gastos de capital —inversión y activos como infraestructura—, la ejecución fue del 57.43%, según refieren los datos del Sicoin.

De conformidad con Lee, los Codedes cerraron el 2025 con un presupuesto de Q12 mil 269.4 millones, con una ejecución de apenas 62.18%. Señaló que hay una gran falla de planificación, al asignarse recursos sin tener proyectos listos, lo cual lleva a improvisaciones durante el año

Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), agregó que, aunque el nivel general es comparable con años anteriores, se detectan cuatro focos problemáticos en lo concerniente a las ejecuciones más bajas, como los Codedes y los ministerios de Cultura, Comunicaciones y Ambiente. Afirmó que, en el caso de los Codedes, la gestión del Ejecutivo y del Congreso impulsaron medidas desesperadas para relajar controles.

Ejecución por entidad del Presupuesto del Estado correspondiente al 2025. (Foto, Prensa Libre: Infografía de Prensa Libre con datos de Sicoin).

Señalan problemas en calidad del gasto

Por su parte, Lavarreda agregó que el problema principal no es solo la ejecución financiera, sino la calidad del gasto: “es decir, en qué medida los bienes y servicios entregados por el Gobierno cumplen con su objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población”.

Lee coincidió y dijo que es necesario evaluar si con el gasto se redujo la desnutrición, mejoró la educación o se acortaron los tiempos de traslado por las obras viales.

El segundo año de cada gobierno

Según datos del Ministerio de Finanzas, divulgados en el 2022, en el segundo año de cada uno de los gobiernos anteriores la ejecución presupuestaria fue la siguiente: en la administración de Alfonso Portillo, en el 2001, la ejecución fue de 89%; en el de Óscar Berger llegó a 95.3% correspondiente al 2005.

En la administración de Álvaro Colom, su segundo, el 2009, cerró en 91.7%; en la gestión de Otto Pérez Molina, el 2013 cerró con 90.4%; el segundo año de Jimmy Morales fue el 2017 y registró 91.7%.

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En el gobierno de Alejandro Giammattei, la ejecución en el 2021 fue del 86.5%, según datos del Sicoin. Se trataba del segundo año después del inicio de la pandemia del covid-19.

Y, el segundo año de la gestión de Bernardo Arévalo, se situó en 90.6% correspondiente al período 2025.

En un informe del Icefi emitido en el 2022, la entidad explica que en esa administración de ejecutó el 86.5% del techo presupuestario de Q107 mil 521.5 millones, pero señaló que el Gobierno ha divulgó en esa ocasión que ejecución presupuestaria fue 98.6%, porque el Minfin manejó dos presupuestos: uno legal con el techo global de Q107,521.5 millones y otro que denominó operativo, con un techo global de alrededor de Q94 mil 400.0 millones, el cual no consta en ninguno de los sistemas o registros oficiales.

De los siete últimos gobiernos, la ejecución del 90.6% en la presidencia de Bernardo Arévalo ocupa, en porcentaje, el tercer puesto entre los más altos, luego del mismo período de Berger, y un empate en el segundo lugar de Colom y Morales.

Presupuesto 2026: así quedó la distribución por entidad tras suspensión del decreto original

Fri, 02 Jan 2026 19:51:14 +0000

Gasto Público

Presupuesto 2026: así quedó la distribución por entidad tras suspensión del decreto original

El Gobierno oficializó la distribución analítica del presupuesto por entidad para el ejercicio fiscal del 2026, con base en el decreto que contiene el plan de gastos del 2025 y las ampliaciones aprobadas por el Congreso durante ese año.

Le puede interesar: Presupuesto 2025: Minfin busca prevenir inconsistencias en asignaciones y se basa en artículo 6 del decreto 36-2024

2 de enero de 2026

13:51h

Con el Acuerdo Gubernativo 1-2026, publicado por el Ministerio de Finanzas Públicas, se establecen los montos de presupuesto por entidad y así como los rubros de ingresos que rigen para el presupuesto del Estado del 2026. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Mediante el Acuerdo Gubernativo 1-2026, publicado por el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) este viernes 2 de enero en el Diario de Centro América, se establecen los montos de egresos por entidad y los diferentes rubros de ingresos que rigen para el presupuesto estatal del 2026.

Estos se basan en el Decreto 36-2024, que contiene el plan de gastos del 2025 y las ampliaciones aprobadas por el Congreso durante el año pasado, y alcanza un total de Q154 mil 836.6 millones.

El Ejecutivo debió implementar esta medida luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió, el 30 de diciembre pasado, de forma temporal, el Decreto 27-2025, que aprueba el presupuesto para el 2026 por Q163 mil 469.3 millones, derivado de dos amparos que alegan vicios de procedimiento en el Congreso.

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Por entidad

Con ello, los montos que regirán para el presente año se basan en los artículos 1 y 6 del decreto del presupuesto del 2025 y en las variaciones derivadas de las ampliaciones presupuestarias aprobadas por el Legislativo durante el año, según establece el acuerdo gubernativo mencionado, y se divulga el detalle:

Presidencia de la República, Q220.5 millones
Ministerio de Relaciones Exteriores, Q980 millones
Ministerio de Gobernación, Q8 mil 272.7 millones
Ministerio de la Defensa Nacional, Q3 mil 859.9 millones
Ministerio de Finanzas Públicas, Q505 millones
Ministerio de Educación, Q25 mil 649.9 millones
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Q15 mil 199.9 millones
Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Q2 mil 414.4 millones
Ministerio de Economía, Q977.6 millones
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Q2 mil 592.1 millones
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Q9 mil 929.8 millones
Ministerio de Energía y Minas, Q106.5 millones
Ministerio de Cultura y Deportes, Q1 mil 001.2 millones
Secretarías y otras dependencias del Ejecutivo, Q2 mil 040.7 millones
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Q367 millones
Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, Q57 mil 476.9 millones
Servicios de la Deuda Pública, Q20 mil 162.1 millones
Ministerio de Desarrollo Social, Q2 mil 879.7 millones
Procuraduría General de la Nación, Q200 millones

Para la apertura del presupuesto del presente año, el artículo 22 del acuerdo —relativo a las entidades de la administración central— autoriza al Minfin a hacerlo conforme a lo establecido en los artículos 1 y 6 del Decreto 36-2024.

Respecto de los montos adicionados en el artículo 129 de ese decreto a algunas entidades y programas, el acuerdo establece que las entidades de la administración central deberán gestionar las modificaciones presupuestarias y remitirlas al Minfin a más tardar el 14 de enero del 2026.

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En el caso de las entidades descentralizadas, según el artículo 23, deberán presentar los ajustes correspondientes al ministerio a más tardar el 30 de enero del 2026, con el fin de mantener la coherencia con el aporte de la administración central.

En ambos casos, la Contraloría General de Cuentas fiscalizará el cumplimiento de lo estipulado, añade el documento.

En cuanto a la apertura del presupuesto, Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), opinó que asignar recursos con base en los artículos 1 y 6 del Decreto 36-2024 más las ampliaciones aprobadas en el 2025 fue lo más adecuado que pudo establecer el Minfin. A su criterio, el contenido del artículo 129 de esa ley es un error técnico, pues modifica montos dentro del mismo decreto.

Con esta decisión, ahora se operarán las modificaciones mediante acuerdos gubernativos o acuerdos ministeriales de presupuesto posteriores.

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“Cada entidad, incluidos los consejos de desarrollo que tengan asignaciones en el artículo 129 del decreto presupuestario del año pasado, deberá solicitar a Finanzas la modificación correspondiente. Creemos que es la forma menos perjudicial de hacer las operaciones que se le indican”, explicó.

Por aparte, el Gobierno y el Minfin informaron, el 30 y 31 de diciembre, mediante comunicados de prensa, que harán los ajustes necesarios al presupuesto del presente año y presentarán durante las primeras semanas de enero una iniciativa de ley para su ampliación. Esto, con el objetivo de cumplir con los plazos para la ejecución de proyectos de infraestructura económica, desarrollo social y fortalecimiento institucional previstos para este ejercicio fiscal.

“Dicha iniciativa permitirá contar con normas presupuestarias actualizadas y un presupuesto que optimice la ejecución de los recursos disponibles, priorizando proyectos estratégicos y de alto impacto social”, agregaron.

Por ser de reciente creación en el presupuesto del 2025 no aparecía la Superintendencia de Competencia, a la cual se le había asignado su primer monto anual en el decreto para el presente año. Otro monto pendiente es el costo que deberá cubrir el Estado para el cierre técnico del Campo petrolero Xan, que se le habría asignado para este año al Ministerio de Energía, montos para los Codedes, entre otros proyectos.

Fuentes de financiamiento

Para financiar el presupuesto se establecen ingresos tributarios por Q109 mil 302.5 millones, también basados en el decreto de presupuesto de año pasado.

Además, se contemplan Q11 mil 695.6 millones provenientes de caja.

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Deuda pública

En cuanto al endeudamiento, se establecen:

Bonos del Tesoro (deuda interna): Q25 mil 104.1 millones
Préstamos externos: Q2 mil 606.2 millones

Otros ingresos son:

Ingresos no tributarios: Q1 mil 416.5 millones
Contribuciones a la seguridad y previsión social: Q3 mil 540 millones
Ventas de bienes y servicios de la administración pública: Q599.9 millones
Rentas de la propiedad: Q493.4 millones

El acuerdo gubernativo fue firmado por el presidente Bernardo Arévalo; el viceministro de Finanzas encargado del despacho, Walter Orlando Figueroa; y el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero.

Este acuerdo deroga el Acuerdo Gubernativo 263-2025, que aprobaba la distribución analítica del presupuesto del 2026 con base en el Decreto 27-2025, suspendido temporalmente por la CC.

Suspensión del presupuesto 2026: Ejecutivo activa techo del 2025 por Q154 mil 836.6 millones y enfrentará desafíos en el Congreso

Fri, 02 Jan 2026 06:10:00 +0000

Finanzas Públicas

Suspensión del presupuesto 2026: Ejecutivo activa techo del 2025 por Q154 mil 836.6 millones y enfrentará desafíos en el Congreso

Analistas advierten sobre riesgos en la ejecución, necesidad de respaldo político y obstáculos legales para lograr reajustes presupuestarios.

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2 de enero de 2026

00:10h

El presupuesto del Estado para el 2026 fue suspendido temporalmente por la CC. Ahora rige para este año, el monto que estaba vigente al cierre del 2025, con Q154 mil 836.6 millones. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

El Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), informó que, a partir del 1 de enero del 2026, rige el presupuesto vigente correspondiente al 2025, que supera los Q154 mil 836.6 millones.

El Minfin anticipa, en un comunicado de prensa difundido el 31 de diciembre, que trabaja en los reajustes necesarios para avanzar en la ejecución. Entre los analistas causa inquietud el desafío de lograr apoyos en el Congreso para el reordenamiento del gasto público del 2026.

El Decreto 27-2025, que aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el 2026, quedó suspendido temporalmente por una resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC) el 30 de diciembre, en respuesta a dos amparos que señalaron vicios en el procedimiento de aprobación seguido en el Congreso.

En consecuencia, conforme con lo resuelto por la CC y la literal b) del artículo 171 de la Constitución, el presupuesto para este año será el del ejercicio fiscal anterior, correspondiente al 2025, contenido en el Decreto 36-2024, con un monto de Q154 mil 836.6 millones, según informó el Minfin.

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Inicialmente, el Decreto 36-2024 aprobó un presupuesto de Q148 mil 526 millones. Este tuvo ampliaciones durante el año, por lo que, según el Sicoin, el monto vigente al cierre del 2025 fue de Q154 mil 836.6 millones.

El aumento obedeció a que el Congreso dejó preautorizadas ampliaciones presupuestarias para el 2025, explicó Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

Asimismo, el Congreso aprobó el Decreto 1-2025, en febrero del 2025, que amplió el presupuesto en Q4 mil 166.7 millones para cubrir desembolsos derivados de la suspensión provisional de cuatro artículos del presupuesto del 2025.

Esa suspensión fue resultado de una acción de inconstitucionalidad parcial presentada por el Cacif. El monto incluyó Q1 mil 891.7 millones para los consejos departamentales de desarrollo (Codedes); Q1 mil 625 millones para el régimen de clases pasivas; Q56.5 millones para seguro paramétrico y Q393.5 millones para el programa de reducción de emisiones, entre otros.

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El Minfin aclaró que la suspensión del presupuesto del 2026 no impide la gestión del Gobierno, pero sí limita la creación o ampliación de programas e inversiones, cuyo monto previsto era de Q163 mil 469.3 millones.

El Ejecutivo anunció que trabajará en un reajuste presupuestario que permita un plan de gasto alineado con las necesidades de la población, por lo que, también en enero del 2026, enviará al Congreso una iniciativa de ley para modificar el presupuesto vigente y adaptarlo a los desafíos económicos, sociales e institucionales del tercer año de gobierno.

Desafío político

Barrientos agregó que el Minfin y el Gobierno enfrentan retos como la ejecución inicial del presupuesto, su readecuación y la dinámica política en el Congreso durante el 2026. Esto podría atrasar aún más la ejecución.

Además, podrían surgir dificultades para entidades descentralizadas, ya que algunas preveían aumentos presupuestarios y otras, como la Superintendencia de Competencia, se incluirían por primera vez.

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A su criterio, también debería derogarse el Acuerdo Gubernativo 263-2025, publicado el 30 de diciembre, que aprobó la distribución analítica del presupuesto del 2026. En su lugar, deberá aprobarse una nueva con base en el presupuesto vigente.

Jorge Lavarreda, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), mencionó que entre los retos presupuestarios del Gobierno están, en primer lugar, planificar y ejecutar las readecuaciones necesarias para implementar, en la medida de lo posible, los planes operativos del 2026 con el nuevo techo presupuestario.

Posteriormente, deberá prepararse una propuesta de ley para enviarla al Congreso, con el fin de ajustar lo que no pueda modificarse tras esas readecuaciones. “Este último paso implica, primero, una etapa para resolver aspectos técnicos y legales, y luego una de cabildeo político”, explicó, el experto del Cien al referirse a la necesidad de una nueva aprobación legislativa.

Práctica recurrente

El actual Gobierno vivió una situación similar en su primer año, cuando la CC suspendió el decreto del presupuesto del 2024, quedando vigente el del año anterior. En ese caso, se aprobaron cuatro ampliaciones presupuestarias durante el año.

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El Minfin también informó que, en las primeras semanas del año, se presentará otra iniciativa de ley para ampliar el presupuesto, con el fin de cumplir los plazos de ejecución de proyectos de infraestructura, desarrollo social y fortalecimiento institucional.

Según la cartera, la aprobación de dicha iniciativa permitiría contar con normas presupuestarias actualizadas y un presupuesto que optimice la ejecución de los recursos, priorizando proyectos estratégicos y de alto impacto social.

Mientras se aprueba el reajuste, el Gobierno priorizará el cumplimiento de obligaciones constitucionales y legales, como el pago de salarios, servicios básicos, transferencias obligatorias, salud, educación, seguridad y deuda pública.

Barrientos opinó que también será necesario analizar cómo se aplicarán, en el 2026, los Q7 mil millones establecidos en el artículo 129 del presupuesto del 2025, con el cual se modificó el monto original asignado a ministerios y dependencias públicas.

Cacif y CIG se pronuncian tras suspensión del presupuesto 2026 por la Corte de Constitucionalidad

Wed, 31 Dec 2025 18:36:54 +0000

economía

Cacif y CIG se pronuncian tras suspensión del presupuesto 2026 por la Corte de Constitucionalidad

Después del fallo de la CC que suspendió el Presupuesto 2026, Cacif y la CIG exigen transparencia, responsabilidad fiscal y respeto al marco constitucional.

Glenda Burrión

31 de diciembre de 2025

12:36h

El ministro de Finanzas presenta el Presupuesto General del Estado 2026 ante el Congreso de la República en septiembre de 2025, en un acto clave para el debate sobre la responsabilidad fiscal y la transparencia del gasto público. (Foto, Prensa Libre: Byron Rivera)

La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió el pasado 30 de diciembre suspender de forma provisional la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2026, decisión que mantiene en pausa su entrada en vigencia mientras se analiza el fondo de las acciones planteadas.

Este 31 de diciembre, tras conocerse la resolución, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) se pronunciaron de forma separada sobre la suspensión del presupuesto y el escenario que se abre a partir del fallo del máximo tribunal constitucional.

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Cacif exige responsabilidad social y transparencia

En su comunicado, el Cacif reconoció la actuación de la CC y subrayó la necesidad de fortalecer la responsabilidad fiscal y la transparencia en el uso de los recursos públicos.

La cúpula empresarial enfatizó que cualquier presupuesto debe elaborarse con base en criterios técnicos, sostenibles y realistas, alineados con las prioridades del desarrollo nacional, y llamó a las autoridades a respetar el marco legal y promover el diálogo institucional para alcanzar consensos que generen certeza y estabilidad económica.

Tras fallo de la Corte de Constitucionalidad, CACIF insiste en responsabilidad fiscal y transparencia.#ComunicadoCACIF pic.twitter.com/DrhdN79DnY
— CACIF (@CACIFGuatemala) December 31, 2025

CIG señala de presupuesto excesivo y descontrolado

Por su parte, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) señaló que el presupuesto aprobado es excesivo y desconectado de la realidad económica del país, por lo que consideró que la suspensión provisional representa una oportunidad para corregir el rumbo.

El sector industrial planteó la necesidad de construir un presupuesto técnico y responsable, libre de vicios o intereses políticos, que garantice un uso eficiente y transparente de los recursos públicos.

Guatemala necesita un Presupuesto 2026 responsable, transparente y enfocado en resultados, que responda a las necesidades básicas y urgentes de la población y no comprometa el futuro del país.

Lee la postura completa: https://t.co/yJwi6Aiopj pic.twitter.com/yRPPbnWfjK
— Cámara de Industria de Guatemala (@industriaguate) December 31, 2025

Finalmente, ambas organizaciones empresariales coincidieron en que Guatemala necesita invertir mejor, priorizando áreas estratégicas como seguridad, infraestructura, salud, educación y calidad de vida, sin comprometer la estabilidad financiera del Estado ni endeudar a las futuras generaciones, con el objetivo de promover un desarrollo sostenible y un manejo responsable del gasto público.

Presupuesto 2026 queda en suspenso: qué implica para el funcionamiento del Estado

Wed, 31 Dec 2025 13:00:00 +0000

Política

Presupuesto 2026 queda en suspenso: qué implica para el funcionamiento del Estado

Una resolución de la CC dejó en suspenso el presupuesto del 2026, por Q163 mil millones, por lo que ahora el Gobierno deberá hacer ajustes para garantizar los fondos a las instituciones del Estado.

César Pérez Marroquín y Rosa María Bolaños

31 de diciembre de 2025

07:00h

La suspensión del presupuesto 2026 por la CC obliga al Ejecutivo a replantear su estrategia política y fiscal. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) diera con lugar un amparo provisional que frenó la entrada en vigor del presupuesto del 2026, por Q163 mil millones, —aprobado por el Congreso a finales de noviembre—, el Ejecutivo deberá ajustarse al gasto público aprobado para el 2025, cuyo monto ascendía a Q154 mil 836.6 millones, según lo establece la ley.

El director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Ricardo Barrientos, afirmó que debe tomarse en cuenta que el presupuesto del 2026 no ha sido declarado inconstitucional, sino que se otorgó un amparo que suspende temporalmente el decreto, antes de que entre en vigencia.

Como efecto inmediato, el presupuesto aprobado mediante el Decreto 27-2025 no podrá entrar en vigor el 1 de enero del 2026, por lo que el Gobierno y el Ministerio de Finanzas deberán aplicar la literal b del artículo 171 de la Constitución Política de la República, que establece que, si el Congreso no aprueba el presupuesto, continuará vigente el del año anterior.

Barrientos explicó que el Gobierno deberá iniciar el ejercicio fiscal del 2026 con el presupuesto aprobado en el Decreto 36-2024, incluyendo las modificaciones aprobadas durante el 2025.

El monto aprobado inicialmente fue de Q148 mil 526 millones, pero al 30 de diciembre del 2025 el presupuesto vigente ascendía a Q154 mil 836.6 millones.

Esto se debe a que el Congreso dejó autorizadas ampliaciones presupuestarias para el 2025, por lo que el monto aumentó. Sin embargo, la cifra que determine el Ministerio de Finanzas dependerá de cómo se interpreten esas preautorizaciones, indicó el directivo.

Barrientos señaló que debería entrar en vigor el presupuesto vigente, aunque reconoció que esto genera confusión, y que el Icefi no recomienda mantener la práctica de ampliaciones preautorizadas.

También deberá analizarse cómo se aplicarían los Q7 mil millones del artículo 129 del decreto del presupuesto del 2025, que modificó, dentro del mismo decreto, el monto original asignado a cada entidad en el artículo 6, lo que generó una antinomia.

“Hay mucha incertidumbre, y eso expone a más impugnaciones al presupuesto”, agregó.

Sobre el procedimiento para cargar los montos del presupuesto al sistema, Barrientos explicó que este consiste en traducir los 140 artículos del decreto a una base de datos con dos millones de registros, lo cual toma aproximadamente un mes de trabajo.

Además, consideró que deberá derogarse el Acuerdo Gubernativo 263-2025, publicado este martes en el diario oficial, que aprobó la distribución analítica del presupuesto del 2026. En su lugar, se deberá aprobar una nueva distribución con base en el presupuesto vigente, para que el Estado pueda operar.

Por su parte, el Gobierno informó en un comunicado que, ante la suspensión temporal, se aplicará el presupuesto anterior. Sin embargo, enfatizó que, en enero, se trasladará al Congreso de la República una iniciativa de ley que modifique el presupuesto para adecuarlo a los desafíos económicos, sociales e institucionales del 2026.

“El Gobierno actuará en el marco de la legalidad para cumplir sus compromisos con el pueblo de Guatemala”, detalla el comunicado, que incluye los siguientes puntos:

La Constitución de la República establece mecanismos claros para garantizar la continuidad del funcionamiento del Estado y los servicios con los que se atiende a la ciudadanía. Cuando un presupuesto no entra en vigencia, se aplica el presupuesto anterior, lo que permite que las instituciones sigan operando.
Como Gobierno, trabajaremos en las vías necesarias para que los recursos lleguen al pueblo de Guatemala. Por ello, se trabajará inicialmente en un reajuste presupuestario que garantice un presupuesto acorde con las necesidades de la población. En el mes de enero, se trasladará al Congreso de la República una iniciativa de ley que modifique el presupuesto para adecuarlo a los desafíos económicos, sociales e institucionales del 2026, así como a los resultados establecidos para el tercer año de gobierno.
Nuestro objetivo es claro: continuar llevando salud, seguridad y educación, además de promover mayor crecimiento económico y más empleo, bases indispensables para el desarrollo y el bienestar de las y los guatemaltecos.

El Gobierno de Guatemala informa a la población: pic.twitter.com/F7ii46OAUP
— Gobierno de Guatemala (@GuatemalaGob) December 31, 2025

La Corte de Constitucionalidad a la opinión pública hace saber: pic.twitter.com/BkMFcWmJc8
— CC Guatemala (@CC_Guatemala) December 30, 2025

Amparo provisional frena entrada en vigor del Presupuesto del 2026, por Q163 mil millones

Tue, 30 Dec 2025 22:29:27 +0000

Justicia

Amparo provisional frena entrada en vigor del Presupuesto del 2026, por Q163 mil millones

La Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional que suspende la entrada en vigor del Presupuesto del 2026, previsto para el 1 de enero.

César Pérez Marroquín, Douglas Cuevas y Carlos Gómez

30 de diciembre de 2025

16:29h

Sede de la Corte de Constitucionalidad en la ciudad de Guatemala. (Foto: Hemeroteca PL)

La Corte de Constitucionalidad (CC) dejó en suspenso el Presupuesto del 2026, por lo que el plan de gasto del Gobierno no entrará en vigor el 1 de enero próximo, como estaba previsto, informaron este martes 30 de diciembre fuentes judiciales.

La magistrada Leyla Lemus, presidenta de la CC, convocó a los magistrados titulares para la tarde de este martes, con el objetivo de conocer ocho amparos que buscaban impedir que el Presupuesto General del 2026 entrara en vigencia.

Inicialmente se informó que los magistrados dieron con lugar uno de los recursos, con lo que se frena la entrada en vigor del Presupuesto del 2026. Hubo un voto razonado disidente del magistrado Roberto Molina Barreto.

“El día de hoy, el pleno de magistrados, por mayoría, otorgó el amparo provisional solicitado en las acciones constitucionales acumuladas 9403-2025, 9531-2025, 9581-2025, 9722-2025, 9840-2025, 9841-2025, 9916-2025 y 9928-2025, lo anterior por concurrir los supuestos del artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; y porque las circunstancias lo hacen aconsejable, dados los vicios formales denunciados por los amparistas Diego Sagastume Vidaurre y Fernando Linares Beltranena”, señaló la CC en un comunicado.

Agrega: “Como efectos positivos del otorgamiento de la protección interina constitucional, se deja en suspenso temporalmente la aprobación, por parte del Congreso de la República de Guatemala, del Decreto 27-2025, que contiene la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal del 2026, así como lo actuado con posterioridad”.

Con la suspensión temporal del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado del 2026, por parte de la CC, quedaría vigente el plan de gasto público del 2025, cuyo monto asciende a Q154 mil 836.6 millones.

El presupuesto para el ejercicio fiscal del 2026 fue aprobado por el Congreso de la República en una sesión que se extendió hasta la madrugada del 26 de noviembre. La ley fue avalada con el voto de una amplia mayoría de diputados, bajo la figura de urgencia nacional. El monto total asciende a aproximadamente Q163 mil 469 millones, equivalente a más de US$21 mil millones, lo que representa un incremento respecto del presupuesto del año anterior.

El Gobierno y el Organismo Ejecutivo, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, defendieron la aprobación, al argumentar que permitirá fortalecer la inversión pública, impulsar proyectos de desarrollo y promover el crecimiento económico.

Sin embargo, la forma en que se aprobó —de madrugada y con debate público limitado— ha generado controversia y rechazo de algunos sectores. Organizaciones como la Cámara del Agro (Camagro) han cuestionado que el proceso careció de transparencia y consideran que se replicaron “prácticas opacas del pasado”, especialmente en un año preelectoral, lo que podría fomentar la discrecionalidad fiscal.

#Urgente

La @CC_Guatemala dejó en suspenso todo el presupuesto nacional del 2026, el mismo no entrará en vigencia este 1 de enero. Hubo un voto razonado disidente del magistrado Roberto Molina Barreto. pic.twitter.com/HwGY4jWuIX
— Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) December 30, 2025

Gobierno se pronuncia

Durante la noche de este martes 30 de diciembre el Organismo Ejecutivo se pronunció sobre la decisión de la Corte de Constitucionalidad de dejar sin efecto la entrada en vigencia del presupuesto aprobado por el Congreso para el 2026.

Por medio de su cuenta de X el Gobierno de Guatemala emitió un comunicado en el que indican las medidas a seguir a raíz de la decisión de la CC.

Según se indica en la comunicación ante esta decisión, el gobierno actuará en el marco de la legalidad para cumplir sus compromisos con el pueblo de Guatemala, por lo que se informa a la población:

La Constitución de la República establece mecanismos claros para garantizar lacontinuidad del funcionamiento del Estado y los servicios con los que se atiende a la ciudadanía. Cuando un presupuesto no entra en vigencia, se aplica elpresupuesto anterior, lo que permite que las instituciones sigan operando.
Como gobierno, trabajaremos en las vías necesarias que permitan que los recursos lleguen al pueblo de Guatemala. Por ello, se trabajará inicialmente en un reajuste presupuestario que garantice un presupuesto acorde a las necesidades de la población. En el mes de enero, se trasladará al Congreso de la República una iniciativa de ley que modifique el presupuesto para adecuarlo a los desafíos económicos, sociales e institucionales propios del 2026, así como a los resultados establecidos para el tercer año de gobierno.
Nuestro objetivo es claro: continuaremos llevando salud, seguridad, educación y promoviendo más crecimiento económico y más empleo, bases indispensables para el desarrollo y el bienestar de las y los guatemaltecos. Los esfuerzos por promover el desarrollo integral, la transparencia y la inversión en el pueblo guatemalteco siguen adelante y constituyen el principal objetivo del Gobierno del presidente Arévalo.

El Gobierno de Guatemala informa a la población: pic.twitter.com/F7ii46OAUP
— Gobierno de Guatemala (@GuatemalaGob) December 31, 2025

CC pide informe al Congreso por aprobación del Presupuesto tras amparo de abogado

Wed, 24 Dec 2025 20:15:00 +0000

Política

CC pide informe al Congreso por aprobación del Presupuesto tras amparo de abogado

El abogado Diego Sagastume interpuso una acción ante la CC contra la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2026, por lo que el Congreso deberá enviar un informe.

Edwin Pitán

24 de diciembre de 2025

14:15h

El Congreso aprobó la Ley del Presupuesto para el ejercicio fiscal del 2026 por Q163 mil millones, en una sesión nocturna que se extendió hasta la madrugada del 26 de noviembre del 2025. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Las objeciones por la aprobación del Presupuesto General de la Nación del 2026 siguen su curso, por parte de ponentes que quieren frenar su aplicación. A falta de siete días para terminar el año, el Congreso deberá entregar un informe sobre la manera en que se aprobó esa ley presupuestaria.

Este miércoles 24 de diciembre se publicó el expediente 9841-2025 de la Corte de Constitucionalidad, en el que se ordena al Congreso de la República entregar un informe detallado sobre la aprobación del Presupuesto General de la Nación del 2026.

La petición del tribunal constitucional forma parte del trámite del amparo que interpuso el abogado Diego Sagastume el lunes 22 de diciembre. El Congreso debe atender la solicitud y entregar el informe en un plazo de 48 horas.

Sagastume califica la Ley del Presupuesto 2026 como “una aberración jurídica” y sostiene que el dictamen fue presentado tarde, “fuera del plazo legal”, y agrega que eso causó, de manera intencional, que los diputados no analizaran los cambios con el tiempo ni el espacio necesarios para examinar a detalle el contenido.

“No hubo discusión de este presupuesto; esa ley pasó suave como cuchillo en mantequilla, sin mayores análisis. Hubo violaciones en el decreto de aprobación, que fue aprobado por el presidente Bernardo Arévalo. Estamos evitando que esta violación a normas orgánicas entre en vigencia en enero del 2026. Lo que estamos pidiendo es que se revierta la aberración jurídica”, acusó Sagastume cuando presentó las acciones de amparo.

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Historial del aval

El presupuesto para el ejercicio fiscal 2026 fue aprobado por el Congreso de la República de Guatemala a finales de noviembre de 2025, en una sesión que se extendió hasta la madrugada del 26 de noviembre. La ley fue aprobada con el voto de una amplia mayoría de diputados bajo la figura de urgencia nacional. El monto total asciende a aproximadamente Q163 mil 469 millones, equivalente a más de US$21 mil millones, lo que representa un incremento respecto al presupuesto del año anterior.

El gobierno y el Ejecutivo, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, defendieron la aprobación argumentando que permitirá fortalecer inversiones públicas, impulsar proyectos de desarrollo y promover crecimiento económico.

Los diputados oficialistas defienden el Presupuesto General de la Nación 2026 pese a críticas y acciones legales que buscan impedir su aplicación. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Cien detecta reconfiguración de Q7 mil 795 millones y gasto arranca con observaciones

Fri, 19 Dec 2025 11:00:00 +0000

Presupuesto 2026

El Cien detecta reconfiguración de Q7 mil 795 millones y gasto arranca con observaciones

Una reconfiguración por Q7 mil 795 millones al presupuesto del 2026 es uno de los hallazgos que identificó un centro de investigación económica, el cual recomienda realizar ajustes.

19 de diciembre de 2025

05:00h

Los diputados del Congreso de la República asignaron más recursos a los Consejos Departamentales de Desarrollo en 2026, según el Cien. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Luego de que los diputados del Congreso de la República aprobaron el presupuesto de ingresos y egresos del 2026, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) presentó varios hallazgos y sugirió efectuar cambios.

Los diputados aprobaron un nuevo presupuesto de Q163 mil 469 millones, que será ejecutado durante el tercer año de mandato del presidente Bernardo Arévalo de León. Con esta acción, se cerró el ciclo presupuestario con el aval correspondiente.

El Cien dio a conocer los principales hallazgos del decreto aprobado por el Legislativo. La ley entrará en vigencia el próximo 1 de enero, cuando comienza el ejercicio fiscal. Actualmente, se desarrolla el presupuesto analítico.

Critica falta de debate en el Congreso

El investigador Jorge Lavarreda indicó que llamó la atención que la Comisión de Finanzas y Moneda (CFM) del Congreso emitió el dictamen el 25 de noviembre, cinco días antes del vencimiento del plazo constitucional. Durante la madrugada del 26, el pleno aprobó el decreto 27-2025 en un solo debate y de urgencia nacional, sin seguir el proceso de tres lecturas.

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A su juicio, se aprobó el programa de gasto en condiciones poco transparentes y con una discusión limitada.

Sustituyen bonos por saldo de caja

El documento indica que, de la propuesta original presentada por el Ministerio de Finanzas (Minfin) el 1 de septiembre, el monto se redujo en Q314.1 millones. Esta disminución se explica por la sustitución de bonos del Tesoro por saldo de caja, así como por la reducción en la fuente de desembolso de préstamos provenientes de organismos e instituciones regionales e internacionales.

En la parte de ingresos, se mantuvo la sumatoria de los otros impuestos y de otros impuestos indirectos por Q7 mil 197 millones. Al no corregirse el monto para realizar la distribución en impuestos específicos, se pierde transparencia en los montos que deben asignarse a distintas entidades que se financian con esa clasificación.

Reasignan Q7 mil millones sin estudios técnicos

El analista enfatizó que los cambios más significativos a la Ley del Presupuesto están en la parte de los gastos, es decir, los destinos, en los cuales hubo reconfiguraciones de montos respecto de la iniciativa presentada por la cartera del Tesoro.

El informe precisa que se eliminaron cuatro artículos, se reescribieron 26 y se agregaron 27 nuevos. “Muchos de ellos sin estudios técnicos previos ni planificación adecuada”, se advierte.

Se eliminaron cuatro artículos, se reescribieron 26 y se agregaron 27 nuevos. “Muchos de ellos sin estudios técnicos previos ni planificación adecuada.

Al reducirse el techo presupuestario en Q314.1 millones, las modificaciones introducidas por el Congreso implican readecuaciones muy significativas.

El análisis evidencia que hubo reducciones en las asignaciones propuestas por el Minfin por alrededor de Q6 mil 742 millones y nuevas asignaciones por un monto de Q7 mil 795 millones.

Entre las principales reducciones figuran Q2 mil 150 millones para el programa de modernización de transporte, puertos y aeropuertos; otros Q920 millones para devoluciones de impuestos y Q765 millones para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), entre otros.

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En el documento del Cien se identificó, al menos, la reducción de unos Q5 mil 648 millones en diferentes rubros.

Por el contrario, uno de los puntos más controversiales fue el aumento para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), que alcanzó Q6 mil 312.1 millones.

Según Jorge Lavarreda, esta cifra carece de un listado de proyectos que la respalde, y su distribución entre municipios presenta “profundas desigualdades”.

Por ejemplo, en San José Acatempa, Jutiapa, para el 2026, por la vía de los Codedes, se recibirán aproximadamente Q3 mil 300 por persona, mientras que Mixco, uno de los municipios más poblados, obtendrá Q0.89 por persona.

Además, se incorporó un candado a este articulado: se prohíbe reprogramar o reordenar las asignaciones presupuestarias indicadas para cada uno de los 340 municipios.

Alertan por fondos a entidades sin experiencia

Otro de los hallazgos revelados por el Cien es que se aprobaron 160 asignaciones a entidades, asociaciones y oenegés por Q2 mil 462 millones. El estudio determina que, de estas, 69 son nuevas y alcanzan Q345 millones.

“Muchas de las organizaciones beneficiadas no tienen trayectoria ni experiencia en el manejo de fondos públicos, lo que plantea dudas sobre su ejecución y fiscalización”, recalcó Jorge Lavarreda.

Por otro lado, se aprobó un tramo de Q781.5 millones para 64 proyectos que no estaban incluidos en la propuesta inicial del Minfin. Se determinó que 19 de estos nuevos proyectos no cuentan con el código del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

Según Lavarreda, estos proyectos no han sido sometidos a un proceso de aprobación técnica por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán).

Cien pide eliminar aporte extra a los Codedes

El análisis del Cien también enfatiza algunas conclusiones y remarca que el proceso de aprobación del programa de gasto para el 2026 fue exprés, lo que impidió una discusión amplia y profunda. El presupuesto presenta serias deficiencias técnicas, legales y de transparencia.

Asimismo, los cambios realizados por el Congreso “priorizaron asignaciones con poca o nula planificación y sin sustento técnico, debilitando la institucionalidad y la calidad del gasto público”.

En la parte de recomendaciones, se reitera la necesidad de fortalecer el papel técnico de la Comisión de Finanzas, con dictámenes fundamentados y documentación de acceso público; que el Congreso retome el esquema de tres lecturas; y que los diputados conozcan y discutan los programas de gasto. También se propone eliminar el aporte extraordinario a los Codedes o corregir su distribución, para asegurar criterios técnicos, equidad poblacional y control ciudadano.

Aprueban dictamen sin discusión

El diputado Orlando Blanco, integrante de la Comisión de Finanzas, coincidió con lo expuesto por el referido centro de investigación económica sobre el análisis del presupuesto del 2026, y reconoció que, en la aprobación del dictamen, no hubo una discusión profunda, ni sobre las asignaciones a los Codedes.

Reiteró que el ejercicio no fue discutido ni debatido, y que con el dictamen se examinan las lecturas y se declara la aprobación de urgencia nacional, lo cual permite que se conozca en una sola lectura.

En cuanto al contenido, señaló que hay situaciones preocupantes, como las reducciones presupuestarias a algunos ministerios, a los Codedes y a oenegés; el crecimiento de la deuda pública, a pesar de que hay disponibilidad de caja fiscal, y la adhesión de Guatemala a un organismo financiero internacional utilizando las reservas monetarias internacionales (RMI).

Congreso aprueba US$750 millones en préstamos para ampliar red vial y autorizan deuda pública

Mon, 15 Dec 2025 19:41:45 +0000

Infraestructura

Congreso aprueba US$750 millones en préstamos para ampliar red vial y autorizan deuda pública

El Congreso de la República publicó la aprobación de dos préstamos con organismos financieros internacionales que suman US$750 millones para ampliar carreteras y caminos rurales.

15 de diciembre de 2025

13:41h

La carretera CA-9 Norte, entre el Rancho y Mayuelas, cuenta con financiamiento externo para convertirse en corredor logístico. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Este lunes 15 de diciembre, el Congreso publicó los decretos 24-2025 y 25-2025, en los cuales se aprobaron dos líneas de crédito por un total de US$750 millones —equivalentes a unos Q5 mil 737 millones— en operaciones separadas destinadas a infraestructura crítica.

Ambos préstamos contaron con opinión favorable de la Junta Monetaria (JM) el 17 de noviembre y fueron ratificados por el Legislativo con la publicación en el Diario de Centro América.

Por tratarse de deuda soberana, solo el Congreso tiene la potestad de aprobar operaciones de crédito público, es decir, endeudamiento.

Los préstamos fueron aprobados de urgencia nacional por los diputados de la actual legislatura.

Destinos

El decreto 24-2025 se refiere a una línea de crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$350 millones (unos Q2 mil 677 millones), para financiar la ampliación de la carretera CA-9 Norte, en el tramo de Teculután a Mayuelas.

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El programa se enmarca en el Plan Estratégico Nacional de Logística de Cargas 2015-2030, el cual considera a la CA-9 Norte como un corredor prioritario.

El organismo ejecutor será el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), con un plazo de 23 años y un período de gracia.

En cuanto al decreto 25-2025, la línea de crédito fue acordada con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) del Banco Mundial (BM) por US$400 millones, equivalentes a unos Q3 mil 60 millones.

El objetivo del programa es promover el desarrollo económico y la conectividad del país mediante infraestructura estratégica y la recuperación de la red vial nacional, proporcionando condiciones adecuadas para garantizar el transporte seguro, oportuno y eficiente de personas y bienes, según el decreto.

La operación está orientada al financiamiento del Proyecto Programa de Infraestructura Rural y Movilidad para el Buen Vivir. También será ejecutada por el CIV y tendrá un plazo de 31 años, con período de gracia.

Tras la autorización de los préstamos, el Ministerio de Finanzas deberá iniciar una serie de trámites administrativos, como el cruce de cartas con el banco, la realización de ajustes en los montos asignados a las categorías de gasto previstas en los convenios y las asignaciones presupuestarias anuales, entre otras acciones.

Covial promete mantener 6 mil kilómetros de carreteras, y asegura que será sin retrasos en el 2026

Mon, 15 Dec 2025 06:10:00 +0000

mantenimiento

Covial promete mantener 6 mil kilómetros de carreteras, y asegura que será sin retrasos en el 2026

Covial definió un programa de mantenimiento de carreteras que abarcará seis mil kilómetros, aunque usuarios señalan que el ritmo de ejecución sigue siendo insuficiente y que la estructura actual no logra cubrir las necesidades reales de la red vial.

15 de diciembre de 2025

00:10h

El plan de mantenimiento vial contempla alcanzar unos seis mil 218 kilómetros de bacheo en distintos puntos del país, en 2026. (Foto Prensa Libre: Cortesía Covial)

La Unidad de Conservación Vial (Covial) intervendrá en los principales corredores viales del país para garantizar la movilidad, con obras que se ejecutarán en el 2026.

Por su parte, representantes de la Gremial de Logística de Guatemala (GLG), adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), demandan una ejecución efectiva por parte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), cuya lentitud continúa afectando la movilidad de personas, comercio, turismo e industria.

La unidad presentó sus lineamientos dentro de un plan que promete ser agresivo en la recuperación de tramos afectados, con la sustitución completa de la carpeta asfáltica en algunos sectores.

Covial, adscrita al CIV, contará con un presupuesto de Q1 mil 600 millones, de los cuales Q1 mil 400 millones se destinarán a inversión en mantenimiento y Q200 millones al funcionamiento. Además, se asignarán Q1 mil 500 millones para la cobertura de las carreteras centroamericanas (CA), bajo la Dirección de Proyectos de Infraestructura Vial (Dipp).

Cambiarán carpeta asfáltica en 250 km

José Juan Istupe Ibáñez, director de Covial, indicó a Prensa Libre que el programa de mantenimiento incluye tanto carreteras pavimentadas como de terracería, además del mantenimiento de puentes, señalización y otras obras complementarias.

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El plan contempla alcanzar unos seis mil 218 kilómetros de bacheo en distintos puntos del país.

También prevé la recuperación de unos 250 kilómetros mediante el reemplazo de la carpeta asfáltica en tramos cuya vida útil ya concluyó, debido a la falta de mantenimiento y a los daños causados por las lluvias. Estas acciones se denominan intervenciones específicas.

“Este año se detectó que hay carreteras que, aunque aún sean transitables con bacheos, ya cumplieron su vida útil. No se volverá a bachear, porque están demasiado dañadas, por lo que se decidió realizar intervenciones mayores, ya que la recuperación mediante parches ya no es posible”, subrayó el funcionario.

Agregó que algunos de esos tramos tienen entre 20 y 30 años de funcionamiento con bacheos continuos, pero “ya no dan para más”. Por ello, explicó, se optó por aplicar recapeos específicos para continuar mejorando la red vial.

Ejemplificó con el caso de Comapa, Jutiapa, donde se intervendrá un tramo de siete kilómetros en el ingreso al municipio, mediante la renovación de la cinta asfáltica. En lugar de aplicar un programa de bacheo, se optará por recuperar completamente el sector.

Para ello, precisó el director, se cuenta con un inventario técnico de las carreteras estratégicas, con el objetivo de garantizar su buen estado y planificar la sustitución de la capa de rodadura.

“A veces ni se requiere un análisis técnico, porque basta con ser consciente de que esas carreteras ya no funcionan, y por eso estos 250 kilómetros ya están planificados por completo”, enfatizó.

La recuperación de unos 250 kilómetros mediante el reemplazo de la carpeta asfáltica en tramos cuya vida útil ya concluyó. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca).

Red vial eleva costos logísticos

Para Herlindo Herrera, directivo de la Gremial de Logística, adscrita a la CIG, la red vial continúa en estado vulnerable, con numerosos tramos deteriorados y mantenimiento limitado, lo que impacta negativamente en la logística, la economía y la seguridad vial.

El plan contempla alcanzar unos seis mil 218 kilómetros de bacheo en distintos puntos del país.
También prevé la recuperación de unos 250 kilómetros mediante el reemplazo de la carpeta asfáltica en tramos cuya vida útil ya concluyó

Al hacer un balance del 2025, remarcó que la falta de mantenimiento se traduce en costos elevados para el traslado de carga, debido al mayor consumo de combustible, desgaste de la flota, demoras y riesgos operativos. Además, advirtió que esa situación pone en riesgo la conectividad nacional, la entrega oportuna, la competitividad logística y las cadenas de abastecimiento.

La cobertura de seis mil kilómetros suena ambiciosa y necesaria, considerando el tamaño de la red vial nacional y los déficits actuales, afirman empresarios. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca).

Plan vial 2026 será útil si se cumple

Sobre los planes presentados por Covial para el sistema de carreteras, Herlindo Herrera de la GLG destacó que, en principio, se valora de forma positiva la intención de renovar 250 kilómetros de carpeta asfáltica, ya que esto podría contribuir a recuperar tramos críticos, mejorar la transitabilidad y reducir los deterioros recurrentes.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Reiteró que la cobertura de seis mil kilómetros suena ambiciosa y necesaria, considerando el tamaño de la red vial nacional y los déficits actuales. “Si efectivamente se concreta, representaría un avance sustantivo. No obstante, como sector logístico somos cautelosos, ya que los datos del 2025 muestran que el problema no ha sido tanto la falta de planes, sino el rezago en adjudicación, las demoras y la baja ejecución real”, remarcó.

Citó como ejemplo que los contratos adjudicados no siempre implican que los trabajos comiencen de inmediato ni que concluyan antes del inicio de la temporada lluviosa.

Por ello, afirmó que el plan para el 2026 tiene potencial, “pero su éxito dependerá críticamente de una adecuada priorización de los tramos, supervisión técnica y ejecución eficiente, con una calendarización realista y mecanismos de fiscalización. En otras palabras, vemos el plan con buenos ojos, pero enfatizamos que lo determinante será la ejecución técnica, priorizada y responsable, con un enfoque integral”.

Retrasos no se repetirán, dice director

El director de Covial, José Juan Istupe Ibáñez, aseguró que el plan para el 2026 será agresivo y anticipó una intensa actividad en el mantenimiento de la red vial. Reconoció que este año asumió el cargo fuera de tiempo y atribuyó los retrasos a cuestiones administrativas.

“Esto no volverá a ocurrir. Hubo atrasos al inicio, pero ya tenemos la mitad de los proyectos listos para fin de año, con el objetivo de que comiencen en el primer semestre y concluyan”, advirtió.

Añadió que los trabajos menores de mantenimiento podrían quedar concluidos entre mayo y julio, lo que daría un margen de seis meses para su ejecución.

Inversión sube 8.6% por obras públicas

En el informe de evaluación de la política monetaria a septiembre, se indica que el sector de la construcción mantiene el mayor crecimiento, con una tasa de 9.8% en el segundo trimestre del 2025.

El documento resalta que la inversión —es decir, la formación bruta de capital fijo— aumentó 8.6%, impulsada principalmente por la inversión en construcción, debido a la mayor ejecución del Gobierno General en obras de ingeniería civil y a los avances en proyectos como la autopista Escuintla–Puerto Quetzal y la carretera privada Xochi–Corredor de las Flores, entre otros.

Banguat pedirá a la CC suspender uso de reservas monetarias internacionales para adhesión al CAF

Thu, 11 Dec 2025 20:55:06 +0000

impugnación

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Banguat pedirá a la CC suspender uso de reservas monetarias internacionales para adhesión al CAF

La asesoría jurídica del Banguat recomendó plantear una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 85 del presupuesto del 2026, el cual avala el ingreso de Guatemala al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, con un aporte de US$40 millones.

11 de diciembre de 2025

14:55h

Los miembros de la Junta Monetaria (JM) conocieron un informe de la asesoría jurídica del banco central sobre el planteamiento de una acción de inconstitucionalidad parcial contra el presupuesto aprobado por el Congreso de la República. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Los miembros de la Junta Monetaria (JM) conocieron un informe de la asesoría jurídica del banco central sobre el planteamiento de una acción de inconstitucionalidad parcial contra el presupuesto aprobado por el Congreso de la República, que contempla la utilización de reservas monetarias internacionales (RMI) para efectuar el aporte de Guatemala al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, con un aporte de US$40 millones.

El análisis jurídico fue presentado durante la sesión de la JM, por lo que se informó oficialmente que se accionará ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

El recurso se presentaría a partir del 1 de enero del 2026, cuando entre en vigencia la ley del presupuesto, en la cual se incluye el referido artículo.

Accionarán contra uso de reservas

Durante una conferencia de prensa en la que se dio a conocer el cierre de los indicadores macroeconómicos, Leonel Moreno, gerente jurídico del Banco de Guatemala (Banguat), explicó que, en la reunión de la Junta Monetaria (JM), “por su naturaleza, se observó que el banco central tiene muy limitadas posibilidades, más que someter al control constitucional el artículo 85 ante la Corte de Constitucionalidad (CC), que es la única instancia que puede establecer si una norma es constitucional o no”.

Artículo 85 enfrenta objeción constitucional

Moreno informó que se presentó un desglose jurídico sobre el artículo 85 del Decreto 27-2025 a los miembros de la Junta Monetaria (JM).

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Como parte del informe trasladado durante la sesión, se explicó que, al tomar en cuenta lo que establece el artículo 85 —según el cual, por medio del Ministerio de Finanzas, se puede solicitar al Banco de Guatemala, previa autorización de la JM, pagar acciones de la CAF en nombre del Organismo Ejecutivo—, la asesoría jurídica del banco central estima que esa disposición no es compatible con los principios constitucionales establecidos en el artículo 133 de la Constitución Política.

En ese sentido, la JM no puede autorizar al banco central a conceder financiamiento directo o indirecto, ni garantías o avales al Estado o a entidades autónomas o descentralizadas. Moreno agregó que, dentro de ese concepto institucional, “hay una duda muy razonable de que el Banguat no podría honrar compromisos del Organismo Ejecutivo, tal como lo establece ese artículo 85, por lo que la asesoría jurídica recomienda a la JM plantear una acción de inconstitucionalidad de carácter general parcial”.

El gerente añadió que la acción sería únicamente contra el artículo 85, ya que, al haber una duda razonable, se plantearán los medios de impugnación que correspondan.

Prevé acción ante la CC en enero

El momento de presentar esa acción, indicó el gerente jurídico, será a partir del 1 de enero del 2026, cuando cobre vigencia el decreto.

“A partir de esa fecha, nosotros en cualquier momento planteamos la acción de inconstitucionalidad”, remarcó.

Se informó que, hasta ahora, no se ha recibido una comunicación específica de parte de los representantes de las firmas calificadoras de riesgo país. Tampoco hay, por el momento, un pronunciamiento oficial por parte de estas.

¿Qué es?

En el presupuesto del 2026, Guatemala se incorporará como accionista al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), con una participación de US$40 millones.
En el artículo 85 del presupuesto, los congresistas aprobaron la “Participación financiera de Guatemala al CAF”. Para ello, el Ejecutivo, por medio del Minfin, deberá gestionar ante el Banco de Guatemala (Banguat) el uso de las Reservas Monetarias Internacionales (RMI), con el fin de efectuar la incorporación.
La gestión del Minfin deberá ser conocida por la Junta Monetaria (JM). No obstante, se advierte que la medida podría ser inconstitucional y objeto de impugnaciones legales.
La sede central del CAF está en Caracas, Venezuela. Esta institución de fomento fue constituida en 1970 y cuenta con 24 países accionistas, entre ellos 22 de América Latina, además de España y Portugal, así como 13 instituciones privadas de la región.
El organismo multilateral tiene presencia en El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá.
El Banguat confirmó que presentará una acción de inconstitucionalidad parcial al artículo 85 en enero 2026.

Tribunal Supremo Electoral contará con Q500 millones para planificar comicios del 2027

Mon, 08 Dec 2025 06:05:00 +0000

Guatemala

Tribunal Supremo Electoral contará con Q500 millones para planificar comicios del 2027

Para garantizar el desarrollo de las elecciones del 2027, el Congreso asignó Q500 millones al TSE como parte de su presupuesto para el 2026.

8 de diciembre de 2025

00:05h

En el 2026 el Tribunal Supremo Electoral tiene previstas varias acciones y planes encaminados a la organización de las elecciones que se realizarán en el 2027. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca

El 2026 es un año preelectoral en el que deberá renovarse la cúpula del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que continuará con la coordinación de los procesos relacionados con la logística y preparación de las Elecciones Generales del 2027.

Para el próximo año, el TSE contará con un presupuesto de Q829 millones y entre las diferentes asignaciones aprobadas, el órgano electural dispondrá de Q309 millones para su funcionamiento, Q20 millones para el pago de deuda política y Q500 millones adicionales para la preparación de las elecciones generales.

Para este año, el tribunal contó con Q382 millones 91 mil para funcionamiento y Q20 millones para el pago de deuda política. En total, fueron Q402 millones.

¿Cómo se distribuirá el presupuesto electoral?

Según el TSE, en el 2026 se realizarán diversas actividades y procesos dirigidos a la organización de las elecciones del 2027 para los cuales se necesitan los recursos adicionales.

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Entre ellos se prevé aumentar los puestos y las jornadas de empadronamiento en todo el país, con el objetivo de preparar y actualizar el padrón electoral. También se contempla descentralizar el voto en áreas rurales. Para la ejecución de este proyecto, el TSE incluye un análisis de factores como la ubicación geográfica, la infraestructura de los centros de votación, la logística y el transporte. El objetivo principal es garantizar que los ciudadanos de zonas rurales y de difícil acceso puedan emitir su voto en las elecciones del 2027.

Otro aspecto es el fortalecimiento de las delegaciones y subdelegaciones del TSE en todo el país. Actualmente existen 17, pero se analiza su ampliación. Asimismo, se intensificarán las capacitaciones del personal con miras al proceso electoral.

Respecto a la logística electoral, el TSE iniciará la preparación de procedimientos relacionados con el desarrollo de los comicios, como el embalaje y traslado de materiales, descentralización de mesas electorales, gestión de mobiliario y equipo.

También se contempla el voto asistido para personas con discapacidad. Se continuará con la cartografía electoral, con trabajo de campo para identificar posibles nuevos centros de votación, y se elaborarán planes estratégicos para reducir la conflictividad y evitar hechos como los ocurridos en el 2023.

En el ámbito tecnológico e informático, el TSE planea habilitar la inscripción en línea de candidatos a cargos de elección, para facilitar el proceso, sobre todo en el interior del país. Esta opción complementará la inscripción presencial, que seguirá vigente.

Además, se fortalecerá y adquirirá equipo de cómputo y licencias informáticas para asegurar la transparencia en el conteo, recepción y transmisión de datos recopilados en el empadronamiento, planificación y gestión del padrón electoral, así como en la recolección de resultados en la primera y segunda vuelta electoral.

También se prevé fortalecer los programas de comunicación y divulgación dirigidos a la ciudadanía, sobre la importancia del empadronamiento y del voto, así como la formación del personal en aspectos cívicos, políticos y electorales.

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Responsabilidad en el manejo de los recursos

A criterio de Alejandro Quinteros, experto en asuntos políticos y electorales, el presupuesto asignado al TSE para el próximo año le permitirá anticiparse y prepararse con tiempo para la organización del proceso electoral del 2027. Considera que es especialmente importante porque serán los nuevos magistrados quienes ejecuten los fondos.

“Más que quitarles recursos, hay que darles para descentralizar el tema electoral. Las juntas electorales son quienes forman la logística electoral y son quienes consiguen a los más de cien mil voluntarios en todo el país. También se topan con muchas trabas burocráticas que es necesario eliminar”, afirma.

Añade que debe ponerse énfasis en destinar recursos al enfoque hacia los jóvenes, a quienes considera el principal “grupo objetivo”, así como en comunicación digital, esencial para llegar a ese sector.

“El grupo objetivo tiene entre unos 25 y 35 años, son las personas que vivieron ese momento del cambio de la cédula al DPI. Muchos usan redes sociales, usan las páginas web de los medios informativos y de comunicación, y es a través de estos medios digitales que se les puede llegar por parte del TSE”, asegura.

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Sobre el uso eficiente del presupuesto, Quinteros considera que las nuevas autoridades del TSE, que asumirán en el próximo año para el periodo 2026-2032, tienen una “gran responsabilidad” para garantizar el buen uso de los recursos en el año preelectoral.

“Parte de la eficiencia es dejar de hacer compras innecesarias, como fue la compra del TREP —Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares—, que además ha sido tan cuestionada, porque este TREP no solo fue el software, sino que también requirió compras exageradas de equipos y que al final no son viables”, asegura Quinteros.

Agrega que, incluso dentro del TSE, muchas veces se desconoce cómo ejecutar eficazmente los fondos.

“Lastimosamente, ni siquiera dentro del Tribunal Supremo Electoral hay personas que conozcan todos los procesos y procedimientos claramente”, puntualiza.

Finalmente, recomienda que, para un manejo eficiente del presupuesto electoral, se deben considerar aspectos como la clasificación de leyes y normas en materia de ejecución y gasto, el fortalecimiento y descentralización de las juntas electorales, la eliminación de trámites burocráticos innecesarios y la coordinación con entidades como la Superintendencia de Bancos y la Contraloría General de Cuentas, para fiscalizar las compras y adquisiciones, y garantizar la transparencia en el uso de los recursos.

Aumentan Q630 millones las asignaciones a oenegés en el Presupuesto 2026

Mon, 08 Dec 2025 06:01:00 +0000

Guatemala

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Aumentan Q630 millones las asignaciones a oenegés en el Presupuesto 2026

De 148 entidades incluidas en el presupuesto 2026, 12 tienen algún vínculo político directo.

8 de diciembre de 2025

00:01h

Los aportes para las oenegés para el 2026 se incrementaron en Q630 millones. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El aporte a las organizaciones no gubernamentales (ONG) se elevó en el Presupuesto General del 2026. En total, el Congreso aprobó asignaciones por Q2 mil 459 millones a 148 entidades. Mientras algunas son conocidas por el trabajo que realizan, otras carecen de perfiles públicos y en algunas saltan evidentes vínculos con figuras políticas.

La asignación proviene de una decisión política discrecional incluida en el dictamen de la Comisión de Finanzas, aunque se trata de una práctica habitual desde hace varios años. Un experto consultado recordó que las oenegés que reciben fondos deben ser lo más transparentes posible y cumplir con los registros ante las oficinas estatales y entidades públicas.

La cifra destinada para el 2026 representa un aumento de Q630 millones con respecto al aporte realizado este año. Los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo son los que registran los montos mayores de aportes a las entidades.

Salud

De acuerdo con la revisión realizada, el Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS) aportará Q1 mil 314 millones, Q278 millones más que este año. Entre los aportes, se incluyó por primera vez a Asociación Moore de Guatemala, con Q3 millones, y la Fundación para la Salud y el Bienestar Comunitario (Fundasabic).

El representante legal de la Asociación Moore es Pedro Mérida Contreras, según el registro de Guatecompras. Él es hermano del exdiputado Francisco Mérida, quien ocupó una curul durante dos periodos con el partido Vamos.

Tras la publicación de esta nota, la Asociación Moore, que ofrece servicios de salud y cirugías sin costo, informó que el mandato de Mérida Contreras quedó sin efecto desde hace tres años, de acuerdo con una escritura con fecha 11 de enero del 2022.

En cuanto a Fundasabic, no se encontraron datos en el portal y, en redes sociales, solo aparecen reportes de su creación en Escuintla hace siete meses y una página creada hace un mes.

Entre las incluidas también figura Esperanza de Vida, una organización cristiana que en el 2016 donó medicamentos a la cartera de Salud, los cuales luego fueron reportados como vencidos por la Procuraduría de los Derechos Humanos. La entidad ha sido vinculada al ya fallecido exalcalde de Zacapa, Arnoldo Vargas, condenado por narcotráfico en Estados Unidos.

Otras 22 organizaciones recibieron aumento en el aporte que ya recibían. Entre las que recibieron incrementos mayores se encuentran la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico (Unaerc) y la Liga contra el Cáncer.

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Educación

En el presupuesto del Ministerio de Educación (Mineduc) se incorporaron 13 oenegés nuevas. Para el 2026, la cartera destinará Q757 millones, es decir, Q124 millones más que este año.

Entre las nuevas figuran la Asociación Comunitaria para el Desarrollo Integral de Bancab B’eek con Q5 millones; la Asociación para la Formación en Educación Popular (Cefep), con Q4 millones; la Fundación para el Desarrollo y Educación para la Mujer Indígena Talita Kumi, con Q12 millones; Multiplicados Guatemala, con Q6 millones; y Guatemaltecos Unidos para el Progreso de Guatemala (Uniprogua), con Q8 millones.

También se incluyó a Futuro de los Niños, cuyo representante legal es Hugo Rolando Soto, excandidato a alcalde de Quetzaltenango en el 2019 por el partido Compromiso, Renovación y Orden (Creo).

Otras dos oenegés fueron excluidas este año: la Asociación de Educación y Asistencia Social (Educasista) y la Organización Vida Digna, ambas con varios años de recibir presupuesto. Asimismo, la Asociación Centro Don Bosco y el programa de aportes a institutos básicos y de diversificado por cooperativa recibieron un aumento significativo.

Gobernación

En el Ministerio de Gobernación se incluyeron nueve oenegés. La Asociación Grupo Ceiba recibirá Q5 millones, y la Asociación para el Desarrollo de Investigaciones Económico Sociales con Observancia Pluriétnica y Multicultural, Q8 millones, siendo estas las de mayor asignación.

La cartera incrementó su compromiso en más de Q63 millones. En este rubro también se contemplaron organizaciones que administran los Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia (Caimus), con una asignación promedio de Q1 millón 200 mil para su funcionamiento. Días antes de la aprobación del presupuesto, la Alianza Nacional Caimus expresó preocupación por la exclusión de cinco asociaciones que administran estos centros y que no fueron incluidas.

Se encuentra también la Asociación de Abogadas Indígenas Chomijá, con Q1 millón. Aunque no es la primera vez que se incluye, su anterior representante legal, Ana López, es ahora titular de la Secretaría Presidencial de la Mujer.

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Desarrollo

El Ministerio de Desarrollo (Mides) aumentó su aporte en Q116 millones y, en total, destinará Q141 millones en el 2026. De las 22 oenegés nuevas, las que más recibirán son Jóvenes Guatemaltecos para el Bienestar Social, con Q12 millones; Manos a la Obra, con Q8 millones; Soñando con Esperanza (SCE), con Q6 millones; la Asociación para la Defensa y Promoción de Intereses Relacionados con el Desarrollo Campesino de Occidente (Adeco) y la Asociación para el Desarrollo de Santa Bárbara (Asodesab), con Q7 millones 500 mil cada una.

Otra organización incluida es Comunicación, Información, Monitoreo y Análisis para el Desarrollo Humanitario, representada por Wendy Sandoval Ramírez, quien fue asesora de la Comisión de Gobernación en el 2024. En tanto, el último representante legal de Asodesab fue Lázaro López Gómez, proveedor de servicios de construcción para la alcaldía de Santa Bárbara, Huehuetenango, con Q89 mil 500 adjudicados este año.

Agricultura

En el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) se contemplaron Q114 millones. Se sumaron diez organizaciones nuevas. Destacan la Asociación de Mujeres Jöb’Noj (Asojob), con Q10 millones, representada por Gloria Marina Salvador, excandidata a alcaldesa de San Pedro Sacatepéquez por el partido Nosotros; y la Asociación de Desarrollo Integral Hombro con Hombro, representada por Miguel Ángel Salguero, quien tiene contrato con el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal.

También figura la Asociación para el Desarrollo Integral y el Bienestar (Adib), con Q10 millones. Por su parte, la Asociación de Beneficio Social Integral recibirá Q10 millones en el 2026, el triple de lo otorgado en el 2025. Esta es representada por César Simón Curiales, excandidato a alcalde de Pachalum, Quiché, por la UNE en el 2023.

Otros ministerios

El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) incorporó tres nuevas entidades: Caja Lúdica (Q2 millones), Gente Pequeña (Q3 millones) y Very Special Arts (Q2 millones). Esta última es representada por María del Pilar Cabrera, quien, según registros oficiales, aportó a la campaña electoral del Movimiento Semilla en el último proceso.

En el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales se agregaron organizaciones como la Asociación para la Conservación de la Naturaleza y el Desarrollo Comunitario (Q5 millones) y la Asociación Segunda Oportunidad para el Planeta y para el Ser Humano (Q6 millones). Adicionalmente, se asignó Q1 millón a la Mancomunidad Mansisepu, integrada por las municipalidades de San Felipe, San Martín Zapotitlán y Santa Cruz Muluá, Retalhuleu.

Por último, el Ministerio de Economía otorgará Q10 millones a la Cooperativa Naciona lcoop, creada en el 2023 en Sololá. Su personalidad jurídica fue entregada a José Felipe Yac Vásquez, vinculado a Utatlán Construcciones, una empresa señalada de cercanía con el diputado Allan Rodríguez. Además, Yac hizo aportes financieros al partido Vamos en el 2021.

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Responsabilidad

Alejandro Valverth, del Observatorio Legislativo, indicó que el aporte estatal a las organizaciones es una obligación legal, pero consideró necesario establecer criterios claros sobre cuáles entidades deben recibir fondos para garantizar transparencia y evitar fines políticos.

“Deberían elaborarse criterios justos para seleccionar las organizaciones, porque, siendo sinceros, no todas deben acceder al presupuesto nacional. La recomendación de diputados forma parte de una negociación, por eso es conveniente contar con filtros que aseguren el beneficio a la población”, comentó el analista.

Recordó que, debido a casos anteriores, muchas oenegés cargan con un estigma, por lo que deben inscribirse como sujetos obligados en la Intendencia de Verificación Especial, y cumplir los requisitos en Guatecompras y ante la Contraloría General de Cuentas.

“Esto ha servido, fuera de las oenegés internacionales, para desviar fondos hacia entidades con vínculos políticos con funcionarios del Ejecutivo o del Congreso. Esto ha ocurrido en años anteriores”, advirtió.

Concluyó que tanto los diputados tienen la responsabilidad de fiscalizar esos fondos como la Contraloría de auditarlos, y las organizaciones, de ser transparentes en el uso de sus recursos.

Asíes expresa preocupación por uso de reservas monetarias internacionales para incorporar a Guatemala al CAF

Sat, 06 Dec 2025 00:07:47 +0000

postura

Asíes expresa preocupación por uso de reservas monetarias internacionales para incorporar a Guatemala al CAF

La decisión de que Guatemala se incorpore al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), por medio de un cupo de acciones de US$40 millones aprobado por el Congreso, sigue generando reacciones entre centros de investigación económica.

5 de diciembre de 2025

18:07h

El uso de administrar las Reservas Monetarias Internacionales es una atribución que la Constitución confiere exclusivamente a la Junta Monetaria y al propio banco central, indica comunicado de Asíes. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Este viernes 5 de diciembre, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) fijó su postura sobre la incorporación de Guatemala al CAF, con la adquisición de un tramo de acciones por US$40 millones, aprobado en el artículo 85 del Presupuesto de Ingresos y Egresos del 2026, utilizando las Reservas Monetarias Internacionales (RMI) que administra el Banco de Guatemala (Banguat).

En un comunicado, Asíes expresó “su preocupación por la redacción y los alcances del artículo 85 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 2026, relativo al proceso para que Guatemala se convierta en miembro del CAF”.

“Se reconoce plenamente la facultad de las autoridades políticas para decidir la adhesión del país a organismos financieros internacionales. Esa es, sin duda, una atribución legítima del Gobierno y del Congreso. No obstante, dicha decisión debe ejecutarse mediante procedimientos jurídicos claros y técnicamente correctos, especialmente cuando involucra recursos financieros y funciones atribuidas constitucionalmente al Banco de Guatemala”, indica el comunicado de prensa.

Asíes pide reformar artículo

El comunicado subraya que el artículo 85, tal como fue aprobado, presenta ambigüedades contrarias a una buena técnica legislativa, lo que genera incertidumbre sobre la operación prevista.

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“Su redacción podría interpretarse como una instrucción del Congreso al Banco de Guatemala respecto de cómo administrar las Reservas Monetarias Internacionales —atribución que la Constitución confiere exclusivamente a la Junta Monetaria y al propio banco central—, lo cual constituye un precedente inadecuado de interferencia política en las funciones técnicas de un ente autónomo”, remarca.

Por otro lado, la formulación del artículo permite interpretaciones que podrían acercarse a una eventual contravención de la prohibición constitucional de otorgar financiamiento directo del Banco de Guatemala al Gobierno Central. Dicha restricción se estableció para preservar la estabilidad macroeconómica, evitar presiones inflacionarias y proteger la autonomía del banco central, pilares esenciales para la confianza en la moneda y el clima de inversión del país.

“Asíes recuerda que el procedimiento correcto debió haber iniciado con una consulta formal a la Junta Monetaria, órgano que, por mandato constitucional, determina el uso de las reservas internacionales y evalúa las implicaciones financieras y patrimoniales de operaciones de esta naturaleza. Solo con esa opinión técnica se debía trasladar la propuesta al Congreso para su autorización final”, indica el comunicado.

Así, la falta de ese proceso previo, sumada a la redacción confusa del artículo 85, abre espacio a interpretaciones que ponen en riesgo la institucionalidad económica, generan incertidumbre en los mercados y pueden deteriorar la credibilidad de Guatemala ante inversionistas y organismos internacionales.

El comunicado cita que, en virtud de lo anterior, Asíes hace un respetuoso llamado al Congreso de la República para que, con la prontitud que amerita, corrija mediante una reforma legal la redacción del artículo 85, a fin de eliminar ambigüedades, resguardar la autonomía del Banco de Guatemala y garantizar que la adhesión del país al CAF se realice bajo estrictos estándares de legalidad, transparencia y responsabilidad financiera.

¿Qué es?

En el presupuesto del 2026, Guatemala se incorporará como accionista al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), con una participación de US$40 millones.
En el artículo 85 del presupuesto, los congresistas aprobaron la “Participación financiera de Guatemala al CAF”. Para ello, el Ejecutivo, por medio del Minfin, deberá gestionar ante el Banco de Guatemala (Banguat) el uso de las Reservas Monetarias Internacionales (RMI), con el fin de efectuar la incorporación.
La gestión del Minfin deberá ser conocida por la Junta Monetaria (JM). No obstante, ya se advierte que la medida podría ser inconstitucional y objeto de impugnaciones legales.
La sede central del CAF está en Caracas, Venezuela. Esta institución de fomento fue constituida en 1970 y cuenta con 24 países accionistas, entre ellos 22 de América Latina, además de España y Portugal, así como 13 instituciones privadas de la región.
El organismo multilateral tiene presencia en El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá.
El Banco de Guatemala rechaza la orden de usar las reservas monetarias internacionales.

Junta Monetaria pide dictámenes jurídicos al Banguat y Minfin por uso de reservas monetarias para adhesión al CAF

Fri, 05 Dec 2025 06:10:00 +0000

análisis legal

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Junta Monetaria pide dictámenes jurídicos al Banguat y Minfin por uso de reservas monetarias para adhesión al CAF

Los miembros de la Junta Monetaria (JM) discutieron la adhesión de Guatemala como accionista al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), utilizando las Reservas Monetarias Internacionales (RMI), y ordenaron en consenso la elaboración de dictámenes jurídicos.

5 de diciembre de 2025

00:10h

Durante la reunión del miércoles 3 de diciembre, los miembros de la Junta Monetaria acordaron elaborar una hoja de ruta entre los equipos jurídicos del Banguat y del Minfin por el uso de las reservas monetarias internacionales. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Durante la sesión del pasado miércoles, los integrantes de la Junta Monetaria (JM) analizaron el aporte de US$40 millones (unos Q306 millones) de las reservas monetarias internacionales (RMI) para la adhesión de Guatemala como accionista al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), lo cual fue aprobado en el artículo 85 del presupuesto de ingresos y egresos del 2026.

El asunto fue ampliamente discutido en la reunión celebrada el miércoles 3 de diciembre, y se acordó elaborar una hoja de ruta entre los equipos jurídicos del Banco de Guatemala (Banguat) y del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).

Los dictámenes, elaborados de forma coordinada por ambos equipos técnicos, serán conocidos en la sesión del próximo miércoles 10 de diciembre.

“Efectivamente, se discutió el contenido del artículo 85 del presupuesto aprobado por el Congreso de la República, relativo a la participación de Guatemala en la CAF. Al respecto, hubo consenso en la JM de que el artículo 85 podría tener viso de inconstitucionalidad, por tergiversar el artículo 133 de la Constitución de la República y contradecir también lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala”, indicaron fuentes oficiales.

Se reiteró que ambos artículos prohíben al banco central otorgar crédito al Gobierno.

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Ante esta postura, los integrantes de la JM ordenaron que los cuerpos técnicos del Banguat y del Minfin, de manera coordinada, presenten una hoja de ruta para determinar las acciones que proceda realizar ante la vigencia del artículo 85.

“La JM está de acuerdo en que, eventualmente, la participación de Guatemala en la CAF podría ser conveniente, pero la forma prevista en el artículo 85 no es la adecuada. También coincidió en que debe buscarse una solución que proteja la institucionalidad del país”, agregaron.

Uno de los objetivos es encontrar soluciones alternativas antes de acudir a otras instancias.

Entre los posibles escenarios analizados por la JM figuran dos: eliminar el artículo 85 del presupuesto o modificar su redacción, pero serán analizados en los resultados requeridos los cuerpos técnicos.

El Minfin declaró que ya había realizado consultas ante la Corte de Constitucionalidad.

Uso de reservas sería inconstitucional

Al ser consultado, José Estuardo Córdova, director ejecutivo de la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG), declaró que las reservas monetarias internacionales no pueden utilizarse con ese propósito, ya que su función es estrictamente monetaria. Explicó que estas respaldan la estabilidad cambiaria, la inflación y la liquidez externa del país.

Los integrantes de la JM ordenaron que los cuerpos técnicos del Banguat y del Minfin, de manera coordinada, presenten una hoja de ruta para determinar las acciones que proceda realizar ante la vigencia del artículo 85.

Agregó que la normativa vigente no contempla su uso para capitalizar organismos multilaterales, y cualquier decisión sobre estas corresponde exclusivamente a la Junta Monetaria.

“Más allá del objetivo de adhesión, el diseño institucional guatemalteco separa con claridad las funciones monetarias de las fiscales, por lo que las reservas no son un instrumento para financiar obligaciones del Estado”, recalcó.

Uso fiscal de reservas rompería autonomía

El director de la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG) añadió que no es posible utilizar las reservas monetarias internacionales (RMI), ya que son activos del banco central sujetos a un régimen legal especial y no forman parte del presupuesto público.

“El Banco de Guatemala está obligado constitucionalmente a preservar estas reservas para sostener el tipo de cambio y la estabilidad macroeconómica, y solo puede disponer de ellas conforme decisiones de la Junta Monetaria”, manifestó.

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Sobre los riesgos que implicaría utilizar las RMI para este u otros fines del Gobierno Central, el director de la CFG afirmó: “El principal riesgo sería debilitar el instrumento que sostiene la estabilidad cambiaria, la inflación y la capacidad del país para enfrentar choques externos. Las reservas se mueven según la balanza comercial y la balanza de pagos, y utilizarlas para gasto público podría reducir su nivel sin responder a criterios monetarios, afectando la confianza macroeconómica”, puntualizó.

Agregó que eso sentaría un precedente que diluye la separación entre política fiscal y monetaria, compromete la autonomía del banco central y genera incertidumbre sobre la capacidad del país para administrar su respaldo externo.

“Permitir que las reservas se utilicen para estos fines abriría la puerta para que las RMI sean empleadas en otros propósitos ajenos a la estabilidad monetaria, desnaturalizando su función técnica. Esto convertiría un instrumento de respaldo macroeconómico en una fuente discrecional de financiamiento, con riesgos acumulativos para la estabilidad del país”, insistió Córdova.

Junta Monetaria debe autorizar transacción

Sobre el uso de las reservas, el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) informó que, aunque en el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo se proponía el pago con fondos públicos, el Congreso aprobó que el Banco de Guatemala cambie un activo en dólares estadounidenses —las reservas monetarias internacionales (RMI)— por otro activo en la misma moneda: acciones del CAF, un banco de fomento regional.

Se explicó que el Congreso de la República tiene la potestad legislativa para facultar al Organismo Ejecutivo y al Banco de Guatemala a realizar esta acción.

En ese sentido, el artículo 85 del presupuesto aprobado para el 2026 faculta al Minfin a gestionar ante el Banco de Guatemala el uso de las RMI para el pago de las acciones, pero también ordena que la Junta Monetaria autorice la transacción, lo que permite contar con opiniones técnicas y legales previas que le den viabilidad.

Si los dictámenes técnicos y legales del Banco de Guatemala advierten visos de inconstitucionalidad, el Organismo Ejecutivo puede solicitar una opinión a la Corte de Constitucionalidad sobre dicho artículo.

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En términos generales, se explicó que uno de los criterios para que Guatemala se adhiera al CAF como accionista en el 2026 es que la institución ofrece líneas de crédito al sector público y privado, cooperación no reembolsable y asesoría técnica en áreas clave para el desarrollo.

“Si bien todavía no se ha iniciado ninguna conversación sobre líneas de financiamiento, se avanza en el desarrollo de cooperación para la ejecución de proyectos ferroviarios, así como en iniciativas de turismo”, expusieron.

Respecto de los posibles beneficios, la cartera del Tesoro destacó que el país contará con otro banco de desarrollo, con capacidad de brindar apoyo financiero y técnico tanto al sector público como al privado.

El Banguat y Finanzas buscarán mecanismos legales por el uso de las Reservas Monetarias (RIM)

Thu, 04 Dec 2025 06:10:00 +0000

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El Banguat y Finanzas buscarán mecanismos legales por el uso de las Reservas Monetarias (RIM)

La postura del Banco de Guatemala de rechazar el uso de las Reservas Monetarias Internacionales (RIM) para financiar el ingreso del país a la CAF sigue generando debate técnico sobre la importancia de esos recursos, mientras se preparan acciones legales, tanto desde el lado del Banguat como del Ministerio de Finanzas.

4 de diciembre de 2025

00:10h

El banco central confirmó que en los próximos días presentará acciones legales contra el artículo 85 del presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el Congreso, por el uso de las reservas monetarias. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Con la postura del Banco de Guatemala (Banguat) de rechazar el uso de las reservas monetarias internacionales (RMI) para financiar la adhesión como accionista al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), incluida en el presupuesto de ingresos y egresos del 2026 aprobado por el Congreso de la República, persiste un debate técnico sobre la importancia de esas reservas en dólares.

Edwin Matul, exgerente general del Banguat, y Ramón Parellada Cuadrado, del Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES), expusieron que las reservas monetarias juegan un papel clave en la economía y coincidieron en que no es recomendable su uso para financiar otros programas, además de que su empleo está prohibido por la Constitución.

Los diputados de esta legislatura, a petición del Ministerio de Finanzas (Minfin), aprobaron en la madrugada el artículo 85, “Participación financiera de Guatemala al CAF”. Para ello, el Ejecutivo, por medio del Minfin, deberá gestionar ante el Banguat el uso de las RMI con el fin de efectuar la incorporación.

El banco central confirmó que en los próximos días presentará acciones legales contra el artículo 85.

Reservan monetarias respaldan emisión de quetzales

Aunque el asunto ahora está en el plano legal, Edwin Matul explicó el papel que tienen las reservas monetarias internacionales (RMI).

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Aclaró que se les atribuye al Banco de Guatemala (Banguat) porque, para adquirirlas, la entidad tuvo que haber emitido quetzales. Así, el Banguat compra dólares al Gobierno Central cuando este se endeuda, o a los bancos cuando participa en el mercado cambiario. Por cada dólar registrado en el balance del banco central, se ha emitido una cantidad equivalente en quetzales.

Explicó que, por lo tanto, cada dólar que se utilice de las reservas debe tener una contrapartida, ya sea la reducción de los depósitos del Gobierno, del encaje bancario u otra operación de carácter desmonetizante.

En esos términos, trasladar recursos o hacer pagos en nombre del Gobierno Central, sin una contrapartida en quetzales, “automáticamente se debe considerar un crédito del Banco de Guatemala al Gobierno, lo cual está prohibido por la Constitución de la República”, afirmó.

Ramón Parellada Cuadrado coincide con ese planteamiento y reitera que no se pueden usar las RMI para financiar al Gobierno ni para otorgarle préstamos desde el banco central.

Recordó que el artículo 132 de la Constitución Política de la República “está clarísimo”.

También explicó que, tal como están constituidos hoy los bancos centrales, las reservas monetarias internacionales respaldan la emisión de quetzales. Por ello, en caso de una eventualidad, esos dólares deben estar invertidos en activos líquidos, que generan poco interés, pero pueden convertirse en efectivo rápidamente para enfrentar una corrida de quetzales u otro evento financiero.

Acudirán a la Corte de Constitucionalidad

El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), respondió a Prensa Libre, que consultará a la Corte de Constitucionalidad (CC) acerca de la legalidad del artículo aprobado por el Congreso de la República que autoriza el uso de las Reservas Monetarias Internacionales (RMI) para financiar la compra de acciones del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). La institución informó que actuará con estricto apego al marco jurídico y a los dictámenes técnicos correspondientes.

La institución recordó que este tipo de aportes no constituyen un gasto para el Banco de Guatemala, ya que el pago registrado en dólares únicamente representa un cambio en la composición de los activos. Actualmente, el banco central mantiene aportaciones de capital similares en organismos como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El Minfin indicó que aún no ha elaborado un análisis propio sobre el impacto del uso de las RMI para esta compra, pero solicitará al Banco de Guatemala un estudio completo. No obstante, adelantó que el monto de las acciones del CAF —US$40 millones— representa solo el 0.127% del total de reservas internacionales, que ascienden a US$31 mil 526.1 millones.

Uso de reservas afectaría imagen ante calificadoras

Enrique Font, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), aseguró que disponer arbitrariamente de los fondos de las reservas monetarias internacionales (RMI) pone en riesgo la estabilidad macroeconómica del país.

Cada dólar que se utilice de las reservas debe tener una contrapartida, ya sea la reducción de los depósitos del Gobierno, del encaje bancario u otra operación de carácter desmonetizante.

Añadió que este tipo de decisiones, poco justificadas, podría afectar la reputación de Guatemala ante las principales agencias calificadoras de riesgo, que recientemente le otorgaron una nota cercana al grado de inversión.

“Derivado de eso, como sector industrial, no estamos a favor de este tipo de acciones”, afirmó.

Reservas son respaldo, no inversión

Parellada Cuadrado reiteró que las reservas representan una protección, ya que por cada quetzal emitido se recogen dólares posteriormente.

Agregó que la forma en que opera el banco central con los bancos del sistema impide utilizar esas reservas en activos menos líquidos.

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Como ejemplo, explicó que, si el Gobierno quiere usar reservas para construir una carretera u otra obra, ese tipo de activo no sería líquido, es decir, no se podría convertir de inmediato en efectivo, y “creo que ahí hay un problema”, advirtió.

“Por eso existen restricciones bien claras, y creo que ahí debe parar, a menos que se adopte otro sistema monetario distinto al de banco central, como una banca libre, por ejemplo. En ese caso, ya no habría problema con las reservas monetarias internacionales”, añadió.

Uso político de reservas pondría en riesgo el quetzal

Los consultados coincidieron en que existen riesgos en el uso de las RMI para financiar al Gobierno Central u otros fines, como lo planteó el Congreso a petición del Ministerio de Finanzas (Minfin). Por ello, advirtieron que los riesgos son considerables.

Edwin Matul recordó que la prohibición de usar las reservas se elevó a rango constitucional precisamente para evitar que decisiones políticas pongan en riesgo la estabilidad macroeconómica. “Se puede creer en el espejismo de que las reservas pueden ser utilizadas para otros fines ilimitadamente”, advirtió.

Añadió que esto ocurre porque no se comprende la lógica técnica detrás del funcionamiento de las RMI.

Para Ramón Parellada Cuadrado, del Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES), sería una irresponsabilidad total que alguien intentara modificar el uso de las reservas monetarias internacionales en forma distinta a la prevista por los principios que rigen a los bancos centrales. “Así se corre el riesgo de destruir el valor de la moneda y del quetzal si no se controla a tiempo. Puede causar pérdidas enormes al banco central, y definitivamente no podemos tener ese riesgo”, aseveró.

Industriales advierte riesgos por uso de reservas

El presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), Enrique Font, también identificó al menos tres riesgos asociados al uso de las reservas monetarias internacionales (RMI).

En primer lugar, los riesgos macroeconómicos. Guatemala se ha caracterizado por su estabilidad macroeconómica, la cual depende en gran medida de la correcta ejecución de la política monetaria, administrada con criterios técnicos por el Banco de Guatemala. Actualmente, el país cuenta con US$35 mil millones en RMI, que contribuyen a mantener la estabilidad económica y financiera. Estas reservas funcionan como respaldo de divisas para enfrentar crisis, garantizar el comercio internacional y permitir intervenciones en el mercado cambiario.
En segundo lugar, los riesgos reputacionales. Guatemala se encuentra cerca de ser catalogada como un país con grado de inversión, lo que significa que las agencias calificadoras consideran que, hasta ahora, la política monetaria ha sido adecuada. Disponer arbitrariamente de las reservas podría modificar negativamente esa percepción.
En tercer lugar, los riesgos legales. En este momento, se debería declarar inconstitucional el artículo 85 del Decreto 27-2025, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Gastos del Estado, ya que su ejecución está explícitamente prohibida por la Constitución y por la Ley Orgánica del Banco de Guatemala.

Analistas advierten dudas legales y falta de transparencia en adhesión de Guatemala al CAF

Wed, 03 Dec 2025 11:30:00 +0000

informes técnicos

Analistas advierten dudas legales y falta de transparencia en adhesión de Guatemala al CAF

Representantes de centros de investigación económica demandaron una explicación técnica sobre lo aprobado por el Congreso en el presupuesto del 2026 para la adquisición de un cupo de acciones en el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

3 de diciembre de 2025

05:30h

En diciembre del 2024 el directorio del CAF realizó una reunión en El Salvador y en la cual se aprobó el financiamiento para el Programa de Mejora y Expansión del Sistema de Saneamiento. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

El destino de US$40 millones de las reservas monetarias internacionales del Banco de Guatemala, aprobado por el Congreso de la República en el presupuesto de ingresos y egresos del 2026, a solicitud del Minfin, sigue generando cuestionamientos sobre el alcance y la legalidad de la operación.

Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), y Jorge Lavarreda, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), cuestionaron la medida adoptada por el Legislativo y la falta de transparencia de la cartera del Tesoro en cuanto al uso de las reservas para la adquisición de acciones a nombre del Estado de Guatemala.

Ambos investigadores coincidieron en que se deben presentar los documentos y análisis técnico-jurídicos —y aclarar si existió consulta— que sustenten la operación con reservas monetarias internacionales, como fue aprobado por el Congreso para el CAF, con sede en Caracas, Venezuela.

Las reservas monetarias internacionales de Guatemala se situaban, al 27 de noviembre, en US$31 mil 941 millones y han crecido por el ingreso extraordinario de remesas familiares, que representa la disponibilidad de dólares del país.

Dudas legales por financiamiento del CAF

Barrientos, explicó que la banca central puede comprar bonos de bajo riesgo o realizar inversiones con las reservas monetarias internacionales, ya que la idea es que estas no se usarán de inmediato y podrían generar retornos.

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Pero en este caso, explicó, se entendería que el Estado de Guatemala toma parte de esas reservas para comprar acciones del CAF, que siguen siendo un activo favorable. Entonces, el dinero se reemplaza: no se reducen las reservas, sino que cambia su composición. Ese, dijo, podría ser el escenario menos preocupante.

Otro de los puntos que criticó Barrientos es que la banca central asuma el costo de la compra de las acciones del CAF, ya que se trata de una operación cuasifiscal, y, por tanto, debería cargarse al presupuesto público, es decir, ser un gasto fiscal.

“Se debe conocer la argumentación del Ministerio de Finanzas y del Gobierno central, porque fue un costo que se cargó a las reservas monetarias internacionales, y no al presupuesto”, afirmó.

Por ello, aconsejó que tanto el Minfin como el Banguat den a conocer los dictámenes técnicos, las opiniones y si hubo una discusión en la Junta Monetaria, lo cual consideró necesario para despejar dudas.

Lavarreda, del Cien, agregó que durante la aprobación del presupuesto del 2026 por los diputados —en la madrugada del miércoles 26 de noviembre—, la propuesta original del Ejecutivo planteaba que la adhesión al CAF sería con gasto público. Sin embargo, en el Congreso se modificó y se estableció que las acciones se pagarían mediante el Banguat, con reservas monetarias internacionales.

Aclaró que esta situación requiere un análisis legal y jurídico, para determinar si la banca central puede financiar la compra de ese cupo de acciones con base en una norma de vigencia anual. “Por lo tanto, siempre persiste esa duda”, advirtió.

Se deben presentar los documentos y análisis técnico-jurídicos —y aclarar si existió consulta— que sustenten la operación con reservas monetarias internacionales, como fue aprobado por el Congreso para el CAF

En todo caso, agregó, esa posición deberá ventilarse en la Corte de Constitucionalidad (CC), si se llegaran a interponer amparos por la decisión del Congreso de la República.

Recordó que, por ley, el Banguat no puede prestarle al Gobierno central, ya que existe una prohibición constitucional derivada de la reforma a la Carta Magna realizada en 1993.

“Este tipo de situaciones son cuestionables, pero al final es un asunto que se definirá en las cortes”, agregó.

Silencio administrativo: Segeplán aún no aprueba proyectos bajo nueva ley de Codedes

Wed, 03 Dec 2025 06:12:00 +0000

Guatemala

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Silencio administrativo: Segeplán aún no aprueba proyectos bajo nueva ley de Codedes

Segeplán asegura que no se ha activado la ley de gasto exprés de Codedes, después de más de un mes de vigencia.

3 de diciembre de 2025

00:12h

Los proyectos que se financian con fondos de los Codedes avanzan bajo distintos ritmos. (Fotografía Prensa Libre: María Reneé Barrientos Gaytan).

El ritmo de los proyectos municipales anticipa que el silencio administrativo de la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural se aplicarán en contextos electorales, hasta el 2026 y el 2027. Después de más de un mes de vigencia de la ley de gasto exprés, la Segeplán no reporta aprobaciones de proyectos bajo esa normativa.

La nueva normativa establece plazos límite para que las instituciones emitan los avales de las obras financiadas por los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes). Si no hay respuesta en los términos establecidos, se da vía libre para que el proyecto avance.

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) asegura que la normativa se aplica a las solicitudes que ingresaron después del 17 de octubre —cuando la ley entró en vigor— y sostiene que, hasta el momento, ninguna opinión técnica se ha emitido aplicando el criterio del silencio administrativo positivo.

“Aquellas solicitudes que ya estaban en trámite hasta el 16 de octubre se regirán por los plazos ordinarios que se venían aplicando. Esto quiere decir que el decreto regirá únicamente para los proyectos ordinarios que se ejecutarán en el 2027 y para los proyectos extraordinarios o de otra fuente que ingresen al Sistema Informático Nacional de Inversión Pública (Sinip) después del 17 de octubre del presente año”, respondió la Segeplán.

Los Codedes tienen dos fuentes de financiamiento: los fondos ordinarios, que provienen del IVA-Paz y del Fonpetrol, por Q4 mil 500 millones, y los extraordinarios, por Q6 mil 312 millones; ambas cifras fueron aprobadas en el presupuesto para el 2026.

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Según la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), hasta el 1 de diciembre hay cerca de 114 solicitudes para proyectos nuevos y otras 185 en proceso. Aunque la Segeplán asegura que la normativa aplicará para obras del 2027, las nuevas que se ejecutarán el próximo año aún no están aprobadas. En muchos casos, se encuentran en conformación de expedientes y serán enviadas a las entidades en los primeros meses del año, como ocurre históricamente.

La Segeplán añadió que se dará por recibido un expediente solo si contiene los doce requisitos establecidos en la normativa del Sistema de Inversión Pública. También explicó que, en los casos en los que no se emita un dictamen pero se cumpla el plazo para responder, se incluirá una redacción de descargo aclarando que la entidad no realizó la evaluación técnica.

La Ley de Codedes fijó como máximo un plazo de cinco días para que tanto la Segeplán como las entidades que otorgan permisos para la ejecución de obras den respuesta positiva o negativa. De no haber respuesta alguna, las alcaldías pueden continuar el proceso y llevar a cabo el proyecto sin esa opinión técnica. Algunas de las entidades obligadas son los ministerios de Comunicaciones, Salud, Agricultura, Educación, Cultura y Ambiente, así como la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.

Apuntalan a la Segeplán

La ley fue aprobada de urgencia por el Congreso, pese al rechazo del Ejecutivo y de centros de pensamiento. Entre los argumentos en contra se planteó que las instituciones, especialmente la Segeplán, no son lo suficientemente robustas para cumplir con los plazos que fija la ley ante el volumen de obras por ejecutar, tanto nuevas como de arrastre.

La entidad asegura que se está reforzando y que “se encuentra analizando las capacidades técnicas de cada delegación”. Actualmente, se habilitó personal que antes estaba asignado a otras áreas y que tiene la capacidad de evaluar proyectos, según la Segeplán.

Por otro lado, la diputada oficialista Victoria Godoy Palala refirió que se incluyó en el presupuesto del 2026 un incremento de Q30 millones para la Secretaría —Q215 millones en total— con el fin de fortalecer sus capacidades para afrontar la gestión de proyectos de los Codedes, que podrían alcanzar los Q18 mil millones en el 2026.

“El Decreto 7-2025 es un problema que tenemos no solo como Ejecutivo. Desde las alcaldías hay mucha preocupación sobre cómo manejarlo. Creo que sí es un asunto que debemos abordar en el Congreso y, si no podemos derogarlo, pues reformarlo para que sea más operativo. La Segeplán está reforzándose junto con la SCEP”, comentó la diputada.

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Con alcaldes

Las autoridades de la Segeplán y de la SCEP mantienen una serie de reuniones con el presidente Bernardo Arévalo. Hasta el momento, se han desarrollado cinco y aún quedan cuatro pendientes. El objetivo es emitir nuevas directrices para los procesos, según confirmó una fuente que prefirió el anonimato.

La Segeplán señaló que en dichas reuniones se ha acordado que las resoluciones o licencias otorgadas bajo el silencio administrativo incluyan una redacción que lo aclare.

Además, se conoció —según la misma fuente— que el presidente ya se reunió con representantes ediles de cada departamento para acordar que no hagan uso del silencio administrativo positivo. La Segeplán añadió que algunas alcaldías han comunicado que prefieren esperar los permisos.

El alcalde Pedro Solís, de Santa Cruz la Laguna y miembro de la Junta Directiva de la Anam, comentó que en su departamento no se ha realizado ningún acercamiento por parte del Ejecutivo ni de ninguna instancia. Además, añadió que se encuentran en proceso de conformación de expedientes para las obras del 2026, en las que ya se puede aplicar la nueva normativa.

“Va a depender de cómo cada alcalde quiera priorizar sus proyectos y avanzar. En mi caso, se cita a representantes de las entidades para verificar si es viable un proyecto de una planta de tratamiento antes de pedir los avales”, indicó Solís.

Banguat rechaza uso de reservas internacionales para financiar adhesión de Guatemala al CAF

Wed, 03 Dec 2025 06:10:00 +0000

adhesión

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Banguat rechaza uso de reservas internacionales para financiar adhesión de Guatemala al CAF

El Banco de Guatemala (Banguat) se pronunció sobre la aprobación, por parte del Congreso, de financiar la adquisición de un cupo de acciones en el CAF dentro del Presupuesto 2026 y reiteró que esta medida no procede.

3 de diciembre de 2025

00:10h

El 20 de mayo del 2025 se suscribió la carta de intención para la incorporación de Guatemala como accionista del CAF. Participan el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos; el presidente Bernardo Arévalo de León (de pie), y el presidente ejecutivo del CAF, Sergio Díaz-Granados. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Las autoridades reaccionaron luego de que el Congreso aprobara el artículo 85 del presupuesto de ingresos y egresos para 2026, el cual incluye la adquisición de un tramo accionario para la adhesión del país al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), una decisión avalada por legisladores de distintas bancadas.

El Banguat advirtió que la medida no procede y podría ser objeto de acciones legales.

En respuesta a una consulta de Prensa Libre, la institución afirmó que no se pueden realizar este tipo de operaciones utilizando las Reservas Monetarias Internacionales (RMI) y anticipó posibles procesos en las instancias judiciales correspondientes.

Los legisladores aprobaron, a solicitud del Ministerio de Finanzas (Minfin), destinar US$40 millones (unos Q306 millones) de las RMI para el CAF, según lo estipulado en el artículo 85 del decreto 27-2025, ordenando así el uso de dichos recursos.

Al respecto, se brindó una explicación a Prensa Libre.

Como autoridad monetaria, ¿Cuál es la posición oficial sobre lo aprobado en el presupuesto a solicitud del Minfin?

La forma en que está escrito el artículo 85 relativo a la participación de la República de Guatemala en la Corporación Andina de Fomento (CAF), en particular porque de conformidad con el artículo 133 de la Constitución Política de la República la Junta Monetaria no puede autorizar al Banco de Guatemala para conceder financiamiento directo o indirecto, garantía, o aval al Estado, y a las entidades autónomas y descentralizadas, así como a cualquier ente público, que es a lo que conlleva el referido artículo 85.

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Además, conforme lo dispuesto en el artículo 71, inciso c, de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, el Banco Central tiene explícitamente prohibido otorgar financiamiento garantía, o aval al Estado, y a las entidades autónomas y descentralizadas.

Directivos del CAF y autoridades del Gobierno de Guatemala cuando firmaron la carta de compromiso de adhesión al CAF. (Foto Prensa Libre: CAF)

¿Qué implicaciones tiene el articulo 85 en la autonomía del banco central?

Siendo las Reservas Monetarias Internacionales parte relevante del patrimonio del Banco de Guatemala y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 132 de la Carta Magna, el Banco de Guatemala al ser una entidad autónoma, descentralizada, una disposición que afecte su patrimonio, sin contrapartida alguna, afecta la autonomía financiera del Banco Central.

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Vale subrayar que el artículo 13 de la Ley Orgánica del Banco Guatemala prevé que la Junta Monetaria es su directora suprema; por lo que solo ella, constitucional y legalmente, tiene la potestad de decidir y autorizar sobre las diversas operaciones y cualesquiera otros actos jurídicos en los que el Banco Central pueda participar o tener interés, pero, en este caso, no podría aprobar una operación que contraviene lo dispuesto en la Ley Orgánica del Banco de Guatemala.

Por otra parte, se debe mencionar que la participación de la República de Guatemala en cualquier organismo internacional, tiene un procedimiento establecido que de forma abreviada cito: 1) Mostrar el interés del país por participar en el organismo, 2) El directorio o junta de gobierno del organismo debe estar de acuerdo con la adhesión del país; 3) El Congreso de la República aprueba la participación del país en el organismo; 4) La participación debe ser ratificada por el organismo ejecutivo y 5) Debe depositarse el instrumento de adhesión en el organismo, una vez se hayan cumplido los requisitos del organismo y los requerimientos legales y constitucionales del país.

Cabe resaltar que la participación en el organismo es de carácter permanente, por lo que una ley de vigencia temporal (como la Ley del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veinticinco), quizá no sea el instrumento idóneo para su aprobación por parte del Congreso de la República.

¿El artículo 85 podría ser materia de control constitucional?

Se debe comentar que lo referente al artículo 85 está siendo analizado por la Asesoría Jurídica del Banco de Guatemala para establecer las acciones que en derecho corresponden.

Diputados avalan adhesión de Guatemala al Banco de Desarrollo de América Latina CAF con reservas monetarias

Tue, 02 Dec 2025 06:10:00 +0000

banca multilateral

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Diputados avalan adhesión de Guatemala al Banco de Desarrollo de América Latina CAF con reservas monetarias

Guatemala se incorporará como accionista al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), con una participación de US$40 millones, según lo aprobado en el presupuesto del 2026 por los diputados del Congreso de la República, pero especialistas alertan por posibles efectos legales.

2 de diciembre de 2025

00:10h

Reunión del Directorio del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en 2025. (Foto Prensa Libre: Cortesía CAF)

En un proceso con escasa discusión pública, el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) incluyó en el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del 2026 la adhesión del país al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), lo cual fue avalado por legisladores de distintas bancadas.

En el artículo 85 del presupuesto, los congresistas aprobaron la “Participación financiera de Guatemala al CAF”. Para ello, el Ejecutivo, por medio del Minfin, deberá gestionar ante el Banco de Guatemala (Banguat) el uso de las Reservas Monetarias Internacionales (RIN), con el fin de efectuar la incorporación.

La gestión del Minfin deberá ser conocida por la Junta Monetaria (JM). No obstante, ya se advierte que la medida podría ser inconstitucional y objeto de impugnaciones legales.

La sede central del CAF está en Caracas, Venezuela. Esta institución de fomento fue constituida en 1970 y cuenta con 24 países accionistas, entre ellos 22 de América Latina, además de España y Portugal, así como 13 instituciones privadas de la región.

El organismo multilateral tiene presencia en El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá.

Congreso autoriza compra de acciones

Según lo dispuesto en el articulado del presupuesto aprobado, Guatemala adquirirá en el 2026 un cupo de acciones nominativas de la serie “C”, correspondientes al capital ordinario del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

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El total será de dos mil 817 acciones, con un valor unitario de US$14 mil 200, lo que equivale a US$40 millones (unos Q306 millones).

“Se faculta al Banco de Guatemala para que, con cargo a las Reservas Monetarias Internacionales, honre el compromiso de la presente disposición”, indica el artículo correspondiente del presupuesto.

Prensa Libre consultó al Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) sobre los criterios que se utilizaron para la incorporación al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) mediante el uso de las reservas monetarias internacionales (RMI), así como los futuros proyectos a desarrollar. Sin embargo, al cierre de esta nota no se había recibido una respuesta oficial por parte de la oficina de Comunicación Social de esa cartera.

El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, y el presidente ejecutivo del CAF, Sergio Díaz-Granados, firman una carta de intención que abrió el proceso formal para la incorporación del país a ese organismo multilateral, el presidente Bernardo Arévalo fue testigo de honor en mayo pasado. (Foto Prensa Libre: CAF)

Advierten ilegalidad en compra de acciones

Para Érick Coyoy, exviceministro de Finanzas y analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), la medida implica que “prácticamente” se está obligando al Banco de Guatemala a financiar al Gobierno Central para la adhesión al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), una decisión respaldada por mayoría calificada en el Congreso de la República.

En el 2020 fue la única ocasión en que la banca central otorgó un crédito al Gobierno Central, con motivo de la emergencia sanitaria por la pandemia, y bajo aval del Legislativo.

“Habrá que ver si los diputados hicieron la observación al autorizar que el Banco de Guatemala financie gastos del Gobierno Central. Es el Ejecutivo quien toma la decisión de adherirse al CAF, y es este el que debe hacer la compra de las acciones”, añadió Coyoy.

Guatemala adquirirá en el 2026 un cupo de acciones nominativas de la serie “C”, correspondientes al capital ordinario del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

A su juicio, si la adquisición de las acciones se realiza con recursos del banco central, este debería ser el propietario de la participación accionaria, y no el Gobierno, como se ha previsto. “Es una cuestión de legalidad”, apuntó el investigador.

Recordó que la Constitución prohíbe expresamente que el Banguat financie al Gobierno Central. “Cuando se autorizó por única vez durante la emergencia sanitaria, se dejó claro que era una excepción. En este caso, no se establece ninguna salvedad, pero se da un mandato para realizar la inversión accionaria en nombre del Gobierno de Guatemala”, remarcó.

Señalan riesgo de inconstitucionalidad

El diputado Orlando Blanco, integrante de la Comisión de Finanzas, advirtió que el artículo del presupuesto que establece la adhesión de Guatemala al CAF puede ser objeto de inconstitucionalidad, ya que con la reforma constitucional de 1993 (decreto 18-93) quedó prohibida la utilización del Banco de Guatemala para financiar las operaciones para el Estado, sobre todo para este tipo de actividades.

Recordó que dicha reforma tiene como finalidad blindar al Estado para evitar la utilización no solo de las reservas, sino también el funcionamiento de la “maquinita”.

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“Este artículo puede ser atacado inconstitucionalmente, al igual que otros artículos que contiene el presupuesto del 2026”, reiteró.

Al ser consultado sobre la aprobación de esa decisión, justificó que lo apresurado en que se conoció el dictamen y el secretismo por parte de la Comisión de Finanzas, “evitó que cosas como estas se pudieran evidenciar para evitar acciones legales, precisamente de este tipo”.

Sobre el futuro de este artículo y su vigencia en el próximo año, el legislador anticipó que será “atacado” en la Corte de Constitucionalidad, “porque si se queda vigente, vendría a abrir la puerta a próximas decisiones. Aunque ahora lleva una asignación específica —que es la compra de acciones para tener el derecho de que el país se endeude—, tiene algo contrasentido e injusto en este marco de búsqueda de transparencia y austeridad en el gasto del Estado”.

Enfatizó que el interés de Guatemala en ser socio del CAF es un mecanismo que permite no estar limitado en el acceso a entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Mundial (BM), que son administrados y “muy influenciados” por Estados Unidos. Con ello, se buscaría una alternativa de financiamiento que va más allá.

País se integrará a fondo de inversiones del BID

Además del CAF, Guatemala también será accionista de otra entidad multilateral. Así quedó establecido en el artículo 96 del presupuesto, bajo el título “Aprobación de la participación de la República de Guatemala en el Fondo Multilateral de Inversiones IV”.

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En la aprobación del programa de gasto para el 2026, los congresistas, a solicitud del Minfin, avalaron también la participación del Estado en el convenio constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin), adscrito al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con sede en Washington D. C.

“La aprobación de la participación comprende la aceptación de los instrumentos que permitan su implementación, que para estos casos utiliza dicho organismo financiero internacional”, indica el articulado.

Aunque no se especifica el monto de la participación, el presupuesto aclara que los recursos necesarios deberán disponerse con cargo a la partida de Obligaciones a Cargo del Tesoro. Asimismo, faculta al Minfin a realizar los acreditamientos correspondientes.

Recinos: Banguat tiene prohibido financiar al Gobierno

Para el expresidente del Banco de Guatemala, Sergio Recinos, el Banguat no puede prestarle al Gobierno Central, debido a que existe una prohibición constitucional derivada de la reforma a la Carta Magna efectuada en el 1993.

Comentó que dicha reforma ha sido clave para mantener la estabilidad macroeconómica, “ya que, de no existir, probablemente ya se habría financiado al Estado por esa vía, es decir, con dinero inorgánico, que más temprano que tarde provoca inflación o depreciación del tipo de cambio, como ocurrió en los años ochenta en América del Sur, con los procesos hiperinflacionarios que se experimentaron”.

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Aconsejó que, antes de que Guatemala se convierta en miembro del CAF, se debe explorar con mayor profundidad cómo está compuesta su cartera: la concentración por país, la cartera en mora, las tasas de interés, entre otras variables.

Tensiones geopolíticas elevan riesgo del CAF

Sobre la posibilidad de comprar acciones del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) con el uso de las reservas monetarias internacionales (RMI), el experto afirmó que habría que profundizar en el análisis jurídico, pero que, en principio, el banco central no podría hacerlo debido a la prohibición constitucional vigente.

Aclaró que, si se desea formar parte de esa corporación financiera, debería ser el Estado, a través del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), y no el Banco de Guatemala, el encargado de realizar el proceso.

“Hay que mencionar que este no es un buen momento, ya que, con las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos, Venezuela y Colombia, se ha incrementado el riesgo alrededor de dicha institución”, agregó.

CAF, una vía para diversificar recursos, según politólogo

Douglas González, politólogo y analista independiente, señaló que la incorporación de Guatemala al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) no debe verse como una postura ideológica, sino como una coincidencia que la sede central de la organización esté en Caracas, Venezuela, ya que se trata de una banca multilateral con una visión más orientada hacia el Sur global.

“Desde la perspectiva del Sur global, Guatemala hace lo correcto al tratar de integrarse a otro conglomerado para diversificar sus fuentes de financiamiento”, indicó el analista.

Recordó que varios países de América Latina, como Ecuador, Colombia y Perú, son miembros activos del CAF.

“Esto tiene que ver más con la integración de bloques económicos, y Guatemala debe mirar hacia el sur para sumarse a distintas iniciativas”, precisó González.

Presupuesto 2026 asigna fondos a Superintendencia de Competencia, pero son insuficientes para operar

Sat, 29 Nov 2025 12:00:00 +0000

Presupuesto

Presupuesto 2026 asigna fondos a Superintendencia de Competencia, pero son insuficientes para operar

Un presupuesto de Q25 millones para la Superintendencia de Competencia (Sicom) aprobó el Congreso de la República para el 2026; sin embargo, el monto está por debajo de lo que la entidad estima necesario para operar ese año.

29 de noviembre de 2025

06:00h

Funcionarios de la Superintendencia de Competencia participaron en el Foro “Competencia y Estado de Derecho: Pilares para fortalecer la institucionalidad y la inversión”, organizado por AmCham Guatemala. (Foto, Prensa Libre: Rosa María Bolaños).

Además, sigue pendiente que el Ministerio de Finanzas (Minfin) concrete la asignación de Q20 millones para la Superintendencia de Competencia, establecida en la Ley de Competencia para el primer año de vigencia, que corresponde al 2025.

El presidente del directorio de la Sicom, Javier Bauer, informó que, dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el 2026, el Organismo Legislativo aprobó Q25 millones para dicha entidad.

En tanto el director, Edgar Guzmán, explicó que también se valora que en el mismo artículo se deja establecido que el Ministerio de Economía apoye a la institución.

Consultado sobre si ese monto es suficiente para operar, Jorge Miguel Castillo, superintendente de Competencia, explicó que se realizó un análisis derivado de las intendencias que se buscan crear, las capacidades necesarias, los salarios competitivos que deberían pagarse y el equipo de cómputo y software que, como en todas las autoridades de competencia del mundo, requiere alta inversión. Al estimar esos gastos, se determinó que el presupuesto es limitado, pero se trabajará con los recursos asignados, priorizando los gastos y buscando eficiencia en su asignación, agregó.

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Castillo expuso que se estimó —con apoyo de expertos internacionales— que Q35 millones o Q40 millones es el presupuesto que tienen entidades similares, como las autoridades de competencia de Ecuador, Colombia y otros países.

En tanto Guzmán dijo que ese recurso no es suficiente para los grandes desafíos que tiene la entidad en el mediano y largo plazo, por lo que esperan poder brindar el resultado de ejecución adecuado, hacer proyección adecuado para tener presencia en todo el territorio y de esta manera poder acudir a distintas estancias y el Congreso para que pueda ser considerada una ampliación en caso de que fuera necesario.

Los rubros que se priorizarán con el presupuesto del 2026 serán capacitación, jornadas nacionales de divulgación, fomento y promoción de la competencia, detalló Castillo. Además, la entidad realizará estudios sobre leyes, regulaciones y el Código Municipal para determinar si alguna disposición contraviene la Ley de Competencia. También se incluye la capacitación del personal.

El superintendente explicó que los fondos no ejecutados del presupuesto inicial del 2025 podrán seguir utilizándose por parte de la Sicom, conforme lo regulan la Ley de Competencia y la Ley Orgánica del Presupuesto, dado que se trata de una autoridad autónoma e independiente.

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Esto puede incluir la sede y lo necesario para estructurar la entidad, como computadoras, vehículos y otros recursos.

Aparte del presupuesto, la entidad trabaja en propuestas de reglamentos y guías por actividades.

Respecto del 2025, ya se avanzó en los trámites del proceso de asignación. La entidad ya cuenta con la estructura presupuestaria y con los roles asignados en el Sistema Informático de Gestión (Siges) y el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), así como con un centro de costo. Se trata de diseños operativos y técnicos que permiten que una entidad tenga vida presupuestaria, explicó Castillo.

Los funcionarios de Sicom participaron en el foro “Competencia y Estado de Derecho: Pilares para fortalecer la institucionalidad y la inversión”, organizado por AmCham Guatemala.

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Consultado en el foro, Guzmán expuso que el monto es insuficiente para constituir una institución técnica disruptiva, pero con una política de competencia, la Superintendencia también puede aprovechar otros recursos y espacios disponibles dentro del Estado.

En dicho foro también se les preguntó si la cantidad asignada de presupuesto es suficiente para mantener cuadros técnicos independientes y garantizar la imparcialidad, así como un órgano técnico con los mejores perfiles.

Al respecto, el director Jorge Mario González expuso que se ve cuesta arriba y calificó como lamentable la decisión de asignar un presupuesto tan por debajo de los estándares básicos para la creación de una institución.

Explicó que una parte importante será contar con personal idóneo, cuadros técnicos especializados y poder retener al personal calificado, lo cual será complicado si no se pueden ofrecer salarios competitivos frente al sector privado, donde podrían duplicarse o triplicarse los salarios que la Superintendencia puede ofrecer.

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Derivado de ello, agregó González, será difícil que alguien opte por dicha entidad y comentó tres aspectos a enfrentar: no hay personal capacitado en esta nueva materia en el país; se tendrá que invertir en esa formación, pero no se podrá retener el personal, porque “teniendo un presupuesto tan paupérrimo no vamos a tener cómo asignarle, y vamos a crear una institución tan pequeña que no va a tener las capacidades de atender a todo el país. Porque en Guatemala, en Centroamérica, somos la economía más grande y no podemos crear una institución tan pequeña. Nos dieron un presupuesto pensando en pequeño”, a pesar de la importancia de la función de la Superintendencia, como crear eficiencias económicas, buscar apertura de mercado y generar estudios relevantes.

Se reestructurará el Mineco

Al respecto del presupuesto para la Sicom y la reestructuración del Ministerio de Economía, ahora que fue creada dicha entidad, la viceministra Valeria Prado explicó algunos factores.

Recordó que la ley establece que se le debe asignar un mínimo del 4% del presupuesto del Ministerio de Economía.

En este caso, al revisar el decreto del Presupuesto estatal para el 2026, el Mineco tiene asignados Q640.7 millones, por lo que el mínimo sería de Q25 millones, que finalmente le aprobó el Congreso.

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Respecto de la estructura, la funcionaria explicó que a la Superintendencia le fueron asignadas todas las funciones de promoción de la competencia como entidad rectora del asunto, entre otras que antes correspondían al Mineco.

Derivado de la nueva ley, a ese ministerio le queda la parte de elaboración de la política de competencia y a la Superintendencia, la implementación de dicha política y la promoción de la competencia.

Prado explicó que ya se han tenido reuniones y acercamientos entre autoridades de ambas entidades para conversar sobre el asunto y establecer vínculos, y que con los directores se trabaja en sentar las bases para crear una política de competencia.

La estructura del Mineco cambiará, ya que la Ley de Competencia suprime varias de las funciones que originalmente tenía ese ministerio, como la promoción de la competencia, lo que implica la supresión de la dirección que se encargaba del tema, al quedar sin materia.

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Artículo 159 del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el 2026, Decreto 27-2025:

Establece el aporte del Estado a la Sicom, basado en la Ley de Competencia, por Q25 millones, como parte de las Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro.
Estos deberán ser trasladados en un solo desembolso a dicha institución para facilitar su operación y el cumplimiento de sus fines.
Las gestiones presupuestarias y de programación financiera se harán directamente de la Superintendencia de Competencia al Ministerio de Finanzas Públicas, sin intermediación alguna.
El Congreso estableció que, antes del último día hábil de febrero del 2026, el superintendente deberá emitir y poner en vigencia, con el aval del directorio, las normas mínimas de organización y funciones, reglamento interno de trabajo, puestos y escalada salarial, observando criterios de racionalidad económica y manejo responsable del presupuesto asignado.
Aclara que esto es sin detrimento de lo que establecen los artículos 116 de la Ley de Competencia, que refiere que en el plazo de un año a partir de la toma de posesión, el superintendente debe organizar, evaluar, establecer e implementar los procedimientos y sistemas necesarios para operar, así como para la difusión, formación y aplicación de la ley. Castillo asumió el cargo el 13 de octubre del 2026. También se menciona el artículo 121, que establece la vigencia escalonada de la ley en mención.
El decreto de presupuesto estatal también establece que el Ministerio de Economía delegará de forma temporal, y por un plazo no mayor a seis meses, al personal administrativo y financiero que la Superintendencia de Competencia requiera para iniciar operaciones y emitir sus disposiciones de organización interna. También facilitará equipo de cómputo y transporte que sea requerido, igualmente de forma temporal.

Reglamento

El reglamento para la Ley de Competencia aún se está trabajando, y el superintendente presentará el borrador al directorio, dijo Bauer.

Castillo expuso que se trata de reglamentos y manuales de protocolos, entre ellos el reglamento orgánico interno, el cual ya fue presentado y está en proceso de discusión.

El otro reglamento es el que debe desarrollarse para implementar la ley, según el artículo 117 del Decreto 32-2024. Este debe entrar en vigencia el 1 de enero del 2026. Para ello, se abrió un espacio para la recepción de opiniones y observaciones, y se encuentra en desarrollo.

Presupuesto 2026: Congreso autoriza proceso de deuda para ampliar muelle en portuaria Quetzal

Sat, 29 Nov 2025 06:10:00 +0000

crédito público

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Presupuesto 2026: Congreso autoriza proceso de deuda para ampliar muelle en portuaria Quetzal

El Congreso autorizó el inicio del proceso para financiar la ampliación y modernización de los muelles comerciales de la EPQ, a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, mediante deuda pública.

29 de noviembre de 2025

00:10h

Los diputados avalaron esta semana el presupuesto de ingresos y egresos del 2026 y se incluyó la preparación de una operación de crédito público destinada a la ampliación de la infraestructura crítica en la EPQ, en Escuintla. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Los diputados avalaron esta semana el presupuesto de ingresos y egresos por Q163 mil 469 millones para el 2026, en el cual también se incluyó la preparación de una operación de crédito público destinada a la ampliación de la infraestructura crítica en la EPQ, en Escuintla.

El artículo 109 del decreto 27-2025 establece la “Preparación de operación de crédito público para el Proyecto de Ampliación Portuaria de la EPQ”, por lo que deberá formularse, estructurarse y someterse a la opinión de la Junta Monetaria a más tardar el 31 de julio del 2026.

Esto implica que, en el presupuesto del 2027, el Ministerio de Finanzas deberá incluir una fuente de financiamiento para el proyecto, ya sea mediante un préstamo con organismos o agencias internacionales, o mediante la emisión especial de bonos del Tesoro.

La operación de crédito público deberá basarse en los estudios técnicos, diseños y recomendaciones elaborados por el Usace, que en el 2025 comenzó con el análisis para ampliar y modernizar los muelles 5, 6, 7 y 8, con el fin de incrementar la capacidad del recinto portuario.

El documento oficial con los resultados del Usace será considerado como “el marco técnico de referencia para la ejecución del proyecto”.

Además, la EPQ, en coordinación con los ministerios de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; de Relaciones Exteriores, y de Finanzas, deberá gestionar, suscribir y supervisar los acuerdos de cooperación para la ampliación portuaria, y asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad establecidos por el Cuerpo de Ingenieros.

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El Ministerio de Finanzas será responsable de formular las gestiones presupuestarias, financieras y de cooperación internacional, y deberá incorporar esta operación de crédito al programa de gasto del 2027, con miras a su ejecución ese mismo año.

Es decir, el Legislativo se compromete a aprobar y financiar las obras durante ese ejercicio fiscal.

La operación de crédito público deberá basarse en los estudios técnicos, diseños y recomendaciones elaborados por el Usace, según explica el viceministro de Comunicaciones(Foto Prensa Libre: Cortesía)

Ampliación de muelles comenzaría en el 2027

El viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Fernando Suriano Buezo, explicó a Prensa Libre que el contrato suscrito contempla la ampliación de los muelles comerciales 5, 6, 7 y 8 en la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), ya que la Ley del Presupuesto del 2026, aprobada por el Congreso, dejó establecido que pueden prepararse las negociaciones financieras para ejecutar el proyecto.

Se brinda un horizonte adecuado, porque en esta primera fase deben sentarse las bases del proyecto, que incluyen condiciones, estudios y otros requerimientos; la segunda fase será la construcción, financiada con préstamos”, afirmó.

El funcionario agregó que los equipos técnicos ya están trabajando en coordinación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (Usace), la EPQ y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, “para ejecutar la ruta prevista, de modo que en el 2027 comience la ampliación de los muelles”.

Gobierno busca financistas para EPQ

Sobre el costo que representará la fase de construcción en la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), el viceministro Suriano Buezo indicó que aún no se tiene una cifra oficial, ya que los estudios técnicos están en desarrollo por parte del Usace, los cuales permitirán establecer una proyección.

La operación de crédito público deberá basarse en los estudios técnicos, diseños y recomendaciones elaborados por el Usace, que en el 2025 comenzó con el análisis para ampliar y modernizar los muelles 5, 6, 7 y 8,

Sin embargo, estimó que el monto podría alcanzar los Q4 mil millones, aunque advirtió que no se trata de una cifra definitiva.

“Los estudios son los que realmente van a establecer el dato”, aclaró el funcionario.

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El viceministro adelantó que se presentarán solicitudes de interés ante organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) o el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con el fin de definir el alcance de la operación y realizar los requerimientos respectivos a sus directorios. Aclaró que, por ahora, no hay nada oficial.

En todo caso, remarcó que para septiembre del 2026 ya se contará con la información oficial.

Asignación presupuestaria del Mides aumenta en Q1 mil millones en año preelectoral

Sat, 29 Nov 2025 06:01:00 +0000

Guatemala

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Asignación presupuestaria del Mides aumenta en Q1 mil millones en año preelectoral

En medio de críticas por su posible uso con fines electorales, el presupuesto del Mides crecerá en el 2026 a Q4 mil 100 millones, su cifra más alta durante el gobierno del presidente Bernardo Arévalo.

29 de noviembre de 2025

00:01h

Los comedores sociales, son parte de los programas que están a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. (Foto Prensa Libre: Mides).

Durante los últimos años, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) ha sido el encargado de implementar las políticas, planes y acciones de los gobiernos de turno en materia de apoyo y ayuda social para los sectores menos favorecidos en todo el territorio nacional. Para ello, se le asignan los recursos necesarios por parte del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).

En el 2026, el Mides contará con un presupuesto de Q4 mil 100 millones, lo que representa un incremento significativo de Q1 mil 661 millones respecto del asignado en el 2025, que fue de Q2 mil 438 millones. No obstante, luego de las readecuaciones del Minfin, al Mides se le otorgaron Q493 millones adicionales para el presente año, lo que elevó su presupuesto para el año en curso a más de Q3 mil millones, de los cuales ha ejecutado Q2 mil 278 millones, equivalentes al 74%.

Actualmente, el Mides administra seis programas sociales, entre ellos el Bono Social —dividido en bono salud, bono educación y bono nutrición—, así como la Bolsa Social, Beca Social, Jóvenes Protagonistas, Programa Vida, Comedores Sociales y la iniciativa Mano a Mano, regulada en conjunto con la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán).

Incremento en año preelectoral

Aunque el aumento de fondos para programas de asistencia es visto como positivo, hay suspicacias porque el incremento de más de Q1 mil millones ocurre en un año preelectoral. Durante los gobiernos de Alejandro Giammattei, Jimmy Morales y Otto Pérez Molina el Mides fue señalado como plataforma electoral de los partidos oficialistas, al supeditar los apoyos sociales al voto por sus candidatos.

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Las dudas también surgen ante rumores sobre la posible candidatura presidencial del titular del Mides, Abelardo Pinto, para el 2027.

Ante esto, el presidente Bernardo Arévalo afirmó que el aumento presupuestario responde a una ampliación en la cobertura de los programas, y no a fines partidistas. Reconoció, además, que estos programas fueron utilizados políticamente por gobiernos anteriores.

“Su pregunta es absolutamente justificada, porque esa es la historia de estos programas en el país. Así nacieron, así los condujeron desvergonzadamente. Durante muchísimo tiempo entregaban las cosas en bolsitas con el logo, los entregaban solo si se iban a inscribir para ponerse en el partido, los entregaban condicionados, creaban ese tipo de condicionalidades”, aseguró el mandatario.

También indicó que desde el inicio de su gobierno se ha buscado romper con ese esquema clientelar.

“Nosotros hemos entrado, desde el año pasado, con un enfoque radicalmente distinto, porque lo que queremos es precisamente romper el vínculo clientelar entre la asistencia que se da y la persona. No queremos que nadie se sienta obligado a inscribirse, a apoyar, a votar, etcétera, por alguien o por otra persona. Y lo estamos haciendo, no solo lo estamos diciendo, lo estamos haciendo de distintas maneras”, puntualizó.

Arévalo añadió que, para evitar el uso clientelar, se creó el Registro Social de Hogares, (RSH), herramienta clave para garantizar transparencia y evitar el mal uso de los programas sociales a cargo del Mides.

“El registro social de hogares se trata de una iniciativa que va a ayudar a cada una de las casas en un municipio a una serie de técnicas estadísticas identificar cuál es el nivel socioeconómico de esa casa. Si tiene acceso al agua, si tiene energía, si tiene eso, es decir, hay una serie de indicadores que permitan identificar cuál es el estatus de la familia que vive en esa casa, y el registro social de hogares se convierte entonces en el identificador automático de a quién sí le corresponde un apoyo y a quien no le corresponde un apoyo, no por el criterio de una persona que vaya a repartir el programa específico, sino porque lo que es el registro social de hogares, quién dice que es lo que tiene que hacer”, afirmó el presidente.

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Manejo adecuado y fiscalización de los fondos

Pedro Prado, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), opinó que un incremento presupuestario es relevante solo si los programas están enfocados en reducir la pobreza y combatir otros problemas como la desnutrición.

“Es importante determinar a qué programas se estarán dirigiendo —los recursos— porque lo que se esperaría es que atiendan programas vinculados directamente a reducir la pobreza. Debemos recordar que, cuando se creó el Ministerio de Desarrollo Social, si no estoy mal, en el 2012, precisamente el objetivo era gestionar de mejor forma los programas de asistencia social dirigidos a este tema: reducción de pobreza. Y también se esperaría que se atendieran problemas tan importantes que tiene la sociedad guatemalteca, como la desnutrición”, afirmó Prado.

También consideró que esta “coincidencia” entre un aumento presupuestario y la cercanía de un proceso electoral ocasiona dudas sobre el uso de esos fondos.

“Yo creo que no debería darse esa coincidencia, de más recursos por determinada cartera, y otra variable es que se acerque o no un evento electoral, porque se asocia con eso. Y, digamos, los recursos públicos, cuyo origen viene principalmente de la tributación de los guatemaltecos, deben manejarse de forma tal que demuestren calidad en el gasto y que procuren un impacto positivo en el bienestar de la población”, aseguró.

En este contexto, Prado destacó la importancia de la fiscalización oportuna y adecuada por parte de la sociedad, ya que con un mayor presupuesto para el 2026, se esperaría que la ejecución y cobertura no solo del Mides, sino de todos los programas, obras y proyectos a cargo del Ejecutivo, se realicen con mayor eficiencia que en el 2025.

¿Por qué el Congreso aprobó menos fondos al CIV para 2026?

Fri, 28 Nov 2025 06:10:00 +0000

Guatemala

¿Por qué el Congreso aprobó menos fondos al CIV para 2026?

La asignación que el Congreso aprobó para el Ministerio de Comunicaciones en 2026 es más de Q2 mil millones menor que la de 2025.

28 de noviembre de 2025

00:10h

Parte del presupuesto del Ministerio de Comunicaciones fue destinado al Fondo de Inversión para Proyectos Viales Prioritarios, y algunos fondos serán ejecutados por Caminos y el Fondo Social de Solidaridad. (Foto Prensa Libre: CIV)

El Ministerio de de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) registra una asignación presupuestaria inferior a la del año pasado. Para el 2025 se autorizó un gasto de Q9 mil 929 millones 875 mil, mientras que para el 2026 se le asignaron Q7 mil 61 millones 667 mil 692, de los cuales Q3 mil 807 millones 489 mil 862 están destinados a funcionamiento, y Q3 mil 254 millones 177 mil 830 a inversión.

Si bien el presupuesto asignado para el presente año era superior a Q9 mil millones, durante el 2026 contará con un presupuesto vigente de Q7 mil 895 millones 810 mil 186. La reducción de más de Q2 mil millones aprobada por el Congreso se debe a la activación de la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria (DIPP).

Previo a la aprobación del presupuesto del 2026, varios diputados de la Comisión de Finanzas del Congreso justificaron la reducción presupuestaria del Ministerio de Comunicaciones debido a la baja ejecución que ha mostrado a lo largo del 2025. Hasta el 27 de noviembre, la cartera reportaba una ejecución de Q4 mil 101 millones 217 mil 487.80, equivalente al 51.4% de su presupuesto vigente, colocándose en el último lugar entre los catorce ministerios del Ejecutivo en cuanto a ejecución presupuestaria.

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Fondos destinados al FOVIP

Según explicó el presidente Bernardo Arévalo, no existe una reducción, como tal, del presupuesto destinado al Ministerio de Comunicaciones. El mandatario indicó que los fondos que se le restaron a dicha cartera se asignaron a la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria (DIPP), cuya creación se establece en la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria y que será la entidad encargada de realizar obras en las rutas centroamericanas que atraviesan el país.

“En realidad, no hay una reducción. Lo que ha sucedido es que se aprobó la creación de la Dirección de Infraestructura Prioritaria, para asumir la construcción de carreteras centroamericanas, y lo que es necesario es asignarle, dentro del presupuesto de Comunicaciones, el monto correspondiente para que pueda iniciar sus operaciones”, afirmó Arévalo.

El mandatario también indicó que, por esa razón, fue necesario redistribuir el presupuesto del CIV.

Al hacer las consultas correspondientes al Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) sobre este cambio presupuestario, se indicó que esto se debe a que un total de Q2 mil 102 millones han sido asignados al Fondo de Proyectos Viales Prioritarios (FOVIP), cuya creación se establece dentro de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria.

“Efectivamente, se refiere a los recursos programados para el FOVIP (Fondo para Proyectos Viales Prioritarios). Parte de esos recursos programados en el FOVIP se están reasignando para Caminos y el Fondo Social de Solidaridad (Q1 mil 700 millones), por lo que, con este reordenamiento, al FOVIP le quedan, para el 2026, Q402 millones 226 mil”, indica la cartera de Finanzas.

Esto significa que los fondos serán destinados a la Dirección General de Caminos y al Fondo Social de Solidaridad (FSS), ya que serán las entidades encargadas de ejecutar los proyectos contenidos en la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, entre los que destacan la construcción del Anillo Metropolitano, que abarcará los departamentos de Guatemala, Escuintla, Sacatepéquez y Santa Rosa; así como el libramiento de la Ciudad de Guatemala, a través de la interconexión CA-09 Norte y CA-01 Oriente, el Arco 18 y el Arco Norte Metropolitano, priorizados por el Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de la Infraestructura Económica, entre otras obras contenidas en la ley.

De esa cuenta, con los Q1 mil 700 millones del FOVIP que se asignarán a la Dirección General de Caminos y al Fondo Social de Solidaridad (FSS), el Ministerio de Comunicaciones contaría con un presupuesto de Q8 mil 761 millones para el 2025.

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Movimiento de recursos

A criterio de Delfino Mendoza, analista de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa) y experto en infraestructura, no hubo un cambio sustancial, tomando en cuenta que, para el 2025, el presupuesto del CIV osciló en una cantidad similar, luego de la reducción de más de Q2 mil millones que el Ministerio de Finanzas realizó a esa cartera para destinarlos a los Consejos Departamentales de Desarrollo.

Mendoza también considera viable la posibilidad de que los fondos asignados al FOVIP puedan trasladarse a otras dependencias del CIV para continuar con la ejecución de obras.

“Creo que es un presupuesto con el que puede funcionar bien, porque además todavía tiene una salida, que en el presupuesto también se está asignando recursos para el FOVIP, o sea para la nueva Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria de Q2 mil millones de quetzales, y hay por ahí la posibilidad que como todavía el otro año esta institución no va a estar funcionando al cien por ciento, el presupuesto le permite al Ministerio de Finanzas poder reasignar algunos fondos hacia COVIAL para que los destine al mantenimiento vial”, afirma Mendoza.

También indica que, dentro de los aspectos positivos de destinar recursos al FOVIP, está el hecho de que pueden ser ejecutados por unidades como Caminos y Covial y, si no se utilizan, pueden volver al fondo de infraestructura prioritaria, y no al fondo común, como sucede con el presupuesto no ejecutado por otras entidades.

“La ventaja de haberlo destinado al FOVIP, es que los fondos no ejecutados al final del año no se van al fondo común, sino que entran a ese fondo de inversión. O sea, los pueden pasar para los años siguientes, cosa que no lo puede hacer ni Caminos ni Covial. Al final del año, si no ejecutaron algo, va al fondo común y el otro año arrancan estas entidades de cero con su nuevo presupuesto aprobado”, puntualiza.

Para evitar que en el 2026 se repitan los problemas derivados de la baja ejecución, como ocurrió en el 2025, Mendoza considera que se deben realizar varias mejoras, como priorizar y revisar los proyectos de arrastre con alto porcentaje de ejecución que puedan ser concluidos en el corto plazo, reactivar contratos con más del 80% de avance, y ejecutar los trabajos de reparación y mantenimiento vial durante los primeros meses del año. De lo contrario, el Ministerio de Comunicaciones continuará enfrentando dificultades de ejecución presupuestaria y falta de obras y proyectos, como ha sucedido en este año que está por concluir.

Por qué el guatemalteco deberá más de Q15 mil el próximo año con la aprobación del presupuesto 2026

Fri, 28 Nov 2025 06:10:00 +0000

crédito público

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Por qué el guatemalteco deberá más de Q15 mil el próximo año con la aprobación del presupuesto 2026

En el 2026, la deuda pública por habitante alcanzará Q15 mil 691, reflejo del constante aumento en el endeudamiento del Estado. Este crecimiento limita la inversión en salud, educación y otros servicios esenciales, advierten analistas.

28 de noviembre de 2025

00:10h

La afectación de la deuda pública para la población es indirecta, ya que, al aumentar el monto, se reduce la capacidad para hacer inversiones en programas sociales o en infraestructura. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

El presupuesto de ingresos y egresos por Q163 mil 469 millones fue aprobado por los diputados del Congreso de la República, con el respaldo del Ministerio de Finanzas (Minfin). Junto con ello, se avaló el esquema de endeudamiento que financiará el programa de gasto estatal para el próximo año.

La proyección con datos oficiales de la cartera del Tesoro es que la deuda pública alcanzará los Q287 mil 348.5 millones, con la contratación que se llevará a cabo por medio de operaciones de crédito público, lo que implicará que la deuda por habitante ascienda a Q15 mil 691.

La tendencia muestra un crecimiento lineal ya que en 2024 la deuda per cápita era de Q12 mil 964 y en 2025 de Q13 mil 813, por lo que aumenta entre Q2 mil 727 y Q1 mil 878 en esos periodos con lo proyectado para el año siguiente. En 2015, el indicador se ubicó en Q7 mil 871.7.

La tendencia muestra un crecimiento lineal, ya que en el 2024 la deuda per cápita era de Q12 mil 964 y en el 2025 de Q13 mil 813. Con lo proyectado para el año siguiente, el aumento sería de entre Q2 mil 727 y Q1 mil 878. En el 2015, el indicador se ubicó en Q7 mil 871.7.

Es decir, los diputados autorizaron al Minfin la colocación de bonos del Tesoro como parte del programa de gasto, lo cual también incrementa los indicadores per cápita.

Los análisis de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) coinciden en que una de las preocupaciones durante el actual gobierno es el incremento desmedido de la deuda bonificable, tanto en el 2025 como en el 2026, lo que ha elevado la deuda interna.

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En el 2025, el Congreso de la República autorizó —a propuesta del Minfin— un cupo de Q25 mil 104 millones con el argumento de que el destino sería infraestructura. Para el siguiente ejercicio fiscal, el monto aprobado es de Q25 mil 598 millones. En conjunto, en dos años se autorizaron Q50 mil 702 millones cargados a operaciones de crédito público.

Deuda pública total crecerá 24%

La deuda pública total —que aglutina la interna y la externa— también mostrará un crecimiento sustancial del 15%, al compararse con las cifras disponibles al 31 de octubre último, que ascienden a Q249 mil 738 millones.

Es decir, para diciembre del 2026 se sumarán Q37 mil 610 millones más, con lo aprobado por el Congreso tanto en bonos como en préstamos.

A diciembre del 2023, el saldo de la deuda fue de Q222 mil 575 millones; en el 2024 se proyecta en Q231 mil 324 millones; en octubre alcanzó los Q249 mil 738 millones, y se prevé que llegue a Q287 mil 348 millones en el 2026.

Durante la actual administración de gobierno, el saldo de la deuda pública pasará de Q231 mil 324 millones en el 2024 a Q287 mil 348 millones, lo que representa un incremento de Q56 mil 24 millones, es decir, un 24%.

En el 2024, la relación deuda/PIB cerró en 26.3%, y al 31 de octubre se ubicaba en 26.7%, pero podría alcanzar entre 33% y 34% del PIB, un indicador todavía manejable, pero en crecimiento.

Deuda interna subirá 24.1%

Para el 2026, las cifras oficiales indican que la deuda interna (bonificable) se ubicará en Q168 mil 294 millones y la deuda externa en Q119 mil 53 millones, lo que supondrá un crecimiento del 24.1% y del 4.2%, respectivamente, en comparación con el reporte de Operaciones de Crédito Público del Minfin, con corte al 31 de octubre pasado.

Durante la actual administración de gobierno, el saldo de la deuda pública pasará de Q231 mil 324 millones en el 2024 a Q287 mil 348 millones, lo que representa un incremento de Q56 mil 24 millones, es decir, un 24%

A esa fecha, la deuda interna registrada era de Q135 mil 565 millones y la deuda externa de Q114 mil 172 millones; es decir, los aumentos proyectados son de Q32 mil 729 millones y Q4 mil 881 millones, en cada caso.

Sobre los riesgos, los análisis coinciden en que el presupuesto presenta una alta dependencia de bonos del Tesoro, los cuales son vulnerables a las tasas de interés. Además, el proyecto aprobado tiene un componente estrictamente procíclico: si suben las tasas de interés globales, también se elevará el costo del servicio de la deuda.

Advierten sobre endeudamiento excesivo

Hugo Maúl, investigador del Cien, declaró que el monto de la deuda es motivo de preocupación, dado que hay rubros de gasto con esa fuente de financiamiento, sobre todo en programas donde no se percibe una mejora en las condiciones de vida de los guatemaltecos.

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Érick Coyoy, analista de Asíes, comentó que una de las alertas es el crecimiento desmesurado de la deuda en el 2025 y el 2026, ya que Guatemala no tiene capacidad de endeudamiento suficiente, debido a sus ingresos reducidos, lo que incrementa el riesgo de impago.

Recursos de deuda no usada sostendrán gasto

En un comunicado, el Icefi expone que el Congreso redujo en Q2 mil millones la colocación de bonos del Tesoro, que quedó autorizada para el 2026 en Q25 mil 598.9 millones. En cambio, el uso de recursos de caja —provenientes sobre todo de deuda bonificada colocada en la banca privada en el 2025, pero no ejecutada para gasto público— aumentó en esa misma cantidad, quedando en Q5 mil 417.1 millones.

Se estima que los saldos de deuda bonificada colocada pero no utilizada en el 2025, y que constituirán recursos de caja disponibles en el 2026, podrían superar incluso el ajuste aprobado por el Congreso.

¿Qué es?

Se conoce como crédito público al conjunto de principios, normas, organismos, recursos y procedimientos que intervienen en las operaciones realizadas por el Estado para captar medios de financiamiento que implican endeudamiento o modificaciones en la estructura de pasivos.

Es competencia del órgano rector del sistema de crédito público atender los servicios de la deuda pública conforme a las previsiones presupuestarias y a los compromisos financieros asumidos. Por ello, la política crediticia del país debe definirse en función del grado de desarrollo e integración de la sociedad, determinado por su impacto social.

Se considera que el efecto de la deuda pública es considerable y se refleja tanto en la estabilidad económica como en el bienestar y la atención a la población.

A medida que el país se endeuda más, una porción anual del presupuesto se destina al pago de intereses, lo que limita los recursos disponibles para sectores como educación, seguridad, infraestructura y salud.

La afectación de la deuda pública para la población es indirecta, ya que, al aumentar su monto, se reduce la capacidad de inversión en programas sociales o infraestructura que inciden en la mayoría de los ciudadanos.

Criterios políticos habrían incidido en la distribución de fondos para los Codedes

Fri, 28 Nov 2025 06:05:00 +0000

Guatemala

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Criterios políticos habrían incidido en la distribución de fondos para los Codedes

El presidente de la Comisión de Finanzas sostiene que hubo una negociación entre jefes de bancadas para asignar los recursos a los territorios, premiando o castigando a algunos.

28 de noviembre de 2025

00:05h

En el 2026 los Codedes tendrán un bolsón de alrededor de Q18 mil millones para obras locales. (foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Criterios políticos e intereses electorales habrían dirigido la negociación de los fondos extraordinarios para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede), llevando a más de Q18 mil millones los recursos para el 2026.

Horas antes de que el Congreso conociera la aprobación del presupuesto 2026, la Comisión de Finanzas presentó un dictamen favorable donde se incluía un aporte extraordinario de Q6.3 mil millones para los Codedes. El presidente de la Comisión, Julio Héctor Estrada, explicó que se trataba de un cambio de último momento que obedecía a consensos entre bancadas.

La tabla con montos específicos fue incluida en el artículo 163 del Presupuesto General 2026, y, al revisarla, resalta un aporte mayor a algunos municipios, pero otros han sido castigados con menos recursos.

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Por ejemplo, al menos nueve municipios recibieron más de Q60 millones de fondos adicionales para proyectos de agua y saneamiento, y otros solo tendrán Q500 mil para proyectos en todo el año.

Los cinco más beneficiados son la cabecera departamental de Jalapa, donde la alcaldía es del partido Valor; La Gomera, Escuintla donde el alcalde llegó por Vamos; Cobán, Alta Verapaz con la jefatura edil de Victoria; Sayaxché, Petén, de un comité cívico; y Morales, Izabal, con la alcaldía de Vamos.

De este grupo, Sayaxché y La Gomera sí forman parte de los municipios que mantienen la ejecución más alta del presupuesto para obras a lo largo del presente año.

Los 18 municipios con menos aportes tienen en común que sus alcaldes llegaron por el partido Vamos o Cabal, o los diputados distritales son de las bancadas opositoras.

Modificaciones

La cabecera de Jalapa recibió el aporte extraordinario más alto para el 2025 y repite para el próximo año. Pero hay casos como Sayaxché, que incrementó su asignación en Q71 millones respecto al 2025, es decir, aumentó un 3 mil por ciento sus recursos.

Negociaciones

El presidente de la Comisión de Finanzas, Julio Héctor Estrada, explicó que el artículo 163 con los aportes fue un consenso entre la mayoría de las bancadas que integran la sala de trabajo, avalado por los diputados representantes del Ejecutivo. Dos días después de presentar el dictamen favorable, Estrada sostiene que los acuerdos son una muestra de gobernabilidad entre sectores, aunque reconoce que las cifras, según criterios técnicos, son elevadas.

“Es una distribución de prioridades políticas, de representación, donde cada uno tiene su base electoral. El proceso electoral comenzó ya, y cada uno tiene sus bases electorales en diferentes municipalidades”, reconoció Estrada.

El también exministro de Finanzas detalló que en el caso de Jalapa hay mucho interés de dos o tres grupos grandes, que llegaron a acuerdos para fijar la cifra. También advirtió que se debió establecer una restricción o reorganización para que los montos no fueran tan elevados.

“Esta vez yo no tuve nada que ver directamente con ese acuerdo (…) Mi gusto es que podría ser una cantidad menor, pero yo soy parte de un bloque que también participó en la negociación, allí fueron los diputados distritales y el jefe de bancada”, explicó Estrada.

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Añadió que las asignaciones extraordinarias para los Codedes complicaron que se pudiera reducir el techo total del presupuesto, y también dejaron fuera algunos programas como el Fondo para la Primera Vivienda, bolsones de devolución de impuesto, un subsidio que el Instituto de Electrificación y un bolsón para trenes y puertos.

“Ese proceso sí resulta en un monto importante en inversión y en la capacidad del Estado de invertir en pequeño, y eso se va a ver en el 2026. Pero hemos perdido la capacidad de hacer inversión a gran escala y a mediana escala”, puntualizó el diputado.

Estrada añadió que se respaldó la ejecución de los fondos para que pueda ser más ágil con algunos artículos, y considera que además las obras llevarán dinamismo económico a las localidades.

“El país falla más en la capacidad de ejecutar cosas que en mala ejecución o endeudamiento. Hay problemas de corrupción también, pero el país se está cayendo más por no hacer nada que por hacer mal las cosas”, agregó el diputado de Cabal.

También advirtió que, como respuesta a la falta de inversión nacional, se recurrió a inversiones locales, pero en algunos años habrá que priorizar alguna, porque un proyecto grande nacional y fondos para obras municipales no caben en un mismo presupuesto por términos fiscales y financieros.

“El pasarlo a lo local no es tanto el daño que le hace a la capacidad fiscal, pero sí pienso que en dos o tres años habrá una competencia importante, porque no cabe una apuesta de inversión a través de las municipalidades y al mismo tiempo una propuesta grande a nivel nacional”, concluyó.

Niega negociación

Se intentó entrevistar a la oficialista Victoria Godoy Palala, quién finalmente accedió a través de un mensaje de voz a dar un comentario sobre la supuesta negociación alrededor de la distribución de fondos a los Codedes.

La diputada resaltó que la asignación de fondos responde a la necesidad de proyectos de agua y saneamiento, asimismo que la descentralización de las obras ha ayudado al remozamiento de escuelas, reparación de calles y permite que se lleve a los territorios de una forma más ágil.

“No hay una negociación transaccional, no la hacemos y nunca la hemos hecho. Como oficialistas y desde el Ejecutivo se ha girado la normativa de priorizar proyectos de agua y saneamiento que tanta falta hace al país”, aseguró.

¿Puede el Estado usar mejor el dinero? Proponen que exija más a los trabajadores públicos

Thu, 27 Nov 2025 12:00:00 +0000

presupuesto 2026

¿Puede el Estado usar mejor el dinero? Proponen que exija más a los trabajadores públicos

Durante la víspera de aprobación del presupuesto, expertos coinciden en que la ejecución presupuestaria no mejora sin una evaluación técnica del personal público y un cambio profundo en las reglas qu del servicio civil.

Ximena Fernández

27 de noviembre de 2025

06:00h

Jonathan Menkos, Ministro de Finanzas, Mario García Lara, director ejecutivo de Fundación 2020, Erick Coyoy analista de Asíes y Sigfrido Lee, director de la Unidad Económica del Cacif durante el Foro de Guatemala No Se Detiene. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González).

Un presupuesto altamente comprometido y una ejecución de gasto que funciona por inercia serían vicios que se deben corregir en los ejercicios del gasto público. Esta fue una de las conclusiones durante el foro convocado por Guatemala No Se Detiene, el 24 de noviembre y transmitido por Guatevisión.

Jonathan Menkos, ministro de Finanzas Públicas; Mario A. García Lara, director ejecutivo de la Fundación 2020; Érick Coyoy, investigador de Asíes y Sigfrido Lée, director de la Unidad Económica de Cacif, discutieron sobre cómo mejorar el gasto público de cara a los próximos años. Los expertos coincidieron en que las normas que rigen al servidor público deben modificarse, para que haya consecuencias sobre todo cuando no se cumplen las metas de ejecución en un ejercicio fiscal.

Para la correcta ejecución del presupuesto, el servidor público debe ser evaluado, externó Coyoy, quien afirmó que estas evaluaciones no se realizan en Guatemala, a pesar de los mandatos legales. Lograrlo requiere cambios dentro del servicio civil. Según García Lara, quien además es secretario ejecutivo de Atal, se necesita modificar la forma en que la Contraloría controla el gasto público y en la que las entidades hacen sus planificaciones.

Por su parte, Menkos coincidió en que se necesita un servicio civil que conozca y esté empapado de una cultura basada en resultados. Esto, para crear condiciones que permitan que el presupuesto se amolde con mayor rapidez a los grandes desafíos de la sociedad.

También se indicó que se debe reconsiderar la relación patronal-sindical que existe en el Estado: “Mientras los sindicatos existan y tengan ese poder paralelo que han tenido dentro de toda la gestión pública, vamos a seguir teniendo un sistema paralelo de pequeñas ‘leyes’ que, al final de cuentas, crean disrupción en la gestión pública”, destacó Lée.

Noventa y dos centavos de cada quetzal de ingresos corrientes del presupuesto ya tienen destino de gasto, según Menkos, quien señaló que es necesario transformar ese destino en ejecución.

“Parte del problema que tiene el Estado es que arrastra una inercia que no hemos sido capaces de detener. Simplemente se le siguen agregando compromisos a esa inercia”, destacó Lee. La inercia, sumada a la mala planificación y a la mala gestión, ha desembocado en una deficiente ejecución, argumentó el director.

Deterioro del servicio civil

A lo largo del año, las instituciones carecen de una vinculación entre lo que se planifica y lo que se presupuesta, lo que desemboca en una falta de resultados que la sociedad espera, según Menkos.

Para Coyoy, esto se debe a las limitadas capacidades técnicas del personal, las cuales —según el analista— se han debilitado: “Se ha deteriorado un sistema de servicio civil que funcionaba hasta hace unos años, y cada vez el deterioro es mayor”. Coyoy afirmó que la habilidad de los servidores públicos para cumplir funciones básicas es cada vez menor, ya que no conocen la normativa y no tienen experiencia en gestión pública.

La rotación de personal es inevitable, pues cada cuatro años los políticos llegan con nuevos equipos. No obstante, Coyoy insistió en que estos cambios no serían un problema si, en realidad, se tratara de equipos técnicos, capacitados y conocedores de la gestión pública.

“La naturaleza del prestador de servicio, por sí misma, no va a garantizar la calidad, sino el control que apliquemos a cómo se da ese servicio a la población”, adujo. Sobre este punto, Lee añadió que es necesario incorporar una evaluación, pues ese es el objetivo: obtener resultados, sin importar quién los entregue ni cómo lo haga.

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Ejecución de fondos y planificación

Cualquier gobierno enfrenta estructuras del sector público caracterizadas por su lentitud, posibles focos de corrupción y procedimientos engorrosos, argumentó García Lara. Además, deben responder con la ejecución, al entregar a la población los bienes y servicios que el Estado está obligado a proveer.

El país tiene un poder público mal acostumbrado a la improvisación, destacó Menkos, quien señaló que en el Estado hay poca planificación y menos profundidad de la que requieren los proyectos de gran envergadura. A partir de ello, Menkos criticó la creencia de que un presupuesto es bueno solo si se ejecuta por completo: “Nosotros tenemos que entender que es mejor no ejecutar si no se va a conseguir el resultado”.

Ante esto, Lara planteó la necesidad de mantener el equilibrio y aplicar medidas ingeniosas en la ejecución: “¿Qué se hace primero? ¿Ejecutamos aunque el aparato funcione mal, o arreglamos el aparato y por eso dejamos de ejecutar?”, se preguntó.

Coyoy, por su parte, afirmó que es necesario ejecutar, ya que para eso se asignan los recursos. No obstante, subrayó que la planificación del presupuesto debe partir de una discusión ordenada sobre las prioridades.

Para Coyoy, planificar un presupuesto implica definir qué prioridades tendrán recursos asignados. Además, indicó que la planificación debe incluir un conjunto de opciones ejecutables, en caso de que las prioridades principales no puedan realizarse.

“Al final del día, lo que la población necesita es algún tipo de respuesta del Estado, en cualquiera de las áreas, y en todas las áreas, la población vive en total precariedad”, sostuvo.

Por otro lado, Lée advirtió que uno de los problemas de planificación es la presupuestación de ideas, no de proyectos. Explicó que muchas veces se presupuesta de forma general, sin analizar qué proyectos específicos se ejecutarán, qué beneficios traerán, dónde se ubicarán ni cuál será su impacto. Para Lee, es necesario ordenar el proceso presupuestario para que responda a las necesidades previamente identificadas.

Cómo agilizar el presupuesto

Para mejorar la ejecución del presupuesto nacional García Lara destacó que podrían buscarse mecanismos de ejecución extragubernamentales. “Un ejemplo es la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria que aprobó el Congreso el año pasado, que tiene una forma de ejecutar paralela, anexa dentro del Estado, pero con mecanismos más ágiles y con controles diferentes”, aseguró.

Lara añadió que este tipo de esquemas puede replicarse en otras áreas del gasto público, con el fin de blindar los recursos existentes.

En esa misma línea, Coyoy sostuvo que cualquier servicio público puede ser tercerizado y prestado por un privado, siempre que el Estado retribuya el servicio. Para el analista, lo esencial es garantizar un buen servicio al usuario: “Si se lo presta un agente público o un agente privado, realmente eso es un accesorio”.

Al referirse a la tercerización de servicios u obras, Lée indicó que se trata de un espectro amplio de modelos. Según el director, es necesario evaluar cuál es el apetito de riesgo y la retribución que se negocia entre el Estado y los privados. También señaló que debe definirse qué proyectos se realizarán mediante estos mecanismos, qué resultados se esperan, y cómo se fiscalizará y evaluará su cumplimiento.

Además, Lée subrayó que debe respetarse el marco legal: “Las distintas legislaciones, incluso la Constitución, nos definen un marco para elaborar ese presupuesto. Y cuando el Congreso se salta ese marco y empieza a inventarse cosas, a inventarse excepciones, se suma todo eso”.

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Mejoras al marco legal

Para agilizar y mejorar la inversión pública, García Lara afirmó que existe una amplia gama de posibles modelos de ejecución. Entre estos, mencionó la Ley de Alianzas Público-Privadas, cuyas reformas fueron aprobadas el 25 de noviembre. También incluyó los fideicomisos, los cuales —según dijo— pueden apartar la inferencia de ejecución de las entidades públicas y crear mecanismos propios, transparentes y eficientes.

Menkos, por su parte, subrayó que es necesario buscar mecanismos legales adecuados. En ese sentido, señaló que uno de los pasos más importantes es contar con una nueva Ley de Contrataciones del Estado, ya que la normativa actual fue aprobada en 1992 y —según el ministro— ha recibido múltiples parches a lo largo del tiempo. Hoy, evidencia limitaciones para resolver con eficiencia los procesos de contratación pública.

Además, Lara consideró necesario fortalecer el Sistema Nacional de Inversión Pública, que —afirmó— es un mecanismo capaz de aportar orden, control y eficiencia en la definición de qué obras financiará el Estado.

A corto plazo, Coyoy propuso avanzar en la digitalización de los servicios públicos, con el fin de reducir procedimientos manuales y operativos que otorgan discrecionalidad al funcionario.

“Creo que es muy importante para combatir la corrupción y mejorar la transparencia del sector público, además de los beneficios de gestión y agilidad en la ejecución”, concluyó Lée.

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Presupuesto 2026: Cien cuestiona aumento del gasto y deuda aprobada por el Congreso

Thu, 27 Nov 2025 11:00:00 +0000

Análisis

Presupuesto 2026: Cien cuestiona aumento del gasto y deuda aprobada por el Congreso

El techo mayor al monto vigente, la contratación de deuda pública y la asignación de recursos a los Codedes, son las principales observaciones del Centro de Investigación Económica (Cien) al presupuesto del 2026 aprobado por el Congreso.

27 de noviembre de 2025

05:00h

El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), planteó varias objeciones al contenido del presupuesto aprobado por el Congreso durante la madrugada del miércoles 26 de noviembre. (Foto Prensa Libre: José Sánchez)

Un día después, de haberse aprobado el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal del 2026 —la propuesta y con el aval del Ministerio de Finanzas Públicas—, Hugo Maul, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), planteó varias observaciones al contenido.

El monto aprobado, con vigencia a partir del 1 de enero del 2026, asciende a Q163 mil 469 millones. De ese total, se destinan Q108 mil 22 millones para funcionamiento; Q34 mil 78 millones, para inversión, y Q21 mil 368 millones, para el pago del servicio de la deuda.

Las fuentes de financiamiento incluyen deuda interna y externa por un total de Q36 mil 617 millones, según lo aprobado por los diputados.

¿Cuál es su lectura sobre la aprobación del presupuesto?

Hay una inercia muy fuerte; se siguen dedicando los recursos hacia programas que no han sido necesariamente bien evaluados, que no han dado resultados, y sobre todo nos preocupa mucho toda la parte relacionada al endeudamiento.

La carga que significa servicio de la deuda, pagar los intereses, dentro del esquema de ingresos, porque cada vez más el pago de la deuda, que representan en el rubro de las obligaciones a cargo del Tesoro, que se va comiendo al presupuesto.

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La parte que queda flexible es cada vez más baja, y ahí lo que estamos hablando es que, al final, es la inversión la que termina sacrificándose.

¿Qué implicaciones puede tener a futuro?

Las recomendaciones desde el Cien no son necesariamente implementables en el corto plazo, pero sí marcan hacia futuro los grandes riesgos que tiene el país.

Primero, dedicar tanto dinero a funcionamiento, que no necesariamente es gasto en funcionamiento que esté asociado a un resultado de desarrollo. Lo segundo, es que está la rigidez presupuestaria que va dejando al Ministerio de Finanzas básicamente con las manos atadas.

Hay una tendencia que sigue existiendo, y es que nuevos programas, nuevos proyectos o nuevas leyes traen de una vez “el pan bajo el brazo”, comprometiendo recursos que ya el Gobierno no puede dedicarlos a otra cosa, sino que tiene que dedicarlos a estos productos (proyectos).

En términos generales, nuestra duda respecto al presupuesto es el monto, es la deuda, pero sobre todo el impacto que realmente puede tener en mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos, porque hay muchos programas, hay muchos proyectos que realmente no tienen una sustentación técnica, ni una evaluación bien hecha.

¿Cómo cuáles?

Por ejemplo, tenemos el caso de los Cocodes y la famosa Ley 7-2025, en la cual se garantiza la facilidad del dinero, pero no garantiza que el proyecto sea bueno.

Al igual que otros centros de investigación, nos opusimos a esa normativa y, al final de cuentas, ya es una ley vigente, pero hay que tener claro que los alcaldes lo que estaban peleando era no devolver el dinero (a la caja fiscal).

No estaban peleando no cumplir con las obligaciones del Sistema Nacional de Inversión Pública, porque cumplir con lo que hace Segeplán y las exigencias es importante para dar una mayor certeza de que el proyecto es bueno, pero sobre todo también para que todos los que ejecutan obra pública tengan un aval de que instituciones como Conred, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, y como Segeplán dijeron que el proyecto está bueno.

Entonces, ahora que tienen la posibilidad de “brincarse eso”, dada la forma en que quedó esa ley, los responsables van a ser ellos (los alcaldes). Si construyen en lugares riesgosos o pasa cualquier cuestión, son los alcaldes finalmente los que tendrán que responder.

Esa parte, ¿cómo se va a operativizar en un esquema presupuestal?

No está claro cómo se va a hacer eso. Ahora tienen la posibilidad de quedarse con los fondos a los Codedes asignados para el 2026, pero pueda ser que el otro año no los consuman por completo, que se junten con los propios, y lo mismo va a ocurrir con el 2027, que va a ser el mismo problema.

Hay una tendencia que sigue existiendo, y es que nuevos programas, nuevos proyectos o nuevas leyes traen de una vez “el pan bajo el brazo”, comprometiendo recursos que ya el Gobierno no puede dedicarlos a otra cosa, sino que tiene que dedicarlos a estos productos (proyectos).

Eso no es algo que esté claro, sino que es un “tamal que se cocinó”, pero que habrá que resolverlo porque la ley decía que era por esta única vez.

A su juicio, ¿cómo se puede atender esa situación?

Me parece que quizás la oportunidad que hay es para que las instituciones rectoras, sobre todo Segeplán, puedan marcar su territorio en la que realmente se pueda hacer una reforma del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), para garantizar que los proyectos pasan por Segeplán.

Ahí se tiene que actuar más rápido, para que todo se pueda automatizar, pero si estos fondos vuelven a ocurrir, que se les da la multianualidad, por lo menos garantizar que sean buenos proyectos.

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¿No se ve esa certeza, esa capacidad, dado la cantidad de fondos?

No, por de pronto no, pero reitero, ahí Segeplán sí hay una toma de conciencia de que hace falta trabajar más para hacer más ágil el SNIP, y que eso permita entonces poder hacer evaluaciones más rápidas, dar más acompañamiento a las municipalidades y, sobre todo, una que las municipalidades empiecen a pensar en los proyectos ahora que van a ser dentro de dos años, para realmente poner ese componente de planificación que hoy no existe, hoy es reactivo.

¿Puede funcionar la multianualidad de los proyectos?

Es que el problema de la multianualidad es que, si uno hace una buena planificación, entonces no hay un problema de multianualidad, porque uno sabe que los fondos duran un año y que al siguiente año se dan los siguientes.

El problema de multianualidad es cuando no se tiene una planificación de una obra de varios años, sabiendo bien en qué momento hay que pagar, en qué momento debe acelerarse la construcción. Entonces por eso es por lo que ocurren estas cosas.

¿Cuáles son los principales hallazgos del presupuesto aprobado para el 2026?

En términos generales, el monto, porque hubo varias llamadas para reducir el monto y no se hizo caso con eso. También se reiteró para priorizar el gasto, y tampoco se hizo.

Y entidades clave que necesitan recursos para poder hacer su trabajo, digamos el Instituto Nacional de Estadística, que viene en un proceso de transformación y que se han logrado ya estabilizar encuestas continuas en materia de empleo, de condiciones de vida, de la encuesta de ingresos y gastos, y sobre todo el censo, porque ya se vienen los tiempos de hacer de nuevo el censo. Según se sabe, va a sufrir un recorte de recursos. Entonces es realmente difícil que, cuando hay ciertas instituciones claves, se les recorte el ingreso cuando tienen proyectos que son a mediano y largo plazo.

En términos generales, es la no priorización nuestra mayor preocupación, es decir, un presupuesto que va caminando ahí.

En el tema estrictamente político, ¿qué riesgos visualiza en un año preelectoral?

El problema que hemos visto, que no es de este Congreso, sino es de la vida entera, es que utilizan estos presupuestos ya con puros fines electorales, para ir moviendo los recursos hacia donde se necesita tener impacto territorial y tener contentas a las bases, por decirlo así.

Aunque los programas van dirigidos a la población, sabemos que la política es territorial, el presupuesto es territorial, y al final se conjuga el dinero público con los intereses políticos.

Codedes recibirán Q18 mil millones en 2026, más que varios ministerios

Thu, 27 Nov 2025 06:13:00 +0000

Guatemala

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Codedes recibirán Q18 mil millones en 2026, más que varios ministerios

Las alcaldías dispondrán de los fondos millonarios en un año preelectoral y sin los candados, como lo permite la ley para agilizar la ejecución de los Codedes.

27 de noviembre de 2025

00:13h

Los fondos de los Codedes se destinan para caminos rurales, construcción de escuelas, saneamiento y agua, entre otros proyectos . (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Con el presupuesto y otras normas aprobadas recientemente por el Congreso, los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) arrancarán el 2026 con un bolsón de Q18 mil 44 millones.

La disposición de los recursos ocurrirá en año preelectoral y con menos candados, como lo establece la ley para la agilización del gasto de los Codedes.

El monto del que dispondrán las alcaldías, vía los Codedes, corresponde a una décima parte del presupuesto general de la Nación y es superior al de varios ministerios, incluyendo algunas de las carteras más robustas, como la de Salud Pública y Asistencia Social, a la que se le asignaron Q15 mil millones.

Otra forma de dimensionar el bolsón es que suma los presupuestos asignados a las carteras de Gobernación, Defensa y Comunicaciones.

La cifra se incrementa debido a que los diputados incluyeron, por tercer año consecutivo, una asignación para proyectos de agua y saneamiento, con cantidades específicas por municipio. Así, el aporte extraordinario a nivel nacional asciende a Q6 mil 312 millones.

El aporte ordinario aprobado es de Q4 mil 491 millones, correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, más Q17 millones del Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación (Fonpetrol).

Como consecuencia de la aprobación del Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, para agilizar el gasto de los Codedes, durante el próximo año se podrán ejecutar los saldos no comprometidos durante este año. Según el último reporte del Sistema de Contabilidad Integrado (Sicoin), ese monto asciende a Q7 mil 222 millones.

Ejecución exprés

Dicha ley, además de permitir el traslado del saldo no ejecutado, faculta a las alcaldías a ejecutar el presupuesto con menos controles, mediante el silencio administrativo positivo, que obliga a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) a responder en cinco días. De lo contrario, se tomará como autorizado el proyecto y podrá continuar su proceso de ejecución.

Esa medida también se aplicará a las entidades del Ejecutivo obligadas a emitir los permisos necesarios para ejecutar obras. Datos oficiales muestran que algunas carteras tardan hasta cuatro meses en emitir dichos permisos. Segeplán puntualizó que la entrada en vigor de la ley les afectaría, al no tener capacidad para responder dentro del plazo estipulado.

Por tercera vez

La asignación con criterios políticos se repite desde el primer semestre de la Décima Legislatura, lo que ha provocado un aumento de hasta el doble en el fondo de los Codedes. Sin embargo, esta decisión no se ha traducido en una mayor ejecución ni en más inversión en los municipios.

En 2024, durante la aprobación de la ampliación presupuestaria, se incluyó por primera vez un artículo con montos específicos por municipio. En esa ocasión, ni los diputados ni las entidades del Ejecutivo que respaldaron la medida pudieron explicar los criterios técnicos usados. Al revisar los montos, se evidenció una relación entre el presupuesto asignado y los votos de las bancadas cuyas alcaldías resultaron beneficiadas.

Ese año, la ejecución apenas superó el 60%, y el Ejecutivo lo atribuyó al cambio de gobernadores.

Para el presupuesto del 2025, los diputados nuevamente realizaron una asignación por municipio y autorizaron el traslado de fondos no ejecutados a los Codedes, con el fin de no perder los proyectos de inversión. Sin embargo, la ejecución no mejoró.

Los reportes oficiales muestran una ejecución de apenas 40%, lo que equivale a Q5 mil millones. Un informe reciente de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) revela que, en la última década, el presupuesto asignado a los Codedes se triplicó, pero la ejecución anual ronda los Q3 mil millones.

Críticas

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) se pronunció sobre el presupuesto y señaló que los fondos de los Codedes “no siguen criterios técnicos y podrían obedecer a intereses político-partidarios”.

Reiteran que se repite un nivel de ejecución “excesivamente bajo, especialmente en las asignaciones presupuestarias extraordinarias, consecuencia de carecer de sustento técnico y planificación previa, a diferencia de los aportes ordinarios”.

Agregan que continuar con asignaciones extraordinarias sin respaldo técnico desvirtúa el sistema jerárquico de consulta comunitaria y debilita a las entidades responsables.

El experto de Asíes, Érick Coyoy, mencionó que, entre la asignación por municipio y la Ley de Codedes, el papel de los gobernadores resulta irrelevante, al estar ya definida la distribución de fondos y recaer la ejecución en las municipalidades.

“El Ejecutivo, si realmente busca transparencia, deberá movilizar rápidamente sus sistemas y agilizar los procesos para tener capacidad real de respuesta”, afirmó Coyoy.

Añadió que ello repercute en obras con menor calidad técnica, además del riesgo de que el bolsón se utilice para ganar adeptos con fines electorales por parte de las autoridades locales.

Presupuesto 2026 crecerá vía deuda y reprogramaciones, subirá hasta Q170 mil millones

Thu, 27 Nov 2025 06:10:00 +0000

análisis

Suscriptores

Presupuesto 2026 crecerá vía deuda y reprogramaciones, subirá hasta Q170 mil millones

Aunque el Congreso aprobó un presupuesto estatal por Q163 mil 469 millones para ejecutarse en el 2026, este se incrementará hasta Q170 mil millones por ampliaciones preaprobadas.

27 de noviembre de 2025

00:10h

Los diputados de diferentes bancadas del Congreso de la República avalaron un presupuesto de ingresos y egresos por Q163 mil 469 millones para el Ejecutivo. (Foto Prensa Libre: Cortesía Covial)

Los diputados de diferentes bancadas del Congreso de la República avalaron un presupuesto de ingresos y egresos por Q163 mil 469 millones para el Ejecutivo, como propuesta que envió el Ministerio de Finanzas (Minfin) el pasado 1 de septiembre, para ejecutarse el siguiente año. Sin embargo, ya tiene una ampliación cargada en el sistema.

Aunque la cifra brinda la percepción de que se mantuvo y se respetó la asignación inicial enviada por el Ejecutivo, en enero del 2026 el presupuesto público tendrá una ampliación de unos Q6 mil millones, correspondiente a la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, aprobada el martes 2 de septiembre por el Legislativo.

Esta norma dispone que los saldos anuales no ejecutados en un ejercicio fiscal por los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), asignados por el Minfin, se trasladen de forma automática al siguiente año. Esto aumenta el gasto para el nuevo ejercicio fiscal y distorsiona las finanzas públicas.

Para el tercer año de la administración del gobernante Bernardo Arévalo de León, este contará, a partir del 1 de enero del 2026, con un programa de gasto legalizado por los diputados en el Congreso de la República.

Gasto sube Q8 mil millones frente al vigente

El gasto estatal aprobado por los congresistas incrementará 10% con respecto al presupuesto inicial del 2025, que fue de Q148 mil 526 millones, y 8% en comparación con el vigente, de Q154 mil 836 millones, que incluye las ampliaciones autorizadas.

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Es decir, pasa de Q154 mil 836 millones —que es el vigente— a Q163 mil 469 millones, lo que representa un aumento de Q8 mil 633 millones.

Para funcionamiento se destinarán Q108 mil 22 millones; para inversión, Q34 mil millones; y para el pago del servicio de la deuda, Q21 mil 368 millones, según la composición del gasto.

Del programa de gasto, 66% se destinará a funcionamiento, 21% a inversión y 13% al pago del servicio de la deuda.

Los ministerios de Educación, Salud, Gobernación, Comunicaciones, Defensa y Desarrollo absorberán en conjunto el 42.1% del total del presupuesto para el siguiente año, con Q68 mil 919 millones, y son las carteras que recibirán los mayores montos.

Durante la madrugada del 26 de noviembre de 2025, los diputados del Congreso aprobaron el presupuesto 2026. (Foto Prensa Libre: José Sánchez)

Deuda financiará brecha de gasto

En la parte de ingresos, que incluye los tributarios y no tributarios que financiarán la prestación de bienes y servicios públicos a los ciudadanos, se programaron Q126 mil 800 millones. De ese total, Q119 mil 762 millones corresponderán a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en concepto de recaudación a los contribuyentes.

En cuanto a las fuentes financieras —la deuda interna (bonos del Tesoro) más la deuda externa (préstamos)—, se prevé que asciendan a Q36 mil 617 millones.

Por bonos, los diputados de esta legislatura, con el respaldo de las autoridades del Minfin, aprobaron un cupo de endeudamiento por Q25 mil 598 millones. Por préstamos, se suman Q5 mil 601 millones.

Se estima que el saldo de la deuda alcance Q287 mil 348 millones para diciembre del 2026. El 2026 podría cerrar con una deuda pública que se aproximaría al 33% o 34% del PIB, que tiene una lectura de un nivel aún manejable, aunque en crecimiento.

Eso implica que el Ejecutivo tendrá una alta dependencia del endeudamiento para cerrar la brecha entre los ingresos y los gastos, conocida como déficit fiscal, lo cual refleja una “estructura fiscal frágil”.

Por ingresos de capital, se estiman Q51 millones.

Puntos críticos

Una de las fortalezas en la financiación del plan de gasto es que se prevé un crecimiento moderado de la recaudación, y que la administración tributaria tiene ahora obligaciones más estrictas. Sin embargo, uno de los riesgos es la volatilidad y posible sobreestimación de los ingresos tributarios.

También se dependerá del IVA a la importación, que suele ser sensible a la variación del tipo de cambio del dólar y al comportamiento del comercio internacional, especialmente con los principales socios comerciales. Si la recaudación cae en un parámetro de entre 3% y 5%, la brecha fiscal podría aumentar entre Q3 mil millones y Q6 mil millones.

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En cuanto a los riesgos del gasto de funcionamiento, Guatemala sigue arrastrando rezagos en infraestructura, persiste la rigidez presupuestaria y se observa un crecimiento continuo en el pago de sueldos y salarios a los trabajadores estatales, conocido como masa salarial.

Estas condiciones pueden generar escasas posibilidades de maniobra presupuestaria para reasignaciones en caso de emergencias.

Respecto del rubro de inversión, el monto asignado es adecuado para generar condiciones de crecimiento e impulso económico desde el sector público. No obstante, el Ministerio de Comunicaciones, la Dirección General de Caminos, la Unidad de Conservación Vial y los Codedes mantienen un promedio histórico de ejecución bajo, que no supera el 65%. Además, la operación de la Dirección de Proyectos de Infraestructura Vial (Dipp) podría provocar un estancamiento transitorio.

Industria rechaza presupuesto por excesivo e insostenible

Por medio de un comunicado de prensa, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) fijó su postura de rechazo al presupuesto general del Estado para el 2026. “El proyecto es excesivo, insostenible y ajeno a las prioridades reales del país, profundizando una ruta de endeudamiento que castiga directamente a los ciudadanos”, expusieron.

Indicaron que, a pesar de las leves modificaciones realizadas por la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República —que preside el diputado Julio Héctor Estrada Domínguez—, como la reducción del techo presupuestario y la disminución de bonos y préstamos, entre otros, el problema de fondo sigue intacto, con un monto final que supera los Q163 mil millones.

El gasto estatal aprobado por los congresistas incrementará 10% con respecto al presupuesto inicial del 2025, que fue de Q148 mil 526 millones, y 8% en comparación con el vigente, de Q154 mil 836 millones.

El sector industrial reiteró que es inaceptable que, mientras el país enfrenta problemas urgentes de seguridad, movilidad, salud y un costo de vida en aumento, el Estado insista en recetar un presupuesto desfinanciado.

Anam cuestiona endeudamiento

El presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Sebastián Siero, expresó su preocupación por la cantidad de préstamos aprobados en el presupuesto para el 2026, con los cuales se endeuda al país por más de Q10 mil millones. A su criterio, esto no es válido, dado el alto nivel de liquidez en la caja fiscal.

Respecto de los fondos destinados a los Codedes, indicó que estos permitirán que las unidades ejecutoras de las municipalidades trabajen y ejecuten obra.

“Al momento en que los ministerios no están trabajando ni llevando obra, los Codedes han sido la forma más ágil de hacerlo, porque representan 340 unidades ejecutoras activas”, señaló Siero. Agregó que a los alcaldes les corresponderá salir a ejecutar para reparar carreteras y construir escuelas o centros de salud que necesita el país.

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El directivo de la Anam añadió que los alcaldes enfrentarán un reto el próximo año. Considera que, a partir de la entrada en vigor del Decreto 7-2025, que agiliza la gestión de avales de proyectos, estas obras podrán comenzar a ejecutarse en el corto plazo en los territorios municipales.

“Una vez que entre en vigencia el presupuesto, los alcaldes buscaremos los convenios con los gobernadores, ya que se debe firmar un convenio entre la gobernación departamental y la municipalidad. Con eso, podremos iniciar los procesos de licitación”, añadió el directivo edil.

Explicó que existen dos tipos de fondos: unos que se distribuyen mediante una fórmula y otros asignados a través del Congreso. Sobre estos últimos, afirmó que su ejecución podría complicarse debido a “la corrupción que ha llegado al Congreso para la compra de voluntades, lo cual es innegable”.

Fundesa pide fiscalizar fondos viales

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), consideró que es muy probable que muchos diputados no habían terminado de leer el dictamen al momento de aprobar el presupuesto, el cual circuló el martes durante el día.

Además, señaló: “Será muy importante lo que se logre ejecutar todavía este año, porque la ejecución es muy baja, especialmente en el Ministerio de Comunicaciones”.

Con el decreto del nuevo presupuesto se permite al Ministerio de Finanzas hacer readecuaciones presupuestarias de los fondos asignados a la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (Dipp), que se trasladan a Covial, por lo que será necesario seguir fiscalizando el uso de los fondos para asegurar el mantenimiento de las carreteras, añadió.

“Este gobierno tendrá mucho presupuesto, así que esperamos que la inversión y las oportunidades que necesita el país puedan seguir impulsándose”, expresó Zapata.

Presupuesto 2026 y préstamos son “una potente señal de fortaleza institucional” afirma el Presidente Bernardo Arévalo

Wed, 26 Nov 2025 17:26:08 +0000

Guatemala

Presupuesto 2026 y préstamos son “una potente señal de fortaleza institucional” afirma el Presidente Bernardo Arévalo

El Congreso aprobó de urgencia nacional el presupuesto por Q163 mil 469 millones, decisión que fue celebrada por el presidente, quien destacó que permitirá fortalecer la inversión pública y ejecutar proyectos de desarrollo.

26 de noviembre de 2025

11:26h

El presidente Bernardo Arévalo indico que la aprobación por parte del Congreso del presupuesto para el año 2026, así como de cinco préstamos, permitirá al Estado contar con recursos necesarios para la inversión. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

El presidente Bernardo Arévalo expresó su satisfacción por la aprobación de urgencia nacional del presupuesto para el 2026 que asciende Q163 mil 469 millones.

Según indicó el mandatario, durante la conferencia de prensa que se realizó este miércoles en el Palacio Nacional de la Cultura, con la aprobación del gasto para el próximo año el Estado contará con los recursos necesarios para continuar con los procesos de inversión encaminados al bienestar y al desarrollo de la ciudadanía, por lo que cada entidad del Estado asume el compromiso de ejecutar los planes y proyectos que le competen.

“Este es un hito que nos gratifica porque nos compromete a esforzarnos aún más para mejorar la vida de todas y todos. Cada una de las dependencias de gobierno queda comprometida hoy, doble, triple, cuatro veces más para responderle al pueblo de Guatemala y dar los satisfactores que se requieren en cada una de las carteras del Estado”, afirmó Arévalo.

Además de la aprobación del presupuesto, el presidente también resaltó la aprobación por parte del Legislativo de la nueva Ley de Asociación Público-Privada, así como de cinco créditos que, aseguró, están encaminados a distintos proyectos de desarrollo que serán de beneficio para los guatemaltecos.

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“Tenemos una nueva ley de asociación público-privada que nos va a permitir mejorar los servicios y proyectos de inversión del Estado para mayor bienestar de la población, multiplicando la disponibilidad de fondos y los mecanismos para poder desarrollar proyectos de forma ágil en el país. También en esta sesión se aprobaron cinco préstamos que tienen destinos muy específicos y que son iniciativas que claramente van a promover el desarrollo”, puntualizó Arévalo.

El presidente aseguró que tanto la aprobación del presupuesto como la de los cinco créditos por parte del Legislativo “son una potente señal de fortaleza institucional y de trabajo”, que se puede lograr entre los sectores unidos a las puertas del próximo año, y que “será fundamental para la defensa y consolidación de la democracia”.

Inicia fase de planificación

Con la aprobación del presupuesto para el 2026, todos los ministerios y entidades estatales comenzarán a realizar y a definir la base de su ejecución presupuestaria para el próximo año, la cual estará vinculada a los resultados en cada una de las áreas que les competen afirmó el Ministro de Finanzas, Jonathan Menkos.

“Cada entidad hace su plan operativo anual y de ese programa es que deviene el proyecto de presupuesto. Así es que con la aprobación que se ha dado las diferentes entidades del Estado tienen ahora, desde hoy hasta el 31 de diciembre para terminar de afinar lo que va a constituir la base de su ejecución el próximo año”.

“Todo esto cada vez esta vinculado a resultados y el objetivo de la ejecución yo quisiera resaltar, es dar resultados, en materia de bienes y servicios, aumento de coberturas, mejoras en la calidad en la seguridad, y ya las entidades están trabajando en eso”, afirmo el titular de la cartera de finanzas.

Congreso extiende sesión y aprueba en la madrugada el presupuesto 2026

Wed, 26 Nov 2025 05:32:13 +0000

Guatemala

Congreso extiende sesión y aprueba en la madrugada el presupuesto 2026

El bloque oficialista consiguió retrasar la aprobación del presupuesto hasta la madrugada de este miércoles 26 de noviembre y consigue aprobarlo de urgencia nacional.

25 de noviembre de 2025

23:32h

Los diputados aprobaron el presupuesto para el tercer año de gobierno de Bernardo Arévalo. Fotografía: Prensa Libre

El Congreso aprobó de urgencia nacional el presupuesto nacional para el 2026 por un monto de Q163 mil 469 millones 328 mil 657, llevando su validación del articulado final a altas horas de la noche, ignorando las alertas de sectores sociales.

No es la primera vez que el Congreso autoriza un presupuesto nacional de urgencia nacional, en la madrugada. Esto ha sido recurrente desde que el bloque Vamos, de Alejandro Giammattei, dominó el Congreso en la legislatura pasada.

Ahora, los diputados oficialistas del presidente Bernardo Arévalo replicaron la práctica, y sin discusión se avaló el plan de gastos para el 2026.

La instancia de Jefes de Bloques convocó al pleno de diputados para el martes 25 de noviembre a las 14 horas, pero fue hasta las 15:08 horas que comenzó la sesión plenaria.

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Incluso antes de comenzar la extensa jornada legislativa, algunos diputados, que mantenían en lista de espera a ministros de Arévalo para ser interpelados, optaron por desistir de los juicios políticos.

Entre ellos, Miguel Ovalle, que había pedido una interpelación a Patricia Orantes, ministra de Ambiente; también se sumó Marleni Matías, quien tenía una interpelación contra Miguel Ángel Díaz Bobadilla, de Comunicaciones.

Poco tiempo después, el oficialista José Carlos Sanabria, de la facción de Movimiento Semilla, uno de los hombres más cercanos al presidente Arévalo, presentó una moción para alterar el orden del día.

El @CongresoGuate alteró el orden del día, sugerido por el oficialista José Carlos Sanabria y antes del presupuesto 2026 aprobará la ley de Anadie; convertirá la comisión contra la corrupción a una secretaría; y aprobaran 5 préstamos qué ascienden a 1 mil 350 millones de dólares. pic.twitter.com/3d06YYisCN
— Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) November 26, 2025

Sanabria propuso retomar el articulado final de las reformas a la ley de las alianzas público-privadas y un paquete de préstamos por US$1 mil 350 millones, lo que llevo que el presupuesto nacional se discutiera tiempo después.

Similar a Vamos

El oficialismo presentó una nueva moción, al rededor de las 23:43 horas, para que el presupuesto nacional del 2026 se aprobara en una sola sesión, de urgencia nacional. Con esta estrategia legislativa se evita la aprobación ordinaria en tres lecturas, y también el espacio para discusión y fiscalización de los montos propuestos y avalados por la Comisión de Finanzas.

La propuesta oficialista recibió apoyo de los diputados, reuniendo 135 votos a favor, y oficialistas y algunos opositores apoyaron en un único debate el plan financiero del año entrante.

Días anteriores, analistas advirtieron la necesidad de discutir, y eventualmente, aprobar el presupuesto, de una manera ordinaria. Es decir, en tres lecturas en tres días diferentes.

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La demanda propuesta buscaba evitar una aprobación a las espaldas de la población, durante la madrugada, lo que habría impedido un debate ante la opinión pública sobre la distribución de recursos públicos.

La práctica legislativa fue calcada de la sesión del 2020. En ese momento, el Congreso, dominado por el bloque Vamos, del entonces presidente Alejandro Giammattei, aprobó el presupuesto del 2021 de urgencia, al final de la noche, extendiendo el articulado final hasta la madrugada.

Dudas

La Comisión de Finanzas del Congreso duró más de dos meses en emitir el dictamen favorable del presupuesto nacional del 2026; incluso, aplazó la firma del documento en al menos tres oportunidades.

Fue hasta apenas unas horas antes de la sesión plenaria del martes que la Comisión de Finanzas consiguió las firmas para entregar el documento a Dirección Legislativa.

El oficialista José Carlos Sanabria junto a otros diputados aliados y de aparente oposición. Fotografía: Prensa Libre.

Pero hubo algunas modificaciones de último minuto. Entre ellas, una asignación adicional de Q6 mil 312 millones 100 mil destinado para los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes).

Asignación que no aparecía en un borrador de dictamen que fue socializado a los diputados la noche del lunes 24 de noviembre, pero según Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas, se recibió una solicitud por escrito para incluir este aporte a los Codedes.

Los diputados de la facción oficial de Raíces analizaba las distintas aprobaciones del Congreso. Fotografía: Prensa Libre.

El parlamentario refirió que congresistas de la mesa legislativa enviaron la carta, sin identificar quienes, llegando a un nuevo acuerdo para esta asignación, que será adicional a los fondos de arrastre que ya tienen los Codedes para el año preelectoral, por la aprobación del decreto 7-2025.

En el artículo 106 del dictamen también se autoriza que durante el 2026 el gobierno de Guatemala pueda hacer negociaciones y contratos de manera directa, así como con empresas públicas de otros países, que a criterio del diputado Héctor Aldana, de Vamos, estaría violando la Ley de Compras y Contrataciones del Estado.

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El diputado de oposición también expuso que en el artículo 147 existen disposiciones que podría interferir con resoluciones judiciales. Ya que se le permite al Ministerio de Comunicaciones continuar con proyectos, pese a existir posibles resoluciones judiciales que impidan las obras, indicó.

“Las disposiciones contenidas en el presente artículo tienen carácter excepcional para el ejercicio fiscal 2026 y prevalecen sobre cualquier norma que la contravenga, sin prejuicio del cumplimiento de las órdenes judiciales que se emitan en cada caso concreto”, refiere el artículo.

Ahora, corresponde que el pleno apruebe el articulado final del presupuesto, en donde se podrían incluir cambios de último minuto. El dictamen tiene en total 165 artículos.

Aprobado de urgencia nacional y sin dictamen, el proyecto de presupuesto 2026 continuó su aprobación por artículos y redacción final, rebasada la medianoche de este miércoles.

Congreso aprueba préstamos por US$1 mil 350 millones para el tercer año de Bernardo Arévalo

Wed, 26 Nov 2025 03:55:22 +0000

Guatemala

Congreso aprueba préstamos por US$1 mil 350 millones para el tercer año de Bernardo Arévalo

La oposición advirtió que la nueva deuda era riesgosa para la estabilidad del Estado, ya que la mayor cantidad de dinero será para funcionamiento y no para inversión.

25 de noviembre de 2025

21:55h

El paquete de préstamos fue promovida por la facción oficialista de Movimiento Semilla. Fotografía: Prensa Libre (María René Barrientos).

La jornada parlamentaria de este martes 25 de noviembre consiguió acuerdos para incluir y someter a votación un paquete de cinco préstamos por un monto total de US$1 mil 350 millones; la mayoría de ellos para financiar proyectos de infraestructura.

Uno de los préstamos en el interés fue suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$250 millones, será destinado al financiamiento del Programa de Acceso a la Electrificación Rural.

El segundo, también con el BID, será para el Programa de Desarrollo del Corredor CA-9 Norte, para el subtramo Teculután-Mayuelas, por US$350 millones.

Otro crédito, firmado con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Birf), está dirigido al Programa de Infraestructura Rural y Movilidad para el Buen Vivir. Este asciende a US$400 millones, para la construcción de caminos rurales y carreteras en áreas rezagadas del altiplano, las Verapaces y el Corredor Seco, detalla el documento.

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Se incluye un crédito por más de US$50 millones, con el Birf, para que el Ministerio de Finanzas pueda modernizar el Sistema Integrado de Administración Financiera.

El último préstamo de US$300 millones, con el BID, para el Programa de Apoyo a la Mejora de la Calidad del Gasto Social. Con este crédito se busca sustituir el financiamiento del presupuesto del 2023, con una tasa de interés más baja.

Algunos diputados de bancadas como Vamos y Comunidad Elefante, trataron de justificar riesgos en la emisión del paquete de préstamos, asegurando que la mayor cantidad de ese dinero será utilizado para “gasto de salarios y lujos”, más no para inversión social.

Los razonamientos no hicieron eco en el pleno y por mayoría, uno a uno, el paquete de cinco préstamos fue aprobado por el pleno del Organismo Legislativo.

El @CongresoGuate alteró el orden del día, sugerido por el oficialista José Carlos Sanabria y antes del presupuesto 2026 aprobará la ley de Anadie; convertirá la comisión contra la corrupción a una secretaría; y aprobaran 5 préstamos qué ascienden a 1 mil 350 millones de dólares. pic.twitter.com/3d06YYisCN
— Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) November 26, 2025

Dictamen del presupuesto 2026 fue modificado a última hora para asignar Q6.3 mil millones a los Codedes

Tue, 25 Nov 2025 19:24:42 +0000

Guatemala

Dictamen del presupuesto 2026 fue modificado a última hora para asignar Q6.3 mil millones a los Codedes

El dictamen del presupuesto que entrarán a conocer en el pleno hace reajustes a las asignaciones por ministerios, reduciendo recursos a Comunicaciones, Defensa y Agricultura.

25 de noviembre de 2025

13:24h

El dictamen favorable del presupuesto nacional del 2026 no fue aprobado de manera unánime. (Foto Prensa Libre: Urías Gamarro)

El dictamen favorable para el presupuesto nacional del 2026 fue alterado a último minuto, haciendo que los diputados beneficien, una vez más, a los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes).

La recomendación para que el pleno del Congreso apoye el presupuesto nacional para el tercer año de gobierno de Bernardo Arévalo, asciende a Q163 mil 469 millones 328 mil 657.

Una asignación de recursos que recibió el apoyo de la mayoría de diputados, incluyendo a los que integran el bloque de oposición Vamos, pese a las declaraciones que dio la semana pasada su jefe de bancada, Allan Rodríguez.

Pero el dictamen favorable que fue presentado a la Dirección Legislativa no era igual al borrador que se socializó con algunos diputados, la noche del lunes 24 de noviembre.

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Algunos congresistas han destacado que el principal cambio se encuentra en el artículo 163 de la iniciativa. En el borrador se asignaban Q5 mil 500 millones para un fideicomiso para el servicio de energía eléctrica, pero el dictamen que fue presentado para firmar ya no incluía esa distribución, por el contrario, el nuevo artículo 163 contempla un monto mayor de Q6 mil 312 millones 100 mil destinados para los Codedes.

“Si hay un debate, hay una asignación a los Consejos de Desarrollo, este año es de Q6 mil 200 millones, con la prioridad de invertir en agua, saneamiento y drenajes, pero con la flexibilidad de invertir en otros proyectos”, explicó Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas, en conferencia de prensa al presentar el dictamen, tan solo tres horas antes de la sesión plenaria para aprobar el plan de gastos.

#EnVivo: Comisión de Finanzas Públicas y Moneda emite dictamen favorable al #Presupuesto2026 https://t.co/j4thrWBDCa
— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) November 25, 2025

El presidente de la mesa legislativa reconoció que se hizo una modificación de último minuto, luego de que un grupo de diputados, sin especificar quienes, sugirieron por medio de una nota que en vez del fideicomiso para la energía se enfocaran los recursos a los Codedes para proyectos de desarrollo rural.

“Ese fideicomiso fue una propuesta que hizo la comisión técnica, recibimos una nota, con el requerimiento de varios actores de la comisión, y se sustituyó el fideicomiso, fue sacrificado para poder financiar el aporte a los consejos departamentales”, insistió Estrada. Otro aporte que se vio sacrificado para dar este monto a los Codedes fue un fondo para la vivienda.

“Se argumentó que el Instituto Nacional de Electrificación tenía recursos. Yo creo que era importante, pero el consenso, tanto de diputados como del Ejecutivo, fue dirigirlo a los consejos departamentales”, señaló Estrada.

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Pero además de esta asignación de recursos para los consejos de desarrollo, en el 2026 también van a seguir manejado los recursos que no fueron gastos este año, todo por estar vigente la ley de gasto exprés para los Codedes, eel decreto legislativo 7-2025.

“Eso no está calculado todavía, y recordemos que el 7-2025 hace que se vaya a la cuenta del ejecutor. Se queda sin ejecutar pero se queda en las municipalidades y las cuentas de los consejos, yo estimo que podría ser unos Q3 mil millones adicionales”, dijo el presidente de la Comisión de Finanzas y exministro de Finanzas Públicas durante el gobierno de Jimmy Morales.

Hay dudas

Algunos diputados que prefirieron no ser citados, aseguraron que ya pudieron leer el dictamen entregado a Dirección Legislativa, teniendo algunas dudas en la forma en que la Comisión de Finanzas distribuyó los recursos públicos.

La forma en que fue sustituido el fideicomiso de la energía para los Codedes ya era un acuerdo no escrito, indicó una fuente legislativa, señalando que se había incluido ese artículo para solo apartar los recursos y evitar críticas ante la opinión pública.

Incluso, al evaluar la iniciativa original con el dictamen entregado, se observa que en algunos ministerios existen reducciones en los montos finales, entre ellos en la cartera de Comunicaciones, a quien se le redujo 587 millones.

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Pero Estrada, asegura, por el contrario, que hubo una buena distribución de fondos para este ministerio, pese a que su trabajo este año no fue el mejor de todos.

“Se continúa con la mesa para poner orden en todo el tema del ministerio de Comunicaciones, qué proyectos hay, cuáles hay que liquidar, suspender. Este año hizo un trabajo mediano el ministerio, por no decir qué mediocre, pero de aquí en adelante hay un seguimiento”, indicó.

Otros ministerios que recibieron menos fondos, al comparar la iniciativa con el dictamen, es el ministerio de la Defensa con Q142 millones menos; y el ministerio de Agricultura con una reducción de Q68 millones.

También el dictamen incluye una asignación de Q500 millones para la construcción de una cárcel de máxima seguridad, que a criterio de Estrada, podrá ser una realidad, en caso se ejecuten los fondos de manera adecuada.

“Se asignan Q500 millones para la construcción de una cárcel de máxima seguridad con herramientas y mandatos para que lo haga el Cuerpo de Ingenieros, el ministerio de la Defensa involucrado, con reglas especiales de contrataciones. Si el gobierno ejecuta nos permitiría contar con esa infraestructura carcelaria de forma inmediata”, señaló.

Pero algunos diputados consideran que para la construcción de esta cárcel ya se contaba con recursos en el ministerio de Gobernación, además de existir un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que podría ayudar a hacer esa infraestructura.

Los acuerdos legislativos apuntan que la aprobación del presupuesto se dará de urgencia nacional, es decir, en una sola sesión; pero Estrada indica que va a sugerir días adicionales de sesiones al pleno, para poder debatir y aprobar el plan financiero en tres días.

Presupuesto 2026: Comisión de Finanzas plantea cambios leves y reasigna fondos entre ministerios

Tue, 25 Nov 2025 06:10:00 +0000

dictamen

Suscriptores

Presupuesto 2026: Comisión de Finanzas plantea cambios leves y reasigna fondos entre ministerios

Los integrantes de la Comisión de Finanzas plantearían leves cambios a la iniciativa del gasto, que quedaría en Q163 mil 469.3 millones, con reducciones para algunos ministerios y un incremento para Obligaciones a Cargo del Tesoro.

25 de noviembre de 2025

00:10h

La estructura presupuestaria que propondría la CFPM sería de Q163 mil 469.3 millones, lo que representa una reducción de Q314 millones respecto del proyecto del Minfin. (Foto Presa Libre: Hemeroteca PL)

La propuesta de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) del Congreso, que discute el programa de gasto para el siguiente año, implementará modificaciones menores al monto presentado por el Ministerio de Finanzas (Minfin) el pasado 1 de septiembre. El plazo para su aprobación vence el domingo 30 de noviembre.

El dictamen es favorable, pero con enmienda, se conoció.

La estructura presupuestaria que propondría la CFPM sería de Q163 mil 469.3 millones, lo que representa una reducción de Q314 millones respecto del proyecto del Minfin, que ascendía a Q163 mil 783.4 millones. En términos generales, el monto se mantendría, aunque habría ajustes en algunas asignaciones ministeriales, la creación de un fideicomiso de energía para el desarrollo y cobertura eléctrica nacional por Q5 mil 500 millones, así como una disminución en la contratación de deuda bonificable por Q25 mil 598 millones.

Al igual que el año pasado, cuando se discutió el presupuesto vigente, el presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, Julio Héctor Estrada Domínguez, se ha mostrado hermético en cuanto a la información del dictamen, y todo apunta a que será conocido de urgencia nacional este martes.

¿Qué cambia?

Según la información disponible, se contemplan reducciones para los siguientes ministerios: Economía: Q42 millones, para quedar en Q640 millones; Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda: Q79 millones, para ubicarse en Q7 mil 61 millones; Agricultura, Ganadería y Alimentación: Q510 millones, quedando en Q2 mil 130.8 millones.

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También para las Secretarías y otras dependencias del Estado: Q307 millones, para situarse en Q2 mil 163 millones y para Servicio de la deuda: Q481 millones, para quedar en Q21 mil 368 millones.

Por el contrario, se prevé un incremento de Q1 mil 58 millones en los rubros de Obligaciones a Cargo del Tesoro, que alcanzarían Q62 mil 167 millones.

“En el dictamen se introduce un aumento relevante en Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, incluso mayor al propuesto en la iniciativa, principalmente para continuar con el apoyo a la reactivación económica mediante la creación del Fideicomiso Energía para el Desarrollo y Cobertura Eléctrica Nacional”, se justifica.

Además, este comportamiento confirma que la CFPM busca asegurar el financiamiento de compromisos constitucionales y legales, como aportes estatales, transferencias y otros componentes estructurales del presupuesto que no pueden diferirse ni reducirse sin generar riesgos jurídicos o de ejecución. Asimismo, se reduce parcialmente el crecimiento del rubro de Servicios de la Deuda, lo que evidencia un esfuerzo por moderar el impacto financiero de la estrategia de endeudamiento y ajustar los cálculos a escenarios más prudentes, se agrega en la propuesta.

Se deja intacto el presupuesto para los ministerios de Educación con Q26 mil 941 millones que es más grandes, Salud Q16 mil 537 millones, Gobernación Q9 mil 560 millones y Desarrollo Social Q4 mil 100 millones se mantendría. Este último tendría un incremento de Q1 mil 321 millones (47.5%) respecto del vigente, que es de Q2 mil 779 millones.

Para el analista y politólogo independiente Douglas González, en el presupuesto del 2026 el Gobierno declara intenciones, con miras a incrementar el gasto público en áreas que podrían ser estratégicas de cara a las elecciones del 2027.

Ejemplificó con los programas sociales que serían ejecutados a través del Mides y los programas de ayuda a la economía campesina y desarrollo rural, a cargo del Maga. “Tienen un claro tinte de clientelismo político y se entendería que con estos programas el Gobierno buscaría ampliar su base electoral”, subrayó.

El monto de la deuda bonificable se situaría en Q25 mil 598 millones. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Ajusta deuda bonificable y fija ingresos en Q119 mil 762 millones

La CFPM reducirá en Q2 mil millones el cupo de la deuda bonificable, que quedará en Q25 mil 598 millones, monto similar al aprobado este año, que fue de Q25 mil 104 millones. El argumento es que se destinará a atender la infraestructura vial.

La propuesta presentada por el Minfin en la formulación del presupuesto fue de Q27 mil 598 millones.

En el dictamen se introduce un aumento relevante en Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, incluso mayor al propuesto en la iniciativa, principalmente para continuar con el apoyo a la reactivación económica mediante la creación del Fideicomiso Energía para el Desarrollo y Cobertura Eléctrica Nacional

En cuanto a los préstamos, se autorizará la contratación de Q5 mil 587 millones con organismos e instituciones financieras internacionales.

Los ingresos tributarios se estiman en Q119 mil 762 millones para financiar el plan de gasto.

Los ingresos corrientes alcanzarían Q126 mil 800 millones; las fuentes financieras, Q36 mil 617 millones; y los ingresos de capital, Q51 millones.

Comisión ignora saldos de Codedes

Para Erick Coyoy, exviceministro de Finanzas y analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), la propuesta de la CFPM es muy similar a la del Ejecutivo. Presenta algunos cambios mínimos en los montos asignados a ministerios, un recorte al servicio de la deuda, entre otros, para hacer incrementos en Obligaciones a Cargo del Tesoro; sin embargo, aún no se detallan los rubros a los que se asignan esos incrementos ni se muestran con claridad.

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Por otro lado, se ignora el saldo de los recursos no ejecutados por los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), derivados del Decreto 7-2025, el cual está vigente y establece que, de manera automática, se debe hacer el ajuste por ley. Esa disposición fue omitida.

“Queda duda sobre esas cifras y es una omisión tan profunda que no incorpora los saldos de caja no ejecutados en los Codedes, los cuales se deben incluir conforme al Decreto 7-2025, y la CFPM deberá revisarlo”, apuntó.

Recordó que, lamentablemente, esta es una de las prácticas que se han venido adoptando y replicando, al no cumplir con el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), el cual exige que todo proyecto incorporado al presupuesto sea previamente evaluado, así como la asignación de los fondos, lo que el Congreso de la República ha venido omitiendo.

En la propuesta se plantea una asignación ordinaria para los Codedes por Q4 mil 491 millones como aporte IVA-Paz.

Impulsa cárcel de máxima seguridad y adhesión al CAF

En el apartado normativo, la CFPM plantea un cupo de Q500 millones para pequeños inversionistas, la adhesión de Guatemala al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) mediante la adquisición de acciones, la continuidad estratégica del Plan de Atención y Viabilización de Proyectos, y la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad, por Q500 millones, con recursos del Ministerio de Gobernación.

Además, se autoriza una operación de crédito público (emisión de deuda) para financiar la primera fase de ampliación y modernización de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), y se asignan más de 50 obras de infraestructura a cargo de la Dirección General de Caminos, el Fondo Social de Solidaridad, la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, el Fondo de Desarrollo Social y la construcción del hospital de la Policía Nacional Civil (PNC).

Presupuesto 2026: se perfila aprobación de urgencia en las últimas sesiones del periodo ordinario

Mon, 24 Nov 2025 19:56:53 +0000

Guatemala

Presupuesto 2026: se perfila aprobación de urgencia en las últimas sesiones del periodo ordinario

Mañana los diputados esperan aprobar de urgencia el presupuesto nacional del 2026 y el presupuesto del Congreso, que les garantizaría retener su aumento de sueldo.

24 de noviembre de 2025

13:56h

La aprobación de las propuestas de agenda no generaron mayor debate entre los diputados. Fotografía: Prensa Libre (Esvin García).

Los diputados ya fueron convocados para las últimas sesiones de noviembre, con las que finalizarán el segundo periodo de sesiones ordinarias del 2026.

Entre la agenda sugerida por la instancia de Jefes de Bloque aparece la discusión y aprobación del presupuesto del Congreso, y retomar otras iniciativas pendientes.

Pero fuentes aseguran que las propuestas de agenda solo buscan cumplir con el requisito de convocatoria para, luego mocionar y aprobar el presupuesto nacional del próximo año en una sola sesión.

La propuesta de agenda acordada por los jefes de bloque también propone aprobar el presupuesto del Congreso para el próximo año, que asciende a Q1 mil 347 millones 400 mil.

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Entre estos montos sugeridos se detalla que Q245 millones son para el funcionamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos; Q13 millones para el Parlamento Centroamericano; y Q2 millones 400 mil para la Corte Centroamericana de Justicia.

Al momento que se entregó el dictamen, autoridades de la Comisión de Finanzas explicaron que con la distribución económica sugerida, los 160 diputados podrán continuar con su aumento de sueldo.

Este incremento fue autorizado el año pasado, cuando el pleno de diputados aprobó su presupuesto, al filo de la media noche, incluyendo artículos que les permitieron igualar su salario al de los magistrados de Corte de Apelaciones.

Pero en la aprobación los congresistas no renunciaron a otros beneficios económicos que hacen que a la actualidad, el promedio de salario de los diputados ronde de los Q61 mil, si no se integra directiva, hasta los Q98 mil mensuales, para el caso del presidente del Congreso.

Presupuesto de urgencia

Durante la sesión ningún diputado propuso tener días adicionales de sesiones, como este fin de semana indicaron algunos integrantes de la Comisión de Finanzas, lo que aumentó la posibilidad del acuerdo político filtrado la semana pasada.

Lo anterior apunta a que el presupuesto nacional del 2026 será aprobado de urgencia nacional, en una sola sesión. Esta táctica, a criterio de analistas, reduce la transparencia y fiscalización ciudadana.

Para hoy se esperaba que la comisión firmara el dictamen favorable al presupuesto nacional, pero la sesión programada para las 15.00 horas quedó cancelada y se pospuso para mañana a las 9.00 horas.

Entre otro punto de la agenda aprobada, se incluyó retomar la aprobación del articulado final de las reformas a la ley de alianza público–privadas, que quedó detenida la semana pasada, por la disputa de un artículo alrededor de la exclusión del Cacif.

Jefes de Bloque del @CongresoGuate buscan que mañana el pleno apruebe su presupuesto de 2026 y retome el articulado final de la ley de alianzas público – privadas. Fuentes indican que la propuesta de agenda se verá alterada para incluir, por urgencia, el presupuesto nacional 2026 pic.twitter.com/vdOk8cntpj
— Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) November 24, 2025

Comisión de Finanzas discutirá este lunes 24 de noviembre el dictamen del presupuesto nacional del 2026

Mon, 24 Nov 2025 11:45:00 +0000

Guatemala

Comisión de Finanzas discutirá este lunes 24 de noviembre el dictamen del presupuesto nacional del 2026

El Ministerio de Finanzas solicitó Q161 mil 779 millones para el gobierno de Bernardo Arévalo, monto que podría variar durante la emisión del dictamen.

24 de noviembre de 2025

05:45h

La Comisión de Finanzas del Congreso se reunirá este lunes a las 15 horas para dictaminar el presupuesto. Fotografía: Prensa Libre.

Los diputados dejaron para último momento la discusión del presupuesto nacional del 2026, dejando para este lunes 24 de noviembre la discusión del dictamen.

La recomendación favorable o desfavorable para el plan financiero del Estado estaría llegando apenas seis días antes que venza el plazo constitucional para la aprobación del presupuesto, que vence el próximo 30 de noviembre.

Pero para esta semana apenas existen dos convocatorias a sesiones plenarias, martes y jueves, lo que complica la posibilidad de tener una aprobación ordinaria, en tres sesiones.

Incluso hasta este momento los diputados de la Comisión de Finanzas del Congreso no han emitido el dictamen favorable, pese a tener desde hace poco más de dos meses la iniciativa de ley con el requerimiento de fondos del gobierno.

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El Ministerio de Finanzas solicitó Q161 mil 779 millones para el tercer año de gobierno de Bernardo Arévalo, cantidad que podría variar dependiendo el criterio que tome la mayoría de diputados que integra la Comisión de Finanzas.

Julio Héctor Estrada, presidente de la mesa de trabajo, informó que se convocó a los diputados para este lunes a las 15 horas, para tener la última reunión relacionada con el dictamen y así emitir el dictamen correspondiente.

¿Urgencia o tres lecturas?

Hasta el pasado jueves las negociaciones políticas en el Congreso apuntaban que los diputados iban a buscar la aprobación del presupuesto nacional en una sola sesión, por urgencia nacional.

Ahora, fuentes de la mesa legislativa explican que se va a sugerir a la Instancia de Jefes de Bloque proponer uno o dos días más adicionales de sesiones para esta semana.

El tema debe de ser aprobado por el pleno de diputados, para la sesión de este martes, que de tener mayoría la propuesta, se podría convocar a sesiones adicionales para viernes o incluso sábado, para que la discusión y aprobación del presupuesto se desarrolle por medio de tres lecturas, ganando un poco de tiempo antes de vencer el plazo constitucional del 30 de noviembre.

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Requiere transparencia

Para el analista Guillermo Fuentes, de la organización de formación política, Aire, llevar la discusión del dictamen cerca del plazo de ley es un mal mensaje, ya que le resta transparencia al proceso.

“Es un mal mensaje, pero la población ya está acostumbrada y sabida, tampoco se les puede engañar, no nos queda más que esperar más de lo mismo”, dijo Fuentes.

Pero si finalmente la sugerencia de la Comisión de Finanzas de buscar más días de sesiones adicionales para la semana no se aprueba, los diputados deberían de apostar por una aprobación de urgencia nacional.

Esta mecánica, para el analista, no sería lo mejor en términos de rendición de cuentas ni transparencia, ya que este tipo de aprobaciones suelen tener artículos con redacciones confusas o enmiendas de último minuto y sospechas.

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“Le resta transparencia a la distribución de recursos porque no se tiene el conocimiento la información adecuada para que todos analicemos cómo lo hace. Se hace de último minuto para evitar un análisis profundo de como los diputados distribuyen el presupuesto”, explicó.

En la legislatura pasada, los actuales diputados oficialistas, criticaron las aprobaciones presupuestarias de urgencia nacional, destacando que eran practicas negativas, pero ahora esta parece ser una de las alternativas que podría utilizar para conseguir los fondos públicos deseados para el 2026.

“Es algo en lo que cada legislatura cae, aunque se digan que quieran hacer las cosas diferentes y bien, pero se dan cuenta de que haciendo eso solo es un engaño”, señaló Fuentes.

El monto que podría llevar el dictamen, hasta ahora, no ha sido confirmado, aunque algunos diputados consideran que podría no tener una variación considerable, aunque podría tener readecuaciones internas redistribuyendo algunos de los recursos.

El bloque de oposición Vamos informó la semana pasada que estarán analizando la forma en que se apruebe el presupuesto, destacando que hay aspectos que les generan dudas.

El líder de la oposición, Allan Rodríguez, incluso no descartó la posibilidad de presentar acciones penales y hasta constitucionales, si se llega a dar una aprobación presupuestaria con supuestos vicios.

El diputado Rodríguez, y otros más de la oposición, habrían quedado fuera de las negociaciones alrededor del presupuesto, lo que estaría generando malestar en algunas facciones legislativas.

Presupuesto 2026: Cacif alerta sobre riesgos en déficit, deuda y baja inversión

Mon, 24 Nov 2025 06:10:00 +0000

plan de gasto

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Presupuesto 2026: Cacif alerta sobre riesgos en déficit, deuda y baja inversión

Congreso conocerá esta semana la iniciativa del presupuesto por Q163 mil 783.4 millones, y el Cacif reiteró una serie de observaciones sobre las implicaciones del proyecto presentado por el Minfin.

24 de noviembre de 2025

00:10h

El Pleno del Congreso conocerá esta semana la iniciativa del presupuesto por Q163 mil 783.4 millones, y el Cacif reiteró una serie de observaciones sobre las implicaciones del proyecto presentado por el Ministerio de Finanzas. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Esta semana será decisiva para los diputados que entrarán a conocer el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del 2026, por Q163 mil 783.4 millones, que plantea un déficit fiscal del 3.3 %, equivalente a Q33 mil millones, uno de los más altos por el Ministerio de Finanzas (Minfin).

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) reiteró su postura sobre las implicaciones que podría tener esta iniciativa si llegara a ser aprobada por el Legislativo, el cual la conocería de urgencia nacional.

El pasado 29 de octubre, el Cacif presentó un análisis sobre la estructura y los posibles impactos macroeconómicos del presupuesto del 2026, por lo que solicitó una revisión del monto propuesto, así como del déficit fiscal.

Sigfrido Lee, director de la Unidad Económica del Cacif, indicó que hay varios puntos e indicadores que preocupan al sector privado organizado, entre los que resalta el déficit fiscal, las preaprobaciones presupuestarias, así como el endeudamiento y el destino de los recursos.

Por ley, el Congreso tiene hasta el 30 de noviembre para aprobar el presupuesto del siguiente año.

¿Cuáles son las principales observaciones a la formulación del presupuesto?

Una de las observaciones es que el presupuesto está creciendo de una manera desmedida e insostenible, que es significativamente más grande que los observados en los últimos casi 15 a 20 años, con una tasa más alta que se ha visto en lo que va de este período de gobierno.

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Además, implica un crecimiento significativo de la deuda. Lo segundo es que miramos una serie de normas que, más por fortalecer el Estado, lo debilitan institucionalmente hablando.

¿Cómo cuáles?

Para comenzar, no está claro cuál es el monto del presupuesto, porque se viene acompañado de una serie de normas que crean preampliaciones aprobadas, pero que no establecen los criterios, por ejemplo, el monto del gasto, no se establece la fuente de financiamiento, quién es la entidad ejecutora, y esto no solo va en contra de los buenos principios, sino que marcan otras leyes como la misma Ley Orgánica del Presupuesto. Podemos encontrar varios casos diferentes.

La ejecución por terceros simplemente es incierta, porque no se conoce cuáles son los montos y los plazos, y qué resultados se esperan.

Por último, y lo más importante, es cuáles son los resultados que se esperan de todo esto, y la verdad, no están claros los resultados. Entonces, hablamos de que mucho de este dinero simplemente se gasta, pero no se transforma en bienes y servicios que la población esté demandando.

Es decir, no se traduce en más carreteras, más educación o más salud.

¿Cuáles son los riesgos que perciben si se llegara a aprobar por el Congreso?

Afortunadamente, Guatemala ha mantenido una disciplina fiscal por mucho tiempo. Sin embargo, lo que estamos observando es que, de manera insostenida, se están creando las condiciones para ir perdiendo eso: un déficit fiscal claramente insostenible e incluso se habla de un déficit en cuenta corriente, que es lo menos que se debería estar cumpliendo, de tener un ahorro en cuenta corriente.

Lo segundo es que observamos que este crecimiento desmedido de la deuda, más allá de ir a inversión, va a gasto corriente. No se están generando inversiones que permitan impulsar el desarrollo económico y que, de alguna manera, sea financiable esa deuda a mediano plazo.

¿Qué significa?

Cuando miramos la consecución de muchas actividades que, en el corto plazo, son malas prácticas, pero que se convierten, en el corto y mediano plazo, en insostenibles.

Una de las observaciones es que el presupuesto está creciendo de una manera desmedida e insostenible, que es significativamente más grande que los observados en los últimos casi 15 a 20 años, con una tasa más alta que se ha visto en lo que va de este período de gobierno.

Eso se traduce en mayores tasas de interés para todos los guatemaltecos, más impuestos —que podría ser eventualmente— e incluso, en el corto plazo, un mayor costo de vida.

¿Por qué el tema de la deuda genera una alta preocupación?

Son dos cosas importantes: la primera, el monto. Aunque se dice que Guatemala tiene una de las deudas más bajas de Latinoamérica, también se tiene una de las más bajas de recaudación en la región.

El problema no solo es con respecto a la economía, sino con respecto a la capacidad de pago de esa deuda, y ya se están superando los niveles de capacidad de pago.

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Lo segundo es para qué se utiliza. Aunque el mismo Fondo Monetario Internacional (FMI) ha mencionado que Guatemala tiene las posibilidades de generar más deuda si es para inversión, que sea temporal y si se maneja de manera transparente, lo que observamos es que ninguna de esas condiciones se está cumpliendo.

Más del 50% de la deuda en el presupuesto del 2026 va para funcionamiento; otro monto va para pagar los servicios de la deuda, y al final solo queda 16% para inversión. La verdad, no solamente es una inversión improductiva, sino que también es injusto para las generaciones futuras, que son las que tendrán que pagar.

¿Cómo hay que entender el déficit fiscal propuesto del 3.3%?

El problema es que el déficit hay que financiarlo con algo, y de entrada se propone que son Q33 mil millones en deuda. Se están alcanzando los niveles con un ritmo insostenible de endeudamiento para las características de la economía guatemalteca.

Aun cuando se tiene un nivel bajo de deuda, no quiere decir que se puede endeudar de manera indefinida, y debe estar comprometido por la capacidad de pago. Este endeudamiento al cual se está sometiendo a la ciudadanía está rebasando esa capacidad de pago.

¿A futuro, cuáles podrían ser las implicaciones si se llegara a aprobar este proyecto?

Definitivamente, mayores tasas de interés en un muy corto plazo, un aumento en el costo de vida de todos los guatemaltecos en la canasta básica y eventualmente más impuestos, que serían para pagar una deuda de un gasto que fue improductivo. No es para pagar bienes y servicios que la población está demandando.

Guatemala llegó a un punto en el cual el servicio de la deuda propuesto para el 2026 ya es mayor que el gasto en el Ministerio de Salud, para servicios que la población no percibe. No se ven servicios de calidad en los centros hospitalarios, y se pagan impuestos por una mala atención.

¿Lograron expresar estas observaciones a la Comisión de Finanzas?

Sí se tuvo acercamientos a los miembros de la Comisión de Finanzas (que preside el diputado Julio Héctor Estrada Domínguez), así como a otros diputados, a los cuales se les compartió estos análisis técnicos, y esperamos que se tomen en cuenta en un debate que se tiene que dar esta semana.

El Congreso apostaría para aprobar de urgencia nacional el presupuesto del 2026

Fri, 21 Nov 2025 06:05:00 +0000

Guatemala

El Congreso apostaría para aprobar de urgencia nacional el presupuesto del 2026

Los diputados ya solo tienen dos convocatorias a pleno antes de finalizar el segundo periodo de sesiones ordinarias que concluye este 30 de noviembre.

Lea también: Presupuesto 2026: El Cien alerta sobre uso de deuda pública para programas de funcionamient

21 de noviembre de 2025

00:05h

Las dos facciones oficialistas del Congreso, Semilla y Raíces, esperan el apoyo para la aprobación del presupuesto. Fotografía: Prensa Libre.

El oficialismo criticó a la pasada administración de gobierno por aprobar presupuestos en una sola sesión y de forma poca transparente, pero ahora buscarán hacer exactamente lo mismo para conseguir el presupuesto nacional del 2026, según fuentes del Organismo Legislativo.

La presidencia de Bernardo Arévalo solicitó, por medio del Ministerio de Finanzas, Q161 mil 779 millones, cantidad que podría verse alterada al momento que se emita el dictamen correspondiente.

El diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas, informó que la comisión ha sido convocada para el próximo lunes 24 de noviembre para firmar el dictamen favorable; sin embargo, todavía se desconoce si habrá algún cambio al monto requerido por la presidencia.

Para conseguir la aprobación del presupuesto, el Congreso tiene que hacerlo antes del próximo 30 de noviembre, cuando finaliza el segundo periodo de sesiones ordinarias del Organismo Legislativo.

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El proyecto de presupuesto llegó al Congreso el 1 de septiembre, cumpliendo con lo estipulado en la ley, luego llegó a la Comisión de Finanzas donde se analizó y escuchó la opinión de distintas entidades que justifican el gasto; no obstante, el dictamen estaría llegando a horas de someterlo a votación en el pleno, sin socializarlo.

Por esa razón, apuntan fuentes legislativas que prefieren no ser citadas, es que el oficialismo estaría buscando el apoyo necesario para conseguir que en la sesión del martes se pueda aprobar el presupuesto de urgencia nacional, es decir, en una sola lectura. Para eso es necesario contar con el apoyo de 107 diputados.

Analistas consultados no ven como buena señal aprobar el plan de gastos en una sola lectura, ya que esta táctica legislativa evita una discusión amplia, y obliga a realizar sesiones maratónicas que alcanzan la madrugada y generan opacidad.

Esperan la aprobación

Los diputados oficialistas , pese a estar en una disputa pública, aseguran que para este tema hay consensos y esperan la aprobación del presupuesto en la sesión del próximo martes.

Victoria Godoy Palala, del grupo de nueve diputados cercanos al gobierno, espera que la facción de Samuel Pérez muestre madurez política y respete los consensos para la aprobación del presupuesto.

El ministro de Finanzas, Jonathán Menkos, asumió el papel de operador para impulsar la aprobación y posibles modificaciones al presupuesto del 2026. Fotografía: Prensa Libre.

“Yo haría un llamado a la responsabilidad. Finalmente, el presupuesto es una herramienta de política pública que busca cumplir con el plan de gobierno, con lo que hemos ofrecido, lo que la gente espera”, dijo Godoy Palala.

En la sesión plenaria del pasado martes, el grupo encabezado por Pérez buscó excluir al sector privado de un consejo directivo contenido en las reformas de la ley de alianzas público–privadas, pese a que ya se habían consensuado los acuerdos, recordó la diputada oficialista.

“Yo no veo cómo el grupo Raíces podría oponerse al presupuesto, eso sería una traición al electorado. Esperamos que se comporten de una forma responsable y seria, tomando el proyecto que viene diseñado desde el Ejecutivo con lineamientos claros de política pública e inversión social”, concluyó.

Por su parte, el diputado Pérez aseguró que los votos de él y los 13 diputados que lo acuerpan están para apoyar al presidente en la aprobación del presupuesto.

El diputado Samuel Pérez liderá a la mayor cantida de diputados oficialistas. Fotografía: Prensa Libre (Erick Ávila).

“Sí, vamos a apoyar el presupuesto y todo lo que sigue requiriendo el presidente lo vamos a apoyar. A final de cuentas, necesitamos tener condiciones óptimas para que el proyecto de gobierno funcione y este es un tema fundamental”, refirió.

Pérez aseguró que por iniciativa propia ha tenido algunos acercamientos con el presidente Arévalo y están alineados en este tema. “Nosotros hemos tenido comunicación y estamos pendientes de tratar de hacer avanzar la agenda legislativa que se ha propuesto y nuestros votos están alineados con ese tema”, aseguró.

Analizarán el dictamen

El bloque legislativo Cabal, que durante los dos últimos años ha sido clave para que la actual alianza oficialista consiga victorias en el Organismo Legislativo, entre ellas la reciente elección de la Junta Directiva para el periodo 2026-2027, hasta este jueves 20 de noviembre no tenía una postura definida sobre el presupuesto.

Luis Aguirre fue uno de los diputados que impulsó la ley de gasto exprés para los Codedes. Fotografía: Prensa Libre.

El diputado Luis Aguirre, jefe de la bancada Cabal, evitó responder de manera directa sobre el apoyo de su bancada al plan de gastos para el 2026, y se limitó a decir que la decisión la tomarán a la luz del dictamen que presente la Comisión de Finanzas, que preside Julio Héctor Estrada, también de Cabal.

Por el lado de la oposición, el diputado Allan Rodríguez, jefe del bloque Vamos, anunció que hay aspectos del presupuesto que les generan dudas y no descartó accionar penalmente en contra del proyecto por supuestas inconstitucionalidades.

Allan Rodriguez cuando fue presidente del Congreso aptobó un cuestionado presupuesto nacional que geer´´o una serie de protestas. Fotografía: Prensa Libre.

“No se ha demostrado eficiencia, capacidad de gestión, ni prudencia en los fondos asignados. El país necesita resultados, no solo discursos”, increpó Rodríguez.

Fuentes legislativas apuntan a que los mensajes del diputado de oposición se deben a que no está siendo incluido en las negociaciones del presupuesto, junto a algunos diputados que promovieron un amparo que obligó a la Junta Directiva a convocar a sesiones.

Mal mensaje

Para Alejandro Quinteros, analista político independiente, sería contradictorio que el oficialismo promueva y apoye una aprobación de urgencia nacional, debido a que eran los más criticaban a la legislatura pasada por ese tipo de prácticas.

“Van a tener la posibilidad y tiempo para hacerlo en tres lecturas o llegar a tener los votos de urgencia nacional, esperaríamos que no porque se vería muy mal como los oficialistas, incluido el presidente cuando era diputado, decían que esas eran prácticas eran incorrectas”, dijo.

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Incluso, con la ruptura oficialista de Movimiento Semilla y Raíces, es posible conseguir una aprobación del presupuesto, debido a que ninguno de los dos representa un caudal de votos considerable y, hasta cierto punto, necesario, dijo Quinteros.

“Los votos necesarios los podrían tener sin uno de los dos bandos, ya sea Semilla o Raíces, no son un grupo bisagra tan grande que se necesite a ambos”, explicó el analista.

En el peor de los escenarios, que impliquen una ruptura en las negociaciones políticas, Quinteros señala que los diputados distritales ya tienen asegurados recursos para el año preelectoral, por lo que será difícil que cambien su voto.

CIEN sobre Presupuesto 2026: Crece gasto en seguridad y en el MP, pero instituciones clave de justicia siguen rezagadas

Thu, 20 Nov 2025 22:07:01 +0000

Guatemala

CIEN sobre Presupuesto 2026: Crece gasto en seguridad y en el MP, pero instituciones clave de justicia siguen rezagadas

Aunque el gasto en seguridad y justicia sigue en aumento, el 89% de los homicidios aún no llega a juicio, advirtió el CIEN al presentar su análisis del presupuesto 2026.

Sandy Pineda

20 de noviembre de 2025

16:07h

Sede central del Ministerio Público, una de las instituciones con mayor crecimiento presupuestario en el sector justicia con relación al Organismo Judicial. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL)

El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) presentó su análisis sobre el proyecto de presupuesto 2026 asignado al sector justicia, y advirtió que, aunque el gasto ha crecido de forma sostenida en los últimos años, persisten desequilibrios que limitan la capacidad operativa de las instituciones encargadas de seguridad, investigación y justicia.

Según el informe, entre el 2019 y el 2025, el presupuesto de las instituciones de justicia criminal en Guatemala ha aumentado, concentrándose principalmente en el Ministerio de Gobernación (Mingob), el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ), con el 95% de los fondos; sin embargo, su crecimiento no ha sido uniforme.

La propuesta de presupuesto para el 2026 mantiene la tendencia, aseguró David Casasola, experto del Cien, e incluye un incremento de Q1 mil 492 millones, en su mayoría para el Mingob, impulsado por la reforma a la Ley de la Policía Nacional Civil (PNC) — Q788 millones adicionales para el rubro de servicios de seguridad a las personas y su patrimonio, y expansión de infraestructura penitenciaria, por Q423 millones—.

Además, el informe resalta que el techo presupuestario del MP ha superado al del OJ desde el 2022.

El Cien señala que el MP es la entidad que más ha sostenido una tendencia de aumento presupuestario, mientras que otras, como el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) y el Instituto de Atención a la Víctima (IAV), continúan con niveles de financiamiento que el Cien considera insuficientes para la demanda que enfrentan.

En conjunto, estas tres instituciones reciben una asignación cercana al 5%, a pesar de la importancia de los peritajes científicos, la garantía del derecho de defensa y la atención integral a las víctimas.

David Casasola explicó que la ausencia de un presupuesto interinstitucional “limita la coordinación del sistema y perpetúa cuellos de botella que afectan tanto la calidad como la oportunidad de la atención”.

Los estudios del Cien respaldan este panorama. En agosto pasado, se informó que entre el 2014 y el 2024, solo alrededor del 11% de los homicidios avanzó hasta una acusación formal o una condena, lo cual evidencia limitaciones en las fases de investigación y judicialización.

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Además, para el 2025 se estima que el 55.7% de las personas adultas víctimas de algún delito optaron por no denunciar, principalmente por miedo a represalias (19.9%) y por desconfianza en las autoridades (19.5%). Estos datos evidencian una profunda brecha de confianza en el sistema de justicia.

El centro de investigación también señala que, pese a las ampliaciones presupuestarias aprobadas cada año, varias instituciones enfrentan dificultades para ejecutar lo asignado, especialmente en inversión.

El informe resalta que el gasto del sector sigue orientado en gran medida al funcionamiento —principalmente salarios, arrendamientos y servicios—, mientras que la inversión en equipamiento, tecnología y fortalecimiento operativo continúa rezagada.

Para el Cien, esto provoca un crecimiento administrativo que no se traduce necesariamente en mayor efectividad en la prevención y resolución de delitos.

Analistas advierten opacidad si el Congreso aprueba el presupuesto 2026 de urgencia nacional

Tue, 18 Nov 2025 06:15:00 +0000

Guatemala

Analistas advierten opacidad si el Congreso aprueba el presupuesto 2026 de urgencia nacional

El plan financiero del próximo año aún no cuenta con dictamen favorable y el Congreso tiene hasta el 30 de noviembre para aprobarlo.

18 de noviembre de 2025

00:15h

El Congreso ha extendido hasta la madrugada las últimas aprobaciones del presupuesto nacional. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Al Congreso le quedan cuatro fechas para celebrar plenarias antes del 30 de noviembre, cuando concluye el periodo de sesiones ordinarias y vence el plazo para aprobar el presupuesto nacional de 2026. Sin embargo, hasta este lunes 17 de noviembre, la Comisión de Finanzas aún no dictamina el proyecto.

Sin dictamen, la instancia de Jefes de bloques no puede incluir la aprobación del presupuesto en la agenda de las plenarias.

Este escenario, según analistas, podría provocar que nuevamente se apruebe el plan financiero en una sola sesión, de urgencia nacional, lo que aumentaría el riesgo de que se incluyan enmiendas de curul que alteren el destino de los recursos públicos.

Desde la administración de Alejandro Giammattei, esta dinámica ha sido habitual en el Congreso y también se ha replicado durante la actual legislatura.

En noviembre del 2020, durante el primer año de gobierno de Giammattei marcado por la pandemia de covid 19, los diputados aprobaron un presupuesto que no priorizaba la inversión en salud, lo que derivó en protestas ciudadanas. El Congreso se vio en obligación de retractarse, archivar el plan cuestionado y aprobar un nuevo presupuesto.

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En noviembre del 2024, el oficialismo promovió la aprobación del presupuesto durante la noche y el trámite se extendió hasta la madrugada, cuando se incluyó el aumento de sueldo para los diputados. A diferencia de lo ocurrido cinco años antes, esa acción no generó manifestaciones ciudadanas.

Expertos consideran que debido al fecha límite que la Constitución marca para la aprobación del presupuesto, es probable que el plan para el 2026 se apruebe de urgencia y sin una discusión pública adecuada.

Los riesgos

Para Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), hay asuntos como el destino de los recursos distritales que podrían ser aprovechados por los políticos, lo que representa uno de los riesgos de aprobar el presupuesto en una sola sesión.

“Yo creo que será la misma mecánica. Van a tratar de sorprendernos. Por fortuna, ya hay alertas sobre los techos, el financiamiento con deuda, los gastos recurrentes y el peso de lo distrital, que es moneda de cambio con los Consejos Departamentales de Desarrollo”, indicó.

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Quezada considera que existe un escenario favorable para que la administración de Arévalo obtenga el presupuesto del 2026, propuesto por el Ejecutivo por un monto de Q161 mil 779 millones.

“Siempre se ha obviado esa discusión. Se hace de manera selectiva, pero el asunto es tan complejo que el ciudadano promedio tiene dificultades para entenderlo, además de que tampoco puede ver en detalle cómo llega el presupuesto al Congreso ni cómo sale”, agregó.

Sin mayor discusión

Para Pablo Alejandro Solórzano, analista del Observatorio Legislativo, es prácticamente un hecho que los oficialistas cuentan con el respaldo necesario para aprobar el presupuesto. Como ejemplo, mencionó la elección de la Junta Directiva del Congreso.

“Es posible que el Ejecutivo ya tenga los acuerdos para evitar conocerlo en las tres lecturas y hacerlo de urgencia nacional con 107 votos, como ocurrió con la elección de la Junta Directiva”, afirmó.

No obstante, contar con un presupuesto nacional negociado y conocido solo entre actores políticos resta transparencia, al no tener una discusión abierta en el pleno, agregó el analista.

En su opinión es curioso por qué las votaciones del presupuesto se extienden hasta la madrugada, y es entonces cuando “se presentan mociones que no son consensuadas, pero que logran articular mayorías que terminan afectando el erario público”.

Continúan críticas al proyecto de presupuesto del 2026, y Ejecutivo lo defiende

Mon, 17 Nov 2025 22:04:45 +0000

Finanzas

Continúan críticas al proyecto de presupuesto del 2026, y Ejecutivo lo defiende

El sector industrial argumenta que la propuesta de presupuesto del 2026 incrementa la deuda y el gasto sin priorizar necesidades, y crea asignaciones de difícil fiscalización. El presidente, Bernardo Arévalo confía en que el Congreso lo apruebe y defiende medida para que Codedes ejecuten fondos de dos años atrás.

17 de noviembre de 2025

16:04h

Cámara de Industria cuestiona cuatro aspectos del presupuesto para el 2026 presentado por el Gobierno. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) se pronunció, durante el fin de semana, en contra del contenido del presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el 2026, y pidió al Congreso corregir los errores que contiene.

Presentó sus principales señalamientos en cuatro puntos:

En el primero califica de irresponsable la propuesta del Ejecutivo, porque “aumenta el gasto público de forma insostenible y no prioriza las verdaderas necesidades de los guatemaltecos”.

En el segundo indica que la propuesta asigna la mayor parte de los recursos a gastos de funcionamiento y deuda, lo cual limita la capacidad del Estado para invertir en salud, educación e infraestructura, en especial en carreteras esenciales para el transporte de materias primas y productos.

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Argumenta que este factor eleva los costos de traslado y, en consecuencia, incrementa el precio final de los bienes destinados al consumo familiar diario.

En el tercer punto afirma que, de aprobarse sin cambios, el presupuesto del 2026 se convertiría en una irresponsabilidad intergeneracional, debido a la deuda que deberán pagar hijos y nietos.

Este apartado se relaciona con el hecho de que el presupuesto superaría los Q163 mil millones, y que las ampliaciones preautorizadas podrían rebasar los Q170 mil millones. A criterio de los industriales, esto compromete el futuro del país.

El sector considera que ese plan de gastos “solapa excepciones, crea fondos especiales de difícil fiscalización y autoriza ampliaciones sin monto definido”, lo cual permitiría el uso del dinero sin límites ni claridad.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Tomando en cuenta esos factores, la CIG hace un llamado a la Comisión de Finanzas del Congreso de la República para que revise y corrija las deficiencias del proyecto, con el fin de garantizar transparencia y responsabilidad fiscal.

La entidad apela a la voluntad política, con la cual —indica— se combate la corrupción.

Durante octubre y noviembre de este año, el Cacif y el Cien también han lanzado advertencias acerca de la propuesta presupuestaria para el próximo año. El dictamen contempla entre Q2 mil 500 millones y Q3 mil millones adicionales para los Consejos de Desarrollo (Codedes).

Como sector industrial, manifestamos nuestro total desacuerdo con la irresponsable propuesta de presupuesto 2026.

Lee la postura completa: https://t.co/bESXbchKG6 pic.twitter.com/wlQSRatBBw
— Cámara de Industria de Guatemala (@industriaguate) November 16, 2025

Presidente defiende presupuesto

Consultado el presidente de la República, Bernardo Arévalo, sobre si cuentan con otras medidas previstas en caso de que la propuesta de presupuesto para 2026 sea modificada en el Congreso o no se apruebe, el mandatario expresó su confianza en que esta será avalada.

Agregó que la Comisión de Finanzas del Legislativo podría considerar que se trata de una propuesta conveniente para fomentar condiciones de desarrollo en los distintos ámbitos del país.

Otra de las preguntas al mandatario se requiere a que, igual que otras entidades, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) manifestó la semana pasada su preocupación por el contenido del artículo 55 de la propuesta presupuestaria enviada por el Organismo Ejecutivo, ya que permitiría a los Codedes utilizar en 2026 los fondos no ejecutados durante los ejercicios fiscales de 2024 y 2025. Según el Icefi, esto abriría la puerta a actos de corrupción y abuso de recursos públicos en un año preelectoral. Por ello la entidad, recomendó eliminar dicho artículo.

Al respecto, el presidente explicó que los proyectos de los consejos de desarrollo deberían aprobarse con anticipación, conforme al ciclo regulado, pero que en diversos gobiernos ha habido retrasos en ese proceso, lo cual impide ejecutar los proyectos dentro del ejercicio fiscal asignado.

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El mandatario indicó que, debido a esos retrasos, cuando se aprueban los fondos para inversión, los actores locales disponen de apenas tres, cuatro o cinco meses para ejecutar obras como escuelas, carreteras o puestos de salud, lo que hace prácticamente imposible completarlas dentro del mismo año.

“En esas condiciones, como hay un retraso y no están preparados, no se empieza a implementar en enero, sino cuando concluyen todos los trámites administrativos de rigor, establecidos por ley. Ya no queda tiempo para invertir, y las obras quedan abandonadas a medio construir o los fondos regresan al Fondo General del Estado”, añadió.

Arévalo afirmó que al Gobierno no le interesa que esos recursos regresen al fondo común, sino que se traduzcan en desarrollo y que las obras se terminen y empiecen a prestar servicios, como escuelas, clínicas, proyectos agrícolas y, por primera vez, iniciativas turísticas financiadas con esos fondos.

El presidente recordó que el año pasado se aplicó la misma fórmula propuesta en el artículo en cuestión, lo que permitió a los consejos de desarrollo continuar ejecutando los recursos y concretar obras públicas en los municipios.

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“Lo que hace el artículo 55 es reconocer que los sistemas de aprobación de proyectos se han venido retrasando, al punto de que no se cumple lo que establece la normativa”, afirmó.

Y añadió: “Con el artículo 55 lo que buscamos es que los proyectos de desarrollo ya aprobados por los consejos —de salud, educación, cultura, carreteras o cualquier otro ámbito— puedan ser ejecutados. No hay ningún riesgo de corrupción, porque las mismas normas siguen aplicando, están sujetos a fiscalización, y simplemente se amplía el plazo para su construcción”.

Al mismo tiempo, señaló que en el Conadur se trabaja con los alcaldes para lograr que el sistema funcione adecuadamente.

Recaudación tributaria supera meta de octubre y dos impuestos la impulsaron

Wed, 12 Nov 2025 11:00:00 +0000

Cobranza

Recaudación tributaria supera meta de octubre y dos impuestos la impulsaron

El monto de la recaudación tributaria se situó en Q95 mil 636.4 millones en octubre; sin embargo, se mantiene la meta en Q108 mil millones para el administrador tributario, a dos meses de que concluya el ejercicio fiscal.

12 de noviembre de 2025

05:00h

Los datos preliminares sobre la recaudación tributaria de enero a octubre indican un ingreso de Q95 mil 636.4 millones. (Foto Prensa Libre: Cortesía SAT)

Los datos preliminares sobre la recaudación tributaria de enero a octubre indican un ingreso de Q95 mil 636.4 millones, cifra que supera la meta programada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), con una ejecución del 102%.

La programación contemplaba que el recaudo a octubre se situara en Q93 mil 378.6 millones, pero el indicador aumentó en Q2 mil 257.8 millones.

Hasta octubre, la cobranza de impuestos destinados al funcionamiento del presupuesto público no presenta cambios sustanciales. El impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto sobre la renta (ISR) sostienen la recaudación. En comercio exterior, hay un impacto de aproximadamente Q1 mil 200 millones, asociado al tipo de cambio y a la evolución del precio del petróleo.

Werner Ovalle, titular de la SAT, explicó que el Directorio aún no conoce las nuevas cifras de cierre de la recaudación, por lo que se mantiene lo establecido por la Comisión Técnica de Finanzas Públicas (CTFP), integrada por el Banco de Guatemala, el Ministerio de Finanzas, la SAT y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán).

Esta comisión acordó en mayo pasado una meta de recaudación de Q109 mil 302 millones para el Gobierno Central y de Q108 mil 737 millones para el administrador tributario.

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También indicó que se mantiene la meta de recaudación establecida en el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del 2026, fijada en Q119 mil 762 millones.

En tanto, la Comisión de Finanzas del Congreso de la República deberá emitir el dictamen del proyecto, en el que se confirmarán las cifras de ingresos para el siguiente año.

Ley de Compras y Contrataciones: reforma enfrenta varios obstáculos, según analistas

Tue, 11 Nov 2025 06:10:00 +0000

guatecompras

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Ley de Compras y Contrataciones: reforma enfrenta varios obstáculos, según analistas

Trazar una reforma del sistema de adquisiciones estatales es complejo y requiere un proceso técnico extenso. Así lo señalan las observaciones a la propuesta que regularía las compras del Minfin.

11 de noviembre de 2025

00:10h

El Ejecutivo prepara una ley que reformará el sistema de adquisiciones del Estado. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Aunque se reconoce la importancia de modernizar la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto 57-95) y la necesidad de introducir cambios a la norma, analistas consultados anticipan que se trata de un proceso especializado y prolongado que el Minfin no estaría contemplando en la discusión actual en el Congreso de la República.

La celeridad con que el Gobierno Central impulsa la reforma y los tiempos políticos que se avecinan —sobre todo por el proceso de elección de segundo grado previsto para el próximo año— podrían representar obstáculos para lograr los objetivos que se persiguen con este cambio en la política fiscal.

Reforma de compras requiere alta especialización

Prensa Libre consultó a los analistas Erick Coyoy, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), y Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), ambos con experiencia en el tema, ya que fueron viceministros de Finanzas. Ambos ofrecieron su perspectiva sobre la intención de las actuales autoridades de modificar el sistema de adquisiciones estatales.

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Coyoy señaló que se trata de una iniciativa ambiciosa, que implica una redefinición del modelo actual. Recordó que la ley vigente tiene 30 años, lo que hace necesaria su renovación; sin embargo, advirtió que se trata de un proceso muy técnico que requiere amplia discusión e involucramiento de los tomadores de decisiones, así como explicar con claridad los alcances del nuevo esquema propuesto, que calificó de “muy amplio”.

Además, afirmó que habrá que observar la postura que adopte el Congreso de la República, ya que se trata de un año preelectoral en el que también debe elegirse a los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, del Tribunal Supremo Electoral, a la fiscal general y al contralor general. “La agenda nacional va a estar muy cargada por las elecciones de estos órganos de control”, explicó, y agregó que será complicado abrir espacios de trabajo para conocer esta propuesta.

A su juicio, no es el momento más adecuado para presentar esta normativa, pues su discusión es “más técnica que política”, y por lo tanto se requiere “una amplia especialización para abrir esos espacios”.

Sugieren más tiempo para evaluar reforma de compras

Barrientos aclaró que la propuesta aún no está concluida y aunque hay un espacio de propuestas y discusión el proceso está un poco corrido, porque hay plazos bastantes cortos y se ha aconsejado que una iniciativa tan compleja se necesita un tiempo suficiente para ser evaluada y analizada.

Una de las recomendaciones es incluir en Guatemala la figura del Convenio Marco que eventualmente puede remplazar la figura actual de Contrato Abierto, que puede significar algunas ventajas.

También se han identificado las causas del porque no está funcionando el mecanismo de Subasta Inversa y en la propuesta habrá cambios a la ley como en el reglamento, para activar esta modalidad que se creó en 2015 pero que en la realidad no se ha utilizado pero que tiene grandes ventajas en términos de eficiencia.

Se trata de un proceso muy técnico que requiere amplia discusión e involucramiento de los tomadores de decisiones, así como explicar con claridad los alcances del nuevo esquema propuesto

Sobre los límites de lo que hoy es compra directa, se estaría proponiendo un límite de Q200 mil a Q300 mil pero que habría que esperar como queda la versión final.

Una de las preocupaciones, es que pueda incorporarse alguna de las exigencias de los alcaldes y no ceder sobre las presiones políticas, y que se mantengan dentro del ámbito técnico cuando ingreso a la discusión al Legislativo.

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“La discusión es técnica, pero hay una preocupación de que pueda haber una influencia política para satisfacer intereses de alcaldes”, consideró Barrientos.

Urge redefinir modalidades de compra

Sobre los cambios que deben introducirse a la normativa vigente, Coyoy insistió en que deben modificarse las modalidades de compra, ya que actualmente están definidas por montos y no por productos. Por ello, planteó que deberían establecerse estándares aplicables a todos los bienes en función de los montos.

Esta situación ha favorecido el uso extendido de la compra directa y la compra de baja cuantía, mediante las cuales las entidades públicas evaden los procesos de licitación y cotización, por lo que son pocas las instituciones que utilizan estas últimas modalidades.

“Las entidades prefieren acudir al fraccionamiento para eludir los procedimientos más completos, porque todo se hace en función de los montos, cuando debería existir un abanico más amplio de métodos de compra basados en los productos y servicios que se adquieren”, enfatizó.

Recordó que la nueva ley debe garantizar eficiencia y transparencia, para que las adquisiciones se hagan con calidad y precios adecuados, lo cual exige procedimientos diferenciados según el tipo de bien o servicio.

Una de las preocupaciones, es que pueda incorporarse alguna de las exigencias de los alcaldes y no ceder sobre las presiones políticas, y que se mantengan dentro del ámbito técnico cuando ingreso a la discusión al Legislativo.

Otro de los puntos que deben reformarse, agregó, es el funcionamiento de las licitaciones y cotizaciones. Señaló que actualmente muchos servidores públicos evitan integrar las juntas de licitación, ya que con frecuencia terminan involucrados en procesos penales.

“Se requiere definir con claridad cómo debe involucrarse el personal del sector público, sin trasladar la responsabilidad a personal operativo sin capacidad suficiente, lo que termina en adquisiciones ineficientes, sobre todo en proyectos de inversión pública”, añadió.

Presupuesto 2026: dictamen sobre gasto incluiría más aportes extraordinarios, pese a recomendaciones técnicas

Mon, 10 Nov 2025 06:01:00 +0000

plan de gasto

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Presupuesto 2026: dictamen sobre gasto incluiría más aportes extraordinarios, pese a recomendaciones técnicas

El Cacif y el Cien han lanzado advertencias acerca de la propuesta del presupuesto para el próximo año, y el dictamen contempla entre Q2 mil 500 millones y Q3 mil millones adicionales para los Codedes.

10 de noviembre de 2025

00:01h

Esta semana, los miembros de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República entregarán el dictamen sobre la propuesta presentada por el Ministerio de Finanzas (Minfin), por Q163 mil 783.4 millones. (Foto Prensa Libre: Urías Gamarro)

Esta semana, los miembros de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República —encargada de analizar la formulación del presupuesto de ingresos y egresos del 2026— entregarán el dictamen sobre la propuesta presentada por el Ministerio de Finanzas (Minfin) el pasado 1 de septiembre, por Q163 mil 783.4 millones.

La iniciativa fue discutida entre el presidente de la referida comisión, Julio Héctor Estrada Domínguez, y el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, quien acudió al Legislativo en el contexto de la confirmación de la nueva junta directiva de ese organismo, respaldada por el partido oficial, explicó el diputado Orlando Blanco, de la bancada VOS.

Además, la Junta Monetaria (JM) emitió una opinión favorable el pasado miércoles 5 de noviembre para la emisión de deuda bonificable por Q27 mil 598 millones. En esa resolución se opusieron los representantes de las asociaciones empresariales y de los bancos privados, lo cual era el trámite que aún estaba pendiente.

Sumarían hasta Q3 mil millones más

El diputado Orlando Blanco comentó a Prensa Libre que se anticipa un incremento al techo del gasto, de entre Q2 mil 500 millones y Q3 mil millones, cuando, a su juicio, debería registrarse una disminución, sobre todo por los saldos de caja que actualmente mantiene el Gobierno Central. En ese sentido, consideró que el monto del endeudamiento debería reducirse de forma sustantiva.

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Al 30 de octubre pasado, el saldo de caja —es decir, los recursos disponibles del Gobierno que no han sido utilizados— ascendía a Q21 mil 881 millones.

“Por lo visto, habrá pocas readecuaciones, pero orientadas a incrementos, en función de las nuevas expectativas en torno a la subida del techo presupuestario, entre Q2 mil 500 millones y Q3 mil millones”, afirmó el legislador.

De concretarse ese ajuste, la iniciativa de presupuesto podría rondar entre Q165 mil millones y Q166 mil millones.

Blanco recordó que, durante las audiencias públicas del presupuesto organizadas por la Comisión de Finanzas, se identificaron aproximadamente Q2 mil millones sin una “direccionalidad sustentable”.

“Estamos a seis sesiones de concluir el período legislativo para la aprobación del presupuesto. Se entendería que, en vez de tres lecturas, se conocerá en una única lectura para declararlo de urgencia nacional”, aseveró.

Adelantó que las asignaciones extraordinarias estarían dirigidas a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes).

Congreso daría luz verde al gasto del 2026

El politólogo independiente Douglas González brindó una lectura sobre el camino que podría seguir el presupuesto 2026, tras la elección de la junta directiva del Congreso, el pasado 4 de noviembre, y remarcó que el Gobierno Central declara intenciones de incrementar el gasto público en áreas que podrían ser estratégicas de cara a las elecciones del 2027.

Citó, por ejemplo, los programas sociales que serían ejecutados a través del Ministerio de Desarrollo, así como las iniciativas de apoyo a la economía campesina y de desarrollo rural a cargo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

“Por lo visto, habrá pocas readecuaciones, pero orientadas a incrementos, en función de las nuevas expectativas en torno a la subida del techo presupuestario, entre Q2 mil 500 millones y Q3 mil millones”

“Tienen un claro tinte de clientelismo político y se entendería que, con estos programas, el gobierno buscaría ampliar su base electoral”, apuntó.

Por otro lado, agregó que la elección de la junta directiva muestra ciertas garantías de que el presupuesto del próximo año será aprobado. “Lo que aún está por verse es si los diputados mantendrán el mismo techo que el Ministerio de Finanzas asignó a los fondos extraordinarios para los Codedes, o bien si, en una lectura de año preelectoral, deciden incrementar esos fondos”, enfatizó.

Bloques ganadores controlarían asignaciones

Al igual que Blanco, González considera que podrían esperarse modificaciones al programa de gasto estatal.

“Lo que se podría esperar es que los bloques que resultaron victoriosos en la elección de la nueva junta directiva sean los que estén en mejores condiciones para asignar los recursos, tanto los provenientes de los programas sociales que promueve el gobierno como los fondos extraordinarios dirigidos a los Consejos de Desarrollo”, puntualizó.

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Agregó que el partido oficial carece de autoridades locales y de diputados distritales en la mayoría de los departamentos del país, por lo que se entendería que quienes mejor podrían capitalizar esos recursos en un año preelectoral son los legisladores cuyos bloques ganaron la elección de la junta directiva para el siguiente año.

Alerta sobre uso de deuda para gasto

Un análisis del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) sobre el presupuesto advirtió sobre el uso de deuda para financiar gasto de funcionamiento y la existencia de bolsones preaprobados por Q4 mil millones.

El estudio resalta que utilizar recursos provenientes del endeudamiento para financiar operaciones y gastos ya autorizados elevaría el techo del presupuesto del 2026. El cupo de endeudamiento mediante bonos del Tesoro, por Q27 mil 598.88 millones, destinaría el 54.10% al gasto de funcionamiento, y no a inversión.

Cacif ve riesgos en techo y estructura del gasto

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) también presentó un análisis del presupuesto del 2026 —divulgado el pasado 29 de octubre— en el cual realizó observaciones sobre el monto propuesto, la posibilidad de que se incremente el techo mediante autorizaciones preaprobadas, así como el déficit fiscal, que podría elevarse hasta el 4% en el 2026, con riesgo de traducirse en inflación.

El análisis identificó riesgos macroeconómicos y normativos en la propuesta del presupuesto.

Se advierte de que existen ampliaciones preaprobadas que podrían elevar el techo hasta Q173 mil millones, lo que implicaría un aumento significativo del gasto.

En cuanto a la estructura de financiamiento y destino de los fondos, la mayor asignación sería para funcionamiento, y no para inversión.

Junta Monetaria emite opinión favorable para bonos del Tesoro por Q27 mil millones

Thu, 06 Nov 2025 05:00:00 +0000

crédito público

Junta Monetaria emite opinión favorable para bonos del Tesoro por Q27 mil millones

Los miembros de la Junta Monetaria (JM) dieron opinión favorable para la emisión de Q27 mil 598 millones en bonos del Tesoro, que financiarán el presupuesto del 2026, en medio de posturas diferentes.

5 de noviembre de 2025

23:00h

Los integrantes de la Junta Monetaria (JM) dieron opinión favorable para la emisión de Q27 mil 598 millones en bonos del Tesoro, que financiarán el presupuesto del 2026, en medio de diferencias. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La decisión de los integrantes de la Junta Monetaria (JM) se tomó durante la sesión celebrada la noche del 5 de noviembre del 2025, en las instalaciones del Banco de Guatemala (Banguat). Los representantes de las asociaciones empresariales y de los bancos privados, votaron en contra.

Las autoridades del Ministerio de Finanzas (Minfin) presentaron a los miembros de la JM la solicitud de opinión sobre el requerimiento de deuda bonificable planteado en la iniciativa del presupuesto 2026, que financiará distintos rubros de gasto con esa fuente de financiamiento.

Por tratarse de endeudamiento público interno, el Congreso de la República deberá aprobarlo, junto con los dictámenes respectivos de la JM y de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán), cuando lo conozca los diputados de Comisión de Finanzas que están por emitir el dictamen.

Guatemala acumulará un incremento en el saldo de la deuda pública hasta alcanzar unos Q287 mil millones en el 2026, como se plantea en el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos presentado por el Minfin.

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En el 2024, hubo diferencias en la opinión emitida por la JM sobre el programa de deuda bonificable por Q25 mil 104 millones, especialmente por la postura del representante del sector privado organizado, quien votó en contra.

Cuestionan aval a endeudamiento estatal

Sergio de la Torre, coordinador de la Comisión Económica del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), indicó que no existe una instrucción dirigida a los representantes titular y suplente que integran ese cuerpo colegiado sobre esta opinión.

“Esperamos que, en el ámbito de su competencia —en este caso, mi análisis particular—, debe emitirse una opinión desfavorable ante este endeudamiento”, aseguró el directivo al ser consultado.

CIG: ¿por qué más deuda si hay fondos?

Enrique Font, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), declaró que existe un saldo de caja favorable para el Estado. Aunque no está disponible en su totalidad, estimó que podrían quedar alrededor de Q10 mil millones disponibles.

Añadió que, tras contratar eurobonos por US$1,500 millones, es pertinente cuestionar: “¿Para qué se están pagando intereses si hay saldo disponible?”.

“Es una alerta que hemos dado: ¿por qué incrementar la deuda si hay saldo de caja? Además, se necesita un enfoque en un gasto responsable y presupuestario, destinado a inversión, ya que este rubro mantiene un nivel deficitario”, aseguró el presidente de la CIG.

Al 23 de octubre pasado, el saldo de caja —recursos públicos sin ejecutar— ascendía a Q24 mil 146.7 millones, cifra superior en Q12 mil 102 millones respecto del cierre de 2024, cuando fue de Q12 mil 44 millones.

Presupuesto 2026: deuda, Codedes y recortes marcan discusión final

Sat, 01 Nov 2025 06:10:00 +0000

dictamen

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Presupuesto 2026: deuda, Codedes y recortes marcan discusión final

Las posiciones sobre el dictamen del presupuesto entran en su fase final, y el Congreso tiene cuatro semanas para hacer modificaciones a la iniciativa enviada por el Ministerio de Finanzas Públicas.

1 de noviembre de 2025

00:10h

El dictamen del presupuesto entran en su fase final, y el Congreso tiene cuatro semanas para hacer modificaciones a la iniciativa enviada por el Minfin. (Foto Prensa Libre: Urías Gamarro)

Todo apunta a que habrá cambios en la iniciativa del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el 2026, que asciende a Q163 mil 783.4 millones, presentada por el Ministerio de Finanzas (Minfin) y que debe ser dictaminada por los integrantes de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República.

El proceso de dictamen por parte de los diputados miembros de dicha sala de trabajo se ha aplazado, y se programaron sesiones ordinarias para la próxima semana, en las cuales se conocerán los lineamientos de la propuesta. Esto coincide con la elección de la próxima junta directiva del Congreso.

Por otro lado, aún falta la opinión que debe emitir la Junta Monetaria (JM) sobre la contratación de deuda bonificable por Q27 mil 598.88 millones, la cual ha generado cuestionamientos. Esta semana, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) expresó preocupaciones por el déficit fiscal proyectado, que se estima en 3.3% así como las ampliaciones preautorizadas.

Advierten rezago en dictamen

El diputado Orlando Blanco, integrante de la Comisión de Finanzas, advirtió que se agota el tiempo para emitir el dictamen y aprobar la propuesta del programa de gasto para el 2026.

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Blanco indicó que noviembre es el mes clave para avanzar con el dictamen y, posteriormente, con la aprobación, que podría realizarse en tres lecturas o bien aprobarse de urgencia nacional.

Explicó que las autoridades del Minfin, junto con el presidente de la Comisión de Finanzas, Julio Héctor Estrada, están elaborando la propuesta del dictamen. Se espera la convocatoria para someterla a votación, aunque el diputado cuestionó que no se ha dado una discusión transparente que permita a la ciudadanía conocer los contenidos.

Reiteró que el análisis del presupuesto 2026 se da en un momento en el que los bloques legislativos también negocian la elección de la próxima junta directiva del Congreso, a la cual seguirá la discusión del programa de gasto.

Evalúan recortes y aumentos al techo presupuestario

El legislador adelantó que la mayoría de los integrantes de la Comisión de Finanzas está de acuerdo con aprobar un dictamen al presupuesto del 2026, aunque con algunas modificaciones.

Mencionó, por ejemplo, que en la estructura presentada por el Ministerio de Finanzas (Minfin) podrían reducirse los techos presupuestarios de entidades como el programa de becas de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán), el Ministerio de Agricultura y el Instituto Nacional de Electrificación (Inde).

Tampoco descartó la posibilidad de aumentar el techo global hasta Q165 mil millones, en caso de revisarse al alza las metas de recaudación.

Las autoridades del Minfin, junto con el presidente de la Comisión de Finanzas, Julio Héctor Estrada, están elaborando la propuesta del dictamen

Además, señaló que podría plantearse una asignación extraordinaria para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), dado que es un año preelectoral “y hay mucha ansiedad por colocar recursos extraordinarios en esos rubros”.

Alerta por sesgo político en dictamen

Para Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), hay gran expectativa sobre el resultado del dictamen del presupuesto para el 2026, especialmente en lo relativo a las normas y a los Codedes establecidos en el Decreto 7-2025, por lo que reiteró que esa parte debe suprimirse.

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También recomendó revisar las asignaciones en el apartado de Obligaciones a Cargo del Tesoro, ya que ahí podría incluirse la cuota extraordinaria a los Codedes y, a la vez, una reducción a otros ministerios “que los vuelve a canibalizar”.

Respecto de la deuda bonificada por Q27 mil 598.88 millones, recordó que durante las audiencias públicas se solicitó una revisión.

“Creemos que el dictamen pueda tener un sesgo político, como lo ha sido en años anteriores. El temor es que el dictamen vuelva a recoger intereses ligados a las referencias políticas”, reiteró el analista del Icefi.

Presupuesto 2026: Cacif señala riesgos macroeconómicos y normativos

Thu, 30 Oct 2025 11:00:00 +0000

análisis

Presupuesto 2026: Cacif señala riesgos macroeconómicos y normativos

En la antesala de la presentación del primer borrador de la iniciativa del presupuesto, por Q163 mil 783.4 millones, el Cacif presentó un análisis en el que hace una serie de observaciones.

30 de octubre de 2025

05:00h

Un análisis sobre de la estructura y posibles impactos macroeconómicos del presupuesto de ingresos y egresos del 2026 presenta el Cacif. (Foto Prensa Libre: Cortesía Cacif)

Un análisis sobre de la estructura y posibles impactos macroeconómicos del presupuesto de ingresos y egresos del 2026 por un monto de Q163 mil 783.4 millones, presentó el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y en la cual hace una serie de observaciones y recomendaciones.

El estudio del sector privado organizado surge a pocos días para que los diputados integrantes de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República hagan el dictamen de la iniciativa que presentó el Ministerio de Finanzas (Minfin) con algunas modificaciones y cambios, para que la discusión se traslade al Pleno.

Cacif pide revisar monto y déficit

Sergio de la Torre, coordinador de la Comisión Económica del Cacif, declaró que, a pesar de los hallazgos encontrados en la iniciativa, es necesario contar con un instrumento de gasto para el siguiente año, a fin de mantener las finanzas públicas.

Sin embargo, expresó preocupación por el monto planteado y por el déficit fiscal, así como por las ampliaciones preautorizadas que podrían elevar el déficit hasta 4 %, lo cual podría traducirse en inflación y un alto costo de vida.

“Esperamos que exista una discusión muy seria en la Comisión de Finanzas, en términos del tamaño, del destino, de la flexibilidad en la utilización de los recursos; que se definan objetivos claros, medibles y que respondan a las necesidades de la población”, enfatizó.

Alertan por alza desmedida

Sigfrido Lee, director de la Unidad Económica del Cacif, explicó que los montos de los presupuestos han aumentado desde el 2007, tanto en lo asignado como en lo vigente, en relación con el planteamiento formulado por la administración del gobernante Bernardo Arévalo de León y el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).

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En esta ocasión, afirmó que hay riesgos macroeconómicos en la propuesta de gasto. Indicó que, durante el gobierno de Óscar Berger, en el 2007, se entregó un techo presupuestario de Q40 mil millones, y ahora la propuesta asciende a Q163 mil millones.

Recalcó que, en la iniciativa, hay ampliaciones preaprobadas que podrían elevarla hasta Q173 mil millones.

Citó que, durante la administración de Álvaro Colom, el programa de gasto estatal creció 35 %; con Otto Pérez Molina, 18 %; Jimmy Morales, 24 %, y con Alejandro Giammattei, 10 %, al momento de entregar el gobierno.

Para el tercer año de gestión actual, el plan aumenta 41 %: “y ahí es cuando se comienza a hablar de un crecimiento desmedido y considerable”, justificó Lee.

Integrantes de la Comisión de Finanzas del Congreso están a punto de emitir el dictamen del Presupuesto 2026. (Foto Prensa Libre: Congreso)

Alerta por déficit fiscal

Una de las preocupaciones del Cacif es el aumento del techo del gasto, la estructura del financiamiento y su destino. Entre los hallazgos destaca que ahora hay una mayor asignación a los rubros de funcionamiento, mientras que la inversión se ha reducido.

Durante la presentación, se dio a conocer que el 18% del presupuesto se destina a inversión y que, para el 2025, la Dirección General de Caminos asignará entre Q2 mil y Q2 mil 500 millones, “pero no habrá ninguna carretera nueva y se está pagando deuda. Se gasta dinero, pero no necesariamente se convierte en inversión”, agregó Lee.

Entonces, dijo: “¿Ese crecimiento desmedido del presupuesto hacia dónde se está yendo? A gastos de funcionamiento”.

En cuanto al financiamiento, indicó que se detectó que el 20 % del programa total se cubrirá con deuda y que no se está cumpliendo con el pacto fiscal. “Esa es una señal más de que esto no es lo correcto”, expresó.

Recordó que se enfrenta uno de los déficits más altos, del 3.3 %, como lo planteó el Minfin para el siguiente año, y que solo durante la pandemia este indicador fue mayor.

“Hace 20 años se propuso preservar la estabilidad, y aunque el FMI dice que puede haber un aumento del déficit por un par de años, este debe cumplir ciertas condiciones: estar orientado a la inversión, ser temporal y transparente. Lo que estamos viendo ahora es que ninguna de esas condiciones se cumple”, remarcó el director.

“Esperamos que exista una discusión muy seria en la Comisión de Finanzas, en términos del tamaño, del destino, de la flexibilidad en la utilización de los recursos; que se definan objetivos claros, medibles y que respondan a las necesidades de la población”

Sergio de la Torre, coordinador de la Comisión Económica del Cacif,

En sus observaciones de corto plazo, el Cacif considera que el déficit fiscal generará presiones inflacionarias y alzas en las tasas de interés, lo cual afectará el costo de la canasta básica y del crédito.

A mediano plazo, prevé posibles aumentos de impuestos, lo cual perjudicará a las familias más pobres. Y a largo plazo, advierte que la falta de inversión en capital físico y humano limitará el crecimiento económico y la creación de empleo, y que el alto endeudamiento afectará la sostenibilidad fiscal.

Funcionamiento absorbe deuda

La deuda planteada en la iniciativa asciende a Q33 mil 514 millones, lo que representa un déficit fiscal del 3.3 % respecto del presupuesto de Q163 mil 783.4 millones.

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Se criticó que solo el 16 % de esa nueva contratación de deuda se destinaría a inversión, mientras que el 49 %, entre bonos y préstamos, se utilizaría para gasto de funcionamiento.

“Este es uno de los aspectos más preocupantes, sobre todo para la población joven, porque serán ellos quienes tendrán que pagar. Pero estamos viendo que la deuda es para cubrir sueldos y salarios, pensiones, incluso gastos de la generación pasada, y eso no es sostenible”, apuntó.

En el Presupuesto 2026 hay un rubro para la construcción y mantenimiento de la red vial de Guatemala, que ejecutará el Ministerio de Comunicaciones. (Foto Prensa Libre: Archivo).

Excepciones ponen en riesgo control

El análisis también incluyó el apartado normativo, que impacta en la implementación del presupuesto y en el cual se identificaron hallazgos puntuales.

En cuanto a las excepciones a la Ley del Presupuesto y la Ley de Contrataciones del Estado, se detectó un articulado que establece excepciones tanto a la Ley Orgánica del Presupuesto como a la Ley de Contrataciones.

Asimismo, se permite la contratación y adquisición de bienes y servicios a través de organismos internacionales, lo cual exonera del cumplimiento de procesos competitivos e impuestos.

Por ejemplo, se autoriza la contratación directa de medicamentos y equipo médico por parte del Ministerio de Salud; la compra de alimentos e insumos agropecuarios mediante organismos internacionales, ya sea en especie o con contribución monetaria, por ministerios de Estado, municipalidades y otras instituciones; y la firma de convenios para intervenciones estratégicas, como en los ministerios de Salud, Educación, Gobernación, Comunicaciones y Cultura, así como en la Empresa Portuaria Quetzal, Ferrocarriles de Guatemala y programas sociales.

Gasto se eleva con ampliaciones

Durante la presentación del análisis se informó que se contabilizó una suma cercana a Q1 mil millones en la creación de fondos especiales. En ese apartado se identificaron al menos 11 asignaciones de fideicomisos para distintos programas.

“Se criticó que solo el 16 % de esa nueva contratación de deuda se destinaría a inversión, mientras que el 49 %, entre bonos y préstamos, se utilizaría para gasto de funcionamiento”

También se alertó sobre ampliaciones preautorizadas que podrían superar el techo de Q163 mil 783.4 millones. “Fácilmente pueden superar los Q10 mil millones y llegar a Q173 mil millones”, subrayó el directivo. Eso, añadió, podría implicar un aumento del déficit del 3.3 % al 4.3 %.

Infraestructura recibe solo 1% del PIB

Jorge Benavides, investigador de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), se refirió durante el foro al tema de infraestructura. Indicó que el Ministerio de Comunicaciones lleva una ejecución del 41 % respecto de la asignación presupuestaria de Q7 mil millones para esa cartera.

“Hablar de infraestructura es hablar de dinero que se necesita, y el Estado debiera estar invirtiendo el 24 % del PIB cada año, para darle mantenimiento a la red existente y crecer a un ritmo sostenible”, apuntó.

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Explicó que el Estado debería invertir el 6 % del PIB en infraestructura, pero solo destina el 1 %; y que el sector privado debería invertir el 18 %, aunque actualmente cubre entre el 14 % y el 15 % del PIB.

“No hay inversión privada si antes no hay inversión pública. ¿Qué pasa con el presupuesto para inversión? En los últimos 22 años, el gasto en funcionamiento creció cinco veces, y la inversión real en infraestructura, apenas 1.2 veces”, precisó.

Reiteró que se tiene un presupuesto en el cual el gasto de funcionamiento absorbe la mayor parte, lo que impide destinar recursos a inversión. “Por kilómetro de red existente, se debería estar invirtiendo US$50 mil al año en mantenimiento, y eso nunca se ha alcanzado”, aseveró.

Piden retomar el Pacto Fiscal

Abel Cruz, vicerrector de la Universidad Mesoamérica, declaró que el presupuesto es una herramienta de la política fiscal, sin contar con una política económica, por lo que una de las implicaciones es no contar con indicadores.

Por otro lado, no se tiene claro, que es lo que se quiere mejorar, por lo que en ese contexto es necesario regresar a los principios del Pacto Fiscal, que plantea que el Estado no debe gastar más de lo que recibe, y permitir un déficit fiscal que no supere el 1%, pero en el último año de gobierno, mantener un déficit cero.

Tipo de cambio estable e inflación controlada elevan recaudación y alcanzaría los Q111 mil millones

Sat, 25 Oct 2025 06:10:00 +0000

Ingresos fiscales

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Tipo de cambio estable e inflación controlada elevan recaudación y alcanzaría los Q111 mil millones

La recaudación tributaria en Guatemala alcanzaría los Q111 mil millones al cierre del año, según lo observado hasta septiembre, que muestra un crecimiento de 9.2%, según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

25 de octubre de 2025

00:10h

Los impuestos sobre el comercio exterior, se observa un mayor dinamismo y las cifras muestran un crecimiento interanual de 7.1% a septiembre, según la SAT. (Foto Prensa Libre: Cortesía SAT)

Este monto proyectado de Q111 mil millones por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) superaría la meta oficial de Q109 mil 302 millones establecida por el Gobierno Central, así como los Q108 mil 737 millones propuestos por el administrador tributario para el 2025, según el acta de la Comisión Técnica de Finanzas Públicas (CTFP) de mayo pasado.

Esto significa que, pese a la incertidumbre y el contexto internacional, la recaudación de impuestos —que financia el programa de gastos— se mantendría sólida, lo que permite prever resultados fiscales positivos.

De enero a septiembre, el monto recaudado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) fue de Q82 mil 92.3 millones, lo que representa un incremento de 9.2% respecto del mismo periodo del año anterior, según las cifras oficiales.

El resultado de octubre ya perfila el cierre del ejercicio fiscal. La CTFP la integran el Banco de Guatemala (Banguat), el Ministerio de Finanzas (Minfin), la SAT y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán).

Recaudación superaría lo previsto

Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), indicó que mantienen la estimación de Q111 mil millones en recaudación para el 2025, lo que representaría entre Q2 mil y Q3 mil millones más de lo proyectado por la CTFP en mayo último.

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Entre los factores que estarían impulsando este crecimiento, explicó el directivo, figuran las variables macroeconómicas, el aumento del comercio exterior, la variación de precios en la economía y la estabilidad en el tipo de cambio; todos ellos indicadores que han mostrado un desempeño estable y positivo.

Agregó que, con esos factores, los Q109 mil millones establecidos en el presupuesto de ingresos y egresos de este año quedaron por debajo del monto observado al cierre del 2024. Sin embargo, “técnicamente vemos que podría alcanzarse la cifra de Q111 mil millones”.

Inflación y tipo de cambio impulsan recaudación

El especialista indicó que, según la estimación del Icefi, los factores usuales para determinar la recaudación son las variables macroeconómicas. Ejemplificó que el tipo de cambio se mantiene estable, con un promedio de Q7.65 por US$1, y que la inflación está controlada, con un ritmo de 1.47% a septiembre, así como la inflación importada.

Añadió que las exportaciones e importaciones se desarrollan conforme a los rendimientos previstos, y destacó especialmente la tasa de crecimiento económico, que apunta a cerrar “poco más o menos” en la cifra anticipada por el Banco de Guatemala (Banguat).

En conjunto, estos factores respaldan que la meta de recaudación alcance los Q111 mil millones, como se había previsto. “No está tan subestimada como en años anteriores, pero sí creemos que le faltaban entre Q2 mil o Q3 mil millones más”, reiteró el analista del Icefi.

“Por eso es que como Icefi mantenemos la estimación de los Q111 mil millones”, remarcó.

ISR e IVA impulsan ingresos tributarios

Al ser consultado sobre los resultados de los tributos administrados por la SAT hasta septiembre, Werner Ovalle, jefe de esa entidad, declaró que, en forma agregada, la recaudación alcanzó Q82 mil 92.3 millones, lo que implicó un crecimiento interanual de 9.2%; es decir, un incremento de Q6 mil 894.1 millones respecto de lo registrado en el mismo periodo del 2024.

“El monto recaudado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) fue de Q82 mil 92.3 millones, lo que representa un incremento de 9.2%”

Estos resultados, explicó, fueron influenciados principalmente por el desempeño del impuesto sobre la renta (ISR) y del impuesto al valor agregado (IVA) en operaciones locales, que muestran crecimientos interanuales de 10.3% y 12%, respectivamente.

Los incrementos nominales en la recaudación de ambos tributos fueron de Q2 mil 316 millones y Q2 mil 43.6 millones, en comparación con el mismo periodo del 2024.

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Ovalle afirmó que, en los impuestos sobre el comercio exterior, también se observa un mayor dinamismo: las cifras muestran un crecimiento interanual de 7.1%, superior al 5.8% registrado en la recaudación acumulada hasta agosto.

En cuanto al impuesto a la primera matrícula, muestra un comportamiento positivo, con una recaudación adicional de Q94.5 millones respecto del mismo periodo del 2024, lo que representa un aumento interanual de 7.1%. En el impuesto sobre circulación de vehículos, el crecimiento interanual fue de 16.4%, con un incremento nominal de Q189.6 millones a septiembre.

Proyección fiscal para 2026 presenta inconsistencias

Barrientos considera que la situación geopolítica internacional y la política arancelaria y migratoria de Estados Unidos, en lo que resta del 2025, no tendrá mayor impacto en el sistema recaudatorio local, especialmente en el comercio exterior.

“Los aranceles y otros vaivenes en el comercio internacional pueden estar afectando para el 2026”, advirtió el analista del Icefi, por lo que sugiere revisar la proyección.

La Comisión Técnica de Finanzas Públicas (CTFP) estableció una meta de recaudación de Q119 mil 762.8 millones para el próximo año, cifra presentada por el Minfinen la iniciativa del presupuesto de ingresos y egresos, actualmente en discusión en la Comisión de Finanzas.

El escenario económico utilizado para esa proyección fue el medio; sin embargo, según el Icefi, la distribución por tipo de impuesto es cuestionable, ya que se identificaron alteraciones en al menos cuatro rubros de otros impuestos directos e indirectos.

Presupuesto 2026: Gobierno Central acumula Q26 mil 985 millones en la caja fiscal

Tue, 21 Oct 2025 06:30:00 +0000

ejecución

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Presupuesto 2026: Gobierno Central acumula Q26 mil 985 millones en la caja fiscal

El saldo de caja disponible del Gobierno Central es de Q26 mil 985 millones, y será un indicador determinante en el análisis que realizará la Comisión de Finanzas del Congreso para dictaminar el proyecto de presupuesto del 2026.

21 de octubre de 2025

00:30h

Durante el fin de semana pasado se elaboró un primer borrador del dictamen, el cual estaría sujeto a la futura decisión sobre la elección de la nueva junta directiva del Congreso. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Uno de los indicadores sin precedentes en la política fiscal de este año es el saldo de caja del Gobierno Central, que al 2 de octubre pasado alcanzaba Q26 mil 985 millones, lo que representa un incremento del 124% con respecto al 31 de diciembre del 2024, cuando fue de Q12 mil 044 millones.

El saldo de caja representa recursos disponibles por el Ministerio de Finanzas (Minfin) para su ejecución, y que están depositados en la cuenta del Banco de Guatemala (Banguat).

Este indicador refleja un aumento de Q14 mil 941 millones entre enero y octubre del 2025, al compararlo con el cierre del 2024. El crecimiento se explica por los ingresos tributarios que mensualmente capta la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de los contribuyentes, así como por los recursos provenientes de la colocación de un eurobono, es decir, deuda pública.

Mientras tanto, el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (Sicoin) reportaba una ejecución del gasto del 67.08%, lo que equivale a Q103 mil 448 millones del presupuesto vigente, que asciende a Q154 mil 839 millones, al 19 de octubre.

El saldo por devengar es de Q50 mil 976 millones, según el reporte del Sicoin.

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Comisión discute dictamen del presupuesto 2026 y espera aval de la JM

Se supo que durante el fin de semana pasado se elaboró un primer borrador del dictamen, el cual estaría sujeto a la futura decisión sobre la elección de la nueva junta directiva del Congreso, explicaron algunos miembros de esa sala de trabajo.

El saldo de caja del Gobierno Central, que al 2 de octubre pasado alcanzaba Q26 mil 985 millones, lo que representa un incremento del 124% con respecto al 31 de diciembre del 2024

En tanto, Julio Héctor Estrada Domínguez, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, indicó que ya comenzó la discusión del dictamen sobre la propuesta presentada por el Minfin, y que aún está pendiente una resolución de la Junta Monetaria (JM), la cual no es vinculante.

Congreso podría reducir deuda propuesta ante excedente de caja

El diputado Orlando Blanco, integrante de la Comisión de Finanzas, declaró que el Gobierno Central, al contar con un saldo de caja tan alto a dos meses de que finalice el año, sumado a la subejecución y al incremento en la recaudación proyectada para este trimestre, permitirá que el Minfin disponga de recursos que podrían superar los Q20 mil millones al cierre del ejercicio.

Bajo esa condición, consideró que se debería actuar con mayor responsabilidad respecto del nivel de endeudamiento propuesto por las autoridades del Tesoro, que asciende a Q27 mil 598 millones en deuda bonificada.

“Se debería reducir ese nivel de endeudamiento fácil a unos Q10 mil millones, y eso evitaría el crecimiento del déficit fiscal. Esa debería ser la actitud responsable del Congreso, y será un planteamiento que haré esta semana para revisar los saldos de caja con las autoridades de Finanzas, la proyección de ejecución presupuestaria y los montos de subejecución previstos para el próximo año”, precisó Blanco.

Reiteró que el dictamen del proyecto de gasto para el próximo año está condicionado por la elección de los nuevos miembros de la junta directiva del Congreso.

“Hay una evolución por la disputa de esos cargos. No habrá dictamen hasta que se defina qué grupo se queda, y a partir de ahí cada bloque mostrará qué cambios propondrá al presupuesto”, afirmó.

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