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Cinco regiones concentran mayor aporte al PIB, con la nueva estructura productiva de medición

Guatemala, Escuintla, Quetzaltenango, Alta Verapaz y Huehuetenango son las cinco regiones que más aportaron al producto interno bruto (PIB) en la estructura productiva del 2023, según la nueva medición desagregada disponible para los agentes económicos.

Urías Gamaro

23 de enero de 2026

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00:05h

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El informe del Producto Interno Bruto Regional y Departamental (PIBR) detalla información desagregada de las ocho regiones y los 22 departamentos, y ya está disponible para los usuarios en el portal del Banco de Guatemala (Banguat). (Foto, Prensa Libre)

Guatemala introdujo la medición económica por región y por departamento, lo que permitirá conocer la estructura productiva regional y el aporte de cada territorio.

El informe del Producto Interno Bruto Regional y Departamental (PIBR) detalla información desagregada de las ocho regiones y los 22 departamentos, y ya está disponible para los usuarios en el portal del Banco de Guatemala (Banguat).

“Ahora se permite comprender el crecimiento desde una perspectiva territorial”, comentó Álvaro González Ricci, presidente de la banca central, al presentar la primera serie —que incluye de 2013 al 2023— elaborada por el Departamento de Estadísticas Macroeconómicas.

González Ricci explicó que ya se actualiza el PIBR con la información del 2024, bajo la metodología establecida y con el apoyo técnico y la cooperación de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El informe tiene como objetivo mostrar el valor agregado de las 17 actividades productivas, identificar los sectores más influyentes y la dinámica productiva de cada zona geográfica. Además, la base de información permitirá apoyar la formulación de políticas públicas, especialmente en infraestructura, salud e inversión, tomando en cuenta el desempeño de cada región.

Tres regiones concentran 72.6% del PIB

Durante la presentación, se destacó que, en el 2023, el producto interno bruto (PIB) nacional en términos nominales alcanzó Q817 mil 413 millones, y que la región Metropolitana aportó el 43.3%; la Suroccidental, el 15%, y la Central, el 14.3%, lo que en conjunto representó el 72.6% del PIB nominal.

Le siguieron la región Nororiental, con 7.7%; la Noroccidental, con 6.65%; la Suroriental, con 5.4%; la región Norte, con 4.7 %, y Petén, con 3%, según el indicador.

Además, se clasificó cuál fue la actividad económica dominante en cada una de las regiones.

En 2023, destacaron las actividades financieras y de seguros, la industria manufacturera y la agricultura.

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Guatemala aportó 43.3% del PIB en 2023

Otro clasificador fue el producto interno bruto (PIB) nominal por departamento, en millones de quetzales, el cual muestra la serie del 2013 al 2023 y refleja la posición de cada uno.

El top cinco lo integran Guatemala, con Q354 mil 347 millones; Escuintla, Q73 mil 744 millones; Quetzaltenango, Q35 mil 328 millones; Alta Verapaz, Q29 mil 832 millones, y Huehuetenango, Q29 mil 810 millones.

Los tres últimos de la escala fueron Jalapa, con Q10 mil 576 millones; Totonicapán, Q10 mil 266 millones, y Baja Verapaz, Q8 mil 621 millones. El aporte extrarregional en el 2023 fue de Q223 millones.

En la estructura porcentual, Guatemala aportó el 43.3%; Escuintla, el 9%; Quetzaltenango, el 4.3%, y Alta Verapaz y Huehuetenango, el 3.6% cada uno.

Izabal tuvo mayor caída económica

En cuanto al producto interno bruto (PIB) real por departamento, también se cuenta con un desagregado.

El detalle de la presentación indica que las tasas de variación en términos reales en el 2023 situaron a Zacapa con 6.1%; Sololá, 5.3%; Guatemala y Chimaltenango, 4.7% cada uno; Totonicapán, 4.5%, y Quetzaltenango, 4.1 %. Para ese año, Izabal registró una contracción de –5.8%.

De las 17 actividades medidas en el PIB del departamento de Guatemala (en términos reales, 2023), las actividades financieras y de seguros representaron el 12.1%; la construcción, 7.4%; las actividades profesionales, científicas y técnicas, 5.2%; las de alojamiento y servicios de comidas, 5.1%, y las inmobiliarias, 4.9%. Todas tuvieron un desempeño positivo.

En esa misma línea, pero en el caso de Izabal —que registró un desempeño negativo—, la caída se explicó por la explotación de minas y canteras, con –70%; la industria manufacturera, 31.9%; el comercio y reparación de vehículos, –3.7%; la construcción, –7.1%; el transporte y almacenamiento, –3.1%, y las actividades profesionales, científicas y técnicas, –4.2%, entre otras.

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Con la estructura también se determinó el PIB per cápita: en el 2013 fue de Q27 mil 677 y, para el 2023, se ubicó en Q46 mil 437 como promedio nacional.

Fundesa: Hay que voltear la mirada al interior

Jorge Benavides, analista e investigador de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), declaró que es muy interesante reconfirmar que el departamento de Guatemala representa entre el 43% y el 45% de la producción nacional, pero también que las ciudades intermedias están generando el resto del crecimiento.

Remarcó que le llama la atención lo que está sucediendo en Quetzaltenango, Alta Verapaz, parte de Huehuetenango, y el caso más destacado es Escuintla, que —a su juicio— demuestra que Guatemala puede voltear la mirada hacia el interior. Eso es parte de lo que Fundesa ha planteado desde hace más de 10 años, al destacar que el país puede apoyarse en estos motores alternativos de desarrollo si realmente quiere atender las necesidades de la población.

Construcción y finanzas avanzan en urbes

Benavides indicó que, en el PIB nacional, se comprende que tienen mayor peso sectores como la agricultura, el comercio y la industria.

Sin embargo, al analizar la segmentación por territorios, se interpreta que, en las grandes urbes, sectores como la construcción, las actividades inmobiliarias y el financiero están avanzando cada vez más.

Citó como ejemplo que, en territorios tradicionalmente considerados eminentemente agrícolas, comienzan a aparecer actividades industriales, así como comercio impulsado en gran medida por las remesas, y también desarrollos interesantes en sitios turísticos, como es el caso de hoteles y restaurantes.

“El ciclo evolutivo de la economía nacional también se refleja en algunas actividades, ya cuando ellos presentan la segmentación”, reiteró.

“GFI elaboró ​​una estimación cuantitativa del valor del tráfico de migrantes, considerando la ruta del Triángulo del Norte de Centroamérica a Estados Unidos y descubrimos que el monto que perciben las estructuras que se dedican al tráfico de migrantes, a partir del 2021, es de al menos US$2 mil 700 millones al año. Esta es una estimación muy conservadora y el valor real probablemente sea mucho más alto, especialmente porque vemos niveles crecientes de migración”, declaró a Prensa Libre Julia Yansura, gerente del referido programa desde Washington, D.C.

Al convertir esa cantidad a quetzales, equivale a unos Q20 mil 790 millones que es la cifra proyectada para 2021, en los tres países.

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Desglose

Yansura declaró que, para el caso de Guatemala, GFI estima que el valor anual del tráfico de migrantes supera los US$1 mil 200 millones (unos Q9 mil 240 millones), y casi representa un mes de ingreso de divisas por remesas familiares.

“En el caso de El Salvador, estimamos que es de al menos US$250 millones (unos Q1 mil 925 millones), y en Honduras, calculamos de otros US$1 mil 200 millones (alrededor de Q9 mil 240 millones). Es decir que entre Guatemala y Honduras reciben casi el 90% de la cuantificación proyectada.

Aclaró que todas estas estimaciones se refieren a la migración a los Estados Unidos, que representa más del 90% de toda la migración proveniente de Centroamérica y la investigación reveló que, en Guatemala, El Salvador y Honduras, hay dos problemas distintos que afectan a la región: la trata de personas y el tráfico de migrantes.

La trata de personas ocurre en contra de la voluntad de la víctima y puede incluir elementos como el trabajo forzoso; y en el caso del tráfico de migrantes, este suele ocurrir porque la persona quiere o necesita emigrar y contrata a un traficante para ello. Pero en la vida real, la línea entre la trata y el tráfico, a menudo se difumina.

“Hay casos en los que un migrante que participa de manera voluntaria se termina convirtiendo en víctima de la trata de personas y puede ser retenido en contra de su voluntad o forzado a la explotación a lo largo de la ruta”, expuso.

Por otro lado, la investigación encontró que muchos solicitantes de asilo contratan a traficantes para llegar a la frontera de Estados Unidos. “Si a estas personas se les permitieran métodos legales para presentar sus solicitudes de asilo, incluyendo, pero no limitándose a opciones de procesamiento remoto en su país de origen, esto reduciría drásticamente el negocio de los traficantes”.

¿Cómo se blanquea el dinero?

En la cadena participa una serie de actores desde donde provienen los flujos -origen-, hacia donde van -destino- y Yansura remarcó que los pagos son realizados por los migrantes y sus familias para cubrir los costos de un traficante o “coyote”, los sobornos a las autoridades corruptas para el paso, así como las tarifas o “impuestos” exigidos por los grupos criminales que controlan ciertos territorios.

“Lo que descubrimos en nuestra investigación y en entrevistas con expertos es que el tráfico de migrantes está muy segmentado, al igual que los pagos asociados a este. Muchos de estas erogaciones ocurren dentro de un solo país; es decir, no son transfronterizos. Además, muchos de ellos se realizan en efectivo, lo que dificulta su detección o seguimiento”.

Por lo general, los ingresos se integran en negocios que utilizan cuantías elevadas de efectivo. Por ejemplo, un hotel local, una gasolinera, una empresa de transporte, un restaurante o incluso un supermercado, donde se podrían mezclar las ganancias del tráfico ilícito con ganancias legítimas, explicó la ejecutiva.

 Una gran cadena

Para Jahir Dabroy, analista en temas migratorios de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes), estas situaciones son complicadas ya que se trata de estimaciones, pero son parte de redes ilícitas. Pero la trata de personas, el narcotráfico y el tráfico de armas, son los tres delitos preponderantes que existen en el mundo.

Explicó que la trata se ha venido diversificando, igual que el crimen organizado y han creado su hub, por así decirlo, en este delito, pero no significa que esté conectado con otras tipologías y es muy difícil decir si esa cifra es mucho o poco en comparación con la actividad como tal.

El tráfico de migrantes es un negocio inmenso, y muchas personas se benefician de este, detalla la investigación:

Desde los propios “coyotes” hasta los servicios de transporte, los hoteles y restaurantes locales, los grupos criminales que cobran a los migrantes por el paso e incluso las autoridades policiales y funcionarios de migración corruptos que buscan soborno. Y este último punto es especialmente preocupante. Según lo expresó un experto entrevistado para el estudio, “el fracaso de una respuesta adecuada contra el tráfico de migrantes se debe a la corrupción”.

Sobre las tipologías –que es el estudio del patrón de comportamiento del delincuente–, y sobre los principales actores involucrados, Yansura manifestó que lo que han encontrado es que cada país, y hasta cada departamento y municipio, tiene su propia dinámica.  El tráfico ilícito de migrantes está sumamente localizado; esto hace que sea muy difícil generalizar tendencias. También hace que sea muy complicado de abordar a nivel nacional.

Guatemala, el último puente

 El análisis de GFI también destaca que Guatemala juega un papel clave para las redes, ya que es el último puente para poder pasar hacia México, y otros migrantes centroamericanos deben pasar por el país en su ruta hacia el norte.

“Lo que vemos en Guatemala es una relación preocupante entre la corrupción de funcionarios y la migración irregular, donde algunas autoridades policiales y funcionarios de migración corruptos cobran tarifas a los migrantes de toda Centroamérica a cambio de dejarlos pasar”, declaró Yansura.

Otra alarma es que las personas que ven frustrados sus intentos se quedan endeudas y también corren riesgos. “Es una preocupación realmente seria. En el caso de Guatemala, estimamos que, cada año, al menos US$1 mil millones de las tarifas del tráfico ilícito de migrantes provienen de personas que no logran emigrar ese año. Esto se traduce en grandes cantidades de deuda, que a menudo se deben a individuos inescrupulosos y, a veces, incluso a grupos delictivos.

Instamos a los gobiernos de la región, así como al gobierno de los Estados Unidos, a tomar esto en consideración como parte de los esfuerzos de recepción y reintegración de los migrantes deportados”, subrayó Yansura.

Al respecto, Dabroy comentó sobre las deudas que dejan las personas, que las redes criminales están sobre el efectivo y se negocian pagos una vez la persona cuente con un trabajo en EE. UU., que es su destino. Y en algunos casos, hasta se ofrece la garantía de empleo, ya ni siquiera llegar, por lo que en un tiempo determinado, deben de concluir los pagos pendientes.

Alerta regional

El documento recomienda que los países comiencen a investigar los canales financieros utilizados en el tráfico de migrantes, ya que actualmente hay muy poca información disponible. Además, sugieren que los países aborden urgentemente la corrupción dentro de las autoridades policiales y los funcionarios de migración.

También indican que Estados Unidos y Centroamérica deben trabajar juntos para encontrar soluciones a la deuda migratoria. “Los ciclos de intentos de migración, victimización y endeudamiento ponen a las personas en peligro y no redundan en los intereses de seguridad de ninguno de los países involucrados. También deben reconocer que las políticas fronterizas restrictivas contribuyen al tráfico ilícito de migrantes”.

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Flujos inusuales

 En una publicación de Prensa Libre del 6 de septiembre pasado, la Intendencia de Verificación Especial (IVE), informó que las nuevas modalidades de lavado de dinero detectadas se relacionan con la trata de personas y movimientos sospechosos con criptomonedas.

También, identificó un comportamiento inusual de transferencias que provienen de África, Europa del Este y Asia, que son cobradas en municipios cercanos a Honduras y al área fronteriza con México, que estarían asociadas al tráfico ilegal de migrantes hacia Estados Unidos.

Se cree que el dinero es para pagar servicios y atenciones de los migrantes en su paso, como dónde pernoctar, transporte y alimentación, como un proceso de servicio logístico de las estructuras criminales.

La propuesta no viene precisamente por su administración o gestión de estos activos, sino por la vía del lavado de dinero, prevención y detectar aquellas transacciones inusuales o sospechosas, transferencias de fondos y de valores, como si fuera una entidad financiera.

Por otro lado, se estaría cumpliendo una exigencia internacional.

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El dinero digital es una realidad en constante expansión, todo indica que es parte de la evolución natural del dinero. “Lejos de rechazarlo, hay que analizarlo y considerarlo”, expresó César Tánchez, especialista en finanzas personales.

Tánchez agregó que las autoridades monetarias del país han expresado estar aprendiendo del tema y discutiendo, incluso, la posibilidad a mediano plazo de un quetzal digital.

El especialista consideró que previo a hacer cualquier tipo de regulación, sería importante analizar los resultados de El Salvador, es decir, aprender de lo bueno y desechar lo malo, “suponer es muy oneroso”, recomendó.

Por ejemplo, detalló Tánchez, durante ese tiempo se podría establecer un sistema digital a la identificación de personas para evitar la suplantación de identidad, esto a través de agregar el KYC (Know Your Customer) al DPI.

Además, facilitar la operación de empresas de intercambio (Exchanges) con su debido registro y cumplimiento. Delimitar los activos digitales a investigar, enfocándose en bitcóin que no solo es una criptomoneda sino una moneda de curso legal en un país como El Salvador.

Por último, establecer una dirección de innovación digital dedicada 100% a esa temática, sin olvidar la importancia de la educación, tanto al gobierno como a la población, en un tema en el que aún hay mucho que conocer, afirmó el profesional.

David Aw, CEO de Inbestgo comentó que si puede existir una regulación para este tipo de tecnologías, especialmente en los procesos para verificar la identidad de los usuarios. En el mundo del dinero digital hay distintos conceptos como el de billeteras con dinero digital, que muestra un saldo, y hay cuentas bancarias detrás, esto ya está regulado.

En el mundo de las criptomonedas es necesario categorizar las transacciones si son nacionales o extranjeras y poderlas diferenciar, eso es importante, agregó Aw.

“Lo que se puede regular es verificar identidades para conocer la trazabilidad del dinero y ahora es una ventaja porque las criptomonedas dejan un rastro más eficiente que el mismo efectivo”, opinó Aw.

Hace un año, la Superintendencia de Bancos (SIB) no había incluido nada en el mundo de las criptomonedas y es inevitable que eso no pasará en el país cuando uno ve la adopción a pasos agigantados y la evolución que está teniendo a nivel mundial, hoy Guatemala es un hub de innovación en ese tipo de tecnología, enfatizó Aw.

Legislación sobre activos virtuales

La Iniciativa de Ley 5820 sobre la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo (LD/FT) fue presentada por el Organismo Ejecutivo al Congreso de la República, el 7 de agosto de 2020.

La regulación se encuentra en el capítulo 3, “Personas Obligadas”, y en la cual se describe a quienes tendrá los efectos de cumplimiento.

Ahí se establece que “los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, de conformidad con lo establecido en la Reglamentación de la presente Ley”, serán sujetos.

De acuerdo con fuentes consultadas, en ese artículo “incluye a los proveedores o intermediarios de criptomonedas como Personas Obligadas, y con eso les aplica la obligación de aplicar toda la normativa de LD y FT”.

El contenido de las reformas fue presentada a la Dirección Legislativa del Congreso el 7 de agosto de 2020, y la iniciativa está en análisis por la sala de trabajo.

Guatemala con esta propuesta estaría cumpliendo la recomendación 15 del Grupo de Acción Financiera (GAFI) que establece que todos los Proveedores de Activos Virtuales (PSAV) deben ser incluidos como Personas Obligadas.

Que dice GAFI

Para definición del GAFI, un activo virtual es una representación digital de valor que puede comercializar o transferir digitalmente y puede utilizar para pagos o inversiones.

En ese sentido los activos virtuales no incluyen representaciones digitales de moneda fíat, valores y otros activos financieros que ya están cubiertos en otras partes de las Recomendaciones del GAFI.

Como proveedor de servicios de Activos Virtuales (PSAV), el GAFI define como cualquier persona física o jurídica que no esté cubierta en ningún otro lugar en virtud de las Recomendaciones y que, como negocio, realiza una o más de las siguientes actividades u operaciones para o en nombre de otras personas física o jurídica:

• Intercambio entre activos virtuales y monedas fíat (Es la ley la que impone que las divisas que emiten los gobiernos sean dinero).
• Intercambio entre una o más formas de activos virtuales.
• Transferencia de activos virtuales.
• Custodia y/o administración de activos virtuales o instrumentos que permitan el control sobre activos virtuales.
• Participación y provisión de servicios financieros relacionados con la oferta de un emisor y/o venta de un activo virtual.

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Recomendación 15: Nuevas tecnologías

Al respecto el GAFI indica que los países deben identificar y evaluar los riesgos de LD/FT que pudieran surgir respecto a:

• El desarrollo de nuevos productos y nuevas practicas comerciales, incluyendo mecanismos de envío.
• El uso de nuevas tecnologías o tecnologías en desarrollo para productos tanto nuevos como existentes.

“Para gestionar y mitigar los riesgos que surjan de los AV, los países deben garantizar que los PSAV estén regulados para propósitos ALA/CFT, y tengan licencia o registros y estén sujetos a sistemas de monitoreo efectivo y asegurar el cumplimiento de las medidas relevantes en las Recomendaciones del GAFI”.

¿Qué se debe hacer?

En la nota interpretativa R15 y cumplimiento técnico, los países deben:

• Comprender los riesgos del sector y aplicar el Enfoque Basado en Riesgo (EBR).
• Emitir regulación y normativa.
• Requerir u otorgar licencia/registro de los PSAV y evitar que delincuentes ejerzan control o sean BF de la PSAV.

Las autoridades supervisoras deben:

• Tener facultades para supervisar o verificar el sector, de la misma manera que supervisa otras instituciones financieras.
• Exigir a las PSAV contar con políticas y medidas preventivas guías, o registros y reportar transacciones sospechosas.
• Tener facultades para sancionar y aplicar sanciones efectivas, proporcionales y disuasivas.

Las unidades de inteligencia financiera (UIF) deben:

• Establecer directrices para detectar y reportar las operaciones sospechosas.
• Recabar información de transferencias de PSAV -originador y beneficiario- superiores a los US$1000
• Atender requerimientos internacionales de otras UIF respecto a PSAV y transacciones.
• Reportar sanciones financieras dirigidas y asegurar que las PSAV reporten coincidencias con Listas ONU FT y proliferación.

Especialistas de la firma Kaspersky Latinoamérica recomiendan que a la hora de buscar empresas digitales dedicadas a los intercambios en criptomonedas es necesario confirmar que estas se basan en cadenas de bloques, lo que significa que hacen un seguimiento de la información detallada de la transacción. Además, sugieren comprobar que disponen de planes de negocios sólidos destinados a resolver problemas serios.

Las empresas deben especificar su liquidez de moneda digital y las normas de oferta inicial de monedas (en inglés, Initial Coin Offering o ICO). Las empresas deben estar conducidas por personas reales. Si la empresa emergente sobre la cual investiga no cuenta con algunas de estas características, es mejor analizar la decisión de manera aún más minuciosa, enfatizan los expertos de Kaspersky.

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Randall Romero Aguilar y Keylin Jiménez Elizondo miembros de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano publicaron un artículo llamado: Las vulnerabilidades del bitcóin donde explican sobre la posibilidad de robo de criptomonedas mediante hackeos a las plataformas de intercambio.

Los distintos hackeos que han sufrido plataformas que intercambian criptomonedas (bitcóin entre ellas) ponen en duda la seguridad de tales portales.

Entre los casos más notorios destacan el de Mt. Gox, una empresa con sede en Tokio que en febrero de 2014 perdió bitcoins valorados en ese entonces en cerca de US$450 millones, así como el de Coincheck (otra DEX japonesa), de donde desaparecieron tokens de NEM (una criptomoneda) valoradas en US$400 millones en enero de 2018, y más recientemente el caso de la estafa iFan/Pincoin, dos criptomonedas operadas como un esquema de Ponzi, el cual fue puesto en evidencia en abril de 2018, luego de que se había estafado un valor cercano a los US$650 millones de inversionistas en Vietman.

Cabe resaltar que en estos episodios los clientes de las plataformas son los más afectados ya que, al no contar las criptomonedas con regulación ni garantías similares a las de una entidad financiera, los clientes de las plataformas “hackeadas” acaban perdiendo el valor de sus criptomonedas.

Bloqueos y Regulaciones

Otro de los desafíos a los que se enfrentan bitcóin y demás criptomonedas es el de los bloqueos por parte de instituciones financieras y de empresas publicitarias, así como regulaciones oficiales.

Bloqueos y cierres por parte de instituciones financieras: una manera de pagar con bitcóines es “pre-cargarlos” en una tarjeta de crédito o débito, para lo cual se adquieren bitcóines a cambio de fondos de cuentas expresadas en monedas de curso legal.

No obstante, diversas entidades financieras han bloqueado las tarjetas de crédito que utilizan bitcóin. Ahora bien, aunque los proveedores devuelvan las criptomonedas de manera tal que sus clientes no pierdan sus recursos, este tipo de bloqueos le resta liquidez a bitcóin, al no poder ser utilizado fácilmente como medio de pago.

Además, bancos comerciales alrededor del mundo (por ejemplo en Colombia y Australia) han bloqueado cuentas de plataformas que operan con bitcóin. Por su parte, muchos bancos centrales advierten sobre el peligro de utilizar bitcóin y otros criptoactivos, por no contar los mismos con ningún respaldo institucional.

Los especialistas indican que no es en vano que todos los bancos centrales miembros del Consejo Monetario Centroamericano se han pronunciado sobre ese tema, enfatizando los riesgos que el público enfrenta al utilizar criptomonedas, recordando que a excepción de El Salvador, ninguna de ellas tiene curso legal en otro país de la región y que cada persona que “invierte” en ese tipo de activos lo hace bajo su propio riesgo.

Diversidad de estafas

Eloisa Cadenas, confundadora del primer stablecoin mexicano, PXO, CEO de Cryptofintech y profesora del doctorado de criptoactivos por la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), explicó a +Dinero de Forbes México, los principales focos rojos que debe poner atención una persona que busca invertir en criptomonedas:

En su opinión, la forma de operar estafas con criptomonedas no difiere del modus operandi con otro tipo de activos:

Rendimientos exorbitantes: El primer foco rojo está relacionado con llamar a la gente a través de rendimientos atractivos, con la euforia crypto o la euforia Bitcoin también han surgido nuevos esquemas para defraudar a las personas que no conocen el mercado.

Quienes plantean este tipo de esquemas van a buscar convencerte de que lo suyo no es una estafa, que te darán rendimientos muy atractivos, incluso rendimientos del 200%.

“Ese discurso de los rendimientos exorbitantes la verdad es imposible, por ejemplo, en México, los títulos de deuda pública como Cetes, te dan un interés anual de aproximadamente 5%; casas de bolsa reconocidas te pueden dar rendimientos de 25% y esas ya se consideran inversiones de alto riesgo. Si alguien te promete rendimientos del 80 o 90% eso definitivamente es una señal de alarma”, señala Eloisa Cadenas.

Personas con perfiles excéntricos: Algo que se ve muy claramente es que son personajes con perfiles excéntricos, es decir, que muestran automóviles de muy alto valor, ropa de marcas costosas, se presentan como gestores de inversiones e incluso hacen videos para mostrar lo que han ganado a través de sus inversiones, lo que buscan es crear todo un montaje y parecer ostentosos para convencer a la gente.

Lanzan ofertas irresistibles: Frases como “invierte ahora en esta criptomoneda porque después va a subir, es el momento de comprar porque está en descuento” son a menudo un gran señuelo.

“Si se presenta alguien con un proyecto desconocido, que quizá no tiene la documentación legal que esté respaldando el token, que no puede demostrar en qué crypto exchanges o casas de intercambio crypto van a estar listados o que no existe un equipo que los esté empujando, todo eso hace muy dudosa la oferta”, advierte la especialista en criptomonedas.

Se escudan en un sitio web que a todas luces parece legal: Otro aspecto importante es estar conscientes de que usarán sitios web profesionales para parecer legales y confiables, pero hoy cualquier persona puede mandar a hacer una página web, no hay garantía de seguridad en ello. Entrar al sitio y revisar que todo esté “en orden” no te protegerá de un fraude.

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Responsabilidad financiera

Brock Pierce, presidente de la Fundación Bitcoin y pionero de las criptomonedas, visitó recientemente Guatemala y en entrevista con Prensa Libre afirmó que existen formas en que pueden robar las criptomonedas o bien manipular para entregarlas y perderlas. Sin embargo, el aspecto más importante es comprender que es una tecnología nueva y hay que aprender a usarla.

“Por ejemplo, cuando salieron los correos electrónicos nadie sabia cómo usarlos y tuvimos que aprender a guardar contraseñas, practicar como enviar y recibir mensajes, es algo parecido a las criptomonedas, no abogamos porque las personas compren bitcóines o criptomonedas de manera exorbitante sino que conozcan sobre ese mundo y tengan un criterio juicioso”, expresó Pierce.

Educarse sobre cómo funciona la tecnología, aprender como sube y baja (porque es volátil), cómo crear contraseñas, cuidarlas y protegerlas, es decir, desarrollar ese criterio que permita tomar mejores decisiones.

El invertir por influencia o moda es peligroso porque se pierde el criterio juicioso, por lo tanto, abogar por la responsabilidad financiera dentro de un ecosistema que promueve la independencia y soberanía individual, y entender que es una opción, porque el sistema tradicional continuará dentro del mundo financiero, pero es necesario evolucionar juntos por el bien de la sociedad haciéndolo de una manera abierta, y que proteja la soberanía individual.

“La perfección es el enemigo del progreso, habrán momentos de duda y hay errores, pero son parte de la innovación y el futuro ya está aquí, por lo tanto, hay que avanzar”, concluye Pierce.

Desde inicios de año, las autoridades del Ministerio de Finanzas (MInfin), aseguraron que se trabajaría con un techo menor, y que se publicarían los acuerdos respectivos, pero tal situación ha generado confusión, por lo que expertos consultados instan a los legisladores a conservar una madurez política y conocerlo.

Además, señalan que se viene ejecutando un plan de gasto con la estructura del 2019 y la situación actual merece atender un capítulo para Salud por el tema de la pandemia y otro de infraestructura, para la reactivación económica.

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En las readecuaciones realizadas en septiembre último al presupuesto del Ministerio de Salud por parte del Congreso, el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, reiteró que el presupuesto vigente en 2021 es de Q107 mil 521 millones, pero el monto que se espera ejecutar al finalizar el ejercicio es de Q94 mil 354 millones.

De hecho, en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), el monto presupuestario vigente es el indicado, con una ejecución registrada hasta el pasado martes de 62.85%, que puede interpretarse bajo, a casi tres meses para que concluya el ejercicio fiscal. Esto, respecto al monto vigente y no al denominado “operativo”.

Pesa la falta de claridad

El economista Edwin Matul, exgerente del Banco de Guatemala, y Alfredo del Cid Pinillos, ex ministro de Finanzas, coinciden en que este ejercicio fiscal hay situaciones muy particulares que pueden influir en cualquier decisión que adopte el Congreso, respecto a la aprobación del plan de gasto para 2022, sobre todo ahora que ya se eligió una nueva junta directiva.

Matul, señala que la situación “opaca” que se presenta este año es consecuencia de no contar con presupuestos aprobados en ejercicios anteriores. “Finanzas presenta en sus exposiciones unos cuadros con Q94 mil millones y luego otros con Q107 mil millones. Entonces no sabemos cómo será al final el déficit fiscal, si no hay una base transparente”, apuntó el experto.

Precisó que se desconoce cómo quedarán algunas variables como el gasto en inversión y no se tendrá claridad sobre la ejecución, dado que existe un presupuesto “operativo”, y “no se puede hablar del 2022, cuando no tenemos una idea mejor del 2021”.

Del Cid Pinillos asegura que el presupuesto aprobado para el 2020 es Q107 mil millones, pero luego se readecuó a Q94 mil millones. Luego resulta que hay una parte inmovilizada y es la situación que no se entiende o no queda clara.

“Si para los que trabajamos en temas de Finanzas tenemos dificultad en comprender, para la mayoría de la población genera una confusión esa readecuación presupuestaria que fue hecha a través de un acuerdo gubernativo y que no cuenta con una descripción clara, sino más bien con normas que establecen como se utilizarán los fondos”, remarcó Del Cid Pinillos.

Al igual que Matul, comentó que debe analizarse a detalle cómo quedará el 2021, para hacer las correcciones en la Comisión de Finanzas. Por ejemplo, en las fuentes de gasto no ejecutables destinadas a los ministerios.

Reordenamiento

En todo caso, el exministro considera que debe aprobarse un presupuesto para ordenar el tema de las finanzas, ya que se tienen readecuaciones de gasto que se hacen desde la perspectiva del organismo Ejecutivo, pero lamentablemente se pierde la visión del orden fiscal.

Y por el efecto “rebote” en la economía, hay “ciertos mayores ingresos fiscales”, pero la forma de ejecución también debe ser ordenada y transparente. Citó que en 2021, el Ministerio de Comunicaciones tiene asignadas fuentes no ejecutables por más de Q1 mil millones, “pero ¿de qué  sirve contar con un presupuesto aprobado, sino se puede ejecutar? Es ilógico y eso no es ordenar”.

Matul, recordó que actualmente, el presupuesto está influenciado por todo lo ocurrido en 2020, pero es un techo que viene del 2019 y no se trata de que el Congreso apruebe un cheque en blanco, refiriéndose a la propuesta del 2022.

Ambos consultados expresaron que las agencias de calificación de riesgo-país están al tanto de lo que está ocurriendo y es una variable a la que le prestarán atención en sus próximas evaluaciones.

La ejecución en el 2021

Hasta el pasado martes, la ejecución del gasto era de 62.85%, por un monto de Q67 mil 576 millones, según las cifras del Sicoin.

El Ministerio de Salud reporta un gasto del 73.58% que es el más alto del promedio, por un monto de Q7 mil 837 millones, y se asocia a la atención de la pandemia, que incluye la adquisición de insumos, medicamentos y recurso humano, entre otros aspectos que amerita la crisis sanitaria.

En segundo lugar, con una ejecución del 72.2% está el Ministerio de Educación, con un monto de Q12 mil 922 millones.

Para Del Cid Pinillos, la ejecución en Educación es mucho más fuerte porque el 80% de su presupuesto es para el pago planilla de personal, como los maestros y personal administrativo, así como un poco para inversión, aunque, según él, no hay mejora en la calidad educativa.

Precisó que este es el momento ideal para realizar cambios presupuestarios en el tema de la pandemia, como en la educación, para desarrollar aspectos tecnológicos y las clases realmente puedan impartirse de la mano con la tecnología.

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A su criterio, no se justifica la implementación del seguro escolar, por lo que esos recursos deben orientarse a los programas de alimentación escolar para el 2022.

También citó que un presupuesto se aprueba en un año y se ejecutará en el siguiente, pero se empieza a observar alguna perspectiva económica complicada derivada del alza de los costos logísticos internacionales y el aumento del precio del barril de petróleo, que deben ser temas de discusión.

El aumento de las materias primas puede tener implicaciones en la inflación -alza generalizada de precios en la economía- que no puede ser compensada con la recaudación, ya que los productos podrían encarecerse hasta diez veces su valor actual y es algo que no se está debatiendo en el Congreso, concluyó.

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El académico analiza el comportamiento de la variable y el perfil de ocupación de los connacionales en EE. UU. Las cifras indican que, de enero a mayo se han recibido US$5 mil 603.6 millones en remesas, con un crecimiento del 43.1%.

¿Qué podríamos esperar para el siguiente semestre?

Habría una desaceleración paulatina por dos motivos importantes: hay una escasez de mano de obra por la pandemia y de las ayudas federales que se están brindando en EE. UU, y hay muchas personas que no quieren ir a trabajar, otros tienen aún temor y las ayudas les permite no hacerlo para no arriesgarse.

Eso abre una puerta a los guatemaltecos en Estados Unidos, que entre el 80 a 90% están de manera ilegal, que no tienen acceso a esas ayudas, pero la escasez de mano de obra les permite tener trabajo, muy probablemente mejor pagado de lo que hubieran tenido.

Es muy típico que se empleen en más de un trabajo primero para pagar por la llegada y luego para ayudar a sus familiares.

¿Por qué razón?

La desaceleración no sería brutal, sino paulatina, porque ya hay estados que están anunciado el cese de las ayudas y estos van a reactivar el mercado laboral; por otro lado, ya hay un periodo de ajuste en la automatización de proceso sobre todo en el área de servicios, entiéndase restaurantes que ahora podrían requerir menos personal.

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A corto plazo, puede representar un recorte de personal con la automatización, pero a largo plazo podría haber una reasignación a otros sectores.

¿En qué actividades podría concentrarse la contratación?

Al haber ajuste en servicios, el sector construcción es la mejor opción y el mejor pagado que la agricultura. ¿Por qué?, porque la mano de obra en construcción es mucho más escasa, y tiende a tener ingresos mucho más altos que agricultura.

La construcción es una especialidad dentro del segmento, y la agricultura es el primer trabajo que acceden cuando llegan a Los Ángeles (California), y una vez ubicados, la aspiración es para albañilería, carpintería, y cualquier tipo de estas artes en la construcción es mucho mejor pagado.

Cuando fue la crisis inmobiliaria del 2008, hubo un impacto más fuerte en las remesas de lo que hubo por la pandemia, porque específicamente golpeó al sector de la construcción, y cambio ahora fue un ‘congelamiento’ por las regulaciones que hubo por el covid-19, pero no existió una burbuja de fondo como hace 13 años.

Entonces, ¿ahí está la fuerza de trabajo de los migrantes?

Cuando fungí como gerente de una firma de transferencias, los migrantes que trabajaban en la construcción enviaban hasta el doble en montos de remesas en comparación con otras que se dedicaban a otras actividades. Las personas que están en la construcción pueden mandar hasta el doble en remesas a Guatemala.

Para 2022, ¿qué pronostica?

En términos generales, habría una estabilización en las tasas de crecimiento más convencionales, que puede estar mezclado con un repunte por la recuperación de la economía de EE. UU., y digo que hay elementos inciertos porque al haber tecnología aplicada al recorte de mano de obra, aplica en contra a corto plazo, pero la recuperación productiva aplica a favor, entonces es un efecto ambiguo, pero esperemos que domine.

Por su experiencia, ¿cuál es el ciclo de las remesas?

Trabajé en el sector por lo menos 10 años, sobre todo en California y en el Suroccidente del país, y se estudiaron desde el momento en que la persona decide migrar, hasta que deja enviar dinero o lo reduce drásticamente y encontramos que, por casi siete años, cae la frecuencia y los montos que envía.

Encontramos un proceso de desarrollo, y la persona literalmente se va sin nada, deja a su familia y se va por el grado de desesperación y hay una frase muy dura cuando se entrevistó a una persona, y le dije que la frontera es muy peligrosa y se puede morir y la respuesta fue fría: el hambre también es peligrosa, y uno comprende ese fenómeno a partir de eso.

Lo primero es que empiezan a pagar al coyote en Guatemala, cuando le han dado al crédito el viaje, y por una sencilla razón, que tienen en garantía a la familia, y corren un peligro si no pagan lo que les deben.

Lo otro es para pagar comida, y molesta mucho cuando se dice que promueve el acomodamiento de los beneficiarios, y no se entiende la realidad de lo que viven estas personas.

La remesa se convirtió en un salario de un jefe de hogar o de una madre que trabaja en otro lado que ayuda a mantener sobre todo a los infantes en los hogares.

¿Qué pasa cuando se estabilicen?

Cuando liquidan la deuda, y ya mandan para alimentos en el hogar, las primeras compran son ropa, luego electrodomésticos para mejorar su calidad de vida, y luego empieza la reestructuración de la vivienda y hay territorios que se les conoce como el pueblo de las terrazas, porque se ordenó construir.

Dependiendo de si el área receptora es agrícola donde el padre se dedica a esta actividad, compran un picop, un camión y si son más urbanos adquieren motocicletas.

De esto hablamos de dos a tres años, y si el migrante al estabilizarse, habitualmente trata de llevarse a su esposa e hijos, no necesariamente por mecanismos legales, sino por la migración típica, y al llevarse a su familia ya no tiene a quien mandar y él envió cae. Si las remesas siguen creciendo, es porque sigue creciendo la migración.

¿Cuáles son las características de ahora?

Antes, el 70% de la migración era de hombres, y ahora cada vez más hay migración femenina y eso cambiará a largo plazo la demografía con una migración fuerte, cuando los hijos se van.

EE. UU. necesita mano de obra y la migración continuará mientras las condiciones sean mejores allá, que es peligroso, y ojalá que en Guatemala se logré construir un estado de Derecho que permita inversión para que las personas se queden en el país, y desarrollar su vida en el país de origen.

¿Dónde se presenta este ciclo?

Identificamos que así funciona en suroccidente del país, pero es muy descriptivo en esa región mientras que en otras, y la pandemia pudo haber generado cambios. En general, los migrantes tratan de cubrir el hambre, segundo su vestuario y bienestar en los hogares.

¿Qué explica que Guatemala sea el segundo lugar de envío de remesas en Latinoamérica?

El Censo  determinó que este segmento de población es mayor que en El Salvador y Honduras, y eso lo explica, y eso mismo sucede con México por el número de habitantes del país y los que migran.

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Ahora los migrantes guatemaltecos están cambiando de estado y no están concentrados en Los Ángeles, sino a Nevada, y en Texas que antes no era el destino principal, pero que ahora hay poblaciones importantes, inclusive ya hay en Tennessee, que no era un punto relevante.

Sobre los canales de transmisión, ¿cuál es la tendencia?

Las condiciones transaccionales han bajado considerablemente de precio y para 2008 enviar US$300 costaba US$3, por pura transacción y obviamente había una ganancia por el tipo de cambio, pero a más transmisores de dinero había la competencia era más severa en el sector, y por ser muy competitivo también generaba una reducción en la reducción cambiaria, tanto en México como para Guatemala, ya que en El Salvador el problema era diferente porque no había diferencia cambiaria.

Hoy, los grandes jugadores  en EE. UU., se dieron cuenta de que era un buen negocio y trataron de bancarizar a los remitentes y realizaron alianzas con bancos en México, Guatemala y El Salvador para hacer depósitos en cuenta a cuenta a un precio muy asequible.

El problema de esta modalidad es que al abrir una cuenta bancaria las solicitudes de información regulatoria han crecido y los conciudadanos que son ilegales no pueden cumplir con los requisitos, y están recurriendo a los transmisores de dinero, y es muy asequible.

Es un tema que se gana por volumen y no por margen.

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Las alarmas se encienden ahora con la utilización de canales virtuales que pueden favorecer la actividad delictiva a partir del anonimato u otros servicios en los cuales se puede apoyar el crimen organizado, con el fin de encontrar las formas de ocultar digitalmente el origen ilícito de las ganancias derivadas de la actividad criminal, advirtió el guatemalteco Ricardo Vélez, uno de los expositores en el Cladit.

Alertas máximas

Heiromy Castro, director general de cumplimiento y Gobierno Corporativo de Banco de Reservas de República Dominicana, explicó en el foro que la pandemia modificó la forma tradicional de hacer negocios y se aceleró más la digitalización con el surgimiento del virus, que si bien puede generar beneficios desde el punto de vista tecnológico, también conlleva riesgos, y que requerirá respuestas regulatorias supervisoras.

El nuevo enfoque financiero será muy dinámico que obligará a los supervisores a reenfocar normativas, remarcó el directivo, al recordar que el uso de los dispositivos móviles y todo ese ecosistema tendrá una importancia.

Castro expuso que, para cada nuevo producto y sus variantes, el crimen organizado buscará las formas de fraude, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, financiación o desarrollo de armas de destrucción masiva, y esquemas de corrupción relacionados con las compras y adquisiciones por la pandemia, como vacunas falsas que se están comercializando en muchos países.

Esquemas de riesgos

El experto dominicano declaró que la “covidianidad” arrojó un esquema de alertas y perfiles para los países de la región y abogó por “una calibración mejor” de las alertas y que los “sistemas los bordeen los llamados” ante las situaciones que se puedan presentar.

Expuso que hay por lo menos 12 retos dentro de los cuales destaca el control de las criptomonedas, la inteligencia artificial, la evasión fiscal, la integración de datos biométricos, las migraciones, ciberdelitos y la supervisión basada en riesgos.

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“Hay grandes empresas criminales que están lucrando con las migraciones ilegales y sabemos que en Medio Oriente muchas células terroristas lucran con este tipo de crimen”, puntualizó.

Con respecto a los ciberdelitos, afirmó que estos viajan en la nube, y pueden ser secuestrados datos y hace poco una empresa pagó con criptoactivos, que son de muy difícil su rastreo, citó como ejemplo.

Castro enfatizó que dentro de la “covidianidad”, se pueden presentar riesgos de fraude por venta de vacunas falsas o irreales, robo de identidad ante el incremento de operaciones remotas, corrupción por abuso de los estados de emergencia, así como riesgos de compra y concentración de productos para la salud para especular con los precios.

También, falsificación de medicamentos, productos para la salud y alimentos, falta de control de comercialización de materias primas para el uso de fabricación de armas de destrucción masiva, riesgo de uso de vacunas o medicamentos contaminados por terroristas y hackers en teletrabajo.

“Lavado se intensificó”

Vélez, quien expuso sobre el tema de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo utilizando criptomonedas, comentó que el fenómeno del lavado de dinero vino a incrementarse y hay pronunciamientos en la región que no se debilitó por el covid-19, sino que se intensificó.

Anticipó que el hecho de que volvamos a la normalidad no significa que mañana se acabará el problema que las criptomonedas no muestran que todo se está volviendo virtual, sino que es un fenómeno que venía creciendo y lo que hizo la pandemia fue impulsarlo.

El experto enfatizó que las organizaciones internacionales que observan el tema han realizado una recopilación de experiencias a nivel latinoamericano de nuevos casos que se estaban observando, pero no se habla de nuevas tipologías y “las maneras como se lavan siguen siendo las mismas técnicas”, pero si hay un crecimiento de un tipo de delitos sobre todo de corrupción, falsificación de medicamentos, sobreprecios, debilitación de procedimientos públicos, aunque los controles siguen siendo los mismos.

Por otro lado, los organismos han señalado que existe una merma en la capacidad de los supervisores, por el mismo problema del distanciamiento y la no presencia del personal, así como los atrasos de evaluaciones a los países, así como una disminución de los reportes de operaciones sospechosas (RTS) como ocurrió en Guatemala en 2020, y en otros países.

Reiteró que, en el tema de las criptomonedas, hace falta una normativa y que es un problema a nivel mundial.

“Habrá casos”

Para Marvin Flores, analista de Acción Ciudadana (AC), aseguró que cualquier estado de emergencia o de calamidad se puede prestar para actos de corrupción, y un caso de esto lleva emparejados actos de lavado de dinero.

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Es por algo por lo que, resaltó, el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, tenía tantos millones en efectivo escondidos en una casa en Antigua Guatemala, porque no pudo introducirlos al sistema, y lógicamente cualquier de emergencia y corrupción representa un riesgo latente de lavado.

Ahí las autoridades responsables de fiscalización deben verificar que el dinero ilegal no ingrese al circuito financiero.

“Grandes cantidades de dinero no se pueden introducir al sistema que provengan de actos casos de corrupción por los estados de emergencia, y por ahí se tiene que mejorar los procedimientos de control para evitar que dinero producto de la corrupción llegue al sistema”, subrayó Flores.

Reportes

Al 14 de mayo último la Intendencia de Verificación Especial (IVE) -que es la unidad de inteligencia financiera- reportó el análisis de transacciones y hay mil 865 RTS, 58 denuncias y ampliaciones, y un monto denunciado por Q797 millones.

Además, 499 personas involucradas -denuncias y ampliaciones-, mientras que por extinción de dominio dos, y Q19 millones en monto por informes extinción de dominio.

Esta primera evaluación antecede a una que se llevará a cabo en julio, y si Guatemala no logra demostrar sus avances en la seguridad portuaria, podría entrar a una lista de países que no ofrecen seguridad en sus puertos, un ranking en el que actualmente están naciones como Nigeria y Yemen.

Esta lista, denominada Aviso de Seguridad Portuaria, que elabora la Guardia Costera, no significa una descertificación y sanción, pero estar incluido sí podría significar impactos graves para las actividades comerciales del país con el mundo, ya que cada buque que salga o pase por un puerto que esté en esta lista será sometido a más inspecciones intrusivas, lo que redunda en más tramites, tiempo de traslado y costos.

Los requisitos que Guatemala debe cumplir en la administración de sus dos puertos son compromisos adquiridos para ser miembros de la Organización Marítima Internacional (OIM), y que la Guardia Costera supervisa cada dos años.

La última vez que el país fue evaluado fue en 2018 y ahí determinó que faltaba una autoridad portuaria con la suficiente fuerza para mantener el control y hace cumplir las normas internacionales de seguridad. Por la pandemia la visita bienal se trasladó para este año.

La evaluación tampoco significa que la Guardia Costera obligue a un país a realizar cambios en el manejo de sus puertos, ya que, por ser naciones soberanas y actividades autónomas, solo elaboran un informe que elevan a la DHS (Departamento de Seguridad Nacional, en inglés).

¿Qué hay que cumplir?

La última evaluación que la Guardia Costera hizo a los puertos de Guatemala terminó en un informe que señalaba la necesidad de tener una entidad nacional para la administración de los puertos, lo que se convirtió finalmente en una iniciativa de ley que se presentó en febrero del 2019 al Congreso y, desde entonces, no se ha aprobado.

Tampoco se ha aprobado la normativa relacionada con el Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PIBP), la cual solo falta que la sanción por parte del Organismo Ejecutivo.

El no atender las recomendaciones de la última evaluación significaría el ingreso a esta lista de Aviso de Seguridad Portuaria, de hecho, se tiene conocimiento que Guatemala estuvo a punto de ser incluida el año pasado, pero, por los efectos de la pandemia en el mundo y la crisis económica que representaba, se aplazó y ahora depende de la evaluación que comenzará hoy.

Incluso puede afectar de manera directa las relaciones de negocios por no ser un país seguro.

Relevancia económica

La relevancia para Guatemala es que Estados Unidos es el principal socio comercial, por lo que representantes de varios sectores consideran la necesidad de agilizar la emisión de la normativa PIBP por parte del Ejecutivo, lineamiento que permitirá ejercer mayores controles como ente regulador y capacidad sancionatoria a los puertos.

Las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informaron recientemente que la normativa relacionada al PIBP se encuentra en consulta legal y solo se está a la espera de la revisión para su sanción por parte del Organismo Ejecutivo y posterior implementación.

Para brindar una idea del comercio, las exportaciones hacia Estados Unidos fueron US$3 mil 528.1 millones con una participación del 30% en la estructura, mientras que las importaciones, US$6 mil 275 millones o sea 34.5% de peso en 2020.

Se espera que al finalizar la preevaluación de esta semana se conozcan resultados preliminares sobre la implementación de PIBP, pero miembros del sector privado organizado, expresaron agilizar el acuerdo legal y reducir la incertidumbre.

Calificación

Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham), afirmó que la Guardia Costera viene a calificar a los puertos guatemaltecos si son seguros o no con la implementación de las disposiciones planteadas en la última revisión del 2018.

Aunque aclaró que desconoce si se implementaron las relacionadas a las de infraestructura y temas técnicos. También hay una iniciativa de ley que crea una autoridad regulatoria portuaria que no se ha implementado, y “no se sabe si incidirá en una determinación definitiva sobre la seguridad de los puertos”.

“En general, hay avances en los puertos desde la implementación de los rayos X y medidas técnicas y de infraestructura para hacerlos más seguros, y que resulten en una evaluación positiva; pero el pendiente más grande será el tema Legislativo”, remarcó el presidente de AmCham al brindar un diagnóstico de lo que puedan auditar la Guardia Costera.

Recordó que los sistemas no intrusivos se instalaron en la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás, y Puerto Barrios, en Izabal; y la Empresa Portuaria Quetzal y APM Terminals en Escuintla procesos que quedaron concluidos en 2021.

Revisión recurrente de seguridad

Amador Carballido, director general de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), aseveró que hay una cierta revisión recurrente de la Guardia Costera para validar el PIBP, que es una exigencia que se hacen a los puertos guatemaltecos en temas asociados a seguridad.

Al igual que Carrasco, Carballido manifestó que hay avances en los últimos años, derivado de esa supervisión en las cadenas de capacidades de los puertos, sin embargo, el único riesgo que se pueda correr es que una de las recomendaciones implica una autoridad portuaria que coordine los esfuerzos integrados de las terminales y que no esté dispersa.

Contó que esa coordinación se está trabajando en un reglamento, que saldrá a través de un Acuerdo Gubernativo firmado por el presidente -Alejandro Giammattei-, que sería el único factor que está pendiente, y se espera que se pueda sancionar antes que la Guardia Costera venga al país para que ese elemento se pueda superar.

“El reglamento es, sin duda, el factor de mayor riesgo, y es lo más importante que se pueda superar, y luego hay otros temas menores; el Acuerdo Gubernativo con el reglamento es un elemento que la Guardia Costera exigió el PIBP en años anteriores”, destacó el directivo de Agexport.

Añadió que hay voluntad de firmar el documento y que pueda ser superado, porque si no, siempre la amenaza al final del día de una descertificación de los puertos que implicaría “tramites complicadísimos” para que cualquier contenedor con destino hacia EE. UU., pueda ser despachado, y es el mayor riesgo.

La expectativa ahora es que ese Acuerdo Gubernativo con el reglamento para la administración integrada de los puertos se pueda suscribir, y que consolide todas practicas operacionales, pero sería un tema de semanas, insistió Carballido.

Recordó que, en los últimos años, se han superado las demandas de la Guardia Costera, como por ejemplo la instalación de los circuitos cerrados de televisión, rayos X y, ahora, la normativa que ya está consensuada.

Terminales estratégicas

Para Julio Mérida, director ejecutivo de la Asociación de Productores Independientes de Banano (Apib), el funcionamiento efectivo de los puertos es indispensable para que la fruta llegue a los mercados del destino, sobre todo hacia EE. UU.

El 90% de la producción de fruta en Guatemala tiene como destino final consumidores de Estados Unidos, y ha existido un proceso de intercambio de opiniones y posturas de los compromisos que se tenían que atender y la ilusión es que las acciones tratadas sean bien recibidas en este pre visita de la Guardia Costera.

En un escenario contrario, en la cual los puertos reciban reparos pondría un panorama sombrío y difícil para todas las exportaciones.

Dependiendo la temporada de producción, entre tres a cuatro barcos zarpan desde Guatemala con fruta hacia los puertos de EE. UU.

El pacto fue firmado por el superintendente Marco Livio Díaz Reyes, y el secretario general del sindicato Pablo Antonio Gordillo Urioste, por una sentencia dictada el 5 de noviembre de 2020 por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social.

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Es decir, se está cumpliendo una orden judicial por un Laudo Arbitral del 9 de enero del 2020 por el Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, dentro del conflicto colectivo económico social.

Díaz Reyes asumió la jefatura de la SAT en abril del 2020, semanas después de haberse declarado la emergencia por el covid-19 en Guatemala, pero la resolución ordenó firmarlo.

La vigencia del pacto colectivo es de un año, pero las partes tendrán que sentarse para discutir el nuevo convenio, no obstante, ya hay derechos adquiridos.

Prensa Libre intentó tener la versión de Díaz Reyes, pero tras varios intentos la semana pasada por medio del Departamento de Relaciones Públicas, no se logró respuesta.

Pacto ‘covid-19’

Parte del razonamiento para la nivelación salarial a los trabajadores del ente recaudador son los efectos causados por la pandemia en Guatemala.

“En virtud de la especial y delicada situación económica que vive el Estado de Guatemala, por el estado de Calamidad Pública, inducido por la pandemia SARS-CoV 19, (…) por el momento obliga a una contención salarial para asegurar el empleo”, indica el art. 15, que trata sobre hacer los ajustes salariales para dos grupos de trabajadores según la clasificación o categoría interna de la SAT.

El primer grupo de análisis será para aquellos trabajadores que tienen ingresos no mayores de Q6 mil y se utilizarán criterios de acuerdo con los puestos de trabajo que representen igualdad de condiciones, en cuanto a desempeño profesional.

Este proceso tiene como fecha de conclusión marzo 2021, y se creará una comisión paritaria para hacer el proceso de estudio. El otro grupo de aplicación es para los salarios entre Q6 mil a Q8 mil, y el ajuste debe concretarse en septiembre próximo.

Pliego de bonos

Además de la nivelación salarial para los trabajadores, el pacto establece una batería de bonos adicionales, que, aunque ya existían se fija un monto especifico, que representarán una erogación adicional.

El próximo 23 de junio, cuando la SAT cumpla 23 años de fundación, cada uno de los trabajadores recibirá Q2 mil como bono de aniversario en forma permanente y continuada por la creación de la entidad.

El otro beneficio, que equivale a Q2 mil adicionales, se otorgará anualmente a todos los funcionarios y empleados públicos del denominado “bono de productividad o mejor desempeño”, el cual será pagado en la segunda quincena de enero de cada año.

Consultados algunos exfuncionarios de la SAT, expusieron que este bono de desempeño estaba condicionado al cumplimiento de las metas anuales de recaudación del año fiscal previo, sin embargo, ahora quedó permanente, se cumpla o no con la programación de los ingresos tributarios.

Por bono escolar se otorgarán Q1 mil 500 en la primera semana de enero de cada año a cada trabajador y cubrirá para los hijos de los trabajadores comprendidos en las edades de 5 a 17 años.

Finalmente, la SAT tendrá la obligación de consolidar o unificar como salario total o devengado cualquier bonificación que actualmente o a futuro pague a los trabajadores, tomando en cuenta para el cálculo de prestaciones laborales que correspondan –ventajas económicas–.

“Incentivos perversos”

Ricardo Barrientos, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y Jorge Lavarreda, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), reiteraron la necesidad de llevar a cabo los análisis financieros en la suscripción de este y otros acuerdos con los trabajadores del sector público y entidades descentralizadas.

“La lucha de la clase trabajadora queda desvirtuada por estas injusticias, privilegios para unos, precariedades para otros”, declaró Barrientos.

Reconoció que son derechos para los trabajadores, pero cuando se negocian estos bonos de aniversario o por productividad, ya no es una remuneración justa, legal y legítima, sino se vuelve un sistema de incentivos perverso.

Citó que el bono de aniversario ya cae a una categoría de remuneraciones cuestionables, tal como sucedió con el bono antiestrés que se otorgaron hace algunos años a los trabajadores del Registro de la Propiedad de Inmueble, así como de otras prebendas que organizaciones sindicales han negociado.

“Las remuneraciones ya se vuelven un problema fiscal porque son erogaciones que implican recursos públicos, pero, sobre todo, en la entidad que genera la principal fuente de financiamiento del presupuesto”, aseveró Barrientos.

Lavarreda señaló que es necesario hacer una discusión más amplia sobre este tipo de pactos y promover la iniciativa de Ley Sobre Servicio Civil, ya que existe poca transparencia en las remuneraciones de los empleados públicos en general, sobre todo en los beneficios de los bonos que son complementos a los salarios.

“Es muy difícil saber verdaderamente cuánto están ganando los trabajadores del sector público con este tipo de bonos adicionales y otros beneficiosos no salariales”, subrayó.

Presiona la caja

Lavarreda añadió que todo este tipo de incrementos salariales y de bonos adicionales impactan en el incremento de la masa salarial del sector público que viene con una tendencia hacia el alza en los últimos años, que se hace en el detrimento de la inversión pública.

Por otro lado, la carga tributaria sigue estancada, lo que genera un ciclo de problemas sobre la sostenibilidad de esas prestaciones planteadas en los distintos pactos colectivos, que no solo tienen un impacto de corto plazo, sino también en las clases pasivas.

Recomendó que todos estos análisis deben realizarse en un marco de la capacidad financiera.

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“El buen banquero debe estar en los buenos, regulares y malos momentos”, fue una frase que resaltó durante esta entrevista, en la cual apuntó varios aspectos que hacen ver un panorama optimista para los siguientes años.

Usted asumió el cargo como gerente general en 2020, ¿cómo atendió la crisis?

Había dos caminos: uno, que tal vez hubiera sido lógico, pero muy dañino para el país: resguardar la liquidez, cerrar la cartera de créditos hasta ver qué pasaba, pero eso hubiera tenido un daño tremendo, puesto que las compañías que por confinamiento no se les hubiera atendido, probablemente hubieran adoptado decisiones como la reducción de personal, o simplemente volverse más pequeñas de manera drástica y entonces, comprometerse el futuro de la economía.

Por el contrario, la decisión que tomó BI fue apoyar a las empresas y a las personas, salir a dar créditos, evidentemente con precaución y mesura (…) Era la única manera en que la economía podría seguir adelante. Prueba de ello es que el banco creció más de Q5 mil millones en créditos, y el sistema en su totalidad creció en Q12 mil millones, es decir, que la institución creció cerca del 45% de lo que creció el sistema y el segundo banco que más creció –como Q1 mil 200 millones–aunque hubo una diferencia grande, fue precisamente para acercarse a los clientes.

Es importante resaltar que el buen banquero tiene que estar con los clientes en los buenos, regulares y malos momentos, siempre, y aporta mucho cuando es un banco local, que tiene mucho más arraigo a su gente, a sus empresas y a su país.

¿Cómo percibir esos indicadores de la cartera?

Están bien y son buenos porque fue un año totalmente atípico y complicado.

Crecimos en activos en Q11 mil 200 millones, y en depósitos en Q9 mil millones, y a pesar de los pesares, los resultados que se obtuvieron fueron muy positivos, y se conformaron reservas, ya que somos un banco muy conservador, por Q800 millones, y cerramos con una relación de reserva/ cartera vencida del 260% y estamos sobrereservados. Eso es ser prudente, que va de la mano.

Al fin de cuentas, derivado de un conjunto de medidas, quiero darle un especial reconocimiento al presidente de la Junta Monetaria (JM) -Sergio Recinos- y al Superintendente de Bancos -Érick Vargas- como autoridades actuaron muy bien, comprendieron la gravedad del problema, no solo adoptaron las decisiones correctas, sino que las hicieron en un momento oportuno, casi de inmediato.

El primer caso de coronavirus en Guatemala fue el 13 de marzo y, en ese mismo mes, en JM, ya se estaban adoptando decisiones como proveer liquidez, tanto en quetzales como en dólares al sistema, y modificar el reglamento de créditos.

No es lo mismo que le den medicina a un enfermo cuando tenga los primeros síntomas, cuando se les brinda en cuidados intensivos, y en otros países se tomaron decisiones buenas, pero muy tarde, más otras medidas que se adoptaron de gobierno, incidieron para que la economía del país se contrajera -1.5% en 2020 y es el (país) menos golpeado de la región.

¿A qué se refiere sobre su frase de ‘el buen banquero’?

Tengo en la mente a un empresario que se le apoyó en su negocio, y él, lo que me dijo fue: “De esto no me voy a olvidar nunca en mi vida”. Entonces, eso a uno lo hace sentir muy bien y es una muestra de que se apoya. Recordemos que la banca es primordial en un país para el desarrollo de la economía, apoyar en créditos y préstamos a las empresas para salir adelante.

Del lado del ahorrante, ¿qué se observó?

El sistema bancario de Guatemala es muy sólido, un sistema privado con 17 instituciones y el ahorrante tiene mucha confianza. Hubo un incremento en los ahorros cerca de los Q30 mil millones, y solo el banco creció Q9 mil millones. Reitero que es una muestra de que el ahorrante tiene mucha confianza en el sistema.

¿Qué cambios se experimentaron en estos últimos meses?

Lo que creo que ayudó mucho fue proveer liquidez para que la banca se sintiera cómoda y el hecho de modificar el reglamento de créditos, flexibilizar el cómputo del encaje y la banca se acercó al ahorrante para modificar los pagos para brindar seis meses de diferimientos en pago de capital e intereses, para que los clientes pudieran respirar.

Fue muy importante que la banca permaneciera abierta, y en BI se trabajó todos los días presencialmente, porque (esta) es una actividad esencial, por lo que hubo un esfuerzo muy grande para atender al público, que los cajeros tuvieran disponibilidad y procesar las remesas familiares. En general, la banca estuvo a la altura en la crisis.

¿Qué lecciones le dejó administrar el banco más grande, en medio de la pandemia?

Es importante adoptar las mejores decisiones en grupo, porque hay mucha responsabilidad. Por ejemplo, una decisión mal tomada puede generar efectos serios. En BI, los temas más importantes se discuten entre todos, se observan las aristas.

También a nivel de Asociación Bancaria de Guatemala se cuenta con una excelente comunicación, se pensó en el bienestar del país y las decisiones más importantes fueron adoptadas en consenso.

¿Cuáles fueron sus temores?

En Guatemala no se había tenido una pandemia desde hace 100 años, nadie sabía lo que iba a pasar y la preocupación era cómo se resolvería el tema del virus. Entonces, preocupa mucho la salud de los colaboradores del banco, de cómo apoyarlos y a sus familias. Se crearon equipos de trabajo para guardar cuarentenas y evitar problemas.

El grupo cuenta con seis hospitales y lo que ayudó es que tres se cambiaron para ser “full covid-19”, y la preocupación grande fue la salud de los colaboradores, e inmediatamente se establecieron normas y procedimientos para el resguardo.

¿Hacia dónde va el BI?

Lo importante es que vienen buenos años para Guatemala, y hay que entender que en el mundo se han inyectado alrededor 15 mil trillones de dólares según el FMI. Habrá mucho dinero en las economías; se espera que EE. UU. tenga un crecimiento del 6.5% para 2021, y, cada 1% de Estados Unidos a Guatemala, le representa 0.4% de crecimiento, y entonces es muy probable que el país crezca a niveles superior al 5%.

Ese exceso de liquidez está incidiendo en el precio de las materias primas, y vemos al azúcar, aceite de palma, y el hule. En general, es una tendencia de incrementos que ayuda muchísimo al país, y de los primeros cinco productos de exportación, cinco son agrícolas y ahí tenemos al cardamomo, café, azúcar, banano y aceites y esos son buenas noticias.

También se ve una estabilidad en la tasa de interés y considero que en EE. UU. se estaría aumentando en 2023 y todavía habrá un período de tasas bajas.

Entonces, motivar al sector empresarial para que invierta porque vienen buenos años, nos sentimos motivados. Hay mucha liquidez en el sistema y lo que necesitamos son proyectos para sacarlos adelante.

Hablamos de una recuperación en “V” fuerte.

¿Cómo se debe aprovechar este buen momento que anticipa?

Las empresas que traigan proyectos. Piense en contar con proveedores que estén cerca y Guatemala tiene la bendición de estar cerca, con dos puertos, y podemos llegar a ambas costas.

Vienen buenos tiempos, el país tiene que mejorar en infraestructura, porque las carreteras que tenemos son las peores de la región. No puede ser. Instar a que se invierta en infraestructura lo mismo en lo que se hizo en energía y telecomunicaciones, para que el sector privado pueda invertir de una manera muy clara.

Otro tema importante es la minería y ahora con la nueva Corte de Constitucionalidad se revise este tema, pero que las firmas puedan empezar a operar otra vez, solo la Minera San Rafael representa 0.3% del PIB. No puede ser que se mantenga cerrada y es algo en lo que se debe trabajar, así como toda la generación de empleo que pueda venir de esa industria.

Lo otro es trabajar un poco en el tema de certeza jurídica.

¿Qué planes tiene BI?

Seguir invirtiendo en el país y recordar que el nivel de bancarización es bajo, alrededor del 35% y hay mucho por hacer.

¿Qué resultados tienen con el DFC?

Lo estamos trabajando y estamos asociados con el Incae en un proyecto para todo lo que es el liderazgo de la mujer, el área de microfinanzas y todo esta va de la mano para poder apoyarlos sobre todo en la provincia con préstamos a tasas muy razonables.

¿Cómo está observando el plan de vacunación?

Lo que creo, es que las autoridades, así como lo que se hizo con las pruebas, permitir que la vacuna pueda ser importada y suministrada por el sector privado. Esto permitirá que existan muchos más puntos de acceso para la población.

Comprendemos que, por ahora, hay una limitación, y no se pueden adquirir las vacunas que uno quisiera, y hay un cuello de botella por la producción de estas, pero EE. UU., está avanzando muy bien en la vacunación y creo que será una cuestión de un par de meses. La producción superará la demanda que se tenga, entonces, habrá libertad para importarlas, pero la manera en la cual se pueda llevar a toda la población es permitir que el sector privado pueda importarlas.

¿Qué escenario se espera una vez la inmunización?

Esta enfermedad vino para quedarse, y tenemos que acostumbrarnos a vivir con ella, pero la economía debe seguir en una normalidad nueva con los cuidados, los distanciamientos y las medidas de higiene.

Tengo la esperanza que, a finales de año, se desarrolle una medicina muy efectiva, no una vacuna, sino una medicina como es con otras influenzas, pero el virus si vino para quedarse.

¿Cuál es el mensaje al agente económico?

Lamentablemente, en el país hemos estado divididos, y lo que tenemos que hacer es unirnos más, trabajar de la mano con las autoridades, resolver los problemas. Hay muchas oportunidades y vienen años muy buenos e instar a invertir en el país.

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Del 100% de solicitudes, 80% fueron aprobadas y 29 están en proceso, que equivale al 20%, las cuales están en el análisis.

Las 116 solicitudes aprobadas tienen un valor cercano a los Q50.3 millones, y el promedio de la cédula es de Q434 mil, para un segmento “C” que es el más dinámico en el mercado.

Para representantes del sector construcción e inmobiliario, hay un enorme potencial en el sector informal, al igual que los migrantes, que son mercados pocos atendidos o desarrollados, por lo que estas operaciones pueden marcar una tendencia con miras hacia futuro.

“Hay potencial”

Guido Rodas, expresidente del FHA, declaró que hay estudios técnicos y socioeconómicos que han recomendado otorgar préstamos para brindar cédulas hipotecarias para núcleos familiares en el sector informal. Se concluyó que este es un mercado potencial.

Pueden calificar personas que posean algún taller, que sean artesanos, que se dediquen al comercio o bien que sean micro y pequeños empresarios, incluso que cuenten con parcelas o áreas de cultivo que les permita ingresos o flujos permanentes para pagar sus cuotas, pero que, lamentablemente no están registrados formalmente en la SAT, en el Seguro Social o hasta en el Registro Mercantil -dependiendo sus flujos-.

El exfuncionario dijo que muy difícilmente pueden aplicar a una hipoteca aquellas personas que están en economía informal de subsistencia, y citó como ejemplo a las personas que venden productos en las calles, mercados o semáforos.

El estudio confirmó que se pudieron haber separado las personas que cuentan con capacidad de pago de las que no, puntualizó Rodas.

El total de cédulas hipotecarias emitidas en 2020 fue de tres mil 325, de las cuales el sector informal representó un 3.2%.

Añadió que esto demuestra que las personas que están dentro de la economía informal no cuentan con acceso al financiamiento bancario, precisamente porque no poseen un ingreso fijo, sino en temporadas. Sin embargo, ahora con el visto bueno del FHA no habría ese problema, porque al no pagar las cuotas, el Instituto cancela las cédulas a las entidades.

“Por eso el sector informal tiene oportunidades de adquirir vivienda a través del sistema FHA siempre y cuando califiquen, porque el estudio socioeconómico es muy riguroso”, puntualizó, al recordar que ahora se califica por ingreso familiar, ya no es solo el jefe de familia, sino el núcleo, debido a que toda la familia trabaja, y suma todo ese ingreso para calificar.

Cobertura y formalización

Fernando Estrada Domínguez, director de la firma Desarrollos Palo Blanco, detalló que la economía informal es alta en Guatemala, pero esta posición del FHA es bien vista.

Comentó que, si el Instituto y los bancos estuvieran cerrados para las personas o comerciantes que están en la economía informal, se estaría dejando afuera a una buena parte de la población productiva para obtener un activo.

“Sí existe una cobertura, se aprobaron 116 solicitudes de 145, lo cual es bueno y me da la impresión de que muchas personas no quieren aplicar por estar en la economía informal, porque pueden percibir que no sean calificados o que tendrán que regularse, pero no es así”, enfatizó.

En particular, en sus casos propios que reportan ingresos por la economía informal, indicó que varias se han aprobado. Se procede hacer una visita de campo, comprobar los ingresos que están reportando, medir su capacidad de pago, y, si califican, gestionar el crédito. Si el FHA lo aprueba, al final (pasa a ser) economía formal, porque se bancariza en todas las gestiones que se hacen.

Todos los procedimientos en el Instituto son facturados, así como el pago del impuesto único sobre inmuebles (Iusi), que es un puente a la formalidad, e incluso al final de pagar la vivienda puede financiarse con una hipoteca.

Estrada consideró que lo ideal es que se continúen aplicando estos créditos de acceso de seguros hipotecarios para la economía informal, que es un mercado poco explorado aún.

Migrantes y bancarización

También se debe trabajar el mercado de migrantes en Estados Unidos, que también pueden acceder a un crédito y a una cedula hipotecaria, porque lo ideal es que aumente el acceso de vivienda.

En ese sentido, coincide Pedro Ramírez, presidente de la Cámara de Bienes Raíces de Guatemala, que, con lo migrantes, siempre tienen la idea de comprar un activo, y pueda ser que ellos cuenten con fondos suficientes.

Para reportar sus ingresos, el FHA solo necesita que cumplan con el pago de impuestos, en este caso, en EE. UU., mientras en la economía informal hay muchas personas que trabajan en los mercados y que logran obtener buenos ingresos. “Hay un tema muy importante en la regulación de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), y se tienen que hacer los reportes para la procedencia de los fondos” indicó.

Citó como ejemplo que, si una persona cuenta con un puesto en el Mercado Central, y de acuerdo con lo que se puede documentar de sus ingresos son de “x” cantidad, si la operación es válida, y aunque no facture se puede brindar una certificación de los ingresos de la persona. Eso es una garantía que sirve para poder conseguir un financiamiento, y, sobre todo, del FHA que es el que califica que cuente con la capacidad de pago.

Al igual que Estrada, Ramirez expuso que toda persona que califique a una cédula hipotecaria del sector informal tendrá que ser bancarizada y hacer sus depósitos, porque muchas actividades se manejan en efectivo, y, de alguna forma, habrá que obligarlas a utilizar los servicios financieros, porque es la única garantía de que se pueda contar de certeza de los movimientos de los ingresos y de que los negocios que existan.

“El propietario de una tienda de barrio puede ser un pequeño contribuyente, una vez no pase de Q120 mil al año de ingresos, pero una vez demuestre sus ingresos en el banco y su facturación”, precisó Ramírez e indicó que el FHA se encarga de hacer los análisis, ya que de una tienda se puede calcular los ingresos.

Reiteró que los migrantes siempre ven como una inversión la adquisición de viviendas o apartamentos, con la posibilidad de regresar a vivir a Guatemala, y casi el 7% de las remesas se destinan a la construcción.

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Entre estos se incluye generar un clima de confianza a los tributantes y diseñar propuestas para una transformación de la política fiscal, que quedó debilitada.

Aunque se le reconoce como una persona competente en el ámbito de la contaduría y experiencia en el sector público y privado, el jefe de la SAT tendrá que prestar atención a los ejes de la recuperación económica y llevar las acciones que conduzcan al financiamiento del gasto público, sin recurrir a la deuda pública que aumentó en 2020.

Díaz Reyes fue elegido superintendente el 7 de abril del 2020, precisamente en un entorno de incertidumbre por los efectos del nuevo coronavirus, con variables adversas a la recaudación por la paralización de las actividades productivas, pero también se observó una recuperación en el último trimestre de ese año.

La recaudación en 2020 alcanzó Q62 mil 231.1 millones.

Percepciones y confianza

Édgar Pape Yalibat y Donato Monzón, exmiembros de Directorio, admitieron que, en este primer año del superintendente, la coyuntura del coronavirus afectó su gestión y los planes.

Aunque la tributación tiene un principio de confianza en sus autoridades, el recaudador ejerce en un estadio sociopolítico de mucha desconfianza, y persiste la idea generalizada en la ciudadanía de correlacionar la obligación de pagar impuestos a nuevos casos de corrupción que se develan, declaró Pape Yalibat, al evaluar el desempeño del jefe de la SAT.

Para un superintendente, estar bajo ese clima y con esas condiciones es una tarea muy difícil, insistió.

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Incertidumbre del presupuesto

Por otro lado, está la incertidumbre por el sistema presupuestario financiero, que causa ruido y que genera inestabilidad en cuanto a las metas y programas de ejecución.

Monzón remarcó que se esperaba ver cambios en los cuadros de intendentes, gerentes y en otras direcciones, para mejorar las metas y procesos, pero al final todo se quedó estático.

“Esperamos que con la renovación parcial del Directorio y las nuevas propuestas que presente el superintendente, pueda mejorar la cobranza y generar un clima de confianza a los contribuyentes”, aseveró Monzón.

Aduanas, problema histórico

Para Pedro Prado, analista de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes), lo más destacable durante la gestión de Díaz Reyes, fue la caída observada en los ingresos por las medidas restrictivas adoptadas, que se iniciaron cuando asumió el cargo, es decir, cayó la recaudación junto a la economía.

El analista explicó que se observó una caída en los principales tributos, que son los impuestos Sobre la Renta (ISR) y de Valor Agregado (IVA) por esas circunstancias, que son los que más aportan al financiamiento del presupuesto, pero se evidenció una contracción severa.

“Desafortunadamente se experimentó esa situación, y entiendo que hay una facilitación en los medios electrónicos. Por otro lado, hay mejores perspectivas para este año y la SAT debe apoyar el crecimiento económico y facilitar los procedimientos a los contribuyentes”, afirmó Prado.

Los problemas en el servicio aduanero son otro desafío, sobre todo los relacionados al contrabando y los efectos que tienen en la recaudación como resultado de la pandemia y que se quiere combatir la defraudación aduanera.

Acercamiento con el contribuyente

Al consultar al ministro de Finanzas y presidente del Directorio, Álvaro González Ricci, sobre el desempeño del superintendente, lo calificó como bueno, a pesar de las circunstancias presentadas por el covid-19, y que llegó a la meta de recaudación, se quedó para cubrir un año y nuevamente será evaluado en enero del 2022.

Comentó que, en el primer bimestre, comparado con el mismo período del año pasado, la recaudación subió 7%, y es un indicador de que “las cosas van por un buen camino”.

“Lo más importante es que la SAT ahora tiene un papel conciliador para solucionar con el diálogo y no por el cobro judicial; hay una mejor comunicación con los tributantes, quienes ahora están pagando de manera voluntaria”, afirmó González Ricci.

Otro de los logros que resaltó fue la implementación de los centros de control interinstitucional para combatir el contrabando, la factura electrónica en línea y ampliar la base tributaria. “El superintendente ha realizado un buen papel y una constante comunicación con los contribuyentes y el Directorio” dijo.

Ahora, explicó el ministro, se entra en un período en el cual el superintendente, con todas las oportunidades que tiene el país, se pueda sobrepasar la meta de recaudación para 2021.

Reestructura del sistema

Yalibat dice que más allá de la evaluación del superintendente, se debe empezar la reestructura la política fiscal, y actualizar el sistema impositivo.

A estas alturas y con la evolución de la tecnología, la SAT ya debería tener registrada todo lo que se genera en la economía digital, es decir, los impuestos que se generan por el comercio electrónico.

Buena parte de las operaciones comerciales está utilizando plataformas para hacer las transacciones, añade, “y ahí hay que fortalecer y modernizar los sistemas para controlar el comercio electrónico, y la SAT tiene que recibir las directrices de la política fiscal desde el Minfin, que es donde debe emerger las directrices”.

“El país requiere un viraje de la política fiscal para elevar la recaudación mediante ingresos nuevos y frescos, y hay muchas actividades en las cuales se debe mejorar la recaudación”, precisó el exdirector.

Una tendencia que podría venir es la implementación a impuestos ambientales, por la contaminación y retomar el principio de que el contamina, paga, concluyó Pape Yalibat.

Eventos destacados del primer año

Estos son algunos aspectos destacables en la gestión del superintendente Marco Livio Díaz Reyes

• 14 de abril 2020: Díaz señala que el agujero fiscal por el covid-19 sería de Q7 mil a Q12 mil millones.
• 29 de mayo 2020: Habilitan el primer puesto de control institucional para el combate al contrabando en Pajapita, San Marcos.
• 15 de junio 2020: Informes de las agencias de riesgo país reiteran que la baja carga tributaria es un problema de Guatemala.
• 18 de julio 2020: Anuncia un plan para fiscalizar la comercialización de productos en redes sociales.
• 22 de septiembre 2020: La SAT dice que no controla la carga que entra por mar o vuelos privados.
• 28 de noviembre 2020: El Congreso archivó el presupuesto general para 2021 por una jornada de protestas y una crisis en el binomio presidencial.
• 7 de diciembre 2020: Se informó sobre la intervención junto con la Feci de una cadena de supermercados por supuesta defraudación.
• El 29 de enero 2021: el Directorio confirma su continuidad en el cargo por un año más.
• 1 de marzo 2021: Alerta de la existencia de una red de estafadores que envía avisos con firmas de funcionarios de la SAT
• 18 de marzo 2021: Informa que más de mil contribuyentes del régimen de pequeño contribuyente hacen operaciones irregulares.
• 19 de marzo 2021: se concluye con la instalación de rayos x en los puertos Quetzal, Santo Tomás de Castilla, Combex-IM, Quetzal y APM Terminals Quetzal.
• 22 de marzo 2021: Anuncia la proyección de recuperar Q20 millones por la vía del cobro judicial a dos entidades comerciales intervenidos.

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Representantes de la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda (Anacovi) y el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA) confirmaron a Prensa Libre atrasos en las operaciones de escrituraciones.

Principales razones

“Los problemas que se generan tienen su origen en el tiempo que se demora actualmente el Registro de la Propiedad para realizar las inscripciones con las operaciones relacionadas al giro del negocio inmobiliario y del FHA”, explicó Carol de Martinez gerente del FHA.

Mencionó que la secuencia del proceso está generando atraso desde la entrega del inmueble al comprador, así como la emisión del Seguro de Hipoteca.

Es decir, las nuevas unidades habitacionales que salieron al mercado no se han podido entregar a los futuros propietarios –que realizaron preventa– por no contar con la escrituración: registrar el número de finca, folio y libro, y que es el documento legal para emitir el seguro.

Bloqueo financiero

Simultáneamente, existe una presa pendiente de facturación por la compraventa de las unidades de entre Q800 a Q1 mil millones por los desarrolladores y bancos del sistema, según las proyecciones de la Comisión de Estadísticas de la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC), al observar el problema desde el punto de vista macro.

Se calcula que, en promedio, la facturación mensual de viviendas que deben registrarse es de Q100 millones, y en el primer bimestre ya se observa una caída producto de la finalización del ejercicio 2020.

Aunque el lastre viene desde el aparecimiento de la pandemia en marzo del 2020 y las medidas restrictivas, el problema se ha acentuado en los últimos dos trimestres –octubre a diciembre y enero a marzo–, según la apreciación de los usuarios.

Al consultar al Registro de la Propiedad admiten esos retrasos y señalan que “de conformidad con el Pacto Colectivo de Condiciones Laborales 2013, modificado, reformado y actualizado, los operadores deberán salir de vacaciones en los meses de noviembre, diciembre y enero; por lo que la presa de documentos se incrementó en los meses indicados; además de guardar el distanciamiento social, resguardando la salud de nuestros trabajadores, siempre prestando nuestro servicio de forma continua y de una forma segura tanto para el usuario como trabajadores del Registro”.

Un desarrollador citó un ejemplo que una persona había adquirido un apartamento -preventa- en julio del 2020, con la entrega de su enganche, pero al no escriturarse en el tiempo estableció en el Registro, perdió su empleo, y reclamó la devolución de su dinero.

Pero con la escrituración, esta persona hubiera tenido al derecho del seguro de desgravamen con el FHA, pero no sucedió, dijo Juan Pablo Estrada Domínguez, vicepresidente de Anacovi.

Efecto cadena

De Martínez resaltó que hay dos partes del proceso en el cual todos los involucrados –Anacovi y sistema financiero– están siendo afectados en vista de que la primera es la operación de las desmembraciones y constitución de régimen de condominio para vivienda y la constitución del Régimen de Propiedad Horizontal y reglamento en el caso de edificios.

Enfatizó que, al no tener dichas operaciones, no se pueden obtener las fincas filiales que deben consignarse al momento de formalizar un crédito.

Por lo anterior, resaltó que, al no poder formalizar la escritura traslativa de dominio y emisión de cédula hipotecaria a favor del comprador, el desarrollador no puede recuperar su capital, que en la mayoría de las veces es con financiamiento bancario, lo que implica un incremento en el costo financiero por los tiempos adicionales.

“Actualmente, el proceso se extiende hasta tres veces más que el tiempo que usualmente demoraba en el pasado. De igual manera, el FHA no puede emitir el seguro de hipoteca en tanto la compraventa con emisión de cédula no se encuentre gravada y por ende no se puede realizar el cobro de dichas primas del seguro, la cual está teniendo repercusiones negativas para todos los actores del sistema”, remarcó de Martínez.

Registro no se acopló

Juan Pablo Estrada Domínguez, vicepresidente de Anacovi, resaltó que hay tres aspectos específicos que están afectando el negocio de los desarrollares, al FHA y sistema financiero por el desempeño del Registro que no se ha acoplado en sus operaciones, y no están laborando al ritmo que traían prepandemia.

En el último año hay un sufrimiento en la agilidad y tiempos y creemos que están trabajando en 40%, destacó el directivo.

El siguiente problema es la limitación en los horarios de atención a las personas que hacen los trámites, ya que la disposición es trabajar por medio de citas. Pero el verdadero bloqueo, según el directivo, es el tema de criterios que se ha salido de control.

Un operario aplica un criterio, y otro no acepta la escritura igual, porque tiene otro criterio, y asociado a que no se revisa todo el expediente en una sola “corrida” todos los errores del expediente para corregirlo de una sola vez.

“Un proceso que duraba un mes ahora dura un mes y tres semanas, se acepta, pero este último factor, de un mes con tres semanas se tiene que pasar cinco veces en vez de una sola vez y ese esa la problemática”, puntualizó.

Déficit de personal

Al consultarse a las autoridades del Registro, admitieron que hay un déficit de personal que la institución requiere para su funcionamiento, y en el caso particular de la operación registral, debido al distanciamiento social y la edad de los operadores se cuenta con aproximadamente 35% del total del personal, quienes tienen la función de ser el primer filtro, análisis registral de los expedientes que ingresan, lo cual causa un retraso en el ámbito registral, según la respuesta comunicada.

“El personal del Registro General de la Propiedad no es inmune al covid-19, por lo que también hemos tenido operadores y Registradores Auxiliares suspendidos por haber adquirido el virus que nos agobia actualmente”, precisaron las autoridades.

Menos operaciones

El resultado de la emisión de Seguros de Hipoteca a febrero último registra una caída del 49% con respecto a febrero del 2020, que equivale a unos Q247 millones menos en seguros, informó el FHA.

“Para lograr la reactivación económica del país es necesario que todas las Instituciones realicen los esfuerzos necesarios dentro del ámbito de sus respectivas competencias, encaminados a realizar un trabajo eficiente y eficaz”, agregó de Martinez.

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Sin embargo, expertos en la industria dudan sobre sus capacidades técnico-administrativas para poder enfrentar estos nuevos lineamientos de prestación.

Solicitud de inyección

Guatel genera fondos privativos por los servicios que presta en la actualidad a varias instituciones estatales de internet, pero pretende activar un circuito de enlaces de punto a punto –conocido como enlaces de datos para ampliar la cobertura en la provincia–, y así lograr su expansión a más instituciones.

La empresa pública de telecomunicaciones busca una inyección de unos Q60 millones para poner a funcionar los proyectos, requerimiento que se realizó al Ministerio de Finanzas.

El primer tramo se destinará para el remozamiento de infraestructura ya existente por Q30 millones, y el segundo, para la construcción de un anillo de fibra en el área metropolitana con una estimación de inversión similar.

Programa de reactivación

Víctor Manuel Esquivel Figueroa, gerente de Guatel, argumentó que la entidad es propietaria de 37 torres de transmisión a nivel nacional, de las cuales no cuentan con el mantenimiento desde hace dos décadas, por lo que requieren hacer una inversión para volver a reactivar.

Desde su óptica, uno de los objetivos es permitir el crecimiento de la red para la prestación de los servicios de internet y transmisión a otras instituciones que requieren los servicios de radiocomunicación y que son a los usuarios a los cuales se les pretende llegar con el pago de una renta.

El directivo explicó que esas torres se utilizarían para brindar un espacio compartido para los ministerios de Gobernación, y de la Defensa para sus sistemas internos de radiocomunicación –repetidoras–, así como a la Radio Nacional TGW, adscrita al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

También crearían un anillo inalámbrico para enviar señal de internet, telefonía y otros servicios.

Las torres conforman un anillo que inicia desde El Trébol –zona 8 de la capital–, hacia la parte suroccidente hasta Huehuetenango, regresando a Ixcán, Quiché, y subiendo a Sayaxché, Petén.

Estaría pendiente la conexión de Petén con el oriente donde no existen infraestructura, para cerrar la conexión.

“El remozamiento de las torres necesita Q30 millones, las cuales serán autosostenibles financieramente con la renta que se realice a otras entidades públicas”, enfatizó Esquivel al consultarle sobre la viabilidad y el retorno financiero de la inversión como fondo extraordinario por el Gobierno Central.

Explicó que los trabajos consistirán en el análisis estructural como la fuerza energía y protección eléctrica -calibraciones-; seguridad perimetral como muros y herrería, y el tercero un circuito eléctrico de la instalación como sistema de tierra, baliza, y pintura.

Proyecto maestro

El otro plan contempla la construcción de un anillo de fibra metropolitana, a la cual se le denomina la Red de Gobierno, para brindar todos los servicios gubernamentales de internet y datos. En la actualidad, según el funcionario, Guatel carece de esa infraestructura.

La idea es ampliar a los sistemas de videoconferencias privadas, telefonía privada dentro de la red cifrada de gobierno para gobierno, así como transporte para la creación de un data center -centro de almacenamiento de datos- estatal.

Con esa infraestructura, se brindará el servicio a las escuelas y centros de salud del área metropolitana, y contar con la infraestructura para el Ministerio de Gobernación para colocar sus cámaras de seguridad de monitoreo.

En una escuela de la zona 3, por ejemplo, opera un modelo de servicio de internet, señal inalámbrica con control de contenidos priorizando los contenidos de la biblioteca virtual del Ministerio de Educación, y un sistema de administración de escritorios en una misma plataforma, y que el maestro controle lo que trabaja el estudiante y su contenido.

En el futuro, se enlazaría con las plataformas con el Ministerio Público y de Gobernación, y con el Ministerio de Desarrollo Social.

Un operador “dormido”

Ricardo Flores, experto en telecomunicaciones, expuso que el planteamiento de Guatel de ampliar operaciones y brindar servicios a entidades estales debe ser bien fundamentado para reactivarla y hacerla más competitiva.

Reconoció que el giro de negocio de Guatel “está dormido”, al no contar con un manejo comercial adecuado y movible.

Una ventaja es que le facilita hacer negocios de contratos, por ser una empresa estatal con otras entidades públicas, y lo hace atractivo al evitarse trámites en Guatecompras, y uno de los mejores clientes dentro del mercado de la telefonía es el mismo Estado con las empresas que prestan el servicio.

Consideró que las mismas ganancias que se generen puedan ser invertidas en el desarrollo tecnológico, e incluso de hablar una tarifa social, en cuanto al servicio de telecomunicaciones que Guatel lo puede brindar o subsidio a los usuarios, con el fin de incentivar el uso de la tecnología.

“Para los operadores actualmente Guatel no es una competencia como tal, pero al momento de crear una red propia con un servicio propio, puede serlo. En el mercado siempre se ha vivido con un tercer operador”, agregó.

En ese sentido, Flores dijo que Guatel puede aplicar al modelo de alianza público-privado, como lo hace el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) que brinda servicios de telecomunicaciones, pero que es un ente estatal y que compite con otros operadores privados.

La cartera de clientes de Guatel que presta servicios de internet es a los ministerios de Salud Pública, entre estos los servicios de los hospitales covid-19 a nivel nacional, unas áreas del Ministerio de Gobernación; Ministerio de Agricultura en la sede central y departamental, Ministerio de Relaciones Exteriores, vicepresidencia de la República, Secretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad y la Dirección General de Correos y Telégrafos.

Con el Ministerio de Cultura y Deportes, se brindará el servicio a los Parques Nacionales.

“Que no sea para hacer negocios”

Marvin Flores, analista de Acción Ciudadana (AC), calificó que el proyecto puede ser positivo, pero a la vez puede generar dudas por la baja credibilidad del Ejecutivo, sobre todo por el manejo de la crisis sanitaria.

En el primer aspecto, consideró que es necesario invertir en empresas públicas como producto del proceso de privatización por las autoridades de Gobierno de 1995, pero se debe invertir en los temas de telecomunicaciones y poder coadyuvar al cierre de la brecha digital que persiste, y ahora con la pandemia afectó mucho el tema educativo por la falta conexión de internet y una buena parte de la población estudiante no cuenta con un acceso.

Desde esa óptica es positivo de continuar con el desarrollo y la tecnología, señaló.

Advirtió de que hay que tener cuidado en este tipo de proyectos, que no sean casuísticos, y deben contar coordinación con otras entidades de Estado, incluso con entes privados que aplican estas tecnologías, y coordinación con municipalidades por el impacto que tendrá en los municipios vecinos.

“Lo importante es que no sean proyectos casuísticos para hacer negocios con recursos públicos, porque cuando los proyectos nacen de un día para otro, de eso se tratan”, aseveró.

En este caso, resaltó Flores, hay que darle el seguimiento desde que inició la iniciativa para que no tenga una connotación de intenciones de negocios, y la justificación es evidente, pero ve un problema de credibilidad en la administración del gobierno central.

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Además, se experimentaron ajustes en la tasa de interés ponderado en los segmentos, según las cifras de la Superintendencia de Bancos (SIB).

De las 17 actividades productivas, el sector financiero y de seguros fue uno de los cinco que cerró en positivo en 2020 con un crecimiento de 4.1% y para 2021 se proyecta 5.7%.

Saldo favorable

El total del saldo de la cartera de créditos -moneda nacional y extranjera- ascendió a Q205 mil 482.2 millones, aumentando en Q12 mil 721.5 millones al 31 de diciembre del 2020.

Esa variación representó una tasa de incremento del 6.60% con respecto al 2019, cuando cerró en Q192 mil 760.7 millones.

El indicador es incluso es superior al 4.94% que fue del 2019 con respecto al 2018, según las estadísticas del ente supervisor.

Luis Lara Grojec, presidente de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), mencionó que el sistema creció 6.60%, y un punto importante y que aportó para que la economía del país, fuera la menos dañada en América Latina, fue que la banca apoyó al sector productivo.

“En lugar de cerrar cartera, lo que se hizo fue abrir cartera, brindar créditos nuevos y hacer reestructuras para tratar que las empresas siguieran adelante”, enfatizó.

Lara Grojec aseguró que el cierre del año pasado fue un excelente resultado, en comparación con otros países, como, por ejemplo, en Honduras, donde no hubo crecimiento; y en otros países, la banca se cerró, e impactó en las empresas, lo que se tradujo en despidos del personal, mientras que en Guatemala fue al revés, apoyando.

Apuntó que el crecimiento de la cartera se debió en parte al apoyo del Banco de Guatemala, que liberó liquidez al sistema financiero.

Fernando Estrada Domínguez, director de la firma Desarrollos Palo Blanco, afirmó que el resultado fue positivo, y los agentes económicos tuvieron que pedir y ampliar capital para su financiamiento, poder paliar los efectos de pandemia no solo en consumo, sino en otras necesidades.

Por otro lado, hubo sectores productivos que reflejaron mejor desempeño, que otros que estuvieron deprimidos.

Reconoció el esfuerzo de las autoridades con los programas de apoyo económico, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas para contar con la liquidez. “Es un resultado bueno en tiempos de pandemia”, remarcó el empresario del sector construcción.

Resultados por sector

Por cartera, solo el de empresarial menor registró un ligero desempeño negativo de -0.31%, y cerró con un saldo de Q15 mil 898.5 millones. Hace dos años, fue positivo en 4.69%.

En tanto, el crédito empresarial mayor, tuvo un crecimiento de 8.12% para situarse en Q113 mil 324 millones (2.84% en 2019); el de consumo, Q60 mil 124.4 millones y una tasa de crecimiento de 4.85% (6.68%); microcrédito, Q3 mil 552.7 millones, 17.25% (13.10%); y el hipotecario para vivienda, Q12 mil 581.7 millones, 8.26% (15.09).

La tasa de interés promedio ponderado para el crédito mayor empresarial fue de 6.31% (6.58% en 2019); empresarial menor 9.83% (9.93%); consumo 24.27% (24.26%); microcrédito 21.77% (22.61%) y el hipotecario para la vivienda 8.66% (8.80%).

“El sistema cuenta con mucha liquidez y las tasas de interés permanecerán bajas por varios años y es el momento para pensar en inversiones a largo plazo para el sector empresarial”, consideró Lara Grojec.

La tasa de morosidad se encuentra en 1.83%, pero desde el 1 de enero pasado, se regresó a las modificaciones al reglamento de créditos, y como los efectos de la pandemia continua, se espera reacomodos del indicador.

Por actividad económica, el sector de construcción tuvo un incremento de 16.58% de la cartera, y según Estrada Domínguez, se debe al arrastre de los proyectos de construcción ya aprobados, que estaban en ejecución y que venían desde el 2019.

Por otro lado, las compañías constructoras y otras empresas se anticiparon de liquidez con los bancos, ante el temor de una posibilidad de otro cierre de la actividad productiva, pero se anticipaban en contar con los recursos financieros para continuar operando.

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Proyección 2021

El presidente de la ABG resaltó que se espera que la economía crezca al nivel de 4%, y será un buen año.

Explicó que ya existe una curva de aprendizaje por parte del personal médico para tratar la enfermedad, las recuperaciones son más rápidas y las hospitalizaciones son menos.

“Veo mucho optimismo el 2021 y es importante, porque se cree que todos los gobiernos del mundo inyectaron US$9.6 trillones, entonces ese exceso de liquidez seguramente impulsará los precios de las materias primas que Guatemala exporta y eso ayudará”, precisó Lara Grojec.

La política monetaria, cambiaria y crediticia señala que para 2021, las actividades financieras y de seguros -con un peso de 4% en el PIB- crecerá 5.7%, influenciado, sobre todo, por el comportamiento previsto del crédito al sector privado y de las actividades de emisores de tarjetas de crédito.

Estrada Domínguez resaltó que se espera estabilidad ya que se avizora un buen año para la construcción, pero todo dependerá de las aprobaciones de las licencias y autorizaciones.

Mora en control

Sergio Recinos, presidente del Banguat, explicó que en 2020 la Junta Monetaria modificó los reglamentos de riesgo crediticio, para que los agentes económicos puedan renegociar sus créditos.

Explicó que un millón 200 mil personas utilizaron este mecanismo, y la recomendación es comenzar a transparentar esa cartera vigente, y en algún momento no se refleje la mora real.

En todo caso, se proyecta que la mora no se vaya a disparar y a la sumó podría situarse entre 3 a 4%, que sería razonable, y reiteró que el sistema financiero es sólido.

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El caso de Teco Energy cobró notoriedad en noviembre del 2020, ya que un juez de la Corte de Nueva York, ordenó la congelación de las cuentas soberanas de Guatemala, y porque puso en aprietos la calificación de riesgo-país que hacen las agencias calificadoras, al entrar en un impago a los tenedores de un eurobono.

“El casto Teco está en estatus de finalizado; pago realizado y proceso de apelación finalizado”, explicó Lilian Elizabeth Nájera Reyes, jefa de la referida unidad de la PGN, quien agregó que cada una de las partes realizó el pago de sus costos procesales.

El Gobierno, tuvo que destinar del presupuesto unos Q285 millones para cumplir con esas obligaciones, que no estaban contemplados, lo que significó un ajuste del gasto público en 2020.

Listado actualizado

La PGN detalló los procesos internacionales contra la República de Guatemala, de los cuales solo uno se mantiene activo, siete han concluido, uno está suspendido y dos más con intención.

“El Estado deberá seguir ejerciendo su defensa en el arbitraje de Daniel W. Kappes y Kappes, Cassiday & Associates,  en el caso Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. y Transportadora de Energía de Centroamérica S.A., en caso de ser nuevamente activado”, subrayó Nájera Reyes.

Agregó que el Estado estará a la espera de la interposición, por parte de los inversionistas, de algún remedio procesal en contra de las resoluciones en los arbitrajes de IC Power Asia Development Ltd.  y Teco Guatemala Holdings, LLC  (nueva sumisión), en este último, el Estado se encuentra analizando la posibilidad de interponer un remedio; es decir, una impugnación u otro recurso.

La facultativa, remarcó que el Estado está a las expectativas de si los inversionistas presentan una notificación de arbitraje.

Evitar futuros conflictos

Luis Pedro Cazali, abogado especialista en comercio exterior, recomendó a las autoridades guatemaltecas evitar en el futuro que este tipo de demandas internacionales pasen a esas instancias, cuando se han vulnerado sus derechos.

“Lo primero que recomendaría es que el país no se meta a líos; que los funcionarios tengan los conocimientos necesarios para determinar qué se puede y qué no se puede hacer con los inversionistas”, precisó.

Por otro lado, también sugirió reforzar la unidad de asuntos internacional para el tratamiento de los procesos que se ventilen, aunque Guatemala se apoya con bufetes internacionales tanto europeos como de Estados Unidos.

Nájera Reyes resaltó que el Estado se encuentra comprometido con la defensa de sus intereses, por lo que en cada caso antes mencionado se cumple con todos los esfuerzos necesarios para obtener un resultado satisfactorio.

Cambio de visión

Cazali, manifestó que otro aspecto que se debe considerar es el tipo de inversión extranjera directa que se quiere atraer a Guatemala, así como diseñar una política que evite en lo posible una violación a los tratados internacionales.

A ese respecto, declaró que no se cuenta con una política de inversión encaminada a diseñar y enfocar una estrategia legal para evitar estos conflictos entre inversionistas y Estado, por ejemplo, en minas, hidroeléctricas y energía eléctrica, que son los principales sectores en las cuales se han abordado este tipo de demandas.

Por otro lado, añadió, es importante contar con un acercamiento directo con los inversionistas a modo de evitar posibles juicios y buscar las soluciones previas a un eventual conflicto.

“Ahora tenemos un problema que perfectamente es identificable que no se aborda de raíz, en minas, hidroeléctricas y energía eléctrica, ahí se mantienen los conflictos y no se percibe que las autoridades competentes eviten esos problemas, y cuando se empieza a buscar un hilo comunicante entre todos los conflictos son semejantes en cuanto a que son violaciones del Estado a las metas de los inversionistas al negocio”, puntualizó.

Esos cambios que realiza el Estado en las reglas del juego, destacó el profesional, da lugar a que los inversionistas investiguen los problemas en que Guatemala está involucrado y, por ejemplo, en minas, ya no vienen a dejar sus capitales “porque no quieren tener problemas”.

Por otro lado, recomendó Cazali, se tiene que contar con especialistas para llevar los casos localmente, y prepararlos.

Flujo de inversión

Hasta septiembre último, el ingreso de divisas por inversión extranjera directa (IED) a Guatemala, ascendió a US$728 millones, según el Banco de Guatemala.

El monto representa una caída de 2.3% con respecto al mismo mes del año pasado cuando se recibieron US$745.9 millones.

Las actividades financieras y de seguros atrajeron US$207.8 millones; industria manufacturera, US$183 millones; comercio y reparación de vehículos, US$130 millones; suministro de electricidad, agua y saneamiento, US$103 millones e información y comunicaciones US$34 millones.

Por país de origen, Estados Unidos con US$141.3 millones; Colombia, US$112 millones; Panamá, US$89 millones; Luxemburgo, US$57.4 millones y Rusia, US$50.6 millones, detalla el reporte oficial.

Aunque en Guatemala se carece de información oficial por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) –que no midió en sus encuestas el comportamiento de esas variables en 2020–, expertos consultados consideran que, cualitativamente, los índices de pobreza aumentaron por la pérdida de ingresos en los hogares, el incremento de los casos de desnutrición aguda, el aumento de economía informal y hasta en la ejecución de hipotecas.

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En términos generales, las familias fueron afectadas en sus ingresos, y en noviembre por los efectos de las tormentas Eta e Iota.

Diagnóstico

Terence Gallagher, director de inclusión Financiera del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), expuso durante el XV Congreso Regional de Remesas, Microfinanzas e Inclusión Financiera que llevó a cabo la Escuela Bancaria de Guatemala (EBG) la semana pasada, que la pandemia provocó un incremento de los niveles de pobreza en los países de la región.

“El impacto en la pobreza es dramática (…) hubo avances en varias regiones del mundo, pero al observar las proyecciones del 2020 de la pobreza van a hacer similares al 2008. Las proyecciones son que el impacto de la crisis de salud significa un retroceso de 13 años en relación con la lucha contra la pobreza”, destacó el director.

Confirmó que esa variación también impactará en el PIB per cápita, que, aunque experimentó avances en los últimos 20 años, se perderán en este año.

Otra variable, dijo Gallagher, fue el impacto del covid-19 en los trabajos formales, en los cuales habrá una brecha entre el sector formal e informal en la región, así como la pérdida de trabajos formales, y una de las conclusiones a nivel global, es la pérdida de 17 millones de empleos formales, así como un crecimiento de la economía informal que de 55 podría llegar al 60%.

“Hay que enfatizar en que la inclusión financiera cada vez será más importante en los siguientes años, frente al retroceso que se está observando en aumento de pobreza e informalidad en la región”, aseguró en el foro el representante del BID.

Contexto nacional

Guido Rodas, exgerente del INE, consideró que no hay índices oficiales todavía, y que la lógica económica indica que en Guatemala habrá un incremento de la pobreza y de la pobreza extrema con la pandemia. Además, recientemente la tormenta Eta e Iota afectó a varios departamentos en áreas rurales y urbanas.

Afecta además el desempleo y la pérdida de trabajo formal, y esas personas de la clase media alta van a pasar a la media baja, y la baja a pobreza y los que estaban en la pobreza pasaran a la pobreza extrema.

Explicó el incremento en el nivel de desnutrición es un indicador en términos econométricos asociado a la pobreza.

En 2019, el promedio de casos de niños menores de cinco años afectados por la desnutrición aguda fue de 47 diarios, y en ese año, se cerró con 15 mil 333 casos. En 2020 y hasta el pasado 14 de noviembre los casos eran 25 mil 292.

Rodas destacó que, para medir la pobreza extrema, se puede cuantificar en la Encuesta de Ingresos y Egreso en los Hogares que ejecuta el INE, que se mide por medio de los ingresos y desde el punto de vista de consumo de calorías alimentarias.

“Es lógico que el nivel de los ingresos bajara por la pandemia y se clasifica de pobreza extrema a los que estaban en pobreza todavía, y el nivel calórico de ingesta alimentaria disminuye, debido a que por la falta de comida no se hacen los tres tiempos de comida. Esto impacta en una mala alimentación y tiene bajas defensas del cuerpo y adquirir enfermedades”, comentó el exgerente.

Riesgos latentes

Karin Slowing extitular de Segeplan, coincidió con Rodas, y criticó que hay una falencia ya que el INE trasladó los fondos para hacer encuestas y dejó sin información clave a la población para comprender la situación de pobreza y empleo.

Desde la perspectiva cualitativa, basada en evidencia empírica para determinar que hubo retrocesos en la pobreza, la principal amenaza es el hambre y la imposibilidad de las personas en mantener sus precarios medios de vida.

En este caso es el covid-19 y los efectos de las tormentas y esa combinación es más letal de lo que se había observado en tiempos de pandemia, en la cual se tuvo que paralizar la actividad comercial y agrícola y luego el embate de las tormentas tropicales en noviembre.

Comentó que este gran problema es para la población rural, y que el tema del hambre es el elemento más crítico vinculado a pobreza, seguridad alimentaria, vulnerabilidad a los desastres, la pandemia, y la mejor evidencia es el aumento de los casos de desnutrición aguda.

Por otro lado, el incremento de los productos alimentarios, como los insumos de producción agropecuaria.

Además, es la masa de personas que perdió su empleo y solo se puede deducir que los que lo perdieron, deben “estar en una situación de alto riesgo de pobreza”.

Agregó que el incremento de la pobreza, no solo se reflejará con los que ya estaban mal, sino sé que se van a sumar nuevos, que posiblemente vivían por arriba de esa línea y que incrementarán esas cifras.

“Hay un universo de personas que perdieron sus empleos, salarios o que tuvieron que conformarse con medio tiempo o de trabajo, esos serán los más afectados y esto no se está visualizando”, subrayó la experta.

Brecha

Tanto Rodas como Slowing aseguraron que se ampliará la brecha de desigualdad.

La clase media será las más afectada a corto plazo, que era un segmento no pobre, pero que, aunque no caerá en las líneas de la pobreza “hay un buen porcentaje de la población que la está viendo más dura”, agregaron.

Slowing afirmó que no existe una dimensión de la pobreza, pero hay una impresión del incremento, aunque no tan grave como inicialmente se estimó, ya que las remesas familiares entraron a compensar en los hogares y los migrantes realizaron esfuerzos adicionales para despachar más recursos.

Por otro lado, hay un segmento de la población que no es pobre, no recibe remesa, que vive de su salario, no cuenta con reservas, pero al quitarle su empleo se visibiliza en esta coyuntura.

Rodas afirmó que no se están definiendo un gasto social efectivo como política, y el presupuesto se está enfocando a crear más burocracia estatal.

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Los efectos en precios se presentarían el próximo año, en principio, por una menor oferta que presionaría los precios.
El reporte oficial señala que hubo perdidas de cultivos de maíz, frijol, plátano, banano, tomate y cebolla, productos que integran la CBA.

Las autoridades, por su parte, han informado que mantienen vigilancia para adoptar cualquier medida de política monetaria, aunque aclaran que se trata de un efecto de choque de oferta, el cual podría ser temporal.
Los daños a los cultivos por las tormentas tropicales se estimaron en Q897 millones.

Variable inflacionaria

Guido Rodas, exgerente del Instituto Nacional de Estadística (INE), declaró que los efectos a la economía se presentarían el próximo año dado que el fenómeno climático se presentó en noviembre.

Comentó que los efectos inflacionarios ya afectaron este año, pero si tarda la recuperación económica, en los primeros meses del año se podrían observar los ajustes. El Banco de Guatemala (Banguat) señala que evaluará el comportamiento. “Aquí la cuestión estaría con un incremento de precios por la baja oferta de esa producción, una escasez”, afirmó.

Al preguntarle si pudieran presentarse alzas a la CBA, Rodas señaló que es probable que sí, ya que los seis productos están contenidos en el reporte y dependen de una estacionalidad productiva.

Un escenario es que se tienen que preparar las tierras que quedaron inundadas, y mientras se recuperan los suelos, podría provocar escasez por un tiempo, mientras crece la producción.

La inflación en noviembre fue de 5.46% y es la más alta en el último año, lo que significa que en promedio ese es el incremento de los bienes y servicios en la economía.

Recuperación

Gustavo Rivas, directivo de la Asociación Nacional de Granos Básicos (Anagrab), confirmó que, si bien hay pérdidas en maíz y frijol, los productores empezarán con el proceso de resiembra en los lugares afectados para evitar que exista un déficit.

Habrá otras zonas productoras que estarán despachando al mercado los productos que fueron destruidos por el exceso de lluvias.

Rivas dijo que, Anagrab y la red de productores, están en la disposición de trabajar con las autoridades para suministrar granos para que se mantenga el abastecimiento.

Indicador bajo vigilancia

Como era de esperarse, las autoridades monetarias mantienen las alertas por el comportamiento de la inflación -alza generalizada de precios en la economía-.

Sergio Recinos, presidente del Banguat, explicó que se presentó un choque de oferta en productos agrícolas en octubre y noviembre que disparó la inflación, sobre todo en la división de alimentos que en este ejercicio tiene un comportamiento atípico.

Confirmó que los cuerpos técnicos de la banca central han considerado que pudiera haber presiones inflacionarias por una menor oferta de los productos agrícolas que aparecerán a corto plazo.

Reiteró que estarán evaluando cómo se comportará el indicador para adoptar cualquier decisión en Junta Monetaria en 2021, y controlar la inflación.

“Habrá impacto”

Abel Cruz Calderón, gerente del INE, confirmó que se esperaría un impacto debido a que se dañaron cultivos y el IPC está influenciado por la división de alimentos, sin embargo, en los departamentos afectados –Petén, Izabal, Alta Verapaz–, se tendría que hacer análisis más profundo, ya que las cosechas ya se habían levantado, principalmente del maíz que tiene un peso en el indicador.

Por otro, lado mencionó que las tormentas se quedaron en esas regiones, y no afectaron a la Costa Sur, “ya que ahí sí hubiera sido todo el país”, pero en ocasión el fenómeno solo fue la región del norte.
Advirtió de que el IPC se verá reflejado en dos regiones, y no en las otras seis, por lo que el resultado de la inflación debería ser menor en diciembre, en comparación con noviembre, que ya recogió los efectos directos de las tormentas en los precios.

“Sin entrar a especulación, esperaría que no sea mayor la inflación en diciembre con respecto a noviembre”, aseguró el gerente.
Cruz Calderón reiteró que se ha levantado información en los mercados y han determinado que no hay escasez, y en estos días se están realizando las cotizaciones para medir el IPC mensual.

“Aún no hay información de diciembre que valide la falta de oferta de productos agrícolas, lo cual se determinará al final de mes, y no hay datos que brinden indicios sobre la escasez de algún producto”, insistió el funcionario.

Sobre los posibles efectos en el costo de la CBA, el gerente del INE resaltó que habría que analizar los productos que registraron pérdidas, pero un tema sensible es el maíz, en el cual ya se había levantado la cosecha, que era el mayor riesgo, y no se puede especular de momento.

Así cierran el año algunos productos básicos

El reporte de la Dirección de Planeación del Ministerio de Agricultura reportó los siguientes precios mayoristas en el Mercado la Terminal al 18 de diciembre:

• Quintal de maíz blanco de primera: Q130
• Quintal de frijol negro de primera: Q422.50
• Quintal de cebolla seca amarilla mediana importada: Q290
• Quintal de banano criollo: Q105
• Ciento de plátano maduro grande: Q150
• Caja de tomate de cocina grande de primera: Q62.80

Los efectos de la pandemia en 2020 provocaron un cambio de modelo en la comercialización del café guatemalteco en los mercados internacionales, y acentuó las relaciones directas entre productos y tostadores para eficientizar costos en los diferentes eslabones de intermediación.

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Juan Luis Barrios Ortega, quien asumió recientemente la presidencia de la Asociación Nacional del Café (Anacafé), brindó a Prensa Libre un panorama de cierre, así como las proyecciones para 2021, en la pospandemia.

Las estimaciones apuntan a una producción y exportación con niveles estables, pero en las siguientes cosechas habrá consecuencias por los estragos causados por las tormentas en noviembre.

Hasta octubre, las exportaciones de ese producto alcanzaban US$625 millones, según el Banco de Guatemala.

¿Cómo evolucionó el mercado en medio de la pandemia en los mercados?

Notamos un cambio principalmente en el punto de consumo. Como estuvieron cerrados los coffe shops –tiendas al detalle de productos de café–, se pasaron a comprar en supermercados, y no hubo una baja significativa en el consumo, pero sí en el punto de comercialización.

También hubo un aumento de las ventas por comercio electrónico y fue una estrategia que utilizaron los coffe shops, al verse obligados por no permitir el ingreso de comensales.

Los negocios que ya tenían sus plataformas continuaron sus ventas, pero desafortunadamente había tiendas que no estaban en canal de supermercados, ni en línea y tuvieron que cerrar.

¿Cuál es panorama para la temporada poscovid-19? 

Dependerá del comportamiento de la pandemia y de las decisiones que tomaran los países consumidores.

Sobre aquellos puntos de venta que ya tenían sus canales de distribución, y ojalá puedan abrir sus puertas con cierta normalidad y poder balancear sus ingresos. Al no haber una caída en el consumo, nos hace pensar que está el deseo de consumir la bebida con el producto nacional.

Con el poscovid, es impulsar herramientas digitales con los productores de Guatemala, que puedan estar comercializando con los tostadores, y de esa manera se puedan obtener mejores precios, y los compradores puedan lograr economías en la intermediación.

Siempre habrá costos en el servicio logístico, y al poder brindar herramientas entre el productor y tostador, puedan lograrse mejores acuerdos en los negocios.

Le apostamos a esto, porque ya hay experiencias en ese tipo de negociación directa, y los servicios de intermediación sacrifican su margen, y no se les saca del eslabón, sino que es un poco más equitativo.

¿Cuál es el reporte actualizado por los daños por las tormentas?

En el caso de las familias productoras hay más de nueve mil 600 directamente afectadas, y en cuanto a áreas de cultivo, más de dos mil 800 manzanas y pérdidas estimadas en Q31 millones que es el reporte preliminar. Aún se está cuantificando el daño en la cosecha, que es lo más difícil.

¿Qué efecto podría esperarse?

Estimamos que la baja de producción para la cosecha 2020-21 será entre 1 a 2, porque una parte tiene que ver con plantaciones caídas y la otra por la maduración del grano y acceso al corte.

Parte del problema tiene que ver con daños severos a la infraestructura, y no todo se ha podido reparar, algunos productores no han podido ingresar a los cafetales y el fruto se empieza a secar o madurar.

Lo más seguro es que la pérdida en quintales continuará, pero esperamos que no supere el 2%.

¿Hay un doble efecto?

Es correcto, y eso solo es para esta cosecha. Sabemos que la recuperación de las plantaciones va a tardar de dos a 3 años en recuperarse, pero es una estimación temprana.  Habrá áreas recuperables y otras con pérdida total.

¿Qué alertas mantienen en los cultivos? 

Se están monitoreando por causa de las tormentas, porque creemos que podría haber un alza en roya -hongo- como broca, debido a los frutos caídos, lluvia tardía y condiciones de clima, y es algo que tenemos que empezar a vigilar.

¿Cómo se cerró el año cafetalero y qué perspectivas hay?

La cosecha 2019-20 en el ingreso de divisas fue de US$657 millones, y en cuanto a exportación fue de 4.16 millones de quintales, que es el dato año cafetalero en lo que va del 1 de octubre al 30 de septiembre.

Para la cosecha 2020-21 esperamos cerrar con un volumen muy similar, y el pronóstico antes de las tormentas era de 4.2 millones de quintales y vamos a determinar cómo salimos después de la tormenta, considerando que la baja es del 2%.

¿Las cifras muestran cierta estabilidad?

El precio nos subió en esta última cosecha, y efectivamente se ha estabilizado. Lo malo es que no se superen los costos de producción, y el precio de la bolsa de Nueva York en US$130 por quintal, tiene una resistencia, pero luego baja y sube y así se mantiene, y nos mantenemos en modo de supervivencia.

El precio promedio de la cosecha 2019-20 fue de US$157 por quintal, y de 2018-19 fue de US$143.

Cómo sector, ¿qué piensan sobre el TLC con Corea del Sur? 

Nos interesa mucho, creemos que hay un aumento (de flujos de comercio) y en la última cosecha, Corea del Sur representó el 4.2% de las exportaciones, así que es un mercado interesante, y por eso insistimos sobre el acuerdo, ya que, en Centroamérica, somos el único país que no lo tiene y nos pone en desventaja.

Los nuevos nichos de mercados que estamos apuntando son Australia y Nueva Zelanda, que entre los dos representan 1.4% de ventas, y son consumidores que están acostumbrados a tomar un buen café, y hay potencial de crecimiento.

La República Popular de China representó el 3% de las exportaciones y hay oportunidades en los países asiáticos.

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Las actividades se llevarán a cabo el miércoles 16 de diciembre y  el otro el viernes 18 de diciembre en un hotel de la zona 4 de la capital y será para 325 personas.

El miércoles se espera la participación de  unos 165 empleados del Mineco, mientras que el viernes la de unos 120. Ambos eventos empezarán a las 13 horas y finalizarán a las 18 horas.

Según las bases que planteó el sindicato, la decisión de hacer dos eventos es para evitar aglomeraciones y así evitar contagios de coronavirus.

En Guatecompras, el Ministerio de Economía publicó un evento de compra directa para la adjudicación de los convivios, con fundamento en el artículo 8 literal D del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.

Hubo dos ofertas para la realización del evento, una de la Operadora Guatemalteca de Servicios, Sociedad Anónima por Q81 mil 152.50, y la otra de Marina Esperanza Orantes Obando, por Q74 mil 750.00, pero la Junta Calificadora optó por la primera.

Los fondos para realizar estos eventos salen del Ministerio de Economía.

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¿Qué comerán?

Entre los requerimientos que solicitaron los sindicalistas, según documentos subidos a Guatecompras, está que en los eventos haya mesas con capacidad para 10 personas, pero solamente haya 6 sillas.

Los empleados del Mineco degustarán una comida tipo buffet que incluye dos carnes, dos guarniciones, dos ensaladas y pan de la casa. Además, postres variados, refill de gaseosas ilimitado, agua pura, café, té o leche, descorche y toda la cristalería.

En el evento también habrá música, 4 bocinas aéreas tipo proyecto, 4 bajos, 6 luces, puente de aluminio con luces ilumina, luces led con efectos, pantalla led, un DJ profesional, animador, máquina de humo, confeti y kit de animación como collares, sombreros, globos, lentes gigantes y gorgoritos.

Reacción del sindicato

Luis Turcios, integrante del Comité Ejecutivo del Sindicato General de Empleados del Ministerio de Economía, explicó que el presupuesto estaba programado en este ejercicio fiscal, y que como organización no estaban anuentes a la realización de esta actividad.

Explicó que se realizaron las gestiones para que con esos fondos se adquirieran tarjetas de consumo para canjear en establecimientos comerciales, pero el evento se cayó.

“Estamos conscientes del covid-19, pero al final se cayó la compra y las autoridades del Ministerio de Economía autorizaron poder realizar este evento de esta manera. Se van a tomar todas las medidas porque es un hotel de categoría, en las cuales se tomarán las medidas con base al Ministerio de Salud”, explicó Turcios.

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Reiteró que la actividad social se realizará con todas las medidas que se están llevando a cabo.

Explicó, que les parece raro esta situación, ya que han consultado a varios hoteles y los espacios están ocupados hasta el 23 de diciembre.

Es responsabilidad del sindicato

El Mineco publicó un comunicado sobre los convivios navideños organizados por el sindicato y asegura que de conformidad con el Artículo 8 inciso d) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo y opinión de la Inspección General de Trabajo número 967-2010 y la sentencia del juicio ordinario laboral 01173-2013-05807, el Ministerio de Economía está obligado a proporcionar la ayuda económica para la celebración del convivio navideño 2020 de las organizaciones sindicales.

Agrega que conforme a lo anterior, “la responsabilidad de proporcionar la ayuda económica corresponde al Ministerio de Economía con base a la solicitud presentada por la organización sindical y sobre la cual este despacho tiene impedimento de ejercer interferencia. Por lo tanto, la responsabilidad de cumplir con el sistema de Alerta Sanitaria y los protocolos en materia de salud e higiene para el desarrollo del evento corresponde exclusivamente al sindicato”.

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Añade que el Ministerio de Economía reitera el respeto a los tratados internacionales y órdenes de las autoridades de Trabajo y Previsión Social en materia de libertad sindical y en consecuencia cumple con los procedimientos que satisfacen las exigencias sindicales establecidas en la Ley Profesional.

El Despacho Ministerial manifiesta su compromiso con el cumplimiento de las medidas de salud, seguridad e higiene establecidas por el Ministerio de Salud y hace un llamado a las organizaciones sindicales en apegarse estrictamente a los protocolos sanitarios en toda actividad que desarrollen, como siempre se ha promovido desde la institución.

Responde titular de Coprecovid

En su cuenta de Twitter, Edwin Asturias, director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19 (Coprecovid), dijo que el sindicato del Mineco está en flagrante violación de las regulaciones 234-2020 y 261-2020.

Añade que, en la segunda ola de contagios de coronavirus, desdice del compromiso con la salud y la economía de Guatemala.

Asturias mencionó que el Ministerio de Salud, como rector, asegurará que estas actividades con poco sentido común no pasen.

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El contrato está pendiente de que sea conocido en tercera lectura por el pleno del Congreso como lo ordenó la Corte de Constitucionalidad, sin embargo, los diputados que integran la Comisión de Finanzas del Congreso asignaron una partida de Q222 millones en el artículo 122 del presupuesto del 2021.

Representantes de sectores consultado, señalan que este es un mensaje que daña la certeza jurídica del país para posibles inversionistas, en este tipo de proyectos de infraestructura con el esquema de APP.

Asignación

“Dentro del presupuesto de egresos se asigna Q222 millones para fines de iniciar el trabajo construcción/mejoramiento de la carretera CA-9 Sur Tramo A: kilómetro 69.9 Escuintla al kilómetro 102.1 Puerto Quetzal”, señala el presupuesto que fue aprobado por el Congreso el pasado 18 de noviembre.

El artículo, agrega que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) deberán incluir dicho proyecto en el Programa de Inversión Física, Transferencia de Capital e Inversión Financiera, en el cual se encuentra identificado en la Secretaria General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) bajo código 267561 del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

Precisamente ese es el tramo que corresponde al proyecto de APP.

Interpretación

Consultado René Muñoz Barnoya director de asuntos corporativos de Convía, comentó a Prensa Libre que sorprende la asignación de recursos al tramo carretero, y que se pidieron al CIV las aclaraciones con respecto al código del SNIP.

Muñoz Barnoya, explicó que no aparece el detalle de cómo se integra o para que va a servir, y cuando se hace la revisión en Segeplan en el SNIP no se aclara.

“De parte del CIV que es la parte contratante no la contamos con versión oficial, ni con la Anadie. La unidad de concesiones dice que no hay conocimiento de esta asignación, y nos deja preocupados ya que a través de ellos se realizó el proyecto”, afirmó el ejecutivo.

Agregó que en el SNIP se encontraron dudas, ya que es un proceso que lleva su tiempo y de este proyecto esta generado por el director de la Dirección General de Caminos, pero no aparece ningún detalle, y lo normal es que se cuente con las bases.

Reiteró que como Convía están esperando la versión oficial de parte del Gobierno, de cómo es el proceso y es una sorpresa con la aprobación.

Érick Uribio, director interino de Anadie, expresó que han solicitado al CIV, detalles si se refiere a un mantenimiento o un bacheo del tramo.

Fase legal

Muñoz Barnoya, aseguró que el contrato de la APP está pendiente de que el Congreso lo conozca en su tercera lectura como lo señaló la CC el pasado 4 de noviembre y le estableció un tiempo para conocerlo.

“Es una solicitud de presupuesto que se hace a la carrera y no fue consultada a ninguna entidad que está alrededor del proyecto y hay falta de transparencia para el destino de esos recursos si será para reparar, asfaltar, no se menciona y deja mucho espacio a interpretaciones y estamos esperando la versión oficial al respecto de esto”, enfatizó el representante de Convía.

Dijo, que es muy aventurado decir que el proyecto no camine, ya que hay varios procesos legales para que este pase, y debe llevarse a cabo la tercera lectura con el amparo favorable que emitió la CC el julio pasado.

El proyecto de APP tiene que aprobarse o inaprobarse, y al no conocerse la tercera lectura el contrato sigue vivo.

Riesgos

Muñoz Barnoya, dijo que de inapobarse la APP se tendría que aprobar una cuenta presupuestaria para pagar la indemnización al consorcio.

Si este fuera el caso, Uribio, hace falta esa tercera lectura en el Congreso, y exponer las razones del porque no se aprueba el proyecto APP.

El expediente regresa al Consejo de la Anadie indicando que se debe indemnizar al participante privado que fue el adjudicado y exponer de donde van a salir los recursos para pagar, que, según el reglamento se paga del presupuesto de la institución contratante del Estado que es el CIV.

Además, se determina cuanto se debe de pagar, y debe concluir ese tramite que el pleno lo conozca en su tercera lectura.

Mala señal

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), declaró que esta situación es una señal “completamente errónea a los inversionistas que ya cuentan con un contrato”.

En este proceso de APP, ya existe un contrato con la empresa, sobre el cual el Congreso puede aprobar o inaprobar y no hay otra salida.

“La CC fue clara, indica a Congreso que lo debe agendar votar, y uno estarán a favor o en contra. Lo importante es brindarle certeza la inversionista para que Guatemala no salga perjudicado”, añadió.

La situación es grave, advirtieron, porque esto coloca al país en una zona de alerta observada por las agencias de calificación.

Los economistas se refieren al mensaje del presidente Alejandro Giammattei cuando defendió el presupuesto de 2021 e indicó que no lo vetará, a pesar de que el paquete ha sido rechazado por numerosos sectores sociales.

Giammattei dijo en su mensaje que el gasto de 2021 es menor en Q8 mil 60.7 millones que en 2020 y que el endeudamiento es de Q4 mil 719 millones menos.

A pesar de que no lo vetará, el gobernante expuso que se reunirá con sectores para resolver dudas porque, afirmó, el de 2020 conllevaría más déficit que el aprobado esta semana.

Sin ingresos y financiado por deuda

“El presidente no menciona que un tercio del presupuesto está siendo financiado por deuda, y a pesar de que ellos cambiaron un superintendente este año, no se está haciendo nada para recuperar los ingresos para el combate de la evasión, el contrabando y hay una subestimación por Q1 mil millones en los ingresos tributarios por el impuesto a la distribución de petróleo”, dijo Medina Bermejo.

El nuevo presupuesto, cuando se extraen los gastos extraordinarios como consecuencia del covid-19, es más alto que el año anterior, indica.

A decir de Medina, el problema global apunta a los destinos y a los cambios que realizaron los diputados en el Congreso para mejorar las condiciones de vida, y, en su momento, Giammattei ofreció combatir la desnutrición y pobreza, y los recursos fueron manejados de manera opaca y destinados para pagar los favores y deuda políticos en la parte de la infraestructura.

“Invisibiliza cómo crece la deuda”

Casasola manifestó que el presidente no reconoce e invisibiliza el crecimiento de la deuda pública al que está siendo sometido el país y llegando a niveles riesgos.

“Es importante comparar lo que se presentó, lo que se aprobó y reconocer la trayectoria con una tendencia al endeudamiento y no mostrar una capacidad (poco) creíble de controlar los gastos de funcionamiento”, añadió el analista del Cien.

Añade que cuando se analiza el presupuesto, el 67% son gastos de funcionamiento y se está en un punto en el cual se endeuda para pagar gastos.

“Se puede justificar endeudamiento cuando se generen resultados que mejoren las condiciones en el país a mediano plazo”, señaló.

Contratación de deuda sin resultados

Casasola dijo que el presidente no habló sobre los resultados del ejercicio presupuestario.

Con la autorización del Congreso para contratar nueva deuda (y financiar el gasto del 2021) el saldo de endeudamiento público acumulado sobrepasará los Q220 mil millones.

Es decir, el incremento de la deuda pública es 41.2%: un total de Q64 mil 944 millones en dos años con la información disponible a octubre.

Para el ejercicio 2021, el monto de Q32 mil 638 se desagrega en Q24 mil 157 millones que proviene de bonos del Tesoro y Q6 mil 915 millones de préstamos de organismos financieros internacionales.

En los dos primeros años del gobierno de Giammattei, la contratación de la deuda pública se incrementó sustancialmente por los efectos del covid-19 y el proceso de reactivación económica planteado en el presupuesto que legalizó el Congreso el pasado miércoles 18 de noviembre por Q99 mil 700 millones.

El monto forma parte del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, por Q2 mil 730 millones, que se creó en el Decreto 13-2020 que aprobó el Congreso en abril último, y que administra el Crédito Hipotecario Nacional (CHN).

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Gustavo Mancur Milián, presidente del CHN, informó que solicitaron al Congreso que se permitiala ejecución de Q400 millones para el primer trimestre del 2021, para acabar con el cupo por medio de una iniciativa.

De lo contrario, los recursos asignados pasarán al Fondo Común o que el Legislativo los designe para otros rubros como ocurrió la semana pasada con el Fondo de Protección al Empleo.

“Estos son créditos para la reactivación la cual arrancó en octubre con la liberación, y nosotros como CHN quisiéramos tener la ventana de diciembre, enero y febrero para poder terminar de colocar ya que muchas empresas ya están activas y antes no lo hicieron porque estaban cerradas”, explicó Mancur Milián.

Indicó que los interesados se están acercando a solicitar los recursos. Según el directivo, cuando se emitió el decreto en abril “nadie sabía cuánto duraría el cierre” y todos pensaban que terminaría en junio, pero no fue así, sino hasta septiembre.

Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americano (AmCham), tiene el criterio de que ese dinero debería regresar al Fondo Común ya que los recursos no están llegando a las empresas que los necesitan.

“Lo ideal es que se le dé otro uso, ya que el CHN no está colocando los créditos donde se necesita”, afirmó Carrasco.

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Poca demanda

Carrasco dijo que es lamentable esta situación y que la utilización de estos fondos no tuvo la naturaleza de emergencia ante los efectos del covid-19.

“Los requisitos y la burocracia para obtener estos fondos fueron excesivos, tenemos muchos reportes de las empresas asociadas”, dijo Carrasco al comentar que no hubo un tratamiento especializado.

La Tercera Encuesta de Percepción Empresarial divulgada la semana pasada por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) reflejó que siete de cada 10 empresarios no tuvieron acceso a los programas de apoyo de gobierno a través del CHN.

La fuente principal de financiamiento para enfrentar la crisis fueron los préstamos de la banca comercial, explicó Claudia Galán, directora de la Unidad Económica de Cacif. Solo 37% optó por la aportación de capital y el 8%, a préstamos gubernamentales.

Las principales quejas se centraron en los requisitos de la solicitud de los créditos en el CHN y el plazo para la formalización del crédito.

Mancur Milián dijo que uno de los problemas fue que el monto de asignación de recursos era limitado, que prácticamente cubrió a tres de cada 10 empresas, y lo ideal hubiera sido atender al universo, pero con más recursos.

Con respecto a las solicitudes, muchas fueron rechazadas en los filtros ya que no reunían los requisitos, presentaban embargos o demandas, tenían saldo de mora con otras entidades y presentaban cuentas incobrables.

El tablero de ejecución de los programas sociales y económicos del Ministerio de Finanzas (Minfin) detalla que, hasta el viernes 13 de noviembre, el saldo comprometido y monto ejecutado de los Q2 mil 300 millones equivale al 84%. El saldo disponible es de Q430 millones.

Con respecto al Programa de Fondo de Protección de Capitales de Q250 millones, se recibieron mil 300 solicitudes, de las cuales se aprobaron 481 expedientes, por  Q247.6 millones.

Al 30 de septiembre se han desembolsado Q237.8 millones en 448 solicitudes.

El programa de Reactivación Económica para Pymes reportó 447 solicitudes, y se han aprobado 74, por Q53 millones del programa que cuenta con Q400 millones.

Colocación

El CHN informó que han recibido aproximadamente tres mil solicitudes de crédito en ese fondo, de los cuales se han aprobado mil 422 que equivalen a unos Q165 millones, y de otras entidades financieras, cooperativas de ahorro y crédito -que son otros canales-, ocho mil 923 solicitudes.

Al 30 de septiembre, el monto total de créditos que se han otorgado del fondo, por la vía del CHN, otros bancos, y cooperativas, son 10 mil 345, lo que equivale a un total de Q1 mil 143.6 millones desembolsados.

De las nueve actividades identificadas sobresale comercio con Q795 millones; servicios, Q166 millones; transporte, Q63 millones; manufactura, Q36 millones, y agropecuaria, Q23 millones.

La mayoría utilizó los fondos para capital de trabajo en las empresas como pago de las prestaciones y obligaciones laborales, ampliación, remodelación y mantenimiento, así como la compra de materias primas y equipo.

Óscar Erasmo Velásquez, expresidente del CHN, considera necesaria la transparencia en este proceso y conocer el destino de qué empresas jurídicas recibieron los fondos, el seguimiento y funcionamiento de los negocios. “La única manera que hay es que las autoridades del banco publiquen el número de préstamos, personas beneficiadas y que se constate que estén funcionando o no”, aseveró.

Mancur Milián dijo al respecto que esos reportes se han trasladado a la Superintendencia de Bancos (SIB), como ente regulador, y a la Contraloría General de Cuentas, y que las leyes bancarias no permiten la publicación de listados de beneficiarios.

Con respecto al seguimiento y la revisión de las empresas, esto se realizará en 2021, ya que las empresas recibieron los recursos hace 30 y 60 días y es muy pronto para hacer el análisis. “Con las cooperativas en la base de la pirámide hemos llegado hasta los micronegocios como venta de tortillas”, detalló.

Señala deficiencias

El presidente de AmCham reiteró que se encontraron con una serie de obstáculos para acceder a los recursos por la burocracia y la descalificación de las solicitudes llevó meses para las respuestas a los interesados.

Comentó que la mayoría de las descalificaciones no fue por temas graves sino por criterios excesivamente rígidos para firmas que estaban en una situación de emergencia, y solo se dieron los créditos a las empresas que no necesitaban los fondos.

“Prácticamente calificaron a empresas que no necesitaban los créditos y no se contribuyó como lo hicieron como en otros países y se establecieron requisitos rígidos”, reitero Carrasco.

Velásquez dijo que los bancos siempre evalúan los riesgos crediticios de las personas y empresas y califican dependiendo su capacidad y su relación.

En términos generales, se podría decir que el costo del dinero se mantiene luego de darse esos movimientos, aunque las autoridades monetarias consideran que habrá un efecto de transmisión que dura unos seis meses para que se concrete por parte de las entidades financieras.

Representantes del sector bancario aseguran que sí se están dando estos movimientos en este período.

Instrumento de apalancamiento

Este año, la pandemia ha impactado la economía, y la reducción de la tasa líder de interés fue una de las medidas adoptadas por la Junta Monetaria (JM) para estimular la demanda del crédito, abaratarlo e impulsar los programas de inversión para reactivar la economía.

La tasa líder de interés empezó en enero en 2.75%, luego de mantenerse invariable durante el 2019.

Con los primeros casos del nuevo coronavirus detectados en marzo y las disposiciones de restricciones que se decretaron en ese mes, la JM la redujo de un golpe a 75 puntos básicos.

• El 19 de marzo, la reducción fue de 50 puntos.
• El 25 de marzo otros 25 puntos, para situarse en 2%.
• El 24 de junio hubo otra reducción de 25 puntos básicos, para situarse en 1.75%
• Hasta octubre, el indicador apunta a 1.75%.

Es decir que, en un período de 90 días, la tasa líder de interés tuvo un ajuste a la baja de 100 puntos básicos, algo que no se había presentado en la historia reciente.

“Dicha acción pretende tener un efecto contracíclico, lo que estaría apoyando la recuperación de la actividad económica”, señala el informe de evaluación de política monetaria, cambiaria y crediticia a junio de este año y que se conoció el pasado 13 de octubre.

Tasas activas invariables

A pesar de la baja en la tasa rectora, de enero a septiembre, de las tasas promedio ponderadas de la cartera de créditos, solo la de la empresarial mayor muestra una leve baja con respecto a las otras, según la Superintendencia de Bancos (SIB).

En enero, la tasa de interés para los créditos empresarial mayor, era de 7% y en septiembre alcanzó 6.91%.
Para el empresarial menor, empezó el año con 10.43% y a septiembre, 10.38%; para consumo, 24.40% a 24.44%; microcrédito, 22.53% a 22.19% y la hipotecaria para vivienda de 9.23% a 9.15%, que es comportamiento que ha presentado las tasas activas ponderadas.

“Cuestión de tiempo, pero ya se refleja”

Sergio Recinos, presidente de la JM y del Banco de Guatemala (Banguat), comentó al ser consultado, que “cuando uno compara la tasa activa promedio ponderado no se ve claramente la baja de la tasa de interés líder”.

Aclaró que la JM analizó un informe que presentó la SIB sobre los préstamos nuevos, y ya se expresa una baja tasa de interés, especialmente en el segmento de empresarial mayor, mediano y menor.

Mientras que, en los créditos de consumo, no se observa tan rápido, ya que “como dicen las instituciones bancarias, este tipo de crédito tiene un riesgo y no se observa tan rápido la baja”.

Proceso lento

Recinos recordó que la evidencia de la baja tasa líder de interés puede reflejarse en dos vías: “a veces es más rápida y a veces más lenta”.

Hizo un recordatorio de que hace ocho años hubo un movimiento histórico a la baja, en los hipotecarios, empresarial mayor y menor.

“Hemos pasado de tasa de 14 a 15% a 9% 8%”, remarcó.

ABG: “¡Claro que han bajado!”

Luis Lara Grojec, presidente de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), afirmó que las tasas de interés han bajado, sobre todo las del segmento empresarial mayor.

Aclaró que cuando se mide la tasa de interés por el promedio ponderado del sistema, hay una parte alta que es la del consumo, y esta se basa en el riesgo, gasto administrativo, más que el tema de la tasa líder.

“¡Pero claro que han bajado las tasas! Una empresa grande consigue ahora un crédito con tasa más baja que antes.

Los promedios, muchas veces, engañan”, defendió el presidente de la ABG.

Consideró que las actuales tasas no podrían reflejar más baja, ya que la inflación acumulada -de enero a septiembre- está al 3%dentro del rango, y, por otro lado, se tiene que contar con una tasa mayor a la de Estados Unidos, ya que Guatemala es un país con más riesgo.

Pensar en inversiones

La tasa líder de 1.75% está al límite, “y en el horizonte no se observa que vaya a bajar más, ni tampoco vaya a subir” apuntó Lara Grojec. Lo que sí anticipó es que Guatemala “pasará” un buen tiempo con los actuales niveles.

Recordó que cuando fue la crisis económica de Estados Unidos, en 2008, las tasas de interés estuvieron bajas por un prolongado período, y esta crisis del coronavirus es más profunda y el mensaje a los agentes económicos es que se verán varios años con tasas bajas, y es el momento en pensar en inversiones, porque no habría una gran variación de tasas.

“Si un inversionista piensa que la tasa va a subir le daría miedo invertir, pero yo no lo veo. El mensaje para la población es que se vislumbran varios años con bajas tasas de interés por lo que es importante invertir en los recursos”, reiteró.

“Ya no es referente”

Para el exministro de Economía, Érick Coyoy, la política monetaria no es efectiva en Guatemala, en cuanto a la tasa líder de interés como supuesto referente en las tasas de interés del mercado, y considera que no se cuenta con un mercado financiero plenamente desarrollado como en otros países para que pueda tener una incidencia.

Aunque reconoce que el sistema bancario es muy robusto, sano, y solvente, no se cuenta con un mercado financiero como tal, y ahí falta un mecanismo que permita hacer más efectiva la tasa líder de interés para que tenga efecto en la tasa de mercado.

Por otro lado, no existe una buena coordinación entre el Banguat y el Ministerio de Finanzas, ya que este último cuenta con la capacidad y debiera mover la tasa de interés que paga por sus bonos del Tesoro, en función de los movimientos de la tasa líder, añadió Coyoy.

Ambas, instituciones recogen dinero por medio de la colocación de sus bonos en el mercado.

“Al no existir una coordinación, Finanzas tiene y maneja sus tasas, para los bancos les resulta más atractivo ese porcentaje que paga y no la del Banguat. Prefieren invertir en los bonos del Tesoro, que paga un porcentaje mayor de la tasa, y eso distorsiona el mercado en Guatemala del mecanismo de la tasa líder y no funciona como orientador de mercado, ya que Finanzas también compite por captar dinero”, subrayó.

En operaciones simples, los bancos prefieren prestarle a Finanzas a través de los bonos, y quitan los incentivos para que los bancos brinden créditos a consumidores e inversionistas, ya que al final, la paga de Finanzas es muy segura, alta y hacen operaciones con un cliente de cero riesgos, por lo que disminuye el objetivo de los bancos a competir por la vía de la tasa de interés, remarcó.

Implicaciones al usuario

A decir de Coyoy, como el mecanismo del mercado no funciona plenamente en Guatemala, no hay una competencia entre bancos por los recursos financieros, y por colocar créditos, porque está el elemento de Finanzas, sobre todo en estos momentos que se están financiando con bonos del Tesoro, que este año será más de Q30 mil millones, y para el próximo año será un valor similar.

Los bancos disminuyen los riesgos, van a prestar a Finanzas, y obtienen un beneficio que les paga mejor. Los bancos observan la tasa que paga Finanzas y en función a esta fijan la tasa que le pagan a sus ahorrantes.

Niveles de riesgo

Hay una premisa directa que dicta que, entre mayor riesgo, mayor tasa de interés cobran los bancos.

Entre más alto sea el riesgo de no recuperar el crédito, más alto es la tasa de interés que se le aplique.

Esta situación explica el comportamiento en los créditos de consumo que es el más caro, ya que las entidades corren más riesgo que es mayor.

Los bancos, para asegurarse de que no tendrán pérdidas, cobran una tasa de interés mayor.

En un crédito hipotecario, la tasa es más baja a pesar de no ser empresarial, porque la garantía es la vivienda, si el cliente no paga el crédito el banco automáticamente ejecuta la hipoteca, y hay menos riesgo que el banco pierda su recurso porque la garantía funciona plenamente.

Mientras que las empresas grandes suelen ser clientes frecuentes de los bancos con los que trabajan, saben y confían en ellos y saben que el nivel de riesgo es menor y por esa razón se ve reflejado con tasa más bajas.

El covid-19 obligó a un cambio dramático en los hábitos de consumo, la eficiencia financiera, el comportamiento de los clientes, el surgimiento de los canales digitales o electrónicos, y para algunas empresas o sectores, representó el cierre permanente de operaciones y una severa contracción como el de turismo.

La planeación deberá estar asociada a las circunstancias internas y externas sobre esta enfermedad y sus posibles efectos en la economía. En 2020 las estadísticas cambiaron y no es posible hacer pronósticos precisos.

Variable extraordinaria

Los especialistas parten de que el programa de negocios para el siguiente año será extraordinario, y no podrá tomarse como referencia lo sucedido en 2020 para hacer los cálculos para las ventas, volumen de producción, pronósticos de ingresos y gastos, rentas y planes de expansión.

Los tomadores de decisiones deberán promediar la planeación con respecto a lo que se venía ejecutando en años anteriores.

Sin embargo, la conducta del consumidor y el comportamiento de la economía han cambiado a raíz del surgimiento de la enfermedad.

“Los ejecutivos que se dedican a la planeación y las empresas que hacen sus pronósticos de estrategia deben partir ahora con un modelo de negocios diferente, replantearlo, y probablemente los mismos productos, pero con una serie de estrategias y servicios diferentes, hacia otros segmentos, revisión de precios y un criterio conservador en los volúmenes de producción”, recomendó el consultor empresarial Juan Carlos Paredes de la firma Parsa.

Base cero

En la planificación financiera, las compañías deberán partir del modelo conocido base cero.

Este planteamiento parte en los gastos, la capacidad de producción de las empresas, así como un control adecuado del modelo y nivel de negocios, que implica la reducción de costos en determinadas áreas, destinarlo en otras unidades puntuales y esenciales como servicios y de áreas de digitalización o electrónica.

Esta línea de trabajo incluye un manejo conservador del funcionamiento de la compañía, un adecuado manejo de costos, una estrategia financiera de gastos, mientras se recupera la economía, la confianza en el consumo y los ingresos.

La idea es mientras se recupera la producción nacional, las compañías tienen que controlar el presupuesto.

El contenido de la base cero se refiere a no contar con las experiencias pasadas, sino a lo que está ocurriendo en la actualidad.

5 preguntas sobre el flujo de caja

Jorge Nadalini, director ejecutivo de Interamerican Business School (IBS), y catedrático del curso de planeación financiera, sugiere que las compañías deben ponerle toda la atención en los flujos de caja.

Las principales dudas para resolver y atender son:

1. ¿Qué van a hacer con los clientes que tienen un retraso de cumplimiento?
2. ¿Qué va a pasar con los clientes morosos, con problemas de pago y qué soluciones se van a buscar?
3. ¿Cómo se van a incrementar las ventas y se puede ser más agresivos?
4. ¿Cómo desarrollar nuevos productos y otras oportunidades o servicios?
5. ¿Cuáles gastos fijos se piensa reducir o ajustar al flujo de ingresos?

El académico remarcó que el flujo de caja determinará la programación de los ingresos, para poder acoplar sus gastos a esos números en los siguientes meses. La siguiente fase es contar con plan estratégico.

Las empresas deben buscar cuáles serán las nuevas fuentes de ingreso, que productos o servicios pueden diversificar, cuáles serán las nuevas maneras de comercialización o que nuevos canales de distribución para llegar a más consumidores.

Ser objetivo y realista

Con respecto a la planeación estratégica, estos deberán girar a los nuevos modelos de servicios, entregas, y de los mercados que los obligan a un control de gasto en todas las actividades.

Paredes recalca que ahora las empresas tienen que ser eficientes en sus procesos productivos, en afinar las líneas de producción con menos recursos, y en observar la reacción que tendrá la economía a nivel global y local en todos los segmentos.

Deben poner énfasis en los segmentos altos, medio y bajos, en los canales de distribución y el comportamiento de estos.

“Nadie tiene una garantía de que se pueda vender lo mismo o resistir una estructura con los ingresos del 2020, por los negocios que tuvieron pérdidas. Hay que partir del supuesto base cero de tener un criterio realista y objetivo para generar los ingresos adecuados en función de las circunstancias actuales”, consideró Paredes, al explicar esa metodología.

Debe haber planeación

A pesar de los efectos del covid-19 y un panorama incierto, los expertos recomienda la creación del programa estratégico para 2021.

En 2020, las empresas que tenían una planeación estratégica reaccionaron y tuvieron más oportunidad de permanecer o de estar activas con un plan emergente con respecto a las que no contaban con un plan.

Nadalini subrayó que la planeación tiene que hacerse con mucho más cuidado, y los presupuestos abarcan un pronóstico de ventas para seis o 12 meses; pero en 2021 se tiene que estar al día con la creación de un fondo de maniobra para operar ante el “apretón” y en los meses difíciles.

Reconfigurar las proyecciones

La sugerencia es que ahora más que nunca, las empresas como los emprendedores deben afinar sus proyecciones.

La costumbre era tomar el comportamiento de años anteriores, pero ahora se debe considerar todos los efectos que pueda atraer el covid-19, sobre todo con la conducta del consumidor.

Cabe resaltar, que en la medida que los clientes son conservadores, no estarán saliendo a la calle, visitando centros comerciales, y no realiza compras con impulso, pero la oferta deberá ser estratégica para atraer a los consumidores sin los riesgos de la pandemia. Una estrategia puede ser un mercadeo directo con la oferta de los productos.

Cada 90 días -tres meses- los planes eran sujetos a revisión, pero de nuevo, los efectos de la pandemia van a cambiar la metodología a una supervisión mensual y una revisión cada lunes sobre los avances.

La planificación estadística del país se atrasará, por lo menos, un año, sobre todo de los estudios que vendrían después del Censo de Población y Habitación del 2018 y que los resultados se oficializaron en diciembre del 2019.

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Este año no se ejecutaron las encuestas de Ingresos y Gastos de Hogares (Enigh), Empleo e Ingresos (Enei) y Nacional Agropecuaria (Ena), las cuales fueron reprogramadas para el 2021 y 2022.

Los estudios tendrían la particularidad de que utilizarían la cartografía y otros elementos que se generaron a través del Censo 2018 por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Juan Pablo Pira, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), aseguró que por no contar con información, muchas de las políticas públicas se establecerán “adivinando”, al no haber datos, y que lo ideal hubiera sido conocer el antes y después de los efectos causados por el covid-19 en temas como empleo, desempleo, patrón de consumo de los hogares o las condiciones de vida.

El consultor enfatizó en que no solo Guatemala se vio afectada por esta situación y que en la mayoría de los países no se realizaron investigaciones de campo, por la pandemia.

Al tiempo

Abel Cruz Calderón, gerente del INE, expresó que la Enigh -antes Enigfam- era el estudio que sucedería al Censo para determinar el patrón de consumo en los hogares, la Canasta Básica de Alimentos y la nueva estructura del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con base 2020 para medir la inflación -alza de precios en la economía- por la amplia cobertura.

Este estudio es más grande que la Enei, Ena y la Encuesta de Condiciones de Vida -Encovi- que se utiliza para medir los índices de pobreza y pobreza extrema.

“La Enigh estaba programada para salir en junio de este año, sin embargo, por estar en junio en una temporada alta por la pandemia se reprogramó; es una encuesta clave, porque levanta los patrones de consumo en los hogares”, precisó.

Explicó que la Enigfam data del 2009-2010, y la recomendación es que cada 10 años se actualice la estructura, ya que estadísticamente hay cambios en un lustro.

El gerente recordó que la Enigh es una encuesta que tarda un año para su elaboración y es uno de los estudios más profundos, que lamentablemente este año por los efectos de la pandemia ya no se pudo realizar.

Añadió que era imposible levantar la información de campo, las restricciones y que el riesgo no se ha mitigado.

La encuesta se estaría activando en mayo o junio del 2021, finalizará en el 2022, e incluirá el consumo de la población post covid-19. Todo tendrá un costo de unos Q20 millones.

Cambio de patrón

Cruz Calderón aseguró que uno de los aspectos positivos del atraso de la encuesta es que generará información post covid-19.

Explicó que permitirá conocer cuáles serán los patrones de consumo en los hogares e ingresos después de la pandemia.

Uno de los cambios que podrían determinarse es el consumo fuera del hogar, y ahora que se empezó con la reapertura económica, la capacidad de los restaurantes se tuvo que disminuir, no hay actividades de entretenimiento, y la encuesta determinará esos patrones de consumo.

Pira remarcó que la pandemia ha causado la disminución de algunos productos no esenciales en los hogares, y al principio, aumentó las adquisiciones de productos alimenticios no perecederos ante un temor de posible escasez de alimentos, así como una compra fuerte de granos básicos, como maíz y frijol.

Luego se estabilizó, y hay compras de alimentos para sustentarse con poco gasto, al contraerse los ingresos, pero no se sabrá cuánto, ya que no habrá Enei para determinar los trabajos que se perdieron y los ingresos de los hogares.

“Sospecho que hay cambio en los cambios de patrón de consumo en los hogares. Lo ideal hubiera sido tener un antes y un después, pero la Enigh debe utilizar el Censo 2018 que reflejará cambios evidentes”, puntualizó el matemático.

Año base

La Enigh también reflejará la nueva estructura del IPC -instrumento que se utiliza para medir los precios en la economía- para los siguientes diez años.

Cruz Calderón manifestó que la actual base está envejeciendo porque data del 2010, y esta encuesta actualizará esa variable en la canasta general de bienes y servicios.

El fin es contar con esas herramientas post covid-19 para hacer una mejor política pública, recalcó.

Medición de empleo

El INE está diseñando hacer un estudio del mercado laboral en vez de una encuesta, para medir los efectos de la pandemia.

El gerente explicó que la muestra contará con información de las desafiliaciones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, declaraciones Superintendencia de Administración Tributaria e Instituto Técnico de Capacitación y Productividad.

Una nueva Enei se estaría diseñando en 2021.

Al respecto, Pira declaró que esa será una de las variables en las cuales no se contará con información este año.

Presupuesto 2021

El gerente del INE solicitó un presupuesto de Q84 millones para el 2021 en las audiencias que lleva a cabo la Comisión de Finanzas en las audiencias.

De estos, Q53 millones serán destinados a generación de diferentes estadísticas, encuestas y preparación para censos.

Se prevé efectuar dos encuestas principales en el 2021 como la Enigh, que requerirá entre Q15 millones a Q19 millones.

La más reciente se efectuó en el 2010.

La segunda, es referente al IPC, el sistema de precios, los precios de referencia, los cuales demandarán alrededor de Q15 millones.

Cruz Calderón explicó que también están solicitando fondos para planificar y hacer la cartografía necesaria para el Censo Nacional Agropecuario del cual el más reciente es del 2005, y que se efectuaría en el 2022.

Así también piden fondos para hacer los preparativos para la Encovi, en este caso la última fue efectuada el 2014.

El INE tiene planificado retomar Enei cuando el comportamiento de la pandemia del coronavirus en el país lo permita.

En 2020 se tenían previstas dos semestrales, pero fueron suspendidas por la pandemia, debido a las restricciones de movilidad en algunos meses y por prevención para evitar contagios dijo el funcionario.

La relación es tan estrecha que se dice en la filosofía popular que, si a la economía de Estados Unidos pasa por un resfriado, a Guatemala y a la región les dará pulmonía.

Aferrados a la recuperación

Un ejemplo de esta situación se ha vivido el presente año por los efectos del coronavirus en ese país, y cuando afectó con mayor intensidad en marzo y abril, hubo una importante caída en las remesas familiares. Pese a ello, la recuperación fue casi inmediata.

Los agentes económicos en Guatemala ponen atención al desarrollo del evento electoral que definirá el futuro político de ese país, pero también a una economía que se aferra a una fase de recuperación.

El binomio presidencial que salga electo en noviembre no implicaría un cambio significativo en la política económica para Guatemala. No obstante, una vez se conozca el ganador se tendrá un panorama más claro.

Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham), resaltó que en términos económicos no se esperan cambios, y que existe una trayectoria estable que solo podría alterar un cambio drástico de política económica de quien resulte electo. En todo caso, la tendencia para Guatemala en cuanto a envío de remesas y cooperación se va a mantener, puntualizó.

Ineludible conexión con el migrante

Desde EE. UU. se despachan casi el 100% de las remesas anuales que ingresan al país.
El fenómeno migratorio en las últimas décadas ha experimentado varias etapas y causas, pero concretamente en los últimos 20 años responde a que las personas migran para buscar un bienestar económico, mejores condiciones de vida, oportunidades laborales, reencuentro familiar y por desastres naturales.

Ahora se espera un repunte de migración por los efectos de la pandemia en la economía y el desempleo generalizado.

También desde Estados Unidos se recibe un flujo importante de divisas que se ha convertido en un elemento fundamental en la economía.

En 2019, las remesas representaron el 13% del producto interno bruto (PIB) por US$10 mil 508 millones -unos Q81 mil millones-, una cifra histórica, que se destina al consumo en los hogares, en especial de bienes básicos, así como para inversión, ahorro, educación, construcción y mantenimiento de vivienda.

Socio comercial

Las cifras de la balanza comercial apuntan que EE. UU. es el principal socio comercial del país, a donde se destinó el 32% de las exportaciones en 2019, con una facturación en ventas por US$3 mil 601 millones de los US$11 mil 169 millones que fue el total.

De enero a julio del 2020, las exportaciones suman US$2 mil 81 millones. Evidentemente, Guatemala muestra una balanza negativa, en el sentido de que compra más de lo que vende.

Los principales cinco productos de exportación hasta julio son artículos de vestuario por US$617 millones; banano, US$440 millones; café, US$216 millones; frutas, US$145 millones y plátano con US$58 millones.

Lo que más se importa es diésel por US$384 millones; gasolina, US$371 millones; máquinas y aparatos mecánicos, US$285 millones; vehículos y materiales de transporte, US$240 millones, y materiales plásticos y sus manufacturas, US$211 millones.

Principal inversor

Por origen de país, EE. UU. también es el principal inversor en Guatemala en varias actividades productivas. El 25% de la inversión extranjera directa recibida en 2019 provino de allí, por un monto de US$243 millones.

Las principales actividades fueron industria manufacturera, por US$114 millones; comercio y reparación de vehículos, US$44 millones; suministro de electricidad, agua y saneamiento, US$28 millones, y actividades financieras, US$21 millones. En el primer trimestre del 2020, el monto de inversión es de US$50 millones.

Luis Linares López, analista de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes), expuso que al ser EE. UU. el principal comprador de los productos guatemaltecos, el país con mayor inversión de capitales, destino de los migrantes y de remesas, es evidente que existe una dependencia económica y a la vez política. “Guatemala está en el área de influencia directa de EE. UU.” subrayó.

Qué se espera

Al igual que Carrasco, Linares López considera que la política económica, migratoria, de seguridad y de cooperación está bastante clara, aunque Trump por primera vez rompió esos lineamientos. Por ejemplo, en la lucha contra la corrupción en Guatemala, que era una política de los partidos Demócrata y Republicano, y se prefirió apoyar la salida de la Cicig con el acuerdo al que se llegó con el entonces presidente Jimmy Morales.

“La política de Estados Unidos no cambiaría en el fondo, pero sí en la forma como lo realizó Trump”, aseveró Linares López.

Por su parte, Carrasco precisó que, en el caso de que Donald Trump sea reelecto, habrá una continuidad en los programas de cooperación para Guatemala por medio de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) de EE. UU., el tercer país seguro, enfoque migratorio y otros aspectos que ya se conocen.

En caso contrario, de darse la victoria de Joe Biden, la expectativa es sobre qué cambios podría haber en el Senado y, si llega a una mayoría, qué matices pueden presentarse con una dinámica distinta, como, por ejemplo, una política hacia los migrantes guatemaltecos en ese país, así como ayuda y cooperación hacia otros sectores.

Productos hispanos ganan influencia

La recién creada Cámara Comercial Hispana de Minoristas para Guatemala descubrió que en la actualidad existe una oportunidad importante para los productores, exportadores y empresarios guatemaltecos que buscan ingresar a supermercados estadounidenses, donde hay más de dos mil tiendas, de 62 cadenas diferentes.

Un estudio de Nielsen citado por la misma cámara arrojó que el 57% de los latinos en ese país afirmó sentirse atraído por los supermercados hispanos porque ofrecen productos y marcas que reflejan sus gustos culturales.

Un reto para los empresarios y exportadores guatemaltecos es cumplir con las regulaciones de la Administración de Medicamentos y Alimentos ​​ o Administración de Alimentos y Medicamentos​ (FDA, por sus siglas en inglés). La cámara tiene un departamento de registro que facilita los enlace.

Julio Carranza, director de Hispanic Chamber para Guatemala, conversó con Prensa Libre sobre la actual coyuntura.

¿Ven oportunidades en el marco de las elecciones en noviembre en EE. UU.?

Realmente continuar trabajando de la mejor forma en cualquiera de los dos escenarios, seguir manteniendo las buenas relaciones comerciales con el Gobierno entrante tal y como se ha realizado con el presidente actual.

La Hispanic Retail Chamber es apolítica y mantiene las relaciones comerciales y crecimiento y en espera de que bajen los índices de contagios y dar el mejor servicio a nuestros clientes no hay fines políticos sino comerciales y en consecuencia siempre a la espera del crecimiento de las operaciones en Estados Unidos.

¿Cómo buscan colocar productos nacionales en EE. UU.?

Estamos recibiendo agremiados, puesto que la base principal de la cámara se fundamenta en la realización de negocios del retail y en consecuencia existe una serie de mecanismos que están en constante comunicación a los asociados así como las múltiples oportunidades de negocios,

También apoyará a las pymes en posicionamiento de marcas y productos no precisamente que estén agremiadas sin embargo se persigue captar la mayor cantidad de agremiados posibles con la finalidad de crear sinergia de negocios internacionalmente así como también en nuestro propio país.

Por medio de la cámara se puede trabajar el estudio de mercado del producto así como el análisis de costos y factibilidad para el ingresos de los mismos, para que la inversión sea prospera y no que solo sea una pérdida de tiempo y dinero para el inversionista, así como la facilitación y el soporte para lograr la calificación o los registros y requisitos necesarios que solicita el mercado Estadounidense

¿Luego de la feria virtual de retail en octubre, cuáles serían las oportunidades para los empresarios a fin de año?

Tendrán la oportunidad de ver más allá en todos los negocios de retail ya que queda abierto el mercado internacional en todas las ramas de negocios y los contactos necesarios para el desarrollo de sus productos y servicios no solo a nivel de Cámara sino a nivel del Diario Retail Sudamérica Business que concentra toda la información de productores de diferentes países, y la Hispanic Retail Chamber aunada a Sudamérica Business, como fuente de información y soporte para poder llegar a nuevas oportunidades de negocios con el fin primordial en el cual El mundo es tu cliente.

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El Gobierno de México tiene el interés de activar lo antes posible la operación en el punto fronterizo ingenieros en Ixcán, Quiché que ya está construido para la facilitación del comercio, y que sea la primera aduana única con Guatemala en el manejo de un despacho conjunto de mercancías.

El tema se tendrá que abordar al más alto nivel, porque es de voluntad política, declaró Arturo Soto Aguirre, presidente de la Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco-Mexicana (Camex) y exembajador de Guatemala en México.

Recordó que el planteamiento para la habilitación de esa aduana tiene 17 años, y que este es el momento para ponerla en funcionamiento con un modelo de aduana integrada.

Hasta julio las exportaciones de Guatemala hacia México rondaban los US$261 millones y las importaciones US$1 mil 166 millones, siendo ambos países jugadores importantes en las relaciones comerciales.

Soto Aguirre asumió recientemente la presidencia de Camex y conversó con Prensa Libre.

¿Cuáles son los antecedentes de esta iniciativa?

En 2003 Guatemala se envió una nota al Gobierno mexicano en la cual se expresaba el interés de abrir esa nueva frontera, y, a los dos días, hubo respuesta del entonces canciller Luis Ernesto Derbez, que fue el primer acercamiento.

En el lado de México y de Guatemala no había nada, y después en 2007 en una reunión binacional que se hizo Petén, se volvió a hablar.

A la fecha, México construye instalaciones de su lado, en espera de que Guatemala haga lo suyo, pero el problema y, para variar, hay una invasión donde se ubicaría la aduana y hubo un reparto de tierras que se hizo en el tiempo de la UNE (gobierno de Álvaro Colom, 2008-2012), y eso impide tener instalaciones del lado guatemalteco.

¿Qué sucede entonces?

México concluyó sus instalaciones y su espacio. En el lado de Guatemala, hay un terreno que fue donado para ese propósito, pero está desfasado, porque no conecta directamente con la frontera mexicana por unos 200 metros, que no es mucho.

En ese sentido, como Camex hemos estado colaborando con el Ministerio de Relaciones Exteriores porque es un tema de Gobierno a Gobierno y nosotros solo podemos acompañar por la experiencia que tenemos.

¿Cómo se encuentra el punto actualmente?

Ahora estamos en pláticas sobre qué se va a hacer del lado de Guatemala.

Nuestro punto de vista es que los Gobiernos consideren hacer una sola aduana, algo así como las que Guatemala tiene con Honduras con la unión aduanera, eso resuelve hacer solo un trámite en ambos y facilitar las operaciones de comercio.

Del lado de Guatemala, solo hay que hacer la construcción de un predio fiscal para el estacionamiento de vehículos de transporte de carga.

¿Cuál es la propuesta?

La idea es hacer algo diferente a lo que actualmente se tiene para que sea una aduana única.

Eso implica tener más coordinación entre los requisitos de país a país en temas de importación y exportación y sabemos que eso cuesta un poco.

Solo en Tecún Umán II, San Marcos, para poner un ejemplo, no se ponen de acuerdo en los horarios en las aduanas, que deben ser de 24 horas y esas son las cosas en las que se tienen que limar las diferencias para hacer una frontera fluida, que permita el movimiento de bienes y servicios.

¿Por qué es de interés esa aduana?

Tiene características muy especiales, y al ver el mapa de México en el área de Quintana Roo, se recibe una millonaria cantidad de turistas y Guatemala puede ser un proveedor de alimentos para esa zona, sin pasar por Belice.

En México ya existe una carretera que pasa por Ingenieros, bordea por el río Usumacinta y conecta con un tramo para Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Ingenieros está a 25 kilómetros de la Franja Transversal del Norte, y es un acceso para Honduras, El Salvador, Guatemala y por eso tiene mucha importancia e insistimos en la apertura de la aduana.

¿Qué avances hay de esa propuesta?

Ya se planteó al intendente de Aduanas Werner Ovalle, a la Cancillería como sugerencia y como participantes invitados.

¿De qué depende?

Entiendo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya anunció la apertura, sin embargo, del lado de Guatemala no hay nada. Por eso se propone trabajar una aduana única.

Se utilizaría la aduana mexicana que ya está construida, y lo único que habría que hacer para aquellas personas que transitan a pie una aduana sencilla de migración, así como un predio para estacionamiento de vehículos para que no queden varados en la frontera.

Si se pudiera aceptar la propuesta y lo aceptan ambos Gobiernos, aceleraría mucho.

Es una cuestión de voluntad de los Gobiernos. El de México está muy anuente a hacer eventos con Guatemala y el presidente López Obrador ha sido enfático en ser proactivos, hay que aprovecharlo y, por nuestro lado, hay que hacerlo.

Eso mismo puede ocurrir con la aduana El Ceibo en Petén en la que no hay instalaciones y en Tabasco ya hay infraestructura, y puede ocurrir lo inverso con una aduana ferroviaria en el lado de Tecún Umán donde hay espacio para México.

Además de alimentos, ¿qué otros sectores pueden aprovechar ese paso formal?

Está el aceite de palma y la mayoría de las plantas de refinación están en Veracruz. Pasando por ahí, sería mucho más rápido ya que México es un importante comprador de esta materia prima.

Recuerde que México nos ve como una región y, tan es así, que existe un Tratado de Libre Comercio único, nosotros tenemos que reaccionar, y ahí juega un papel importante la unión aduanera.

¿Cómo hay que ver, a futuro, esa facilitación del comercio?

Guatemala es la puerta de entrada hacia Centroamérica y por decirlo así, es la frontera de Centroamérica con México.

Ahora solo hay un paso que es Tecún Umán 2, es el único que hay, pero requiere mantenimiento y que sea más fluido.

“Hay un convenio aduanero”

Werner Ovalle, intendente de Aduanas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), explicó que existe con México un acuerdo de despacho aduanero unificado que se firmó en diciembre de 2019, y es un modelo que se ha proyectado entre los países.

El convenio permitiría utilizar la infraestructura construida en el lado mexicano.

“Las autoridades de ambos países estarían en una misma cabecera haciendo la revisión aduanera de cómo está funcionando con Honduras en los puestos integrados en el marco de la unión aduanera”, manifestó el intendente.

Comentó que el documento se encuentra en el Congreso y se está en la fase de ratificar y aprobar para que pueda ser una ley en Guatemala y, a partir de ahí, hacer las coordinaciones con México.

“Es un modelo que vendrá aportar mucho para la facilitación del comercio y es lo que se busca; que dos aduanas no hagan una misma operación si no, centralizarla en una misma”, puntualizó.

Del 2008 al 2019 se han suscrito 88 pactos colectivos, según los registros que proporcionó el Ministerio de Trabajo (Mintrab), en los cuales destacan mayormente sindicatos municipales, pero existen de otras instituciones públicas como de los ministerios de Economía en 2011; Público e INDE en 2012; IGSS en 2013; Salud, Empornac y Registro de la Propiedad en 2014; Migración, Intecap y MAGA en 2015.

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Pero en 2019, se asumieron otros compromisos con el Ministerio de Educación, Universidad de San Carlos, Empresa Portuaria Quetzal, Organismo Judicial y Tribunal Supremo Electoral, que son instituciones grandes, según el reporte oficial.

Parte de estos acuerdos colectivos ha provocado que el rubro de remuneraciones creciera en 181%, y de Q9 mil 260 millones que era en 2008 alcanzará Q26 mil 035 millones en el 2019.

Guatemala se rige en normas internacionales como el Convenio 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que es relacionado a la negociación colectiva, la libertad sindical y el derecho de sindicalización.

Predomina sector público

El abogado laboralista César Gatica, expresó que la negociación colectiva en los últimos años ha girado en el sector público, sobre todo en las municipalidades, algunas instituciones de los organismos Ejecutivo, Judicial, Legislativo, así como entidades descentralizadas.

En la iniciativa privada, son contados los pactos colectivos negociados, ya que existen muy pocos sindicatos en ese sector en comparación del público.

Los sindicatos privados que existen y que llegan a una negociación colectiva, según Gatica, están concentrados en actividades de industria y de vestuario y textil.

Carga presupuestaria

De los 88 pactos colectivos suscritos, no se detallan los montos de los acuerdos alcanzados entre las partes.

En promedio, el rubro de remuneraciones salariales del sector público que se plantea en el presupuesto de ingresos y egresos se incrementa 10% en promedio para honrar esos compromisos asumidos.

El sindicalista Rigoberto Dueñas, confirmó que no necesariamente el incremento en la masa salarial en los últimos años corresponda a los pactos colectivos con las municipalidades, y la mayor incidencia es en los ministerios de Educación y Salud que son los más grandes en el organigrama del Estado.

“Son ministerios grandes en términos de población laboral por la demanda, ya que tanto Educación como Salud deben estar en todos los rincones del país. Es muy notorio que estos dos ministerios generan más gastos en términos de salarios”, explicó Dueñas, al reiterar que se debe al tamaño de los servicios públicos que prestan a la población.

Al comparar la negociación colectiva, subrayó que el Ministerio de Relaciones Exteriores o el de Cultura cuentan con poco personal, y por lo tanto, es más baja la remuneración.

De dos a tres sindicatos

Al igual que Gatica, Dueñas dice que el sindicalismo se ha desarrollado más en el sector público, que, en el privado, y que en promedio hay inscritos más de dos sindicatos por entidad pública. Incluso, dijo, hay algunos donde existen de cuatro a cinco organizaciones.

En las municipalidades es común observar los registros de más pactos colectivos, y por eso sobresalen.

De los sindicatos privados que existen, están aquellos que se constituyeron en las industrias de 1970 y que están en su mayoría en la industria alimenticia que aún sobreviven.

Negociaciones

Para la suscripción de un pacto colectivo hay un proceso de negociación entre los representantes de los empleadores y trabajadores.

Dueñas explicó que en promedio los incrementos salariales que se exigen son de Q120 a Q150 en lo que con corresponden a las municipalidades, aunque es muy difícil lograrlo y que los alcaldes accedan la petición.

Generalmente, precisó que, en los proyectos de pactos colectivos, se pide 100% de incremento sabiendo que no se dará el monto para iniciar un proceso de diálogo.

El verdadero porcentaje para discutir será una vez iniciado la negociación, mientras que en el sector privado los incrementos salariales van del 8 al 10%, acercándose a las posiciones de 6 a 7% de ajuste.

La negociación también depende del número de afiliados del sindicato, la empresa o institución y los servicios que presta o los productos que fábrica.

Gatica reiteró que el punto medular de un pacto colectivo es el incremento salarial, pero también se pueden negociar otros beneficios que no sean económicos.

En ese sentido se han planteado acuerdos relacionados a beneficios sociales de una negociación colectiva a favor de los trabajadores que integra un centro de trabajo, como seguridad y salud ocupacional y mejores condiciones.

En los beneficios sociales están los centros de cuidado infantil de los trabajadores, servicios de atención a los hijos, como educación, médicos o licencias para los trabajadores para continuar sus estudios superiores, que son compensables en beneficios de las partes.

Vicios y abusos

Para Luis Linares López ex ministro de Trabajo y analista de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes), en la negociación de los pactos colectivos sobre todo del sector público se han dado una serie de vicios y que muchas veces se abona a una serie de abusos.

Explicó que los pactos colectivos tienen una duración de tres años, y en este periodo del 2008 al 2019, más de alguno ha sido renegociado.

En el ámbito local, dijo que existe una marcada campaña en contra de la negociación colectiva que es dirigida por personas que están en contra de la libertad sindical, que la hacen presentar como un mal ejemplo sobre todo para la empresa privada, y esto es abonado por el abuso en la negociación, cuando se hacen concesiones que son lesivas y perjudiciales para las finanzas públicas.

Detalló, que también existe una corresponsabilidad de los funcionarios que suscriben los acuerdos, ya que los sindicatos piden, y la negociación colectiva se basa en acuerdos.

“La autoridad tiene la última palabra, y el problema es que los funcionarios que negocian los pactos no sean beneficiarios de esos acuerdos porque hay un conflicto de interés. Yo doy porque a mí también me conviene”, subrayó Linares López, al recordar que este fue uno de los resultados obtenidos en un estudio que realizó Asíes.

Aliados políticos

El otro aspecto detectado es el abuso, sobre todo en el sector magisterial en la dependencia política del Gobierno de turno.

Recordó que, en el periodo de Otto Pérez Molina, había una presión muy fuerte al Ministerio de Educación para concluir la negociación lo antes posible, porque era de interés para él como para la exvicepresidenta Roxana Baldetti Elías.

“No se puede negociar cuando se dice que mañana se tiene que llegar a un acuerdo, se sabe que hay presión y se crean condiciones duras para ceder. Estos son los vicios que afecta la negociación colectiva que contribuyen a desprestigiar un derecho fundamental”, remarcó Linares López.

En este caso del magisterio, se percibió el papel que jugó el sindicato del magisterio apoyando casi hasta el final a Pérez Molina, y ahora se observa el trato preferencial que el presidente Alejandro Giammattei le está dando al dirigente Joviel Acevedo en una reunión reciente en Izabal, que tendrá su costo a la hora de negociación del pacto colectivo.

El analista precisó que el secreto en una negociación colectiva es un equilibrio de fuerza, pero en el sector público siempre surge “que lo arregle el que venga atrás”, las alianzas políticas, y sobre todo en las municipalidades “dejar asegurada a su gente” para dejar amarrado al próximo alcalde y no despedir a los allegados.

Negociación virtual

Dada la situación actual de emergencia sanitaria, los procesos de negociaciones de los pactos colectivos se han quedado suspendidos, ya que es prohibido el desarrollo de asambleas o reuniones masivas.

En una negociación participan por lo menos unas 20 personas por la presencia de los delegados de las personas y los representantes de las partes.

Dueñas contó que por primera vez se está realizando una negociación virtual de un pacto colectivo, pero es un proceso lento, ya que se tiene que salir de la plataforma para hacer las consultas internas, con un dinamismo lento, pero que es un ejercicio de primera negociación colectiva.

Aunque el tiempo perdido no se podrá recuperar, algunas actividades productivas reportaron en agosto una evolución positiva, con una dinámica diferente a los meses previos, y la fase de una recuperación que podría darse en el tercer y cuarto trimestre del 2020.

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En la nueva normalidad, la implementación de estrictas medidas de bioseguridad es una acción que se resalta.

En el ejercicio de Prensa Libre de conocer la evolución del clima de negocios y medir el pulso de 29 actividades productivas representantes de gremios empresariales, dueños de compañías y delegados de estas consignaron resultados mixtos, pero con una tendencia de mejora con respecto a los resultados obtenidos en abril, mayo y junio.

Además, los consultados señalaron que ahora existe un aprendizaje en el manejo adecuado de atención, el comportamiento y respuesta del consumidor, así como la aplicación de medidas y el cuidado personal para evitar contagios en los centros de trabajo como lo disponen las normas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

La medición recolecta las apreciaciones observadas en un mes de reapertura económica, concepto muy distinto a la reactivación económica.

Qué dicen los sectores

En la medición se logró identificar que hay actividades que mantienen una mejora -esenciales-, otras estables -intermedias- y unas aún no despegan -semiparalizadas-.

Estas últimas están relacionadas a las actividades de turismo como hoteles y restaurantes, operadores, eventos, líneas áreas y transporte de visitantes a los lugares que son los que mantienen los números rojos en la tabla.

Con la apertura programada para el 18 de septiembre de las operaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora, las expectativas podrán cambiar, así como la liberación de las fronteras, es decir el libre tránsito, pero con los respectivos controles.

En vestuario, aunque las exportaciones cayeron 20% en julio, hay demanda por la fabricación de mascarillas, trajes médicos y otras prendas, y está mostrando una recuperación de operaciones.

Las actividades relacionadas a la atención a la salud humana, hay un incremento de la demanda se abrieron más clínicas, pero aún no están operando a su capacidad.

En las actividades inmobiliarias y bienes raíces se reporta más actividad de consultas sobre todo en rentas y en algunos casos se han concretado ventas.

En las actividades de servicios administrativos, más oficinas han abierto su atención, aunque un buen porcentaje está realizando actividades de teletrabajo.

Las actividades declaradas como esenciales, como agricultura, aseguradoras, enseñanza, suministro de electricidad y agua, centros de llamada al exterior, transporte de carga, telecomunicaciones y tecnología, manufactura, comercio, cosméticos e higiene, mantienen su operación con diferentes modalidades.

Algunas actividades reportan mayor actividad, así como más demanda, así como la implementación de los protocolos sobre todo para el sector comercio.

Soporte de indicadores

En agosto el resultado del Índice de Confianza de la Actividad Económica (Icae) que consulta a un panel, determinó que la reapertura económica elevó más confianza y el indicador llegó a situarse en 47 puntos, luego de mantener en 30 en los meses previos.

Eso significa que han cambiado las expectativas de los tomadores de decisiones en la economía, en el clima de negocios e inversión a un inicio de la pandemia.

El pasado viernes 11 de septiembre el Banco de Guatemala (Banguat) dio a conocer que el Índice Mensual de la Actividad Económica (Imae) -que mide el comportamiento real de producción- fue menor en -4.8% comparado con la tendencia que venía presentando en el cuatrimestre marzo a junio.

En abril el indicador se ubicó en -10.4%; y mayo, -10.5% que fue el bimestre más crítico.

Por otro lado, por primera vez en la historia se recibieron dos meses consecutivos por más de US$1 mil millones por concepto de remesas familiares en julio y agosto, dinero que se destina en un buen porcentaje al consumo en los hogares.

En agosto también se informó que el crecimiento de cierre del año podría rondar -1.5%, que en el contexto actual sería aceptable.

Uno de los impactos serios es en el empleo y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) confirmó que hay una caída alrededor de 107 mil afiliados a julio último.

Por otro lado, la inflación -alza de precios en la economía- registró un reacomodo alcista de 4.19%, influenciado por las divisiones de alimentos y transporte, así como una reducción de precio del costo de la Canasta Básica de Alimentos de Q45.44 y la Canasta Ampliada de Q105.15.

Además, se ingresa a una época estacional que incrementan las actividades productivas asociadas al fin de año.

La partida presupuestaria de remuneraciones –que incluye el pago de salario al personal permanente y por contrato– viene en una senda de crecimiento desde el 2008 al 2019, explicada por la suscripción de las negociaciones de los incrementos salariales en los pactos colectivos públicos.

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Por decirlo así, el crecimiento del renglón de salarios pagados anualmente está dominado por los aumentos aprobados por los sindicatos públicos.

Incluso este año, antes de los efectos del covid-19 en las finanzas, ya se había elevado una solicitud de ampliación presupuestaria para cumplir con los compromisos salariales de los ministerios de Educación, Salud y Gobernación, que se acordaron en el último año de gestión del expresidente Jimmy Morales, y que el Congreso la aprobó en marzo.

Los salarios están incluidos en el rubro de funcionamiento que representa casi el 64% de la estructura del presupuesto, 20% la inversión y 16% el pago del servicio de la deuda, según la estructura para 2021.

Inversión, “el gran perdedor”

Del 2008 al 2019, el rubro de remuneraciones creció en 181%, y pasó de Q9 mil 260 millones a Q26 mil 035 millones, y casi se triplicó en estos 12 años.

Mientras, en la asignación de inversión, el crecimiento es de 23% y prácticamente se encuentra estancando en el mismo período.

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Hace 12 años, el monto de inversión de capital era de Q13 mil 221 millones y al 2019 fue de Q16 mil 285 millones, según las estadísticas.

Es decir que el presupuesto aprobado en este lustro ha privilegiado la nómina salarial que la inversión pública.

En 12 años el rubro de remuneraciones suma Q210 mil millones y la inversión en capital Q157 mil millones para tener una referencia.

Jorge Lavarreda, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), subrayó que aquí el gran perdedor es la inversión pública, porque las remuneraciones tienen una gran participación en el presupuesto.

Aunque reconoce que los funcionarios públicos deben ser bien pagados, hace falta avanzar en mejoras asociadas a un buen desempeño y resultados a los contribuyentes particularmente en ministerios grandes, como Educación, Salud y Gobernación.

Partida en escalada

Precisamente en el rubro de remuneraciones, se observan los “brincos” cuando se aprueban los incrementos salariales por pactos colectivos, mientras en la inversión, el indicador se mantiene estable.

• Por ejemplo, en 2008 –año de crisis financiera– el monto era de Q9 mil 260 millones, y sube a Q11 mil 154 millones para 2009, que equivale al 20% interanual.
• En 2013, la asignación ascendió a Q16 mil 967 millones y para 2014 fue de Q18 mil 465 millones o sea 8% más.
• Para 2019 el monto para remuneraciones fue de Q26 mil 035 millones, y en 2018 de Q23 mil 294 millones, registrando una variación del 11%.
• En 2020 el rubro de remuneraciones es de Q28 mil 745 millones y una inversión de Q21 mil 643 millones.

Este año hubo ampliaciones presupuestarias para hacerle frente a los efectos del covid-19 en Guatemala, las cuales aprobó el Congreso en abril último.

Mientras que en el proyecto de presupuesto 2021, la asignación de remuneraciones es de Q y de inversión de capital.

Salarios crecen 10% cada año

Para el exviceministro de Finanzas, Érick Coyoy, el rubro de remuneraciones crece en promedio 10% en los últimos 12 años, y la fuente de financiamiento para cubrir esos ajustes salariales es por ingresos tributarios y bonos del Tesoro –deuda bonificada–, quitándole porcentaje a inversión de capital.

“Mucho del crecimiento en el rubro de salarios en gran parte responde a los pactos colectivos y a los aumentos salariales que se negocian en estos”, subrayó.

Otro problema es que cuando no hay compromisos de pactos colectivos, la masa salarial siempre crece porque no se cierran entidades públicas, se crean otras que automáticamente cargan esa partida.

Coyoy citó como ejemplo el Fondo para el Desarrollo de la Telefonía (Fondetel) que tiene una asignación de Q8 millones para cubrir la nómina salarial, no tiene mayor renglón para inversión y la entidad no se suprime; pero a la vez, otras como el Centro de Gobierno tendrán asignados espacios presupuestarios para cubrir salarios que anteriormente no se pagaban.

“Hay un crecimiento vegetativo de la masa salarial por el simple hecho de que el Gobierno no evalúa las funciones de las entidades, y cuando crea una, no suprime otra para compensar, y simplemente las dejas funcionar”, reiteró.

Riesgo latente

Aunque por el momento este Gobierno no ha realizado ninguna negociación de un nuevo pacto colectivo, podría darse en otro momento posterior a la pandemia.

A decir de Coyoy, es una práctica para las autoridades de turno negociar incrementos colectivos con los sindicatos que, a cambio, se constituyen como un aliado político.

En ese sentido, Lavarreda considera que en esas negociaciones hay una interacción de diferentes grupos que tienen intereses entre el Ejecutivo y el Legislativo que incide para hacer esas asignaciones de los pactos colectivos, sin mayores discusiones.

“Uno se pudo dar cuenta de que en este año se privilegió y priorizó la asignación para cumplir con los pactos colectivos, y el Congreso avaló deuda para pagar los compromisos salariales”, recordó el analista del Cien.

Explicó que el Congreso realizó una excepción al artículo 61 de la Ley del Presupuesto para pagar con deuda los ajustes salariales, en medio de la crisis sanitaria.

La atención a la emergencia del covid-19 por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) le representó una asignación por Q694 millones. Desde el punto de vista del presidente de la Junta Directiva, Carlos Contreras, esta presión de flujo no pone en riesgo las reservas, activos o situación financiera de la institución.

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En una conversación con Prensa Libre, Contreras dibujó, desde su silla, cómo vislumbra el panorama sobre la situación del Seguro Social en el contexto del manejo de la pandemia, las cifras actualizadas de endeudamiento, la coyuntura financiera y lo que vendrá en los siguientes meses.

¿Cuáles son las cifras actualizadas por la emergencia del covid-19?

Hemos atendido 63 mil casos sospechosos a las cuales se le han realizado las pruebas del diagnóstico, y de eso tenemos el 34% de pacientes positivos, de ellos, el 90% de pacientes recuperados.

Estamos hablando de 66 mil 200 pruebas realizadas –al miércoles 26 de agosto–, con 19 mil casos recuperados.

Hasta ahora hay 587 pacientes hospitalizados a nivel república y 385 a domicilio, lo que suma 972 casos activos.

En su momento más difícil se tuvieron cerca de mil 600 personas hospitalizadas, y ahora hay 587, por lo que estamos en una época baja de las distintas curvas y olas que tiene esta enfermedad.

¿Cuáles son las variaciones observadas del covid-19?

Hay un proceso de contaminación, y la enfermedad tiene un ciclo de incubación, manifestación, y recuperación.

Se presentó una primera ola que creció de marzo a julio cuando llegó a su tope. Por supuesto, las medidas de contención permitieron que la contaminación empezara a bajar con ese ciclo, y se evidencian con esas curvas.

La enfermedad tuvo picos intermedios antes de llegar a un punto más alto, se ha presentado como ola, y así se seguirá manifestando a lo largo de los próximos meses hasta que no aparezca una vacuna, y así es como funciona.

A partir de marzo y abril, empieza la escala de contaminación y hay un pico a finales de mayo; luego baja por junio, y vuelve a subir otra vez a un pico alto en julio; baja todavía, pero hay un pico a principio de agosto y luego viene una franca caída, hasta recuperar niveles que se tenían a mediados de mayo, que es en la que estamos ahora.

¿Qué implica este comportamiento?

Este proceso de incubación, manifestación, y recuperación va a seguir manifestándose en los próximos meses, y no sabemos a ciencia cierta hasta dónde va a llegar la tendencia ahora, pero con la apertura hay un proceso nuevo de contaminación que se está manifestando sobre todo en la provincia, y que abrirá picos y luego bajas como manifestación epidemiológica.

¿Qué acciones, coberturas e inversiones se han tenido que desarrollar para enfrentar a la pandemia?

Se desarrolló una estrategia con las indicaciones que brindó la Junta Directiva.

Las acciones van con la asignación de seis hospitales centinelas, y todas las unidades necesarias en la cuales se mejoró la infraestructura, equipamiento, contratación de recurso humano y se habilitaron áreas de atención al covid-19.

En la zona metropolitana se habilitaron dos hospitales e incorporaron tres más, y los hospitales de zona 6 y 9 tuvieron un gran desempeño en su momento en la atención. Se abrió un ala de 50 pacientes en el Hospital de Rehabilitación.

Además, se incorporó un intensivo en Tecún Umán (zona 9) y estamos incorporando un nuevo hospital de infectología, ya que se tuvo que reconstruir en la Verbena.

El hospital que se construyó en Villa Nueva se tuvo que transformar y se agrandó Tecún Umán para casos moderados, para responder a toda la demanda de atención que se tuvo.

Se incorporaron nuevas instalaciones para estar preparados a los picos que se vienen.

Por otro lado, se clasificó a los pacientes en leves, moderados y severos.

Para los casos leves y asintomáticos se contrataron hospitales por concurso público de cuatro hospitales en la capital, así como en la provincia, para incorporar 900 camas adicionales que, en su momento, estuvieron ocupadas en su totalidad.

Se creó el módulo de diagnóstico con los hisopados en consultorios de zona 1, 5, 6 y 11, entre otros.

¿Qué inversiones se hicieron?

Se van a incorporar dos hospitales modulares, y uno va a estar instalado en los campos del Roosevelt, zona 11, y otro en Escuintla.

En equipamiento, se adquirieron no menos de 120 ventiladores mecánicos, y hablamos de Q30 millones, ya que cada ventilador cuesta en promedio Q250 mil, y tenemos por incorporar 50 ventiladores adicionales, así como monitores.

También se adquirieron lotes de pruebas PCR, a pesar de la escasez, y se hizo una inversión fuerte de insumos de protección para el personal de salud como trajes, mascarillas, etc., en todas las unidades que están en contacto con esta enfermedad.

Además, del abastecimiento de medicamentos, con las medicinas más avanzadas y caras del covid-19 se incorporaron a los tratamientos, y una guía de protocolo para todos los pacientes.

La adquisición de medicamentos a los pensionados, que del IGSS son 170 mil más 103 mil del estado, que suman 280 mil jubilados, que hay que cuidarlos del covid-19 y de sus enfermedades.

La orden fue cerrar las consultas externas y se han atendido a través de teleconsulta por los médicos a los pacientes y el envío de los medicamentos a sus domicilios. En el reporte más reciente había como 800 mil recetas distribuidas. Los equipos han asistido a diferentes entidades públicas y empresas para practicar las pruebas.

¿Cuáles son los datos de la deuda los patronos?

Hay un endeudamiento del sector privado por Q1 mil 200 millones, las municipalidades, Q847 millones, unidades descentralizadas, Q313 millones, y suma unos Q2 mil 400 millones al 31 de julio del 2020. La deuda del Estado a esa fecha asciende a Q50 mil 816 millones.

Es significativo comentar que la deuda del Estado como patrono es de Q5 mil 989 millones, y el aporte para la atención de clases pasivas asciende a Q5 mil 900 millones, solo en esas dos deudas es como Q12 mil millones, y Q38 mil millones es la deuda del Estado, como tal, por cada uno de los afiliados que debería de pagar.

Por ejemplo, esos Q12 mil millones que se han dejado de percibir del Estado como patrono, es un dinero que ha salido de otros sectores que sí cumplen con sus obligaciones y cotizaciones, y eso ha mermado las capacidades financieras del Seguro Social, no digamos los Q38 mil millones, porque se hubiera tenido el pago ordenado de esos recursos, y entonces la potenciación para la cobertura y atención serían distintas.

A pesar de esas condiciones, el instituto mantiene una posición financiera sana y estable.

¿Cuánto sería el monto total de deuda registrada?

Estamos hablando de un promedio de Q54 mil millones.

¿Qué balance tiene por la compra de medicinas vía UNOPS?

Hay tres aspectos que se deben considerar.

El primero es de la economía en la compra de medicamentos, la otra es el impacto financiero de los ahorros en la inversión y el tercero los réditos operativos por los impactos que se han tenido con la contratación de UNOPS.

En el primer ámbito, se han desarrollado ocho eventos de licitación de medicamentos, desde el 2017 al 2019. Si nosotros hubiéramos comprado esos medicamentos como se venían realizando antes de UNOPS, y si le aplicamos los precios que se pagaron en 2016 -de los eventos 2017 al 2019- al aplicarle los precios, se pagaron Q3 mil 083 millones, ese monto nos costó con UNOPS Q1 mil 343 millones. Quiere decir que tuvimos ahorros por Q1 mil 739 millones, que es el 53% de ahorro solo en la adquisición de medicamentos.

Por supuesto, con estos Q1 mil 700 millones se trasladaron a inversiones y generaron réditos adicionales, de manera que los ahorros que calculamos en la proyección 2017 a 2019, no es menos de unos Q2 mil 600 millones.

El tercer aspecto son los réditos operativos. En el ámbito del fortalecimiento institucional, en las transferencias de capacidades, y tuvimos mayores niveles abastecimiento de medicamentos en las bodegas para atender mejor a los derechohabientes, un suministro oportuno de medicamentos y hemos aprendido a comprar con competitividad.

Con UNOPS se compra el 33% de medicamentos, y aplicamos lo que aprendimos en las adquisiciones y tanto así es que en las compras directas hemos superado a los precios de ese organismo, reclamo que nos hace una persona por ahí interesada, que expone que, con UNOPS, que dice que salimos mal porque se compra más barato en compra directa, pero por supuesto que sí se quebraron los precios.

Ni modo, que ahora se compra más barato porque se tienen esquemas competitivos.

Entonces es un gran activo que hemos recibido de UNOPS. Significa un mayor número de oferentes, se “parten” los mercados, con tendencia hacia la baja de los medicamentos, y al hacer un análisis de cómo está comprando Salud Pública, se podría dar un ahorro, y no dudaría que en muchos rubros ya tengan un mejor precio los medicamentos.

El otro aspecto que se ha venido consolidando es realizar compras de manera consolidada, con economía de escala y todo apunta a que en el futuro que se pueda realizar en Centroamérica y México.

No está lejos de que el IGSS que preside el Consejo de Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica, pueda consolidar las compras mayores de medicamentos, que son los réditos de transferencia de capacidades que se ha podido adquirir.

¿Cómo están los pasivos del IGSS?

Es una pregunta muy especializada, pero puedo hablar de cómo se encuentran en el ámbito del covid-19.

Cuando inició la pandemia, se hizo una evaluación y análisis. Vimos la necesidad de contribuir con los contribuyentes y cotizantes para apoyar la pandemia y se prorrogaron las cuotas patronales por tres meses.

Ahí teníamos proyectado que se dejaría de percibir 50% de la recaudación, sin embargo, no fue así y realmente la recaudación cayó más o menos en 34%, y al final de cuentas solo 16% de las empresas solicitaron esas ventajas.

Al final de cuentas, teníamos previsto ingresos por recaudación de Q6 mil 500 millones, y se recaudaron Q5 mil 700 millones, tenemos una recaudación menor, pero por encima de lo que se había calculado del 50%.

Entonces, la recaudación y la cotización se han comportado estables, hay un reconocimiento de la importancia de la Seguridad Social, y se ha tomado la decisión de no dejar de pagar. El balance es positivo.

¿Qué hay de las reservas?

No hemos tocado las reservas, tomando en consideración que hay una baja en la recaudación, que hemos tenido que invertir en la emergencia y pagar suspensiones de trabajo. Se ha salido adelante con los ingresos ordinarios constituidos en las cotizaciones y en las rentas de capital.

Ha sido un manejo ordenado de las finanzas, y una respuesta positiva a los derechohabientes.

Se ha salido con los recursos ordinarios, y al final de año se proyecta que habrá un superávit, y lo explica un manejo ordenado.

¿Cómo es la gestión financiera para el manejo del covid-19?

En ese marco financiero, se destinaron Q500 millones al manejo de la pandemia, y al final se asignaron Q694 millones, y de esos se han adjudicado Q371 millones, en cuatro mil 581 eventos, y de esos Q235 millones adjudicados y Q135 millones pagados.

El IGSS utilizó sus propios recursos y no faltó nada para la atención oportuna a los derechohabientes.

¿Hay riesgo financiero por la pandemia?

Las inversiones más fuertes que se tenían que hacer para atender el covid-19 ya se hicieron en infraestructura y equipamiento, y ahora el problema es el talento humano, ya que en el país no se ofrece suficiente profesional especializado, pero se cuenta con el personal.

Pero no se han tocado las reservas, y se mantiene la expectativa en los programas EMA -enfermedad, maternidad y accidentes- para mantener un año más, y por otro lado el programa IVS -invalidez, vejez y sobrevivencia- que se cuentan con las reservas planificadas.

¿Cuánto es el monto de las reservas?

Las reservas hasta ahora son Q40 mil 148 millones. En 70 años, el portafolio de reservas creció a Q27 mil millones, y en los últimos cuatro años creció de Q27 mil a Q40 mil millones, y solo en cuatro años creció Q13 mil millones, es decir, la mitad de lo que fue en 70 años.

Eso demuestra que hay ahorro tanto en UNOPS, las disposiciones de la Junta Directiva, la gerencia, y evidencian un manejo ordenado.

¿Cuál sería la situación para los siguientes meses?

Diría que están sentadas las bases para una Seguridad Social diferente, con un enfoque de la misión, sobre bases de transparencia y de efectividad.

La institución cuenta con un potencial muy grande y con efectividad ha mostrado su nobleza y su capacidad a servir.

Yo creo que estamos a un futuro muy positivo de Seguridad Social, pensando ampliar la cobertura a otros sectores en el corto plazo, y un convenio que se suscribió con UNOPS para la construcción de ocho hospitales en todo el país para los próximos cinco años, con finanzas sanas, personal empoderado.

¿En qué consiste ese convenio?

Se realizará con el dinero ahorrado, y se destinará para infraestructura. El convenio es de US$434 millones -Q3 mil 341 millones- que es dinero fresco del IGSS, sin un solo crédito, y sin comprometer las reservas de los fondos de reservas para EMA e IVS.

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Azucareros dicen que dejaron de despachar 400 mil toneladas por falta de TLC con Corea

La temporada de zafra moviliza a miles de personas, y la actividad genera 70 mil puestos de trabajo directos y más de 200 mil indirectos.
Vila explicó el panorama de la industria, agobiada por una prolongación de precios internacionales bajos, reacomodo en el sector y las perspectivas en el corto y mediano plazo.

En el primer semestre del año las exportaciones de azúcar generaron divisas por US$395.7 millones, con un crecimiento de 10 por ciento respecto del mismo período del 2019, mientras que en volumen exportado aumentó 12 por ciento, según las cifras del Banco de Guatemala (Banguat).

—¿Cómo operan los ingenios con el covid-19?

—El azúcar es un alimento básico. Estamos trabajando normal y en la generación de energía en zafra. Es un servicio que no se puede dejar de prestar.
Hay un impacto económico por el establecimiento de los protocolos que implica una serie de acciones y de medidas como la contratación de más buses y personal específico.

Todo se realiza con base en las normas. La pandemia en los ingenios, en general, llegó a su pico hace un mes y medio, y ahora los contagios bajaron. Lo tenemos perfectamente controlado.

—¿Cómo será el manejo en la zafra 2020-2021?

—Iremos a todas las comunidades donde viven los cortadores a seleccionar al personal, y se realizarán las evaluaciones médicas mucho más pormenorizadas de lo que se hacen siempre, para evitar o minimizar el riesgo de personas que estén contagiadas.

Ya tuvimos la experiencia en el manejo del personal; la crisis -pandemia- empezó cuando faltaba unas semanas para finalizar la zafra y se concluyó con éxito.  Ahora esperamos llevarlo de una mejor forma, ya que los protocolos se construyen de acuerdo con los aprobados por el Ministerio de Salud y el IGSS. No teníamos muchos detalles en la última zafra.

—¿Qué impacto hay en los mercados?

—En el mercado local los precios se mantienen desde hace muchos años, pero en el internacional sí hay un problema, porque vivimos la presión de precios más prolongada que se ha reflejado. Ha habido otras bajas más fuertes, pero eran de corta duración.

Un aspecto importante que puedo mencionar es el subsidio que otorga India para la producción cañera, una de las más grandes.  La producción de India incide en precio en el mercado internacional de US$3 a US$3.50; es un factor muy serio.

—¿Qué expectativa hay para la siguiente zafra?

—En la zafra 2019-2020 se produjo de 56 a 60 millones de quintales. Esperamos que la zafra 2020-2021 sea muy similar y no vaya a haber merma, pero tampoco incremento.

Por cada tonelada de molienda se obtuvieron 216 libras de azúcar en promedio, pero ha habido años en los cuales se han obtenido mejores rendimientos por toneladas de caña molida y producción.

—¿Qué se podría decir al respecto, entonces?

—Que el sector se mantiene. No está creciendo en esta época por lo prolongado de la depresión de precios, pero se mantiene la producción. Cualquier decisión que se adopte puede afectar los niveles de empleo en el país.  La próxima zafra será muy similar. Se requiere planificación en el campo y para ello, un proceso muy específico.

—¿Cuáles son los movimientos en los ingenios?

—Una forma de enfrentar lo que está ocurriendo es la consolidación de operaciones. Así como el Grupo San Diego se consolidó hace ocho años con el ingenio Trinidad, ahora el ingenio Pantaleón está consolidando operaciones con Concepción para afrontar el alza de costos de los insumos. La caña la molerá Pantaleón y otros ingenios que negociaron con Concepción.

—¿Cuándo podría observarse una recuperación vigorosa en los precios del azúcar?

—Quisiéramos tener la bola de cristal y hay un montón de expertos alrededor del mundo. Uno escucha todas las presentaciones y se concluye que lo más seguro es que nadie sabe, no hay bola de cristal.  Antes, uno escuchaba que había una helada en Brasil y se sabía que el precio mejoraría, pero ahora ocurre una situación climática que, en vez de subir de precios, los baja.

Por las telecomunicaciones y la globalización hay transnacionales que manejan a su antojo los mercados y, por consiguiente, los precios, y hay fuerzas de mercado que no se pueden prever.

—¿Cómo afecta el clima?

—La producción será muy similar al año anterior. Hay una lluvia muy adecuada y una buena iluminación.  La langosta afectó focos pequeños que han sido controlados, y no hay un brote de una magnitud que pueda poner en peligro la producción de caña.

—¿Qué reflejan los precios internacionales?

—Desde mayo se empezó a observar una cierta mejora y un alza cercana al 15 por ciento para estas fechas en casi todos los mercados, pero el principal problema es la prolongación de los precios bajos.

Estados Unidos abrió una cuota de contingente para este año.  Con Taiwán empieza a regir este año una cuota de 125 mil toneladas métricas y estas cuotas son atractivas, están en el promedio del precio del mercado mundial.

—¿Cómo quedó el comercio con el Reino Unido?

—Cuando Inglaterra se separe de la Unión Europea habrá un contingente de 56 mil toneladas, pero “empezará a funcionar cuando eso ocurra.

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El total de préstamos se elevaron en Q16 mil 778.75 millones de enero a mayo, durante el mandato de Alejandro Giammattei, pero el monto podría aumentar más al cierre del ejercicio fiscal.

Si la deuda se mide por habitante, el endeudamiento per cápita hasta mayo es de Q10 mil 651 con el nuevo dato que reveló el Censo del 2018. Esto quiere decir que aumentó Q1 mil 27 respecto de diciembre del 2019, cuando el indicador era de Q9 mil 624 por persona.

En términos porcentuales, el crecimiento de la deuda per cápita es del 10.6 por ciento de diciembre a mayo último. El censo determinó que la población en Guatemala es de 16 millones 346 habitantes.

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El crecimiento

El saldo de la deuda pública —que agrupa la interna y externa— se situó en Q174 mil 104.60 millones al 31 de mayo, unos US$22 mil 641.89 millones, según el reporte de operaciones de crédito público del Ministerio de Finanzas (Minfin), y muestra un aumento respecto del cierre del 2019, cuando fue de Q157 mil 325.85 millones.

Las autoridades justifican los préstamos a la necesidad de enfrentar los efectos del covid-19 y que, igual que en otros países, se acudió a estos instrumentos.

Sin embargo, las cifras demuestran que en los últimos 10 años los gobiernos han tendido a contratar más deuda pública para financiar el presupuesto, haya o no shock. La deuda se paga en el futuro y tiene intereses, y crece cada año.

Del 2011 a mayo pasado, el indicador pasó de Q88 mil 806.80 millones a Q174 mil 104.60 millones, un aumento de Q85 mil 297 millones, detalla el reporte.

Ligero incremento

La deuda interna —bonos del Tesoro— se ubicó el 31 de mayo en Q93 mil 650.85 millones, y al 31 de diciembre de 2019 era de Q87 mil 221.66 millones; es decir que en cinco meses subió Q6 mil 429 millones —7.3 por ciento—.

Mientras, la deuda externa —préstamos con organismos internacionales y eurobonos— alcanzó Q80 mil 453.75 millones y se incrementó en 14.7 por ciento, que equivale a Q10 mil 349.56 millones respecto del cierre del 2019, con Q70 mil 104.19 millones.

Este movimiento se explica, en parte, por la operación del 21 de abril, cuando el Gobierno emitió un eurobono por US$1 mil 200 millones —Q9 mil 240 millones—, recursos que se emplean para financiar el gasto público.

El documento señala que el 53.8 por ciento del saldo de endeudamiento es interno y 46.2 por ciento, externo, con lo que hay una variación en relación con diciembre último, cuando el 55.4 por ciento de la deuda era interna, y el 44.6 por ciento, externa.

Operaciones

El Congreso aprobó un paquete de préstamos en apoyo a la emergencia por el covid-19 que ascendió a US$1 mil 252 millones, con los decretos 12-2020, 14-2020, 16-2020, 17-2020, 18-2020 y 19-2020, con el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

También se aprobó una ampliación en bonos del Tesoro por Q5 mil millones y un bono por Q11 mil millones para atender programas sociales como el Fondo para la Protección del Empleo, el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y el Fondo de Protección de Capitales, adquirido por el Banco de Guatemala (Banguat). Por tratarse de endeudamiento público, el Congreso debe conocerlos.

“Son justificables”

Sergio Recinos, presidente del Banguat, expuso que al revisar el comportamiento de la relación deuda/PIB a mayo hubo un salto, al pasar de 26 a 29 por ciento.

Primero, el Gobierno, por medio del Minfin, aumentó su déficit fiscal —gastos programados que superan los ingresos— y se espera que cierre en 6 por ciento, con déficit histórico.

El funcionario precisó que este año la magnitud de la crisis sanitaria transmitió sus efectos a la economía de todo el mundo, con impacto negativo sin precedentes, y en ese contexto la respuesta política es eminentemente fiscal anticíclica, para incrementar el gasto público.

Un informe del BCIE resalta que los gobiernos han implementado políticas monetarias y fiscales para atender la crisis, en algunos casos con operaciones de endeudamiento.

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La mayoría de las crisis económicas están relacionadas con algún indicador específico que se desajustó: una caída en el consumo, una inversión deprimida, precios que se salen de control o carencia de empleo.

Pero lo que está ocurriendo con los efectos del covid-19 presenta un panorama inédito. No se trata de una crisis económica, puesto que se originó por un factor externo a la economía. Se trata de una crisis de carácter sanitario, cuyo fin e impacto aún se desconocen. Esto obliga a que los mecanismos de propagación de los efectos de una posible recesión se sientan en todo lo que hace que la economía camine: producción, distribución y consumo.

Los pronósticos para Guatemala apuntan a que la producción sería menor al año pasado y estaría cayendo a tasas negativas de hasta el -2%, según el Fondo Monetario Internacional, lo que impactará prácticamente a toda la población (vea imagen).

Como la economía guatemalteca está integrada a la mundial, no existe prácticamente ningún país que esquive el golpe de crecer menos que en 2019. Es como si todo el sistema en el cual fluyen los mercados también se contagiara del nuevo coronavirus.

Además, el confinamiento y las medidas de contención, es decir, lo que los grandes organismos económicos han denominado “el gran cierre”, dejarán efectos difíciles de revertir en los próximos trimestres, lo que llamará a hogares y empresas a bajar al mínimo sus gastos.

Aunque la mayor parte de los agentes económicos espera que se retomen las actividades con cierta normalidad, habrá costos adicionales que se impondrán, por los controles y medidas de seguridad.

Las condiciones actuales son consideradas como una economía de guerra y en ese contexto la principal palabra es la adaptación y creatividad, en lo posible, para mantenerse en vigencia hasta recuperarse y se logre contar con una vacuna para detener la pandemia.

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Nadie se escapa de la necesidad de reducir costos en una recesión, pero cada quien debe aplicar medidas de acuerdo con su trinchera.

Jefe de familia

En los hogares se debe regular el consumo y las personas están comprando lo que se permite que son alimentos, medicamentos, transporte y servicios esenciales.

La situación actual hace reducir los gastos, pero no hay problema por el lado del consumo ya que existe abastecimiento, pero podría darse una especulación en los precios.

En marzo el Instituto Nacional de Estadística (INE) reportó que el costo de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) subió Q27.71 para ubicarse en Q3 mil 570.29 que incluye los 34 productos básicos y la Canasta Ampliada (CA) se incrementó Q62.71 para alcanzar los Q8 mil 243.57 y al jefe de hogar lo que le queda es ajustar su gasto.

Además, de tratar de ahorrar lo más posible porque hay riesgos a futuro y disponer de recursos por cualquier situación y ser racional en sus gastos.

Empresario

Aprovechar los diferimientos que se han brindado por el Estado y otras instituciones públicas y evaluar las capacidades para el pago de salarios a los trabajadores.

En una segunda etapa en suspender a los trabajadores, darse un tiempo y evaluar la recuperación de la actividad económica. Si la situación es muy adversa, utilizar su capital en otra actividad que pueda surgir, pero dependerá hasta que se aclare el panorama.

Aunque la mayor parte de los agentes económicos están esperando que se retome cierta normalidad, pero habrá costos adicionales que se impondrán por los controles y medidas de seguridad.

Emprendedor

Es la persona que está buscando oportunidades de negocios, pero en este momento las oportunidades son escasas y se requieren conceptos de mucha creatividad, tecnología en áreas como alimentos, medicamentos y otras actividades asociadas a ello.

También está la expectativa de prepararse cuando las actividades se normalicen y trabajar nuevos conceptos de negocios como la bioseguridad, buscar que puede hacer en las circunstancias actuales, aprovecharlas y resurgir dentro de una economía con consumidores más cuidadosos y controlados.

Si algunos emprendedores ya tenían empresas establecidas y que están en los sectores que van a estar afectadas a corto y mediano plazo tendrán que reconvertirse, sobre todo aquellas en las cuales había aglomeraciones de personas con medidas de seguridad y generar confianza para los compradores y asistentes.

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Las embarcaciones que llegaron este viernes procedían de México y de Costa Rica, la mayor parte de viajeros tomaron diferentes paquetes turísticos que los trasladaron vía terrestre a los diferentes lugares turísticos de Guatemala.

Mariano Díaz viceministro de Comunicaciones encargado del área de Puertos y Aeropuertos, aseguró que se aplicó el protocolo de cuarentena marítima a dos cruceros que atracaron en las últimas horas en la terminal Duque de Alba en Escuintla.

Díaz explicó que existe un procedimiento fijado por Organización Marítima Internacional para los atraques de los barcos o cruceros y que se emplea en el sistema portuario guatemalteco.

Un médico y un capitán abordan el barco, se entrevista con el médico de la nave y se verifica el estado de las personas, o se informa sobre la existencia de algún tripulante enfermo. Sí se confirma que hay personas enfermas se ordena una cuarentena.

“Si se detecta algún problema el barco entra en cuarentena; si no hay casos, se le ordena que atraque y empieza la operación”, manifestó.

Ya en el muelle a las personas se les procede a tomar la temperatura, su identidad y el lugar de procedencia, que fue el protocolo que se siguió este viernes en la terminal Duque de Alba, aseguró Díaz.

Además, Marcos Ixcotoyac, comandante y capitán en Puerto Quetzal, aseguró que previo a que cualquier embarcación llegue a Puerto Quetzal, el capitán de la nave envía con 48 horas de antelación las condiciones de salud de toda la tripulación y pasajeros que viajan en estos.

Ixcotoyac indicó que en el caso de estos dos cruceros, ninguno de sus pasajeros tenía dichos síntomas, por lo que se permitió que llegaran al país.

Medidas en tierra

Carlos Balañá, asesor de la gerencia de Seguridad Integral de Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), dijo que ya en tierra se realizan siempre las medidas precautorias, en este caso, la medición de temperatura a toda persona que baja de las embarcaciones.

“Con personal de Salud Pública, previo a que alguien baje de las embarcaciones, se realiza una evaluación del personal y se verifican los protocolos de seguridad que rigen al puerto en estos casos”, comentó Balaña.

El subdirector del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), Elmer Hernández, dijo que los protocolos son parte de las medidas que se han establecido dentro de estado de calamidad, además los cruceros tienen sus propios protocolos.

Explicó que se usa el mismo protocolo que en los aeropuertos. Además, se les revisa la documentación acerca de cuándo subieron al crucero y en qué país.

El funcionario agregó que los cruceros representarían menor riesgo ya que aparte de tener drásticos controles los pasajeros llevan varias semanas en el buque mientras que en vía aérea pueden llegar al país en pocas horas. Agregó que no se reportó a alguna persona enferma o con síntomas.

Llama a la calma

El viceministro reiteró el llamado a la calma ya que se están llevando los protocolos.

“Las personas deben de seguir las informaciones oficiales que gira el Ministerio de Salud en el caso del covid-19”, enfatizó el ministro.

María Isabel Pedroza, directora del Área de Salud de Escuintla indicó que mantienen personal en estas instalaciones marítimas, para verificar que se sigan con los protocolos y evitar con ello el ingreso de cualquier persona que pueda presentar síntomas de covid-19.

Pedroza resaltó que para ello se coordina también que todo el personal pueda utilizar mascarillas y guantes de látex. “Se están tomando todas las medidas necesarias, pedimos a la población confiar en que estamos realizan nuestro trabajo para evitar que se dé el ingreso de alguna persona que pueda tener este virus”, dijo la funcionaria.

La temporada de cruceros concluye en julio y se espera el arribo de 11 cruceros, pero comerciantes esperan que no haya cancelación, pues les afecta económicamente, ya que aseguran, han tenido una temporada baja a raíz del coronavirus.

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Por estas razones los contenedores se están apilando en China

Por lo anterior, dos de cada 10 empresarios ya reportó desabastecimiento parcial o total, y 8 de cada 10 confirmaron atrasos en la importación de materias primas, informó Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG).

Además, no descartó que los precios de algunos productos a nivel local podrían aumentar, impactados por el desabastecimiento o por el uso de materias primas más caras, “pero es un extremo que aún no se aplica”, resaltó el ejecutivo.

“Hay que buscar otras alternativas u otros proveedores, pero no son negociaciones que se logran en un día, porque China es un mercado difícil de cambiar. El sector de manufacturas es el más afectado hasta el momento”, dijo Zepeda.

En ese sentido, Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) indicó que las importaciones de China a Guatemala son de aproximadamente US$2 mil 200 millones anuales, y ya existen algunos atrasos en los envíos.

El directivo explicó que el efecto que podría provocar de continuar el “inusual comportamiento” es un desabastecimiento temporal de algunos productos e impactar en el nivel de precios.

“Se puede sustituir la materia prima que viene de China por otras con precios más elevados, y significaría un aumento en el nivel de precios por sustitución de importaciones por productos más caros”, comentó Briz.

Gabriel Escobar, gerente de la empresa Ranero Logística, informó que las nuevas negociaciones de pedidos de productos en fábricas de Chinas tardarán entre 75 y 100 días, más otros 25 días para que las mercancías estén en puerto.

Al igual los bienes que se adquieren vía electrónica y que ingresan por vía aérea, tendrán atrasos.

Además, que los productos que tenían que haber ingresado recientemente no van a estar en las fechas programadas y existirá un atraso sustancial en el cumplimiento de las entregas a sus propietarios.

“Las empresas no están garantizando plazos de entrega, están solicitando anticipos y no se garantiza la entrega en los plazos acordados”, subrayó.

Escobar, expresó que muchos empresarios corren el riesgo de hacer negociaciones con proveedores que no han tenido relación o son nuevos abastecedores, pero con tal de contar con inventarios o materias primas, están asumiendo negociaciones riesgosas.

Lo que sí confirmó el ejecutivo es que las autoridades del Gobierno chino retomaran las actividades productivas el próximo 2 de marzo, pero los despachos podrían tener retrasos.

En 2019 las importaciones de China a Guatemala sumaron US$2 mil 228 millones y es el tercer suplidor. Eso significa que en promedio las importaciones alcanzan US$185 millones mensuales o sea US$6.1 millones diarios.

Revisión de pasajeros

Motty Rodas, directora de la Asociación de Líneas Aéreas (Agla) comentó que el Director General de Aeronáutica Civil, Francis Argueta, les comunicó acerca del apoyo que están pidiendo a las aerolíneas.

La petición consiste en que los tripulantes de cabina de cada aeronave apoyen en detectar a las personas que presenten fiebre, malestar u otros síntomas y las separen del resto de pasajeros, y que su descenso se lleve a cabo luego de que finalice el retiro de los otros viajeros.

Rodas dijo que la DGAC les deberá trasladar un aviso u oficio, ya que la sede matriz de cada aerolínea debe implementar las medidas. “La implementación será de manera urgente como lo merece la situación”, agregó.

Respecto al impacto que está representando el coronavirus, no les ha informado de viajes o vuelos cancelados hacia o desde Guatemala y no han cuantificado un impacto en el país, pero que a nivel mundial se han enterado de que turistas están tomando muchas medidas ya que “están muy asustados”.

“El tema es de alto impacto que esta fuera de las manos de cualquier institución y es decisión de cada persona continuar o no con sus planes de viaje”, agregó.

Agla participa en la mesa de salud respecto del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y en las reuniones comentan que todo lo que se hace es únicamente para retrasar el ingreso del virus a los países de la región.

El presidente Giammattei añadió que por el momento solo se ha declarado alerta máxima, pero de ser necesario se declararía un estado de Emergencia. pic.twitter.com/Wxm8NHE4nI

— Prensa Libre (@prensa_libre) February 25, 2020

Cadena logística atiende alerta

Por aparte Ingrid Barillas, directora ejecutiva de Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua) dijo que en el área marítima ya se están aplicando los protocolos en el tema marítimo y fronteras como a la revisión de los tripulantes desde enero recién pasado. “Ahorita no se ha hablado de más medidas, el protocolo que se empezó a establecer con la Comisión Nacional Portuaria”, explicó.

“Es como cuando se viaja en avión, hay revisiones de migración, de salud.  A las naves que están en fondeo llega un grupo de las autoridades, hacen inspecciones y si detectan a una persona o tripulante con síntomas se practica el protocolo establecido”, agregó.

Comentó que a la fecha no han detectado impacto negativo en el comercio y transporte. Además, el país y la región puede aprovechar para exportar hacia Estados Unidos y otros mercados que China no está atendiendo por la situación que enfrenta.

Jorge Gómez, director ejecutivo de Combex-Im dijo que implementaron las medidas de seguridad industrial y operacional correspondientes, atendiendo la alerta del Gobierno de Guatemala a través del Departamento de Gestión de Riesgo y brigadas de emergencia, quienes informarán y sensibilizarán a los usuarios sobre las medidas de seguridad para el cuidado personal y el de sus familias.

“Estamos preparando el protocolo correspondiente que estará listo en las próximas 24 y 48 horas. Lo que sabemos es que el contagio no se da a través de carga, pero como medida de seguridad estamos atentos a la situación”, afirmó Gómez.

Empresarios suspenden viajes

Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham) comentó que los socios de la cámara compartieron que las multinacionales que operan en el país suspendieron los viajes de todos los ejecutivos, como medida de prevención.

“Nuestros miembros han suspendido viajes a otros países que no tienen relación con China, y otros en donde se ha evidenciado el brote de la enfermedad”, dijo el directivo.

Integrantes de AmCham también informaron sobre retrasos en importaciones, que ya afecta a algunas de las empresas.

“En Centroamérica no tenemos casos de la enfermedad, pero en general, en los temas de negocios ya se tomaron las medidas correspondientes, esperamos que sea algo temporal”, afirmó Carrasco.

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En menos de dos meses habrá nuevo superintendente en la SAT

La sobreestimación de indicadores, el desempeño de la economía y la falta de medidas administrativas para incrementar la recaudación, son algunos de los tropiezos que hacen que las metas de la cobranza sean inalcanzables en los ejercicios fiscales, que impactan en la ejecución presupuestaria que se refleja en una menor prestación de bienes y servicios a la población.

Pero, además, también existen aspectos estructurales como la evasión de impuestos y el contrabando aduanero, que no se atacan de fondo, según la apreciación de expertos en el tema.

La destitución de un superintendente por no alcanzar las metas de recaudo es algo que va más allá. Hay consenso en que debe existir un involucramiento de otras autoridades para garantizar el cumplimiento de esos compromisos desde sus facultades para cerrar las filas.

A la pregunta: ¿se podrán alcanzar las metas de recaudación?, los expertos brindaron sus puntos de vista y aseveran que existen múltiples factores tanto locales como internacionales.
Inflar metas para elevar presupuesto. También se emplean las cifras más altas para hacer los cálculos, que obedece a un juego político de “inflar” el presupuesto.

En Guatemala, la Comisión Técnica de Finanzas Públicas (CTFP) es el órgano que por ley prepara los escenarios para hacer esos cálculos de recaudación y los pronósticos de crecimiento económico y con base a estos indicadores se formula el presupuesto para el siguiente año.

La CTFP la integran delegados de los ministerios de Finanzas, Banco de Guatemala, Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia y en mayo de cada año presentan los escenarios para el ejercicio siguiente.

En mayo empieza la formulación del proyecto del gasto público, según el ciclo presupuestario y esa es una de las críticas que hacen diputados por el desfase de las cifras.

En 2019, la meta de recaudación no se alcanzó por Q1 mil 393 millones, que es la brecha fiscal, pero la recaudación creció un 6%.

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Apegarse a escenarios reales

Guido Rodas, exministro de Economía y exmiembro de la Junta Monetaria (JM), consideró que la formulación de la recaudación se hace con “las cifras más optimistas”, pero luego suceden eventos que influyen en el comportamiento de la economía, el comercio exterior, la inflación y el consumo, que impactan en las previsiones y por eso no se llega a la programación.

“Hay una fórmula de cuántos ingresos indirectos y directos se captan, se hacen un símil y se incluye hasta la evasión fiscal que es de unos Q10 mil millones, la subfacturación que está en aduanas y todo eso se incluye”, manifestó Rodas, quien también laboró en la banca central preparando los cálculos del crecimiento económico anual.

Al entender de Rodas, muchas veces, las correcciones del crecimiento económico las hacen organismos internacionales, se corrige la plana hacia la baja y esa es la primera observación, pero la meta se sigue proyectando con las cifras altas.

Recordó que en los últimos cinco años se cambiaron las tasas del crecimiento del PIB hacia la baja, el crecimiento real de la producción fue menor e implicó no alcanzar a la programación fiscal.

‘Tacuche’ a la medida: Un juego político

En esos mismos términos coincide el diputado Carlos Barreda, quien ha participado en la Comisión de Finanzas y confirma que en la formulación del presupuesto para el siguiente ejercicio se ubican los escenarios del primer trimestre del año, no se actualizan y cuando llega la iniciativa en septiembre al Congreso no se actualizan, y esa es otra de las fallas que han detectado.

En este caso, reconoció que existe un juego político asociado a que, si no se aprueba el presupuesto, se quedará el monto similar para el año siguiente y por lo tanto el mismo monto de la recaudación, que puede convenir a las autoridades de turno con las asignaciones.

“La idea es que el ‘tacuche’ le quede grande, es decir, inflar las cifras porque si no se aprueba el presupuesto se quedan con las mismas cifras”, reconoció el diputado.

Barreda advirtió que el primer paso que deberá de hacer el nuevo superintendente que salga electo es revisar la meta de recaudación para este año que es el mismo del 2019, por Q64 mil 27 millones y considerar si las va a alcanzar.

En todo caso, dijo Rodas, nunca se utilizan las proyecciones pesimistas, pero deben ser realistas y no tan optimistas, tanto en la recaudación como en el crecimiento de la economía.

“A todos los van a destituir”

Otros elementos que influyen son los aspectos que vienen desde afuera y que pueden provocar que la inflación sea más baja y otros los shocks externos que impactan en la economía.

Por ejemplo, citó Rodas, que una inflación alcista repentina, una escasez de combustible o falta de liquidez pueden impactar severamente en el aparato productivo nacional y eso tendría consecuencias en el sistema tributario.

“Por inercia a todos los superintendentes los van a destituir, porqué nunca llegarán a las metas y se deberían considerar esos factores”, añadió.

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Desde el contrabando hasta el petróleo

Además de que no se ataca el contrabando aduanero, ni la evasión y no hay incentivos para los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones, de entregar cuentas claras o que esos impuestos se reflejen en infraestructura o la prestación de servicios de calidad.

Eduardo Girón, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), remarcó que por el contrabando no se dejan de percibir ingresos y debe ser una lucha frontal a este flagelo, que tiene un efecto en el sistema y a las empresas que producen localmente.

El diputado Barreda enfatizó que también se debe combatir la corrupción sobre todo en las aduanas, hacer una limpia de las estructuras de poder y romper ese círculo vicioso para lograr alcanzar las metas.

Para Hugo Beteta Méndez-Ruiz, director de la sede subregional de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), para alcanzar las metas del recaudo se debe considerar el factor externo, la caída del comercio exterior o precios de los derivados del petróleo.

“Hay que tomar en cuenta cuáles son los aspectos atribuibles a la gestión tributaria y qué cosas responden a la economía doméstica o internacional”, mencionó, al recordar que Guatemala es uno de los países con menor carga tributaria en la región y el otorgamiento de incentivos a determinados sectores productivos que no son estratégicos.

Aconsejó que en las revisiones futuras de la programación se deben dejar claras las razones del porqué no se alcanzaron la cifras, si fue por la falta de gestión del administrador tributario o si fue por una desaceleración económica.

Muy analíticos

Beteta consideró que no se deben subestimar las metas porque pueden tener repercusiones irreversibles.

Expresó que, si son metas bajas, no habrá un mayor esfuerzo tributario, pero si hay tendencia por encima de la meta habrá mayor gasto y eso es delicado para la economía.

“Si la meta se pone baja no habrá presión, si se recauda más de la meta se empieza a gastar y algunos sectores cuestionan y todo esto tiene que ver con el ciclo económico”, añadió.

En todo caso, mencionó que debe existir el vínculo entre el ente recaudador y el Ministerio de Finanzas y por institucionalidad crear los pronósticos adecuados, de cuánto va a hacer el incremento de la recaudación por mejoras tributarias.

Recordó que en el caso de Guatemala existe una alta evasión del impuesto sobre la renta que aumentado.

Rodas agregó que en el 2016 y 2017 cuando se implementaron medidas judiciales de cobranza a los contribuyentes la recaudación se elevó sustancialmente.

Tarea de otros actores

Édgar Pape Yalibat, exintegrante del Directorio, dijo que un solo ente –como en este caso, la SAT– no podrá lograr alcanzar las metas y necesita que se involucren otras instituciones y organismos.

En esto casos mencionó al Congreso como palanca para ejercer mayor coerción y un trabajo alineado.

“La variable fiscal y tributaria dependen del comportamiento de otras instituciones de la conducta del empresariado”, resaltó.

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Treviño Chapa estuvo en Guatemala la semana pasada en la presentación del Estudio de Tiempos de Despacho (ETD) y habla sobre la visión que tiene la OMA para el país y región.

En Guatemala esta organización brinda apoyo técnico y cooperación para fortalecer la intendencia de Aduanas, explicó en esta conversación con Prensa Libre.

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¿Qué visualiza la OMA en términos de comercio para la región Latinoamericana?

Se observa un año complicado, complicado nuevamente y creemos que la economía global seguirá con tendencia al alza, el comercio internacional incrementando, pero en los últimos dos años se está observando una desaceleración -ritmo de crecimiento menor-. Si bien hay un crecimiento no se está observando a los mismos niveles de hace cuatro o tres años en materia comercial y la región no es la excepción en ese sentido.

Lo que la OMA busca es proveer ese liderazgo y herramientas que, independientemente de los factores externos o macroeconómicos, puedan las aduanas y las autoridades buscar y facilitar el comercio legal, asegurar una protección civil y lograr una recaudación justa a través del comercio exterior.

¿Cómo analizan el 2020?

A nivel macroeconómico, están las tenciones comerciales en las economías líderes en el mundo. Hay tensión comercial entre el Occidente y el Oriente, estamos observando que Asía tiene un crecimiento superior con el resto del mundo y cada vez gana más terreno en comercio exterior.

Los países desarrollados de Occidente cada vez están aportando y cada vez hay políticas y situaciones que la OMA actúa como un intermediario en muchos casos de una manera neutral posible.

A corto plazo ¿cuáles son los desafíos para las aduanas?

La introducción de nuevas tecnologías, el comercio electrónico tendrá un crecimiento exponencial, pero no solo en cuanto al comercio electrónico de bienes físicos, si no que intangibles y esa parte traerá nuevos retos para las autoridades aduaneras.

El hecho de contar ya con herramientas tecnológicas como la impresión 3D que traer unos desafíos totalmente diferentes a los que están acostumbrados las aduanas.

El tema ambiental es otra situación a corto plazo y se tiene que unir a la agenda internacional que marcó las Naciones Unidas en cuanto al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las aduanas pueden aportar por iniciativas verdes.

Otros retos, son en seguridad, fronteras frágiles, el tema migratorio que impacta, entonces tenemos unos riesgos y de situaciones internacionales en donde las aduanas deben de seguir operando y las aduanas no se pueden encapsular por estos fenómenos.

Las aduanas deben de jugar un nuevo rol con esto.

¿Por qué el tema migratorio es de relevancia?

La Comisión Económica para América Latina (Cepal) lanzó un programa con Centroamérica y es un programa muy ambicioso, en la cual lo hemos abordado, el proyecto de integración regional.

Uno de los puntos que se recomienda y se remarca es, precisamente la integración y la facilitación del comercio y para ello la OMA tiene integrado un equipo que provee entrenamiento y asesoría a sus miembros y Guatemala es uno de ellos para implementar los instrumentos de facilitación y para buscar la integración regional.

Herramientas como la ventanilla única que se puede empezar a trabajar en un ámbito local, pero que puede crecer a Centroamérica.

El Estudio de Tiempos de Despacho, que también se puede implementar en el resto de los países de Centroamérica a un futuro y la OMA apoya estos programas, que son muy ambiciosos y que deben ser muy importantes para su implementación.

¿Y cómo puede mitigar en reducir esos flujos migratorios?

Por supuesto que la migración es un fenómeno que está casado con las oportunidades de condiciones de vida, casado con la calidad de vida que tienen las personas en ciertos espacios y al momento de facilitar el comercio legal y que los negocios se vuelve un componente más importante para el desarrollo económico de las naciones o de las regiones, esto implica que se habrán nuevas oportunidades de desarrollo productivo, en donde al contar con estas oportunidades, las personas permanecerán en sus países si existen estas condiciones de seguridad, empleo, economía y estabilidad.

Entonces en ese sentido, en un mediano y largo plazo, los fenómenos de migración pueden verse impactados desde el desarrollo económico.

¿Cómo evalúa el proceso de unión aduanera en el Triángulo Norte?

Uno de los objetivos de la OMA es fomentar la interacción y coordinación internacional y la unión aduanera va más allá de esa mera cooperación y se plantea un proceso total de los procesos aduaneros, por lo tanto, lo vemos de buenos ojos y hay áreas de oportunidad para mejorar, pero también hay una disponibilidad de apoyo político que es lo primero que hay que lograr.

Teniendo este soporte político se pueden lograr muchas más cosas, con gran avance y de manera integral hay ciertos puntos entre los países y estamos dispuestos a ir apoyar para consolidar la unión aduanera.

¿Qué acciones se pueden desarrollar para combatir el contrabando?

Es algo que como aduaneros preocupa a todos en el tema de frenar el contrabando y para ello la OMA cuenta con herramientas y operativos conjuntos para detectar el trasiego de mercancías.

Lo que apostamos es al uso de tecnología que sea intensivo y tenemos un programa de capacitación donde los miembros puedan implementar soluciones de administración de riesgos con base a inteligencia artificial y a través de la ciencia de datos.

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Esto es un proyecto muy ambicioso en que estamos despegando y que implementado pronto en las aduanas.

No se cuenta con una definición del impacto del contrabando, dado que es muy difícil no se detectable y las mediciones que puedan existir siempre serán estimaciones.

En ese sentido no podría asegurar que el flujo del contrabando entre México y Guatemala podría ser el más grande de la región, pero por supuesto conocemos que ahí hay un riesgo importante y una porosidad en esa frontera que se puede atacar y que creo que ambos países están llevando acciones para mejorar esta situación.

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La nueva plataforma impulsada por la Intendencia de Fiscalización de la SAT incluye el registro para los exportadores que deseen adherirse a este nuevo régimen, así como la implementación del Formulario Electrónico para solicitud de Devolución de Crédito Fiscal Régimen Especial Electrónico (SAT-2251).

Esto, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Número 4-2019 que rige la creación del Régimen Especial Electrónico de Devolución de Crédito Fiscal.

Las primeras dos solicitudes para la devolución del crédito fiscal a través de una plataforma electrónica fueron recibidas ayer en la SAT, las cuales podrían liquidarse en enero del 2020.

Régimen electrónico

El nuevo régimen agilizará la entrega del crédito fiscal. El plazo será de 30 a 60 días, y luego se hará una auditoría posterior al contribuyente.

Abel Cruz Calderón, jefe de la SAT, explicó que todo ese sistema será electrónico y los formularios ya están disponibles en la plataforma, que será compartida con la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).

Para ello, los contribuyentes deberán cumplir con llevar un libro contable electrónico, bancarización y uso de la factura electrónica (FEL).

Además, deberán comprobar si se encuentran inscritos como exportadores, advirtió Cruz Calderón. “Yo le llamaría que es el régimen de la FEL, ya que todo deberá ser manejado electrónicamente y se premiará al buen empresario”, enfatizó.

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Cómo aplicar a la devolución de crédito fiscal

Los contribuyentes que deseen realizar su proceso bajo el Régimen Especial Electrónico para Devolución de Crédito Fiscal, deben cumplir con los siguientes requisitos:

1. Contar con accesos (usuario y contraseña) de Agencia Virtual.
2. Tener un establecimiento activo
3. Ser exportador registrado en el Régimen Especial Electrónico de devolución de crédito fiscal. (Formulario SAT 0471)
4. Antes de ingresar el formulario deberá ingresar en Agencia Virtual, en el apartado de Servicios, Envió Libros Contables, los libros del período a solicitar.
5. Llenar el formulario SAT-2251
6. Las solicitudes las podrá realizar en forma mensual.
7. Anexar archivos en formato CSV de los libros de Compras y Servicios Adquiridos y Ventas y Servicios Prestados del período solicitado.

Las autoridades indicaron que para registrar la Solicitud de Devolución de Crédito Fiscal Régimen Especial Electrónico los contribuyentes deben ingresar a la Agencia Virtual, llenar el formulario SAT-2251 “Solicitud de Devolución de Crédito Fiscal Régimen Especial Electrónico” y presentarlo de forma electrónica dentro de Agencia Virtual.

Ya está para su consulta en el portal de la SAT, la Guía del Usuario para la Utilización del Formulario Electrónico SAT 2251, formatos CSV y libros electrónicos.

“Es más transparente”

Cruz aclaró que esa modalidad es más transparente, ya que permitirá hacer un cruce de información con calidad y se evitarán las prácticas del pasado, cuando se presentaban documentos que no correspondían o estaban alterados.

Guillermo Montano, vicepresidente de Agexport, aseguró que uno de los beneficios es que los contribuyentes tendrán flujo de caja con la agilización del crédito fiscal, que se traduce en capital de trabajo.

También se evitará la discrecionalidad y la SAT podrá focalizar sus auditorías, dijo.
Además del régimen electrónico, también están el general, el optativo y el especial para la devolución del crédito fiscal, según la ley.

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A casi 40 días para la llegada de nuevas autoridades los tomadores de decisiones mantienen mejores horizontes.

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En noviembre el Icae se ubicó en 58.16 puntos y subió con respecto a octubre cuando fue de 52.92 puntos.

En ambos meses, el indicador está por encima de los 50 puntos que es considerado como la zona de expansión, es decir, que hay mejores expectativas en la producción nacional.

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Sin embargo, desde enero del 2018 hasta septiembre, el indicador estuvo por debajo de los 50 puntos, lo que significó que había menos confianza en la economía y que afectó el clima de negocios.

El Icae es un instrumento que emplea el Banco de Guatemala (Banguat) para medir la percepción de los agentes económicos en el clima de negocios y la inversión.

“Era de esperase”

Todo indica que la mejora de la percepción en la economía por los tomadores de decisiones está atribuida al ambiente político sobre todo de los resultados electorales de agosto pasado que dieron ganador a Alejandro Giammattei Falla como presidente y a César Guillermo Castillo Reyes, como vicepresidente, explicó Emilio Ruiz, analista de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes).

“Es un segundo semestre que concluye con la incertidumbre política y brinda ahora certidumbre con los resultados de las elecciones generales”, comentó el analista político.

Ruiz manifestó que los agentes económicos también han reaccionado por el perfil ideológico de Giammattei, y su vicepresidente Castillo Reyes por la trayectoria en la Cámara de Comercio de Guatemala y el nombramiento del ministro de Economía, Antonio Malouf, que viene del sector exportador y textil.

“Era de esperarse esta sensación de confianza en la economía por los empresarios consultados”, afirmó Ruiz.

Por su parte Eduardo Girón, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), expresó que hay un ambiente con mayor nivel de confianza desde julio, que es producto de la temporada electoral y el resultado de las elecciones.

No obstante, dijo que ese optimismo o expectativas sigue siendo perjudicado por la incertidumbre jurídica de fallos constitucionales.

Resultados

Mientras tanto, la Encuesta de Expectativas Económicas (Eee) al Panel de Analistas Privados a noviembre detalla que el 52.9% de los consultados opinó que se mantendrá igual para los siguientes meses la evolución del clima de negocios; un 35.3% consideró que mejorará y 11.8% que empeorará.

Además, el 70.6% consideró que la economía no está mejor que hace un año y el 29.4%, aseguró que sí.

El salto más significativo es en la pregunta sobre la evolución de la economía para los siguientes seis meses, ya que el 75% de los consultados afirmó que sí (con un nuevo gobierno) y el 25% dijo que no.

A la misma pregunta, pero en octubre, el 56.3% respondió que sí y el 43.7% dijo que no.

Finalmente, el 64.6% de los consultados expuso que no está seguro de efectuar inversiones, el 17.7% dijo que es buen momento, y el 17.7%, respondió que es mal momento.

Transición

Para el ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, los resultados de ambas encuestas se deben a que se está desarrollando un proceso de transición política ordenado y que está brindando las señales de continuidad para los agentes económicos.

Recalcó que, de acuerdo con los últimos pronósticos del Banguat, la economía estaría creciendo este año en 3.5%, en medio del período electoral.

“Hay un impacto en la percepción de los tomadores de decisiones y las señales de confianza entre el sector público privado en este proceso de transición”, aseguró.

Curva de aprendizaje

Ruiz advirtió de que las nuevas autoridades podrían tener un primer semestre de gobierno complicado en cuanto al manejo de las finanzas, ya que deberán entender y conocer la administración pública y los procesos de compra y adquisiciones.

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“Tendrán una curva de aprendizaje y luego que no se aprobó el presupuesto tendrán problemas de ejecución y deberán acudir al Congreso para realizar las modificaciones al plan de gasto”, consideró el analista.

Indicó que el ritmo de ejecución se estaría normalizando en el segundo semestre del 2020, pero con un primer semestre muy complejo por las readecuaciones.

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El rubro de salarios es la primera readecuación presupuestaria de estudio para definir con las autoridades designadas para el Ministerio de Finanzas (Minfin) que asumirán en enero.

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El objetivo es garantizar por medio de estas readecuaciones el pago para los servidores públicos, y que cuenten con las fuentes de financiamiento, así como la fijación de los techos.

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Esta semana empezó el trabajo técnico de reasignación presupuestaria, luego que el Congreso no conoció el proyecto de presupuesto 2020, por lo que el techo a reestructurar es de Q87 mil 715 millones.

Se espera que antes de Navidad se presente un plan de las readecuaciones y los ajustes respectivos.

Ayer en la reunión de gabinete se informó que se dejará un saldo de Q1 mil 800 millones, para la próxima administración que cubrirá la nómina para enero.

Prioridad uno

Álvaro González Ricci, ministro de Finanzas designado por el presidente electo Alejando Giammattei Falla, expresó que en las primeras sesiones de trabajo acordaron definir el tema de salarios como una prioridad.

“Necesitamos cumplir con los compromisos de salarios, sobre todo en los ministerios de Educación, Gobernación y Salud”, aseguró González Ricci.

Indicó que atender estos requerimientos deberá resolverse antes de que asuma el presidente electo, por lo que darán las prioridades.

Para el magisterio se acordó un incremento del salario del 5% como parte del pacto colectivo que suscribió esta administración saliente de Gobierno.

González Ricci no detalló cuanto podría representar el monto a desembolsar para estas carteras por los compromisos salariales.

En la readecuación participará el Ministerio de Finanzas y Secretaria de Programación y Planificación de la Presidencia (Segeplan).

Miguel Ángel Moir, jefe de Segeplan, aseguró que la reestructuración incluye hacer las revisiones con base al techo vigente, analizar los rubros de ejecución y cotejarlos con las normas presupuestarias.

“El pago de la nómina salarial para enero está garantizada”, aseveró Moir.

Para el exministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, se debe crear la reserva para el pago de los salarios a los burócratas y clases pasivas, antes de que empiece la apertura del presupuesto, que es el 1 de enero.

González Ricci manifestó que se informará al equipo de ministros designados sobre los compromisos salariales, sobre todo para estas carteras a las cuales tendrán el ajuste.

Para el rubro de funcionamiento en la cual se incluyen los sueldos y salarios, el monto destinado es de Q57 mil 273 millones.

Avances de la transición

El ministro de Finanzas designado, reiteró que también se empezó a trabajar la propuesta de ampliación presupuestaria que, tentativamente estaría siendo presentada al Congreso en enero.

Explicó que la base de esta solicitud podrían ser las 13 enmiendas que se pretendían incluir a última hora en la aprobación del proyecto del presupuesto el pasado miércoles, antes de que venciera el plazo de ley que fue el 30 de noviembre.

“El equipo técnico está empezando a dibujar la ampliación presupuestaria y esperamos finalizarla en los siguientes días”, apuntó.

En esas enmiendas se incluirá la aprobación de un paquete de siete préstamos, que estarán financiando el presupuesto.

También estarán trabajando los procesos de transferencias interinstitucionales y los acuerdos gubernativos con los ministros designados, luego de que se definan cuáles serán sus prioridades.

González Ricci dijo que también se estará definiendo un plan para poder incrementar la recaudación en 2020 con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

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Moir aseveró que la idea es presentar los ajustes presupuestarios al quedar vigente el mismo monto y estructurar los renglones que va a quedar afuera, como el espacio presupuestario de las elecciones generales por unos Q500 millones.

“Todas esas reasignaciones tienen que irse reconfigurando y esperamos concluir lo antes posible”, recalcó Moir.

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Aunque por el momento no hay un pliego oficial de las enmiendas, Álvaro González Ricci, ministro de Finanzas designado por el presidente electo Alejandro Giammattei Falla, informó que están planteando una serie de readecuaciones que vayan en la línea de trabajo en el primer año de Gobierno.

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La aprobación del proyecto del presupuesto está 50% que sí y 50% que no, según González Ricci, quien confirmó que ha sostenido reuniones con varios bloques legislativos.

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Consultados algunos diputados, informaron que no conocen las enmiendas y que el avance de la aprobación del plan de gasto dependerá de los cambios propuestos.

El pasado 18 de noviembre la Comisión de Finanzas del Congreso, elevó a Q90 mil millones 92 millones, monto mayor a los Q89 mil 773 millones que dictaminó la referida comisión.

De hecho, González Ricci dijo que el monto podría variar, pero va a depender de las readecuaciones que se están trabajando con diputados y la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas.

“El techo no va a sobrepasar lo que presentó originalmente Finanzas Q91 mil 900 millones, pero debería de ser muy similar a lo que anunció la Comisión de Finanzas la semana pasada”, aseguró al ser consultado.

Por ley, el Congreso tiene hasta el próximo sábado 30 de noviembre para aprobar el proyecto del presupuesto para el siguiente año, ahora con nuevas autoridades de Gobierno que asumirán el 14 de enero próximo.

Ejes de readecuaciones

González Ricci habló en términos generales sobre cuatro ejes en los que están trabajando, que son cambios y que están enfocados en sugerencias, porque al final del día los van a votar será esta legislatura, enfatizó.

En ese sentido, dijo que la primera trata sobre la fiscalización de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), que recibirán fondos públicos, y determinar cuáles se quedan y cuáles se van.

Esto incluye no solo de las organizaciones que incluyó la Comisión de Finanzas en el dictamen, si no de la propuesta que presentó el Minfin y evaluar si son genuinas o no.

Aclaró que habrá una norma presupuestaria para poder fortalecer y fiscalizar el uso de los recursos a través de las ONG´s.

El otro tema, explicó González Ricci, es la cartera de préstamos original que el Minfin presentó en el proyecto y que, a su paso por la Comisión de Finanzas, fueron retirados algunos y la idea es tratar de que se reinstalen, ya que ahí surgen problemas de asignaciones a diferentes ministerios que tiene como fuente financiamiento vía préstamos.

“Son préstamos que se habían trabajado desde hacía años con los organismos financieros para poderlos utilizar y la Comisión de Finanzas solo dejo dos préstamos y esa situación debilita financieramente a los ministerios”, explicó.

Recordó que esos préstamos ya cuentan con la opinión favorable de la Junta Monetaria, están listos para que se puedan ejecutar, tienen asignación para asuntos específicos que es una garantía de que hay transparencia para el uso de los recursos.

En el dictamen solo se aprobó un préstamo por US$200 millones que solo se utilizará cuando se declare Estado de Emergencia por impacto de eventos naturales, y otro por US$250 millones para apoyo presupuestario.

En las enmiendas, dijo, también se trabaja en hacer una readecuación con los recursos disponibles que se tienen para responder a lo que está pidiendo la población.

En esa readecuación se incluye aumentar el techo al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), ya que para el siguiente año presenta una disminución con respecto al vigente.

Pulso político

Carlos Fión Morales, jefe de la bancada Compromiso Renovación y Orden (Creo), aseguró que como bloque están en contra de la manera en que se planteó y dijo que desconocen las enmiendas.

“Si las modificaciones significan un cambio sustancial en el concepto y aplicación del presupuesto en las diferentes áreas, así como en la disminución de algunos bolsones que evidentemente anuncian corrupción y en aquellas áreas se hace presente la justicia social estaríamos a favor”, declaró.

Dijo que el apoyo al proyecto del presupuesto dependerá de esas enmiendas.

Mencionó que se deben de incrementar los rubros de gasto para salud, asistencia social, educación y seguridad.

El diputado Luis Fernando Montenegro declaró que, a título personal, no estará apoyando el proyecto del presupuesto, ya que a su entender se encuentra desfinanciado por la proyección de recaudación tributaria planteada, la cual considera sobreestimada.

“Hay recorte en el área de salud y educación, así como la inclusión de nuevas ONG´s en detrimento de otras que cuentan con trayectoria”, aseveró.

González Ricci declaró que hay buena voluntad de los diputados de hacer estas readecuaciones y enmiendas y no existe negativa para hacer algo.

“Con los diputados que hemos conversado y con el ministro de Finanzas hay una buena recepción de modificar el plan de gasto de lo que salió de la Comisión de Finanzas –de manera que– lo que apruebe en el Congreso no obedezca a intereses personales, sino para el bien del país”, destacó.

Negociación política

Para el analista David Casasola, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), la aprobación del presupuesto se encuentra “como una moneda en el aire”, ya que salió de la discusión técnica y entra a una fase de negociación política.

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“La discusión y los argumentos técnicos se debilitan y la aprobación ya dependen de los acuerdos políticos”, afirmó el analista.

Recordó que los principales desafíos están en la recaudación y en cómo mejorar los ingresos tributarios, así como el cumplimiento de los pactos colectivos que se deberán cumplir y que van a generar presión.

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La relación es que, a una divisa más alta, se obtienen más quetzales y, por el otro lado, con un tipo de cambio bajo, se necesitan menos quetzales para adquisiciones.

Es una disputa histórica, pero los consultados aseguran que no debe existir sesgo cuando se tomen decisiones y se entre a deliberar la política cambiaria.

Personajes políticos

Entre las figuras que dirigirán la política monetaria en enero próximo sobresale César Guillermo Castillo Reyes, quien fue ex director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) y asumirá como vicepresidente, y la de Antonio Malouf, quien fue presidente de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) y es el ministro de Economía designado.

Por ejemplo, Castillo Reyes tendrá a su cargo la coordinación del Gabinete Económico (Gabeco), mientras que Malouf ocupará una silla en la JM de manera automática.

La política cambiaria en Guatemala es flexible; es decir, se fija por la oferta y la demanda. En los últimos cinco años ha habido fuerte ingreso de divisas por remesas, lo cual ha presionado que el tipo de cambio en el mercado local se mantenga estable.

Blindaje legal

Alfredo Blanco, vicepresidente del Banco de Guatemala (Banguat), dijo que cuando hay relevo de  la JM  existe un intercambio de ideas cuando se analiza la política monetaria, cambiaria y crediticia, y el sentido es mantener la estabilidad macroeconómica.

“En su momento, veremos cómo será ese intercambio de ideas”, aseguró el funcionario en un  foro con  la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), y reiteró que el mensaje principal es  mantener la estabilidad.

Blanco insistió en que las decisiones de la JM respecto de esa variable se fundamentan en los análisis técnicos y se plantean discusiones sesudas, privilegiando los aspectos técnicos y los beneficios de país.

Afirmó que puede haber opiniones de las personas designadas para ocupar los puestos y del origen del sector de donde provienen, pero reiteró que el intercambio de ideas en relación con el tipo de cambio “es técnico”.

Recordó que la política monetaria es resiliente a todos los cambios de administración pública y que, en este caso, confían en que se mantendrá la institucionalidad.

No es su mandato

Consultado Malouf, aseveró que no se puede hacer una variación en el tipo de cambio “aunque se desee”, ya que la JM es un ente colegiado, no puede hacer ningún movimiento y lo más que puede hacer es disminuir la tasa líder de interés u otros cambios.

“Dentro de las funciones del Ministerio de Economía no existe ninguna directriz, y el mandato que tenemos es la generación de empleo y el aumento de las exportaciones, que lo que va a generar es más ingreso de dólares, y ese flujo en lugar de subir la tasación la va a disminuir o la va a mantener”, respondió.

Afirmó que el alto volumen de divisas por remesas familiares es la causa que mantiene el tipo de cambio actual, lo que han dicho las autoridades monetarias.

Malouf dijo que ni si quiera el presidente del Banguat ni la JM pueden sesgar el tipo de cambio, por la legislación, y lo que está al alcance es mover otras variables económicas, como la tasa líder.

Expectativas

Para Alejandro Ceballos, presidente de la Comisión de Vestuario y Textil (Vestex) y Javier Zepeda, director ejecutivo de la CIG, el llamado es a mantener la institucionalidad con el relevo de las autoridades de la JM.

“Siempre hay una creencia de que cuando hay cambio de Gobierno exista una variación en el tipo de cambio, pero confiamos en que se debe mantener la institucionalidad y las políticas actuales”, afirmó Zepeda.

Afirmó que, aunque hay puntos de vistas distintos el mercado debe de indicar el rumbo.

Ceballos aseguró que ese es un mito en Guatemala y que nunca debe de pasar porque sería “dramático” hacer una devaluación.

Explicó que el monto de las importaciones es más alto que las exportaciones, y hay más voces a favor para que no se devalúe el tipo de cambio.

“Para los siguientes cuatro años no va a haber mayor movimiento, solo en su ciclo estacional, pero el ingreso de remesas es alto, lo que está provocando que exista mucho dólar en el mercado”, subrayó.

En todo caso si se presentan situaciones naturales que indiquen que el dólar tienda a bajar tendrá que entrar el Banguat a controlarlo, y hay una fortuna que se ha invertido para que no baje más, citó el empresario.

Según Ceballos, el futuro ministro de Economía no tendrá mayor peso para tomar alguna decisión y, en el caso del vicepresidente, que viene de la CGC, no habrá alternativas para que suba el tipo de cambio.

Tanto Malouf como Ceballos aseguran que este año el ingreso de remesas familiares estará muy cerca del logrado por las exportaciones.

Las divisas por exportaciones se proyectan en US$11 mil millones y por remesas, en US$10 mil 500 millones.

Mercado cambiario

La participación del Banguat en el mercado cambiario empezó a incrementarse en el 2016, cuando salió a comprar US$1 mil 188 millones y a vender US$79.4 millones.

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En el 2017, compró US$2 mil 485 millones —que es el monto más alto— y vendió US$32 millones.  Mientras que, en el 2018, salió a comprar US$1 mil 682 millones y vender US$476 millones.

Hasta el pasado 19 de noviembre, las compras ascienden a US$1 mil 407 millones y las ventas a US$256 millones.

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Esto quiere decir no permitir el ingreso de esos mismos productos al mercado nacional.

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Luis Leal Monterroso, presidente de la Cámara de Lecheros de Guatemala y representantes de la Asociación de Desarrollo Lácteo (Asodel) adscritos a la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas, informaron que, desde hace un año, el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa) de Honduras, se ha negado a realizar visitas a plantas productoras de leche en Guatemala para hacer la verificación y entrega de los permisos sanitarios requisito que necesita  para hacer la comercialización formal.

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Esta situación, según el directivo, imposibilita que al menos dos grandes fabricantes de leche fluida UHT (ultra alta temperatura) no puedan hacer entregas para cadenas de supermercados que han solicitado pedidos a las plantas en Guatemala, así como atender ese mercado, que representa un potencial para la industria.

Piden intervención de autoridades

La medida solo es para la leche ya que compañías guatemaltecas ya comercializan otros productos como helados, los cuales sí tienen acceso.

“Se pidió la intervención del Mineco para aplicar la reciprocidad, ya que solo se está ingresando el producto lácteo, pero no se permite que se venda a Honduras por no contar con los certificados de inspección de plantas”, resaltó Leal Monterroso.

Según el Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA), las solicitudes de inspección no deben de tardar más de 60 días, para determinar el cumplimiento de buenas prácticas de manufactura e inocuidad de los alimentos. Sin embargo, el personal de Senasa no ha efectuado las visitas a las plantas en el país a pesar de haber presentado las solicitudes desde hace 12 meses.

Las medidas de reciprocidad de productos que también pueden activar el Mineco están estipuladas en la normativa vigente centroamericana y es lo que están requiriendo ambas entidades gremiales.

“Si no hay una solución satisfactoria se pueden tomar otras medidas”, advirtió Leal Monterroso.

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El hato lechero en Guatemala representa el 20% del total que es de un millón 800 mil cabezas.

En promedio cada día se producen más de un millón 600 litros de leche.

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La herramienta fue lanzada por las autoridades del Ministerio de Finanzas (Minfin) para permitir una mayor competitividad y desarrollar a ese sector de la economía.

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La aplicación permitirá realizar adquisiciones hasta un monto de Q90 mil, afirmó el ministro Víctor Manuel Martínez y la innovación permitirá el desarrollo de las pymes que ofertan al Estado.

Los pasos para poder participar son presentar la oferta económica, la constancia de inscripción, declaración jurada, consultar las bases y cumplir con los requisitos de inscripción como proveedor del Estado.

El primer evento que se celebró con esta aplicación es la compra de un lote de cuatro computadoras para una institución en Santa Rosa.

El embajador de Estados Unidos en el país, Luis Arreaga, expuso que la inversión pública inyecta recursos a la economía y la dinamiza y estos sistemas son beneficiosos y transparentes.

Los registros señalan que en Guatecompras se realizaron transacciones por Q41 mil millones cada año, con 60 mil visitas y en 2018, se realizaron 1.2 millones.

Guatecompras fue creado en el 2003.

Descarga la nueva APP de #Guatecompras y ofrece tus servicios y productos en el mercado electrónico más grande de la región
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— Minfin Guatemala (@MinfinGT) November 21, 2019

Caja fiscal

Por aparte el ministro Martínez, confirmó que se dejará en la caja fiscal Q1 mil 800 millones para el nuevo gobierno.

La apertura del presupuesto 2020 empezará el 1 de enero y este monto será para cumplir con los compromisos.

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Martínez indicó que al menos Q700 millones serán para cubrir al Ministerio de Educación, y el resto para el pago de aguinaldo y el pago del servicio de la deuda.

Entre las implementaciones está el asistente virtual, el rediseño de la página de Guatecompras y ahora crearon una fanpage llamada Guatecomprasgt.

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Inversionistas colombianos en el sector eléctrico presentaron un reclamo al Estado de Guatemala que fue admitido por el Ministerio de Economía (Mineco) y la Procuraduría General de la Nación (PGN).

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El expediente es una notificación de solución de controversia, el cual según el referido capitulo, tiene un procedimiento a seguir, inclusive hasta un arreglo amistoso entre las partes.

Causas del reclamo

El ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, confirmó que se trata de una intención de litigio en el sector energético, que, en este caso, coincide con otros reclamos similares.

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La notificación de controversia fue promovida por el Grupo de Energía de Bogotá, según se confirmó en la PGN.

El ministro declaró que es la casa matriz de empresas que operan en Guatemala.

“Hay intenciones de que exista un litigio más contra Guatemala en el tema energético, principalmente que es una repetición de los mismos temas que surgen en reclamos en el tema de SAT con un componente impositivo y el cargo que se conoce como VAD en materia energética”, afirmó el funcionario.

Básicamente las reclamaciones ocurren sobre esas dos prácticas, reiteró el funcionario, al ser consultado sobre la controversia.

El VAD es el valor agregado de distribución que fija la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE).

“Ellos establecen observaciones en el VAD y hay un tema de interpretación impositivo”, mencionó Valladares Urruela, quien confirmó que se trata del primer caso de controversia invocando el acuerdo comercial.

Dijo que están en la mejor disposición en llegar a un arreglo amistoso, que lo establece el capítulo, pero al tratarse de una reclamación, también están dispuestos a llegar hasta el final haciendo la debida defensa.

El expediente fue conocido por la Dirección de Administración de Comercio Exterior (Dace) que es la administradora de los TLC.

En los siguientes días, la Comisión Interinstitucional de Apoyo a Procesos de Arbitraje estaría conociendo el expediente.

Devolución

Manuel de Jesús Mejicanos, intendente de Asuntos Jurídicos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), expuso que antes de acudir a una instancia de demanda internacional o de solución de controversias contra el Estado, se debe acudir a varias instancias y contar con la anuencia y los puntos que se establecen.

El intendente explicó que esta compañía realizó pagos indebidos, que es uno de los objetivos de la controversia.

Es decir, la empresa ejecutó pagos de más a la SAT y si hubieran realizado el procedimiento se le devuelven los montos que se liquidaron, afirmó Mejicanos, sin acudir a la notificación de controversia.

“Era un trámite que se tenía que hacer y es uno de los tantos puntos de la reclamación”, aseveró el intendente.

Los pagos de más, que pueden ser millonarios, no se debieron ejecutar, indicó el funcionario, ya que en el tema tributario se le conoce como un “pago en exceso” o “pago indebido”, por lo que se debe de hacer una gestión ante la SAT para la respectiva devolución. El caso se presentó en el ejercicio fiscal 2017.

Ruta legal

El diputado Amílcar Pop afirmó que en los TLC existen los arreglos amistosos y Guatemala ya tiene un recorrido en los arbitrajes internacionales y en los laudos arbitrales en los cuales se han sometido.

Las demandas también corren el riesgo de perderse si no se agotan los distintos régimenes arbitrales y establecido en los TLC, apuntó el legislador, pero a la vez el Estado debe establecer los mecanismos de defensa.

“El tema de fondo es que se discute el pliego tarifario, las condiciones económicas y ganancias del mercado centroamericano, que ofrece grandes ventajas y que ha sido de capital colombiano”, recordó Pop.

Flujos

Del 2007 al primer semestre de este año la inversión extranjera directa (IED) de Colombia es de US$1 mil 427 millones y figura dentro de los primeros cinco países de origen.

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Las cifras globales de inversión en el sector electricidad (totales) suman US$2 mil 328 millones en ese período. Solo en el primer semestre, Guatemala atrajo inversión por US$41.8 millones.

Estatus

La Procuraduría General de la Nación informó que se conocen varios procesos de reclamos contra el Estado de Guatemala en distintas etapas en la parte de arbitraje, así como intención:

Caso                                                                                      Estatus

• Teco Guatemala Holdings                                                     Activo (nueva sumisión)
• Iberdrola Energía, S. A                                                           Activo
• IC Power Asia Developtment LLCC                                        Activo
• Daniel W. Kappes y Kappes, Cassiday & Asociados               Activo
• Group Martitim TCB S.L                                                         Intención
• Estrella Coöperatief B.A.,                                                      Intención
• Fuente: PGN

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Hugo Beteta Méndez-Ruiz, director de la sede subregional de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), estuvo el pasado martes en Guatemala y habló sobre las perspectivas a corto plazo, en medio del proceso de transición política.

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Hay un viento en contra para Latinoamérica con una desaceleración económica de las grandes economías que afecta a Centroamérica, sin embargo, el caso regional y particularmente de Guatemala estará cerrando con un dinamismo, que no será espectacular, pero tampoco dadas las condiciones externas negativo.

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El año entrante será complicado y estamos monitoreando muy de cerca la economía de los EE. UU., y lo que pasará con el proceso electoral, de cómo evoluciona la situación de las relaciones comerciales con China y por qué estamos viendo que la política fiscal de Estados Unidos ya dio el crecimiento concluyó y hay expectativas que no sea un buen año para la producción de ese país.

¿Por qué la importancia?

Por los posibles efectos para la inversión, el comercio, el turismo, remesas y eso es un riesgo para vigilar.

Afortunadamente hay un ejercicio de transición política que ha mandado señales de certidumbre a los mercados, un proceso ordenado a los institucional y eso abona a mantener un clima de confianza y expectativas de que los problemas se pueden ir resolviendo en Guatemala.

En general, ¿cómo perciben el 2020?

Que va a haber un crecimiento de la economía guatemalteca del 3% y como le repito dependerá mucho del desempeño de la economía de los EE. UU., pero si se retoma la inversión nacional, podría ser mejor con el cambio de Gobierno, con ímpetu para ir arrancando fuertemente.

El parte económico podría ser positivo si el entorno externo se da. Mientras a lo interno, salen los temas de siempre y de larga data, que es la calidad del gasto público, transparencia, la administración tributaria y retomar la caída de ingresos tributarios que se ha sufrido.

Ahí hay que trabajar en el control de la evasión, fortalecimiento de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), porque vemos con preocupación que desde el 2007, se estaba arriba del 12% del PIB en la carga tributaria y los agujeros que se siguen creando en materia de ingresos fiscales, vemos que la tendencia sigue siendo a la baja y debería ser al alza.

¿Qué retos deben enfrentar las nuevas autoridades de gobierno en materia económica?

Hay retos a largo plazo y estamos entendiendo los flujos de remesas con flujos significativos que para el caso de Guatemala rondan el 12% del PIB por un largo período, si puede generar una especie de enfermedad holandesa, que ocasiona una apreciación cambiaria, que a su vez que la producción sea menos competitiva en el exterior y eso hace que sea menos interesante invertir en industria, actividades productivas y que sea interesante importar los bienes.

• Hay que pensar a largo plazo, que, si bien las remesas traen beneficios para las familias y para el consumo, los impactos que están teniendo para la estructura productiva del país y articular una política de transformación productiva que reconozca la proclive de la apreciación cambiaria, que los flujos de remesas pueden causar.
• En materia fiscal, amerita una evaluación de los privilegios fiscales; no se debe renunciar al instrumento, pero sí ser muy cauto, evaluar exactamente cuáles son las aportaciones de crecimiento en la creación de empleo.
• También estudiar la rigidez presupuestaria ya que Q0.92 del presupuesto ya están comprometidos y asignados y eso limita la capacidad de transformación en el presupuesto.
• El nuevo gobierno tiene solo Q0.08 y los rubros de salarios de la administración pública, pago del servicio de la deuda y las transferencias a las municipalidades, debería de ser un instrumento más flexible para resultados a largo plazo.
• En materia social, el abordaje del tema migratorio es esencial y no debemos enfocarnos en el corto plazo que es necesario atender una potencial crisis migratoria por este acuerdo migratorio del tercer país seguro, pero no nos podemos quedar solo en construir un sistema funcional, si no que ir más allá en trabajar en un programa de desarrollo.
• También abordar las causas estructurales de la migración y los efectos del cambio climático.
• El tema de violencia es de altísima prioridad, aunque en todos los países han disminuido las tasas de homicidios, hay situaciones de violencia crónica que hay que abordar y eso es fortalecer el estado de derecho, con un sistema de justicia oportuno y eficaz.

En fin, son temas generales de desarrollo y lo que estamos hablando son de un modelo de desarrollo sostenible.

¿Qué ejes son los básicos para la nueva administración?

El económico, uno social para tener el cuidado infantil y mayores niveles de educación y calidad educativa, sistemas universales de protección social incluyendo salud y pensiones, y prepararse sobre el retorno de migrantes, de como gestionar que puedan servir para el desarrollo.

¿Qué acciones deben ser las prioridades?

Primero con un mensaje de unidad, en la cual se represente la unidad de nación, un intensivo trabajo en relaciones exteriores y mantener buenas relaciones con los vecinos; en la parte fiscal recuperar la carga tributaria y mejorar la recaudación con tasas efectivas y mayores y no simplemente las tasas nominales.

Una atención especial a la juventud por las características demográficas. Estamos observando señales de descontento en muchos países y se deben crear iniciativas fuertes con los jóvenes, que sería oportuno.

También señales claras de cómo será el combate a la corrupción y la impunidad y la parte del estado de derecho en la cual hubo grandes avances, que para brindar señales claras de cómo crear sistemas de transparencia y anticorrupción y que el combate al crimen organizado debe ser una prioridad de país.

¿Qué amenazas se perciben para la economía en 2020?

Preocupa el desempeño de la economía de EE. UU., por ser un año electoral y ahí es importante voltear a ver al segundo socio comercial importante de Guatemala, que es Centroamérica.

Hay una buena oportunidad que funcione la unión aduanera y es muy importante que Guatemala y Honduras escuchen las preocupaciones de El Salvador y que se integre.

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Hay mucho interés del lado mexicano de impulsar la facilitación del comercio y estamos impulsando que las agendas de facilitación comercial entre Guatemala y México sean concretadas.

Además, que se está hablando de una zona económica especial en la frontera, donde se pueda acceder energía a bajo costo y trabajo en industria que se puede focalizar.

Son áreas de oportunidad para Guatemala para Centroamérica y hacia México.

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Alfredo Blanco, vicepresidente de la banca central, informó que la actividad de construcción como vivienda, comercial e inversión pública, han tenido incidencia en sectores como industria manufacturera, explotación de minas y canteras, servicios privados y comercio, durante el foro Perspectivas Económicas 2020 que organizó la Cámara de Industria de Guatemala (CIG).

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Por otro lado, dijo, que las remesas familiares, que en octubre último tuvieron un ingreso histórico de US$1 mil millones, están influyendo en la demanda interna de bienes y servicios.

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“Son factores que están dinamizando la economía y que apuntan a que podría cerrar en 3.4% este año”, afirmó Blanco ante los socios de la CIG.

Detalle por sector

La construcción estaría cerrando en 5.8%; explotación de minas y canteras en 1.6%; comercio 3.7%; industria manufacturera, 3% y servicios privados en 3.6%, según las cifras que presentó el funcionario de la banca central para este ejercicio.

Para 2020, la construcción se proyecta un crecimiento de 5.9%; comercio, 3.5%; industria manufacturera, 2.7%; servicios privados, 3.4%, pero destaca la estimación de minas y canteras con 27.4%.

Para el siguiente año la proyección de crecimiento es de 3% a 4%, dijo Blanco, aunque aclaró que hay “nubarrones en el horizonte” de lo que podría suceder con la economía de los Estados Unidos, que entra a una fase electoral y una posible desaceleración.

Mientras que la tasa de inflación para los siguientes 12 meses se ubicará en 4% -que estaría dentro de la meta establecida-, una flexibilización del tiempo de cambio y un déficit fiscal del 2%.

Perspectivas

Javier Zepeda, director ejecutivo de la CIG, dijo que con estos datos hay herramientas para que los tomadores de decisiones y agentes económicos realicen sus planificaciones, ahora con la llegada de nuevas autoridades de gobierno que asumirán en enero.

Por su parte Franco Uccelli, analista internacional, resaltó que podría presentarse un enfriamiento en la economía global, como producto de situaciones en Estados Unidos, como lo electoral y político que genera incertidumbre y los resultados del conflicto comercial con China.

“Estados Unidos siempre mueve la aguja de la economía global y todo lo que sucede ahí impacta a todos”, resaltó el consultor.

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Explicó que en el caso de Guatemala hay situaciones que deben ser atendidas para lograr ser un país de grado de inversión, como una institucionalidad débil, corrupción, narcotráfico, sistema político y violencia.

“Así es como se ve Guatemala desde el exterior y se debe de trabajar en el progreso y desarrollo social”, aseguró Uccelli.

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El reinicio de las actividades se había dispuesto una vez se garantizarán las condiciones de seguridad del personal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

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En una reunión extraordinaria de la Comisión Interinstitucional contra el Contrabando y la Defraudación Aduanera (Coincon), el lunes en la noche se conoció un plan de seguridad que se implementó este martes a temprana hora.

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La aduana Tecún Umán I –que es la migratoria–, estuvo cerrada por un período de 48 horas y este martes no tenía una recurrencia de usuarios.

La recaudación promedio en ese recinto es de Q19 mil diarios y se estima que se dejó de percibir ingresos tributarios por unos Q38 mil.

El miércoles 13 de noviembre y el domingo 17, supuestos grupos de contrabandistas atentaron contra el personal de la aduana como represalia ante los operativos realizados y el decomiso de mercancías, según la versión de las autoridades.

Aumentan presencia en frontera

El intendente de Aduanas de la SAT, Werner Florencio Ovalle, detalló que en la reunión del Coincon, donde solo participaron las autoridades de Gobierno, el tema central fue la creación de un sistema para brindar seguridad al personal de las instituciones que operan el servicio aduanero.

Se concluyó con la implementación de nuevas estrategias, en conjunto con los ministerios de Gobernación y de la Defensa.

El resultado fue una mayor presencia policial en el municipio de Ayutla, tanto de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), las unidades especializadas, con apoyo del Ejército en Tecún Umán que cuenta con una base en ese sector, aseguró el intendente.

A la vez, confirmó que se reactivaron los operativos en carreteras para el decomiso de las mercancías que ingresan de contrabando en distintos puntos, pero con un refuerzo de personal de las instituciones encargadas de prestar la seguridad.

“Se logró crear el plan de seguridad que nos permite reiniciar las operaciones”, afirmó el intendente.

El vocero del Ejército Óscar Pérez Figueroa dijo que en esa región opera la Fuerza de Tarea Tecún Umán, que es coordinada por el Mingob, y que sus funciones son trabajar en conjunto con otras instituciones, cada uno realizando sus operaciones.

“Brindamos apoyo a otras instituciones con el despliegue del personal”, aseguró el vocero.

El intendente explicó que el programa de seguridad incluye protección en las aduanas, así como en el municipio.

Empresarios apoyan medidas

Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), dijo que se deben mantener las acciones para combatir el flagelo del contrabando, que es manejado por estructuras del crimen organizado.

“Debe haber coordinación entre todas las instituciones para erradicar este problema que genera impacto a la economía, al fisco y que pone en riesgo a la salud de las personas que adquieren productos de dudosa procedencia”, aseguró el objetivo.

Zepeda enfatizó que el tema de contrabando y la defraudación aduanera, hay que verlo como “país y de nación” y no como aislado, ya que tiene repercusiones y debe de ser una prioridad de estado.

Sobre la estrategia de seguridad implementada en Ayutla, el ejecutivo comentó que es razonable ante los acontecimientos recientes.

Operación normal

Héctor Fajardo, directivo de la Cámara de Transportistas Centroamericanos (Catransca), comentó que han advertido a las tripulaciones mantenerse en resguardo ante cualquier movimiento que se pueda presentar en cualquier momento por le reinicio de las operaciones en las aduanas y los operativos.

Dijo que para el sector transporte no hay impacto en la aduana Tecún Umán I, ya que las operaciones de comercio exterior (importación y exportación) con México y Centroamérica se dan en Tecún Umán II, que cuenta con la infraestructura adecuada.

“Se ha instruido al personal que no se expongan cuando se presenten las protestas o cuando ocurra la paralización de las aduanas”, citó Fajardo.

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Ahora por la época de fin de año y de mayor consumo, se está en una temporada alta de comercio y en promedio están circulando unos 600 vehículos de transporte pesado (contenedores de 48 pies) ya sean como destino para Guatemala y Centroamérica y México respectivamente.

Los principales bienes que se importan de México son productos terminados y procesados, así como materias primas para la industria.

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Werner Florencio Ovalle, intendente de Aduanas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el viceministro de Gobernación, Luis Arévalo, (encargado del área de seguridad), aseguraron este lunes que este tipo de situaciones son inusuales, y que responden a las acciones que desde octubre último se han centralizado en combatir este flagelo con los operativos instalados, el decomiso de mercancías y los vehículos.

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“Ha sido un golpe financiero a estas estructuras y esta fue su reacción (los ataques)”, dijo Arévalo, luego de participar junto con Ovalle en la inauguración de la VII Reunión del Programa Global de Control de Contenedores para Latinoamérica y el Caribe.

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El resultado es el cierre indefinido de la aduana Tecún Umán I, hasta que se logre garantizar la seguridad del personal del servicio aduanero, así como de los agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Diprafront), que corren riesgos, dijo el intendente Ovalle.

Recaudación de las aduanas

Tecún Umán I es una aduana migratoria, de tránsito de personas, y se estima que a diario la SAT dejará de percibir unos Q16 mil a Q17 mil diarios.

En promedio la recaudación mensual es de Q500 mil según los registros de la referida intendencia.

“Se notificó a las autoridades del SAT de México que se van a reorientar las operaciones de Tecún Umán I hacia El Carmen”, afirmó.

En lo que va del año, esta es la tercera incursión por parte de los contrabandistas en Ayutla.

La primera ocurrió el 23 de octubre, luego de un decomiso; el pasado 13 de noviembre y la del domingo último.

El patrón se repite, es decir, que se retiene al personal operativo a cambio de la devolución de las mercancías o bien del vehículo que la exigencia de los manifestantes recordó el viceministro Arévalo, y por salvaguardar la integrada física, se tiene que ceder, pero no es que se muestre debilidad, enfatizó.

Ambos funcionarios, indicaron que los operativos fueron asertivos 15 días antes y fueron exitosos.

Origen de los ataques

Ovalle aclaró que no es facultad de la intendencia hacer las investigaciones, aunque en este caso se han presentado situaciones que indican que las causas del asalto a esas instalaciones tienen como origen los operativos realizados y los decomisos.

Por efecto estacional y por la época de alto consumo en los mercados, existe un incremento de productos que ingresan de contrabando sobre todo de abarrotes (galletas, cereales, boquitas, cervezas, bebidas gaseosas, huevos, pastas, aceites) y bienes para el hogar (jabón, champú, acondicionador, cremas, pasta dental), resaló Ovalle.

La segunda razón, es que el pasado fin de semana en México se realizó el “Buen Fin”, y se ofertan una diversidad de productos y enseres.

“Los decomisos se han incrementado y a esto obedecen los ataques. En fiestas de fin de año el contrabando se incrementa y por eso se han incrementado los operativos y, por aparte, el Buen Fin era necesario como autoridades incrementar los controles”, resaltó Ovalle, quien precisó que el 90% del contrabando proviene de México.

Las autoridades consideran que, en esa parte de San Marcos, por el río Suchiate ingresa el mayor porcentaje que se nutre al contrabando.

De los 127 cruces vehiculares no controlados que están identificados en todo el territorio, con México hay 56 y representa el 44% de esos sitios.

El viceministro dijo que, en Huehuetenango, Quiché y Petén, no se han registrado este tipo de enfrentamientos, a pesar de que hay operativos, con la incautación y decomisos.

Amenaza latente

Ovalle dijo que el ataque del domingo a la aduana Tecún Umán I, fue por el decomiso de un camión que transportaba aguacates y que el valor de las mercancías (ad valoren) era de Q1 millón 190 mil y “es un tema que afecta”.

El operativo fue en horas de la noche del pasado viernes, y las actuaciones registradas requieren mayor análisis por parte de los integrantes en la Comisión Interinstitucional contra el Contrabando y la Defraudación Aduanera (Coincon), que fueron convocados a una reunión extraordinaria para esta semana.

“Nos extraña que nos ataquen la aduana Tecún Umán I que no es parte del operativo, y estos se realizan en carreteras y otros sectores específicos y donde se almacenan las mercancías incautadas es en Tecún Umán II”, resaltó.

Al preguntarle si estos ataques provienen de otras estructuras que se dedican al tráfico de drogas, personas y armas, Ovalle, respondió que es una tarea del Ministerio de Gobernación, pero que ya se está trabajando en ello.

Ante este nuevo atentado, el viceministro Arévalo, confirmó que se buscarán otras estrategias para el combate del contrabando y confirmó que los “cerebros” de estos movimientos son personas que “tienen mucho poder”.

Lo que sí confirmó es que un grupo especializado de investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC), fue desplegado para individualizar a las personas responsables de los ataques.

Incautaciones

Ambos funcionarios reconocieron que los ataques ocurridos en la última semana se fundamentan en los decomisos.

De enero a octubre de este año, se han realizado 333 acciones interinstitucionales.

Entre los principales resultados es el valor de las mercancías incautadas por Q97.1 millones; Q7.7 millones de impuestos dejados de percibir y Q136.6 millones en ajustes pagados en aduanas.

Los resultados de las acciones son dos operativos a escala internacional; 163 operativos en carretera; 10 operativos en aduanas; 133 allanamientos.

Además, la realización de 22 inspecciones a comercios; dos operativos binacionales y un operativo regional.

Mientras se han realizado 251 denuncias por defraudación y contrabando de las cuales 165 al Ministerio Público y 86 por la SAT.

Resguardo

El intendente informó que en la aduana Tecún Umán II está operando de manera parcial, donde ya hay un despliegue de agentes de la PNC para responder ante cualquier crisis.

El director de la PNC, Carlos Tohom, confirmó que se mantienen en alerta y hubo refuerzos de los núcleos de reserva.

“Hay coordinación con aduanas para resguardar estas instalaciones”, afirmó el jefe policial.

Ovalle dijo que también se está trabajando con el Ejército para patrullar ambos recintos.

Explicó que el 30% de las mercancías que ingresan por Tecún Umán II (que es la aduana especializada para atender al comercio exterior) tienen como destino final Guatemala, y el 70% hacia Centroamérica o sea en tránsito.

Nueva estrategia

El viceministro de Gobernación, Luis Arévalo, dijo que desde el fin de semana se está trabajando en una nueva metodología.

“No pensamos declinar en el combate del contrabando y eso va a implicar que las nuevas estrategias para contrarrestar se cambien, modifiquen y velar por la seguridad del personal de aduanas y los agentes y el resguardo del personal”, aseveró.

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El funcionario, explicó que Diprafront (que es la unidad especializada) mantiene la presencia en el área de Ayutla, San Marcos, pero también hay retenes en varias carreteras.

“Se van a reorientar las estrategias para combatir a los contrabandistas”, afirmó el viceministro de Gobernación.

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El Reino Unido ha sido en los últimos años un socio comercial que ha contribuido al desarrollo social y económico de departamentos del altiplano y otras regiones, por ser un comprador importante de aguacate, limón, arveja china, café, moras, banano y ejote, entre algunos.

La preocupación del sector agroexportador aumenta porque la ventana de oportunidad de seguir en el juego tiene contado sus días.

“En realidad, vemos una buena oportunidad para que el Congreso pueda dejar como regalo de fin de año, la tranquilidad a los productores agrícolas que le venden a Reino Unido que las reglas para el comercio con ese destino están ratificadas”, apelan los agro exportadores.

Según Tulio García, director del Comité de Arveja y Vegetales de Agexport el sector agrícola es el mayor empleador dentro de las actividades económicas del país absorbiendo cerca del 50% de la fuerza laboral y es la que ofrece, quizá de momento, la mejor opción de empleo en los lugares más recónditos de Guatemala.

García opinó que algunas de las ventajas competitivas de Guatemala en Europa es que las empresas tienen un impacto social altísimo.

“Esto genera un valor agregado al producto que es valorado mucho en Europa ya que se inclinan por comprar productos que tienen experiencias sociales detrás”, expresó el exportador.

Los productores y empresas guatemaltecas que compiten en el mercado de Reino Unido están altamente calificadas y preparadas con certificaciones especiales como Global Gap y Grasp, y ambas garantizan el cumplimiento de estándares altos de buenas prácticas, como también el cumplimiento de los derechos laborales.

Este acuerdo está a un paso de formalizarse y con ello Guatemala puede convertirse y potencializarse como un proveedor por excelencia para el Reino Unido, ya que durante el 2018 ingresaron al país más de US$77 millones en divisas por exportaciones hacia el Reino Unido.

“Está en manos del Congreso de la República el brindar una buena noticia que vendría a beneficiar a las familias que han logrado crecer, a través la buena relación comercial que ha existido con ese país”, concluyó García.

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Más ingresos

Hasta septiembre último, las exportaciones de cardamomo alcanzaron los US$385 millones, lo que significa US$131.9 millones más que en el mismo período del año pasado, según las cifras de comercio exterior del Banco de Guatemala (Banguat).

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Esa variación equivale a un incremento del 52% y es uno de los productos con mayor crecimiento, que ocupa el quinto lugar dentro de los 25 principales bienes exportables.

En septiembre del año pasado, las exportaciones fueron US$253.1 millones.

Factor precio

Sergio Recinos, presidente de la banca central, informó que el cardamomo y banano están registrando mayor dinamismo en el rubro de productos agrícolas, en comparación con otros bienes como el azúcar, café, caucho natural, que mantienen una posición negativa, pero que muestran signos de recuperación.

“Las exportaciones de cardamomo están subiendo con buen nivel y está favoreciendo a las exportaciones en divisas y volumen. Es un producto que le está muy bien”, afirmó Recinos.

Dijo que muchos exportadores están aprovechando estos buenos precios en el mercado exterior, afirmó el funcionario.

Las exportaciones totales del país cerrarían en 0.5% en el 2019, según las proyecciones.

Causas

Jorge Mario del Cid, presidente del comité de cardamomo de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), confirmó que el mercado internacional existe un alza en el precio del cardamomo.

“El precio esta alto por la escasez en la India y en Guatemala y a una menor producción mayor precio”, manifestó el director.

La variación climática en las áreas productos del país, es la principal razón que redujo la cosecha.

Del Cid, dijo que las lluvias de mayo, junio y julio fueron muy bajas al período normal, que provocó el retraso la cosecha que regularmente comienza en septiembre, pero ahora empezó en octubre.

Dijo que, aunque es muy difícil calcular la proyección de la cosecha 2019/20 es muy difícil de calcular por el factor clima.

La exportación de la última cosecha 2018/19 fue de unas 37 mil toneladas y es superior al promedio de los últimos años que es de 33 mil toneladas y para esta nueva cosecha “no se sabe” cuanto podría estar debajo de ese porcentaje.

“Es muy difícil hacer proyecciones por la escasez de lluvia en los meses en los que tuvo que haber llovido y eso ocurrió en toda el área de la Franja Transversal del Norte, con lluvias muy esparcidas, qué no fueron normales y no sabemos que impacto puede tener en el total de esta cosecha”, consideró del Cid.

Lo que si adelantó es que podría ser una cosecha de cardamomo menor.

Advertencia climática

Los cambios climáticos durante los próximos años serán marcados por una baja de las precipitaciones y una subida de las temperaturas, que conllevará un impacto importante en la producción del cardamomo, indica el informe Modelización de las zonas Agroclimáticas más adecuadas del cardamomo, que se presentó en julio del 2018, realizado por varias instituciones.

El documento refiere que, “a partir del 2030, los cambios afectarán las zonas agro-climáticas favorables por el cultivo del cardamomo. Los sectores que tendrán un potencial de cultivo verán sus superficies disminuidas y las zonas sin potencial doblarán superficie. Alrededor del 15% de las tierras productivas de cardamomo habrán desaparecido en 2030, según la modelización”.

El cultivo del cardamomo está en Huehuetenango, Quiché, Alta y Baja Verapaz e Izabal.

En la parte de conclusiones, el informe indica que los cambios climáticos cambiarán radicalmente la producción del cardamomo, por lo que se deben de planificar, analizar y llevar a cabo las acciones con el fin de asegurar una mejor planificación a los productores agrícolas.

Más volumen

Las estadísticas indican que el volumen exportado de cardamomo hasta septiembre es de 24 mil 043.1 kilos, lo que representa un crecimiento del mil 843.7 kilos o sea 8.3% más.

Al mismo período del año pasado fueron 22 mil 199.4 kilos exportados.

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El precio promedio del kilo es de US$16, y aumentó 40% con relación al año pasado.

El mayor porcentaje del producto se destina para Arabia Saudita que es el principal comprador.

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La auditoria consiste en hacer una revisión financiera de la entidad, así como las acciones establecidas en la Ley de Lavado de Dinero u Otros Activos.

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Los auditores de la SIB comenzaron ayer con la supervisión.

Sergio Recinos presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y JM, dijo que la SIB informó de manera verbal sobre la información público de la captura de Álvaro Estuardo Cobar Bustamante, el pasado martes, por lo que se procedió a girar las instrucciones dentro de las facultades de ley.

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El caso es aislado, no representa una amenaza al sistema financiero nacional y le están dando seguimiento a los resultados que pueda determinar la auditoria, afirmó a Prensa Libre, el presidente de la banca central.

¿Qué conoció JM sobre este caso?

La SIB informó de manera verbal, sobre la captura del director de la institución financiera, que es información pública que se ha trasladado, un caso aislado en apariencia e hicieron mención que se les complica determinar y detectar este tipo de operaciones, porque es la misma institución la que tiene que determinar las alertas que corresponde a operaciones inusuales y operaciones sospechosas.

En ese sentido parecía que no se habían dado las alertas, lo que según se explicó.

¿Cuál es la importancia para los ciudadanos?

Qué es un caso aislado.

¿Qué acciones se concretaron por este proceso?

Se ordenó a la SIB realizar las auditorías que corresponden.

Tanto a nivel del banco en su totalidad, como a nivel de la oficialía de cumplimiento de esa institución, a través de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) (que es la unidad de inteligencia financiera).

La instrucción de JM es en el sentido de urgencia al superintendente en funciones (Hugo Oroxón Mérida) la noche del miércoles.

¿Cuál es el objetivo de esta auditoría?

De contar con más información, de qué si hubiera más personas involucradas, que se hagan las denuncias correspondientes y se procedió en ese sentido.

Reitero que el tema es aislado y habrá que determinar que se plantea el juez (de Estados Unidos que conoce el caso) y que plantean ellos (Cobar Bustamante) en su defensa.

¿A qué se refiere a esta auditoría?

La auditoria es una revisión, como la que práctica la SIB a cualquier banco, o la que realizan los auditores externos a cualquier institución.

Surge en el sentido para determinar que no existan riesgos en algunas operaciones, pero no se trata de ninguna intervención, nada por el estilo y simplemente es una auditoria, para ejercer una vigilancia, una inspección y una investigación sobre estos casos.

La practica es a nivel de auditoría y no a nivel judicial.

La investigación de auditoria debe de determinar, que operación son, si están bien documentadas, tipo de clientes y si se detecta algo extraño entonces investigar un poco más.

En el caso que fueran operaciones que podrían tener algún indició o un acto delictivo se hace la denuncia ante el Ministerio Público.

Pero no estamos hablando de una intervención, si no una simple auditoría, pero en este caso mucho más específica.

En el caso de la IVE ellos cuentan con instrumentos muy sofisticados y muy minucioso en cada una de las instituciones financieros para evitar los temas de lavado.

Aquí se está hablando de un directivo y eso es muy complicado y lo primero que corresponde es hacer esas investigaciones de auditoria, que la SIB cuenta con las facultades amplias para realizar las mismas.

¿Qué resultados esperan?

Si resultan hallazgos o indicios de acciones fraudulentas, se tendrá que hacer las denuncias.

La auditoria es in situ que es adicional a las normales, para determinar fehacientemente que tipo de operaciones hay.

¿Cuál es la relevancia de este proceso?

Es un primer caso, hasta donde conocemos que involucra a un miembro de un consejo directivo.

La supervisión la ejerce la SIB, habría que constatar con ellos, pero hasta que recordamos es el primer caso.

Reitero que la SIB tiene a su cargo la supervisión de las instituciones financiera.

Hay que dejar claro que no es responsabilidad de la JM, si no de la SIB.

La información que posee JM fue verbal, pero si se manifestó preocupación y se instruyó las auditorías, y si resultará más personas relacionadas con esos hechos, se realicen las denuncias,

¿Qué escenarios se plantean?

Eso es complicado y recuerde que está el delito de pánico financiero y hablar de las instituciones financieras sin pruebas es muy complicado.

Lo que puede decir, es lo que dijeron ustedes (Prensa Libre) que es un hecho aislado y que la SIB le está brindando un seguimiento al tema y la idea es salvaguardar al sistema financiero en su conjunto.

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¿Qué mensaje brinda a los cuentahabientes?

Que la SIB está atento, en supervisar como corresponde a cada una de las entidades y este hecho es aislado y esperamos que no repercuta en otros hechos de esta naturaleza.

En todo caso ya se está investigando de manera exhaustiva y considero que la población debe estar tranquila, ya que, según la información de la SIB, el sistema se encuentra bien.

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Guatemala enviará en diciembre los primeros despachos de ganado en pie hacia México, luego de haber finalizado el proceso de negociación y cumplimiento de las normativas sanitarias para el ingreso de animales.

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Luis Leal Monterroso, presidente de la Cámara de Lecheros de Guatemala y miembro del Comité Permanente de la Semana del Ganadero –que comenzó ayer en las instalaciones del Parque de la Industria–, confirmó que todo el proceso finalizó para hacer los despachos.

En parte, esta actividad evitará dar un golpe al contrabando, que proviene principalmente de Nicaragua y Honduras.

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“En estos días empezará la exportación hacia México y en 15 días se realizarán las entregas”, aseguró el directivo en la inauguración del evento que finaliza el próximo domingo.

México mantenía cerrado el comercio del ganado en pie.

Controles son estrictos

Leal Monterroso expuso que la negociación con las autoridades mexicanas tuvo una duración de un año y uno de los resultados es que no podrá ingresar ganado en pie ilegal, ya que el animal debe contar con los instrumentos de trazabilidad.

Además, incluyen las pruebas de laboratorio de brucelosis bovina (enfermedad contagiosa del ganado bovino), así como la tuberculosis, y se le deberá colocar un ariete certificado por el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (Maga) y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (Oirsa).

“Todo despacho debe llevar trazabilidad y el lote que no lleve esa certificación no podrá ingresar”, dijo el directivo, quien confirmó que la medida también aplica a los ganaderos de Honduras y Nicaragua.

Ganado certificado

David Orellana, director de Sanidad Animal del Maga, dijo que la exportación de ganado bovino hacía México solo será para aquellos que estén certificados por ese ministerio, libres de brucelosis y tuberculosis.

Los ganaderos deben cumplir con una serie de requisitos para hacer los despachos y según el técnico, no se quiere generar expectativas a que todos los ganaderos pueden hacer las ventas.

“Tienen que cumplir con la trazabilidad, los certificados y subir la información en una plataforma que se creó con Oirsa del registro de los animales”, afirmó.

Las fincas además deben de estar certificadas y libres enfermedades.

Contó que los animales previos a ser enviados tienen que tener una cuarentena de 21 días en la finca que exportará y que es certificada por el Maga, con sus aretes, y los diagnósticos negativos de brucelosis y tuberculosis.

El Maga tiene certificado a 80 fincas ganaderas, y hay fincas libres, en proceso y otras que están iniciando para llevar a cabo los controles oficiales y que es uno de los requisitos que pide México.

Leal Monterroso, afirmó que, en el primer año, los ganaderos podrían enviar hasta unos mil novillos a los compradores mexicanos.

Ya en México los ganaderos concluirán la fase de engorde, su destace en los rastros y comercialización.

Los camiones donde se transportará el ganado también deben cumplir con la normativa sanitaria, dijo el directivo.

“Hay mucha expectativa para los ganaderos guatemaltecos porque habrá la oportunidad de exportar directamente a los compradores”, aseveró.

El hato ganadero en Guatemala es de 1.8 millones de cabezas, de las cuales el 80% es bovino o sea 1.4 millones (para carne) y el 20% es para la producción de leche.

La ganadería, según Leal Monterroso, genera unos 600 mil empleos directos.

Rueda de negocios

Carlos Enrique Zúñiga Fumagalli, presidente de la Asociación de la Asociación del Comité Permanente de la Semana del Ganadero y Expo leche, comentó que se espera hacer negocios por unos Q10 millones en el evento, en la venta y compra de animales, equipo, maquinaria e insumos para el sector ganadero.

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Dijo que en hay 60 expositores de Centroamérica y México.

La actividad tiene un costo de ingreso al público de Q15 y los niños gratis.

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Cobar Bustamente fue detenido por supuestamente haber lavado dinero de actividades provenientes del narcotráfico, según la acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida y se trata del primer caso que involucra a un directivo activo de una institución financiera envuelto en un caso de esta naturaleza.

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El detenido era director titular del consejo de administración de Bancredit, es decir, tiene voz y voto en las decisiones que adopte la institución.

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La fiscalía en cuestión tiene razones para creer que el guatemalteco se habría aprovechado de su cargo para efectuar las actividades ilegales, ya que hubo una operación encubierta para reunir la información como evidencias.

El método que utilizó es complejo, y al parecer utilizó simulaciones para efectuar las transacciones a manera de no ser detectado, que correspondían a las ganancias provenientes del narcotráfico.

No se sabe con precisión si Cobar Bustamante llevó a cabo las transacciones, ni el monto específico que pudo haber blanqueado, utilizando la entidad a la cual pertenecía.

“Es un caso aislado”

Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham) y Christian Nolck Rodríguez, vicepresidente de la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG), opinaron que este proceso hay que verlo como aislado, focalizado e individualizado.

“Los controles bancarios y financieros que tienen los Estados Unidos son de alcance global y lo que muestra este proceso es que las regulaciones de ese país tienen una gran incidencia sobre el sistema financiero guatemalteco. Prácticamente todas las operaciones internacionales que se hacen desde Guatemala pasan por el sistema de los Estados Unidos”, indicó Carrasco.

Reiteró la importancia de regulaciones contra el lavado de dinero y anticorrupción, que tienen un alcance mucho mayor de las fronteras.

Dijo que en este particular que se desveló debe haber mayor coordinación entre las autoridades financieras locales y las de Estados Unidos.

Nolck Rodríguez afirmó que, aunque no hay detalles más exactos, el caso es una situación aislada, y que el sistema nacional financiero ha mostrado constantemente su funcionamiento adecuado.

“El sistema financiero es sólido y está posicionado como uno de los más estables y eficientes de Latinoamérica”, manifestó el vicepresidente de CFG.

En todo caso, consideró que no pone en riesgo el sistema.

Las cifras de la Superintendencia de Bancos (SIB) al 30 de septiembre último, detallan que el total de activos de las entidades bancarias es de Q342 mil 622 millones, de cuales Q183 mil 168 millones, corresponden a la cartera de créditos, e inversiones por Q102 mil 356 millones.

Mientras que Bancredit reporta un balance de Q780 mil 894 en activos netos, con una cartera de créditos por Q415 mil 57. En los últimos tres ejercicios, la entidad no reportó utilidades.

Mensaje de prudencia

Edwin Matul, analista de la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (Atal) y exgerente del Banguat, dijo que las cifras que revela la SIB demuestran que el sistema financiero está solvente, sólida y solvente.

La misma posición reflejó Acisclo Valladares Urruela, ministro de Economía, quien aseveró que el sistema está sólido, de acuerdo con las cifras presentadas por la SIB.

“El sistema financiero está operando con mucha solvencia”, reiteró el funcionario.

La noche del miércoles se esperaba que la Junta Monetaria conociera la situación de este directivo.

Iniciativa de ley

Para el diputado Luis Fernando Montenegro, miembro de la Comisión de Economía del Congreso, la situación actual no representa alguna amenaza para el sistema, pero recordó que en el Congreso hay un proyecto de reformas a Ley de Bancos y Grupos Financieros, que se quedó en su tercera lectura.

La iniciativa 5157 propone la facultad para que el Banco de Guatemala, entre al rescate de bancos privados que registren insolvencia y preserve la estabilidad financiera en protección a los usuarios.

“La SIB hace un trabajo muy minucioso para supervisar a los bancos y a sus autoridades y de cualquier manera el sistema financiero guatemalteco es muy sólido y no va a pasar para más”, al referirse a este caso.

Escenario

Carrasco dijo que esta situación fue una operación aislada en la cual es la responsabilidad de una persona (Cobar Bustamante) y no fue una actividad institucional, según lo que se conoce hasta ahora.

“Toda vez que las autoridades de Estados Unidos individualizaron esta acción relacionada a una persona no están relacionando a la entidad”, comentó el presidente de AmCham.

Recordó el caso de Honduras, en octubre del 2015, cuando se ordenó el cierre de una entidad bancaria, cuando se señaló a una institución bancaria por tráfico de drogas y lavado de dinero.

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“Son casos diferentes porque en Honduras eran actividades institucionales que afectaron a una entidad a nivel nacional y este caso es individualizado, de manera aislada, lo cual no afectaría al sistema y a la institución”, dijo el directivo.

Denuncias

Las estadísticas de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) al 8 de noviembre último, detallan que se han detectado tres mil 768 reportes de transacciones sospechosas (RTS) en el sistema bancario nacional.

Las denuncias y ampliaciones presentadas a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos son 153, que involucra a unas mil 43 personas, con un monto estimad de lavado de Q1 mil 870 millones.

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La primera fase del proyecto arrancó este año y busca explotar el recurso petrolero para atender a la industria local y en una eventual segunda fase se espera aumentar la inversión para refinar el producto que se extrae en la región norte.

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Alyonca es un consorcio de inversionistas de Argentina, México y Venezuela que le presta servicios a la industria en varios países y en Guatemala realizará la primera operación de explotación de ingeniería y yacimiento, según expusieron directivos.

Los orígenes de la firma están en Venezuela, donde operó y fue fundada por empresarios de Rusia, quienes la vendieron. Por el clima político en ese país la operación fue desde Colombia y han trabajado en México, Estados Unidos y en Venezuela.

Parte del giro del negocio es ubicar proyectos maduros, evaluación de campos con un historial de extracción del recurso o pozos dañados donde otras empresas ya trabajaron, para recuperar el activo y que muestren que tienen un potencial para extraer.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) otorgó un contrato de servicios petroleros por emergencia a Alyonca en febrero último para cinco años y la firma empezó a trabajar en el campo que consta de seis pozos, pero solo tres trabajan, que han sido los productores de petróleo.

Este año venció un contrato de explotación por 25 años que tenía una empresa.

Campo de producción

Sandro Jesús Ávila Saavedra, CEO de Alyonca, comentó a Prensa Libre que la expectativa es producir hasta mil 200 barriles diarios de petróleo, cuando estén en funcionamiento los tres pozos.

Las tareas de recuperación consistieron en limpieza y verificación de las plataformas y el mantenimiento de la infraestructura como tanques y caminos, la empresa no está realizando perforación.

El campo petrolero se considera como pequeño en el sector, aunque la firma ya tenía el objetivo de trabajar en Guatemala con exploración y explotación desde 2015.

El primer pozo para trabajar y que se encuentra con avances para producir es el pozo tres, y para los siguientes 70 días se pondrá la producción de los pozos dos y uno, respectivamente, luego de realizar los análisis sísmicos y de geología.

El ejecutivo afirmó que antes de entrar en operación se trabajó con los protocolos de seguridad industrial, ambiental y social.

El área fue inspeccionada por la Dirección General de Hidrocarburos del MEM, personal del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y otras instituciones.

La firma suscribió un compromiso para la construcción de una clínica médica para atender a la comunidad y personal, la dotación de una ambulancia y la compra de un camión de bomberos, así como otros aportes.

Además, en la primera fase generará 45 puestos de trabajo, que en su mayoría son de las comunidades cercanas, pero está generando otros 20 puestos temporales como operarios de grúas, soldadores y otras especialidades técnicas.

Petróleo liviano

De acuerdo con los análisis de laboratorio, el petróleo de ese campo es ideal para producir diésel, nafta (gasolina), solventes y búnker ya que cuenta con un bajo porcentaje de azufre.

Ávila Saavedra dijo que el petróleo es conocido como liviano dentro de la clasificación por los grados API (que es una medida de cuánto pesa o densidad un producto de petróleo en relación con el agua) que es 40 a 42 grados y se considera como un petróleo premium.

“Es un producto al que se le puede generar valor agregado en Guatemala para atender la demanda local y no exportarlo”, afirmó el directivo.

Para ello ya suscribieron contratos con una empresa que produce pinturas en Guatemala para abastecerlos del solvente y están en conversaciones con otras industrias que demandan este producto y sus derivados.

Fase dos

El ejecutivo indicó que los planes a futuro incluye lograr un contrato por 15 años más para incrementar el monto de inversiones y hacer perforación.

Las proyecciones son de invertir de US$36 millones a US$40 millones para trabajar en los seis pozos e incrementar la producción, así como construir un oleoducto, planta de tratamiento y almacenamiento.

“Estamos mostrando que los pozos tienen capacidad de producir y se negociaría una ampliación para montar una propia refinería para hacer la transformación para hacer solventes y el diésel se comercializa a otras industrias”, puntualizó.

Recordó que es un petróleo excelente y la instalación de una refinería generará valor agregado.

La refinería sería modular, que tendría una capacidad para producir mil barriles hasta dos mil barriles, pero dependerá de las posibilidades de encontrar una ampliación.

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El CEO de Alyonca dijo que hay estudios que han determinado que existe un manto petrolero importante.

Del 2007 para el primer semestre del 2019, la inversión extranjera directa en agricultura, petróleo, minería y canteras suma US$1 mil 950 millones, según los registros oficiales.

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El abogado mexicano Francisco Javier Treviño Moreno, quien se especializa en proyectos de Alianza Público Privado (APP), aseguró que estos programas económicos son muy complejos y que en el caso particular de la autopista de Escuintla-Puerto Quetzal, fue un éxito y no un fracaso al cumplirse las diferentes fases.

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Explicó que, si bien se faculta al Congreso para su aprobación de las APP como lo indica la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, es necesario hacer las diferentes correcciones.

No dudó en decir que la no aprobación del primer proyecto público privado en Guatemala, genera un clima de incertidumbre a los potenciales inversionistas y se debe empezar a trabajar en un clima de generar confianza, ahora que viene un nuevo gobierno.

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Treviño Moreno participó en el grupo técnico-jurídico que elaboró el reglamento de la referida ley en Guatemala y conversó con Prensa Libre.

A su entender, ¿qué fallo en este primer proyecto de APP?

Este proyecto de la autopista fue un caso de éxito, ya que la etapa del proceso cumplió con los estándares, con las características de APP, la participación de firmas muy reconocidas y la mejor oferta fue la ganó en un proceso transparente y competitivo.

Hasta esta etapa el proyecto fue exitoso, ya que hubo alguien quien puso en riesgo sus recursos; luego viene el proceso de afinar que la oferta la transforma a un contrato de APP que es muy complejo, y son contratos que van a operar por largo tiempo.

En la aprobación, el Congreso toma una decisión que todos conocemos.

¿Entonces que falló?

Nada. Fue una decisión que no sé si ha sido explicada o no, que adoptó una autoridad que tiene que ejercer esa facultad y esa decisión echa por tierra un trabajo que la sociedad guatemalteca ha desarrollado durante años para poder conceptualizar, armar, promover, adjudicar un proyecto y ahí se frenó.

Habría que ver cuáles son las razones de los diputados que votaron y aquellos que no votaron y que impidieron que este proyecto continúe.

¿Por qué dice que fue exitoso, pero no hubo una aprobación?

Hay diez razones por las cuales el proyecto hay que hacerlo, pero quisiera conocer cuales son las otras diez razones, quién decidió que no se hiciera.

Ese proyecto se va a hacer, porque la sociedad y la economía lo necesita. En esa ruta se necesita un tramo de calidad y estándares altos.

¿Qué errores hubo?

No lo veo por ningún lado.

Hablaría más de cuales son las causas por las cuales este órgano decide no aprobarlo que en todo el mundo ya se aprobó, la Anadie, los bancos, el Ministerio de Comunicaciones y otras instancias, que es quien pide el proyecto.

¿Cuál es su lectura sobre este caso?

Yo no veo que el sector privado ponga en riesgo su capital, su reputación y su negocio para proveer de mejor infraestructura para el país y en México existen más de cien concesiones de carreteras, con más de 10 mil kilómetros operando en autopistas y el valor de usar un tramo seguro y eficiente las personas lo reconocen mucho.

Todas empresas generan impacto económico, el pago de impuestos, consumo y generan empleo.

¿Qué hay más allá?

En países como México, Honduras, Chile, Perú, Colombia, se están haciendo APP y no hay problemas, pero hacer estos proyectos son muy complejos.

Yo diría que en Guatemala se debe hacer una revisión, (ver) qué está sucediendo para que este proceso no esté concluyendo como se esperaba.

¿Habrá conflictos de interés de consorcios por disputarse este proyecto?

En 1980, cuando las APPs empezaron, las primeras empresas que hicieron los proyectos fueron constructoras y eso no funcionó.

Hoy en día quien hace esas obras no son constructoras, si no desarrolladores de proyectos.

La razón es que la naturaleza del negocio de la construcción es distinta a la naturaleza de las APPs.

¿Algún ejemplo?

Un constructor quiere ganar un contrato y hacer la obra, gastar lo menos posible, hacer el negocio e irse a otro y no digo que esté bien o mal, pero así es.

Pero como funciona la naturaleza de las APPs, el desarrollador se va a quedar 20 años a operar su proyecto y no le interesa hacer la construcción rápida, barata e irse. Lo que le interesa es hacer un buen proyecto para quedarse, porque si no lo hace, lo van a penalizar.

¿Cree que hay intereses de grupos en este proyecto?

No lo sé. Pero me parece y me da pena que se preparó bien un proyecto y alguien dice que no.

Eso se hubiera dicho antes que no se autorizaría desde el día uno y ahí se moría. En este momento detener ese proceso el costo es alto, en el sentido de pararlo y hacerlo.

¿Quién sale perjudicado? El consorcio va a seguir buscando otros proyectos, pero los afectados son los usuarios, los buses de transporte de pasajeros, los camiones de carga y la población que son los afectados.

¿Qué reflexiones tiene?

No es común que el Congreso de cualquier país que emite la ley y establece las reglas para hacer ciertas cosas y no parece razonable que un Congreso emita la normativa y que los resultados de la aplicación de esa normativa puedan ser detenidos por el mismo órgano que creó en una etapa de culminación del proceso, en la cual se llevaron todas las acciones que se establecieron.

Esto no tiene lógica.

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¿Qué se debe hacer?

En otros países, la aprobación final del Congreso no corre nunca, y la legalización de un proyecto surge antes. Entonces esa disposición no está permitiendo que se desarrolle infraestructura y se debe promover una pequeña modificación.

¿Cómo se debe recuperar la confianza de los inversionistas?

En muchos países la base es la confianza. ¿Cómo se gana? Eso es muy sencillo. Tiene que ser predecible lo que va a hacer la otra persona. Si no hay previsibilidad de lo que va a ocurrir no hay confianza y se genera lo contrario: desconfianza.

Hay que actuar con las reglas que son claras y cumplirlas.

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A este convenio que se le conoce también como aduana única permitirá reducir sustancialmente los tiempos de espera para el traslado de los bienes en los puntos fronterizos, otorgar las facilidades en el comercio, así como compartir los espacios en cada uno de los territorios utilizando los equipos ya disponibles.

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El jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), expuso que el modelo que se siguió es el mismo que implementó México con Estados Unidos hace 10 años para otorgar las facilidades en el comercio, con previos controles en la información, revisiones intrusivas (rayos X), así como el constante intercambio de información para detectar aquellas operaciones fraudulentas.

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“Guatemala es la puerta de entrada para Centroamérica y lo que se necesita es agilizar los despachos en las aduanas. Queremos ser un facilitador y no obstaculizar las relaciones comerciales”, indicó Cruz Calderón.

Para las autoridades mexicanas este acuerdo permitirá incrementar el flujo comercial, crear sistemas de inteligencia y detectar aquellas anomalías en el comercio exterior, detalló Margarita Ríos-Farjat, directora general del Servicio de Administración Tributaria.

La suscripción del acuerdo se materializó 21 días después que se anunciará un pliego de estrategias económicas para crear empleo, mejorar la competitividad y atraer inversiones a la región que suscribieron los ministros de Finanzas del Triángulo Norte de Centroamérica, el secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Arturo Herrara y el secretario del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin el 18 de octubre pasado.

Múltiples beneficios

Víctor Manuel Martínez, ministro de Finanzas y presidente del Directorio de la SAT, recalcó que el acuerdo tiene como objetivo ser más eficientes en el servicio aduanero.

Expuso que la visión de este acuerdo conlleva que los consumidores tanto de México como de Centroamérica y viceversa, pueden acceder a productos a mejores precios, ya que se busca ser más competitivo en las gestiones aduaneras que es un eslabón que afecta al comercio y que encarece los costos logísticos.

El funcionario manifestó que en Centroamérica la velocidad promedio para el transporte internacional de mercancías es de 15 kilómetros por hora, cuando en México y Estados Unidos el promedio es de 35 y 40 kilómetros por hora.

Parte de ese atraso se debe a la falta de infraestructura y otro es por los obstáculos en los puntos aduaneros.

“Con mejores eficiencias se puede mejorar el comercio y que los consumidores tengan acceso a más productos”, aseguró.

Modelo

Martínez subrayó que el acuerdo de despacho aduanero con México será muy similar al que Guatemala tiene implementado con Honduras, por medio de la unión aduanera, que consiste en que los tiempos de despacho tienen una duración de 15 minutos, pero con una previa información electrónica de las declaraciones de las mercancías.

“Es un instrumento que va a generar desarrollo y prosperidad por medio de la facilitación del comercio al establecerse estas condiciones de facilitación”, insistió Martínez.

El secretario de Hacienda de México, Arturo Herrera, dijo que Centroamérica es un socio comercial y la idea es generar más oportunidades para el Sur de México con una visión integral.

Otra ventaja, dijo, es que Guatemala cuenta acuerdos de facilitación del comercio con Honduras y El Salvador que son claves para este proceso de integración económica.

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Acisclo Valladares Urruela, ministro de Economía, indicó que en la próxima reunión del Consejo de Ministros de Economía de Centroamérica (Comieco) a principios de diciembre, se podría oficializar la fecha de adhesión de El Salvador a la unión aduanera.

Balanza

Al 3 de septiembre último, las exportaciones de Guatemala a México sumaron US$402.6 millones y las importaciones, US$1 mil 610 millones.

Eso significa que Guatemala tiene una balanza negativa, ya que compra más de lo que vende.

La inversión mexicana en el primer semestre alcanzó US$88.6 millones, según los datos de la banca central.

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Puntualmente, la venta de productos ferreteros está creciendo a un ritmo del 20%, dijo Arturo Clark, director de Ferretexpo.

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El movimiento lo impulsa la edificación de nueva vivienda, el mantenimiento en los hogares y un mayor ingreso de remesas familiares que octubre último alcanzó US$1 mil millones que es una cifra récord.

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“Desde un clavo hasta los productos más especializados en la construcción están registrando mayores ventas este año por esos factores”, puntualizó el directivo luego de la inauguración de la Ferretexpo que se celebra en el centro de convenciones del Hotel Tikal Futura zona 11 y que concluye el próximo domingo.

Comercio de productos ferreteros

En la rueda de negocios se espera un movimiento de US$16 millones que equivale a unos Q123 millones y donde participan más de 150 expositores del sector construcción.

Clark dijo que el nivel de comercialización de estos bienes ferreteros está en sintonía con la actividad de construcción, que de acuerdo con el boletín estadístico que presentó esta semana la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC) la actividad podría alcanzar el 5% este ejercicio.

Fernando Estrada Domínguez, director de la comisión de estadísticas de la CGC, comentó que es lógico el aumento de estos enseres ferreteros, materias primas y la importación de bienes para la construcción por el “mayor dinamismo” que está reportando la actividad, sobre todo en el segmento de vivienda.

Mencionó que, en el segundo trimestre del año, la actividad creció 9.3%, y el índice de confianza de la actividad de construcción fue de 28.6%.

Agregó que en el primer semestre del año se han autorizado tres mil 698 licencias de construcción, que equivale en total a un millón 925 metros cuadrados autorizados, de los cuales un millón 112 mil equivalen a vivienda, que equivale al 58%.

El directivo destacó que muchos inversionistas que estaban en el sector minero y construcción de hidroeléctricas decidieron enfocarse a la vivienda y la liberación de la presa de solicitudes de licencias de construcción convergieron en esta ocasión.

Mayor auge

El concejal primero de la Municipalidad de Guatemala, Luis Germán Pineda, comentó que en la actualidad hay en construcción 110 nuevos edificios para usos múltiples como vivienda, comercial y oficinas en el perímetro de la capital y que están incentivando la economía.

Explicó que, al mantener esta estabilidad, se podría elevar la producción nacional en por lo menos dos puntos porcentuales para poder alcanzar el 3.7% del producto interno bruto, por la derrama que genera para otros sectores, así como la mayor contratación de mano de obra.

“Muchas personas se alejaron de la ciudad y ahora están regresando para evitar el tráfico y se están haciendo grandes inversiones para estar más accesibles a sus puestos de trabajo”, subrayó Pineda.

Julio Reyes, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios (Cecoms) declaró que varios sectores productivos se están siendo beneficiados por la inversión privada en construcción y recordó que las autoridades monetarias tuvieron que hacer los ajustes de la actividad productiva.

Expectativas 2020

De acuerdo con las proyecciones y con la entrada de un nuevo gobierno en enero próximo, la actividad de construcción tiene expectativas positivas y los consultados anticipan que podría incrementarse la curva de crecimiento mayor al 5% que podría cerrar este año.

Estrada Domínguez, resaltó que los proyectos que empujaran la actividad está la finalización de la Vía Alterna del Sur (VAS), el inicio de la construcción del Metro Riel, la autopista Escuintla-Puerto Quetzal y de nuevo la vivienda.

El director dijo que a pesar de que, en el presupuesto asignado al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que es menor al de este año, por Q3 mil 656 millones (que dictaminó la Comisión de Finanzas) el sector mantiene las expectativas positivas.

El concejal Pineda afirmó que la ventanilla única para la construcción mantiene en estudio otro número importante de licencias, que estaría analizando y autorizando para proyectos el próximo año, para los sectores vivienda, comercial y de desarrollo como oficinas o clínicas.

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Reyes dijo que la llegada de un nuevo gobierno genera confianza al sector privado, así como a la toma de decisiones.

“Lo que hace falta para cerrar el círculo es mayor inversión pública en construcción”, afirmó el presidente de Cecoms.

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El informe del IPC señala que la CBA subió Q20.06 en octubre con relación a septiembre y la adquisición de los 34 bienes básicos que se consumen en los hogares fue de Q3 mil 592.02.

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En septiembre el costo fue de Q3 mil 571.96 y en diciembre del 2018 fue de Q3 mil 559.84, resalta el documento que dio a conocer Fredy Gómez, subgerente del Instituto Nacional de Estadística (INE).

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El costo diario para la adquisición de la CBA es de Q119.73.

Mientras la Canasta Ampliada (CA) que incluye además de los productos básicos de alimentos, otros gastos en los hogares como transporte, vestuario, recreación, calzado, se encareció Q46.31.

La CA se ubicó en Q8 mil 293.74 en octubre y en septiembre el monto fue de Q8 mil 247.43. En diciembre del 2018, el indicador fue de Q8 mil 219.44.

El costo diario para adquirir la CA es de Q276.45, según el IPC.

Leve aumento

Mientras el costo de la CBA subió en octubre, la tasa de inflación, que es el alza generalizada de precios en la economía también registró una aceleración y se ubicó en 2.17%.

Eso significa que en promedio ese fue el incremento de los bienes y servicios en la economía guatemalteca.

En septiembre el indicador se ubicó en 1.80%.

Al respecto Acisclo Valladares Urruela, ministro de Economía, declaró que el porcentaje se encuentra por debajo de la meta de inflación prevista para este año que es del 3% al 5%.

“Conocimos el informe y señala que la inflación se encuentra en el rango establecido en la política monetaria”, subrayó el funcionario.

A pesar de que el promedio es de 2.17%, en regiones como VII (noroccidente) y la IV (suroriente) la inflación fue de 5.47% y 5.16% que son las más altas.

Los principales productos que incidieron al alza fueron tomate (0.26%), papa (0.16%), güisquil (0.13%), mientras los que registraron baja fueron maíz (-0.14%), gas (-0.08%) y aguacate (-0.03%).

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El maíz, según Valladares Urruela, se debe a que ingreso la primera cosecha al mercado.

Por división de gasto, la de comunicaciones se ubicó en 6.83% y la de alimentos en 4.19%.

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De hecho las cooperativas son un mecanismo legalmente establecido, plenamente vigente, para fomentar la participación voluntaria de comunidades y gremios productivos en actividades de ahorro, crédito y fomento del desarrollo.
No obstante, el caso de Hunapú, R. L., pone de relieve la necesidad de actualizar los mecanismos de fiscalización y seguridad.

En el 2011, ocurrió un caso similar en la cooperativa El Monolito, de Los Amates, Izabal, donde hubo desfalco por unos Q61 millones. La investigación señala que unos nueve mil usuarios fueron afectados en sus depósitos e inversiones en aquel momento.

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Ingecoop, a cargo

Humberto Maldonado Cáceres, presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Cooperativas (Inacop), confirmó que por ley la inspección y el control contable y financiero le corresponden a la Inspección General de Cooperativas (Ingecop).

Explicó que la Ley general de cooperativas es la normativa que regula esas entidades y el movimiento cooperativista, y la Ingecop debe aplicar la fiscalización, el movimiento contable y administrativo, así como el estatus financiero en que se encuentran en ese momento.

“Por ley, la Ingecop es la que debe darle vigilancia continua a todas las cooperativas inscritas”, afirmó Maldonado Cáceres, quien reconoció que no conoce el caso de Hunapú, R. L., pero indicó que lo que faltó fue un acompañamiento institucional de la inspectoría general en cuanto a la aplicación de las normativas.

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Distinción

En Guatemala operan dos grandes grupos de cooperativas: las confederadas, que son supervisadas y se les brinda acompañamiento y apoyo. Pero hay un gran volumen de cooperativas individuales, que carecen de controles.

“En general, se debe fortalecer el lazo entre Inacop e Ingecop, en beneficio de las cooperativas”, subrayó Maldonado, quien añadió que es evidente que cuando se le da seguimiento a una cooperativa y hay hallazgos en sus manejos financieros, estos son objetos suficientes de observación y recomendaciones.

En el sistema bancario, por ejemplo, la ley de Lavado de dinero u otros activos señala que todas las cooperativas de ahorro y crédito deben ser objeto de fiscalización por parte de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y deben ser inscritas ante esa entidad.

Mecanismos

La Ley de supervisión financiera ejerce control a otras entidades que hacen intermediación financiera, sobre todo a fin de que mantengan la liquidez y solvencia adecuadas que les permita atender oportuna y totalmente sus obligaciones, así como que evalúen y manejen adecuadamente la cobertura, distribución y nivel de riesgo de sus inversiones y operaciones contingentes.

Caso Hunapú

David Casasola, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), expuso que en el caso específico de la cooperativa Hunahpú, acaecido hace más de una década, caso hubo falta de monitoreo y vigilancia, así como ausencia de percepción de riesgos sobre el manejo de la cooperativa.

“Los balances fueron maquillados. No hubo vigilancia, a pesar de las señales de riesgo”, subrayó el analista.

Por otro lado, explicó que los cuentahabientes necesitan estar informados y educados financieramente, para evitar caer en ese tipo de esquema fraudulento, que se hace con esa intención. Los registros de Inacop detallan que en el país hay inscritas y activas 350 cooperativas de ahorro y crédito.

Christian Nolck Rodríguez, vicepresidente de la Cámara de Finanzas de Guatemala, dijo que ese tipo de situaciones impactan en la confianza de los usuarios del sistema y explicó que las cooperativas no son reguladas por la Superintendencia de Bancos. Recordó que el sistema guatemalteco se encuentra sólido, solvente y líquido.

Intentos

Prensa Libre se comunicó al PBX de la Ingecop para preguntar sobre el proceso de fiscalización de las cooperativas y del caso concreto de Hunapú, pero la persona que respondió la llamada indicó que se devolviera la llamada en 10 minutos, pues prepararían una respuesta. Pasado ese tiempo, se llamó de nuevo al 2297-4000 y dejaron en espera durante varios minutos hasta que se cortó la comunicación; al marcar de nuevo, no respondieron.

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Con esta cifra, el país se mantiene dentro de los primeros lugares en la región Latinoamericana y lidera el crecimiento en Centroamérica en las transferencias.

Tendencia al alza

El ritmo en octubre está en sintonía con lo reflejado en este ejercicio, cuando el ingreso mensual superó la barrera de los US$900 millones y se comenzó a percibir desde mayo cuando se contabilizaron US$974 millones, atribuido en esa oportunidad al efecto del Día de la Madre; en julio por US$947 millones y en agosto por US$980 millones, según las cifras oficiales.

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“Observamos que hay un crecimiento en el ingreso de divisas en octubre con 13% lo cual es positivo para la economía”, señaló Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala (Banguat) al dar a conocer este movimiento en la balanza de pagos.

Eso significa que, en promedio, en el último mes el ingreso promedio diario fue de US$32 millones, cuando en los anteriores meses era de US$24 millones.

Recinos detalló que en los análisis realizados desde hace cinco meses se percibió “la curva de crecimiento”, lo cual beneficia a la economía por un incremento en el consumo de bienes y servicios, sobre todo en el área donde se concentran mayores cantidades y dinamiza la economía local.

Acisclo Valladares Urrulea, ministro de Economía, indicó que, al contar con este flujo de divisas, se activan varias actividades productivas, que a su vez mueven la producción nacional, por la vía de la demanda interna.

Según un estudio realizado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 6.2 millones de personas se benefician directa e indirectamente de estos movimientos.

Crecimiento a dos dígitos

De enero a octubre de este año el monto acumulado de divisas por remesas supera los US$8 mil 747.6 millones (unos Q67 mil 351 millones), con un exponencial aumento de US$1 mil 060.2 millones más, en comparación con el mismo período del año pasado y eso significa un crecimiento del 13.8%.

Recinos reiteró que el movimiento nuevamente mostró una tendencia positiva a dos dígitos, luego que se experimentó en los primeros meses del año, una leve desaceleración.

El ingreso promedio mensual, es de US$874.7 millones, dinero que tiene como principal destino el consumo en los hogares.

El monto reportado en octubre (acumulado), supera todo lo recibido en el 2017 por US$8 mil 192 millones.

Además, que se encuentra a un monto de diferencia de US$540.2 millones de alcanzar los contabilizado en el 2018, que fue de US$9 mil 287 millones.

Los análisis de la banca central detallan que la cifra se podría superar en noviembre.

En la revisión de la política monetaria, proyecta que las remesas van a cerrar en unos US$10 mil 300 millones este año, siempre con un crecimiento de dos dígitos.

Con esta tendencia, el indicador, acumulará un crecimiento sostenido en los últimos cinco años.

Las remesas aportan un 11% del producto interno bruto.

El monto captado hasta octubre es superior a la recaudación de ingresos tributarios del 2018 que fue de Q61 mil 236 millones.

Causas

Al preguntarle a Recinos las causas que explican esta tendencia, manifestó que se debe al desempeño que mantiene la economía de los Estados Unidos, de donde proviene el 97% de las transferencias.

También, la mejora en los indicadores de empleo que motiva la contratación de más mano de obra, y el ruido por el tema migratorio por parte de las autoridades de ese país.

En este último punto, Jahir Dabroy, analista en temas migratorios de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes), dijo que el incremento se debe a un efecto psicológico dentro de la población migrante.

El primero está relacionado a los operativos para deportaciones que las autoridades de Estados Unidos han realizado en los centros de trabajo, la insistencia de las redadas en algunos estados y los acuerdos en Honduras, El Salvador y Guatemala que impactan en los migrantes.

“Los migrantes están enviando lo que pueden a sus familiares por el temor a ser detenidos y deportados”, precisó Dabroy.

Advirtió que la tendencia que se marcó en octubre podría repetirse en noviembre y diciembre, por ser períodos en los cuales se envían más recursos por las fiestas de fin de año, así como el inicio del ciclo escolar.

“Aunque no tenemos la bola de cristal es muy seguro que se incrementen los envíos y así se mantendrá para los siguientes dos años”, puntualizó el analista de Asíes.

Fenómeno migratorio

Dabroy adelantó que Guatemala, podría estar dentro de los primeros lugares en la recepción de remesas en la región, tal como ocurrió el año pasado, cuando se posicionó en segundo lugar en cuanto al crecimiento.

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El primer lugar fue Colombia, mientras que en tercer lugar fue Uruguay y México.

Explicó que los migrantes centroamericanos, pero sobre todo los guatemaltecos, son personas que están en promedio 10 años en los Estados Unidos, tal vez con otro núcleo familiar, pero siguen enviando dinero a sus familias, que es muy distinto al comportamiento de otras nacionalidades.

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Mientras que la Canasta Básica Ampliada fue calculada en Q8 mil 281, con una reducción de Q24.13.

De los 34 productos que mide la CBA, 16 registraron alzas, mientras que 13 bajaron de precio y 5 se mantuvieron iguales en agosto.

La carne de res, el café y la piña aumentaron de precio, mientras que el güisquil, papa y cebolla bajaron, según el Índice de Precios al Consumidor.

El costo diario que una familia necesita para poder adquirir la Canasta Básica Alimentaria es de Q85.24.

Según la estimación del INE, un hogar promedio (5 miembros) destina Q2 mil 575 para los productos consumidos en el hogar y Q1 mil 011 en alimentos consumidos fuera del hogar.

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Visas temporales para guatemaltecos y las otras declaraciones de Trump sobre el acuerdo migratorio

El funcionario guatemalteco aclaró el sábado en entrevista con Prensa Libre que el Acuerdo Relativo a la Cooperación respecto al Examen de Solicitudes de Protección, al cual la administración de Donald Trump llama Tercer País Seguro, no es una vía para conseguir asilo en la nación norteamericana.

El acuerdo fue firmado el viernes entre Degenhart y el secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAleenan, pero debido a la falta de información explícita ha generado expectativa, incertidumbre y especulación.

Aseguró que en las siguientes semanas se presentará el plan de acción e implementación, el cual sigue en discusión.

El funcionario dice que la ganancia de Guatemala son “decenas de miles de visas de trabajo temporal”, inicialmente para el sector agrícola, y luego se extenderá a la construcción y los servicios.

¿Cuál es el procedimiento acordado con el gobierno de los Estados Unidos?

En principio no es un convenio de asilo, es un apoyo a EE. UU. en la solución de una problemática que ellos tienen. En este caso concreto, no es un acuerdo de tercer país seguro y ese término no está establecido en el estatuto de la Convención de Refugiados, sino que es un término coloquial que se brindó en otros países, pero para Guatemala ese no es el caso.

¿Cuáles son los alcances?

Está orientado a los salvadoreños y hondureños. Estos ciudadanos gozan de privilegios especiales en Guatemala por ser miembros del CA-4 y por lo tanto es falso que Guatemala se convertirá en un campo de concentración o una cárcel, porque estas personas tienen total movilidad. Una vez ellos entren a Guatemala con la debida identificación legal, se pueden movilizar, tal como lo hicieron con las caravanas de migrantes.

¿Cómo será el trámite?

Como cualquier ciudadano  extranjero que ponga un pie en el territorio guatemalteco, ellos podrán solicitar protección y Guatemala es signatario de la Convención del Estatuto del Refugiados y cualquier persona que así lo solicite gozará de la protección del Estado guatemalteco.

Hay que aclarar que el Estado no se está haciendo cargo de alimentación, casa y se les brinda un estatus administrativo que los faculta para estar migratoriamente en orden en Guatemala, ellos podrán movilizarse y hacer sus trámites internos.

¿Cómo se operará?

Es una solicitud que está definida en el Código de Migración y son las reglas del juego que se aplican a todos y no cambia la figura en este caso. Existe la unidad llamada Ormi, que conocerá la petición del interesado.

Por ejemplo, si viene un hondureño o salvadoreño y no solicita la protección podrá estar en el país en el plazo regular que otorga el CA-4.  Después de ese tiempo, las personas que no salieron del territorio guatemalteco van a caer en un estatus irregular, que son los que no solicitan el estatus de protección.

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Para los que sí solicitan protección deben hacer su gestión en el IGM como cualquier extranjero y el trámite se evacúa en la Ormi y ellos resuelven los casos por medio de una resolución y se emite una recomendación sobre la admisión como refugiado.

Los hondureños y salvadoreños que lleguen a Guatemala tienen la facultad de decidir si se acogen o no a la protección que ofrecerá nuestro país.

Estados Unidos va a decir quiénes son elegibles para aplicar al estatus de refugiados para ellos.

¿Qué requisitos hay?

Hay una serie de requisitos y no se pueden mandar a menores de edad, personas enfermas, y es un procedimiento normal e internacional. Eso implica que no pueden tener antecedentes penales ni policiales, porque no nos vamos a llenar de personas que tengan antecedentes criminales.

Vamos a proteger a las personas que van a venir y poner las restricciones que se identifican como la elegibilidad de salvadoreños y hondureños.

¿EE. UU. podrá enviar a Guatemala a quienes hicieron allá la solicitud de asilo?

Esa es una pregunta que hay que hacerle a las autoridades estadounidenses, si van a enviar a las personas que se encuentran en la frontera sur.

“Las personas que se dedican al campo deben aprovecharlo. Es una negociación de gana-gana”. – Enrique Degenhart, ministro de Gobernación

¿Qué implicaría para el Estado en términos económicos?

Ni el Gobierno de Guatemala ni el de EE. UU. van a comprometer fondos específicos para este programa… fue una de las bases de las negociaciones iniciales.

Eso convierte el acuerdo en simple y bilateral, que no implica erogación de gastos que es una de las características legales particulares.

Sin embargo, hay ofrecimientos de organismos financieros internacionales a estos procesos migratorios entre los estados y ellos se dedican a brindar este tipo de apoyo económico.

¿Habrá reglamentos específicos para este acuerdo?

Hay diferentes reglamentos operativos, pero está en elaboración un plan de acción. La operatividad del convenio va a iniciar hasta  que esté finalizado el plan de implementación, pero debe ser en el corto plazo.

¿Qué pasa con los ciudadanos guatemaltecos?

En este caso, para las personas que tengan domicilio en Guatemala que hagan la solicitud de protección en  Estados Unidos no serán  incluidas en este convenio.

Hay quienes ponen en duda que usted tuviera la facultad para  suscribir el acuerdo

Tuve la recepción de los plenos poderes, que firma el presidente Jimmy Morales y la canciller Sandra Jovel.

Es un procedimiento legal. Será interesante cómo resuelve la Corte de Constitucionalidad sobre un amparo interpuesto el viernes.

¿Este acuerdo deberá de ser conocido por el Congreso?

Esto se analizará a corto plazo.

¿Cuántas personas de El Salvador y Honduras consideran que podrían buscar el estatus de protección en Guatemala?

Aún no tenemos una idea y le voy a decir por qué: muchas de las personas que van a hacer enviadas a Guatemala pasaron por el país en un principio, antes de llegar a la frontera sur de Estados Unidos, y si ellos hubieran tenido el interés de algún tipo de protección, lo hubieran hecho cuando pasaron  y definitivamente no era de su interés solicitarlo. El objetivo no era quedarse en Guatemala.

Esa es una parte importante, porque hay especulación de que van a ser cientos de miles de personas y si usamos el sentido común, en algún momento vamos a observar cuál será la realidad.

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No podemos anticiparnos a brindar números, sería una irresponsabilidad porque se crea nerviosismo en  la población.

Guatemala recibirá las solicitudes de hondureños y salvadoreños, y se les brindará el trámite. Este es un convenio único y no hay un modelo similar en otro país que tenga estas condiciones y alcance.

¿Cómo será el proceso de evaluación?

Hay una serie de cláusulas que facultan a Guatemala para otorgar ese tipo de decisiones y vamos a protegernos de cualquier situación que no sea conveniente.

¿Qué se recibió a cambio?

Vamos a recibir una activación muy fuerte de las visas de trabajo para los guatemaltecos en el sector agrícola y eso es importante para el presidente de EE. UU., Donald Trump, que le interesa mucho cambiar y romper ese modelo de la migración irregular, que es innecesario.

Este no es un convenio unilateral, sino bilateral, en el que nosotros los ayudamos a ellos y ellos nos van a ayudar con este procedimiento novedoso con números y cantidades históricas, porque hablamos de decenas de miles de visas para los trabajadores agrícolas para empezar, pero después vienen los de construcción y luego para el sector de servicios.

Para cada categoría de estas actividades estamos hablando de decenas de miles de visas. No hay una cantidad definida, pero hablamos de decenas y cuando hablo de decenas de miles, pueden ser 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil.

Las personas que se dedican al trabajo agrícola deben aprovecharlo. Es importante resaltar que esta es una negociación de gana-gana, en donde ellos nos apoyan y nosotros los apoyamos.

Los guatemaltecos somos personas de trabajo y hay quienes están migrando para mejorar su economía, pero si les damos la oportunidad de hacerlo de manera legal, y puedan regresar a sus casas para seguir conviviendo con sus familias, honestamente no veo mejor ofrecimiento que este.

Además, el presidente Trump  dijo que se apoyará a Guatemala, pero aún no sabemos si son inversiones públicas o privadas e hizo referencia que apoyará a sus socios y aliados.

¿Cómo van a trabajar con el Servicio de Inmigración y Control del Aduanas (ICE) en operativos?

Eso no tiene relación con este convenio, pero hay otros acuerdos firmados que viabilizan el fortalecimiento y cooperación de los oficiales federales en el Departamento de Seguridad Interna y se habló que se recibirá una cantidad de agentes federales para Guatemala.

Ese equipo no solo está integrado por ICE, sino por un equipo de Inteligencia, investigación criminal y policía fronteriza.

Ellos están haciendo en el principio de cooperación bilateral, es apoyar a las fuerzas de seguridad para mejorar su operatividad y eficiencia.

Mantenemos investigaciones conjuntas, unas son nacionales y otras regionales y ya se empezó a desarticular a bandas de tráfico de personas y eso se va a intensificar fuerte a corto plazo en contra estructura muy fuertes.

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Preguntas y respuestas sobre el tiempo parcial en Guatemala

Con esto, las empresas en Guatemala quedan habilitadas para contratar a un trabajador en una jornada de trabajo inferior o distinta a las jornadas existentes en la legislación vigente.

De acuerdo con lo publicado, el trabajador a tiempo parcial goza de los mismos derechos y prestaciones (como el aguinaldo, la bonificación anual para trabajadores del sector privado y público o las vacaciones) de un trabajador a tiempo completo.

El reglamento no se limita a un sector o empresa en particular, puede aplicar desde una maquila o un centro de llamadas, hasta un banco, un restaurante o una pequeña empresa que solo necesite empleados en una fracción del día.

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En busca de maestros de español

Es el caso de Christian Spanish Academy, una escuela de español con más de 30 años en Antigua Guatemala, un negocio muy común en ese sector por la alta afluencia de turistas.

La escuela tiene 60 personas en planilla, pero con el reglamento de tiempo parcial calcula que en un año tendrá a 50 personas más, quiere decir que casi duplicaría su planilla, confirmó Franklin Contreras, de dicha escuela.

“Ahora con el reglamento vamos a poder horarios nocturnos, podemos enseñar español a todo el mundo a través del Internet, no habíamos podido expandirnos porque no teníamos contratación por hora, ya que estamos enseñando español en países de Asia, con horarios totalmente diferentes. Podemos atender solicitudes de gente que quiere estudiar a las 22 o a las 23 PM, eso flexibiliza que podamos cambiar nuestra dinámica”, indicó.

Añadió que en Antigua Guatemala hay más de 100 escuelas de español, “entonces tiene un gran efecto multiplicador. Hay un impacto hacia la economía de la población, se van a abrir las opciones de contratación”.

En el caso de Christian Spanish Academy están interesados en contratar desde gente de edad avanzada que han sido maestros toda su vida y tienen una valiosa experiencia docente, hasta jóvenes recién graduados que tienen habilidades para enseñar.

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Hasta mil plazas en el mediano plazo

Los centros de llamadas o call center es un sector natural que por la industria y los clientes que atiende, se beneficiará de este modelo de contratación.

Así lo confirma Estuardo Ligorria, vicepresidente de operaciones de Telus International, quien calculó que ahora que están habilitados a contratar personal por hora, su planilla se puede incrementar entre unas 500 a 1,000 plazas. “Quisiéramos crecer un 20% nuestra compañía en los próximos 18 meses”, confirmó a Prensa Libre.

“En el sector de contact center, nosotros tenemos estacionalidad en nuestro trabajo, hay épocas donde hay más y menos trabajo, horarios donde hay más flujo y menos flujo de llamadas, entonces, tener el staff de acuerdo al volumen de trabajo siempre ha sido difícil porque si yo tengo necesidad de 20 personas en la mañana y 60 en el horario de la tarde, tenía que tener 80 personas en horario de tiempo completo”, ilustró Ligorria.

El ejecutivo consideró que los más beneficiados con este nuevo reglamento son las personas, que antes no podían optar por un trabajo formal, madres que son amas de casa, que no tenían horario flexible para atender a sus hijos y tener ingresos para aportar a la economía familiar, jóvenes que estudian en la universidad c

Ligorria indicó que si llegaba un cliente del sector retail que en diciembre necesitaba más personal por el repunte de actividad en la temporada, no podían contratar, por ejemplo, a jóvenes que estuvieran en sus vacaciones.

Telus International tiene actualmente 5 mil 500 empleados distribuidos en cuatro sedes, una de las cuales está en Quetzaltenango, y que emplea a 800 personas. El ejecutivo no descartó que la nueva herramienta permita abrir más, sobre todo fuera de la capital.

La empresa busca personas con diploma de bachillerato, mayores de edad, con un nivel de inglés entre el 70 al 75% para arriba y conocimientos básicos de computación.

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Mintrab hará inspecciones

El ministro de Trabajo, Gabriel Aguilera Bolaños, dijo este miércoles que trabajarán en coordinación con otras instituciones para verificar el cumplimiento del salario y las prestaciones que tendrán derecho los trabajadores que sean contratados bajo esta nueva modalidad.

Resaltó que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), deberá aplicar los descuentos respectivos a los empleadores que contraten a tiempo parcial.

“La vigencia del reglamento permitirá que muchas empresas que están demandando trabajadores por horas sea una práctica legal y que se cumpla lo que establece la ley”, apuntó el funcionario luego de participar en la reunión del Gabinete Económico.

Por el lado la Inspectoría General de Trabajo (IGT), también se llevarán a cabo las verificaciones a las empresas.

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Preparan acciones contra normativa

Rigoberto Dueñas, de la comisión tripartita de la OIT y representante del sector trabajador, informó que representantes de las centrales sindicales del país presentarán en los siguientes días un recurso de inconstitucionalidad por la vigencia del reglamento, ya que, según él, hay violaciones a la constitución.

Explicó que los argumentos están en lo que establece la Carta Magna, de que la jornada laboral es de ocho horas diarias y no en tiempo parcial.

Además, que el empleador debe pagar el salario completo a los trabajadores y no por tiempos menores.

“Tenemos materia legal para declarar la inconstitucionalidad de este reglamento y estamos por finalizar el análisis jurídico para presentar las acciones”, reclamó Dueñas.

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En los planes de Gobierno de las 19 agrupaciones que participarán en la contienda electoral se plantea la creación de empleo como la principal promesa de campaña, una especie de señuelo en el tema económico para atraer votantes.

Las propuestas se encaminan también hacia la atracción de inversión extranjera directa o estimular la inversión local, crear incentivos fiscales y la instalación de zonas de desarrollo económico especial.

Además, se proponen otras acciones para facilitar el clima de negocios y generar un ambiente de confianza con los agentes económicos y que se estimule la productividad y la competitividad. También resalta brindar la certeza jurídica para los potenciales inversionistas.

Por otra parte, los ejes de gobierno confirman que la infraestructura —sobre todo de construcción de carreteras primarias, secundarias y terciarias— se repite como principal demanda del aparato productivo del país. Esto propiciaría la atracción del turismo, nuevos mercados y descentralizar la inversión; es decir, crear los anhelados polos de desarrollo en la provincia.

Entre las 19 propuestas también se reconoce promover otras acciones que están vinculadas para lograr un desarrollo sostenible y sustentable para las siguientes generaciones.

Por ejemplo, se repite la necesidad de mejorar los sistemas de salud, educativo, nutrición y hasta de seguridad física, para tener una base sólida. Ese trabajo se debe construir considerando que Guatemala en los próximos años tendrá el mayor bono demográfico.

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Analistas: Transformación debe ser antes que reactivación

Hay un cúmulo de factores negativos estructurales, legales, institucionales, regulatorios y productivos que se han experimentado en el país en los últimos 50 años y que han cobrado la factura a la capacidad de generación de empleo productivo y formal del país, señala el informe Ruta para el desarrollo de Guatemala 2020-2024, que elaboró como propuesta el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

El documento refiere que es una situación que no se superará por sí sola e incluso se elevarán las tasas de crecimiento económico e inversión, la productividad de los factores, la eficiencia de las instituciones del Estado, el nivel educativo de la fuerza laboral, la calidad y cantidad de infraestructura productiva, la seguridad y la certeza jurídica.

“Más que planes de reactivación económica —que es lo que se está proponiendo—, lo que se necesita es una transformación productiva para cubrir ese déficit de empleo de tres millones de personas”, precisó David Casasola, analista del Cien y uno de los autores del documento.

En ese sentido, afirma que el país necesita desarrollar actividades que generen mano de obra intensa, como las manufacturas ligeras, flexibilidad laboral, focalizarse en actividades productivas estratégicas, mejorar en la logística, simplificar el pago de impuestos y gestiones con el sector público, así como fortalecer los temas transversales.

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), expuso que en la mayoría de los planes de gobierno que han estudiado hay una coincidencias en temas puntuales, como la necesidad de mejorar la infraestructura, sobre todo de las carreteras, aumentar los flujos de inversión extranjera directa y puestos de trabajo.

Explicó que cada uno presenta sus propuestas de acuerdo con su punto de vista; sin embargo, dijo que una de las preguntas que queda en el aire es cómo lo van a realizar. “En los planes no se observa cómo van a trabajar y cumplir sus promesas de campaña en materia económica”, afirmó el ejecutivo.

Por otro lado, anticipó que uno de los problemas podría surgir en el Congreso, ya que hay iniciativas de ley que van a fomentar el crecimiento económico del país; pero con un Legislativo fraccionado, podría ser un tropiezo.

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Este es un resumen de lo que proponen los cinco presidenciables que lideran la intención de voto según la Encuesta Libre 2019 del 13 de junio de 2019, en los temas de empleo, infraestructura, clima de negocios, facilitación del comercio e ingresos fiscales.

El detalle de las propuestas se apega a cómo lo exponen en sus respectivos documentos de plan de gobierno.

Sandra Torres, Partido UNE (20.2%)

Empleo

• Desarrollar una política que mantenga medidas vigorosas para la sanidad y equilibrio macroeconómico buscando incidir la generación del empleo, expansión diversificada de la economía nacional y se incremente el consumo.
• Propone un programa de Empleo Joven que permitirá subvencionar un 50% del salario mínimo el primer empleo de jóvenes.
• Formación para el trabajo con el impulso de capacidades en la formación media y técnica por el MINEDUC y la expansión del INTECAP a nivel nacional.
• Programa de empleo inclusivo para personas con discapacidad, mayores de 40 años de edad y jubilados.
• Impulso al programa de certificación de competencias y tiempo parcial (175 OIT)
• Impulso de programas de intermediación laboral (espacios para unir la demanda con la oferta
• Se crearán zonas económicas en las regiones fronterizas (México-Honduras-El Salvador) y de adyacencia (Belice) a través de zonas francas iniciando con la de México, y se respaldará la instalación de empresas y fábricas en el interior del país de industrias de manufactura ligera, con el fin de dinamizar la economía familiar y reducir las causas de la migración.

Clima de negocios

• Priorizar una gestión pública eficiente, donde se ejecute de manera adecuada el gasto público social y se recupere la inversión pública. Simultáneamente, buscamos generar condiciones e impulso para reactivar la economía mediante inversiones privadas y público-privadas en infraestructura vial, vivienda, emprendimientos, pequeña y mediana empresa, turismo y desarrollo agrícola entre otros ámbitos.

Facilitación del comercio

• Crearán de corredores económicos con zonas francas y libres para la instalación de industrias para la generación de empleo en zonas fronterizas y área rural formulando para ello un plan integral de atracción de inversiones y generación de empleo, en el que tendrán prioridad los denominados incentivos de segunda y tercera generación.

Infraestructura

• Recuperación de 4 mil kilómetros de la red vial primario y secundaria existente con el financiamiento ordinario del CIV.
• Promover un Programa Estratégico de Infraestructura Vial, mediante una asignación extraordinaria de Q5 mil millones de quetzales en bonos del tesoro anual para la construcción de nueva infraestructura vial (1,600 km) que priorizará entre otros proyectos:
• Anillo Regional: Arco Norte y ramales a Quiché y Cobán
• Anillo Metropolitano: conexión carretera al Atlántico – km 23 a El Salvador- Pacifico- y acceso cabeceras municipales;
• Habilitación de 2,000 km de caminos rurales
• Estudios para la implementación de la primera fase del Metrorriel y estudios de factibilidad del primer tramo del metro subterráneo Mixco-Guatemala
• Implementar una nueva modalidad de construcción de carreteras (contratos por disponibilidad
• Promover el acceso a viviendas (créditos y subsidios anuales) por tasa preferencial, AVI y vivienda popular.

Ingresos fiscales

• Impulsar una política tributaria para recuperar la recaudación de impuestos. Este plan incluirá, entre otros aspectos, los lineamientos y principios siguientes:
• Justicia tributaria: El plan buscará por un lado proteger a los contribuyentes que hoy se esfuerzan por cumplir cabal y puntualmente sus obligaciones tributarias, y por otro en lograr que los  contribuyentes que incumplen corrijan su situación.
• Rol del MINFIN: El Ministerio de Finanzas Públicas debe recuperar su rol de ente rector de la política fiscal, y con ello de la política tributaria.
• Recuperación de la SAT, como ente encargado de aplicar administrativamente la política tributaria: El resultado del proceso de recuperación de la SAT debe ser transformarla en una entidad de servicio que ayude y le facilite a los contribuyentes a cumplir sus obligaciones, alcanzando el estatus de ejemplo de transparencia y eficacia.
• El Ministerio de Finanzas Públicas, el Ministerio de Economía y la SAT, en coordinación con otras entidades diseñarán e implementarán como prioridad de Gobierno un Plan Integral para la Formalización Económica, el cual considerará mecanismos tributarios como factura electrónica para facilitar e incentivar al sector informal a regularizar su situación.
• Evaluar medidas orientadas a simplificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, considerando la posibilidad de regímenes especiales temporales destinados a sectores estratégicos.

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Alejandro Giammattei, Partido VAMOS (14.4%)

Empleo

• Crecimiento económico de manera sostenida para generar empleo y reducir la brecha de la pobreza y pobreza extrema.
• La generación de empleo permitirá mejorar el ingreso de los hogares.
• El empleo permite mejorar el ingreso de los hogares.
• Buscar los consensos necesarios para implementar el régimen de flexibilidad laboral y esquemas de salarios diferenciados y tiempo parcial, para generar más oportunidades a los guatemaltecos.
• Fortalecer y ampliaremos la cobertura de INTECAP y abrir más institutos técnicos de formación vocacional, complementado con la política de desarrollo de las Mipymes.

Clima de negocios

• Atraer inversionistas extranjeros y locales, por medio de diversas políticas.
• Mantener la estabilidad en el nivel de precios y orden fiscal.
• Promover la estabilidad macroeconómica, eficiencia del mercado de bienes, estabilidad bancaria y acceso al crédito.
• Llevar al país al grado de inversión, y mejorar las calificaciones y niveles (ranking) en las principales evaluaciones de los organismos financieros y sociales internacionales.

Facilitación del comercio

• Atraer inversionistas extranjeros y locales, por medio de diversas políticas.
• Mantener la estabilidad en el nivel de precios y orden fiscal.
• Promover la estabilidad macroeconómica, eficiencia del mercado de bienes, estabilidad bancaria y acceso al crédito.
• Llevar al país al grado de inversión, y mejorar las calificaciones y niveles (ranking) en las principales evaluaciones de los organismos financieros y sociales internacionales.

Infraestructura

• Crear los portafolios de inversión e impulsar políticas de proyectos debidamente estructurados para ofrecer al mercado, con los incentivos convenientes para ser atractivos.
• Impulsar las políticas de explotación de nuestros recursos naturales, pero de una manera responsable, requiriendo la observancia de los estándares internacionales.
• Fortalecer el sistema nacional de calidad.
• La ampliación de la conectividad por medio de la banda ancha.
• Impulsar la política de alianzas público-privadas, las concesiones en obra pública y la inversión por medio del leasing público.

Ingresos fiscales

• Revisar el silencio administrativo, poniendo plazos máximos a trámites y permisos con resolución a la inversa con el administrador tributario.
• Simplificar trámites burocráticos para hacer más fluida la actividad económica como licencias, permisos, certificaciones, resoluciones y otros.
• Propiciar la ampliación de zonas francas, zonas económicas industriales, recintos aduaneros y almacenes generales de depósito.
• Impulsar la política de parques tecnológicos, así como la política de desarrollo industrial del país.
• Adoptar las previsiones financieras convenientes para agilizar la devolución del crédito fiscal (IVA) e impulsar la política de incentivos al sector forestal.

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Edmond Mulet (8.5%)

Empleo

• Impulsar programas de becas para que niños y jóvenes puedan continuar estudiando en la universidad o capacitación técnicas.
• Creación de 900 mil empleos mediante diversas estrategias de impulso a sectores y creación de fondos revolventes. En agricultura se generaría un fondo de Q1,500 millones para sistemas de riego y paquetes tecnológicos (que generaría 672 mil nuevos empleos rurales en cuatro años).
• Otro fondo de Q225 millones para becas de inglés y generar 200 mil empleos.
  Estrategia se de promoción de zonas especiales de desarrollo orientado a fortalecer las ciudades intermedias priorizando cluster con mayor potencial para generar empleo.
• Se destinarán Q200 millones para creación de zonas francas. Aparte, zonas de desarrollo industrial, tecnológicas, forestales y otras.
• Zonas de desarrollo turístico, el proyecto “estrella” será el Gran Museo de la Cultura Maya.

Clima de negocios

• Respeto a la propiedad privada sobre los medios de producción y el gobierno se encargará de proteger los derechos de los inversionistas nacionales y extranjeros.
• Seguir con el esfuerzo de crear una Marca País.
• Fortalecer la promoción del país en el extranjero por medio de la profesionalización en temas de turismo, comercio, inversión, y cambio en los perfiles de los representantes guatemaltecos en otros países, establecer metas por resultados concretos.
• Medidas de solución de conflictos para las cuales el Estado debe comprometerse a ser el promotor del diálogo y la negociación como mecanismo para resolución del conflicto.
• El Gobierno promoverá acuerdos a nivel nacional, regional y local, y la emisión de leyes que brinden la certeza jurídica para ayudar a resolver las causas de los conflictos que limitan la inversión privada y afectan el desarrollo de las comunidades, entre estos la reglamentación del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

Facilitación del comercio

• Presentar propuesta de ley para que, sin vulnerar el derecho a la manifestación, se establezcan condiciones para evitar afectar el derecho a la locomoción de la mayoría de ciudadanos (incluyendo movilidad del comercio).
• Propone de carácter urgente la revisión y simplificación legal para crear nuevas empresas y negocios, revisando permisos y procesos.
• Creará Zonas de Desarrollo Industrial para ayudar a crear nuevas empresas, reducción de la migración y mejora de las condiciones laborales para la mujer.
• Con acciones para facilidad de comercio y facilidad de inscripción de empresas se impulsará también el aprovechamiento de las remesas para que sean utilizadas en proyectos productivos.
• El Estado diseñará proyectos para que apliquen grupos de migrantes, créditos especiales y se promoverá la creación de un Banco del Migrante, de carácter privado.

Infraestructura

• Impulso a una ley de creación de la autoridad portuaria nacional y de políticas marítimas. Para administrar de mejor manera los ya existentes y realice un diagnóstico y recomendaciones para la construcción de otros para transporte de mercancía de manera ágil y sin altos costos.
• Priorizar las áreas en pobreza para impulsar la infraestructura que permita mejorar las condiciones de vivienda, agua potable, drenajes, higiene, salud y nutrición, educación.
• Aprobar e implementar la Ley de Infraestructura (iniciativa 5431).
• En infraestructura vial la prioridad es el Anillo Regional. En infraestructura productiva las las Zonas de Desarrollo Industrial.
• Además construcción de centros de mayoreo y distribución tanto de productos como de pasajeros en los ingresos a la ciudad para ayudar a reducir el número de buses extraurbanos y camiones dentro de la ciudad.

Ingresos fiscales

• Aumentar la base de contribuyentes por medio de aumento de la formalidad, facilitar los mecanismos para inscripción, pago y declaración.
• Mejorar los mecanismos de recaudación de la SAT y de la devolución del crédito fiscal.
• Modernizar los sistemas aduanales para sanear su funcionamiento y hacerlo más eficiente.
• Mayor presencia de la SAT en todo el país y mayores facilidades para realizar trámites en línea.
• Hacer un proceso de revisión y análisis de la calidad de los gastos que hace el Estado, aparte de generar ahorros y reorientar los fondos ayudará a recuperar la confianza de los contribuyentes (se revisarían salarios, puestos, se limitarían dietas, y gastos pagados a funcionarios, revisión de programas).

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Roberto Arzú, Coalición PAN-Podemos (8%)

Empleo

• Generación de 1 millón de empleos. Para lograr ese millón de empleos será construyendo un millón de viviendas; es decir, 250 mil al año.

Clima de negocios

• Garantizar la certeza jurídica a través de incentivos a inversionistas extranjeros y serán los embajadores quienes atraerán las inversiones.
• También proponen establecer reglas claras al inversionista, y el Estado debe tomar un rol importante entre las reformas de leyes que se hagan, pero también que está invirtiendo del lado de ellos.
• Facilitación del comercio
• No figura propuesta en el plan de gobierno.

Infraestructura

• Construir un millón de viviendas dignas.
• Ahorrar un 10 por ciento del presupuesto; unos Q8 mil millones, con lo que implementarían programas en infraestructura escuelas, hospitales y obras viales.
• Descentralizar el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, que ha sido objeto de chantajes, corrupción y de extorsión por medio de los diputados, y van a optimizarlo a los alcaldes porque quieren hacer más de 30 mil obras.

Ingresos fiscales

• Dejarán entrar los medicamentos genéricos en otros países sin trámite alguno para que los medicamentos bajen por lo menos un 50%.
• Eliminarán la tasa de alumbrado público.

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Thelma Cabrera (7.6%)

Empleo

• Fortalecimiento de la producción como mecanismo de creación de empleo.
• Dignificar el trabajo de las comadronas y médicos tradicionales comunitarios.

Clima de negocios

• Creación de programas de conservación de bosques, turismo comunitario sostenible, huertos y la agricultura comunitaria.
• Programa de remesas condicionadas enfocado en las mujeres.
• Programa de apoyo al pequeño agricultor y al agricultor de subsistencia, que incluirá usufructo de tierra, dotación de insumos y asistencia técnica.
• Facilitación del acceso al crédito y con tasas preferenciales.

Facilitación del comercio

• Desarrollo de la pequeña y mediana empresa por medio de un programa de garantía de créditos y facilidades tributarias.
• Promover la ley la Ley Antimonopolios.
• El Estado se convertirá en un regulador y rector de las actividades económicas públicas y privadas.
• Fortalecer la Dirección de Atención al Consumidor y la creación de una oficina en cada cabecera municipal, para que vele por el respeto de los derechos de los consumidores ante las empresas, y que imponga las sanciones correspondientes a las que los violen.

Infraestructura

• Estímulo a formas innovadoras y sustentables de generación de energía y de aprovechamiento de los recursos naturales.
• Hacer análisis jurídicos sobre los contratos y documentos en el sector de energía para determinar si son lesivos para El Estado.
• Reformas a la Ley General de Energía Eléctrica y nacionalizarla.
• Promover una Ley de alumbrado público.
• Ampliar la infraestructura en el sector salud y de la Policía Nacional Civil.

Ingresos fiscales

• Facilidades tributarias para incentivar al emprendedor.
• Censo de las personas que trabajen para las instituciones públicas, para determinar cuántos empleados.

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La proclamación del binomio del Movimiento Semilla se da a ocho días para que inicie la campaña política, de cara a las elecciones generales del próximo 16 de junio.

En conferencia de prensa, Aldana Hernández subrayó que su candidatura está en firme, con finiquito vigente, y que es una “realidad que nadie puede ignorar”.

En respuesta al caso de una supuesta contratación irregular que ya investiga la Fiscalía, en la cual ella podría estar vinculada por haber sido jefa del MP, dijo que está dispuesta a ser investigada.

Señaló que hay temor de que participe como candidata. “Ya no saben qué inventar”, dijo, y aseveró que no tiene ningún impedimento legal para poder participar en la contienda, como lo han reclamado algunos partidos políticos.

“Han presentado 18 denuncias penales en mi contra y para pagar abogados tendría que vender mi casa. No quieren que participe y cambiar el sistema de corrupción que ha profundizado la pobreza y miseria del país”, señaló.

La candidata dijo que se enfocará en luchar contra el Pacto de Corruptos, que conoce “cómo funciona y cómo los puede desarticular”.

Discurso

En 30 minutos, Aldana habló contra el Pacto de Corruptos, que, según ella, es el mayor causante de los principales problemas de pobreza, miseria, desigualdad, falta de medicamentos, migración y retroceso que tiene Guatemala.

“Los corruptos quieren más pobreza, más marginación, más inseguridad y los corruptos no quieren aceptar que las familias guatemaltecas están en pobreza y la exclusión. Todos los problemas de este país empiezan y terminan con una palabra: corrupción”, dijo Aldana ante los asistentes.

Expuso que mientras haya corrupción e impunidad no habrá democracia, justicia, paz, ni desarrollo social ni económico, sino solo más pobreza.

Aldana dijo que “la vieja política” se puso al servicio del crimen organizado y sus “amigos”, se olvidaron de la gente, de su país y mantienen secuestrado al Estado.

“La riqueza de Guatemala la tienen los corruptos”, expresó la exfiscal.

“Estamos cansados de que los corruptos nos pasen sus privilegios por la cara (…) de que nos pasen sus excesos (…) de que nos pasen su impunidad por la cara (…) de nuestra vergonzosa historia de corrupción, pero sobre todo, estamos cansados de tanta tristeza y miseria que hay en Guatemala”, dijo Aldana.

El Movimiento Semilla también proclamó a sus candidatos a diputados, cuyo listado por el distrito central encabeza el secretario general, Samuel Pérez.

Lucrecia Hernández Mack, quien fue ministra de Salud en esta gestión, y Marcio Rolando Cuevas Quezada, ministro de Economía durante el gobierno de Óscar Berger, encabezan el listado de candidatos por listado nacional.

Veintitrés binomios

Con el de hoy sube a 23 el número de binomios presidenciales proclamados. Además del Movimiento Semilla, están Avanza, Convergencia, Creo, Encuentro por Guatemala, FCN-Nación, Fuerza, Humanista, Movimiento para la Liberación de los Pueblos, PAN-Podemos, Productividad y Trabajo (PPT), Prosperidad Ciudadana, Todos, UCN, UNE, Unidos, Unionista, URNG, Vamos, Valor, Victoria, Viva y Winaq.

Hasta ahora solo hay un partido en problemas. El Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) revocó la inscripción de Mauricio Radford, presidenciable de Fuerza, por estar ligado a un proceso de 2010.

Así, solo falta una organización pendiente de asamblea de proclamación. Se trata del Partido Libre, que juramentará al 14 de marzo al exdiputado Aníbal García y el economista Carlos Roberto Pérez Gaitán.

En total, el proceso electoral tendrá hasta 24 binomios en la papeleta.

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Los proclamados (en orden alfabético respecto al partido político)

Avanza

Convergencia

Creo

Encuentro por Guatemala

FCN Nación

Fuerza

Partido Humanista

Movimiento para la Liberación de los Pueblos

Partido de Avanzada Nacional (PAN)-Podemos

Partido Productividad y Trabajo

Prosperidad Ciudadana

Todos

UCN

UNE

Unidos

Unionista

URNG

Vamos

Valor

Victoria

Viva

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Es la primera vez que se emite una posición en conjunto para demandar el seguimiento del proceso para la aprobación del proyecto, que, por ley, deberá ser aprobado por los diputados.

Existe un riesgo político de que el contrato no pueda avanzar este año por ser un período electoral, así como la paralización de la agenda legislativa, advirtió Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y quién habló como vocero en representación por otros gremios empresariales durante una conferencia de prensa.

Esa misma postura reflejaron el ministro de Finanzas Públicas Víctor Manuel Martínez, y Roberto Sagastume, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie), quienes se sumaron al llamado, para que avance el respectivo dictamen.

Contrato no avanza

“Hemos realizado varias reuniones y abordando las dudas. Tenemos un problema muy importante y es que el Ministerio de Comunicaciones no puede brindarle mantenimiento al tramo, porque hay un contrato adjudicado y se han reportado vulnerabilidades (accidentes)”, afirmó el ministro.

Martínez dijo que en la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, existen lozas fracturadas y la empresa (que ganó la licitación) ya cuenta con el plan de licitación y una inversión de US$80 millones.

“No avanzamos porque no hay discusión en el Congreso y en este caso en particular no es que tengamos los recursos, si no que hay cambio de condiciones por el contrato”, afirmó.

Estancado

Sagastume dijo que los integrantes de la referida comisión aún no brindan el dictamen a la iniciativa de ley, que se presentó en octubre del 2018, luego del proceso de licitación, donde participaron tres firmas.

El contrato fue asignado a la empresa Consorcio Autopistas de Guatemala (Convía), que presentó la mejor oferta.

“La comisión aún no dictamina y una vez el dictamen el contrato pasará al pleno para su discusión en primera, segunda y tercera lectura. Hemos expuesto en varias ocasiones información que se ha requerido sobre el dictamen”, afirmó Sagastume.

Precisó que el proyecto del contrato tiene un plazo de aprobación de un año o sea que finalizará en octubre.

El director de Anadie, dijo que en los proyectos existen varios riesgos y el político es uno de ellos.

Mejorar competitividad

Rodolfo Sierra, presidente del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua), resaltó la importancia de contar con una infraestructura de primer nivel, que conecta con el principal puerto del país y por donde se moviliza el 56% del comercio exterior (importaciones y exportaciones).

“Una infraestructura como esta permitirá un mayor desplazamiento para el intercambio de productos y una mejora en la competitividad, por lo que urgimos al Congreso conocer el dictamen”, enfatizó.

Sierra, manifestó que para el transporte de carga y para la cadena de suministros el trayecto es clave para desarrollar la economía, aumentar las relaciones de comercio y la atracción de inversión.
Zepeda, dijo que la obra creará mil 700 empleos directos y tendrá un beneficio para las poblaciones cercanas.

Un fracaso impactaría otros proyectos

Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americano (AmCham), dijo que, si el proyecto no avanza en el Congreso y finaliza el plazo de vigencia (según la cláusula), el país quedará mal ante los inversionistas extranjeros, por el incumplimiento del contrato.

“Lo lamentable será que al no aprobarse este contrato se pierda la oportunidad de licitar otros proyectos por la vía APP, porqué será un precedente negativo”, afirmó.

En ese sentido, dijo que se perderían siete años de trabajo, que fue el tiempo que duró desde la instalación de la Anadie hasta la finalización del contrato.

Sagustume, afirmó que la autopista fue el primer proyecto de lanza.

La operación

René Muñoz, director de asuntos corporativos de Convía, explicó que, una vez finalizado el proceso de aprobación por el Congreso, en un período de seis a ocho meses empezarían los trabajos de construcción, que iniciarían desde el Puerto Quetzal hasta Escuintla, por ser el tramo que más atención necesita.

Contó que existe un mayor deterioro de la infraestructura, que implicaría un incrementó del costo del proyecto al monto original.

El monto es de Q600 millones, pero podría elevarse a los Q700 millones por el daño de la infraestructura de la autopista actual y daños en los puentes que hacen necesario la reconstrucción.

La obra consta de 41 kilómetros con la construcción de distribuidores viales y conexiones,

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Luego de varios años de plantearse la iniciativa, este viernes fue publicado en el Diario de Centro América, las disposiciones generales y técnicas de que deberán cumplir los usuarios del servicio aduanero, con los marchamos electrónicos, así como las empresas que prestarán el servicio.

Las nuevas disposiciones entrarán en vigencia a partir de este sábado y tienen como propósito ejercer mayores controles en el traslado de mercancías.

Casos de evasión y fraude

El Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (Recauca), en uno de sus regímenes permite el traslado de mercancías a diferentes recintos que sean importadas, la suspensión de los impuestos y se pueden almacenar hasta el pago del IVA importación o aquellas mercancías en tránsito.

Sin embargo, la intendencia de Aduanas ha detectado varios casos de evasión y fraude, por lo que, con el marchamo electrónico, se pretende ejercer mayor control.

El marchamo electrónico es un dispositivo tecnológico que ubicará de manera física a la unidad de transporte con un sistema de monitoreo ya programado, el cual será reutilizable, con mecanismos de seguridad, de localización y de rastreo satelital.

Las zonas a donde deberá de ir la carga son aduanas, recintos, rutas fiscales y carreteras y si las mercancías no llegan a su destino final se activará una alerta, para su ubicación.

Por el momento se desconoce cuándo la SAT implementará el sistema, así como el costo de servicio para los usuarios.

Tipos de carga

La resolución de la Intendencia de Aduanas (SAT-IDA-02-2019), los dispositivos electrónicos se implementarán en la carga a granel (sólida, liquida y gaseosa); contenerizada (carga en contenedores y furgones); carga especial (que requiere o condiciones especiales de transporte) y carga suelta.

También se expone las obligaciones que deberán de hacer las empresas prestadoras del servicio y de marchamo al momento de su implementación.

“Se instalará un centro de monitoreo, con el fin de ejercer mayor control aduanero mediante el monitoreo de los tránsitos aduaneros y será obligación de las empresas prestadoras hacer una trazabilidad de tránsitos con la SAT”, dice la resolución.

Aquí puede revisar la resolución completa de la SAT, publicada el viernes 1 de marzo en el Diario de Centro América:

Malas prácticas

El 6 de septiembre del 2018, el intendente de Aduanas Werner Florencio Ovalle, denunció que persistía la práctica de declarar mercancías en aduanas por valores inferiores a las declaraciones, por lo que estaban efectuando revisiones.

En esa ocasión reveló que este esquema de contrabando técnico también había detectado que los propietarios de las mercancías implementaban otras acciones con el tal de no pagar los impuestos de importación, como los reportes de robo de las unidades de transporte.

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La manifestación se desarrolló en un parqueo del mercado.

El reclamo era dirigido a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil (PNC).

Según los comerciantes, las autoridades les han decomisado la mercadería, pero luego regresan y se las devuelven a cambio de un soborno.

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Durante la protesta no hubo presencia de la PNC ni reporte de incidentes. Las actividades comerciales se desarrollaron con normalidad.

Ante esas supuestas acciones de las autoridades, los vendedores dijeron que no permitirán el ingreso al mercado de agentes policiales ajenos a la comisaría 11, la cual tiene responsabilidad en ese sector.

Pablo Castillo, portavoz de la PNC, dijo que durante este año la institución no reporta operativos ni decomisos relacionados con contrabando en ese mercado.

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Ese tipo de operativo, dijo, se han hecho en mercados de la zona 7 y 11, como los de las colonias Quinta Samayoa, Landívar y El Guarda, mas no en la Terminal.

Castillo agregó que las intervenciones de la PNC en la Terminal hasta ahora han sido a través de la Policía de Mercados (Polimer) y la comisaría 15, para seguridad ciudadana de compradores y vendedores.

En el mismo sentido, la SAT informó que recientemente no ha hecho operativos de fiscalización en ese mercado.

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Los impactos al aparato productivo en los 21 departamentos también son parte de esta contabilización, que demuestra la frecuencia de los eventos.

Fenómenos

Mario Méndez Montenegro, ministro de Agricultura, resaltó que en conjunto con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) hicieron la evaluación sobre los efectos de la canícula.

“Hubo pérdidas en producto excedentario donde fue mayor, ya que tienen las extensiones más grandes de cultivo, pero también en infrasubsistencia y subsistencia”, afirmó el funcionario, quien explicó que fueron las asistidas por los programas de atención —cupones—. Mientras que los efectos de la erupción del volcán fueron específicamente en Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango.

El funcionario dijo que los productores se enfrentaron a los problemas de la erupción y la canícula, que fueron los más significativos.

Secuelas

El reporte del Maga señala que en Jutiapa las pérdidas por la canícula alcanzaron Q160 millones, en una superficie de 52 mil hectáreas, que afectó las plantaciones de maíz y frijol y es la región con mayores consecuencias.

Le sigue Chiquimula, con Q80 millones, en cultivos de maíz, frijol y café en una porción de 34 mil hectáreas.

El Progreso registró daños por Q66 millones y Retalhuleu por Q64 millones en plantaciones de maíz y frijol.

Mientras que Suchitepéquez contabilizó Q41 millones; Baja Verapaz, Q35 millones y Zacapa, Q34 millones, respectivamente.

El impacto a los cultivos en Jalapa fue de Q31 millones; Santa Rosa Q23 millones; Escuintla, Q13 millones y Chimaltenango, Q10 millones, que son los más significativos.

Aunque los principales productos con daños fueron maíz y frijol, también hubo impacto en coliflor, sandía, plátano, mandarina, limón, piña y aguacate.

Sololá y San Marcos fueron las regiones donde las pérdidas por la canícula fueron imperceptibles.

El área total dañada, según la evaluación, es de 186 mil hectáreas y 312 mil familias fueron las perjudicadas.

Recurrentes

Los fenómenos más recurrentes para Guatemala han sido las inundaciones por efecto de los inviernos copiosos y las canículas, pero el año pasado se presentó la erupción volcánica.

Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala, destacó que en general se impactó a la economía, pero en el caso de la canícula la mayoría   perdió su cosecha para autoconsumo.

El funcionario destacó que al observarlo a nivel de agregado y de la producción total, por ser de autoconsumo, no tiene un impacto en la economía.

Mientras que   el impacto que provocó la erupción del Volcán de Fuego en vivienda, puentes e infraestructura, la reposición favorece a la economía por los recursos que se utilicen para la reconstrucción.

“Los impactos no alcanzaron 1% del PIB”, destacó Recinos.

Recuento Catastrófico:

Segeplán cuantifica los efectos por desastres:

• Huracán Mitch 1998:  pérdidas por US$1 mil 61.4 millones
• Sequía Corredor Seco 2001: US$29 millones.
• Tormenta tropical Stan 2005: US$1 mil 166 millones.
• Depresión tropical 16 2008: US$169.1 millones.
• Sequía La Unión Zacapa y Cianobacteria Atitlán 2009: US$58.7 millones.
• Erupción del Volcán Pacaya y Tormenta
• Ágatha 2010: US$1 mil 41 millones.
• Tormenta 12E 2011: US$325 millones.
• Terremotos en San Marcos 2012-2014: US$128 millones

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Después de varias semanas de rumores de que Telefónica negociaba parte o toda su operación en Centroamérica, finalmente se confirmó ayer una transacción.

La operadora de origen español anunció a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de ese país que vendió a su competidora América Móvil —controlada por el multimillonario mexicano Carlos Slim— sus filiales en Guatemala y El Salvador

El monto conjunto de la transacción ascendió a US$648 millones. La compra de Telefónica Guatemala se hizo por US$333 millones y el precio acordado para la compra de Telefónica El Salvador es de US$315 millones.

En el caso de la compra de Telefónica Móviles Guatemala, S.A. (“Telefónica Guatemala”), América Móvil compró el 100% de la operación, mientras que se celebró un acuerdo para adquirir el 99.3% de Telefónica Móviles El Salvador, S.A. de C.V. (“Telefónica El Salvador”), según el comunicado de América Móvil.

La compra en Guatemala se conformó por una sociedad participada en un 60% por Telefónica y un 40% por Corporación Multi Inversiones, de capital nacional, consolidando así el total de la transacción. La transacción no incluyó las operaciones de Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

Los próximos pasos

Ricardo Flores, consultor en telecomunicaciones de la firma Global Group, comentó que esta operación fue una de las más rápidas, y los preámbulos fueron más intensos en el segundo semestre del año pasado.

En el aspecto positivo resaltó que existe una reestructuración de Telefónica, mayor libertad de competencia entre las compañías operadoras y mecanismos comerciales de las empresas, y por el lado de los usuarios las nuevas ofertas que se pueden presentar.

En ese sentido existe expectativa sobre cómo reaccionará el otro operador —Comunicaciones Celulares Tigo— para ganar parte de ese mercado.
El experto agregó que también habría que saber cómo lo manejará Telecomunicaciones de Guatemala (Claro) en los términos de operador dominante, en que existen temas legales como el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Guatemala y Estados Unidos.

Hay pendientes, además, análisis jurídicos en la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) y qué pasará con los recursos esenciales —numeración y frecuencias— que tenía asignados Telefónica, así como su proceso de traslado. Recordó que Telefónica tenía una tendencia de crecimiento estancada y no había una demanda muy atractiva para los usuarios, pero ahora se vuelve “más interesante”, con un operador más agresivo en términos comerciales.

Ruta legal

El experto comentó que la SIT debe analizar los recursos esenciales asignados a Telefónica, los cuales no son cedibles, y por la compra-venta efectuada no pueden ser trasladados de una a otra empresa. En todo caso tendrán que regresar a la SIT y esta buscar los mecanismos técnico-legales para determinar cómo trasladarlos al otro operador.

En ese sentido habría que analizar los derechos adquiridos de los usuarios, como los saldos, líneas pagadas y su numeración. La SIT tendrá que enfocarse en los abonados y buscar las facilidades del operador que adquiere Telefónica, a fin de poder concretar la operación.

De acuerdo con las estadísticas disponibles hasta junio del 2018, la sumatoria de los abonados de Claro y Telefónica alcanzarían nueve millones 387 mil. En esa ocasión Comunicaciones Celulares registró 10 millones 665 mil usuarios.

Análisis jurídico

Cristian Aguilar, viceministro de Comunicaciones —encargado del área de transporte y telecomunicaciones—, explicó que empezaron a efectuar los análisis jurídicos que les corresponden como autoridades, y para los usuarios se reducen las ofertas de opciones porque se pasaría de tres operadores a dos.

“Se puede socavar la oferta que se tiene a los consumidores porque solo habrá dos operadores, y se tienen que buscar los mecanismos para abrir el espacio y que ingrese un nuevo competidor en el futuro, para que se mantenga la parte de competitividad en el sector de telecomunicaciones”, afirmó.

En relación con los usuarios, el funcionario indicó que se tendrían que hacer los análisis jurídicos porque ya ocurrió en una ocasión, cuando Movistar adquirió BellSouth y se estudió la situación para que, como Estado, se garantice la libre competencia en el mercado.

Distribución del mercado

Las estadísticas de la SIT detallan que hasta el primer semestre del 2018, había 18 millones 732 mil usuarios en la modalidad prepago, el 94% del total del mercado.

De ese porcentaje, el 53.16%, con 10 millones 655 mil, eran de Comunicaciones Celulares; el 27.89% con cinco millones 590 mil de Telecomunicaciones de Guatemala y el 18.95% con tres millones 797 mil pertenecían a Telefónica.

El reporte agrega que 18 millones 732 mil son usuarios bajo la modalidad prepago o comúnmente llamados tarjeteros. Es cifra representa el 94% del total del mercado.

Tigo, reportó 10 millones 47 de líneas (53.64%), Claro, 5 millones 099 (27.23%) y Telefónica, 3 millones 584 mil (19.14%).

En la modalidad de crédito o pospago, el total es de un millón 310 mil líneas.

Tigo, registró 607 mil terminales (46.355), Claro, 490 mil (37.39%) y Telefónica, 213 mil (16.26%), respectivamente.

Eso significa que, de cada 10 líneas activas, nueve son teléfonos tarjeteros.

La actividad de transporte, almacenamiento y comunicaciones tiene un peso de 10.6% en el pib y para este año se espera que crezca en 3.7%, asociado en parte por la actividad de telecomunicaciones por el aumento de la demanda de este tipo de servicios en los procesos electorales.

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El Ministerio de Economía (Mineco) publicó el pasado 31 de diciembre la lista de aranceles preferenciales para las importaciones procedentes de Estados Unidos, cuando se cumplieron 14 años de vigencia del TLC, el cual, según los agentes económicos, está en su punto de maduración; es decir, de acceso inmediato.

Enrique Lacs Palomo, exviceministro de Economía y director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas, considera que alcanzar ese porcentaje sin el pago de aranceles significa la creación de una zona de libre comercio con Estados Unidos.

Expuso que para los empresarios y para el país, la lista representa un cumplimiento del Acuerdo, que es un elemento de apertura comercial, e indica que se llegó al grado más alto de madurez de la formación de la zona de libre comercio de Centroamérica y Estados Unidos.

“Uno de los indicadores es el grado de eliminación de las barreras arancelarias en 97% y refuerza el intercambio comercial para establecer un pilar de libre comercio”, reiteró el directivo de la Cámara.

La lista contiene seis mil 307 partidas que integran el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), y entre algunos alimentos que ingresan con cero aranceles se encuentran carnes de diferentes clasificaciones, maíz dulce, pepinos, fresas, almidón de papa, trigo y maíz.
También forman parte de la lista plásticos, resinas, madera, papel e hilados, entre otros productos.

Lacs Palomo recordó que algunos con un margen mínimo de desgravación, por su naturaleza y condición, están en la lista y otros definitivamente quedaron protegidos, como el maíz blanco. Mencionó, por ejemplo, los productos lácteos y el arroz, entre otros que tienen períodos más largos de desgravación, de hasta 15 años.

Se duplicó el comercio

Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham), dijo que uno de los efectos del TLC es que duplicó el comercio con Estados Unidos, y con esta eliminación arancelaria se espera que fluya con mayor intensidad el intercambio.“Se ha consolidado un comercio año con año y el volumen se duplicó, pero Guatemala sigue teniendo un déficit comercial”, recalcó.

Las cifras de comercio exterior a octubre del 2018 detallan que las exportaciones sumaron US$3 mil 271.7 millones, que representan un 36.4%, mientras que las importaciones, US$6 mil 256.8 millones, o sea un 38.1%.

Carrasco señaló que EE. UU. es el principal socio comercial del país y el TLC solo es una herramienta que mejoró las relaciones de negocios.

No se aprovecha

Sin embargo, Lacs Palomo enfatizó que el tema arancelario debería favorecer los flujos comerciales y que se puedan facilitar, fluir y establecerse de mejor forma.

“Si los flujos comerciales en las estadísticas no siguen creciendo, se tendría que analizar qué es lo que está provocando no alcanzar ese ritmo mayor de crecimiento”, añadió.

Carrasco agregó que hay aspectos de fondo que explican por qué no se aprovecha más el acuerdo, como la falta de infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria, la falta de certeza jurídica, cambio de reglas fiscales y de fondo que hay que empezar a cambiar y discutir el modelo de la matriz económica.

“Las inversiones extranjeras no han venido a Guatemala porque no somos un país competitivo, así como la falta de certeza jurídica”, se quejó el presidente de AmCham.

En todo caso, enfatizó, hay sectores, como vestuario y textil y de servicios o centros de llamadas, que han logrado un mejor aprovechamiento del TLC para favorecer sus negocios y contribuir con la economía.

Texto del acuerdo se revisaría

El Mineco tiene preparado un plan de contingencia si en algún momento se llama a la revisión de los textos del TLC, tal como sucedió con México, EE. UU. y Canadá —T-MEC—, que concluyó en el 2018.

Para las autoridades supondría revisión del acceso de productos, sobre todo de contingentes para ampliar las cuotas de EE. UU. para Guatemala, como arroz, maíz y carnes.

Además, negociar el capítulo laboral, por supuestas presiones del sector sindical, así como el de reglas de origen.

¿Qué son los aranceles?

Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), los aranceles son los derechos de aduana aplicados a las importaciones de mercancías.

Los aranceles proporcionan a las mercancías producidas en el país una ventaja en materia de precios con respecto a las mercancías similares importadas, y constituyen una fuente de ingresos para los gobiernos.

Uno de los resultados de la Ronda Uruguay fueron los compromisos asumidos por los países de reducir los aranceles y consolidar los tipos de los derechos de aduana a niveles que son difíciles de aumentar.

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Entre los beneficios también están el incremento de Q60 a las pensiones de manera permanente y un bono único de Q500 que se realizará efectivo el próximo 22 de enero cuando se pagará la nómina.

Patricia Hernández, subjefa del Departamento del Programa Invalidez, Vejez y Sobreviviencia, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), comentó que se efectuaron ajustes al reglamento de remuneración base para el cálculo de pensión, que era de Q6 mil. La modificación base se hará sobre Q9 mil 500, porque hay personas que cotizan al seguro social con Q10 mil u Q8 mil.

“Elevar el cálculo base nos va a permitir una pensión máxima de Q9 mil, a la cual se la va a aplicar el porcentaje”, afirmó.

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Los casos que están en notificación y aquellos que están en gestión tendrá este nuevo cálculo.

Prestación

Hernández explicó que los 178 mil 536 beneficiados de los programas IVS recibirán por única vez un bono de Q500 y un incremento de Q60 que se hará efectivo en nómina este 22 de enero.

Todos los pensionados por invalidez y vejez tendrán un incremento permanente de Q60, pero en sobrevivencia se dividirá el monto que corresponda a los hijos y esposa, explicó ayer Patricia Hernández, subjefa del Departamento de IVS.

Los ajustes responden al nuevo pliego que la Junta Directiva del IGSS autorizó.

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Por esos dos rubros se espera un desembolso de Q85 millones aproximadamente, de los cuales Q10 millones —el 12%— corresponden al incremento de las pensiones y el resto es por la prestación del bono.

El gasto de consumo privado creció 5.1% en el tercer trimestre del 2018, como resultado del aumento de la compra de bienes y servicios por parte de los hogares, principalmente, al aumento en los ingresos reportados en las estadísticas de cotizantes en el IGSS, las remesas familiares y el crédito del consumo, señala el informe del PIB trimestral del Banco de Guatemala.

El reporte señala que el número de trabajadores cotizantes y salarios medios mensuales que maneja el IGSS, registraron incrementos de 0.8% y 6.9% respectivamente.

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En un proceso casi exprés y en medio de la situación política que vive el país, la próxima semana se llevará a cabo en Londres la reunión entre los equipos técnicos de negociación de Centroamérica, donde se abordará la negociación, que tiene como plazo límite en marzo próximo.

Ramiro Pérez Zarco, director ejecutivo de la Asociación de Desarrollo Lácteo de Guatemala (Asodel), —adscrita a la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB)—, aseguró que el “sector no es moneda de cambio” de cara a la negociación con sus pares del Reino Unido.

El directivo afirmó que la posición del sector, que también incluye a la Cámara de Productores de Leche, la Gremial de Plantas Pasteurizadoras de Lácteos y Derivados, así como la Federación Centroamericana del Sector Lácteo, es que no se negocie este producto en la ronda programada, porque es un sector sensible.

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A principios de enero, el Ministerio de Economía confirmó a Prensa Libre que para la negociación con Reino Unido, el azúcar, el ron y el atún serán los tres bienes a los que Guatemala buscará mejorar condiciones comerciales a cambio de abrir el mercado lechero.

Acisclo Valladares Urruela, ministro de Economía, afirmó que se esperan los resultados del encuentro, así como los planteamientos de las partes.  “Vamos a escuchar cuáles serán los planteamientos en la mesa”, afirmó el funcionario.

No complace

Pérez Zarco, dijo que en la negociación del Acuerdo de Asociación (AdA) con la Unión Europea (EU) se acordaron 400 toneladas de leche en polvo y 600 toneladas quesos (contingente anual).

Sin embargo, en la propuesta con el Reino Unido, se pretende aumentar en 170 toneladas en quesos y 130 toneladas de leche en polvo, que representaría una cuota de 13% adicional.

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“Se incrementa el contingente de productos lácteos del AdA y ahora con el Reino Unido y es algo ridículo”, afirmó.

El directivo mencionó que el impacto económico sería de Q16 millones a Q20 millones anual, si se aceptan las condiciones y un efecto real es que desplaza la producción local.

Actividad sectorial

Los datos de Asodel indican que Guatemala produce 1.6 millones de litros de leche diarios, que equivalen a unos 570 millones de litros anuales.

Además, que 350 mil vacas son ordeñadas a diario y que es el hato lechero. El hato se concentra en Santa Rosa, Escuintla, Jalapa, Jutiapa, así como Petén, la parte norte de Alta Verapaz, y San José Pinula.

El sector genera entre 35 a 45 mil empleos directos.

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Extorsiones, transacciones sin que se reporte el origen del dinero y corrupción —sobre todo en municipalidades— fueron de los casos más comunes que la Fiscalía contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público investigó y mantiene en curso.

El informe señala que hubo 4 mil 240 RTS al 31 de diciembre del 2018, lo que significa un incremento de mil 347 en comparación con el año previo, cuando fueron 2 mil 893.

Los RTS son alertas que se activan y detectan los sistemas de controles para la prevención del lavado de dinero.

Además, se trasladaron 79 denuncias y ampliaciones a la Fiscalía sobre los RTS.

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El informe de la IVE resalta que unas mil 230 personas podrían estar vinculadas a los casos y el número es menor a los 2 mil 674 del 2017, o sea 54% menos.

En tanto, los RTS denunciados fueron 209 y el monto identificado que podría estar asociado a las actividades ilícitas es de Q2 mil 356.90 millones.

La cantidad es menor a los Q5 mil 008 millones reportados por la IVE en el 2017, que representa una contracción del 54%. La IVE informó que hasta el 4 de enero había 50 RTS.

Tipologías

Sara Sandoval, jefa de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero, detalló que la mayoría de casos que se investigan  son de extorsiones, transacciones de compra en efectivo —fraccionado— de bienes y productos para evitar los filtros, así como aquellos que involucran a personal de municipalidades en pagos de planilla, productos y servicios.

La fiscal comentó que el año pasado se conocieron casos en los cuales las personas denunciaban al hacer los depósitos   que eran víctimas de amenazas y obligadas a efectuar la transacción.

Estas denuncias, señaló la fiscal, permitieron descubrir y desarticular las estructuras que se dedicaban a esas actividades ilícitas, ya que se pudo lograr la celeridad en las investigaciones.

Afirmó que se trata de grupos que hacían depósitos con montos menores a Q100 y Q200 y estaban dispersas en varios puntos del país.

La fiscal añadió que los otros casos detectados que despertaron las alertas fueron la compra de bienes en efectivo.

Esta modalidad fue por montos fraccionados, para evitar llenar el formulario IVE, y en un período de hasta siete días las personas que adquirían los productos hacían las liquidaciones de ese tipo.

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Por ley, para la adquisición de bienes que pasen de los US$10 mil o su equivalente en quetzales se debe llenar el formulario en el que se determina el origen de los fondos.

Anómalo uso en compras y planillas 

En los casos con operaciones sospechosas que involucran a personal de varias municipalidades, los recursos van a parar a cuentas individuales que no tienen nada que ver con las actividades públicas, según la Fiscalía contra el Lavado de Dinero del MP.

Un ejemplo es el pago de planillas a los trabajadores   o el pago por la compra o adquisición de servicios.

“Son casos muy complejos que requieren los diferentes análisis financieros para determinar la existencia de un delito, así como el rastreo del dinero que vienen investigándose entre uno y más años”, enfatizó Sara Sandoval, jefa de la mencionada fiscalía.

Sobre los montos que están en investigación, indicó que varían, pero en los casos en que las sumas son millonarias, se respaldan con otras unidades financieras.

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“Es un crédito que tiene varias prórrogas y se le dio la última extensión. Si no se aprueba en los próximos tres meses se perderá”, advirtió ayer Fernando Quevedo, representante del BID en Guatemala, al acudir a una citación al Congreso.

El crédito, explicó el diplomático, ingresó al Legislativo para ser aprobado el 17 de diciembre del 2014. Fue retirado en el 2015, por la crisis política que vivió el país, y de nuevo ingresó en el 2016, para su curso de legalización.

“Hay un costo administrativo por no ser aprobado, pero es más para las poblaciones afectadas y hacia donde va destinado”, dijo.

El diputado Jairo Flores, de la Comisión de Finanzas, explicó que el crédito cuenta con dictamen favorable, pero desconoce la razón por la que no avanza en la agenda legislativa.

“Puede ser que no sea una prioridad y sería una lástima que se pierdan los recursos”, aseguró Flores.

Quevedo informó que ese organismo tiene aprobado un portafolio de préstamos por US$890 millones —Q6 mil 586 millones—, de los cuales US$515 millones —Q3 mil 811 millones— están pendientes de ser aprobados por el Legislativo.